Las finanzas públicas de Colombia podrían enfrentar un deterioro considerable durante los próximos años si no se concreta el ajuste fiscal planteado por el Gobierno. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF) advirtió que, bajo un escenario en el que no se adopten medidas, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4 % del Producto Interno Bruto (PIB) en 2027.

De materializarse esa estimación, se trataría del mayor desbalance fiscal registrado en aproximadamente 30 años, según los cálculos presentados por el gremio. La situación también elevaría las necesidades de financiamiento del país, que para 2027 podrían acercarse a los $200 billones.

El análisis surge alrededor del proyecto de Ley Rescate Económico presentado por el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella. La iniciativa contempla medidas como reducción del gasto público, incremento del recaudo tributario, estímulos a la inversión privada y un fortalecimiento institucional relacionado con el cumplimiento de la regla fiscal.

ANIF considera que algunas de esas medidas apuntan en la dirección necesaria para corregir el desequilibrio de las cuentas públicas, aunque también manifestó reparos frente a varios componentes de la propuesta.

Deuda pública podría superar el 70 % del PIB

Uno de los principales llamados de atención está relacionado con el comportamiento de la deuda. Según las proyecciones divulgadas por ANIF, si el país no realiza el ajuste requerido, la deuda pública podría superar el 70 % del PIB en 2028.

Para el gremio, ese escenario pondría las finanzas nacionales en una trayectoria fiscal insostenible y tendría efectos sobre las condiciones en las que Colombia tendría que buscar recursos para cubrir sus obligaciones.

La elevada necesidad de financiamiento también podría trasladarse al costo de la deuda pública. ANIF señaló que, bajo esas proyecciones, las tasas de interés de los títulos de deuda pública podrían ubicarse incluso por encima del 15 %.

El impacto no se limitaría al aumento del déficit o del endeudamiento. De acuerdo con la organización, un deterioro de esa magnitud podría dificultar al Gobierno la financiación de sus gastos sociales y de funcionamiento.

Por esta razón, ANIF sostiene que aplazar las decisiones fiscales podría terminar representando un costo mayor para el país que implementar las correcciones necesarias. Sus cálculos apuntan a que Colombia requiere un ajuste cercano a los $43 billones para evitar que continúe aumentando el desequilibrio de las cuentas públicas.

ANIF pide revisar las medidas tributarias

Aunque reconoce elementos favorables dentro de la propuesta gubernamental, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras también expresó preocupación por el componente tributario incluido en el proyecto.

Entre las medidas que considera adecuadas están la reducción y mayor eficiencia del gasto público, el impulso a la inversión privada y el fortalecimiento de los mecanismos destinados a garantizar el cumplimiento de la regla fiscal.

Sin embargo, ANIF manifestó sorpresa por la cantidad de iniciativas tributarias incorporadas en el proyecto y advirtió que estas podrían incrementar la presión sobre los contribuyentes.

La posición del gremio no consiste en descartar por completo la iniciativa. Su planteamiento es que el Congreso revise el contenido y realice modificaciones que permitan conservar la magnitud del ajuste fiscal requerido, pero disminuyendo sus posibles efectos sobre la actividad económica y los sectores más vulnerables de la población.

En esa línea, ANIF pidió que la discusión legislativa no se reduzca únicamente a decidir entre aprobar o rechazar el proyecto. La organización considera necesario buscar consensos y perfeccionar las medidas incluidas en la iniciativa.

El objetivo, según la postura expuesta por el gremio, sería alcanzar el ajuste fiscal que considera necesario para estabilizar las cuentas del país sin generar una presión adicional que termine afectando la economía.

Las advertencias de ANIF se concentran así en dos escenarios principales: para 2027, un déficit que podría alcanzar el 9,4 % del PIB y necesidades de financiamiento cercanas a $200 billones; y para 2028, una deuda pública que, sin las correcciones planteadas, podría superar el 70 % del PIB.

La deuda pública del Sector Público No Financiero (SPNF) de El Salvador, si se suman las obligaciones vinculadas con las pensiones, alcanzó USD 33,904.9 millones al cierre de septiembre de 2026. Esa cifra equivale al 86.2% del producto interno bruto (PIB), una medida que permite comparar el monto adeudado con el tamaño de la economía del país.

El dato reúne dos componentes. El primero es la deuda del SPNF, que contempla los compromisos del Gobierno central, las empresas públicas no financieras y otras entidades del Gobierno General. El segundo agrupa las obligaciones previsionales, es decir, los títulos emitidos para financiar compromisos derivados del sistema de pensiones.

La deuda del sector público, sin contar las pensiones, sumó USD 22,030.2 millones, lo que representó el 56.0% del PIB. Al agregar los compromisos previsionales por USD 11,874.7 millones, el peso de la deuda aumenta en más de 30 puntos porcentuales hasta el 86.2% de la economía.

La diferencia permite dimensionar por qué la deuda previsional tiene un peso central en las cuentas públicas. Aunque esos títulos se registran de forma separada de los préstamos, bonos y letras emitidos para cubrir las necesidades habituales del Estado, forman parte de los compromisos que el sector público debe honrar en el tiempo.

Deuda pública total aumentó en septiembre

La deuda pública total de El Salvador subió 4.3% entre enero y septiembre de 2026, hasta USD 35,267.92 millones, frente al saldo registrado al cierre de 2025, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) divulgados este lunes 3 de noviembre.

El producto interno bruto (PIB) creció 4.79% durante el primer trimestre de 2026 y alcanzó los USD 9,261.8 millones, impulsado por la construcción y la explotación de minas y canteras. Las proyecciones del Banco Mundial sitúan el crecimiento económico en 4.5% para este año y 3.9% para 2027, por encima de sus estimaciones previas de 3.2% y 3%, respectivamente.

Del total de la deuda, USD 15,793.97 millones corresponden a obligaciones externas y USD 19,473.95 millones a deuda interna, incluidos USD 11,874.74 millones con los fondos privados de pensiones. El endeudamiento externo aumentó 3.7%, equivalente a USD 569.04 millones, mientras que el interno creció 4.8%, con un incremento de USD 890.13 millones.

Estas son las obligaciones por pensiones

La deuda previsional está integrada por los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT) y los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP). Los primeros sumaron USD 8,393.5 millones en septiembre, una cifra similar a la de diciembre de 2025.

Los COP, en cambio, aumentaron desde USD 2,846.9 millones en diciembre hasta USD 3,481.2 millones en los primeros nueve meses de 2026. Ese incremento explica la mayor parte de la subida de la deuda por pensiones, que pasó de USD 11,241.1 millones a USD 11,874.7 millones en septiembre de 2026.

En términos sencillos, estos instrumentos reflejan una obligación futura del Estado relacionada con el pago de prestaciones y compromisos del sistema previsional. Por eso, al medir la carga completa sobre las finanzas nacionales, el Ministerio de Hacienda incorpora las pensiones a la deuda del Sector Público No Financiero.

El informe también calcula una deuda consolidada, que elimina ciertas operaciones entre instituciones públicas para evitar que una misma obligación se contabilice dos veces. Bajo ese criterio, el saldo de la deuda del SPNF con pensiones fue de USD 33,563.2 millones, equivalente al 85.4% del PIB.

La proporción sobre el PIB bajó, aunque el monto creció

La deuda total del sector público, con pensiones incluidas, aumentó en USD 1,396.8 millones respecto de diciembre de 2025, cuando ascendía a USD 32,508.1 millones. Pese a ese aumento nominal, su proporción frente al PIB cayó de 88.6% a 86.2%.

La reducción porcentual no significa que el país deba menos dinero. El saldo de las obligaciones creció, pero el cálculo oficial parte de un PIB mayor: pasó de USD 36,708.1 millones a USD 39,319.9 millones. Como la economía utilizada como referencia aumentó a un ritmo superior al del endeudamiento, la relación entre deuda y PIB descendió.

Este indicador muestra cuánto representa la deuda frente a la capacidad de generación de ingresos y actividad económica del país. Una relación elevada implica que una parte importante de las finanzas públicas queda condicionada por pagos de capital e intereses, así como por la necesidad de renovar obligaciones que llegan a su vencimiento.

Bonos, préstamos y letras forman la deuda sin pensiones

Dentro de la deuda del SPNF, USD 20,622.5 millones correspondieron a obligaciones de mediano y largo plazo. El Gobierno central concentró USD 19,183.7 millones de ese total.

Los principales instrumentos fueron préstamos externos, por USD 8,201.2 millones; eurobonos, por USD 8,009.7 millones; y bonos de deuda interna, por USD 4,336.5 millones. A ello se añadieron USD 1,407.7 millones de deuda de corto plazo, principalmente Letras del Tesoro (LETES).

Los inversionistas —quienes poseen eurobonos y bonos locales— concentraron el 54.6% de la deuda de mediano y largo plazo; los organismos multilaterales, el 38.1%.

El perfil de vencimientos indica que el 26% de esa deuda deberá pagarse o renovarse en un plazo de entre uno y cinco años. Otro 19% vence entre seis y 10 años. La distribución obliga al Estado a reservar recursos para cumplir pagos y a sostener el acceso a fuentes de financiamiento para refinanciar parte de sus compromisos futuros.

Desde Madrid, España - La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, destacó a Argentina entre los países que lograron incorporar la necesidad de ordenar sus cuentas públicas después de atravesar contextos de crisis.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera. El país será recompensado por ello”, dijo la economista búlgara luego de su panel en la Conferencia Internacional de Banca 2026, que organiza Banco Santander en su imponente Ciudad Financiera ubicada en Boadilla del Monte, en la afueras de esta ciudad.

Georgieva participó del segundo panel de la jornada -primero habló el presidente de Chile, José Antonio Kast- junto a Ana Botín, presidenta ejecutiva de Santander. Cuando el moderador de la charla, el periodista británico James Harding, citó a Grecia, Portugal e Irlanda como ejemplos de países que, tras atravesar crisis, reforzaron sus políticas presupuestarias. Georgieva agregó: “O Argentina”. Y sumó a Chile: “Acabamos de escuchar al presidente. Disciplina fiscal, número uno”.

En uno de los tramos más destacados de su disertación, Georgieva retomó una frase que había mencionado minutos antes Kast sobre que el populismo es sinónimo de pobreza. “Hay que cortarle la cabeza al populismo”, enfatizó en términos generales.

La semana pasada, el staff del FMI aprobó la tercer revisión del programa vigente con el país. El visto bueno del directorio del organismo, previsto para comienzos de diciembre, gatillará un desembolso de unos USD 900 millones, que se usarán para pagarle al propio Fondo.

Georgieva sostuvo que la deuda pública mundial se acerca al equivalente al 100% del producto interno bruto. También alertó que la persistencia de la inflación y las mayores tasas de interés elevan los costos para los gobiernos, las empresas y las familias.

“La historia de la deuda pública por sí sola es una historia muy preocupante”, afirmó. A continuación, explicó que las crisis llevan a los gobiernos a elevar el gasto y el endeudamiento, pero que luego muchos no reconstruyen el margen fiscal cuando la situación mejora. “Subimos, y subimos, y subimos, y puedo decirles que esta no es una escalera al cielo”, ironizó.

“Argentina lo está haciendo muy bien al sentar las bases para el crecimiento, la estabilidad macroeconómica y financiera” (Georgieva)

La titular del FMI apuntó a Estados Unidos como la economía avanzada con mayor desequilibrio fiscal. “Cuarenta billones de deuda, déficit del seis por ciento”, dijo justo el día de las elecciones de medio término en ese país y las dudas sobre el impacto del resultado en la administración de Donald Trump. Planteó que el crecimiento puede elevar la recaudación, pero advirtió que no alcanza por sí solo para resolver el problema: también se requieren recortes o una mejor asignación del gasto público.

“No creo mucho que el crecimiento pueda sacarnos por sí solo del agujero de la deuda. También requeriría disciplina fiscal, y cuanto antes se tomen medidas, mejor”, sostuvo. Según explicó, la presión sobre los precios de la energía y los alimentos puede mantener elevados los rendimientos de la deuda, con el consiguiente impacto sobre las cuentas públicas.

Los riesgos financieros de la inteligencia artificial

La número uno del FMI describió un escenario de creciente fragmentación tecnológica, sobre todo vinculada a la IA. Identificó a Estados Unidos, China e India como los principales productores dentro de la cadena de valor de la inteligencia artificial. “Lamento decir que Europa todavía no está del todo ahí entre los productores”, afirmó.

La disponibilidad de energía también determina las diferencias entre países, según Georgieva. “Si la tienen, les va mejor. Si no la tienen, los asfixia”, resumió. En este punto, la funcionaria no mencionó a Argentina, pero, de la mano del despliegue de Vaca Muerta, el país se metió en el primer grupo, el de las “naciones energéticas”.

La titular del FMI reconoció que la IA puede ampliar el acceso a herramientas tecnológicas, aunque concentró su advertencia en los riesgos para la estabilidad financiera, el endeudamiento y el empleo.

Según explicó, el entusiasmo por la IA concentra una proporción creciente de las inversiones y puede dejar a la economía mundial expuesta si las expectativas no se cumplen. “Las nuevas tecnologías tienden a ser sobreestimadas en lo que pueden hacer a corto plazo, subestimadas en lo que pueden hacer a largo plazo”, afirmó.

Georgieva alertó sobre inversiones financiadas con deuda de largo plazo y sobre esquemas de inversión circular entre compañías. También anticipó que el impacto neto sobre el empleo sería “ligeramente positivo”, aunque con una modificación de la estructura laboral y una mayor demanda de puestos de servicios de baja cualificación.

En términos laborales, estimó que el 40% de los empleos globales se verán afectados por IA (60% en las economías avanzadas) en horizonte estimado de entre 3 a 5 años, pero en el contexto de un cambio que “ya comenzó”. “Afectado” no equivale necesariamente a destruido, aclaró, y destacó que algunos empleos serán potenciados, con mayor productividad y salarios y muchos serán redefinidos y requerirán nuevas capacidades.

El FMI prevé un crecimiento global del 3,1% pese a los shocks recientes

Georgieva sostuvo que la economía mundial mostró una capacidad de resistencia mayor a la esperada frente a las crisis recientes. El FMI prevé un crecimiento del 3,1%, que la economista atribuyó a la mayor participación del sector privado, al fortalecimiento institucional en varios países y al dinamismo tecnológico.

“Los bancos no son toda la respuesta, pero no puede haber solución sin los bancos” (Botín)

“La economía mundial ha sido extraordinariamente resiliente. Dados los choques que hemos experimentado, mantener un crecimiento del 3,1% es el resultado de tres factores muy importantes”, afirmó. En ese contexto mencionó impacto del sector privado en las últimas décadas, instituciones sólidas en la mayoría de los mercados emergentes y la tecnología. En ese punto habló de la IA.

La mirada de Santander

Ana Botín abrió la conferencia con un llamado a evitar que el bajo crecimiento se consolide en Europa. “Lo que debemos evitar es que este bajo crecimiento se consolide, porque sin un mayor crecimiento no hay seguridad”, afirmó.

La conferencia reunió a dirigentes del sector público y privado para debatir mecanismos que impulsen la inversión, la innovación y la productividad en un contexto de cambios económicos, tecnológicos y geopolíticos. Botín vinculó el crecimiento con la financiación de la seguridad, las pensiones, la transición climática y las políticas sociales.

“Europa representa el 20% del PIB mundial, pero el 60% de la desaceleración se debe a la ralentización de Europa”, señaló la ejecutiva. En ese marco, identificó cuatro prioridades para el bloque: centros de datos e inteligencia artificial, energía y redes, defensa y vivienda asequible.

“Los centros de datos y la IA son claramente una de ellas. Esa es la infraestructura del futuro; en realidad, del presente”, sostuvo. Sobre la defensa, añadió: “Damos la seguridad por sentada. Hemos dado la seguridad por sentada durante muchos años. Eso ya no es posible”. El financiamiento de la defensa es uno de los temas sobre la mesa para el continente, el medio de las tensiones bélica en Ucrania y Medio Oriente, y de reclamos de Trump.

“Los bancos no son toda la respuesta, pero no puede haber solución sin los bancos”, afirmó. La ejecutiva reclamó avances hacia un mercado bancario único y una Unión de Mercados de Capitales, junto con medidas inmediatas para movilizar capital privado.

La banquera rechazó la desregulación, aunque pidió ajustes a la supervisión. “Estamos diciendo que una regulación y supervisión inteligentes, no una desregulación, sino una recalibración y un marco simple, no más débil”, afirmó.

En el cierre, Botín planteó que los criterios regulatorios deberían considerar el crecimiento y la competitividad, además de la estabilidad. “La resiliencia es la base. El crecimiento es el objetivo. Y la inversión es el puente”, concluyó.

En su ponencia, Kast destacó que Chile es “una apuesta segura” para las inversiones, que “volvió a ser un país responsable” y destacó reformas de desregulación que su gestión ya está llevando adelante. “El populismo genera más pobreza; la responsabilidad, riqueza”, aseguró.

Impulsada principalmente por el consumo de los hogares y la inversión, la actividad económica de Costa Rica mantendría un crecimiento promedio cercano a 3.5% entre 2027 y 2028, según las previsiones del Banco Central de Costa Rica.

De acuerdo con el Informe de Política Monetaria de octubre de 2026, el producto interno bruto aumentaría 3.2% este año, 3.3% en 2027 y 3.6% en 2028. Las previsiones representan ajustes con respecto al informe divulgado en julio.

La economía costarricense crecería a un ritmo moderado durante el período 2026-2028, con la demanda interna como principal fuente de expansión. El aporte de la demanda externa sería limitado, debido a que el efecto favorable de las exportaciones quedaría compensado por el aumento de las importaciones.

La previsión para 2027 fue ajustada a la baja

La estimación de crecimiento para 2027 se redujo 0.2 puntos porcentuales frente a la proyección anterior. El Banco Central vinculó esa revisión con una menor contribución prevista de la demanda externa neta.

La proyección para 2026 también se ajustó en 0.2 puntos porcentuales. La entidad indicó que el cambio guarda relación con el comportamiento registrado por la actividad económica durante el año y con las expectativas para el último trimestre.

La producción aumentó 2.7% en el tercer trimestre de 2026. El resultado estuvo asociado principalmente a la demanda interna.

Desde el lado de la oferta, la construcción y los servicios registraron los mayores crecimientos. La manufactura, en cambio, presentó una contracción durante ese período.

La inflación avanzaría gradualmente hacia la meta

La inflación general y la subyacente aumentaron durante el tercer trimestre en comparación con los tres meses previos. Pese a ese movimiento, ambos indicadores permanecieron por debajo de la meta del Banco Central.

La inflación general, calculada a partir del promedio de la variación interanual del Índice de Precios al Consumidor, fue de 0.0%. La inflación subyacente, medida mediante el Índice de Exclusión Fija, alcanzó 0.3%.

El Banco Central estima que los indicadores se acercarán de forma gradual a su objetivo durante el horizonte de proyección, que abarca desde el cuarto trimestre de 2026 hasta el tercer trimestre de 2028.

La inflación general podría ubicarse cerca de 2.7% en el segundo semestre de 2027. Esta estimación es superior a la publicada en julio, principalmente por el aumento previsto en los precios de los hidrocarburos.

La Junta Directiva mantiene una meta de inflación de 3.0%, con un margen de tolerancia de ±1 punto porcentual. La entidad también continúa una revisión de los componentes de su régimen de metas de inflación dentro de su Plan Estratégico 2025-2030.

El entorno internacional elevó los precios de la energía

El informe identificó un entorno internacional con mayor incertidumbre durante el tercer trimestre. Entre los factores mencionados figuran la expansión del conflicto en Oriente Medio, el recrudecimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania y las tensiones comerciales.

Los ataques en Bab el-Mandeb y el cierre temporal del oleoducto Este-Oeste en Arabia Saudita incidieron sobre el escenario energético. Esa ruta marítima concentra cerca del 12% del petróleo que se transporta por mar.

Las presiones sobre los precios del crudo, sus derivados y los granos básicos se moderaron temporalmente tras el anuncio del G7 de liberar reservas estratégicas de petróleo y combustibles. También influyeron la restauración gradual del oleoducto y la decisión de la OPEP+ de mantener su producción.

Al 23 de octubre, el precio promedio del petróleo West Texas Intermediate llegó a USD 103.3 por barril. El valor fue 8% superior al registrado el mes anterior.

El precio minorista del diésel en Estados Unidos superó USD 6.0 por galón. El encarecimiento de las materias primas y del transporte marítimo contribuyó a que la inflación se mantuviera por encima de las metas en varios países.

El Banco Central mantuvo la tasa de política monetaria

La Junta Directiva mantuvo la Tasa de Política Monetaria en 3.0% durante su reunión de setiembre de 2026. La decisión consideró el panorama externo, el comportamiento de la inflación, la evolución de las principales variables macroeconómicas y los riesgos asociados a las proyecciones.

El informe señaló que el sistema financiero contaba con un excedente de liquidez y que el mercado cambiario mostraba una disponibilidad elevada de divisas. Durante el año, esta situación permitió atender los requerimientos del Sector Público no Bancario y fortalecer el blindaje financiero.

La disponibilidad de dólares coincidió con la apreciación del colón. El Banco Central indicó que participará en el mercado cambiario para atender sus necesidades, cubrir los requerimientos del Sector Público no Bancario y evitar variaciones violentas en el tipo de cambio.

Los agregados monetarios y el crédito al sector privado crecieron a un ritmo menor que la suma de la producción potencial y la meta de inflación. Según el informe, ello abre espacio para una expansión adicional sin afectar el control de los precios.

Las cuentas externas y fiscales presentan desafíos

El déficit de la cuenta corriente alcanzaría 1.9% del producto interno bruto al cierre de 2026. Para 2027 y 2028, el Banco Central prevé un promedio de 2.0% del PIB.

La institución indicó que esa necesidad de financiamiento externo sería cubierta con ahorro de mediano y largo plazo. El déficit registrado al tercer trimestre fue superior, en relación con el PIB, al observado en el mismo período del año anterior.

Las estimaciones del Ministerio de Hacienda apuntan a un superávit primario de 0.9% del PIB para el Gobierno Central en 2026. El déficit financiero sería de 3.8% del PIB.

La relación entre la deuda pública y el producto interno bruto llegaría a 62.0%. Para 2027 y 2028 se mantendrían los superávits primarios, aunque el aumento en el pago de intereses podría afectar el resultado financiero y elevar la relación de deuda.

El Banco Central señaló que ajustará su política monetaria si las condiciones macroeconómicas y la valoración de los riesgos lo requieren. Entre los factores que podrían modificar el escenario figuran los fenómenos climáticos, los conflictos geopolíticos, la evolución del comercio internacional y los cambios en los mercados financieros.

Gustavo Petro salió al paso de las críticas de José Manuel Restrepo sobre el estado de las finanzas públicas y rechazó que su administración sea responsable del aumento del endeudamiento del país. El expresidente responsabilizó al gobierno de Iván Duque (2018-2022) y al actual vicepresidente por el deterioro fiscal que enfrenta Colombia.

La respuesta llegó después de una entrevista del segundo mandatario de Colombia con la revista Semana, en la que cuestionó los resultados económicos de los últimos años y advirtió sobre los riesgos financieros que podría enfrentar el país durante 2027.

A través de su cuenta de la red social X, Gustavo Petro defendió las cifras de su Gobierno y aseguró que el crecimiento de la deuda, medido como proporción del producto interno bruto (PIB), fue considerablemente menor al registrado durante el mandato de Duque.

“Yo no endeudé a Colombia; mientras en el gobierno Duque la deuda real creció 11,3% puntos del PIB, en mi gobierno la deuda solo creció 1,3% del PIB, diez veces menos, y solo porque aumentó el Banco de la República la tasa de interés (sic)”, escribió el ex jefe de Estado.

Además, el exmandatario dijo: “No aumentamos saldos de deuda, solo creció la tasa de interés que mitigamos porque pagamos grandes saldos de deuda externa, como la del FMI, y disminuía el pago de la deuda ante el crecimiento del interés de la deuda interna impulsada por el Banco de la República con una errada visión sobre las verdaderas causas de la inflación en Colombia”.

“Así que el vicepresidente debe reconocer, si es economista honesto intelectualmente, que quien causó el déficit fue él mismo y el presidente Duque y por eso hubo un estallido social. Duque endeudó a Colombia diez veces más, respecto al PIB, que mi gobierno”, añadió Petro a su extensa publicación.

Y precisó que: “La clase media de Colombia va a un fracaso económico por el voto que depositó por el fascismo. La clase media se acaba no solo porque tiene que pagar buena parte de los 35 billones anuales de nuevos impuestos, sino porque se desploma el salario real por el ascenso de los precios de comida; si el salario real baja, cae el mercado interno y, por tanto, los ingresos de la clase media”.

Las críticas de Restrepo a la economía del gobierno Petro

El vicepresidente sostuvo que la deuda pública pasó de $800 billones en 2022 a más de $1.200 billones en 2026, un incremento del 50%. También afirmó que el gasto estatal aumentó más del 40% y que los intereses de la deuda se duplicaron, en la conversación con la revista en mención.

Sobre el crecimiento económico, José Manuel Restrepo señaló: “Dejaron al país jodido. En los últimos dos años, el crecimiento fue de 1,6% en promedio, lo que es pésimo e insuficiente para un país como Colombia”.

Además, advirtió que la crisis fiscal podría estallar en marzo de 2027 si no se corrigen los desequilibrios de las finanzas públicas. Por esa razón defendió el Presupuesto General de la Nación para el próximo año y la necesidad de implementar medidas de ajuste.

La ‘Ley de Rescate Económico’ y el riesgo de ‘default’

Las advertencias del vicepresidente coinciden con la presentación de la Ley de Rescate Económico, radicada por el Gobierno el 29 de octubre. Restrepo y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, señalaron que Colombia podría entrar en default durante 2027 si el Congreso no aprueba la iniciativa antes de finalizar 2026.

“Si de aquí al cierre de 2026 no se avanza en esta ley de rescate, Colombia entra en default el próximo año”, aseguró Restrepo. Según explicó, ese escenario podría dificultar el pago de los salarios de los funcionarios públicos y la financiación de los programas estatales. Gómez calculó que el déficit que necesita financiar el Gobierno está entre $80 y $90 billones y advirtió sobre las dificultades para sostener el Presupuesto General de la Nación.

Entre las medidas planteadas está que el 70% del ajuste provenga del propio Estado, mediante recortes burocráticos y reducción de gastos. También se propone disminuir en 50% las órdenes de prestación de servicios, limitar el crecimiento de las compras públicas a la inflación y vender activos improductivos.

“El problema no es de plata. Plata hay, pero se está utilizando muy mal”, afirmó el ministro.

El proyecto contempla, además, un mecanismo de devolución del IVA que beneficiaría a 36,5 millones de colombianos: 19 millones recibirían la devolución del impuesto y otros 16,5 millones podrían obtener hasta el 50% de lo pagado. “Que 36,5 millones de colombianos tengan un beneficio me parece muy significativo”, señaló Restrepo.

El proyecto de Presupuesto General del Estado para 2027 presentado por el Gobierno de El Salvador asciende a USD 12,421 millones, lo que supone un aumento de USD 1,865.4 millones frente a los USD 10,555.5 millones aprobados para 2026.

La mayor diferencia está en Educación, cuya partida crecería en más de USD 1,016 millones, mientras Seguridad Pública y Defensa Nacional tendrían recortes de USD 20 millones cada una.

La propuesta, entregada por el ministro de Hacienda, Jerson Posada, a la Asamblea Legislativa el 30 de septiembre, aún debe pasar por el análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto antes de una eventual aprobación. El gasto previsto para 2027 representa un incremento de 17.7% respecto al presupuesto vigente.

El ramo de Educación, Ciencia y Tecnología pasaría de USD 1,683.3 millones aprobados para 2026 a USD 2,700.1 millones en 2027. El alza de USD 1,016.8 millones equivale a más del 60% de aumento y explica buena parte de la expansión del presupuesto del Órgano Ejecutivo.

Según Posada, la propuesta destina USD 3,416 millones al área educativa, al incluir programas, inversiones y transferencias vinculadas con el sector.

El funcionario afirmó que el proyecto contempla recursos para infraestructura escolar, computadoras, conectividad e incorporación de inteligencia artificial en el aprendizaje.

Salud también tendría un incremento relevante, de USD 147.6 millones: pasaría de USD 1,345.4 millones a USD 1,493.1 millones. Obras Públicas y Transporte recibiría USD 1,057.7 millones, USD 72.4 millones más que en 2026. Economía aumentaría USD 69.7 millones, lo que significa que tendrá un toral de USD 134.2 millones.

Gobernación y Desarrollo Territorial subiría de USD 280.9 millones a USD 397.4 millones, una diferencia de USD 116.5 millones. Presidencia de la República tendría USD 217.8 millones, USD 24.8 millones más que en 2026; Hacienda, USD 103.1 millones, con una reducción de USD 17.6 millones; y Relaciones Exteriores, USD 53.6 millones, USD 3.1 millones adicionales.

También crecerían las asignaciones para Cultura, con USD 21.9 millones más; Agricultura y Ganadería, con USD 304.055 adicionales; Medio Ambiente y Recursos Naturales, con USD 1.2 millones más; Turismo, con USD 5.5 millones adicionales; y Trabajo y Previsión Social, con un aumento de USD 1 millón.

El ramo de Seguridad Pública y Justicia bajaría de USD 702.5 millones a USD 682.5 millones. Defensa Nacional pasaría de USD 334.5 millones a USD 314.5 millones. En conjunto, ambas carteras perderían USD 40 millones.

Posada ha sostenido que los recursos serán trasladados a Educación y que la medida responde a los resultados de la estrategia de seguridad. “Esta reasignación de recursos se realiza considerando los resultados de la estrategia de seguridad, lo que permite reorientar fondos que eran para armamento y municiones a formación de niños y jóvenes”, afirmó durante la presentación en septiembre pasado.

Vivienda reduciría su presupuesto en USD 23,061, hasta USD 13.5 millones. Desarrollo Local sufriría una baja mayor, de USD 25.4 millones, y quedaría con USD 13.6 millones.

El Órgano Legislativo y el Órgano Judicial conservarían las mismas asignaciones de 2026: USD 46 millones y USD 369.2 millones, respectivamente. En el Ministerio Público, la Fiscalía General de la República (FGR) subiría USD 3.6 millones y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos recibiría USD 1 millón más. La Procuraduría General de la República (PGR) se mantendría sin cambios.

La deuda pública subiría USD 413.2 millones

El presupuesto para deuda pública aumentaría de USD 2,433.6 millones a USD 2,846.8 millones, lo que representa un incremento de USD 413.2 millones. Las transferencias varias crecerían USD 54.6 millones, mientras las obligaciones generales del Estado disminuirían USD 8.4 millones.

Posada afirmó que el proyecto no incluye nuevos gravámenes ni aumentos a los tributos vigentes. “No hay planes de incremento de impuestos, no hay planes de creación de nuevos impuestos”, declaró tras la entrega del documento. Hacienda proyecta ingresos corrientes por USD 10.419 millones y una brecha presupuestaria de USD 515 millones para 2027.

Aunque el sillón de la Oficina Oval no esté en disputa, la gobernabilidad de los próximos dos años sí lo está. El 3 de noviembre Estados Unidos celebrará las elecciones de medio término (conocidas internacionalmente como midterms) y el mercado ya comenzó a recalibrar sus expectativas. En estos comicios se renovará la totalidad de la Cámara de Representantes (435 bancas) y un tercio del Senado (35 de los 100 escaños).

Actualmente, el Partido Republicano controla ambas cámaras, con una ventaja muy ajustada de 4 bancas en la Cámara de Representantes y un bloque más holgado de 53 legisladores en el Senado. El antecedente histórico representa un claro viento de frente para el oficialismo: en 18 de las últimas 20 midterms, el partido gobernante terminó cediendo terreno.

En la misma línea, los mercados de apuestas muestran un claro favoritismo hacia la oposición. Al 28 de octubre, la plataforma Polymarket le asignaba a los demócratas una probabilidad del 91,5% de recuperar el control de la Cámara de Representantes y un 66,5% de que ocurriera lo mismo en el Senado.

Igualmente, tal como suele ocurrir en todas las elecciones estadounidenses, la contienda electoral terminará por definirse en un puñado de estados conocidos como los swing states, los cuales no tienen un color político definido.

Los mercados de apuestas muestran un claro favoritismo hacia la oposición

¿Qué importancia tienen estas elecciones para el mercado? En primer lugar, un Congreso dividido o bajo control demócrata trabaría buena parte de la agenda legislativa de Donald Trump, obligando al oficialismo a negociar. En particular, el Senado tiene la potestad de ratificar designaciones clave que proponga la Casa Blanca para el gabinete, la justicia federal y la Corte Suprema.

Esta atribución adquiere una relevancia crítica para la política monetaria, ya que el recinto tendrá en sus manos la confirmación del candidato que Trump nomine para reemplazar a Jerome Powell, expresidente de la Fed, cuando concluya su mandato como gobernador del organismo.

Presupuesto, deuda y riesgo de shutdown

Más allá de esto, el riesgo real a corto plazo pasa por el presupuesto y la deuda.

El presupuesto actual del gobierno vence el 11 de diciembre, abriendo la puerta a un posible cierre del gobierno (shutdown) si no hay acuerdo parlamentario, un escenario al que los mercados de apuestas le asignan un 34% de probabilidad. Algunos demócratas evalúan usar los fondos para presionar por el fin de la guerra con Irán, y el Congreso saliente también debe aprobar la ley de defensa.

A esto se le suma el inminente debate por el techo de la deuda. Si los republicanos no logran elevar el límite antes de que asuma el nuevo Congreso en enero, las negociaciones quedarán sujetas a las exigencias de la nueva mayoría, añadiendo una pesada capa de incertidumbre al plano fiscal.

En 2011 y 2023, la pelea por el techo de la deuda terminó en recortes de calificación crediticia y volatilidad en los bonos del Tesoro de Estados Unidos (Treasuries), sobre todo en las letras más cortas.

El comportamiento histórico del S&P 500 tras las legislativas

Frente a este panorama, ¿Qué puede esperar el mercado? Históricamente, la antesala de las legislativas genera un clima de cautela y nerviosismo, pero una vez superado el evento, la renta variable tiende a reaccionar al alza.

En las 19 elecciones legislativas celebradas desde 1950, el S&P 500, índice de las 500 principales empresas que cotizan en bolsas de Estados Unidos, no registró nunca pérdidas en los doce meses posteriores a los comicios. Las ganancias promediaron 13,6% en el primer semestre posterior a las elecciones y 14,9% en los doce meses siguientes.

En el mercado de renta fija, la coyuntura desafía el patrón histórico. Desde 1962, la tasa a 10 años cayó en promedio 32 puntos básicos en los seis meses previos a las midterms. Sin embargo, hoy en día el tramo largo de la curva de Treasuries responde a una dinámica particular. La tasa a 10 años escaló 54 puntos básicos en los últimos seis meses, ubicándose en torno al 5%, presionada sobre todo por su componente real.

Esto responde a una dinámica particular ante las tensiones bélicas en Medio Oriente, las expectativas de inflación, el déficit fiscal persistente, la revolución tecnológica de la IA y el entorno geopolítico de las principales potencias. Por esto mismo, es posible que, en algún momento del año próximo, el resultado electoral incida con mayor fuerza en el tramo corto de la curva en caso de que los republicanos no eleven el techo de la deuda antes del recambio del Congreso.

Un Congreso dividido o una parálisis legislativa ya se encuentran descontados en los precios de los activos

Si se desata algún evento de crisis de deuda, los rendimientos de las letras cortas podrían verse presionados al alza, superando la tasa de referencia de la Reserva Federal, tal como sucedió en 2011 y 2023.

Con un 91,5% de probabilidad de que los demócratas retomen el control de la Cámara de Representantes, un Congreso dividido o una parálisis legislativa ya se encuentran descontados en los precios de los activos. Por lo tanto, es probable que el mercado ignore buena parte del ruido político inicial. Y si bien en finanzas la historia no se repite, a menudo se repite con variaciones: una vez despejada la incertidumbre electoral, suele abrirse un camino constructivo para Wall Street.

Y a Argentina, ¿Cómo le impactaría un triunfo demócrata? Una derrota republicana en el Congreso podría elevar el costo político para instrumentar un nuevo rescate financiero a la Argentina, al estilo 2025. No obstante, la vía del Exchange Stabilization Fund le permite al Tesoro estadounidense brindar asistencia sin requerir una nueva votación del Congreso, por lo que la viabilidad del apoyo seguirá dependiendo, en última instancia, de la voluntad directa de la Casa Blanca.

La autora es economista de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) planteó al Congreso de Guatemala diez recomendaciones para modificar el proyecto de Presupuesto 2027, identificado como iniciativa 6841.

Entre sus advertencias, pidió no aprobar otro aporte extraordinario para los Consejos Departamentales de Desarrollo (Codede), exigir sustento técnico para obras y revisar el uso de deuda para financiar gasto corriente.

La organización presentó sus observaciones ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, durante el análisis del Proyecto de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2027.

No sumar otro aporte extraordinario a los Codede

El Icefi recomendó que el Congreso no apruebe un nuevo aporte para los Codede, cuya ejecución presupuestaria alcanzaba solo el 30,9% al 26 de octubre de 2026.

Según el instituto, la asignación total de estas entidades para 2027 podría superar los Q13.000 millones, unos USD 1.701,2 millones.

Un aporte adicional de entre Q5.000 millones y Q7.000 millones, equivalentes a entre USD 654,3 millones y USD 916,1 millones, elevaría el presupuesto a niveles de entre Q17.000 millones y Q20.000 millones, unos USD 2.224,7 millones y USD 2.617,3 millones.

El Icefi sostuvo que la capacidad anual de ejecución de los Codede no superaría los Q8.000 millones, cerca de USD 1.046,9 millones. También alertó sobre riesgos de corrupción, uso político de recursos en el año electoral de 2027 y captura por estructuras del crimen organizado.

Deuda, ONG y proyectos sin estudios técnicos

El centro de estudios pidió revisar el aumento de la deuda pública bonificada y solicitar al Ejecutivo una justificación detallada de su destino, así como estudios sobre sus efectos fiscales y monetarios.

El proyecto prevé financiar con deuda Q22.915 millones, unos USD 2.998,8 millones, de gasto corriente. Esa cifra representa el 53,6% del endeudamiento bonificado solicitado para 2027. El Icefi indicó que ese mecanismo contraviene la prohibición prevista en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Presupuesto.

Además, recomendó examinar la legitimidad y pertinencia de las 117 organizaciones no gubernamentales que recibirían aportes directos por Q2.437,4 millones, equivalentes a USD 319 millones, previstos en el artículo 38 de la iniciativa.

El instituto también pidió excluir asignaciones para obras sin código en el Sistema Nacional de Inversión Pública o sin estudios que respalden los fondos solicitados para preinversión y ejecución.

Infraestructura bajo revisión por más de USD 1.500 millones

El Icefi solicitó al Ejecutivo un informe sobre las medidas previstas para mejorar la capacidad de ejecución de inversión en infraestructura. También requirió detalles técnicos, cronogramas y capacidad operativa para cinco rubros.

La lista incluye Q4.800 millones para ampliar Puerto Quetzal, unos USD 628,2 millones; Q800 millones para modernizar el sistema metropolitano de transporte, puertos, aeropuertos y ferrovías, USD 104,7 millones; y Q3.517,6 millones para proyectos viales prioritarios, USD 460,3 millones.

También pidió justificaciones para Q2.550 millones de la Agencia Nacional de Infraestructura, USD 333,7 millones, y Q350 millones para movilidad eléctrica y renovación del transporte de personas, USD 45,8 millones.

Programas sociales y niñez, otro foco de las recomendaciones

El instituto pidió informes sobre beneficiarios, transparencia y riesgos de politización en programas sociales. Entre ellos figuran Q3.015,4 millones para Mano a mano, USD 394,6 millones; Q1.000 millones para primera vivienda, USD 130,9 millones; y Q1.200 millones para agua y saneamiento, USD 157 millones.

La revisión también abarca Q250 millones para innovación tecnológica, USD 32,7 millones; Q150 millones para compra de tierras, USD 19,6 millones; y Q400 millones para el Fondo de Garantía para el Desarrollo, USD 52,3 millones.

El Icefi solicitó elevar la Inversión Pública en Niñez y Adolescencia. Pidió revertir recortes en educación básica, diversificada e inicial, así como en tecnología educativa. También propuso restituir fondos para monitoreo de crecimiento infantil, micronutrientes, vacunación y raciones alimentarias.

El Tribunal Supremo Electoral deberá detallar el uso de fondos

La novena recomendación reclama al Tribunal Supremo Electoral (TSE) un desglose de los aportes especiales destinados a los comicios de 2027: Q500 millones vigentes en 2026, USD 65,4 millones, y Q2.000 millones previstos para 2027, USD 261,7 millones.

Por último, el Icefi pidió corregir la proyección de ingresos tributarios y ajustar los cálculos de “Otros impuestos directos” y “Otros impuestos indirectos” a la recaudación observada.

Frente a vencimientos por más de $10 billones, la Secretaría de Finanzas no cambió de estrategia: realizó un rollover del 107% y absorbió pesos de más del mercado. Los analistas ven con buenos ojos el resultado que logró el equipo económico en términos de las tasas, la extensión de los pagos y la ayuda que puede generar para descomprimir la presión sobre el dólar.

La Secretaría de Finanzas adjudicó un total de $11,56 billones en la licitación de este miércoles. El Ministerio de Economía ofertas por $15,79 billones y comunicó que el resultado representó un rollover de 106,99% sobre los vencimientos de la fecha.

El nivel de renovación superó el 100%, que era uno de los principales puntos de atención del mercado antes de la operación. Los analistas esperaban conocer si el Gobierno alcanzaría a cubrir el total de los pagos o si buscaría captar una suma superior. La licitación terminó con una absorción adicional de pesos.

El resultado implicó que el Tesoro tomó recursos por encima de las obligaciones que vencían durante la jornada. La diferencia entre un rollover de 100% y el 106,99% informado por Finanzas reflejó esa decisión. Felipe Núñez, director del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), difundió las cifras de la operación: Finanzas adjudicó $11,56 billones luego de recibir ofertas por $15,79 billones y el porcentaje de renovación llegó a 106,99 por ciento.

Patear vencimientos

El volumen de propuestas permitió al Tesoro seleccionar una parte de la demanda presentada por el mercado. Según Valentín Gómez García, analistas de Adcap Grupo Financiero, firma de servicios financieros, quedaron fuera de la adjudicación ofertas por $4,2 billones.

Gómez García evaluó positivamente el resultado y puso el foco en la capacidad del Gobierno para extender los vencimientos de deuda hacia plazos posteriores a 2027.

La licitación anterior mostró una participación de 60% en instrumentos con vencimientos posteriores a 2027. En la operación de este miércoles, esa proporción llegó a 30% del monto total colocado. Si bien implica una baja, Gómez García aclaró que el menú ofrecido en la licitación previa fue más acotado.

El analista indicó que el resultado volvió a mostrar capacidad para desplazar vencimientos más allá de 2027, aunque la participación de esos títulos quedó por debajo del 60% registrado en la licitación anterior.

¿Menor presión sobre el dólar?

La demanda se concentró principalmente en los bonos Tamar, que representaron 43% del total adjudicado, según Adcap Grupo Financiero. En cuanto a la letra dollar-linked reunió otro 22% de las adjudicaciones. Esos tres segmentos describieron la composición principal de los $11,56 billones que tomó el Tesoro.

Gómez García sostuvo que la participación de la letra dollar-linked puede ayudar a desconcentrar parte de la demanda de cobertura que apareció durante los últimos días. El instrumento representó cerca de una cuarta parte de lo adjudicado y quedó como uno de los componentes centrales del resultado.

Efecto en las tasas

Adcap indicó que los bonos cortaron en línea con el mercado secundario o por debajo de esas referencias. La excepción fue la letra dollar-linked, donde el Tesoro convalidó un premio significativo frente a los precios de ese mercado. Ese premio respondió a la búsqueda de una adjudicación mayor en ese instrumento.

Nicolás Cappella, sales trader de IEB, firma de servicios financieros, también evaluó favorablemente la operación. Señaló que el Tesoro renovó algo más de 100% de los vencimientos y obtuvo buenas tasas, sobre todo en los títulos de plazos más largos. “Fue una buena licitación”, sostuvo el operador, quien agregó que la operación cumplió con el objetivo de renovación sin sobresaltos en la tasa.

La evaluación de IEB coincidió con el análisis de Adcap sobre el comportamiento de los títulos largos: las tasas de esos instrumentos no quedaron por encima de las referencias del mercado secundario, aunque Gómez García marcó la diferencia de la letra dollar-linked.

El rollover por encima de 100% abrió la discusión sobre el efecto de la absorción adicional de pesos en las tasas de corto plazo. Gómez García señaló que no esperaba una incidencia negativa sobre esos rendimientos a partir del resultado de la licitación.

La analista estimó que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) absorbió $2,9 billones durante la rueda de REPO. A esa cifra sumó los $700.000 millones que, según su cálculo, tomó de más el Tesoro al cerrar la licitación con un nivel de renovación superior a 100 por ciento. Para Adcap, esa combinación mantuvo estable el colchón de pesos y las condiciones de liquidez no deberían alterarse pese a la absorción adicional de recursos por parte de Finanzas.

La letra dollar-linked fue otro de los instrumentos observados por el mercado debido a su vínculo con la cobertura cambiaria. Gómez García consideró que el 22% adjudicado en ese título puede contribuir a desconcentrar parte de la demanda de cobertura de los últimos días.

Este miércoles, la Secretaría de Finanzas enfrenta vencimientos por más de $10 billones, con depósitos en moneda nacional en el Tesoro que suman $8 billones. Ante ese escenario, algunos analistas esperan que el equipo económico mantenga su estrategia de captar pesos por encima de los pagos inmediatos, con el objetivo de reforzar los recursos para los compromisos de los próximos meses y otros que solo haga un rollover del 100%. La incógnita además se concentra en la capacidad oficial para extender plazos más allá de 2027 y en la tasa que aceptará para lograrlo.

La licitación reunirá un menú amplio de títulos con distintos vencimientos y mecanismos de ajuste. La estructura permitirá al Tesoro ofrecer alternativas de tasa fija, instrumentos indexados y bonos que combinan variables financieras, en una jornada que servirá para definir la magnitud del refinanciamiento y las condiciones de las nuevas colocaciones.

Captar pesos demás

Una parte del mercado espera que Finanzas no limite su estrategia a cubrir los pagos de esta semana. La expectativa es que busque absorber pesos adicionales, en línea con la necesidad de prepararse para el calendario de vencimientos que se concentra durante los próximos meses. Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, señaló que noviembre presenta un volumen elevado de compromisos y que diciembre y enero también tendrán pagos relevantes.

Para el economista, ese calendario abre la posibilidad de que el Tesoro tome una suma superior a la que vence en esta licitación. “Tal vez vea factible a Finanzas tomando más pesos de los que vencen para cualquier eventualidad”, indicó.

Garay Méndez sostuvo que acumular depósitos en moneda nacional y desplazar vencimientos hacia adelante son metas posibles para la colocación. “Con que estirar algo de los vencimientos más allá de esta gestión y acumular depósitos en pesos pueden ser objetivos alcanzables y positivos para la licitación de mañana”, expresó.

La necesidad de conservar liquidez también aparece en los análisis de las restantes consultoras. Facimex planteó que los depósitos del Tesoro en el BCRA ascienden a $8,9 billones, frente a vencimientos por $10,9 billones. La firma calculó que unos $2,4 billones de los títulos que vencen están en manos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS).

La relación entre esos montos ordenará la estrategia oficial. Si Finanzas consigue un nivel de renovación superior a los vencimientos, podrá sumar pesos a los depósitos que ya posee. Si se ubica cerca del 100%, cubrirá el monto que llega a término sin retirar liquidez adicional del sistema.

Impacto de la rueda REPO

Sin embargo, Facimex pusó el foco en la absorción monetaria que realizó el BCRA en la rueda de REPO del lunes. Ambas firmas señalaron que la autoridad monetaria esterilizó $1,9 billones, dato que condiciona la posibilidad de que el Tesoro busque retirar una suma adicional de pesos mediante la licitación.

Para Facimex, esa absorción deja poco margen para una estrategia de captación por encima de las obligaciones. La firma espera un roll over cercano al 100% y señaló que el Tesoro procurará evitar tasas superiores a las que ya se observan en el mercado secundario.

“Decodificar la estrategia del Tesoro en la licitación es clave para entender dónde puede haber oportunidades”, indicaron desde Facimex. La consultora afirmó que la oferta incluirá un menú amplio en plazos y mecanismos de ajuste, una combinación que apunta a facilitar la renovación de los títulos que vencen.

La firma sostuvo que esta licitación buscará reacomodar las colocaciones a precios similares a los que cotizan los instrumentos en el mercado secundario, antes que ofrecer un premio sobre esos niveles. Ese criterio coloca a la tasa como una de las variables centrales de la jornada.

Valentín Gómez García, Research Analyst de Adcap, coincidió en que el resultado puede ubicarse cerca de una renovación completa. Según su análisis, el menú disponible permite que el Tesoro renueve el 100% de los vencimientos sin mayores dificultades.

“Dada la amplitud del menú, creemos que el Tesoro podrá rollear sin dificultades el 100% de los vencimientos”, sostuvo Gómez García. Adcap espera que el objetivo se mantenga alrededor de ese nivel, sin una absorción extra de pesos que pueda afectar las condiciones de liquidez.

En la misma línea, Nicolás Cappella, Sales & Trading de IEB, estimó que el resultado puede mostrar una renovación cercana al 100%. El especialista remarcó que la variedad de títulos le da margen al Gobierno para alcanzar ese porcentaje. “Estimo que vamos a tener un rolleo cercano al 100%. El mix de títulos es variado, por lo que le da cintura al Gobierno para llegar a ese 100% sin mayores problemas”, afirmó Cappella.

Cappella ubicó la principal duda en la posibilidad de extender la duración de las colocaciones. “La duda es cuánto puede estirar en la duration, que es lo que más van a buscar en esta lici, y qué tasa van a convalidar para ello”, indicó. El analista mencionó al TXMD8 como uno de los instrumentos que puede servir para postergar obligaciones. “Cuanto más puedan estirar con el TXMD8, mejor para ellos, porque patean vencimientos para después de las elecciones”, sostuvo.

Las referencias de Eco Go, Facimex, Adcap e IEB coinciden en que el nivel de renovación será uno de los datos principales de la licitación. Las diferencias aparecen sobre la conveniencia de captar pesos adicionales en esta instancia, a partir del efecto que dejó la absorción de $1,9 billones en REPO.

El otro dato relevante será la distribución de las adjudicaciones entre los instrumentos de vencimiento más cercano y los títulos que trasladan pagos hacia 2027 y diciembre de 2028. La tasa de corte de cada alternativa definirá el costo que Finanzas acepta para renovar las obligaciones y extender la duración de la deuda.

El Ministerio de Hacienda realizó el segundo canje de títulos de deuda pública el 22 de octubre de 2026, con el que recogió $10,3 billones en títulos y entregó otros por un valor nominal de $10,2 billones. La operación permitirá reducir en cerca de $5,1 billones las presiones de caja para 2027, según las estimaciones de Corficolombiana.

De acuerdo con el último informe especial de la entidad, esta transacción hizo parte del programa de Operaciones de Manejo de Deuda (OMD) del Gobierno, dirigido a modificar el calendario de vencimientos de sus obligaciones.

Con los dos canjes realizados en octubre, las amortizaciones de TES previstas para 2027 disminuyeron de $42,1 billones a aproximadamente $18,8 billones. Para 2026, la reducción acumulada de los vencimientos asciende a $3,9 billones.

¿Cómo fue el segundo canje de TES?

La operación del 22 de octubre tuvo un monto inferior al de la primera ventana, realizada a comienzos de ese mes, cuando la Nación recogió $19,8 billones.

El segundo canje se desarrolló en dos tramos. En la subasta competitiva, el Ministerio recibió demandas por $7,5 billones y adjudicó $6,2 billones, equivalentes a una aceptación del 83%.

En el segundo tramo se adjudicaron $4,1 billones: $700.000 millones de los creadores de mercado y $3,4 billones de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional (DGCPTN).

La participación de la Tesorería representó el 33% del total de la operación, frente al 28% registrado en el primer canje. Por su parte, el mercado aportó $6,9 billones, menos de la mitad de lo registrado a comienzos de octubre.

Corficolombiana también señaló que el costo de la segunda operación fue superior al de la primera. El monto estimado ascendió a $467.000 millones, equivalentes al 4,5% del total, frente al 2,7% del primer canje.

Así se reducen los pagos de deuda para 2027

En la segunda operación, la Nación recogió títulos por $8,8 billones con vencimientos previstos para 2027. De ese monto, $2,1 billones correspondían a Títulos de Corto Plazo (TCO) de enero, $3,2 billones a TES denominados en UVR con vencimiento en marzo y $3,5 billones a TES a tasa fija que vencían en noviembre.

Sin embargo, el Gobierno entregó a cambio TCO por aproximadamente $3,7 billones, con vencimientos entre julio y octubre de 2027. Por esta razón, el alivio neto de caja para ese año se estima en $5,1 billones, y no en los $8,8 billones de reducción bruta de los vencimientos.

La operación también incluyó la entrega de TES denominados en UVR con vencimientos en 2029, 2031 y 2062, por cerca de $1,9 billones, y títulos a tasa fija con vencimientos entre 2029 y 2058, por aproximadamente $4,5 billones.

En conjunto, las dos operaciones de manejo de deuda suman $30,1 billones y reducen en $23,3 billones las amortizaciones de TES previstas para 2027, un monto equivalente a cerca del 1% del producto interno bruto (PIB), según Corficolombiana.

Corficolombiana advierte sobre el ajuste fiscal

Aunque el reperfilamiento permite distribuir los pagos de deuda en distintos periodos, Corficolombiana advirtió que estas operaciones no sustituyen las medidas fiscales necesarias para recuperar la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El informe estima que, sin un ajuste fiscal, el déficit fiscal de 2027 podría alcanzar el 9,4% del PIB. Esta cifra corresponde a la proyección de la entidad.

La firma también prevé que la tercera ventana de canjes, programada para el 19 de noviembre de 2026, podría tener un monto igual o inferior al de la segunda operación, salvo que el Ministerio de Hacienda mejore las condiciones para los participantes del mercado, lo que podría elevar los costos.

El resultado de esa próxima operación permitirá conocer el alcance adicional del programa de manejo de deuda, mientras el Gobierno busca reducir las presiones de caja asociadas a los vencimientos de sus títulos públicos.

Panamá registra la mayor deuda pública por habitante de Centroamérica y de los países incluidos en el informe del IIF, con USD 14,338 por persona, frente a un producto interno bruto (PIB) por habitante de USD 21,823. La cifra equivale al 65.7% de la producción anual promedio atribuida a cada residente, según datos del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF).

La relación entre ambos indicadores permite dimensionar el peso relativo de la deuda pública. El PIB por habitante expresa el valor promedio de los bienes y servicios que produce cada persona en un año, mientras que la deuda por habitante distribuye el endeudamiento público total entre la población.

Y aunque no constituye una medida fiscal completa, ya que no considera tasas de interés, plazos de pago, ingresos estatales ni composición de la deuda, sí ofrece una referencia para comparar economías de distinto tamaño, como las centroamericanas.

Panamá y Costa Rica concentran los mayores montos de deuda por persona

En Panamá, la deuda pública por habitante alcanza USD 14,338, el mayor nivel de toda la muestra latinoamericana. También presenta el PIB por habitante más elevado de Centroamérica, con USD 21,823. Esa comparación arroja una relación de casi 66 dólares de deuda por cada 100 dólares de producción anual por persona en ese país.

Costa Rica ocupa el segundo lugar regional y el segundo de la muestra en deuda per cápita, con USD 13,105. Su PIB por habitante llega a USD 21,636, apenas por debajo del panameño. La deuda equivale al 60.6% de ese indicador de producción individual.

Los dos países se ubican por encima de las principales economías sudamericanas. Por ejemplo, Argentina registra una deuda de USD 11,146 por habitante; Brasil, USD 10,106; México, USD 8,577, y Chile, USD 8,506. En ese grupo, Panamá supera incluso a Costa Rica, que queda por delante de Argentina y Brasil.

El Salvador tiene la mayor relación entre deuda y producción por habitante

El contraste cambia cuando se observa cuánto representa la deuda frente al PIB por habitante. El Salvador presenta USD 5,446 de deuda por persona y un PIB por habitante de USD 6,338. Lo que implica que la deuda equivale al 85.9% de la producción anual per cápita, la proporción más alta entre los cinco países centroamericanos, según los datos del IIF.

Ese resultado coloca a El Salvador por encima de Brasil, donde la deuda por persona representa 80.6% del PIB por habitante. También supera a Argentina, con una relación de 68%, y a Panamá, pese a que este último país registra un monto absoluto de deuda por residente mucho más alto.

La diferencia muestra que una deuda por persona menor no implica necesariamente una carga relativa más baja. De acuerdo a los datos, El Salvador debe menos por habitante que Panamá y Costa Rica, pero cuenta con una producción promedio por persona considerablemente más baja.

Guatemala y Honduras muestran los menores niveles de deuda por persona

Guatemala registra un PIB por habitante de USD 7,981 y una deuda de USD 1,996 por residente. La segunda cifra equivale al 25% de la primera, la menor proporción de Centroamérica. Su endeudamiento por persona también se sitúa entre los más bajos de América Latina en la muestra, cerca de Perú, con USD 3,483, y Bolivia, con USD 778.

En Honduras, el PIB por habitante es de USD 3,945 y la deuda por persona alcanza USD 1,795. La relación llega a 45.5%, por encima de Guatemala, aunque por debajo de Panamá, Costa Rica y El Salvador.

La región centroamericana presenta así un panorama desigual. Panamá y Costa Rica combinan los mayores niveles de producción por habitante con las mayores deudas per cápita. El Salvador tiene una presión relativa más alta al comparar ambos indicadores. Guatemala y Honduras exhiben los montos de deuda individual más bajos, aunque también cuentan con menores niveles de producción por persona.

Una huelga de profesores en el liceo Saint-Exupéry de Créteil escaló en pocas semanas hasta convertirse en una de las movilizaciones más intensas de la historia reciente de Francia, con disturbios en varias ciudades, el incendio del ayuntamiento de Limoges y miles de detenciones durante el fin de semana del 17 y 18 de octubre. Al reclamo inicial por el deterioro de los liceos y la escasez de personal docente se sumaron sindicatos, desempleados y colectivos vinculados a los chalecos amarillos, con consignas que se ampliaron al coste de vida y los recortes en servicios públicos.

Más allá de los reclamos sectoriales, la protesta se monta sobre un terreno económico frágil. El producto interno bruto (PIB) francés se contrajo 0,2% en el primer trimestre de 2026 y no registró crecimiento en el segundo, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos (INSEE). El consumo de los hogares, que representa cerca del 55% del PIB, cayó 0,5% en agosto, y el poder adquisitivo por unidad de consumo retrocedió 0,6% en el segundo trimestre. El Banco de Francia redujo su previsión de crecimiento para 2026 a un rango de entre 0,4% y 0,5%, muy por debajo del 1% que proyectaba a fines de 2025.

La inflación se acelera por el precio de la energía

Los precios al consumidor subieron 3,1% interanual en septiembre, frente al 2,4% de agosto, de acuerdo con el INSEE. El principal impulsor fue la energía, que se encareció 21,3% interanual en septiembre tras el 16,7% del mes previo. La historia se repite respecto de 2018, cuando un alza en el impuesto a los combustibles desató el movimiento de los chalecos amarillos.

La deuda de Francia alcanzó el 119,3% del PIB, un récord desde que existe esta estadística, mientras el déficit fiscal se ubica en 5,4% del PIB, muy por encima del 3% que exigen las reglas de la zona euro. El Gobierno presentó un presupuesto para 2027 que buscaría bajar el déficit al 5% mediante recortes de gasto estatal, una propuesta que choca con las demandas de mayor inversión pública que reclaman los manifestantes. La agencia Moody’s decidió el viernes 23 de octubre mantener la calificación crediticia francesa en Aa3, aunque con perspectiva negativa.

Los mercados ya castigan el coste de financiamiento

El rendimiento del bono francés a 10 años superó el 5% el miércoles 21 de octubre, su nivel más alto desde 2002, frente a poco más de 3% en febrero pasado. La prima de riesgo, entendida como el diferencial con el bono alemán equivalente, que ronda el 3,4%, es el mayor desde 2011. El servicio de la deuda pasará de 79.200 millones de euros en 2026 a 91.200 millones en 2027, una cifra que supera lo que el Estado destina a defensa o a educación superior.

El gasto público de Francia equivale al 57% del PIB, uno de los más altos de Europa, y el gasto en protección social representó el 31,9% del PIB en 2024, frente al 27,3% de promedio en la Unión Europea. El envejecimiento poblacional y la baja natalidad presionan un sistema de pensiones cuya edad de jubilación se eleva de forma progresiva de 62 a 64 años hasta 2030, en el marco de la reforma de 2023.

Francia afronta una nueva señal de alarma en los mercados financieros que puede contagiar al resto de Europa. La rentabilidad de su bono soberano a diez años es del 5%, un nivel que no alcanzaba desde julio de 2002, mientras que la prima de riesgo frente a Alemania ha rebasado los 170 puntos básicos, hasta situarse en máximos desde noviembre de 2011. Este repunte refleja la creciente desconfianza de los inversores ante la situación fiscal y política del país, en un momento en que el Gobierno necesita avanzar en el ajuste de las cuentas públicas.

En concreto, el interés exigido a la deuda francesa en el mercado secundario ha llegado al 5,1415%, lo que ha elevado el diferencial frente al bono alemán equivalente hasta los 175 puntos básicos. Este movimiento encarece la financiación del Estado francés y amenaza con trasladar una mayor presión al conjunto de la economía, desde el presupuesto público hasta el crédito que reciben las empresas y los hogares.

La escalada se produce en un contexto especialmente delicado. A la subida de los precios del petróleo y a las preocupaciones inflacionistas se suman los disturbios registrados durante el fin de semana, la incertidumbre sobre la capacidad del Gobierno para sacar adelante las medidas de consolidación fiscal y la expectativa de una decisión de Moody’s sobre la solvencia de la deuda francesa. Los inversores temen que la inestabilidad política dificulte la aprobación de los ajustes necesarios para contener el déficit.

Riesgo de contagio

La situación de Francia supone un riesgo para el resto de Europa, ya que las dudas sobre el país galo pueden llevar a los inversores a “exigir más rentabilidad a otros países endeudados”, advierte Manuel Pinto, analista de XTB. El experto también señala que “el contagio podría trasladarse también a bancos y empresas mediante mayores costes de financiación y pérdidas de valor en sus carteras de bonos”. Los analistas de Renta 4 Banco, por su parte, apuntan que este contagio ya se ha producido en los bonos de Italia y Bélgica.

No obstante, Pinto reconoce que volver a niveles de prima de riesgo como los registrados en 2011 no significa que Europa esté reproduciendo exactamente aquella crisis. “Ahora existen mecanismos de protección más sólidos y Francia no presenta las mismas tensiones bancarias que caracterizaron algunos de los episodios anteriores”, explica el analista.

En la misma línea se ha pronunciado la consejera delegada de Bankinter, Gloria Ortiz, que ha descartado que la situación actual de la deuda pública francesa sea preocupante: “Estamos lejos de la situación de la crisis financiera de deuda. Francia es un país con una capacidad crediticia enorme; la situación se reconducirá cuando este periodo de transición política acabe. Estamos convencidos de que no habrá problemas en la deuda pública europea más allá de que estamos en un momento volátil”, ha precisado la directiva. Aun así, ha reconocido que la volatilidad actual puede provocar un aumento de las primas de riesgo de determinados países.

La prima española se contiene

El caso de España es distinto al de Francia. Nuestro país parte de una posición económica más favorable, pero, a juicio de Pinto, debería aprovecharla para reforzar sus cuentas públicas y mejorar su capacidad de respuesta ante un eventual deterioro de la actividad.

“Crecer facilita la recaudación y puede reducir la deuda en relación con el PIB; convertir esa mejora en nuevas obligaciones permanentes, sin asegurar su financiación futura, limitaría la capacidad de respuesta ante una desaceleración”, señala el analista de XTB.

También Gloria Ortiz ha defendido que la deuda pública española mantiene una prima “muy contenida, por debajo de la francesa e italiana”. Al cierre de los mercados de este jueves, la rentabilidad del bono soberano español a diez años se situó en el 4,051%, por debajo del 4,081% registrado al cierre del miércoles. La prima de riesgo española quedó en 67,33 puntos básicos, muy por debajo de los aproximadamente 171 puntos de la francesa.

Sin alternativas para ‘comprar’ la paz social

Además del encarecimiento de la financiación, Francia afronta un problema presupuestario. El Gobierno de Emmanuel Macron dispone de poco margen para responder a las tensiones sociales mediante un aumento del gasto o una reducción de impuestos, mientras que la fragmentación política complica la aprobación de los ajustes necesarios. El país corre así el riesgo de quedar atrapado entre la necesidad de reducir el déficit y la presión para contener el malestar de los ciudadanos, sin suficiente margen fiscal para ‘comprar’ la paz social.

El aumento de la deuda puede alimentar esta dinámica. Charlotte de Montpellier, analista para Francia y Suiza de ING Research, considera que la subida de las rentabilidades refleja tanto las dudas sobre la capacidad de cualquier futuro Gobierno para aprobar reformas y medidas de ahorro como la creciente preocupación por las perspectivas económicas. “Esto crea un círculo vicioso”, sostiene la analista. Defiende que unas condiciones financieras más duras elevan el coste del crédito y debilitan unas previsiones de crecimiento que ya son reducidas.

La evolución de la deuda francesa se convierte así en una prueba para la estabilidad económica y política del país. Si el encarecimiento de la financiación se prolonga, el Gobierno tendrá más dificultades para contener el déficit y sostener la actividad económica.

El secretario de Finanzas, Federico Furiase, sostuvo que el Gobierno cuenta con herramientas para afrontar los vencimientos de deuda de 2027 sin depender de una colocación en los mercados internacionales y aseguró que el control de la cantidad de dinero hace que no haya suficientes pesos en el mercado como para complicar el frente cambiario el año próximo: “Hay poca munición para correr contra el dólar en el año electoral”.

Durante la 3ª Cumbre Aseguradora Argentina, realizada este jueves en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, afirmó que el programa financiero en dólares está cubierto y señaló que el Tesoro dispone de alternativas ante eventuales dificultades para renovar compromisos.

La exposición estuvo dirigida a representantes del sector asegurador y se concentró en la estrategia oficial para contener la volatilidad cambiaria y de las tasas en un año electoral. Furiase vinculó esa previsión con el superávit fiscal, la acumulación de reservas, el menor nivel de pasivos monetarios y la extensión de los vencimientos de deuda en pesos.

El funcionario vinculó la estabilidad cambiaria con el tamaño de los pasivos monetarios del Banco Central. Según expuso, la cantidad de pesos disponible en la economía equivale a unos USD 30.000 millones, un nivel bajo en la comparación histórica. Su argumento es que una menor masa de dinero reduce la capacidad de los tenedores de pesos para dolarizarse de forma masiva y generar presión sobre el tipo de cambio.

El secretario de Finanzas sostuvo que ese nivel se alcanzó, a diferencia de otros episodios, sin una devaluación abrupta. Atribuyó el resultado al superávit fiscal, la eliminación de los pasivos remunerados del Banco Central y la recomposición de las reservas internacionales. “Es importante que sea bajo porque eso implica que hay poca munición para correr contra el dólar”, afirmó durante su exposición ante representantes del mercado asegurador.

La lectura oficial se completa con el perfil de la deuda en moneda local. Furiase indicó que cerca del 45 % de los vencimientos queda ubicado después de octubre de 2027, frente al 15 % que se registraba a comienzos de este año. Para el funcionario, la menor concentración de pagos en el corto plazo limita la necesidad de refinanciar grandes montos durante el período electoral y suma otro factor de contención ante eventuales tensiones sobre el dólar.

El swap con China aparece como respaldo ante una dificultad para renovar bonos

Furiase aseguró que el programa financiero en moneda extranjera para el próximo año está “completamente cerrado” y que la vuelta al crédito externo quedaría como una opción, no como una necesidad. Según detalló, el esquema contempla colocar USD 5.000 millones en el mercado local, destinados a refinanciar el vencimiento de capital de los Bonares.

El funcionario planteó que, si esa colocación encontrara obstáculos, el Gobierno podría recurrir a una parte del swap con China para refinanciar o cancelar esos vencimientos. “Si tienen dudas sobre esa colocación que se puede hacer en los mercados, podemos usar un tramo del swap con China para refinanciar o pagar los vencimientos del año que viene”, afirmó.

En ese marco, incluyó al acuerdo con China por USD 20.000 millones dentro de los respaldos disponibles. También mencionó un swap con Estados Unidos por el mismo monto, recursos en el mercado de futuros por USD 15.000 millones, el superávit comercial proyectado y las compras de divisas del Banco Central. La suma de esos instrumentos, según su cálculo, supera los USD 125.000 millones de capacidad de respuesta para el año próximo.

El Tesoro acumula pesos para afrontar vencimientos o comprar divisas al Banco Central

La otra herramienta destacada por Furiase son las disponibilidades en pesos del Tesoro Nacional. De acuerdo con sus cifras, el organismo cuenta con $ 9 billones depositados en el Banco Central y con más de $ 10 billones en el resto del sistema financiero, por un total cercano a $ 20 billones.

El secretario de Finanzas explicó que esos recursos podrían utilizarse si se complicara el escenario financiero. El Tesoro tendría la posibilidad de comprar dólares al Banco Central para atender obligaciones en moneda extranjera o de cancelar deuda en pesos sin necesidad de renovar vencimientos a tasas más altas. “Que el Tesoro tenga esta munición de reservas en pesos es menor volatilidad de tasas hacia adelante”, sostuvo.

Furiase vinculó ese margen de liquidez con el nuevo perfil de la deuda en moneda local. A comienzos de año, señaló, solo el 15 % de los vencimientos quedaba ubicado después de octubre de 2027; ahora, esa proporción asciende a cerca de 45 % de los compromisos en pesos. Además, indicó que el stock consolidado de deuda en moneda local cayó desde 27 puntos del producto bruto interno hasta una zona de 12 o 13 puntos.

Para el funcionario, la combinación de depósitos del Tesoro, vencimientos más extendidos y menor cantidad de pasivos monetarios reduce la posibilidad de una corrida hacia el dólar durante el período electoral. La evaluación forma parte de su argumento ante las aseguradoras para que consideren inversiones en instrumentos de deuda argentinos, tanto en pesos como en dólares.

El senador del Centro Democrático Christian Garcés, coordinador ponente del Presupuesto General de la Nación para 2027, pidió reducir $40 billones de los gastos de funcionamiento del Estado y replantear la deuda pública de Colombia. En entrevista con Recap Blu, el congresista sostuvo que la distribución actual de los recursos limita la inversión y defendió una reforma estructural del gasto.

Según explicó, el funcionamiento del Estado representa el 62% del presupuesto, mientras que la inversión corresponde a entre el 14% y el 15%, y el servicio de la deuda equivale al 24%. Para modificar esa distribución, propuso reducir los gastos de funcionamiento en dos puntos del producto interno bruto (PIB), una cifra que estimó en $40 billones.

Garcés también respaldó la presentación de una ley de ajuste fiscal o rescate económico, aunque manifestó su rechazo a nuevos impuestos que puedan afectar a las empresas y los emprendimientos.

Christian Garcés propone reducir $40 billones del gasto público

Durante la entrevista, el senador afirmó que el país necesita modificar la estructura del presupuesto para aumentar los recursos disponibles para inversión.

“Tenemos que lograr un cambio estructural en el presupuesto”, señaló Garcés, al referirse a la proporción de los recursos destinada al funcionamiento de las entidades públicas.

El congresista sostuvo que la reducción del gasto requiere revisar los costos del Estado y adoptar medidas de fondo. A su juicio, mantener el nivel actual de funcionamiento limita la capacidad del Gobierno para atender las necesidades de los ciudadanos y financiar proyectos de infraestructura.

Garcés aseguró que la meta de recorte de $40 billones equivale a dos puntos del PIB y afirmó que el Gobierno nacional también ha mencionado cifras de reducción del gasto. Sin embargo, indicó que el Ejecutivo estaba realizando cálculos y proyecciones para definir las medidas que presentará en el marco del ajuste fiscal.

El senador plantea renegociar o reperfilar la deuda pública

Otro de los puntos centrales de la propuesta es revisar el servicio de la deuda. Garcés aseguró que el monto previsto para este rubro ascendía a $155 billones y consideró necesario buscar alternativas para reorganizar los compromisos financieros del país.

“Tenemos que lograr transformar, replantear, reperfilar la deuda”, afirmó durante la conversación.

El senador explicó que durante la discusión presupuestal propuso reducir los recursos destinados al servicio de la deuda y evaluar mecanismos para cumplir con las obligaciones adquiridas por el Estado sin comprometer una proporción tan elevada del presupuesto.

Según su balance, se logró una reducción de $8 billones, recursos que, de acuerdo con sus declaraciones, se destinarán a subsidios de energía y gas, así como a la atención de desastres relacionados con el terremoto y el fenómeno de El Niño.

Garcés sostuvo que la reducción de los gastos de funcionamiento y la revisión de la deuda son necesarias para ampliar los recursos de inversión y mantener la atención a las poblaciones vulnerables.

Centro Democrático rechaza nuevos impuestos para financiar el ajuste

El senador señaló que su partido espera conocer la propuesta del Gobierno para corregir los desequilibrios fiscales. Según explicó, la solicitud fue avanzar primero en la aprobación del presupuesto y presentar posteriormente la ley de ajuste fiscal o rescate económico.

Garcés afirmó que el Centro Democrático no respalda nuevos impuestos que puedan frenar el crecimiento empresarial y la creación de emprendimientos.

En su lugar, defendió medidas orientadas a fortalecer el aparato productivo, aumentar las exportaciones y generar empleo. Según su planteamiento, el crecimiento económico permitiría incrementar los ingresos tributarios sin depender de nuevas cargas fiscales.

El congresista también se refirió a las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Consideró que un eventual acuerdo con el organismo podría contribuir a recuperar la confianza internacional en el manejo de las finanzas públicas, aunque no afirmó que las negociaciones hayan concluido.

Recursos para la reconstrucción y la inversión pública

Durante la entrevista, Garcés también habló sobre las necesidades presupuestales de los territorios afectados por el terremoto. Según indicó, la reconstrucción y la atención de los damnificados requerirían cerca de $50 billones durante los próximos cuatro años.

El senador mencionó al Eje Cafetero, Chocó, Valle del Cauca y el norte del Cauca entre las zonas que necesitan recursos para su recuperación. Asimismo, aseguró que en el presupuesto se consiguieron $3,8 billones para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción.

Garcés manifestó que hará seguimiento a la ejecución de esas partidas y señaló que su respaldo a las iniciativas del Gobierno dependerá de que los recursos se utilicen de manera adecuada.

También planteó que las inversiones en vivienda podrían contribuir a la reactivación económica y a la generación de empleo en las regiones afectadas.

Los cambios que propone para el presupuesto de 2027

Al evaluar la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2027, Garcés aseguró que quedó satisfecho con el resultado de la discusión, aunque consideró que los gastos de funcionamiento y el servicio de la deuda siguen limitando la inversión.

El senador también señaló que durante el trámite legislativo se aumentaron en $5 billones los recursos destinados a medicamentos y atención en salud. Además, afirmó que el presupuesto del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) tuvo un incremento del 25%.

Sobre el futuro de las finanzas públicas, reiteró que el Gobierno debe avanzar en la reducción del gasto y presentar medidas que permitan fortalecer la inversión sin aumentar los impuestos.

La propuesta de ajuste fiscal, según lo expuesto por Garcés, deberá concretarse en medidas que modifiquen la estructura del gasto estatal y permitan revisar las obligaciones financieras de Colombia.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial asesorarán técnicamente al Gobierno colombiano en la actualización de su estrategia de gestión de deuda pública para el período 2027-2030. La misión comenzó el martes 20 de octubre y permanecerá en el país hasta el 29 de este mes, con el objetivo de apoyar también la preparación del Plan Anual de Financiamiento de 2027.

Según informó el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la asistencia fue solicitada por el ministro Miguel Gómez Martínez y estará a cargo de especialistas de ambos organismos multilaterales, quienes trabajarán con la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional.

La iniciativa busca fortalecer la planificación del endeudamiento estatal, evaluar los riesgos asociados a la deuda y mejorar la previsibilidad de las necesidades de financiamiento del país.

¿En qué consiste la asesoría del FMI y el Banco Mundial?

La misión apoyará la actualización de la Estrategia de Gestión de Deuda Pública de Mediano Plazo (EGDMP) para 2027-2030 y la elaboración del Plan Anual de Financiamiento del próximo año.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el trabajo contempla un análisis independiente de la estrategia de endeudamiento, recomendaciones de política pública y un intercambio de experiencias internacionales sobre la administración de la deuda soberana, especialmente en países de la región y otras economías emergentes.

El ministro Miguel Gómez Martínez explicó que la planificación de mediano plazo busca fortalecer la confianza de los mercados y facilitar el acceso a condiciones de financiamiento competitivas.

“La formulación de una estrategia de mediano plazo busca dar mayor previsibilidad a la gestión de la deuda pública y fortalecer la confianza de los mercados, lo que puede traducirse en condiciones de financiamiento más competitivas en términos de plazos, montos y costos”, señaló el funcionario en el comunicado oficial.

La cartera también indicó que el proceso apunta a mejorar la gestión de riesgos y contribuir al desarrollo del mercado de capitales colombiano, con criterios de transparencia y rendición de cuentas.

Quiénes integran la misión internacional

La delegación está liderada por José Franco Medeiros de Morais, especialista sénior en deuda del Banco Mundial, y José de Luna, especialista del sector financiero del FMI.

El equipo cuenta con expertos de ambas instituciones procedentes de México, China, Brasil y Hungría, quienes aportarán conocimientos sobre las prácticas de gestión de deuda aplicadas en otros mercados.

Durante la misión se realizarán sesiones de trabajo con funcionarios de la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional. También están previstas reuniones con el Banco de la República, entidades reguladoras, Creadores de Mercado y otros participantes del mercado de deuda pública y del sistema financiero.

El Ministerio de Hacienda afirmó que el acompañamiento permitirá incorporar experiencias internacionales a la administración de las obligaciones del Estado. No obstante, el comunicado no detalla las recomendaciones específicas que resultarán del proceso.

Deuda pública de Colombia alcanzó $1.068,33 billones en agosto

La asistencia técnica se desarrolla mientras el país registra un elevado volumen de obligaciones públicas. Según el informe consolidado de la Contraloría General de la República, con corte a agosto de 2026, la deuda bruta pública colombiana se ubicó en $1.068,33 billones.

De ese total, $818,81 billones correspondían a deuda interna, equivalente al 76,6%. Este componente estaba concentrado principalmente en títulos de Tesorería (TES) de largo plazo adquiridos por fondos de pensiones y bancos.

La deuda externa pública, por su parte, alcanzó $249,52 billones, cifra que representaba el 23,4% del total reportado.

En la información suministrada también se estima que el endeudamiento equivalía aproximadamente al 60,6% del producto interno bruto (PIB) proyectado para 2026.

Estas cifras permiten dimensionar las obligaciones que administra el Estado y el contexto en el que se actualizará la estrategia de mediano plazo.

Qué buscan los organismos multilaterales con la asistencia

El Banco Mundial aportará su experiencia en el diseño de estrategias de deuda, la estructura de vencimientos, la evaluación de riesgos y el desarrollo de mercados de deuda pública.

El FMI contribuirá con conocimientos en análisis macroeconómico, riesgos fiscales, sostenibilidad de la deuda y funcionamiento de los mercados financieros.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, el propósito es fortalecer las herramientas de planificación del Gobierno y mejorar la previsibilidad para los inversionistas y las finanzas públicas.

El ministro sostuvo que contar con una estrategia formal, transparente y respaldada técnicamente es una prioridad para la administración nacional.

La misión conjunta continuará sus actividades hasta el 29 de octubre de 2026, con reuniones técnicas y sesiones de trabajo orientadas a la actualización de la estrategia de deuda para 2027-2030 y a la preparación del Plan Anual de Financiamiento del próximo año.

El rebote de los bonos argentinos en la segunda parte de la rueda no alcanzó para despejar la señal de alerta que dejó el mercado: el riesgo país cerró en 672 puntos básicos, luego de haber superado los 700 durante la jornada, en un contexto de alta volatilidad internacional y persistentes dudas sobre las necesidades de financiamiento de la Argentina. Los títulos públicos llegaron a caer hasta 1,4% en las primeras operaciones, pero recuperaron terreno a medida que mejoró el clima en los mercados.

La presión inicial respondió a un episodio global. Operadores consultados por el mercado señalaron que las dudas sobre la capacidad de algunas empresas vinculadas a la inteligencia artificial para afrontar sus compromisos de deuda dispararon la demanda de CDS, los seguros contra un eventual incumplimiento. La tensión se trasladó desde el crédito corporativo hacia la deuda soberana y arrastró a los bonos de países emergentes en la apertura.

Con el avance de la rueda, los inversores separaron los riesgos de compañías puntuales de la evolución del resto de los activos financieros. Esa distinción habilitó una mejora de los precios de los títulos argentinos, aunque el cierre del indicador de riesgo por encima del nivel de la rueda previa mantuvo en primer plano las dudas sobre el acceso futuro al financiamiento externo.

Los bonos largos recuperaron terreno, pero el tramo corto siguió bajo presión

La mejora fue más visible en los vencimientos medios y largos. El Global 2041 subió 0,94%, mientras que el Global 2035 ganó 0,42%. Entre los bonos bajo legislación argentina, el Bonar 2029 avanzó 0,70% y el AL41, 0,71%. Las canastas agregadas de deuda bajo ley de Nueva York y ley argentina cerraron con alzas de 0,30% y 0,23%, respectivamente.

La excepción estuvo en la parte más cercana de la curva. El Global 2029 cayó 0,55% y su diferencial de tasa frente a los bonos del Tesoro de Estados Unidos se amplió 41 puntos básicos. El Global 2030 también terminó levemente en baja. La diferencia entre los tramos refleja que, aun después del rebote, el mercado conserva una cautela mayor frente a los pagos más próximos.

Belisario Álvarez de Toledo, de Grit, ubicó el movimiento en dos etapas. Según explicó, la primera fue una baja generalizada de los bonos a partir de la suba de las tasas de los títulos del Tesoro estadounidense, sin que necesariamente aumentaran los diferenciales de riesgo. Luego, una vez que esa curva se estabilizó, los inversores empezaron a revisar los precios relativos de los mercados emergentes y a exigir primas más altas.

“En esta última etapa de ampliación de spreads nos movimos con el resto del pelotón”, sostuvo Álvarez de Toledo. El analista remarcó, sin embargo, que la Argentina es uno de los mercados más expuestos cuando se encarece o se restringe el crédito externo, debido a sus reservas y a su perfil de deuda.

La suba argentina superó a la de los indicadores regionales

El componente externo explica parte de la jornada, pero no alcanza para describir la trayectoria de la deuda argentina en los últimos meses. La última serie histórica disponible, con datos hasta el 16 de octubre, mostraba que el riesgo país había pasado de 404 puntos el 10 de julio a 648 puntos, una suba de 244 puntos, equivalente a 60,4%. El cierre de ayer en 672 puntos lo dejó todavía más arriba.

En el mismo período, la distancia con los pares regionales se amplió. Al 16 de octubre, Bolivia registraba 485 puntos, Ecuador 536, Colombia 220, Brasil 167, Chile 96 y Uruguay 78. El spread argentino equivalía a más de tres veces el indicador latinoamericano, que se ubicaba en 193 puntos en esa última medición comparable.

La consultora Outlier sostuvo que los bonos argentinos tuvieron el peor desempeño entre los mercados emergentes en el último tramo. Esa diferencia ayuda a explicar por qué un episodio de aversión global al riesgo tiene una repercusión más intensa sobre los activos locales: el shock externo encuentra a la Argentina con una prima de riesgo ya elevada.

Los vencimientos de 2027 y 2028 concentran la inquietud del mercado

Gabriel Caamaño señaló que las dudas de los inversores incluyen el escenario político, una recuperación económica menos dinámica que la esperada, la acumulación de reservas y la capacidad de refinanciar deuda. “Todos, los locales y los externos están reduciendo posición en activos argentinos”, afirmó el economista.

El punto más sensible está en el calendario financiero. En enero de 2027 vencen cerca de USD 4.500 millones de Bonares y Globales, y existe un monto similar de pagos en julio. Los depósitos del Tesoro en moneda extranjera se ubicaron en torno a USD 980 millones, por debajo de los USD 1.000 millones, mientras el Gobierno busca sostener la acumulación de divisas y recuperar el acceso al crédito.

La cuestión que excede a los pagos de 2027 es cómo se financiarán los compromisos de 2028 si el país no logra regresar a los mercados internacionales. Distintas estimaciones privadas ubican esos vencimientos cerca de USD 30.000 millones, entre deuda local y externa. Los inversores miran, además, la evolución electoral del próximo año y la continuidad del respaldo financiero de Estados Unidos.

Caamaño resumió ese factor con una referencia al secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent: “El blindaje es Bessent”. El economista advirtió que el mercado sigue de cerca la permanencia de ese apoyo, aun cuando aclaró que ese escenario no implica por sí mismo una crisis financiera en 2027.

La rueda dejó así dos señales simultáneas. Los bonos pudieron recuperarse de la venta inicial cuando cedió la tensión global, pero la persistencia de un riesgo país elevado muestra que la discusión sobre reservas, vencimientos y acceso al financiamiento seguirá condicionando la cotización de la deuda argentina.

El Ministerio de Hacienda de Nicaragua acumuló 32 semanas sin colocar Bonos de la República en 2025, mientras inversores privados, instituciones financieras y bancos evitaron adquirir deuda estatal por dudas sobre la capacidad y la voluntad de pago del régimen, informó Confidencial 30.

Las emisiones realizadas hasta el 14 de octubre sumaban USD 45,9 millones en distintos plazos, menos de la mitad de la meta anual de USD 100 millones. El resultado prolongó las dificultades que ya habían limitado la captación de recursos durante el año anterior.

La principal preocupación es la confianza en que el Estado cumpla sus obligaciones, explicó a Confidencial, medio nicaragüense, un profesional que integró el equipo de asesoría legal de un banco comercial nicaragüense. El riesgo, señaló, combina dos interrogantes: si el Gobierno podrá pagar y si decidirá hacerlo.

Hasta ahora, el régimen de Daniel Ortega no ha incumplido obligaciones financieras. El especialista recordó que, al inicio de su Gobierno, Ortega cuestionó el pago de más de USD 100 millones en Bonos por Indemnización, pero cambió de posición tras ser advertido sobre las consecuencias de un incumplimiento.

El experto advirtió que una eventual suspensión de pagos no puede descartarse si el país enfrenta sanciones comerciales o financieras.

El aislamiento financiero y la presión sobre las reservas

Las sanciones comerciales podrían afectar los acuerdos de Nicaragua con Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana —conocido como DR-CAFTA— y con Europa mediante el Acuerdo de Asociación. El impacto sobre las exportaciones dependería de la profundidad de las medidas que eventualmente se apliquen.

El aislamiento financiero también podría agravarse, según el medio, por la suspensión de desembolsos de créditos ya firmados, incluidos los contratos con China, que suelen avanzar lentamente. Si esos escenarios se concretaran, las reservas internacionales brutas podrían resultar insuficientes para sostener salarios estatales, servicios básicos y el funcionamiento del Estado.

“Quizás puedan hacerlo por tres o cuatro meses, en cuyo caso, pagar esos bonos no será prioridad”, sostuvo el especialista. La emisión de estos instrumentos busca captar recursos para financiar el Presupuesto General de la República e incentivar el ahorro de pequeños inversores en la Bolsa de Valores de Nicaragua.

La compra de deuda pública supone además un riesgo para quienes participan en las subastas. “Adquirir estos bonos, o simplemente ofertar por ellos, significa objetivizarse frente a la voracidad recaudatoria del Estado”, afirmó el experto, al mencionar la posibilidad de reparos fiscales contra los inversores.

Un inversionista consultado consideró que la tasa de interés del 7% ofrecida por el Estado revela “desesperación por liquidez”. Según su evaluación, Nicaragua permanece aislada financieramente y los financiadores internacionales se han alejado de un Gobierno que atraviesa una crisis política permanente.

Dos clases de bonos y una demanda limitada

El Estado ofrece bonos denominados en dólares estadounidenses que se pagan en córdobas al tipo de cambio oficial, y otros emitidos y pagaderos en dólares. El mercado ha mostrado mayor preferencia por los primeros.

La política económica también busca contener la inflación mediante un freno macroeconómico, según el análisis recogido por Confidencial. Las remesas, que en 2025 se acercaron a USD 6.200 millones y podrían rondar los USD 6.700 millones en 2026, ingresan sin un encadenamiento productivo local y, de acuerdo con esa evaluación, deberían generar mayores presiones sobre los precios.

Los bancos prefieren los instrumentos emitidos por el Banco Central, que capta recursos para aumentar las reservas brutas. Además, las entidades necesitan mantener altos niveles de liquidez porque trabajan con fondos internacionales de corto plazo, que deben devolver en un período máximo de un año.

En 2024, el Ministerio de Hacienda solo logró colocar USD 6,5 millones, equivalente al 6,5% de lo proyectado. Durante los primeros cinco meses de 2025, las emisiones alcanzaron USD 9,85 millones, y al cierre del año la colocación representó el 15,3% de la meta prevista, se añade.

El Pacto Histórico confirmó que el martes 24 de noviembre se movilizará en rechazo al Presupuesto General de la Nación para 2027, aprobado por las plenarias del Senado y de la Cámara de Representantes el martes 20 de octubre.

La colectividad anunció la convocatoria después de cuestionar la distribución de los recursos incluidos en el proyecto por $634,9 billones y señalar que el aumento de las partidas para el pago de la deuda y el funcionamiento del Ministerio de Hacienda contrasta con las reducciones presupuestales que, según la bancada, afectan a entidades del sector educativo, la justicia transicional y las regiones.

La decisión fue comunicada mediante un documento divulgado por la bancada del Pacto Histórico, en el cual los congresistas manifestaron su desacuerdo con el trámite y el contenido del presupuesto, al considerar que el gobierno de Abelardo de la Espriella pretende avanzar en su aprobación sin resolver interrogantes sobre algunas partidas y sin desarrollar una discusión de fondo sobre la asignación de los recursos públicos.

Aumento del servicio de la deuda y cuestionamientos al trámite

Uno de los principales argumentos presentados por la bancada del Pacto Histórico está relacionado con el crecimiento de los recursos destinados al pago de la deuda pública. Esta partida pasa de $100,4 billones en 2026 a $147,1 billones en 2027, un aumento del 46% que, de acuerdo con los congresistas, equivale aproximadamente a uno de cada cuatro pesos del presupuesto nacional.

Los parlamentarios también cuestionaron la diferencia entre los ajustes realizados a las obligaciones de deuda y la reducción incorporada en el proyecto durante el segundo debate. En su pronunciamiento indicaron que el Ministerio de Hacienda realizó operaciones de canje de títulos de tesorería (TES) por $19,8 billones y retiró $17,4 billones de vencimientos correspondientes a 2027. Sin embargo, según la bancada, el proyecto presupuestal solo disminuyó $8,36 billones de esa partida.

El Pacto Histórico sostiene que cerca de $9 billones podrían continuar presupuestados para pagos que ya no corresponderían a vencimientos de 2027, y señaló que el Congreso no contaría con información suficiente sobre el calendario de esas obligaciones para evaluar la asignación de los recursos.

Durante el trámite legislativo, la ponencia para segundo debate redujo en $8,36 billones el monto destinado al servicio de la deuda y trasladó esos recursos hacia los rubros de inversión y funcionamiento. Esta modificación hizo parte de los ajustes incorporados al texto que finalmente aprobaron las dos plenarias.

La bancada también comparó el proyecto con el presupuesto que había radicado el gobierno del expresidente Gustavo Petro. Según sus cifras, el monto para 2027 aumentó en $59 billones frente a aquella propuesta. De ese incremento, $29 billones se asignaron al servicio de la deuda y $16,6 billones al Ministerio de Hacienda, una distribución que los congresistas cuestionaron por la proporción de recursos adicionales concentrados en esas dos partidas.

A esos montos se suma, según el comunicado, una bolsa de $3,9 billones sin proyectos definidos, cuyos recursos se distribuirían durante la vigencia presupuestal. El documento también señala un incremento de $2,15 billones en los recursos de funcionamiento del Ministerio de Hacienda, cuyo presupuesto para ese componente crecería un 37% respecto de 2026.

La bancada advirtió que el Gobierno pretende aprobar el presupuesto a “pupitrazo”, expresión con la que cuestionó el procedimiento legislativo. En el comunicado, los congresistas señalaron que todavía existen cifras que requieren aclaración y mencionaron, entre ellas, la aprobación de una partida de $14 billones que, según su denuncia, quedaría a disposición del Gobierno sin control legislativo.

Recortes a la JEP, el Sena y la educación superior

Otro de los puntos centrales del pronunciamiento corresponde a los recursos asignados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), entidad creada en el marco del Acuerdo de Paz de 2016. La reducción señalada por los congresistas equivale a una caída del 82% en ese componente. Además, el contexto del trámite legislativo incluye un recorte total de $181.402 millones para la entidad durante 2027, luego de que a la disminución inicial de $170.000 millones se sumara un ajuste de $11.402 millones que se trasladaría al Ministerio de Defensa.

El Pacto Histórico también expresó preocupación por dos artículos nuevos que, según su interpretación del texto, permitirían al Ministerio de Hacienda trasladar mediante decreto saldos de entidades y fondos al denominado Fondo Milagro. La bancada advirtió que esta disposición podría facilitar nuevas reducciones presupuestales sin que los cambios tengan que someterse previamente a la aprobación del Congreso.

En materia educativa, los congresistas señalaron que los recursos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) destinados a sus centros de formación fueron objeto de modificaciones durante el trámite. Según el comunicado, las comisiones económicas habían devuelto $500.000 millones a esa entidad, pero la cifra fue retirada nuevamente en la ponencia posterior.

La bancada afirmó que los recursos recuperados inicialmente para los centros de formación del Sena fueron eliminados otra vez durante el proceso de aprobación del presupuesto. El pronunciamiento no detalla la distribución final de ese ajuste entre los diferentes centros de formación.

En cuanto a la educación superior, la inversión del Ministerio de Educación perdería $310.000 millones netos. Los congresistas agregaron que todavía no se ha precisado cuál será el impacto de esa reducción sobre la política de gratuidad educativa.

Menor inversión para los departamentos

Las regiones también figuran entre los sectores mencionados en el comunicado. Según las cifras citadas por el Pacto Histórico, con base en el último informe del Departamento Nacional de Planeación (DNP), 14 departamentos recibirían en 2027 una inversión real inferior a la de 2026. De esos territorios, nueve pertenecen a la categoría de Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), creada para atender zonas afectadas por el conflicto armado.

La bancada relacionó esta reducción con las necesidades de inversión de las regiones y con la financiación de iniciativas vinculadas a la implementación de los acuerdos de paz. El documento agrega que la inversión pasaría de representar el 16,1% al 14,9% del presupuesto nacional. Asimismo, sostiene que, al excluir la bolsa del Ministerio de Hacienda y los subsidios de energía de la comparación, la inversión registraría una caída real del 6% frente a 2026.

Frente al contenido definitivo del presupuesto, los congresistas del Pacto Histórico manifestaron que reconocen la necesidad de contar con una asignación responsable de los recursos públicos, pero rechazaron que las medidas presentadas como austeridad correspondan a una reducción general del gasto.

El Congreso de la República de Colombia aprobó el Presupuesto General de la Nación para 2027 por 634,9 billones de pesos, después de una jornada que se extendió hasta la madrugada del martes 20 de octubre de 2026.

Por un lado, el Senado de la República lo avaló con 57 votos a favor, mientras que la Cámara de Representantes aprobó el mismo texto con 112 votos favorables, lo que evitó una conciliación y abrió el camino para la sanción presidencial.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, presentó el resultado como una señal para la política económica del Gobierno de Abelardo de la Espriella, lo que representó la primera victoria del Ejecutivo en la rama legislativa. Tras la votación, sostuvo que el respaldo del Legislativo es “el primer paso para empezar a recuperar la estabilidad de nuestra economía y para generar crecimiento y prosperidad”. También describió el trámite como uno de los más complejos que ha enfrentado el Congreso.

El jefe de cartera argumentó que las cuentas recogen el desequilibrio entre los ingresos y los compromisos del Estado. Según sus cálculos, la Nación recauda en promedio 29 billones de pesos mensuales y gasta cerca de 40 billones de pesos. Gómez situó la deuda pública en $1.174 billones y defendió un programa de austeridad ante un presupuesto que, a su juicio, supera la capacidad de financiamiento del país.

La distribución final concentra $393,25 billones en funcionamiento, rubro que cubre gastos como nómina, transferencias y obligaciones recurrentes del Estado. Otros $147,07 billones irán al servicio de la deuda, mientras que $94,63 billones se destinarán a inversión. La reducción de $8,36 billones en el pago de deuda frente a la propuesta inicial permitió ampliar partidas de inversión y funcionamiento.

Entre los ajustes aprobados figura una adición de $3 billones para el sector salud, financiada con recursos reubicados desde el servicio de la deuda. El texto también incorporó $100.000 millones para el fomento de la educación superior y $11.400 millones para indemnizaciones a familias de soldados lesionados durante el servicio. Además, contempla $3,9 billones para atención y prevención de desastres, en un contexto marcado por la reconstrucción posterior al terremoto de agosto.

El presupuesto queda condicionado

Pese al visto bueno del legislativo, uno de los principales desafíos del Presupuesto es su sostenibilidad fiscal. El Gobierno prevé un ajuste equivalente al 2,2% del producto interno bruto (PIB) mediante una ley de rescate económico; sin embargo, esta propuesta aún no ha sido presentada por el Ejecutivo. Esa iniciativa, según lo expuesto por Gómez en el Congreso, buscaría reducir gastos de funcionamiento y incluiría también medidas tributarias. Los congresistas reclamaron que el Ejecutivo defina pronto el contenido y el alcance de ese plan.

El programa de austeridad incluido en el proyecto prevé priorizar recortes en contratos de prestación de servicios, viáticos, eventos y publicidad. Sin embargo, una parte amplia del gasto está comprometida: el funcionamiento representa cerca del 62% del total y la deuda equivale a alrededor del 23%. Esto limita el margen para reasignar recursos sin afectar obligaciones estatales o programas vigentes.

También persisten dudas sobre los recursos para la reconstrucción tras el terremoto. Aunque se creó una partida de $3,9 billones para atención y prevención de desastres, las estimaciones citadas durante el debate ubican el costo total de la reconstrucción cerca de $30 billones.

Legisladores cuestionaron los artículos 84 y 85, que permiten reorientar recursos hacia el Fondo Milagro, y pidieron mayores controles sobre su ejecución. El Senado aprobó informes trimestrales sobre saldos y recursos de fondos públicos, una medida que algunos congresistas consideraron insuficiente.

En declaraciones a Caracol Radio, el representante del Pacto Histórico, Marco Emilio Hincapié, cuestionó el retiro del proyecto presentado por Petro y sostuvo que el aumento de los recursos para deuda afectó la financiación regional y social.

Señaló que su bancada proponía destinar recursos adicionales a la reconstrucción, educación, salud, el Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) y el Instituto Nacional de Vías (Invías). También criticó los recortes que, según afirmó, afectan al Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) y a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), además de la rapidez del trámite legislativo.

“Nosotros buscábamos era continuar aumentando la inversión. No aumentábamos el funcionamiento como lo aumentó este gobierno. Aumentó el funcionamiento del Estado en $25 billones. Muy preocupante”, indicó el parlamentario.

Desde la bancada oficialista, el representante del Centro Democrático, Óscar Darío Pérez, rechazó que la aprobación haya desfinanciado la inversión social. En el mismo espacio radial, afirmó que la inversión aumentó $8 billones entre el primer y el segundo debate y destacó una asignación de $22 billones para inclusión social, que incluye programas para adultos mayores, infancia y adolescencia. Pérez defendió las adiciones para salud y señaló que la futura ley de rescate económico debería reducir el gasto de funcionamiento en cerca de $45 billones.

“Yo sí no entiendo cómo me pueden decir a mí que se puede aumentar la inversión cuando los recursos son famélicos, cuando todos los ministerios, todos los fondos quedaron absolutamente barridos. Esa es una narrativa”, mencionó.

Así fue el trámite

La discusión presupuestal comenzó el 29 de julio, cuando el gobierno de Gustavo Petro radicó una iniciativa por $575,7 billones. Desde entonces, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el proyecto contemplaba gastos superiores a las metas fiscales oficiales, mientras que el Banco de la República señaló que había cerca de $30,2 billones pendientes de financiación, ligados a ingresos inciertos.

El cambio de Gobierno alteró el curso del trámite. Una vez Abelardo de la Espriella asumió el cargo, el ministro de Hacienda Miguel Gómez solicitó retirar la propuesta de la administración anterior. El 11 de agosto, las comisiones económicas conjuntas devolvieron el proyecto al Ejecutivo para que ajustara sus cifras, una decisión que no ocurría desde 2003. La emergencia causada por el terremoto de magnitud 7,4, ocurrida un día antes, sumó nuevas presiones sobre las cuentas públicas.

El 27 de agosto, el Gobierno de De la Espriella presentó un nuevo proyecto por $634,9 billones, lo que representó $59 billones por encima del monto inicial. El Carf explicó que la diferencia incorporaba gastos que no estaban plenamente reflejados en el texto anterior, entre ellos compromisos de pensiones, salud, nómina pública, subsidios de energía y gas, además del servicio de la deuda.

Las comisiones económicas conjuntas aprobaron el monto global el 14 de septiembre y dieron luz verde al proyecto en primer debate. Para el estudio en plenarias, la ponencia trasladó recursos entre sectores: la inversión aumentó $6,49 billones, hasta $94,63 billones, y el funcionamiento subió $1,87 billones, hasta $393,25 billones, respectivamente.

Tras la aprobación del Senado y la Cámara de Representantes, la sanción presidencial será el siguiente paso para que el presupuesto entre en vigencia el 1 de enero de 2027, mientras el Gobierno deberá presentar las medidas con las que espera respaldar el ajuste fiscal previsto.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación de refinanciamiento por 238,153 millones de pesos para reorganizar los vencimientos de la deuda pública y ampliar el tiempo disponible para cubrir parte de las obligaciones financieras del Gobierno federal.

La operación consistió en sustituir instrumentos de deuda que vencían entre 2026 y 2043 por otros con fechas de vencimiento de 2027 a 2047.

De acuerdo con la dependencia, encabezada por Édgar Amador Zamora, el movimiento permitió extender en 2.9 años el plazo promedio de los compromisos refinanciados.

El anuncio se realizó este lunes 19 de octubre y corresponde a la sexta operación de este tipo que Hacienda lleva a cabo en el mercado nacional durante 2026.

¿En qué consiste el refinanciamiento de la deuda pública?

El refinanciamiento es una operación mediante la cual el Gobierno sustituye obligaciones financieras existentes por otras con condiciones o fechas de pago diferentes.

En este caso, Hacienda intercambió instrumentos que estaban próximos a vencer por otros con plazos más largos.

El objetivo es distribuir los compromisos de pago a lo largo de un periodo mayor y organizar las obligaciones financieras del sector público, sin que esto signifique necesariamente una reducción del monto total de la deuda.

La operación incluyó cuatro tipos de instrumentos utilizados por el Gobierno federal para obtener financiamiento y administrar sus compromisos:

• Cetes: certificados de la Tesorería de la Federación, utilizados para financiar al Gobierno mediante instrumentos de corto plazo.
• Bondes F: Bonos de Desarrollo del Gobierno Federal, cuya tasa de interés se actualiza de acuerdo con las condiciones establecidas para este instrumento.
• Bonos M: títulos de deuda gubernamental que pagan intereses a tasa fija.
• Udibonos: instrumentos cuyo valor está vinculado a las Unidades de Inversión (UDIS), relacionadas con la inflación.

La sustitución de estos títulos permitió modificar las fechas en las que deberán cubrirse los compromisos asociados con la deuda refinanciada.

Hacienda amplía en 2.9 años el plazo promedio de pago

Uno de los principales resultados de la operación fue la ampliación del plazo promedio de la deuda sustituida en 2.9 años. Esto significa que, en conjunto, los nuevos instrumentos tienen un horizonte de vencimiento más largo que los anteriores.

Según Hacienda, el cambio busca mejorar la estructura de la deuda pública denominada en pesos y favorecer las condiciones de liquidez del mercado financiero nacional.

La liquidez se refiere a la facilidad con la que los instrumentos financieros pueden comprarse o venderse en el mercado.

Para el Gobierno, mantener condiciones adecuadas en este ámbito es relevante para administrar sus necesidades de financiamiento.

La dependencia señaló que la operación forma parte de una estrategia para manejar de manera anticipada los compromisos financieros, en lugar de concentrar todos los esfuerzos de pago en las fechas de vencimiento más próximas.

Más de la mitad del monto correspondió a vencimientos de 2027

De los 238,153 millones de pesos involucrados en la operación, la mayor parte correspondió a instrumentos que tenían vencimientos previstos para 2027.

La distribución del monto recomprado fue la siguiente:

• 18,823 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2026.
• 123,910 millones de pesos estaban relacionados con vencimientos de 2027.
• 44,094 millones de pesos correspondieron a vencimientos de 2028.
• 51,326 millones de pesos estaban asociados con obligaciones de años posteriores.

Estas cantidades muestran que la operación abarcó compromisos de distintos plazos, aunque la mayor proporción se concentró en los vencimientos de 2027.

Al sustituir los instrumentos anteriores por otros con fechas de pago más lejanas, Hacienda busca reorganizar el calendario de sus obligaciones financieras.

Refinanciamiento forma parte del plan financiero de 2026

La Secretaría de Hacienda indicó que esta operación es parte de su estrategia integral de manejo de pasivos, conforme al Plan Anual de Financiamiento 2026.

Este documento establece los lineamientos generales para administrar las necesidades de recursos del Gobierno federal y las obligaciones derivadas de su deuda.

El refinanciamiento también se enmarca en el objetivo de mantener una gestión prudente de las finanzas públicas y procurar que los compromisos financieros puedan atenderse dentro de los plazos previstos.

Hacienda sostuvo que las condiciones obtenidas reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la situación macroeconómica de México.

Sin embargo, el monto refinanciado no equivale por sí mismo a una disminución de la deuda pública, ya que la operación consistió en sustituir instrumentos financieros por otros con vencimientos posteriores.

Con esta sexta transacción del año en el mercado local, la dependencia busca mejorar el perfil de vencimientos de la deuda gubernamental y distribuir sus compromisos de pago en un horizonte más amplio, de acuerdo con los objetivos establecidos para el ejercicio fiscal 2026.

El representante a la Cámara del Centro Democrático Óscar Darío Pérez propuso reducir el gasto público en $45 billones como parte de un proyecto de rescate económico para enfrentar la crisis fiscal de Colombia. Durante una entrevista con Sala de Prensa Blu, de Blu Radio, el congresista también planteó revisar algunas tarifas tributarias y mejorar los mecanismos de control contra la evasión fiscal.

En la conversación, Pérez se refirió al déficit fiscal, el crecimiento de la deuda pública y el costo de los intereses que debe asumir el Estado. Sus declaraciones se dieron en el contexto de la discusión sobre las medidas que podría adoptar el Gobierno para mejorar las finanzas públicas.

Óscar Darío Pérez se refirió al déficit fiscal y la deuda pública

De acuerdo con las cifras expuestas por el congresista en la entrevista, el déficit fiscal de Colombia se acercaría al 9% del producto interno bruto (PIB), lo que equivaldría a unos $190 billones.

Para explicar la magnitud de este indicador, Pérez comparó las finanzas del Estado con las de una familia que gasta más dinero del que recibe. Según su explicación, esa diferencia obliga a recurrir al endeudamiento para cubrir las obligaciones.

El representante cuestionó que parte de los recursos se destine a gastos de funcionamiento, como nóminas, contratos de prestación de servicios y gastos generales, en lugar de priorizar inversiones en infraestructura, como vías, puertos y aeropuertos.

Sobre la deuda pública, Pérez afirmó que esta se ubicaría entre el 67% y el 68% del PIB. También señaló que pasó de $800 billones a $1.169 billones, cifras que presentó durante la entrevista para ilustrar el aumento del endeudamiento.

La propuesta de reducir el gasto público en $45 billones

Durante la conversación, el congresista anunció que habría un proyecto de rescate económico que contempla reducir el gasto público en $45 billones.

Pérez sostuvo que existen partidas que podrían disminuirse, pese a que una parte importante del presupuesto corresponde a obligaciones comprometidas. Al referirse a los gastos que considera susceptibles de ajuste, cuestionó algunas erogaciones que atribuyó a la administración anterior, aunque no detalló cuáles serían los rubros incluidos en el recorte.

El representante también señaló que los subsidios deben focalizarse adecuadamente y cuestionó que se destinen recursos a sectores que, en su criterio, no los necesitan.

La entrevista no precisó cuándo se presentaría el proyecto ni cómo se distribuiría la reducción entre las entidades y los programas estatales.

Pérez planteó revisar las tarifas de algunos impuestos

Frente a la posibilidad de una reforma tributaria, el congresista afirmó que esta no necesariamente tendría que enfocarse en aumentar los impuestos. En su lugar, planteó la posibilidad de reducir determinadas tarifas tributarias.

Para explicar su postura, hizo referencia a la curva de Laffer, una teoría económica según la cual, bajo determinadas condiciones, una reducción de las tarifas impositivas puede favorecer el recaudo.

Como ejemplo, mencionó el impuesto al patrimonio y aseguró que su recaudo habría pasado de $2,5 billones a cerca de $1 billón. Pérez atribuyó esa variación a la salida de patrimonios del país, sin presentar durante la entrevista información adicional que permitiera comprobar esa relación.

El representante también mencionó el impuesto sobre la renta y las rentas de capital como ámbitos en los que podrían revisarse las disposiciones tributarias.

En cuanto al impuesto al valor agregado (IVA), manifestó que intentaría modificarlo lo menos posible, debido a la sensibilidad que genera este gravamen. No presentó propuestas concretas para cambiar las tarifas ni especificó qué bienes o actividades deberían tener un tratamiento tributario diferente.

El congresista pidió fortalecer la lucha contra la evasión

Otro de los puntos abordados fue la evasión y la elusión tributaria. Según las cifras mencionadas por Pérez, la evasión en Colombia estaría calculada entre $100 billones y $150 billones.

El representante consideró necesario contar con mecanismos más eficientes para detectar y perseguir estas prácticas. En su intervención, sostuvo que el uso de herramientas tecnológicas debería facilitar el control de las obligaciones tributarias.

Su planteamiento se centró en mejorar el cumplimiento de las obligaciones existentes, además de evaluar posibles modificaciones a las tarifas de algunos impuestos.

Sin embargo, durante la entrevista no detalló qué medidas específicas deberían implementarse para reducir la evasión ni presentó un plan normativo sobre los cambios tributarios que mencionó.

Pérez habló del costo de la deuda pública

El congresista también se refirió al dinero que destina el Estado al pago de sus obligaciones financieras. Según las cifras que expuso durante la entrevista, los intereses de la deuda pública representarían cerca de $100 billones anuales, mientras que las amortizaciones alcanzarían $55 billones.

En ese contexto, planteó la posibilidad de reemplazar parte de la deuda más costosa por financiación con tasas de interés inferiores. Durante la conversación, mencionó obligaciones con tasas del 14% o 15% y una alternativa de financiación con tasas del 4% o 5%.

Pérez relacionó esta posibilidad con un eventual apoyo del Fondo Monetario Internacional (FMI), que, según explicó, permitiría reducir el costo financiero de parte de las obligaciones del país.

También indicó que, de acuerdo con sus cuentas, el presupuesto de 2027 contemplaba una reducción de $8 billones en los recursos destinados al servicio de la deuda frente a los $155 billones que mencionó como cifra inicial.

Mientras el país continúa a la espera de conocer el Presupuesto General de la Nación para el 2027, en medio de los repetidos anuncios del Gobierno nacional por mantener una austeridad en casi la totalidad de las carteras, en la mañana del domingo 18 de octubre se conocieron las finanzas que, hasta el momento, tendría en números rojos a la Nación.

Y es que, según cifras oficiales reveladas por El Tiempo, el gobierno de Gustavo Petro elevó la deuda bruta nacional a $ 1.068 billones de pesos al cierre de agosto de 2026, un nivel que presionaría las tasas de interés, el crédito, el empleo y el poder de compra de las familias colombianas. El déficit fiscal podría llegar al 9,4% en 2027, por encima del 7,8% registrado durante la pandemia en 2020.

La deuda interna concentraba $ 818,81 billones, el 76,6% del total, mientras que los compromisos externos sumaban $ 249,52 billones, equivalentes al 23,4%. La Contraloría General de la República entregó las cifras en respuesta a una petición del diario nacional.

Frente al cierre de 2025, los pasivos internos crecieron $78 billones y los externos bajaron $69 billones. La reducción de estos últimos obedeció a la caída del dólar, que disminuyó su valor expresado en pesos sin alterar el monto adeudado: por cada $100 que baja la divisa estadounidense, la deuda se reduce en promedio $7 billones.

El profesor de Economía de la Universidad de los Andes, David Pérez-Reyna, sostuvo a El Tiempo que Colombia no enfrentaba una situación comparable desde la Guerra de los Mil Días, entre 1899 y 1902. El endeudamiento actual supera incluso la presión fiscal originada por la paralización económica durante la emergencia por covid-19.

Cuando el Estado gasta más de lo que recauda, necesita financiar esa diferencia con préstamos y pagar intereses más altos. Esa dinámica puede encarecer los créditos de vivienda y consumo, sostener la presión sobre los precios y limitar la contratación de trabajadores.

“Que haya más deuda del Gobierno tiene un efecto directo sobre las tasas de interés: para que más personas quieran prestarle al Estado, la tasa de interés de esa deuda es mayor. Esto tiene efectos negativos sobre la inversión, pues hay menos recursos disponibles para invertir y los que hay van también a demandar un mayor retorno”, señaló el experto.

Las proyecciones indican que, durante los próximos años, los hogares podrían comprar menos con el mismo salario, pagar más por sus préstamos y encontrar mayores dificultades para acceder a un empleo. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal anticipó el aumento del déficit previsto para 2027.

Los títulos internos y el límite de endeudamiento disponible

La mayor parte de los compromisos internos está formada por TES clase B, títulos de deuda pública emitidos por el Gobierno nacional para obtener recursos de inversionistas. Los papeles de largo plazo, con vencimientos superiores a un año que llegan hasta 2062, suman $748,01 billones: representan el 70% de la deuda nacional y el 91,4% de la interna.

Los TES B de corto plazo, negociados a un año o menos, alcanzan $52,63 billones. Los restantes pasivos internos suman $ 18,17 billones.

La deuda externa se divide entre bonos por $126,96 billones, equivalentes al 11,9% de la obligación total; créditos de banca multilateral por $99,46 billones, el 9,3%; y otros compromisos por $23,09 billones, el 2,2%.

Según cifras de la Contraloría General de la República entregados a El Tiempo, el país redujo el uso del endeudamiento para financiar proyectos de inversión como carreteras, hospitales y universidades, mientras concentra estos recursos en el funcionamiento mínimo del Estado. El gobierno de Petro dejó al nuevo presidente Abelardo De La Espriella un cupo anual de endeudamiento utilizado en 97%, cuando aún faltaba la mitad de 2026.

Los inversionistas que compraron bonos poseen $126,96 billones, el 50,9% de la deuda externa. Les siguen el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, con $52,14 billones, el Banco Interamericano de Desarrollo, con $32,65 billones, y el Banco de Desarrollo de América Latina, con $11,84 billones.

El resto de los acreedores externos incluye al Fondo de Ahorro y Estabilización, con $8,74 billones; al banco alemán KfW, con $21 billones; y a la Agencia Francesa de Desarrollo, con $5,41 billones.

Los fondos de pensiones y cesantías nacionales encabezan los tenedores de TES B internos, con $252,98 billones de un total de $800,63 billones distribuidos entre diez grupos. Porvenir concentra $117,72 billones; Protección, $88,31 billones; Colfondos, $27,69 billones; y Skandia, $11,53 billones.

Los fondos de capital extranjero poseen $150,57 billones en títulos internos. Pimco Funds Global Investors Series registra $13,48 billones y Pimco Income Fund, $12,73 billones; los 20 principales tenedores reúnen $63,20 billones, el 42% de ese grupo, mientras más de 800 inversores restantes acumulan $87,37 billones.

Los vencimientos y las advertencias fiscales

El Ministerio de Hacienda pagó el 25 y 26 de agosto TES B que vencían en esas fechas por $6,08 billones. Entre septiembre y diciembre de 2026 vencen $16,25 billones en títulos de corto plazo.

Durante 2027 vencerán $78,46 billones: $36,38 billones en instrumentos de corto plazo y $42,08 billones en obligaciones de largo plazo. Los mayores pagos internos de largo plazo se concentran en 2031, con $65,11 billones; 2033, con $65,26 billones; y 2035, con $78,65 billones.

En deuda externa, los vencimientos pendientes de 2026 alcanzan 497 millones de dólares y los de 2027, 3.664 millones de dólares. Los picos se ubican en 2030, con 7.262 millones de dólares, y 2036, con 7.060 millones de dólares.

La delegada para la Economía de la Contraloría emitió siete alertas entre enero y agosto por el nivel de endeudamiento. En abril dirigió una Función de Advertencia al Ministerio de Hacienda, entonces encabezado por Germán Ávila, por el aumento acelerado de los pasivos y las condiciones financieras que comprometían el equilibrio fiscal.

La entidad calculó que $23 de cada $100 del gasto público se destinaban al pago de deuda. También advirtió que las estrategias aplicadas para cubrir los TES B de 2026 permitieron cumplir los vencimientos, pero elevaron los intereses de los años siguientes.

En julio, la Contraloría confirmó un hallazgo con presunta incidencia disciplinaria contra Ávila por el manejo de la deuda nacional y lo remitió a la Procuraduría. Aunque consideró legales las decisiones del Ejecutivo, señaló que implicaban un riesgo para la orientación fiscal del Estado.

La semana dejó varias señales favorables para la economía argentina. La inflación de septiembre se mantuvo por debajo del 2%, el Tesoro consiguió refinanciar la totalidad de sus vencimientos y extender los plazos de la deuda en pesos, mientras que el Banco Central aceleró las compras de dólares.

Sin embargo, estas noticias no alcanzaron para impulsar a los bonos soberanos, en un contexto internacional más desafiante y con el riesgo país nuevamente por encima de los 600 puntos básicos.

• Inflación con aceleración, pero con señales alentadoras. El dato de septiembre confirmó una aceleración de la inflación, aunque de menor magnitud que la esperada. El IPC avanzó 1,9% mensual, frente al 1,7% de agosto, y se ubicó por debajo del 2% que anticipaba buena parte del mercado.

La composición del índice dejó una señal aún más favorable. La inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, desaceleró del 1,8% al 1,7%, mientras que buena parte del incremento del nivel general respondió al comportamiento de los precios estacionales, que pasaron de caer 0,9% en agosto a subir casi 3% en septiembre.

La inflación núcleo, que excluye los precios estacionales y regulados, desaceleró del 1,8% al 1,7 por ciento

No obstante, el proceso de desinflación todavía enfrenta desafíos. Los servicios continúan aumentando por encima de los bienes y los próximos meses podrían incorporar nuevas presiones provenientes de alimentos, combustibles y otros precios sensibles al contexto internacional. El desafío será consolidar la desaceleración de la inflación subyacente y evitar que estos movimientos transitorios terminen trasladándose a una mayor persistencia inflacionaria.

• El Tesoro consiguió ganar tiempo. La otra noticia positiva llegó del mercado de deuda en pesos. En la licitación de esta semana, Finanzas levantó $6,6 billones frente a vencimientos por $4,85 billones y alcanzó un nivel de refinanciamiento del 136%. El resultado permitió no solo cubrir los compromisos inmediatos, sino también captar alrededor de $1,7 billones adicionales.

Sin embargo, el aspecto más relevante fue la extensión de los plazos. Después de cuatro licitaciones concentradas en instrumentos de corto vencimiento, Finanzas consiguió elevar el plazo promedio de colocación a 535 días. Más aún, cerca del 59% del monto adjudicado se concentró en títulos que vencen durante la próxima administración, entre 2028 y 2029.

El resultado representa un avance para la administración de la deuda pública en pesos. Con una vida promedio del stock de apenas 1,6 años, extender los vencimientos resulta fundamental para reducir las necesidades de refinanciamiento, especialmente de cara al calendario electoral de 2027. La contracara es que la absorción de pesos podría generar presiones transitorias sobre la liquidez y las tasas de interés de corto plazo.

La absorción de pesos podría generar presiones transitorias sobre la liquidez y las tasas de interés de corto plazo

Sin embargo, las operaciones de recompra de deuda reportadas en el mercado sugieren que el equipo económico busca moderar ese impacto y evitar tensiones adicionales sobre las tasas de interés, como ocurrió tras el elevado rollover de julio.

• Más dólares para el Banco Central. El frente cambiario también aportó noticias favorables. El Banco Central aceleró la acumulación de divisas y, con compras por USD 915 millones en lo que va de octubre hasta el jueves, ya superó las adquisiciones registradas durante septiembre y agosto. Al mismo tiempo, las reservas internacionales brutas volvieron a superar los USD 50.000 millones.

Detrás de esta dinámica aparece una oferta de dólares sostenida por las liquidaciones del sector agroexportador y el ingreso de divisas provenientes de emisiones internacionales de deuda corporativa y provincial. Estos flujos están permitiendo que el ente monetario continúe comprando dólares sin generar presiones significativas sobre el tipo de cambio.

De hecho, el dólar mayorista se mantiene relativamente estable en torno a los $1.517, prácticamente sin cambios respecto del cierre de la semana anterior, aun con un Banco Central que aceleró el ritmo de compras de divisas.

El índice de riesgo país sigue esperando

A pesar de estas señales, los bonos soberanos no lograron acompañar. El índice de riesgo país pasó de 589 puntos básicos (pb) al cierre de la semana anterior, cuando los activos argentinos todavía aprovechaban el viento de cola generado por el sorpresivo triunfo de Javier Milei, a 648 pb el viernes, tras alcanzar un máximo intradiario de 640 puntos.

El contexto internacional explica parte de esta dinámica. La inflación en Estados Unidos sorprendió al alza en septiembre, al ubicarse en 3,7% interanual, y volvió a instalar dudas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal. La volatilidad de las tasas estadounidenses y la mayor aversión al riesgo complicaron el escenario para la deuda emergente.

La inflación en Estados Unidos sorprendió al alza en septiembre, al ubicarse en 3,7% interanual, y volvió a instalar dudas sobre la trayectoria de la política monetaria de la Reserva Federal

Sin embargo, hubo un contraste llamativo. La tasa del Treasury estadounidense a diez años retrocedió desde el 5,24% anual del viernes anterior hasta 5,10% al cierre de la semana. Es decir, mientras las tasas de referencia internacionales cedieron, el índice de riesgo país argentino continuó ampliándose.

La explicación no pasa exclusivamente por el escenario externo. Aunque la acumulación de reservas, la desaceleración de la inflación núcleo y la administración de los vencimientos en pesos representan avances, los inversores todavía demandan una prima elevada para asumir riesgo soberano argentino. La incertidumbre política de cara a 2027, las dificultades que todavía enfrenta la recuperación de la actividad y del empleo, y las necesidades futuras de financiamiento siguen pesando sobre las valuaciones.

El autor es team leader de Estrategia de PPI (Portfolio Personal Inversiones)

El déficit presupuestario federal de Estados Unidos se amplió a casi 2 billones de dólares en el año fiscal 2026, lo que sirve como un nuevo recordatorio de la magnitud de las necesidades de endeudamiento del gobierno y coloca al país en camino hacia una carga de deuda récord en los próximos años.

Para el año fiscal que concluyó en septiembre, el déficit aumentó a 1,99 billones de dólares, según cifras publicadas el viernes por el Departamento del Tesoro. Esto representa un incremento de aproximadamente el 12% respecto al déficit de 1,78 billones de dólares registrado el año anterior. El gasto aumentó más de un 5%, alcanzando los 7,4 billones de dólares, mientras que los ingresos crecieron cerca de un 3%, hasta los 5,4 billones de dólares.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, señaló que los reembolsos arancelarios fueron un factor clave en el aumento del déficit, a pesar de que anteriormente había destacado una reducción de la brecha en 2025. Dichos pagos estuvieron vinculados a un fallo de la Corte Suprema en febrero, que invalidó la mayor parte de los aumentos arancelarios impuestos por el presidente Donald Trump durante su segundo mandato. Actualmente, la administración trabaja en la creación de una nueva barrera arancelaria mediante otras medidas legislativas.

Este es el cuarto año consecutivo en el que se registra un déficit cercano a los 2 billones de dólares. Las cifras indican que el déficit equivale aproximadamente al 6% del producto interno bruto (PIB), una proporción inusualmente alta en un contexto de desempleo relativamente bajo. Si bien el año pasado el déficit pareció reducirse, esto se debió a un ajuste contable: la ley fiscal republicana de 2025 endureció los límites a los préstamos estudiantiles, y el Tesoro registró este cambio como una disminución del gasto para ese año.

Aunque Bessent ha afirmado que Estados Unidos puede lograr una rápida reducción de la curva de deuda —gracias, en particular, a un crecimiento económico más acelerado y sostenido, impulsado por el auge de la inteligencia artificial que potencia la productividad estadounidense—, muchos economistas, inversores e incluso otros altos funcionarios públicos se muestran escépticos.

Advertencia del FMI

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, señaló el 14 de octubre que, “si bien el crecimiento ayuda, no permite realizar los ajustes necesarios con la rapidez suficiente”. David Zervos, asesor de Bessent nombrado recientemente, cuestionó dicha evaluación; en declaraciones a la CNBC, señaló que el FMI ha presentado pronósticos “desordenados” en el pasado.

La predecesora de Georgieva, la actual presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, afirmó ese mismo día que el déficit de Estados Unidos “debe ser abordado por cualquier país que se encuentre, ya sabe, en esa categoría en particular”. Por su parte, Phillip Swagel, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés), declaró el 8 de octubre que no resulta “plausible” que el crecimiento económico, por sí solo, logre estabilizar los niveles de deuda de Estados Unidos.

En febrero, la CBO —un organismo no partidista— advirtió que, para el año 2030, la deuda estadounidense en relación con el producto interno bruto superaría el récord del 106% registrado en 1946, justo después de la Segunda Guerra Mundial. El mes pasado, uno de los indicadores de la deuda pública estadounidense en circulación superó la cifra récord de 40 billones de dólares.

Bessent se ha comprometido a presentar un plan de consolidación fiscal, posiblemente durante el periodo de sesiones de transición del Congreso (“lame duck session”), en caso de que los republicanos pierdan el control de la Cámara de Representantes o del Senado.

Sin embargo, mientras tanto, Trump sigue sugiriendo un mayor gasto. Ha propuesto un aumento de casi 500.000 millones de dólares en el presupuesto de defensa y, además, ha prometido entregar cheques de 5000 dólares a cada estadounidense si los republicanos mantienen el control de ambas cámaras del Congreso en las elecciones de mitad de mandato que se celebrarán el próximo mes.

© 2026 , Bloomberg

La deuda bruta de la Administración Central aumentó 0,35% en septiembre, por efecto de los ajustes de valuación de bonos que capitalizan al vencimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock bruto subió en USD 1.711 millones respecto de agosto.

En un mes en que el equipo económico debió desacelerar el ritmo de emisión de deuda para afrontar el pago de vencimientos bajo legislación nacional por $21,6 billones y con jurisdicción extranjera por USD 1.534 millones, y el Banco Central redujo la compra de dólares para acumular reservas, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 33.476 millones.

Ese total incluyó financiamiento, canjes y emisiones por USD 15.721 millones, y amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 17.755 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación contractivo en USD 2.034 millones.

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en septiembre de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 486.628 millones, de los cuales USD 484.124 millones se encontraron en situación de pago normal.

El dato reflejó la evolución de un pasivo que, en términos nominales, siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos, por la variación de la cotización de las divisas en el mundo y la brecha entre las tasas de interés de los bonos ajustables por inflación y el tipo de cambio nominal de pesos por dólar.

Por tipo de legislación, en septiembre la deuda en moneda local representó el 66,5% del total, mientras que el 33,5% restante correspondió a moneda extranjera.

Esa composición mostró el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La variación respecto de agosto se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 1.841 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 3.573 millones (Finanzas)

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de agosto se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 1.841 millones y el incremento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 3.573 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en septiembre a 52,3%, ocho puntos porcentuales respecto de agosto.

La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central en el Informe Monetario de septiembre.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el FMI, destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se contrajeron en USD 320 millones, a USD 38.488 millones.

El saldo del préstamo con el FMI disminuyó en USD 1.181 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar

El saldo del préstamo con el FMI disminuyó en USD 1.181 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar, tras la suba de las tasas de interés de referencia de la Reserva Federal de Estados Unidos.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron aumentaron en USD 14 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.696 millones. Por el contrario, las Letras del Tesoro en el BCRA aumentaron en USD 21 millones, al equivalente de USD 29.101 millones.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales, subió en USD 1.412 millones en comparación con agosto

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 6.390 millones (USD 1.124 millones en divisas y USD 5.265 millones constituidos en pesos), que cayeron USD 1.543 millones, totalizó en septiembre USD 480.238 millones.

Ese agregado mostró un incremento de USD 3.254 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó USD 61.334 millones hasta septiembre último.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario, la lectura cambia: bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 34 meses de la presidencia del gobierno de La Libertad Avanza presentó una disminución neta de USD 6.713 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 20.893 millones con organismos internacionales y una baja de USD 27.606 millones en el agregado del sector público y privado.

La deuda consolidada con el sector privado, excluidos con organismos internacionales, disminuyó en USD 27.606 millones

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023 —tras haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos— a 52,3% del producto en septiembre pasado.

Próximos vencimientos

El informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) precisa que para el período comprendido entre octubre y diciembre de 2026, los pagos estimados de instrumentos pagaderos en pesos ascienden a 89.059 millones, mientras que los vencimientos en moneda extranjera se proyectan en el equivalente a USD 2.397 millones.

Los pagos de deuda pagadera en pesos se concentran mayormente entre títulos capitalizables (48% del total) e instrumentos ajustables por CER (40,9%). Le siguen en importancia los títulos vinculados a la evolución del dólar oficial (8,7%) y los adelantos transitorios del BCRA (1,2%). El remanente de es te segmento se completa con instrumentos en pesos no ajustables, títulos otorgados a organismos públicos y una categoría de “otros” compuesta casi íntegramente por préstamos garantizados ajustables por CER .

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza la cotización del dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella presentó un Presupuesto General de la Nación para 2027 de $ 634,9 billones, que avanza en el Congreso con recortes previstos para al menos 20 sectores y entidades, mientras una parte sustancial del aumento queda concentrada en el servicio de la deuda pública.

El desbalance de las finanzas públicas llegaría a 9,5% del PIB, unos $190 billones, durante 2027. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal estima que los ingresos no crecerían de forma significativa en términos reales, aunque el gasto sí aumentaría.

Las comisiones económicas de Senado y Cámara aprobaron el 14 de septiembre el monto para la próxima vigencia, después de que el Ejecutivo presentara a finales de agosto una propuesta superior en $ 59,9 billones a los $ 575 billones radicados inicialmente por la administración de Gustavo Petro.

Los sectores con menores recursos para 2027

El Ministerio de la Igualdad y Equidad tendría la mayor reducción presupuestal tras entrar en liquidación. Su asignación pasaría de $ 12,1 billones a $ 0,1 billones: una caída de $ 12 billones, equivalente a 98,9%.

La disminución está ligada a la reorganización institucional y al traslado de funciones hacia Inclusión Social y Reconciliación. Por esa razón, el recorte no implica necesariamente la eliminación de las políticas que antes recibían recursos a través de ese ministerio, según un análisis adelantado por El Colombiano.

La Presidencia de la República registraría el segundo mayor ajuste: bajaría de $10,2 billones en 2026 a $2,3 billones en 2027, una reducción de $7,9 billones o 77,2%. Parte de la diferencia responde a que el sector administró durante este año recursos extraordinarios de la Ungrd para atender la emergencia por frentes fríos.

Minas y Energía pasaría de $14,3 billones a $7,5 billones, con una reducción de $6,8 billones, equivalente a 47,4%. Deporte y Recreación bajaría de $ 0,5 billones a $ 0,3 billones, una caída de 43,8%, aunque después del último debate se adicionaron recursos cuyo monto actualizado no estaba disponible.

Planeación tendría $1,2 billones, frente a los $1,9 billones de 2026, una disminución de $0,7 billones o 37,3%. Agricultura y Desarrollo Rural pasaría de $4,4 billones a $2,8 billones, con $1,6 billones menos, equivalente a 36,5%, de acuerdo con cálculos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

La Jurisdicción Especial para la Paz solicitó al Congreso mantener los $ 821.803 millones previstos inicialmente por el Gobierno para su operación en 2027. La entidad había advertido que esa cifra ya suponía un faltante de $ 125.839 millones frente a los $ 947.642 millones requeridos.

El proyecto aprobado en primer debate contempla otros $170.000 millones de reducción para la JEP: $140.000 millones menos para inversión y $30.000 millones menos para funcionamiento. Su presupuesto quedaría en $651.803 millones, $129.667 millones por debajo del asignado en 2026.

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) tendría alrededor de $148.400 millones menos que este año, una reducción de 56%. Los ajustes todavía pueden cambiar durante el trámite en las plenarias de Cámara y Senado.

La deuda, el mayor aumento dentro del presupuesto

El servicio de la deuda pública concentraría el principal incremento del proyecto: recibiría $48,6 billones más que en 2026, un aumento de 46,9%, según el análisis del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana.

Inclusión Social y Reconciliación tendría el segundo mayor aumento. Recibiría $25,2 billones, $11,1 billones adicionales frente a la vigencia anterior, con un crecimiento de 78,2% explicado principalmente por la incorporación de programas y funciones antes asignados a Igualdad y Equidad.

El Ministerio de Hacienda aumentaría su presupuesto en $10,4 billones, equivalentes a 29,7%, hasta llegar a $ 45,5 billones. Trabajo recibiría $ 66,9 billones tras un incremento de $ 6,3 billones, o 10,4%, asociado en gran medida al mayor costo del pago de pensiones.

Defensa y Policía tendría $74,9 billones, $4,2 billones más que en 2026, con un aumento de 6%. Aunque sus incrementos quedan por debajo de los registrados por deuda pública, Hacienda e Inclusión Social en términos absolutos, ambos sectores conservarían algunas de las asignaciones más altas.

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones elevaría sus recursos en $ 0,4 billones, un incremento de 15,6%, hasta alcanzar $ 2,8 billones en 2027. Educación, salud, defensa y trabajo se mantendrían entre los sectores que reúnen una porción amplia de los recursos.

El Ejecutivo diseñó una estrategia en tres etapas: el presupuesto de 2027, una Ley de Rescate Económico y medidas estructurales que quedarían incorporadas en el Plan Nacional de Desarrollo. La ley buscaría reducir el déficit primario en 2,2 puntos porcentuales del PIB durante el próximo año, cerca de $ 42 billones.

El Gobierno también prevé para este año un ajuste equivalente a un punto del PIB, unos $ 21 billones. Si se materializan ambas medidas, la reducción acumulada superaría tres puntos del PIB y todavía haría falta un ajuste cercano a dos puntos para 2028.

El mercado internacional de capitales atraviesa un momento tenso: para financiar sus déficits fiscales las grandes economías del mundo deben pagar cada vez mayores rendimientos, como refleja la caída de la cotización de sus bonos soberanos.

Este aumento de las tasas de interés de largo plazo, en particular —pero no solo— en EEUU, preocupa a los inversores y a los ministros de Finanzas, como el secretario del Tesoro de ese país, Scott Bessent, que afrontan costos crecientes sobre muy altos niveles de deuda pública.

China, EEUU, Francia e Italia tienen todos deudas públicas superiores al 100% de sus respectivos PBIs y en el caso de Japón la relación supera el 200 por ciento.

La guerra y las tasas

“Desde el inicio del conflicto armado en Medio Oriente los rendimientos nominales de la mayoría de los bonos soberanos a 10 años de los principales países del mundo aumentaron alrededor de 80-90 puntos básicos y en el caso particular del bono del Tesoro de EEUU la suba fue de 134 puntos (1,34 puntos porcentuales, al 7 de octubre. La vigencia de algunos factores que impulsaron esa suba fundamenta un escenario en el que continuaría la volatilidad y eventual consolidación de niveles de tasas superiores al promedio de las últimas décadas”, dice un informe de Quantum.

La consultora explica que la combinación de mayor inflación, desequilibrios fiscales persistentemente altos y aumentos de gastos —en seguridad social, defensa e intereses de la deuda, entre otros— son elementos que consolidan niveles de tasas más altos para el financiamiento de los gobiernos, por lo cual los Bancos Centrales subieron las tasas de política monetaria —de corto plazo— entre 25 y 50 puntos desde mediados de año, que se sumaron al aumento de las tasas de largo y reflejan situaciones fiscales y de sostenibilidad de las deudas más debilitadas.

Son cifras que, en combinación con tasas de interés reales positivas encienden alarmas en los mercados de deuda soberana

Quantum

Se trata de desequilibrios estructurales de larga data, con el caso extremo de Japón y su deuda pública igual al 205% del PBI y déficits fiscales superiores al 5% del PBI, y de 7,5% en EEUU.

“Son cifras que, en combinación con tasas de interés reales positivas —superiores a las tasas de crecimiento de las economías—, encienden alarmas en los mercados de deuda soberana”, subraya Quantum, que hace foco en los bonos del Tesoro de EEUU “por tratarse históricamente de la tasa libre de riesgo para el endeudamiento en dólares, aunque ahora esa cualidad está más cuestionada”, destacó

Más trabajo para Bessent, más costo para la Argentina

Ese cuestionamiento al concepto de “tasa libre de riesgo” aumenta el punto de partida del costo de financiamiento para países como la Argentina, que a esas tasas debe sumar su propio nivel de “riesgo país”, lo que encarece y complica sus planes de financiamiento.

Una primera y muy llamativa observación de Quantum sobre los bonos de EEUU es que la brecha (spread) de los bonos corporativos sobre la deuda del Tesoro se vino reduciendo al punto que —precisa— el bono de Apple con vencimiento en 2029 (AAPL 29, calificación AA+) tiene hoy un spread contra los bonos del Tesoro de EEUU de apenas 3 puntos (esto es, solo 3 centésimos de punto porcentual), cuando hace un año superaba los 40 puntos. Apple es la segunda empresa más valiosa del mundo, con una capitalización de USD 4,9 billones, solo superada por Nvidia, cuyo valor se acerca a los USD 6 billones (esto es, USD 6.000.000.000.000).

El informe precisa también que la tasa de interés real (esto es, descontada la inflación) de los bonos de EEUU a diez años es hoy de entre 2,92 y 3%, el nivel más alto de los últimos 23 años y casi el doble del 1,68% que rendían hace menos de un año.

Según Quantum, esa tasa real es a su vez menor que las proyecciones de crecimiento de 2,4% proyectadas para el PBI norteamericano en los próximos años.

Menos apetito

Un efecto casi inevitable es la menor demanda de los títulos del Tesoro por parte de tenedores del exterior. De hecho, el informe cita que la deuda bruta total de EEUU supera los USD 40 billones, de los cuales USD 8 billones está en manos de instituciones del propio Estado de EEUU y de los USD 32 billones restantes, solo USD 9 billones está en poder de inversores extranjeros. “Ese monto representa el 29% del total, cuando en 2007 había llegado a alcanzar el 57 por ciento. Desde la pandemia en 2020, cuando la participación del resto del mundo era 41% del total y se inicia el proceso de importante venta de títulos del Tesoro, esa fuente de demanda fue reemplazada por tenedores locales en EEUU, en especial fondos de inversión y bancos.

Además, la voraz demanda de financiamiento de la industria de la IA compite con deuda del Tesoro y afectando sus rendimientos, nota Quantum, que cita estimaciones según las cuales las emisiones de deuda de Amazon, Microsoft, Alphabet, Meta y Oracle superarían USD 1 billón en los próximos 12 meses, mientras que los vencimientos de capital de deuda de mediano y largo plazo del Tesoro en el mismo período ascenderían a USD 3 billones, además del déficit estimado en USD 2 billones.

Estos factores reducen la demanda de bonos de los principales gobiernos del mundo, en particular el de EEUU “El impacto que ello tiene sobre las tasas de interés potencia el déficit financiero de esos países. La consideración de opciones para reducir el déficit primario y su instrumentación será importante para revertir el escenario de volatilidad y presiones sobre las tasas de interés”, concluye el informe.

El ministro de Hacienda de El Salvador, Jerson Posada, afirmó que el Gobierno presentará ante la Asamblea Legislativa los “instrumentos necesarios” para atender los pagos vinculados a la deuda previsional el próximo año, aunque no precisó cuál será el mecanismo de financiamiento ni el monto que buscará cubrir con esas medidas.

Durante una comparecencia del viernes 9 de octubre ante la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, como parte del inicio del estudio del proyecto de presupuesto estatal para 2027, Posada sostuvo que los recursos para responder por los intereses adeudados a los fondos de pensiones están contemplados en las proyecciones fiscales, pero no en el presupuesto sometido a discusión.

“El Gobierno no va a dejar de atender sus compromisos y en su momento, el próximo año, seguramente vendremos a esta Asamblea Legislativa con los instrumentos necesarios para poder atender dichos pagos o dichos compromisos”, dijo el funcionario ante una consulta de una diputada sobre la diferencia entre la partida presupuestaria y el monto de intereses previsionales señalado en informes del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El presupuesto prevé USD 250 millones como aporte estatal

La intervención surgió después de que una legisladora cuestionó que la propuesta presupuestaria para 2027 incluyera USD 250 millones para el sistema previsional, frente a una deuda de intereses que, según mencionó durante la sesión, supera los USD 2.000 millones.

Posada corrigió una cifra planteada inicialmente en la comisión y afirmó que el presupuesto no contempla USD 250 mil, sino USD 250 millones como aporte del Estado para 2027. Aclaró que esa cantidad corresponde a una partida presupuestaria y no al total de los intereses pendientes.

El ministro separó esa asignación de las estimaciones fiscales de mediano plazo. “En cuanto a los dos mil millones y algo que ya usted bien mencionaba, que corresponde al pago de intereses, yo mencioné que está incorporado en nuestras proyecciones fiscales, que son diferentes al presupuesto”, respondió.

La diputada Claudia Ortiz insistió en conocer la estrategia específica para responder por la obligación frente a las personas cotizantes. Posada evitó adelantar el tipo de instrumento que propondrá el Ejecutivo y señaló que la definición continúa en curso.

“El Gobierno actualmente está en definición todavía. Lo único que puedo confirmar es que se atenderá con responsabilidad y en tiempo las necesidades del fondo de pensiones y los recursos que sean necesarios para atender los compromisos del próximo año”, afirmó.

Intereses acumulados desde 2022 y presión sobre las finanzas públicas

El debate en torno a la partida prevista para 2027 ocurre mientras crecen las advertencias sobre la presión que la deuda del Estado con los fondos administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) puede ejercer sobre las finanzas públicas.

El economista César Villalona estimó en septiembre que la obligación estatal con los fondos previsionales podría superar los USD 12.000 millones al cierre de 2026. Según sus cálculos, los intereses acumulados entre 2022 y 2026 ascenderían a USD 3.576 millones, a partir de una tasa anual de 7%.

Villalona ubicó la deuda previsional en USD 8.197 millones al cierre de 2022 y calculó intereses por USD 574 millones para ese año. Para 2023, estimó una obligación de USD 9.495 millones y USD 665 millones en intereses. Dijo que, el saldo llegó a USD 10.526 millones en 2024, con intereses por USD 737 millones. Para 2025, calculó una deuda de USD 11.241 millones y un costo anual de USD 787 millones.

El economista proyectó que el saldo superará los USD 12.000 millones al finalizar 2026 y que los intereses de ese período rondarán los USD 840 millones. “Los intereses acumulados son USD 574 millones, USD 665 millones, USD 737 millones, USD 787 millones y USD 840 millones. Eso da USD 3.576 millones”, expresó durante una entrevista con YSUCA.

Los banqueros solían decir que los países, a diferencia de las empresas, no pueden quebrar. Repitieron ese eslogan tranquilizador hasta que, en la década de los 80, una oleada de países latinoamericanos se declaró en mora. ¿Podría una crisis similar acabar pronto con la arrogancia del mundo rico?

Hace cinco años, los costes de financiación eran tan bajos que la deuda pública parecía casi gratuita. Hoy en día, con los inversores deshaciéndose de sus bonos, muchos gobiernos de los grandes países ricos pagan más por endeudarse que en cualquier otro momento desde los años noventa o los dos mil. Dado que la deuda pública de las grandes economías avanzadas es aproximadamente el doble, en relación con el PIB, de lo que era a principios de siglo, el resultado es una inmensa presión sobre los presupuestos.

Incluso antes de la última ola de ventas masivas de bonos, se preveía que sus gobiernos destinarían este año el 8% de los ingresos fiscales al pago de intereses de la deuda neta, ya que el envejecimiento de la población y la amenaza de guerra están ejerciendo presión para aumentar el gasto. Ahora deben pagar aún más para refinanciar sus deudas pasadas, mientras que muchos siguen endeudándose sin apenas restricciones. En algún momento, los inversores se rebelarán.

Irónicamente, parte de la caída del mercado de bonos de este año es una buena noticia, tal y como informamos. La economía estadounidense está en pleno auge. Las solicitudes de subsidio por desempleo son bajas; el crecimiento económico podría situarse en una tasa anual superior al 3%; y el crecimiento de la productividad parece sólido. Esto está fomentando la inversión. A medida que las empresas de inteligencia artificial se apresuran a construir centros de datos, compiten con los gobiernos por el capital en los mercados mundiales. El resultado son unos tipos de interés más altos.

Esto ha intensificado las presiones al alza, menos bienvenidas, sobre los rendimientos de los bonos. La crisis energética provocada por la guerra en Irán ha elevado la inflación, y surgen dudas cada vez más evidentes sobre la credibilidad de las instituciones económicas en la era del populismo. El presidente Donald Trump ha reflexionado recientemente sobre que la inflación puede reducir las deudas «muy rápidamente» y ha renovado sus ataques contra la Reserva Federal por no bajar los tipos de interés. Jean-Luc Mélenchon, candidato populista de izquierda a la presidencia francesa, ha acusado al gobernador del Banco de Francia, de forma absurda, de traición. Los inversores en bonos, con la mirada puesta en un futuro lejano, perciben el peligro creciente de que los gobiernos utilicen la inflación para vaciarles los bolsillos.

El impacto inmediato de la ola de ventas en el mercado de bonos varía enormemente de un país a otro. Estados Unidos está descubriendo que su expansión impulsada por la inteligencia artificial no le ayudará mucho a hacer frente a sus deudas, ya que los costes de los intereses aumentan a la par que el crecimiento. El déficit presupuestario anual del Gobierno federal, de alrededor del 6% del PIB, es insostenible. Afortunadamente, el Tío Sam sigue contando con la inmensa ventaja de emitir la moneda de reserva mundial. A medida que los rendimientos de los bonos han subido en las últimas semanas, el dólar se ha disparado. Tarde o temprano llegará la hora de la verdad en materia fiscal, pero aún no ha llegado.

Japón, otra fuente constante de preocupación, también está aguantando por ahora. El rendimiento de sus bonos a diez años ha superado el 3% por primera vez desde 1996 y el país está planeando una campaña de gasto poco acertada. Pero la inflación ha aumentado al mismo tiempo que los tipos de interés. Dado que los tipos ajustados a la inflación siguen siendo bajos y el déficit público es reducido, la deuda se está reduciendo como porcentaje de la economía. Eso podría cambiar. Y si los japoneses empiezan a vender su enorme cartera de activos en el extranjero, las sacudidas financieras afectarán al resto del mundo. Pero el Gobierno japonés aún no se enfrenta a la perspectiva de una retirada masiva de capital de sus bonos.

Europa es donde el peligro de una crisis de deuda se cierne con mayor intensidad. El auge de la inteligencia artificial está elevando su coste de capital, pero, a diferencia de Estados Unidos, está impulsando mucho menos el crecimiento económico. Su economía, dependiente de las importaciones de energía, se está viendo afectada por los elevados precios del combustible, y lo estará aún más si el invierno es frío, debido a una probable escasez mundial de gas natural licuado. Aunque algunos gobiernos prudentes —entre ellos los de Alemania, Escandinavia y Suiza— tienen sus presupuestos en orden, el Reino Unido, Francia e Italia se tambalean.

Gran Bretaña ya sufrió una revuelta en el mercado de bonos en 2022. Tras aprender la lección, corrigió el rumbo, pero su ratio deuda/PIB sigue aumentando y sus políticos se especializan en posponer los recortes de gasto, como ocurre con la reforma de las pensiones prometida recientemente. La deuda neta de Italia es bastante estable, pero, al situarse en el 129% del PIB, resulta demasiado elevada. Es frágil y podría colapsar en medio del pánico.

Francia es el país que se encuentra bajo mayor presión. Se prevé que su déficit presupuestario alcance este año el 5,4% del PIB. Según los cálculos de The Economist, teniendo en cuenta el crecimiento económico actual, si Francia tuviera que refinanciar toda su deuda a los tipos de interés actuales de los bonos a cinco años, estabilizar su deuda requeriría un ajuste presupuestario de más del 4% del PIB. Sin embargo, el país se ve sacudido por las protestas estudiantiles y su Parlamento está teniendo dificultades para aprobar un presupuesto con recortes que apenas alcanzan una décima parte de esa cifra.

Recientemente, los inversores obligaron a Francia a pagar 1,5 puntos más que Alemania por endeudarse a diez años, el diferencial más alto desde la crisis de la deuda de la zona del euro. De cara a las elecciones presidenciales de 2027, Marine Le Pen, del partido populista de derecha Agrupación Nacional, lidera las encuestas. El 6 de octubre se comprometió a recortar los presupuestos en un 3% del PIB para 2032 y a reducir a la mitad la deuda en relación con el PIB. Los rendimientos de los bonos cayeron ligeramente, pero a Le Pen le falta credibilidad. Sigue prometiendo reducir la edad de jubilación a pesar de que la esperanza de vida aumenta, por lo que no aborda la partida más importante del gasto público francés.

Podría producirse una estampida sobre los bonos franceses. Si ocurre, el Gobierno podría responder no con medidas de austeridad, sino exigiendo un rescate al Banco Central Europeo (BCE). Se supone que los países deben poner en orden sus presupuestos antes de que el BCE compre su deuda, pero, en la práctica, las barreras de protección contra los rescates son más débiles que hace una década. En un juego de «quién se atreve» con el BCE, un presidente populista probablemente saldría ganando; pues sin Francia, la Unión Europea no podría sobrevivir.

Sobrecalentamiento

Sería un error que los bancos centrales rescataran a gobiernos que se niegan rotundamente a equilibrar sus cuentas. Su función es desatascar las tuberías financieras, no respaldar décadas de endeudamiento imprudente. Si los bancos centrales se convierten en cajeros automáticos para los ministerios de Hacienda, en lugar de garantes de la estabilidad de los precios, los bonos a largo plazo se venderán aún más. Los votantes se vengarán. El mejor camino a seguir en Francia y en otros lugares es que los políticos expliquen a su electorado que la deuda pública debe estar bajo control y que, juntos, deben hacer lo que sea necesario.

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Costa Rica sobresale en Centroamérica por una estrategia de reducción gradual de la deuda pública basada en reglas fiscales, control del gasto y superávits primarios sostenidos, de acuerdo con el más reciente Panorama económico de América Latina y el Caribe del Banco Mundial.

El informe, publicado en octubre de 2026, ubica al país entre las economías de la región que han logrado estabilizar sus finanzas públicas tras el incremento de la deuda provocado por la pandemia. A diferencia de los ajustes abruptos o de las reestructuraciones de obligaciones, el caso costarricense se apoya en una consolidación progresiva que ha fortalecido la confianza de los mercados.

“La disminución de los ratios de deuda pública refleja una consolidación más gradual, basada en reglas”, señala el Banco Mundial. El organismo destaca que esta trayectoria está “anclada en las reglas fiscales y los controles del gasto público”, factores que han permitido ordenar las cuentas estatales y mejorar la credibilidad de la política económica.

El reporte subraya que los superávits primarios sostenidos —es decir, el resultado fiscal antes del pago de intereses— han sido decisivos para contener la carga financiera. Esta disciplina ha contribuido a que Costa Rica reduzca paulatinamente la relación entre deuda pública y Producto Interno Bruto (PIB), luego del repunte observado durante los años más críticos de la emergencia sanitaria.

La estrategia también ha fortalecido la percepción de los inversionistas. Según el Banco Mundial, el marco fiscal costarricense ayudó a “estabilizar las finanzas públicas” y a reforzar la confianza de los mercados, un elemento relevante en una región donde los elevados costos de financiamiento y los pagos de intereses continúan presionando los presupuestos nacionales.

El desempeño fiscal de Costa Rica ocurre en un contexto latinoamericano complejo. América Latina y el Caribe crecería 2.2% en 2026, ligeramente por debajo del 2.4% estimado para 2025. El Banco Mundial advierte que la región mantiene un espacio fiscal limitado, altos niveles de deuda y costos reales de endeudamiento superiores a los de la década pasada.

En Centroamérica, las condiciones son heterogéneas. Países como Panamá, Guatemala, El Salvador y República Dominicana mantienen perspectivas de crecimiento relativamente sólidas, apoyadas por la inversión, las remesas, el turismo, la logística y las exportaciones. Sin embargo, la sostenibilidad fiscal continúa siendo una prioridad regional, especialmente ante un escenario global de volatilidad energética, incertidumbre comercial y riesgos climáticos asociados al fenómeno de El Niño.

Costa Rica proyecta un crecimiento económico de 3.3% en 2026, después de expandirse 4.5% en 2025, según las estimaciones del Banco Mundial. Aunque el ritmo sería menor al del año anterior, la economía conservaría una expansión superior al promedio regional.

El organismo multilateral identifica a las exportaciones de bienes manufacturados y a la inversión como motores relevantes para el crecimiento costarricense. Esta combinación resulta clave: mientras la disciplina fiscal reduce vulnerabilidades, la inversión y la diversificación productiva pueden sostener la actividad económica y ampliar la capacidad de generación de empleo formal.

No obstante, el informe advierte que reducir deuda no elimina todos los desafíos. La región enfrenta baja productividad, déficits de capital humano, informalidad laboral y restricciones de financiamiento para empresas. En Costa Rica, al igual que en otros países centroamericanos, el reto consiste en mantener la prudencia fiscal sin sacrificar inversiones estratégicas en infraestructura, educación, digitalización y resiliencia climática.

“El crecimiento moderado refleja el equilibrio de políticas actual, no el potencial de la región”, plantea el Banco Mundial. Para Costa Rica, la reducción gradual de la deuda representa una base para mejorar ese potencial: unas finanzas públicas más ordenadas pueden reducir riesgos, facilitar condiciones de financiamiento y permitir una planificación estatal de mayor plazo.

La principal lección regional, según el reporte, es que las decisiones de política económica sostenidas pueden generar resultados. En el caso costarricense, la combinación de reglas fiscales, controles de gasto y disciplina en el balance primario perfila una ruta de ajuste paulatino que busca preservar la estabilidad sin recurrir a medidas disruptivas.

El Gobierno de El Salvador solicitó a la Asamblea Legislativa autorización para emitir hasta USD 515 millones en títulos valores de crédito, una operación que busca cubrir necesidades de financiamiento del Presupuesto General del Estado para el ejercicio fiscal 2027.

La iniciativa ya fue admitida y pasará al análisis de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El proyecto faculta al Órgano Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, a obtener los recursos mediante emisiones en el mercado nacional o internacional.

El texto establece que los fondos deberán destinarse al financiamiento integral requerido para el Presupuesto de 2027 y que no podrán cubrirse con ingresos corrientes ordinarios.

La solicitud señala que el Gobierno requiere una fuente de recursos complementaria para responder a gastos y obligaciones estatales durante el próximo ejercicio fiscal. El decreto plantea que el Ministerio de Hacienda actúe en representación del Estado en las operaciones de colocación de valores, previa autorización legislativa.

Títulos a colocarse con descuento, premio o rendimiento variable

La propuesta establece que las condiciones financieras de los títulos se definirán al momento de cada transacción, según las prácticas del mercado. Los instrumentos podrán colocarse con descuento o con premio y tendrán rendimientos determinados en cada operación.

Los valores podrán emitirse a mediano o largo plazo. El monto nominal podrá amortizarse con pagos periódicos, mediante un único pago al vencimiento o en una fecha establecida previamente.

El documento también prevé que el valor nominal y los rendimientos de los títulos queden exentos de impuestos, tasas y contribuciones. Las ganancias de capital derivadas de la compraventa estarán sujetas al tratamiento tributario previsto en la legislación vigente.

Hacienda podrá contratar bancos, agentes y servicios financieros

El proyecto autoriza al Ministerio de Hacienda a realizar las gestiones necesarias para concretar las operaciones, con base en las condiciones existentes en los mercados de capitales.

También habilita la contratación de bancos de inversión, agentes y otros servicios financieros requeridos para estructurar y ejecutar las emisiones.

La iniciativa contempla la exención de tributos para esos servicios, incluido el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. La norma aclara que la exoneración no elimina las retenciones de impuestos cuando los servicios se contraten con personas o entidades domiciliadas en El Salvador.

El Banco Central de Reserva de El Salvador actuaría como agente financiero del Estado. Para ese fin, el Ministerio de Hacienda podrá suscribir el contrato respectivo con la institución.

Posibilidad de colocar deuda en el mercado estadounidense

El texto prevé que los títulos puedan colocarse en los mercados local, regional o internacional. Para las emisiones externas, Hacienda podrá utilizar mecanismos de registro ante la Comisión de Valores e Intercambios de Estados Unidos, conocida como SEC, o esquemas previstos en las reglas 144A y Regulación S de ese organismo.

El Ministerio de Hacienda quedaría facultado para presentar declaraciones de registro y otros documentos ante la SEC, así como para ejecutar reformas, certificaciones y trámites vinculados con la colocación de los valores.

La propuesta también habilita la contratación de coberturas frente a riesgos asociados con las tasas de interés y el pago de costos vinculados con operaciones ante la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera de Estados Unidos, conocida como Finra, si la emisión se concreta.

Durante su comparecencia ante el Pleno, como parte del análisis del Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario explicó que la sostenibilidad de la deuda depende de distintos factores, entre ellos el crecimiento económico, las tasas de interés, el tipo de cambio y la composición de los pasivos públicos.

Hacienda prevé deuda pública de 55% del PIB

Amador Zamora señaló que la deuda pública se ubicaría en 55% del PIB, un nivel que, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda, es sostenible en el mediano plazo.

El secretario también destacó la estructura de los pasivos públicos como uno de los elementos para reducir riesgos financieros.

Explicó que 79% de la deuda estará denominada en moneda nacional, a tasa fija y a largo plazo, lo que permite disminuir la exposición de las finanzas públicas a variaciones en el tipo de cambio y en las tasas de interés.

En este contexto, sostuvo que el desempeño de la economía será un elemento relevante para mantener la estabilidad de las finanzas públicas y continuar con una trayectoria de consolidación.

La explicación de Amador se dio en una comparecencia en la que presentó ante los senadores los principales resultados de la política hacendaria y las perspectivas económicas para los próximos años.

Crecimiento económico será clave para las finanzas públicas

El titular de Hacienda estimó que durante 2027 la economía mexicana podría crecer entre 1.5% y 2.5%, escenario que, señaló, contribuiría a fortalecer las finanzas públicas.

De acuerdo con su exposición, la relación entre deuda y PIB no depende únicamente del nivel de endeudamiento, sino también del comportamiento de la actividad económica y de otras variables financieras.

Amador sostuvo que el país se encuentra en condiciones para continuar con la consolidación de las finanzas públicas, al tiempo que destacó otros indicadores económicos que, según expuso, forman parte del panorama financiero actual.

Entre ellos mencionó:

• Una reducción de 1.7 puntos porcentuales del PIB en los requerimientos financieros del sector público entre 2024 y el cierre estimado de 2026.
• Una deuda de Pemex en su nivel más bajo desde 2014, de acuerdo con lo expuesto por el funcionario.
• Ingresos tributarios estimados en 15.4% del PIB para el cierre de 2026.
• Ingresos totales previstos por 9.2 billones de pesos para 2027.
• Un crecimiento real de los ingresos de 5.9% respecto de 2026.

Hacienda destaca estructura de la deuda y reducción de riesgos

Durante su intervención, Amador puso énfasis en la composición de la deuda como un mecanismo para limitar posibles efectos de las variaciones financieras.

La concentración de los pasivos en moneda nacional, con tasas fijas y plazos largos, busca reducir la exposición ante movimientos del tipo de cambio y de las tasas de interés.

El funcionario señaló que estos elementos deben analizarse junto con el crecimiento económico y el balance fiscal para evaluar la trayectoria de la deuda.

La Secretaría de Hacienda también ha señalado que el saldo de la deuda pública en su medida más amplia se encuentra alrededor de 52% del PIB y que la proyección para 2027 se acerca a 55%.

En su comparecencia, Amador sostuvo que este nivel se mantiene dentro de una trayectoria que considera sostenible en el mediano plazo.

Recaudación aumentará sin una reforma fiscal

Otro de los puntos abordados por el secretario fue el comportamiento de los ingresos públicos.

Explicó que el fortalecimiento de la recaudación se ha basado en una mayor eficiencia administrativa y en mecanismos para mejorar el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Según sus estimaciones, los ingresos tributarios llegarán a 15.4% del PIB al cierre de 2026, lo que representaría un incremento de 0.7 puntos porcentuales respecto del inicio de la administración.

Amador afirmó que este aumento equivale a 776,000 millones de pesos adicionales en términos nominales en dos años, sin recurrir a un incremento de impuestos ni a una reforma fiscal.

Para 2027, Hacienda calcula que los ingresos totales alcanzarán 9.2 billones de pesos y que representarán un máximo histórico de 15.9% del PIB.

Inversión y actividad económica acompañarán las proyecciones

El secretario también presentó ante los senadores otros indicadores relacionados con la actividad económica.

Señaló que la inversión extranjera directa alcanzó cerca de 35,000 millones de dólares y que las exportaciones registraron un crecimiento acumulado de 28% hasta julio.

Asimismo, mencionó que entre mayo y julio de 2026 la inversión pública creció 10%, mientras que la inversión privada también mostró un repunte. La inversión global, agregó, aumentó 6.6% anual en julio.

Amador vinculó estos resultados con el Plan México, estrategia que, de acuerdo con su exposición, busca incrementar el contenido nacional, fortalecer las cadenas productivas y atraer inversión.

Al comparecer ante el Senado, el funcionario sostuvo que el objetivo de la política económica es mantener el crecimiento y, al mismo tiempo, preservar la estabilidad de las finanzas públicas.

En ese marco, defendió que una deuda pública equivalente a 55% del PIB puede mantenerse en niveles sostenibles, siempre que continúen las condiciones de crecimiento, estabilidad financiera y manejo de los pasivos que Hacienda planteó ante los legisladores.

El senador Ricardo Anaya acusó al gobierno de la actual presidenta Claudia Sheinbaum por el incremento en la deuda pública, resultado de diversas decisiones financieras, principalmente por parte del secretario de Hacienda, a quien el PAN pedirá que se corrijan todas las políticas que han contribuido a este aumento.

Siguiendo con su discurso, el funcionario recordó que la responsabilidad de los partidos de oposición es señalar los errores y las desviaciones de la bancada guinda.

“Por supuesto, ellos, como es su costumbre, lo van a minimizar, lo van a negar. Pero ahí están las cifras. Las cifras son oficiales: 1.7 billones de deuda nueva para solamente pagar intereses de la deuda vieja. Esto es como sacar una nueva tarjeta de crédito y usar todo el saldo de la tarjeta para pagar los intereses, es decir, el pago mínimo de la tarjeta vieja. O sea, es un nivel de irresponsabilidad brutal”, señaló a medios de comunicación.

Asimismo, puntualizó que en tan solo siete años el movimiento de la Cuarta Transformación ha duplicado los adeudos en el país, asegurando que esta cifra es la que se acumuló por 200 años, lo que marca un “nivel de irresponsabilidad y la gravedad de esta deuda”.

FMI pide a México frenar el aumento de la deuda pública

El FMI pidió el pasado 2 de octubre a las autoridades mexicanas acelerar la consolidación fiscal para frenar el aumento de la deuda pública, cuya proporción respecto al PIB mantendría una trayectoria ascendente en los próximos años. El organismo consideró que el ajuste aplicado en 2026 continúa, aunque a un ritmo menor que el de 2025, y recomendó una política fiscal “más ambiciosa”.

La deuda bruta del sector público alcanzaría 62.1% del PIB en 2026 y subiría a 62.9% en 2027, de acuerdo con las proyecciones del Fondo Monetario Internacional. La propuesta presupuestaria para el próximo año contempla una consolidación más gradual que la anunciada previamente.

El organismo estimó que la economía mexicana crecerá 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, esta previsión considera una aceleración de las exportaciones hacia Estados Unidos y un efecto limitado del aumento mundial en los precios de la energía.

Ajustes en gasto e ingresos públicos en México

Tras la reducción marcada del déficit durante 2025, el FMI señaló que los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas avanzan con menor velocidad este año. Por ello, planteó que México debería evaluar un ajuste de mayor alcance para recuperar margen de maniobra en la política fiscal.

La recomendación contempla medidas tanto en materia de gasto como de ingresos, por lo que considera necesario respaldar los planes para ampliar la inversión en infraestructura, aunque también establece salvaguardas adicionales que limiten el diferimiento en el reconocimiento de gastos y la acumulación de pasivos contingentes vinculados con proyectos mixtos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la consolidación fiscal continuará de forma gradual en 2026, luego de la disminución significativa del déficit registrada el año anterior. La dependencia describió su estrategia como “ordenada y compatible con el crecimiento económico”. Asimismo, indicó que el Paquete Económico 2027 busca reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual.

Colombia inició un nuevo acercamiento con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en medio de un escenario de presión sobre las finanzas públicas.

El organismo confirmó que espera recibir en Washington, Estados Unidos, a una delegación del Ministerio de Hacienda para continuar las conversaciones, al tiempo que destacó el compromiso expresado por la actual administración con la disciplina fiscal.

Aunque todavía no se han definido el mecanismo de financiación, los recursos que podrían solicitarse ni las condiciones de un eventual acuerdo, las recomendaciones formuladas por el FMI permiten identificar algunos de los asuntos que podrían estar sobre la mesa. Entre ellos aparecen la reducción del gasto, una eventual reforma tributaria y el cumplimiento de la regla fiscal.

El acercamiento al FMI y las condiciones fiscales

El organismo internacional señaló que medidas creíbles para reducir los desequilibrios fiscales podrían contribuir a disminuir los costos de financiación y recuperar la confianza de los inversionistas. En este contexto, el Gobierno de Abelardo de la Espriella decidió avanzar en conversaciones con el fondo y solicitó activar la Consulta del Artículo IV como paso previo para explorar alternativas de financiamiento.

Giovanny Hernández, profesor de la Escuela Internacional de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad de La Sabana, explicó a Infobae Colombia que el diálogo con el organismo resulta relevante debido a la situación de las cuentas públicas y a la necesidad de acudir a entidades multilaterales para obtener recursos.

“Sentarse con el Fondo Monetario Internacional da una señal importante a nivel macro. Que el FMI conozca al nuevo gobierno y su política de austeridad y plan de inversión es clave porque en este momento Colombia está desfinanciada, tiene demasiado gasto y poco ingreso, y va a tener que acudir a las multilaterales a solicitar préstamos. El FMI es una línea de crédito importante para contar con recursos que permitan pagar obligaciones que muy seguramente dejó el gobierno anterior”, señaló.

Según el académico, la definición de un plan fiscal que genere credibilidad ante el Fondo Monetario Internacional debería concentrarse en tres aspectos: “Primero, recortar todo lo que se pueda, pero con recortes que no frenen la inversión ni el crecimiento futuro. Segundo, una reforma tributaria que permita solventar los gastos adicionales. Y tercero, ajustarse a la regla fiscal, que probablemente será la principal condición que pondrá el FMI para cualquier desembolso de crédito”.

Crédito flexible frente a un programa condicionado

Otro de los asuntos que deberá definirse es el tipo de instrumento que podría utilizar Colombia en caso de concretarse una operación de financiamiento. Entre las alternativas mencionadas se encuentra el regreso a una Línea de Crédito Flexible (LFC) o la adopción de un programa sujeto a condiciones específicas.

Hernández considera que, dadas las necesidades de ajuste existentes, Colombia debería evitar comprometerse con obligaciones que impliquen condiciones que posteriormente puedan resultar difíciles de cumplir.

El experto plantea como alternativa un crédito flexible, con mayor margen para definir los tiempos y las medidas fiscales.

“En este momento hay muchas cosas por ajustar y Colombia no debería comprometerse con créditos condicionados. Prometer cosas que tal vez no se puedan cumplir le traería mucho más riesgo al país. Es preferible un crédito flexible, que permita un manejo tributario y de tiempos más holgado, para no quedar literalmente en una camisa de once varas con créditos atados a condiciones muy específicas”, indicó a Infobae Colombia.

El efecto sobre el riesgo, las tasas y la deuda

Uno de los puntos abordados por el profesor de la Universidad de La Sabana es la relación entre el ajuste fiscal, la percepción de riesgo de Colombia y el comportamiento de las tasas de interés. De acuerdo con su explicación, un ajuste que resulte insuficiente podría ser interpretado por los mercados como una señal de inestabilidad financiera.

“Si el ajuste es insuficiente o no se logra dar, lo que pueden leer los mercados es una inestabilidad financiera de Colombia y eso va a hacer que el país claramente sea más riesgoso”, advirtió.

El aumento del riesgo tendría efectos sobre las tasas de interés. Hernández explicó que, si el país es considerado más riesgoso, las tasas tenderían a incrementarse, con posibles efectos adicionales sobre la tasa de cambio y los precios internos.

“Si el país es más riesgoso, las tasas de interés tienden a incrementarse. Si incrementan tasas de interés, se puede afectar la tasa de cambio. Si se afecta la tasa de cambio, se pueden afectar precisamente los precios de bienes y servicios en Colombia y eso podría estar modificando la inflación”, puntualizó.

Y agregó: “En caso contrario, el país va a estar más estable. Esperaríamos que el mercado lo lea como un país un poco más seguro. En ese caso, al ser más seguros, no deberíamos estar teniendo costos de deuda tan altos”.

La continuidad de las conversaciones con el FMI permitirá avanzar en la definición de las condiciones de un eventual respaldo financiero. Mientras tanto, el debate fiscal se concentra en la capacidad del Gobierno para reducir los desequilibrios, mantener la inversión y atender sus obligaciones, junto con el cumplimiento de la regla fiscal.

Brasil llega a las elecciones presidenciales con una incipiente crisis fiscal que promete ser uno de los principales desafíos para el próximo gobierno. Después de casi cuatro años de gestión de Lula, el déficit consolidado de las finanzas públicas se aproxima al 10% del PBI, según los datos del Banco Central de Brasil.

El deterioro es evidente frente al déficit de 4% que dejó Bolsonaro en 2022, aún después de la pandemia.

Parte del deterioro de los últimos años se explica por el resultado primario. Lula recibió una economía que llevaba más de un año registrando superávit primario. Pero desde inicios de su gestión, lo revirtió y este año apunta a un déficit de 0,7% del PBI.

Pero el principal factor de presión sobre las cuentas públicas está en los intereses de la deuda.

Brasil enfrenta una combinación de elevado endeudamiento con altas tasas de interés en moneda local, catapultando la carga de intereses de la deuda pública.

La tasa de interés sobre la deuda local supera actualmente el 14% anual, un nivel similar al observado durante los últimos meses del gobierno de Dilma Rousseff, antes de su impeachment. Pero esta vez, con una inflación cercana al 4%, la tasa de interés real se ubica alrededor del 10 por ciento.

Esta combinación tiene un impacto directo sobre la dinámica fiscal.

El pago de intereses alcanza actualmente casi 9% del PBI y constituye una de las principales fuentes del déficit.

Según los últimos datos oficiales, correspondientes a 2024, los intereses de la deuda se convirtieron en el segundo mayor componente del gasto público brasileño, por encima del gasto destinado a educación, salud, seguridad y defensa.

La deuda pública

El persistente déficit fiscal también se refleja en la evolución del endeudamiento público.

En 2013, la deuda pública era equivalente a 60% del PBI, hoy llega al 100% del PBI.

La casi totalidad de la deuda pública de Brasil es en moneda local (96,3 por ciento).

Medida en dólares, la deuda ronda los USD 1,8 billones (1,8 billones). De ese total, aproximadamente una quinta parte vence durante los próximos doce meses.

Lula recibió una economía que llevaba más de un año registrando superávit primario. Pero desde inicios de su gestión lo revirtió

El próximo presidente asumirá con unos USD 360.000 millones de deuda que deberán ser refinanciados durante su primer año de gestión.

A este cuadro se suma un problema adicional: la deuda pública ya empieza a ser una carga para la economía y se refleja en la desaceleración del crecimiento económico. Pese al buen desempeño de las materias primas agrícolas y de los precios de la energía, el crecimiento del PBI de Brasil se ubica en su menor nivel de los últimos cinco años.

El crecimiento del PBI de Brasil se ubica en su menor nivel de los últimos cinco años

Esto agrega presión a una dinámica de deuda/PBI ya deteriorada. El desafío del próximo gobierno, por lo tanto, será doble: corregir el resultado fiscal y, al mismo tiempo, relanzar la tasa de crecimiento.

El real en juego

El equilibrio cambiario luce cada vez más frágil y pone al real en zona de riesgo. La estrategia del Banco Central de sostener tasas de interés reales en torno al 10% ha funcionado hasta ahora como un dique de contención: garantiza el apetito por los títulos en moneda local y ancla transitoriamente la cotización de la divisa.

Pero a estos niveles la tasa Selic del Banco Central sirve más para sostener el carry y retener los capitales que para frenar la inflación. El costo lo paga el Tesoro.

La estrategia del Banco Central de sostener tasas de interés reales en torno al 10% ha funcionado hasta ahora como un dique de contención

Cerca de la mitad de la deuda pública interna está indexada a la Selic, y el resto se renueva en plazos cortos, de modo que la tasa que fija el Banco Central termina siendo, en los hechos, la tasa de la deuda.

Pero el costo es creciente, la carga de intereses ya es 10% del PBI y acelera la dinámica explosiva de la deuda pública, ya en el 100% del PBI. Es una trampa clásica de tasa: el Banco Central sube la tasa para estabilizar el mercado cambiario, pero la mayor carga de intereses aumenta el déficit fiscal, reiniciando el ciclo que pide más tasa.

El Gobierno puede insistir, pero todo carry tiene un límite y lo decide el mercado.

Los amortiguadores

Hasta ahora la economía pudo contar con dos grandes colchones para mantener bajo el riesgo país:

1. Las reservas internacionales que se mantienen estables en torno a los USD 360.000 millones. Sus oscilaciones de los últimos años respondieron sobre todo a efectos de valuación: más de un cuarto de las reservas está invertido en otras monedas o en oro, de modo que el precio del metal y los movimientos del dólar mueven el stock sin que entre ni salga un solo dólar.
2. En 2022 la caída del precio de los Tesoros.

La única venta significativa de reservas fue a fines de 2024, cuando el Banco Central volcó miles de millones de dólares al mercado para frenar una crisis de confianza en el real.

Segundo, el saldo comercial que apunta a cerrar el año cerca de los USD 87.000 millones, el segundo más alto de la serie después del récord de 2023. Lo explican sobre todo los mayores precios internacionales de las materias primas.

El desafío para el próximo ciclo presidencial

El margen de maniobra para la próxima administración no es elevado. A pesar de las cuantiosas reservas y del saldo comercial, pretender aliviar la carga de intereses recortando la tasa de referencia sin implementar antes un ajuste fiscal desataría una salida inmediata del carry trade local.

Sin ancla fiscal ni premio por tasa, la demanda de deuda soberana caería en picada y trasladaría toda la presión sobre el tipo de cambio, materializando una devaluación del real que reavivaría el frente inflacionario.

Difícilmente haya margen para seguir procrastinando un ajuste fiscal que permita bajar la tasa de interés sin poner en riesgo la estabilidad cambiaria

Difícilmente haya margen para seguir procrastinando un ajuste fiscal que permita bajar la tasa de interés sin poner en riesgo la estabilidad cambiaria.

Con un déficit fiscal de 10% del PBI, un stock de deuda llegando a 100% del PBI y una economía que se estanca ante elevadas tasas de interés, la dinámica de las cuentas del Estado será el principal desafío que enfrentará quien gane las elecciones. La salud de la moneda estará en juego.

Los autores son máster en Economía de la Universidad de Tilburg, en Holanda, y en Management de la Universidad Luiss, Italia, y director de la consultora Econométrica, respectivamente

Este 2 de octubre de 2026, el Fondo Monetario Internacional (FMI) reconoció que la consolidación fiscal de México se ha mantenido durante el año, con una desaceleración del ritmo de ajuste respecto a 2025; sin embargo, advirtió que se necesitan mayores esfuerzos para colocar a la deuda pública en una trayectoria descendente y recomendó una política fiscal “más ambiciosa” y acelerada.

El organismo proyectó que el crecimiento económico mexicano alcance 1.5% en 2026 y 1.8% en 2027, impulsado por la aceleración de las exportaciones hacia Estados Unidos y el impacto limitado del alza mundial en los precios de la energía. La deuda bruta del sector público llegaría a 62.1% del Producto Interno Bruto (PBI) este año y a 62.9% en 2027, según las cifras del FMI.

La propuesta de presupuesto 2027 implica una consolidación más gradual

Tras una marcada reducción del déficit el año pasado, los esfuerzos para fortalecer las finanzas públicas continuaron en 2026 a un ritmo más lento. El FMI señaló que la propuesta de presupuesto para 2027 contempla una consolidación más gradual que la anunciada previamente y una trayectoria ascendente para la deuda en los años siguientes.

El organismo planteó que se debería considerar una consolidación más ambiciosa para recuperar margen de maniobra en la política fiscal. Para ello, identificó un conjunto de medidas tanto del lado del gasto como del ingreso:

• Mejor focalización de los programas sociales.
• Eliminación progresiva de los subsidios a los combustibles.
• Fortalecimiento duradero de las finanzas de Pemex.
• Aumento de los impuestos subnacionales sobre la propiedad y los vehículos.
• Eliminación paulatina de los incentivos fiscales en zonas fronterizas.
• Ampliación del impuesto al carbono.
• Reforma al impuesto sobre la renta de las personas físicas.

El FMI también valoró positivamente los planes para impulsar la inversión en infraestructura, aunque pidió salvaguardas adicionales que limiten diferimientos en el reconocimiento de gastos y la acumulación de pasivos contingentes derivados de proyectos mixtos.

Banxico debe mantener una postura “moderadamente restrictiva”

El proceso de desinflación continuó durante el año y la inflación general se ubica cerca de la meta del Banco de México (Banxico), aunque persisten presiones en los precios subyacentes. Las expectativas de inflación se mantienen por encima del objetivo del 3% fijado por el banco central.

El FMI recomendó que Banxico mantenga una postura moderadamente restrictiva hasta que existan señales claras de que esas presiones subyacentes ceden. El organismo advirtió que podría ser necesario un endurecimiento monetario si la desinflación se estanca o si nuevos choques en los precios de la energía y los alimentos generan alzas generalizadas de precios.

Según las proyecciones del FMI, la inflación al consumidor cerraría 2026 en 3.6% y bajaría a 3.3% en 2027, aunque el retorno duradero a la meta se retrasaría hasta principios de 2028. El organismo pidió además mayor claridad en la comunicación del banco central sobre su función de reacción y el papel de las expectativas inflacionarias en la formación de precios.

El sistema bancario mexicano mantiene reservas sólidas de capital y liquidez

El FMI calificó de sólido al sistema financiero mexicano, con bajos índices de morosidad, provisiones adecuadas y fuerte rentabilidad en los bancos. Las pruebas de estrés de Banxico indicaron que las instituciones pueden resistir choques significativos, incluida una desaceleración fuerte de la demanda estadounidense.

El organismo pidió seguimiento continuo al vínculo entre el soberano y los bancos, en el contexto de los cambios recientes en la calificación crediticia y el aumento de tasas de interés globales. También destacó el avance en la implementación de las recomendaciones del Programa de Evaluación del Sector Financiero (PESF), cuya nueva edición se prevé para 2027.

El FMI subrayó la necesidad de una implementación efectiva del marco de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD/LFT), ante la exposición de México a flujos financieros ilícitos vinculados a la economía informal y la delincuencia organizada transnacional. El organismo agradeció a las autoridades mexicanas por los diálogos sostenidos durante la revisión.

SHCP se compromete a continuar la consolidación fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la consolidación fiscal continuará en 2026 de manera gradual, tras la reducción significativa del déficit en 2025, con una estrategia “ordenada y compatible con el crecimiento económico”.

Señaló que el Paquete Económico 2027 busca reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público dentro de una trayectoria multianual, con el fortalecimiento de ingresos y el ejercicio responsable del gasto como ejes centrales.

La SHCP afirmó que México mantiene reglas fiscales sólidas, adecuadas a su marco constitucional y legal, y dijo que continuará evaluando oportunidades para fortalecer el marco fiscal de mediano plazo.

Retomó también la valoración positiva del FMI sobre la simplificación de procesos de inversión y la ampliación de la participación privada en infraestructura, y reiteró su compromiso con una conducción responsable de las finanzas públicas.

El debate sobre el Presupuesto General de la Nación para 2027 abrió una pregunta que impacta en las finanzas públicas de El Salvador: cuánto margen tiene el Estado para financiar servicios e inversión cuando una parte relevante de sus recursos debe destinarse al pago de deuda.

Durante un análisis sobre las cuentas públicas a través del programa de entrevistas matutino Diálogo 21, Patricio Pineda, Raúl Castellón y el expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, coincidieron en que el proyecto presupuestario debe analizarse más allá de su monto total. La atención debe centrarse en los ingresos previstos, el gasto, las necesidades de financiamiento y el peso de los compromisos financieros.

Pineda planteó una relación que resume la presión sobre el presupuesto. Según sus cálculos, los recursos obtenidos mediante préstamos rondaban los $1,400 milloneshasta julio, mientras que el pago presupuestado de deuda alcanzaba cerca de $1,300 millones.

“El Estado salvadoreño presupuesta de cada $100 que tiene en su bolsillo $90 de estos para pagar deuda”, afirmó Pineda. Su cálculo compara los recursos obtenidos mediante financiamiento con el dinero previsto para atender obligaciones financieras.

La relación no significa que el 90% de todos los ingresos públicos se destine a la deuda. El Estado recibe recursos también a través de la recaudación de impuestos, tasas y otros ingresos. Sin embargo, el planteamiento muestra que una proporción elevada de los fondos obtenidos mediante préstamos puede utilizarse para cumplir compromisos ya adquiridos.

El servicio de deuda compite con otras prioridades del Estado

El expresidente del Banco Central de Reserva (BCR), Carlos Acevedo, explicó que el servicio de deuda debe analizarse junto con la recaudación tributaria. Según indicó, el año pasado los ingresos netos de devoluciones habrían superado los $8,000 millones, mientras que el pago de intereses y amortizaciones habría rondado los $2,500 millones.

“De cada $1 que recauda el Gobierno hay $0.30 que van para servicio de deuda”, señaló Acevedo. El economista sostuvo que se trata de una carga relevante porque esos recursos se utilizan para cumplir vencimientos financieros antes de que puedan asignarse a otras necesidades estatales.

El pago de intereses y capital tiene un carácter obligatorio. Si los ingresos fiscales quedan por debajo de lo previsto o la actividad económica pierde dinamismo, el Gobierno enfrenta menos opciones para sostener el gasto. En ese escenario, puede reducir partidas, reorientar recursos o recurrir a nuevas fuentes de financiamiento.

Acevedo consideró que el indicador más útil para medir la sostenibilidad de la deuda es su relación con el producto interno bruto. Si la economía crece por encima del endeudamiento, el peso de la deuda puede reducirse en términos relativos. Si la deuda aumenta con mayor rapidez que la producción nacional, la presión fiscal se incrementa.

El debate se concentra en el uso de los préstamos

Raúl Castellón puso el foco en el destino de los recursos obtenidos mediante endeudamiento. Para el analista, los préstamos pueden tener un efecto favorable si financian infraestructura, proyectos productivos o iniciativas que impulsen la actividad económica.

“No tenemos que asustarnos de la buena deuda”, afirmó Castellón. “Todos los países recurren a una buena deuda cuando esa deuda ayuda a que el Estado desarrolle una obra con la cual toda la economía se desarrolla”.

El economista sostuvo que el reto del presupuesto consiste en alcanzar un equilibrio entre ingresos y gastos, sin depender de manera permanente de recursos prestados. A su juicio, una estrategia de ordenamiento fiscal requiere revisar tanto el nivel de endeudamiento como la eficiencia del gasto público.

La ejecución presupuestaria también entra en la discusión

Los analistas coincidieron en que el debate no debe limitarse al monto total del presupuesto. También debe incluir la capacidad institucional para ejecutar los recursos aprobados, en particular los destinados a inversión pública.

Castellón señaló que el Programa Anual de Inversión Pública contaba con cerca de $2,400 millones presupuestados, aunque la ejecución mencionada durante el programa se ubicaba alrededor de $940 millones. Acevedo añadió que la inversión pública ha mostrado históricamente niveles de ejecución inferiores a los gastos de funcionamiento, como salarios y servicios básicos.

El proyecto presupuestario para 2027 permitirá revisar cuánto se asignará al pago de intereses y amortizaciones, cuáles serán las previsiones de recaudación, qué nivel de financiamiento requerirá el Estado y cuánto dinero se destinará a inversión. Esas variables mostrarán cuánto margen conservará el Gobierno para atender sus prioridades sin elevar la presión de la deuda.

El Ministerio de Hacienda informó a través de su Portal de Transparencia que los ingresos tributarios sumaron USD 6,240.8 millones entre enero y agosto. La cifra representa un alza de USD 694.1 millones frente a los USD 5,546.8 millones obtenidos en igual período de 2025, un crecimiento de 12.5%.

El monto también superó en USD 403.2 millones la proyección presupuestaria de USD 5,837.6 millones, una ejecución 6.9% por encima de lo programado. Al sumar los ingresos no tributarios, la Dirección General de Tesorería reportó un total de USD 6.474,4 millones para el Gobierno Central en los primeros ocho meses del año.

El IVA y la renta concentran el 87% de la recaudación

El Impuesto al Valor Agregado (IVA) aportó USD 2.873,1 millones, con un alza de USD 347,2 millones (13.7%) frente a 2025. Las declaraciones internas de ese tributo crecieron 15.9%, mientras que el IVA aplicado a las importaciones subió 11.9%.

El Impuesto sobre la Renta sumó USD 2.763,5 millones, USD 287,6 millones más que el año anterior, para un avance de 11.6%. Dentro de ese componente, las retenciones a empleados aumentaron 7.6% y los pagos a cuenta de las empresas crecieron 13.8%.

Entre ambos tributos concentraron cerca de 87% del total recaudado por el fisco durante el período. El IVA grava el consumo, desde una golosina hasta una compra mayor, mientras que el ISR se aplica a los ingresos de los trabajadores y a las ganancias empresariales.

La deuda pública ronda los USD 35.000 millones

El repunte de la recaudación ocurre mientras la deuda pública se acerca a un nuevo máximo. El economista César Villalona señaló, en una entrevista con la radio YSUCA, que el endeudamiento llegó a USD 34,960 millones hasta julio y que, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría superado los USD 35,000 millones, equivalentes a cerca de 93% del PIB.

El economista atribuyó parte del problema al uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA). Según su análisis, los retiros superan las obligaciones que debían financiar.

El FMI plantea subir el IVA tres puntos

El Fondo pidió al Gobierno reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años. Entre las opciones que se discuten figura elevar el IVA en tres puntos, una medida que, según el economista Villalona, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones adicionales.

“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona ante la radio. El economista advirtió que una suba del IVA encarecería el consumo y golpearía con más fuerza a los hogares de menores ingresos.

Como alternativa, propuso gravar los grandes patrimonios, las propiedades de lujo y los sectores de mayores ingresos. Villalona dudó, sin embargo, de que el Ejecutivo adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.

Impuestos selectivos y aranceles, también al alza

Los impuestos selectivos al consumo —categoría que incluye cigarrillos, bebidas alcohólicas, cerveza, gaseosas, armas y combustible— sumaron USD 172.7 millones, un alza de 7.6%. El mayor incremento se registró en cigarrillos, con un avance de 16.6%, seguido de los productos alcohólicos (7%), la cerveza (6.7%) y las gaseosas (5.4%).

Los derechos arancelarios a la importación totalizaron USD 269.9 millones, USD 25.4 millones más que en 2025, un crecimiento de 10.4%. El rubro de otros impuestos y gravámenes diversos —transferencias de bienes raíces, primera matrícula y primas de seguros— sumó USD 101,7 millones, con una expansión de 20.7% impulsada sobre todo por las transacciones inmobiliarias.

Los ingresos no tributarios, en cambio, mostraron una tendencia distinta. Alcanzaron USD 233,6 millones, con un alza interanual de 11.8%, pero se ubicaron 42.3% por debajo de la meta presupuestaria de USD 404,8 millones para el período.

Un dato dentro de ese rubro llama la atención: los ingresos por emisión del Documento Único de Identidad (DUI) casi se duplicaron, con un crecimiento de 98%. El contraste entre una recaudación tributaria robusta y unos ingresos no tributarios rezagados ilustra la brecha que el Gobierno deberá resolver antes de la revisión del FMI del 1 de octubre, que incluye un desembolso pendiente de USD 140 millones dentro del acuerdo de financiamiento firmado en 2025.

El Gobierno de El Salvador tiene hasta 2027 para presentar la reforma previsional que debía entregar en febrero de 2026, según explicó el economista César Villalona en una entrevista con YSUCA.

El analista afirmó que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aceptó postergar ese compromiso dentro del acuerdo de financiamiento vigente.

Villalona indicó que el acuerdo tiene una duración de 40 meses. Según expuso, comenzó en enero de 2025, tras firmarse a finales de 2024, y concluiría en abril de 2028. El programa incluye compromisos sobre finanzas públicas, transparencia, anticorrupción, reservas monetarias, pensiones y bitcoin.

La prórroga para presentar la reforma ocurre mientras continúa el uso de recursos de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) para cubrir compromisos previsionales, según el análisis planteado por Villalona.

El economista citó un estudio actuarial publicado por el Banco Central de Reserva (BCR), que, de acuerdo con su exposición, alertó que 73% de los recursos administrados por las AFP estaba colocado en deuda estatal.

Villalona señaló que el estudio advertía un posible agotamiento de las cuentas individuales en 2026 y que la cuenta de garantía solidaria podría enfrentar problemas entre 2027 y 2028.

El economista afirmó que el Estado toma recursos de las AFP para cubrir complementos para pensiones mínimas y pagos a jubilados del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) y del Instituto de Previsión Social de la Fuerza Armada (IPSFA).

No obstante, sostuvo que los retiros superan los recursos requeridos para esas obligaciones. Según su planteamiento, en algunos meses los fondos previsionales habrían financiado otras necesidades estatales. Como ejemplo, afirmó que en enero el Estado habría tomado más de USD 100 millones de las AFP, pese a que los retiros mensuales rondarían USD 47 millones.

El ajuste fiscal que plantea el FMI

Además de la reforma de pensiones, Villalona afirmó que el FMI exige un ajuste fiscal para elevar el balance primario del Estado. Explicó que este indicador compara los ingresos con los gastos, sin incluir los intereses de la deuda. Según el economista, el Fondo busca que el balance primario alcance 3.7% del Producto interno Bruto (PIB), un nivel que, aseguró, El Salvador no ha alcanzado.

Villalona indicó que el balance primario fue de 0.04% del PIB en 2024, llegó a 1.9% en 2025 y rondaría 1.4% en 2026. A su juicio, el resultado previsto para este año sigue lejos de la meta planteada por el Fondo, por lo que un ajuste de esa magnitud implicaría nuevos recortes de gasto. Mencionó subsidios, empleo público y servicios sociales entre los rubros que podrían sufrir reducciones.

“Un ajuste de ese tipo implica recortar el gasto drásticamente para cumplir esa meta en el 2027”, afirmó Villalona durante la entrevista en YSUCA. También sostuvo que el FMI ha planteado elevar en tres puntos el impuesto al valor agregado (IVA), una medida que, según su estimación, podría generar entre USD 800 millones y USD 850 millones.

El economista afirmó que un aumento del IVA afectaría el consumo y elevaría los precios, con un efecto mayor en los hogares de menores ingresos.

Como alternativa, propuso gravar grandes patrimonios, propiedades de lujo y sectores de altos ingresos, aunque dudó que el Gobierno adopte medidas tributarias dirigidas a esos grupos.

Villalona sostuvo que las decisiones fiscales más severas podrían aplicarse después de las elecciones. También afirmó que el FMI ha tolerado la postergación de algunas medidas por su posible costo político.

Los recortes presupuestarios desde 2025

Villalona sostuvo que el Gobierno ha cumplido la parte del acuerdo vinculada con el recorte del gasto público. Según explicó, el FMI pidió reducir gastos, aumentar ingresos o combinar ambas medidas por unos USD 1,400 millones en tres años.

El economista afirmó que en 2025 se redujeron los presupuestos de 13 de los 16 ministerios y que solo recibieron aumentos las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Hacienda.

En educación, Villalona indicó que el presupuesto ejecutado equivalió a 3.2% del PIB durante 2025 y contrastó esa cifra con la meta de 4% que el presidente Nayib Bukele había mencionado en intervenciones públicas. También sostuvo que 72 escuelas cerraron ese año y que la matrícula del sistema público disminuyó en unas 8 mil personas estudiantes.

En el área de salud, Villalona señaló el cierre de 52 unidades y afirmó que hubo recortes presupuestarios en varias instituciones estatales. También dijo que más de 7 mil empleados públicos fueron despedidos entre 2025 y 2026, y mencionó al Ministerio de Salud, el Fondo Solidario para la Salud (Fosalud), el Hospital Rosales, el ISSS y otras dependencias.

El economista indicó que el presupuesto ejecutado en 2024 fue de USD 12,736 millones. Para julio de 2026, situó el presupuesto en USD 10,910 millones, una reducción de USD 1,826 millones, equivalente a 17%. Villalona consideró que el Gobierno podría presentar esa disminución como cumplimiento del acuerdo fiscal con el FMI.

La deuda pública y el déficit fiscal

No obstante, Villalona sostuvo que los recortes no han reducido la deuda pública. Afirmó que pasó de USD 19,908 millones al cierre de 2019 a más de USD 32 mil millones en 2024. Según el economista, la deuda pública llegó a USD 34,960 millones hasta julio de 2026 y, con nuevos retiros de fondos de pensiones en agosto, habría alcanzado USD 35 mil millones.

Villalona indicó que la deuda pública ya superaba en USD 2,823 millones el nivel de diciembre de 2024. También sostuvo que pasó de representar 76% del PIB en 2019 a 92% en 2024 y cerca de 93% en 2026. Con base en esas cifras, cuestionó la afirmación del FMI de que El Salvador corrige su desequilibrio fiscal.

Según sus datos, el déficit fiscal fue de 3.2% del PIB en 2024, aumentó a 3.5% en 2025 y rondaría 3.1% en 2026. A juicio de Villalona, el déficit previsto para este año sería similar al de 2024, mientras la deuda pública sería mayor. “La situación financiera del Gobierno está peor que en el 2024”, afirmó.

Los desembolsos del FMI y las reservas internacionales

Villalona explicó que el acuerdo contempla financiamiento por alrededor de USD 1,400 millones. Según dijo, El Salvador había recibido tres desembolsos por unos USD 370 millones.

El economista diferenció esos recursos de otros USD 500 millones previstos para fortalecer las reservas del Banco Central de Reserva y afirmó que esos fondos no son ingresos directos para el Ministerio de Hacienda.

Según explicó, los recursos destinados al BCR servirían como respaldo ante riesgos en el sector externo y una eventual falta de divisas para financiar importaciones. Villalona dijo que El Salvador depende de compras externas: 65% de las importaciones corresponde a materias primas y maquinaria, mientras el 35% restante son bienes de consumo.

El entrevistado señaló que las remesas perdieron dinamismo durante 2026. También afirmó que esa situación refuerza la necesidad de reservas para cubrir las necesidades de importación, dado que una reducción en la disponibilidad de divisas podría afectar tanto la compra de insumos para la producción como el ingreso de bienes de consumo.

Transparencia y compromisos pendientes con el FMI

Villalona afirmó que el acuerdo incluye un capítulo sobre transparencia y anticorrupción y que el Gobierno asumió siete compromisos en esa materia. Entre las obligaciones pendientes mencionó la divulgación del uso de recursos del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres (Fopromid) durante la pandemia de covid-19.

El economista cifró esos recursos en más de USD 800 millones y sostuvo que todavía no existe información pública suficiente sobre su uso.

También afirmó que el Gobierno debía divulgar los nombres de personas y empresas proveedoras del Estado, así como transparentar los refuerzos presupuestarios realizados en años anteriores.

Reconoció la aprobación de una ley anticorrupción y la divulgación patrimonial de algunos funcionarios, pero cuestionó el alcance de esas acciones y afirmó que hay datos imprecisos en la información publicada.

La deuda del Estado con los fondos de pensiones administrados por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) podrían superar los USD 12 mil millones al finalizar 2026, según la proyección del economista César Villalona. Durante una entrevista en YSUCA, sostuvo que esa obligación ejercerá una presión financiera sobre el presupuesto estatal de 2027.

Villalona estimó en USD 3,576 millones los intereses acumulados sobre la deuda estatal con los fondos previsionales entre 2022 y 2026. El economista presentó ese monto a partir de los saldos anuales de la obligación y de una tasa de interés de 7% que, según expuso, el Gobierno debió pagar.

El economista indicó que la deuda previsional cerró 2022 en USD 8,197 millones y que los intereses de ese año ascendieron a USD 574 millones. Para 2023, situó la deuda en USD 9,495 millones, con intereses de USD 665 millones.

Según su exposición, la deuda con los fondos de pensiones alcanzó USD 10,526 millones en 2024 y generó intereses por USD 737 millones. Para 2025, afirmó que el saldo llegó a USD 11,241 millones y que el 7% de intereses representó USD 787 millones.

Villalona proyectó que la deuda superará los USD 12 mil millones al cierre de 2026 y estimó intereses cercanos a USD 840 millones para ese año. Al enumerar los montos que atribuyó a cada período, afirmó: “Los intereses acumulados son USD 574 millones, USD 665 millones, USD 737 millones, USD 787 millones y USD 840 millones. Eso da USD 3,576 millones”.

El presupuesto de 2027 y el costo previsional

Villalona sostuvo que el Gobierno no podría incorporar el pago completo de esos intereses acumulados en el presupuesto de 2027. Según dijo, los USD 3,576 millones equivaldrían a más de 30% del presupuesto estatal de 2026, por lo que dudó de que el Ejecutivo pueda asumir esa obligación de una sola vez.

“Es imposible que el año que viene, sencillamente es imposible, el Gobierno diga: ‘Voy a pagar todos estos intereses acumulados’”, afirmó el economista en la entrevista con YSUCA.

El analista explicó que el presupuesto estatal antes incluía una partida denominada costo previsional. Ese rubro reunía las obligaciones derivadas de los préstamos otorgados al Estado por los fondos de pensiones desde 2007, durante la administración de Antonio Saca.

Según Villalona, el costo previsional dejó de aparecer en los presupuestos desde 2023. Afirmó que tampoco figura en las cuentas de 2024, 2025 y 2026, aunque la deuda con los fondos administrados por las AFP ha seguido aumentando.

El economista consideró que incluso un pago parcial de USD 600 millones o USD 700 millones generaría un problema financiero para el Estado. Mencionó que el Gobierno tendría que buscar recursos mediante recortes en subsidios, empleo público, educación o salud, o a través de un aumento de impuestos.

Las reformas que podrían afectar a trabajadores

Villalona planteó que la futura reforma de pensiones podría modificar parámetros como la edad de jubilación, el número de años requeridos para cotizar y el porcentaje de aporte mensual de trabajadores y empleadores.

El economista señaló que, de acuerdo con las reglas vigentes que mencionó, en El Salvador, los hombres se jubilan a los 60 años y las mujeres a los 55. También indicó que se requieren 25 años de cotización, equivalentes a 300 meses, para acceder a una pensión.

Entre las posibilidades que expuso, mencionó elevar la edad de retiro, ampliar el período de cotización a 30 años o aumentar el descuento aplicado a los salarios. Sin embargo, cuestionó que esas medidas permitan resolver la deuda estatal con los fondos de pensiones.

“No se va a resolver el problema financiero golpeando los parámetros”, sostuvo Villalona. Como ejemplo, calculó que si 3,500 personas dejaran de jubilarse durante un año por una elevación de la edad de retiro, el efecto financiero sería de poco más de USD 20 millones anuales.

A juicio del economista, ese monto sería limitado frente a una deuda que superaría los USD 12 mil millones. También afirmó que una mayor cotización reduciría el dinero disponible para los trabajadores, sin solucionar por sí misma las obligaciones que el Estado mantiene con las AFP.

Villalona recordó que la reforma previsional anterior elevó el aporte patronal y las comisiones cobradas por las AFP. Según las cifras que presentó, las ganancias de las administradoras pasaron de USD 17 millones en 2022 a casi USD 40 millones en 2025.

Para 2026, proyectó que esas utilidades podrían acercarse a USD 55 millones. Dijo que las AFP ya acumulaban cerca de USD 30 millones durante los primeros siete meses del año.

La deuda frente a los ingresos del Estado

Villalona cuestionó que la deuda pública se mida principalmente en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Explicó que el PIB representa el valor de los bienes y servicios generados en un país, pero no equivale a recursos que el Estado pueda utilizar directamente para cubrir sus compromisos.

El economista propuso comparar la deuda con los ingresos corrientes del Gobierno. “¿Con qué tú compararías tu deuda? Yo creo que la compararía con sus ingresos”, planteó durante la entrevista.

Según los datos que citó, la deuda del Gobierno central era de USD 19,054 millones en 2018, mientras los ingresos corrientes fueron de USD 4,953 millones. Con esa relación, sostuvo que el Estado podía cubrir el 26% de su deuda con los ingresos de ese año.

Para 2024, Villalona situó la deuda del Gobierno central en USD 30,345 millones y los ingresos corrientes en USD 7,733 millones. De acuerdo con su cálculo, esos ingresos equivalían a cerca de 25% de la obligación.

Hasta julio de 2026, afirmó que la recaudación estatal llegaba a USD 5,860 millones y que la deuda del Gobierno central sumaba USD 33,112 millones. Con esa proporción, los ingresos solo permitirían cubrir 17.7% de la deuda. “La deuda está más pesada”, afirmó.

Préstamos para pagar deuda e intereses

Villalona afirmó que entre enero y julio de 2026 el Gobierno recibió desembolsos de préstamos por USD 1,460 millones. En ese mismo período, indicó, pagó USD 1,345 millones por obligaciones de deuda, por lo que la diferencia contable entre ambos movimientos fue de USD 115 millones.

El economista sostuvo que 92% de los recursos obtenidos a través de nuevos préstamos se destinó al pago de obligaciones previas. Pese a esos pagos, afirmó que la deuda creció USD 1,211 millones hasta julio de 2026.

Según Villalona, 82% de los pagos realizados durante ese período correspondió a intereses. Explicó que esos desembolsos no reducen el capital adeudado, por lo que el Estado sigue adquiriendo deuda mientras destina la mayor parte de los fondos recibidos a atender vencimientos anteriores.

“Más del 90% del endeudamiento es para pagar deuda”, afirmó. El economista describió esa dinámica como un círculo de deuda para pagar deuda, debido a que el Estado obtiene financiamiento, paga obligaciones e intereses y termina con un saldo mayor.

Déficit fiscal, comercio exterior e inversión

De acuerdo a los datos presentados por el economista, el déficit fiscal del país fue de 3.2% del PIB en 2024, aumentó a 3.5% en 2025 y rondaría 3.1% en 2026.

A su juicio, la cifra prevista para 2026 se mantiene cercana a la registrada en 2024. Añadió que el problema financiero del Estado se agrava porque la deuda sigue creciendo, incluso cuando el déficit fiscal se mantiene o muestra variaciones menores.

Sobre el sector externo, señaló que el déficit de cuenta corriente pasó de 2.7% del PIB en 2024 a 3.5% en 2025. Explicó que esa cuenta reúne los ingresos y salidas vinculados con exportaciones, importaciones, servicios y remesas.

Villalona indicó que el déficit de cuenta corriente creció 27% durante el primer trimestre de 2026. Cuando las salidas superan a los ingresos por comercio, servicios y remesas, explicó, el país necesita cubrir la diferencia mediante endeudamiento o inversión extranjera.

El economista afirmó que el déficit comercial de bienes se duplicó entre 2019 y 2025. Hasta agosto de 2026, cifró la diferencia entre importaciones y exportaciones en USD 8,260 millones, un aumento de 13.4% frente al período anterior.

Villalona proyectó que el déficit comercial podría cerrar 2026 cerca de USD 12 mil millones. Como comparación, recordó que ese saldo negativo era de USD 5,699 millones en 2019.

Sobre la inversión extranjera directa, Villalona afirmó que alcanzó USD 826 millones en 2018 y que no volvió a llegar a ese nivel desde 2019. Según dijo, fue de USD 475 millones en 2025 y cayó 40% durante los primeros tres meses de 2026.

El economista reconoció el crecimiento económico de El Salvador y lo atribuyó a los rubros de construcción, transporte y finanzas. En contraste, afirmó que la actividad de enseñanza cayó 0.3% en 2025; agua y alcantarillado, 0.7%; salud humana y asistencia social, 2.5%; y los planes de seguridad social, 3.7%

El gobernador bonaerense Axel Kicillof terminó su agenda en Nueva York, en la que la centralidad la tuvieron las reuniones orientadas a brindar previsibilidad a los mercados y a los acreedores de la Provincia de Buenos Aires. El mandatario evitó referencias a eventuales candidaturas y concentró sus intervenciones en la situación financiera provincial y nacional.

La escala central del viaje fue un encuentro con fondos de inversión que poseen bonos de la Provincia de Buenos Aires, un grupo con peso propio dentro del sistema financiero por su exposición a la deuda bonaerense. También mantuvo una reunión con representantes de 20 compañías que operan en Argentina.

Según pudo saber Infobae, Kicillof transmitió que la administración provincial cumplirá con los compromisos asumidos. El mensaje estuvo dirigido a despejar dudas sobre los próximos vencimientos y a potenciar el perfil de Kicillof en el escenario internacional con una eventual candidatura nacional. “Igualmente, no le preguntaron qué iba a ser en caso de ser presidente”, confió un testigo de las sucesivas reuniones.

Según pudo reconstruir este medio, los administradores de fondos sí buscaron conocer la mirada del gobernador sobre la situación nacional y sus perspectivas económicas del país. Kicillof respondió con números de la Provincia y remarcó que el distrito que gobierna reúne al 40% de la población argentina. El escenario que trazó fue, de mínima, acuciante.

En las reuniones también surgió una inquietud, aunque sin planteos taxativos, por el calendario de vencimientos de deuda nacional de 2027. De acuerdo con estimaciones de GMA Capital, consultora financiera argentina, ese año los pagos en dólares, que incluyen compromisos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), bancos internacionales y deuda soberana, suman USD 23.621 millones. A ese monto se agregan vencimientos en pesos por $117 billones.

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó en junio que los vencimientos hasta el cierre del mandato de Javier Milei estaban cubiertos. Días antes, el viceministro José Luis Daza había señalado que el equipo económico trabajaba para llegar a 2027 con un margen financiero suficiente. Ese contraste formó parte de las dudas que los fondos buscaron despejar durante las conversaciones con Kicillof.

Ante los tenedores de bonos, el mandatario bonaerense sostuvo que en lo que a él respecta, la Provincia no caerá en incumplimiento y que afrontará sus obligaciones a tiempo y según lo acordado. La definición buscó dar certezas sobre el perfil de pagos de Buenos Aires, en un contexto en el que los inversores siguen de cerca la capacidad de la Argentina y de los distritos subnacionales para atender sus deudas.

Con excepción de BlackRock, los fondos que participaron del encuentro habían ingresado en la reestructuración de la deuda bonaerense. Ese proceso concluyó en 2025, tras una negociación que se extendió durante varios años.

“Los tenedores de deuda entienden que la Provincia funciona, si no, no habrían entrado en el canje”, planteó uno de los participantes de la reunión entre Kicillof y los fondos.

La exposición del gobernador apuntó a ratificar que Buenos Aires cumplirá con las obligaciones que asumió. Entre las firmas que participaron de las reuniones estuvieron Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete, además de BlackRock.

Kicillof también planteó que su visión económica no supone medidas de ruptura con la propiedad privada. De acuerdo con fuentes al tanto de las conversaciones, dejó entrever, con un matiz de ironía, que no habrá expropiaciones “ni nada por el estilo”.

En los distintos encuentros, Kicillof aclaró que no había viajado a Estados Unidos en carácter de candidato. La definición se dio mientras el gobernador buscaba concentrar la agenda en las cuentas provinciales, el esquema de pagos y su evaluación sobre el escenario económico nacional. Pero también luego de lo que fue el acto del Movimiento Derecho al Futuro en Avellaneda.

Varios de los tenedores de bonos y representantes de empresas que participaron de las reuniones ya conocían al mandatario por su paso como ministro de Economía durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner. Esa relación previa, creen quienes estuvieron en la organización de los distintos encuentros, facilitó el intercambio con actores que siguieron la evolución de la deuda de la Provincia y la situación macroeconómica argentina.

Además del encuentro con bonistas, la otra reunión que más interés despertó fue la que incluyó a representantes de unas 20 empresas con presencia en el país. Allí, el eje estuvo puesto en las condiciones de actividad, el escenario macroeconómico y la necesidad de reglas previsibles para las inversiones y la operación de las compañías.

Kicillof buscó responder a las inquietudes de los ejecutivos con una exposición centrada en la situación bonaerense y en las perspectivas de la economía argentina. El mandatario entiende que el paso por Wall Street dejó un resultado positivo, en especial por la posibilidad de explicar de primera mano su posición ante inversores y empresas.

“No se trata de subordinarse como hace Milei”, dicen en el entorno del gobernador, aunque sí dar cuenta de que Kicillof puede moverse en el universo financiero y sentar a distintos empresarios en una mesa, en pleno corazón de la city.

La operación buscó reducir las necesidades de refinanciamiento que la República Dominicana enfrentaba a comienzos de 2027. Para ello, el Gobierno combinó una colocación de deuda por USD 1,600 millones con la recompra de bonos soberanos por USD 1,385.2 millones.

La transacción permitió retirar del mercado una parte de los títulos con vencimiento próximo y reemplazarlos por un bono de mayor plazo. La nueva emisión vencerá en marzo de 2039 y pagará una tasa de 6.85%.

Los bonos adquiridos por el Estado tenían fecha de vencimiento en enero de 2027 y un cupón de 5.95%. La estrategia modificó el calendario de una parte de las obligaciones soberanas, al llevar esos pagos hacia un horizonte posterior.

La operación combinó dos mecanismos: el país obtuvo recursos mediante un instrumento de largo plazo y destinó una parte a recomprar deuda que debía resolverse en menos de cuatro meses. El efecto fue una menor concentración de vencimientos al inicio de 2027, aunque los compromisos pasaron a integrar una obligación con fecha de pago posterior.

La demanda por el bono fue 4.1 veces superior al monto emitido

Las órdenes de compra sumaron USD 6,542.4 millones, equivalentes a 4.1 veces el monto finalmente colocado. El interés de los inversores se produjo en un contexto internacional de volatilidad, incertidumbre y tasas de interés elevadas.

La demanda permitió completar la emisión prevista de USD 1,600 millones. De acuerdo con la información publicada por Diario Libre, los compradores mostraron disposición a adquirir el bono global pese a las condiciones que enfrentaban los mercados financieros.

La recompra también recibió ofertas de venta por parte de los tenedores de los bonos que vencían en enero. Los inversores ofrecieron al Estado cerca del 81.5% del monto que permanecía en circulación de esos papeles.

Esa participación cubrió una proporción sustancial del compromiso próximo a vencer. La operación acerca la deuda pública dominicana a USD 68,000 millones.

El Ministerio describió la transacción como una gestión activa de pasivos

El Ministerio de Hacienda y Economía explicó que la operación reunió la recompra de deuda de corto plazo con la emisión de un bono de mayor duración. La institución señaló que este tipo de transacciones forma parte de la gestión activa de los pasivos públicos.

La cartera sostuvo que las condiciones disponibles permitieron anticipar el retiro de una porción relevante de los títulos que debían pagarse al comienzo de 2027. A cambio, la República Dominicana consiguió financiamiento con vencimiento en marzo de 2039.

Este tipo de manejo no elimina la deuda, sino que cambia las fechas en las que el Estado debe devolver los recursos. En este caso, una parte de los pagos inmediatos se trasladó hacia un plazo más lejano.

El Ministerio indicó que la estrategia busca aprovechar momentos favorables en los mercados financieros. La decisión se enfocó en reducir la necesidad de refinanciar los bonos que tenían un vencimiento cercano.

La nueva emisión tuvo una prima menor que la de los bonos originales

El nuevo bono se colocó con un diferencial de 181 puntos básicos sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos. Esa prima expresa el rendimiento adicional que un país debe ofrecer por encima de la tasa estadounidense para obtener fondos de los inversores.

Los bonos recomprados habían sido emitidos en enero de 2017 con un diferencial de 349 puntos básicos. La brecha entre ambas operaciones fue de 168 puntos básicos.

La diferencia muestra que el margen adicional exigido para la emisión reciente fue menor que el aplicado a los títulos originales. La comparación corresponde, de todos modos, a instrumentos negociados en fechas distintas y con vencimientos diferentes.

La colocación se concretó mientras los conflictos geopolíticos y el aumento generalizado de los precios de los combustibles presionaban a los mercados internacionales. Pese a ese escenario, la República Dominicana logró una prima inferior a la de la deuda que retiró.

El Gobierno vinculó las condiciones con la percepción de riesgo del país

El Ministerio de Hacienda y Economía atribuyó el resultado a una percepción más favorable sobre el riesgo de la República Dominicana. La entidad también relacionó la respuesta de los compradores con la confianza de los inversores en los fundamentos económicos del país.

La prima de riesgo no equivale a la tasa total del bono. El diferencial de 181 puntos básicos corresponde al margen sobre los títulos del Tesoro de Estados Unidos, mientras que el rendimiento fijado para la nueva colocación fue de 6.85%.

La transacción redujo la cantidad de deuda que debía atenderse al inicio de 2027. A partir de la emisión y la recompra, una parte de esos compromisos quedó incorporada a un bono con un plazo de devolución más extenso.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, continúa en Nueva York con su agenda internacional en la que hasta el momento combinó contactos con fondos de inversión, empresas y dirigentes progresistas internacionales, mientras profundizó sus cuestionamientos contra el gobierno de Javier Milei. El mandatario, uno de los posibles candidatos presidenciales de la oposición en las elecciones ejecutivas de 2027, participó este miércoles de un desayuno junto al alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani, y el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez en la apuesta de fortalecer su perfil presidenciable.

Desde Gracie Mansion, la residencia oficial del alcalde de Nueva York, Kicillof presentó a la provincia de Buenos Aires como un contrapunto político y de gestión frente a la administración nacional. En ese escenario, afirmó que el país atraviesa “una enorme crisis” y definió la situación económica como “una catástrofe” desde la llegada de Milei a la Casa Rosada.

El mandatario provincial habló ante referentes internacionales que participaron de la semana de alto nivel de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). También asistieron Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y Mia Amor Mottley, primera ministra de Barbados.

Este miércoles, el propio Milei dio su discurso en la Asamblea General de la ONU. Allí puso el tema de Malvinas sobre la mesa y aseveró que Argentina no aguardará a que el organismo y la comunidad internacional cumplan con su mandato, al anticipar que plantea una política “pacífica, práctica y efectiva” para sostener el reclamo de soberanía sobre las Islas Malvinas.

El presidente pidió que la ONU intervenga ante las medidas unilaterales del Reino Unido en el Atlántico Sur y cuestionó la falta de cumplimiento de las resoluciones referidas a la disputa. “Malvinas es para nosotros una causa nacional”, afirmó.

“La Argentina no se va a sentar a esperar a que la ONU y la comunidad internacional estén a la altura de su propio mandato. Va a tomar cartas en el asunto”, concluyó.

Por su parte, ante líderes progresistas, el gobernador bonaerense sostuvo que existe una imagen extendida en el exterior sobre una presunta recuperación macroeconómica argentina que, según dijo, no se refleja en las condiciones de vida ni en la actividad económica.

“Se ha instalado a través de la propaganda que en Argentina hay un milagro económico”, planteó. Luego contrapuso ese diagnóstico con las consecuencias que atribuyó a las políticas del Gobierno: “Vengo a traer una noticia bastante decepcionante, que es que en Argentina hay una enorme crisis desde que llegó Milei. Se está viviendo no solo un fracaso económico, sino una catástrofe”.

Kicillof mencionó la pérdida de “prácticamente 500.000 puestos de trabajo registrados”, el cierre de 30 mil empresas y el deterioro de salarios, jubilaciones e ingresos populares.

El gobernador hizo hincapié en el peso de la provincia de Buenos Aires dentro de la economía argentina. Recordó que concentra cerca del 40% de la población nacional y el 50% de la industria. También afirmó que su administración enfrenta restricciones financieras de parte de la Casa Rosada por diferencias políticas.

“Milei gobierna exactamente en las antípodas de lo que nosotros pensamos que hay que hacer”, sostuvo Kicillof. A partir de esa definición, enumeró políticas de su gestión en educación, transporte, acceso a alimentos y expansión universitaria.

El mandatario bonaerense dijo que su gobierno inauguró mil escuelas, extendió la obligatoriedad escolar desde los tres años, avanzó en la cobertura para niños de dos años y amplió la jornada educativa. También destacó la gratuidad del transporte público para estudiantes y la apertura de 80 centros universitarios en localidades del interior provincial.

En el plano económico, mencionó el programa Mercados Bonaerenses, que vincula productores y consumidores. Según señaló, ya funcionan 12 espacios de ese tipo en el distrito.

Por su parte, el alcalde de Nueva York planteó que el desayuno debía servir como punto de partida para una cooperación entre gobiernos y países con políticas orientadas a los trabajadores.

“Hoy ha sido un inicio encantador de una relación entre municipios, entre países, todos motivados por lo mismo, que es elevar a las personas trabajadoras”, afirmó Mamdani. El alcalde sostuvo que los avances de una ciudad o una administración pueden ser aprovechados por otros gobiernos.

“Cuando logras un avance en el lugar donde representas a las personas trabajadoras, que otros en otros lugares también puedan aprender de ello, también puedan beneficiarse de ello”, agregó. Mamdani destacó que la ciudad de Nueva York tiene 8.120.000 habitantes y manifestó la voluntad de aprender de experiencias aplicadas en otras partes del mundo.

Sánchez, por su parte, pidió recuperar el internacionalismo como una de las bases de los sectores progresistas. “Durante muchos años, los progresistas hemos olvidado una de nuestras principales características: el internacionalismo”, afirmó.

El presidente español sostuvo que la extrema derecha construyó redes internacionales mientras las fuerzas progresistas dejaron en segundo plano esa dimensión de la política. Por eso, llamó a compartir políticas públicas que tengan impacto sobre la vida cotidiana.

“Necesitamos que todos nosotros fortalezcamos nuestro internacionalismo y nuestra cooperación, porque al final del día vemos que la geopolítica está afectando a la gente común”, dijo Sánchez. Como ejemplo, mencionó el efecto de la situación en Irán sobre los precios de la energía.

Un día antes del desayuno, Kicillof se reunió en Nueva York con representantes de diez fondos de inversión que poseen bonos de deuda reestructurada de la provincia de Buenos Aires. Entre ellos estuvieron Eaton Vance, Vanguard, GoldenTree y Mesarete.

El encuentro reunió a acreedores de la deuda provincial y formó parte de una estrategia para transmitir previsibilidad financiera ante los vencimientos bonaerenses y la discusión política hacia 2027. También participó Javier Timerman, asesor financiero radicado en Nueva York.

A la reunión asistió además BlackRock, pese a que no posee bonos bonaerenses. La firma mantiene una presencia relevante en el sistema financiero global y fue tenedora histórica de deuda soberana argentina. Su participación agregó peso al encuentro, en un contexto en el que Kicillof busca exhibir una relación institucional con inversores y administradores de activos internacionales.

BlackRock tuvo un papel central en la negociación por la reestructuración de la deuda nacional bajo legislación extranjera que llevó adelante el gobierno de Alberto Fernández en 2020. La presencia del fondo en la cita con el gobernador bonaerense mostró el interés por conocer la posición de una figura que aparece entre los nombres con proyección presidencial dentro del peronismo.

Después de la reunión con los acreedores, Kicillof recibió, junto al ministro de Economía bonaerense, Pablo López y de Gobierno, Carlos Bianco, a representantes de empresas vinculadas a la energía, la minería, el petróleo y el gas, la biotecnología, la comercialización de granos y los servicios tecnológicos.

Entre las empresas presentes estuvieron Microsoft, Mastercard, Google, MetLife y Dreyfus. Al gobernador también lo escoltaron el subsecretario de Relaciones Internacionales e Interjurisdiccionales, Juan Manuel Padín y la asesora en Asuntos Internacionales, Cecilia Nicolini.

Kicillof tiene previsto cerrar su agenda de este miércoles con una conferencia en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Allí expondrá sobre las perspectivas de desarrollo de la Argentina, las tensiones geopolíticas y la fragmentación de la economía mundial.

La estrategia económica del Gobierno concentra cuestionamientos por su impacto en la economía y por los riesgos que puede abrir hacia 2027. Carlos Maslatón, abogado y analista político, cuestionó el programa económico de Javier Milei y sostuvo que el Gobierno interviene en el mercado cambiario para sostener la cotización del dólar y las tasas.

“El plan económico está terminado, es un fracaso total”, afirmó en Infobae Al Amanecer. También rechazó que exista una libre flotación cambiaria, es decir, un sistema en el que el valor de la moneda estadounidense se fija solo por la oferta y la demanda.

El analista afirmó que el Estado fija el precio del dólar mediante operaciones en el mercado. En este sentido señaló que el Gobierno busca mantener la cotización cerca de los $1.500.

Para Maslatón, esa intervención impide que el mercado defina por sí mismo el valor de la divisa. “Ellos fijan el tipo de cambio y hacen todas las operaciones de mercado necesarias para que el tipo de cambio sea lo que ellos quieran”, afirmó sobre la política oficial.

El abogado vinculó esa estrategia con la deuda pública. Según planteó, si el Estado no tomara deuda, el valor del dólar sería más alto. “Si ellos se retiraran del mercado y no tomaran deuda, el precio sería mucho más alto que ahora”, señaló.

También cuestionó las tasas de interés elevadas, que son el rendimiento que ofrece el Estado para quienes colocan pesos en instrumentos de deuda. “El Estado emite deuda remunerada”, afirmó. Según explicó, paga tasas de interés “para que le gane al dólar”.

Maslatón consideró que el objetivo de esas medidas es evitar una suba de la moneda estadounidense, aunque sostuvo que el esquema no puede sostenerse. “El tipo de cambio actual es insostenible”, dijo. A su juicio, los recursos oficiales no alcanzan para contener las tensiones cambiarias.

Como alternativa, propuso liberar el mercado cambiario y dejar de usar las tasas con objetivos vinculados al dólar. “Primero que nada, liberaría totalmente el tipo de cambio”, afirmó.

Baja de la inflación y tipo de cambio intervenido

Maslatón aclaró que su cuestionamiento no apunta a una falsificación de las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). “No es que falsifica los números del INDEC”, sostuvo.

Y aclaró que su crítica se concentra en el efecto que atribuye al dólar sobre los precios. “El Gobierno festeja por los números dibujados de inflación que tiene”, afirmó. Según su interpretación, se trata de “una inflación reprimida justamente por tipo de cambio y con los manejos que ellos hacen interviniendo al mercado”.

El abogado sostuvo que el nivel actual de los precios responde a un tipo de cambio artificial y que el escenario cambiaría si ese sistema termina. “La inflación real la vas a ver cuando este sistema económico de tipo de cambio artificial estalle”, dijo.

Al describir su proyección, afirmó que los precios subirían menos que el dólar. También cuestionó la estabilidad macroeconómica que destaca el Gobierno: “Esta estabilidad es producto de una represión de precios artificial de mercado y esto no va a durar”.

Maslatón comparó esta situación con los años 1980, 1988 y 2017. “Antes de que los movimientos reales del mercado se puedan manifestar, los gobiernos siempre describieron una presunta estabilidad”, señaló.

El riesgo país y la renovación de deuda forman parte de sus advertencias

En sus críticas, Maslatón puso el foco en la dirección del riesgo país, un indicador que suele reflejar el costo adicional que enfrenta un país para financiarse frente a Estados Unidos. “El riesgo país va para arriba, no va para abajo”, sostuvo.

El analista señaló que la tendencia del indicador importa más que un valor aislado. “Lo que importa en el mercado es la tendencia, para dónde va”, agregó.

Al mismo tiempo cuestionó la capacidad de Argentina para renovar deuda en forma voluntaria. “El precio exacto del financiamiento de Argentina lo vas a tener cuando Caputo quiera renovar la deuda”, planteó. “Esa deuda no la van a poder renovar”, agregó en referencia al ministro de Economía.

Maslatón sostuvo que los bonos argentinos, que son títulos de deuda, ya completaron una etapa de subas y empezaron a bajar. “Los bonos, desde el 2021 hasta el 2026, describieron un ciclo completo de alza y ahora empezaron a caer”, dijo. Extendió esa evaluación al mercado accionario: “Lo mismo ha pasado con la bolsa”.

El abogado vinculó el mecanismo que cuestiona con políticas aplicadas en otros períodos. Sostuvo que el sistema no rigió durante los diez años del gobierno de Carlos Menem y mencionó a Mauricio Macri, Caputo y Federico Sturzenegger como impulsores de la etapa posterior.

También incluyó en esa continuidad a Alberto Fernández, Sergio Massa y Milei. “Milei, que venía para terminar con esto, decidió continuarlo”, sostuvo.

Escenario electoral adverso para Milei

Maslatón afirmó que su diagnóstico económico tendrá impacto en las elecciones de 2027. “Milei llega mal a las elecciones”, dijo. “Además digo que no va a ganar”, agregó.

Sobre la senadora Patricia Bullrich, sostuvo: “La veo afuera del gobierno”. “No es más oficialismo”, agregó. También consideró que una candidatura suya en 2027 afectaría al Gobierno.

Respecto de Hernán Lacunza, Maslatón dijo: “Parece que es en serio, que quiere jugar”. Sobre el peronismo, identificó al gobernador bonaerense Axel Kicillof como una figura con intención de competir. “El único que está jugando en serio me parece que es Kicillof”, afirmó.

“El gobernador bonaerense está decidido, bien decidido políticamente”, sostuvo Maslatón. A la vez, expresó reservas sobre una eventual propuesta económica del mandatario provincial: “Quiero ver qué plan económico tiene”.

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La presidenta Claudia Sheinbaum destacó que México se encuentra entre los países con menor deuda pública de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a dos años de que inició su sexenio.

“No hay nada de qué preocuparse. Es un manejo responsable y somos de los países de la OCDE con menos porcentaje de deuda respecto a su producto interno bruto”, declaró la mandataria durante la conferencia de prensa “Mañanera del pueblo” de este martes 22 de septiembre.

Sheinbaum respondió a cuestionamientos sobre el crecimiento de la deuda pública y el origen de los recursos para pensiones, becas y otros programas federales. Sheinbaum sostuvo que el Gobierno federal no utiliza endeudamiento para cubrir gasto corriente y señaló que los recursos obtenidos mediante deuda se dirigen a obras de infraestructura.

Deuda pública no financia pensiones ni becas, afirma Sheinbaum

Ante la pregunta sobre si la deuda ha crecido al doble frente a 2017 y qué proporción se destina a programas sociales, Sheinbaum indicó que solicitará la presencia de la Secretaría de Hacienda para exponer el recorrido y las proyecciones del endeudamiento.

La presidenta afirmó que la medición debe considerar la relación entre deuda y producto interno bruto. “No hay gasto corriente en el gobierno o inversión que represente recursos de manera directa que se esté pagando con deuda”, dijo.

Sheinbaum añadió que el uso de deuda está regulado por ley y que se dirige a proyectos de infraestructura. “La deuda se tiene que usar, porque así está la ley, para proyectos de infraestructura y en eso se está utilizando”, sostuvo.

La mandataria también mencionó que hubo cambios del INEGI en el cálculo del PIB, los cuales influyeron en la relación entre deuda y producto interno bruto. Sin embargo, afirmó que el nivel de endeudamiento mantiene una proporción racional.

México se ubica entre los países con menor deuda frente al PIB

La presidenta rechazó que la deuda represente más de 56% del PIB y aseguró que la proporción es menor. Agregó que el Gobierno federal cuenta con una estimación hacia 2030, vinculada con el crecimiento de la economía.

Sheinbaum afirmó que México se encuentra entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico con menor deuda en proporción con su PIB. Incluso, señaló que el país ocuparía uno de los primeros lugares de menor endeudamiento dentro del organismo.

“De los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, somos el tercer país, por ahí, con menos deuda con relación a su producto interno bruto”, declaró.

La mandataria pidió comparar el indicador mexicano con el de otras naciones. Durante su respuesta, mencionó que Estados Unidos tiene una deuda cercana a dos veces su producto interno bruto y que Japón alcanza 90%, de acuerdo con los datos que citó en la conferencia.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó este lunes un dictamen favorable para ampliar en USD 50 millones la garantía soberana vinculada a una línea de crédito del Fondo Social para la Vivienda (FSV) con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

La medida permitirá elevar el monto de la línea global de crédito de USD 53,7 millones a un máximo de USD 103.7 millones. El Ejecutivo, por medio del Ministerio de Hacienda, solicitó autorización para modificar el contrato de garantía soberana que respalda esa operación.

Los recursos están destinados a sostener créditos hipotecarios para vivienda de interés social a través de programas del FSV, entre ellos Vivienda Nueva en Condiciones Especiales, Casa Joven, Vivienda Cercana, Casa Mujer y Vivienda en Altura.

El director general de Inversión y Crédito Público, Marlon Herrera, explicó ante la comisión que el incremento responde a la ejecución de la línea vigente y a la necesidad de mantener disponibles fondos para nuevos desembolsos durante un plazo de hasta 36 meses.

Casa Joven está dirigido a personas de entre 18 y 35 años que buscan comprar una vivienda nueva o usada. Vivienda Cercana apunta a salvadoreños residentes en el exterior y a personas que reciben ingresos desde otros países. Casa Mujer contempla créditos para mujeres jefas de hogar, madres solteras, mujeres solteras y viudas en condición de vulnerabilidad, mientras que Vivienda en Altura financia apartamentos nuevos o usados.

La línea de crédito cuenta con garantía soberana desde 2023. La modificación debe acompañar el aumento autorizado por el BCIE para que el FSV pueda suscribir la ampliación del financiamiento.

Cabañas recibirá USD 2,2 millones para obras en un camino terciario

La comisión también emitió un dictamen favorable a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 2,235,021 al ramo de Obras Públicas y de Transporte.

Los fondos provienen de un convenio de crédito con el Instituto de Crédito Oficial (ICO) de España y se asignarán al proyecto 7004, que prevé mejorar el camino terciario entre el desvío El Zapote, el desvío del caserío La Danta y el Puente de Integración, en la frontera con Honduras.

La obra se desarrolla en el distrito de Victoria, departamento de Cabañas, e incluye la intervención de 14 kilómetros de vía. Según la exposición de Hacienda, los recursos cubrirán el anticipo para la construcción y la supervisión, con trabajos de movimiento de tierra, limpieza, desmonte, nivelación, drenajes, obras de protección y accesos peatonales y vehiculares.

El crédito con el ICO fue aprobado en 2018 por un monto de hasta USD 30 millones para el programa de caminos rurales progresivos y mejoramiento de vías a escala nacional. El organismo extendió el período de desembolsos hasta el 30 de junio de 2028.

Otros USD 11,2 millones reforzarán la reconstrucción de los mercados de San Miguel y Santa Ana

El dictamen N.º 263, también aprobado por unanimidad, avala incorporar USD 11,249,597 al presupuesto del Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT) con fondos del préstamo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), organismo multilateral de desarrollo del Grupo Banco Mundial.

La mayor parte de la asignación se distribuirá entre dos proyectos de reconstrucción de mercados municipales. El mercado de San Miguel recibirá USD 5,013,080 y el de Santa Ana, USD 5,728,686. Otros USD 507,831 se destinarán al fortalecimiento institucional y a la adquisición de bienes y servicios para la unidad ejecutora.

En San Miguel, el proyecto contempla un edificio de tres niveles con capacidad para aproximadamente 1,367 locales comerciales. La intervención en Santa Ana incluye dos edificios de dos niveles, con terraza, para hasta 2.387 puestos de venta, además de áreas administrativas, zonas de carga y descarga y accesos inclusivos.

Los recursos financiarán avances de obra, entre ellos excavaciones, rellenos estructurales, sistemas de recolección de aguas lluvias, fundaciones, losas, columnas, vigas y tabiquería. La partida para fortalecimiento institucional cubrirá equipo informático, licencias de software, auditoría externa y vehículos para supervisar las obras.

Los tres dictámenes deberán pasar al pleno legislativo para su discusión y eventual aprobación.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajará el martes 22 de septiembre a Nueva York, donde buscará fortalecer el vínculo con acreedores y empresarios en medio de las necesidades de refinanciación de la administración bonaerense. La agenda incluirá reuniones con fondos que poseen bonos provinciales, compañías con proyectos en el territorio y una actividad con el alcalde neoyorquino, Zohran Mamdani. De trasfondo, también buscará mostrar una apertura al diálogo frente al mercado y el mundo financiero, en la antesala de las elecciones presidenciales en las que pugna por ser el candidato del peronismo.

La visita coincidirá con la estadía del presidente Javier Milei en Estados Unidos, prevista para participar de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Las actividades de ambos dirigentes serán separadas, aunque la simultaneidad volverá a exponer las diferencias entre la Casa Rosada y la gobernación bonaerense.

Kicillof viajará en carácter oficial y la Provincia afrontará los gastos de la misión oficial. Durante su ausencia, la vicegobernadora Verónica Magario quedará a cargo del Poder Ejecutivo bonaerense. Será luego del acto político que encabece este sábado en Avellaneda, en el que se espera que el mandatario haga un pronunciamiento sólido sobre su eventual candidatura presidencial de cara a las elecciones del año que viene.

El martes, el gobernador mantendrá una reunión con fondos de inversión que poseen títulos de deuda de la provincia de Buenos Aires. También se encontrará con representantes de empresas que ya tienen inversiones o analizan desembolsos en el territorio bonaerense.

El contacto con los acreedores se producirá cinco años después del inicio de la negociación que llevó a la reestructuración de la deuda provincial bajo legislación extranjera. El proceso comenzó el 24 de abril de 2020, después de que la Provincia bordeara el default, y cuyo canje se liquidó el 3 de septiembre de 2021.

La operación alcanzó USD 7.148 millones de capital distribuido en 11 series de bonos emitidos en dólares y euros. La Provincia informó que logró reestructurar o modificar el 97,66% de los títulos incluidos mediante el canje y la aplicación de cláusulas de acción colectiva.

El acuerdo inicial, anunciado en julio de 2021, se alcanzó con el principal acreedor de la Provincia y otros inversores institucionales. El entendimiento destrabó una negociación que había atravesado más de un año de negociaciones y diferencias entre grupos de bonistas.

La reestructuración modificó el calendario de vencimientos de los bonos bajo ley extranjera. Los nuevos títulos alcanzados tienen vencimiento en 2037, mientras que las amortizaciones de capital comenzaron en 2024 para algunas series y están previstas desde 2028 para otras.

Según los términos difundidos en aquel momento, el canje redujo en cerca de USD 4.450 millones los servicios de deuda previstos entre 2020 y 2024, equivalentes al 75% de los compromisos originales para ese período. El Gobierno bonaerense calculó un alivio financiero de alrededor de USD 4.600 millones hasta 2027.

En septiembre de 2025, la administración provincial también había anunciado acuerdos con los acreedores que mantenían litigios en tribunales de Nueva York por bonos no ingresados al canje de 2021. El entendimiento replicó las condiciones de aquella reestructuración y contempló la entrega de bonos A en dólares con vencimiento en 2037, además de pagos en efectivo equivalentes a los servicios devengados desde entonces.

La agenda financiera de Kicillof en Estados Unidos se realizará después del último pago semestral de los bonos internacionales. El 1° de septiembre, la Provincia canceló cerca de USD 420 millones, de los cuales unos USD 191 millones correspondieron a amortización de capital y USD 226 millones a intereses.

Con ese vencimiento, el Gobierno bonaerense informó pagos acumulados por alrededor de USD 3.000 millones desde la reestructuración de 2021. El desglose oficial señala desembolsos por USD 910 millones de capital y USD 2.100 millones de intereses.

El ministro de Gobierno provincial, Carlos Bianco, sostuvo días atrás que la administración bonaerense cumple en tiempo y forma con los vencimientos de los bonos internacionales, que se concentran el 1° de marzo y el 1° de septiembre de cada año. “Ya hemos cancelado desde el año 2021 servicios de bonos externos por un total de tres mil millones de dólares”, afirmó.

“Vamos a continuar cumpliendo las obligaciones que tiene la provincia de Buenos Aires, en muchos casos heredadas del gobierno de María Eugenia Vidal, que irresponsablemente había tomado una cuantiosa deuda en dólares, que ahora nosotros nos estamos ocupando, como siempre hizo el peronismo, de pagar en tiempo y forma”, planteó Bianco días atrás. Las declaraciones también buscan operar como una muestra de lo que podría hacer Kicillof con algunas agendas de orden nacional de cara a las elecciones del año que viene, como por ejemplo el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La búsqueda de interlocución con fondos también ocurre después de que la Legislatura bonaerense sancionara a fin del año pasado un endeudamiento. La norma autorizó al Poder Ejecutivo a tomar deuda por hasta USD 1.045 millones para atender las amortizaciones de la deuda pública.

La ley habilitó, además, endeudamiento por hasta USD 1.990 millones para cancelar o renegociar pasivos, mejorar el perfil de vencimientos, cubrir déficit financiero y financiar proyectos de inversión. La Tesorería General provincial quedó facultada para emitir Letras del Tesoro por hasta USD 250 millones durante 2026.

El miércoles 23, Kicillof participará con Mamdani en un coloquio titulado “Construyendo una economía para la mayoría”. El encuentro podría contar con otros dirigentes internacionales, entre ellos el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. Actualmente, Mamdani está al frente de una demanda contra el gobierno de Donald Trump ante la decisión de negar tarjetas de residencia permanente, conocidas como ‘green cards’, a inmigrantes que reciban ayudas públicas. El alcalde demócrata presentó una demanda ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, para frenar la medida que entrará en vigencia este viernes.

Luego, el gobernador disertará en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Columbia. Allí, según la información oficial, Kicillof “analizará las perspectivas de desarrollo del país, las implicancias del aumento de las tensiones geopolíticas y de la fragmentación económica, y las respuestas de los gobiernos y fuerzas políticas de América Latina ante este nuevo escenario”.

Mientras tanto, Milei tiene previsto hablar ante la ONU y buscará una reunión bilateral con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para poner sobre la mesa el último reclamo por las Islas Malvinas, hecho en cadena nacional luego de que el líder estadounidense manifestara su voluntad de involucrarse en la disputa diplomática entre Argentina y el Reino Unido.

Panamá destinó en agosto aproximadamente $850,3 millones al servicio de la deuda pública, entre amortizaciones, intereses y comisiones. De ese monto, cerca de $510,5 millones correspondieron al pago de capital, $319,7 millones a intereses y poco más de $20 millones a cargos asociados con las operaciones financieras.

Los compromisos externos absorbieron alrededor de $428,1 millones durante el mes. Los organismos multilaterales recibieron $134,2 millones, distribuidos entre $89,6 millones de capital, $43,9 millones de intereses y $0,7 millones de comisiones. Los bonos globales representaron otros $252,3 millones, pagados completamente en intereses.

A la banca comercial externa se destinaron $40,6 millones, de los cuales $21,5 millones correspondieron a intereses y $19,1 millones a comisiones. Los acreedores bilaterales recibieron otro millón de dólares, integrado principalmente por $0,8 millones de amortización y cerca de $0,1 millones en costos financieros.

El servicio de la deuda interna sumó aproximadamente $422,2 millones durante agosto. Las letras del Tesoro concentraron $387,2 millones, casi todo destinado a cancelar capital, mientras las notas recibieron $33,1 millones. Otros $1,9 millones fueron pagados a bancos oficiales, principalmente por intereses vinculados con esas obligaciones.

Aunque el Gobierno desembolsó esa cantidad, el saldo no disminuyó porque durante el mes también obtuvo $433,7 millones mediante nuevas colocaciones y préstamos. Las emisiones incluyeron $369,2 millones en letras del Tesoro, $38,8 millones en notas y $25,7 millones provenientes de organismos multilaterales, además de un ajuste cambiario desfavorable de $54,9 millones.

Con esos movimientos, la deuda pública cerró agosto en $61.918,4 millones, el nivel más alto de la serie presentada. El saldo aumentó $11,1 millones, equivalentes a 0,02%, frente a los $61.907,3 millones registrados en julio, pese a las amortizaciones efectuadas durante el mismo periodo.

La mayor parte del endeudamiento continúa contratada fuera del país. La deuda externa alcanzó $51.883,7 millones, equivalente a 83,8% del total, mientras las obligaciones internas sumaron $10.034,7 millones. Esta composición expone las finanzas públicas a las condiciones internacionales de crédito, aunque Panamá elimina el riesgo de devaluación mediante la dolarización.

El crecimiento interanual fue considerablemente mayor. En agosto de 2025, el saldo se ubicaba en $57.816,1 millones, por lo que aumentó $4.102,4 millones en doce meses, una variación de 7,1%. El avance muestra que el financiamiento nuevo continúa superando las amortizaciones y mantiene ascendente la trayectoria del endeudamiento público.

Entre enero y agosto de 2026, el Estado acumuló pagos por $11.030,4 millones relacionados con la deuda. Esa suma comprende $8.819,6 millones en capital, $2.084,9 millones en intereses y $125,9 millones en comisiones. El volumen refleja tanto obligaciones ordinarias como operaciones de refinanciamiento que elevan los movimientos acumulados.

El peso heredado entre dos gobiernos

Al finalizar junio de 2024, último mes completo del gobierno de Laurentino Cortizo, la deuda pública alcanzaba $51.812,8 millones. La administración había comenzado en 2019 con aproximadamente $26.612,8 millones, lo que significa que durante aquel quinquenio el saldo aumentó cerca de $25.200 millones, equivalente a 94,7%.

El primer cierre mensual del gobierno de José Raúl Mulino, correspondiente a julio de 2024, mostró un saldo de $51.860,5 millones. Comparado con esa referencia, el endeudamiento aumentó $10.057,9 millones hasta agosto de 2026, es decir, 19,4%. Frente al cierre heredado de junio, el incremento alcanza $10.105,6 millones o 19,5%.

Las calificadoras han identificado la carga financiera como uno de los puntos más sensibles de Panamá. Fitch calculó que los intereses absorbieron cerca de 18,8% de los ingresos públicos en 2025, frente a una mediana de 11,4% entre países con calificación BB, y advirtió que esa proporción podría continuar aumentando durante los próximos años.

Fitch mantiene a Panamá en BB+, por debajo del grado de inversión, y proyectó que la deuda consolidada podría alcanzar aproximadamente 64,6% del producto interno bruto en 2027. La agencia reconoce la estabilidad macroeconómica y la dolarización, pero considera que los déficits persistentes y el encarecimiento del servicio limitan la flexibilidad presupuestaria.

Moody’s conserva la calificación soberana en Baa3, aunque ha advertido que su sostenibilidad dependerá de una consolidación fiscal capaz de contener la deuda. La firma proyecta que el indicador podría estabilizarse alrededor de 66% o 67% del PIB, siempre que el Gobierno reduzca gradualmente el déficit y evite nuevas presiones permanentes sobre el gasto.

Standard & Poor’s también ha señalado que el aumento del endeudamiento y de la factura de intereses restringe los recursos disponibles para inversión y servicios públicos. El problema no consiste únicamente en deber más, sino en que cada dólar utilizado para intereses reduce el margen presupuestario, sin disminuir hospitales, escuelas ni otras obligaciones estatales.

La deuda pública de México atraviesa desde la Independencia ciclos de contratación interna y externa, moratorias, renegociaciones y crisis que condicionan las finanzas nacionales.

El estudio La deuda pública en México. Panorama histórico y perspectiva actual, del profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, Héctor Benito Morales Mendoza, ubica el origen de este patrón en la falta de ingresos públicos, los conflictos políticos y el uso de créditos para cubrir obligaciones vencidas.

Antes de la Independencia, la deuda pública de la Nueva España ascendía al menos a 20 millones de pesos en 1808. Para 1814, el cálculo oficial era de 68.4 millones de pesos, más dos millones de intereses vencidos; las obligaciones con corporaciones y particulares que podían considerarse nacionales sumaban 35.4 millones.

El gobierno adquirió préstamos internos por 68 mil pesos en 1814, 76 mil en 1821 y 45 mil en 1823. Ese endeudamiento se desarrolló mientras el sistema fiscal colonial perdía funcionamiento y el nuevo país enfrentaba el proceso de consolidarse como Estado soberano.

En 1822, el ministro de Hacienda, Antonio de Medina, estimó la deuda nacional neta en 45 millones de pesos. El cálculo descontaba 36 millones y añadía 40 millones de deuda reconocida anterior a la Independencia, además de seis millones contraídos durante la lucha independentista.

Los primeros préstamos externos superaron el presupuesto nacional

México contrató en Londres dos préstamos externos casi simultáneos. El 18 de agosto de 1823, el ministro de Hacienda firmó un acuerdo con Barclay, Herring, Richardson and Co., que ofrecía 2.5 millones de libras esterlinas a cambio de una deuda de cuatro millones de libras con una tasa de 6%.

El segundo contrato se firmó con Goldschmith el 7 de febrero de 1824. La firma se comprometió a proporcionar 1.6 millones de libras, equivalentes a ocho millones de pesos, durante los siguientes 15 meses; a cambio, el gobierno emitiría bonos por 3.2 millones de libras a una tasa anual de 5%, pagaderos semestralmente en Londres y amortizables en 30 años.

La obligación derivada de ese acuerdo ascendía a 16 millones de pesos, una cifra superior al presupuesto total de 1824, calculado en alrededor de 15 millones. Esos créditos fueron de los pocos que aportaron dinero fresco al país entre 1824 y 1875, aunque sus condiciones gravosas, la capitalización de intereses y los déficits persistentes impidieron cubrir el servicio de la deuda.

México declaró su primera suspensión de pagos de la deuda externa en 1827. Le siguieron otras en 1832, 1838, 1846, 1847 y 1861, cuando el presidente Benito Juárez propuso detener durante dos años el pago de obligaciones con Inglaterra, España y Francia por un total aproximado de 81.6 millones de pesos.

La medida aprobada por el Congreso el 17 de julio de 1861 incluía 69.9 millones de pesos adeudados a Inglaterra, 9.4 millones a España y 2.8 millones a Francia. Los ingresos públicos se habían dirigido a los gastos de la Guerra de Reforma.

El reclamo de las tres potencias fue usado como pretexto de intervenir militarmente. Los Tratados de La Soledad evitaron inicialmente un conflicto internacional, pero Francia inició después la intervención que impuso a Maximiliano de Habsburgo como emperador.

Maximiliano contrató créditos con banqueros europeos a tasas elevadas para combatir a los republicanos. Tras el triunfo juarista, las autoridades mexicanas repudiaron esas obligaciones y las calificaron como “deuda odiosa o ilegítima”, debido a que financiaron la invasión contra el propio país.

La exclusión de México de los mercados internacionales de capital llevó al gobierno a recurrir a comerciantes y banqueros locales. El endeudamiento interno se contrató en condiciones costosas durante 1837, 1846, 1850, 1852, 1856 y 1861.

Porfiriato devolvió a México al crédito internacional

El acceso al financiamiento externo se reanudó durante el porfiriato, después de varios intentos para renegociar las obligaciones originadas principalmente en 1824 y 1825. Manuel Dublán, entonces secretario de Hacienda, promovió el acuerdo de conversión de deuda externa de 1886.

En 1888, México contrató un empréstito por 10 millones de libras esterlinas entre inversionistas europeos. La operación marcó el regreso del país a los mercados internacionales de capitales; después se contrataron 1.5 millones de libras para la Ciudad de México en 1889, tres millones para ferrocarriles y deudas de corto plazo en 1890, así como otros tres millones para ese mismo tipo de obligaciones en 1893.

De 1890 y 1911, la deuda aumentó 300%, al pasar de 52.5 millones a 441.5 millones de pesos. Una parte se destinó a infraestructura ferroviaria, aunque el análisis sostiene que la expansión favoreció sobre todo a ciertos sectores económicos y a empresas extranjeras hacia el final del porfiriato.

En 1910, más del 70% de la población vivía en comunidades rurales dispersas de menos de 2 mil 500 habitantes y al menos 87% no sabía leer ni escribir. La lucha revolucionaria interrumpió el financiamiento externo, que ya se había vuelto necesario para un país agrario con fuertes carencias sociales.

El último empréstito externo de esa etapa fue el crédito forzoso que obtuvo Victoriano Huerta mediante bancos mexicanos en 1913. Entre 1910 y 1942, la deuda externa aumentó cinco veces y media: pasó de 441.7 millones a 2,471.1 millones de pesos, pese a pagos de intereses por 42.1 millones de dólares entre 1923 y 1927.

Los convenios De la Huerta-Lamont, Montes de Oca-Lamont y Suárez-Lamont buscaron resolver las obligaciones externas. El acuerdo de 1942 redujo la deuda exterior titulada directa, incluidos capital e intereses, de 509.5 millones a 50.5 millones de dólares; posteriormente, la deuda ferrocarrilera quedó sujeta a lineamientos similares.

Por su parte, la deuda interna también incluyó bonos ligados al Ferrocarril Nacional de Tehuantepec, a obras de irrigación y fomento agrícola, así como a sueldos de empleados federales. Los bancos reclamaban créditos por 149.1 millones de pesos, pero la depuración de esa cifra dejó un saldo de 76.4 millones.

La expansión de 1946 a 1982 elevó el costo financiero

De 1946 a 1982, la deuda externa creció a una tasa promedio anual de 21%. Su saldo pasó de representar 1% del PIB en 1946 a 35.9% en 1982, mientras el servicio de la deuda aumentó de 0.9% a 37% de las exportaciones.

En 1972, la deuda alcanzaba 5 mil 065 millones de dólares, equivalentes a 12.3% del PIB. Los intereses representaban 17.7% de las exportaciones de bienes y servicios no financieros y 0.7% del producto interno bruto.

La Constitución estableció desde la reforma del 30 de diciembre de 1946 que los empréstitos debían destinarse a obras que incrementaran directamente los ingresos públicos. Hacia el final de ese periodo los préstamos dejaron de asociarse con proyectos específicos de inversión.

Entre 1973 y 1981, la deuda pública externa creció a una tasa promedio de 29%. El pago de intereses pasó de 8.2% del ingreso corriente de la balanza de pagos en 1973 a 35.4% en 1982.

El análisis atribuyó esa expansión a la disponibilidad de recursos en el mercado del eurodólar, al desarrollo petrolero mexicano, la sobrevaluación del tipo de cambio fijo, la fuga de capitales, las tasas flotantes de una parte de la deuda y el aumento de las tasas de interés en Estados Unidos desde 1979. A finales de 1982, el petróleo representaba 70% de las exportaciones nacionales.

La deuda externa total pasó de 40 mil 389 millones de dólares en 1979 a 87 mil 875 millones de dólares en 1982. La del sector público aumentó de 29 mil 889 millones e dólares a 62 mil 064 millones, mientras la privada pasó de 7 mil 900 millones de dólares a 18 mil millones.

El 20 de agosto de 1982, México decretó una moratoria de seis meses ante la imposibilidad de continuar los pagos. El FMI, la Reserva Federal, el Banco de Pagos Internacionales y el Banco de Inglaterra ofrecieron divisas bajo la condición de que se destinaran al pago de bancos privados y se aplicaran medidas de ajuste estructural.

Además, el programa económico de diciembre de 1982 planteó reducir el déficit fiscal del sector público de 17.9% del PIB a 8.5% en 1983, 5.5% en 1984 y 3.5% en 1985. También proyectaba bajar el déficit de cuenta corriente de 13 mil millones de dólares en 1981 a 3 mil 500 millones en 1983.

Fobaproa y la transición hacia deuda interna

La renegociación vinculada al Plan Brady se formalizó en 1990. Del total de la deuda antigua, 46.6% se intercambió por nuevos títulos con 35% de descuento y tasas flotantes; 46.5% se cambió por bonos sin descuento, con una tasa fija de 6.25%, y 10.9% correspondió a nuevos préstamos.

Entre julio de 1989 y diciembre de 1994, la reducción promedio en el pago de intereses fue de 4.6%, equivalente a 783 millones de dólares. La previsión inicial era disminuir en promedio 1 mil millones anuales, por lo que el resultado financiero fue modesto.

La crisis de 1994-1995 estuvo precedida por el surgimiento del EZLN, la entrada en vigor del TLCAN, el déficit de cuenta corriente, ajustes cambiarios, la devaluación del peso, la fuga de capitales, la reducción de reservas internacionales y la caída de la Bolsa Mexicana de Valores.

El rescate de la banca se canalizó mediante el Fobaproa, posteriormente convertido en el IPAB. En 1998, el Congreso aprobó como deuda pública las obligaciones contingentes originadas por ese mecanismo.

En febrero de 1998, los activos del Fobaproa se estimaban en 552 mil 300 millones de pesos. Al finalizar ese año ascendían a 750 mil millones, sin nuevas compras de cartera bancaria, debido a cerca de 200 mil millones de pesos en intereses capitalizados durante diez meses.

Deuda en el sexenio de Sheinbaum rebasó el 50% del PIB

De 2000 a 2008, la deuda interna representó en promedio 14.6% del PIB, mientras la externa equivalió a 8.4%. La deuda bruta del sector público aumentó de 21.5% del PIB en 2006 a 25.8% en 2008; con ajustes de la SHCP al segundo trimestre de 2009, se ubicó en 34.1%.

El saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público totalizó 5 billones 890 mil 512.8 millones de pesos al cuarto trimestre de 2012, equivalentes a 35.8% del PIB. De esa proporción, 26.5 puntos porcentuales correspondían al financiamiento interno y 9.3 puntos al externo.

Al segundo trimestre del 2026, Hacienda reportó que la deuda pública medida en Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público era de 19 billones 47 mil 660.0 millones de pesos. Esto representa 51% del PIB.

El componente interno sumó 14 billones 916 mil 414.9 millones de pesos, mientras que el externo registró 236 mil 476.5 millones de dólares. Estas cifras representan 39.9% y 11.1% del PIB, respectivamente.

El proyecto enviado al Congreso prevé un esquema de deuda que combina instrumentos locales, bonos en dólares y créditos multilaterales, mientras mantiene habilitada la posibilidad de emitir bajo legislación extranjera. El Gobierno incluyó esa alternativa para 2027, aunque el cuadro de fuentes financieras no incorpora una colocación concreta de bonos Globales ante un escenario internacional cada vez más complicado.

“La mejora de las condiciones domésticas convive con un entorno internacional más exigente para una eventual reapertura plena del mercado externo. La persistencia del conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones en los mercados energéticos y el aumento de los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense incrementaron la volatilidad financiera global y elevaron el costo potencial de nuevas emisiones soberanas”, reza el proyecto de Ley.

La iniciativa plantea un superávit fiscal primario de 1,3% del producto interno bruto (PIB), antes de los pagos de intereses. El programa financiero oficial contempla vencimientos por USD 24.900 millones durante 2027, con más de la mitad concentrada en acreedores privados. En ese contexto, la estrategia apunta a cubrir obligaciones mediante distintas fuentes y a definir cada operación según sus costos.

El Presupuesto autoriza hasta 18% de títulos bajo jurisdicción extranjera

El artículo 42 establece que hasta 18% del monto total destinado a títulos públicos podrá colocarse en moneda y bajo jurisdicción extranjera. Según las estimaciones de PxQ incluidas en la información disponible, ese límite representa cerca de USD 33.700 millones.

La autorización no implica una emisión por ese volumen. El texto habilita al Estado a recurrir a esa vía hasta el tope previsto si el proyecto recibe aprobación legislativa. Una colocación externa de esa magnitud permitiría cubrir los vencimientos en moneda extranjera contemplados para 2027, pero el esquema de fuentes y aplicaciones no registra una emisión de Globales.

La consultora 1816 observó que el cuadro financiero presupuestario supone una emisión bruta de Bonares por alrededor de $19 billones, equivalentes a unos USD 11.000 millones. Esa cifra contrasta con el Programa Financiero 2027 que presentó el ministro de Economía, Luis Caputo, semanas antes, cuando la proyección para Bonares alcanzó USD 5.000 millones en todo el año.

Los Bonares concentran la emisión de deuda en dólares prevista en el cuadro

Portfolio Personal Inversiones detalló que el Presupuesto prevé colocaciones de BONCERes, BONCAPs, LECAPs y BONARes por $19,1 billones. La firma calculó que ese monto equivalía a cerca de USD 12.600 millones al tipo de cambio oficial vigente al momento de su análisis.

Otra estimación difundida junto con el proyecto ubicó los $19,1 billones de BONARes en torno de USD 12.000 millones, con un tipo de cambio de $1.600 hacia fin de año. Las diferencias entre las conversiones responden a las referencias cambiarias utilizadas en cada cálculo, mientras el monto nominal en pesos se mantuvo en $19,1 billones.

Los BONARes son títulos soberanos denominados en dólares emitidos bajo legislación local. La inclusión de estas colocaciones dentro del programa de 2027 refuerza la prioridad que el Tesoro asignó al mercado doméstico para obtener moneda extranjera. El cuadro presupuestario, en cambio, dejó en blanco la eventual emisión de bonos Globales, que cotizan en el exterior y se rigen por jurisdicción internacional.

La ausencia de Globales en esa planilla coincide con el signo negativo incluido en el programa financiero oficial para ese tipo de emisión. Sin embargo, la autorización del artículo 42 conserva la opción de utilizar deuda externa bajo legislación extranjera si las condiciones de mercado cambian o si el Ejecutivo decide recurrir a ese canal.

Los organismos multilaterales aportan USD 6.270 millones al esquema previsto

Según Portfolio Personal Inversiones, el Presupuesto incorporó alrededor de USD 6.270 millones de financiamiento de organismos multilaterales, entre el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF). Esos recursos aparecen como una de las fuentes en dólares previstas para el ejercicio.

El mensaje presupuestario plantea que el financiamiento multilateral, los préstamos de bancos internacionales con garantías de organismos multilaterales, los créditos bilaterales y el mercado doméstico en dólares pueden ofrecer costos inferiores a los que enfrenta una emisión soberana en los mercados internacionales. Bajo esa lógica, el Gobierno mantiene esas alternativas para atender vencimientos de capital e intereses.

El documento oficial también señala que la estrategia de 2027 buscará extender los plazos de la deuda en pesos, mejorar la distribución temporal de los pagos y ampliar la base de inversores. La finalidad declarada es avanzar hacia una estructura de financiamiento compatible con tasas reales sostenibles, en un año electoral.

Durante 2026, el Tesoro utilizó conversiones y canjes voluntarios para desplazar vencimientos en moneda local. El mensaje indicó que la proporción de deuda con privados que vence después de octubre de 2027 subió desde 15% en enero hasta 45% en la actualidad. El documento comparó esa extensión con casi una base monetaria trasladada más allá de las elecciones de octubre de 2027.

El Gobierno plantea un retorno externo sujeto al costo de las colocaciones

La estrategia financiera oficial se apoya en el programa de estabilización iniciado en diciembre de 2023, con anclas fiscal, monetaria y cambiaria. El texto sostiene que el Tesoro buscará alargar la vida promedio de la cartera, reducir el costo financiero y evitar una trayectoria creciente de la relación entre deuda y PIB.

El Gobierno informó que las reservas del Tesoro en pesos y dólares depositadas en el Banco Central (BCRA) pasaron de un equivalente a USD 1.700 millones en enero de 2026 a USD 8.200 millones. Esos fondos se destinarían a cancelar deuda y forman parte del colchón de liquidez mencionado en el Presupuesto.

El mensaje reconoce, a la vez, que las condiciones internacionales complican una reapertura plena del mercado externo. Entre los factores citados figuran el conflicto entre Estados Unidos e Irán, las tensiones sobre los mercados energéticos y el aumento de los rendimientos de los títulos del Tesoro estadounidense.

La información provista señala que el riesgo país alcanzó 508 puntos y que las tasas de los bonos del Tesoro de Estados Unidos superaron 5%, en niveles no registrados desde 2007. Esas variables elevan el costo de una eventual colocación externa para la Argentina.

El proyecto consigna que la vuelta al mercado internacional dependerá de una reducción del riesgo soberano y de las tasas externas. Mientras tanto, el programa contempla emisiones de deuda local, BONARes y desembolsos de organismos multilaterales por USD 6.270 millones, sin incluir una colocación específica de Globales en su cuadro de fuentes financieras.

La deuda bruta de la Administración Central aumentó 0,04% en agosto, por efecto exclusivamente de los ajustes de valuación de bonos que capitalizan al vencimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock subió en USD 195 millones respecto de julio.

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario. Esos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

A eso se sumó la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas entre el BCRA y el Banco Popular de China (PBoC) por RMB 130.000 millones, equivalentes a unos USD 19.000 millones. El plazo de vencimiento se extendió de tres a cinco años, lo que otorgó más previsibilidad a la herramienta que ambas instituciones sostienen desde 2009.

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el Banco Central de la República Argentina (BCRA), con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario

Las consultoras económicas y los medios especializados se concentraron, sin embargo, en la disminución de las compras de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional y del BCRA, en línea con el objetivo de reducir la volatilidad del tipo de cambio como parte de la política antiinflacionaria.

El tipo de cambio utilizado para convertir a dólares la deuda emitida en pesos subió 1,06% en el mes, por debajo de la inflación que ajusta los bonos con cláusula CER, que en julio resultó inferior al 2%. Esa diferencia explicó parte del efecto de valuación que terminó por empujar al alza el stock final de la deuda de la Administración Central.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en agosto la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 28.251 millones. Ese total incluyó financiamiento, canjes y emisiones por USD 12.607 millones, y amortizaciones, canjes y cancela iones por USD 15.644 millones, con un saldo neto antes de ajustes de valuación contractivo en USD 3.036 millones.

Stock según moneda y legislación

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en agosto de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 484.917 millones, de los cuales USD 482.392 millones se encontraron en situación de pago normal.

El dato reflejó la evolución de un pasivo que, en términos nominales, siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos.

En agosto vencieron obligaciones bajo legislación nacional por $17,5 billones y USD 1.001 millones con jurisdicción extranjera (OPC)

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló en un informe que en ese mes se registraron vencimientos de deuda bajo legislación nacional por $17,5 billones, íntegramente correspondientes a capital. A eso se sumaron vencimientos de obligaciones con jurisdicción extranjera por USD 1.001 millones, de los cuales USD 797 millones correspondieron a intereses del préstamo de Facilidades Extendidas del Fondo Monetario Internacional (FMI), USD 99 millones a vencimientos varios de capital de otros organismos internacionales y USD 26 millones a intereses de los títulos Bonar 2027, 2028 y 2029.

Por tipo de legislación, en agosto la deuda en moneda local representó el 66% del total, mientras que el 34% restante correspondió a moneda extranjera. Esa composición mostró el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de julio se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 263 millones y la disminución de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 68 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central bajó en agosto a 60,3%, medio punto porcentual respecto de julio. La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares que elabora el Banco Central a partir de los agregados monetarios.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el FMI, destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.808 millones.

El saldo del préstamo con el FMI aumentó USD 222 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron USD 38 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.717 millones. Por el contrario, las Letras del Tesoro en el BCRA se redujeron USD 1.303 millones.

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 7.933 millones (USD 2.779 millones en divisas y USD 5.154 millones constituidos en pesos), que cayeron USD 1.217 millones, totalizó en agosto USD 476.984 millones. Ese agregado mostró una suba de USD 1.412 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central en el gobierno de Javier Milei aumentó USD 59.623 millones hasta agosto último.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales en el ente monetario, la lectura cambia: bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 33 meses de la presidencia del gobierno de La Libertad Avanza presentó una disminución neta de USD 9.967 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 22.394 millones con organismos internacionales y una baja de USD 32.360 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023 —tras haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos— a 60,3% del producto.

Próximos vencimientos

El informe de la OPC precisa que, en septiembre de 2026, los vencimientos de deuda de la Administración Central en moneda extranjera totalizan USD 1.657 millones: USD 791 millones corresponden a un pago de capital al FMI, USD 537 millones al pago de capital a otros organismos internacionales, USD 263 millones a intereses y USD 38 millones a otros servicios. Los compromisos en moneda nacional suman $16,1 billones, entre Lecap, Boncap dual, Lecer y Bonte dollar linked.

Los vencimientos en el acumulado de los últimos cuatro meses del año suman $87,5 billones en moneda nacional y USD 4.079 millones en divisas

Para octubre, noviembre y diciembre las obligaciones son algo menores. En el acumulado de los últimos cuatro meses del año suman $87,5 billones en moneda nacional y USD 4.079 millones en divisas.

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

Septiembre arrancó con el mercado primario a pleno. Tras un agosto flojo, en el que las colocaciones de empresas y provincias apenas sumaron USD 659 millones —el segundo peor mes desde que las emisiones se destrabaron tras las elecciones legislativas—, las compañías argentinas volvieron a encontrar demanda en el exterior.

Tecpetrol reabrió su ON Clase 10 con vencimiento en enero de 2033 por USD 450 millones, por encima de los USD 300 millones que buscaba inicialmente, a un rendimiento del 7,25% anual. Con esta ampliación, el título alcanzó un monto en circulación total de USD 850 millones.

Dos días después, YPF colocó USD 1.200 millones en su nueva ON Clase XLIV a nueve años, luego de recibir ofertas por cerca de USD 2.200 millones. Esta emisión marcó un hito en la historia de YPF: logró capturar el mayor monto de los últimos once años para una empresa argentina. Además, la tasa efectiva fue del 7,85% anual, con un diferencial contra los bonos del Tesoro americano de 300 puntos básicos, el más bajo obtenido por la compañía en el mercado internacional. Los fondos serán utilizados principalmente para una oferta de recompra sobre las ON con vencimiento en 2027 y 2029, una señal clara de que el objetivo es alargar el perfil de vencimientos a un costo razonable.

Más emisiones hasta fin de año

Para dimensionar la magnitud del fenómeno, vale la pena repasar los números que publicó el BCRA esta semana. Según la última presentación institucional de la entidad, empresas y gobiernos provinciales emitieron USD 20.200 millones desde las elecciones legislativas nacionales —sin incluir las emisiones de esta semana mencionadas arriba— y liquidaron USD 15.800 millones de ese total en el mercado oficial de cambios.

Empresas y gobiernos provinciales emitieron USD 20.200 millones desde las elecciones legislativas nacionales —sin incluir las emisiones de la semana— (BCRA)

Queda, entonces, una brecha de USD 4.400 millones entre lo emitido y lo liquidado, monto sensiblemente superior a los USD 2.300 millones de vencimientos que enfrentarán estos emisores en el segundo semestre de 2026.

A esto se sumaría la potencial emisión de San Juan por alrededor de USD 600 millones. Los motivos detrás de nuestra expectativa son varios: el riesgo país volvió a perforar los 500 puntos básicos (490 pbs), los spreads de crédito en mercados emergentes se mantienen comprimidos, y esperamos que las empresas locales busquen prefinanciar sus necesidades de 2027 para adelantarse a la volatilidad electoral.

Efecto sobre los precios de los bonos

En este contexto, es razonable pensar que otras compañías argentinas con proyectos de inversión en el marco del RIGI aprovechen la oportunidad antes de que el calendario electoral de 2027 empiece a pesar sobre las valuaciones de sus bonos.

San Juan: el debut provincial que nos entusiasma

A pesar de no contar con antecedentes en los mercados internacionales, la provincia de San Juan tiene potencial para convertirse en una de las historias más interesantes del universo subsoberano. En 2025 cerró con un superávit fiscal primario equivalente al 2% de sus ingresos totales, pese a representar un año particularmente adverso para las finanzas provinciales.

El punto central es que ese resultado todavía no incorpora el ciclo minero: las regalías representan apenas entre el 2,3% y el 2,4% de los ingresos, una participación que debería crecer de forma sostenida a medida que entren en producción los proyectos de cobre de gran escala.

De las 24 iniciativas aprobadas bajo el RIGI, cuatro son proyectos mineros ubicados en San Juan, con un capex proyectado de USD 21.700 millones, equivalente al 38,8% de toda la inversión comprometida bajo el régimen.

San Juan tiene potencial para convertirse en una de las historias más interesantes del universo subsoberano. En 2025 cerró con un superávit fiscal primario equivalente al 2% de sus ingresos totales

A esto se suma el reciente anuncio de Vicuña: la empresa se comprometió a realizar antes de fin de año un aporte no reembolsable de USD 250 millones para obras de infraestructura y, una vez operativa la mina, pagará el equivalente al 1,5% de sus ingresos brutos a partir del sexto año de producción, por encima de la regalía provincial del 3 por ciento.

El monto de USD 600 millones que circuló en los medios luce razonable y consistente con un programa ambicioso de infraestructura. Aun asumiendo la colocación completa, los pagos totales de deuda de la provincia rondarían los USD 51 millones anuales, con una cobertura de caja superior a 12 veces, muy por encima de cualquier otro crédito provincial.

Estimamos que la estructura podría replicar la reciente emisión de Neuquén (vencimiento en 2034/35, amortización escalonada de capital y cupón alineado con el rendimiento de colocación).

Al tratarse de su primera incursión en el mercado, y dado que buena parte de la historia minera todavía está en etapa de ejecución, creemos que San Juan debería ofrecer una prima de entre 75 y 125 puntos básicos respecto del Neuquén 2034, que hoy rinde cerca de 7,75 por ciento.

Un rendimiento en la zona del 8,5% anual para un crédito con superávit fiscal, deuda mínima y un ciclo de inversiones sin precedentes nos parece una relación riesgo-retorno muy atractiva, que posiciona a la provincia como una alternativa natural para diversificar carteras concentradas en Neuquén, Santa Fe y Córdoba, nuestros tres créditos preferidos hasta ahora.

¿Qué significa todo esto para el tipo de cambio y el carry?

La reapertura de la ventana de emisiones no es solo una buena noticia para los emisores: es uno de los pilares de nuestra visión de estabilidad cambiaria para los próximos meses. Cada dólar que ingresa por la cuenta financiera vía colocaciones de deuda es oferta adicional en el mercado oficial, que permite al BCRA acelerar el ritmo de compras sin presionar el tipo de cambio.

Septiembre combina ese flujo con otros factores favorables: estimamos que los pagos por importaciones de energía caen unos USD 350 millones respecto de los cerca de USD 800 millones mensuales de julio y agosto por el fin del invierno, la liquidación del agro todavía tiene margen —la soja lleva comercializado el 53,6% de la cosecha, por debajo del promedio de 60,1% para esta altura del año— y el flujo de pago de dividendos al exterior se va normalizando.

El flujo de pago de dividendos al exterior se va normalizando

El principal riesgo para este escenario sigue siendo la demanda de dólares para atesoramiento: el último Balance Cambiario del BCRA, correspondiente a julio, mostró un claro repunte de la formación de activos externos del sector privado. Vale aclarar, sin embargo, que buena parte de lo atesorado está logrando quedarse en el sistema, lo que permite financiar más préstamos en dólares que se liquidan también en el mercado oficial.

Con un tipo de cambio que esperamos estable y tasas en pesos que encontraron un nuevo equilibrio, el carry trade vuelve a ser atractivo. Desde la inyección de liquidez de $1,27 billones del BCRA el 18 de agosto, la caución se estabilizó cerca del 20% Tasa Nominal Anual, el stock de repos de los bancos con el Central aumentó a $2,6 billones y las curvas de tasa fija y CER muestran calma.

A esto se suma que la inflación de agosto desaceleró a 1,7% mensual, lo que permite al gobierno adoptar una postura monetaria menos restrictiva hacia adelante.

En este contexto, nos sentimos más cómodos para sumar duration de manera gradual, aunque entendemos que no todos los inversores quieren asumir riesgo peso puro de cara al calendario electoral. Para ese perfil, nuestro instrumento preferido es el bono dual TMVE8, que paga lo máximo entre un flujo en pesos (Tamar + 678 puntos básicos) y un flujo ajustado por tipo de cambio oficial (dólar linked + 5,6%), con vencimiento el 31 de enero de 2028.

Es la forma de capturar el carry de los próximos meses con un seguro incorporado ante una eventual corrección cambiaria durante el período electoral. Para quienes prefieren evitar el riesgo peso por completo, esperamos que en las próximas semanas la oferta de San Juan permita obtener rendimientos atractivos en dólares de entre 8,5% y 9% anual para niveles de calidad crediticia muy sólidos.

El autor es analista de Research Asset Management de Portfolio Personal Inversiones (PPI)

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf, prendió las alarmas por la situación de las finanzas públicas en Colombia y advirtió que el ajuste fiscal “ya no puede postergarse”. Aunque el organismo reconoce que el nuevo proyecto de Presupuesto para 2027 refleja mejor las necesidades reales de gasto, señaló que el déficit y la deuda siguen en aumento.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, el nuevo proyecto de presupuesto para 2027 asciende a $635 billones, equivalentes al 29,9 % del Producto Interno Bruto, PIB. La cifra representa $59,2 billones más que la propuesta inicial presentada en julio por el gobierno anterior.

Ese aumento reconoce gastos que no estaban completamente financiados, entre ellos salud, pensiones, nómina pública, subsidios de gas y energía, universidades y el fondo de combustibles. Sin embargo, para el Carf, el problema fiscal del país va más allá del tamaño del presupuesto.

Déficit y deuda siguen al alza

Para 2027, el Gobierno y el Carf proyectan un déficit de 4,5 % del PIB, muy por encima del 0,5 % previsto inicialmente. Además, el déficit total se acercaría al 10 % del PIB, una cifra que refleja la presión creciente sobre las cuentas públicas.

El comité también advirtió que la deuda neta llegaría a 67 % del PIB, cerca del límite establecido por la regla fiscal. Ese nivel reduce el margen de maniobra del Estado y puede aumentar los costos de financiamiento en los próximos años.

La preocupación no se limita al balance presupuestal inmediato. El Carf alertó que existen riesgos adicionales relacionados con mayores gastos en salud y pensiones, el impacto del fenómeno de El Niño y los recursos que se necesitarán para atender la emergencia por el terremoto.

Un mayor nivel de deuda también puede traducirse en primas de riesgo más altas, mayores tasas de interés y más necesidades de financiamiento. Ese escenario, según la advertencia, puede generar un círculo que complique todavía más la sostenibilidad fiscal del país.

El diagnóstico del comité llega en medio de una discusión presupuestal marcada por la necesidad de sincerar gastos, conseguir nuevas fuentes de ingresos y revisar el tamaño del gasto público. Aunque el nuevo presupuesto reconoce obligaciones que antes no estaban plenamente financiadas, el Carf insiste en que esa corrección debe ir acompañada de medidas estructurales.

Piden ajuste estructural y permanente

Para el Carf, Colombia necesita un ajuste fiscal creíble, estructural y permanente, tanto por el lado del gasto como por el de los ingresos. El Gobierno había anunciado una corrección equivalente a 2,2 % del PIB, pero el comité advirtió que el ajuste no puede depender de medidas temporales, aplazamientos o decisiones que solo posterguen el problema.

La sostenibilidad de las finanzas públicas, según el organismo, exige decisiones de fondo que permitan frenar el crecimiento de la deuda y reducir el déficit de manera duradera. La advertencia apunta a que el país no puede seguir financiando obligaciones permanentes con recursos inciertos o transitorios.

“Corresponde al Gobierno presentar oportunamente las alternativas de ajuste; su decisión requerirá de la aprobación del Congreso de la República y de la participación responsable de los demás actores institucionales y de la sociedad”, señaló el comité.

El Carf añadió que la sostenibilidad fiscal es un principio constitucional y “un bien público de todos los colombianos”, por lo que las medidas necesarias para preservarla no pueden seguir aplazándose.

La discusión ahora queda en manos del Gobierno y del Congreso, que deberán definir cómo financiar el Presupuesto de 2027 y qué medidas adoptar para contener el deterioro de las cuentas públicas. El reto será equilibrar la atención de necesidades urgentes, como salud, pensiones, subsidios y reconstrucción por el terremoto, con la obligación de evitar que la deuda siga acercándose a niveles de mayor riesgo.

El mensaje del Carf es claro: reconocer los gastos reales es un primer paso, pero no basta. Sin un ajuste permanente en ingresos y egresos, el país podría enfrentar más presión por intereses, menor confianza fiscal y menos espacio para responder a nuevas emergencias económicas o sociales.

El coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, advirtió sobre el nivel de endeudamiento contemplado para el próximo ejercicio y sostuvo que las finanzas nacionales enfrentan un escenario de riesgo.

Paquete Económico 2027: Rubén Moreira alerta por deuda y advierte riesgo para las finanzas de México

El coordinador del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, cuestionó las cifras de endeudamiento previstas en el Paquete Económico 2027 y advirtió sobre el escenario que, desde su perspectiva, enfrenta el país en materia de finanzas públicas.

“México va directito a quebrar”, afirmó el legislador al referirse al crecimiento de la deuda y a las previsiones financieras planteadas para el próximo año.

Durante sus declaraciones, Moreira señaló tres aspectos que, dijo, generan preocupación: el endeudamiento, el incremento de la deuda y la falta de claridad en algunos de los mecanismos de recaudación contemplados por el Gobierno federal.

“Segundo que nos preocupa, eh, el endeudamiento. O sea, México va directito a quebrar. El gobierno está ya quebrado. Y esto es que cómo se ha incrementado la deuda en el país. Y la tercera cosa que nos preocupa es la falta de claridad de estos instrumentos recaudatorios que se están poniendo en práctica”, expresó.

Paquete Económico 2027 contempla deuda equivalente a 55% del PIB

El cuestionamiento del coordinador priista ocurre después de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregara al Congreso de la Unión el Paquete Económico 2027, que incluye la Ley de Ingresos, el proyecto de Presupuesto de Egresos y modificaciones a distintas disposiciones fiscales.

De acuerdo con los Criterios Generales de Política Económica, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la medida más amplia de deuda pública, llegaría a 55% del Producto Interno Bruto (PIB) durante 2027.

Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) se ubicarían en 3.9% del PIB, mientras que el déficit presupuestario sería equivalente a 3.4% del PIB.

La oposición también ha cuestionado estas cifras. El coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve Baños, señaló que la deuda pública podría alcanzar los 21 billones de pesos y cuestionó que el Gobierno contemple un gasto superior a los ingresos.

Por su parte, el coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, advirtió sobre el crecimiento de la relación entre deuda y PIB y planteó un escenario de riesgo si el indicador llegara a 60%.

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis Donaldo Colosio Riojas, criticó el nivel de gasto y la política financiera de la administración federal.

Los principales datos financieros previstos para 2027

• El crecimiento económico estimado es de entre 1.5 y 2.5%.
• La inflación prevista al cierre del año es de 3%.
• El tipo de cambio estimado es de 18 pesos por dólar.
• El déficit presupuestario se ubicaría en 3.4% del PIB.
• Los RFSP alcanzarían 3.9% del PIB.
• El SHRFSP llegaría a 55% del PIB.
• Los ingresos presupuestarios serían de 9 billones 156.5 mil millones de pesos.
• El gasto neto pagado ascendería a 10 billones 515 mil millones de pesos.

Gobierno prevé aumentar ingresos sin crear nuevos impuestos

Frente a las críticas, el Gobierno federal sostiene que el Paquete Económico 2027 no contempla nuevos impuestos ni un aumento generalizado de las tasas existentes.

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que tampoco se prevén incrementos en los precios de las gasolinas y el diésel.

Según explicó, una parte importante del crecimiento de los ingresos provendría de medidas para combatir la evasión y la elusión fiscal, particularmente aquellas relacionadas con facturas falsas y operaciones simuladas.

Hacienda estima que los ingresos tributarios alcanzarán 6 billones 263.9 mil millones de pesos en 2027, lo que representaría un crecimiento real de 5.9% frente al cierre estimado de 2026.

La recaudación tributaria equivaldría a 15.9% del PIB, mientras que los ingresos presupuestarios representarían 23.2%.

Aunque no se plantea una nueva tasa general del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), Hacienda calcula una recaudación de 828.3 mil millones de pesos por este concepto, 10.5% más en términos reales que el cierre estimado de 2026.

De esa cantidad, 538.5 mil millones de pesos corresponderían al IEPS de gasolinas.

Más gasto social mientras oposición cuestiona endeudamiento

El proyecto prevé un gasto neto de 10 billones 515 mil millones de pesos, equivalente a 26.7% del PIB. El gasto programable devengado sería de aproximadamente 7 billones 432.5 mil millones de pesos.

Hacienda plantea incrementar los recursos destinados a educación, ciencia, salud y seguridad. Las variaciones señaladas respecto al presupuesto de 2026 son de 10.7%, 13%, 11.3% y 11.5%, respectivamente.

Además, se contempla más de un billón de pesos para los Programas para el Bienestar.

Entre los montos previstos están 543.5 mil millones de pesos para la Pensión para Adultos Mayores, 37.4 mil millones de pesos para la Pensión para Personas con Discapacidad Permanente y 210.6 mil millones de pesos para programas y becas educativas.

La inversión física aumentaría 3.5% real, hasta aproximadamente un billón 26.5 mil millones de pesos, mientras que la inversión total disminuiría 12.3% debido principalmente a una reducción de la inversión financiera.

El Gobierno también plantea recursos para infraestructura, energía, carreteras, puertos, obras hidráulicas y proyectos ferroviarios.

El Paquete Económico 2027 deberá ser analizado y discutido por el Congreso de la Unión.

Del monto planteado, 1 billón 700 mil millones de pesos corresponden a endeudamiento interno neto del Ejecutivo Federal y 13 mil 500 millones de dólares a deuda externa neta. Con el tipo de cambio de 16.9237 pesos por dólar usado este 8 de septiembre en el documento, el componente externo equivale a 228 mil 469 millones 950 mil pesos .

Anaya difundió un video en sus redes sociales en el que señaló que lo más preocupante del Paquete Económico es “la megadeuda de Morena”. El panista sostuvo que el documento es muy amplio, pero centró su mensaje en el crecimiento del saldo de la deuda durante los gobiernos morenistas.

Anaya asegura que la deuda se duplicó desde la llegada de Morena

Según lo dicho por el legislador, el total de la deuda acumulada de todos los gobiernos anteriores a Morena ascendía a 10.55 billones de pesos cuando ese partido llegó al poder en 2018. Afirmó que de 2018 a la fecha esa cifra llegaría a 21.66 billones, lo que, en su interpretación, significa que en siete años se duplicó el total de la deuda acumulada en más de 200 años de vida independiente del país.

En el video, Morena fue el blanco central de sus señalamientos. Anaya dijo: “En siete años duplicaron el total de la deuda acumulada en el país en 200 años. De ese tamaño es la irresponsabilidad de Morena”.

El senador también cuestionó el destino del financiamiento. Aseguró que 1.6 billones se usarían “solamente para pagar los intereses de la deuda vieja” y remató con una advertencia política: “Si seguimos por esta ruta, no tengan ninguna duda, Morena va a quebrar el país”.

Hacienda plantea una combinación de deuda interna y externa para 2027

La propuesta oficial para 2027 fue presentada el pasado 8 de septiembre por el secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, dentro del Paquete Económico. El planteamiento combina deuda interna y externa para cubrir las necesidades del Presupuesto de Egresos.

De acuerdo con el documento, la estrategia del gobierno se concentra en emisiones en el mercado local, a tasa fija y de largo plazo. Ese diseño colocó el mayor peso del endeudamiento en el componente interno, mientras la parte externa quedó fijada en 13 mil 500 millones de dólares.

Sheinbaum plantea para 2027 una deuda pública neta de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos

El gobierno de Claudia Sheinbaum propone para 2027 una deuda pública neta de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos para financiar el Presupuesto de Egresos y sostener una estrategia de colocación concentrada en el mercado local, de acuerdo con el Paquete Económico.

La propuesta proyecta que la economía mexicana crecerá entre 1.55% y 2.5% en términos reales durante 2027, en un escenario que el documento ubica bajo presión sobre las finanzas públicas. También prevé un déficit de 3.9% del PIB como parte de la consolidación fiscal que, según Hacienda, continuará el próximo año.

Mayor parte del financiamiento se concentra en créditos internos

El proyecto enviado al Congreso pide autorización legislativa para contratar créditos, empréstitos y otras formas de financiamiento público durante 2027. Ese margen abarcaría tanto gasto presupuestario como operaciones de canje o refinanciamiento.

La política de financiamiento para 2027 mantiene como eje obtener el menor costo posible con manejo adecuado de riesgos. Para ello, el documento plantea privilegiar emisiones en el mercado interno, a tasa fija y de largo plazo.

El Paquete también incluyó reglas para mover el endeudamiento entre mercado interno y externo sin ampliar el monto global. La SHCP podría contratar más deuda interna por un monto equivalente a un menor uso de deuda externa autorizada, y a la inversa, si las condiciones de los mercados financieros resultan más favorables.

Por su parte, el crédito externo del sector público federal se plantea como complemento y se reservaría para momentos en que las condiciones en los mercados internacionales sean competitivas. Ese rubro se refiere al Gobierno Federal y a la banca de desarrollo, con el objetivo de diversificar y ampliar la base de inversionistas.

Hacienda también prevé continuar con instrumentos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con criterios ambientales, sociales y de gobernanza. La dependencia sostuvo que esa ruta fortalecerá la sostenibilidad de la deuda y contribuirá a la estabilidad macroeconómica.

El documento fija nueve líneas de acción para la estrategia de deuda. Entre ellas están cubrir las necesidades del Gobierno Federal principalmente en el mercado local, usar el crédito externo de forma estratégica y complementaria, mejorar el perfil de vencimientos con manejo de pasivos y desarrollar referencias y curvas de rendimiento en los mercados interno y externo.

La Asamblea Legislativa de El Salvador autorizó este miércoles una reforma a la Ley de Presupuesto 2026 para incorporar USD 97 millones destinados a reforzar las asignaciones de 13 instituciones públicas, con el objetivo de atender compromisos previstos para los últimos meses del ejercicio fiscal.

La modificación fue aprobada con 57 diputados durante la sesión plenaria número 125, según la información proporcionada por el órgano legislativo. El Ministerio de Hacienda indicó que los recursos proceden de una disponibilidad de emisión de títulos valores.

El refuerzo contempla partidas para gastos de funcionamiento, compromisos institucionales, programas sociales, logística, seguridad, gestión ambiental y promoción turística. Por una parte, la mayor asignación corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), que recibirá USD 37 millones para fortalecer los agromercados y cubrir necesidades logísticas.

Mientras que, el Ministerio de Seguridad Pública y Justicia tendrá una incorporación de USD 31,189,835. Los fondos estarán dirigidos a la gestión del proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad y al cumplimiento de condiciones mínimas durante las detenciones.

La cartera de Gobernación y Desarrollo Territorial contará con USD 19 millones para acciones de fortalecimiento institucional y territorial vinculadas a la ejecución de políticas públicas.

A su vez, la Fiscalía General de la República (FGR) recibirá USD 2.7 millones para atender compromisos relacionados con litigios internacionales y con el funcionamiento de la institución.

El Ministerio de Turismo dispondrá de USD 3,085,165 para financiar eventos internacionales y respaldar iniciativas del sector turístico. El Ministerio de Economía tendrá USD 1.5 millones para obligaciones institucionales, mientras que el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte recibirá USD 1.3 millones con el mismo fin.

La reforma también prevé USD 1,225,000 para el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN). Esa partida estará destinada a gastos de funcionamiento vinculados con prevención de riesgos y educación ambiental.

Cinco entidades descentralizadas también tendrán refuerzos

Entre las instituciones descentralizadas incluidas figura la Dirección de Integración, que contará con USD 10 millones para el programa “Florecimiento Salvadoreño”. La asignación cubrirá servicios de transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas.

El Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN) recibirá USD 1,189,835 para sostener el proyecto de emisión gratuita del Documento Único de Identidad (DUI) para quienes realizan el trámite por primera vez.

El Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco) tendrá USD 1.5 millones para fortalecimiento institucional. La Autoridad Nacional de Residuos Sólidos obtendrá USD 1.3 millones para asegurar la continuidad de sus operaciones en materia de gestión integral de desechos.

Por último, la Corporación Salvadoreña de Turismo (Corsatur) contará con un monto de USD 2 millones para ejecutar acciones de promoción del país como destino turístico y atraer visitantes e inversionistas.

La información oficial señala que la reforma aprobada distribuye USD 97 millones. Ese monto coincide con la suma de las ocho asignaciones destinadas a la FGR y a los ministerios de Agricultura y Ganadería; Seguridad Pública y Justicia; Gobernación y Desarrollo Territorial; Obras Públicas y de Transporte; Economía; Medio Ambiente y Recursos Naturales; y Turismo.

El secretario de Hacienda y Crédito Público en México, Édgar Amador Zamora presentó este miércoles el Paquete Económico 2027, el cual destaca principalmente por la proyección de crecimiento económico de 2% para el siguiente año.

Durante la mañanera del pueblo este 9 de septiembre, el funcionario señaló algunos puntos clave para entender las acciones que se implementarán en materia financiera en los próximos meses, incluyendo temas sobre deuda pública, déficit comercial e inversiones.

Además, en el documento se plantea invertir más recursos en programas sociales, así como un incremento en el presupuesto en educación, ciencia, salud y seguridad.

Lo más relevante del Paquete Económico 2027

La exposición de este proyecto se da en un contexto de incertidumbre marcado por factores geopolíticos, la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), acuerdos comerciales y un crecimiento del gasto público.

De acuerdo con el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, estos son los 15 puntos clave de la estrategia económica mostrada por el Gobierno de México, que busca fortalecer la creación de empleos y mejorar el bienestar de las familias mexicanas:

1. Escenario macroeconómico

• Los Criterios Generales de Política Económica (CGPE) plantean un escenario relativamente alineado con las expectativas del mercado.
• Se estima un crecimiento económico de entre 1.5% y 2.5% para 2027.
• La tasa de interés prevista es de 6.0%.
• El tipo de cambio se calcula en 18.0 pesos por dólar.
• El precio estimado del petróleo es de 61.8 dólares por barril.

2. Requerimientos Financieros del Sector Público

• Los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP) representarían 3.9% del PIB.
• El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) subiría a 55.0% del PIB en 2027.
• El nivel previsto sería 3.6 puntos porcentuales superior al aprobado para 2026.
• Para 2032, el indicador llegaría a 56.5% del PIB.

3. Costo financiero de la deuda

• El costo financiero de la deuda se estima en 4.0% del PIB.
• El monto sería 2.9% menor en términos reales respecto de lo aprobado para 2026.
• Para 2032, se proyecta que el costo de la deuda represente 3.7% del PIB.

4. Ingresos presupuestarios

• Los ingresos presupuestarios alcanzarían 9.2 billones de pesos, equivalentes a 23.2% del PIB.
• La cifra supondría un incremento de 1.7% frente a lo aprobado para 2026.
• La recaudación tributaria sería la principal fuente de recursos, con 6.26 billones de pesos.
• Los ingresos tributarios registrarían un aumento anual de 3.9%.

5. Cambios tributarios y derechos federales

• Se proponen mayores controles a las deducciones empresariales.
• Se plantean límites para intereses, pérdidas fiscales y pagos al extranjero.
• Se eliminaría el régimen opcional para grupos de sociedades.
• Se ampliaría el Régimen Simplificado de Confianza (RESICO).
• Se mantendrían los estímulos para la repatriación de capitales y la inversión.
• También se contemplan modificaciones a la retención aplicable a los intereses.
• Se actualizarían cuotas y derechos federales en servicios migratorios, telecomunicaciones, transporte, regulación, medio ambiente, cultura y supervisión financiera, entre otros sectores.

6. Ingresos petroleros y transferencias

• Los ingresos petroleros disminuirían 20.8% frente a lo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.
• Las transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo (FMP) se reducirían 12.2%.
• Los ingresos de Petróleos Mexicanos (Pemex) caerían 22.9%.
• El Gobierno Federal contempla apoyos por 88.7 mil millones de pesos para Pemex y 90.4 mil millones de pesos para la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

7. Gasto neto total

• El gasto neto total ascendería a 10.6 billones de pesos, equivalentes a 26.7% del PIB.
• Esto representaría un crecimiento real de 1.1% respecto de lo aprobado para 2026.
• El gasto programable aumentaría 1.5%.
• El gasto no programable crecería 0.2%.
• El Instituto Nacional Electoral (INE), Agricultura y Marina tendrían incrementos presupuestales superiores a 10%.

8. Gasto federalizado

• El gasto federalizado llegaría a 3.05 billones de pesos.
• El monto sería 4.6% mayor al de 2026 y equivaldría a 7.7% del PIB.
• Las Participaciones aumentarían 3.0%.
• Las Aportaciones registrarían un incremento de 5.9%.

9. Pensiones

• El gasto destinado a pensiones alcanzaría 2.5 billones de pesos, equivalentes a 6.3% del PIB.
• Las pensiones contributivas tendrían un incremento previsto de 4.6%.
• Las pensiones para el bienestar aumentarían 0.1%.
• Hasta julio de este año, las pensiones contributivas acumulaban un crecimiento de 5.1%.

10. Salud

• El gasto total en salud sería de 1.2 billones de pesos.
• El monto representaría un incremento real de 12.7% respecto de lo aprobado para 2026.
• Los recursos equivaldrían a 2.9% del PIB.
• La Secretaría de Salud tendría un aumento real de 4.8%.
• El presupuesto del IMSS-Bienestar crecería 21.1%.

11. Educación, ciencia y cultura

• El gasto destinado a educación, ciencia y cultura alcanzaría 1.4 billones de pesos.
• Esto representaría un aumento real de 7.2% frente a 2026.
• El monto equivaldría a 3.5% del PIB.
• El presupuesto de la UNAM aumentaría 1.0%.
• Los recursos del IPN crecerían 7.1%.
• El presupuesto de la UAM subiría 3.5%.

12. Inversión

• Se propone una inversión de 1.1 billones de pesos.
• El monto representaría 10.7% del gasto neto total y 2.9% del PIB.
• La cifra sería 12.3% menor a la aprobada para 2026.
• Se plantea crear el Anexo Transversal de Acciones para la Movilidad y Seguridad Vial, con 175 mil 45.5 millones de pesos.

13. Energía y medio ambiente

• La reducción real de 69.0% en el presupuesto de la Secretaría de Energía (Sener) estaría relacionada con un menor apoyo financiero a Pemex.
• El gasto de Pemex disminuiría 1.3%.
• El presupuesto de la CFE bajaría 8.5% en términos reales.
• En contraste, los recursos de la Semarnat aumentarían 5.3%.

14. Anexo Transversal 31: Consolidación de una Sociedad de Cuidados

• Se contemplan 475 mil 959.7 millones de pesos, una reducción de 1.6% frente a 2026.
• La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores (PBAM) concentraría 29.6% del total.
• La Beca Universal de Educación Básica Rita Cetina representaría 28.1%.
• La Pensión Mujeres Bienestar concentraría 12%.
• Bienestar y Educación Pública reunirían 80.2% de los recursos del anexo.

15. Anexo Transversal 13: Igualdad entre Mujeres y Hombres

• El anexo contaría con 636 mil 133.1 millones de pesos, un incremento de 2.9% respecto de 2026.
• El componente denominado Mujeres representaría 0.3% del total.
• Se propone crear el Anexo Transversal 33: Diversidad Sexual y de Género, con 43 mil 369.4 millones de pesos.
• La Secretaría de Educación Pública (SEP) concentraría 64.3% de esos recursos.
• El IMSS-Bienestar recibiría 13.8%.
• Bienestar concentraría 12.5%.

El gobierno de Claudia Sheinbaum propone para 2027 una deuda pública neta de 1 billón 928 mil 469 millones 950 mil pesos, una cifra que combina endeudamiento interno y externo para financiar el Presupuesto de Egresos y mantener una estrategia centrada en emisiones en el mercado local, a tasa fija y de largo plazo, según el Paquete Económico presentado este 8 de septiembre por el secretario de Hacienda Édgar Amador Zamora.

Del total planteado,1 billón 700 mil millones de pesos corresponden a endeudamiento interno neto del Ejecutivo Federal y 13 mil 500 millones de dólares a deuda externa neta. Con el tipo de cambio de 16.9237 pesos por dólar usado este 8 de septiembre, ese componente externo equivale a 228 mil 469 millones 950 mil pesos.

La iniciativa enviada al Congreso también contempla reglas de flexibilidad para mover el endeudamiento entre mercado interno y externo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá incurrir en mayor deuda interna por un monto equivalente a un menor uso de deuda externa autorizada, y a la inversa, si las condiciones de los mercados financieros resultan más favorables.

El Paquete Económico prioriza mercado interno, tasa fija y plazos largos

La política de financiamiento para 2027 mantiene como eje obtener el menor costo posible con manejo adecuado de riesgos. Para eso, el documento plantea privilegiar emisiones en el mercado interno, a tasa fija y de largo plazo.

El plan también prevé continuar con instrumentos alineados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y criterios de Ambiental, Social y de Gobernanza, con la intención de canalizar recursos a actividades con efectos sociales y ambientales positivos. Hacienda sostuvo que esa ruta fortalecerá la sostenibilidad de la deuda y contribuirá a la estabilidad macroeconómica.

Entre los lineamientos incluidos en el documento aparecen nueve puntos:

1. Cubrir las necesidades del Gobierno Federal principalmente en el mercado local.
2. Usar el crédito externo de forma estratégica y complementaria.
3. Mejorar el perfil de vencimientos con manejo de pasivos.
4. Desarrollar referencias y curvas de rendimiento en mercados interno y externo.
5. Aprovechar financiamiento al desarrollo mediante bonos sostenibles, organismos financieros internacionales, organismos bilaterales y agencias de crédito a la exportación.
6. Aplicar coberturas para reducir exposición y volatilidad
7. Vincular la política de deuda con una gestión integral de activos y pasivos.
8. Mantener comunicación transparente con inversionistas, calificadoras y público.
9. Usar el Fondo Nacional de Infraestructura para inversiones estratégicas con alta rentabilidad social.

Ese bloque responde al punto central de la propuesta: el Ejecutivo busca autorización legislativa para contratar créditos, empréstitos y otras formas de financiamiento público durante 2027, tanto para gasto presupuestario como para operaciones de canje o refinanciamiento.

Pemex y CFE también piden techos propios de endeudamiento

La iniciativa incluye montos específicos para Pemex. La empresa productiva del Estado solicita autorización para un endeudamiento neto interno de hasta 160 mil 619.5 millones de pesos y uno externo de hasta 5 mil 259.4 millones de dólares, además de facultades para contratar deuda adicional interna o externa si el otro componente queda por debajo del tope autorizado en un monto equivalente.

El paquete precisó que el uso de ese endeudamiento deberá cumplir con la meta de balance financiero aprobada. La misma lógica aplica para la posibilidad de refinanciar o canjear obligaciones constitutivas de deuda pública.

Para la CFE, la propuesta fija un endeudamiento neto interno de hasta 16 mil 742 millones de pesos y uno externo de hasta 725 millones de dólares. Al igual que en el caso de Pemex, se pide autorización para ajustar deuda interna y externa de manera compensada, sin rebasar el marco planteado para su balance financiero.

El texto añadió otra atribución para el Ejecutivo Federal, por conducto de la SHCP, para realizar operaciones de canje y refinanciamiento de obligaciones de deuda de las empresas productivas del Estado dentro del monto global autorizado. La iniciativa aclara que esto no implica endeudamiento adicional para el Gobierno Federal en el ejercicio fiscal de 2027.

Propuesta permite ajustar entre deuda interna y externa sin ampliar el monto global

La autorización solicitada para deuda externa del sector público federal se refiere al Gobierno Federal y a la banca de desarrollo. En ese rubro, el crédito externo se plantea como complemento y solo cuando las condiciones en mercados internacionales sean competitivas, con el objetivo de diversificar y ampliar la base de inversionistas.

Hacienda argumentó que el esquema de intercambio entre deuda interna y externa permitiría aprovechar ventanas favorables en los mercados nacionales e internacionales. También serviría para operaciones de financiamiento o canje de pasivos internos por externos, y viceversa, en mejores condiciones para el manejo de riesgos asociados a la deuda pública o para el desarrollo de mercados locales.

En otros aspectos, el Paquete Económico 2027 plantea que la economía mexicana crecerá entre 1.55% y 2.5% en términos reales durante 2027, en un escenario que el propio texto ubica bajo presión sobre las finanzas públicas. También proyecta un déficit de 3.9% del PIB como parte de la consolidación fiscal que, según Hacienda, seguirá en marcha el próximo año.

El Gobierno de Abelardo de la Espriella tiene pocos días para conseguir en el Congreso el respaldo al Presupuesto General de la Nación (PGN) de 2027, cuyo monto propuesto asciende a $634,9 billones. Aunque el Ejecutivo cuenta con mayorías en las cuatro comisiones económicas, diferentes sectores políticos ya han planteado reparos frente a la cifra y, especialmente, frente a la distribución de los recursos.

El principal interrogante que deberá resolver la administración es dónde y cuánto está dispuesta a recortar para comenzar a corregir el deterioro de las finanzas públicas. La pregunta resulta relevante porque el nuevo presupuesto es $59,3 billones superior al proyecto de $575,7 billones que había presentado el Gobierno de Gustavo Petro.

De acuerdo con información publicada por El Tiempo, Cambio Radical considera que algunas partidas deben modificarse, mientras que en el Partido Liberal todavía existen dudas sobre el respaldo al monto propuesto. Incluso dentro del Partido Conservador, aliado del Ejecutivo, han surgido reparos relacionados con la distribución de los recursos.

El Pacto Histórico, por su parte, anunció que buscará reducir la cifra. La representante María del Mar Pizarro planteó que el incremento debería limitarse al crecimiento esperado de la economía.

La discusión no se limita, por tanto, a determinar si el Congreso aprobará o no los $634,9 billones. Los legisladores también quieren conocer qué componentes del gasto serían objeto del ajuste y cuáles serán las prioridades que el Gobierno mantendrá durante 2027.

La inversión aparece como uno de los puntos de mayor discusión

Uno de los principales reclamos está relacionado con la inversión pública. La propuesta contempla $87 billones para inversión, mientras que el funcionamiento asciende a $392,6 billones y el servicio de la deuda llega a $155,4 billones.

Según el medio, la senadora Sara Castellanos, presidenta de la Comisión Tercera, ha señalado que antes de respaldar el monto es necesario saber “dónde van a recortar” y ha planteado como línea roja que el ajuste termine afectando la inversión.

Una posición similar ha expresado Bruce Mac Master, presidente de la Andi, quien considera que la inversión no debería convertirse en la principal variable para corregir las cuentas públicas.

El dirigente empresarial sostiene que conocer la verdadera dimensión del desequilibrio fiscal permite adoptar decisiones, pero advierte que reducir la inversión productiva puede afectar la infraestructura, la productividad y el capital humano. “Sincerar las cuentas no crea el problema; nos permite conocer su verdadera dimensión”.

Mac Master también ha planteado que el ajuste fiscal debe acompañarse de una recuperación de la inversión privada, de manera que el crecimiento económico contribuya a generar empleo, recaudo y capacidad para estabilizar la deuda.

El trámite comenzó con dificultades

A los reparos políticos se sumó una dificultad durante las primeras jornadas de discusión del proyecto.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, presentó inicialmente las nuevas cuentas ante las comisiones económicas. Sin embargo, una segunda jornada prevista para explicar las modificaciones no pudo avanzar debido a la ausencia de los principales ministros del gabinete.

La situación provocó cuestionamientos entre congresistas, incluidos sectores que han mostrado disposición para trabajar con el Gobierno en el trámite del presupuesto.

El episodio se produjo mientras el Ejecutivo intenta avanzar rápidamente en la discusión debido a los plazos establecidos para aprobar el PGN de 2027.

Las comisiones económicas deben definir el monto global antes del 15 de septiembre. Después podrán modificar la distribución de los recursos y, a más tardar el 25 de septiembre, deberá comenzar la discusión en las plenarias. El trámite completo debe terminar antes del 20 de octubre.

Un presupuesto que tuvo que ser reformulado

Los cuestionamientos se producen sobre un proyecto que cambió durante su trámite. La nueva administración solicitó devolver el presupuesto presentado por el Gobierno anterior y elaboró una propuesta diferente después de revisar los ingresos, las obligaciones pendientes, el servicio de la deuda y otras necesidades que, según el Ministerio de Hacienda, no estaban plenamente reconocidas.

A esta revisión se sumaron las necesidades derivadas de la emergencia económica y social provocada por el terremoto del 10 de agosto, que modificó las prioridades presupuestales y agregó nuevas presiones sobre las finanzas públicas.

Según el análisis de Anif citado por El Tiempo, la reformulación respondió tanto a inconsistencias detectadas en la programación anterior como al reconocimiento de obligaciones relacionadas con salud, pensiones, nómina y subsidios energéticos, además de los gastos derivados de la emergencia.

Por esa razón, el aumento de $59,3 billones frente al proyecto anterior no corresponde exclusivamente a una expansión general del gasto.

La deuda explica buena parte del aumento

La composición del nuevo presupuesto muestra que una parte considerable del incremento está relacionada con obligaciones ya existentes.

El servicio de la deuda aumenta en $37,4 billones y pasa de $118 billones a $155,4 billones. Los gastos de funcionamiento, por su parte, aumentan en $24,9 billones, mientras la inversión disminuye en $3 billones.

De los mayores gastos de funcionamiento, $20,3 billones corresponden a transferencias y $4,5 billones a gastos de personal. Dentro de las transferencias aparecen cerca de $6,5 billones adicionales destinados a obligaciones pensionales.

Anif calcula que aproximadamente 61% del incremento del presupuesto está explicado por el mayor servicio de la deuda. El resto responde principalmente al reconocimiento de obligaciones de funcionamiento.

El ministro Gómez ha defendido esta reformulación con el concepto de “presupuesto de la verdad”, con el que busca explicar que las nuevas cuentas incorporan compromisos que ya existían.

“El presupuesto de la verdad lo que hace es decir cuál es la situación real de las finanzas públicas, sin artilugios contables”.

El Gobierno enfrenta un déficit fiscal mayor al previsto

El nuevo escenario financiero también constituye uno de los argumentos centrales para exigir un ajuste.

El Plan Financiero calcula que, sin medidas adicionales, el déficit fiscal podría alcanzar el 9,4% del PIB en 2027 y la deuda neta subiría al 66,2% del PIB.

El escenario es superior al contemplado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que había proyectado para ese año un déficit de 4,5% y una deuda neta equivalente al 58,9% del PIB.

Para responder a este panorama, Hacienda prepara una ley de ajuste fiscal que busca reducir el déficit primario en 2,2 puntos del PIB. De acuerdo con lo explicado por el ministro Gómez, si las medidas se implementan completamente, el déficit total podría bajar hasta alrededor del 7,2% del PIB.

El gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, consideró positivo que el Gobierno haya sincerado el desequilibrio, pero advirtió que la corrección no puede limitarse a un solo año.

“La estabilidad macroeconómica solo estará garantizada si el proceso de ajuste fiscal continúa y se profundiza durante varios años”.

Las necesidades de financiación también aumentan

El nuevo presupuesto contempla una mayor dependencia de recursos de capital. Estos pasan de aproximadamente $187 billones a $287 billones, mientras los ingresos corrientes disminuyen de $325,8 billones a $315,1 billones.

Anif calcula que las necesidades de financiamiento del Gobierno nacional central pasarían de $130 billones a $266 billones. Para cubrirlas se contempla un aumento de $61,8 billones en fuentes externas y de $66,8 billones en financiación interna.

El Gobierno ha advertido sobre el efecto que este mayor recurso al crédito puede tener sobre el sector privado. Gómez explicó que cuando el Estado absorbe una mayor cantidad del ahorro disponible para financiar su déficit, pueden reducirse los recursos destinados a empresas y proyectos privados.

“Entonces, la plata que le deberían estar prestando al sector privado para generar empresa, para generar crecimiento, esa plata se la chupa el Estado” dijo según el medio.

Asofondos también se refirió al escenario de financiación. El gremio señaló que los fondos privados de pensiones y cesantías administran cerca de $570 billones del ahorro de largo plazo de los trabajadores y que más del 30 % está invertido en deuda pública.

Para la organización, el reconocimiento del desequilibrio debe estar acompañado de una disminución gradual del desbalance fiscal desde 2027 y durante los años siguientes, con el objetivo de contener la deuda pública.

El Gobierno de El Salvador pidió a la Asamblea Legislativa modificar la Ley de Presupuesto de 2026 para distribuir USD 97 millones que permanecían disponibles de dos emisiones de deuda en títulos valores de crédito.

La iniciativa, presentada el 1 de septiembre por el ministro de Hacienda, Jerson Rogelio Posada Molina, plantea reforzar varias partidas.

El proyecto sostiene que las asignaciones permitirán atender obligaciones “prioritarias e ineludibles” durante el segundo semestre de 2026.

Faltará que la solicitud sea revisada por la comisión legislativa de Hacienda y Especial del presupuesto, convocada para sesionar este lunes 7 por la mañana.

Seguridad Pública concentraría la mayor asignación

El ramo de Seguridad Pública y Justicia recibiría USD 31.189.835, el mayor monto contemplado en la reforma. De esa cifra, USD 30 millones se destinarían al proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad.

El documento señala que esa partida busca garantizar una gestión eficiente en los centros penales y el cumplimiento de condiciones mínimas de detención. No ofrece un desglose adicional sobre obras, programas o adquisiciones que financiaría ese monto.

Los USD 1.189.835 restantes pasarían al Registro Nacional de las Personas Naturales, con el propósito de cubrir la emisión gratuita del Documento Único de Identidad para personas de bajos recursos.

La propuesta también asigna USD 19 millones al ramo de Gobernación y Desarrollo Territorial. De ese total, USD 9 millones reforzarían la capacidad institucional de la cartera y USD 10 millones serían transferidos a la Dirección de Integración. Según la iniciativa, esos fondos cubrirían transporte, alimentación, procesos formativos y la entrega de becas en el Programa de Florecimiento Salvadoreño.

Agricultura recibiría USD 37 millones

El ramo de Agricultura y Ganadería tendría la segunda mayor asignación, con USD 37 millones. La iniciativa establece que el dinero se orientaría al fortalecimiento de telecentros destinados a productores agropecuarios, además de gastos logísticos y operativos del ministerio.

El texto no especifica cuántos telecentros se crearían o ampliarían, ni en qué zonas del país se ejecutarían las inversiones. Tampoco detalla la proporción de recursos que se destinaría a equipos, conectividad, asistencia técnica o funcionamiento administrativo. Faltará una exposición de la medida de parte de los representantes de Hacienda.

El ramo de Obras Públicas y de Transporte obtendría USD 1,3 millones. La totalidad de esa partida se transferiría a la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos para financiar la continuidad de actividades vinculadas con la gestión integral de desechos.

A su vez, el ramo de Medio Ambiente y Recursos Naturales recibiría USD 1.225.000 para gastos de funcionamiento institucional relacionados con prevención de riesgos y educación ambiental.

USD 2.7 millones para litigios internacionales

La Fiscalía General de la República (FGR) tendría una partida de USD 2.7 millones. La justificación incluida en el expediente indica que los fondos permitirían atender compromisos por litigios internacionales y gastos de funcionamiento institucional.

El ramo de Economía recibiría USD 1,5 millones, que serían transferidos al Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador. La iniciativa señala que el dinero reforzaría el funcionamiento de esa entidad durante el último trimestre de 2026.

Turismo para promoción y eventos internacionales

El ramo de Turismo sería beneficiado con USD 3.085.165. De esa cifra, USD 85,165 se destinarían a fortalecer la sostenibilidad del sector turístico.

Los USD 3 millones restantes pasarían a la Corporación Salvadoreña de Turismo, que financiaría la ejecución de acciones estratégicas de promoción del país y la organización de eventos internacionales de alto impacto, de acuerdo con el documento.

El Gobierno de Costa Rica incluyó en el presupuesto de 2027 la propuesta de crear 533 nuevos puestos en 13 instituciones públicas, según el proyecto de ley de presupuesto ordinario y extraordinario de la República. Más de la mitad de esas plazas se concentra en el Ministerio de Justicia y Paz y el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

El texto presupuestario que el Poder Ejecutivo entregó a la Asamblea Legislativa asignó 271 plazas al Ministerio de Justicia y Paz y 76 al Tribunal Supremo de Elecciones, consigna la prensa local.

El diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Hacendarios, Nogui Acosta, confirmó a CR Hoy que las 271 plazas del Ministerio de Justicia y Paz se destinarían a la operación del nuevo Centro de Alta Contención para Crimen Organizado (CACCO), cuya apertura está prevista para fines de septiembre de 2026 en San Rafael de Alajuela.

Las plazas previstas en el proyecto

En el caso del Tribunal Supremo de Elecciones, el proyecto contempló plazas temporales por servicios especiales para cubrir el aumento de las cargas de trabajo ligado a la preparación de las elecciones municipales de 2028. Las tareas incluyen la inscripción de candidaturas y otros procesos operativos y administrativos.

El plan presupuestario también propuso eliminar 276 puestos, con la mayor reducción en el Poder Judicial, que perdería 229 cargos fijos, y en la Asamblea Legislativa, con 30. Además, planteó suprimir 12 puestos de servicios especiales del Consejo Nacional de Vialidad.

El financiamiento y el trámite legislativo

El presupuesto nacional asciende a ₡12,4 billones, equivalentes a unos USD 27.400 millones, y se financiará con ingresos tributarios y endeudamiento. El 62,3% provendrá de impuestos, como renta e impuesto al valor agregado (IVA), y el 37,7% de deuda.

Del gasto total, el 40% se asignará al servicio de la deuda pública, el 28,2% a transferencias corrientes y de capital, y el 24,7% a remuneraciones.

El proyecto, bajo el expediente 25.754, debe ser dictaminado por la Comisión de Asuntos Hacendarios a más tardar el 20 de octubre. Luego pasará al plenario para su discusión y votación en dos debates antes del 30 de noviembre.

La conversión se calculó con una cotización de referencia de ₡452,67 por dólar estadounidense, correspondiente al 1 de septiembre de 2026.

Costa Rica propone recortar 3.1% el presupuesto de 2027

El Gobierno de Costa Rica reducirá el presupuesto para 2027 un 3.1% frente al aprobado para 2026, en un escenario marcado por una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto. La propuesta fue presentada ante el Congreso. Hacienda prevé un gasto de 12.4 billones de colones, una cifra equivalente a unos USD 27,000 millones. Del total, el 40% se destinará al pago de obligaciones vinculadas con la deuda.

Costa Rica prevé reducir el gasto público en 2027 pese a que la deuda seguirá por encima del 60% del PIB, con una parte del presupuesto comprometida para atender ese pasivo. Hacienda estimó que la deuda pública continuará sobre ese umbral durante 2027 y recordó que el indicador se mantiene por encima de ese nivel desde 2020, salvo en 2024. Ese año se ubicó en 58,9% del PIB, pero al cierre del primer semestre de 2026 ya había subido a 61,1%.

La financiación del presupuesto combinará recursos propios y endeudamiento: según EFE, los ingresos del Estado cubrirán 62,3% del total y la deuda aportará el 37,7% restante.

El Gobierno de Costa Rica reducirá el presupuesto para 2027 un 3.1% frente al aprobado para 2026, en un escenario marcado por una deuda pública superior al 60% del producto interno bruto. La propuesta fue presentada ante el Congreso, según informó EFE.

El Ministerio de Hacienda prevé un gasto de 12.4 billones de colones, una cifra equivalente a unos USD 27,000 millones. Del total, el 40% se destinará al pago de obligaciones vinculadas con la deuda.

Costa Rica proyecta menos gasto público para 2027 mientras la deuda se mantiene por encima del 60% del PIB y una parte de los recursos queda comprometida para financiarla. El plan contempla ingresos propios, emisión de deuda y ajustes en instituciones como el Poder Judicial, Seguridad y Justicia.

La deuda seguirá por encima del 60% del PIB en 2027

El proyecto presupuestario estima que la deuda pública continuará sobre ese umbral durante 2027. El indicador se ha mantenido por encima de ese nivel desde 2020, salvo en 2024.

En ese año, la deuda se ubicó en 58.9% del PIB. Al cierre del primer semestre de 2026, ya había llegado a 61.1% del PIB.

El Ministerio de Hacienda calculó que los ingresos del Gobierno tendrán un aumento de 2.3%. Esa proyección acompaña el presupuesto enviado al Poder Legislativo.

Las previsiones oficiales fijan un crecimiento económico de 3.4% para 2026 y de 3.5% para 2027. El documento también estima déficits fiscales de 4.62% y 4.38% del PIB, respectivamente.

La financiación prevista combina recursos propios y endeudamiento. Según EFE, los ingresos del Estado aportarán 62.3% del total, mientras que la deuda cubrirá el 37.7% restante.

La estructura de financiamiento muestra el peso de las obligaciones financieras dentro de las cuentas públicas. El pago de la deuda absorberá dos quintas partes del presupuesto propuesto.

Educación tendrá la partida más alta pese a una reducción nominal

El Ministerio de Educación recibirá la mayor asignación dentro del proyecto para 2027. La partida equivale a 4.9% del PIB.

El monto, sin embargo, será 0.7% menor en términos nominales. La baja forma parte del recorte general previsto para el próximo ejercicio.

El Poder Judicial recibirá 1.9% menos recursos. La reducción ocurre en un escenario de intercambios públicos entre esa institución y el Ejecutivo durante las administraciones de Laura Fernández y Rodrigo Chaves.

Chaves gobernó Costa Rica entre 2022 y 2026. Actualmente, ocupa los cargos de ministro de Hacienda y ministro de la Presidencia.

Las diferencias entre el Ejecutivo y el Poder Judicial estuvieron vinculadas a asuntos de seguridad, liberación de personas detenidas, narcotráfico y violencia asociada a ese fenómeno. El proyecto no detalla cómo se distribuirá el ajuste dentro de la institución.

Seguridad y Justicia también tendrán recortes presupuestarios

El Ministerio de Seguridad tendrá una disminución de 1.7% en su presupuesto para 2027. El Ministerio de Justicia afrontará una baja de 2.5%.

Los ajustes alcanzan a áreas relacionadas con la prevención del delito, el funcionamiento policial y el sistema penitenciario. La información divulgada no precisa qué programas o dependencias absorberán las reducciones.

El Ministerio de Hacienda estará entre las instituciones que aumentarán su asignación. El Ministerio de la Presidencia también contará con más recursos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el Ministerio de Salud completan el grupo de entidades con incrementos presupuestarios. La propuesta difundida no incluye los porcentajes asignados a esas subas.

La distribución de los fondos no será uniforme. El proyecto combina bajas en varias carteras con aumentos en organismos vinculados con la administración financiera, la Presidencia, la salud y las telecomunicaciones.

Hacienda pidió cambios legales para contener el gasto público

El Ministerio de Hacienda exhortó al Congreso a aprobar normas que eliminen exoneraciones fiscales. La institución también pidió reforzar las herramientas estatales para combatir el contrabando.

La cartera propuso reducir el tamaño de algunas instituciones públicas. También planteó recortar gastos por alquileres y revisar las denominadas pensiones “de lujo”.

El Ejecutivo solicitó que los legisladores revisen las transferencias destinadas a universidades públicas y municipios. Las medidas forman parte de las iniciativas planteadas para modificar compromisos de gasto.

Hacienda pidió, además, aprobar opciones de financiación con mejores condiciones de tasas de interés y plazos. La propuesta busca modificar el costo de los recursos obtenidos mediante deuda.

El Congreso deberá analizar el proyecto de presupuesto y las medidas legales solicitadas por el Gobierno. El debate definirá el alcance de un plan de gastos menor, con una deuda que se mantiene por encima del 60% del PIB.

La Ciudad de Buenos Aires recibió una mejora en su calificación crediticia de largo plazo y pasó de raAA+ a raAAA en la escala nacional de Argentina, según informó S&P National Ratings en un comunicado fechado el 1 de septiembre de 2026. La agencia indicó que la suba alcanzó tanto a la calificación institucional de largo plazo como a sus emisiones, mantuvo una tendencia estable y definió a raAAA como el grado más alto que otorga en el mercado argentino. Con esto, ya son dos las agencias crediticias que asignan la máxima calificación al distrito, por lo que vuelven elegible a la deuda porteña para inversiones del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) que se utilizará para el pago de indemnizaciones.

La calificadora precisó que “el 1 de septiembre de 2026, S&P National Ratings subió la calificación crediticia de emisor en escala nacional de largo plazo de la Ciudad de Buenos Aires y de sus emisiones a ‘raAAA’ desde ‘raAA+’. La tendencia es estable”. El comunicado aclaró que esa calificación corresponde a la línea de producto de S&P National Ratings y que el logo identifica notas asignadas con base en criterios para la escala nacional y metodologías específicas para Argentina.

S&P ubicó a la Ciudad en el grado más alto de su escala para Argentina

La agencia también incorporó en el texto una definición expresa del rango alcanzado por el distrito. Según el comunicado, “Una entidad calificada ‘raAAA’ tiene una capacidad extremadamente fuerte de cumplir con sus obligaciones financieras en comparación con otras entidades en el mercado nacional”. A continuación añadió que “La calificación de ‘raAAA’ es el grado más alto que otorga S&P National Ratings en la escala nacional de Argentina”.

El jefe de Gobierno, Jorge Macri, publicó en su cuenta de X que “Standard & Poor’s elevó la nota de la Ciudad a AAA: somos el distrito con la máxima calificación crediticia del país y alcanzamos el nivel más alto posible”. En el mismo mensaje, vinculó la mejora con el estado de las cuentas públicas y con el contexto económico nacional. “Este es un nuevo reconocimiento al orden de nuestras cuentas y al compromiso con las obligaciones financieras”, escribió. Luego agregó: “El resultado también refleja lo que puede lograrse cuando la política macroeconómica del Gobierno Nacional acompaña y genera confianza”.

La comunicación oficial también sumó la voz del ministro de Hacienda y Finanzas porteño, Gustavo Arengo, que difundió otro posteo sobre la decisión de la calificadora. En ese mensaje escribió en mayúsculas que “la ciudad de Buenos Aires es el lugar más seguro del país para invertir”.

La deuda de la Ciudad es apta para el FAL

La mejora informada por S&P National Ratings se agregó a otra noticia de julio de 2026 vinculada con la deuda porteña. Según la información que compartiste en este chat, Moody’s publicó una suba de nota para la Ciudad el 24 de julio pasado. Con ese antecedente, la Ciudad quedó con la máxima nota nacional en dos calificadoras, un punto que cobró relevancia a la luz de la normativa del Fondo de Asistencia Laboral (FAL).

De acuerdo con la información provista en esta conversación, la normativa del FAL exige una calificación de riesgo “AAA” en escala nacional otorgada por al menos dos calificadoras para invertir en deuda de provincias, de CABA y en obligaciones negociables privadas. Ese mismo marco establece además que los activos deben contar con oferta pública de la Comisión Nacional de Valores (CNV).

La regla incorporó una excepción para la deuda emitida por el Estado Nacional. Según el detalle que aportaste, esos títulos no están sujetos al requisito de calificación “AAA” ni tienen un límite porcentual máximo de cartera. Para la deuda provincial y de la Ciudad, el esquema fijó un tope de 15% en conjunto y un máximo de 5% por jurisdicción. En el caso de las obligaciones negociables, el límite quedó en 20% en conjunto y 10% por emisor.

Ese filtro redujo el universo de activos elegibles. Siempre según la información provista en el chat, el requisito de doble “AAA” dejó muy pocas jurisdicciones y empresas privadas dentro de las condiciones para recibir esos fondos. En el plano subnacional, el dato que aportaste indicó que solo CABA calificó como elegible bajo ese criterio.

La decisión de S&P y la mejora previa de Moody’s dejaron así un nuevo dato para el mercado de deuda de la Ciudad. En el plano estrictamente documental, el informe de S&P consignó en su portada que la calificación institucional de largo plazo quedó en raAAA con tendencia estable, que el programa de eurobonos a mediano plazo por US$3.390 millones recibió la misma nota y que la Clase 23, con vencimiento el 22 de febrero de 2028, también quedó en raAAA con tendencia estable.

El informe de la calificadora describió superávit, liquidez y resiliencia fiscal

El comunicado de S&P desarrolló los fundamentos de la suba en varias páginas. En ese apartado sostuvo que la nota de la Ciudad reflejó fortalezas crediticias superiores a las de sus pares en Argentina. La firma mencionó “resultados fiscales superavitarios consistentes a lo largo del tiempo”, “la gestión financiera prudente de la administración” y “la capacidad de construir reservas de liquidez” que, según el texto, le permitió reducir niveles de endeudamiento en los últimos años y continuar con la mejora de infraestructura.

En el mismo bloque, la calificadora incorporó un tramo sobre el comportamiento de la Ciudad frente al contexto argentino. Allí señaló que el distrito atravesó condiciones macroeconómicas volátiles y tomó medidas frente a reducciones de transferencias automáticas y discrecionales. Para la firma, ese recorrido mostró capacidad de respuesta en períodos de tensión. El documento también incluyó la frase “La calificación de ‘raAAA’ de la Ciudad de Buenos Aires refleja sus fortalezas crediticias, superiores a las de sus pares en Argentina”, seguida por la enumeración de factores fiscales y financieros que explicaron la decisión.

La agencia presentó además su escenario base para el período 2026-2028. En ese apartado indicó que esperaba una trayectoria fiscal superavitaria y una reducción de necesidades de financiamiento durante los próximos años. Según el informe, el balance operativo seguiría en terreno positivo en relación con los ingresos corrientes, con un promedio de 19,7% durante ese lapso. Al mismo tiempo, la firma proyectó que el resultado después del gasto de capital sería levemente deficitario en línea con 2025, a partir de una expectativa de mayor ejecución en inversión de capital. En números, esa proyección contempló un déficit promedio después del capex de 0,3% de los ingresos totales.

El reporte incluyó obras, coparticipación y acceso al mercado

Dentro de los fundamentos, S&P National Ratings señaló que un mayor gasto de capital otorgó a la administración “una mayor flexibilidad presupuestaria a lo largo de los ciclos económicos”, aun cuando ese movimiento empeoró el resultado fiscal después de capex. El informe estimó que el gasto de capital se mantendría en un promedio del 20% de los gastos totales de la Ciudad, por encima del 15% que registró entre 2022 y 2025.

La calificadora identificó entre las principales obras de la agenda de la administración proyectos de transporte, la sustitución de vagones, la construcción de una nueva línea de subterráneo y otras obras viales de gran y mediana magnitud. Ese tramo del documento apareció en sintonía con uno de los argumentos incluidos por Arengo en su publicación. El ministro afirmó que “La reputación crediticia obtenida le permite a la Ciudad acceder a mejores condiciones y tasas de financiamiento en el mercado local, para así continuar impulsando el plan de obras que beneficia directamente a todos los vecinos”.

El informe también repasó la situación de los ingresos de la Ciudad y su autonomía recaudatoria. Según el texto, alrededor del 85% de sus ingresos provino de recursos propios, un rasgo que, de acuerdo con la agencia, le dio flexibilidad para adaptarse a medidas adoptadas por el gobierno central en detrimento de la entidad. En ese mismo análisis se mencionó el recorte del coeficiente de participación en 2022 y las negociaciones posteriores entre la Ciudad y el Gobierno nacional.

Sobre ese punto, el documento señaló que, luego de un proceso de negociación por el coeficiente de coparticipación recortado en 2022 y después de que se ralentizara el flujo de fondos acordado entre ambas partes a mediados de 2025, el 18 de mayo de 2026 ambos gobiernos acordaron la transferencia de bonos soberanos, con vencimiento promedio de siete meses, para liquidar el saldo atrasado desde julio de 2025. Aun con ese escenario, la calificadora sostuvo que la Ciudad mostró capacidad para sortear recortes en sus ingresos.

El proyecto de Presupuesto General de la Nación para el 2027, presentado por el gobierno de Abelardo de la Espriella, continúa causando una fuerte discusión en las redes sociales.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, radicó la iniciativa en $634,9 billones, es decir, casi $60 billones más frente a los $575,6 billones del proyecto presentado por la administración de Gustavo Petro, que según el Gobierno estaba desfinanciado.

La disputa surgió porque el Ejecutivo precisó que este aumento buscaría corregir obligaciones reales que, a su juicio, estaban ocultas o desatendidas. En respuesta a este postulado, el Pacto Histórico, a través de una extensa misiva, afirmó que el ajuste se apoya en más endeudamiento, pues redujo la inversión en $3 billones e incorporó gastos de reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto sin fuente distinta a la deuda.

En efecto, el denominado ‘Gabinete alterno’ del Pacto Histórico, a través del extitular de Hacienda Germán Ávila, se despachó contra el proyecto radicado en el Congreso por su sucesor, Gómez Martínez. “Deuda, deuda y más deuda”, señaló la colectividad de izquierda, al cuestionar que un Gobierno que prometió reducir el tamaño del Estado presente ahora un presupuesto mayor del que radicó el Gobierno Petro antes de su final.

Ávila sostuvo que la reducción del presupuesto anunciada en julio “no fue más que un anuncio para los titulares de medios”, en contraste con lo expuesto por Gómez y lo que se conoció como el ‘presupuesto de la verdad’, en el que defendieron el alza de casi $60 billones. Para Gómez, es claro que corresponde a gasto nuevo, sino a faltantes en pensiones, salud y subsidios eléctricos, FEPC, nómina pública y servicio de la deuda.

La disputa por la deuda y los faltantes presupuestales

El punto de mayor fricción está en la deuda. El Pacto Histórico afirmó que la deuda pasó de 60,7% del PIB en 2022 a 57,9% en 2026 y que el nuevo Gobierno pretende llevarla a 66,2% del PIB en 2027. A esa crítica se suma el dato de contexto sobre necesidades de emisión de deuda externa e interna por $238,6 billones para financiar el presupuesto, lo que encendió las alertas por el peso que tendría el servicio de deuda.

En efecto, este concepto encendió alertas por el peso que tendría el servicio de la deuda sobre los ingresos del Estado. El Gobierno defendió el presupuesto con el argumento de que recibió cuentas desfinanciadas, con faltantes como el de $8 billones para pensiones, $4 billones para salud, $5,8 billones para subsidios eléctricos y $9,6 billones para el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc).

En respuesta, el gabinete del Pacto Histórico, que está integrado por cerca de 13 personas, refutó esa lectura en varios frentes. Sobre pensiones, aseguró que más de 160.000 afiliados se trasladaron a Colpensiones con ahorros por $32 billones; y añadió que cerca de 28.000 ya pensionados concentran otros $8,7 billones, cuyos recursos siguen retenidos en los fondos privados de pensiones.

En salud, cuestionó que se hablen de $2 billones adicionales para el sistema y sostuvo que ya existió un esfuerzo extraordinario con el pago ajustado de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) a las EPS. Sobre el Fepc, el comunicado rechazó la necesidad de $9,6 billones, pues alegó que la brecha por el precio internacional de la gasolina debía cerrarse con incrementos en el precio del combustible, como ocurrió en el gobierno de Petro.

En el documento también discute la nómina pública, ya que el gabinete alterno habló de que parte de los supuestos $4,5 billones faltantes para salarios se explica por una proyección de aumento de 99.000 a 108.000 funcionarios en la rama ejecutiva, equivalente a un alza de 9,1%.

En ese sentido, otro punto de disputa es el costo de la deuda en el mercado local. El comunicado cuestionó que el Ejecutivo presente como logro una tasa de colocación de TES (Títulos de Tesorería) en pesos del 12,5%, al recordar que en junio ya se habían colocado a ese nivel y en julio al 12,2%. Con ello, los recursos para atender el servicio de la deuda ya estaban cubiertos en el proyecto del pasado gobierno.

A la vez, vinculó el mayor costo proyectado para 2027 con nuevo endeudamiento en el segundo semestre de 2026 y con la negativa oficial a tocar la tasa de referencia del Banco de la República.

Reconstrucción, endeudamiento y dudas sobre el Fondo Milagro

La reconstrucción tras el terremoto del 10 de agosto es otro de los focos del debate. El Pacto Histórico reconoció que la emergencia y los efectos del fenómeno de El Niño pueden exigir recursos adicionales, pero señaló que el financiamiento recaiga solo en deuda.

El principal reparo apunta al llamado Fondo Milagro. Ese mecanismo aparece en los anuncios hechos por el presidente De la Espriella, pero no en una apropiación detallada que permita establecer cuánto dinero tendrá, de dónde saldrá, qué territorios cubrirá, qué ente lo ejecutará y qué metas deberá cumplir.

En esa línea, el bloque alterno también se preguntó por qué la reformulación del presupuesto elimina el artículo 93 del proyecto anterior. Según la misiva, esa disposición exigía reportar fuente, monto, compromisos, saldos, contratistas, objeto y plazo de los recursos públicos administrados por terceros.

En su propuesta, el Pacto plantea ingresos permanentes y progresivos para financiar gasto permanente, la restitución de los $3 billones recortados a la inversión y una reconstrucción con apropiación definida, fuentes de recursos, metas y un tablero público. En síntesis, pidió una auditoría sobre el Fepc, la UPC, energía y pensiones para evitar dobles pagos y una senda verificable entre presupuesto, plan financiero y marco fiscal.

El ministro de Hacienda, Miguel Gómez, lanzó una advertencia fuerte sobre el estado de las finanzas públicas: si Colombia no logra estabilizar la deuda, podría enfrentar una crisis de pagos de grandes proporciones. El mensaje fue entregado durante la convención de banqueros en Cartagena, donde el funcionario defendió un plan de ajuste fiscal que incluye recortes de gasto, reformas al Estado y una ley de “rescate económico” que será llevada al Congreso a finales de septiembre.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Gómez aseguró que los documentos presentados esta semana al Congreso muestran un panorama más crítico del que ya se conocía. El jefe de la cartera de Hacienda sostuvo que el país no puede mantener la trayectoria actual de endeudamiento y que debe actuar para evitar que Colombia termine incumpliendo sus compromisos.

“Si no hacemos nada, la deuda pública llegaría, pues, al 82 % al finalizar el gobierno. Antes de eso, tendríamos una crisis de pago de proporciones monumentales, monumentales. Entonces, es la realidad: o caminamos en la buena dirección o vamos al abismo. Yo sé que suena un poco pesado, pero no deja de ser cierto”, dijo Gómez.

Tres fases para ajustar las cuentas

Las proyecciones del equipo económico indican que, incluso con un plan de recorte y ajuste, Colombia no lograría reducir de inmediato el nivel actual de deuda pública. La meta sería estabilizarla cerca del 64 % del PIB y evitar que siga creciendo hasta niveles que pongan en riesgo la capacidad de pago del Estado.

Gómez pidió respaldo del sector privado, del Congreso y de sus compañeros de gabinete para sacar adelante un plan dividido en tres etapas. La primera consiste en “sincerar” las cuentas mediante un nuevo presupuesto para 2027, que ahora será de 635 billones de pesos, 60 billones por encima de la propuesta presentada por el gobierno anterior. Esa nueva versión incluye necesidades de deuda por 238 billones de pesos.

La reacción de los mercados no tardó. El dólar subió más de 50 pesos este viernes y superó los 3.200 pesos tras conocerse la nueva propuesta presupuestal. Aun así, Gómez considera que los mercados le están dando un margen de espera a la administración de Abelardo de la Espriella y anunció reuniones con analistas para explicar el plan fiscal.

La segunda fase apunta al presupuesto de 2026. El Ministerio de Hacienda propondrá este sábado, en Consejo de Ministros, un recorte de 21,9 billones de pesos en gasto y la destinación de 4 billones del presupuesto actual para atender la emergencia en las regiones afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Ley de rescate y reforma del Estado

La tercera etapa será una ley de “rescate económico” que el Gobierno radicará a finales de septiembre. Con esa iniciativa, Hacienda busca hacer recortes por cerca de 40 billones de pesos al gasto público y obtener nuevos ingresos, especialmente para financiar la reconstrucción de las zonas golpeadas por el terremoto.

El plan se conectará con el Plan Nacional de Desarrollo, que llegará al Congreso en febrero e incluirá medidas adicionales para fusionar entidades estatales y “adelgazar al Estado”. Gómez explicó que el Gobierno abrirá la discusión sobre qué gastos deben tener protección constitucional y cuáles podrían ser revisados.

El ministro también planteó que podría ponerse sobre la mesa la eliminación de exenciones tributarias, aunque insistió en que la promesa es no tocar el IVA de la canasta familiar. La intención, según dijo, es reducir rigideces legales que hoy dificultan el recorte de gastos.

“Hoy en día, todavía tenemos muchos gastos que están amarrados a las leyes, por eso necesitamos una ley. Porque si no cambiamos la ley, pues no podemos disminuir esos gastos que hoy en día son rentas, por ejemplo, destinación específica que generan mucha rigidez y que aumentan mucho el gasto, y en este momento necesitamos es adelgazar el Estado”, explicó.

El nuevo presupuesto, el recorte de 2026, la ley de rescate económico y la reforma del Estado serán las apuestas con las que Hacienda buscará convencer al Congreso, al sector privado y a los mercados de que Colombia puede estabilizar la deuda sin caer en una crisis de pagos.

Detrás de cada intervención financiera internacional suele encontrarse una lógica de intereses estratégicos. Y el reciente salvataje de Estados Unidos a Japón —estimado entre los 5.000 y 10.000 millones de dólares— no es la excepción. Lejos de responder a un mero acto de altruismo, esta jugada pone de manifiesto la compleja red de equilibrios macroeconómicos, tensiones geopolíticas y desafíos demográficos que condicionan el destino de las potencias globales.

El dilema de la deuda y el resguardo del Tesoro estadounidense

Para comprender la naturaleza de la asistencia, primero hay que mirar las cuentas internas de Tokio. Japón ostenta la mayor carga de endeudamiento entre los países desarrollados, con una relación deuda/PIB que ronda el 250 %. Este desequilibrio es el síntoma de un problema estructural profundo: una población crecientemente envejecida, una elevada esperanza de vida que se conjuga con una tasa de reproducción sumamente baja, las que jaquean la sostenibilidad fiscal y previsional a largo plazo.

Sin embargo, el factor de urgencia es netamente financiero y afecta también de manera directa a la primera potencia mundial. Japón es el principal tenedor extranjero de deuda de los Estados Unidos (superando incluso a China en el plano global). Ante una eventual crisis cambiaria o de liquidez, un escenario inminente podría implicar que Japón deba desprenderse masivamente de bonos del Tesoro estadounidense para hacerse de fondos. De producirse tal situación, una liquidación de esa escala desplomaría el precio de la deuda americana, forzando a Washington a adoptar medidas de emergencia sumamente costosas. En este contexto, para la administración estadounidense, inyectar algunos miles de millones de dólares para sostener el yen parece resultar una alternativa considerablemente más económica que absorber el riesgo de un colapso del mercado de sus propios bonos.

Geopolítica de bloques: la contención en el Pacífico

Pero, el tablero trasciende con creces la hoja de balance contable. En el plano estratégico global, Japón funciona como una punta de lanza y un aliado fundamental de los Estados Unidos en Asia-Pacífico, en estrecha sintonía con Corea del Sur.

En tal contexto, la ausencia de China en este rol de socorro no es casual ni anecdótica. La rivalidad económica y geopolítica entre Beijing y Tokio expone una disputa descarnada por la hegemonía regional. Permitir la caída o el debilitamiento de un socio tan crítico habría significado ceder terreno estratégico vital frente al avance de la influencia china. La estabilidad política, económica y militar de Japón es, por lo tanto, una línea roja que Washington no puede permitirse atravesar.

Espejos divergentes: Japón y Argentina

Al analizar los modelos de desarrollo económico, resulta inevitable trazar paralelismos y contrastes extremos. Los analistas suelen contraponer dos realidades paradigmáticas: por un lado, la de Japón, una suerte de “isla” con recursos limitados, una superficie reducida —apenas el 13% de la de Argentina— pero con un PIB por habitante extraordinario y una hiperproductividad forzada por la escasez de recursos naturales; por el otro, economías como la Argentina, caracterizadas por una enorme riqueza en recursos naturales pero con persistentes dificultades para consolidar un sendero de desarrollo sostenido. Mientras Japón evolucionó desde un modelo de producción fabril hacia una economía madura centrada en servicios financieros y tecnológicos de alto valor agregado —convirtiéndose hoy en una plaza sumamente costosa para la inversión productiva directa—, Argentina lidia con desafíos de índole completamente distinta.

Japón: apoyo en el corto a un aliado en el largo plazo

El rescate a Japón no es sólo una operación cambiaria para evitar la depreciación de una moneda o calmar los riesgos de un carry trade. Es la radiografía de un mundo interconectado donde la debilidad demográfica de una nación desarrollada puede sacudir los cimientos del sistema financiero global.

Demuestra que, en la alta política internacional, la supervivencia de los aliados históricos se cuida con chequera y estrategia, porque un colapso en el Extremo Oriente puede transformarse, en cuestión de horas, en una crisis puertas adentro de Wall Street.

El viceministro de Hacienda, Juan Sebastián Betancourt, afirmó que no ve viable regresar en el corto plazo a la regla fiscal tal como está concebida actualmente, aunque aseguró que el Gobierno trabajará en una ruta para estabilizar la deuda pública y evitar que siga creciendo. La declaración se dio durante su intervención en la Convención Bancaria que se desarrolla en Cartagena.

De acuerdo con la información publicada por Blu Radio, Betancourt reconoció la importancia de contar con un ancla fiscal de mediano plazo, pero sostuvo que el objetivo inmediato debe ser contener el deterioro de las cuentas públicas. “Técnicamente no veo factible volver a la regla fiscal tal y como está concebida hoy en el corto plazo, pero soy tremendamente consciente de la importancia de un ancla fiscal de mediano plazo”, aseguró.

El pronunciamiento llega mientras el gobierno de Abelardo de la Espriella insiste en que recibió unas finanzas públicas complejas y pidió al Congreso margen para reescribir la propuesta de presupuesto del próximo año. Según el reporte, esta semana debe llegar una nueva versión de la ley de presupuesto para discusión.

Ajuste por gasto y nueva reforma tributaria

Betancourt explicó que el grueso del ajuste fiscal se concentrará en el lado del gasto, comenzando por una reducción para este mismo año. La meta de la administración será mantener estable la deuda pública y evitar que siga aumentando durante el actual periodo de Gobierno.

“Estamos pensando en un proyecto a cuatro años que ancle un nivel de deuda, y más adelante será necesario irla bajando”, dijo el viceministro. Según esa visión, el Gobierno actual buscará frenar el crecimiento de la deuda y será una administración posterior, a partir de 2030, la que deba llevarla hacia niveles más razonables.

El desafío no será menor. Solo mantener el nivel de deuda le costaría al Gobierno cerca de cuatro puntos del PIB en esfuerzo fiscal, según lo expuesto por el funcionario. Por eso, el Ejecutivo evalúa medidas como redirigir transferencias y mostrar un esfuerzo por adelgazar al Estado.

El plan no se limitaría a recortes. Betancourt también dejó claro que las medidas de gasto estarán acompañadas por acciones de ingresos, lo que confirma el interés del Gobierno en presentar una reforma tributaria ante el Congreso.

Los detalles del ajuste serán ampliados por el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, quien tiene prevista una conferencia ante los banqueros este viernes. Allí se espera una explicación más completa sobre la nueva propuesta presupuestal y las medidas fiscales que buscarán respaldarla.

BanRep ve efecto en el dólar

Mientras el Gobierno prepara su hoja de ruta fiscal, el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que los anuncios de ajuste ya han tenido efectos sobre la percepción de los mercados. Según dijo, la voluntad del nuevo Gobierno de adelantar un proceso de ajuste fiscal y una política económica más amigable con el sector privado ha contribuido a mejorar la percepción de riesgo país.

Villar señaló que esa mejor percepción ha reforzado la apreciación del peso colombiano, en momentos en que el dólar se ubica en sus niveles más bajos desde 2018, cerca de los 3.000 pesos. El gerente explicó que el país debe financiar su déficit con endeudamiento y que hoy paga tasas de interés elevadas a inversionistas, entre otros factores, por la alta inflación.

“La apreciación se refuerza cuando mejora la percepción de riesgo país gracias a los sanos anuncios del nuevo gobierno sobre su voluntad de adelantar un importante proceso de ajuste fiscal y una política económica general más amigable con el sector privado”, afirmó Villar.

Según el gerente del Emisor, eso es lo que ha ocurrido en Colombia durante los últimos tres meses, debido al atractivo que generan esos anuncios para atraer recursos del exterior y convertirlos en pesos en el mercado cambiario.

El reto para el Gobierno será convertir esos mensajes en decisiones concretas. La nueva versión del presupuesto, los recortes de gasto, una eventual tributaria y la estrategia para estabilizar deuda serán las primeras pruebas de credibilidad fiscal ante el Congreso, los mercados y el Banco de la República.

La economía salvadoreña llegó a la mitad de 2026 con señales de rigidez fiscal, bajo nivel de ejecución en la inversión pública y un endeudamiento en ascenso.

Un informe del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad de El Salvador (UES), basado en datos oficiales del Ministerio de Hacienda y el Banco Central de Reserva, advirtió sobre rezagos en áreas clave y presión financiera sobre las finanzas estatales.

Entre enero y junio, el sector público ejecutó solo el 27.98% de los recursos previstos para inversión pública, equivalente a USD 786,5 millones de los USD 2,815.47 millones programados. Aunque la cifra representó un aumento del 20% respecto del mismo período de 2025, el avance se mantuvo muy por debajo del cronograma oficial.

El informe identificó que el 70.73% del presupuesto de desarrollo social no se ejecutó. Las áreas más rezagadas fueron salud, donde solo se desembolsó el 10.35% del presupuesto; agua potable y alcantarillado, con una ejecución del 5,67%; asistencia social, con apenas el 3% ejecutado; y educación y cultura, con un avance del 29.27%.

Inversión y gasto público

En el área económica, el sector transporte y almacenaje ejecutó USD 250.78 millones de los USD 890.57 millones previstos, lo que representó una subejecución del 71.84%. El sector energía registró un avance del 1.28%.

El gasto total del Sector Público No Financiero alcanzó USD 6,160.41 millones al cierre de junio, con un crecimiento del 4.2%. El 82.1% correspondió a gastos corrientes, principalmente remuneraciones, bienes y servicios. Solo el 14.4% del gasto se destinó a inversión y capital.

El servicio de la deuda pública absorbió USD 1,147.2 millones, de los cuales USD 936.4 millones correspondieron al pago de intereses. El pago de capital se redujo, pero los intereses aumentaron, en línea con el crecimiento del saldo total de la deuda.

Ingresos y deuda

Los ingresos del Sector Público No Financiero sumaron USD 6,160.4 millones, de los cuales el 91.5% provino de ingresos corrientes, especialmente tributarios, como IVA y renta. Los ingresos crecieron un 12.1% respecto del año anterior, mientras las donaciones y los desembolsos externos mostraron una caída.

La cuenta corriente cerró con un saldo positivo de USD 577,9 millones, pero la cuenta de capital presentó un déficit de USD 880,4 millones, cubierto por financiamiento neto, principalmente externo.

La deuda pública totalizó USD 34,179.4 millones, con un incremento del 5.9% respecto de 2025. El aumento se concentró en la deuda de largo plazo, que creció en USD 979.5 millones. La deuda previsional alcanzó USD 11,669.85 millones, un 7.3% más que el año anterior.

Comercio exterior, reservas y crédito

La balanza comercial siguió negativa, con un déficit de USD 5,919.14 millones, pese a un aumento del 4.13% en exportaciones y del 8.77% en importaciones.

El saldo de remesas familiares alcanzó USD 5.060,6 millones, un 4.53% más que el año anterior, aunque con tendencia a la desaceleración por factores migratorios y laborales en Estados Unidos.

Las reservas internacionales netas se ubicaron en USD 5,167.43 millones, un crecimiento del 21.9% en relación con 2025, apoyadas por el alza de remesas y el financiamiento externo.

El crédito bancario creció 8.5% y alcanzó USD 21,804.4 millones. El principal destino fue el consumo, seguido de comercio y servicios, mientras que el financiamiento agropecuario mostró una caída del 1.6%.

El Gobierno de El Salvador y el Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe (KFAED) firmaron este lunes un acuerdo para financiar la construcción de la Planta Solar Fotovoltaica de San Matías, ubicada en el departamento de La Libertad. El convenio, valorado en tres millones de dinares kuwaitíes (aproximadamente $9,7 millones), tiene como propósito fortalecer la capacidad de generación de energía a través de fuentes renovables en el país, según informaron autoridades salvadoreñas.

La firma del acuerdo se llevó a cabo con la participación del ministro de Hacienda, Jerson Posada, quien destacó que la iniciativa responde a una visión de país centrada en la diversificación de la matriz energética y el impulso al desarrollo económico.

“La transición hacia fuentes de energía más limpia no solo representa un compromiso con el medio ambiente, también es una decisión estratégica para fortalecer la capacidad productiva del país y prepararnos para las necesidades energéticas del futuro”, declaró el funcionario durante el acto, según declaraciones recogidas por Reuters.

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mira, subrayó que este convenio constituye el primer acuerdo de este tipo entre El Salvador y el KFAED, lo que, a su juicio, refleja la confianza internacional en la estabilidad y capacidad de gestión del país.

“El desarrollo requiere visión, decisiones firmes y capacidad de ejecución. Esa es la ruta trazada por el presidente Nayib Bukele para consolidar un país seguro, moderno, competitivo y preparado para crecer”, sostuvo Mira. Además, el portal de la Cancillería puntualizó que la diplomática valoró el respaldo de la comunidad internacional como resultado del trabajo de la red de embajadas y consulados salvadoreños.

Alcance del proyecto

El proyecto contempla la instalación de módulos fotovoltaicos, estaciones de transformación y la infraestructura necesaria para conectar la nueva planta a la red eléctrica nacional. Además, incluye obras de acceso y preparación del terreno, según detallaron voceros del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por parte del Fondo Kuwaití para el Desarrollo Económico Árabe, el director general interino, Rashaid Al-Bader, calificó el acuerdo como el inicio de una nueva etapa de cooperación entre ambas naciones. “Este proyecto marca el inicio de la cooperación de desarrollo entre ambas partes y es, también, un paso significativo hacia la construcción de una relación más cercana, basada en la amistad, el respeto mutuo y las aspiraciones compartidas de desarrollo sostenible”, afirmó Al-Bader, según consignó Reuters.

El evento de suscripción del acuerdo contó, además, con la presencia del presidente del Ente Nacional de Transmisión Eléctrica, Juan Ceavega, el embajador de Kuwait concurrente ante El Salvador, Salah Al-Haddad, y el representante diplomático de El Salvador en Kuwait, Juan Carlos Staben.

El financiamiento otorgado por el KFAED busca respaldar la generación de energía limpia a partir de fuentes renovables, alineándose con los objetivos nacionales de sostenibilidad y reducción del impacto ambiental, de acuerdo con lo expresado por los funcionarios. Este tipo de inversiones internacionales, según el Ministerio de Hacienda, contribuye a la creación de condiciones favorables para el crecimiento económico y el fortalecimiento de la seguridad energética en El Salvador.

En junio, la Asamblea Legislativa autorizó al gobierno suscribir, a través del Ministerio de Hacienda, un contrato de préstamo con el Fondo de Kuwait. El plazo del préstamo es de hasta 25 años, incluyendo tres años de periodo de gracia.

Las recompras de bonos del Tesoro de Estados Unidos podrían subir a más de USD 4.000 millones en los tramos de 10 a 30 años, y el Gobierno prepara una iniciativa de consolidación fiscal para afrontar el mayor costo del endeudamiento en años. El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que esas operaciones podrían superar esa cifra por emisión.

Estados Unidos anunció el miércoles que al menos duplicará las recompras de títulos del Tesoro con vencimiento de 10 a 30 años, de USD 2.000 millones a un mínimo de USD 4.000 millones. Bessent añadió el jueves que cada emisión podría superar ese nivel y que la administración de Donald Trump presentará en los próximos días una iniciativa centrada en la consolidación fiscal para contener el costo de la deuda.

Bessent dijo el jueves en CNBC que las recompras “podría[n] ser más de USD 4.000 millones por emisión”. Por separado, afirmó que la administración anunciará “probablemente al final de esta semana, a comienzos de la próxima, un mayor foco en la consolidación fiscal”.

El secretario del Tesoro señaló además que Trump le encomendó esa iniciativa junto con Russ Vought, director de Presupuesto. También sostuvo que hay una “muy buena posibilidad” de que el déficit ya haya tocado techo.

La reacción del mercado fue limitada

El alivio inicial duró poco. El rendimiento del bono del Tesoro a 30 años subió el jueves hasta 5,24% en Nueva York y borró gran parte de la caída de 0,09 puntos porcentuales que siguió al anuncio del miércoles.

Tras las declaraciones de Scott Bessent, la deuda pública estadounidense volvió a bajar de forma moderada y dejó los rendimientos apenas por debajo de sus máximos previos. El dólar también prolongó su descenso después de haber caído con fuerza tras el anuncio inicial.

Un índice del dólar frente a una cesta de monedas comparables llegó a bajar 0,3% el jueves después de retroceder 0,8% el miércoles. Más tarde recuperó cerca de la mitad de esa pérdida inicial y cotizaba con una caída de 0,1%.

La presión de la deuda y el déficit sigue en el centro

El trasfondo de la inquietud inversora sigue en las cuentas públicas. La deuda nacional de Estados Unidos alcanzó un récord de USD 40 billones el miércoles, mientras los déficits se han mantenido en 6% del producto interno bruto en los últimos años.

El mercado teme por la inflación en medio de la guerra con Irán y la presión sobre la oferta derivada del fuerte aumento del endeudamiento de la industria de inteligencia artificial. En los últimos meses, esas dudas han golpeado sobre todo a la deuda de más largo plazo.

Bessent defendió que los rendimientos no reflejan los fundamentos. También afirmó que la liquidez, “especialmente en el tramo a 30 años”, es muy débil.

Los analistas dudan de que las recompras basten

Varios analistas consideraron que las recompras no alcanzan por sí solas para despejar las dudas. Eoin Walsh, gestor de carteras de TwentyFour Asset Management, dijo que no creen que esa intervención pueda funcionar por sí sola.

Joe Brusuelas, economista jefe de RSM US, planteó una objeción similar desde el frente presupuestario. Advirtió que, sin un giro hacia la consolidación fiscal, las recompras solo tendrían un efecto temporal.

Analistas de MUFG señalaron que el anuncio no programado del Tesoro parecía carecer de un plan estratégico suficiente. Keith Patton, de Columbia Threadneedle Investments, lo calificó de muy pequeño frente a los programas de expansión cuantitativa de la Reserva Federal.

Kit Juckes, de Société Générale, sostuvo que sigue en discusión si el anuncio logrará contener los rendimientos. Añadió que, con déficits altos y una deuda pública en manos del mercado equivalente al 100% del producto interno bruto, aumentará la presión sobre la demanda de activos estadounidenses y sobre el dólar.

Plan fiscal

Un día después de que la deuda pública total de Estados Unidos superó la marca simbólica de los 40 billones de dólares, Bessent dijo que él y el jefe de presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, emprenderían un nuevo esfuerzo de consolidación fiscal liderado por el presidente Donald Trump.

Lo anterior, combinado con medidas para reducir el despilfarro, el fraude y el abuso, podrían lograr ahorros de “varios cientos de miles de millones de dólares”.

Añadió que “no había nada mágico en la cifra de 40 billones de dólares” y que Estados Unidos saldría de la deuda mediante el crecimiento económico.

Afirmó además que el déficit de este año se ha incrementado debido a los reembolsos de los aranceles de Trump, declarados ilegales por la Corte Suprema, un fenómeno que no se repetirá el próximo año, ya que se están implementando nuevos aranceles bajo otras leyes comerciales que han superado las impugnaciones judiciales.

Bessent añadió que esperaba que los ingresos arancelarios de 2026 fueran similares a los de 2025, pero no especificó si se refería al año calendario o al año fiscal.

Según Bessent, otro factor que está reduciendo los ingresos es la ola de construcción de fábricas y centros de datos, que se están contabilizando inmediatamente como gasto contra las ganancias corporativas bajo la ley republicana de recorte de impuestos de 2025, lo que provoca una caída en los ingresos fiscales corporativos.

España acumula una deuda pública de 1.763.000 millones de euros, un nuevo máximo histórico en términos nominales que equivale al 101,5% de su Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de avance publicados este martes por el Banco de España correspondientes a junio de 2026. Aunque la ratio sobre el PIB bajó 1,9 puntos porcentuales respecto a junio de 2025, cuando se situaba en el 103,4%, el volumen absoluto de deuda no deja de crecer: en un año, las administraciones públicas españolas acumularon 74.000 millones de euros adicionales.

El descenso de la ratio no obedece a una reducción del endeudamiento, sino al crecimiento de la economía. El PIB español avanza a un ritmo superior al de la deuda, lo que permite que el porcentaje baje aunque el saldo nominal suba. Con todo, España se consolida como el quinto país más endeudado de la Unión Europea (UE), solo por detrás de Grecia (143,5%), Italia (138,9%), Francia (117,6%) y Bélgica (109,1%), de acuerdo con los últimos datos de Eurostat correspondientes al primer trimestre de 2026.

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La distancia con los socios europeos es amplia. La deuda pública española supera en 12,7 puntos la media de la eurozona, que se sitúa en el 88,9% del PIB, y en 18,7 puntos la media del conjunto de la UE. La comparación con Alemania resulta especialmente llamativa: el país germano registra una ratio del 64,4%, lo que deja una brecha de 37,2 puntos porcentuales con España.

Cuarenta puntos por encima del límite establecido

El parámetro de referencia que fija el Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la UE es el 60% del PIB. Con el 101,5% registrado en junio, España supera ese umbral en 41,5 puntos porcentuales. El Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) no exige a los estados miembros alcanzar ese nivel de forma inmediata, pero sí obliga a los que lo superan a demostrar una trayectoria de reducción “suficientemente rápida y sostenida”.

Al ritmo actual de descenso, inferior a dos puntos por año, la convergencia con el límite europeo requeriría más de dos décadas. La Comisión Europea ya advirtió en junio de que el crecimiento del gasto neto en España debe alinearse de forma estricta con los parámetros plurianuales del Pacto de Estabilidad.

La deuda del Estado crece más de 50.000 millones

Por subsectores, el grueso de la deuda recae sobre el Estado, cuyo saldo alcanzó los 1.602.000 millones de euros en junio, el 92,2% del PIB, con un crecimiento interanual del 4,4%. Las comunidades autónomas elevaron su endeudamiento hasta los 355.000 millones (20,4% del PIB), con una variación del 3,6% respecto al mismo mes del año anterior. La Seguridad Social registra el mayor ritmo de crecimiento entre todos los subsectores: su deuda avanza un 7,9% interanual hasta los 136.000 millones de euros, un incremento que el Banco de España atribuye a los préstamos concedidos por el Estado a la Tesorería General para financiar su desequilibrio presupuestario. En el extremo opuesto, las corporaciones locales son el único subsector que reduce su endeudamiento: recortan su deuda un 8,1% hasta los 21.000 millones de euros, el 1,2% del PIB.

Desde diciembre de 2025, la deuda del conjunto de las administraciones públicas creció en 64.400 millones de euros. El Estado aportó 52.600 millones de ese incremento, las comunidades autónomas 13.400 millones y las corporaciones locales 700 millones. Por instrumentos, los activos a corto plazo registraron el mayor dinamismo, con una tasa de variación interanual del 10,9%, frente al 3,6% de los valores a largo plazo y el 6,1% de los préstamos con vencimiento superior a un año.

La deuda pública de Estados Unidos superó por primera vez los 40 billones de dólares, un nivel que vuelve a poner bajo presión las cuentas de la mayor economía mundial. El Departamento del Tesoro informó que el pasivo federal alcanzó los 40,047 billones de dólares al cierre del martes.

Del total, 32,266 billones corresponden a títulos del Tesoro en manos de inversores, mientras que 7,782 billones son obligaciones internas entre distintas cuentas públicas. La cifra registra una aceleración reciente: el pasivo federal prácticamente se duplicó desde enero de 2017, cuando se situaba en 19,95 billones.

Una parte importante del incremento se produjo durante la pandemia de COVID-19. Las administraciones de Donald Trump y Joe Biden recurrieron a un endeudamiento para financiar ayudas de emergencia, programas de recuperación y apoyo económico a hogares y empresas. Sin embargo, el aumento no terminó con la pandemia. Los desequilibrios entre ingresos y gastos, junto con decisiones presupuestarias, mantuvieron la trayectoria ascendente.

Los ingresos federales no crecen al mismo ritmo que varias de las principales obligaciones del Estado. Seguridad Social, Medicare, Medicaid y la atención a veteranos concentran una parte del gasto y tienden a aumentar debido al envejecimiento de la población. A esto se suma el servicio de la deuda, cuyo costo se incrementa cuando crece el volumen de obligaciones y las tasas de interés permanecen elevadas.

El pago de intereses ya adquirió un peso excepcional dentro del presupuesto. Durante el ejercicio fiscal 2025, el gasto destinado a atender la deuda superó por primera vez al presupuesto del Pentágono. En los primeros diez meses del ejercicio fiscal 2026, los intereses pagados rebasaron el gasto de Medicare y se convirtieron en la segunda mayor partida presupuestaria, solo detrás de la Seguridad Social.

En julio, el Gobierno registró un desequilibrio mensual de 432.000 millones de dólares, uno de los mayores de la historia estadounidense. Durante los primeros diez meses del ejercicio fiscal 2026, el déficit acumulado ya había superado el registrado durante todo el ejercicio anterior.

El aumento del endeudamiento coincide con señales de mayor cautela en el mercado de bonos. Los rendimientos de los títulos estadounidenses de largo plazo alcanzaron niveles que no se veían desde hace años, mientras los inversores exigieron una remuneración mayor para mantener deuda con vencimientos extensos. Los compradores extranjeros, que poseen cerca de un tercio de los bonos del Tesoro, redujeron su demanda durante el último año.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunció una ampliación de las operaciones de recompra de bonos con vencimientos de entre 10 y 30 años, hasta al menos 4.000 millones de dólares por operación, en un intento de contribuir al funcionamiento del mercado.

La magnitud del endeudamiento generó nuevas advertencias de organizaciones dedicadas al seguimiento presupuestario. Maya MacGuineas, presidenta del Comité para un Presupuesto Federal Responsable, sostuvo que los 40 billones de dólares no representan únicamente una cifra contable. “La deuda no existe solo en los registros del Gobierno; se siente en toda la economía y llega a los bolsillos de las personas”, afirmó.

MacGuineas advirtió que un mayor endeudamiento puede presionar la inflación, limitar recursos para otras prioridades y reducir el margen de respuesta ante futuras emergencias. El Congreso enfrenta así un desafío estructural: contener el crecimiento de los gastos, aumentar los ingresos o combinar ambas medidas para evitar que la deuda continúe expandiéndose a un ritmo difícil de sostener.

La deuda bruta de la Administración Central aumentó en julio tras dos meses de baja. El dato cobró relevancia porque durante el mes se registró un crecimiento neto de compromisos antes de ajustes, y el impacto de las diferencias de cambio y de valuación terminó acentuando ese movimiento. Según informó la Secretaría de Finanzas, el stock subió en USD 6.064 millones respecto de junio antes del efecto contable, pero el resultado final fue un incremento de USD 10.530 millones.

Durante julio, la atención de consultoras económicas y medios especializados se concentró en las compras de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional para fortalecer el margen financiero de cara a los vencimientos que restan del mandato del presidente Javier Milei. A ese movimiento se sumó una mayor demanda de divisas de particulares tras el cobro del medio aguinaldo de asalariados y jubilados de altos ingresos.

Ese contexto, de todos modos, no alteró de manera significativa el tipo de cambio utilizado para convertir a dólares la deuda emitida en pesos. La paridad subió 0,47% en el mes, por debajo de la inflación que ajusta los bonos con cláusula CER, que en junio resultó inferior a 2%. Esa diferencia explicó parte del efecto de valuación que terminó empujando a la baja el stock final de la deuda.

La Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en julio la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 35.009 millones. Ese total incluyó financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones por USD 20.537 millones, además de amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 14.472 millones.

Antes del impacto de las diferencias de cambio y de la valuación y capitalización de los bonos soberanos, el saldo neto mostró un aumento de los compromisos por USD 6.064 millones. Una vez incorporados esos ajustes, el resultado final fue una baja del stock, que marcó el tercer descenso mensual consecutivo.

Stock según moneda y legislación

La Secretaría de Finanzas comunicó además que en julio de 2026 el stock de deuda bruta subió a USD 484.722 millones, de los cuales USD 482.204 millones se encontraron en situación de pago normal. El dato reflejó la evolución de un pasivo que en términos nominales siguió condicionado por la estructura de monedas, la legislación aplicable y el efecto de los cambios de valuación sobre los instrumentos emitidos.

La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) detalló en un informe que en ese mes se registraron vencimientos de deuda por $13,7 billones, íntegramente correspondientes a capital. A eso se sumaron vencimientos por USD 4.924 millones, de los cuales USD 4.411 millones correspondieron a títulos públicos, USD 479 millones a organismos internacionales y USD 34 millones a Letras del BCRA.

Por tipo de legislación, en julio la deuda en moneda local representó el 66% del total, mientras que el 34% restante correspondió a moneda extranjera. Esa composición siguió mostrando el peso predominante de los compromisos emitidos en pesos, aunque buena parte de su valuación en dólares quedó atada al movimiento del tipo de cambio de cierre de cada período.

La Secretaría de Finanzas destacó que “la variación respecto de junio se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 1.932 millones y el crecimiento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de 8.598 millones”.

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central subió en julio a 60,8%, algo más de un punto porcentual respecto de junio. La estimación surgió del cálculo implícito del producto bruto interno equivalente en dólares elaborado por el Banco Central a partir de los agregados monetarios.

Dentro de esa cuenta, las operaciones de deuda con organismos internacionales, excluido el Fondo Monetario Internacional (FMI), destinadas a recapitalizar al Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.714 millones.

El saldo del préstamo con el FMI aumentó en USD 323 millones, principalmente por el efecto de la variación de monedas frente al dólar.

Por diferencias de cambio, los adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 10 millones y se ubicaron en el equivalente a USD 2.749 millones.

A la vez, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 9.150 millones, que aumentaron en USD 373 millones, totalizó en julio de 2026 USD 475.572 millones. Ese agregado mostró una suba de USD 10.158 millones en comparación con el mes previo.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario totalizó en julio de 2026 USD 475.572 millones

La OPC informó además que en agosto se registran vencimientos de deuda por $17,3 billones y por USD 993 millones. De ese total, USD 99 millones corresponden a intereses y USD 904 millones a capital, de los cuales USD 804 millones fueron pagados al FMI en la primera semana del mes.

Para el resto del año se prevén vencimientos por $103 billones y USD 9.100 millones en moneda extranjera.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 48.899 millones hasta julio último. Esa variación, tomada de manera aislada, mostró una expansión del endeudamiento del Tesoro en la medición bruta.

Cuando se incorporan las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro realizadas en los primeros meses de 2024 y la variación de los depósitos oficiales, la lectura cambia. Bajo ese criterio, el stock consolidado en los primeros 32 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 11.379 millones.

Ese resultado se descompuso en un aumento de USD 22.164 millones con organismos internacionales y una baja de USD 33.544 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó del 59,1% heredado de noviembre de 2023, luego de haber trepado al 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos, a 60,8% del producto.

En 32 meses de gobierno de Milei la deuda consolidada aumentó en USD 22.164 millones con organismos internacionales y bajó en USD 33.544 millones en el agregado del sector público y privado

A comienzos de agosto, el Ministerio de Economía canceló Letras Intransferibles por USD 781 millones con el BCRA con el objetivo de mejorar el balance del ente monetario. Esos títulos, creados en 2006, se usaron para financiar el pago de deuda externa con reservas.

A eso se sumó la renovación del acuerdo bilateral de swap de monedas entre el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Banco Popular de China (PBoC) por RMB 130.000 millones, equivalentes a aproximadamente USD 19.000 millones. En esta oportunidad, el plazo de vencimiento se extendió de tres a cinco años, lo que otorgó mayor previsibilidad a una herramienta que ambas instituciones sostienen desde 2009.

Finanzas recordó que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”.

Hay cifras que describen un gobierno y otras que terminan definiéndolo. En Nuevo León debemos empezar a discutir una que define desde ahora lo que será el triste legado de Samuel y su Fosfo Team: $100 mil millones de pesos.

No hablo de $100 mil millones de deuda nueva. Hablo de algo más preocupante y mucho más grave: la exposición financiera adicional que esta administración dejará entre nueva deuda registrada, pasivos a proveedores y la factura de las obras que alguien tendrá que corregir, replantear y terminar de alguna forma dado de que fueron mal y caprichosamente concebidas (por no decir que fueron diseñadas para “el moche”, antes que para el beneficio social).

Samuel García recibió un estado con alrededor de $73 mil millones de pesos de deuda. Para 2026 se estima que el saldo llegue a un mínimo de $112 mil millones: 39 mil millones adicionales. A ese ritmo Samuel García será el gobernador que más haya endeudado a Nuevo León, un primer lugar real (por fin) que nadie la va a disputar.

Pero ahí no termina la cuenta. Falta terminar el Metro, es decir $20 mil millones más. Falta la carretera Interserrana y $30 mil millones de pesos ineludibles. Hay proveedores con pagos atrasados por miles de millones, organismos estatales que están creando mecanismos opacos para ocultar deuda y asegurar la obtención desesperada de recursos, obras pendientes e inconclusas por todos lados (solo en el Parque del Agua hay $500 millones en la balanza) y compromisos que seguirán consumiendo recursos después de que termine esta administración.

Samuel se va. La factura se queda. Y aquí está la discusión verdaderamente importante. Endeudarse para construir infraestructura productiva que acelere el crecimiento, mejore la calidad de vida de las familias y la armonía social puede ser una buena decisión. Endeudarse, gastar por ocurrencia y dejar obras inconclusas y sin sentido es otra cosa.

La OCDE ha advertido, una y otra vez, que la calidad de la inversión pública importa tanto como su volumen: existen enormes diferencias entre gobiernos respecto de cuánta infraestructura y crecimiento consiguen por cada peso invertido. Y todo corporativo de clase mundial en Nuevo León apoyará la tesis. Por eso la pregunta que debemos hacer es brutalmente sencilla:

¿Qué recibió Nuevo León a cambio de la fiesta de la deuda de Samuel, su MODO DEUDA? Porque siguen y están peor que nunca el tráfico, la contaminación, los problemas de agua y las fugas de drenaje y las obras sin terminar.

Y el riesgo hacia adelante es todavía mayor. Una estimación moderada de exposición financiera del estado ronda actualmente los 170 mil millones de pesos y, con sobrecostos, nuevos pasivos y recursos adicionales para concluir proyectos, puede acercarse a 200 mil millones en menos tiempo del que pensamos.

Eso tendría consecuencias muy concretas: menos margen para recursos urgentes en infraestructura, seguridad, agua y movilidad; menor capacidad para acompañar nuevas inversiones privadas; y mayor presión sobre las finanzas del siguiente gobierno.

La advertencia crediticia ya apareció: Standard & Poor’s bajó la calificación de Nuevo León de mxA+ a mxA con una perspectiva negativa, por lo que en 12 meses volverán a ajustar y seguramente con un panorama más sombrío. Eso es una herencia de Samuel que es inaceptable.

Inaceptable porque Nuevo León compite todos los días por inversión y crecimiento. El capital no está escriturado a nuestro nombre. Las empresas globales comparan infraestructura, seguridad, agua, energía, talento y también certeza financiera, y Samuel y su herencia deudora los están preocupando.

En contraste total, la Presidenta, la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, propone con el Plan México, otra lógica: crecimiento, inversión e infraestructura que produzcan bienestar y fortalezcan la capacidad productiva del país. Eso también significa gobernar con una regla profundamente norteña: cuidar el dinero y cumplir. Por eso necesitamos conocer hasta el último compromiso que el Samuelato deja, revisar proyecto por proyecto y, sobre todo, terminar lo que haya que terminar.

La discusión ya no es solamente cuánto debe Nuevo León. Es cuánto del futuro ya comprometieron y qué nos dejaron a cambio. Porque si estamos acercándonos aceleradamente a un escenario donde los compromisos son más grandes que el presupuesto total del gobierno estatal en un año entero, entonces esto es más grande que una discusión contable. Estamos viendo como la incompetencia se gasta el Nuevo León del mañana sin saber qué recibió a cambio el Nuevo León de hoy.

De verdad, ya hay 100 mil millones de razones para que Nuevo León escoja otro camino, uno de Transformación. Urge.

**El autor es Alcalde, con licencia, del Municipio de General Escobedo y aspirante a Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Nuevo León, México.

La designación de Julián Buitrago como nuevo director del Departamento Nacional de Planeación (DNP) generó cuestionamientos relacionados con su experiencia para asumir la dirección de una entidad encargada de la planeación y la inversión pública. En entrevista con La FM, el funcionario respondió a las críticas y explicó cuáles son los antecedentes profesionales que, según dijo, respaldan su llegada al cargo.

Buitrago, quien tomará posesión este martes 18 de agosto en Bogotá, aseguró que su nombramiento también lo tomó por sorpresa. Según relató durante la entrevista, inicialmente el presidente Abelardo de la Espriella le había planteado asumir una responsabilidad relacionada con el sector financiero.

“A mí también me tomó por sorpresa. Yo, en principio, iba a otra asignación del Gobierno, en especial financiera”, señaló el funcionario.

Buitrago explicó que desde las conversaciones iniciales con el mandatario le manifestó su disposición para asumir la responsabilidad que este le asignara. “Yo estaría donde él me necesitara”, afirmó.

Buitrago defendió su trayectoria frente a los cuestionamientos

Ante las críticas por su experiencia para dirigir el DNP, Buitrago destacó sus más de 15 años de trayectoria en el sector financiero y su paso por la Secretaría de Planeación de Pereira.

El funcionario explicó que desde 1999 estuvo vinculado a asuntos relacionados con la deuda pública y señaló que participó en procesos que contribuyeron al desarrollo del mercado de deuda pública colombiano.

“Hicimos una labor ardua junto al Ministerio de Hacienda sacando ese esquema que permitió que el mercado de capitales colombiano evolucionara”, manifestó durante la entrevista.

Buitrago también respondió directamente a quienes cuestionan que no tenga experiencia específica al frente de una entidad nacional de planeación.

“Mucha gente dice que no tengo experiencia, pero desde el año 1999 estaba sentado en el banco más grande del país manejando deuda pública”, sostuvo.

De acuerdo con su explicación, esa trayectoria le permitió conocer las cuentas nacionales, los recursos públicos y los mecanismos relacionados con su financiación. “Conozco perfectamente todas las cuentas nacionales”, afirmó.

El funcionario también puso como antecedente su experiencia en Pereira. Allí estuvo al frente de la Secretaría de Planeación y participó en la elaboración del Plan de Desarrollo de la ciudad.

Según Buitrago, ese trabajo le permitió conocer la relación entre las necesidades de las regiones y la definición de las inversiones que deben realizarse con recursos públicos.

“Lo que requiere el país es que desde las regiones se proyecten esas inversiones puntuales que se deben hacer y que es preciso que por Planeación Nacional se destinen esos recursos”, explicó.

Reconstrucción tras el terremoto, entre los primeros desafíos

La llegada de Buitrago al DNP se da mientras el Gobierno atiende las consecuencias del terremoto del pasado 10 de agosto. Una de las responsabilidades que tendrá el nuevo director será participar en la definición de los recursos necesarios para la reconstrucción de las zonas afectadas.

En la entrevista con la radio, Buitrago advirtió que las primeras estimaciones sobre el costo de la recuperación podrían quedarse cortas. En particular, señaló que la cifra de $10 billones calculada para la reconstrucción de Pereira sorprendió al Gobierno, debido a que inicialmente se contemplaba que ese monto podría cubrir el conjunto de la tragedia.

“El daño puede ser mucho más costoso de lo que se prevé inicialmente”, afirmó.

Por esta razón, el funcionario consideró necesario realizar primero un inventario detallado de las afectaciones para determinar cuánto dinero será necesario y cómo deberán distribuirse los recursos.

Buitrago también señaló que durante una visita a Cartago encontró afectaciones importantes, incluso en lugares donde no se registraron víctimas mortales.

El diagnóstico de los daños será, de esta manera, un elemento necesario para establecer las inversiones que deberán realizarse en los municipios afectados.

Buitrago advierte sobre el limitado espacio fiscal

La reconstrucción también estará condicionada por la situación fiscal del Gobierno. Buitrago aseguró que existe poco margen para recurrir a un mayor endeudamiento, por lo que será necesario analizar diferentes alternativas para financiar la atención de la emergencia.

“Estamos en el peor de los escenarios porque tenemos muy poco espacio fiscal”, sostuvo.

El funcionario explicó que, además de los recursos que pueda destinar el Estado, deberán estudiarse mecanismos para apoyar a las familias afectadas mientras se encuentran soluciones de vivienda.

Entre las alternativas mencionadas están los alivios tributarios, subsidios de arriendo y ayudas para el pago de servicios públicos.

Buitrago señaló que estas medidas deberán ser analizadas junto con las necesidades identificadas en las zonas afectadas, con el objetivo de establecer cómo se pueden asignar los recursos disponibles.

Cambio en la designación del director del DNP

La llegada de Buitrago al DNP se produjo después de que el Gobierno anunciara inicialmente al economista Carlos Eduardo Sepúlveda para ocupar el cargo. Sin embargo, ese nombramiento finalmente no avanzó y el presidente Abelardo de la Espriella anunció posteriormente a Buitrago como nuevo director.

Sepúlveda cuenta con una trayectoria académica y técnica, mientras que Buitrago tiene experiencia en el sector financiero y en la administración pública regional.

El gasto en intereses de la deuda pública de las comunidades autónomas pasará de 3.608 millones de euros en 2022 a 11.528 millones en 2029, lo que supone más que triplicar esa partida en siete años. Se trata de una proyección publicada por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) en un informe de agosto de 2026 que advierte de que esta dinámica “obligaría a redirigir recursos crecientes desde otras políticas públicas hacia el pago del servicio de la deuda”.

Esta presión se da por la refinanciación. El tipo medio de la deuda autonómica era del 1,1% en 2022 y alcanzaría el 3,3% en 2029, según las proyecciones del informe. La deuda que vence cada año se renueva a tipos muy superiores a los que tenía cuando se emitió, lo que eleva el coste financiero aunque el volumen total de deuda no crezca de forma descontrolada.

Entre 2022 y 2025, el gasto en intereses ya se dobló, al pasar de 3.608 a 7.487 millones de euros, antes de que los efectos plenos de la subida de tipos se trasladen a la totalidad del stock de deuda autonómica. Fedea estima que ese traslado se completará a lo largo del periodo 2026-2029, cuando los vencimientos de deuda se refinancien a los tipos actuales de mercado, en torno al 3% para el bono soberano español a cinco-siete años.

La paradoja de la ratio sobre el PIB

Las cifras absolutas de deuda autonómica cuentan una historia distinta a la que ofrecen los porcentajes sobre el Producto Interior Bruto (PIB). En términos absolutos, el volumen de deuda de las regiones aumentará en 29.919 millones de euros entre 2022 y 2029, hasta alcanzar los 347.012 millones. La ratio sobre el PIB, en cambio, descenderá del 23% al 17,1% en ese mismo periodo. La diferencia la explica el crecimiento del PIB nominal previsto por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, superior al 4% anual durante todo el periodo, que agranda el denominador de la fracción aunque el numerador también crezca.

El propio informe advierte de que esta evolución positiva de la ratio de deuda descansa en supuestos que califica de optimistas: que todas las comunidades autónomas cumplirán los objetivos de déficit fijados por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) (déficit del 0,1% del PIB en 2026, equilibrio en 2027 y superávit del 0,1% en 2028 y 2029), y que el crecimiento nominal del PIB se mantendrá por encima del 4%. Cualquier desviación en alguno de estos parámetros empeoraría el escenario proyectado.

El contexto monetario que lo hace posible

El punto de partida de esta dinámica está en la política monetaria del Banco Central Europeo (BCE). Los tipos de interés, que se mantuvieron cercanos al 0% entre 2016 y 2022, escalaron con fuerza a partir de ese año y el BCE los situó en el 2,40% en junio de 2026 para operaciones de refinanciación, tras una subida de 25 puntos básicos motivada por las presiones inflacionarias derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Irán. Fedea descarta en el informe que los tipos vuelvan a niveles cercanos al 0% en el horizonte analizado, y fija el tipo de emisión de referencia para sus proyecciones en el 3%, nivel similar al registrado justo antes de la Gran Recesión de 2008.

La deuda autonómica, además, acumula un largo historial de expansión. Entre 2008 y 2020, su peso sobre el PIB se multiplicó por más de cuatro, al pasar del 6% al 27%, impulsado por la crisis financiera primero y por la pandemia de COVID-19 después. Desde 2012, el Estado se convirtió en el principal acreedor de las regiones a través de mecanismos de asistencia financiera como el Fondo de Financiación de las Comunidades Autónomas (FFCCAA), y en la actualidad controla cerca del 60% de la deuda autonómica total.

El caso extremo de Asturias y la advertencia sobre la política fiscal

Entre todas las comunidades, el Principado de Asturias presenta el perfil de mayor exposición al alza de tipos. A diferencia de la mayoría de las regiones, Asturias financia una parte relevante de su deuda mediante préstamos a tipo variable, lo que ha provocado que su tipo medio ya haya pasado del 1,3% en 2022 al 3,2% en 2025, frente al avance del conjunto de las comunidades autónomas del 1,1% al 2,2% en ese mismo periodo. Las proyecciones de Fedea sitúan el tipo medio asturiano en el 4,4% en 2029, el más alto entre todas las regiones, aunque el propio informe reconoce que esta estimación podría estar sesgada al alza, dado que el repunte de tipos en esa comunidad se habría anticipado en gran medida a cierre de 2025.

El informe de Fedea dedica su tramo final a extraer implicaciones de política económica. La primera es que las comunidades autónomas deben calibrar con especial prudencia las políticas fiscales de carácter expansivo (como aumentos del gasto público o rebajas de impuestos), tanto en el corto plazo como en los próximos años. El documento señala que “la implementación de reducciones significativas de la presión fiscal y/o el desarrollo de programas de gasto con una rentabilidad social limitada podrían comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas regionales”.

La deuda pública total de El Salvador alcanzó los USD 34,865.15 millones al cierre del primer semestre de 2026, un alza de 3.12% frente al cierre de 2025, según datos oficiales del Banco Central de Reserva (BCR). El incremento fue de USD 1,058.04 millones en seis meses. De esta cifra, USD 15,676.49 millones corresponden a deuda externa y USD 19,188.67 millones a deuda interna, con un peso relevante de las obligaciones con los fondos privados de pensiones, que suman 11,669.85 millones.

El BCR reportó que la deuda estatal subió desde USD 33,807.11 millones al cierre de 2025, manteniendo la presión sobre las finanzas nacionales. Según datos del BCR, el incremento de la deuda total en los primeros cinco meses del año ya había sido de 2.4%, situando el saldo en USD 34,630.96 millones a finales de mayo.

El saldo de la deuda externa experimentó una subida de 2.88%, equivalente a USD 451.56 millones respecto a diciembre de 2025, mientras que la deuda interna aumentó 3.26%, con USD 606.49 millones adicionales. El desglose oficial destaca que el endeudamiento con el sistema de pensiones registró un crecimiento anual de 6.8% en 2025, situación que llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a recomendar un refuerzo en la sostenibilidad del sistema previsional y una ampliación de los ingresos estatales.

El sector público no financiero concentra el mayor monto de endeudamiento, con USD 21,854.39 millones, mientras que los instrumentos de corto plazo, como las Letras del Tesoro (LETES), suman 1,161.39 millones. De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, durante 2025 el gobierno destinó USD 3,087.1 millones al pago de deuda pública, cifra que absorbió cerca de una quinta parte del presupuesto ejecutado ese año. De ese monto, USD 1,502.3 millones se destinaron a intereses y otros costos financieros, y USD 1,584.8 millones a la amortización de capital, con una ejecución presupuestaria del 99.1% en este último rubro.

Los desembolsos realizados para el servicio de la deuda superaron los recursos invertidos en infraestructura, desarrollo local y transferencias a municipalidades. El pago de estas obligaciones se cubrió con fondos del Fondo General y préstamos externos, según datos del gobierno divulgados por Infobae.

El programa con el FMI y las metas fiscales

El aumento del endeudamiento se ha producido junto a compromisos asumidos en el programa financiero acordado con el FMI, que exige una reducción del saldo primario de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) a lo largo de tres años, con el objetivo de llevar la deuda a una trayectoria descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024. El Ejecutivo aplicó medidas fiscales en 2025 valoradas en 1.5% del PIB, como la reducción de la masa salarial, recortes en el gasto en bienes y servicios, y menores transferencias a los municipios.

El FMI también ha insistido en la importancia de fortalecer la transparencia fiscal, publicar información detallada sobre la deuda y el sistema de pensiones, y robustecer los mecanismos de control contra la corrupción y el lavado de activos.

El crecimiento del PIB y las proyecciones para 2026

El BCR informó que el PIB de El Salvador creció 4.79% en el primer trimestre de 2026, situándose en USD 9,261.8 millones, impulsado principalmente por la construcción y la explotación de minas y canteras. De acuerdo con las proyecciones del Banco Mundial, la economía salvadoreña crecería 3.2% al cierre de 2026 y 3% en 2027, por debajo del 3.9% registrado en 2025.

El Informe de Riesgo País del segundo trimestre de 2026 para la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD) detalla los factores que están incidiendo de manera notable sobre la calificación de Nicaragua, centrando la atención en las vulnerabilidades fiscales, geopolíticas y la exposición a presiones externas relacionadas principalmente con su alta dolarización financiera y una gobernanza considerada endeble por las principales agencias crediticias globales.

Nicaragua mantiene, según Fitch, S&P y Moody’s, una calificación de riesgo en torno a “B” o “B+” con perspectiva estable, sustentada por una política fiscal prudente y la existencia de superávits gemelos (fiscal y comercial) que permiten la acumulación de amortiguadores externos. Sin embargo, estos factores positivos no logran compensar los riesgos latentes relacionados con la alta vulnerabilidad geopolítica.

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otras restricciones internacionales continúan ejerciendo presión sobre la economía nicaragüense, constituyendo uno de los principales riesgos para la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de financiamiento.

La dolarización financiera de Nicaragua implica que una mayor proporción de la deuda se encuentra en moneda extranjera, lo que aumenta la exposición a movimientos internacionales, volatilidad en los mercados y posibles shocks externos. Esto, junto con la débil gobernanza, reduce la capacidad del gobierno para responder de manera flexible y efectiva a emergencias económicas o financieras. Al analizar la situación de la deuda, se observa que a febrero de 2026, la deuda pública se ubicaba en USD 11,026.30 millones, con una tasa de aumento interanual del 8.04%.

Aunque la combinación de políticas fiscales prudentes y balance superavitario ha permitido la mejora gradual de algunas métricas de deuda, la dependencia estructural de financiamiento externo podría representar un escollo mayor si las condiciones internacionales se vuelven menos favorables o si se agravan las sanciones.

Tal como señalan las agencias calificadoras, una presión adicional podría derivarse de acontecimientos sociales que afecten la estabilidad macroeconómica o por un “deslizamiento” en la política económica que agote los amortiguadores fiscales y profundice las vulnerabilidades.

En el primer trimestre de 2026, la economía nicaragüense mostró un notable crecimiento interanual del PIB del 6.1%, acompañado de una baja inflación (3.72% en mayo 2026) y un comportamiento positivo en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), aunque con moderada variación del 0.7%. A pesar de este dinamismo, la sostenibilidad del crecimiento está condicionada por la estabilidad macroeconómica y la capacidad de mantener los flujos de financiamiento externo.

El sector financiero, por su parte, exhibe resiliencia con indicadores de liquidez y rentabilidad altos, lo cual es considerado como una fortaleza. Sin embargo, la robustez del sistema no es suficiente para contrarrestar los efectos que podrían derivar de un entorno externo adverso o una intensificación de las restricciones geopolíticas.

Las agencias consideran que mejoras adicionales en la calificación de Nicaragua podrían derivarse de la continuidad en las políticas prudentes actuales, un crecimiento económico robusto y mayores amortiguadores fiscales. En este sentido, una mayor flexibilidad para acceder al financiamiento externo y un fortalecimiento del clima de negocios también sumarían puntos a su favor.

En contraste, la materialización de riesgos sociales o políticos que socaven la estabilidad macroeconómica, o un manejo imprudente de la política económica que reduzca los colchones financieros, podría desencadenar rebajas en la calificación.

Dentro de la región CAPARD, Nicaragua destaca, no por sus fortalezas intrínsecas, sino por la exposición a riesgos que la hacen más vulnerable frente a shocks externos y fluctuaciones en la confianza de los inversores internacionales. La presencia de altos índices de dolarización financiera y la gobernanza débil son factores que, de mantenerse, seguirán limitando la capacidad de avance económico y de atracción de mayor inversión extranjera directa.

En conclusión, mientras Nicaragua mantiene algunos fundamentos macroeconómicos sólidos, los riesgos fiscales, geopolíticos y de financiamiento externo obligan a mantener un enfoque cauteloso sobre el futuro económico del país. La agenda pendiente incluye reforzar sus instituciones y diversificar el acceso al financiamiento, para reducir la exposición a factores externos y consolidar una senda de crecimiento más estable y sostenible.

La deuda del Gobierno Central llegó al 61.1% del PIB y el Banco Central de Costa Rica recortó el jueves su proyección de crecimiento para 2026 de 3.5% a 3.4%. La revisión también alcanzó a 2027, cuya estimación bajó a 3.5%, en un contexto de desaceleración vinculado al freno de las zonas francas.

La entidad atribuyó el ajuste a “la persistencia de la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales de Estados Unidos y la fragmentación geoeconómica”, factores que, según el emisor, tendrán un impacto negativo sobre el ingreso nacional disponible.

La economía de Costa Rica enfrenta además un freno interno: el motor de las zonas francas, que había crecido 17.2% interanual en julio de 2025, avanzó apenas 3.7% en abril de este año, afectado por la salida de Intel y Qorvo y por la caída en exportaciones de dispositivos médicos hacia Estados Unidos.

Cómo fue la revisión de las proyecciones

El recorte de una décima se suma a una trayectoria descendente más marcada. La proyección de enero de este año era de 3.8%, por lo que la cifra oficial acumuló una baja de cuatro décimas en pocos meses.

El dato del primer trimestre refuerza esa tendencia: el Banco Central de Costa Rica había estimado un crecimiento de 4,5% y luego lo corrigió a 4.1%, lo que mostró que la desaceleración ya estaba en marcha antes de la publicación de las nuevas proyecciones.

La comparación con 2025 amplía la diferencia. Ese año la economía cerró con un crecimiento de 4.6%, por lo que la proyección actual para 2026 implica una caída de 1.2 puntos porcentuales.

La cifra también quedó por debajo de lo previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que en su informe de perspectivas de mitad de año proyectó 3.5% para el país.

El freno de las zonas francas

La desaceleración no responde solo a factores externos. El Banco Central de Costa Rica identificó en sesiones técnicas previas que el principal factor interno es el enfriamiento del régimen especial de zonas francas, que había impulsado el crecimiento costarricense durante el ciclo pospandemia.

Las exportaciones de dispositivos médicos, principal producto de ese sector, pasaron de crecer 35.1% en abril de 2025 a 5,6% en el mismo mes de este año. Las ventas hacia Estados Unidos, principal destino comercial del país, cayeron 1,1% en los primeros cuatro meses de 2026.

El cierre de las plantas de Intel y Qorvo en 2025 dejó un hueco que el régimen definitivo, el resto de la economía, no logró compensar, aunque ese sector sí mejoró su ritmo de 2.3% a 3.3%.

Inflación, tasas y empleo

El panorama de inflación mostró señales mixtas. El indicador se mantendrá en torno al 2% en lo que resta del año, por debajo de la meta del 3% fijada por el banco emisor. La moderación en los precios internacionales del petróleo y los granos explicó parte de ese comportamiento.

La tasa de política monetaria ya reflejó ese contexto: el BCCR la recortó a 3.00% el 18 de julio, su primer ajuste a la baja en siete meses, en respuesta a una inflación interanual que llegó a terreno negativo (-0.22%) al cierre del primer semestre.

En el mercado laboral, la tasa de desempleo se mantuvo en torno al 6%, pero bajaron las tasas de participación y de ocupación, mientras aumentó el subempleo. El banco emisor advirtió además que la recaudación fiscal acumuló hasta mayo una caída cercana a ₡62 mil millones, equivalente a una reducción del 2% frente al mismo período de 2025.

La deuda y el debate por el IVA de la canasta básica

El deterioro fiscal fue otro de los puntos del informe. La deuda del Gobierno Central alcanzó el 61.1% del PIB al cierre de mayo, por encima del 60,5% registrado por el Ministerio de Hacienda en su reporte de ese mes.

El superávit primario se redujo y el déficit financiero creció, en parte porque el pago de intereses de la deuda consume alrededor del 1,8% del PIB.

Para contener ese deterioro, el Gobierno de la presidenta Laura Fernández anunció medidas contra el contrabando y la evasión fiscal. La propuesta que abrió más debate fue la posibilidad de eliminar la exoneración parcial del IVA sobre la canasta básica.

Hoy, los más de 230 productos que integran esa canasta, entre ellos alimentos, artículos de higiene y escolares, pagan una tasa del 1%, frente al 13% general.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó que el Gobierno estudia eliminar esa diferencia, aunque aclaró que los recursos recaudados se devolverían a los hogares de menores ingresos mediante subsidios focalizados.

La reforma requeriría aprobación de la Asamblea Legislativa, donde el oficialista Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 votos.

El Gobierno no explicó aún el mecanismo concreto de esa devolución.

La transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella no partirá de un “desastre” generalizado, pero sí estará marcada por una restricción fiscal que puede condicionar buena parte de la agenda del nuevo mandatario. Esa es una de las conclusiones que plantea el economista José Antonio Ocampo en un documento divulgado este 30 de julio.

El análisis, reseñado por Revista Semana, revisa el cambio de mando entre dos proyectos políticos con diferencias ideológicas profundas y pone el foco en las verdaderas cargas que recibirá la nueva administración. Para Ocampo, el país llega con avances sociales y correcciones económicas importantes, aunque también con una crisis fiscal que no puede minimizarse.

El exministro de Hacienda durante la primera etapa del gobierno Petro sostiene que algunos indicadores mejoraron en los últimos años. Entre ellos menciona la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional, así como una baja tasa de desempleo que se ha mantenido recientemente.

Con esa lectura, Ocampo desmonta la idea de que De la Espriella recibirá un país completamente deteriorado en lo social. Sin embargo, advierte que el nuevo Gobierno tendrá poco margen para cumplir metas ambiciosas de crecimiento, especialmente si busca acercarse a cifras cercanas al 7 %.

Ocampo reconoce avances, pero advierte límites

Uno de los puntos que destaca el economista es la corrección de dos desequilibrios heredados desde 2022: el déficit en la balanza de pagos y el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. Según Ocampo, ambos problemas fueron corregidos durante el cuatrienio que termina.

La balanza de pagos refleja los intercambios reales y financieros que Colombia sostiene con el resto del mundo. El Fepc, por su parte, había acumulado un déficit que pocos gobiernos se habían atrevido a enfrentar. Para el profesor de la Universidad de Columbia, esas correcciones son parte del balance económico que no debería desconocerse.

El documento también menciona el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, una tendencia que Ocampo considera clave para el equilibrio de las cuentas externas. “Mantener esa tendencia bajo el nuevo gobierno será fundamental”, señaló.

Aun así, el economista advierte que esas ventas externas pueden enfrentar presiones por la apreciación del peso y por el fuerte aumento del salario mínimo. “Medido en dólares estadounidenses, el salario mínimo ha aumentado más de un 40 %”, subrayó Ocampo.

Ese punto abre una discusión sobre competitividad, costos laborales y capacidad exportadora. Aunque el aumento del salario mínimo puede mejorar ingresos de los trabajadores, también puede tener efectos sobre sectores que compiten en mercados internacionales.

La gran herencia será fiscal

El mayor problema para De la Espriella estará en las finanzas públicas. Ocampo enfatiza que la deuda pública supera el 60 % del PIB y que el aumento del gasto deja una carga pesada para el próximo Gobierno. Esa restricción fiscal puede limitar programas, inversiones y promesas de campaña.

El diagnóstico también plantea una incógnita social: hasta qué punto el nuevo Gobierno mantendrá el compromiso con los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991. La pregunta se relaciona con los avances en reducción de pobreza multidimensional, asociados a mejoras en educación, salud, servicios públicos y vivienda.

Ocampo advierte que esos avances conviven con una brecha creciente entre zonas rurales y urbanas. Por eso, cualquier ajuste fiscal tendrá que considerar el impacto sobre los hogares más vulnerables y sobre las regiones con menor acceso a servicios.

El fenómeno de El Niño aparece como otro reto inmediato. Según el informe citado por Revista Semana, la nueva administración enfrentará riesgos de racionamiento de energía por el lento crecimiento de la capacidad de generación durante el gobierno Petro y por el déficit de gas natural para consumo interno.

La deuda pública de México alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 19 billones de pesos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con este incremento, el endeudamiento del país representa ya 51 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque la dependencia federal sostuvo que las finanzas públicas continúan en una trayectoria sostenible.

Las cifras oficiales muestran que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la medida más amplia de la deuda pública, ascendió.

¿Cuánto aumentó la deuda?

• 2026: 19 billones 47 mil 700 millones de pesos
• 2025: 17 billones 796 mil 100 millones de pesos

Es decir, el aumento de la deuda subió 1 billón 251 mil 600 millones de pesos (1,251,600 millones de pesos).

Hacienda prevé que la deuda aumente al cierre de 2026

La Secretaría de Hacienda reconoció que el nivel de endeudamiento aún podría incrementarse durante la segunda mitad del año. Sus proyecciones estiman que la deuda pública podría ubicarse en 52.3 por ciento del PIB al finalizar 2026, lo que implicaría un aumento cercano a un billón de pesos respecto al saldo actual.

A pesar de este escenario, la dependencia subrayó que el indicador permanece 1.6 puntos porcentuales por debajo de lo previsto originalmente, lo que refleja un desempeño mejor al esperado en materia fiscal.

Asimismo, Hacienda destacó que México conserva el grado de inversión otorgado por las ocho agencias calificadoras que evalúan la deuda soberana del país, lo que, afirmó, mantiene condiciones favorables para acceder a los mercados internacionales de financiamiento.

Mejor desempeño de las finanzas públicas

En su informe semestral, la SHCP aseguró que los principales balances fiscales presentaron resultados superiores a los programados.

Entre los indicadores destacados se encuentra el déficit presupuestario, que fue 358 mil millones de pesos menor al contemplado inicialmente en el programa económico.

De igual forma, el balance primario presupuestario, que excluye el pago de intereses de la deuda, registró un superávit de 115 mil millones de pesos, reflejando una mayor disciplina en el manejo de las finanzas públicas durante la primera mitad del año.

Estos resultados, señaló la dependencia, fortalecen la sostenibilidad fiscal del país y permiten enfrentar con mayor margen los compromisos financieros del gobierno federal.

Disminuye el costo financiero de la deuda

Otro de los aspectos positivos reportados por Hacienda fue la reducción en el costo financiero de la deuda pública.

Durante el primer semestre de 2026, este indicador disminuyó 4.8 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior.

La dependencia explicó que este comportamiento obedeció principalmente al efecto favorable de la variación cambiaria sobre los pasivos contratados en moneda extranjera, así como a una estrategia de refinanciamiento implementada por el Gobierno de México.

Dicha estrategia permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y generar ahorros estimados en 111 mil millones de pesos, reduciendo la presión sobre las finanzas públicas en los próximos años.

Deuda pública mantiene tendencia ascendente

Aunque el gobierno federal insiste en que el endeudamiento permanece en niveles sostenibles y comparativamente moderados frente a otras economías de América Latina, las cifras reflejan una tendencia de crecimiento constante en los últimos años.

El incremento de más de 1.25 billones de pesos en el saldo de la deuda respecto al mismo periodo del año anterior confirma que el financiamiento público continúa siendo un elemento relevante para cubrir las necesidades presupuestarias del país.

Con la expectativa de que el SHRFSP alcance 52.3 por ciento del PIB al cierre de 2026, el comportamiento de la deuda pública continuará siendo uno de los principales indicadores que seguirán inversionistas, agencias calificadoras y analistas económicos para evaluar la fortaleza de las finanzas nacionales y la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica.

El endeudamiento del Gobierno Nacional Central mantiene una trayectoria ascendente y, con corte a junio de este año, alcanzó un nivel equivalente al 60,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la actualización publicada por el Ministerio de Hacienda sobre el comportamiento de la deuda pública.

Las cifras muestran que el saldo total llegó a $1.167 billones, un monto superior al registrado un año atrás, cuando la deuda se ubicaba en $1.092 billones. Esto representa un incremento de 6,8% frente al mismo periodo del año anterior y confirma el aumento de las obligaciones financieras del Estado. El crecimiento del endeudamiento también se observa al comparar las cifras con el inicio de la administración actual. Desde agosto de 2022, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central aumentó en $363 billones y alcanzó los $1.167 billones reportados para junio de 2026, según los datos oficiales.

Al revisar la composición de la deuda, el informe evidencia un mayor peso del financiamiento interno dentro de la estrategia del Gobierno. La deuda pública interna llegó a $899,7 billones en junio de este año, equivalente al 77,1% del total, mientras que doce meses atrás ascendía a $749,20 billones. Por su parte, la deuda externa pública se ubicó en $267,4 billones. Hace un año ese componente alcanzaba los $343,3 billones, por lo que los datos muestran una reducción en el saldo de las obligaciones adquiridas con acreedores internacionales.

En términos del Producto Interno Bruto, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda total del Gobierno Nacional Central alcanzó el 60,5% del PIB. Esa relación entre el endeudamiento y el tamaño de la economía fue analizada recientemente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que presentó su más reciente informe durante julio.

De acuerdo con ese documento, el resultado observado en la deuda pública del Gobierno Nacional Central respondió principalmente a la disminución de la deuda externa después del pago final del TRS y a la reducción del saldo de bonos. Esos factores incidieron en la evolución de las obligaciones del Estado durante el periodo evaluado.

Pese a ese comportamiento, el Carf advirtió que las presiones fiscales siguen siendo significativas para las finanzas públicas. El organismo señaló que los intereses de la deuda representaron el 29,6% de los ingresos tributarios, una proporción que se ubicó por encima del promedio histórico observado para mayo de este año.

El informe también revisó las condiciones de financiamiento del Gobierno y encontró señales de mejora en el comportamiento del mercado de deuda pública. Según el reporte, los Títulos de Tesorería (TES) registraron valorizaciones importantes, reflejadas en una caída promedio de 240 puntos básicos frente al máximo alcanzado durante mayo.

A ese comportamiento se sumó el avance en las colocaciones de deuda de largo plazo, que ascendieron a $3,9 billones durante el periodo analizado. Al mismo tiempo, la caja en pesos cerró en $20,1 billones, aunque permaneció por debajo del promedio histórico registrado para este indicador, de acuerdo con el informe.

Las cifras oficiales muestran que el saldo de la deuda aumentó cerca de $75 billones frente al mismo mes del año pasado. Ese incremento consolida la tendencia de crecimiento que ha venido registrando el endeudamiento del Gobierno Nacional Central durante los últimos años y refleja el comportamiento reciente de las obligaciones.

El Ministerio de Hacienda expuso que la evolución de la deuda refleja el mayor volumen de financiamiento requerido por el Gobierno en los últimos años. Aunque la estrategia de financiación ha dado una mayor participación al endeudamiento interno, el saldo total de las obligaciones continuó aumentando hasta superar el 60% del Producto Interno Bruto y alcanzar los $1.167 billones reportados con corte a junio de 2026.

En los primeros cinco meses de 2026, la ejecución presupuestaria del Gobierno de El Salvador alcanzó los USD 4,384 millones devengados, lo que representa un 41.1% de la asignación modificada para el año. Para el mismo período de 2025, la ejecución había reportado un porcentaje ligeramente inferior, situándose en el 39.8%, con un monto devengado de USD 4,167 millones, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda hasta mayo.

La asignación modificada para 2026 se estableció en USD 10,659 millones, un incremento de USD 103.4 millones respecto a la cifra aprobada inicialmente, producto de la incorporación de fondos para proyectos en áreas como conectividad digital, infraestructura vial y fortalecimiento institucional. Este aumento contrasta con la dinámica de 2025, cuando la asignación modificada alcanzó USD 10,469 millones. Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución y el ajuste presupuestario de 2026 respondieron a la incorporación de fondos para proyectos y al uso de los recursos disponibles.

Por fuente de financiamiento, la mayor parte del gasto devengado en 2026 se ejecutó con recursos del Fondo General, que aportó USD 4,187.7 millones, equivalente al 45.4% de su asignación modificada. Los préstamos externos representaron USD 195.3 millones (13.9%) y las donaciones, USD 0,9 millones (3,2%). En 2025, el Fondo General había contribuido con el 44.3% de su asignación, mientras que los préstamos externos y las donaciones mantuvieron proporciones similares, con predominio del financiamiento interno sobre las fuentes externas.

El análisis por clasificación económica revela que los gastos corrientes representaron el mayor peso en la ejecución presupuestaria, con USD 3,308.6 millones, equivalentes al 45.4% de la asignación modificada para esa categoría. Dentro de este rubro, las remuneraciones sumaron USD 1,062.6 millones y los gastos en bienes y servicios, USD 514.4 millones. Para 2025, los gastos corrientes habían alcanzado el 44.7% de su asignación ajustada, con una estructura interna similar; según el Ministerio de Hacienda, esa política permitió mantener la operatividad institucional en educación, salud y seguridad pública.

La ejecución de los gastos de capital

En cuanto a los gastos de capital, en los primeros cinco meses de 2026 se devengaron USD 656.8 millones, lo que representa el 29.9% de la asignación modificada en ese rubro. Este comportamiento es comparable al registrado en 2025, cuando el porcentaje llegó al 28.6%.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los recursos para inversión se destinaron principalmente a transferencias de capital orientadas al financiamiento de obras municipales y programas de desarrollo local.

Los ramos con mayor ejecución

A nivel institucional, los mayores niveles de ejecución se observaron en los ramos de Educación, Ciencia y Tecnología (USD 695.2 millones devengados, 41.3% de ejecución), Salud (USD 499.3 millones, 37.1%) y Seguridad Pública y Justicia (USD 274.9 millones, 39.1%). El Ministerio de Hacienda detalló que estos sectores concentran la mayor parte de los recursos por su impacto en la atención ciudadana y la cobertura de servicios. En 2025, las mismas áreas lideraron la ejecución, aunque con ligeras variaciones en los montos y porcentajes.

El informe oficial también subraya la importancia de las transferencias varias y las obligaciones generales del Estado, que sumaron USD 1,675.3 millones devengados (45.8% de ejecución anual), incluyendo el servicio de la deuda pública, apoyo a municipalidades y subsidios a la electricidad y el gas licuado de petróleo. Estas partidas mantienen su peso dentro del presupuesto nacional, reflejando compromisos y la continuidad de los programas sociales existentes.

Las reformas presupuestarias de 2026

Durante 2026, la incorporación de recursos adicionales mediante reformas presupuestarias permitió financiar proyectos especiales, como el Programa de Conectividad Digital Social y obras de infraestructura vial, de acuerdo a los datos oficiales. El Ministerio de Hacienda subrayó que estas modificaciones buscan responder a demandas y mejorar la capacidad operativa de las instituciones públicas.

La comparación entre ambos años muestra un aumento de la ejecución presupuestaria, con un enfoque en la sostenibilidad fiscal y la priorización de sectores estratégicos. La cartera de Hacienda concluyó que la dinámica observada en los primeros cinco meses de 2026 corresponde a una administración orientada a resultados, en línea con los objetivos nacionales de desarrollo y estabilidad financiera.

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la "BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.

La agencia Moody’s Ratings otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mejora en su calificación crediticia, que pasó de B2 a B1, luego de la mejora en la nota para la deuda soberana. Con esta decisión, la Ciudad se convirtió en la jurisdicción argentina con la mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación. El informe publicado por Moody’s señala que este avance responde a un perfil crediticio más sólido en comparación con otras ciudades de la región, sustentado en el desempeño operativo y financiero y en una reducida exposición a transferencias federales.

La noticia generó reacciones inmediatas dentro del gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno, sostuvo: “Contundente. Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”. El funcionario remarcó la importancia de la estabilidad y el orden en las cuentas públicas como factores clave para lograr el reconocimiento de la calificadora internacional.

Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, afirmó: “Tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s Ratings, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación”. Arengo atribuyó la mejora al orden en las cuentas públicas y la disciplina fiscal implementada por la gestión de Jorge Macri.

El informe de Moody’s subrayó que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente gracias a sus bajas necesidades de financiamiento y a una exposición manejable de su deuda en moneda extranjera. Moody’s prevé que la jurisdicción mantendrá métricas financieras alineadas con su perfil crediticio a mediano plazo, apoyada en una posición de liquidez sólida, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudente.

El contexto de esta mejora se relaciona con el reciente anuncio de Moody’s acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera. En ese marco, Arengo destacó que el avance de la Ciudad también se apoya en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que generó condiciones más favorables para el acceso a financiamiento y la promoción de inversiones.

En junio, Moody’s local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de AA+.ar a AAA.ar, ubicando a la administración porteña en el nivel de mayor calidad crediticia entre los emisores locales. El nuevo informe internacional refuerza esa posición y distingue la gestión de las cuentas públicas en el distrito capitalino.

La mejora de la calificación crediticia implica para la Ciudad una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para acceder a financiamiento. El reconocimiento de Moody’s también posiciona a Buenos Aires como un referente en el manejo fiscal dentro del país. La agencia destacó la continuidad de políticas financieras orientadas a la prudencia y a la sustentabilidad, y la baja dependencia de la Ciudad respecto de fuentes externas de recursos.

El gobierno de la Ciudad enfatizó que la calificación B1 con perspectiva estable es resultado directo del trabajo realizado en materia de orden fiscal y de la disciplina sostenida en la administración de sus recursos. Tanto Macri como Arengo mencionaron el impacto positivo de las condiciones macroeconómicas nacionales en el proceso de recuperación de la nota internacional.

El informe de Moody’s también evaluó la exposición de la Ciudad a la deuda en moneda extranjera como manejable y resaltó la solidez de su posición de liquidez. Según el documento, la administración porteña cuenta con una estructura de amortización favorable y un nivel de reservas adecuado para enfrentar obligaciones futuras. La calificadora proyectó que Buenos Aires mantendrá indicadores financieros consistentes con su actual perfil de riesgo durante el mediano plazo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la obtención de la calificación B1, se consolidó como la jurisdicción argentina con mejor nota subsoberana según los parámetros internacionales. El resultado, según la administración local, responde a una estrategia de orden en las cuentas, disciplina fiscal y gestión financiera prudente, en un contexto nacional que favoreció el acceso a recursos para potenciar inversiones.

El Gobierno de Guatemala ha puesto en marcha una estrategia para fomentar la participación de pequeños inversionistas en el mercado de Bonos del Tesoro, con la meta de ampliar la inclusión financiera y fortalecer el desarrollo del sector bursátil nacional.

Esta propuesta representa un cambio de paradigma, ya que tradicionalmente estos instrumentos solo estaban al alcance de grandes entidades financieras.

La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), busca que más ciudadanos puedan proteger y hacer crecer sus ahorros a través de instrumentos de renta fija que cuentan con el respaldo del Estado. De este modo, la deuda pública se abre a nuevos actores, democratizando el acceso a opciones de inversión seguras y transparentes.

¿Cómo pueden participar los pequeños inversionistas en Guatemala?

Ahora, cualquier persona con un capital desde Q5,000.00 puede adquirir Bonos del Tesoro, con la posibilidad de llegar hasta un máximo de Q1,000,000.00 por año fiscal. Los incrementos deben hacerse en múltiplos de Q1,000.00, lo que facilita la planificación de los ahorros y permite adaptar la inversión a diferentes objetivos personales.

El proceso para invertir es sencillo y está pensado para que nuevos participantes puedan incorporarse sin grandes barreras. Los interesados deben acudir a un Agente de Bolsa autorizado por la Bolsa de Valores Nacional (BVN), donde podrán recibir asesoría personalizada y acceder al listado oficial de corredores habilitados.

Además, el programa ofrece plazos flexibles que se ajustan a distintas necesidades: un año con una tasa anual del 6.00%, dos años al 6.12% y tres años al 6.25%. Los intereses se pagan de forma semestral y, a diferencia de otros productos financieros, la rentabilidad obtenida está exenta de impuestos, lo que incrementa el atractivo frente a alternativas bancarias tradicionales.

Ventajas y destino de los fondos recaudados

El acceso a los Bonos del Tesoro permite a los pequeños ahorradores obtener rendimientos competitivos, con la confianza de invertir en títulos respaldados por el Estado. Uno de los beneficios clave es que el pago de intereses es semestral y directo a la cuenta bancaria registrada por el inversionista, lo que otorga previsibilidad y facilita la gestión de los recursos.

Los fondos que se obtienen mediante estas colocaciones no solo generan oportunidades para los inversionistas, sino que también se canalizan a proyectos prioritarios del país. Entre los principales destinos destacan el financiamiento de obras de infraestructura, el apoyo al sector agrícola y la ejecución de programas sociales de alcance nacional.

Recomendaciones para aprovechar la inversión

Para maximizar los beneficios de esta herramienta, los especialistas sugieren definir con claridad el monto a invertir y el horizonte temporal, asegurando que el dinero destinado no comprometa necesidades inmediatas. Es esencial preparar la documentación requerida: Documento Personal de Identificación (DPI) vigente, un recibo reciente de servicios y llenar el formulario de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El inversionista debe indicar al agente bursátil la cuenta bancaria donde desee recibir el pago de intereses. Además, si surge la necesidad de recuperar el capital antes del vencimiento, es posible negociar los Bonos del Tesoro en el mercado secundario a través del agente de bolsa, lo que otorga flexibilidad y liquidez adicional.

Una apuesta estatal por la inclusión financiera

La promoción de los Bonos del Tesoro para pequeños inversionistas refleja la voluntad del Estado guatemalteco por integrar a más ciudadanos al sistema financiero formal. Este programa no solo diversifica las opciones de inversión para los ahorradores, sino que contribuye a movilizar recursos hacia sectores estratégicos de la economía nacional.

En síntesis, la política del Minfin permite que cada vez más personas tengan acceso a instrumentos confiables y rentables, reforzando la transparencia y la estabilidad del mercado de valores en Guatemala.

Panamá destinó aproximadamente 1,440millones de dólares al pago de intereses de la deuda pública durante los primeros 6 meses de 2026, una carga financiera que evidencia el impacto creciente del endeudamiento sobre las finanzas del Estado.

A ese monto se sumaron cerca de $6,613 millones en amortizaciones de capital, correspondientes al pago o recompra de obligaciones internas y externas. La suma de ambos componentes elevó el servicio de la deuda —capital más intereses— a unos $8,054 millones entre enero y junio.

El cálculo surge de los informes mensuales de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que detallan los pagos realizados a tenedores de bonos, organismos multilaterales, bancos comerciales, acreedores bilaterales y compradores de títulos del Tesoro.

Solo en febrero, el Gobierno ejecutó una operación de manejo de pasivos que incluyó la recompra de $3,184,73 millones en bonos globales, lo que explica una parte importante del elevado pago de capital registrado durante el semestre. La operación buscaba reducir obligaciones específicas y mejorar el perfil de vencimientos de la República.

La dimensión del servicio de la deuda se observa al compararlo con los ingresos generados por el principal activo del país. El Canal de Panamá entregó $2.965 millones al Tesoro Nacional por el año fiscal 2025, entre excedentes, derechos por tonelada y pagos por servicios públicos. En otras palabras, el monto pagado por Panamá en capital e intereses durante apenas 6 meses fue equivalente a 2.7 veces los aportes canaleros de todo el año fiscal.

También supera ampliamente los $3,193,8 millones que el Canal tiene programado aportar directamente al Tesoro durante el año fiscal 2026. El servicio acumulado hasta junio equivale a unas 2.5 veces esa contribución prevista.

La comparación no significa que todos los pagos de capital sean un gasto definitivo, ya que una parte corresponde a refinanciamientos, recompras y sustitución de obligaciones. Sin embargo, sí refleja el volumen de recursos que debe movilizar el Estado para atender los compromisos derivados del endeudamiento.

La deuda aumentó desde enero

Al cierre de junio, el saldo de la deuda pública panameña se ubicó en $61.526,8 millones, pese a que durante ese mes disminuyó en $344.8 millones, equivalente a 0.6%, frente al cierre de mayo.

La reducción mensual no modifica la tendencia acumulada. En enero, la deuda cerró en $59,758,87 millones, por lo que en los siguientes 5 meses aumentó en aproximadamente $1,767,93 millones, equivalente a cerca de 3%.

Frente a diciembre de 2025, cuando el saldo era de $59,349.28 millones, el incremento hasta junio ascendió a $2,177.52 millones.

El mayor salto mensual se produjo en abril, cuando el saldo creció en $1,887.9 millones, impulsado principalmente por un desembolso de $2,501.6 millones de banca comercial externa, además de una línea de crédito de $500 millones con el Banco Nacional de Panamá.

Los bonos globales continúan siendo el principal componente de la deuda panameña, con un saldo de $31,096,7 millones, equivalente a 50,5% del total.

En segundo lugar aparecen los organismos multilaterales, con $9,825.1 millones y una participación de 16%, seguidos muy de cerca por la banca comercial, con $9,692.4 millones, equivalente a 15.8 %.

Los bonos del Tesoro sumaban $3,864,2 millones; las letras del Tesoro, USD 2,683.2 millones; y las notas del Tesoro, $2,628.7 millones.

La deuda con bancos oficiales alcanzaba $1,002.9 millones, mientras que los compromisos bilaterales totalizaban $732.7 millones.

La elevada participación de los bonos globales implica que Panamá depende de los mercados internacionales y de la percepción de riesgo de los inversionistas. La actual administración ha evitado acudir al mercado externo en un intento de reducir el impacto de los altos intereses.

Al mismo tiempo, la creciente exposición a la banca comercial refleja la búsqueda del Gobierno de diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia exclusiva de las emisiones de bonos.

Antes de la pandemia, la deuda pública se situaba cerca de $36,000 millones. Sin embargo, durante la administración de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024, el endeudamiento aumentó en más de 24,000 millones de dólares debido a la emergencia sanitaria, la caída de ingresos fiscales y las necesidades extraordinarias de financiamiento.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha mantenido un ritmo de crecimiento más moderado, aunque la deuda sigue aumentando como consecuencia de los déficits fiscales acumulados, los vencimientos que deben refinanciarse y las necesidades de financiamiento del presupuesto estatal.

El desafío para el Gobierno no es únicamente reducir el ritmo de crecimiento de la deuda, sino contener el peso de los intereses, mejorar la recaudación y evitar que una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos termine destinada a pagar obligaciones acumuladas en lugar de financiar inversión, educación, salud e infraestructura.

La deuda pública total de El Salvador aumentó un 2.4% durante los primeros cinco meses de 2026, alcanzando USD 34,630.96 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) publicados este jueves. El incremento representó USD 823.85 millones adicionales respecto al saldo de USD 33,807.11 millones registrado al cierre de 2025. El aumento mantiene la presión sobre las finanzas estatales, mientras el Gobierno prioriza el cumplimiento de sus compromisos crediticios, indica la nota de la agencia EFE.

El desglose del BCR indica que USD 15,543,75 millones corresponden a deuda externa y USD 19,087.21 millones a deuda interna, de los que USD 11,567.32 millones pertenecen a las obligaciones con los fondos privados de pensiones. De acuerdo a las cifras oficiales, el endeudamiento estatal con el sistema de pensiones representó un crecimiento anual del 6.8% en 2025, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó reforzar la sostenibilidad del sistema previsional y ampliar los ingresos estatales para reducir los costos del endeudamiento y priorizar la inversión pública.

Los datos del Banco Central indican también que la deuda externa se incrementó un 2.09% (USD 318.82 millones) frente al cierre de 2025, mientras que la deuda interna subió un 2.7% (USD 505.03 millones).El peso de la deuda externa, que supera el de la deuda interna, sitúa al país en una posición de mayor exposición frente al escenario financiero internacional.

El banco estatal precisó que “el sector público no financiero concentra el monto más elevado, con USD 21,854.39 millones”, mientras que los instrumentos de corto plazo como las LETES (Letras del Tesoro) suman USD 1,161.39 millones.

Durante 2025, el Gobierno de El Salvador destinó USD 3,087.1 millones al pago de deuda pública, según un informe oficial del Ministerio de Hacienda reseñado por Infobae. Este monto, que incluyó intereses y amortizaciones, absorbió cerca de una quinta parte del presupuesto devengado en el ejercicio fiscal pasado. El informe de Hacienda detalla que USD 1,502.3 millones se destinaron a intereses y otros costos financieros, y USD 1,584.8 millones a la amortización de capital, con una ejecución presupuestaria del 99.1% en este último rubro.

El desembolso del año pasado superó los recursos ejecutados en infraestructura, desarrollo local y transferencias a municipalidades. Los pagos se realizaron con fondos del Fondo General y recursos provenientes de préstamos externos.

El aumento de la deuda contrasta con el acuerdo financiero entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario, ya que el programa establece una reducción del saldo primario de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, buscando colocar la deuda en una trayectoria descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024.

En 2025, el gobierno salvadoreño adoptó medidas fiscales —valoradas en 1.5% del PIB— que contemplaron la reducción de la masa salarial, del gasto en bienes y servicios, y recortes en transferencias a municipios. El FMI también enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, publicar información detallada sobre la deuda y el sistema de pensiones, y robustecer los mecanismos de control contra la corrupción y el lavado de activos.

El crecimiento del PIB y las proyecciones para 2026

El Banco Central de Reserva informó que el PIB de El Salvador creció un 4.79% en el primer trimestre de 2026, situándose en USD 9,261.8 millones. La construcción y la explotación de minas y canteras impulsaron este avance. Las proyecciones del Banco Mundial sugieren que la economía salvadoreña crecerá un 3.2% al cierre de 2026 y un 3% en 2027, frente al 3.9% registrado en 2025.

Los informes de las consultoras económicas y los medios especializados concentraron en junio la atención en la compra de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional para afrontar el vencimiento por USD 4.200 millones en la primera semana de julio, las que incluyeron:

• acuerdos de garantías con organismos internacionales,
• renovación de REPO con grandes bancos,
• mejora de la calificación de los bonos soberanos

Sin embargo, una vez más, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en el último mes la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 56.097 millones e incluyeron financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones por USD 28.911 millones y amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 27.186 millones.

El saldo neto registró una un aumento de los compromisos antes de los ajustes por diferencias de cambio y de valuación de los bonos soberanos el resultado final en USD 1.724 millones.

Stock según moneda y legislación

La cartera que dirige Furiase informó que en junio de 2026 el stock de deuda bruta bajó a USD 474.192 millones, de los cuales USD 471.684 millones se encontraron en situación de pago normal.

Por tipo de legislación, en junio la deuda en moneda local representó el 65,7% del total, mientras que el 34,3% restante correspondió a moneda extranjera.

La Secretaría de Finanzas destacó: “La variación respecto de mayo se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 8.383 millones y la reducción de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 13.442 millones".

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central subió en junio a 59,3%, poco más de dos puntos porcentuales respecto de mayo, según la estimación implícita del producto bruto interno en dólares por parte del Banco Central en los agregados monetarios.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.714 millones.

El saldo del préstamo del FMI disminuyó en USD 537 millones, reflejando principalmente el efecto de la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

Por diferencias de cambio, los Adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 138 millones y se ubicaron en el equivalente de USD 2.759 millones.

Los depósitos oficiales en el ente monetario se ubicaron al cierre de junio en USD 8.778 millones, disminuyeron en USD 3.376 millones respecto de mayo

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 8.778 millones -disminuyeron en USD 3.376 millones-, totalizó en junio de 2026 USD 467.119 millones, y se redujo en USD 22.122 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 48.899 millones a junio último.

Al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 31 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 21.536 millones.

Ese resultado se descompuso en un alza de USD 21.755 millones con organismos internacionales y baja de USD 43.291 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó de 59,1, respecto de la heredada de noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos, a 59,3% del PBI.

Recuerda Finanzas: “Por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en: pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”

Las finanzas públicas de Colombia podrían enfrentar una presión mucho mayor de la prevista si coinciden varios factores económicos adversos. Un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que la deuda neta del país podría escalar hasta 66,1% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que acercaría a Colombia al límite establecido por la Regla Fiscal.

La proyección contrasta con el 58,9% del PIB que estima el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026. Aunque el Observatorio considera que la estrategia presentada por el Ministerio de Hacienda es técnicamente consistente, señala que depende de supuestos que históricamente son difíciles de cumplir. Por ello, pequeñas desviaciones podrían alterar significativamente la trayectoria de la deuda, especialmente durante el cambio de Gobierno.

El estudio evaluó distintos escenarios para medir qué ocurriría si se deterioran algunas de las principales variables fiscales. Los resultados muestran que el endeudamiento aumentaría incluso si los choques ocurren por separado, mientras que una combinación de todos tendría un efecto mucho más fuerte. Si el costo promedio de la deuda aumentara un punto porcentual en 2027, la deuda neta llegaría al 60,7% del PIB. En caso de que el crecimiento económico fuera un punto porcentual inferior al previsto, el indicador alcanzaría el 60,8%.

El mayor impacto individual provendría de un deterioro de un punto porcentual en el balance primario, escenario en el que la deuda superaría el 61,6% del PIB. Este indicador refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses y es clave para evaluar la capacidad del Estado de contener el endeudamiento.

El escenario más exigente aparece cuando los tres riesgos ocurren al mismo tiempo. Bajo esas condiciones, la deuda subiría hasta 66,1% del PIB, acercándose al límite legal de 71% fijado por la Regla Fiscal. El Observatorio recuerda que este tipo de desviaciones no son ajenas a la realidad reciente, pues en 2025 el balance primario se deterioró 1,2 puntos porcentuales por encima de lo autorizado mediante la cláusula de escape.

Otro de los puntos que preocupa al informe es la capacidad del Gobierno para aumentar sus ingresos. Más del 90% de los recursos del Gobierno Nacional Central provienen de impuestos y, pese a las diez reformas tributarias aprobadas entre 2006 y 2022, el recaudo permaneció alrededor del 14% del PIB. Aunque en 2023 se registró un incremento temporal, para 2025 el recaudo volvió a ubicarse en 14,6% del PIB. A esto se suma la caída de la elasticidad tributaria, indicador que mide cuánto aumenta el recaudo por cada punto adicional de crecimiento económico y que para 2026 se acerca a su nivel más bajo de los últimos años.

Ese comportamiento genera dudas sobre uno de los principales supuestos del MFMP, que proyecta una reforma tributaria en 2027 con ingresos cercanos a 1,4% del PIB, equivalentes a más de $30 billones. Según el Observatorio, la menor respuesta del recaudo frente al crecimiento económico pone en entredicho que esa meta pueda alcanzarse. El informe también advierte que la recuperación esperada de la inversión enfrenta varios desafíos. El Gobierno prevé que la formación bruta de capital fijo pase de 16,8% del PIB en 2024 a 23,4% en 2037, pero el Observatorio recuerda que este indicador permanece estancado desde 2016 y continúa por debajo de otros países de la región.

La ejecución de la inversión pública también refleja dificultades. Después de caer a 57% en 2024, se recuperó parcialmente hasta 64,2% en 2025. Sin embargo, en el sector transporte, que cuenta con $15,6 billones para inversión en 2026, Invías y la ANI registraban a mayo una ejecución financiera de apenas 11,8%, con 51 proyectos sin avances y ninguno por encima del 30 %.

Por el lado del gasto, el margen de maniobra también es reducido debido al peso de las transferencias territoriales, las pensiones, la salud y el pago de intereses. A mayo de 2026, la ejecución presupuestal alcanzaba 31,3%, lo que limitaría la capacidad del próximo Gobierno para reorientar recursos sin comprometer las metas fiscales.

El efecto de la deuda pública sobre las tasas de interés de largo plazo en Colombia quedó expuesto en un borrador de economía publicado por el Banco de la República y elaborado por los investigadores José Vicente Romero y Hernando Vargas-Herrera. El estudio dice que un deterioro de la deuda pública y un aumento en las expectativas sobre el déficit fiscal tienen efectos “estadísticamente significativos” sobre las tasas de interés de largo plazo y sobre la pendiente de la curva de rendimientos en Colombia.

El borrador, titulado “Deuda pública, expectativas sobre el déficit fiscal y su transmisión al componente cíclico de las tasas de interés de largo plazo”, examina el vínculo entre la deuda pública, las expectativas de déficit fiscal y las tasas de interés de largo plazo. También sostiene que los choques fiscales explican una parte importante de las fluctuaciones observadas en los rendimientos de largo plazo.

La investigación parte de la premisa de que la política fiscal y las expectativas influyen sobre las decisiones de inversión y sobre las condiciones bajo las cuales el Gobierno obtiene recursos para financiar sus obligaciones.

Cómo la deuda y el déficit presionan las tasas de largo plazo

Uno de los principales hallazgos del trabajo es que un deterioro de la deuda pública produce incrementos estadísticamente significativos en las tasas de interés de largo plazo. A ese resultado se suma el efecto de las expectativas relacionadas con el déficit fiscal, cuya evolución también genera aumentos en esos rendimientos y refuerza la relación entre la percepción sobre las finanzas públicas y el comportamiento del mercado financiero.

Según los investigadores, “ambos factores también modifican la pendiente de la curva de rendimientos, uno de los indicadores utilizados para analizar las condiciones del mercado de deuda y las expectativas de los inversionistas”.

El estudio dice que la deuda pública y las expectativas sobre el déficit constituyen variables relevantes para explicar el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo en Colombia. Los autores sostienen que los choques fiscales representan una fuente importante de variación en los rendimientos de largo plazo.

Dicha evidencia sugiere que los cambios en las condiciones fiscales pueden trasladarse al costo del financiamiento público y afectar el entorno en el que el Gobierno acude al mercado para obtener recursos y administrar sus necesidades de deuda.

Qué dice el estudio sobre credibilidad fiscal e inversionistas

Más allá de los resultados cuantitativos, el documento destaca la importancia que tiene la credibilidad de la política fiscal sobre las condiciones de financiamiento de la economía. La investigación encuentra que cuando se deterioran las expectativas relacionadas con el déficit fiscal o aumenta la percepción de un mayor endeudamiento, las tasas de interés de largo plazo tienden a incrementarse, lo que eleva el costo de financiar las obligaciones del Estado.

Así las cosas, los autores concluyen que las condiciones fiscales no solo determinan la evolución de las cuentas públicas, sino que también influyen sobre el comportamiento del mercado financiero.

Bajo esto, el efecto identificado en la curva de rendimientos refleja que los inversionistas incorporan la información relacionada con la deuda pública y las expectativas fiscales al valorar los títulos de largo plazo y estimar los riesgos asociados a la economía.

El estudio señala que los choques fiscales explican una parte relevante de las fluctuaciones de las tasas de interés de largo plazo, consolidando la relación entre la evolución de las finanzas públicas y el comportamiento de los mercados. “Esa evidencia, obtenida mediante modelos econométricos y datos de expectativas recopilados durante dos décadas, aporta elementos para comprender cómo las variables fiscales condicionan el costo del endeudamiento y las condiciones de financiamiento del Gobierno nacional”, dice.

Los resultados muestran que la deuda pública y las expectativas sobre el déficit fiscal tienen un papel determinante en la dinámica de las tasas de interés de largo plazo y en la pendiente de la curva de rendimientos.

El estudio plantea que “las decisiones y expectativas sobre las finanzas públicas tienen efectos medibles sobre el costo del financiamiento y sobre el funcionamiento del mercado de deuda en Colombia”.

Análisis de 2005 a 2025 y la metodología del estudio

Para desarrollar el análisis, los investigadores construyeron una serie de expectativas de déficit fiscal correspondiente al período comprendido entre 2005 y 2025. La información fue obtenida a partir de las encuestas de FocusEconomics hechas a analistas nacionales e internacionales, lo que permitió incorporar la percepción del mercado sobre la evolución de las cuentas fiscales del país.

El documento emplea modelos TVP-BVARX, una metodología econométrica que incorpora parámetros cambiantes en el tiempo y variables exógenas para estimar el efecto de los choques fiscales sobre las tasas de interés y la curva de rendimientos. Además, el estudio incluye variables de control relacionadas con las condiciones financieras internas y externas, con el propósito de aislar el impacto específico de la deuda pública y de las expectativas sobre el déficit fiscal.

La utilización de esta metodología permitió identificar que tanto la evolución de la deuda como las expectativas fiscales mantienen una relación estadísticamente significativa con las tasas de interés de largo plazo. De acuerdo con los resultados, las variaciones en estos indicadores fiscales ayudan a explicar una parte importante de las fluctuaciones observadas en el mercado de deuda colombiano durante el período analizado.

Esta semana ocurrió algo que Argentina no veía desde hace tiempo. La última vez que el Estado presentó formalmente un programa financiero fue en 2018, con Luis Caputo al frente del entonces Ministerio de Finanzas. Ocho años más tarde, el mismo funcionario, ahora como ministro de Economía, volvió a poner necesidades y fuentes sobre la mesa.

Más allá de los números, el hecho relevante es institucional: un programa financiero es, ante todo, un ejercicio de transparencia. El Tesoro explicita sus supuestos, se compromete con una secuencia y acepta ser auditado.

Ahora bien, un plan es un plan. La táctica puede ajustarse cuantas veces haga falta. Por eso, resulta relevante ver cuáles son sus supuestos (y qué tan ambiciosos son) para identificar cuáles podrían ser los márgenes de maniobra. Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación.

Qué propone el plan y qué ya está en marcha

El esquema ya es conocido a esta altura de la semana, así que conviene resumirlo. Frente a compromisos en moneda extranjera que superan los USD 30.000 millones entre mediados de 2026 y fines de 2027, el Tesoro plantea un escenario base sin emisiones en los mercados internacionales en ninguno de los dos años.

Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación

La apuesta pasa por el mercado local y por fuentes alternativas, como compras de divisas al BCRA por USD 6.700 millones este año, préstamos con garantía de organismos multilaterales por USD 4.000 millones, un nuevo Bonar 2029 con cupo inicial de USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 800 millones.

Con necesidades por USD 19.200 millones (incluyendo los pagos de esta semana por USD 4.500 millones de Globales y Bonares) y fuentes por USD 22.900 millones, según Finanzas 2026 cerraría con un excedente de USD 3.700 millones que oficiaría de colchón para el año electoral.

El plan no quedó en la conferencia: a las 48 horas se oficializaron préstamos por USD 3.200 millones con BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y el BID. Una semana antes, el BCRA había renovado los repos con bancos internacionales por USD 6.000 millones, y despejó esos vencimientos hasta 2028.

Supuestos del 2027 y el punto fino del mercado local

Dicho esto, el diseño de 2027 descansa sobre supuestos que valen la pena mirar.

1. Contempla compras adicionales de reservas al BCRA por USD 4.900 millones en pleno año electoral, cuando la demanda de cobertura suele intensificarse.
2. Proyecta ingresos por privatizaciones por USD 1.500 millones.
3. Quizás lo más fino, el programa asume captar USD 5.000 millones en el mercado local, cifra que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó como un simple refinanciamiento total de los vencimientos de capital de Bonares (USD 4.900 millones). Pero si el sector público renueva sus propias tenencias mediante nuevos títulos, la cuenta cambia: la relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital.

La relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital

En términos simples, el plan supone colocar deuda neta en el mercado doméstico durante un año electoral, no apenas renovar lo que vence. Es posible, pero no es trivial.

El “grado de inversión” como ancla y las comparaciones regionales

El horizonte que ordena todo lo anterior es el “grado de inversión”, que Caputo ubicó hacia 2031 y que, según dijo, dos de las tres grandes calificadoras consideran alcanzable. Hoy Argentina está en B-, seis escalones por debajo del umbral de BBB-.

La experiencia regional ofrece referencias, pero ninguna muestra esta velocidad en el proceso:

• Perú perdió el grado inversor en 1999 y tardó nueve años en recuperarlo, recién en 2008, tras consolidar disciplina fiscal y crecimiento.
• Uruguay lo perdió en febrero de 2002, arrastrado por el contagio de la crisis argentina, y demoró diez años exactos: S&P se lo devolvió en abril de 2012.
• Colombia necesitó 12 años, entre 1999 y 2011.
• Chile, ya dentro del grado de inversión, escaló seis niveles a lo largo de dos décadas, desde BBB a comienzos de los noventa hasta su máximo histórico en 2012.

Contra esas referencias, la ambición oficial de lograrlo en dos mandatos presidenciales no tiene precedentes cercanos.

Wall Street, la opción latente y la extensión de plazos

¿Y Wall Street? El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política. Pero, como venimos destacando en estas columnas, la puerta no está cerrada, y el propio equipo económico se encargó de aclararlo. Si las condiciones lo justifican, la alternativa sigue disponible.

El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política

Hay buenos motivos para no descartarla. Con el riesgo país en la zona de los 400 puntos básicos, mínimos desde abril de 2018, el tramo largo de la curva de Globales ley Nueva York rinde en torno al 8,5% anual. Es una tasa todavía elevada, cierto. Pero es, a toda vista, la única vía para que el Tesoro logre extender significativamente los plazos de vencimiento y descomprimir el perfil de deuda de los próximos años, algo que el mercado local, por profundidad y por plazos, todavía no puede ofrecer.

El autor es Team Leader de Estrategia de PPI (Portfolio Manager Inversiones)

El Salvador avanza con un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial, tras la solicitud enviada a la Asamblea Legislativa para aprobar la garantía soberana del financiamiento. Los fondos están destinados a ampliar el crédito para las mipymes y apoyar la creación de empleo, dentro de un proceso que incluye aprobación y ratificación legislativa.

La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Ministerio de Hacienda para aprobar el contrato de garantía soberana que respalda el préstamo, dentro del “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”. La documentación oficial fue suscrita por el ministro interino de Hacienda Jerson Rogelio Posada Molina.

La garantía corresponde al préstamo identificado como No. 9958-SV. El contrato de garantía fue firmado el 9 de junio de 2026, mientras que el préstamo fue suscrito el 8 de mayo de 2026 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Grupo Banco Mundial, y el 29 de junio de 2026 por el representante del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).

Trámite legislativo y base legal

La autorización para suscribir el contrato de garantía se fundamenta en el Decreto Legislativo No. 580, publicado el 18 de mayo de 2026. El expediente enviado a la Asamblea incluye traducciones oficiales de los contratos y copias del decreto.

El proceso sigue lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución de la República, que exige la intervención de la Asamblea para aprobar este tipo de garantías soberanas. Después de esa etapa, deberá realizarse la modificación presupuestaria para incorporar los fondos.

Alcance del proyecto y metas

En el texto presentado para la aprobación legislativa se indica que el préstamo financiará el “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”, orientado a ampliar el acceso a financiamiento de las mipymes salvadoreñas, en especial en sectores con potencial de generación de empleo, como el turismo.

Según el comunicado emitido por el Banco Mundial el 31 de marzo de 2026, el proyecto busca beneficiar a unas 5.000 mipymes y contribuir a la creación o mejora de aproximadamente 8.300 empleos. También prevé una perspectiva de inclusión de género, con una estimación de cerca del 30% de beneficiarios mujeres.

El plan contempla el fortalecimiento de la intermediación financiera mediante líneas de crédito de mayor plazo y la aplicación de esquemas de garantías parciales para reducir riesgos. También apunta a integrar a las mipymes en cadenas de valor globales, con el objetivo de aumentar la productividad y la formalización empresarial.

Ejecución y siguientes pasos

BANDESAL será la entidad encargada de la ejecución del proyecto, mientras que la Corporación Financiera Internacional, también parte del Grupo Banco Mundial, apoyará la inclusión financiera y la expansión productiva. El período de implementación se extenderá por cinco años.

La decisión de la Asamblea Legislativa permitirá avanzar con la ratificación y la incorporación de los fondos al presupuesto nacional, último paso del proceso para hacer efectivo el financiamiento y su despliegue en los sectores productivos del país.

Esta solicitud fue admitida en la plenaria ordinaria de este miércoles y se designó que pase al estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El presidente Gustavo Petro respondió a un informe publicado por El Colombiano, en el que se afirma que Colombia cerró 2025 con el mayor déficit primario de América Latina. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que ese resultado obedece al pago del subsidio a la gasolina implementado durante el gobierno de Iván Duque y al endeudamiento adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que el déficit primario está relacionado con el gasto que asumió su administración para cubrir el subsidio a la gasolina con recursos del Presupuesto General de la Nación.

“El déficit primero es igual al gasto público que se hizo por pagar del presupuesto nacional el subsidio a la gasolina en el gobierno Duque y por indicación de su ministro de Hacienda Restrepo, el mismo que se posesionará como vicepresidente”, escribió.

Petro agregó que su gobierno pagó completamente esa deuda, así como el endeudamiento con el FMI.

“Deuda que mi gobierno pagó completamente igual que el endeudamiento con el FMI”, señaló.

Finalmente, sostuvo que durante su administración la deuda pública registró el menor incremento y aseguró que, de haberse adoptado su propuesta de no cubrir el subsidio con recursos del presupuesto, el país no tendría déficit primario.

“Fuimos el gobierno que menos ha subido la deuda y si se hubiera seguido mi indicación de no pagar con el presupuesto el subsidio de gasolina no habría déficit primario en Colombia”, concluyó.

¿Qué dice el informe citado por el presidente?

De acuerdo con El Colombiano, Colombia terminó 2025 como el país con el mayor déficit primario de América Latina, un indicador que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, excluyendo el pago de intereses de la deuda.

Según el medio, el déficit pasó de -2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a -3,6% en 2025, lo que representa un aumento de -1,2 puntos porcentuales. En términos monetarios, el desbalance equivale a cerca de $66 billones.

Las advertencias de los analistas

El informe recoge las opiniones de varios analistas sobre la situación de las finanzas públicas. Entre ellos, Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador económico, afirmó que el equilibrio fiscal solo puede alcanzarse mediante un aumento de los ingresos, una reducción del gasto o una combinación de ambas medidas.

El académico también señaló que una eventual reforma tributaria debería enfocarse en gravar las actividades que generan valor económico, como la renta, las transacciones y el comercio internacional, en lugar de concentrarse principalmente en el patrimonio.

En cuanto al gasto público, sostuvo que será necesario revisar la estructura del Estado, el número de entidades y funcionarios, así como identificar posibles focos de despilfarro en la asignación de recursos.

Comparación con otros países de la región

El análisis citado por el medio, con base en datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que hasta 2021 Colombia registró uno de los menores déficits primarios entre las principales economías de América Latina. Sin embargo, tras la pandemia, el comportamiento fiscal del país tomó una trayectoria distinta.

Mientras países como Chile, Perú y Brasil redujeron nuevamente sus déficits primarios, Colombia mantuvo un desbalance superior al de esas economías, hasta ubicarse como el país con el mayor déficit primario de la región, según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2025.

El crecimiento y la deuda, otros factores señalados

El informe también sostiene que Colombia perdió una de las fortalezas que durante varios años respaldó un mayor nivel de endeudamiento: crecer por encima del promedio de la región.

Además, cita al analista económico Diego Montañez, quien indicó que a mayo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Nacional ascendía a $1.169 billones, equivalentes a cerca del 61% del PIB. Según el experto, el principal reto no es únicamente el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad, debido a que un escenario de altos déficits fiscales incrementa las necesidades de financiamiento y reduce el margen del próximo gobierno para destinar recursos a inversión pública y nuevos programas sociales.

El crecimiento de la deuda en moneda china de Nicaragua ha encendido señales de alerta en el panorama económico local. Al cierre de marzo de 2026, el saldo en renminbi ascendió a USD 196.3 millones, una cifra que representa un salto de más de 2.130 % en solo quince meses.

Este incremento coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) citados por Nicaragua Investiga.

La relación entre el aumento del endeudamiento en CNY y la entrega de recursos naturales a compañías chinas ha sido señalada por organizaciones como Fundación del Río. Esta entidad denunció que más del 8,5 % del territorio nacional ha sido cedido de manera exclusiva para la explotación de metales preciosos, especialmente oro, por parte de consorcios chinos.

Un vuelco en la estructura de la deuda pública nicaragüense

El informe del MHCP correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que la deuda pública total del país alcanzó USD 10,984.1 millones.

El incremento respecto al año anterior fue de USD 291.4 millones, es decir, un 2,7 %. De ese total, la deuda externa representa el 81,2 %, lo que equivale a USD 8,923.6 millones. El Gobierno Central soporta la mayor parte de ese compromiso, con USD 7,046.9 millones frente a acreedores internacionales.

La aceleración del endeudamiento en renminbi se inscribe en un cambio más amplio: la sustitución de créditos de organismos multilaterales tradicionales por financiamiento chino. El MHCP ha presentado estos recursos como soporte para proyectos estratégicos, aunque la publicación resalta que ese discurso convive con la entrega de concesiones mineras, lo que configura una doble vía de cooperación con Pekín.

El aumento de los préstamos en moneda china y la transferencia de áreas mineras a empresas del país asiático han modificado la dependencia financiera y productiva de Nicaragua. Estos movimientos han promovido un mayor acercamiento bilateral, aunque también han generado cuestionamientos sobre la transparencia y las condiciones de los nuevos créditos.

La información oficial sostiene que el endeudamiento se mantiene “dentro de márgenes de sostenibilidad fiscal”. Sin embargo, el propio informe reconoce la expansión del pasivo total y la concentración en deuda externa, especialmente con acreedores no tradicionales.

Riesgos y opacidad en los términos de los préstamos chinos

El reemplazo de fuentes de financiamiento ha introducido inquietudes sobre la falta de acceso público a los términos de los acuerdos en yuanes. Nicaragua Investiga advierte sobre el hermetismo en torno a plazos, tasas y condiciones de los préstamos chinos, lo que aumenta la incertidumbre sobre la viabilidad futura del modelo.

La secuencia de la deuda en renminbi muestra la magnitud del cambio: USD 8.8 millones en 2024, USD 131.5 millones en 2025 y USD 196.3 millones en marzo de 2026. El aumento acompaña la expansión de la presencia china en áreas estratégicas como la minería y la infraestructura.

El salto de la deuda en moneda china refleja un cambio en la estructura financiera de Nicaragua. El país pasó de una exposición limitada a los créditos en renminbi a un esquema en el que la participación de Pekín es más visible, tanto en el ámbito económico como en la administración de ciertos recursos naturales.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un programa financiero para afrontar abultados vencimiento en moneda extranjera del Tesoro para lo que resta del 2026 y de 2027, en donde se marcó la salida al mercado internacional como un opción y no objetivo, que dependerá de como evolucionen el riesgo país y las tasas. “Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”, aseguró.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que es un programa conservador con “opcionalidades” con algunos instrumentos que se están trabajando desde hace más de un año. “Hay otras como salir a los mercados internacionales que cuando vean que está en cero, tanto este año como el que viene, aunque podría ser una opción. Es una opción más, no un objetivo”, sostuvo.

La clave esta en que, a diferencia del pasado, para Caputo, ahora a medida que el tiempo pasa juega a favor de la Argentina, ya que como los fundamentos del programa económico son sólidos, el tiempo lleva a que las variables mejoren entre ellas el riesgo país, que la semana pasada cerró en 415 puntos básicos (p.b). Marcando un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018.

“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia; no es lo mismo al 6% a 10 años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en esa época”, sostuvo Caputo en referencia a quienes aseguran que el Gobierno debería aprovechar las ventanas que se abrieron en el pasado con la baja del riesgo país y salir a colocar al mercado internacional.

En cuanto al programa financiero, según detalló el secretario de Finanzas, Federico Furiase, las necesidades para lo que resta de 2026 son por USD 19.200 millones mientras que las fuentes de financiamiento suman USD 22.900 millones. Lo que genera un colchón por USD 3.700 millones. Entre las cuales se destacó la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 6.700 millones, roll over intra sector público (capital e intereses) por USD 800 millones, prestamos con garantías de organismos internacionales por USD 4.000 millones.

“Tenemos prestamos con garantías con organismos internacionales por USD 4.000 millones. Dentro de poco vamos a tener los anuncios, esto implica la garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones con una tasa de 6,3%. Después hay otro prestamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa de 7,75%. Y estamos negociando otro préstamo por USD 1.000 millones”, sostuvo Furiase.

Además, el programa financiero para los meses que faltan de este año contempla, desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones, con organismo internacionales (excluyendo al FMI) por USD 2.800 millones, emisiones locales por USD 6.000 millones (de los cuales USD 4.000 millones ya se emitieron con el Bonar 2027 y Bonar 2028). Este será un Bonar 2029 (AO29), el cual según explicó Furiase, la única diferencia será que en la primera licitación no se va a poner un monto máximo, pero si un cupo límite de USD 2.000 millones. Y por privatizaciones se esperan, para lo que resta del 2026, USD 800 millones.

El programa también contempla emisiones en el mercado internacional, pero sin una cifra definida. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de cómo evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, destacó Furiase en línea con las declaraciones del ministro de Economía Caputo.

Para el 2027, las necesidades son USD 24.900 millones mientras que las fuentes ascienden a esa misma cifra. En donde se parte del saldo del programa financiero 2026 por USD 3.700 millones. Ademas se contempla la compra de dólares al BCRA por USD 4.900 millones, roll over intra sector público (capital e interés) por USD 1.800 millones, desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.700 millones.

Ademas de desembolsos de organismo internacionales (excluyendo al FMI) por USD 4.200 millones, emisiones locales por USD 5.000 millones, otras fuentes de financiamiento por USD 2.000 millones -que sería un préstamo bilateral- y privatizaciones por USD 1.500 millones.

Swap Estados Unidos

“Las opcionalidades no incluye el swap con Estados Unidos. Nosotros siempre nos preparamos para lo más difícil. Nuestro trabajo es por definición prepararnos para cualquier escenario. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en otras alternativas”, destacó el ministro Caputo durante la conferencia de prensa. Aunque, en caso de que requerirse nuevamente como sucedió en la elección legislativa de 2025, Caputo sostuvo que debería “charlarse nuevamente”.

El plan que presentó Caputo se apoya en garantías internacionales aseguradas con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de la reestructuración de operaciones de pase pasivo con bancos internacionales. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, había anticipado que se trataba de un “programa financiero conservador” que buscará cubrir los vencimientos en dólares y fortalecer los colchones de reservas, con apoyo de Estados Unidos y mecanismos para adaptarse a distintos escenarios.

El Ministerio de Economía dio a conocer el programa financiero para los años 2026 y 2027, con el objetivo de mostrar la hoja de ruta para cubrir todos los compromisos de deuda en moneda extranjera. Los cuadros oficiales muestran, de manera precisa, la suma total que el Gobierno debe afrontar durante esos dos años, así como el origen de los fondos para cada obligación.

Según la información presentada, el Tesoro nacional enfrenta necesidades de financiamiento en dólares que ascienden a USD 19.200 millones para 2026 y a USD 24.900 millones para 2027. Estas cifras incluyen tanto los pagos de capital como los intereses de la deuda, además de otras erogaciones puntuales.

De dónde saldrá el dinero: fuentes de financiamiento

El programa financiero no solo detalla cuánto debe pagar la Argentina, sino también cómo planea obtener los recursos necesarios para cumplir con cada uno de estos compromisos. El Gobierno publicó la lista de fuentes de financiamiento previstas para cada año, con montos asignados a cada uno de los instrumentos.

Fuentes previstas para 2026

Para cubrir los USD 19.200 millones de necesidades en 2026, el Gobierno espera contar con USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento, lo que genera un excedente de USD 3.700 millones que, según el plan oficial, quedará disponible para el año siguiente.

Las fuentes de financiamiento para 2026 incluyen:

• Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones
• Desembolso del FMI: USD 1.900 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones
• Emisiones locales: USD 6.000 millones
• Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)
• Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026
• Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes previstas para 2027

Para 2027, el esquema financiero prevé exactamente el mismo monto en necesidades y fuentes: USD 24.900 millones. De este modo, la planificación contempla cubrir la totalidad de los compromisos asumidos.

Las fuentes para 2027 se estiman de la siguiente manera:

• Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)
• Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027
• Desembolso del FMI: USD 1.700 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones
• Emisiones locales: USD 5.000 millones
• Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción
• Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones
• Privatizaciones: USD 1.500 millones

Cómo se compone cada fuente de financiamiento

El Gobierno explicó que parte de los recursos surgirá de adquisiciones de dólares al Banco Central, tanto en 2026 como en 2027. Además, el plan incluye la refinanciación de deuda dentro del sector público, es decir, renovar títulos que vencen mediante colocaciones a organismos estatales.

Otra fuente relevante son los préstamos que cuentan con garantía de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para 2026, la previsión es obtener USD 4.000 millones en este tipo de créditos, con tasas ya negociadas y aprobaciones en curso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también aparece entre las fuentes tanto para 2026 como para 2027, con desembolsos programados de USD 1.900 millones y USD 1.700 millones, respectivamente. Además, el Gobierno espera recibir fondos de otros organismos internacionales, por USD 2.800 millones en 2026 y USD 4.200 millones en 2027.

Las emisiones locales representan una porción significativa del financiamiento. En 2026, el monto estimado es de USD 6.000 millones, mientras que para 2027 la cifra prevista es de USD 5.000 millones. En cuanto a las emisiones internacionales, el Gobierno no definió un monto, ya que la intención oficial es recurrir a los mercados solo si las condiciones resultan favorables.

Finalmente, el plan contempla ingresos por privatizaciones: USD 800 millones en 2026 y USD 1.500 millones en 2027. Además, para 2027 se incorpora la categoría de otras fuentes de financiamiento, que sumarían USD 2.000 millones.

Qué significa el excedente previsto

El Ministerio de Economía destacó que el esquema para 2026 arroja un saldo positivo de USD 3.700 millones, que se transferirá como colchón para 2027. Esto significa que, si se cumplen las previsiones, el Tesoro comenzará el año electoral con recursos disponibles para cubrir parte de los vencimientos, reduciendo la presión financiera.

Para 2027, el plan propone utilizar ese saldo acumulado junto con el resto de las fuentes ya detalladas, de modo que el total cubra exactamente la suma de los pagos comprometidos para ese año.

El rol de los organismos internacionales y el mercado

Las garantías de créditos y los desembolsos de organismos internacionales representan una pieza clave en el programa financiero. El Ministerio de Economía incluyó préstamos con garantía del Banco Mundial y el BID, así como fondos provenientes del FMI y otros entes multilaterales. Además, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de realizar emisiones internacionales si las condiciones de mercado resultan favorables, pero aclaró que no es un objetivo prioritario, sino una alternativa.

En el caso de los bonos y emisiones locales, el plan prevé continuar utilizando instrumentos como los Bonares y los Globales para renovar vencimientos y captar fondos en el mercado argentino, según la demanda y las tasas disponibles.

Anticipos sobre las próximas licitaciones y herramientas

Durante la presentación, funcionarios mencionaron que las próximas licitaciones incluirán nuevos instrumentos, como el Bonar 2029 (AO29), y que parte de la estrategia consiste en ampliar el acceso a fuentes de financiamiento local. El objetivo, según el equipo económico, es sostener la acumulación de reservas y evitar tensiones en los meses previos a las elecciones.

El programa también contempla la posibilidad de renegociar condiciones o sumar alternativas de financiamiento si el contexto lo requiere, incluyendo eventuales acuerdos bilaterales o préstamos puente.

La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo disciplinario contra el ministro de Hacienda Germán Ávila y pidió a la Procuraduría que lo investigue por el manejo de la deuda pública, en una advertencia que enlaza esa decisión con un problema mayor: las presiones fiscales que, según el organismo, comprometen la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación de 2026.

El diagnóstico se apoyó también en las cifras de ejecución presupuestal mencionadas por la contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas Jenny Lindo: a junio de 2026, el servicio de la deuda concentraba 47% del total ejecutado, por encima del funcionamiento, con 41,4%, mientras la inversión quedaba en 29,1%.

“Hay que ser claros: es la inversión la que necesitamos aumentar para generar más ingresos y más crecimiento económico en el país”, expresó la funcionaria en declaraciones a El Tiempo.

Según explicó Lindo, la decisión de remitir el caso a la Procuraduría se tomó después de que los descargos presentados por el ministro no lograran desvirtuar las observaciones formuladas por los auditores de deuda pública de la Contraloría.

La funcionaria sostuvo que en mayo se notificó al jefe de la cartera de Hacienda que la observación tenía alcance disciplinario y que, más tarde, un comité aprobó la confirmación de la responsabilidad disciplinaria.

La contralora delegada afirmó que el hallazgo también cobija al director de Crédito Público Javier Cuellar. De acuerdo con su relato, la auditoría identificó tres hechos: una sobreadjudicación de deuda, el aumento de las tasas de colocación y la acumulación de vencimientos en 2026, 2029 y 2030.

Jenny Lindo detalló que, “Si el límite era el 50% de cada TES, o de cada deuda que se emite del Estado colombiano, el Gobierno aumentó ese límite al 100%, es decir, auto-permitiéndose emitir más deuda”. En su interpretación, eso implicó que la administración se autorizó a emitir más deuda.

El segundo punto fue el encarecimiento de esa financiación. La funcionaria indicó que en los últimos meses se registraron tasas de entre 13%, 14% y 15%, que describió como las más altas de la historia reciente, y agregó que el propio Gobierno reconoció fallas en algunos pronósticos, como lo expresó Cuellar en un webinar oficial del Ministerio de Hacienda, citado por la publicación.

Para la delegada, el efecto de esas decisiones es que el Estado trae al presente deuda antigua contratada a largo plazo y a tasas más bajas, pero la reemplaza por obligaciones más costosas. La consecuencia, dijo, es un mayor pago de intereses sobre compromisos que antes tenían un costo financiero inferior.

La funcionaria sostuvo que esos movimientos de deuda pública fueron legales, aunque advirtió que podrían vulnerar el correcto direccionamiento económico del Estado. En esa línea, afirmó que ese manejo está encareciendo la deuda pública.

La alerta de la Contraloría no se limita al caso disciplinario. Según la funcionaria, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones, pero los ingresos disponibles llegan a $252,88 billones, lo que deja faltante el 54,5% a corte de junio para garantizar el presupuesto de lo que resta de 2026.

Ese desbalance, explicó, debería corregirse con mayor recaudo tributario o con ajustes del gasto. Pero al revisar el marco fiscal de mediano plazo presentado hace pocas semanas por el Gobierno nacional, la entidad no encontró una reducción del presupuesto sino una baja en la meta de recaudo tributario.

“Hace pocas semanas, el Gobierno nacional sacó el marco fiscal de mediano plazo. Pero en ello la Contraloría no encontró reducción de gasto. Lo que encontró fue una reducción en la meta del recaudo tributario”, añadió la contralora.

La lectura del organismo es que, si no se reduce el gasto y al mismo tiempo cae la expectativa de ingresos tributarios, se amplía la brecha financiera.

Según Lindo, eso obligará a buscar nuevos recursos en el segundo semestre para terminar el año y garantizar el pago del presupuesto.

La funcionaria planteó además una consecuencia directa para los ciudadanos: cuanto más dinero se destine al pago de deuda y no a inversión, más se resentirá la economía del país y ese efecto terminará reflejándose en el bolsillo de la población.

En el mismo sentido, advirtió que una mayor proporción del presupuesto dedicada a la deuda reducirá el crecimiento económico.