El Informe de Riesgo País del segundo trimestre de 2026 para la región de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (CAPARD) detalla los factores que están incidiendo de manera notable sobre la calificación de Nicaragua, centrando la atención en las vulnerabilidades fiscales, geopolíticas y la exposición a presiones externas relacionadas principalmente con su alta dolarización financiera y una gobernanza considerada endeble por las principales agencias crediticias globales.

Nicaragua mantiene, según Fitch, S&P y Moody’s, una calificación de riesgo en torno a “B” o “B+” con perspectiva estable, sustentada por una política fiscal prudente y la existencia de superávits gemelos (fiscal y comercial) que permiten la acumulación de amortiguadores externos. Sin embargo, estos factores positivos no logran compensar los riesgos latentes relacionados con la alta vulnerabilidad geopolítica.

Las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos y otras restricciones internacionales continúan ejerciendo presión sobre la economía nicaragüense, constituyendo uno de los principales riesgos para la estabilidad macroeconómica y la disponibilidad de financiamiento.

La dolarización financiera de Nicaragua implica que una mayor proporción de la deuda se encuentra en moneda extranjera, lo que aumenta la exposición a movimientos internacionales, volatilidad en los mercados y posibles shocks externos. Esto, junto con la débil gobernanza, reduce la capacidad del gobierno para responder de manera flexible y efectiva a emergencias económicas o financieras. Al analizar la situación de la deuda, se observa que a febrero de 2026, la deuda pública se ubicaba en USD 11,026.30 millones, con una tasa de aumento interanual del 8.04%.

Aunque la combinación de políticas fiscales prudentes y balance superavitario ha permitido la mejora gradual de algunas métricas de deuda, la dependencia estructural de financiamiento externo podría representar un escollo mayor si las condiciones internacionales se vuelven menos favorables o si se agravan las sanciones.

Tal como señalan las agencias calificadoras, una presión adicional podría derivarse de acontecimientos sociales que afecten la estabilidad macroeconómica o por un “deslizamiento” en la política económica que agote los amortiguadores fiscales y profundice las vulnerabilidades.

En el primer trimestre de 2026, la economía nicaragüense mostró un notable crecimiento interanual del PIB del 6.1%, acompañado de una baja inflación (3.72% en mayo 2026) y un comportamiento positivo en el Índice Mensual de Actividad Económica (IMAE), aunque con moderada variación del 0.7%. A pesar de este dinamismo, la sostenibilidad del crecimiento está condicionada por la estabilidad macroeconómica y la capacidad de mantener los flujos de financiamiento externo.

El sector financiero, por su parte, exhibe resiliencia con indicadores de liquidez y rentabilidad altos, lo cual es considerado como una fortaleza. Sin embargo, la robustez del sistema no es suficiente para contrarrestar los efectos que podrían derivar de un entorno externo adverso o una intensificación de las restricciones geopolíticas.

Las agencias consideran que mejoras adicionales en la calificación de Nicaragua podrían derivarse de la continuidad en las políticas prudentes actuales, un crecimiento económico robusto y mayores amortiguadores fiscales. En este sentido, una mayor flexibilidad para acceder al financiamiento externo y un fortalecimiento del clima de negocios también sumarían puntos a su favor.

En contraste, la materialización de riesgos sociales o políticos que socaven la estabilidad macroeconómica, o un manejo imprudente de la política económica que reduzca los colchones financieros, podría desencadenar rebajas en la calificación.

Dentro de la región CAPARD, Nicaragua destaca, no por sus fortalezas intrínsecas, sino por la exposición a riesgos que la hacen más vulnerable frente a shocks externos y fluctuaciones en la confianza de los inversores internacionales. La presencia de altos índices de dolarización financiera y la gobernanza débil son factores que, de mantenerse, seguirán limitando la capacidad de avance económico y de atracción de mayor inversión extranjera directa.

En conclusión, mientras Nicaragua mantiene algunos fundamentos macroeconómicos sólidos, los riesgos fiscales, geopolíticos y de financiamiento externo obligan a mantener un enfoque cauteloso sobre el futuro económico del país. La agenda pendiente incluye reforzar sus instituciones y diversificar el acceso al financiamiento, para reducir la exposición a factores externos y consolidar una senda de crecimiento más estable y sostenible.

La deuda del Gobierno Central llegó al 61.1% del PIB y el Banco Central de Costa Rica recortó el jueves su proyección de crecimiento para 2026 de 3.5% a 3.4%. La revisión también alcanzó a 2027, cuya estimación bajó a 3.5%, en un contexto de desaceleración vinculado al freno de las zonas francas.

La entidad atribuyó el ajuste a “la persistencia de la incertidumbre asociada a las tensiones geopolíticas, las políticas comerciales de Estados Unidos y la fragmentación geoeconómica”, factores que, según el emisor, tendrán un impacto negativo sobre el ingreso nacional disponible.

La economía de Costa Rica enfrenta además un freno interno: el motor de las zonas francas, que había crecido 17.2% interanual en julio de 2025, avanzó apenas 3.7% en abril de este año, afectado por la salida de Intel y Qorvo y por la caída en exportaciones de dispositivos médicos hacia Estados Unidos.

Cómo fue la revisión de las proyecciones

El recorte de una décima se suma a una trayectoria descendente más marcada. La proyección de enero de este año era de 3.8%, por lo que la cifra oficial acumuló una baja de cuatro décimas en pocos meses.

El dato del primer trimestre refuerza esa tendencia: el Banco Central de Costa Rica había estimado un crecimiento de 4,5% y luego lo corrigió a 4.1%, lo que mostró que la desaceleración ya estaba en marcha antes de la publicación de las nuevas proyecciones.

La comparación con 2025 amplía la diferencia. Ese año la economía cerró con un crecimiento de 4.6%, por lo que la proyección actual para 2026 implica una caída de 1.2 puntos porcentuales.

La cifra también quedó por debajo de lo previsto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, que en su informe de perspectivas de mitad de año proyectó 3.5% para el país.

El freno de las zonas francas

La desaceleración no responde solo a factores externos. El Banco Central de Costa Rica identificó en sesiones técnicas previas que el principal factor interno es el enfriamiento del régimen especial de zonas francas, que había impulsado el crecimiento costarricense durante el ciclo pospandemia.

Las exportaciones de dispositivos médicos, principal producto de ese sector, pasaron de crecer 35.1% en abril de 2025 a 5,6% en el mismo mes de este año. Las ventas hacia Estados Unidos, principal destino comercial del país, cayeron 1,1% en los primeros cuatro meses de 2026.

El cierre de las plantas de Intel y Qorvo en 2025 dejó un hueco que el régimen definitivo, el resto de la economía, no logró compensar, aunque ese sector sí mejoró su ritmo de 2.3% a 3.3%.

Inflación, tasas y empleo

El panorama de inflación mostró señales mixtas. El indicador se mantendrá en torno al 2% en lo que resta del año, por debajo de la meta del 3% fijada por el banco emisor. La moderación en los precios internacionales del petróleo y los granos explicó parte de ese comportamiento.

La tasa de política monetaria ya reflejó ese contexto: el BCCR la recortó a 3.00% el 18 de julio, su primer ajuste a la baja en siete meses, en respuesta a una inflación interanual que llegó a terreno negativo (-0.22%) al cierre del primer semestre.

En el mercado laboral, la tasa de desempleo se mantuvo en torno al 6%, pero bajaron las tasas de participación y de ocupación, mientras aumentó el subempleo. El banco emisor advirtió además que la recaudación fiscal acumuló hasta mayo una caída cercana a ₡62 mil millones, equivalente a una reducción del 2% frente al mismo período de 2025.

La deuda y el debate por el IVA de la canasta básica

El deterioro fiscal fue otro de los puntos del informe. La deuda del Gobierno Central alcanzó el 61.1% del PIB al cierre de mayo, por encima del 60,5% registrado por el Ministerio de Hacienda en su reporte de ese mes.

El superávit primario se redujo y el déficit financiero creció, en parte porque el pago de intereses de la deuda consume alrededor del 1,8% del PIB.

Para contener ese deterioro, el Gobierno de la presidenta Laura Fernández anunció medidas contra el contrabando y la evasión fiscal. La propuesta que abrió más debate fue la posibilidad de eliminar la exoneración parcial del IVA sobre la canasta básica.

Hoy, los más de 230 productos que integran esa canasta, entre ellos alimentos, artículos de higiene y escolares, pagan una tasa del 1%, frente al 13% general.

El ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves, confirmó que el Gobierno estudia eliminar esa diferencia, aunque aclaró que los recursos recaudados se devolverían a los hogares de menores ingresos mediante subsidios focalizados.

La reforma requeriría aprobación de la Asamblea Legislativa, donde el oficialista Partido Pueblo Soberano cuenta con 31 votos.

El Gobierno no explicó aún el mecanismo concreto de esa devolución.

La transición entre el gobierno de Gustavo Petro y el de Abelardo de la Espriella no partirá de un “desastre” generalizado, pero sí estará marcada por una restricción fiscal que puede condicionar buena parte de la agenda del nuevo mandatario. Esa es una de las conclusiones que plantea el economista José Antonio Ocampo en un documento divulgado este 30 de julio.

El análisis, reseñado por Revista Semana, revisa el cambio de mando entre dos proyectos políticos con diferencias ideológicas profundas y pone el foco en las verdaderas cargas que recibirá la nueva administración. Para Ocampo, el país llega con avances sociales y correcciones económicas importantes, aunque también con una crisis fiscal que no puede minimizarse.

El exministro de Hacienda durante la primera etapa del gobierno Petro sostiene que algunos indicadores mejoraron en los últimos años. Entre ellos menciona la reducción de la pobreza monetaria y multidimensional, así como una baja tasa de desempleo que se ha mantenido recientemente.

Con esa lectura, Ocampo desmonta la idea de que De la Espriella recibirá un país completamente deteriorado en lo social. Sin embargo, advierte que el nuevo Gobierno tendrá poco margen para cumplir metas ambiciosas de crecimiento, especialmente si busca acercarse a cifras cercanas al 7 %.

Ocampo reconoce avances, pero advierte límites

Uno de los puntos que destaca el economista es la corrección de dos desequilibrios heredados desde 2022: el déficit en la balanza de pagos y el hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, Fepc. Según Ocampo, ambos problemas fueron corregidos durante el cuatrienio que termina.

La balanza de pagos refleja los intercambios reales y financieros que Colombia sostiene con el resto del mundo. El Fepc, por su parte, había acumulado un déficit que pocos gobiernos se habían atrevido a enfrentar. Para el profesor de la Universidad de Columbia, esas correcciones son parte del balance económico que no debería desconocerse.

El documento también menciona el crecimiento de las exportaciones no tradicionales, una tendencia que Ocampo considera clave para el equilibrio de las cuentas externas. “Mantener esa tendencia bajo el nuevo gobierno será fundamental”, señaló.

Aun así, el economista advierte que esas ventas externas pueden enfrentar presiones por la apreciación del peso y por el fuerte aumento del salario mínimo. “Medido en dólares estadounidenses, el salario mínimo ha aumentado más de un 40 %”, subrayó Ocampo.

Ese punto abre una discusión sobre competitividad, costos laborales y capacidad exportadora. Aunque el aumento del salario mínimo puede mejorar ingresos de los trabajadores, también puede tener efectos sobre sectores que compiten en mercados internacionales.

La gran herencia será fiscal

El mayor problema para De la Espriella estará en las finanzas públicas. Ocampo enfatiza que la deuda pública supera el 60 % del PIB y que el aumento del gasto deja una carga pesada para el próximo Gobierno. Esa restricción fiscal puede limitar programas, inversiones y promesas de campaña.

El diagnóstico también plantea una incógnita social: hasta qué punto el nuevo Gobierno mantendrá el compromiso con los derechos sociales consagrados en la Constitución de 1991. La pregunta se relaciona con los avances en reducción de pobreza multidimensional, asociados a mejoras en educación, salud, servicios públicos y vivienda.

Ocampo advierte que esos avances conviven con una brecha creciente entre zonas rurales y urbanas. Por eso, cualquier ajuste fiscal tendrá que considerar el impacto sobre los hogares más vulnerables y sobre las regiones con menor acceso a servicios.

El fenómeno de El Niño aparece como otro reto inmediato. Según el informe citado por Revista Semana, la nueva administración enfrentará riesgos de racionamiento de energía por el lento crecimiento de la capacidad de generación durante el gobierno Petro y por el déficit de gas natural para consumo interno.

La deuda pública de México alcanzó un nuevo máximo histórico al superar los 19 billones de pesos durante el primer semestre de 2026, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Con este incremento, el endeudamiento del país representa ya 51 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), aunque la dependencia federal sostuvo que las finanzas públicas continúan en una trayectoria sostenible.

Las cifras oficiales muestran que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), considerado la medida más amplia de la deuda pública, ascendió.

¿Cuánto aumentó la deuda?

• 2026: 19 billones 47 mil 700 millones de pesos
• 2025: 17 billones 796 mil 100 millones de pesos

Es decir, el aumento de la deuda subió 1 billón 251 mil 600 millones de pesos (1,251,600 millones de pesos).

Hacienda prevé que la deuda aumente al cierre de 2026

La Secretaría de Hacienda reconoció que el nivel de endeudamiento aún podría incrementarse durante la segunda mitad del año. Sus proyecciones estiman que la deuda pública podría ubicarse en 52.3 por ciento del PIB al finalizar 2026, lo que implicaría un aumento cercano a un billón de pesos respecto al saldo actual.

A pesar de este escenario, la dependencia subrayó que el indicador permanece 1.6 puntos porcentuales por debajo de lo previsto originalmente, lo que refleja un desempeño mejor al esperado en materia fiscal.

Asimismo, Hacienda destacó que México conserva el grado de inversión otorgado por las ocho agencias calificadoras que evalúan la deuda soberana del país, lo que, afirmó, mantiene condiciones favorables para acceder a los mercados internacionales de financiamiento.

Mejor desempeño de las finanzas públicas

En su informe semestral, la SHCP aseguró que los principales balances fiscales presentaron resultados superiores a los programados.

Entre los indicadores destacados se encuentra el déficit presupuestario, que fue 358 mil millones de pesos menor al contemplado inicialmente en el programa económico.

De igual forma, el balance primario presupuestario, que excluye el pago de intereses de la deuda, registró un superávit de 115 mil millones de pesos, reflejando una mayor disciplina en el manejo de las finanzas públicas durante la primera mitad del año.

Estos resultados, señaló la dependencia, fortalecen la sostenibilidad fiscal del país y permiten enfrentar con mayor margen los compromisos financieros del gobierno federal.

Disminuye el costo financiero de la deuda

Otro de los aspectos positivos reportados por Hacienda fue la reducción en el costo financiero de la deuda pública.

Durante el primer semestre de 2026, este indicador disminuyó 4.8 por ciento en términos reales respecto al mismo periodo del año anterior.

La dependencia explicó que este comportamiento obedeció principalmente al efecto favorable de la variación cambiaria sobre los pasivos contratados en moneda extranjera, así como a una estrategia de refinanciamiento implementada por el Gobierno de México.

Dicha estrategia permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda y generar ahorros estimados en 111 mil millones de pesos, reduciendo la presión sobre las finanzas públicas en los próximos años.

Deuda pública mantiene tendencia ascendente

Aunque el gobierno federal insiste en que el endeudamiento permanece en niveles sostenibles y comparativamente moderados frente a otras economías de América Latina, las cifras reflejan una tendencia de crecimiento constante en los últimos años.

El incremento de más de 1.25 billones de pesos en el saldo de la deuda respecto al mismo periodo del año anterior confirma que el financiamiento público continúa siendo un elemento relevante para cubrir las necesidades presupuestarias del país.

Con la expectativa de que el SHRFSP alcance 52.3 por ciento del PIB al cierre de 2026, el comportamiento de la deuda pública continuará siendo uno de los principales indicadores que seguirán inversionistas, agencias calificadoras y analistas económicos para evaluar la fortaleza de las finanzas nacionales y la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad macroeconómica.

El endeudamiento del Gobierno Nacional Central mantiene una trayectoria ascendente y, con corte a junio de este año, alcanzó un nivel equivalente al 60,5% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con la actualización publicada por el Ministerio de Hacienda sobre el comportamiento de la deuda pública.

Las cifras muestran que el saldo total llegó a $1.167 billones, un monto superior al registrado un año atrás, cuando la deuda se ubicaba en $1.092 billones. Esto representa un incremento de 6,8% frente al mismo periodo del año anterior y confirma el aumento de las obligaciones financieras del Estado. El crecimiento del endeudamiento también se observa al comparar las cifras con el inicio de la administración actual. Desde agosto de 2022, el saldo de la deuda del Gobierno Nacional Central aumentó en $363 billones y alcanzó los $1.167 billones reportados para junio de 2026, según los datos oficiales.

Al revisar la composición de la deuda, el informe evidencia un mayor peso del financiamiento interno dentro de la estrategia del Gobierno. La deuda pública interna llegó a $899,7 billones en junio de este año, equivalente al 77,1% del total, mientras que doce meses atrás ascendía a $749,20 billones. Por su parte, la deuda externa pública se ubicó en $267,4 billones. Hace un año ese componente alcanzaba los $343,3 billones, por lo que los datos muestran una reducción en el saldo de las obligaciones adquiridas con acreedores internacionales.

En términos del Producto Interno Bruto, el Ministerio de Hacienda reportó que la deuda total del Gobierno Nacional Central alcanzó el 60,5% del PIB. Esa relación entre el endeudamiento y el tamaño de la economía fue analizada recientemente por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que presentó su más reciente informe durante julio.

De acuerdo con ese documento, el resultado observado en la deuda pública del Gobierno Nacional Central respondió principalmente a la disminución de la deuda externa después del pago final del TRS y a la reducción del saldo de bonos. Esos factores incidieron en la evolución de las obligaciones del Estado durante el periodo evaluado.

Pese a ese comportamiento, el Carf advirtió que las presiones fiscales siguen siendo significativas para las finanzas públicas. El organismo señaló que los intereses de la deuda representaron el 29,6% de los ingresos tributarios, una proporción que se ubicó por encima del promedio histórico observado para mayo de este año.

El informe también revisó las condiciones de financiamiento del Gobierno y encontró señales de mejora en el comportamiento del mercado de deuda pública. Según el reporte, los Títulos de Tesorería (TES) registraron valorizaciones importantes, reflejadas en una caída promedio de 240 puntos básicos frente al máximo alcanzado durante mayo.

A ese comportamiento se sumó el avance en las colocaciones de deuda de largo plazo, que ascendieron a $3,9 billones durante el periodo analizado. Al mismo tiempo, la caja en pesos cerró en $20,1 billones, aunque permaneció por debajo del promedio histórico registrado para este indicador, de acuerdo con el informe.

Las cifras oficiales muestran que el saldo de la deuda aumentó cerca de $75 billones frente al mismo mes del año pasado. Ese incremento consolida la tendencia de crecimiento que ha venido registrando el endeudamiento del Gobierno Nacional Central durante los últimos años y refleja el comportamiento reciente de las obligaciones.

El Ministerio de Hacienda expuso que la evolución de la deuda refleja el mayor volumen de financiamiento requerido por el Gobierno en los últimos años. Aunque la estrategia de financiación ha dado una mayor participación al endeudamiento interno, el saldo total de las obligaciones continuó aumentando hasta superar el 60% del Producto Interno Bruto y alcanzar los $1.167 billones reportados con corte a junio de 2026.

En los primeros cinco meses de 2026, la ejecución presupuestaria del Gobierno de El Salvador alcanzó los USD 4,384 millones devengados, lo que representa un 41.1% de la asignación modificada para el año. Para el mismo período de 2025, la ejecución había reportado un porcentaje ligeramente inferior, situándose en el 39.8%, con un monto devengado de USD 4,167 millones, según datos oficiales del Ministerio de Hacienda hasta mayo.

La asignación modificada para 2026 se estableció en USD 10,659 millones, un incremento de USD 103.4 millones respecto a la cifra aprobada inicialmente, producto de la incorporación de fondos para proyectos en áreas como conectividad digital, infraestructura vial y fortalecimiento institucional. Este aumento contrasta con la dinámica de 2025, cuando la asignación modificada alcanzó USD 10,469 millones. Según el Ministerio de Hacienda, la ejecución y el ajuste presupuestario de 2026 respondieron a la incorporación de fondos para proyectos y al uso de los recursos disponibles.

Por fuente de financiamiento, la mayor parte del gasto devengado en 2026 se ejecutó con recursos del Fondo General, que aportó USD 4,187.7 millones, equivalente al 45.4% de su asignación modificada. Los préstamos externos representaron USD 195.3 millones (13.9%) y las donaciones, USD 0,9 millones (3,2%). En 2025, el Fondo General había contribuido con el 44.3% de su asignación, mientras que los préstamos externos y las donaciones mantuvieron proporciones similares, con predominio del financiamiento interno sobre las fuentes externas.

El análisis por clasificación económica revela que los gastos corrientes representaron el mayor peso en la ejecución presupuestaria, con USD 3,308.6 millones, equivalentes al 45.4% de la asignación modificada para esa categoría. Dentro de este rubro, las remuneraciones sumaron USD 1,062.6 millones y los gastos en bienes y servicios, USD 514.4 millones. Para 2025, los gastos corrientes habían alcanzado el 44.7% de su asignación ajustada, con una estructura interna similar; según el Ministerio de Hacienda, esa política permitió mantener la operatividad institucional en educación, salud y seguridad pública.

La ejecución de los gastos de capital

En cuanto a los gastos de capital, en los primeros cinco meses de 2026 se devengaron USD 656.8 millones, lo que representa el 29.9% de la asignación modificada en ese rubro. Este comportamiento es comparable al registrado en 2025, cuando el porcentaje llegó al 28.6%.

De acuerdo con el Ministerio de Hacienda, los recursos para inversión se destinaron principalmente a transferencias de capital orientadas al financiamiento de obras municipales y programas de desarrollo local.

Los ramos con mayor ejecución

A nivel institucional, los mayores niveles de ejecución se observaron en los ramos de Educación, Ciencia y Tecnología (USD 695.2 millones devengados, 41.3% de ejecución), Salud (USD 499.3 millones, 37.1%) y Seguridad Pública y Justicia (USD 274.9 millones, 39.1%). El Ministerio de Hacienda detalló que estos sectores concentran la mayor parte de los recursos por su impacto en la atención ciudadana y la cobertura de servicios. En 2025, las mismas áreas lideraron la ejecución, aunque con ligeras variaciones en los montos y porcentajes.

El informe oficial también subraya la importancia de las transferencias varias y las obligaciones generales del Estado, que sumaron USD 1,675.3 millones devengados (45.8% de ejecución anual), incluyendo el servicio de la deuda pública, apoyo a municipalidades y subsidios a la electricidad y el gas licuado de petróleo. Estas partidas mantienen su peso dentro del presupuesto nacional, reflejando compromisos y la continuidad de los programas sociales existentes.

Las reformas presupuestarias de 2026

Durante 2026, la incorporación de recursos adicionales mediante reformas presupuestarias permitió financiar proyectos especiales, como el Programa de Conectividad Digital Social y obras de infraestructura vial, de acuerdo a los datos oficiales. El Ministerio de Hacienda subrayó que estas modificaciones buscan responder a demandas y mejorar la capacidad operativa de las instituciones públicas.

La comparación entre ambos años muestra un aumento de la ejecución presupuestaria, con un enfoque en la sostenibilidad fiscal y la priorización de sectores estratégicos. La cartera de Hacienda concluyó que la dinámica observada en los primeros cinco meses de 2026 corresponde a una administración orientada a resultados, en línea con los objetivos nacionales de desarrollo y estabilidad financiera.

Casi al mismo instante en que la titular del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ponía en sus redes sociales que ya se encuentra en Buenos Aires, el diputado Máximo Kirchner ingresaba un proyecto de ley que busca restringir la posibilidad de que el Ejecutivo firme un nuevo acuerdo con el FMI sin que pase por el Congreso.

El proyecto de ley que lleva la firma de otros 15 diputados del bloque de Unión por la Patria y que cuenta con 22 artículos, busca también declarar “nulos de nulidad absoluta” los acuerdos que impongan condiciones sobre la regulación del movimiento de capitales en la Argentina.

La iniciativa, que deroga la Ley 27.612 de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública y la reemplaza con un régimen más amplio, llega al Palacio Legislativo en un momento en el que el gobierno de Javier Milei recibe a la titular del FMI que llega al país por primera vez en 8 años.

El proyecto establece que toda operación de crédito público con organismos financieros internacionales requerirá una ley especial del Congreso con indicación del tipo de deuda, el monto máximo autorizado, el plazo mínimo de amortización y el destino del financiamiento. Asimismo, establece que queda expresamente prohibido el uso de decretos de necesidad y urgencia para estas materias.

El texto apunta directamente al Decreto de Necesidad y Urgencia 179/2025, con el que el gobierno de Milei instrumentó el Programa de Facilidades Extendidas con el FMI por DEG 15.267 millones —aproximadamente USD 20.000 millones—, sin pasar por el Congreso. Los actos dictados en violación de esa prohibición quedarán sujetos a nulidad absoluta e inoponibilidad internacional, y los funcionarios intervinientes serán personalmente responsables por los daños al Estado nacional con una acción imprescriptible.

El proyecto que es acompañado por Germán Martínez, Cecilia Moreau, Pablo Yedlin, Carlos Castagneto, Itai Hagman, Hilda Aguirre, Nicolás Trotta, María Elena Velázquez, Marcelo Barbur, Agustín Rossi, Sergio Palazzo, Agustina Propato, Julia Strada, Sabrina Selva y Jimena López; se estructura en 6 principios rectores: soberanía económica, corresponsabilidad entre acreedor y deudor, legitimidad de las políticas macroprudenciales, sostenibilidad de la deuda medida por la capacidad real de pago, transparencia con control democrático y multilateralismo activo.

El principio de corresponsabilidad es uno de los ejes más novedosos del texto: establece que cuando el FMI haya incumplido sus propias reglas o aprobado programas con motivación política, la responsabilidad por las consecuencias del fracaso es compartida. Para sostener esta idea, cita la evaluación de la Oficina de Evaluación Independiente (OEI) del FMI, que registró disidencias internas del staff sobre el cumplimiento de los criterios de acceso excepcional en el caso argentino de 2018 y clasificó la deuda en “zona gris”.

El texto señala que entre mayo de 2018 y el momento de la redacción, USD 45.100 millones salieron del país como formación de activos externos del sector privado, frente a USD 44.500 millones desembolsados por el Fondo.

Los autores del proyecto sostienen que esa equivalencia no fue accidental, sino el resultado de un programa aprobado sin exigir las medidas de administración de flujos de capital que el propio Artículo VI del Convenio Constitutivo del FMI habilita. Sobre esa base, la ley manda al Poder Ejecutivo a promover ante la Junta de Gobernadores del organismo una enmienda que convierta en obligación —y no en mera facultad— el requerimiento de controles de capital cuando se verifique una salida considerable de divisas durante la vigencia de un programa.

La reforma del Convenio Constitutivo que el proyecto ordena impulsar tiene cuatro ejes. El primero es la sustitución de la redacción discrecional del Artículo VI por una obligación de actuar. El segundo es la creación de una “Facilidad de Recuperación Soberana” que permita convertir el crédito que exceda los parámetros normales de acceso en financiamiento de largo plazo, con plazos de entre 20 y 30 años, período de gracia de entre 7 y 10 años y sin sobrecargos. El tercero es la habilitación de períodos de recompra diferenciados para economías con restricción externa estructural. El cuarto es el reconocimiento formal de que el caso argentino configuró una categoría de exposición excepcional con fallas sistémicas del organismo.

Para blindar esas posiciones en el plano multilateral, el artículo 6 obliga al Poder Ejecutivo a coordinar con el grupo BRICS+, el Grupo de los Veinticuatro (G24), la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Grupo de los Veinte (G20). El proyecto cita la "BRICS Rio de Janeiro Vision for IMF Quota and Governance Reform“, del 5 de julio de 2025, como antecedente compatible con los ejes de enmienda que la ley convierte en mandato.

En materia de regulación macroprudencial, el artículo 8 ratifica las facultades del Banco Central de la República Argentina (BCRA) para establecer encajes sobre pasivos externos, aplicar límites a la formación de activos externos y adoptar cualquier otra medida de administración de flujos de capital. El artículo 9 va más lejos: ningún acuerdo con organismos financieros internacionales podrá contener cláusulas que obliguen a desmantelar esas regulaciones, bajo pena de nulidad absoluta en el derecho interno y de inoponibilidad ante foros internacionales, con invocación del artículo 46 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.

El control parlamentario recae en una Comisión Bicameral Permanente de Seguimiento de la Relación con Organismos Financieros Internacionales, que tendrá acceso pleno a toda la documentación de los programas sin limitaciones de confidencialidad, facultad de convocar obligatoriamente a funcionarios del Ejecutivo, del BCRA y de la Auditoría General de la Nación, y derecho a recibir informes semestrales del gobierno. El proyecto también introduce un umbral de endeudamiento externo —fijado en función de los gastos primarios corrientes— cuya superación requerirá mayoría especial de dos tercios en ambas Cámaras, salvo emergencia económica declarada por ley, catástrofe natural o guerra.

La disposición transitoria del artículo 20 fija un plazo de 90 días desde la entrada en vigencia de la ley para que el Poder Ejecutivo remita al Congreso un proyecto de ratificación o rechazo del programa vigente con el FMI. Hasta que el Congreso se pronuncie, el gobierno no podrá acordar nuevas ampliaciones ni modificaciones sustanciales del acuerdo. En caso de rechazo, toda nueva operación requerirá aprobación previa por ley.

La ley solo podrá ser modificada o derogada con el voto de la mayoría absoluta de la totalidad de los miembros de cada Cámara, una salvaguarda que busca dificultar su eventual reversión por un gobierno de distinto signo político.

La agencia Moody’s Ratings otorgó a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires una mejora en su calificación crediticia, que pasó de B2 a B1, luego de la mejora en la nota para la deuda soberana. Con esta decisión, la Ciudad se convirtió en la jurisdicción argentina con la mejor calificación subsoberana, dos escalones por encima de la Nación. El informe publicado por Moody’s señala que este avance responde a un perfil crediticio más sólido en comparación con otras ciudades de la región, sustentado en el desempeño operativo y financiero y en una reducida exposición a transferencias federales.

La noticia generó reacciones inmediatas dentro del gobierno porteño. Jorge Macri, jefe de Gobierno, sostuvo: “Contundente. Después de 14 años recuperamos la calificación B1 de Moody’s y tenemos la máxima nota subsoberana de la Argentina. No hay fórmulas mágicas. Orden en las cuentas de la Ciudad y un país con una macroeconomía estable. Es por acá”. El funcionario remarcó la importancia de la estabilidad y el orden en las cuentas públicas como factores clave para lograr el reconocimiento de la calificadora internacional.

Por su parte, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, afirmó: “Tras 14 años, la Ciudad de Buenos Aires vuelve a obtener la calificación B1 con perspectiva estable por parte de Moody’s Ratings, posicionándose como la jurisdicción con mejor calificación”. Arengo atribuyó la mejora al orden en las cuentas públicas y la disciplina fiscal implementada por la gestión de Jorge Macri.

El informe de Moody’s subrayó que la Ciudad de Buenos Aires es el gobierno local y regional argentino más resiliente gracias a sus bajas necesidades de financiamiento y a una exposición manejable de su deuda en moneda extranjera. Moody’s prevé que la jurisdicción mantendrá métricas financieras alineadas con su perfil crediticio a mediano plazo, apoyada en una posición de liquidez sólida, un perfil de amortización cómodo y una gestión financiera prudente.

El contexto de esta mejora se relaciona con el reciente anuncio de Moody’s acerca de la suba de la nota de la deuda soberana de Argentina, que pasó de Caa1 a B3 para los compromisos en moneda local y extranjera. En ese marco, Arengo destacó que el avance de la Ciudad también se apoya en el ordenamiento macroeconómico dispuesto por el gobierno nacional, que generó condiciones más favorables para el acceso a financiamiento y la promoción de inversiones.

En junio, Moody’s local ya había elevado las calificaciones de emisor en moneda local y extranjera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de AA+.ar a AAA.ar, ubicando a la administración porteña en el nivel de mayor calidad crediticia entre los emisores locales. El nuevo informe internacional refuerza esa posición y distingue la gestión de las cuentas públicas en el distrito capitalino.

La mejora de la calificación crediticia implica para la Ciudad una mayor confianza de los mercados y mejores condiciones para acceder a financiamiento. El reconocimiento de Moody’s también posiciona a Buenos Aires como un referente en el manejo fiscal dentro del país. La agencia destacó la continuidad de políticas financieras orientadas a la prudencia y a la sustentabilidad, y la baja dependencia de la Ciudad respecto de fuentes externas de recursos.

El gobierno de la Ciudad enfatizó que la calificación B1 con perspectiva estable es resultado directo del trabajo realizado en materia de orden fiscal y de la disciplina sostenida en la administración de sus recursos. Tanto Macri como Arengo mencionaron el impacto positivo de las condiciones macroeconómicas nacionales en el proceso de recuperación de la nota internacional.

El informe de Moody’s también evaluó la exposición de la Ciudad a la deuda en moneda extranjera como manejable y resaltó la solidez de su posición de liquidez. Según el documento, la administración porteña cuenta con una estructura de amortización favorable y un nivel de reservas adecuado para enfrentar obligaciones futuras. La calificadora proyectó que Buenos Aires mantendrá indicadores financieros consistentes con su actual perfil de riesgo durante el mediano plazo.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con la obtención de la calificación B1, se consolidó como la jurisdicción argentina con mejor nota subsoberana según los parámetros internacionales. El resultado, según la administración local, responde a una estrategia de orden en las cuentas, disciplina fiscal y gestión financiera prudente, en un contexto nacional que favoreció el acceso a recursos para potenciar inversiones.

El Gobierno de Guatemala ha puesto en marcha una estrategia para fomentar la participación de pequeños inversionistas en el mercado de Bonos del Tesoro, con la meta de ampliar la inclusión financiera y fortalecer el desarrollo del sector bursátil nacional.

Esta propuesta representa un cambio de paradigma, ya que tradicionalmente estos instrumentos solo estaban al alcance de grandes entidades financieras.

La iniciativa, impulsada desde el Ministerio de Finanzas Públicas (Minfin), busca que más ciudadanos puedan proteger y hacer crecer sus ahorros a través de instrumentos de renta fija que cuentan con el respaldo del Estado. De este modo, la deuda pública se abre a nuevos actores, democratizando el acceso a opciones de inversión seguras y transparentes.

¿Cómo pueden participar los pequeños inversionistas en Guatemala?

Ahora, cualquier persona con un capital desde Q5,000.00 puede adquirir Bonos del Tesoro, con la posibilidad de llegar hasta un máximo de Q1,000,000.00 por año fiscal. Los incrementos deben hacerse en múltiplos de Q1,000.00, lo que facilita la planificación de los ahorros y permite adaptar la inversión a diferentes objetivos personales.

El proceso para invertir es sencillo y está pensado para que nuevos participantes puedan incorporarse sin grandes barreras. Los interesados deben acudir a un Agente de Bolsa autorizado por la Bolsa de Valores Nacional (BVN), donde podrán recibir asesoría personalizada y acceder al listado oficial de corredores habilitados.

Además, el programa ofrece plazos flexibles que se ajustan a distintas necesidades: un año con una tasa anual del 6.00%, dos años al 6.12% y tres años al 6.25%. Los intereses se pagan de forma semestral y, a diferencia de otros productos financieros, la rentabilidad obtenida está exenta de impuestos, lo que incrementa el atractivo frente a alternativas bancarias tradicionales.

Ventajas y destino de los fondos recaudados

El acceso a los Bonos del Tesoro permite a los pequeños ahorradores obtener rendimientos competitivos, con la confianza de invertir en títulos respaldados por el Estado. Uno de los beneficios clave es que el pago de intereses es semestral y directo a la cuenta bancaria registrada por el inversionista, lo que otorga previsibilidad y facilita la gestión de los recursos.

Los fondos que se obtienen mediante estas colocaciones no solo generan oportunidades para los inversionistas, sino que también se canalizan a proyectos prioritarios del país. Entre los principales destinos destacan el financiamiento de obras de infraestructura, el apoyo al sector agrícola y la ejecución de programas sociales de alcance nacional.

Recomendaciones para aprovechar la inversión

Para maximizar los beneficios de esta herramienta, los especialistas sugieren definir con claridad el monto a invertir y el horizonte temporal, asegurando que el dinero destinado no comprometa necesidades inmediatas. Es esencial preparar la documentación requerida: Documento Personal de Identificación (DPI) vigente, un recibo reciente de servicios y llenar el formulario de la Intendencia de Verificación Especial (IVE).

El inversionista debe indicar al agente bursátil la cuenta bancaria donde desee recibir el pago de intereses. Además, si surge la necesidad de recuperar el capital antes del vencimiento, es posible negociar los Bonos del Tesoro en el mercado secundario a través del agente de bolsa, lo que otorga flexibilidad y liquidez adicional.

Una apuesta estatal por la inclusión financiera

La promoción de los Bonos del Tesoro para pequeños inversionistas refleja la voluntad del Estado guatemalteco por integrar a más ciudadanos al sistema financiero formal. Este programa no solo diversifica las opciones de inversión para los ahorradores, sino que contribuye a movilizar recursos hacia sectores estratégicos de la economía nacional.

En síntesis, la política del Minfin permite que cada vez más personas tengan acceso a instrumentos confiables y rentables, reforzando la transparencia y la estabilidad del mercado de valores en Guatemala.

Panamá destinó aproximadamente 1,440millones de dólares al pago de intereses de la deuda pública durante los primeros 6 meses de 2026, una carga financiera que evidencia el impacto creciente del endeudamiento sobre las finanzas del Estado.

A ese monto se sumaron cerca de $6,613 millones en amortizaciones de capital, correspondientes al pago o recompra de obligaciones internas y externas. La suma de ambos componentes elevó el servicio de la deuda —capital más intereses— a unos $8,054 millones entre enero y junio.

El cálculo surge de los informes mensuales de la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas, que detallan los pagos realizados a tenedores de bonos, organismos multilaterales, bancos comerciales, acreedores bilaterales y compradores de títulos del Tesoro.

Solo en febrero, el Gobierno ejecutó una operación de manejo de pasivos que incluyó la recompra de $3,184,73 millones en bonos globales, lo que explica una parte importante del elevado pago de capital registrado durante el semestre. La operación buscaba reducir obligaciones específicas y mejorar el perfil de vencimientos de la República.

La dimensión del servicio de la deuda se observa al compararlo con los ingresos generados por el principal activo del país. El Canal de Panamá entregó $2.965 millones al Tesoro Nacional por el año fiscal 2025, entre excedentes, derechos por tonelada y pagos por servicios públicos. En otras palabras, el monto pagado por Panamá en capital e intereses durante apenas 6 meses fue equivalente a 2.7 veces los aportes canaleros de todo el año fiscal.

También supera ampliamente los $3,193,8 millones que el Canal tiene programado aportar directamente al Tesoro durante el año fiscal 2026. El servicio acumulado hasta junio equivale a unas 2.5 veces esa contribución prevista.

La comparación no significa que todos los pagos de capital sean un gasto definitivo, ya que una parte corresponde a refinanciamientos, recompras y sustitución de obligaciones. Sin embargo, sí refleja el volumen de recursos que debe movilizar el Estado para atender los compromisos derivados del endeudamiento.

La deuda aumentó desde enero

Al cierre de junio, el saldo de la deuda pública panameña se ubicó en $61.526,8 millones, pese a que durante ese mes disminuyó en $344.8 millones, equivalente a 0.6%, frente al cierre de mayo.

La reducción mensual no modifica la tendencia acumulada. En enero, la deuda cerró en $59,758,87 millones, por lo que en los siguientes 5 meses aumentó en aproximadamente $1,767,93 millones, equivalente a cerca de 3%.

Frente a diciembre de 2025, cuando el saldo era de $59,349.28 millones, el incremento hasta junio ascendió a $2,177.52 millones.

El mayor salto mensual se produjo en abril, cuando el saldo creció en $1,887.9 millones, impulsado principalmente por un desembolso de $2,501.6 millones de banca comercial externa, además de una línea de crédito de $500 millones con el Banco Nacional de Panamá.

Los bonos globales continúan siendo el principal componente de la deuda panameña, con un saldo de $31,096,7 millones, equivalente a 50,5% del total.

En segundo lugar aparecen los organismos multilaterales, con $9,825.1 millones y una participación de 16%, seguidos muy de cerca por la banca comercial, con $9,692.4 millones, equivalente a 15.8 %.

Los bonos del Tesoro sumaban $3,864,2 millones; las letras del Tesoro, USD 2,683.2 millones; y las notas del Tesoro, $2,628.7 millones.

La deuda con bancos oficiales alcanzaba $1,002.9 millones, mientras que los compromisos bilaterales totalizaban $732.7 millones.

La elevada participación de los bonos globales implica que Panamá depende de los mercados internacionales y de la percepción de riesgo de los inversionistas. La actual administración ha evitado acudir al mercado externo en un intento de reducir el impacto de los altos intereses.

Al mismo tiempo, la creciente exposición a la banca comercial refleja la búsqueda del Gobierno de diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia exclusiva de las emisiones de bonos.

Antes de la pandemia, la deuda pública se situaba cerca de $36,000 millones. Sin embargo, durante la administración de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024, el endeudamiento aumentó en más de 24,000 millones de dólares debido a la emergencia sanitaria, la caída de ingresos fiscales y las necesidades extraordinarias de financiamiento.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha mantenido un ritmo de crecimiento más moderado, aunque la deuda sigue aumentando como consecuencia de los déficits fiscales acumulados, los vencimientos que deben refinanciarse y las necesidades de financiamiento del presupuesto estatal.

El desafío para el Gobierno no es únicamente reducir el ritmo de crecimiento de la deuda, sino contener el peso de los intereses, mejorar la recaudación y evitar que una proporción cada vez mayor de los ingresos públicos termine destinada a pagar obligaciones acumuladas en lugar de financiar inversión, educación, salud e infraestructura.

La deuda pública total de El Salvador aumentó un 2.4% durante los primeros cinco meses de 2026, alcanzando USD 34,630.96 millones, según datos del Banco Central de Reserva (BCR) publicados este jueves. El incremento representó USD 823.85 millones adicionales respecto al saldo de USD 33,807.11 millones registrado al cierre de 2025. El aumento mantiene la presión sobre las finanzas estatales, mientras el Gobierno prioriza el cumplimiento de sus compromisos crediticios, indica la nota de la agencia EFE.

El desglose del BCR indica que USD 15,543,75 millones corresponden a deuda externa y USD 19,087.21 millones a deuda interna, de los que USD 11,567.32 millones pertenecen a las obligaciones con los fondos privados de pensiones. De acuerdo a las cifras oficiales, el endeudamiento estatal con el sistema de pensiones representó un crecimiento anual del 6.8% en 2025, por lo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) recomendó reforzar la sostenibilidad del sistema previsional y ampliar los ingresos estatales para reducir los costos del endeudamiento y priorizar la inversión pública.

Los datos del Banco Central indican también que la deuda externa se incrementó un 2.09% (USD 318.82 millones) frente al cierre de 2025, mientras que la deuda interna subió un 2.7% (USD 505.03 millones).El peso de la deuda externa, que supera el de la deuda interna, sitúa al país en una posición de mayor exposición frente al escenario financiero internacional.

El banco estatal precisó que “el sector público no financiero concentra el monto más elevado, con USD 21,854.39 millones”, mientras que los instrumentos de corto plazo como las LETES (Letras del Tesoro) suman USD 1,161.39 millones.

Durante 2025, el Gobierno de El Salvador destinó USD 3,087.1 millones al pago de deuda pública, según un informe oficial del Ministerio de Hacienda reseñado por Infobae. Este monto, que incluyó intereses y amortizaciones, absorbió cerca de una quinta parte del presupuesto devengado en el ejercicio fiscal pasado. El informe de Hacienda detalla que USD 1,502.3 millones se destinaron a intereses y otros costos financieros, y USD 1,584.8 millones a la amortización de capital, con una ejecución presupuestaria del 99.1% en este último rubro.

El desembolso del año pasado superó los recursos ejecutados en infraestructura, desarrollo local y transferencias a municipalidades. Los pagos se realizaron con fondos del Fondo General y recursos provenientes de préstamos externos.

El aumento de la deuda contrasta con el acuerdo financiero entre el Ejecutivo y el Fondo Monetario, ya que el programa establece una reducción del saldo primario de alrededor del 3.5% del Producto Interno Bruto (PIB) en tres años, buscando colocar la deuda en una trayectoria descendente tras alcanzar un máximo del 85% del PIB en 2024.

En 2025, el gobierno salvadoreño adoptó medidas fiscales —valoradas en 1.5% del PIB— que contemplaron la reducción de la masa salarial, del gasto en bienes y servicios, y recortes en transferencias a municipios. El FMI también enfatizó la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, publicar información detallada sobre la deuda y el sistema de pensiones, y robustecer los mecanismos de control contra la corrupción y el lavado de activos.

El crecimiento del PIB y las proyecciones para 2026

El Banco Central de Reserva informó que el PIB de El Salvador creció un 4.79% en el primer trimestre de 2026, situándose en USD 9,261.8 millones. La construcción y la explotación de minas y canteras impulsaron este avance. Las proyecciones del Banco Mundial sugieren que la economía salvadoreña crecerá un 3.2% al cierre de 2026 y un 3% en 2027, frente al 3.9% registrado en 2025.

Los informes de las consultoras económicas y los medios especializados concentraron en junio la atención en la compra de reservas en dólares por parte del Tesoro nacional para afrontar el vencimiento por USD 4.200 millones en la primera semana de julio, las que incluyeron:

• acuerdos de garantías con organismos internacionales,
• renovación de REPO con grandes bancos,
• mejora de la calificación de los bonos soberanos

Sin embargo, una vez más, la Secretaría de Finanzas, a cargo de Federico Furiase, informó que en el último mes la Administración Central hizo operaciones de deuda pública por USD 56.097 millones e incluyeron financiamiento, canjes, capitalizaciones, pagos, ajustes y cancelaciones por USD 28.911 millones y amortizaciones, canjes y cancelaciones por USD 27.186 millones.

El saldo neto registró una un aumento de los compromisos antes de los ajustes por diferencias de cambio y de valuación de los bonos soberanos el resultado final en USD 1.724 millones.

Stock según moneda y legislación

La cartera que dirige Furiase informó que en junio de 2026 el stock de deuda bruta bajó a USD 474.192 millones, de los cuales USD 471.684 millones se encontraron en situación de pago normal.

Por tipo de legislación, en junio la deuda en moneda local representó el 65,7% del total, mientras que el 34,3% restante correspondió a moneda extranjera.

La Secretaría de Finanzas destacó: “La variación respecto de mayo se explica por el aumento de la deuda en moneda extranjera en USD 8.383 millones y la reducción de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 13.442 millones".

Evolución consolidada y movimientos con organismos internacionales

En términos de PBI, la deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central subió en junio a 59,3%, poco más de dos puntos porcentuales respecto de mayo, según la estimación implícita del producto bruto interno en dólares por parte del Banco Central en los agregados monetarios.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI-, destinadas a recapitalizar el Banco Central y financiar reformas sin requerimiento legislativo, junto con el efecto de la valuación de divisas, se estabilizaron en USD 38.714 millones.

El saldo del préstamo del FMI disminuyó en USD 537 millones, reflejando principalmente el efecto de la variación de monedas frente al dólar y cancelaciones netas derivadas del retraso en el desembolso esperado.

Por diferencias de cambio, los Adelantos del Banco Central transferidos a la Tesorería disminuyeron en USD 138 millones y se ubicaron en el equivalente de USD 2.759 millones.

Los depósitos oficiales en el ente monetario se ubicaron al cierre de junio en USD 8.778 millones, disminuyeron en USD 3.376 millones respecto de mayo

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 8.778 millones -disminuyeron en USD 3.376 millones-, totalizó en junio de 2026 USD 467.119 millones, y se redujo en USD 22.122 millones en comparación con el mes previo.

Endeudamiento neto durante la gestión Milei

En comparación con noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central aumentó en USD 48.899 millones a junio último.

Al considerar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro durante los primeros meses de 2024 y la variación de depósitos oficiales, el stock consolidado en los primeros 31 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una disminución neta de USD 21.536 millones.

Ese resultado se descompuso en un alza de USD 21.755 millones con organismos internacionales y baja de USD 43.291 millones en el agregado del sector público y privado.

En términos de PBI, la deuda consolidada pasó de 59,1, respecto de la heredada de noviembre de 2023, tras un pico de 76,3% en diciembre de ese año por el sinceramiento cambiario y la eliminación de la brecha con los tipos de cambio alternativos, a 59,3% del PBI.

Recuerda Finanzas: “Por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, se utiliza el dólar como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas. De esta forma, todas las cifras se expresan en su equivalente en dólares aplicando el tipo de cambio del último día hábil del período para convertir a dicha moneda las restantes deudas emitidas y pagaderas en: pesos, derechos especiales de giro (DEG), euro, yen, etc.”

Las finanzas públicas de Colombia podrían enfrentar una presión mucho mayor de la prevista si coinciden varios factores económicos adversos. Un análisis del Observatorio Fiscal de la Pontificia Universidad Javeriana advierte que la deuda neta del país podría escalar hasta 66,1% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que acercaría a Colombia al límite establecido por la Regla Fiscal.

La proyección contrasta con el 58,9% del PIB que estima el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2026. Aunque el Observatorio considera que la estrategia presentada por el Ministerio de Hacienda es técnicamente consistente, señala que depende de supuestos que históricamente son difíciles de cumplir. Por ello, pequeñas desviaciones podrían alterar significativamente la trayectoria de la deuda, especialmente durante el cambio de Gobierno.

El estudio evaluó distintos escenarios para medir qué ocurriría si se deterioran algunas de las principales variables fiscales. Los resultados muestran que el endeudamiento aumentaría incluso si los choques ocurren por separado, mientras que una combinación de todos tendría un efecto mucho más fuerte. Si el costo promedio de la deuda aumentara un punto porcentual en 2027, la deuda neta llegaría al 60,7% del PIB. En caso de que el crecimiento económico fuera un punto porcentual inferior al previsto, el indicador alcanzaría el 60,8%.

El mayor impacto individual provendría de un deterioro de un punto porcentual en el balance primario, escenario en el que la deuda superaría el 61,6% del PIB. Este indicador refleja la diferencia entre los ingresos y los gastos del Gobierno antes del pago de intereses y es clave para evaluar la capacidad del Estado de contener el endeudamiento.

El escenario más exigente aparece cuando los tres riesgos ocurren al mismo tiempo. Bajo esas condiciones, la deuda subiría hasta 66,1% del PIB, acercándose al límite legal de 71% fijado por la Regla Fiscal. El Observatorio recuerda que este tipo de desviaciones no son ajenas a la realidad reciente, pues en 2025 el balance primario se deterioró 1,2 puntos porcentuales por encima de lo autorizado mediante la cláusula de escape.

Otro de los puntos que preocupa al informe es la capacidad del Gobierno para aumentar sus ingresos. Más del 90% de los recursos del Gobierno Nacional Central provienen de impuestos y, pese a las diez reformas tributarias aprobadas entre 2006 y 2022, el recaudo permaneció alrededor del 14% del PIB. Aunque en 2023 se registró un incremento temporal, para 2025 el recaudo volvió a ubicarse en 14,6% del PIB. A esto se suma la caída de la elasticidad tributaria, indicador que mide cuánto aumenta el recaudo por cada punto adicional de crecimiento económico y que para 2026 se acerca a su nivel más bajo de los últimos años.

Ese comportamiento genera dudas sobre uno de los principales supuestos del MFMP, que proyecta una reforma tributaria en 2027 con ingresos cercanos a 1,4% del PIB, equivalentes a más de $30 billones. Según el Observatorio, la menor respuesta del recaudo frente al crecimiento económico pone en entredicho que esa meta pueda alcanzarse. El informe también advierte que la recuperación esperada de la inversión enfrenta varios desafíos. El Gobierno prevé que la formación bruta de capital fijo pase de 16,8% del PIB en 2024 a 23,4% en 2037, pero el Observatorio recuerda que este indicador permanece estancado desde 2016 y continúa por debajo de otros países de la región.

La ejecución de la inversión pública también refleja dificultades. Después de caer a 57% en 2024, se recuperó parcialmente hasta 64,2% en 2025. Sin embargo, en el sector transporte, que cuenta con $15,6 billones para inversión en 2026, Invías y la ANI registraban a mayo una ejecución financiera de apenas 11,8%, con 51 proyectos sin avances y ninguno por encima del 30 %.

Por el lado del gasto, el margen de maniobra también es reducido debido al peso de las transferencias territoriales, las pensiones, la salud y el pago de intereses. A mayo de 2026, la ejecución presupuestal alcanzaba 31,3%, lo que limitaría la capacidad del próximo Gobierno para reorientar recursos sin comprometer las metas fiscales.

El efecto de la deuda pública sobre las tasas de interés de largo plazo en Colombia quedó expuesto en un borrador de economía publicado por el Banco de la República y elaborado por los investigadores José Vicente Romero y Hernando Vargas-Herrera. El estudio dice que un deterioro de la deuda pública y un aumento en las expectativas sobre el déficit fiscal tienen efectos “estadísticamente significativos” sobre las tasas de interés de largo plazo y sobre la pendiente de la curva de rendimientos en Colombia.

El borrador, titulado “Deuda pública, expectativas sobre el déficit fiscal y su transmisión al componente cíclico de las tasas de interés de largo plazo”, examina el vínculo entre la deuda pública, las expectativas de déficit fiscal y las tasas de interés de largo plazo. También sostiene que los choques fiscales explican una parte importante de las fluctuaciones observadas en los rendimientos de largo plazo.

La investigación parte de la premisa de que la política fiscal y las expectativas influyen sobre las decisiones de inversión y sobre las condiciones bajo las cuales el Gobierno obtiene recursos para financiar sus obligaciones.

Cómo la deuda y el déficit presionan las tasas de largo plazo

Uno de los principales hallazgos del trabajo es que un deterioro de la deuda pública produce incrementos estadísticamente significativos en las tasas de interés de largo plazo. A ese resultado se suma el efecto de las expectativas relacionadas con el déficit fiscal, cuya evolución también genera aumentos en esos rendimientos y refuerza la relación entre la percepción sobre las finanzas públicas y el comportamiento del mercado financiero.

Según los investigadores, “ambos factores también modifican la pendiente de la curva de rendimientos, uno de los indicadores utilizados para analizar las condiciones del mercado de deuda y las expectativas de los inversionistas”.

El estudio dice que la deuda pública y las expectativas sobre el déficit constituyen variables relevantes para explicar el comportamiento de las tasas de interés de largo plazo en Colombia. Los autores sostienen que los choques fiscales representan una fuente importante de variación en los rendimientos de largo plazo.

Dicha evidencia sugiere que los cambios en las condiciones fiscales pueden trasladarse al costo del financiamiento público y afectar el entorno en el que el Gobierno acude al mercado para obtener recursos y administrar sus necesidades de deuda.

Qué dice el estudio sobre credibilidad fiscal e inversionistas

Más allá de los resultados cuantitativos, el documento destaca la importancia que tiene la credibilidad de la política fiscal sobre las condiciones de financiamiento de la economía. La investigación encuentra que cuando se deterioran las expectativas relacionadas con el déficit fiscal o aumenta la percepción de un mayor endeudamiento, las tasas de interés de largo plazo tienden a incrementarse, lo que eleva el costo de financiar las obligaciones del Estado.

Así las cosas, los autores concluyen que las condiciones fiscales no solo determinan la evolución de las cuentas públicas, sino que también influyen sobre el comportamiento del mercado financiero.

Bajo esto, el efecto identificado en la curva de rendimientos refleja que los inversionistas incorporan la información relacionada con la deuda pública y las expectativas fiscales al valorar los títulos de largo plazo y estimar los riesgos asociados a la economía.

El estudio señala que los choques fiscales explican una parte relevante de las fluctuaciones de las tasas de interés de largo plazo, consolidando la relación entre la evolución de las finanzas públicas y el comportamiento de los mercados. “Esa evidencia, obtenida mediante modelos econométricos y datos de expectativas recopilados durante dos décadas, aporta elementos para comprender cómo las variables fiscales condicionan el costo del endeudamiento y las condiciones de financiamiento del Gobierno nacional”, dice.

Los resultados muestran que la deuda pública y las expectativas sobre el déficit fiscal tienen un papel determinante en la dinámica de las tasas de interés de largo plazo y en la pendiente de la curva de rendimientos.

El estudio plantea que “las decisiones y expectativas sobre las finanzas públicas tienen efectos medibles sobre el costo del financiamiento y sobre el funcionamiento del mercado de deuda en Colombia”.

Análisis de 2005 a 2025 y la metodología del estudio

Para desarrollar el análisis, los investigadores construyeron una serie de expectativas de déficit fiscal correspondiente al período comprendido entre 2005 y 2025. La información fue obtenida a partir de las encuestas de FocusEconomics hechas a analistas nacionales e internacionales, lo que permitió incorporar la percepción del mercado sobre la evolución de las cuentas fiscales del país.

El documento emplea modelos TVP-BVARX, una metodología econométrica que incorpora parámetros cambiantes en el tiempo y variables exógenas para estimar el efecto de los choques fiscales sobre las tasas de interés y la curva de rendimientos. Además, el estudio incluye variables de control relacionadas con las condiciones financieras internas y externas, con el propósito de aislar el impacto específico de la deuda pública y de las expectativas sobre el déficit fiscal.

La utilización de esta metodología permitió identificar que tanto la evolución de la deuda como las expectativas fiscales mantienen una relación estadísticamente significativa con las tasas de interés de largo plazo. De acuerdo con los resultados, las variaciones en estos indicadores fiscales ayudan a explicar una parte importante de las fluctuaciones observadas en el mercado de deuda colombiano durante el período analizado.

Esta semana ocurrió algo que Argentina no veía desde hace tiempo. La última vez que el Estado presentó formalmente un programa financiero fue en 2018, con Luis Caputo al frente del entonces Ministerio de Finanzas. Ocho años más tarde, el mismo funcionario, ahora como ministro de Economía, volvió a poner necesidades y fuentes sobre la mesa.

Más allá de los números, el hecho relevante es institucional: un programa financiero es, ante todo, un ejercicio de transparencia. El Tesoro explicita sus supuestos, se compromete con una secuencia y acepta ser auditado.

Ahora bien, un plan es un plan. La táctica puede ajustarse cuantas veces haga falta. Por eso, resulta relevante ver cuáles son sus supuestos (y qué tan ambiciosos son) para identificar cuáles podrían ser los márgenes de maniobra. Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación.

Qué propone el plan y qué ya está en marcha

El esquema ya es conocido a esta altura de la semana, así que conviene resumirlo. Frente a compromisos en moneda extranjera que superan los USD 30.000 millones entre mediados de 2026 y fines de 2027, el Tesoro plantea un escenario base sin emisiones en los mercados internacionales en ninguno de los dos años.

Lo único innegociable para el Gobierno es el objetivo de fondo: cumplir con la deuda. Todo lo demás parece instrumentación

La apuesta pasa por el mercado local y por fuentes alternativas, como compras de divisas al BCRA por USD 6.700 millones este año, préstamos con garantía de organismos multilaterales por USD 4.000 millones, un nuevo Bonar 2029 con cupo inicial de USD 2.000 millones y privatizaciones por USD 800 millones.

Con necesidades por USD 19.200 millones (incluyendo los pagos de esta semana por USD 4.500 millones de Globales y Bonares) y fuentes por USD 22.900 millones, según Finanzas 2026 cerraría con un excedente de USD 3.700 millones que oficiaría de colchón para el año electoral.

El plan no quedó en la conferencia: a las 48 horas se oficializaron préstamos por USD 3.200 millones con BBVA, Santander y Deutsche Bank, respaldados por garantías del Banco Mundial y el BID. Una semana antes, el BCRA había renovado los repos con bancos internacionales por USD 6.000 millones, y despejó esos vencimientos hasta 2028.

Supuestos del 2027 y el punto fino del mercado local

Dicho esto, el diseño de 2027 descansa sobre supuestos que valen la pena mirar.

1. Contempla compras adicionales de reservas al BCRA por USD 4.900 millones en pleno año electoral, cuando la demanda de cobertura suele intensificarse.
2. Proyecta ingresos por privatizaciones por USD 1.500 millones.
3. Quizás lo más fino, el programa asume captar USD 5.000 millones en el mercado local, cifra que el secretario de Finanzas, Federico Furiase, presentó como un simple refinanciamiento total de los vencimientos de capital de Bonares (USD 4.900 millones). Pero si el sector público renueva sus propias tenencias mediante nuevos títulos, la cuenta cambia: la relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital.

La relación de refinanciamiento requerido se acerca a 1,4 veces los vencimientos de capital

En términos simples, el plan supone colocar deuda neta en el mercado doméstico durante un año electoral, no apenas renovar lo que vence. Es posible, pero no es trivial.

El “grado de inversión” como ancla y las comparaciones regionales

El horizonte que ordena todo lo anterior es el “grado de inversión”, que Caputo ubicó hacia 2031 y que, según dijo, dos de las tres grandes calificadoras consideran alcanzable. Hoy Argentina está en B-, seis escalones por debajo del umbral de BBB-.

La experiencia regional ofrece referencias, pero ninguna muestra esta velocidad en el proceso:

• Perú perdió el grado inversor en 1999 y tardó nueve años en recuperarlo, recién en 2008, tras consolidar disciplina fiscal y crecimiento.
• Uruguay lo perdió en febrero de 2002, arrastrado por el contagio de la crisis argentina, y demoró diez años exactos: S&P se lo devolvió en abril de 2012.
• Colombia necesitó 12 años, entre 1999 y 2011.
• Chile, ya dentro del grado de inversión, escaló seis niveles a lo largo de dos décadas, desde BBB a comienzos de los noventa hasta su máximo histórico en 2012.

Contra esas referencias, la ambición oficial de lograrlo en dos mandatos presidenciales no tiene precedentes cercanos.

Wall Street, la opción latente y la extensión de plazos

¿Y Wall Street? El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política. Pero, como venimos destacando en estas columnas, la puerta no está cerrada, y el propio equipo económico se encargó de aclararlo. Si las condiciones lo justifican, la alternativa sigue disponible.

El Gobierno hizo énfasis en que el escenario base no contempla emisiones internacionales ni en 2026 ni en 2027: un mensaje de autonomía financiera dirigido tanto al mercado como a la política

Hay buenos motivos para no descartarla. Con el riesgo país en la zona de los 400 puntos básicos, mínimos desde abril de 2018, el tramo largo de la curva de Globales ley Nueva York rinde en torno al 8,5% anual. Es una tasa todavía elevada, cierto. Pero es, a toda vista, la única vía para que el Tesoro logre extender significativamente los plazos de vencimiento y descomprimir el perfil de deuda de los próximos años, algo que el mercado local, por profundidad y por plazos, todavía no puede ofrecer.

El autor es Team Leader de Estrategia de PPI (Portfolio Manager Inversiones)

El Salvador avanza con un préstamo de USD 100 millones del Banco Mundial, tras la solicitud enviada a la Asamblea Legislativa para aprobar la garantía soberana del financiamiento. Los fondos están destinados a ampliar el crédito para las mipymes y apoyar la creación de empleo, dentro de un proceso que incluye aprobación y ratificación legislativa.

La Asamblea Legislativa recibió la solicitud del Ministerio de Hacienda para aprobar el contrato de garantía soberana que respalda el préstamo, dentro del “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”. La documentación oficial fue suscrita por el ministro interino de Hacienda Jerson Rogelio Posada Molina.

La garantía corresponde al préstamo identificado como No. 9958-SV. El contrato de garantía fue firmado el 9 de junio de 2026, mientras que el préstamo fue suscrito el 8 de mayo de 2026 por el representante del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), brazo financiero del Grupo Banco Mundial, y el 29 de junio de 2026 por el representante del Banco de Desarrollo de la República de El Salvador (BANDESAL).

Trámite legislativo y base legal

La autorización para suscribir el contrato de garantía se fundamenta en el Decreto Legislativo No. 580, publicado el 18 de mayo de 2026. El expediente enviado a la Asamblea incluye traducciones oficiales de los contratos y copias del decreto.

El proceso sigue lo dispuesto en el artículo 148 de la Constitución de la República, que exige la intervención de la Asamblea para aprobar este tipo de garantías soberanas. Después de esa etapa, deberá realizarse la modificación presupuestaria para incorporar los fondos.

Alcance del proyecto y metas

En el texto presentado para la aprobación legislativa se indica que el préstamo financiará el “Proyecto de Intermediación Financiera Mejorada para la Creación de Empleo”, orientado a ampliar el acceso a financiamiento de las mipymes salvadoreñas, en especial en sectores con potencial de generación de empleo, como el turismo.

Según el comunicado emitido por el Banco Mundial el 31 de marzo de 2026, el proyecto busca beneficiar a unas 5.000 mipymes y contribuir a la creación o mejora de aproximadamente 8.300 empleos. También prevé una perspectiva de inclusión de género, con una estimación de cerca del 30% de beneficiarios mujeres.

El plan contempla el fortalecimiento de la intermediación financiera mediante líneas de crédito de mayor plazo y la aplicación de esquemas de garantías parciales para reducir riesgos. También apunta a integrar a las mipymes en cadenas de valor globales, con el objetivo de aumentar la productividad y la formalización empresarial.

Ejecución y siguientes pasos

BANDESAL será la entidad encargada de la ejecución del proyecto, mientras que la Corporación Financiera Internacional, también parte del Grupo Banco Mundial, apoyará la inclusión financiera y la expansión productiva. El período de implementación se extenderá por cinco años.

La decisión de la Asamblea Legislativa permitirá avanzar con la ratificación y la incorporación de los fondos al presupuesto nacional, último paso del proceso para hacer efectivo el financiamiento y su despliegue en los sectores productivos del país.

Esta solicitud fue admitida en la plenaria ordinaria de este miércoles y se designó que pase al estudio de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto.

El presidente Gustavo Petro respondió a un informe publicado por El Colombiano, en el que se afirma que Colombia cerró 2025 con el mayor déficit primario de América Latina. A través de su cuenta en X, el mandatario aseguró que ese resultado obedece al pago del subsidio a la gasolina implementado durante el gobierno de Iván Duque y al endeudamiento adquirido con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

En su publicación, el jefe de Estado afirmó que el déficit primario está relacionado con el gasto que asumió su administración para cubrir el subsidio a la gasolina con recursos del Presupuesto General de la Nación.

“El déficit primero es igual al gasto público que se hizo por pagar del presupuesto nacional el subsidio a la gasolina en el gobierno Duque y por indicación de su ministro de Hacienda Restrepo, el mismo que se posesionará como vicepresidente”, escribió.

Petro agregó que su gobierno pagó completamente esa deuda, así como el endeudamiento con el FMI.

“Deuda que mi gobierno pagó completamente igual que el endeudamiento con el FMI”, señaló.

Finalmente, sostuvo que durante su administración la deuda pública registró el menor incremento y aseguró que, de haberse adoptado su propuesta de no cubrir el subsidio con recursos del presupuesto, el país no tendría déficit primario.

“Fuimos el gobierno que menos ha subido la deuda y si se hubiera seguido mi indicación de no pagar con el presupuesto el subsidio de gasolina no habría déficit primario en Colombia”, concluyó.

¿Qué dice el informe citado por el presidente?

De acuerdo con El Colombiano, Colombia terminó 2025 como el país con el mayor déficit primario de América Latina, un indicador que mide la diferencia entre los ingresos y los gastos del Estado, excluyendo el pago de intereses de la deuda.

Según el medio, el déficit pasó de -2,4% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2024 a -3,6% en 2025, lo que representa un aumento de -1,2 puntos porcentuales. En términos monetarios, el desbalance equivale a cerca de $66 billones.

Las advertencias de los analistas

El informe recoge las opiniones de varios analistas sobre la situación de las finanzas públicas. Entre ellos, Luis Fernando Ramírez, profesor e investigador económico, afirmó que el equilibrio fiscal solo puede alcanzarse mediante un aumento de los ingresos, una reducción del gasto o una combinación de ambas medidas.

El académico también señaló que una eventual reforma tributaria debería enfocarse en gravar las actividades que generan valor económico, como la renta, las transacciones y el comercio internacional, en lugar de concentrarse principalmente en el patrimonio.

En cuanto al gasto público, sostuvo que será necesario revisar la estructura del Estado, el número de entidades y funcionarios, así como identificar posibles focos de despilfarro en la asignación de recursos.

Comparación con otros países de la región

El análisis citado por el medio, con base en datos del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, señala que hasta 2021 Colombia registró uno de los menores déficits primarios entre las principales economías de América Latina. Sin embargo, tras la pandemia, el comportamiento fiscal del país tomó una trayectoria distinta.

Mientras países como Chile, Perú y Brasil redujeron nuevamente sus déficits primarios, Colombia mantuvo un desbalance superior al de esas economías, hasta ubicarse como el país con el mayor déficit primario de la región, según el informe Panorama Fiscal de América Latina y el Caribe 2025.

El crecimiento y la deuda, otros factores señalados

El informe también sostiene que Colombia perdió una de las fortalezas que durante varios años respaldó un mayor nivel de endeudamiento: crecer por encima del promedio de la región.

Además, cita al analista económico Diego Montañez, quien indicó que a mayo de 2026 la deuda bruta del Gobierno Nacional ascendía a $1.169 billones, equivalentes a cerca del 61% del PIB. Según el experto, el principal reto no es únicamente el tamaño de la deuda, sino su sostenibilidad, debido a que un escenario de altos déficits fiscales incrementa las necesidades de financiamiento y reduce el margen del próximo gobierno para destinar recursos a inversión pública y nuevos programas sociales.

El crecimiento de la deuda en moneda china de Nicaragua ha encendido señales de alerta en el panorama económico local. Al cierre de marzo de 2026, el saldo en renminbi ascendió a USD 196.3 millones, una cifra que representa un salto de más de 2.130 % en solo quince meses.

Este incremento coincide con la expansión de concesiones mineras a empresas de la República Popular China, según datos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) citados por Nicaragua Investiga.

La relación entre el aumento del endeudamiento en CNY y la entrega de recursos naturales a compañías chinas ha sido señalada por organizaciones como Fundación del Río. Esta entidad denunció que más del 8,5 % del territorio nacional ha sido cedido de manera exclusiva para la explotación de metales preciosos, especialmente oro, por parte de consorcios chinos.

Un vuelco en la estructura de la deuda pública nicaragüense

El informe del MHCP correspondiente al primer trimestre de 2026 detalla que la deuda pública total del país alcanzó USD 10,984.1 millones.

El incremento respecto al año anterior fue de USD 291.4 millones, es decir, un 2,7 %. De ese total, la deuda externa representa el 81,2 %, lo que equivale a USD 8,923.6 millones. El Gobierno Central soporta la mayor parte de ese compromiso, con USD 7,046.9 millones frente a acreedores internacionales.

La aceleración del endeudamiento en renminbi se inscribe en un cambio más amplio: la sustitución de créditos de organismos multilaterales tradicionales por financiamiento chino. El MHCP ha presentado estos recursos como soporte para proyectos estratégicos, aunque la publicación resalta que ese discurso convive con la entrega de concesiones mineras, lo que configura una doble vía de cooperación con Pekín.

El aumento de los préstamos en moneda china y la transferencia de áreas mineras a empresas del país asiático han modificado la dependencia financiera y productiva de Nicaragua. Estos movimientos han promovido un mayor acercamiento bilateral, aunque también han generado cuestionamientos sobre la transparencia y las condiciones de los nuevos créditos.

La información oficial sostiene que el endeudamiento se mantiene “dentro de márgenes de sostenibilidad fiscal”. Sin embargo, el propio informe reconoce la expansión del pasivo total y la concentración en deuda externa, especialmente con acreedores no tradicionales.

Riesgos y opacidad en los términos de los préstamos chinos

El reemplazo de fuentes de financiamiento ha introducido inquietudes sobre la falta de acceso público a los términos de los acuerdos en yuanes. Nicaragua Investiga advierte sobre el hermetismo en torno a plazos, tasas y condiciones de los préstamos chinos, lo que aumenta la incertidumbre sobre la viabilidad futura del modelo.

La secuencia de la deuda en renminbi muestra la magnitud del cambio: USD 8.8 millones en 2024, USD 131.5 millones en 2025 y USD 196.3 millones en marzo de 2026. El aumento acompaña la expansión de la presencia china en áreas estratégicas como la minería y la infraestructura.

El salto de la deuda en moneda china refleja un cambio en la estructura financiera de Nicaragua. El país pasó de una exposición limitada a los créditos en renminbi a un esquema en el que la participación de Pekín es más visible, tanto en el ámbito económico como en la administración de ciertos recursos naturales.

En conferencia de prensa, el ministro de Economía, Luis Caputo, presentó un programa financiero para afrontar abultados vencimiento en moneda extranjera del Tesoro para lo que resta del 2026 y de 2027, en donde se marcó la salida al mercado internacional como un opción y no objetivo, que dependerá de como evolucionen el riesgo país y las tasas. “Salir a los mercados es una opción, no un objetivo”, aseguró.

El titular del Palacio de Hacienda aseguró que es un programa conservador con “opcionalidades” con algunos instrumentos que se están trabajando desde hace más de un año. “Hay otras como salir a los mercados internacionales que cuando vean que está en cero, tanto este año como el que viene, aunque podría ser una opción. Es una opción más, no un objetivo”, sostuvo.

La clave esta en que, a diferencia del pasado, para Caputo, ahora a medida que el tiempo pasa juega a favor de la Argentina, ya que como los fundamentos del programa económico son sólidos, el tiempo lleva a que las variables mejoren entre ellas el riesgo país, que la semana pasada cerró en 415 puntos básicos (p.b). Marcando un nuevo mínimo en lo que va de gestión de Javier Milei y desde 2018.

“La tasa a la que se financia el país hace mucha diferencia; no es lo mismo al 6% a 10 años que si lo hubiéramos hecho al 12,5% en esa época”, sostuvo Caputo en referencia a quienes aseguran que el Gobierno debería aprovechar las ventanas que se abrieron en el pasado con la baja del riesgo país y salir a colocar al mercado internacional.

En cuanto al programa financiero, según detalló el secretario de Finanzas, Federico Furiase, las necesidades para lo que resta de 2026 son por USD 19.200 millones mientras que las fuentes de financiamiento suman USD 22.900 millones. Lo que genera un colchón por USD 3.700 millones. Entre las cuales se destacó la compra de dólares al Banco Central de la República Argentina (BCRA) por USD 6.700 millones, roll over intra sector público (capital e intereses) por USD 800 millones, prestamos con garantías de organismos internacionales por USD 4.000 millones.

“Tenemos prestamos con garantías con organismos internacionales por USD 4.000 millones. Dentro de poco vamos a tener los anuncios, esto implica la garantía del Banco Mundial por USD 2.000 millones con una tasa de 6,3%. Después hay otro prestamos con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) con una tasa de 7,75%. Y estamos negociando otro préstamo por USD 1.000 millones”, sostuvo Furiase.

Además, el programa financiero para los meses que faltan de este año contempla, desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.900 millones, con organismo internacionales (excluyendo al FMI) por USD 2.800 millones, emisiones locales por USD 6.000 millones (de los cuales USD 4.000 millones ya se emitieron con el Bonar 2027 y Bonar 2028). Este será un Bonar 2029 (AO29), el cual según explicó Furiase, la única diferencia será que en la primera licitación no se va a poner un monto máximo, pero si un cupo límite de USD 2.000 millones. Y por privatizaciones se esperan, para lo que resta del 2026, USD 800 millones.

El programa también contempla emisiones en el mercado internacional, pero sin una cifra definida. “En emisiones internacionales pusimos un guion y no cero. Es una opción el mercado internacional en función de cómo evolucione el mercado nacional, internacional y las tasas”, destacó Furiase en línea con las declaraciones del ministro de Economía Caputo.

Para el 2027, las necesidades son USD 24.900 millones mientras que las fuentes ascienden a esa misma cifra. En donde se parte del saldo del programa financiero 2026 por USD 3.700 millones. Ademas se contempla la compra de dólares al BCRA por USD 4.900 millones, roll over intra sector público (capital e interés) por USD 1.800 millones, desembolsos por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI) por USD 1.700 millones.

Ademas de desembolsos de organismo internacionales (excluyendo al FMI) por USD 4.200 millones, emisiones locales por USD 5.000 millones, otras fuentes de financiamiento por USD 2.000 millones -que sería un préstamo bilateral- y privatizaciones por USD 1.500 millones.

Swap Estados Unidos

“Las opcionalidades no incluye el swap con Estados Unidos. Nosotros siempre nos preparamos para lo más difícil. Nuestro trabajo es por definición prepararnos para cualquier escenario. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en otras alternativas”, destacó el ministro Caputo durante la conferencia de prensa. Aunque, en caso de que requerirse nuevamente como sucedió en la elección legislativa de 2025, Caputo sostuvo que debería “charlarse nuevamente”.

El plan que presentó Caputo se apoya en garantías internacionales aseguradas con el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), además de la reestructuración de operaciones de pase pasivo con bancos internacionales. El secretario de Finanzas, Federico Furiase, había anticipado que se trataba de un “programa financiero conservador” que buscará cubrir los vencimientos en dólares y fortalecer los colchones de reservas, con apoyo de Estados Unidos y mecanismos para adaptarse a distintos escenarios.

El Ministerio de Economía dio a conocer el programa financiero para los años 2026 y 2027, con el objetivo de mostrar la hoja de ruta para cubrir todos los compromisos de deuda en moneda extranjera. Los cuadros oficiales muestran, de manera precisa, la suma total que el Gobierno debe afrontar durante esos dos años, así como el origen de los fondos para cada obligación.

Según la información presentada, el Tesoro nacional enfrenta necesidades de financiamiento en dólares que ascienden a USD 19.200 millones para 2026 y a USD 24.900 millones para 2027. Estas cifras incluyen tanto los pagos de capital como los intereses de la deuda, además de otras erogaciones puntuales.

De dónde saldrá el dinero: fuentes de financiamiento

El programa financiero no solo detalla cuánto debe pagar la Argentina, sino también cómo planea obtener los recursos necesarios para cumplir con cada uno de estos compromisos. El Gobierno publicó la lista de fuentes de financiamiento previstas para cada año, con montos asignados a cada uno de los instrumentos.

Fuentes previstas para 2026

Para cubrir los USD 19.200 millones de necesidades en 2026, el Gobierno espera contar con USD 22.900 millones en fuentes de financiamiento, lo que genera un excedente de USD 3.700 millones que, según el plan oficial, quedará disponible para el año siguiente.

Las fuentes de financiamiento para 2026 incluyen:

• Compra de dólares al Banco Central: USD 6.700 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: USD 4.000 millones
• Desembolso del FMI: USD 1.900 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 2.800 millones
• Emisiones locales: USD 6.000 millones
• Emisiones internacionales: No se definió un monto (el Gobierno aclara que es una opción, no un objetivo inmediato)
• Otras fuentes de financiamiento: No se informaron montos para 2026
• Privatizaciones: USD 800 millones

Fuentes previstas para 2027

Para 2027, el esquema financiero prevé exactamente el mismo monto en necesidades y fuentes: USD 24.900 millones. De este modo, la planificación contempla cubrir la totalidad de los compromisos asumidos.

Las fuentes para 2027 se estiman de la siguiente manera:

• Saldo del programa financiero 2026: USD 3.700 millones (el excedente acumulado el año anterior)
• Compra de dólares al Banco Central: USD 4.900 millones
• Roll over intra sector público (capital e intereses): USD 1.800 millones
• Préstamos con garantía de organismos internacionales: No se asignó monto específico para este rubro en 2027
• Desembolso del FMI: USD 1.700 millones
• Organismos internacionales (excluyendo FMI): USD 4.200 millones
• Emisiones locales: USD 5.000 millones
• Emisiones internacionales: No se estimó un monto concreto, figura como opción
• Otras fuentes de financiamiento: USD 2.000 millones
• Privatizaciones: USD 1.500 millones

Cómo se compone cada fuente de financiamiento

El Gobierno explicó que parte de los recursos surgirá de adquisiciones de dólares al Banco Central, tanto en 2026 como en 2027. Además, el plan incluye la refinanciación de deuda dentro del sector público, es decir, renovar títulos que vencen mediante colocaciones a organismos estatales.

Otra fuente relevante son los préstamos que cuentan con garantía de organismos internacionales como el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Para 2026, la previsión es obtener USD 4.000 millones en este tipo de créditos, con tasas ya negociadas y aprobaciones en curso.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) también aparece entre las fuentes tanto para 2026 como para 2027, con desembolsos programados de USD 1.900 millones y USD 1.700 millones, respectivamente. Además, el Gobierno espera recibir fondos de otros organismos internacionales, por USD 2.800 millones en 2026 y USD 4.200 millones en 2027.

Las emisiones locales representan una porción significativa del financiamiento. En 2026, el monto estimado es de USD 6.000 millones, mientras que para 2027 la cifra prevista es de USD 5.000 millones. En cuanto a las emisiones internacionales, el Gobierno no definió un monto, ya que la intención oficial es recurrir a los mercados solo si las condiciones resultan favorables.

Finalmente, el plan contempla ingresos por privatizaciones: USD 800 millones en 2026 y USD 1.500 millones en 2027. Además, para 2027 se incorpora la categoría de otras fuentes de financiamiento, que sumarían USD 2.000 millones.

Qué significa el excedente previsto

El Ministerio de Economía destacó que el esquema para 2026 arroja un saldo positivo de USD 3.700 millones, que se transferirá como colchón para 2027. Esto significa que, si se cumplen las previsiones, el Tesoro comenzará el año electoral con recursos disponibles para cubrir parte de los vencimientos, reduciendo la presión financiera.

Para 2027, el plan propone utilizar ese saldo acumulado junto con el resto de las fuentes ya detalladas, de modo que el total cubra exactamente la suma de los pagos comprometidos para ese año.

El rol de los organismos internacionales y el mercado

Las garantías de créditos y los desembolsos de organismos internacionales representan una pieza clave en el programa financiero. El Ministerio de Economía incluyó préstamos con garantía del Banco Mundial y el BID, así como fondos provenientes del FMI y otros entes multilaterales. Además, el Gobierno dejó abierta la posibilidad de realizar emisiones internacionales si las condiciones de mercado resultan favorables, pero aclaró que no es un objetivo prioritario, sino una alternativa.

En el caso de los bonos y emisiones locales, el plan prevé continuar utilizando instrumentos como los Bonares y los Globales para renovar vencimientos y captar fondos en el mercado argentino, según la demanda y las tasas disponibles.

Anticipos sobre las próximas licitaciones y herramientas

Durante la presentación, funcionarios mencionaron que las próximas licitaciones incluirán nuevos instrumentos, como el Bonar 2029 (AO29), y que parte de la estrategia consiste en ampliar el acceso a fuentes de financiamiento local. El objetivo, según el equipo económico, es sostener la acumulación de reservas y evitar tensiones en los meses previos a las elecciones.

El programa también contempla la posibilidad de renegociar condiciones o sumar alternativas de financiamiento si el contexto lo requiere, incluyendo eventuales acuerdos bilaterales o préstamos puente.

La Contraloría General de la República confirmó un hallazgo disciplinario contra el ministro de Hacienda Germán Ávila y pidió a la Procuraduría que lo investigue por el manejo de la deuda pública, en una advertencia que enlaza esa decisión con un problema mayor: las presiones fiscales que, según el organismo, comprometen la sostenibilidad del Presupuesto General de la Nación de 2026.

El diagnóstico se apoyó también en las cifras de ejecución presupuestal mencionadas por la contralora delegada para Economía y Finanzas Públicas Jenny Lindo: a junio de 2026, el servicio de la deuda concentraba 47% del total ejecutado, por encima del funcionamiento, con 41,4%, mientras la inversión quedaba en 29,1%.

“Hay que ser claros: es la inversión la que necesitamos aumentar para generar más ingresos y más crecimiento económico en el país”, expresó la funcionaria en declaraciones a El Tiempo.

Según explicó Lindo, la decisión de remitir el caso a la Procuraduría se tomó después de que los descargos presentados por el ministro no lograran desvirtuar las observaciones formuladas por los auditores de deuda pública de la Contraloría.

La funcionaria sostuvo que en mayo se notificó al jefe de la cartera de Hacienda que la observación tenía alcance disciplinario y que, más tarde, un comité aprobó la confirmación de la responsabilidad disciplinaria.

La contralora delegada afirmó que el hallazgo también cobija al director de Crédito Público Javier Cuellar. De acuerdo con su relato, la auditoría identificó tres hechos: una sobreadjudicación de deuda, el aumento de las tasas de colocación y la acumulación de vencimientos en 2026, 2029 y 2030.

Jenny Lindo detalló que, “Si el límite era el 50% de cada TES, o de cada deuda que se emite del Estado colombiano, el Gobierno aumentó ese límite al 100%, es decir, auto-permitiéndose emitir más deuda”. En su interpretación, eso implicó que la administración se autorizó a emitir más deuda.

El segundo punto fue el encarecimiento de esa financiación. La funcionaria indicó que en los últimos meses se registraron tasas de entre 13%, 14% y 15%, que describió como las más altas de la historia reciente, y agregó que el propio Gobierno reconoció fallas en algunos pronósticos, como lo expresó Cuellar en un webinar oficial del Ministerio de Hacienda, citado por la publicación.

Para la delegada, el efecto de esas decisiones es que el Estado trae al presente deuda antigua contratada a largo plazo y a tasas más bajas, pero la reemplaza por obligaciones más costosas. La consecuencia, dijo, es un mayor pago de intereses sobre compromisos que antes tenían un costo financiero inferior.

La funcionaria sostuvo que esos movimientos de deuda pública fueron legales, aunque advirtió que podrían vulnerar el correcto direccionamiento económico del Estado. En esa línea, afirmó que ese manejo está encareciendo la deuda pública.

La alerta de la Contraloría no se limita al caso disciplinario. Según la funcionaria, el Presupuesto General de la Nación asciende a $555,72 billones, pero los ingresos disponibles llegan a $252,88 billones, lo que deja faltante el 54,5% a corte de junio para garantizar el presupuesto de lo que resta de 2026.

Ese desbalance, explicó, debería corregirse con mayor recaudo tributario o con ajustes del gasto. Pero al revisar el marco fiscal de mediano plazo presentado hace pocas semanas por el Gobierno nacional, la entidad no encontró una reducción del presupuesto sino una baja en la meta de recaudo tributario.

“Hace pocas semanas, el Gobierno nacional sacó el marco fiscal de mediano plazo. Pero en ello la Contraloría no encontró reducción de gasto. Lo que encontró fue una reducción en la meta del recaudo tributario”, añadió la contralora.

La lectura del organismo es que, si no se reduce el gasto y al mismo tiempo cae la expectativa de ingresos tributarios, se amplía la brecha financiera.

Según Lindo, eso obligará a buscar nuevos recursos en el segundo semestre para terminar el año y garantizar el pago del presupuesto.

La funcionaria planteó además una consecuencia directa para los ciudadanos: cuanto más dinero se destine al pago de deuda y no a inversión, más se resentirá la economía del país y ese efecto terminará reflejándose en el bolsillo de la población.

En el mismo sentido, advirtió que una mayor proporción del presupuesto dedicada a la deuda reducirá el crecimiento económico.

Venezuela, deuda, FMI, confianza e inversores forman, para Héctor Torres, una secuencia inseparable: Caracas no podrá reconstruir credibilidad si intenta reestructurar sus pasivos antes de obtener un análisis de sostenibilidad y respaldo financiero del Fondo. En una columna publicada en Financial Times, sostuvo que “sin el apoyo del FMI, una reestructuración puede conseguir firmas, pero difícilmente restablezca la credibilidad”.

Torres, investigador principal del Centre for International Governance Innovation, exdirector ejecutivo en el FMI y exmiembro del personal de la Organización Mundial del Comercio, advirtió que el gobierno de Venezuela se preparaba para reestructurar una deuda pública de cerca de USD 240.000 millones. Si se concreta, afirmó, sería la mayor reestructuración de deuda soberana de la historia.

Su tesis fue que el gobierno de Delcy Rodríguez parecía decidido a negociar con los acreedores antes de asegurarse un análisis de sostenibilidad de la deuda del Fondo y antes de obtener apoyo financiero del organismo. Para Torres, esa secuencia repetía la estrategia que siguió en 2020 el exministro de Economía argentino Martín Guzmán.

Argentina ofreció, en su argumento, un antecedente que desaconsejaba ese camino. Recordó que Guzmán buscó primero un acuerdo con los acreedores privados y luego intentó usar ese respaldo para inducir al Fondo, acreedor preferente, a alinearse con la reestructuración.

La experiencia argentina mostró que ese orden no funcionó

Torres sostuvo que la experiencia de Argentina sugería que esa estrategia tenía pocas posibilidades de éxito. Los acreedores privados, planteó, tenían razones para no comprometerse sin saber si el FMI avalaría los supuestos de sostenibilidad de la deuda y seguiría refinanciando su propia exposición, o si exigiría ser reembolsado mientras forzaba quitas aún mayores sobre los inversores privados.

Esa falta de marco, añadió, impidió que el mercado creyera que la reestructuración devolvería sostenibilidad a la deuda argentina. Según su descripción, sin un esquema respaldado por el Fondo, los inversores no tuvieron confianza en que el problema de financiamiento hubiera quedado resuelto.

Torres precisó que fue director ejecutivo del FMI por Argentina durante la reestructuración de 2005, aunque aclaró que no tuvo participación en el proceso de 2020. Desde esa comparación, planteó que el episodio más reciente ofrecía una advertencia directa para Caracas.

Sin aval del Fondo, el mercado castiga la nueva deuda

El exdirector ejecutivo del organismo afirmó que la incertidumbre se reflejó de inmediato en los precios de mercado. En vez de atravesar la habitual “luna de miel” que suele seguir a una reestructuración exitosa, cuando los bonos recién emitidos suben porque disminuye el riesgo de cesación de pagos, la deuda argentina pasó rápido a cotizar con fuertes descuentos.

Para Torres, esa reacción mostró que los mercados concluyeron que la operación no había solucionado el problema de fondo. El desenlace, señaló, fue que el gobierno terminó obligado a pedir un nuevo rescate del Fondo.

El análisis del FMI ordena a acreedores con intereses distintos

Torres afirmó que la intervención temprana del FMI importaba por algo más que el financiamiento. El análisis de sostenibilidad de la deuda, sostuvo, no solo era una condición previa para desbloquear recursos del organismo, sino también un mecanismo de coordinación entre acreedores privados.

Explicó que las reestructuraciones soberanas involucran a cientos de inversores con incentivos, evaluaciones de riesgo y expectativas diferentes. En ese contexto, la evaluación del Fondo ofrecía una referencia común sobre qué nivel de deuda podía considerarse sostenible y qué alivio era necesario para restablecer esa sostenibilidad.

Sin esa ancla, advirtió, cada acreedor debía formarse por su cuenta una expectativa sobre las futuras necesidades de financiamiento de Venezuela y sobre el papel que eventualmente asumiría el Fondo. Según su razonamiento, eso volvería más difíciles las negociaciones, debilitaría la confianza en cualquier acuerdo alcanzado y elevaría la probabilidad de que la reestructuración no lograra restablecer el acceso al mercado.

La reestructuración no reparte solo pérdidas: reconstruye confianza

Torres sostuvo que el papel de coordinación del Fondo suele ser subestimado. A su juicio, una reestructuración de deuda soberana no consiste solo en negociar cómo se distribuyen las pérdidas entre los acreedores, sino en reconstruir la confianza.

En esa lógica, el análisis de sostenibilidad reduce las asimetrías de información entre inversores. El apoyo financiero del organismo, añadió, envía además la señal de que la estrategia de ajuste es técnicamente sólida y cuenta con financiamiento suficiente.

Juntos, esos dos elementos proporcionan, según su argumento, la base para que los mercados crean que la reestructuración marca un giro real y no una simple postergación de la próxima crisis. Esa credibilidad, sostuvo, es el activo que Venezuela pondría en riesgo si invierte el orden de las negociaciones.

Negociar primero con privados debilita la posición de Caracas

Torres afirmó que Venezuela debía extraer la lección correcta del caso argentino mientras define su propio futuro. Intentar negociar primero con acreedores privados y recién después incorporar al Fondo, dijo, no fortalecería su poder de negociación.

Por el contrario, sostuvo que ese enfoque corría el riesgo de socavar la confianza de la que depende una reestructuración exitosa. “Intentar negociar primero con los acreedores privados y solo después sumar al FMI difícilmente fortalezca su posición negociadora”, afirmó Torres.

La Mesa Fiscal, integrada por expertos de las universidades de los Andes, Nacional y Javeriana, además del centro de pensamiento Fedesarrollo, lanzó una advertencia sobre el estado de las finanzas públicas en Colombia. Según su análisis, la situación fiscal del país es “preocupante” tanto en el presente como hacia el mediano plazo, por el aumento de la deuda, el deterioro del déficit y las mayores necesidades de financiamiento del Gobierno.

La información publicada por El Tiempo señala que el documento fue trabajado desde noviembre del año pasado por petición del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Carf. El diagnóstico de los expertos apunta a que el país debe iniciar pronto un proceso de ajuste, pues “entre más tarde se inicie el ajuste más costoso resultará”.

Uno de los datos centrales del informe es el aumento de la deuda neta del Gobierno, que pasó de 41,8 % del PIB en 2015 a 58,5 % del PIB en 2025. Esto representa un incremento de casi 17 puntos porcentuales en una década y muestra el deterioro acumulado de las cuentas públicas.

Deuda, déficit y presión de financiamiento

La Mesa Fiscal también alertó sobre el comportamiento del déficit primario. Entre 2005 y 2019, este indicador promediaba apenas 0,2 % del PIB, pero en 2025 llegó a 3,5 % del PIB, según el documento citado.

A ese panorama se suman las necesidades de financiamiento del país, que alcanzaron 10,5 % del PIB, el nivel más alto desde al menos 2011, sin contar los años de pandemia. Para los expertos, estos datos muestran que la presión sobre las finanzas públicas no es un problema menor ni coyuntural.

El Carf ha señalado que, para estabilizar la deuda alrededor del 60 % del PIB, Colombia necesitaría una consolidación fiscal estructural de entre 4 y 5 puntos del PIB. Esa magnitud del ajuste explica por qué los expertos consideran urgente tomar decisiones en ingresos, gasto e institucionalidad.

En materia tributaria, la Mesa recomienda racionalizar los beneficios fiscales y fortalecer la Dian para combatir la evasión. También propone ampliar la base de declarantes del impuesto de renta y reducir las exclusiones del IVA, acompañando esa decisión con un mecanismo de devolución para hogares vulnerables.

El documento también plantea ampliar los impuestos saludables y ambientales. Estas medidas buscan aumentar el recaudo sin depender únicamente de nuevas cargas generales, aunque implican decisiones políticas sensibles para cualquier Gobierno.

Gasto público y Regla Fiscal

Del lado del gasto, los expertos proponen medidas en sectores de alto impacto presupuestal. En salud, plantean racionalizar beneficios y alinear incentivos. En pensiones, sugieren reformas paramétricas relacionadas con edad, cotización y tasa de reemplazo.

También recomiendan revisar los subsidios a combustibles mediante una regla automática de ajuste de precios, así como mejorar la inversión pública con uso excepcional de vigencias futuras y mayor participación territorial y privada.

La Mesa Fiscal insiste en que la sostenibilidad de las finanzas públicas no depende solo de recaudar más, sino de gastar mejor. Por eso, sus recomendaciones combinan medidas de ingresos, control del gasto y reformas institucionales para evitar que el deterioro fiscal siga acumulándose.

En el frente institucional, los expertos consideran necesario respaldar la arquitectura actual de la Regla Fiscal y fortalecer sus mecanismos de corrección. También proponen mejorar la cláusula de escape con criterios más precisos, para evitar interpretaciones amplias que debiliten la disciplina fiscal.

Otro de los puntos planteados es avanzar hacia un presupuesto por programas y resultados. Esto permitiría evaluar mejor el impacto del gasto público y conectar los recursos con metas concretas.

El mensaje de la Mesa Fiscal es claro: Colombia enfrenta un deterioro fiscal que exige decisiones oportunas. Para los expertos, aplazar el ajuste aumentaría los costos económicos y políticos de corregir el rumbo de las finanzas públicas.

La Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, de la Asamblea Legislativa de El Salvador, avaló en su sesión de este lunes dos contratos de préstamo por un total de 340 millones de dólares con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), destinados a financiar proyectos estratégicos de agua potable y modernización vial en el país.

De acuerdo con la exposición realizada por representantes del Ministerio de Hacienda ante la comisión, el primer préstamo, por 185 millones de dólares, permitirá financiar el proyecto de mejoramiento del sistema de agua potable Guluchapa, que abastece a varias zonas del Área Metropolitana de San Salvador.

El plan, ejecutado por la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), incluye la rehabilitación de pozos, construcción de una nueva planta potabilizadora, modernización de estaciones de rebombeo, renovación de redes de distribución y la instalación de sistemas de monitoreo y control en tiempo real.

Según se detalló en la transmisión, el objetivo principal es fortalecer la calidad y cobertura del servicio de agua potable, aumentar la eficiencia hidráulica y reducir las pérdidas, beneficiando a miles de familias en distritos como Ilopango, Soyapango, Santiago Texacuango, San Martín, San Marcos, Santo Tomás, San Francisco Chinameca y Olocuilta.

El préstamo tendrá un plazo de veinte años, con cinco años de gracia, y una tasa de interés semestral ajustable conforme a la política del BCIE.

Modernización de infraestructura vial y movilidad urbana

El segundo contrato de préstamo, por 155 millones de dólares, se orienta a financiar la fase dos del Programa de Infraestructura Vial y Movilidad Urbana (PIVMU). Este plan, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas y de Transporte (MOPT), contempla intervenciones en la red vial nacional, incluyendo la ampliación de la carretera en la ruta nacional 13W —desde el desvío de Atiquizaya hasta el bypass de Ahuachapán— y la construcción de corredores norte y oriente en el área metropolitana de San Salvador.

Según el dictamen emitido, el proyecto busca mejorar la conectividad y seguridad vial, reducir los costos y tiempos de viaje, e incorporar infraestructura como ciclovías, pasos peatonales, obras de drenaje y señalización avanzada. El préstamo también tendrá un plazo de veinte años, con condiciones financieras similares al contrato para el sistema de agua potable.

Entre los beneficios previstos, la comisión destacó el incremento de la capacidad vial, la reducción de congestiones y la optimización del traslado de personas y mercancías, factores considerados claves para la competitividad y desarrollo económico del país.

Durante la sesión, la Comisión de Hacienda acordó emitir dictamen favorable tras analizar las justificaciones técnicas y financieras presentadas por el Ministerio de Hacienda y los equipos técnicos de las instituciones responsables.

El dictamen subraya que los contratos cumplen con los requisitos constitucionales y legales, y recalca la importancia de destinar recursos a obras que impactan directamente en la calidad de vida de la población.

Ambas iniciativas recibieron el voto unánime de los diputados presentes. La comisión resaltó la relevancia de mantener la transparencia y el control en el uso de los fondos, así como de asegurar el avance de los proyectos según los plazos y metas establecidos.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó en X, la red social antes llamada Twitter, que el crecimiento económico de Colombia volvió al promedio previo a la covid y rechazó que el aumento de los ingresos familiares responda al endeudamiento de Colombia.

Petro sostuvo, en una publicación en su cuenta oficial de X, en la mañana del 19 de junio, que Colombia recuperó la tasa de crecimiento promedio anterior a la covid, atribuyó la mejora de los ingresos de los hogares al alza del salario mínimo entre 2023 y 2025 y negó que ese avance provenga de nueva deuda pública.

También aseguró que la economía creció 3,3% en abril y que los recursos obtenidos por deuda se destinaron a cubrir obligaciones de gobiernos anteriores.

El mandatario ligó esa evolución al comportamiento de los hogares. “Hemos alcanzado la tasa de crecimiento promedio anterior a la covid, con un aumento en los ingresos familiares de los pobres, los trabajadores y, en menor medida, la clase media alta”.

Petro replicó a quienes atribuyen esa mejora al endeudamiento del Estado. “Hay quienes afirman que el aumento de los ingresos se debe al endeudamiento de Colombia. Esto no es cierto”.

En ese mismo mensaje, el jefe de Estado explicó el destino de esos recursos. “Cada dólar de deuda que contrajimos se destinó a pagar las deudas de gobiernos anteriores”.

Petro respaldó esa afirmación con una comparación entre administraciones. “El gobierno de Santos incrementó la deuda bruta total en un 71%, el de Duque en un 77%, y el mío alcanza el 44%”.

Luego añadió cómo interpreta ese dato dentro de su gestión. “Este porcentaje se asignó al pago de saldos de capital y al servicio de la deuda; redujimos la deuda externa como porcentaje de la economía”.

En el cierre de su mensaje, Gustavo Petro volvió sobre los ingresos familiares y los vinculó con la política salarial. “El aumento de los ingresos familiares de casi toda la población colombiana se debe al incremento del salario mínimo entre 2023 y 2025; aún no hemos medido el impacto de 2026 y del salario vital”.

Según la explicación de Petro, el avance de los ingresos familiares, junto con el efecto actual del salario vital, explica el resultado de abril.

La economía de Colombia creció 3,34% en abril de 2026, según el Dane

La economía de Colombia creció 3,34% en abril de 2026, según informó el Dane, impulsada por el sector servicios, un resultado que confirmó la recuperación de la actividad productiva, aunque con una moderación frente a marzo.

Entre enero y abril, el crecimiento acumulado fue de 2,46% frente al mismo periodo de 2025, por encima del 1,86% del primer cuatrimestre del año anterior, pero todavía por debajo del promedio histórico de 3,4% observado entre 2006 y 2025. El organismo oficial también actualizó los datos de los primeros meses del año: enero cerró con 1,08%, febrero con 1,36% y marzo con 3,94%.

De acuerdo con el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, las actividades terciarias aumentaron 4,58% frente a abril de 2025 y fueron el componente de mayor impacto en el resultado nacional. Ese grupo concentró el principal impulso de la economía en el cuarto mes del año.

Los servicios explicaron la mayor parte del avance de abril

El segmento de administración pública, educación, salud, actividades artísticas y entretenimiento creció 8,07% y aportó 2,16 puntos porcentuales al resultado general. Ese aporte equivalió a cerca de dos terceras partes del crecimiento mensual del país.

El desempeño de los servicios también incluyó comercio, transporte, alojamiento y servicios de comida, con una variación anual de 3,00%. Ese conjunto sumó 0,61 puntos porcentuales al avance de la economía.

El suministro de electricidad, gas, agua y gestión de desechos registró un incremento de 4,74% y añadió 0,22 puntos porcentuales al indicador. Las actividades financieras, de seguros e inmobiliarias contribuyeron con 0,32 puntos porcentuales, según el Dane.

Las actividades primarias, que comprenden agricultura, ganadería, pesca y minería, cayeron 2,35% en abril. Ese resultado restó 0,31 puntos porcentuales al crecimiento total y convirtió a ese bloque en el único gran sector con balance negativo en el mes.

El grupo de actividades secundarias, que incluye industria manufacturera y construcción, avanzó 1,83% anual. Su contribución fue de 0,22 puntos porcentuales, una señal de recuperación gradual en sectores vinculados con el empleo y la producción.

Costa Rica mantiene el crecimiento de la actividad, las exportaciones y el crédito, aunque a un ritmo menor que hace un año, en un contexto de presiones inflacionarias, caída de ingresos tributarios y aumento de la deuda pública, según el informe del Observatorio Económico y Social de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional.

El deterioro fiscal aparece entre las señales del panorama: los ingresos tributarios bajaron de 15.69% del PIB en 2021 a 14.4% en 2025, mientras la deuda pública llegó a 60,4% del PIB, por encima del umbral más restrictivo de la regla fiscal, de acuerdo con el estudio El país que recibe la administración Fernández Delgado: balance económico y social.

El documento presentado por las investigadoras Roxana Morales y Fernando Rodríguez de la Universidad Nacional, sostiene que los principales indicadores económicos del país siguen en terreno positivo, aunque muestran una desaceleración frente a los registros de hace un año.

Actividad económica, exportaciones y crédito

La actividad económica, medida por el Índice Mensual de Actividad Económica del Banco Central de Costa Rica, creció 3.41% en términos interanuales entre abril de 2025 y abril de 2026, impulsada por actividades financieras, construcción, administración pública y profesiones científicas y técnicas. Según el OES-UNA, ese avance fue 0.87 puntos porcentuales menor que el registrado un año antes.

El informe identifica una diferencia marcada entre regímenes productivos. El régimen especial, donde se ubican las zonas francas, pasó de mostrar un aumento de 17.2% en julio de 2025 a crecer 3.7% este año.

Para el OES-UNA, esa pérdida de velocidad se explica por la desaceleración en las exportaciones de dispositivos médicos y por la salida de empresas transnacionales. El régimen definitivo, donde opera el resto de empresas, subió de 2.3% a 3.3% en abril de 2026, pero ese repunte no compensó el menor dinamismo general.

Las exportaciones de bienes siguieron la misma tendencia. Las ventas al exterior aumentaron 6.9%, por debajo del 12.3% observado un año antes, según el estudio de la UNA.

El trabajo advierte sobre la alta concentración exportadora. Cinco productos —otras agujas y catéteres, cánulas e instrumentos similares; otros dispositivos de uso médico; prótesis de uso médico; piña; y banano— representan 49,9% del flujo exportador nacional.

El crédito al sector privado fue otro de los rubros con menor empuje. La colocación crediticia creció 1,3% a febrero de 2026 y, según el OES-UNA, muestra una desaceleración gradual desde marzo de 2025.

Ese comportamiento convive con una transmisión incompleta de la política monetaria. En el último año, el Banco Central de Costa Rica redujo la Tasa de Política Monetaria en 0.75 puntos porcentuales, pero el promedio ponderado de tasas activas del sistema financiero subió de 11,4% a 12,1%.

Los investigadores describieron ese desfase con una advertencia: “Esta situación limita los efectos esperados sobre el crédito, la inversión y el consumo, y reduce el impacto de la política monetaria sobre la actividad económica”, indica el informe.

Turismo y mercado laboral

A diferencia de la actividad económica, las exportaciones y el crédito, el turismo mostró una expansión sostenida. A abril de 2026, la visitación creció 9.2%, equivalente a 108,205 turistas más, un nivel que el OES-UNA interpreta como recuperación plena frente al impacto de la pandemia de covid-19.

Ese aumento no evitó la pérdida de 9,643 empleos en el sector durante el último año. La mayor caída se concentró en alimentos y bebidas, alojamiento y actividades deportivas y recreativas.

El informe extiende esa lectura al conjunto del mercado laboral. La fuerza de trabajo, que incluye a personas ocupadas y desempleadas, se redujo en 70,615 personas en el último año y en 203,047 desde 2020.

La contracción golpeó con más fuerza a las mujeres. En los últimos seis años, su participación se redujo en 141,534 plazas, frente a 61,513 entre los hombres.

La brecha también se observa entre quienes están fuera de la fuerza de trabajo. Según el OES-UNA, 68.6% de las mujeres de 25 a 59 años en esa condición no participa en el mercado laboral por obligaciones familiares, frente a 7% de los hombres.

Los investigadores resumieron ese desequilibrio en el informe: “Esto revela que las tareas de cuidado continúan recayendo sobre las mujeres. Esa carga desproporcionada les cierra oportunidades, restringe su autonomía económica y limita su participación plena en la vida laboral y productiva del país”.

La tasa de desempleo fue de 7.1% en el primer trimestre de 2026, pero el estudio aclara que ese nivel no responde a una mayor creación de empleo. Según el OES-UNA, obedece a que menos personas participan en el mercado laboral, un fenómeno que define como un achicamiento del mercado laboral.

Inflación, tipo de cambio y finanzas públicas

Costa Rica acumuló 37 meses consecutivos con la inflación fuera del rango meta del Banco Central de Costa Rica, fijado en 2% a 4% con un margen de más o menos un punto porcentual. A mayo de 2026, la inflación se ubicó en -0,97%.

En la tendencia acumulada entre enero de 2022 y mayo de 2026, la inflación sumó 4.89%. El OES-UNA señaló que ese impacto no fue homogéneo: llegó a 6,9% en los estratos de menores ingresos y a 3,2% en los de ingresos altos.

El informe también ubicó al país en un escenario de vulnerabilidad frente al exterior: “El entorno internacional presenta riesgos crecientes para Costa Rica. La persistencia de conflictos geopolíticos podría generar mayores presiones inflacionarias, encarecimiento de combustibles, aumento de costos de producción y una desaceleración de la economía mundial”, indica el estudio.

En el frente cambiario, el precio promedio mensual de compra y venta del dólar cayó 34% entre junio de 2022 y mayo de 2026, hasta 454,4 colones por dólar. Según el Observatorio, esa apreciación del colón afecta al sector exportador, al turismo y a otras actividades que compiten con importaciones.

El OES-UNA señaló que, pese a algunos aumentos recientes tras mínimos históricos, “el tipo de cambio ha mantenido un comportamiento relativamente estable, con fluctuaciones diarias normales de algunos colones al alza o a la baja”.

Sobre las finanzas públicas, el informe señaló que la sostenibilidad fiscal es uno de los principales desafíos de las autoridades económicas actuales, “al limitar la capacidad del Estado para impulsar la inversión pública, atender demandas sociales y fortalecer el crecimiento económico de largo plazo”.

La deuda pública de Panamá cerró mayo de 2026 en 61,871.6 millones de dólares, una reducción marginal de 24.8 millones de dólares respecto al saldo registrado en abril, cuando alcanzó los 61,896.4 millones.

Aunque la disminución representa apenas un 0.04%, se trata del primer retroceso luego del fuerte incremento observado el mes anterior, cuando el endeudamiento del país se acercó por primera vez a la barrera de los 62,000 millones de dólares.

Las cifras divulgadas por la Dirección de Financiamiento Público del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) muestran que el comportamiento de mayo estuvo marcado por una combinación de nuevos desembolsos, pagos de capital y una leve variación cambiaria favorable.

Durante el mes, el Gobierno recibió 156.1 millones de dólares mediante emisiones de Letras del Tesoro y otros 23.5 millones mediante Notas del Tesoro. Sin embargo, estos ingresos fueron compensados por amortizaciones de deuda que sumaron más de 149 millones de dólares.

Los pagos realizados durante mayo reflejan la creciente presión que ejerce el servicio de la deuda sobre las finanzas públicas. Solo en deuda externa, Panamá desembolsó 114.9 millones de dólares, de los cuales 71.2 millones correspondieron a pagos de capital y 42.9 millones a intereses.

A ello se agregan pagos de deuda interna por 80.1 millones de dólares, principalmente relacionados con Letras del Tesoro y obligaciones con bancos oficiales.

En total, entre capital, intereses y comisiones, el Estado destinó cerca de 195 millones de dólares al servicio de la deuda durante mayo.

La cifra confirma que el costo financiero del endeudamiento sigue aumentando, impulsado tanto por el crecimiento acumulado de las obligaciones públicas como por el entorno internacional de tasas de interés elevadas.

A pesar de la leve reducción mensual, la deuda pública panameña continúa en uno de los niveles más altos de su historia. Antes de la pandemia, el saldo se ubicaba cerca de los 36,000 millones de dólares.

Sin embargo, durante la administración de Laurentino Cortizo, entre 2019 y 2024, el endeudamiento aumentó en más de 24,000 millones de dólares debido a la emergencia sanitaria, la caída de ingresos fiscales y las necesidades extraordinarias de financiamiento.

La administración del presidente José Raúl Mulino ha mantenido un ritmo de crecimiento más moderado, aunque la deuda sigue aumentando como consecuencia de los déficits fiscales acumulados, los vencimientos que deben refinanciarse y las necesidades de financiamiento del presupuesto estatal.

El propio ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reconocido que el país todavía necesita obtener alrededor de 1,000 millones de dólares adicionales durante 2026 para cubrir sus requerimientos financieros.

La composición de la deuda muestra que los bonos continúan siendo la principal fuente de financiamiento del Estado. Al cierre de mayo, los Bonos Globales acumulaban un saldo de 31,096.7 millones de dólares, equivalentes a poco más de la mitad de toda la deuda pública panameña.

Le siguen los préstamos con la banca comercial, que suman 9,980.7 millones, y los créditos con organismos multilaterales, que alcanzan los 9,923.9 millones de dólares.

El detalle por acreedor evidencia además un cambio importante en la estrategia financiera del Gobierno. El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) se mantiene como el principal acreedor multilateral con 4,299 millones de dólares, seguido por Citibank con 4,140 millones y BBVA Nueva York con 2,530 millones.

También destacan la CAF, con 2,380 millones; el Banco Mundial (IBRD), con 2,316 millones; y entidades financieras como Bank of New York y Banco Santander, cada una con exposiciones cercanas a 1,400 millones de dólares.

El crecimiento de los préstamos bancarios ha sido una de las características más visibles de la estrategia implementada durante los últimos meses. El Gobierno ha buscado diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir parcialmente la dependencia de emisiones de bonos en los mercados internacionales, donde los costos de endeudamiento continúan siendo elevados.

Otro indicador seguido de cerca por los inversionistas es el riesgo país. Durante mayo, el diferencial de los bonos panameños a 10 años aumentó de 112 a 115 puntos básicos, mientras que el de los bonos a 30 años pasó de 115 a 119 puntos básicos.

Este comportamiento refleja una percepción de riesgo ligeramente mayor entre los inversionistas, en un contexto donde Panamá continúa enfrentando desafíos fiscales importantes.

Aunque mayo dejó una pequeña reducción en el saldo total de la deuda, el panorama general muestra que la presión financiera sobre el Estado permanece intacta.

Con una deuda cercana a los 62,000 millones de dólares, mayores pagos de intereses y la necesidad de conseguir nuevos recursos para completar el financiamiento del año, el desafío para las autoridades será contener el crecimiento del endeudamiento sin afectar la recuperación económica ni comprometer la sostenibilidad de las finanzas públicas.

El Ayuntamiento de Burguillos, un municipio sevillano de poco más de 7.000 habitantes, mantiene una dura batalla judicial con el fondo estadounidense KSAC Europe Investments por una deuda que supera los 28 millones de euros. El conflicto ha escalado en los últimos meses después de que el fondo reclamara nuevas sanciones económicas contra el alcalde y los concejales del equipo de gobierno por negarse a suscribir un préstamo que, según el Consistorio (PP), resulta imposible de asumir sin poner en riesgo la viabilidad financiera del municipio.

El origen de esta disputa se remonta a la quiebra de la sociedad municipal Burguillos Natural durante anteriores mandatos del Partido Socialista Obrero Español. Una sentencia dictada en 2017 condenó al Ayuntamiento a realizar aportaciones al capital de dicha empresa por valor de más de 13,5 millones de euros. Con el paso de los años y la acumulación de intereses legales, la cantidad reclamada ha terminado superando los 28 millones, una cifra que multiplica varias veces el presupuesto anual del municipio (5,4 millones de euros).

La deuda acabó en manos de KSAC Europe Investments después de que el fondo adquiriera el crédito en una subasta por alrededor de siete millones de euros. Desde entonces, ambas partes mantienen un prolongado enfrentamiento judicial sobre la forma en que debe ejecutarse el pago. Mientras el fondo exige el cumplimiento íntegro de la sentencia, el Ayuntamiento sostiene en varios comunicados que las condiciones planteadas conducirían al colapso económico de la administración local.

El alcalde de Burguillos, Domingo Delgado, ha defendido que el Consistorio nunca se ha negado a pagar la deuda, sino que rechaza hacerlo mediante una operación financiera que considera inviable. Según el regidor, el Ayuntamiento ya ha abonado más de 4,2 millones de euros, ha puesto patrimonio municipal a disposición judicial y ha presentado varias propuestas para resolver el conflicto, incluida una oferta por el importe íntegro del principal de la deuda, cifrado en 13,5 millones de euros.

La batalla judicial entre el Ayuntamiento y KSAC

Uno de los episodios más controvertidos del procedimiento se produjo cuando el juzgado encargado de ejecutar la sentencia impuso multas coercitivas al alcalde y a seis concejales por no respaldar la formalización de un préstamo superior a 28 millones de euros. Las sanciones ascendían inicialmente a diez euros diarios para cada uno de los cargos públicos afectados.

Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía terminó anulando dichas multas. En sus resoluciones, el alto tribunal consideró que no existía un requerimiento personal previo dirigido a los concejales y que tampoco se había especificado qué conducta concreta debía realizar cada uno de ellos para evitar las sanciones. Además, recordó que las decisiones adoptadas en un pleno forman parte del funcionamiento democrático de las instituciones y que no puede castigarse a representantes públicos por el sentido de su voto sin una habilitación legal expresa.

La decisión judicial fue celebrada por el equipo de gobierno municipal. Delgado aseguró entonces que siempre había confiado en que el recurso prosperaría y destacó especialmente el alivio que la resolución supuso para los concejales afectados y sus familias. Según explicó, las multas estaban generando una importante preocupación personal entre vecinos que habían asumido responsabilidades públicas para intentar resolver una situación heredada.

Pese a la resolución del TSJA, el conflicto está lejos de finalizar. Apenas unas semanas después de conocerse la resolución, el fondo KSAC volvió a dirigirse al juzgado para solicitar nuevas medidas coercitivas. Entre ellas, reclamó sanciones de 50 euros diarios para el alcalde y los concejales que no colaboren activamente en la contratación del préstamo necesario para satisfacer la deuda.

Recortar servicios públicos para pagar la deuda

Desde el Ayuntamiento han interpretado esta petición como una nueva maniobra de presión. El gobierno local sostiene que aceptar un crédito de más de 28 millones de euros obligaría a destinar cerca de la mitad del presupuesto municipal anual al pago de la deuda durante más de una década. Según sus cálculos, ello implicaría recortes drásticos en servicios públicos esenciales, incrementos fiscales y una situación de asfixia financiera para el municipio.

La controversia también ha reabierto el debate político sobre la gestión económica desarrollada durante años anteriores. El actual ejecutivo municipal sostiene que heredó una situación extremadamente compleja, con obligaciones financieras que llegaron a superar los 67 millones de euros. Mientras el procedimiento judicial sigue avanzando en los tribunales, la corporación local insiste en que continuará defendiendo una solución que permita afrontar la deuda sin comprometer el futuro de los vecinos ni la continuidad de los servicios municipales que presta el Ayuntamiento.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires recibió una suba en la calificación crediticia por parte de Moody’s Local Argentina, que aumentó tanto la nota del emisor en moneda local como la del emisor en moneda extranjera a AAA.ar desde AA+.ar, ambas con perspectiva estable. Además, la agencia elevó la calificación de los Programas de Financiamiento en el Mercado Local y el Programa de Asistencia Financiera a AAA.ar, manteniendo también la perspectiva estable. De acuerdo con el reporte publicado el 9 de junio de 2026, la revisión contempló diversos factores vinculados al desempeño fiscal y financiero de la jurisdicción, así como la evolución reciente de su perfil de vencimientos.

Según informó Moody’s Local Argentina, la decisión se fundamentó en la mejora observada en el perfil de vencimientos de la Ciudad a raíz de las recientes emisiones en los mercados internacionales. El 13 de mayo de 2026, la Ciudad emitió la Serie 14 del Bono Tango por USD 500 millones, a una tasa fija del 7,05%, con fecha de vencimiento en 2036. Los fondos captados se destinarán principalmente a cubrir vencimientos de amortizaciones próximas, lo que permitió a la administración local extender los plazos y distribuir los compromisos de pago de manera más equilibrada. El informe de la calificadora destacó que estas condiciones dotan a la Ciudad de una mayor flexibilidad financiera frente a escenarios adversos.

El ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, Gustavo Arengo, señaló que esta suba en la calificación crediticia “es el resultado de tener cuentas públicas ordenadas y disciplina fiscal, siguiendo los lineamientos fijados por el Jefe de Gobierno Jorge Macri. Esto nos permite alcanzar una sólida reputación crediticia, condición indispensable para acceder a financiamiento de bajo costo, multiplicando la capacidad de inversión”.

Ingresos y liquidez

El reporte de Moody’s destacó también la sólida evolución de los resultados fiscales de la Ciudad durante los últimos años, junto a una economía diversificada que genera recursos por encima del promedio nacional. Entre los indicadores sobresalientes, la base de ingresos propios alcanzó el 87,6% de los ingresos operativos en el primer trimestre de 2026. La Ciudad registró un margen operativo del 30,7% y un superávit financiero del 21,9% para ese mismo período. Las cifras reflejan la capacidad de la administración porteña para sostener márgenes positivos incluso en contextos económicos complejos.

El análisis de la agencia incluyó aspectos como la posición de liquidez de la Ciudad, su estructura de deuda y la distribución de vencimientos. La deuda total de la Ciudad llegó a 2.489.558 millones de pesos en el primer trimestre de 2026, con un perfil de vencimientos considerado bien distribuido en el tiempo. El 98,6% de la deuda se encuentra denominada en moneda extranjera, aunque el nivel de endeudamiento se ubica por debajo de otras jurisdicciones comparables.

En los últimos años, los Gobiernos Locales y Regionales de Argentina enfrentaron un entorno desafiante caracterizado por una economía inflacionaria, escasez de reservas internacionales e incertidumbre política. El reporte de Moody’s Local Argentina señaló que, a partir de 2024, ocurrieron cambios estructurales que impactaron de distintas maneras a los gobiernos subsoberanos. Durante 2025, los gobiernos regionales experimentaron un deterioro en sus métricas fiscales, atribuido a dificultades en la recuperación económica. En 2026, la agencia proyecta un escenario de normalización gradual de las variables económicas clave.

El informe también incluyó una referencia al acuerdo alcanzado entre la Ciudad y el gobierno nacional para cancelar atrasos en transferencias no automáticas acumuladas entre julio de 2025 y marzo de 2026. El monto total, 813.400 millones de pesos, se saldó mediante la entrega de títulos públicos. Esta medida contribuyó a despejar incertidumbres financieras de corto plazo y se sumó a las fortalezas crediticias que la agencia identificó en la Ciudad.

Entre los factores positivos que sustentaron la mejora de la nota, Moody’s enumeró la evolución sostenida de los márgenes operativos, la holgada posición de liquidez y la capacidad de generación de ingresos propios. En contraste, la agencia señaló como debilidades la alta proporción de deuda en moneda extranjera y el débil ambiente operativo de Argentina, un elemento común a todas las jurisdicciones del país.

La metodología empleada por Moody’s Local Argentina para esta revisión consideró información proveniente de las cuentas anuales de inversión de los ejercicios fiscales 2021-2024, ejecuciones intermedias de 2025 y 2026, así como datos del stock de deuda pública y presupuestos correspondientes a los años 2021-2026. También se tomaron en cuenta prospectos de emisión, información de organismos nacionales y de la propia administración porteña. El último informe completo anterior a esta revisión se publicó en septiembre de 2025.

En cuanto a los indicadores sociales y económicos, la Ciudad registró una tasa de desempleo del 4,8% en 2025 y un nivel de pobreza del 9,6%. Las exportaciones alcanzaron los 409,2 millones de dólares ese año. El informe aclaró que la perspectiva estable contempla la expectativa de que no ocurran cambios significativos en los fundamentos crediticios de la Ciudad en el corto y mediano plazo.

El reporte de Moody’s subrayó que las calificaciones emitidas constituyen opiniones sobre el riesgo crediticio futuro relativo de la entidad, y no suponen recomendaciones de compra, venta o mantenimiento de títulos. Además, la agencia remarcó que estas calificaciones no constituyen declaraciones de hechos actuales o históricos, y no reemplazan el análisis propio que cada inversor debe realizar.

El marco metodológico utilizado por la agencia incluyó el análisis de fundamentos económicos, resultados financieros, perfil de deuda y calidad de la administración. Según la definición de AAA.ar, esta calificación indica la calidad crediticia más fuerte en comparación con otros emisores locales.

El contexto de la calificación de Moody’s a la deuda soberana argentina mantiene reservas. En informes recientes, la agencia internacional no anticipó mejoras de nota para el país, argumentando dudas sobre el riesgo político y el perfil de vencimientos a partir de 2027.

La Ley de Sostenibilidad Fiscal para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cumplió un año de vigencia en El Salvador. Aprobada en junio de 2025 por la Asamblea Legislativa (de manera exprés), la norma fijó reglas para el endeudamiento, la transparencia y la disciplina fiscal, y estableció metas para la deuda del sector público en 2030, 2035 y el largo plazo.

La ley crea normas y lineamientos para la estabilidad macroeconómica a mediano y largo plazo. El texto contempla una regla fiscal con objetivos explícitos de endeudamiento para el sector público, el desarrollo de un Marco Fiscal de Mediano Plazo y la publicación periódica de información sobre la situación fiscal y sus perspectivas.

La aplicación de la norma alcanza a todas las entidades del Sector Público No Financiero, entre ellas el Gobierno Central, los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, el Ministerio Público, instituciones descentralizadas, empresas públicas no financieras y municipalidades.

También incluye a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa, el Instituto Salvadoreño del Seguro Social y las obligaciones vinculadas al sistema de pensiones.

Fija obligaciones para las instituciones públicas

Uno de los puntos centrales es la obligación de las instituciones públicas de suministrar al Ministerio de Hacienda toda la información requerida para consolidar el balance fiscal nacional.

El ministerio es la entidad rectora y responsable de coordinar la ejecución y supervisión de la norma, y puede emitir lineamientos técnicos obligatorios y establecer criterios de consistencia fiscal para las distintas entidades estatales.

El ministerio también debe publicar mensualmente el saldo de la deuda del Sector Público No Financiero, incluida la deuda previsional, desglosada por tipo de acreedor, instrumento y plazo.

La elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo se convierte en una herramienta para la gestión y la toma de decisiones sobre política fiscal. El instrumento incluye lineamientos de política, proyecciones económicas, metas anuales de deuda y análisis de riesgos fiscales, así como la evolución de las finanzas de las empresas públicas.

El marco debe cubrir cinco años y publicarse cada año en el Portal de Transparencia Fiscal.

Metas de deuda

La ley fija límites al endeudamiento del Sector Público No Financiero con el objetivo de que, en el largo plazo, la deuda con pensiones no supere el 70% del Producto Interno Bruto. Para alcanzarlo, el balance primario del sector público debe reflejar una tendencia continua de reducción en la relación deuda-PIB.

La norma establece que la deuda no podrá superar el 80% del PIB en 2030 y el 75% en 2035, mientras que la meta de largo plazo está prevista para 2045. Los ajustes y revisiones de estos parámetros pueden hacerse cada 10 años, siempre con justificación técnica del Ejecutivo y aprobación legislativa.

¿Qué prevé ante situaciones excepcionales?

La normativa también contempla mecanismos de flexibilidad ante eventos excepcionales. La Cláusula de Suspensión permite modificar temporalmente las metas de deuda frente a emergencias sanitarias, desastres naturales, crisis económicas o caídas pronunciadas del PIB.

En esos casos, el Ministerio de Hacienda debe justificar y publicar cualquier suspensión, y definir una nueva senda fiscal para volver a los límites establecidos.

Durante este primer año, la publicación de reportes fiscales y la elaboración de los marcos fiscales anuales permitieron un mayor seguimiento del desempeño presupuestario. El gobierno informó avances en la consolidación de información financiera y en la identificación de riesgos asociados a las finanzas públicas.

El ministro de Economía argentino, Luis “Toto” Caputo, como el mismo se presenta en la red social X, replicó en la medianoche del viernes un posteo del presidente colombiano, Gustavo Petro, quien había afirmado en la misma red que “mientras Argentina dispara su endeudamiento externo, Colombia no solo paga completamente su deuda con el FMI sino que disminuye el total de su endeudamiento externo”.

Advertido de la comparación de Petro, involucrado en plena campaña electoral de apoyo a Iván Cepeda, el candidato presidencial de su partido, que el domingo pasado perdió la primera vuelta a manos de Abelardo de la Espriella, un empresario de derecha calificado como “el Milei colombiano”, el ministro argentino elaboró una respuesta.

Caputo le respondió al mandatario de Colombia: “Estimado presidente @petrogustavo, lo correcto es mirar la deuda total, cosa que sospecho que usted elude para ocultar que la deuda interna en TES (títulos de Tesorería) ha subido exorbitantemente durante su mandato. En cualquier caso, acá le dejo los gráficos donde cualquier persona puede entender como el presidente @JMilei ha bajado la deuda total y en moneda extranjera. Saludos”.

De hecho, durante el gobierno de Milei aumentó la deuda con el FMI, pero la actual gestión presidencial es la única de las últimas cuatro (la segunda de Cristina Kirchner, la de Mauricio Macri, la de Alberto Fernández y la suya, aún en desarrollo) que llegó a disminuir la “deuda estatal neta”, concepto que engloba tanto la deuda externa como la interna y también tiene en cuenta la variación de las reservas del Banco Central, que fueron depredadas durante las gestiones kirchneristas.

Qué decía el medio colombiano que citó Petro

Petro había hecho su comentario reposteando una nota de RVTC Noticias. El posteo original de ese sitio de noticias favorable al gobierno de Petro decía: “Argentina cerró 2025 con una deuda externa récord por más de 320 mil millones, la cifra más alta registrada desde que existen mediciones oficiales comparables. Además, durante el gobierno de Javier Milei el endeudamiento externo del país ha continuado creciendo, según datos divulgados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En contraste, Colombia anunció la cancelación total de sus obligaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras completar pagos por USD 5.000 millones en los últimos tres años. El Banco de la República también confirmó la terminación de la Línea de Crédito Flexible, respaldada por reservas internacionales de USD 65,5 mil millones”.

En rigor la Flexible Credit Line a la cual Petro dio “terminación” es un mecanismo de apoyo que el Fondo había otorgado a Colombia en gestiones anteriores como una suerte de cheque abierto a la política económica.

Más que un acto de “desendeudamiento”, la “terminación” decidida por Petro es más bien un gesto político inserto en la campaña electoral del oficialismo colombiano, que corre en desventaja para la segunda vuelta, a realizarse el domingo 21 de junio, pues en la primera De la Espriella aventajó por cerca de tres puntos (43,7 vs 40,9%) a Cepeda, el candidato del partido de Petro, y tanto la tercera candidata más votada, Paloma Valencia, del partido del expresidente Álvaro Uribe, que obtuvo un 7% de apoyo, como sus votantes, están más cerca De la Espriella.

La propia portada del sitio cuyo posteo replicó Petro muestra su cercanía con el oficialismo colombiano. Uno de los títulos es “El presidente Petro insiste en una relación de Igualdad entre Colombia y EEUU”. Otro es “¿Qué propone Iván Cepeda para Colombia? Tres revoluciones, un sistema anticorrupción con Iván Velasquez y la continuidad del cambio”. Un tercer título refiere la oferta de un canal para organizar el debate (mucho más importante para el candidato oficialista, que debe remontar la cuesta) entre Cepeda y De la Espriella.

Otro titular de portada es “José Manuel Restrepo respaldó frenar el salario mínimo vital y cuestionó el aumento salarial”. Restrepo es el compañero de fórmula de De la Espriella y las declaraciones citadas son de enero pasado, como se reconoce en la propia nota del sitio al que recurrió Petro.

La deuda vinculada al sistema de pensiones se consolidó como el principal riesgo estructural para la sostenibilidad fiscal de El Salvador en 2026. El último informe de la financiera inglesa Emerging Finance (EMFI) alerta que este componente de la deuda pública representó 30.6% del PIB en 2025, cifra que equivale a cerca del 34% del endeudamiento total del Sector Público No Financiero (SPNF). Según el análisis, “la presión que ejercen las obligaciones previsionales amenaza con revertir los avances fiscales recientes”.

La reforma de pensiones aprobada en 2022 por el gobierno de Nayib Bukele permitió reducir temporalmente el déficit fiscal, al diferir pagos significativos durante cuatro años. Sin embargo, el informe de EMFI advierte que desde 2027 que se reanudarán las obligaciones de pago incrementarán la presión sobre las cuentas públicas. “El alivio conseguido tras la reforma es limitado en el tiempo”, señala el documento, y anticipa que el déficit del SPNF, incluyendo las pensiones, fue de 2.9% del PIB en 2025 y podría alcanzar 3.1% en 2026.

La deuda previsional de El Salvador se origina en la necesidad de financiar el sistema de reparto estatal, tras la transición desde un régimen de capitalización individual a uno público. Esta situación ha requerido la emisión recurrente de títulos de deuda y obligaciones a largo plazo. El informe de EMFI destaca que el peso creciente de estas obligaciones limita la capacidad de maniobra fiscal y complica la gestión de la deuda total.

El estancamiento en las negociaciones para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se atribuye en parte a la falta de avances en una reforma estructural del sistema de pensiones. De acuerdo con el reporte de EMFI, existe una probabilidad del 65% de que el acuerdo con el FMI permanezca bloqueado hasta 2026, mientras no se resuelva el problema previsional. El documento advierte que “la sostenibilidad de las finanzas públicas dependerá de la capacidad política para consensuar una solución integral para el sistema de pensiones”.

El impacto sobre la solvencia y el financiamiento

El análisis de EMFI subraya que la persistencia de un déficit previsional elevado, en un contexto de bajo crecimiento y presiones inflacionarias, puede agravar los riesgos de solvencia y aumentar la vulnerabilidad financiera del país. “Las obligaciones previsionales absorben un porcentaje creciente del gasto público”, advierte el informe, lo que reduce el margen para atender otras prioridades de desarrollo.

El documento también identifica la ausencia de un horizonte de solución a mediano plazo, lo que genera incertidumbre entre los inversionistas y obstaculiza el acceso a financiamiento externo. Los mercados internacionales perciben la falta de reformas como un factor de riesgo, lo que se refleja en los costos de la deuda soberana salvadoreña y en las recomendaciones de mantener posiciones cautelosas en los eurobonos del país.

El informe de EMFI estima que, sin una intervención estructural, la deuda vinculada al sistema previsional podría continuar ascendiendo en los próximos años, incrementando la probabilidad de episodios de estrés fiscal. El análisis concluye que “la agenda de reformas estructurales en pensiones será determinante para la estabilidad macroeconómica de El Salvador durante la próxima década”.

El Senado de República Dominicana aprobó el martes en única discusión dos préstamos por USD 600 millones para acción climática y saneamiento en Punta Cana-Bávaro.

La decisión reunió 23 votos a favor y cuatro en contra y abrió cuestionamientos opositores sobre el nivel de endeudamiento público.

Uno de los contratos asciende a USD 400 millones y será financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para un programa integral de agua potable, saneamiento universal y reúso en la zona de Punta Cana-Bávaro, en la provincia La Altagracia, según Diario Libre y Listín Diario. El programa será ejecutado por el Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, Inapa, de acuerdo con ambos medios.

El segundo préstamo, por USD 200 millones, corresponde a un acuerdo entre República Dominicana y la Corporación Andina de Fomento para fortalecer políticas de acción climática y resiliencia frente al cambio climático, además de reducir emisiones de gases de efecto invernadero. Ese financiamiento será ejecutado por el Ministerio de Hacienda y Economía.

Las dos piezas fueron sometidas por el Poder Ejecutivo y recibieron informe favorable de la Comisión Permanente de Hacienda antes de su aprobación.

Diario Libre añadió que los contratos no figuraban en la agenda y fueron tomados en consideración después de que el senador Pedro Catrain, presidente de la Comisión de Hacienda, leyera un informe favorable.

La aprobación en el Senado permitió avanzar con dos objetivos: financiar políticas de acción climática a escala nacional y sostener obras de agua y saneamiento en el principal polo turístico del este dominicano. El proyecto ya había sido aprobado en la Cámara de Diputados.

¿Qué prevé el préstamo para acción climática?

El acuerdo con la CAF tiene como objetivo brindar liquidez presupuestaria al Gobierno mediante apoyo presupuestario asociado a la ejecución de políticas públicas orientadas a fortalecer la acción climática y la resiliencia ante los impactos del cambio climático, según Listín Diario. El programa abarca avances del país en el período 2022-2025.

Sus componentes son tres: la transversalización de la acción climática en la gestión del sector público, el desarrollo territorial resiliente y la transición de la economía hacia un modelo de desarrollo bajo en carbono, según Listín Diario.

¿Qué incluye el plan de saneamiento en Punta Cana-Bávaro?

El préstamo vinculado al saneamiento en Punta Cana-Bávaro busca mejorar la salud pública, proteger el acuífero costero, ampliar el acceso al agua potable y al saneamiento seguro y mejorar la gestión integrada y sostenible del recurso hídrico en esa zona, según Listín Diario.

El programa incluye infraestructura de agua potable, infraestructura de saneamiento, gestión de recursos hídricos, reúso y fortalecimiento institucional, de acuerdo con ese medio.

El rechazo de Fuerza del Pueblo

La bancada de Fuerza del Pueblo votó en contra de ambos contratos al sostener que ya se han aprobado USD 1.400 millones en préstamos para enfrentar los efectos del cambio climático sin que, a su juicio, se refleje lo invertido, según Listín Diario.

Tras la votación, el vocero opositor en el Senado, el senador de Fuerza del Pueblo, Eduard Alexis Espiritusanto Castillo, criticó el endeudamiento acumulado por el país desde el año 2000. También hizo un recuento de la deuda pública durante los gobiernos del expresidente Leonel Fernández y sostuvo que el monto entonces era menor al actual.

El legislador sostuvo además que el Gobierno del Partido Revolucionario Moderno acumula más de USD 50 mil millones en préstamos.

“Se convirtieron en el Gobierno que más ha endeudado a la República Dominicana, y lo preocupante es que ese endeudamiento sigue creciendo a pesar de ser el Gobierno que más recursos ha manejado”, dijo.

El presidente Gustavo Petro defendió los resultados económicos de su Gobierno y aseguró que Colombia había alcanzado una reducción histórica en su deuda externa. El mandatario sostuvo que el país había disminuido su exposición frente a las turbulencias internacionales, después de que la deuda externa pasara del 42% al 25% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que el Ejecutivo presentó como uno de los principales logros financieros de la actual administración.

“Hemos reducido la deuda externa del 42 % al 25 % de la economía. Ahora somos menos vulnerables que nunca ante las crisis económicas del mundo”, escribió Petro en la red social X, en un mensaje que llegó horas después de que funcionarios del Ministerio de Hacienda detallaran el alcance de la estrategia financiera impulsada desde la Casa de Nariño.

La declaración del presidente apareció en medio de una situación económica que todavía mantenía debates abiertos sobre el crecimiento, el déficit fiscal y el comportamiento de la inversión extranjera. Sin embargo, el Gobierno insistió en que los resultados sobre el manejo de la deuda mostraron un cambio de tendencia frente a años anteriores.

Gobierno aseguró que la deuda externa cayó del 42% al 25% del PIB

Desde el Ministerio de Hacienda, el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, afirmó que Colombia redujo cerca de USD 10.000 millones de deuda externa entre marzo y lo corrido de mayo de 2026. Según explicó el funcionario, nunca antes el país había registrado una disminución de esa magnitud en un periodo tan corto.

“Por primera vez en la historia del país estábamos bajando la deuda externa en una cifra sin precedentes”, afirmó Cuéllar durante una entrevista concedida al programa Así Avanza el Cambio, de la Presidencia de la República.

El funcionario aseguró que la caída no respondió únicamente al pago de obligaciones financieras, sino a una combinación de operaciones de manejo de deuda, sustitución de instrumentos y cambios en las condiciones de financiamiento internacional. Desde el Gobierno señalaron que esas decisiones permitieron aliviar la presión sobre las finanzas públicas y reducir los riesgos asociados a la volatilidad del dólar.

Las cifras entregadas por Crédito Público mostraron además una disminución gradual de la deuda pública total; mientras en 2024 el indicador representó el 59,3% del PIB, en 2025 cayó al 58,5%. Posteriormente, con corte al 30 de abril de 2026, el porcentaje descendió al 57,9%.

La administración Petro resaltó que el comportamiento colombiano contrastó con la tendencia global. De acuerdo con Cuéllar, el promedio mundial de deuda creció cerca de un 6% durante el mismo periodo, mientras Colombia logró reducir sus obligaciones financieras. El dato resultó aún más significativo para el Gobierno porque las proyecciones iniciales apuntaban a que la deuda alcanzaría el 63% del PIB en 2026.

La deuda pública de Colombia también mostró una reducción gradual

Frente a esto, el Ministerio de Hacienda defendió que la estrategia financiera no solo permitió reducir el volumen de la deuda, sino también abaratar su costo. A comienzos de 2025, la tasa promedio del endeudamiento colombiano rondó el 5%; después de varias operaciones de refinanciamiento y manejo de pasivos, esa cifra cayó al 4,2%.

El Ejecutivo calculó que esa reducción representó ahorros cercanos a los USD 18.000 millones, equivalentes a unos $68 billones. Para la Administración, el impacto de esos recursos abrió margen fiscal en medio de las presiones presupuestarias que enfrentó el Estado.

“Del Presupuesto General de la Nación, 100 billones se iban al servicio de la deuda. Entonces, estos 68 billones representaban el 68 % de lo que en un año destinábamos al servicio de la deuda. No eran cifras menores”, señaló Cuéllar en el programa mencionado.

El funcionario sostuvo además que parte del éxito obedeció a mecanismos financieros poco comunes en economías emergentes. Según explicó, Colombia utilizó un derivado financiero que permitió reemplazar obligaciones denominadas en dólares por deuda en francos suizos, una decisión que buscó aprovechar condiciones más favorables en los mercados internacionales.

“En el pasado debíamos dólares y ahora debíamos francos suizos. Nunca en la historia del país se había usado esa estrategia, sobre todo con francos suizos”, explicó el director de Crédito Público.

En su último análisis de la evolución de la deuda pública, la OCDE ha mostrado preocupación por el avance de los números rojos entre los países desarrollados desde la crisis financiera y España sobresale como la economía del grupo donde más se ha incrementado la deuda pública en relación al PIB. A pesar de ese aumento, el volumen total de deuda española se sitúa actualmente en la media de la organización, con un 109% del producto interior bruto.

En términos absolutos, la diferencia más marcada ha sido el crecimiento de 67 puntos porcentuales en la deuda española respecto al PIB. En el mismo intervalo, otras economías también experimentaron aumentos destacados: Estados Unidos y Japón sumaron 59 puntos cada uno, situando sus ratios en 123% y 212% respectivamente, mientras que Francia y Grecia también incrementaron su deuda en 59 y 55 puntos, alcanzando el 117% y 170% de sus PIBs.

Por el lado opuesto, algunos países lograron recortar sus obligaciones. Israel, Suiza, Alemania, Suecia y Países Bajos redujeron su deuda entre dos y once puntos de PIB, destacando el caso israelí que bajó hasta el 68%.

La OCDE acusa a las economías desarrolladas de esfuerzos “modestos” de reducción

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico ha manifestado su inquietud ante los esfuerzos “modestos” que muestran los países miembros para revertir el crecimiento de la deuda. Los retos fiscales a medio y largo plazo, impulsados por una presión creciente del gasto social y sanitario, complican la consolidación de las finanzas públicas. Además, la organización llama la atención sobre la fuerte presión ejercida por el envejecimiento de la población y el creciente gasto en defensa en un contexto de incertidumbre geopolítica.

Durante el periodo 2023-2027, apenas la mitad de los Estados prevé aumentar su déficit primario, y la OCDE estima que la mejora global será de solo un 0,5% del PIB en ese lapso. Esta cifra contrasta con el ajuste del 5,1% registrado entre 2010 y 2015, cuando los Estados impulsaron recortes más decididos tras la crisis financiera.

Expectativas de ajuste fiscal y desafíos a futuro

Solamente tres países han programado para el periodo 2023-2027 un ajuste del déficit primario superior al 2% del PIB: Italia con un 5,1%, República Checa con 2,5% y Japón con 2,3%. En el caso de España, el compromiso es de una reducción de 1,2% del PIB, una cifra superior a la media de la OCDE, pero considerablemente menor al ajuste de 5,3% realizado entre 2010 y 2015.

La OCDE advierte que los ejecutivos nacionales se enfrentan a presiones fiscales crecientes debido al envejecimiento de la población, que incrementa el gasto en pensiones y sanidad. Desde 2007, estas partidas han pasado de representar un 39,7% del PIB a un 43,1% en 2023.

A la presión en el gasto social y sanitario se suman los compromisos en materia de defensa. Los países miembros de la OTAN se han fijado como objetivo elevar el presupuesto militar al menos al 3,5% del PIB, con un adicional del 1,5% destinado a protección de infraestructuras y reforzamiento de la industria militar.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) publicó su informe de seguimiento fiscal de mayo de 2026, en el que señala que el Gobierno Nacional Central (GNC) registró un aumento del recaudo tributario y una reducción de la deuda pública, aunque persisten riesgos por la presión sobre la liquidez y los altos costos de financiamiento. El reporte, con corte a abril, reúne información sobre ingresos y gastos fiscales, déficit, deuda y condiciones de financiamiento.

Aumenta el recaudo y mejora el balance primario

Según el informe del Carf, el recaudo neto acumulado hasta marzo de 2026 alcanzó COP 73,4 billones, presentando un crecimiento nominal anual de 13,6%. Este desempeño superó la proyección de la entidad, que había estimado un monto menor para el periodo. De acuerdo con el reporte, “el crecimiento anual promedio móvil de 12 meses del recaudo neto del mes fue 14%, por encima de la meta del Gobierno establecida en 7,1% para 2026”.

El organismo explicó que el aumento del recaudo estuvo impulsado por los impuestos de renta e IVA, mientras que la evolución de las devoluciones en efectivo y papeles mostró una tendencia estable frente al promedio de los últimos cinco años.

El balance primario, que excluye el pago de intereses, registró una mejora respecto a febrero, bajando de 0,8% del PIB a 0,4% del PIB en marzo. El déficit total acumulado se mantuvo en 1,7% del PIB, sin variación frente al mes anterior. Según el documento, “la corrección de marzo lo acerca al nivel del promedio del periodo 2014 a 2025”.

Menor deuda pública y cambios en la financiación

El informe de Carf advierte que la deuda neta en marzo se ubicó en 58,8% del PIB, 0,6% menos que lo registrado en febrero. La deuda bruta descendió hasta 60,8% del PIB, principalmente por la disminución de la deuda externa. La participación de la deuda externa cayó a 28,8% del total, el nivel más bajo desde 2014, resultado de pagos anticipados y ajustes en la emisión de bonos globales.

El documento señala que la financiación interna ganó peso, con un mayor uso de TES de largo plazo y una reducción en la financiación de corto plazo. “El saldo de TES de largo plazo continuó aumentando y superó por COP 149 billones el promedio histórico”, precisa el informe.

Presión de liquidez y encarecimiento del financiamiento

A pesar de los avances en materia de ingresos y deuda, el Carf subraya que la Nación enfrenta una presión de liquidez persistente y costos de financiamiento elevados. Con corte a abril, la posición de liquidez en pesos cerró en COP 9,8 billones, COP 2,6 billones menos que en marzo, ubicándose en niveles históricamente bajos. Esta situación limita el margen de maniobra fiscal y obliga a monitorear de cerca la evolución de la caja del Tesoro.

El reporte detalla que las tasas de los TES denominados en pesos aumentaron en promedio 19 puntos básicos en abril, con tasas entre 13% y 14%. Además, la pendiente de la curva de rendimientos de TES continuó siendo negativa. Según el informe, “las presiones de liquidez por amortizaciones de TES en 2026 continuaron moderándose en abril”, aunque la posición de caja se mantiene por debajo de los mínimos históricos.

Contexto histórico y comparativo

El seguimiento fiscal publicado por el Carf incluye comparativas frente a años anteriores. El recaudo bruto acumulado a marzo creció 12,2% frente al mismo periodo de 2025, mientras que el gasto fiscal total y primario acumulados a abril representaron 7,5% y 6% del PIB, respectivamente, ambos inferiores a los niveles de abril de 2025.

El informe destaca que el gasto primario observado en abril representó el 97,3% del estimado por el Carf y que la ejecución de pagos de la reserva presupuestal fue 0,3% del PIB menor que el año anterior. La diferencia entre las obligaciones y pagos a abril sumó COP 7 billones, lo que refleja la dinámica en la ejecución presupuestal.

Detalle de ingresos y gastos

El Carf precisó que los ingresos tributarios a marzo superaron en COP 1,3 billones la proyección de la entidad, aunque el recaudo neto acumulado se ubicó levemente por debajo de la meta de la DIAN. El gasto total acumulado se concentró principalmente en funcionamiento e intereses, siendo estos últimos el 36,9% de los ingresos tributarios del GNC, por encima del promedio histórico.

Respecto al gasto fiscal total, el organismo indicó que a abril representó 7,5% del PIB, cifra 0,2% menor a la del año anterior, mientras que el gasto primario fue 0,4% inferior. El gasto pagado de la reserva presupuestal se ubicó en 1,2% del PIB, resultado inferior al del mismo periodo de 2025.

Ejecución presupuestal y contexto normativo

El documento del Carf menciona que la ejecución de obligaciones a abril fue 32% de las apropiaciones, 0,7 puntos porcentuales más que en 2025. El gasto de funcionamiento mostró mayor ejecución, mientras la inversión fue menor a la del año anterior en toda la cadena presupuestal.

Parte del aumento en el gasto de funcionamiento se relacionó con la expedición del Decreto 241 del 12 de marzo de 2026, emitido en el marco de la emergencia económica por la ola invernal, que incrementó la apropiación presupuestal en COP 8,7 billones.

Seguimiento Fiscal Mayo 2026 by yospina

Proyecciones y advertencias

El Carf concluye su informe señalando que, aunque el desempeño de los ingresos y la reducción de la deuda ofrecen señales positivas para la gestión fiscal, la baja liquidez y el encarecimiento del financiamiento representan desafíos para la sostenibilidad de las cuentas públicas en los próximos meses.

La Contraloría General de la República lanzó una nueva advertencia al Gobierno del presidente Gustavo Petro al señalar que el aumento de las presiones fiscales y el mayor costo del endeudamiento reflejan problemas de “disciplina y rigurosidad fiscal” en la planeación presupuestal del país.

El pronunciamiento fue publicado por el organismo de control a través de su cuenta oficial en la red social X, donde cuestionó las diferencias que se han presentado entre los ingresos tributarios proyectados y el recaudo efectivo durante los últimos años.

Según explicó la Contraloría, citada por Revista Semana, los cálculos de ingresos incluidos en el presupuesto nacional han superado reiteradamente el dinero que realmente ha recibido el Estado, situación que ha incrementado las necesidades de financiamiento y ha elevado el déficit fiscal.

La Contraloría cuestionó las proyecciones del Gobierno

El organismo de control aseguró que el problema se origina en la diferencia entre las expectativas de recaudo y la realidad de las finanzas públicas.

“Los ingresos tributarios proyectados en el presupuesto han superado, de forma reiterada, el recaudo efectivo”, señaló la entidad en su mensaje dirigido al Gobierno nacional.

La Contraloría advirtió que esta situación ha generado mayores presiones sobre las cuentas fiscales y ha obligado al Estado a recurrir a nuevos mecanismos de endeudamiento.

El endeudamiento “cada vez cuesta más”

El ente de control también alertó sobre el incremento en el costo de la deuda pública.

Según explicó, el gasto público no se ha ajustado a los escenarios fiscales actuales, lo que ha llevado al Gobierno a buscar financiamiento en condiciones financieras más costosas.

La entidad considera que esa situación refleja problemas de disciplina fiscal y pone presión sobre la sostenibilidad económica del país en el mediano y largo plazo.

Piden “sinceramiento” de las finanzas públicas

La Contraloría insistió en que Colombia necesita adoptar medidas de corrección para recuperar la estabilidad de las cuentas públicas.

Además, habló de la necesidad de un “sinceramiento” fiscal y de construir una programación presupuestal prudente que esté alineada con la realidad económica del país.

Para el organismo, el manejo de las finanzas públicas debe partir de proyecciones más ajustadas al comportamiento real del recaudo y de una estructura de gasto más responsable.

Advierten sobre la sostenibilidad de la deuda

En el pronunciamiento, la entidad también hizo énfasis en la importancia de preservar la sostenibilidad de la deuda pública.

“El país requiere una estructura de gasto responsable que permita cerrar gradualmente las brechas fiscales y preservar la sostenibilidad de la deuda en el mediano y largo plazo”, indicó la Contraloría.

La advertencia se conoce en medio de las discusiones económicas relacionadas con el Presupuesto General de la Nación y las preocupaciones sobre el comportamiento de las finanzas estatales.

Continúan las tensiones entre Petro y la Contraloría

El mensaje del organismo de control aparece en medio de un ambiente de tensión entre la Contraloría y el Gobierno nacional.

En las últimas horas, el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente decisiones relacionadas con investigaciones disciplinarias y advertencias emitidas por el ente de control frente al manejo económico del país.

El debate también coincide con las discusiones sobre el déficit fiscal, la deuda pública y el comportamiento de la economía colombiana en un contexto marcado por desaceleración económica y presiones sobre el gasto estatal.

El debate fiscal sigue creciendo

Las advertencias de la Contraloría se suman a otros llamados de atención realizados recientemente por expertos y sectores económicos sobre el manejo de las finanzas públicas.

El comportamiento del recaudo tributario, el crecimiento de la deuda y las necesidades de financiamiento continúan siendo algunos de los principales temas de discusión económica en Colombia.

Mientras el Gobierno insiste en la necesidad de mantener el gasto social y fortalecer la inversión pública, distintos sectores han pedido mayor rigurosidad en la planeación presupuestal y en las proyecciones fiscales del país.

Luego del dato de inflación de abril, que mostró una desaceleración, el ministro de Economía, Luis Caputo, continuó con la seguidilla de anuncios buscando volver a marcar agenda oficial.

Uno de ellos fue que el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dispuso el traspaso de $24,4 billones al Tesoro Nacional, decisión que generó un intenso debate entre analistas sobre los riesgos de financiar al Estado y pusieron en duda la transparencia contable de la maniobra.

Caputo comunicó el jueves que el BCRA giró $24,4 billones en concepto de dividendos correspondientes al ejercicio 2025, resultado del balance anual de la entidad, que mostró una mejora del 34% interanual y un patrimonio neto de $51,3 billones (+66,3% respecto de 2024), según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Según el detalle oficial, la suma se destinaría a la constitución de depósitos del Tesoro en el BCRA por $6 billones y a la recompra de Letras Intransferibles (LI) en cartera del Banco Central por $18,4 billones, equivalentes a un valor nominal original estimado de USD 21.700 millones.

Economía sostuvo que esta operación permitiría una reducción de la deuda bruta del Tesoro Nacional en cerca de 3,3% del Producto Interno Bruto (PIB). El comunicado oficial enmarcó la decisión como parte de un proceso de recomposición del balance del BCRA iniciado en diciembre de 2023, con el objetivo de revertir el deterioro acumulado durante las gestiones anteriores.

En esa línea, el Gobierno recordó que las Letras Intransferibles se emitieron como contrapartida del uso de reservas internacionales por parte del Tesoro, en un contexto de déficit fiscal crónico y cierre de los mercados voluntarios de crédito, lo que generó un deterioro en la calidad de los activos del BCRA.

Más allá de los argumentos oficiales, economistas pusieron la lupa sobre el mecanismo y su impacto real. Gabriel Caamaño, director de la consultora Outlier, cuestionó la medida y reclamó mayor consistencia en la contabilidad de las autoridades monetarias: “Hay que cortar con la contabilidad creativa y ser consistente”, expresó en redes sociales.

¿Se amplía la base monetaria?

Caamaño indicó que cancelar Letras Intransferibles con utilidades devengadas, que no son resultados efectivamente realizados, no mejora el balance del BCRA ni reduce la deuda consolidada del sector público, que incluye tanto al Tesoro como al Banco Central. Señaló que el propio BCRA considera los giros de utilidades devengadas como una fuente de financiamiento monetario para el Tesoro y calificó el efecto final de la maniobra como neutro, siempre que los depósitos no se utilicen para otros fines.

En la misma línea, Santiago Casas, economista jefe de EcoAnalytics, advirtió que, en contraste con lo que plantea el ministro de Economía Caputo, la medida no fortalece el balance del BCRA, sino que lo deteriora. Según Casas, la operación incrementa los pasivos por los depósitos del Tesoro y reduce los activos por la cancelación de las Letras Intransferibles.

Por su parte, Federico Machado, economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional (OPEN), analizó el origen de las ganancias declaradas por el Banco Central. Machado explicó que la mayor parte surgió de la compra de Letras Intransferibles que el Tesoro realizó con fondos del Fondo Monetario Internacional (FMI), pagando por encima del valor contable de esos instrumentos. Ese sobreprecio permitió al BCRA registrar una ganancia contable, que luego transfirió al Tesoro en concepto de utilidades. El Tesoro, a su vez, utilizó esos fondos para recomprar más Letras, generando un circuito dentro del propio Estado.

Implicancias monetarias

El debate sobre la naturaleza y los efectos de la medida se centró en las implicancias para la política monetaria y el equilibrio fiscal. Mientras el Ejecutivo insistió que se va a reducir la deuda brutas, los analistas remarcaron el carácter contable del proceso y su posible impacto en el balance del BCRA y en la deuda consolidada del sector público. El comunicado oficial recordó que, a principios de diciembre de 2023, las reservas netas del BCRA se encontraban en un saldo negativo de más de USD 11.000 millones, resultado de una política fiscal expansiva y del uso de activos internacionales para cubrir necesidades del Tesoro.

El reemplazo de reservas líquidas por Letras Intransferibles representó un deterioro acumulado en el activo del bcra, que la actual gestión busca revertir mediante la recompra de estos instrumentos y la consolidación de depósitos del Tesoro. Los economistas señalaron que el efecto real de la operación depende del uso posterior de los fondos depositados por el BCRA en el Tesoro. Si esos recursos permanecen inmovilizados y se utilizan solo para operaciones con la propia autoridad monetaria, el impacto monetario sería neutral.

Pero si el Tesoro utiliza esos fondos para financiar gastos, la operación podría derivar en un aumento de la base monetaria, contradiciendo la política oficial de emisión cero. Las críticas también alcanzaron a la transparencia y coherencia del procedimiento. Analistas subrayaron que la contabilidad utilizada para registrar utilidades y cancelar pasivos no surge de operaciones efectivas de mercado, sino de movimientos internos dentro del sector público, lo que dificulta evaluar con precisión el impacto sobre la deuda y el balance del Banco Central.

El frente fiscal, el alto endeudamiento y el incremento en el pago de intereses se mantienen como los principales focos de vulnerabilidad macroeconómica en Colombia. Así lo advierten distintos analistas y centros de pensamiento, que señalan que estas condiciones podrían ser determinantes para el próximo gobierno.

De acuerdo con un informe de El Tiempo, el país enfrenta un escenario en el que el ajuste de las finanzas públicas, la estabilización de la deuda y el cumplimiento de la Regla Fiscal se han convertido en temas prioritarios dentro del debate económico.

Emisión de TES por $6 billones a tasas cercanas al 15%

Las alertas se intensificaron esta semana tras una operación del Ministerio de Hacienda en el mercado local, en la que se colocaron $6 billones en bonos de deuda pública (TES) mediante subasta.

La colocación se realizó a tasas consideradas elevadas por el mercado, cercanas al 15%, niveles que los analistas catalogan como altos en comparación con estándares recientes del país y de economías emergentes de la región.

Según expertos del mercado mencionados por el medio, este nivel de tasa refleja las condiciones actuales de financiamiento del Gobierno y el mayor costo que está asumiendo el país para acceder a recursos en el mercado interno.

Señales del mercado sobre mayor percepción de riesgo

Analistas señalan que el incremento en las tasas de los TES está relacionado con una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, al momento de financiar al país.

Colombia, de acuerdo con observaciones del mercado, se encuentra actualmente entre los países emergentes que presentan uno de los costos de endeudamiento más altos, incluso por encima de algunos pares regionales como Chile y Perú.

En este contexto, también se ha señalado que Brasil, que históricamente ha tenido altos niveles de tasas, ha presentado condiciones más favorables en periodos recientes en comparación con Colombia.

Advertencias de analistas sobre el costo de la deuda

De acuerdo con El tiempo, el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana, Mauricio Salazar, señaló que el comportamiento de las tasas refleja un deterioro en la confianza del mercado.

“Colombia debe pagar tasas de interés más altas para financiarse, lo que refleja un deterioro en la confianza de los inversionistas sobre la estabilidad macroeconómica”, indicó.

El experto añadió que este escenario puede implicar mayores presiones sobre las finanzas públicas y menor crecimiento potencial en el mediano plazo.

Caída de la inversión en la economía

A este panorama se suma una reducción en los niveles de inversión en el país. La formación bruta de capital fijo, indicador que mide la inversión en infraestructura, maquinaria y equipo, ha mostrado una disminución sostenida en la última década.

Según los datos citados, este indicador pasó de 23,4% del PIB en 2015 a 15,2% en 2025, lo que representa una reducción de 8,2 puntos porcentuales.

Este comportamiento ha sido interpretado por analistas como una señal de menor dinamismo en la economía y de mayor incertidumbre en el entorno de inversión.

Mayor costo del servicio de la deuda

El exdirector de Fedesarrollo y CEO de Lumen Economic Intelligence, Luis Fernando Mejía, explicó que el aumento en las tasas implica un mayor costo para el servicio de la deuda pública.

“El mercado está exigiendo una prima más alta para prestarle al Gobierno, lo que incrementa el costo del servicio de la deuda y reduce el espacio fiscal hacia adelante”, señaló.

Mejía añadió que este fenómeno ocurre en un contexto de déficit fiscal elevado y aumento del endeudamiento público, así como de una alta dependencia del financiamiento interno.

Evolución del endeudamiento del Gobierno nacional

El saldo de la deuda pública ha registrado un incremento sostenido en los últimos años.

• En agosto de 2022, el saldo total de deuda (interna y externa) se ubicaba en $805 billones.
• En diciembre de 2025, el nivel ascendió a $1.192 billones.
• A corte del 31 de marzo de este año, la cifra alcanzó los $1.215 billones.

Este comportamiento refleja un aumento significativo del endeudamiento del Gobierno en un periodo de poco más de tres años.

Argumentos del Gobierno sobre las tasas de financiación

El Ministerio de Hacienda, junto con la Dirección de Crédito Público, ha señalado que el comportamiento de las tasas de endeudamiento está influenciado por factores como las expectativas de política monetaria del Banco de la República y las condiciones del entorno económico.

El Banco de la República mantiene su tasa de interés en 11,25%, nivel que ha sido ajustado en respuesta a las presiones inflacionarias.

En la más reciente discusión de política monetaria, el Emisor realizó incrementos de 100 puntos básicos en distintas sesiones, lo que ha impactado las condiciones de financiamiento en la economía.

Componentes que influyen en las tasas de los TES

De acuerdo con analistas del mercado, conocidos por el medio ya mencionado, las tasas de los TES no dependen únicamente de la política monetaria, sino también de otros factores como:

• Expectativas de inflación
• Riesgo fiscal percibido
• Credibilidad de la política económica
• Condiciones de financiamiento futuro

Estos elementos influyen en la determinación de las tasas de largo plazo en el mercado de deuda pública.

Pronóstico del Gobierno sobre la deuda y el déficit

En su más reciente plan financiero, el Gobierno proyecta una reducción del déficit fiscal total, que pasaría de 6,4% del PIB en 2025 a 5,1% en 2026.

Asimismo, estima una mejora en el balance primario, que pasaría de 3,5% a 2,1% del PIB en el mismo periodo.

En cuanto a la deuda pública, las proyecciones oficiales indican que la deuda neta se mantendría alrededor de 58,7% del PIB en 2026, un nivel cercano al registrado en 2025 y por encima del ancla de la Regla Fiscal, establecida en 55% del PIB.

Luego de que el pasado 12 de mayo la agencia Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings cambió la perspectiva sobre la calificación crediticia de México a negativa, la presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer que la mañana de este miércoles se reunió con el sector empresarial.

“Esta mañana nos reunimos con el Consejo Coordinador Empresarial y diversos representantes de Cámaras Empresariales. Coincidimos en buenas perspectivas para la economía mexicana”, escribió en sus redes sociales la mandataria.

Esto dijo S&P sobre el ajuste en la perspectiva crediticia de México

La agencia cambió la perspectiva sobre la calificación soberana de México a negativa el pasado 12 de mayo. En su reporte, S&P advirtió que el país enfrenta una consolidación fiscal más lenta de lo necesario, lo que eleva el riesgo de que la deuda pública crezca por encima de lo previsto y que la carga de intereses se mantenga elevada por varios años.

“Podríamos revisar la perspectiva a estable en los próximos 24 meses si la implementación efectiva de políticas se traduce en una consolidación fiscal significativa, lo que contribuiría a estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno", señala la agencia en el documento.

S&P confirmó las calificaciones soberanas a largo plazo de México en ‘BBB’ en moneda extranjera y en ‘BBB+’ en moneda local, con la evaluación de transferencia y convertibilidad en ‘A’. El déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del PIB en 2025, y la deuda pública neta se proyecta en 54% del PIB para 2029.

La carga de intereses como porcentaje de los ingresos públicos se mantendría por encima de 15% durante los próximos años. Entre los factores que la agencia identifica como limitantes de la flexibilidad fiscal están el débil crecimiento económico per cápita, el aumento en la rigidez del gasto, la situación financiera frágil de Pemex y CFE, y la posible materialización de pasivos contingentes de empresas públicas.

En contraste, la agencia reconoce que la calificación se sostiene en el marco institucional estable del país, en la credibilidad del banco central independiente y en el acceso a líneas de crédito del FMI y del Tesoro de Estados Unidos.

Hacienda confía en su política fiscal

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sostuvo que la política fiscal se mantiene enfocada en preservar la sostenibilidad de la deuda pública, fortalecer los ingresos, ejercer el gasto de manera responsable y avanzar en una consolidación fiscal ordenada.

Además, la dependencia aseguró que continuará con una estrategia activa de manejo de pasivos para mejorar el perfil de vencimientos, reducir riesgos financieros y mantener condiciones de acceso favorables en los mercados.

Este 12 de mayo de 2026, la agencia Standard and Poor’s (S&P) Global Ratings cambió la perspectiva sobre la calificación crediticia de México a negativa. El ajuste responde al riesgo de una consolidación fiscal muy lenta que podría incrementar la deuda pública por encima de lo previsto y elevar la carga de intereses, en un contexto de crecimiento económico bajo y con presiones adicionales por el apoyo fiscal a Pemex y la CFE.

S&P confirmó las calificaciones soberanas a largo plazo de México en moneda extranjera en ‘BBB’ y en moneda local en ‘BBB+’, además de mantener la evaluación de transferencia y convertibilidad en ‘A’.

El déficit del gobierno general se ubicó en 4.9% del PIB en 2025, y se espera que alcance 4.8% en 2026, con la deuda pública neta proyectada en 54% del PIB para 2029. El lento crecimiento económico -apenas 0.2% anual en el primer trimestre de 2026- y la contracción de la inversión privada refuerzan el escenario de rigidez fiscal.

Consolidación fiscal lenta presiona la deuda pública

La perspectiva negativa refleja que México enfrenta una consolidación fiscal más lenta de lo necesario. El bajo crecimiento económico y el sostenido apoyo fiscal a Pemex y CFE elevan el riesgo de que la deuda pública crezca más rápido de lo esperado.

La carga de intereses como porcentaje de los ingresos públicos se mantendría por encima de 15% durante los próximos años, según lo mencionado en el reporte.

Entre los factores que limitan la flexibilidad fiscal y afectan la calificación crediticia se encuentran:

• Débil crecimiento económico per cápita
• Aumento en la rigidez del gasto
• Situación financiera frágil de Pemex y CFE
• Altos déficits fiscales respecto al promedio histórico
• Materialización de pasivos contingentes de empresas públicas

El pronóstico de S&P asume que el gobierno financiará todas las amortizaciones de deuda de Pemex, lo que podría aumentar el déficit fiscal si la petrolera reporta mayores pérdidas.

Riesgos en la relación con Estados Unidos y el T-MEC

S&P advierte que un deterioro inesperado en los vínculos comerciales con Estados Unidos podría debilitar la posición externa del país. Las negociaciones técnicas del T-MEC continúan, con temas clave como reglas de origen, cadenas de suministro regionales y mercado energético mexicano aún en revisión.

Si no hay acuerdo antes del 1 de julio de 2026, el tratado entraría en revisiones anuales o podría terminar si algún país decide retirarse.

El entorno externo es complicado por el aumento de los precios de la energía y la incertidumbre en el T-MEC, factores que inciden en la reticencia del sector privado a invertir. Además, tensiones bilaterales por temas de seguridad y narcotráfico han marcado la relación reciente entre ambos países.

“Podríamos revisar la perspectiva a estable en los próximos 24 meses si la implementación efectiva de políticas se traduce en una consolidación fiscal significativa, lo que contribuiría a estabilizar los niveles de deuda y la carga de intereses del gobierno”, estipula la agencia.

Factores institucionales y monetarios sostienen la calificación

La calificación de México refleja que el país mantiene un marco institucional estable y políticas fiscales y monetarias prudentes. La confianza de inversionistas y el acceso a mercados de capitales globales se mantienen gracias a la credibilidad del banco central independiente y la flotación libre del peso.

El sistema financiero presenta alta liquidez y un índice de activos improductivos de 2.45% en febrero de 2026, totalmente cubiertos por provisiones.

El paquete de infraestructura anunciado por el gobierno federal en 2026, equivalente a 15% del PIB, busca fomentar inversión y empleo, aunque la implementación ha sido lenta por incertidumbre en el financiamiento y el papel del sector privado.

La inflación se ubica dentro del rango objetivo del banco central y se prevé que se estabilice entre 2% y 4% para la segunda mitad de 2027. México cuenta con líneas de crédito del FMI y del Tesoro de Estados Unidos, lo que refuerza su posición externa frente a posibles choques.

Este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires concretó una colocación de USD 500 millones en el mercado internacional a una tasa de 7,325%, cifra que representa el costo más bajo registrado en la historia para este tipo de operaciones realizadas por la administración porteña. El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda local, Gustavo Arengo, quien se encuentra en Nueva York y destacó el impacto del resultado en el acceso al financiamiento y en la percepción de solvencia de la gestión.

La operación correspondió a la emisión de la Serie 14 del Bono Tango, que fijó un plazo de diez años. El monto, que ascendió a medio millar de millones de dólares y tuvo como uno de sus principales objetivos robustecer la posición financiera de la jurisdicción y, al mismo tiempo que se proyecta que va a tener un efecto positivo para el balance de reservas del Banco Central.

Gustavo Arengo subrayó que la tasa obtenida se ubicó por debajo de cualquier otro registro correspondiente a emisores argentinos desde abril de 2018. Para el funcionario, la colocación alcanzó ese nivel por la reputación crediticia de la Ciudad y por el manejo de las cuentas públicas desde el inicio de la gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno. El ministro también atribuyó el resultado a la consolidación del orden macroeconómico. “Este logro es producto de la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante”, sostuvo el titular de Hacienda porteño.

El contexto de la operación internacional resultó significativo. Como comento Infobae, el Gobierno de Jorge Macri salió al mercado internacional con la mira puesta en recorta la tasa en comparación a la colocación de noviembre de 2025 que fue de 7,8% en donde se consiguieron USD 600 millones aunque se trata de un contexto mundial más favorable. Así, se trata de la segunda vez que sale al mercado internacional en lo que va de gestión ee Javier Milei.

La emisión de la Serie 14 del Bono Tango se produjo en un contexto en el que la colocación de deuda soberana por parte de emisores argentinos resultó especialmente desafiante. En los últimos años, las condiciones en los mercados globales para títulos públicos de origen argentino presentaron una tendencia de tasas elevadas y liquidez restringida. En ese sentido, la colocación obtenida por la Ciudad de Buenos Aires marcó un punto de inflexión, al ubicarse por debajo de los rendimientos históricamente exigidos por los inversores internacionales para este tipo de emisiones.

“La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar USD 500 millones y nos ofrecieron USD 3.000 millones. No solo eso, ademas conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%”, escribió Macri en la red social X. Y si bien destacó que es resultado del orden de las cuentas públicas de la capital, pero también de “un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”.

Los dólares que miran en el Central

Los dólares que se consiguieron con la colocación de la Serie 14 de bono Tango se sumaran a los que espera el BCRA que aun no giraron las empresas. Durante la reciente presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores en Washington, el funcionario expuso que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las compañías colocaron ON por USD 9.900 millones, pero solo ingresaron al mercado local USD 6.800 millones. De este modo, se mantiene una oferta potencial de USD 3.200 millones aún sin liquidar, que podría ingresar al circuito financiero en los próximos meses.

También los USD 650 millones provenientes de una colocación reciente de la provincia de Chubut, lo que incrementa el “colchón” de divisas disponibles para fortalecer la posición del Banco Central. Este flujo de dólares resulta clave para la estrategia oficial de intervención cambiaria en un escenario donde la estabilidad del tipo de cambio constituye una prioridad. El seguimiento de estos ingresos permite proyectar el margen de maniobra del Banco Central para sostener el ritmo de compras en el mercado mayorista y atender la demanda de importadores.

Previo al anuncio de la “Fase 4″ del programa económico, en el equipo económico había malestar con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por la salida al mercado internacional. “Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó el ministro Caputo con tono crítico meses atrás. Pero ahora ese malestar no parece estar -o no se manifiesta públicamente- ya que las emisiones cuenta con el aval de Hacienda.

La deuda pública hondureña cerró el último año en 17,900 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Honduras, una cifra que refleja tanto compromisos internos como obligaciones internacionales y que, según el gobierno, se mantiene dentro de márgenes considerados sostenibles.

Si bien la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, aseguró que estos niveles no representan un riesgo inmediato, el principal reto identificado por las autoridades reside en garantizar que los recursos derivados del endeudamiento se traduzcan en mejoras reales para la población y contribuyan a la estabilidad económica de mediano y largo plazo.

El gobierno impulsa en la actualidad una reorganización del gasto público con prioridad en sectores sociales estratégicos, una decisión motivada tanto por presiones internas como por el contexto internacional marcado por inflación y condiciones financieras más restrictivas, informó la Secretaría de Finanzas de Honduras.

El saldo de la deuda de la Administración Central está compuesto en un 48% por deuda interna y en un 52% por deuda externa.

Según los datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, esta distribución implica obligaciones no solo con acreedores nacionales sino también con organismos multilaterales y actores financieros internacionales.

Rivera explicó que mantener este equilibrio requiere una gestión disciplinada, pues parte importante del endeudamiento hondureño se destina a cubrir gastos de impacto limitado, dejando expuesto al país ante las fluctuaciones del mercado financiero global y el aumento reciente de las tasas de interés.

En palabras de Rivera: “El saldo de deuda al cierre del año de la Administración Central ascendió a 17,900 millones de dólares, de los cuales el 48% es deuda interna y la diferencia, deuda externa”, al tiempo que subrayó que la dificultad no radica solo en el monto total, sino en el uso de estos recursos.

Diversos sectores han cuestionado la eficiencia del gasto público, señalando casos recurrentes donde el endeudamiento no se traduce en beneficios tangibles para la ciudadanía.

La funcionaria remarcó: “Eso está enmarcado dentro de los límites de sostenibilidad. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de los años es el uso que se le da a esa deuda”.

El plan de reorganización presupuestaria en curso busca redirigir el endeudamiento hacia inversiones de alta rentabilidad social; entre los sectores prioritarios destacan salud, educación, infraestructura y programas dirigidos a poblaciones vulnerables, informó Rivera.

La funcionaria sostuvo que la política fiscal actual intenta “mejorar la calidad del endeudamiento”, es decir, que el acceso a préstamos se traduzca en proyectos productivos o de alto impacto, en vez de cubrir gastos corrientes sin retorno.

Adicionalmente, la administración hondureña evalúa mecanismos para optimizar la gestión de la deuda, como posibles operaciones de canje o reestructuración negociadas junto a organismos internacionales.

Estas acciones buscarían obtener tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios, una estrategia particularmente relevante frente a la volatilidad financiera global y el encarecimiento del crédito.

Rivera afirmó que la cooperación internacional es clave para asegurar condiciones favorables y reducir la vulnerabilidad fiscal de Honduras.

El siguiente bloque responde de forma autónoma a la pregunta sobre la magnitud y composición de la deuda pública de Honduras, el papel de las autoridades y el impacto esperado.

La deuda pública de Honduras alcanzó los 17,900 millones de dólares, con una participación del 48% de deuda interna y del 52% de deuda externa, según la Secretaría de Finanzas.

A su vez, declaró que este nivel de endeudamiento no supone un riesgo inmediato para la economía, pero enfatizó la importancia de una gestión eficiente y una orientación clara hacia sectores que garanticen un retorno social significativo.

Rivera informó que el gobierno concentra esfuerzos en fortalecer la recaudación existente mediante la mejora de procesos administrativos y ampliación de la base de contribuyentes.

El Servicio de Administración de Rentas lidera estos trabajos, elaborando mecanismos innovadores para combatir la evasión y la elusión fiscal, además de atraer a más personas y empresas al sistema formal.

La funcionaria resaltó que “las autoridades de la SAR están buscando mecanismos para eficientar la recaudación y ampliar la base de contribuyentes”, una línea considerada fundamental para reducir la dependencia del país respecto al financiamiento externo y robustecer los ingresos internos.

Otro punto señalado fue la situación del sector energético, que continúa representando uno de los principales riesgos para el equilibrio fiscal hondureño.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta pérdidas financieras acumuladas y costos elevados asociados a la generación y distribución del servicio, circunstancias que afectan negativamente el panorama presupuestario estatal.

La funcionaria subrayó que la administración trabaja junto a organismos internacionales en reformas para reducir pérdidas, incrementar la eficiencia operativa y garantizar tarifas más competitivas.

La deuda del Estado de El Salvador con los fondos privados de pensiones superó los USD 11,476 millones al cierre del primer trimestre de 2026, tras acumular USD 235.19 millones solo entre enero y marzo, según datos del Banco Central de Reserva (el principal ente monetario del país) publicados este jueves.

Las cifras, que el Banco Central de Reserva retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (el ente regulador de pensiones), revelan que el saldo total pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,476.32 millones en marzo de 2026, un alza del 2.1% en apenas tres meses. Frente al mismo mes del año anterior, cuando la deuda ascendía a USD 10,697.11 millones, el incremento llega a USD 779.21 millones, equivalente al 7.3%.

El ritmo de endeudamiento fue desigual a lo largo del trimestre. En enero, el Gobierno tomó USD 92.32 millones de los fondos; en febrero: USD 46.76 millones; y en marzo: USD 96.11 millones. Estos recursos se destinan al pago de pensiones de los jubilados del sistema público, abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, mediante la emisión de títulos valores que el Instituto Salvadoreño de Pensiones coloca obligatoriamente en manos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.

Ese instrumento, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente USD 3,082.13 millones. A ese monto se añaden USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa.

Deuda con el fondo de pensiones creció en el último año

La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones creció 779.21 millones de dólares entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 10,697.11 millones a 11,476.32 millones de dólares, según cifras del BCR basadas en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Ese incremento equivale a un aumento del 7.3% en doce meses.

El ritmo de crecimiento fue de 64.93 millones de dólares por mes en promedio durante el período analizado, aunque la velocidad del endeudamiento no fue uniforme a lo largo del año. Los meses con mayor aceleración se concentraron en el último trimestre de 2025 y en el arranque de 2026, cuando los incrementos mensuales superaron los 90 millones de dólares.

La deuda está compuesta por dos instrumentos. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) pasaron de 2,301.38 millones en marzo de 2025 a 3,082.13 millones en marzo de 2026, un alza de 780.75 millones de dólares. Los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que representan la mayor parte del pasivo con 8,394.19 millones de dólares, permanecieron prácticamente sin variación durante todo el período.

Las advertencias del FMI sobre la deuda de pensiones

El Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral, ha advertido que esa reforma derivó en que el 89% de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron los 14,900 millones de dólares— estén colocados en títulos de deuda pública, ya sea de forma directa o a través de bancos e instituciones financieras. “En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del Instituto Salvadoreño de Pensiones”, indicó el organismo.

El FMI también alertó que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que se activa cuando los pensionados agotan el saldo de su cuenta individual. Según proyecciones del organismo, ese mecanismo se agotaría alrededor de 2027, lo que hace urgente una reforma integral del sistema previsional.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió con el FMI a presentar una propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026, plazo que ya venció sin que la iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. El presidente de ese órgano, Ernesto Castro, confirmó que la propuesta no había sido recibida. El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario, un préstamo de USD 1,400 millones bajo un Servicio Ampliado, busca “corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia” del país.

Una misión técnica del FMI proyecta que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones pasará del 2% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 2.9% en 2027, presionado por el mayor costo del servicio de deuda y el fin del período de gracia para el pago de intereses sobre los antiguos Certificados de Inversión Previsional. El stock de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones podría alcanzar el 28.3% del PIB en 2027, según las mismas proyecciones.

Entre las medidas que el Fondo Monetario Internacional considera posibles para sanear el sistema figuran el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las contribuciones de empleadores y trabajadores. El período de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses de los CFT vence en 2027, año en que el Gobierno deberá retomar esos pagos sobre una deuda que representa cerca del 22.9% del PIB.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo una operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 101 mil 368 millones de pesos, con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las condiciones del mercado financiero nacional.

Refinanciamiento de deuda en México: claves de la operación

De acuerdo con el Comunicado No. 33, la dependencia federal sustituyó instrumentos de corto y mediano plazo —como Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2029— por nuevos instrumentos con plazos más largos, que van de 2028 hasta 2046.

Esta estrategia permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 4.32 años, lo que contribuye a reducir presiones inmediatas de pago y a mejorar la estructura del portafolio gubernamental.

Hacienda busca mejorar liquidez y perfil de vencimientos

La operación forma parte de una política de manejo proactivo de pasivos, alineada con el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Entre sus principales objetivos se encuentran optimizar el calendario de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado local y mantener condiciones financieras estables.

Según Hacienda, este tipo de movimientos también favorece una mayor profundidad en el mercado de deuda en pesos, lo que puede facilitar futuras colocaciones gubernamentales.

Distribución de la deuda refinanciada por año

Del total recomprado en esta operación, los recursos se concentraron en distintos vencimientos de corto plazo:

• 28,635 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026
• 34,489 millones de pesos a 2027
• 19,029 millones de pesos a 2028
• 19,215 millones de pesos a 2029

Esta redistribución permitió trasladar compromisos inmediatos hacia horizontes más largos.

Deuda pública en México: niveles y contexto actual

En términos generales, la deuda pública en México —medida a través de los Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)— alcanzó los 18.6 billones de pesos en enero de 2026, equivalente a aproximadamente el 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025.

Aunque el costo financiero de la deuda registró una disminución cercana al 21% a inicios de 2026, impulsado en parte por el comportamiento del tipo de cambio, el nivel de endeudamiento se mantiene en rangos históricamente elevados, alrededor del 50 al 52% del PIB.

Estrategia de Hacienda prioriza deuda interna y estabilidad financiera

El gobierno federal ha mantenido una estrategia enfocada en privilegiar la deuda interna sobre la externa, con el fin de reducir riesgos asociados a la volatilidad cambiaria.

La mayor parte de esta deuda está contratada a tasa fija y a largo plazo.

Además, las autoridades destacan que, pese al incremento observado en los últimos años —impulsado por factores como el gasto en pensiones y el costo financiero—, México se mantiene en niveles de endeudamiento moderados en comparación con otras economías del G-20.

Confianza de inversionistas respalda operación de refinanciamiento

Finalmente, Hacienda subrayó que las condiciones obtenidas en esta operación reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad macroeconómica del país, así como en la conducción prudente de las finanzas públicas.

La dependencia reiteró que continuará implementando estrategias de refinanciamiento para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y cumplir con los lineamientos aprobados para el ejercicio fiscal 2026.

El Gobierno nacional anunció la cancelación total de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un valor final de USD 5.300.000.000, lo que representa la liquidación definitiva de las obligaciones financieras del país con este organismo multilateral y abre una nueva etapa de autonomía en la estrategia económica nacional.

La medida tiene impacto directo en la independencia con la que se conducirán las discusiones técnicas con el FMI, ya sin condicionamientos derivados de acuerdos de financiamiento.

La confirmación oficial fue dada durante el Foro de Política Monetaria por Germán Ávila, ministro de Hacienda, que subrayó: “No tenemos deuda con el FMI” y remarcó que no existen planes de utilizar instrumentos similares de crédito en el corto plazo.

Conforme a sus declaraciones, la línea de crédito flexible fue empleada únicamente en el contexto de la pandemia de Covid-19, con el objetivo de garantizar recursos inmediatos para la adquisición de vacunas y la continuidad de los programas sociales y económicos implementados como respuesta a la emergencia.

El proceso de amortización quedó reflejado en la reciente revisión macroeconómica efectuada por la Misión del Artículo IV del FMI. Por primera vez en años, Colombia se presentó ante el organismo sin obligaciones financieras vigentes, situación que alteró los procedimientos habituales de las misiones de evaluación.

Ávila relató que “el inicio de la conversación empezó cuando el ministro de Hacienda le informa a la delegación del Fondo Monetario que no tenemos deuda con el Fondo Monetario y que no tenemos la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario”, lo que derivó en un giro en la relación bilateral.

En este contexto, el presidente de la República, Gustavo Petro, vía X confirmó que la deuda heredada por el gobierno de Iván Duque fue cancelada en su totalidad. A la par, señaló que sin este compromiso con el Fondo Monetario Internacional, el país tendrá más margen de acción de cara al futuro.

“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones honerosas que el FMI impone a países deudores (sic)”, aseveró.

En otra publicación, el jefe de Estado respondió a críticos que calificaron como “derroche” los recursos invertidos por su administración para saldar la deuda. Gustavo Petro sostuvo que sus acciones buscan responder a la obligación constitucional de su cargo.

“Le dicen que el pago que hacemos de las deudas de Duque son derroche del gasto. Es una de las grandes mentiras de la oposición y su prensa”, expuso.

En su análisis, el presidente explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional, por un monto cercano a los USD 5.000.000.000 que fue utilizada por Colombia como respaldo financiero durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

“Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, indicó.

Según el gobernante de los colombianos, este instrumento fue contratado durante la administración del expresidente Iván Duque, con participación del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y se estructuró con un plazo de tres años para su devolución. En copnsecuencia, el actual gobierno heredó la obligación de pago dentro del calendario establecido.

“El próximo año y no tendrá que pagarse más está deuda, ya lo hicimos y liberamos a Colombia a Colombia del FMI. Duque y Restrepo jamás debieron tomar esta deuda y peor, porque la gasto en subsidios para los más ricos de Colombia o se tumbaron el dinero los dueños de las EPS privadas”, concluyó Petro.

En su paso por Infobae a la Tarde, Carlos Maslatón analizó el impuesto a viviendas vacías en Nueva York y lanzó duras críticas al modelo económico de Javier Milei. El economista defendió el liberalismo clásico, rechazó la intervención estatal y anticipó un escenario complicado para la Argentina.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Maslatón fue categórico sobre el impuesto a las viviendas vacías de Mamdani: “Me declaro ideológicamente 100% en contra de esto, por supuesto, ¿no? Soy liberal, capitalista, creo en el funcionamiento del mercado y mucho más en los Estados Unidos”.

Maslatón contra la intervención estatal: “Dejá funcionar libremente las cosas”

El economista expresó su rechazo a los intentos de regular el mercado inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. “No importa que viva o no viva. Dejá funcionar libremente las cosas. ¿Qué tiene que ver eso? En algún momento la venderán o alguien vivirá. Son viviendas de 25, 30, 50 millones de dólares cada una. Lo que acá vale un palo y medio, ahí vale cincuenta”, afirmó.

Frente a la pregunta sobre el impacto negativo de este tipo de medidas, fue enfático: “En la intervención en los precios. Los precios no tienen que ser intervenidos. Los no precios libres son los que causan todos los problemas en la economía”.

El debate incluyó antecedentes locales sobre proyectos para gravar viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires y otras urbes argentinas. “Estos sistemas han fracasado en todos los países comunistas. Yo sugiero que el país no entre en políticas de estas características porque va todo al desastre. Más allá de los desastres que los gobiernos en sí tienen, y este gobierno tiene enormes errores... ir a un ataque así a la propiedad privada es lo peor que puede pasar”, sostuvo.

Viviendas vacías en la Argentina, desigualdad y fracaso de los controles

A partir de informes recientes, se mencionó que en la ciudad de Buenos Aires hay cerca de 70 mil unidades vacías, lo que representa el 6,7% del parque residencial. En Rosario la proporción supera el 8%, y en Córdoba ronda el 4%. Para Maslatón, el diagnóstico es claro: “Si vos sos inversor inmobiliario y vos construís, y vos decidís el momento en que querés usarlo o venderlo o transferirlo de alguna manera, ¿cómo en el medio se va a meter el Estado para decir: ‘Ah, usted no lo está usando, yo se lo quito’? Inmediatamente rompés todo el sistema de inversiones”.

En el estudio, el economista insistió en que la intervención estatal sólo genera más distorsiones y desalienta la inversión: “No invertís más. Un país que toma esa medida hunde su sistema de construcciones. Lo mismo que el control de, de, de el precio de los alquileres, vos tenés que dejarlo libre”.

Consultado sobre el fenómeno de las viviendas ociosas y la dificultad para acceder a la vivienda, respondió: “Siempre funcionó con inversores. Hay muchas ganas de invertir en Argentina en inmuebles y en construcción. Hay un montón de proyectos. Yo los felicito a los que hacen proyectos inmobiliarios, porque las condiciones no son buenas ahora, porque el país está carísimo en dólares. Así y todo, hay gente que le interesa invertir en eso. No arruinen este punto, por lo menos”.

Críticas a Milei: deuda, recorte a la educación y futuro sombrío

Maslatón aprovechó la entrevista para analizar la coyuntura económica argentina y lanzar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei: “Yo comparto lo que dice Yacobitti de que las universidades están desfinanciadas. Y están desfinanciadas intencionadamente, porque la ideología de Milei es contra la educación pública. Yo estoy a favor de la educación pública, no estoy en contra de la privada”.

El economista reivindicó la tradición liberal en la educación argentina y defendió el rol del Estado: “Soy de la UBA Derecho. Tiene que tener más presupuesto. Ese presupuesto tiene que estar incluido en el presupuesto nacional. Ahora, ¿por qué el Gobierno dijo esto? No me importa, que se caigan, que se vayan los profesores, que se vayan los alumnos. Esto es un disparate nacional. Ahora, ¿por qué hay menos presupuesto? Por una decisión política, no es por la menor recaudación fiscal”.

En otro tramo, Maslatón apuntó contra el modelo económico: “La menor recaudación fiscal obedece a los errores de fondo de la política económica, porque el país, a pesar de lo que dice el Gobierno, está en recesión, está en recontra recesión y se está fundiendo todo. Cambien el sistema económico de fondo, recauden más y adjudiquen lo que le tienen que adjudicar correctamente a la educación pública”.

Sobre el futuro inmediato, fue contundente: “Lo que viene en Argentina, lo que viene de aquí hasta el 10 de diciembre del 2027 es mucho peor de lo que ya vimos. Vas a tener también inflación nominal al alza y vas a tener algún momento deflación en dólares. Los próximos meses son pésimos para el país y no tiene retorno político Milei”.

El economista también se refirió al ministro de Economía: “Caputo es el único tipo del gobierno que sabe que ha hecho un desastre. El único. Es un jugador de mesa de dinero. Sabe que esto está mal, pero le convenía hacerlo y lo hizo”. Y sobre el poder político, sentenció: “Parece que los que eran ultramoralistas vinieron a hacer negocios y a enriquecerse robando fondos públicos”.

Finalmente, Maslatón dejó un mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios: “Que no se borren, que sean responsables del desastre que han hecho. Que la historia los juzgue a ellos a nivel individual, pero que los juzgue también desde el punto de vista de entender que esta política no se puede aplicar nunca más”.

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La Contraloría General de la República envió una carta al Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, en la que advierte sobre el desbordamiento de la deuda pública nacional.

Según el balance fiscal presentado recientemente, la apropiación de deuda subió de $100,4 billones en 2026 a $149,9 billones en 2027, lo que representa un incremento del 49,3 %.

Esta comunicación detalla que el país enfrenta tasas de interés reales elevadas, un crecimiento económico moderado y déficits primarios persistentes, elementos que generan inquietud sobre la capacidad futura del Estado para cumplir con sus obligaciones.

La advertencia de la Contraloría puso en la mira al Ministerio de Hacienda y anticipa la citación de Ávila a un debate de control político en el Congreso. Según explicó la contralora delegada de Finanzas Públicas, Jenny Lindo, el Legislativo solicitó los informes que sustentan la alerta por la situación económica con la que cierra el actual gobierno.

La preocupación parlamentaria se centra en el servicio de la deuda y en la baja ejecución presupuestal reportada en el balance fiscal.

Impacto de las condiciones de mercado y el servicio de la deuda

El documento enviado por la Contraloría destaca que las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda, a través de operaciones con Títulos de Tesorería (TES), también condujeron a tasas de interés más altas.

Esto tendrá un efecto directo en el presupuesto de los próximos años, al aumentar los pagos por el servicio de la deuda y generar una mayor inflexibilidad en las cuentas públicas.

“Las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda con los TES entregados también determinaron tasas de interés más altas, que tendrán un impacto en el servicio de la deuda en vigencias posteriores, generando una inflexibilidad adicional en el presupuesto”, advierte el informe.

Durante 2026, el Gobierno pagó intereses por los títulos entregados en operaciones de canje a tasas más elevadas, según el reporte de la Contraloría Delegada. Además, existe un riesgo por el aumento en el valor de las obligaciones futuras debido a mayores pagos de intereses, especialmente por los cupones de los TES B. El monto proyectado para el pago del servicio de la deuda en 2027 asciende a $150 billones, frente a los $105 billones de 2025.

Riesgo para el próximo gobierno y presión presupuestal

La Contraloría advierte que el próximo gobierno deberá destinar más recursos al pago de obligaciones ineludibles, lo que limita el margen de maniobra fiscal. El uso de títulos de corto plazo en los canjes de TES B disminuyó los pagos por vencimientos en 2026, pero incrementó los intereses a futuro. Esto implica que la administración entrante recibirá un presupuesto con alta rigidez y una caja comprometida.

En diálogo con El Tiempo, Jenny Lindo afirmó: “La deuda pública se ha incrementado demasiado. En 2025, el pago por servicio de la deuda estaba en $105 billones. Sin embargo, para 2027 se planea pagar $150 billones por este concepto. Esto representa un incremento del 49%”.

La funcionaria advirtió que el crecimiento de la deuda, sin un aumento proporcional de los ingresos, ejerce una presión crítica sobre el presupuesto nacional.

Consecuencias económicas y sociales

El reporte de la Contraloría subraya que el servicio de la deuda en 2025 equivalió al 23% del gasto público total. Según el balance macroeconómico presentado por la entidad, persisten rezagos en sectores clave como salud, energía, justicia y reparación a víctimas.

Lindo explicó que el endeudamiento creciente, sumado a ingresos insuficientes, puede llevar el presupuesto a una situación límite. Además, advirtió sobre el riesgo de que una crisis económica global afecte a Colombia, ya que la economía nacional no cuenta con la fortaleza suficiente para enfrentar un golpe externo bajo el actual nivel de endeudamiento.

Entre las causas del incremento de la deuda, la Contraloría identificó la sobrestimación del recaudo, lo que llevó a planear escenarios presupuestales que no se materializaron. También mencionó deudas sectoriales acumuladas, especialmente en salud, energía, justicia y educación. En energía, por ejemplo, la deuda asciende a $10 billones, y si no se paga antes de septiembre, tres empresas estarían en riesgo de suspender operaciones.

Deuda con víctimas y sentencias judiciales

La Contraloría hizo un énfasis especial en la deuda pendiente con las víctimas del conflicto armado y en las sentencias judiciales impagas. El saldo por reparación a víctimas alcanza los $133 billones, y solo 1,9 millones de personas recibieron compensación, quedando alrededor de 8 millones sin indemnizar.

“En la medida en que no se indemnice a las víctimas, como es el compromiso del Estado, lo que vamos a estar es ad portas de una revictimización. A las víctimas hay que cumplirles. Este es un riesgo social para el país muy sensible”, declaró Lindo en entrevista con el medio mencionado.

Ante este panorama, la Contraloría recomendó al próximo presidente elaborar un plan de pagos integral y una estrategia financiera que incluya medidas para el aumento de ingresos, sin limitarse únicamente a reformas tributarias de corto plazo. La entidad insistió en la necesidad de una reforma fiscal de fondo para atender la brecha estructural y garantizar la estabilidad financiera del país.

La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre el acelerado crecimiento de la deuda pública, señalando que el Gobierno nacional ha mostrado un patrón persistente de planear con optimismo y ajustar sus previsiones solo después de presentarse dificultades.

La entidad instó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a limitar el uso de recursos de deuda para financiar gastos recurrentes y a controlar el incremento de las tasas de interés al adquirir nuevos compromisos financieros.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor General, advirtió que existen razones para analizar con detenimiento la sostenibilidad de la deuda, cuyo valor ya supera los recursos destinados a la inversión nacional.

Según datos oficiales, en 2025 el costo de la deuda alcanzó los $105 billones, lo que equivale al 23% del presupuesto nacional. Esta cifra representa un aumento de cinco puntos porcentuales frente al 18% registrado en 2021.

El funcionario enfatizó que, aunque era necesario corregir el plan financiero, los cambios llegaron de forma tardía y el Gobierno volvió a sobrestimar los ingresos proyectados.

“Se aprueba un presupuesto sobredimensionado que al final siempre se sabe que se va a terminar recortando. Este patrón de planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde necesariamente tiene que romperse”, afirmó Rodríguez.

El organismo de control también señaló que el bajo nivel de ejecución de la inversión pública evidencia una falla en la gerencia de los recursos estatales. Además, se alertó sobre el incremento en la contratación por prestación de servicios.

Entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se firmaron 118.828 contratos por cerca de $8 billones, lo que representa un incremento del 32,6% respecto al periodo anterior. Las entidades con mayor contratación directa por órdenes de prestación de servicios son Sena, Icbf y la Agencia Nacional de Tierras.

La advertencia de la Contraloría se fundamentó en el artículo 268 de la Constitución, que faculta a la entidad para emitir alertas preventivas cuando identifica riesgos para la sostenibilidad fiscal. El pronunciamiento fue presentado durante el foro “Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional”.

Entre los factores que motivaron la advertencia figuran el incremento acelerado del endeudamiento, el entorno financiero más restrictivo y la débil articulación entre ingresos y gastos. Estos elementos han afectado la sostenibilidad de las finanzas públicas y han reducido el margen de inversión del Estado.

El informe presentado por la Contraloría incluyó datos sobre el comportamiento reciente de los TES B, títulos de deuda pública en pesos emitidos por el Gobierno. Las tasas de interés para los títulos de corto plazo se ubicaron en 13,69%, mientras que las de largo plazo llegaron al 14,03%. Estas cifras reflejan condiciones más exigentes para la obtención de recursos en el mercado local.

“Las operaciones de canje de 2025 y 2026 han implicado la entrega de títulos con tasas cupón superiores a las de los títulos recibidos, reflejando un deterioro en las condiciones financieras de la deuda”, señaló la entidad en un comunicado.

Rodríguez indicó que las decisiones recientes de la calificadora Standard & Poor’s constituyen un llamado de atención para el país, ya que la calificación de Colombia se sitúa actualmente en BB–, lo que aleja al país del grado de inversión internacional. Entre las razones mencionadas están los déficits fiscales persistentes, el aumento de la carga de deuda y la menor previsibilidad en la gestión fiscal.

El informe también advirtió que la presión fiscal se refleja ya en sectores estratégicos. En salud, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por $32,98 billones al cierre de 2024.

En lo relativo a medicamentos, las obligaciones de los gestores farmacéuticos pasaron de 2,8 billones en 2024 a 3,8 billones en 2025. En el sector energético, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a unos $3,8 billones, en un escenario que podría agravarse por el Fenómeno del Niño previsto para la segunda mitad de 2026.

El Estado enfrenta, además, obligaciones por $17 billones derivadas de contingencias judiciales con fallos ejecutoriados, de las cuales $14,9 billones deben ser atendidas en menos de un año.

Ante este panorama, la Contraloría propuso una hoja de ruta fiscal basada en cinco ejes: depuración de cuentas y reconocimiento de pasivos acumulados, fortalecimiento de ingresos, mejora en la calidad del gasto, cierre de brechas en la ejecución presupuestal y preservación de la disciplina fiscal.

La entidad concluyó que, sin un plan estructural orientado a reorganizar las finanzas públicas, contener el crecimiento de la deuda y corregir la débil relación entre ingresos y gastos, la sostenibilidad fiscal del país podría seguir en riesgo.

Además del viaje a Washington D.C. y la publicación del dato de inflación de marzo, esta semana el Tesoro afrontará vencimientos por $ 8 billones, cifra que llama la atención de los analistas y operadores del mercado de deuda pública.

El grueso a financiar corresponde al vencimiento de la Lecap S17A6, una de las mayores obligaciones del período reciente para el sector público nacional. La estrategia oficial y las expectativas del mercado giran en torno a la política de administración de deuda y las posibilidades de extender plazos.

El contexto actual presenta diferencias notables respecto de licitaciones previas. Según la información del último balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 8 de abril los depósitos en moneda nacional del Tesoro ascendían a $ 6,1 billones, lo que otorga al Gobierno un margen relevante para afrontar los pagos inmediatos. Esto ocurre en un escenario en que el mercado muestra señales claras de exceso de liquidez y tasas reales negativas, en especial en el tramo corto de los bonos ajustados por CER.

Para Adrián Yarde Bulle, Chief Economist & Strategist en Facimex Valores S.A., se trata de una licitación poco desafiante para el Tesoro, pues el volumen de vencimientos es relativamente bajo y hay liquidez excedente en el sistema financiero. “El mercado llega con claras señales de exceso de liquidez reflejadas en tasas de interés reales fuertemente negativas en el tramo corto CER, por lo que habrá fuerte demanda” le dijo a Infobae.

Condiciones favorables

En el mercado sostienen que el combo de tasas negativas y liquidez abundante crea condiciones favorables para que el Tesoro intente extender los plazos de la deuda a colocar. Esto es, la posibilidad de que el Tesoro oficialice emisiones a términos más largos, en especial bonos ajustados por CER con vencimiento en 2027 y 2028, y hasta evalúe alternativas a 2029. Este contexto representa una oportunidad para reorganizar el calendario de vencimientos y reducir la presión fiscal a corto plazo.

La información del Banco Central ofrece una visión nítida sobre los recursos del Tesoro. El saldo de depósitos en moneda nacional, registrado al 8 de abril, confirma un nivel de liquidez suficiente para encarar las obligaciones de la semana sin estrés de caja. Simultáneamente, el comportamiento de la demanda en las licitaciones previas evidencia la preferencia de los inversores por instrumentos que ofrecen protección ante la inflación, especialmente los títulos atados al CER, lo que refuerza la posición negociadora del Tesoro tanto en tasas como en plazos.

Una postura similar tuvo Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, quien sostuvo que, más allá del monto, hay demanda de activos en pesos y eso resulta clave de cara a la licitación. “Con el dólar controlado y la curva de pesos estable, luego de haber comprimido sus rendimientos hasta volver a tasas reales negativas, las condiciones parecieran ser favorables para la próxima colocación de deuda en pesos”, marcó.

A su vez, destacó que hay estabilidad en la demanda de liquidez, ayudado por el BCRA, que interviene en el mercado secundario, ahora de manera limitada. La oferta de dólares potenciada por la estacionalidad de la cosecha también juega a favor. Dado que el BCRA aceleró la compra de divisas en el margen y eso implicó mayor expansión de pesos por esa vía. “Espero que el Tesoro acelere la esterilización de pesos por la vía de las licitaciones, por lo que el ratio de rollover debería estar levemente por encima del 100%. No pareciera haber un aumento en la demanda de pesos que anticipe la vuelta del “punto Anker”“, comentó.

Antecedente

En la licitación anterior, Finanzas recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes. La elevada tasa de refinanciamiento cristalizó que Economía se encuentra a gusto con la liquidez actual del mercado, en un contexto de baja de tasas y estabilidad cambiaria.

En esa oportunidad, la mayor adjudicación fue Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Ajustables por CER (Boncer) con vencimiento el 29 de septiembre de 2029 con $ 4,78 billones a 7,75% TIREA y la Lecap con vencimiento el 17 de julio de 2026 con $ 2,75 billones a 29,23% TIREA.

Las proyecciones del mercado se dirigen a la continuidad del plan de financiamiento y la administración eficiente del perfil de vencimientos. El objetivo de diluir la concentración de pagos cercanos cuenta con apoyo en la demanda por instrumentos de cobertura, facilitando la extensión de los plazos promedio de la deuda y contribuyendo al equilibrio macroeconómico. El nivel de depósitos del Tesoro y la performance observada en las recientes licitaciones refuerzan las expectativas de equilibrio entre las necesidades fiscales y la sostenibilidad de los pasivos públicos.

La calificadora S&P Global Ratings redujo la calificación de la deuda soberana de Colombia en moneda extranjera de largo plazo de BB a BB-, argumentando un deterioro en las finanzas públicas y un aumento de los riesgos externos.

La decisión, anunciada el 8 de abril de 2026, mantiene una perspectiva estable, lo que indica que no se prevén nuevos cambios en el corto plazo si se cumplen las expectativas actuales.

Según el informe, “esperamos que Colombia tenga déficits fiscales consistentemente grandes en los próximos años”, lo que refleja un desbalance entre ingresos y gastos del Gobierno. Este punto es central en la rebaja, ya que limita la capacidad del país para estabilizar su deuda.

La agencia también redujo la calificación en moneda local de BB+ a BB, y ajustó a la baja su evaluación sobre transferencias y convertibilidad. Sin embargo, mantuvo la nota de corto plazo en B.

Déficit fiscal y deuda en aumento

Uno de los factores principales es el comportamiento de las cuentas públicas. S&P proyecta que el déficit fiscal del gobierno general será de 5,6% del PIB en 2026, superior al 5,3% registrado en 2025. Además, estima que los déficits promediarán 4,8% entre 2027 y 2029.

El informe señala que “los déficits fiscales elevados, el gasto primario expansivo y menores ingresos a los esperados han debilitado las finanzas públicas desde 2024”. A esto se suma la dificultad política para aprobar reformas tributarias.

En cuanto a la deuda, la calificadora prevé que la deuda neta del gobierno general alcance cerca del 66% del PIB en 2029, frente al 60,4% en 2025. También estima que el aumento anual de la deuda será en promedio de 6,1% del PIB entre 2026 y 2029.

Política económica y presiones inflacionarias

El informe identifica cambios en la política económica. “La política fiscal se ha vuelto menos predecible”, indica S&P, destacando la suspensión de la regla fiscal en 2025 por tres años, un mecanismo que limitaba el endeudamiento.

Además, advierte que la política fiscal ha sido procíclica, es decir, que ha impulsado la economía en el corto plazo, pero con efectos secundarios. “Está apoyando marginalmente el empleo y el consumo, pero las expectativas de inflación han aumentado, el déficit en cuenta corriente se ha ampliado y la deuda externa ha crecido”.

En materia de inflación, la agencia proyecta que el indicador promedie 5,9% en 2026 y que solo vuelva al rango meta del banco central hacia 2029. En febrero de 2026, la inflación anual fue de 5,3%.

El informe añade que el banco central ha respondido con aumentos de tasas, que ya alcanzan 11,25% tras incrementos de 200 puntos básicos en lo corrido del año.

Crecimiento moderado y consumo como motor

S&P prevé que la economía colombiana crecerá 2,5% en 2026, ligeramente por debajo del 2,6% de 2025. El consumo será el principal motor, impulsado por el aumento de salarios reales y niveles de desempleo relativamente bajos.

No obstante, la inversión sigue rezagada. “La inversión ha promediado 17% del PIB entre 2021 y 2026, por debajo de otros mercados emergentes”, señala el documento.

A mediano plazo, la calificadora estima que el crecimiento se acerque a 2,9% anual hacia 2029, mientras que el PIB per cápita alcanzaría los 9.900 dólares en 2026.

Riesgos externos y cuenta corriente

El informe también advierte sobre el frente externo. Se espera que el déficit en cuenta corriente se estabilice alrededor de 2,6% del PIB entre 2026 y 2029.

Este resultado se explica por el aumento de importaciones asociado al consumo interno y por exportaciones concentradas en hidrocarburos, lo que mantiene la vulnerabilidad ante cambios en los precios internacionales.

S&P indica que la deuda externa neta se estabilizaría en torno al 130% de los ingresos de cuenta corriente en los próximos años.

Escenarios posibles

La perspectiva estable se basa en que el ajuste fiscal será gradual. “Esperamos que el gobierno reduzca lentamente su déficit fiscal mientras mantiene un crecimiento moderado”, señala la agencia.

Sin embargo, advierte posibles riesgos. Podría haber una nueva rebaja si “déficits fiscales más altos de lo esperado generan salidas externas persistentes y mayor deuda externa”.

En contraste, una mejora en la calificación dependería de una consolidación fiscal efectiva. “Podríamos subir la calificación si el gobierno reduce los déficits y estabiliza la deuda”, concluye el informe.

La Generalitat de Cataluña ha colocado 292,75 millones de euros en deuda nueva a largo plazo con tres entidades financieras, a un tipo medio del 2,331%. Esta operación, según la información oficial difundida, representa un hito porque es la primera vez en 14 años que el gobierno catalán recurre directamente a la banca para financiarse, tras un largo periodo en el que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha sido la vía casi exclusiva de obtención de recursos para cubrir el déficit.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió el pasado diciembre autorizar a las comunidades autónomas adheridas al FLA a financiar parte de la desviación del déficit de 2024 mediante operaciones bancarias a largo plazo. En el caso de Cataluña, esa autorización se concretó en los 292,75 millones adjudicados ahora por la Generalitat, marcando así el regreso a los mercados bancarios tras más de una década.

Siete entidades financieras presentaron ofertas para quedarse con esta colocación de deuda, aunque solo tres resultaron adjudicatarias. El comunicado oficial no revela cuáles son estos bancos. Los préstamos tendrán una duración de seis años y el coste se ha situado por debajo del máximo permitido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que establecía como techo el coste de financiación del Tesoro más 20 puntos básicos. Finalmente, la operación se cerró con un margen de entre 5 y 10 puntos básicos por encima del Tesoro, lo que para la administración catalana supone una muestra de confianza de los bancos en la solvencia de la Generalitat.

Diversificación de la financiación y ahorro en intereses

La Generalitat ha subrayado que en los últimos años ha apostado por diversificar sus fuentes de financiación para evitar depender de un único mecanismo y mejorar las condiciones de su deuda. Ejemplo de ello es la firma de varios préstamos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como la refinanciación, el pasado verano, de 3.500 millones de euros de deuda del FLA a través de siete préstamos con diferentes bancos. Según los datos oficiales, esa operación permitió ahorrar 126,7 millones en intereses, lo que refuerza la estrategia de buscar alternativas al FLA siempre que sea posible.

Esta apuesta por la diversificación responde a la intención de la Generalitat de reducir la vulnerabilidad ante posibles cambios en la política estatal de financiación autonómica y de mejorar progresivamente las condiciones de sus préstamos, algo que consideran clave para la sostenibilidad de la deuda pública.

Nueva etapa para la financiación autonómica

Desde 2012, la financiación del déficit se había canalizado principalmente a través del FLA, un fondo estatal creado para garantizar la liquidez de las comunidades autónomas en situaciones de tensión financiera. El regreso a la banca, aunque sea de forma parcial y limitada a una parte de la desviación del déficit de 2024, se interpreta como una señal de recuperación de la confianza de los inversores privados.

La operación también implica una mayor autonomía de la Generalitat en la gestión de su deuda, ya que permite negociar condiciones y plazos directamente con las entidades financieras, dentro de los límites de prudencia financiera impuestos por el Estado. De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho de que hasta siete bancos se hayan interesado por la operación indica una percepción más favorable del riesgo catalán en los mercados.

El ajuste tarifario que regirá en Honduras desde el 1 de abril establece que el precio promedio de la energía eléctrica subirá a 5,32 lempiras por kilovatio hora, implicando un incremento del 10,49 % para el trimestre abril-junio de 2024. Según Héctor Corrales, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), esta actualización responde a la necesidad de equilibrar los costos reales del sistema eléctrico frente a variaciones técnicas y del mercado, en concordancia con la Ley General de la Industria Eléctrica y sus reformas, como detalló la agencia EFE.

El nuevo esquema tarifario implica que la tarifa residencial con consumo de cero a cincuenta kilovatios hora mensuales tendrá un cargo fijo de 59,31 lempiras, con un precio de energía de 4,40 lempiras por kilovatio hora en ese rango. Para consumos superiores, el cargo fijo permanecerá igual, pero los siguientes kilovatios hora se facturarán a 5,73 lempiras. El servicio de alumbrado público registrará un cargo fijo de 68,67 lempiras y un costo de 4,50 lempiras por kilovatio hora, de acuerdo con los datos oficiales presentados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

La aplicación de 17 millones de dólares como factor central del aumento

En el desglose de causas, Corrales especificó en conferencia que 17 millones de dólares del total de 25,5 millones de dólares diferidos y aprobados por el gobierno anterior serán trasladados a los consumidores este trimestre, quedando 8 millones de dólares pendientes de aplicación. Este monto representa alrededor del 3,5 % del ajuste, mientras que el 7 % restante corresponde al aumento en los costos de generación, impulsado por el incremento en los precios internacionales de combustibles durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, así como por el comportamiento del mercado de oportunidad y condiciones hidrológicas, explicó Corrales durante su intervención transmitida por EFE.

El precio máximo promedio de la energía eléctrica pasará de 4,81 lempiras (18 centavos de dólar) a 5,32 lempiras (20 centavos de dólar) por kilovatio hora, según el comunicado oficial de la CREE divulgado el mismo día. Este dato representa la diferencia concreta que enfrentarán los usuarios en sus facturas a partir del primer día de abril.

Las consecuencias para la estatal ENEE y la expectativa sobre subsidios

La ENEE soporta actualmente una deuda superior a 114.000 millones de lempiras (más de 4.200 millones de dólares), según cifras oficiales citadas por EFE. Las autoridades reconocen que la empresa enfrenta una crisis económica de origen tanto administrativo como técnico, que arrastra desde años anteriores.

El presidente de la CREE indicó que los ajustes aprobados buscan proveer “certeza a las partes y proteger la demanda”, aunque reforzó que el organismo permanece atento a las medidas que el gobierno central pueda adoptar para estabilizar el impacto en la economía hondureña. Corrales subrayó: “La CREE no tiene información sobre cuáles son las medidas específicas que va a adoptar el gobierno y estamos atentos a cuáles son los que va a tomar, y eso lo pueden también consultar con el Ministerio de Energía."

En ejercicios previos, el gobierno ha absorbido parte de los aumentos tarifarios aplicando subsidios temporales, especialmente sobre el precio de los combustibles. Al cierre de este anuncio, aún no había una comunicación oficial respecto a si el Estado intervendrá en esta ocasión para amortiguar el alza.

El ajuste tarifario fijado por la CREE significa que los usuarios residenciales, comerciales e industriales verán reflejado un incremento del 10,49 % en sus facturas de energía eléctrica a partir de abril de 2024, conforme a la estructura autorizada para el trimestre. El principal motivo es la necesidad de cubrir costos diferidos y mayores gastos de generación por factores internacionales y del mercado interno, en un contexto de endeudamiento crítico para la empresa estatal ENEE.

El dato de diciembre sobre la deuda pública no rebasó el máximo absoluto alcanzado en septiembre, cuando el pasivo de las administraciones superó los 1,700 billones de euros por primera vez en la historia, según consignó el Banco de España. Esa cifra representa un descenso respecto al récord observado en el tercer trimestre, situando el saldo a cierre de 2025 en 1,698 billones de euros. Este volumen evidencia un incremento anual, pero un retroceso en la ratio sobre el PIB, que queda en el 100,7%.

De acuerdo con la información publicada este martes por el Banco de España, la deuda pública de las administraciones españolas aumentó en 77.652 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en un avance interanual del 4,8%. Sin embargo, la proporción del endeudamiento respecto al PIB fue inferior a la de 2024, disminuyendo en un punto porcentual y fijándose en su menor nivel desde 2020. El medio detalló que esta rebaja también permitió que el resultado a cierre de año quedara por debajo de las estimaciones oficiales.

Según reportó el Banco de España, en relación al PIB, la deuda cerró en el 100,7%, apuntando una disminución de 0,9 puntos porcentuales en comparación al dato interanual y, de esta manera, consolidando una tendencia descendente. En el contexto del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), este dato también se utiliza como referencia para evaluar el cumplimiento de los criterios fiscales con la Unión Europea.

El Gobierno había previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) de octubre de 2024 que la deuda alcanzaría el 101,4% del PIB para el ejercicio de 2025, aunque una revisión posterior en el Informe de Progreso Anual de ese año elevó la estimación al 101,7%. Conforme el ejercicio transcurrió, las autoridades del Ejecutivo indicaron que el porcentaje final estaría más próximo al 101%. Sin embargo, la cifra de diciembre se situó incluso por debajo de esa expectativa, según el Banco de España.

El descenso registrado en la ratio de deuda respecto al PIB se vio parcialmente facilitado por el comportamiento económico en el último trimestre. El saldo absoluto de la deuda experimentó una reducción del 0,7% respecto al máximo anotado tres meses antes, aunque el avance anual permaneció en el 4,8%. Este comportamiento intertrimestral se atribuye a que el endeudamiento público ya no siguió la misma tendencia alcista que en periodos previos, según información del Banco de España.

En lo relativo a las proyecciones para los años venideros, el Ejecutivo estima que la ratio de deuda sobre PIB alcanzará el 100,9% en 2026, según lo consignado en las previsiones oficiales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía indicaron que se encuentran en proceso de revisión y actualización de los datos macroeconómicos que formarán la base de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, una revisión motivada por el impacto de la guerra en Irán y las medidas adoptadas en el marco de la crisis internacional, de acuerdo a lo informado por el Banco de España y el propio Gobierno.

Las proyecciones del Gobierno para los próximos años señalan una baja paulatina: la previsión es del 100% en 2027, del 99,1% en 2028, con una senda descendente que llevaría la deuda pública al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. El recorte es sostenido pero no alcanza los niveles considerados prudentes por la Comisión Europea, marcados en el 60%. El medio Banco de España destacó que las proyecciones disponibles no concretan en qué momento el endeudamiento público español podría repuntar por debajo de ese umbral exigido por Bruselas.

El comportamiento de la deuda pública y su relación con el PIB forman parte del seguimiento fiscal dentro del Protocolo de Déficit Excesivo, que supone un compromiso para los países de la Unión Europea en el control del gasto y la estabilidad presupuestaria. El seguimiento de estos indicadores resulta clave en la elaboración y aprobación de los presupuestos estatales y en la interlocución con las instituciones comunitarias, según ha transmitido el Banco de España en sucesivos informes.

El impacto de las circunstancias internacionales, como la crisis derivada del conflicto en Irán, y la aplicación de medidas anticrisis, serán factores que determinarán la evolución futura de la deuda y sus previsiones asociadas. El Banco de España y el Gobierno han coincidido en subrayar que estos elementos estaban propiciando la obligación de revisar los pronósticos anteriores, así como de establecer nuevas referencias para los ejercicios fiscales siguientes.

Mientras la senda de reducción propuesta se mantiene en las estimaciones a medio y largo plazo, la evolución exacta de la ratio deuda/PIB dependerá tanto del crecimiento económico como de la política fiscal adoptada por las autoridades. El organismo prevé que el seguimiento de la trayectoria del endeudamiento será uno de los elementos clave a observar en los años venideros, según las referencias más actualizadas publicadas.

En la colocación de deuda por adhesión posterior a la licitación del viernes pasado, la Secretaría de Finanzas informó la adjudicación de otros USD 131 millones por el Bonar 2027 y el 2028. El Ministerio de Economía, comunicó que la totalidad de las ofertas recibidas coincidió exactamente con el monto adjudicado, sin diferenciales ni remanentes cuando había margen hasta USD 200 millones (ampliación de USD 100 millones por bono) y sumar a los depósitos del Tesoro de cara a los vencimientos.

La operación contempló dos series de títulos: el Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28). Para el Bonar 2027, el monto adjudicado alcanzó los USD 97 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,00%. El Bonar 2028, en tanto, sumó USD 34 millones, con una TIREA de 8,86% y una TNA de 8,52%. La licitación no registró sobrantes ni rechazos, ya que las ofertas igualaron el volumen total emitido.

La colocación de estos instrumentos tuvo como objetivo captar dólares frescos del mercado, en un contexto en el que el Tesoro busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer alternativas a los inversores con perfiles de riesgo y plazo diferenciados. La opción por títulos en moneda extranjera responde a la demanda de instrumentos dolarizados en el segmento financiero local.

El detalle de la licitación muestra que el Bonar 2027 (AO27) concentró la mayor parte de la demanda, al adjudicarse USD 97 millones sobre el total. Este título ofrece una TIREA de 5,12% y una TNA de 5,00%, condiciones que reflejan las expectativas de los participantes sobre la evolución de la economía y la política monetaria en el corto y mediano plazo. El Bonar 2028 (AO28), por su parte, adjudicó USD 34 millones, con tasas sensiblemente superiores: TIREA de 8,86% y TNA de 8,52 por ciento.

La expectativa estaba en si Finanzas lograba continuar con la buena performance que había tenido el AO27 hasta ahora de colocar el máximo permitido. Esta fue la primera vez que en la segunda subasta no colocó el máximo permitido de 100 millones (aunque no lo hizo por poco; quedó en USD 97 millones). Mientras que en el caso de AO28 la diferencia fue mayor y apenas amplió por USD 34 millones (cuando podía hacerlo por USD 100 millones).

El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 25 de marzo, detalló que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en la entidad ascendían al equivalente de USD 255 millones. Este cálculo surgió de una conversión de $351.899 millones a un tipo de cambio de $1.378,9689 por dólar. El próximo martes 31 de marzo, deberían ingresar los USD 300 millones que se colocaron en la primera subasta y luego los USD 131 millones de la segunda. Lo que haría que aumenten en términos totales a USD 686 millones.

“El AO27 ya tiene una demanda muy consolidada y probablemente eso vuelva a quedar evidenciado en la segunda vuelta de mañana”, destacó en la previa, Adrián Yarde Buller, Chief Economist & Strategist de Facemix Valores. Mientras que señalo que el AO28 no tuvo tanto apetito como la primera emisión del AO27 o la colocación del AN29 en diciembre, pero que pese a ello Finanzas logró completar los USD 150 millones a una tasa razonable y quedó algo de demanda insatisfecha de cara a la segunda vuelta. “Habrá que ver si la tasa de corte en zona de 8,5% sirve para incentivar la entrada de nuevos inversores que tal vez imaginaban un corte en niveles inferiores”, señaló.

La expectativa del mercado

Y si bien el mercado festeja que el ministro de Economía, Luis Caputo, promueva el desarrollo del mercado de capitales local con los bonos en dólares, nuevamente será el mecanismo de financiamiento internacional el que garantice el pago del vencimiento de julio. El Caputo aseguró que ya tiene identificado y que se va a dar a conocer en los próximos meses para cubrir el pago de capital de julio y enero y julio del 2027.

“El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata", aseguró Caputo. En esa línea, aseguró que tienen financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, que incluye el cupón de julio de este año, de enero y de julio del año que viene por aproximadamente USD 9.000 millones.

Según pudo saber Infobae con fuentes de Economía, en las próximas semanas será el ministro Caputo quien comunique el nuevo mecanismo de financiamiento y no se tratará de un préstamo con bancos internacionales como el que se llevó a cabo en enero.

Los pagos de intereses derivados de la deuda pública de República Dominicana ya superan el 4% del producto interno bruto (PIB), en un entorno donde el déficit fiscal se mantiene alrededor del 3%. Así lo precisó William Foster, vicepresidente senior de riesgo soberano en Moody’s Ratings, durante el foro Inside República Dominicana 2026 realizado en Santo Domingo.

El especialista advirtió que este escenario fiscal, marcado por presiones y una proyección de consolidación fiscal gradual, enfrenta obstáculos estructurales que elevan la necesidad de una reforma fiscal significativa, informó el medio económico dominicano elDinero.

Foster explicó que la falta de reformas estructurales en los ingresos del Estado dificultará lograr mejoras sustanciales en las métricas fiscales en el corto y mediano plazo. Detalló que “los pagos de intereses han aumentado de forma importante y ahora están alrededor de 4% del PIB”. Advirtió, además, que sin intervenciones de fondo este nivel podría mantenerse elevado en los próximos años, informó el medio.

Al analizar las causas de este deterioro, Foster remarcó que el principal desafío fiscal reside en una baja recaudación estructural. Indicó que República Dominicana exhibe “uno de los niveles de ingresos fiscales más bajos entre países de ingresos medios”, situación que restringe la capacidad nacional para cerrar su déficit presupuestario y fortalecer su perfil crediticio.

Factores internacionales y presión sobre las cuentas fiscales

En el contexto externo, Foster resaltó la influencia de factores internacionales y su potencial para agravar la situación fiscal. Precisó que el “entorno global con tasas más altas hace que el financiamiento sea más costoso y difícil de acceder”, afectando la inversión y el crecimiento económico. A esto se suma el riesgo derivado de la dependencia de importaciones energéticas: “El aumento de los precios de la energía puede trasladarse directamente a las cuentas fiscales”, apuntó Foster. Un alza prolongada de los precios internacionales de energía podría generar mayores déficits fiscales y elevar las presiones económicas internas, dice en la publicación.

Foster destacó la existencia de reservas internacionales elevadas como un factor que puede amortiguar impactos externos. Sin embargo, advirtió que este “colchón” no resuelve los problemas de fondo vinculados a los bajos ingresos fiscales y el creciente costo de la deuda.

En el análisis de la agencia, subrayó que la consolidación fiscal gradual resulta insuficiente si no se acompaña de una reestructuración de los ingresos nacionales. Insistió: “La clave está en aumentar los ingresos sin afectar el crecimiento”, y remarcó que este progreso será determinante para mejorar la calificación crediticia de República Dominicana, según publicó elDinero.

En febrero, Moody’s aumentó la nota crediticia de República Dominicana, debido al aumento de la inversión pública y el control del déficit fiscal, tras el cierre fiscal de 2025. Este reconocimiento refuerza la posición del país como destino atractivo para inversiones en el Caribe y Centroamérica y atribuye el ascenso de calificación a la gestión ordenada de las finanzas y la orientación estratégica del gasto gubernamental.

En cifras, el déficit fiscal de 2025 alcanzó 3.45% del producto interno bruto, mientras que la deuda pública fue de 47.9% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda y Economía citados por Infobae. Estas cifras, junto con la expansión del gasto de capital en un 11% respecto a 2024 y el superávit de ingresos tributarios, fueron esenciales para sostener el ritmo de inversión pública sin vulnerar la disciplina macroeconómica ni los estándares de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024.

El Ministerio de Economía enfrenta esta semana otro desafío clave. La Secretaría de Finanzas deberá atender vencimientos por casi $8 billones de deuda en pesos y, al mismo tiempo, saldrá a buscar USD 250 millones adicionales en el mercado de capitales local para el pago de deuda externa de julio. La dinámica de estos días concentra la atención de bancos, inversores y analistas, tanto por la magnitud de los compromisos a cubrir como por la señal que se envíe respecto a la tasa de interés de los nuevos instrumentos. A la par de que se esperan los anuncios sobre los nuevos mecanismos de financiamiento a los que se refirió Luis Caputo.

Según la consultora Econviews, los vencimientos de deuda entre el 17 y el 31 de marzo totalizan $7.895.955 millones (casi $8 billones). Este monto corresponde a la suma de capital e intereses de varios instrumentos, entre los que se destacan el PARP y el TXZM6, ambos con vencimiento el 31 de marzo, martes de la próxima semana.

El detalle de los vencimientos próximos incluye $7.881.396 millones de capital por el bono TXZM6 y $12.649 millones de intereses por el PARP, ambos el 31 de marzo. También figuran $821 millones de capital y $173 millones de intereses del BONARCF para la misma fecha, mientras que el BONTE 26 contabiliza $705 millones de capital y $211 millones de intereses el 22 de marzo.

“Como los bancos vienen con suficiente liquidez, el Tesoro va a poder renovar todo o incluso absorber algo. Lo interesante va a ser qué señal da con respecto a la tasa. Si se siente cómodo con esta tasa que se volvió negativa o va a buscar absorber más para que suba un poco”, sostuvo Alejandro Giacoia, economista de Econviews en conversación con Infobae.

En la licitación anterior, Finanzas llevó a cabo rollover de 108,09%, adjudicó un total de $10,42 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Lo que fue festejado por Felipez Nuñez, director de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien sostuvo que se estiró la duración de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aproximadamente 30%) en 2027 y 2028. Para esta licitación, el Tesoro cuenta con depósitos en moneda nacional en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de 5,1 billones de pesos.

Tercer test Bonar 2027

El contexto de esta licitación está marcado por las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo, que afirmó que no va a tomar nueva deuda en los mercados internacionales, sino que va a priorizar alternativas más económicas con el uso de recursos propios, la venta de activos y el desarrollo del mercado local. En este sentido, destacó que el equipo económico ya identificó el financiamiento suficiente para cubrir los próximos vencimientos de capital, incluyendo los que corresponden a julio de este año, enero y julio del próximo año, por un total de USD 9.000 millones.

“Hoy el costo de financiamiento en los mercados internacionales es elevado por el riesgo país, por eso optamos por alternativas más baratas”, explicó Caputo durante su participación en el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Ahora la expectativa del mercado está en conocer cuál es ese mecanismo de financiamiento que ya identificó el Gobierno y cómo y cuándo llegarán esos USD 9.000 millones.

Esta semana nuevamente los ojos estarán en la tasa a la que Finanzas consiga los USD 250 millones. Aunque en la segunda licitación hace 15 días, a pesar del contexto internacional con el conflicto en Oriente Medio, la tasa adjudicada resultó inferior a la primera (una de TNA 5,45% versus 5,74%). Lo que marca un buen precedente para esta semana.

Con esta estrategia, el Caputo aspira a incrementar en forma progresiva los depósitos del Tesoro para cubrir los vencimientos. Si el ritmo de colocaciones se mantiene y la demanda acompaña, la Secretaría de Finanzas podría captar hasta USD 2.000 millones adicionales mediante este mecanismo en los próximos meses. Pero para cubrir los USD 4.200 millones, Caputo va a necesitar de otro mecanismo de financiamiento, el cual asegura ya tener identificado para poder pagar el próximo vencimiento de capital y el de enero y julio del año que viene.

Según el último balance diario del BCRA, al 18 de marzo, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera estaban en $ 383.261 millones (a un tipo de cambio de $ 1.399), lo que da un saldo de USD 237 millones aproximadamente, en donde ya se contabilizan las dos primeras licitaciones del Bonar 2027. Lo que llama la atención es que el equipo económico perdió parte de los dólares que consiguió con el Bonar 2027. Es que al 27 de febrero los depósitos en moneda extranjera del Gobierno en el Central estaban en $ 750.684 millones (a un tipo de cambio de $ 1.408), lo que daba un saldo de USD 537 millones aproximadamente. Es decir que, en lo que va de marzo, se perdieron USD 300 millones.

En el análisis de los vencimientos, la concentración de pagos en la última semana de marzo representa una prueba para la estrategia de financiamiento oficial. La capacidad del Tesoro para renovar el total de los compromisos o absorber pesos adicionales dependerá de la respuesta de los bancos y el sector privado, así como de la percepción sobre la sostenibilidad de la política económica.

El desafío inmediato para el Tesoro reside en la licitación de esta semana, en la que debe captar al menos USD 250 millones para cubrir los vencimientos y asegurar la continuidad del programa financiero. La señal que transmita el Gobierno sobre la tasa de interés será observada de cerca por bancos y analistas, que buscan anticipar si la autoridad económica prioriza una tasa real negativa o decide convalidar un aumento para absorber mayor liquidez.

En la reciente subasta de deuda pública, la demanda por bonos y obligaciones españolas se aproximó a los 12.000 millones de euros, superando ampliamente el monto finalmente adjudicado. Bajo este escenario de fuerte interés por los títulos, el Tesoro Público optó por elevar la rentabilidad ofrecida a los inversores en las tres referencias subastadas. Según consignó el Banco de España y reportó el medio de comunicación, el Tesoro colocó en total 5.550,81 millones de euros en los mercados, dentro del rango medio de las previsiones fijadas para esta operación. La acción del Tesoro coincidió con la primera reunión del Banco Central Europeo luego del estallido del conflicto en Oriente Medio, una coyuntura que mantiene en vigilancia a los mercados financieros por el posible impacto de la crisis internacional sobre la política monetaria y la inflación en la eurozona.

El contexto en el que se celebró la subasta se caracteriza por la suba de los precios de la energía, con la electricidad y los combustibles encareciéndose a raíz de la guerra en la región, lo que ha incrementado la preocupación por un traslado de este aumento de costos al resto de la economía europea. De acuerdo con los datos del Banco de España recopilados por el medio, los analistas esperan que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés en la reunión actual, aunque no descartan que en futuras sesiones la institución opte por incrementarlos, dado el entorno inflacionario que podría alejarse de la meta oficial del 2%. Esta incertidumbre lleva a los inversores a exigir mayores rendimientos en la deuda soberana, un fenómeno que ya se refleja en los resultados de la subasta.

La operación de este jueves se desglosó en tres tramos principales. Se asignaron 2.633,97 millones en bonos a cinco años, pese a que las solicitudes de los inversores superaron los 4.700 millones. El tipo de interés marginal alcanzó el 2,943%, una tasa claramente más elevada que el 2,584% registrado en la emisión anterior. En la obligación a diez años —con un valor residual que se extiende por siete años—, el Tesoro adjudicó 945,91 millones de euros frente a una demanda de 2.772 millones, ostentando un interés marginal del 3,087%, por encima del 2,727% logrado previamente. Por último, en la obligación a diez años, el monto colocado fue de 1.970,93 millones para una demanda de más de 4.400 millones y el interés marginal se situó en el 3,484%, también en alza respecto al 3,170% de la emisión previa.

Esta tendencia al incremento en la rentabilidad de la deuda se explica, según publicó el medio, por la expectativa de que las autoridades monetarias tomen acciones para frenar la inflación si los efectos de la subida de precios energéticos se propagan más allá del corto plazo. Analistas consultados por la fuente destacan que el Banco Central Europeo evalúa si la situación actual responde a un "shock temporal" por la guerra o si estos factores tendrán un impacto más persistente. La decisión que tomen las autoridades del BCE condicionará la evolución de los costos de financiamiento para los países miembros en los próximos meses.

El Tesoro, organismo dependiente del Ministerio de Economía, diseñó su estrategia anual considerando tanto el desempeño favorable de la economía española como la disciplina fiscal vigente. Según la información difundida, el objetivo de nuevas necesidades de financiación se mantiene en 55.000 millones de euros para 2026, misma cifra fijada para 2025. Dentro del plan de emisiones netas del año en curso, el Tesoro asigna 50.000 millones de euros para bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y obligaciones transferidas, reservando 5.000 millones exclusivamente para la emisión de letras del Tesoro. Estas cifras se repetirán, según las previsiones, en el ejercicio siguiente.

En términos de financiación bruta, el programa de emisiones totales para el año alcanza los 285.693 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,2% frente al volumen esperado de cierre para 2025 —274.242 millones de euros— motivado por un nivel más elevado de amortizaciones previstas para 2026. Del monto total proyectado para este ejercicio, 176.935 millones corresponde a emisiones brutas a medio y largo plazo, una suba del 3,1% respecto a los 171.514 millones estipulados para 2025. Para las letras del Tesoro, la previsión se sitúa en 108.758 millones de euros, lo que implica un avance de casi el 5,9% en comparación con el dato estimado de cierre para el año anterior, cuando el saldo calculado era de 102.728 millones.

Estas cifras revelan la magnitud de las necesidades de financiamiento del Estado español y el volumen de recursos que se captan a través de los mercados de deuda. Los elevados niveles de demanda observados en la reciente subasta permiten al Tesoro mantener su programa de emisiones, incluso en un entorno donde la rentabilidad ofrecida a los inversores resulta cada vez mayor debido a las presiones del contexto internacional y a los ajustes anticipados en la política monetaria europea.

El seguimiento de estas operaciones adquiere especial relevancia para los mercados financieros, que vigilan de cerca la respuesta del Tesoro a los cambios en el entorno macroeconómico que afecta a la eurozona. El resultado de la subasta del jueves aporta elementos para entender cómo el gobierno español y el Banco Central Europeo gestionan conjuntamente los desafíos derivados de la situación internacional y de la evolución de la inflación, circunstancias que seguirán condicionando la toma de decisiones en materia de política financiera durante los próximos meses.

Durante los últimos ocho años, el aumento de la deuda pública, el incremento de los gastos financieros y la caída del poder adquisitivo y la productividad han centrado el debate político en España, mientras varias problemáticas afectan a millones de hogares. Esta situación ha puesto el foco en la gestión del Gobierno y ha generado críticas sobre la respuesta oficial ante el contexto de inflación, encarecimiento de productos básicos, electricidad, gas y carburantes. Según consignó Europa Press, estos temas han provocado que la oposición exija medidas concretas dirigidas a aliviar la carga sobre familias y autónomos, al tiempo que denuncia la falta de acción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció este martes que el Gobierno central "sigue haciendo caja" con el incremento de los precios de los combustibles, motivado en parte por la situación en Oriente Medio. Feijóo hizo estas declaraciones en una entrevista radiofónica, donde aseguró que la escalada del valor del gasóleo y la gasolina ha llegado a aumentar un 50% en ciertas estaciones de servicio. El medio Europa Press recogió que Feijóo puso el foco en la falta de medidas gubernamentales para contener los precios y calificó de insuficiente la respuesta del Ejecutivo, dado que existen alrededor de tres millones y medio de autónomos que afrontan dificultades para llegar a fin de mes en España.

El incremento en los precios de varios servicios básicos, como la electricidad y el gas, también ha sido motivo de crítica. Europa Press relató que Feijóo sugirió la anulación del impuesto de generación eléctrica y cuestionó por qué el Gobierno no reduce el IVA aplicado a la electricidad, el gas, el gasóleo y la gasolina, pasando del 21% al 10%. Feijóo defendió además la reducción del gravamen sobre el gasóleo utilizado por transportistas, considerando que el déficit tarifario vinculado a gobiernos anteriores ya está cubierto.

El Gobierno ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra en Irán. Según detalló Europa Press, este plan de respuesta integral incluirá acciones estructurales y coyunturales para proteger a los sectores sociales más vulnerables y a quienes se han visto directamente afectados por el aumento de los precios.

El impacto sobre la vida cotidiana se refleja también en el encarecimiento de la cesta de la compra y la vivienda. Feijóo aseguró, basado en los datos que compartió Europa Press, que estos precios han crecido hasta un 40% y 53%, respectivamente. Esta situación afecta de manera especial a las clases medias, que según el líder del PP han visto reducido su poder adquisitivo. Feijóo señaló que el salario medio equivale actualmente al salario mínimo, interpretando esto como una señal de empobrecimiento y pérdida de convergencia con la Unión Europea.

Europa Press también transmitió la preocupación de la oposición ante el aumento de la pobreza infantil, situando a España como el país con mayor incidencia de este problema en la Unión Europea y el tercer país de la UE con el mayor riesgo general de pobreza. Otro aspecto mencionado fue el absentismo laboral creciente y un balance económico que Feijóo calificó de perjudicial para el tejido productivo nacional, al contabilizar un aumento de 500.000 millones de euros en la deuda pública durante los últimos ocho años.

En materia institucional, Feijóo se comprometió a revertir la degradación que, según el dirigente, caracteriza la gestión actual. Europa Press indicó que el líder de la oposición propone reformas para restaurar la institucionalidad, garantizar la independencia del Poder Judicial, restablecer el prestigio de organismos como el Tribunal Constitucional, los reguladores, la Fiscalía General del Estado y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Feijóo criticó el "último intento" del Gobierno para influir en la AIREF, un órgano que, según sus palabras, debería funcionar con autonomía y cuya independencia ve actualmente comprometida.

Por otro lado, el líder del PP abordó el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra y la vinculación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sugiriendo que una sociedad instrumental pagó aproximadamente 600.000 euros a la familia de Zapatero con fondos del citado rescate. Feijóo afirmó que este asunto se encuentra actualmente en proceso judicial, señalando la necesidad de una mayor transparencia y la conveniencia de que el caso se esclarezca en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero en dicha comisión fue mencionada por Feijóo, quien rememoró que Montero nombró en su momento a un responsable de la SEPI procedente de Andalucía, el cual posteriormente resultó imputado en un procedimiento judicial y, tras su salida, la presidencia de la SEPI quedó vacante durante 18 meses. Según publicó Europa Press, Feijóo denunció que este exresponsable siguió ejerciendo influencia desde un despacho privado, calificando ese comportamiento como una muestra de la falta de rigor en la administración de recursos y cargos públicos.

A nivel de infraestructuras, Feijóo también señaló problemas de gestión en el sector ferroviario. El líder popular consideró que el accidente del AVE entre Madrid y Málaga pudo estar relacionado con una vía rota durante las 22 horas previas al incidente. Además, puso en cuestión la gestión en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Óscar Puente, recriminando que la ciudad de Málaga permaneciera sin servicio de AVE durante toda la Semana Santa, pese a las declaraciones oficiales sobre la supuesta excelencia del sistema ferroviario español.

En resumen, las intervenciones del principal partido de la oposición reflejan una estrategia centrada en criticar la falta de medidas inmediatas para contener el impacto de la inflación, la subida de la energía y el deterioro del poder adquisitivo de la población, a la vez que se exige mayor transparencia y reformas en la gobernanza y el funcionamiento de las instituciones estatales. Según Europa Press, estas reclamaciones se enmarcan en un contexto donde el Gobierno prepara nuevas medidas, mientras la presión social y política crece por la situación económica y los recientes acontecimientos relacionados con la gestión pública y la infraestructura nacional.

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno para 2026 carece de claridad sobre cómo se reducirá el gasto para cumplir con las metas de déficit.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que el ajuste fiscal estimado por el comité sí es posible y que se alcanzaría mediante mayores ingresos tributarios dirigidos a los sectores de mayores ingresos y una disminución del costo de la deuda pública.

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“Es relativamente fácil llegar a los 32 billones para ajuste fiscal, primero los 16 billones de nuevos ingresos por tributación de la capa más rica de la sociedad y los otros vienen de disminución del costo de la deuda que se produce precisamente porque los ricos pagarán 16 billones al erario”, escribió el jefe de Estado en respuesta al informe técnico del organismo.

El pronunciamiento del Carf, actualizado el 13 de marzo, analiza el escenario fiscal de 2026 presentado por el Gobierno nacional en la reciente actualización del Plan Financiero y advierte que existen riesgos significativos para cumplir con las metas fiscales propuestas.

En su documento, el comité técnico adscrito al Ministerio de Hacienda señaló que el escenario fiscal planteado por el Gobierno presenta inconsistencias, principalmente por la falta de detalles sobre los mecanismos concretos que permitirían reducir el gasto público.

“El Carf considera que el escenario fiscal de 2026 planteado por el Gobierno es poco creíble, debido a que no son claros los mecanismos para garantizar la reducción del gasto propuesta”, indica el informe. Según los cálculos del comité, para que el Gobierno cumpla con su meta fiscal en 2026 se requeriría un ajuste de $32,1 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El documento advierte que, en ausencia de medidas efectivas para recortar el gasto o aumentar ingresos de manera permanente, la deuda pública podría retomar una tendencia creciente, lo que afectaría la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la Regla Fiscal.

En el escenario base proyectado por el Carf, sin nuevas medidas de política fiscal, el déficit primario del Gobierno en 2026 sería de 3,7% del PIB, superior al estimado por el Ejecutivo en su plan financiero.

Bajo ese mismo escenario, el déficit total alcanzaría 6,7% del PIB, mientras que la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 60,3% del PIB, por encima del nivel observado en 2025.

Las cifras fiscales que analizó el comité

El informe también revisa el comportamiento de las finanzas públicas en 2025, señalando que el déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses de la deuda— llegó a 3,5% del PIB, uno de los niveles más altos de las últimas décadas fuera de periodos de crisis macroeconómica. De acuerdo con el Carf, este resultado se produjo en un contexto de sobrestimación de ingresos y subestimación del gasto, lo que habría contribuido al deterioro de la posición fiscal del país.

El documento detalla que los ingresos tributarios representaron 14,7% del PIB en 2025, mientras que el gasto primario alcanzó 19,9% del PIB, una cifra superior a la tendencia histórica observada antes de la pandemia. Entre los factores que impulsaron el aumento del gasto se mencionan las transferencias del Sistema General de Participaciones, el pago de pensiones, el financiamiento del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y el aseguramiento en salud.

El comité también señala que el Gobierno proyecta para 2026 una reducción importante del déficit primario hasta 2,1% del PIB, lo que implicaría un ajuste fiscal frente al resultado de 2025.

Sin embargo, advierte que para lograr esa meta el Ejecutivo contempla una disminución significativa del gasto, pero no se ha detallado el monto, la fecha ni la composición de los recortes presupuestales que permitirían alcanzar esa reducción.

Riesgos para la sostenibilidad fiscal

El Carf también señala que el escenario fiscal de 2026 está expuesto a varios riesgos que podrían aumentar el déficit. Entre ellos menciona posibles efectos fiscales derivados de decisiones como la implementación de la reforma pensional, el impacto del aumento del salario mínimo y los efectos directos de la reforma laboral.

Si estos factores se materializan, el comité estima que el déficit primario podría aumentar hasta 4,2% del PIB y el déficit total alcanzar 7,2% del PIB.

Adicionalmente, el organismo advierte que el país enfrenta un contexto de costos de financiamiento elevados. Según sus cálculos, las tasas de colocación de títulos de deuda pública en pesos se han ubicado recientemente en rangos cercanos a 13% y 14%, niveles superiores a los observados en años anteriores.

En ese contexto, el informe concluye que la falta de claridad sobre los mecanismos de ajuste fiscal resta credibilidad al escenario planteado por el Gobierno, por lo que considera necesario adoptar medidas estructurales para aumentar ingresos o reducir gastos de manera permanente.

El analista financiero Carlos Maslatón realizó un pormenorizado diagnóstico sobre la situación económica actual de la Argentina. Durante una entrevista realizada por el equipo de Infobae en Vivo, el abogado opinó que el núcleo del problema reside en la política monetaria y cambiaria, advirtiendo que los esfuerzos oficiales en otras áreas resultarán insuficientes si no se corrige lo que definió como un “desastre” en el mercado de divisas.

Para Maslatón, si bien medidas como la baja de impuestos -especialmente a nivel municipal y provincial- son siempre positivas, su impacto real es limitado frente a la distorsión de los precios relativos. El analista sostuvo que el “costo argentino” está directamente vinculado a un tipo de cambio que calificó de “artificial” y “sobrevaluado”. Según su visión, “ninguna de las reformas de fondo que está haciendo el Gobierno va a compensar el desastre cambiario que hay en el país”, argumentando que la Argentina se ha vuelto cara en moneda dura debido a la falta de un mercado libre.

La “bicicleta financiera” y el endeudamiento

Uno de los puntos centrales de la crítica de Maslatón fue el mecanismo de remuneración de pesos que lleva adelante la gestión actual. El analista consideró que el Gobierno emite un mensaje claro al inversor: no conviene comprar dólares porque el Estado ofrece tasas de interés de entre el 40% y el 45% anual a través de letras y bonos. Esta dinámica, según sus palabras, garantiza una rentabilidad real en moneda extranjera mientras el tipo de cambio oficial se mantiene contenido o con tendencia a la baja.

“El país es caro y la economía es recesiva. Te puedo mencionar 20 cosas buenas en política económica, pero la arruinan con el sistema cambiario, monetario y con la deuda pública”, afirmó. Maslatón describió este escenario como una “bicicleta financiera” que beneficia a un sector reducido, compuesto por aproximadamente 500.000 personas vinculadas a la especulación, mientras perjudica al aparato productivo y a la población general.

El abogado también apuntó contra la figura del Ministro de Economía, Luis Caputo, al sostener que el esquema actual responde a los intereses que el funcionario representa. En este sentido, denunció que la toma de dinero “cuasi fiscal” —que anteriormente se concentraba en el Banco Central y ahora se ha trasladado al Tesoro— es el factor que impide el saneamiento de las cuentas nacionales.

Propuestas para la liberación del mercado

Al ser consultado sobre las posibles soluciones para destrabar la coyuntura económica, Maslatón fue contundente en su propuesta de aplicar una “libertad cambiaria total”. Esta medida implicaría la eliminación inmediata de todo control de cambios y la garantía de una libertad infinita para el ingreso y egreso de capitales. Asimismo, instó a que el Gobierno se retire de la intervención en la tasa de interés, dejando que esta surja exclusivamente de la oferta y demanda del sector privado.

Su plan de acción se resume en dos medidas drásticas: establecer la libertad total y dejar de renovar las letras de deuda. “Toda letra que vence no se renueva, se paga. En algún momento tenés que cortar”, enfatizó. Maslatón comparó esta salida con el éxito de la gestión económica durante la década de los 90, destacando que el gran acierto de aquel periodo fue, precisamente, terminar con la especulación financiera de corto plazo.

Aunque reconoció que estas medidas provocarían un salto inicial en los precios y una tendencia alcista del dólar, defendió la necesidad de este proceso para lograr un “país barato” y competitivo. “Tendría un rebote inflacionario, pero sería para bien. Lo que tenés que hacer es licuar la deuda acumulada”, explicó, priorizando el nivel de actividad económica por encima del índice de inflación.

Críticas a la teoría monetarista y al equilibrio fiscal

Maslatón también cuestionó uno de los pilares del discurso del presidente Javier Milei: la inflación como fenómeno puramente monetario. El abogado señaló una contradicción entre la teoría y la práctica oficial, afirmando que desde que asumió la actual gestión, la cantidad de moneda en el país se ha multiplicado por cuatro veces y media. “Tomar plata y pagar intereses es aún peor que emitir”, sentenció, advirtiendo que cuando la demanda de dinero caiga, toda esa masa monetaria se trasladará inevitablemente a los precios.

Respecto al equilibrio fiscal, el analista restó importancia a este indicador como “ancla” única de la economía. Aseguró que el problema estructural de la Argentina en el último medio siglo no ha sido el déficit en sí, sino los mecanismos financieros utilizados por sucesivos gobiernos para intentar controlar el tipo de cambio. Para Maslatón, el efecto es el mismo si el Estado emite para financiar gastos corrientes o para pagar intereses de deuda financiera.

Finalmente, el analista realizó un breve repaso histórico para contextualizar el presente. Destacó que en el período comprendido entre 2003 y 2011 la política económica fue manejada de forma correcta hasta la implementación del cepo cambiario, punto que marcó el inicio del deterioro actual. En su visión, la profundización del déficit cuasi fiscal y las restricciones operativas actuales conducen a un escenario de mayor recesión, cierre de fábricas y desempleo. Según concluyó, con el tiempo la sociedad comprenderá que “la inflación no es tan mala” comparada con la parálisis total de la economía real.

Uribe Vélez sostuvo que su postura responde a problemas estructurales que, a su juicio, se han profundizado bajo la actual administración, especialmente en materia económica y social.

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El exmandatario colombiano afirmó en sus redes sociales que Gustavo Petro maneja actualmente el 70% de la salud nacional, una cifra que, en palabras de Uribe Vélez, ilustra el avance de lo que considera la “cubanización” del sistema sanitario. Según dijo, “no mejoraron la salud en Colombia. La destruyeron. Quieren todo estatal. ¡Por Dios!, como en Cuba, la cubanización de Colombia. ¿Dónde están los medicamentos?”.

Para Uribe y el partido Centro Democrático, liderado por él, el problema central no sólo reside en la intervención estatal. Afirman que el gobierno concentra recursos en ministerios, embajadas, consulados, corrupción y viajes al extranjero y que uno de los programas que impulsaron durante su administración, destinado a adultos mayores, corre ahora el riesgo de verse afectado.

“¡Por qué no ha, no hay procedimientos a tiempo? Petro maneja el setenta por ciento de la salud. Soy opositor porque se han gastado el dinero en ministerios, en embajadas, en consulados, en corrupción, en viajes al extranjero. Para pagarles al adulto mayor, programa que nosotros creamos, se quieren gastar los fondos de pensiones que nosotros creamos y que es dinero sagrado de los trabajadores colombianos”, denunció Uribe Vélez en su cuenta de X.

El líder político sostuvo que el Gobierno nacional incumplió “la condonación de deudas” prometida por Petro al estudiantado del Icetex, entidad que, asegura, “acabaron” en dirección opuesta a sus compromisos de campaña. Uribe Vélez acusó también una “politización de la universidad pública”, el incremento de los impuestos a las instituciones privadas y el incumplimiento en la creación de nuevos cupos y universidades públicas. En ese contexto, subrayó el papel de “un gran programa educativo” atribuido a Paloma Valencia, senadora de su partido, aunque sin detallar sus características.

“Le pone impuestos a la privada. No cumplió con los cupos universitarios ni con la creación de universidades. Paloma tiene un gran programa educativo. El país tiene unas economías ficticias, empezando por el narcotráfico. Por esto soy opositor”, expuso en la misma plataforma.

Frente a los datos de aprobación presidencial, Uribe Vélez justificó su rol opositor en la situación económica. Mencionó que el país presenta “economías ficticias, empezando por el narcotráfico” y criticó que, a su criterio, se carece de condiciones adecuadas para la inversión. El exmandatario argumentó que factores como la “extorsión”, la “inseguridad”, el “exceso de impuestos”, la falta de “garantías de estabilidad” y la “hostilidad del gobierno contra la empresa privada” provocaron la disminución de la inversión y del empleo.

En su análisis, el exsenador abogó por lo que denomina una “economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario”, defendiendo la necesidad de satisfacer las demandas salariales sin restar competitividad ni frenar la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo. “Respeten el buen salario al trabajador, pero hay que crear condiciones para que el empresario pueda aumentar el número de empleos, para que aparezcan nuevos emprendedores en Colombia”, puntualizó en X.

En paralelo, Uribe Vélez advirtió sobre el impacto de esa violencia electoral y apuntó directamente a la influencia de la antigua guerrilla de las Farc en regiones como Putumayo, al tiempo que responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro por lo que definió como “un pacto de la selva” que, según él, habría facilitado una alianza con estructuras armadas que buscan orientar el voto.

Y afirmó: “Hace quince días yo estuve en el Putumayo. Allá claramente las Farc ordenan que hay que votar por Iván Cepeda. Ahí mataron a un dirigente nuestro en Arauca. La situación de inseguridad es muy preocupante”.

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero USD 92.32 millones, elevando el total acumulado a más de USD 11,333 millones, impulsado por la emisión de títulos por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El crecimiento de la deuda refleja la presión estructural sobre el sistema de jubilaciones y ocurre en momentos en los que hay una alta expectativa ante una inminente reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos del BCR, la deuda creció desde los USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 hasta los USD 11,333.45 millones en enero de 2026. Sin embargo, comparada con el mismo mes del año anterior, cuando se situaba en USD 10,572.40 millones, la cifra representa un incremento de USD 761.05 millones o un 7.2%.

El ISP es responsable de emitir los títulos con los que el Estado financia el pago de jubilaciones del antiguo sistema público, reemplazado a finales de la década de 1990 y modificado en 2022.

El Estado emite dos tipos de títulos: COP y CFT

La principal deuda corresponde a dos tipos de instrumentos. Por un lado, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) acumulan actualmente USD 2,939.26 millones. Estos títulos son adquiridos obligatoriamente por las administradoras de fondos de pensiones (AFP privadas) y se canalizan al pago de los pensionados del sistema previo a la reforma.

A esto se suman USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Tras una reforma aprobada a fines de 2022 por la Asamblea Legislativa, estos instrumentos dejaron de pagar tanto capital como intereses por cuatro años. Dicho período de gracia se vence el próximo año y deberá pagar dicha deuda que representa el 22.9% del PIB (Producto Interno Bruto).

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que, tras esta reforma, el 89% de los activos gestionados por las AFP —que en 2024 alcanzaron USD 14,900 millones— están invertidos en “títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”, indica una nota de la agencia EFE.

El FMI advierte sobre el uso del fondo solidario para pagar pensiones

El organismo internacional subrayó que los pagos a pensionados del sistema privado comenzaron a realizarse usando recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que respalda a los afiliados cuando agotan los ahorros de su cuenta individual.

El Fondo Monetario advirtió que este mecanismo refuerza la dependencia del sistema privado hacia los títulos de deuda pública y expone a los afiliados si los recursos comunes se agotan.

Los afiliados y jubilados salvadoreños esperan una nueva reforma del sistema previsional, una medida acordada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el Fondo Monetario Internacional. El plazo para presentar esta propuesta venció el 10 de febrero.

El presidente Gustavo Petro defendió la necesidad de una reforma tributaria que grave a los sectores “más pudientes y rentísticos” de la sociedad, tras la alerta emitida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública en Colombia.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó: “La manera sana de reducir el déficit fiscal primario que crece desde el año 2015, fundamentalmente por la caída de precios de petróleo y carbón, es con más incremento del ingreso tributario y van tres intentos fallidos solo porque el gobierno propone que esos nuevos impuestos caigan sobre los sectores más pudientes y rentísticos de la sociedad.”

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El pronunciamiento del mandatario se produjo en respuesta al reciente informe del Carf, que advirtió que el déficit fiscal de 2025 alcanzó 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en tres décadas, a excepción de periodos de crisis macroeconómica.

El Comité señaló que la situación deriva de la sobrestimación de ingresos fiscales y la subestimación de gastos, con un faltante estimado de 31,1 billones de pesos para cumplir la meta de reducción del déficit en 2026.

Petro agregó que “indudablemente hay que disminuir el déficit primario y eso hace urgente una reforma tributaria justa”, insistiendo en que los intentos previos de aumentar la recaudación han fracasado por la resistencia a gravar a los sectores de mayores ingresos.

Asimismo, criticó la intervención de la Corte Constitucional, al señalar que “la única que el gobierno logró aprobar fue disminuida lamentablemente por la Corte Constitucional dirigida por Ibáñez y Reyes”.

El Carf, organismo independiente encargado de vigilar el cumplimiento de la regla fiscal, advirtió en su informe que, sin medidas efectivas para incrementar los ingresos o recortar el gasto, la deuda pública podría entrar en una senda insostenible.

El déficit fiscal total, incluyendo intereses, alcanzó 6,4% del PIB en 2025, una cifra menor a la proyectada, pero atribuida a factores transitorios como la apreciación del peso y operaciones de manejo de deuda, que no representan un ajuste estructural.

El reporte del Carf detalló que la principal presión sobre las finanzas públicas provino del crecimiento del gasto en funcionamiento, transferencias territoriales, pensiones, salud y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Los ingresos tributarios, que representaron 14,7% del PIB, no lograron alcanzar la meta, quedando 9,7 billones de pesos por debajo de lo proyectado, a pesar de un crecimiento de 11% respecto a 2024.

De acuerdo con el Comité, las reformas estructurales en trámite podrían incrementar el gasto primario hasta en 0,7 puntos del PIB para 2026, debido a iniciativas como la reforma pensional y laboral, además del aumento del salario mínimo.

El Carf calculó que el ajuste requerido para estabilizar la deuda neta frente a los niveles de 2025 estaría entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB. Sin un ajuste de esa magnitud, la deuda pública podría acercarse al 70% del PIB en 2028, superando el límite contemplado por la regla fiscal.

Las proyecciones oficiales del Gobierno prevén balances primarios negativos en 2027 y positivos en 2028, lo que implicaría la necesidad de nuevos ajustes fiscales por hasta 2,9 puntos del PIB en ese periodo. El Carf recomendó mantener la actualización permanente del Plan Financiero y adoptar medidas para fortalecer la transparencia y la programación fiscal.

El debate sobre la orientación de la reforma tributaria se ha intensificado luego de la alerta del Carf. Petro sostuvo que los intentos anteriores por elevar el recaudo han sido bloqueados por la negativa de los sectores de mayor capacidad contributiva. El mandatario insistió en que la solución pasa por una “reforma tributaria justa”, en la que los nuevos impuestos recaigan sobre los más ricos y rentistas del país.

El mandatario remarcó que la caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón desde 2015 ha reducido sustancialmente el margen fiscal, obligando a buscar fuentes alternativas de ingresos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal subrayó, por su parte, que la sostenibilidad macroeconómica depende de la capacidad del país para aumentar sus ingresos o racionalizar el gasto, y advirtió que la falta de ajuste podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

La provincia de Entre Ríos concretó hoy su regreso al mercado internacional de capitales tras casi una década sin emisiones de este tipo. La operación consistió en la colocación de un nuevo bono por un valor de USD 300.000.000, una cifra que se encuadra en los límites establecidos por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

Según el gobierno provincial, esta transacción financiera tiene como propósitos principales la refinanciación de vencimientos de deuda vigente, la cancelación de pasivos en moneda local que presentan tasas más elevadas y el reordenamiento del cronograma de pagos de la provincia.

De acuerdo a los términos técnicos de la emisión, la estrategia busca extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.

Condiciones financieras y estructura del título

El nuevo instrumento financiero presenta una estructura de vida promedio de 6 años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se ha diseñado para distribuirse en tres tramos finales:

• Un primer pago del 33,33% en el año 2031.
• Un segundo pago del 33,33% en el año 2032.
• Un pago final del 33,34% en el año 2033.

En lo que respecta al rendimiento y el riesgo país asociado, el bono se emitió con una prima (spread) de 6,18% sobre un bono del Tesoro de los Estados Unidos de duración similar. Esta cifra representa una reducción de 50 puntos básicos (0,5%) en comparación con el margen convalidado por el mercado en la última emisión internacional de la provincia, realizada en el año 2017.

Objetivos de la operación y canje de deuda

La colocación no funciona de forma aislada, sino que forma parte de un proceso de administración de pasivos que incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado definitivo de esta propuesta de canje se dará a conocer el próximo 27 de febrero.

Desde el punto de vista técnico, la emisión internacional apunta a reemplazar el título actual por uno con plazos más extensos. Paralelamente, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar obligaciones denominadas en pesos. Estos pasivos en moneda nacional se caracterizan por tener un costo financiero más alto y cronogramas de vencimiento de corto plazo, lo que generaba una presión constante sobre la caja provincial.

Impacto en el perfil de deuda provincial

La implementación de esta estrategia financiera modifica el perfil de vencimientos globales de Entre Ríos. Al sustituir deuda de corto plazo y alto costo por un instrumento a largo plazo en dólares con tasas fijas, se busca una estructura de pagos más equilibrada en el tiempo.

El reordenamiento de estos compromisos financieros tiene como fin directo liberar márgenes de liquidez en el presupuesto provincial. Al descomprimir los servicios de deuda (el pago de intereses y capital), la administración busca reducir la carga financiera inmediata, comparado con el cronograma de vencimientos que se encontraba vigente antes de esta colocación.

Con esta colocación, Entre Ríos se suma a otras jurisdicciones subnacionales que han buscado aprovechar las condiciones del mercado financiero para reprogramar sus pasivos y aliviar la carga sobre sus tesorerías, en un contexto donde la sostenibilidad de las cuentas públicas se mantiene como el eje de la política económica provincial.

Desde el inicio de gestión del gobierno de Milei, ya colocaron deuda en los mercados internacionales Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De hecho, el martes pasado ingresaron a las reservas internacionales del Banco Central un total de USD 800 millones provenientes de la colocación de deuda de la provincia de Santa Fe en los mercados internacionales, concretada en diciembre.

El sector económico de Paraguay alcanzó un nuevo récord al elevar la proporción de deuda en guaraníes al 22% del total, una cifra que hasta agosto de 2023 se situaba en el 8,3%. Según informó el ministerio de Economía y Finanzas, este avance en la participación de la moneda nacional marca un hito en la estrategia de desdolarización impulsada por el gobierno, con respaldo del ministro Carlos Fernández Valdovinos. El anuncio se enmarca en la reciente emisión de bonos globales en moneda local por 6,506 billones de guaraníes, equivalentes a 848 millones de euros, con un vencimiento a 12 años y una tasa del 8,5%.

De acuerdo con el comunicado oficial del ministerio, la colocación de estos bonos atrajo la atención de 64 inversionistas internacionales, quienes generaron una demanda que superó en 1,5 veces el monto finalmente colocado. Este nivel de interés se ha convertido en un indicio de la confianza que despierta Paraguay entre los mercados financieros internacionales, consignó el medio oficial.

Carlos Fernández Valdovinos manifestó que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que representa el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), podrá cubrirse íntegramente con financiamiento en moneda local. De acuerdo con lo publicado por el ministerio, el funcionario subrayó la importancia de este logro para fortalecer la economía frente a variaciones en los mercados de divisas y contribuir a un manejo más sostenible de las obligaciones del Estado.

En paralelo a la operación con guaraníes, Paraguay realizó también una reapertura del bono soberano emitido en dólares estadounidenses. El monto de este tramo adicional fue de 300 millones de dólares, equivalentes a 254 millones de euros, con fecha de vencimiento en 2055. Tal como reportó el ministerio de Economía y Finanzas, este segmento en moneda extranjera concitó una demanda excepcional que se multiplicó por 6,3 respecto del monto ofrecido, alcanzando los 1.890 millones de dólares (1.604 millones de euros), con la participación de 65 inversionistas.

Fernández Valdovinos destacó que el elevado interés de los mercados permitió no solamente extender el plazo de los instrumentos, sino también acceder a tasas competitivas, que resultaron inferiores a las observadas en el mercado local durante la pasada colocación de noviembre de 2025. Según publicó el ministerio, esta condición optimizó el costo de financiamiento para el país y confirmó la solidez de la gestión económica, al tiempo que otorga una mayor flexibilidad para las futuras emisiones.

La emisión de bonos en guaraníes y dólares forma parte de una estrategia que busca diversificar las fuentes de financiamiento y robustecer la economía frente a las fluctuaciones internacionales. Según consignó el ministerio, el notable aumento en la participación de la deuda en moneda nacional ofrece una mayor protección frente a movimientos externos y promueve una gestión fiscal más eficiente.

Desde el gobierno, la operación se interpreta como un avance fundamental hacia la desdolarización de la deuda pública, una política orientada a reducir la exposición a los vaivenes del dólar y a fortalecer la solvencia interna. El ministerio subrayó que estas acciones contribuyen a asegurar la estabilidad macroeconómica y a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento externo e interno.

La demanda registrada por los bonos, tanto en guaraníes como en dólares, proporciona a Paraguay la oportunidad de ampliar su base de inversionistas internacionales y consolidar su presencia en los mercados globales. El ministerio enfatizó que la multiplicidad de ofertas sugiere un creciente interés por el desarrollo económico del país y sus perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo.

La estrategia financiera desplegada, que incluye la extensión de vencimientos y la obtención de tasas favorables, refuerza la capacidad de Paraguay para enfrentar compromisos futuros sin incurrir en un sobreendeudamiento oneroso. Según reportó el ministerio de Economía y Finanzas, la operación representa un paso relevante que podría incidir positivamente en los indicadores macroeconómicos y en la confianza de los inversionistas para próximas emisiones.

Tanto la emisión en moneda local como la reapertura en dólares fueron diseñadas para alinearse con los objetivos de sostenibilidad fiscal y reducción del riesgo cambiario, mantenidos por la actual administración. El ministerio puntualizó que el resultado de ambas operaciones evidencia la fortaleza de las políticas puestas en marcha y la buena recepción que estas han tenido entre los actores clave del sistema financiero mundial.

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la deuda pública de Estados Unidos podría pasar del 126,2% del PIB en 2026 al 135,6% en 2029, lo que representa un aumento considerable y plantea interrogantes sobre la estabilidad financiera a mediano plazo. Pese a que el FMI considera que el riesgo soberano estadounidense permanece bajo, resalta como motivo de preocupación la tendencia al alza tanto de la relación deuda/PIB como del volumen de deuda de corto plazo respecto al PIB. El organismo remarca que estos factores podrían influir en la estabilidad no solo de la mayor economía del mundo, sino también a escala global.

Según publicó el FMI en su último ‘Artículo IV’ dedicado a la economía estadounidense, se espera que Estados Unidos continúe su expansión en 2024, con una proyección de crecimiento del 2,6%, cifra superior en cuatro décimas a la registrada el año precedente. Sin embargo, el documento señala que esta fase de robustez no será sostenida en el tiempo, pues las previsiones apuntan a una desaceleración gradual: el crecimiento proyectado para 2027 y 2028 se sitúa en el 2,1%, disminuyendo al 1,9% en 2029 y llegando al 1,8% en 2030 y 2031.

De acuerdo con el informe, existen diversas amenazas que podrían comprometer las perspectivas económicas para los próximos años. Entre las principales figuran los nuevos aranceles a las importaciones, políticas más estrictas en materia de migración y la sostenibilidad del marco fiscal. El FMI recalca que una “incertidumbre en torno a las políticas comerciales” podría afectar el dinamismo económico más de lo previsto anteriormente.

El organismo dirigido por Kristalina Georgieva analiza el impacto de los aranceles propuestos sobre el comercio internacional. Según estimaciones del FMI, de implementarse estas barreras, el déficit comercial de Estados Unidos disminuiría de manera “modesta” y habría un incremento de los ingresos fiscales equivalente al 0,75% en el corto plazo. No obstante, este efecto fiscal positivo quedaría contrarrestado por un aumento en la inflación de aproximadamente medio punto porcentual hacia finales de 2026 y, además, con una reducción del crecimiento del PIB en una fracción similar, de acuerdo con datos del propio organismo multilateral.

En materia migratoria, el FMI contempla un “incremento modesto” en las presiones inflacionistas y anticipa que la restricción del acceso de migrantes, especialmente bajo la línea política defendida por la Administración Trump, provocaría una merma en el crecimiento del PIB estadounidense de cuatro décimas para 2027. El análisis también señala una posible caída en el dinamismo de la economía en función de la evolución de las políticas migratorias.

Respecto al mercado laboral, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la tasa de desempleo se mantendrá en niveles bajos durante los próximos años. Para el cierre de 2026, la previsión es del 4,1%, que se reduciría al 3,9% en 2027 y se mantendría en ese registro al menos hasta 2029, lo que reflejaría la solidez del empleo en medio de una etapa de crecimiento desacelerado.

El documento detalla que, en contrapartida, la aplicación de medidas de desregulación podría aportar un estímulo al producto interno bruto, aunque el organismo no ofrece una cuantificación precisa del impulso esperado. Por su parte, las políticas fiscales mayores vigentes proporcionarían un empuje adicional de 0,75 puntos porcentuales en el crecimiento acumulado durante el período 2026-2027. Este apoyo, sin embargo, incrementaría el déficit público en un punto y medio, una tendencia que se agravaría a medida que caduquen los incentivos fiscales y se suspendan los recortes de gasto posteriormente.

En lo relativo a la estabilidad presupuestaria, el FMI prevé que el déficit público estadounidense cierre 2024 en el 7,5% del PIB. Para 2027, solo se estima una reducción mínima, de una décima, lo que indica la persistencia de desequilibrios fiscales de magnitud considerable incluso en el mediano plazo. Según especifica el informe recogido por el FMI, la expiración de ventajas impositivas y el retiro progresivo del apoyo fiscal restarán dinamismo al crecimiento de Estados Unidos después de 2029.

En cuanto a la evolución de la política monetaria, el Fondo Monetario Internacional prevé que los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal disminuirán desde el nivel actual del 3,4% en 2024 hasta situarse en el 2,9% al final del periodo cubierto por el análisis. En paralelo, tanto el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) general como su variante subyacente acabarán 2026 con un nivel del 2,2%, para moderarse al 2% anual desde 2027 en adelante.

A lo largo del informe, el FMI insiste en que, aunque el riesgo soberano inmediato de Estados Unidos permanece bajo, la presión creciente que representa una deuda en ascenso y una disminución del colchón fiscal pueden tener repercusiones para la economía nacional y mundial. El análisis subraya la importancia de un manejo prudente de las finanzas públicas estadounidenses para mitigar las posibles disrupciones vinculadas a la evolución de la deuda y el déficit en el mediano y largo plazo.

Del mismo modo, el informe resalta que aún persisten incertidumbres, especialmente vinculadas a la política comercial y migratoria. Cualquier giro en estas áreas podría alterar significativamente el desempeño previsto, tanto en términos de crecimiento como de estabilidad inflacionaria y fiscal, según detalló el FMI.

La agencia Moody’s confirmó que la calificación de largo plazo de Nicaragua se mantiene en B2 (una nota que indica “especulativo, con riesgo crediticio alto pero capacidad de pago presente”) tanto para deuda en moneda extranjera como local, con una perspectiva estable. Esta determinación revela el delicado equilibrio de la economía nicaragüense: mientras ha conseguido fortalecer sus cuentas públicas y acumular reservas internacionales, la debilidad institucional y los riesgos externos siguen limitando la posibilidad de una mejora en la nota.

Según Moody’s, el principal obstáculo para que Nicaragua avance en su perfil crediticio es la fragilidad de sus instituciones. La agencia resalta que la concentración de poder en la presidencia y las recientes reformas legales han debilitado los controles del Legislativo, el Judicial y el Electoral. Esto incrementa el riesgo de decisiones abruptas guiadas por intereses particulares y no técnicos, lo cual, según Moody’s, reduce la confianza de los agentes económicos y limita el potencial de crecimiento.

A nivel internacional, Nicaragua sigue siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Aunque estas medidas no afectan directamente las exportaciones o las remesas, sí influyen negativamente en la percepción de los inversores y dificultan el acceso a financiamiento externo. Moody’s advierte que cualquier endurecimiento de las sanciones podría afectar gravemente la economía, sobre todo por la fuerte dependencia de las remesas enviadas desde Estados Unidos y de las exportaciones hacia ese país.

En el ámbito social, Moody’s recuerda la crisis que vivió Nicaragua en 2018 y 2019, cuando la reforma al sistema de pensiones provocó protestas que alteraron la vida económica y social. Aunque la tensión bajó, la agencia sigue considerando elevados los riesgos sociales, en parte por la persistencia de problemas estructurales en educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos.

En contraste con estos riesgos, Moody’s subraya la fortaleza fiscal de Nicaragua. Desde 2022, el país ha registrado superávits en las cuentas públicas, permitiendo que la deuda baje hasta el 35,4% del PIB en 2025 y que los depósitos gubernamentales en el banco central alcancen un récord del 13,5% del PIB. Estos fondos cubren casi el 38% de la deuda pública pendiente y ofrecen margen para enfrentar dificultades imprevistas. Además, el superávit fiscal se ha sustentado en ingresos conservadores, una recaudación estable y una ejecución del gasto cercana al 98% del presupuesto aprobado.

El desempeño de la economía también se apoya en el flujo sostenido de remesas, que ya representan más del 25% del PIB. Esta entrada de dinero ha sido clave para mantener un superávit en la cuenta corriente del 2% del PIB y para que las reservas internacionales alcancen niveles equivalentes al 36% del PIB en 2025, uno de los más altos de América Latina.

No obstante, la estructura productiva de Nicaragua sigue siendo vulnerable porque depende mucho de la exportación de materias primas y de su relación con Estados Unidos. El gobierno ha buscado diversificar sus socios comerciales hacia China y otros mercados, pero la exposición al entorno estadounidense continúa siendo determinante para el futuro financiero del país.

Moody’s advierte que la perspectiva de la calificación podría mejorar si se levantan las sanciones internacionales, si se mantienen los superávits fiscales y externos, o si el país logra diversificar de manera efectiva su comercio exterior. Por el contrario, un deterioro de la situación institucional o social, o la imposición de nuevas sanciones, podría llevar a una rebaja de la nota.

La agencia también resalta que Nicaragua enfrenta riesgos ambientales importantes debido a su ubicación en el Corredor Seco, una región afectada por sequías, inundaciones e incendios forestales. Estos fenómenos impactan especialmente a la agricultura, que emplea al 30% de la población y representa el 15% del PIB nacional.

El informe de Moody’s señala además que la debilidad del Estado de derecho y la persistencia de problemas de corrupción siguen siendo desafíos para la gobernanza del país. Aunque las autoridades han mantenido disciplina fiscal y monetaria durante más de una década, estos factores limitan el margen para una mejora significativa de la calificación.

Datos clave del perfil económico de Nicaragua:

• PIB per cápita: USD 8.709 (2024)
• Crecimiento real del PIB: 3,6% (2024)
• Inflación anual: 2,8% (2024)
• Superávit fiscal general: 2,3% del PIB (2024)
• Deuda pública: 35,4% del PIB (2025)
• Deuda externa: 79,8% del PIB (2024)
• Superávit de cuenta corriente: 2% del PIB (2025)
• Reservas internacionales: 36% del PIB (2025)
• Remesas: Más del 25% del PIB

El Banco de la República lanzó una advertencia sobre la forma en que el Gobierno nacional está manejando su deuda en 2025. Según el banco central, la nueva estrategia adoptada por el Ministerio de Hacienda para conseguir recursos puede ayudar en el corto plazo, pero también implica mayores riesgos hacia adelante.

La alerta quedó consignada en una respuesta oficial enviada al representante Óscar Darío Pérez Pineda, quien pidió conocer detalles de las discusiones internas sobre las operaciones de deuda y liquidez del Gobierno. Aunque las actas completas son reservadas, el Emisor entregó extractos donde se evidencia la preocupación técnica.

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En palabras simples, el Gobierno ha venido buscando más dinero en el mercado para cubrir sus necesidades de gasto. Lo ha hecho aumentando la emisión de Títulos de Tesorería (TES), recomprando bonos, cambiando deuda vieja por nueva y realizando operaciones con bancos extranjeros para obtener dólares y luego convertirlos en pesos.

El problema, según el Banco, es que buena parte de esa nueva deuda se está concentrando en plazos más cortos. Eso significa que el Estado tendrá que pagar o refinanciar esos compromisos más rápido. Si en el futuro las tasas de interés suben o las condiciones financieras se complican, conseguir ese dinero podría resultar más costoso.

El documento se conoció públicamente esta semana y fue revelado inicialmente por La FM en medio del debate sobre la situación fiscal del país; en el texto se explica cómo el banco central ha venido ajustando sus cálculos ante los cambios constantes en la estrategia del Ministerio de Hacienda.

Otro punto sensible es el uso de operaciones con bancos del exterior para conseguir dólares. En términos prácticos, el Gobierno entrega títulos de deuda como garantía, recibe dólares, los cambia por pesos para cubrir gastos internos y, cuando se vence la operación, debe devolver esos dólares. Si en ese momento el dólar está más caro, la cuenta puede salir más alta.

El Banco de la República también dejó constancia de que durante el año ha tenido que modificar varias veces sus proyecciones sobre la caja del Gobierno. Parte del problema radica en que el recaudo tributario no ha cumplido completamente las metas previstas, especialmente en algunos rubros como la retención en la fuente. Eso ha obligado a buscar más recursos en el mercado.

Además, las actas muestran que existe “alta incertidumbre” sobre cómo cerrará la liquidez del Gobierno este año y cómo comenzará 2026. En varias reuniones se menciona que la Tesorería ha sido muy activa comprando y vendiendo títulos, haciendo canjes y moviendo recursos entre pesos y dólares, lo que dificulta prever con exactitud cuánta caja habrá disponible.

Para el ciudadano común, esto se traduce en que el Estado está recurriendo más intensamente a la deuda para cubrir sus necesidades, y lo está haciendo con instrumentos que pueden implicar mayores presiones en el futuro. Si los ingresos no crecen al ritmo esperado o si el entorno internacional se vuelve más adverso, el costo de financiar al país podría aumentar.

El Banco no cuestiona la legalidad de las operaciones ni la facultad del Gobierno para realizarlas. Sin embargo, sí advierte que esta estrategia aumenta los riesgos de refinanciamiento —es decir, la necesidad de conseguir dinero nuevo para pagar deuda vieja— y la exposición al dólar, factores que pueden generar vulnerabilidad si se presentan choques económicos.

En ese contexto, el Emisor reiteró que seguirá monitoreando de cerca el impacto de estas decisiones sobre la liquidez del sistema financiero y la estabilidad económica. En el documento se especifica que, aunque la política monetaria es independiente, las decisiones fiscales influyen directamente en el comportamiento de los mercados, en las tasas de interés y en la confianza de los inversionistas.

El rendimiento económico que reportó el reciente proceso de emisión de deuda soberana en Panamá ha permitido reducir la deuda pública por aproximadamente 204 millones de dólares (172 millones de euros) y, al mismo tiempo, disminuir el pago anual de intereses en alrededor de 30 millones de dólares (25 millones de euros). De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Economía y Finanzas, estos resultados derivan de la venta de bonos globales por 2.970 millones de dólares (2.512 millones de euros), realizada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, lo que marca la primera operación de esta naturaleza desde su llegada al cargo.

Según detalló el medio, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la colocación abarcó bonos con vencimientos fijados para los años 2034 y 2038. Los cupones establecidos fueron del 5,2% y 5,6%, respectivamente. Esta operación concitó un fuerte interés por parte de los inversores internacionales, cuyo apetito superó los 13.000 millones de dólares (11.001 millones de euros) en demandas, según divulgó el propio Ministerio a través de un comunicado oficial.

La operación, catalogada por el Ministerio como parte de una estrategia destinada a fortalecer las finanzas públicas, tuvo entre sus objetivos principales reducir el saldo total de la deuda nacional, bajar los costos asociados al financiamiento y producir ahorros duraderos para el Estado panameño. Al respecto, el ministro Felipe Chapman expresó: “Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado”, según difundió el Ministerio de Economía y Finanzas.

El medio añadió que Panamá llevaba más de un año posponiendo la emisión de nueva deuda pública, ya que el país enfrentaba el riesgo de que grandes agencias calificadoras degradaran su nota de riesgo soberano al nivel de 'bonos basura'. Para hacer frente a las necesidades de financiamiento durante ese periodo, el gobierno optó por recurrir a préstamos de la banca internacional, con entidades como JPMorgan Chase, Citigroup y Banco Santander participando como principales prestamistas.

De acuerdo con el reporte del Ministerio, la notable demanda que suscitó la colocación de bonos envió una señal positiva a los mercados financieros sobre la confianza que existe en la estabilidad macroeconómica del país. El volumen de peticiones, que sobrepasó ampliamente la oferta inicial, refuerza la percepción entre los actores internacionales sobre la capacidad de Panamá para cumplir con sus obligaciones financieras, pese a la coyuntura de presión sobre sus finanzas públicas y las advertencias recientes emitidas por las agencias de calificación.

El comunicado enfatizó que los recursos captados priorizarán la reducción gradual de la deuda y la racionalización del gasto, en un contexto donde las autoridades buscan adaptar los compromisos estatales a las condiciones del mercado y las posibilidades estructurales del presupuesto. Este enfoque representa un cambio respecto de otros periodos fiscales en Panamá, en los que la emisión de bonos respondía a una lógica distinta, vinculada más directamente a la obtención de liquidez para atender obligaciones inmediatas.

La operación, según reiteró el Ministerio citado por el medio, fue vista como un elemento clave para mejorar el perfil crediticio del país en medio de las advertencias provenientes tanto de entes financieros internacionales como de acreedores privados. Las autoridades consideran que la posibilidad de obtener mejores condiciones para el país en los mercados de capital dependerá de la sostenibilidad de acciones similares en materia de manejo de la deuda y disciplina fiscal.

El medio destacó igualmente que este retorno de Panamá a los mercados globales de deuda no solo responde a una necesidad de refinanciamiento, sino que también constituye un mensaje dirigido a inversionistas y observadores internacionales acerca de la capacidad del gobierno panameño para implementar medidas orientadas a la estabilidad macroeconómica y al saneamiento fiscal, en un contexto internacional marcado por una creciente volatilidad financiera y mayores exigencias de transparencia presupuestaria.

La gestión de la deuda pública en enero se mantuvo bajo control pese a la concentración de pagos, según el equipo económico, que aseguró que el cronograma de vencimientos no presentará sorpresas y subrayó la necesidad de renovar compromisos para evitar presiones cambiarias.

Durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 40.712 millones: USD 19.344 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 21.368 millones a amortizaciones y pagos.

Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional.

Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias

Entre los compromisos más relevantes, los Bonos del Tesoro ajustados por inflación concentraron la mayor parte del calendario. La magnitud de las obligaciones en moneda local se sumó a las advertencias que, desde fines de 2025, emitían los analistas. Uno de ellos señaló: “Este enero se concentra el 35% de los compromisos trimestrales”, anticipando el impacto sobre la liquidez del mercado financiero.

Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias, una preocupación reiterada entre los actores del sector. Al examinar el ritmo de pagos, quedó clara la distribución desigual de los vencimientos: un economista privado afirmó entonces que “la curva del Tesoro presenta fuertes picos en la primera quincena”, lo que dificulta la gestión de esos montos en períodos tan acotados.

Pese a los desafíos, la posición oficial ante los altos pagos de enero de 2026 fue contundente. Voceros del Ministerio de Economía afirmaron: “No habrá sorpresas; el cronograma está bajo control”, en un mensaje dirigido a los mercados para reforzar la confianza en la ejecución.

La primera señal concreta de esa confianza fue el pago del primer gran vencimiento del año a bonistas por USD 4.200 millones, el 9 de enero, mediante depósitos del Tesoro en el Banco Central y un préstamo REPO con seis bancos internacionales por USD 3.000 millones, evitando así afectar las reservas internacionales del ente monetario. El REPO consiste en la venta de bonos con acuerdo de recompra a precio y fecha pactados; en este caso, se utilizaron como garantía los Bonar 2035 y 2038 (legislación argentina).

La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que en enero los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses sumaron USD 7.891 millones

La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que en enero, tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 7.891 millones, la deuda primaria de la Administración Central creció en el mes en USD 5.867 millones, alcanzando un total de USD 460.934 millones, lo que representó un alza del 1,3% respecto de diciembre, pero una reducción de USD 6.854 millones en los últimos doce meses.

La deuda bajo legislación extranjera cayó en USD 712 millones (hasta USD 163.691 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 6.579 millones, situándose al tipo de cambio mayorista de cierre de diciembre en USD 296.955 millones.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron un incremento de USD 460 millones, totalizando USD 39.352 millones. Por su parte, los préstamos con el FMI aumentaron en USD 514 millones, en ambos casos predominando el efecto de la revaluación de las divisas respecto del dólar y el peso.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 23 millones, alcanzando USD 55.360 millones.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 3.498 millones, totalizó en enero USD 457.436 millones, mostrando un aumento de USD 7.195 millones respecto de diciembre y una caída de USD 3.104 millones en comparación con un año antes.

En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a enero de 2026 subió en USD 35.641 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 26 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 29.514 millones. Este proceso se descompone en un aumento de USD 22.431 millones con organismos internacionales y una baja de USD 51.945 millones en el agregado del sector público y privado.

Próximos vencimientos

El calendario de vencimientos del Tesoro exhibe una concentración de pagos relevantes en los próximos meses. El 27 de febrero debe afrontarse un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por USD 878 millones, cubiertos con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, y que serán cancelados con el próximo desembolso del organismo, tras la segunda revisión técnica de las metas del último trimestre de 2025.

Los picos más altos se ubican en abril, junio y julio, con montos que superan los $20 billones en algunos casos. Entre los instrumentos predominantes figuran Boncer, Lecer, títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los instrumentos en pesos constituyen la mayor parte de los compromisos.

Según la consultora LCG, el programa financiero para febrero-diciembre contempla necesidades por USD 18.659 millones, equivalentes al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, las amortizaciones suman USD 6.566 millones y los intereses USD 7.281 millones. A esto deben agregarse los pagos del Banco Central, que suman USD 4.812 millones, desglosados entre Bopreal (USD 2.312 millones) y el swap con China (USD 2.500 millones).

Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar. La absorción de pesos vía licitaciones permite esterilizar parte de la base creada por el BCRA, aunque el desafío de sostener el interés de los inversores privados por instrumentos en moneda local permanece vigente.

La semana pasada, Economía concretó una renovación total de vencimientos de deuda en pesos, adjudicando $9,02 billones tras recibir ofertas por $11,5 billones, en un nuevo episodio de su estrategia de absorber pesos. En los próximos días el Tesoro tiene un desafío similar, en el que se verá si puede seguir recortando tasas.

La semana pasada, la Secretaría de Finanzas alcanzó un rollover de 123,39% frente a los compromisos inmediatos, con un efecto directo sobre la liquidez del sistema bancario y las tasas de interés de corto plazo. El próximo desafío para el equipo económico está programado para el 25 de febrero, cuando vencen títulos por $ 9,4 billones.

La última colocación de deuda resultó clave para las cuentas públicas. El Tesoro retiró del sistema financiero cerca de $1,7 billones, ya que el monto adjudicado superó ampliamente a los vencimientos de la jornada. El resultado permitió a la cartera que conduce Luis Caputo mantener la tendencia contractiva sobre la base monetaria y sin convalidar subas de tasas a lo largo de la curva.

El calendario de vencimientos del Tesoro muestra una concentración de pagos importantes en los próximos meses. Los picos más elevados se ubican en abril, junio y julio, con montos que superan los $20 billones en algunos casos. Entre los instrumentos destacados figuran el Boncer, la Lecer, títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los instrumentos en pesos representan la mayor proporción de los compromisos.

La estrategia de Caputo

La absorción de pesos se convirtió en un objetivo inmediato para Caputo y su equipo desde el inicio de la gestión. Según un informe de PPI, la operación de la semana pasada dejó a los bancos con un excedente de liquidez cercano a $0,6 billones, que colocaron en operaciones de pase a un día con el Banco Central (BCRA). El financiamiento neto obtenido por el Tesoro llevó a que el sistema bancario necesitara tomar prestados alrededor de $1,1 billones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta dinámica genera presión sobre las tasas de interés overnight, aunque la expansión monetaria derivada de compras de divisas podría aliviar parcialmente las condiciones de liquidez en los próximos días.

La coordinación entre el BCRA y Finanzas busca evitar que la emisión neta derive en una mayor demanda de dólares

En la licitación, la demanda se concentró principalmente en instrumentos de corto plazo y tasa fija. La LECAP a abril (S17A6) absorbió el 55,7% de lo adjudicado, mientras que el 24,3% se canalizó hacia títulos ajustados por inflación. El resultado, según el análisis de PPI, reflejó la preferencia del mercado por rendimientos reales negativos y tasas fijas por debajo de la inflación, en un contexto de expectativas de desinflación a futuro. La inflación de enero sorprendió al alza, aunque el mercado mantuvo su apuesta por la estabilización de los precios en el mediano plazo.

El BCRA inyecta pesos comprando divisas y el Tesoro retira liquidez mediante licitaciones de deuda. Este esquema alterna expansiones y contracciones de la base monetaria

La estrategia del Gobierno apunta a evitar que los pesos que salen del Tesoro vuelvan a presionar sobre el mercado cambiario. La coordinación entre el BCRA y Finanzas busca que la emisión neta no derive en una mayor demanda de dólares. El BCRA inyecta pesos por compras de divisas o vencimientos de pases, mientras que el Tesoro retira liquidez mediante licitaciones de deuda. Este esquema alterna expansiones y contracciones de la base monetaria, en función de los resultados de cada licitación y la evolución de la demanda de dinero en la economía.

Efecto en tasas

La tasa de caución a un día se mantuvo estable en torno al 20% nominal anual durante las últimas jornadas, un comportamiento similar al que se observó antes de la última licitación de enero. Tras una operación contractiva a fin de mes, cuando el Tesoro retiró cerca de $2 billones del sistema, la tasa llegó a moverse entre 30% y 35%, para luego comprimir con el correr de los días. De acuerdo con el análisis de PPI, no resultaría sorpresivo observar una dinámica similar en el corto plazo, con tasas que podrían subir ante la restricción de liquidez y luego retroceder a medida que el sistema se acomoda.

En cuanto a la operatoria diaria, el mecanismo de licitaciones y vencimientos interactúa con la gestión de encajes bancarios. La posibilidad de postergar 5% del encaje al mes siguiente, habilitada por la Comunicación “A” 8397 del BCRA, puede aliviar la presión sobre los bancos y reducir la demanda inmediata de pesos al Central. Este recurso, junto con la dinámica de compras de divisas, configura el esquema de manejo de la liquidez que el Gobierno utiliza para sostener el equilibrio cambiario y monetario.

Coordinación

La coordinación entre el Tesoro y el BCRA continúa siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar. La absorción de pesos vía licitaciones permite esterilizar parte de la base creada por el BCRA, aunque el desafío de sostener el apetito de los inversores privados por instrumentos en moneda local sigue latente.

El resultado de la última licitación exhibió una demanda sólida por parte del mercado, con ofertas que superaron holgadamente el monto a renovar. El Gobierno logró evitar subas en las tasas de los instrumentos, una señal que el mercado interpretó como resultado de la confianza en la estrategia de desinflación y control monetario. De acuerdo con Infobae, el equipo económico buscará repetir este esquema en las próximas colocaciones, en especial frente al desafío del 25 de febrero.

La evolución de la deuda pública en pesos y la estrategia para acumular pesos en el sistema financiero, sin liberar liquidez excesiva al mercado, se convirtieron en un eje central de la política económica. El monitoreo de los vencimientos y la respuesta de los inversores delinean el margen de acción para el Tesoro y el BCRA, en un contexto en el que la estabilidad cambiaria y monetaria sigue siendo una prioridad para el Gobierno.

La próxima licitación será observada por bancos y analistas como un termómetro de la capacidad oficial para sostener el esquema de absorción de pesos. Según las estimaciones de PPI, el sistema bancario deberá tomar prestados alrededor de $1,1 billones del BCRA, lo que podría presionar las tasas de interés de muy corto plazo. La dinámica de liquidez dependerá de la interacción entre las colocaciones de deuda, los movimientos del mercado cambiario y la operatoria de encajes bancarios.

El desempeño de los instrumentos de tasa fija y ajustados por inflación marca las preferencias del mercado en el actual contexto macroeconómico, tras cinco meses consecutivos de aceleración de precios. La apuesta por rendimientos reales negativos y la elección de tasas fijas por debajo de la inflación sugieren expectativas de desaceleración inflacionaria, aunque la demanda por cobertura frente al aumento de precios persiste en parte de la cartera de inversores.

La coordinación entre el Tesoro y el BCRA se mantiene como el eje de la política de deuda en pesos. El resultado de la última licitación, el comportamiento de la tasa de caución y el manejo de los encajes bancarios configuran el escenario previo al próximo desafío de vencimientos. El equipo económico busca sostener la absorción de pesos y evitar presiones sobre el dólar, en una coyuntura en la que la estabilidad financiera depende del equilibrio entre estas variables.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, reveló este sábado en una conferencia e prensa que el gobierno de su país afronta una deuda acumulada de 17 mil millones de lempiras (644.2 millones de dólares) y obligaciones legales adicionales, una situación que suma presión sobre las finanzas públicas en medio de demandas y embargos judiciales que amenazan el flujo de caja estatal.

Las raíces de la crisis fiscal hondureña se encuentran en ciclos históricos de endeudamiento y conflictos laborales persistentes, agravados por la acumulación de demandas que, tras alcanzar sentencia, desembocan en pagos obligatorios o reajustes salariales.

Estos procesos legales, resultado de despidos y litigios en la administración pública, han situado al Estado en una posición de vulnerabilidad financiera y jurídica, mientras organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han exigido durante los últimos años una disciplina fiscal más estricta como condición para preservar la estabilidad macroeconómica.

Obligaciones legales y embargos judiciales: el peso de la deuda judicial

El Ejecutivo hondureño confirmó que enfrenta compromisos legales de aproximadamente 3,380 millones de lempiras (136 millones de dólares) provenientes, principalmente, de demandas laborales que han concluido en sentencias definitivas contra el Estado.

“Sufrimos de muchas demandas injustas, porque no solo es el reintegro, hay que pagar sueldos caídos y reajustes salariales; todo esto genera un impacto fuerte para el Estado”, dijo Asfura el sábado durante una conferencia de prensa.

Estas cargas no solo afectan el presupuesto corriente. Han obligado a la administración a rediseñar estrategias financieras para evitar que embargos judiciales paralicen el funcionamiento de las instituciones públicas y desvíen fondos destinados a proyectos prioritarios.

Estrategia fiscal y el papel del Congreso en la estabilidad

El plan gubernamental plantea ordenar las cuentas públicas sin sacrificar la asistencia social, insistiendo en que las acciones para cumplir con acreedores y sentencias no implicarán recortes en salud, infraestructura ni programas sociales, según lo expuesto en la comparecencia oficial.

Para alcanzar este equilibrio, la administración de Asfura instruyó a todas las secretarías a revisar sus procesos de contratación y despidos, con el propósito de frenar la generación de nuevos litigios laborales. El mandatario señaló que es vital detener el “ciclo de reajustes salariales y pagos caídos” que históricamente han erosionado recursos clave para el desarrollo.

El Congreso Nacional ha sido llamado a adoptar decisiones que fortalezcan la estabilidad, en particular mediante la aprobación de marcos legales que respalden la gestión responsable de la deuda y ofrezcan mayor seguridad jurídica frente a nuevos litigios.

Según el Gobierno Honduras, este respaldo legislativo es imprescindible para evitar que el sistema judicial y los compromisos económicos sigan comprometiendo la solvencia de Honduras ante acreedores e inversores.

De acuerdo con informes anteriores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, únicamente una gestión rigurosa del gasto y una total transparencia permitirán mantener la calificación crediticia, condición vital para acceder a financiamiento en términos favorables para el país.

En declaraciones anteriores, la administración ya había advertido sobre el drenaje de recursos provocado por el pago de salarios caídos, un fenómeno que ha restado capacidad de inversión estatal en áreas de infraestructura y desarrollo.

Nuevas medidas para fortalecer la economía y las relaciones internacionales

El presidente hondureño se reunió con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés para tratar asuntos relacionados con la inversión, la seguridad jurídica y el desarrollo productivo.

Luego, informó sobre la formación de una comisión encargada de revisar los aranceles del 10% y 25%, con el objetivo de mejorar la competitividad del país frente a otros mercados de la región.

De igual manera, Asfura anunció que el 7 de marzo viajará a Washington para mantener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El mandatario catracho consideró este encuentro como una oportunidad estratégica para fortalecer la relación bilateral y avanzar en temas económicos y comerciales en beneficio de Honduras. La agenda del Ejecutivo apunta a estabilizar las finanzas públicas y promover acuerdos que impulsen la economía nacional.

La agencia Moody’s Ratings ha proyectado un aumento en el crecimiento económico de El Salvador, impulsado por avances en la consolidación fiscal y el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Este panorama optimista convive con un serio desafío: el elevado peso de la deuda pública y el costo de los intereses que, según la agencia, continuará limitando la solidez fiscal del país.

Moody’s estima que la economía salvadoreña ha logrado frenar el déficit del sector público no financiero y, al mismo tiempo, promover la inversión, sin afectar negativamente la actividad productiva general. La agencia anticipa que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real pasará de 2.6 % en 2024 a 4 % en 2025, y que para 2026 la cifra rondará el 3.1 %.

Sin embargo, el informe de Moody’s subraya que, pese al avance en la consolidación fiscal, la “alta carga de la deuda pública y el elevado costo de los compromisos limitan la fortaleza fiscal de El Salvador”.

Para el cierre de 2025, la deuda pública se ubicó en 88.3 % del PIB, mientras el pago de intereses representa un 18.4 % de los ingresos, situándose muy por “encima de los pares calificados de manera similar”, según consigna el análisis.

Moody’s prevé una mejora progresiva, con una relación deuda/PIB que bajaría hasta 84.2 % en 2028 y la proporción de intereses sobre ingresos alcanzando 19.5 %, incluso considerando una consolidación fiscal continua y condiciones de acceso a mercados más predecibles.

El reciente cambio de la perspectiva de calificación de riesgo de El Salvador, que pasó de estable a positiva, obedece al acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional por USD 1,400 millones.

Este pacto obliga a un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB durante el programa. Este tipo de ajustes, señaló Moody’s, suele asociarse a desaceleraciones en el crecimiento porque implica reducciones en el gasto y mayores ingresos, lo que limita la inversión pública.

Sin embargo, en el caso salvadoreño, la mejora en seguridad se consideran estructurales; este factor ha impulsado la inversión privada, dinamizando el crecimiento a mediano plazo y dando soporte a las medidas de disciplina fiscal.

En cuanto al déficit fiscal, Moody’s calcula que se redujo al 3 % del PIB en 2025, al menos 1.5 puntos porcentuales menos que el año previo.

Para 2026, la agencia prevé un descenso hasta el 2.3 %, y un leve repunte al 2.7 % en 2027. Asimismo, se proyecta una disminución en las necesidades de financiamiento del país, desde 18.3 % del PIB en 2024 a 9.8 % en 2025, y luego 9.1 % en 2026.

Moody’s puntualizó que la reducción continua de estas necesidades ayuda a mitigar los riesgos de liquidez del gobierno.

El informe advierte que las mejoras en los indicadores de sostenibilidad de deuda serán graduales, incluso bajo el escenario de consolidación fiscal sostenida, y que la asequibilidad continuará siendo un reto relevante para El Salvador.

Economía salvadoreña a la zaga en la región

Las proyecciones recientes de crecimiento económico para El Salvador muestran discrepancias relevantes entre los principales organismos internacionales para 2024 y 2025. El Banco Central de Reserva (BCR) elevó en junio de 2024 su pronóstico al 4% para el cierre del año, superando los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM), que estimaron 3.5% y 2.5% respectivamente, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó el crecimiento en el 3% para el mismo periodo, según datos recopilados por Infobae.

Pese al optimismo para 2024, los organismos advirtieron una desaceleración para 2025, asignando a El Salvador los pronósticos de expansión más bajos de Centroamérica.

La CEPAL redujo en agosto de 2025 su estimación para el país a 2.4%, siendo el porcentaje más bajo. Por su parte, el BM proyectó un avance de solo 2.2% en junio de 2025, mientras que el FMI estimó un 2.5% para ese mismo año, posicionando también al país en el último lugar del istmo, según los estimados recogidos por ambos portales.

El peso que hoy tiene la deuda pública sobre las finanzas del Estado se siente cada vez con más fuerza en el presupuesto. Más allá del monto total que debe el país, lo que empieza a marcar la discusión fiscal es cuánto cuesta financiar ese endeudamiento y en qué condiciones se está haciendo. Un análisis del Observatorio Fiscal pone el foco justamente en ese punto, los riesgos y costos de endeudarse en pesos frente a hacerlo en dólares, en un momento en el que Colombia enfrenta tasas de interés elevadas y un margen fiscal cada vez más estrecho.

Para entender el alcance del problema, es clave distinguir entre dos conceptos que suelen confundirse. Por un lado está el servicio de la deuda, es decir, lo que el Gobierno paga cada año con cargo al Presupuesto General de la Nación para cumplir sus obligaciones, intereses, amortizaciones de capital y otros costos asociados. Por otro, está el nivel de deuda, que se mide como deuda bruta y deuda neta. Esta última descuenta los activos financieros del Gobierno y es la referencia central en la contabilidad fiscal. En términos simples, el servicio es lo que “sale hoy” del presupuesto, mientras que la deuda refleja lo que el país “debe en total”.

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Según el Observatorio Fiscal, la evolución del servicio de la deuda desde 2010 muestra un cambio profundo en su composición. Durante varios años, especialmente entre 2010 y 2016, el mayor peso lo tenían los pagos de capital. Los intereses crecían, pero no representaban una carga significativa ni generaban una rigidez presupuestal relevante. Ese panorama empezó a modificarse de forma gradual hacia 2018 y se transformó con mayor intensidad a partir de 2021.

Desde entonces, el crecimiento del servicio de la deuda está impulsado principalmente por el pago de intereses. Hoy, estos explican una proporción cada vez mayor del total, mientras que las amortizaciones pierden peso relativo. El resultado es claro, una porción creciente del presupuesto se destina a cubrir costos financieros de deuda ya contraída, reduciendo el espacio para inversión pública, programas sociales u otros gastos prioritarios.

Este giro es central para el debate fiscal. Cuando los intereses ganan terreno, el presupuesto se vuelve más rígido y menos flexible ante choques económicos. Además, estabilizar la deuda se vuelve más costoso, porque una parte importante del gasto está comprometida con obligaciones financieras que no se pueden ajustar fácilmente. Por eso, el análisis del observatorio insiste en que la discusión ya no pasa solo por cuánto se debe, sino por a qué tasas y en qué moneda se está financiando el país.

En paralelo, la deuda del Gobierno Nacional Central aumentó de manera marcada tras el choque de 2020. Aunque hubo una corrección parcial en los años siguientes, tanto la deuda bruta como la neta se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia. Entre 2024 y 2025, la deuda bruta siguió creciendo, mientras que la deuda neta mostró una reducción. Este último dato podría reflejar un aumento de los activos financieros del Gobierno o estrategias de manejo de deuda, pero no implica necesariamente una caída inmediata en la carga de intereses.

El costo de endeudarse está directamente ligado a las tasas de interés. En términos sencillos, una tasa más alta significa que el país debe pagar más por cada peso o dólar que recibe prestado. A diferencia de una persona, los Estados pueden financiarse tanto en el mercado local, en moneda nacional, como en el mercado internacional, generalmente en dólares. Esa decisión no es neutral.

Desde la perspectiva de los inversionistas, prestar en pesos implica asumir el riesgo cambiario. La volatilidad del peso frente al dólar, que en los últimos años osciló en rangos amplios, se traduce en tasas más altas para compensar ese riesgo. Por eso, los créditos en pesos suelen tener rendimientos mayores que los denominados en dólares. Sin embargo, endeudarse en moneda extranjera expone al país a riesgos distintos, una devaluación fuerte puede encarecer rápidamente el servicio de la deuda.

El Observatorio Fiscal destacó que, desde 2021, tanto las tasas en pesos como en dólares aumentaron de forma significativa. No se trata de decidir cuál mercado es “mejor”, sino de entender que este entorno de tasas altas se traducirá en mayores pagos de intereses en los próximos años, presionando aún más el presupuesto.

El Gobierno de El Salvador destinó en 2025 $3,087.1 millones al pago de deuda pública, sumando intereses y amortizaciones, según el informe del Ministerio de Hacienda, divulgado el 3 de febrero y analizado por Infobae. Esta cifra representa uno de los niveles más altos de gasto en obligaciones financieras en la historia reciente del país, reflejo de los compromisos asumidos en ejercicios fiscales previos y de la prioridad otorgada a mantener la estabilidad crediticia.

De acuerdo con la documentación, el gasto en servicio de la deuda se dividió en dos grandes apartados: $1,502.3 millones se destinaron al pago de intereses y otros costos financieros, mientras que $1,584.8 millones correspondieron a la amortización de capital. El informe oficial indica que la ejecución en este último rubro alcanzó el 99.1% de lo asignado.

La ejecución presupuestaria revela que el pago de la deuda absorbió cerca de la quinta parte del total devengado por el Gobierno durante 2025. Este monto supera ampliamente los recursos ejecutados en rubros como infraestructura, desarrollo local o transferencias a municipalidades. El documento precisa además que los pagos se realizaron tanto con fondos provenientes del Fondo General como con recursos de préstamos externos.

La asignación para el pago de la deuda pública se mantuvo entre las prioridades centrales del Ejecutivo, junto con los sectores de educación, salud y seguridad. Una parte significativa de los recursos utilizados para el servicio de la deuda corresponde a compromisos adquiridos con organismos multilaterales, acreedores internacionales y emisiones de bonos soberanos.

De acuerdo con el análisis de Infobae, la disciplina en la ejecución de estos pagos busca preservar el acceso a financiamiento externo y evitar escenarios de riesgo crediticio para el país, lo cual se enmarca en el acuerdo financiero que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como parte del programa respaldado por el FMI se prevé una reducción del saldo primario de alrededor de 3.5% del (Producto Interno Bruto (PIB) en un periodo de tres años, con el objetivo central de fijar la deuda pública en una ruta descendente, después de alcanzar un máximo de 85% del PIB durante 2024, según detalló el organismo.

Entre las prioridades identificadas, el FMI subrayó la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, incluyendo la publicación de información actualizada sobre deuda, pensiones, funcionamiento de empresas estatales y contratos públicos, además de impulsar mecanismos sólidos contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en línea con los estándares internacionales.

Las medidas fiscales plasmadas en el presupuesto para 2025 —valuadas en 1.5% del PIB— contemplan la disminución de la masa salarial, del gasto en bienes y servicios, y un recorte en las transferencias a municipios. El programa también exige mejorar la eficiencia de la función pública, apuntalar la viabilidad del sistema de pensiones y ampliar los ingresos estatales para mantener la estabilidad fiscal y reducir los costos del endeudamiento, priorizando la inversión pública y la protección de los sectores más vulnerables.

Deuda pública salvadoreña

Según los últimos datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda pública total del país en 2025 alcanzó los $33,807.1 millones, incluyendo los $11,241.13 millones adeudados al sistema de pensiones.

Sin la deuda de pensiones, el monto es de $22,565.98 millones, según los datos oficiales, lo que refleja el peso que la deuda sigue teniendo sobre las finanzas del Estado.

El desglose indica que el sector público no financiero concentra el monto más elevado, con $21,854.39 millones, de los cuales $20,659.22 millones corresponden al Gobierno Central. Dentro de este segmento, los instrumentos financieros de corto plazo como LETES (Letras del Tesoro) representan $1,161.39 millones.

El resto del gobierno general y las empresas públicas no financieras suman $301.52 millones y $893,65 millones, respectivamente: mientras que el sector público financiero registró $706.35 millones.

En cuanto a la deuda externa pública, el país debe $15,224.93 millones. El sector público no financiero es responsable de $14,628.72 millones, donde el Gobierno Central representa $14,011.52 millones y las empresas públicas no financieras suman $617.2 millones.

El sector público financiero tiene obligaciones externas por $590.96 millones, mientras que el Banco Central de Reserva mantiene $5.24 millones en esta categoría.

Por su parte, la deuda interna pública asciende a $7,341.05 millones. El sector público no financiero mantiene $7,225.66 millones; de ese monto, $6,647.7 millones se atribuyen al Gobierno Central, $301.52 millones al resto del gobierno general y $276.45 millones a empresas públicas no financieras. Y el sector público financiero suma $115.39 millones de deuda interna.

Las cifras oficiales muestran que el peso de la deuda externa sobrepasa al de la deuda interna, situando al país en una posición de mayor exposición ante el contexto financiero internacional. El comportamiento de estos saldos y su estructura por sector continuará bajo observación de entes financieros, dado su impacto en las políticas fiscales y monetarias.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil subrayó la importancia de que las políticas fiscales y monetarias permanezcan alineadas, señalando que la menor velocidad en la ejecución de reformas estructurales y la disciplina fiscal, junto con la incertidumbre sobre la estabilización de la deuda pública, podrían elevar la tasa de interés neutral en el país, lo que afectaría la efectividad de la política monetaria y encarecería el proceso de reducción de la inflación. Según informó el Banco Central de Brasil, tras su última reunión de política monetaria, se prevé la posibilidad de iniciar una reducción en los tipos de interés en la próxima sesión, pautada para marzo, siempre y cuando se confirmen los escenarios esperados.

De acuerdo con las actas difundidas tras el encuentro, los integrantes del Copom consideran que, aunque existe la expectativa de comenzar con la flexibilización de las tasas próximamente, su enfoque seguirá siendo contractivo a fin de garantizar una trayectoria decreciente y sostenida de la inflación. El Copom enfatizó que la decisión de mantener los tipos de interés por quinta vez consecutiva en el 15% responde a una estrategia pensada para llevar la inflación a niveles cercanos a la meta oficial, situada en un 3%.

El medio destaca que el indicador de inflación se situó al cierre de 2025 en el 4,26%, impulsado en gran parte por el incremento en el costo de la vivienda y la electricidad. Según las proyecciones del Comité, se anticipa que la inflación alcanzará el 3,4% al finalizar 2026 y descenderá hasta el 3,2% en el tercer trimestre de 2027.

A la vista de las circunstancias actuales, el Copom sostiene que el contexto, marcado por factores de incertidumbre, requiere una gestión cuidadosa de la política monetaria. Por tal motivo, a pesar de anticipar la posibilidad de relajar su postura en marzo, insiste en la necesidad de preservar el carácter restrictivo de las medidas para reforzar la tendencia descendente de la inflación.

En el análisis publicado por el Banco Central de Brasil, los responsables del Copom recalcaron que los desafíos relacionados con el crédito dirigido y la falta de claridad respecto a la evolución de la deuda pública pueden incrementar la tasa de interés neutral. Este fenómeno, según detalló el Comité, impactaría negativamente tanto en la eficacia de la política monetaria como en el costo económico de alcanzar la desinflación.

Durante la reunión, los responsables de la política monetaria reiteraron la importancia de que las acciones fiscales y monetarias mantengan coherencia y previsibilidad. “El Comité mantuvo su firme convicción de que las políticas deben ser predecibles, creíbles y contracíclicas”, señala el acta recogida por el Banco Central de Brasil.

Esta perspectiva, según expuso la autoridad monetaria, se fundamenta en el objetivo de evitar fluctuaciones bruscas y asegurar la convergencia progresiva de la inflación hacia el objetivo oficial. Además, el Copom hizo referencia a la importancia de conservar la confianza en los instrumentos de política económica disponibles y en la adopción de medidas compatibles con la actual coyuntura internacional y local.

Finalmente, los análisis del Comité ponen el acento en el papel de la credibilidad y la disciplina fiscal como elementos centrales en la configuración de expectativas y en la capacidad del Banco Central de influir de manera efectiva en los precios. Según remarcó el ente emisor, la combinación de estas herramientas resulta fundamental para sostener una política monetaria que responda tanto a las variaciones del mercado como a la finalidad de mantener la inflación bajo control.

El Gobierno nacional avanza en una doble estrategia financiera: por un lado, autorizó el pago de múltiples obligaciones del servicio de la deuda pública que vencen en febrero de 2026 y, paralelamente, busca concretar nuevos créditos internacionales por cerca de $910.000 millones para financiar proyectos con enfoque ambiental y de desarrollo sostenible.

De acuerdo con la Resolución 0231 del 30 de enero de 2026, consultada por Infobae Colombia, el Ministerio de Hacienda ordenó el pago del servicio de la deuda pública correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de este año, lo que incluye compromisos con organismos multilaterales, inversionistas internacionales y tenedores de deuda interna.

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Según el documento oficial, firmado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el Gobierno autorizó desembolsos que cubren amortizaciones de capital, intereses y comisiones derivadas de diferentes instrumentos financieros.

Entre los pagos se destacan obligaciones con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (Birf), la Agencia Francesa de Desarrollo y otros organismos multilaterales, así como compromisos asociados a bonos internacionales y títulos de deuda interna.

El listado incluye pagos de gran magnitud, como desembolsos en dólares por créditos multilaterales, intereses derivados de bonos globales y compromisos con tenedores de Títulos de Tesorería (TES) en pesos colombianos. También aparecen costos por servicios asociados a la deuda, como comisiones a calificadoras, abogados y estructuradores financieros.

La resolución establece que estos pagos corresponden a obligaciones proyectadas en el sistema de deuda pública de la Nación, aclarando que los valores podrían variar frente a los montos finales cancelados dependiendo de las cuentas de cobro recibidas en el proceso de ejecución.

Este tipo de actos administrativos es habitual dentro del manejo financiero del Estado, pues formaliza el flujo de recursos destinados a cumplir con compromisos previamente adquiridos por el país en los mercados de capital y con organismos internacionales.

Nuevos créditos internacionales en camino

Mientras el Gobierno ejecuta pagos de deuda vigente, el Ministerio de Hacienda también autorizó la celebración de nuevos empréstitos externos que buscan financiar programas con enfoque ambiental y sostenible.

Según informó Valora Analitik, la cartera económica dio luz verde a dos operaciones crediticias con organismos multilaterales por un monto cercano a US$252 millones, equivalentes aproximadamente a $910.287 millones.

El primero de los créditos se realizaría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) por US$75 millones, destinados al programa denominado “Impulso de la Acción Climática y Conservación del Capital Natural” en Colombia.

El segundo préstamo sería contratado con el banco de desarrollo alemán KfW por 150 millones de euros, recursos que se enmarcan en un programa de política de desarrollo enfocado en objetivos ambientales y sostenibles.

Según ese medio económico, el crédito con el Bcie tendría un plazo total de 17 años, incluidos cuatro años de gracia, mientras que el préstamo con el KfW contempla un periodo de 14 años, con pagos semestrales que iniciarían en noviembre de 2028 y finalizarían en 2040.

Cupos de endeudamiento aún disponibles

Las nuevas operaciones crediticias se respaldan en autorizaciones previas del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que en 2024 avaló la contratación de empréstitos externos hasta por US$5.000 millones, incluyendo líneas contingentes para emergencias.

De acuerdo con la información conocida, el Gobierno ha comprometido parte de ese cupo, pero aún mantiene margen disponible para nuevas operaciones de financiamiento externo.

A esto se suma la aprobación otorgada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que autorizó a la Nación gestionar empréstitos externos adicionales, lo que amplía la capacidad de endeudamiento del país.

El movimiento simultáneo entre pagos de deuda vigente y contratación de nuevos créditos refleja la dinámica habitual de financiamiento estatal, aunque se produce en un contexto de advertencias de analistas y mercados frente al equilibrio fiscal colombiano.

El Tesoro Público español ha superado ya la emisión de 29.787 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, lo que representa el 16,8% de su programa de financiación previsto para 2026, una cifra cuya relevancia se debe a las crecientes necesidades de financiación, fijadas en 55.000 millones de euros para el año en curso. Según informó el medio, el organismo dependiente del Ministerio de Economía reanudará la próxima semana su actividad en los mercados con dos operaciones de colocación de deuda, abriendo así el calendario de emisiones correspondiente al mes de febrero.

Tal como publicó el medio, el martes 3 de febrero se realizará una subasta de letras a seis y doce meses. Posteriormente, el jueves 5 de febrero, el Tesoro llevará a cabo una operación que involucra bonos y obligaciones del Estado. Estas dos emisiones inauguran la agenda de febrero, conforme al calendario oficial del organismo. En la última subasta similar, según consignó el medio, el Tesoro adjudicó 6.077,2 millones de euros, incrementando la rentabilidad marginal ofrecida: las letras a seis meses alcanzaron un interés marginal del 2,002%, mientras que las de doce meses se situaron en el 2,048%.

Para la jornada del jueves, el organismo tiene previsto adjudicar cuatro referencias diferentes de deuda estatal a medio y largo plazo. Los instrumentos que se ofrecerán incluyen bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70%; y obligaciones con una vida residual de 9 años y 9 meses, cuyo cupón es del 3,20%. En lo referente a los tipos de interés de referencia para estos títulos, el medio detalló que los bonos a 3 años tendrán un tipo del 2,348%, las obligaciones a 7 años del 2,943%, las indexadas a 7 años y 10 meses del 1,280%, y para las obligaciones a casi 10 años, el 3,204%.

De acuerdo con la planificación anunciada y según detalló el medio, la estrategia de financiación para 2026 contempla levantar 55.000 millones de euros en nuevas necesidades, idéntica cifra a la prevista para el año anterior. De esos fondos, 50.000 millones corresponderán a operaciones a medio y largo plazo, incluyendo bonos, obligaciones, deuda en otras divisas, préstamos y compromisos asumidos. Los 5.000 millones restantes serán cubiertos mediante la emisión de letras del Tesoro, manteniendo los mismos niveles que en 2025.

El Tesoro prevé que las emisiones totales brutas para este ejercicio asciendan a 285.693 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 4,2% frente al cierre de 2025, que se estima en 274.242 millones de euros. Tal aumento, según reportó el medio, responde al volumen de amortizaciones previstas en 2026. De la cantidad bruta de emisiones planeada para el año, 176.935 millones de euros corresponderán a deuda de medio y largo plazo, lo que equivale a un 3,1% más respecto al planificado para 2025, que fue de 171.514 millones de euros. Por otra parte, las letras del Tesoro originarán emisiones por 108.758 millones, incrementándose casi un 5,9% en comparación con el cierre estimado del año anterior, que estuvo en 102.728 millones.

El coste medio de la cartera del Tesoro se sitúa en 2,318%, según datos oficiales que también recogen que la vida media de la deuda estatal en circulación alcanza los 7,83 años. La vida media de la deuda pública española se mantuvo durante 2025 en valores cercanos a los ocho años. El mes pasado, el Ministerio de Economía precisó que esta cifra se hallaba en 7,93 años, el nivel más elevado desde 2021, cuando llegó a 7,99 años, según publicó el medio.

Según los criterios explicados por el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación prevista para este año está marcada por el comportamiento favorable de la economía nacional y el rigor en la política presupuestaria. Todas estas cuestiones influyen tanto en la estructuración de las emisiones como en la respuesta que espera el Tesoro por parte de los inversores en los distintos plazos propuestos.

El regreso a los mercados mediante operaciones de subasta permite al organismo dependiente del Ministerio de Economía captar recursos en condiciones que buscan conjugar la estabilidad presupuestaria y ajustar la vida media de la deuda a las circunstancias del ciclo económico, detalló el medio. Refinanciar títulos próximos al vencimiento y diversificar las referencias ofertadas son dos objetivos que orientan el calendario de emisiones, que presenta una distribución ajustada a las necesidades y previsiones para los próximos ejercicios.

En las operaciones próximas, el Tesoro buscará revalidar el interés de los inversores, sobre todo después de la última subasta donde se apreció un repunte en los rendimientos. Las condiciones actuales del mercado y las expectativas sobre la evolución de la economía nacional e internacional son factores que influyen tanto en la estrategia del Tesoro como en las decisiones de los participantes del mercado, según reportó el medio.

El servicio de estudios de BBVA proyecta que el cumplimiento de las normas fiscales en España solo será posible si se implementan nuevas medidas de ajuste, advirtió el grupo financiero en su más reciente ‘Observatorio fiscal’ de enero. De acuerdo con BBVA Research, la senda de reducción del déficit público ganará impulso durante 2025, con una caída prevista de ocho décimas del PIB, situándose cerca del 2,4%. Esto se atribuye a factores como la recuperación cíclica de la recaudación tributaria y la normalización de los tipos impositivos, junto a una menor intervención de elementos extraordinarios presentes a finales de 2024, según consignó el informe. El análisis remarca que estos factores ayudarán a contrarrestar las presiones crecientes sobre el gasto en áreas como defensa, pensiones e intereses de la deuda.

El medio especializado detalló que, si se adoptan nuevas acciones de consolidación fiscal, se prevé que el déficit público pueda reducirse hasta el 2,1% del PIB en 2026 y descender hasta el 1,7% en 2027. BBVA Research subraya que, para alcanzar estos umbrales y alinearse con las exigencias fiscales europeas, el Gobierno deberá identificar y ejecutar políticas concretas de ajuste presupuestario adicionales en ambos ejercicios. El informe precisa que el entorno fiscal en los próximos años estará condicionado por la vigorosidad de la actividad económica nacional y por la retirada tanto de las ayudas relacionadas con la crisis energética como de las correspondientes a eventos atmosféricos adversos de ciclos previos.

Según el reporte de BBVA Research, la consolidación fiscal en 2026 se beneficiará de la fortaleza económica y del final de ciertas medidas extraordinarias, a pesar del incremento previsto en pensiones y desembolsos de defensa. Pues bien, para lograr la disciplina fiscal estipulada, será imprescindible un esfuerzo extra equivalente a dos décimas del PIB en 2026, ampliándose hasta cuatro décimas del PIB adicionales en 2027. De acuerdo con los expertos, el escenario de ajuste dependerá principalmente de la contención del gasto público, lo que requerirá decisiones explícitas desde el Ejecutivo y el Legislativo.

El ‘Observatorio fiscal’ subraya que, una vez concluido el Plan de Recuperación, tanto los ingresos públicos como el gasto descenderán de forma sincronizada. El informe estima que, durante 2026 y 2027, los ingresos por tributos y las cotizaciones sociales podrían incrementarse en tres décimas del PIB cada año, impulsados por la dinámica económica y modificaciones legales, especialmente en el ámbito de la seguridad social. Este efecto permitiría amortiguar la merma de ingresos relacionada con el retiro de los fondos de recuperación europeos, según reportó BBVA Research.

En cuanto a la gestión del gasto, BBVA Research prevé un crecimiento más moderado para el periodo analizado. La evolución proyectada apunta a una reducción de dos décimas del PIB en 2026 y cinco décimas en 2027, donde dos décimas y cuatro décimas, respectivamente, responderían a recortes o ajustes aún pendientes de definir para el adecuado cumplimiento de las normas fiscales. Los especialistas de BBVA indican que el gasto primario neto -descontando los ingresos- mantendría un incremento medio anual cercano al 3,5% entre 2025 y 2030, en comparación con el 3% promedio contemplado en el Plan fiscal y estructural. Según el análisis, una aplicación estricta de la regla de gasto requeriría una restricción adicional, situando así el saldo primario ajustado en torno al equilibrio a finales de 2027. Sin los recortes recomendados, este saldo se mantendría negativo, alrededor del -0,8% del PIB.

Respecto a la deuda pública, el servicio de estudios de BBVA anticipa que la ratio de endeudamiento sobre el PIB seguirá disminuyendo y podría alcanzar alrededor del 96,6% al concluir 2027. El informe señala que la adhesión a las reglas fiscales aportará estabilidad y ayudará a recortar progresivamente la carga de la deuda pública española a medio plazo. Sin embargo, advierte que este escenario favorable solo se sostendría si el diferencial entre el crecimiento económico y el coste de la deuda no se reduce en exceso, pues su estrechamiento supondría un factor de vulnerabilidad que pondría en riesgo la tendencia descendente de la deuda.

BBVA Research concluye en su análisis que la senda descendente del déficit y de la deuda, así como el equilibrio fiscal estructural, dependerán esencialmente de la capacidad de las autoridades para definir e implementar medidas de ajuste claras y eficientes en el corto y mediano plazo.

Colombia registrará en 2025 el segundo déficit fiscal más alto del mundo, con una proyección del -7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), solo superada por Egipto, de acuerdo con el medio inglés The Economist. El panorama adverso se ve agravado por niveles crecientes de deuda pública, tasas de interés elevadas, inflación persistente y cifras de desempleo que posicionan al país entre los peor clasificados a nivel global.

La publicación detalla que el estándar internacional considera prudente mantener el déficit por debajo del 3% del PIB; sin embargo, Colombia más que duplica ese umbral. Otras naciones como Polonia (-7%) y Brasil (-6,5%) también presentan desequilibrios elevados, pero el caso colombiano destaca por su rápida y contundente evolución.

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Y es que el costo del financiamiento para el Estado colombiano se disparó, lo que ubicó al país entre los de mayor encarecimiento de deuda en el mundo. El medio informó que Colombia tiene la cuarta deuda más cara a diez años: los rendimientos de los bonos soberanos o Títulos de Tesorería (TES) a ese plazo alcanzaron el 12,4%. La situación refleja la creciente presión sobre las cuentas públicas.

Al respecto, el economista Diego Montañez-Herrera explicó que Colombia está entre los países donde más aumentó el rendimiento de los bonos a 10 años, con una variación de 4,3 puntos porcentuales entre enero de 2022 y enero de 2026. Señaló que es “un deterioro relativo del costo de financiamiento”. La tendencia fue corroborada por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, que calculó que las tasas de interés de la deuda a diez años llegaron al 12,86%.

“Luego eso significaría realmente 206 puntos básicos y seríamos el número uno del mundo, un poco por debajo de Turquía”, manifestó Restrepo. Estas tasas elevadas dificultan el acceso al mercado y aumentan el servicio de la deuda pública.

Posiciones preocupantes de Colombia

En materia de inflación y desempleo, The Economist sitúa a Colombia en posiciones preocupantes. La inflación alcanzó el 5,1%, lo que ubicó al país en el quinto lugar global entre las economía analizadas. Los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran un desempleo de 8,9%, el tercer mayor entre las 41 naciones comparadas.

Al respecto, el exfuncionario resaltó:

• Top 2 con el déficit fiscal más alto entre 40 países del mundo.
• Top 1 con la deuda más cara del mundo a diez años entre 40 países.
• Top 5 con la inflación más alta entre 40 países analizados del mundo.
• Top 4 con el desempleo más alto entre 40 países del mundo.

Las causas de este deterioro son, en buena medida, estructurales. La revista británica resaltó que el déficit colombiano responde a un gasto público en aumento sostenido, recaudación tributaria insuficiente y políticas fiscales flexibles que relajaron los controles como la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB).

La combinación minó la confianza de los inversionistas, lo que restringió el margen de maniobra fiscal y elevó las tasas de financiación.

Deuda del Gobierno Central

Por su parte, Fitch Ratings coincide en el diagnóstico de riesgo elevado. Aunque proyecta un repunte del PIB del 2,7% en 2025 y 2,9% en 2026, prevé que el déficit fiscal se mantendrá por encima del 6% y que la deuda del Gobierno Central superará el 59% del PIB hacia finales de 2025. Según la calificadora, el crecimiento económico no bastará para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.

De igual manera, el actual desempeño tributario nuevas alertas. En 2025, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y los reportes oficiales identificaron un faltante de $9,4 billones en recaudación de impuestos, lo que marca el tercer incumplimiento consecutivo de metas fiscales. El hueco fiscal, al sumarse al creciente endeudamiento, refuerza la dependencia nacional del financiamiento externo.

Salario mínimo, otro factor determinante

Otro factor determinante es el aumento del salario mínimo, que incidirá de manera directa en el balance fiscal de los próximos años. El Carf advirtió que un incremento del 23% en el salario mínimo repercutirá de manera negativa en el déficit de 2026, con un impacto fiscal mínimo de $5,3 billones. El gasto adicional complica cualquier intento de ajuste presupuestario y condiciona la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El alza sostenida en las tasas de los TES también ilustra el encarecimiento del financiamiento en todos los plazos. Las tasas a un año crecieron 22% y a cinco años, 19%, formando una curva de deuda ascendente que, según los mercados, refleja temor a posibles restricciones o impagos.

Colombia frente a otros países de América Latina

Frente a los países de la región, el caso colombiano resulta particular por la velocidad del deterioro. Brasil reportó un déficit del -6,5%, y México trató de contener sus desbalances, pero Colombia aumentó su deuda en casi $400 billones en solo tres años. Esto limita la capacidad de respuesta ante choques externos, advierte The Economist. Economías como Turquía y Polonia también figuran entre las más tensionadas fiscalmente, sin embargo, las condiciones del mercado muestran una desconfianza mayor hacia Colombia.

Expertos como Diego Montañez-Herrera destacaron que la percepción negativa se refleja en los bonos soberanos y la mayor prima exigida por los inversores. José Manuel Restrepo enfatizó que el costo de la deuda colombiana alcanzó niveles récord. Ambos coinciden en que el país vive uno de los momentos más delicados para sus finanzas públicas, y que la recuperación será larga y compleja.

El Estado ecuatoriano logró recomprar una cantidad de deuda en valor nominal superior a la suma desembolsada en efectivo, lo que produjo una reducción inmediata del monto total adeudado gracias al descuento obtenido respecto del precio de mercado de los títulos. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, esta operación implica que el país evitará el pago de alrededor de 698 millones de dólares (587 millones de euros) por concepto de servicio de deuda correspondiente a los bonos 2030 y 2035 durante el año en curso.

Según detalló el medio, el Gobierno de Ecuador concretó la recompra de estos bonos por una suma total de 3.000 millones de dólares (2.526 millones de euros), empleando para ello recursos en dos partes iguales: 1.500 millones de dólares (1.263 millones de euros) provenientes de fondos de endeudamiento de libre disponibilidad, y otros 1.500 millones procedentes de una nueva emisión internacional. El Ministerio precisó que tras la recompra, el Estado también dejará de cancelar alrededor de 698 millones de dólares en 2026, que habrían sido destinados al servicio de la deuda correspondiente a los bonos retirados del mercado.

El Gobierno indicó, además, que "no tiene previsto" realizar nuevas emisiones de bonos internacionales durante el presente año, toda vez que las necesidades de financiamiento estatal ya se encuentran cubiertas. El Ministerio de Economía y Finanzas subrayó que la respuesta de los inversores internacionales ha sido favorable, mostrando disposición a adquirir nuevos bonos ecuatorianos si se presentase la necesidad de acudir nuevamente a los mercados.

El manejo de la deuda pública por parte del Ejecutivo, liderado por Daniel Noboa, recibió especial mención en el comunicado ministerial, resaltando que la relación deuda/PIB se situó en octubre de 2025 en un 47,76%, una cifra que representa casi tres puntos porcentuales menos que el registro correspondiente al mismo periodo del año anterior, según consignó el Ministerio. Esta evolución en la proporción deuda sobre producto interno bruto constituye, para el Ejecutivo, una señal de mayor fortaleza y sostenibilidad fiscal.

El proceso financiero consistió en que el Estado ecuatoriano recompró los bonos a un precio inferior al valor nominal, lo que implica un ahorro inmediato respecto del total pendiente de pago. El descuento implícito adquirido en el precio de mercado permitió al país reducir el stock de deuda de forma eficaz, según explicaciones oficiales recogidas por los medios. La operación fue financiada alternando fuentes internas y la colocación de nuevos títulos en los mercados internacionales, sin que ello suponga un incremento neto del endeudamiento, debido al retiro simultáneo de los bonos antiguos.

La recomprá de deuda y la planificación de nuevas emisiones forman parte de la estrategia gubernamental enfocada en optimizar el perfil de vencimientos del pasivo externo y reforzar la imagen de estabilidad ante los mercados internacionales. De acuerdo con lo declarado oficialmente y reportado en el comunicado ministerial, la reducción inmediata del pago de intereses y amortizaciones durante los próximos ejercicios fiscales tiene por objetivo brindar margen fiscal y consolidar la confianza de los acreedores internacionales.

El medio recogió también que la decisión de no acudir a nuevas colocaciones de deuda en el corto plazo responde a los cálculos internos de cobertura de las necesidades presupuestarias, aunque las autoridades destacaron en repetidas ocasiones el renovado interés del mercado financiero internacional por los instrumentos de deuda soberana ecuatorianos. Al término de la operación, la administración señaló su propósito de continuar un manejo responsable del pasivo y apuntalar la credibilidad macroeconómica, tras un año caracterizado por reestructuraciones y ajustes en la estrategia de financiamiento público.

Más de $1.192 billones conforman la deuda pública que la ciudadanía en Colombia enfrenta al cierre de 2025. Esta cifra, equivalente a cerca de 322.500 millones de dólares, representa aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

La magnitud del compromiso significa que cada habitante asume una porción: $22,3 millones por persona, sin mediar contrato directo, herencia que atraviesa generaciones y que continuarán amortizando ciudadanos que todavía no han nacido.

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“Usted debe 22,3 millones de pesos, no firmó nada y no se comió un pandebono con esa plata, pero la debe. Esto no incluye los intereses que tendremos que pagar que suman unos 318 billones de pesos más en los próximos 38 años”, dijo el consultor económico Isaac Niño a El País.

La carga se acentúa cuando se consideran los intereses proyectados, que sumarán $318 billones adicionales en los próximos 38 años.

La estructura de esta deuda pública es contundente: el 68,7% corresponde a deuda interna, proveniente de bancos y fondos locales, mientras que el 31,3% es deuda externa, adquirida de organismos multilaterales y entidades financieras internacionales.

Bajo esta perspectiva, Colombia supera ampliamente el umbral de sostenibilidad: el experto advirtió que ningún banco prestaría a una persona cuyo nivel de deuda supera el 25% de sus ingresos anuales, y el país enfrenta un nivel del 65% en ese indicador.

“Colombia está mal. No medio mal ni «un poquito muy mal»”, como diría mi hijo. Está mal. Si Colombia fuera una persona, ningún banco le prestaría. Deber más del 25% de lo que se gana en un año ya es insostenible; deber el 65% es una bomba de tiempo", indicó Niño.

El origen de la deuda pública colombiana se remonta a 1822, cuando la naciente Gran Colombia contrajo su primer préstamo internacional por dos millones de libras esterlinas con bancos británicos.

Aquellos fondos, dirigidos a obligaciones de la independencia y la administración estatal, sufrieron pérdidas significativas por las intermediaciones y comisiones de la época.

Cuatro años más tarde, en 1826, Colombia incurrió en impago por incapacidad de pago, y solo renegoció sus compromisos durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que implicó a al menos tres generaciones que soportaron el peso de esa deuda.

La historia económica del país revela episodios frecuentes de renegociación y suspensión de pagos. Entre 1840 y 1860, la separación de Venezuela y Ecuador redujo la capacidad de pago del país, mientras la deuda pervivía.

Posteriormente, durante la Gran Depresión, Colombia suspendió parcialmente el servicio de la deuda externa de 1930 a 1935, aunque su manejo macroeconómico evitó un daño mayor respecto a otras economías de la región. Ya en las décadas de 1980 y 1990, la nación estuvo cerca de la cesación de pagos en dos ocasiones, situación que se revirtió gracias a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), duros ajustes fiscales y aumentos de impuestos.

El concepto de deuda pública abarca todo el dinero que ha solicitado el Estado, tanto en recursos internos como externos, y se diferencia de la deuda privada, que recae únicamente en quienes la contraen.

La deuda pública, en cambio, la solventa toda la población a través de los impuestos. Medir el tamaño de esta obligación en proporción al PIB resulta fundamental: los acreedores no solo valoran el monto absoluto, sino la capacidad real del Estado para recaudar tributos que permitan cumplir con las obligaciones. Las economías grandes o dinámicas pueden sostener mayores niveles de endeudamiento que aquellas pequeñas o estancadas.

Las consecuencias prácticas de este endeudamiento son directas para la población: la aprobación de nuevas reformas tributarias pretende asegurar el pago a inversionistas y calificar favorablemente ante entidades internacionales, incluso si esto implica mayores cargas fiscales para todos.

En palabras del análisis, los préstamos recientes —por ejemplo, al 13% de interés a 14 años contratados hacia finales de 2025— presentan condiciones menos favorables que las de países vecinos, que logran endeudarse al 8,3%.

La tendencia histórica muestra que la deuda pública suele justificarse como una urgencia inaplazable, pero termina consolidándose como un lastre heredado por generaciones. Cada peso solicitado hoy representa un impuesto pendiente de quienes tributarán en el futuro.

En la práctica, los anuncios de endeudamiento del Gobierno encubren decisiones que recaen, indefectiblemente, sobre los hombros de los ciudadanos actuales y sus descendientes.

Según declaraciones recientes de la ministra de Economía y Finanzas de Perú, Denisse Miralles, la reestructuración de Petroperú ha generado importantes obligaciones financieras para el Estado, que solo en 2025 ha debido afrontar el pago de más de 1.000 millones de dólares (836 millones de euros) en garantías de préstamos de la petrolera estatal en los que el país actuó como aval. De acuerdo con lo publicado por el medio local El Comercio, la funcionaria confirmó que el Gobierno peruano espera que Proinversión presente durante la próxima semana el plan para la promoción de los activos de la empresa, en un intento por captar inversión privada y mitigar la compleja situación económica de la compañía.

La iniciativa gubernamental busca identificar los principales bloques patrimoniales de Petroperú y diseñar una hoja de ruta específica para cada uno. Tal como reportó El Comercio, la ministra Miralles detalló que el plan incluirá las herramientas que se emplearán para incentivar la participación de capital privado, con el objetivo de reforzar la posición de la empresa y atraer socios financieros. La funcionaria remarcó en la entrevista que el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo era la única alternativa viable para proceder con la reestructuración de la compañía y dar respuesta a los compromisos financieros acumulados por la estatal.

Según informó El Comercio, Petroperú enfrenta actualmente una deuda acumulada de 5.000 millones de dólares (4.182 millones de euros), una carga que influye de forma directa en sus operaciones y que condiciona las decisiones estratégicas del Gobierno. Además, el periodo auditado hasta octubre arroja unas pérdidas netas de 1.611 millones de soles (410.000 millones de euros), lo que evidencia el deterioro financiero que arrastra la petrolera estatal y acentúa la urgencia por encontrar soluciones que eviten mayores riesgos para el erario público.

En línea con lo comunicado por la ministra, las gestiones para incorporar capital privado en la empresa avanzan, y está previsto que la firma de los primeros contratos de participación se concrete en junio, siempre después de identificar los activos que podrían resultar atractivos para potenciales inversores. De acuerdo con El Comercio, esta tarea está a cargo de Proinversión, la agencia estatal responsable de promover inversiones privadas en activos públicos para fomentar la eficiencia y la competitividad del sector.

La compleja situación financiera de Petroperú y las medidas adoptadas por el Gobierno forman parte de una estrategia más amplia para estabilizar la empresa y fortalecer el sector de hidrocarburos nacional. La intervención del Estado a través de garantías e instrumentos legales excepcionales refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta la petrolera, y la determinación del Ejecutivo para proteger los intereses públicos y asegurar la viabilidad operativa de uno de los principales actores económicos del país, según lo detallado por El Comercio.

La atención se concentra ahora en la presentación del plan de promoción de activos, que definirá los pasos concretos para involucrar capital privado en la gestión y extracción de recursos petroleros, y que permitirá establecer las condiciones en las que se desarrollará la colaboración entre el Estado y los potenciales aliados financieros, con la expectativa de revertir la tendencia de pérdidas y reducir la exposición estatal al riesgo financiero, según las declaraciones reiteradas por la ministra Denisse Miralles al medio El Comercio.

El debate sobre el endeudamiento del Estado volvió al centro de la discusión pública tras un cruce de mensajes en X entre el presidente Gustavo Petro y el economista Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

Petro aseguró que buena parte del endeudamiento de su administración no corresponde a nuevas obligaciones, sino al pago de deudas heredadas del gobierno de Iván Duque.

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Según el mandatario, su Gobierno asumió compromisos para cubrir una deuda externa de 5.000 millones de dólares, además de 70 billones de pesos asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un pasivo que se acumuló por el subsidio a la gasolina.

La discusión, sin embargo, fue más allá de esos montos iniciales y se centró en una cifra mucho mayor: más de 300 billones de pesos, cuya explicación se convirtió en el punto más álgido del debate.

El señalamiento del vicepresidente técnico de Acemi

El intercambio comenzó con un mensaje de Cruz en el que comparó el endeudamiento de los dos gobiernos. El economista afirmó que mientras la administración Duque tomó cerca de 5.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia, el Gobierno Petro habría adquirido deuda por el equivalente a 100.000 millones de dólares al cambio actual, sin un destino claro.

En su mensaje, sostuvo que se trata de un endeudamiento “20 veces mayor” y cuestionó que se siga responsabilizando al gobierno anterior por la situación fiscal actual.

El planteamiento de Cruz apuntó a un tema sensible: la percepción de que el nivel de deuda ha crecido de forma acelerada en los últimos años y que el discurso oficial no logra convencer a todos los sectores económicos. Su mensaje fue replicado y comentado ampliamente, alimentando el debate sobre la sostenibilidad fiscal.

La defensa del presidente

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. El mandatario insistió en que la deuda tomada por su administración tiene como objetivo principal pagar compromisos heredados. En su mensaje, reiteró que los 5.000 millones de dólares y los 70 billones de pesos corresponden a obligaciones del gobierno anterior, en particular las derivadas del subsidio a los combustibles, que mantuvo artificialmente bajos los precios de la gasolina durante varios años.

Petro defendió que su Gobierno no creó ese hueco fiscal, sino que se vio obligado a cerrarlo. En ese sentido, planteó que el aumento del endeudamiento debe analizarse teniendo en cuenta el contexto macroeconómico y las decisiones tomadas en el pasado reciente.

La pregunta por los $322 billones

El cruce subió de tono cuando Cruz respondió con cifras más detalladas. Aceptó, “digamos que sí”, que el Gobierno actual haya tenido que asumir cerca de 36 billones de pesos del subsidio a la gasolina y otros 20 billones asociados al cupo de crédito con el Fondo Monetario Internacional, lo que sumaría unos 56 billones de pesos. Sin embargo, subrayó que, aun así, el Gobierno se habría endeudado por 388 billones de pesos, dejando sin explicación clara unos 332 billones.

La respuesta final del presidente Petro apuntó directamente a ese cuestionamiento. Según el mandatario, los 322 billones restantes corresponden al pago de la deuda anterior multiplicada por la tasa de interés interna del Banco de la República.

Es decir, no se trataría de gasto nuevo, sino del costo financiero acumulado de obligaciones previas en un contexto de tasas de interés elevadas.

Mientras el Gobierno enfatiza el peso de la deuda heredada y de los intereses, sectores técnicos cuestionan el volumen total del endeudamiento y la claridad sobre su uso. Más allá de los mensajes en redes sociales, el debate refleja una discusión estructural sobre las finanzas públicas, la carga de los intereses y la narrativa política en torno a la responsabilidad fiscal.

Según los datos difundidos por la ONS, en diciembre de 2025 la necesidad de financiación del sector público británico ascendió a 11.600 millones de libras (13.340 millones de euros). Este monto implicó una disminución de 7.100 millones de libras (10.650 millones de euros) en comparación con diciembre de 2024. EFECOM indicó que esta mejora obedece esencialmente a una subida en los ingresos percibidos por el Estado, mientras que el gasto público no evidenció un incremento particularmente relevante, según destacó Tom Davies, subdirector de la ONS.

La información divulgada muestra que el endeudamiento acumulado durante los primeros nueve meses del actual ejercicio fiscal —que comienza en abril y finaliza en marzo del año siguiente— se situó en 140.400 millones de libras (161.460 millones de euros). Esta cifra representa una reducción de 300 millones de libras (345 millones de euros) respecto al mismo periodo comprendido entre abril y diciembre del año fiscal previo. La ONS aclara que, si bien el endeudamiento trimestral presenta una leve mejora, los niveles totales de endeudamiento siguen manteniéndose dentro de máximos que no se veían en más de seis décadas.

Davies, portavoz de la ONS, explicó que "el endeudamiento en diciembre fue sustancialmente menor que en el mismo mes de 2024, debido a un fuerte aumento de los ingresos", y añadió que "el gasto fue solo ligeramente superior". Además, señaló que "durante los primeros nueve meses del ejercicio (fiscal) en su conjunto, el endeudamiento fue ligeramente inferior al del mismo período de 2024".

De acuerdo con la información de EFECOM, el comportamiento del endeudamiento público en diciembre responde principalmente a una mejoría en el flujo de recaudación estatal, mientras que el gasto público experimentó variaciones mínimas. El contexto de deuda sobre el PIB evidencia el peso de la financiación de las finanzas públicas, consolidándose en niveles históricos que, según la ONS, no se observaban desde los primeros años sesenta.

Los datos presentados por la ONS muestran la persistencia de una presión sobre las cuentas públicas británicas, a pesar de las mejoras observadas en el balance mensual y trimestral respecto a años recientes. El aumento porcentual sobre el PIB refleja la magnitud de la deuda acumulada, que sigue siendo objeto de seguimiento tanto por parte de los organismos oficiales como de analistas internacionales, informa EFECOM.

La ONS subraya que, incluso con la reducción del endeudamiento mensual en el último periodo analizado, la dinámica estructural de la deuda pública mantiene al Reino Unido en una situación marcada por altos niveles de exposición financiera. A lo largo del último año fiscal, las autoridades británicas han afrontado el reto de contener el déficit mientras responden simultáneamente a variaciones en la evolución de los ingresos y las obligaciones de gasto.

Según EFECOM, los registros de la ONS implican que cualquier alteración significativa en las partidas de gasto o ingreso puede reflejarse rápidamente en el saldo global, cuyo comportamiento también incide en los indicadores de confianza y las previsiones económicas para el país. Hasta el momento, las cifras publicadas ponen en evidencia la combinación de una recaudación más sólida durante el mes de diciembre y la persistencia de niveles históricamente altos de endeudamiento en el promedio anual.

Los datos oficiales de la ONS contribuyen a delinear el estado financiero del Reino Unido en el contexto de necesidades fiscales continuadas, proporcionando detalles relevantes tanto sobre las variaciones mensuales como sobre la evolución sostenida del sector público, en un entorno económico en el que la gestión de la deuda sigue siendo una cuestión central para la administración estatal.

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) resalta la desaceleración prevista en el crecimiento de la economía española para 2027, situando la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en un 1,9%, lo que representa el ritmo más bajo de avance desde 2014, salvo por la contracción experimentada en el año 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Este dato, publicado por el FMI, es dos décimas inferior a la proyección anticipada por el propio Gobierno español para ese año, que fijaba el crecimiento en 2,1%, según detalló el medio. La noticia principal radica en que, pese a la moderación, España será la gran economía europea con mejor desempeño en 2026 y 2027, superando la media de la zona euro y quedando cerca del crecimiento previsto para Estados Unidos.

El FMI revisó al alza sus estimaciones para el crecimiento de España, situando la previsión para 2026 en 2,3%, tres décimas por encima de la cifra proyectada en octubre del año anterior, según consignó el medio. Esta mejora deja la expectativa de crecimiento español para dicho año incluso por encima de la calculada por el propio Ejecutivo nacional, que en noviembre mantuvo su estimación en 2,2%. Para 2027, la mejora es de dos décimas respecto a la anterior previsión del organismo internacional, aunque sigue ubicándose por debajo de las expectativas del Gobierno español.

Las proyecciones del FMI marcan una desaceleración significativa en comparación con el aumento estimado del 2,9% del PIB para 2025, dato que subraya el contraste entre el dinamismo actual y el ritmo de crecimiento esperado en los dos años siguientes. Según publicó el FMI, a pesar de esa moderación, España continuará registrando una evolución económica superior a la de la zona euro, que presenta una previsión de crecimiento del 1,3% para 2026 y del 1,4% para 2027.

En comparación internacional, el pronóstico del FMI posiciona a España entre los países desarrollados de mejor evolución económica, sólo por detrás de Estados Unidos, que muestra proyecciones del 2,4% para 2026 y del 2% para 2027, cifras revisadas respecto a los cálculos previos del organismo. La institución con sede en Washington también mejoró la previsión para la zona euro en 2026 en una décima, manteniendo sin cambios la de 2027.

El análisis del FMI incorpora revisiones específicas para otros países europeos. Alemania eleva su previsión de crecimiento para 2026 hasta 1,1% (dos décimas más que en la última estimación) y mantiene en 1,5% la del año siguiente. Francia mejora una décima su expectativa para 2026, alcanzando 1%, y confirma el 1,2% como expectativa para 2027. Para Italia, la proyección es de 0,7% de crecimiento tanto para 2026 como para 2027, tras una pequeña rebaja para el primer año y un ligero ajuste al alza para el siguiente.

El FMI justifica el aumento de su previsión para 2027 en los incrementos previstos del gasto público, particularmente en Alemania, acompañados por un avance consistente de Irlanda y España. No obstante, el organismo advierte que las perspectivas de crecimiento de la eurozona permanecen limitadas por retos estructurales no resueltos. Entre los factores restrictivos, según consignó el medio, se encuentran los efectos persistentes del encarecimiento energético tras la guerra en Ucrania, que siguen afectando al sector manufacturero, y la apreciación del euro, que añade presión a la industria. Además, el impacto del aumento del gasto en defensa se reflejará de manera gradual, con la mira puesta en alcanzar los objetivos en 2035. La eurozona, según el FMI, se beneficia menos que otras regiones del reciente impulso a la inversión tecnológica.

En el panorama global, las últimas previsiones del FMI sitúan el crecimiento económico mundial en un 3,3% en 2026, ajustando al alza su pronóstico en dos décimas respecto al informe anterior. Para 2027, la expectativa permanece estable en 3,2%. Entre las economías avanzadas, la previsión para este año sube hasta 1,8% frente al 1,6% calculado anteriormente, mientras que para el siguiente año se mantiene en 1,7%. Las economías emergentes experimentan una mejoría de dos décimas para 2026 alcanzando el 4,2%, pero se ajusta a la baja en 2027 al 4,1%.

El FMI detalla en su análisis que China experimentará un crecimiento del 4,5% en 2026, tres décimas más que en la previsión previa, aunque reduce dos décimas su expectativa para el año siguiente, hasta el 4%. Para India, la entidad internacional mejora dos décimas la previsión de 2026, hasta un 6,4%, y mantiene esa misma cifra para 2027.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, atribuye la estabilidad de las perspectivas globales a la compensación entre factores adversos y favorables. Por un lado, el organismo identifica como negativos los impactos derivados de cambios en las políticas comerciales y los desafíos estructurales no resueltos; por otro, resalta los efectos positivos del mayor gasto en tecnología, la inteligencia artificial y las políticas fiscales y monetarias de apoyo. Esta combinación, según el FMI, da lugar a condiciones financieras expansivas y evidencia la capacidad de adaptación del sector privado, lo que permite mantener la tendencia de crecimiento global.

El FMI también anticipa que el sector de alta tecnología reducirá su ritmo de avance, aunque continuará mitigando el impacto negativo de sectores menos dinámicos. El informe prevé que tanto la incertidumbre como las barreras comerciales continuarán pesando sobre la actividad económica, pero pronostica que su efecto se desvanecerá durante 2026 y 2027.

Respecto a la inflación global, el FMI proyecta una disminución progresiva: del 4,1% estimado en 2025 al 3,8% en 2026 y al 3,4% en 2027. El retorno al objetivo de inflación será más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías. El organismo advierte, sin embargo, que los riesgos para el crecimiento siguen inclinándose hacia la baja. Entre ellos, destaca la posibilidad de que una reevaluación en torno a la inteligencia artificial derive en una reducción de la inversión, lo que podría desencadenar una caída abrupta de los mercados financieros y un debilitamiento del valor patrimonial de los hogares. El FMI señala además que un resurgimiento de las tensiones comerciales prolongaría el entorno de incertidumbre, disminuyendo la actividad económica global, mientras que la aparición de nuevos conflictos políticos y geopolíticos podría desestabilizar mercados, cadenas de suministro y precios de materias primas.

Al mismo tiempo, el informe advierte sobre las implicaciones de déficits fiscales elevados y una alta deuda pública, factores que ejercerían presión sobre los tipos de interés en el largo plazo y condicionarían las condiciones financieras generales. Por otro lado, el FMI plantea que la inversión en inteligencia artificial podría propulsar aún más la actividad económica, con la posibilidad de consolidar un crecimiento sostenible si su adopción logra impulsar con fuerza la productividad y la competitividad empresarial.

El organismo considera esencial restaurar la capacidad fiscal y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, ante la persistente presión sobre el gasto. Para ello, recomienda que los esfuerzos para reforzar los márgenes fiscales se fundamenten en supuestos realistas sobre las tendencias de gasto a largo plazo y en marcos sólidos de gestión de deuda, buscando siempre el equilibrio necesario para que el ajuste no afecte negativamente al crecimiento.

Para fortalecer la recuperación económica, el FMI aconseja además estabilizar las expectativas e incentivar la inversión en un abanico más amplio de sectores económicos. Propone dar prioridad a la reducción de la incertidumbre y aboga por el establecimiento de marcos de política comercial claros y coherentes. En este sentido, recomienda “impulsar los esfuerzos multilaterales en relación con los bienes comunes globales clave, actualizar las regulaciones internacionales cuando sea posible y explorar soluciones regionales o plurilaterales cuando corresponda”, según publicó la institución.

Colombia atraviesa uno de los momentos más exigentes de su historia reciente en materia de endeudamiento externo. Las cifras no solo evidencian el crecimiento acelerado de la deuda pública, también revelan un problema adicional, el alto costo al que el país se está financiando en los mercados internacionales, una señal clara de la desconfianza que perciben los inversionistas frente a las finanzas públicas nacionales.

Entre julio de 2022 y noviembre de 2025, el saldo de la deuda del Gobierno pasó de 789 billones de pesos a 1.176 billones, un aumento cercano al 50%. Este salto no es gratuito. A la par del mayor endeudamiento, el país enfrenta una factura cada vez más pesada por concepto de intereses, al punto de destinar cerca de una tercera parte de sus ingresos tributarios únicamente a cubrir ese rubro. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió en reiteradas ocasiones que este nivel de compromisos reduce de manera significativa el margen para financiar gasto social y nuevas políticas públicas.

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Las proyecciones oficiales ya daban señales de alarma. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 estimó que el pago de intereses en 2024 rondaría los 86 billones de pesos, equivalentes al 4,7% del producto interno bruto (PIB), uno de los registros más altos de las últimas décadas. Esa presión se intensificó en enero de este año, cuando el Gobierno acudió nuevamente a los mercados internacionales y, en una sola jornada, emitió bonos por 4.950 millones de dólares para cubrir el faltante del presupuesto de 2026.

La comparación histórica no pasa desapercibida. En 2020, en plena pandemia, Colombia accedió a un crédito del Fondo Monetario Internacional por 5.400 millones de dólares, pero lo hizo a una tasa cercana al 2,4%. Hoy, ese mismo monto de financiamiento se está consiguiendo a tasas que bordean el 6% en dólares, una diferencia que encarece de forma sustancial el servicio de la deuda.

El contexto internacional tampoco juega a favor. De acuerdo con un análisis del equipo de Investigaciones Económicas del Banco Popular, Colombia es actualmente el tercer país emergente que paga los intereses más altos por su deuda externa, si se toman como referencia los bonos soberanos a 10 años denominados en dólares. La tasa colombiana se ubica en 6,8%, solo por debajo de Ucrania (13,94%) y Argentina (9,74%). Detrás aparecen Turquía (6,77%), Brasil (6,16%), México (5,84%) y Panamá (5,80%).

Para Julián Cortés, analista senior del Banco Popular, estas cifras reflejan una percepción de mayor riesgo. “Entre más arriba esté la tasa, más tendremos que pagar eventualmente. Se trata de una situación problemática porque sigue aumentando el déficit fiscal. Es posible que vengan nuevas reformas tributarias para poder controlar el gasto”, señaló en El Tiempo.

El panorama tampoco mejora cuando se observa la deuda en moneda local. En ese frente, Colombia ocupa el sexto lugar entre los países con los intereses más altos en bonos soberanos a 10 años, con una tasa de 12,03%. El ranking es encabezado por Líbano (43,48%), seguido de Turquía (27,80%), Nigeria (16,58%), Brasil (13,91%) y Rusia (13,02%).

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, advierte que el ritmo reciente de endeudamiento agrava el escenario. “Entre diciembre y enero, el Gobierno se endeudó por más de 11.000 millones de dólares a tasas históricamente elevadas. Hoy está pagando intereses cercanos al 13–14 por ciento, casi el doble de lo que se pagaba hace apenas unos años. Esto naturalmente es reflejo de mayor incertidumbre por el mal momento de las finanzas públicas”, afirmó al medio antes mencionado.

Esa incertidumbre se traduce en una prima de riesgo elevada, visible en los credit default swaps (CDS), instrumentos que funcionan como un termómetro del temor a un eventual incumplimiento. Desde la pandemia, la percepción de riesgo país no ha logrado normalizarse, en parte por los déficits fiscales persistentes y el deterioro de los indicadores de deuda.

El golpe reputacional sigue pesando. En julio de 2021, en medio del paro nacional y la fallida reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla, Fitch Ratings y Standard & Poor’s le retiraron a Colombia el grado de inversión. A la fecha, el país no ha logrado recuperarlo plenamente: con Moody’s mantiene una calificación Baa3, apenas un escalón por encima de perder ese estatus; con S&P se ubica en ‘BB’, ya en terreno especulativo; y con Fitch permanece en ‘BB’ con perspectiva estable.

La advertencia del mandatario reside en que el hundimiento de esta medida provocaría un aumento significativo en el precio de la deuda del país y obligaría a implementar recortes en sectores prioritarios como salud y educación.

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Petro consideró que el decreto es esencial para sostener el equilibrio fiscal tras la caída en el Congreso de la ley de financiamiento, un hecho que agravó la situación presupuestaria y ocasionó el déficit primario.

“Con la caída de las leyes de financiamiento, pues se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la emergencia económica, que si la tumban, pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos”, afirmó el presidente Petro durante el consejo de ministros llevado a cabo el lunes 19 de enero.

El mandatario subrayó que, si la Corte Constitucional invalida la emergencia económica, el país entrará en una situación en la que, según sus palabras, “la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo; es la situación en la que estamos”.

Remarcó además que el propósito fundamental de los instrumentos fiscales impulsados por su gobierno —como la ley de reforma tributaria y las leyes de financiamiento— consistía en alcanzar un superávit primario, condición que, de no cumplirse, encarecería aún más la deuda pública y agravaría el panorama para la próxima administración.

“Cada vez que avance el tiempo sin disminuir el déficit primario se agrava la situación fiscal de Colombia, encareciendo la deuda; cada vez será más cara”, afirmó Petro.

En relación con las opciones de ajuste presupuestal, Petro aseguró durante el consejo de ministros que “ya hemos recortado gastos: 16 billones de pesos”.

No obstante, advirtió que realizar nuevos recortes solamente podría aplicarse sobre partidas destinadas a la salud, educación, sueldos de soldados y policía, pensiones o al servicio de la deuda.

El presidente recordó que los pagos de deuda y el gasto social están protegidos constitucionalmente: “En relación a la deuda, la Constitución ordena que es primero que todo; eso está escrito ahí. Y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año”.

Petro también atribuyó al expresidente Iván Duque parte de los actuales problemas económicos, acusando a su gestión de producir la devaluación del peso colombiano, lo que incrementó las obligaciones externas.

Según sus palabras, “Duque produjo la desvalorización del peso colombiano, que llegó a estar en cinco mil pesos por dólar, entonces toda la deuda en dólares se agrandó”. A la vez, insistió en que las críticas sobre un supuesto despilfarro del Estado no se corresponden con la realidad del gasto público actual.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aportó su perspectiva sobre la rigidez presupuestal del país, señalando que “hay 512 billones de pesos de gasto inflexible, mientras que solo el 6,3% del gasto es no inflexible para la ejecución de proyectos de inversión”.

Precisó, además, que el Presupuesto General de la Nación para 2026 registra un déficit de 16,3 billones de pesos, cifra que el Gobierno pretende solventar con la declaratoria de emergencia económica.

Ávila defendió el decreto señalando su papel para evitar que la crisis fiscal amenace el cumplimiento de derechos fundamentales: “podría ponerse en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales, y eso conduce a la necesidad de una emergencia económica”.

Durante el mismo consejo de ministros, Petro dirigió críticas a grandes grupos empresariales como el GEA y a banqueros, asegurando que impedirían a sus empleados acceder a salarios dignos.

Reiteró que los mayores impuestos derivados de la emergencia recaerán sobre los “megarricos”, un segmento que, según el mandatario, comprende apenas el 0,5% de la población y empresas como las de Luis Carlos Sarmiento y los Santo Domingo.

El presidente también se refirió al reciente fallo de la Corte Constitucional, que anuló la reforma tributaria que prohibía descontar regalías a las empresas mineras y petroleras. A su juicio, la sentencia favorece a grandes compañías en detrimento del patrimonio nacional: “La Corte Constitucional decidió que el pago de las regalías que hacen las carboneras, mineras y petroleras paguen un porcentaje menor, yo creo que eso es regalar nuestro patrimonio nacional a unas empresas que lo explotan”.

El decreto que establece la emergencia económica, orientado a aplicar mayores cargas impositivas y a corregir el déficit provocado por el hundimiento de las reformas oficiales, continúa en estudio en la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo.

Petro anticipó su posición ante este tribunal: “Si se cae, el mensaje de la Corte Constitucional sería que no se le puede pagar a los trabajadores el salario suficiente para que puedan vivir”.

El Gobierno sostiene que la negativa a mantener la emergencia económica precipitaría recortes inevitables en áreas como salud y educación, ante la ausencia de márgenes de maniobra sobre el gasto público.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, la decisión final de la Corte Constitucional determinará el rumbo fiscal del país y el acceso a derechos fundamentales para millones de ciudadanos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la conclusión de una operación de refinanciamiento de deuda pública en el mercado local por 235 mil 552 millones de pesos, junto con la primera subasta sindicada del año.

La medida forma parte de la estrategia de financiamiento para 2026 y tiene como objetivo mejorar la estructura de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado interno y ordenar las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Refinanciamiento de la deuda pública en el mercado local

De acuerdo con el comunicado emitido el 19 de enero de 2026, la operación registró una demanda cercana a 296 mil millones de pesos, cifra superior al monto colocado.

Como resultado, Hacienda logró extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.44 años, lo que permite reducir concentraciones de vencimientos en el corto plazo y distribuir las obligaciones financieras en un horizonte más amplio.

La estrategia incluyó la recompra de diversos instrumentos de deuda gubernamental, entre ellos Cetes, Bonos M y Udibonos, con el fin de reorganizar los compromisos financieros del Gobierno Federal y disminuir presiones de liquidez inmediatas.

Resultados de la recompra de instrumentos de deuda

Del total de instrumentos recomprados durante la operación de refinanciamiento, la distribución de vencimientos quedó de la siguiente manera:

• 71 mil 857 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026
• 44 mil 430 millones de pesos a vencimientos programados para 2027
• 119 mil 265 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2027

Esta redistribución permite una gestión más eficiente de los requerimientos de financiamiento futuros y reduce la necesidad de acudir de manera concentrada al mercado en el corto plazo.

Subasta sindicada y emisión de Udibonos a 30 años

Como parte de las acciones complementarias, la SHCP llevó a cabo una colocación sindicada mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 30 años, con vencimiento en octubre de 2057.

El monto colocado fue equivalente a 10 mil 408 millones de pesos, con un cupón de 4% y un rendimiento de 4.26%.

La demanda por esta emisión superó los 17 mil millones de pesos, equivalente a 1.69 veces el monto ofertado, lo que permitió incorporar una nueva referencia de largo plazo al mercado de deuda local y otorgar liquidez adicional cercana a 64 mil millones de pesos.

De acuerdo con Hacienda, estas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de la deuda en pesos, tanto a tasa fija nominal como real.

¿Qué son los Udibonos y cómo funcionan?

Los Udibonos son bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (UDIS), una unidad de cuenta cuyo valor se actualiza conforme a la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Además del ajuste inflacionario, estos instrumentos pagan intereses semestrales con una tasa fija, lo que permite obtener un rendimiento real.

Entre sus principales características se encuentran:

• Protección del capital frente a la inflación
• Pago de intereses semestrales
• Vencimientos de mediano y largo plazo, de hasta 30 años
• Respaldo del Gobierno Federal
• Disponibilidad para inversionistas a través de Cetesdirecto, con montos accesibles

Plan Anual de Financiamiento 2026

Las operaciones anunciadas se enmarcan en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2026, que establece como ejes la prioridad al financiamiento interno en pesos, el uso de instrumentos de tasa fija y largo plazo, y una política activa de refinanciamiento.

El plan también contempla el fortalecimiento del mercado de deuda local, el desarrollo de instrumentos sostenibles y el manejo integral de riesgos financieros.

Implicaciones para la deuda pública

La SHCP indicó que estas acciones buscan mejorar la administración de los pasivos públicos y dar mayor previsibilidad a las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Las condiciones obtenidas, señaló la dependencia, se ajustan a los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026 y reflejan el interés del mercado por los instrumentos de deuda gubernamental.

La deuda total del Sector Público No Financiero (SPNF) de El Salvador, incluyendo los compromisos por pensiones, superó los $32,613 millones al cierre de noviembre de 2025, lo que representa el 89.1% del Producto Interno Bruto (PIB), según los últimos datos del ministerio de Hacienda.

Es decir, el endeudamiento del país que alcanzó un nivel cercano al tamaño total de su economía. Para explicarlo mejor, por cada cien dólares que el país produce, ya adeuda 89.

Además, la deuda pública experimentó un incremento de $1,715.1 millones respecto de diciembre de 2024. Este crecimiento elevó la relación deuda/PIB a 89.1 %, dejando al país con un margen fiscal cada vez más estrecho.

En este contexto, el pago de pensiones representa una presión creciente. Hacia noviembre de 2025, El Salvador destinó $11,241.1 millones a obligaciones previsionales, equivalentes al 30.7 % del PIB.

Esta cifra se incrementó en $715.2 millones en menos de un año, estos compromisos absorben recursos clave, dificultando la inversión pública en áreas como salud, educación e infraestructura.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que el sistema previsional vigente resulta inviable en el largo plazo y subrayó la urgencia de avanzar con una reforma estructural profunda.

El Gobierno salvadoreño presentó un estudio actuarial, aunque con un retraso de tres meses, como primer paso para delinear los cambios necesarios.

Se espera que la reforma al sistema previsional sea aprobada en febrero próximo y ya algunas gremiales como la Mesa por una Pensión Diga anticiparon que el aumento de la edad de jubilación, además de incrementar el tiempo de servicio, son parte de las inminentes medidas que traería la reforma.

Deuda externa con el mayor peso

La deuda externa se consolidó como el principal motor del crecimiento del endeudamiento. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 ascendió de $12,922.4 millones a $14,541.6 millones, aproximadamente el 39.7 % del PIB.

Hacienda detalla que $13,535 millones corresponden al gobierno central, $600.5 millones a empresas públicas no financieras y $405.8 millones al resto del gobierno general.

Por el contrario, la deuda interna mostró una reducción al disminuir de $6,092 millones a $5,602.9 millones, concentración casi absoluta en el gobierno central, con $5,130.4 millones (14 % del PIB).

Los instrumentos de corto plazo reflejaron una leve disminución: las Letras del Tesoro (LETES) sumaron $1,130.8 millones y los Certificados del Tesoro (CETES), $96.8 millones, un retroceso conjunto cercano a $156 millones frente a diciembre previo.

La distribución de acreedores- es decir a quiénes les debe el Estado de El Salvador- señala que los inversionistas privados acaparan $11,303.5 millones (56,1 % del total). El financiamiento multilateral ascendió de $6,215.7 millones a $7,334.2 millones.

Además, El Salvador mantiene obligaciones con el Banco Central de Reserva por $1,077.9 millones (5.4 %), entes bilaterales ($349 millones) y otros acreedores ($79.9 millones).

El costo de esta política de endeudamiento revela otro frente problemático. El 34 % de la deuda aplica tasas de interés entre 6 % y 8 %, mientras que al menos un tercio debe pagar intereses que superan el 9 %.

Estas cifras elevan el gasto para atender el servicio de la deuda, comprometiendo la viabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

La estructura de plazos también incrementa la vulnerabilidad del Estado. Aproximadamente el 25 % de la deuda tendrá que ser cancelada antes de cinco años; otro 22 % vencerá entre seis y diez años.

Esta programación supone para El Salvador fuertes presiones de liquidez, más aún en un marco donde el Estado continúa tomando nuevas deudas para cubrir déficits fiscales y obligaciones previsionales.

El exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria respondió con dureza a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que aseguró que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos de emergencia económica provocaría un nuevo encarecimiento de la deuda pública colombiana.

La reacción de Gaviria se registró tras una publicación del jefe de Estado en la que este relacionó la reducción reciente en las tasas de endeudamiento externo con la expedición de un decreto tributario bajo el estado de emergencia, argumento que el exfuncionario calificó como desconectado de la realidad.

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El intercambio se produjo luego de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informara sobre una emisión histórica de bonos globales en dólares por USD 4.950 millones, con vencimientos en 2029, 2031 y 2033, operación que permitió cubrir buena parte del financiamiento externo de la vigencia 2026 y que alcanzó un cupón promedio ponderado de 5,93%. A partir de ese anuncio, Petro publicó un extenso mensaje en el que vinculó directamente el resultado de la operación con la política fiscal adoptada mediante la emergencia económica.

En respuesta, Gaviria publicó un mensaje en el que cuestionó la forma en que el mandatario presentó los hechos y comparó tasas de interés en monedas distintas. “Esta forma de mentir, de acomodar los hechos en un relato absurdo que compara las tasas de interés en pesos y en dólares, muestra un grado de cinismo y un nivel de desconexión con la realidad que son francamente patológicos” escribió el exministro, en un pronunciamiento que se difundió ampliamente en redes sociales.

El mensaje del presidente y la defensa de la emergencia económica

Las declaraciones de Petro se conocieron después del comunicado oficial de Hacienda sobre la emisión de bonos, operación que fue presentada por el Gobierno como la más grande en la historia del país en los mercados internacionales. En su publicación, el presidente afirmó: “Está es la demostración de lo sobreviniente en los decretos de emergencia. Se ha desplomado la tasa de interés en dólares con que nos endeudamos”.

El mandatario agregó que, antes de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento, la tasa de endeudamiento externo se ubicaba entre 12% y 8%, mientras que ahora, según su versión, “esa tasa se desplomó a 5,9%, gracias a la expedición del decreto tributario por emergencia”. En el mismo mensaje sostuvo que también se redujo el riesgo país y que ello confirmaría que el encarecimiento de la deuda era un hecho sobreviniente que hacía insostenibles las finanzas públicas.

Petro señaló además que el aumento de tributos a los sectores de mayores ingresos permitió mitigar ese riesgo y estabilizar la deuda. “El país se beneficia estabilizando su deuda, pero los grandes ricos creen que se perjudican por pagar un poco más de impuestos”, escribió, al tiempo que afirmó que ese mayor pago se compensa con la estabilidad macroeconómica. En su publicación también advirtió que, si la Corte Constitucional llegara a tumbar la emergencia, “verá como se dispará el costo de la deuda hasta la insostenibilidad de nuevo”.

Sobre la emisión de bonos

El pronunciamiento presidencial se apoyó en la información divulgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que el 13 de enero de 2026 informó que Colombia realizó con éxito la emisión de tres nuevos bonos globales en dólares. De acuerdo con el comunicado, el bono con vencimiento en 2029 tuvo un cupón de 5,375% por USD 2.000 millones; el de 2031, un cupón de 6,125% por USD 1.475 millones; y el de 2033, un cupón de 6,500% por USD 1.475 millones, lo que dio como resultado un cupón promedio ponderado de 5,93%.

Según la cartera de Hacienda, la operación recibió órdenes de compra por cerca de USD 23.200 millones en su punto máximo, el mayor libro de órdenes registrado en emisiones en dólares del país, con la participación de más de 290 inversionistas. La diversificación geográfica incluyó principalmente a inversionistas de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%), además de otros países.

El ministerio indicó que la emisión permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública, al fortalecer los tramos correspondientes a 2029, 2031 y 2039, contribuyendo a una mayor estabilidad en la estructura de la deuda. “La exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”, afirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila.

El Tesoro francés logró captar alrededor de 106.000 millones de euros en demanda de los inversores para una colocación de deuda a 20 años, aunque finalmente emitió 10.000 millones de euros en total, según reportó Bloomberg citando fuentes conocedoras de la operación. Esta cifra marca una sobresuscripción de diez veces respecto al volumen subastado, una señal de fuerte interés de los mercados por los títulos galos, aun en un periodo donde el país enfrenta tensiones por su estabilidad financiera y política. La noticia se produce mientras el Gobierno de Francia ha superado dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, en un contexto complicado para el Ejecutivo liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu.

De acuerdo con lo publicado por Bloomberg, la demanda actual se sitúa por debajo del volumen registrado en operaciones similares durante el año previo, pero aun así permitió al Ejecutivo gestionar la adjudicación con condiciones beneficiosas: el interés acordado para el préstamo resultó solo cinco puntos básicos mayor respecto a bonos franceses equivalentes emitidos en circunstancias anteriores. Bloomberg detalló que esta financiación se realizó por medio de un préstamo sindicado, canal habitual para operaciones de gran volumen en el mercado de renta fija.

El contexto de la emisión está marcado por la incertidumbre respecto a las cuentas públicas. El ministro de Finanzas, Roland Lescure, advirtió que, en caso de carecer de presupuesto aprobado para el presente ejercicio, el déficit de Francia podría situarse en el 5,4% del Producto Interno Bruto. Este nivel supera ampliamente el umbral del 3% que fija la Unión Europea como referencia para activar un procedimiento por déficit excesivo, mecanismo que obliga a los Estados miembros a adoptar ajustes fiscales bajo supervisión supranacional.

Las presiones sobre el Gobierno aumentaron luego de la presentación de dos mociones de censura que buscaban forzar la dimisión del Gabinete de Sébastien Lecornu. Ambas iniciativas provinieron de formaciones políticas opuestas: La Francia Insumisa y la Agrupación Nacional, explicó Bloomberg. La principal crítica giró en torno al reciente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que ha generado debates controvertidos en el Parlamento francés sobre sus consecuencias para los sectores agrícolas y la soberanía económica.

Durante la jornada, la coalición de Gobierno consiguió superar ambos desafíos parlamentarios, asegurando temporalmente la continuidad política del Ejecutivo. No obstante, Bloomberg indicó que estas votaciones reflejan un clima de inestabilidad, donde la oposición incrementa el control sobre la gestión presupuestaria y comercial del país. El contexto financiero añade presión, ya que la Unión Europea estudia la posibilidad de intervenir mediante la activación de un procedimiento por déficit excesivo, un paso que podría imponer nuevos límites a la capacidad de gasto del Estado francés.

El préstamo sindicado a 20 años representa una herramienta clave para diversificar los vencimientos de la deuda estatal. Este método convocó a un conjunto de bancos internacionales encargados de coordinar la captación de fondos entre inversores institucionales, detalló Bloomberg. Las condiciones del mercado permitieron que la operación asegurara cifras elevadas de demanda, lo que otorga flexibilidad al Tesoro para afrontar futuras necesidades de financiación y amortizar comprometidos en otros tramos de deuda.

A pesar de haber logrado una demanda notable y condiciones de interés estables, París encara retos derivados del incremento en la brecha presupuestaria. Según las previsiones ofrecidas por el ministro Roland Lescure a Bloomberg, la diferencia entre ingresos y gastos estatales parece encaminada a deteriorarse sin los ajustes correspondientes. Esta situación podría acelerar la puesta en marcha del mecanismo de supervisión de la Comisión Europea, generando obligaciones adicionales para la administración francesa en materia de recortes o reformas fiscales.

Bloomberg reportó que, tras la resolución de las mociones de censura, la atención de los observadores internacionales se centra tanto en la capacidad del gobierno para recomponer la estabilidad legislativa como en la respuesta de los mercados financieros a los planes fiscales. El atractivo de la deuda francesa entre los grandes inversores continúa patente pese a la reducción de la demanda en comparación con ejercicios anteriores, lo que sugiere un voto de confianza relativo en la solvencia del Estado, aún en un escenario de incertidumbre y posible intervención europea.

La colocación de deuda a 20 años y la reacción de los mercados se interpretan en clave del debate fiscal europeo, donde el límite del 3% de déficit y los procedimientos de control son ejes principales de la política económica comunitaria. Bloomberg señaló que Francia afronta, tras la colocación y la superación de las tensiones parlamentarias, un periodo decisivo de cara a la presentación y aprobación de un presupuesto que permita adecuarse a los compromisos adquiridos ante sus socios europeos.

La percepción de que el mundo avanza hacia un escenario cada vez más turbulento y tormentoso para los próximos años se ha intensificado, según datos recogidos en el 'Informe de Riesgos Globales 2026' elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). Este reporte, citado por diversos medios internacionales, advierte que la mitad de las personas encuestadas prevé un contexto global inestable o marcado por crisis, un salto de 14 puntos porcentuales con respecto al informe anterior. El documento sitúa por primera vez a la insuficiencia de recursos públicos y la protección social —que abarca sistemas como la educación, las infraestructuras o las pensiones— entre los cinco principales riesgos para España. El informe del Foro de Davos detalla que la calidad de los servicios públicos alcanza la tercera posición en el ranking de preocupaciones relevantes dentro de la sociedad española.

De acuerdo con el análisis que recoge el Foro Económico Mundial, la polarización se posiciona como la principal amenaza identificada para España, por encima incluso de asuntos históricos como el desempleo o la deuda. A continuación, el informe destaca la escasez de profesionales o de talento, lo que refleja tensiones en el mercado laboral y el impacto potencial sobre la economía, mientras que la deuda ocupa el cuarto lugar, evidenciando inquietud respecto al endeudamiento público y privado. La carencia de oportunidades laborales y el desempleo figuran en la quinta posición entre los aspectos que generan mayor preocupación en la población española, según reportó el WEF.

En cuanto al contexto global, el Foro de Davos incorpora, en su informe publicado este miércoles, una lista de riesgos inminentes que podrían afectar la estabilidad mundial en el año 2026. Entre estos figuran la confrontación geoeconómica, los conflictos armados entre Estados, las catástrofes provocadas por eventos climáticos extremos, la acentuación de la polarización social y el impacto de la desinformación. Borge Brende, presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, afirmó: “Se está configurando un nuevo orden competitivo a medida que las grandes potencias tratan de asegurar sus esferas de influencia”, según consignó el propio Foro.

El informe del WEF detalla que la confrontación geopolítica fue seleccionada por el 18% de los consultados como el elemento con mayores probabilidades de generar una crisis a nivel global en el corto plazo. Las guerras ocuparon la segunda posición con el 14% de las respuestas, seguidas de los eventos climáticos extremos con el 8%. La polarización social y la desinformación alcanzaron cada una el 7%. Otras amenazas como la posible recesión económica recibieron un 5% de menciones, mientras que tanto el retroceso en materia de derechos humanos como los efectos adversos de la inteligencia artificial obtuvieron un 4%. La inseguridad cibernética y la desigualdad se situaron en un 3% cada una como riesgos relevantes.

El análisis de expectativas a dos años revela que un 50% de la muestra participante espera un escenario global convulso o agitado; el 40% se inclina por prever circunstancias al menos inestables; solo el 9% ve probable una situación de estabilidad y únicamente un 1% cree que podrá haber periodos de calma. Cuando la perspectiva se amplía a una década, el 57% de los consultados visualiza un entorno mundial marcado por la turbulencia y las crisis, mientras que el 32% pronostica inestabilidad, el 10% confía en la estabilidad y el 1% anticipa calma, según reportó el Foro de Davos.

Las diez principales amenazas identificadas para el planeta en los próximos dos años, según el documento del WEF, incluyen la confrontación geoeconómica, la propagación de desinformación, el aumento de la polarización, eventos climáticos extremos, guerras entre Estados, riesgos de ciberseguridad, una mayor desigualdad, el deterioro de los derechos humanos, los problemas derivados de la contaminación, y los desafíos relacionados con la inmigración.

El enfoque del informe sobre el panorama de riesgos a diez años sitúa a los factores ambientales en el centro de las advertencias. Dentro de este horizonte temporal, los incidentes vinculados a fenómenos climáticos severos lideran la clasificación, acompañados de la pérdida de biodiversidad y transformaciones drásticas en los ecosistemas. El documento resalta también la desinformación, el impacto negativo de la inteligencia artificial, la escasez de recursos naturales, la desigualdad ampliada, la amenaza cibernética, la polarización y la contaminación como factores de atención prioritaria durante la próxima década.

El Foro de Davos, en su análisis anual, subraya el desafío que representa para las instituciones y gobiernos la gestión simultánea de los riesgos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos. El estudio advierte que la percepción de insuficiencia en los sistemas públicos y de protección social podría tener consecuencias sobre la cohesión social y el bienestar en España, en la medida que se suman otros factores como la polarización política y social, la escasez de mano de obra cualificada y el elevado endeudamiento. El informe del WEF refleja también que la pérdida de confianza en las capacidades del sector público genera inquietudes adicionales entre los encuestados, según destacaron distintas publicaciones a partir del documento presentado por el Foro Económico Mundial.

El Tesoro Público español anticipa nuevas colocaciones de deuda, con una subasta programada para el jueves en la que espera adjudicar entre 5.000 y 6.000 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, tras haber colocado recientemente un total de 6.077,2 millones de euros en letras a seis y doce meses. Este dato se desprende de la información publicada por el Banco de España y recogida por distintos medios que han dado cuenta del resultado de la última emisión, vinculada a la estrategia de financiación del organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Según informó el Banco de España, la subasta de letras a seis y doce meses se situó en el rango alto previsto y se distinguió por el aumento de las rentabilidades marginales ofrecidas a los inversores, tanto en la referencia a seis meses como en la de doce meses. El interés marginal para las letras a seis meses alcanzó el 2,002 %, cifra superior al 1,968 % de la emisión anterior. En el caso de las letras a doce meses, la rentabilidad marginal subió hasta el 2,048 %, también por encima del 2,004 % registrado en la anterior subasta de la misma categoría.

El medio Banco de España detalló que, para la subasta de esta semana, el Tesoro recibió solicitudes por valor de 10.203,8 millones de euros, casi el doble del monto finalmente asignado. La entidad adjudicó 1.948,1 millones de euros en letras a seis meses, tras registrarse una demanda de 3.909,3 millones de euros, y 4.129,1 millones de euros en letras a doce meses frente a peticiones superiores a los 6.294 millones de euros. Estos datos reflejan un atractivo sostenido por parte de los inversores hacia la deuda soberana española a corto plazo y una elevada competencia que, en la práctica, presiona al alza las tasas de interés.

De acuerdo con la información consignada por el Banco de España, el calendario del Tesoro prevé una próxima subasta para el jueves 15 de enero, en la que se ofrecerán nuevas referencias de bonos del Estado a tres años, con un cupón del 2,35 %, así como obligaciones a 15 años, con cupón del 3,50 %, y obligaciones a 50 años, con cupón del 1,45 %. Para estas próximas colocaciones, los tipos de interés marginales de referencia han quedado fijados en el 3,621 % para la deuda a 15 años y en el 3,904 % para la de 50 años.

Tras la colocación de bonos y obligaciones de este jueves, el Tesoro Público tiene previsto completar la actividad del mes de enero con otra emisión el día 20, dedicada en este caso a letras del Tesoro a tres y nueve meses, según recoge el cronograma oficial. Esta estrategia se enmarca dentro del objetivo anual de financiar las necesidades del Estado, que para 2026 se sitúan en 55.000 millones de euros, exactamente la misma cifra que la estimada para 2025.

El Ministerio de Economía, citado por el Banco de España, ha señalado que la estrategia de financiación del Tesoro este año estará condicionada tanto por la evolución de la economía española como por los compromisos de responsabilidad presupuestaria. De los 55.000 millones de euros en nuevas emisiones netas previstos para este año, 50.000 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo, que engloba bonos, obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones se destinarán a la emisión de letras del Tesoro. Estas cifras coinciden con las asignadas en la planificación de 2025.

En términos brutos, el plan para el presente ejercicio contempla emisiones totales por 285.693 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2 % frente a los 274.242 millones previstos para el cierre de 2025. Este aumento se debe, según argumentó el Ministerio de Economía en datos publicados el mes pasado, principalmente a mayores amortizaciones programadas para 2026. De esta cifra bruta, 176.935 millones de euros corresponden a deuda a medio y largo plazo, superando en un 3,1 % la previsión del año anterior, mientras que las letras del Tesoro sumarán 108.758 millones de euros, con un incremento cercano al 5,9 % respecto al estimado para el cierre de 2025.

El Banco de España también reportó que la vida media de la deuda española permanece estable en torno a los ocho años por quinto ejercicio consecutivo. El informe más reciente del Ministerio apuntó que, en 2025, la vida media de la deuda estatal alcanzó los 7,93 años, el valor más elevado desde el año 2021, cuando se situó en los 7,99 años.

Estos movimientos y previsiones del Tesoro Público reflejan tanto la continuidad de una política de financiación prudente como la repercusión de las condiciones actuales del mercado, marcadas por el apetito inversor y el ajuste de los intereses ante la coyuntura económica y la política monetaria vigente.

La previsión de la agencia Fitch Ratings indica que la deuda pública de Colombia alcanzará un 62,8% respecto al PIB en 2027, superando el promedio de su categoría crediticia ‘BB’, fijado en 53,8%. Esta estimación surge tras el reciente informe de la agencia, que considera que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro impactará de manera significativa en las finanzas públicas del país. Según publicó Fitch Ratings, la decisión de incrementar el salario mínimo en un 23% generará mayores compromisos para la administración central, al elevar presiones fiscales y de inflación, a la vez que podría incidir en el desempeño económico general.

De acuerdo al más reciente reporte de Fitch Ratings consultado por medios internacionales, este aumento del salario beneficiará a unos 2,5 millones de empleados en Colombia. La medida fue adoptada por orden ejecutiva tras el fracaso de las negociaciones entre empleadores y sindicatos sobre el porcentaje de incremento salarial, lo que llevó al Gobierno a decretar el alza del 23%. Además, la decisión seguirá con un aumento adicional del 9,5% en 2025, también anunciado por decreto.

El informe de Fitch Ratings advierte que la elevación en los salarios y en determinadas pensiones –debido a mecanismos automáticos de indexación– se traducirá en una mayor presión sobre el presupuesto estatal. El impacto de estas políticas, consigna la agencia, se proyecta en mayores costos de endeudamiento para el Ejecutivo y podría obstaculizar la generación de empleo en el sector formal, afectando así las condiciones del mercado laboral local.

Una de las principales advertencias de la agencia calificadora se centra en el efecto de la decisión gubernamental sobre la política monetaria. El análisis sostiene que el alza de los sueldos podría conllevar incrementos en la tasa de interés de referencia, con repercusiones directas sobre el crecimiento económico del país. A juicio de Fitch, el entorno fiscal colombiano podría volverse más complejo en la medida en que el aumento salarial acelere la inflación y demande ajustes adicionales por parte del Banco Central.

La agencia también examinó los objetivos fiscales del Gobierno para los próximos años. Según consignó Fitch Ratings, el déficit fiscal previsto por la administración Petro para 2026 –establecido en un 6,2% del PIB– resultaría inalcanzable, ya que la agencia anticipa un déficit mayor que llegaría al 7,5%. Esta diferencia se atribuye a las nuevas obligaciones financieras surgidas tras el ajuste salarial y a las dificultades para aumentar los ingresos tributarios.

Fitch Ratings ya había rebajado la calificación de la deuda soberana de Colombia a mediados de diciembre, situando al país en la categoría ‘BB’. La evolución de la política fiscal colombiana posterior a 2026 estará determinada en gran parte por el Congreso que se realizará en marzo, así como por el resultado de las elecciones presidenciales programadas para mayo, con una potencial segunda vuelta en junio. El medio internacional informa que, según la agencia, la persistencia de un escenario político fragmentado exigiría que el próximo presidente llegue a acuerdos con múltiples partidos en el Congreso para avanzar en reformas legislativas.

En su análisis sobre las reformas estructurales, Fitch Ratings prevé que aunque una eventual nueva reforma tributaria podría implementarse, sus resultados estarían por debajo del 1% del PIB. Frente a esta perspectiva, la agencia señala que sería imprescindible realizar esfuerzos sostenidos y de largo plazo para evitar una mayor escalada en la deuda pública y estabilizar las finanzas nacionales. De esta manera, el informe subraya la complejidad que enfrentará la administración colombiana en la gestión de sus recursos y en la planificación fiscal hacia el futuro inmediato, considerando no solo los compromisos laborales, sino también el entorno inflacionario y el panorama político nacional.

La deuda de 160 millones de euros que la Generalitat mantiene con la ciudad de Valencia podría saldarse íntegramente si se aprueba la nueva propuesta de financiación autonómica, según explicó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Esta afirmación se enmarca en el debate suscitado por la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo central, que la funcionaria considera una oportunidad relevante para dotar a los municipios de recursos adicionales. Así lo destacó el medio Europa Press en una cobertura reciente sobre las declaraciones de Bernabé.

Según publicó Europa Press, la representante del Gobierno indicó que la reforma de la financiación supondría una inyección superior a los 3.660 millones de euros para la Comunitat Valenciana, una cantidad que mejoraría de manera significativa los recursos disponibles para políticas públicas en la región. En este contexto, Bernabé enfatizó que la iniciativa resulta beneficiosa para todos los municipios, especialmente para las grandes ciudades, y criticó que desde el Partido Popular (PP) se haya mostrado oposición a la propuesta. La delegada instó públicamente a los líderes valencianos del PP a respaldar el esquema, describiéndolo como una fórmula que corrige desigualdades históricas en la distribución de fondos entre comunidades autónomas.

Europa Press reportó que Bernabé lamentó la ausencia de demandas por parte de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, respecto a la deuda de 160 millones que la Generalitat mantiene con la ciudad. Según la delegada, Catalá no planteó esta cuestión en la reciente reunión con el president Juanfran Pérez Llorca, contexto en el que solo se produjo una fotografía conjunta en vez de un reclamo específico. Bernabé ilustró el alcance de estos fondos al afirmar que, tan solo utilizando el 0,1% de esa cantidad, se podrían eliminar las listas de espera de 60.000 mujeres para pruebas diagnósticas de cáncer de mama o construir un millar de viviendas de protección pública, dos de los problemas destacados en el entorno urbano de la Comunidad Valenciana.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Bernabé instó a la alcaldesa Catalá a convencer a su homólogo Juanfran Pérez Llorca y al resto de dirigentes del PP para respaldar la reforma, subrayando la posibilidad de que las ciudades, con la nueva financiación, apliquen políticas que refuercen el Estado de bienestar. La delegada insistió en que esta es “la mejor propuesta que podíamos imaginar para el conjunto de las comunidades autónomas” y sostuvo que “no hay ni una sola que pierda”. Aseguró que se trata de un modelo justo, que elimina diferencias de hasta 1.500 euros entre ciudadanos de distintas regiones, según recopiló Europa Press a partir de sus declaraciones.

Sobre la reacción del PP, Bernabé señaló que la formación, al estar en la oposición, suele buscar “situaciones de sobreactuación”. No obstante, la delegada vaticinó que tras una etapa inicial de rechazo, los populares “van a decir que sí” a la reforma porque contribuirá a una España más cohesionada y equitativa. Europa Press recogió sus palabras al resaltar su reconocimiento a la “valentía” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por impulsar la propuesta, así como el papel de la ministra de Hacienda en la elaboración del proyecto.

La representante gubernamental animó al president Pérez Llorca a “responder a la demanda de los valencianos desde hace décadas de una financiación justa”. Recordó que el propio Llorca había pedido recientemente al presidente Sánchez 1.700 millones de euros adicionales para cuadrar las cuentas autonómicas, y subrayó que la propuesta actual significa un aporte de 3.670 millones, muy superior al solicitado. “¿Cómo va a decir ahora el president que no acepta esta propuesta?”, cuestionó Bernabé en declaraciones recogidas por Europa Press, agregando que vería “inaceptable” un rechazo.

Ante la posibilidad de que el PP mantenga su rechazo, Bernabé advirtió, según lo consigna Europa Press, que los populares “tendrán que explicarle a los españoles por qué nos están perjudicando al negar un sistema que blinda el estado del bienestar”. La funcionaria insistió en que “defender el estado del bienestar de los españoles” constituye un ejercicio de patriotismo genuino.

Durante su intervención, Bernabé se refirió a los efectos que la reforma tendría sobre la equidad entre territorios, señalando que el nuevo modelo acabaría con brechas de financiación que históricamente han generado desigualdades de hasta 1.500 euros por habitante entre comunidades. Según Europa Press, reiteró que el objetivo de la propuesta es construir un sistema en el que todas las regiones salgan beneficiadas y ninguno de los territorios vea disminuir sus recursos.

La delegada vinculó parte del debate actual con la actitud política del PP, al considerar que el partido se encuentra en una etapa de “sobreactuación previa” tras no prever una propuesta de tal envergadura. Insistió en que la aprobación del proyecto haría a España “más justa y cohesionada”, declaración recogida por Europa Press.

En relación a la gestión de la alcaldesa Catalá y el president Pérez Llorca, Bernabé reprochó la falta de demandas formales respecto a la deuda de 160 millones, sugiriendo una mayor responsabilidad al interior del PP para respaldar la medida. En sus intervenciones recogidas por Europa Press, urgió a los dirigentes populares a asumir el compromiso de apoyar la reforma financiera.

Finalmente, la exposición de Bernabé hizo especial hincapié en los efectos prácticos del plan, como la posibilidad de destinar parte de los recursos a reducir listas de espera sanitarias y promover el acceso a la vivienda pública, asuntos que, según la funcionaria, afectan directamente a los municipios y a la ciudadanía. Los argumentos para el respaldo a la reforma se centraron en su potencial para cerrar brechas históricas y sostener el conjunto del Estado de bienestar, según detalló Europa Press sobre las declaraciones oficiales.

Miguel Corgos, titular de Hacienda del gobierno gallego, señaló que la propuesta presentada por el Ejecutivo central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica surge tras negociaciones que, según sus palabras, afectan a los recursos de todas las comunidades autónomas, aunque solo una parte de ellas haya formado parte de las conversaciones iniciales. Estas declaraciones aluden directamente a las recientes reuniones entre el gobierno central y Esquerra Republicana, ofreciendo un contexto crítico respecto al modo de abordar la reforma financiera que afecta al conjunto territorial español.

Según informó la Xunta de Galicia, Corgos manifestó esta postura tras el anuncio realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien difundió su intención de reformar el sistema de financiación autonómica y convocó con carácter urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuya próxima sesión se celebrará el miércoles 14 de enero. De acuerdo con la información recogida por los medios gallegos, el responsable de la hacienda autonómica resaltó que el Ejecutivo central difundió únicamente una presentación gráfica para ilustrar su propuesta, sin un desglose completo de datos, documentos o cifras que permitieran un análisis exhaustivo.

Tal como publicó la Xunta, Corgos expresó que resulta, por el momento, prematuro realizar una valoración fundamentada sobre la oferta del Gobierno central debido a la carencia de información detallada. De acuerdo con sus declaraciones, habría sido preferible que el Gobierno convocara previamente al grupo de trabajo pertinente, proporcionando documentación y cifras claras antes de someter la cuestión a debate entre las comunidades afectadas.

El medio detalló que Corgos comparó el método de trabajo del Ejecutivo central con episodios recientes, como la negociación de la condonación de deuda a determinadas comunidades, y señaló que observa un patrón similar: "El Gobierno pacta un sistema, en este caso con un grupo con Esquerra Republicana, y lo intenta extrapolar al resto de comunidades", afirmó, añadiendo que estas prácticas implican negociar la gestión de fondos de todas las regiones en conversaciones mantenidas con una representación parcial. El consejero subrayó su desacuerdo con este modo de proceder y recalcó que, desde su perspectiva, esta forma de actuar dificulta la transparencia y la equidad en el reparto de recursos públicos.

A pesar de las críticas, el responsable de Hacienda de Galicia confirmó ante la prensa que la Xunta participará en la reunión del CPFF convocada por el Ministerio de Hacienda. El objetivo de la representación gallega será acceder a todos los datos disponibles, analizar la propuesta, y exponer sugerencias y alternativas que permitan, según dijo, garantizar que el sistema definitivo respete los intereses de todas las comunidades autónomas. Según consignó el gobierno gallego, el consejero hizo hincapié en la necesidad de un proceso transparente y participativo, en el cual cada comunidad pueda evaluar y opinar sobre los términos de una reforma que afecta aspectos financieros esenciales para la administración regional.

El debate sobre el modelo de financiación autonómica mantiene gran relevancia en el contexto actual por las implicaciones presupuestarias que tiene para las diferentes regiones. La posición expresada por Galicia se suma a las voces que piden mayor transparencia y participación de todas las administraciones antes de que el Ejecutivo central avance en acuerdos bilaterales susceptibles de generalización posterior. Como ha reportado la Xunta, el próximo encuentro del CPFF representa, para varias regiones, la oportunidad de requerir información ampliada y de reivindicar espacios de negociación en igualdad de condiciones.

La crítica expresada por Corgos refleja la preocupación de algunos gobiernos autónomos ante la posibilidad de que acuerdos firmados con formaciones territoriales específicas, como Esquerra, terminen configurando el marco de reparto para el conjunto nacional, sin que el resto de las comunidades haya podido intervenir en la elaboración inicial de las reglas. Según reiteró la Xunta en declaraciones recogidas tras el anuncio de Montero, la demanda central de Galicia se orienta a que los procedimientos de reforma financiera aseguren la implicación de todos los territorios desde el inicio de las discusiones y no solo de una parte.

El anuncio de la ministra Montero y la convocatoria urgente del CPFF concentran ahora la atención de los gobiernos regionales y del conjunto del sistema político autonómico, que evaluarán en los próximos días el alcance real de la propuesta del Ejecutivo y la posibilidad de introducir modificaciones que reflejen los intereses e inquietudes de cada comunidad.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público lanzó el mayor programa de emisión de deuda pública local en la historia de Colombia para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $546,9 billones. El plan contempla la colocación de Títulos de Tesorería (TES), Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) y TES denominados en unidades de valor real (UVR), con una capacidad de endeudamiento aprobada de $152 billones para el año fiscal 2026.

Dicho programa inició con una subasta de $250.000 millones en TCO, hecha en el mercado público de valores. Los títulos, emitidos en pesos y con vencimiento al 15 de diciembre de 2026, recibieron ofertas por $752.000 millones, lo que multiplicó por más de tres el monto colocado, a una tasa de corte de 11,490% para la referencia a un año.

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Asimismo, de acuerdo con la cartera, durante la jornada, se colocaron TES denominados en UVR por $450.000 millones (equivalentes a 1.134 millones de unidades UVR), con vencimientos escalonados en 2031, 2041, 2055 y 2062. La demanda alcanzó $1,86 billones, lo que permitió activar la cláusula de sobreadjudicación y asignar $150.000 millones adicionales, conforme a la Resolución 2218 de septiembre de 2025.

Las tasas de corte para los TES UVR oscilaron entre 6,341% y 6,450%, según el plazo de vencimiento. El Ministerio de Hacienda sostuvo que la colocación de TCO forma parte de la política para desarrollar el mercado de capitales interno “mediante la incorporación de referencias en la parte corta de la curva de rendimientos”.

Deuda de $152 billones

La base legal del programa es el Decreto 1478 de 2025, que autoriza la emisión de TES Clase B hasta por $85,25 billones. Según la norma, estos recursos están “destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026”. Además, la reglamentación prevé un cupo de $67 billones adicionales en TES para operaciones temporales de tesorería, con lo cual la capacidad total de deuda pública local alcanza $152 billones.

“Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B hasta por la suma de OCHENTA Y CINCO BILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($85.250.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026”, señala el decreto.

De igual manera, el Ministerio indicó que la medida sigue las directrices del director de Crédito Público, Javier Cuéllar, que había recomendado fijar un techo presupuestal claro para enfrentar los compromisos estatales. El decreto añade: “Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B, denominados en moneda legal colombiana, hasta por la suma de SESENTA Y SIETE BILLONES DE PESOS ($67.000.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar operaciones temporales de tesorería”.

Diversificación de instrumentos y plazos

De paso, explicó que el objetivo es robustecer el funcionamiento del mercado local de capitales y garantizar la financiación sostenible del presupuesto. El Ministerio de Hacienda remarcó que la diversificación de instrumentos y plazos contribuye a consolidar el desarrollo financiero interno y facilita la gestión de la deuda pública colombiana.

En total, las dos primeras subastas de 2026 movilizaron $700.000 millones entre TES y TCO, con una demanda sobresaliente en ambas modalidades. En el caso específico de los TES UVR, la solicitud de compra fue muy superior a la oferta, habilitando una asignación adicional de fondos.

Gobierno decidió endeudar a Colombia por décadas: David Luna

La decisión de aprobar la mayor emisión de deuda pública recibió críticas de diversos sectores políticos y económicos. El exministro y exsenador David Luna, precandidato presidencial, cuestionó la magnitud del endeudamiento impulsado por el Gobierno.

“En vez de ordenar el Estado, recortar el derroche y priorizar inversión social real, este Gobierno decidió endeudar a Colombia por décadas”, criticó. Y lamentó que “las consecuencias las pagarán nuestros hijos y nietos”.

También, argumentó que los $152 billones aprobados permitirían construir más de 580.000 viviendas de interés social si se destinara cada unidad a un costo promedio de $262.000.000. Según él, la emisión de deuda debería limitarse solo a inversiones productivas y gestionarse con estrictos criterios de responsabilidad fiscal. “Responsabilidad fiscal, gasto bien focalizado y deuda solo para inversión productiva. Sí hay un camino para crecer sin hipotecar el futuro del país”, defendió Luna.

Algo similar anotó el docente Juan Martin Bravo, exconcejal de Cali, que advirtió sobre el impacto fiscal de la emisión de TES por $152 billones para cubrir un déficit presupuestario que, según sus datos, ya supera el 6,5% del PIB.

Hipoteca el país

Sostuvo que esta política “hipoteca el país para financiar burocracia, gasto improductivo y hacer política en este año”. Añadió: “Colombia quedará quebrada después de Petro”.

Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, fue enfático al calificar la medida de “absolutamente absurda”. Alertó sobre una dinámica de déficit y deuda pública que llevará a niveles récord y a “severas dificultades fiscales”.

Recalcó el riesgo de “efecto desplazamiento del crédito privado”, en tanto la magnitud de la deuda pública podría restar espacio para la inversión privada y encarecer el acceso al crédito.

Ante estas críticas, el Ministerio de Hacienda insistió en que el propósito central del programa es reforzar el mercado local de capitales y asegurar el financiamiento de las obligaciones estatales previstas en el presupuesto 2026. “El programa de colocaciones de Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) hace parte de la estrategia de la Nación para el desarrollo del mercado de capitales interno, mediante la incorporación de referencias en la parte corta de la curva de rendimientos”, precisó la entidad.

El presidente Gustavo Petro justificó el decreto que busca repatriar inversiones de los fondos de pensiones, señalando la necesidad de fortalecer el ahorro interno y aumentar la liquidez en la economía colombiana.

A través de sus redes sociales, el mandatario respondió con un extenso mensaje a críticas periodísticas y de opositores y explicó los motivos detrás de la medida, que fue polémica, además de que el Gobierno aprobara la emisión de 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES), que funcionan como herramientas financieras usadas por el Estado para obtener fondos de inversionistas.

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El periodista Sebastián Nohra escribió en sus redes sociales los riesgos que el decreto implica.

Dijo que el ministro de Hacienda Germán Ávila “sabe que el mercado de capitales colombiano es minúsculo. No puede absorber de manera útil los 152 billones que están en el exterior”, comentó, en referencia a las inversiones de los fondos de pensión.

El periodista vaticinó que “eso obligaría a los fondos a aumentar mucho sus compras de TES. Es comprar más deuda castigando nuestro ahorro. Son siniestros”, escribió.

Al respecto, Petro contestó que “en Colombia no hay exceso de liquidez, lo que hay es un déficit enorme, que el Banco de la República debe y tiene que expandir”.

Según el presidente, la escasez de liquidez limita la expansión del crédito y afecta el desarrollo de la actividad económica, ya que “si se le da el crédito solo a quienes tienen bienes raíces, ya tenemos marcada para siempre la enorme desigualdad del país”.

La explicación del uso de los ahorros de los colombianos, según el presidente

El jefe de Estado comentó que la capacidad de ahorro de las familias colombianas es muy baja y que “en Colombia se sobrevive para la mayoría de la gente”.

En ese sentido, defendió la repatriación de recursos de los fondos de pensiones, pues “buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión, por tanto es conveniente para la economía del país traer ese ahorro, debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual”.

Petro criticó el tamaño del mercado de capitales local y consideró insuficiente la participación de capitales en la bolsa.

“El que el nivel de capitales en la bolsa sea minúsculo es un problema. Toda política debe expandirlo y democratizarlo. Por ahora es un juego de grandes ricos especulando a partir de la compra y venta de TES”, explicó.

Además, el presidente sostuvo que el Banco de la República ha incurrido en una “falacia” al vincular la inflación con la liquidez monetaria, cuando “esta es escasísima y frena el desarrollo nacional”. Petro citó a John Maynard Keynes para señalar que el ahorro depende del ingreso y que un aumento salarial puede tener un efecto multiplicador en la economía, incrementando el consumo interno.

El mandatario resaltó que parte de su política busca evitar que el aumento del consumo se dirija a importaciones, especialmente de vehículos que utilizan hidrocarburos.

“Con eso contribuyo a no aumentar la congestión de las ciudades, a disminuir su ruido y, sobre todo, contribuyo a la expansión del vehículo eléctrico hecho en Colombia. Vamos bien en eso. Hasta Elon Musk, el que me amenazó, tiene almacén aquí, debe empezar a ensamblar, al igual que colombianos, chinos, japoneses y franceses. Quiero que Colombia sea el principal exportador de vehículos eléctricos para América Latina. Todo esto es más empleo y expansión”.

Gustavo Petro afirmó que la inflación también depende del uso de tierras fértiles que no son usadas

Petro también atribuyó la inflación principalmente al precio de los alimentos y a la baja utilización de la tierra fértil.

“Mientras tenemos 15 millones de hectáreas de tierra fértil para ganadería extensiva, solo se cultiva dos millones de hectáreas con plantaciones para exportación y consumo interno”, dijo, además de señalar que que la política de la “oligarquía” abandonó la reforma agraria en beneficio de terratenientes improductivos y que esto derivó en violencia y desplazamiento de campesinos.

El presidente destacó que su gobierno ha entregado más de 300.000 hectáreas al campesinado, acumulando un millón de hectáreas en el fondo de tierras: “Por eso hemos bajado la inflación en Colombia. Hay que hacer más”.

La defensa del decreto y la crítica a la política monetaria actual se enmarcan en el objetivo de fortalecer el mercado interno, según el presidente.