Este miércoles, la Ciudad de Buenos Aires concretó una colocación de USD 500 millones en el mercado internacional a una tasa de 7,325%, cifra que representa el costo más bajo registrado en la historia para este tipo de operaciones realizadas por la administración porteña. El anuncio lo realizó el ministro de Hacienda local, Gustavo Arengo, quien se encuentra en Nueva York y destacó el impacto del resultado en el acceso al financiamiento y en la percepción de solvencia de la gestión.

La operación correspondió a la emisión de la Serie 14 del Bono Tango, que fijó un plazo de diez años. El monto, que ascendió a medio millar de millones de dólares y tuvo como uno de sus principales objetivos robustecer la posición financiera de la jurisdicción y, al mismo tiempo que se proyecta que va a tener un efecto positivo para el balance de reservas del Banco Central.

Gustavo Arengo subrayó que la tasa obtenida se ubicó por debajo de cualquier otro registro correspondiente a emisores argentinos desde abril de 2018. Para el funcionario, la colocación alcanzó ese nivel por la reputación crediticia de la Ciudad y por el manejo de las cuentas públicas desde el inicio de la gestión de Jorge Macri como jefe de Gobierno. El ministro también atribuyó el resultado a la consolidación del orden macroeconómico. “Este logro es producto de la excelente reputación crediticia que tiene la Ciudad y del orden de las cuentas públicas que la administración de Jorge Macri viene llevando adelante”, sostuvo el titular de Hacienda porteño.

El contexto de la operación internacional resultó significativo. Como comento Infobae, el Gobierno de Jorge Macri salió al mercado internacional con la mira puesta en recorta la tasa en comparación a la colocación de noviembre de 2025 que fue de 7,8% en donde se consiguieron USD 600 millones aunque se trata de un contexto mundial más favorable. Así, se trata de la segunda vez que sale al mercado internacional en lo que va de gestión ee Javier Milei.

La emisión de la Serie 14 del Bono Tango se produjo en un contexto en el que la colocación de deuda soberana por parte de emisores argentinos resultó especialmente desafiante. En los últimos años, las condiciones en los mercados globales para títulos públicos de origen argentino presentaron una tendencia de tasas elevadas y liquidez restringida. En ese sentido, la colocación obtenida por la Ciudad de Buenos Aires marcó un punto de inflexión, al ubicarse por debajo de los rendimientos históricamente exigidos por los inversores internacionales para este tipo de emisiones.

“La Ciudad de Buenos Aires volvió al mercado internacional y logró la mejor tasa en su historia. Salimos a buscar USD 500 millones y nos ofrecieron USD 3.000 millones. No solo eso, ademas conseguimos la tasa más baja en la historia crediticia de la Ciudad: 7,375%”, escribió Macri en la red social X. Y si bien destacó que es resultado del orden de las cuentas públicas de la capital, pero también de “un contexto nacional que recupera estabilidad y previsibilidad”.

Los dólares que miran en el Central

Los dólares que se consiguieron con la colocación de la Serie 14 de bono Tango se sumaran a los que espera el BCRA que aun no giraron las empresas. Durante la reciente presentación del vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, ante inversores en Washington, el funcionario expuso que entre octubre de 2025 y abril de 2026, las compañías colocaron ON por USD 9.900 millones, pero solo ingresaron al mercado local USD 6.800 millones. De este modo, se mantiene una oferta potencial de USD 3.200 millones aún sin liquidar, que podría ingresar al circuito financiero en los próximos meses.

También los USD 650 millones provenientes de una colocación reciente de la provincia de Chubut, lo que incrementa el “colchón” de divisas disponibles para fortalecer la posición del Banco Central. Este flujo de dólares resulta clave para la estrategia oficial de intervención cambiaria en un escenario donde la estabilidad del tipo de cambio constituye una prioridad. El seguimiento de estos ingresos permite proyectar el margen de maniobra del Banco Central para sostener el ritmo de compras en el mercado mayorista y atender la demanda de importadores.

Previo al anuncio de la “Fase 4″ del programa económico, en el equipo económico había malestar con las provincias y la Ciudad de Buenos Aires por la salida al mercado internacional. “Cuando se abre una ventanita, ya van todas las provincias, las empresas, todo es Wall Street”, afirmó el ministro Caputo con tono crítico meses atrás. Pero ahora ese malestar no parece estar -o no se manifiesta públicamente- ya que las emisiones cuenta con el aval de Hacienda.

La deuda pública hondureña cerró el último año en 17,900 millones de dólares, de acuerdo con la Secretaría de Finanzas de Honduras, una cifra que refleja tanto compromisos internos como obligaciones internacionales y que, según el gobierno, se mantiene dentro de márgenes considerados sostenibles.

Si bien la subsecretaria de Finanzas, Lilian Rivera, aseguró que estos niveles no representan un riesgo inmediato, el principal reto identificado por las autoridades reside en garantizar que los recursos derivados del endeudamiento se traduzcan en mejoras reales para la población y contribuyan a la estabilidad económica de mediano y largo plazo.

El gobierno impulsa en la actualidad una reorganización del gasto público con prioridad en sectores sociales estratégicos, una decisión motivada tanto por presiones internas como por el contexto internacional marcado por inflación y condiciones financieras más restrictivas, informó la Secretaría de Finanzas de Honduras.

El saldo de la deuda de la Administración Central está compuesto en un 48% por deuda interna y en un 52% por deuda externa.

Según los datos oficiales de la Secretaría de Finanzas, esta distribución implica obligaciones no solo con acreedores nacionales sino también con organismos multilaterales y actores financieros internacionales.

Rivera explicó que mantener este equilibrio requiere una gestión disciplinada, pues parte importante del endeudamiento hondureño se destina a cubrir gastos de impacto limitado, dejando expuesto al país ante las fluctuaciones del mercado financiero global y el aumento reciente de las tasas de interés.

En palabras de Rivera: “El saldo de deuda al cierre del año de la Administración Central ascendió a 17,900 millones de dólares, de los cuales el 48% es deuda interna y la diferencia, deuda externa”, al tiempo que subrayó que la dificultad no radica solo en el monto total, sino en el uso de estos recursos.

Diversos sectores han cuestionado la eficiencia del gasto público, señalando casos recurrentes donde el endeudamiento no se traduce en beneficios tangibles para la ciudadanía.

La funcionaria remarcó: “Eso está enmarcado dentro de los límites de sostenibilidad. Sin embargo, lo que hemos visto a lo largo de los años es el uso que se le da a esa deuda”.

El plan de reorganización presupuestaria en curso busca redirigir el endeudamiento hacia inversiones de alta rentabilidad social; entre los sectores prioritarios destacan salud, educación, infraestructura y programas dirigidos a poblaciones vulnerables, informó Rivera.

La funcionaria sostuvo que la política fiscal actual intenta “mejorar la calidad del endeudamiento”, es decir, que el acceso a préstamos se traduzca en proyectos productivos o de alto impacto, en vez de cubrir gastos corrientes sin retorno.

Adicionalmente, la administración hondureña evalúa mecanismos para optimizar la gestión de la deuda, como posibles operaciones de canje o reestructuración negociadas junto a organismos internacionales.

Estas acciones buscarían obtener tasas de interés más bajas y plazos de pago más amplios, una estrategia particularmente relevante frente a la volatilidad financiera global y el encarecimiento del crédito.

Rivera afirmó que la cooperación internacional es clave para asegurar condiciones favorables y reducir la vulnerabilidad fiscal de Honduras.

El siguiente bloque responde de forma autónoma a la pregunta sobre la magnitud y composición de la deuda pública de Honduras, el papel de las autoridades y el impacto esperado.

La deuda pública de Honduras alcanzó los 17,900 millones de dólares, con una participación del 48% de deuda interna y del 52% de deuda externa, según la Secretaría de Finanzas.

A su vez, declaró que este nivel de endeudamiento no supone un riesgo inmediato para la economía, pero enfatizó la importancia de una gestión eficiente y una orientación clara hacia sectores que garanticen un retorno social significativo.

Rivera informó que el gobierno concentra esfuerzos en fortalecer la recaudación existente mediante la mejora de procesos administrativos y ampliación de la base de contribuyentes.

El Servicio de Administración de Rentas lidera estos trabajos, elaborando mecanismos innovadores para combatir la evasión y la elusión fiscal, además de atraer a más personas y empresas al sistema formal.

La funcionaria resaltó que “las autoridades de la SAR están buscando mecanismos para eficientar la recaudación y ampliar la base de contribuyentes”, una línea considerada fundamental para reducir la dependencia del país respecto al financiamiento externo y robustecer los ingresos internos.

Otro punto señalado fue la situación del sector energético, que continúa representando uno de los principales riesgos para el equilibrio fiscal hondureño.

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) enfrenta pérdidas financieras acumuladas y costos elevados asociados a la generación y distribución del servicio, circunstancias que afectan negativamente el panorama presupuestario estatal.

La funcionaria subrayó que la administración trabaja junto a organismos internacionales en reformas para reducir pérdidas, incrementar la eficiencia operativa y garantizar tarifas más competitivas.

La deuda del Estado de El Salvador con los fondos privados de pensiones superó los USD 11,476 millones al cierre del primer trimestre de 2026, tras acumular USD 235.19 millones solo entre enero y marzo, según datos del Banco Central de Reserva (el principal ente monetario del país) publicados este jueves.

Las cifras, que el Banco Central de Reserva retoma del Instituto Salvadoreño de Pensiones (el ente regulador de pensiones), revelan que el saldo total pasó de USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 a USD 11,476.32 millones en marzo de 2026, un alza del 2.1% en apenas tres meses. Frente al mismo mes del año anterior, cuando la deuda ascendía a USD 10,697.11 millones, el incremento llega a USD 779.21 millones, equivalente al 7.3%.

El ritmo de endeudamiento fue desigual a lo largo del trimestre. En enero, el Gobierno tomó USD 92.32 millones de los fondos; en febrero: USD 46.76 millones; y en marzo: USD 96.11 millones. Estos recursos se destinan al pago de pensiones de los jubilados del sistema público, abandonado a finales de la década de 1990 y reformado en 2022, mediante la emisión de títulos valores que el Instituto Salvadoreño de Pensiones coloca obligatoriamente en manos de las administradoras de fondos de pensiones (AFP) privadas.

Ese instrumento, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP), suma actualmente USD 3,082.13 millones. A ese monto se añaden USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), títulos que dejaron de pagar capital e intereses tras la reforma aprobada a finales de 2022 por la Asamblea Legislativa.

Deuda con el fondo de pensiones creció en el último año

La deuda del Estado salvadoreño con los fondos privados de pensiones creció 779.21 millones de dólares entre marzo de 2025 y marzo de 2026, al pasar de 10,697.11 millones a 11,476.32 millones de dólares, según cifras del BCR basadas en información del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP). Ese incremento equivale a un aumento del 7.3% en doce meses.

El ritmo de crecimiento fue de 64.93 millones de dólares por mes en promedio durante el período analizado, aunque la velocidad del endeudamiento no fue uniforme a lo largo del año. Los meses con mayor aceleración se concentraron en el último trimestre de 2025 y en el arranque de 2026, cuando los incrementos mensuales superaron los 90 millones de dólares.

La deuda está compuesta por dos instrumentos. Los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) pasaron de 2,301.38 millones en marzo de 2025 a 3,082.13 millones en marzo de 2026, un alza de 780.75 millones de dólares. Los Certificados de Financiamiento de Transición (CFT), que representan la mayor parte del pasivo con 8,394.19 millones de dólares, permanecieron prácticamente sin variación durante todo el período.

Las advertencias del FMI sobre la deuda de pensiones

El Fondo Monetario Internacional, organismo multilateral, ha advertido que esa reforma derivó en que el 89% de los activos administrados por las AFP —que en 2024 alcanzaron los 14,900 millones de dólares— estén colocados en títulos de deuda pública, ya sea de forma directa o a través de bancos e instituciones financieras. “En la práctica, los ahorros del sistema privado de pensiones son la principal fuente de financiamiento del Instituto Salvadoreño de Pensiones”, indicó el organismo.

El FMI también alertó que las pensiones del sistema privado han comenzado a pagarse con recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que se activa cuando los pensionados agotan el saldo de su cuenta individual. Según proyecciones del organismo, ese mecanismo se agotaría alrededor de 2027, lo que hace urgente una reforma integral del sistema previsional.

El Gobierno del presidente Nayib Bukele se comprometió con el FMI a presentar una propuesta de reforma antes del 10 de febrero de 2026, plazo que ya venció sin que la iniciativa llegara a la Asamblea Legislativa. El presidente de ese órgano, Ernesto Castro, confirmó que la propuesta no había sido recibida. El acuerdo entre El Salvador y el Fondo Monetario, un préstamo de USD 1,400 millones bajo un Servicio Ampliado, busca “corregir los desequilibrios macroeconómicos y fortalecer la gobernanza y la transparencia” del país.

Una misión técnica del FMI proyecta que el déficit del Instituto Salvadoreño de Pensiones pasará del 2% del producto interno bruto (PIB) en 2025 al 2.9% en 2027, presionado por el mayor costo del servicio de deuda y el fin del período de gracia para el pago de intereses sobre los antiguos Certificados de Inversión Previsional. El stock de deuda del Instituto Salvadoreño de Pensiones podría alcanzar el 28.3% del PIB en 2027, según las mismas proyecciones.

Entre las medidas que el Fondo Monetario Internacional considera posibles para sanear el sistema figuran el aumento de la edad de jubilación y el incremento de las contribuciones de empleadores y trabajadores. El período de gracia de cuatro años para el pago de capital e intereses de los CFT vence en 2027, año en que el Gobierno deberá retomar esos pagos sobre una deuda que representa cerca del 22.9% del PIB.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que llevó a cabo una operación de refinanciamiento en el mercado local por un monto total de 101 mil 368 millones de pesos, con el objetivo de mejorar el perfil de la deuda pública y fortalecer las condiciones del mercado financiero nacional.

Refinanciamiento de deuda en México: claves de la operación

De acuerdo con el Comunicado No. 33, la dependencia federal sustituyó instrumentos de corto y mediano plazo —como Cetes, Bonos M y Udibonos con vencimientos entre 2026 y 2029— por nuevos instrumentos con plazos más largos, que van de 2028 hasta 2046.

Esta estrategia permitió extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 4.32 años, lo que contribuye a reducir presiones inmediatas de pago y a mejorar la estructura del portafolio gubernamental.

Hacienda busca mejorar liquidez y perfil de vencimientos

La operación forma parte de una política de manejo proactivo de pasivos, alineada con el Plan Anual de Financiamiento 2026.

Entre sus principales objetivos se encuentran optimizar el calendario de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado local y mantener condiciones financieras estables.

Según Hacienda, este tipo de movimientos también favorece una mayor profundidad en el mercado de deuda en pesos, lo que puede facilitar futuras colocaciones gubernamentales.

Distribución de la deuda refinanciada por año

Del total recomprado en esta operación, los recursos se concentraron en distintos vencimientos de corto plazo:

• 28,635 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026
• 34,489 millones de pesos a 2027
• 19,029 millones de pesos a 2028
• 19,215 millones de pesos a 2029

Esta redistribución permitió trasladar compromisos inmediatos hacia horizontes más largos.

Deuda pública en México: niveles y contexto actual

En términos generales, la deuda pública en México —medida a través de los Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)— alcanzó los 18.6 billones de pesos en enero de 2026, equivalente a aproximadamente el 52.6% del Producto Interno Bruto (PIB) al cierre de 2025.

Aunque el costo financiero de la deuda registró una disminución cercana al 21% a inicios de 2026, impulsado en parte por el comportamiento del tipo de cambio, el nivel de endeudamiento se mantiene en rangos históricamente elevados, alrededor del 50 al 52% del PIB.

Estrategia de Hacienda prioriza deuda interna y estabilidad financiera

El gobierno federal ha mantenido una estrategia enfocada en privilegiar la deuda interna sobre la externa, con el fin de reducir riesgos asociados a la volatilidad cambiaria.

La mayor parte de esta deuda está contratada a tasa fija y a largo plazo.

Además, las autoridades destacan que, pese al incremento observado en los últimos años —impulsado por factores como el gasto en pensiones y el costo financiero—, México se mantiene en niveles de endeudamiento moderados en comparación con otras economías del G-20.

Confianza de inversionistas respalda operación de refinanciamiento

Finalmente, Hacienda subrayó que las condiciones obtenidas en esta operación reflejan la confianza de inversionistas nacionales y extranjeros en la estabilidad macroeconómica del país, así como en la conducción prudente de las finanzas públicas.

La dependencia reiteró que continuará implementando estrategias de refinanciamiento para garantizar la sostenibilidad de la deuda pública y cumplir con los lineamientos aprobados para el ejercicio fiscal 2026.

El Gobierno nacional anunció la cancelación total de la línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional (FMI), por un valor final de USD 5.300.000.000, lo que representa la liquidación definitiva de las obligaciones financieras del país con este organismo multilateral y abre una nueva etapa de autonomía en la estrategia económica nacional.

La medida tiene impacto directo en la independencia con la que se conducirán las discusiones técnicas con el FMI, ya sin condicionamientos derivados de acuerdos de financiamiento.

La confirmación oficial fue dada durante el Foro de Política Monetaria por Germán Ávila, ministro de Hacienda, que subrayó: “No tenemos deuda con el FMI” y remarcó que no existen planes de utilizar instrumentos similares de crédito en el corto plazo.

Conforme a sus declaraciones, la línea de crédito flexible fue empleada únicamente en el contexto de la pandemia de Covid-19, con el objetivo de garantizar recursos inmediatos para la adquisición de vacunas y la continuidad de los programas sociales y económicos implementados como respuesta a la emergencia.

El proceso de amortización quedó reflejado en la reciente revisión macroeconómica efectuada por la Misión del Artículo IV del FMI. Por primera vez en años, Colombia se presentó ante el organismo sin obligaciones financieras vigentes, situación que alteró los procedimientos habituales de las misiones de evaluación.

Ávila relató que “el inicio de la conversación empezó cuando el ministro de Hacienda le informa a la delegación del Fondo Monetario que no tenemos deuda con el Fondo Monetario y que no tenemos la expectativa de crear ninguna deuda con el Fondo Monetario”, lo que derivó en un giro en la relación bilateral.

En este contexto, el presidente de la República, Gustavo Petro, vía X confirmó que la deuda heredada por el gobierno de Iván Duque fue cancelada en su totalidad. A la par, señaló que sin este compromiso con el Fondo Monetario Internacional, el país tendrá más margen de acción de cara al futuro.

“Se ha pagado la totalidad de la deuda con el FMI, generada en el gobierno Duque y pagada en muy corto plazo. Eso significa que Colombia deja de estar sujeta a las condiciones honerosas que el FMI impone a países deudores (sic)”, aseveró.

En otra publicación, el jefe de Estado respondió a críticos que calificaron como “derroche” los recursos invertidos por su administración para saldar la deuda. Gustavo Petro sostuvo que sus acciones buscan responder a la obligación constitucional de su cargo.

“Le dicen que el pago que hacemos de las deudas de Duque son derroche del gasto. Es una de las grandes mentiras de la oposición y su prensa”, expuso.

En su análisis, el presidente explicó que el crédito en cuestión corresponde a la línea de crédito flexible otorgada por el Fondo Monetario Internacional, por un monto cercano a los USD 5.000.000.000 que fue utilizada por Colombia como respaldo financiero durante la emergencia sanitaria provocada por la pandemia de covid-19.

“Los USD $5.000 millones aparecen en los tres presupuestos que hicimos como gasto”, indicó.

Según el gobernante de los colombianos, este instrumento fue contratado durante la administración del expresidente Iván Duque, con participación del entonces ministro de Hacienda José Manuel Restrepo, y se estructuró con un plazo de tres años para su devolución. En copnsecuencia, el actual gobierno heredó la obligación de pago dentro del calendario establecido.

“El próximo año y no tendrá que pagarse más está deuda, ya lo hicimos y liberamos a Colombia a Colombia del FMI. Duque y Restrepo jamás debieron tomar esta deuda y peor, porque la gasto en subsidios para los más ricos de Colombia o se tumbaron el dinero los dueños de las EPS privadas”, concluyó Petro.

En su paso por Infobae a la Tarde, Carlos Maslatón analizó el impuesto a viviendas vacías en Nueva York y lanzó duras críticas al modelo económico de Javier Milei. El economista defendió el liberalismo clásico, rechazó la intervención estatal y anticipó un escenario complicado para la Argentina.

Durante la charla con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Tomás Trapé, Maslatón fue categórico sobre el impuesto a las viviendas vacías de Mamdani: “Me declaro ideológicamente 100% en contra de esto, por supuesto, ¿no? Soy liberal, capitalista, creo en el funcionamiento del mercado y mucho más en los Estados Unidos”.

Maslatón contra la intervención estatal: “Dejá funcionar libremente las cosas”

El economista expresó su rechazo a los intentos de regular el mercado inmobiliario, tanto en Estados Unidos como en la Argentina. “No importa que viva o no viva. Dejá funcionar libremente las cosas. ¿Qué tiene que ver eso? En algún momento la venderán o alguien vivirá. Son viviendas de 25, 30, 50 millones de dólares cada una. Lo que acá vale un palo y medio, ahí vale cincuenta”, afirmó.

Frente a la pregunta sobre el impacto negativo de este tipo de medidas, fue enfático: “En la intervención en los precios. Los precios no tienen que ser intervenidos. Los no precios libres son los que causan todos los problemas en la economía”.

El debate incluyó antecedentes locales sobre proyectos para gravar viviendas vacías en la ciudad de Buenos Aires y otras urbes argentinas. “Estos sistemas han fracasado en todos los países comunistas. Yo sugiero que el país no entre en políticas de estas características porque va todo al desastre. Más allá de los desastres que los gobiernos en sí tienen, y este gobierno tiene enormes errores... ir a un ataque así a la propiedad privada es lo peor que puede pasar”, sostuvo.

Viviendas vacías en la Argentina, desigualdad y fracaso de los controles

A partir de informes recientes, se mencionó que en la ciudad de Buenos Aires hay cerca de 70 mil unidades vacías, lo que representa el 6,7% del parque residencial. En Rosario la proporción supera el 8%, y en Córdoba ronda el 4%. Para Maslatón, el diagnóstico es claro: “Si vos sos inversor inmobiliario y vos construís, y vos decidís el momento en que querés usarlo o venderlo o transferirlo de alguna manera, ¿cómo en el medio se va a meter el Estado para decir: ‘Ah, usted no lo está usando, yo se lo quito’? Inmediatamente rompés todo el sistema de inversiones”.

En el estudio, el economista insistió en que la intervención estatal sólo genera más distorsiones y desalienta la inversión: “No invertís más. Un país que toma esa medida hunde su sistema de construcciones. Lo mismo que el control de, de, de el precio de los alquileres, vos tenés que dejarlo libre”.

Consultado sobre el fenómeno de las viviendas ociosas y la dificultad para acceder a la vivienda, respondió: “Siempre funcionó con inversores. Hay muchas ganas de invertir en Argentina en inmuebles y en construcción. Hay un montón de proyectos. Yo los felicito a los que hacen proyectos inmobiliarios, porque las condiciones no son buenas ahora, porque el país está carísimo en dólares. Así y todo, hay gente que le interesa invertir en eso. No arruinen este punto, por lo menos”.

Críticas a Milei: deuda, recorte a la educación y futuro sombrío

Maslatón aprovechó la entrevista para analizar la coyuntura económica argentina y lanzar fuertes críticas al gobierno de Javier Milei: “Yo comparto lo que dice Yacobitti de que las universidades están desfinanciadas. Y están desfinanciadas intencionadamente, porque la ideología de Milei es contra la educación pública. Yo estoy a favor de la educación pública, no estoy en contra de la privada”.

El economista reivindicó la tradición liberal en la educación argentina y defendió el rol del Estado: “Soy de la UBA Derecho. Tiene que tener más presupuesto. Ese presupuesto tiene que estar incluido en el presupuesto nacional. Ahora, ¿por qué el Gobierno dijo esto? No me importa, que se caigan, que se vayan los profesores, que se vayan los alumnos. Esto es un disparate nacional. Ahora, ¿por qué hay menos presupuesto? Por una decisión política, no es por la menor recaudación fiscal”.

En otro tramo, Maslatón apuntó contra el modelo económico: “La menor recaudación fiscal obedece a los errores de fondo de la política económica, porque el país, a pesar de lo que dice el Gobierno, está en recesión, está en recontra recesión y se está fundiendo todo. Cambien el sistema económico de fondo, recauden más y adjudiquen lo que le tienen que adjudicar correctamente a la educación pública”.

Sobre el futuro inmediato, fue contundente: “Lo que viene en Argentina, lo que viene de aquí hasta el 10 de diciembre del 2027 es mucho peor de lo que ya vimos. Vas a tener también inflación nominal al alza y vas a tener algún momento deflación en dólares. Los próximos meses son pésimos para el país y no tiene retorno político Milei”.

El economista también se refirió al ministro de Economía: “Caputo es el único tipo del gobierno que sabe que ha hecho un desastre. El único. Es un jugador de mesa de dinero. Sabe que esto está mal, pero le convenía hacerlo y lo hizo”. Y sobre el poder político, sentenció: “Parece que los que eran ultramoralistas vinieron a hacer negocios y a enriquecerse robando fondos públicos”.

Finalmente, Maslatón dejó un mensaje sobre la responsabilidad de los funcionarios: “Que no se borren, que sean responsables del desastre que han hecho. Que la historia los juzgue a ellos a nivel individual, pero que los juzgue también desde el punto de vista de entender que esta política no se puede aplicar nunca más”.

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La Contraloría General de la República envió una carta al Ministerio de Hacienda, encabezado por Germán Ávila, en la que advierte sobre el desbordamiento de la deuda pública nacional.

Según el balance fiscal presentado recientemente, la apropiación de deuda subió de $100,4 billones en 2026 a $149,9 billones en 2027, lo que representa un incremento del 49,3 %.

Esta comunicación detalla que el país enfrenta tasas de interés reales elevadas, un crecimiento económico moderado y déficits primarios persistentes, elementos que generan inquietud sobre la capacidad futura del Estado para cumplir con sus obligaciones.

La advertencia de la Contraloría puso en la mira al Ministerio de Hacienda y anticipa la citación de Ávila a un debate de control político en el Congreso. Según explicó la contralora delegada de Finanzas Públicas, Jenny Lindo, el Legislativo solicitó los informes que sustentan la alerta por la situación económica con la que cierra el actual gobierno.

La preocupación parlamentaria se centra en el servicio de la deuda y en la baja ejecución presupuestal reportada en el balance fiscal.

Impacto de las condiciones de mercado y el servicio de la deuda

El documento enviado por la Contraloría destaca que las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda, a través de operaciones con Títulos de Tesorería (TES), también condujeron a tasas de interés más altas.

Esto tendrá un efecto directo en el presupuesto de los próximos años, al aumentar los pagos por el servicio de la deuda y generar una mayor inflexibilidad en las cuentas públicas.

“Las condiciones de mercado que permitieron reducir el valor nominal de la deuda con los TES entregados también determinaron tasas de interés más altas, que tendrán un impacto en el servicio de la deuda en vigencias posteriores, generando una inflexibilidad adicional en el presupuesto”, advierte el informe.

Durante 2026, el Gobierno pagó intereses por los títulos entregados en operaciones de canje a tasas más elevadas, según el reporte de la Contraloría Delegada. Además, existe un riesgo por el aumento en el valor de las obligaciones futuras debido a mayores pagos de intereses, especialmente por los cupones de los TES B. El monto proyectado para el pago del servicio de la deuda en 2027 asciende a $150 billones, frente a los $105 billones de 2025.

Riesgo para el próximo gobierno y presión presupuestal

La Contraloría advierte que el próximo gobierno deberá destinar más recursos al pago de obligaciones ineludibles, lo que limita el margen de maniobra fiscal. El uso de títulos de corto plazo en los canjes de TES B disminuyó los pagos por vencimientos en 2026, pero incrementó los intereses a futuro. Esto implica que la administración entrante recibirá un presupuesto con alta rigidez y una caja comprometida.

En diálogo con El Tiempo, Jenny Lindo afirmó: “La deuda pública se ha incrementado demasiado. En 2025, el pago por servicio de la deuda estaba en $105 billones. Sin embargo, para 2027 se planea pagar $150 billones por este concepto. Esto representa un incremento del 49%”.

La funcionaria advirtió que el crecimiento de la deuda, sin un aumento proporcional de los ingresos, ejerce una presión crítica sobre el presupuesto nacional.

Consecuencias económicas y sociales

El reporte de la Contraloría subraya que el servicio de la deuda en 2025 equivalió al 23% del gasto público total. Según el balance macroeconómico presentado por la entidad, persisten rezagos en sectores clave como salud, energía, justicia y reparación a víctimas.

Lindo explicó que el endeudamiento creciente, sumado a ingresos insuficientes, puede llevar el presupuesto a una situación límite. Además, advirtió sobre el riesgo de que una crisis económica global afecte a Colombia, ya que la economía nacional no cuenta con la fortaleza suficiente para enfrentar un golpe externo bajo el actual nivel de endeudamiento.

Entre las causas del incremento de la deuda, la Contraloría identificó la sobrestimación del recaudo, lo que llevó a planear escenarios presupuestales que no se materializaron. También mencionó deudas sectoriales acumuladas, especialmente en salud, energía, justicia y educación. En energía, por ejemplo, la deuda asciende a $10 billones, y si no se paga antes de septiembre, tres empresas estarían en riesgo de suspender operaciones.

Deuda con víctimas y sentencias judiciales

La Contraloría hizo un énfasis especial en la deuda pendiente con las víctimas del conflicto armado y en las sentencias judiciales impagas. El saldo por reparación a víctimas alcanza los $133 billones, y solo 1,9 millones de personas recibieron compensación, quedando alrededor de 8 millones sin indemnizar.

“En la medida en que no se indemnice a las víctimas, como es el compromiso del Estado, lo que vamos a estar es ad portas de una revictimización. A las víctimas hay que cumplirles. Este es un riesgo social para el país muy sensible”, declaró Lindo en entrevista con el medio mencionado.

Ante este panorama, la Contraloría recomendó al próximo presidente elaborar un plan de pagos integral y una estrategia financiera que incluya medidas para el aumento de ingresos, sin limitarse únicamente a reformas tributarias de corto plazo. La entidad insistió en la necesidad de una reforma fiscal de fondo para atender la brecha estructural y garantizar la estabilidad financiera del país.

La Contraloría General de la República emitió una advertencia sobre el acelerado crecimiento de la deuda pública, señalando que el Gobierno nacional ha mostrado un patrón persistente de planear con optimismo y ajustar sus previsiones solo después de presentarse dificultades.

La entidad instó al Ministerio de Hacienda y Crédito Público a limitar el uso de recursos de deuda para financiar gastos recurrentes y a controlar el incremento de las tasas de interés al adquirir nuevos compromisos financieros.

Carlos Hernán Rodríguez, contralor General, advirtió que existen razones para analizar con detenimiento la sostenibilidad de la deuda, cuyo valor ya supera los recursos destinados a la inversión nacional.

Según datos oficiales, en 2025 el costo de la deuda alcanzó los $105 billones, lo que equivale al 23% del presupuesto nacional. Esta cifra representa un aumento de cinco puntos porcentuales frente al 18% registrado en 2021.

El funcionario enfatizó que, aunque era necesario corregir el plan financiero, los cambios llegaron de forma tardía y el Gobierno volvió a sobrestimar los ingresos proyectados.

“Se aprueba un presupuesto sobredimensionado que al final siempre se sabe que se va a terminar recortando. Este patrón de planear con optimismo, ejecutar con restricción y ajustar tarde necesariamente tiene que romperse”, afirmó Rodríguez.

El organismo de control también señaló que el bajo nivel de ejecución de la inversión pública evidencia una falla en la gerencia de los recursos estatales. Además, se alertó sobre el incremento en la contratación por prestación de servicios.

Entre agosto de 2022 y marzo de 2026 se firmaron 118.828 contratos por cerca de $8 billones, lo que representa un incremento del 32,6% respecto al periodo anterior. Las entidades con mayor contratación directa por órdenes de prestación de servicios son Sena, Icbf y la Agencia Nacional de Tierras.

La advertencia de la Contraloría se fundamentó en el artículo 268 de la Constitución, que faculta a la entidad para emitir alertas preventivas cuando identifica riesgos para la sostenibilidad fiscal. El pronunciamiento fue presentado durante el foro “Balance Económico y Perspectiva Fiscal para la Sostenibilidad Nacional”.

Entre los factores que motivaron la advertencia figuran el incremento acelerado del endeudamiento, el entorno financiero más restrictivo y la débil articulación entre ingresos y gastos. Estos elementos han afectado la sostenibilidad de las finanzas públicas y han reducido el margen de inversión del Estado.

El informe presentado por la Contraloría incluyó datos sobre el comportamiento reciente de los TES B, títulos de deuda pública en pesos emitidos por el Gobierno. Las tasas de interés para los títulos de corto plazo se ubicaron en 13,69%, mientras que las de largo plazo llegaron al 14,03%. Estas cifras reflejan condiciones más exigentes para la obtención de recursos en el mercado local.

“Las operaciones de canje de 2025 y 2026 han implicado la entrega de títulos con tasas cupón superiores a las de los títulos recibidos, reflejando un deterioro en las condiciones financieras de la deuda”, señaló la entidad en un comunicado.

Rodríguez indicó que las decisiones recientes de la calificadora Standard & Poor’s constituyen un llamado de atención para el país, ya que la calificación de Colombia se sitúa actualmente en BB–, lo que aleja al país del grado de inversión internacional. Entre las razones mencionadas están los déficits fiscales persistentes, el aumento de la carga de deuda y la menor previsibilidad en la gestión fiscal.

El informe también advirtió que la presión fiscal se refleja ya en sectores estratégicos. En salud, las Entidades Promotoras de Salud (EPS) acumulan deudas por $32,98 billones al cierre de 2024.

En lo relativo a medicamentos, las obligaciones de los gestores farmacéuticos pasaron de 2,8 billones en 2024 a 3,8 billones en 2025. En el sector energético, los subsidios eléctricos pendientes ascienden a unos $3,8 billones, en un escenario que podría agravarse por el Fenómeno del Niño previsto para la segunda mitad de 2026.

El Estado enfrenta, además, obligaciones por $17 billones derivadas de contingencias judiciales con fallos ejecutoriados, de las cuales $14,9 billones deben ser atendidas en menos de un año.

Ante este panorama, la Contraloría propuso una hoja de ruta fiscal basada en cinco ejes: depuración de cuentas y reconocimiento de pasivos acumulados, fortalecimiento de ingresos, mejora en la calidad del gasto, cierre de brechas en la ejecución presupuestal y preservación de la disciplina fiscal.

La entidad concluyó que, sin un plan estructural orientado a reorganizar las finanzas públicas, contener el crecimiento de la deuda y corregir la débil relación entre ingresos y gastos, la sostenibilidad fiscal del país podría seguir en riesgo.

Además del viaje a Washington D.C. y la publicación del dato de inflación de marzo, esta semana el Tesoro afrontará vencimientos por $ 8 billones, cifra que llama la atención de los analistas y operadores del mercado de deuda pública.

El grueso a financiar corresponde al vencimiento de la Lecap S17A6, una de las mayores obligaciones del período reciente para el sector público nacional. La estrategia oficial y las expectativas del mercado giran en torno a la política de administración de deuda y las posibilidades de extender plazos.

El contexto actual presenta diferencias notables respecto de licitaciones previas. Según la información del último balance diario del Banco Central de la República Argentina (BCRA), al 8 de abril los depósitos en moneda nacional del Tesoro ascendían a $ 6,1 billones, lo que otorga al Gobierno un margen relevante para afrontar los pagos inmediatos. Esto ocurre en un escenario en que el mercado muestra señales claras de exceso de liquidez y tasas reales negativas, en especial en el tramo corto de los bonos ajustados por CER.

Para Adrián Yarde Bulle, Chief Economist & Strategist en Facimex Valores S.A., se trata de una licitación poco desafiante para el Tesoro, pues el volumen de vencimientos es relativamente bajo y hay liquidez excedente en el sistema financiero. “El mercado llega con claras señales de exceso de liquidez reflejadas en tasas de interés reales fuertemente negativas en el tramo corto CER, por lo que habrá fuerte demanda” le dijo a Infobae.

Condiciones favorables

En el mercado sostienen que el combo de tasas negativas y liquidez abundante crea condiciones favorables para que el Tesoro intente extender los plazos de la deuda a colocar. Esto es, la posibilidad de que el Tesoro oficialice emisiones a términos más largos, en especial bonos ajustados por CER con vencimiento en 2027 y 2028, y hasta evalúe alternativas a 2029. Este contexto representa una oportunidad para reorganizar el calendario de vencimientos y reducir la presión fiscal a corto plazo.

La información del Banco Central ofrece una visión nítida sobre los recursos del Tesoro. El saldo de depósitos en moneda nacional, registrado al 8 de abril, confirma un nivel de liquidez suficiente para encarar las obligaciones de la semana sin estrés de caja. Simultáneamente, el comportamiento de la demanda en las licitaciones previas evidencia la preferencia de los inversores por instrumentos que ofrecen protección ante la inflación, especialmente los títulos atados al CER, lo que refuerza la posición negociadora del Tesoro tanto en tasas como en plazos.

Una postura similar tuvo Lucio Garay Méndez, economista de Eco Go, quien sostuvo que, más allá del monto, hay demanda de activos en pesos y eso resulta clave de cara a la licitación. “Con el dólar controlado y la curva de pesos estable, luego de haber comprimido sus rendimientos hasta volver a tasas reales negativas, las condiciones parecieran ser favorables para la próxima colocación de deuda en pesos”, marcó.

A su vez, destacó que hay estabilidad en la demanda de liquidez, ayudado por el BCRA, que interviene en el mercado secundario, ahora de manera limitada. La oferta de dólares potenciada por la estacionalidad de la cosecha también juega a favor. Dado que el BCRA aceleró la compra de divisas en el margen y eso implicó mayor expansión de pesos por esa vía. “Espero que el Tesoro acelere la esterilización de pesos por la vía de las licitaciones, por lo que el ratio de rollover debería estar levemente por encima del 100%. No pareciera haber un aumento en la demanda de pesos que anticipe la vuelta del “punto Anker”“, comentó.

Antecedente

En la licitación anterior, Finanzas recibió ofertas por $12,53 billones y terminó colocando $11,04 billones, lo que equivale a un rollover del 138,52% respecto a los vencimientos que operaban este viernes. La elevada tasa de refinanciamiento cristalizó que Economía se encuentra a gusto con la liquidez actual del mercado, en un contexto de baja de tasas y estabilidad cambiaria.

En esa oportunidad, la mayor adjudicación fue Bonos del Tesoro Nacional en Pesos Ajustables por CER (Boncer) con vencimiento el 29 de septiembre de 2029 con $ 4,78 billones a 7,75% TIREA y la Lecap con vencimiento el 17 de julio de 2026 con $ 2,75 billones a 29,23% TIREA.

Las proyecciones del mercado se dirigen a la continuidad del plan de financiamiento y la administración eficiente del perfil de vencimientos. El objetivo de diluir la concentración de pagos cercanos cuenta con apoyo en la demanda por instrumentos de cobertura, facilitando la extensión de los plazos promedio de la deuda y contribuyendo al equilibrio macroeconómico. El nivel de depósitos del Tesoro y la performance observada en las recientes licitaciones refuerzan las expectativas de equilibrio entre las necesidades fiscales y la sostenibilidad de los pasivos públicos.

La calificadora S&P Global Ratings redujo la calificación de la deuda soberana de Colombia en moneda extranjera de largo plazo de BB a BB-, argumentando un deterioro en las finanzas públicas y un aumento de los riesgos externos.

La decisión, anunciada el 8 de abril de 2026, mantiene una perspectiva estable, lo que indica que no se prevén nuevos cambios en el corto plazo si se cumplen las expectativas actuales.

Según el informe, “esperamos que Colombia tenga déficits fiscales consistentemente grandes en los próximos años”, lo que refleja un desbalance entre ingresos y gastos del Gobierno. Este punto es central en la rebaja, ya que limita la capacidad del país para estabilizar su deuda.

La agencia también redujo la calificación en moneda local de BB+ a BB, y ajustó a la baja su evaluación sobre transferencias y convertibilidad. Sin embargo, mantuvo la nota de corto plazo en B.

Déficit fiscal y deuda en aumento

Uno de los factores principales es el comportamiento de las cuentas públicas. S&P proyecta que el déficit fiscal del gobierno general será de 5,6% del PIB en 2026, superior al 5,3% registrado en 2025. Además, estima que los déficits promediarán 4,8% entre 2027 y 2029.

El informe señala que “los déficits fiscales elevados, el gasto primario expansivo y menores ingresos a los esperados han debilitado las finanzas públicas desde 2024”. A esto se suma la dificultad política para aprobar reformas tributarias.

En cuanto a la deuda, la calificadora prevé que la deuda neta del gobierno general alcance cerca del 66% del PIB en 2029, frente al 60,4% en 2025. También estima que el aumento anual de la deuda será en promedio de 6,1% del PIB entre 2026 y 2029.

Política económica y presiones inflacionarias

El informe identifica cambios en la política económica. “La política fiscal se ha vuelto menos predecible”, indica S&P, destacando la suspensión de la regla fiscal en 2025 por tres años, un mecanismo que limitaba el endeudamiento.

Además, advierte que la política fiscal ha sido procíclica, es decir, que ha impulsado la economía en el corto plazo, pero con efectos secundarios. “Está apoyando marginalmente el empleo y el consumo, pero las expectativas de inflación han aumentado, el déficit en cuenta corriente se ha ampliado y la deuda externa ha crecido”.

En materia de inflación, la agencia proyecta que el indicador promedie 5,9% en 2026 y que solo vuelva al rango meta del banco central hacia 2029. En febrero de 2026, la inflación anual fue de 5,3%.

El informe añade que el banco central ha respondido con aumentos de tasas, que ya alcanzan 11,25% tras incrementos de 200 puntos básicos en lo corrido del año.

Crecimiento moderado y consumo como motor

S&P prevé que la economía colombiana crecerá 2,5% en 2026, ligeramente por debajo del 2,6% de 2025. El consumo será el principal motor, impulsado por el aumento de salarios reales y niveles de desempleo relativamente bajos.

No obstante, la inversión sigue rezagada. “La inversión ha promediado 17% del PIB entre 2021 y 2026, por debajo de otros mercados emergentes”, señala el documento.

A mediano plazo, la calificadora estima que el crecimiento se acerque a 2,9% anual hacia 2029, mientras que el PIB per cápita alcanzaría los 9.900 dólares en 2026.

Riesgos externos y cuenta corriente

El informe también advierte sobre el frente externo. Se espera que el déficit en cuenta corriente se estabilice alrededor de 2,6% del PIB entre 2026 y 2029.

Este resultado se explica por el aumento de importaciones asociado al consumo interno y por exportaciones concentradas en hidrocarburos, lo que mantiene la vulnerabilidad ante cambios en los precios internacionales.

S&P indica que la deuda externa neta se estabilizaría en torno al 130% de los ingresos de cuenta corriente en los próximos años.

Escenarios posibles

La perspectiva estable se basa en que el ajuste fiscal será gradual. “Esperamos que el gobierno reduzca lentamente su déficit fiscal mientras mantiene un crecimiento moderado”, señala la agencia.

Sin embargo, advierte posibles riesgos. Podría haber una nueva rebaja si “déficits fiscales más altos de lo esperado generan salidas externas persistentes y mayor deuda externa”.

En contraste, una mejora en la calificación dependería de una consolidación fiscal efectiva. “Podríamos subir la calificación si el gobierno reduce los déficits y estabiliza la deuda”, concluye el informe.

La Generalitat de Cataluña ha colocado 292,75 millones de euros en deuda nueva a largo plazo con tres entidades financieras, a un tipo medio del 2,331%. Esta operación, según la información oficial difundida, representa un hito porque es la primera vez en 14 años que el gobierno catalán recurre directamente a la banca para financiarse, tras un largo periodo en el que el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) ha sido la vía casi exclusiva de obtención de recursos para cubrir el déficit.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos decidió el pasado diciembre autorizar a las comunidades autónomas adheridas al FLA a financiar parte de la desviación del déficit de 2024 mediante operaciones bancarias a largo plazo. En el caso de Cataluña, esa autorización se concretó en los 292,75 millones adjudicados ahora por la Generalitat, marcando así el regreso a los mercados bancarios tras más de una década.

Siete entidades financieras presentaron ofertas para quedarse con esta colocación de deuda, aunque solo tres resultaron adjudicatarias. El comunicado oficial no revela cuáles son estos bancos. Los préstamos tendrán una duración de seis años y el coste se ha situado por debajo del máximo permitido por el Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, que establecía como techo el coste de financiación del Tesoro más 20 puntos básicos. Finalmente, la operación se cerró con un margen de entre 5 y 10 puntos básicos por encima del Tesoro, lo que para la administración catalana supone una muestra de confianza de los bancos en la solvencia de la Generalitat.

Diversificación de la financiación y ahorro en intereses

La Generalitat ha subrayado que en los últimos años ha apostado por diversificar sus fuentes de financiación para evitar depender de un único mecanismo y mejorar las condiciones de su deuda. Ejemplo de ello es la firma de varios préstamos con el Banco Europeo de Inversiones (BEI), así como la refinanciación, el pasado verano, de 3.500 millones de euros de deuda del FLA a través de siete préstamos con diferentes bancos. Según los datos oficiales, esa operación permitió ahorrar 126,7 millones en intereses, lo que refuerza la estrategia de buscar alternativas al FLA siempre que sea posible.

Esta apuesta por la diversificación responde a la intención de la Generalitat de reducir la vulnerabilidad ante posibles cambios en la política estatal de financiación autonómica y de mejorar progresivamente las condiciones de sus préstamos, algo que consideran clave para la sostenibilidad de la deuda pública.

Nueva etapa para la financiación autonómica

Desde 2012, la financiación del déficit se había canalizado principalmente a través del FLA, un fondo estatal creado para garantizar la liquidez de las comunidades autónomas en situaciones de tensión financiera. El regreso a la banca, aunque sea de forma parcial y limitada a una parte de la desviación del déficit de 2024, se interpreta como una señal de recuperación de la confianza de los inversores privados.

La operación también implica una mayor autonomía de la Generalitat en la gestión de su deuda, ya que permite negociar condiciones y plazos directamente con las entidades financieras, dentro de los límites de prudencia financiera impuestos por el Estado. De acuerdo con el comunicado oficial, el hecho de que hasta siete bancos se hayan interesado por la operación indica una percepción más favorable del riesgo catalán en los mercados.

El ajuste tarifario que regirá en Honduras desde el 1 de abril establece que el precio promedio de la energía eléctrica subirá a 5,32 lempiras por kilovatio hora, implicando un incremento del 10,49 % para el trimestre abril-junio de 2024. Según Héctor Corrales, presidente de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE), esta actualización responde a la necesidad de equilibrar los costos reales del sistema eléctrico frente a variaciones técnicas y del mercado, en concordancia con la Ley General de la Industria Eléctrica y sus reformas, como detalló la agencia EFE.

El nuevo esquema tarifario implica que la tarifa residencial con consumo de cero a cincuenta kilovatios hora mensuales tendrá un cargo fijo de 59,31 lempiras, con un precio de energía de 4,40 lempiras por kilovatio hora en ese rango. Para consumos superiores, el cargo fijo permanecerá igual, pero los siguientes kilovatios hora se facturarán a 5,73 lempiras. El servicio de alumbrado público registrará un cargo fijo de 68,67 lempiras y un costo de 4,50 lempiras por kilovatio hora, de acuerdo con los datos oficiales presentados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.

La aplicación de 17 millones de dólares como factor central del aumento

En el desglose de causas, Corrales especificó en conferencia que 17 millones de dólares del total de 25,5 millones de dólares diferidos y aprobados por el gobierno anterior serán trasladados a los consumidores este trimestre, quedando 8 millones de dólares pendientes de aplicación. Este monto representa alrededor del 3,5 % del ajuste, mientras que el 7 % restante corresponde al aumento en los costos de generación, impulsado por el incremento en los precios internacionales de combustibles durante los meses de diciembre de 2025, enero y febrero de 2026, así como por el comportamiento del mercado de oportunidad y condiciones hidrológicas, explicó Corrales durante su intervención transmitida por EFE.

El precio máximo promedio de la energía eléctrica pasará de 4,81 lempiras (18 centavos de dólar) a 5,32 lempiras (20 centavos de dólar) por kilovatio hora, según el comunicado oficial de la CREE divulgado el mismo día. Este dato representa la diferencia concreta que enfrentarán los usuarios en sus facturas a partir del primer día de abril.

Las consecuencias para la estatal ENEE y la expectativa sobre subsidios

La ENEE soporta actualmente una deuda superior a 114.000 millones de lempiras (más de 4.200 millones de dólares), según cifras oficiales citadas por EFE. Las autoridades reconocen que la empresa enfrenta una crisis económica de origen tanto administrativo como técnico, que arrastra desde años anteriores.

El presidente de la CREE indicó que los ajustes aprobados buscan proveer “certeza a las partes y proteger la demanda”, aunque reforzó que el organismo permanece atento a las medidas que el gobierno central pueda adoptar para estabilizar el impacto en la economía hondureña. Corrales subrayó: “La CREE no tiene información sobre cuáles son las medidas específicas que va a adoptar el gobierno y estamos atentos a cuáles son los que va a tomar, y eso lo pueden también consultar con el Ministerio de Energía."

En ejercicios previos, el gobierno ha absorbido parte de los aumentos tarifarios aplicando subsidios temporales, especialmente sobre el precio de los combustibles. Al cierre de este anuncio, aún no había una comunicación oficial respecto a si el Estado intervendrá en esta ocasión para amortiguar el alza.

El ajuste tarifario fijado por la CREE significa que los usuarios residenciales, comerciales e industriales verán reflejado un incremento del 10,49 % en sus facturas de energía eléctrica a partir de abril de 2024, conforme a la estructura autorizada para el trimestre. El principal motivo es la necesidad de cubrir costos diferidos y mayores gastos de generación por factores internacionales y del mercado interno, en un contexto de endeudamiento crítico para la empresa estatal ENEE.

El dato de diciembre sobre la deuda pública no rebasó el máximo absoluto alcanzado en septiembre, cuando el pasivo de las administraciones superó los 1,700 billones de euros por primera vez en la historia, según consignó el Banco de España. Esa cifra representa un descenso respecto al récord observado en el tercer trimestre, situando el saldo a cierre de 2025 en 1,698 billones de euros. Este volumen evidencia un incremento anual, pero un retroceso en la ratio sobre el PIB, que queda en el 100,7%.

De acuerdo con la información publicada este martes por el Banco de España, la deuda pública de las administraciones españolas aumentó en 77.652 millones de euros respecto al mismo periodo del año anterior, lo que se traduce en un avance interanual del 4,8%. Sin embargo, la proporción del endeudamiento respecto al PIB fue inferior a la de 2024, disminuyendo en un punto porcentual y fijándose en su menor nivel desde 2020. El medio detalló que esta rebaja también permitió que el resultado a cierre de año quedara por debajo de las estimaciones oficiales.

Según reportó el Banco de España, en relación al PIB, la deuda cerró en el 100,7%, apuntando una disminución de 0,9 puntos porcentuales en comparación al dato interanual y, de esta manera, consolidando una tendencia descendente. En el contexto del Protocolo de Déficit Excesivo (PDE), este dato también se utiliza como referencia para evaluar el cumplimiento de los criterios fiscales con la Unión Europea.

El Gobierno había previsto en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo (PFEMP) de octubre de 2024 que la deuda alcanzaría el 101,4% del PIB para el ejercicio de 2025, aunque una revisión posterior en el Informe de Progreso Anual de ese año elevó la estimación al 101,7%. Conforme el ejercicio transcurrió, las autoridades del Ejecutivo indicaron que el porcentaje final estaría más próximo al 101%. Sin embargo, la cifra de diciembre se situó incluso por debajo de esa expectativa, según el Banco de España.

El descenso registrado en la ratio de deuda respecto al PIB se vio parcialmente facilitado por el comportamiento económico en el último trimestre. El saldo absoluto de la deuda experimentó una reducción del 0,7% respecto al máximo anotado tres meses antes, aunque el avance anual permaneció en el 4,8%. Este comportamiento intertrimestral se atribuye a que el endeudamiento público ya no siguió la misma tendencia alcista que en periodos previos, según información del Banco de España.

En lo relativo a las proyecciones para los años venideros, el Ejecutivo estima que la ratio de deuda sobre PIB alcanzará el 100,9% en 2026, según lo consignado en las previsiones oficiales. Sin embargo, fuentes del Ministerio de Economía indicaron que se encuentran en proceso de revisión y actualización de los datos macroeconómicos que formarán la base de los Presupuestos Generales del Estado para 2026, una revisión motivada por el impacto de la guerra en Irán y las medidas adoptadas en el marco de la crisis internacional, de acuerdo a lo informado por el Banco de España y el propio Gobierno.

Las proyecciones del Gobierno para los próximos años señalan una baja paulatina: la previsión es del 100% en 2027, del 99,1% en 2028, con una senda descendente que llevaría la deuda pública al 90,6% en 2031 y al 76,8% en 2041. El recorte es sostenido pero no alcanza los niveles considerados prudentes por la Comisión Europea, marcados en el 60%. El medio Banco de España destacó que las proyecciones disponibles no concretan en qué momento el endeudamiento público español podría repuntar por debajo de ese umbral exigido por Bruselas.

El comportamiento de la deuda pública y su relación con el PIB forman parte del seguimiento fiscal dentro del Protocolo de Déficit Excesivo, que supone un compromiso para los países de la Unión Europea en el control del gasto y la estabilidad presupuestaria. El seguimiento de estos indicadores resulta clave en la elaboración y aprobación de los presupuestos estatales y en la interlocución con las instituciones comunitarias, según ha transmitido el Banco de España en sucesivos informes.

El impacto de las circunstancias internacionales, como la crisis derivada del conflicto en Irán, y la aplicación de medidas anticrisis, serán factores que determinarán la evolución futura de la deuda y sus previsiones asociadas. El Banco de España y el Gobierno han coincidido en subrayar que estos elementos estaban propiciando la obligación de revisar los pronósticos anteriores, así como de establecer nuevas referencias para los ejercicios fiscales siguientes.

Mientras la senda de reducción propuesta se mantiene en las estimaciones a medio y largo plazo, la evolución exacta de la ratio deuda/PIB dependerá tanto del crecimiento económico como de la política fiscal adoptada por las autoridades. El organismo prevé que el seguimiento de la trayectoria del endeudamiento será uno de los elementos clave a observar en los años venideros, según las referencias más actualizadas publicadas.

En la colocación de deuda por adhesión posterior a la licitación del viernes pasado, la Secretaría de Finanzas informó la adjudicación de otros USD 131 millones por el Bonar 2027 y el 2028. El Ministerio de Economía, comunicó que la totalidad de las ofertas recibidas coincidió exactamente con el monto adjudicado, sin diferenciales ni remanentes cuando había margen hasta USD 200 millones (ampliación de USD 100 millones por bono) y sumar a los depósitos del Tesoro de cara a los vencimientos.

La operación contempló dos series de títulos: el Bonar 2027 (AO27) y el Bonar 2028 (AO28). Para el Bonar 2027, el monto adjudicado alcanzó los USD 97 millones, con una tasa interna de retorno efectiva anual (TIREA) de 5,12% y una tasa nominal anual (TNA) de 5,00%. El Bonar 2028, en tanto, sumó USD 34 millones, con una TIREA de 8,86% y una TNA de 8,52%. La licitación no registró sobrantes ni rechazos, ya que las ofertas igualaron el volumen total emitido.

La colocación de estos instrumentos tuvo como objetivo captar dólares frescos del mercado, en un contexto en el que el Tesoro busca diversificar sus fuentes de financiamiento y ofrecer alternativas a los inversores con perfiles de riesgo y plazo diferenciados. La opción por títulos en moneda extranjera responde a la demanda de instrumentos dolarizados en el segmento financiero local.

El detalle de la licitación muestra que el Bonar 2027 (AO27) concentró la mayor parte de la demanda, al adjudicarse USD 97 millones sobre el total. Este título ofrece una TIREA de 5,12% y una TNA de 5,00%, condiciones que reflejan las expectativas de los participantes sobre la evolución de la economía y la política monetaria en el corto y mediano plazo. El Bonar 2028 (AO28), por su parte, adjudicó USD 34 millones, con tasas sensiblemente superiores: TIREA de 8,86% y TNA de 8,52 por ciento.

La expectativa estaba en si Finanzas lograba continuar con la buena performance que había tenido el AO27 hasta ahora de colocar el máximo permitido. Esta fue la primera vez que en la segunda subasta no colocó el máximo permitido de 100 millones (aunque no lo hizo por poco; quedó en USD 97 millones). Mientras que en el caso de AO28 la diferencia fue mayor y apenas amplió por USD 34 millones (cuando podía hacerlo por USD 100 millones).

El último informe del Banco Central de la República Argentina (BCRA), correspondiente al 25 de marzo, detalló que los depósitos en moneda extranjera del Tesoro en la entidad ascendían al equivalente de USD 255 millones. Este cálculo surgió de una conversión de $351.899 millones a un tipo de cambio de $1.378,9689 por dólar. El próximo martes 31 de marzo, deberían ingresar los USD 300 millones que se colocaron en la primera subasta y luego los USD 131 millones de la segunda. Lo que haría que aumenten en términos totales a USD 686 millones.

“El AO27 ya tiene una demanda muy consolidada y probablemente eso vuelva a quedar evidenciado en la segunda vuelta de mañana”, destacó en la previa, Adrián Yarde Buller, Chief Economist & Strategist de Facemix Valores. Mientras que señalo que el AO28 no tuvo tanto apetito como la primera emisión del AO27 o la colocación del AN29 en diciembre, pero que pese a ello Finanzas logró completar los USD 150 millones a una tasa razonable y quedó algo de demanda insatisfecha de cara a la segunda vuelta. “Habrá que ver si la tasa de corte en zona de 8,5% sirve para incentivar la entrada de nuevos inversores que tal vez imaginaban un corte en niveles inferiores”, señaló.

La expectativa del mercado

Y si bien el mercado festeja que el ministro de Economía, Luis Caputo, promueva el desarrollo del mercado de capitales local con los bonos en dólares, nuevamente será el mecanismo de financiamiento internacional el que garantice el pago del vencimiento de julio. El Caputo aseguró que ya tiene identificado y que se va a dar a conocer en los próximos meses para cubrir el pago de capital de julio y enero y julio del 2027.

“El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata", aseguró Caputo. En esa línea, aseguró que tienen financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, que incluye el cupón de julio de este año, de enero y de julio del año que viene por aproximadamente USD 9.000 millones.

Según pudo saber Infobae con fuentes de Economía, en las próximas semanas será el ministro Caputo quien comunique el nuevo mecanismo de financiamiento y no se tratará de un préstamo con bancos internacionales como el que se llevó a cabo en enero.

Los pagos de intereses derivados de la deuda pública de República Dominicana ya superan el 4% del producto interno bruto (PIB), en un entorno donde el déficit fiscal se mantiene alrededor del 3%. Así lo precisó William Foster, vicepresidente senior de riesgo soberano en Moody’s Ratings, durante el foro Inside República Dominicana 2026 realizado en Santo Domingo.

El especialista advirtió que este escenario fiscal, marcado por presiones y una proyección de consolidación fiscal gradual, enfrenta obstáculos estructurales que elevan la necesidad de una reforma fiscal significativa, informó el medio económico dominicano elDinero.

Foster explicó que la falta de reformas estructurales en los ingresos del Estado dificultará lograr mejoras sustanciales en las métricas fiscales en el corto y mediano plazo. Detalló que “los pagos de intereses han aumentado de forma importante y ahora están alrededor de 4% del PIB”. Advirtió, además, que sin intervenciones de fondo este nivel podría mantenerse elevado en los próximos años, informó el medio.

Al analizar las causas de este deterioro, Foster remarcó que el principal desafío fiscal reside en una baja recaudación estructural. Indicó que República Dominicana exhibe “uno de los niveles de ingresos fiscales más bajos entre países de ingresos medios”, situación que restringe la capacidad nacional para cerrar su déficit presupuestario y fortalecer su perfil crediticio.

Factores internacionales y presión sobre las cuentas fiscales

En el contexto externo, Foster resaltó la influencia de factores internacionales y su potencial para agravar la situación fiscal. Precisó que el “entorno global con tasas más altas hace que el financiamiento sea más costoso y difícil de acceder”, afectando la inversión y el crecimiento económico. A esto se suma el riesgo derivado de la dependencia de importaciones energéticas: “El aumento de los precios de la energía puede trasladarse directamente a las cuentas fiscales”, apuntó Foster. Un alza prolongada de los precios internacionales de energía podría generar mayores déficits fiscales y elevar las presiones económicas internas, dice en la publicación.

Foster destacó la existencia de reservas internacionales elevadas como un factor que puede amortiguar impactos externos. Sin embargo, advirtió que este “colchón” no resuelve los problemas de fondo vinculados a los bajos ingresos fiscales y el creciente costo de la deuda.

En el análisis de la agencia, subrayó que la consolidación fiscal gradual resulta insuficiente si no se acompaña de una reestructuración de los ingresos nacionales. Insistió: “La clave está en aumentar los ingresos sin afectar el crecimiento”, y remarcó que este progreso será determinante para mejorar la calificación crediticia de República Dominicana, según publicó elDinero.

En febrero, Moody’s aumentó la nota crediticia de República Dominicana, debido al aumento de la inversión pública y el control del déficit fiscal, tras el cierre fiscal de 2025. Este reconocimiento refuerza la posición del país como destino atractivo para inversiones en el Caribe y Centroamérica y atribuye el ascenso de calificación a la gestión ordenada de las finanzas y la orientación estratégica del gasto gubernamental.

En cifras, el déficit fiscal de 2025 alcanzó 3.45% del producto interno bruto, mientras que la deuda pública fue de 47.9% del PIB, según datos del Ministerio de Hacienda y Economía citados por Infobae. Estas cifras, junto con la expansión del gasto de capital en un 11% respecto a 2024 y el superávit de ingresos tributarios, fueron esenciales para sostener el ritmo de inversión pública sin vulnerar la disciplina macroeconómica ni los estándares de la Ley de Responsabilidad Fiscal de 2024.

El Ministerio de Economía enfrenta esta semana otro desafío clave. La Secretaría de Finanzas deberá atender vencimientos por casi $8 billones de deuda en pesos y, al mismo tiempo, saldrá a buscar USD 250 millones adicionales en el mercado de capitales local para el pago de deuda externa de julio. La dinámica de estos días concentra la atención de bancos, inversores y analistas, tanto por la magnitud de los compromisos a cubrir como por la señal que se envíe respecto a la tasa de interés de los nuevos instrumentos. A la par de que se esperan los anuncios sobre los nuevos mecanismos de financiamiento a los que se refirió Luis Caputo.

Según la consultora Econviews, los vencimientos de deuda entre el 17 y el 31 de marzo totalizan $7.895.955 millones (casi $8 billones). Este monto corresponde a la suma de capital e intereses de varios instrumentos, entre los que se destacan el PARP y el TXZM6, ambos con vencimiento el 31 de marzo, martes de la próxima semana.

El detalle de los vencimientos próximos incluye $7.881.396 millones de capital por el bono TXZM6 y $12.649 millones de intereses por el PARP, ambos el 31 de marzo. También figuran $821 millones de capital y $173 millones de intereses del BONARCF para la misma fecha, mientras que el BONTE 26 contabiliza $705 millones de capital y $211 millones de intereses el 22 de marzo.

“Como los bancos vienen con suficiente liquidez, el Tesoro va a poder renovar todo o incluso absorber algo. Lo interesante va a ser qué señal da con respecto a la tasa. Si se siente cómodo con esta tasa que se volvió negativa o va a buscar absorber más para que suba un poco”, sostuvo Alejandro Giacoia, economista de Econviews en conversación con Infobae.

En la licitación anterior, Finanzas llevó a cabo rollover de 108,09%, adjudicó un total de $10,42 billones, habiendo recibido ofertas por un total de $12,90 billones. Lo que fue festejado por Felipez Nuñez, director de Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE), quien sostuvo que se estiró la duración de la cartera en 0,78 años con $ 3,1 billones (aproximadamente 30%) en 2027 y 2028. Para esta licitación, el Tesoro cuenta con depósitos en moneda nacional en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) de 5,1 billones de pesos.

Tercer test Bonar 2027

El contexto de esta licitación está marcado por las recientes declaraciones del ministro Luis Caputo, que afirmó que no va a tomar nueva deuda en los mercados internacionales, sino que va a priorizar alternativas más económicas con el uso de recursos propios, la venta de activos y el desarrollo del mercado local. En este sentido, destacó que el equipo económico ya identificó el financiamiento suficiente para cubrir los próximos vencimientos de capital, incluyendo los que corresponden a julio de este año, enero y julio del próximo año, por un total de USD 9.000 millones.

“Hoy el costo de financiamiento en los mercados internacionales es elevado por el riesgo país, por eso optamos por alternativas más baratas”, explicó Caputo durante su participación en el 21° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas. Ahora la expectativa del mercado está en conocer cuál es ese mecanismo de financiamiento que ya identificó el Gobierno y cómo y cuándo llegarán esos USD 9.000 millones.

Esta semana nuevamente los ojos estarán en la tasa a la que Finanzas consiga los USD 250 millones. Aunque en la segunda licitación hace 15 días, a pesar del contexto internacional con el conflicto en Oriente Medio, la tasa adjudicada resultó inferior a la primera (una de TNA 5,45% versus 5,74%). Lo que marca un buen precedente para esta semana.

Con esta estrategia, el Caputo aspira a incrementar en forma progresiva los depósitos del Tesoro para cubrir los vencimientos. Si el ritmo de colocaciones se mantiene y la demanda acompaña, la Secretaría de Finanzas podría captar hasta USD 2.000 millones adicionales mediante este mecanismo en los próximos meses. Pero para cubrir los USD 4.200 millones, Caputo va a necesitar de otro mecanismo de financiamiento, el cual asegura ya tener identificado para poder pagar el próximo vencimiento de capital y el de enero y julio del año que viene.

Según el último balance diario del BCRA, al 18 de marzo, los depósitos del Tesoro en moneda extranjera estaban en $ 383.261 millones (a un tipo de cambio de $ 1.399), lo que da un saldo de USD 237 millones aproximadamente, en donde ya se contabilizan las dos primeras licitaciones del Bonar 2027. Lo que llama la atención es que el equipo económico perdió parte de los dólares que consiguió con el Bonar 2027. Es que al 27 de febrero los depósitos en moneda extranjera del Gobierno en el Central estaban en $ 750.684 millones (a un tipo de cambio de $ 1.408), lo que daba un saldo de USD 537 millones aproximadamente. Es decir que, en lo que va de marzo, se perdieron USD 300 millones.

En el análisis de los vencimientos, la concentración de pagos en la última semana de marzo representa una prueba para la estrategia de financiamiento oficial. La capacidad del Tesoro para renovar el total de los compromisos o absorber pesos adicionales dependerá de la respuesta de los bancos y el sector privado, así como de la percepción sobre la sostenibilidad de la política económica.

El desafío inmediato para el Tesoro reside en la licitación de esta semana, en la que debe captar al menos USD 250 millones para cubrir los vencimientos y asegurar la continuidad del programa financiero. La señal que transmita el Gobierno sobre la tasa de interés será observada de cerca por bancos y analistas, que buscan anticipar si la autoridad económica prioriza una tasa real negativa o decide convalidar un aumento para absorber mayor liquidez.

En la reciente subasta de deuda pública, la demanda por bonos y obligaciones españolas se aproximó a los 12.000 millones de euros, superando ampliamente el monto finalmente adjudicado. Bajo este escenario de fuerte interés por los títulos, el Tesoro Público optó por elevar la rentabilidad ofrecida a los inversores en las tres referencias subastadas. Según consignó el Banco de España y reportó el medio de comunicación, el Tesoro colocó en total 5.550,81 millones de euros en los mercados, dentro del rango medio de las previsiones fijadas para esta operación. La acción del Tesoro coincidió con la primera reunión del Banco Central Europeo luego del estallido del conflicto en Oriente Medio, una coyuntura que mantiene en vigilancia a los mercados financieros por el posible impacto de la crisis internacional sobre la política monetaria y la inflación en la eurozona.

El contexto en el que se celebró la subasta se caracteriza por la suba de los precios de la energía, con la electricidad y los combustibles encareciéndose a raíz de la guerra en la región, lo que ha incrementado la preocupación por un traslado de este aumento de costos al resto de la economía europea. De acuerdo con los datos del Banco de España recopilados por el medio, los analistas esperan que el Banco Central Europeo mantenga los tipos de interés en la reunión actual, aunque no descartan que en futuras sesiones la institución opte por incrementarlos, dado el entorno inflacionario que podría alejarse de la meta oficial del 2%. Esta incertidumbre lleva a los inversores a exigir mayores rendimientos en la deuda soberana, un fenómeno que ya se refleja en los resultados de la subasta.

La operación de este jueves se desglosó en tres tramos principales. Se asignaron 2.633,97 millones en bonos a cinco años, pese a que las solicitudes de los inversores superaron los 4.700 millones. El tipo de interés marginal alcanzó el 2,943%, una tasa claramente más elevada que el 2,584% registrado en la emisión anterior. En la obligación a diez años —con un valor residual que se extiende por siete años—, el Tesoro adjudicó 945,91 millones de euros frente a una demanda de 2.772 millones, ostentando un interés marginal del 3,087%, por encima del 2,727% logrado previamente. Por último, en la obligación a diez años, el monto colocado fue de 1.970,93 millones para una demanda de más de 4.400 millones y el interés marginal se situó en el 3,484%, también en alza respecto al 3,170% de la emisión previa.

Esta tendencia al incremento en la rentabilidad de la deuda se explica, según publicó el medio, por la expectativa de que las autoridades monetarias tomen acciones para frenar la inflación si los efectos de la subida de precios energéticos se propagan más allá del corto plazo. Analistas consultados por la fuente destacan que el Banco Central Europeo evalúa si la situación actual responde a un "shock temporal" por la guerra o si estos factores tendrán un impacto más persistente. La decisión que tomen las autoridades del BCE condicionará la evolución de los costos de financiamiento para los países miembros en los próximos meses.

El Tesoro, organismo dependiente del Ministerio de Economía, diseñó su estrategia anual considerando tanto el desempeño favorable de la economía española como la disciplina fiscal vigente. Según la información difundida, el objetivo de nuevas necesidades de financiación se mantiene en 55.000 millones de euros para 2026, misma cifra fijada para 2025. Dentro del plan de emisiones netas del año en curso, el Tesoro asigna 50.000 millones de euros para bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y obligaciones transferidas, reservando 5.000 millones exclusivamente para la emisión de letras del Tesoro. Estas cifras se repetirán, según las previsiones, en el ejercicio siguiente.

En términos de financiación bruta, el programa de emisiones totales para el año alcanza los 285.693 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,2% frente al volumen esperado de cierre para 2025 —274.242 millones de euros— motivado por un nivel más elevado de amortizaciones previstas para 2026. Del monto total proyectado para este ejercicio, 176.935 millones corresponde a emisiones brutas a medio y largo plazo, una suba del 3,1% respecto a los 171.514 millones estipulados para 2025. Para las letras del Tesoro, la previsión se sitúa en 108.758 millones de euros, lo que implica un avance de casi el 5,9% en comparación con el dato estimado de cierre para el año anterior, cuando el saldo calculado era de 102.728 millones.

Estas cifras revelan la magnitud de las necesidades de financiamiento del Estado español y el volumen de recursos que se captan a través de los mercados de deuda. Los elevados niveles de demanda observados en la reciente subasta permiten al Tesoro mantener su programa de emisiones, incluso en un entorno donde la rentabilidad ofrecida a los inversores resulta cada vez mayor debido a las presiones del contexto internacional y a los ajustes anticipados en la política monetaria europea.

El seguimiento de estas operaciones adquiere especial relevancia para los mercados financieros, que vigilan de cerca la respuesta del Tesoro a los cambios en el entorno macroeconómico que afecta a la eurozona. El resultado de la subasta del jueves aporta elementos para entender cómo el gobierno español y el Banco Central Europeo gestionan conjuntamente los desafíos derivados de la situación internacional y de la evolución de la inflación, circunstancias que seguirán condicionando la toma de decisiones en materia de política financiera durante los próximos meses.

Durante los últimos ocho años, el aumento de la deuda pública, el incremento de los gastos financieros y la caída del poder adquisitivo y la productividad han centrado el debate político en España, mientras varias problemáticas afectan a millones de hogares. Esta situación ha puesto el foco en la gestión del Gobierno y ha generado críticas sobre la respuesta oficial ante el contexto de inflación, encarecimiento de productos básicos, electricidad, gas y carburantes. Según consignó Europa Press, estos temas han provocado que la oposición exija medidas concretas dirigidas a aliviar la carga sobre familias y autónomos, al tiempo que denuncia la falta de acción por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, denunció este martes que el Gobierno central "sigue haciendo caja" con el incremento de los precios de los combustibles, motivado en parte por la situación en Oriente Medio. Feijóo hizo estas declaraciones en una entrevista radiofónica, donde aseguró que la escalada del valor del gasóleo y la gasolina ha llegado a aumentar un 50% en ciertas estaciones de servicio. El medio Europa Press recogió que Feijóo puso el foco en la falta de medidas gubernamentales para contener los precios y calificó de insuficiente la respuesta del Ejecutivo, dado que existen alrededor de tres millones y medio de autónomos que afrontan dificultades para llegar a fin de mes en España.

El incremento en los precios de varios servicios básicos, como la electricidad y el gas, también ha sido motivo de crítica. Europa Press relató que Feijóo sugirió la anulación del impuesto de generación eléctrica y cuestionó por qué el Gobierno no reduce el IVA aplicado a la electricidad, el gas, el gasóleo y la gasolina, pasando del 21% al 10%. Feijóo defendió además la reducción del gravamen sobre el gasóleo utilizado por transportistas, considerando que el déficit tarifario vinculado a gobiernos anteriores ya está cubierto.

El Gobierno ha anunciado la convocatoria de un Consejo de Ministros extraordinario para aprobar medidas destinadas a paliar los efectos de la guerra en Irán. Según detalló Europa Press, este plan de respuesta integral incluirá acciones estructurales y coyunturales para proteger a los sectores sociales más vulnerables y a quienes se han visto directamente afectados por el aumento de los precios.

El impacto sobre la vida cotidiana se refleja también en el encarecimiento de la cesta de la compra y la vivienda. Feijóo aseguró, basado en los datos que compartió Europa Press, que estos precios han crecido hasta un 40% y 53%, respectivamente. Esta situación afecta de manera especial a las clases medias, que según el líder del PP han visto reducido su poder adquisitivo. Feijóo señaló que el salario medio equivale actualmente al salario mínimo, interpretando esto como una señal de empobrecimiento y pérdida de convergencia con la Unión Europea.

Europa Press también transmitió la preocupación de la oposición ante el aumento de la pobreza infantil, situando a España como el país con mayor incidencia de este problema en la Unión Europea y el tercer país de la UE con el mayor riesgo general de pobreza. Otro aspecto mencionado fue el absentismo laboral creciente y un balance económico que Feijóo calificó de perjudicial para el tejido productivo nacional, al contabilizar un aumento de 500.000 millones de euros en la deuda pública durante los últimos ocho años.

En materia institucional, Feijóo se comprometió a revertir la degradación que, según el dirigente, caracteriza la gestión actual. Europa Press indicó que el líder de la oposición propone reformas para restaurar la institucionalidad, garantizar la independencia del Poder Judicial, restablecer el prestigio de organismos como el Tribunal Constitucional, los reguladores, la Fiscalía General del Estado y la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Feijóo criticó el "último intento" del Gobierno para influir en la AIREF, un órgano que, según sus palabras, debería funcionar con autonomía y cuya independencia ve actualmente comprometida.

Por otro lado, el líder del PP abordó el caso del rescate a la aerolínea Plus Ultra y la vinculación con el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, sugiriendo que una sociedad instrumental pagó aproximadamente 600.000 euros a la familia de Zapatero con fondos del citado rescate. Feijóo afirmó que este asunto se encuentra actualmente en proceso judicial, señalando la necesidad de una mayor transparencia y la conveniencia de que el caso se esclarezca en la comisión de investigación del Senado sobre la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

La comparecencia de la vicepresidenta María Jesús Montero en dicha comisión fue mencionada por Feijóo, quien rememoró que Montero nombró en su momento a un responsable de la SEPI procedente de Andalucía, el cual posteriormente resultó imputado en un procedimiento judicial y, tras su salida, la presidencia de la SEPI quedó vacante durante 18 meses. Según publicó Europa Press, Feijóo denunció que este exresponsable siguió ejerciendo influencia desde un despacho privado, calificando ese comportamiento como una muestra de la falta de rigor en la administración de recursos y cargos públicos.

A nivel de infraestructuras, Feijóo también señaló problemas de gestión en el sector ferroviario. El líder popular consideró que el accidente del AVE entre Madrid y Málaga pudo estar relacionado con una vía rota durante las 22 horas previas al incidente. Además, puso en cuestión la gestión en el Ministerio de Transportes bajo la dirección de Óscar Puente, recriminando que la ciudad de Málaga permaneciera sin servicio de AVE durante toda la Semana Santa, pese a las declaraciones oficiales sobre la supuesta excelencia del sistema ferroviario español.

En resumen, las intervenciones del principal partido de la oposición reflejan una estrategia centrada en criticar la falta de medidas inmediatas para contener el impacto de la inflación, la subida de la energía y el deterioro del poder adquisitivo de la población, a la vez que se exige mayor transparencia y reformas en la gobernanza y el funcionamiento de las instituciones estatales. Según Europa Press, estas reclamaciones se enmarcan en un contexto donde el Gobierno prepara nuevas medidas, mientras la presión social y política crece por la situación económica y los recientes acontecimientos relacionados con la gestión pública y la infraestructura nacional.

El presidente Gustavo Petro se pronunció frente al más reciente informe del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf), que advirtió que el escenario fiscal planteado por el Gobierno para 2026 carece de claridad sobre cómo se reducirá el gasto para cumplir con las metas de déficit.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario afirmó que el ajuste fiscal estimado por el comité sí es posible y que se alcanzaría mediante mayores ingresos tributarios dirigidos a los sectores de mayores ingresos y una disminución del costo de la deuda pública.

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“Es relativamente fácil llegar a los 32 billones para ajuste fiscal, primero los 16 billones de nuevos ingresos por tributación de la capa más rica de la sociedad y los otros vienen de disminución del costo de la deuda que se produce precisamente porque los ricos pagarán 16 billones al erario”, escribió el jefe de Estado en respuesta al informe técnico del organismo.

El pronunciamiento del Carf, actualizado el 13 de marzo, analiza el escenario fiscal de 2026 presentado por el Gobierno nacional en la reciente actualización del Plan Financiero y advierte que existen riesgos significativos para cumplir con las metas fiscales propuestas.

En su documento, el comité técnico adscrito al Ministerio de Hacienda señaló que el escenario fiscal planteado por el Gobierno presenta inconsistencias, principalmente por la falta de detalles sobre los mecanismos concretos que permitirían reducir el gasto público.

“El Carf considera que el escenario fiscal de 2026 planteado por el Gobierno es poco creíble, debido a que no son claros los mecanismos para garantizar la reducción del gasto propuesta”, indica el informe. Según los cálculos del comité, para que el Gobierno cumpla con su meta fiscal en 2026 se requeriría un ajuste de $32,1 billones, equivalente al 1,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

El documento advierte que, en ausencia de medidas efectivas para recortar el gasto o aumentar ingresos de manera permanente, la deuda pública podría retomar una tendencia creciente, lo que afectaría la sostenibilidad de las finanzas públicas y el cumplimiento de la Regla Fiscal.

En el escenario base proyectado por el Carf, sin nuevas medidas de política fiscal, el déficit primario del Gobierno en 2026 sería de 3,7% del PIB, superior al estimado por el Ejecutivo en su plan financiero.

Bajo ese mismo escenario, el déficit total alcanzaría 6,7% del PIB, mientras que la deuda neta del Gobierno Nacional Central se ubicaría en 60,3% del PIB, por encima del nivel observado en 2025.

Las cifras fiscales que analizó el comité

El informe también revisa el comportamiento de las finanzas públicas en 2025, señalando que el déficit primario —la diferencia entre ingresos y gastos sin incluir intereses de la deuda— llegó a 3,5% del PIB, uno de los niveles más altos de las últimas décadas fuera de periodos de crisis macroeconómica. De acuerdo con el Carf, este resultado se produjo en un contexto de sobrestimación de ingresos y subestimación del gasto, lo que habría contribuido al deterioro de la posición fiscal del país.

El documento detalla que los ingresos tributarios representaron 14,7% del PIB en 2025, mientras que el gasto primario alcanzó 19,9% del PIB, una cifra superior a la tendencia histórica observada antes de la pandemia. Entre los factores que impulsaron el aumento del gasto se mencionan las transferencias del Sistema General de Participaciones, el pago de pensiones, el financiamiento del Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles y el aseguramiento en salud.

El comité también señala que el Gobierno proyecta para 2026 una reducción importante del déficit primario hasta 2,1% del PIB, lo que implicaría un ajuste fiscal frente al resultado de 2025.

Sin embargo, advierte que para lograr esa meta el Ejecutivo contempla una disminución significativa del gasto, pero no se ha detallado el monto, la fecha ni la composición de los recortes presupuestales que permitirían alcanzar esa reducción.

Riesgos para la sostenibilidad fiscal

El Carf también señala que el escenario fiscal de 2026 está expuesto a varios riesgos que podrían aumentar el déficit. Entre ellos menciona posibles efectos fiscales derivados de decisiones como la implementación de la reforma pensional, el impacto del aumento del salario mínimo y los efectos directos de la reforma laboral.

Si estos factores se materializan, el comité estima que el déficit primario podría aumentar hasta 4,2% del PIB y el déficit total alcanzar 7,2% del PIB.

Adicionalmente, el organismo advierte que el país enfrenta un contexto de costos de financiamiento elevados. Según sus cálculos, las tasas de colocación de títulos de deuda pública en pesos se han ubicado recientemente en rangos cercanos a 13% y 14%, niveles superiores a los observados en años anteriores.

En ese contexto, el informe concluye que la falta de claridad sobre los mecanismos de ajuste fiscal resta credibilidad al escenario planteado por el Gobierno, por lo que considera necesario adoptar medidas estructurales para aumentar ingresos o reducir gastos de manera permanente.

El analista financiero Carlos Maslatón realizó un pormenorizado diagnóstico sobre la situación económica actual de la Argentina. Durante una entrevista realizada por el equipo de Infobae en Vivo, el abogado opinó que el núcleo del problema reside en la política monetaria y cambiaria, advirtiendo que los esfuerzos oficiales en otras áreas resultarán insuficientes si no se corrige lo que definió como un “desastre” en el mercado de divisas.

Para Maslatón, si bien medidas como la baja de impuestos -especialmente a nivel municipal y provincial- son siempre positivas, su impacto real es limitado frente a la distorsión de los precios relativos. El analista sostuvo que el “costo argentino” está directamente vinculado a un tipo de cambio que calificó de “artificial” y “sobrevaluado”. Según su visión, “ninguna de las reformas de fondo que está haciendo el Gobierno va a compensar el desastre cambiario que hay en el país”, argumentando que la Argentina se ha vuelto cara en moneda dura debido a la falta de un mercado libre.

La “bicicleta financiera” y el endeudamiento

Uno de los puntos centrales de la crítica de Maslatón fue el mecanismo de remuneración de pesos que lleva adelante la gestión actual. El analista consideró que el Gobierno emite un mensaje claro al inversor: no conviene comprar dólares porque el Estado ofrece tasas de interés de entre el 40% y el 45% anual a través de letras y bonos. Esta dinámica, según sus palabras, garantiza una rentabilidad real en moneda extranjera mientras el tipo de cambio oficial se mantiene contenido o con tendencia a la baja.

“El país es caro y la economía es recesiva. Te puedo mencionar 20 cosas buenas en política económica, pero la arruinan con el sistema cambiario, monetario y con la deuda pública”, afirmó. Maslatón describió este escenario como una “bicicleta financiera” que beneficia a un sector reducido, compuesto por aproximadamente 500.000 personas vinculadas a la especulación, mientras perjudica al aparato productivo y a la población general.

El abogado también apuntó contra la figura del Ministro de Economía, Luis Caputo, al sostener que el esquema actual responde a los intereses que el funcionario representa. En este sentido, denunció que la toma de dinero “cuasi fiscal” —que anteriormente se concentraba en el Banco Central y ahora se ha trasladado al Tesoro— es el factor que impide el saneamiento de las cuentas nacionales.

Propuestas para la liberación del mercado

Al ser consultado sobre las posibles soluciones para destrabar la coyuntura económica, Maslatón fue contundente en su propuesta de aplicar una “libertad cambiaria total”. Esta medida implicaría la eliminación inmediata de todo control de cambios y la garantía de una libertad infinita para el ingreso y egreso de capitales. Asimismo, instó a que el Gobierno se retire de la intervención en la tasa de interés, dejando que esta surja exclusivamente de la oferta y demanda del sector privado.

Su plan de acción se resume en dos medidas drásticas: establecer la libertad total y dejar de renovar las letras de deuda. “Toda letra que vence no se renueva, se paga. En algún momento tenés que cortar”, enfatizó. Maslatón comparó esta salida con el éxito de la gestión económica durante la década de los 90, destacando que el gran acierto de aquel periodo fue, precisamente, terminar con la especulación financiera de corto plazo.

Aunque reconoció que estas medidas provocarían un salto inicial en los precios y una tendencia alcista del dólar, defendió la necesidad de este proceso para lograr un “país barato” y competitivo. “Tendría un rebote inflacionario, pero sería para bien. Lo que tenés que hacer es licuar la deuda acumulada”, explicó, priorizando el nivel de actividad económica por encima del índice de inflación.

Críticas a la teoría monetarista y al equilibrio fiscal

Maslatón también cuestionó uno de los pilares del discurso del presidente Javier Milei: la inflación como fenómeno puramente monetario. El abogado señaló una contradicción entre la teoría y la práctica oficial, afirmando que desde que asumió la actual gestión, la cantidad de moneda en el país se ha multiplicado por cuatro veces y media. “Tomar plata y pagar intereses es aún peor que emitir”, sentenció, advirtiendo que cuando la demanda de dinero caiga, toda esa masa monetaria se trasladará inevitablemente a los precios.

Respecto al equilibrio fiscal, el analista restó importancia a este indicador como “ancla” única de la economía. Aseguró que el problema estructural de la Argentina en el último medio siglo no ha sido el déficit en sí, sino los mecanismos financieros utilizados por sucesivos gobiernos para intentar controlar el tipo de cambio. Para Maslatón, el efecto es el mismo si el Estado emite para financiar gastos corrientes o para pagar intereses de deuda financiera.

Finalmente, el analista realizó un breve repaso histórico para contextualizar el presente. Destacó que en el período comprendido entre 2003 y 2011 la política económica fue manejada de forma correcta hasta la implementación del cepo cambiario, punto que marcó el inicio del deterioro actual. En su visión, la profundización del déficit cuasi fiscal y las restricciones operativas actuales conducen a un escenario de mayor recesión, cierre de fábricas y desempleo. Según concluyó, con el tiempo la sociedad comprenderá que “la inflación no es tan mala” comparada con la parálisis total de la economía real.

Uribe Vélez sostuvo que su postura responde a problemas estructurales que, a su juicio, se han profundizado bajo la actual administración, especialmente en materia económica y social.

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El exmandatario colombiano afirmó en sus redes sociales que Gustavo Petro maneja actualmente el 70% de la salud nacional, una cifra que, en palabras de Uribe Vélez, ilustra el avance de lo que considera la “cubanización” del sistema sanitario. Según dijo, “no mejoraron la salud en Colombia. La destruyeron. Quieren todo estatal. ¡Por Dios!, como en Cuba, la cubanización de Colombia. ¿Dónde están los medicamentos?”.

Para Uribe y el partido Centro Democrático, liderado por él, el problema central no sólo reside en la intervención estatal. Afirman que el gobierno concentra recursos en ministerios, embajadas, consulados, corrupción y viajes al extranjero y que uno de los programas que impulsaron durante su administración, destinado a adultos mayores, corre ahora el riesgo de verse afectado.

“¡Por qué no ha, no hay procedimientos a tiempo? Petro maneja el setenta por ciento de la salud. Soy opositor porque se han gastado el dinero en ministerios, en embajadas, en consulados, en corrupción, en viajes al extranjero. Para pagarles al adulto mayor, programa que nosotros creamos, se quieren gastar los fondos de pensiones que nosotros creamos y que es dinero sagrado de los trabajadores colombianos”, denunció Uribe Vélez en su cuenta de X.

El líder político sostuvo que el Gobierno nacional incumplió “la condonación de deudas” prometida por Petro al estudiantado del Icetex, entidad que, asegura, “acabaron” en dirección opuesta a sus compromisos de campaña. Uribe Vélez acusó también una “politización de la universidad pública”, el incremento de los impuestos a las instituciones privadas y el incumplimiento en la creación de nuevos cupos y universidades públicas. En ese contexto, subrayó el papel de “un gran programa educativo” atribuido a Paloma Valencia, senadora de su partido, aunque sin detallar sus características.

“Le pone impuestos a la privada. No cumplió con los cupos universitarios ni con la creación de universidades. Paloma tiene un gran programa educativo. El país tiene unas economías ficticias, empezando por el narcotráfico. Por esto soy opositor”, expuso en la misma plataforma.

Frente a los datos de aprobación presidencial, Uribe Vélez justificó su rol opositor en la situación económica. Mencionó que el país presenta “economías ficticias, empezando por el narcotráfico” y criticó que, a su criterio, se carece de condiciones adecuadas para la inversión. El exmandatario argumentó que factores como la “extorsión”, la “inseguridad”, el “exceso de impuestos”, la falta de “garantías de estabilidad” y la “hostilidad del gobierno contra la empresa privada” provocaron la disminución de la inversión y del empleo.

En su análisis, el exsenador abogó por lo que denomina una “economía fraterna, que le vaya bien al trabajador y al empresario”, defendiendo la necesidad de satisfacer las demandas salariales sin restar competitividad ni frenar la creación de nuevas empresas y puestos de trabajo. “Respeten el buen salario al trabajador, pero hay que crear condiciones para que el empresario pueda aumentar el número de empleos, para que aparezcan nuevos emprendedores en Colombia”, puntualizó en X.

En paralelo, Uribe Vélez advirtió sobre el impacto de esa violencia electoral y apuntó directamente a la influencia de la antigua guerrilla de las Farc en regiones como Putumayo, al tiempo que responsabilizó al Gobierno de Gustavo Petro por lo que definió como “un pacto de la selva” que, según él, habría facilitado una alianza con estructuras armadas que buscan orientar el voto.

Y afirmó: “Hace quince días yo estuve en el Putumayo. Allá claramente las Farc ordenan que hay que votar por Iván Cepeda. Ahí mataron a un dirigente nuestro en Arauca. La situación de inseguridad es muy preocupante”.

La deuda estatal de El Salvador con los fondos privados de pensiones alcanzó en enero USD 92.32 millones, elevando el total acumulado a más de USD 11,333 millones, impulsado por la emisión de títulos por parte del Instituto Salvadoreño de Pensiones (ISP), según datos del Banco Central de Reserva (BCR).

El crecimiento de la deuda refleja la presión estructural sobre el sistema de jubilaciones y ocurre en momentos en los que hay una alta expectativa ante una inminente reforma de pensiones acordada con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Según datos del BCR, la deuda creció desde los USD 11,241.13 millones en diciembre de 2025 hasta los USD 11,333.45 millones en enero de 2026. Sin embargo, comparada con el mismo mes del año anterior, cuando se situaba en USD 10,572.40 millones, la cifra representa un incremento de USD 761.05 millones o un 7.2%.

El ISP es responsable de emitir los títulos con los que el Estado financia el pago de jubilaciones del antiguo sistema público, reemplazado a finales de la década de 1990 y modificado en 2022.

El Estado emite dos tipos de títulos: COP y CFT

La principal deuda corresponde a dos tipos de instrumentos. Por un lado, los Certificados de Obligaciones Previsionales (COP) acumulan actualmente USD 2,939.26 millones. Estos títulos son adquiridos obligatoriamente por las administradoras de fondos de pensiones (AFP privadas) y se canalizan al pago de los pensionados del sistema previo a la reforma.

A esto se suman USD 8,394.19 millones en Certificados de Financiamiento de Transición (CFT). Tras una reforma aprobada a fines de 2022 por la Asamblea Legislativa, estos instrumentos dejaron de pagar tanto capital como intereses por cuatro años. Dicho período de gracia se vence el próximo año y deberá pagar dicha deuda que representa el 22.9% del PIB (Producto Interno Bruto).

El Fondo Monetario Internacional ha señalado que, tras esta reforma, el 89% de los activos gestionados por las AFP —que en 2024 alcanzaron USD 14,900 millones— están invertidos en “títulos de deuda pública, ya sea directa o indirectamente a través de bancos e instituciones financieras”, indica una nota de la agencia EFE.

El FMI advierte sobre el uso del fondo solidario para pagar pensiones

El organismo internacional subrayó que los pagos a pensionados del sistema privado comenzaron a realizarse usando recursos de la Cuenta de Garantía Solidaria (CGS), un fondo colectivo que respalda a los afiliados cuando agotan los ahorros de su cuenta individual.

El Fondo Monetario advirtió que este mecanismo refuerza la dependencia del sistema privado hacia los títulos de deuda pública y expone a los afiliados si los recursos comunes se agotan.

Los afiliados y jubilados salvadoreños esperan una nueva reforma del sistema previsional, una medida acordada por el gobierno del presidente Nayib Bukele ante el Fondo Monetario Internacional. El plazo para presentar esta propuesta venció el 10 de febrero.

El presidente Gustavo Petro defendió la necesidad de una reforma tributaria que grave a los sectores “más pudientes y rentísticos” de la sociedad, tras la alerta emitida por el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) sobre el riesgo de insostenibilidad de la deuda pública en Colombia.

A través de su cuenta oficial de X, el presidente Petro afirmó: “La manera sana de reducir el déficit fiscal primario que crece desde el año 2015, fundamentalmente por la caída de precios de petróleo y carbón, es con más incremento del ingreso tributario y van tres intentos fallidos solo porque el gobierno propone que esos nuevos impuestos caigan sobre los sectores más pudientes y rentísticos de la sociedad.”

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El pronunciamiento del mandatario se produjo en respuesta al reciente informe del Carf, que advirtió que el déficit fiscal de 2025 alcanzó 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB), el nivel más alto en tres décadas, a excepción de periodos de crisis macroeconómica.

El Comité señaló que la situación deriva de la sobrestimación de ingresos fiscales y la subestimación de gastos, con un faltante estimado de 31,1 billones de pesos para cumplir la meta de reducción del déficit en 2026.

Petro agregó que “indudablemente hay que disminuir el déficit primario y eso hace urgente una reforma tributaria justa”, insistiendo en que los intentos previos de aumentar la recaudación han fracasado por la resistencia a gravar a los sectores de mayores ingresos.

Asimismo, criticó la intervención de la Corte Constitucional, al señalar que “la única que el gobierno logró aprobar fue disminuida lamentablemente por la Corte Constitucional dirigida por Ibáñez y Reyes”.

El Carf, organismo independiente encargado de vigilar el cumplimiento de la regla fiscal, advirtió en su informe que, sin medidas efectivas para incrementar los ingresos o recortar el gasto, la deuda pública podría entrar en una senda insostenible.

El déficit fiscal total, incluyendo intereses, alcanzó 6,4% del PIB en 2025, una cifra menor a la proyectada, pero atribuida a factores transitorios como la apreciación del peso y operaciones de manejo de deuda, que no representan un ajuste estructural.

El reporte del Carf detalló que la principal presión sobre las finanzas públicas provino del crecimiento del gasto en funcionamiento, transferencias territoriales, pensiones, salud y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Los ingresos tributarios, que representaron 14,7% del PIB, no lograron alcanzar la meta, quedando 9,7 billones de pesos por debajo de lo proyectado, a pesar de un crecimiento de 11% respecto a 2024.

De acuerdo con el Comité, las reformas estructurales en trámite podrían incrementar el gasto primario hasta en 0,7 puntos del PIB para 2026, debido a iniciativas como la reforma pensional y laboral, además del aumento del salario mínimo.

El Carf calculó que el ajuste requerido para estabilizar la deuda neta frente a los niveles de 2025 estaría entre 3,5 y 4,5 puntos del PIB. Sin un ajuste de esa magnitud, la deuda pública podría acercarse al 70% del PIB en 2028, superando el límite contemplado por la regla fiscal.

Las proyecciones oficiales del Gobierno prevén balances primarios negativos en 2027 y positivos en 2028, lo que implicaría la necesidad de nuevos ajustes fiscales por hasta 2,9 puntos del PIB en ese periodo. El Carf recomendó mantener la actualización permanente del Plan Financiero y adoptar medidas para fortalecer la transparencia y la programación fiscal.

El debate sobre la orientación de la reforma tributaria se ha intensificado luego de la alerta del Carf. Petro sostuvo que los intentos anteriores por elevar el recaudo han sido bloqueados por la negativa de los sectores de mayor capacidad contributiva. El mandatario insistió en que la solución pasa por una “reforma tributaria justa”, en la que los nuevos impuestos recaigan sobre los más ricos y rentistas del país.

El mandatario remarcó que la caída de los precios internacionales del petróleo y el carbón desde 2015 ha reducido sustancialmente el margen fiscal, obligando a buscar fuentes alternativas de ingresos. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal subrayó, por su parte, que la sostenibilidad macroeconómica depende de la capacidad del país para aumentar sus ingresos o racionalizar el gasto, y advirtió que la falta de ajuste podría comprometer la estabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

La provincia de Entre Ríos concretó hoy su regreso al mercado internacional de capitales tras casi una década sin emisiones de este tipo. La operación consistió en la colocación de un nuevo bono por un valor de USD 300.000.000, una cifra que se encuadra en los límites establecidos por la Legislatura provincial a través de la Ley 11.209 de Restauración de la Sostenibilidad de la Deuda Pública Provincial.

Según el gobierno provincial, esta transacción financiera tiene como propósitos principales la refinanciación de vencimientos de deuda vigente, la cancelación de pasivos en moneda local que presentan tasas más elevadas y el reordenamiento del cronograma de pagos de la provincia.

De acuerdo a los términos técnicos de la emisión, la estrategia busca extender los plazos de cumplimiento y mejorar la previsibilidad fiscal para los próximos ejercicios financieros.

Condiciones financieras y estructura del título

El nuevo instrumento financiero presenta una estructura de vida promedio de 6 años. En cuanto a la tasa de interés, el bono devengará un cupón anual del 9,55%, con una modalidad de pagos semestrales. El esquema de amortización del capital se ha diseñado para distribuirse en tres tramos finales:

• Un primer pago del 33,33% en el año 2031.
• Un segundo pago del 33,33% en el año 2032.
• Un pago final del 33,34% en el año 2033.

En lo que respecta al rendimiento y el riesgo país asociado, el bono se emitió con una prima (spread) de 6,18% sobre un bono del Tesoro de los Estados Unidos de duración similar. Esta cifra representa una reducción de 50 puntos básicos (0,5%) en comparación con el margen convalidado por el mercado en la última emisión internacional de la provincia, realizada en el año 2017.

Objetivos de la operación y canje de deuda

La colocación no funciona de forma aislada, sino que forma parte de un proceso de administración de pasivos que incluye una oferta de recompra y/o canje dirigida a los actuales tenedores del bono ERF28. El resultado definitivo de esta propuesta de canje se dará a conocer el próximo 27 de febrero.

Desde el punto de vista técnico, la emisión internacional apunta a reemplazar el título actual por uno con plazos más extensos. Paralelamente, los fondos obtenidos se utilizarán para cancelar obligaciones denominadas en pesos. Estos pasivos en moneda nacional se caracterizan por tener un costo financiero más alto y cronogramas de vencimiento de corto plazo, lo que generaba una presión constante sobre la caja provincial.

Impacto en el perfil de deuda provincial

La implementación de esta estrategia financiera modifica el perfil de vencimientos globales de Entre Ríos. Al sustituir deuda de corto plazo y alto costo por un instrumento a largo plazo en dólares con tasas fijas, se busca una estructura de pagos más equilibrada en el tiempo.

El reordenamiento de estos compromisos financieros tiene como fin directo liberar márgenes de liquidez en el presupuesto provincial. Al descomprimir los servicios de deuda (el pago de intereses y capital), la administración busca reducir la carga financiera inmediata, comparado con el cronograma de vencimientos que se encontraba vigente antes de esta colocación.

Con esta colocación, Entre Ríos se suma a otras jurisdicciones subnacionales que han buscado aprovechar las condiciones del mercado financiero para reprogramar sus pasivos y aliviar la carga sobre sus tesorerías, en un contexto donde la sostenibilidad de las cuentas públicas se mantiene como el eje de la política económica provincial.

Desde el inicio de gestión del gobierno de Milei, ya colocaron deuda en los mercados internacionales Córdoba, Santa Fe y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). De hecho, el martes pasado ingresaron a las reservas internacionales del Banco Central un total de USD 800 millones provenientes de la colocación de deuda de la provincia de Santa Fe en los mercados internacionales, concretada en diciembre.

El sector económico de Paraguay alcanzó un nuevo récord al elevar la proporción de deuda en guaraníes al 22% del total, una cifra que hasta agosto de 2023 se situaba en el 8,3%. Según informó el ministerio de Economía y Finanzas, este avance en la participación de la moneda nacional marca un hito en la estrategia de desdolarización impulsada por el gobierno, con respaldo del ministro Carlos Fernández Valdovinos. El anuncio se enmarca en la reciente emisión de bonos globales en moneda local por 6,506 billones de guaraníes, equivalentes a 848 millones de euros, con un vencimiento a 12 años y una tasa del 8,5%.

De acuerdo con el comunicado oficial del ministerio, la colocación de estos bonos atrajo la atención de 64 inversionistas internacionales, quienes generaron una demanda que superó en 1,5 veces el monto finalmente colocado. Este nivel de interés se ha convertido en un indicio de la confianza que despierta Paraguay entre los mercados financieros internacionales, consignó el medio oficial.

Carlos Fernández Valdovinos manifestó que, por primera vez, el déficit fiscal autorizado en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para 2026, que representa el 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB), podrá cubrirse íntegramente con financiamiento en moneda local. De acuerdo con lo publicado por el ministerio, el funcionario subrayó la importancia de este logro para fortalecer la economía frente a variaciones en los mercados de divisas y contribuir a un manejo más sostenible de las obligaciones del Estado.

En paralelo a la operación con guaraníes, Paraguay realizó también una reapertura del bono soberano emitido en dólares estadounidenses. El monto de este tramo adicional fue de 300 millones de dólares, equivalentes a 254 millones de euros, con fecha de vencimiento en 2055. Tal como reportó el ministerio de Economía y Finanzas, este segmento en moneda extranjera concitó una demanda excepcional que se multiplicó por 6,3 respecto del monto ofrecido, alcanzando los 1.890 millones de dólares (1.604 millones de euros), con la participación de 65 inversionistas.

Fernández Valdovinos destacó que el elevado interés de los mercados permitió no solamente extender el plazo de los instrumentos, sino también acceder a tasas competitivas, que resultaron inferiores a las observadas en el mercado local durante la pasada colocación de noviembre de 2025. Según publicó el ministerio, esta condición optimizó el costo de financiamiento para el país y confirmó la solidez de la gestión económica, al tiempo que otorga una mayor flexibilidad para las futuras emisiones.

La emisión de bonos en guaraníes y dólares forma parte de una estrategia que busca diversificar las fuentes de financiamiento y robustecer la economía frente a las fluctuaciones internacionales. Según consignó el ministerio, el notable aumento en la participación de la deuda en moneda nacional ofrece una mayor protección frente a movimientos externos y promueve una gestión fiscal más eficiente.

Desde el gobierno, la operación se interpreta como un avance fundamental hacia la desdolarización de la deuda pública, una política orientada a reducir la exposición a los vaivenes del dólar y a fortalecer la solvencia interna. El ministerio subrayó que estas acciones contribuyen a asegurar la estabilidad macroeconómica y a mejorar las condiciones de acceso al financiamiento externo e interno.

La demanda registrada por los bonos, tanto en guaraníes como en dólares, proporciona a Paraguay la oportunidad de ampliar su base de inversionistas internacionales y consolidar su presencia en los mercados globales. El ministerio enfatizó que la multiplicidad de ofertas sugiere un creciente interés por el desarrollo económico del país y sus perspectivas de crecimiento a mediano y largo plazo.

La estrategia financiera desplegada, que incluye la extensión de vencimientos y la obtención de tasas favorables, refuerza la capacidad de Paraguay para enfrentar compromisos futuros sin incurrir en un sobreendeudamiento oneroso. Según reportó el ministerio de Economía y Finanzas, la operación representa un paso relevante que podría incidir positivamente en los indicadores macroeconómicos y en la confianza de los inversionistas para próximas emisiones.

Tanto la emisión en moneda local como la reapertura en dólares fueron diseñadas para alinearse con los objetivos de sostenibilidad fiscal y reducción del riesgo cambiario, mantenidos por la actual administración. El ministerio puntualizó que el resultado de ambas operaciones evidencia la fortaleza de las políticas puestas en marcha y la buena recepción que estas han tenido entre los actores clave del sistema financiero mundial.

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) advierte que la deuda pública de Estados Unidos podría pasar del 126,2% del PIB en 2026 al 135,6% en 2029, lo que representa un aumento considerable y plantea interrogantes sobre la estabilidad financiera a mediano plazo. Pese a que el FMI considera que el riesgo soberano estadounidense permanece bajo, resalta como motivo de preocupación la tendencia al alza tanto de la relación deuda/PIB como del volumen de deuda de corto plazo respecto al PIB. El organismo remarca que estos factores podrían influir en la estabilidad no solo de la mayor economía del mundo, sino también a escala global.

Según publicó el FMI en su último ‘Artículo IV’ dedicado a la economía estadounidense, se espera que Estados Unidos continúe su expansión en 2024, con una proyección de crecimiento del 2,6%, cifra superior en cuatro décimas a la registrada el año precedente. Sin embargo, el documento señala que esta fase de robustez no será sostenida en el tiempo, pues las previsiones apuntan a una desaceleración gradual: el crecimiento proyectado para 2027 y 2028 se sitúa en el 2,1%, disminuyendo al 1,9% en 2029 y llegando al 1,8% en 2030 y 2031.

De acuerdo con el informe, existen diversas amenazas que podrían comprometer las perspectivas económicas para los próximos años. Entre las principales figuran los nuevos aranceles a las importaciones, políticas más estrictas en materia de migración y la sostenibilidad del marco fiscal. El FMI recalca que una “incertidumbre en torno a las políticas comerciales” podría afectar el dinamismo económico más de lo previsto anteriormente.

El organismo dirigido por Kristalina Georgieva analiza el impacto de los aranceles propuestos sobre el comercio internacional. Según estimaciones del FMI, de implementarse estas barreras, el déficit comercial de Estados Unidos disminuiría de manera “modesta” y habría un incremento de los ingresos fiscales equivalente al 0,75% en el corto plazo. No obstante, este efecto fiscal positivo quedaría contrarrestado por un aumento en la inflación de aproximadamente medio punto porcentual hacia finales de 2026 y, además, con una reducción del crecimiento del PIB en una fracción similar, de acuerdo con datos del propio organismo multilateral.

En materia migratoria, el FMI contempla un “incremento modesto” en las presiones inflacionistas y anticipa que la restricción del acceso de migrantes, especialmente bajo la línea política defendida por la Administración Trump, provocaría una merma en el crecimiento del PIB estadounidense de cuatro décimas para 2027. El análisis también señala una posible caída en el dinamismo de la economía en función de la evolución de las políticas migratorias.

Respecto al mercado laboral, el Fondo Monetario Internacional proyecta que la tasa de desempleo se mantendrá en niveles bajos durante los próximos años. Para el cierre de 2026, la previsión es del 4,1%, que se reduciría al 3,9% en 2027 y se mantendría en ese registro al menos hasta 2029, lo que reflejaría la solidez del empleo en medio de una etapa de crecimiento desacelerado.

El documento detalla que, en contrapartida, la aplicación de medidas de desregulación podría aportar un estímulo al producto interno bruto, aunque el organismo no ofrece una cuantificación precisa del impulso esperado. Por su parte, las políticas fiscales mayores vigentes proporcionarían un empuje adicional de 0,75 puntos porcentuales en el crecimiento acumulado durante el período 2026-2027. Este apoyo, sin embargo, incrementaría el déficit público en un punto y medio, una tendencia que se agravaría a medida que caduquen los incentivos fiscales y se suspendan los recortes de gasto posteriormente.

En lo relativo a la estabilidad presupuestaria, el FMI prevé que el déficit público estadounidense cierre 2024 en el 7,5% del PIB. Para 2027, solo se estima una reducción mínima, de una décima, lo que indica la persistencia de desequilibrios fiscales de magnitud considerable incluso en el mediano plazo. Según especifica el informe recogido por el FMI, la expiración de ventajas impositivas y el retiro progresivo del apoyo fiscal restarán dinamismo al crecimiento de Estados Unidos después de 2029.

En cuanto a la evolución de la política monetaria, el Fondo Monetario Internacional prevé que los tipos de interés de referencia de la Reserva Federal disminuirán desde el nivel actual del 3,4% en 2024 hasta situarse en el 2,9% al final del periodo cubierto por el análisis. En paralelo, tanto el índice de precios de gasto de consumo personal (PCE) general como su variante subyacente acabarán 2026 con un nivel del 2,2%, para moderarse al 2% anual desde 2027 en adelante.

A lo largo del informe, el FMI insiste en que, aunque el riesgo soberano inmediato de Estados Unidos permanece bajo, la presión creciente que representa una deuda en ascenso y una disminución del colchón fiscal pueden tener repercusiones para la economía nacional y mundial. El análisis subraya la importancia de un manejo prudente de las finanzas públicas estadounidenses para mitigar las posibles disrupciones vinculadas a la evolución de la deuda y el déficit en el mediano y largo plazo.

Del mismo modo, el informe resalta que aún persisten incertidumbres, especialmente vinculadas a la política comercial y migratoria. Cualquier giro en estas áreas podría alterar significativamente el desempeño previsto, tanto en términos de crecimiento como de estabilidad inflacionaria y fiscal, según detalló el FMI.

La agencia Moody’s confirmó que la calificación de largo plazo de Nicaragua se mantiene en B2 (una nota que indica “especulativo, con riesgo crediticio alto pero capacidad de pago presente”) tanto para deuda en moneda extranjera como local, con una perspectiva estable. Esta determinación revela el delicado equilibrio de la economía nicaragüense: mientras ha conseguido fortalecer sus cuentas públicas y acumular reservas internacionales, la debilidad institucional y los riesgos externos siguen limitando la posibilidad de una mejora en la nota.

Según Moody’s, el principal obstáculo para que Nicaragua avance en su perfil crediticio es la fragilidad de sus instituciones. La agencia resalta que la concentración de poder en la presidencia y las recientes reformas legales han debilitado los controles del Legislativo, el Judicial y el Electoral. Esto incrementa el riesgo de decisiones abruptas guiadas por intereses particulares y no técnicos, lo cual, según Moody’s, reduce la confianza de los agentes económicos y limita el potencial de crecimiento.

A nivel internacional, Nicaragua sigue siendo objeto de sanciones por parte de Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y Canadá. Aunque estas medidas no afectan directamente las exportaciones o las remesas, sí influyen negativamente en la percepción de los inversores y dificultan el acceso a financiamiento externo. Moody’s advierte que cualquier endurecimiento de las sanciones podría afectar gravemente la economía, sobre todo por la fuerte dependencia de las remesas enviadas desde Estados Unidos y de las exportaciones hacia ese país.

En el ámbito social, Moody’s recuerda la crisis que vivió Nicaragua en 2018 y 2019, cuando la reforma al sistema de pensiones provocó protestas que alteraron la vida económica y social. Aunque la tensión bajó, la agencia sigue considerando elevados los riesgos sociales, en parte por la persistencia de problemas estructurales en educación, salud, vivienda y acceso a servicios básicos.

En contraste con estos riesgos, Moody’s subraya la fortaleza fiscal de Nicaragua. Desde 2022, el país ha registrado superávits en las cuentas públicas, permitiendo que la deuda baje hasta el 35,4% del PIB en 2025 y que los depósitos gubernamentales en el banco central alcancen un récord del 13,5% del PIB. Estos fondos cubren casi el 38% de la deuda pública pendiente y ofrecen margen para enfrentar dificultades imprevistas. Además, el superávit fiscal se ha sustentado en ingresos conservadores, una recaudación estable y una ejecución del gasto cercana al 98% del presupuesto aprobado.

El desempeño de la economía también se apoya en el flujo sostenido de remesas, que ya representan más del 25% del PIB. Esta entrada de dinero ha sido clave para mantener un superávit en la cuenta corriente del 2% del PIB y para que las reservas internacionales alcancen niveles equivalentes al 36% del PIB en 2025, uno de los más altos de América Latina.

No obstante, la estructura productiva de Nicaragua sigue siendo vulnerable porque depende mucho de la exportación de materias primas y de su relación con Estados Unidos. El gobierno ha buscado diversificar sus socios comerciales hacia China y otros mercados, pero la exposición al entorno estadounidense continúa siendo determinante para el futuro financiero del país.

Moody’s advierte que la perspectiva de la calificación podría mejorar si se levantan las sanciones internacionales, si se mantienen los superávits fiscales y externos, o si el país logra diversificar de manera efectiva su comercio exterior. Por el contrario, un deterioro de la situación institucional o social, o la imposición de nuevas sanciones, podría llevar a una rebaja de la nota.

La agencia también resalta que Nicaragua enfrenta riesgos ambientales importantes debido a su ubicación en el Corredor Seco, una región afectada por sequías, inundaciones e incendios forestales. Estos fenómenos impactan especialmente a la agricultura, que emplea al 30% de la población y representa el 15% del PIB nacional.

El informe de Moody’s señala además que la debilidad del Estado de derecho y la persistencia de problemas de corrupción siguen siendo desafíos para la gobernanza del país. Aunque las autoridades han mantenido disciplina fiscal y monetaria durante más de una década, estos factores limitan el margen para una mejora significativa de la calificación.

Datos clave del perfil económico de Nicaragua:

• PIB per cápita: USD 8.709 (2024)
• Crecimiento real del PIB: 3,6% (2024)
• Inflación anual: 2,8% (2024)
• Superávit fiscal general: 2,3% del PIB (2024)
• Deuda pública: 35,4% del PIB (2025)
• Deuda externa: 79,8% del PIB (2024)
• Superávit de cuenta corriente: 2% del PIB (2025)
• Reservas internacionales: 36% del PIB (2025)
• Remesas: Más del 25% del PIB

El Banco de la República lanzó una advertencia sobre la forma en que el Gobierno nacional está manejando su deuda en 2025. Según el banco central, la nueva estrategia adoptada por el Ministerio de Hacienda para conseguir recursos puede ayudar en el corto plazo, pero también implica mayores riesgos hacia adelante.

La alerta quedó consignada en una respuesta oficial enviada al representante Óscar Darío Pérez Pineda, quien pidió conocer detalles de las discusiones internas sobre las operaciones de deuda y liquidez del Gobierno. Aunque las actas completas son reservadas, el Emisor entregó extractos donde se evidencia la preocupación técnica.

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En palabras simples, el Gobierno ha venido buscando más dinero en el mercado para cubrir sus necesidades de gasto. Lo ha hecho aumentando la emisión de Títulos de Tesorería (TES), recomprando bonos, cambiando deuda vieja por nueva y realizando operaciones con bancos extranjeros para obtener dólares y luego convertirlos en pesos.

El problema, según el Banco, es que buena parte de esa nueva deuda se está concentrando en plazos más cortos. Eso significa que el Estado tendrá que pagar o refinanciar esos compromisos más rápido. Si en el futuro las tasas de interés suben o las condiciones financieras se complican, conseguir ese dinero podría resultar más costoso.

El documento se conoció públicamente esta semana y fue revelado inicialmente por La FM en medio del debate sobre la situación fiscal del país; en el texto se explica cómo el banco central ha venido ajustando sus cálculos ante los cambios constantes en la estrategia del Ministerio de Hacienda.

Otro punto sensible es el uso de operaciones con bancos del exterior para conseguir dólares. En términos prácticos, el Gobierno entrega títulos de deuda como garantía, recibe dólares, los cambia por pesos para cubrir gastos internos y, cuando se vence la operación, debe devolver esos dólares. Si en ese momento el dólar está más caro, la cuenta puede salir más alta.

El Banco de la República también dejó constancia de que durante el año ha tenido que modificar varias veces sus proyecciones sobre la caja del Gobierno. Parte del problema radica en que el recaudo tributario no ha cumplido completamente las metas previstas, especialmente en algunos rubros como la retención en la fuente. Eso ha obligado a buscar más recursos en el mercado.

Además, las actas muestran que existe “alta incertidumbre” sobre cómo cerrará la liquidez del Gobierno este año y cómo comenzará 2026. En varias reuniones se menciona que la Tesorería ha sido muy activa comprando y vendiendo títulos, haciendo canjes y moviendo recursos entre pesos y dólares, lo que dificulta prever con exactitud cuánta caja habrá disponible.

Para el ciudadano común, esto se traduce en que el Estado está recurriendo más intensamente a la deuda para cubrir sus necesidades, y lo está haciendo con instrumentos que pueden implicar mayores presiones en el futuro. Si los ingresos no crecen al ritmo esperado o si el entorno internacional se vuelve más adverso, el costo de financiar al país podría aumentar.

El Banco no cuestiona la legalidad de las operaciones ni la facultad del Gobierno para realizarlas. Sin embargo, sí advierte que esta estrategia aumenta los riesgos de refinanciamiento —es decir, la necesidad de conseguir dinero nuevo para pagar deuda vieja— y la exposición al dólar, factores que pueden generar vulnerabilidad si se presentan choques económicos.

En ese contexto, el Emisor reiteró que seguirá monitoreando de cerca el impacto de estas decisiones sobre la liquidez del sistema financiero y la estabilidad económica. En el documento se especifica que, aunque la política monetaria es independiente, las decisiones fiscales influyen directamente en el comportamiento de los mercados, en las tasas de interés y en la confianza de los inversionistas.

El rendimiento económico que reportó el reciente proceso de emisión de deuda soberana en Panamá ha permitido reducir la deuda pública por aproximadamente 204 millones de dólares (172 millones de euros) y, al mismo tiempo, disminuir el pago anual de intereses en alrededor de 30 millones de dólares (25 millones de euros). De acuerdo con información divulgada por el Ministerio de Economía y Finanzas, estos resultados derivan de la venta de bonos globales por 2.970 millones de dólares (2.512 millones de euros), realizada bajo la administración del presidente José Raúl Mulino, lo que marca la primera operación de esta naturaleza desde su llegada al cargo.

Según detalló el medio, el Ministerio de Economía y Finanzas informó que la colocación abarcó bonos con vencimientos fijados para los años 2034 y 2038. Los cupones establecidos fueron del 5,2% y 5,6%, respectivamente. Esta operación concitó un fuerte interés por parte de los inversores internacionales, cuyo apetito superó los 13.000 millones de dólares (11.001 millones de euros) en demandas, según divulgó el propio Ministerio a través de un comunicado oficial.

La operación, catalogada por el Ministerio como parte de una estrategia destinada a fortalecer las finanzas públicas, tuvo entre sus objetivos principales reducir el saldo total de la deuda nacional, bajar los costos asociados al financiamiento y producir ahorros duraderos para el Estado panameño. Al respecto, el ministro Felipe Chapman expresó: “Esta transacción representa un paso concreto en nuestra estrategia de fortalecer las finanzas públicas al reducir el saldo de la deuda, disminuir el costo de financiamiento y generar ahorros permanentes para el Estado”, según difundió el Ministerio de Economía y Finanzas.

El medio añadió que Panamá llevaba más de un año posponiendo la emisión de nueva deuda pública, ya que el país enfrentaba el riesgo de que grandes agencias calificadoras degradaran su nota de riesgo soberano al nivel de 'bonos basura'. Para hacer frente a las necesidades de financiamiento durante ese periodo, el gobierno optó por recurrir a préstamos de la banca internacional, con entidades como JPMorgan Chase, Citigroup y Banco Santander participando como principales prestamistas.

De acuerdo con el reporte del Ministerio, la notable demanda que suscitó la colocación de bonos envió una señal positiva a los mercados financieros sobre la confianza que existe en la estabilidad macroeconómica del país. El volumen de peticiones, que sobrepasó ampliamente la oferta inicial, refuerza la percepción entre los actores internacionales sobre la capacidad de Panamá para cumplir con sus obligaciones financieras, pese a la coyuntura de presión sobre sus finanzas públicas y las advertencias recientes emitidas por las agencias de calificación.

El comunicado enfatizó que los recursos captados priorizarán la reducción gradual de la deuda y la racionalización del gasto, en un contexto donde las autoridades buscan adaptar los compromisos estatales a las condiciones del mercado y las posibilidades estructurales del presupuesto. Este enfoque representa un cambio respecto de otros periodos fiscales en Panamá, en los que la emisión de bonos respondía a una lógica distinta, vinculada más directamente a la obtención de liquidez para atender obligaciones inmediatas.

La operación, según reiteró el Ministerio citado por el medio, fue vista como un elemento clave para mejorar el perfil crediticio del país en medio de las advertencias provenientes tanto de entes financieros internacionales como de acreedores privados. Las autoridades consideran que la posibilidad de obtener mejores condiciones para el país en los mercados de capital dependerá de la sostenibilidad de acciones similares en materia de manejo de la deuda y disciplina fiscal.

El medio destacó igualmente que este retorno de Panamá a los mercados globales de deuda no solo responde a una necesidad de refinanciamiento, sino que también constituye un mensaje dirigido a inversionistas y observadores internacionales acerca de la capacidad del gobierno panameño para implementar medidas orientadas a la estabilidad macroeconómica y al saneamiento fiscal, en un contexto internacional marcado por una creciente volatilidad financiera y mayores exigencias de transparencia presupuestaria.

La gestión de la deuda pública en enero se mantuvo bajo control pese a la concentración de pagos, según el equipo económico, que aseguró que el cronograma de vencimientos no presentará sorpresas y subrayó la necesidad de renovar compromisos para evitar presiones cambiarias.

Durante el mes, la Administración Central realizó operaciones por USD 40.712 millones: USD 19.344 millones correspondieron a financiamiento y capitalizaciones, y USD 21.368 millones a amortizaciones y pagos.

Desde el inicio de enero de 2026, la dinámica de la deuda pública atrajo la atención de analistas y consultoras económicas, debido a la concentración de vencimientos y la limitada acumulación de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina y la capacidad de compra del Tesoro Nacional.

Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias

Entre los compromisos más relevantes, los Bonos del Tesoro ajustados por inflación concentraron la mayor parte del calendario. La magnitud de las obligaciones en moneda local se sumó a las advertencias que, desde fines de 2025, emitían los analistas. Uno de ellos señaló: “Este enero se concentra el 35% de los compromisos trimestrales”, anticipando el impacto sobre la liquidez del mercado financiero.

Bancos y fondos de inversión coincidieron en que la renovación de deuda será clave para evitar tensiones cambiarias, una preocupación reiterada entre los actores del sector. Al examinar el ritmo de pagos, quedó clara la distribución desigual de los vencimientos: un economista privado afirmó entonces que “la curva del Tesoro presenta fuertes picos en la primera quincena”, lo que dificulta la gestión de esos montos en períodos tan acotados.

Pese a los desafíos, la posición oficial ante los altos pagos de enero de 2026 fue contundente. Voceros del Ministerio de Economía afirmaron: “No habrá sorpresas; el cronograma está bajo control”, en un mensaje dirigido a los mercados para reforzar la confianza en la ejecución.

La primera señal concreta de esa confianza fue el pago del primer gran vencimiento del año a bonistas por USD 4.200 millones, el 9 de enero, mediante depósitos del Tesoro en el Banco Central y un préstamo REPO con seis bancos internacionales por USD 3.000 millones, evitando así afectar las reservas internacionales del ente monetario. El REPO consiste en la venta de bonos con acuerdo de recompra a precio y fecha pactados; en este caso, se utilizaron como garantía los Bonar 2035 y 2038 (legislación argentina).

La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que en enero los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses sumaron USD 7.891 millones

La Secretaría de Finanzas, liderada por Alejandro Lew, informó que en enero, tras los ajustes por diferencias de cambio y capitalización de intereses por USD 7.891 millones, la deuda primaria de la Administración Central creció en el mes en USD 5.867 millones, alcanzando un total de USD 460.934 millones, lo que representó un alza del 1,3% respecto de diciembre, pero una reducción de USD 6.854 millones en los últimos doce meses.

La deuda bajo legislación extranjera cayó en USD 712 millones (hasta USD 163.691 millones), mientras que la deuda bajo legislación nacional se elevó en USD 6.579 millones, situándose al tipo de cambio mayorista de cierre de diciembre en USD 296.955 millones.

Las operaciones de deuda con organismos internacionales -excluyendo al FMI- destinadas a recapitalizar el Banco Central y avanzar en reformas sin requerimiento legislativo, junto al efecto del ajuste de valuación de divisas, determinaron un incremento de USD 460 millones, totalizando USD 39.352 millones. Por su parte, los préstamos con el FMI aumentaron en USD 514 millones, en ambos casos predominando el efecto de la revaluación de las divisas respecto del dólar y el peso.

Por diferencias de cambio, los Adelantos y Letras del Banco Central transferidos a la Tesorería aumentaron en USD 23 millones, alcanzando USD 55.360 millones.

La deuda consolidada de la Administración Central y el Banco Central, descontados los depósitos oficiales en el ente monetario por USD 3.498 millones, totalizó en enero USD 457.436 millones, mostrando un aumento de USD 7.195 millones respecto de diciembre y una caída de USD 3.104 millones en comparación con un año antes.

En relación a noviembre de 2023, la deuda bruta de la Administración Central a enero de 2026 subió en USD 35.641 millones. No obstante, al sumar las transferencias de pasivos del Banco Central al Tesoro y la variación de depósitos oficiales en el BCRA, el stock consolidado en los primeros 26 meses de la presidencia de Javier Milei presentó una reducción neta de USD 29.514 millones. Este proceso se descompone en un aumento de USD 22.431 millones con organismos internacionales y una baja de USD 51.945 millones en el agregado del sector público y privado.

Próximos vencimientos

El calendario de vencimientos del Tesoro exhibe una concentración de pagos relevantes en los próximos meses. El 27 de febrero debe afrontarse un pago superior a USD 1.000 millones por vencimientos de Bopreales (títulos emitidos por el Banco Central para cubrir deudas con importadores) y el vencimiento de intereses del acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI por USD 878 millones, cubiertos con la compra de Derechos Especiales de Giro (DEG) a Estados Unidos, y que serán cancelados con el próximo desembolso del organismo, tras la segunda revisión técnica de las metas del último trimestre de 2025.

Los picos más altos se ubican en abril, junio y julio, con montos que superan los $20 billones en algunos casos. Entre los instrumentos predominantes figuran Boncer, Lecer, títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los instrumentos en pesos constituyen la mayor parte de los compromisos.

Según la consultora LCG, el programa financiero para febrero-diciembre contempla necesidades por USD 18.659 millones, equivalentes al 2,7% del Producto Bruto Interno (PBI). De ese total, las amortizaciones suman USD 6.566 millones y los intereses USD 7.281 millones. A esto deben agregarse los pagos del Banco Central, que suman USD 4.812 millones, desglosados entre Bopreal (USD 2.312 millones) y el swap con China (USD 2.500 millones).

Para los analistas, la coordinación entre el Tesoro y el Banco Central sigue siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar. La absorción de pesos vía licitaciones permite esterilizar parte de la base creada por el BCRA, aunque el desafío de sostener el interés de los inversores privados por instrumentos en moneda local permanece vigente.

La semana pasada, Economía concretó una renovación total de vencimientos de deuda en pesos, adjudicando $9,02 billones tras recibir ofertas por $11,5 billones, en un nuevo episodio de su estrategia de absorber pesos. En los próximos días el Tesoro tiene un desafío similar, en el que se verá si puede seguir recortando tasas.

La semana pasada, la Secretaría de Finanzas alcanzó un rollover de 123,39% frente a los compromisos inmediatos, con un efecto directo sobre la liquidez del sistema bancario y las tasas de interés de corto plazo. El próximo desafío para el equipo económico está programado para el 25 de febrero, cuando vencen títulos por $ 9,4 billones.

La última colocación de deuda resultó clave para las cuentas públicas. El Tesoro retiró del sistema financiero cerca de $1,7 billones, ya que el monto adjudicado superó ampliamente a los vencimientos de la jornada. El resultado permitió a la cartera que conduce Luis Caputo mantener la tendencia contractiva sobre la base monetaria y sin convalidar subas de tasas a lo largo de la curva.

El calendario de vencimientos del Tesoro muestra una concentración de pagos importantes en los próximos meses. Los picos más elevados se ubican en abril, junio y julio, con montos que superan los $20 billones en algunos casos. Entre los instrumentos destacados figuran el Boncer, la Lecer, títulos duales y bonos atados al dólar, aunque los instrumentos en pesos representan la mayor proporción de los compromisos.

La estrategia de Caputo

La absorción de pesos se convirtió en un objetivo inmediato para Caputo y su equipo desde el inicio de la gestión. Según un informe de PPI, la operación de la semana pasada dejó a los bancos con un excedente de liquidez cercano a $0,6 billones, que colocaron en operaciones de pase a un día con el Banco Central (BCRA). El financiamiento neto obtenido por el Tesoro llevó a que el sistema bancario necesitara tomar prestados alrededor de $1,1 billones del Banco Central de la República Argentina (BCRA). Esta dinámica genera presión sobre las tasas de interés overnight, aunque la expansión monetaria derivada de compras de divisas podría aliviar parcialmente las condiciones de liquidez en los próximos días.

La coordinación entre el BCRA y Finanzas busca evitar que la emisión neta derive en una mayor demanda de dólares

En la licitación, la demanda se concentró principalmente en instrumentos de corto plazo y tasa fija. La LECAP a abril (S17A6) absorbió el 55,7% de lo adjudicado, mientras que el 24,3% se canalizó hacia títulos ajustados por inflación. El resultado, según el análisis de PPI, reflejó la preferencia del mercado por rendimientos reales negativos y tasas fijas por debajo de la inflación, en un contexto de expectativas de desinflación a futuro. La inflación de enero sorprendió al alza, aunque el mercado mantuvo su apuesta por la estabilización de los precios en el mediano plazo.

El BCRA inyecta pesos comprando divisas y el Tesoro retira liquidez mediante licitaciones de deuda. Este esquema alterna expansiones y contracciones de la base monetaria

La estrategia del Gobierno apunta a evitar que los pesos que salen del Tesoro vuelvan a presionar sobre el mercado cambiario. La coordinación entre el BCRA y Finanzas busca que la emisión neta no derive en una mayor demanda de dólares. El BCRA inyecta pesos por compras de divisas o vencimientos de pases, mientras que el Tesoro retira liquidez mediante licitaciones de deuda. Este esquema alterna expansiones y contracciones de la base monetaria, en función de los resultados de cada licitación y la evolución de la demanda de dinero en la economía.

Efecto en tasas

La tasa de caución a un día se mantuvo estable en torno al 20% nominal anual durante las últimas jornadas, un comportamiento similar al que se observó antes de la última licitación de enero. Tras una operación contractiva a fin de mes, cuando el Tesoro retiró cerca de $2 billones del sistema, la tasa llegó a moverse entre 30% y 35%, para luego comprimir con el correr de los días. De acuerdo con el análisis de PPI, no resultaría sorpresivo observar una dinámica similar en el corto plazo, con tasas que podrían subir ante la restricción de liquidez y luego retroceder a medida que el sistema se acomoda.

En cuanto a la operatoria diaria, el mecanismo de licitaciones y vencimientos interactúa con la gestión de encajes bancarios. La posibilidad de postergar 5% del encaje al mes siguiente, habilitada por la Comunicación “A” 8397 del BCRA, puede aliviar la presión sobre los bancos y reducir la demanda inmediata de pesos al Central. Este recurso, junto con la dinámica de compras de divisas, configura el esquema de manejo de la liquidez que el Gobierno utiliza para sostener el equilibrio cambiario y monetario.

Coordinación

La coordinación entre el Tesoro y el BCRA continúa siendo un factor central para el desempeño de la economía en el corto plazo. La estrategia oficial apunta a evitar que la expansión monetaria de origen cambiario se traslade a los precios o al dólar. La absorción de pesos vía licitaciones permite esterilizar parte de la base creada por el BCRA, aunque el desafío de sostener el apetito de los inversores privados por instrumentos en moneda local sigue latente.

El resultado de la última licitación exhibió una demanda sólida por parte del mercado, con ofertas que superaron holgadamente el monto a renovar. El Gobierno logró evitar subas en las tasas de los instrumentos, una señal que el mercado interpretó como resultado de la confianza en la estrategia de desinflación y control monetario. De acuerdo con Infobae, el equipo económico buscará repetir este esquema en las próximas colocaciones, en especial frente al desafío del 25 de febrero.

La evolución de la deuda pública en pesos y la estrategia para acumular pesos en el sistema financiero, sin liberar liquidez excesiva al mercado, se convirtieron en un eje central de la política económica. El monitoreo de los vencimientos y la respuesta de los inversores delinean el margen de acción para el Tesoro y el BCRA, en un contexto en el que la estabilidad cambiaria y monetaria sigue siendo una prioridad para el Gobierno.

La próxima licitación será observada por bancos y analistas como un termómetro de la capacidad oficial para sostener el esquema de absorción de pesos. Según las estimaciones de PPI, el sistema bancario deberá tomar prestados alrededor de $1,1 billones del BCRA, lo que podría presionar las tasas de interés de muy corto plazo. La dinámica de liquidez dependerá de la interacción entre las colocaciones de deuda, los movimientos del mercado cambiario y la operatoria de encajes bancarios.

El desempeño de los instrumentos de tasa fija y ajustados por inflación marca las preferencias del mercado en el actual contexto macroeconómico, tras cinco meses consecutivos de aceleración de precios. La apuesta por rendimientos reales negativos y la elección de tasas fijas por debajo de la inflación sugieren expectativas de desaceleración inflacionaria, aunque la demanda por cobertura frente al aumento de precios persiste en parte de la cartera de inversores.

La coordinación entre el Tesoro y el BCRA se mantiene como el eje de la política de deuda en pesos. El resultado de la última licitación, el comportamiento de la tasa de caución y el manejo de los encajes bancarios configuran el escenario previo al próximo desafío de vencimientos. El equipo económico busca sostener la absorción de pesos y evitar presiones sobre el dólar, en una coyuntura en la que la estabilidad financiera depende del equilibrio entre estas variables.

Nasry Asfura, presidente de Honduras, reveló este sábado en una conferencia e prensa que el gobierno de su país afronta una deuda acumulada de 17 mil millones de lempiras (644.2 millones de dólares) y obligaciones legales adicionales, una situación que suma presión sobre las finanzas públicas en medio de demandas y embargos judiciales que amenazan el flujo de caja estatal.

Las raíces de la crisis fiscal hondureña se encuentran en ciclos históricos de endeudamiento y conflictos laborales persistentes, agravados por la acumulación de demandas que, tras alcanzar sentencia, desembocan en pagos obligatorios o reajustes salariales.

Estos procesos legales, resultado de despidos y litigios en la administración pública, han situado al Estado en una posición de vulnerabilidad financiera y jurídica, mientras organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han exigido durante los últimos años una disciplina fiscal más estricta como condición para preservar la estabilidad macroeconómica.

Obligaciones legales y embargos judiciales: el peso de la deuda judicial

El Ejecutivo hondureño confirmó que enfrenta compromisos legales de aproximadamente 3,380 millones de lempiras (136 millones de dólares) provenientes, principalmente, de demandas laborales que han concluido en sentencias definitivas contra el Estado.

“Sufrimos de muchas demandas injustas, porque no solo es el reintegro, hay que pagar sueldos caídos y reajustes salariales; todo esto genera un impacto fuerte para el Estado”, dijo Asfura el sábado durante una conferencia de prensa.

Estas cargas no solo afectan el presupuesto corriente. Han obligado a la administración a rediseñar estrategias financieras para evitar que embargos judiciales paralicen el funcionamiento de las instituciones públicas y desvíen fondos destinados a proyectos prioritarios.

Estrategia fiscal y el papel del Congreso en la estabilidad

El plan gubernamental plantea ordenar las cuentas públicas sin sacrificar la asistencia social, insistiendo en que las acciones para cumplir con acreedores y sentencias no implicarán recortes en salud, infraestructura ni programas sociales, según lo expuesto en la comparecencia oficial.

Para alcanzar este equilibrio, la administración de Asfura instruyó a todas las secretarías a revisar sus procesos de contratación y despidos, con el propósito de frenar la generación de nuevos litigios laborales. El mandatario señaló que es vital detener el “ciclo de reajustes salariales y pagos caídos” que históricamente han erosionado recursos clave para el desarrollo.

El Congreso Nacional ha sido llamado a adoptar decisiones que fortalezcan la estabilidad, en particular mediante la aprobación de marcos legales que respalden la gestión responsable de la deuda y ofrezcan mayor seguridad jurídica frente a nuevos litigios.

Según el Gobierno Honduras, este respaldo legislativo es imprescindible para evitar que el sistema judicial y los compromisos económicos sigan comprometiendo la solvencia de Honduras ante acreedores e inversores.

De acuerdo con informes anteriores del Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo, únicamente una gestión rigurosa del gasto y una total transparencia permitirán mantener la calificación crediticia, condición vital para acceder a financiamiento en términos favorables para el país.

En declaraciones anteriores, la administración ya había advertido sobre el drenaje de recursos provocado por el pago de salarios caídos, un fenómeno que ha restado capacidad de inversión estatal en áreas de infraestructura y desarrollo.

Nuevas medidas para fortalecer la economía y las relaciones internacionales

El presidente hondureño se reunió con representantes de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés para tratar asuntos relacionados con la inversión, la seguridad jurídica y el desarrollo productivo.

Luego, informó sobre la formación de una comisión encargada de revisar los aranceles del 10% y 25%, con el objetivo de mejorar la competitividad del país frente a otros mercados de la región.

De igual manera, Asfura anunció que el 7 de marzo viajará a Washington para mantener una reunión con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. El mandatario catracho consideró este encuentro como una oportunidad estratégica para fortalecer la relación bilateral y avanzar en temas económicos y comerciales en beneficio de Honduras. La agenda del Ejecutivo apunta a estabilizar las finanzas públicas y promover acuerdos que impulsen la economía nacional.

La agencia Moody’s Ratings ha proyectado un aumento en el crecimiento económico de El Salvador, impulsado por avances en la consolidación fiscal y el reciente acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

Este panorama optimista convive con un serio desafío: el elevado peso de la deuda pública y el costo de los intereses que, según la agencia, continuará limitando la solidez fiscal del país.

Moody’s estima que la economía salvadoreña ha logrado frenar el déficit del sector público no financiero y, al mismo tiempo, promover la inversión, sin afectar negativamente la actividad productiva general. La agencia anticipa que el crecimiento del producto interno bruto (PIB) real pasará de 2.6 % en 2024 a 4 % en 2025, y que para 2026 la cifra rondará el 3.1 %.

Sin embargo, el informe de Moody’s subraya que, pese al avance en la consolidación fiscal, la “alta carga de la deuda pública y el elevado costo de los compromisos limitan la fortaleza fiscal de El Salvador”.

Para el cierre de 2025, la deuda pública se ubicó en 88.3 % del PIB, mientras el pago de intereses representa un 18.4 % de los ingresos, situándose muy por “encima de los pares calificados de manera similar”, según consigna el análisis.

Moody’s prevé una mejora progresiva, con una relación deuda/PIB que bajaría hasta 84.2 % en 2028 y la proporción de intereses sobre ingresos alcanzando 19.5 %, incluso considerando una consolidación fiscal continua y condiciones de acceso a mercados más predecibles.

El reciente cambio de la perspectiva de calificación de riesgo de El Salvador, que pasó de estable a positiva, obedece al acuerdo logrado con el Fondo Monetario Internacional por USD 1,400 millones.

Este pacto obliga a un ajuste fiscal de 3.5 puntos porcentuales del PIB durante el programa. Este tipo de ajustes, señaló Moody’s, suele asociarse a desaceleraciones en el crecimiento porque implica reducciones en el gasto y mayores ingresos, lo que limita la inversión pública.

Sin embargo, en el caso salvadoreño, la mejora en seguridad se consideran estructurales; este factor ha impulsado la inversión privada, dinamizando el crecimiento a mediano plazo y dando soporte a las medidas de disciplina fiscal.

En cuanto al déficit fiscal, Moody’s calcula que se redujo al 3 % del PIB en 2025, al menos 1.5 puntos porcentuales menos que el año previo.

Para 2026, la agencia prevé un descenso hasta el 2.3 %, y un leve repunte al 2.7 % en 2027. Asimismo, se proyecta una disminución en las necesidades de financiamiento del país, desde 18.3 % del PIB en 2024 a 9.8 % en 2025, y luego 9.1 % en 2026.

Moody’s puntualizó que la reducción continua de estas necesidades ayuda a mitigar los riesgos de liquidez del gobierno.

El informe advierte que las mejoras en los indicadores de sostenibilidad de deuda serán graduales, incluso bajo el escenario de consolidación fiscal sostenida, y que la asequibilidad continuará siendo un reto relevante para El Salvador.

Economía salvadoreña a la zaga en la región

Las proyecciones recientes de crecimiento económico para El Salvador muestran discrepancias relevantes entre los principales organismos internacionales para 2024 y 2025. El Banco Central de Reserva (BCR) elevó en junio de 2024 su pronóstico al 4% para el cierre del año, superando los cálculos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el Banco Mundial (BM), que estimaron 3.5% y 2.5% respectivamente, mientras que el Fondo Monetario Internacional (FMI) situó el crecimiento en el 3% para el mismo periodo, según datos recopilados por Infobae.

Pese al optimismo para 2024, los organismos advirtieron una desaceleración para 2025, asignando a El Salvador los pronósticos de expansión más bajos de Centroamérica.

La CEPAL redujo en agosto de 2025 su estimación para el país a 2.4%, siendo el porcentaje más bajo. Por su parte, el BM proyectó un avance de solo 2.2% en junio de 2025, mientras que el FMI estimó un 2.5% para ese mismo año, posicionando también al país en el último lugar del istmo, según los estimados recogidos por ambos portales.

El peso que hoy tiene la deuda pública sobre las finanzas del Estado se siente cada vez con más fuerza en el presupuesto. Más allá del monto total que debe el país, lo que empieza a marcar la discusión fiscal es cuánto cuesta financiar ese endeudamiento y en qué condiciones se está haciendo. Un análisis del Observatorio Fiscal pone el foco justamente en ese punto, los riesgos y costos de endeudarse en pesos frente a hacerlo en dólares, en un momento en el que Colombia enfrenta tasas de interés elevadas y un margen fiscal cada vez más estrecho.

Para entender el alcance del problema, es clave distinguir entre dos conceptos que suelen confundirse. Por un lado está el servicio de la deuda, es decir, lo que el Gobierno paga cada año con cargo al Presupuesto General de la Nación para cumplir sus obligaciones, intereses, amortizaciones de capital y otros costos asociados. Por otro, está el nivel de deuda, que se mide como deuda bruta y deuda neta. Esta última descuenta los activos financieros del Gobierno y es la referencia central en la contabilidad fiscal. En términos simples, el servicio es lo que “sale hoy” del presupuesto, mientras que la deuda refleja lo que el país “debe en total”.

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Según el Observatorio Fiscal, la evolución del servicio de la deuda desde 2010 muestra un cambio profundo en su composición. Durante varios años, especialmente entre 2010 y 2016, el mayor peso lo tenían los pagos de capital. Los intereses crecían, pero no representaban una carga significativa ni generaban una rigidez presupuestal relevante. Ese panorama empezó a modificarse de forma gradual hacia 2018 y se transformó con mayor intensidad a partir de 2021.

Desde entonces, el crecimiento del servicio de la deuda está impulsado principalmente por el pago de intereses. Hoy, estos explican una proporción cada vez mayor del total, mientras que las amortizaciones pierden peso relativo. El resultado es claro, una porción creciente del presupuesto se destina a cubrir costos financieros de deuda ya contraída, reduciendo el espacio para inversión pública, programas sociales u otros gastos prioritarios.

Este giro es central para el debate fiscal. Cuando los intereses ganan terreno, el presupuesto se vuelve más rígido y menos flexible ante choques económicos. Además, estabilizar la deuda se vuelve más costoso, porque una parte importante del gasto está comprometida con obligaciones financieras que no se pueden ajustar fácilmente. Por eso, el análisis del observatorio insiste en que la discusión ya no pasa solo por cuánto se debe, sino por a qué tasas y en qué moneda se está financiando el país.

En paralelo, la deuda del Gobierno Nacional Central aumentó de manera marcada tras el choque de 2020. Aunque hubo una corrección parcial en los años siguientes, tanto la deuda bruta como la neta se mantienen por encima de los niveles previos a la pandemia. Entre 2024 y 2025, la deuda bruta siguió creciendo, mientras que la deuda neta mostró una reducción. Este último dato podría reflejar un aumento de los activos financieros del Gobierno o estrategias de manejo de deuda, pero no implica necesariamente una caída inmediata en la carga de intereses.

El costo de endeudarse está directamente ligado a las tasas de interés. En términos sencillos, una tasa más alta significa que el país debe pagar más por cada peso o dólar que recibe prestado. A diferencia de una persona, los Estados pueden financiarse tanto en el mercado local, en moneda nacional, como en el mercado internacional, generalmente en dólares. Esa decisión no es neutral.

Desde la perspectiva de los inversionistas, prestar en pesos implica asumir el riesgo cambiario. La volatilidad del peso frente al dólar, que en los últimos años osciló en rangos amplios, se traduce en tasas más altas para compensar ese riesgo. Por eso, los créditos en pesos suelen tener rendimientos mayores que los denominados en dólares. Sin embargo, endeudarse en moneda extranjera expone al país a riesgos distintos, una devaluación fuerte puede encarecer rápidamente el servicio de la deuda.

El Observatorio Fiscal destacó que, desde 2021, tanto las tasas en pesos como en dólares aumentaron de forma significativa. No se trata de decidir cuál mercado es “mejor”, sino de entender que este entorno de tasas altas se traducirá en mayores pagos de intereses en los próximos años, presionando aún más el presupuesto.

El Gobierno de El Salvador destinó en 2025 $3,087.1 millones al pago de deuda pública, sumando intereses y amortizaciones, según el informe del Ministerio de Hacienda, divulgado el 3 de febrero y analizado por Infobae. Esta cifra representa uno de los niveles más altos de gasto en obligaciones financieras en la historia reciente del país, reflejo de los compromisos asumidos en ejercicios fiscales previos y de la prioridad otorgada a mantener la estabilidad crediticia.

De acuerdo con la documentación, el gasto en servicio de la deuda se dividió en dos grandes apartados: $1,502.3 millones se destinaron al pago de intereses y otros costos financieros, mientras que $1,584.8 millones correspondieron a la amortización de capital. El informe oficial indica que la ejecución en este último rubro alcanzó el 99.1% de lo asignado.

La ejecución presupuestaria revela que el pago de la deuda absorbió cerca de la quinta parte del total devengado por el Gobierno durante 2025. Este monto supera ampliamente los recursos ejecutados en rubros como infraestructura, desarrollo local o transferencias a municipalidades. El documento precisa además que los pagos se realizaron tanto con fondos provenientes del Fondo General como con recursos de préstamos externos.

La asignación para el pago de la deuda pública se mantuvo entre las prioridades centrales del Ejecutivo, junto con los sectores de educación, salud y seguridad. Una parte significativa de los recursos utilizados para el servicio de la deuda corresponde a compromisos adquiridos con organismos multilaterales, acreedores internacionales y emisiones de bonos soberanos.

De acuerdo con el análisis de Infobae, la disciplina en la ejecución de estos pagos busca preservar el acceso a financiamiento externo y evitar escenarios de riesgo crediticio para el país, lo cual se enmarca en el acuerdo financiero que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Como parte del programa respaldado por el FMI se prevé una reducción del saldo primario de alrededor de 3.5% del (Producto Interno Bruto (PIB) en un periodo de tres años, con el objetivo central de fijar la deuda pública en una ruta descendente, después de alcanzar un máximo de 85% del PIB durante 2024, según detalló el organismo.

Entre las prioridades identificadas, el FMI subrayó la necesidad de fortalecer la transparencia fiscal, incluyendo la publicación de información actualizada sobre deuda, pensiones, funcionamiento de empresas estatales y contratos públicos, además de impulsar mecanismos sólidos contra la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en línea con los estándares internacionales.

Las medidas fiscales plasmadas en el presupuesto para 2025 —valuadas en 1.5% del PIB— contemplan la disminución de la masa salarial, del gasto en bienes y servicios, y un recorte en las transferencias a municipios. El programa también exige mejorar la eficiencia de la función pública, apuntalar la viabilidad del sistema de pensiones y ampliar los ingresos estatales para mantener la estabilidad fiscal y reducir los costos del endeudamiento, priorizando la inversión pública y la protección de los sectores más vulnerables.

Deuda pública salvadoreña

Según los últimos datos del Banco Central de Reserva (BCR), la deuda pública total del país en 2025 alcanzó los $33,807.1 millones, incluyendo los $11,241.13 millones adeudados al sistema de pensiones.

Sin la deuda de pensiones, el monto es de $22,565.98 millones, según los datos oficiales, lo que refleja el peso que la deuda sigue teniendo sobre las finanzas del Estado.

El desglose indica que el sector público no financiero concentra el monto más elevado, con $21,854.39 millones, de los cuales $20,659.22 millones corresponden al Gobierno Central. Dentro de este segmento, los instrumentos financieros de corto plazo como LETES (Letras del Tesoro) representan $1,161.39 millones.

El resto del gobierno general y las empresas públicas no financieras suman $301.52 millones y $893,65 millones, respectivamente: mientras que el sector público financiero registró $706.35 millones.

En cuanto a la deuda externa pública, el país debe $15,224.93 millones. El sector público no financiero es responsable de $14,628.72 millones, donde el Gobierno Central representa $14,011.52 millones y las empresas públicas no financieras suman $617.2 millones.

El sector público financiero tiene obligaciones externas por $590.96 millones, mientras que el Banco Central de Reserva mantiene $5.24 millones en esta categoría.

Por su parte, la deuda interna pública asciende a $7,341.05 millones. El sector público no financiero mantiene $7,225.66 millones; de ese monto, $6,647.7 millones se atribuyen al Gobierno Central, $301.52 millones al resto del gobierno general y $276.45 millones a empresas públicas no financieras. Y el sector público financiero suma $115.39 millones de deuda interna.

Las cifras oficiales muestran que el peso de la deuda externa sobrepasa al de la deuda interna, situando al país en una posición de mayor exposición ante el contexto financiero internacional. El comportamiento de estos saldos y su estructura por sector continuará bajo observación de entes financieros, dado su impacto en las políticas fiscales y monetarias.

El Comité de Política Monetaria (Copom) del Banco Central de Brasil subrayó la importancia de que las políticas fiscales y monetarias permanezcan alineadas, señalando que la menor velocidad en la ejecución de reformas estructurales y la disciplina fiscal, junto con la incertidumbre sobre la estabilización de la deuda pública, podrían elevar la tasa de interés neutral en el país, lo que afectaría la efectividad de la política monetaria y encarecería el proceso de reducción de la inflación. Según informó el Banco Central de Brasil, tras su última reunión de política monetaria, se prevé la posibilidad de iniciar una reducción en los tipos de interés en la próxima sesión, pautada para marzo, siempre y cuando se confirmen los escenarios esperados.

De acuerdo con las actas difundidas tras el encuentro, los integrantes del Copom consideran que, aunque existe la expectativa de comenzar con la flexibilización de las tasas próximamente, su enfoque seguirá siendo contractivo a fin de garantizar una trayectoria decreciente y sostenida de la inflación. El Copom enfatizó que la decisión de mantener los tipos de interés por quinta vez consecutiva en el 15% responde a una estrategia pensada para llevar la inflación a niveles cercanos a la meta oficial, situada en un 3%.

El medio destaca que el indicador de inflación se situó al cierre de 2025 en el 4,26%, impulsado en gran parte por el incremento en el costo de la vivienda y la electricidad. Según las proyecciones del Comité, se anticipa que la inflación alcanzará el 3,4% al finalizar 2026 y descenderá hasta el 3,2% en el tercer trimestre de 2027.

A la vista de las circunstancias actuales, el Copom sostiene que el contexto, marcado por factores de incertidumbre, requiere una gestión cuidadosa de la política monetaria. Por tal motivo, a pesar de anticipar la posibilidad de relajar su postura en marzo, insiste en la necesidad de preservar el carácter restrictivo de las medidas para reforzar la tendencia descendente de la inflación.

En el análisis publicado por el Banco Central de Brasil, los responsables del Copom recalcaron que los desafíos relacionados con el crédito dirigido y la falta de claridad respecto a la evolución de la deuda pública pueden incrementar la tasa de interés neutral. Este fenómeno, según detalló el Comité, impactaría negativamente tanto en la eficacia de la política monetaria como en el costo económico de alcanzar la desinflación.

Durante la reunión, los responsables de la política monetaria reiteraron la importancia de que las acciones fiscales y monetarias mantengan coherencia y previsibilidad. “El Comité mantuvo su firme convicción de que las políticas deben ser predecibles, creíbles y contracíclicas”, señala el acta recogida por el Banco Central de Brasil.

Esta perspectiva, según expuso la autoridad monetaria, se fundamenta en el objetivo de evitar fluctuaciones bruscas y asegurar la convergencia progresiva de la inflación hacia el objetivo oficial. Además, el Copom hizo referencia a la importancia de conservar la confianza en los instrumentos de política económica disponibles y en la adopción de medidas compatibles con la actual coyuntura internacional y local.

Finalmente, los análisis del Comité ponen el acento en el papel de la credibilidad y la disciplina fiscal como elementos centrales en la configuración de expectativas y en la capacidad del Banco Central de influir de manera efectiva en los precios. Según remarcó el ente emisor, la combinación de estas herramientas resulta fundamental para sostener una política monetaria que responda tanto a las variaciones del mercado como a la finalidad de mantener la inflación bajo control.

El Gobierno nacional avanza en una doble estrategia financiera: por un lado, autorizó el pago de múltiples obligaciones del servicio de la deuda pública que vencen en febrero de 2026 y, paralelamente, busca concretar nuevos créditos internacionales por cerca de $910.000 millones para financiar proyectos con enfoque ambiental y de desarrollo sostenible.

De acuerdo con la Resolución 0231 del 30 de enero de 2026, consultada por Infobae Colombia, el Ministerio de Hacienda ordenó el pago del servicio de la deuda pública correspondiente al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de este año, lo que incluye compromisos con organismos multilaterales, inversionistas internacionales y tenedores de deuda interna.

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Según el documento oficial, firmado por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional, el Gobierno autorizó desembolsos que cubren amortizaciones de capital, intereses y comisiones derivadas de diferentes instrumentos financieros.

Entre los pagos se destacan obligaciones con entidades como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (Birf), la Agencia Francesa de Desarrollo y otros organismos multilaterales, así como compromisos asociados a bonos internacionales y títulos de deuda interna.

El listado incluye pagos de gran magnitud, como desembolsos en dólares por créditos multilaterales, intereses derivados de bonos globales y compromisos con tenedores de Títulos de Tesorería (TES) en pesos colombianos. También aparecen costos por servicios asociados a la deuda, como comisiones a calificadoras, abogados y estructuradores financieros.

La resolución establece que estos pagos corresponden a obligaciones proyectadas en el sistema de deuda pública de la Nación, aclarando que los valores podrían variar frente a los montos finales cancelados dependiendo de las cuentas de cobro recibidas en el proceso de ejecución.

Este tipo de actos administrativos es habitual dentro del manejo financiero del Estado, pues formaliza el flujo de recursos destinados a cumplir con compromisos previamente adquiridos por el país en los mercados de capital y con organismos internacionales.

Nuevos créditos internacionales en camino

Mientras el Gobierno ejecuta pagos de deuda vigente, el Ministerio de Hacienda también autorizó la celebración de nuevos empréstitos externos que buscan financiar programas con enfoque ambiental y sostenible.

Según informó Valora Analitik, la cartera económica dio luz verde a dos operaciones crediticias con organismos multilaterales por un monto cercano a US$252 millones, equivalentes aproximadamente a $910.287 millones.

El primero de los créditos se realizaría con el Banco Centroamericano de Integración Económica (Bcie) por US$75 millones, destinados al programa denominado “Impulso de la Acción Climática y Conservación del Capital Natural” en Colombia.

El segundo préstamo sería contratado con el banco de desarrollo alemán KfW por 150 millones de euros, recursos que se enmarcan en un programa de política de desarrollo enfocado en objetivos ambientales y sostenibles.

Según ese medio económico, el crédito con el Bcie tendría un plazo total de 17 años, incluidos cuatro años de gracia, mientras que el préstamo con el KfW contempla un periodo de 14 años, con pagos semestrales que iniciarían en noviembre de 2028 y finalizarían en 2040.

Cupos de endeudamiento aún disponibles

Las nuevas operaciones crediticias se respaldan en autorizaciones previas del Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes), que en 2024 avaló la contratación de empréstitos externos hasta por US$5.000 millones, incluyendo líneas contingentes para emergencias.

De acuerdo con la información conocida, el Gobierno ha comprometido parte de ese cupo, pero aún mantiene margen disponible para nuevas operaciones de financiamiento externo.

A esto se suma la aprobación otorgada por la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, que autorizó a la Nación gestionar empréstitos externos adicionales, lo que amplía la capacidad de endeudamiento del país.

El movimiento simultáneo entre pagos de deuda vigente y contratación de nuevos créditos refleja la dinámica habitual de financiamiento estatal, aunque se produce en un contexto de advertencias de analistas y mercados frente al equilibrio fiscal colombiano.

El Tesoro Público español ha superado ya la emisión de 29.787 millones de euros en deuda a medio y largo plazo, lo que representa el 16,8% de su programa de financiación previsto para 2026, una cifra cuya relevancia se debe a las crecientes necesidades de financiación, fijadas en 55.000 millones de euros para el año en curso. Según informó el medio, el organismo dependiente del Ministerio de Economía reanudará la próxima semana su actividad en los mercados con dos operaciones de colocación de deuda, abriendo así el calendario de emisiones correspondiente al mes de febrero.

Tal como publicó el medio, el martes 3 de febrero se realizará una subasta de letras a seis y doce meses. Posteriormente, el jueves 5 de febrero, el Tesoro llevará a cabo una operación que involucra bonos y obligaciones del Estado. Estas dos emisiones inauguran la agenda de febrero, conforme al calendario oficial del organismo. En la última subasta similar, según consignó el medio, el Tesoro adjudicó 6.077,2 millones de euros, incrementando la rentabilidad marginal ofrecida: las letras a seis meses alcanzaron un interés marginal del 2,002%, mientras que las de doce meses se situaron en el 2,048%.

Para la jornada del jueves, el organismo tiene previsto adjudicar cuatro referencias diferentes de deuda estatal a medio y largo plazo. Los instrumentos que se ofrecerán incluyen bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; obligaciones del Estado a 7 años, con cupón del 3%; obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a 7 años y 10 meses, con cupón del 0,70%; y obligaciones con una vida residual de 9 años y 9 meses, cuyo cupón es del 3,20%. En lo referente a los tipos de interés de referencia para estos títulos, el medio detalló que los bonos a 3 años tendrán un tipo del 2,348%, las obligaciones a 7 años del 2,943%, las indexadas a 7 años y 10 meses del 1,280%, y para las obligaciones a casi 10 años, el 3,204%.

De acuerdo con la planificación anunciada y según detalló el medio, la estrategia de financiación para 2026 contempla levantar 55.000 millones de euros en nuevas necesidades, idéntica cifra a la prevista para el año anterior. De esos fondos, 50.000 millones corresponderán a operaciones a medio y largo plazo, incluyendo bonos, obligaciones, deuda en otras divisas, préstamos y compromisos asumidos. Los 5.000 millones restantes serán cubiertos mediante la emisión de letras del Tesoro, manteniendo los mismos niveles que en 2025.

El Tesoro prevé que las emisiones totales brutas para este ejercicio asciendan a 285.693 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 4,2% frente al cierre de 2025, que se estima en 274.242 millones de euros. Tal aumento, según reportó el medio, responde al volumen de amortizaciones previstas en 2026. De la cantidad bruta de emisiones planeada para el año, 176.935 millones de euros corresponderán a deuda de medio y largo plazo, lo que equivale a un 3,1% más respecto al planificado para 2025, que fue de 171.514 millones de euros. Por otra parte, las letras del Tesoro originarán emisiones por 108.758 millones, incrementándose casi un 5,9% en comparación con el cierre estimado del año anterior, que estuvo en 102.728 millones.

El coste medio de la cartera del Tesoro se sitúa en 2,318%, según datos oficiales que también recogen que la vida media de la deuda estatal en circulación alcanza los 7,83 años. La vida media de la deuda pública española se mantuvo durante 2025 en valores cercanos a los ocho años. El mes pasado, el Ministerio de Economía precisó que esta cifra se hallaba en 7,93 años, el nivel más elevado desde 2021, cuando llegó a 7,99 años, según publicó el medio.

Según los criterios explicados por el Ministerio de Economía, la estrategia de financiación prevista para este año está marcada por el comportamiento favorable de la economía nacional y el rigor en la política presupuestaria. Todas estas cuestiones influyen tanto en la estructuración de las emisiones como en la respuesta que espera el Tesoro por parte de los inversores en los distintos plazos propuestos.

El regreso a los mercados mediante operaciones de subasta permite al organismo dependiente del Ministerio de Economía captar recursos en condiciones que buscan conjugar la estabilidad presupuestaria y ajustar la vida media de la deuda a las circunstancias del ciclo económico, detalló el medio. Refinanciar títulos próximos al vencimiento y diversificar las referencias ofertadas son dos objetivos que orientan el calendario de emisiones, que presenta una distribución ajustada a las necesidades y previsiones para los próximos ejercicios.

En las operaciones próximas, el Tesoro buscará revalidar el interés de los inversores, sobre todo después de la última subasta donde se apreció un repunte en los rendimientos. Las condiciones actuales del mercado y las expectativas sobre la evolución de la economía nacional e internacional son factores que influyen tanto en la estrategia del Tesoro como en las decisiones de los participantes del mercado, según reportó el medio.

El servicio de estudios de BBVA proyecta que el cumplimiento de las normas fiscales en España solo será posible si se implementan nuevas medidas de ajuste, advirtió el grupo financiero en su más reciente ‘Observatorio fiscal’ de enero. De acuerdo con BBVA Research, la senda de reducción del déficit público ganará impulso durante 2025, con una caída prevista de ocho décimas del PIB, situándose cerca del 2,4%. Esto se atribuye a factores como la recuperación cíclica de la recaudación tributaria y la normalización de los tipos impositivos, junto a una menor intervención de elementos extraordinarios presentes a finales de 2024, según consignó el informe. El análisis remarca que estos factores ayudarán a contrarrestar las presiones crecientes sobre el gasto en áreas como defensa, pensiones e intereses de la deuda.

El medio especializado detalló que, si se adoptan nuevas acciones de consolidación fiscal, se prevé que el déficit público pueda reducirse hasta el 2,1% del PIB en 2026 y descender hasta el 1,7% en 2027. BBVA Research subraya que, para alcanzar estos umbrales y alinearse con las exigencias fiscales europeas, el Gobierno deberá identificar y ejecutar políticas concretas de ajuste presupuestario adicionales en ambos ejercicios. El informe precisa que el entorno fiscal en los próximos años estará condicionado por la vigorosidad de la actividad económica nacional y por la retirada tanto de las ayudas relacionadas con la crisis energética como de las correspondientes a eventos atmosféricos adversos de ciclos previos.

Según el reporte de BBVA Research, la consolidación fiscal en 2026 se beneficiará de la fortaleza económica y del final de ciertas medidas extraordinarias, a pesar del incremento previsto en pensiones y desembolsos de defensa. Pues bien, para lograr la disciplina fiscal estipulada, será imprescindible un esfuerzo extra equivalente a dos décimas del PIB en 2026, ampliándose hasta cuatro décimas del PIB adicionales en 2027. De acuerdo con los expertos, el escenario de ajuste dependerá principalmente de la contención del gasto público, lo que requerirá decisiones explícitas desde el Ejecutivo y el Legislativo.

El ‘Observatorio fiscal’ subraya que, una vez concluido el Plan de Recuperación, tanto los ingresos públicos como el gasto descenderán de forma sincronizada. El informe estima que, durante 2026 y 2027, los ingresos por tributos y las cotizaciones sociales podrían incrementarse en tres décimas del PIB cada año, impulsados por la dinámica económica y modificaciones legales, especialmente en el ámbito de la seguridad social. Este efecto permitiría amortiguar la merma de ingresos relacionada con el retiro de los fondos de recuperación europeos, según reportó BBVA Research.

En cuanto a la gestión del gasto, BBVA Research prevé un crecimiento más moderado para el periodo analizado. La evolución proyectada apunta a una reducción de dos décimas del PIB en 2026 y cinco décimas en 2027, donde dos décimas y cuatro décimas, respectivamente, responderían a recortes o ajustes aún pendientes de definir para el adecuado cumplimiento de las normas fiscales. Los especialistas de BBVA indican que el gasto primario neto -descontando los ingresos- mantendría un incremento medio anual cercano al 3,5% entre 2025 y 2030, en comparación con el 3% promedio contemplado en el Plan fiscal y estructural. Según el análisis, una aplicación estricta de la regla de gasto requeriría una restricción adicional, situando así el saldo primario ajustado en torno al equilibrio a finales de 2027. Sin los recortes recomendados, este saldo se mantendría negativo, alrededor del -0,8% del PIB.

Respecto a la deuda pública, el servicio de estudios de BBVA anticipa que la ratio de endeudamiento sobre el PIB seguirá disminuyendo y podría alcanzar alrededor del 96,6% al concluir 2027. El informe señala que la adhesión a las reglas fiscales aportará estabilidad y ayudará a recortar progresivamente la carga de la deuda pública española a medio plazo. Sin embargo, advierte que este escenario favorable solo se sostendría si el diferencial entre el crecimiento económico y el coste de la deuda no se reduce en exceso, pues su estrechamiento supondría un factor de vulnerabilidad que pondría en riesgo la tendencia descendente de la deuda.

BBVA Research concluye en su análisis que la senda descendente del déficit y de la deuda, así como el equilibrio fiscal estructural, dependerán esencialmente de la capacidad de las autoridades para definir e implementar medidas de ajuste claras y eficientes en el corto y mediano plazo.

Colombia registrará en 2025 el segundo déficit fiscal más alto del mundo, con una proyección del -7,5% del Producto Interno Bruto (PIB), solo superada por Egipto, de acuerdo con el medio inglés The Economist. El panorama adverso se ve agravado por niveles crecientes de deuda pública, tasas de interés elevadas, inflación persistente y cifras de desempleo que posicionan al país entre los peor clasificados a nivel global.

La publicación detalla que el estándar internacional considera prudente mantener el déficit por debajo del 3% del PIB; sin embargo, Colombia más que duplica ese umbral. Otras naciones como Polonia (-7%) y Brasil (-6,5%) también presentan desequilibrios elevados, pero el caso colombiano destaca por su rápida y contundente evolución.

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Y es que el costo del financiamiento para el Estado colombiano se disparó, lo que ubicó al país entre los de mayor encarecimiento de deuda en el mundo. El medio informó que Colombia tiene la cuarta deuda más cara a diez años: los rendimientos de los bonos soberanos o Títulos de Tesorería (TES) a ese plazo alcanzaron el 12,4%. La situación refleja la creciente presión sobre las cuentas públicas.

Al respecto, el economista Diego Montañez-Herrera explicó que Colombia está entre los países donde más aumentó el rendimiento de los bonos a 10 años, con una variación de 4,3 puntos porcentuales entre enero de 2022 y enero de 2026. Señaló que es “un deterioro relativo del costo de financiamiento”. La tendencia fue corroborada por el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, que calculó que las tasas de interés de la deuda a diez años llegaron al 12,86%.

“Luego eso significaría realmente 206 puntos básicos y seríamos el número uno del mundo, un poco por debajo de Turquía”, manifestó Restrepo. Estas tasas elevadas dificultan el acceso al mercado y aumentan el servicio de la deuda pública.

Posiciones preocupantes de Colombia

En materia de inflación y desempleo, The Economist sitúa a Colombia en posiciones preocupantes. La inflación alcanzó el 5,1%, lo que ubicó al país en el quinto lugar global entre las economía analizadas. Los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) muestran un desempleo de 8,9%, el tercer mayor entre las 41 naciones comparadas.

Al respecto, el exfuncionario resaltó:

• Top 2 con el déficit fiscal más alto entre 40 países del mundo.
• Top 1 con la deuda más cara del mundo a diez años entre 40 países.
• Top 5 con la inflación más alta entre 40 países analizados del mundo.
• Top 4 con el desempleo más alto entre 40 países del mundo.

Las causas de este deterioro son, en buena medida, estructurales. La revista británica resaltó que el déficit colombiano responde a un gasto público en aumento sostenido, recaudación tributaria insuficiente y políticas fiscales flexibles que relajaron los controles como la regla fiscal (norma que establece que el límite de deuda es igual a 71% del Producto Interno Bruto -PIB- y el ancla de deuda es igual a 55% del PIB).

La combinación minó la confianza de los inversionistas, lo que restringió el margen de maniobra fiscal y elevó las tasas de financiación.

Deuda del Gobierno Central

Por su parte, Fitch Ratings coincide en el diagnóstico de riesgo elevado. Aunque proyecta un repunte del PIB del 2,7% en 2025 y 2,9% en 2026, prevé que el déficit fiscal se mantendrá por encima del 6% y que la deuda del Gobierno Central superará el 59% del PIB hacia finales de 2025. Según la calificadora, el crecimiento económico no bastará para cerrar la brecha entre ingresos y gastos.

De igual manera, el actual desempeño tributario nuevas alertas. En 2025, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) y los reportes oficiales identificaron un faltante de $9,4 billones en recaudación de impuestos, lo que marca el tercer incumplimiento consecutivo de metas fiscales. El hueco fiscal, al sumarse al creciente endeudamiento, refuerza la dependencia nacional del financiamiento externo.

Salario mínimo, otro factor determinante

Otro factor determinante es el aumento del salario mínimo, que incidirá de manera directa en el balance fiscal de los próximos años. El Carf advirtió que un incremento del 23% en el salario mínimo repercutirá de manera negativa en el déficit de 2026, con un impacto fiscal mínimo de $5,3 billones. El gasto adicional complica cualquier intento de ajuste presupuestario y condiciona la sostenibilidad de las cuentas públicas.

El alza sostenida en las tasas de los TES también ilustra el encarecimiento del financiamiento en todos los plazos. Las tasas a un año crecieron 22% y a cinco años, 19%, formando una curva de deuda ascendente que, según los mercados, refleja temor a posibles restricciones o impagos.

Colombia frente a otros países de América Latina

Frente a los países de la región, el caso colombiano resulta particular por la velocidad del deterioro. Brasil reportó un déficit del -6,5%, y México trató de contener sus desbalances, pero Colombia aumentó su deuda en casi $400 billones en solo tres años. Esto limita la capacidad de respuesta ante choques externos, advierte The Economist. Economías como Turquía y Polonia también figuran entre las más tensionadas fiscalmente, sin embargo, las condiciones del mercado muestran una desconfianza mayor hacia Colombia.

Expertos como Diego Montañez-Herrera destacaron que la percepción negativa se refleja en los bonos soberanos y la mayor prima exigida por los inversores. José Manuel Restrepo enfatizó que el costo de la deuda colombiana alcanzó niveles récord. Ambos coinciden en que el país vive uno de los momentos más delicados para sus finanzas públicas, y que la recuperación será larga y compleja.

El Estado ecuatoriano logró recomprar una cantidad de deuda en valor nominal superior a la suma desembolsada en efectivo, lo que produjo una reducción inmediata del monto total adeudado gracias al descuento obtenido respecto del precio de mercado de los títulos. De acuerdo con la información publicada por el Ministerio de Economía y Finanzas de Ecuador, esta operación implica que el país evitará el pago de alrededor de 698 millones de dólares (587 millones de euros) por concepto de servicio de deuda correspondiente a los bonos 2030 y 2035 durante el año en curso.

Según detalló el medio, el Gobierno de Ecuador concretó la recompra de estos bonos por una suma total de 3.000 millones de dólares (2.526 millones de euros), empleando para ello recursos en dos partes iguales: 1.500 millones de dólares (1.263 millones de euros) provenientes de fondos de endeudamiento de libre disponibilidad, y otros 1.500 millones procedentes de una nueva emisión internacional. El Ministerio precisó que tras la recompra, el Estado también dejará de cancelar alrededor de 698 millones de dólares en 2026, que habrían sido destinados al servicio de la deuda correspondiente a los bonos retirados del mercado.

El Gobierno indicó, además, que "no tiene previsto" realizar nuevas emisiones de bonos internacionales durante el presente año, toda vez que las necesidades de financiamiento estatal ya se encuentran cubiertas. El Ministerio de Economía y Finanzas subrayó que la respuesta de los inversores internacionales ha sido favorable, mostrando disposición a adquirir nuevos bonos ecuatorianos si se presentase la necesidad de acudir nuevamente a los mercados.

El manejo de la deuda pública por parte del Ejecutivo, liderado por Daniel Noboa, recibió especial mención en el comunicado ministerial, resaltando que la relación deuda/PIB se situó en octubre de 2025 en un 47,76%, una cifra que representa casi tres puntos porcentuales menos que el registro correspondiente al mismo periodo del año anterior, según consignó el Ministerio. Esta evolución en la proporción deuda sobre producto interno bruto constituye, para el Ejecutivo, una señal de mayor fortaleza y sostenibilidad fiscal.

El proceso financiero consistió en que el Estado ecuatoriano recompró los bonos a un precio inferior al valor nominal, lo que implica un ahorro inmediato respecto del total pendiente de pago. El descuento implícito adquirido en el precio de mercado permitió al país reducir el stock de deuda de forma eficaz, según explicaciones oficiales recogidas por los medios. La operación fue financiada alternando fuentes internas y la colocación de nuevos títulos en los mercados internacionales, sin que ello suponga un incremento neto del endeudamiento, debido al retiro simultáneo de los bonos antiguos.

La recomprá de deuda y la planificación de nuevas emisiones forman parte de la estrategia gubernamental enfocada en optimizar el perfil de vencimientos del pasivo externo y reforzar la imagen de estabilidad ante los mercados internacionales. De acuerdo con lo declarado oficialmente y reportado en el comunicado ministerial, la reducción inmediata del pago de intereses y amortizaciones durante los próximos ejercicios fiscales tiene por objetivo brindar margen fiscal y consolidar la confianza de los acreedores internacionales.

El medio recogió también que la decisión de no acudir a nuevas colocaciones de deuda en el corto plazo responde a los cálculos internos de cobertura de las necesidades presupuestarias, aunque las autoridades destacaron en repetidas ocasiones el renovado interés del mercado financiero internacional por los instrumentos de deuda soberana ecuatorianos. Al término de la operación, la administración señaló su propósito de continuar un manejo responsable del pasivo y apuntalar la credibilidad macroeconómica, tras un año caracterizado por reestructuraciones y ajustes en la estrategia de financiamiento público.

Más de $1.192 billones conforman la deuda pública que la ciudadanía en Colombia enfrenta al cierre de 2025. Esta cifra, equivalente a cerca de 322.500 millones de dólares, representa aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

La magnitud del compromiso significa que cada habitante asume una porción: $22,3 millones por persona, sin mediar contrato directo, herencia que atraviesa generaciones y que continuarán amortizando ciudadanos que todavía no han nacido.

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“Usted debe 22,3 millones de pesos, no firmó nada y no se comió un pandebono con esa plata, pero la debe. Esto no incluye los intereses que tendremos que pagar que suman unos 318 billones de pesos más en los próximos 38 años”, dijo el consultor económico Isaac Niño a El País.

La carga se acentúa cuando se consideran los intereses proyectados, que sumarán $318 billones adicionales en los próximos 38 años.

La estructura de esta deuda pública es contundente: el 68,7% corresponde a deuda interna, proveniente de bancos y fondos locales, mientras que el 31,3% es deuda externa, adquirida de organismos multilaterales y entidades financieras internacionales.

Bajo esta perspectiva, Colombia supera ampliamente el umbral de sostenibilidad: el experto advirtió que ningún banco prestaría a una persona cuyo nivel de deuda supera el 25% de sus ingresos anuales, y el país enfrenta un nivel del 65% en ese indicador.

“Colombia está mal. No medio mal ni «un poquito muy mal»”, como diría mi hijo. Está mal. Si Colombia fuera una persona, ningún banco le prestaría. Deber más del 25% de lo que se gana en un año ya es insostenible; deber el 65% es una bomba de tiempo", indicó Niño.

El origen de la deuda pública colombiana se remonta a 1822, cuando la naciente Gran Colombia contrajo su primer préstamo internacional por dos millones de libras esterlinas con bancos británicos.

Aquellos fondos, dirigidos a obligaciones de la independencia y la administración estatal, sufrieron pérdidas significativas por las intermediaciones y comisiones de la época.

Cuatro años más tarde, en 1826, Colombia incurrió en impago por incapacidad de pago, y solo renegoció sus compromisos durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que implicó a al menos tres generaciones que soportaron el peso de esa deuda.

La historia económica del país revela episodios frecuentes de renegociación y suspensión de pagos. Entre 1840 y 1860, la separación de Venezuela y Ecuador redujo la capacidad de pago del país, mientras la deuda pervivía.

Posteriormente, durante la Gran Depresión, Colombia suspendió parcialmente el servicio de la deuda externa de 1930 a 1935, aunque su manejo macroeconómico evitó un daño mayor respecto a otras economías de la región. Ya en las décadas de 1980 y 1990, la nación estuvo cerca de la cesación de pagos en dos ocasiones, situación que se revirtió gracias a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), duros ajustes fiscales y aumentos de impuestos.

El concepto de deuda pública abarca todo el dinero que ha solicitado el Estado, tanto en recursos internos como externos, y se diferencia de la deuda privada, que recae únicamente en quienes la contraen.

La deuda pública, en cambio, la solventa toda la población a través de los impuestos. Medir el tamaño de esta obligación en proporción al PIB resulta fundamental: los acreedores no solo valoran el monto absoluto, sino la capacidad real del Estado para recaudar tributos que permitan cumplir con las obligaciones. Las economías grandes o dinámicas pueden sostener mayores niveles de endeudamiento que aquellas pequeñas o estancadas.

Las consecuencias prácticas de este endeudamiento son directas para la población: la aprobación de nuevas reformas tributarias pretende asegurar el pago a inversionistas y calificar favorablemente ante entidades internacionales, incluso si esto implica mayores cargas fiscales para todos.

En palabras del análisis, los préstamos recientes —por ejemplo, al 13% de interés a 14 años contratados hacia finales de 2025— presentan condiciones menos favorables que las de países vecinos, que logran endeudarse al 8,3%.

La tendencia histórica muestra que la deuda pública suele justificarse como una urgencia inaplazable, pero termina consolidándose como un lastre heredado por generaciones. Cada peso solicitado hoy representa un impuesto pendiente de quienes tributarán en el futuro.

En la práctica, los anuncios de endeudamiento del Gobierno encubren decisiones que recaen, indefectiblemente, sobre los hombros de los ciudadanos actuales y sus descendientes.

Según declaraciones recientes de la ministra de Economía y Finanzas de Perú, Denisse Miralles, la reestructuración de Petroperú ha generado importantes obligaciones financieras para el Estado, que solo en 2025 ha debido afrontar el pago de más de 1.000 millones de dólares (836 millones de euros) en garantías de préstamos de la petrolera estatal en los que el país actuó como aval. De acuerdo con lo publicado por el medio local El Comercio, la funcionaria confirmó que el Gobierno peruano espera que Proinversión presente durante la próxima semana el plan para la promoción de los activos de la empresa, en un intento por captar inversión privada y mitigar la compleja situación económica de la compañía.

La iniciativa gubernamental busca identificar los principales bloques patrimoniales de Petroperú y diseñar una hoja de ruta específica para cada uno. Tal como reportó El Comercio, la ministra Miralles detalló que el plan incluirá las herramientas que se emplearán para incentivar la participación de capital privado, con el objetivo de reforzar la posición de la empresa y atraer socios financieros. La funcionaria remarcó en la entrevista que el decreto de urgencia emitido por el Ejecutivo era la única alternativa viable para proceder con la reestructuración de la compañía y dar respuesta a los compromisos financieros acumulados por la estatal.

Según informó El Comercio, Petroperú enfrenta actualmente una deuda acumulada de 5.000 millones de dólares (4.182 millones de euros), una carga que influye de forma directa en sus operaciones y que condiciona las decisiones estratégicas del Gobierno. Además, el periodo auditado hasta octubre arroja unas pérdidas netas de 1.611 millones de soles (410.000 millones de euros), lo que evidencia el deterioro financiero que arrastra la petrolera estatal y acentúa la urgencia por encontrar soluciones que eviten mayores riesgos para el erario público.

En línea con lo comunicado por la ministra, las gestiones para incorporar capital privado en la empresa avanzan, y está previsto que la firma de los primeros contratos de participación se concrete en junio, siempre después de identificar los activos que podrían resultar atractivos para potenciales inversores. De acuerdo con El Comercio, esta tarea está a cargo de Proinversión, la agencia estatal responsable de promover inversiones privadas en activos públicos para fomentar la eficiencia y la competitividad del sector.

La compleja situación financiera de Petroperú y las medidas adoptadas por el Gobierno forman parte de una estrategia más amplia para estabilizar la empresa y fortalecer el sector de hidrocarburos nacional. La intervención del Estado a través de garantías e instrumentos legales excepcionales refleja la magnitud de los desafíos que enfrenta la petrolera, y la determinación del Ejecutivo para proteger los intereses públicos y asegurar la viabilidad operativa de uno de los principales actores económicos del país, según lo detallado por El Comercio.

La atención se concentra ahora en la presentación del plan de promoción de activos, que definirá los pasos concretos para involucrar capital privado en la gestión y extracción de recursos petroleros, y que permitirá establecer las condiciones en las que se desarrollará la colaboración entre el Estado y los potenciales aliados financieros, con la expectativa de revertir la tendencia de pérdidas y reducir la exposición estatal al riesgo financiero, según las declaraciones reiteradas por la ministra Denisse Miralles al medio El Comercio.

El debate sobre el endeudamiento del Estado volvió al centro de la discusión pública tras un cruce de mensajes en X entre el presidente Gustavo Petro y el economista Mario Fernando Cruz, vicepresidente técnico de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi).

Petro aseguró que buena parte del endeudamiento de su administración no corresponde a nuevas obligaciones, sino al pago de deudas heredadas del gobierno de Iván Duque.

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Según el mandatario, su Gobierno asumió compromisos para cubrir una deuda externa de 5.000 millones de dólares, además de 70 billones de pesos asociados al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), un pasivo que se acumuló por el subsidio a la gasolina.

La discusión, sin embargo, fue más allá de esos montos iniciales y se centró en una cifra mucho mayor: más de 300 billones de pesos, cuya explicación se convirtió en el punto más álgido del debate.

El señalamiento del vicepresidente técnico de Acemi

El intercambio comenzó con un mensaje de Cruz en el que comparó el endeudamiento de los dos gobiernos. El economista afirmó que mientras la administración Duque tomó cerca de 5.000 millones de dólares para enfrentar la pandemia, el Gobierno Petro habría adquirido deuda por el equivalente a 100.000 millones de dólares al cambio actual, sin un destino claro.

En su mensaje, sostuvo que se trata de un endeudamiento “20 veces mayor” y cuestionó que se siga responsabilizando al gobierno anterior por la situación fiscal actual.

El planteamiento de Cruz apuntó a un tema sensible: la percepción de que el nivel de deuda ha crecido de forma acelerada en los últimos años y que el discurso oficial no logra convencer a todos los sectores económicos. Su mensaje fue replicado y comentado ampliamente, alimentando el debate sobre la sostenibilidad fiscal.

La defensa del presidente

La respuesta del presidente Petro no se hizo esperar. El mandatario insistió en que la deuda tomada por su administración tiene como objetivo principal pagar compromisos heredados. En su mensaje, reiteró que los 5.000 millones de dólares y los 70 billones de pesos corresponden a obligaciones del gobierno anterior, en particular las derivadas del subsidio a los combustibles, que mantuvo artificialmente bajos los precios de la gasolina durante varios años.

Petro defendió que su Gobierno no creó ese hueco fiscal, sino que se vio obligado a cerrarlo. En ese sentido, planteó que el aumento del endeudamiento debe analizarse teniendo en cuenta el contexto macroeconómico y las decisiones tomadas en el pasado reciente.

La pregunta por los $322 billones

El cruce subió de tono cuando Cruz respondió con cifras más detalladas. Aceptó, “digamos que sí”, que el Gobierno actual haya tenido que asumir cerca de 36 billones de pesos del subsidio a la gasolina y otros 20 billones asociados al cupo de crédito con el Fondo Monetario Internacional, lo que sumaría unos 56 billones de pesos. Sin embargo, subrayó que, aun así, el Gobierno se habría endeudado por 388 billones de pesos, dejando sin explicación clara unos 332 billones.

La respuesta final del presidente Petro apuntó directamente a ese cuestionamiento. Según el mandatario, los 322 billones restantes corresponden al pago de la deuda anterior multiplicada por la tasa de interés interna del Banco de la República.

Es decir, no se trataría de gasto nuevo, sino del costo financiero acumulado de obligaciones previas en un contexto de tasas de interés elevadas.

Mientras el Gobierno enfatiza el peso de la deuda heredada y de los intereses, sectores técnicos cuestionan el volumen total del endeudamiento y la claridad sobre su uso. Más allá de los mensajes en redes sociales, el debate refleja una discusión estructural sobre las finanzas públicas, la carga de los intereses y la narrativa política en torno a la responsabilidad fiscal.

Según los datos difundidos por la ONS, en diciembre de 2025 la necesidad de financiación del sector público británico ascendió a 11.600 millones de libras (13.340 millones de euros). Este monto implicó una disminución de 7.100 millones de libras (10.650 millones de euros) en comparación con diciembre de 2024. EFECOM indicó que esta mejora obedece esencialmente a una subida en los ingresos percibidos por el Estado, mientras que el gasto público no evidenció un incremento particularmente relevante, según destacó Tom Davies, subdirector de la ONS.

La información divulgada muestra que el endeudamiento acumulado durante los primeros nueve meses del actual ejercicio fiscal —que comienza en abril y finaliza en marzo del año siguiente— se situó en 140.400 millones de libras (161.460 millones de euros). Esta cifra representa una reducción de 300 millones de libras (345 millones de euros) respecto al mismo periodo comprendido entre abril y diciembre del año fiscal previo. La ONS aclara que, si bien el endeudamiento trimestral presenta una leve mejora, los niveles totales de endeudamiento siguen manteniéndose dentro de máximos que no se veían en más de seis décadas.

Davies, portavoz de la ONS, explicó que "el endeudamiento en diciembre fue sustancialmente menor que en el mismo mes de 2024, debido a un fuerte aumento de los ingresos", y añadió que "el gasto fue solo ligeramente superior". Además, señaló que "durante los primeros nueve meses del ejercicio (fiscal) en su conjunto, el endeudamiento fue ligeramente inferior al del mismo período de 2024".

De acuerdo con la información de EFECOM, el comportamiento del endeudamiento público en diciembre responde principalmente a una mejoría en el flujo de recaudación estatal, mientras que el gasto público experimentó variaciones mínimas. El contexto de deuda sobre el PIB evidencia el peso de la financiación de las finanzas públicas, consolidándose en niveles históricos que, según la ONS, no se observaban desde los primeros años sesenta.

Los datos presentados por la ONS muestran la persistencia de una presión sobre las cuentas públicas británicas, a pesar de las mejoras observadas en el balance mensual y trimestral respecto a años recientes. El aumento porcentual sobre el PIB refleja la magnitud de la deuda acumulada, que sigue siendo objeto de seguimiento tanto por parte de los organismos oficiales como de analistas internacionales, informa EFECOM.

La ONS subraya que, incluso con la reducción del endeudamiento mensual en el último periodo analizado, la dinámica estructural de la deuda pública mantiene al Reino Unido en una situación marcada por altos niveles de exposición financiera. A lo largo del último año fiscal, las autoridades británicas han afrontado el reto de contener el déficit mientras responden simultáneamente a variaciones en la evolución de los ingresos y las obligaciones de gasto.

Según EFECOM, los registros de la ONS implican que cualquier alteración significativa en las partidas de gasto o ingreso puede reflejarse rápidamente en el saldo global, cuyo comportamiento también incide en los indicadores de confianza y las previsiones económicas para el país. Hasta el momento, las cifras publicadas ponen en evidencia la combinación de una recaudación más sólida durante el mes de diciembre y la persistencia de niveles históricamente altos de endeudamiento en el promedio anual.

Los datos oficiales de la ONS contribuyen a delinear el estado financiero del Reino Unido en el contexto de necesidades fiscales continuadas, proporcionando detalles relevantes tanto sobre las variaciones mensuales como sobre la evolución sostenida del sector público, en un entorno económico en el que la gestión de la deuda sigue siendo una cuestión central para la administración estatal.

El informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) resalta la desaceleración prevista en el crecimiento de la economía española para 2027, situando la expansión del Producto Interno Bruto (PIB) en un 1,9%, lo que representa el ritmo más bajo de avance desde 2014, salvo por la contracción experimentada en el año 2020 como consecuencia de la pandemia de Covid-19. Este dato, publicado por el FMI, es dos décimas inferior a la proyección anticipada por el propio Gobierno español para ese año, que fijaba el crecimiento en 2,1%, según detalló el medio. La noticia principal radica en que, pese a la moderación, España será la gran economía europea con mejor desempeño en 2026 y 2027, superando la media de la zona euro y quedando cerca del crecimiento previsto para Estados Unidos.

El FMI revisó al alza sus estimaciones para el crecimiento de España, situando la previsión para 2026 en 2,3%, tres décimas por encima de la cifra proyectada en octubre del año anterior, según consignó el medio. Esta mejora deja la expectativa de crecimiento español para dicho año incluso por encima de la calculada por el propio Ejecutivo nacional, que en noviembre mantuvo su estimación en 2,2%. Para 2027, la mejora es de dos décimas respecto a la anterior previsión del organismo internacional, aunque sigue ubicándose por debajo de las expectativas del Gobierno español.

Las proyecciones del FMI marcan una desaceleración significativa en comparación con el aumento estimado del 2,9% del PIB para 2025, dato que subraya el contraste entre el dinamismo actual y el ritmo de crecimiento esperado en los dos años siguientes. Según publicó el FMI, a pesar de esa moderación, España continuará registrando una evolución económica superior a la de la zona euro, que presenta una previsión de crecimiento del 1,3% para 2026 y del 1,4% para 2027.

En comparación internacional, el pronóstico del FMI posiciona a España entre los países desarrollados de mejor evolución económica, sólo por detrás de Estados Unidos, que muestra proyecciones del 2,4% para 2026 y del 2% para 2027, cifras revisadas respecto a los cálculos previos del organismo. La institución con sede en Washington también mejoró la previsión para la zona euro en 2026 en una décima, manteniendo sin cambios la de 2027.

El análisis del FMI incorpora revisiones específicas para otros países europeos. Alemania eleva su previsión de crecimiento para 2026 hasta 1,1% (dos décimas más que en la última estimación) y mantiene en 1,5% la del año siguiente. Francia mejora una décima su expectativa para 2026, alcanzando 1%, y confirma el 1,2% como expectativa para 2027. Para Italia, la proyección es de 0,7% de crecimiento tanto para 2026 como para 2027, tras una pequeña rebaja para el primer año y un ligero ajuste al alza para el siguiente.

El FMI justifica el aumento de su previsión para 2027 en los incrementos previstos del gasto público, particularmente en Alemania, acompañados por un avance consistente de Irlanda y España. No obstante, el organismo advierte que las perspectivas de crecimiento de la eurozona permanecen limitadas por retos estructurales no resueltos. Entre los factores restrictivos, según consignó el medio, se encuentran los efectos persistentes del encarecimiento energético tras la guerra en Ucrania, que siguen afectando al sector manufacturero, y la apreciación del euro, que añade presión a la industria. Además, el impacto del aumento del gasto en defensa se reflejará de manera gradual, con la mira puesta en alcanzar los objetivos en 2035. La eurozona, según el FMI, se beneficia menos que otras regiones del reciente impulso a la inversión tecnológica.

En el panorama global, las últimas previsiones del FMI sitúan el crecimiento económico mundial en un 3,3% en 2026, ajustando al alza su pronóstico en dos décimas respecto al informe anterior. Para 2027, la expectativa permanece estable en 3,2%. Entre las economías avanzadas, la previsión para este año sube hasta 1,8% frente al 1,6% calculado anteriormente, mientras que para el siguiente año se mantiene en 1,7%. Las economías emergentes experimentan una mejoría de dos décimas para 2026 alcanzando el 4,2%, pero se ajusta a la baja en 2027 al 4,1%.

El FMI detalla en su análisis que China experimentará un crecimiento del 4,5% en 2026, tres décimas más que en la previsión previa, aunque reduce dos décimas su expectativa para el año siguiente, hasta el 4%. Para India, la entidad internacional mejora dos décimas la previsión de 2026, hasta un 6,4%, y mantiene esa misma cifra para 2027.

Kristalina Georgieva, directora del FMI, atribuye la estabilidad de las perspectivas globales a la compensación entre factores adversos y favorables. Por un lado, el organismo identifica como negativos los impactos derivados de cambios en las políticas comerciales y los desafíos estructurales no resueltos; por otro, resalta los efectos positivos del mayor gasto en tecnología, la inteligencia artificial y las políticas fiscales y monetarias de apoyo. Esta combinación, según el FMI, da lugar a condiciones financieras expansivas y evidencia la capacidad de adaptación del sector privado, lo que permite mantener la tendencia de crecimiento global.

El FMI también anticipa que el sector de alta tecnología reducirá su ritmo de avance, aunque continuará mitigando el impacto negativo de sectores menos dinámicos. El informe prevé que tanto la incertidumbre como las barreras comerciales continuarán pesando sobre la actividad económica, pero pronostica que su efecto se desvanecerá durante 2026 y 2027.

Respecto a la inflación global, el FMI proyecta una disminución progresiva: del 4,1% estimado en 2025 al 3,8% en 2026 y al 3,4% en 2027. El retorno al objetivo de inflación será más gradual en Estados Unidos que en otras grandes economías. El organismo advierte, sin embargo, que los riesgos para el crecimiento siguen inclinándose hacia la baja. Entre ellos, destaca la posibilidad de que una reevaluación en torno a la inteligencia artificial derive en una reducción de la inversión, lo que podría desencadenar una caída abrupta de los mercados financieros y un debilitamiento del valor patrimonial de los hogares. El FMI señala además que un resurgimiento de las tensiones comerciales prolongaría el entorno de incertidumbre, disminuyendo la actividad económica global, mientras que la aparición de nuevos conflictos políticos y geopolíticos podría desestabilizar mercados, cadenas de suministro y precios de materias primas.

Al mismo tiempo, el informe advierte sobre las implicaciones de déficits fiscales elevados y una alta deuda pública, factores que ejercerían presión sobre los tipos de interés en el largo plazo y condicionarían las condiciones financieras generales. Por otro lado, el FMI plantea que la inversión en inteligencia artificial podría propulsar aún más la actividad económica, con la posibilidad de consolidar un crecimiento sostenible si su adopción logra impulsar con fuerza la productividad y la competitividad empresarial.

El organismo considera esencial restaurar la capacidad fiscal y asegurar la sostenibilidad de la deuda pública, ante la persistente presión sobre el gasto. Para ello, recomienda que los esfuerzos para reforzar los márgenes fiscales se fundamenten en supuestos realistas sobre las tendencias de gasto a largo plazo y en marcos sólidos de gestión de deuda, buscando siempre el equilibrio necesario para que el ajuste no afecte negativamente al crecimiento.

Para fortalecer la recuperación económica, el FMI aconseja además estabilizar las expectativas e incentivar la inversión en un abanico más amplio de sectores económicos. Propone dar prioridad a la reducción de la incertidumbre y aboga por el establecimiento de marcos de política comercial claros y coherentes. En este sentido, recomienda “impulsar los esfuerzos multilaterales en relación con los bienes comunes globales clave, actualizar las regulaciones internacionales cuando sea posible y explorar soluciones regionales o plurilaterales cuando corresponda”, según publicó la institución.

Colombia atraviesa uno de los momentos más exigentes de su historia reciente en materia de endeudamiento externo. Las cifras no solo evidencian el crecimiento acelerado de la deuda pública, también revelan un problema adicional, el alto costo al que el país se está financiando en los mercados internacionales, una señal clara de la desconfianza que perciben los inversionistas frente a las finanzas públicas nacionales.

Entre julio de 2022 y noviembre de 2025, el saldo de la deuda del Gobierno pasó de 789 billones de pesos a 1.176 billones, un aumento cercano al 50%. Este salto no es gratuito. A la par del mayor endeudamiento, el país enfrenta una factura cada vez más pesada por concepto de intereses, al punto de destinar cerca de una tercera parte de sus ingresos tributarios únicamente a cubrir ese rubro. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) advirtió en reiteradas ocasiones que este nivel de compromisos reduce de manera significativa el margen para financiar gasto social y nuevas políticas públicas.

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Las proyecciones oficiales ya daban señales de alarma. El Marco Fiscal de Mediano Plazo 2025 estimó que el pago de intereses en 2024 rondaría los 86 billones de pesos, equivalentes al 4,7% del producto interno bruto (PIB), uno de los registros más altos de las últimas décadas. Esa presión se intensificó en enero de este año, cuando el Gobierno acudió nuevamente a los mercados internacionales y, en una sola jornada, emitió bonos por 4.950 millones de dólares para cubrir el faltante del presupuesto de 2026.

La comparación histórica no pasa desapercibida. En 2020, en plena pandemia, Colombia accedió a un crédito del Fondo Monetario Internacional por 5.400 millones de dólares, pero lo hizo a una tasa cercana al 2,4%. Hoy, ese mismo monto de financiamiento se está consiguiendo a tasas que bordean el 6% en dólares, una diferencia que encarece de forma sustancial el servicio de la deuda.

El contexto internacional tampoco juega a favor. De acuerdo con un análisis del equipo de Investigaciones Económicas del Banco Popular, Colombia es actualmente el tercer país emergente que paga los intereses más altos por su deuda externa, si se toman como referencia los bonos soberanos a 10 años denominados en dólares. La tasa colombiana se ubica en 6,8%, solo por debajo de Ucrania (13,94%) y Argentina (9,74%). Detrás aparecen Turquía (6,77%), Brasil (6,16%), México (5,84%) y Panamá (5,80%).

Para Julián Cortés, analista senior del Banco Popular, estas cifras reflejan una percepción de mayor riesgo. “Entre más arriba esté la tasa, más tendremos que pagar eventualmente. Se trata de una situación problemática porque sigue aumentando el déficit fiscal. Es posible que vengan nuevas reformas tributarias para poder controlar el gasto”, señaló en El Tiempo.

El panorama tampoco mejora cuando se observa la deuda en moneda local. En ese frente, Colombia ocupa el sexto lugar entre los países con los intereses más altos en bonos soberanos a 10 años, con una tasa de 12,03%. El ranking es encabezado por Líbano (43,48%), seguido de Turquía (27,80%), Nigeria (16,58%), Brasil (13,91%) y Rusia (13,02%).

César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, advierte que el ritmo reciente de endeudamiento agrava el escenario. “Entre diciembre y enero, el Gobierno se endeudó por más de 11.000 millones de dólares a tasas históricamente elevadas. Hoy está pagando intereses cercanos al 13–14 por ciento, casi el doble de lo que se pagaba hace apenas unos años. Esto naturalmente es reflejo de mayor incertidumbre por el mal momento de las finanzas públicas”, afirmó al medio antes mencionado.

Esa incertidumbre se traduce en una prima de riesgo elevada, visible en los credit default swaps (CDS), instrumentos que funcionan como un termómetro del temor a un eventual incumplimiento. Desde la pandemia, la percepción de riesgo país no ha logrado normalizarse, en parte por los déficits fiscales persistentes y el deterioro de los indicadores de deuda.

El golpe reputacional sigue pesando. En julio de 2021, en medio del paro nacional y la fallida reforma tributaria del entonces ministro Alberto Carrasquilla, Fitch Ratings y Standard & Poor’s le retiraron a Colombia el grado de inversión. A la fecha, el país no ha logrado recuperarlo plenamente: con Moody’s mantiene una calificación Baa3, apenas un escalón por encima de perder ese estatus; con S&P se ubica en ‘BB’, ya en terreno especulativo; y con Fitch permanece en ‘BB’ con perspectiva estable.

La advertencia del mandatario reside en que el hundimiento de esta medida provocaría un aumento significativo en el precio de la deuda del país y obligaría a implementar recortes en sectores prioritarios como salud y educación.

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Petro consideró que el decreto es esencial para sostener el equilibrio fiscal tras la caída en el Congreso de la ley de financiamiento, un hecho que agravó la situación presupuestaria y ocasionó el déficit primario.

“Con la caída de las leyes de financiamiento, pues se encareció mucho más el costo de la deuda y solo hemos podido controlarla con la emergencia económica, que si la tumban, pues dispara completamente el costo de la deuda y nos pone en graves aprietos”, afirmó el presidente Petro durante el consejo de ministros llevado a cabo el lunes 19 de enero.

El mandatario subrayó que, si la Corte Constitucional invalida la emergencia económica, el país entrará en una situación en la que, según sus palabras, “la deuda se vuelve impagable, es insostenible en el tiempo; es la situación en la que estamos”.

Remarcó además que el propósito fundamental de los instrumentos fiscales impulsados por su gobierno —como la ley de reforma tributaria y las leyes de financiamiento— consistía en alcanzar un superávit primario, condición que, de no cumplirse, encarecería aún más la deuda pública y agravaría el panorama para la próxima administración.

“Cada vez que avance el tiempo sin disminuir el déficit primario se agrava la situación fiscal de Colombia, encareciendo la deuda; cada vez será más cara”, afirmó Petro.

En relación con las opciones de ajuste presupuestal, Petro aseguró durante el consejo de ministros que “ya hemos recortado gastos: 16 billones de pesos”.

No obstante, advirtió que realizar nuevos recortes solamente podría aplicarse sobre partidas destinadas a la salud, educación, sueldos de soldados y policía, pensiones o al servicio de la deuda.

El presidente recordó que los pagos de deuda y el gasto social están protegidos constitucionalmente: “En relación a la deuda, la Constitución ordena que es primero que todo; eso está escrito ahí. Y en relación a pensiones, salud, educación, ordena que el gasto social no puede disminuir de año en año”.

Petro también atribuyó al expresidente Iván Duque parte de los actuales problemas económicos, acusando a su gestión de producir la devaluación del peso colombiano, lo que incrementó las obligaciones externas.

Según sus palabras, “Duque produjo la desvalorización del peso colombiano, que llegó a estar en cinco mil pesos por dólar, entonces toda la deuda en dólares se agrandó”. A la vez, insistió en que las críticas sobre un supuesto despilfarro del Estado no se corresponden con la realidad del gasto público actual.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aportó su perspectiva sobre la rigidez presupuestal del país, señalando que “hay 512 billones de pesos de gasto inflexible, mientras que solo el 6,3% del gasto es no inflexible para la ejecución de proyectos de inversión”.

Precisó, además, que el Presupuesto General de la Nación para 2026 registra un déficit de 16,3 billones de pesos, cifra que el Gobierno pretende solventar con la declaratoria de emergencia económica.

Ávila defendió el decreto señalando su papel para evitar que la crisis fiscal amenace el cumplimiento de derechos fundamentales: “podría ponerse en riesgo el cumplimiento de derechos fundamentales, y eso conduce a la necesidad de una emergencia económica”.

Durante el mismo consejo de ministros, Petro dirigió críticas a grandes grupos empresariales como el GEA y a banqueros, asegurando que impedirían a sus empleados acceder a salarios dignos.

Reiteró que los mayores impuestos derivados de la emergencia recaerán sobre los “megarricos”, un segmento que, según el mandatario, comprende apenas el 0,5% de la población y empresas como las de Luis Carlos Sarmiento y los Santo Domingo.

El presidente también se refirió al reciente fallo de la Corte Constitucional, que anuló la reforma tributaria que prohibía descontar regalías a las empresas mineras y petroleras. A su juicio, la sentencia favorece a grandes compañías en detrimento del patrimonio nacional: “La Corte Constitucional decidió que el pago de las regalías que hacen las carboneras, mineras y petroleras paguen un porcentaje menor, yo creo que eso es regalar nuestro patrimonio nacional a unas empresas que lo explotan”.

El decreto que establece la emergencia económica, orientado a aplicar mayores cargas impositivas y a corregir el déficit provocado por el hundimiento de las reformas oficiales, continúa en estudio en la Corte Constitucional, bajo la ponencia del magistrado Carlos Camargo.

Petro anticipó su posición ante este tribunal: “Si se cae, el mensaje de la Corte Constitucional sería que no se le puede pagar a los trabajadores el salario suficiente para que puedan vivir”.

El Gobierno sostiene que la negativa a mantener la emergencia económica precipitaría recortes inevitables en áreas como salud y educación, ante la ausencia de márgenes de maniobra sobre el gasto público.

Desde la perspectiva del Ejecutivo, la decisión final de la Corte Constitucional determinará el rumbo fiscal del país y el acceso a derechos fundamentales para millones de ciudadanos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó la conclusión de una operación de refinanciamiento de deuda pública en el mercado local por 235 mil 552 millones de pesos, junto con la primera subasta sindicada del año.

La medida forma parte de la estrategia de financiamiento para 2026 y tiene como objetivo mejorar la estructura de vencimientos, fortalecer la liquidez del mercado interno y ordenar las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Refinanciamiento de la deuda pública en el mercado local

De acuerdo con el comunicado emitido el 19 de enero de 2026, la operación registró una demanda cercana a 296 mil millones de pesos, cifra superior al monto colocado.

Como resultado, Hacienda logró extender el plazo promedio de la deuda refinanciada en 6.44 años, lo que permite reducir concentraciones de vencimientos en el corto plazo y distribuir las obligaciones financieras en un horizonte más amplio.

La estrategia incluyó la recompra de diversos instrumentos de deuda gubernamental, entre ellos Cetes, Bonos M y Udibonos, con el fin de reorganizar los compromisos financieros del Gobierno Federal y disminuir presiones de liquidez inmediatas.

Resultados de la recompra de instrumentos de deuda

Del total de instrumentos recomprados durante la operación de refinanciamiento, la distribución de vencimientos quedó de la siguiente manera:

• 71 mil 857 millones de pesos correspondieron a deuda con vencimiento en 2026
• 44 mil 430 millones de pesos a vencimientos programados para 2027
• 119 mil 265 millones de pesos a vencimientos posteriores a 2027

Esta redistribución permite una gestión más eficiente de los requerimientos de financiamiento futuros y reduce la necesidad de acudir de manera concentrada al mercado en el corto plazo.

Subasta sindicada y emisión de Udibonos a 30 años

Como parte de las acciones complementarias, la SHCP llevó a cabo una colocación sindicada mediante la emisión de una nueva referencia de Udibonos a 30 años, con vencimiento en octubre de 2057.

El monto colocado fue equivalente a 10 mil 408 millones de pesos, con un cupón de 4% y un rendimiento de 4.26%.

La demanda por esta emisión superó los 17 mil millones de pesos, equivalente a 1.69 veces el monto ofertado, lo que permitió incorporar una nueva referencia de largo plazo al mercado de deuda local y otorgar liquidez adicional cercana a 64 mil millones de pesos.

De acuerdo con Hacienda, estas operaciones contribuyen a optimizar el perfil de la deuda en pesos, tanto a tasa fija nominal como real.

¿Qué son los Udibonos y cómo funcionan?

Los Udibonos son bonos de desarrollo del Gobierno Federal denominados en Unidades de Inversión (UDIS), una unidad de cuenta cuyo valor se actualiza conforme a la inflación medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC).

Además del ajuste inflacionario, estos instrumentos pagan intereses semestrales con una tasa fija, lo que permite obtener un rendimiento real.

Entre sus principales características se encuentran:

• Protección del capital frente a la inflación
• Pago de intereses semestrales
• Vencimientos de mediano y largo plazo, de hasta 30 años
• Respaldo del Gobierno Federal
• Disponibilidad para inversionistas a través de Cetesdirecto, con montos accesibles

Plan Anual de Financiamiento 2026

Las operaciones anunciadas se enmarcan en el Plan Anual de Financiamiento (PAF) 2026, que establece como ejes la prioridad al financiamiento interno en pesos, el uso de instrumentos de tasa fija y largo plazo, y una política activa de refinanciamiento.

El plan también contempla el fortalecimiento del mercado de deuda local, el desarrollo de instrumentos sostenibles y el manejo integral de riesgos financieros.

Implicaciones para la deuda pública

La SHCP indicó que estas acciones buscan mejorar la administración de los pasivos públicos y dar mayor previsibilidad a las necesidades de financiamiento del Gobierno Federal.

Las condiciones obtenidas, señaló la dependencia, se ajustan a los lineamientos aprobados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2026 y reflejan el interés del mercado por los instrumentos de deuda gubernamental.

La deuda total del Sector Público No Financiero (SPNF) de El Salvador, incluyendo los compromisos por pensiones, superó los $32,613 millones al cierre de noviembre de 2025, lo que representa el 89.1% del Producto Interno Bruto (PIB), según los últimos datos del ministerio de Hacienda.

Es decir, el endeudamiento del país que alcanzó un nivel cercano al tamaño total de su economía. Para explicarlo mejor, por cada cien dólares que el país produce, ya adeuda 89.

Además, la deuda pública experimentó un incremento de $1,715.1 millones respecto de diciembre de 2024. Este crecimiento elevó la relación deuda/PIB a 89.1 %, dejando al país con un margen fiscal cada vez más estrecho.

En este contexto, el pago de pensiones representa una presión creciente. Hacia noviembre de 2025, El Salvador destinó $11,241.1 millones a obligaciones previsionales, equivalentes al 30.7 % del PIB.

Esta cifra se incrementó en $715.2 millones en menos de un año, estos compromisos absorben recursos clave, dificultando la inversión pública en áreas como salud, educación e infraestructura.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) reiteró que el sistema previsional vigente resulta inviable en el largo plazo y subrayó la urgencia de avanzar con una reforma estructural profunda.

El Gobierno salvadoreño presentó un estudio actuarial, aunque con un retraso de tres meses, como primer paso para delinear los cambios necesarios.

Se espera que la reforma al sistema previsional sea aprobada en febrero próximo y ya algunas gremiales como la Mesa por una Pensión Diga anticiparon que el aumento de la edad de jubilación, además de incrementar el tiempo de servicio, son parte de las inminentes medidas que traería la reforma.

Deuda externa con el mayor peso

La deuda externa se consolidó como el principal motor del crecimiento del endeudamiento. Entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025 ascendió de $12,922.4 millones a $14,541.6 millones, aproximadamente el 39.7 % del PIB.

Hacienda detalla que $13,535 millones corresponden al gobierno central, $600.5 millones a empresas públicas no financieras y $405.8 millones al resto del gobierno general.

Por el contrario, la deuda interna mostró una reducción al disminuir de $6,092 millones a $5,602.9 millones, concentración casi absoluta en el gobierno central, con $5,130.4 millones (14 % del PIB).

Los instrumentos de corto plazo reflejaron una leve disminución: las Letras del Tesoro (LETES) sumaron $1,130.8 millones y los Certificados del Tesoro (CETES), $96.8 millones, un retroceso conjunto cercano a $156 millones frente a diciembre previo.

La distribución de acreedores- es decir a quiénes les debe el Estado de El Salvador- señala que los inversionistas privados acaparan $11,303.5 millones (56,1 % del total). El financiamiento multilateral ascendió de $6,215.7 millones a $7,334.2 millones.

Además, El Salvador mantiene obligaciones con el Banco Central de Reserva por $1,077.9 millones (5.4 %), entes bilaterales ($349 millones) y otros acreedores ($79.9 millones).

El costo de esta política de endeudamiento revela otro frente problemático. El 34 % de la deuda aplica tasas de interés entre 6 % y 8 %, mientras que al menos un tercio debe pagar intereses que superan el 9 %.

Estas cifras elevan el gasto para atender el servicio de la deuda, comprometiendo la viabilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo.

La estructura de plazos también incrementa la vulnerabilidad del Estado. Aproximadamente el 25 % de la deuda tendrá que ser cancelada antes de cinco años; otro 22 % vencerá entre seis y diez años.

Esta programación supone para El Salvador fuertes presiones de liquidez, más aún en un marco donde el Estado continúa tomando nuevas deudas para cubrir déficits fiscales y obligaciones previsionales.

El exministro de Salud y Educación Alejandro Gaviria respondió con dureza a un pronunciamiento del presidente Gustavo Petro en el que aseguró que la eventual declaratoria de inconstitucionalidad de los decretos de emergencia económica provocaría un nuevo encarecimiento de la deuda pública colombiana.

La reacción de Gaviria se registró tras una publicación del jefe de Estado en la que este relacionó la reducción reciente en las tasas de endeudamiento externo con la expedición de un decreto tributario bajo el estado de emergencia, argumento que el exfuncionario calificó como desconectado de la realidad.

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El intercambio se produjo luego de que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público informara sobre una emisión histórica de bonos globales en dólares por USD 4.950 millones, con vencimientos en 2029, 2031 y 2033, operación que permitió cubrir buena parte del financiamiento externo de la vigencia 2026 y que alcanzó un cupón promedio ponderado de 5,93%. A partir de ese anuncio, Petro publicó un extenso mensaje en el que vinculó directamente el resultado de la operación con la política fiscal adoptada mediante la emergencia económica.

En respuesta, Gaviria publicó un mensaje en el que cuestionó la forma en que el mandatario presentó los hechos y comparó tasas de interés en monedas distintas. “Esta forma de mentir, de acomodar los hechos en un relato absurdo que compara las tasas de interés en pesos y en dólares, muestra un grado de cinismo y un nivel de desconexión con la realidad que son francamente patológicos” escribió el exministro, en un pronunciamiento que se difundió ampliamente en redes sociales.

El mensaje del presidente y la defensa de la emergencia económica

Las declaraciones de Petro se conocieron después del comunicado oficial de Hacienda sobre la emisión de bonos, operación que fue presentada por el Gobierno como la más grande en la historia del país en los mercados internacionales. En su publicación, el presidente afirmó: “Está es la demostración de lo sobreviniente en los decretos de emergencia. Se ha desplomado la tasa de interés en dólares con que nos endeudamos”.

El mandatario agregó que, antes de que el Congreso hundiera la ley de financiamiento, la tasa de endeudamiento externo se ubicaba entre 12% y 8%, mientras que ahora, según su versión, “esa tasa se desplomó a 5,9%, gracias a la expedición del decreto tributario por emergencia”. En el mismo mensaje sostuvo que también se redujo el riesgo país y que ello confirmaría que el encarecimiento de la deuda era un hecho sobreviniente que hacía insostenibles las finanzas públicas.

Petro señaló además que el aumento de tributos a los sectores de mayores ingresos permitió mitigar ese riesgo y estabilizar la deuda. “El país se beneficia estabilizando su deuda, pero los grandes ricos creen que se perjudican por pagar un poco más de impuestos”, escribió, al tiempo que afirmó que ese mayor pago se compensa con la estabilidad macroeconómica. En su publicación también advirtió que, si la Corte Constitucional llegara a tumbar la emergencia, “verá como se dispará el costo de la deuda hasta la insostenibilidad de nuevo”.

Sobre la emisión de bonos

El pronunciamiento presidencial se apoyó en la información divulgada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que el 13 de enero de 2026 informó que Colombia realizó con éxito la emisión de tres nuevos bonos globales en dólares. De acuerdo con el comunicado, el bono con vencimiento en 2029 tuvo un cupón de 5,375% por USD 2.000 millones; el de 2031, un cupón de 6,125% por USD 1.475 millones; y el de 2033, un cupón de 6,500% por USD 1.475 millones, lo que dio como resultado un cupón promedio ponderado de 5,93%.

Según la cartera de Hacienda, la operación recibió órdenes de compra por cerca de USD 23.200 millones en su punto máximo, el mayor libro de órdenes registrado en emisiones en dólares del país, con la participación de más de 290 inversionistas. La diversificación geográfica incluyó principalmente a inversionistas de Reino Unido (47%), Estados Unidos (28%) y Colombia (4%), además de otros países.

El ministerio indicó que la emisión permitió mejorar el perfil de vencimientos de la deuda pública, al fortalecer los tramos correspondientes a 2029, 2031 y 2039, contribuyendo a una mayor estabilidad en la estructura de la deuda. “La exitosa demanda refleja una evidente confianza en el manejo responsable de las finanzas públicas de Colombia, así como en una amplia y diversificada base de inversionistas”, afirmó el ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Ávila.

El Tesoro francés logró captar alrededor de 106.000 millones de euros en demanda de los inversores para una colocación de deuda a 20 años, aunque finalmente emitió 10.000 millones de euros en total, según reportó Bloomberg citando fuentes conocedoras de la operación. Esta cifra marca una sobresuscripción de diez veces respecto al volumen subastado, una señal de fuerte interés de los mercados por los títulos galos, aun en un periodo donde el país enfrenta tensiones por su estabilidad financiera y política. La noticia se produce mientras el Gobierno de Francia ha superado dos mociones de censura en la Asamblea Nacional, en un contexto complicado para el Ejecutivo liderado por el primer ministro Sébastien Lecornu.

De acuerdo con lo publicado por Bloomberg, la demanda actual se sitúa por debajo del volumen registrado en operaciones similares durante el año previo, pero aun así permitió al Ejecutivo gestionar la adjudicación con condiciones beneficiosas: el interés acordado para el préstamo resultó solo cinco puntos básicos mayor respecto a bonos franceses equivalentes emitidos en circunstancias anteriores. Bloomberg detalló que esta financiación se realizó por medio de un préstamo sindicado, canal habitual para operaciones de gran volumen en el mercado de renta fija.

El contexto de la emisión está marcado por la incertidumbre respecto a las cuentas públicas. El ministro de Finanzas, Roland Lescure, advirtió que, en caso de carecer de presupuesto aprobado para el presente ejercicio, el déficit de Francia podría situarse en el 5,4% del Producto Interno Bruto. Este nivel supera ampliamente el umbral del 3% que fija la Unión Europea como referencia para activar un procedimiento por déficit excesivo, mecanismo que obliga a los Estados miembros a adoptar ajustes fiscales bajo supervisión supranacional.

Las presiones sobre el Gobierno aumentaron luego de la presentación de dos mociones de censura que buscaban forzar la dimisión del Gabinete de Sébastien Lecornu. Ambas iniciativas provinieron de formaciones políticas opuestas: La Francia Insumisa y la Agrupación Nacional, explicó Bloomberg. La principal crítica giró en torno al reciente acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y Mercosur, que ha generado debates controvertidos en el Parlamento francés sobre sus consecuencias para los sectores agrícolas y la soberanía económica.

Durante la jornada, la coalición de Gobierno consiguió superar ambos desafíos parlamentarios, asegurando temporalmente la continuidad política del Ejecutivo. No obstante, Bloomberg indicó que estas votaciones reflejan un clima de inestabilidad, donde la oposición incrementa el control sobre la gestión presupuestaria y comercial del país. El contexto financiero añade presión, ya que la Unión Europea estudia la posibilidad de intervenir mediante la activación de un procedimiento por déficit excesivo, un paso que podría imponer nuevos límites a la capacidad de gasto del Estado francés.

El préstamo sindicado a 20 años representa una herramienta clave para diversificar los vencimientos de la deuda estatal. Este método convocó a un conjunto de bancos internacionales encargados de coordinar la captación de fondos entre inversores institucionales, detalló Bloomberg. Las condiciones del mercado permitieron que la operación asegurara cifras elevadas de demanda, lo que otorga flexibilidad al Tesoro para afrontar futuras necesidades de financiación y amortizar comprometidos en otros tramos de deuda.

A pesar de haber logrado una demanda notable y condiciones de interés estables, París encara retos derivados del incremento en la brecha presupuestaria. Según las previsiones ofrecidas por el ministro Roland Lescure a Bloomberg, la diferencia entre ingresos y gastos estatales parece encaminada a deteriorarse sin los ajustes correspondientes. Esta situación podría acelerar la puesta en marcha del mecanismo de supervisión de la Comisión Europea, generando obligaciones adicionales para la administración francesa en materia de recortes o reformas fiscales.

Bloomberg reportó que, tras la resolución de las mociones de censura, la atención de los observadores internacionales se centra tanto en la capacidad del gobierno para recomponer la estabilidad legislativa como en la respuesta de los mercados financieros a los planes fiscales. El atractivo de la deuda francesa entre los grandes inversores continúa patente pese a la reducción de la demanda en comparación con ejercicios anteriores, lo que sugiere un voto de confianza relativo en la solvencia del Estado, aún en un escenario de incertidumbre y posible intervención europea.

La colocación de deuda a 20 años y la reacción de los mercados se interpretan en clave del debate fiscal europeo, donde el límite del 3% de déficit y los procedimientos de control son ejes principales de la política económica comunitaria. Bloomberg señaló que Francia afronta, tras la colocación y la superación de las tensiones parlamentarias, un periodo decisivo de cara a la presentación y aprobación de un presupuesto que permita adecuarse a los compromisos adquiridos ante sus socios europeos.

La percepción de que el mundo avanza hacia un escenario cada vez más turbulento y tormentoso para los próximos años se ha intensificado, según datos recogidos en el 'Informe de Riesgos Globales 2026' elaborado por el Foro Económico Mundial (WEF). Este reporte, citado por diversos medios internacionales, advierte que la mitad de las personas encuestadas prevé un contexto global inestable o marcado por crisis, un salto de 14 puntos porcentuales con respecto al informe anterior. El documento sitúa por primera vez a la insuficiencia de recursos públicos y la protección social —que abarca sistemas como la educación, las infraestructuras o las pensiones— entre los cinco principales riesgos para España. El informe del Foro de Davos detalla que la calidad de los servicios públicos alcanza la tercera posición en el ranking de preocupaciones relevantes dentro de la sociedad española.

De acuerdo con el análisis que recoge el Foro Económico Mundial, la polarización se posiciona como la principal amenaza identificada para España, por encima incluso de asuntos históricos como el desempleo o la deuda. A continuación, el informe destaca la escasez de profesionales o de talento, lo que refleja tensiones en el mercado laboral y el impacto potencial sobre la economía, mientras que la deuda ocupa el cuarto lugar, evidenciando inquietud respecto al endeudamiento público y privado. La carencia de oportunidades laborales y el desempleo figuran en la quinta posición entre los aspectos que generan mayor preocupación en la población española, según reportó el WEF.

En cuanto al contexto global, el Foro de Davos incorpora, en su informe publicado este miércoles, una lista de riesgos inminentes que podrían afectar la estabilidad mundial en el año 2026. Entre estos figuran la confrontación geoeconómica, los conflictos armados entre Estados, las catástrofes provocadas por eventos climáticos extremos, la acentuación de la polarización social y el impacto de la desinformación. Borge Brende, presidente y consejero delegado del Foro Económico Mundial, afirmó: “Se está configurando un nuevo orden competitivo a medida que las grandes potencias tratan de asegurar sus esferas de influencia”, según consignó el propio Foro.

El informe del WEF detalla que la confrontación geopolítica fue seleccionada por el 18% de los consultados como el elemento con mayores probabilidades de generar una crisis a nivel global en el corto plazo. Las guerras ocuparon la segunda posición con el 14% de las respuestas, seguidas de los eventos climáticos extremos con el 8%. La polarización social y la desinformación alcanzaron cada una el 7%. Otras amenazas como la posible recesión económica recibieron un 5% de menciones, mientras que tanto el retroceso en materia de derechos humanos como los efectos adversos de la inteligencia artificial obtuvieron un 4%. La inseguridad cibernética y la desigualdad se situaron en un 3% cada una como riesgos relevantes.

El análisis de expectativas a dos años revela que un 50% de la muestra participante espera un escenario global convulso o agitado; el 40% se inclina por prever circunstancias al menos inestables; solo el 9% ve probable una situación de estabilidad y únicamente un 1% cree que podrá haber periodos de calma. Cuando la perspectiva se amplía a una década, el 57% de los consultados visualiza un entorno mundial marcado por la turbulencia y las crisis, mientras que el 32% pronostica inestabilidad, el 10% confía en la estabilidad y el 1% anticipa calma, según reportó el Foro de Davos.

Las diez principales amenazas identificadas para el planeta en los próximos dos años, según el documento del WEF, incluyen la confrontación geoeconómica, la propagación de desinformación, el aumento de la polarización, eventos climáticos extremos, guerras entre Estados, riesgos de ciberseguridad, una mayor desigualdad, el deterioro de los derechos humanos, los problemas derivados de la contaminación, y los desafíos relacionados con la inmigración.

El enfoque del informe sobre el panorama de riesgos a diez años sitúa a los factores ambientales en el centro de las advertencias. Dentro de este horizonte temporal, los incidentes vinculados a fenómenos climáticos severos lideran la clasificación, acompañados de la pérdida de biodiversidad y transformaciones drásticas en los ecosistemas. El documento resalta también la desinformación, el impacto negativo de la inteligencia artificial, la escasez de recursos naturales, la desigualdad ampliada, la amenaza cibernética, la polarización y la contaminación como factores de atención prioritaria durante la próxima década.

El Foro de Davos, en su análisis anual, subraya el desafío que representa para las instituciones y gobiernos la gestión simultánea de los riesgos sociales, económicos, ambientales y tecnológicos. El estudio advierte que la percepción de insuficiencia en los sistemas públicos y de protección social podría tener consecuencias sobre la cohesión social y el bienestar en España, en la medida que se suman otros factores como la polarización política y social, la escasez de mano de obra cualificada y el elevado endeudamiento. El informe del WEF refleja también que la pérdida de confianza en las capacidades del sector público genera inquietudes adicionales entre los encuestados, según destacaron distintas publicaciones a partir del documento presentado por el Foro Económico Mundial.

El Tesoro Público español anticipa nuevas colocaciones de deuda, con una subasta programada para el jueves en la que espera adjudicar entre 5.000 y 6.000 millones de euros en bonos y obligaciones del Estado, tras haber colocado recientemente un total de 6.077,2 millones de euros en letras a seis y doce meses. Este dato se desprende de la información publicada por el Banco de España y recogida por distintos medios que han dado cuenta del resultado de la última emisión, vinculada a la estrategia de financiación del organismo dependiente del Ministerio de Economía.

Según informó el Banco de España, la subasta de letras a seis y doce meses se situó en el rango alto previsto y se distinguió por el aumento de las rentabilidades marginales ofrecidas a los inversores, tanto en la referencia a seis meses como en la de doce meses. El interés marginal para las letras a seis meses alcanzó el 2,002 %, cifra superior al 1,968 % de la emisión anterior. En el caso de las letras a doce meses, la rentabilidad marginal subió hasta el 2,048 %, también por encima del 2,004 % registrado en la anterior subasta de la misma categoría.

El medio Banco de España detalló que, para la subasta de esta semana, el Tesoro recibió solicitudes por valor de 10.203,8 millones de euros, casi el doble del monto finalmente asignado. La entidad adjudicó 1.948,1 millones de euros en letras a seis meses, tras registrarse una demanda de 3.909,3 millones de euros, y 4.129,1 millones de euros en letras a doce meses frente a peticiones superiores a los 6.294 millones de euros. Estos datos reflejan un atractivo sostenido por parte de los inversores hacia la deuda soberana española a corto plazo y una elevada competencia que, en la práctica, presiona al alza las tasas de interés.

De acuerdo con la información consignada por el Banco de España, el calendario del Tesoro prevé una próxima subasta para el jueves 15 de enero, en la que se ofrecerán nuevas referencias de bonos del Estado a tres años, con un cupón del 2,35 %, así como obligaciones a 15 años, con cupón del 3,50 %, y obligaciones a 50 años, con cupón del 1,45 %. Para estas próximas colocaciones, los tipos de interés marginales de referencia han quedado fijados en el 3,621 % para la deuda a 15 años y en el 3,904 % para la de 50 años.

Tras la colocación de bonos y obligaciones de este jueves, el Tesoro Público tiene previsto completar la actividad del mes de enero con otra emisión el día 20, dedicada en este caso a letras del Tesoro a tres y nueve meses, según recoge el cronograma oficial. Esta estrategia se enmarca dentro del objetivo anual de financiar las necesidades del Estado, que para 2026 se sitúan en 55.000 millones de euros, exactamente la misma cifra que la estimada para 2025.

El Ministerio de Economía, citado por el Banco de España, ha señalado que la estrategia de financiación del Tesoro este año estará condicionada tanto por la evolución de la economía española como por los compromisos de responsabilidad presupuestaria. De los 55.000 millones de euros en nuevas emisiones netas previstos para este año, 50.000 millones corresponderán a deuda a medio y largo plazo, que engloba bonos, obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones se destinarán a la emisión de letras del Tesoro. Estas cifras coinciden con las asignadas en la planificación de 2025.

En términos brutos, el plan para el presente ejercicio contempla emisiones totales por 285.693 millones de euros, lo que supone un incremento del 4,2 % frente a los 274.242 millones previstos para el cierre de 2025. Este aumento se debe, según argumentó el Ministerio de Economía en datos publicados el mes pasado, principalmente a mayores amortizaciones programadas para 2026. De esta cifra bruta, 176.935 millones de euros corresponden a deuda a medio y largo plazo, superando en un 3,1 % la previsión del año anterior, mientras que las letras del Tesoro sumarán 108.758 millones de euros, con un incremento cercano al 5,9 % respecto al estimado para el cierre de 2025.

El Banco de España también reportó que la vida media de la deuda española permanece estable en torno a los ocho años por quinto ejercicio consecutivo. El informe más reciente del Ministerio apuntó que, en 2025, la vida media de la deuda estatal alcanzó los 7,93 años, el valor más elevado desde el año 2021, cuando se situó en los 7,99 años.

Estos movimientos y previsiones del Tesoro Público reflejan tanto la continuidad de una política de financiación prudente como la repercusión de las condiciones actuales del mercado, marcadas por el apetito inversor y el ajuste de los intereses ante la coyuntura económica y la política monetaria vigente.

La previsión de la agencia Fitch Ratings indica que la deuda pública de Colombia alcanzará un 62,8% respecto al PIB en 2027, superando el promedio de su categoría crediticia ‘BB’, fijado en 53,8%. Esta estimación surge tras el reciente informe de la agencia, que considera que el incremento del salario mínimo decretado por el Gobierno de Gustavo Petro impactará de manera significativa en las finanzas públicas del país. Según publicó Fitch Ratings, la decisión de incrementar el salario mínimo en un 23% generará mayores compromisos para la administración central, al elevar presiones fiscales y de inflación, a la vez que podría incidir en el desempeño económico general.

De acuerdo al más reciente reporte de Fitch Ratings consultado por medios internacionales, este aumento del salario beneficiará a unos 2,5 millones de empleados en Colombia. La medida fue adoptada por orden ejecutiva tras el fracaso de las negociaciones entre empleadores y sindicatos sobre el porcentaje de incremento salarial, lo que llevó al Gobierno a decretar el alza del 23%. Además, la decisión seguirá con un aumento adicional del 9,5% en 2025, también anunciado por decreto.

El informe de Fitch Ratings advierte que la elevación en los salarios y en determinadas pensiones –debido a mecanismos automáticos de indexación– se traducirá en una mayor presión sobre el presupuesto estatal. El impacto de estas políticas, consigna la agencia, se proyecta en mayores costos de endeudamiento para el Ejecutivo y podría obstaculizar la generación de empleo en el sector formal, afectando así las condiciones del mercado laboral local.

Una de las principales advertencias de la agencia calificadora se centra en el efecto de la decisión gubernamental sobre la política monetaria. El análisis sostiene que el alza de los sueldos podría conllevar incrementos en la tasa de interés de referencia, con repercusiones directas sobre el crecimiento económico del país. A juicio de Fitch, el entorno fiscal colombiano podría volverse más complejo en la medida en que el aumento salarial acelere la inflación y demande ajustes adicionales por parte del Banco Central.

La agencia también examinó los objetivos fiscales del Gobierno para los próximos años. Según consignó Fitch Ratings, el déficit fiscal previsto por la administración Petro para 2026 –establecido en un 6,2% del PIB– resultaría inalcanzable, ya que la agencia anticipa un déficit mayor que llegaría al 7,5%. Esta diferencia se atribuye a las nuevas obligaciones financieras surgidas tras el ajuste salarial y a las dificultades para aumentar los ingresos tributarios.

Fitch Ratings ya había rebajado la calificación de la deuda soberana de Colombia a mediados de diciembre, situando al país en la categoría ‘BB’. La evolución de la política fiscal colombiana posterior a 2026 estará determinada en gran parte por el Congreso que se realizará en marzo, así como por el resultado de las elecciones presidenciales programadas para mayo, con una potencial segunda vuelta en junio. El medio internacional informa que, según la agencia, la persistencia de un escenario político fragmentado exigiría que el próximo presidente llegue a acuerdos con múltiples partidos en el Congreso para avanzar en reformas legislativas.

En su análisis sobre las reformas estructurales, Fitch Ratings prevé que aunque una eventual nueva reforma tributaria podría implementarse, sus resultados estarían por debajo del 1% del PIB. Frente a esta perspectiva, la agencia señala que sería imprescindible realizar esfuerzos sostenidos y de largo plazo para evitar una mayor escalada en la deuda pública y estabilizar las finanzas nacionales. De esta manera, el informe subraya la complejidad que enfrentará la administración colombiana en la gestión de sus recursos y en la planificación fiscal hacia el futuro inmediato, considerando no solo los compromisos laborales, sino también el entorno inflacionario y el panorama político nacional.

La deuda de 160 millones de euros que la Generalitat mantiene con la ciudad de Valencia podría saldarse íntegramente si se aprueba la nueva propuesta de financiación autonómica, según explicó la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Esta afirmación se enmarca en el debate suscitado por la reforma fiscal impulsada por el Ejecutivo central, que la funcionaria considera una oportunidad relevante para dotar a los municipios de recursos adicionales. Así lo destacó el medio Europa Press en una cobertura reciente sobre las declaraciones de Bernabé.

Según publicó Europa Press, la representante del Gobierno indicó que la reforma de la financiación supondría una inyección superior a los 3.660 millones de euros para la Comunitat Valenciana, una cantidad que mejoraría de manera significativa los recursos disponibles para políticas públicas en la región. En este contexto, Bernabé enfatizó que la iniciativa resulta beneficiosa para todos los municipios, especialmente para las grandes ciudades, y criticó que desde el Partido Popular (PP) se haya mostrado oposición a la propuesta. La delegada instó públicamente a los líderes valencianos del PP a respaldar el esquema, describiéndolo como una fórmula que corrige desigualdades históricas en la distribución de fondos entre comunidades autónomas.

Europa Press reportó que Bernabé lamentó la ausencia de demandas por parte de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, respecto a la deuda de 160 millones que la Generalitat mantiene con la ciudad. Según la delegada, Catalá no planteó esta cuestión en la reciente reunión con el president Juanfran Pérez Llorca, contexto en el que solo se produjo una fotografía conjunta en vez de un reclamo específico. Bernabé ilustró el alcance de estos fondos al afirmar que, tan solo utilizando el 0,1% de esa cantidad, se podrían eliminar las listas de espera de 60.000 mujeres para pruebas diagnósticas de cáncer de mama o construir un millar de viviendas de protección pública, dos de los problemas destacados en el entorno urbano de la Comunidad Valenciana.

En sus declaraciones recogidas por Europa Press, Bernabé instó a la alcaldesa Catalá a convencer a su homólogo Juanfran Pérez Llorca y al resto de dirigentes del PP para respaldar la reforma, subrayando la posibilidad de que las ciudades, con la nueva financiación, apliquen políticas que refuercen el Estado de bienestar. La delegada insistió en que esta es “la mejor propuesta que podíamos imaginar para el conjunto de las comunidades autónomas” y sostuvo que “no hay ni una sola que pierda”. Aseguró que se trata de un modelo justo, que elimina diferencias de hasta 1.500 euros entre ciudadanos de distintas regiones, según recopiló Europa Press a partir de sus declaraciones.

Sobre la reacción del PP, Bernabé señaló que la formación, al estar en la oposición, suele buscar “situaciones de sobreactuación”. No obstante, la delegada vaticinó que tras una etapa inicial de rechazo, los populares “van a decir que sí” a la reforma porque contribuirá a una España más cohesionada y equitativa. Europa Press recogió sus palabras al resaltar su reconocimiento a la “valentía” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por impulsar la propuesta, así como el papel de la ministra de Hacienda en la elaboración del proyecto.

La representante gubernamental animó al president Pérez Llorca a “responder a la demanda de los valencianos desde hace décadas de una financiación justa”. Recordó que el propio Llorca había pedido recientemente al presidente Sánchez 1.700 millones de euros adicionales para cuadrar las cuentas autonómicas, y subrayó que la propuesta actual significa un aporte de 3.670 millones, muy superior al solicitado. “¿Cómo va a decir ahora el president que no acepta esta propuesta?”, cuestionó Bernabé en declaraciones recogidas por Europa Press, agregando que vería “inaceptable” un rechazo.

Ante la posibilidad de que el PP mantenga su rechazo, Bernabé advirtió, según lo consigna Europa Press, que los populares “tendrán que explicarle a los españoles por qué nos están perjudicando al negar un sistema que blinda el estado del bienestar”. La funcionaria insistió en que “defender el estado del bienestar de los españoles” constituye un ejercicio de patriotismo genuino.

Durante su intervención, Bernabé se refirió a los efectos que la reforma tendría sobre la equidad entre territorios, señalando que el nuevo modelo acabaría con brechas de financiación que históricamente han generado desigualdades de hasta 1.500 euros por habitante entre comunidades. Según Europa Press, reiteró que el objetivo de la propuesta es construir un sistema en el que todas las regiones salgan beneficiadas y ninguno de los territorios vea disminuir sus recursos.

La delegada vinculó parte del debate actual con la actitud política del PP, al considerar que el partido se encuentra en una etapa de “sobreactuación previa” tras no prever una propuesta de tal envergadura. Insistió en que la aprobación del proyecto haría a España “más justa y cohesionada”, declaración recogida por Europa Press.

En relación a la gestión de la alcaldesa Catalá y el president Pérez Llorca, Bernabé reprochó la falta de demandas formales respecto a la deuda de 160 millones, sugiriendo una mayor responsabilidad al interior del PP para respaldar la medida. En sus intervenciones recogidas por Europa Press, urgió a los dirigentes populares a asumir el compromiso de apoyar la reforma financiera.

Finalmente, la exposición de Bernabé hizo especial hincapié en los efectos prácticos del plan, como la posibilidad de destinar parte de los recursos a reducir listas de espera sanitarias y promover el acceso a la vivienda pública, asuntos que, según la funcionaria, afectan directamente a los municipios y a la ciudadanía. Los argumentos para el respaldo a la reforma se centraron en su potencial para cerrar brechas históricas y sostener el conjunto del Estado de bienestar, según detalló Europa Press sobre las declaraciones oficiales.

Miguel Corgos, titular de Hacienda del gobierno gallego, señaló que la propuesta presentada por el Ejecutivo central sobre el nuevo sistema de financiación autonómica surge tras negociaciones que, según sus palabras, afectan a los recursos de todas las comunidades autónomas, aunque solo una parte de ellas haya formado parte de las conversaciones iniciales. Estas declaraciones aluden directamente a las recientes reuniones entre el gobierno central y Esquerra Republicana, ofreciendo un contexto crítico respecto al modo de abordar la reforma financiera que afecta al conjunto territorial español.

Según informó la Xunta de Galicia, Corgos manifestó esta postura tras el anuncio realizado por la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien difundió su intención de reformar el sistema de financiación autonómica y convocó con carácter urgente al Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), cuya próxima sesión se celebrará el miércoles 14 de enero. De acuerdo con la información recogida por los medios gallegos, el responsable de la hacienda autonómica resaltó que el Ejecutivo central difundió únicamente una presentación gráfica para ilustrar su propuesta, sin un desglose completo de datos, documentos o cifras que permitieran un análisis exhaustivo.

Tal como publicó la Xunta, Corgos expresó que resulta, por el momento, prematuro realizar una valoración fundamentada sobre la oferta del Gobierno central debido a la carencia de información detallada. De acuerdo con sus declaraciones, habría sido preferible que el Gobierno convocara previamente al grupo de trabajo pertinente, proporcionando documentación y cifras claras antes de someter la cuestión a debate entre las comunidades afectadas.

El medio detalló que Corgos comparó el método de trabajo del Ejecutivo central con episodios recientes, como la negociación de la condonación de deuda a determinadas comunidades, y señaló que observa un patrón similar: "El Gobierno pacta un sistema, en este caso con un grupo con Esquerra Republicana, y lo intenta extrapolar al resto de comunidades", afirmó, añadiendo que estas prácticas implican negociar la gestión de fondos de todas las regiones en conversaciones mantenidas con una representación parcial. El consejero subrayó su desacuerdo con este modo de proceder y recalcó que, desde su perspectiva, esta forma de actuar dificulta la transparencia y la equidad en el reparto de recursos públicos.

A pesar de las críticas, el responsable de Hacienda de Galicia confirmó ante la prensa que la Xunta participará en la reunión del CPFF convocada por el Ministerio de Hacienda. El objetivo de la representación gallega será acceder a todos los datos disponibles, analizar la propuesta, y exponer sugerencias y alternativas que permitan, según dijo, garantizar que el sistema definitivo respete los intereses de todas las comunidades autónomas. Según consignó el gobierno gallego, el consejero hizo hincapié en la necesidad de un proceso transparente y participativo, en el cual cada comunidad pueda evaluar y opinar sobre los términos de una reforma que afecta aspectos financieros esenciales para la administración regional.

El debate sobre el modelo de financiación autonómica mantiene gran relevancia en el contexto actual por las implicaciones presupuestarias que tiene para las diferentes regiones. La posición expresada por Galicia se suma a las voces que piden mayor transparencia y participación de todas las administraciones antes de que el Ejecutivo central avance en acuerdos bilaterales susceptibles de generalización posterior. Como ha reportado la Xunta, el próximo encuentro del CPFF representa, para varias regiones, la oportunidad de requerir información ampliada y de reivindicar espacios de negociación en igualdad de condiciones.

La crítica expresada por Corgos refleja la preocupación de algunos gobiernos autónomos ante la posibilidad de que acuerdos firmados con formaciones territoriales específicas, como Esquerra, terminen configurando el marco de reparto para el conjunto nacional, sin que el resto de las comunidades haya podido intervenir en la elaboración inicial de las reglas. Según reiteró la Xunta en declaraciones recogidas tras el anuncio de Montero, la demanda central de Galicia se orienta a que los procedimientos de reforma financiera aseguren la implicación de todos los territorios desde el inicio de las discusiones y no solo de una parte.

El anuncio de la ministra Montero y la convocatoria urgente del CPFF concentran ahora la atención de los gobiernos regionales y del conjunto del sistema político autonómico, que evaluarán en los próximos días el alcance real de la propuesta del Ejecutivo y la posibilidad de introducir modificaciones que reflejen los intereses e inquietudes de cada comunidad.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público lanzó el mayor programa de emisión de deuda pública local en la historia de Colombia para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026, que asciende a $546,9 billones. El plan contempla la colocación de Títulos de Tesorería (TES), Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) y TES denominados en unidades de valor real (UVR), con una capacidad de endeudamiento aprobada de $152 billones para el año fiscal 2026.

Dicho programa inició con una subasta de $250.000 millones en TCO, hecha en el mercado público de valores. Los títulos, emitidos en pesos y con vencimiento al 15 de diciembre de 2026, recibieron ofertas por $752.000 millones, lo que multiplicó por más de tres el monto colocado, a una tasa de corte de 11,490% para la referencia a un año.

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Asimismo, de acuerdo con la cartera, durante la jornada, se colocaron TES denominados en UVR por $450.000 millones (equivalentes a 1.134 millones de unidades UVR), con vencimientos escalonados en 2031, 2041, 2055 y 2062. La demanda alcanzó $1,86 billones, lo que permitió activar la cláusula de sobreadjudicación y asignar $150.000 millones adicionales, conforme a la Resolución 2218 de septiembre de 2025.

Las tasas de corte para los TES UVR oscilaron entre 6,341% y 6,450%, según el plazo de vencimiento. El Ministerio de Hacienda sostuvo que la colocación de TCO forma parte de la política para desarrollar el mercado de capitales interno “mediante la incorporación de referencias en la parte corta de la curva de rendimientos”.

Deuda de $152 billones

La base legal del programa es el Decreto 1478 de 2025, que autoriza la emisión de TES Clase B hasta por $85,25 billones. Según la norma, estos recursos están “destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026”. Además, la reglamentación prevé un cupo de $67 billones adicionales en TES para operaciones temporales de tesorería, con lo cual la capacidad total de deuda pública local alcanza $152 billones.

“Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B hasta por la suma de OCHENTA Y CINCO BILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($85.250.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026”, señala el decreto.

De igual manera, el Ministerio indicó que la medida sigue las directrices del director de Crédito Público, Javier Cuéllar, que había recomendado fijar un techo presupuestal claro para enfrentar los compromisos estatales. El decreto añade: “Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B, denominados en moneda legal colombiana, hasta por la suma de SESENTA Y SIETE BILLONES DE PESOS ($67.000.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar operaciones temporales de tesorería”.

Diversificación de instrumentos y plazos

De paso, explicó que el objetivo es robustecer el funcionamiento del mercado local de capitales y garantizar la financiación sostenible del presupuesto. El Ministerio de Hacienda remarcó que la diversificación de instrumentos y plazos contribuye a consolidar el desarrollo financiero interno y facilita la gestión de la deuda pública colombiana.

En total, las dos primeras subastas de 2026 movilizaron $700.000 millones entre TES y TCO, con una demanda sobresaliente en ambas modalidades. En el caso específico de los TES UVR, la solicitud de compra fue muy superior a la oferta, habilitando una asignación adicional de fondos.

Gobierno decidió endeudar a Colombia por décadas: David Luna

La decisión de aprobar la mayor emisión de deuda pública recibió críticas de diversos sectores políticos y económicos. El exministro y exsenador David Luna, precandidato presidencial, cuestionó la magnitud del endeudamiento impulsado por el Gobierno.

“En vez de ordenar el Estado, recortar el derroche y priorizar inversión social real, este Gobierno decidió endeudar a Colombia por décadas”, criticó. Y lamentó que “las consecuencias las pagarán nuestros hijos y nietos”.

También, argumentó que los $152 billones aprobados permitirían construir más de 580.000 viviendas de interés social si se destinara cada unidad a un costo promedio de $262.000.000. Según él, la emisión de deuda debería limitarse solo a inversiones productivas y gestionarse con estrictos criterios de responsabilidad fiscal. “Responsabilidad fiscal, gasto bien focalizado y deuda solo para inversión productiva. Sí hay un camino para crecer sin hipotecar el futuro del país”, defendió Luna.

Algo similar anotó el docente Juan Martin Bravo, exconcejal de Cali, que advirtió sobre el impacto fiscal de la emisión de TES por $152 billones para cubrir un déficit presupuestario que, según sus datos, ya supera el 6,5% del PIB.

Hipoteca el país

Sostuvo que esta política “hipoteca el país para financiar burocracia, gasto improductivo y hacer política en este año”. Añadió: “Colombia quedará quebrada después de Petro”.

Por su parte, el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, rector de la Universidad EIA, fue enfático al calificar la medida de “absolutamente absurda”. Alertó sobre una dinámica de déficit y deuda pública que llevará a niveles récord y a “severas dificultades fiscales”.

Recalcó el riesgo de “efecto desplazamiento del crédito privado”, en tanto la magnitud de la deuda pública podría restar espacio para la inversión privada y encarecer el acceso al crédito.

Ante estas críticas, el Ministerio de Hacienda insistió en que el propósito central del programa es reforzar el mercado local de capitales y asegurar el financiamiento de las obligaciones estatales previstas en el presupuesto 2026. “El programa de colocaciones de Títulos de Tesorería de Corto Plazo (TCO) hace parte de la estrategia de la Nación para el desarrollo del mercado de capitales interno, mediante la incorporación de referencias en la parte corta de la curva de rendimientos”, precisó la entidad.

El presidente Gustavo Petro justificó el decreto que busca repatriar inversiones de los fondos de pensiones, señalando la necesidad de fortalecer el ahorro interno y aumentar la liquidez en la economía colombiana.

A través de sus redes sociales, el mandatario respondió con un extenso mensaje a críticas periodísticas y de opositores y explicó los motivos detrás de la medida, que fue polémica, además de que el Gobierno aprobara la emisión de 152 billones de pesos en Títulos de Tesorería (TES), que funcionan como herramientas financieras usadas por el Estado para obtener fondos de inversionistas.

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El periodista Sebastián Nohra escribió en sus redes sociales los riesgos que el decreto implica.

Dijo que el ministro de Hacienda Germán Ávila “sabe que el mercado de capitales colombiano es minúsculo. No puede absorber de manera útil los 152 billones que están en el exterior”, comentó, en referencia a las inversiones de los fondos de pensión.

El periodista vaticinó que “eso obligaría a los fondos a aumentar mucho sus compras de TES. Es comprar más deuda castigando nuestro ahorro. Son siniestros”, escribió.

Al respecto, Petro contestó que “en Colombia no hay exceso de liquidez, lo que hay es un déficit enorme, que el Banco de la República debe y tiene que expandir”.

Según el presidente, la escasez de liquidez limita la expansión del crédito y afecta el desarrollo de la actividad económica, ya que “si se le da el crédito solo a quienes tienen bienes raíces, ya tenemos marcada para siempre la enorme desigualdad del país”.

La explicación del uso de los ahorros de los colombianos, según el presidente

El jefe de Estado comentó que la capacidad de ahorro de las familias colombianas es muy baja y que “en Colombia se sobrevive para la mayoría de la gente”.

En ese sentido, defendió la repatriación de recursos de los fondos de pensiones, pues “buena parte del ahorro de las familias se da en el fondo de pensión, por tanto es conveniente para la economía del país traer ese ahorro, debe hacerse progresivamente, estoy de acuerdo. Lo peor es detener el flujo anual”.

Petro criticó el tamaño del mercado de capitales local y consideró insuficiente la participación de capitales en la bolsa.

“El que el nivel de capitales en la bolsa sea minúsculo es un problema. Toda política debe expandirlo y democratizarlo. Por ahora es un juego de grandes ricos especulando a partir de la compra y venta de TES”, explicó.

Además, el presidente sostuvo que el Banco de la República ha incurrido en una “falacia” al vincular la inflación con la liquidez monetaria, cuando “esta es escasísima y frena el desarrollo nacional”. Petro citó a John Maynard Keynes para señalar que el ahorro depende del ingreso y que un aumento salarial puede tener un efecto multiplicador en la economía, incrementando el consumo interno.

El mandatario resaltó que parte de su política busca evitar que el aumento del consumo se dirija a importaciones, especialmente de vehículos que utilizan hidrocarburos.

“Con eso contribuyo a no aumentar la congestión de las ciudades, a disminuir su ruido y, sobre todo, contribuyo a la expansión del vehículo eléctrico hecho en Colombia. Vamos bien en eso. Hasta Elon Musk, el que me amenazó, tiene almacén aquí, debe empezar a ensamblar, al igual que colombianos, chinos, japoneses y franceses. Quiero que Colombia sea el principal exportador de vehículos eléctricos para América Latina. Todo esto es más empleo y expansión”.

Gustavo Petro afirmó que la inflación también depende del uso de tierras fértiles que no son usadas

Petro también atribuyó la inflación principalmente al precio de los alimentos y a la baja utilización de la tierra fértil.

“Mientras tenemos 15 millones de hectáreas de tierra fértil para ganadería extensiva, solo se cultiva dos millones de hectáreas con plantaciones para exportación y consumo interno”, dijo, además de señalar que que la política de la “oligarquía” abandonó la reforma agraria en beneficio de terratenientes improductivos y que esto derivó en violencia y desplazamiento de campesinos.

El presidente destacó que su gobierno ha entregado más de 300.000 hectáreas al campesinado, acumulando un millón de hectáreas en el fondo de tierras: “Por eso hemos bajado la inflación en Colombia. Hay que hacer más”.

La defensa del decreto y la crítica a la política monetaria actual se enmarcan en el objetivo de fortalecer el mercado interno, según el presidente.

El barril de Brent descendió un 0,18% en la media sesión del miércoles, fijando su precio en 60,59 dólares, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) marcó un retroceso del 0,47% para situarse en 56,86 dólares, según informó Europa Press. Esta evolución se produce en un contexto de renovadas tensiones diplomáticas entre Estados Unidos y Venezuela, que han impactado en el ánimo de los inversores y en el avance de los mercados bursátiles europeos, incluida la referencia española.

Europa Press reportó que el Ibex 35 se mantenía durante la media sesión ligeramente por encima de los 17.600 puntos, aunque acumulaba una depreciación del 0,11%, en sintonía con la variación experimentada al inicio de la jornada, para ubicarse en los 17.627 puntos. Los movimientos en la bolsa española se han visto condicionados tanto por la coyuntura internacional surgida a raíz de los anuncios del presidente estadounidense, Donald Trump, sobre la exportación de petróleo venezolano sancionado, como por el desempeño diferencial de diversos valores y la evolución de los principales índices del continente.

De acuerdo con la publicación, Donald Trump, presidente de Estados Unidos, aseguró a través de su plataforma Truth Social que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán a su país un volumen de entre 30 y 50 millones de barriles de crudo de alta calidad, sujeto a sanciones internacionales. Trump detalló que la venta del petróleo se realizará a precios de mercado y que los ingresos serán gestionados bajo su supervisión directa con el objetivo de que beneficien a las poblaciones de Venezuela y de Estados Unidos. En sus palabras, “Me complace anunciar que las autoridades provisionales de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a Estados Unidos”. Además, remarcó que estos fondos serán administrados para “garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos”.

Este contexto geopolítico intervino en la dinámica de los mercados financieros y se reflejó tanto en la bolsa española como en los principales índices del continente. Según consignó Europa Press, el Ibex 35 presentó un comportamiento mixto en sus principales componentes. Indra lideraba las subidas con una apreciación del 4,46%, seguida por ACS, que avanzó un 3,10%; ArcelorMittal, un 2,80%; Amadeus, un 2,24%; Solaria, un 2%; Acciona, un 1,92%; y Ferrovial, un 1,87%. En contraste, Repsol sufría el mayor descenso, con una pérdida del 3,34%. Otras caídas relevantes correspondieron a Bankinter, que retrocedió un 2,36%; Banco Sabadell, con un descenso del 2,23%; BBVA, que experimentó una baja del 2,09%; Puig, que perdió un 1,97%; e IAG, con una caída del 1,90%.

El desempeño de los mercados bursátiles en Europa estuvo marcado por una tendencia dispar durante la media sesión. Europa Press detalló que el índice de Londres descendió un 0,58% y el de Milán disminuyó un 0,26%. En contraste, París mostró una ligera subida del 0,04% y Fráncfort avanzó un 0,68%. Esta multiplicidad de resultados refleja la reacción contenida de los inversores ante el escenario internacional y la respuesta diferenciada de cada mercado a la nueva coyuntura de tensiones entre Caracas y Washington.

En el plano corporativo, el medio reportó la participación del BBVA en el mercado de deuda, donde la entidad lanzó una colocación de deuda sénior no preferente dividida en dos tramos, con vencimientos a tres y diez años. Esta operación busca diversificar vías de financiación en un momento marcado por la volatilidad internacional y la cautela sobre el comportamiento futuro de los tipos de interés y la deuda soberana.

En el segmento de renta fija, el rendimiento del bono español a 10 años presentó una disminución y se situó en el 3,237%, por debajo del 3,271% anotado en el cierre anterior. Esta reducción en la rentabilidad fue acompañada por una prima de riesgo respecto a la deuda alemana establecida en 43,6 puntos básicos.

En el mercado de divisas, Europa Press reflejó estabilidad en la cotización del euro frente al dólar. El tipo de cambio en la media sesión se mantuvo en 1,1686 dólares por cada euro, evidenciando una falta de grandes oscilaciones y la cautela de los inversores ante el aumento de la incertidumbre global.

Los movimientos bursátiles y de los mercados de materias primas ocurren en medio de una vigilancia intensa de los actores económicos a la evolución de las relaciones entre Estados Unidos y Venezuela. Las declaraciones de Donald Trump y la situación interna venezolana, bajo el liderazgo de Delcy Rodríguez como ex vicepresidenta convertida en máxima autoridad del país, han introducido un elemento adicional de incertidumbre. Esta situación ha influido en el comportamiento de los valores relacionados con la energía y las materias primas, como se ha visto en el caso de Repsol dentro del Ibex 35.

La jornada deja patente la reactividad de los mercados a factores geopolíticos y su impacto en la valoración de las empresas cotizadas, al mismo tiempo que evidencia una actitud de prudencia entre los inversionistas ante las nuevas incertidumbres internacionales, según ha quedado reflejado en los reportes y datos publicados por Europa Press.

El municipio de Ecatepec se prepara para gestionar el financiamiento más alto autorizado en el Estado de México, tras la reciente decisión del Congreso local. La medida llega en un contexto de búsqueda de soluciones para mejorar la calidad de vida de quienes viven en condiciones de rezago social. Con esta aprobación, las autoridades locales podrán invertir en obras prioritarias con respaldo legal y financiero del estado.

Nueva estrategia fiscal para municipios del Estado de México

Este 6 de enero de 2026 se dio a conocer que la LXII Legislatura mexiquense ha dado luz verde a los municipios para contratar financiamiento, siempre que no rebase el 25 % anual de los recursos asignados a través del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS).

Esta política forma parte del Paquete Fiscal 2026 y pretende fortalecer la capacidad de los gobiernos locales para ejecutar proyectos de infraestructura y servicios básicos.

El municipio de Ecatepec encabeza la lista, al recibir autorización para gestionar créditos por hasta 204 millones 601 mil 756 pesos, lo que representa el mayor margen de endeudamiento en la entidad.

Según la Legislatura, este esquema permitirá que cada demarcación adapte la gestión financiera a sus necesidades, sin comprometer el equilibrio presupuestal.

Prioridad: obras y atención a la población vulnerable

Los recursos derivados de estos préstamos deberán destinarse exclusivamente a inversiones públicas productivas. Entre los principales rubros destacan obras de agua potable, alcantarillado, drenaje, electrificación, infraestructura de salud y educación.

El objetivo explícito es beneficiar a la población en pobreza extrema y a las comunidades con altos índices de rezago social.

Para garantizar el uso adecuado de los fondos, cada municipio tendrá que obtener primero la aprobación expresa de su ayuntamiento mediante un acuerdo de cabildo. Posteriormente, la contratación del crédito requerirá el visto bueno de la Legislatura estatal, que evaluará tanto la capacidad de pago como el destino de los recursos.

Condiciones y límites para el endeudamiento

El esquema aprobado por el Congreso establece que los financiamientos deberán liquidarse en un plazo máximo de 730 días naturales. Además, la deuda no podrá exceder el periodo constitucional de la administración municipal que lo solicite.

Por esta razón, los créditos podrán contratarse entre 2025 y 2026, pero deberán quedar saldados antes del 30 de noviembre de 2027.

La fuente principal de pago será el FAIS, lo que obliga a los municipios a comprometer estos recursos como garantía. Esta condición busca asegurar que los préstamos se utilicen con responsabilidad y en beneficio directo de la población más necesitada.

Puntos clave de la autorización del Congreso

• Ecatepec podrá acceder a un financiamiento récord de 204 millones 601 mil 756 pesos.
• El tope máximo de endeudamiento municipal es del 25 % anual de los recursos del FAIS.
• Los préstamos deberán destinarse a obras públicas y atención a comunidades en situación de pobreza y rezago social.
• La deuda deberá pagarse en un plazo máximo de 730 días y antes del 30 de noviembre de 2027.
• Cada municipio requerirá la aprobación de su ayuntamiento y de la Legislatura del Estado de México antes de contratar el crédito.

El Gobierno de Gustavo Petro autorizó la mayor emisión de deuda pública en su historia para financiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2026, cuyo monto es de $546.9 billones. Por medio el Decreto 1478 de 2025, se ordenó la emisión de Títulos de Tesorería (TES) Clase B hasta por $85,25 billones, destinados a cubrir las apropiaciones del presupuesto del próximo año. Además, se establece un cupo adicional de hasta $67 billones en TES para operaciones temporales de tesorería, lo que eleva la capacidad total de financiación del Estado a $152 billones en 2026.

“Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B hasta por la suma de OCHENTA Y CINCO BILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL MILLONES DE PESOS ($85.250.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar apropiaciones del Presupuesto General de la Nación de la vigencia fiscal del año 2026”, estipula la norma conocida el 6 de enero.

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La cifra oficial responde al techo presupuestal anticipado para 2026 y sigue las directrices presentadas por el director de Crédito Público, Javier Cuéllar, que había advertido sobre la necesidad de fijar ese límite para hacer frente a los compromisos estatales. El texto legal agrega: “Ordénese la emisión, a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de Títulos de Tesorería - TES - Clase B, denominados en moneda legal colombiana, hasta por la suma de SESENTA Y SIETE BILLONES DE PESOS ($67.000.000.000.000) moneda legal colombiana, destinados a financiar operaciones temporales de tesorería”.

La colocación de TES Clase B para operaciones temporales será válida solo para plazos superiores a 30 días e inferiores a un año. Estos títulos podrán ser emitidos también para reemplazar los que se amorticen por redención o recompra, siempre bajo el límite máximo autorizado.

Mecanismos para colocación de TES

Y es que los TES pueden colocarse en diferentes mecanismos: subastas, ofertas directas o privadas, y el mercado de capitales nacional. Además, podrán utilizarse como medio de pago para obligaciones derivadas de fallos judiciales o compromisos pensionales. Las condiciones técnicas fijan que los títulos podrán estar denominados en moneda legal colombiana, moneda extranjera o unidades de valor real (UVR), aunque el capital y los intereses se pagarán siempre en pesos colombianos.

Se debe tener en cuenta que las cuantías mínimas de los TES serán de $500.000 en pesos, o USD1.000 en dólares estadounidenses o 10.000 UVR para títulos indexados. Para valores superiores, se suman múltiplos ($100.000, USD100 o 1.000 UVR, respectivamente), lo que permite la flexibilidad necesaria para distintos tipos de inversionistas y necesidades estatales.

El decreto establece que el pago del principal de los TES para financiamiento presupuestal se ejecuta con cargo a vigencias fiscales futuras, con plazo nunca inferior a un año. Así, se busca no comprometer la liquidez en el corto plazo y ajustar los desembolsos según la planeación fiscal aprobada. La administración fiduciaria de estos papeles puede hacerla la Nación, el Banco de la República o entidades autorizadas como fiduciarias, con custodia en depósitos centralizados de valores.

Dentro de las novedades jurídicas, el decreto habilita la emisión de “bonos temáticos” asociados a objetivos verdes, sociales, sostenibles o azules. En estos casos, la Nación debe reportar a los inversionistas gastos elegibles equivalentes a los recursos recibidos en cada tipo de emisión, alineando la política de financiamiento público con estándares internacionales de sostenibilidad y transparencia.

Cuánto emitió el Gobierno Petro en 2025

Para el año fiscal 2025, el Gobierno aprobó la emisión de TES Clase B hasta por $130.743 millones, destinados a cubrir el pago de sanciones por mora en la cancelación de cesantías a cargo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag). Dichos títulos serán entregados a Fiduprevisora S.A., que administra el fondo, con el fin de garantizar la liquidación y el pago efectivo a los beneficiarios.

La flexibilidad normativa permite también emitir nuevos TES para reemplazar aquellos que se redimen, lo que facilita la gestión de la liquidez gubernamental en momentos de volatilidad financiera. Además, al permitir la colocación de estos instrumentos en diversas modalidades, se amplía el acceso a recursos inmediatos y se optimiza la administración del perfil de vencimientos de deuda.

El momento macroeconómico en el que se oficializa la emisión está marcado por un aumento de la deuda bruta, que ya suma $1.176 billones en noviembre de 2025 (un aumento de $371 billones desde agosto de 2022), según datos del consultor Diego Montañez-Herrera. “El aumento del costo de la deuda del Gobierno coincide con un repunte en la prima de riesgo (EMBI y CDS). Con una deuda bruta que ya suma 1.176 billones en nov25 (+371B desde ago/22), los TES (ancla del mercado) reflejan mayor estrés fiscal y presión sobre tasas de crédito”, advirtió el experto por medio de X.

No van a dejar ni la olla raspada

Por supuesto, la medida generó reacciones inmediatas y polarizadas en distintos sectores. El exviceministro de Hacienda Juan Alberto Londoño cuestionó la política de endeudamiento.

“Definitivamente Gustavo Petro y el Ministerio de Hacienda van a quebrar el país”, señaló. Según él, “no van a dejar la olla raspada, se la van a llevar. Emitir esa multimillonaria suma en TES es como pagar la deuda con billetes de Tío Rico. ¿Así o más claro?”

Por su parte, el fundador de Arena Alfa, Sebastián Toro, expresó preocupación por el monto total autorizado para 2026. “$152 billones acaba de autorizar el gobierno para emisión de deuda, para emisión de tes este año. Estamos hablando de diez reformas tributarias que nos quieren clavar en deuda”.

Toro calificó la medida como “una locura, esto es un absurdo”, y resaltó que “el Gobierno de Gustavo Petro está dejando a Colombia empeñada y nos va a dejar quebrados con una deuda insostenible, que al final vamos a pagar usted y yo y nos va a costar sangre pagar esta deuda a las tasas altísimas que está pagando Colombia”.

Asimismo, señaló el alto costo de la financiación. “Nos están prestando al 13%, que es una locura, nos están prestando carísimo y ahorita este gobierno nos quiere meter $152 billones de deuda”, lamentó. También alertó sobre la falta de controles, ya que “parece ser que no hay control, no hay quien pueda parar este absurdo, pero la realidad es que solamente es deuda, es un espejismo y van a quebrar a Colombia con estos niveles de deuda”.

El decreto precisa que los cupos aprobados para la emisión de TES en 2026 podrán ejecutarse hasta el 31 de diciembre de 2027, fecha en la que expira de manera definitiva la autorización y no podrán otorgarse nuevas emisiones ni prorrogar los topes establecidos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público anunció en un comunicado de este 5 de noviembre la colocación de 9 mil millones de dólares de deuda pública en los mercados internacionales, marcando así el inicio de las emisiones latinoamericanas en 2026 y estableciendo un nuevo récord anual para México por tercer año consecutivo.

Esta operación —realizada en condiciones de alta liquidez y con el atractivo de ser el primer soberano regional en emitir títulos este año— permite al gobierno, según el comunicado de Hacienda, cubrir una parte significativa de las necesidades de financiamiento externo, otorgando flexibilidad ante eventuales cambios en el contexto financiero global.

La reciente emisión estrenó tres bonos de referencia en dólares: uno a 8 años, con un cupón de 5.625% por un monto de 3 mil millones de dólares; otro a 12 años, con cupón de 6.125% por 4 mil millones de dólares; y el tercero a 30 años, con cupón de 6.75% por 2 mil millones de dólares.

Los tramos a largo plazo destacaron al registrar los diferenciales de precio más bajos desde 2019 y 2020 (200 puntos básicos), lo que, según Hacienda, refleja una percepción de menor riesgo soberano a futuro entre inversionistas internacionales pese al entorno global desafiante.

Los bonos tuvieron una demanda de 300 mil millones de dólares

La colocación despertó un interés sin precedentes, con una demanda máxima de 30 mil millones de dólares —más de 3.3 veces el monto emitido— y la participación de 279 inversionistas de diversas regiones.

Ello prolonga la trayectoria de los altos niveles históricos de participación en los títulos mexicanos y representa una señal clara sobre la confianza en su gestión fiscal prudente y orientada a preservar la estabilidad macroeconómica.

Con esta operación, México consolida tres nuevos puntos de referencia líquidos en su curva soberana en dólares, lo que, en palabras de la Secretaría, fortalece la infraestructura de los mercados de capitales y mejora “las condiciones de acceso al financiamiento para futuros emisores mexicanos tanto públicos como privados".

Deuda pública de México descendió en el 2025

De acuerdo con Hacienda, el nivel de deuda pública descendió a 51.1% del PIB al cierre de octubre de 2025, una mejora respecto al 52% registrado al finalizar 2024. Esta tendencia se asocia con una optimización en el perfil de vencimientos y avances en la sostenibilidad fiscal. Según la dependencia federal, todas las nuevas emisiones respetaron los límites y lineamientos del Programa Anual de Financiamiento, confirmando la disciplina presupuestaria del Ejecutivo.

La estructura de la deuda federal continuó privilegiando la moneda nacional y tasas fijas de largo plazo, limitando la vulnerabilidad frente a ciclos adversos internacionales.

Operaciones de refinanciación superiores a 300 mil millones de pesos —incluyendo recompra y emisión de Cetes, Bonos M y Udibonos— contribuyeron a aumentar la vida promedio de los instrumentos y a mantener el endeudamiento en los márgenes previstos. Aunque el costo financiero subió 7.9% en términos reales por las condiciones todavía restrictivas en el mercado internacional, al cierre de octubre aún se mantuvo 52 mil millones de pesos por debajo de lo esperado.

El incremento del salario mínimo en Colombia para 2026, establecido por el Gobierno mediante el decreto 1469 de 2025, provocó una advertencia significativa del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf).

De acuerdo con el organismo, el aumento del 23% para el próximo año incrementaría el déficit fiscal en al menos $5.3 billones en 2026, cifra que representa el 0.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

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El Carf señaló que, a partir de 2027, el impacto ascendería como mínimo a $8 billones, equivalentes al 0,4% del PIB, lo que pondría en riesgo los esfuerzos por recuperar la disciplina fiscal y deterioraría la sostenibilidad de la deuda pública.

El Carf subrayó que el alza decretada en el salario mínimo representa un cambio de magnitud inusual frente al comportamiento histórico.

Según el comité, el salario mínimo mensual legal vigente (Smmlv) aumentó, en promedio, 1.2 puntos porcentuales en términos reales durante las dos décadas previas, considerando la inflación.

Sin embargo, el incremento previsto para 2026 implica una variación real cercana al 18.5%, un salto considerablemente superior a la tendencia de los últimos veinte años.

En su análisis, el Carf identificó los principales canales fiscales afectados por la medida. Por un lado, el aumento del Smmlv incidiría en el gasto de las pensiones del régimen de prima media para beneficiarios que reciben cerca del salario mínimo.

Asimismo, la subida impactaría los salarios de los funcionarios públicos que perciben ingresos equivalentes al mínimo, elevando las erogaciones estatales. En lo relativo a los ingresos, el incremento del salario mínimo podría traducirse en una reducción en el recaudo del impuesto de renta debido al mayor costo salarial.

El comité advirtió que sus cálculos actuales son solamente ejercicios preliminares y parciales, ya que existen otros factores no cuantificados que podrían elevar aún más el impacto fiscal estimado.

El Carf también puntualizó que las proyecciones podrán ser ajustadas si se dispone de nueva información relevante que modifique el escenario previsto.

El gobierno anuncia recorte presupuestal de 16.2 billones para 2026

El Gobierno de Colombia anunció un recorte presupuestal de $16.2 billones en el Presupuesto General de la Nación para 2026, decisión formalizada mediante el Decreto 1484 del 31 de diciembre de 2025 y atribuida a la caída del recaudo tributario, la imposibilidad de aprobar una ley de financiamiento en el Congreso y la declaratoria de emergencia económica.

La medida, que restringirá la ejecución de programas en sectores clave, fue adoptada para evitar el incumplimiento de la regla fiscal y obligará a todas las entidades estatales, tanto centrales como descentralizadas, a realizar inmediatamente ajustes contables y financieros.

Este ajuste impacta especialmente a áreas como educación superior, donde el programa de “Calidad y fomento de la educación superior” registró una reducción de más de $1.38 billones, y compromete a instituciones como la Superintendencia de Notariado y Registro, que enfrentará una disminución de $210.000 millones en su presupuesto.

La decisión gubernamental se produce en un contexto de presiones inéditas sobre las finanzas públicas, que se mantienen deficitarias y sin el flujo de caja suficiente para garantizar el gasto originalmente planeado, según informó el Ministerio de Hacienda.

El documento oficial subraya que el “recaudo efectivo de la vigencia no puede ser inferior al total de los gastos y obligaciones contraídas”, lo que refuerza la urgencia de ajustar las erogaciones al ingreso estatal real.

De acuerdo con las cifras establecidas en el Decreto 1477, el presupuesto total de 2026 asciende a 546.97 billones de pesos, la mayor cifra registrada hasta la fecha, aunque algunas partidas permanecen desfinanciadas.

En paralelo, la reducción también afecta recursos asignados a la Presidencia, con un ajuste superior a $122.000 millones, repercutiendo sobre el Fondo Colombia en Paz, iniciativas de derechos humanos y proyectos de modernización tecnológica.

Además, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) y el Instituto Nacional de Vías (Invías) se verán forzados a reducir el ritmo de obras de infraestructura y reformas agrarias, mientras que tanto el Instituto Nacional de Salud (INS) como Invima operarán con menores fondos para funcionamiento y adquisición de bienes.

Desde el Ejecutivo, se prevé recaudar 16.3 billones mediante nuevos tributos durante el estado de emergencia económica, con el fin de financiar las políticas previstas por el presidente Gustavo Petro. La presión sobre el manejo de los recursos públicos y la ejecución estatal se profundizará durante 2026, especialmente en áreas sociales y de inversión estratégica.

El gobernador Maximiliano Pullaro confirmó que dialogó con el ministro de Economía, Luis Caputo, quien le solicitó que Santa Fe ingresara de inmediato los USD 800 millones correspondientes a un crédito internacional obtenido por la provincia. La administración provincial rechazó el pedido y argumentó que, bajo las condiciones actuales, no puede asumir un riesgo financiero que implique pérdidas para las arcas santafesinas.

Los fondos provienen de un bono emitido en los mercados internacionales a principios de este mes, por un monto de USD 800 millones, con un plazo de nueve años y una tasa de interés anual del 8,10%. La colocación fue ampliamente demandada tanto por inversores internacionales como locales, lo que desde la gobernación se interpretó como una señal de confianza en la calidad crediticia de la provincia.

“El crédito es para obra pública, no para gastos corrientes”, señaló el gobernador durante una entrevista con Cadena 3 de Rosario. “Los dólares los tenemos afuera, y los vamos a ir trayendo en función del pago de certificados de obras. Nación pretendía que los trajésemos ya, pero es muy difícil encajarlos con lo que va aumentando el dólar”, expresó Pullaro al describir el intercambio con Caputo.

Precisó que la evolución del tipo de cambio entre el momento de la adquisición y las cotizaciones actuales podría implicar una pérdida para Santa Fe si los fondos ingresan sin cobertura adecuada.

Pullaro sostuvo que, si existiera “algún instrumento financiero que asegure que si el dólar aumenta Santa Fe estaría cubierta, desde luego que los traemos”. Dejó así abierta la posibilidad de coordinar con Nación la llegada de los fondos si se logra un mecanismo de cobertura cambiaria satisfactorio para la provincia.

El diálogo entre Pullaro y Caputo ocurre mientras el gobierno de Javier Milei enfrenta un próximo vencimiento de deuda del orden de los USD 4.300 millones. Hasta el momento, el Poder Ejecutivo no ha detallado públicamente de dónde provendrán los dólares para ese pago, lo que mantiene la discusión sobre las reservas y la disponibilidad de divisas.

Pullaro remarcó que la decisión de Santa Fe responde a criterios técnicos enfocados en la preservación del valor de los recursos y su destino exclusivo a las obras para las cuales fueron obtenidos. “Queremos que al país le vaya bien y, si podemos colaborar con el Gobierno nacional, lo vamos a hacer. Siempre lo hicimos”, afirmó Pullaro, aunque aclaró que la provincia no puede asumir un riesgo de pérdida al ingresar los fondos sin un mecanismo que proteja su valor.

Desde la gobernación santafesina enfatizaron en diálogo con Infobae que la postura provincial no constituye un desafío político al Gobierno nacional. Fuentes del Ejecutivo provincial, en diálogo confidencial con Infobae, afirmaron: “No hay ningún desafío al Gobierno ni se puede tomar la conversación con Caputo como una presión para que Santa Fe traiga los dólares”. Destacaron que la relación institucional con la Casa Rosada continúa “buena, más allá de que tenemos reclamos que todavía no encontraron una respuesta satisfactoria”.

Entre los reclamos planteados, desde la provincia subrayó dos cuestiones prioritarias: la reparación y mantenimiento de rutas nacionales, considerada urgente, y la restitución del flujo por parte de la Caja de Jubilaciones interrumpido en enero de 2024, situación que afecta las cuentas provinciales y que, según Santa Fe, sigue sin resolverse.

La emisión de deuda de Santa Fe, concretada en diciembre pasado, representó uno de los hitos financieros de la provincia. Según el comunicado oficial, la salida al mercado internacional fue exitosa: se recibieron ofertas por 1.800 millones de dólares, más del doble del monto emitido, con la participación de más de 111 grandes inversores internacionales y más de 1.200 minoristas, incluidos ochocientos inversores locales argentinos. La gobernación interpretó esto como un respaldo a la gestión fiscal y a la capacidad de financiamiento internacional de la provincia.

El destino de los recursos fue definido por Santa Fe como la financiación de obras estratégicas: proyectos energéticos, mejoras en infraestructura vial —especialmente rutas clave para la circulación de bienes—, inversiones en seguridad pública y obras sociales. La provincia sostiene que los ingresos de divisas deben acompañar la ejecución efectiva de certificados de obra, principio que motiva su rechazo a anticipar el ingreso total de los fondos.

La discusión entre Nación y Santa Fe expone una tensión técnica, no política. El Gobierno nacional busca ordenar el flujo de dólares para afrontar compromisos de deuda sin afectar su estrategia financiera. Por su parte, la provincia administra recursos obtenidos en condiciones de mercado internacional, con compromisos contractuales para infraestructura, y aplica una interpretación estricta que prioriza la ejecución de obras y la preservación del valor de los fondos.

La postura de Pullaro se inscribe en un contexto político más amplio: a diferencia de otros gobernadores no alineados con el kirchnerismo, el mandatario santafesino no participó en la ronda de reuniones que el Gobierno nacional mantuvo recientemente con mandatarios provinciales encabezadas por el ministro del Interior, Diego Santilli, ni con el jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Este dato fue interpretado como una señal de una relación distante pero institucional entre la provincia y la Casa Rosada.

La posición de Santa Fe ante el pedido de Caputo se fundamenta en argumentos financieros y técnicos, con una visión de coordinación que no compromete la autonomía ni la administración de los recursos provinciales. Pullaro dejó en claro que la decisión responde a los objetivos de ejecución de obra pública para los que se tomaron los fondos, sin perjudicar el patrimonio provincial. Al mismo tiempo, manifestó su disposición a colaborar con el Gobierno nacional siempre que existan condiciones para proteger el valor de los recursos.

La definición sobre cómo y cuándo ingresarán los USD 800 millones al país será clave en las próximas negociaciones entre la provincia y la Nación, en un escenario donde cada flujo de divisas adquiere relevancia para la política económica nacional y provincial.

El nivel de deuda pública en México al cierre de noviembre de 2025 se consolidó en 51.7% del PIB, señaló la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en su reporte trimestral sobre el estado de la finanzas del país.

La dependencia federal añadió que la deuda mantiene una tendencia estable y sostenible en el mediano plazo.

La deuda pública en México baja y sigue estable en 2025, asegura la SHCP

Esta cifra representa una reducción respecto al 52% del PIB registrado al terminar 2024, resultado atribuido a políticas fiscales responsables y a la optimización de los vencimientos de deuda, elementos valorados positivamente por agencias internacionales de calificación crediticia.

Durante los primeros once meses de 2025, la composición del portafolio de pasivos del gobierno federal se mantuvo mayoritariamente en moneda nacional, con tasas fijas y vencimientos de largo plazo.

Este enfoque permitió que, en un contexto de condiciones financieras internacionales restrictivas, el costo financiero acumulado aumentara 11,2% real anual, pero quedara 55 mil millones de pesos por debajo de lo previsto en el programa oficial, gracias a un manejo activo de los pasivos.

Los ingresos tributarios superan expectativas y apuntalan finanzas

En materia de ingresos, el gobierno federal registró un desempeño positivo, impulsado principalmente por los ingresos no petroleros, que superaron en 139 mil millones de pesos lo programado y mostraron crecimiento por tercer año consecutivo.

La recaudación tributaria creció 4,6% real anual, lo que se reflejó en ingresos tributarios 99 mil millones de pesos por encima de lo esperado. Los ingresos por concepto del Impuesto sobre la Renta (ISR) se ubicaron 70 mil millones de pesos sobre lo calendarizado, con un incremento real anual de 5,4%.

Por su parte, la recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) superó en 42 mil millones de pesos lo previsto, creciendo 1,3% real anual, favorecida por la resiliencia del consumo interno y un tipo de cambio promedio más alto que el de 2024 durante el primer semestre de 2025.

El informe de la Secretaría de Hacienda detalló que los ingresos por impuestos a las importaciones también mostraron un desempeño destacado al ubicarse 16 mil millones de pesos arriba de lo programado, con un crecimiento real anual de 19%, cifra considerablemente superior al promedio de los últimos diez años.

Este resultado obedeció al fortalecimiento de la vigilancia aduanera y a modificaciones en el régimen de mercancías de bajo valor y en los esquemas arancelarios para países sin acuerdos comerciales vigentes con México.

En cuanto a los ingresos no tributarios, estos superaron en 40 mil millones de pesos lo proyectado, con un crecimiento real anual de 18,7%, muy por encima del promedio real de la última década.

Dentro de este rubro, se destacaron mayores ingresos por derechos, productos y aprovechamientos, con alzas de 6,8%, 1,1% y 28,1% respectivamente.

Respecto al gasto público, la Secretaría de Hacienda informó que el ejercicio del gasto avanzó en un 91,7% respecto a lo calendarizado, asegurando la provisión de bienes y servicios y el fortalecimiento de los Programas para el Bienestar.

El gasto en desarrollo social registró un crecimiento real anual de 3,8%, con aumentos en educación y protección social de 1,7% y 8,1% respectivamente. La inversión física alcanzó los 685 mil millones de pesos; aunque fue menor en comparación con el mismo periodo de 2024, superó en 4,6% real el promedio registrado durante el primer año de las cuatro administraciones previas.

El Fondo Monetario Internacional renueva la Línea de Crédito Flexible para México

Durante noviembre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) renovó por dos años la Línea de Crédito Flexible para México, una acción que la Secretaría de Hacienda interpretó como una ratificación de la confianza internacional en la solidez macroeconómica del país y en la sostenibilidad de su deuda pública.

Finalmente, la Secretaría de Hacienda anunció en noviembre el Quinto Reporte de Asignación e Impacto de los Bonos Soberanos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), donde destacó la transparencia en el uso de recursos asignados a 42 Gastos Elegibles y la realización de un análisis pionero sobre la alineación entre la Taxonomía Sostenible de México y estos gastos, conforme a criterios técnicos internacionales.

Las dinámicas financieras dentro de la zona euro están experimentando un cambio significativo que hasta hace pocos años habría resultado difícil de imaginar. Desde la salida de la crisis provocada por la pandemia de Covid-19, las economías del sur de Europa, tradicionalmente asociadas a mayores riesgos fiscales, han logrado recuperar la confianza de los mercados gracias a una mejora de sus equilibrios presupuestarios y a un mayor dinamismo económico, especialmente en el caso de España.

En paralelo, países que durante décadas fueron considerados los pilares de la estabilidad financiera europea muestran hoy señales de mayor fragilidad. Francia y, en menor medida, Alemania han comenzado a preocupar a los inversores, en un contexto de aumento del endeudamiento público y de mayores tensiones políticas y presupuestarias.

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Este cambio de percepción se ha reflejado claramente en los mercados de deuda pública. Según ha informado Financial Times, las primas de riesgo de Italia y España frente a Alemania han alcanzado esta semana su nivel más bajo en 16 años, un dato que confirma el vuelco progresivo entre el norte y el sur de la zona euro.

Los mercados premian a Italia y España

El estrechamiento de los diferenciales de deuda se ha convertido en uno de los principales indicadores de este giro histórico. En el caso de Italia, la diferencia entre el interés del bono a diez años y el de Alemania se ha reducido hasta situarse en torno a los 0,7 puntos porcentuales. Se trata de un nivel que no se registraba desde finales de 2009, tras la crisis financiera global.

Con el interés del bono alemán cerca del 2,86% a finales de diciembre, los mercados están enviando una señal clara: el riesgo asociado a la deuda italiana se percibe hoy como mucho menor que en el pasado. Los inversores valoran los esfuerzos presupuestarios de Italia y una mayor disciplina fiscal tras años de desconfianza.

España sigue una trayectoria muy similar. Impulsada por un crecimiento económico más sólido que el de otras grandes economías europeas, la prima de riesgo española frente a Alemania ha caído por debajo de los 0,5 puntos porcentuales. Se trata de un nivel inédito desde la crisis de deuda de la zona euro, cuando los elevados déficits y el rápido aumento de la deuda encarecieron la financiación de los Estados y pusieron en duda la estabilidad del euro.

Para los mercados, el eje tradicional norte-sur ha dejado de ser una frontera clara entre economías sólidas y economías frágiles. En su lugar, la atención se centra cada vez más en la sostenibilidad fiscal a medio y largo plazo, así como en la capacidad de crecimiento y de control del gasto público.

Francia se convierte en el principal foco de preocupación

Dentro de este nuevo mapa financiero, Francia emerge como el principal punto débil. Un déficit público elevado, combinado con un contexto político complejo, ha provocado que los costes de financiación del Estado francés superen ya a los de España.

En concreto, la rentabilidad del bono francés a diez años se sitúa en torno al 3,56%, por encima de la italiana (3,51%) y de la española (3,29%), según datos de mercado. Este repunte refleja el creciente escepticismo de los inversores sobre la trayectoria de las finanzas públicas francesas.

Además, las previsiones de la Comisión Europea apuntan a que la deuda pública de Francia podría alcanzar en torno al 120% del PIB en los próximos años, una evolución que contrasta con los esfuerzos de consolidación fiscal observados en varias economías del sur de Europa.

Por último, Alemania, tradicional refugio de los inversores en la zona euro, empieza a ser observada con mayor cautela tras anunciar ambiciosos programas de gasto público. No obstante, los analistas y agencias de calificación consideran que la situación francesa resulta más preocupante por la combinación de bajo crecimiento, envejecimiento demográfico y presión estructural sobre el gasto.

El país se alista para recibir el 2026 y, con el nuevo año, también se avecinan nuevos retos para el Gobierno Petro que empieza a vivir su ocaso en medio de un déficit fiscal sin precedentes, la desfinanciación del presupuesto nacional y una emisión histórica de deuda pública, todo bajo la reciente declaratoria de emergencia económica.

La combinación de estos factores ha generado un intenso debate sobre la legalidad y efectividad de las medidas extraordinarias adoptadas, mientras persiste una fuerte incertidumbre institucional y política ante la cercanía de las próximas elecciones presidenciales.

Panorama fiscal actual y causas del déficit fiscal

Las finanzas públicas atraviesan un periodo de alto riesgo. El gobierno de Gustavo Petro arrastra una gran deuda derivada de los gastos extraordinarios durante la pandemia. Sin embargo, lejos de ajustar el gasto, la actual administración implementó un conjunto de políticas sociales expansivas que incrementaron aún más las obligaciones del Estado.

La apuesta inicial pasaba por fortalecer el recaudo con una reforma tributaria en 2023, cuyos resultados distaron de lograr el objetivo. Por el contrario, el adelanto de impuestos del 2024, medida tomada por el gobierno anterior, terminó agravando la situación en los años siguientes.

Para finales de 2024, el déficit fiscal había escalado hasta el 6,7% del PIB, una cifra considerada alta según los estándares recientes del país. Al eliminar la restricción que imponía la regla fiscal, el Ejecutivo proyectó para 2025 un desequilibrio aún mayor: 7,1% del PIB, comparable únicamente con los peores momentos vividos durante la pandemia. Este escenario adverso sentó las bases para una búsqueda urgente de nuevas fuentes de financiación y la propuesta de una reforma tributaria de emergencia.

Medidas adoptadas: emergencia económica, emisión de deuda y reforma tributaria

Ante la imposibilidad de aprobar una reforma tributaria de 12 billones de pesos y la caída posterior de un proyecto más ambicioso de 26 billones, el Gobierno consideró crítica la situación del presupuesto de 2026 —estimado inicialmente en 557 billones de pesos, aunque finalmente aprobado por el Legislativo en 547,9 billones—. La reforma tributaria, reducida a 16,3 billones, tampoco prosperó en el Congreso.

En respuesta, el ministro de Hacienda Germán Ávila calificó la postura legislativa como una “trampa” para el país y, el 19 de diciembre, anunció la declaración de emergencia económica. El decreto 1390, oficializado el 22 de diciembre, tiene como propósito cubrir los 16,3 billones de pesos no recaudados tras el fracaso de la reforma.

Entre las medidas propuestas bajo este estado de excepción figuran tres nuevos impuestos: la reducción del umbral del impuesto al patrimonio de 3.600 a 2.000 millones de pesos, fijando tarifas entre 0,5% y 5% del patrimonio y esperando recaudar 1,7 billones en 2026; la reactivación del esquema de normalización de activos, con un potencial ingreso de 613.600 millones; y un incremento en la sobretasa al impuesto de renta del sector financiero del 5% al 15%, con el objetivo de sumar 1,2 billones más.

El estrechamiento de la liquidez llevó al Ministerio de Hacienda a ejecutar el 19 de diciembre una operación sin precedentes: la emisión de TES (títulos de tesorería) por 23 billones de pesos, con plazos entre 2029 y 2040 y tasas cercanas al 13%. Esta venta directa a la gestora internacional Pimco despertó inquietudes en el sector financiero, principalmente por la falta de transparencia en los términos de la operación y el costo a futuro para la economía colombiana.

Críticas y controversias sobre la emergencia económica y la deuda pública

La declaratoria de emergencia económica encontró una oposición sólida entre exministros de Hacienda, constitucionalistas y analistas. Entre los reparos, se argumenta que la crisis fiscal no constituye un hecho sobreviniente ni un agravamiento inesperado, condiciones necesarias para justificar la aplicación de poderes excepcionales. Las objeciones sostienen que el déficit y los problemas presupuestales eran previsibles y respondían a factores estructurales conocidos.

Algunos expertos jurídicos señalaron el riesgo de una acumulación de razones injustificadas por parte del Ejecutivo para recurrir al artículo 215 de la Constitución. Adicionalmente, instituciones como la Contraloría General advirtieron la necesidad de un enfoque más austero y responsable en el manejo del gasto público, sugiriendo que la única opción viable ante la negativa legislativa es un recorte del gasto.

“Se sabe, desde octubre, que los impuestos que se espera recaudar no van a alcanzar, junto con las demás fuentes de financiación para cubrir el Presupuesto General de la Nación. Es posible que el Gobierno nacional obtenga recursos adicionales en tanto la Corte analiza los decretos emitidos y declara su inexequibilidad. Pero las perspectivas de recaudo no parecen las mejores”, señaló Jaime Vargas, socio de Impuestos en la firma Cuatrecasas, en diálogo con Cambio.

La operación de TES generó suspicacias, al realizarse de forma directa y a tasas superiores a las del mercado previo. Analistas del sector financiero alertaron sobre el incremento del costo de la deuda y la ausencia de restricciones de gasto por parte del Gobierno, eludiendo los límites tradicionales impuestos por la regla fiscal.

La vacancia anual de la Corte Constitucional, que se extiende hasta el 10 de enero, agrava el clima de incertidumbre, ya que pospone toda revisión judicial de los decretos relacionados con la emergencia económica y, con ello, la definición de la validez legal de las nuevas medidas tributarias.

Implicaciones políticas y riesgos institucionales hacia 2026

La proximidad electoral y la imposibilidad de implementar recortes de gastos en el último año de mandato han llevado al Gobierno a soluciones temporales más que definitivas.

La postergación de la revisión jurídica de la emergencia económica por parte de la Corte Constitucional siembra dudas sobre la aplicación de las reformas tributarias y deja abierto el desenlace de la estrategia adoptada para enfrentar el déficit fiscal.

Por ello, el actual gobierno transfiere el peso de resolver los desafíos fiscales estructurales al próximo gabinete presidencial, que asumirá el 7 de agosto de 2026 en un entorno protagonizado por fuertes presiones económicas y políticas.

El Presupuesto 2026, aprobado en el Congreso de la Nación, fue la pieza central del debate político y económico de cierre de año. Con un articulado extenso y definiciones que excedieron el cálculo de gastos y recursos, fijó las principales pautas de la política fiscal, financiera y presupuestaria para el próximo ejercicio. A continuación, los puntos clave del texto que obtuvo luz verde en el Senado.

Equilibrio fiscal como eje del proyecto

La ley de leyes vuelve a tener como principio rector el equilibrio de las cuentas públicas. El oficialismo ratificó que no habrá déficit fiscal y que el resultado financiero será consistente con la estrategia de ordenamiento macroeconómico que impulsa el Ejecutivo desde el inicio de la gestión.

Desde el Gobierno remarcaron que el proyecto que se discutió en el Senado no incorporó modificaciones respecto del texto aprobado en Diputados. “No se cambió ni una coma”, señalaron fuentes oficiales durante el tratamiento legislativo, al descartar negociaciones de último momento que alteren las metas fiscales.

La iniciativa consolida la política de contención del gasto público y mantiene límites estrictos a la expansión presupuestaria, con el objetivo de evitar desvíos durante el año electoral.

Los números económicos

Como todos los años, el proyecto de Presupuesto incluyó la proyección de parte del Gobierno sobre una serie de variables económicas. Una de las más destacadas es la que hace referencia al nivel de actividad económica. Según el Ejecutivo, el Producto Bruto Interno (PBI) crecerá 5% durante el 2026.

Por su parte, se estima que la inflación será de 10,1% para todo el año y que el dólar llegará a diciembre en un valor de $1.423. Es decir, por debajo de la cotización mayorista actual, que se ubica en $1.452,50.

Facultades para el manejo de la deuda pública

Uno de los artículos más relevantes del Presupuesto 2026 es el que habilita al Poder Ejecutivo a realizar operaciones de administración de la deuda pública. El texto autoriza al Ministerio de Economía a efectuar canjes, reestructuraciones y otras operaciones financieras destinadas a mejorar el perfil de vencimientos.

Según explicó el Gobierno, esta herramienta apunta a “ordenar los compromisos del Tesoro y reducir riesgos financieros”, sin incrementar el stock de deuda. La oposición cuestionó este punto al considerar que amplía las facultades del Ejecutivo, mientras que el oficialismo defendió su inclusión como una práctica habitual en los presupuestos de años anteriores.

Reasignación de partidas y control del gasto

El Presupuesto contempla mecanismos que permiten reasignar partidas presupuestarias dentro de determinados límites. Estas facultades buscan otorgar flexibilidad a la administración nacional para responder a contingencias sin alterar el equilibrio general del presupuesto.

Desde el Ejecutivo sostienen que las reasignaciones no implican un aumento del gasto total, sino una redistribución interna de recursos ya aprobados por el Congreso. “El gasto está cerrado”, insistieron funcionarios durante el debate parlamentario.

Subsidios y transferencias

En línea con la política fiscal vigente, el Presupuesto 2026 mantiene un esquema de reducción de subsidios económicos, particularmente en los sectores de energía y transporte. El objetivo declarado es continuar con el proceso de focalización, de modo que la asistencia estatal se concentre en los sectores de menores ingresos.

En cuanto a las transferencias a provincias, el texto no prevé incrementos discrecionales y se ajusta a los criterios automáticos establecidos por la normativa vigente. Este punto fue uno de los más cuestionados por legisladores provinciales, que reclamaron mayor margen de financiamiento para las jurisdicciones.

Gasto social y sistema previsional

El Presupuesto incluye las partidas correspondientes al sistema previsional y a los programas sociales vigentes. El Gobierno aclaró que las erogaciones vinculadas a jubilaciones y pensiones se ajustarán conforme a la fórmula de movilidad establecida por ley.

En el debate legislativo, funcionarios remarcaron que el gasto social “está garantizado dentro de las reglas fiscales” y que no habrá recortes en términos reales fuera de lo que determine la evolución de los ingresos y la normativa vigente.

Impuestos y presión tributaria

El proyecto aprobado en el Congreso no introdujo nuevos impuestos ni incrementos de alícuotas. Desde el oficialismo subrayaron que el Presupuesto 2026 consolida una estrategia de estabilidad tributaria, con la expectativa de que la mejora de la actividad económica sostenga la recaudación.

En paralelo, el Congreso debate en forma separada la llamada ley de inocencia fiscal, que busca establecer cambios en el esquema de penalidades y fiscalización. Aunque no forma parte del Presupuesto, su tratamiento avanzó en simultáneo y generó cruces entre el oficialismo y la oposición.

Los artículos cuestionados por la oposición

Durante el debate en el Senado, distintos bloques opositores intentaron eliminar o modificar algunos artículos del proyecto. Entre ellos, los referidos a las facultades delegadas, la administración de la deuda y la posibilidad de reasignar partidas sin autorización legislativa adicional.

Pese a esos planteos, el Gobierno no aceptó cambios al texto aprobado por Diputados. “El Presupuesto es una herramienta central del programa económico y no está sujeto a negociación”, fue el mensaje transmitido desde el Ejecutivo.

Por otro lado, la oposición buscó rechazar el artículo 30, que elimina los pisos mínimos de financiamiento para áreas como Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación, Educación Técnico Profesional y el Fondo Nacional de la Defensa (Fondef), cometido que no lo logró. Hasta el final de este año, la legislación exige destinar el 6% del PBI al sistema educativo, el 1% al financiamiento de Ciencia y Tecnología, el 0,2% del presupuesto en educación técnica y el 0,8% del gasto presupuestario para reequipamiento de las fuerzas armadas.

Ejecución y control parlamentario

El Presupuesto 2026 refuerza los mecanismos de seguimiento y control por parte del Congreso, a través de informes periódicos sobre la ejecución del gasto y la evolución de los ingresos. Estos reportes permitirán monitorear el cumplimiento de las metas fiscales a lo largo del año.

Desde el oficialismo destacaron que la previsibilidad presupuestaria es una señal clave para los mercados y los organismos internacionales. “La Argentina necesita reglas claras y un presupuesto consistente”, afirmaron durante la defensa del proyecto.

Los plazos y fechas clave para las próximas revisiones de la calificación crediticia de España ya han sido establecidos por las principales agencias, lo que sitúa al país ante un calendario decisivo en 2026 para evaluar su fortaleza financiera internacional. Según publicó el medio, entre los momentos señalados se encuentran los denominados 'superviernes', programados para el 13 de marzo y el 11 de septiembre de 2026, jornadas en las que S&P Global, Fitch y Scope actualizarán sus evaluaciones sobre la solvencia de la deuda soberana española. La noticia principal es que España aspira a acceder a la categoría 'sobresaliente' en la calificación de sus emisiones, luego de que en 2025 recibió mejoras en sus ratings de parte de S&P Global, Fitch y Moody’s y consiguió consolidarse en la franja de países con nota 'notable', lo que supone el nivel más alto alcanzado desde el inicio de la última década.

De acuerdo con la información consignada, el primer examen de 2026 se llevará a cabo el 13 de marzo, cuando tres de las principales agencias —Fitch (A/Estable), S&P Global (A+/Estable) y Scope (A/Estable)— harán públicas sus valoraciones sobre la capacidad del Estado español para afrontar sus obligaciones financieras. Posteriormente, dichas agencias reexaminarán la postura crediticia de España el 11 de septiembre, en su segunda y última revisión del año. Moody’s, que actualmente tiene para España la calificación 'A3/Estable', tiene previsto realizar revisiones el 27 de marzo y el 17 de julio de 2026. La firma canadiense Morningstar DBRS evaluará su asignación dos veces en el año: el 29 de mayo y el 30 de octubre. Esta planificación obedece a la regulación europea vigente desde 2014, que dispone que las agencias publiquen un calendario con fechas previstas para las actualizaciones —siempre en viernes y fuera del horario regulado de mercado—, detalló el medio.

Durante 2025, todas las grandes agencias internacionales incrementaron sus calificaciones sobre la deuda española, hecho que no se producía de forma conjunta desde antes de la pandemia de Covid-19. S&P Global elevó su nota dos veces después de 2019 y alcanzó el nivel 'A+' con perspectiva estable en septiembre de 2025. Fitch situó el rating en 'A' con perspectiva estable, un escalón más que el A- mantenido desde 2018. Moody’s concedió a España la calificación 'A3' con perspectiva estable, tras haber mantenido una nota de 'Baa1' durante siete años. En estos avances no participó Morningstar DBRS, que mantuvo su valoración en 2025 en A(alta) tras un ascenso en 2024, ni la agencia alemana Scope, que continuó asignando 'A' con perspectiva estable desde que el Banco Central Europeo empezó a reconocer sus notas, según reportó la fuente original.

La década que precedió a la Gran Recesión fue el periodo en que España obtuvo las máximas distinciones crediticias. El medio recordó que S&P Global dio a España la calificación 'AAA' entre finales de 2004 y principios de 2009, Fitch otorgó la matrícula de honor de 2003 a 2010 y Moody’s mantuvo el 'Aaa' desde 2001 hasta 2010. La crisis financiera global deterioró esa situación: Moody’s fue rebajando progresivamente su calificación hasta dejarla al borde del bono basura ('Baa3') en 2012. Fitch degradó la nota española hasta 'BBB' con perspectiva negativa en la misma época, mientras S&P Global redujo su evaluación hasta 'BBB-', sólo un escalón por encima del nivel especulativo, en el otoño de 2012.

La perspectiva crediticia para España se mantiene catalogada como 'estable' por todas las agencias, lo que implica que no prevén cambios en el corto o medio plazo, periodo que puede abarcar entre seis meses y dos años. Según informó el medio, cualquier mejora adicional no sólo dependería del sostenido crecimiento económico del país, sino de reducir de manera significativa el peso de la deuda pública sobre el Producto Interior Bruto (PIB), tal como han expresado las agencias en sus comunicados. Las firmas especializadas señalan la necesidad de una consolidación fiscal más ambiciosa y medidas que garanticen la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo antes de ajustar la nota al alza.

La deuda agregada de las administraciones públicas —según el Protocolo de Déficit Excesivo— superó los 1,7 billones de euros en el tercer trimestre de 2025. Este monto equivale al 103,2% del PIB, un descenso de dos décimas en relación al trimestre anterior y una reducción de un punto porcentual respecto al tercer trimestre de 2024, conforme a los datos del Banco de España citados por el medio. Las previsiones oficiales indican que la deuda sobre el PIB podría bajar al 101,7% al cierre de 2025; los planes del Gobierno apuntan a que esta cifra descenderá al 98,4% en 2027, alcanzando el 90,6% en 2031 y el 76,8% en 2041 como parte de una senda de descenso progresivo.

El desempeño macroeconómico de España —subrayado en varias comunicaciones de las agencias y reflejado en sus informes de mejora de calificación— sitúa al país como una de las economías avanzadas con mayores tasas de actividad en 2025 y proyecciones favorables para los años siguientes. Estas circunstancias, junto a la previsión de varias oportunidades para revisiones crediticias en 2026, establecen un horizonte en el que España buscará consolidar un perfil crediticio comparable al de Austria o Finlandia, cuyos ratings ya se sitúan en el rango de 'sobresaliente', si bien todavía a distancia de las calificaciones más elevadas reservadas a países como Alemania o Países Bajos.

El medio subraya que, si bien el crecimiento económico constituye un elemento relevante en las evaluaciones, la evolución de la deuda pública y la adopción de reformas fiscales estructurales serán determinantes para alcanzar una mejor valoración soberana. La ruta hacia el sobresaliente crediticio dependerá fundamentalmente de los logros en materia de consolidación presupuestaria y del descenso sostenido de la deuda, elementos que las agencias tomarán en cuenta en cada una de las revisiones programadas para 2026.

El desempeño intenso de las exportaciones de servicios que no están ligados al turismo ha influido de manera significativa en la revisión al alza de las previsiones económicas para España. A partir de estos resultados recientes, el Banco de España ha considerado, en su informe trimestral, una mejora en el crecimiento esperado del Producto Interior Bruto (PIB) para el periodo 2025-2027, superando las estimaciones realizadas previamente. Según detalló el medio de comunicación, la proyección para 2025 sitúa el crecimiento anual del PIB en el 2,9%, una revisión de tres décimas por encima de la cifra anticipada anteriormente, mientras que la estimación para 2026 sube cuatro décimas hasta alcanzar el 2,2%. Para 2027, la previsión crece dos décimas y se sitúa en el 1,9%.

El informe del Banco de España, al que hace referencia el medio citado, atribuye este cambio a varios factores. Entre ellos, resalta la actualización de los datos de contabilidad nacional que muestran una mayor actividad económica de la prevista en trimestres anteriores, así como una notable fortaleza en el consumo de los hogares y una perspectiva más optimista sobre el sector exterior. La combinación de estos elementos ha motivado la revisión al alza del desempeño económico esperado.

Respecto a la distribución temporal, el organismo dirigido por José Luis Escrivá estimó que el último trimestre permitirá mantener una tasa de expansión robusta, situando el avance entre un 0,6% y un 0,7% trimestral, lo que concuerda con la proyección anual del 2,9% para 2025. Mirando hacia adelante, el Banco de España proyecta que la economía irá desacelerando progresivamente su ritmo de crecimiento, acercándose al potencial estimado del país, en torno al 2% al final del periodo de proyección.

De acuerdo con esta tendencia, la demanda interna, en especial el consumo privado y la inversión estimulada por los fondos europeos de recuperación conocidos como 'NGEU', se mantiene como principal motor de la actividad. Sin embargo, la contribución neta del sector exterior aparecerá en negativo tanto en 2025 como en 2026, con una ligera mejoría para 2027.

En el ámbito de los precios, el informe prevé que la inflación media alcanzará el 2,7% en 2025. Para 2026 y 2027 se espera que este indicador se modere situándose en el 2,1% y el 1,9%, respectivamente. En cuanto a la inflación subyacente, los pronósticos la colocan en el 2,6% para 2025, descendiendo a 2,4% en 2026 y a 2,1% en 2027. El análisis publicado por el Banco de España introduce revisiones al alza de las cifras de inflación general en dos y cuatro décimas para 2025 y 2026, respectivamente, debido al comportamiento reciente de los precios, la dinámica de la negociación colectiva y el nuevo contexto macroeconómico. Para 2027, la previsión de inflación general se ajusta a la baja en cinco décimas, apoyada en un descenso de los precios energéticos por el retraso en la implementación del nuevo régimen de derechos de emisión de la Unión Europea.

Sobre el empleo, la entidad anticipa una moderación en la creación de puestos laborales para los próximos trimestres. En 2025, se estima que crezca un 2,7%, pero ese incremento bajaría al 2% en 2026 y al 1,4% en 2027. Este comportamiento, según reporta el Banco de España, corresponde con cierta debilidad en la productividad por ocupado, la cual ha mostrado una fuerte caída en los últimos trimestres y que se espera repunte levemente y se estabilice cerca del 0,5% para 2027.

La tasa de paro continuaría reduciéndose, aunque a un menor ritmo que en ejercicios anteriores: el organismo prevé una disminución de 0,8 puntos porcentuales en 2025, 0,6 puntos en 2026 y 0,4 puntos en 2027, de manera que al final del periodo proyectado se situaría en un 9,6%. El salario medio por trabajador, por su parte, seguirá su senda de moderación, reduciendo su ritmo de crecimiento del 4,6% en 2024 a cerca del 3% al cierre de 2027. Según el organismo, los convenios colectivos contemplan subidas salariales superiores a lo estimado anteriormente, pero en coherencia con la moderación prevista.

En materia fiscal, las proyecciones del déficit de las cuentas públicas se mantienen prácticamente iguales para 2025 y 2026, ubicándose en el 2,5% y el 2,1% del PIB, respectivamente. Para 2027, la previsión repunta dos décimas y sitúa el déficit en el 2,5%. Este ajuste, señala el Banco de España, responde especialmente al impacto de la subida salarial prevista para los funcionarios públicos, que agregará 0,4 puntos porcentuales al déficit en ese año. No obstante, la ratio de deuda pública sobre PIB verá una mejora, disminuyendo hasta un 98,3% en 2027 frente al 100,6% en el cierre de 2025, gracias al mayor crecimiento del PIB nominal.

En el periodo 2025-2027, los ingresos públicos, excluyendo los fondos NGEU, crecerán en proporción al PIB por la ausencia de deflactación en el IRPF y el incremento de cotizaciones sociales, según ha detallado la entidad. Este incremento de ingresos quedará totalmente compensado por el aumento del gasto en pensiones, remuneraciones de empleados públicos, intereses de la deuda y la inversión pública, incluida la dirigida a defensa.

En relación con la disciplina presupuestaria pactada con la Unión Europea, el organismo advierte de que el crecimiento del gasto neto previsto para 2025 y 2026 podría superar el límite establecido en el Plan Fiscal y Estructural de Medio Plazo enviado a Bruselas. La flexibilidad permitida por las reglas europeas cubriría el margen en esos años pero, en 2027, la suma del alza por salarios públicos y otros gastos, junto con un margen agotado, implicaría una desviación con respecto a la senda comprometida.

Entre los principales riesgos identificados, el Banco de España destaca la evolución de los salarios y los márgenes empresariales. Si estas variables experimentan desviaciones inesperadas, podrían generar un panorama alternativo de mayor inflación y menor expansión del PIB. Una mayor respuesta de la oferta de vivienda ante la demanda activa podría incrementar tanto el crecimiento como la inflación, mientras que un comportamiento menos favorable de la demanda exterior neta, y especialmente de las exportaciones de servicios no turísticos, supondría un menor dinamismo de la economía. Por el lado internacional, el contexto de menor tensión comercial tras los recientes acuerdos ha reducido la probabilidad de escenarios extremos. A pesar de esto, episodios recientes de volatilidad financiera ligados a empresas tecnológicas subrayan la posibilidad de ajustes bruscos en la valoración de activos de riesgo, señala la institución en su análisis difundido por el citado medio.

Las previsiones del Fondo Monetario Internacional señalan que la deuda pública española podría situarse en el 92,6% del producto interior bruto en 2030, cifra que representa una proyección algo más favorable en comparación con las estimaciones nacionales. Estas diferencias en los pronósticos introducen un matiz relevante en el análisis sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas españolas. Tanto la Comisión Europea como la OCDE ubican sus cálculos en niveles similares a los del FMI para ese horizonte temporal, según consignó la AIReF en su último Observatorio de Deuda.

El organismo presidido por Cristina Herrero destaca, de acuerdo con su informe reciente, que la deuda pública de España sigue una tendencia a la baja desde el máximo histórico alcanzado después de la pandemia. Mientras que en 2021 la ratio llegó al 124,2% del PIB debido a las medidas extraordinarias adoptadas ante la crisis sanitaria, al tercer trimestre de 2025 ese porcentaje disminuyó hasta el 103,2%, lo que representa una reducción de 21 puntos porcentuales respecto al pico registrado. De acuerdo con datos del Banco de España, a octubre de ese año la deuda equivalía al 101,7% del PIB. En términos absolutos, el endeudamiento público alcanzó los 1,693 billones de euros, lo que supuso un incremento del 4% respecto al año anterior.

La AIReF estima que si se mantienen las actuales condiciones económicas y fiscales, la deuda española prolongará su descenso hasta llegar al 95,2% del PIB en 2030. Aunque esta tasa sigue por encima de los niveles observados antes de la pandemia, refleja un ajuste considerable para el periodo analizado. Sin embargo, la AIReF advirtió que, en ausencia de nuevas medidas de consolidación fiscal, esta tendencia podría invertirse una vez superada esa fecha. El organismo subrayó que la clave para evitar un repunte posterior radica en reforzar el saldo primario, es decir, el resultado presupuestario antes del pago de intereses de la deuda.

En el análisis comparativo que incluye a los principales socios europeos, la AIReF indicó que España mantiene una evolución similar a la de otros países con alto endeudamiento dentro de la Unión Europea. Grecia y Portugal, por ejemplo, han logrado recortar sus ratios gracias a ajustes fiscales profundos y, en ocasiones, obtención de superávits presupuestarios. España e Italia también evidencian una reducción en sus niveles de deuda, aunque con menor intensidad, mientras que Francia ocupa la tercera posición entre los Estados más endeudados, situándose solo por detrás de Grecia e Italia, y muestra un estancamiento con ligeros aumentos recientes, de acuerdo con el informe de la AIReF.

Las condiciones financieras de los mercados han tenido un impacto directo en el coste y la gestión de la deuda española. El organismo subrayó que, pese a que los últimos meses han estado marcados por episodios de volatilidad vinculados a factores políticos y geopolíticos, la percepción de riesgo en la deuda soberana de España e Italia ha disminuido, evidenciada por el descenso en sus primas de riesgo. En contraste, el diferencial de Francia experimentó una tendencia al alza. Durante noviembre de 2025, el coste medio de las nuevas emisiones se situó en el 2,7%, esto es, 74 puntos básicos por debajo del valor máximo de 2023, lo que contribuyó a mantener el coste medio del stock de deuda existente en el 2,31%.

Para enfrentar los compromisos de 2026, el Tesoro español prevé reforzar sus estrategias y emitir 55.000 millones de euros en términos netos y 285.677 millones en emisión bruta, cifras justificadas por un calendario de vencimientos especialmente elevado para ese ejercicio. Según datos de la AIReF, el perfil de vencimiento de la deuda pública del Estado presenta bajo riesgo de refinanciación, estimado en torno al 13%. Esta situación se explica por la distribución escalonada de los vencimientos a lo largo del tiempo, lo que reduce la exposición a potenciales tensiones de liquidez en el corto plazo y apunta a una gestión orientada a la adaptación a las condiciones cambiantes del mercado financiero.

El informe subraya la importancia de mantener saldos primarios positivos de forma sostenida para garantizar la estabilidad de la deuda a largo plazo, lo que implica un desafío notable para la política fiscal española y exige medidas que fortalezcan la disciplina presupuestaria. El organismo puntualizó que la evolución de la deuda dependerá fundamentalmente del comportamiento del crecimiento económico nominal y de la evolución de los tipos de interés. Un contexto de menor dinamismo económico o un alza de los costes financieros pueden ralentizar o incluso revertir la reducción de la ratio de deuda.

La AIReF agregó que el diseño y la aplicación de nuevas políticas fiscales resultan imprescindibles para evitar una posible reversión en la tendencia de reducción del endeudamiento a partir de 2030. Según el documento, la experiencia de otros países de la Eurozona demuestra que alcanzar superávits primarios elevados es factible mediante una combinación adecuada de crecimiento y disciplina fiscal. Grecia y Portugal han avanzado hacia ratios sostenibles gracias a reformas estructurales y control del gasto, mientras que España y otros países continúan enfrentando retos ante la magnitud de los ajustes requeridos.

El reporte destaca que la estrategia del Tesoro, fundamentada en la diversificación de plazos y en la planificación anticipada de las emisiones, tiene como objetivo minimizar los riesgos asociados a los vencimientos y velar por la confianza de los inversores. La AIReF enfatizó que consolidar esta senda exige una política presupuestaria responsable y adaptativa, capaz de responder tanto a eventuales periodos de turbulencia en los mercados internacionales como a situaciones económicas adversas que puedan comprometer la reducción de la deuda.

El análisis concluye que la evolución de la deuda pública continuará figurando entre los principales indicadores de la economía española, dada su incidencia en la percepción exterior y en la capacidad del Estado para afrontar compromisos financieros ante episodios de incertidumbre. El refuerzo permanente de la disciplina fiscal y la mejora de los saldos presupuestarios se presentan como ejes fundamentales para asegurar la estabilidad y evitar la adopción futura de medidas más severas.

El presidente Gustavo Petro anticipó la inminente expedición del decreto que declarará la emergencia económica en Colombia, una medida que, según el mandatario, responde a la insostenibilidad de la deuda pública y a la negativa del Congreso de aprobar su última reforma tributaria, que buscaba recaudar $10 billones.

Petro advirtió que, si la Corte Constitucional decide anular el decreto, la tasa de riesgo país aumentará y la crisis económica se agravará: “Si la Corte Constitucional decide derribar también el decreto, entonces la tasa de riesgo país será más grande y la insostenibilidad de la deuda se hará presente con una crisis económica grave. No es amenaza sino simple economía de primer semestre”.

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En su pronunciamiento, realizado a través de la red social X, el jefe de Estado defendió que su administración no ha recurrido al endeudamiento para financiar el gasto corriente ni de inversión, sino exclusivamente para cubrir obligaciones heredadas de gobiernos anteriores.

Petro subrayó que la deuda interna se incrementó únicamente por el alza de la tasa de interés del Banco de la República, mientras que la deuda externa muestra una tendencia a la baja en relación con el tamaño de la economía.

El mandatario enfatizó que la diferencia entre deuda bruta y neta es fundamental para el análisis de sostenibilidad fiscal, y aseguró que “la deuda neta integral del gobierno disminuye este año como porcentaje del PIB respecto al 2024 y está dentro del marco fiscal de mediano plazo”.

El jefe de Estado responsabilizó tanto al Congreso como al Banco de la República por la situación actual. Al primero le atribuyó el fracaso de la reforma tributaria, que serviría de base para los decretos de emergencia, y al segundo lo acusó de actuar como oposición y de tomar decisiones que, a su juicio, encarecieron el endeudamiento del país.

Petro calificó de “irresponsables” las políticas de las comisiones económicas del Congreso y de la mayoría de la junta del Banco de la República, al sostener que “entonces desencadenan el disparo de la tasa de interés de riesgo sobre nuestro endeudamiento y hacen imposible detener la insostenibilidad de la deuda; ambas políticas... aumentan la insostenibilidad de manera aguda (sic)”.

El presidente insistió en que la emergencia económica tiene como objetivo enfrentar el peso de la deuda generada por las políticas fiscales del gobierno de Iván Duque, agravada por el incremento de las tasas de interés.

De igual modo, reiteró que los nuevos recursos para estabilizar las finanzas públicas deben provenir exclusivamente de los “megarricos que han sido los beneficiarios de la política económica”, a quienes calificó como los verdaderos ganadores de las medidas fiscales previas.

Según el mandatario, la propuesta de emergencia tributaria se fundamenta en los mismos criterios que el Congreso rechazó, y representa “una devolución pequeña de los grandes beneficios obtenidos a la sociedad”.

Un panorama desalentador

El contexto financiero del país es crítico: el Gobierno cuenta con apenas $1,3 billones en los depósitos del Tesoro y enfrenta una deuda neta cercana al 62% del PIB, la más alta de la historia nacional. El déficit primario, sin considerar el pago de intereses, podría superar el 7%, un nivel sin precedentes en ausencia de una crisis como la de la pandemia.

Petro explicó que la ecuación fundamental de las finanzas públicas no se cumple, ya que el déficit primario persiste desde el gobierno de Juan Manuel Santos y, bajo su administración, el Banco de la República elevó la tasa de interés real por encima del crecimiento económico, lo que, en su opinión, hace insostenible la deuda.

El proceso de control constitucional sobre el decreto de emergencia se complica por el receso judicial, que se extiende hasta el 10 de enero, aunque la Corte Constitucional evalúa convocar una sesión extraordinaria para analizar la medida.

Petro recordó que no es la primera vez que se recurre a la figura de emergencia: en el pasado reciente, decretos similares por crisis humanitarias en el Catatumbo y por emergencias sociales y de salud en La Guajira fueron anulados en su mayoría por el alto tribunal.

El Tesoro de Alemania contempla llevar a cabo la emisión, por primera vez, de un bono a 20 años durante 2026, una iniciativa que responde a la demanda de plazos más extensos por parte de los inversores internacionales y supone una innovación en su estructura de financiación. De acuerdo con el plan de emisiones difundido por la Agencia Federal de Finanzas, Berlín incrementará de manera significativa el volumen de deuda colocado en los mercados el próximo año, alcanzando los 512.000 millones de euros, cifra que marca un nuevo récord histórico para el país.

Según detalló la Agencia Federal de Finanzas este jueves, la cantidad prevista para 2026 representa un aumento del 20% en comparación con el objetivo fijado para 2025. El medio informó que esta suma supera el anterior máximo anotado en 2023, situando de nuevo a Alemania como uno de los emisores de deuda más activos de Europa. El incremento se liga a la necesidad de reforzar el gasto en defensa y financiar el desarrollo de infraestructuras, dos ámbitos para los cuales el Gobierno federal ha mostrado una determinación creciente en el contexto económico y político actual.

La programación del Tesoro alemán distribuye el monto total entre diferentes tipos de títulos. De los 512.000 millones de euros previstos en emisiones para 2026, 318.000 millones corresponderán a bonos de mediano y largo plazo, mientras que otros 176.000 millones se asignarán a letras del Estado conocidas como Bubills. Además, la Agencia Federal de Finanzas contempló la emisión de entre 16.000 y 19.000 millones de euros en bonos verdes, dirigidos a proyectos con impacto medioambiental.

El calendario recogido por el medio fija así diversas colocaciones: se prevé emitir 92.000 millones de euros en bonos a dos años (Schatz), 73.000 millones en bonos a cinco años (Bobl) y 22.000 millones en bonos a siete años. La emisión de deuda a diez años (Bund) concentrará 82.000 millones de euros, consolidando este instrumento como uno de los pilares centrales de la financiación pública alemana.

El Gobierno federal decidió, en atención a la demanda manifestada por los inversores y con el fin de diversificar sus plazos de financiación, realizar una colocación sindicada de un nuevo bono a veinte años. Esta operación distinguirá la emisión de instrumentos a quince y veinte años, que en las subastas pasarán a constituir un segmento conjunto para facilitar la gestión y respuesta a las necesidades del mercado. La previsión apunta a captar hasta 20.000 millones de euros por esta vía.

Para los bonos a más largo plazo, aquellos con vencimiento a treinta años permanecerán con el modelo actual de subasta mensual, exceptuando el mes de diciembre. En total, el Tesoro aspira a obtener 29.000 millones de euros con la deuda a treinta años, informó la Agencia Federal de Finanzas.

El medio informó que este programa de emisiones responde a la evolución del marco presupuestario alemán, en el que tanto el gasto en defensa como la inversión pública para infraestructura han adquirido mayor peso tras la actualización de prioridades del gobierno. El fortalecimiento de estos sectores se traduce en un aumento de las necesidades de financiación, lo que justifica el incremento en los volúmenes de deuda pública previstos para el próximo ejercicio.

Además, la publicación subrayó que los bonos verdes, cuya emisión oscilará entre 16.000 y 19.000 millones, forman parte de la estrategia alemana para apoyar proyectos sostenibles en sectores como la energía y el transporte. Este segmento, introducido con fuerza en la última década, busca atraer a inversores que priorizan criterios medioambientales en sus decisiones de inversión.

El anuncio significa que Alemania batirá por tercera vez en menos de media década el récord de emisiones de deuda, situando el foco internacional sobre la evolución de su política fiscal. El medio señaló, finalmente, que la diversificación de plazos y productos en el calendario de emisiones se interpreta como una respuesta tanto a la coyuntura de los mercados internacionales de capital como a las necesidades específicas del Estado alemán en términos de gasto e inversión pública.

El presidente José Jerí reconoce que el manejo fiscal del país enfrenta hoy tensiones que se incubaron en años recientes. En una entrevista concedida a la revista Cosas, el mandatario admite que decisiones tomadas desde el Legislativo, en un contexto de presión social y búsqueda de consensos políticos, derivaron en un aumento significativo del gasto corriente y de la deuda pública, lo que ahora obliga a replantear prioridades económicas con mayor cautela.

Desde Palacio de Gobierno, Jerí sostiene que su administración ha heredado un escenario complejo: demandas sociales postergadas durante décadas, rigideces presupuestales y compromisos fiscales que limitan el margen de acción. Frente a ello, su discurso económico se apoya en una premisa central: el gasto debe ser viable, sostenible y acompañado de fuentes reales de financiamiento, evitando que la deuda se convierta en el principal mecanismo para cubrir expectativas inmediatas.

Deuda pública y límites del gasto

Jerí explica que, como Congreso, se impulsaron mejoras salariales y reconocimientos largamente esperados para trabajadores del Estado, cuyos ingresos permanecieron congelados por más de veinte años. Sin embargo, admite que ese proceso no siempre estuvo respaldado por un análisis presupuestal riguroso. “En esa excesiva buena voluntad que tuvimos como Congreso, se nos fue la mano con la deuda pública”, señala, aludiendo a un crecimiento del gasto corriente que hoy condiciona las finanzas públicas.

El presidente remarca que el reto actual no es desmontar derechos adquiridos, sino ordenar el proceso de toma de decisiones para que las nuevas leyes tengan sustento financiero. A su juicio, de poco sirve aprobar normas ambiciosas si luego no pueden ejecutarse por falta de recursos, lo que termina erosionando la credibilidad del Estado y profundizando la frustración ciudadana.

Relación con el Congreso y sostenibilidad fiscal

Pese a las advertencias del Consejo Fiscal sobre el impacto de algunas normas en el presupuesto de 2026, Jerí descarta un escenario de confrontación con el Parlamento. Por el contrario, considera que su pasado legislativo le permite tender puentes y promover acuerdos orientados a la sostenibilidad. La prioridad, afirma, es que las medidas que se aprueben sean “reales, ejecutables y sostenibles”, incluso si ello implica revisar decisiones adoptadas en el pasado reciente.

En ese marco, el Ejecutivo busca equilibrar la necesidad de atender demandas sociales con la obligación de preservar la estabilidad macroeconómica, uno de los principales activos del país. Jerí subraya que el Perú aún se mantiene dentro de los estándares internacionales de endeudamiento, pero advierte que la tendencia exige prudencia para no comprometer el futuro fiscal.

Inversión, proyectos productivos e ingresos

El mandatario plantea que la salida a las restricciones fiscales no pasa solo por recortar gastos, sino por fortalecer la capacidad del Estado para generar ingresos. En ese sentido, reafirma su respaldo a los grandes proyectos productivos, especialmente en minería e infraestructura, siempre que exista consenso social y beneficios claros para las regiones involucradas.

Jerí menciona iniciativas como Tía María y Conga, así como otros proyectos de gran escala, como claves para dinamizar la economía regional y ampliar la base recaudatoria. Desde su experiencia como expresidente de la Comisión de Presupuesto y exsecretario de la Comisión de Economía, sostiene que cerrar proyectos de esta naturaleza termina debilitando a las regiones y reduciendo la capacidad del Estado para financiar políticas públicas.

Obras por impuestos y APP como motores regionales

Otro eje de su enfoque económico es el impulso a mecanismos como las obras por impuestos (OXI) y las asociaciones público-privadas (APP). Estos esquemas, señala, permiten acelerar inversiones sin sobrecargar directamente el presupuesto público, siempre que se utilicen con responsabilidad y planificación.

No obstante, el presidente advierte que su gobierno ha recibido compromisos heredados que carecían de respaldo presupuestal, una “buena voluntad” que podría generar problemas fiscales en el corto y mediano plazo. Por ello, insiste en que la reactivación económica debe apoyarse en reglas claras, disciplina fiscal y una evaluación rigurosa de cada proyecto.

Estabilidad fiscal como condición de crecimiento

Para Jerí, la estabilidad fiscal no es un fin en sí mismo, sino una condición indispensable para recuperar la confianza y sentar las bases del crecimiento. Su mensaje apunta a combinar presencia del Estado, inversión productiva y responsabilidad presupuestal, evitando que el endeudamiento se convierta en la salida fácil ante cada presión política o social.

En un contexto de expectativas elevadas y recursos limitados, el presidente resume su postura económica en una idea central: gastar mejor, generar más ingresos y no hipotecar el futuro fiscal del país.

El contrato validado por la Cámara de Diputados de Bolivia libera una proporción del financiamiento internacional para que el país recupere su ejercicio pleno de voto y voz en la asamblea general de la Corporación Andina de Fomento (CAF). Según lo detallado por el medio, esta medida acompaña la aprobación de un préstamo de 550 millones de dólares (468 millones de euros), de los cuales la mayor parte estará destinada a saldar pasivos acumulados en administraciones anteriores y asegurar la liquidez del Estado. El acuerdo, que todavía requiere la revisión y aprobación del Senado antes de su entrada en vigor, busca estabilizar la situación financiera del país liderado por el gobierno de Luis Arce y la gestión administrativa encabezada por Rodrigo Paz.

La medida legislativa aprobada asigna específicamente el 78% del monto total del préstamo —es decir, 429 millones de dólares (365 millones de euros)— al pago de la deuda flotante, que incluye compromisos impagos de gobiernos subnacionales como gobernaciones y municipios. De acuerdo con el proyecto presentado a la Cámara de Diputados y consignado por el medio, el objetivo principal del crédito es regularizar obligaciones pendientes y dotar de respaldo financiero al gobierno nacional.

El resto de los fondos obtenidos a través de este préstamo internacional contempla usos focalizados. Un equivalente a 22% del préstamo, es decir, aproximadamente 121 millones de dólares (103 millones de euros), estará disponible para impulsar el desarrollo de infraestructura pública y cubrir costos administrativos inherentes al financiamiento. Según el desglose citado por el medio, 57 millones de dólares (48 millones de euros) alimentarán proyectos de obras públicas y mantenimiento de infraestructura, mientras que 3,7 millones de dólares (3,1 millones de euros) se asignarán a comisiones financieras, evaluaciones técnicas y otros gastos vinculados al proceso de obtención del crédito.

Parte de este acuerdo implica un aporte de capital a la CAF, el cual servirá para que Bolivia recupere la condición de miembro pleno, permitiéndole ejercer derechos de participación institucional en la asamblea general del organismo multilateral. Esta situación corresponde a un restablecimiento tras periodos con restricciones, detalló la fuente. La CAF, desde inicios de noviembre, efectuó el anuncio de un programa ampliado de apoyo a Bolivia, calculado en 3.100 millones de dólares (2.687 millones de euros) distribuidos entre 2025 y 2030, de acuerdo con lo publicado en el medio.

El nuevo préstamo se integra dentro de una flexibilización en el acceso al crédito que la CAF ha promovido para países como Bolivia, en función de fortalecer su capacidad para afrontar obligaciones fiscales y avanzar en la agenda de inversión pública, según reportó el medio. El instrumento financiero aprobado establece un plazo de devolución de 12 años y estipula un período de gracia de 36 meses tras la puesta en marcha legal del contrato.

La administración gubernamental atribuye la urgencia de este endeudamiento a la acumulación de pasivos transferidos desde gestiones pasadas. El gobierno argumenta que la prioridad del préstamo reside en la depuración de deudas pendientes con entidades regionales y locales, acción que permitiría sanear las cuentas públicas y generar una base de liquidez adecuada para nuevas políticas económicas, de acuerdo con lo informado por el medio.

La porción de recursos dirigida a infraestructura pública servirá para crear y mejorar bienes públicos, lo que incluye tanto nuevos proyectos como actividades de mantenimiento. Los fondos destinados a cubrir condiciones relacionadas con el financiamiento se usarán para el pago de comisiones administrativas y la realización de las auditorías y evaluaciones técnicas requeridas durante la vigencia del préstamo, según consignó la fuente.

El documento remitido al Senado enfatiza la relevancia de reintegrar plenamente a Bolivia como miembro activo de la CAF, restableciendo derechos que permanecían limitados mientras no se completaba el aporte de capital correspondiente. Esto facilitará, según lo analizado por el medio, no solo acceder a los beneficios crediticios y de cooperación de la entidad, sino también influir en la toma de decisiones futuras que impliquen a la región sudamericana.

La aprobación legislativa en la Cámara de Diputados marca un avance en el cumplimiento de la estrategia financiera delineada por el gobierno, cuya implementación queda ahora sujeta al análisis y la sanción definitiva del Senado. Una vez sancionada, la iniciativa abrirá la puerta al desembolso de los recursos prometidos por la CAF, permitiendo al Estado boliviano atender obligaciones urgentes y avanzar en el programa de desarrollo nacional, expuso el medio. Este proceso, enmarcado en el acuerdo con la CAF, articula la gestión de pasivos, la inversión en infraestructura y la recuperación de capacidades institucionales en la esfera internacional.

El presidente Gustavo Petro advirtió que el presupuesto destinado a megaobras de infraestructura en Colombia podría sufrir un recorte significativo si no se declara una emergencia económica, una medida que, según varios expertos, carecería de justificación legal y podría agravar la incertidumbre financiera.

Esta advertencia surge en un contexto marcado por la reciente degradación de la calificación soberana del país por parte de la agencia Fitch, que rebajó la nota de BB+ a BB debido al persistente déficit fiscal y al riesgo de que la deuda pública continúe aumentando en el mediano plazo.

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En una comunicación oficial, el Ministerio de Hacienda informó que, a los $12 billones que se recortaron a comienzos de año, se sumará un recorte adicional de $2,3 billones, resultado de acciones interinstitucionales orientadas a revisar la eficiencia del gasto público.

Además, la cartera proyectó que el déficit fiscal se ubicará en 6,2% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, lo que representa una reducción de 0,9 puntos porcentuales respecto a la estimación de junio, y que la deuda neta se acercará al ancla fiscal con un 57,3% del PIB, es decir, 4,1 puntos porcentuales menos de lo previsto, gracias a la estrategia de gestión activa de la deuda pública.

El mandatario, a través de su cuenta de X, explicó que, por mandato constitucional, el recorte presupuestal no puede afectar la deuda pública, el gasto social, las pensiones ni la seguridad ciudadana, por lo que la única alternativa viable sería reducir la inversión, especialmente en contratos de carreteras.

Petro escribió: “El recorte por orden constitucional no es de deuda pública, tampoco del gasto social, que debe crecer, tampoco de pensiones, tampoco de la seguridad ciudadanía, por tanto, solo queda la inversión y la inversión son fundamentalmente contratos de carreteras”.

El martes 9 de diciembre, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, anticipó durante una rueda de prensa que el Gobierno analizaba las opciones fiscales disponibles tras el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, incluyendo la posibilidad de declarar una emergencia económica.

No obstante, varios especialistas advirtieron que la coyuntura actual no justificaría tal medida y que su aplicación podría tener consecuencias negativas para la estabilidad financiera y el bienestar de los ciudadanos.

Luis Fernando Mejía, director saliente de Fedesarrollo, señaló en declaraciones reveladas por Valora Analitik: "Acudir a esta figura, que permite al Ejecutivo expedir decretos con fuerza de ley sin pasar por el Congreso, elevaría la incertidumbre y enviaría señales de inestabilidad al sector productivo, en un contexto ya marcado por la tensión fiscal".

El Gobierno atribuyó el desbalance fiscal al endeudamiento de la administración anterior, encabezada por Iván Duque, especialmente por el mantenimiento del subsidio a la gasolina.

Petro reiteró: “Nosotros no nos hemos endeudado ni un paso para nuestros programas de gobierno”. Además, criticó la elevada tasa interna de interés real, que, según él, solo beneficia a los grandes capitales, y responsabilizó a la Comisión Tercera del Congreso por rechazar la reforma tributaria que buscaba incrementar los ingresos estatales en más de $16 billones para el próximo año.

En su mensaje, el presidente enfatizó la gravedad de la situación fiscal y la necesidad de tomar decisiones drásticas: "Digan la verdad: si no disminuye el déficit fiscal, cae la calificación y aumenta el riesgo de no pagar deuda. Esto es producto del sobrendeudamiento Duque, del afán de pagar el subsidio a la gasolina que generó, de la tasa interna de interés real que solo sirve para aumentar las utilidades de los megarricos, y de la irresponsabilidad de la comisión tercera del congreso”.

“Nosotros no nos hemos endeudado ni un paso para nuestros programas de gobierno. Así que decían que no habría hechos sobrevinientes e imprevisibles. Pues ya comienza su aparición. Por eso el gobierno no va a dejar que se desate una crisis. Si no hay emergencia, hay recorte”, concluyó el presidente Petro.

Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de Colombia a BB, con perspectiva estable, debido a los persistentes desequilibrios fiscales y al aumento de la deuda pública.

Esta decisión ubica al país en una categoría especulativa, lo que implica un mayor riesgo de incumplimiento crediticio y puede influir en la percepción internacional sobre la economía colombiana y su acceso a financiamiento.

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De hecho, según el portal especializado capital.com, la nueva calificación pone al país en una crítica posición frente a los inversores, pues ahora podrán solicitar mayores garantías e intereses más altos para compensar el riesgo que implica depositar su confianza en los bonos colombianos y préstamos internacionales.

Asimismo, la nueva calificación limitará las opciones para el país a la hora de buscar financiamiento en el mercado internacional. Según indicó el portal, el Gobierno nacional podrá acudir a un limitado número de inversores que han relajado sus condiciones para otorgar créditos, con costos más altos de retribución.

Daniel Velandia, director de investigaciones de Credicorp Capital, consideró que la rebaja de Fitch era una medida anticipada por los mercados. Según Velandia, la agencia resalta los desafíos que los economistas han señalado, especialmente el impacto negativo de la suspensión de la regla fiscal y la falta de acuerdos políticos entre el Gobierno y el Congreso para aprobar reformas tributarias que permitan un ajuste ordenado.

“Con esto son dos las calificadoras que ahora tienen a Colombia en BB, es una calificación promedio para el país que se aleja cada vez más de países comparables como Perú o Chile en la región, y cada vez más se compara con un país como Brasil, que históricamente ha tenido muchos desafíos fiscales”, dijo Velandia en diálogo con la revista Cambio.

Por qué Colombia perdió puntos en la nueva calificación de Fitch Rating

En marzo, la agencia había mantenido la nota en BB+, pero modificó la perspectiva de estable a negativa, anticipando la posibilidad de una rebaja en futuras evaluaciones. En su informe más reciente, Fitch explicó que los déficits fiscales amplios y sostenidos del Gobierno impulsarán un incremento en la deuda como proporción del producto interno bruto (PIB), alejando al país de los márgenes que presentan otras economías similares.

La firma señaló que la falta de un ancla fiscal creíble, la rigidez en el gasto público y las dificultades políticas para implementar reformas tributarias limitarán la capacidad de consolidación fiscal, incluso después de las elecciones de 2026.

Aunque Fitch reconoció el historial de Colombia en la preservación de la estabilidad macroeconómica y financiera, respaldado en parte por la independencia del banco central, advirtió que los altos déficits, el crecimiento de la deuda, la elevada carga de intereses y la dependencia de materias primas restringen la calificación del país.

En cuanto a las proyecciones, Fitch estima que el déficit fiscal de Colombia alcanzará el 6,5% del PIB en 2025, una cifra inferior al 7,1% previsto por el Gobierno en su Marco Fiscal de Mediano Plazo, pero aún elevada.

La agencia también destacó la reciente caída de la reforma tributaria en el Congreso, lo que dejó un vacío de financiamiento de 16 billones de pesos que el Ejecutivo esperaba cubrir con dicha reforma.

Para 2025, Fitch prevé un deterioro adicional de las finanzas públicas, con un déficit fiscal que podría llegar al 7,5% del PIB, superando la meta oficial de 6,2%. Según la agencia, este escenario responde a la normalización de la carga de intereses y a la incapacidad de las autoridades actuales y futuras para realizar los ajustes de gasto necesarios.

La calificadora advirtió sobre riesgos fiscales a la baja, que podrían afectar incluso sus pronósticos revisados, debido al bajo rendimiento de los ingresos y a la reticencia de la administración del presidente Gustavo Petro a modificar sus prioridades de gasto.

Fitch también recordó la decisión del Gobierno de invocar la cláusula de escape a la regla fiscal en junio, proponiendo un ajuste para los próximos tres años y argumentando que cumplir con el objetivo de la regla fiscal exigiría un ajuste incompatible con la estabilidad macroeconómica.

El crecimiento económico que experimenta España en los últimos años no es suficiente para paliar el problema de deuda que tiene el país y que cerró 2024 con un 101,8% del Producto Interior Bruto (PIB), según recoge el informe Día de la Deuda, publicado por el Instituto Juan de Mariana, en el que también indica que el déficit alcanzó a diciembre del año pasado el 3,16% del PIB, equivalente a más de 50.000 millones de euros.

Una de las causas de este endeudamiento es el sistema de pensiones, que según el informe, “es el gran elefante en la habitación”. Alrededor de 1 de cada 4 euros que paga la Seguridad Social se financian vía déficit y endeudamiento. Así, la Seguridad Social absorbe ya en torno al 35% de los ingresos fiscales y la Comisión Europea proyecta que este porcentaje pueda llegar al 47% en 2050, disparando la presión fiscal y desplazando la capacidad de dedicar el gasto a otras políticas.

La Seguridad Social acumula 126.000 millones de deuda y un patrimonio neto negativo de 98.526 millones. Desde 2005, el Estado ha transferido más de 400.000 millones a la Seguridad Social para sostener las pensiones. En 2024, el déficit básico del sistema fue de 66.206 millones y el déficit contributivo, de 60.616 millones, según datos del informe.

Sus autores inciden en que en las dos últimas décadas, la deuda pasó del 45,3% en 2004, al 101,8% el año pasado, lo que supone “el mayor salto de entre todas las grandes economías de la UE”. Como resultado, el margen fiscal del que goza España en caso de enfrentar una nueva crisis “es escaso”, reconocen. Aseguran que “nuestra posición de partida para afrontar los costes del acelerado y acusado envejecimiento de la población no puede ser más frágil”.

Por lo que respecta a este año, según los últimos datos del Banco de España, la deuda pública subió hasta el 103% del PIB en agosto, 0,69 puntos porcentuales más que el mes anterior, que se situó en el 102,3 %, y el importe marcó un nuevo récord al alcanzar los 1,69 billones de euros. En cuanto a las previsiones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) indican que la deuda pública seguirá “siendo elevada”, aunque bajando al 99,4% del PIB en 2025, al 97,9% en 2026 y al 97% en 2027.

39.000 millones anuales en intereses

El estudio del Instituto Juan de Mariana advierte que la aparente mejora del ratio deuda/PIB tras la pandemia no obedece a una consolidación genuina, sino al crecimiento nominal del PIB, que a su vez “está impulsado por un gasto público deficitario. Persisten, de hecho, déficits primarios cercanos al 1% del PIB”.

En cuanto al gasto en intereses de la deuda rondó el año pasado los 39.000 millones anuales, cerca del 2,4% del PIB, una cifra que equivale a todo lo recaudado por Impuesto de Sociedades en 2024. “Un lastre que resta espacio para bajar impuestos o dedicar más recursos a partidas de gasto”, señala el informe. Sus autores prevén que estos gastos aumenten hasta rozar el 3% del PIB en los próximos tres años.

En este contexto, la deuda por habitante se ha triplicado en los últimos veinte años: crece de 9.163 euros en 2004 a 33.332 euros el año pasado, superando ya la media de la UE.

Los ingresos baten récords, pero no son suficientes

El incremento de la deuda se produjo al mismo tiempo en que se se incrementaron los ingresos hasta alcanzar niveles récord. Este desajuste se produce porque el gasto subió a un ritmo mayor. Así, aunque en 2024 la recaudación alcanzó el 42,3% del PIB, el gasto ascendió al 45,4%. “España encadena déficit presupuestario tras déficit presupuestario desde 2008, lo que confirma un problema de exceso de gasto y no de falta de ingresos”, indica el estudio.

Incide en que la disciplina fiscal “es débil”: entre 2004 y 2024, España “apenas ha cumplido en torno al 35% de las reglas europeas. Además, nuestro país opera desde 2023 con unos Presupuestos Generales del Estado prorrogados”.

El día y el reloj de la deuda

El Día de la Deuda, que simboliza en qué día del año se agotan los ingresos propios y el presupuesto pasa a ser financiado a través del endeudamiento, ha sido este año el 9 de diciembre. Por capas, el Estado llega a su Día de la Deuda el 10 de noviembre, la Seguridad Social hace lo propio el 10 de diciembre, las comunidades autónomas alcanzan esa fecha el 28 de diciembre y las entidades locales agotan sus ingresos el 31 de diciembre, rozando el superávit. Sin embargo, “sin transferencias del Estado, la caja de pensiones solo cubriría hasta el 3 de octubre, fecha que simboliza el verdadero Día de la Deuda de nuestra Seguridad Social”, apuntan los expertos del Instituto Juan de Mariana.

Otro término, el Reloj de la Deuda, que sintetiza el ritmo del deterioro de las cuentas públicas, indica que con 60.000 millones de euros de emisión neta prevista, la deuda pública está creciendo a un ritmo equivalente a 164 millones al día, 6,8 millones por hora, 114.000 euros por minuto o 1.900 euros por segundo.

Aumentar el ahorro a través de medidas eficientes

El informe advierte que hay margen de ahorro si se ejecutan medidas de eficiencia en el gasto, donde sería posible formular ajustes por valor de 60.000 millones anuales en caso de darse escenarios de mayor productividad y mejor gestión.

“No tiene sentido plantear que España siga sin recortar el peso de un Estado que acumula 19.834 entes y, solamente en 2024 repartió 41.493 millones en subvenciones. Las partidas de gasto deben estar sujetas a evaluaciones rigurosas que permitan ajustar dispendios innecesarios o improductivos”, aconsejan los autores del estudio.

Subrayan en que la sostenibilidad de las cuentas públicas exige acometer una política de consolidación por el lado del gasto, basada en combinar la reforma de las pensiones con la contención de los intereses y la adopción de reglas de gasto creíbles (techo de gasto, presupuestos de base cero, supervisión independiente…) y auditorías profundas. “Si no se producen estos cambios, la deuda pública seguirá actuando como un lastre para la economía española”, sentencian.

A sólo unas semanas de cerrar el 2025, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la emisión de Bondes G y Bono S por 26 mil 200 millones de pesos, con el objetivo de cumplir con el gasto del gobierno en lo que resta del año.

La distribución de la colocación alcanzó 16 mil 200 millones de pesos en Bondes G y 10 mil millones de pesos en el Bono S.

En el caso de los Bondes G, se asignaron 7 mil millones de pesos al plazo de dos años, 6 mil 900 millones de pesos al plazo de cuatro años y 2 mil 300 millones de pesos al plazo de seis años, con sobretasas respectivas de 0.1609%, 0.1824% y 0.2029%.

El Bono S, por su parte, registró una tasa de rendimiento de 8.86%.

Quién compró los bonos mexicanos

La operación se realizó bajo el mecanismo de vasos comunicantes, permitiendo la participación de inversionistas nacionales y extranjeros, lo que evidencia la confianza en los instrumentos emitidos por el gobierno federal.

Parte del Gobierno de México refuerza la posición del país como referente regional en la emisión de instrumentos de deuda vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al tiempo que fortalece la liquidez y profundidad del mercado de deuda sostenible nacional.

Esta operación, que contó con una demanda total de 48 mil 12 millones de pesos, equivalente a 1.83 veces el monto colocado, respalda el portafolio de Gastos Elegibles para el ejercicio fiscal 2025, conformado por programas presupuestarios alineados con los criterios del Marco de Referencia de los Bonos Soberanos Vinculados a los ODS.

Qué son los Bondes G y los Bonos S

Los Bondes G son instrumentos sostenibles a tasa flotante, referenciados a la TIIE de Fondeo del Banco de México, lo que les permite ajustarse a las condiciones de liquidez del mercado.

El Bono S es un instrumento sostenible a tasa fija con cupón de 8%, diseñado para transparentar la asignación de recursos presupuestarios a proyectos con criterios Ambientales, Sociales y de Gobierno (ASG), en línea con metas nacionales y estándares internacionales de sostenibilidad.

La emisión apoya programas prioritarios en áreas como educación, salud, infraestructura hídrica y conservación de la biodiversidad, contribuyendo al avance de las prioridades nacionales en desarrollo sostenible.

Además, fortalece la curva de rendimiento sostenible, considerada un insumo fundamental para futuras emisiones temáticas sostenibles.

El Gobierno de México subrayó que la operación se realizó en estricto apego a la Ley Federal de Deuda Pública y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025.

Así se distribuyeron los bonos que Hacienda emitió el 5 de diciembre

1. El Gobierno de México realizó la segunda colocación simultánea del año de Bondes G y Bono S.

2. Se colocaron 26,200 millones de pesos en total: 16,200 millones en Bondes G y 10,000 millones en Bono S.

3. Los Bondes G se emitieron a plazos de 2, 4 y 6 años, y el Bono S a 10 años.

4. Los Bondes G tuvieron sobretasas de 0.1609%, 0.1824% y 0.2029%, según plazo.

5. El Bono S registró una tasa de rendimiento de 8.86%.

6. La demanda de la emisión fue de 48,012 millones de pesos, 1.83 veces el monto colocado.

7. Participaron inversionistas nacionales y extranjeros.

8. Las emisiones están vinculadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y cumplen criterios ASG.

9. Los fondos se destinan a programas de educación, salud, agua y biodiversidad para 2025.

10. México fortalece la “Estrategia de Movilización de Financiamiento Sostenible” y su curva de rendimiento sostenible.

El exministro de Hacienda y Crédito Público José Manuel Restrepo cuestionó las afirmaciones que hizo a través de su cuenta de X el presidente Gustavo Petro sobre las causas del déficit fiscal y la reactivación económica en Colombia.

Según indicó el primer mandatario, la reactivación de la economía en el país responde al aumento de la demanda de los hogares y a las acciones del Gobierno nacional, que, a su juicio, ha buscado mejorar los servicios de educación, salud y seguridad e incrementar los ingresos de los integrantes de la fuerza pública.

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De igual manera, indicó que el incremento de la demanda de los hogares en el territorio nacional es el resultado del aumento de los sueldos que reciben los trabajadores, que se logró a través de la Reforma Laboral (Ley 2466 de 2025) impulsada en su administración y del alza en el salario mínimo.

En ese sentido, explicó que “el déficit fiscal se debe al pago del subsidio a la gasolina, que alcanzó setenta billones, propiciado por una política contraria al programa de gobierno que agenció Ocampo, pero que propició (Iván) Duque y Restrepo; esa política era innecesaria”.

Restrepo advirtió que el país enfrenta una deuda bruta equivalente al 75% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel que, según precisó, “es tan alto como en pandemia (2020)”, y alertó que la situación podría alcanzar máximos históricos si persisten los actuales “excesos” en el gasto público.

De acuerdo con su explicación, el incremento del gasto primario, especialmente en el rubro de funcionamiento, ha impulsado el alza de la deuda y el déficit en el país. Este aumento incluiría el “derroche y burocracia”. “Viene creciendo aún sin incluir el subsidio a combustibles de FEPEC (Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles) que usted decidió políticamente otorgar”, señaló el exministro de Hacienda.

En ese sentido, el ex jefe de la cartera aseguró que el subsidio al Acpm ha representado durante varios años una suma de $40 billones y que parte de ese monto sigue explicando el déficit vigente.

Así las cosas, afirmó que es falso afirmar que el déficit es por $70 billones y que fue propiciado por el subsidio que se otorgó a los combustibles en anteriores administraciones.

“El déficit hoy nada tiene que ver con gastos de pasado, pero en adición, porque el grueso del subsidio y del déficit es decisión política suya. Me permito anexarle su trino donde decidió mantener el subsidio en Acpm que ha valido en varios años cuarenta billones. Lo demás siempre estuvo presupuestado y se pagó hace rato, luego no explica nada del déficit de hoy”, aclaró el experto.

Aunado a ello, Restrepo criticó la estrategia de crecimiento basada en el gasto público, calificándola de insostenible y poco deseable en el contexto actual de deuda y déficit elevados. “Eso es como una fiesta pesada donde más temprano que tarde llegará el guayabo”, indicó.

En cuanto al salario mínimo, Restrepo advirtió que su incremento sería desbordado –teniendo en cuenta que el presidente Petro ha optado por establecer aumentos altos – y que, en consecuencia, ha tenido efectos negativos en el mercado laboral. Según sus datos, la medida ha reducido el número de trabajadores que reciben el salario mínimo y se está registrando un alza en la informalidad, con más personas percibiendo ingresos por debajo de ese umbral.

“Es una medida que hoy está empobreciendo más y pauperizando más la economía. El cuadro así lo demuestra”, afirmó.

Finalmente, Restrepo instó al presidente Petro a reconsiderar su enfoque de reactivación económica, señalando que la inversión privada en relación con el PIB se encuentra en su nivel más bajo en dos décadas. “Entienda que es con empresa que el país crece y no con estatización”, concluyó el exministro.

El informe legal elaborado por el Banco Central Europeo (BCE) sostiene que una eventual modificación en la titularidad sobre el oro resguardado por el Banco de Italia podría afectar el principio de independencia de la institución. La propuesta del Gobierno italiano, actualmente bajo la coalición encabezada por el partido Fratelli d'Italia, busca definir estos recursos, valorados en aproximadamente 285.000 millones de euros, como "propiedad del pueblo italiano". Según reportó el BCE, la inclusión de esta cláusula en los presupuestos estatales podría contravenir las normas que garantizan la autonomía de la autoridad monetaria.

De acuerdo con el documento difundido por el BCE, la institución recomienda a las autoridades italianas que reconsideren el proyecto de ley que declara el oro del Banco de Italia como patrimonio nacional para asegurar que la independencia financiera y operativa del banco central no resulte comprometida. El organismo presidido por Christine Lagarde subraya que la labor del Banco de Italia depende de disponer de reservas suficientes que permitan desempeñar sus funciones sin injerencias externas. El partido Fratelli d’Italia, socio mayoritario en el actual gobierno de coalición, ha defendido que el objetivo de la iniciativa radica en aclarar la situación jurídica y la titularidad de las reservas en manos del banco central.

Según detalló el medio, el informe del BCE señala que el borrador del gobierno no ha ofrecido justificaciones suficientes sobre la necesidad de esta medida. Además, el texto resalta que Roma no mantuvo consultas con el Banco de Italia para verificar la compatibilidad de la propuesta con la legislación europea y los tratados que rigen el sistema monetario.

El BCE precisa, en su análisis, que los tratados comunitarios únicamente regulan la custodia y gestión de las reservas del banco central, sin especificar la cuestión de la titularidad. La institución destaca que solo los beneficios derivados de la operativa normal del oro pueden transferirse al Estado italiano bajo el marco regulatorio vigente, y que cualquier alteración en este esquema crearía riesgos en la separación de funciones entre la política monetaria y la gestión presupuestaria estatal. El texto advierte que, en caso de formalizarse el cambio, el Estado podría emplear este recurso para fines como reducir la deuda pública o poner en marcha programas de estímulo financiero.

El BCE advierte, según publicó el medio, que la transferencia de reservas extranjeras, incluyendo el oro, para respaldar directamente las finanzas estatales supondría una violación de los Tratados Europeos. Estos instrumentos normativos prohíben expresamente la financiación directa del sector público por parte de los bancos centrales. Christine Lagarde, al frente del organismo europeo, recordó la imposibilidad de que los bancos centrales soliciten o acaten instrucciones de los gobiernos nacionales, principio destinado a preservar la autonomía institucional que requieren para cumplir su mandato.

El mismo informe recalca que cualquier acción encaminada a orientar o condicionar las decisiones del banco central desde las estructuras gubernamentales contravendría los principios legales que rigen la Unión Europea. La recomendación, dirigida al gobierno de Italia, insiste en la necesidad de mantener intacta la independencia organizativa y financiera para garantizar el correcto funcionamiento del Eurosistema y evitar interferencias en la gestión de las reservas internacionales.

El Tesoro Público español reducirá en 2025 sus necesidades de financiación en 5.000 millones de euros, fijando el programa de emisión neta de deuda en 55.000 millones frente a los 60.000 millones inicialmente previstos, como resultado del comportamiento positivo de la economía, de acuerdo con la información suministrada por el organismo dependiente del Ministerio de Economía. En este contexto, la entidad estatal emprende el mes de diciembre con la colocación de letras a corto plazo y emisiones de bonos en diferentes plazos, y ha anunciado la cancelación de la subasta programada para el 11 de diciembre, según detalló el calendario oficial.

El Tesoro regresará la próxima semana a los mercados de deuda, dando inicio a las subastas de diciembre con un total de tres convocatorias fijadas para los días 2, 4 y 9 del mes, según publicó el medio. El 2 de diciembre se ofrecerán letras a seis y doce meses; el 4 de diciembre, bonos y obligaciones del Estado; y el 9 de diciembre, letras a tres y nueve meses. Esto constituye la planificación establecida por el Tesoro para el cierre del año, excluyendo la fecha original del 11 de diciembre de su habitual planificación de ofertas dirigidas a inversores.

En concreto, el martes correspondiente a la primera semana de diciembre se celebrará una subasta centrada en letras a seis y doce meses. El jueves de esa misma semana está programada la emisión de bonos y obligaciones del Estado, lo que marca la apertura formal de las emisiones previstas para el mes. Según consignó el medio, en la última operación similar de letras, la entidad colocó 5.028,4 millones de euros, aumentando la rentabilidad para las letras a seis meses, cuyo interés marginal pasó al 1,962%, una cifra levemente superior al 1,958% registrado en la subasta previa de ese papel. Para las letras a doce meses, el interés marginal actual descendió al 2,003% desde el 2,021% alcanzado anteriormente, aunque dicho rendimiento sigue superando el umbral del 2%.

En cuanto a la subasta del jueves, la colocación prevista incluye bonos del Estado a cinco años, con un cupón del 2,70%; obligaciones indexadas al índice de inflación de la zona euro a diez años, con un cupón del 1,15%; y también títulos con una vida residual de once años y ocho meses y un cupón del 0,85%. El medio detalló los tipos marginales de referencia estimados: 2,491% para los bonos a cinco años, 1,397% para obligaciones indexadas a la inflación de la zona euro a diez años, y 3,455% para las obligaciones con vida residual de once años y ocho meses. Estas condiciones reflejan la actual situación de los mercados y la respuesta del Tesoro ante las expectativas de los inversores sobre la evolución de los tipos de interés oficiales y la inflación en la eurozona.

Sobre el contexto general de la evolución de la deuda pública, el Ministerio de Economía ha destacado que el coste medio de la deuda en circulación mantiene actualmente un nivel del 2,28%. Esta cifra representa un aumento de 64 puntos básicos respecto al mínimo histórico del 1,64% registrado en 2021, equivalentes a solo una cuarta parte de los 250 puntos básicos de incremento que han experimentado los tipos de interés oficiales en ese periodo, según publicó el medio. Además, el coste medio de emisión, que había subido en los últimos años, muestra una tendencia a la baja en los meses recientes y converge hacia el coste medio de la deuda existente. El coste medio de emisión en 2025, hasta agosto, es del 2,75%, más bajo que el 3,16% anotado el año anterior.

Todo ello ha contribuido a que la carga financiera de la deuda estatal con respecto al Producto Interior Bruto (PIB) se mantenga en torno al 2%. Según resaltó el Ministerio de Economía y recogió el medio, esta proporción permanece próxima al mínimo del 1,88% registrado en 2021, y distante del máximo del 2,92% alcanzado en 2014. Este escenario también ha sido favorecido por la reducción progresiva de las necesidades de financiación gracias al crecimiento económico y al ajuste de la emisión neta de deuda.

El Tesoro, en su estrategia de financiación para 2025, mantiene el propósito de diversificar su base inversora, prestando especial atención al desarrollo de las finanzas sostenibles en el país. En este sentido, el organismo ha continuado con la reapertura del bono verde emitido en 2021, con el objetivo de igualar el volumen de esta referencia al de otros títulos de la curva y facilitar el financiamiento para proyectos asociados a la transición ecológica. De cara al próximo año, según la información oficial trasladada por el medio, el calendario contempla la realización de 48 subastas ordinarias de letras, bonos y obligaciones del Estado, además de nuevas emisiones mediante sindicaciones para determinadas referencias de obligaciones estatales, reforzando así la oferta disponible para diversos perfiles de inversores.

El medio también indicó que estas actuaciones del Tesoro responden a la necesidad de adaptarse a las condiciones cambiantes de los mercados y a las políticas monetarias aplicadas en el entorno europeo, donde las expectativas sobre la inflación y los tipos de interés continúan incidiendo en la demanda y la rentabilidad de los títulos públicos españoles.

La propuesta de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) para modificar el marco legal que regula la estabilidad presupuestaria de comunidades autónomas y ayuntamientos contempla que aquellas entidades locales que hayan registrado superávit presupuestario y cumplan los objetivos de sostenibilidad financiera, además de tener un remanente de tesorería positivo, puedan exceder los límites de gasto habitual en determinados contextos. Según ha detallado Europa Press, esta iniciativa no prevé que estos gastos adicionales sean de carácter estructural, de forma que solo podrían aplicarse en circunstancias excepcionales y mantener así la estabilidad de las cuentas públicas.

La medida, cuyo debate en el pleno del Senado está previsto para el miércoles, solicita que tanto el Estado como las comunidades autónomas y los gobiernos locales tengan la capacidad de incurrir en déficit estructural en situaciones de catástrofes naturales, emergencias o crisis económicas que dañen notablemente la salud financiera y la sostenibilidad social y económica de estos territorios. El medio Europa Press informó que la iniciativa surge a partir de la propuesta de modificar la Ley Orgánica 2/2012 de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en concreto los apartados 3 y 4 del artículo 11, con el requerimiento de establecer un plan de reequilibrio de medio plazo para quienes apliquen estas flexibilizaciones. En el caso de los ayuntamientos, la condición será mantener un nivel de endeudamiento inferior al 110% de sus ingresos corrientes.

Europa Press señala que el texto de la proposición incluye la introducción de un nuevo apartado 6 en el artículo 12. Esta enmienda permitiría a los consistorios beneficiados por superávit presupuestario llevar a cabo gastos adicionales por encima del límite impuesto por la regla de gasto, siempre condicionados a la no estructuralidad de esos desembolsos y al cumplimiento de sostenibilidad tanto en la deuda pública como en la deuda comercial. La intención, de acuerdo con la formación proponente, busca asegurar que cualquier aumento de gasto permanezca dentro del marco de la estabilidad presupuestaria vigente.

En cuanto al manejo del superávit, la iniciativa de ERC plantea que las administraciones públicas que mantengan un nivel de endeudamiento por debajo del máximo legal establecido queden exentas de la obligación de destinar la totalidad del superávit a la reducción de la deuda pública, tal y como detalló Europa Press. Sin embargo, la proposición establece que el pago de intereses y capital de la deuda continuará teniendo prioridad absoluta frente a otros tipos de gasto, salvo en ejercicios en los que se registren situaciones de emergencia causadas por catástrofes naturales o sanitarias. Además, quedarán exceptuadas de esta prioridad las administraciones que acrediten cumplir con los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.

El uso de los remanentes de tesorería municipales en el pago de la deuda constituye un tema recurrente entre los distintos grupos representados en el Senado. El pasado octubre, el Partido Popular —que posee mayoría absoluta en la Cámara Alta— y ERC apoyaron conjuntamente una moción de Junts que buscaba autorizar a los ayuntamientos a destinar los remanentes de tesorería a proyectos considerados de utilidad para la ciudadanía, eliminando así la obligación legal de emplearlos exclusivamente para amortizar deuda. Según informó Europa Press, esta medida recibió el respaldo también de fuerzas como Compromís, Geroa Bai, Agrupación Herreña Independiente, Agrupación Socialista Gomera, Unión del Pueblo Navarro y Coalición Canaria, mientras que fue rechazada por el PSOE y contó con la abstención de partidos como PNV, BNG y Más Madrid.

De acuerdo con Europa Press, la modificación normativa que se plantea implica introducir excepciones que permitan un mayor margen de maniobra a las administraciones territoriales en momentos crisis, modulando la rigidez actual del marco presupuestario. Así, el enfoque principal de la propuesta busca equilibrar la obligación de contención financiera con la necesidad de actuar ante escenarios extraordinarios que supongan un deterioro relevante de la capacidad de respuesta de los gobiernos autonómicos y locales.

Europa Press ha subrayado también que la condición principal para que los ayuntamientos dispongan de esta flexibilidad será haber presentado un balance positivo tanto en remanente de tesorería como en los objetivos de sostenibilidad financiera, además de mantener un ratio de endeudamiento inferior al umbral legal del 110% respecto de sus ingresos corrientes.

El debate generado en torno a la utilización de fondos públicos en contextos de emergencia ha situado en el centro de la discusión la búsqueda de instrumentos que permitan una gestión más ágil y ajustada a las circunstancias imprevistas. Conforme a lo informado por Europa Press, la iniciativa legislativa de ERC pone en tela de juicio la vigencia de la disciplina fiscal más restrictiva cuando situaciones excepcionales puedan comprometer la atención a las necesidades ciudadanas, al tiempo que preserva mecanismos de control para impedir un deterioro estructural de las finanzas locales y autonómicas.

El tratamiento que recibirá esta propuesta en el pleno del Senado indicará el grado de consenso de las fuerzas políticas para redefinir los equilibrios entre control fiscal y flexibilidad en caso de emergencias. Acorde a los datos recabados por Europa Press, el texto legal recoge la exigencia de planes de reequilibrio a medio plazo, reforzando con ello la obligación de recuperar la senda de estabilidad una vez superadas las situaciones de crisis.

Tras varias iniciativas recientes y negociaciones en la Cámara Alta sobre la gestión de remanentes y el uso del superávit, la deliberación sobre esta propuesta se enmarca en un contexto de debate continuado sobre la adecuación del marco fiscal a las necesidades de las entidades territoriales en circunstancias excepcionales, atendiendo tanto a criterios de responsabilidad como de suficiencia financiera para sostener la prestación de servicios esenciales a la población.

Durante la última reunión semanal del Consejo de Ministros, el presidente Gustavo Petro subrayó que, si el Congreso colombiano decide respaldar nuevas reglas fiscales, la carga tributaria recaería únicamente en los contribuyentes más adinerados, con el fin de reducir el coste de la deuda estatal y mantener la estabilidad de las cuentas públicas. Tal como informó el medio, el mandatario advirtió que, de no obtenerse nuevos flujos de ingreso por esta vía, el déficit nacional se ensanchará a causa de las altas tasas de interés, y el país se enfrentaría a elevados riesgos financieros, incluida la posibilidad de caer en “default”.

Según consignó el medio, Petro expuso frente a los ministros que la continuidad del actual esquema de financiamiento llevaría a un agravamiento de los desequilibrios fiscales, puesto que los costos asociados al servicio de la deuda pública se ven impulsados por los persistentes niveles de interés. El presidente señaló: “Iríamos a un posible 'default' que yo voy a intentar evitar”, mostrando su preocupación ante lo que considera una situación límite para las finanzas estatales.

El jefe del Ejecutivo remarcó, de acuerdo con la información publicada, que la solución impulsada por su gobierno consiste en una reforma tributaria transversal, denominada Ley de Financiamiento, cuyo objetivo es recaudar 16 billones de pesos (3.704 millones de euros), cantidad destinada a asegurar la sostenibilidad del presupuesto nacional para el año 2026. Según el presidente, la aprobación de esta reforma corresponde a la responsabilidad del Congreso, que debe actuar para evitar un deterioro mayor en la capacidad fiscal del Estado.

Petro también aprovechó la oportunidad para plantear cuestionamientos a la conducción del Banco de la República, la entidad que ejerce el rol de banco central en Colombia. El medio detalló que el mandatario criticó la decisión de mantener el tipo de interés en el 9,25%, lo que a su juicio incrementa el costo de la deuda y complica los esfuerzos para lograr un equilibrio en las cuentas públicas. Petro manifestó: “Ese hueco sigue incrementado por la tasa de interés y Colombia no superaría el déficit fiscal que hoy tenemos”.

En su intervención, el presidente enfatizó que todas las acciones del equipo económico están encaminadas a revertir el déficit que experimenta el país. “Hay que superarlo, porque unas finanzas correctas nos permiten un crecimiento de la producción que el Banco de la República tampoco ha querido, pero que lo estamos logrando a pesar del Banco de la República”, citó el medio. Esta declaración refuerza la visión del Ejecutivo nacional según la cual los ajustes fiscales y la reorientación de la política tributaria resultan imprescindibles para apuntalar el desarrollo productivo colombiano y afrontar las presiones internacionales sobre el crédito y la deuda.

De acuerdo con la información de la fuente, el marco de discusión de la reforma tributaria —presentada por Petro bajo el nombre de Ley de Financiamiento— responde a la necesidad de equilibrar el presupuesto para el próximo año, así como enfrentar los condicionamientos que supone el elevado servicio de la deuda. El mandatario insistió en que, si el Congreso actúa “con responsabilidad”, la carga impositiva se redirigirá principalmente a los sectores de mayores ingresos, lo que permitiría aliviar la presión fiscal sobre otras capas de la población.

El medio publicó que la posición del presidente frente al banco central evidencia una diferencia de criterios sobre la velocidad con la que deben relajarse los tipos de interés en el contexto actual. Mientras el Ejecutivo destaca la importancia de reducir este indicador para disminuir el costo fiscal de la deuda y estimular la inversión, la institución monetaria ha decidido mantener el tipo de referencia en el 9,25%, ante las amenazas inflacionarias y la necesidad de velar por la estabilidad macroeconómica.

Tal como detalló la fuente, la situación descrita por Petro muestra una urgencia institucional para alcanzar el respaldo parlamentario necesario y evitar un escenario donde el Estado entre en incumplimiento de sus obligaciones financieras. La discusión sobre la reforma tributaria se inscribe así en un panorama marcado por el desafío de equilibrar el crecimiento económico, la responsabilidad fiscal y la capacidad de pago del país.

El Gobierno nacional se enfrenta en los próximos quince días a cuatro tests económicos de alto impacto, que pondrán a prueba la solidez de su política monetaria, cambiaria y financiera. Según el último informe de Fundación Capital, estos desafíos surgen en un contexto de baja liquidez y la necesidad de remonetización, factores que serán determinantes para medir la demanda de pesos, el apetito por el dólar y la capacidad de renovación de deuda pública.

La economía argentina atraviesa actualmente niveles históricamente bajos de liquidez y monetización. De acuerdo con la consultora del extitular del Banco Central, Martín Redrado, la base monetaria representa cerca del 5% del Producto Bruto Interno (PBI), una mejora respecto al 3,5% del año anterior, pero aún distante del promedio del 8,5% registrado antes de la pandemia.

El M2 privado, que incluye billetes, monedas y depósitos en cuentas de ahorro y corrientes, se sitúa en torno al 7,9% del PBI, cuando en décadas anteriores alcanzaba el 11,4%. Este escenario obliga al Gobierno a buscar mayor estabilidad macroeconómica mediante la convergencia de políticas fiscal, monetaria, cambiaria y financiera, con el objetivo de fortalecer la confianza y reducir el riesgo país.

En tal sentido, Fundación Capital advierte que, aunque la coyuntura financiera es positiva, la demanda de pesos suele incrementarse en diciembre por motivos estacionales, como el pago de aguinaldos y el inicio del receso estival, pero este efecto es transitorio. Por ello, la atención se centra en cómo evolucionará la necesidad de pesos a partir de la segunda quincena de enero y durante febrero, cuando la estacionalidad disminuye.

Los cuatro tests económicos

El primer desafío para el oficialismo consiste en observar el comportamiento de la formación de activos externos durante noviembre, el primer mes posterior a las elecciones. “Recordemos que, de acuerdo con el último dato oficial de septiembre, las compras netas de billetes y divisas del sector privado superaron los USD 6.500 millones, en plena tensión pre comicios”, recordaron los analistas de la consultora. El resultado permitirá evaluar si la demanda de dólares se mantiene elevada o si, por el contrario, se estabiliza, lo que sería un indicio de mayor confianza en el peso y en la política económica oficial.

El segundo examen clave se presenta con el vencimiento de un título dólar linked por USD 2.700 millones, cuya licitación está prevista para el 26 de noviembre. La atención estará puesta en el nivel de renovación que logre la Secretaría de Finanzas, en un contexto donde el tipo de cambio mayorista retomó el sendero alcista, aunque todavía se mantiene por debajo del techo de las bandas cambiarias. El grado de éxito en la renovación de este instrumento será un termómetro del apetito de los inversores por activos en pesos vinculados al dólar y de la confianza en la capacidad oficial para sostener la estabilidad cambiaria.

El tercer test involucra los vencimientos de contratos de futuros de dólar a fin de noviembre, por un monto aproximado de USD 2.000 millones. Según la firma de Redrado, el foco estará puesto en la proporción de contratos que se renueven, lo que permitirá medir el nivel de cobertura que buscan los agentes económicos frente a posibles movimientos en el tipo de cambio. Un alto grado de renovación podría reflejar persistentes expectativas de volatilidad cambiaria, mientras que una menor demanda de cobertura sugeriría mayor estabilidad.

El cuarto desafío se materializa en la licitación de deuda de este miércoles, cuando vencen alrededor de $14,5 billones y el Tesoro cuenta con solo $4,7 billones en sus depósitos en moneda local. El Gobierno ofrecerá una variedad de instrumentos —ajustados por CER, dólar linked, tasa fija y TAMAR— y la lupa se enfoca en cuánto renuevan los bancos y otros actores del sistema financiero, especialmente tras la reciente flexibilización de los encajes bancarios y la política monetaria por parte del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Bimonetarismo y acumulación de reservas

“Todo indica que, habida cuenta la fortaleza política (derivada de las elecciones) y la fortaleza externa (explicada por el apoyo americano), estos tests serán aprobados, consolidando así la muy buena coyuntura financiera. No obstante, como la suba de la demanda de pesos es transitoria (dada la estacionalidad de la demanda de dinero transaccional en el mes de diciembre, producto del inicio del período de receso estival y pago de aguinaldos), será importante seguir monitoreando cómo evoluciona esta variable desde la segunda quincena de enero y el mes de febrero, cuando se reduce la demanda estacional”, sumaron de Fundación Capital.

En cuanto a la política monetaria y cambiaria, el informe señala la importancia de avanzar hacia un esquema de acumulación de reservas y operaciones de mercado abierto para absorber shocks de liquidez. A la vez, remarca la necesidad de institucionalizar el bimonetarismo, permitiendo el uso cotidiano de dólares junto al peso, al argumentar que podría duplicar la cantidad de moneda en circulación sin presionar la inflación, siempre que se implementen incentivos adecuados y se cumplan los estándares internacionales de validación.

En este escenario, la convergencia de políticas y la credibilidad institucional serán determinantes para que el Gobierno logre avanzar hacia el crecimiento y la acumulación de reservas, dos objetivos que aún permanecen pendientes en la agenda económica nacional, pese a que el ministro de Economía, Luis Caputo, las calificó de prioritarias en las últimas semanas.

La reducción del riesgo país por debajo de los 900 puntos, el registro más bajo desde el año 2023, figura entre los factores más relevantes en la actual estrategia financiera del gobierno boliviano. Tal como publicó Bloomberg, el objetivo central de La Paz consiste en acceder a hasta 5.000 millones de dólares (4.334 millones de euros) en créditos provenientes de entidades multilaterales a lo largo del próximo año, con la finalidad de allanar el camino para reinsertarse en los mercados internacionales de crédito hacia finales de 2026 o principios de 2027, según detalló el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, en diálogo con el medio.

La administración dirigida por Rodrigo Paz plantea destinar estos recursos a la ejecución de proyectos fundamentales en sectores como el transporte, la energía y las infraestructuras público-privadas, en paralelo al impulso de medidas orientadas al desarrollo del sector privado nacional. De acuerdo con la información consignada por Bloomberg, cerca de la mitad de las negociaciones actuales mantenidas por Bolivia con organismos multilaterales —incluyendo al Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF— están especialmente orientadas a fortalecer la infraestructura empresarial y promover la dinamización de la actividad privada.

El respaldo financiero de 3.100 millones de dólares (2.687 millones de euros) de la CAF, anunciado por el presidente del organismo, Sergio Díaz-Granados, en noviembre, abarca el periodo entre 2025 y 2030 y se constituye como uno de los pilares de la estrategia de financiamiento estatal, según reportó Bloomberg. Espinoza precisó al medio que los 4.000 a 5.000 millones de dólares proyectados no se canalizarán únicamente como deuda pública, dado que una fracción significativa servirá como palanca para acrecentar la inversión privada, a través de instrumentos como líneas de crédito, fondos de garantía sujetos a licitaciones y mecanismos de apoyo al capital de trabajo.

Estas herramientas financieras tienen como meta favorecer el crecimiento económico interno y profundizar la recuperación de indicadores relacionados con la percepción de riesgo soberano, un aspecto que el equipo económico considera imprescindible para avanzar hacia la futura emisión de nuevos bonos soberanos a partir de 2027, según declaró Espinoza a Bloomberg. Entre los compromisos de corto plazo, el ministro resaltó la obligación de pagar 333 millones de dólares (288 millones de euros) correspondientes a un eurobono cuyo vencimiento está previsto para 2028, incluyendo un abono parcial programado para marzo del próximo año.

“El impago no es una opción”, afirmó Espinoza, citado por Bloomberg, al referirse al manejo de la deuda pública. Los funcionarios subrayan que el cumplimiento disciplinado de los compromisos financieros y el sostenimiento de la mejora en indicadores internacionales resultan fundamentales para recuperar la confianza de los inversionistas extranjeros y abrir nuevamente las puertas del mercado global de capitales para Bolivia.

Dentro de las iniciativas complementarias, Bloomberg informó que las autoridades bolivianas exploran la creación de un banco del oro con aportes de capital tanto público como privado. Este nuevo organismo reforzaría la capacidad estatal para controlar y administrar el oro, agregando así un instrumento adicional para la gestión macroeconómica. En 2023, el Banco Central de Bolivia puso en marcha un sistema nacional para la compra de oro, una medida que buscaba responder a la escasez de dólares en el entorno local. Espinoza manifestó al medio que esta política continuará vigente, pese a futuros ajustes en los mecanismos diseñados para la adquisición del metal precioso, en función de la evolución de las necesidades de liquidez en la economía.

El enfoque presentado por las autoridades bolivianas e informado por Bloomberg contempla no solo la diversificación de las fuentes de endeudamiento internacional, sino también el establecimiento de garantías para que las empresas nacionales accedan a fondos provenientes del exterior. Estos movimientos se enmarcan en la prioridad de consolidar el atractivo del país para los inversores, estimulando tanto el desarrollo de proyectos de infraestructura como la disponibilidad de recursos estratégicos para el crecimiento empresarial.

La expectativa de un posible retorno de Bolivia al mercado internacional de bonos se sustenta en la previsión de que el país logrará mejorar de manera consistente sus indicadores económicos y acceder sin obstáculos a los recursos de financiamiento externos, una vez superados los próximos hitos financieros, de acuerdo con lo expuesto por Bloomberg.

Según lo reportado por el medio, Bolivia sostiene conversaciones permanentes con diversas instituciones multilaterales y financieras en busca de condiciones más favorables para su estructura de endeudamiento y la captación de fondos destinados tanto al aparato estatal como al empresariado privado. El propósito de este proceso, según dejaron entrever los funcionarios consultados, reside en motorizar inversiones claves en sectores de relevancia y en ejercer una supervisión minuciosa sobre la utilización de los fondos provenientes del crédito externo, priorizando la transparencia y el seguimiento de resultados.

Bloomberg detalló a través de las declaraciones del ministro Espinoza y otros funcionarios que el retorno progresivo de la confianza internacional obedece, en parte, al rigor con que las autoridades bolivianas gestionan los compromisos crediticios y la implementación de programas de apoyo destinados al fortalecimiento de los sectores productivos nacionales. Al respecto, el gobierno ratificó su intención de mantener mecanismos excepcionales para la compra de oro, ajustando las herramientas y procedimientos en función de las necesidades que puedan surgir en el sistema de reservas y en el contexto de presión persistente sobre la liquidez en dólares.

El viceministro subrayó a Bloomberg la relevancia de los fondos multilaterales como medio para responder a las demandas de inversión y acelerar el ritmo de crecimiento del sector privado. El plan integral, tal como fue presentado por los responsables de la política financiera a ese medio, prevé que el éxito dependerá de demostrar consistencia en el cumplimiento de las obligaciones externas y avances en la reducción de riesgos, lo que contribuirá a generar las condiciones necesarias para que Bolivia capte inversiones internacionales mediante la emisión de nuevos instrumentos de deuda a partir de 2027.

La deuda pública en España continuó creciendo durante el mes de septiembre, situándose en máximos históricos de 1,71 billones de euros, aunque el peso relativo sobre el Producto Interior Bruto (PIB) mostró una ligera moderación respecto al año anterior. Según los datos difundidos este lunes por el Banco de España, la ratio de deuda sobre PIB alcanzó el 103,2%, lo que implica una reducción de un punto porcentual en comparación con septiembre de 2024, cuando era del 104,2%. Sin embargo, si se observa la variación respecto al mes anterior, la ratio aumentó dos décimas, desde el 103% de agosto.

Máximos históricos de endeudamiento pese a la mejora relativa respecto al PIB

El endeudamiento de las Administraciones Públicas experimentó un incremento interanual del 4,5% , pasando de 1,63 billones de euros en septiembre de 2024 a 1,71 billones de euros en el mismo mes de 2025. Aunque este aumento absoluto consolida un nuevo récord, la importancia de la deuda respecto al PIB se ha visto atenuada por el crecimiento económico, permitiendo que la ratio descienda respecto al año anterior. Por su parte, respecto a agosto, el incremento fue leve, al pasar de 1,699 a 1,710 billones de euros.

La Administración Central concentra la mayor parte de la deuda

La Administración Central consolida su posición como el principal responsable del endeudamiento en términos de volumen, registrando 1,558 billones de euros, que suponen el 94% del PIB nacional. En contraste, la deuda de las Administraciones de la Seguridad Social permaneció estable, con 126.173 millones de euros, equivalentes al 7,6% del PIB.

En el ámbito territorial, las comunidades autónomas lograron reducir ligeramente su carga respecto al mes previo, hasta los 339.496 millones de euros, lo que representa el 20,5% del PIB, con una variación interanual del 1,9%. Por su parte, las corporaciones locales, es decir, los ayuntamientos, también experimentaron una disminución, en este caso más notoria, situando su deuda en 22.516 millones de euros, lo que equivale al 1,4 % del PIB, y supone un importe un 2,6% inferior al registrado en 2024.

Perspectivas y previsiones para los próximos años

El Gobierno central mantiene entre sus principales objetivos económicos la reducción progresiva de la relación entre deuda pública y Producto Interior Bruto en los próximos años. En concreto, las estimaciones oficiales apuntan a que este porcentaje podría descender hasta situarse en el 101,7% al finalizar el ejercicio 2025. Posteriormente, la senda planteada contempla nuevas disminuciones, alcanzando el 98,4% en el año 2027, el 90,6% en 2031 y finalmente un 76,8% en el horizonte de 2041.

No obstante, las previsiones publicadas hasta el momento no especifican en qué fecha concreta España conseguirá situar la deuda por debajo del límite del 60% que la Comisión Europea considera como referencia prudente para los Estados miembros.

Estos últimos datos del Banco de España reflejan que aunque la deuda pública española marca máximos en términos absolutos, la evolución positiva del PIB permite una leve mejora de la ratio, tendencia cuya consolidación dependerá del cumplimiento de las previsiones gubernamentales y del entorno económico internacional.

El Gobierno nacional puso en marcha una ambiciosa operación de recompra de bonos en los mercados internacionales, con el objetivo de adquirir más de USD 4.000 millones en títulos globales denominados en dólares, especialmente aquellos con cupones superiores al siete por ciento.

Esta medida, anunciada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, busca optimizar la carga de intereses y fortalecer la posición financiera del país de cara a los próximos años.

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La recompra de estos bonos forma parte de una estrategia integral de administración del portafolio de deuda pública, orientada a reducir el valor de los cupones que Colombia deberá atender durante la vigencia fiscal de 2026.

Según el comunicado oficial, la iniciativa permitirá ajustar la composición del portafolio, mejorar la liquidez en distintos tramos y contribuir a un perfil de vencimientos más ordenado en el mediano plazo.

Además, se espera que la operación incremente la eficiencia de la curva de rendimientos y disminuya las primas de riesgo asociadas al servicio de la deuda externa.

Javier Cuéllar, director general de Crédito Público y Tesoro Nacional, explicó que esta decisión responde a la necesidad de reducir el costo financiero de la deuda y fortalecer el comportamiento de la curva en euros, al mejorar la liquidez en los principales puntos de negociación.

Cuéllar subrayó que la recompra se desarrolla en el plan de fortalecimiento del acceso de Colombia a los mercados internacionales de capital, lo que podría traducirse en una percepción más favorable del riesgo soberano y, en consecuencia, en una disminución de los diferenciales de tasas de interés frente a otros países de la región.

Uno de los objetivos centrales de la Dirección de Crédito Público y Tesoro Nacional es continuar cerrando el diferencial de tasas de interés —o spread— que el mercado exige a Colombia en comparación con economías similares, como Brasil.

Cuéllar recordó que en abril el spread de los bonos a diez años se situaba en 163 puntos básicos, mientras que actualmente se ha reducido a 32 puntos básicos. Este avance refleja una mejora en la percepción de riesgo del país y un reconocimiento de la solidez de los fundamentos macroeconómicos por parte de los inversionistas.

El funcionario anticipó que, con la ejecución de la nueva operación, el diferencial podría seguir disminuyendo en las próximas semanas, incluso acercándose a niveles cercanos a cero. Añadió que los indicadores económicos y fiscales de Colombia respaldan esta convergencia y no justifican que el mercado mantenga un costo mayor para la deuda colombiana frente a la brasileña.

El Ministerio de Hacienda precisó que la operación estará enfocada en recoger bonos en dólares con cupones superiores al siete por ciento, con el propósito de disminuir el pago de intereses de cara a la vigencia fiscal del próximo año.

Además, la recompra es una “medida estratégica para reducir el costo de la deuda y mejorar la liquidez en los distintos puntos de la nueva curva de rendimientos en euros”, según explicó Cuéllar en el comunicado.

A lo largo de este año, el Gobierno colombiano ha priorizado operaciones de manejo de deuda interna y externa, incluyendo canjes y recompras, con el fin de disminuir el costo del pago de intereses en un contexto de deterioro de las finanzas públicas.

En septiembre, Colombia realizó una emisión de bonos denominados en euros, con vencimientos en 2028, 2032 y 2036, por un total de 4.100 millones de euros. Esta fue la primera emisión de bonos en esa moneda desde 2016 y la mayor operación de este tipo en la historia del país.

En el contexto de estas acciones, Colombia suspendió durante tres años una regla fiscal y elevó su meta de déficit a un 7,1% del PIB para 2025, lo que llevó a las agencias Moody’s y S&P a rebajar la calificación crediticia del país.

La reciente adquisición estatal del 51% de la Nueva EPS ha sido interpretada por el presidente Gustavo Petro como la culminación de un proceso de endeudamiento que, según sus palabras, se remonta a la creación misma de la entidad.

En un mensaje difundido a través de su cuenta en X, el mandatario afirmó que “el gobierno ya es dueño de la mitad de la deuda de la Nueva EPS y no es en este gobierno, sino desde su fundación”, según publicó Gustavo Petro en X.

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El presidente contextualizó esta situación dentro de lo que describió como pasivos ocultos en la estructura financiera del país.

“Se trata de una de las deudas escondidas como sucedió con el subsidio a la gasolina”, sostuvo el jefe de Estado.

Para el mandatario, la falta de control estatal sobre la entidad, a pesar de que la Nación asumía la mitad de la deuda, fue un factor determinante en la crisis financiera de la EPS.

“Esta propiedad de la mitad de la deuda por parte de la Nación, sin control de la entidad, pues estaba en manos de privados y es lo que llevó al desastre financiero a través del ordeño de los recursos públicos que les transferían, es irreversible”, declaró el presidente.

El mandatario señaló directamente a los antiguos controladores privados de la Nueva EPS, a quienes acusó de haber actuado con pleno conocimiento de las consecuencias para el erario público.

“Los controladores privados de la entidad, allí habían familias políticas muy pero muy conocidas, sabían desde el día número uno de la transformación del Instituto de seguros Sociales en Nueva EPS, que por cada peso que se apropiaran, la mitad de la deuda generada sería de la nación y solo restaría esperar un presidente que nacionalizara la otra mitad de la deuda, como ya piden algunos congresistas y ‘expertos’”, afirmó Petro.

Finalmente, el presidente calificó el proceso como un perjuicio masivo para el país: “Un robo completo al estado y a la salud de los colombianos por decenas de billones de pesos, hecho por poderosísimas familias de Chapinero alto”, denunció el jefe de Estado.

Estas son las implicaciones que tiene la adquisición por parte del Estado de la Nueva EPS

El Gobierno nacional se convirtió en el mayor accionista de Nueva EPS generando inquietud en el sector salud. Ante esta noticia el abogado y especialista en legislación financiera, Emilio Archila se cuestionó sobre si: “¿Puede el control del Estado ser realmente más eficiente, profesional y transparente que el de los privados?”, dijo el jurista en entrevista con El Espectador.

Actualmente, la participación estatal en Nueva EPS es del 49,9985%, mientras que seis cajas de compensación concentran el 50,0015% restante, una diferencia que se traduce en una sola acción de las más de 16,8 millones en circulación.

Uno de los principales efectos de este cambio sería la inyección de capital en una EPS que enfrenta una situación financiera crítica.

“Ese ingreso sería muy bien recibido por una red de más de 3.000 hospitales y clínicas, muchos de ellos públicos, que actualmente contratan servicios con Nueva EPS”, señalaron fuentes consultadas por el medio citado.

No obstante, persisten dudas sobre la capacidad de una capitalización para revertir la crisis, ya que la entidad no cuenta con estados financieros certificados desde 2022.

Expertos advierten que, con el control estatal y una nueva inyección de recursos, la Supersalud podría considerar que la intervención ha concluido. Sin embargo, no está claro qué respaldo legal tendría esa decisión, pues la EPS seguiría sin cumplir los indicadores que motivaron la intervención.

El debate también gira en torno a la posible pérdida de la experiencia de las cajas de compensación y al impacto fiscal de la operación.

“Cada vez que la EPS necesite recursos, el Gobierno tendría que usar dinero público, lo que representa un ‘peso’ sobre el presupuesto del Estado y limita los fondos disponibles”, advirtieron los expertos consultados.

El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), integrado por representantes del Gobierno central y de las comunidades autónomas, deberá emitir un informe previo sobre la senda de estabilidad financiera antes de que se remita al Parlamento para su aprobación. Según informó la agencia Europa Press, la sesión se ha programado para este lunes, 17 de noviembre, con el objetivo de fijar los límites de gasto y definir los objetivos fiscales necesarios para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) correspondientes al año 2026.

De acuerdo con el medio citado, la reunión del CPFF se iniciará a las 12:00 horas y reunirá a los representantes autonómicos y al Gobierno central para discutir el marco económico que regirá la política presupuestaria a nivel nacional y regional. Este encuentro resulta fundamental para acordar los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública, orientados a garantizar la sostenibilidad financiera de las administraciones públicas y ofrecer la base para la preparación de los presupuestos autonómicos.

El medio Europa Press detalló que la agenda institucional tendrá continuidad el martes, cuando, previsiblemente, el Consejo de Ministros procederá a la aprobación del techo de gasto, que marca el límite de gasto no financiero para el siguiente ejercicio. Además, se definirán oficialmente los objetivos de déficit y endeudamiento previstos para las administraciones públicas, tanto centrales como territoriales, formalizando así la llamada "senda de estabilidad" para el periodo 2026-2028.

El informe emitido por el CPFF constituye un requisito legal que debe cumplirse antes de la aprobación parlamentaria de la senda de estabilidad. Una vez contado con el visto bueno de las Cortes Generales, el Gobierno podrá avanzar en la tramitación formal del proyecto de Presupuestos Generales del Estado y, finalmente, remitirlo para su deliberación en el Parlamento. Según reportó Europa Press, este procedimiento establece el calendario presupuestario y permite que las comunidades integren los nuevos márgenes fiscales en la elaboración de sus propias cuentas regionales.

La coordinación entre territorios y el Gobierno central a través del CPFF tiene como finalidad asegurar el cumplimiento colectivo de las reglas fiscales acordadas a nivel nacional y europeo. Según publicó Europa Press, la aprobación de la senda de estabilidad y los límites de gasto son trámites exigidos antes de fijar las prioridades presupuestarias y definir los recursos públicos disponibles para la prestación de servicios esenciales.

Europa Press también informó que la remisión de los objetivos fiscales a las Cortes Generales representa el paso previo a la aprobación del techo de gasto, un instrumento que delimita el máximo de recursos con que puede contar el Estado y los gobiernos autonómicos para afrontar sus políticas y compromisos durante el siguiente ejercicio. Con la definición de esta regla fiscal, se pretende mantener el equilibrio presupuestario y evitar la acumulación de deuda más allá de los límites pactados.

El CPFF actúa como una instancia de consulta y concertación entre los diferentes niveles de la administración para la toma de decisiones relacionadas con los objetivos de déficit público y endeudamiento. Europa Press subrayó que, tras aprobarse la senda de estabilidad para el trienio 2026-2028 en el Parlamento, el Gobierno central tendrá vía libre para ultimar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado y remitirlo a las Cortes para su debate y posterior aprobación, dando inicio al proceso legislativo presupuestario.

El desarrollo de estas reuniones y la definición de los objetivos de estabilidad afectan tanto al conjunto del Estado como a cada una de las comunidades autónomas, que deben acomodar sus presupuestos regionales a los márgenes y límites pactados en el seno del CPFF y validados por el Parlamento. De acuerdo con Europa Press, este procedimiento garantiza la coherencia fiscal en todo el territorio y permite ajustar la política económica a los compromisos y restricciones derivadas del marco jurídico nacional y europeo.

En la agenda inmediata, la convocatoria de la reunión del lunes marca el inicio de una serie de pasos institucionales cuya meta final es la elaboración y posterior aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2026. Estos presupuestos orientarán la asignación de recursos y la gestión financiera en el país durante el periodo presupuestario correspondiente, bajo los principios de sostenibilidad y estabilidad que se establecen en esta fase de diálogo y negociación entre administraciones, según consignó Europa Press.

El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se reunió con el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y le reclamó que los fondos nacionales adeudados por la coparticipación de impuestos figuren en el Presupuesto que va a tratar el Congreso en las sesiones extraordinarias. Según el mandatario, el incumplimiento del denominado “goteo” de recursos diarios, que el Ejecutivo había acordado con CABA para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, afecta la autonomía y la gestión de servicios esenciales.

“Como toda obligación de pagar, tiene que estar en el Presupuesto. Lo he hablado con todos los diputados que integran la Comisión y es uno de los requerimientos que tenemos”, manifestó Macri en la previa del encuentro con el funcionario nacional y con el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, al que asistió acompañado por el jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny; y los ministros Gustavo Arengo (Hacienda) y Gabino Tapia (Justicia).

Fuentes del gobierno porteño señalaron a Infobae que la deuda actual de Nación en concepto de coparticipación es millonaria, que la reunión “fue positiva”, y que los equipos técnicos seguirán trabajando para encontrar un acercamiento con respecto a la coparticipación y financiamiento. “Desde agosto de 2025, los pagos semanales por el 1,55% comenzaron a ralentizarse, acumulando a hoy una deuda de $274.000 millones. Además, el Presupuesto Nacional 2026 no incluye la partida correspondiente para estas transferencias por el adicional establecido en el fallo de la Corte Suprema”, destacaron.

Además de estos pedidos, Jorge Macri mantiene el reclamo de fondo, que corresponde al reintegro de USD 6.000 millones en concepto de deuda originados por la quita inconstitucional de 2020 al reducir la coparticipación del 3,5% al 1.4%. Fue una medida que tomó el entonces presidente Alberto Fernández para girar recursos a la provincia de Buenos Aires, que enfrentaba en aquel momento un importante reclamo salarial por parte de la policía bonaerense. También pidió la restitución del 3,5% mediante transferencia diaria del Banco Nación.

La reunión entre Macri y Caputo se hizo en un contexto nuevo para la relación entre el jefe de Gobierno porteño y el presidente Javier Milei. Después de un agresivo cortocircuito -que incluyó negarse a saludarlo en el Tedeum del 25 de Mayo- el Presidente lo abrazó en la reunión que encabezó en la Casa Rosada con 20 mandatarios provinciales. Y luego, el propio jefe de Estado confirmó que ese desacuerdo había quedado atrás.

Otro dato clave en ese reinicio es que del otro lado del mostrador de la Casa Rosada encontrará a un viejo conocido: Diego Santilli, antes como diputado del PRO y ahora ministro del Interior a cargo de las negociaciones con los gobernadores. Es más, “Colo” tiene en agenda un encuentro con el mandatario porteño para analizar estas cuestiones, también para discutir las necesidades del Ejecutivo. De manera puntual, el acompañamiento en el Presupuesto 2026 y en las reformas que busca impulsar.

Cronología del conflicto

El conflicto entre la Ciudad de Buenos Aires y el gobierno nacional por los fondos de coparticipación se originó en septiembre de 2020, cuando el entonces presidente Alberto Fernández anunció una reducción del porcentaje que la Nación le transfería a la Ciudad. Hasta ese momento, Buenos Aires recibía el 3,5% de la masa coparticipable, un aumento dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri en 2016 para compensar el traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño. Fernández consideró que ese incremento había sido “excesivo” y que debía corregirse.

A través de un decreto, el Ejecutivo nacional decidió reducir el coeficiente al 2,32%, lo que implicó una merma de alrededor de $35.000 millones anuales para las arcas de la Ciudad. Al mismo tiempo, el presidente anunció que esos fondos serían destinados a la provincia de Buenos Aires, en medio de un fuerte conflicto salarial con la Policía Bonaerense. Según Fernández, la reasignación buscaba equilibrar los recursos entre distritos y reparar lo que definió como una “injusticia” cometida durante el gobierno anterior.

El gobierno porteño, encabezado por Horacio Rodríguez Larreta, rechazó la medida por considerarla unilateral e inconstitucional, argumentando que el traspaso de fondos había sido producto de un acuerdo formal entre ambas jurisdicciones. La Ciudad llevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia, reclamando la restitución del porcentaje original y el pago de la deuda acumulada por la diferencia de fondos no transferidos desde 2020. El reclamo se basa en que cualquier modificación en los porcentajes de coparticipación debe realizarse por ley y con el consenso de todas las provincias, no por decreto.

En diciembre de 2022, la Corte dictó un fallo favorable a la Ciudad, ordenando al gobierno nacional restituirle el 2,95% de la masa coparticipable mientras se resolvía la cuestión de fondo. Sin embargo, la administración de Alberto Fernández respondió que cumpliría el fallo mediante bonos del Tesoro, lo que generó nuevas tensiones con el gobierno porteño, que exigía el pago en efectivo. Hasta hoy, la disputa sigue abierta, y la Ciudad reclama además la deuda acumulada por los montos no girados durante los últimos años.

En los últimos meses hemos tenido en Argentina un doble experimento real de cómo las expectativas impactan en la economía. Y no solo en los mercados, sino también en el bolsillo de la gente.

A medida que se fueron acercando las fechas de las diferentes elecciones, los partidos de oposición fueron presentando al Congreso varios proyectos los cuales tenían como una de sus consecuencias minar el equilibrio fiscal, uno de los pilares del plan económico del gobierno nacional. Para ensombrecer más el panorama, a la vez que estas leyes eran aprobadas, el gobierno se enredaba en peleas internas y escándalos que disminuían su capacidad de ganar las elecciones que se avecinaban.

El pensamiento racional de cualquier ciudadano ante esta situación fue pensar que si era probable que hubiera un cambio de gobierno hacia otro con menos disciplina fiscal lo que tenía que hacer era deshacerse de los pesos. Y eso sucedió. En masa, la gente cambió sus pesos por dólares y ni siquiera el apoyo del tesoro de Estados Unidos trajo confianza al ciudadano. Lo mismo sucedió con la deuda pública. Ante la posibilidad de volver a tener gobernantes que hablan de “repudiarla porque es espuria” era mejor venderla antes que llegara ese repudio/nuevo default.

El primer experimento que mostró el impacto del cambio de expectativas en la economía fue a principios de septiembre con las elecciones de la provincia de Buenos Aires. No resultó sorpresivo que el peronismo las haya ganado, pero sí la magnitud de su victoria. No hace falta aclarar las diferencias entre un posible programa económico liderado por el kirchnerismo versus uno liderado por Milei. Esta diferencia y la probabilidad de la vuelta de un gobierno populista determinó un cambio en la visión respecto de cómo podía evolucionar la economía que se vio inmediatamente reflejado en el precio de los activos argentinos. El índice Merval medido en dólares bajó de alrededor de 1400 a 1070 y el riesgo país subió de 800 a 1200.

El segundo experimento fue con las elecciones nacionales donde se dio el efecto contrario. Esta vez la sorpresa fue lo rotundo del triunfo del oficialismo. El lunes posterior a los comicios se produjo la mayor alza histórica del Merval medido en dólares (+31%, llegando a un nivel de 1700) y una baja del riesgo país de casi 500 puntos a 650.

Algunos podrán pensar que tienen que ver los mercados financieros con la economía de las personas. Tienen que ver y mucho. La previsibilidad, la posibilidad de obtener utilidades y las tasas de interés más bajas impulsan a las empresas y los emprendedores a producir e invertir. Esto genera más oferta de productos y demanda de trabajo. El consumidor puede acceder a más bienes y financiación más barata. Esto factores, claramente, ayudan a mejorar el nivel de vida de las personas.

La estabilidad económica es solo una de las condiciones necesarias para la prosperidad. A esta hay que agregar, especialmente, aquellas otras condiciones que permitan desarrollar a pleno la productividad del trabajo (menos regulaciones, menos impuestos). Todavía queda mucho por hacer y será tarea de muchos años.

Esperemos que los gobiernos que se sucedan, cualquiera sea el signo, aprendan de estas lecciones. El progreso solo llega luego de trabajo y esfuerzo. Nuestros antepasados inmigrantes sabían bien esto, es hora de que nosotros lo hagamos carne nuevamente.

Después de que el Inegi dio a conocer una leve caída de la economía de México, la Secretaría de Hacienda señaló que durante el tercer trimestre de 2025, el nivel de actividad económica retrocedió respecto al trimestre previo, debido a la incertidumbre comercial que atraviesa el país, lo cual deriva en la cautela por parte de empresas y hogares.

Hacienda detalló que la economía mexicana registró una disminución trimestral de 0.3% debido a la menor actividad en sectores más expuestos a las nuevas políticas comerciales, así como a disrupciones de oferta asociadas a lluvias y bloqueos que afectaron los servicios de transporte y alojamiento.

La deuda pública de México mantuvo una tendencia estable y a la baja al cierre del tercer trimestre de 2025, situándose en 49.9% del PIB, cifra inferior al 51.3% registrado al finalizar 2024, reportó este jueves la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Este comportamiento permitió reforzar la confianza de los mercados internacionales, mientras el país continuó accediendo a financiamiento en condiciones favorables y preservó el grado de inversión otorgado por las principales agencias calificadoras.

Las operaciones de manejo de pasivos realizadas durante el periodo contribuyeron favorablemente a este resultado. Se compraron Cetes, Bonos M y Udibonos por 100 mil millones de pesos, extendiendo los vencimientos de estos instrumentos hasta 2054, lo que resultó en la prolongación del plazo promedio de la deuda refinanciada y la reducción significativa de amortizaciones previstas.

Adicionalmente, destacó el vencimiento anticipado de dos bonos soberanos para 2026, lo que representó una disminución del 85.0% en las amortizaciones de deuda externa y un desendeudamiento por 944 millones de dólares.

Aunque el costo financiero de la deuda creció 8.6% real anual frente a 2024, este gasto se ubicó en 49 mil millones de pesos por debajo de lo proyectado, como resultado de una gestión prudente en el actual entorno internacional de restricción financiera, según la dependencia federal.

“Todas las colocaciones se realizaron conforme al Programa Anual de Financiamiento y dentro de los techos de endeudamiento autorizados por el H. Congreso de la Unión para el ejercicio fiscal 2025”, precisó la Secretaría de Hacienda.

En este contexto, la situación fiscal de México mostró balances sólidos: el déficit presupuestario resultó 149 mil millones de pesos menor al previsto, mientras que el superávit primario fue superior al objetivo programado. Los RFSP (Requerimientos Financieros del Sector Público) sumaron 897 mil millones de pesos y se posicionaron dentro de los límites legales establecidos.

En el plano externo, el reconocimiento internacional persistió. Japan Credit Rating (JCR) y Standard & Poor’s (S&P) ratificaron la calificación soberana de largo plazo en moneda extranjera con perspectiva estable, y México continúa conservando el grado de inversión según las ocho principales agencias internacionales.

Respecto a Pemex, la Secretaría de Hacienda informó que en septiembre se ejecutó una operación para la recompra de deuda, en línea con la estrategia para fortalecer las finanzas de la empresa estatal. Fitch subió la calificación de Pemex de B+ a BB+ y Moody’s de B3 a B1; ambas con perspectiva estable, aunque aún por debajo del grado de inversión.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la economía mexicana registró una contracción de 0.3% en el tercer trimestre de 2025, afectada por la desaceleración global y la actitud cautelosa de empresas y hogares.

Esta caída en la actividad económica reflejó un entorno marcado por políticas comerciales inciertas, disrupciones en el suministro y alteraciones en sectores como transporte y alojamiento debidas a lluvias y bloqueos.

A pesar de este retroceso, la SHCP resaltó que los fundamentos macroeconómicos se mantuvieron sólidos, con inflación controlada y un mercado laboral robusto.

El informe destacó que los ingresos del gobierno federal crecieron 9,2% real anual hasta septiembre, impulsados por el incremento sostenido en la recaudación tributaria, la cual avanzó 7% anual.

La dependencia atribuyó este resultado al combate al contrabando, a la evasión fiscal y a la modernización de regulaciones sobre plataformas digitales.

“Los ingresos del Gobierno Federal crecieron por quinto año consecutivo”, indicó la dependencia en el documento.

En el terreno del gasto público, los recursos destinados a protección social y educación aumentaron 6.1% y 4.9% real anual, respectivamente.

La inversión física pública alcanzó 569 mil millones de pesos, cifra que superó en 8.1% real el promedio del primer año de las últimas cuatro administraciones, en cifras de la Secretaría de Hacienda. Estos recursos permitieron sostener programas de bienestar y ampliar la cobertura de derechos sociales básicos.

La política fiscal mostró prudencia y control. El nivel de deuda pública se redujo a 49,9% del Producto Interno Bruto (PIB), por debajo del 51.3% registrado al cierre de 2024.

La SHCP subrayó que esta relación permitió al país mantener acceso a financiamiento en condiciones favorables y respaldar su grado de inversión ante calificadoras internacionales.

Japan Credit Rating (JCR) y Standard & Poor’s (S&P) ratificaron la calificación soberana de largo plazo de México, y el país mantuvo grado de inversión con las ocho agencias internacionales de referencia.

El escenario internacional aportó presiones adicionales. Un menor dinamismo global afectó sectores vinculados al comercio exterior.

El consumo privado acumuló un alza de 1.8% a julio, principalmente por el aumento de 10.4% en bienes importados y 0.5% en servicios, mientras que la demanda de bienes nacionales cayó 0.1% por la sustitución con importaciones. La inversión fija bruta disminuyó 1.3% respecto al cierre de 2024.

La inflación general cerró el trimestre en 3.6% anual, apoyada por el descenso en precios de frutas, verduras y energéticos, resultado en parte de la Estrategia Nacional para la Estabilización del Precio de la Gasolina.

También se reportó la creación de 365 mil empleos respecto al mismo periodo de 2024, de los cuales 333.000 correspondieron a puestos formales registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). Simultáneamente, el salario real promedio ante el IMSS subió 3.5% anual.

En el ámbito externo, las exportaciones manufactureras no automotrices aumentaron 6.3% y la inversión extranjera directa alcanzó un nivel histórico de 34 mil 300 millones de dólares en el primer semestre.

El tipo de cambio se apreció 2.4% respecto al trimestre previo, cerrando en 18.31 pesos por dólar.

En el manejo de la deuda, el gobierno recompró 100 mil millones de pesos en instrumentos y extendió el vencimiento de nuevas emisiones hasta 2054.

Además, Pemex fue capitalizada para recomprar deuda y mejorar su perfil financiero, logrando mejoras en su calificación de acuerdo con Fitch y Moody’s.

Todos los movimientos de deuda y gasto se mantuvieron dentro de los límites autorizados por el Congreso, aseveró la dependencia.

El mítico Estadio Maracaná, un símbolo de la identidad brasileña, ha sido puesto a la venta por el Estado de Río de Janeiro que está decidido a venderlo. El gobierno estatal necesita recaudar fondos de manera urgente y entre algunos de sus activos figura el estadio en el que juegan sus partidos como local dos equipos históricos del país como son Flamengo y Fluminense.

La Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ) modificó el proyecto de ley que había presentado el Ejecutivo y de las 48 propiedades iniciales que pretende vender eliminó 16 y añadió 30 nuevos inmuebles entre los que figura el famoso recinto, catalogado como uno de los templos del fútbol mundial.

La indignación no tardó en hacerse notar en la ciudad de Río de Janeiro en cuanto se conocieron las intenciones del Gobierno acerca de la venta del estadio.

160.000 euros cada partido

El presidente de la mencionada Comisión, Rodrigo Amorim, admitió que necesitan reducir los gastos de mantenimiento de sus propiedades más caras o menos utilizadas, entre las que se encuentra el conocido estadio: “El Gobierno invierte una fortuna en el mantenimiento de Maracaná, unos 160.000 euros por partido”.

El propio Amorim estimó la venta del estadio y de un complejo aledaño llamado Aldeia Maracaná en unos 320 millones de euros, que esperarían generar tras esta operación, aunque también indicó que todo dependerá de lo que ofrezca el mercado.

El presidente de la Comisión, a su vez, destacó que el objetivo principal, más que generar ingresos, lo que pretende es evitar los costos derivados del abandono de estos espacios y reactivarlos con un uso más productivo.

El proyecto será sometido a votación por el pleno de la Comisión de Constitución y Justicia de la Asamblea Legislativa del Área de Rio de Janeiro en las próximas semanas. La deuda que mantiene el Estado de Río de Janeiro con el Gobierno Central de Brasil es de 1.890 millones de euros y debe abonarla en 2026 conforme al programa federal de reestructuración.

Sin embargo, más allá de que se aprobara la ley propuesta, el estadio enfrentaría conflictos para su venta. De momento forma parte de una concesión para su uso hasta 2044. El contrato es con el consorcio Fla-Flu (Flamengo y Fluminense) y el grupo económico ya señaló que el contrato se cumplirá hasta el final, según indica el Diario Olé.

Intentos previos

Esta no es la primera vez en la que se especula con la venta de Maracaná. En 2011 Eike Batista, uno de los empresarios más ricos de Brasil, quiso comprarlo antes de que se disputasen grandes eventos como la final del Mundial de 2014 y algunas disciplinas de los Juegos Olímpicos de 2016. Esa propuesta no salió adelante, pero en los últimos años el debate sobre la conveniencia o no de vender el estadio para que lo administre una empresa privada ha generado mucha controversia.

Maracaná es mundialmente conocido por los aficionados al fútbol gracias al denominado “Maracanazo”, una histórica derrota que sufrió la selección brasileña contra todo pronóstico en la final del Mundial de 1950 ante Uruguay. Aquel día, según datos oficiales de la época, 173.850 seguidores brasileños acudieron al estadio más grande jamás construido y recién inaugurado convencidos de que iban a presenciar la conquista del primer título mundial de su selección. Supone la mayor asistencia registrada en un partido de fútbol en toda la historia de este deporte.

A día de hoy Maracaná tiene un aforo capaz de acoger a 78.838 espectadores, ya que se ha ido reduciendo a lo largo de las reformas sucesivas desde su construcción en 1950, siendo la última de ellas de cara al Mundial 2014 que estableció las localidades actuales. Ahora solo falta saber si habrá algún inversor dispuesto a hacerse con el estadio por unos 320 millones de euros.

La proyección de la deuda pública de Colombia para el cierre de 2025 fue ajustada por el Ministerio de Hacienda, que ahora prevé que el indicador se sitúe entre 57% y 59% del PIB, según lo anunció Javier Cuéllar, director de Crédito Público de la entidad, durante el Congreso de Asofiduciarias.

Esta nueva meta representa un esfuerzo por mantener la deuda por debajo del umbral del 60% del PIB, cifra que, de acuerdo con datos de septiembre, ya se encontraba en torno a ese nivel.

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En su intervención, Cuéllar explicó que la estrategia actual del Ministerio de Hacienda busca no solo estabilizar la deuda neta sobre el PIB por debajo del 60%, sino reducir la carga fiscal de los intereses a menos del 4% del PIB.

El funcionario señaló que, si la tendencia positiva se mantiene, no sería improbable que el país alcance un nivel de deuda sobre PIB cercano al 55% en los próximos meses.

El director de Crédito Público subrayó la importancia de la confianza del mercado en la gestión de la deuda colombiana, recordando que Colombia es el único país de la región que nunca ha incumplido los pagos de deuda y “no tiene pensado hacerlo ni lo hará”, según sus declaraciones.

Además, enfatizó que el objetivo para su sucesor en el cargo debe ser la recuperación del grado de inversión para el país, una meta que, en su opinión, debería alcanzarse antes de que finalice el próximo Gobierno.

Durante su presentación, Cuéllar detalló que la estrategia de deuda también contempla la reconstrucción de la posición de liquidez del Tesoro Nacional a niveles superiores a $35 billones, así como la recuperación de la confianza de los inversionistas mediante la reducción de las tasas de interés.

Según la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda, ya se ha conseguido una disminución de aproximadamente 200 puntos básicos en las tasas de endeudamiento externo y una reducción de las primas de riesgo a niveles no observados desde 2021.

El funcionario destacó que estos avances han permitido al país contar con una posición de liquidez sólida para financiar el programa de Gobierno. Además, resaltó que durante su gestión se concretó la emisión más exitosa de la historia de Colombia en el mercado externo.

Deuda pública de Colombia marca récord histórico en 2025

La deuda pública de Colombia alcanzó un máximo histórico entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, con un incremento de $169 billones en sólo un año, según datos del Ministerio de Hacienda.

Este aumento representa el mayor salto anual desde 2002 y ha generado preocupación sobre la sostenibilidad fiscal del país.

El Banco de Bogotá advirtió que el Gobierno ha recurrido de manera masiva a los pagarés del Tesoro Nacional como mecanismo de liquidez, alcanzando un saldo récord de $102,2 billones en agosto de 2025, frente a los $73,9 billones de diciembre de 2024.

Esta estrategia permitió desplazar parte de la deuda hacia plazos más cortos y de menor costo, pero implica que en 2026 será necesario refinanciar cerca de $179 billones entre vencimientos de TES, TCO y pagarés, lo que eleva el riesgo de refinanciación.

Desde el inicio del actual gobierno en septiembre de 2022, el saldo total de deuda ha crecido en $317 billones, una cifra sin precedentes.

El economista Mario Fernando Cruz destacó que solo en septiembre de 2025 la deuda pasó de $1.105 billones a $1.138 billones, un aumento de $32,8 billones en un mes.

Cruz calculó que, bajo la administración de Gustavo Petro, se han tomado $334 billones en nueva deuda, lo que equivale a que cerca de $30 de cada $100 de la deuda pública acumulada en la historia se han adquirido en este periodo.

Además, señaló que la deuda actual es 38,6% superior a la del gobierno anterior, que enfrentó la pandemia, y 1,3 veces la suma de los gobiernos de Santos y Uribe.

El Ministerio de Hacienda defendió su estrategia de endeudamiento, que incluyó operaciones de canje, swaps y una emisión récord de bonos en euros. Según el grupo de Coyuntura Económica de la Universidad Eafit, estas medidas han permitido un ahorro temporal en el pago de intereses y una reducción de la relación deuda/PIB de 4,7% a 4,5%.

No obstante, el informe advirtió que la sostenibilidad de la estrategia depende de condiciones favorables de financiamiento y de la disciplina fiscal: “La sostenibilidad de esta estrategia dependerá de que el nuevo endeudamiento tenga condiciones realmente favorables y se complemente con disciplina fiscal y medidas para recuperar la confianza internacional. Sin un plan integral, esta gimnasia financiera corre el riesgo de ser solo un respiro momentáneo”.

En septiembre de 2025, Colombia realizó la mayor emisión de bonos en euros de su historia, con una demanda récord, lo que ayudó a reducir el costo de intereses y mitigar riesgos de refinanciación inmediatos previstos para 2026.

Además, el Ministerio ejecutó el mayor canje de deuda interna registrado, por $43,4 billones (unos 11.186 millones de dólares), y durante 2025 se realizaron más de $87 billones en canjes y recompras de TES, reduciendo el saldo nominal en circulación en $14 billones y generando un ahorro fiscal de $1,7 billones (438 millones de dólares) en intereses.

Deuda pública mundial superará el 100% del PIB, advierte el FMI

El Fondo Monetario Internacional (FMI) advirtió que la deuda pública global superará el 100% del PIB en 2029, alcanzando el nivel más alto desde 1948, según su último Monitor Fiscal.

El organismo atribuye este aumento a desequilibrios fiscales persistentes y a un entorno financiero más restrictivo, lo que eleva los riesgos para la estabilidad económica mundial.

El informe del FMI destaca que, en un escenario de riesgo, la deuda podría llegar al 123% del PIB en 2029. Además, el documento señala que “el aumento de los costos del servicio de deuda ya está presionando los presupuestos”, y advierte que las condiciones que permitieron sostener la deuda en la última década han cambiado de forma drástica.

“Los años entre la crisis financiera global y la pandemia estuvieron marcados por condiciones inusualmente fáciles para sostener la deuda”, indica el organismo.

En América Latina, la deuda pública promedio cerrará 2024 en 73,1% del PIB, con una proyección de 73,7% para 2027 y una leve baja a 72,5% en 2029, según estimaciones del FMI.

Entre los países más endeudados de la región para 2025 figuran Brasil (91,4%), Argentina (78,8%) y Uruguay (66,6%). Para 2026, se prevé que Brasil alcance el 95%, Argentina el 73,6% y Uruguay el 68,3%.

El FMI advierte que “55 países están experimentando angustia por deuda o se encuentran en alto riesgo de caer en ella, a pesar de que sus niveles de deuda a menudo están por debajo del 60% del PIB”.

El organismo subrayó la importancia de una reestructuración oportuna cuando los países pierden acceso a los mercados y menciona el fortalecimiento de la arquitectura internacional para estos procesos, como el Marco Común y la Mesa Redonda Global sobre Deuda Soberana.

A nivel global, aunque la proporción de países con deuda superior al 100% del PIB disminuirá, estos representarán una parte creciente del PIB mundial.

Entre ellos se encuentran Canadá, China, Francia, Italia, Japón, el Reino Unido y Estados Unidos, cuyas deudas, aunque elevadas, se consideran de riesgo fiscal moderado por la profundidad de sus mercados de bonos y su capacidad de acción política.

El informe recomienda reorientar el gasto público para impulsar el crecimiento. “El gobierno también puede cambiar la composición del gasto público mientras mantiene el total sin variaciones”, señala el FMI.

Una de las propuestas es reasignar recursos desde el gasto corriente hacia la inversión en capital humano, lo que podría aumentar el PIB en más del 3% para 2050 en economías avanzadas y casi el doble en mercados emergentes y en desarrollo.

El informe concluye que la solución no pasa solo por reducir el gasto o aumentar impuestos, sino por mejorar la calidad del gasto, fortalecer la institucionalidad fiscal y elevar la confianza ciudadana.

“La mejora de las perspectivas de crecimiento y el fortalecimiento de la confianza pública en el gobierno ayudan a equilibrar la ecuación fiscal”, concluye el FMI.

El organismo difundió un análisis que atribuye el aumento del déficit y la deuda pública a la aceleración de la producción legislativa con efectos adversos sobre las finanzas estatales.

Deuda pública de Perú podría llegar al 70% del PBI en 2036

De acuerdo con el informe del gabinete liderado por el economista Alonso Segura, el Congreso saliente ha promulgado 229 leyes con impacto fiscal negativo desde agosto de 2021, una cifra que triplica el promedio de los tres periodos parlamentarios previos. El 44% de estas leyes fueron aprobadas por insistencia, es decir, pese a las observaciones técnicas del Poder Ejecutivo.

La evaluación técnica del Consejo Fiscal revela que el 79% de las leyes aprobadas implica un incremento del gasto público, el 17% reduce ingresos fiscales y el 4% afecta finanzas subnacionales. El costo acumulado de las normas aprobadas solo por insistencia en los últimos cuatro años supera los 35.000 millones de soles anuales, de acuerdo con los documentos difundidos por el propio organismo autónomo.

• 229 leyes con impacto fiscal negativo promulgadas desde agosto de 2021, triplicando el promedio de los tres periodos parlamentarios previos (68 leyes en promedio).
• 999 leyes promulgadas en total por el actual Congreso, representando el 33% de todas las leyes desde 2006.
• Uso intensivo de la insistencia: 221 leyes promulgadas por esta vía desde 2021 (44 por año), multiplicando por siete el promedio anual de periodos anteriores.
• El 44% de las leyes con impacto fiscal en este periodo se aprobaron por insistencia, ignorando observaciones técnicas del Poder Ejecutivo. En las demás, el MEF de Dina Boluarte, simplemente, cedió.

Consejo Fiscal alerta sobre riesgo fiscal sin precedentes en Perú

El análisis advierte sobre un volumen inédito de iniciativas legislativas en trámite, con alto potencial de deteriorar aún más las finanzas estatales. De 352 dictámenes identificados, 274 proponen mayor gasto, 50 afectan ingresos y 28 inciden en los recursos de gobiernos subnacionales. Entre las propuestas más onerosas figuran incrementos de pensiones y salarios, nombramientos automáticos de docentes y la homologación salarial en el sector público, explicó el estudio recogido por Infobae Perú.

El Consejo Fiscal proyecta que, si se implementan las 53 iniciativas legislativas con costo cuantificado, el déficit fiscal promedio de 2026 a 2036 ascendería a 5,8% del producto bruto interno (PBI), frente al 1% estimado en el Marco Macroeconómico Multianual del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Solo con las leyes ya promulgadas, explica el equipo del Consejo Fiscal, la deuda pública superaría el 47% del PBI en 2036, pero si se suman los proyectos en trámite, la deuda podría alcanzar el 70%, muy por encima del límite legal de 30% fijado por la Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal.

El proceso legislativo ha perdido rigor técnico, advirtió el Consejo Fiscal. Según el mismo organismo, menos del 45% de las leyes con impacto fiscal adverso fueron observadas por el Ejecutivo y solo se han presentado tres acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional desde 2021. Muchas normas se promulgaron sin estimaciones de su costo fiscal ni revisión de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

La mayor parte de estas medidas se concentra en incrementos de remuneraciones, bonificaciones y la creación de nuevas entidades públicas. La evidencia recopilada por el Consejo Fiscal confirma que tales gastos y beneficios tributarios muestran bajo impacto en el crecimiento económico mientras ejercen presiones fiscales permanentes.

• Predominio del gasto: 181 de las 229 leyes con impacto fiscal adverso (79%) implican mayor gasto público, a pesar de la restricción constitucional que impide al Congreso crear nuevos gastos sin aval del Ejecutivo.
• Reducción de ingresos: 38 leyes (17%) otorgan beneficios tributarios o reducen ingresos públicos.
• Impacto subnacional: 10 leyes afectan la asignación de recursos a gobiernos regionales y locales.
• Costos fiscales crecientes: El costo fiscal anual de las leyes promulgadas por insistencia en los últimos cuatro años supera los S/35.000 millones, 65 veces más que en los 16 años previos.

De acuerdo con el informe, el deterioro del espacio fiscal, producto del incremento de compromisos de gasto y reducción de ingresos, restringe la capacidad del Estado para responder ante futuras crisis y limita recursos para inversión y gastos esenciales.

Los cambios en la normativa de negociación colectiva en el sector público han eliminado requisitos de opinión favorable del MEF y permitido mecanismos de indexación salarial, lo que incrementa la rigidez y el costo del gasto público, destaca el Consejo Fiscal.

Poer ahí no termina la historia. Las simulaciones elaboradas por el organismo especializado muestran que, aun bajo supuestos optimistas de mayor crecimiento económico o reasignación presupuestal, la deuda pública mantendría una trayectoria ascendente, con niveles entre 59% y 75% del PBI en el horizonte 2036.

Finalmente, el estudio concluye que el incremento acelerado de leyes y propuestas sin suficiente respaldo fiscal ni control técnico compromete seriamente la estabilidad de las finanzas públicas y limita la capacidad estatal para atender las prioridades de largo plazo.

El exministro de Hacienda José Antonio Ocampo advirtió en su columna publicada por El Tiempo que el déficit fiscal continuará como el problema económico central en Colombia, e indicó que el equipo gubernamental que asuma en 2026 tendrá que encarar “uno de los más altos de la historia”.

En su texto, Ocampo asegura que “el desequilibrio fiscal es el principal problema económico de Colombia y un tema complejo que tendrá que enfrentar el próximo gobierno”.

La publicación de Ocampo detalla que, pese a la reducción acordada de 10 billones de pesos en el presupuesto, a lo que se agregan los 16 billones que contempla la propuesta de reforma tributaria —con bajas probabilidades de aprobarse—, los niveles de déficit resultarán insuficientes para alcanzar una senda de equilibrio fiscal.

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El texto, publicado en El Tiempo destacó que el ajuste necesario supera ampliamente las cifras pactadas en el Legislativo.

De acuerdo con Ocampo, el déficit fiscal alcanzaría el 7,1% del producto interno bruto (PIB) en 2025, aunque el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) estima que podría situarse en 7,6%.

El exministro sostuvo que “es uno de los más altos de la historia” y alertó que, para cumplir con la reducción al 6,2% proyectada para 2026, se requeriría un ajuste adicional superior a 35 billones de pesos, citando estimaciones conjuntas del Carf y Fedesarrollo.

La columna también menciona que el desequilibrio fiscal continúa agravándose, en parte por el uso irregular de la cláusula de escape de la regla fiscal, y por la reciente evaluación negativa del Fondo Monetario Internacional (FMI) frente a la política fiscal del país.

Esta calificación llevó tanto al Gobierno nacional como al Banco de la República a desistir de la línea de crédito flexible del FMI, considerada la mejor otorgada por dicho organismo para países con políticas económicas sólidas.

Ocampo aseguró en El Tiempo que acceder a esa línea “ya había sido suspendido y la posibilidad de renovación el año entrante era nula”.

En este contexto, la deuda pública marca una tendencia al alza, lo que supone riesgos añadidos para la estabilidad financiera de Colombia. Según previsiones recogidas en la columna, la deuda se ubicaría en 61,7% del PIB en 2025 y crecería hasta 63,5% en 2026, porcentajes que constituyen “los niveles más altos de la historia” y superan el 53,4% registrado al cierre de 2023.

En el análisis, Ocampo recalca que, pese al panorama adverso, han existido aspectos positivos asociados a la estrategia implementada por Crédito Público a partir de mitad de año.

Entre las acciones destacadas se encuentra “la emisión en septiembre de un bono por 4.100 millones de euros, el primero en diez años, a una tasa más baja que en dólares”.

Además, se realizó una operación en la que participaron seis bancos internacionales en francos suizos, valorada en unos 9.300 millones de dólares, dedicada a la recompra de deuda con descuento tanto en dólares como en pesos.

Ocampo señaló en El Tiempo que estos movimientos tienen riesgos cambiarios relativamente bajos, dado que “el euro y el franco suizo se han revaluado significativamente frente al dólar”.

A esas medidas se sumó, según la columna de El Tiempo, “la revaluación del peso, que ha reducido el monto de la deuda en pesos”, si bien dicho efecto podría ser temporal. A escala regional, la reducción del margen de riesgo para los bonos de las economías emergentes también tuvo impacto: “El margen de riesgo de los bonos latinoamericanos se redujo en un punto porcentual entre abril y septiembre, con disminuciones más fuertes para Colombia y México (128 y 127 puntos)”, escribió Ocampo.

No obstante, enfatizó que Colombia sigue manteniendo un nivel de riesgo mayor respecto a Brasil y, de manera especial, frente a Chile y Perú.

El texto de Ocampo incluye comentarios sobre la deuda interna, donde se presenta “una reorientación hacia pasivos menos costosos y de menor plazo”.

Sin embargo, aclara que no resulta correcto atribuir el encarecimiento de la deuda pública exclusivamente a decisiones del Banco de la República.

Al respecto, detalló: “Desde diciembre de 2023 la tasa del Banco ha disminuido casi 4 puntos porcentuales y la de créditos bancarios, unos 5 puntos, pero la de los TES de un año solo ha disminuido un punto y, pese a la reducción en relación con sus picos en junio, las de los de cinco y diez años han aumentado”.

Finalmente, la columna advierte que, aunque la deuda pública ha comenzado a ceder en relación con el PIB —descendiendo de algo más del 61% a mediados de año a 60,2% en septiembre—, esta tendencia podría revertirse si no se concreta un ajuste en materia fiscal. Ocampo señaló en El Tiempo: “Si no se hace ajuste fiscal, esta mejoría podría interrumpirse e incluso revertirse”.

El panorama fiscal y monetario de Colombia enfrenta desafíos persistentes que podrían condicionar la recuperación económica en los próximos años.

De acuerdo con César Pabón, director de Investigaciones Económicas de Corficolombiana, el país se encamina a un sexto año consecutivo sin alcanzar la meta de inflación establecida por el Banco de la República, mientras que el déficit fiscal y la deuda pública alcanzan niveles históricamente elevados.

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“Por sexto año, Colombia no logrará cumplir con la meta de inflación del Banco de la República”, advirtió Pabón en una entrevista con El Colombiano.

Las proyecciones de la entidad anticipan que el Producto Interno Bruto (PIB) crecerá entre 2,8% y 3% en 2026, superando el 2,6% estimado para 2025.

Este repunte, sin embargo, estaría condicionado por una inflación que no cede y por tasas de interés que se mantendrían elevadas.

Pabón explicó que la reactivación económica será heterogénea entre sectores, con regiones como Antioquia liderando el crecimiento gracias a inversiones en infraestructura, comercio y consumo.

“El crecimiento es una noticia positiva. Vemos que puede ser incluso superior al 2,6%, lo cual se explica por diferentes razones, entre ellas la reactivación de las regiones. Por ejemplo, Antioquia se ha convertido en un líder de la reactivación económica, no solo en términos de producción, sino también de empleo. El crecimiento del departamento podría superar el 3%, por encima del promedio nacional”, afirmó el directivo.

No obstante, el proceso de desinflación se ha estancado desde noviembre del año 2024, situándose en torno al 5%, y las previsiones apuntan a que la inflación cerrará 2025 por encima del 5% y 2026 alrededor del 4,3%, aún lejos del objetivo del 3% fijado por el Banco de la República.

Pabón subrayó que este escenario se verá agravado por nuevas presiones inflacionarias derivadas de la discusión sobre el salario mínimo y los ajustes en precios regulados, factores que limitarán la capacidad del banco central para reducir su tasa de interés de manera más acelerada.

En el ámbito fiscal, las advertencias son contundentes. Corficolombiana estima que el déficit fiscal superará el 7,5% del PIB al cierre de este año y podría acercarse al 8% en 2025, cifras que representan los niveles más altos en al menos 120 años, exceptuando el periodo de la pandemia.

“Estos datos demuestran que las finanzas públicas no son sostenibles en el corto ni en el mediano plazo, y eso naturalmente imprime riesgos importantes para la economía colombiana, sin importar el gobierno que llegue”, señaló César Pabón.

El directivo advirtió que, aunque la llegada de un nuevo gobierno podría modificar algunos rumbos, será difícil revertir rápidamente la situación fiscal y los problemas de precios e inflación, ya que los presupuestos de este año y el próximo están prácticamente definidos.

La deuda pública constituye otro foco de preocupación. En septiembre, el endeudamiento del país alcanzó un nuevo récord histórico, con un incremento de $169 billones en sólo 12 meses, el mayor salto anual desde 2002.

Pabón precisó que la deuda ya supera el 60% del PIB, uno de los niveles más altos de la historia reciente fuera del contexto de la pandemia, y no muestra señales de corregirse. “El problema no es solo de planeación financiera, pues se han sobreestimado los ingresos año tras año, sino también de falta de austeridad y de ajuste en el gasto, medidas que eran necesarias para aliviar, al menos parcialmente, esta situación”, explicó el experto.

Añadió que la presión sobre el gasto persistirá y que las decisiones de fondo sólo tendrán efecto a partir de 2027, mientras la falta de sostenibilidad fiscal ya afecta la confianza en la economía, como reflejan las calificaciones de riesgo y el aumento de los intereses que paga el Gobierno por su deuda.

En respuesta a este contexto, el Gobierno inició una operación de manejo de deuda poco convencional, que consiste en tomar un préstamo de corto plazo en francos suizos a una tasa baja para recomprar TES y bonos globales con descuentos altos. Pabón calificó esta estrategia como novedosa, pero advirtió sobre los riesgos asociados.

El primero es el riesgo cambiario, ya que la operación expone al país a la volatilidad del dólar y del franco suizo, aunque el Gobierno implementó coberturas para mitigarlo. El segundo riesgo, que se hará más evidente en 2026, es el de refinanciamiento, pues el nuevo gobierno deberá decidir si refinancia la deuda, emite nuevos bonos —por ejemplo, en euros— o asume el pago si las condiciones no son favorables.

“Es, en resumen, una apuesta novedosa, pero con riesgos claros: cambiarios, de refinanciamiento y también políticos. Aunque podría generar ingresos adicionales en el corto plazo —como lo ha señalado el Ministerio de Hacienda—, estos recursos están destinados principalmente a aliviar la situación fiscal y mejorar la liquidez del Gobierno nacional”, concluyó Pabón.