La Secretaria Distrital de Salud denunció que las Subredes Integradas de Servicios de Salud (SISS) del Distrito Capital enfrentan una presión sobre su liquidez debido a una concentración del 86% de las deudas hospitalarias en solo tres Entidades Promotoras de Salud (EPS) bajo intervención estatal, situación que amenaza la continuidad y calidad de la atención en la red pública de Bogotá.

El cálculo del impacto financiero y operativo abre interrogantes inmediatos sobre la sostenibilidad del sistema, ya que el monto de la facturación pendiente de radicación y los prolongados retrasos en los pagos de las EPS intervenidas agravaron la dificultad para cumplir con proveedores, talento humano y servicios tercerizados esenciales.

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De acuerdo con la misiva enviada el 23 de enero de 2026 al superintendente Nacional de Salud, Bernardo Armando Camacho, y firmada por el secretario Distrital de Salud, Gerson Orlando Bermont Galavis, la deuda total reconocida de las EPS con las SISS alcanzó los $307.561.000.000 con corte a noviembre de 2025. De esa suma, solo $58.466.000.000 (19,0%) corresponden a anticipos y giros directos, resultando en una cartera neta pendiente de $249.096.000.000 que representa la carga principal para las finanzas de la red, reveló el documento publicado por El Tiempo.

El problema se intensifica debido a la facturación sin radicar, que asciende a $46.500.000.000 en solo tres EPS intervenidas, cifra que no ha ingresado al circuito formal de pago, lo que incrementa la incertidumbre sobre el flujo de recursos para la operatividad hospitalaria. Estas entidades, identificadas como Nueva EPS, Famisanar y Coosalud, concentran cerca de $215.431.000.000 del total adeudado, lo que equivale al 86,5% de la cartera radicada neta.

El documento advierte que la persistencia de este escenario impacta no solo el abastecimiento de medicamentos, insumos y dispositivos médicos, sino que también genera retrasos en las obligaciones laborales y contractuales de las SISS. Esto pone en riesgo la disponibilidad del personal asistencial y administrativo necesario para garantizar la continuidad del servicio.

Los efectos de la deuda de las EPS intervenidas en la red hospitalaria

La mayor parte de la presión financiera recae sobre las subredes públicas debido a la concentración del riesgo en pocas aseguradoras bajo intervención. La Secretaría de Salud subrayó que Nueva EPS, Famisanar y Coosalud son responsables del 86,5% de la cartera radicada neta, que deja a las subredes en una exposición muy elevada frente a eventuales incumplimientos o nuevas demoras en el pago.

El riesgo operativo aumenta por la presencia de facturación sin radicar, es decir, servicios ya prestados, pero que no han entrado en los circuitos formales de reconocimiento ni de pago. Esta situación se atribuye a problemas como inconsistencias en autorizaciones, validaciones incompletas y ajustes derivados de cambios en los lineamientos operativos de las EPS intervenidas, especialmente tras la sustitución de agentes interventores designados por la Superintendencia Nacional de Salud.

La falta de radicación prolonga el plazo antes de iniciar el ciclo de cobro, por lo que aumenta la probabilidad de que los recursos no sean recaudados oportunamente. Esto, a su vez, compromete la capacidad futura de los hospitales para responder a los incrementos de demanda y a las obligaciones contractuales con proveedores estratégicos.

Impacto operativo y solicitud de soluciones

En el documento dirigido a la Superintendencia Nacional de Salud, la Secretaría de Salud advierte que la restricción de liquidez afecta gravemente la gestión cotidiana del talento humano, generando dificultades para garantizar en tiempo y forma el cumplimiento de pagos y la continuidad del personal requerido. A esto se suman los retrasos en la formalización de cuentas por cobrar, que postergan los plazos de pago y obstaculizan la sostenibilidad de la red.

Según Gerson Orlando Bermont Galvis, secretario de Salud distrital, la deuda de las EPS intervenidas y la elevada cifra de facturación pendiente de radicación configuran una presión sin precedentes sobre la red hospitalaria de Bogotá. De hecho, el alcalde Carlos Fernando Galán ya había señalado anteriormente que el total de la cartera adeudada a los hospitales de la ciudad se aproxima a los $300.000.000.000.

Frente a este panorama, la Secretaría de Salud solicitó la intervención activa de la Supersalud para facilitar pagos efectivos a través de mecanismos como giros directos, acuerdos de pago calendarizados, compromisos verificables y planes de acción que permitan avanzar en el saneamiento progresivo de las obligaciones. El objetivo, según la dependencia gubernamental, es fortalecer la estabilidad financiera de las subredes y garantizar la prestación de servicios sin interrupciones.

El embargo de la finca Cantora y su próxima subasta han dejado a Isabel Pantoja sin bienes con los que responder a la deuda que mantiene con la Agencia Tributaria, lo que ha llevado a que el organismo fiscal decida agotar la vía penal para reclamar el importe adeudado. Según la información difundida por la revista Lecturas, la artista tendría que hacer frente a una obligación tributaria de 1.010.000 euros, cifra que excede el umbral que configura un delito fiscal en España. La intervención judicial podría acarrear para Pantoja consecuencias legales de relevancia, incluida una eventual condena que oscilaría entre uno y cinco años de prisión, dadas sus antecedentes penales.

Lecturas reportó que la cantante atraviesa la peor de las coyunturas desde que en 2014 salió de la prisión de mujeres de Alcalá de Guadaira, en la que permaneció durante 14 meses tras ser condenada en el marco del ‘Caso Malaya’ por blanqueo de capitales. La publicación subrayó que la situación actual implica la posibilidad real de que la artista regrese a la cárcel si no salda la cuantiosa deuda pendiente con la Hacienda española. De acuerdo con Lecturas, la garantía principal para dicha deuda era la finca Cantora, ubicada en Medina Sidonia, la cual quedó embargada por el impago de cinco años de hipoteca, que ascendía a 12.000 euros mensuales, generando un adeudo total de 2.200.000 euros con KutxaBank.

El director de Lecturas, Luis Pliego, declaró en el programa ‘El tiempo justo’ que la expiración del plazo administrativo para saldar la deuda ha dejado a la Agencia Tributaria sin bienes a los que dirigirse para recobrar el capital, pues la finca ya no pertenece a Isabel Pantoja. “El plazo ya se ha acabado porque ya no tiene la finca, la finca pertenece al banco. La Agencia Tributaria ahora mismo no tiene donde reclamar a Isabel Pantoja ese dinero y los aplazamientos y los plazos que le habían dado han vencido”, sostuvo Pliego, citado por la misma revista.

La posibilidad de que el caso sea tratado en la vía penal añade presión a la tonadillera, especialmente porque arrastra antecedentes penales tras su condena previa. Lecturas detalló que el hecho de que la deuda supere el millón de euros sitúa el asunto en el terreno del delito fiscal, agravando la situación procesal de Pantoja y abriendo el riesgo de una sanción de reclusión. El mismo Luis Pliego mencionó que las perspectivas legales dependerán enteramente de que la cantante consiga abonar el total adeudado: “Lo tiene complicado a no ser que pague. Va a revivir su peor pesadilla”, aseguró.

A este complejo escenario se suma la incertidumbre económica por el futuro de la serie biográfica sobre la vida de Isabel Pantoja. Según difundió Lecturas, la cantante ha estado en negociaciones prolongadas con una plataforma de vídeo global para vender los derechos de una producción que recoja los episodios más privados y polémicos de su trayectoria. Sin embargo, la compañía audiovisual habría dado como plazo límite el mes de abril para que Pantoja acepte relatar temas sensibles como su paso por la cárcel, el vínculo mantenido con Julián Muñoz, así como amistades mediáticas con figuras como Encarna Sánchez o María del Monte. La publicación indicó que la negativa de la cantante a abordar estos asuntos considerados “líneas rojas” podría hacer que el proyecto no prospere.

El medio subraya que esta serie representaba la principal opción para la artista en su búsqueda de estabilidad financiera, dado su potencial comercial. La imposibilidad de concretar este proyecto agrava el delicado momento económico que Isabel Pantoja enfrenta tras la pérdida de sus activos inmobiliarios y las deudas acumuladas. Lecturas concluyó que la suma de los problemas legales y económicos coloca a la cantante en una posición cada vez más desafiante, mientras la Agencia Tributaria continúa los trámites necesarios para reclamar judicialmente el millón diez mil euros a través de la jurisdicción penal.

El próximo gobierno de Honduras, encabezado por el presidente electo, Nasry Asfura, asumirá el poder con una deuda flotante millonaria y una serie de obligaciones financieras que el actual mandato dejará pendientes al finalizar el período fiscal.

Esta situación, confirmada por la Secretaría de Finanzas (Sefin) y su titular Cristhian Duarte, delineará el arranque de la nueva gestión, en un escenario fiscal condicionado por la capacidad recaudatoria estatal y el acceso a financiamiento externo durante los próximos meses.

En los días previos a la transición gubernamental, Sefin anunció la inminente realización de un desembolso de alrededor de 1,000 millones de lempiras, que estará dirigido principalmente a empresas del sector construcción. De acuerdo con Duarte, la operación se concretará a más tardar el viernes 23, si el flujo de ingresos estatales lo permite.

Estos recursos cubrirán parcialmente los compromisos con compañías constructoras y otros proveedores que ejecutan proyectos de infraestructura actualmente financiados por el Estado.

Este pago busca mitigar los prolongados retrasos de los últimos meses, una problemática que el sector construcción viene denunciando. El presidente de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (Chico), Gustavo Boquín, expuso que la falta de desembolsos no es atribuible a un único funcionario o dependencia, sino al accionar conjunto de la Secretaría de Finanzas, la Secretaría de Infraestructura y Transporte y la Presidencia de la República. Boquín advirtió que esta cadena de decisiones ha provocado demoras significativas en los pagos por obras ya ejecutadas, comprometiendo la operatividad de las empresas.

Según explicó Duarte a medios locales, la deuda flotante que quedará pendiente al cierre de la administración actual oscila entre 8,000 y 15,000 millones de lempiras. Este tipo de obligación surge en cada ejercicio fiscal por contratos asumidos que no logran saldarse antes del relevo en el gobierno. “La administración actual también heredó una deuda flotante cercana a los 13,000 millones de lempiras al inicio de su gestión”, recordó el funcionario, quien destacó que este fenómeno responde a un patrón recurrente vinculado a la dinámica de los ingresos y la ejecución del presupuesto público

En paralelo a los compromisos con empresas privadas, la Secretaría de Finanzas reconoció un atraso importante en transferencias a las municipalidades, con montos pendientes que superan los 2,000 millones de lempiras. Duarte explicó que estos fondos no se han podido entregar en tiempo y forma porque el Congreso Nacional aún no autoriza créditos externos calculados en 8,200 millones de lempiras. Sin esa autorización, el Estado carece de margen para cumplir cabalmente con los gobiernos locales, lo que ya ha resultado en demoras en el pago de salarios y la ejecución de proyectos municipales en distintas alcaldías.

La falta de estos fondos ha generado dificultades en varios niveles de la administración pública, principalmente en los gobiernos municipales, que dependen de las transferencias centrales para cubrir gastos operativos, inversión social y el cumplimiento de planillas. Algunas alcaldías reportan problemas para atender obligaciones básicas y denuncian que la disminución del flujo de recursos afecta su funcionamiento cotidiano.

El ciclo de compromisos y deudas pendientes se profundiza en contextos de baja recaudación o retrasos en la obtención de financiamiento internacional. Duarte recalcó que el Estado debe cumplir con todos sus contratos, independientemente de los cambios de gobierno. Insistió en que las obligaciones son con el Estado y no con actores partidarios, y deben ser respetadas según lo estipulado en las leyes vigentes.

La Secretaría de Finanzas subrayó que el manejo de la deuda flotante constituye un proceso habitual en la transición entre gobiernos, pero su impacto se intensifica al acercarse los cambios de administración. El inicio del mandato de Nasry Asfura ocurrirá en medio de tensiones acumuladas, con el desafío de garantizar la continuidad de los proyectos de infraestructura y restablecer el flujo de pagos a sectores estratégicos.

La magnitud de la deuda heredada, la necesidad de sanear los compromisos con proveedores y municipalidades y la dependencia de las decisiones legislativas respecto de los créditos marcarán el escenario fiscal para el gobierno entrante desde los primeros meses de 2026.

La finca La Manuela, propiedad que perteneció al extinto narcotraficante Pablo Escobar, fue subastada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) por $7.700.000.000, según denunció Sandra Duque, alcaldesa de El Peñol, entidad que reclama una deuda millonaria por concepto de impuesto predial.

El predio, situado a la orilla de la represa en la vereda El Uvita y con una extensión de 7.826 metros cuadrados, fue escenario de operaciones vinculadas con el Cartel de Medellín. La alcaldesa Duque, afirmó que la SAE mantiene una deuda de $235.771.784 correspondiente a 144 cuotas del impuesto predial impagas, e insistió en la falta de claridad sobre quién será responsable del pago tras la venta.

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“La Sociedad de Activos Especiales le está adeudando al municipio del Peñol 144 cuotas de impuesto predial, por un valor de 235.771.784 pesos. Queremos saber con quién o a quién hay que pasarle esta cuenta de cobro”, aseguró.

La mandataria municipal también señaló que el precio de la subasta superó de manera notoria el avalúo oficial del inmueble, fijado en $2.887.486.550. Además, recalcó que, pese a las solicitudes de la administración local para destinar la propiedad al desarrollo de proyectos turísticos, el destino del predio fue finalmente definido por lo que describió como un “misterioso acto administrativo” de la SAE.

“Nos asombramos el valor de esta transacción a sabiendas de que, catastralmente, la finca La Manuela tiene un avalúo de $2,887,486,550”, sostuvo Duque.

La familia Escobar se pronunció por la venta del predio

El complejo futuro de La Manuela, la histórica finca de Pablo Escobar en Guatapé, Antioquia, quedó sellado tras un proceso de subasta que generó críticas y controversias. El inmueble, con sus más de 7.000 metros cuadrados, fue adjudicado el pasado 8 de enero de 2026 por la Sociedad de Activos Especiales (SAE) a un comprador no identificado, en una operación por $7.700.000.000. Aunque las ruinas de la propiedad fueron durante décadas un foco de atracción para el turismo y la economía local, el bajo valor de venta respecto al avalúo original plantea interrogantes sobre el destino y la memoria de este lugar marcado por la violencia vinculada con el cartel de Medellín.

La mayor parte de la estructura permanece destruida desde febrero de 1993, cuando el grupo conocido como Los Pepes colocó explosivos en la propiedad. Daniel Escobar, sobrino nieto del narco y propietario del hotel La última caleta, declaró a Infobae Colombia su sorpresa por el precio final alcanzado, al que calificó como una “distorsión del mercado”.

A juicio de Escobar, el procedimiento de la SAE presentó fallas de transparencia y generó una transacción muy por debajo del valor real estimado. “Realmente fue muy poca información o tal vez ninguna y creo que fue por su precio de venta, pues es un precio totalmente absurdo para su ubicación, esto es muchísimo menos de lo que vale esta propiedad”, sostuvo a Infobae. Añadió que, de haber estado enterado de la subasta, habría intentado adquirir el predio, subrayando: “fue un regalo más que una venta real”. Documentos oficiales indican que el avalúo de la SAE situaba el inmueble en $9.800.000.000, lo que remarca la diferencia de más de $2.000.000.000 entre el precio estimado y el de venta.

El impacto de la existencia de La Manuela sobre la economía de Guatapé es tangible. Según explicó Escobar a este medio, la llegada de visitantes al municipio depende fundamentalmente del embalse de Guatapé, de la Piedra del Peñol y de los rastros históricos asociados a Pablo Escobar, convirtiendo la finca en uno de los ejes de la oferta turística local.

La propiedad nunca fue habitada por su dueño. Escobar relató que, cuando la finca estaba a punto de ser inaugurada, un atentado frustró cualquier posibilidad de que los familiares se instalaran allí. Y explicó: “La historia que conozco de la finca es que 15 días antes de ser inaugurada ponen una bomba y nadie de la familia alcanza ir a esta propiedad, en especial mi tío abuelo Pablo Escobar, nunca estuvo en esta propiedad por la guerra que sufrió mi familia”.

La deuda judicial del Ministerio de Defensa alcanzó una magnitud que compromete la estabilidad financiera de la entidad y la credibilidad del Estado colombiano. Según información obtenida por Semana, existen 15.915 cuentas de cobro pendientes que suman más de $6 billones por concepto de sentencias y conciliaciones judiciales.

Estas obligaciones, que crecen diariamente debido a intereses corrientes y moratorios, derivan de fallos que buscan reparar a uniformados heridos en servicio, familias de fallecidos y víctimas de irregularidades cometidas por agentes de la fuerza pública, incluidas desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales reconocidas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

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El impacto humano de esta crisis se refleja en testimonios como el de Abdón Vargas Chavarro, soldado retirado que perdió una pierna tras recibir un disparo accidental en 2015. Aunque un juez ordenó su indemnización, el Ministerio no ha cumplido con el mandato de la justicia colombiana.

“Me amputaron la pierna por el accidente. Yo recibo un salario mínimo, pero necesito el dinero que se le ordenó al Gobierno para seguir sosteniendo a mi familia. Me ha tocado vender cosas en el TransMilenio, trabajar en el campo con la prótesis averiada. Nadie entiende mis problemas”, explicó el exuniformado.

Casos similares se repiten en todo el país, como el de Fredy Mayor, que perdió un ojo al caer en un campo minado en el departamento del Cauca hace una década y aún espera recursos para costear su tratamiento médico. La dimensión del problema se agrava por la acumulación de obligaciones no saldadas durante al menos los últimos siete años. De acuerdo con cifras del Ministerio de Defensa, 60.000 personas esperan el pago de indemnizaciones.

El abogado Javier Villegas detalló al medio citado que solo en su despacho, 500 familiares de víctimas de falsos positivos siguen aguardando el cumplimiento de sentencias que superan cientos de millones de pesos.

“El Estado, hasta la fecha, no se ha dignado a cumplir con las sentencias judiciales, lo que de por sí es una revictimización grave de las víctimas, ya que se está vulnerando el derecho a una reparación integral y a garantías de no repetición”, afirmó Villegas, que ha acudido a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para denunciar el reiterado incumplimiento.

El ministro de Defensa, general (r) Pedro Sánchez, respondió a las críticas de soldados retirados, víctimas de falsos positivos y organizaciones de oficiales pensionados, quienes responsabilizan al Gobierno de las demoras y obstáculos en el pago de las indemnizaciones. Sánchez explicó que el ministerio ha realizado pagos conforme a los recursos asignados en cada vigencia fiscal, pero reconoció que la capacidad de pago es limitada.

Actualmente, la entidad dispone de $226.000 millones para cubrir apenas el 0,3 % de la deuda total. “El pasivo de la entidad corresponde a obligaciones no pagadas en vigencias anteriores. Esto es, obligaciones litigiosas, cuyas cuentas de cobro fueron presentadas desde 2019, lo que implica que se tiene una mora acumulada superior a cinco años”, detalló el ministro a Semana. Además, precisó que el monto requerido para saldar la deuda actual en sentencias y conciliaciones, a cargo del Ministerio de Hacienda, asciende a $6.601.965.109.234.

La explicación oficial insistió en que la “poca capacidad de pago que se tiene corresponde a la gran limitación presupuestal del Gobierno nacional”. Esta restricción generó un círculo vicioso: los intereses incrementan el valor de las sentencias, como en el caso de un fallo que pasó de $80 millones a $110 millones, lo que profundiza el déficit y dificulta aún más el cumplimiento de las obligaciones.

La Contraloría General de la República puso la lupa sobre este tema, por el riesgo de un deterioro patrimonial para el Estado y la proliferación de prácticas irregulares. El abogado Elber Delgado advirtió que la desesperación de las víctimas propició la venta de sentencias a empresas que lucran con la espera y la necesidad de los afectados. Esta situación, además de agravar la revictimización, expone al Ministerio de Defensa a un deterioro financiero progresivo y a una pérdida de confianza en la capacidad estatal para garantizar la reparación y la justicia.

“En ausencia de Estados Financieros de la Nueva EPS desde 2023 e intervenida por el Gobierno, que afilia a cerca de 26% de la población y administra más de $24 billones, es imposible conocer el estado financiero agregado del sistema de salud”.

Con esta afirmación, la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) subrayó la dificultad de evaluar con precisión la situación financiera del sistema de salud colombiano, debido a la falta de información clave sobre una de las entidades más grandes del sector. La advertencia surge en medio de un intenso debate público, luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que las obligaciones del sistema de salud alcanzan los $100 billones, cifra que la agremiación de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) rechazó de manera categórica.

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En respuesta directa a las declaraciones del mandatario durante el último Consejo de Ministros, Acemi sostuvo que “la deuda reconocida y liquidada por las EPS reportada en los catálogos de información financiera enviados a la Superintendencia Nacional de Salud es de $13,9 billones”. Esta cifra, según la organización, se encuentra muy lejos de los montos mencionados por el presidente Petro. Además, la entidad respalda su posición con datos de la Contraloría, que sitúan la deuda total del sistema de salud en $32,8 billones, una cantidad que, aunque considerable, dista de la magnitud señalada por el Ejecutivo.

Al respecto, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para señalar que el sistema de las EPS perjudica a los colombianos. En ese sentido, sostuvo que son falsos los argumentos sobre estabilidad financiera de las aseguradoras, ya que “las deudas no pagadas son las encontradas por la contraloría, solo que comienzan a sumar desde el 2020 para las EPS aún existentes, y a valor corriente”, escribió en su cuenta de X.

Y agregó, que “para cobrar deben traerse a valor constante, con deflactor en la tasa de interés nominal, que el mismo Banco de la República puso”.

Así las cosas, sostuvo que la falta de pago de más de 100 EPS sumado a la tasa de inflación son los responsables de las dificultades del sistema de salud actual, por lo que el mandatario exigió a la organización gremial revelar la verdad a los colombianos.

“Pero el país debe saber cual es la deuda total de las 157 EPS que existieron en el país y que no pagaron, traídas a valor presente con el deflactor de la tasa de inflación. Que ACEMI le diga la verdad al pueblo (sic)” .

En paralelo, el presidente Petro publicó un mensaje que puso en duda la transparencia de la Nueva EPS en el manejo de su información financiera. En su trino, afirmó: “Saben los demandantes que están a punto de salir los datos contables de la Nueva EPS, que nunca tuvo un sistema de información real, están desesperados por taparlos”.

A renglón seguido dijo que “las deudas de la Nueva EPS la pusieron hace rato en causal de disolución. Estamos tratando de salvarla. Pero buscan es que no se salve la información”.

Incluso, el mandatario solicitó a los magistrados del Consejo de Estado que “puedan mirar los datos, y ordenar una auditoría forense sobre todo el sistema”.

En ese sentido, mencionó que sí se revisan las deudas de las EPS se debería aplicar la ley y la Constitución Política con el fin de que se intervenga todo el sistema.

“Si aplicáramos la ley y la Constitución, todo el sistema de salud debería ser intervenido. Y hay que hacerlo si no hay reforma de ley, donde las actuales EPS puedan tener otro papel, ya no asegurador”.

Paloma Cuevas, socialite española, no suele ser muy activa en redes sociales; sin embargo, en esta ocasión sorprendió a propios y extraños al compartir una imagen que deja al descubierto lo orgullosa que está de Luis Miguel.

Hace unas horas, la empresaria y diseñadora publicó una imagen en la sección de instantáneas de Instagram, la cual muestra el éxito que consiguió el cantante en México tras su reciente gira.

Por lo que se puede observar en la publicación, el intérprete de éxitos como “Ahora te puedes marchar”, La incondicional" y “Hasta que me olvides” es uno de los artistas más reproducidos en la plataforma de Spotify.

Con 14 billones de oyentes, “El Sol de México” se encuentra en el segundo lugar, muy cerca de Michael Jackson, quien cuenta con 15.5 billones. Asimismo, en la lista también destacan nombres como Bob Marley, Britney Spears, Elton John, Elvis Presley, Mariah Carey y Bruce Springsteen; lo que significa que Luis Miguel es el único mexicano.

La acción por parte de la empresaria y diseñadora española de inmediato llamó la atención, pues desde que comenzó su relación con el cantante han decidido tener una vida privada, ya que pocas veces se deja ver juntos públicamente.

Luis Miguel seguiría enfrentando deuda millonaria con piloto

En medio del éxito del cantante mexicano, cabe recordar que hace unos meses el piloto aviador Raúl Aldana señaló que Luis Miguel tenía una deuda pendiente de más de 6 millones de pesos mexicanos.

Fue en febrero del presente año cuando Ventaneando dio a conocer que la deuda abarcaba cinco vuelos privados que fueron realizados hace más de dos años a Los Cabos y algunas ciudades de España.

Ahora, el piloto volvió a romper el silencio en una entrevista con Shanik Berman para Radio Fórmula, donde además de reafirmar sus acusaciones, mostró la bitácora de los vuelos.

Asimismo, reveló que hace unos meses, después de ofrecer una entrevista a Telecinco, fue amenazado con una posible demanda, al igual que la televisora; sin embargo, descartó completamente que Luis Miguel esté al tanto de la situación.

“El problema es con el equipo que lo representa; no creo que Luis Miguel esté enterado”, declaró.

Hasta el momento, el cantante de 55 años y su equipo legal no han ofrecido declaraciones al respecto; pero cabe señalar que el piloto también reveló que en una segunda llamada a Telecinco, tras recibir la amenaza, la abogada Norma Mejía admitió que sí existía dicha deuda con la aereolínea privada.

Uno de los principales puntos de tensión entre Ecopetrol y Morelco S.A.S., filial colombiana de la multinacional peruana Cumbra Perú S.A., gira en torno a la millonaria deuda de esta última con proveedores y empleados.

Según informó El Tiempo, la deuda supera los 224.000 millones de pesos, lo que llevó a Morelco a solicitar un proceso de insolvencia y a iniciar su liquidación judicial ante la Superintendencia de Sociedades.

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Esta situación ha provocado bloqueos en los campos petroleros de Acacías, Meta y ha puesto en riesgo la continuidad de proyectos clave.

El contrato entre Ecopetrol y Morelco, firmado al inicio del mandato de Gustavo Petro, tenía como propósito la construcción del Centro de Procesamiento de Fluidos (CPF) Orotoy en Acacías, bajo la modalidad EPC (Ingeniería, Procura y Construcción), que obliga al contratista a asumir todos los riesgos y costos de la obra por un precio fijo.

El contrato original, de más de 320.000 millones de pesos, recibió una adición de 44.000 millones en noviembre de 2023.

Sin embargo, entre febrero de 2023 y abril de 2024, el proyecto sufrió seis suspensiones, cinco de ellas durante la fase de construcción, lo que afectó gravemente su ejecución.

Morelco atribuye su crisis a supuestos incumplimientos por parte de Ecopetrol y su filial Cenit, alegando que las suspensiones fueron causadas por protestas de la Unión Sindical Obrera (USO), que demandaba beneficios extralegales para los trabajadores.

Además, la empresa peruana sostiene que Cenit entregó información técnica deficiente y demoró las respuestas a sus solicitudes, lo que, según Morelco, generó pérdidas superiores a 191.000 millones de pesos.

Por su parte, Ecopetrol ha rechazado estas acusaciones, asegurando que el contrato finalizó el 30 de diciembre de 2024 sin que Morelco cumpliera con el objeto pactado.

La petrolera impuso sanciones, incluyendo una multa de 16.000 millones de pesos por violaciones al código de ética, negó prórrogas y dio por terminados otros contratos con la firma peruana.

Ecopetrol ha dejado claro que las deudas son responsabilidad exclusiva de Morelco, afirmando que cumplió todas sus obligaciones contractuales.

El conflicto ha llevado a que 38 empresas demanden a Morelco por pagos pendientes, mientras empleados y proveedores temen que la firma abandone el país sin saldar sus deudas, según el medio citado.

Algunos acreedores han pedido a Ecopetrol que asuma los pagos, pero la estatal se ha negado rotundamente.

La Superintendencia de Sociedades ha solicitado información adicional a Morelco para avanzar en el proceso de insolvencia, dando un plazo de cinco días hábiles.

Consejo de Estado rechaza demanda de 210 millones de dólares contra Ecopetrol

Tras casi una década de disputas legales, el Consejo de Estado de Colombia ratificó la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de rechazar una demanda por 210 millones de dólares presentada por la empresa extranjera Worldwide Energy Investment (WEI) contra Ecopetrol, la principal compañía petrolera del país.

Según informó el Consejo, no existía ningún vínculo jurídico entre ambas partes que justificara las pretensiones de la demandante.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (Andje), que representó los intereses del Estado colombiano en este caso, la demanda de WEI se basaba en hechos que no establecían una relación contractual directa con Ecopetrol.

La agencia argumentó que la relación jurídica de WEI estaba limitada exclusivamente a la Universidad Industrial de Santander (UIS), con la que había colaborado como parte de un convenio interadministrativo firmado en 2006.

El conflicto se originó a partir de un acuerdo suscrito entre Ecopetrol y la Universidad Industrial de Santander, cuyo objetivo era desarrollar el proyecto denominado Campo Escuela Colorado, enfocado en actividades científicas y tecnológicas. En este convenio, WEI participaba como aliado estratégico de la universidad, pero no como parte directa del contrato con Ecopetrol.

Años después, en 2015, WEI interpuso una demanda de reparación directa, alegando que la terminación anticipada del convenio le había ocasionado perjuicios económicos significativos. Además, acusó a Ecopetrol de haber causado un daño antijurídico y solicitó que se declarara la responsabilidad extracontractual de la empresa estatal.

La Andje presentó pruebas que demostraron que la terminación del convenio se realizó conforme a lo estipulado en los términos del acuerdo, sin que Ecopetrol incurriera en acciones que generaran responsabilidad patrimonial.

En un comunicado, la agencia señaló que no existía evidencia de mala fe por parte de la petrolera ni de expropiación de las inversiones de WEI. Estas conclusiones fueron respaldadas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en 2023, cuando negó las pretensiones de la demanda.

El Hospital Alma Máter de Medellín anunció, a través de un comunicado, la suspensión de los servicios ambulatorios y hospitalarios a los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) debido a una deuda superior a los 4.865 millones de pesos.

Esta decisión, que fue comunicada el 17 de marzo del 2025, afectaría a miles de maestros y sus familias, que dependen de este centro asistencial para su atención en salud.

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En una carta enviada a la Fiduprevisora, administradora de los recursos de salud del magisterio, y conocida por Blu Radio, el hospital notificó que solo continuará brindando atención en casos de urgencias vitales hasta que se realice el pago total de la deuda acumulada.

“A la fecha, la falta de cumplimiento en los pagos ha llevado al hospital a una situación insostenible, lo que nos obliga a tomar decisiones drásticas en defensa del bienestar de nuestros trabajadores y la seguridad de nuestros pacientes. En consecuencia, nos vemos en la obligación de proceder con el cierre de los servicios ambulatorios y hospitalarios, manteniendo únicamente la atención de urgencias vitales hasta tanto se realice el pago esperado en su totalidad”, precisa la carta enviada por la entidad.

El documento también señala que de la deuda total, 3.801 millones de pesos corresponden a pagos vencidos, lo que ha generado una crisis de sostenibilidad en la operación del hospital, afectando tanto a los trabajadores como a los pacientes.

Impacto en la comunidad de docentes y en la formación académica

El Hospital Alma Máter, con aproximadamente 500 camas y un alto volumen de atenciones anuales, no solo presta sus servicios en Antioquia, sino que también es centro de referencia para pacientes de Chocó, Córdoba y San Andrés. Además, funge como un espacio de prácticas clínicas para más de 12.000 estudiantes de ciencias de la salud cada año, lo que también podría verse afectado por la crisis financiera, de acuerdo con datos publicados por Caracol Radio.

La institución ha solicitado a las autoridades correspondientes que se actúe con urgencia para garantizar el pago de los recursos adeudados. “Es fundamental que se incluya el desembolso en la primera programación disponible para evitar un colapso total en la atención hospitalaria”, enfatizó el hospital.

La situación del Hospital Alma Máter se suma a una problemática más amplia en el sistema de salud del país. Actualmente, las deudas de las EPS liquidadas ascienden a 90.000 millones de pesos, lo que impacta gravemente la estabilidad de los hospitales y centros de salud. En el caso específico del Alma Máter, su cartera pendiente hasta febrero alcanzaba los 97.589 millones de pesos, de los cuales 84.242 millones ya están vencidos.

Ante este panorama, el hospital se encuentra a la espera de una respuesta por parte de la Fiduprevisora y el Fomag para garantizar la continuidad en la prestación de sus servicios a los docentes y sus familias.

El modelo de salud del magisterio avanza con resultados positivos, pero enfrenta retos tras su primer año de implementación, es el reporte del Gobierno

En el primer año de funcionamiento del nuevo modelo de salud para el magisterio, el Gobierno y el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) reportaron avances significativos en la prestación de servicios médicos y la gestión de recursos.

Según informó el Ministerio de Educación, el sistema ha logrado saldar el 72% de las facturas radicadas por los prestadores de salud, lo que equivale a $1,71 billones de los $2,38 billones presentados hasta diciembre de 2024. Sin embargo, las autoridades reconocen que aún persisten desafíos importantes en áreas como la infraestructura y la logística.

En una reunión liderada por el presidente Gustavo Petro, el Gobierno evaluó los resultados obtenidos durante el primer año de implementación del modelo y estableció nuevas directrices para optimizar los procesos.

Según detalló el Ministerio de Educación, el presupuesto asignado para 2025 asciende a $21,3 billones, distribuidos estratégicamente para cubrir las necesidades de los docentes y sus familias. Este monto incluye $17,5 billones destinados a prestaciones económicas, $3,5 billones para servicios médicos asistenciales, $179.000 millones para gastos administrativos y $170.000 millones para el pago de sanciones por mora en cesantías.

Nuevos documentos judiciales sacan a la luz la abrumadora deuda que Michael Jackson acumulaba al momento de su fallecimiento en 2009. Conocido mundialmente como el “Rey del Pop”, Jackson dejó un legado musical indiscutible, pero también una situación financiera crítica.

Michael Jackson murió el 25 de junio de 2009 en Los Ángeles, a los 50 años, debido a un aparente paro cardíaco. Según documentos judiciales obtenidos por People el 21 de junio de 2009, Jackson acumulaba una deuda de más de 500 millones de dólares.

Después de su muerte, la responsabilidad financiera del lanzamiento de la gira recayó en su patrimonio. Jackson debía alrededor de 40 millones de dólares al promotor de conciertos AEG. Los ejecutores testamentarios John Branca y John McClain, junto con sus asesores legales, afirmaron en una presentación en marzo de 2024 que el patrimonio estaba al borde de la bancarrota cuando Jackson falleció. El patrimonio ahora se valora en más de 2 mil millones de dólares.

“La deuda del patrimonio se ha eliminado y se han resuelto prácticamente todas las reclamaciones de acreedores y litigios”, lee la petición de 2024. Los ejecutores pudieron renegociar las deudas existentes, lo que permitió al patrimonio evitar la pérdida de activos. Las renegociaciones incluyeron deudas garantizadas por el catálogo Mijac Music y la participación del patrimonio en Sony/ATV.

Cómo era la situación financiera de Michael Jackson antes de su muerte

La noche anterior a su muerte, Jackson realizó un ensayo general de seis horas en el Staples Center de Los Ángeles, preparándose para su serie de conciertos “This Is It” en el O2 Arena en Londres. Esta serie de conciertos era parte de su plan de regreso, el cual incluía la creación de nuevas canciones y extensos ensayos para perfeccionar los shows que se llevarían a cabo de julio de 2009 a marzo de 2010. Sin embargo, sus hábitos de gasto exorbitantes generaron una deuda acumulada de 30 millones de dólares anuales, según informó el Los Angeles Times.

Durante el juicio por responsabilidad civil iniciado en agosto de 2013, el contable público certificado William R. Ackerman testificó que Jackson había gastado grandes sumas en donaciones a la caridad, regalos, viajes, arte y muebles. “Gastó mucho dinero en joyas”, añadió Ackerman en ese momento.

Para 1998, Jackson ya debía 140 millones de dólares, y entre 2001 y 2009, su deuda aumentó en aproximadamente 170 millones de dólares. Ackerman también mencionó que los intereses de los préstamos de Jackson crecían, oscilando entre un poco menos del 7% al 16,8% anual.

Según The New York Times, Jackson utilizó su participación en un catálogo de canciones, que incluía éxitos de los Beatles, como garantía para préstamos de unos 270 millones de dólares obtenidos del Bank of America, que fueron vendidos posteriormente a Fortress Investment Group en 2005.

Cuáles son sus disputas legales en curso

En agosto de 2023, los acusadores Wade Robson y James Safechuck recibieron luz verde para proceder a juicio contra las compañías de Jackson, MJJ Productions y MJJ Ventures, por supuestas agresiones sexuales cuando eran niños, según documentos judiciales obtenidos por People.

La resolución de 37 páginas describe las acusaciones de que el personal de MJJ Productions fue cómplice en los supuestos abusos y ayudó a encubrirlos. Los demandantes alegan que las políticas permitieron a Jackson estar solo con menores, algunos de los cuales dormían en su habitación. El patrimonio de Jackson niega cualquier responsabilidad.

Randy Phillips, ex-CEO de AEG Live, declaró en 2009 a Rolling Stone que Jackson “estaba listo para limpiar sus finanzas”. Phillips subrayó que Jackson “quería dejar de vivir como un vagabundo y ganar dinero nuevamente”. Después de la muerte de Jackson, sus herederos han enfrentado grandes desafíos para cubrir los costos pendientes y proteger los activos del patrimonio.

Con el acuerdo del patrimonio con los tres hijos de Jackson, Prince Jackson, Paris Jackson y Bigi Jackson, el tribunal de sucesiones supervisa las finanzas y gastos del patrimonio. Cada seis meses, los abogados deben solicitar la autorización del tribunal para recibir el 30% de su compensación mientras se les permite conservar el 70%.

Qué herencia y activos le quedaron a su familia

En julio de 2018, Sony Corporation adquirió la participación del patrimonio en EMI Music Publishing por un precio aproximado de 300 millones de dólares. Este acuerdo representó una importante rentabilidad para el patrimonio de Jackson.

Además, se mencionó que las demandas contra el patrimonio en Europa y Japón fueron mayoritariamente resueltas o concluidas a favor del patrimonio.

En resumen, a pesar de los esfuerzos por estabilizar la situación financiera del patrimonio de Michael Jackson y resolver los litigios pendientes, los desafíos continúan, incluyendo la reciente batalla legal iniciada por Robson y Safechuck.