En Infobae a la Tarde, la economista Lara López Calvo afirmó que “en lo discursivo son muy parecidos”, al comparar el plan de Martínez de Hoz bajo la dictadura argentina con las políticas económicas actuales, pero advirtió sobre diferencias de fondo en materia fiscal y de endeudamiento.

Durante el análisis con el equipo de Infobae a la Tarde, integrado por Manu Jove, Maia Jastreblansky, Paula Guardia Bourdin y Lara López Calvo, se desgranó el impacto de la comunicación oficial y el modelo económico que impulsó Martínez de Hoz desde su llegada al Ministerio de Economía en 1976. La charla recorrió desde la función de la propaganda estatal hasta la liberalización financiera y la deuda externa, enfatizando el carácter profesional de los mensajes públicos que buscaban “la libertad de elegir” en el mercado, con la industria nacional enfrentándose a la competencia internacional.

La estrategia comunicacional del plan económico de Martínez de Hoz

López Calvo remarcó el peso de la publicidad oficial durante la dictadura: “Hay una propaganda de aquellos años que muestra cómo los empresarios estaban atrapados entre los costos y el dólar”. Según la economista, este tipo de mensajes tenía como objetivo “muy didáctico y claro” instalar la idea de que la apertura traería beneficios para la industria nacional, aunque advertía que la competencia internacional podía también traer productos de baja calidad.

El equipo recordó la emblemática campaña de la “silla de industria nacional”, utilizada como ejemplo de cómo la apertura de importaciones promovía la mejora en la producción local: “La de las sillas, que habla de una silla de industria nacional. Sin competencia pasa esto que ven ustedes ahora y se rompe”. Paula Guardia Bourdin reforzó: “Ahora tenés la libertad de elegir, prácticamente. Podés elegir la que más te guste”.

El discurso se alineaba, según López Calvo, con la lógica actual de apertura y defensa de la competencia: “Muy en línea con el discurso actual”, sintetizó Lara López Calvo.

Dos fases y un diagnóstico: déficit, inflación y deuda

La economista explicó que el diagnóstico central de Martínez de Hoz era que “la economía venía funcionando muy mal por lo cerrada que estaba”. Identificó dos etapas claves: una primera, ortodoxa, entre 1976 y 1978, marcada por el “congelamiento de salarios y suba de tarifas”, y una segunda, entre 1978 y 1981, caracterizada por la apertura total al mundo y la implementación de la “tablita cambiaria”.

“El plan económico de la dictadura tuvo un gran déficit fiscal, se endeudó mucho y el fondo de este plan económico, por ejemplo, sabemos que tiene superávit. Entonces, en lo discursivo sí veo muchas coincidencias. En el fondo del programa hay algunas diferencias”, afirmó López Calvo.

La reforma financiera de aquellos años sigue vigente, advirtió la economista: “Martínez de Hoz aplica una gran reforma financiera. La Argentina en ese momento pasó de un extremo a otro, de que los depósitos bancarios sean completamente regulados por el Estado a la completa liberalización”. El resultado fue la suba abrupta de las tasas de interés y la génesis de la “plata dulce”.

Sobre la tablita, López Calvo detalló: “Literalmente una tabla donde se anunciaba día y hora de cómo se iba a mover el tipo de cambio, devaluaciones, microdevaluaciones pautadas. Si vos ya sabés cuándo y cuánto va a subir el tipo de cambio, te están quitando un gran riesgo”. Esta previsibilidad, sumada a tasas elevadas, habilitó el ingreso de capitales especulativos y generó un proceso conocido como “bicicleta financiera”.

Paralelismos y diferencias con el presente

López Calvo advirtió que, aunque “en lo discursivo son muy parecidos”, existen diferencias estructurales. “El plan económico de la dictadura convivió con niveles de inflación bastante elevados”, señaló, recordando que la inflación anual durante la gestión de Martínez de Hoz promedió el “200%”, con picos de hasta “300%”.

La economista puntualizó que actualmente se observa un “reacomodamiento del balance del Banco Central” y que la desaceleración de la inflación responde a la existencia de superávit fiscal, marcando un contraste con el déficit crónico de la dictadura. “Eso no pasó en este plan económico. Fue apertura sin reacomodar las cuentas internas”.

El diálogo también abordó la relación entre el gobierno de facto y el empresariado, el rol de Martínez de Hoz como nexo con el establishment y el contexto internacional adverso, marcado por la crisis del petróleo de 1973 y el Rodrigazo. Maia Jastreblansky y Manu Jove destacaron que Martínez de Hoz fue uno de los ministros de Economía de mayor duración, convirtiéndose en figura central de la política económica y social del régimen.

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La economía argentina enfrenta tensiones persistentes en el riesgo país y una marcada dualidad sectorial, según expuso Miguel Kiguel, director ejecutivo de EconViews, durante el panel “La macro que viene” en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas del IAEF. Frente a un auditorio de empresarios y referentes del sector, ambos especialistas desplegaron diagnósticos sobre el presente y las alternativas de política económica.

En primer lugar, Kiguel describió que la Argentina atraviesa una etapa de transición luego de “dos años que implicaron un cambio importante y en la dirección correcta en donde va el país”. Además, planteó que el desafío central consiste en consolidar el programa económico ante variables críticas que muestran niveles de fragilidad, como el riesgo país, las reservas internacionales, la inflación y la dinámica desigual de los sectores productivos.

El ejecutivo de EconViews subrayó que el riesgo país argentino se mantiene en torno a los 600 puntos, una cifra considerable frente a los 400 puntos de referencia de países considerados de alto riesgo. “No hay una explicación sencilla; son un conjunto de factores”, indicó, y sostuvo que la deuda nacional como porcentaje del Producto Bruto Interno (PBI) no resulta elevada, por lo que el nivel de riesgo genera interrogantes. “¿Un país solvente por qué enfrenta este problema? Uno podría decir la historia, pero Ecuador no es la madre Teresa. Algo está pasando”, expresó.

Al analizar la mirada de los inversores internacionales, el economista remarcó que la persistencia de reservas bajas continúa como un factor de preocupación, aun cuando el Banco Central inició un proceso de compras. “Nuestras reservas siguen flacas a pesar de que el Banco Central está empezando a comprar. ¿Y por qué son importantes las reservas argentinas más que en otros países? Porque nuestra deuda es casi toda en dólares; esa es la diferencia, por ejemplo, con Brasil y Uruguay, que tienen un mercado en moneda local dinámico. Nosotros estamos en la situación inversa: mucha deuda en dólares y poca en pesos, a pesar de que esto está cambiando, pero lleva tiempo”, explicó.

Al respecto, el expositor definió ese fenómeno como el talón de Aquiles de la economía local. “A pesar de todo, tenemos mucha deuda en moneda extranjera y, para la tranquilidad del mercado, necesitamos más reservas”, señaló. También consideró que el sendero de recomposición de reservas comenzó, aunque la velocidad de avance y la oportunidad de acceder a mercados de capitales generan debate. “Uno puede argumentar que se puede haber ido más rápido, se podría haber emitido deuda en el mercado de capitales, discutible si habría sido una buena decisión o no, la oportunidad estuvo, no la aprovechamos en ese momento”, precisó.

Otro eje del análisis de Kiguel fue el comportamiento de la inflación. El director de EconViews observó que de repente empezó a subir, cuando tuvimos ocho meses seguidos sin que la inflación baje y en casi todos subieron. Frente a este escenario, reconoció que existen diferentes hipótesis sobre lo que sucedió, aunque no una respuesta definitiva. “Puede ser que esa inflación de 1,5% fuera un golpe de suerte. Se acuerdan que en marzo y abril había muchas dudas sobre si se iba a depreciar la moneda o no, mucha presión sobre los dólares paralelos, el Central estaba complicado, el tipo de cambio parecía que iba a subir; probablemente los precios se anticiparon y tuvimos más inflación en marzo y abril que en los otros dos meses”, relató.

Al evaluar la tendencia de los precios, Kiguel apuntó que entre octubre de 2024 y el presente se registró una inflación promedio de 2,4 por ciento. Consideró que el valor de 2,9% reciente no representa la tendencia, sino que está condicionado por shocks temporales, como precios estacionales. “Antes era demasiado bueno, ahora demasiado malo. Pero para bajarla de ese 2,4% va a hacer falta pensar en un plan de política antiinflacionaria que está y no está”, enfatizó.

El especialista también abordó la evolución de la tasa de interés, a la que definió como “muy volátil”. Sostuvo que en los meses previos la tasa mostró subas y bajas significativas, aunque en los días recientes se estabilizó. Comparó la TAMAR con una inflación del 3% en los últimos meses y observó que se trata de una tasa real negativa, lo que para él indica que no se utiliza como herramienta principal para frenar la inflación. “No está claro cuál es el régimen monetario, a lo largo del tiempo ha ido cambiando: fue el tipo de cambio al principio, la tasa de interés para frenar la inflación y el tipo de cambio en el periodo preelectoral y ahora está medio mezclado”, describió.

Economía en clave K

Sobre la actividad económica, Kiguel sostuvo que el desempeño resulta dispar entre los sectores. “Hay una sensación térmica en muchos sectores de que la economía no arranca y en otros que anda bárbaro. Es una economía en K, no por los Kirchner, sino porque hay una parte que sube y otra que baja”, afirmó. El director de EconViews profundizó en el concepto de economía dual: “Tenemos energía, agro, minería, servicios financieros, economía del conocimiento pum para arriba y después tenemos otros sectores como construcciones, industria, consumo masivo, salario y empleos que la están llevando como pueden. La tendencia es muy buena, pero estamos en un pozo, necesitamos empujar para que la economía empiece a andar un poco más”.

En este marco, Kiguel propuso que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) podría convertirse en un instrumento para estimular el crecimiento. “Hay algo que en la Argentina podría ayudar y no se está usando, que es el FGS, una forma de empujar esta economía es empezar a inyectarle más fuerza. ¿Qué tiene el FGS? Fondeo a largo plazo, es una de las pocas instituciones que puede dar préstamos a largo plazo”, argumentó.

Sobre los vencimientos de deuda, Kiguel remarcó que si bien los montos son significativos, el país cuenta con los recursos necesarios si mantiene un rumbo favorable. Destacó la importancia de la política de acumulación de reservas como factor clave para la estabilidad financiera. “Me gustó la idea de seguir usando el mercado local donde hay dólares que a la gente se le hace difícil colocar más allá de ir a un banco a un plazo fijo. A medida que pase el tiempo, la gente se va a tranquilizar en ese sentido”, opinó.

Ambos referentes enfatizaron la relevancia de instrumentos de política económica que permitan fortalecer el mercado doméstico, gestionar la volatilidad inflacionaria y consolidar la confianza de los agentes económicos e inversores, en un contexto donde la economía muestra señales de recuperación en algunos sectores y rezago en otros.

El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la aceleración de la inflación que se registró en los últimos meses y, al mismo tiempo, reafirmó que el Gobierno no saldrá al mercado internacional para colocar deuda, mientras que explicó que en los próximos meses anunciará nuevas vías de financiamiento alternativo para afrontar los vencimientos de capital de la deuda externa.

Durante su intervención en el 21.° Simposio de Mercado de Capitales y Finanzas Corporativas, el funcionario nacional puso énfasis en la búsqueda de opciones que permitan reducir costos y consolidar la estabilidad fiscal. En el plano de la política monetaria, y luego de que la inflación se ubica en 2,9% en febrero por segundo mes, Caputo remarcó que la dinámica inflacionaria depende de la oferta y la demanda de pesos. Aunque aseguró que, en la medida en que Argentina haga las cosas bien, “más temprano que tarde la inflación va a converger a los guarismos que todos queremos ver”.

“Veníamos muy bien hasta junio del año pasado y sufrimos un retroceso en los últimos siete, ocho meses. Hoy por hoy, la mayoría de los argentinos entiende que la inflación es un fenómeno monetario que se da por un desbalance en el mercado monetario, ese desbalance se puede dar por un aumento en la oferta de pesos, por una caída de la demanda o por una combinación de las dos. Uno, como policy maker, puede controlar la oferta, que es lo que hacemos nosotros, pero nosotros no podemos controlar la demanda, no podemos forzarlos a ustedes a tener pesos en el bolsillo si no quieren”, señaló.

El ministro vinculó la aceleración de precios reciente con la recomposición de precios relativos, especialmente en los bienes regulados y en la carne. “Estamos en un proceso de recomposición de precios relativos y tuvimos que subir regulados más de lo que se venía haciendo, tuvo un impacto, la carne tuvo un impacto fuertísimo, pero es algo puntual, la carne no va a seguir subiendo 8% todos los meses. Ya está, a partir de ahora deberíamos volver a un proceso de desinflación y en cuánto tiempo se llegará a los umbrales de que empezamos con cero, esperemos que sea pronto”, argumentó Caputo, quien sostuvo que el fenómeno inflacionario responde a factores específicos que tienden a corregirse.

También se refirió a la percepción social y el escepticismo ante la economía argentina. “Hoy es casi más difícil lidiar con escepticismo de mucha gente producto de nuestro pasado que con nuestra economía. La economía está tremendamente en orden, pero hay muchísima gente que no puede evitar pensar que a Argentina le tiene que ir mal. No es una queja, es descriptivo, el daño económico y psicológico que ha hecho el kirchnerismo en la gente es brutal”, manifestó.

Alternativas de financiamiento de la deuda

Por otra parte, el jefe del Palacio de Hacienda subrayó que el equipo económico no tiene pensado acudir al mercado internacional para refinanciar los compromisos de deuda. "En algún momento pensamos el año pasado, por ahí en noviembre-diciembre. Lo descartamos. Primero, importante aclarar, este es un Gobierno que no toma deuda; tenemos superávit; por el contrario, hemos cancelado mucha deuda, sobre todo al principio del mandato, cuando no teníamos la opción de refinanciar”, afirmó el ministro y subrayó que el Ejecutivo prioriza el uso de recursos propios y alternativas más económicas frente a la tradicional emisión de bonos en mercados globales.

Según Caputo, el equipo económico ya identificó financiamiento alternativo suficiente para cubrir los próximos tres vencimientos de capital. “El trabajo de Fede (por Furiase) en la Secretaría de Finanzas es el de refinanciar al país lo más barato posible. Tenemos opciones más baratas; mientras tengamos estas opciones más baratas, que por ahí el mercado no las sabe, pero se va a enterar en los próximos meses, nosotros vamos a seguir primando lo que es la opción más barata", aseguró. En esa línea, aseguró que tienen financiamiento identificado para cubrir los próximos tres vencimientos de capital, que incluye el cupón de julio de este año, de enero y de julio del año que viene por aproximadamente USD 9.000 millones.

Respecto al costo de financiamiento y el acceso a los mercados, el ministro consideró que el actual nivel de riesgo país resulta excesivo en función de las condiciones técnicas del mercado. “Si hoy el riesgo país está en un nivel que nosotros consideramos que es exagerado, eso quiere decir que la posición técnica, la relación entre oferta y demanda, no está tan equilibrada como nos gustaría. Tenes que seguir arreglando la economía, estabilizando y, por el otro lado, seguir pagando, y lo podemos hacer porque tenemos alternativas de financiamiento mejores. El mejor de los mundos, nos financiamos más barato para cancelar deuda más cara, perfecto”, detalló.

La relación con el FMI

Por otra parte, Caputo precisó que con el Fondo Monetario Internacional (FMI) vencen USD 3.000 millones adicionales de capital en 2027. “Más allá de las fuentes que estamos trabajando, lo que vamos a seguir haciendo es desarrollar el mercado local, la venta de activos y estos financiamientos alternativos que por ahora son más baratos que el mercado”, remarcó.

En cuanto al vínculo con el FMI, que se encuentra en negociación la segunda revisión, aseguró que es “espectacular” y que nunca Argentina tuvo una relación así con el organismo multilateral. “Ahí sí hemos ganado un nivel de confianza, sobre todo de ellos a nosotros, el Fondo siempre ha sido más escéptico con Argentina porque tiene historias difíciles”, aseguró. “Ellos ponderan mucho la opinión nuestra porque le hemos mostrado con resultados que lo que hemos venido diciendo lo hemos venido haciendo”, expresó.

Sobre el rol del sector privado, Luis Caputo remarcó la importancia de crear un entorno propicio para la inversión y negó la existencia de favoritismos sectoriales. “Nosotros lo que hacemos es crear las condiciones macroeconómicas para que el sector privado invierta y decida qué es negocio. La roca en Vaca Muerta estuvo siempre ahí, las montañas para hacer minería estuvieron siempre ahí (...). No es que nosotros estemos favoreciendo a un sector; la inversión vino ahora porque ahora nosotros estamos dando las condiciones económicas, institucionales y jurídicas, y los inversores ven eso y dicen que ahora Argentina es creíble. Se tiene que desarrollar el sector privado aprovechando las oportunidades de acuerdo a lo que le parece al sector privado”, explicó.

El ministro insistió en que la economía argentina muestra signos de orden y que el desafío principal radica en superar el escepticismo social. En ese marco, reiteró que el Gobierno prioriza el uso de recursos propios y alternativas menos costosas, como la venta de activos y la captación de fondos en el mercado local, para cumplir con los compromisos financieros y sostener la estabilidad lograda.

El 12 de marzo de 2026, el presidente de la República, Gustavo Petro, utilizó sus redes sociales para celebrar que su Gobierno logró disminuir la deuda externa del país.

“Redujimos la deuda externa de Colombia del 54,7% del PIB o total de la economía, al 53,4% en el año 2025 (sic)”, escribió en su cuenta de X.

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En balance general, el saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó en diciembre de 2025 un nuevo máximo histórico de USD 246.801.000.000, lo que equivale al 53,8% del Producto Interno Bruto (PIB), situando la exposición financiera del país en niveles sin precedentes, incluso comparados con los registrados durante la pandemia por covid-19 en 2020. Sin embargo, el Banco de la República expuso que la reducción de 80 puntos básicos (pb) corresponde a la disminución del endeudamiento externo del sector privado, mas no del público.

El aumento, detallado en la última actualización publicada por el Banco de la República, se explica fundamentalmente por el crecimiento tanto de las obligaciones de largo como de corto plazo, señalando un cambio relevante en la composición y el peso de los pasivos internacionales en la economía colombiana.

El incremento anual fue de USD 25.848.000.000 respecto a diciembre de 2024, cuando la deuda se situó en USD 220.953.000.000, tal como reportó el Emisor. Este salto llevó el indicador como porcentaje del PIB de 52,7% a 53,8%, es decir, un avance de 1,1 puntos porcentuales en solo doce meses. En términos relativos, la deuda externa se aproxima a representar más de la mitad de toda la producción nacional anual.

Un análisis del detalle sectorial muestra que el 61,9% del total de la deuda corresponde al sector público, cuya deuda alcanza los USD 152.747.000.000, equivalente al 33,3% del PIB. Este monto es superior en USD 20.307.000.000 respecto a diciembre de 2024 y responde especialmente al crecimiento de las obligaciones de largo plazo, que aumentaron USD 20.107.000.000, y en menor medida al repunte de la deuda de corto plazo, que sumó USD 198.000.000 en el mismo periodo.

El sector privado, por su parte, representa el 38,1% del saldo, mientras que el 13,3% del monto total corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa. Del saldo de deuda pública, el Gobierno nacional responde por el 76%, entidades descentralizadas por el 16% y el 8% restante se reparte entre otros deudores. Entidades no bancarias concentran el 96% del total de deuda externa pública.

Préstamos y bonos dominan la estructura de la deuda

El informe del Banco de la República detalla que el 86,1% de todo el endeudamiento externo corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año, es decir, de largo plazo, mientras el 13,9% son créditos a corto plazo. Por tipo de instrumento, la mayor parte de la deuda se concentra en préstamos y emisiones de bonos.

Desagregando por tipo de acreedor, el mayor crecimiento del endeudamiento público durante el último año se debió, en primer lugar, al aumento de las obligaciones con los tenedores de bonos, que sumaron USD 17.833.000.000 adicionales. El incremento también fue relevante con la banca comercial (USD 1.245.000.000) y la banca bilateral (USD 614.000.000). Al mismo tiempo, la deuda con organismos internacionales se redujo en USD 2.142.000.000, lo que compensó parcialmente el alza general.

Según el desglose de prestamistas, el 65% del saldo de la deuda pública corresponde a títulos emitidos en mercados internacionales y títulos de tesorería (TES) en poder de no residentes. Un 21% corresponde a préstamos con la banca multilateral y el 14% a créditos financiados por entidades bilaterales e instituciones financieras, conforme a la publicación oficial.

Estos datos sitúan la política de endeudamiento y el acceso a financiamiento internacional como factores centrales para la economía colombiana en 2025, con un perfil de deuda marcado por la preeminencia del sector público, instrumentos de largo plazo y una significativa presencia de inversionistas extranjeros como tenedores de bonos.

El saldo de la deuda externa en Colombia llegó a USD246.801 millones al cierre de 2025, equivalente al 53,8% del Producto Interno Bruto (PIB), según reportó el Banco de la República. El aumento, impulsado por mayores obligaciones de largo plazo en el sector público, llevó al Fondo Monetario Internacional (FMI) a advertir sobre la necesidad de un ajuste fiscal para proteger la estabilidad financiera del país.

Durante 2025, la deuda externa de Colombia, que según el presidente Gustavo Petro pretendía pagar parte Emiratos Árabes Unidos, mostró un fuerte incremento en dólares y en el peso relativo sobre el PIB. El monto ascendió en USD25.848 millones respecto a diciembre de 2024 y subió USD7.853 millones frente a noviembre, según el Emisor. El sector público mantuvo la mayor participación.

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En diciembre de 2025, el saldo total de deuda externa representó un crecimiento interanual de 11,7% en dólares. La relación sobre el PIB aumentó un punto porcentual frente al cierre de 2024, y solo en comparación con noviembre, la deuda se incrementó en USD7.853 millones. “El crecimiento de la deuda pública externa se explicó principalmente por el aumento de las obligaciones de largo plazo, que crecieron en USD20.107 millones”, señaló el Banco de la República en su informe.

Composición de la deuda externa y reparto por sectores

El perfil de la deuda externa de Colombia evidencia un predominio de los compromisos de largo plazo, que constituyen el 86,1% del total, en contraste con el 13,9% a corto plazo. La mayor parte del saldo corresponde a préstamos y bonos emitidos en mercados internacionales, instrumentos utilizados tanto por el sector público como privado para financiarse externamente.

Además, el sector público concentraba el 61,9% de la deuda externa total, es decir, USD152.747 millones, equivalentes al 33,3% del PIB. La cifra representó un aumento de USD20.307 millones frente a diciembre de 2024. Según el Banco de la República, “el mayor aumento se dio en las obligaciones con tenedores de bonos en el exterior, que crecieron en USD17.833 millones”. Dentro del sector público, el Gobierno nacional asumió el 76% de la deuda, las entidades descentralizadas el 16% y el resto correspondió a otros deudores estatales.

Deuda del sector privado

Por su parte, el sector privado sumó USD94.054 millones, el 20,5% del PIB. El 87,4% de este endeudamiento correspondió a empresas no financieras y el 12,6% a instituciones financieras. Las empresas elevaron su deuda en USD6.064 millones por nuevas emisiones de bonos y créditos, mientras que las instituciones financieras redujeron su obligación en USD521 millones luego de cancelar compromisos de largo plazo. Además, un 13,3% del total de la deuda externa corresponde a préstamos entre empresas vinculadas internacionalmente.

Principales acreedores y costos del financiamiento externo

El mayor incremento en la deuda se originó en las obligaciones con tenedores de bonos internacionales, cuyo saldo creció en USD17.833 millones durante el año. Los compromisos con la banca comercial del exterior aumentaron USD1.245 millones, y con entidades bilaterales subieron USD614 millones. Por el contrario, la deuda con organismos internacionales se redujo en USD 2.142 millones.

Asimismo, en el sector público, “la tasa de interés promedio de la nueva deuda externa fue de 6,1% en 2025, frente a 7,8% en 2024”, según el banco central. Para el sector privado, el costo promedio de nuevos créditos durante el cuarto trimestre se ubicó en 6,73%. Los créditos de largo plazo presentan una duración promedio de 5,5 años; los de corto plazo, cerca de siete meses.

Mientras tanto, en diciembre de 2025, se pagaron intereses por USD471 millones en el sector público y USD341 millones en el sector privado. La caída del costo de intereses fue importante para el segmento público, que pasó de USD1.168 millones en noviembre a USD471 millones en diciembre. El Banco de la República resaltó que el Gobierno nacional recurrió principalmente a títulos de deuda de largo plazo y afirmó la preferencia de las empresas por préstamos internacionales frente a nuevas emisiones de bonos.

Advertencia del FMI y perspectivas de sostenibilidad

El FMI reconoció el nivel adecuado de reservas internacionales, pero enfatizó que “el aumento del déficit fiscal y los mayores niveles de deuda han elevado los costos de financiamiento del país”.

Asimismo, urgió a avanzar en la consolidación fiscal y en políticas públicas creíbles para evitar el deterioro de la percepción de riesgo y del acceso a los mercados internacionales.

Según la entidad, la sostenibilidad de la deuda colombiana quedará condicionada a la aplicación firme de medidas de ajuste fiscal. Solo en ese escenario se mantendrán equilibradas la estabilidad macroeconómica y las condiciones favorables de financiamiento externo.

(Desde Washington, Estados Unidos) El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) presentó hoy su informe de 130 páginas sobre la situación macroeconómica de América Latina y el Caribe en 2025, donde rescata su nivel estable de crecimiento en un 2.1 por ciento y la caída de la inflación, pero alerta sobre la asimetría en los ingresos laborales y el peso constante del pago de la deuda pública y sus intereses.

En su capítulo Perspectivas Económicas, el panorama anual del BID sostiene:

-“América Latina y el Caribe comienza el 2026 enfrentándose a un contexto mundial complejo e incierto. Al igual que en 2025, el entorno externo se caracteriza por un aumento en las tensiones geopolíticas, cambios en las políticas comerciales y un alza en las tasas de interés mundiales”.

-“Mientras tanto, los rápidos avances en las tecnologías digitales y la inteligencia artificial (IA) están teniendo efectos macroeconómicos visibles, especialmente en las economías avanzadas, en donde cada vez se respalda más su inversión y crecimiento”.

-“No obstante, el crecimiento mundial sigue siendo moderado en general, y se prevé que continúe la desaceleración a largo plazo de China, lo que limitará la demanda externa”.

-“A pesar de este contexto difícil, las economías de América Latina y el Caribe han demostrado ser resilientes. El crecimiento se ha mantenido modesto pero constante, los mercados laborales han seguido exhibiendo un desempeño favorable —con tasas de desempleo alcanzando niveles mínimos históricos o cercanos a ellos en toda la región— y las primas de riesgo soberano han alcanzado niveles históricamente bajos“.

-“Los tipos de cambio se apreciaron frente al dólar estadounidense en muchos países a lo largo de 2025, y la inflación se ha mantenido en gran medida bajo control”.

-“Este desempeño marca un contraste con episodios pasados de mayor incertidumbre mundial que a menudo se asociaban con salidas de capitales, fuertes depreciaciones monetarias y tensiones financieras en la región. Este logro sugiere que los años de fortalecimiento institucional de los marcos de política fiscal y monetaria han dado sus frutos.

-“No obstante, siguen prevaleciendo vulnerabilidades importantes. El crecimiento es insuficiente para cerrar las brechas de ingresos.

-"Al mismo tiempo, las tasas de interés de largo plazo en las economías avanzadas se han mantenido elevadas — reflejando la incertidumbre persistente y la rápida expansión de la deuda pública mundial— y es probable que continúen limitando las condiciones de financiamiento para la región".

-“Sumado a los ya elevados niveles de deuda pública, el aumento de los pagos de intereses ejerce una presión cada vez más creciente sobre las finanzas públicas y las cuentas externas. Si no se abordan a tiempo, estas presiones podrían erosionar gradualmente la resiliencia de la región".

-“Al mismo tiempo, están surgiendo nuevas oportunidades. Los avances en las tecnologías digitales ofrecen un margen adicional para mejorar la recaudación tributaria, fortalecer los sistemas de pago y reforzar la gestión general de la política fiscal y monetaria.

-“Paralelamente, la digitalización y la transición energética mundial están impulsando la demanda de minerales críticos, lo que abre una nueva ventana de oportunidad para la inversión, las exportaciones y los ingresos públicos en una región abundantemente dotada de esos recursos“.

-“De cara al futuro, América Latina y el Caribe enfrentará el doble desafío de preservar la estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, abordar profundas limitaciones estructurales tales como el bajo crecimiento de la productividad, los rápidos cambios demográficos que limitan cada vez más la expansión impulsada por la fuerza laboral y la baja resiliencia ante fenómenos meteorológicos extremos, además de los riesgos asociados a la transición hacia niveles más bajos de emisión".

-“A medida que desaparece el impulso demográfico favorable, la productividad cobra protagonismo como motor de crecimiento. Será esencial aprovechar las oportunidades emergentes fomentadas por la tecnología y las materias primas para sostener un crecimiento más resiliente e inclusivo".

El informe anual del BID también trata sobre la importancia estratégica de los minerales críticos. Al respecto, el dossier asegura:

-“Las materias primas han vuelto a ocupar un lugar central en los debates macroeconómicos de América Latina y el Caribe. El proceso de transformación energética en curso y la rápida difusión de las tecnologías modernas están reconfigurando los cimientos materiales de la economía mundial”.

-“Minerales como el cobre, el grafito, el litio, el níquel y los elementos de tierras raras se han vuelto esenciales para el transporte electrificado, la energía renovable y la infraestructura digital, asumiendo una importancia estratégica comparable a la del petróleo en el siglo XX".

-“Los países capaces de suministrar estos minerales de manera confiable y sostenible están siendo cada vez más influyentes dentro de las cadenas de valor mundiales”.

-“Para América Latina y el Caribe, este cambio presenta una perspectiva de doble filo. La región es rica en muchos de los minerales necesarios para la energía limpia y los sistemas digitales, lo que ofrece un potencial de inversión sostenida, crecimiento de las exportaciones e ingresos fiscales“.

-“Sin embargo, la experiencia adquirida en los auges anteriores de los hidrocarburos, los metales y la agricultura advierte que la riqueza natural por sí sola no garantiza un desarrollo duradero. Los períodos de crecimiento acelerado han sido a menudo de corta duración, con efectos indirectos limitados y ganancias de productividad modestas“.

-“La calidad institucional, más que la geología, ha resultado decisiva para determinar si la abundancia de recursos conduce a un desarrollo y una resiliencia de largo plazo o refuerza los ciclos de auge y caída“.

-“La capacidad de la región para aprovechar sus recursos minerales dependerá no solo de la capacidad de extracción y procesamiento, sino también de la solidez de las instituciones macrofiscales y los marcos de política capaces de gestionar la volatilidad y mantener la inversión”.

Asimismo, el informe propone su mirada respecto a los shocks externos y su peso en las economías regionales. En ese sentido, el panorama anual del BID afirma:

-“La tolerancia al riesgo a nivel mundial es intrínsecamente frágil y propensa a cambios repentinos. Los acontecimientos geopolíticos y comerciales recientes han puesto a prueba esta fragilidad, lo que ha contribuido a aumentar la incertidumbre en 2025″.

-“Hasta la fecha, los mercados se han mantenido en general resilientes, a pesar de los importantes riesgos subyacentes. Las economías de mercados emergentes (EME) son especialmente vulnerables a los cambios en la percepción del riesgo a nivel mundial. Estos episodios de mayor aversión al riesgo suelen caracterizarse por caídas sincronizadas de los precios de activos, una reducción de flujos de capitales, el endurecimiento de las condiciones de financiamiento externo y fuertes ajustes en los precios de las materias primas“.

-“Para América Latina y el Caribe, esta dinámica tiene consecuencias especialmente importantes. La exposición de la región a períodos de mayor aversión al riesgo globales (conocidos como risk-off en inglés) se ve amplificada por tres características estructurales: una alta dependencia de las exportaciones de materias primas, cuyos precios suelen bajar durante los períodos de aversión al riesgo; una fuerte dependencia de los flujos de capitales privados, que son procíclicos con el ciclo financiero global; y, en varias economías, un espacio fiscal limitado o marcos de política menos creíbles, que restringen la capacidad de absorber shocks“.

-“Cuando la tolerancia al riesgo mundial se deteriora, estas vulnerabilidades interactúan para transmitir rápidamente la debilidad de los precios de las materias primas, el aumento de los diferenciales soberanos y la depreciación de los tipos de cambio a la demanda interna, lo que amplifica las recesiones y limita el margen para adoptar respuestas de política contracíclica“.

-“A lo largo de 2025, las condiciones financieras globales se vieron determinadas por una amplia depreciación del dólar estadounidense, que reflejó cambios en la asignación de carteras, un aumento de las operaciones de cobertura cambiaria y la preocupación por la sostenibilidad fiscal de Estados Unidos“.

-“Históricamente, estos episodios han proporcionado un entorno externo relativamente favorable para las economías emergentes, a menudo asociado con precios más firmes de las materias primas y un mejor acceso al financiamiento externo".

El dossier del Banco Interamericano de Desarrollo se ocupa también del fenómeno inflacionario, una variable económica que históricamente afectó la estabilidad política y social de los gobiernos en América Latina.

En este sentido, el informe para 2025 del BID describe:

-“Tras un exitoso proceso de desinflación, los países de América Latina y el Caribe deben ahora hacer frente a nuevos retos derivados de los shocks de oferta y demanda que se produjeron en años anteriores. Estos shocks importantes pueden haber dejado secuelas que amenacen la estabilidad monetaria en el futuro, ya que muchos agentes económicos han experimentado niveles de inflación que no se observaban desde hacía generaciones”.

-“Las expectativas y la confianza en las autoridades económicas son fundamentales para garantizar la estabilidad macroeconómica”.

-“En los cuatro países (NdR: Argentina, Brasil, México y Uruguay), las expectativas de inflación disminuyeron durante 2024 y 2025. En algunos casos, como el de los consumidores mexicanos, las expectativas se mantuvieron estables, pero en otros, como el de los consumidores argentinos y las empresas uruguayas, disminuyeron significativamente. En general, estas encuestas revelan una reducción satisfactoria de las expectativas de inflación para la muestra disponible de países y agentes económicos.

-“El período de desinflación no solo redujo los niveles de inflación, sino que convenció a los agentes de que los precios no iban a crecer de manera persistente”.

“Además, una inflación más baja y estable puede impulsar la confianza en los bancos centrales y otras autoridades económicas, lo que puede respaldar las medidas políticas, especialmente en períodos de alta incertidumbre”.

En este contexto, Laura Alfaro Maykall -economista jefe del BID- precisó que “América Latina y el Caribe ha navegado la incertidumbre global con resiliencia, apoyada en marcos fiscales y monetarios que han contribuido a contener la inflación y sostener la estabilidad macroeconómica”.

Y completó: “De cara al futuro, los países deben acelerar el crecimiento impulsado por la productividad, fortalecer las finanzas públicas y aprovechar las nuevas oportunidades que ofrecen la digitalización, la inteligencia artificial y la energía para elevar los niveles de vida y construir economías más resilientes e inclusivas”.

En 2026, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que las reservas que adquiriera el Banco Central no se utilizarían para pagar deuda externa, sino que se acumularían, gracias a las distintas opciones de financiamiento con las que contaría el país. Sin embargo, en los dos primeros meses del año, la mayoría de las compras del BCRA se destinaron al pago de vencimientos de deuda.

En declaraciones públicas, Caputo señaló que la política del año anterior supuso que “por cada dólar que compramos, el 75% se destinó a pagar deudas”. El funcionario explicó que esa situación respondió a la falta de refinanciamiento para compromisos en moneda extranjera, lo que obligó al equipo económico a utilizar los recursos captados en el mercado para cumplir con los acreedores. Para 2026, Caputo buscaba revertir esa tendencia. “Ahora, en vez de acumular 25 centavos por cada dólar, vamos a poder acumular el dólar entero”, afirmó el funcionario a fines del 2025 y subrayó que el cambio obedeció a una secuencia planificada para proteger las reservas.

El primer bimestre del año mostró la implementación de esta estrategia en un contexto de pagos importantes y compras relevantes de divisas. En lo que va de la fase 4 del programa económico, el BCRA compró USD 2.783 millones, lo que fue festejado por el mercado, ya que era una exigencia que acarreaba desde la victoria del Gobierno en las elecciones legislativas de octubre. Las compras se apoyaron en una baja demanda de dólares para importaciones y una mayor liquidación de exportaciones así como la colocación de deuda por parte de empresas y provincias, lo que permitió a la autoridad monetaria fortalecer su posición en moneda extranjera.

No obstante, la acumulación de divisas enfrentó restricciones por los compromisos financieros, tanto del Tesoro como del propio Central. “Ya se pagó el vencimiento de Bopreal por USD 1.000 millones, impactaron este lunes”, comentó una fuente oficial del BCRA a comienzos de esta semana. Así, la misma fuente explicó que la suba de las reservas internacionales brutas ese día (USD 46.517 millones en comparación con el cierre del viernes, USD 45.560 millones) respondió al retorno de fondos que suelen salir a fin de mes, y aclaró que solo los pagos de Bopreal efectuados en el exterior reducen efectivamente el stock de reservas.

Las obligaciones con organismos internacionales también influyeron en la dinámica de reservas. El 1° de febrero, Argentina pagó USD 878 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI) con la asistencia del Tesoro de los Estados Unidos mediante la compra de Derechos Especiales de Giro (Degs). El desembolso formó parte del programa vigente con el FMI y requirió coordinación para asegurar los recursos necesarios, en un contexto de restricciones de liquidez y la prioridad de sostener la relación con el organismo.

En el análisis de la consultora Analytica, la diferencia entre compras y pagos durante los primeros dos meses del año resultó negativa. “El saldo nos da un total de U$S715 millones negativo. Una forma de verlo es: Compras BCRA U$S2.783, Variación Cuenta del Tesoro USD -1.687, Pago BOPREAL USD -1.023 millones”, señalaron. El cálculo muestra que, a pesar de las compras relevantes, la salida de fondos por compromisos financieros y la variación de cuentas del Tesoro generaron una pérdida neta de reservas.

El pago de bonos como el Bopreal y la atención de los compromisos con el FMI demostraron la presión que enfrentan las reservas a pesar de la intención oficial de preservarlas. La gestión de Caputo priorizó la acumulación de dólares, pero la estructura de vencimientos y la falta de acceso a nuevo financiamiento obligó a destinar parte de los recursos a cancelar obligaciones externas.

Durante febrero, el Banco Central aprovechó la estabilidad cambiaria para intervenir en el mercado mayorista y sumar reservas. La limitación de la demanda de dólares para importaciones y la mayor liquidación de exportaciones permitieron que la autoridad monetaria lograra un saldo positivo en sus operaciones. Sin embargo, los pagos de deuda y la variación de cuentas del Tesoro condicionaron la retención neta de divisas.

El seguimiento de la evolución de las reservas durante el primer bimestre muestra la tensión entre la política de acumulación y las obligaciones de pago. El saldo neto negativo informado por Analytica refleja el desafío de retener dólares en un contexto de vencimientos exigentes y limitaciones en el acceso a financiamiento internacional. Aunque la semana pasada, el equipo económico sacó la carta del Bonar 29 (AO27) con el que pretende juntar USD 2.000 millones de cara al pago de USD 4.200 millones de julio y que tuvo un gran éxito en la primera licitación.

El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh) advirtió que los acuerdos firmados entre el Gobierno de Honduras y el Fondo Monetario Internacional (FMI) han sido insuficientes para lograr transformaciones estructurales, limitándose al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, sin mejoras sustantivas en la calidad de vida de la población.

A pesar de la reiteración de compromisos y reformas pactadas, Fosdeh señaló que estos acuerdos “no han logrado” corregir los problemas estructurales que perpetúan la pobreza, la desigualdad y la migración masiva.

El organismo destacó que la estabilidad alcanzada en los saldos fiscales y monetarios, lejos de traducirse en desarrollo sostenible, resulta frágil y carece de impacto real sobre el bienestar ciudadano.

El Fosdeh considera que la migración es la manifestación más clara de este estancamiento. El flujo constante de hondureños hacia el extranjero, especialmente intenso en la última década, demuestra el fracaso del modelo económico actual para generar empleos dignos, ingresos estables y perspectivas de desarrollo.

Señalan que esta tendencia no se explica solo por motivos de seguridad, sino como reflejo de un sistema incapaz de crear oportunidades.

Fosdeh subraya que los programas económicos y financieros no pueden disociarse del contexto político, institucional y social. Sin transparencia y sin rendición de cuentas, toda reforma económica está condenada a la desconexión y a la desconfianza social.

La participación ciudadana efectiva y la vigilancia del destino de los recursos públicos son condiciones indispensables para cualquier transformación:

La advertencia emerge en un momento decisivo: está previsto que la misión del FMI concluya su visita con un encuentro con el presidente Nasry ‘TAsfura para analizar posibles ajustes y reformas. El programa incluye la revisión de los compromisos existentes y el diseño de estrategias que fortalezcan la confianza tanto interna como internacional, en un contexto de crecientes demandas sociales y restricciones fiscales.

El Fosdeh afirmó que el enfoque en metas fiscales y equilibrios monetarios, aunque necesario, es insuficiente si no se acompaña de cambios productivos, integridad pública y reformas democráticas profundas. La estabilidad por sí sola, sostuvo el organismo, no reduce la exclusión social ni garantiza derechos fundamentales.

En su análisis, Fosdeh expuso que incluso la disciplina fiscal y la coherencia monetaria son vulnerables ante la precariedad del aparato productivo y la alta dependencia de factores externos.

Resaltan la creciente dependencia de Honduras respecto a las remesas familiares enviadas por migrantes: más que en la producción nacional, la sostenibilidad macroeconómica depende de estos flujos externos, lo que expone al país a riesgos frente a variaciones de la economía global. Según el documento, este esquema podría agravar las vulnerabilidades en lugar de mitigarlas.

Un punto central planteado por el organismo es la urgencia de dejar atrás la gestión pasiva de la estabilidad macroeconómica como fin último.

Para Fosdeh, cualquier nuevo acuerdo con el FMI tendría que abrir el debate sobre diversificación productiva, competitividad, reducción de la dependencia de importaciones estratégicas y el fortalecimiento de la institucionalidad fiscal.

El análisis de Fosdeh enfatizó los problemas ligados al uso y gestión del presupuesto público. El documento sostiene que, pese a los convenios con el FMI, el presupuesto nacional sigue operando bajo criterios poco técnicos, con asignaciones discrecionales y carencia de mecanismos de evaluación sólidos.

Frente a este escenario, el Fosdeh sostiene que todo nuevo acuerdo con el FMI debe incluir mecanismos concretos y verificables para combatir la corrupción, como indicadores claros de cumplimiento y la supervisión independiente del uso de los fondos. El organismo aclaró que, sin mejoras sustantivas en la transparencia y el control del gasto, cualquier estabilización queda en riesgo de perder legitimidad y viabilidad.

El Fosdeh concluye que Honduras debe negociar acuerdos con el FMI que prioricen cambios reales y comprobables, y que vayan más allá de metas fiscales tradicionales o el nivel de reservas internacionales, hacia una estrategia de desarrollo genuina.

Solo bajo estas condiciones la estabilidad macroeconómica podría convertirse en una plataforma de crecimiento sostenido y cohesión social para el país, y no en un frágil equilibrio sustentado en remesas y migración persistente.

La deuda externa de Colombia alcanzó el 54,8 % del Producto Interno Bruto (PIB) con corte a noviembre de 2025, de acuerdo con cifras preliminares del Banco de la República. El saldo de las obligaciones externas del país llegó a USD238.721 millones, lo que representó una reducción de USD433 millones en comparación con los USD239.154 millones reportados en octubre. La disminución se traduce en una caída de 10 puntos básicos (pb) respecto a octubre, cuando la deuda representaba el 54,9 % del PIB.

El comportamiento de la deuda mostró diferencias entre el sector público y el privado. En el caso del sector público, la deuda externa descendió 20 pb, al pasar del 33,4% del PIB en octubre al 33,2% en noviembre.

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En términos de dólares, la cifra bajó de USD145.430 millones a USD144.546 millones, lo que significó una reducción de USD884 millones. La tendencia a la baja constituye un cambio relevante ante el pico registrado en octubre. Sin embargo, los intereses de la deuda pública aumentaron de manera considerable en noviembre: se pagaron USD1.466 millones, más del doble de los USD603 millones desembolsados en octubre.

El informe del Banco de la República también señaló que la mayor parte de la deuda pública, USD143.400 millones de los USD144.100 millones a pagar desde el sector público, está pactada a largo plazo. El stock de deuda supera la mitad de toda la producción nacional, lo que limita el margen fiscal y aumenta la sensibilidad a las tasas de interés y al riesgo país.

Por otro lado, el endeudamiento externo del sector privado mantuvo una tendencia al alza por quinto mes consecutivo. En noviembre, el saldo representó el 21,6 % del PIB, es decir, 10 pb más que en octubre. El monto en dólares se incrementó en USD451 millones, al subir de USD93.724 millones en octubre a USD94.175 millones en noviembre. Los intereses pagados por el sector privado ascendieron a USD351 millones, un leve aumento respecto a los USD348 millones del mes anterior.

Endeudamiento de largo plazo

El Banco de la República explicó que tanto el Gobierno como el banco central recurrieron principalmente a endeudamiento de largo plazo mediante la emisión de títulos de deuda y derechos especiales de giro, una tendencia constante a lo largo de 2025. Además, la entidad publicó un nuevo boletín de deuda externa con cambios en la metodología y en la presentación de los datos, alineados con los estándares del Fondo Monetario Internacional (FMI) y la posición de inversión internacional.

Uno de los principales ajustes es la inclusión de los títulos de deuda pública en pesos, como los TES, en manos de inversionistas extranjeros, como parte del saldo de deuda externa. Al mismo tiempo, la estadística dejó de contabilizar como deuda externa aquellos títulos emitidos en el exterior por el gobierno y empresas nacionales que hoy pertenecen a entidades residentes del sector financiero.

El resultado de estos cambios metodológicos elevó la cifra de deuda externa respecto a datos anteriores. En septiembre de 2025, el saldo era de USD211.584 millones, equivalentes al 48,6 % del PIB, mientras que en noviembre subió a USD238.721 millones, es decir, 54,8% del PIB. El Banco de la República señaló que el incremento responde en buena parte a los nuevos criterios de medición y no solo a nuevas operaciones de endeudamiento.

Endeudamiento es “demencial”

El economista Mario Fernando Cruz destacó la velocidad con la que se ha incrementado la deuda pública en los últimos años. “Colombia, en toda su historia republicana y hasta octubre de 2017, tomó deuda pública por USD134.900 millones, periodo de 131 años. Durante 40 meses de Gobierno Petro, se ha tomado deuda por USD134.495 millones; 40 veces más rápido. Demencial”, afirmó Cruz.

Por su parte, el Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana abordó el debate sobre la conveniencia de mantener deuda en dólares o en pesos. El organismo señaló que, pese a los intentos de control, la deuda externa aumentó. “La deuda pública muestra un grado de fragilidad que debe ser parte del debate nacional”, advirtió la institución. Además, resaltó la importancia de analizar el perfil de la deuda —moneda, plazo, tasas y vencimientos—, en especial, porque el costo de financiarla subió y el stock de deuda es mayor.

Enfatizó en que las altas tasas de interés que paga Colombia reflejan que el país es percibido como más riesgoso en comparación con su pasado.

“Alertamos que, de no contener las presiones de gasto y dar señales claras de reducción de déficit, de deuda pública o de por fin incrementar el recaudo tributario, Colombia seguirá sacrificando gasto fiscal en el futuro por pagar intereses altos”, concluyó el Observatorio.

Suspensión de la Emergencia Económica

Por su parte, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, advirtió que la suspensión de los decretos de la emergencia económica que hizo la Corte Constitucional podría obligar al Gobierno a explorar nuevas alternativas de financiamiento.

“Si llega a ser necesario en algún momento, como no queríamos hacerlo, para efectos de garantizar al Presupuesto General de la Nación, tener otras fuentes de financiación a través de deuda pública. Eso es justamente lo que hemos procurado evitar a toda costa, en el entendido para nosotros de que la manera de financiar el presupuesto público y los déficits es a través de mayores y mejores ingresos tributarios y no a través de deuda. Sabemos lo inconveniente de hacerlo a través de nueva deuda”, indicó el ministro.

Entre 2024 y 2025, la deuda bruta aumentó, mientras que la neta disminuyó dos puntos, lo que podría indicar un incremento en los activos financieros del Gobierno, como depósitos o el resultado de operaciones de manejo de deuda. Pese a la mejora en el indicador neto, la carga de intereses no se redujo en el corto plazo y sigue representando una presión significativa sobre las finanzas públicas.

Panamá volverá a los mercados internacionales de deuda con una nueva emisión de bonos, en lo que marcará la primera colocación externa del actual gobierno, que hasta ahora había optado por financiar sus necesidades mediante préstamos multilaterales, banca comercial y deuda local.

La operación estará enfocada en recomprar bonos próximos a vencer, reducir el pago de intereses y ordenar el perfil de vencimientos de la deuda pública.

La compra de deuda podría alcanzar los 6 mil millones de dólares.

La última emisión de deuda de Panamá en los mercados internacionales se realizó en los últimos meses de la administración del expresidente Laurentino Cortizo, cuando el país colocó bonos con tasas superiores al 7%, reflejo del deterioro en la percepción de riesgo y de la desconfianza de los inversionistas sobre la situación fiscal.

En ese momento, el alto costo del financiamiento evidenció las presiones sobre las finanzas públicas y limitó el margen del Estado para acceder a recursos en condiciones más favorables.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) informó que la estrategia contempla una emisión internacional a plazos aproximados de ocho y doce años, cuyos recursos se destinarán a retirar obligaciones existentes y mejorar la estructura financiera del Estado.

La medida busca aliviar presiones de corto y mediano plazo sobre las finanzas públicas y reforzar la sostenibilidad fiscal.

De acuerdo con el Informe Mensual de Deuda Pública, el saldo total de la deuda al cierre de diciembre de 2025 aumentó en $444.7 millones respecto a noviembre, impulsado principalmente por desembolsos externos e internos, incluyendo préstamos con SMBC, el BID y emisiones de notas del Tesoro.

El mismo informe señala que la deuda pública total pasó de $58,904.6 millones en noviembre a $59,349.3 millones en diciembre de 2025, reflejando un incremento mensual de 0.7%. Esta evolución refuerza la necesidad del Gobierno de aplicar mecanismos activos de manejo de pasivos para contener el crecimiento del saldo.

El saldo al cierre de diciembre representa un incremento de $5,612.6 millones frente a diciembre de 2024, cuando la deuda pública se ubicaba en $53,736.7 millones, lo que confirma que el endeudamiento siguió aumentando durante 2025, aunque bajo un esquema distinto al de años previos, más enfocado en préstamos directos y financiamiento interno.

Según el reporte oficial sobre acreedores, al cierre de diciembre de 2025 la deuda pública total alcanzó $59,349.28 millones, de los cuales $48,680.75 millones correspondían a deuda externa y $10,668.53 millones a deuda interna. La estructura actual muestra una alta dependencia del financiamiento internacional.

Dentro de la deuda externa, los bonos representan el mayor componente, con un saldo de $32,281.44 millones, distribuidos en emisiones globales con distintos vencimientos, algunos que se extienden hasta 2063. Esta concentración en instrumentos de mercado es uno de los factores que el MEF busca reorganizar mediante la recompra.

El endeudamiento con organismos multilaterales también mantiene un peso relevante, con compromisos por $9,721.65 millones, principalmente con el BID, la CAF y el BIRF. A esto se suman préstamos directos con bancos internacionales por más de $6,058.90 millones.

En el frente interno, la deuda asciende a $10,668.53 millones, impulsada por bonos domésticos, letras y notas del Tesoro, así como financiamiento con bancos oficiales. Este componente ha sido clave para cubrir necesidades de liquidez sin recurrir exclusivamente al mercado externo.

La recompra anunciada permitirá al Estado retirar instrumentos con tasas más elevadas o vencimientos cercanos, sustituyéndolos por deuda de mayor plazo y, potencialmente, menor costo financiero. El objetivo central es reducir la carga de intereses y evitar concentraciones excesivas de pagos en años específicos.

El informe de diciembre también refleja una mejora en el comportamiento de los bonos panameños en los mercados, con una disminución promedio de 13 puntos básicos en los rendimientos durante ese mes, lo que podría favorecer condiciones más competitivas para la nueva emisión.

Durante 2025, Panamá priorizó el uso de financiamiento con organismos multilaterales y banca comercial, además de emisiones locales, como parte de una estrategia para reducir la exposición a la volatilidad internacional. Sin embargo, el aumento sostenido del saldo de la deuda y los vencimientos programados llevaron al Ejecutivo a reconsiderar el acceso directo a los mercados.

La recompra se enmarca dentro de una política de manejo activo de pasivos, que busca optimizar el perfil de la deuda en términos de plazo, moneda y tasa. Este enfoque ha sido utilizado por otros países de la región para fortalecer su posición fiscal y mejorar la percepción de riesgo entre inversionistas.

Otro factor relevante es la presión sobre el presupuesto derivada del pago de intereses, que en diciembre de 2025 representó montos significativos tanto en deuda externa como interna. La reducción de este componente es uno de los principales incentivos de la operación.

Desde el MEF se ha señalado que la emisión estará sujeta a las condiciones del mercado y al apetito de los inversionistas, en un contexto internacional marcado por tasas elevadas y mayor selectividad hacia economías emergentes.

El ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, aseguró que la mejora en el manejo de las finanzas públicas ya se está reflejando en el perfil crediticio de Panamá, tras el anuncio de una reducción histórica del déficit fiscal en 2025.

El funcionario destacó que el desbalance se redujo en cerca de 40%, hasta ubicarse en 3.68% del Producto Interno Bruto, un nivel inferior a lo previsto por los mercados y por las propias agencias calificadoras.

Chapman subrayó que el resultado no solo cumple, sino que excede lo establecido en la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, enviando una señal clara de disciplina, seriedad y credibilidad a los inversionistas. Indicó que algunas calificadoras anticipaban un déficit cercano al 4.4%, por lo que el desempeño fiscal superó las expectativas y contribuyó a una reducción significativa de la prima de riesgo país.

Según el titular del MEF, esta mejora ya se traduce en una disminución del costo de financiamiento del Estado, incluso en un contexto internacional marcado por tasas elevadas y volatilidad.

explicó que la baja en las tasas de interés y en el riesgo país ha generado ahorros cercanos a $475 millones, recursos que alivian la presión sobre el presupuesto y fortalecen la capacidad del país para atender compromisos como el subsidio a las pensiones.

El ministro enfatizó que la consolidación fiscal es clave para recuperar y sostener la confianza de los inversionistas, tanto locales como extranjeros, un factor determinante para impulsar la inversión privada, la creación de empleo y el crecimiento económico.

Señaló que el objetivo del Gobierno es ordenar las finanzas públicas, contener el crecimiento de la deuda y sentar bases sólidas para un desarrollo sostenido, sin recurrir a medidas traumáticas que afecten la calidad de vida de la población.

El gobierno argentino, tras haber devuelto a Estados Unidos los recursos obtenidos mediante el ‘swap’ por 20.000 millones de dólares (17.183 millones de euros) que había recibido el país en 2025, concretó una nueva operación financiera para afrontar sus compromisos con el Fondo Monetario Internacional. Según detalló el medio Europa Press, la administración encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, efectuará este lunes un pago superior a los 800 millones de dólares, equivalentes a más de 674 millones de euros, al FMI. Esta transferencia se realizará gracias a la intervención de Estados Unidos, que le proporcionó a Argentina la cantidad exacta mediante una compraventa de Derechos Especiales de Giro (DEGs).

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, Caputo confirmó en una entrevista con ‘Radio Mitre’ que el pago al FMI se ejecutará usando los DEGs adquiridos al Tesoro estadounidense, y aclaró que se trata de una operación ordinaria y no de un préstamo. El titular de Economía explicó: “No es ningún préstamo, es una operación común en la que estamos cancelando deuda. Al Tesoro de Estados Unidos le compramos los DEGs y con ellos le pagamos al FMI con su propia moneda”. Europa Press resaltó que este mecanismo permite a Argentina saldar su obligación sin acudir a nuevas emisiones de deuda ni recurrir a financiamiento externo adicional.

Europa Press reportó que, frente al vencimiento de deuda previsto para este lunes, las autoridades argentinas tomaron la decisión de no acceder a los mercados internacionales para captar fondos adicionales. Caputo fue enfático y, según Europa Press, sostuvo: “Es importante resaltar que nosotros no vamos a salir al mercado. Es lo contrario a lo que se dice. No tenemos una intención de salir al mercado internacional”. El ministro vinculó esta decisión a la trayectoria fiscal del país, que “siempre tuvo déficit” y que, según argumentó, desplazó al sector privado de la posibilidad de obtener crédito para el desarrollo de sus proyectos. Caputo hizo referencia a años en los que el Estado absorbía la mayor parte de la disponibilidad crediticia, lo que restringía el financiamiento a empresas y sectores productivos.

Según publicó Europa Press, el ministro se refirió al nuevo contexto financiero al que se enfrenta Argentina. Caputo describió un fenómeno de ‘crowding in’ —opuesto al ‘crowding out’ típico de épocas de alto déficit—. Este efecto, según el ministro citado por Europa Press, se produce cuando la cancelación de deuda pública libera recursos en dólares, y estos capitales optan por la reinversión dentro del país, inclinándose hacia activos de riesgo vinculados a Argentina. Esto podría traducirse en un aumento de la inversión privada, ya que los fondos que antes se destinaban a financiar déficits estatales pasarían a impulsar actividades productivas.

Asimismo, Europa Press precisó que la operatoria entre Argentina y el Tesoro de Estados Unidos se inscribe dentro de los procedimientos habituales contemplados para el uso y transmisión de Derechos Especiales de Giro, unidad de cuenta creada por el propio FMI. Según la entrevista reproducida por Europa Press, el pago a la entidad multilateral se realiza siempre en la moneda del FMI —esto es, los DEGs—, lo cual otorga flexibilidad a los países miembros a la hora de cancelar obligaciones.

Europa Press recordó que el reciente acuerdo para devolver el ‘swap’ había sido concebido como un mecanismo temporal que aportó margen financiero a Argentina en un momento de elevada presión sobre las reservas internacionales. Ahora, con la cancelación de esta línea y el acceso a DEGs mediante compraventa, el gobierno busca estabilizar las cuentas externas sin aumentar el endeudamiento. Caputo, según reportó Europa Press, situó estas acciones en una estrategia más amplia orientada a evitar la dependencia de nueva deuda y priorizar el fortalecimiento de la economía interna mediante el control del gasto y la mejora en la asignación de recursos.

La información difundida por Europa Press exhibe que, con esta transacción, Argentina logra cumplir con sus compromisos sin que ello implique asumir mayores pasivos o distorsionar el acceso al crédito para el sector privado. La política anunciada por el Ministerio de Economía se apoya, de acuerdo con las declaraciones recogidas por Europa Press, en la intención de fomentar la reinversión interna y corregir los desequilibrios laborales y productivos que resultaron de años de prácticas deficitarias.

Además, Europa Press subrayó que la determinación de no salir al mercado internacional representa un cambio en la conducta financiera del Estado, que durante varios períodos recurrió a la toma de crédito externo para cumplir obligaciones con organismos multilaterales y sostener la liquidez. El funcionamiento del mecanismo con los DEGs no solo evita una nueva emisión de títulos de deuda, sino que también contribuye a la estrategia de consolidar la confianza en los activos argentinos y optimizar la utilización de los recursos disponibles.

De esta manera, Argentina enfrentará su vencimiento con el FMI a través de recursos gestionados dentro del ámbito regulado por la propia arquitectura financiera internacional, manteniendo la colaboración de Estados Unidos sin comprometerse a nuevas rondas de endeudamiento. Las declaraciones de Caputo, reproducidas por Europa Press, ofrecen una perspectiva sobre el rumbo buscado por el gobierno para reducir la presión sobre las cuentas públicas y facilitar un escenario de mayor dinamismo económico local, a partir de la participación activa del capital privado.

El gobierno de México reportó que la economía nacional registró un crecimiento anual de 1.6% en el último trimestre de 2025, impulsada principalmente por el dinamismo del sector servicios y el aumento en las exportaciones, de acuerdo con el informe oficial de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Según el documento presentado este viernes, la actividad económica se mantuvo firme pese a un entorno internacional adverso, consolidando a México como socio principal de Estados Unidos bajo el tratado comercial México, Estados Unidos, Canadá (T-MEC).

Durante la presentación del informe, el titular de la Secretaría de Hacienda, Édgar Amador Zamora, sostuvo que el Producto Interno Bruto ha mostrado un desempeño favorable.

“Vale la pena enfatizar, el ritmo de crecimiento del último trimestre implica que la economía trae un buen momento”, afirmó Amador.

El funcionario federal subrayó que el avance observado en el cuarto trimestre permite que la economía mexicana inicie 2026 con bases sólidas.

El reporte de la SHCP detalla que las finanzas públicas mantuvieron una trayectoria estable y sostenible durante 2025, con una reducción del déficit público de 1.5 puntos porcentuales respecto al año anterior, hasta ubicarse en 3.9% del PIB.

El informe describe este ajuste como “uno de los mayores esfuerzos de consolidación fiscal observados en décadas”. Además, los requerimientos financieros del sector público descendieron a 4.3% del PIB, cifra sin precedentes en los registros recientes.

En materia de ingresos, la recaudación tributaria alcanzó un máximo histórico del 15.1% del PIB, tras varios años de mejoras en la administración fiscal y el combate a la evasión.

Los ingresos presupuestarios del gobierno federal superaron lo programado en 108 mil millones de pesos, con un crecimiento real anual de 4.5%. El informe puntualiza que los ingresos por ISR representaron 8.2% del PIB y los de IVA 4.2%, ambos con incrementos sostenidos.

El gasto social también avanzó, al ubicarse en 13.1% del PIB y respaldar la expansión de los programas de bienestar, educación y protección social.

Según el reporte, la inversión física se mantuvo en niveles adecuados, aunque por debajo de 2024, y contribuyó al desarrollo de infraestructura orientada a reducir desigualdades regionales.

En el ámbito laboral, México sumó 391 mil empleos adicionales respecto al año previo y la tasa de desempleo promedió su nivel más bajo en registros históricos.

La mediana del ingreso laboral creció 6.8% real anual y el salario reportado ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó 2.8%. El consumo privado mostró dinamismo, apoyado por el crecimiento del empleo y los programas federales.

La inflación cerró 2025 con una tasa promedio de 3.8%, la menor desde 2020, favorecida por la baja de precios agropecuarios y la contención de combustibles mediante la Estrategia Nacional para Estabilizar el Precio de la Gasolina.

La inflación subyacente fue de 4.1%, influida por presiones en mercancías pero compensada por la desaceleración en otros servicios.

En el sector externo, las exportaciones no automotrices crecieron 17.3% anual y el reporte oficial señala que a octubre, “79.8% de las exportaciones a Estados Unidos ingresaron libres de arancel bajo el T-MEC”.

La inversión extranjera directa subió 14.5% anual y alcanzó un récord de 40.900 millones de dólares hasta septiembre. El peso mexicano se apreció 15.7% a lo largo del año.

Respecto a la deuda pública, la SHCP informó que la deuda neta del Gobierno Federal se situó en 48.2% del PIB, mayormente en moneda nacional y a tasa fija.

Mientras que la deuda pública ampliada, que incluye a Pemex y CFE, se mantuvo en 52.6% del PIB, preservando el grado de inversión internacional.

Destaca la reducción en la deuda presupuestal de Pemex, que disminuyó en 10.200 millones de dólares en 2025 y alcanzó su nivel más bajo desde 2014.

Durante 2025, el gobierno refinanció 1 billón 25 mil millones de pesos en mercados internos y 6.100 millones de dólares en externos para fortalecer la liquidez y optimizar el perfil de vencimientos.

El costo financiero del sector público terminó 78 mil millones de pesos por debajo de lo proyectado, lo que permitió elevar el saldo del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios a 127 mil millones de pesos.

El secretario Édgar Amador Zamora también abordó la próxima revisión del acuerdo comercial T-MEC con Estados Unidos y Canadá: “Está muy claro que es en principio una revisión legalmente, lo que vamos a sentarnos a conversar con nuestros socios comerciales.

“Estamos bastante confiados de que la conversación con el gobierno de los Estados Unidos es muy sólida, muy ágil, muy ejecutiva en todos los temas que tratamos. Entraremos en estas conversaciones con muy buen ritmo, con muy buen ánimo y esperamos que se concrete conforme al calendario”, señaló el funcionario federal.

Todas las colocaciones de deuda se realizaron dentro de los techos autorizados por el Congreso para 2025, y las entidades clave, como el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios, cerraron el año con saldos firmes y una distribución estratégica entre instrumentos de deuda interna y externa.

Más de $1.192 billones conforman la deuda pública que la ciudadanía en Colombia enfrenta al cierre de 2025. Esta cifra, equivalente a cerca de 322.500 millones de dólares, representa aproximadamente el 65% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con los datos publicados por el Ministerio de Hacienda.

La magnitud del compromiso significa que cada habitante asume una porción: $22,3 millones por persona, sin mediar contrato directo, herencia que atraviesa generaciones y que continuarán amortizando ciudadanos que todavía no han nacido.

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“Usted debe 22,3 millones de pesos, no firmó nada y no se comió un pandebono con esa plata, pero la debe. Esto no incluye los intereses que tendremos que pagar que suman unos 318 billones de pesos más en los próximos 38 años”, dijo el consultor económico Isaac Niño a El País.

La carga se acentúa cuando se consideran los intereses proyectados, que sumarán $318 billones adicionales en los próximos 38 años.

La estructura de esta deuda pública es contundente: el 68,7% corresponde a deuda interna, proveniente de bancos y fondos locales, mientras que el 31,3% es deuda externa, adquirida de organismos multilaterales y entidades financieras internacionales.

Bajo esta perspectiva, Colombia supera ampliamente el umbral de sostenibilidad: el experto advirtió que ningún banco prestaría a una persona cuyo nivel de deuda supera el 25% de sus ingresos anuales, y el país enfrenta un nivel del 65% en ese indicador.

“Colombia está mal. No medio mal ni «un poquito muy mal»”, como diría mi hijo. Está mal. Si Colombia fuera una persona, ningún banco le prestaría. Deber más del 25% de lo que se gana en un año ya es insostenible; deber el 65% es una bomba de tiempo", indicó Niño.

El origen de la deuda pública colombiana se remonta a 1822, cuando la naciente Gran Colombia contrajo su primer préstamo internacional por dos millones de libras esterlinas con bancos británicos.

Aquellos fondos, dirigidos a obligaciones de la independencia y la administración estatal, sufrieron pérdidas significativas por las intermediaciones y comisiones de la época.

Cuatro años más tarde, en 1826, Colombia incurrió en impago por incapacidad de pago, y solo renegoció sus compromisos durante la segunda mitad del siglo XIX, lo que implicó a al menos tres generaciones que soportaron el peso de esa deuda.

La historia económica del país revela episodios frecuentes de renegociación y suspensión de pagos. Entre 1840 y 1860, la separación de Venezuela y Ecuador redujo la capacidad de pago del país, mientras la deuda pervivía.

Posteriormente, durante la Gran Depresión, Colombia suspendió parcialmente el servicio de la deuda externa de 1930 a 1935, aunque su manejo macroeconómico evitó un daño mayor respecto a otras economías de la región. Ya en las décadas de 1980 y 1990, la nación estuvo cerca de la cesación de pagos en dos ocasiones, situación que se revirtió gracias a la intervención del Fondo Monetario Internacional (FMI), duros ajustes fiscales y aumentos de impuestos.

El concepto de deuda pública abarca todo el dinero que ha solicitado el Estado, tanto en recursos internos como externos, y se diferencia de la deuda privada, que recae únicamente en quienes la contraen.

La deuda pública, en cambio, la solventa toda la población a través de los impuestos. Medir el tamaño de esta obligación en proporción al PIB resulta fundamental: los acreedores no solo valoran el monto absoluto, sino la capacidad real del Estado para recaudar tributos que permitan cumplir con las obligaciones. Las economías grandes o dinámicas pueden sostener mayores niveles de endeudamiento que aquellas pequeñas o estancadas.

Las consecuencias prácticas de este endeudamiento son directas para la población: la aprobación de nuevas reformas tributarias pretende asegurar el pago a inversionistas y calificar favorablemente ante entidades internacionales, incluso si esto implica mayores cargas fiscales para todos.

En palabras del análisis, los préstamos recientes —por ejemplo, al 13% de interés a 14 años contratados hacia finales de 2025— presentan condiciones menos favorables que las de países vecinos, que logran endeudarse al 8,3%.

La tendencia histórica muestra que la deuda pública suele justificarse como una urgencia inaplazable, pero termina consolidándose como un lastre heredado por generaciones. Cada peso solicitado hoy representa un impuesto pendiente de quienes tributarán en el futuro.

En la práctica, los anuncios de endeudamiento del Gobierno encubren decisiones que recaen, indefectiblemente, sobre los hombros de los ciudadanos actuales y sus descendientes.

La última oportunidad en la que Ecuador realizó una operación similar fue en 2019, marcando un largo periodo en el que el país no accedía a financiamiento internacional a través de emisiones de bonos. Sobre esta base, el Ministerio de Finanzas emitió un comunicado en el que señaló la importancia de diversificar las fuentes de financiamiento como mecanismo para fortalecer la inversión pública y mejorar la percepción internacional sobre la economía ecuatoriana. La reciente decisión de regresar a los mercados internacionales, anunciada por el gobierno de Daniel Noboa, busca ampliar el acceso a recursos externos bajo condiciones más favorables y fortalecer sectores clave como la salud, la infraestructura y el equipamiento público.

Según publicó el Ministerio de Finanzas, la emisión de bonos internacionales apunta específicamente a ejecutar operaciones de manejo de pasivos que permitan mejorar el perfil de la deuda pública ecuatoriana. Esto incluye la reducción de las presiones asociadas al servicio de la deuda en el mediano plazo, lo cual, de acuerdo con la autoridad económica, permitiría “liberar espacio fiscal para impulsar inversión pública en salud, obras, equipamiento e infraestructura”.

El regreso de Ecuador a los mercados internacionales ocurre después de siete años, periodo durante el cual el país no realizó emisiones de bonos para obtener recursos en el extranjero. La búsqueda de financiamiento externo resulta fundamental, según detalló el Ejecutivo, para diversificar las alternativas de obtención de fondos y fortalecer las cuentas fiscales del Estado, en un contexto en el que las decisiones tomadas en años anteriores afectaron la confianza de los inversionistas.

El comunicado del Ministerio de Finanzas enfatiza que este retorno simboliza, para el Ejecutivo de Noboa, un momento de transformación en la relación entre Ecuador y los mercados internacionales. “Este es un hito que reconstruye la confianza de los inversores internacionales en la economía ecuatoriana gracias a la gestión responsable de las finanzas públicas, la misma que se deterioró en años anteriores por decisiones que afectaron la credibilidad del país, como episodios de incumplimiento que elevaron el costo de financiamiento externo”, cita el documento oficial.

El medio digital que reportó la noticia subraya que la emisión de bonos internacionales por parte de Ecuador tiene como propósito la creación de un entorno más favorable frente a los posibles inversionistas y el replanteamiento de la imagen crediticia del país. Tras varios años marcados por episodios de incumplimiento y por un incremento en los costos de acceso a financiamiento, la actual estrategia gubernamental apunta a que la economía ecuatoriana pueda obtener préstamos a tasas más convenientes para proyectos prioritarios.

De acuerdo con la información divulgada, el gobierno espera que, con el nuevo flujo de recursos externos, se puedan emprender iniciativas en sectores claves, promoviendo la modernización de infraestructuras y el fortalecimiento de los servicios públicos. El Ministerio de Finanzas subrayó que la diversificación de las fuentes de financiamiento es una meta prioritaria debido a la volatilidad de los mercados y a la necesidad de reducir la vulnerabilidad de la economía del país frente a contingencias futuras.

El ejecutivo de Daniel Noboa sostiene que la credibilidad internacional es un activo indispensable para el desarrollo económico de Ecuador, razón por la que la emisión de bonos en el extranjero representa una medida orientada a fortalecer la posición del Estado en el sistema financiero global. Las autoridades ecuatorianas consideran que la gestión responsable de la deuda, combinada con la transparencia en el manejo de las finanzas públicas, será determinante para mejorar la calificación de riesgo país y facilitar el acceso a futuros préstamos en términos más favorables.

Según consignó el Ministerio de Finanzas, el uso previsto de los fondos contempla la priorización de proyectos en salud, obras públicas y equipamiento, áreas consideradas fundamentales para el desarrollo social y económico. Además, el gobierno subrayó que este proceso refuerza su estrategia de reducir la dependencia de fuentes de financiamiento internas, promoviendo así una mayor estabilidad fiscal.

Tal como reportó el comunicado oficial, iniciativas previas relacionadas con el manejo inadecuado de la deuda pública y episodios de incumplimiento deterioraron la credibilidad y la capacidad de Ecuador para acceder a mercados internacionales en condiciones óptimas. Por esa razón, la administración actual destaca que la reciente emisión de bonos busca revertir esa tendencia, restaurando la confianza de los inversionistas y abriendo nuevas oportunidades para la inversión estatal en áreas estratégicas.

El gobierno subrayó en su mensaje que la dinámica positiva en el acceso a financiamiento externo no solo contribuye a mejorar los indicadores macroeconómicos, sino que también tiene impacto directo sobre la ejecución de políticas públicas destinadas a mejorar la calidad de vida de la población. Este acercamiento a los mercados internacionales aparece, en ese marco, como un paso relevante en la reactivación de la economía ecuatoriana, posibilitando la ejecución de proyectos que, según la administración Noboa, han sido postergados debido a restricciones financieras en los años anteriores.

El comunicado del Ministerio de Finanzas, citado por el medio digital, concluye que el acceso a los mercados internacionales permitirá a Ecuador fortalecer sus reservas, estabilizar la gestión de la deuda y robustecer el posicionamiento financiero del país frente a actores internacionales y organismos multilaterales.

La revalorización del peso colombiano en 2025 y sus impactos en la industria exportadora encendieron señales de alerta en diversos sectores productivos, que reclamaron al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, una revisión de sus políticas de endeudamiento ante el riesgo de pérdida de competitividad laboral y empresarial. Según los gremios firmantes, los efectos de esta revaluación alcanzan incluso a la capacidad instalada y la sustentabilidad del empleo formal en los principales polos exportadores del país.

En una misiva enviada, estas organizaciones reiteraron la urgente necesidad de “una senda creíble de consolidación fiscal, priorizando eficiencia y focalización del gasto, y una estrategia integral para fortalecer el recaudo, sin afectar la formalidad ni la competitividad”.

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Los firmantes, entre los que se destacan Acolfa, Acoplásticos, Analdex, Andesco, Andi, Asocolflores, Asoexport, Augura, Corpohass, Cotelco, Fedecafé y Fedeseguridad; subrayaron que la política de financiamiento público mediante nueva deuda y emisiones de bonos hacia el mercado local e internacional coincide con el proceso de apreciación del peso, impulsando fuertes corrientes de capital exterior.

De acuerdo con la carta, la apreciación cercana al 17% en un año —equivalente a casi $750 por dólar— tiene consecuencias directas sobre los empresarios del país. Las “recientes operaciones de financiamiento y manejo de deuda del Gobierno nacional, que han incluido colocaciones en el mercado local con alta participación de inversionistas extranjeros y operaciones en los mercados internacionales, han coincidido con una apreciación acelerada del peso”, señalaron los gremios al Gobierno nacional.

El documento también advierte que, al incrementarse la oferta de dólares por estas emisiones, la tasa de cambio cae y se abaratan las importaciones, lo que acaba por precipitar la sustitución de producción local por bienes externos y sitúa al productor nacional ante la competencia de mercancías a precios más bajos. Los gremios puntualizaron que esta situación “afecta directamente la competitividad de las empresas exportadoras, presionando márgenes, desincentivando inversiones y poniendo en riesgo el empleo formal, especialmente en sectores intensivos en mano de obra, que además enfrentan un incremento elevado en costos laborales y fiscales, en regiones donde la actividad exportadora es el principal motor económico”.

Entre los efectos futuros, los sectores productivos advirtieron sobre la “posibilidad de perder mercados que en un futuro pueden ser difíciles de recuperar”, así como el comienzo de un proceso de desinversión para la industria nacional. Señalan, además, que el financiamiento vía deuda podría estar reemplazando decisiones estructurales necesarias en materia de ajuste fiscal:

“Aplazar el control del gasto público, en un escenario de recaudo tributario insuficiente, no es responsable, pues aumenta la dependencia de nuevas emisiones, eleva la vulnerabilidad fiscal y traslada costos al sector productivo, mediante una tasa de cambio apreciada, menor rentabilidad exportadora y riesgos sobre inversión y empleo”, según la misiva.

Los gremios concluyeron la carta solicitando una revisión integral de las políticas económicas asociadas tanto al financiamiento del Estado como al manejo del tipo de cambio, remarcando la necesidad de evitar medidas que intensifiquen la presión sobre la estructura productiva nacional.

Corte Constitucional inicia revisión del decreto de emergencia económica

El estudio formal de la Corte Constitucional sobre el decreto de emergencia económica comenzó, con el proceso bajo la responsabilidad del magistrado Carlos Camargo Assis, que actuará como magistrado sustanciador y ordenó una revisión amplia de la decisión excepcional adoptada por el Gobierno Petro.

El alto tribunal destacó que el análisis determinará si las razones presentadas por el Gobierno nacional, entre ellas la falta de liquidez fiscal, el endeudamiento, problemas en la seguridad ciudadana, la ausencia de una ley de financiamiento y recientes desastres naturales, pueden ser calificadas como hechos imprevisibles, extraordinarios y sobrevinientes o, por el contrario, constituyen situaciones estructurales del Estado.

Este control, que tiene carácter automático y obligatorio, está orientado a verificar si el decreto cumple con todos los estándares constitucionales y legales requeridos. Para avanzar en el proceso, el magistrado Camargo Assis dispuso la recolección de pruebas técnicas y pidió la opinión de expertos económicos y de distintas entidades públicas y determinar si realmente existía justificación para declarar un estado de excepción.

Según el documento oficial, la apertura de este trámite no significa que el órgano constitucional haya emitido aún un aval o rechazo respecto a la declaratoria de emergencia, sino que corresponde al mecanismo institucional previsto para este tipo de casos.

El Gobierno nacional destacó que la reducción en la tasa de interés es atribuible a las medidas de emergencia implementadas recientemente, según señaló el presidente Gustavo Petro. La operación implicó la adjudicación de tres bonos globales con vencimientos en 2029, 2031 y 2033, y un cupón promedio ponderado del 5,93%.

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Desde su cuenta en X, Petro aseguró: “Se ha desplomado la tasa de interés en dólares con que nos endeudamos”, al remarcar que, en el pasado, tras la caída de la ley de financiación en el Congreso, Colombia accedía a tasas de 12% y hasta 8%, mientras que en esta ocasión el país pudo financiarse a 5,9% “gracias a la expedición del decreto tributario por emergencia”.

El presidente sostuvo que esta reducción significa una “mitigación del sobreendeudamiento” y fortalece la estabilidad fiscal del país. Además, afirmó que la estrategia fue respaldada por los datos de la emisión y sugirió que el Ministerio “debería hacer más ventas masivas de nuestra deuda cara por barata”. También advirtió que posibles decisiones de la Corte Constitucional podrían revertir estos logros y aumentar los costos futuros de financiamiento para Colombia.

Frente a la justificación del jefe de Estado, José Manuel Restrepo, exministro de Hacienda, afirmó que no tiene sentido el argumento de Petro porque la economía no funciona de tal manera.

“Hay que decir que una de las razones más importantes por las cuales está disminuyendo la tasa de cambio es por la perspectiva que ven los mercados en la entrada masiva de dólares como, como resultado de este altísimo nivel de endeudamiento en tan corto plazo. Luego, en el fondo, es una disminución ficticia de la tasa de cambio”.

A renglón seguido señaló: “Usted recordará en su gobierno, presidente, que había por lo menos tres razones que hacían que en ese momento con un buen comportamiento económico bajase la tasa de cambio, cuando había alto crecimiento, cuando había bajos niveles, de inflación y cuando había mucha llegada de inversión extranjera al país, como sucedía en ese gobierno, en su gobierno”. Resulta que en este momento estamos viviendo todo lo contrario, la inversión extranjera y la inversión cae, el peor dato en relación al PIB en la historia de Colombia".

Desde su conocimiento, explicó que las alteraciones en la tasa de cambio están ligadas con factores internacionales, y a los movimientos en el mercado los cuales buscan sacar réditos del endeudamiento del país.

“El crecimiento es exiguo, soportado en administración y burocracia estatal. Y la inflación no está cediendo. Vamos a completar cinco años en donde no estamos en rango de meta del Banco de la República. Entonces, la razón por la cual la tasa de cambio hoy cae para Colombia, aparte de las razones internacionales, es en buena medida por un tema no estructural. ¿Cuál es? Lo que el mercado prevé que se va a monetizar de esos dos endeudamientos, tanto el que se hizo con Pinco a cierre del año pasado, como el que se hizo recientemente y que eso genera obviamente un impacto en los mercados”.

Y agregó: “Así incluso la moneda no se haya monetizado, porque los mercados se mueven con los rumores. Cuando ven los rumores, empiezan a reaccionar. El problema de esto es gravísimo para sectores exportadores, es gravísimo para los cafeteros colombianos, es gravísimo para los floricultores, es gravísimo para los productores de fruta, que obviamente viven de la capacidad de exportación. Cuando usted le limita el ingreso, pues obviamente está afectando a buena parte de la economía. Entonces, falso afirmar que esa tasa de cambio es fruto de una política consciente, estructural, de desarrollo positivo para el país y más bien es fruto de unos excesos de endeudamiento público”.

El Ministerio de Hacienda emitió 4.950 millones de dólares en deuda externa, marcando el mayor monto individual registrado en la historia de Colombia. Esta colocación extraordinaria se realizó en solo 15 días de 2026, con lo que el Gobierno de Gustavo Petro comprometió casi la mitad del total de bonos internacionales vendidos durante todo 2025, año en que dichas emisiones sumaron 10.901 millones de dólares.

Desde 2025, el endeudamiento externo colombiano se incrementó considerablemente, ya que el valor alcanzado fue tres veces superior al promedio de los 20 años anteriores, que se situó en 3.163 millones de dólares. Para 2026, las proyecciones indican que la suma colocada sería similar a la del año previo.

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El nuevo endeudamiento se estructuró en tres emisiones: un primer bono a 2029 por 2.000 millones de dólares con una tasa del 5,3%, otro a 2031 por 1.475 millones de dólares con un interés del 6,1%, y el tercero a 2033, por 1.475 millones de dólares y un cupón del 6,5%.

Salvo en el período de la pandemia por covid-19, nunca antes la Nación había recurrido a cifras similares bajo este esquema de financiamiento con inversionistas extranjeros; las emisiones previas no sobrepasaban los 3.800 millones de dólares por año.

Aunque el Gobierno nacional afirmó que el endeudamiento es necesario para mantener a flote el país, en redes sociales los internautas recordaron cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, criticó a su predecesor Iván Duque y lo calificó de irresponsable por tomar un crédito con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para atender la pandemia.

“Hemos cumplido con el crédito que tomó Duque de manera irresponsable con el FMI; durante tres años le pagamos USD $5.000 millones. A partir del 1 de enero saldamos totalmente la deuda. El sobrendeudamiento de Duque estableciendo el subsidio a la gasolina ha Sido pagado también”, había escrito Petro en X.

Petro salió al paso a las críticas por multimillonario endeudamiento

Con respecto a las críticas de los usuarios, el jefe de Estado colombiano señaló que las comparaciones de los créditos adquiridos bajo el gobierno Duque no tienen sentido, puesto que la deuda adquirida por su administración busca pagar la anterior y reducir los intereses.

“Hermanouvas, tu activismo político no te permite ver realidad. Suponga que usted ha hipotecado su casa y que para pagar su casa logra un crédito más barato, y paga el anterior para bajar sus cuotas mensuales. ¿Eso es irresponsable? Ahora suponga el mismo caso pero en vez, el deudor de pagar la deuda de la casa termina, termina subsidiando los gastos de una amante? Es irresponsable con sus hijos el deudor o no? Esa es la comparación que está haciendo (sic)”, escribió Petro en su cuenta de X.

A la par, defendió los decretos de la emergencia económica, señalando que permiten bajar el déficit fiscal, y que en su gestión se restableció la confianza a los inversores extranjeros.

“La irresponsabilidad del Congreso nos lleva a pagar una deuda más cara que paga el pueblo de Colombia y que nos puede llevar a que sea cada vez más cara, más cara, hasta hacernos quebrar. Hechos sobreviniente. Y cuando decretamos la emergencia económica y pusimos los impuestos vía decreto a los megarricos de Colombia, entonces se cayeron las tasas de interés, las tasas que llaman de riesgo país en el exterior y nos ofrecieron casi, más de cuatro veces más de lo que pedimos. Eso se llama confianza en Colombia, en la economía, en Colombia del mercado mundial”, precisó el mandatario en una alocución presidencial.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ofreció el miércoles 14 de enero un mensaje claro y directo al país, adelantando los temas que se tratarán en el Consejo de Ministros y detallar su visión sobre el panorama económico actual.

Petro se refirió principalmente a la situación del crédito internacional y las tasas de endeudamiento del país, al revelar que se logró acceder a un crédito de USD5.000 millones con una tasa de interés históricamente baja del 5,9%, lo que, según él, representa un avance significativo para la economía nacional; cifras que desde ya encontraron rechazo y correcciones.

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El presidente Petro resaltó que este préstamo es “la tasa más baja que ha conseguido el país en este tipo de operaciones en tiempos recientes”, al destacar que la operación forma parte de un esfuerzo por reducir la carga de la deuda externa de Colombia, al mismo tiempo que promueve una visión más sostenible de la economía.

Petro defiende su política económica

En su cuenta oficial de X el jefe de Estado compartió un mensaje extenso para explicar los pormenores de esta gestión: “Hoy hablaré al país sobre los hechos sobrevinientes que traerían volver a las altas tasas de interés de riesgo sobre nuestra deuda que ya desplomamos, y sobre el crédito de USD 5.000 millones a 5,9%, la mitad del anterior, el mayor de la historia. Demostramos la seriedad de nuestra política económica a pesar de las burlas de quienes nos adversan (sic)”.

El mandatario dejó claro que la obtención de este crédito tiene como objetivo principal el pago de deudas más costosas. De acuerdo con su escrito en el post, esta medida dejará a los próximos gobiernos en una posición financiera mucho más favorable.

“Ese crédito es para pagar los créditos caros, y así los próximos gobiernos tendrán una situación financiera muchísimo mejor que la que recibimos”, dijo Petro, con un tono enfático sobre la importancia de la estabilidad financiera que se está construyendo.

Además, el presidente aprovechó la ocasión para recalcar la importancia de una política económica que, a su juicio, ha sido malinterpretada por algunos sectores de la oposición.

Petro destacó que la solicitud de crédito fue un acto estratégico, en el que se negociaron términos favorables para el país en medio de una situación económica global complicada: “Imagínense la confianza internacional que hemos producido con la emergencia económica, cuando nos ofrecieron por nuestros bonos 23.000 millones de dólares y solo pedimos 5.000 millones”.

“El mercado internacional, por mi conversación con (Donald) Trump, por nuestro decreto tributario, incluido por la ampliación del mercado interno del país con el salario vital, ha reconocido nuestra seriedad y nos brinda confianza y crédito a la mitad de lo que nos venía dando”, agregó.

El presidente también aprovechó para abordar otro tema clave dentro de la agenda de su Gobierno: el ‘salario vital’. Según Petro, la implementación de este salario es una pieza fundamental para el desarrollo económico de Colombia y la mejora de las condiciones de vida de las familias más vulnerables.

“Hablaré sobre la conveniencia de tener en Colombia un salario vital para desarrollar productivamente al país y hacer que las familias puedan progresar”, expresó el mandatario.

Esta fue la razón de las palabras del mandatario colombiano

Las palabras del mandatario surgieron en respuesta a la decisión del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas de Bogotá, que negó una medida provisional para suspender el aumento del salario mínimo del 23% para 2026.

Este incremento, que lleva el salario mínimo a $2.000.000, se mantiene vigente mientras se resuelve la acción de tutela interpuesta por el ciudadano Alexander Donato Rondón, a través de su apoderado, el exmagistrado Alejandro Linares Cantillo.

Y es que fue el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, el que celebró la decisión y destacó que la tutela fue rechazada por “falta de perjuicio inmediato y concreto” del demandante.

“Este es un mensaje para quienes cargan contra el Salario Vital y la dignidad de millones de personas trabajadoras: no se puede detener el Salario Vital con argumentos generales”, afirmó Sanguino, al insistir el compromiso del Gobierno con el bienestar de los trabajadores y la defensa de la Constitución.

Katherine Miranda, representante a la Cámara por el Partido Verde, se mostró indignada con un mensaje del presidente Gustavo Petro, en el que defendió su gestión económica comparando las tasas de interés de la deuda externa de Colombia; según la legisladora, el mandatario cometió un error al confundir las tasas de interés en pesos con las de dólares, lo cual, asegura, distorsiona la realidad económica.

Y es que el presidente Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, en la que explicó que su Gobierno había logrado reducir la tasa promedio de interés de la deuda externa a un 5,9%, en contraste con el 12% que, según él, había pagado el mandato de Iván Duque, su antecesor.

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Petro defendió su postura al escribir: “Criticar también, el último endeudamiento para pagar las deudas de Duque, que nos llevó a apagar crédito hasta del 13%, precisamente porque ustedes hundieron la ley de financiamiento y dispararon la tasa de riesgo de la deuda porque bajamos esa tasa y ahora pagamos esos créditos caros, es demasiado sectario”.

“Es como si un ciudadano tiene una deuda sobre su casa de muy alto interés y a ella van a embargar y logra un crédito mucho más barato y paga el caro. ¡Que se salvó la casa!”, agregó el presidente a su extenso mensaje.

Katherine Miranda estalló contra el presidente por su confusión económica

No obstante, en su mensaje, el presidente cometió un error clave y es que estaba confundiendo tasas en pesos con tasas en dólares, algo que Katherine Miranda no dejó pasar.

A través de un mensaje en sus redes, la congresista calificó al jefe de Estado de “mentiroso” y le acusó de tratar de engañar a la ciudadanía. “Usted está confundiendo tasas en pesos con tasas en dólares”, afirmó.

Miranda explicó que el 12% que mencionaba Petro es en pesos, mientras que el 5,9% es en dólares. Para ella, esta comparación es incorrecta, ya que las dos tasas no son directamente comparables; la congresista señaló además que, bajo el gobierno de Duque, Colombia se endeudó a tasas mucho más bajas en dólares, alrededor del 2,3%, en plena pandemia.

La representante concluyó su post con una directa crítica contra el mandatario: “Eso no es un ‘logro’. Eso es endeudarse más caro y maquillar la realidad con cifras incomparables. No nos crea pendejos! (sic)”.

Miranda acompañó su mensaje con una gráfica que mostraba la evolución de los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años de Colombia, Brasil, México, Chile y Estados Unidos. Según la gráfica, Colombia tuvo los rendimientos más altos de la región, alcanzando un pico del 9,49% en octubre de 2022. En contraste, países como Brasil, México y Chile mantuvieron rendimientos mucho más bajos, lo que indica que el costo de la deuda colombiana sigue siendo elevado.

El gráfico, que cubre el período desde febrero de 2022 hasta enero de 2026, muestra que el rendimiento de los bonos colombianos es superior al de otros países de la región, lo que refleja una mayor percepción de riesgo por parte de los inversionistas.

Esta es la razón por la que Petro cometió grave error económico

Para comprender mejor la controversia, Felipe Campos, economista y gerente de inversión y estrategia en Alianza Valores y Fiduciaria, explicó en su cuenta de X los errores fundamentales cometidos por Petro al comparar las tasas de interés de la deuda externa en diferentes monedas.

Campos indicó que el presidente había confundido las tasas, lo cual no es solo un error técnico, sino una manipulación de los datos económicos. Según el economista, los detalles más importantes son los siguientes:

• Colombia no pasó del 12% al 5,9%. El 12% corresponde a las tasas en pesos, mientras que el 5,9% es en dólares, por lo tanto, no es una reducción directa y comparativa.
• La tasa en pesos sigue alta. A pesar de la reducción en las tasas en dólares, la deuda interna sigue siendo cara, con tasas en pesos que siguen elevadas.
• El 5,9% en dólares sigue siendo alto. Aunque Petro habla de una mejora, esa tasa sigue siendo una de las más altas en la región.
• El riesgo país sigue elevado. Según Campos, la percepción de riesgo por parte de los inversionistas no ha mejorado significativamente y sigue siendo alta, como lo demuestra la volatilidad de los bonos colombianos.

El error de Petro, o su intento de maquillar los datos, provocó una gran controversia; en un país donde el manejo de las finanzas públicas y la deuda externa es un tema delicado, este tipo de confusión no pasa desapercibida.

La reciente adjudicación de un préstamo internacional al Banco Central de Argentina, que superó ampliamente el monto inicialmente licitado al recibir ofertas por 4.400 millones de dólares (3.764 millones de euros), se produce justo cuando el país debe afrontar un vencimiento de deuda por 4.200 millones de dólares (3.593 millones de euros). Esta coyuntura financiera antecede al fuerte descenso del principal índice bursátil argentino, el S&P Merval, que registró una caída del 3,56% hasta los 3.001.671,71 puntos, tal como publicó el medio que aporta la información original.

Según detalló la fuente, el Banco Central argentino llegó a un acuerdo con seis bancos internacionales para obtener un financiamiento de 3.000 millones de dólares (2.567 millones de euros). El propósito de esta operación es reforzar las reservas internacionales de la nación sudamericana. La operación se ejecutó apenas unos días antes de que el Gobierno de Javier Milei deba hacer frente al importante pago de vencimientos de deuda.

Tras el anuncio oficial del crédito, el mercado bursátil respondió con una retirada generalizada de activos argentinos. De acuerdo con lo consignado, la petrolera estatal YPF encabezó los retrocesos con una caída del 5,98%. Otros grandes descensos se observaron en Comercial del Plata, que retrocedió un 5,87%; Telecom Argentina, con una baja del 5,13%; Edenor, que disminuyó un 4,82%; y Grupo Supervielle, que cayó un 4,99%.

Las repercusiones del anuncio también se trasladaron a las empresas argentinas que cotizan en Wall Street. Según informó el medio, fuera del caso de la biotecnológica Bioceres, que descendió un 5,24%, las compañías energéticas fueron las más perjudicadas: YPF tuvo una retracción del 2,94%, Pampa Energía del 2,26%, Loma Negra del 2,29% y Transportadora de Gas del 2,15%.

La banca constituyó la única excepción al panorama general de retrocesos en la Bolsa. BBVA Argentina, Banco Macro y Grupo Financiero Galicia registraron leves avances de 1,08%, 0,99% y 0,64%, respectivamente, lo que según interpretan analistas citados por la fuente, podría estar vinculado a expectativas de mayor liquidez tras el préstamo internacional obtenido.

El medio relató que la autoridad monetaria de Argentina, en un comunicado emitido el miércoles, explicó que optó por no ampliar el total adjudicado, a pesar de que la suma de ofertas presentadas por entidades financieras internacionales superó en un 50% la cantidad inicialmente pretendida. Este movimiento fue percibido, de acuerdo con especialistas del sector financiero, como un intento por mostrar moderación y control en la administración del endeudamiento.

El contexto de este nuevo financiamiento internacional está marcado por la preocupación en los mercados ante la solvencia de las reservas argentinas y su capacidad de hacer frente a los compromisos externos inmediatos. Según se desprende del análisis publicado, el hecho de que el crédito se haya logrado en la víspera de un vencimiento de deuda tan importante evidencia la presión que enfrenta actualmente el equipo económico de Milei.

La fuente señaló que las principales caídas del día las protagonizaron empresas energéticas y de servicios básicos, mientras que el sector financiero logró mantener rendimientos positivos. Analistas financieros consultados interpretan el comportamiento del S&P Merval y de los papeles argentinos en Wall Street como una señal de cautela por parte de los inversores ante la persistencia de dudas sobre la estabilidad económica argentina, aun después de la inyección de reservas.

De acuerdo con la información suministrada originalmente, el préstamo de 3.000 millones de dólares (2.567 millones de euros) actúa como un colchón inmediato para las reservas del Banco Central, pero la reacción adversa del mercado sugiere que las preocupaciones sobre el panorama macroeconómico del país continúan influyendo fuertemente sobre la valoración de los activos locales y de las compañías argentinas que cotizan internacionalmente.

De acuerdo con el comunicado oficial del BCRA, la negociación se estructuró bajo la modalidad Repo, un instrumento habitual para obtener liquidez a corto plazo. Mediante este mecanismo, la autoridad monetaria entregó como garantía los mencionados bonos Bonar 2035 y Bonar 2038, ambos emitidos en dólares bajo jurisdicción argentina. El crédito acordado tiene un plazo de 372 días y contempla un interés del 7,4%, alineándose con las condiciones habituales de los préstamos garantizados de corto a mediano plazo gestionados por países en situación de liquidez comprometida.

El medio reportó que la oferta de la banca internacional superó ampliamente el volumen inicialmente solicitado por la entidad argentina. Las propuestas alcanzaron los 4.400 millones de dólares (3.764 millones de euros), es decir, un 50% más respecto al monto finalmente adjudicado en la operación. A pesar de la elevada demanda por parte de los bancos extranjeros, el BCRA optó por no ampliar el crédito por encima de los 3.000 millones de dólares establecidos como límite.

Tal como publicó la institución, el resultado de esta colocación fue destacado como “un fuerte interés demostrado por los principales bancos internacionales”, señalando que este proceso contribuye a la normalización en el acceso a los mercados de crédito. La autoridad monetaria vinculó este comportamiento positivo con la reducción del riesgo país y los avances en la estabilización macroeconómica, elementos que, según el BCRA, acompañan el actual ordenamiento de las cuentas públicas.

La inyección de estos fondos en las reservas internacionales del país resulta estratégica ante la inminencia de un pago de deuda relevante, permitiendo reforzar el colchón de divisas justo cuando se intensifican las exigencias financieras. Según detalló el BCRA, la diversificación de los acreedores en esta operación —seis bancos internacionales distintos— ofrece una mayor solidez institucional al respaldo obtenido. Por su parte, el tipo de bonos entregados como garantía, ambos con vencimientos en la próxima década y cotizados en los mercados secundarios, reflejan la apuesta del Gobierno por seguir utilizando herramientas financieras clásicas para afrontar vencimientos inmediatos, en un contexto en el que resulta prioritario mantener cierto nivel de reservas líquidas.

El acuerdo alcanza trascendencia adicional por ocurrir en medio de una política económica enfocada en la reducción del déficit fiscal y la contención de la inflación, dos de los ejes centrales del actual gobierno argentino. Según consignó la nota institucional, la suscripción evidencia la confianza internacional en el rumbo encarado por la nueva gestión y muestra un primer paso de apertura para futuras operaciones de financiamiento con entidades extranjeras.

La solicitud de fondos por la vía Repo sobre títulos soberanos en dólares no representa una novedad absoluta en la historia argentina. Sin embargo, el BCRA subrayó en su comunicación que la demanda superior a la iniciada refleja una mayor disposición de la banca extranjera a prestarle al país en este ciclo económico. La reciente adjudicación, ejecutada a menos de 48 horas del compromiso por casi 4.200 millones de dólares, busca desalentar presiones cambiarias antes del inminente desembolso y generar certidumbre sobre el cumplimiento de las obligaciones con los acreedores internacionales.

Mientras tanto, la estrategia permite al BCRA cubrir una parte sustancial del monto requerido sin agotar reservas propias, con plazos y tasas negociados de antemano y sin recurrir a asistencia directa de organismos multilaterales. La institución destacó en su declaración que el apoyo logrado se inscribe en un “proceso de normalización en el acceso a los mercados de crédito” y remarcó que el éxito de la convocatoria se produce en simultáneo con la baja del riesgo país, interpretada como un respaldo al “ordenamiento macroeconómico consistente y sostenible” impulsado en los últimos meses.

La deuda externa de Argentina alcanzó un valor nominal de USD 316.935 millones durante el tercer trimestre de 2025, lo que implicó un incremento de 3,2% respecto a los tres meses previos y superó el 46% del Producto Interno Bruto (PIB), según estimaciones privadas. El mayor peso recae sobre el gobierno nacional, que concentra USD 170.506 millones, equivalente al 53,8% del total.

Los datos surgen del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) y muestran que al 30 de septiembre de 2025, el stock de endeudamiento externo bruto, experimentó una suba de USD 9.698 millones frente al trimestre anterior. El principal factor detrás de este aumento fue la toma de deuda de las sociedades no financieras, hogares e instituciones sin fines de lucro que sirven a los hogares (Isflsh), que sumaron USD 5.877 millones adicionales.

Por otra parte, la administración central y las sociedades captadoras de depósitos, excluido el Banco Central de la República Argentina (BCRA), aumentaron su deuda en USD 2.851 millones y USD 1.393 millones, respectivamente. Las otras sociedades financieras también registraron un alza, con USD 75 millones más. Por el contrario, el pasivo del BCRA se redujo en USD 499 millones.

El Gobierno central mantiene compromisos a través de títulos de deuda por USD 70.634 millones y préstamos por USD 99.872 millones. El segundo mayor acreedor es el sector de sociedades no financieras, hogares e Isflsh, con USD 110.506 millones, el 34,9% de la deuda total. Dentro de este segmento se incluyen títulos de deuda por USD 14.008 millones, préstamos por USD 13.883 millones, créditos y anticipos comerciales por USD 22.171 millones, inversión directa por USD 59.324 millones y otros pasivos de deuda por USD 1.120 millones.

El Central es responsable de USD 29.538 millones, que equivale al 9,3% de la deuda externa. Este monto se conforma por derechos especiales de giro (asignaciones) por USD 7.027 millones, títulos de deuda por USD 1.256 millones y préstamos por USD 21.255 millones. A la vez, las sociedades captadoras de depósitos suman USD 4.933 millones, aportando el 1,6% al total. Este rubro incluye moneda y depósitos (USD 288 millones), títulos de deuda (USD 1.728 millones), préstamos (USD 2.473 millones), créditos y anticipos comerciales (USD 203 millones) y otros pasivos de deuda (USD 241 millones).

Las otras sociedades financieras adeudan USD 1.452 millones, cifra que compone el 0,5% de la deuda externa. Este segmento se distribuye en títulos de deuda (USD 275 millones), préstamos (USD 426 millones), créditos y anticipos comerciales (USD 452 millones) y otros pasivos de deuda (USD 300 millones).

En cuanto a la composición por moneda, el dólar estadounidense predomina con USD 212.602 millones, el 67,1% del stock de deuda. Le siguen los Derechos Especiales de Giro (DEG) con USD 64.321 millones (20,3%), el yuan con USD 20.455 millones (6,5%), el euro con USD 12.741 millones (4,0%), el peso argentino con USD 5.217 millones (1,6%) y otras monedas con USD 1.599 millones (0,5%).

El valor de mercado de la deuda externa se ubicó en USD 297.627 millones, con una suba de 3,7% respecto al trimestre previo. Esta evolución refleja la dinámica de los compromisos externos y la variación cambiaria, dos factores que inciden de manera directa sobre la economía argentina.

“La deuda externa volvió a crecer en relación al tamaño de la economía y representó el 46,7% del Producto Bruto Interno (PBI) durante el tercer trimestre de 2025, el nivel más elevado desde el inicio de la gestión de Javier Milei”, estimó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Según el Indec, la deuda externa bruta comprende “los pasivos externos que requieren el pago del principal y/o intereses en el futuro, y tiene como contrapartida un derecho de crédito del resto del mundo frente a los recursos de la economía residente que se reflejan en la posición de inversión internacional”.

Boom de endeudamiento externo

Más allá de las cifras del organismo estadístico, a partir del triunfo del gobierno de Javier Milei en las elecciones de medio término, se dio un boom de endeudamiento externo por parte de empresas y provincias. El monto colocado superó los USD 7.000 millones entre finales de octubre y mediados de diciembre.

En ese lapso temporal, firmas como YPF, Pampa Energía, Vista Energy y Edenor concretaron colocaciones de Obligaciones Negociables (ON) por montos que fueron desde USD 201 millones hasta USD 1.300 millones. Las tasas de interés anual de estas emisiones se ubicaron entre 7,62% y 10,37%. La disminución poselectoral del riesgo país desde los 1.100 puntos básicos a la zona de 600 unidades facilitó este tipo de operaciones.

“Noviembre se destacó como el mes con mayor volumen de emisiones primarias de obligaciones negociables en los últimos 10 años, un dato relevante porque señala la reapertura efectiva del crédito corporativo y un Tesoro activo, pero sin absorber toda la demanda del mercado. Este récord de colocaciones indica que las empresas aprovecharon la ventana para refinanciar vencimientos y fortalecer capital de trabajo, al tiempo que el sistema financiero canalizó parte del excedente de liquidez hacia crédito privado, actuando como una válvula de alivio para la curva soberana y consolidando la tendencia hacia un mercado de deuda más profundo y diversificado”, subrayó un análisis del Club de Finanzas de la UADE.

Por otro lado, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) emitió la Serie 13 del Bono Tango por USD 600 millones, con una tasa del 8,12% y bajo legislación inglesa. La demanda de inversores alcanzó los USD 1.700 millones. En una operación similar, la provincia de Santa Fe logró colocar un bono a 9 años por USD 800 millones con una tasa del 8,37%, luego de recibir ofertas por USD 1.800 millones.

El saldo deudor de la posición de inversión internacional neta de España cerró el tercer trimestre de 2025 en el 44,5% del Producto Interno Bruto, una cifra que representa 736.900 millones de euros y supone un leve incremento respecto al trimestre anterior, según consignó el Banco de España. Este aumento se atribuye, en parte, al comportamiento del saldo neto de las administraciones públicas, que elevaron su posición deudora hasta el 44,6% del PIB, es decir, 738.800 millones de euros, frente al 43,1% del trimestre precedente, que representaba 704.900 millones. La noticia clave corresponde al superávit por cuenta corriente, que se situó en 15.400 millones de euros durante el tercer trimestre, lo que refleja un repunte del 0,65% respecto al mismo periodo del año anterior, de acuerdo con el informe publicado este martes por el Banco de España.

El superávit por cuenta corriente, que recoge las transacciones entre España y el resto del mundo en bienes, servicios, rentas y transferencias, mostró un desempeño favorable impulsado principalmente por el crecimiento en el sector servicios. El avance de los servicios, que incluyen tanto actividades turísticas como otros servicios no relacionados con el turismo, impulsó el saldo positivo hasta los 34.500 millones de euros, por encima de los 31.600 millones registrados en el tercer trimestre del año anterior, según detalló el Banco de España.

En el sector servicios, la partida correspondiente a turismo y viajes aumentó su superávit hasta los 24.700 millones de euros, frente a los 24.000 millones de un año antes. Las actividades no turísticas dentro de este sector también experimentaron un fortalecimiento, con un saldo positivo de 9.800 millones, lo que supone un incremento del 29% respecto a los 7.500 millones del periodo anterior, de acuerdo con los datos recogidos por el organismo emisor.

A pesar de la mejora en los servicios, la balanza de bienes mostró un comportamiento desfavorable al registrar un déficit de 14.800 millones de euros. Esta cifra representa un aumento frente al saldo negativo de 10.400 millones observado en el tercer trimestre del año precedente. Esta dinámica compensó en parte los efectos positivos del avance en los servicios sobre el saldo global por cuenta corriente.

Dentro de las rentas, la balanza de renta primaria, que incluye ingresos y pagos por rentas de inversión y de trabajo, ofreció señales de estabilización al presentar un déficit de 500 millones de euros, una reducción en relación con el déficit de 1.800 millones en el mismo periodo de 2024. La evolución positiva también se confirmó en la balanza de renta secundaria —que abarca transferencias sin contrapartida como remesas, ayudas o contribuciones a organismos internacionales—, con un saldo negativo de 3.700 millones de euros, inferior al déficit de 4.200 millones anotado un año antes.

En el agregado de la cuenta corriente y de capital, que mide la capacidad de financiación de la economía frente al exterior, se observó un ligero retroceso. La economía española dispuso de una capacidad de financiación de 19.400 millones de euros en el tercer trimestre de 2025, por debajo de los 19.800 millones contabilizados en el mismo intervalo de 2024, una merma del 2%, según publicó el Banco de España.

El análisis de la posición de inversión internacional neta muestra diferencias en la evolución de los distintos sectores institucionales. Las sociedades no financieras, tradicionalmente deudoras, ajustaron su saldo hasta situarlo en el 37,7% del PIB, frente al 38,1% medido en el segundo trimestre. Por otro lado, las instituciones financieras monetarias pasaron a registrar un saldo acreedor marginal de 0,3% del PIB (equivalente a -5.500 millones de euros), en contraste con el saldo positivo de 49.700 millones (3% del PIB) visto el trimestre anterior.

Los demás sectores residentes, que mantienen históricamente una posición acreedora, incrementaron su saldo neto hasta el 45,1% del PIB frente al 43,2% alcanzado en el trimestre anterior. En cuanto al Banco de España, el saldo frente al exterior se redujo del 9,2% al 6,9% del PIB, lo que equivale a un movimiento desde 150.100 millones hasta 113.700 millones de euros, consignó el Banco de España en su informe trimestral.

En relación con la deuda externa bruta del país, los datos del Banco de España sitúan el volumen total en el 162% del PIB, equivalente a 2,68 billones de euros al cierre del tercer trimestre de 2025. Esto representa un incremento respecto al 161,8% del trimestre anterior, cuando la deuda bruta se ubicaba en 2,64 billones de euros.

Desglosando la deuda externa según los principales sectores, el informe del Banco de España señaló que, excluyendo tanto el Banco de España como las deudas entre empresas con relación de inversión directa, el pasivo externo de las administraciones públicas creció, pasando del 47,6% del PIB (778.800 millones de euros) al 49% del PIB (811.900 millones). La deuda de las instituciones financieras monetarias subió hasta el 42,6% del PIB, lo que representa 706.600 millones de euros. En los otros sectores residentes, la deuda externa mostró una tendencia de moderación, representando el 18,1% del PIB y sumando 299.600 millones de euros al final del periodo analizado.

El Banco de España incorporó estos datos en su informe publicado este martes, proporcionando una visión detallada sobre los movimientos fundamentales de los ingresos y pagos exteriores de la economía española, y permitiendo constatar la evolución de los principales indicadores que afectan tanto al comercio internacional como al posicionamiento financiero de los diferentes actores económicos del país.

Al cierre del tercer trimestre de 2025, México incrementó su deuda externa bruta, mientras ajustó su posición de inversión internacional neta, reflejando cambios en los flujos financieros y en los saldos de sus activos y pasivos frente al exterior, señaló el Banco de México (Banxico) en el informe trimestral “Posición de Inversión Internacional y Posición de Deuda Externa Bruta”.

La Posición de Inversión Internacional Neta registró un saldo deudor de 641.9 mil millones de dólares, lo que representa el 36.2% del Producto Interno Bruto (PIB) y significa una reducción en comparación con el segundo trimestre del año, cuando el saldo deudor ascendía a 654.7 mil millones de dólares (37.4% del PIB).

Deuda externa y posición internacional de México presentan ajustes importantes

Por otra parte, la Posición de Deuda Externa Bruta alcanzó 657.5 mil millones de dólares, equivalente al 37% del PIB.

Esta cifra marca un aumento de 24.4 mil millones de dólares respecto al periodo abril-junio de 2025, cuando la deuda se situaba en 633.1 mil millones de dólares (36.2% del PIB).

El crecimiento de la deuda externa bruta se originó en transacciones de la cuenta financiera por 17.8 mil millones de dólares y en otras variaciones por 6.6 mil millones de dólares.

México recorta pasivo neto internacional pese a más deuda

La reducción en el saldo deudor de la posición internacional neta, que disminuyó 12.8 mil millones de dólares en el trimestre, fue resultado de movimientos en la cuenta financiera por 3.2 mil millones de dólares y de otras variaciones —incluyendo efectos de tipo de cambio y precios— por 9.5 mil millones de dólares.

El sector privado impulsa aumento de la deuda externa mexicana

Por componentes, la posición deudora de la inversión directa disminuyó de 550 mil millones a 537.5 mil millones de dólares, mientras que la de inversión de cartera se incrementó de 385 mil millones a 405.7 mil millones.

El saldo acreedor de otra inversión subió de 35.7 mil millones a 46.5 mil millones. Los activos de reserva también se expandieron, pasando de 249.4 mil millones a 259.6 mil millones en el trimestre.

En el desglose por sector, la deuda externa del sector público llegó a 365.3 mil millones de dólares, sumando el gobierno general 245.8 mil millones, las empresas públicas 96.8 mil millones, la banca de desarrollo 7.1 mil millones y el banco central 15.6 mil millones.

La deuda externa del sector privado subió a 292.2 mil millones de dólares, destacando el crédito entre empresas por inversión directa, que ascendió de 137.4 mil millones a 142.8 mil millones.

El saldo del sector privado no financiero pasó de 111.6 mil millones a 113.8 mil millones, la banca comercial descendió a 31.4 mil millones y otras sociedades financieras sumaron 4.2 mil millones.

Entre los datos destacados del periodo, la deuda del gobierno general aumentó en 15.3 mil millones de dólares, el crédito entre empresas por inversión directa creció 5.3 mil millones, y las sociedades captadoras de depósitos y la banca comercial reportaron descensos en sus saldos.

La información oficial detalla que estos movimientos reflejan tanto transacciones financieras como variaciones por tipo de cambio y precios.

México registra movimientos en activos, pasivos y deuda externa

• El saldo de activos financieros de México cerró el tercer trimestre en 934 mil millones de dólares.
• El aumento trimestral fue de 53.7 mil millones de dólares.
• Todos los componentes registraron incrementos:

- Inversión directa: creció 22.6 mil millones, hasta 327.2 mil millones.

- Activos de cartera: aumentaron 9.8 mil millones, totalizando 152.4 mil millones.

- Derivados financieros: subieron 1.2 mil millones, alcanzando 23.5 mil millones.

- Otra inversión: aumentó 9.9 mil millones, situándose en 171.3 mil millones.

- Activos de reserva: crecieron 10.2 mil millones, sumando 259.6 mil millones.

• El saldo de pasivos financieros al cierre del tercer trimestre fue de 1,575.9 mil millones de dólares, un alza de 40.9 mil millones respecto al trimestre anterior.
• Detalle de pasivos:

- Pasivos de inversión directa: crecieron 10.1 mil millones, hasta 864.7 mil millones.

- Pasivos de cartera: aumentaron 30.5 mil millones, alcanzando 558.1 mil millones.

- Derivados: sumaron 1.3 mil millones, llegando a 28.3 mil millones.

- Pasivos de otra inversión: descendieron 1 mil millones, ubicándose en 124.8 mil millones.

La reacción de los mercados tras la elección del 26 de octubre alargó el horizonte de la Argentina y abre una oportunidad para intentar recalibrar los vértices del triángulo (Macro, Micro y Gobernabilidad), necesarios para apuntalar la estabilización de la economía. La baja en el índice de riesgo país a la zona de 650 puntos básicos acelera las chances de que el Tesoro nacional deje de pagar al contado los vencimientos de la deuda en dólares y extienda los vencimientos de la deuda en pesos permitiendo usar el señoreaje (la transferencia de recursos al sector público que ocurre cuando el Banco Central incrementa la cantidad de dinero y el Estado puede usar esos nuevos pesos antes de que la inflación erosione su valor) para la acumulación de reservas y no para el pago de la deuda.

El cambio en la composición del Congreso aumenta las chances de avanzar con reformas estructurales que apuntalen la productividad sistémica, condición necesaria para sostener en el tiempo la consolidación fiscal y para moderar el daño que la necesaria apertura de la economía en el mundo actual va a tener sobre sectores enteros de la economía, contracara del salto en la productividad y recomposición de precios relativos buscados usando el dólar como semi ancla.

En diez meses las importaciones subieron 29%; las de China, 61%; las de Brasil, 39% y las de EEUU, 9%

En tanto, las de bienes finales vienen subiendo a un ritmo mayor al doble que el promedio: bienes de capital 61%, bienes de consumo 63% y autos 115%. La cantidad de turistas argentinos en el exterior subió 45% frente a una caída en los turistas receptivos de 12,5%, con una relación 2 a 1 y un déficit acumulado de USD 9.600 millones en nueve meses.

Es cierto que se parte de una economía muy cerrada y que las exportaciones también crecen, pero el deterioro la cuenta corriente es evidente: de un superávit de 0,8% del PBI en 2024 (USD 8.000 millones) a un déficit de 1,7% del PBI proyectado para 2025 (-USD 12.000 millones). No está claro que los sectores ganadores (minería, energía, agro/agroindustria, industria del conocimiento) compensen a los perdedores en términos de empleo y mucho menos en términos geográficos.

Por ahora, las economías de plataformas y el monotributo vienen amortiguando el daño y la tasa de desempleo solo subió 2,3 puntos porcentuales desde que arrancó la gestión (de 5,3% a 7,6% con un crecimiento acumulado de la economía del 7% desde noviembre 2023), aunque frente al alargamiento del horizonte de la política y la decisión de no recalibrar las bandas priorizando la desinflación rápida con dólares financieros, es probable que esta dinámica del empleo se acelere.

La necesaria adaptación de las leyes laborales al mundo actual se inscribe en esta dinámica. Por lo pronto, avisaron que el esquema de bandas se sostiene a rajatabla. Aunque dejaron de decir que “el esquema no necesita comprar dólares” o “que solo van a comprar dólares en el piso de la banda (hoy en $930)”. Ahora sostienen que “no van a comprar dólares a un tipo de cambio artificialmente alto”, aclarando que “van a hacerlo por la Cuenta Capital cuando la demanda de pesos lo permita”.

En 10 meses las importaciones subieron 29%; las de China, 61%; las de Brasil, 39% y las de EEUU, 9 por ciento

Deberían decir cuando la demanda de deuda en pesos a plazos más largos lo permita. La fuerte suba en los precios de los activos financieros post elecciones descomprimió la presión cambiaria, el dólar cotiza en $1.450 y pareciera que el nuevo piso de las bandas está en torno a los $1.400, donde tímidamente el Tesoro empieza a comprar dólares.

La curva de futuros comprimió en la misma dirección con todos los contratos hasta febrero 2026 abajo de la banda superior. Y lo hizo con una descompresión muy significativa en la tasa de interés de pesos de las Lecap que vuelven a operar en niveles casi neutros contra la inflación, muy positivos en dólares. Casi que hasta podría decirse que el esquema para estabilizar la demanda de pesos es “castigar una y otra vez a los que compran dólares”, apostando a que, cual perros de Pavlov, los argentinos se convenzan de que el activo de reserva es el peso y no el dólar, dejen de comprar dólares y mejor aún “saquen los del colchón”, y no construyendo un ancla alternativa a la cambiaria en un esquema donde buscan tasas negativas para reactivar el crédito (aunque ahora sin Cepo).

La pregunta ya no es si recalibra o no; la pregunta es si mantiene el esquema y logra comprar dólares en el medio de las ‘nuevas bandas’ o si en algún momento el dólar se pega a la banda superior y el BCRA se ve obligado a recalibrarlas

Hasta ahora este esquema requirió inyectar dólares adicionales, los del blanqueo en septiembre de 2024, los del FMI en abril de 2025 y los de Bessent en octubre de 2025 (en medio de la corrida electoral). El puente hasta la salida de la cosecha y, fundamentalmente, hasta que el Tesoro pueda empezar a acceder al mercado internacional para refinanciar los vencimientos de la deuda en dólares (algo que no pareciera ocurrir antes del pago de los cupones de enero para los cuales se estaría trabajando en un nuevo Repo) lo está dando la oferta originada en las colocaciones de deuda del sector privado, a las que se le sumó la Ciudad de Buenos Aires (USD 4.143 millones desde las elecciones).

Hoy el desvío de la meta de acumulación de reservas con respecto al compromiso con el FMI es de USD 13.000 millones. El argumento del gobierno, otra vez, es que “esta vez es distinto”. Con superávit fiscal primario en 1,5% del PBI, el exceso de gasto resultante de un déficit en Cuenta Corriente está originado en decisiones de consumo e inversión del sector privado y no del sector público. Sostienen que el apoyo de Bessent y el aumento del Capex asociado al RIGI -financiado con deuda o con aportes de capital del sector privado- impulsarán aún más las exportaciones (que hoy ya superan en USD 28.000 millones las de 2017). Esto, agregan, podría llevar a que Argentina empiece a parecerse a Australia, un país que mantiene déficit en cuenta corriente desde hace casi 50 años sin enfrentar crisis de balance de pagos.

O, más cerca en el tiempo y en la geografía, parecerse a Brasil que, entre 2006 y 2011, aprovechó la debilidad del dólar global y acumuló reservas por USD 300.000 millones (la mayor parte por la Cuenta Capital) mientras dejó que el real se fortaleciera, beneficiándose del contexto externo para terminar de construir la reputación del Banco Central y desacoplar la inflación del precio del dólar.

Lo que no mencionan son las tasas de interés extraordinariamente positivas que manejó Brasil (6,6 puntos porcentuales en promedio desde 1999) y el superávit fiscal primario de 3% del PBI hasta 2011 (déficit financiero muy alto, dado que ellos sí registran en la estadística los originados en la deuda en su moneda).

El aumento en el déficit de cuenta corriente ocurrió además con superávit comercial y estuvo originado fundamentalmente en las utilidades y dividendos y en los intereses de la deuda del sector privado. Su contracara es un financiamiento casi automático por la Cuenta Capital asociado a la inversión (en 2024, el 64% de la inversión extranjera directa está explicado por reinversión de utilidades).

Por lo pronto, frente a la dinámica de los flujos apuntalados en el resultado electoral (put de Bessent mediante) y a la decisión del gobierno de sostener la banda superior se vuelven a recalibrar los escenarios. “La pregunta ya no es si recalibra o no; la pregunta es si mantiene el esquema y logra comprar dólares en el medio de las ‘nuevas bandas’ o si en algún momento el dólar se pega a la banda superior y el BCRA se ve obligado a recalibrarlas”.

La materialización de uno u otro escenario dependerá, casi exclusivamente, de la capacidad del gobierno de acceder finalmente al crédito para dejar de pagar la deuda al contado, algo que a su vez va a depender del rearmado de la política y la capacidad para avanzar en las reformas.

La autora es profesora de Economía en IAE Business School y directora de la consultora EcoGo. Esta nota se publicó en el IEM de noviembre del IAE, Escuela de Negocios de la Universidad Austral

El saldo de la deuda externa de Colombia alcanzó USD 211.584 millones, lo que equivale al 48,6% del Producto Interno Bruto (PIB), según el informe más reciente del Banco de la República.

Este volumen representa casi la mitad de la producción económica nacional y, de acuerdo con el Emisor, el tema se perfila como uno de los ejes de debate en la agenda de los precandidatos presidenciales, quienes deberán incluirlo en sus propuestas de gobierno.

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En el periodo comprendido entre enero y septiembre de 2025, la deuda externa colombiana experimentó un incremento de USD 9.879 millones (4,9%) respecto a diciembre de 2024, según el informe.

El 84% de este saldo corresponde a pasivos con vencimiento mayor a un año, mientras que el 16% restante está asociado a créditos con vencimiento igual o menor a un año. El documento detalla que la mayor parte de la deuda se compone de préstamos y bonos.

El análisis de BanRep atribuye el aumento del saldo a un crecimiento tanto en la deuda de largo plazo, que subió en USD 8.441 millones, como en la de corto plazo, que aumentó en USD 1.438 millones.

Por sectores, la deuda pública representa el 55,8% del total, mientras que la privada constituye el 44,2%. Dentro del monto global, el 16% corresponde a préstamos entre empresas con relación de inversión directa.

Al cierre de septiembre de 2025, el saldo de la deuda externa del sector público se situó en USD 118.135 millones (27,9% del PIB), cifra superior en USD 4.940 millones (4,2%) respecto a diciembre de 2024.

El Banco de la República explicó que este comportamiento se debe al aumento de las obligaciones de largo plazo, que crecieron en USD 4.912 millones, y a una reducción de las de corto plazo en USD 96 millones.

Por tipo de acreedor, el mayor incremento se registró en las obligaciones con tenedores de bonos, que subieron en USD 5.102 millones, seguidas por la banca comercial (USD 563 millones) y la banca bilateral (USD 362 millones), mientras que las obligaciones con organismos internacionales disminuyeron en USD 1.116 millones.

Del saldo de la deuda pública, el 70% corresponde a obligaciones del gobierno nacional, el 21% a entidades descentralizadas y el 9% restante a otros deudores.

Por tipo de instrumento, el 56% del saldo corresponde a bonos emitidos en los mercados internacionales, el 31% a préstamos con la banca multilateral y el 13% a créditos con entidades bilaterales e instituciones financieras. Además, el 95% de la deuda pública está en cabeza de entidades no bancarias.

En cuanto al sector privado, al cierre de septiembre de 2025, la deuda externa alcanzó USD 93.450 millones (21,5% del PIB). De este monto, el 87,4% corresponde a obligaciones del sector no bancario y el 12,6% a deudas adquiridas por instituciones bancarias.

Dentro del sector no bancario, los préstamos con entidades del exterior representan el 78,6%, los créditos de leasing financiero el 7,2%, las obligaciones por crédito de proveedor el 6,9% y el 7,3% restante corresponde a bonos y pasivos de seguros.

En el sector bancario privado, a septiembre de 2025, el 55,4% de la deuda externa corresponde a préstamos, el 41,2% a bonos adquiridos por inversionistas extranjeros y el 3,4% a depósitos de no residentes.

En relación con el servicio de la deuda, durante el tercer trimestre de 2025, el sector público pagó USD 11.363 millones por obligaciones de largo plazo, una cifra 581 millones de dólares menor que la registrada en el mismo periodo de 2024.

La tasa de interés promedio de la nueva deuda externa desembolsada por entidades públicas se situó en 6,3%, lo que representa una disminución de 1,5 puntos porcentuales respecto al año anterior, según el Banco de la República.

El hundimiento de la reforma tributaria durante la sesión del martes 9 de diciembre en el Congreso de la República obligará al Gobierno a replantear su estrategia fiscal para el próximo año, enfrentando la disyuntiva entre recortar el gasto público o buscar mecanismos alternativos de financiamiento.

Por ese motivo, el Gobierno Petro evalúa declarar una emergencia económica tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso, una medida que permitiría introducir nuevos impuestos para cubrir un déficit de 16 billones de pesos y ajustar las cuentas públicas en 2026.

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El ministro Germán Ávila afirmó que esta opción se encuentra entre las alternativas que el Gobierno de Gustavo Petro considera para garantizar los recursos necesarios en el presupuesto.

Ávila señaló que la negativa a la reforma tributaria genera un impacto directo en la sostenibilidad fiscal, ya que la ley de presupuesto aprobada por el Congreso incluía la obligación de tramitar una ley de financiamiento.

El ministro destacó que la propuesta final de recaudo se redujo de $26,3 billones a $16,3 billones tras múltiples mesas de trabajo y la eliminación de medidas sensibles, como el aumento en combustibles, con el objetivo de alcanzar un consenso.

El funcionario subrayó que la reforma estaba dirigida principalmente a los sectores de mayores ingresos y al sistema financiero, y que no afectaba a la mayoría de la población. Según sus declaraciones, “un 75% de la Cámara y un 65% del Senado aprobaron un presupuesto que explícitamente convocaba al Gobierno a presentar esa ley”, lo que considera un mandato institucional incumplido por un grupo reducido de congresistas.

Ávila criticó la postura de algunos senadores que, tras aprobar el presupuesto, se opusieron a la ley de financiamiento, mencionando a Paulino Riascos, Richard Fuelantala, Juan Samy Merheg y Angélica Lozano. El ministro rechazó que la decisión estuviera motivada por intereses electorales y sostuvo que la reforma ofrecía una fuente estable de ingresos para el mediano plazo, contribuyendo a la estabilidad fiscal tanto del actual Gobierno como del próximo.

“Esa crisis fiscal es el hecho sobreviviente que estamos viviendo. El mismo Congreso al negar la ley de financiamiento está creando un hecho sobreviviente frente a un presupuesto que ellos mismos aprobaron”, dijo el ministro en declaraciones a La W.

El economista y profesor de la Universidad Javeriana Jorge Restrepo explicó en diálogo con La FM, donde advirtió que la decisión legislativa tendrá repercusiones inmediatas tanto en la política económica como en la vida cotidiana de los ciudadanos.

Restrepo destacó que ante la imposibilidad de recaudar los 16,5 billones de pesos que contemplaba la reforma, el Ejecutivo deberá decidir si ajusta el presupuesto nacional mediante recortes o si recurre a otras alternativas.

“Tendrá que hacer un recorte del gasto que planeaba en el presupuesto general de la nación el año que viene”, dijo el experto.

Entre las opciones mencionadas figura la posibilidad de decretar una emergencia económica, lo que permitiría al Gobierno establecer tributos de manera extraordinaria.

El economista subrayó que cualquier decreto de este tipo estaría sujeto a revisión por parte de la Corte Constitucional, aunque aclaró que, incluso, si la Corte anula posteriormente los impuestos, el Gobierno podría recaudar esos fondos de forma temporal: “Permite que el Gobierno de aquí hasta allá recaude esa plata”, afirmó Restrepo.

El especialista también abordó los riesgos asociados a medidas extremas, como la cesación de pagos o la creación de impuestos vía decreto.

Restrepo señaló que, aunque se ha especulado sobre la posibilidad de que el Gobierno amenace con dejar de pagar la deuda externa, cualquier acción de este tipo tendría que superar el escrutinio constitucional.

Además, enfatizó que la viabilidad de decretos extraordinarios dependerá tanto de la disposición del Ejecutivo para ajustar el gasto como de la evaluación jurídica correspondiente.

En cuanto al impacto directo sobre la población, el experto consideró que la caída de la reforma representa “una noticia muy buena” para los ciudadanos, ya que “ya no le van a subir los impuestos” ni a las personas ni a las empresas.

Según el economista, este desenlace envía un mensaje político claro: “El Congreso ya no está acompañando al Gobierno nacional en las solicitudes de impuestos, justo antes de las elecciones”, dijo.

Finalmente, Restrepo advirtió que la presión para reducir el gasto público podría tener un efecto adicional en la economía, al señalar que “podría generar una situación en la cual bajen los intereses que estamos pagando todos por las hipotecas y por los créditos al sistema financiero”.

Caída de la reforma tributaria beneficia al sector minero-energético

La caída de la reforma tributaria propuesta por el Gobierno nacional, que buscaba recaudar $16,3 billones, dejó como uno de los principales beneficiados al sector minero-energético.

El proyecto, conocido como ‘Pacto Fiscal’ y presentado por el ministro de Hacienda Germán Ávila, fue archivado en las comisiones económicas del Congreso, lo que obliga a ajustar el Presupuesto para 2026 a $530,6 billones.

Entre las medidas que no prosperaron se encontraba un impuesto especial a la extracción de hidrocarburos, equivalente al 1% sobre el valor FOB en exportaciones y sobre el valor de facturas para ventas nacionales.

Además, la iniciativa contemplaba un impuesto al carbono que habría elevado las tarifas de gas y electricidad, así como una sobretasa al impuesto de renta y un IVA del 19% para vehículos híbridos ligeros.

El exdirector de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Lisandro Junco, advirtió que la reforma pretendía aumentar la tarifa del sector de hidrocarburos del 40% al 50%, lo que, sumado a otros gravámenes como impuestos ambientales y regalías, habría reducido el margen de utilidades del sector a casi 0%.

“La reforma tributaria lo que traía era la sepultura del sector de hidrocarburos y de las actividades extractivas", dijo Junco en declaraciones recogidas por Valora Analitik.

Junco también destacó que la canasta energética se mantuvo sin cambios, ya que el impuesto al carbono habría incrementado los precios del gas y la gasolina.

El economista jefe del Banco de Occidente, David Cubides, subrayó, para el mismo medio, que la sobretasa al impuesto de renta era otro factor que afectaría al sector.

Según Junco, la implementación de estos tributos habría provocado una disminución en el recaudo, ya que las empresas del sector de hidrocarburos y actividades extractivas podrían abandonar Colombia, generando así menos ingresos para el país.

No hay reservas en el Banco Central y de ahí parecen desprenderse todas las discusiones económicas de los últimos días. ¿Otra vez? Otra vez.

El debate sobre las tenencias internacionales volvió a ocupar el centro del escenario mientras el Gobierno de Javier Milei anota opciones para pagar deudas (que no son estrictamente por medio de la acumulación de dólares en las flacas arcas de la autoridad monetaria) y en Washington, atento a los tiempos bilaterales que corren, el FMI se apresta a masticar bronca y firmar un nuevo perdón, waiver, para su principal deudor, su “cliente” más díscolo.

Así, las versiones están a la orden del día. The Wall Street Journal encendió alarmas el jueves cuando dijo que nunca llegará un desembolso de USD 20.000 millones que se esperaba que sea una suerte de mega-sostén de entidades privadas para complementar los otros USD 20.000 millones de swap del secretario del Tesoro de EEUU, Scott Bessent.

El propio Bessent había hablado de ese esquema, pero parece que los bancos dijeron que estaba todo bien si el Tesoro firmaba como garante, algo que no ocurrirá. Ayer el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que nada que ver, que nunca se estudió ese instrumento. Raro.

Sí llegarían, estimó el medio estadounidense (si las negociaciones con los bancos llegan a un buen puerto), unos USD 5.000 millones para pagar el vencimiento a bonistas privados de enero, primer paredón grande de cuentas a pagar en divisas. ¿Por qué no se paga esa “cuota” con los dólares del swap? Hay dudas, pero también teorías. Veamos.

Semanas atrás, en medio de las críticas del consenso económico al gobierno Milei por no aprovechar el contexto cambiario de fines de 2024 y comienzos de este año para comprar dólares para el BCRA, se vivieron momentos de verdadera zozobra, con el riesgo país que saltó –porque los bonistas calcularon que no habría fondos para pagar los próximos vencimientos de enero y mediados de 2026– y muchas dudas sobre el plan económico, e incluso sobre el equipo que maneja la economía local. Pero llegó el paraguas de Donald Trump, la Libertad Avanza arrasó en las elecciones de medio término y todo se calmó otra vez.

El Gobierno pudo acumular reservas, y no quiso. Ese proceso de fortalecimiento podría haber alterado el tipo de cambio y eso, a su vez, presionar la inflación, cuya reducción es la gran bandera de Milei. No es algo directamente proporcional: incluso en el último salto del tipo de cambio el pass through (pasaje a precios) fue reducido, quizás porque bajaron las ventas, por otros motivos o alguna combinación de ellos.

Hoy, según la consultora 1816, las tenencias netas, según la metodología de medición del FMI, son negativas en unos USD 16.000 millones.

Hubo euforia post electoral, incrementada por los constantes apoyos de EEUU, que materializó Bessent con el anuncio de swap y que reforzó la noticia del acuerdo comercial que comunicó la Casa Blanca. Ahora que comenzó a bajar la espuma, muchos economistas dijeron “es momento, se deberían acumular reservas”, con la vista en enero y un cronograma de vencimientos para 2026 que viene “cargado” y suma unos USD 20.000 millones, entre privados y FMI.

Como sea, otros vientos soplan en este fin de año y las necesidades apremian. ¿Va a recalibrar el Gobierno el programa económico? “Las bandas no se tocan”, dicen a coro los funcionarios, pero… el esquema actual que buscó mantener a raya tanto al dólar como a la inflación, también elevó las tasas de interés y se hizo sentir fuerte en la actividad.

Milei promete más reformas de las que estaban en carpeta (como impositiva y laboral) y augura turbulencias inminentes: “Abróchense los cinturones, van a haber muchas más reformas”, dijo el jueves en Corporación América.

Fondo y reservas

“Hemos enfatizado la necesidad de acelerar los esfuerzos de acumulación de reservas para ayudar a gestionar mejor la volatilidad y fortalecer aún más la confianza del mercado”, dijo la semana pasada la vocera del FMI, Julie Kozack.

Kozack habló de una “ventana de oportunidad” para hacerlo y dijo que sería prematuro de su parte comentar si Argentina incumplirá la meta de reservas. Esta ya fue revisada a la baja en julio, rige hasta el último día del año,se revisará en febrero y es prácticamente imposible de cumplir.

Según pudo saber Infobae, en los últimos días hubo insistentes consultas del FMI al Tesoro de EEUU por el swap a la Argentina. Los técnicos de Kristalina Georgieva quieren saber detalles sobre cómo computar ese pasivo en dólares del BCRA. La duda es si el tramo que se activó es de corto plazo o no: la metodología del FMI resta a las reservas brutas los pasivos en dólares que vencen en menos de un año.

En el Tesoro no respondieron, ni responderán. “Es un acuerdo entre países, el swap lo activa Argentina cuando quiere”, argumentan. Y habría dejado una recomendación muy clara: “Preparen un waiver”. Es el perdón que ya dio este año el Fondo y que daría en febrero otra vez por incumplimiento de la meta de acumulación de reservas.

Podría haber otro punto que inquieta en parte a Bessent & Cía: si la deuda se extiende por más de un año podrían necesitar la autorización por el Capitolio. Ya hubo tensiones por la ayuda política a Argentina y las elecciones en EEUU están a la vuelta de la esquina. Por otro lado, la histórica injerencia de ese país en el FMI es más concreta que nunca. Desde octubre, en la silla de segundo del organismo está sentado Dan Katz, quien fue hasta ese momento jefe de gabinete de Bessent. Lo que quiere -o no- el Tesoro ahora fluye mucho mejor en el Fondo que cuando el cargo lo ocupaba Gita Gopinath. Como sea, la preocupación entre los burócratas crece: ¿habrá una nueva reunión informal del directorio del FMI para tratar, otra vez, el caso argentino?

En ese póker entre el nuevo prestamista de última instancia y el beneficiario estaría también la respuesta de por qué no se paga los vencimientos próximos con el swap: EEUU no quiere problemas a mediano plazo. Y los bancos, sin garantías de Bessent, estarían dispuestos a dar una mano, pero con costos (que aún no están definidos) y por una cifra muy menor que la que se habló al principio.

¿Qué pasará?

Cálculos privados habían estimado que el BCRA debería comprar más de USD 9.000 millones antes que termine el año para cumplir el objetivo con el FMI planteado en la revisión de julio, cuando además ese target se había aflojado en USD 5.000 millones. Nadie en el gobierno tiene eso en mente, está claro. Quedó más que claro con recientes declaraciones del Presidente, de Caputo y del titular del BCRA, Santiago Bausili.

El jefe del Palacio de Hacienda desplegó el menú de opciones para pagar en enero: usar más del swap vigente con China o ampliar el tramo del nuevo con EEUU (del que ya se activaron unos USD 2.500 millones, según la consultora 1816), cerrar el acuerdo con bancos internacionales para conformar un préstamo y operaciones con bonos a corto plazo y hacer un nuevo repo con entidades. “Toto prefiere emitir deuda, se muere por que se den las condiciones para hacer, pero no se llega. Al menos a enero no llegamos”, confían en la Casa Rosada.

“Si hago rollover ese mecanismo de acumulación de reservas no tiene sentido de ser. No voy a estar saliendo a comprar dólares como un delirante y yo mismo generar un aumento del dólar, que es lo que pretenden muchos economistas que están comprados y perdiendo mucha plata”, dijo Milei en Neura días atrás.

O sea: si se sale a los mercados, no hace falta acumular. ¿Cuáles son las condiciones de emisión de nueva deuda internacional? Que baje el riesgo país. Esta semana rondó los 600 puntos, pero subió a 650 con el dato del Wall Street Journal. Debería bajar entre 150 y 200 puntos más. ¿Es posible? Luego de las elecciones cayó desde los 1.200 puntos de comienzos de octubre a estos niveles actuales. “El objetivo del programa actual no puede ser en sí la acumulación de reservas internacionales a cualquier costo, de manera que pueda poner en riesgo la estabilidad económica”, confirmó Bausili en un evento que organizaron los Amigos de la Universidad de Tel Aviv en el Hotel Alvear.

Esta semana, Analytica destacó que se espera que el Tesoro profundice la compra de dólares para afrontar los próximos vencimientos, mientras el BCRA busca recomponer reservas en línea con los compromisos asumidos ante el FMI. “El Gobierno se enfrenta a una disyuntiva: a) mantener la regla de bandas al 1%, priorizando la estabilidad nominal pero atándose a un techo del tipo de cambio que ya fue puesto a prueba; o b) optar por una flexibilización recalibrando las bandas y asumiendo un mayor riesgo de volatilidad de tipo de cambio y de precios”, dijeron en la consultora de Ricardo Delgado.

“Está el apoyo de EEUU y se esperan líneas de financiamiento para el año que viene, pero también están las vacaciones y el Mundial que van a demandar dólares. Meten la pata si otra vez deciden no comprar, como se estima hasta ahora. Dos veces el mismo error”, comentó un conocido economista que esta vez pidió off the record.

Diego Giacomini, economista y ex amigo de Milei, cree que el Gobierno ignoró las presiones y las metas del FMI porque Milei cree que la acumulación de reservas genera desequilibrios en el mercado cambiario y también en el monetario que terminan siendo inflacionarios. “Igual, va a tener que comprar algo, porque otra no le va a quedar. Pero Milei va a comprar lo menos que pueda para expandir los agregados lo menos posible, y va a comprar menos de lo que todo el sistema quiere que compre. Se metió en un callejón sin salida y con la manta muy corta”, agregó.

Los bancos internacionales también miran el proceso. Morgan Stanley cree que parece haber un enfoque en la acumulación de reservas de divisas, pero pasará “después de una eventual operación de gestión de pasivos que se está analizando”; y JP Morgan dijo que espera un esquema similar y resaltó que el Gobierno busca priorizar “el crecimiento económico y la remonetización”.

En Equilibra en tanto, coinciden en que no se va a llegar a la próxima meta del FMI. En cuanto a esta necesidad de acumular reservas, estiman que el Gobierno, de a poco, va diciendo que sí, pero se muestra bastante reacio a acumular vía compras del BCRA, con emisión. “El Gobierno teme hacer grandes compras desde el Central por presiones cambiarias e inflacionarias. Argentina necesita acumular reservas: aprovechando un ingreso de capitales fuerte por sector privado, provincias y, eventualmente, el sector público nacional también, si el riesgo de país sigue bajando, hay que recomponer, vía Tesoro o BCRA. No creo que sea inflacionario que lo haga el Central, porque hay un exceso de oferta de dólares. Además, es más rápido, más genuino y en épocas de vacas flacas ayuda a intervenir y hacer creíble el techo de la banda”, dijo Lorenzo Sigaut Gravina, uno de los fundadores de Equilibra.

Finalmente, desde el Ieral de la Fundación Mediterránea, ven que la acumulación de reservas tiene que ser consistente con los otros objetivos, por lo que el proceso está destinado a ser dosificado. “Tendría que ser con un régimen de flotación sucia con intervenciones puntuales. El problema es la sincronización con la política monetaria. Como tenemos un esquema de agregados y no de metas, la tasa es más volátil y eso complica la dinámica de acumular reservas y de hacer un rollover previsible de la deuda. La acumulación de reservas hace a la sustentabilidad de la política macro en el mediano y largo plazo”, afirmó Jorge Vasconcellos, economista jefe del Ieral.

Mientras tanto, Caputo y su equipo, afinan el lápiz para terminar de diagramar la estrategia que permita afrontar los próximos vencimientos de deuda externa.

Brotan rumores para todos los gustos. Confianza es una palabra clave que vuelve y vuelve a sobrevolar la golpeada coyuntura local. Como vuelven también la discusión sobre si hay que acumular reservas en el BCRA o no.

La deuda externa del sector privado cerró el segundo trimestre de 2025 con un aumento de USD 2.690 millones en relación al período enero-marzo, al alcanzar un stock total de USD 107.311 millones, de acuerdo con el informe trimestral sobre deuda externa privada difundido por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

El crecimiento se explicó por un incremento de USD 1.798 millones en la deuda comercial y de USD 892 millones en la deuda financiera, según precisó el organismo.

Cómo se conforma el endeudamiento

El principal componente del stock total fue la deuda por importaciones de bienes, que sumó USD 38.954 millones. Le siguieron los préstamos financieros, con USD 26.752 millones, y los títulos de deuda en manos de no residentes, que totalizaron USD 14.656 millones.

Más atrás se ubicaron la deuda por servicios, con un stock de USD 13.799 millones, la deuda por exportaciones de bienes, con USD 9.688 millones, y la categoría “Otra deuda financiera”, con USD 3.463 millones al cierre del trimestre.

En cuanto a las variaciones por tipo de operación, el aumento de la deuda comercial respondió principalmente al crecimiento de la deuda por exportaciones de bienes en USD 2.455 millones, parcialmente compensado por cancelaciones de deuda por importaciones de bienes (USD 305 millones) y servicios (USD 352 millones).

En tanto, el incremento de la deuda financiera estuvo impulsado por la suba de los títulos de deuda (USD 864 millones) y de la categoría “Otra deuda financiera” (USD 492 millones), compensadas por la baja en los préstamos financieros, que retrocedieron USD 464 millones.

Desglose por sectores

Dentro de la deuda por importaciones de bienes, el financiamiento entre empresas relacionadas alcanzó USD 21.850 millones, con una caída trimestral de USD 243 millones. El resto de los acreedores sumó USD 17.105 millones, también con un leve descenso de USD 62 millones.

Por actividad, el sector fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques concentró el 21% del total (USD 8.101 millones), seguido por el comercio mayorista (20%, USD 7.950 millones). Otros rubros mostraron bajas por unos USD 623 millones, compensadas por aumentos en productos informáticos, comercio minorista y suministro de energía, que sumaron USD 342 millones.

En el caso de la deuda por exportaciones de bienes, la posición con acreedores relacionados fue de USD 5.010 millones, con un incremento trimestral de USD 1.519 millones. El resto de los acreedores totalizó USD 4.678 millones, con un alza de USD 936 millones.

El sector de elaboración de productos alimenticios, que incluye a las empresas exportadoras de oleaginosas y cereales, representó el 69% del total, con un stock de USD 6.692 millones y una suba de USD 2.184 millones en el trimestre. Le siguió el comercio mayorista, con USD 1.299 millones (13% del total). Entre ambos explicaron más del 80% de la deuda por exportaciones.

Servicios y deuda financiera

La deuda por servicios alcanzó USD 13.799 millones, de los cuales USD 10.136 millones correspondieron a acreedores relacionados y USD 3.663 millones al resto. Los sectores más relevantes fueron servicios de programación y consultoría informática, con el 8% del total, y fabricación de vehículos automotores y transporte aéreo, con el 7% cada uno.

Por su parte, la deuda financiera del sector privado sumó USD 44.871 millones, con USD 21.286 millones en acreedores relacionados, USD 14.656 millones en títulos de deuda y USD 8.929 millones con otros acreedores.

El 35% de esa deuda correspondió al sector de extracción de petróleo crudo y gas natural, que acumuló USD 15.787 millones y registró un aumento trimestral de USD 1.082 millones. Le siguieron suministro de electricidad, gas y vapor (8%, USD 3.642 millones) y extracción de minerales metalíferos (7%, USD 2.950 millones).

Vencimientos y origen geográfico

Al cierre del trimestre, las empresas privadas enfrentaban vencimientos de capital por USD 60.146 millones en deuda comercial (96% del total) y USD 20.894 millones en deuda financiera (47% del total) dentro de los doce meses siguientes. Según el Banco Central, “el perfil de la deuda financiera mostró una mejora interanual en los plazos, con un aumento del peso de los vencimientos a cinco años o más”.

El mayor endeudamiento externo por actividad correspondió a la industria manufacturera, con USD 40.263 millones, financiados en un 63% por empresas del mismo grupo. Le siguieron la explotación de minas y canteras (USD 25.215 millones) y el comercio mayorista y minorista (USD 13.330 millones). Estos tres sectores concentraron alrededor del 73% de la deuda privada externa.

En cuanto al origen de los acreedores, Estados Unidos se mantuvo como el principal país de procedencia de la deuda comercial, con USD 12.036 millones (19% del total), seguido por Brasil (USD 8.566 millones) y Suiza (USD 5.281 millones).

En el caso de la deuda financiera, también encabezó Estados Unidos (USD 6.612 millones, 22%), seguido por Países Bajos (USD 4.587 millones) y Uruguay (USD 2.467 millones). En conjunto, los tres países concentraron el 45% del stock financiero (sin incluir títulos de deuda).

El Banco de la República informó que la deuda externa del país registró una disminución importante, tanto en su valor total como en relación con el Producto Interno Bruto (PIB). Ante este resultado, el presidente Gustavo Petro lo calificó como un avance alcanzado por su administración en el compromiso con la disciplina fiscal.

“Redujimos la deuda externa frente al PIB, ¿por qué? Porque no nos endeudamos fuera del país, solo lo hicimos para pagar las deudas anteriores. De hecho, pagamos ya casi toda la deuda irresponsable que dejó Duque con el FMI”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

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Petro también apuntó a los sectores económicos que se beneficiaron de ese endeudamiento previo: “Los más ricos del país se comieron toda esa deuda, y cuando les pedimos algo para devolver ese regalo con los dineros del pueblo, se negaron”.

El jefe de Estado explicó que la decisión de no recurrir a nuevos préstamos externos buscaba proteger la soberanía financiera del país: “Preferí el camino de no meterme en nueva deuda exterior, porque quise prevenir un posible ataque de un factor extranjero, tal como pasó con el gobierno progresista de Grecia, y creo que atiné. Hoy el país está menos endeudado en el exterior, tiene acreedores más diversificados y es mucho menos vulnerable”.

Deuda interna sube por tasas del Banco de la República, dice el presidente

También relacionó esta estrategia con la estabilidad de la moneda nacional. “Esa es una de las razones de por qué el peso se mantiene fuerte”, añadió.

Sin embargo, las palabras del presidente de dan luego de que Valora Analitik revelaran que analistas advirtieron sobre el aumento de la deuda interna, lo que provocó nuevas críticas. Petro respondió: “¿Por qué subió entonces la deuda interna? ¿Nos sobreendeudamos dentro del país, como vocifera la oposición y sus expertos a sueldo o no? El gobierno no creó nueva deuda interna. Todo el crecimiento de la deuda interna se debe al crecimiento de la tasa real de interés del Banco de la República por mera oposición política (sic)”.

El presidente comparó esta situación con un crédito hipotecario, pues afirmó que, aunque se pagan las cuotas, los intereses suben sin control del deudor. Según él, ese aumento del costo es responsabilidad de la política monetaria, no del Ejecutivo.

También lanzó una crítica directa al Banco de la República por mantener tasas altas: “Es cierto que hay un repunte en la inflación, pero es muy leve para sacrificar centenares de miles de puestos de trabajo que se podrían crear. La causa del repunte leve de la inflación es la especulación con los precios del gas en los últimos dos meses, que en mi opinión es delictiva”.

Petro afirmó que la decisión del emisor de mantener las tasas altas beneficia a sectores poderosos: “Subir la tasa de interés real es subsidiar con dinero público a los dueños de esa deuda, que son los dueños de los bancos y los administradores de los fondos privados de pensiones. Como los megarricos ya no tienen gobierno, en vez de ponerse a producir, se ponen a rentar con el dinero del pueblo”.

El mandatario, en su extenso mensaje, también reconoció un error de su Gobierno: el pago de la deuda del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fpcec), por más de 70 billones de pesos.

“Es un incremento del gasto en cerca de 26 billones por año durante tres años. Es por esto por lo que nos llaman derrochones, pero es también una disminución de la deuda interna de Colombia por esa misma cantidad”, se lee en el post.

Dijo que ese dinero pudo destinarse a otros fines sociales, “pudo haberse hecho más reforma agraria, más créditos a la pequeña empresa, más carreteras en las regiones excluidas, más universidades y hospitales. El pueblo tiene todo el derecho a criticarme porque no lo detuve a tiempo o no me di cuenta. Este es el peor error del gobierno”.

Presidente admitió error millonario en el pago del subsidio a la gasolina

Petro señaló al exministro de Hacienda José Antonio Ocampo como responsable de ocultar el impacto real de esta deuda: “Debió presentarme el problema, pero lo ocultó. Él en realidad estaba comprometido con un sector social y político que quería el saboteo del programa del cambio. Y yo creía que era posible la amplitud pluriideológica y el pacto social. Fue una ingenuidad mía motivada por mi sesgo académico (sic)”.

Cerró su mensaje reiterando su compromiso con un modelo de diálogo nacional inspirado en figuras históricas como Jaime Bateman, aunque aclaró que solo será posible si hay una amplia movilización popular.

Mientras tanto, las cifras fiscales siguen generando debate; aunque el Gobierno espera reducir la deuda al 60% del PIB, expertos proyectan que podría superar el 65%.

El incremento, detalló el emisor, "fue liderado por las transacciones de Gobierno y del sector bancario", aumentando su deuda en 2.771 millones de dólares y 2.724 millones de dólares, respectivamente.

En el caso de Gobierno, destacó el efecto de la apreciación del tipo de cambio sobre la deuda pública en pesos chilenos; por su parte, la deuda de las empresas y otras entidades financieras de inversión extranjera directa creció en 698 millones de dólares, mientras que la del resto de empresas lo hizo en 961 millones de dólares.

En cuanto a la deuda de corto plazo residual, ésta alcanzó los 66.655 millones de dólares, siendo las empresas y los bancos los sectores que tienen la mayor parte de los compromisos de pagos en los próximos doce meses, apuntó el organismo.

Finalmente, en términos de la moneda de denominación, se observó que 81 % de la deuda se encuentra en dólares estadounidenses; 7,5 %, en euros; 6,9 %, en pesos chilenos, y el resto en otras monedas. EFEcom

El jueves el directorio del Fondo aprobó la primera revisión del acuerdo firmado en abril pasado con Argentina, que habilitó un nuevo desembolso por 2.000 millones de dólares para el país.

“Las reservas internacionales netas (RIN, de acuerdo a la denominación técnica) alcanzaron los -US$4.700 millones (al tipo de cambio actual) al 13 de junio, fecha de prueba, muy por debajo del límite mínimo del programa de -US$1.100 millones”, dice el informe técnico publicado por el FMI.

En el documento, el organismo señaló que, si bien el país no cumplió la meta de acumulación de reservas internacionales netas, el Gobierno aplicó “medidas correctivas” para acercarse a los objetivos.

Por lo tanto, el organismo le concedió al país un waiver (perdón técnico) y, además, flexibilizó los objetivos futuros.

 Aclaró, no obstante, que la acumulación de reservas “se acelerará aún más a partir de 2026″ y que se espera que alcance los objetivos originales del programa para finales de 2027.

El FMI también puso la lupa sobre la política cambiaria y aclaró que las intervenciones del Banco Central en el mercado de futuros del dólar deben ser excepcionales y solo justificadas por "condiciones desordenadas".

El pasado 11 de abril Argentina y el FMI firmaron un nuevo acuerdo que prevé préstamos por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales  12.000 millones fueron desembolsados de forma inmediata y permitieron al país suramericano flexibilizar sus controles cambiarios.

La próxima revisión del programa, correspondiente al tercer trimestre de este año, está prevista para noviembre próximo, luego de que en octubre se celebren en Argentina elecciones legislativas nacionales.

Con 23 programas firmados con el organismo, Argentina se mantiene como el mayor deudor en la lista de países que le deben dinero al FMI.

Según datos del organismo, la deuda de Argentina actualmente asciende a 40.260 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 54.753 millones de dólares, un 34 % del total de los créditos pendientes de cobro por parte del FMI), un lastre que, con los nuevos préstamos previstos, no hará más que crecer. EFECOM

Buenos Aires, 31 jul (EFECOM).- El Gobierno de Argentina celebró este jueves la decisión del directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) de aprobar la primera revisión del acuerdo de facilidades extendidas firmado en abril pasado, pese a haber incumplido la meta de acumulación de reservas monetarias.

"El Fondo aprobó la primera revisión y es importante. (...) El lunes entran otros 2.000 millones de dólares", resaltó el ministro de Economía argentino, Luis Caputo, en una entrevista con el canal de internet Carajo.

Este jueves el directorio del Fondo aprobó la primera revisión del acuerdo firmado en abril pasado con Argentina, pese a que el país suramericano incumplió la meta de acumulación de reservas monetarias.

Con el visto bueno a la revisión correspondiente al segundo trimestre de este año, el directorio del Fondo dio luz verde para girar a Argentina un desembolso por 2.000 millones de dólares.

El pasado 11 de abril Argentina y el FMI firmaron un nuevo acuerdo que prevé préstamos por un total de 20.000 millones de dólares, de los cuales  12.000 millones fueron desembolsados de forma inmediata y permitieron al país suramericano flexibilizar sus controles cambiarios.

La primera revisión del cumplimiento de las metas del acuerdo se realizó en este mes de julio.

En un comunicado, el FMI destacó este jueves la que "sólida implementación de políticas ha apoyado una transición fluida hacia un régimen cambiario más flexible, con una inflación en descenso y un crecimiento económico continuo".

El directorio ejecutivo del organismo resaltó los "compromisos" de las autoridades de Argentina "de salvaguardar el ancla fiscal, mejorar el marco monetario, reconstruir las reservas e impulsar reformas que fomenten el crecimiento".

Economistas privados daban por descontado que Argentina pasaría satisfactoriamente la revisión en cuanto a los objetivos de la nula asistencia del Banco Central al Tesoro y en materia de disciplina fiscal.

Aferrado a la política de "déficit cero" y duro ajuste en las cuentas públicas, el Gobierno de Javier Milei logró cerrar el primer semestre del año con un superávit financiero equivalente al 0,4 % del PIB y un resultado primario equivalente al 0,9 % del PIB.

Los problemas estuvieron en la meta de acumulación de reservas monetarias netas, que, según algunos consultores privados, se situaron unos 4.000 millones de dólares por debajo del objetivo original.

"Si bien no se alcanzó la meta cuantitativa de mediados de junio para la acumulación de reservas internacionales netas (RIN), se cumplieron otros criterios clave de desempeño y objetivos indicativos, y se implementaron medidas correctivas para acercar las reservas a la meta de RIN", afirma el comunicado del FMI de este jueves.

Según Caputo, a partir de esta primera revisión se han modificado el cronograma de las metas de acumulación de reservas.

"Estamos yendo a un cronograma mucho más compatible con la evolución de la macroeconomía. Esto va a ser muy bien recibido por el mercado", sostuvo el ministro, al cabo de un mes de creciente tensión en el mercado cambiario doméstico.

Caputo añadió que esta modificación también "mejorará las posibilidades para que Argentina acceda al mercado para refinanciar los vencimientos de capital".

Afirmó que Argentina no ha tenido problemas para comprar reservas, sino que las dificultades con la acumulación de las mismas vienen dadas por los pagos que el país debe hacer para cancelar capital de deuda, sin la posibilidad de refinanciar los vencimientos en los mercados internacionales.

La próxima revisión del programa, correspondiente al tercer trimestre de este año, está prevista para noviembre próximo, luego de que en octubre se celebren en Argentina elecciones legislativas nacionales.

Con 23 programas firmados con el organismo, Argentina se mantiene como el mayor deudor en la lista de países que le deben dinero al FMI.

Según datos del organismo, la deuda de Argentina actualmente asciende a 40.260 millones de derechos especiales de giro (equivalentes a unos 54.753 millones de dólares, un 34 % del total de los créditos pendientes de cobro por parte del FMI), un lastre que, con los nuevos préstamos previstos, no hará más que crecer. EFECOM

De acuerdo con un informe difundido por el Banco Central argentino, este incremento se explica por un aumento de la deuda financiera por 1.730 millones de dólares, parcialmente compensado por la cancelación de deuda comercial por 533 millones de dólares.

Al cierre del primer trimestre, el tipo de deuda con mayor peso eran las deudas por importaciones de bienes, por un total de 39.143 millones de dólares, seguidas por los préstamos financieros (26.883 millones) y los títulos de deuda en manos de no residentes (13.792 millones).

Por sectores, las empresas de la industria manufacturera lideran la lista de deudores, con deudas por 38.084 millones de dólares, seguidas por las mineras (24.053 millones) y el comercio (12.719 millones).

Estos tres sectores concentraban alrededor del 72 % de la deuda externa privada de Argentina.

Por país, Estados Unidos se ubicó como el principal origen de deuda comercial, con un 'stock' que al cierre del primer trimestre ascendía a 11.668 millones de dólares.

En segundo lugar se ubicó Brasil, con 8.440 millones de dólares, y en tercera posición estuvo Suiza, con 5.054 millones. EFECOM

El Banco de la República dio un nuevo reporte sobre la deuda externa colombiana, aquella que se refiere a la suma total de las obligaciones financieras que el país, incluyendo tanto al Gobierno como a entidades privadas, tiene con entidades extranjeras y puede provenir de préstamos, créditos comerciales, bonos emitidos en mercados internacionales, o arrendamientos financieros.

De acuerdo con el informe, en abril de 2025 se situó en USD207.828 millones, el nivel más alto desde que existen registros, según datos del Emisor.

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La cifra representa un incremento del 5,07% respecto a los USD197.794 millones de abril de 2024 y supera los USD203.285 millones registrados en marzo de 2025. El monto se mantiene por encima de los USD200.000 millones, umbral que se superó por primera vez en noviembre de 2024, cuando la deuda alcanzó USD201.786 millones.

Como proporción del Producto Interno Bruto (PIB), la deuda externa representó el 49,2% en abril de 2025, lo que implica un aumento de 1,1 punto porcentual frente al mes anterior, aunque se mantiene por debajo del 50,8% registrado en abril de 2024. Desde mayo de 2024, el indicador no ha superado el 50%, ya que oscila entre el 47,8% y 49,2%.

Deuda pública y deuda privada

El análisis por segmentos muestra que la deuda pública ascendió a USD116.911 millones en abril de 2025, lo que equivale al 27,7% del PIB, con un incremento de 2,22% respecto a los USD114.371 millones del mismo mes del año anterior y un aumento frente a los USD112.988 millones de marzo de 2025. La participación de la deuda pública en el PIB creció 90 puntos básicos (pb) en el mes, impulsada por mayores obligaciones tanto de largo plazo (USD194,5 millones adicionales) como de corto plazo (US$3.728,1 millones más).

Por su parte, la deuda privada alcanzó USD90.917 millones, lo que representa el 21,5% del PIB, con un incremento del 8,98% frente a los USD83.423 millones de abril de 2024 y un leve aumento respecto al 21,4% del mes anterior. Este segmento rompió el techo de los USD90.000 millones por primera vez en marzo de 2025. El crecimiento de la deuda privada se explica por el aumento de obligaciones de largo plazo (US$D470,7 millones adicionales) y de corto plazo (USD150 millones más).

Estructura por plazos

En cuanto a la estructura por plazos, el 83,2% de la deuda externa corresponde a compromisos de largo plazo, que en abril de 2025 sumaron USD172.819 millones. Dentro de este grupo, los préstamos representaron USD92.591 millones y los bonos USD70.374 millones, ambos con vencimientos superiores a un año. El 16,8% restante, equivalente a USD35.010 millones, corresponde a deuda de corto plazo, principalmente, préstamos menores a 12 meses (USD27.647 millones).

El repaso histórico revela que en mayo de 2021 la deuda externa como porcentaje del PIB alcanzó su máximo reciente, con 57,7%, de los cuales la deuda pública representaba 33,7% y la privada 24%. En julio de 2020, la deuda pública sumaba USD83.718 millones (28,6% del PIB) y la privada USd66.940 millones (22,8%), para un total de USd150.659 millones (51,4% del PIB). En enero de 2021, la deuda externa inició el año en USd155.367 millones (57,3% del PIB), y tras un ascenso sostenido, en junio de ese año retrocedió de forma ligera a USD157.996 millones (54% del PIB).

Las cifras actuales reflejan que, aunque la deuda externa de Colombia continúa en ascenso en términos absolutos, su peso relativo respecto al PIB se ha moderado en comparación con los picos de años anteriores.

La verdad sobre Pablo Escobar y la deuda externa

Tras su regreso a Colombia después de casi 40 años, el exnarcotraficante colombo-alemán Carlos Lehder dio declaraciones que recuerdan su vida criminal como miembro del cartel de Medellín, en las que destacó acontecimientos importantes y su particular relación con Pablo Escobar. En una entrevista concedida a Noticias Caracol, Lehder habló sobre el asesinato de Rodrigo Lara Bonilla, que en 1984 fungía como ministro de Justicia y cuyo asesinato marcó un hito en la guerra entre los carteles de la droga y el Estado colombiano.

Cuánto ofreció Pablo Escobar

En un punto de la conversación, Lehder relató cómo, tras el asesinato de Lara, Escobar buscó refugio en Panamá junto a su familia y aliados. Allí fue recibido por Manuel Antonio Noriega, que fungía como dictador del país centroamericano. La reunión marcó el inicio de una estrategia compleja del narcotraficante: desde Panamá, presentó una peculiar propuesta al presidente Belisario Betancur para buscar acuerdos que evitaran mayores enfrentamientos.

Uno de los aspectos más destacados de esta propuesta fue el ofrecimiento de contribuir al pago de la deuda externa de Colombia, que en aquel entonces ascendía a USD13.000 millones.

Según Lehder, Escobar buscaba llegar a una especie de tregua con el Gobierno colombiano mediante esta oferta. No obstante, el exnarco aclaró no haber estado involucrado de manera directa en esos encuentros. “Yo nunca fui a Panamá ni formé parte de esa propuesta”, dijo. En su lugar, afirmó haber huido a Nicaragua, donde fue recibido gracias a su relación con Tomás Borge , ministro del Interior de ese país.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que inició el proceso de vencimiento anticipado de dos bonos soberanos con amortizaciones programadas para 2026, como parte de la estrategia de refinanciamiento mediante la ejecución de la cláusula para implementar dicha acción.

De acuerdo con la dependencia, uno de los bonos es por un monto de 2 mil 060 millones de dólares, y el segundo, por un monto de mil 327 millones de euros, equivalente a mil 533 millones de dólares, lo que da un total de 3 mil 593 millones de dólares.

La SHCP explicó que para la recompra del bono en dólares se utilizó el total del Remanente de Operación del Banco de México (ROBM) correspondiente al ejercicio 2024 por 17 mil 995 millones de pesos, en cumplimiento con el programa destinado a reducir el endeudamiento del gobierno federal.

Mientras que el resto de la operación de manejo de pasivos realizada el pasado 23 de junio pasado por 2 mil 501 millones de dólares.

Por ello, el gobierno federal actual ha acumulado un refinanciamiento total de deuda externa por 6 mil 094 millones de dólares en lo que va del año.

En un comunicado, puntualizó que estas operaciones ayudan a reducir al mínimo las amortizaciones de deuda externa previstas para el próximo año, así como el riesgo de choques externos en el portafolio gubernamental.

Destacó que a su vez, se mantienen las finanzas públicas sanas y sostenibles, lo que otorga mayor flexibilidad para aprovechar oportunidades en los mercados financieros internacionales.

Agregó que “gracias al manejo de pasivos”, este año la administración actual también ha logrado un beneficio neto por concepto de desendeudamiento por más de mil millones de dólares, contribuyendo a un perfil de vencimientos más ordenado y sostenible.

“Con estas medidas, Hacienda reafirma su compromiso con una gestión fiscal responsable y prudente, en apego al Plan Anual de Financiamiento 2025 y en línea con los techos de endeudamiento autorizados por el Honorable Congreso de la Unión, garantizando una trayectoria de deuda pública sólida y sostenible”, concluyó.

El Banco Central de Bolivia (BCB) informó este martes que entre enero y junio de este año, el país gastó más de 1.000 millones de dólares en la importación de diésel y gasolina. De igual forma, reveló que se desembolsaron 764 millones de dólares por el pago de servicios de la deuda externa, lo que según la entidad implica el pago total previsto para este periodo y el 45% del total programado.

El reporte del BCB se da a conocer luego de varios periodos de desabastecimiento de combustible debido a la dependencia de las importaciones para el abastecimiento del mercado interno. Bolivia importa cerca del 90% del diésel y el 56% de la gasolina que necesita, lo que constituye uno de sus principales gastos públicos. Para este año, el Presupuesto General del Estado estimó 56 millones de dólares semanales para combustible.

La escasez se atribuye a la baja producción local y a las crecientes dificultades de importación por la falta de dólares, a lo que se suman fenómenos circunstanciales pero recurrentes como bloqueos de caminos que alteran la logística de distribución. Adicionalmente el Estado subvenciona el carburante, es decir que lo vende al consumidor final a un precio más bajo que el de la compra, lo que ha provocado un debilitamiento de su economía.

El gasto en importación de combustible es creciente. Según datos oficiales, prácticamente se triplicó desde 2014, cuando en toda la gestión se desembolsaron 1.110 millones de dólares y desde 2022 que el déficit por importaciones supera ampliamente los ingresos por exportaciones de hidrocarburos.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, informó que el Gobierno necesita 800 millones de dólares para el pago del servicio de la deuda externa y 1.800 millones para importar combustibles el resto del año, por lo que espera que se pueda concretar la aprobación de créditos pendientes en la Asamblea Legislativa Plurinacional. “Se hace necesario ampliar algún tipo de medida que permita a la sociedad y al país tener una perspectiva de estabilidad económica y asegurar las elecciones en esta gestión”, manifestó el ministro.

La semana pasada el Legislativo aprobó un total de 410 millones de dólares, que según expertos consultados por medios locales alcanzarán para aproximadamente para un mes y medio de importaciones, por lo que el financiamiento externo debe complementarse con medidas de austeridad y una reducción del déficit fiscal.

En ese contexto, el problema del combustible y la subvención estatal es uno de los ejes de las propuestas políticas de los candidatos a la Presidencia como una de las medidas urgentes para resolver la crisis económica que afecta el país. Las propuestas van desde mantener un precio un poco más alto que el actual con una subvención parcial hasta una total pero aplicada de manera gradual.

Sin embargo, el presidente Arce, que dejará el mando en noviembre próximo, es optimista sobre la sustitución de la importación de diésel con el aumento en la producción de las plantas de biodiésel y el descubrimiento de un campo petrolífero en el norte de La Paz, que se estima superior a los 1.7 trillones de pies cúbicos. “A partir del 2026, Bolivia va a producir con materia prima nacional el 80% del diésel que hoy consumimos”, auguró el jefe de Estado en un acto público en abril.

Nicaragua cerró el primer trimestre de 2025 con una deuda externa de 15.778,9 millones de dólares, equivalente al 80,1% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, que se situó en 19.694 millones de dólares, según informó el Banco Central de Nicaragua en Managua.

Del total del endeudamiento al finalizar marzo, 8.694,9 millones de dólares correspondieron al sector público (55,1% del total) y 7.084,1 millones de dólares al privado (44,9% del total), detalló la autoridad monetaria en su informe.

La deuda externa total disminuyó 3,2 millones de dólares (-0,02%) respecto al saldo de diciembre de 2024 (15.782,1 millones de dólares). Esta variación resultó de una reducción de 40,3 millones en la deuda externa privada y de un aumento de 37,2 millones en la deuda externa pública, de acuerdo con el ente emisor.

El 44,1% de la deuda externa total se mantuvo con acreedores oficiales multilaterales, 31% con acreedores oficiales bilaterales y 21,6% con proveedores y otros, que incluye créditos comerciales con empresas relacionadas, según datos de la entidad monetaria.

Los desembolsos en el primer trimestre de 2025 sumaron 749,6 millones de dólares. El 85,7% provino de acreedores privados y el 14,3% de acreedores oficiales.

De esos desembolsos, 642,1 millones de dólares se destinaron al sector privado y 107,5 millones de dólares al sector público, indicó el Banco Central.

Las principales actividades económicas que recibieron desembolsos fueron: electricidad, gas y agua (31,9%), comercio (27,8%), intermediación financiera (14,8%), industria manufacturera (9,6%), construcción (8%), minería (5,2%), administración pública (1,8%) y demás sectores (0,9%).

El servicio de la deuda externa durante el trimestre fue de 903,9 millones de dólares: 783,6 millones en pagos de principal y 120,4 millones en pagos de intereses y comisiones, según el informe.

Del total pagado, 78,2% correspondió al sector privado y 21,8% al sector público, de acuerdo a la información del Banco Central de Nicaragua.

En términos de condiciones financieras, el plazo promedio de la deuda externa de largo plazo del sector privado permaneció en 14 años (6 años para la deuda del sector no financiero y 23 años para el sector financiero). La tasa de interés promedio ponderada fue 5,26%.

En el caso de la deuda externa pública, el plazo promedio contratado fue de 21 años, con 10 años de gracia, y una tasa de interés promedio de 2,78%.

La Alianza contra la Desigualdad en México solicitó el pasado viernes 27 de junio la aplicación de un impuesto a los multimillonarios y la condonación de la deuda externa para reducir el resto de los tributos de la población

Los hechos ocurrieron en el Hemiciclo a Juárez, ubicado en la capital del país, ahí la organización exigió al gobierno mexicano la eliminación de los paraísos fiscales, un impuesto progresivo para las grandes fortunas, la abolición de la deuda ilegítima, y una reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas (sin gradualidad), con la meta futura de reducirla a 35 horas.

Desde la alianza exponen que estás peticiones aspiran a traspasar fronteras y convertirse en propuestas globales.

“Los 15 multimillonarios o millonarios más ricos del país concentran el 30 % de la riqueza en México (…), ellos mismos se autonombran administradores de esta riqueza que, bien distribuida, puede ayudar a tener mejores servicios públicos”, expuso Sara Arteaga, miembro de la asociación.

Para la imposición de este tributo a los ricos, proponen un impuesto progresivo a la riqueza: un 1% para quienes poseen 5.000 millones de dólares, un 2% para quienes tienen 10.000 millones, y un 5% para quienes cuenta con más de 15.000 millones de dólares.

Según cálculos de la asociación, se estima que la recaudación podría mantener a dos millones de familias mexicanas.

Sobre la deuda externa, afirmaron que los estados deben condonarla debido a los altos intereses que esta tiene y que en ocasiones hace que los países se endeuden solo para pagar esa deuda.

La exigencia se produce en el marco de la Asamblea Mundial de Gobiernos Locales y Regionales, que se celebrará en Sevilla entre el 30 de junio y el 1 de julio, en la que denuncian que “se suele hablar de desarrollo como un negocio” y sin considerar las demandas reales de la ciudadanía.

Por ello, piden a la delegación mexicana en el foro “poner en la mesa de estos grupos internacionales y con estas élites, el impuesto a la riqueza, para que se hable de cambios estructurales que beneficien a los ciudadanos”.

A la vez, la organización, con presencia en 14 países del mundo, lanzó la campaña global ‘Alza la voz por’ en la que invitan a publicar en redes sociales sus razones de su descontento social. (Con información de EFE)

Pese a los cambios políticos y económicos de los últimos años, el comportamiento de los argentinos en relación con el ahorro en moneda extranjera sigue exhibiendo una notable resistencia al cambio. Según datos oficiales del Indec, al cierre del primer trimestre de 2025, los argentinos conservaban USD 245.687 millones en billetes fuera del sistema financiero o, como suele mencionarse popularmente, “debajo del colchón”.

Este monto incluye tanto el dinero en efectivo en poder de residentes, incluyendo los que están en cajas de seguridad bancarias, como los depósitos fuera del país no registrados en el sistema bancario local. Si bien representa una leve caída respecto al monto de USD 257.501 millones alcanzado en el primer trimestre de 2024, un año atrás, los niveles actuales de atesoramiento de dólares fuera de los bancos siguen ubicándose cerca de la media de los últimos cinco años.

Durante la presidencia de Javier Milei, que comenzó en diciembre de 2023, el stock de dólares guardados cayó USD 10.841 millones entre el cuarto trimestre de 2023 y el primero de 2025. En términos interanuales, la baja es de USD 11.814 millones.

Este leve retroceso podría estar vinculado al impacto del último blanqueo de capitales. dispuesto por el Gobierno el año pasado. La primera etapa del plan, orientada específicamente a la exteriorización de dinero en efectivo, puso en el sistema USD 20.085 millones que estaban “en el colchón”. Gran parte de ese dinero todavía pertenece en los bancos, según indica el nivel de depósitos privados en moneda extranjera.

Las condiciones del blanqueo en esa etapa fueron muy favorables. Durante ese período, se habilitó la posibilidad de regularizar hasta USD 100.000 cash, sin pagar ninguna penalidad ni multa. Por encima de ese monto, el impuesto a pagar era del 5%

Más allá de ese dato, la cuantiosa aumulación de dólares en efectivo que registra la economía también deja en evidencia una persistente desconfianza de los argentinos hacia el sistema financiero local, la volatilidad macroeconómica y la preferencia por el dólar como refugio de valor.

El stock actual de dólares “debajo del colchón” representa más del 50% del total de activos externos en poder de los residentes argentinos, que sumaban USD 448.940 millones al cierre del primer trimestre de este año. Los otros USD 200 mil millones están conformados por inversiones directas (USD 52.831 millones), inversiones de cartera (USD 104.314 millones), activos de reserva (USD 24.986 millones) y “otras inversiones”(USD 21.120 millones).

A qué equivalen los dólares guardados

El Indec informó que hay USD 245.687 millones que se encuentran fuera del sistema financiero, pero en la práctica, podrían ser muchos más. Según declaró recientemente el presidente Javier Milei, en la Argentina existen entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema, una cifra que representa entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cantidad, equivale o supera además a toda la deuda externa privada argentina. De acuerdo al último informe de Balanza de Pagos publicado por el Indec, la deuda externa argentina asciende a USD 277.073 millones. Esto significa que, efectivamente, la cantidad de dólares atesorados por los ciudadanos es de una magnitud similar, o incluso superior, a la deuda que el país mantiene con el exterior.

Los dólares bajo el colchón equivalen además a 5,9 veces las reservas brutas del Banco Central, que actualmente se encuentran en 41.423 millones, aún después del desembolso del FMI y del fin de la cosecha gruesa de granos.

El ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, protagonizó un fuerte cruce con el exministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro en una discusión pública que escaló en redes sociales y reavivó el debate sobre el préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) tomado durante la gestión de Mauricio Macri.

El intercambio, que incluyó acusaciones directas y descalificaciones personales, se produjo además dentro del contexto de la reciente condena firme a la expresidenta Cristina Kirchner y la reactivación de la consigna “Vamos a volver” por parte del kirchnerismo.

El episodio comenzó cuando Wado de Pedro, actual senador de Unión por la Patria y figura cercana a Cristina Kirchner, utilizó su cuenta de X para citar declaraciones del diputado Máximo Kirchner, referente de La Cámpora e hijo de la expresidenta. En su mensaje, De Pedro cuestionó el crédito concedido por el FMI en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, y sugirió que los fondos recibidos podrían haber tenido un destino diferente y más beneficioso para el país.

El exministro recordó la gestión de Caputo como ministro de Finanzas en épocas del PRO y afirmó: “Con la deuda a 100 años que tomó Caputo cuando era ministro de Macri, se podía construir el gasoducto. Ni uno de esos dólares fue a parar en algo útil para los argentinos”.

La respuesta de Luis Caputo no se hizo esperar. El actual ministro de Economía replicó a De Pedro con dureza. No solo defendió la decisión de tomar el préstamo, sino que también criticó duramente la gestión económica del kirchnerismo.

“Claro Wado, mejor dejar toda la deuda argentina venciendo a un día, indexada a más del 200 % anual y financiando corrupción fiscal, como nos dejaron ustedes a nosotros”, escribió Caputo.

El tono del intercambio se intensificó cuando el actual funcionario recurrió a descalificaciones personales: “El tema es que para hacer eso, además de ser un burro, tenés que ser una basura y un corrupto”, apuntó.

El ministro continuó su respuesta asegurando que el actual gobierno no comparte esos “atributos” y expresó su confianza en que el kirchnerismo no regresará al poder: “Por suerte los argentinos no tienen que preocuparse más, ya que nosotros no tenemos esos ‘atributos’ que tanto los distingue a ustedes, y gracias a Dios no van a volver nunca más, porque una abrumadora mayoría de argentinos ya les sacó la careta y no los votan más”.

Esta última frase se vincula directamente con la coyuntura política local, marcada por la confirmación de la condena a prisión domiciliaria de Cristina Kirchner y la movilización de la militancia kirchnerista en su apoyo.

El viernes, la expresidenta se dirigió a sus seguidores mediante un audio transmitido desde su casa en Constitución, en el que celebró la reaparición de la consigna “Vamos a volver”. Cristina Kirchner expresó: “Quiero contarles que lo que más me gustó fue escucharlos cantar otra vez ‘vamos a volver’. No lo hacíamos desde hacía muchísimo tiempo, demasiado tal vez”. En su mensaje, la exmandataria también manifestó: “Vamos a volver y además vamos a volver con más sabiduría, con más unidad, con más fuerza”.

Además, la expresidenta volvió a apuntar contra el plan económico del Gobierno: “Se conocieron los nuevos índices de desocupación. En el conurbano bonaerense, en el corazón de la industria manufacturera argentina, se llegó al 9,7%, casi el 10 de la gente que viven ahí”, aseguró.

“En el gran Córdoba, que fue otro orgullo industrial, dio el 9,2%. Estamos en casi dos dígitos de desocupación en los principales centros industriales del país, retornando los peores recuerdos de nuestra Argentina. Pensar que estos vinieron a hablarnos de futuro y solo nos traen lo peor del pasado”, agregó Cristina sobre los niveles de desocupación en el país.

Además, aseguró que esto está acompañado de un problema salarial. “Se suman los salarios congelados, provocando la baja de consumo. Porque a la mayor parte de los trabajadores se les van los salarios en los servicios: luz, el gas, el transporte, seguros y cuotas de la escuela”, explicó la ex mandataria.

La autoridad monetaria dijo en un comunicado que para esta primera subasta de la serie 4 de los Bopreal "se recibieron ofertas por valor nominal de 810 millones de dólares, las cuales fueron adjudicadas en su totalidad".

La siguiente licitación de la serie 4 de los Bopreal será el 2 de julio.

Esta cuarta serie de los Bopreal, con colocaciones previstas por hasta 3.000 millones de dólares, busca dar una solución a los problemas generados por la acumulación de dividendos no girados al exterior y de deudas comerciales y financieras de las empresas con sus casas matrices u otras firmas vinculadas fuera de Argentina.

Estos pagos se retrasaron debido a la escasez de reservas monetarias en el Banco Central y las restricciones que desde 2011 y hasta mediados de abril pasado han imperado en Argentina al acceso a divisas.

Los títulos de la serie 4 del Bopreal tienen un plazo de tres años y están nominados en dólares estadounidenses.

Los Bopreal pueden ser suscritos con moneda argentina por las empresas con pagos pendientes de dividendos o deudas con sus casas matrices.

Estas empresas pueden luego vender los bonos en el mercado de capitales para, con los dólares obtenidos, cancelar sus compromisos con el exterior.

El año pasado Argentina ya había emitido tres series del Bopreal orientadas a regularizar deudas de importadores argentinos con sus proveedores en el exterior. EFECOM

Desde hace más de dos décadas, el crecimiento de la deuda externa en Colombia es sostenido, pero en los últimos meses tomó un rumbo que preocupa a economistas, inversionistas y al propio mercado. La última cifra, correspondiente a febrero de 2025, confirma que el país alcanzó los USD201.136 millones en deuda externa, lo que supone un incremento del 9,42% frente al cierre de 2022, cuando Gustavo Petro apenas iniciaba su mandato presidencial y la deuda se ubicaba en USD183.818 millones.

Más allá del volumen, lo que encendió las alertas es el contexto, la decisión del Gobierno de apartarse de la regla fiscal generó incertidumbre sobre el manejo macroeconómico. “El anuncio de que no se va a cumplir la regla fiscal manda la señal de que el Gobierno va a seguir aumentando el gasto público y la deuda, lo cual podría generar presiones adicionales sobre la demanda agregada”, advirtió Andrés Giraldo, PhD en Economía y profesor en la Universidad Javeriana en El Colombiano.

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La estructura de la deuda también da pistas importantes. De los más de 200.000 millones de dólares, USD112.996 millones corresponden a deuda pública (56%), mientras que USD88.140 millones (44%) provienen del sector privado. Aunque el peso del endeudamiento estatal sigue siendo mayor, la participación del sector privado no es menor y también representa una carga considerable para la economía nacional.

Cuando se observa la relación entre deuda externa y Producto Interno Bruto (PIB), se identifica una trayectoria que, si bien ha tendido a estabilizarse en los últimos años, sigue siendo elevada. En 2020, año marcado por la pandemia, el indicador alcanzó un pico de 57%, para luego reducirse gradualmente, 53,9% en 2021, 53,1% en 2022, 53,2% en 2023 y 48,2% en 2024. El último dato, de febrero de 2025, se situó en 48,03%, lo que representa una ligera mejoría en términos relativos, aunque no suficiente para disipar las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda.

El problema, sin embargo, no es nuevo. La deuda externa de Colombia tuvo un crecimiento acumulado de 413% desde 2001, cuando se ubicaba en USD39.163 millones. Ese aumento atravesó cinco gobiernos, una crisis sanitaria global y múltiples episodios de turbulencia económica y política. “En Colombia tenemos un problema estructural en la deuda externa, que se cruza de manera coherente y convergente, con el déficit fiscal, el cual lleva mucho más de 50 años apareciendo de manera continua y permanente”, explicó Henry Amorocho, profesor de Hacienda Pública en la Universidad del Rosario.

Para entender la magnitud del cambio, basta con mirar hacia atrás. En 1979, la deuda externa era de apenas USD5.842 millones y representaba el 16% del PIB. Hoy, las cifras muestran un país mucho más endeudado, expuesto a los vaivenes del mercado internacional y bajo la lupa de calificadoras, inversionistas y organismos multilaterales. La evolución no es lineal, ha atravesado crisis, bonanzas petroleras, reformas fallidas y políticas expansivas que, en conjunto, empujaron el endeudamiento a niveles históricamente altos.

La preocupación no solo gira en torno a los montos, también a la percepción de que no hay un ancla clara en la política fiscal. La eliminación, de facto, de la regla fiscal puede debilitar la confianza y afectar variables clave como el tipo de cambio, la inflación o el costo del financiamiento externo.

Mientras el Gobierno busca justificar su estrategia como una vía para impulsar la inversión social, el mercado pide señales de disciplina. La tensión entre estas dos visiones marcará los próximos meses y podría definir, en buena parte, el rumbo económico del país. La credibilidad institucional, en este contexto, será tan decisiva como cualquier cifra.

En los primeros cuatro meses del año los ingresos totales alcanzaron los 2,58 billones de colones (unos 5.060 millones de dólares), para un aumento del 2,5 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.

Por su lado, los gastos totales fueron de 3 billones de colones (unos 5.900 millones de dólares), lo que representó una disminución de 1,7 % en comparación con el mismo período del año 2024. La caída se debe principalmente, por la reducción en los pagos de intereses de la deuda y en las transferencias corrientes.

Entre otros datos, durante los primeros cuatro meses de 2025, la deuda se ubicó el 57,4 % del PIB, lo que representa una reducción de 2,3 puntos porcentuales, en comparación con el cierre de 2024, cuando se ubicó en 59,8% del PIB.

Del total de la deuda, el 42,8% del PIB correspondió a deuda interna, mientras que 14,6% se atribuyó a deuda externa.

"A pesar del contexto económico global, marcado por una alta incertidumbre, hemos logrado mantener la relación deuda y PIB en 2,3 puntos porcentuales por debajo del cierre de 2024", afirmó el viceministro de Egresos, Luis Antonio Molina.

El funcionario dijo que estos resultados "demuestran que el país avanza por el camino correcto", pero advirtió que "los desafíos persisten" y que "el compromiso continúa para alcanzar unas finanzas públicas sanas y sostenibles".

En 2024 el déficit financiero de Costa Rica cerró en el 3,8 % del PIB, lo que representó un incremento de 0,5 puntos porcentuales en comparación con el 3,3 % registrado en 2023. EFE

Quito, 28 may (EFE).- El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe aprobó un crédito para Ecuador de 416 millones de dólares, con el objetivo de asegurar la estabilidad fiscal y macroeconómica del país andino, según informó este miércoles la institución multilateral en un comunicado.

El organismo financiero anticipó que "el crédito de corto plazo facilitará las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para asegurar la estabilidad macroeconómica y protección social".

La operación fue aprobada bajo el instrumento denominado Financiamiento Extraordinario de Liquidez (FEL) y busca proporcionar al país el apoyo necesario para continuar con la negociación de un Acuerdo de Facilidades Extendidas con el FMI, "en beneficio de su estabilidad fiscal, estabilidad macroeconómica, promoción del crecimiento inclusivo y protección a los más vulnerables".

El déficit fiscal es uno de los principales retos que afronta el Gobierno del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien el pasado sábado inició oficialmente el nuevo mandato para el que fue reelegido hasta 2029.

La administración de Noboa mantiene desde el año pasado un programa crediticio con el FMI aprobado por 4.000 millones de dólares para un plazo de cuatro años y hasta el momento la institución financiera internacional ha destacado el cumplimiento de las pautas establecidas con el Ejecutivo ecuatoriano.

En los últimos meses, el Gobierno de Ecuador había evaluado la posibilidad de acceder a una segunda línea de crédito del FMI.

Noboa, que llegó a la Presidencia por primera vez en 2023, recibió una administración con un déficit fiscal de unos 4.800 millones de dólares, equivalente a cerca del 5 % del producto interior bruto (PIB) del país.

En 2024, un año donde la economía ecuatoriana se contrajo un 2 %, el déficit fue de 3.000 millones de dólares, después de aplicar distintas medidas como una reforma tributaria para aumentar la recaudación y recortar en gasto público, como la eliminación parcial de los subsidios a las gasolinas de mayor consumo.

En ese sentido, el mandatario ecuatoriano ha dejado entrever la posibilidad de profundizar esas reformas, con el objetivo de equilibrar las cuentas públicas, mientras se acerca la fecha de 2026 en la que se incrementan para Ecuador los compromisos de pago de deuda, especialmente con el FMI.

La posición neta de inversión internacional de Japón aumentó un 12,9 % interanual el año pasado, hasta 533,05 billones de yenes, unos 3,28 millones de euros al cambio actual, por encima de los 500 billones de yenes por primera vez, pero por debajo del valor de los activos extranjeros de Alemania, que ascendía a 3,5 billones de euros a finales de 2024, según datos del banco central alemán.

La depreciación del yen ha impulsado el valor de los activos en moneda extranjera de Japón, entre ellas las acciones, los bonos y otras inversiones, al convertirlos a la divisa local, lo que reduce de facto la cantidad de los activos netos, destacó el portavoz gubernamental japonés, Yoshimasa Hayashi, en rueda de prensa.

Alemania se benefició, además, de un cuantioso superávit por cuenta corriente el año pasado, de 248.700 millones de euros.

El superávit corriente de Tokio ascendió en dicho período a 29,26 billones de yenes (unos 180.220 millones de euros).

Hayashi restó importancia al dato, señalando que la posición de Japón en este campo sigue siendo fuerte: "Los activos netos están subiendo, a pesar del ránking mundial, ya que la situación (económica) de Japón no ha cambiado", declaró en la comparecencia.

Alemania desbancó a China como segundo acreedor del mundo en 2015, cuando el país asiático empeñaba gran cantidad de recursos en frenar la caída del yuan.

En 2023 el país europeo relegó a Japón a cuarta economía mundial.

El informe del Ministerio de Finanzas publicado hoy sobre la capacidad crediticia del país asiático también muestra que el crédito exterior neto de Japón aumentó en 2024 por séptimo año, un 11,4 % interanual en sus activos totales, hasta 1.659,02 billones de yenes (10,23 billones de euros), impulsado por la inversión directa en Estados Unidos de instituciones financieras y casas comerciales.

Los pasivos externos aumentaron un 10,7 %, hasta alcanzar los 1.125,97 billones de yenes (6,94 billones de euros).

El yen se cotizada a 157,89 unidades frente al dólar estadounidense a finales de 2024, un 11,7 % interanual más barato.

Por país y región, Japón se situó el año pasado como el segundo mayor tenedor de activos externos netos, seguido de China.

Estados Unidos registró un pasivo externo neto, puesto que su deuda externa superaba con creces sus activos en el extranjero. EFE

El índice 'riesgo país', que mide el sobreprecio que paga el Estado para financiarse en los mercados internacionales respecto al bono soberano de Estados Unidos a 10 años de plazo, llegó a situarse el martes en 995 puntos, por primera vez por debajo de la barrera de los 1.000 puntos desde el día previo a la primera vuelta de los comicios. Este miércoles cerró en 1.009.

Al concretarse que habría una segunda vuelta entre Noboa y la candidata correísta Luisa González, la prima de riesgo escaló hasta más allá de los 1.900 puntos y experimentó una fuerte caída al confirmarse que el actual mandatario continuaría en el cargo por cuatro años más.

Tras la victoria de Noboa, este índice bajó 562 puntos en un solo día, "la reducción diaria más fuerte desde el inicio de la dolarización en enero de 2000", según destacó el Banco Central.

La reelección de Noboa supone la continuidad de sus programas económicos enfocados en la reducción del déficit fiscal a través de una mayor recaudación tributaria, la atracción de inversiones y la creación de empleo, objetivos amparados por el programa crediticio aprobado en 2024 por el Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 4.000 millones de dólares.

El Gobierno buscará ahora reformas a través de la Asamblea Nacional (Parlamento) tras lograr el control de la cámara con una mayoría absoluta conformada por el oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y otras fuerzas aliadas, entre las que se encuentra la mayor parte de los asambleístas de Pachakutik, el brazo político del movimiento indígena.

El Ejecutivo ha anticipado que buscará hacer cambios en la Constitución de 2008, promovida por el expresidente Rafael Correa (2007-2017), dirigidos a fomentar la llegada de inversiones y flexibilizar el mercado laboral para favorecer la contratación, entre otros objetivos.

Ecuador tiene una deuda externa cifrada actualmente en unos 50.000 millones de dólares, equivalente al 39,39 % de su producto interior bruto (PIB) y desde el año pasado está inmerso en un nuevo programa crediticio con el FMI por valor de 4.000 millones de dólares y un plazo de cuatro años. EFE

El Gobierno argentino anunció este jueves una serie de medidas destinadas a incentivar el uso de los “dólares del colchón”, esos ahorros en moneda extranjera que los argentinos atesoran fuera del sistema bancario. En ese marco, lo que más resuena es la impactante estimación que maneja el Ejecutivo sobre el volumen de esos fondos: la cifra sería comparable, en magnitud, a la totalidad de la deuda externa argentina.

Según declaró el presidente Javier Milei, en la Argentina existen entre 200.000 y 400.000 millones de dólares fuera del sistema, una cifra que representa entre el 33% y el 66% del Producto Bruto Interno (PBI). Esta cantidad, equivale o supera además a toda la deuda externa privada argentina. De acuerdo al último informe de Balanza de Pagos publicado por el Indec, la deuda externa argentina asciende a USD 276.137 millones. Esto significa que, efectivamente, la cantidad de dólares atesorados por los ciudadanos es de una magnitud similar, o incluso superior, a la deuda que el país mantiene con el exterior.

Qué se busca con las nuevas medidas

El anuncio del Gobierno busca flexibilizar y eliminar regímenes de información de ARCA, que hasta ahora generaban un freno para la utilización de los dólares guardados “bajo el colchón”.

Entre las medidas más destacadas se encuentran la elevación de los montos a partir de los cuales se informan transferencias bancarias, acreditaciones en billeteras virtuales y extracciones en efectivo, así como la eliminación de la obligación de reportar operaciones de compra-venta de inmuebles y vehículos usados. El objetivo es claro: legitimar la “competencia de monedas” y propiciar que esos dólares se vuelquen a la economía, estimulando el consumo y la inversión.

“Tus dólares, tu decisión”, fue la frase utilizada por el vocero presidencial Manuel Adorni para definir la iniciativa, que busca brindar seguridad y confianza a los ahorristas, sin requerir explicaciones sobre el origen de los fondos. El Gobierno incluso trabaja en un proyecto de ley para “blindar” a los ahorristas ante posibles cambios de rumbo político y modificaciones en los regímenes penal y tributario.

Cómo atraer los dólares

La situación es clara, el Gobierno busca que los más de USD 200 mil millones que los argentinos tienen “escondidos” salgan a la luz y se inserten en la economía formal. ¿Cómo busca lograrlo? Con las medidas anunciadas este jueves.

Repasando, una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “CITI de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.

Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor. También se modificaron los umbrales de varios regímenes: los reportes por saldos bancarios mensuales se elevan a $50 millones para personas físicas y $30 millones para jurídicas; los plazos fijos a $100 millones y $30 millones respectivamente; las transferencias en billeteras virtuales ahora se reportan desde $50 millones y $30 millones según el caso. Las tenencias en sociedades de bolsa sólo se informan desde los $100 millones en el caso de individuos.

Los reportes por compras del consumidor final ahora se activan sólo cuando superan los $10 millones, tanto en efectivo como por otros medios de pago. En paralelo, Pazo anunció un nuevo régimen simplificado del impuesto a las ganancias, que se centra únicamente en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial.

Las nuevas condiciones impuestas a Pakistán incluyen la aprobación parlamentaria de un nuevo presupuesto de 17,6 billones de rupias (unos 62,5 mil millones de dólares), un aumento del recargo por servicio de la deuda en las facturas de electricidad y el levantamiento de las restricciones a la importación de automóviles usados ​​de más de tres años.

El informe señala que "las crecientes tensiones entre la India y Pakistán, si se mantienen o se deterioran aún más, podrían incrementar los riesgos para los objetivos fiscales, externos y de reforma del programa", en el marco de la reciente escalada entre los vecinos nucleares, la peor en lo que va de siglo.

Las nuevas condiciones, que elevan a medio centenar el total de compromisos adquiridos por Islamabad con el Fondo, buscan reforzar la gobernanza, blindar las políticas sociales y definir el marco institucional del país más allá de 2027.

El paquete financiero de rescate, anunciado el pasado 10 de mayo, autorizó un desembolso inmediato de unos 700 millones de dólares, y contempla un total de hasta 1.500 millones bajo el Mecanismo para la Resiliencia y la Sostenibilidad (RSF), aprobado junto con la primera revisión del acuerdo ampliado de financiación.

La aprobación del FMI coincidió con una grave escalada militar entre la India y Pakistán, que terminó con un alto el fuego el mismo día, y con fuertes críticas por parte de Nueva Delhi, que teme que los recursos internacionales puedan ser desviados para financiar supuestas actividades insurgentes.

La India, por su parte, se abstuvo durante la votación del Directorio Ejecutivo del FMI, expresando públicamente su oposición al considerar que parte de los fondos podrían emplearse para reconstruir infraestructura vinculada a grupos terroristas.

El viernes, el ministro de Defensa indio, Rajnath Singh, llegó a calificar la ayuda financiera como “financiación indirecta del terrorismo” y pidió al FMI que reevaluase su asistencia económica a Islamabad, acusando a Pakistán de utilizar parte de los fondos internacionales en reencontruir infraestructura de supuestos grupos terroristas.

Pakistán, que ha recurrido al Fondo en 24 ocasiones desde 1950, depende en gran medida de esta asistencia para evitar el colapso financiero. EFE

De acuerdo con el informe del ente emisor, el endeudamiento público externo aumentó en 733 millones de dólares frente a los 9.185,4 millones registrados al primer trimestre de 2024.

No obstante, el saldo se redujo en 285,9 millones de dólares respecto a diciembre de 2024 (10.204,3 millones), debido a que los pagos de capital (384,7 millones de dólares) superaron ampliamente los desembolsos recibidos (70,9 millones), generando una amortización neta de 313,8 millones. Esta disminución fue parcialmente compensada por una variación cambiaria que elevó el saldo en 27,9 millones.

El Gobierno central concentra el 90,9 % de la deuda (9.021 millones de dólares), seguido por el Banco Central con el 7,6 % (755,3 millones), las empresas públicas no financieras con el 1,3 % (126,6 millones) y las instituciones financieras públicas con el 0,2 % (15,5 millones), detalló.

Por tipo de acreedor, el 68,8 % de la deuda (6.816,2 millones) corresponde a préstamos con organismos multilaterales; el 20,8 % (2.066,2 millones) a acreedores comerciales, y el 10,4 % (1.036 millones) a instituciones bilaterales.

En cuanto al instrumento de contratación, el 79,8 % del endeudamiento (7.918,4 millones de dólares) fue adquirido mediante préstamos, mientras que el 20,2 % (2.000 millones) corresponde a títulos emitidos en el mercado internacional (bonos soberanos) con plazos de diez años.

El BCH precisó que el 84,8 % de la deuda está denominada en dólares estadounidenses (8.406,1 millones), el 10,7 % en Derechos Especiales de Giro (1.074,1 millones), el 2,6 % en otras monedas (254,6 millones) y el 1,9 % en euros (183,6 millones).

Respecto a los bonos soberanos, Honduras colocó 700 millones de dólares en enero de 2017, 600 millones en junio de 2020 y otros 700 millones en noviembre de 2024. Todos serán amortizados con un único pago de capital al vencimiento, previsto para 2027, 2030 y 2034, respectivamente.

El servicio de la deuda pública externa en el primer trimestre de este año ascendió a 444,5 millones de dólares, de los cuales 384,7 millones se destinaron al pago de capital y 59,8 millones al pago de intereses y comisiones, concluyó el informe. EFE

La deuda externa de Colombia es la suma total de los préstamos y obligaciones que los residentes de Colombia (el Gobierno, empresas) tienen con no residentes (entidades financieras, gobiernos, empresas extranjeras). La misma se divide en pública y privada, y representa el total de dinero que Colombia debe a entidades extranjeras.

De acuerdo con el Banco de la República, el saldo total de esta alcanzó los USD201.136 millones en febrero de 2025, lo que representa un incremento del 2,6% en comparación con los USD196.047 millones registrados en el mismo mes del año anterior. El nivel de endeudamiento equivale al 48% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, aunque esta proporción está sujeta a ajustes debido a las actualizaciones periódicas del Producto Interno Bruto (PIB) en pesos y su conversión a dólares, explicó la entidad.

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Según el informe del Emisor, la deuda pública externa representó el 56% del total, con un saldo de USD112.996 millones, mientras que la deuda del sector privado sumó USD88.140 millones, equivalente al 44% restante. La deuda pública incluye obligaciones del Gobierno nacional, entidades descentralizadas, empresas públicas y otras instituciones con respaldo estatal.

Por su parte, la deuda privada corresponde a compromisos adquiridos por empresas sin garantía del sector público, como préstamos, emisión de bonos y financiamiento comercial.

Obligaciones a largo plazo

El análisis del banco central también destacó que, aunque el saldo total de la deuda externa aumentó, el comportamiento no necesariamente refleja un incremento proporcional en los flujos netos de endeudamiento, ya que los saldos están influenciados por la volatilidad de la tasa de cambio. Y en términos de estructura, el 83% de la deuda corresponde a obligaciones de largo plazo, mientras que el 17% restante está compuesto por compromisos de corto plazo.

De igual manera, el Banco de la República calculó que, si cada colombiano tuviera que asumir una parte igual de la deuda pública externa, considerando una tasa de cambio promedio de $4.200 por dólar y una población estimada de 52 millones de habitantes, cada persona tendría que pagar aproximadamente $9.130.000. El cálculo busca dimensionar el impacto del endeudamiento público en términos comprensibles para la ciudadanía.

Asimismo, el informe también señaló que la deuda externa no incluye inversiones de portafolio en títulos locales adquiridos por extranjeros. Según el Emisor, el monitoreo de las estadísticas tiene como objetivo proporcionar una visión integral de las obligaciones del país frente a acreedores internacionales y evaluar la sostenibilidad en el mediano y largo plazo.

Proporción de la deuda frente al PIB

Por su parte, en términos históricos, la proporción de la deuda externa respecto al PIB mostró fluctuaciones importantes. Según datos del Banco de la República, en mayo de 2020 esta proporción se ubicó en 46%, antes de aumentar al 57% en diciembre de ese mismo año. En febrero de 2025, la deuda externa como porcentaje del PIB se redujo en 20 puntos básicos respecto al mes anterior, ya que alcanzó el 48%, un nivel que no se observaba desde 2020.

De igual manera, el saldo total de la deuda externa también experimentó una leve disminución en términos absolutos entre enero y febrero de 2025, al pasar de USD201.980 millones a USD201.136 millones, lo que representa una reducción del 0,4%. Sin embargo, la cifra se mantiene por encima de los USD200.000 millones, un umbral que se superó por primera vez en diciembre de 2024.

En cuanto al flujo neto total de endeudamiento externo, que incluye desembolsos y amortizaciones, el balance fue negativo en febrero de 2025, con un déficit de USD962 millones. El resultado incluye conceptos como arrendamiento financiero y titularización. En el caso de la deuda pública a largo plazo, el saldo también registró un balance negativo de USD25 millones.

Frente a otros meses

Y en un análisis retrospectivo, el Banco de la República informó que, a octubre de 2024, el saldo total de la deuda externa ascendía a USD197.628 millones, lo que representaba el 47,92% del PIB.

En comparación con el mismo mes del año anterior, cuando el saldo era de USD189.970 millones, se observó un incremento del 4%. Sin embargo, en términos de participación en el PIB, la deuda externa mostró una reducción de casi 6 puntos porcentuales (pp) en el último año.

Según informaron fuentes oficiales, el Ministerio de Economía realizó la cancelación de Letras Intransferibles que estaban en poder del Banco Central.

"El Banco Central recibió 12.000 millones de dólares en valor efectivo por las Letras Intransferibles con fechas de vencimiento 1 de junio de 2025 (cancelación total), 29 de abril de 2026 (cancelación total), y 3 de abril de 2029 (cancelación parcial)", informó el Banco Central en un comunicado.

La autoridad monetaria destacó que "estos recursos líquidos, productos del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, contribuyen a fortalecer el balance del Banco Central".

El pasado 15 de abril el FMI giró a Argentina 12.000 millones de dólares, el primero de los desembolsos por un total de 20.000 millones de dólares estipulados en el acuerdo de facilidades extendidas que el organismo y el país suramericano sellaron el pasado 11 de abril.

El nuevo programa con el FMI tiene 48 meses de duración y préstamos a desembolsar en diez tramos, con un plazo de devolución de diez años y un período de gracia de cuatro años y medio.

Incluye nueve revisiones, la primera en junio y la segunda en noviembre. El resto serán cada seis meses, la última de ellas en marzo de 2029.

Las reservas del Banco Central argentino cerraron este martes en 38.552 millones de dólares. EFE

La Paz, 2 ene (EFE).- Las reservas internacionales netas (RIN) bolivianas llegaron a 1.976 millones de dólares hasta el pasado 31 de diciembre, con un incremento de 267 millones respecto al saldo de 1.709 millones alcanzado a finales de 2023, informó este jueves el Banco Central de Bolivia (BCB).

"A diciembre de 2024 hemos cerrado en 1.976 millones de dólares. Esta diferencia muestra el incremento de 267 millones de dólares" respecto a la cifra de cierre de 2023, explicó a los medios el presidente del BCB, Edwin Rojas.

También destacó que durante los tres cuatrimestres del año pasado se advirtió "de forma permanente un incremento, una tendencia positiva en el nivel de las RIN".

Rojas detalló que en el primer cuatrimestre de 2023, las reservas bolivianas alcanzaron 1.796 millones de dólares, en el segundo llegaron a 1.905 millones y en el tercero y último el nivel fue de 1.976 millones.

Indicó que una de las principales fuentes de ingresos de las reservas fueron las exportaciones de la estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) por 1.879 millones de dólares.

Además se captaron otros 1.618 millones de dólares mediante algunas políticas aplicadas por el BCB, incluida la compra de 14,54 toneladas de oro por 1.218 millones y la emisión de bonos en divisas por 268 millones, entre otras.

Los ingresos sumaron 5.096 millones de dólares, frente a un uso de las RIN de 4.829 millones que incluyó la importación de combustibles por 2.381 millones de dólares, el pago de la deuda externa pública por 1.526 millones y la dotación de divisas al sistema financiero y el sector privado por 723 millones, entre otros gastos.

Las reservas bolivianas en oro ascienden a 22,53 toneladas, equivalentes a un valor de 1.889 millones de dólares, y del volumen total, el 88 % está depositado en bancos en el exterior y el 12 % restante está en la bóveda del BCB.

"En medio de un desafiante contexto externo e interno, las RIN registraron doce meses de estabilidad continua y tendencia positiva. De esta manera, han permitido cumplir con el pago oportuno del servicio de la deuda externa, realizar las importaciones de combustible y dotar de divisas a nuestra economía", resaltó Rojas.

Bolivia sufre desde principios de 2023 una falta de liquidez de la divisa, algo que coincidió con los informes oficiales que mostraron entonces una disminución de las RIN, que en 2014 llegaron a los 15.122 millones de dólares.

La semana pasada, el presidente del país, Luis Arce, señaló que 2024 fue el año "más duro" para su Gobierno por la conflictividad social y política, y dificultades económicas como la persistente falta de dólares, los problemas de abastecimiento de combustibles y la inflación.

Según Arce, una de las razones para la falta de dólares fue el pago de la deuda externa y la falta de desembolsos para compensar ese flujo que en 2023 y 2024 fue superior a los 1.400 millones de dólares, en cada caso.

El Gobierno ha protestado varias veces por el "bloqueo" de créditos externos por más de 1.200 millones dólares en el Legislativo. EFE

Madrid, 23 dic (EFECOM).- La posición de inversión internacional (PII) de España -diferencia entre la inversión en el exterior y la procedente del exterior- se situó en el tercer trimestre en 767.500 millones de euros, equivalentes al 48,9 % del PIB, 2,2 puntos más que en el trimestre previo, cuando sumó 720.700 millones (46,7 % del PIB).

Según ha informado este lunes el Banco de España, la cifra está por encima de los 760.400 millones del tercer trimestre de 2023, aunque se modera en la comparativa en términos relativos al ser equivalente al 51,7 % del PIB en ese mismo periodo del año pasado.

La posición de inversión internacional incluye todos los compromisos de pago que la economía española tiene con el exterior (deuda pública, préstamos con entidades extranjeras, etc) que conforman la deuda externa bruta, que, en el tercer trimestre, era de 2,57 billones de euros, un 164 % del PIB, frente a los 2,51 billones del trimestre anterior, 162,7 % del PIB.

En cuanto a la capacidad de financiación, fue de 19.400 millones en el tercer trimestre de 2024, por encima de los 14.700 millones del mismo trimestre del año anterior.

En términos acumulados de cuatro trimestres, la capacidad de financiación alcanzó los 66.200 (4,2 % del PIB), superior a los 50.500 acumulados hasta el tercer trimestre de 2023 (3,4 % del PIB).EFECOM

Buenos Aires, 20 dic (EFECOM).- Argentina registró a finales del tercer trimestre del año una deuda externa bruta de 282.753 millones de dólares a valor nominal, lo que implica que el 'stock' de deuda bajó en 3.815 millones de dólares con relación al segundo trimestre.

Este descenso se debe principalmente a la bajada en 4.124 millones de dólares registrado en la deuda del Gobierno general y 867 millones de dólares del sector de sociedades no financieras y los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH), según un informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) hecho público este viernes.

El endeudamiento de las sociedades bancarias y financieras también bajó, en 18 millones de dólares.

En contraste, la deuda externa del Banco Central aumentó 1.118 millones de dólares, así como el de las sociedades captadoras de depósitos, en 76 millones de dólares.

El 'stock' de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, ascendía al finalizar el tercer trimestre a 248.734 millones de dólares, lo que implicó un ascenso en 665 millones con respecto al segundo trimestre del año.

La deuda del Gobierno está compuesta por 75.759 millones de dólares en concepto de préstamos de organismos internacionales, por 57.438 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal -cuyo valor de mercado es de 28.104 millones- y 4.228 millones de dólares con otros acreedores oficiales como el Club de París.

En el tercer trimestre de este año el 'stock' de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal bajó a 57.438 millones de dólares, desde 62.937 millones de dólares registrados en el mismo trimestre de 2023.

La deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina firmó en marzo de 2022 un acuerdo de refinanciación, ascendía a finales del tercer trimestre a 42.181 millones de dólares, con un aumento en 635 millones respecto al segundo trimestre. EFECOM

Buenos Aires, 20 dic (EFE).- Argentina registró a finales del tercer trimestre del año una deuda externa bruta de 282.753 millones de dólares a valor nominal, lo que implica que el 'stock' de deuda bajó en 3.815 millones de dólares con relación al segundo trimestre, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según indicó en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este descenso se debió principalmente a la bajada en 4.124 millones de dólares registrado en la deuda del Gobierno general y 867 millones de dólares del sector de sociedades no financieras y los hogares e instituciones privadas sin fines de lucro al servicio de los hogares (ISFLSH).

El endeudamiento de las sociedades bancarias y financieras también bajó, en 18 millones de dólares.

En contraste, la deuda externa del Banco Central aumentó 1.118 millones de dólares, así como el de las sociedades captadoras de depósitos, en 76 millones de dólares.

El 'stock' de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, ascendía al finalizar el tercer trimestre a 248.734 millones de dólares, lo que implicó un ascenso en 665 millones con respecto al segundo trimestre del año.

La deuda del Gobierno está compuesta por 75.759 millones de dólares en concepto de préstamos de organismos internacionales, por 57.438 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal -cuyo valor de mercado es de 28.104 millones- y 4.228 millones de dólares con otros acreedores oficiales como el Club de París.

De acuerdo con los datos oficiales, en el tercer trimestre de este año el 'stock' de deuda externa bruta total con títulos de deuda a valor nominal bajó a 57.438 millones de dólares, desde 62.937 millones de dólares registrados en el mismo trimestre de 2023.

En tanto, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina firmó en marzo de 2022 un acuerdo de refinanciación, ascendía a finales del tercer trimestre a 42.181 millones de dólares, con un aumento en 635 millones respecto al segundo trimestre. EFE

Tegucigalpa, 16 dic (EFE).- La deuda externa del sector público de Honduras alcanzó los 9.244,8 millones de dólares entre enero y octubre de 2024, lo que representa un 0,8 % menos con respecto al mismo período del año pasado, informó este lunes el Banco Central hondureño (BCH).

La deuda pública disminuyó en 79,4 millones de dólares, pasando de 9.324,2 millones de dólares en los primeros diez meses de 2023 a 9.244,8 millones en el mismo período de 2024, indicó la autoridad monetaria en su reporte.

El Gobierno tiene el 91,3 % del total del endeudamiento público (8.445,2 millones de dólares), seguido de la autoridad monetaria un 7 % (644,2 millones), las empresas públicas no financieras el 1,5 % (139,3 millones) y las instituciones públicas financieras un 0,2 % (16,1 millones), añadió.

El Banco Central precisó que el 85,9 % (7.944,8 millones de dólares) de la deuda fue contratada a través de préstamos y el 14,1 % (1.300 millones) en títulos valores emitidos en el mercado financiero internacional (Bonos Soberanos).

La primera colocación se realizó en enero de 2017 por 700 millones de dólares y otra en junio de 2020 por 600 millones, las dos serán canceladas mediante un único pago de capital al vencer en 2027 y 2030, precisó.

En cuanto a la moneda, el 84 % de la deuda estatal (7.768,6 millones de dólares) se adquirió en dólares, el 11,1% (1.022,5 millones) en derechos especiales de giro, el 2,1% (195,4 millones) en euros y el 2,8% (258,3 millones) en otras monedas, detalló el emisor del Estado.

Durante los primeros diez meses de 2024, el sector público de Honduras recibió 487,7 millones de dólares en desembolsos, de los cuales 194,1 millones fueron destinados a proyectos y programas

El servicio de la deuda pública fue de 871,9 millones de dólares, unos 590,1 millones fueron para el pago de capital y 281,8 millones a intereses y comisiones, de acuerdo a las cifras del Banco Central. EFE

La deuda externa del sector privado ascendió a USD 103.905 millones en el tercer trimestre del año pasado, lo que dejó como resultado un incremento de USD 4.933 millones en relación al mismo período del año anterior. La diferencia, según un informe elaborado por el Banco Central (BCRA), se explica por el aumento de la deuda comercial, que subió USD 4.893 millones, y por la deuda financiera, que se incrementó unos USD 40 millones.

La buena noticia, es que la deuda externa total registró una caída de USD 809 millones en comparación al trimestre anterior (abril-junio de 2024), explicada exclusivamente por la deuda comercial, que cayó USD 954 millones, dado que la deuda financiera mostró un aumento de USD 145 millones.

Considerando las variaciones por tipo de operación, se observa que durante el tercer trimestre de 2024, la baja de la deuda externa comercial estuvo explicada por la cancelación neta de la deuda por importaciones de bienes por USD 1.201 millones, seguido por la deuda por exportaciones de bienes con una caída de USD 299 millones.

La deuda por servicios mostró un incremento respecto al trimestre anterior explicado por las importaciones de servicios por USD 546 millones. Por su parte, la deuda financiera evidenció un aumento explicado por los títulos de deuda por USD 190 millones y por la “Otra deuda financiera” por USD 188 millones, parcialmente compensado por los préstamos financieros, que mostraron una baja en términos netos de USD 233 millones, según los datos publicados por el BCRA.

La deuda por exportaciones de bienes

La deuda externa por exportaciones de bienes totalizó USD 5.742 millones en el tercer trimestre de 2024, con una baja de USD 299 millones comparado con el segundo trimestre del 2024 y de USD 1.869 millones en la comparación interanual. “Este resultado se dio en el marco del Programa de Incremento Exportador (PIE) bajo el Decreto 28/20237 , junto con una sustitución parcial del financiamiento externo por financiamiento local en moneda extranjera”, explicaron desde el Banco Central.

La deuda por exportaciones de bienes con acreedores relacionados registró una posición al cierre del trimestre de USD 2.272 millones con una baja trimestral de USD 48 millones. Por su parte, la deuda con el resto de los acreedores totalizó USD 3.470 millones, con una caída de USD 251 millones respecto del trimestre anterior.

A nivel sectorial, el sector “Elaboración de productos alimenticios”, mantuvo su nivel de deuda (USD 3.437 millones) en relación con el trimestre anterior, representando el 60% del total de la deuda por exportaciones de bienes. Sin embargo, fue el que explicó la mayor parte de la caída en este tipo de deuda en términos interanuales. Le siguió en orden de importancia el sector de “Comercio al por mayor”, con una deuda de USD 613 millones (11% de la posición total) y una disminución en el trimestre de USD 84 millones. Por su parte, el sector de “Extracción de petróleo crudo y gas natural”, con una baja de USD 235 millones, explicó casi la totalidad de la caída de la deuda por exportaciones en el trimestre.

La deuda por importaciones

La deuda externa por importaciones de bienes totalizó USD 44.112 millones al 30 de septiembre, con una baja de USD 1.201 millones en el trimestre y una suba de USD 6.004 millones en la comparación interanual. De esta manera, el ratio de endeudamiento se ubicó en 79,5%, reflejando un aumento de 7,1 p.p. en el trimestre.

“Cabe mencionar que esta disminución de la deuda se dio en contexto de regularización de la situación del endeudamiento de los importadores a través de la normativa comercial y cambiaria establecida para estos flujos desde diciembre de 2023″, señalaron los especialistas del BCRA.

Por otro lado, mediante la Comunicación “A” 7918, se dio a conocer el Bono para la Reconstrucción de una Argentina Libre (BOPREAL) del BCRA, que consiste en títulos en dólares estadounidenses con suscripción en pesos. “Estos bonos fueron ofrecidos con el fin de otorgar una solución lo más ordenada, transparente, indiscriminada, efectiva y posible ante el histórico crecimiento de la deuda comercial externa, canalizando la demanda de divisas de los importadores de bienes y servicios con deudas comerciales por operaciones con registro aduanero o servicio efectivamente prestado hasta el 12 de diciembre de 2023″, subrayaron.

En el periodo que va de enero a septiembre de 2024 se estimó una cancelación de deuda por importaciones de unos USD 3.000 millones mediante la utilización de estos instrumentos, adicionales a las otras cancelaciones sin acceso al mercado de cambios, estimadas en unos USD 7.400 millones.

A nivel sectorial, la deuda por importaciones de bienes mostró caídas en la mayoría de los sectores a excepción del rubro “Fabricación de vehículos automotores” que, al 30.09.24, alcanzaba los USD 10.843 millones (el 25% del total de esta deuda) mostrando una suba de unos USD 294 millones en el trimestre. Le siguió en orden de magnitud el sector de “Comercio al por mayor” con una deuda de USD 8.640 millones y una caída en el trimestre de USD 198 millones. El sector de “Fabricación de sustancias y productos químicos”, tercero en importancia, totalizó USD 3.238 millones, con una baja de USD 426 millones en el trimestre.

El riesgo país es un indicador que refleja la confianza de los inversores en la capacidad de un Estado nacional para gestionar sus finanzas y cumplir con sus compromisos contractuales. Las sociedades bien articuladas deberían demostrar prudencia y compromiso para honrar sus obligaciones, logrando condiciones más favorables en el acceso al financiamiento.

Desde esta perspectiva, el índice de riesgo país mide el costo adicional que enfrentan los Estados nacionales respecto al rendimiento que ofrecen los bonos del Tesoro de Estados Unidos.

Un mayor riesgo percibido implica intereses más elevados, que los prestamistas e inversores exigen como compensación por la posibilidad de incumplimiento. Este índice funciona, en esencia, como un termómetro de la confianza inversora.

La firmeza de las políticas implementadas por el gobierno nacional ha contribuido a despejar la incertidumbre. Desde que Javier Milei ganó la elección presidencial el 19 de noviembre de 2023, el índice de riesgo país bajó desde poco más de 2.400 puntos básicos hasta menos de 600 pb. Esta reducción impulsa una notable apreciación de los patrimonios netos individuales, incluida la demanda futura de los trabajos en la Argentina.

No obstante, para que el Gobierno pueda volver a tomar deuda externa y refinanciar sus vencimientos, deberá sostener su política de rigor fiscal y monetario, y lograr que crezca la economía real, para que el indicador tienda a ubicarse por debajo de 400 puntos básicos.

Con un riesgo país más bajo, el costo de emitir nuevos bonos o refinanciar deudas se reduce, lo que incentiva destinar recursos a capitalizar emprendimientos, realizar inversiones en activos atractivos para el crecimiento económico. Esto incluye la posibilidad de atrae inversión extranjera directa (IED).

Según Datosmacro.com, al 14 de enero, países como Suiza, Japón, Suecia, Canadá, Australia y varias naciones de la Unión Europea presentan índices de riesgo sustancialmente inferiores al del Tesoro de Estados Unidos. En contraste, los países de América Latina enfrentan recargos significativos.

Resulta llamativa la falta de una correlación directa entre el índice de riesgo país y el PBI per cápita, como se aprecia en el siguiente gráfico. Intuitivamente, podría esperarse una relación inversa: a mayor riesgo, peor organización social, mayor desorden en las decisiones individuales y menores ingresos personales.

El impacto del índice de riesgo país en las operaciones crediticias ha crecido junto con el desarrollo del comercio exterior, la expansión de las empresas multinacionales y la internacionalización de las operaciones financieras. Los bancos, al financiar clientes en otros países, deben evaluar las condiciones políticas, económicas, sociales y legales del país receptor. Este análisis también incluye factores como el riesgo de transferencia, que se refiere a la capacidad de un país para convertir moneda local en divisas extranjeras, además de otros riesgos, como la posibilidad de expropiaciones o nacionalizaciones.

Las elecciones de medio término son un factor de riesgo en 2025. No obstante, la inflación a la baja y la reactivación económica podrían precipitar un buen resultado para el oficialismo, que ganaría gobernabilidad. En ese sentido, la acumulación de reservas permitirá seguir pagando los vencimientos de deuda.

Cálculo del riesgo país

El Emerging Markets Bonds Index (EMBI), elaborado por J.P. Morgan Chase, es una de las herramientas más utilizadas para medir el riesgo país. Este indicador compara la rentabilidad de los bonos soberanos de mercados emergentes con la de los bonos del Tesoro de Estados Unidos, expresando la diferencia en puntos básicos (centésimas de punto porcentual). Por ejemplo, si los bonos del Tesoro ofrecen un rendimiento anual del 5,22% y el EMBI de Ecuador es de 1.122 puntos (equivalentes a 11,22%), la tasa mínima que un inversor exigiría para invertir en Ecuador sería del 16,44 por ciento.

Las principales agencias de calificación de riesgo a nivel mundial son Fitch Ratings, Moody’s Investor Service y Standard & Poor’s. Estas instituciones evalúan periódicamente la capacidad de pago de los emisores, proporcionando calificaciones para el corto y largo plazo, además de proyecciones sobre las posibles variaciones futuras en dichas calificaciones.

El autor es director de BG Consulting

La agencia calificadora Moody’s advirtió que la deuda pública de México seguirá siendo un obstáculo importante en los próximos años, pues aunque se espera una estabilización, el alto costo del endeudamiento y los bajos ingresos fiscales limitarán su sostenibilidad.

Según el análisis de la agencia calificadora, México, junto con Brasil, será uno de los países que enfrentará un aumento en la carga de la deuda en 2025.

Este panorama se agrava por la rigidez del gasto público y las crecientes demandas sociales, que restringen la capacidad del gobierno para responder a riesgos económicos y climáticos, señaló este 16 de enero la agencia.

En este contexto, Moody’s también proyectó un crecimiento económico limitado para México, estimando una expansión del 1.3 % al cierre de 2025. Este sería el segundo año consecutivo de crecimiento débil, en contraste con la mediana regional esperada del 3 %.

La agencia subrayó que este desempeño refleja tanto factores internos como externos, que generan incertidumbre sobre el futuro económico del país.

Cabe destacar que esta misma semana el Servicio de Administración Tributaria (SAT) destacó que en 2024 México logró una recaudación fiscal récord, de 4.9 billones de pesos. Sin embargo, el gasto del Estado mexicano ya supera los 9 billones de pesos.

Impacto para México del regreso de Donald Trump a la Casa Blanca

Uno de los factores externos más destacados por Moody’s es el regreso de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos, previsto para el próximo lunes.

La agencia calificadora señaló que las políticas anunciadas por Trump, como la posible imposición de nuevos aranceles y restricciones migratorias, representan una amenaza directa para dos pilares fundamentales de la economía mexicana: las exportaciones y el flujo de remesas.

Estas medidas podrían generar una mayor volatilidad en el tipo de cambio, como ya se evidenció tras la depreciación del peso mexicano frente al dólar después de las elecciones estadounidenses de noviembre de 2024.

De acuerdo con el análisis, esta inestabilidad cambiaria podría tener efectos negativos en la confianza empresarial y en la dinámica de las inversiones en México.

En el ámbito interno, Moody’s destacó los desafíos relacionados con la calidad institucional y la necesidad de reformas estructurales.

Uno de los cambios más relevantes es la inminente implementación de la reforma judicial, que incluye la elección de todo el sistema judicial, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La agencia calificadora señaló que esta reforma plantea incertidumbre sobre el impacto que podría tener en los controles y contrapesos institucionales del país. Advirtió que un entorno institucional reconfigurado podría afectar la confianza empresarial y las decisiones de inversión, cuyos efectos serían más evidentes en 2025.

“En México, veremos cómo la reforma judicial y otros cambios importantes en los entornos regulatorios podrían reconfigurar el papel de los controles y equilibrios en 2025″, indicó el informe de Moody’s.

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (Carf) emitió una nueva advertencia sobre los retos fiscales que enfrenta el Gobierno nacional entre 2024 y 2025. El organismo sostiene que el cumplimiento de la regla fiscal, que busca mantener un equilibrio entre ingresos y gastos, está en serio peligro debido a una significativa disparidad entre las proyecciones de ingresos y los gastos programados para ese periodo.

Según el pronunciamiento más reciente de la entidad, para 2024 los ingresos del Gobierno fueron 74,1 billones de pesos inferiores a los programados, lo que equivale a un 4,3% del Producto Interno Bruto (PIB). Esta caída de los ingresos, que tiene diversas causas, incluyendo una menor recaudación por parte de la Dian y la estructura misma de la Regla Fiscal, obliga a un ajuste fiscal considerable.

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En términos concretos, para cumplir con las metas establecidas, el Gobierno debería realizar un recorte de 56,2 billones de pesos en el gasto; sin embargo, las medidas anunciadas hasta ahora solo permitirían una reducción de 25 billones de pesos, lo que deja un vacío considerable entre los objetivos y las acciones implementadas.

El Carf señala que esta diferencia no se puede subsanar únicamente con recortes a los gastos no estructurales, dado que una gran parte de los gastos de la administración de Gustavo Petro son inflexibles. Según el comité, aproximadamente el 83,6% del gasto entre 2019 y 2023 fue inflexible, lo que complicó aún más la capacidad del Ejecutivo para cumplir con las metas de la Regla Fiscal sin implementar medidas adicionales más drásticas.

Obstáculos estructurales en el gasto

Los gastos inflexibles son aquellos vinculados a rubros como intereses de la deuda externa, pensiones, subsidios, incluyendo los del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Fepc), y el Sistema General de Participaciones, entre otros. Estos gastos no son fácilmente ajustables, lo que deja poco espacio para realizar modificaciones sustanciales al presupuesto sin afectar áreas clave de la política social y económica del país.

El comité advierte, además, que la inflación y el aumento en el salario mínimo incrementan aún más la presión sobre el presupuesto, al agregar nuevos costos que no estaban previstos en las proyecciones iniciales.

Perspectivas para 2025

Las proyecciones para 2025 son igualmente preocupantes. El Carf destacó que la incertidumbre respecto a los ingresos proyectados es alta, especialmente porque una parte significativa depende de la aprobación de la Ley de Financiamiento, que podría no ser aprobada en su totalidad. En este escenario, el Gobierno necesitaría hacer un ajuste adicional de 39,1 billones de pesos en el presupuesto del siguiente año, lo que elevaría considerablemente el riesgo de incumplir la Regla Fiscal si no se toman medidas inmediatas.

Otro de los factores que genera preocupación es el comportamiento de las reservas del Tesoro Nacional. El stock de caja en pesos está por debajo del promedio histórico durante 2024, lo que limita la capacidad del Gobierno para enfrentar situaciones imprevistas o emergencias fiscales.

La entidad también alerta sobre el impacto que esta situación puede tener en la percepción de riesgo país. La incertidumbre sobre el cumplimiento de la Regla Fiscal podría aumentar las primas de riesgo, lo que elevaría los costos de financiamiento para la administración gubernamental, afectaría la tasa de cambio y pondría presión sobre el valor de la deuda.

Ante este panorama, el Carf recalca la necesidad urgente de reorientar el presupuesto hacia una programación más realista, que se ajuste a la capacidad de generación de ingresos estructurales del país.

El comité destacó que, si no se toman medidas efectivas para ajustar el gasto a las realidades del recaudo fiscal, las consecuencias para la economía colombiana podrían ser graves. Además de los riesgos inmediatos en términos fiscales y financieros, la falta de cumplimiento de la Regla Fiscal afectaría la credibilidad del gobierno en su estrategia fiscal a largo plazo. De acuerdo don la entidad, esto podría poner en peligro los esfuerzos por asegurar una sostenibilidad fiscal que permita al país afrontar futuros desafíos económicos de manera estable.

San José, 15 nov (EFE).- El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua alcanzaron 6.014 millones de dólares hasta octubre, un 13,7 % más en relación a octubre de 2023, informó este viernes en Managua el banco emisor del Estado.

La cifra es mayor en 725,4 millones de dólares con respecto a octubre de 2023, cuando el saldo de las RIB cerró en 5.288,6 millones de dólares, precisó el Banco Central de Nicaragua en un informe.

La cifra de 6.014 millones de dólares es, sin embargo, menor en 34,6 millones a los 6.048,6 millones con que las RIB cerraron en septiembre pasado, detalló la entidad monetaria.

Esa disminución obedeció principalmente por el uso de recursos del sector público no financiero y los pagos por el servicio de deuda externa, compensado en parte por la entrada de recursos externos al sector público no financiero, los intereses del exterior al Banco Central y las compras netas de divisas en la mesa de cambio, explicó el emisor.

El nivel de reservas internacionales es consistente con una cobertura a base monetaria de 3,7 veces, destacó el Banco Central.

Con ese saldo de reservas se garantiza la disponibilidad de divisas para el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, para el fortalecimiento cambiario, y contribuye a la estabilidad macroeconómica y financiera del país, de acuerdo con la información.

El Banco Central prevé un crecimiento de la economía de Nicaragua de entre un 3,5 % y un 4,5 % en 2024, con una inflación anual que oscilará entre 3,5 % a 4,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció un 4,6 % en 2023; un 3,8 % en 2022; y un 10,3 % en 2021, según la entidad monetaria.

La economía nicaragüense se contrajo en promedio un 2,7 % anual en el período 2018-2020, según los datos oficiales.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un crecimiento del 3,5 % de la economía de Nicaragua en 2024. EFE

San Salvador, 12 nov (EFE).- El Gobierno de El Salvador lanzó este martes un oferta pública para la recompra de la deuda externa por más 2.635 millones de dólares (un poco más de 2.486 millones de euros) con vencimiento entre 2027 y 2034.

"Hemos lanzado oficialmente otra oferta de recompra de nuestra deuda externa con vencimiento del 2027 al 2034", publicó en X el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

Añadió, en su mensaje en inglés, que "todos los tenedores de bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria".

Un comunicado también compartido por Bukele indica que la oferta es para cinco emisiones de bonos que totalizan 2.635.591.000 dólares con tasas de interés de entre 6,37 % y 9,25 %.

"El Salvador se reserva el derecho, a su exclusivo criterio, de aceptar solo una parte de los bonos ofrecidos, de no aceptar ninguna o todas las ofertas y de extender o terminar la Invitación con respecto a una o más series por cualquier motivo", dice la misiva.

Con el apoyo de Estados Unidos, El Salvador realizó a mediados de octubre una operación similar para la recompra de 1,031 millones de dólares para que los ahorros por 352 millones se inviertan en la recuperación del Río Lempa, el más grande del país.

Esta no es la primera vez que El Salvador hace una compra anticipada de sus bonos, dado que en 2022 lanzó dos operaciones similares y compró bonos por 647 millones de dólares.EFE

El Cairo, 10 nov (EFE).- La inflación interanual en Egipto se desaceleró 12 puntos en octubre y se situó en un 26,3 % frente al 38,5 % de octubre del pasado año, informó este domingo la Agencia Central de Movilización Pública y Estadísticas (CAPMAS).

El aumento de los precios de los productos, que se produjo a un ritmo menos acelerado que el año anterior cuando comenzó la crisis en Egipto, se debió a los dispositivos y equipos médicos en un 40,6%, a los servicios hospitalarios en 22,1%, a la compra de vehículos en un 24,5% y a los servicios hoteleros en un 25,7%.

Además, aumentaron los precios de la educación infantil y básica en un 10,2 %, así como la educación superior en un 32,5 %.

Pese a esta desaceleración interanual, la tasa de inflación de este mes de octubre frente a septiembre se situó en un 26,3 % frente al 26 %.

Este ligero cambio de un mes a otro se debió al aumento en los precios de las carnes y aves de corral (3,3 %), de pescados y mariscos (2,1 %), de lácteos, quesos y huevos del (2 %), mientras que la mayor subida se dio en el sector de la electricidad, gas y combustibles, en un 7,2 %,según CAPMAS.

Egipto atraviesa una profunda crisis económica marcada por las guerras en Oriente Medio y la falta de divisas en el país norteafricano, que además acumula una multimillonaria deuda externa que está tratando de saldar con nuevos proyectos de inversión y préstamos de instituciones multilaterales de crédito. EFE

La deuda externa de Colombia alcanzó niveles récord, al marcar el 47,9% del Producto Interno Bruto (PIB), una cifra que ha generado polémica en el país. Según datos del Banco de la República, la deuda externa totalizó USD 197.361 millones al cierre de septiembre de 2024, lo que representa un aumento de USD 1.142 millones respecto a diciembre de 2023. Este incremento provocó una ola de reacciones en los sectores políticos, y una de las críticas más destacadas provino de la senadora María Fernanda Cabal, miembro del partido Centro Democrático.

En un contexto económico complicado, la congresista no tardó en reaccionar a la información publicada por varios medios, entre ellos FM Radio, que reportó el aumento de la deuda externa. A través de su cuenta en la red social X, la senadora expresó su descontento con el manejo económico del presidente Gustavo Petro, utilizando un tono directo y crítico.

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“Así lleva Petro este país, jugando a ser Ministro de Hacienda”, afirmó Cabal en su publicación. Acompañó su mensaje con una captura de pantalla de la noticia del medio mencionado que detallaba el aumento de la deuda. La senadora, conocida por su postura firme en la oposición, no escatimó en su crítica, al destacar lo que considera una falta de control en las finanzas del país bajo la administración del presidente Petro.

La reacción de Cabal provocó un aluvión de respuestas en las redes sociales. Mientras que varios seguidores de la senadora la apoyaron, otros, especialmente aquellos alineados con el Gobierno, consideraron que la crítica carecía de fundamento y argumentaron que los problemas de deuda no son responsabilidad exclusiva de la administración actual. Algunos comentarios sugirieron que la situación económica de Colombia es un reflejo de los desafíos globales y no un mal manejo interno.

Muchos comentarios que destacaron fueron: “El “cambio” pero en reversa”; “Pues tantos préstamos que se hacen entre ellos mismos y sus secuaces que más se puede esperar”; “Jugando a ser presidente”; “Y dizque se graduó en economía. Nunca hemos visto tal título. Claro, hay unos que compran el título y otros que pasan a duras penas, con dos semestres mal pasados”.

Deuda externa del sector público colombiano disminuye ligeramente a septiembre de 2024

La discusión en torno a la deuda externa es compleja y multifacética. Según el informe del Banco de la República, un 84% de la deuda tiene vencimiento a más de un año, lo que indica una deuda de largo plazo, mientras que el restante 16% corresponde a pasivos con vencimiento más cercano. De esta deuda externa, un 57% corresponde a la deuda pública y el 43% al sector privado, lo que refleja una división significativa en el manejo de los pasivos.

Además, el informe señala que la deuda de corto plazo se incrementó levemente, lo que preocupa a algunos economistas debido a los riesgos asociados con los pagos inmediatos.

Se detalla que el descenso en la deuda se debe principalmente a la reducción de los pasivos con organismos internacionales y la banca comercial, aunque se registró un aumento en las obligaciones con tenedores de bonos, la banca bilateral y otros acreedores. Además, se señaló que el 69% de la deuda corresponde al Gobierno nacional, mientras que el 52% de los saldos son emisiones de bonos en los mercados internacionales.

En términos de servicio de la deuda, el monto pagado por el sector público en los primeros tres trimestres de 2024 ascendió a USD 11.944 millones, un incremento de USD 3.567 millones respecto al mismo periodo del año anterior.

Es importante señalar que el aumento de la deuda externa no es un fenómeno aislado de la administración Petro, sino que es el resultado de una serie de factores que incluyen tanto decisiones gubernamentales previas como la situación económica global. Sin embargo, Cabal, que se perfila como una posible candidata presidencial para las elecciones de 2026, no dejó pasar la oportunidad para lanzar un mensaje claro de crítica, aprovechando la coyuntura para posicionarse frente a su electorado.

A menudo se escucha hablar de la “escasez estructural” de dólares en la economía argentina. También conocida como “restricción externa”, no es más que el límite que el mundo le impone a la desenfrenada prodigalidad de los gobiernos y políticos argentinos.

La pretensión de sostener un Estado de bienestar al estilo europeo -que Juan Domingo Perón instauró en 1946 como política de Estado-se enfrenta periódicamente con los bajos niveles de inversión y productividad que generan un sector privado agobiado por impuestos y regulaciones y una casta de empresarios prebendarios.

La destrucción de los mercados de capitales locales a través de represión financiera, intervencionismo y confiscaciones ha dejado solo dos mecanismos para financiar un “Estado de malestar” ineficiente y corrupto: emisión monetaria y deuda externa.

La “maquinita” es el recurso al que han recurrido los gobiernos populistas cuando ya no quedan ahorros privados fáciles de confiscar.

Los gobiernos no populistas, más creíbles internacionalmente, recurrieron en cambio al endeudamiento externo para reducir los excesos del populismo de manera gradual, evitando así alimentar la inflación.

Sin embargo, desde 1955, el sistema corporativista ha logrado abortar todos los intentos de poner en caja al Estado del que se nutre, lo que ha llevado a la Argentina a oscilar entre crisis inflacionarias y crisis externas. Esto explica por qué el país ha acumulado más años con alta inflación, recesión y default que cualquier otro desde 1955 en adelante.

Los argentinos aprendieron a protegerse de las depredaciones de un Estado abusivo huyendo del peso y ahorrando en dólares fuera del sistema bancario doméstico. La preferencia por la moneda norteamericana no se explica por afinidades ideológicas o culturales con el “imperio” -la Argentina es el país con el sentimiento antiestadounidense más fuerte en América Latina-, sino simplemente por necesidad.

Mientras el sector privado ahorra en dólares fuera del sistema, el sector público desahorra (se endeuda) en dólares. Consecuentemente, como en un juego de gato y ratón, sucesivos gobiernos intentan apoderarse de esos dólares privados a un tipo de cambio inferior al de mercado mediante controles, restricciones y penalidades. Así surge la escasez de dólares: como cualquier otro bien, fijar un precio máximo por debajo del equilibrio genera un exceso de demanda y una escasez de oferta.

La incongruencia entre la dolarización de facto de la economía y el curso forzoso del peso no solo genera inestabilidad, sino también costos de transacción elevados.

A esta incongruencia se suma otra igualmente costosa y desestabilizante: el descalce cambiario del sector público. El Estado recauda en pesos, pero necesita dólares para pagar sus deudas. Los únicos tributos ajustados al dólar son los aranceles a las importaciones y los derechos de exportación. Entre 2020 y septiembre de 2024, estos impuestos representaron en promedio solo 11% de la recaudación total.

Todo esto cobra relevancia ante un dato preocupante: entre 2025 y 2034, la Argentina deberá desembolsar, en promedio, USD 20.400 millones anuales en concepto de capital e intereses de su deuda pública en moneda extranjera (fundamentalmente en dólares). De esta suma, casi la mitad deberá pagarse a organismos internacionales y el resto a inversores privados no residentes. Los intereses representan, en promedio, aproximadamente 1% del PBI.

Se pueden hacer varias observaciones sobre esta cifra:

1. Los países normales no pagan su deuda, sino que la renuevan a su vencimiento.
2. El nivel de deuda externa en relación con el PBI de la Argentina parece comparable al del resto de América Latina. El problema es que Argentina no es un “país normal”. Como hoy no tiene acceso a los mercados de capitales, no puede renovar su deuda con inversores privados.
3. Como la Argentina es un defaulteador serial con “intolerancia financiera”, una relación de deuda externa/PBI superior al 30% (manejable para un “país normal”) genera efectos indeseables, como crisis cambiarias, corridas bancarias y defaults.
4. Si bien la deuda con organismos internacionales no presenta riesgos de renovación (roll-over), el FMI espera que Argentina cancele su deuda de manera gradual y lo más rápido posible. La única forma de hacerlo es emitiendo nueva deuda en los mercados internacionales, lo que supone que, en la próxima década, el país deberá lograr que los inversores le renueven cerca de USD 90.000 millones en bonos, además de los casi USD 42.000 millones que se adeudan al FMI, es decir casi USD 13.000 millones por año.
5. Se deben sumar las necesidades de financiamiento del sector privado, considerables en un escenario de crecimiento sostenido.
6. Entre 2005 y 2023, la tasa de ahorro doméstica promedio fue de 16,8% del PBI, insuficiente para financiar una tasa de inversión de 17,6%. La diferencia, de 0,8%, fue cubierta por financiamiento externo. Con estos niveles de inversión, la economía no puede crecer, como se evidencia en la comparación entre las tasas de inversión y el crecimiento del PBI per cápita entre 2004-2023.

Orlando Ferreres explica: “La amortización por sí sola equivale a 15% del PBI. Se necesita invertir esa cifra simplemente para no perder capital productivo. Para crecer al 5% anual, Argentina necesita invertir 25% del PBI: 15% para cubrir la amortización y 10% para aumentar el capital”.

Esto implica una inversión anual de USD 150.000 millones, una cifra que bajo el régimen monetario actual es difícil de financiar localmente, ya que los argentinos han demostrado no estar dispuestos a ahorrar en pesos.

Incluso un objetivo más modesto, como una tasa de inversión de 22% del PBI -el promedio de Perú entre 2003 y 2023-, requeriría un financiamiento externo adicional de al menos USD 30.000 millones por año. Sumando las necesidades del sector público, Argentina necesitaría USD 55.000 millones adicionales por año.

Las proyecciones del FMI para 2025-2029 son más modestas, estimando un aporte de USD 8.600 millones anuales. Sin embargo, esta previsión se basa en un supuesto cuestionable dada la inestabilidad argentina: que los cambios impulsados por el gobierno desde diciembre de 2023, en particular el superávit financiero, se mantendrán por al menos cinco años.

La realidad es que ni Vaca Muerta, ni la minería, ni el litio nos “salvarán” sin una inversión que hoy no es posible financiar internamente.

¿Por qué una dolarización oficial contribuiría a resolver este problema?

1. Eliminaría el descalce cambiario del sector público, junto con el déficit fiscal, principales generadores de inestabilidad.
2. Repatriaría parte de la liquidez en dólares que está fuera del sistema (aproximadamente USD 250.000 millones), lo que aumentaría la tasa de ahorro doméstica y, por ende, el crédito al sector privado.

En realidad, Argentina no tiene escasez de dólares: el problema es que le faltan dólares al Estado, y esto seguirá ocurriendo mientras exista una moneda que los políticos pueden manipular a piacere.

En una economía moderna, el principal creador de dinero es el sistema bancario privado.

Por ejemplo, en Suecia, el dinero externo que emite el banco central prácticamente ha dejado de existir.

El reciente aumento de los depósitos en dólares gracias al blanqueo es una prueba elocuente de que los argentinos poseen dólares. Una dolarización oficial es factible porque es autofinanciable y no requeriría retirar todos los pesos de la circulación de la noche a la mañana. Bastaría con congelar la circulación monetaria, declarar al dólar como moneda de curso legal y adoptarlo como única moneda de cuenta en el sistema financiero. Esto, sin embargo, requeriría una negociación en el Congreso, ya sea a través de un DNU o mediante una ley.

Es importante enfatizar que darle curso legal al dólar no implica eliminar el peso. Un país puede tener más de una moneda de curso legal en circulación; de hecho, esa fue la realidad en Argentina durante gran parte del siglo XIX. Si bien se dice que Argentina es una economía bimonetaria, en realidad, es una economía mayormente dolarizada de facto. Negar esta realidad es mero voluntarismo.

Una dolarización oficial -que implicaría declarar el curso legal del dólar, congelar los pesos en circulación y dolarizar el 100% de los depósitos y préstamos bancarios- no significa imponer arbitrariamente una moneda a los argentinos, sino reconocer que el dólar es la moneda que ya han elegido y prefieren usar.

La única moneda que los argentinos rechazan, y que el Estado ha intentado imponerles por la fuerza, es un peso que se deprecia día a día.

El autor es Economista e historiador. Esta columna fue publicada en el Blog del Libro Dolarización: Una solución para la Argentina

Raúl Alfonsín fue el primer presidente del retorno a la democracia en nuestro país. Había derrotado al peronismo, representado por Ítalo Luder, y era la expresión de la esperanza institucional de los argentinos. Quizás su manejo de la economía no fue exitoso. Sin embargo, recordemos que arrastraba la degradación generada por el nefasto ministro de la dictadura, José Alfredo Martínez de Hoz, quien llevó adelante una perversa política liberal a ultranza y dejó una inusitada deuda externa.

De sólida formación, Alfonsín tuvo en el radicalismo una trayectoria digna y coherente. Hizo realidad su deseo de modernizar al partido llevándolo a la Internacional Socialista, un ámbito político que, desde ya, excedía la historia de esa fuerza.

¡Cómo no evocar la trascendencia de la decisión del juicio y castigo a los militares golpistas, tomada en un momento en que las Fuerzas Armadas todavía conservaban un sólido espacio de poder! Una de las películas más representativas de nuestro cine reciente, Argentina 1985, refleja con claridad aquel momento. Ese hecho nos permitió liderar en el continente nuestra definición sobre los derechos humanos, habiendo sido el país más dañado por la atrocidad de los desaparecidos, una forma inhumana de exterminio gestada por las Fuerzas Armadas.

Otro hecho histórico define con nitidez la dimensión política del ex presidente: el referéndum sobre el conflicto del Beagle, medida apoyada por algunos peronistas, entre los que me cuento. El debate entre el entonces canciller Dante Caputo y Vicente Leónidas Saadi dejó al descubierto la superioridad intelectual y moral de aquel gobierno sobre el justicialismo, en ese momento usurpado. Raúl Alfonsín fue un demócrata que se esforzó por recuperar para el Estado el poder que toda democracia requiere, el último en intentarlo; luego vendría Carlos Saúl Menem a dilapidar, bajo el eufemismo de pretendidas “privatizaciones”, la herencia de todos los argentinos.

Los conflictos económicos llevaron a su gobierno a adelantar la entrega del poder, aunque, sin duda alguna, dicha conflictividad no estaba centrada solo en las limitaciones políticas de su gestión, sino en los resabios dictatoriales de sus enemigos. Nuestra sociedad había tenido un desarrollo agropecuario inicial, complementado luego por un incipiente crecimiento industrial, pensado y logrado en función de la integración social de todos sus habitantes. El golpe de Estado no solo será responsable del genocidio humano, sino también de la destrucción de la industria para dejarnos en manos del poder financiero extranjero. Soy de los que creen que el hoy reivindicado Menem fue el presidente más dañino y destructivo de la historia, pues además de vender y regalar nuestro patrimonio, nos legó una institución económica, la paridad con el dólar, cuyo único destino era el estallido. Así, el gobierno de Fernando de la Rúa se debilitó profundamente por la insensata renuncia de su vicepresidente y la falta de consenso y lucidez para salir de aquella destructiva realidad.

Ni Duhalde ni Alfonsín fueron golpistas. La sociedad, en un masivo repudio, derrocó a ese gobierno inmerso en la desesperación del estallido de la economía y la declaración del estado de sitio. Ambos ex presidentes, acompañados por otros sectores políticos, generaron la competencia necesaria para superar dicha crisis. Insisto: a De la Rúa le estalló la bomba económica engendrada por Menem, verdadero causante de nuestra actual crisis y de aquel desastre económico. Desde el ‘83 hasta hoy, nuestro país no ha dejado de crecer en sus índices de pobreza. Podemos discutir y debatir sobre los distintos niveles de responsabilidad, pero difícilmente encontraremos excepciones. Raúl Alfonsín fue un gran presidente que, junto con las demás fuerzas políticas, supo resistir las amenazas de los restos militares de la dictadura.

La Coordinadora radical albergó en aquel tiempo un promisorio futuro; la renovación peronista se gestó en su espejo. Desgraciadamente, el tiempo demostró que de ese promisorio grupo de jóvenes dirigentes surgieron varios políticos enriquecidos, algunos otros dignos y coherentes, aunque ningún estadista. Cuando Milei acusa a Alfonsín de golpista, no hace más que desnudar el resentimiento de la pequeñez frente a todos aquellos que intentaron trascender. En vano esperábamos una condena proveniente de las filas radicales ante semejante agravio. Apenas esbozaron un superficial desacuerdo en la reunión que los cinco gobernadores de esa corriente mantuvieron con Milei. Gustavo Valdés, de Corrientes, y Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, arguyeron con displicencia que privilegiaban el tratamiento de los temas del futuro sobre los del pasado, al tiempo que relativizaban la ofensa con términos inconcebibles, cuando no ridículos, como “frescura” para aludir al rasgo de la personalidad del presidente que, a su entender, había guiado la ofensa a la memoria de Alfonsín. En ciertos casos, el silencio cómplice es preferible a la tibieza pusilánime de las justificaciones. Estamos ante una política sin mística ni pasión, y si la pasión queda en manos de Milei y la obsecuencia y el miedo en las de la política en serio, asistimos a una decadencia definitiva que no quiero asumir. Cuando la demencia ajena nos asusta, es porque está desnudando nuestras propias debilidades.

Es cierto que hubo tiempos en los que se intentó devaluar la figura de Alfonsín, esta de Milei no es la primera -quien se jactaba de utilizar su imagen como punching ball para descargar su ira-; pero la historia, que es justa, le devolvió la dignidad del lugar que en ella ocupa. Alfonsín buscó pacificar sin vender patrimonio como Menem, ni engendrar sectarismos de diverso orden como los Kirchner, ni endeudarnos irresponsablemente como Macri, ni entregar al país con persecución ideológica incluida como Milei. Tuvo debilidades, pero quienes lo sucedieron no han hecho más que enaltecerlo.

El Consejo General de Economistas (CGE) mantiene su previsión de crecimiento de la economía española en el 2,9% para el cierre de 2024, pero rebajan una décima su previsión de la inflación, hasta el 2,7%.

En el último 'Observatorio Financiero' del Consejo General de Economistas, han indicado que mantienen su crecimiento del PIB para 2024 debido principalmente al fuerte crecimiento del segundo trimestre del año (0,8%), la fortaleza del sector exterior y el crecimiento, aunque lento, del consumo privado.

No obstante, han avisado de que a pesar de las buenas previsiones macroeconómicas, que apuntan a que España liderará un año más el crecimiento de zona euro, la microeconomía no termina de registrar las mismas sensaciones.

Respecto a la tasa de desempleo, los economistas han incrementado su previsión en tres décimas respecto a la de septiembre y sitúan la tasa en un 11,3% en 2024, aunque creen que se irá reduciendo.

Además, el organismo presidido por Valentín Pich, recalca que la formación bruta de capital fijo en España no consigue mejorar su posición, ya que, pese a que en el segundo trimestre de este año ha crecido un 2,2% interanual, se espera que pase a un 1,8% para el conjunto del año.

Por su parte, la Posición Inversora Internacional Neta (PIIN) deudora de la economía española sigue reduciéndose (-8% interanual), y la deuda externa bruta ha aumentado un 2,4% interanual en el mismo periodo, hasta los 2,5 billones de euros.

SITÚAN EL DÉFICIT AL 3,2%, PERO CON POSIBILIDADES DEL 3%

En el plano fiscal, sitúan el déficit público en el 3,2% del PIB este año, pero ven "posibilidades" de que se acerca al 3% que está pactado con Bruselas para alcanzar las exigencias de las nuevas reglas fiscales.

Sobre la deuda, el Consejo ha rebajado en medio punto su previsión respecto a la de septiembre, hasta el 105,5%, aunque creen que se puede mejorar de aquí a final de año por el menor gasto.

De igual manera, durante la presentación del observatorio, han recalcado que el endeudamiento de la economía española, en términos de PIB, sigue reduciéndose y lo hace tanto en empresas como en hogares, además de la Administración Pública.

NO VEN SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LA VIVIENDA A CORTO PLAZO

De igual manera, los economistas han hecho hincapié en el "grave problema" de la vivienda y han indicado que "no ven una solución a corto plazo", con precios de la vivienda que han subido un 8,7% en septiembre en tasa interanual y de alquiler que han avanzado un 10,2%, haciéndose "absolutamente insoportable" en el caso de zonas tensionadas.

Así, han pedido desarrollar una política de oferta para hacer frente a un problema que está impactando "gravemente a la sociedad", sobre todo a los más jóvenes, ya que las ayudas al comprador "no son suficientes". "Creemos que esto tiene que ser una política de oferta agresiva", han recalcado.

Ricardo Bonilla, el jefe de la cartera de Hacienda de Colombia, se reunió en Washington D.C., Estados Unidos con representantes del Fondo Monetario Internacional (FMI) para explorar la posibilidad de acceder a una nueva línea de crédito.

Esta acción se realizó en aras de refinanciar parte de la deuda nacional, que actualmente asciende a aproximadamente USD3.400 millones, según los datos oficiales.

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De acuerdo con una recopilación de datos que publicó RCN Radio, durante el año en curso, el Gobierno colombiano ha realizado tres pagos al FMI, cada uno por USD 630 millones.

En ese sentido, la propuesta del Gobierno colombiano es similar a una “compra de cartera”, donde se busca consolidar deudas en un paquete con tasas de interés más bajas. Actualmente, estas tasas de interés de los créditos del FMI para Colombia oscilan alrededor del 4.5%, mientras que los créditos multilaterales se sitúan entre el 5% y el 6%.

Ya desde el 16 de octubre de 2024, el ministro Bonilla había expresado su preocupación por las altas tasas de interés de los nuevos créditos, lo que obliga al país a destinar una gran cantidad de recursos al pago de la deuda. En ese orden de ideas, acceder a una nueva línea de crédito del FMI podría aliviar esta carga financiera.

Ese día, durante una intervención en la Cuarta Comisión del Senado, Bonilla presentó el proyecto de Ley de Financiamiento, con el que se busca “equilibrar el Presupuesto General de la Nación para el 2025″, a través del recaudo de 12 billones de pesos.

En 2025, se proyecta que $112,6 billones se destinen al pago de la deuda, lo que representa un incremento del 14% en los recursos asignados para este fin.

Bonilla precisó en el Senado que la idea es “una especie de compra de cartera efectiva, pero con tasas más bajas, lo que nos genera un alivio. Tenemos que mirar también a qué plazos, pero es no es una compra. Todavía estamos en conversaciones”.

No obstante, para el cierre de septiembre, el ministro afirmó que “no se renegociarán las deudas externas”, de manera que seguirían pagándose las obligaciones.

“No estamos renegociando el crédito del FMI, ya pagamos 3 de 8 cuotas y se van a seguir pagando”, dijo luego de una reunión en Nueva York con representantes del fondo, en la que se habría hablado de “conseguir, con apoyo del fondo, recursos que nos permitan bajar el monto que tenemos que pagar de tasas de interés”.

El otro objetivo de Bonilla en Washington D.C.

En las reuniones de otoño, Bonilla también abordó la necesidad de que la banca pública y privada modifique sus parámetros de valoración para los proyectos de inversión, especialmente aquellos con impacto ambiental.

Bonilla también habló sobre la necesidad de modificar estos parámetros para facilitar la financiación de iniciativas que contribuyan a la descarbonización del planeta, según declaraciones recogidas en el evento.

El ministro subrayó que los proyectos ambientales enfrentan desventajas frente a inversiones más rentables, como las del sector minero-energético. “Si seguimos con ese tipo de parámetros, nunca descarbonizamos el planeta”, afirmó Bonilla, quien insistió en la importancia de dirigir recursos hacia regiones críticas para la recuperación del oxígeno, como la Amazonía.

Bonilla también señaló, como se leyó en un comunicado del Ministerio, que la falta de componentes técnicos en estos proyectos contribuye a su descalificación, lo que dificulta su estructuración y financiamiento.

En este contexto, el ministro enfatizó la necesidad de reestructurar estos proyectos para que cumplan con los estándares de valoración y otorgamiento de recursos, especialmente en Suramérica, hogar de uno de los pulmones más importantes del planeta.

El ministro invitó a los asistentes a participar en la COP16, que se celebra en Cali hasta el primero de noviembre, y a los debates financieros programados para el 28 y 29 de octubre. Bonilla concluyó su intervención reiterando la urgencia de valorar los proyectos ambientales de manera diferente a como se valora la rentabilidad, con el fin de asegurar un futuro más sostenible.

En un foro celebrado en San Lázaro, los diputados del Partido del Trabajo (PT), Diana Castillo Gabino, José Luis Sánchez González y Jorge Armando Ortiz Rodríguez, expresaron su intención de revisar y reevaluar el pago de la deuda pública de México, que hasta agosto alcanzó los 16 billones 557 mil 193.7 millones de pesos, según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los diputados de la 4T reafirmaron su compromiso de legislar contra las políticas neoliberales impulsadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), y contemplan la suspensión de pagos de la deuda pública del país, su auditoría y renegociación.

La diputada Diana Castillo Gabino anunció que su bancada presentará iniciativas para promover la suspensión de la deuda pública de México e insistió en que es hora de revisar y evaluar la deuda pública para defender la soberanía nacional.

Todo esto mientras la SHCP salió al mercado a colocar bonos por 1500 millones de dólares, esto después de refinanciar en meses recientes 74 mil 856 millones de pesos, mediante la recompra de instrumentos con vencimientos entre 2024 y 2031.

La legisladora del PT subrayó la necesidad de priorizar los problemas internos del país y atender la deuda histórica con los sectores más vulnerables, como los indígenas, obreros, campesinos, jóvenes y migrantes.

En tanto, Sánchez González destacó que no solo México, sino muchos países, enfrentan una deuda que calificó de “ilegal e inmoral”.

Según él, esta deuda es “impagable y criminal”, y por ello, abogó por su cancelación. Resaltó la importancia de que esta protesta se convierta en una lucha de todos los pueblos de América Latina y del mundo.

Por su parte, Ortiz Rodríguez argumentó que los 80 años de existencia del FMI y el BM han demostrado que no contribuyen al desarrollo de los pueblos, razón por la cual promovió la suspensión de pagos de la deuda pública, enfatizando que los recursos de México deben destinarse al desarrollo del país y no a aumentar las ganancias de las transnacionales.

“Estamos promoviendo la suspensión de pagos de la deuda pública, la auditoría de esa deuda y la renegociación de esta”, expresó el legislador.

Durante el evento “¡80 años son suficientes! Por la Abolición del FMI y el BM”, los legisladores y activistas expresaran su rechazo a las políticas económicas que, según ellos, han empobrecido a los pueblos al saquear sus recursos.

En sentido opuesto, la Secretaría de Hacienda informó que “en septiembre, el gobierno de México logró exitosamente la emisión de bonos por 1,500 millones de dólares, destacándose como la mayor emisión de un solo tramo en financiamiento de proyectos en los mercados internacionales de capitales de deuda por un emisor latinoamericano”.

San Salvador, 11 oct (EFE).- El Gobierno de El Salvador aceptó la compra anticipada de bonos de su deuda externa con vencimiento entre 2027 y 2052 por 940.441.670,83 dólares, incluyendo intereses, según un boletín publicado este viernes en el sitio en el que se hizo pública la operación el pasado 5 de octubre del presente año.

La oferta de El Salvador de recompra de sus bonos que ascienden a unos 7.200 millones de dólares cerró el jueves.

De acuerdo con la misiva, la liquidación de los bonos válidamente licitados y aceptados está programada para el próximo 16 de octubre o antes e indica que "se espera que el precio de compra total más los intereses devengados que pagará la República sea de 940.441.670,83 dólares".

Según un comunicado oficial compartido el pasado 5 de octubre, se trata de nueve montos que totalizan una deuda de más de 7.199 millones de dólares, que tienen tasas de intereses entre el 6 % y 9 % de intereses.

Los montos principales que el Gobierno busca recomprar son 633 millones (2027), 529,5 millones (2029), 1.000 millones (2030), 286,4 millones (2034), 1.000 millones (2035), 653,5 millones (2041), 1.097 millones (2050), 1.000 millones (2052) y 1.000 millones "notas de solo interés".

Al cierre de 2023, la deuda pública total de El Salvador llegó a 20.097,64 millones de dólares, de los que 12.088,61 millones de dólares corresponden a deuda externa. Estas cuentas no incluyen la deuda de pensiones, que alcanzó los 10.231,93 millones de dólares.

A mediados de abril, el Gobierno de El Salvador aceptó la compra anticipada de sus bonos con vencimiento entre 2025 y 2029 por 469.9 millones de dólares.

La oferta inicial de El Salvador de recompra de sus bonos ascendía a unos 1.749 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que El Salvador hace una compra anticipada de sus bonos, dado que en 2022 lanzó dos operaciones similares y compró bonos por 647 millones de dólares. EFE

Islamabad, 11 oct (EFE).- Pakistán y Arabia Saudí firmaron una batería de acuerdos por un valor de 2.200 millones de dólares que abarcan sectores de energía, educación, y petróleo y otros, informaron este viernes fuentes oficiales.

"Pakistán y Arabia Saudí firmaron ayer 27 memorandos de entendimiento por valor de 2.200 millones de dólares en diferentes sectores, incluidos la energía, la educación, el petróleo y otros", dijo a EFE el portavoz del Ministerio de Información paquistaní, Tassawur Arafat.

Los compromisos se firmaron durante la visita de una delegación saudí de alto nivel a Pakistán.

Estos llegan en un momento en el que Islamabad intenta hacer reverdecer su economía convenciendo a sus principales aliados de invertir en el país, pese a su gran endeudamiento e inestabilidad política.

"La firma de los memorandos de entendimiento es una manifestación de los fuertes lazos fraternales entre los dos países y muestra el deseo del Reino (de Arabia Saudí) de invertir en Pakistán", remarcó el portavoz.

Pakistán atraviesa una grave crisis económica, caracterizada por una alta inflación, una devaluación de su moneda y una creciente deuda externa.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó el mes pasado un paquete de rescate para Pakistán de 7.000 millones de dólares, después de que el país cumpliera las estrictas condiciones del acreedor para el 24.º préstamo que obtiene esta nación asiática.

Pakistán ha dependido en gran medida de los préstamos del FMI para mantenerse a flote, con 24 programas de rescate desde 1950, sin contar un desembolso adicional durante la pandemia de covid.

El país asiático tiene una deuda externa estimada en más de 130.000 millones de dólares, gran parte de ella en manos de China, Emiratos Árabes y Arabia Saudita. EFE

(Desde Washington, Estados Unidos) Tras una pelea desigual que protagonizaron el Papa Francisco, el premio Nobel Joseph Stiglitz, el profesor Thomas Piketty, el exministro Martín Guzmán y la economista Mariana Mazzucato, el directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) hoy recortará los sobrecargos, un interés excesivo que el organismo multilateral cobra a los países deudores que tomaron créditos por encima de sus posibilidades financieras.

La decisión política del Fondo, empujada por Estados Unidos, tiene como principal objetivo aliviar la situación económica de Ucrania, que enfrenta a Rusia desde febrero de 2022. Vladimir Putin quiere anexar a Ucrania y ejecutó una invasión ilegal que es rechazada por la Casa Blanca y sus socios del G7.

Estados Unidos apoya el esfuerzo bélico de Ucrania -armamento, inteligencia y logística-, y ahora decidió aliviar su situación financiera global. En este contexto, el board del FMI aprobará la poda de los sobrecargos para respaldar a Ucrania, y detrás de ella se alinearán Argentina, Costa Rica, Ecuador, Egipto, Pakistan, Jordania y Kenia.

Los sobrecargos son intereses adicionales que el FMI impone a sus estados miembros muy endeudados, en relación con el tamaño y el tiempo de reembolso de sus préstamos. Al principio, pagar los sobrecargos implicaba a acceder a créditos más baratos respecto a los intereses que se pagaban en mercado. Fue un recurso diseñado para facilitar la recuperación económica de los países con medianos y bajos ingresos.

Pero esta ecuación crédito multilateral versus crédito de los mercados implosionó cuando se comprobó que el FMI prestaba carísimo y condicionaba las políticas económicas de los países con los programas que imponía a cambio de los desembolsos.

Antes de la decisión que asumirá hoy el directorio, los créditos que superan el 187,5 % de la cuota tienen un sobrecargo del 2 por ciento sobre el saldo de la deuda impaga. Y el FMI agrega un 1% adicional a la deuda pendiente después de tres años. Se estima que el FMI cobrará a sus socios cerca de 10.000 millones de dólares por sobrecargos en los próximos cinco años, si hoy no hay un cambio en la ecuación que utliza el board para estos intereses extraordinarios.

Ucrania está previsto que pague 2.900 millones de dólares entre 2024 y 2033. Y en el caso de la Argentina, solo en los últimos tres años el país pagó USD 3.700 millones de dólares en sobrecargos. Una suma colosal por el nivel de reservas del Banco Central y la constante crisis económica.

“Las investigaciones muestran que los recargos del FMI son procíclicos y regresivos, ya que exigen tasas de interés y comisiones más altas a los países durante las crisis financieras, cuando deberían estar invirtiendo en su propia recuperación. Durante años, investigadores y defensores de los derechos humanos han documentado cómo la actual política de recargos impide que los países de ingresos bajos y medios recuperen la estabilidad financiera, incluso mediante la acumulación de mayores préstamos y la imposibilidad de acceder a los mercados internacionales. Los recargos aumentan la tasa de interés anual potencial total impuesta por el FMI a casi el 8%”, sostiene una carta enviada por la Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas, de la Universidad de Columbia, a los miembros del directorio del FMI.

La carta está firmada por Guzmán, Martín Lousteau, Jorge Remes Lenicov y Axel Kicillof, cuatro exministros de Economía de la Argentina, junto a Stiglitz, Piketty, Mazzucato, Gustavo Béliz, Kevin Gallagher y Jayati Ghosh, dos reconocidos académicos a nivel mundial.

Al margen de la carta de académicos y exfuncionarios que atraviesa distintas ideologías detrás de un objetivo económico común, Javier Milei tambien apoyó la necesidad de recortar los sobrecargos.

Durante su última visita a DC, Diana Mondino planteó el asunto a Jake Sullivan, consejero de Seguridad Nacional de Biden. Y Luis Caputo junto a Pablo Quirno insistieron con el tema cuando se encontraron con Kristalina Georgieva durante las sesiones de primavera del FMI.

Los tres funcionarios -Canciller, ministro de Economía y secretario de Finanzas- articularon una estrategia política que ejecutó una orden directa del Presidente.

La decisión del FMI está orientada a aliviar la situación económica y financiera de Ucrania, pero el recorte de los sobrecargos implicó un movimiento previo de política global que Francisco empujó en absoluto silencio. El Papa tiene buen diálogo con Joe Biden y Kristalina Georgieva, y fue clave para llegar a la decisión política de recortar los sobrecargos, que empezó a tratarse dos años antes de la invasión de Moscú a Kiev.

En este contexto, Ucrania y otros 21 países se beneficiarán por el recorte de los sobrecargos: Angola, Argentina, Armenia, Barbados, Benín, Costa Rica, Costa de Marfil, Ecuador, Egipto, Gabón, Georgia, Jordania, Kenia, Moldavia, Mongolia, Macedonia del Norte, Pakistán, Senegal, Seychelles, Sri Lanka, Túnez.

Kristalina Georgieva participará en la reunión del board, que empieza a las 10 AM (hora del este en Estados Unidos). Se necesita el 70 por ciento de los votos para aprobar el recorte, y el apoyo político está garantizado por la Casa Blanca y sus socios del G7.

El board tratará la reducción de los sobrecargos a partir de un informe técnico presentado por asesores de finanzas y miembros de la influyente oficina de Estrategia, Política y Revisión (SPR, por sus siglas en inglés). Ese informe propone la reducción de los sobrecargos por medio de tres ejes fundamentales:

• Subir el umbral que se aplica para exigir los sobrecargos.
• Reducir la tasa de los sobrecargos.
• Achicar la tasa básica.

Es decir, la baja de los sobrecargos implicará un mix de los tres andariveles, y el board debe decidir que porcentaje se asignará al umbral y a las tasas.

Hasta anoche, los sobrecargos del dos por ciento -umbral- se empezarían a cobrar en los créditos que superen el 300 por ciento de la cuota asignada (en lugar del 187,5 %); el margen bajaría de 100 puntos básicos a un nivel entre 70 y 90, y la base se reduciría de 100 a 75.

En el Palacio de Hacienda ya tienen los números que se tratarán hoy en el directorio del FMI. Y la cuenta que le dio a Luis Caputo significa que Argentina podría ahorrarse una suma promedio de 400 millones de dólares al año.

No es poco con las reservas del Banco Central en rojo.

El Banco de la República entregó un nuevo reporte de la situación de la deuda externa de Colombia, que es el monto, en un determinado momento, de los pasivos contractuales desembolsados y pendientes de reintegro que asumen los residentes de un país frente a no residentes, con el compromiso de realizar en el futuro los pagos del principal (capital), los intereses o ambos.

Según el Emisor, en julio de 2024, esta alcanzó los USD197.538 millones, lo que representa un incremento del 3,73% en comparación con los USD190.429 millones de julio de 2023.

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La relación de la deuda externa con el Producto Interno Bruto (PIB) de Colombia mostró un cambio importante. En julio de 2024, esta relación fue del 48,7%, una disminución notable en comparación con el 57% registrado en el mismo mes del año anterior. Este dato confirmó que, aunque la deuda creció en términos absolutos, su proporción respecto al tamaño de la economía disminuyó.

En lo que tiene que ver con la deuda del sector público, esta alcanzó los USD113.192 millones, lo que representa un incremento del 4,42% respecto al mismo mes del año anterior, cuando resultó de USD108.398 millones.

Por otro lado, la deuda privada también experimentó un incremento, alcanzando los USD84.346 millones en julio de 2024. Este monto representa un aumento del 2,82% en comparación con los USD82.032 millones del mismo mes del año anterior. Estos datos reflejan un crecimiento tanto en la deuda pública como en la privada, aunque con variaciones en sus tasas de incremento.

El análisis de estos números revela una tendencia alza en la deuda externa de Colombia, tanto en el sector público como en el privado. Sin embargo, la disminución en su relación con el PIB podría interpretarse como un indicio de que el crecimiento económico del país está absorbiendo parte del impacto de este aumento en la deuda.

Gobierno Petro contra congresistas por la deuda

El director de Crédito Público, José Roberto Acosta, lanzó una preocupante advertencia sobre la delicada situación financiera que enfrenta Colombia. Criticó, el 17 de septiembre, que la falta de acciones concretas de la Comisión Interparlamentaria agravó el riesgo de un posible incumplimiento de pagos internacionales, conocido como default.

Acosta lamentó que la Comisión no haya logrado el cuórum necesario en sus últimas seis convocatorias, lo que impide al Gobierno emitir bonos nacionales en el exterior y suscribir créditos con la banca multilateral, indispensables para mantener el cumplimiento de los compromisos financieros del país.

“Estas sesiones eran cruciales para permitirle al Gobierno nacional emitir bonos en el exterior y firmar contratos de crédito con la banca multilateral”, declaró Acosta. La omisión de la Comisión, según dijo, podría tener consecuencias nefastas para la economía nacional y la reputación financiera de Colombia en el ámbito internacional.

Un día después, el 18 de septiembre, la Comisión Interparlamentaria de Crédito respondió con dureza al funcionario. Incluso, calificó las afirmaciones como “irrespetuosas” y “falaces”. La misma, por medio del representante a la Cámara Wilmer Castellanos, respondió con un comunicado en el que se decidió “develar la verdad sobre lo sucedido”.

Según el documento, la mayoría de los miembros de dicha comisión (exactamente cuatro de siete integrantes) llegaron entre la primera y segunda semana de agosto a integrarla, y en consecuencia llevan pocas semanas.

Entonces, para ellos, no hay una razón para afirmar que quieren hacerle daño al país, por querer tomar decisiones responsables basadas en datos reales que no quieren ser suministrados por el Gobierno y no querer asumir los costos de su propia negligencia.

Por lo tanto, se aclaró que no es cierto se citó a sesión de la comisión seis veces, sino que en realidad van cinco citaciones formales, de las cuales solo las dos últimas se convocaron por el funcionario competente.

Asimismo, para la convocatoria del lunes 9 de septiembre de 2024, el Ministerio de Hacienda, por iniciativa propia y en acuerdo con todos los congresistas, aplazó dicha citación por imposibilidad de hacerla al estar citada a la misma fecha y hora la Plenaria de la Cámara de Representantes que por ley quinta tiene prelación sobre cualquier comisión, como es de conocimiento público.

San José, 5 oct (EFE).- Nicaragua cerró el primer semestre de 2024 con una deuda externa (pública y privada) de 15.272,9 millones de dólares, lo que equivale al 85,7 % del producto interior bruto (PIB) del país (17.829,2 millones de dólares), informó este sábado el Banco Central nicaragüense.

Del total del endeudamiento al finalizar junio pasado, 8.638,6 millones de dólares correspondieron al sector público (56,6 % del total) y 6.634,3 millones de dólares al privado (43,4 % del total), precisó la autoridad monetaria en un informe.

La deuda externa total disminuyó en 47,5 millones de dólares (-0,3%) con respecto al saldo del trimestre anterior (15.320,3 millones) como resultado de la disminución de 77,4 millones de dólares en la deuda externa privada, el cual fue contrarrestado por el aumento de 29,9 millones de la deuda externa pública, explicó el ente emisor.

Los desembolsos de préstamos en el segundo trimestre (abril a junio) de este año fueron de 836,3 millones de dólares, de los cuales 83,8 % provino de acreedores privados y 16,2 % de acreedores oficiales bilaterales, de acuerdo con la información.

Del total de esos desembolsos, 700,5 millones de dólares fueron para el sector privado y 135,7 millones de dólares al sector público, detalló la autoridad monetaria.

Las principales actividades económicas que tuvieron como destino los desembolsos externos fueron la intermediación financiera (25,7 %), comercio (25,1 %), industria manufacturera (24,5 %), construcción (7,9 %), administración pública (4,2 %), minería (4 %), electricidad, gas y agua (3,6 %), servicios sociales, salud y educación (3,1 %), sector agropecuario (1,4 %), transporte y comunicaciones (0,5 %).

En tanto, el servicio de la deuda externa fue de 975,2 millones de dólares en el segundo trimestre de 2024, de los cuales 882,6 millones de dólares fueron pagos de principal y 92,6 millones de dólares en intereses y comisiones, precisó el Banco Central.

Del total del servicio pagado, el 82 % correspondió al sector privado, y el resto al sector público (18 %), según el informe.

En julio pasado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó aumentar de 707 millones de dólares a 1.208 millones de dólares el límite máximo de la deuda externa del Gobierno Central, después de superar la cifra inicial con préstamos de China.

Ahora el monto máximo anual de deuda externa a contratar por el Gobierno central es de 1.208 millones de dólares, de 115 millones de dólares de deuda interna del Gobierno central con el sector privado, de 132,3 millones de dólares de deuda contingente y de 15 millones de deuda interna de empresas. EFE

San Salvador, 4 oct (EFE).- El Gobierno de El Salvador lanzó el viernes una oferta de recompra de su deuda externa con vencimientos entre 2027 y 2052 por unos 7.200 millones de dólares, según informó el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

"Hoy hemos lanzado la oferta de RE COMPRA de nuestra DEUDA EXTERNA, que tiene vencimiento desde el 2027 hasta el 2052. Todos los que posean bonos de la República de El Salvador pueden acceder a esta recompra pública y voluntaria", publicó Bukele en su cuenta de X.

De acuerdo con un comunicado oficial, se trata de nueve montos que totalizan una deuda de más de 7.199 millones de dólares, que tienen tasas de intereses entre el 6 % y 9 % de intereses.

Los precios de compra ofrecidos por el Gobierno salvadoreño se ubican entre los 24 y 1.025 dólares.

"La invitación es parte de un programa más amplio de El Salvador para administrar su deuda pública externa de manera proactiva y promover ciertos esfuerzos de conservación y sostenibilidad en El Salvador", señala la misiva publicada en inglés.

Agrega que El Salvador "se reserva el derecho, a su entera discreción, de aceptar solo una parte de los bonos ofrecidos, de no aceptar ninguna o todas las ofertas y de extender o terminar la Invitación con respecto a una o más series por cualquier motivo".

La nota indica que El Salvador anunciará el 15 de octubre "el monto total de capital de cada serie aceptada para la compra" y el monto total de capital de cada serie que quede en circulación.

Los montos principales que el Gobierno busca recomprar son 633 millones (2027), 529,5 millones (2029), 1.000 millones (2030), 286,4 millones (2034), 1.000 millones (2035), 653,5 millones (2041), 1.097 millones (2050), 1.000 millones (2052) y 1.000 millones "notas de solo interés".

Al cierre de 2023, la deuda pública total de El Salvador llegó a 20.097,64 millones de dólares, de los que 12.088,61 millones de dólares corresponden a deuda externa. Estas cuentas no incluyen la deuda de pensiones, que alcanzó los 10.231,93 millones de dólares.

A mediados de abril, el Gobierno de El Salvador aceptó la compra anticipada de sus bonos con vencimiento entre 2025 y 2029 por 469.9 millones de dólares.

La oferta inicial de El Salvador de recompra de sus bonos ascendía a unos 1.749 millones de dólares.

Esta no es la primera vez que El Salvador hace una compra anticipada de sus bonos, dado que en 2022 lanzó dos operaciones similares y compró bonos por 647 millones de dólares. EFE

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que actualizó su programa para emisión de deuda externa ante la Comisión de Bolsa de Valores (SEC, por sus siglas en inglés), lo cual afirmó que no representa una nueva operación ni la intención de realizar una transacción en el mercado.

En u comunicado, la dependencia explicó que la actualización no tiene impacto alguno en los techos de endeudamiento externo autorizados por el Congreso de la Unión para el año fiscal en curso ni para los siguientes y no implica, ”bajo ninguna circunstancia”, un compromiso u obligación para realizar algún tipo de emisión..

Agregó que esto forma parte de un requerimiento que pide la SEC a todos los emisores soberanos, el cual también ya realizaron otros países como Panamá, Brasil y Chile.

“Dicha actualización es un requerimiento que la SEC (Securities and Exchange Commission) de Estados Unidos solicita a todos los emisores soberanos, para agilizar las operaciones que estos puedan llevar a cabo en el mercado externo en la ventana de oportunidad que consideren, sin requerir un registro por operación, sino mediante un monto global autorizado (programa por 15 mil millones de dólares) con una vigencia intertemporal. Este proceso no implica bajo ninguna circunstancia un compromiso u obligación para realizar algún tipo de emisión.

“Recientemente, otros países actualizaron de la misma manera sus respectivos programas ante la SEC. Panamá, Brasil y Chile son ejemplo de otros países que han actualizado recientemente su monto registrado ante dicho órgano regulatorio”, se lee en el documento.

Finalmente, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Hacienda, reafirmó su compromiso de utilizar el crédito externo como una fuente “meramente complementaria de financiamiento”, al cual aseguró que se recurrirá únicamente cuando las condiciones atractivas de costo y riesgo puedan ser obtenidas, “siempre y cuando se encuentre dentro de los techos de endeudamiento externos autorizados por el Congreso de la Unión”.

Amjad Ali

Islamabad, 3 oct (EFE).- La alegría por un rescate de 7.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ayudará a Pakistán a sortear la crisis económica que vive desde hace años, ha dado paso a una creciente incertidumbre en el país asiático por las estrictas reformas que acarreará el programa, como el recorte de empleos o una subida de impuestos.

El Gobierno de Pakistán anunció la semana pasada la obtención de este préstamo a 37 meses del FMI, el 25º rescate que recibe desde 1958, y que está inicialmente dirigido a aliviar la crisis que atraviesan los más de 240 millones de habitantes de esta nación del sur de Asia.

Pero la firma de este acuerdo, del que ya se liberaron los primeros 1.000 millones de dólares, ha venido acompañada de una serie de medidas impulsadas por el Gobierno para cumplir con las demandas del prestamista mundial que no han hecho más que elevar la presión sobre los ciudadanos.

"El préstamo proporcionará alivio al servicio de la deuda al Gobierno, pero será a costa de los pobres, ya que serán ellos quienes sufrirán la peor parte", dijo a EFE el ex ministro de Finanzas paquistaní, Miftah Ismail.

Una de las primeras decisiones en esta dirección fue el recorte de alrededor de 150.000 puestos de trabajo, además del cierre de seis ministerios y la fusión de otros dos, que anunció el Gobierno el pasado domingo.

Otras medidas que suelen seguir a los rescates del FMI incluyen la reducción del gasto público, el aumento de los impuestos, el gravamen de sectores no tradicionales como la agricultura y el sector inmobiliario, o la limitación de los subsidios, todas ellas nuevas cargas para una población ya muy aquejada por el incremento del coste de nivel de vida.

A esto se suma el plan de Islamabad de privatizar todas las empresas estatales, excepto las entidades más estratégicas, incluida la aerolínea estatal Pakistan International Airlines (PIA).

La inestabilidad política que atraviesa Pakistán, especialmente tras la destitución del ex primer ministro Imran Khan mediante una moción de censura en 2022, no hace más que dificultar la gestión de la crisis económica.

Los expertos señalan que alcanzar el consenso político en torno a las reformas económicas debe ser, por tanto, uno de los principales desafíos de Pakistán, de forma que se mantenga la misma línea independientemente de qué partido ostente el poder.

No obstante, las discrepancias continuas entre Gobierno y oposición hacen difícil pensar que esto vaya a suceder a corto plazo, con Khan en prisión desde hace más de un año y los opositores convocando repetidamente protestas para pedir su liberación y contra la situación de la economía.

 En este panorama, las reservas extranjeras de Pakistán en el banco central ascienden actualmente a 9.500 millones de dólares, que apenas son suficientes para cubrir poco más de dos meses de importaciones, según datos oficiales.

Aunque esta cifra supone un aumento considerable desde mayo de 2023, cuando cayeron a 3.000 millones de dólares y la inflación se disparó al 38%.

Según Ismail, esta situación límite "ha afectado al poder adquisitivo de la población", y se ha traducido especialmente en una pérdida del poder adquisitivo de las clases media y baja.

Pero este experto no cree que el panorama vaya a cambiar a corto plazo, y es que la postura generalizada entre los economistas es de que el préstamo de 7.000 millones de dólares está más enfocado a facilitar el pago de la deuda externa de Pakistán, que asciende a 100.000 millones en los próximos cuatro años, en lugar de a atajar el malestar de los paquistaníes.

De momento, el Gobierno del primer ministro Shehbaz Sharif ha anunciado que pretende ampliar la red impositiva incorporando los sectores agrícola, minorista y mayorista, así como obligar a todos los ciudadanos a declarar sus impuestos si quieren comprar propiedades o vehículos.

Esto se ha traducido en un aumento considerable del número de declarantes, informó el actual ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb, que precisó que este año han registrado 732.000 nuevos contribuyentes, frente a los 300.000 contribuyentes primerizos del año pasado.

A cambio de su confianza, Sharif ha asegurado a los ciudadanos que este será el último préstamo que el país pedirá al FMI, lo que le permitiría recobrar su independencia económica.

Pakistán es el quinto mayor deudor del FMI después de Argentina, Egipto, Ucrania y Ecuador, según datos del FMI.

El país estuvo cerca de la suspensión de pagos el año pasado, pero obtuvo un breve respiro al alcanzar un préstamo de 3.000 millones de dólares del FMI.EFE

San José, 02 oct (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, autorizó este miércoles al ministro de Hacienda y Crédito Público, Bruno Gallardo, a suscribir en nombre y representación del Gobierno nicaragüense un préstamo por 70,55 millones de dólares con una empresa china para la construcción de una planta fotovoltaica.

Esos recursos serán utilizados para financiar el proyecto 'Construcción de Planta Fotovoltaica' para la operación de los sistemas de la estatal Empresa Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados Sanitarios (Enacal) en el municipio de Masaya, 28 kilómetros al sur de Managua, precisó Ortega a través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta.

Nicaragua suscribirá con la empresa China Communications Construction Company Limited (CCCC), de la República Popular de China, ese acuerdo de facilidad de crédito por 502,3 millones de yuanes, equivalentes a 70,55 millones de dólares, de acuerdo con la información.

Ortega también autorizó al presidente ejecutivo de Enacal, Ervin Barreda, a suscribir con esa empresa china el contrato de proyecto de 'Construcción de Planta Fotovoltaica para la Operación de los Sistemas de Enacal' en el municipio de Masaya.

Con esos 70,55 millones de dólares, el endeudamiento externo del Gobierno de Nicaragua solo con empresas chinas se eleva a 919,72 millones de dólares en lo que va de año.

El 23 de mayo pasado, el titular de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional (Parlamento), el oficialista Wálmaro Gutiérrez, precisó que China ha prestado a Nicaragua 567,17 millones de dólares para la ejecución de cuatro proyectos en los últimos seis meses, sin incluir los 282 millones de dólares para la carretera costanera y para las emergencias.

El 20 de diciembre de 2023, el presidente Ortega calificó de "mejor regalo navideño" y "una gran noticia" el acuerdo entre China y Nicaragua de elevar sus relaciones diplomáticas al grado de "asociación estratégica".

La decisión de elevar las relaciones diplomáticas a "asociación estratégica" se oficializó después de que el presidente chino, Xi Jinping, mantuviera una conversación telefónica con Ortega la noche del 19 de diciembre de 2023.

Las relaciones diplomáticas entre la República Popular China y la República de Nicaragua se establecieron inicialmente en diciembre de 1985, durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990).

En 1990, el Gobierno de Violeta Barrios de Chamorro estableció lazos con Taiwán y, finalmente, el 10 de diciembre de 2021 China y Nicaragua reanudaron relaciones diplomáticas después de que el país centroamericano cortara los lazos con Taipei, territorio cuya soberanía reclama China. EFE

Islamabad, 29 sep (EFECOM).- El Gobierno de Pakistán ha anunciado este domingo su intención de eliminar 150.000 puestos de trabajo vacantes en la administración pública, en un intento de recortar los gastos y cumplir con las demandas del Fondo Monetario Internacional (FMI) tras aprobar un nuevo plan de rescate.

Esta medida, que representa aproximadamente el 60 % de las plazas vacantes, forma parte de un plan de ajuste fiscal exigido por el FMI a cambio de un nuevo préstamo de 7.000 millones de dólares.

Además de la reducción de personal, el Gobierno disolverá un ministerio y fusionará otros dos, ha explicado el ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb.

Pakistán atraviesa una grave crisis económica, caracterizada por una alta inflación, una devaluación de su moneda y una creciente deuda externa.

"El comité de ajuste ha revisado seis ministerios hasta ahora, en la primera fase. Se ha aprobado la disolución de un ministerio, mientras que otros dos se fusionarán", ha dicho el ministro en una declaración recogida por el medio paquistaní Geo News.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó esta semana un paquete de rescate para Pakistán de 7.000 millones de dólares, después de que el país cumpliera las estrictas condiciones del acreedor para el 24.º préstamo que obtiene esta nación asiática.

El plan de rescate de 37 meses, que Islamabad espera sea el último que pide al prestamista global, estipulaba un primer tramo de 1.100 millones de dólares, que fue liberado esta misma semana.

Pakistán ha dependido en gran medida de los préstamos del FMI para mantenerse a flote, con 24 programas de rescate desde 1950, sin contar un desembolso adicional durante la pandemia de covid.

Pakistán es el quinto mayor deudor del FMI, con una deuda de más de 6.000 millones de dólares a fecha 11 de julio. Argentina ocupa el primer puesto, según datos del prestamista.

El país asiático tiene una deuda externa estimada en más de 130.000 millones de dólares, cerca de un tercio de ella en manos de China, mientras que sus reservas internacionales se encuentran por debajo de los 14.000 millones. EFECOM

Islamabad, 29 sep (EFE).- El Gobierno de Pakistán anunció este domingo su intención de eliminar 150.000 puestos de trabajo vacantes en la administración pública, en un intento de recortar los gastos y cumplir con las demandas del Fondo Monetario Internacional tras aprobar un nuevo plan de rescate.

Esta medida, que representa aproximadamente el 60% de las plazas vacantes, forma parte de un plan de ajuste fiscal exigido por el Fondo Monetario Internacional (FMI) a cambio de un nuevo préstamo de 7.000 millones de dólares.

Además de la reducción de personal, el gobierno disolverá un ministerio y fusionará otros dos, anunció el ministro de Finanzas, Muhammad Aurangzeb.

Pakistán atraviesa una grave crisis económica, caracterizada por una alta inflación, una devaluación de su moneda y una creciente deuda externa.

"El comité de ajuste ha revisado seis ministerios hasta ahora, en la primera fase. Se ha aprobado la disolución de un ministerio, mientras que otros dos se fusionarán", dijo el ministro en una declaración recogida por el medio paquistaní Geo News.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó esta semana un paquete de rescate para Pakistán de 7.000 millones de dólares, después de que el país cumpliera las estrictas condiciones del acreedor para el 24.º préstamo que obtiene esta nación asiática.

El plan de rescate de 37 meses, que Islamabad espera sea el último que pide al prestamista global, estipulaba un primer tramo de 1.100 millones de dólares que fue liberado esta misma semana.

Pakistán ha dependido en gran medida de los préstamos del FMI para mantenerse a flote, con 24 programas de rescate desde 1950, sin contar un desembolso adicional durante la pandemia de covid.

Pakistán es el quinto mayor deudor del FMI, con una deuda de más de 6.000 millones de dólares al 11 de julio. Argentina ocupa el primer puesto, según datos del prestamista.

El país asiático tiene una deuda externa estimada en más de 130.000 millones de dólares, cerca de un tercio de ella en manos de China, mientras que sus reservas internacionales se encuentran por debajo de los 14.000 millones. EFE

Buenos Aires, 27 mar (EFE).- Argentina registró a finales del primer semestre de 2024 una deuda externa bruta de 286.881 millones de dólares, lo que implica que el 'stock' de deuda bajó un 1 % con relación al primer trimestre, informaron este viernes fuentes oficiales.

Según indicó en un informe el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), este descenso se debió a la caída de 1,6 % de la deuda del gobierno nacional, a 154.536 millones, y de 1 % del endeudamiento del sector de sociedades no financieras y hogares, a 101.154 millones.

Además, contribuyó la baja de 13,7 % de la deuda de las sociedades captadoras de depósitos, a 2.260 millones de dólares, y de 7,5 % del endeudamiento de otras sociedades financieras, a 1.614 millones de dólares.

En contraste, el endeudamiento del Banco Central subió 4,8 %, a 27.317 millones de dólares.

En términos anuales, el 'stock' de deuda externa bruta total a valor nominal se incrementó en 10.680 millones de dólares con respecto a los 276.201 millones de dólares registrados en el mismo período de 2023.

De acuerdo a los datos oficiales, el 'stock' de deuda externa bruta total de Argentina, pero medido a valor de mercado, bajó 0,2 % trimestral, a 248.378 millones de dólares al final del primer trimestre de este año.

En términos interanuales, la deuda a valor de mercado subió en 19.141 millones de dólares, desde los 229.237 millones de dólares que se computaban a finales del segundo trimestre de 2023.

La deuda del Gobierno estaba compuesta al segundo trimestre de 2024 por 74.277 millones de dólares de organismos internacionales, 4.571 millones de dólares de otros acreedores y 62.431 millones de dólares en títulos de deuda a valor nominal, pero cuyo valor de mercado es de 29.090 millones, lo que evidencia la baja valuación de mercado de los bonos soberanos argentinos.

En tanto, la deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI), organismo con el que Argentina firmó en marzo de 2022 un acuerdo de refinanciación, ascendía a finales del segundo semestre a 41.546 millones de dólares, con un descenso en 1.417 millones respecto al primer trimestre. EFE

Desde Nueva York, Estados Unidos, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que el país no renegociará la deuda externa con el Fondo Monetario Internacional (FMI), luego de que la Comisión Interparlamentaria del Congreso negará la iniciativa de Gobierno de emitir bonos necesarios para cumplir con los pagos de la deuda externa.

“No estamos renegociando el crédito, no estamos hablando de renegociar el crédito del Fondo Monetario Internacional, ya pagamos tres de ocho cuotas y se van a seguir pagando”, explicó el jefe de cartera económica en declaraciones a los medios de comunicación, durante su visita a Nueva York, donde acompaña al presidente Petro.

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Adicionalmente, el ministro resaltó que tuvo un encuentro con directivos del FMI, en la que sostuvo que “se trató de conseguir, con apoyo del fondo, recursos que nos permitan bajar el monto que tenemos que pagar de tasas de interés”.

De igual manera, Bonilla recordó que, en lo corrido de este año, “estamos pagando 95 billones de pesos en crédito, al FMI le vamos a pagar 11, eso es un pedacito que es el 12%, ese es el crédito más barato, pero de esos créditos estamos pagando una tasa de interés que oscilan al rededor de un total de 40 billones”.

Sin embargo, el jefe de cartera de Hacienda explicó que, para el año 2025, el Gobierno tiene proyectado un presupuesto de 112 billones de pesos en esta materia, de los cuales, el 53 por ciento serán destinados a cubrir intereses. Finalmente, Ricardo Bonilla aclaró que esta es “una deuda que viene de atrás”, es decir, responsabilizando al anterior gobierno sobre el pago de deuda externa.

Reunión entre Gustavo Petro y presidenta del FMI

En la mañana de este miércoles 25 de septiembre, el presidente Gustavo Petro sostuvo un encuentro con Kristalina Georgieva, presidenta del Fondo Monetario Internacional (FMI), durante su cuarto día de agenda en el país norteamericano, en la que abordaron varios aspectos en materia económica, entre ellos, la propuesta de cambio de deuda externa por acción climática, una idea que ha reiterado constantemente el jefe de Estado durante sus eventos públicos.

El encuentro se dio en la residencia de la misión de Colombia ante Naciones Unidas, lugar donde el presidente Gustavo Petro participa en la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Yo voy a hablar con la señora Georgieva, se llama, ¿cierto?, que es la directora, presidente, no sé bien, del Fondo Monetario Internacional, para cambiar esa deuda de corto plazo por la misma deuda, porque hay que pagar y nosotros pagamos, pero en el largo plazo”, expresó el jefe de Estado en una rueda de prensa previa al encuentro.

A su vez, el mandatario colombiano recalcó que “El Fondo Monetario Internacional está adelantando un estudio para establecer por qué el nivel de riesgo que corren a Colombia es muy alto en la colocación de bonos y en la colocación de algunos créditos de multilaterales, no con el fondo monetario”.

Durante la reunión, el presidente estuvo acompañado del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y la directora del Departamento Administrativo de Presidencia (Dapre), Laura Sarabia.

Gustavo Petro criticó que el Congreso negara proyecto de bonos para deuda externa

Luego de que el Congreso negara el proyecto sobre la emisión de bonos que cubría el pago de la deuda externa, el presidente Gustavo Petro, cuestionó la decisión de los representantes, asegurando que esta decisión es más grave que la negativa de las Comisiones Económicas del legislativo frente al Presupuesto General de la Nación para el año 2025, que estaba por el orden de 523 billones de pesos.

El presidente Petro había escrito en su cuenta de X que “creo que más grave que las comisiones económicas del Senado no aprueben el presupuesto es que la comisión interparlamentaria de crédito público no apruebe los pagos de la deuda externa del país mediante la táctica de la inasistencia. Eso lleva a un default artificial, a encarecer la deuda y a una pérdida fiscal incuantificable (sic)”.

Según los datos del Banco de la República, la deuda externa en Colombia alcanzó una cifra de 198.034 millones de dólares, monto que supera el Producto Interno Bruto (PIB) del país.

El Tribunal de Nueva York dictó su sentencia en el caso de los bonistas que demandaron al Gobierno de La Rioja por el incumplimiento del pago de una deuda de USD 16 millones que data de febrero pasado.

Cabe recordar, que el 24 de febrero la provincia de La Rioja incumplió con el pago de USD 26,3 millones de capital e intereses adeudados bajo sus Bonos Verdes emitidos internacionalmente. El gobierno riojano decidió pagar solo los intereses y comunicar que iniciaba formalmente un proceso de reestructuración, bajo argumentos de una situación fiscal compleja. Esa maniobra dejó un saldo deudor de más de USD 16 millones, que sirvió como disparador de la causa judicial.

Meses más tarde, sin haber llegado a un acuerdo con los acreedores y habiendo incumplido otro pago similar por USD 26 millones a finales de agosto, La Rioja recibe un fallo desfavorable por parte de la Justicia de Estados Unidos.

En concreto, el Tribunal de Nueva York ordenó al gobierno de esa provincia pagarle USD 39,9 millones a los bonistas, más un dinero adicional que se sumará día a día. ¿Cómo se divide el pago? Por un lado, La Rioja tendrá que abonar USD 25.964.556 a Beauregarde Holdings LLP por daños, más un adicional de intereses diarios de USD 6.107 hasta que se dicte la sentencia final. Por otra parte, tendrá que abonar USD 12.765.640 por daños a Beauregarde Holdings II LLP, más USD 3.002 diarios y deberá pagar otros USD 1.126.286 a Sandglass Select Fund, más un interés diario de USD 264, también hasta que se dicte la sentencia definitiva. El fallo fue dictado por la jueza Jessica Clarke.

El origen de la deuda

El bono en cuestión es denominado en dólares y fue emitido en 2017. Durante el gobierno de Cambiemos una docena de provincias, con el mercado internacional de deuda abierto para la Nación, hicieron sus propias colocaciones de títulos en moneda extranjera. En el caso riojano, fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.

La deuda fue reestructurada en 2021, con el acuerdo del 99% de los tenedores de refinanciar los vencimientos de capital. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que subirá hasta el 8,5% anual en 2028. La provincia, gobernada por Ricardo Quintela, tampoco cumplió con ese nuevo acuerdo, presuntamente por la situación macroeconómica registrada el año pasado.

Los bonistas, por su parte, se organizaron alrededor del bufete Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan especializado en este tipo de reclamos, y decidieron ir directamente a los tribunales de Nueva York -el contrato del bono determina que ante un incumplimiento la jurisdicción de litigio es Estados Unidos- y sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”.

El texto además apunta que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021.

La Rioja aludió a que las dificultades económicas sufridas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago.

En lo que resta del año, las provincias tienen en su calendario financiero una serie de giros a sus bonistas. En total, el 2024 contempla pagos por unos USD 1.955 millones desde las provincias, de los cuales faltan pagar alrededor de USD 912 millones, según estimaciones de Politikón Chaco. Buenos Aires será la que tendrá la carga de intereses más pesada (USD 350 millones en septiembre), seguido por Córdoba (USD 176 millones), Entre Ríos (USD 63,8 millones), Mendoza (USD 58,4 millones), Río Negro (USD 43,4 millones) Salta (USD 36,2 millones) y Chubut (USD 33 millones).

La Secretaría de Hacienda informó este martes que la deuda pública neta de México alcanzó el 47.6% de su Producto Interno Bruto (PIB) en la primera mitad de 2024, superando tanto el 46,8% al final de 2023 como el 46.2% correspondiente al mismo periodo del año anterior.

La deuda total neta ascendió a 16.14 billones de pesos, (819.225,5 millones de dólares) en el primer semestre del año, según el tipo de cambio. En comparación, en junio de 2023, la dependencia a cargo de Rogelio Ramírez de la O había informado una deuda de casi 14.19 billones de pesos.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer el aumento de la deuda en su reporte ‘Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública al segundo trimestre de 2024′.

A pesar de este aumento, la SHCP sostuvo que “la deuda pública se mantuvo en un nivel sostenible” y destacó que México sigue consolidándose como uno de los países emergentes con menor endeudamiento relativo, manteniendo su grado de inversión según las principales agencias calificadoras.

“Consolidó a México como uno de los países emergentes con menor endeudamiento relativo y conservando el grado de inversión”, aseguró Hacienda.

Así va la economía de México en 2024

Además del incremento en la deuda, el reporte evidenció un crecimiento interanual del 5.3% en los ingresos presupuestarios totales para el primer semestre del año, que se situaron en casi 3.82 billones de pesos. Este aumento en los ingresos fue impulsado principalmente por un crecimiento del 8.5% en los ingresos petroleros y del 6.2% en la recaudación tributaria.

El informe también señaló que durante el segundo trimestre de 2024, la actividad económica global experimentó una desaceleración en comparación con el trimestre anterior, en un contexto de condiciones financieras restrictivas, tensiones geopolíticas y condiciones climatológicas adversas.

“La actividad económica global registró un menor crecimiento en un contexto donde prevalecieron condiciones financieras restrictivas, tensiones geopolíticas y condiciones climatológicas adversas”, resaltó el gobierno mexicano.

En el segundo trimestre de 2024, la economía mundial mostró un crecimiento menor en comparación con el trimestre anterior, influenciada por condiciones financieras restrictivas, tensiones geopolíticas y factores climatológicos adversos.

Según estimaciones oportunas del Inegi, la economía en México creció un 0.2% trimestral durante el segundo trimestre del año, con cifras ajustadas por estacionalidad. Dicho crecimiento fue respaldado principalmente por el desempeño positivo en los sectores industrial y de servicios.

La demanda interna tuvo un papel destacado en el dinamismo económico, impulsada por el consumo y la inversión. Entre enero y abril, la inversión creció un 11.9% anual en promedio, liderada por el sector privado, que ha mostrado incrementos consecutivos anuales desde marzo de 2021, alcanzando niveles máximos desde 1993, según reportes del Inegi.

En el ámbito laboral, la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) indicó que la población ocupada creció en promedio 973 mil personas entre enero y mayo, en comparación con el mismo periodo del año anterior. La tasa de participación laboral se situó en 60.2%, el segundo nivel más alto registrado, mientras que la tasa de desempleo permaneció en mínimos históricos del 2.6%.

Los salarios continuaron presentando un crecimiento sostenido, con un aumento real anual de 5.7% en promedio entre enero y mayo, contribuyendo al incremento del ingreso de la población trabajadora, de acuerdo con datos del ENOE.

La inflación, al cierre de junio, promedió 4.8%, inferior a la del año anterior, aunque 0.2 puntos porcentuales por encima del primer trimestre. Este incremento se atribuyó principalmente al aumento del componente no subyacente, impactado por el alza en precios internacionales de algunas materias primas y los efectos de fenómenos meteorológicos adversos, según datos publicados.

El exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lanzó un llamado de alerta al Gobierno nacional, especialmente al ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, para que consideren su estrategia para el pago de la deuda externa, que actualmente oscila entre 196.280 millones de dólares, aumentando 74 millones de dólares respecto a diciembre de 2023, según el informe presentado por el Banco de la República en junio de este año.

A través de su columna de opinión publicada en El Tiempo, el exjefe de la cartera económica del presidente Gustavo Petro señaló que, pese a que la tendencia de la deuda fue moderadamente positiva en el 2021, este aspecto ha crecido desde el año anterior.

“Desde 2021 la tendencia ha sido ligeramente positiva, pero el déficit fiscal siguió siendo alto a fines de la administración anterior y después del ajuste de 2023 muestra nuevamente un aumento. Por eso, la deuda así sigue rondando el 55 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), es decir, unas cuatro veces más que hace un cuarto de siglo”, escribió Ocampo en el medio de comunicación.

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No obstante, el exministro enfatizó que la deuda pública en Colombia “ha tenido una tendencia ascendente en el último cuarto de siglo. Osciló entre el 10 y el 15 por ciento del PIB entre 1990 y 1997, pero después se elevó drásticamente entre 1998 y 2002, hasta superar más del 40 por ciento del PIB (...) fue moderadamente positiva después de estos años críticos, pero mostró nuevamente una tendencia negativa desde 2013 y se disparó con la pandemia, cuando llegó a superar más del 65 por ciento del PIB”.

Explicó que los costos asociados al pago de la deuda son, además, muy altos, tanto por el nivel de la deuda como por las altas tasas de interés. En el caso de las Tasas de Tesorería, conocidas como TES, Ocampo sostuvo que “pese a que las señales de confianza en el manejo macroeconómico que dio entonces el Gobierno, comenzaron a reducirse desde fines de octubre de 2022. De hecho, desde fines de 2022 las tasas de los TES de corto plazo han sido inferiores a la del Banco de la República”.

Altas tasas de Interés en Colombia

Sin embargo, el exfuncionario del Gobierno Petro resaltó que, frente a las tendencias de las tasas de interés en el panorama internacional, la percepción no es la mejor.

“Las tasas de interés de bonos de Colombia en los mercados internacionales han sido altas, debido tanto a los aumentos de las tasas de Estados Unidos con la inflación de los últimos años como a los mayores márgenes de riesgo que ha tenido que pagar el país por la pérdida del llamado ‘grado de inversión’ en los mercados internacionales de crédito en mayo y junio de 2021, otra compleja herencia del gobierno anterior”, afirmó.

No obstante, José Antonio Ocampo calificó de preocupante la calificación de la firma internacional Moody’s de darle perspectiva negativa a Colombia en el mes de junio del 2024, ya que asegura que “es la única de las tres principales calificadoras de riesgo que le otorga grado de inversión al país”.

Recomendaciones al Gobierno Petro

En este sentido, el exministro de Hacienda le pidió al Gobierno nacional que se definan su estrategia para mantener el pago de la deuda externa, sin descuidar otro aspecto vital para la economía nacional como la regla fiscal. “Por estos motivos, aparte del fiel cumplimiento de la regla fiscal y una política de reactivación, que contribuya también al aumento de los recaudos tributarios, es esencial que el Gobierno dé señales claras de responsabilidad en el pago de la deuda externa”, precisó.

Finalmente, José Antonio Ocampo mencionó que los mensajes del presidente Petro frente a refinanciar la deuda con el Fondo Monetario Internacional y que los márgenes de riesgo en los mercados de crédito deben utilizarse para financiar la paz, así como la afirmación del director del DNP, Alexander López, de que los intereses sobre la deuda externa eran impagables, “deben ratificar la responsabilidad fiscal, así sea frustrante a veces tener que manejar herencias negativas de gobiernos anteriores. Las deudas son de la Nación”.

“Las deudas deben ser pagadas, pero no es lícito exigir o pretender su pago cuando este vendría a imponer de hecho opciones políticas tales que llevaran el hambre y la desesperación a poblaciones enteras” (Papa Francisco, Reunión con autoridades del FMI y economistas, Sala Paulo VI, febr.2020).

“… a los enemigos del pueblo que cesen en sus intentos (de vasallaje), porque cuando los pueblos agotan su paciencia, hacen tronar el escarmiento” (disc. Juan Perón del 21 de junio de 1973 dirigido al pueblo argentino)

Nos dice el Papa Francisco: “…nuestra fe es revolucionaria, desafía la idolatría del dinero…el futuro está en manos de los pueblos, en su capacidad de organizarse…Los acompaño. Y cada uno repitámonos desde el corazón: ninguna familia sin vivienda, ningún campesino sin tierra, ningún trabajador sin derechos, ningún pueblo sin soberanía, ninguna persona sin dignidad, ningún niño sin infancia, ningún joven sin posibilidades, ningún anciano sin una venerable vejez. Sigan con su lucha y, por favor, cuiden mucho a la madre tierra…pido a Nuestro Padre que los acompañe y los bendiga, que los colme de amor y los defienda en el camino dándoles esa fuerza que nos mantiene en pie, esa fuerza es la esperanza…” (Participación en el II Encuentro Mundial de los Movimientos Populares, “Papa Francisco Latinoamérica, Conversaciones con Hernán Reyes Alcaide”, Ed. Planeta pags. 155 y 158)

Deuda externa de los países del Sur y deuda ecológica de los países del Norte

Este cronista piensa que en la Argentina, para absolver a los cipayos que contraen deudas impagables, siempre hay jueces obedientes; mientras que, complementariamente, los jueces de Nueva York siempre están dispuestos a condenar a las repúblicas deudoras latinoamericanas. ¿Quién y cómo se paga la deuda social?

“La deuda externa argentina no nace de un repollo -dijo el Papa Francisco. Nace del espíritu codicioso de nuestros gobernantes asociado al afán de dominación y avaricia de los poderes financieros y agregaba, la grave ‘deuda ecológica’ que vive la humanidad remite en cierto modo a la cuestión de la deuda externa cuya presión suele obstaculizar el desarrollo de los pueblos.” (“El Papa Francisco y la deuda externa, o el virus de la dependencia” H.Bernasconi, Infobae 28/11/2021).

La deuda ecológica, combustibles por baterías y desarrollo industrial

Los gigantes del Norte son los principales responsables de la contaminación del planeta que a juicio de miles de sabios y científicos se encuentra en peligro. Es repetido oír decir que es imperioso disminuir las emanaciones de dióxido de carbono y reducir el calentamiento global. Así fue que en 1997 se firmó un protocolo en Kyoto donde China, Australia y Estados Unidos no firmaron. Después de décadas y de sucesivos acuerdos, los nombrados se rindieron ante las catastróficas evidencias e ingresaron a los compromisos para acelerar la disminución del calentamiento de la tierra. Frente a esta necesidad, entre las acciones se convino buscar una solución de los más de mil millones de vehículos impulsados por combustibles fósiles que dan vuelta por el mundo emitiendo gases tóxicos. Así nacieron los autos eléctricos impulsados por baterías. Reconversión que al mismo tiempo que avanzar, haciendo un gran bien a la humanidad, constituye una de las operaciones y negocios más impresionantes del planeta. Se trata de sustituir más de 1.000 millones de vehículos alimentados con combustibles fósiles por igual cantidad de vehículos eléctricos.

Uno de los componentes fundamentales de estas baterías es el litio, mineral cuyas reservas se encuentran en abundancia en Argentina y también en Bolivia, Chile, China, Australia y Estados Unidos. (Infobae,28 de enero 2024). Esta circunstancia es una buena o mala noticia para nuestro país. La fabricación de baterías de litio puede ser la base de un proceso de desarrollo industrial nunca visto si podemos -asociación de por medio con algunas multinacionales fabricantes de vehículos- transformar el litio en baterías para ese mercado mundial. Si nos resignamos a ser colonia y exportamos sólo la materia prima será una nueva ilusión perdida.

Intenciones de vasallaje de nuestras naciones del Sur por las metrópolis del Norte

Los recursos naturales son un don de Dios. Sin embargo la mayor parte de las veces las relaciones políticas y comerciales internacionales no se rigen por los valores de la fraternidad.

En relación con la explotación de los recursos naturales hay dos clases de relaciones comerciales internacionales entre las naciones del Sur y las ricas del Norte: una extorsiva y de vasallaje y otra colaborativa y de reciprocidad. En la primera todavía hoy persiste un viejo mecanismo que consiste en llevarse nuestros recursos naturales provocando al mismo tiempo, en muchos casos, graves daños a las poblaciones del lugar, a las futuras generaciones y al medio ambiente.

Este proceso es extorsivo cuando los importadores van apalancados por los grandes centros financieros mundiales del Norte, incluyendo los organismos internacionales de crédito e imponen, a los gobiernos del Sur, políticas económicas de endeudamiento, les provocan grandes desequilibrios económicos y financieros, desempleo y los consabidos procedimientos de ajuste que como siempre tienen un alto costo sobre las espaldas del pueblo trabajador. Por último, exigen a los países endeudados pero ricos en recursos naturales, la entrega de concesiones por varias generaciones destinadas a la extracción de minerales u otras riquezas. Este desembarco acompañado de inversiones temporarias, es realizado previo dictado de condiciones legales leoninas a favor de los inversionistas. La imposición de estas se hace a través de la presión ejercida por aquellas deudas externas impagables creadas previamente. Gigantescos préstamos de los países ricos del Norte sibilinamente concedidos, como los contraídos desde 1824 con la Baring de Londres por Rivadavia y en el 2018 con el FMI por Macri. Los mismos se hacen impagables para luego ser la herramienta de asfixia y corrupción que obliga a los gobiernos a rematar las riquezas naturales como productos primarios no manufacturados. Las multinacionales del Norte “ganan” las licitaciones de exploración y extracción suscriptas en contratos a la medida, se llevan el petróleo, el oro, la plata, el cobre o el litio hasta el agotamiento de las reservas para ser manufacturados con mano de obra de sus países y comercializados con extraordinarias ganancias.

¿Es posible pensar en una ética de las relaciones internacionales?

En su primera Encìclica, Laudato sì del 24 de mayo de 2015 Francisco ya había señalado que: “La inequidad afecta… a países enteros, y obliga a pensar en una ética de las relaciones internacionales. Porque hay una verdadera « deuda ecológica », particularmente entre el Norte y el Sur, relacionada con desequilibrios comerciales con consecuencias en el ámbito ecológico, así como con el uso desproporcionado de los recursos naturales llevado a cabo históricamente por algunos países. Las exportaciones de algunas materias primas para satisfacer los mercados en el Norte industrializado han producido daños locales, como la contaminación con mercurio en la minería del oro o con dióxido de azufre en las minas del cobre. El calentamiento originado por el enorme consumo de algunos países ricos tiene repercusiones en los lugares más pobres de la tierra…(entre muchas otras causas también debido a) la actividad contaminante de empresas que hacen en los países menos desarrollados lo que no pueden hacer en sus países…”

“Constatamos que con frecuencia las empresas que obran así son multinacionales, que hacen aquí lo que no se les permite en países desarrollados o del llamado primer mundo”. “Generalmente, al cesar sus actividades y al retirarse, dejan grandes pasivos humanos y ambientales, como la desocupación, pueblos sin vida, agotamiento de algunas reservas naturales, deforestación, empobrecimiento de la agricultura y ganadería local, cráteres, cerros triturados, ríos contaminados y algunas pocas obras sociales difíciles de sostener” (cita al pie de Obispos de la región de Patagonia-Comahue, Argentina; Mensaje de Navidad, diciembre 2009 y Nro 51. E.L.S. 2014). Esta práctica se repite a lo largo de la historia de los países latinoamericanos en su relación con las multinacionales norteamericanas de Estados Unidos y Canadá e Inglaterra.

Toyota de Argentina abrió sus puertas para la consideración de apoyar una iniciativa de desarrollo y progreso integral basado en la fabricación de baterías de litio en nuestro país

Los principios fundamentales del Japón son la honradez, la justicia, la sinceridad, la cortesía, el respeto por la tradición y la celebración, la sinceridad, el honor, el deber y la lealtad, valores que distinguen en el mundo a este pueblo heroico. Esos principios se hallan presentes en sus grandes empresas multinacionales de las cuales Toyota es una de las más representativas, se encuentra radicada en la Argentina desde el año 1997 convirtiéndose en la primera inversión de origen japonés en la industria automotriz de nuestro país.

Los trabajadores de SMATA respaldan la fabricación de baterías de litio en Argentina

Así lo afirmó a este cronista su Secretario General Ricardo Pignanelli. Toyota lleva más de 20 años en la Argentina produciendo vehículos que se exportan a toda América Latina. Desde hace un poco más de diez Pignanelli viene alentando el proyecto de una extensión de esa producción hacia la fabricación de baterías de litio y con ese propósito mantuvo conversaciones con las autoridades locales de Toyota de Argentina primero y en Tokio, Japón, con los máximos directivos de la multinacional japonesa e inversores de ese país interesados en el proyecto.

En el mes de enero de 2021 el Ministro Felipe Solá reunido con su par de Japón Motegi Toshimitsu le expresó a este que nuestro país estaba dispuesto a facilitar el avance de Toyota en la fabricación de baterías de litio en la Argentina. Toyota Tsusho posee el 25% del proyecto minero Sales de Jujuy, de extracción de litio en el salar de Olaroz (Jujuy), en asociación con la minera Orocobre, que ostenta el 66,5% y Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (Jemse), tenedora del 8,5% restante. Ese consorcio en 2018 anunció su expansión en el salar de Olaroz, con una inversión de USD 295 millones cuya ejecución se encuentra en marcha desde mediados de 2019.

Según manifestaron funcionarios en la empresa japonesa, en este momento “es difícil pensar en construir una fábrica de baterías de litio de escala que demandaría una inversión de 1.500 a 2.000 millones de dólares, pero no se descarta la posibilidad de que en un futuro se puedan ensamblar como parte de la búsqueda de escala para seguir adelante con ese proyecto”.

Rumbo a al final del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, algunos indicadores económicos se han mostrado volátiles ante el anuncio de reformas constitucionales, como la que se planteó al Poder Judicial. Pero hay otros rubros que también han presentado un aumento, como lo es la deuda externa.

De acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, hasta el 31 de enero de este año se registró un ligero aumento en este factor, que se adquiere por diversos factores, que van desde las inversiones y hasta por una mala administración.

La deuda externa se compone, a su vez, de dos: la deuda pública y la deuda privada. La primera de ellas, a la que se refiere la dependencia federal, es aquella que es contraída por el Estado.

Mientras que la de tipo privada, es aquella que es adquirida por las empresas y familias.

La dependencia federal informó que al 31 de enero de 2024, la deuda pública externa ascendió a 225 mil 298.1 millones de dólares, lo que significó un aumento respecto al año 2023.

Hacienda expuso que este incremento es consecuencia de la estrategia de refinanciamiento y manejo de los pasivos que tiene el Gobierno de México.

Se detalló que del total de deuda hasta este año, 129 mil 311.4 millones son atribuibles al Gobierno federal, mientras que 88 mil millones son de organismos y empresas. Una cantidad menor, de 7 mil 900 millones son de entidades públicas financieras.

“Debido a diversos factores como: el efecto del ‘nearshoring’ y la expansión económica, para enero de 2024, la deuda externa con Estados Unidos se incrementó en cinco mil 623.2 mdd respecto al año previo, para cerrar en 113 mil 59.1 millones de dólares”, indicó el Centro de Estudios de las finanzas Públicas.

También se registró un aumentó en la deuda con Inglaterra, en 2 mil 236.6 millones de dólares; con Francia, se redujo en 2 mil 157.1 millones de dólares, lo mismo que en el caso de Alemania, país con el que se redujo en 590.3 millones de dólares.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a conocer cuál es el monto que aplicó a la deuda externa del país, lo que provocó una reducción significativa de ese adeudo. Por ello, revelaremos más sobre qué es y a qué países le debe México.

De acuerdo con la SHCP, el gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador liberó pagos de manera anticipada por un monto de 894 millones de dólares, para además de apoyar a la siguiente administración, bajar lo que se debe de forma anticipada.

La liberación de millones de pesos refleja una transición financiera ordenada y dará mayor flexibilidad al sexenio que liderará la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, además de disminuir las presiones de pago.

Bajar la deuda externa del país, implica un avance en este sexenio, pese a que no se pagó todo.

Pero qué es la deuda externa y quién le presta dinero a México

Hace unos días, el Secretario de Hacienda de México, Rogelio Ramírez de la O, reveló que los vencimientos de deuda pública en 2025 serán equivalentes al 3% del Producto Interno Bruto (PIB). El PIB mide el valor de todos los bienes y servicios que se producen en un país, durante un período determinado de tiempo, generalmente un año.

De acuerdo con las estadísticas económicas, el PIB ascendió en 2018, alrededor de 20 billones de pesos, aproximadamente. Lo que quiere decir que, México le debe a otras naciones.

México lo que hace es pagar parte de la deuda y lo demás la refinancia para pagar a otro plazo y otra tasa. Por ello, se piden préstamos financieros para aliviar el adeudo y pagar posteriormente (refinanciación).

¿Cuáles son los países e instituciones a los que le debe México?

Estados Unidos (37%)

Alemania (22%)

Organismos financieros internacionales (15%)

Francia (5%)

Japón, Suiza y otras instituciones financieras (4%)

Canadá (1%)

La deuda externa tiene que ver directamente con los créditos que se contratan

por el sector público con entidades financieras del exterior y que son pagaderos en el extranjero con una moneda diferente a la nacional.

De acuerdo con datos históricos, la deuda exterior mexicana comenzó aproximadamente en 1822.

¿Qué ha hecho México por la deuda externa?

Con la aplicación del bono con vencimiento en abril de 2025, por más de 800 millones de dólares, se acumula el tercer bono con vencimiento al año que viene y que se liquida con este mecanismo, refinanciando un total de casi 4 mil millones de dólares en vencimientos programados para el primer año de gobierno de la siguiente administración.

Durante el periodo 2019-2024, se han refinanciado aproximadamente 15 mil 55 millones de dólares mediante el uso de la cláusula de vencimiento anticipado.

El Banco Mundial reveló sus perspectivas actualizadas de crecimiento económico para Colombia y América Latina, que mostraron tendencias mixtas en el contexto global. La institución, con sede en Washington, mantuvo sin cambios la previsión de crecimiento del PIB mundial en 2,6% para este año y una estimación de 2,7% para 2025. Sin embargo, la situación presenta matices particulares para Colombia y la región.

En el caso colombiano, el crecimiento del PIB para 2024 se proyecta en 1,3%, menor que la estimación inicial de 1,8% en enero, aunque se espera una mejora en 2025 y 2026 con aumentos del 3,2% y 3,1%, respectivamente. Estas cifras reflejaron las expectativas de una recuperación en el consumo privado y un impulso en las exportaciones. Las autoridades colombianas se enfrentan a un reto significativo: equilibrar el crecimiento económico con la estabilidad financiera en un entorno de alta incertidumbre.

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El Banco Mundial destacó que la inversión extranjera directa —uno de los indicadores más fiables de crecimiento económico— mostró signos de recuperación en Colombia. El índice de confianza empresarial del país mejoró notablemente desde noviembre de 2023, pasando de un terreno negativo de -0,5% a un positivo 1,4% en el más reciente informe. Este incremento sugiere que las empresas y los inversionistas empiezan a ver a Colombia como un lugar más atractivo para sus inversiones, lo que podría traducirse en un dinamismo económico mayor.

Sin embargo, la deuda gubernamental sigue siendo una preocupación. El informe del Banco Mundial mostró que la deuda de Colombia aumentó desde el 40,8% del PIB en el periodo 2010-2019 hasta el 52,5% en 2023. Aunque esta tendencia es común en la región, resalta la presión sobre las finanzas públicas. Argentina, por ejemplo, enfrenta una situación aún más grave, con una deuda que supera el 154,5% de su PIB en 2023, contrastando con el contexto colombiano.

En cuanto a la inflación, Colombia se enfrenta a un desafío considerable para alcanzar la meta del Banco de la República. La tasa de inflación actual es del 7,16%, mientras que las expectativas apuntan a una reducción hasta el 3% para fin de año, con un margen que oscila entre el 1% y 4,5%. Este objetivo parecería ambicioso, dado el entorno económico global y las presiones internas.

Desde una perspectiva regional, el crecimiento económico de América Latina está proyectado en un 1,8%. Aunque esta cifra representa un leve incremento de 0,2 puntos porcentuales respecto al informe de abril, sigue siendo baja. Las altas tasas de interés y la consecuente dificultad para atraer capital extranjero son factores que limitan la inversión y el dinamismo económico en la región.

Por último, el Banco Mundial señaló que la deuda gubernamental creció en la última década en toda América Latina. Este factor añade una capa de complejidad económica al panorama general, dificultando aún más las estrategias de crecimiento a largo plazo para países como Colombia.

A medida que avanzan los próximos años, el Gobierno colombiano enfrenta la delicada tarea de gestionar su deuda pública, mantener el equilibrio económico y fomentar un entorno propicio para las inversiones.

Panorama mundial

El Banco Mundial pronosticó una estabilidad en el crecimiento de la economía mundial, algo que no se había visto en los últimos tres años. Según la entidad, se espera que el crecimiento del PIB se mantenga en un 2,6% para el resto de 2024, con una ligera subida a 2,7% en 2025.

En cuanto a las economías avanzadas, el Banco Mundial proyecta un crecimiento estable del 1,5% en 2024, con una aceleración a 1,7% en 2025. Por otro lado, las economías en desarrollo verán un aumento promedio del 4% durante el periodo 2024-25, un poco menos que el crecimiento observado en 2023.

No obstante, los países de ingresos bajos enfrentan desafíos más significativos, según el Banco Mundial. La deuda externa de estos países se seguirá fortaleciendo, y las restricciones en los intercambios comerciales influirán en la entrada de capital extranjero. Además, fenómenos climáticos adversos podrían afectar negativamente su desempeño económico.

El ex ministro de Economía Martín Guzmán participó de la conferencia Crisis de deuda en el Sur Global, realizada este miércoles en el Vaticano. El encuentro fue co-organizado por la Pontificia Academia de Ciencias Sociales (PASS) y Columbia University Initiative for Policy Dialogue (IPD) y contó con la presencia del Papa Francisco.

Participaron además referentes del Tesoro de Estados Unidos, representantes del Fondo Monetario Internacional, el presidente del Club de París, Emmanuel Moulin, la presidente del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calvino y ministros de diferentes países, como Brasil, España, Francia, entre otros.

En presencia de los organismos internacionales, tanto el papa como Martín Guzmán tuvieron discursos críticos hacia los desequilibrios en relación a las deudas externas y ambos pidieron que en el mundo haya un sistema de reestructuración de deuda eficiente y actualizado.

El Papa pidió que se ponga en marcha “una nueva arquitectura financiera internacional” que sea “audaz y creativa” para “tratar de romper el círculo financiamiento-deuda” y ayudar así a los países menos desarrollados. Además, advirtió que “ningún gobierno puede exigir moralmente a su pueblo que sufra privaciones incompatibles con la dignidad humana”.

A su turno, Guzmán apuntó contra la falta de un sistema para reestructurar deudas insostenibles. “No existe algo así en el mundo porque nunca lo construimos. Construir un sistema para la resolución de la crisis de deuda es una tarea pendiente para la humanidad”, comentó durante su exposición, donde compartió espacio con el premio Nobel de Economía y su mentor, Joseph Stiglitz.

“Necesitamos algún tipo de mecanismo que permita a los países respirar y recuperarse, salir de la situación en la que están; uno que también proporcione un mejor trato a los contribuyentes en comparación con los propietarios de capital privado”, señaló.

Para Guzmán, el sistema debería tener principios básicos. “El primero y más importante, es la sostenibilidad. Hay países que no restauran su sostenibilidad en términos de su capacidad para recuperarse y dependen de la buena suerte para salir de donde están”, remarcó el economista.

El segundo punto señalado por el ex ministro es el de minimizar la litigiosidad. “Es costoso, es disruptivo, es más incertidumbre. Pero nuevamente, está condicionado a tener procesos que sean efectivos para restaurar la sostenibilidad”, insistió.

“El tercer principio básico es que el proceso en sí, más las reglas que se promulgan en el momento, fomenten el desarrollo de mercados de capital locales. Deberíamos querer que los países sean capaces de obtener financiamiento en su propia moneda y evitar la volatilidad que los descalces de moneda provocan. En el muy corto plazo, hay que cambiar la estructura de incentivos para lograr estos objetivos”, agregó.

Tasas y DEG

En otro punto, Guzmán se refirió a la importancia de la reducción de la tasa compensatoria para las deudas en default pendientes de un juicio, que hoy es del 9%. “Esa tasa se estableció en 1981, cuando el índice de inflación en Estados Unidos era del 8,9%. ¿Por qué nunca se cambió? Tal vez estamos en un momento en el que algo debería suceder. Y también la legislación que asegure que los acreedores públicos, que son en última instancia los contribuyentes, sean tratados de manera justa y no se vean en desventaja con respecto a los acreedores privados”, protestó.

Asimismo, Guzmán mencionó que el mundo se debe una discusión importante sobre los Derechos Especiales de Giro (DEG). “Esperamos poder producir más conocimiento sobre los DEG”.

Tributación internacional

Cerrando su discurso, Guzmán opinó frente a los presentes que “es necesario hacer algo sobre la tributación internacional” y calificó de “tóxico” al problema de los paraísos fiscales, que “permite que los ricos y las corporaciones multinacionales paguen muy pocos impuestos”.

“Como los que deberían pagar, no pagan, el Estado termina poniendo la carga sobre la clase media, sobre los más vulnerables, y sobre las pequeñas y medianas empresas. Cientos de millones de personas en todo el mundo, se frustran y se enojan con el Estado”, continuó.

“Eso es en parte la consecuencia de la arquitectura económica global que tenemos. Así que necesitamos abordar el problema en la Pontificia Academia de Ciencias Sociales”, cerró Guzmán.

La sorpresa del viernes fue la suba del 3% de los dólares financieros y la caída de los bonos soberanos después de la buena rueda del día anterior.

Lo que atrajo a los inversores locales, fue la demanda de Lecap cortas. Los fondos de inversión estuvieron activos en deshacerse de los bonos largos y pasarse a los cortos. De hecho, Adcap Grupo Financiero creó un fondo 100% Lecap a T=0, es decir que, como el fondo corta al final del día, el inversor puede disponer cuando desea el dinero. Esta modalidad se está extendiendo en los fondos de Money Market dada la diferencia de rendimiento de las Lecap que está haciendo caer vertiginosamente los plazos fijos, ya que los fondos rinden alrededor de 45% anual y el dinero se puede disponer en el día.

El otro dato fue la caída de las reservas de USD 402 millones, a 28.663 millones, a pesar de las compras de USD 52 millones en el mercado mayorista. La caída fue por los pagos de energía al exterior y la mayor demanda de los importadores.

Dólar más débil en el mundo

“En el plano internacional los principales índices bursátiles estadounidenses cerraron un mes positivo con un dólar más débil. La soja en Chicago tuvo un repunte a principio de mes con el cual llegó a ganar un 8% desde el mes anterior, pero hacia el final de mayo recortó y terminó acumulando un +3,6% para todo el mes”, destacó la consultora F2, para la cual “el dato que quizás sea más relevante es que, de los meses sin pagos a FMI, mayo es el que menor cantidad de reservas brutas logró acumular con USD 1.085 millones. Queda entonces planteado un desafío para los próximos meses en el plano de la acumulación de reservas. Es probable que, ante la menor demanda de privados de principio de mes, el Banco Central (BCRA) recupere algo de capacidad compradora, pero a medida que el mes vaya transcurriendo puede achicarse más el margen y, de continuar esta tendencia de menores liquidaciones, puede incrementar los saldos vendedores”.

Según F2, de la mano de la limpieza de los pasivos remunerados del BCRA, que se redujeron 30% medidos en dólares contado con liquidación (CCL) y la divisa alcanzó cierta estabilidad “las tasas pueden sufrir otro recorte en caso de confirmarse que la inflación de mayo esté en torno al 5%, para que la licuadora de pasivos remunerados mantenga cierta eficacia, aunque esta sería menor, y el mercado se va anticipando. Las Lecap más cortas volvieron a recortar tasa y los futuros siguen muy pegados a los rendimientos de la curva en pesos. El derrotero de la ley Bases y paquete fiscal seguirán siendo el principal foco de atención del mercado dada su relevancia en términos de expectativas. Allí podría oxigenarse el frente de reservas vía incentivo al ingreso de inversiones y se aguarda la votación en el Senado mientras la popularidad de Milei sigue mostrando señales de firmeza”.

Por su parte, el informe de FMyA, la consultora de Fernando Marul, indica que la actividad sigue dando datos positivos para abril, “marcando que se cortaría el rally de 7 meses consecutivos de caída mensual. La inflación de alimentos rebotó en la última semana, pero mayo cerraría en 5 por ciento”. En cuanto a la incidencia del dictamen de la Ley Bases dice que mejoran las perspectivas de sus números fiscales (+0.2% PBI de Ganancias, y 0.5%PBI por Blanqueo + Moratoria + Bienes Personales (estimación Mecon) y que así “habría espacio para más fondos a provincias y hasta para aflojar el impuesto PAIS (en 2025)”, aunque la salida del cepo no es inminente. Para junio, Marul que el agro continuará liquidando a buen ritmo, con oferta fluida en el CCL y considera posible que las tasas de interés se pueden mantener en los actuales niveles (40% Banco Central y 50% Tesoro)”.

El reporte de Romano Group se centra en que con las dos licitaciones de mayo, el Tesoro generó un “colchón” de liquidez de unos $11 billones (más $2 billones de liquidez con la que ya contaba), 2en pos de mostrar solvencia al mercado y compromiso con los vencimientos futuros, “a pesar de que esto suponga pagar tasa activa y no necesariamente percibir algo a cambio. Sin embargo, creemos que es una buena medida que se mantenga como liquidez y no deba utilizarse en otras partidas, comprometiendo la tan reciente curva de pesos”. Más adelante indica: “desde la asunción de la nueva gestión, se ha obtenido financiamiento adicional por $26 billones, lo que implica una fuerte contracción monetaria llevada a cabo por el Tesoro, utilizando el financiamiento en diversos objetivos tales como: recompra de títulos, compra de dólares y colchón de liquidez”.

Además, asumiendo que la migración de pesos de la última licitación “proviene prácticamente en su totalidad de Pases Pasivos” y considerando que los pasivos remunerados del BCRA están en niveles inusitadamente bajos, considera que se acerca la salida del cepo. La contracara, observa, “es un deterioro en el perfil crediticio del Tesoro, con menor duration (plazo) y más abultados, lo cual por ahora el mercado no lo ve con resquemor, aunque lógicamente cimentado por un colchón de liquidez anteriormente explicado”.

Inocuidad y superposiciones

Barclays, la compañía de servicios financieros londinense, señala por su parte que los recientes cambios en el Gabinete “son neutrales para el mercado” y no considera que Nicolás Posse, el ex jefe de Gabinete haya sido una limitación para lograr la legislación general y llegar a acuerdos con los gobernadores, el Congreso y la sociedad civil. Y agrega: “vemos el nombramiento de Federico Sturzenegger como una formalidad, pero creemos que podría traer tensiones dentro del gabinete, ya que sus responsabilidades podrían superponerse con las del ministro de Economía, Luis Caputo”.

La aprobación del proyecto de ley ómnibus significaría concesiones a gobernadores y la sociedad civil. En consecuencia, creemos que el hecho de que se esté promocionando a Guillermo Francos podría ser un indicio de que la aprobación de una versión diluida del proyecto de ley ómnibus podría estar cerca, lo que no debería ser una sorpresa para los mercados. Es probable que Francos tenga una victoria inicial”.

El informe de la entidad londinense señala que “el nombramiento de Sturzenegger para desregular la economía; debería apuntar a la aprobación de la legislación general del proyecto de ley. Sin embargo, el panorama general permanece sin cambios. Es importante destacar que la reorganización del gabinete significa que no habrá cambios en el frente fiscal, ya que la política fiscal reside en el Presidente Milei y, desde el punto de vista operativo, en el Ministro de Finanzas Caputo”.

J.P.Morgan, la entidad de servicios financieros indica que “el mayor stock de deuda del Tesoro no es más que la capitalización (parte) del costo asociados a la depuración del balance del Banco Central (otra fracción de los costos recae sobre los atrapados con depósitos en moneda local)”. Según la entidad, “el stock aumenta el superávit primario requerido para evitar una trayectoria explosiva de la deuda. Hasta ahora, el Tesoro ha respetado con creces esta restricción al tener ahorros incluso después de pagar Intereses. Sin embargo, el modelo de política actual impide cualquier posible relajación de la política fiscal que se avecina”. Además, advierte, “la eventual eliminación de los controles de capital obligaría a aumentar los costos financieros del Tesoro, hasta ahora beneficiado por tasas reales negativas. Y esto, independientemente de el régimen de tipo de cambio elegido, sigue siendo una flotación administrada o un intento de dolarización endógena”.

EconViews se centra sobre la Ley Bases y señala: “Milei necesita dar la señal de que puede trabajar con “La Casta” para pasar leyes. La alternativa es victimizarse y apostar a que la gente se ponga de su lado. Eso puede funcionar con la opinión pública como lo demostró el paro general o los negocios poco claros de algunas organizaciones sociales. Pero difícilmente funcione con inversores de la economía real o financieros. Estos inversores no pueden tomar decisiones sin un marco de estabilidad y basados en opinión pública favorable solamente porque todos saben qué en la Argentina y en cualquier país del mundo, la opinión pública hoy está y mañana no está”.

Política y números

Amén del contenido político, la consultora apunta a un tema fiscal relevante que así describe: “Por más que algunas cosas se hayan diluido, es importante que salga por varias razones. El aumento en la recaudación de ganancias puede ayudar a algunas de las provincias más débiles. El adelanto de 5 años de bienes personales puede contribuir a juntar algo más de plata este año y lo mismo con el blanqueo. Y de paso también juntar algunos dólares una vez que termine de entrar el grueso de la cosecha”.

EconViews cree que la votación tendrá un final feliz, “aunque el contenido dejará un gusto semiamargo, por la cantidad de medidas que quedaron en el camino. La gran pregunta es si esto será un puntapié inicial que será seguido por nuevas leyes y más reformas, o si simplemente será una victoria que se irá diluyendo en el tiempo y que creará nuevas preguntas sobre la capacidad del Gobierno de trabajar con el Congreso”.

La consultora 1816 opina por su parte que el rebote de la deuda soberana en dólares “es tanto o más importante que la estabilidad de los dólares financieros en los que la macroeconomía cierra en 2025 sin acceso a los mercados de crédito internacionales. Entre soberanos, provinciales y Bopreal vencen USD 17.400 millones entre hoy y finales de 2025. Más allá de que, con superávit fiscal, los pesos estarían para hacer frente a las obligaciones del Tesoro (sobre todo considerando la rotación de pases a Lecap, que da un excedente muy significativo de pesos al Ministerio de Economía), si no hay posibilidad de refinanciar la deuda externa entonces la salida de divisas que implicaría el cumplimiento de las obligaciones dificultaría administrar el tipo de cambio (o presionaría a una fuerte depreciación del pesos en caso de que el régimen fuese de flotación libre) generando un severo riesgo de inestabilidad nominal”.

Tras señalar que la cosecha gruesa se está comercializando a un ritmo inusualmente lento, 1816 adelanta que en los próximos días con la publicación del Staff Report de la octava revisión del Acuerdo de Facilidades Extendidas del FMI, “sabremos si se mantiene fin de junio como fecha objetivo para eliminar el blend (que permite al agro liquidar 20% de las exportaciones en el CCL)”. Y observa: “por lo pronto, lo cierto es que con la suba del CCL el tipo de cambio exportador mejoró en las últimas semanas”.

En resumen, las consultoras reflejan sus dudas sobre el futuro. Hay distintas opiniones sobre lo que se viene. Y no es frecuente que se tengan visiones tan distintas.

Los dos grandes rivales económicos del mundo, China y Estados Unidos, impulsarán gran parte del aumento de la deuda pública mundial en los próximos cinco años, y el gasto del país norteamericano creará problemas a muchos otros países al mantener altos los tipos de interés, según un informe del Fondo Monetario Internacional (FMI).

“En ambas economías, se prevé que, con las políticas actuales, la deuda pública casi se duplique de aquí a 2053″, afirma el FMI en su Monitor Fiscal, una visión general de la evolución de las finanzas públicas mundiales. “Por tanto, la forma en que estas dos economías gestionen sus políticas fiscales podría tener profundos efectos en la economía mundial y plantear riesgos significativos para las proyecciones fiscales de referencia en otras economías”.

La subida de los tipos de interés en Estados Unidos complica la vida a muchos países, ya que refuerza el valor del dólar frente a otras divisas, encarece los productos básicos cotizados en dólares y aumenta la carga de la deuda de los países que se han endeudado en la moneda estadounidense.

“Los tipos de interés altos e inciertos en EE.UU. afectan al coste de la financiación en otras partes del mundo”, declaró en una entrevista Vitor Gaspar, director de asuntos fiscales del FMI. “El impacto es bastante significativo”.

En cuanto a China, el Fondo advirtió de que una ralentización mayor de lo previsto en China - “potencialmente exacerbada por un endurecimiento fiscal involuntario dados los significativos desequilibrios fiscales de los gobiernos locales”- puede crear riesgos para el resto del mundo a través de menores niveles de comercio internacional, financiación exterior e inversiones.

El informe preveía que los déficits primarios globales disminuirían hasta el 4,9% del PIB mundial desde el 5,5% en 2023, pero con riesgos sustanciales que amenazan las finanzas públicas de muchos países.

El Fondo señaló que este año los votantes acudirán a las urnas en 88 economías que representan más de la mitad de la población y el PIB mundiales, en lo que se ha denominado el “gran año electoral”.

“El apoyo al aumento del gasto público ha crecido en todo el espectro político en las últimas décadas, lo que hace que este año sea especialmente difícil”, señala el informe. “La política fiscal tiende a ser más laxa, y los desvíos mayores, durante los años electorales”.

“La deuda pública bruta total del Tesoro nacional ascendió en marzo a USD 403.044 millones, de los cuales USD 400.597 millones se encuentra en situación de pago normal”, informó el último boletín mensual de la Secretaría de Finanzas del Ministerio de Economía de la Nación. Aumentó en el equivalente de USD 16.507 millones respecto de febrero, un incremento del 4,3% en el mes.

“La variación se explica por la disminución de la deuda en moneda extranjera en USD 514 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de USD 17.015 millones”, destaca el comunicado oficial

Aun así, el stock de deuda bruta total de la Administración Central a marzo último fue USD 22.250 millones inferior al récord histórico de deuda pública total, equivalente a USD 425.294 millones que alcanzó en noviembre de 2023, último mes completo de gestión del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, con el entonces candidato presidencial, Sergio Massa, al frente del Ministerio de Economía. Respecto de ese nivel, representa una disminución del 5,2% en tres meses.

Financiamiento y cancelaciones

Las operaciones de deuda de la Administración Central, excluidas las diferencias de cambio originada por la brecha entre el ritmo de devaluación de 2% por mes (crawling peg) que sigue el presidente del Banco Central, Santiago Bausilli, y la tasa de inflación que con rezago se aplica al ajuste de valuación de los títulos y Letras del Tesoro con cláusula CER, acusaron en marzo un incremento neto de USD 1.240 millones, que fue el resultado del mes de “Financiamiento, canjes y emisiones” por USD 52.004 millones y de “Amortizaciones, canjes y cancelaciones” por USD 50.764 millones.

La brecha con el crecimiento contable de USD 16.507 millones que informó la Secretaría de Finanzas se explica por el efecto de los “ajustes de valuación” que ascendieron al equivalente de USD 15.267 millones.

De ahí que para muchos economistas el atraso cambiario mes a mes respecto de la tasa de inflación que hasta marzo se mantuvo en el rango de los dos dígitos porcentuales, no sólo es una amenaza para la competitividad cambiaria de las exportaciones y de las expectativas de mercado, sino también para el recorrido de la deuda pública, pese a los esfuerzos de mantenerla contenida a partir del logro del superávit de las finanzas públicas.

Hay tener en cuenta, como el hecho de que el Tesoro ha ido cancelando deudas con el Banco Central, pero éste a su vez ha ido asumiendo deuda en moneda extranjera, los Bopreal, con los que la actual gestión de Economía y la autoridad monetaria buscan normalizar la deuda comercial acumulada por los importadores y a su vez absorber el stock de pesos en la economía, como estrategia para “secar” el mercado de pesos y contribuir a la estabilización del peso y la desaceleración del ritmo de inflación que se registra de manera ininterrumpida desde enero, tras el salto devaluatorio que redujo rápidamente la enorme brecha heredada entre la paridad oficial y las alternativas que se registran en el mercado libre y las implícitas en las operaciones bursátiles con bonos y acciones que cotizan en simultáneo en la plaza local en pesos y dólares (MEP) y en el ByMA y en Wall Street, principalmente (CCL).

En esa línea, abril comenzó con la colocación de deuda por parte de la Secretaría de Finanzas que encabeza Pablo Quirno por $2,92 billones, varias veces superior al monto de vencimientos por $450.000 millones, a través de bonos a tasa fija con un interés inferior a 5% mensual, y por tanto menor al de emisiones previas, en línea con la decisión del Banco Central de reducir por tercera vez en el año la tasa de referencia de política monetaria de 80% a 70% anual a 30 días.

Previamente, a mediados de marzo, la Secretaría de Finanzas había logrado la aceptación del 77% sobre el total de vencimientos de los títulos que vencían en 2024 y de esta manera despejó vencimientos por $42,6 billones. El volumen total involucrado se encontraba mayormente concentrado en manos de organismos estatales, principalmente el Banco Central, la Anses y también bancos públicos.

En ese momento, fuentes del Ministerio de Economía aclararon en un comunicado que el sector privado aportó aproximadamente 17,5% de sus tenencias, mientras que el sector público lo hizo casi por su totalidad. De esa manera, se estiró la vida promedio del perfil de vencimientos desde 0,4 a 3 años, lo que redujo la carga financiera implicando un ahorro de intereses $555.000 millones, equivalente a 0,1% del PBI

Cambio de portafolio

Asimismo, el ministro Luis Caputo se ha propuesto no sólo equilibrar las finanzas públicas y sanear el balance del Banco Central, sino también acompañar con el programa de mejora del perfil de vencimientos de la deuda de la Administración con un gradual cambio en su estructuración por tipo de legislación y moneda.

En marzo, por segundo mes consecutivo las obligaciones bajo legislación extranjera -deuda externa- disminuyó en este caso en USD 547 millones, que se agrega al recorte en USD 1.183 millones en febrero. Por el contrario, las obligaciones bajo legislación argentina se elevaron en USD 17.054 millones.

De todas formas, en los primeros cuatro meses del nuevo gobierno, la deuda externa subió en USD 723 millones, y en moneda nacional, en cambio, por efecto de la fuerte devaluación de diciembre 2023 se “licuó” en el equivalente de USD 22.973 millones.

Aclara Finanzas que “La deuda pagadera en moneda extranjera incluye dólar estadounidense, euro, DEG, yenes y otras divisas, y la emitida en dólares, pero cuyo pago de capital e interés es en pesos, se clasifica como deuda en moneda local”.

También disminuyó por segundo mes consecutivo el saldo de deuda con organismos internacionales: USD 125 millones con el FMI y en USD 234 millones con el resto (Banco Mundial, BID, CAF, entre otros), así como con el Club de París -aunque en ese caso se lo clasifica como “organismo oficial”).

Por el contrario, la deuda cuasi fiscal, como es la del Banco Central con la colocación de instrumentos de regulación monetaria (Letras y Pases), subió en el equivalente a USD 1.906 millones, como consecuencia de mantener la entidad una tasa de política monetaria muy superior a la de devaluación. Ascendió al equivalente de USD 35.772 millones.

De ahí que si a las obligaciones de la Administración Central se le agregan las del BCRA, y se descuentan los compromisos de la Tesorería con la entidad (Adelantos transitorios que en el mes bajaron en USD 86 millones, a USD 4.771 millones) surge un saldo de deuda neta conjunto de USD 434.0400 millones, y un crecimiento nominal en el mes de USD 18.497 millones.

Explica el informe metodológico de Finanzas que “por recomendaciones de manuales estadísticos y a partir de definiciones internacionales, utiliza el dólar oficial mayorista como unidad de cuenta para dar comparabilidad y estandarizar las estadísticas”.