Un tráiler que transportaba papel higiénico fue asegurado por elementos de las Fuerzas Armadas y de seguridad federal luego de que un binomio canino detectó drogas ocultas en la caja refrigerada de la unidad cuando circulaba por la carretera Playa Azul-Manzanillo de Colima.

Los hechos ocurrieron durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con autoridades estatales y la Fiscalía General de la República (FGR).

Un binomio canino y cuatro personas detenidas: así fue el decomiso

Como parte de las acciones para fortalecer la seguridad en el país y combatir las actividades ilícitas en carreteras, los elementos llevaron a cabo una inspección en el tráiler -que llevaba una caja refrigerada- mientras pasaba por un puesto de control.

Durante la revisión un binomio canino de la Defensa localizó la droga oculta en el panel lateral derecho de la caja refrigerada, donde se hallaron 65 paquetes de cocaína con un peso aproximado de 1 kilogramo cada uno.

Debido a la presencia de drogas, las autoridades detuvieron a cuatro personas relacionadas con los hechos, quienes fueron puestas a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente junto a lo asegurado.

Arrestan a 6 extranjeros que transportaban cerca de 1 tonelada de cocaína frente a costas de Chiapas

Este hecho se suma a la detención de seis hombres de nacionalidad de extranjera cuando transportaban casi una tonelada de cocaína a bordo de una embarcación frente a costas de Chiapas.

Su captura se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se diera seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima.

La embarcación fue localizada a 65 millas (120 km) al noroeste de Puerto Chiapas, donde se localizaron a seis hombres de nacionalidad extranjera y 18 bultos con un peso aproximado de 904 kilos de cocaína.

Al detectar que la lancha realizaba movimientos que no eran propios de la navegación civil, se ordenó un despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptarla en altamar.

Los seis hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Por su parte, las autoridades informaron que el decomiso de cocaína representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos, así como de evitar que miles de dosis de esta droga lleguen a las calles.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, afirmaron las autoridades tras el decomiso.

Con casi una tonelada de cocaína, seis hombres de nacionalidad extranjera fueron detenidos cuando transportaban la droga a bordo de una embarcación frente a las costas de Chiapas.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que se diera seguimiento mediante el sistema de vigilancia marítima.

Durante la inspección, los navales detectaron una embarcación con tres motores fuera de borda que ejecutaba movimientos que no era propios de la navegación civil, por lo que ordenó un despliegue de unidades de superficie y aeronavales para verificar su situación e interceptarla en altamar.

Fue así que la embarcación se interceptó aproximadamente a 65 millas (120 km) al noroeste de Puerto Chiapas, donde se localizaron a seis hombres de nacionalidad extranjera y 18 bultos con un peso aproximado de 904 kilos de cocaína.

Afectación de más de 340 millones de pesos

Luego de ser interceptados, los seis hombres fueron detenidos y puestos a disposición del Agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Las autoridades informaron que el decomiso de cocaína representa una afectación de alrededor de más de 349 millones de pesos, así como de evitar que miles de dosis de esta droga lleguen a las calles.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen las operaciones de vigilancia marítima y aérea en aguas nacionales para garantizar el Estado de derecho en las zonas marinas mexicanas”, afirmaron las autoridades implicadas en el decomiso.

Marina interceptó una embarcación con más de media tonelada de droga en costas de Michoacán

Un hecho similar ocurrió el pasado 30 de marzo, cuando la Secretaría de Marina informó el aseguramiento de una embarcación que transportaba aproximadamente 650 kilogramos de presunta cocaína frente a las costas de Michoacán.

La lancha fue interceptada a unas 61 millas náuticas -alrededor de 113 kilómetros- al suroeste del puerto de Lázaro Cárdenas, la cual fue inspeccionada luego de ser ubicada con tres motores fuera de borda.

Al darle alcance, las autoridades localizaron 14 bultos que contenían en su interior 580 paquetes tipo ladrillo, así como a seis personas y 350 litros de combustible.

El operativo incluyó la participación de una patrulla oceánica, aeronaves de ala fija y móvil, así como embarcaciones interceptoras. También contó con información de inteligencia proporcionada por instancias internacionales, entre ellas el Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta.

Los seis detenidos, así como la droga asegurada, fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que se determine su situación jurídica.

De acuerdo con la Semar, este último decomiso se sumaba a otros realizados con anterioridad, lo cual ya superaba las 10 toneladas de droga asegurada en lo que va del año.

Luego de la captura de Audias Flores Silva, alias El Jardinero, un delincuente de alto perfil perteneciente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), el Gobierno de México podría tener en la mira a otros miembros de ese grupo delictivo.

Y es que en los últimos dos meses el gobierno mexicano ha dado dos golpes contundentes contra esa organización criminal: primero, el asesinato de Rubén Nemesio Osegura Cervantes, alias El Mencho, en un operativo que buscaba su captura en Tapalpa, Jalisco, y el segundo con la detención de El Jardinero, quien sonaba como uno de los posibles líderes que tomaría el lugar de El Mencho dentro del CJNG.

¿Quiénes están en la mira del Gobierno de México tras la captura de El Jardinero y el asesinato de El Mencho?

En entrevista para Infobae México, el investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila y especialista en seguridad pública, Víctor Sánchez, dijo quiénes pueden ser los miembros del CJNG que podrían estar en la mira del Gobierno de México para ser los próximos detenidos.

Sánchez dijo que siempre quien encabeza a la organización es prioridad. “En este caso Juan Carlos Valencia González, obviamente Gonzalo Mendoza Gaitán El Sapo, Heraclio Guerrero, alias Tío Laco, Ricardo Ruiz, el Doble R, etcétera”, señaló.

¿Quién es Juan Carlos Valencia González?

Juan Carlos Valencia González, alias El 03, R3, o El Pelón, de 41 años de edad, es identificado como el presunto sucesor y nuevo líder del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, de quien es hijastro.

Nació en California, por lo que tiene ciudadanía estadounidense y lideró el Grupo Élite del CJNG, una de las células más violentas de ese cártel.

Es hijo biológico de Rosalinda González Valencia, quien fue esposa de El Mencho, y de Armando Valencia Cornelio, exlíder del Cártel del Milenio.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ofrece una recompensa de 5 millones de dólares por información que lleve a su captura.

¿Quién es Gonzalo Mendoza Gaytán?

Hugo Gonzalo Mendoza Gaytán, alias El Sapo, es un narcotraficante mexicano y líder de alto rango del CJNG y ha sido señalado como uno de los posibles sucesores de El Mencho.

A lo largo de la década de 2010 y a inicios de la del 2020, fue identificado como mando regional del grupo criminal en el estado de Jalisco, donde presuntamente coordinó células armadas, operaciones de narcotráfico, extorsión y reclutamiento de nuevos integrantes.

Se le atribuyen diversos hechos, como la emboscada del 2015 contra policías estatales en San Sebastián del Oeste, la desaparición de cinco jóvenes en Lagos de Moreno, Jalisco, en 2023 y las actividades del Rancho Izaguirre en Teuchitlán, identificado como un centro de reclutamiento y adiestramiento del CJNG.

¿Quién es Heraclio Guerrero?

Heraclio Guerrero Martínez, mejor conocido por su alias“Tío Lako”, es identificado por las autoridades mexicanas como un líder criminal relevante y operador de alto nivel del CJNG.

Es considerado uno de los socios cercanos a Nemesio Osegura Cervantes, y lidera la facción conocida como Los Guerreros con influencia significativa en Michoacán, particularmente en la zona limítrofe con Jalisco.

Se le vincula con actividades como el narcotráfico, robo de combustible (huachicol), y se le ha señalado por protagonizar narcofiestas ostentosas y la posesión de animales exóticos.

Debido a su longevidad y poder en la región, se le señaló como posible sucesor del liderazgo del CJNG. Su hijo fue asesinado junto con El Mencho en el operativo en el que se buscaba detener al líder del CJNG.

¿Quién es Ricardo Ruiz, el Doble R?

Ricardo Ruiz Velasco, conocido como el Doble R o RR, es un narcotraficamente mexicano y líder de alto rango del CJNG. Diversos reportes lo identifican como posible sucesor de El Mencho.

Ruiz Velasco habría desarrollado su actividad dentro del CJNG durante la década del 2010. Ha sido señalado como uno de los mandos del Grupo Élite, una célula armada del cártel que participa en enfrentamientos contra organizaciones rivales y en operaciones de seguridad interna del grupo.

También ha sido identificado como presunto jefe de plaza en zonas del estado de Jalisco, particularmente en municipios del área metropolitana de Guadalajara.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en la calle Necochea al 1200, a pocas cuadras de la Bombonera. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras ser alertado por las cámaras de seguridad, que registraron a los sospechosos con intenciones de ingresar a la vivienda.

Al arribar, efectivos de la Comisaría Vecinal 4C constataron que se trataba de un conventillo clausurado, vinculado a un intento previo de usurpación. En el lugar se observó un boquete en el tapiado, evidencia del intento de ingreso.

A pocos metros se encontraban los ahora imputados: dos ciudadanos argentinos, de 51 y 31 años, y un uruguayo de 44. Durante el procedimiento, además, se secuestró una maza tipo martillo que habría sido utilizada para dañar la estructura.

Tal como se observa en las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, los detenidos estaban quitando ladrillos para volver a ingresar al inmueble. Tras provocar los daños en la estructura, dejaron una bolsa celeste sobre un pallet junto a la maza.

De acuerdo con las fuentes, a fines del año pasado la policía ya había detenido a dos hombres que intentaban usurpar la propiedad, por lo que es el segundo intento de ingreso desde el desalojo, ocurrido en diciembre. En aquella oportunidad, un argentino de 33 años, con antecedentes por robo, y un uruguayo de 51 habían dañado el tapiado con el mismo objetivo.

Interviene en la causa la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 34, que dispuso la detención de los imputados por el delito de daño.

Un intento de boquete

La semana pasada, tres boqueteros —dos argentinos y un ciudadano de nacionalidad peruana— fueron detenidos in fraganti mientras intentaban concretar un robo en un local de lotería y servicios para hacer transferencias financieras internacionales en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho se produjo en la avenida Córdoba al 2600, donde los delincuentes accedieron a la agencia tras realizar un boquete en la medianera de un comercio de cosmética ubicado al lado.

La intervención policial se originó por la activación de la alarma del local de lotería, donde también funciona una agencia de pagos y transferencias internacionales. Al llegar al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no advirtieron movimientos sospechosos desde el exterior. Sin embargo, detectaron que la puerta del local de cosmética contiguo estaba entreabierta.

Cuando ingresaron, los efectivos descubrieron a dos hombres junto a un boquete abierto en la pared que comunicaba ambos comercios; uno de ellos portaba una maza, que fue la herramienta utilizada para romper la pared que divide a los dos negocios.

El agujero había sido realizado a ras del piso, con dimensiones suficientes para permitir el paso de una persona. Los policías accedieron por el boquete y, ya dentro del local de lotería, encontraron al tercer integrante de la banda en medio de un desorden generalizado, con papeles, cajas y muebles desplazados.

Los uniformados constataron que dos de los detenidos llevaban en su poder casi dos millones de pesos, suma que había sido sustraída de la caja registradora del local.

También fueron halladas otras herramientas como por ejemplo una barra de hierro, utilizada para forzar la persiana y la puerta del comercio de cosmética.

La Policía de Misiones investiga las circunstancias en torno a la muerte de Enrique Ramón Azamé, un hombre de 84 años hallado sin vida en su vivienda de la avenida Santa Cruz, de Posadas. El caso, que ha generado conmoción en el barrio, involucra hasta el momento la detención preventiva de tres personas mientras avanzan las pesquisas judiciales y forenses.

La secuencia se inició en la mañana del martes, cuando Paulino Azamé, hermano del fallecido, ingresó al domicilio y encontró al hombres junto a la cama, con una lesión visible en el rostro. De inmediato, solicitó auxilio médico. Una ambulancia trasladó al herido al Hospital Favaloro, donde se constató su deceso poco después, según informaron fuentes policiales.

Los primeros datos aportados por los efectivos señalaron que, al arribar al inmueble, no se registraron señales evidentes de violencia en el entorno, aunque varios elementos hallados quedaron bajo custodia para su análisis pericial. Las circunstancias exactas del fallecimiento permanecen bajo investigación, mientras la Justicia dispuso la realización de la autopsia y la toma de declaraciones a testigos.

Según informó el portal local El Territorio, en el marco de la causa, la Policía procedió a la demora preventiva de J. M. D. S., de 29 años y nacionalidad brasileña, y V. M. D. S., de 26 años, dos personas trans que frecuentaban la vivienda de la víctima. Ambas quedaron alojadas en sede policial a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Posadas, encabezado por el magistrado Juan Manuel Monte.

El motivo de las detenciones se fundamentó en los vínculos previos de ambas personas con el domicilio y la necesidad de esclarecer la dinámica de sus visitas. Hasta el momento, no se informó públicamente la existencia de antecedentes penales ni denuncias previas que involucren a las demoradas, pero su testimonio resulta clave para reconstruir las últimas horas de vida de Azamé.

Horas más tarde, la investigación sumó un nuevo avance cuando personal de la Dirección de Investigaciones Complejas y de la Comisaría 17ª concretó la detención de un tercer sospechoso. Fuentes policiales informaron que el procedimiento se realizó cerca de las 13, tras la incorporación de nuevos datos y declaraciones testimoniales a la causa.

El hombre detenido, según informó el portal Primera Edición, fue identificado como R. A. C., de 42 años. Según los primeros informes, los investigadores sostienen que tendría relación directa con el hecho que se investiga, aunque el grado de su presunta participación aún no fue precisado. El detenido permanece también a disposición del Juzgado de Instrucción 2.

La Policía no descarta nuevas medidas en los próximos días, a la espera de los resultados que brinde la autopsia y el peritaje de los elementos recogidos en la vivienda. Hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis y la instrucción judicial permanece abierta bajo la supervisión del juez Juan Manuel Monte.

Durante el fin de semana, otro crimen se registró en Misiones, cuando un hombre mató a puñaladas a su ex pareja en el asentamiento Panambí. La víctima fue identificada como Silvana Báez, de 35 años, quien fue apuñalada por su novio, individualizado como J. R. V., de 59 años. Ambos habrían mantenido una discusión y esto fue lo que motivó el desenlace fatal.

El crimen ocurrió el sábado cerca de las de las 17:30, cuando efectivos policiales fueron notificados de lo que sucedía y acudieron al asentamiento ubicado en el kilómetro 2 de la Ruta Provincial N.º 5. Al llegar, se encontraron con el cuerpo de Báez, tendido en el suelo y con varias lesiones compatibles con un arma blanca, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Primera Edición.

El sospechoso y presunto femicida se dio a la fuga en su moto tras concretar el crimen. A partir de testimonios y tareas investigativas, los uniformados lo ubicaron en una zona de cultivo a unos tres kilómetros del lugar del hecho. Tras ser examinado por el médico policial, J. R. V. fue trasladado a sede policial y quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la causa en su contra.

La Policía Rural detuvo a dos hombres buscados por el homicidio de Leandro David Ontivero Díaz en una operación realizada en el desierto de Lavalle, en la provincia de Mendoza.

Los arrestos se concretaron en el paraje El Retiro de San Miguel, una zona ubicada cerca de la ruta 142, durante un despliegue coordinado entre el destacamento El Retamo y efectivos de la UID Lavalle, según informó el Ministerio de Seguridad y Justicia.

El operativo surgió a partir de una alerta que advertía sobre la presencia de personas presuntamente involucradas en el asesinato de Ontivero Díaz, ocurrido el 18 de marzo en Las Heras. Con información precisa sobre los sospechosos y sus características físicas, los uniformados se dirigieron al lugar y divisaron a tres sujetos que, al notar la presencia policial, intentaron huir por distintas direcciones.

El despliegue policial permitió la localización de dos de los fugitivos. Ambos se ocultaban en un corral caprino, ubicado detrás de una vivienda del paraje. La intervención concluyó con la custodia de los detenidos y el hallazgo de diversos elementos relacionados con la caza en las inmediaciones, entre ellos cuatro trampas de zorro, un huevo de choique, un caparazón de quirquincho, un zorro muerto, una cuchilla, dos cuchillos y seis cueros.

Los aprehendidos fueron identificados como A. N. L. R. (43 años) y J. R. D. V. B. (35 años). Ambos fueron trasladados a la comisaría 63 de Lavalle, donde se constató que tenían pedido de captura activo desde el crimen. En el mismo procedimiento, fue detenido un tercer hombre, J. L. M. M. (30 años), aunque posteriormente las autoridades confirmaron que no guardaba relación con el caso investigado.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, la búsqueda continuó al día siguiente, cuando los efectivos lograron dar con el tercer sospechoso que había escapado durante el primer allanamiento. Este último fue localizado a pocos kilómetros del paraje El Retiro y, tras su detención, también fue puesto a disposición del ayudante fiscal Sebastián Pareja de la oficina fiscal N° 2 Las Heras-Lavalle.

Estas personas se suman a C. A. O., una mujer de 27 años que permanece imputada por homicidio agravado y detenida desde el día del homicidio.

Con respecto al crimen, las investigaciones preliminares establecieron que el joven, de 23 años, fue atacado durante una riña en un descampado del barrio Buena Vista de El Borbollón. Según las averiguaciones policiales, Ontivero recibió un disparo en el cuello durante el altercado y, a pesar de estar herido, logró desplazarse por sus propios medios hasta su domicilio, donde finalmente se desplomó.

La secuencia de los hechos fue alertada por un llamado al 911, que denunció detonaciones y la presencia de un herido. Al llegar al lugar, personal policial entrevistó a familiares de la víctima, quienes mencionaron la existencia de conflictos previos con personas conocidas del barrio, lo que habría motivado el ataque.

En las horas posteriores al homicidio, se realizaron varios allanamientos en el mismo barrio donde ocurrió la agresión, logrando el secuestro de armas de fuego y teléfonos celulares como elementos de interés para la causa. Inicialmente, junto a la mujer, fue detenido otro hombre que posteriormente recuperó la libertad.

Las autoridades judiciales continúan con la recolección de pruebas y testimonios para determinar la participación de todos los implicados y avanzar hacia la elevación a juicio de la causa. Los detenidos permanecen a disposición de la fiscal Florencia Díaz Peralta, quien lidera la instrucción del expediente.

Un nuevo episodio de violencia de género conmocionó al barrio General San Martín, de Mar del Plata cuando un hombre fue detenido tras atacar a su ex pareja con un palo con clavos y un cuchillo.

El hecho se registró en una vivienda situada en Nápoles al 5800. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido a partir de un llamado al 911.

Al arribar al lugar, agentes de la comisaría quinta se encontraron con el agresor en actitud hostil. El hombre portaba un palo de madera al que había incrustado clavos en uno de sus extremos, además de un cuchillo tipo Tramontina. Los oficiales lograron reducirlo y procedieron a su detención en el acto.

Según el testimonio de la víctima, la agresión se produjo en el marco de un conflicto personal. El hombre, que mantenía una relación previa con la mujer, no solo la atacó físicamente, sino que también la amenazó durante el incidente.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, la víctima sufrió lesiones en uno de sus brazos y fue asistida por los servicios médicos. En el lugar, los efectivos constataron que el agresor tenía una restricción de acercamiento vigente respecto al domicilio, lo que agravó la situación legal del detenido.

Las autoridades informaron que el imputado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 tras la intervención de la fiscal Ana Caro, quien dispuso la formación de causa por desobediencia, lesiones leves agravadas por mediar violencia de género y amenazas agravadas. Los elementos utilizados en el ataque —el palo con clavos y el cuchillo— fueron secuestrados como prueba.

En otro episodio de violencia familiar, un hombre de 39 años fue imputado tras amenazar a su hija con un arma de fuego en medio de una disputa. El hecho ocurrió en la localidad de Batán y derivó en una investigación policial que incluyó un allanamiento.

La denuncia fue presentada el sábado pasado por la propia víctima, quien relató que su padre la intimidó exhibiendo un arma de fuego. Al igual que en el caso anterior, el acusado tenía vigente una restricción de acercamiento, lo que constituye un agravante en el proceso judicial. Personal de la comisaría octava inició tareas investigativas, analizó cámaras de seguridad y reunió testimonios que permitieron vincular al hombre con la amenaza.

Con intervención de la fiscalía a cargo de Mariano Cubas, la Justicia ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en calles 27 y 38. El operativo, que contó con apoyo del Grupo de Apoyo Departamental (GAD), permitió identificar al sospechoso y secuestrar un teléfono celular que será analizado en la causa.

Los hechos investigados ocurrieron en un contexto de conflicto intrafamiliar, donde la víctima, hija del imputado, manifestó haber sentido temor por su integridad ante la presencia del arma. La Policía no halló el arma en el allanamiento, pero sí logró reunir otros elementos probatorios.

El hombre fue notificado de la formación de causa por amenazas agravadas. No se dispusieron medidas restrictivas de la libertad en su contra, aunque se informó que registra un antecedente penal por robo calificado en 2009.

Tras los operativos del 27 de abril en Zapopan y Nayarit, donde detuvieron a “El Güero Conta” y “El Jardinero”, el gobernador Pablo Lemus afirmó que Jalisco sigue siendo aliado en el combate al crimen organizado.

Desde una publicación en X, Lemus subrayó la coordinación entre los tres niveles de gobierno y reconoció el trabajo de titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

Ambos sujetos, arrestados con horas de diferencia, son señalados como operadores clave del Cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo, “El Jardinero” sería un criminal con más poder y por ende más peligroso.

Asimismo, el mandatario compartió un clip de la conferencia encabezada por Harfuch, donde confirmó el reforzamiento de elementos de los tres ordenes de gobierno para garantizar el bienestar de la población de ambos estados.

Estas acciones estarían orientadas a mantener la paz y que no se repitan atentados como los del pasado 22 de febrero cuando fue abatido Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”,

Cabe señalar Jalisco y Nayarit comparten una extensa frontera en la región occidente del país. Esta colindancia ha llevado a que ambos estados mantengan una coordinación constante en materia de seguridad, especialmente en zonas limítrofes donde suelen operar grupos delictivos.

Despliegue coordinado en zonas estratégicas de Jalisco

El video compartido por el gobernador Pablo Lemus muestra a Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, detallando que cerca de cuatro mil elementos de fuerzas federales, estatales y municipales participaron en el despliegue de seguridad en puntos considerados zonas de riesgo.

En el material, Harfuch explicó que la operación preventiva tuvo como objetivo contener cualquier posible reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación tras la detención de los dos líderes identificados como “El Jardinero” y “El Güero Conta”.

El operativo contó con la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Policía Estatal de Jalisco y de Nayarit, así como policías municipales. Se reforzaron puntos estratégicos como Puerto Vallarta, el corredor limítrofe con Nayarit, además de las regiones de Magdalena y San Marcos.

El discurso de Harfuch corresponde a la conferencia de prensa realizada a las 11 de la mañana de este 28 de abril en la sede de la SSPC. En el mensaje, también reconoció la colaboración del gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero.

Por su parte, Pablo Lemus subrayó que Jalisco seguirá trabajando junto con autoridades locales y federales para priorizar la protección ciudadana.

En su mensaje publicado en X, Lemus reiteró: “Jalisco siempre será un aliado de México para combatir al crimen organizado”.

Quién fue detenido en Jalisco, ligado al CJNG

Las autoridades detuvieron en Zapopan a César Alejandro “N”, conocido como “El Güero Conta”, identificado como el principal operador financiero de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, jefe regional del Cártel Jalisco Nueva Generación capturado unas horas antes en Nayarit.

De acuerdo con la información oficial, “El Güero Conta” administraba los recursos económicos del grupo criminal y era responsable de lavar dinero mediante empresas fachada y prestanombres, así como de adquirir aeronaves, embarcaciones, propiedades y de invertir en productoras de tequila.

El operativo, realizado por fuerzas federales y estatales, se concretó cuando ubicaron el domicilio de César Alejandro “N” y lo interceptaron al salir de su casa.

Durante su detención, las autoridades aseguraron un arma larga, cartuchos, más de mil dosis de metanfetamina, dinero en efectivo, teléfonos celulares y un vehículo.

Dos efectivos de la Policía de Santa Fe fueron imputados ayer tras quedar al descubierto una maniobra de extorsión contra un hombre en la capital provincial.

La investigación, comandada por el fiscal Ezequiel Hernández, derivó en un operativo dentro de la Comisaría 8ª, donde se utilizó dinero previamente marcado por las autoridades para probar la comisión del delito.

El caso involucra a un inspector de 37 años y a un suboficial de 49, ambos con funciones en la mencionada dependencia policial. Según la Fiscalía, los uniformados abusaron de su posición y emplearon amenazas para obtener un beneficio económico ilícito. El episodio tuvo como víctima a un hombre al que le exigieron el pago de un millón de pesos, a cambio de devolverle una motocicleta incautada en la localidad de Sauce Viejo.

De acuerdo con la acusación del Ministerio Público de la Acusación (MPA), los policías advirtieron al hombre que, si no entregaba el dinero, sería arrestado por “falsa denuncia” y enfrentaría una posible condena de hasta 15 años de prisión. Lejos de acceder a la extorsión, el damnificado se presentó ante la Unidad Especial de Asuntos Internos y denunció el accionar de los agentes.

El procedimiento para desenmascarar a los acusados se articuló bajo las directivas del fiscal Hernández. El viernes posterior a la denuncia, se organizó una entrega controlada: la víctima ingresó a la comisaría con los billetes marcados por los investigadores, mientras personal encubierto esperaba en las inmediaciones. Tras concretarse la entrega del dinero, efectivos de Asuntos Internos ingresaron a la dependencia y hallaron el efectivo en poder de los dos sospechosos.

Durante la audiencia celebrada el martes, la Fiscalía imputó a los policías la coautoría del delito de exacciones ilegales agravadas. Ambos quedaron detenidos y continuarán privados de la libertad, al menos hasta el jueves, fecha en la que se analizarán las medidas cautelares y se definirá si seguirán el proceso en prisión preventiva.

La investigación no descarta la implicancia de otros miembros de la fuerza policial. El fiscal Hernández informó que la causa “continúa abierta en relación a la posible participación de un tercer integrante de la fuerza”, en referencia a la presunta presencia de otro agente durante la intimidación al denunciante. El funcionario judicial remarcó que el análisis de los hechos podría derivar en nuevas imputaciones si se comprueba la intervención de más uniformados en la maniobra.

El Ministerio Público de la Acusación destacó que la investigación se mantiene en curso y que se profundizarán las actuaciones respecto a la posible intervención de un tercer policía en el caso.

Detuvieron a un policía porteño y a su pareja por vender drogas

A principios de este mes, un efectivo de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires y su joven pareja fueron detenidos en la localidad bonaerense de Munro, partido de Vicente López, tras una investigación en la que se estableció que se dedicaban a la comercialización de droga. En su poder, durante el arresto, los agentes descubrieron una gran variedad de estupefacientes, listos para vender.

Según confirmaron fuentes policiales, el operativo fue realizado por personal del Comando Patrulla Vicente López y un grupo de agentes de la Comisaría Tercera de la localidad de Munro, Departamento Judicial del distrito.

Los interceptaron en la intersección de las calles Debenedetti y Basavilbaso, mientras los sospechosos circulaban en una camioneta Nissan Frontier que había sido previamente investigada.

Los acusados fueron identificados con las iniciales de N. G. P., de 32 años, quien se desempeñaba como Oficial Primero de la Policía de la Ciudad, y su pareja, M. C. S., de 25 años.

Entre los secuestros, se hallaron diversas sustancias ilegales y una importante suma de dinero, según se informó oficialmente.

Durante la inspección vehicular, se incautaron 400.000 pesos en efectivo, varios teléfonos celulares, 67 dosis de pastillas de éxtasis, cinco envoltorios de nylon con cocaína rosa, una sustancia conocida como tussi, un envoltorio con cristal, dos bolsas con clorhidrato de cocaína en trozos, ocho envoltorios con cocaína en polvo, ocho frascos de ketamina líquida, balanzas de precisión y materiales para estiramiento.

La Fiscalía, luego del arresto, dispuso un allanamiento inmediato en una vivienda vinculada a los imputados, en el partido bonaerense Almirante Brown.

Allí, los investigadores incautaron elementos utilizados para el fraccionamiento de estupefacientes: un molinillo, once tapones de goma, tapas de chapas para el sellado de frascos, varias balanzas de precisión y jeringas.

La investigación, que incluyó tareas encubiertas, análisis de cámaras de seguridad y la recepción de testimonios, continúa bajo la intervención de la Unidad Fiscal de Drogas Ilícitas de Vicente López, a cargo de la fiscal Marcela Semeria, quien avaló el procedimiento policial y ordenó la continuidad de las pesquisas.

Dos jóvenes de Córdoba capital fueron detenidos tras una investigación que reveló una red de venta y distribución de estupefacientes en diferentes puntos de la provincia. El operativo, a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), permitió secuestrar cocaína, marihuana, dinero en efectivo y un vehículo que era utilizado para el traslado y ocultamiento de parte de la droga.

En procedimientos realizados de manera simultánea, los agentes intervinieron en dos puntos estratégicos: la intersección de Ruta Nacional 9 y Ruta Provincial 16 en la localidad de San José de la Dormida y un domicilio ubicado en la calle Rafael de Palencia al 3.400 en barrio Yofre Norte.

Como resultado de estas acciones, fueron detenidos un hombre de 23 años y una mujer, quienes, según la investigación, gestionaban un punto de venta en la capital provincial y ofrecían un sistema de entrega a domicilio durante los fines de semana en localidades del norte.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la intervención de la FPA comenzó tras detectarse movimientos irregulares en la zona, lo que llevó a la apertura de una investigación coordinada junto a la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Deán Funes. La causa fue caratulada por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes, según se informó oficialmente.

Durante los allanamientos, se incautaron 105 dosis de cocaína, 38 de marihuana, una balanza digital y dinero en efectivo. Uno de los hallazgos que más llamó la atención de los investigadores fue el modo en que los acusados intentaban eludir los controles: parte de la droga y la balanza estaban ocultas en el cielo raso de un Chevrolet Corsa, lo que evidenció una estrategia para dificultar la detección policial.

El procedimiento, realizado bajo la supervisión de la fiscalía, incluyó la requisa exhaustiva del vehículo, donde se encontraron los elementos disimulados en compartimientos especialmente adaptados. Esta maniobra, señalaron fuentes policiales, era utilizada en los desplazamientos hacia las localidades de San José de la Dormida y Villa de María del Río Seco, donde los fines de semana los detenidos ofrecían servicio de entrega directa de estupefacientes.

La FPA detalló que las operaciones de delivery se realizaban principalmente los fines de semana, aprovechando la movilidad que les proporcionaba el automóvil ahora secuestrado.

Las autoridades informaron que todo el material incautado, junto con los dos detenidos, fue trasladado para quedar a disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico, que continúa con las diligencias de la causa. El operativo coordinado buscó cortar tanto la provisión local como la distribución hacia localidades más pequeñas, donde la modalidad delivery representaba un desafío adicional para las fuerzas policiales.

En la investigación se estableció que los acusados mantenían un punto de venta fijo en Córdoba capital, desde donde abastecían la demanda local, y que los envíos a localidades del norte provincial eran planificados y ejecutados los fines de semana, con el objetivo de aprovechar la menor presencia policial y la movilidad propia del vehículo.

El caso continúa bajo análisis judicial, mientras los elementos secuestrados permanecen como prueba principal en la causa. Las autoridades no descartan nuevas detenciones vinculadas a la misma red investigada, en función de los datos surgidos del material incautado y los registros de comunicación que acompañan el expediente.

La localidad de Quilino, en el norte de la provincia de Córdoba, permanece conmocionada tras el avance de la investigación por la muerte de Vicenta López, una mujer de 82 años, que fue hallada sin vida en su domicilio. En las últimas horas, la causa dio un giro relevante con la detención de un hombre de 33 años y una mujer de 36, quienes fueron aprehendidos durante un operativo policial en el barrio Jardín.

El procedimiento fue realizado por efectivos de la Departamental Ischilín, quienes irrumpieron en una vivienda tras el seguimiento de diversas pistas. La investigación, en sus primeras etapas, ya había derivado en la detención de un joven de 30 años oriundo de Lucio V. Mansilla. Sin embargo, la acumulación de nuevas pruebas llevó a las autoridades a ampliar el número de sospechosos y profundizar en el análisis de los hechos.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Voz, el caso se originó con el hallazgo del cuerpo de López en su vivienda de la calle Chubut al 140. La mujer fue encontrada sin signos vitales, lo que motivó la intervención inmediata de la Policía y el inicio de una causa por homicidio en ocasión de robo. El escenario del crimen y la ausencia de algunos objetos personales reforzaron la hipótesis de un ataque motivado por el interés económico.

La detención de los nuevos sospechosos se concretó luego de tareas investigativas que incluyeron el análisis de información y la vigilancia discreta de posibles implicados. Durante el allanamiento, los uniformados secuestraron dos teléfonos celulares, prendas de vestir y un automóvil presuntamente utilizado por los detenidos para trasladarse al lugar del hecho.

Según fuentes policiales, los elementos secuestrados serán sometidos a peritajes para determinar su relación directa con el homicidio de López. El automóvil, en particular, es considerado una pieza central para reconstruir la mecánica de los desplazamientos de los involucrados antes y después del crimen.

Desde la Fiscalía de la Novena Circunscripción, encabezada por la fiscal Analía Cepede, se dispusieron diversas medidas para profundizar en el esclarecimiento del caso.

Pese a que la principal hipótesis sigue siendo que se trató de un homicidio en ocasión de robo, las autoridades investigan si los acusados tenían conocimiento previo de la existencia de dinero en la casa de López. Este dato resulta central para establecer si el hecho fue planificado de antemano o si se trató de una oportunidad improvisada. Además, se analiza la posibilidad de que al menos uno de los sospechosos hubiera mantenido contacto previo con la víctima, lo que podría haber facilitado el acceso al domicilio.

La Fiscalía mantiene reserva sobre los detalles más sensibles de la pesquisa, en tanto que la investigación sigue abierta a nuevas detenciones. Los dos detenidos permanecen a disposición de la Justicia y serán indagados en las próximas horas, mientras se evalúa la consistencia de las pruebas en su contra.

Además, el dinero sustraído durante el hecho habría sido recuperado por los investigadores, aunque este aspecto permanece bajo análisis en las actuaciones en curso.

La fiscal Analía Cepede dispuso la continuidad de las medidas de prueba y el seguimiento de nuevas líneas investigativas. Mientras tanto, los detenidos aguardan su declaración indagatoria y la eventual imputación formal por homicidio en ocasión de robo. La causa, que se mantiene en plena etapa de instrucción, podría derivar en más detenciones si se corrobora la intervención de otras personas.

La Secretaría de Marina aseguró un dron industrial, armas y equipo táctico tras operativos en Escuinapa, Sinaloa, donde también fueron desmantelados cinco campamentos presuntamente utilizados por la delincuencia organizada.

El personal naval participó en patrullajes terrestres y aéreos para dar seguridad en diligencias ministeriales, según informó la dependencia a través de un comunicado.

Los elementos navales inhabilitaron en el lugar los campamentos, una camioneta con blindaje artesanal y dos artefactos explosivos improvisados.

El dron industrial y otros objetos asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de carpetas de investigación.

Tres operativos y los resultados

En un primer operativo, el personal naval aseguró un arma larga, nueve cargadores, aproximadamente 180 cartuchos útiles, un chaleco táctico y dos placas balísticas en inmediaciones del poblado de Loma Grande, municipio de Escuinapa.

En un segundo evento en el mismo municipio, elementos de la Armada de México detuvieron a cinco personas. Durante la detención, se aseguró un arma corta, dos cargadores, 370 cartuchos útiles, veintiún chalecos tácticos y una fornitura.

Durante el tercer operativo, el personal naval patrulló por aire y tierra en el mismo municipio, localizando y desmantelando cinco campamentos supuestamente empleados por grupos criminales. En el sitio aseguraron una camioneta con blindaje artesanal, dos artefactos explosivos improvisados y un dron industrial. Los objetos inhabilitados y el dron quedaron bajo resguardo de la FGR para su investigación.

Dron DJI, habitual en el campo mexicano, fue adaptado por grupos criminales en Sinaloa

El dron industrial asegurado por la Secretaría de Marina en Escuinapa corresponde a un modelo de la marca DJI, empresa líder en tecnología de drones civiles y agrícolas.

Estos equipos, diseñados para actividades como la pulverización y el monitoreo de cultivos, son habituales en campos de maíz, caña y aguacate en México.

De acuerdo con datos de DJI Agriculture, sus drones pueden cubrir hasta 16 hectáreas por hora y reducir el uso de agua hasta en un 90% en comparación con métodos tradicionales. Según la compañía, más del 10% de las superficies agrícolas mexicanas ya emplean drones DJI para fumigación y análisis de campo.

En Sinaloa y otras regiones del país, autoridades han detectado que grupos delictivos modifican este tipo de drones para actividades ilícitas, como vigilancia de rutas, traslado de cargamentos o lanzamiento de artefactos explosivos.

De acuerdo con las imágenes compartidas por la Marina, el dron asegurado presentaba una base de metal adaptada, lo que sugiere un uso distinto al agrícola y posible vinculación con operaciones de la delincuencia organizada.

El equipo, junto con los artefactos explosivos y demás objetos asegurados, fue entregado a la Fiscalía General de la República para las investigaciones correspondientes.

Cuatro hombres han sido detenidos tras el ataque a balazos a la taquería El Pastorcito de la Anáhuac, ubicada en la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón. Aquel atentado dejó como saldo cinco personas heridas, entre ellas una mujer, quienes requirieron traslado hospitalario.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 23 de abril, cerca de las 10:30 pm.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México han asegurado hasta el momento un arma larga, una pistola tipo pluma, vehículos usados en el crimen y otros objetos, luego de operativos que combinaron el seguimiento de cámaras y patrullajes en la zona.

Según los datos oficiales, la detención de los cuatro implicados ocurrió en dos intervenciones distintas. Uno de los detenidos es menor de edad.

Reportes extraoficiales indican que el hecho fue un pleito entre grupos delincuenciales de la capital.

Así ocurrió la balacera en El Pastorcito de la Anáhuac

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la noche del 23 de abril, operadores del C2 Poniente alertaron a policías sobre detonaciones de arma de fuego en la taquería El Pastorcito de la Anáhuac.

Al arribar, los uniformados observaron al interior del local a tres personas con heridas de bala y solicitaron servicios médicos de emergencia.

Paramédicos atendieron en el sitio a una mujer de 40 años con lesiones en pierna y rostro, a un hombre de 47 años con herida en el brazo y a otro de 42 años con lesión en el abdomen.

Dos personas más, de 19 y 26 años, fueron trasladadas por familiares a un hospital.

Según el análisis de cámaras de videovigilancia, los responsables dispararon desde dos motocicletas y huyeron del lugar inmediatamente después de la agresión.

Primeros detenidos tras ataque armado en El Pastorcito de la Anáhuac

Al dar seguimiento a la ruta de escape de los probables responsables, los monitoristas ubicaron este 24 de abril una de las motocicletas, la cual era color negro, en las calles Glaciar y San Pablo, colonia Olivar de los Padres de la misma alcaldía.

Ahí, policías interceptaron la unidad y detuvieron a sus tripulantes, dos jóvenes de 19 y 16 años de edad.

Ambos fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica y continuará con la investigación del caso.

Segunda intervención: aseguran armas y detienen a otros dos hombres

Posteriormente, este mismo 24 de abril, las investigaciones permitieron identificar una segunda motocicleta negra y un casco con vivos verdes, elementos observados en la huida de los agresores.

Durante recorridos en la colonia Lomas de la Era, un ciudadano denunció haber sido amenazado por motociclistas armados y despojado de dinero en efectivo, estos presuntos ladrones estarían implicados en el ataque a la taquería.

Los agentes iniciaron una persecución que culminó en la calle Abedules, donde interceptaron la motocicleta y aseguraron un rifle, una pistola tipo pluma, un casco y el dinero robado.

Tras la acción, los hombres de 20 y 29 años quedaron detenidos y fueron presentados ante el Ministerio Público junto con lo asegurado.

La motocicleta utilizada no tenía placas de circulación, según el reporte oficial.

Las autoridades reportaron que los cuatro detenidos estarían relacionados no solo con el ataque a El Pastorcito de la Anáhuac, sino también con un robo y daños a un bar ocurridos el 16 de abril en la colonia Lomas de Potrero.

La SSC mantiene trabajos de investigación y seguimiento virtual para identificar a más implicados en estos hechos.

Disputa criminal, según reportes extraoficiales

Reportes extraoficiales apuntan a que el ataque estaría relacionado con una disputa entre grupos criminales de la Ciudad de México.

El periodista Carlos Jiménez difundió en sus redes sociales que en la agresión participan integrantes de La Unión de Tepito y una organización identificada como “Los Oaxacos”.

De acuerdo con el mensaje publicado: “Así cenaban estos tipos cuando un grupo de lacras en moto les disparó. Ellos también sacaron sus armas y respondieron. Volaron tacos, salsas, mesas… Es la pelea de La U vs Los Oaxacos.”

Además de afirmarlo en el mensaje, el periodista compartió un video en sus redes que reafirman la versión de que hombres al interior de la taquería también portaban armas y dispararon.

El hecho trascendió este miércoles con la imptuación formal de los detenidos, pero ocurrió a comienzos de abril. La maniobra fue simple: un joven tocó el timbre de una vivienda ubicada sobre la calle Balbín al 4600 y, con información precisa sobre la víctima, simuló entregar un encargo. Toda la secuencia quedó grabada por una cámara de seguridad de la zona.

Pese a que el delincuente portaba globos en forma de corazón y una caja con moño que aparentaba ser un obsequio, el envío era en realidad una trampa. Así, cuando la joven de 25 años salió a recibir el paquete, los atacantes la sujetaron del cuello y entraron por la fuerza a la casa.

Según la información reconstruida por Primer Plano Online, en la escena del hecho se identificaron a, al menos, tres hombres. En ese momento, los gritos de la víctima se propagaron por la cuadra, mientras que una amiga que la acompañaba logró huir tras ser interceptada por uno de los asaltantes.

Durante el forcejeo, la víctima guardó su teléfono en el bolsillo y pidió a los vecinos que llamaran a la Policía porque estaban siendo víctimas de un robo. El plan delictivo se vio frustrado en parte, ya que, si bien lograron sustraerle un aro de oro, la reacción de la cuadra obligó a los ladrones a escapar.

Luego de que dieran aviso a las autoridades, los móviles policiales arribaron rápidamente y, con el apoyo del Laboratorio de Imágenes del Municipio de Ituzaingó, se organizó un operativo cerrojo para localizar a los responsables.

De esta manera, los investigadores determinaron que los sospechosos se desplazaban en un Renault Sandero azul y contaban con un segundo vehículo de apoyo, un Volkswagen Vento. Las cámaras permitieron seguir su fuga y constatar que durante el escape los ocupantes intercambiaron autos, lo que evidenció la participación de más de tres personas en ambos vehículos.

En medio de la persecución, la Policía logró interceptar al segundo automóvil en la esquina de la avenida Rivadavia y Ventura Alegre. Allí fueron detenidos B. N. C. (un hombre de 33 años, domiciliado en González Catán) y otros dos hombres oriundos de Morón identificados como S. D. P., de 24 años, y A. D. C., de 23 años.

Finalmente, el fiscal Lucio Rivero, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Descentralizada N° 2 de Ituzaingó, solicitó la detención de los tres individuos este miércoles. Así, el pedido fue convalidado por el juez de Garantías Gustavo Robles.

Por otro lado, se dio a conocer que los tres detenidos contaban con antecedentes penales, bajo cargos de robo agravado por el uso de arma de fuego. Sin embargo, la investigación sigue en curso, ya que los investigadores buscan determinar la identidad de los demás miembros de la banda con el análisis de los cuatro celulares secuestrados en el procedimiento.

Asaltaron al cantante Ponte Perro en Ituzaingó

Una entradera con toma de rehenes en la casa del cantante de RKT Mario Emanuel De Los Santos, conocido como Ponte Perro, en Ituzaingó, terminó con un tiroteo y un delincuente muerto el viernes 27 de marzo por la tarde.

El incidente ocurrió cerca de las 14 horas en una vivienda ubicada en la calle Hortiguera al 1900, cuando un grupo de asaltantes ingresó a la propiedad donde se encontraba el artista junto a su pareja, según informaron fuentes policiales a Infobae.

Ambos ocupantes de la vivienda fueron atados y reducidos por los ladrones, quienes buscaban sustraer pertenencias. La situación se tornó crítica cuando un vecino, al notar movimientos extraños, se comunicó con el 911, lo que derivó en la activación inmediata de un operativo policial.

Los delincuentes huyeron del lugar en una Renault Kardian gris que tenía pedido de secuestro por robo en la Ciudad de Buenos Aires. Durante la fuga, colisionaron con otro vehículo en la esquina de Alberti y Ecuador, lo que desencadenó un enfrentamiento armado con la Policía. Como resultado, uno de los asaltantes fue abatido en el acto; portaba una pistola equipada con un kit Ronin, un accesorio que permite convertir el arma en una especie de subfusil.

Uno de los sospechosos, Roberto Oscar Sánchez, de 35 años, intentó evadirse a pie y se introdujo en una casa de Alberti al 2800, donde tomó de rehén a una mujer de 50 años. El episodio quedó registrado por las cámaras de seguridad internas.

En las imágenes, se lo vio junto a la víctima en el garaje, destruyendo su celular contra la pared y arrojando las piezas, presuntamente para eliminar pruebas. La Policía rodeó la vivienda y, tras una breve negociación, logró que el asaltante se entregara, saliendo junto a la rehén por el portón principal antes de ser reducido en el suelo y detenido.

El segundo cómplice, Gonzalo Nahir Petruchelli, de 24 años, fue capturado a dos cuadras, en Alberti al 2500, portando una pistola Pietro Beretta 9mm con dos cargadores. Según el reporte policial, Petruchelli había salido de prisión en abril del año pasado tras cumplir condena en la Unidad Carcelaria N°1 de Olmos, y contaba con antecedentes por robo agravado y resistencia a la autoridad desde 2020.

Por su parte, Sánchez tenía antecedentes penales desde 2008, incluyendo un primer expediente por robo armado en la jurisdicción de San Martín, y un pedido de detención vigente por homicidio agravado criminis causa. Al momento de tomar como rehén a la vecina, portaba una pistola Bersa Mini Thunder con cargador extensible.

La investigación también quedó a cargo del fiscal Rivero, quien caratuló al caso como robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, privación ilegal de la libertad, portación ilegal de arma de guerra y encubrimiento.

Momentos de tensión se vivieron en Plaza España de Córdoba, cuando al menos dos jóvenes resultaron heridos por disparos de aire comprimido mientras transitaban por la zona.

Entre las víctimas se encuentra Milagros, una joven de barrio Comercial, quien relató cómo un proyectil de aire comprimido impactó en su rostro, quedando alojado en su mandíbula.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, la madrugada del jueves, la normalidad de la Plaza España se vio abruptamente interrumpida cuando varios transeúntes comenzaron a notar movimientos inusuales y el repentino pánico de quienes recibieron los impactos.

La denuncia de Milagros activó un operativo policial en la zona. Según se informó, los efectivos identificaron que los disparos provenían de un edificio ubicado en Bv. Chacabuco al 1000.

Tras realizar las averiguaciones pertinentes, lograron ubicar y detener a dos jóvenes de 27 años en un departamento del cuarto piso del mencionado inmueble. Los arrestos ocurrieron poco después de la denuncia formal realizada por otro chico, quien también había recibido un disparo, en su caso en la espalda.

Uno de los apresados fue identificado como Franco A., estudiante de arquitectura y residente del departamento desde donde se habrían efectuado los disparos. El segundo implicado es Ramiro M., también de 27 años y estudiante de abogacía, quien se encontraba junto a Franco en el momento del hecho.

La Policía incautó en el lugar un arma de aire comprimido, presuntamente utilizada para realizar los disparos desde las alturas del edificio. Las investigaciones iniciales apuntan a que los proyectiles fueron lanzados deliberadamente hacia personas que se encontraban en la vía pública, incrementando la gravedad de los hechos por la aleatoriedad y el riesgo de lesiones graves.

Milagros relató que, tras recibir el impacto, acudió a su lugar de trabajo para intentar detener la hemorragia provocada por la herida. Más tarde, una radiografía confirmó que el balín seguía alojado en su mandíbula.

Una policía baleó a tres personas en Almagro

A principios de este mes, una agente de la Policía Federal Argentina (PFA) baleó a tres hombres con su arma reglamentaria, en un confuso episodio ocurrido en el barrio porteño de Almagro, al sospechar que era víctima de algún delito. Luego del tiroteo, la mujer quedó detenida.

Todo ocurrió alrededor de las 08:10 en la zona de la avenida Belgrano y la calle Maza. Según los primeros datos de la investigación, la oficial compartía un viaje en un auto Chevrolet Corsa de una aplicación de viajes, junto a cuatro personas: el conductor, otros dos hombres y una mujer.

La agente, al parecer, había abordado el vehículo en el barrio de Liniers, mientras que los otros pasajeros provenían de la localidad bonaerense de Moreno.

Durante el trayecto, la oficial comenzó a sentirse descompuesta y solicitó al chofer que detuviera la marcha. Ante la negativa del conductor y al sospechar que podría estar siendo víctima de un robo, la agente decidió efectuar disparos dentro del vehículo y los hirió a las cuatro personas con las que viajaba.

Los heridos son un hombre de 50 años, quien manejaba el Corsa y que recibió disparos en el pecho y la espalda. Otro es un hombre de 33 años que viajaba en el asiento del acompañante y fue herido del lado izquierdo del tórax.

De igual manera, en el asiento trasero, un tercer hombre -de 50 años- recibió un tiro en la pierna izquierda, mientras que una mujer de 30 años, que se encontraba en el medio, fue baleada en el brazo izquierdo, la pierna derecha y el abdomen. Todos fueron derivados por el SAME a distintos hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. Personal de Policía Científica trabaja en el lugar.

Con más de un centenar de vacunas falsas, dos personas fueron detenidas por elementos de la Secretaría de Marina (Semar) en un operativo realizado contra la comercialización de medicamentos apócrifos en el Estado de México.

Rodolfo César “N” y Areli “N” fueron arrestados luego de trabajos de inteligencia e investigación efectuados por autoridades federales, quienes localizaron un inmueble en el municipio de Huixquilucan usado para la venta de medicamentos y vacunas falsificadas.

Tras los indicios, las autoridades llevaron a cabo un cateo encabezado por la Marina en el domicilio ubicado en la colonia Jesús del Monte, donde el hombre y la mujer fueron localizados con diversos indicios ilícitos.

Más de 100 vacunas falsas y hasta cocaína: lo asegurado a los detenidos

Durante la acción, los agentes aseguraron 110 dosis de vacunas falsas para el Virus del Papiloma Humano (VPH), 22 para el neumococo, 9 para el sarampión, un millar de etiquetas para cajas de vacunas, 15 mil dosis de clonazepam, cocaína, 20 cartuchos y diversos dispositivos electrónicos.

Información obtenida por Infobae México refiere que Rodolfo César “N” es identificado por las autoridades federales como presunto vendedor de medicamentos falsificados en el Estado de México, así como de vacunas apócrifas usadas contra el VHP y la Hepatitis B.

Por su parte, Areli “N” es señalada por también estar vinculada con la comercialización de medicamentos falsificados.

Ambos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto con lo asegurado para que se determine su situación jurídica.

Así fue como pacientes con cáncer destaparon una red del crimen organizado dedicada a la venta de medicamentos falsos en Jalisco

Pacientes con cáncer en Jalisco permitieron a las autoridades federales detectar una célula delictiva dedicada a la falsificación y venta de medicamentos apócrifos, luego de sufrir reacciones adversas por tratamientos oncológicos irregulares.

La Marina y la Fiscalía General de la República (FGR) identificaron la red en 2024, tras denuncias directas de los afectados. El monto estimado por las sustancias y materiales decomisados superó los 100 millones de pesos, de acuerdo con un informe al que Infobae México tuvo acceso.

El operativo culminó con la detención del presunto líder de la organización, identificado como Josué “R”, alias “El Tacho”, el 23 de agosto de 2024 en una vivienda de la colonia Panorámica, en Huentitlán, Guadalajara.

Al ingresar al domicilio, los agentes aseguraron más de 12.500 dosis de medicamentos controlados y apócrifos para enfermedades graves, sustancias con probable contenido de fentanilo y dos armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Así se distribuía el medicamento falsificado

La célula criminal no solo operaba en Jalisco, sino que extendía su red de distribución a cuatro entidades federativas adicionales, incluida la CDMX.

Durante el cateo en el inmueble de Guadalajara, los agentes hallaron también mil 556 impresiones para cajas de medicamentos apócrifos, hojas con instrucciones de aplicación y miles de etiquetas con sellos faltos de autenticidad. Según el reporte, en el mercado negro estos insumos alcanzaban un valor de más de 100 millones de pesos.

El documento indica que la célula dirigida por “El Tacho” manejaba la falsificación de medicamentos oncológicos y otros fármacos de alto costo, empleando geles congelados para simular la cadena de frío y hacer más creíble la procedencia de los productos ilegales.

Las pesquisas señalan que la organización compraba medicamentos en farmacias sin registro sanitario, les colocaba etiquetas falsas y los vendía a sobreprecio.

Los fármacos principales comercializados eran Keytruda (de uso oncológico con un valor comercial de aproximadamente 107 mil pesos), Octagam (más de 30 mil pesos), Jevtana (más de 100 mil pesos) y Perjeta (más de 90 mil pesos).

También se encontraban en la lista medicamentos controlados de menores precios como Misoprostol y Clonazepam, con valores que iban de 800 a 100 pesos, respectivamente.

En el operativo, también se incautaron cartuchos útiles, envoltorios con presunta cocaína y metanfetaminas, dinero en efectivo y un vehículo.

Un reporte del Departamento de Estado de Estados Unidos en 2024 advierte que la mayor parte de la producción de medicamentos falsificados diseñados para simular la autenticidad ocurre en países como China, México e India.

El informe subraya que las ventas por internet y redes sociales son la principal vía para que los consumidores accedan a estos productos. Asimismo, en México, se identifican farmacias no afiliadas a cadenas y sin licencia, situadas tanto en la frontera como en zonas turísticas, como puntos clave de distribución.

Un violento incidente se registró este domingo al mediodía en el barrio Las Lilas de la ciudad de Mar del Plata. Las autoridades policiales debieron intervenir en una pelea entre varios hombres en la intersección de las calles Almirante Brown y 176.

El hecho, que se registró cerca de las 13:50, movilizó a efectivos tras una denuncia telefónica al 911 que alertaba sobre disturbios y la presunta presencia de armas en plena vía pública.

Los vecinos de la zona reportaron gritos y pudieron observar el tumulto de individuos enfrentados. Al llegar los efectivos debieron separar a los individuos; asimismo fuentes policiales confirmaron que no hallaron armas de fuego ni de armas blancas en el lugar, como habían indicado los primeros reportes.

Más allá de la inexistencia de armas, ocho hombres quedaron detenidos debido a los disturbios, cuyas edades oscilan entre los 17 y 36 años.

De acuerdo a la denuncia inicial y lo informado por el portal 0223, la causa quedó inicialmente bajo la órbita de la Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de la Dra. Ana Caro, quien resolvió no adoptar medidas restrictivas inmediatas contra los detenidos y los liberó. Esta decisión se fundamentó en la ausencia de pruebas.

Posteriormente, intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, encabezado por el Dr. Yañes Urrutia, debido a la presencia de un menor entre los aprehendidos. En este caso, la autoridad judicial dispuso la entrega del adolescente a sus progenitores.

A su vez, el Juzgado Correccional N° 1 tomó intervención para avalar el accionar de la policía durante el procedimiento y ordenó actuaciones por infracción al artículo 35 del Decreto Ley 8031/73.

Dos grupos de mujeres se pelearon cuando iban a bailar

A principios del mes de febrero tres jóvenes sufrieron una violenta agresión por parte de un grupo de mujeres cuando se dirigían a bailar en la zona de boliches de Playa Grande, también en la ciudad de Mar del Plata. El episodio ocurrió durante la madrugada.

Como consecuencia del ataque, una de las víctimas, de 23 años, terminó con un corte profundo en el brazo izquierdo provocado por una copa de vidrio que una de las agresoras utilizó para golpearla. El hecho tuvo lugar cerca de las 3:10 de la madrugada, en las inmediaciones del Pasaje Victoria Ocampo y La Escalinata, mientras las jóvenes caminaban rumbo a un local bailable. En un momento determinado, fueron sorprendidas por tres mujeres que, sin motivo previo, iniciaron una discusión que derivó en la golpiza.

Tras el ataque, las víctimas de 23, 22 y 26 años, todas vecinas de la ciudad, se acercaron agentes policiales pertenecientes a la sección Restablecimiento del Orden Público (ROP) que, en el marco del Operativo Sol a Sol, realizaban recorridas de vigilancia en la zona.

Debido a los golpes y heridas provocados debieron ser asistidas por personal médico que les brindó asistencia inmediata y trasladó a una de ellas, la más comprometida con los golpes, al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) N°2.

Con los datos aportados, las autoridades organizaron un operativo y ubicaron a las acusadas cuando intentaban entrar a otro boliche cercano. Las mujeres arrestadas tienen 29, 31 y 33 años; una de ellas de nacionalidad peruana. De acuerdo al reporte policial, durante el procedimiento, una reaccionó de forma agresiva ante la Policía y llegó a autolesionarse, pese a las advertencias de los efectivos.

La causa quedó en manos de la Fiscalía de Flagrancia del Departamento Judicial de Mar del Plata, a cargo de Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión de las tres mujeres por el delito de lesiones y su traslado a la sede judicial.

Un operativo conjunto entre la elementos de la policía estatal y agentes municipales derivó en la detención de un integrante de “Los Torrijos”, grupo señalado por su participación en secuestros, extorsiones y robo de transporte de carga en el municipio de Acambay.

La acción permitió también el rescate de una mujer que habría estado privada de la libertad en la localidad de Puentecillas, municipio de Acambay.

Esta intervención ocurrió después de que las autoridades estatales y municipales atendieron un reporte por el robo de un vehículo de carga.

Al patrullar en la zona conocida como Cañada del Gallo, los agentes localizaron un automóvil en una zona boscosa, donde escucharon gritos de auxilio provenientes del interior.

Dentro del vehículo encontraron a una mujer de aproximadamente 27 años, quien acusó a Samuel “N”, de 35 años, de retenerla contra su voluntad.

El operativo permitió el rescate de una víctima y el aseguramiento de droga

Durante la revisión del vehículo, los policías hallaron un envoltorio con una sustancia blanca y cristalina similar al cristal o metanfetamina, una pipa y dos objetos de varilla conocidos como poncha llantas entre las pertenencias del detenido.

Samuel “N” fue informado de sus derechos y de los delitos que implica mantener a una persona privada de la libertad y portar sustancias prohibidas.

El hombre, junto con los objetos asegurados y la víctima, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público en Atlacomulco, donde se inició una carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

“Los Torrijos”, señalados por delitos de alto impacto en el Edomex

De acuerdo con las autoridades, el detenido manifestó pertenecer a la célula delictiva “Los Torrijos”, vinculada al robo de transporte de carga, extorsión, extracción ilegal de hidrocarburo y secuestro en el Estado de México. El despliegue operativo formó parte de las acciones instruidas en las Mesas de Paz y el Operativo Coordinado Estado Municipio.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México informó el arresto u señaló que mantienen acciones coordinadas para ubicar y detener a integrantes de grupos dedicados a delitos de alto impacto en la región.

Otros golpes contra “Los Torrijos” en el Edomex

Autoridades estatales han realizado diversas detenciones de integrantes de “Los Torrijos” en el norte del Estado de México.

El caso más relevante fue la captura de Jonathan “N”, alias “El Jony”, identificado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) como presunto líder de esta célula criminal.

La detención ocurrió en Acambay a finales de agosto de 2025, tras cumplimentarse una orden judicial por su probable participación en el delito de extorsión.

Según las investigaciones, el 26 de junio Jonathan “N” habría amenazado con arma de fuego a una persona para exigir la entrega de un vehículo como pago de una supuesta deuda.

El Ministerio Público inició una carpeta de investigación que permitió su identificación y localización, logrando su aprehensión. Posteriormente, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de El Oro, donde quedó a disposición de un juez.

Fuerzas federales en coordinación con autoridades de Baja California detuvieron a Salomón Barragán, alias “El Salo” o “El 10″, presunto líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con operación en el municipio de Tecate.

Según los reportes oficiales, el grupo comandado por “El Salo” está vinculado con el aumento de homicidios en la zona. El operativo, que también permitió la captura de su jefe de escoltas conocido como “El 11” y dos integrantes más, ocurrió tras ubicar a los sospechosos en un domicilio cerca de la colonia El Nido de las Águilas.

“El Salo” era uno de los objetivos prioritarios de las autoridades

Tras la captura, el inmueble quedó bajo resguardo ante la sospecha de que servía como punto de almacenamiento de armas, mientras las autoridades solicitaron una orden de cateo para ingresar de manera formal.

Según los reportes oficiales, el grupo intentó escapar al detectar la presencia policial. Los elementos de seguridad actuaron para impedir la huida, logrando la detención sin que se registraran enfrentamientos ni lesionados.

La operación, resultado de la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana y la Policía Municipal, apuntó a uno de los principales objetivos en la estrategia de combate a la delincuencia organizada en la región.

El operativo apuntó a una célula generadora de violencia

Las autoridades atribuyen a la célula encabezada por Barragán el incremento de hechos violentos en Tecate y municipios vecinos. La presencia del grupo en la zona habría generado disputas con otras organizaciones, lo que se reflejó en el número de homicidios y otros delitos de alto impacto registrados en los últimos meses.

Reportes de Zeta Tijuana refieren que “El Salo” formaba parte del Cártel de Sinaloa, sin embargo, habría dejado la organización para integrarse a las filas del CJNG. Esta decisión sería la causante de la alza en homicidios e índices delictivos en la región.

La detención ocurre en un contexto de reforzamiento de la seguridad en puntos estratégicos del estado.

El despliegue incluyó labores de inteligencia para ubicar al grupo y evitar una confrontación armada durante la intervención.

El domicilio quedó bajo resguardo para investigación

Tras la detención, el inmueble donde se encontraban los integrantes de la célula quedó bajo resguardo oficial.

De acuerdo con versiones extraoficiales, los otros tres arrestados junto con “El Salo” fueron identificados como Julio “N”, Rogelio “N” y Daniel “N”. Entre ellos estaría el supuesto líder de escoltas de “El Salo”.

Las autoridades presumen que el lugar donde fue localizado “El Salo” funcionaba como base operativa y almacenamiento de armamento. La solicitud de una orden de cateo busca asegurar evidencias que aporten a las investigaciones sobre la estructura y operaciones del grupo.

El caso permanece bajo seguimiento de las autoridades estatales, que mantienen el despliegue en la zona para evitar posibles reacciones de otros integrantes de la organización y garantizar la continuidad de las investigaciones relacionadas con delitos de alto impacto.

Durante la noche del 15 de abril, policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegaron un operativo en la alcaldía Miguel Hidalgo tras recibir un reporte de disparos en la colonia Anáhuac. Las autoridades reforzaron los patrullajes preventivos en la zona y dieron seguimiento a las investigaciones para identificar a posibles generadores de violencia.

En la calle Laguna de Guzmán y Tercera Cerrada de Laguna de Guzmán, los agentes ubicaron a dos hombres a bordo de una motoneta negra con rojo que actuaban de forma inusual. Al notar la presencia policial, los sujetos intentaron ocultar un objeto entre sus ropas y encender la unidad. Los oficiales cerraron el paso a la motocicleta y, conforme al protocolo de actuación, realizaron una revisión preventiva, durante la cual localizaron una bolsa con aproximadamente un kilogramo de aparente marihuana, un arma de fuego corta con seis cartuchos útiles y dos teléfonos celulares. Los detenidos, de 19 y 25 años, fueron asegurados en el lugar.

Simultáneamente, en la esquina de Laguna de Términos y Lago Peypus, colonia Los Peralitos, los policías marcaron el alto a un motociclista azul sin placas de circulación que trató de evadir la revisión y aceleró. Tras una breve persecución, el conductor, de 21 años, perdió el control del vehículo y se impactó contra un poste. Los uniformados realizaron una revisión y le encontraron un arma de fuego corta con diez cartuchos útiles, una bolsa con alrededor de medio kilogramo de aparente marihuana y un teléfono móvil.

Los tres jóvenes detenidos, identificados como Ángel Iván Cruz Mendoza (21 años), Joaquín Ramírez Colina (25 años) y Santiago de Jesús Espinosa Aldana (19 años), fueron informados de sus derechos y puestos a disposición del Ministerio Público junto con las motocicletas y los objetos asegurados. Las primeras investigaciones indicaron que los arrestados estarían vinculados con los disparos ocurridos en la calle Lago Zirahuén la misma noche y formarían parte de un grupo delictivo dedicado al narcomenudeo, extorsión y homicidio.

De acuerdo con las autoridades, los detenidos integrarían una célula de “La Unión Tepito”, organización que mantiene una disputa con otros grupos juveniles de la zona por el control de la venta de droga. Además, se les relacionó con la exhibición de armas de fuego y la elaboración de dosis de narcóticos en redes sociales.

Las investigaciones continuaron por parte del Ministerio Público para determinar la situación jurídica de los detenidos y esclarecer su posible participación en otros hechos violentos registrados en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Fuerzas federales y estatales detuvieron en Veracruz a José María “N” y Rosa Guadalupe “N”, hijo y hermana del exalcalde morenista de Coxquihui, Reveriano Pérez Vega, junto con otras tres personas, como presuntos integrantes del grupo delictivo Gente Nueva. El operativo, realizado en coordinación con corporaciones de seguridad locales, permitió además el decomiso de un arsenal y equipo táctico.

La detención de José María “N” y Rosa Guadalupe “N” facilitó la identificación de Emilio Salazar Pérez, conocido como “07” o “Gafe”, considerado por autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la zona de Coatzacoalcos y jefe de plaza del grupo en Espinal y Coxquihui. Emilio Salazar es sobrino del exalcalde Reveriano Pérez Vega y de Fernando Pérez Vega, quien fue asesinado junto a su familia el 22 de enero de 2023 en la carretera federal del municipio de Veracruz.

Arsenal y equipo asegurados durante el operativo

Durante la intervención de las fuerzas de seguridad, se decomisaron cuatro armas largas (incluidas dos escopetas), una réplica de arma larga, dos armas cortas, un armazón de arma larga calibre 30, material explosivo, un vehículo, dos motocicletas, 141 cartuchos útiles, 15 cargadores abastecidos, dos armas blancas, tres celulares y dos uniformes pixelados. Todo quedó a disposición de las autoridades ministeriales para su análisis y resguardo.

Estructura familiar bajo investigación

Rosa Guadalupe “N”, además de ser hermana del exalcalde, es madre de Emilio Salazar, identificado por corporaciones policiales como jefe de plaza de Gente Nueva en la región. La detención de los familiares del exalcalde morenista ocurre en el contexto de una ofensiva de las autoridades para debilitar las redes delictivas que operan en la zona norte del estado, donde Gente Nueva ha sido vinculada con delitos como secuestro, extorsión y homicidio.

Los cinco detenidos quedaron a disposición de un juez de control, quien determinará la legalidad de la detención y los delitos que se les imputan. Las investigaciones se mantienen abiertas para identificar a más miembros de la estructura y desarticular las células delictivas ligadas a la familia del exalcalde.

Ocho agentes en activo de la Policía Municipal de Manzanillo, en Colima, fueron detenidos en un operativo en el que participaron elementos estatales y de las Fuerzas Armadas luego de identificaron que informaban a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su arresto se realizó bajo una orden de aprehensión emitida por un juez por los delitos de uso indebido de información y asociación delictuosa, la cual se obtuvo derivado de trabajos de investigación e inteligencia.

Las investigaciones revelaron que los policías detenidos habrían colaborado con una célula del cártel -que hasta febrero era liderado por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”-. Los datos refieren que los uniformados les facilitaban información estratégica y apoyo para actividades ilícitas, hechos ocurridos en diciembre de 2023.

El fiscal general del estado, Bryant Alejandro García Ramírez, informó en conferencia de prensa que los policías detenidos fueron identificados como: Rolando “N” (con 21 años de antigüedad); Nora Alejandra “N” (12 años); Sergio Alejandro “N” (17 años); José Santos “N” (17 años); Roberto “N” (10 años); José Luis “N” (10 años); Martín Gerardo “N” (8 años) y Miguel Ángel “N” (25 años).

Por mensajería de aplicación: así informaban al cártel

El fiscal también explicó que lograron identificar una plataforma que era utilizada por los policías y los criminales para filtrar información, la cual se encuentra cifrada y de nombre Threema.

La red criminal tejida entre los uniformados fue corroborada por las autoridades, quienes señalaron que los datos compartidos solo podían tener origen en corporaciones de seguridad y justicia, ya que se daban avisos de detenciones, puntos de revisión y reportes del C5i en tiempo real.

Por su parte, la presidenta municipal de Manzanillo, Rosa María Bayardo Cabrera, afirmó que estos policías “traicionaron la confianza del pueblo, por presumiblemente coludirse con quienes buscan de manera recurrente arrebatarle la paz a la población”. La alcaldesa subrayó que las detenciones son un mensaje claro de que la justicia opera y las consecuencias llegan.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, Fabián Ricardo Gómez Calcáneo, destacó el respaldo de la gobernadora Indira Vizcaíno Silva para frenar a los generadores de violencia y combatir la impunidad, enfatizando la importancia de contar con corporaciones policiales confiables y bien capacitadas.

Estas detenciones respondieron a la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y a labores de inteligencia que permitieron obtener pruebas sobre la colaboración de los agentes con la organización criminal.

El secretario de Seguridad estatal anunció que, como parte de las acciones para restaurar la confianza ciudadana, se implementará el Plan Cuadrante con un despliegue de nuevas patrullas, de las cuales 24 estarán destinadas a Manzanillo.

Los ocho policías municipales quedaron a disposición de las autoridades judiciales, que determinarán su situación legal en función de la presunta relación con la delincuencia organizada y los delitos imputados.

En el marco de la realización de inspecciones de seguridad en los penales del estado de Morelos, cinco custodios del Centro de Reinserción Social Morelos en Atlacholoaya fueron detenidos cuando intentaban ingresar celulares, chips de telefonía, drogas y otros artículos ilícitos.

Su arresto se llevó a cabo durante un operativo de revisión exhaustiva a todo el personal que intentaba ingresar al penal, la cual se realizó como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó que a los cinco custodios les fueron asegurados cuatro equipos de telefonía celular, 110 chips con números de distintas compañías, accesorios y un kit de reparación para celulares.

Además, hallaron poco más de un kilogramo de una sustancia con características del “cristal”, tres cuchillos tácticos y dos botellas de bebidas alcohólicas.

Custodios fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público para continuar las investigaciones en su contra

Las autoridades señalaron que los cinco custodios fueron identificados como Aldo Jocsan “N”, Jesús “N”, Camilo “N”, Miguel Ángel “N” y Juan Jesús “N”, quienes quedaron a disposición de la FIDAI de la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República en Cuernavaca junto con los objetos asegurados.

Además, serán las autoridades correspondientes las que realicen la investigación para determinar si estos cinco elementos están vinculados a otros delitos dentro del sistema penitenciario.

Las autoridades informaron que la realización de operativos interinstitucionales conjuntos en los cinco centros estatales respondió a la entrada en vigor de la nueva Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, vigente desde el 29 de noviembre de 2025.

Desde entonces, las autoridades estatales y federales coordinaron revisiones con la participación de la Dirección de Asuntos Internos y representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos.

Como parte de la lucha contra la extorsión, el gobierno estatal intensificó los controles sobre el ingreso de objetos prohibidos que facilitaban la comisión de delitos de alto impacto dentro de los penales. La vigilancia mediante videovigilancia y análisis de inteligencia operativa formó parte de las estrategias implementadas para fortalecer la seguridad y la transparencia en las cárceles.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Morelos reiteró que estos resultados respaldaron el compromiso de la gobernadora Margarita González Saravia con la dignificación policial, el combate a la corrupción y la política de cero impunidad en el sistema penitenciario estatal. El objetivo fue garantizar que las cárceles no se convirtieran en espacios para la operación de delitos como la extorsión y que se respetara el marco legal instaurado recientemente.

Ante los hechos, se espera que continúen las revisiones en los penales del estado para determinar si el personal realiza de manera adecuada sus funciones.

Cinco hombres fueron detenidos en Texcoco, Estado de México, por elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado y la Policía Municipal, tras la denuncia de un propietario que los señaló por presunto despojo de su inmueble en la colonia Guadalupe.

Las autoridades estatales y municipales realizaban rondines de vigilancia cuando fueron requeridas por el dueño de la propiedad. El afectado relató que varias personas ingresaron a su predio, se negaron a salir y lo intimidaron cuando intentó confrontarlos.

Al presentarse en el lugar, los agentes identificaron a Felipe “N”, Dairo “N”, Arturo “N”, Fernando “N” y Óscar “N”, cuyas edades oscilan entre los 20 y 55 años. Según la versión oficial, ninguno de ellos pudo demostrar autorización para permanecer en el inmueble, motivo por el cual, a petición de la parte afectada, procedieron a su detención.

La intervención concluyó con la puesta a disposición de los cinco sujetos ante el Ministerio Público. Las autoridades recordaron a la población que pueden comunicarse a los números 089 para denuncias anónimas y 9-1-1 para emergencias, ambos disponibles durante todo el día. También se encuentra habilitada la atención en redes sociales oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Operación restitución suma más de mil 800 inmuebles asegurados por despojo

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y corporaciones federales y estatales han asegurado mil 827 inmuebles vinculados con delitos de despojo y contra la propiedad en 67 municipios del Estado de México desde abril de 2025, de los cuales mil 034 han sido devueltos a personas que acreditaron su legítima propiedad.

Estas acciones se han llevado a cabo como parte de la Operación Restitución, la cual busca que los dueños legales de los inmuebles puedan recuperar sus propiedades.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, desde el inicio de este operativo en abril de 2025, la mayoría de los bienes asegurados corresponden a casas habitación (mil 499), seguidos de 295 predios y 28 inmuebles de uso comercial.

Durante la última semana, autoridades federales, estatales y municipales —incluyendo la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y cuerpos policiales municipales— realizaron procedimientos en los municipios de Chalco, Chimalhuacán, Coacalco, Ecatepec, Ixtapaluca, La Paz, Nezahualcóyotl, Tenango del Valle, Tenancingo, Toluca, Villa Guerrero y Zumpango.

En dichos municipios se han ejecutado 17 cateos y 22 inspecciones, con el resultado de 39 inmuebles asegurados, de los cuales 34 eran casas habitación y cinco eran predios.

La FGJEM informó que, como parte de la misma estrategia, se detuvo a 428 personas, de las cuales 371 fueron aprehendidas en flagrancia y 57 mediante orden judicial. Estas personas se encuentran en distintas etapas procesales ante la autoridad judicial.

La Operación Restitución contempla también medidas para recibir denuncias sobre hechos relacionados con ejercicios de despojo, en particular aquellos derivados de conflictos entre arrendatarios e inquilinos, desacuerdos familiares, disputas por herencias o por límites de predios.

Hasta el momento, mil 034 inmuebles asegurados han sido restituidos a personas que acreditaron su legítima posesión.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que hasta el momento van 10 personas detenidas por el secuestro de cuatro turistas en Mazatlán, Sinaloa, ocurrido el pasado 3 de febrero.

Durante la conferencia de prensa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el funcionario informó la reciente detención de tres personas en Culiacán, de los cuales uno está relacionado directamente con la desaparición de los hombres.

El sujeto fue identificado como Iván Norberto “N”, alias “Tito”, quien se dedicaba a la venta y distribución de narcóticos en Mazatlán. El arrestado se suma a una lista de nueve personas más que han sido capturadas por estar relacionados con el secuestro de los turistas originarios del Estado de México.

Harfuch detalló que continúan trabajando para localizar a los cuatro hombres desaparecidos desde hace dos meses.

Así fue su secuestro en la zona turística de Mazatlán

La noche del martes 3 de febrero se reportó al 911 el secuestro de cuatro hombres, una mujer y una niña en la zona turística de Mazatlán.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado desplegó un operativo conjunto con elementos de los tres niveles de gobierno para localizar a las seis personas secuestradas.

De acuerdo con reportes, los turistas habían rentado dos vehículos tipo Razer durante su estadía, los cuales fueron localizados abandonados en el área de Cerritos derivado del seguimiento del GPS de las unidades.

Testigos del hecho relataron que un grupo de sujetos armados interceptaron a los visitantes y los obligaron a subir a otros vehículos.

Derivado del despliegue, la mañana del siguiente día se logró la localización y rescate de la mujer y la niña, quienes se encontraban en el poblado El Habal del mismo municipio sinaloense.

Los cuatro hombres que aún faltan por localizar fueron identificados como Óscar García Hernández, Javier Ramírez Sabino, Omar Alexis Ramírez Sabino y Gregorio Ramírez Sabino..

De acuerdo con los datos, tres de los turistas desaparecidos son hermanos: Javier, Gregorio y Omar Alexis Ramírez Sabino, mientras que el cuarto desaparecido es un familiar cercano.

Óscar García Hernández, de 30 años de edad, fue descrito en su ficha de búsqueda como un hombre de complexión delgada, tez morena y de 1.76 metros de altura.

El día de los hechos vestía un short y playera color verde, así como calcetas blancas y largas. Como seña particular tiene en el antebrazo izquierdo la imagen de un león a la mitad y con la descripción “XX2VIMMXVI”.

Javier Ramírez Sabino, de 25 años de edad, es un hombre de tez blanca, complexión robusta y de 1.70 metros de altura. El día de los hechos vestía una casaca color negra con la leyenda “Mazatlán”, short de mezclilla y tenis color blanco.

Gregorio Ramírez Sabino, de 19 años de edad, es un hombre de complexión robusta y tez morena que vestía una playera de la selección Mexicana color verde, short gris y tenis negros.

Por su parte, Omar Alexis Ramírez Sabino, de 30 años de edad, es un hombre de complexión robusta y tez morena clara que vestía camisa corta con granjas en color pastel verde, blanco y melón. También llevaba un short color verde y chanclas de playa de plástico color negro.

Dos hombres fueron arrestados por su probable responsabilidad en el delito de motín luego de que habrían liberado a dos personas que se encontraban detenidas en el municipio de Jitotol.

Su captura se llevó a cabo durante una intervención coordinada por elementos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad del Pueblo.

El despliegue permitió la captura de los dos individuos, identificados como Salvador “N” y Enrique “N”, señalados como presuntos partícipes en el delito de motín.

Los hechos por los que se les acusa ocurrieron el 26 de octubre de 2025, cuando un grupo de personas armadas con palos y piedras irrumpió en la comandancia municipal de Seguridad Pública Municipal. La acción tuvo como objetivo la liberación de dos detenidos, quienes lograron salir de las instalaciones mientras el grupo huía del lugar.

De acuerdo con la información contenida en la carpeta de investigación, los ahora aprehendidos habrían liderado la irrupción junto a otras personas aún no identificadas. Tras la fuga, las autoridades desplegaron un operativo que culminó con la detención de los señalados, quienes fueron puestos a disposición del órgano jurisdiccional competente.

Las autoridades informaron que los acusados permanecen bajo custodia mientras un juez determina el curso de su situación legal. La acusación principal radica en el agravio a la seguridad pública, al haber provocado una alteración del orden y facilitar la evasión de personas bajo arresto.

Arrestan a dos extranjeros, presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala

Dos hombres de origen extranjero fueron detenidos con armas y drogas el pasado 31 de marzo en el municipio de Tapachula, Chiapas, tras ser identificados como presuntos integrantes del Cártel de Chiapas y Guatemala.

En la intervención realizada por la Guardia Estatal Preventiva, la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza de la Secretaría de Seguridad del Pueblo y la Fiscalía del Estado, los elementos hallaron mil bolsitas de polvo blanco granulado con características de piedra (crack), así como 200 dosis de hierba seca tipo marihuana y un revólver calibre .44 abastecido.

Los detenidos, identificados como Juan “N” de Venezuela y Enrique “N” de Guatemala, circulaban por la 20 Avenida Norte y 5ta Calle Poniente, a la altura del Malecón, cuando fueron localizados durante patrullajes preventivos.

Las autoridades detallan que ambos extranjeros manifestaron pertenecer al grupo criminal Cártel de Chiapas y Guatemala. La dependencia estatal afirma que esta organización opera en diversas zonas del estado y mantiene vínculos, por estructura delincuencial, con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

La estructura y acciones recientes contra el Cártel de Chiapas y Guatemala

La detención de estos dos extranjeros se suma a otra acción ocurrida el pasado 4 de febrero, cuando autoridades estatales capturaron a Hugo “N”, alias “El Espíritu”, quien habría operado como jefe de plaza de la organización en el municipio de Ocozocoautla.

Este operativo, a cargo del titular de la Secretaría de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño, culminó con la detención de “El Espíritu” y tres personas más tras un intento de secuestro.

Aparicio Avendaño indicó que la captura de “El Espíritu” debilita la estructura de distribución de drogas en municipios como Jiquipilas, Cintalapa de Figueroa, Ocozocoautla y Ocuilapa. El funcionario aseguró que Hugo “N” era un objetivo nacional, incluido en la Mesa de Seguridad y Paz de Chiapas, ya que las autoridades lo consideran uno de los principales generadores de violencia en la entidad.

Cabe señalar que el Cártel de Chiapas y Guatemala opera bajo el mando de Juan Manuel Valdovinos, alias “El Señor de los Caballos”, quien mantiene nexos con el CJNG.

Cuatro personas, entre ellas dos menores de edad, fueron detenidas en una serie de allanamientos realizados en el barrio Empalme Graneros y otros puntos de la ciudad de Rosario como parte de una investigación por el homicidio de un joven. El brutal hecho ocurrió el 8 de marzo cuando balearon a Franco David Beltrán, de 20 años, crimen que vincularon con el narcomenudeo de la zona. Los operativos se realizaron en distintos barrios de la ciudad y permitieron secuestrar elementos clave.

El allanamiento fue coordinado por los fiscales Andrea Vega y César Cabrera de las unidades de Violencia Altamente Lesiva y de Microtráfico del Ministerio Público de la Acusación (MPA), respectivamente. El procedimiento sucedió entre las calles Garzón al 1400, José Ingenieros al 2400 y múltiples puntos de Campbell al 1500 bis. Lograron encontrar materiales determinante para la investigación como sustancias ilegales, dinero en efectivo y dispositivos electrónicos.

En total, incautaron 1,218 kilogramos de cocaína y 1,844 kilogramos de marihuana, así como 30 cartuchos calibre 9 milímetros y 10 cartuchos calibre 22. La suma de dinero secuestrada superó los 300 mil pesos. Entre los objetos hallados también se contaron un arma de fuego de fabricación casera, picadura de cannabis, nueve teléfonos celulares y dos tablets, de acuerdo a Cadena 3.

Con respecto a las investigaciones, que siguen en curso, el Gobierno de Santa Fe explicó: “Durante los requisas en estos domicilios fue clave la tarea del perro Kenzo, que encontró material estupefaciente alojado en una pared”. Los fiscales a cargo del caso aguardan los resultados de los peritajes sobre los dispositivos electrónicos y las sustancias secuestradas, mientraslos resultados de los peritajes. El avance de la causa dependerá del análisis de los elementos secuestrados y de las próximas diligencias judiciales.

El crimen

La investigación se originó por el fallecimiento de Franco David Beltrán, un joven de 20 años que fue hallado con heridas graves en la vía pública durante la madrugada del 8 de marzo. Minutos después, personal del servicio de emergencias médicas SIES constató el deceso. Según determinó la pesquisa inicial, el ataque habría sido ejecutado por un individuo a bordo de una motocicleta blanca.

Frente a la reconstrcción de hechos, los agentes judiciales analizaron el material de cámaras de seguridad disponibles, recopilaron testimonios y examinaron los antecedentes de la víctima. Gracias a eso, lograron realizar las detenciones de cuatro personas involucradas en el crimen.

A través del material recopilado por la Justicia, los invetigadores del Ministerio Público de la Acusación, lograron vincular el homicidio del joven y la venta de drogas en la ciudad de Rosario. Los datos obtenidos de los diferentes allanamientos arrojaron que la cantidad total de droga secuestrada superó los 3 kilogramos, distribuidos entre cocaína y marihuana.

En este marco, la fiscalía sostiene que el crimen de Beltrán responde a un ajuste de cuentas interno dentro del circuito del narcomenudeo de Rosario. Esta modalidad de violencia asociada al tráfico de drogas preocupa a las autoridades provinciales que se vuelve más regular y sigue creciendo en la provincia.

El material incautado refuerza la línea de investigación de la fiscalía sobre una conexión directa entre el homicidio y la comercialización de estupefacientes en distintos barrios de la ciudad. A partir de los dispositivos electrónicos secuestrados, el Ministerio Público de la Acusación busca determinar el alcance de las comunicaciones y posibles vínculos con otras personas o grupos dedicados al narcomenudeo.

Los antecedentes de Beltrán también formaron parte del expediente: había sido detenido en febrero por portación de arma de fuego, situación que ahora los fiscales Vega y Cabrera consideran relevante para comprender el contexto del asesinato. “Los antecedentes de la víctima y las denuncias previas por venta de drogas en su entorno fueron las piezas clave para reconstruir el móvil del hecho”, dijeron fuentes policiales a Telefe Rosario.

La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana de Baja California confirmó este 11 de abril la detención de tres presuntos sicarios luego de un operativo coordinado con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional en la colonia Colinas de la Cruz, municipio de Tijuana.

Según los indicios de las autoridades, los sujetos son integrantes de una célula delictiva.

Se trata de Jaime “N”, alias “El Negro”, de 24 años; Julio César “N”, apodado “El Pollo”, de 48 años; y Miguel Eduardo “N”, conocido como “El Cocho”, de 36 años.

El aseguramiento ocurrió la noche del pasado viernes 10 de abril, cuando agentes detectaron a los tres sujetos adoptando una actitud evasiva sobre la calle De la Luz, lo que motivó la intervención policial.

De acuerdo con la información compartida por autoridades, los detenidos portaban armas de fuego y más de mil dosis de metanfetamina.

Operativo conjunto en Colinas de la Cruz

El despliegue inició a las diecinueve horas, cuando elementos de la FESC detectaron a los presuntos responsables. Según la dependencia estatal, los sujetos mostraron nerviosismo y trataron de alejarse al notar la presencia policial, por lo que fueron revisados.

Tras la inspección, se localizó un arma calibre 9mm fajada a la cintura de Jaime “N”, mientras que Julio César “N” portaba una bolsa de nylon con dosis de metanfetamina y otra con marihuana. A Miguel Eduardo “N” también se le aseguró un arma de fuego del mismo calibre. Cabe señalar que ese tipo de armamento está prohibido para civiles según la ley.

El operativo fue realizado en coordinación con instancias federales. Las autoridades destacaron la coordinación entre instituciones para enfrentar a grupos delictivos con presencia en la entidad.

En total estos fueron los indicios asegurados:

• 2 armas cortas
• 2 cargadores
• 15 cartuchos útiles
• Mil 50 dosis de metanfetamina con un peso aproximado de 610 gramos
• Una bolsa con marihuana con un peso cercano a los mil 994 gramos

Investigación a cargo de la FGR

Tras la detención, los tres hombres recibieron información sobre sus derechos constitucionales y fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República junto con las drogas y armas aseguradas.

La FGR será la encargada de determinar la posible relación de los detenidos con actividades de sicariato y su pertenencia a una célula criminal que opera en la región.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California reportó que los operativos continuarán en diferentes zonas de Tijuana para identificar y detener a integrantes de células dedicadas a delitos de alto impacto.

Hasta el momento no ha sido revelado cuál sería el presunto grupo delincuencial al que pertenecerían.

Miguel Germán Martínez Rangel, conocido como “El Mike”, habría sido detenido la tarde del pasado viernes 10 de abril tras un operativo coordinado entre fuerzas estatales y federales en la colonia Carranza del municipio de Mexicali.

“El Mike” es identificado como un líder de narcomenudeo ligado a “Los Rusos”, célula delincuencial del Cártel de Sinaloa, facción “Los Mayos”, la cual encabeza Juan José Ponce Félix, alias “El Ruso”, por quien EEUU ofrece una recompensa de hasta 5 millones de dólares.

La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó la tarde de este 11 de abril la detención de varios sujetos tras el operativo que duró mas de 18 horas. Además, la dependencia compartió un video donde se muestran tomas aéreas de los detenidos pecho abajo en el inmueble. En el material también fueron revelados algunos rostros difuminados, entre los que estaría “El Mike”.

La captura del integrante de “Los Rusos” fue reportada por medios nacionales como La Jornada, quienes basan su confirmación en revelaciones policiacas. Según los reportes del medio, además de Martínez Rangel, autoridades aseguraron a otros cinco hombres identificados como presuntos responsables del trasiego de drogas en la frontera para "Los Mayos".

El operativo donde presuntamente cayó “El Mike” fue reportado previamente por este medio, confirmando que las acciones policiacas dieron inicio durante la madrugada del pasado 10 de abril, cuando un reporte alertó a las agencias por la presencia de hombres armados y detonaciones durante una fiesta.

Según publicaciones previas del medio Zeta Tijuana, “El Mike” ya había sido detenido en agosto del año 2025. En dichos reportes, Miguel fue identificado como un operador de narcomenudeo a las ordenes de Carlos Alberto Villamán Luna, alias el 6-1 o “El Obama”.

Una fiesta, 18 horas de espera y el cateo

Todo comenzó cuando las autoridades recibieron el reporte de detonaciones en el cruce de las calles 89 y G durante una celebración. En respuesta, policías preventivos y estatales rodearon el inmueble desde la madrugada del 10 de abril y enfrentaron amenazas así como agresiones

Según Zeta Tijuana, presuntos integrantes de Los Rusos habrían disparado contra una estación de policía para distraer a los agentes, pero las corporaciones mantuvieron la vigilancia en el sitio, esperando 18 horas a que llegara una orden de cateo para ingresar al inmueble.

Tras el operativo, la FGE Baja California compartió un video de las acciones y un breve mensaje, en el que sostuvieron que el cateo se realizó como parte de una estrategia coordinada bajo la conducción de la fiscal estatal, la doctora Ma. Elena Andrade Ramírez.

La dependencia señaló que, tras presentar los argumentos ante la autoridad judicial, el Ministerio Público obtuvo la orden de cateo para intervenir el domicilio en la colonia Carranza, en Mexicali.

La diligencia contó con el apoyo de autoridades de los tres órdenes de gobierno.

El Mike de Los Rusos cuenta con al menos una detención previa

De acuerdo con reportes de Zeta Tijuana, Miguel Germán Martínez Rangel, alias “El Mike”, ya había sido detenido por la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en Mexicali el 7 de agosto de 2025.

El informe del medio señaló en aquel entonces que agentes estatales lo aseguraron junto con otro individuo y que, en esa ocasión, ambos portaban armas largas y cargadores.

La anterior detención, reforzó las hipótesis sobre el papel el papel de “El Mike” como operador relevante en el trasiego de drogas y actividades criminales de la organización en Mexicali.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó este sábado 11 de abril que agentes de investigación, acompañados por fuerzas federales y estatales, lograron desarticular a una banda identificada como "Los Ingobernables", dedicada a la venta de drogas y robo a transeúnte en el oriente de la capital del estado.

El operativo se realizó el pasado 10 de abril de tras una serie de denuncias anónimas y seguimientos de inteligencia, apuntando a un inmueble ubicado en la colonia El Porvenir, el cual, según los datos oficiales, era empleado como punto de distribución y almacén de sustancias ilícitas.

Durante la intervención, las autoridades aseguraron 56 dosis de crack -también conocido como piedra-, 12 de cocaína, 30 de cristal y 35 de heroína, además de una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana y dos básculas presuntamente utilizadas para el pesaje de drogas.

Seis personas fueron detenidas en el dispositivo de seguridad y fueron identificadas con los siguientes nombres:

• Alejandro “N”
• Higo Alberto “N”
• Alan “N”
• Geovanni “N”
• Álvaro “N”
• Angélica “N”

Las seis personas identificadas como integrantes de la banda fueron puestas a disposición del Ministerio Público estatal.

La investigación detectó el uso de una casa como centro de operaciones

La estructura de Los Ingobernables se consolidó mediante el uso de una vivienda que servía tanto de refugio como de centro logístico.

Según el informe oficial de la Fiscalía General del Estado de Puebla, los integrantes utilizaban ese sitio como base para almacenar, fraccionar y distribuir narcóticos, además de organizar actividades relacionadas con el robo a transeúnte en la zona oriente de la ciudad.

Reportes de medios nacionales como N+ confirmaron que la casa se encuentra en la colonia El Porvenir, específicamente sobre la calle Carrillo puerto. frente a la entrada del inmueble se encuentra una capilla a la Virgen de Juquila.

Las autoridades verificaron denuncias previas y realizaron vigilancia discreta para confirmar los movimientos en la propiedad señalada.

El despliegue de la FGE para cumplimentar la orden de cateo contó con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal.

En el lugar se encontraron elementos que refuerzan la hipótesis de una operación sistemática y continua de narcomenudeo.

Los detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público

Tras el aseguramiento de sustancias y la captura de los seis individuos, la Fiscalía General del Estado de Puebla indicó que la investigación sigue abierta para establecer la posible participación de más personas en esta célula delictiva, sin embargo, en el comunicado oficial del caso afirmaron que se desarticuló a “Los Ingobernables”.

Los indicios recopilados durante el cateo serán incorporados a la carpeta de investigación para sustentar las imputaciones correspondientes.

El Ministerio Público determinará la situación jurídica de cada uno de los detenidos en los próximos días, mientras se realiza el análisis de la evidencia y se evalúa la procedencia de nuevas diligencias en torno a la banda.

La Fiscalía General de la República (FGR) detuvo a Óscar Raúl “N” en Culiacán, Sinaloa, por su presunta participación en el secuestro y asesinato de dos agentes federales ministeriales en Cuernavaca, Morelos.

Su arresto se produjo en cumplimiento de una orden de aprehensión, tras una investigación coordinada entre la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El caso se mantuvo bajo reserva hasta este viernes 10 de abril, cuando fue revelado en un informe presentado por el vocero oficial y titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara.

Los hechos que originaron la investigación ocurrieron el 6 de febrero de 2020, cuando los agentes Williams de La Cruz Chong, originario del Estado de México, e Ismael Ruiz Rodríguez, de la Ciudad de México, fueron atacados a balazos por un grupo criminal en Cuernavaca. Tras la balacera, uno de los agentes falleció y el otro fue secuestrado por los criminales, entres los que presuntamente estaba Óscar Raúl “N”.

La FGR obtuvo orden de aprehensión por homicidio calificado y secuestro agravado

Una investigación liderada por el Ministerio Público Federal permitió a la FGR acreditar la probable responsabilidad de Óscar Raúl “N” en los delitos de homicidio calificado y secuestro agravado.

La detención se realizó en la colonia Industrial El Palmito, municipio de Culiacán, Sinaloa, donde el sujeto fue localizado tras exhaustivas labores de inteligencia y seguimiento.

Luego de su arresto, el presunto asesino fue trasladado al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Morelos, con sede en Xochitepec, donde quedó a disposición de la autoridad judicial competente para el inicio del proceso correspondiente.

El ataque que derivó en la muerte de los agentes ocurrió cuando integrantes de un grupo criminal agredieron con armas de fuego de alto calibre a personal policial de la Fiscalía.

En el lugar, uno de los agentes perdió la vida y el segundo fue privado de la libertad a bordo de una camioneta. Horas después, la unidad fue localizada con armas largas en su interior y el agente sin vida.

El vocero oficial, Ulises Lara, reiteró que la institución mantiene la coordinación permanente con instancias de seguridad federales y estatales para combatir la impunidad en casos de ataques contra servidores públicos.

Otros hechos informados por la FGR

Durante el mismo informe, la FGR dio a conocer la detención de Josué Raúl “N”, señalado por su probable participación en delitos de abuso sexual infantil y trata de personas agravada.

En este caso, la investigación inició a partir de una denuncia presentada por la Embajada de Australia, que reportó la existencia de material de abuso sexual producido en el estado de Yucatán y compartido en julio de 2023.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en coordinación con autoridades australianas, detectó que el detenido habría utilizado redes sociales durante aproximadamente diez años para enganchar a niñas, niños y adolescentes, videograbarlos en actos sexuales y vender el material en una red social.

El Ministerio Público Federal ejecutó la orden de aprehensión en un domicilio de la colonia Mulchechén, en Kanasín, donde aseguraron tabletas, celulares, tarjetas SIM, Micro SD y el inmueble.

En audiencia inicial, la Fiscalía formuló imputación contra Josué Raúl “N” por trata de personas agravada, bajo la hipótesis de inducir a menores de 18 años a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines económicos.

El juez de control ordenó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y el imputado permanece en el Centro de Reinserción Social en Mérida, Yucatán. Aún no ha sido definida la posible vinculación a proceso del detenido porque su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional.

La Secretaría de Marina dio a conocer que fueron detenidos 22 presuntos integrantes de los grupos delictivos Los Crazy Group y Los Manzanos, en el Estado de México. Dichos grupos delictivos son identificados como generadores de violencia en Ecatepec, Estado de México.

Fue a través de la Armada de México, por conducto de la Región Naval Central, en el marco de las acciones permanentes para mantener el Estado de derecho en el Estado de México, que la Marina dio a conocer que el pasado miércoles, personal naval en coordinación interinstitucional con la Policía Municipal de Ecatepec, realizaron la detención de las 22 personas.

Esta acción se llevó a cabo mientras se realizaban patrullajes de vigilancia en la Avenida Morelos, colonia Cuauhtémoc Xalostoc, Ecatepec de Morelos, donde, por alteración del orden público se efectuó la detención de tres mujeres y 19 hombres, quienes señalaron pertenecer a los dos grupos delictivos mencionados.

A los detenidos les fueron leídos sus derechos, y posteriormente, fueron puestos a disposición de las autoridades competentes, con el fin de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de averiguación correspondiente.

“De esta manera, la Secretaría de Marina a través de la Armada de México reafirma su compromiso con la ciudadanía de trabajar en estrecha coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno para inhibir las actividades ilícitas y mantener el orden público, garantizando con ello, el bienestar de las familias mexicanas”, se señaló en un comunicado.

Detienen al Ray de Los Crazy Group

El pasado mes de enero se dio a conocer que Jonathan “N”, alias El Ray, líder de Los Crazy Group, fue detenido por elementos de La Marina y de la Policía Metropolitana de Ecatepec.

El Ray era considerado un objetivo prioritario por su participación en homicidios, extorsiones y despojo, principalmente realizados en Ecatepec y la zona oriente del Estado de México. Fue capturado en la colonia Jardines de Casa Nueva, en dicha localidad.

Cabe destacar que, tras la captura de Alejandro N, alias El Choko, líder del grupo delictivo La Chokiza, ocurrida el pasado mes de septiembre, varios de sus agremiados se sumaron a las filas de Los Crazy Group.

Dos hombres fueron detenidos por su presunta participación en el asesinato de Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, ocurrido en septiembre de 2025 en la zona de Polanco de Ciudad de México.

Su arresto se llevó a cabo derivado de investigaciones en las que participó el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de Seguridad del Estado de México y la Fiscalía Mexiquense, y diversas corporaciones de la Ciudad de México.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), ambos hombres fueron identificados como los presuntos autores materiales del homicidio del estilista de 28 años de edad.

Así fue su captura

El primero de los detenidos fue ubicado tras el análisis de cámaras de videovigilancia y entrevistas ciudadanas que permitieron rastrear sus movimientos hasta la alcaldía Cuauhtémoc.

El joven de 19 años de edad, fue arrestado el pasado 6 de marzo de 2026 cuando se encontraba en la avenida Ricardo Flores Magón, colonia Tlatelolco, donde los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) lo sorprendieron en posesión de 220 dosis de aparente cocaína, un arma corta y dos cartuchos útiles.

Derivado de los datos de prueba obtenidos por las autoridades por su posible autoría material en el asesinato de Micky Hair, al sujeto se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado el pasado 8 de abril.

Es así que Ángel “N” permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

Por su parte, la detención del segundo implicado ocurrió en la avenida Chimalhuacán del municipio de Nezahualcóyotl, Estado de México, donde el sujeto de 24 años de edad ya contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado luego de ser identificado como presunto integrante del grupo encargado del asesinato del estilista.

Tras su captura, el sujeto fue trasladado a un centro penitenciario del oriente de la capital y quedó a disposición de la autoridad judicial.

Suman tres detenidos por el homicidio del estilista

Estas dos detenciones se suman a la realizada en diciembre de 2025, cuando policías capitalinos arrestaron a José Eduardo “N” en un domicilio de la alcaldía Azcapotzalco derivado de trabajos de inteligencia.

De acuerdo con las indagatorias, el sujeto se escondió en un domicilio luego de facilitar que los agresores del estilista escaparan apoyándose de un vehículo para ocultarlos.

Es así que hasta el momento son tres hombres los detenidos por el homicidio del estilista, ocurrido en septiembre de 2025 cuando los agresores le dispararon con un arma de fuego en repetidas ocasiones cuando salía de su salón de belleza.

¿Cómo fue el asesinato de Micky Hair?

La noche del lunes 29 de septiembre se registró un ataque directo con arma de fuego que culminó con la vida de Micky Hair, quien fue agredido a tiros afuera de su salón de belleza, ubicado en el cruce de las calles Moliere y Presidente Masaryk.

Ese día, sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron al estilista y le dispararon de manera directa antes de darse a la fuga.

Un hombre de 54 años fue detenido en una localidad del departamento de General Roca, Neuquén, acusado de intentar matar a golpes a su pareja en el interior de un hotel. Vecinos de la zona escucharon los gritos provenientes de lugar en donde se hospedaba la pareja y dieron aviso a las autoridades. Hubo amenazas y agresiones.

La víctima de 46 años quedó encerrada en la habitación y sufrió golpes por parte del acusado, quien amenazó con quitarse la vida colocándose un cinto al cuello. El episodio ocurrió en un departamento del Hotel City de Villa Regina, al que rápidamente acudieron los efectivos de la Comisaría 5º y de la Comisaría de la Familia, quienes lograron reducir al agresor y proceder a su detención.

La mujer fue asistida de urgencia, trasladada a un hospital y recibió contención psicológica tras el violento episodio. De acuerdo con LM Neuquén, el caso fue caratulado como tentativa de femicidio y la víctima formalizó la denuncia.

La intervención judicial incluyó la actuación de la Fiscalía descentralizada de Villa Regina y el Juzgado de Familia N°19, que dispusieron distintas medidas de protección y asistencia para la mujer afectada. También se activó el Sistema de Abordaje Territorial (SAT), para garantizar el acompañamiento integral y la seguridad de la víctima mientras continúa la investigación.

El gobernador de la provincia de Río Negro, Alberto Weretilneck, se pronunció al respecto y a través de un mensaje en redes sociales sostuvo: “La rápida intervención de la Policía de Río Negro permitió detener a un hombre que intentó matar a su pareja”.

El posteo en X estaba acompañado de la imágen del acusado, cuando fue capturado. “La víctima fue asistida por salud y el agresor ya está a disposición de la Justicia”. Y aseguró: “En Río Negro hay una decisión clara: con la violencia de género no hay tolerancia. Vamos a proteger a las víctimas y ser inflexibles con los agresores. Si estás atravesando o conocés una situación de violencia de género, llamá al 911.

Otro intento de femicidio que terminó en suicidio

Un hombre identificado como Kevin Hernández, de 34 años, atacó con un cuchillo a su pareja de 32 años e hirió a la hija menor de la mujer el jueves pasado en la localidad de Sarandí, partido de Avellaneda. Luego del ataque, Hernández se quitó la vida arrojándose desde un puente ubicado en el Acceso Sudeste.

El episodio tuvo lugar tras una discusión por celos, después de que la pareja celebrara su aniversario en Don Torcuato. Según la investigación policial, el agresor trasladó a la mujer y a la menor bajo amenazas a bordo de un automóvil Chevrolet Corsa hasta la zona de Edison y Acceso Sudeste.

En el lugar, Hernández exigió el teléfono celular de la pareja y, ante la negativa, comenzó a agredirla con un cuchillo, provocándole varias heridas en el cuello y la espalda. La hija de la mujer intervino para intentar detener el ataque y ambas lograron salir del vehículo en movimiento. El agresor se retiró del sitio tras la agresión, dejando a las víctimas en la vía pública. Personal de la Comisaría 4ª de Avellaneda de la Policía Bonaerense llegó al lugar tras recibir el aviso y encontró a la mujer junto a su hija. Ambas recibieron asistencia del SAME y fueron trasladadas al Hospital Perón de Avellaneda. La mujer ingresó a terapia intensiva, mientras que la menor fue atendida y quedó fuera de peligro.

Horas después, se reportó que una persona se había arrojado al vacío desde un puente del Acceso Sudeste, a la altura del kilómetro 5. Efectivos policiales que acudieron al lugar constataron que se trataba de Hernández, quien había abandonado su vehículo en las inmediaciones. La causa está en manos de la UFI N°2 del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús, bajo la dirección de la fiscal María Laura Carballal, quien dispuso actuaciones por tentativa de femicidio, amenazas coactivas agravadas y privación ilegal de la libertad.

Dos personas resultaron detenidas tras un operativo policial en la ciudad de Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero, durante la tarde del miércoles, específicamente cerca de las 15:30. Joaquín Miguel Juárez, de 23 años, fue identificado en la colectora de Ruta 9 y Solís por contar con un pedido de aprehensión.

El pedido de detención había sido emitido por el fiscal Dr. Zanni, según informó Diario Panorama. Aunque todavía no está claro porqué el joven era búscado, fue trasladado a la Comisaria N°57. En este marco, cuando Joaquín Miguel Juárez llegó a la dependencia policial, ocurrió un tensa situación con la madre. Según informaron, la mamá del aprehendido, Graciela Andélica Sosa, de 51 años, intentó evitar el procedimiento y amenazó a los efectivos.

En medio del traslado al destacamento, Graciela Ándelica Sosa enfrentó a los uniformados y profirió amenazas directas: “Si te saco el arma te meto un tiro en la cabeza a vos y a tus compañeros… y más vale que ningún móvil pase por frente de mi casa porque los voy a hacer mie…”.

La situación fue contenida por los agentes, quienes procedieron a aprehender también a Sosa y ponerla a disposición de la Justicia. El fiscal Dr. Emanuel Sabater ordenó que madre e hijo permanezcan detenidos en la comisaria. Además, el fical de turno dispuso la formalización de las actuaciones para determinar la responsabilidad penal de los involucrados.

Ambos detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, que deberá analizar los antecedentes y la gravedad de las amenazas proferidas contra el personal policial. Las amenazas agravadas y la obstrucción a la labor policial pueden derivar en imputaciones penales, con penas que contemplan prisión efectiva si la Justicia determina la existencia de riesgo o antecedentes reincidentes.

La policía desarticula red de robo en Las Termas de Río Hondo

El 3 de abril, se realizó una operación del Departamento Robos y Hurtos de la D.G.I. que desmanteló en Las Termas de Río Hondo una estructura criminal dedicada al robo de motocicletas y la extorsión de sus propietarios, informó Diario Panorama. El grupo contactaba a las víctimas poco después del robo de los vehículos y exigía sumas que llegaban hasta el millón de pesos para la devolución.

El monto exigido para la devolución de los vehículos oscilaba entre $500.000 y $1.000.000 por unidad. Durante los allanamientos fueron incautados varios motovehículos con pedido de secuestro, partes sueltas, una Honda Wave con dominio apócrifo y cuadros y motores relacionados con distintos ilícitos.

La banda contactaba a las víctimas pocas horas después del robo, exigiendo pagos para la restitución. Uno de los propietarios pagó $480.000 tras el robo de una Bajaj Rouser 200cc, mientras que en otro caso se entregó $800.000 a una mujer por una motocicleta de alta cilindrada. En la pesquisa se recuperó una Yamaha XTZ 125cc, ya desarmada.

La investigación se apoyó en análisis de cámaras de seguridad, entrevistas reservadas y cruce de datos, bajo la supervisión del fiscal coordinador Gustavo Montenegro y los jueces Diego Vittar y Silvio Salice, quienes habilitaron varios allanamientos simultáneos.

Al concluir los procedimientos, cinco personas quedaron detenidas: Claudio Alejandro González, Claudio Joaquín González, Gastón Exequiel González, Leonel Lazarte (alias “Draco”) y Alan Lescano (ya privado de libertad previamente por otra causa). Permanece prófuga Stephania Juárez, con orden de detención vigente.

Las investigaciones policiales continúan para capturar a la sospechosa restante del caso. Estos procedimientos forman parte de una estrategia de las autoridades para hacer frente a un crecimiento de delitos contra la propiedad en la zona, una problemática que genera preocupación entre los vecinos. Las tareas policiales siguen en marcha para reunir más elementos que permitan esclarecer la totalidad de los hechos.

Un hombre quedó detenido en Córdoba tras protagonizar un violento incidente en la vía pública que dejó a tres policías heridos. El episodio ocurrió el miércoles por la tarde en una avenida de barrio Alto Palermo, entre un malabarista y los agentes de la ciudad que habían recibido un aviso por disturbios provocados por el individuo.

Todo comenzó a partir de las imágenes del sistema de cámaras de vigilancia que mostraban a un hombre molestando a las personas que pasaban por allí y conductores. Ante el reporte, la Policía de Córdoba se acercó al lugar para intervenir y controlar la situación.

Pero, al intentar dialogar con el individuo, este reaccionó violentamente y lanzó una clava de malabarismo que impactó en la cabeza de uno de los policías, de acuerdo con lo que informó El Doce. El resto de los efectivos sufrió golpes en las piernas durante el forcejeo que se produjo en el operativo.

El agresor quedó a disposición de la Justicia luego de ser reducido mientras que los efectivos debieron ser trasladados al Policlínico Policial para ser atendidos por personal médico. Tras la evaluación, se confirmó que las lesiones no revestían gravedad y que los efectivos se encontraban fuera de peligro.

A la causa se incorporaron los elementos secuestrados que utilizó el hombre para atacar a las autoridades provinciales. El procedimiento fue registrado en la avenida Rafael Núñez al 3500, donde la presencia policial se mantuvo por varios minutos hasta normalizar la situación.

El ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quintero, se refirió al suceso ocurrid mediante un posteo en la red social X. “En Córdoba el espacio público no es tierra de nadie. Lo que empieza como una molestia no puede terminar en agresión a la autoridad”, explicó.

El texto iba a compañado de la publicación hecha por la Policía, y añadía: “Quien elige la violencia, enfrenta las consecuencias. Vamos a respaldar sin matices a cada Policía que actúa para sostener el orden y la convivencia”.

Por último, escribió: “No hay lugar para la intimidación ni para naturalizar conductas que ponen en riesgo a los vecinos. En Córdoba el orden público no se negocia”.

Un comisario inspector de la Policía de Córdoba recibió un disparo en la espalda durante una confrontación entre cuidacoches en el barrio Carola Lorenzini, ubicado en la zona suroeste de la ciudad, hace dos semanas.

El hecho ocurrió por la noche en las inmediaciones de un local de comidas rápidas sobre la avenida Fuerza Aérea e Ingeniero López. El jefe policial, identificado como Rubén Brandán, estaba fuera de servicio cuando decidió intervenir para separar a un grupo de “naranjitas” que mantenían una discusión en la vía pública.

Según la información aportada por fuentes policiales, mientras Brandán intentaba detener la pelea, recibió un disparo en el tórax. Testigos indicaron que, en medio del forcejeo, el arma reglamentaria del comisario se habría caído al suelo y uno de los protagonistas de la pelea la tomó y realizó el disparo. El impacto de la bala afectó uno de los pulmones de la víctima, quien fue trasladada de urgencia al Policlínico Policial y luego derivada al Hospital de Urgencias, donde permanece internada en estado delicado.

El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, confirmó que el episodio se produjo mientras el comisario trataba de frenar una disputa por el espacio público entre cuidacoches. Quinteros detalló que Brandán se encontraba lúcido y clínicamente estable, aunque bajo estricta observación médica. El funcionario explicó que el neumotórax estaría controlado y que la situación de la herida en la vértebra se definirá tras nuevos estudios.

Como resultado del ataque, la policía detuvo a dos hombres de 36 y 45 años, quienes según las investigaciones serían hermanos. La causa quedó en manos de la fiscal Andrea Martín, que encabeza las actuaciones judiciales. Durante el operativo, las autoridades también secuestraron un vehículo que presentaba pedido de captura.

Una empleada del local de comidas rápidas relató que la pelea entre los cuidacoches comenzó fuera del comercio y continuó en el interior, donde algunos clientes intentaron intervenir. Entre quienes buscaron separar a los involucrados estaba el comisario Brandán. La testigo confirmó que, durante el forcejeo, el arma cayó al piso y uno de los cuidacoches la tomó y disparó. En el lugar había varias personas, incluidos niños, y se escucharon al menos cuatro disparos, dos dentro y dos fuera del local. La investigación continuaba para determinar las circunstancias exactas del hecho y la responsabilidad de los implicados.

Por estar implicados en delitos de extorsión, secuestros y hasta un feminicidio, las autoridades del Estado de México detuvieron a siete presuntos integrantes de una célula criminal del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre los que se encontraba el líder, apodado “El Fresa”.

La captura de las siete personas se llevó a cabo en dos acciones en el municipio de Tlalmanalco, donde en un primer momento fue ubicado un grupo de cinco de ellos con actitud evasiva en la colonia Pueblo Nuevo.

Los implicados manipulaban bolsas de plástico y, al notar a los policías, intentaron darse a la fuga a bordo de dos motocicletas; sin embargo, los uniformados les cerraron el paso y solicitaron una revisión física tanto para las unidades como a las personas.

Durante la inspección, los policías localizaron 72 bolsas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 374 envoltorios con una sustancia cristalina con características del cristal y dos teléfonos celulares.

Los detenidos fueron identificados como Giovanni “N”, de 30 años; Jesús “N”, de 20 años; Víctor “N”, de 19, y dos menores de edad, quienes refirieron pertenecer a una célula del CJNG.

Cabe señalar que el grupo delictivo al que pertenecerían es señalado por las autoridades mexiquenses por estar implicados en la venta de drogas, cobro de piso y secuestro en los municipios de Tlalmanalco, Chalco y Juchitepec.

Los cinco sujetos detenidos también estarían relacionados con el asesinato de una mujer, ocurrido el pasado 4 de febrero en el mismo municipio.

Así fue detenido “El Fresa”

Derivado de trabajos de investigación, Kevin “N”, alias “El Fresa”, fue localizado en la colonia Bella Vista de Tlalmanalco. El sujeto es señalado como probable líder de la célula delictiva.

En el sitio también se logró la captura de Aline “N”, de 26 años, quien estaría relacionada con el grupo delictivo.

Durante su arresto, las autoridades les aseguraron un arma de fuego tipo escuadra de calibre 9 mm, un cargador y cinco cartuchos útiles, así como 40 envoltorios de posible droga conocida como cristal y un teléfono celular.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las investigaciones permitieron vincular a los detenidos con el hallazgo de una mujer sin vida el 4 de febrero.

Las indagatorias refieren que la mujer pudo haber sido asesinada por órdenes de “El Fresa”, esto debido a pugnas por el control de la plaza, por lo que continuarán las investigaciones.

Los siete detenidos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público con sede en el municipio de Chalco, donde se inició la carpeta de investigación correspondiente para determinar su situación jurídica.

Cabe señalar que un reciente arresto relevante se registró el pasado 20 de marzo en el municipio de Lerma, donde las autoridades lograron capturar a Marco Antonio “N”, alias “El Custodio”, quien habría iniciado sus actividades delictivas en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y después se unió a la Familia Michoacana.

El sujeto se desempeñaba como custodio dentro del penal de Lerma, donde vendía drogas y posteriormente incursionó al reclutamiento de personas para comercializar narcóticos.

Además, las autoridades lo relacionan con delitos de alto impacto en los municipios de Lerma, San Mateo Atenco y Metepec.

La administración municipal de Cuautla, en el estado de Morelos, confirmó la detención de Félix Ricardo “N”, director de Catastro, y Karen Suriel “N”, colaboradora de esa área, tras ser señalados por un ciudadano por la presunta solicitud de sobornos.

El Gobierno Municipal informó mediante sus canales oficiales que ambos funcionarios fueron sorprendidos en flagrancia y trasladados a la Torre XXI -sede de la policía municipal de Cuautla- para su posterior puesta a disposición ante las autoridades competentes por el delito de extorsión.

Según el comunicado oficial difundido por el Ayuntamiento de Cuautla, los hechos ocurrieron luego de que un contribuyente denunciara que dos empleados le pidieron dinero en efectivo para gestionar descuentos en un trámite catastral. Ante la acusación, la administración local intervino de inmediato y facilitó la detención de los servidores públicos involucrados.

La intervención municipal y la postura oficial

De acuerdo con el comunicado emitido por el Ayuntamiento de Cuautla, la denuncia ciudadana permitió la actuación inmediata de las autoridades municipales. Félix Ricardo “N” y Karen Suriel “N”.

El documento señala que ambos funcionarios enfrentarán una audiencia ante un juez en las próximas horas, donde se definirá su situación legal.

La administración, bajo la instrucción del presidente municipal Jesús Corona Damián, reiteró que no tolerará actos de corrupción o abuso de poder por parte de servidores públicos.

El comunicado también subraya el compromiso del gobierno local de sancionar a quienes incurran en prácticas ilícitas y de garantizar que todos los trámites se realicen conforme a la ley.

Llamado a la ciudadanía y acciones contra la corrupción

La autoridad municipal hizo un llamado a la población de Cuautla para denunciar cualquier irregularidad cometida por personal del sector público.

El Ayuntamiento aseguró que brindará acompañamiento y asesoría jurídica a quienes presenten denuncias.

El mensaje institucional resalta que la transparencia y la integridad son principios rectores de la administración, y que el trabajo conjunto con la ciudadanía será fundamental para erradicar prácticas indebidas y fortalecer la rendición de cuentas en el municipio.

“Este gobierno no permitirá que ningún funcionario lucre con la confianza de los ciudadanos ni con el patrimonio municipal”, indica el comunicado oficial.

El caso se encuentra ahora en manos de las autoridades judiciales, que determinarán la responsabilidad de los implicados en los hechos denunciados.

Funciones y relevancia del catastro en la administración municipal

Según datos consultados por Infobae México, el catastro es el registro donde se documentan y actualizan de manera oficial los datos de todos los bienes inmuebles de un municipio, incluyendo su localización, dimensiones, uso y valor. Este registro es fundamental para la gestión de trámites como el pago de impuestos prediales, la expedición de certificados de propiedad y la planeación urbana.

La dependencia de Catastro tiene la función de garantizar la transparencia y legalidad en los procesos relacionados con la propiedad inmobiliaria.

En el caso de los funcionarios detenidos en Cuautla, la presunta solicitud de sobornos estuvo vinculada a la gestión de descuentos en un trámite catastral.

La relevancia del catastro en este contexto radica en que cualquier alteración o beneficio irregular no solo afecta la recaudación municipal, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de administrar el patrimonio inmobiliario del municipio.

Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” fueron vinculados a proceso por su presunta implicación en el feminicidio de la activista Diana Belén González Aguilar, cuyo cuerpo fue localizado sin vida en Tultitlán, Estado de México.

Ambos sujetos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Readaptación Social de la zona, luego de que la autoridad judicial les impuso medida cautelar de prisión preventiva justificada.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que, de manera previa, los sujetos fueron detenidos por delito diverso en la región de Huehuetoca; sin embargo, de manera posterior les fue cumplimentada la orden de aprehensión por feminicidio.

Cabe señalar que los dos detenidos podrían recibir una pena de hasta 70 años de prisión en caso de ser hallados culpables por el delito de feminicidio en agravio de la activista.

Así ocurrió el asesinato de la mujer

De acuerdo con la investigación, el 18 de marzo de este año, la activista Diana Belén González se encontraba en un domicilio de la colonia Sierra de Guadalupe, acompañada de su pareja Octavio Enrique “N” y de Diego Armando “N”.

De manera repentina, ambos habrían comenzado a agredir físicamente a la víctima en ese lugar.

Después de la agresión, Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” trasladaron a la mujer a otro inmueble ubicado en la calle Ampliación San Marcos, dentro de la misma demarcación. En este segundo punto, la víctima recibió disparos de arma de fuego, lo que le provocó la muerte.

Tras los hechos, los sujetos habrían abandonado el cuerpo de la mujer en la vía pública, el cual fue hallado tiempo después, inicialmente sin identificar.

Aunque la desaparición de Diana Belén fue reportada el 20 de marzo, su cuerpo fue localizado dos días antes de que se activara la ficha de búsqueda.

Luego del hallazgo del cuerpo, las autoridades realizaron exámenes periciales para determinar su identidad, lo que permitió a la Fiscalía establecer correspondencia con la activista reportada como desaparecida.

El Ministerio Público inició una investigación que llevó a la identificación de Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” como posibles partícipes, lo que permitió su detención días después en la región de Huehuetoca, en relación con otro delito.

La Fiscalía del Estado de México también informó que los sujetos están bajo investigación por su posible implicación en la venta de estupefacientes. Mientras tanto, ambos permanecerán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Sheinbaum fue cuestionada sobre el caso de la activista

Durante la conferencia matutina del pasado 31 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que tanto el caso de la activista Sandra Camacho en Morelos, como la de Diana Belén García en Edomex, son “sumamente dolorosos” y reconoció la urgencia de fortalecer los mecanismos de protección para denunciantes, incluso cuando las alertas no sean formales ante la Fiscalía.

La mandataria federal reiteró el compromiso de su administración para mejorar la protección de quienes defienden derechos humanos y denuncian situaciones de violencia, señalando que el objetivo es facilitar el acceso a los protocolos y atender las denuncias por cualquier vía, sin dejar a las víctimas desprotegidas.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó que los tres policías involucrados en el robo de más de 3 millones de pesos a un conductor se encuentra en proceso de ser destituidos de la corporación.

Durante el informe de seguridad, realizado este lunes 6 de abril, el funcionario detalló que los uniformados ya fueron vinculados a proceso luego de su detención el pasado 2 de abril. Asimismo, se encuentran en un proceso de reparación del daño a la víctima.

“La Dirección General de Asuntos Internos está ya trabajando en la investigación, enviará un dictamen, como es nuestro procedimiento, a la Comisión de Honor y Justicia con una propuesta de destitución”, comentó.

Es así que la SSC se mantiene pendiente de la resolución emitida por parte de la Comisión de Honor y Justicia para realizar la destitución de los uniformados, en caso de que así se decida.

Así fue el robo millonario

El pasado jueves 2 de abril, tres policías de tránsito de la Ciudad de México fueron detenidos luego de ser señalados por su presunta implicación en el robo de más de tres millones de pesos a un conductor que transitaba por la alcaldía Cuauhtémoc.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que, de acuerdo con la denuncia, los uniformados habrían interceptado una camioneta procedente del Estado de México y sustraído dos bolsas con dinero en efectivo. El vehículo, conducido por la víctima, fue detenido bajo el pretexto de una inspección.

Luego de ser despojado de sus pertenencias, el conductor presentó una denuncia que permitió activar un monitoreo de las unidades policiales implicadas.

Como parte del seguimiento, las autoridades lograron localizar dos vehículos en los que se desplazaban los uniformados, por lo que fueron interceptados en dos puntos de la capital: la colonia Cuchilla del Tesoro, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y la segunda ubicación en Jardín Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza.

Al realizar una revisión, los policías localizaron una bolsa que contenía 2 millones de pesos, mientras que otra sumaba 1 millón 906 mil 317 pesos. Además del dinero, los agentes tenían en su poder teléfonos móviles de alta gama.

El arresto de los tres policías, de 28, 32 y 36 años de edad, derivó en su puesta a disposición del Ministerio Público, donde se inició la investigación bajo el protocolo especial para delitos cometidos por servidores públicos.

“La SSC no tolerará conductas o prácticas contrarias a los principios, normas y códigos que nos rigen como Institución”, afirmó la corporación tras los hechos.

De acuerdo con informes, los tres policías fueron identificados como Jorman Brigel A. B., Roberto Carlos G. O. y Brayan R. C., quienes ya enfrentan el proceso legal correspondiente tras el robo millonario.

Después de más de seis meses de investigación, la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) logró desarticular dos puntos de venta de droga en la ciudad de Córdoba. El operativo, dirigido por el Ministerio Público Fiscal, culminó con la detención de dos hombres mayores de edad y la incautación de una considerable cantidad de sustancias prohibidas.

En la madrugada del operativo, los equipos de la FPA irrumpieron en dos viviendas ubicadas en calle Icho Cruz al 50 y Canals al 6200, dentro del barrio Comercial. Las acciones se desarrollaron en simultáneo, con la participación directa de fiscales y personal especializado, bajo estricta coordinación judicial. Los agentes lograron ingresar sin incidentes y neutralizar a los sospechosos en ambos inmuebles.

La investigación se inició tras recibir múltiples denuncias anónimas que apuntaban a la existencia de una red de venta de estupefacientes que operaba en el sector.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, durante los allanamientos se decomisaron 520 dosis de marihuana y 183 de cocaína, además de plantas y cigarrillos de cannabis sativa. También se encontró dinero en efectivo por $586.700, un arma de fuego y distintos elementos utilizados para el fraccionamiento y distribución de sustancias, como balanzas, envoltorios y teléfonos celulares. Todos estos elementos fueron catalogados y puestos a disposición de la justicia para profundizar la investigación.

Uno de los domicilios funcionaba como un auténtico búnker de venta de drogas. Según se informó, el principal investigado continuaba atendiendo el lugar a pesar de tener colocada una tobillera electrónica por una causa previa de violencia familiar.

En el allanamiento participó la perra detectora Hanna, entrenada en la búsqueda de estupefacientes. El animal fue determinante para ubicar marihuana escondida en la parte superior de un ropero, lo que facilitó el secuestro de dosis adicionales y reforzó las pruebas contra los detenidos.

El operativo también permitió identificar la modalidad de comercialización: el búnker mantenía una atención permanente de clientes, principalmente durante horarios nocturnos. Las tareas de inteligencia demostraron que los acusados recurrían a dispositivos electrónicos y vigilancia propia para advertir la presencia de las fuerzas de seguridad, lo que dificultó las tareas previas de recolección de pruebas.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, los dos hombres detenidos fueron trasladados a sede judicial. Ambos fueron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes, delito tipificado en la legislación argentina y penado con severidad. La Fiscalía anticipó que solicitará medidas cautelares estrictas, debido a la gravedad de los hechos y los antecedentes de al menos uno de los imputados.

La investigación sigue su curso, con la expectativa de nuevas derivaciones a partir de los elementos secuestrados y las declaraciones de los detenidos. Los dispositivos electrónicos, teléfonos móviles y documentación incautada serán sometidos a peritajes, en busca de información sobre otros posibles integrantes de la red y el alcance real de las operaciones desarticuladas.

La noticia llega luego de que atraparan a un policía de la provincia de Córdoba que vendía droga. Durante el operativo en el que fue descubierto, su pareja intentó ocultar cocaína, la consumió y, como consecuencia, murió horas más tarde en un hospital. El oficial quedó detenido y fue imputado por tenencia de estupefacientes para comercialización.

Según informó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, durante el ingreso del personal táctico de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) a la vivienda, ubicada en el barrio IPV 360 de la ciudad capital, la principal investigada optó por ingerir varios envoltorios de cocaína en el baño, en un intento desesperado por deshacerse de la sustancia.

Las consecuencias no se hicieron esperar. Poco después, la mujer experimentó vómitos y convulsiones. Ante su estado crítico, los oficiales la trasladaron de inmediato al Hospital de Pronta Atención Cura Brochero, ubicado en el barrio Argüello, donde fue asistida por el equipo médico.

Dieciocho hombres fueron vinculados a proceso luego de su detención en un enfrentamiento con fuerzas federales en el estado de Nayarit el pasado 17 de marzo.

La agresión se registró en la zona serrana del municipio, donde fue necesario desplegar un operativo de seguridad con apoyo aéreo para controlar la situación de riesgo.

Derivado de la acción, las autoridades aseguraron 12 armas largas, más de tres mil cartuchos y artefactos explosivos, los cuales en un primer momento el gobierno de Nayarit detalló que se trató de 8, así como equipo táctico, placas balísticas, fornituras y cascos.

Cabe señalar que las autoridades estatales informaron en ese entonces que el total de personas detenidas había sido de 20, pero la Fiscalía General de la República (FGR) detalló este domingo la vinculación a proceso de un total 18.

Las autoridades informaron que los presuntos responsables permanecerán en prisión preventiva debido a que enfrentan cargos graves relacionados con armas de fuego y explosivos.

Delitos que enfrentan los detenidos

El operativo, coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR), involucró a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Policía Estatal de Nayarit. La intervención se produjo luego de que los individuos abrieran fuego contra los agentes, quienes lograron detenerlos y asegurar el material bélico en el lugar.

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó pruebas ante la autoridad judicial, lo que permitió que Carlos “N”, Adolfo “N”, José “N”, Indalecio “N”, Edwin “N”, Marcos “N”, Ricardo “N”, Emmanuel “N”, Leoncio “N”, Luis “N” e Israel “N” fueran vinculados a proceso por portación de arma de fuego agravada y portación de cargadores de uso exclusivo.

Por otro lado, Samuel “N”, Miguel “N”, Carlos “N” y Juan “N” enfrentan cargos por posesión de cartuchos y cargadores exclusivos de las fuerzas armadas.

Todos los detenidos fueron trasladados al Centro Federal de Reinserción Social número 4 de Nayarit, donde permanecerán bajo prisión preventiva mientras se desarrolla la investigación complementaria, que tiene un plazo de dos meses.

Captaron balacera en video

Videos compartidos en redes sociales registraron detonaciones de arma de fuego en el municipio Huajicori, los cuales podrían corresponder al enfrentamiento en el que se vieron involucrados elementos de seguridad y los detenidos.

De acuerdo con los reportes, uno de los materiales fue captado por alumnos de una escuela de bachillerato, quienes se alertaron debido a las detonaciones de arma de fuego.

El gobernador de Nayarit también destacó que durante la sesión de la Mesa Estatal de Construcción de la Paz y la Seguridad le dio seguimiento al enfrentamiento y las acciones que se llevan a cabo en regiones del estado, entre los que se encuentran el aseguramiento de vehículos, sustancias ilícitas y destrucción de plantíos.

Cabe señalar que en el estado se ha documentado desde el año 2024 la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Cártel de Sinaloa y células de los Beltrán Leyva, de acuerdo con el documento Estrategia de Seguridad de los Primeros 100 Días.

Cuatro sicarios, presuntos integrantes de una organización criminal, fueron detenidos luego de que atacaron a balazos a elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Escuinapa, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron cuando los militares realizaban patrullajes de reconocimiento terrestre en inmediaciones de la cabecera municipal, cuando fueron sorprendidos por los cuatro hombres que comenzaron a disparar en su contra.

La agresión armada provocó un enfrentamiento que se prolongó por varios minutos, la cual culminó con la detención de cuatro hombres, de los cuales tres eran menores de edad.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que a los cuatro agresores les fue asegurado armamento y equipo táctico, entre los que se encontraban:

• 6 armas largas
• 23 cargadores
• 549 cartuchos calibre 7.62 x 39 mm
• 4 chalecos antibalas
• 8 placas balísticas
• 1 casco antibalas

Los cuatro hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que se realicen las investigaciones correspondientes.

Violencia en Escuinapa repunta tras ingreso de integrantes del CJNG por el sur de Sinaloa

Los hechos violentos en el municipio de Escuinapa, ubicado al sur del estado, han aumentado desde finales del año pasado, registrando de manera constante ataques con explosivos o agresiones armadas contra policías.

El pasado 1 de abril se registró un ataque a balazos contra el subdirector de la Policía Municipal de Escuinapa, Esteban Gutiérrez Mazariegos, quien se encontraba junto a tres uniformados a bordo de una unidad oficial.

Fue alrededor de las 10:30 horas cuando el subdirector circulaba por la autopista Mazatlán-Tepic y un grupo de sujetos armados lo interceptó.

La unidad del subdirector era acompañada por una segunda camioneta oficial, las cuales fueron agredidas a balazos, pero solo una de ellas logró escapar con un policía herido.

El subdirector y los tres policías que lo acompañaban murieron dentro de la unidad oficial debido a las heridas por proyectil de arma de fuego.

Cabe señalar que el pasado 9 de febrero fue atacado con un artefacto explosivo un gimnasio perteneciente a la Secretaría de Seguridad de Escuinapa, el cual dejó dos personas lesionadas.

El alcalde, Víctor Díaz Simental, confirmó a medios locales que el explosivo fue lanzado desde un dron, el cual dejó heridos a un elemento de la Defensa y un trabajador del ayuntamiento.

Un hecho similar ocurrió el 26 de diciembre de 2025, cuando atacaron con explosivos el almacén del Ayuntamiento de Escuinapa, el cual se reportó fue realizado con el uso de drones.

La disputa entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos del Cártel de Sinaloa ha provocado una ola de violencia en el estado desde septiembre de 2024, la cual comenzó luego del secuestro y entrega a los Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada, exlíder de la organización criminal.

David Saucedo, consultor en seguridad pública, detalló desde finales de 2025 que el aumento de la violencia registrada al sur del estado corresponde al despliegue de sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), quienes intentan entrar desde Nayarit para apoyar a sus aliados, Los Chapitos.

El caso de Diana Belén González Aguilar, activista cuyo cuerpo fue localizado sin vida en Tultitlán, Estado de México, ha generado atención luego de recientes detenciones y la difusión de cómo habría ocurrido el feminicidio.

Según información proporcionada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la activista dedicada al rescate y protección animal fue reportada como desaparecida el 20 de marzo, aunque sus restos ya habían sido hallados dos días antes en la vía pública de la colonia Sierra de Guadalupe del municipio mexiquense.

Tras pruebas periciales, las autoridades confirmaron que el cuerpo localizado correspondía a la activista reportada como desaparecida por sus familiares.

Así habría ocurrido el asesinato

De acuerdo con la indagatoria, Diana Belén se encontraba en un domicilio en compañía de su pareja sentimental, Octavio Enrique “N”, y de Diego Armando “N”. Ambos sujetos, detenidos desde el pasado 1 de abril, presuntamente participaron en una agresión física contra la activista.

Las autoridades señalan que posteriormente fue trasladada a otro inmueble donde le dispararon con un arma de fuego y abandonaron su cuerpo en la calle.

Además, señalan que los dos presuntos responsables del feminicidio también son investigados por su probable vínculo con la venta de drogas en la zona.

Fuentes de seguridad consultadas por este medio el pasado 1 de abril confirmaron la detención de tres personas, entre los que se encontraba Octavio Enrique “N”, sin embargo, los reportes oficiales publicados únicamente señalan a dos presuntos involucrados en el caso.

La activista, también conocida en redes sociales como Anaid.

Indagatoria y detención de los implicados

La FGJEM detalló que, tras identificar el cuerpo de Diana Belén por medio de pruebas periciales, el Ministerio Público inició una investigación que permitió ubicar a los presuntos responsables en la región de Huehuetoca.

Ambos sujetos fueron detenidos inicialmente por un delito diverso y posteriormente se les cumplimentó la orden de aprehensión por feminicidio.

Las autoridades trasladaron a Octavio Enrique “N” y Diego Armando “N” al Centro Penitenciario y de Readaptación Social correspondiente, quedando a disposición del juez que determinará su situación jurídica. El comunicado de la FGJEM subraya que a los detenidos se les debe considerar inocentes hasta que exista una sentencia condenatoria.

Información oficial de la FGJEM

Tras los arrestos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México compartió un comunicado en el que enfatizó que el caso se mantiene bajo investigación, tanto por el delito de feminicidio como por la probable relación de los acusados con actividades de venta de drogas.

Según la autoridad, la localización y detención de los presuntos responsables fue posible gracias al trabajo coordinado de los cuerpos de investigación y a la obtención de pruebas periciales que permitieron identificar a la víctima y a sus agresores.

En el comunicado, la FGJEM reiteró su compromiso con el esclarecimiento de los hechos y la atención a los delitos de género en la entidad, así como la obligación de respetar la presunción de inocencia de los implicados durante todo el proceso judicial.

Un operativo de seguridad desplegado en la zona serrana de Chihuahua, permitió la detención de seis personas fuertemente armadas, entre ellas un presunto objetivo prioritario identificado como Fernando C. S., alias “El Larry”. Infobae México pudo conocer que el detenido es señalado como jefe de plaza del grupo criminal Los Cabrera.

La acción fue realizada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), en coordinación con el Ejército Mexicano, como parte de los operativos permanentes instruidos por el secretario de Seguridad estatal, Gilberto Loya.

Operativo coordinado en la sierra

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron durante la noche del jueves, cuando fuerzas estatales y de inteligencia desplegaron un operativo táctico en el municipio de Guachochi, una zona considerada estratégica por su ubicación en la región serrana.

Durante la intervención, las autoridades lograron ubicar a los sospechosos, quienes se encontraban a bordo de dos vehículos sin matrículas, una camioneta Ford Territory y un automóvil Volkswagen.

En el lugar fueron detenidos Johnny Q. L., Gabriel S. M., Honorio S. F., Fernando C. S., Joel Iván C., así como un menor de edad identificado con las iniciales J. M. A. S., quienes presuntamente integraban una célula delictiva activa en la región.

Aseguran arsenal de alto poder

Tras la inspección correspondiente, los elementos de seguridad aseguraron un importante arsenal en poder de los detenidos, que incluía:

• 6 armas de fuego largas
• Mil 770 cartuchos útiles
• 60 cargadores
• 6 chalecos tácticos

El decomiso refleja la capacidad operativa del grupo y su potencial para generar violencia en la zona, lo que refuerza la relevancia del operativo.

Golpe a grupos criminales en la región

Las autoridades destacaron que la captura de “El Larry” representa un golpe significativo a las estructuras delictivas que operan en la sierra de Chihuahua, una región históricamente afectada por la presencia del crimen organizado.

Tras su detención, los implicados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, que será el encargado de determinar su situación jurídica e integrar las carpetas de investigación correspondientes.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado subrayó que este tipo de acciones forman parte de una estrategia integral para reforzar la seguridad, basada en operativos permanentes, labores de inteligencia y coordinación interinstitucional.

El caso evidencia el alcance de los operativos en zonas de difícil acceso, donde la presencia de grupos armados representa un reto constante para las autoridades, pero también muestra avances en la identificación y captura de objetivos prioritarios.

Un hombre de 53 años fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras intentar cometer un robo en una joyería de la plaza comercial Puerta Aragón, ubicada en la colonia Pradera Primera Sección, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con información oficial proporcionada por la SSC, el sujeto fue sorprendido cuando intentaba escapar luego de que la encargada del local activara una alarma de auxilio.

El incidente movilizó a elementos policiacos este miércoles 1 de abril, después de recibir el reporte de una alarma activada en el cruce de las calles Volcán Iztaccíhuatl y Volcán Paricutín.

Los agentes se trasladaron de inmediato al centro comercial, donde se entrevistaron con la responsable de la joyería, quien narró el momento en que un individuo ingresó al local con actitud sospechosa, motivando la activación del protocolo de emergencia y la posterior detención.

El intento de robo y la reacción policial

La encargada contó que el hombre entró a la joyería y se comportó de forma rara, lo que puso en alerta a quienes estaban en el local. Al ver esto, presionó el botón de auxilio y, cuando sonó la alarma, el sospechoso salió corriendo hacia la puerta principal de la plaza.

En la entrada de Puerta Aragón el presunto ladrón se encontró con los guardias de seguridad privada del inmueble, por lo que presuntamente disparó y rompió una puerta de cristal para poder escapar. Esa detonación le habría permitido salir del centro comercial.

La SSC explicó que, tras estos hechos, los policías fueron tras el hombre y lo persiguieron a pie por varias calles cerca del centro comercial.

Tras el seguimiento, lograron alcanzarlo cuando estaba por subirse a una camioneta gris. Al revisarlo, los policías encontraron una mochila negra donde llevaba un arma larga y un cargador.

Los elementos capitalinos lo detuvieron y le informaron sus derechos constitucionales. Posteriormente, lo trasladaron junto con los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público, autoridad encargada de determinar su situación jurídica.

Otros robos en plazas comerciales de la CDMX

Apenas el 12 de marzo de 2026, en la Plaza Patriotismo, ubicada en la alcaldía Benito Juárez, un grupo de personas rompió los cristales de la tienda Sanborns para hurtar aparatos electrónicos de los mostradores. De acuerdo con los videos de las cámaras de vigilancia, el incidente ocurrió cerca de las 4 de la tarde. Los responsables lograron huir tras cometer el robo.

Otro caso se registró el 11 de marzo de 2026, también en la alcaldía Benito Juárez, cuando policías de la Ciudad de México recuperaron 750 mil pesos que habían sido robados a un cuentahabiente en el estacionamiento de la plaza Universidad. Los oficiales lograron detener a dos personas y asegurar el dinero robado luego de una intensa persecución que terminó hasta el norte de la ciudad. Tras la detención, los presuntos responsables fueron presentados ante el Ministerio Público.

Cinco hombres relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos cuando circulaban a bordo de dos vehículos en el municipio de Matías Romero, Oaxaca.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que estos sujetos están relacionados con la organización criminal que lideraba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, a quienes las autoridades les atribuyen un corredor operativo que conecta los estados de Oaxaca con Veracruz, operado a través de casas de seguridad y dedicándose principalmente al secuestro y la extorsión.

Las detenciones se llevaron a cabo tras un patrullaje conjunto de elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), cuando los agentes detectaron dos vehículos sospechosos en inmediaciones de la colonia Barrio Nuevo.

Al interceptar el primer automóvil, los efectivos llevaron a cabo una revisión en la que solicitaron al conductor y sus acompañantes descender.

Al inspeccionar la unidad, los agentes hallaron en su interior 10 dosis de una sustancia similar al cristal, 30 dosis presuntamente de cocaína y aproximadamente 400 gramos de sustancia granulada con características semejantes.

En el segundo vehículo, los elementos ejecutaron otra revisión que permitió asegurar 40 dosis de polvo con características de la cocaína, 7 cargadores y 221 cartuchos de diferentes calibres, una pistola, además de bolsas con presunta droga.

Todo el material fue puesto a disposición de las autoridades competentes junto con los detenidos, quienes fueron informados de sus derechos en el momento de la captura.

Realizan cateo y aseguramiento de inmueble en Matías Romero

De manera paralela a las cinco detenciones, personal de Marina y la Fiscalía estatal ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la colonia Barrio Nuevo, en el mismo municipio.

Durante la intervención, los agentes proporcionaron seguridad perimetral y aseguraron 8 paquetes grandes con hierba seca, 164 bolsitas con marihuana, 15 paquetes con presunto cristal, 29 bolsitas adicionales de la misma sustancia, 4 bolsas con cartuchos de distintos calibres y 7 cargadores abastecidos.

El operativo incluyó la incautación de un vehículo, equipo táctico y diversos objetos vinculados con las actividades ilícitas del grupo criminal.

Este aseguramiento responde a investigaciones por narcomenudeo en la región y refuerza la hipótesis de que el inmueble era utilizado como base de operaciones para delitos de alto impacto.

Desmantelan casa de seguridad de una célula con operaciones en los límites de Oaxaca y Veracruz

Autoridades de Veracruz y Oaxaca desmantelaron el pasado 13 de marzo una casa de seguridad perteneciente a una célula ligada al grupo de “El Tigre”, durante un operativo en la zona limítrofe de ambos estados, que permitió la detención de dos hombres y el decomiso de armas de alto poder, uniformes militares y vehículos con emblemas federales falsos.

El grupo criminal, vinculado con narcobloqueos y quema de vehículos en carreteras —especialmente en territorio veracruzano—, quedó oficialmente desarticulado tras la intervención.

Entre las personas detenidas se encontraban Ulises Cervantes “N”, de 27 años, y Ramiro Rodríguez “N”, de 38.

El operativo, coordinado por las fiscalías de Oaxaca y Veracruz y con el respaldo de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, incluyó el aseguramiento de credenciales, decenas de dosis de drogas y vehículos de distintos tipos.

Las autoridades subrayaron que la táctica utilizada para operar, que incluía uniformes y vehículos apócrifos de fuerzas federales, buscaba facilitar la comisión de delitos y burlar la vigilancia en el corredor interestatal entre Cosolapa y Tezonapa.

El operativo representó un golpe a la capacidad logística del grupo criminal, que mantiene su actividad principalmente en el estado de Veracruz.

Los antecedentes de un mando con el apodo de “El Tigre” datan de agosto de 2022, cuando fue detenido Francisco Javier “N”, presunto líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Minatitlán, vinculado a delitos como secuestro, homicidio y robo de hidrocarburos. No obstante, las autoridades no confirmaron si el líder desarticulado en este operativo corresponde a la misma persona.

Una red de extorsión encabezada por extranjeros, y llevada a cabo mediante páginas web, aplicaciones de mensajería y llamadas telefónicas, fue identificada en el Estado de México luego de que la Fiscalía del Estado recibió más de mil denuncias por este delito.

Tras un operativo de 46 días de duración, autoridades federales, estatales y elementos de las Fuerzas Armadas lograron la detención de 102 personas, de las cuales 77 eran extranjeros y 25 mexicanos, lo que muestra una tendencia por la participación de ciudadanos de otras nacionalidades en la comisión de este delito.

Fue así que derivado de actos de investigación se detectó un reiterado modus operandi relacionado con la extorsión y préstamos conocidos como “gota a gota”, mediante el uso de unidades económicas formales e informales.

Para llevar a cabo sus actividades delictivas, la red utilizaba inmuebles tipo call centers, así como centrales de préstamo. Además, contaban con puntos de venta de drogas y giros negros con los que se les relacionó con delitos como secuestro exprés, trata de personas, lavado de dinero, distribución y comercialización de narcóticos, extracción de datos personales y suplantación de identidad.

Así era su modus operandi: suplantaban instituciones financieras

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que derivado de los actos de investigación se identificaron call centers que eran implementados para la extorsión mediante requerimientos de pago de forma violenta, ofrecimiento fraudulento de productos, suplantación de instituciones financieras mediante llamadas y el uso de páginas web clonadas.

En estos sitios se manipulaba a las víctimas con prácticas engañosas y coberturas falsas con la finalidad de obtener información personal y de su entorno cercano para coaccionar e intimidarlos.

Con la tecnología, los implicados exigían los pagos mediante el uso de violencia psicológica bajo amenazas, y si las víctimas no accedían, les causaban daño físico o moral.

Además, solían suplantar instituciones crediticias y financieras al fingir ser empleados mediante páginas web bancarias clonadas y llamadas masivas en las que usaban un guion para alarmar a las víctimas sobre falsos movimientos bancarios, con lo que conseguían que realizaran transferencias o les proporcionaran datos confidenciales para el manejo de su cuenta.

La red también implementaba supuestos premios y recepción de paquetería a favor de sus víctimas para obtener datos o dinero.

Daban créditos en especie o efectivo con altos intereses

En las centrales de préstamo, que eran puntos no registrados de manera formal, los implicados otorgaban créditos en efectivo o especie con electrodomésticos, celulares u otros artículos.

Para esto, la red entregaba poca información sobre contratos, facturas y comprobantes fiscales para que, con el pago diario o semanal de las víctimas, se les cobraran intereses superiores que no eran capaces de liquidar.

Al verse imposibilitados, eran enviados grupos de golpeadores que acudían a sus domicilios o lugares de trabajo para intimidarlos, amenazarlos y agredirlos físicamente para obligarlos a pagar.

Como parte de estas acciones, las autoridades también aseguraron puntos de venta de drogas que eran usados por la red para que se les relacionara con organizaciones delictivas. Asimismo, esta red contaba con giros negros en los que obtenía datos de sus clientes, robaba su identidad e información bancaria, y los intimidaban.

Los resultados de la operación, denominada “Desconexión”, las autoridades aseguraron documentación con información personal, listados, recibos, así como lo siguiente:

• 67 servidores informáticos
• 2 mil 844 equipos de cómputo
• 265 laptops
• 353 discos duros
• 277 CPUs
• 404 teléfonos celulares
• Más de 3 mil chips de diversas compañías
• 80 tokens de banca en línea
• 11 terminales de cobro para tarjetas bancarias
• 5 armas de fuego
• Dosis de drogas
• Dinero en efectivo

De los 102 detenidos, hasta la fecha un total de 50 ya se encuentran vinculados a proceso y en prisión preventiva. La Fiscalía del Estado informó que de los procesados 20 son colombianos, 22 mexicanos, 6 venezolanos y 2 cubanos.

José Guadalupe Ramos, ciudadano mexicano, falleció el 25 de marzo en el centro de detención de Adelanto, ubicado a las afueras de Los Ángeles, de acuerdo con información publicada por The Guardian.

El personal de seguridad lo encontró inconsciente en su litera; se activaron protocolos de emergencia y fue trasladado al hospital Victory Valley Global en Victorville, donde fue declarado muerto. Según el reporte del medio británico, Ramos tenía diagnósticos de diabetes, hipertensión e hiperlipidemia y recibía medicación diaria, aunque no quedó claro si era para una o las tres condiciones.

De acuerdo con el diario británico, esta es al menos la 14ª muerte bajo custodia del ICE en lo que va de 2026, un ritmo que ya supera al año pasado, cuando fallecieron 32 migrantes detenidos, la cifra más alta desde 2004. Ramos es además el cuarto mexicano en morir en Adelanto desde que Donald Trump retomó la presidencia, según el mismo medio.

México responde: protestas diplomáticas y acción legal

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció en conferencia de prensa que México tomará acciones para protestar por la muerte de otro connacional. Las autoridades mexicanas planean llevar sus preocupaciones ante la administración Trump, miembros del Congreso de Estados Unidos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Además, la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que México presentará un escrito de apoyo en la demanda federal contra el centro de Adelanto.

Según The Guardian, la diplomática mexicana Vanessa Calva Ruiz señaló en conferencia de prensa en Los Ángeles que los decesos revelan “fallas sistémicas, deficiencias operativas y posible negligencia” en el centro.

Un centro bajo la lupa

Adelanto es operado por GEO Group, la empresa privada contratista más grande del ICE en Estados Unidos. Una coalición de organizaciones de derechos humanos presentó una demanda federal contra la empresa alegando condiciones inhumanas y negligencia médica. El fiscal general de California, Rob Bonta, respaldó esa demanda tras una inspección estatal que, según el reporte de The Guardian, documentó atención médica deficiente, condiciones insalubres y falta de insumos básicos.

GEO Group, por su parte, defendió sus operaciones argumentando que ofrece atención médica las 24 horas con equipos de médicos, enfermeras y especialistas, supervisados por el ICE.

El contexto: detención masiva y cifras récord

Desde el inicio de la campaña de deportaciones masivas de Trump, el número de migrantes detenidos bajo custodia del ICE superó los 68,000 en febrero de 2026. Organizaciones de derechos humanos vinculan directamente ese crecimiento acelerado con el deterioro de las condiciones al interior de los centros de detención, de acuerdo con la información publicada por The Guardian.

Un operativo encabezado por el Grupo de Operaciones Especiales de Sinaloa (GOES) resultó en la detención de cuatro civiles en posesión de rifles de alto poder, cargadores, cartuchos y dos vehículos en la colonia Aeropuerto, municipio de Culiacán.

La intervención se realizó en coordinación con fuerzas federales y estatales, de acuerdo con información de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa).

Las autoridades de Sinaloa informaron que elementos del GOES detectaron una camioneta que salía de un domicilio en la zona. Uno de los ocupantes portaba un arma larga y al observar la presencia policial intentó escapar, pero fue interceptado junto con otros tres sujetos.

Acciones coordinadas y aseguramiento de armamento

El operativo fue encabezado por el GOES de la Policía Estatal Preventiva, en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.

Según el reporte oficial, se decomisó lo siguiente:

• 4 fusiles calibre 5.56 x 45 mm
• 17 cargadores
• 510 cartuchos útiles
• 1 chaleco táctico con dos placas balísticas
• 2 vehículos sin reporte de robo

La SSP Sinaloa confirmó que los detenidos, el armamento y los vehículos quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la integración de la carpeta de investigación. La dependencia estatal indicó que estos aseguramientos forman parte de los operativos permanentes para combatir delitos de alto impacto.

La colonia Aeropuerto es una de las zonas incluidas en los patrullajes de prevención implementados por el GOES y fuerzas federales. Estas acciones buscan reforzar la seguridad y contener la circulación de armas de uso exclusivo militar en la capital sinaloense.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, el despliegue interinstitucional responde a la estrategia de colaboración entre los tres niveles de gobierno. Dichos operativos se han aplicado en la entidad desde que comenzó la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa tras el secuestro y entrega de El Mayo Zambada a EEUU, realizado por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo Guzmán”.

Otros decomisos relevantes en la entidad

Por otra parte, en la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, un operativo terrestre realizado por elementos del Ejército Mexicano en coordinación con el Grupo Interinstitucional permitió el aseguramiento de doce armas largas, entre ellas dos ametralladoras y un fusil Barrett calibre .50, además de un aditamento lanzagranadas, cargadores y más de siete mil cartuchos útiles.

El personal militar localizó el armamento y una camioneta al efectuar reconocimientos terrestres como parte de las acciones preventivas en la zona.

Todo lo asegurado fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República para la integración de la investigación correspondiente. Estos decomisos refuerzan la labor coordinada en el combate al tráfico de armas y delitos de alto impacto en Sinaloa.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGE) informó este martes 31 de marzo de 2026 que un juez de control vinculó a proceso a Jorge “N”, secretario de Seguridad Pública municipal de Matehuala, y a Pablo Ernesto “N”, exfuncionario del ayuntamiento, por su probable responsabilidad en delitos contra la salud.

La medida se dictó ocho días después de su detención en flagrancia con diversas dosis de drogas. Los hechos ocurrieron el pasado 23 de marzo, cuando agentes de la Policía de Investigación, en coordinación con fuerzas estatales y federales, aseguraron a ambos funcionarios en operativos desplegados en distintos puntos del municipio.

Durante las acciones, se decomisaron bolsas de marihuana, dosis de “cristal” y dos vehículos, uno de ellos oficial.

Reportes extraoficiales señalan que estas detenciones podrían estar relacionadas con la desaparición y posterior localización con vida de 7 electricistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio potosino. Hasta el momento no se conoce cuál habría sido su papel en la desaparición grupal.

El secuestro de los electricistas está presuntamente vinculado con reclutamiento forzado, una modalidad utilizada por las organizaciones criminales para enfilar a personas a sus filas sin gastos.

Audiencia y medida cautelar

La autoridad estatal señaló que durante la audiencia inicial, un agente del ministerio público adscrito a la FGE presentó los elementos de prueba que sustentaron la imputación por delitos contra la salud.

El juez de control resolvió la vinculación a proceso y dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa para ambos detenidos.

Además, el órgano judicial también fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La Fiscalía indicó que las indagatorias continúan para robustecer la carpeta y esclarecer la posible participación de los imputados en otros hechos delictivos.

Esto les encontraron a los procesados

Según información publicada previamente por este medio, la captura de Jorge “N”, identificado como titular de seguridad municipal, ocurrió durante patrullajes y trabajos de inteligencia en el Altiplano potosino. Los agentes interceptaron una patrulla Nissan Versa y localizaron 52 bolsas de marihuana con un peso aproximado de 334 gramos, además de tres bolsas de “cristal” con un peso de 30 gramos.

En otra acción, detuvieron a Pablo Ernesto “N”, a quien le incautaron 29 dosis de marihuana con un peso de 180 gramos y una camioneta pickup Chevrolet año 2025.

Infiltración del narco en Matehuala

A raíz de estas detenciones, se fortalecieron las sospechas de infiltración del crimen organizado en estructuras municipales de Matehuala.

Autoridades estatales confirmaron que existen investigaciones en curso para determinar posibles nexos de servidores públicos, incluido el alcalde, con grupos delictivos dedicados al narcotráfico.

Según reportes previos de este medio, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, anunció el inicio de una investigación formal sobre la presunta relación entre funcionarios municipales y organizaciones criminales.

El mandatario estatal -quien fue detenido en el año 2015 por delincuencia organizada y lavado de dinero- enfatizó que no se tolerarán pactos ni tolerancia dentro de la administración pública.

Tres presuntos integrantes de los Cabrera Sarabia, facción del Cártel de Sinaloa, fueron detenidos en la Ciudad de México en posesión de 50 kilos de metanfetamina cuando se encontraban en los alrededores de un centro comercial.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que los sujetos fueron ubicados como resultado de labores de inteligencia y como parte de mecanismos de colaboración internacional para detener a generadores de violencia en la capital.

Como parte del seguimiento, elementos de las Fuerzas Armadas, así como de seguridad federal y de la Ciudad de México realizaron indagatorias sobre posibles integrantes de este grupo criminal.

Fue así que se desplegó un operativo especial en inmediaciones de un centro comercial ubicado en la colonia Guadalupe Tepeyac de la alcaldía Gustavo A. Madero, donde los tres hombres, identificados como Alberto Isaac “N”, Manuel “N” y Hugo “N”, fueron detenidos.

A los sujetos les fueron asegurados 50 kilos de metanfetamina, así como un vehículo relacionado con los hechos.

Los tres hombres fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente -junto con lo asegurado- para que se defina su situación jurídica.

Durango: el bastión de los Cabrera Sarabia

La facción de los Cabrera Sarabia es un grupo delictivo que fue fundado por los hermanos Felipe, Alejandro y José Luis Cabrera Sarabia, quienes son afines a Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con datos revelados por la periodista Anabel Hernández para su libro El Traidor, los negocios entre Los Mayos (antiguamente liderada por Ismael “El Mayo” Zambada) y Felipe Cabrera Sarabia comenzaron con la compra de toneladas de cocaína.

Ambas facciones también anunciaron en narcomantas su alianza para hacerle frente a la guerra que Los Mayos mantienen con Los Chapitos en Sinaloa, esto luego del secuestro y entrega a los Estados Unidos de “El Mayo” por parte de Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo” Guzmán.

El centro de operaciones de los Cabrera Sarabia es el estado de Durango. Las autoridades estadounidenses los han señalado como los proveedores de heroína y marihuana para el Cártel de Sinaloa.

Tanto Felipe, Alejandro y José Luis Cabrera Sarabia fueron sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, por sus vínculos con el tráfico de drogas a EEUU y por brindarle apoyo al cártel.

Además, Felipe Cabrera fue identificado como lugarteniente de “El Mayo” al ser el encargado de controlar grandes plantaciones de marihuana y amapola, así como de transportar heroína y hierba a los Estados Unidos. Asimismo, se le acusa de haber obtenido toneladas de cocaína de Zambada García para traficarla en el área de Chicago, Illinois.

Felipe Cabrera Sarabia fue detenido el 23 de diciembre de 2011 en Culiacán, Sinaloa, pero cuenta con una acusación en EEUU por narcotráfico desde enero de 2012.

Tras su detención, Alejandro Cabrera tomó el control de la organización criminal y continúo apoyando a “El Mayo” para el transporte de toneladas de narcóticos a EEUU a través del estado de Baja California; sin embargo, fue detenido el 11 de febrero de 2013 también en Culiacán.

Actualmente, José Luis Cabrera es señalado por administrar los ranchos de la familia y colaborar en la logística del transporte de la marihuana.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) presentó un recurso de apelación tras la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo, acusados de servir como informantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) durante los bloqueos que siguieron al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Once elementos, incluido el director de Seguridad Pública Municipal, enfrentaban acusaciones por su presunta responsabilidad en conductas delictivas, entre ellas la posesión de droga. Un juez determinó que los datos de prueba presentados eran insuficientes, por lo que los imputados quedaron en libertad condicional mientras continúa el proceso judicial.

El Poder Judicial de Michoacán informó que el caso se encuentra ya en segunda instancia y será revisado por una magistratura penal, según un comunicado difundido el pasado viernes 27 de marzo.

De acuerdo con reportes previos de este medio, los once uniformados fueron detenidos en la región de Zamora a bordo de una patrulla oficial, en posesión de drogas e insignias relacionadas con el CJNG.

Comunicado oficial del Poder Judicial de Michoacán sobre la apelación

La FGE interpuso un recurso de apelación contra la resolución judicial que permitió la liberación de 11 policías municipales de Ecuandureo. El Poder Judicial de Michoacán informó que el caso ya fue turnado a una magistratura penal en segunda instancia, la cual revisará el expediente y emitirá una nueva determinación conforme a derecho.

Además, el comunicado del Poder Judicial señala que el Tribunal de Disciplina Judicial, organismo encargado de vigilar e investigar el desempeño de los servidores públicos judiciales, está atento al proceso.

La autoridad judicial reiteró su compromiso de actuar con profesionalismo y apego a la ley, garantizando una justicia cercana y efectiva para la ciudadanía.

Lo que se sabe del caso de los policías de Ecuandureo y su presunta relación con el CJNG

Once policías municipales de Ecuandureo, entre ellos el director de Seguridad Pública, fueron detenidos tras los bloqueos y hechos violentos registrados en la región luego del abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del CJNG.

De acuerdo con reportes previos de la Fiscalía de Michoacán, los agentes fueron capturados en la zona de Zamora a bordo de una patrulla oficial; durante su detención se les hallaron drogas y objetos relacionados con la organización criminal, como parches alusivos al CJNG.

Las investigaciones indican que los policías informaban sobre los movimientos de fuerzas estatales y federales mediante grupos de WhatsApp vinculados al CJNG, con el objetivo de facilitar los bloqueos y ataques ordenados tras la muerte de “El Mencho”. Ninguno de los detenidos estaba registrado ante el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Posterior a la detención, el alcalde de Ecuandureo, Jorge Luis Estrada Garibay, declaró que desconocía los presuntos vínculos de los agentes con el crimen organizado y explicó que la corporación policial ya estaba conformada antes del inicio de su administración.

Tras la liberación de los 11 elementos, el fiscal del estado, Carlos Torres Piña, reveló durante entrevistas detalles del proceso judicial. Entre ellos, destacó que un juez negó en dos ocasiones la solicitud de la fiscalía para incorporar elementos clave a la investigación, como la revisión de los dispositivos de los detenidos, lo que provocó retrasos significativos en el desarrollo del caso.

Autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvieron a dos presuntos integrantes de la célula delictiva conocida como “Los Faraones”, vinculada al grupo criminal La Unión Tepito, por el delito de asociación delictuosa agravada.

Se trata de Misael “N”, alias “El Loco”, y David “N”, alias “Farmacias del Ahorro”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por su probable participación en robos a cajeros automáticos registrados en enero y febrero de 2025.

Robos en Iztapalapa y Gustavo A. Madero

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en dos puntos de la capital:

• En el interior de una tienda SuperISSSTE, en la alcaldía Iztapalapa, durante enero de 2025
• En un centro de distribución ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero, semanas después

Las autoridades señalaron que ambos eventos forman parte de un patrón delictivo relacionado con esta célula criminal.

Captura tras seguimiento con cámaras

Tras un análisis de cámaras de videovigilancia, agentes de la Policía de Investigación lograron ubicar a los sospechosos en el Estado de México, donde fueron detenidos el pasado 25 de marzo.

Posteriormente, los imputados fueron trasladados a la Ciudad de México y puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

Durante la audiencia inicial, un juez determinó vincularlos a proceso e imponerles la medida cautelar de prisión preventiva, además de fijar un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.

Vínculos con otras estructuras criminales

Las autoridades han identificado que la célula “Los Faraones” mantiene vínculos con La Unión Tepito, organización con presencia en la capital y el Estado de México.

Además, investigaciones previas han señalado que esta estructura criminal estaría relacionada con el Cártel Nuevo Imperio, ampliando su alcance operativo en la región centro del país.

Antecedentes: detenciones en Morelos

Este caso se suma a otras acciones recientes contra la misma organización. El pasado 23 de febrero, autoridades informaron la detención en Cuernavaca de dos presuntos operadores financieros:

• Edgar “N”, alias “El Conta” o “El Gordo”
• Marissa “N”, de 44 años, alias “La Contadora”

De acuerdo con las investigaciones, la mujer fungía como encargada financiera y enlace con funcionarios de alto nivel en la región de los Altos de Morelos, donde presuntamente negociaba obra pública y contratos de servicios.

Refuerzan acciones contra grupos delictivos

Las detenciones forman parte de una estrategia para desarticular células delictivas que operan en la zona metropolitana del Valle de México.

Autoridades capitalinas han destacado el uso de inteligencia, videovigilancia y coordinación interinstitucional para ubicar a integrantes de organizaciones criminales y llevarlos ante la justicia.

Agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana detuvieron en distintos operativos en Mexicali, Baja California, a tres hombres que se encontraban prófugos de la justicia, uno de ellos con una orden de aprehensión vigente en Estados Unidos.

Las detenciones se realizaron en hechos por separado en diferentes puntos de la ciudad, como parte de recorridos de vigilancia y acciones de inteligencia desplegadas por las autoridades estatales.

Detenciones tras actitudes evasivas

El primer aseguramiento ocurrió sobre la calzada Heroica Puebla y la avenida Atlixco, en la colonia Ángeles de Puebla, donde fue detenido Benjamín “N”, de 61 años de edad.

El sujeto intentó evadir a los agentes mientras circulaba por la zona, lo que derivó en su intervención. Tras verificar sus datos, las autoridades confirmaron que contaba con un mandamiento judicial vigente por el presunto delito de robo equiparado de vehículo de motor.

En un segundo hecho, fue capturado Brandon “N”, de 28 años, quien también mostró una actitud evasiva al notar la presencia policial. Luego de su revisión, se corroboró que tenía una orden de aprehensión activa por narcomenudeo.

Detenido con orden en Estados Unidos

El tercer caso involucró a Junior Alejandro “N”, de 34 años, originario de Riverside, California, quien fue detenido sobre la calzada Héctor Terán Terán y la calle Salamanca, en la colonia Esperanza.

El aseguramiento fue realizado por elementos de Enlace Internacional, quienes lo sorprendieron en posesión de tres envoltorios de metanfetamina.

Al consultar con autoridades estadounidenses, se confirmó que Junior Alejandro “N” contaba con una orden de aprehensión vigente en el estado de California por el delito de robo, lo que activó los protocolos de coordinación binacional.

Proceso legal y coordinación binacional

Tras su detención, Benjamín “N” y Brandon “N” fueron turnados a la Fiscalía General del Estado, donde se dará seguimiento a sus procesos legales conforme a las órdenes judiciales vigentes.

En tanto, el detenido de origen estadounidense será remitido a su país de origen, en apego a los mecanismos de colaboración entre México y Estados Unidos en materia de seguridad y justicia.

Refuerzan operativos contra prófugos

Las autoridades estatales destacaron que estas acciones forman parte de una estrategia permanente para localizar y detener a personas con cuentas pendientes ante la ley, particularmente en una ciudad fronteriza como Mexicali.

La coordinación entre corporaciones locales y agencias internacionales ha sido clave para ubicar a individuos que intentan evadir la justicia, fortaleciendo así los esfuerzos para combatir la impunidad.

Algunas de las personas detenidas en Bolivia por su presunta vinculación con el narcotraficante Sebastián Marset son consideradas de “alta peligrosidad” y serán recluidas en celdas de máxima seguridad en dos cárceles de la zona andina del país.

Según informó el director de Régimen Penitenciario, Daniel Mérida, este miércoles fueron trasladados 13 detenidos desde Santa Cruz hacia La Paz y Potosí para ser recluidos en las cárceles de Chonchocoro y Cantumarca, ambas a unos 4.000 metros de altura sobre el nivel del mar. En los recintos penitenciarios se reforzó la seguridad policial y se aseguró su vigilancia mediante cámaras de seguridad las 24 horas.

“Se ha hecho la instalación de cámaras con anterioridad, tanto en Chonchocoro como en Cantumarca, para tener un control más rígido y permanente, a fin de saber los movimientos que estos señores realizan dentro de los dos recintos penitenciarios”, explicó Mérida en una entrevista con el canal estatal Bolivia Tv.

Según información preliminar, los 13 detenidos que fueron trasladados eran parte del equipo de seguridad que protegía al narcotraficante de 34 años en Santa Cruz. Cuatro de ellos, todos de nacionalidad extranjera, fueron capturados el 13 de marzo en el mismo operativo en el que cayó Marset.

Posteriormente, en otros allanamientos, se aprehendió a 15 personas que también serían parte de su organización criminal, entre las cuales había de nacionalidad colombiana, ecuatoriana, venezolana y brasileña.

El sábado pasado, la justicia dispuso el traslado de algunos de los detenidos a centros penitenciarios de otras ciudades. “La medida responde a criterios estrictamente de seguridad”, informó a los medios el coronel Juan Carlos Corrales, gobernador de la cárcel cruceña de Palmasola, donde quedaron algunos capturados la semana pasada y Tatiana Marset Alba, de 22 años, supuesta media hermana del narcotraficante.

En todos los casos los reos estarán separados para evitar la reestructuración de la organización dentro de las cárceles mientras la Policía boliviana y el Ministerio Público continúan con las investigaciones y allanamientos para desarticular la red criminal.

En las últimas semanas se incautaron varios inmuebles, al menos una decena de vehículos de alta gama y 16 aeronaves que eran parte de la logística de la organización. También se encontraron pistas clandestinas y caletas donde presumiblemente se almacenaba droga.

Marset era considerado uno de los capos de la droga más buscados de la región y por quien el Departamento de Justicia estadounidense ofrecía una recompensa de 2 millones de dólares.

Según las autoridades bolivianas, el narcotraficante había instalado su base de operaciones en Santa Cruz. “Aquí encontraba impunidad y protección del anterior gobierno”, afirmó el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, tras su captura el pasado 13 de marzo.

Tras su arresto en el barrio residencial Las Palmas, Marset fue entregado en el aeropuerto local a agentes de la Administración para el Control de Drogas estadounidense (DEA) y trasladado a Estados Unidos donde la Oficina del Fiscal del Distrito Este de Virginia informó que enfrenta cargos relacionados al lavado de dinero del narcotráfico que pueden implicar una condena de hasta 20 años de prisión. Su audiencia está fijada para el 1 de abril.

Dos médicos oncólogos fueron detenidos este jueves en Córdoba luego de que fueran acusados de participar en maniobras fraudulentas que perjudicaron a la obra social de los empleados estatales cordobeses Apross. Así, la causa ya cuenta con más de 40 detenidos relacionados con la estructura del sistema de salud provincial.

Recientemente, el análisis de registros realizado por la Comisión Especial Permanente de Prevención e Investigación de Fraudes detectó prácticas asociadas a la sobreprescripción de medicamentos de alto costo, utilizados en tratamientos oncológicos.

Mediante los registros, lograron dar con los especialistas que emitieron esas prescipciones.

Esta situación activó las alertas de los investigadores y propició la adopción de nuevas medidas judiciales, entre ellas, allanamientos en instituciones involucradas, por pedido del fiscal José Bringas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1.

De acuerdo con la información publicada por El Doce.tv, el propósito de la Fiscalía es identificar a todos los responsables y proteger los recursos del sistema público de salud. Por este motivo, no descartarían la realización de nuevos procedimientos y detenciones en los próximos días.

Hasta el momento, las maniobras detectadas incluían el cobro de prácticas médicas por afiliados inexistentes, emisión de recetas falsas para retirar medicamentos oncológicos e insulina, así como la comercialización posterior de estos fármacos en el mercado negro.

El caso de fraude contra la obra social provincial Apross lleva más de 40 personas detenidas, entre ellas un Policía retirado y empleados ligados al funcionamiento de la institución médica. Según la investigación iniciada en 2019, se sospecha que la presunta red montada por los acusados habría generado un perjuicio económico estimado en torno a los 500 millones de pesos.

En los procedimientos realizados durante febrero de 2025, las autoridades judiciales incautaron 12 millones de pesos, además de documentación falsa, sellos apócrifos, computadoras, teléfonos, impresoras, gran cantidad de medicamentos y recetarios fraudulentos.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, el esquema fraudulento se ejecutaba a partir del acceso a datos de afiliados de Apross, suplantando identidades para gestionar recetas digitales y físicas, y retirando fármacos en distintas farmacias con documentos de identidad adulterados.

Como informó el fiscal Bringas, la utilización de fotografías falsas en los DNI permitía a los estafadores simular ser los beneficiarios legítimos, una modalidad similar que ya había sido detectada en casos de estafas realizadas en el sector comercial y crediticio.

De la misma manera, indicaron que los implicados se presentaban en diversos establecimientos farmacéuticos, variando los locales para minimizar el riesgo de ser descubiertos, y retiraban insulina, tiras reactivas y medicación oncológica, productos que luego habrían sido comercializados fuera de los circuitos legales.

A raíz de la magnitud del caso, los investigadores aseguraron que existen entre 40 y 50 líneas de acción abiertas para seguir profundizando sobre los posibles partícipes y ramificaciones del delito, lo que sugiere que podrían producirse nuevas detenciones a medida que avance la recolección de pruebas.

La causa judicial comenzó bajo la órbita del fiscal José Mana, después de que se detectara la existencia de una receta a nombre de un paciente fallecido. Tras múltiples allanamientos y medidas probatorias, se permitió individualizar a los presuntos responsables. En principio, se había ordenado la detención de 15 personas, de quienes sospecharían que habrían iniciado las maniobras delictivas hace dos años aproximadamente.

Entre los perfiles de los acusados, destacaron la detención de una enfermera que trabajaba para una clínica privada y la de un policía retirado que fue tesorero de la Mutual Policial 16 de Noviembre entre 2016 y 2021.

En el caso del agente policial retirado, las autoridades resolvieron imputarlo por los delitos de defraudación calificada y falsificación de documento privado. Aparentemente, los investigadores sospecharían de una presunta vinculación del ex oficial con la facturación de consultas médicas inexistentes.

Una mujer de 29 años fue detenida tras un allanamiento en la ciudad de Posadas y es acusada por realizar una estafa millonaria en la venta de materiales de construcción. Durante el despliegue policial, también fue aprehendido un fletero vinculado al transporte de lo materiales y bienes sustraídos para recuperar parte del material robado.

La detención se concretó tras un allanamiento ordenado por el Juzgado de Instrucción N° 1, en el barrio Chacra 111. De acuerdo con la información brindada por la policía, la pesquisa inició luego de la denuncia presentada por una comerciante de 42 años, propietaria de una firma dedicada a la venta de materiales de construcción.

Según la empresaria, quien relató los hechos, la estafa sucedió cuando una mujer se presentó en su local haciéndose pasar por representante de una empresa forestal. Bajo esa identidad, realizó la compra de una importante cantidad de chapas y perfiles metálicos. Sin embargo, cuando el pago se efectuó mediante cuatro cheques, estos resultaron ser falsos y encontrarse sin fondos.

Gracias a las investigaciones policiales a través de tareas como análisis de registros de cámaras de seguridad y del sistema 911, lograron identificar a la sospechosa principal, quien tras concretar la operación se retiró en un vehículo de transporte solicitado a través de una aplicación móvil. Además, durante el operativo desplegado, la declaración del conductor fue clave para orientar a los agentes hacia el domicilio de la acusada.

Durante el allanamiento realizado, se identificó a la detenida como Sonia Ludmila P., los efectivos secuestraron prendas de vestir utilizadas en la maniobra y un cuaderno con anotaciones consideradas de interés para la causa. En paralelo, los uniformados identificaron y demoraron a uno de los fleteros involucrados, un hombre de 32 años, sobre quien pesa la sospecha de haber aportado datos falsos y cuya característica física coincidía con la captada por las cámaras al momento de transportar los materiales.

La Policía logró recuperar parte de los materiales sustraídos, que habían sido revendidos en la zona de Chacra 122. Los elementos fueron restituidos a la damnificada tras su reconocimiento. La Policía de Misiones informó que las tareas investigativas continúan para determinar si existen otros implicados en la maniobra, así como para rastrear el destino del resto de los materiales. Las sanciones para quienes cometan estafas con cheques sin fondos podría ser desde multas económicas hasta privación de la libertad.

Estafas con cheques sin fondos

Las estafas con cheques sin fondos constituyen una modalidad delictiva frecuente en el ámbito comercial. Los autores simulan operaciones legítimas y entregan cheques que, al ser depositados, carecen de respaldo suficiente o resultan falsos.

Esta práctica afecta tanto a comerciantes como a proveedores de bienes y servicios, quienes suelen advertir el engaño recién en el momento que intentar cobrar el valor pactado. El uso de documentos falsos o sin fondos permite a los estafadores apropiarse de productos o dinero, dificultando la trazabilidad y el recupero de lo sustraído.

El Código Penal argentino contempla penas específicas para quienes cometen estafas mediante el uso de cheques sin fondos. El delito de estafa, tipificado en el artículo 172, prevé una pena de 1 a 6 años de prisión para quienes obtengan un beneficio patrimonial indebido en perjuicio de otro, valiéndose de ardid o engaño.

A su vez, el artículo 302 de la Ley 25.730 sanciona la emisión de cheques sin provisión de fondos o con cuenta cerrada, estableciendo penas que pueden alcanzar hasta 4 años de prisión e inhabilitación especial para ejercer actividades bancarias o comerciales. La pena también puede implicar sanciones económicas, como multas e inhabilitaciones comerciales. Estas sanciones pueden variar según la gravedad y la reincidencia.

Un operativo de la Fiscalía del Estado de Jalisco permitió el desmantelamiento de un call center clandestino en Guadalajara desde donde, según autoridades, se realizaban llamadas fraudulentas haciéndose pasar por empleados bancarios.

El cateo, ejecutado por la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales, culminó con la detención de cinco personas, entre ellas tres hermanos y dos adolescentes, además del aseguramiento de diversos objetos relacionados con los presuntos fraudes.

Las autoridades señalaron que al momento de la intervención, los presuntos criminales ofrecieron dinero y carros como soborno para detener las investigaciones, por lo que serían vinculados con el delito de cohecho.

Cómo operaba el call center y quiénes están detenidos

El centro de operaciones estaba ubicado sobre la calle José María Verea, en el barrio de San Andrés, en Guadalajara. De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía del Estado de Jalisco, fue posible ubicar el inmueble gracias a una denuncia ciudadana que permitió iniciar las investigaciones.

Una vez integrada la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de cateo, la cual se ejecutó sin que se registraran disparos.

En el sitio fueron localizadas cinco personas, identificadas como Bryan Michel “N”, Hugo Israel “N”, Denise Alejandra “N” y dos adolescentes, quienes ya fueron puestos a disposición de las autoridades.

Según datos compartidos por Salvador González de los Santos, fiscal de Jalisco, los detenidos ofrecieron dinero en efectivo y vehículos a los agentes para tratar de detener el operativo, por lo que inicialmente enfrentan investigaciones por el delito de cohecho y otros posibles cargos.

“Se presume que estas personas se hacían pasar como empleados de un banco en específico para engañar a sus víctimas y lograr que hicieran depósitos y transferencias bancarias”, detalló el funcionario, según información recogida por la Fiscalía del Estado de Jalisco.

Objetos asegurados y antecedentes de fraudes similares

Durante la intervención se aseguraron los siguientes indicios:

• Celulares
• Auriculares con micrófono tipo diadema
• Chips telefónicos
• Credenciales de elector
• Licencias de manejo
• Tarjetas de circulación vehicular
• Una terminal para cobros electrónicos
• Módems
• Libretas con números telefónicos y nombres de personas.

Además, en el inmueble se encontraron muebles a manera de cubículos con paneles de espuma acústica, desde donde se realizaban las llamadas a nombre del supuesto banco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco exhortó a la ciudadanía que pueda haber sido afectada por estos fraudes a presentar denuncias para fortalecer la investigación. Las autoridades ya han establecido contacto con posibles víctimas para continuar con las indagatorias y esclarecer los hechos.

Otros desmantelamientos similares en Jalisco

Según reortes oficiales, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Delitos Patrimoniales ha realizado otras acciones similares en la entidad.

Entre los antecedentes recientes se encuentra el desmantelamiento de otro call center clandestino en la colonia Medrano, en enero de 2025, donde se identificaron 26 mil 500 números telefónicos de posibles víctimas y 5 personas fueron vinculadas a proceso por fraude genérico y asociación delictuosa, según datos proporcionados por la Fiscalía del Estado.

La dependencia estatal aseguró que continuará con las investigaciones para evitar la impunidad en delitos que afectan el patrimonio de los habitantes de Jalisco.

Reportes de Infobae México realizados en enero de 2025 señalaron que aquel call center de la colonia Medrano podría estar relacionado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), basándose en reportes periodísticos y antecedentes de la organización criminal. Previamente el CJNG fue señalado por EEUU debido a una modalidad de estafa mediante la falsa venta de tiempos compartidos, la cual presuntamente se realizaba desde call centers clandestinos.

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha, arribó este a La Habana para iniciar una visita oficial en Cuba, en medio del caso de ciudadanos panameños detenidos en la isla.

A su llegada al Aeropuerto Internacional José Martí, el jefe de la diplomacia panameña fue recibido por autoridades cubanas y por el embajador Edwin Pitty.

Como parte de su agenda, sostendrá una reunión con su homólogo Bruno Rodríguez Parrilla.

La visita se produce luego de más de 3 semanas desde la detención de ciudadanos panameños en la capital cubana, un caso que ha escalado en la agenda diplomática.

Los hechos se remontan al 2 de marzo, cuando autoridades cubanas detuvieron a un grupo vinculado a presuntas acciones contra el sistema político del país. Desde entonces, el seguimiento consular se ha mantenido activo.

Las frases, como “Abajo la tiranía” y “Comunismo: enemigo de la comunidad”, aparecieron fechadas el 28 de febrero y hacían referencia directa tanto al sistema político cubano como a figuras estadounidenses como Donald Trump, Marco Rubioy Mike Hammer.

El caso involucra originalmente a 20 panameños, de los cuales 10 lograron salir de Cuba antes de las detenciones, mientras que otros diez permanecen bajo investigación.

Estos ciudadanos continúan bajo custodia mientras avanzan los procesos judiciales en la isla, en un escenario que mantiene la atención de las autoridades panameñas.

De acuerdo con lo informado, los panameños habrían sido señalados por participar en la elaboración de mensajes con contenido político, en hechos que están siendo investigados por las autoridades cubanas.

Las indagaciones apuntan a que habrían sido contactados previamente y habrían recibido pagos por realizar estas acciones, lo que forma parte del expediente en desarrollo.

Tras conocerse la detención, el gobierno panameño activó los mecanismos de asistencia consular para verificar la situación de los ciudadanos, incluyendo visitas y contacto directo con las autoridades locales.

Estas gestiones han permitido confirmar el estado de los detenidos y dar seguimiento al proceso legal, en coordinación con la embajada panameña en Cuba.

El canciller panameño ha indicado que los detenidos se encuentran en condiciones consideradas apropiadas, tras la primera visita consular realizada en la isla.

Sin embargo, el proceso judicial continúa y su evolución dependerá de las decisiones que adopten las autoridades cubanas, lo que mantiene el caso en desarrollo.

En este contexto, la reunión entre Martínez-Acha y su homólogo cubano cobra relevancia, ya que permitirá abordar directamente la situación de los panameños detenidos, así como dar seguimiento a las gestiones diplomáticas en curso. El encuentro se da en un momento clave para la relación bilateral, marcado por este caso en particular.

El Gobierno panameño ha reiterado que mantendrá el acompañamiento a sus ciudadanos durante todo el proceso, en línea con sus obligaciones consulares. Además, ha insistido en la importancia de respetar los procedimientos legales del país anfitrión, mientras continúa el seguimiento del caso.

Martínez-Acha afirmó en días pasados que Cuba comunicó que los ciudadanos panameños podrán recibir asistencia legal durante el proceso judicial, e incluso la posibilidad de contar con asesoría externa si así lo solicita Panamá.

Igualmente, ha señalado que si las condiciones lo permiten, se coordinará para que familiares puedan viajar a La Habana y visitar a los detenidos, como parte de las gestiones de asistencia consular que realiza el gobierno panameño.

La llegada del canciller a Cuba representa un paso dentro del manejo diplomático de la situación, que ha generado atención en Panamá en las últimas semanas. El desarrollo de esta visita y los contactos que se realicen serán determinantes para los próximos movimientos en torno al caso, en un contexto que sigue evolucionando.

La tarde de este 24 de marzo el secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato (SSP), Mauro González, informó el aseguramiento de más de 17 mil litros de precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, resultado de un retén montado sobre la carretera Morelia–Salamanca.

En el sitio fueron detenidos dos hombres originarios de Querétaro, quienes transportaban los insumos y no contaban con la documentación correspondiente para acreditar su legalidad.

De acuerdo los datos oficiales, el tráiler interceptado también contenía sustancias granuladas, consideradas materiales clave para la producción de drogas sintéticas.

Las autoridades no detallaron el tipo exacto de precursores, debido a que será la autoridad ministerial la encargada de realizar las pruebas e investigaciones para clasificarlos.

Según autoridades, el aseguramiento se enmarca en los trabajos del Plan Blindaje, una serie de estrategias que refuerzan la vigilancia en las principales vías de comunicación del estado para impedir el traslado de materiales ilícitos y reducir los riesgos asociados al tráfico de químicos peligrosos.

Estrategias de vigilancia y combate al crimen

El Operativo Blindaje Guanajuato refuerza la presencia policial y la coordinación interinstitucional para detectar y detener el traslado de materiales ilícitos en las principales carreteras del estado.

El objetivo, según la Secretaría de Seguridad y Paz, es proteger las vías de comunicación y bloquear la logística de grupos dedicados al tráfico de drogas y precursores químicos.

Como parte del operativo se han establecido 7 puntos de control permanentes en carreteras federales y estatales en los siguientes municipios:

• Ocampo
• San Diego de la Unión
• Apaseo el Alto
• Apaseo el Grande
• Moroleón
• Pénjamo
• Purísima del Rincón
• Cerro Gordo

En los trabajos se cuenta con la participación de las fuerzas armadas, con despliegues de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Guardia Nacional (GN).

González Martínez subrayó que la reciente incautación de precursores se inscribe en una estrategia integral que combina presencia operativa, inteligencia y coordinación entre cuerpos de seguridad.

“Seguimos trabajando con presencia, inteligencia y coordinación para que Guanajuato no sea ruta ni destino de actividades ilegales”, afirmó.

Asimismo, la dependencia hizo un llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad irregular en carretera al número anónimo 089, destacando que la denuncia ciudadana contribuye a salvar vidas y fortalecer la seguridad pública.

Impacto y llamado a la ciudadanía

Según las declaraciones del titular de la SSP, la incautación de este cargamento representa un golpe relevante para las redes de tráfico de precursores químicos en la región, al interrumpir la cadena de suministro de insumos destinados a la producción de sustancias ilícitas.

El operativo, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato, busca cerrar el paso a la delincuencia desde su logística y proteger las rutas de comunicación estatales.

El secretario Juan Mauro González Martínez reiteró la importancia de la colaboración ciudadana para mantener a Guanajuato fuera de las rutas de actividades ilegales y enfatizó que la vigilancia y los reportes anónimos son herramientas clave para prevenir delitos relacionados con el tráfico de químicos y drogas sintéticas.

Durante el encuentro entre Pumas y América en el Estadio Olímpico Universitario (EOU), la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México desplegó un operativo que resultó en la detención de 16 personas por la probable reventa de boletos, además de la aprehensión de cinco individuos involucrados en una riña.

Este despliegue formó parte del dispositivo denominado Estadio Seguro, implementado el pasado sábado 21 de marzo en la alcaldía Coyoacán, según informó la propia SSC CDMX mediante un comunicado oficial.

Intensifica la SSC acciones contra la reventa afuera del Olímpico Universitario

El dispositivo de vigilancia incluyó la presencia de personal policial en inmediaciones y accesos del recinto donde se disputó el partido.

De acuerdo con la SSC CDMX, los agentes identificaron a tres mujeres y 13 hombres, entre los que se encontraban tres menores de edad, que presuntamente ofrecían boletos a un precio superior al de las taquillas oficiales.

Tras una revisión de rutina, se aseguraron tres boletos y, conforme al protocolo, se les leyeron sus derechos constitucionales antes de ser presentados ante el Juez Cívico.

La dependencia capitalina detalló que cuatro de los detenidos tenían antecedentes por la misma infracción, lo que refuerza la vigilancia constante en eventos masivos.

El comunicado de la SSC CDMX subrayó el objetivo de inhibir la reventa y garantizar la legalidad en la distribución de entradas durante los eventos deportivos de alta concurrencia.

Riña y decomiso de arma blanca en accesos al estadio

Durante los recorridos de vigilancia, elementos de la SSC detectaron una pelea en uno de los accesos principales. En la revisión aplicada conforme a los protocolos, se localizó y aseguró un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de longitud a uno de los sujetos implicados.

Los cinco hombres detenidos fueron informados de sus derechos y trasladados ante la autoridad correspondiente.

Según la SSC, la actuación rápida en este tipo de incidentes busca prevenir hechos de violencia dentro y fuera del estadio.

El despliegue de seguridad, conocido como Estadio Seguro, permaneció activo hasta la salida total de los asistentes.

De acuerdo con la SSC CDMX, el personal de Tránsito colaboró para agilizar el flujo vehicular en las principales avenidas cercanas al estadio, minimizando afectaciones a la movilidad en la zona de Coyoacán.

Otros casos polémicos en el EOU

El Estadio Olímpico Universitario ha sido escenario de otros incidentes polémicos en fechas recientes. Uno de los casos más notorios ocurrió el pasado 14 de marzo, cuando una servidora pública de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), apodada en redes sociales como “Lady Pepitas”, fue exhibida tras lanzar expresiones discriminatorias contra una oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) durante el operativo de evacuación tras un partido entre Pumas y Cruz Azul.

La funcionaria, que portaba una chamarra con logos de la fiscalía, fue grabada por la policía agredida.

En el video, “Lady Pepitas” afirmó que ella sí fue a la escuela y que la policía fue “sacada de vender pepitas”, lo que generó condena tanto en redes sociales como a nivel institucional.

En un video institucional la FGJCDMX detalló que probablemente la servidora junto con su familia pudieron ser víctimas de un delito, sin embargo, eso no excusaba su actitud.

El pasado 20 de marzo la Fiscalía informó que “Lady Pepitas” fue suspendida temporalmente de su cargo mientras se desarrollan las investigaciones por el caso de discriminación y el abandono de su lugar de trabajo durante horario activo.

Eithan Daniel S. H., un niño de 18 meses de edad, fue asesinado por su propia madre, y posteriormente, el cuerpo fue abandonado en calles de Ciudad Juárez, Chihuahua.

El cadáver del menor de apenas año y medio de edad, fue encontrado sin vida dentro de un costal de ixtle, abandonado en un terreno de una zona conocida como Los Kilómetros, en Ciudad Juárez, lo que detonó la investigación.

Por el hecho, en total fueron detenidas cinco personas: Bryan Adrián, padre del menor, de 39 años de edad, y quien es originario de El Paso, Texas; Vianey Esmeralda, madre del niño, de 23 años; una mujer identificada como Erika, abuela de Eithan Daniel; la bisabuela del niño, Valeria, de 70 años y Raúl Rosendo, tío del menor.

De acuerdo con las investigaciones, el asesinato del niño ocurrió en un contexto de agresiones reiteradas, resultado de poca tolerancia con el comportamiento de un niño de esa edad, como llorar por hambre o buscar atención de sus padres, dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya.

Además, las investigaciones señalan que la madre del menor no quería al niño, lo que se perfila como un posible móvil del crimen.

Un video muestra a una mujer saliendo de una vivienda con el costal en el que presuntamente ya se encontraba Eithan sin vida, lo que es una pieza clave en la investigación.

Además, las autoridades aseguraron la casa relacionada con los hechos, buscando más pruebas que consoliden el caso contra los responsables.

Eithan era maltratado desde el embarazo

Cabe destacar que el menor asesinado, ya era maltratado desde antes de su nacimiento. Su madre confeso ante el Ministerio Público, según diversos medios locales, tras su detención, que durante el embarazo y como resultado de una depresión posparto por su primer hijo, que no quedó resuelta o superada, se lesionaba con golpes en el vientre cuando se formaba el pequeño Eithan.

Además, el menor no se encontraba registrado de manera oficial ante el Estado, obligación que tenían sus padres al momento de su nacimiento, y omisión que precedió al abuso físico y psicológico que sufrió el niño previo a su muerte, que ocurrió el pasado 10 de marzo.

El pasado viernes, la familia paterna del menor recibió el cuerpo, tras días de trámites, para darle sepultura, aunque su egreso del Servicio Médico Forense se dificultó por la falta de documentación oficial, según reveló personal de la Dirección de Gobierno del Estado en Juárez.

Los padres de Eithan se encuentran detenidos y serán procesados, primero, por delitos contra la salud y desobediencia y resistencia a particulares. El homicidio no será imputado en audiencia de control de detención, y no se ha anunciado oficialmente la solicitud y liberación de una orden de aprehensión para procesarlos por el asesinato del niño.

El subprocurador auxiliar de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, Jesús Rodolfo Villa Rivera, dijo que ni Eithan Daniel ni su hermano, quien tiene 31 meses de edad, estaban oficialmente en los libros del Registro Civil,lo que representa una omisión legal, punible con multas por obligaciones civiles incumplidas por los padres.

El cuerpo de Eithan fue localizado en un severo estado de desnutrición y murió de un golpe en la cabeza que le provocó sangrado interno, además de que tenía huellas de haber sido privado de la libertad con un grillete improvisado que llevaba en el tobillo, y que le dejó huellas en la piel, y que el era colocado para evitar que transitara libremente por su hogar y era golpeado cuando lloraba de hambre o por requerir atención.

Casi cincuenta días transcurrieron desde la última vez que Bernabé Navarro (82) fue visto con vida. El 1 de febrero había salido de su casa en Villa Ángela, Chaco, en bicicleta rumbo a ver un partido de fútbol. Le perdieron el rastro hasta que este viernes 20 de marzo encontraron su cuerpo y sus pertenencias en una zona rural. Las autoridades sospecharían de un presunto homicidio y ya hay dos hombres detenidos.

Después de semanas sin tener noticias sobre el paradero del hombre, el caso dio un giro al confirmarse que su cadáver fue encontrado en Colonia San Antonio, un pueblo ubicado a 12 kilómetros de su vivienda. Debido al paso del tiempo y la exposición a la intemperie, sus restos ya se encontraban en avanzado estado de descomposición.

La causa quedó en manos de la fiscal Gisela Oñuk, quien dispuso que el cuerpo de Navarro fuera levantado y trasladado hacia el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses ubicado en Resistencia. Allí, le practicarán una autopsia, con el objetivo de reconstruir en qué circunstancias se produjo su muerte. Actualmente, el expediente fue caratulado como “supuesto homicidio”.

Durante un diálogo con Diario Chaco, la investigadora indicó que “no se puede descartar ninguna hipótesis porque se están comenzando a realizar las diligencias pertinentes para determinar lo ocurrido”. Además, al ser consultada sobre los detenidos por el caso, indicó que son dos hombres de 21 y 35 años.

Respecto a cómo se llegó a identificarlos, Oñuk relató que uno de ellos se había presentado para entregar las pertenencias de Navarro de forma voluntaria, mientras que el otro había acudido como su acompañante.

“Uno de ellos tenía la bicicleta y la documentación de la víctima. A partir de ahí se iniciaron los rastrillajes en una zona rural”, describió sobre el hallazgo realizado en un sector de la ex Ruta Nacional 95 durante un operativo encabezado por el personal de la División Investigaciones Complejas.

La desaparición del hombre ocurrió el domingo 1 de febrero, cuando se retiró de su vivienda cerca de las 16:00 horas. Según había contado a sus familiares, tenía en mente ir a la cancha de veteranos para ver un partido de fútbol.

Esa noche, sus familiares se alertaron porque Bernabé no había regresado del predio deportivo. Por este motivo, comenzaron a buscarlo por la zona cerca de las 22:00 horas de ese mismo día. A pesar de estos esfuerzos, no lograron dar con su paradero.

Luego de que radicaran la denuncia por desaparición, la familia aseguró que no era la primera vez que el hombre se ausentaba de su casa. De acuerdo con sus registros, en al menos cuatro oportunidades había estado perdido temporalmente, pero lo encontraban en zonas rurales de la región.

A lo largo de la búsqueda, más de 200 efectivos policiales participaron de los rastrillajes encabezados por los fiscales Sergio Ríos y Gisela Oñuk. No obstante, aún queda pendiente determinar cómo es que Navarro llegó a alejarse hasta la zona donde fue encontrado sin vida.

Continúa la búsqueda de la pareja de jubilados desaparecidos en Chubut

La desaparición desde el 11 de octubre de 2025 de Pedro Kreder y Juana Inés Morales mantiene en zozobra a Chubut. Los dos jubilados salieron aquella mañana desde Comodoro Rivadavia a bordo de una Toyota Hilux con rumbo a Camarones y, desde las 9:53 horas de ese mismo día, no se supo más de ellos.

A pesar de los rastrillajes realizados con perros y drones en zonas remotas, hasta la fecha ningún indicio concreto permitió esclarecer su destino. El operativo de búsqueda, impulsado por la Justicia de Chubut, tampoco obtuvo resultados mediante el análisis de celdas telefónicas y cámaras de seguridad, según informaron las autoridades provinciales.

El vehículo de los jubilados fue encontrado el 17 de octubre en el “Zanjón de Visser”, a seis kilómetros de la costa y sin ocupantes, con los objetos personales intactos en el interior. La investigación considera tres hipótesis: fuga voluntaria, accidente o el involucramiento de terceros mediante un delito.

Las familias de Kreder y Morales, angustiadas ante la falta de respuestas, reiteran su pedido para que la búsqueda no se detenga. “No vamos a bajar los brazos hasta saber qué pasó con ellos”, afirmó Natalia, prima de Juana, en declaraciones a medios locales. Por su parte, Aldana Botha, hija de Morales, convocó en redes sociales a mantener viva la memoria de su madre: “No se olviden de su nombre, Juana Morales, no se olviden de lo que pasa en Comodoro Rivadavia”.

El Ministerio de Seguridad Nacional ofrece una recompensa de $5 millones por cada uno de los jubilados desaparecidos. Las Fuerzas Federales de Seguridad distribuyen los afiches de la recompensa en la provincia y las personas con información pueden comunicarse, de forma anónima, al 134, la línea gratuita dependiente del Programa Nacional de Recompensas.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles 18 de marzo la detención en México de siete personas solicitadas por distintas cortes de Estados Unidos por los delitos de narcotráfico, homicidio y abuso sexual de menores, entre otros.

Las capturas, según la autoridad federal, ocurrieron en el marco de una operación coordinada entre autoridades mexicanas y agencias internacionales, con el objetivo de fortalecer la cooperación en materia de seguridad y combatir la impunidad.

Según reportó la FGR, los detenidos, quienes enfrentan procesos de extradición y fueron ubicados en diferentes estados del país, son identificados con los siguientes nombres:

• Mario “N”
• Genaro “N”
• Néstor “N”
• Noé “N”
• José “N”
• Gilberto “N”
• René “N”

Según fuentes de seguridad consultadas por Infobae México, algunos de los detenidos utilizaban alias en sus círculos de operaciones. Genaro “N” es conocido como “G”; Noé “N” usaba los sobrenombres de “Alejandro Castillón” o el “Compadre”; mientras que Gilberto “N” también operaba bajo el alias de “Gil”.

Cooperación internacional permitió las capturas

De acuerdo con la FGR, el operativo fue resultado de una colaboración entre el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, quienes intercambiaron información con agencias estadounidenses.

En el comunicado donde fueron informadas las detenciones, presentado por el fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara, fue destacada la labor de la Unidad de Asuntos Policiales Internacionales e INTERPOL de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), por su papel en la gestión de las órdenes de detención formal con fines de extradición.

Según los datos oficiales, las autoridades mexicanas actuaron en respuesta a solicitudes formales de asistencia jurídica de Estados Unidos y realizaron los arrestos en distintos puntos del país, entre ellos Baja California, Jalisco, Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí.

Los siete detenidos permanecen bajo custodia en centros de justicia de México, mientras avanzan los trámites legales para su extradición.

Perfil de los 7 detenidos en México

Entre los capturados resalta el perfil de Genaro “N”, arrestado en Baja California, acusado de delitos contra la salud y asociación delictuosa. De acuerdo con las investigación del Tribunal General de Distrito para el Distrito Sur de California -quienes solicitan su extradición-, este individuo es identificado como uno de los líderes de una organización criminal trasnacional dedicada al tráfico, distribución y comercialización de grandes cantidades de droga hacia San Diego, California, la cual sería cruzada por la frontera con vías terrestres y túneles.

Por otra parte, en Lagos de Moreno, Jalisco, fue capturado José “N”, solicitado por el Tercer Tribunal de Distrito, Departamento West Jordan, Condado de Salt Lake, Utah, para responder por 12 cargos de abuso sexual calificado de menores y violación equiparada, hechos cometidos entre 2020 y 2021.

Otro de los detenidos fue Néstor “N”, arrestado en Apodaca, Nuevo León, tras ser acusado por la Corte de Distrito del Condado de Harris, Texas, de homicidio en primer grado. Según la acusación, habría privado de la vida a una víctima con tres disparos.

En Piedras Negras, Coahuila, fue detenido Noé “N”, investigado por la DEA y reclamado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Oeste de Texas por asociación delictuosa y delitos contra la salud.

Por su parte, el quinto hombre de la lista es René “N”, sujeto buscado por el FBI desde 2012. El presunto criminal fue arrestado en San Luis Potosí por abuso sexual calificado contra menores, tras ser requerido por el Tribunal de Distrito del Condado Brazos, Texas.

Además, en Mexicali, Baja California, fue localizado Gilberto “N”, solicitado por el Tribunal Federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa y tráfico de cocaína y fentanilo hacia EEUU.

Por último, en Acatlán de Juárez, Jalisco, se capturó a Mario “N”, requerido por la Corte Superior del Estado de California, Condado de Riverside, acusado de abuso sexual y violación de una menor en cuatro cargos distintos.

En el mensaje realizado por la FGR este 18 de marzo no fueron indicadas las fechas exactas de las 7 aprehensiones.

Dos jóvenes fueron capturados este martes por la tarde en la ciudad de Alta Gracia en la provincia de Córdoba tras protagonizar una estafa en un comercio local.

El hecho involucró a un menor de 15 años y a un adulto de 24, quienes fueron arrestados por la Policía luego de intentar engañar a un comerciante mediante una falsa transferencia bancaria. El suceso generó sorpresa entre los vecinos por la rapidez del accionar policial y la presencia de un adolescente entre los implicados.

La maniobra ocurrió en un local ubicado sobre avenida Libertador al 1100, donde los sospechosos ingresaron para realizar una compra por un valor de 25 mil pesos. Según informaron fuentes policiales, los jóvenes simularon efectuar una transferencia bancaria y exhibieron un comprobante apócrifo como prueba de pago. Tras recibir la mercadería, abandonaron el comercio sin haber abonado el monto correspondiente.

La modalidad utilizada por los acusados fue detectada rápidamente gracias a las cámaras de seguridad instaladas en el establecimiento. El registro visual permitió al personal policial identificar a los responsables y coordinar un operativo cerrojo en distintos puntos de la ciudad. La intervención concluyó minutos más tarde en la zona de avenida Belgrano al 400, donde ambos fueron interceptados y detenidos por los agentes.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, el mayor de los detenidos había recuperado la libertad hacía tan solo dos semanas.

Durante el procedimiento, los efectivos policiales secuestraron varias prendas de vestir, un teléfono celular presuntamente vinculado a la maniobra y la mercadería obtenida de manera fraudulenta. El comercio afectado recuperó los productos, aunque los responsables deberán enfrentar ahora cargos por estafa y, en el caso del adulto, por reincidencia en delitos contra la propiedad.

El menor implicado quedó a disposición de la Justicia de Menores, mientras que el joven de 24 años fue trasladado nuevamente a una dependencia judicial, donde se determinará su situación procesal. Se informó que ambos serán investigados por su posible vinculación con otros delitos similares ocurridos en la zona en semanas recientes.

Días atrás, un joven de 16 años fue detenido en la localidad de Calchín, también en la provincia de Córdoba, luego de que fuera acusado de haber robado la caja fuerte de una escuela de la zona. En ella, había una suma aproximada de 6 millones de pesos, que eran parte de la recaudación escolar.

Todo ocurrió el jueves pasado, cuando se ordenó un allanamiento en el domicilio del menor de edad acusado. Tras concluir el operativo, la Policía de Calchín Oeste recuperó el dispositivo de seguridad que resguardaba el monto total que había sido sustraído de la institución.

Hasta el momento, no se informó si el adolescente detenido sería parte de la comunidad educativa afectada. Al mismo tiempo, los investigadores buscarían determinar si el acusado habría actuado solo o, por el contrario, habría contado con la colaboración de cómplices.

De acuerdo con la información, la Escuela IPEA N° 236 Emilio Prataviera emitió un comunicado, tras confirmarse la detención y que la suma millonaria se encontraba intacta. En este sentido, agradecieron “el rápido accionar de la Policía de Calchín Oeste y el enorme compromiso de vecinos, familias, estudiantes, docentes y toda la comunidad”.

“Se logró recuperar el dinero que había sido sustraído de nuestra institución y dar con la persona que ingresó al establecimiento”, confirmaron las autoridades, para cerrar con una manifestación de gratitud por “la solidaridad, la preocupación y el acompañamiento” tras el incidente.

Una persecución registrada por cámaras del sistema C5i Hidalgo permitió la detención de cuatro personas señaladas por robo de vehículos en la zona metropolitana de Pachuca y carreteras federales, este martes 17 de febrero.

El episodio ocurrió en la zona conocida como Río de las Avenidas, donde elementos de la Policía Estatal interceptaron a los ocupantes de un Mazda 3, modelo antiguo, los cuales estarían relacionados con una serie de robos en la región.

El operativo, fue el resultado de la coordinación entre la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSP) y el sistema de videovigilancia C5i. Según informó la propia dependencia estatal, personal del C5i notificó en tiempo real a los agentes desplegados en campo sobre la ubicación precisa del vehículo sospechoso, lo que permitió iniciar la persecución y llevar a cabo el aseguramiento.

Detalles del operativo y perfil de los detenidos

De acuerdo con los reportes, los uniformados lograron interceptar y detener a cuatro individuos identificados con las siguientes iniciales:

• A. M. Q.
• G. G. G.
• J. L. G.
• S. I. A.

Los primeros indicios apuntan a que los arrestados serían originarios de Tlaxcala y del Estado de México.

En el momento de la detención, los agentes estatales aseguraron un arma corta -calibre 9mm- y varias dosis de distintas drogas en posesión de los detenidos.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo destacó que la acción fue posible gracias a la coordinación operativa y al monitoreo constante de las cámaras urbanas, lo que permitió actuar de manera inmediata ante la presencia del vehículo sospechoso.

La persecución se desarrolló sobre una de las avenidas principales, con intervención de diferentes unidades de la Policía Estatal, que lograron cercar el Mazda 3.

El operativo concluyó con el aseguramiento del automóvil y la remisión de los detenidos ante las autoridades ministeriales.

Cómo fue la persecución

Un video compartido por la SSP Hidalgo revela el modo en que los elementos estatales lograron detener a los 4 presuntos robacoches.

Las cámaras de seguridad del estado muestran que eran las 7:43 de la mañana cuando se localizó el automóvil. Posteriormente, a las 8:01, una patrulla estatal realiza el acercamiento, por lo que los supuestos delincuentes aceleran su marcha.

En las imágenes se muestra como el conductor intenta evadir en diversas ocasiones a las fuerzas estatales, realizando cambios bruscos de carril y poniendo en riesgo a los automovilistas cercanos.

Por último, el mazda se encuentra con el trafico de la ciudad, por lo que los 4 sujetos salen corriendo. Tras la huida, los elementos realizaron un cerco en la zona y lograron detenerlos a pocos metros.

La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo confirmó que la investigación continuará para determinar la posible relación de los detenidos con otros hechos delictivos ocurridos en la zona metropolitana y en carreteras federales.

Elementos de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional (GN), detuvieron a dos sujetos identificados como Rigoberto Lara Parra de 21 años y Gustavo Alexis Mendiguchia Gutiérrez de 19 años, quienes presuntamente pertenecen a la célula delictiva “Comandante R24” del Cartel de Sinaloa, facción “Mayito Flaco”. Los hechos ocurrieron en el estado de Sinaloa.

A ambos se les aseguraron dosis de cristal, un arma larga, un arma corta, dos cargadores y 45 cartuchos útiles.

Luego de una persecución, las autoridades detuvieron a ambos sujetos.

Los efectivos realizaban recorridos de vigilancia terrestre en la zona de El Canario, cuando detectaron una camioneta de color blanco con placas del estado de California, Estados Unidos (EEUU), a la que le marcaron el alto para realizar una revisión de seguridad. Sin embargo, los tripulantes aceleraron la marcha y emprendieron la huida, por lo que se inició una persecución que culminó en la carretera Mazatlán–Culiacán, donde la unidad se impactó contra la maleza.

Según las investigaciones, los detenidos están relacionados con la célula delictiva “Comandante R24”, que es generadora de violencia en la entidad.

A las personas detenidas se les informaron sus derechos de ley y, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada para desarticular redes delictivas y proteger a la población en Sinaloa”, se señaló por medio de un comunicado.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo (FGE) informó este 16 de marzo el aseguramiento de un inmueble que operaba como bar clandestino en Cancún, donde autoridades rescataron a tres mujeres presuntas víctimas de trata de personas y detuvieron a un individuo señalado como probable responsable de los delitos de trata y narcomenudeo.

El operativo se realizó en la Supermanzana 234 del municipio, en cumplimiento de una orden de cateo emitida por un Juez de Control.

Según el comunicado oficial, emitido por la FGE, las víctimas habrían sido captadas en distintas regiones del sur de México y otros países, para posteriormente ser trasladadas a Quintana Roo.

Rescate de víctimas y detención durante el operativo

De acuerdo con la información oficial, el operativo fue ejecutado por elementos de la FGE en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal.

Durante la intervención, tres mujeres fueron rescatadas; se presume que eran obligadas a ejercer prostitución ajena y explotación sexual al interior del establecimiento.

Las investigaciones señalan que las víctimas fueron captadas principalmente en zonas con altos índices de marginación y trasladadas Cancún, donde permanecían bajo control de los responsables.

Durante la diligencia, Cruz Armando “N” fue detenido como presunto encargado del lugar y posible responsable de la captación de las víctimas. El comunicado de la fiscalía subraya que este individuo ya se encuentra a disposición del Ministerio Público especializado, quien determinará su situación legal.

Modus operandi y contexto del bar clandestino

Las primeras indagatorias apuntan a que las mujeres eran forzadas a trabajar como meseras y a convivir con los clientes, a quienes se ofrecían fichas de copeo para la compra de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Además, se vendían servicios sexuales con tarifas que oscilaban entre 800 y mil 500 pesos, de los cuales una parte era entregada a la persona que la mantenía cautivas.

En el lugar también se aseguraron sustancias con características similares a marihuana y cocaína, un teléfono celular, preservativos y otros objetos relacionados con las actividades ilícitas.

Elementos de la fiscalía colocaron sellos oficiales de aseguramiento en el inmueble tras concluir la diligencia.

Tras el rescate, las mujeres quedaron bajo resguardo de las autoridades correspondientes y recibirán atención especializada.

La Fiscalía General del Estado de Quintana Roo reiteró su compromiso de combatir la trata de personas y el narcomenudeo en la región, y continuará las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar posibles responsables adicionales.

Otros rescates de víctimas de trata en Quintana Roo

En semanas recientes, la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo ha realizado operativos similares en bares ubicados en diferentes municipios.

El pasado 3 de marzo fueron revelados los resultados de una acción coordinada entre autoridades de los tres órdenes de gobierno, la cual permitió identificar y proteger a 29 mujeres y un adolescente que presuntamente eran víctimas de trata de personas, prostitución ajena y explotación laboral en la entidad.

Las acciones incluyeron el cumplimiento de órdenes de cateo en bares de Cancún y Playa del Carmen.

De acuerdo con la información oficial, en ambos inmuebles se resguardó a mujeres nacionales y extranjeras, así como a un adolescente que habría sido explotado laboralmente.

Tal y como en el reciente caso de Cancún, las autoridades detallaron que las víctimas eran obligadas a participar en esquemas de fichaje y a ofrecer servicios sexuales, con cobros que variaban entre mil y 2 mil pesos por encuentro.

La Justicia boliviana ordenó la detención preventiva de cuatro personas, tres hombres y una mujer, detenidas durante el operativo policial en el que se capturó al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset.

En una audiencia de medidas cautelares realizada el sábado en el Palacio de Justicia de Santa Cruz, se determinó que los imputados cumplan detención por 180 días en el penal de Palmasola.

El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos Flores, informó que las cuatro personas —identificadas como Jaime A.R.P., Yeison J.O.A., Master S.T.S. y Tatiana V.M.A.— fueron imputadas por los delitos de asociación delictuosa y tráfico de armas.

Según las investigaciones preliminares, la única mujer detenida, Tatiana V.M.A. es de nacionalidad uruguaya y familiar —hermana o media hermana— de Marset. En tanto, los hombres son dos colombianos y un venezolano.

En otros operativos vinculados a la captura del narcotraficante uruguayo, se detuvo a cuatro extranjeros más, entre ellos un brasileño vinculado a la organización Comando Vermelho de Brasil. “Este trabajo lo realizamos para limpiar de nuestro país todas las posiciones criminales que, en los últimos tiempos, se han introducido en Bolivia”, afirmó el comandante de la Policía, Mirko Sokol, durante una conferencia de prensa.

Marset fue capturado el viernes 13 de marzo en un barrio residencial de Santa Cruz de la Sierra, ciudad en la que logró escapar de la Policía durante un operativo en 2023 y de la que presuntamente nunca se fue.

El operativo del viernes fue realizado de madrugada por fuerzas de seguridad bolivianas y puso fin a una extensa búsqueda internacional, ya que el criminal era considerado uno de los fugitivos más buscados de la región y figuraba entre los principales objetivos de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

“El reinado de terror y caos de Sebastián Marset ha terminado. Gracias al liderazgo del presidente Rodrigo Paz y al rápido fortalecimiento de la cooperación policial entre Estados Unidos y Bolivia”, publicó la oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) del Departamento de Estado de Estados Unidos al informar sobre la captura.

El uruguayo estaba acusado de liderar una red internacional dedicada al tráfico de cocaína y al lavado de dinero que operaba en varios países de Sudamérica y tenía conexiones con organizaciones criminales en el extranjero.

Tras su arresto, el gobierno boliviano confirmó que sería trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos judiciales. El traslado se realizó pocas horas después de la captura en un vuelo coordinado con la DEA, que tras una parada en Lima lo llevó hasta Estados Unidos.

Según las autoridades bolivianas, la captura del narcotraficante y la incautación de sus bienes en Bolivia —que incluyen 16 avionetas, 10 vehículos de alta gama, motocicletas, inmuebles, drogas y armamento— generaron un daño económico estimado en más de 15 millones de dólares a su organización criminal.

La detención generó reacciones políticas y diplomáticas en varios países. El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, calificó la captura como un hito en la lucha contra el crimen organizado, mientras que autoridades de otros países señalaron que el arresto representa un golpe relevante contra las redes transnacionales de narcotráfico que operan en Sudamérica.

Este domingo 15 de marzo autoridades de Sonora confirmaron la desarticulación de una célula dedicada al abastecimiento y distribución de drogas en Hermosillo, dejando como saldo el aseguramiento de 5 personas, miles de dosis listas para su venta y armamento.

La acción, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) junto a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), se concretó tras una serie de labores de inteligencia que tenían como objetivo una residencia de la calle Fernando Pesqueira, en el fraccionamiento Buena Vista.

La labor principal de la célula inhabilitada presuntamente era surtir de dosis a diversos sitios de narcomenudeo.

Hasta el momento no se ha reportado oficialmente si los cinco detenidos -cuatro hombres y una mujer- tendría relación con alguno de los grupos delictivos que operan en la región.

Los trabajos contaron con dos acciones principales, la primera el pasado 10 de marzo y una posterior el día 12 del mismo mes.

Investigación y primera detención tras labores de inteligencia

La FGJES informó que el caso se abrió con el rastreo de un inmueble en el Fraccionamiento Buena Vista, identificado como centro de operaciones para la distribución de droga.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) mantuvieron vigilancia en la zona, logrando interceptar el pasado 10 de marzo un vehículo Audi A3, año 2020, en la intersección de los bulevares Quiroga y Juan Navarrete.

En la unidad viajaban Martín Antonio “N” e Irvin Alejandro “N”, quienes fueron detenidos debido a que, tras una revisión, se les encontró en posesión de 40 envoltorios de marihuana y dos pistolas calibre 9 milímetros.

Además, la FGJES informó que tras consultar la base de datos, el automóvil contaba con un reporte de robo vigente en Nogales, Sonora.

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía de Sonora, esta detención fue clave para avanzar hacia la siguiente fase del operativo.

Cateo y aseguramiento de drogas, armas y vehículos

Tras la captura inicial, las autoridades señalaron que “encapsularon” el inmueble ubicado en el Fraccionamiento Buena Vista.

Durante el reforzamiento en la zona, una camioneta Honda CR-V, año 2012, ingresó al domicilio investigado. Según autoridades, los tripulantes de la camioneta no notaron el cerco de seguridad.

Según autoridades, luego de cumplir con las gestiones judiciales necesarias, la madrugada del 12 de marzo se ejecutó una orden de cateo en la vivienda.

En el lugar, los elementos de la AMIC aseguraron mil 915 envoltorios de marihuana, 2 mil envoltorios con sustancia granulada y 15 envoltorios con un polvo blanco.

Además, decomisaron tres armas de fuego calibre 9 milímetros, cuatro cargadores para arma larga y 55 cartuchos útiles (52 para arma larga y 3 para arma corta). Asimismo, la FGJES reportó el decomiso de 49 casquillos percutidos, dinero en efectivo y la camioneta Honda CR-V.

En el sitio fueron detenidos José Luis “N”, Ericka Vanesa “N” y Santiago “N”.

Las autoridades subrayaron que la operación permitió retirar de circulación una cantidad significativa de sustancias ilícitas y desarmar a un grupo delictivo activo en la región.

La investigación sigue abierta y las personas detenidas fueron puestas a disposición de las autoridades competentes para definir su situación jurídica.

Impacto del operativo y compromiso institucional

La Fiscalía de Sonora recalcó que estas acciones forman parte de una estrategia para desarticular redes de criminalidad vinculadas al narcomenudeo, evitando la llegada de drogas a zonas residenciales y puntos de venta en la capital.

El despliegue coordinado entre FGJES, AMIC y Defensa permitió, según el comunicado, la detención de las cinco personas -cuatro hombres y una mujer-, la incautación de dos vehículos, armamento de alto calibre y miles de dosis de droga.

La mañana del 18 de junio de 2025, aproximadamente 20 individuos encapuchados y vestidos de negro bajaron de varios vehículos, entre ellos un Honda gris, y forzaron la entrada de Kumar Jewelers con una acción coordinada que el diario New York Post definió como un “mob-style takeover”.

El asalto, realizado con precisión, se completó en apenas 70 segundos: los agresores rompieron vitrinas con martillos y picos, llenaron mochilas de joyas y huyeron en los mismos autos robados en los que habían llegado.

Según la Fiscalía federal, los ladrones lograron vaciar entre el 75% y el 80% del inventario del local antes de que llegara la policía. El video de seguridad, publicado por el Departamento de Justicia y citado por la prensa, expone la coordinación del grupo: varios intimidaron a los empleados y al guardia de seguridad; un asaltante lo amenazó con un arma mientras otro lo sujetaba.

La persecución y las primeras detenciones

Luego de la huida, los agentes enfrentaron un obstáculo: los autos utilizados eran robados, lo que dificultó el seguimiento mediante los lectores automáticos de matrículas. Conforme la narración de los fiscales federales, la policía se centró en un Acura negro, que escapó a gran velocidad por áreas residenciales.

La persecución finalizó cuando el conductor del Acura perdió el control y chocó. Los ocupantes intentaron huir a pie, pero la policía detuvo a cuatro sospechosos: Afatupetaiki Faasisila, Jose Herrada-Aragon, Andres Palestino y Tom Parker Donegan, todos de entre 19 y 20 años.

Parte de las joyas robadas fue recuperada tanto en la ruta como dentro del vehículo, según informó el canal local CBS News.

Investigación federal y situación de los acusados

El caso es ahora competencia de la jurisdicción federal, involucrando al FBI y a la policía local. Los detenidos enfrentan cargos federales por robo que afecta el comercio interestatal, una acusación que puede significar penas de hasta 20 años de prisión y multas que alcanzan los USD 250.000, conforme lo detalla el comunicado oficial del Departamento de Justicia citado por CBS News.

De acuerdo a los registros judiciales citados por el diario East Bay Times, Faasisila y Palestino fueron liberados bajo proceso, mientras que los otros dos continúan en custodia por cargos estatales independientes. Las autoridades admiten que la mayoría de los autores del robo no ha sido localizada.

El impacto en la comunidad y la respuesta de las autoridades

La comunidad local se mantiene cauta tras el asalto. El propietario de la joyería, Kumar Patel, expresó a la prensa sentirse afectado tras ver cómo “en menos de 1 minuto se llevaron el trabajo de toda una vida”.

La policía de Fremont recomendó a otros comerciantes que aumenten sus medidas de seguridad y soliciten colaboración para identificar a los culpables, según reportó el sitio informativo National Today.

Qué se sabe hasta ahora del caso Kumar Jewelers

El asalto a Kumar Jewelers movilizó a fuerzas locales y federales. Hubo cuatro arrestos, pero la mayoría de los implicados permanece prófuga.

El proceso judicial progresa y parte del material sustraído fue recuperado.La policía de Fremont y el FBI continúan la investigación y piden a la ciudadanía que aporte información relevante para localizar al resto de los responsables.

Tres médicos fueron vinculados a proceso por el delito de homicidio tras la muerte de una paciente que se sometió a una cirugía estética en el Estado de México, informó la Fiscalía General de Justicia estatal.

Los imputados fueron identificados como Jesús Fernando “N”, Carolina “N” y Diego “N”, quienes participaron en el procedimiento quirúrgico realizado a la víctima, identificada con las iniciales S.R.V.

De acuerdo con las autoridades, la paciente murió a consecuencia de una tromboembolia pulmonar derivada de una liposucción combinada con mamoplastia de aumento.

Tras analizar las pruebas presentadas por la fiscalía, un juez determinó vincular a proceso a los tres médicos y fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso judicial.

Cirugía se realizó en clínica de Toluca

Los hechos ocurrieron el 15 de octubre de 2021, cuando la paciente acudió a la Clínica Santa Teresa Atención Médica y Quirúrgica, ubicada en el municipio de Toluca, para someterse a un procedimiento estético.

Según la investigación, los médicos omitieron realizar una valoración preoperatoria integral y un plan quirúrgico adecuado, pese a que la paciente presentaba factores de riesgo que requerían mayor vigilancia médica.

Tras la intervención, la mujer comenzó a presentar un deterioro progresivo en su estado de salud, compatible con un evento tromboembólico grave.

Las autoridades señalaron que, pese a la gravedad de la situación, los médicos no trasladaron de inmediato a la paciente a un hospital con mayor capacidad médica, aun cuando la clínica donde se realizó la operación carecía de unidad de cuidados intensivos, banco de sangre, laboratorio clínico y personal multidisciplinario especializado.

La necropsia confirmó posteriormente que la causa de muerte fue tromboembolia pulmonar secundaria a la cirugía estética practicada.

Investigaciones por otros casos de negligencia

La Fiscalía del Estado de México indicó que los tres médicos también están relacionados con otros posibles casos de negligencia médica derivados de procedimientos quirúrgicos realizados entre 2013 y 2024.

De acuerdo con las indagatorias, estos casos involucran al menos tres víctimas adicionales, una de las cuales también falleció tras someterse a procedimientos estéticos.

Además, las autoridades señalaron que algunos de los acusados se ostentaban como cirujanos plásticos sin contar con la certificación o especialidad correspondiente, lo que forma parte de las líneas de investigación en curso.

El caso ha vuelto a poner sobre la mesa los riesgos asociados a cirugías estéticas realizadas en clínicas sin la infraestructura adecuada, así como la importancia de que los pacientes verifiquen la certificación profesional de los especialistas antes de someterse a este tipo de procedimientos.

Mientras continúan las investigaciones, los tres médicos permanecerán en prisión preventiva en espera de que se determine su responsabilidad en la muerte de la paciente.

La confirmación forense ha supuesto un giro en una investigación que permaneció varios años sin avances sustanciales. Francisca Cadenas desapareció la noche del 9 de mayo de 2017, después de dejar a una niña a la que había estado cuidando. La investigación, que en 2019 llegó a archivarse por falta de pruebas, fue reabierta recientemente por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil a raíz de la insistencia de la familia.

Esta semana, agentes de la UCO realizaron una nueva reconstrucción de los hechos, centrando su atención en una vivienda situada a escasos metros del domicilio de Cadenas. Allí residían dos hermanos, ya investigados previamente en el caso. El registro en ese domicilio permitió descubrir los restos de la desaparecida, lo que ha sido determinante para reactivar la causa y aportar una respuesta que la familia reclamaba.

Investigación y registros

La intervención de la Guardia Civil en la vivienda implicada incluyó inspecciones minuciosas tanto en el interior como en el entorno del inmueble. Los dos hermanos propietarios fueron detenidos como principales sospechosos del asesinato de Francisca Cadenas, aunque actualmente permanecen en libertad tras declarar ante la autoridad judicial. La investigación se mantiene bajo secreto judicial, por lo que las circunstancias exactas del crimen, así como los posibles motivos, continúan sin hacerse públicos.

Los agentes de la UCO trabajan para esclarecer los detalles de la desaparición y muerte de Cadenas, mientras los restos identificados han sido remitidos a Madrid para la realización de pruebas complementarias. La investigación de la Guardia Civil sigue abierta, con el objetivo de determinar las responsabilidades y circunstancias de lo ocurrido.

Repercusión social del caso

La desaparición y el posterior hallazgo de los restos de Francisca Cadenas han marcado profundamente a la comunidad de Hornachos. La localidad, consternada desde 2017, ha decidido rendir homenaje a su vecina dedicando una calle con su nombre, en un intento de mantener viva su memoria y expresar la exigencia de justicia. La noticia de la identificación de los restos ha sacudido a los vecinos, que durante años han seguido con atención cada avance en la investigación. Las desapariciones se consideran de los sucesos más difíciles de seguir, porque la falta de rastro deja abiertas muchas posibilidades en la investigación.

Familiares y allegados consideran este hallazgo un paso fundamental, aunque siguen esperando respuestas sobre las circunstancias del crimen. La comunidad mantiene la esperanza de que la investigación judicial y las pruebas forenses en curso permitan esclarecer todos los detalles del caso. Hornachos permanece expectante ante la posibilidad de que se disipen las incógnitas que rodean uno de los episodios más difíciles vividos en la región, con la mirada puesta en la resolución definitiva del caso.

Un joven de 21 años, identificado como R. M., fue atacado a balazos en la tarde-noche de ayer mientras regresaba a pie a su domicilio en la localidad de Zavalla, en la provincia de Santa Fe.

El ataque al joven se produjo luego de que R. M. finalizara su jornada laboral en un lavadero de camiones situado entre la ruta provincial 17s y la ruta 14, sobre la A012.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Rosario3, el joven emprendió el regreso a su casa caminando, recorriendo seis kilómetros hacia el norte como lo hace habitualmente. Y al acercarse al cruce con la 17s, pasó frente a una estación de servicios abandonada. Allí, fue interceptado y herido por disparos efectuados por personas que residen en el predio.

La víctima recibió dos heridas de bala en la región dorsal izquierda y a pesar de la gravedad de las lesiones, logró escapar de sus agresores y recorrió a pie el tramo que restaba hasta su vivienda, ubicada en las afueras de Zavalla. Al llegar, se desvaneció y fue asistido por su patrón, quien lo trasladó en primer momento al Samco local, donde recibió atención médica de urgencia. Posteriormente, fue derivado al sanatorio Mapaci, en el centro de Rosario, para una atención más especializada. Pese a que sus heridas eran de gravedad, el hombre quedó fuera de peligro.

El predio donde ocurrió la agresión es una antigua estación de servicios, actualmente deteriorada. Los antiguos surtidores ya no funcionan y el lugar, que en el pasado albergó un comedor, hoy se encuentra en ruinas. En la actualidad, este espacio es habitado de forma irregular por varias personas.

Según fuentes policiales, aún se investigan los motivos que desencadenaron el ataque contra el joven. Por el momento, no se descarta ninguna hipótesis, incluyendo conflictos previos o intentos de robo en la zona. La investigación se encuentra ahora en una etapa preliminar y se espera poder determinar la secuencia exacta de los hechos a partir de las declaraciones de los testigos y el material recogido en el lugar.

Luego de los hechos, personal de la Subcomisaría 6ª de Soldini intervino en el caso por razones de jurisdicción. En un operativo realizado en la misma estación de servicios sobre la ruta A012, la Policía aprehendió a dos hombres de 25 y 31 años y a una adolescente de 17 años, quienes fueron señalados como presuntos responsables del ataque.

Uno de los varones detenidos posee antecedentes penales. Entre sus antecedentes figuran delitos como boquillero y robo de cereal en las afueras de Villa Gobernador Gálvez. El otro hombre identificado, B. G. C., es oriundo de General Lagos y había realizado una denuncia previa relacionada con un hecho de inseguridad.

El episodio denunciado por este último ocurrió la noche del 20 de febrero, mientras trabajaba como vigilador en el mismo predio rutero. Según su propio relato a la policía de Soldini, esa noche fue víctima de una entradera: tres hombres lo maniataron, lo golpearon y le sustrajeron la billetera y herramientas. Los investigadores consideran este antecedente relevante para el análisis del contexto en el que se produjo el ataque a Rodrigo.

Ahora, los tres detenidos permanecen bajo custodia a disposición de la justicia, que deberá determinar su grado de participación en el hecho y avanzar en el esclarecimiento total del caso.

Un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México permitió la recuperación de 750 mil pesos tras un robo a cuentahabiente realizado en el estacionamiento de la Plaza Universidad, alcaldía Benito Juárez.

El atraco se originó luego de que la víctima retirara una suma considerable de una sucursal bancaria y fuera interceptada por los presuntos responsables.

Dos hombres, identificados por autoridades como Kristof “N” y Diego Andrés “N”, resultaron detenidos durante el despliegue policial que se apoyó en un cerco virtual con la intervención de monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) del Sur, Poniente y Centro.

Uno de los detenidos dijo ser extranjero, sin embargo, las autoridades no detallaron la nacionalidad.

El arresto fue logrado en el Circuito Interior a la altura de Insurgentes, cuando los dos ladrones escapaban en una motocicleta.

Robo a cuentahabiente y reacción inmediata

De acuerdo con información oficial de la SSC, el asalto ocurrió en el cruce de la calle Parroquia y la avenida Universidad, dentro de la Plaza Universidad, ubicada en la colina Santa Cruz Atoyac.

La víctima relató a los elementos policiales que, tras realizar el retiro bancario, dos sujetos se aproximaron, lo amagaron con un arma de fuego y le exigieron la entrega del efectivo.

Los asaltantes huyeron en una motocicleta negra con cubre tanque blanco, lo que permitió a los operadores del C2 Sur emitir una alerta inmediata a través de la frecuencia de radio.

Según las autoridades capitalinas, la coordinación entre los monitoristas del C2 Sur y los policías de campo resultó clave, ya que las cámaras de videovigilancia siguieron la trayectoria de los presuntos responsables en tiempo real.

Cerco virtual y persecución en la alcaldía Cuauhtémoc

El operativo avanzó hasta la alcaldía Cuauhtémoc, donde los agentes capitalinos marcaron el alto a los ocupantes de la motocicleta.

En ese momento, uno de los sujetos fue detenido con la motocicleta, mientras que el copiloto descendió e intentó escapar corriendo, lo que desencadenó una persecución breve por calles de la colonia Peralvillo.

Los uniformados lograron capturar al copiloto en el cruce de Francisco Zarco y Martinelli.

Durante la revisión preventiva aplicada a los detenidos, los policías encontraron los 750 mil pesos en efectivo que la víctima reconoció como propios, así como la motocicleta utilizada para escapar tras el robo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, los dos arrestados tienen 22 y 26 años de edad, respectivamente, y uno de ellos declaró ser de origen extranjero.

Presentación ante las autoridades y seguimiento

Los elementos de la SSC CDMX informaron a los detenidos sobre sus derechos conforme a los protocolos de actuación policial.

Posteriormente, los presentaron ante el agente del Ministerio Público, junto con el dinero recuperado y la motocicleta, para que se defina su situación jurídica y se continúen las investigaciones correspondientes.

Según el comunicado de la corporación, el trabajo conjunto entre cámaras de vigilancia y patrullaje en campo permitió una respuesta rápida y la recuperación del monto sustraído.

Cabe señalar que las autoridades no reportaron el aseguramiento de armas.

La Fiscalía del Estado de Jalisco (FEJ) informó este miércoles 11 de marzo la captura de dos policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos por su presunta participación en un delito de desaparición forzada de personas, ocurrido en noviembre de 2025.

Los agentes de la comisaría municipal fueron identificados como José Francisco “N” y Martín Marcelino “N”. Su detención fue realizada tras una orden emitida por el Juzgado Tercero de Control y Juicio Oral del Quinto Distrito Judicial, ubicado en Chapala.

Los agentes presuntamente trasladaron a una persona secuestrada desde el sitio donde se encontraba hasta un centro de rehabilitación.

La FEJ señaló que la víctima fue localizada con vida.

Los hechos en la colonia Capilla del Refugio

La investigación señala que el 3 de noviembre de 2025 un hombre fue interceptado por dos civiles en calles de la colonia Capilla del Refugio, en Ixtlahuacán de los Membrillos, quienes supuestamente lo encontraron con drogas.

Los civiles lo retuvieron en un domicilio particular para interrogarlo y el individuo permaneció privado de la libertad hasta la madrugada del día siguiente.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, los agentes de la comisaría local acudieron al domicilio donde el hombre estaba cautivo.

Tras su llegada, los policías trasladaron al individuo a un centro de rehabilitación, donde permaneció dos días. La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas implementó un operativo que permitió localizarlo y poner fin a su cautiverio.

Hasta el momento no se sabe si los presunto secuestradores estarían relacionados con algún grupo delictivo de Jalisco.

Investigación y aprehensión de los elementos municipales

La Dirección de Órdenes de Aprehensión de la Fiscalía del Estado inició una indagatoria tras conocer los hechos.

Según el comunicado oficial donde se relata el caso, se obtuvieron pruebas que permitieron solicitar la orden de aprehensión contra José Francisco “N” y Martín Marcelino “N”, quienes al momento de los hechos desempeñaban funciones como elementos municipales en Ixtlahuacán de los Membrillos.

El operativo de captura se realizó el pasado 10 de marzo en la localidad de La Purísima, dentro del mismo municipio.

La orden fue dictada por el Juzgado Tercero de Control y Juicio Oral del Quinto Distrito Judicial, con sede en Chapala, y ejecutada por agentes de la Fiscalía de Jalisco. Ambos elementos quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requería.

Compromiso institucional contra la impunidad

En el comunicado donde fueron informadas las detenciones, la Fiscalía del Estado de Jalisco reiteró que no se tolerarán actos de impunidad ni abusos de poder que vulneren los derechos fundamentales de la ciudadanía.

“Bajo los principios de legalidad y justicia, se reitera el compromiso de actuar con todo el rigor de la ley en contra de aquellos servidores públicos que, traicionando su deber y utilizando su cargo para fines ilícitos, participen en delitos de cualquier naturaleza”, señaló la dependencia en su comunicado.

El caso pone en el centro la responsabilidad de los cuerpos de seguridad y presuntas complicidades con grupos delictivos en el estado de Jalisco.

Dos policías municipales de Tijuana, acusados de torturar y violar con un pado de escoba a un ciudadano en abril del 2022 en Playas de Tijuana, se entregaron el pasado martes ante un juzgado.

Se trata de los agentes Abel López Martínez y Juan Leyva González, quienes contaban con una orden de aprehensión activa por los delitos de abuso de autoridad y violación; ambos fueron internados en el Centro de Reinserción Social de Tijuana (Cereso).

Tortura, robo con violencia, violación impropia agravada, abuso de autoridad en la variante de privación ilegal de la libertad y homicidio calificado cometido con ventaja y alevosía son los delitos de los que se les señala a ambos agentes.

El caso por el que se les acusa es el que sufrió un ciudadano de nombre Carlos Damásio López. De acuerdo con medios locales, el 27 de abril de 2022, los agentes municipales Abel López Martínez, Juan Leyva González, Heriberto Gómez Chavarría y Francisco Javier Martínez Pérez, miembros de la unidad canina (K-9), llegaron a una tienda con máquinas tragamonedas e increparon a un ciudadano de 50 años de edad. Le preguntaron quién era el encargado, sin embargo, este no se encontraba.

Los policías, entonces, preguntaron al sujeto sobre quién era la persona que vendía drogas en el sitio, pero el hombre dijo que no sabía. Por ello, los policías lo golpearon para obtener la información que requerían. Al no lograrlo, lo obligaron a desnudarse de la cintura para abajo, lo hicieron inclinarse de espaldas a ellos y uno de los agentes tomó un palo de escoba, lo llenó de gel antibacterial y lo introdujo en más de una ocasión por el recto del hombre, de acuerdo con testigos del hecho.

El 3 de mayo de ese año, la víctima ingresó de urgencia al Hospital General de Tijuana donde se le practicaron cinco operaciones para contener la infección interna y recuperar parte del intestino y órganos dañados. Sin embargo, el 18 de mayo, el cuerpo de Carlos no resistió y falleció.

El reporte médico forense reveló que la causa de muerte había sido choque séptico, derivado de la severa infección y lesiones provocadas por el ataque de los elementos policiacos.

La reciente detención de Hilario “N”, conocido como “El Chiwas”, señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) como el presunto autor material del asesinato del exgobernador de Colima, Silverio Cavazos, volvió a colocar en el centro de la discusión pública el atentado que ocurrió la mañana del 21 de noviembre de 2010.

Aquel día en el fraccionamiento Real Vista Hermosa, el político integrante del Partido Revolucionario Institucional (PRI) falleció a los 41 años de edad.

Fue cazado mientras paseaba a su mascota

De acuerdo con información reportada Infobae y medios nacionales como La Jornada, aquel 21 de noviembre, Silverio Cavazos salió a pasear a su perro por el fraccionamiento Real Vista Hermosa, en la ciudad de Colima, cuando coincidió en el camino con Rafael Gutiérrez Villalobos, quien en ese entonces fungía como secretario de Fomento Económico de la entidad.

Ambos conversaban y terminaron en la entrada de la casa de Cavazos, cuando un vehículo de la marca Jeep, modelo Patriot, se detuvo cerca de ellos.

Tres individuos descendieron y uno, quien presuntamente sería “El Chiwas”, disparó en diversas ocasiones contra Cavazos, quien contaba con escoltas en ese momento, los cuales no pudieron evitar la muerte del exgobernador.

Reportes de medios locales han señalado que justo en el ataque los elementos de seguridad a cargo de la vida de Cavazos no se encontraban con él, por lo que habrían reaccionado tarde al atentado.

Sobre las circunstancias del deceso, el procurador del estado, Arturo Díaz Rivera detalló que Cavazos recibió tres impactos de bala, uno de ellos con trayectoria del cuello al abdomen.

Reportes previos de este medio señalan que el exgobernador fue trasladado inmediatamente a una clínica particular llamada San Francisco, sin embargo, durante el traslado sufrió un paro respiratorio, por lo que arribó sin vida.

Posteriormente, el gobernador Mario Anguiano Moreno confirmó que el crimen había ocurrido mientras Silverio paseaba a su perro, aproximadamente a las 10:20 de la mañana.

Dentro de los datos reportados por Infobae en ese entonces, destaca que el arma utilizada fuera calibre .38.

Asimismo, este medio detalló que la Jeep utilizada presentaba reporte de robo en el estado de Querétaro y al momento del ataque tenía unas placas sobrepuestas de Michoacán.

Cabe señalar que el ataque dejó ileso a Gutiérrez Villalobos.

Cavazos había terminado su gobierno en octubre de 2009, y poco más de un año después perdió la vida.

Persecución, confusión y víctimas colaterales

Tras el ataque a los presuntos asesinos del exgobernador, oficiales estatales montaron un operativo para dar con los responsables, en el que confundieron a una familia con los agresores y dispararon contra su vehículo. El oftalmólogo Mario Robles Gil Bernal resultó muerto en ese incidente, según lo reportado por La Jornada.

Las autoridades federales y estatales desplegaron más de 150 elementos de seguridad, entre militares, marinos y policías, para intentar dar con los responsables.

Años después, el 9 de mayo de 2018 fue detenido el narco Gerardo Mendoza Chávez, alias “Gerardón” o “Don Gera”, señalado como autor intelectual del asesinato de Cavazos. Sin embargo, el capo relacionado con el Cártel de Sinaloa, La Familia Michoacana, y con La Resistencia, fue asesinado solamente 3 días después de su captura en el penal de Puente Grande.

Reacciones oficiales y contexto político

En aquel entonces el gobernador Anguiano Moreno afirmó que el crimen no quedaría impune y que se aplicaría toda la fuerza del estado en la investigación. También negó que existieran motivos para ampliar la seguridad de su gabinete y descartó cualquier vínculo de Cavazos con el narcotráfico, pese a señalamientos previos, en los cuales se decía que el exgobernador Cavazos tenía una fortuna desproporcional.

Como contexto de la situación en el estado, el crimen sucedió dos días antes de una visita presidencial de Felipe Calderón para supervisar obras estratégicas en el puerto de Manzanillo. En aquel entonces, México vivía una etapa conocida como la “Guerra contra el Narco”, la cual disparó los índices de violencia en todo el país.

El cuerpo de Cavazos fue homenajeado oficialmente en el palacio de gobierno de Colima, trasladado a la sede estatal del PRI y posteriormente inhumado en el panteón municipal de Tecomán, su ciudad natal.

Autoridades ratorias de Texas liberaron a dos jóvenes mexicanos y a su familia, tras haber estado retenidos por casi dos semanas en un centro de detención para migrantes.

La liberación se llevó a cabo el lunes, de acuerdo con los congresistas Joaquín Castro y Mónica de la Cruz, quienes estuvieron denunciando la situación de la familia, originaria de San Luis Potosí.

En una publicación en su cuenta de la red social X, Castro señaló que “estamos agradecidos por la liberación de la familia Gámez-Cuéllar y no descansaremos hasta que liberen a todos".

Antonio Yesayahu Gámez-Cuéllar, de 18 años, y Caleb Gámez-Cuéllar, de 14, estudiantes y galardonados músicos de mariachi, fueron reconocidos en la Cámara de Representantes del año pasado. Los jóvenes fueron arrestados junto a sus padres y su hermano menor a finales del pasado mes de febrero.

La familia originaria del estado de San Luis Potosí radica en Estados Unidos desde el año 2023 y fueron trasladados al centro de detención de Dilley, en las afueras de San Antonio, conocido por las denuncias de condiciones inadecuadas y falta de acceso a servicios médicos.

Antonio, el hijo mayor, fue separado de sus padres y hermano, pues las autoridades lo llevaron al centro de detención de Raymondville, al sur del estado de Texas.

Junto con Caleb, su hermano menor, formaban parte de la agrupación escolar Mariachi McAllen Oro, galardonado a nivel estatal.

La familia Cuéllar ingresó a los Estados Unidos por medio de la aplicación CBP One, un programa del gobierno del expresidente Joe Biden que permitía a los migrantes pedir una cita para presentarse en la frontera e iniciar su proceso para solicitar asilo.

La detención ocurrió en febrero de este año durante una cita de presentación con el Servicio de Aduanas y Control Migratorio (ICE en inglés), de acuerdo con The New York Times.

Detenciones de migrantyes alcanzan nivel récord con Trump

Cabe destacar que durante la actual administración, a cargo de Donald Trump, las detenciones de migrantes en Estados Unidos alcanzaron un nivel récord. El pasado mes de enero, Estados Unidos mantuvo retenidos a más de 73 mil migrantes, la cifra más alta desde la creación del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en 2001, según datos filtrados a la cadena CBS News.

Más de 400 mil personas permanecen retenidas en Dilley, entre ellas, unos 400 menores de edad, en condiciones inadecuadas, incluyendo falta de cuidado médico y educación para los menores y comida, así como agua en mal estado.

La detención de siete hombres armados y equipados con chalecos tácticos en el sector Valle Alto, al norte de Culiacán, marcó una nueva acción encabezada por el Ejército Mexicano en coordinación con el grupo interinstitucional en Sinaloa.

El operativo, realizado el 9 de marzo de 2026, se originó tras una denuncia anónima recibida a través del 089, que alertó a las autoridades sobre la presencia de personas armadas en un inmueble de la zona.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa), el operativo permitió asegurar armas largas, cargadores abastecidos, chalecos tácticos, placas balísticas, un vehículo con blindaje de fábrica y un inmueble.

Las autoridades no informaron si los 7 hombres detenidos estarían vinculados con alguna de las células criminales que operan en la región; entre las que destacan “La Mayiza”, “Los Chapitos” y los “Beltrán Leyva”.

Denuncia anónima y despliegue de fuerzas federales

El comunicado de la SSP Sinaloa destaca que la denuncia anónima recibida en el 089 resultó determinante para la respuesta inmediata de los cuerpos de seguridad.

Tras recibir el reporte sobre movimientos sospechosos en una vivienda del sector Valle Alto, las autoridades desplegaron un operativo táctico que culminó con la localización y detención de siete civiles en el lugar.

En el sitio, el personal militar aseguró un vehículo con blindaje de fábrica, que al ser revisado no presentó reporte de robo.

Además, los elementos hallaron lo siguiente:

• 7 armas largas
• 2 armas cortas
• 42 cargadores abastecidos
• Mil 260 cartuchos útiles
• 3 chalecos tácticos
• 6 placas balísticas
• Diverso equipo táctico

Indicios asegurados y traslado al Ministerio Público

Los detenidos y los indicios materiales decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, dependiente de la Fiscalía General de la República.

Las diligencias ministeriales buscan determinar la procedencia del armamento y la posible relación de los hombres asegurados con estructuras delictivas que operan en la región.

Además, el inmueble intervenido quedó bajo resguardo de la autoridad federal para su inspección y procesamiento pericial. El objetivo es establecer el origen y el destino de las armas, cargadores y equipo táctico, así como recabar información relevante para las investigaciones en curso.

“Las instituciones de seguridad continuarán trabajando de manera coordinada para proteger a la sociedad”, señaló la SSP Sinaloa en el comunicado difundido tras el operativo.

Llamado a la denuncia ciudadana y continuidad de operativos

Las autoridades reiteraron el llamado a la población para que utilice el 089 en caso de detectar situaciones sospechosas y el 911 para emergencias.

El comunicado de la SSP Sinaloa enfatiza que la colaboración ciudadana resulta fundamental para la efectividad de los operativos de seguridad y la prevención de hechos violentos.

La investigación ministerial permanece abierta, mientras se mantiene el resguardo del inmueble y de los bienes incautados por parte de las autoridades federales.

Este fin de semana, una organización narco familiar fue desarticulada tras un extenso operativo en la ciudad de Corral de Bustos, ubicada al sudeste de la provincia de Córdoba.

La intervención estuvo a cargo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) y culminó con la detención de seis personas, el cierre de cuatro puntos de venta de droga y el secuestro de distintos elementos vinculados a la actividad ilícita. El despliegue, resultado de diez meses de investigación, sorprendió a los vecinos por la simultaneidad de los procedimientos y la magnitud de la estructura desbaratada.

Durante la madrugada del operativo, los habitantes de Corral de Bustos presenciaron una movilización inusual de efectivos y vehículos oficiales. Las órdenes de allanamiento alcanzaron inmuebles ubicados en Corrientes al 900, Colón s/n, Catamarca al 800 y Defensa s/n, en diferentes barrios de la ciudad. En esos domicilios, la FPA logró capturar a tres hombres y tres mujeres, todos adultos, quienes según los registros policiales ya poseían antecedentes por comercialización de estupefacientes.

La investigación reveló que la banda no solo operaba desde las viviendas allanadas, sino que también realizaba entregas a domicilio, lo que permitió a los responsables ampliar su red y dificultar el rastreo policial.

Según informó el portal El Doce.tv, los agentes secuestraron un arma de fuego calibre .32, dos vehículos supuestamente utilizados para el delivery de drogas y diversos elementos probatorios.

Durante los procedimientos, llamó la atención de los investigadores que tres de los puntos de venta funcionaban a escasos metros de un colegio y un jardín de infantes. Esta proximidad con instituciones educativas alertó a las autoridades sobre el riesgo potencial para los menores y la comunidad, motivo por el cual se priorizó la clausura inmediata de esos sitios.

Según información suministrada por la Fuerza Policial Antinarcotráfico, el operativo fue el resultado de meses de tareas encubiertas, seguimientos y análisis de movimientos sospechosos. Los investigadores lograron identificar la dinámica interna de la banda, las rutas de distribución y la relación familiar entre sus integrantes, quienes compartían roles operativos y decisiones en la cadena de comercialización. La estructura contaba con personas encargadas de custodiar la mercadería, gestionar las ventas y coordinar las entregas fuera de los domicilios.

El procedimiento se llevó a cabo bajo la supervisión de la Fiscalía del Fuero de Lucha contra el Narcotráfico, con sede en la ciudad de Marcos Juárez.

Tras las detenciones, los seis aprehendidos fueron trasladados a sede judicial, donde quedaron imputados por el delito de comercialización de estupefacientes agravada, conforme a lo dispuesto por la Ley Nacional de Estupefacientes N° 23.737. La causa judicial investiga posibles ramificaciones y el origen de la sustancia incautada.

La investigación continuará en las próximas semanas, con la declaración de los imputados y el análisis de los teléfonos móviles y dispositivos electrónicos secuestrados durante los allanamientos. Se prevé que los peritajes permitan determinar si existían vínculos con proveedores de otras ciudades o conexiones con organizaciones criminales de mayor alcance. La hipótesis principal de la fiscalía es que la organización operaba de manera autónoma, aunque no se descarta la existencia de nexos con grupos similares de la región.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, el asalto ocurrió en un domicilio de la calle Domingo Azcuénaga, donde las víctimas fueron abordadas y despojadas de varios objetos de valor.

Un cámara de seguridad es clave en el caso. El dispositivo de vigilancia capto el momento previo al ingreso al domicilio de las víctimas. En el video de la secuencia, al que tuvo acceso Infobae, puede observarse a tres hombres que merodean la casa de los jubilados. Dos de ellos ingresan y un tercero queda por fuera de la propiedad, como campana, es decir, quien avisa a sus cómplices de la presencia policial o algún movimiento que los ponga en riesgo.

Fue un transeúnte quien alertó a personal de la Comisaría Vecinal 4D, que patrullaba la zona, sobre los delincuentes que huían tras el robo. De inmediato, se desplegó un operativo que permitió detener a dos de los sospechosos: uno en la calle Vélez Sarsfield al 1600 y al otro en Santo Domingo al 3100. El tercero es intensamente buscado por los efectivos.

Durante el procedimiento, indicaron las fuentes, la Policía porteña secuestró llaves de automóvil, dinero en efectivo por 1.600.000 pesos, bijouterie, documentación bancaria, una cartera, una billetera y otras pertenencias que luego fueron restituidas a los damnificados.

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nº35, a cargo del juez Osvaldo Rappa, ordenó la detención de los imputados bajo los cargos de robo en poblado y en banda agravado y lesiones.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, Uno de los detenidos tenía antecedentes penales por tenencia de estupefacientes, tenencia de arma de guerra, encubrimiento y lesiones leves.

Las investigaciones del asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, exalcalde de Uruapan, Michoacán, continúan en curso luego de que las autoridades estatales han detenido hasta el momento a 20 personas por su presunta implicación en el homicidio, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó en conferencia de prensa que aún faltan por capturar a seis personas por su probable relación con los hechos.

Entre los prófugos se encuentran José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo, así como dos personas que se encontraban entre Samuel “N” -director de protocolo del Ayuntamiento que brindaba información sobre los movimientos del exedil- así como de José Armando “N”, alias “El Licenciado” -señalado como autor intelectual del asesinato-.

“También tenemos el seguimiento a tres personajes más, que son los que colaboraban con Jorge Armando ”N" desde otras directrices. Uno de ellos, por ejemplo, tiene su ubicación constante solamente en Jalisco", detalló el fiscal.

Como parte de las investigaciones, la Fiscalía General del Estado también se encuentra colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR) debido a los vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que tendrían detenidos como “El Licenciado”, esto para que se encarguen de las indagatorias correspondientes.

Van 20 detenidos, entre ellos el hermano del “Rhino” del CJNG

Al mostrar los avances en la investigación del asesinato de Carlos Manzo, el fiscal detalló que hasta el momento van 20 personas detenidas por su relación con los hechos, mientras que también hubo tres personas fallecidas que participaron en el homicidio del exedil.

El primero de los fallecidos fue Víctor Manuel “N”, el autor material del ataque armado, quien quedó abatido en la plaza principal del municipio tras disparar en siete ocasiones contra Manzo.

Luego de las primeras investigaciones, se logró ubicar a Fernando “N” y Ramiro “N” como los acompañantes del agresor, quienes posteriormente fueron localizados sin vida.

Esto permitió a las autoridades conocer el apodo de “El Licenciado”, quien fue posteriormente detenido. El análisis de información de un celular también posibilitó identificar a 10 participantes en un chat de mensajería instantánea donde se planeó el homicidio del exedil.

Entre los detenidos también se encuentran siete policías municipales que se desempeñaban como escoltas de Carlos Manzo, entre los que se encuentra el responsable de abatir al agresor.

Días después se capturó a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, identificado como reclutador de personas para el CJNG, y quien habría sido el encargado de contratar a Víctor Manuel “N” y Fernando “N”, menores de edad que participaron el homicidio.

Otros detenidos son Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, quien participó en el grupo donde se organizó el homicidio de Manzo. Además, fueron arrestados Samuel “N”, director de protocolo del Ayuntamiento; Josué Eulogio “N” y Ulises “N”, identificados como los encargados del vínculo entre “El Licenciado” y Samuel “N”.

“El Rhino”, el jefe de plaza detenido por Manzo

En la cronología, los siguientes detenidos fueron Marcelina “N”, María “N” y Salvador “N”, este último identificado como hermano de René Belmontes, alias “El Rhino”, identificado como presunto jefe de plaza del CJNG en Michoacán y quien fue detenido por Carlos Manzo durante un operativo en Uruapan.

Carlos Torres Piña detalló que María “N” es identificada como la pareja sentimental de Alejandro Baruc “N”, alias “K-OZ”, mientras que Marcelina “N” es su madre. Tanto las mujeres como Salvador “N” son familiares.

Además, informó que Salvador “N” también era encargado de una célula delincuencial con operaciones en Uruapan que estaba a cargo de “El Licenciado”. Esta estructura criminal es investigada por la FGR.

La última detención fue la de Alan “N”, implicado en el homicidio de Ramiro “N” y Fernando “N”, quien también estaba relacionado con la red que cometió el crimen de Manzo.

Luego de que sujetos encapuchados provocaron un incendio en una tienda 3B de Valle de Chalco, Estado de México, que dejó con quemaduras a Henry, niño de 2 años, y su padre, este martes 3 de marzo se realizó la detención de un segundo implicado.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que Edgar “N”, conocido como “Peluso”, fue arrestado por su presunta responsabilidad en el delito de homicidio doloso en grado de tentativa debido a que el menor de edad presentó quemaduras en más del 70 por ciento de su cuerpo.

Actualmente, Henry se encuentra sedado e intubado tras ser sometido a una cirugía de emergencia, por lo que su salud se reporta como delicada.

Luego de que las investigaciones permitieron identificarlo como uno de los implicados en el ataque a la tienda, Edgar “N” fue capturado cuando se encontraba a bordo de una de las motocicletas empleadas en la agresión.

Suman dos detenidos por el incendio a la tienda

La FGJEM detalló que por estos hechos fue detenido de manera previa otro de los conductores de una de las motocicletas que participaron en el ataque.

El sujeto, identificado como menor de edad, ya se encuentra vinculado a proceso por el delito de lesiones que ponen en peligro la vida. Actualmente se encuentra internado en el Centro de Internamiento para Adolescentes Quinta del Bosque.

Cabe señalar que un primer momento la Fiscalía del Estado inició la investigación por los delitos de daños en los bienes y lesiones; sin embargo, el avance de las pesquisas les permitieron añadir el delito diverso de homicidio doloso en grado de tentativa.

En días pasados, la tienda comercial fue asegurada por elementos de la FGJEM para la realización de las investigaciones correspondientes.

Incendio de la tienda se dio tras el abatimiento de “El Mencho”

Luego de que se reportó el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tapalpa, Jalisco, una serie de narcobloqueos, quema de vehículos, comercios y bancos comenzó a registrarse en al menos 20 entidades del país.

Diversos hechos violentos también se reportaron en municipios del Estado de México, como lo fue el incendio de una tienda 3B en Valle de Chalco, donde se encontraban Henry y su padre.

Las investigaciones refieren que ese domingo, alrededor de las 20:10 horas, cuatro sujetos arribaron a bordo de dos motocicletas, una de ellas conducidas por Edgar “N”, conocido como “Peluso”.

En la sucursal, ubicada en la colonia San Miguel Xico, ingresaron dos hombres con el rostro cubierto, quienes lanzaron botellas con una sustancia inflamable hacia la zona de cajas y le prendieron fuego.

Tras su cometido, los implicados huyeron del sitio, por lo que fue luego de la realización de las investigaciones que se ha logrado identificar a dos de los presuntos responsables.

Los tres hombres detenidos a bordo de un semisumergible que transportaba alrededor de 4 toneladas de cocaína fueron vinculados a proceso luego de ser detenidos el pasado mes de febrero a más de 250 millas náuticas del puerto de Manzanillo, Colima.

Ulises Lara López, titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes y Vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), informó este martes que los sujetos fueron identificados como Jorge “N”, Manuel “N” y Richard “N”.

Durante su audiencia, las autoridades presentaron los datos de prueba necesarios que permitieron su vinculación a proceso por su presunta participación en el delito en contra de la salud, en la modalidad de transporte de clorhidrato de cocaína con la agravante de pandilla.

A los tres hombres se les dictó la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que permanecerán recluidos en el Centro de Reinserción Social de Manzanillo, Colima.

La autoridad judicial autorizó un plazo de dos meses para la realización de la investigación complementaria.

Así fue la ubicación y detención del semisumergible

La localización del semisumergible se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), quienes contaron con la colaboración de información de inteligencia por parte del Comando Norte y la Fuerza de Tarea Interagencial Conjunta de Estados Unidos (JIATF SOUTH, por sus siglas en inglés).

Durante labores de vigilancia y seguridad marítima, los elementos navales lograron asegurar la Embarcación de Bajo Perfil (LPV, por sus siglas en inglés) o semisumergible, en la que se localizaron a tres hombres y aproximadamente 179 bultos de distintas dimensiones que representan varias toneladas de posible cocaína.

El aseguramiento se efectuó a más de 250 millas náuticas, es decir 463 kilómetros aproximadamente, al suroeste del puerto de Manzanillo, Colima.

La Semar detalló que para la operación se utilizó una patrulla oceánica, dos aeronaves de ala fija, dos de ala móvil y dos patrullas interceptoras.

Cerca de 4 toneladas fueron aseguradas

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), detalló que el semisumergible transportaba bultos con aproximadamente 4 toneladas de cocaína.

Además, destacó que durante esa semana -del 8 al 15 de febrero- las operaciones marítimas han permitido a las autoridades asegurar cerca de 10 toneladas de cocaína.

“Esto representa una afectación directa y millonaria a las estructuras financieras del crimen organizado al impedir que millones de dosis lleguen a las calles y proteger la seguridad de las familias mexicanas”, escribió en sus redes sociales.

Comando Sur felicitó a la Marina por decomiso de cocaína

El Comando Sur de los Estados Unidos felicitó a la Secretaría de Marina por el decomiso del semisumergible y aseguró que la Fuerza de Tarea Conjunta Interagencial Sur se encontraba orgullosa de apoyar en la operación.

“Excelente trabajo de nuestros socios en México para asestar un duro golpe a los cárteles de la droga. @jiatfs se enorgullece de haber apoyado esta importante interdicción. Este es otro ejemplo de cómo nuestros socios regionales trabajan juntos para combatir el crimen transnacional y hacer del hemisferio un lugar más seguro”, escribieron en sus redes sociales.

Cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos con armamento en el estado de Chiapas.

El arresto se efectuó durante un operativo en el que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), de la Fiscalía General del Estado (FGE) y de las Fuerzas Armadas durante recorridos preventivos.

A los sujetos, identificados como Kevin “N”, Rafael “N”, José “N” y un menor de edad, les fueron aseguradas cuatro armas largas AK-74 calibre 5.45x39mm y dos M4 Carabine 5.56, así como los siguientes objetos ilícitos:

• 6 cargadores
• 133 cartuchos útiles de calibre 5.56
• 13 cartuchos del diámetro 7.62x39 mm
• 28 envoltorios de probable marihuana
• 28 envoltorios con sustancia granulada y cristalina con características del cristal

Además, les fueron asegurados 4 chalecos tácticos, 8 placas balísticas, un par de coderas, un parche con siglas del CJNG y una sudadera pixelada color verde.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo detalló que los cuatro detenidos fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

Capturan a cuatro presuntos miembros del CJNG tras difusión de audio contra autoridades en Chiapas

Cabe señalar que este jueves fueron detenidos cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) luego de que fue compartido un audio amenazante contra la administración estatal.

Su arresto se llevó a cabo luego de que agentes de seguridad acudieron a la localidad de Chapayal, perteneciente municipio de Ixhuatán en Chiapas.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo detalló que los detenidos portaban armas largas y equipo táctico.

De acuerdo con los datos, los detenidos habrían realizado amenazas contra las autoridades estatales y los municipios de Pueblo Nuevo Solistahuacán, Rayón, Tapilula, Ixtapangajoya, Ixhuatán y Pichucalco, con el objetivo de provocar desestabilización en la región.

En el operativo participaron Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), Guardia Estatal Preventiva, Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE), Ejército, Guardia Nacional (GN) y Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los objetos asegurados, una de las fotografías de la detención muestra un chaleco con las siglas del cártel vinculado previamente a Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho“, quien fue abatido el pasado domingo 22 de febrero en Tapalpa, Jalisco.

Oseguera Cervantes fue abatido en un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), quienes localizaron al líder del CJNG luego de obtener la ubicación de un hombre de confianza de una de sus parejas sentimentales.

La mujer se reunió con “El Mencho” con en un complejo de cabañas ubicado en Tapalpa, donde permaneció con él. Luego de que los elementos castrenses detectaron que ella abandonó el lugar y que Oseguera Cervantes permaneció en el sitio, desplegaron el operativo que culminó con el abatimiento del narcotraficante.

La Secretaría de Marina (Semar), a través de la Armada de México y por conducto de la Décima Segunda Zona Naval, informó sobre la detención de ocho personas —cuatro mujeres y cuatro hombres—, así como el aseguramiento de armamento, equipo táctico y dispositivos de radiocomunicación, en un operativo coordinado con la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

La acción se derivó de los hechos registrados el pasado 22 de febrero, en el marco de recorridos disuasivos implementados por personal de Infantería de Marina con el objetivo de recuperar el Estado de Derecho y reforzar la seguridad en la región.

Por la zona en la que fueron detenidos y el equipo que tenían en su posesión, se asume que los detenidos responden a una facción local del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y que el domicilio en el que fueron detenidos funcionaba como casa de seguridad.

Persecución y hallazgo en flagrancia

De acuerdo con el comunicado oficial, durante los patrullajes el personal naval detectó a un hombre que portaba un arma larga en la vía pública, lo que motivó una persecución inmediata.

La movilización condujo a un domicilio donde, en flagrancia, fueron localizadas las ocho personas y un importante arsenal.

Entre lo asegurado destacan:

• Un fusil abastecido con 30 cartuchos calibre 7.62x39 mm
• 76 cartuchos calibre .223 mm
• 46 cartuchos calibre 12 mm
• 19 cartuchos calibre .40 mm
• Dos equipos de radiocomunicación
• Cuatro chalecos tácticos y 11 gorras tácticas
• Un cuchillo
• Seis placas vehiculares y dos placas de motocicleta
• Seis tablas de madera con orificios

El hallazgo de placas vehiculares y equipo táctico refuerza la hipótesis de que el inmueble podría haber sido utilizado como punto de resguardo o centro de operaciones logísticas.

Traslado marítimo hacia Tepic

Tras la detención, el personal naval procedió a leer los derechos a los implicados y a ponerlos a disposición de la autoridad competente para la integración de la carpeta de investigación correspondiente.

Debido al cierre de vialidades en la zona, las autoridades determinaron trasladar a los detenidos vía marítima a bordo de una patrulla interceptora hacia el Sector Naval de Boca de Chila, con sede en Tepic, Nayarit. En ese punto, un vehículo oficial de la Armada continuó el traslado por vía terrestre ante las instancias ministeriales.

La Secretaría de Marina subrayó que el operativo se llevó a cabo bajo los protocolos de actuación policial y uso legítimo de la fuerza, en estricto respeto a los derechos humanos.

Coordinación interinstitucional contra la violencia

En su posicionamiento, la dependencia federal reiteró su compromiso de mantener la colaboración con instancias estatales, federales e incluso organismos internacionales para detener a generadores de violencia y fortalecer la seguridad de las familias mexicanas.

En el marco de la investigación por el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, provincia de Salta, las autoridades detuvieron a dos personas por facilitar la fuga de Orlando Serapio, el único sospechoso por el crimen.

Desde el inicio de la investigación, la causa quedó en manos de la Unidad de Femicidios, a cargo de la fiscal penal María Luján Sodero Calvet, quien ordenó medidas inmediatas para esclarecer los hechos y dar con el hombre.

El operativo se intensificó tras la captura de dos personas adultas, quienes habrían brindado colaboración y asistencia al sospechoso durante su huida. Ambas fueron arrestadas este jueves y serán imputadas de modo provisional por el delito de encubrimiento agravado, según informó el portal del diario El Tribuno.

El pedido de detención estuvo en manos de la Fiscalía, quien elevó la solicitud al Juzgado de Garantías, señalando que los indicios recolectados vinculan a los sospechosos con maniobras para dificultar la localización de Serapio.

El brutal episodio ocurrió el martes 17 de febrero por la tarde, en una vivienda de la Manzana 79 ubicada en el barrio Luz y Fuerza de la localidad salteña de Campo Quijano. Allí, la pareja había mantenido una fuerte discusión, cuyo origen todavía sería desconocido para las autoridades. la discusión verbal escaló a una agresión física.

Todo sucedió en una de las habitaciones de la propiedad, mientras en la casa también se encontraban los familiares de la víctima. Tras el ataque, la madre de la joven lo increpó al verlo salir de la habitación y cerrarla con llave. El hombre confesó y huyó.

Pese a que la encontraron con vida, presentaba lesiones de consideración y murió al poco tiempo. Su cuerpó tenía indicios de haber sufrido golpes y asfixia mecánica.

La última señal concreta del hombre fue una llamada telefónica a su madre la noche del asesinato. Según la causa judicial, el prófugo habría reconocido: “Me mandé una cagada, cuidá a los chicos”, frase que figura en el expediente y fue confirmada por allegados a la familia.

El único rastro físico corresponde a la camioneta abandonada sobre la ruta nacional 51, cerca del tramo que conecta con San Antonio de los Cobres.

Este vehículo, hallado poco después de iniciada la huida, constituyó la principal pista para orientar el operativo policial, aunque hasta ahora no permitió arrojar resultados concluyentes.

La labor investigativa se desarrolla en condiciones complejas, en un entorno geográfico de Campo Quijano, caracterizado por terrenos de difícil acceso y variables climáticas adversas.

Equipos de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas (UGAP) del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), junto a efectivos de la Policía de la Provincia de Salta —incluyendo grupos especiales y la División Canes—, participan en los rastrillajes. También se sumó personal de la Policía Federal Argentina, la Policía de Catamarca y agentes de Defensa Civil, conformando un despliegue coordinado a nivel interprovincial.

La fiscal Sodero Calvet informó que los operativos se planifican y ejecutan desde una base de operaciones instalada en la propia localidad, lo que permite ajustes tácticos en tiempo real y una comunicación directa con los familiares de la víctima.

Las autoridades insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para aportar datos que contribuyan a su captura. Por este motivo, reiteraron el pedido a la comunidad para que cualquier persona que disponga de información sobre el paradero del prófugo se comunique de inmediato con el sistema de emergencias 911 o se acerque a la dependencia policial más próxima.

Al interior de la investigación, los trabajos de la Fiscalía se centraban en reconstruir los movimientos del acusado tras el hecho y determinar el grado de participación de los nuevos detenidos.

A esta altura, los investigadores consideran que Serapio se pudo haber quitado la vida en una zona inhóspita o sospechan que cuenta con ayuda externa. Esta última gana fuerza a medida que pasan los días; sobre todo, con estas nuevas detenciones. A su vez, tampoco se descarta que el hombre haya cruzado la frontera hacia Chile o Bolivia, mediante un paso clandestino.

Los procedimientos judiciales continúan bajo estricta reserva, mientras el equipo de la Unidad de Femicidios mantiene un contacto constante con los allegados de Natalia Cruz, quienes fueron informados de cada avance en la causa. Mientras tanto, la familia de la víctima exige Justicia.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló este miércoles varios puntos de acopio y distribución de drogas en la localidad de González Catán, tras un operativo simultaneo que culminó con la detención de ocho personas, la incautación de diversas sustancias ilegales y el decomiso de armas, dinero y material tecnológico.

Del procedimiento participó la División Operaciones Área Metropolitana Norte, mientras que la investigación fue supervisada por el Juzgado de Garantías N° 3 Departamental de La Matanza y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes bajo.

Según pudo saber Infobae de fuentes relacionadas al caso, los resultados permitieron identificar una organización que empleaba dichos domicilios como centros de acopio, fraccionamiento y venta de estupefacientes. Los documentos judiciales revelaron que el grupo operaba bajo las órdenes de un masculino que ya se encontraba detenido por infracción.

De acuerdo con el parte oficial, los domicilios donde se ejecutaron las órdenes de allanamiento se ubican sobre la calle Riglos, Céspedes, Pje. Aranda, calle Lanza, y un local con fachada de rotisería sobre la calle Armonía. También se intervino una celda dentro de la Unidad N° 43 del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Durante la operación, el personal policial detuvo a cinco mujeres, identificados como B. C. M., N. V. A., M. E. V., C. A. J., y S. M. A.; y tres hombres: M. A. A., A. S. V. y B. E. Q. Además, incautaron 282 gramos de tusi, 220 gramos de cocaína, 810 gramos de pasta base, 848 gramos de marihuana y tres plantas de marihuana.

Secuestraron una pistola Glock modelo 19 calibre 9 mm con numeración suprimida, varios cargadores y 128 municiones calibre 9 mm, un rifle de aire comprimido, dos balanzas digitales de precisión, quince teléfonos celulares, y una suma de dinero compuesta por 142.400 pesos argentinos, cinco dólares estadounidenses, diez euros y veinte mil guaraníes.

El operativo también permitió el retiro del circuito ilegal de bolsas tipo ziploc y recortes de nylon negro destinados al fraccionamiento y empaque de las sustancias.

La Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico destacó la importancia de la labor de inteligencia criminal, que incluyó tareas de campo y recolección de pruebas durante varias semanas.

El procedimiento recibió el respaldo de la Superintendencia de Investigaciones contra el Narcotráfico, que subrayó la relevancia de desarticular eslabones claves dentro de la cadena de distribución minorista.

Las investigaciones continúan abiertas, mientras que las pruebas recolectadas serán evaluadas por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 14 Temática de Estupefacientes. Las autoridades no descartan nuevas medidas vinculadas a la misma estructura criminal.

Dos detenidos en un búnker en Merlo

El lunes de esta semana se llevó a cabo un operativo policial que permitió la desarticulación de un búnker narco en Merlo, donde se detuvo a dos personas y se incautaron envoltorios de cocaína listos para la venta.

Los agentes, tras identificar el método de comercialización, lograron reunir pruebas audiovisuales de las transacciones que determinaron la autorización del allanamiento por parte del Juzgado de Garantías N° 2 de Morón. El registro, realizado en la esquina de Manuel Alvarado y Doblas, derivó en el secuestro de dinero en efectivo y teléfonos celulares, elementos que serán peritados para avanzar en la causa.

La investigación comenzó luego de que vecinos del barrio presentaran reiteradas denuncias por peleas entre vendedores y compradores de droga. Estas quejas, canalizadas a través de la Secretaría de Seguridad local, llevaron a la intervención de la Fiscalía N° 9 de Morón, bajo la dirección de la fiscal Marisa Monti, y al despliegue de tareas encubiertas por parte de la Delegación Departamental de Investigaciones de Drogas Ilícitas de la Policía.

El domicilio funcionaba como un punto de venta permanente, lo que generaba un flujo sostenido de personas y vehículos en el barrio. Las dos personas detenidas fueron identificadas como los principales responsables de la organización que operaba allí. La cocaína secuestrada será sometida a análisis para determinar su pureza.

Los procedimientos judiciales contra los detenidos por actos de rapiña, ocurridos el pasado 22 de febrero de 2026 tras la violencia generada por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, avanzan en Jalisco.

Según datos oficiales, después de que fueron trasladados 35 presuntos delincuentes a un penal estatal en Jalisco, las autoridades han logrado la vinculación a proceso de 24 personas por el delito de robo calificado, luego de presentarlas ante el órgano jurisdiccional.

Las audiencias iniciaron tras los incidentes en la Zona Metropolitana de Jalisco, donde distintas corporaciones de seguridad detuvieron a los presuntos ladrones, quienes habrían aprovechado el caos del momento.

El juez dictó prisión preventiva de seis meses mientras las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determina responsabilidades.

Traslados y presentación ante el juez

En días pasados, la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó el traslado de los detenidos a complejos penitenciarios para su investigación.

El 24 de febrero, 18 personas —cinco mujeres y trece hombres— fueron llevadas ante las autoridades.

Las lista de los primeros traslados incluyó a las siguientes personas: Tania Isela “N”, Dulce María “N”, Gerardo Yahir “N”, Román de Jesús “N”, Jesús Alejandro “N”, María “N”, Carlos “N”, Yareli Liliana “N”, Jorge Arturo “N”, Alejandro “N”, Víctor Manuel “N”, Abraham Elionai “N”, Christopher Jamir “N”, Jesús “N”, América Itzel “N”, Axiel Josué “N”, José Claudio “N” y Armando “N”.

Al día siguiente, otras 17 personas —tres mujeres y catorce hombres— también fueron trasladadas desde las instalaciones de la Fiscalía.

El segundo grupo contó con: Angélica María “N”, Claudia Vanesa “N”, Estefani Paola “N”, Emmanuel “N”, Raymundo “N”, Luis Fernando “N”, Édgar David “N”, Neiser Jesús “N”, Rigoberto “N”, Ángel Isair “N”, Kevin Antonio “N”, Noel Adolfo “N”, José Manuel “N”, Fredy Gabriel “N”, Francisco Javier “N”, Eduardo “N” y Alejandro “N”.

Medidas cautelares y prisión preventiva

Los reportes de la fiscalía jaliciense señalan que para los primeros 24 vinculados, el Ministerio Público solicitó prisión preventiva justificada para los vinculados, medida que fue otorgada por seis meses mientras concluyen las investigaciones complementarias.

Entre las personas imputadas se encuentran tres mujeres, quienes también permanecerán en prisión preventiva justificada debido a la dilación constitucional.

Las audiencias de vinculación a proceso se han realizado entre el 25 y 26 de febrero, con la resolución de que 24 de los 35 detenidos enfrenten proceso penal por robo calificado.

Las investigaciones, a cargo de la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social, se mantienen abiertas.

La autoridad judicial ha señalado que continuará con las audiencias de vinculación para el resto de las personas detenidas en las próximas horas.

Contexto de los hechos y seguimiento

Los eventos que llevaron a la detención de estas personas ocurrieron el 22 de febrero, día en que se registraron saqueos y actos de rapiña tras la noticia de la muerte de “El Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación y direfentes actos delictivos a nombre del CJNG.

Las autoridades buscan aclarar completamente los hechos y determinar si existen más implicados.

Las audiencias judiciales continuarán en el transcurso de las próximas horas, mientras sigue el análisis de la situación jurídica de los detenidos y la investigación de posibles responsabilidades adicionales.

Seis hombres fueron detenidos por su presunta implicación en la quema de siete vehículos en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, ocurrido el pasado domingo 22 de febrero tras el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La Fiscalía General del Estado (FGE) detalló que los sujetos también estarían relacionados con hechos posiblemente constitutivos de delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Los capturados fueron identificados como Miguel Ángel “N”, alias “El Negro”; Jorge Luis “N”, alias “Wacho”; Walter Andrés “N”; Rodrigo Yahir “N”, alias “Manitas”; Ricardo “N”, alias “Gato”; y Camilo “N”, alias “Chino”.

Durante la acción, las autoridades les aseguraron dos armas de fuego calibre 9 mm —catalogadas como de uso exclusivo del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea—, así como dos motocicletas y diversas cantidades de sustancias ilícitas.

Todos los hombres fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se integrarán las carpetas de investigación que definirán su situación jurídica en el plazo legal correspondiente.

Suman siete detenidos por hechos violentos durante el domingo

La fiscalía detalló que con esta acción suman siete las personas detenidas en relación con los incidentes violentos del fin de semana previo en Playa del Carmen.

Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, informó que durante los hechos violentos ocurridos el domingo no se registraron narcobloqueos en la entidad ni la quema de comercios u hospitales.

La edil destacó que ese día se logró la captura de nueve personas, cifra que aumentó a 14 arrestados hasta este jueves 26 de febrero.

Abatimiento de “El Mencho” provocó violencia en 20 estados

El pasado domingo 22 de febrero se llevó a cabo un operativo por parte de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en un complejo de cabañas localizado en el municipio de Tapalpa, Jalisco.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Defensa, detalló que a través de inteligencia -y con información proporcionada por los Estados Unidos- se logró ubicar en el sitio a Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su ubicación se dio mediante la localización de un hombre de confianza de una de las parejas sentimentales del narcotraficante, quien acudió al sitio para reunirse con él.

Luego de que la mujer abandonó la cabaña, “El Mencho” permaneció en el sitio, por lo que desplegaron el operativo para lograr su captura.

Al arribar los elementos, fueron agredidos a tiros por sicarios del CJNG, por lo que se desató un enfrentamiento en el lugar. De acuerdo con los datos, “El Mencho” dejó a un grupo de sicarios en la zona residencial para poder huir con sus escoltas.

Luego de hacerlo, los militares lograron cercarlo vía terrestre y aérea, por lo que “El Mencho” fue herido de gravedad y murió cuando era trasladado por helicóptero.

Su abatimiento provocó una ola de violencia en al menos 20 entidades, en las que se registraron narcobloqueos y quema de vehículos, así como de comercios y bancos.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), dio a conocer que, en una acción encabezada por la Secretaría de Marina, personal de investigación y el Gabinete de Seguridad, en coordinación conautoridades del estado de Jalisco, se logró la detención de cuatro sujetos que escaparon del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el pasado domingo 22 de febrero.

En una publicación en su cuenta de la red social X, el titular de SSC compartió una fotografía de los detenidos y aseguró que la investigación continúa para detener a los demás reos que escaparon.

“En una acción encabezada por @SEMAR_mx, personal de investigación y el @GabSeguridadMX en coordinación con las autoridades de Jalisco, fueron detenidas 4 personas evadidas del Centro Penitenciario Estatal de Puerto Vallarta el día 22 de Febrero. La investigación continúa para detener a los demás involucrados”, posteó.

Escapan 23 internos del Penal de Ixtapa

El pasado lunes, la Secretaría de Seguridad Pública de Jalisco (SSP) confirmó que 23 personas que se encontraban privadas de la libertad en el penal de Ixtapa, ubicado en Puerto Vallarta, Jalisco, habían escapado un día antes.

El incidente ocurrió el domingo 22 de febrero, luego de que grupos armados irrumpieron en el centro penitenciario con disparos y el derribo de un portón con la ayuda de un vehículo.

Este hecho formó parte de los hechos violentos que se registraron en diversas partes del país, luego de un operativo llevado a cabo por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para captura a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) quien enfretó a las autoridades y resultó herido de gravedad.

Por dichas lesiones, el narcotraficante perdió la vida cuando era trasladado a la Ciudad de México, de acuerdo con información de las autoridades.

El hecho en el penal de Ixtapa, generó una serie de disturbios internos.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad Pública en Jalisco, dio a conocer en conferencia de prensa, que se había implementado alertamientos a diferentes entidades federativas para localizar y capturar a los evadidos.

Confirmó que los elementos de seguridad penitenciaria intentaron repeler la agresión, pero uno de ellos murió durante el enfrentamiento.

Violencia tras la muerte de El Mencho

La fuga de los reos se dio en el contexto de una escalada de violencia en Jalisco y otros estados del país, atribuida a la reacción de de grupos criminales tras la muerte de Nemesio Osegura Cervantes, líder del CJNG.

Tras el deceso del líder criminal, se registraron 85 narcobloqueos en estados como Baja California, Estado de México, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Oaxaca, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz y Zacatecas.

En Jalisco ocurrieron 18 de estos bloqueos, los que dificultó la respuesta de las fuerzas de seguridad y la llegada de refuerzos al penal de Ixtapa en el momento de la fuga.

El 26 de febrero de 1993, la ciudad de Nueva York experimentó un evento traumático que alteraría para siempre la noción de seguridad ciudadana en suelo estadounidense, marcando el abrupto final de la inocencia para un país que acababa de emerger como el gran vencedor de la Guerra Fría.

En aquella época, los diarios locales reflejaban la tranquilidad de una sociedad que, huérfana del bloque soviético, aún no esperaba enfrentarse a un nuevo y letal enemigo. No obstante, a las 12:17 o 12:18 del mediodía de aquel fatídico viernes, una explosión ensordecedora hizo temblar hasta las entrañas los cimientos del complejo del World Trade Center, situado en el pujante bajo Manhattan.

La detonación, de una ferocidad inusitada, abrió un cráter gigantesco de casi treinta metros de ancho y una profundidad que devoró seis pisos enteros hacia abajo en la cochera subterránea. Resulta insoslayable recordar que, apenas ocho años más tarde, en el fatídico 11 de septiembre (11-S) de 2001, ese mismo sitio sería el escenario de una tragedia aún mayor, convirtiéndose en el atentado más grande y mortífero jamás registrado en suelo estadounidense.

Las primeras horas posteriores al brutal estallido de 1993 estuvieron teñidas por una profunda incertidumbre y un caos desolador. La confusión era de tal magnitud que prestigiosos medios, como el mismísimo New York Times, llegaron a preguntarse de forma genuina si un avión había chocado accidentalmente contra el imponente edificio.

En un comienzo, y tratando de calmar las aguas, diversas fuentes oficiales sugirieron que, ante la absoluta falta de un llamado de advertencia previo, lo más probable era que se tratara de una explosión accidental, un simple infortunio técnico. Sin embargo, la realidad era mucho más oscura.

El humo denso, asfixiante y las llamas implacables comenzaron a llenar la herida estructural, ascendiendo como una chimenea por el interior del rascacielos. Las escenas que se vivieron en ese momento fueron de un dramatismo desgarrador: miles de oficinistas, presos del pánico y cubiertos por una gruesa capa de hollín negro, se vieron forzados a evacuar de urgencia, huyendo a través de escaleras oscuras, atestadas de humo, privadas de energía eléctrica y sin la ayuda de letreros luminosos que marcaran el camino.

El periodismo de aquellos días se abocó a narrar historias de un profundo interés humano que conmovieron a la opinión pública, destacándose la odisea de una mujer en silla de ruedas que debió ser bajada a pulso por sus compañeros desde el piso 66, o la angustia de una clase entera de niños de preescolar que permaneció encerrada dentro de un ascensor durante interminables horas.

El saldo trágico de la jornada fue devastador: seis personas perdieron la vida de forma instantánea y más de mil resultaron heridas, muchas padeciendo la compresión de extremidades o graves problemas por la inhalación de humo.

En medio de semejante desconcierto y con la población sumida en el temor, las autoridades estadounidenses recibieron más de medio centenar de llamadas telefónicas de individuos y agrupaciones adjudicándose la autoría intelectual y material del atentado, situación que se sumó a un puñado de falsas amenazas de bomba diseminadas por toda la metrópoli neoyorquina.

Con escasas pistas firmes en sus manos, el gobierno dio verdaderos “manotazos al aire” en las primeras horas de la investigación. Se barajaron hipótesis infundadas que señalaban como posibles instigadores al líder libio Muammar al-Gaddafi o al dictador iraquí Saddam Hussein; esa última teoría cobró particular fuerza en el imaginario gubernamental, dado que el atentado coincidía exactamente con el segundo aniversario de la derrota militar iraquí a manos de las fuerzas norteamericanas en Kuwait.

Para comprender la verdadera génesis de ese oscuro episodio, es necesario retroceder hasta el 1 de septiembre de 1992. Fue en ese momento cuando arribaron a territorio estadounidense, provenientes de Pakistán, dos de los conspiradores fundamentales: Ahmad Ajaj y quien sería considerado el “cerebro” maestro detrás de la operación, Ramzi Yousef. El ingreso de esos individuos estuvo marcado por una serie de errores garrafales e inexplicables en los controles de inmigración, fallas sistemáticas que prefigurarían las negligencias previas al 11-S.

Al revisar su equipaje, los agentes de aduana detectaron que Ajaj viajaba portando un pasaporte sueco muy mal falsificado; de inmediato procedieron a confiscarle su valija, en cuyo interior hallaron voluminosos manuales para la fabricación de explosivos y variada propaganda de neto corte antiestadounidense. Ajaj fue encarcelado, pero, de manera incomprensible, su compañero de viaje corrió con una suerte muy distinta. Viajando bajo una identidad apócrifa con un pasaporte iraquí a nombre de Abdel Basit Mahmoud, Yousef solicitó asilo político; si bien fue formalmente arrestado por ingresar sin la visa correspondiente, fue liberado bajo su propia responsabilidad y se le franqueó la entrada al país. Esa indulgencia institucional le otorgó la libertad de movimientos necesaria para ejecutar su letal proyecto.

Una vez afincado en la costa este, el 1 de octubre de 1992, Yousef alquiló una modesta habitación en el barrio de Little Egypt, en Jersey City, estado de Nueva Jersey. Allí se alió con otro engranaje fundamental de la conspiración: Mohammad Salameh. Juntos, comenzaron a adquirir materiales para el armado de la bomba, almacenándolos inicialmente en un casillero rentado por el propio Salameh. La logística avanzó a paso firme cuando, el primer día de 1993, Salameh alquiló también un departamento equipado con una amplia cochera en Jersey City, que se transformaría en una verdadera fábrica clandestina de armamento. Durante varias semanas de meticuloso trabajo, el grupo ensambló un masivo artefacto explosivo de aproximadamente 680 kilogramos.

Para amplificar la devastación del impacto, adquirieron varios tanques repletos de gas hidrógeno, los que colocarían estratégicamente junto a la mezcla letal. A la célula se sumó Eyad Ismoil, un asociado de Yousef que voló a Nueva York apenas unos días antes del atentado.

La preparación culminó el 23 de febrero, cuando Salameh alquiló una camioneta grande que, en un burdo intento por conseguir una coartada, denunció como robada dos días más tarde.

En la madrugada del mismísimo 26 de febrero, Mahmoud Abouhalima, otro conspirador, se encargó de llenar los tanques de combustible tanto de su propio auto como de la camioneta alquilada. Poco después, Yousef, Abouhalima, Salameh e Ismoil emprendieron el último tramo de su recorrido hacia el bajo Manhattan. Al llegar, estacionaron el vehículo cargado de explosivos en el subsuelo del World Trade Center. La explosión programada para el mediodía les dio tiempo suficiente para dispersarse: el conductor Ismoil huyó hacia Jordania, mientras que el estratega de la operación, Yousef, se embarcó en un vuelo con destino a la ciudad de Karachi, Pakistán, esa misma tarde.

Ante semejante embate, la maquinaria de inteligencia y seguridad estadounidense se movilizó a una escala sin precedentes. El Buró Federal de Investigaciones (FBI) y la Fuerza de Tarea Conjunta contra el Terrorismo de Nueva York instalaron rápidamente un centro de mando para liderar la búsqueda de los autores del hecho.

Estaban sin dudas frente a un atentado terrorista de gran escala. La confirmación material llegó asombrosamente rápido. La inmensa investigación, que en su punto más alto llegó a movilizar a unos 700 agentes del FBI esparcidos por el mundo entero, dio un resultado clave apenas dos días después del estallido. Entre la montaña de escombros del estacionamiento, los forenses rescataron una pieza de chatarra carbonizada y completamente retorcida perteneciente al chasis del vehículo explosivo. Los terroristas habían intentado borrar el Número de Identificación Vehicular (VIN), pero los especialistas lograron reconstruirlo y cruzarlo con sus bases de datos.

El resultado fue contundente: el número correspondía a la camioneta alquilada y falsamente reportada como robada por Mohammad Salameh. El accionar policial no se hizo esperar. El 4 de marzo, demostrando una notable mezcla de osadía y torpeza, Salameh se apersonó en la agencia de alquiler con la vana intención de reclamar los cuatrocientos dólares que había dejado como depósito de garantía. Allí lo estaba esperando un equipo táctico SWAT del FBI que procedió a su inmediata detención.

En sus bolsillos portaba el contrato de alquiler, el que luego de ser examinado reveló inequívocos restos químicos del explosivo y la dirección exacta del departamento de Jersey City. Tras allanar dicho inmueble, las autoridades descubrieron a un cómplice, Abdul Rahman Yasin, quien de forma inexplicable no fue puesto bajo custodia y, aprovechando la negligencia, abandonó el país al día siguiente volando hacia Irak. A pesar de ese traspié, las detenciones continuaron en cadena: Abouhalima fue apresado en Egipto el 10 de marzo, el mismo día en que las fuerzas federales capturaron a Nidal Ayyad en Nueva Jersey. Un quinto individuo, Bilal Alkaisi, decidió entregarse a la policía a finales del mismo mes. A la par, el FBI logró identificar un perfil de ADN presente en la saliva utilizada para sellar un sobre enviado a un diario, lo que permitió cimentar la evidencia física contra la organización criminal que había reivindicado el atentado.

El peso de la ley recayó sobre los acusados en un juicio de altísima visibilidad que comenzó el 16 de septiembre de 1993. La fiscalía desplegó un caso abrumadoramente sólido, particularmente en contra de Salameh y de Ayyad. La participación de Salameh quedó exhaustivamente documentada a lo largo de cada una de las etapas del complot, mediante una avalancha de registros telefónicos, transacciones bancarias y recibos de alquileres comerciales. Ayyad, por su lado, fue sindicado como el principal portavoz comunicacional del grupo. De su computadora personal, los peritos informáticos recuperaron el borrador de un comunicado redactado para ser enviado al New York Times. En este escrito, la organización que se autodenominaba “Quinto Batallón del Ejército de Liberación” no solo asumía la total responsabilidad por la devastación causada en las Torres Gemelas, sino que exigía que el gobierno de Estados Unidos cesara todo tipo de asistencia financiera y militar al Estado de Israel.

La evidencia física ubicaba a Abouhalima repetidas veces en el departamento-fábrica de bombas y en la estación de servicio durante la mañana del atentado. Por su parte, Ajaj, a pesar de haber pasado la totalidad de la fase de ejecución tras las rejas, fue formalmente implicado como un estrecho colaborador de Yousef y se lo acusó de haber ingresado los manuales de fabricación de explosivos desde su periplo en Pakistán. A lo largo de las maratónicas sesiones judiciales, los abogados defensores ensayaron como argumento central la idea de que Yousef, el verdadero autor intelectual aún prófugo, había embaucado a los acusados, utilizándolos como meros partícipes involuntarios en su juego.

Tras cuatro intensos meses de debates, la exhibición de mil pruebas materiales incriminatorias y la comparecencia de más de 200 testigos, el 4 de marzo de 1994 se dictó el fallo: Salameh, Ayyad, Abouhalima y Ajaj fueron hallados culpables de la totalidad de los cargos y cada uno fue sentenciado a cumplir la condena de 240 años en una prisión federal.

Pero la historia no terminó con la condena de esos eslabones de la cadena; el verdadero estratega seguía suelto. Tras una exhaustiva cacería humana a nivel internacional que se prolongó por dos largos años, Ramzi Yousef fue finalmente acorralado y capturado en Pakistán durante el mes de febrero de 1995, para luego ser extraditado a Estados Unidos.

En el otoño de 1997, tanto Yousef como Ismoil —el conductor de la camioneta que había escapado a Jordania y que fue detenido en 1995— enfrentaron a la justicia y fueron condenados por sus actos. Abdul Yasin se mantiene como el único gran prófugo de la célula original.

Las pesquisas subsiguientes al atentado y las frías confesiones del propio Yousef sacaron a la luz planes que superaban con creces la destrucción perpetrada en las cocheras aquel febrero de hace 33 años. La ambición de Yousef no era simplemente volar el estacionamiento, sino utilizar la inmensa explosión para que una de las Torres Gemelas colapsara sobre la otra, borrando del mapa a ambas estructuras en un efecto dominó cargado de muerte.

Más alarmante aún resultó el descubrimiento en los depósitos clandestinos de Jersey City: el resto de la banda que no había sido detenida en un principio, contaba con una cantidad de gas cianuro de hidrógeno suficiente como para envenenar y aniquilar a toda la población de una ciudad.

Los planes del grupo que era conducido por el clérigo ciego Omar Abdel-Rahman eran mayores: el 24 de junio de 1994, agentes del FBI irrumpieron en un galpón del distrito de Queens y detuvieron a miembros de otra célula criminal que armaba bombas diseñadas para detonar simultáneamente en lugares emblemáticos como la sede de las Naciones Unidas, los estratégicos túneles Holland y Lincoln, y hasta la mismísima oficina del FBI en Nueva York. Yousef, además, fantaseaba desde la clandestinidad con el derribo sincronizado de aviones comerciales estadounidenses en pleno vuelo.

En una dolorosa retrospectiva histórica, el atentado de 1993, que inauguró la era del terrorismo de Medio Oriente en suelo estadounidense, operó como un trágico y mortal ensayo general para la devastación definitiva que acontecería el 11 de septiembre de 2001. Las agencias de inteligencia tardarían años en trazar los nexos definitivos entre los terroristas de 1993 y la red extremista Al Qaeda, pasando por alto la crucial advertencia de que Yousef había recibido entrenamiento en los campamentos paramilitares afganos dirigidos por Osama Bin Laden.

Para cerrar ese círculo, sería el propio tío de Ramzi Yousef, Khalid Sheikh Mohammed, quien regresaría a la escena mundial como el cerebro de los ataques del 11-S, realizando la tarea que su sobrino no pudo completar.

Tras el estupor del primer atentado de 1993, los habitantes de Nueva York, amparados por la rápida labor de remoción de escombros y la veloz restauración de los servicios eléctricos, volvieron a su rutina. Como resumió un vecino en declaraciones a The New York Times, existía la creencia de que “en Nueva York te esperas más que te roben que que te explote una bomba terrorista”. Esa convicción quedó enterrada para siempre ocho años después, cuando el mundo entero comprendió que, al chocar aviones de línea transformados en kamikazes, el terrorismo había cambiado la historia para siempre.

Cuatro individuos identificados como Ángel “N”, Uriel “N”, Noé “N” y Edson “N”, fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el ataque armado que le quitó la vida al cantante de narcocorridos conocido como AfroSan y dejó a otro hombre lesionado en la colonia Los Olivos, alcaldía Tláhuac, el pasado 9 de febrero de 2026.

Según reportes de las autoridades, los hechos ocurrieron afuera de un establecimiento comercial, donde las víctimas fueron interceptadas tras una discusión.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), responsable de la investigación, señaló que los 4 sujetos son imputados por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, además, dos de ellos también recibieron cargos por delitos contra la salud.

El cantante falleció cuando era trasladado para recibir atención médica, mientras que la segunda víctima permanece hospitalizada a causa de las heridas.

Reportes previos de Infobae México señalan que el contenido de las letras interpretadas por AfroSan contienen alusivos a organizaciones criminales, como el Cártel de Tláhuac, La Unión de Tepito y la Nueva Familia Michoacana.

Cómo fueron detenidos los presuntos asesinos de AfroSan

Indagatorias oficiales señalan que después del ataque, los responsables huyeron del lugar, por lo que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) desplegaron un operativo que permitió ubicar y detener a los presuntos implicados en acciones distintas realizadas un día después de los hechos.

Noé “N” y Edson “N” fueron asegurados durante la madrugada del 10 de febrero cerca de la zona donde sucedió la agresión.

Horas más tarde, la policía arrestó a Ángel “N” y Uriel “N” en posesión de diversas sustancias ilícitas.

Los cuatro detenidos quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de reunir los elementos probatorios para esclarecer lo ocurrido.

Las autoridades señalaron que los arrestos se ejecutaron con base en labores de investigación y seguimiento, alineadas con los protocolos de actuación policial.

Pruebas, cargos y proceso judicial

La FGJCDMX detalló que los datos de prueba fueron integrados a partir de dictámenes en materia de balística y criminalística, así como de la declaración de la víctima sobreviviente.

Estas evidencias permitieron al Ministerio Público acreditar la probable participación de los cuatro hombres en el ataque.

En audiencia, el juez de control resolvió la vinculación a proceso por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio, impuso la medida cautelar de prisión preventiva y otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

En el caso de Ángel “N” y Uriel “N”, también deberán enfrentar proceso penal por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo, tras ser detenidos en posesión de narcóticos.

El avance de la investigación permitirá esclarecer la posible relación de los imputados con el entorno delictivo en la zona.

Mediante un comunicado, la FGJCDMX reiteró su compromiso institucional de combatir la impunidad y proteger la integridad de las víctimas, directas e indirectas.

El organismo subrayó que las actuaciones se desarrollan bajo los principios de objetividad y respeto a la legalidad.

La Policía Nacional ha detenido a tres menores, de 14 y 15 años, por una supuesta violación a otra menor, de 16 años, en Valencia, según ha adelantado EFE. Los jóvenes también habrían difundido imágenes. Habría un cuarto implicado que no ha sido detenido porque su edad, 13 años, lo impide. Los arrestos se produjeron el pasado lunes 23 de febrero.

La detención la llevaron a cabo agentes del Grupo de Menores (GRUME) de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia. Además de la acusación principal, los menores enfrentan cargos por un delito contra la intimidad y otro de revelación de secretos, ya que habrían difundido imágenes de la agresión a través de medios digitales.

Tras su detención, los menores fueron puestos a disposición judicial siguiendo la instrucción de la Fiscalía de Menores. Tras analizar los hechos y escuchar las declaraciones, la Fiscalía resolvió que los implicados permanecerán en libertad vigilada mientras avanza el procedimiento. Además, se les ha impuesto la prohibición expresa de comunicarse o acercarse a la víctima por cualquier medio, buscando proteger a la menor y evitar cualquier tipo de contacto o presión durante el proceso judicial.

Defienden su inocencia

Los hechos ocurrieron el 10 de febrero, cuando la víctima acudió al centro comercial con uno de los detenidos tras salir del instituto. Ambos habían mantenido relaciones sexuales en el baño del centro educativo el día anterior. El menor habría aprovechado esta circunstancia para avisar a los otros implicados.

Según informa el diario Las Provincias, sus declaraciones ante la Policía y en sede judicial, los presuntos agresores afirmaron que las relaciones fueron consentidas. Uno de ellos admitió mantener relaciones tanto en el instituto como en dos baños del centro comercial, mientras que los otros dos señalaron que entraron al baño, pero negaron haber mantenido relaciones sexuales.

La investigación policial determinó que, tras la presunta violación, los jóvenes grabaron y compartieron el material audiovisual, lo que agrava su situación judicial. Este hecho ha sido considerado especialmente grave por la Fiscalía de Menores, que decidió actuar con rapidez y proceder a las detenciones y órdenes de alejamiento.

Delitos sexuales en España

En España, la implicación de menores en delitos sexuales ha provocado preocupación social y cuestionamientos sobre la respuesta de las instituciones. Este caso reciente en Valencia expone la dificultad de actuar judicialmente cuando los agresores son adolescentes. La figura del cuarto implicado, de 13 años, queda fuera de la respuesta penal por su edad. La normativa española fija la responsabilidad penal a partir de los 14 años, de modo que la Fiscalía de Menores y los servicios de protección educativa intervienen cuando los implicados son inimputables.

Según el Ministerio del Interior, en 2024 el 41% de las víctimas de violencia sexual eran menores y el 93% de los detenidos, varones. La legislación enfatiza la protección integral de los menores, tanto víctimas como agresores, generando debates sobre la eficacia de los actuales protocolos. Cuando los culpables también son menores, el caso se vuelve todavía más complejo de cara a las condenas que deben recibir.

La Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) confirmó que un total de 18 personas fueron trasladadas a un centro penitenciario estatal luego de ser arrestadas por actos de rapiña el pasado 22 de febrero.

La FGE informó el hecho, señalando que los implicados permanecen bajo investigación por robo calificado.

Según datos oficiales, la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social encabeza las indagatorias.

La autoridad estatal aseguró que las capturas se realizaron en flagrancia por parte de fuerzas estatales y municipales, en respuesta a incidentes ocurridos en diferentes puntos de la entidad.

Proceso de detención y traslado

Las personas detenidas, identificadas como Tania Isela “N”, Dulce María “N”, Gerardo Yahir “N”, Román de Jesús “N”, Jesús Alejandro “N”, María “N”, Carlos “N”, Yareli Liliana “N”, Jorge Arturo “N”, Alejandro “N”, Víctor Manuel “N”, Abraham Elionai “N”, Christopher Jamir “N”, Jesús “N”, América Itzel “N”, Axiel Josué “N”, José Claudio “N” y Armando “N”, fueron arrestadas tras su presunta participación en los saqueos.

De acuerdo con lo informado por la Fiscalía General del Estado de Jalisca, los detenidos fueron presentados ante el juzgado correspondiente para continuar con el proceso judicial.

En el caso de Armando “N”, la autoridad ministerial señaló que también enfrenta cargos por portación de arma de fuego sin licencia, además del delito de robo calificado.

Investigación y acciones judiciales

La Fiscalía General del Estado de Jalisco reiteró que las investigaciones seguirán abiertas para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades conforme a derecho.

La dependencia estatal enfatizó que no habrá impunidad en conductas que afecten a la ciudadanía y que se mantendrá la coordinación con las distintas corporaciones de seguridad para evitar nuevos incidentes.

La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Concertación Social mantiene la recopilación de pruebas y testimonios, mientras los detenidos permanecen bajo resguardo en el complejo penitenciario. La autoridad confirmó que todos los arrestos ocurrieron en flagrancia, lo que fortalece la solidez de las evidencias presentadas ante el juzgado.

Detalles de los hechos y perfil de los detenidos

Las detenciones se realizaron como parte de operativos conjuntos tras distintos hechos de rapiña registrados en varias colonias de Jalisco.

Las fuerzas estatales y municipales aseguraron a los implicados en el momento de los ilícitos, lo que permitió su puesta a disposición inmediata ante la autoridad ministerial.

Entre los detenidos figuran tanto hombres como mujeres de diferentes edades, quienes serán sometidos al proceso judicial correspondiente.

La Fiscalía del Estado subrayó que las acciones implementadas buscan garantizar la seguridad y el respeto al estado de derecho en la entidad.

El seguimiento de las investigaciones continuará conforme a los procedimientos establecidos.

Recientes hechos de violencia en Jalisco

La detención y posterior ingreso de las 18 personas podrían estar relacionados con los hechos de violencia generados tras el asesinato de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mecho” en Jalisco.

En el caso de los detenidos, las autoridades no informaron que estos tuvieran algún nexo con el CJNG, sin embargo, diversos medios reportaron que los momentos de crisis fueron utilizados por externos para delinquir en las zonas afectadas.

En un golpe contra la infiltración del crimen organizado en cuerpos policiales municipales, personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán detuvo este martes al director de Seguridad Pública Municipal de Ecuandureo, Jorge Andrés “N”, así como a diez policías más, al presuntamente estar vinculados con la organización delictiva que dirigía Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

La detención se llevó a cabo durante un operativo de la Guardia Civil en esta zona de la región de Zamora, contra elementos que circulaban en dos patrullas municipales sin insignias oficiales, encapuchados y con actitud sospechosa.

Policías encubiertos y presuntos vínculos criminales

Las autoridades estatales detallaron que, tras marcarles el alto, los agentes se identificaron como miembros de la policía municipal, pero no portaban identificación oficial ni los distintivos habituales de su corporación.

En una revisión de sus pertenencias se les encontró drogas y objetos vinculados con el Cártel Jalisco Nueva Generación, así como equipos de telefonía con grupos de mensajería interna en los que aparentemente compartían información operativa, alertas de movimientos de fuerzas estatales y federales y recorridos de seguridad.

El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, señaló que 10 de los 11 policías detenidos son originarios del estado de Jalisco y que, según las primeras investigaciones, podrían haber obstruido la acción de la Guardia Civil al impedir el retiro de bloqueos en la región durante hechos violentos recientes.

Investigaciones por actividades delictivas y bloqueos

Además de los indicios de colaboración con el crimen organizado, fuentes policiales indicaron que los ahora detenidos están siendo investigados por su presunta implicación en narcobloqueos y quema de vehículos, actividades que habrían ocurrido como respuesta a las acciones contra la estructura del CJNG tras el abatimiento de su líder.

La SSP de Michoacán informó que los detenidos fueron trasladados a la ciudad de Morelia, donde se pusieron a disposición de la Fiscalía General del Estado de Michoacán para que se resuelva su situación jurídica conforme a la ley.

Esto ocurre en un contexto de alta tensión en la entidad, tras la caída de “El Mencho”, que desató una serie de actos violentos en diversas partes del estado y en municipios colindantes.

Repercusiones y seguimiento legal

La vigilancia por parte de las autoridades estatales se ha intensificado para evitar que otros cuerpos policiales sean infiltrados por organizaciones criminales, como se ha documentado en distintos municipios de Michoacán y Jalisco.

Los detenidos enfrentarán procesos legales por presuntas actividades ilícitas, posesión de drogas y posibles vínculos con el crimen organizado, en un esfuerzo por desarticular redes de corrupción y garantizar la seguridad en la región.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si habrá más detenciones relacionadas con esta corporación municipal de seguridad, aunque se mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos y aplicar sanciones conforme al marco legal vigente.

La Policía de la localidad platenense de Los Hornos detuvo a un hombre en una vivienda de la zona, tras la denuncia de varios comerciantes que habían sido estafados. El acusado utilizaba comprobante de transferencia para justificar el pago pero el dinero no ingresaba a los locales.

Según pudo saber Infobae, el procedimiento se realizó este lunes en una vivienda ubicada en calle 142 entre 72 y 73, como resultado de una orden de registro y secuestro emitida por las autoridades judiciales. La investigación comenzó a partir de reiteradas quejas sobre un modus operandi que afectó a kioscos, casas de comidas y heladerías, entre otros comercios.

Una de las víctimas, de 26 años, denunció que el hombre había concurrido a su comercio, tomó la mercadería que quería llevarse y le mostró la imagen del comprobante de transferencia; sin embargo, el dinero no ingresó a su cuenta. La maniobra fue detectada en otros comercios de la jurisdicción, cuyos propietarios detallaron que el mismo sujeto, de barba prominente, utilizaba siempre la misma estrategia: seleccionaba productos, exhibía un comprobante de pago por transferencias bancaria y, una vez entregados los productos, se retiraba del local.

Ante estos hechos, el personal del Grupo Técnico Operativo (G.T.O.) de la Comisaría 3ra de Los Hornos dio incio a la búsqueda del sospechoso a partir de la recolección de testimonios y del análisis de registros de video y descripciones física. Fue así que las autoridades lograron localizar al presunto autor de 37 años, identificado como N. F. S. C.

Tras reunir los elementos probatorios, el personal policial solicitó la correspondiente orden de registro y secuestro para el domicilio del sospechoso.

El procedimiento lo autorizó la UFIyJ N° 11 y fue supervisado por el Juzgado de Garantías N° 3. Durante la requisa, se secuestró un equipo de telefonía celular marca Samsung, considerado un elemento relevante para la causa, y se procedió a la detención. La comunicación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 11 permitió informar de inmediato al agente fiscal, quien avaló la detención.

La causa fue caratulada como estafa en los términos del artículo 172 del Código Penal. El detenido permanece alojado a disposición de la fiscalía interviniente, mientras continúan las actuaciones judiciales.

Detuvieron a dos hombres en Mar del Plata que estafaban y golpeaban a las víctimas

Dos hombres fueron detenidos en Mar del Plata a principio de mes tras un intento de estafa violento en un gimnasio ubicado en City Hall, calle Moreno 2600, donde agredieron físicamente al dueño durante el engaño. Los sospechosos, de 47 y 37 años, intentaron cobrar $80.000 por 19 bidones de productos de limpieza nunca solicitados, presentándose como empleados de una empresa del rubro.

La investigación judicial logró asociar a los involucrados con hechos similares en otros comercios utilizando la misma modalidad que consistía en ingresar, hacerse pasar por personal de limpieza y exigir el pago inmediato de grandes sumas mediante documentos apócrifos. Esta evidencia surgió tras el análisis de la documentación y remitos incautados en el operativo, que posteriormente se confirmó carecían de datos comerciales válidos.

Según detallaron fuentes policiales y judiciales a Infobae, los agresores golpearon al propietario, un comerciante de 60 años, provocándole una herida profunda en el labio con lesión muscular, razón por la cual debió recibir atención médica especializada. Luego de la agresión, los acusados huyeron en un Volkswagen Saveiro, pero fueron interceptados tras un operativo cerrojo en las inmediaciones de Bolívar y Diagonal Álvarez, donde la Patrulla Municipal realizó la detención.

El fiscal Fernando Berlingeri, titular de la Fiscalía de Flagrancia, dispuso la aprehensión de uno de los imputados por lesiones graves, mientras que el fiscal David Bruna, de la UFI N° 10 de Delitos Económicos, ordenó la detención de ambos por estafa, así como el secuestro del vehículo y su traslado a la Unidad Penal N° 44, donde permanecen a disposición de la justicia.

Detuvieron a un hombre en la localidad de Gonnet, La Plata, que tenía un pedido de captura por evasión desde el año pasado. Se trata de un sujeto que había sido condenado en 2023 por un robo en poblado.

El personal del Grupo Técnico Operativo de la Comisaría 13ra. ejecutó el procedimiento este lunes en la intersección de calle 508 y 19. El detenido de 27 años, fue identificado como F. R. L., de Villa Elvira. El segundo de los delitos databa del 14 de febrero de 2025, en el marco de una causa penal con intervención del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata.

De acuerdo con lo que pudo saber Infobae, el operativo se llevó a cabo mientras el personal policial realizaba tareas de patrullaje en la zona y observaron a un hombre caminando cerca de las inmediaciones del hospital de Gonnet. Al identificarlo y consultar sus datos personales a través del sistema informático, confirmaron que se trataba de una persona buscada intensamente, con una orden de detención vigente por encontrarse prófugo de la Justicia.

Este procedimiento responde a una orden emitida en el marco de una causa penal por la que fue condenado tras ser declarado coautor penalmente responsable del delito de robo calificado por el uso de arma blanca, cometido con efracción y en poblado y en banda. La pena se fue impuesta el 22 de septiembre de 2023 por el Tribunal Oral Criminal N° 3 de La Plata. En febrero del año pasado, fue declarado en evasión.

Al momento de la detención y trasladado a la Comisaría 13ra. de Gonnet, el individuo no portaba elementos de interés para la causa y no se registraron incidentes adicionales en la vía pública. El juez de la causa dispuso que el detenido permanezca alojado en la seccional policial hasta que se disponga su traslado.

Los registros oficiales señalaron que el detenido estuvo involucrado en diversas causas judiciales en la zona de La Plata. Entre ellas, se destaca una medida de captura por un legajo de ejecución penal a cargo del Juzgado de Ejecución Penal N° 2 de La Plata. También consta una imputación por robo agravado en el año 2021 y antecedentes de salidas transitorias en diciembre de 2024, según consta en el sistema de información judicial.

Con respecto a la condena vigente, se sabe que el delito fue cometido mediante el uso de arma blanca, con ingreso forzado a la propiedad y en banda, lo que agravó la calificación penal y resultó en una condena efectiva dictada por el tribunal competente.

Estaba prófugo tras matar a una menor

La semana anterior, un hombre prófugo desde 2022 por el asesinato de su sobrina de dos años quedó detenido en Merlo, tras permanecer oculto en la vivienda de su hermana, quien es madre de la víctima. La Justicia realizó el allanamiento luego de recibir informes que vinculaban al acusado con ese domicilio, donde fue rápidamente interceptado cuando intentó huir.

La investigación recayó en la fiscal Luisa Pontecorvo y el secretario Pablo Córdoba, desde la UFI N°3 de Moreno, quienes desde el 18 de diciembre de 2022 buscaban a Cristian Gabriel Tejerina, señalado como autor del crimen de su sobrina Oriana Naomí Gómez Tejerina, ocurrido en el barrio Rififí, zona sur de Moreno. La niña tenía apenas dos años, y perdió la vida al recibir un disparo en el pecho, mientras estaba en brazos de su padre.

De acuerdo con la reconstrucción de la causa, Tejerina, de 29 años, intervino en una discusión en la que su hermana (madre de la víctima) fue agredida por su pareja, padre de la menor. Según el relato, tras la pelea, el hombre abandonó el domicilio con su hija en brazos y ambos fueron interceptados en la calle Cornelio Saavedra y Espronceda por Tejerina y un cómplice en moto.

Sin mediar palabra, Tejerina efectuó cuatro disparos con un arma calibre 9 milímetros. Aunque no apuntó directamente a la niña, uno de los proyectiles impactó fatalmente en el pecho de la menor. Luego del ataque, los agresores se dieron a la fuga en el vehículo.