El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que las acciones se realizaron por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum y con el apoyo de la gobernadora mexiquense, Delfina Gómez.

En los despliegues participaron elementos de la SSPC, Defensa, Marina, FGR, Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia, en coordinación con autoridades estatales y municipales.

“El Gigan” y “Miky Juárez”, ligados a estructuras de extorsión

En Ecatepec fue detenido Miguel Juárez Pérez, “Miky Juárez”, señalado como líder de un grupo dedicado a la extorsión y los delitos contra la salud que operaba bajo la fachada de un grupo de choque o sindicato.

También fueron capturados Hugo Chavarría Pérez, “El Rábano”; Irving Eduardo Chavarría Pérez, “Scarface”, y José Alejandro Manzano García, presuntos integrantes de Los Manzanos. Les aseguraron armas, cartuchos, cargadores y dosis de droga.

Por otra parte, durante 21 cateos en la zona oriente fueron detenidas 16 personas, entre ellas Luis Humberto Nava Flores, “El Gigan”, identificado como líder de la organización Empresa Los Gigan, vinculada con el CJNG.

Esta estructura es investigada por presunta participación en extorsiones, narcomenudeo, tráfico de armas, despojo y homicidios. También fueron detenidos dos policías municipales de Nezahualcóyotl.

“El Pollo” encabezaba red de huachicol

En Chimalhuacán y Ecatepec se realizaron otros 15 cateos contra una organización presuntamente encabezada por Luis Gabriel Guzmán Manzano, “El Pollo”, relacionada con la extracción, trasvase, almacenamiento y comercialización ilegal de gas LP.

En estas acciones fueron detenidas 12 personas y asegurados 178 mil 780 litros de hidrocarburo, 24 autotanques, cilindros y tanques de almacenamiento.

En el balance general, las autoridades reportaron el aseguramiento de 111 teléfonos celulares, 52 vehículos, 22 pipas, 20 armas de fuego, cartuchos y narcóticos.

García Harfuch señaló que las investigaciones continuarán para debilitar las estructuras criminales y sus redes de protección.

“Seguiremos golpeando las estructuras criminales, sus recursos y sus redes de protección. Ningún cargo público ni fachada de sindicato puede servir de escudo para delinquir”, advirtió.

Quién es Miguel Juárez, alias “El Miky”, el objetivo prioritario capturado en Ecatepec señalado como sucesor de “El Choko”

Hace unos días se dio a conocer la captura de Miguel Juárez Pérez, alias El Miky, de 35 años de edad, miembro de la Federación de Organizaciones Mexiquenses Asociación Civil (FOMAC), estructura señalada por homicidio, extorsión y robo de agua en Ecatepec, Estado de México.

Reportes señalan que el detenido habría sucedido a Alejandro Gilmare Mendoza, alias“El Choko”, al frente de esa organización, mientras que este 31 de octubre la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec detalló de forma oficial que se trataba de un objetivo prioritario y presunto generador de violencia.

El arresto se ejecutó el martes 27 de octubre en un inmueble de la colonia Progreso de la Unión, mediante una operación conjunta entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y personal naval comisionado a la policía municipal.

Según datos oficiales, la FOMAC es una agrupación agremiada a la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON).

El Registro Nacional de Detenciones documentó su captura a las 07:01 horas

El Registro Nacional de Detenciones consignó el arresto bajo el nombre de Miguel Juárez Pérez, con los apodos “Mike” o “Mike Juárez”, aunque las autoridades municipales lo identificaron con los apodos “El Miky” o “El Mickey”. El documento oficial lo describió con 1.75 metros de estatura, tez morena, complexión robusta, pelo negro corto, barba tipo candado y tatuajes en ambos brazos.

La captura ocurrió sobre la calle General Emiliano Zapata, entre las calles Solidaridad y Alfredo Torres Martínez, frente a un inmueble de dos plantas con fachada rústica y portones de herrería.

El registro ubicó el punto exacto en las coordenadas 19.556090, -99.017456 y señaló que el detenido quedó a disposición del Ministerio Público, en las instalaciones de la FEMDO.

La operación fue resultado de labores de inteligencia e investigación desarrolladas por personal naval, de acuerdo con un video difundido por el gobierno de Ecatepec. Durante la diligencia, las autoridades decomisaron teléfonos celulares, armas de fuego tipo escuadra, documentos, credenciales con la leyenda “Hermandad Juárez” y bolsas con artículos personales.

Un hombre, de 62 años de edad, falleció dentro de los separos de la Policía Municipal de San Martín Peras, en Oaxaca, horas después de haber sido detenido. Las autoridades ya investigan a la persona con la compartía celda.

La Fiscalía General del Estado informó que la víctima, identificada con las iniciales J.T.G., había sido detenida por presuntas faltas administrativas cometidas durante los festejos por el Día de Muertos en la comunidad.

De acuerdo con las declaraciones de las autoridades municipales, luego de ser arrestado, el hombre fue ingresado a una celda de la cárcel municipal que compartía con otro hombre, pero horas después de su ingreso fue localizado sin vida.

Ante los hechos, se desplegó un equipo multidisciplinario para esclarecer el fallecimiento del hombre y realizar los trabajos de investigación. Como parte de los actos, el hombre que también se encontraba en la celda ya es indagado para determinar su posible participación en los hechos.

La Fiscalía del Estado informó que el cuerpo del hombre fue entregado a sus familiares, quienes otorgaron las facilidades para que el perito médico legista realice la necropsia de ley correspondiente y determine la causa de muerte.

De acuerdo con ADN Sureste, la familia del hombre responsabilizó a integrantes de la corporación municipal de haberlo golpeado brutalmente mientras permanecía bajo custodia. El medio también reportó que el cuerpo habría sido localizado con múltiples lesiones.

Los familiares también señalaron al comandante de la Policía Municipal, Pedro Amador Perea, y a la administración municipal encabezada por Ciriaco Díaz Martínez como presuntos responsables, de acuerdo con el mismo medio.

No es el primer caso: muertes bajo custodia policial en Oaxaca tienen antecedentes recientes

El hallazgo en San Martín Peras no es un hecho aislado en el estado. En septiembre de 2025, Andrea Tamara “B” fue hallada muerta al interior de una celda de la Comisaría de la Policía Municipal de Salina Cruz, luego de haber sido detenida por elementos de esa corporación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca abrió una investigación con perspectiva de género y trasladó a diez policías municipales que cubrían el turno a las oficinas de la Vicefiscalía Regional del Istmo para que rindieran su declaración inicial.

El dictamen del Instituto de Servicios Periciales determinó que la causa del fallecimiento fue asfixia mecánica por ahorcadura de suspensión incompleta. La Fiscalía confirmó que se realizó un análisis de videograbaciones de las cámaras instaladas al interior de la comandancia para evaluar si hubo omisiones en la vigilancia de la detenida.

Ese caso revivió a su vez el de Flor Abigail Hay Urrutia, de 30 años, quien murió el 20 de agosto de 2022 en los mismos separos de Salina Cruz horas después de ser detenida.

Las autoridades atribuyeron inicialmente su muerte a un suicidio. Su padre, José Luis Hay, rechazó esa versión y acusó a los policías de asesinar a su hija. Tres necropsias independientes concluyeron que murió por asfixia por ahorcamiento, pero no despejaron la controversia sobre si existió responsabilidad directa o indirecta de los custodios. Cuatro personas fueron detenidas, entre ellas el juez cívico que validó la detención y el comandante de la corporación.

En 2026, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 188/2024, en la que documentó que Abigail fue diagnosticada con un trastorno neurológico durante su detención, pero en lugar de ser canalizada a servicios médicos especializados, fue remitida a los separos, donde murió tres horas después.

Además, la CNDH exigió reparación integral del daño a la familia y acreditó violaciones al derecho a la vida, a la integridad personal y a una vida libre de violencia.

Manasés “N” y Alberto “N”, alias “El Semáforo”, fueron detenidos al ser identificados como presuntos responsables del asesinato de Reynaldo Pérez Pérez, defensor de derechos humanos que contaba con protección federal tras ser víctima de amenazas y ataques en años pasados en Chiapas.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal del estado, informó este martes que su captura se realizó tras el análisis de videograbaciones que permitieron identificarlos y determinar que se trató de un crimen premeditado.

De acuerdo con los registros de las cámaras, fue alrededor de las 15:00 horas del 28 de octubre cuando el activista llegó en un Tsuru gris plata a un taller mecánico en la primera fracción de Yateklum, en el municipio de Chenalhó, e ingresó al establecimiento.

Poco después, un hombre a bordo de una motocicleta pasó cerca del lugar donde se encontraba el defensor. Ese mismo sujeto se retiró hacia un punto cercano y regresó minutos después con un segundo hombre en la moto. Ese sujeto fue quien bajó del vehículo y atacó directamente a Pérez Pérez alrededor de las 15:20 horas.

Tras realizar la necropsia, las autoridades determinaron que el defensor recibió tres disparos y la causa de su muerte fue hemorragia cerebral secundaria a herida por proyectil de arma de fuego. Ambos atacantes huyeron en la misma motocicleta tras el ataque.

La Fiscalía no descarta más detenidos vinculados al homicidio

Llaven Abarca señaló que las indagatorias continúan abiertas para determinar si hubo más personas involucradas en el crimen, al tiempo que evitó dar detalles sobre las líneas de investigación para no entorpecer el proceso.

“Seguimos todavía recabando los datos de pruebas y demás diligencias de campo para dar con quienes más hayan participado en este lamentable hecho”, dijo en una transmisión en vivo en redes sociales.

Desde 2023 contaba con protección tras amenazas y ataques: la ONU alertó por las agresiones

En febrero de 2025, la Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos, Mary Lawlor, junto con otros relatores, envió al Gobierno de México una comunicación conjunta en la que alertó sobre amenazas y ataques contra Reynaldo Pérez y José Vásquez Gutiérrez, ambos activistas tzotziles de Los Altos de Chiapas.

Dicho documento relató que ambos defensores sufrieron desde octubre de 2022 amenazas de muerte, un intento de desaparición y dos ataques armados. Debido a esto, ambos habían presentado al menos tres denuncias ante las autoridades, pero según los relatores no se actuó con la debida diligencia para investigar los hechos y sancionar a los responsables.

En su respuesta, el Gobierno de México confirmó que ambos defensores fueron incorporados al Mecanismo de Protección desde el 13 de junio de 2023; sin embargo, en una entrevista con Grupo Fórmula en octubre de 2024, Pérez Pérez reconoció que las medidas eran insuficientes: “A veces también la policía nos dicen que no tienen ni para gasolina para acompañarnos”, dijo.

José Vásquez Gutiérrez, compañero defensor de Pérez Pérez, señaló en entrevista con Aristegui Noticias que una semana antes del crimen ambos recibieron el aviso de que había espías vigilándolos y los iban a matar.

“Yo se lo comenté a Reynaldo. Ten mucho cuidado al salir, le dije. Pero sucedió”, relató al exterior de la Fiscalía de Justicia Indígena, donde rindió declaración el 29 de octubre.

Pérez Pérez es el tercer defensor indígena asesinado desde 2021. Antes fueron el catequista Simón Pedro Pérez López, en Simojovel, en julio de 2021; el Fiscal de Justicia Indígena Gregorio Pérez Gómez, asesinado el 11 de agosto de 2021; y el sacerdote Marcelo Pérez Pérez, en San Cristóbal de Las Casas, en octubre de 2024, quien contaba con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos

En Chenalhó, desde 2022, un conflicto armado en Santa Martha expulsó a decenas de familias hacia Polhó. Reynaldo Pérez y Vásquez acompañaban a esas familias desplazadas.

Además, Pérez Pérez colaboraba con la organización “Derechos Humanos Cuerpos Diplomáticos de Paz” y participaba como mediador en conflictos agrarios en Chenalhó, Aldama y Chalchihuitán.

Este 1 de noviembre de 2026 se cumple un año del asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez. La investigación de su caso destapó una red de complicidades en la que se involucraron miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y personas del círculo cercano del entonces edil, quienes planearon su ejecución frente a cientos de personas.

Manzo fue atacado a tiros por un adolescente llamado Víctor Manuel “N”, quien fue abatido por los escoltas del exedil con la misma pistola que usó para cometer el crimen. Pero el joven no actuó solo, en la red involucrada se han identificado a más de 30 personas, de las cuales 34 ya fueron detenidas.

El homicidio de Manzo golpeó a los habitantes de Uruapan, pero también a otros pobladores de Michoacán, quienes realizaron una marcha en el centro de Morelia para exigir justicia luego de cometerse el crimen.

Y es que Carlos Manzo se hizo notar por su llegada al gobierno de Uruapan desde el Movimiento Independiente del Sombrero, cuya administración se caracterizó por el combate al crimen organizado. En sus redes sociales, el entonces edil compartía su participación en operativos y detenciones, entre los que se incluyó a presuntos miembros del CJNG.

Un crimen que se cometió en plena festividad de Día de Muertos: estos son los avances a un año del homicidio

La noche del 1 de noviembre de 2025, Manzo fue asesinado a balazos durante el Festival de las Velas. Tras el abatimiento del adolescente que lo atacó, las autoridades localizaron los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho, quienes también habrían tenido participación en la planeación del homicidio.

Sus dispositivos permitieron identificar el uso de un chat de mensajería cifrada, en la que participaron otros de los detenidos para darle seguimiento a Manzo y atacarlo a tiros.

A un año del asesinato, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán ha identificado, a través de los indicios recabados, que el asesinato de Manzo se debió a una posible represalia de la delincuencia organizada por sus acciones de seguridad impulsadas en Uruapan, particularmente tras la captura de René “N”, alias “El Rino”, presunto jefe de plaza del CJNG al que arrestó junto a la Policía Municipal semanas antes de su homicidio.

Entre los 34 detenidos se encuentran Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, identificado como principal líder de “Los R’s”, una de las células más violentas vinculadas al CJNG. Las autoridades lo señalan como el autor intelectual del asesinato de Manzo.

Además, entre los arrestados también se encuentra Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, investigado como uno de los autores intelectuales del homicidio, ya que, según las investigaciones, dirigió a la célula que cometió y planeó de manera directa el ataque armado.

Las indagatorias también permitieron identificar la presunta implicación de funcionarios del Ayuntamiento de Uruapan, así como de personas cercanas al exalcalde.

Entre los funcionaros detenidos se encuentran: Samuel “N”, que se desempeñaba como director de Relaciones Públicas en Uruapan y Rosa Alejandra “N”, secretaria del Bienestar. Sin embargo, su círculo cercano también se vio involucrado.

Las detenciones alcanzaron a los siete escoltas de Manzo, acusados por omisión, así como a su ahijado, Alexis “N”, alias “El Brilloso”, señalado por presuntamente planear el ataque de la mano de su hermano, Christian “N”, alias “El Vikingo”, y que habrían actuado junto a “El Licenciado” del CJNG.

En la red también se ubicó a personas encargadas del reclutamiento de los adolescentes que ejecutaron el crimen, así como de personas relacionadas indirectamente con el asesinato pero que sí formaban parte de las actividades delictivas como la venta de drogas, entre los que destacan Salvador “N”, hermano de “El Rino”, detenido por Manzo en el mes de agosto de 2025.

¿Qué falta por esclarecer en el homicidio?

La Fiscalía de Michoacán informó en días pasados un avance del 90% en las investigaciones del homicidio de Manzo. Según las autoridades, lo que falta por hacer es lograr la captura de su exjefe de escoltas, el coronel José Manuel Jiménez Miranda, por quien ofrecen una recompensa de 100 mil pesos.

El vicefiscal y encargado de despacho, Israel Vega Rodríguez, dijo en conferencia de prensa del pasado 28 de octubre que otro punto pendiente es el análisis de los teléfonos celulares de Manzo que no han sido entregados por la actual edil, Grecia Quiroz, ya que ha afirmado tener desconfianza y temor de que sean borrados datos del aparato.

Grecia Quiroz, quien era la esposa del entonces edil, también ha exigido que la carpeta de investigación sea turnada a la Fiscalía General de la República (FGR) al señalar que las indagatorias se realizarían sin conflictos de interés.

Y es que, desde hace meses, la actual presidenta municipal de Uruapan ha acusado que detrás del homicidio de Manzo también podrían ocultarse rivalidades políticas, por lo que ha exigido que sean investigados el diputado Leonel Godoy Rangel, el senador Raúl Morón Orozco y el exalcalde Ignacio Campos Equihua.

“Carlos en vida tuvo adversarios políticos muy fuertes, tuvo confrontaciones muy fuertes con cada uno de ellos, y yo creo que esos elementos son suficientes para que a ellos se les mande llamar, se les cite”, dijo en el mes de febrero pasado.

Tras sus solicitudes, la Fiscalía de Michoacán determinó que no existían elementos para indagar a los políticos luego de que declararon en sus instalaciones por el asesinato de Manzo.

A un año del crimen, el pueblo de Uruapan se prepara para realizar la 19 edición del Festival de las Velas en la plaza principal del municipio, en donde ya colocaron fotografías de Manzo para recordarlo. Además, este domingo se realizará una movilización en memoria del exedil.

Los tres detenidos fueron identificados como Bernando “N”, alias “Mando”, Leobardo “N”, alias “Lioba” y Leopoldo “N”, alias “Negrito”, quienes contaban con órdenes de aprehensión por diferentes delitos y son señalados como generadores de violencia en el estado.

Su captura se llevó a cabo derivado de información compartida por la Fiscalía de Michoacán, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y corporaciones de seguridad estatal.

Extorsión a productores de plátano y hasta tráfico de cocaína por mar: los crímenes de “Los Pichilinguillos”

La Fiscalía de Michoacán detalló que, de acuerdo con las investigaciones, el grupo de “Los Pichilinguillos”, operaba en la región costera del estado, donde se dedicaba a la extorsión de productores de plátano, cobro de piso y trasiego de cocaína a través de rutas marítimas.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “Lioba”, “Negrito” y “Nando” son hermanos y mantenían el control de rutas de narcotráfico de cocaína en la franja costera entre Faro de Bucerías y Huahua del municipio de Aquila, en Michoacán.

Este sitio es identificado como un sitio logístico estratégico para el desembarco de droga procedente de Centro y Sudamérica al litoral del Pacífico mexicano.

A este grupo criminal se le atribuye la presunta coordinación del movimiento de droga desde esta franja de Aquila hacia Apatzingán para ser, posteriormente, redistribuida al centro del país y diversos puntos en Estados Unidos.

Dos estarían implicados en ataque de Aquila que dejó tres muertos y un herido

Las autoridades detallaron que Bernardo “N” y Leopoldo Fabián “N” cuentan con mandamientos judiciales por homicidio calificado, derivados del ataque armado registrado el pasado 28 de mayo en el municipio de Aquila, donde fallecieron tres personas y una mujer resultó herida.

La agresión ocurrió sobre la carretera costera, a la altura de la localidad de Colola, cuando las víctimas (entre ellas dos integrantes de la comunidad indígena nahua de Pomaro y dos docentes) fueron atacadas a balazos cuando viajaban a bordo de una camioneta.

En el ataque armado fallecieron Lucas “N”, Jerónimo “N” y Felipe de Jesús “N”, mientras que Adelaida “N” resultó herida.

Por su parte, Bernardo “N” cuenta con tres órdenes de aprehensión adicionales por secuestro agravado y desaparición forzada de personas, mientras que Leopoldo Fabián “N” tiene otras dos por los mismos delitos, que corresponden a investigaciones del año 2020.

Los tres detenidos fueron trasladados a la Ciudad de México para ser puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación jurídica.

Capturan a “Mando 20″, líder de una célula del CJNG relacionado con el ataque con coche bomba en Coahuayana

Otro golpe asestado por elementos de seguridad federal se registró el pasado 23 de octubre, cuando se informó la captura en Tecomán, Colima, de David “N”, alias “Mando 20”, señalado como el presunto responsable de un ataque con coche bomba contra la Policía Comunitaria de Coahuayana, ocurrido el 6 de diciembre de 2025 y que dejó seis muertos y once heridos.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que junto a “Mando 20” fueron detenidos otros dos presuntos integrantes de una facción del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG): Sinuhe “N” y Cristian “N”.

Según las líneas de investigación, David “N” habría encabezado una célula del CJNG con presencia en Tecomán y municipios cercanos, y habría sido el responsable directo del atentado contra la policía comunitaria.

El operativo fue resultado de investigaciones coordinadas entre la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República. Durante los cateos se aseguraron armas de fuego, vehículos, dinero en efectivo, documentación y objetos con logos del CJNG.

El municipio de Coahuayana se encuentra en la frontera entre Colima y Michoacán y es disputado desde hace al menos cinco años por el CJNG y las células del grupo rival Cárteles Unidos, según explicó David Saucedo, experto en seguridad pública y crimen organizado, en entrevista con Infobae México.

El experto dijo que el control de esa zona permite el acceso a la carretera federal 200, una vía que conecta los municipios de la costa michoacana y resulta clave para la expansión territorial del CJNG.

Además, Saucedo detalló que Coahuayana funciona como una “muralla” que Cárteles Unidos mantiene para frenar el avance del CJNG hacia la Sierra Madre del Sur.

Nueve mexicanos fueron detenidos este miércoles 28 de octubre en San Bernardino, California, mismos que fueron acusados de pertenecer al Cártel de Sinaloa y dedicarse al robo de carga de trenes.

Según el Departamento del Sheriff del Condado de San Bernardino, los detenidos forman parte de una red del crimen organizado dedicada al robo de unidades del Ferrocarril Burlington Northern Santa Fe.

Como parte de las indagatorias, los elementos detuvieron a los nueve connacionales tras cumplimentar una orden de registro el pasado viernes en una residencia en East 35th Street, de San Bernardino, lugar en el que recuperaron más de 333 mil dólares en mercancía robada.

Entre los artículos recuperados, se señaló que se encuentran altavoces de la marca JBL, hardware Logitech, mercancía de Victoria’s Secret, zapatos Nike y New Balance, y herramientas Husky.

En el cateo también se aseguraron cuatro armas semiautomáticas, un dron de vigilancia, dinero en efectivo, herramientas para abrir los contenedores de carga, fentanilo que sería para su venta y cuatro vehículos vinculados a robos recientes.

Los detenidos fueron identificados como José Navarrete, de 24 años; Brian Iran Fontes-Carrillo, de 27; Mauro Ruiz-Medina, de 30; Pastor Pena-Lerma, de 43; Alfredo Covarrubias-Navarrete, de 24; José Alfredo Castillo-Baca, de 24; José Ismael Palafox-Bernal, de 18; César Daniel Navarrete-Martínez, de 31, y Cristian Erubiel Navarrete-Zapien, de de 23 años.

Los nueves sujetos de origen mexicano fueron remitidos a prisión para enfrentar los cargos por los delitos de robo a propiedad ferroviaria y posesión de una sustancia controlada con arma de fuego.

Acusan a 13 sujetos en EEUU por el traslado de vehículos robados para cárteles mexicanos

Apenas el pasado lunes 26 de octubre, el Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la acusación contra 13 personas por el transporte de vehículos robados desde Estados Unidos a México para que los utilicen los cárteles mexicanos del narcotráfico.

En conferencia de prensa, el fiscal federal Justin R. Simmons dio a conocer el caso como parte de la operación “Southbound Takedown”, emprendida a inicios de este año.

Las autoridades detectaron una tendencia del traslado de vehículos robados o empresas que se dedican a la reventa de automóviles para organizaciones criminales en México, a través de El Paso, Texas.

Como parte de sus indagatorias, el gobierno estadounidense afirma que han recuperado 29 automóviles que están valuados en más de un millón 137 mil dólares.

Entre los señalados hay 11 estadounidenses y dos mexicanos, mismos que cuentan con permiso legal para cruzar la frontera.

Los estadounidenses fueron identificados como David Monarrez, César David Díaz, Sinuhe Baltizar López, Christopher Rene Reyes, Ángel Antonio Flores, Aaron Fernando Luna-Evans, Amy Foote, James Dewey Garrett e Hilario Abraham Morales.

Además de Kimberly Aguilar, quien fue imputada el 25 de marzo, y Marty Gerardo Jr., acusado desde el pasado 22 de julio.

Los mexicanos fueron identificados como Pablo Frías y Pilar Bernabeth Méndez Rivas; de ser declarados culpables por el delito de transporte interestatal de bienes robados enfrentan hasta 10 años de prisión.

Josué Jafet “N” y Fabis “N”, señalados como presuntos miembros del grupo delictivo de Los Tlacos, fueron detenidos por elementos de seguridad del estado de Guerrero y agentes federales durante actos de investigación en el municipio de Iguala de la Independencia.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero informó que el arresto se efectuó el pasado martes, cuando el personal ministerial, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y de la Policía Estatal los localizaron en flagrancia.

Al observar a los agentes, los dos sujetos intentaron darse a la fuga, pero fueron alcanzados y detenidos. Durante una revisión a los objetos que llevaban, los elementos de seguridad les aseguraron 6 bolsas de plástico con aproximadamente 3 kilogramos de hierba verde y seca con características de la marihuana, 10 bolsitas adicionales con la misma sustancia y una báscula digital.

Las autoridades informaron que las investigaciones refieren que Josué Jafet “N” y Fabis “N” serían presuntos miembros de Los Tlacos, relacionados con la venta y distribución de droga mediante redes sociales en el municipio de Iguala.

Ambos hombres y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público para que continúe con las investigaciones correspondientes.

Arrestan al exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por extorsión a comerciantes, presuntamente vinculado con Los Tlacos

La captura en Iguala se suma a una serie de operativos recientes contra integrantes de Los Tlacos, organización también identificada como Cártel de la Sierra. Días antes, el 23 de octubre, fuerzas federales y estatales detuvieron a Samuel “N”, identificado como exoficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo por presuntos nexos con el grupo criminal.

El exfuncionario fue detenido junto a Pedro “N” y Heriberto “N”, en cumplimiento de órdenes de aprehensión por el delito de extorsión agravada contra comerciantes de Copalillo.

La acción se enmarcó en la Estrategia Nacional contra la Extorsión y fue encabezada por la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública estatal.

Samuel Benítez Cantorán se desempeñó hasta marzo pasado como oficial mayor del Ayuntamiento de Copalillo y fue señalado por las autoridades como jefe de plaza y operador regional y financiero de Los Tlacos en ese municipio.

Según las autoridades, los tres detenidos obligaban a comerciantes locales a comprarles diversos productos de la canasta básica, mediante amenazas e intimidaciones, como parte de un esquema de control y acaparamiento de insumos de primera necesidad en la región.

El Ayuntamiento de Copalillo se deslindó del exfuncionario tras conocerse la detención. En un boletín, la administración municipal señaló: “la detención policiaca hoy conocida públicamente, nada tiene que ver con esta administración municipal, pues corresponde al ámbito personal y legal del exservidor público”.

Además, explicó que desde el mes de marzo había dejado de fungir en el cargo que tenía asignado, por lo que ya no tenía ninguna relación con el Ayuntamiento.

Durante el operativo fueron aseguradas armas de fuego, dosis de drogas y dinero en efectivo, aunque las autoridades no precisaron las cantidades ni las características de lo decomisado.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requería en Guerrero, con el propósito de continuar las investigaciones y los peritajes correspondientes para determinar su situación jurídica.

Los Tlacos comenzaron a consolidarse en la zona serrana del estado tras la fragmentación de estructuras del narcotráfico que siguió a la muerte de Arturo Beltrán Leyva en diciembre de 2009, hecho que detonó disputas entre células regionales por corredores estratégicos y zonas de producción de amapola.

El operativo se llevó a cabo luego de trabajos de investigación e inteligencia conjunta que permitió a las autoridades identificar el domicilio en la colonia Lindavista, que posiblemente estaba relacionado con la comercialización ilegal de placas.

Al sitio, ubicado en la calle Riobamba, se desplegaron los agentes para cumplimentar un orden de cateo en el que aseguraron diversas placas de circulación, drogas y detuvieron a seis personas.

El resultado final fue el decomiso de 19 placas de circulación posiblemente apócrifas, de las cuales ocho contaban con reporte de robo, así como un arma de fuego corta, un arma larga, cartuchos útiles, 95 bolsas de cocaína y un paquete de hierba verde a granel con características de la marihuana.

En el sitio fueron detenidos seis hombres de entre los 64 y 25 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público junto a los objetos decomisados. Por su parte, el inmueble quedó sellado y bajo resguardo policial.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, aseguró que continuarán combatiendo la delincuencia de manera coordinada con distintas autoridades de seguridad para fortalecer la seguridad en la capital.

“La SSC refrenda su compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia mediante el trabajo coordinado con distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y el Gobierno Federal, para construir una capital más segura y en paz”, escribió en sus redes sociales.

Aseguran 6 toneladas de cigarros falsos que almacenaban en bodegas de la colonia Morelos

Estos hechos ocurren un día después de que se realizó un operativo en la colonia Morelos en el que autoridades capitalinas y federales aseguraron 6 toneladas de cigarros apócrifos, luego de una investigación que derivó en cuatro cateos en inmuebles donde almacenaban la mercancía para su comercialización.

La movilización se originó tras una investigación en la que dieron seguimiento a la venta de cigarros apócrifos en el municipio de Huixquilucan, Estado de México, donde las autoridades aseguraron máquinas para la elaboración, confección, empaquetado y distribución de cigarros.

Ese rastreo permitió identificar cuatro inmuebles en la alcaldía Cuauhtémoc utilizados para almacenar la mercancía destinada a su distribución final, por lo que un juez de control otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

En el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la SSC de la Ciudad de México, quienes se movilizaron a la colonia Morelos tras obtener los mandamientos judiciales.

Durante la diligencia, los agentes localizaron 236 y 311 cajas de cigarros, que en conjunto sumaron las seis toneladas aseguradas. Todo lo decomisado quedó a disposición del agente del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones, mientras que los cuatro inmuebles intervenidos permanecieron sellados y bajo resguardo policial.

El combate al contrabando de tabaco registró otro operativo de magnitud en septiembre, cuando autoridades federales aseguraron más de 5 millones de cigarros procedentes de Singapur en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), con un peso superior a nueve toneladas. La mercancía había sido declarada falsamente como bocinas y básculas eléctricas, de acuerdo con el mismo medio.

En esa ocasión, la Marina, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), la SSPC y la FGR detectaron inconsistencias entre lo asentado en la guía aérea y el contenido real de dos embarques internacionales, mediante inteligencia aduanera, revisión documental, inspección con rayos X y verificación física con apoyo de un binomio canino.

El primer cargamento sumó 3 millones 830 mil cigarros de la marca Pall Mall con un peso de 6 mil 440 kilos, mientras que el segundo embarque se localizaron 1 millón 608 mil cigarros adicionales, con 2 mil 720 kilos más.

Israel Vega Rodríguez, encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán, informó que Alejandra Vargas Rauda, secretaria del Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, no se ha presentado a comparecer pese a contar con tres citatorios y una multa ya aplicada por el asesinato del exalcalde, Carlos Manzo Rodríguez.

Su requerimiento se basa en que la mujer mantiene vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio del exedil, ocurrido el 1 de noviembre de 2025, y en el que se les relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a la que le habrían filtrado datos acerca de Manzo para cometer el crimen.

De acuerdo con el también vicefiscal, Vargas Rauda es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien se desempeñaba como escolta de Manzo y que fue detenido junto a otros seis guardaespaldas tras el crimen, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La funcionaria también es tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, un exboxeador vinculado a una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Uruapan, así como de Alexis “N”, alias “El Brilloso”, hermano de Christian “N”. Ambos, según la Fiscalía, formaron parte de la red que se ganó la confianza del exedil antes del ataque.

La Fiscalía de Michoacán descarta riesgo de fuga pese a no presentarse a declarar

En conferencia de prensa realizada este miércoles, en la que se presentaron los avances en el caso de Carlos Manzo, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reiteró que a Vargas Rauda “se le han girado tres citatorios” y que ya “se le aplicó una multa por no presentarse al citatorio”, pero que las investigaciones continúan.

Ante un posible riesgo de fuga, como es el caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Carlos Manzo, el vicefiscal negó que sea una posibilidad pese a que no se ha presentado a ninguna de las solicitudes hechas.

También agregó que garantiza la ubicación de la funcionaria “es algo de los actos de investigación que estamos garantizando para que no haya ninguna situación con eso”. El gobernador reforzó la respuesta y aseguró que “seguramente aportará mayores elementos” una vez que la secretaria se presente ante la autoridad.

Lo que falta por esclarecer del caso a casi un año del crimen

Vega Rodríguez detalló otros frentes del expediente que continúan sin resolverse. El primero es la orden de aprehensión contra quien el exjefe de escoltas de Manzo, José Manuel Jiménez Miranda. Por su captura, la Fiscalía de Michoacán ofrece una recompensa de 100 mil pesos.

“De primer momento continuamos los actos de investigación para llevar a cabo la complementación de la orden de aprehensión que tenemos pendiente contra lo que era en ese entonces el jefe de escoltas del edil”, explicó el encargado de despacho.

El segundo pendiente son los teléfonos celulares de Carlos Manzo, que hasta el momento no han sido entregados por la esposa del exedil, Grecia Quiroz, ya que tiene temor de que puedan borrar datos o que se realicen actos distintos a los de la investigación con él.

“En cuanto a la parte de la aportación de los teléfonos del edil, se está agotando lo que marca precisamente la ley. Estamos agotando el procedimiento que corresponde”, dijo Vega Rodríguez.

El tercer punto implica la comparecencia de la secretaria del Bienestar de Uruapan, Alejandra Vargas Rauda, quien aún no cumple con el requerimiento.

Hasta el momento, según la Fiscalía de Michoacán, las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo registran un avance del 90% y un total de 33 personas detenidas, entre los que se encuentra el principal autor intelectual del ataque.

La Fiscalía reportó además 3 mil 500 actos de investigación, 3 mil actuaciones periciales y el análisis de mil 200 horas de videograbaciones durante el último año.

El gobernador insistió en que el caso continúa abierto y que cualquier comparecencia pendiente, como la de Vargas Rauda, puede aportar “mayores elementos” a las líneas de investigación activas.

Además, el gobernador vinculó el caso de Vargas Rauda con un patrón más amplio dentro del círculo cercano del exalcalde: “Todo indica que hay una infiltración muy aguda, profunda, del círculo cercano del expresidente municipal, que en paz descanse, Carlos Manzo, para cometer el delito ligado a grupos delincuenciales”, afirmó.

El mandatario estatal remarcó que los datos presentados por la Fiscalía son “muy concretos, transparentes” y que exhiben cómo el entorno inmediato del exedil quedó permeado por la delincuencia organizada.

Zapopan se ha convertido durante 2026 en uno de los principales puntos de captura de objetivos prioritarios relacionados con organizaciones criminales, con al menos 12 personas detenidas en los primeros nueve meses del año y hasta octubre.

Los perfiles identificados por autoridades incluyen presuntos integrantes y operadores del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), miembros de estructuras relacionadas con el Cártel de Sinaloa y Los Beltrán Leyva, además de personas investigadas por extorsión, lavado de dinero, tráfico de drogas y armas, homicidio y contrabando de hidrocarburos.

La lista también incluye a un ciudadano estadounidense requerido en California por delitos graves y a un exintegrante de la Secretaría de Marina señalado por presuntas operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Financieros y operadores del CJNG

Uno de los primeros perfiles capturados en Zapopan durante el año fue José Carlos Orozco Herrera, “El Charly”, detenido en febrero. De acuerdo con los reportes oficiales, era señalado como presunto administrador financiero del CJNG, organización fundada por el fallecido Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.

Las autoridades lo acusaron de administrar recursos económicos y participar en el blanqueo de dinero obtenido presuntamente de actividades ilícitas.

Otro presunto operador financiero capturado en el municipio fue César Alejandro Villaseñor Olivares, “El Güero Conta”, detenido el 27 de abril. Era identificado como operador de Audias Flores Silva, “El Jardinero”, uno de los mandos del CJNG.

Según las investigaciones, Villaseñor Olivares habría utilizado empresas fachada para lavar dinero. Al momento de su captura también fue señalado por presunta portación de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, posesión de metanfetaminas y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En septiembre fue detenido Oswaldo Rafael Muñoz Domínguez, “El Baldo”, señalado como presunto generador de violencia en la zona limítrofe entre Jalisco y Colima. Las autoridades lo relacionan principalmente con extorsiones contra integrantes del sector ganadero y con investigaciones por homicidio.

Días después, el 9 de septiembre, cayó Alexis Jesús Medina García, “El Brilloso”, investigado por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. Las autoridades lo ubican como supuesto integrante del CJNG con zona de influencia en Michoacán.

De Los Beltrán Leyva al huachicol fiscal

El 11 de septiembre, agentes detuvieron en la colonia Paseos Universidad a Ángel Guerrero Carrillo, “El Canguro”, relacionado con una facción de Los Beltrán Leyva vinculada con Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”.

De acuerdo con los reportes, Guerrero Carrillo habría desempeñado funciones de logística internacional para coordinar envíos de metanfetamina y fentanilo hacia Estados Unidos.

El 17 de septiembre fueron capturados Mario Iván Policarpo Valenzuela, “El Fiera”, y Juvenal García González, “El Coreano”, señalados como presuntos integrantes de una estructura dedicada a la extorsión, principalmente en Tabasco. Ambos fueron relacionados con cobro de cuotas, amenazas contra productores y extorsiones a negocios del sector cárnico.

En octubre, uno de los casos que llamó la atención fue el de Miguel Ángel Solano Ruiz, “Capitán Sol”, exintegrante de la Marina detenido en el fraccionamiento Villa Verona.

Las autoridades lo señalan como presunto coordinador logístico de una red investigada por huachicol fiscal. Según los reportes, habría facilitado descargas de hidrocarburos en puertos del Golfo de México y coordinado presuntos pagos a funcionarios portuarios para evadir controles e impuestos.

Otro objetivo relacionado con el CJNG fue Iván Cazarín Molina, “El Tanque”, detenido el 5 de octubre. Las autoridades lo identifican como operador de alto rango de la organización, con presencia en Veracruz, Oaxaca, Puebla, Tabasco y Jalisco. Se le atribuyen actividades relacionadas con tráfico de drogas y armas, extorsión, lavado de dinero y contrabando de hidrocarburos.

Túneles, homicidios y un fugitivo buscado en California

El 16 de octubre fue detenido Luis Manuel “N”, “El Ingeniero”, señalado como integrante del CJNG y presunto responsable del diseño y construcción de túneles transfronterizos utilizados para el tráfico de drogas entre México y Estados Unidos, particularmente en la frontera de Tijuana con San Diego.

Tres días después, el 19 de octubre, autoridades capturaron en un hospital privado de Zapopan a Arturo Enrique Guillén García, “El Nenuco” o “Kike”, señalado como operador criminal en Tijuana. Era requerido por investigaciones por homicidio calificado, asociación delictuosa y agresiones contra policías, además de estar relacionado con indagatorias por tráfico de personas.

El caso más reciente ocurrió el 23 de octubre, cuando fuerzas estatales y federales capturaron en Zapopan a Miguel Casillas, ciudadano estadounidense de 36 años conocido como “Compa Mike 517”.

El hombre era requerido por una corte de San Diego, California, por acusaciones relacionadas con homicidio, tentativa de homicidio y delitos federales contra la salud.

La concentración de estas detenciones en Zapopan ocurre en un estado con una larga relación con el crimen organizado. Durante la década de 1980, Guadalajara fue uno de los principales centros de operación del Cártel de Guadalajara, encabezado por Miguel Ángel Félix Gallardo y relacionado con Rafael Caro Quintero y Ernesto Fonseca Carrillo, “Don Neto”.

Décadas después, Jalisco también se convirtió en territorio de residencia y operación de integrantes de otras organizaciones y sus familias. Los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán —Iván Archivaldo, Jesús Alfredo, Ovidio y Joaquín Guzmán López— mantuvieron vínculos con la entidad.

En 2016, Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán fueron secuestrados mientras cenaban en el restaurante La Leche, en Puerto Vallarta.

La sucesión de capturas durante 2026 vuelve a colocar a Zapopan y la zona metropolitana de Guadalajara como un punto estratégico para las redes criminales, pero también como escenario recurrente de operaciones federales contra estructuras con presencia nacional e internacional.

Leopoldo David López Sánchez, alias “Mando 20” o “T-20”, señalado como presunto coordinador logístico y operativo de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Tecomán, Colima, como resultado de una investigación de inteligencia que se extendió durante casi un año y que incluyó seguimiento de vehículos, geolocalización, inteligencia de señales y reconocimiento aéreo con drones.

El detenido fue identificado junto con Cristian Omar Ramírez López y Sinuhe Misael Sartiaguin Flores, quienes también fueron asegurados durante dos cateos simultáneos realizados el 22 de octubre en el municipio de Tecomán.

De acuerdo con los datos de la investigación, a los tres hombres les fueron aseguradas armas de fuego, cartuchos, equipos de comunicación y propaganda relacionada con el CJNG.

Las autoridades señalan a Leopoldo David López como presunto coordinador de una célula criminal con movilidad entre Colima y Jalisco. Además, se le relaciona con diversos hechos violentos, entre ellos el atentado ocurrido el 6 de diciembre de 2025 frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana, Michoacán.

El seguimiento comenzó tras el atentado en Coahuayana

La investigación desarrollada por la Unidad de Inteligencia Naval, en coordinación con la Fiscalía General de la República (FGR) y autoridades de seguridad, permitió reconstruir parte de los movimientos relacionados con el ataque ocurrido en diciembre de 2025.

El atentado fue perpetrado mediante la explosión de un vehículo frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana y dejó seis personas sin vida, además de varios heridos.

A partir del análisis de cámaras de seguridad y de los registros obtenidos mediante los arcos del C5i de Colima, los investigadores reconstruyeron los desplazamientos de vehículos que acompañaron a la camioneta utilizada en el ataque.

Uno de los vehículos identificados fue posteriormente modificado. La camioneta fue repintada de rojo a blanco y también sufrió cambios en su parte frontal. Sin embargo, los trabajos de seguimiento permitieron mantener su identificación y documentar sus desplazamientos hacia distintos domicilios considerados de interés para la investigación.

Los análisis también abrieron nuevas líneas sobre las personas que utilizaban los vehículos y los inmuebles con los que mantenían relación.

Geolocalización y drones permitieron ubicarlo

La investigación combinó distintas capacidades tecnológicas para reducir las áreas de búsqueda. La geolocalización y la inteligencia de señales permitieron establecer posibles zonas frecuentadas por el objetivo y ubicar uno de los inmuebles relacionados con Leopoldo David López.

La información obtenida por la FGR fue complementada con las capacidades técnicas de la Inteligencia Naval, lo que permitió avanzar desde el análisis de datos hasta la vigilancia física de los puntos identificados.

En esta etapa también se utilizaron aeronaves no tripuladas y drones para obtener imágenes de viviendas, ranchos y predios de difícil acceso. El reconocimiento aéreo permitió conocer las características de los inmuebles y aportar información para determinar cuáles podían estar relacionados con el investigado.

Los resultados obtenidos mediante las herramientas tecnológicas fueron posteriormente corroborados con identificación visual, vigilancia y seguimiento en campo. La combinación de estas técnicas permitió relacionar al objetivo con determinados domicilios y sustentar las diligencias ministeriales que finalmente condujeron a los cateos.

Las investigaciones también vinculan a López Sánchez con la privación ilegal de la libertad de cuatro personas en Colima, así como con la privación ilegal de la libertad y homicidio de un agricultor colimense.

El operativo fue dado a conocer por Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien informó que las acciones fueron resultado de investigaciones coordinadas por la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina, la SSPC y la FGR.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para determinar la participación específica de los detenidos en los hechos y establecer si existen otros integrantes de la célula criminal relacionados con el atentado de Coahuayana.

Dos presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y de Los Mezcales -que son organizaciones rivales- fueron detenidos en operativos llevados a cabo por autoridades de Colima y seguridad federal. Además, se ejecutó una orden de cateo en un inmueble utilizado supuestamente para el empaquetado y la venta de droga.

Sus capturas se llevaron a cabo en el marco de tres operativos coordinados entre la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) estatal, en distintos municipios de la entidad.

Arresto del “Puma”, identificado como coordinador de una célula dedicada a cometer homicidios

En el municipio de Colima, elementos de la Policía Estatal y de la Marina detuvieron a Édgar Oswaldo “N”, alias “Puma”, señalado como presunto generador de violencia y coordinador de una célula de Los Mezcales dedicada a cometer homicidios,.

La Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de la Paz y la Seguridad detalló que en el operativo se aseguraron 100 bolsas con material granulado con características de la droga conocida como ice, un arma corta calibre 9 mm, un cargador y 14 cartuchos.

Esta detención se enmarca en los trabajos de inteligencia y coordinación interinstitucional que las autoridades estatales atribuyen al combate contra los líderes operativos de las células criminales que operan en la entidad.

Captura de una presunta integrante del CJNG

En una segunda operación, agentes de la Fiscalía de Colima detuvieron en el municipio de Cuauhtémoc a Rosa Estela “N”, de 36 años de edad, identificada como presunta integrante del CJNG.

Durante su detención se aseguraron 400 bolsas con material con características de droga sintética conocida como ice, algunas de ellas con etiquetas alusivas a dicho grupo criminal, así como una motocicleta.

Las autoridades no precisaron el rol específico que habría desempeñado la detenida dentro de la estructura del cártel, aunque el hallazgo de etiquetas identificadas con el grupo apunta a una vinculación directa con la distribución de droga sintética en la zona.

Irrumpen punto de venta y empaquetado de drogas de Los Mezcales

La tercera acción se ejecutó en un inmueble del municipio de Villa de Álvarez, identificado como presunto punto de venta y centro de empaquetado de droga de Los Mezcales, también conocido como Cártel Independiente de Colima. Con autorización judicial, las autoridades realizaron un cateo que derivó en el aseguramiento de probable droga.

Las autoridades informaron que en el sitio se encontraron 2 mil 419 bolsas con material granulado con características de ice, que también tenían estampas de calaveras alusivas al grupo delictivo, además de un vehículo, una motocicleta, uniformes tácticos y cascos de motocicleta que, según las autoridades, podrían estar vinculados con hechos violentos.

También se localizaron libretas con registros de nóminas y contabilidad presuntamente relacionada con actividades de narcomenudeo, así como documentos personales pertenecientes presuntamente a integrantes de la organización criminal.

El hallazgo más sensible del operativo fue un artefacto explosivo improvisado (AEI), que fue asegurado y retirado del inmueble por personal especializado conforme a los protocolos de seguridad correspondientes.

En conjunto, las tres acciones permitieron asegurar 2 mil 919 bolsas con sustancias con características de droga, además de armamento, un artefacto explosivo, vehículos, equipo táctico y documentación de interés para las investigaciones en curso.

Los Mezcales ya sufrieron otro golpe días antes: autoridades abatieron a dos de sus operadores tras un enfrentamiento

El pasado 18 de octubre, autoridades estatales y elementos de la Marina abatieron a dos presuntos operadores de Los Mezcales tras un tiroteo registrado en el tramo carretero que conecta Coquimatlán con Villa de Álvarez.

Los fallecidos fueron identificados como Sergio “N”, alias “El Español”, de 26 años, y Francisco “N”, conocido como “Santos”, de 27. Ambos abrieron fuego contra los elementos de seguridad durante un operativo, quienes respondieron a la agresión.

De acuerdo con las autoridades, “El Español” operaba como enlace logístico y financiero y encabezaba una célula de sicarios que le dio relevancia tras recientes detenciones de otros liderazgos del grupo.

Por su parte, “Santos”, originario de Villa de Álvarez, era señalado como operador de narcomenudeo y registraba detenciones previas por robo en 2020 y 2021, además de un arresto en julio de 2026 por posesión de droga del que salió libre por determinación judicial.

Un importante golpe contra el narcotráfico se registró en las últimas horas en Costa Rica, donde distintos cuerpos policiales lograron el decomiso de aproximadamente dos toneladas de cocaína durante dos operaciones desarrolladas en la zona sur del país, una de las cuales terminó con un enfrentamiento armado entre agentes policiales y presuntos narcotraficantes, así como dos personas detenidas.

Las acciones fueron ejecutadas por diferentes cuerpos policiales del Ministerio de Seguridad Pública y otras instituciones del Poder Ejecutivo, como parte de las estrategias para combatir el tráfico internacional de drogas y las estructuras criminales que operan en el Pacífico Sur costarricense.

Narcotraficantes lanzaron 1,400 kilos de cocaína al mar

La primera intervención fue resultado de un trabajo conjunto entre el Servicio Nacional de Guardacostas y la Policía de Control de Drogas (PCD), con el respaldo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) y la Fuerza de Tarea Interagencial Sur de ese país.

Durante el operativo, los oficiales detectaron una embarcación sospechosa que navegaba en aguas del Pacífico Sur, aproximadamente a 20 millas náuticas de Matapalo, frente a las costas de la provincia de Puntarenas.

Al percatarse de la presencia policial, los tripulantes presuntamente comenzaron a lanzar al mar las pacas que transportaban, con la intención de desprenderse de la carga ilícita.

Los oficiales del Guardacostas lograron recuperar los paquetes, que contenían aproximadamente 1,400 kilogramos de cocaína, según el reporte preliminar de las autoridades.

Sin embargo, los ocupantes de la embarcación consiguieron evadir la intervención inicial y, hasta el momento, no han sido detenidos.

Las autoridades confirmaron que las operaciones marítimas continúan con el objetivo de localizar a los sospechosos y la embarcación utilizada para transportar el cargamento.

Balacera entre policías y narcotraficantes en Uvita de Osa

El segundo operativo se desarrolló en las cercanías de una vivienda ubicada en Uvita, cantón de Osa, donde las autoridades tenían información de inteligencia sobre el presunto almacenamiento de drogas y armas de fuego.

En esta intervención participaron agentes de la Policía de Control de Drogas (PCD), la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional (DIS), la Unidad Especial de Intervención (UEI) y la Fuerza Pública.

Según el informe oficial, durante el despliegue se produjo un intercambio de disparos entre los agentes policiales y presuntos integrantes de una estructura narcotraficante.

La confrontación armada generó momentos de tensión, aunque las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó herida.

El operativo culminó con la detención de dos sospechosos, cuyas identidades y nacionalidades no fueron divulgadas en la información preliminar.

Armas de fuego y droga entre los objetos localizados

Durante la intervención en Uvita, los oficiales también localizaron armas de fuego y droga, que serán incorporadas como indicios dentro de la investigación desarrollada por la PCD.

El informe no precisa la cantidad ni el tipo de armas encontradas, tampoco el peso exacto de los estupefacientes localizados en esta segunda intervención.

Por esa razón, aunque las autoridades informaron sobre un decomiso conjunto de aproximadamente dos toneladas de cocaína, hasta ahora únicamente se ha detallado la recuperación de 1.400 kilogramos durante el operativo marítimo.

Las diligencias buscan determinar la procedencia de los cargamentos, la posible participación de organizaciones criminales y los vínculos entre los sospechosos detenidos y las redes de narcotráfico presentes en la región.

Operativos continúan en el Pacífico Sur

Las autoridades mantienen desplegadas unidades policiales en la zona sur para intentar ubicar a los ocupantes de la embarcación que abandonaron la droga en el mar.

Paralelamente, los investigadores deberán analizar las armas y sustancias localizadas en Uvita, así como establecer las eventuales responsabilidades penales de las dos personas detenidas.

Ambas intervenciones forman parte de las acciones coordinadas entre instituciones costarricenses y agencias internacionales para combatir el tráfico de cocaína por las rutas marítimas del Pacífico.

El caso permanece bajo investigación, mientras los cuerpos policiales continúan las labores para identificar y detener a otros posibles involucrados.

Las estadísticas de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) sitúan en 415 el número de menores de edad aprehendidos en Honduras durante lo que va de 2026, frente a los 174 registrados en 2025. La diferencia es de 241 casos, equivalente a un incremento del 138,5%, de acuerdo con las cifras divulgadas por la institución.

Los procedimientos incluyen aprehensiones ejecutadas mediante órdenes judiciales y detenciones en flagrancia. La variación también requiere una comparación cuidadosa: los 415 casos corresponden a una parte de 2026, mientras que los 174 abarcan todo 2025.

Las cifras muestran una diferencia entre ambos registros, pero no permiten establecer por sí solas cómo evolucionó la situación al comparar períodos de igual duración.

En un informe publicado por la Policía Nacional señaló que el tráfico de drogas, el robo, la portación ilegal de armas de fuego, los delitos contra la vida y los delitos sexuales figuraban entre las principales infracciones identificadas en los casos de menores aprehendidos.

La información policial también plantea que algunos adolescentes estarían siendo captados por estructuras criminales para participar en actividades ilícitas. No obstante, el informe no cuantifica cuántos casos estarían relacionados con ese fenómeno ni detalla las circunstancias individuales de las aprehensiones..

Vinculados a varios delitos

Un antecedente judicial corresponde al departamento de El Paraíso. El 6 de noviembre de 2025, el Ministerio Público informó que 91 menores en conflicto con la ley habían sido presentados ante los tribunales de Danlí durante los primeros once meses de ese año.

Según el reporte fiscal, el 71,43% de esos casos estaba relacionado con infracciones de tráfico de drogas. También se registraron expedientes por portación ilegal de armas de fuego, robo con fuerza, maltrato familiar, delitos sexuales, homicidio y asesinato.

El dato ofrece una referencia sobre las infracciones que llegaron a los tribunales en esa zona del país, pero no representa una estadística nacional ni puede compararse directamente con las aprehensiones contabilizadas por la DPI.

La diferencia entre ambas fuentes es relevante: mientras la Policía contabiliza actuaciones de aprehensión, el Ministerio Público informa sobre menores presentados ante los órganos judiciales.

En julio de 2026, la DPI divulgó información sobre investigaciones que apuntaban a la posible utilización de menores por parte de maras, pandillas y otras estructuras criminales. Según la institución, algunos adolescentes podrían ser incorporados a estas actividades mediante amenazas, intimidación o manipulación.

El fenómeno requiere examinar tanto la actuación de las estructuras que podrían involucrar a adolescentes como las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan niños y jóvenes.

Menores y estructuras criminales

El número de menores aprehendidos refleja la actividad policial, pero no permite concluir por sí solo que haya aumentado en la misma proporción la comisión de infracciones penales por parte de adolescentes.

Una aprehensión puede derivarse de una orden judicial pendiente, una detención en flagrancia o una investigación que debe continuar ante las autoridades competentes. La responsabilidad de cada menor y las medidas que correspondan deben determinarse conforme al procedimiento legal aplicable.

También es necesario conocer cuántos expedientes fueron remitidos a los órganos de justicia, cuáles continúan bajo investigación y cuántos concluyeron con una resolución. Sin esa información, no se puede establecer qué proporción de los procedimientos policiales terminó en una sanción.

El Boletín Estadístico Judicial 2025 del Poder Judicial ofrece registrá que los juzgados de Letras de la Niñez y Adolescencia reportaron 675 sanciones aplicadas a menores infractores durante ese año, entre medidas privativas y no privativas de libertad.

Los antecedentes del Ministerio Público y del Poder Judicial muestran que existen casos relacionados con distintas infracciones y que algunos llegan a los tribunales, pero los datos disponibles no bastan para atribuir el incremento a una causa única ni para medir por sí solos la evolución nacional de la delincuencia juvenil.

La investigación por el asesinato de un agente de policía en Bélgica ha derivado en la detención de tres sospechosos en Almería, donde presuntamente se preparaban para abandonar España con destino a Marruecos. Nordine El Talbi, de 41 años, fue asesinado la pasada noche del 12 de octubre. El fiscal de Bruselas, Julien Moinil, anunció el 18 de octubre la detención de seis sospechosos el pasado domingo. Los arrestos en España los realizaron con la colaboración de la Guardia Civil, como ha podido confirmar Infobae. Los tres detenidos en territorio español tenían antecedentes por delitos relacionados con el tráfico de drogas y figuraban con órdenes internacionales de detención, según ha adelantado Europa Press.

El policía murió tras recibir un disparo en la cabeza durante una intervención en Jette, municipio de Bruselas. El agente inspeccionaba un automóvil robado a mano armada en Tubize, localidad situada al sur de la capital belga. A partir de ese hecho, la investigación se amplió fuera de Bélgica y derivó en un operativo coordinado con Francia y España. Los arrestados son cinco adultos y un menor de edad, todos residentes de Bruselas. Dos de ellos fueron capturados en Bélgica y continúan privados de libertad, mientras que un tercero fue interceptado en una estación de París cuando, según las autoridades, trataba de abandonar Francia. “Los otros tres sospechosos fueron interceptados en Almería cuando se disponían a huir a Marruecos”, declaró Moinil.

Sospechosos serán extraditados a Bélgica

Los tres detenidos en España eran conocidos por la Fiscalía belga debido a antecedentes en causas vinculadas al narcotráfico. Sobre ellos pesaban órdenes internacionales de detención, según la información divulgada por las autoridades de Bélgica. Pese a los arrestos, los investigadores todavía deben establecer qué papel tuvo cada sospechoso en el homicidio del policía y si todos participaron de forma directa en los hechos ocurridos en Jette.

Los detenidos serán puestos a disposición de la Audiencia Nacional, órgano que deberá tramitar la solicitud de extradición presentada por Bélgica. La Fiscalía no detalló la fecha en que podría concretarse el traslado de los arrestados ni especificó las acusaciones que se imputan a cada uno dentro de la causa. El procedimiento abierto en Francia sigue una vía similar. El hombre localizado en una estación de París quedó bajo jurisdicción de la Fiscalía francesa después de que Bélgica activara una Orden Europea de Detención para requerir su entrega. El fiscal de Bruselas, Julien Moinil, indicó que este sospechoso también era conocido por su oficina por antecedentes relacionados con delitos de drogas.

La Fiscalía de Bruselas destacó el apoyo recibido de España y Francia para localizar a los investigados. Moinil afirmó que los equipos movilizados trabajaron “día y noche” en la búsqueda, el intercambio de información y la coordinación de las capturas en varios países. La causa permanece abierta y no se difundieron detalles sobre las pruebas reunidas ni sobre la secuencia completa del ataque. Los investigadores deberán analizar los elementos recogidos, las comunicaciones entre los sospechosos y las declaraciones que puedan aportar durante las diligencias judiciales.

La Fuerza Pública de Costa Rica aprehendió a tres hombres durante diferentes operativos realizados en la provincia de Heredia, luego de que los oficiales localizaran en su poder un total de 27 billetes de $100, cuyo valor nominal asciende a $2,700, todos sospechosos de ser falsificados.

Las intervenciones se desarrollaron en los sectores de Guararí y San Francisco de Heredia, donde las autoridades detectaron varias circunstancias que despertaron sospechas sobre la autenticidad del dinero, entre ellas la presencia de billetes con números de serie idénticos.

Los hombres fueron identificados por sus apellidos Vega, Montoya y Guevara, quienes quedaron a disposición de las autoridades judiciales por el presunto delito de tenencia de moneda falsa.

De acuerdo con el reporte policial, las tres aprehensiones ocurrieron en distintos días, como resultado de las acciones preventivas que realizan los oficiales para combatir posibles actividades delictivas.

Intentó huir de la policía y llevaba tres billetes con la misma numeración

El primero de los procedimientos se registró en Guararí de Heredia, cuando un grupo de oficiales realizaba recorridos preventivos por la comunidad.

Durante el patrullaje, los uniformados observaron a un hombre de apellido Vega, quien comenzó a correr al percatarse de la presencia policial.

El comportamiento motivó una intervención de los agentes, quienes consiguieron interceptarlo para verificar la situación.

Durante la revisión, los policías encontraron tres billetes de $100, equivalentes a $300, que presentaban una particularidad: todos tenían el mismo número de serie.

Esta coincidencia constituye una señal de alerta, debido a que los billetes auténticos de una misma denominación deben contar con números de serie que permitan diferenciarlos.

Ante las sospechas sobre su autenticidad, los oficiales procedieron con el decomiso del dinero y la aprehensión del hombre.

Otro hombre fue sorprendido con $900 en Guararí

La segunda intervención ocurrió un día después, nuevamente en el sector de Guararí, donde los policías abordaron a otro hombre, identificado con el apellido Montoya.

Durante el procedimiento, los uniformados localizaron nueve billetes de $100, que sumaban un valor nominal de $900.

Según el reporte de la Fuerza Pública, el dinero también presentaba características que hicieron presumir a los oficiales que se trataba de billetes falsificados.

Como resultado, los agentes decomisaron las nueve piezas y procedieron con la aprehensión del sospechoso.

Tercer sospechoso llevaba $1,500 en billetes de $100

El tercer operativo se desarrolló en el distrito de San Francisco de Heredia, donde la policía ubicó a un hombre de apellido Guevara.

Durante la intervención, los oficiales encontraron en su poder 15 billetes de $100, equivalentes a un valor nominal de $1,500.

Al inspeccionar el dinero, los agentes detectaron que todos los billetes presentaban el mismo número de serie, circunstancia que reforzó las sospechas sobre su autenticidad.

Este procedimiento representó el decomiso más numeroso de los tres casos reportados durante la semana, al concentrar 15 de los 27 billetes incautados.

Las autoridades procedieron con el decomiso del dinero y la aprehensión del hombre, quien también fue remitido a las instancias judiciales correspondientes.

Los tres casos quedaron en manos de la Fiscalía

Tras las intervenciones, los sospechosos Vega, Montoya y Guevara fueron presentados ante la Fiscalía de Heredia, donde se deberá determinar su situación jurídica y la eventual existencia de responsabilidades penales.

El delito investigado es la presunta tenencia de moneda falsa, aunque corresponderá a las autoridades competentes establecer oficialmente si los billetes decomisados son falsificados y determinar las circunstancias en que llegaron a manos de los investigados.

Por el momento, la información policial no establece que los tres hombres formen parte de una misma organización ni que exista una relación directa entre los casos.

Policía advierte sobre posibles estafas durante las compras de fin de año

Ante estos decomisos, la Fuerza Pública hizo un llamado a la población para que preste especial atención al dinero que recibe en transacciones comerciales, particularmente cuando se trata de billetes de alta denominación.

La advertencia cobra relevancia ante la proximidad de la temporada de fin de año, cuando aumenta el movimiento comercial y numerosas personas realizan compras utilizando dinero en efectivo.

Entre las medidas preventivas recomendables se encuentran verificar las características de seguridad de los billetes, revisar su textura, observar las marcas de agua y comprobar que los elementos impresos correspondan con los de una pieza auténtica.

En el caso de los dólares estadounidenses, también es importante prestar atención a los números de serie, los elementos que cambian de color y otros dispositivos de seguridad, de acuerdo con la denominación del billete.

Los comerciantes y ciudadanos que sospechen haber recibido dinero falsificado deben evitar ponerlo nuevamente en circulación y acudir a las autoridades para su revisión.

La Fuerza Pública reiteró la importancia de mantener la vigilancia y adoptar medidas de prevención para evitar posibles estafas y proteger el patrimonio de los ciudadanos, especialmente durante los últimos meses del año.

Autoridades capitalinas y del Estado de México lograron recuperar cinco vehículos de alta gama de un total de siete reportados como robados en la colonia Anzures, en la Ciudad de México, y detuvieron a tres presuntos miembros de un grupo criminal dedicado a este delito en la capital.

Los hechos ocurrieron el pasado 13 de octubre, cuando un grupo de sujetos armados irrumpió en un inmueble ubicado en la calzada Melchor Ocampo, alcaldía Miguel Hidalgo, y sustrajo siete automóviles de alta gama tras someter a los vigilantes del lugar.

Tras el hecho, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, así como la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con apoyo de la Secretaría de Marina (Semar) y la Guardia Nacional (GN), establecieron un polígono de búsqueda y comenzaron a recabar circuitos cerrados de videovigilancia para rastrear las unidades.

Las investigaciones determinaron que los vehículos fueron trasladados al municipio de Coacalco, Estado de México, donde permanecían almacenados en distintos predios con el fin de evitar su localización.

Los trabajos de investigación permitieron recuperar cinco de los siete automóviles sustraídos, que fueron trasladados bajo custodia de las autoridades del Estado de México a depósitos vehiculares. Las unidades serán sometidas a peritajes y, una vez concluidas las diligencias correspondientes, serán devueltas a sus propietarios.

Los tres detenidos son señalados por pertenecer a un grupo criminal dedicado al robo de vehículo

Con datos de prueba presentados por el agente del Ministerio Público, un juez de control otorgó dos órdenes de cateo para intervenir en inmuebles de la alcaldía Álvaro Obregón, identificados como domicilios utilizados por los presuntos responsables para ocultarse tras el robo.

En la primera acción, realizada en un predio de la calle Desierto Arenoso, colonia Santa Lucía Reacomodo, fue detenido un hombre de 42 años y se aseguraron un juego de placas de circulación y una placa adicional, todas con reporte de robo, además de una bolsa con cerca de 700 gramos de vegetal verde a granel, similar a la marihuana.

En la segunda acción, efectuada en un inmueble de la calle Fueguinos, colonia Ampliación Tlacuitlapa, los policías detuvieron a dos hombres de 54 y 47 años y aseguraron dos juegos de placas de circulación del Estado de México, dos placas adicionales con reporte de robo y 15 bolsas de plástico con una sustancia sólida de color blanco.

Los tres detenidos fueron identificados como presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado al robo de vehículos en la alcaldía Álvaro Obregón.

Tras su arresto, fueron informados de sus derechos constitucionales y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, que integrará la carpeta de investigación y determinará su situación jurídica.

Sigue la búsqueda de dos vehículos robados

Las autoridades capitalinas y mexiquenses continúan las indagatorias para ubicar los dos vehículos restantes y detener a los demás integrantes del grupo delictivo, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, detalló que se mantendrán colaborando con las autoridades para el intercambio de información y favorecer que los implicados en el robo de las unidades sean detenidos.

“El trabajo interinstitucional entre las autoridades de la CDMX y las instancias federales y estatales es fundamental para combatir los delitos y proteger el patrimonio de la ciudadanía. Por ello, se mantendrá la colaboración y el intercambio de información para fortalecer las investigaciones, detener a los probables responsables y garantizar la seguridad en la zona metropolitana”, detalló en sus redes sociales.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, su arresto fue resultado de un trabajo coordinado con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de Morelos, luego de que se obtuvo información de su probable ubicación en esa entidad.

Las autoridades señalaron que los implicados formarían parte de una célula delictiva con actividad en cinco estados del país:

• Ciudad de México
• Estado de México
• Querétaro
• Morelos
• Guerrero
• Puebla

Cómo operaba la red de fraude

De acuerdo con las indagatorias, los detenidos realizaban operaciones de compra de mercancía por internet sin autorización de los titulares de las cuentas utilizadas. El esquema consistía en el uso de información personal y créditos de clientes de tiendas departamentales para adquirir productos en línea sin su consentimiento.

Los datos de prueba reunidos durante la investigación fueron presentados por el agente del Ministerio Público ante un Juez de Control del Sistema Procesal Acusatorio, quien otorgó los mandamientos judiciales que permitieron la detención.

Derivado de las investigaciones, las autoridades determinaron que ambos detenidos estarían relacionados con una célula delictiva que opera en la Ciudad de México en cuatro estados del país.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó en sus redes sociales las detenciones de ambas personas, y agradeció la coordinación con autoridades estatales y municipales de Jiutepec para fortalecer la seguridad.

Las órdenes de aprehensión fueron cumplimentadas contra un hombre de 33 años y una mujer de 37, en un inmueble ubicado en Circunvalación Palma Real, en la colonia La Palma.

Tras ser informados de sus derechos constitucionales, el hombre fue trasladado a un centro penitenciario ubicado en la zona sur de la capital, mientras que la mujer fue ingresada a un reclusorio en el oriente de la ciudad, ambos a disposición de las autoridades judiciales correspondientes.

Arrestan a dos hombres por robo a cuentahabientes: uno era líder de un grupo delictivo relacionado con al menos 28 casos

Un día antes, la SSC informó la captura de dos hombres presuntamente relacionados con 28 robos a cuentahabientes en la Ciudad de México, ocurridos entre 2018 a 2026.

Los sujetos fueron localizados durante recorridos de supervisión y vigilancia por parte de policías capitalinos en la avenida Paseo de la Reforma, en la colonia Lomas de Chapultepec, donde los observaron manipulando lo que parecía ser un arma de fuego.

Ante la posible comisión de un delito, los policías se aproximaron y les realizaron una revisión preventiva en la que les aseguraron un arma de fuego con cargador y 3 cartuchos útiles, además de 88 bolsitas con aparente marihuana y 44 bolsitas con aparente metanfetamina.

También se les encontraron 20 bolsitas y 19 envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína. El aseguramiento también incluyó un vehículo color negro, tres teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Los hombres, de 31 y 43 años de edad, fueron detenidos y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó que uno los arrestados fue identificado como Joel “N”, alias “Donovan”, presunto líder de un grupo delictivo dedicado al robo a cuentahabientes, relacionado al menos a 28 casos en las alcaldías Tlalpan, Benito Juárez, Azcapotzalco y Álvaro Obregón.

El sujeto cuenta con cuatro ingresos previos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México por el delito de robo calificado, ocurridos en 2020 y 2022.

Por su parte, el segundo detenido de 43 años, de quien no se brindó su nombre, cuenta con un ingreso al sistema penitenciario por delitos contra la salud, registrado en 2023.

De acuerdo con las indagatorias policiales, ambos hombres posiblemente forman parte de una célula delictiva dedicada al robo a cuentahabientes que opera en cinco alcaldías.

Cuatro ciudadanos nicaragüenses fueron capturados en la aldea Banco Grande, jurisdicción del municipio de Trojes, en el departamento de El Paraíso, en el oriente de Honduras. El operativo fue ejecutado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) con apoyo de la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria (DNPSC) y las Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la Operación Escudo de Honduras.

Los cuatro hombres, de entre 18 y 45 años, todos residentes en la aldea donde se realizó la detención, fueron aprehendidos en flagrancia por su presunta vinculación con tráfico de drogas y portación ilegal de armas de fuego. Su responsabilidad penal deberá establecerse en el proceso judicial correspondiente.

Los cuerpos de seguridad indicaron que la operación se enmarca en una estrategia para fortalecer las labores de prevención, investigación y combate del delito en distintos sectores del territorio nacional.

Durante el operativo, los agentes decomisaron varios objetos que serán sometidos a peritajes para determinar su posible relación con los delitos imputados.

Entre los indicios figura un arma de fuego tipo fusil, de color café, que no presenta marca ni número de serie. Las autoridades deberán establecer sus características, su procedencia y las circunstancias en que se hallaba en poder de los detenidos.

También se incautaron tres bolsas plásticas con hierba seca, señalada preliminarmente como supuesta marihuana. La naturaleza de la sustancia deberá verificarse mediante los procedimientos técnicos correspondientes.

Posible vinculación con la estructura “Los Nica”

Uno de los aspectos señalados en el informe policial es la posible relación de los cuatro detenidos con una estructura delictiva conocida como “Los Nica”.

Según información preliminar de las autoridades, los sospechosos presuntamente integrarían ese grupo, por lo que los investigadores buscan establecer si mantienen vínculos con otras personas involucradas en actividades ilícitas en la zona.

Las autoridades también buscan determinar si los cuatro hombres estarían relacionados con distribución, almacenamiento o traslado de sustancias ilícitas, y si existen otros hechos delictivos vinculados con el caso.

Otro señalamiento del reporte policial se relaciona con presuntas amenazas contra pobladores de la aldea Banco Grande y caseríos cercanos.

Según la versión preliminar de las autoridades, los sospechosos habrían intimidado a habitantes de esas comunidades para evitar que denunciaran sus actividades ante los organismos de seguridad.

Por ahora, no se han proporcionado detalles sobre denuncias formales previas, el número de personas presuntamente amenazadas ni las fechas en que habrían ocurrido esos incidentes. Las autoridades deberán corroborar los señalamientos antes de establecer responsabilidades individuales o determinar si existen otros delitos que incorporar a la investigación.

Indagan envió de droga a Nicaragua

Las diligencias también buscan esclarecer una posible conexión de los detenidos con la siembra y el cultivo de supuesta marihuana en sectores de Trojes y sus alrededores, y con su posterior traslado hacia Nicaragua.

El reporte disponible no confirma el hallazgo de plantaciones durante la intervención ni establece las cantidades de droga que presuntamente podrían estar vinculadas con esas actividades.

Hasta que esos extremos sean comprobados, las supuestas actividades de cultivo y traslado se mantienen como hipótesis investigativas.

El municipio de Trojes integra la zona fronteriza entre Honduras y Nicaragua, lo que lo convierte en un punto de interés para las operaciones de vigilancia y prevención de los organismos de seguridad. Las acciones coordinadas entre la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en el sector incluyen la localización de sospechosos, el decomiso de posibles pruebas y la investigación de actividades presuntamente vinculadas con el crimen.

Tras su detención, los cuatro sospechosos serán remitidos a las autoridades competentes para continuar con el procedimiento legal por los delitos que se les imputan. Las instancias judiciales deberán examinar los elementos presentados por los organismos de investigación y determinar las medidas que correspondan conforme a la legislación hondureña.

La Policía Nacional ha detenido a dos adolescentes, de 16 y 17 años, acusados de la muerte de una mujer de 83 años en Burgos. Según ha informado EFE, encontraron a la víctima muerta el martes en su domicilio, amordazada y atada de manos. La investigación apunta a que los menores entraron en la vivienda con el objetivo de robar. De hecho, los agentes han recuperado varias joyas de oro que habían sido sustraídas del domicilio. La autopsia determinó que la mujer murió por insuficiencia respiratoria, ya que la inmovilización y la mordaza le impidieron utilizar el equipo de oxígeno que necesitaba a diario. El cuerpo no tenía otras lesiones ni signos de violencia.

Según Europa Press, la Policía ha investigado el caso como un homicidio desde el primer momento y ha situado el robo como la principal líneas de investigación, sin descartar otros posibles móviles. La inspección del domicilio ha revelado un notable desorden, sobre todo en las dependencias donde habitualmente se guardan dinero, joyas y otros objetos de valor. El asalto y la muerte de la mujer se produjeron durante esa misma tarde. Los agentes de Policía Judicial también han revisado imágenes de cámaras de seguridad y han realizado otras diligencias que han llevado a la identificación de los dos menores.

Los sospechosos fueron localizados este pasado viernes por la noche y han declarado durante la madrugada. Han pasado este sábado a disposición de la Fiscalía de Guardia de Burgos, que deberá decidir si solicita su ingreso cautelar en un centro de menores. La Policía Científica analiza las muestras recogidas en la vivienda para cotejarlas con las de los detenidos.

Robo con homicidio

Cuando un robo con violencia termina con la muerte de la víctima, la calificación penal depende de cómo se hayan producido los hechos y de la intención atribuida a los investigados. El artículo 242 del Código Penal castiga el robo con violencia o intimidación con penas de entre dos y cinco años de prisión. Si ocurre en una vivienda habitada, la horquilla se eleva a entre tres años y seis meses y cinco años.

Esa pena aumenta por la responsabilidad por la muerte. El artículo 138 establece que quien mata a otra persona comete un homicidio, castigado con entre 10 y 15 años de cárcel. Por tanto, si durante un asalto la víctima fallece como consecuencia de la violencia, la inmovilización o la imposibilidad de recibir asistencia, los hechos pueden ser investigados como un robo y un delito contra la vida. La acusación puede variar si se acredita que la muerte se produjo para facilitar el robo o para evitar que se descubriera. En ese supuesto, el Código Penal contempla la figura del asesinato, con penas de entre 15 y 25 años de prisión.

Al tener 16 y 17 años, no se les aplica el régimen de penas previsto para adultos, sino la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. El procedimiento lo dirige la Fiscalía de Menores y la decisión sobre las medidas corresponde a un juez de menores. En un caso investigado como homicidio, el artículo 10 de esa ley prevé para quienes tenían 16 o 17 años en el momento de los hechos una medida de internamiento en régimen cerrado de entre uno y ocho años. El juez puede añadir después libertad vigilada con asistencia educativa durante un máximo de cinco años.

Cuatro hombres fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Estatal. Las autoridades los vincularon con una célula dedicada al tráfico, traslado, mantenimiento y reparación de armamento para el Cártel de Sinaloa, facción “Los Chapitos”.

Durante el operativo fueron asegurados una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de cristal y un vehículo. Germán G. y Mario Alberto G., alias “Pokémon”, tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.

La investigación identificó domicilios en Culiacán relacionados con las actividades de la célula delictiva. En las labores participaron la Agencia de Investigación Criminal (AIC), adscrita a la FGR, y la SSPC, en coordinación con Defensa, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa.

El despliegue se realizó a partir de trabajos de inteligencia, investigación e intercambio de información con el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, mediante Homeland Security Investigations (HSI).

Operativo interinstitucional derivó en cuatro detenciones

La información recabada permitió ubicar los inmuebles y organizar una operación conjunta en Culiacán. En ella también fueron detenidos Adolfo G. y Pavel Santiago R., quienes quedaron vinculados con la misma célula.

Dos de los detenidos contaban con órdenes de aprehensión vigentes por delincuencia organizada y tráfico de armas. Las autoridades no precisaron en el comunicado la fecha de emisión de esos mandamientos judiciales.

Tras su captura, los cuatro hombres fueron informados de sus derechos. Después quedaron, junto con las armas, los cartuchos, las dosis de cristal y el vehículo asegurados, a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente.

El representante de la FGR determinaría la situación jurídica de los detenidos. La operación interrumpió las labores de traslado, mantenimiento y reparación del armamento que utilizaban integrantes de la organización criminal.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad mantuvieron acciones coordinadas de inteligencia e investigación, además de mecanismos de cooperación internacional, para combatir el tráfico de armas y debilitar estructuras criminales.

• Cuatro hombres fueron detenidos en Culiacán por su presunta relación con una célula dedicada al tráfico y mantenimiento de armas.
• Dos de los detenidos tenían órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y tráfico de armas.
• El operativo dejó como saldo el aseguramiento de una ametralladora, tres armas cortas, 16 cargadores, 417 cartuchos, 200 dosis de cristal y un vehículo.

También debilitan a Los Mayos desintegrando a Los Rugrats

Un operativo federal dejó siete personas detenidas en Culiacán, Sinaloa, tras la ejecución de cinco órdenes de cateo contra la célula delictiva “Los Rugrats”, vinculada a la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Entre los capturados figuran cuatro familiares directos de Carlos Alberto Páez Pereda, alias “Carlitos Rugrats”, objetivo prioritario para México y Estados Unidos.

Las diligencias se concentraron en la localidad de Laguna Colorada, al sur de la capital sinaloense, señalada como zona de operación de la organización criminal.

Entre las siete personas aprehendidas se encuentran Leslie Dennise Pereda García y Aglaee Ramírez Páez, ambas primas de Carlos Alberto Páez Pereda alias “Carlitos Rugrats”. Las autoridades las consideran operadoras logísticas de la célula delictiva.

También fueron detenidos Claudia Selene García Ontiveros y Francisco Javier Ramírez Agüero, identificados como tía y tío del líder de “Los Rugrats”. Con ellos suman cuatro los familiares directos capturados en el operativo.

El listado de los siete detenidos se completa con Carlota Murillo Avendaño, María Alejandrina Páez Sainz y Ana Cristina Ramírez Páez, cuya relación con Páez Pereda no fue especificada, ni su rol dentro del brazo armado ligado a la facción de “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

También capturaron a “El Wicho” operador financiero de Los Rugrats en Tijuana

José Luis Ojeda Aguirre, alias “El Wicho”, fue detenido este martes 13 de octubre en Villa Unión, Mazatlán, señalado como operador financiero y logístico de Los Rugrats, una célula vinculada con Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó la captura hasta este miércoles en un comunicado en donde también precisó que “El Wicho” era requerido por el Distrito Central de California por posesión de cocaína con intención de distribuirla.

Elementos de la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional, personal del Ejército y agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa participaron en el operativo.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero (FGE) rescató a una adolescente de 16 años que presuntamente había sido privada de la libertad y detuvo a dos personas señaladas como probables integrantes de una célula de Los Tlacos, durante un operativo realizado en Huitzuco de los Figueroa.

La intervención se llevó a cabo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y Policía Estatal, luego de que las autoridades recibieran un reporte al número de emergencias 911 relacionado con la presunta privación de la libertad de la menor.

Durante las acciones de búsqueda, personal ministerial ubicó una motocicleta en la que viajaban tres personas, entre ellas la adolescente, quien solicitaba auxilio.

Al percatarse de la presencia de las autoridades, el conductor intentó escapar, pero fue alcanzado y detenido junto con su acompañante en la colonia Centro de Huitzuco.

Los detenidos fueron identificados como Jesús “N”, alias “El 25”, y Blanca Yessenia “N”, alias “La China”, quienes son investigados por su probable responsabilidad en los delitos de privación de la libertad y robo de vehículo equiparado.

La adolescente fue puesta a salvo, mientras que los agentes aseguraron una motocicleta Benelli modelo 2025, la cual contaba con reporte de robo vigente.

¿Quiénes son Los Tlacos?

De acuerdo con las líneas de investigación de la Fiscalía, Jesús “N” y Blanca Yessenia “N” estarían presuntamente vinculados con una célula de Los Tlacos, organización también identificada como Cártel de la Sierra, a la que autoridades han atribuido presencia y actividades criminales en distintas regiones de Guerrero.

La organización comenzó a consolidarse en la zona serrana del estado después de la fragmentación de grupos criminales ocurrida tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva, en 2009.

Investigaciones y reportes de seguridad ubican la consolidación de Los Tlacos alrededor de 2017 en Heliodoro Castillo, cuya cabecera es Tlacotepec. El grupo pasó de tener vínculos con estructuras comunitarias y de autodefensa a desarrollar una organización criminal con capacidad armada y presencia territorial.

Entre las actividades atribuidas a sus células se encuentran la producción y trasiego de drogas, narcomenudeo, extorsión y cobro de piso, además del control de rutas y actividades económicas en distintas regiones.

Uno de los principales líderes identificados por autoridades ha sido Onésimo Marquina Chapa, “El Necho”, mientras que otros integrantes han sido señalados como operadores en municipios de la zona Centro y Norte de Guerrero.

Los Tlacos y Los Ardillos mantienen disputa en Guerrero

La detención ocurre mientras la disputa entre Los Tlacos y Los Ardillos mantiene bajo presión a distintas comunidades de Guerrero.

La confrontación entre ambas organizaciones ha sido relacionada con ataques armados, bloqueos, desplazamientos forzados y disputas por territorios y corredores estratégicos, particularmente en zonas de la Sierra y la Montaña baja.

En fechas recientes, el gobierno federal confirmó el desplazamiento de personas en comunidades de la región y desplegó elementos del Ejército y la Guardia Nacional para reforzar la seguridad ante el riesgo para la población civil.

La pugna entre ambos grupos también ha tenido repercusiones en municipios cercanos a Chilapa y Chilpancingo. En años recientes se han registrado bloqueos carreteros, ataques e interrupciones de actividades económicas en medio de la disputa por el control territorial.

Los Tlacos también han sido relacionados con presiones contra comerciantes y transportistas, mientras que investigaciones periodísticas han documentado la influencia que grupos criminales buscan ejercer sobre actividades económicas y comunidades en diferentes zonas del estado.

En este contexto, las autoridades investigan ahora la posible participación de una célula de Los Tlacos en la privación de la libertad de la adolescente localizada en Huitzuco.

Las personas detenidas y la motocicleta asegurada serán puestas a disposición del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones y determinará su situación jurídica.

La FGE Guerrero reiteró que mantiene coordinación con las instituciones de seguridad para combatir delitos de alto impacto y proteger a niñas, niños y adolescentes.

Las autoridades recordaron que Jesús “N” y Blanca Yessenia “N” se presumen inocentes mientras no exista una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Una red de puntos de venta de droga al menudeo quedó desarticulada en distintas zonas de Jujuy tras una jornada de controles que combinó allanamientos, operativos de saturación en la vía pública y procedimientos dentro del Servicio Penitenciario. El resultado: más de mil dosis de estupefacientes secuestradas y 23 personas demoradas por infracción a la Ley de Estupefacientes.

La Dirección General de Narcotráfico y la Agencia Provincial de Delitos Complejos ejecutaron 18 procedimientos contra la venta al menudeo en San Salvador de Jujuy, Alto Comedero, Perico, San Pedro, Monterrico y Libertador General San Martín.

Según lo informado por el portal Jujuy al Momento, las actuaciones se desarrollaron de manera simultánea en las seis localidades jujeñas y estuvieron coordinadas con el Ministerio Público de la Acusación, con el apoyo de grupos especiales de la Policía de Jujuy. El operativo combinó inteligencia previa con controles preventivos en la vía pública, lo que permitió identificar tanto bocas de expendio fijas como puntos de comercialización ocasional.

Las fuerzas de seguridad secuestraron 354 dosis de cocaína y pasta base, además de 692 dosis de marihuana y diversos plantines de cannabis sativa. El procedimiento también permitió el secuestro de siete teléfonos celulares y una balanza de precisión utilizados para la comercialización.

El secuestro de estos objetos resulta relevante para las investigaciones, ya que los teléfonos pueden aportar datos sobre contactos, transacciones y la estructura de distribución de cada punto de venta.

A mediados de julio, una investigación de seis meses llevada a cabo por Gendarmería Nacional Argentina permitió desarticular un clan narco que operaba entre las provincias de Jujuy y Salta. El operativo culminó con la detención de siete personas, entre ellas un preso, quien coordinaba las maniobras desde una cárcel federal. Además, se incautaron más de 61 kilos de cocaína, armas, vehículos y una importante suma de dinero.

Las acciones se desplegaron los días 18 y 19 de julio con la intervención de las Unidades de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Salta”, junto a efectivos de investigaciones de “Jujuy” y “La Quiaca”.

Durante la investigación, los agentes detectaron un vehículo con modificaciones destinadas al ocultamiento de estupefacientes. Ante esto, solicitaron apoyo al personal de la Sección Tres Cruces del Escuadrón 21 “La Quiaca”, cuya intervención resultó clave.

Durante un control en la Ruta Nacional N° 9, un perro detector marcó la presencia de drogas. La inspección permitió hallar 58 paquetes de cocaína escondidos en el torpedo y los zócalos del rodado, con un peso total de 61 kilos con 514 gramos.

A partir de este hallazgo, el Juzgado Federal de Jujuy ordenó doce allanamientos simultáneos en varias viviendas de San Salvador de Jujuy, La Quiaca, la localidad salteña de General Güemes y en una cárcel federal, donde uno de los miembros coordinaba las maniobras desde su celda.

Durante el operativo, incautaron diez automóviles, dos camiones, una pistola, dos chalecos antibalas, 47 municiones calibre 9 mm, seis municiones 7,62 mm, tres cartuchos calibre 36, 40 teléfonos celulares, cuatro notebooks, nueve pendrives, 1.618.650 pesos y 26.000 dólares.

A su vez, detuvieron a siete personas que pertenecen al mismo grupo familiar. Según pudo saber Infobae, entre ellos figura un hombre que, a pesar de estar privado de la libertad, continuaba coordinando maniobras desde una cárcel federal a través de comunicaciones telefónicas.

El operativo fue supervisado por el fiscal federal de distrito de la provincia de Salta, Eduardo Villalba, en coordinación con la fiscal de PROCUNAR, Mariana Gamba, y el secretario Viltes Monier. Las investigaciones continúan bajo la órbita del Juzgado Federal de Jujuy.

Un operativo con más de 350 efectivos desplegados en simultáneo permitió desarticular dos organizaciones dedicadas a la venta de drogas que operaban en distintas localidades del departamento Río Cuarto. La Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) concretó 32 allanamientos que derivaron en 28 personas detenidas, entre ellas 19 hombres y nueve mujeres, todas mayores de edad.

El despliegue alcanzó a cinco localidades cordobesas: Sampacho, Vicuña Mackenna, Coronel Moldes, Adelia María y Santa Catalina. El operativo fue producto de intensas tareas investigativas y buscó golpear de manera simultánea las dos estructuras delictivas identificadas por las autoridades.

De acuerdo a lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado de los procedimientos dejó un saldo económico que supera los 117 millones de pesos entre dinero en efectivo, droga, vehículos y armas secuestradas, un dato que ilustra la escala del entramado económico que sostenían ambas bandas en la región.

Entre los elementos incautados se contabilizaron 2.950 dosis de cocaína y 701 dosis de marihuana, además de 21 plantas y 56 semillas de cannabis sativa que indicarían actividad de cultivo propio por parte de alguna de las organizaciones. El hallazgo de plantines sugiere una producción paralela a la comercialización de sustancias ya fraccionadas.

En materia económica, los investigadores secuestraron 15.452.100 pesos en efectivo y 10.071 dólares estadounidenses, montos que se suman al valor de las drogas decomisadas para completar el total general informado de 117.943.430 pesos.

El operativo también incluyó el secuestro de cuatro vehículos y cuatro armas de fuego, junto con otros elementos considerados de interés para la causa judicial, cuya naturaleza específica no fue detallada por las fuentes oficiales.

Un dato relevante de la investigación es que las dos bandas desmanteladas no mantenían conexión operativa entre ellas. Según se estableció durante la causa, cada organización operaba de manera independiente, con una dinámica de funcionamiento propia, sin que existiera vinculación entre ambas estructuras delictivas pese a actuar en el mismo departamento.

Ambas redes se dedicaban a la distribución y comercialización de estupefacientes en las ciudades mencionadas del departamento Río Cuarto, de acuerdo con lo establecido por la pesquisa.

La Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de la ciudad de Río Cuarto, a cargo de la causa, ordenó la remisión de todos los elementos incautados durante los procedimientos y dispuso el traslado de los 28 aprehendidos a sede judicial. Los detenidos deberán responder por el delito de Comercialización Agravada de Estupefacientes.

Un par de días atrás, tres allanamientos vinculados a una investigación por drogas terminaron con dos personas mayores de edad aprehendidas en las localidades de General Baldissera y Corral de Bustos, provincia de Córdoba. Los procedimientos fueron ejecutados por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) bajo directivas del Ministerio Público Fiscal.

La intervención abarcó tres domicilios situados en dos localidades del departamento Marcos Juárez. Según la información oficial, los registros permitieron el secuestro de dosis de marihuana, semillas de cannabis sativa y otros objetos considerados relevantes para el avance de la causa.

La actuación judicial mantiene relación con un operativo anterior, concretado el 18 de septiembre en Isla Verde y General Baldissera. En ese caso, la FPA informó que fueron desarticulados tres puntos de venta de drogas y detenidas tres personas.

Los nuevos procedimientos se desarrollaron en inmuebles ubicados sobre calle Venezuela sin numeración y Pasaje Ernesto Cordero al 500, en General Baldissera. El tercer allanamiento tuvo lugar en una vivienda de calle San Martín al 100, en la ciudad de Corral de Bustos.

La FPA intervino en los tres domicilios como parte de una pesquisa dirigida por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Marcos Juárez. Las autoridades no difundieron las identidades de las dos personas aprehendidas ni precisaron el vínculo que tendrían con los lugares inspeccionados.

Durante las medidas ordenadas por la Justicia se incautaron varias dosis de marihuana y semillas de cannabis sativa. También fueron secuestrados elementos que quedaron incorporados a la investigación, aunque no se informó públicamente el detalle de esos objetos ni las cantidades exactas de sustancia hallada.

Los elementos incautados serán analizados dentro del expediente judicial. La información disponible no señala, por el momento, qué imputaciones podrían corresponderles a los aprehendidos ni si se solicitarán nuevas medidas en el marco de la causa.

Luego de las detenciones ocurridas tras la manifestación frente a Casa Jalisco, se dio a conocer que todas las personas involucradas recuperaron su libertad, mientras el gobierno de Jalisco ordena una investigación interna sobre el operativo policial por sus deficiencias y presuntos excesos.

Pablo Lemus Navarro, gobernador de Jalisco, reconoció públicamente los errores cometidos durante el operativo del domingo pasado y solicitó que la investigación sea acompañada por la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco, con el compromiso de garantizar la reparación del daño.

El mandatario afirmó que revisó personalmente decenas de videos de la movilización y concluyó que el despliegue tuvo graves deficiencias y se salió de control en su momento más crítico. Aunque señaló que algunos manifestantes incurrieron en actos violentos, admitió que la actuación policial también registró excesos.

“Como gobernador me toca dar la cara y tomar cartas en el asunto”, afirmó el mandatario, quien también reconoció: “Y así como hubo manifestantes que actuaron con violencia, también algunos elementos de la policía estatal cometieron excesos y los tenemos identificados.

Lemus sostuvo que nunca debió utilizarse agua ni gas contra los asistentes, y reconoció que menores de edad y adultos mayores quedaron expuestos a situaciones de violencia durante el operativo.

Investigación por los excesos durante el operativo

El gobernador aseguró que ya tienen identificados a elementos de la policía estatal que habrían cometido excesos, y pidió que la investigación defina las sanciones según el grado de responsabilidad de cada agente involucrado.

“Lo que sucedió el pasado domingo nunca más debe de repetirse en nuestra ciudad ni en nuestro estado”, dijo el mandatario estatal.

Ante los reclamos ciudadanos, Lemus descartó que el proyecto del acueducto sustituto Chapala-Guadalajara implique la privatización del agua potable, la contratación de deuda, un aumento de tarifas o la entrega del servicio a una empresa israelí.

La investigación interna deberá distinguir entre los actos atribuidos a manifestantes violentos y la conducta de los policías señalados, con el compromiso de que los abusos detectados no se repitan.

Su captura se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Dos de los detenidos fueron ubicados en Puruándiro, uno en Lázaro Cárdenas, otro en Morelia y el último en Guanajuato, en colaboración con las autoridades de esa entidad.

De acuerdo con la investigación, los implicados simularon el fallecimiento de una persona durante un choque, pero en realidad estaba viva. Esto lo realizaron al entregar documentación relacionada con un supuesto homicidio culposo, lo que derivó en el inicio del procedimiento de indemnización.

La empresa aseguradora efectuó el primer pago correspondiente a la muerte de la persona, pero luego de detectar irregularidades en la carpeta de investigación decidieron denunciar los hechos.

Con esto, las autoridades iniciaron las indagatorias por delitos de falsificación o alteración y uso indebido de documentos, y ejercicio ilícito del servicio público, en agravio de la compañía y de la sociedad.

Los cinco fueron identificados como Edilberto “N”, agente del Ministerio Público; J. Jesús N", perito criminalista; Óscar David “N”, perito médico forense; y Arturo “N”, policía de investigación; todos pertenecientes a la FGE de Michoacán. En tanto Diego “N”, era perito químico y exservidor público de la institución.

Cae exsecretario de finanzas de Michoacán por red que suplantaba políticos para extorsionar

Otro hecho que alcanzó a exfuncionarios públicos de Michoacán fue la detención de Luis Miranda Contreras, extesorero general y exsecretario de Administración y Finanzas entre 2012 y 2013, así como de otras cuatro personas señaladas por presuntamente integrar una red de extorsión que suplantaba la identidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernadores, alcaldes y otros funcionarios.

La captura ocurrió en Metepec, Estado de México, en un operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Junto con Miranda Contreras fueron detenidos Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aimee de Guadalupe “N”, su hija; y Agustín Arturo “N”, identificado como escolta.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo contactaba a políticos, servidores públicos y empresarios mediante llamadas y mensajes para obtener datos personales, información de dependencias y referencias sobre operaciones políticas o económicas.

Después del primer contacto, las víctimas recibían llamadas de personas que se hacían pasar por funcionarios de alto nivel. Los supuestos servidores públicos pedían dinero para operaciones políticas, gestión de pagos o incorporaciones laborales dentro de estructuras administrativas.

Las autoridades detectaron que la red utilizaba inteligencia artificial para imitar voces y construir conversaciones falsas por mensajes de texto y audio. También empleaba números telefónicos con logotipos, imágenes de perfil y nombres de instituciones públicas u organizaciones políticas.

Tras diversas denuncias, se identificó que el centro de operaciones de la red era una vivienda ubicada en el fraccionamiento “La Providencia”, del Estado de México, donde fueron asegurados al menos 19 celulares, tarjetas SIM y vehículos de alto valor. Las indagatorias establecieron que algunos esos teléfonos correspondían con los números reportados por las víctimas.

Miranda Contreras fue ingresado con los otros cuatro imputados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Almoloya de Juárez. Un juez los vinculó a proceso por extorsión el pasado 6 de octubre y ordenó prisión preventiva justificada.

Luis Miranda también cuenta con antecedentes penales por peculado, luego de que en 2017 fue detenido por el pago a dos proveedores por 26 millones 680 mil pesos que no se efectuaron cuando era funcionario público en Michoacán.

A través de su cuenta de X, el funcionario destacó la participación de ambas instituciones en la operación marítima. Sin embargo, no precisó la fecha del operativo ni la identidad de las personas detenidas.

García Harfuch también señaló que, durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, la Marina ha asegurado más de 90 toneladas de cocaína en operaciones marítimas.

García Harfuch sostuvo que estos decomisos impiden que millones de dosis lleguen al mercado y que las organizaciones criminales dispongan de recursos para adquirir armas, captar y corromper a jóvenes y autoridades, así como generar violencia en México.

Decomisos de cocaína en el Pacífico: más de 37 toneladas aseguradas hasta septiembre de 2026

Las operaciones marítimas contra el tráfico de cocaína en aguas mexicanas dejaron varios aseguramientos de más de una tonelada durante agosto, antes del decomiso de aproximadamente 1.2 toneladas anunciado hoy por García Harfuch. Los casos muestran distintas modalidades de traslado y localización de la droga: embarcaciones interceptadas en altamar y paquetes recuperados después de ser detectados flotando en el océano.

El 15 de agosto, elementos de Semar localizaron una embarcación menor con dos motores fuera de borda a unos 315 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero. A bordo viajaban dos personas y se encontraron 53 bultos con una sustancia con características similares a la cocaína, cuyo peso aproximado fue de 1.9 toneladas. La dependencia estimó que el aseguramiento representó una afectación económica de más de 400 millones de pesos.

Dos días después, el 17 de agosto, personal naval recuperó más de 1.6 toneladas de presunta cocaína distribuidas en 45 bultos que flotaban en el mar, a unos 329 kilómetros al suroeste de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Los paquetes fueron detectados durante un vuelo de patrullaje y vigilancia marítima, tras lo cual se desplegaron unidades para recuperarlos.

La Marina describió esta segunda acción como parte de la continuidad de las operaciones realizadas en la zona marítima contigua a la del aseguramiento del 15 de agosto. Sin embargo, los comunicados no establecen que ambos cargamentos tuvieran un mismo origen ni que pertenecieran a una sola organización criminal.

Para el caso de Michoacán, la dependencia calculó una afectación económica de aproximadamente 340.2 millones de pesos y señaló que se evitó que alrededor de 3.2 millones de dosis llegaran al mercado.

Otro operativo ocurrió el 7 de agosto, cuando la Semar aseguró aproximadamente mil 170 kilogramos de presunta cocaína a unos 851 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero. En esa intervención fueron detenidas seis personas: tres mexicanas y tres ecuatorianas. También se aseguró la embarcación en la que viajaban, que contaba con tres motores fuera de borda, combustible y equipos de comunicación.

Los tres casos permiten dimensionar la variedad de las operaciones, pero no deben interpretarse como parte de un solo cargamento. En el aseguramiento del 7 de agosto hubo seis detenidos; en el del día 15, dos; y en la recuperación de los paquetes frente a Michoacán, el comunicado citado no reportó detenciones.

El acumulado de 2026 superó el total de cocaína asegurada en 2025

Al 10 de septiembre, la Secretaría de Marina había asegurado 37 mil 855.48 kilogramos de cocaína en operaciones marítimas, de acuerdo con cifras difundidas por Excélsior el 15 de septiembre. El volumen superaba en 12 mil 142.48 kilogramos el total de 25 mil 713 kilogramos reportado durante todo 2025, una diferencia equivalente a un incremento de 47.2%.

El mismo balance incluyó el aseguramiento de 26 embarcaciones, una embarcación de bajo perfil y 54 motores fuera de borda, además de la detención de 86 presuntos infractores. Estos datos aportan contexto sobre las acciones de interdicción marítima, aunque no permiten establecer cuántas organizaciones criminales fueron afectadas ni qué proporción del tráfico total de cocaína hacia México representa la droga decomisada.

Antes de ese corte, el 3 de mayo, la Marina había reportado otro aseguramiento importante en el Golfo de Tehuantepec. En esa operación fueron localizados 78 bultos que contenían 2 mil 155 paquetes de polvo blanco con características similares a la cocaína, con un peso ministerial de 2.154 toneladas. El hallazgo ocurrió a unos 191 kilómetros de Salina Cruz, Oaxaca, y la sustancia quedó a disposición de las autoridades ministeriales para la integración de la investigación correspondiente.

Este antecedente también permite distinguir entre el peso aproximado anunciado durante una operación y el peso ministerial determinado posteriormente. En los casos de agosto, los comunicados utilizaron cantidades aproximadas y describieron la sustancia como presunta cocaína; por ello, las cifras deben atribuirse a la dependencia y no presentarse como resultados judiciales definitivos.

El aseguramiento anunciado hoy frente a Oaxaca se suma a estos antecedentes, pero el acumulado de 37.8 toneladas corresponde exclusivamente al periodo del 1 de enero al 10 de septiembre de 2026.

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Detienen a dos hombres en CDMX implicados en el robo de autopartes en Edomex

Dos hombres de 48 y 24 años fueron detenidos en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) luego de ser vinculados con el robo de autopartes cometido en el municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Su captura se derivó del seguimiento de diversas denuncias en línea por el robo de accesorios de vehículos en ese municipio mexiquense, lo que llevó a las autoridades a detectar el ingreso de un vehículo relacionado con los hechos a la CDMX.

Durante recorridos sobre la calle Jules Massenet, esquina con Ernesto Elorduy, en la colonia Peralvillo, los oficiales ubicaron a los dos hombres a bordo del vehículo mientras, de forma aparente, manipulaban envoltorios. Ante la posible comisión de un delito, los efectivos se aproximaron y les solicitaron descender para realizar una revisión.

Como resultado de la inspección, los policías aseguraron aproximadamente 100 bolsitas de plástico con hierba verde, con las características de la marihuana, además de 20 paquetes de plástico color verde con polvo blanco, similar a la cocaína.

Los detenidos, de 48 y 24 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación jurídica.

Un cruce de información reveló que el detenido de 24 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2024 por delitos contra la salud. El mismo hombre registra, además, dos presentaciones previas ante el Ministerio Público por los delitos de homicidio y lesiones con arma de fuego, así como por delitos contra la salud.

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Detienen a adolescente con drogas en Quintana Roo

Un adolescente identificado con las iniciales J.R.G. fue detenido en el municipio de Benito Juárez, en Quintana Roo, luego de que un operativo de vigilancia lo sorprendiera con bolsitas de droga que se le cayeron al suelo cuando intentaba ocultarlas.

El procedimiento estuvo a cargo de elementos de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo (SSC), en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional.

Los uniformados realizaban recorridos de prevención y vigilancia cuando observaron al menor extraer de un estuche varias bolsitas de plástico con vegetal verde y seco con características similares a la marihuana.

De acuerdo con el reporte de la SSC, algunas de las bolsitas cayeron al suelo mientras el sujeto las manipulaba. Al agacharse para recogerlas, el menor advirtió la presencia de los elementos policiales e intentó guardarlas nuevamente.

Ante esa reacción, los uniformados se aproximaron al joven sobre la avenida Selva, en Benito Juárez, le realizaron una revisión preventiva.

En total le fue asegurado:

• 51 bolsitas tipo ziploc con hierba seca similar a la marihuana
• 14 bolsitas con fragmentos cristalinos similares al cristal
• Un estuche grande color verde y un teléfono celular

Tras el aseguramiento, el menor fue puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo Especializada en Investigación de Delitos Cometidos por Adolescentes.

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Procesan a hombre por fraude tras “gestionar” una licencia de alcohol para una fonda en Nuevo León

Un juez de control vinculó a proceso a Luis Miguel “N” por fraude específico tras una investigación por la supuesta gestión de una licencia de alcohol para una fonda de El Pueblito, en el municipio de Corregidora.

La Fiscalía de Nuevo León informó que el caso se originó el 14 de diciembre de 2024, cuando la víctima acordó con Luis Miguel “N” que realizaría las gestiones para obtener el permiso destinado al establecimiento.

A partir del acuerdo, la víctima efectuó diversos pagos al imputado y después obtuvo el documento relacionado con la licencia. Sin embargo, los actos de investigación establecieron que el trámite no fue iniciado, lo que ocasionó un detrimento patrimonial a la persona ofendida.

La investigación comenzó tras la presentación de una querella. La Fiscalía realizó entrevistas con testigos y otras diligencias con participación de la Policía de Investigación del Delito (PID), con las que identificó al probable responsable.

Con los datos de prueba reunidos, la Fiscalía obtuvo una orden de aprehensión contra Luis Miguel “N”. La orden fue cumplimentada y el imputado quedó a disposición de la autoridad judicial.

Luis Miguel “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de fraude específico e impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Detienen a “Cuxo” con drogas y un arma en Quintana Roo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo detuvo a Carlos Augusto “N”, alias “Cuxo” y/o “Charly”, en el municipio de Benito Juárez. La autoridad lo señaló como presunto responsable de delitos contra la salud y de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

La detención ocurrió durante recorridos de vigilancia en los que participaron integrantes de la Dirección de Investigación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Su captura se ejecutó cuando los agentes lo observaron junto a una motocicleta, de donde sacó bolsitas de plástico con hierba verde similar a la marihuana y las olfateó.

Tras intentar darse a la fuga, el hombre fue interceptado en la calle 50, donde se realizó una revisión preventiva. La autoridad aseguró 105 bolsitas con hierba verde y seca similar a la marihuana, 40 envoltorios con fragmentos sólidos similares al cristal, dos armas de fuego calibre .223, dos cargadores, 37 cartuchos de 5,56 mm, una motocicleta Italika DM150 sin placas, una mochila y un celular.

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Seis personas enfrentan una posible condena de hasta 20 años de prisión tras ser detenidas por su presunta responsabilidad en el robo al Ayuntamiento de Cacahoatán, Chiapas.

El fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven Abarca, informó la detención de los seis implicados, quienes habrían cometido el robo el pasado 30 de junio de 2026 tras planear el despojo del dinero.

El monto asciende a 568 mil 732 pesos, que fueron sustraídos al auxiliar de egresos del municipio cuando salía de una institución bancaria rumbo a las oficinas municipales. La Fiscalía documentó el seguimiento previo que el grupo hizo a la víctima antes de interceptarla.

Seis personas planean y ejecutan el asalto contra el auxiliar de egresos

Los hechos ocurrieron poco después de las ocho de la mañana en el centro del municipio de Cacahoatán, en la región Soconusco. Según el relato del fiscal, los seis implicados “confabularon cometer este hecho delictivo, planearon, estuvieron dando seguimiento a la persona” encargada de manejar los recursos municipales.

La víctima, auxiliar de egresos del ayuntamiento, acababa de retirar el efectivo de un banco y se dirigía a las oficinas municipales cuando fue interceptada. Los seis detenidos fueron identificados como Vicente “N”, Manuel de Jesús “N”, José Iván “N”, Miguel Israel “N”, Adrián “N” y Rodolfo “N”.

Todos permanecen bajo custodia de las autoridades y enfrentarán el proceso judicial correspondiente por su participación en el robo con violencia agravado perpetrado contra el ayuntamiento.

La Fiscalía pedirá la pena máxima en el juicio

Llaven Abarca anunció que la institución dará seguimiento puntual al proceso judicial contra los seis detenidos. “Vamos a estar muy pendientes de este caso, vamos a darle seguimiento en el juicio y pediríamos la pena máxima de hasta veinte años de prisión por estos seis delincuentes que ya se encuentran detenidos y que van a enfrentar la justicia”, declaró el fiscal.

El asalto en Cacahoatán no es un hecho aislado en la entidad. En marzo de 2020, el presidente municipal de Mezcalapa, Juan Alberto Sánchez Hernández, sufrió un asalto al salir de una sucursal bancaria en la Plaza Sol, donde los delincuentes se llevaron 285 mil pesos destinados al pago de nómina municipal.

Los dos casos comparten el mismo mecanismo delictivo: vigilancia previa sobre el trayecto del funcionario e interceptación inmediata después del retiro de efectivo.

Delitos de alto impacto a la baja, plan focalizado en 30 colonias y reducción de violencia familiar y sexual

La Fiscalía de Chiapas también reportó que, en la última semana de septiembre e inicios de octubre, solo se abrió una carpeta de investigación por delitos de alto impacto en la zona de Tapachula: un robo a casa habitación cometido en la colonia Reforma.

Además, informó que no se registraron homicidios, feminicidios, secuestros ni violaciones en ese periodo. Detalló que por instrucción del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, la Fiscalía presentó un plan focalizado en las colonias con mayor incidencia delictiva: 15 en Tapachula y 15 en Tuxtla Gutiérrez, reforzado a partir del lunes pasado. El esquema se suma a los 53 programas de prevención que coordina la dependencia bajo el paraguas de Prevenir para el Buen Vivir.

En materia de violencia familiar, la dependencia documentó una reducción del 32%: de 44 denuncias la semana antepasada a 30 en la semana más reciente, concentradas en colonias como Tapachula Centro, Los Laureles, Cuapantes, Puerto Madero Centro, Pobres Unidos, Democrática Magisterial y Buenavista.

En paralelo, la Fiscalía reportó una sentencia condenatoria y la detención de siete agresores sexuales en Tapachula, Huehuetán, Tonalá, Arriaga y Mapastepec, con cinco casos de pederastia, dos de abuso sexual y uno de violación, entre víctimas identificadas como cuatro niñas, tres adolescentes y una mujer.

Un despliegue de 1,275 funcionarios judiciales, 80 allanamientos simultáneos, 31 personas detenidas y un enfrentamiento armado que dejó dos agentes policiales heridos marcaron uno de los mayores operativos contra el crimen organizado desarrollados en Costa Rica durante 2026, con el objetivo de desarticular una estructura criminal que operaba principalmente en la provincia caribeña de Limón.

Las diligencias comenzaron alrededor de las 4:00 de la madrugada de este viernes 9 de octubre, como parte de las investigaciones denominadas Portus y Conexión, dirigidas por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio Público.

La operación se concentró principalmente en Liverpool, Moín y otras comunidades de Limón, aunque también incluyó intervenciones en Heredia, Upala, Puntarenas, Desamparados, Puriscal, Escazú, Guápiles, Siquirres y Batán.

Las autoridades investigan a una organización presuntamente dedicada al robo de contenedores, sustracción ilegal de combustible, venta de drogas, homicidios, legitimación de capitales y asociación ilícita, con una estructura que habría operado durante varios años.

De acuerdo con el reporte oficial, participaron 1,100 agentes del OIJ, 85 jueces y 90 fiscales, además del apoyo de unidades tácticas especializadas encargadas de ingresar a propiedades consideradas de alto riesgo.

El director interino del OIJ, Michael Soto, confirmó que durante las primeras horas del despliegue se logró detener a 31 sospechosos, incluidos dos hombres señalados como los principales responsables de coordinar las actividades delictivas de la agrupación.

Las autoridades buscan determinar la participación de cada uno de los investigados y reunir elementos probatorios que permitan establecer sus responsabilidades penales.

Dos agentes del OIJ resultaron heridos durante enfrentamiento armado

Uno de los momentos de mayor tensión ocurrió durante un allanamiento desarrollado en Liverpool de Limón, donde se produjo un intercambio de disparos entre oficiales judiciales y al menos un sospechoso.

Según explicó Michael Soto, los agentes intentaban detener a integrantes de la organización cuando uno de los investigados habría intentado escapar.

En medio de la intervención se escuchó un disparo, lo que provocó la respuesta de los funcionarios policiales.

Como consecuencia del enfrentamiento, dos agentes del OIJ sufrieron heridas por arma de fuego, aunque las autoridades confirmaron que ambos se encontraban estables y que sus lesiones eran leves.

El incidente no dejó personas fallecidas.

Los investigadores también lograron capturar a un hombre sospechoso de haber disparado contra los oficiales con la intención de impedir su avance.

Durante los allanamientos se reportó además el decomiso de cinco armas de fuego, entre ellas cuatro pistolas y un fusil tipo AR-15, así como dinero en efectivo, drogas y vehículos de alta gama.

¿Quiénes son “Chon” y “Salchichón”, los principales sospechosos?

Entre los detenidos figura un hombre de apellidos Delgado Sandí, conocido con el alias “Chon”, quien fue capturado en el sector de Liverpool de Limón.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, este sujeto habría desempeñado el papel de principal cabecilla de la organización.

El expediente judicial lo señala como la persona encargada de planificar y coordinar diferentes actividades ilícitas, entre ellas el robo de mercancías, la sustracción de combustible y las operaciones relacionadas con el narcotráfico.

Otro de los principales sospechosos es Vargas Marín, alias “Salchichón”, detenido en Birrí de Heredia, quien presuntamente cumplía funciones de liderazgo dentro de la estructura y estaría relacionado con la organización de robos de contenedores.

Las autoridades también identificaron a otros integrantes que supuestamente desempeñaban funciones relacionadas con la logística, almacenamiento, transporte y comercialización de productos obtenidos de manera ilegal.

El Ministerio Público considera que la agrupación operaba mediante una distribución de tareas que permitía desarrollar varias actividades delictivas simultáneamente.

La investigación comenzó en 2024 y permitió identificar patrones de operación que condujeron a los allanamientos de este viernes.

Robos de contenedores dejaron pérdidas por USD 1,5 millones

Una de las principales líneas de investigación se relaciona con los asaltos a vehículos de carga que transportaban mercancías de alto valor por distintas carreteras del país.

Según el OIJ, la estructura estaría vinculada con al menos 11 robos de contenedores, ocurridos principalmente en sectores de Limón, Puntarenas, Liberia y San Ramón.

Entre los productos sustraídos figuraban atún, mariscos, artículos de limpieza, productos de higiene personal y otras mercancías destinadas al comercio.

Las pérdidas económicas relacionadas con estos hechos se estiman en aproximadamente USD 1,5 millones.

Organización habría robado 654,000 litros de combustible

Otra de las actividades atribuidas a la estructura es la extracción ilegal de combustible mediante intervenciones clandestinas en el sistema de distribución de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Las autoridades documentaron cinco eventos relacionados con tomas ilegales, localizadas en sectores de Alajuela y Siquirres.

En total, los investigadores estiman que los sospechosos sustrajeron aproximadamente 654,000 litros de combustible, cuyo valor económico rondaría los 400 millones de colones (USD 870 mil)

Estos hechos habrían representado una importante fuente de ingresos para la organización.

La investigación busca determinar cómo se realizaba la extracción, qué mecanismos utilizaban los sospechosos para transportar el producto y cuál era su destino comercial..

Dos homicidios investigados en Limón

Las autoridades judiciales también relacionan a la estructura con dos homicidios ocurridos entre diciembre de 2025 y agosto de 2026 en la provincia de Limón.

El primero se registró el 27 de diciembre de 2025, en el sector de Limón 2000, donde murió una mujer de apellido Aráuz.

El segundo ocurrió el 2 de agosto de 2026, en Liverpool de Limón, y tuvo como víctima a un hombre de apellido Morrison.

Ambos crímenes forman parte de las investigaciones que buscan esclarecer las actuaciones de los presuntos integrantes de la organización y las posibles disputas relacionadas con sus actividades ilícitas.

En materia de narcotráfico, el OIJ también vinculó a la agrupación con la comercialización de marihuana y cocaína.

Durante las pesquisas iniciadas en 2024, los investigadores decomisaron aproximadamente 100 kilogramos de cocaína, además de varios kilogramos de marihuana presuntamente relacionados con los sospechosos.

Dinero lanzado por las ventanas y una piscina con el rostro de Pablo Escobar

Los allanamientos también dejaron escenas que llamaron la atención de las autoridades judiciales.

En una de las propiedades intervenidas en Limón, un sospechoso lanzó una gran cantidad de billetes por las ventanas cuando se percató de la presencia policial.

Según explicó Michael Soto, el sujeto aparentemente intentaba deshacerse del dinero para evitar que fuera relacionado con las actividades criminales investigadas.

El director del OIJ describió la situación como “una lluvia de dinero”, cuyos billetes pudieron ser recuperados y puestos bajo custodia para su incorporación como evidencia.

En otra propiedad, vinculada con “Chon”, los funcionarios encontraron una piscina decorada con la imagen del narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

El hallazgo ocurrió en una vivienda de Liverpool, donde las autoridades también investigan bienes que podrían estar relacionados con las ganancias obtenidas mediante actividades ilícitas.

El fiscal general, Carlo Díaz, calificó el diseño de la piscina como una manifestación de apología del delito.

Además de las detenciones, las autoridades pretenden identificar propiedades, vehículos y otros activos que podrían haber sido adquiridos con recursos procedentes de las actividades investigadas.

Fiscalía investiga posibles nexos con otras organizaciones criminales

El Ministerio Público también analiza si la estructura liderada presuntamente por “Chon” y “Salchichón” mantenía relaciones con otras organizaciones delictivas asentadas en la provincia de Limón.

Entre los grupos mencionados por las autoridades figuran “La H” y la organización vinculada con Tony Peña Russell, ambas objeto de investigaciones y operativos policiales durante los últimos meses.

El fiscal general Carlo Díaz confirmó que esta posibilidad forma parte de las líneas de investigación, aunque todavía no se ha establecido una relación definitiva entre las agrupaciones.

“Posiblemente esta organización tiene ligamen con una de esas más grandes”, manifestó el jerarca.

El fiscal también destacó que el operativo de este viernes se suma a otros procedimientos desarrollados en Limón, entre ellos los casos Riverside, Traición y Valle, dirigidos contra diferentes estructuras criminales.

Su captura se llevó a cabo desde el centro de operaciones que mantenían, ubicado en el fraccionamiento “La Providencia” del municipio de Metepec, donde les aseguraron teléfonos celulares, vehículos de alta gama y diversas tarjetas SIM que intentaron ocultar.

En la acción fueron capturados Luis Miranda; Liliana “N”, su esposa; Luis Samuel “N”, su hijo; Aime de Guadalupe “N”, su hija, y Agustín Arturo “N”, el escolta, al ser acusados por su probable responsabilidad en el delito de extorsión como parte del entramado que suplantaba a funcionarios de la Presidencia de la República, ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alcaldes, gobernadores, entre otros.

La investigación, encabezada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), identificó que la red usaba como principal modos operandi la implementación de Inteligencia Artificial (IA) para imitar voces de políticos y suplantar su identidad con el objetivo de obtener favores económicos o laborales.

Se hacían pasar por políticos de alto nivel y creaban conversaciones ficticias

Las pesquisas permitieron identificar que el grupo contactaba a políticos, funcionarios públicos o empresarios a través de mensajes de texto o llamadas directamente a sus números personales, ya que se aprovechaban las relaciones previas establecidas por el exsecretario de Administración y Finanzas.

En la interacción obtenían información sensible, como datos confidenciales, de las dependencias a su cargo o de otros funcionarios, así como relacionados con la operación política o económica, los cuales usaban para suplantarlas y extorsionar.

De manera recurrente se hacían pasar por secretarios particulares de algún funcionario o político de alto nivel diciendo que actualizarían agendas o gestionar una comunicación “con su jefe”.

Luego del primer contacto, el supuesto funcionario de alto nivel los contactaba y decía tener instrucciones para solicitarles “su apoyo”, que consistía en dinero para “la operación política o agilizar pagos”, “la incorporación laboral de alguna persona en sus estructuras administrativas”, incluso para “recomendar la contratación de servicios con alguna persona física o moral”.

Para generar confianza a las víctimas, usaban un lenguaje estudiado de manera previa, así como números telefónicos con imágenes de perfil, íconos o registros de llamada, logotipos y nombres oficiales tanto de gobiernos como organizaciones políticas.

Como parte de su táctica para suplantar, la red también usaba Inteligencia Artificial (IA) para imitar la voz de los políticos a quienes suplantaban y creaban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios a través de mensajes de texto o voz que luego compartían a las víctimas.

Al encontrarse sus cuentas bancarias bloqueadas, Luis Miranda Contreras presuntamente solicitaba que el dinero fuera entregado en efectivo, y cuando quería bancarizar el recurso, usaba una moral dedicada a la arquitectura y construcción de la que es propietaria su hija Aimee “N”.

Las autoridades detallaron que parte de los recursos obtenidos a través de la suplantación de identidad fueron utilizados para adquirir propiedades en zonas de alta plusvalía y vehículos de alta gama.

Como parte de los actos de investigación, la Fiscalía del Edomex identificó que su zona de operación era un inmueble dentro del fraccionamiento donde fueron detenidos. La indagatorias refieren que usaron al menos 19 celulares que presentan registros de haber sido utilizados con las tarjetas SIM aseguradas y que corresponden con los números reportados por algunas víctimas.

Los cinco detenidos fueron ingresados al Centro Penitenciario de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, conocido como “El Altiplano”, ubicado en el Estado de México. El pasado 6 de octubre fueron vinculados a proceso por su probable responsabilidad en el delito de extorsión y quedaron bajo prisión preventiva.

Cabe señalar que Luis Miranda Contreras cuenta con antecedentes penales por peculado, luego de ser acusado por el desvío de más de 26 millones de pesos en contratos que no se cumplieron en 2012, durante la administración del gobernador Fausto Vallejo Figueroa en Michoacán.

Durante dos meses, la Policía investigó una serie de robos a repartidores cometidos mediante falsos pedidos de comida en Godoy Cruz, Mendoza. Este miércoles, diecisiete personas quedaron detenidas tras 20 allanamientos simultáneos, entre ellas cinco sospechosos señalados como autores principales de los ataques.

La modalidad investigada consistía en generar encargos de comida para llevar a los repartidores hasta direcciones determinadas. Al llegar, las víctimas eran amenazadas y despojadas de motocicletas, cascos, teléfonos celulares, dinero y mochilas de trabajo. Algunos de los hechos se habrían cometido con armas blancas y otros con armas de fuego.

La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad Investigativa de Godoy Cruz, dependiente de la Dirección General de Investigaciones, bajo intervención de la Unidad Fiscal de Robos, Hurtos Agravados y Sustracción de Automotores, de acuerdo con Los Andes.

La causa reunió declaraciones de las víctimas, tareas de campo y el análisis de datos vinculados con distintos episodios ocurridos en la zona. Con esa información, los efectivos lograron establecer conexiones entre los hechos, identificar a personas presuntamente involucradas y ubicar los domicilios que luego fueron allanados.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en distintos puntos de Godoy Cruz y culminaron con 17 arrestos. Entre los detenidos están los cinco hombres que habían sido señalados previamente por la Dirección de Investigaciones en relación con robos a trabajadores de la aplicación de delivery.

La ministra de Seguridad y Justicia de Mendoza, Mercedes Rus, afirmó que el objetivo del operativo fue detener a los presuntos responsables en sus viviendas. “Estamos yendo a buscar a los delincuentes a sus lugares”, sostuvo según Los Andes.

“Lo más importante del éxito de este operativo es que las cinco personas que íbamos a buscar estaban sindicadas por robos a Pedidos Ya. Para nosotros esto es fundamental, porque es gente que está trabajando y queremos que pueda salir tranquila a la calle a realizar su trabajo”, remarcó la funcionaria.

La pesquisa no se limitó a los ataques contra repartidores. Los investigadores establecieron que algunos de los sospechosos podrían estar relacionados con asaltos a personas que circulaban en bicicleta por la misma zona de Mendoza.

En uno de esos hechos, dos víctimas fueron amenazadas con un arma de fuego y sufrieron el robo de tres bicicletas. Dos de ellas pertenecían al sistema público Bicitrans y la tercera era de propiedad particular.

El rastreo de las bicicletas públicas aportó un elemento para la causa. Ambas unidades contaban con sistema de geolocalización GPS, que permitió detectar que habían sido trasladadas a un punto situado a unos 30 metros de uno de los domicilios investigados. Una de las bicicletas fue recuperada dentro de un zanjón.

La bicicleta particular seguía desaparecida hasta la jornada de los allanamientos. Durante uno de los procedimientos, la Policía la encontró y la incorporó a la causa como prueba, junto con otros objetos que serán sometidos a cotejos para determinar su relación con los robos denunciados.

El secuestro incluyó siete bicicletas, mochilas empleadas por repartidores, cascos, teléfonos celulares y prendas de vestir. Víctimas identificaron algunas de esas prendas como indumentaria que habría sido utilizada en determinados asaltos.

La Policía también incautó una escopeta, municiones de distintos calibres y tres réplicas de armas de fuego. En el marco de la investigación, los elementos serán sometidos a análisis para determinar si se emplearon en los episodios bajo pesquisa.

En uno de los domicilios allanados también se encontraron estupefacientes. Por ese hallazgo intervino la Justicia Federal, mientras la causa vinculada con los robos continúa en la Fiscalía provincial.

Los 17 detenidos quedaron a disposición judicial. La investigación seguirá con ruedas de reconocimiento y otras medidas para determinar el grado de participación de cada sospechoso en los distintos hechos denunciados.

En septiembre, el Jardín de Infantes 908 de Ituzaingó sufrió un robo en el que fueron sustraídos dispositivos electrónicos, equipos de sonido y herramientas. Por el hecho, dos hombres fueron detenidos este martes durante una serie de allanamientos.

El operativo se realizó el martes 7 de octubre, poco más de dos semanas después del hecho denunciado en el jardín ubicado en Santos Dumont al 250, en la localidad de Villa Ariza. La causa, caratulada como robo agravado bajo la modalidad escruche, quedó bajo intervención de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 2 de Ituzaingó y del Juzgado de Garantías 2 de Morón.

Según la información oficial, una comunicación anónima recibida por el Municipio de Ituzaingó aportó datos que permitieron orientar la pesquisa. A partir de ese aviso, los investigadores identificaron a los sospechosos.

De acuerdo con el parte policial, los detenidos son dos hombres de 39 y 31 años, ambos de apellido Chávez. Las aprehensiones se concretaron después de una serie de tareas de campo realizadas por el Grupo Táctico Operativo de la comisaría 2ª de Villa Ariza.

Entre los elementos recuperados figuran un monitor de computadora, tres notebooks del programa Conectar Igualdad, un parlante, una consola de sonido, un televisor y herramientas, de acuerdo con el registro policial. La Justicia deberá determinar mediante peritajes y reconocimientos si todos esos objetos pertenecen al establecimiento y establecer el grado de participación de cada uno de los aprehendidos.

Asi fue el robo en el jardín de infantes

Durante la mañana del 21 de septiembre, antes de que comenzaran las clases, descubrieron el robo. Al llegar al lugar, docentes, auxiliares y distribuidores de alimentos hallaron las instalaciones revueltas y detectaron faltantes en distintos sectores.

El horario habitual de ingreso de los alumnos era a las 8:30, aunque parte del personal ya se encontraba en el predio desde cerca de las 7:30. Al advertir el desorden y verificar que faltaban equipos y materiales, las autoridades identificaron que se había producido un robo y resolvieron suspender las actividades de esa jornada.

La investigación se inició tras el ingreso de un llamado al 911. La directora del establecimiento, Cecilia Campos, denunció que habían forzado una puerta trasera para entrar al edificio durante horas en las que no había actividad escolar. El jardín cuenta con un amplio terreno trasero que linda con otro predio donde se realizaba una obra. Esa característica fue incorporada a las primeras hipótesis sobre el posible acceso de los delincuentes.

Los investigadores comenzaron a analizar el posible recorrido de los autores dentro del predio y las circunstancias en las que ingresaron al establecimiento. La pesquisa busca determinar si actuaron solos o con apoyo de otras personas, además de establecer el destino de los elementos que faltaban

Establecieron tres domicilios que podrían estar vinculados con el robo. El Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes de allanamiento, que fueron concedidas para avanzar sobre las viviendas señaladas. Durante los procedimientos, los agentes detuvieron a los dos acusados y secuestraron diversos objetos que podrían guardar relación con el material sustraído del jardín.

Además del perjuicio patrimonial, el robo tuvo consecuencias directas sobre la dinámica educativa. Los equipos tecnológicos y de audio, junto con los materiales de trabajo, eran utilizados por docentes y alumnos en las actividades cotidianas.

La comunidad educativa quedó a la espera de avances en la causa después de que se suspendieran las clases el día en que se detectó el hecho. Ahora, los investigadores deberán cotejar los objetos secuestrados con la denuncia y con los registros del Jardín 908 para definir cuáles de ellos fueron recuperados.

Los dos aprehendidos quedaron a disposición de la UFI 2 de Ituzaingó, que continuará con las medidas previstas en la investigación por el robo al establecimiento.

Nueve personas fueron detenidas durante un cateo a un domicilio relacionado con el robo a transportistas en la carretera 57 del estado de San Luis Potosí, lo que permitió asegurar decenas de inhibidores de señal, antenas, autopartes, vehículos y hasta tarimas con mercancía.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que el operativo se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación por parte de elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales.

La carretera 57 es un corredor clave para el control del narco en San Luis Potosí, en la cual se han registrado múltiples reportes de robo a transportistas y hasta secuestros. Esta vía permite a los grupos criminal no solo consolidar su presencia en esta entidad, ya que también la conecta con Nuevo León y sirve como paso hacia Coahuila.

Como parte de las investigaciones, las autoridades recabaron información que permitió identificar patrones de operación, rutas de traslado e inmuebles usados para el resguardo de mercancía robada.

En la acción fueron arrestadas nueve personas, entre las que se encuentra Juan José Méndez, alias “El Canas”, identificado como líder de una célula delictiva con presencia en la región, además de que fueron asegurados los siguientes objetos:

• 30 inhibidores de señal
• Un arma larga
• 359 antenas inhibidoras
• Cartuchos
• Cargadores
• 6 montacargas
• 110 autopartes

• 10 vehículos
• 297 tarimas con mercancía

Harfuch detalló que este operativo representa un avance en el combate al robo de transportistas en la carretera 57, la cual es un corredor clave para conectar varios estados en el país.

“Este resultado representa un avance importante en el combate al robo a transportistas y contribuye a hacer de la carretera 57 una vía más segura para quienes trabajan y transitan por ella”, dijo en sus redes sociales.

¿Por qué es importante este corredor en San Luis Potosí para el narco?

La carretera federal 57 funciona como corredor estratégico del crimen organizado en San Luis Potosí porque conecta tres estados del noreste mexicano y concentra una disputa territorial entre cárteles, este sitio registró un reciente hecho violento el pasado 21 de marzo cuando un grupo de siete trabajadores electricistas fueron interceptados por hombres armados que los privaron de la libertad.

Víctor Manuel Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó en ese entonces en entrevista con Infobae México que la carretera conecta San Luis Potosí con Nuevo León y Coahuila, lo que la convierte en un punto de paso disputado entre organizaciones criminales.

“Es el corredor de la parte oeste de San Luis Potosí, que de hecho es la zona más poblada del estado”, detalló el especialista. Según el investigador, ahí se concentra el mayor conflicto entre organizaciones criminales de la entidad.

La cercanía de Matehuala con el límite de Nuevo León refuerza su función como puerta de entrada para grupos armados que buscan desplazarse entre los tres estados.

La presencia criminal en San Luis Potosí se remonta a la expansión del Cártel del Golfo, que comenzó alrededor de 2007 aprovechando la cercanía con Tamaulipas, Nuevo León, Veracruz e Hidalgo. El cártel utilizó entonces a Los Zetas como brazo armado para consolidar territorio.

Sin embargo, en 2010 se produjo la ruptura entre ambos grupos, provocando que Los Zetas terminaran con una posición más sólida en el estado “precisamente porque ellos fueron los que llevaron a cabo la expansión”, explicó Sánchez.

La guerra de tres frentes y el nacimiento del Cártel del Noreste

Entre 2011 y 2012, Iván Velázquez, alias “El Talibán”, operador de Los Zetas en la entidad, rompió con la organización y detonó una guerra de tres frentes. Con el tiempo, el grupo de “El Talibán” se alió con el Cártel del Golfo.

En 2015, Los Zetas desaparecieron como marca y se transformaron en el Cártel del Noreste. En paralelo, el Cártel de Sinaloa se expandió hacia San Luis Potosí desde Zacatecas. Y para el 2021 llegó el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), lo que complicó aún más el mapa criminal de la región.

Los Alemanes mantienen el control sobre Matehuala

En 2022, la fragmentación del Cártel del Noreste dio origen a Los Alemanes, grupo que consolidó presencia en la zona de Matehuala.

El especialista detalló que Los Alemanes se dedican al trasiego de drogas, la extorsión y el robo de autopartes en el territorio que controlan, ya que Matehuala resulta estratégico por su conexión con Nuevo León y Coahuila.

Otro de los hechos violentos registrados en la zona ocurrió en mayo de 2023, cuando un autobús de pasajeros con 50 migrantes a bordo fue secuestrado de madrugada mientras circulaba por la comunidad de San Pablo, cerca de la carretera 57.

De acuerdo con reportes, el propietario del vehículo recibió llamadas de presuntos integrantes del Cártel del Golfo que exigían mil 500 dólares por cada pasajero para dejarlos continuar su camino, pero éste no fue entregado. Días después fueron localizados 49 de los migrantes secuestrados.

En el mismo tramo se han reportado también robos recurrentes a transporte de carga en distintos periodos.

Vanessa “N” y Óscar “N” fueron detenidos por su probable responsabilidad en los delitos de violencia familiar y abuso sexual, respectivamente, en agravio de uno de sus hijos en el Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Edomex (FGJEM) informó que los hechos ocurrieron el pasado 26 de septiembre, cuando el menor de edad se encontraba en un domicilio de la localidad de Tlatenango Abajo, del municipio de Teomaya.

Ese día, el menor se encontraba en compañía de sus padres, cuando la mujer lo agredió física y psicológicamente, además de negarle los alimentos. Elementos de la Fiscalía del Edomex pudieron constatar mediante una revisión que se presentaba una cicatriz secundaria por una quemadura de segundo grado con la plancha.

Los datos refieren que horas después, entre ese día y el 27 de septiembre, el menor fue víctima de tocamientos de índole sexual por Óscar “N”, por lo que se procedió a solicitar órdenes de aprehensión contra la pareja.

Vanessa “N” fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de violencia familiar, mientras que Óscar “N” por abuso sexual. Tras ser arrestados, ambos fueron ingresados al Centro Penitenciario y de Reinserción Social localizado el Almoloya de Juárez, para que quedar a disposición de un juez.

Ambos también son investigados por el homicidio de su hijo, ocurrido días antes

La autoridades detallaron que la pareja también está relacionada con una segunda investigación por el delito de homicidio en agravio de un menor de edad, también su hijo.

Los hechos ocurrieron el 24 de septiembre -días antes de los ocurridos contra el primer menor de edad-, cuando elementos de la Policía Municipal acudieron al domicilio y localizaron a un niño sin vida.

Las pruebas periciales arrojaron que la causa de muerte del menor fue hemorragia aguda secundaria a ruptura de varices gástricas, provocada por omisiones en su cuidado, ya que no recibió atención médica a pesar de tener un padecimiento previo ocasionado por descuidos físicos y alimentarios.

Además, las autoridades identificaron que el menor presentaba signos de violencia sexual reciente y antigua, por lo que dieron inicio a las investigaciones para identificar a los responsables.

La Fiscalía del Estado de México informó que en caso de ser declarados culpables la pareja podría enfrentar una sentencia de 3 a 7 años de prisión por el delito de violencia familiar, y de 8 a 15 años por abuso sexual.

Arrestan a mujer por el feminicidio de sus hijas de 1 y 6 años en Edomex

Un hecho similar de violencia contra las infancias se registró también en septiembre, cuando Fabiola “N” fue detenida en el Estado de México por su presunta responsabilidad en el feminicidio de sus dos hijas, de 1 y 6 años de edad en Almoloya de Juárez.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 11 de septiembre, en el domicilio donde residía la familia, ubicado en la comunidad de ejido San Pedro. Las menores se encontraban al cuidado de su madre cuando esta las agredió con un objeto punzocortante.

Las lesiones provocadas a las niñas fueron graves y les causaron la muerte; sin embargo, una vez cometida la agresión contra las menores, Fabiola “N” también se habría provocado heridas con el mismo objeto punzocortante utilizado en el crimen. La gravedad de las lesiones obligó a trasladarla a un hospital antes de su ingreso al sistema penitenciario.

Las diligencias de la fiscalía establecieron la probable intervención de Fabiola “N” en el crimen, lo que motivó la solicitud de la orden de aprehensión ante un juez. La institución reunió el material probatorio durante la etapa inicial de la investigación.

Una vez cumplimentado el mandamiento judicial, Fabiola “N” ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Almoloya de Juárez, donde quedó a disposición de la autoridad judicial para que resuelva su situación legal.

La Policía Nacional de República Dominicana informó el arresto de dos hombres con 12 registros policiales entre ambos, a quienes ocupó dos pistolas que no figuraban registradas, cargadores, municiones y un teléfono celular en el municipio de El Factor, provincia María Trinidad Sánchez.

El vocero de la institución, Diego Pesqueira, identificó a los detenidos como Carlos Sadiel Santana Goris, quien tenía ocho registros policiales y un impedimento de salida del país, y Ruddy Rafael Frías Feliz, de 48 años, con cuatro registros por distintos hechos delictivos.

De acuerdo con Pesqueira, agentes policiales apresaron a ambos en la calle María Trinidad Sánchez, mientras se desplazaban en un Hyundai Sonata Y20 de color negro. Durante la intervención, los uniformados ocuparon dos cargadores con capacidad para 30 cápsulas cada uno, además de otros dos cargadores: uno para 15 proyectiles y otro para 18.

La institución indicó que a Santana Goris le fue ocupada una pistola Glock modelo 23 Gen4, calibre 40, con cañón 9x19 milímetros, serie VCO25. El arma, de color negro con verde mostaza, tenía un cargador con capacidad para 30 cápsulas y 14 municiones. Según la Policía, el arma estaba depurada y no tenía registro.

A Frías Feliz, en tanto, le incautaron una pistola Glock modelo 26 Gen5, calibre 9x19 milímetros, serie AGPU184, también de color negro con verde mostaza. El arma contaba con un cargador y 12 cápsulas. Pesqueira señaló que esta pistola tampoco figuraba registrada. Durante el operativo, los agentes además ocuparon un teléfono celular.

La Policía Nacional informó que las armas, cargadores, municiones y las demás pertenencias ocupadas quedaron bajo custodia de las autoridades para los procedimientos correspondientes.

Los dos hombres serán puestos a disposición del Ministerio Público, que deberá establecer la calificación jurídica del caso y solicitar, si corresponde, medidas de coerción ante un tribunal. La información divulgada por la Policía no precisa si las armas fueron utilizadas en otros hechos bajo investigación ni el origen de los registros policiales atribuidos a los detenidos.

El señalamiento de registros policiales no equivale a una condena penal. La responsabilidad de Santana Goris y Frías Feliz deberá ser determinada por la justicia durante el proceso que inicie el Ministerio Público.

La Ley 631-16 contempla penas de hasta cinco años por tenencia y porte ilegal

Aunque el nuevo Código Penal dominicano rige desde agosto de 2026, los delitos vinculados al control, la tenencia y el porte de armas de fuego están regulados de manera específica por la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El artículo 66 de esa norma establece que la posesión o tenencia de un arma de fuego de uso civil sin la licencia correspondiente constituye un delito. Para estos casos, la ley prevé penas de tres a cinco años de prisión, el decomiso del arma y de los objetos incautados, además de una multa equivalente a entre 25 y 50 salarios mínimos del sector público.

La misma disposición contempla una pena de seis meses a dos años para otros materiales regulados por la ley que no correspondan a armas de fuego de uso civil. La norma también prevé sanciones más altas cuando un arma ilegal es utilizada en delitos como robo, homicidio o secuestro.

El artículo 67 sanciona el porte, transporte o uso de armas de fuego de uso civil sin licencia. La penalidad prevista es igualmente de tres a cinco años de privación de libertad, junto con el decomiso de las armas, municiones y demás objetos ocupados, así como multas de entre 25 y 50 salarios mínimos del sector público.

La ley considera agravante que un arma o material regulado haya sido empleado en la comisión o tentativa de otro delito. Ese elemento puede ser tomado en cuenta por las autoridades al evaluar el peligro de fuga de los imputados.

En este caso, corresponderá al Ministerio Público determinar si los elementos ocupados permiten atribuir a los detenidos tenencia ilegal, porte ilegal u otra infracción contemplada en la legislación dominicana. La Policía Nacional aseguró que las investigaciones continúan.

Durante la operación, señaló el secretario de Seguridad, fueron aseguradas aproximadamente 60 toneladas de cigarros apócrifos, equivalente a cerca de 2 millones de unidades, además de cuatro máquinas utilizadas para su elaboración y empaquetado, 293 cajas con filtros, más de 4 mil 800 rollos de papel y dos vehículos. Además, se detuvo a tres personas, dos de ellas de nacionalidad canadiense.

“La fabricación y comercialización de estos productos ilícitos no solo afecta la economía formal, sino que pone en riesgo la salud de quienes los consumen”, concluyó el titular de la SSPC.

Junto con la información, se compartieron fotos y un video sobre el hecho.

Interceptan en el AICM más de dos millones de cigarros apócrifos

Apenas el pasado lunes 21 de septiembre, La Secretaría de Marina (Marina) y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) realizaron el aseguramiento precautorio de 2 millones 400 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la aduana del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM). La acción se ejecutó en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), según informaron las autoridades.

El embarque procedía de Pekín, China, y había sido declarado documentalmente como palillos perfumados. Sin embargo, dentro de las cajas se localizaron cigarrillos de procedencia irregular, según confirmó la revisión especializada realizada por personal aduanero.

El aseguramiento se dio a conocer el pasado 21 de septiembre y ocurrió cuando efectivos detectaron un embarque con destino a territorio nacional que no coincidía con su documentación. En lugar de palillos perfumados, la mercancía contenía 120 mil cajetillas de cigarros, equivalentes a 2.4 millones de unidades, con un peso total de 3 mil 983 kilos. El cargamento estaba conformado por 200 cajas distribuidas en nueve tarimas.

Este tipo de operativos responde a una pregunta recurrente sobre el contrabando de tabaco en México: los cargamentos ilegales suelen ingresar al país declarados como productos distintos a los que realmente transportan, con el fin de evadir los controles arancelarios. En este caso, la simulación fue registrar cigarrillos como palillos perfumados para sortear la inspección aduanera.

De acuerdo con el comunicado, la mercancía fue localizada mediante mecanismos institucionales de análisis de riesgo implementados por la ANAM. Estos sistemas permitieron identificar elementos que ameritaron una inspección especializada del embarque.

Fue durante esa revisión que se confirmó la inconsistencia entre la documentación de transporte y el contenido real de las cajas, en el marco de las acciones permanentes de análisis de riesgo, vigilancia y fortalecimiento del control aduanero.

La mercancía fue asegurada de manera precautoria dentro del recinto fiscalizado del AICM. Este procedimiento es habitual en este tipo de aseguramientos: la mercancía queda bajo resguardo hasta que se completan las diligencias legales y técnicas necesarias para definir su destino final, ya sea la destrucción, el decomiso definitivo o cualquier otra resolución conforme a la legislación aplicable.

Según el comunicado conjunto, este aseguramiento representa una medida para la protección de la Seguridad Nacional. Las autoridades argumentaron que impide el posible ingreso de productos apócrifos que afectan la economía formal y vulneran los derechos de propiedad intelectual. El documento también señaló que este tipo de mercancía representa riesgos para la salud pública y fortalece los esquemas de comercio ilícito utilizados por organizaciones dedicadas al contrabando.

En redes sociales fue compartido un video en el que se observa a un grupo de padres y docentes sometiendo a uno de los agresores en el piso, mientras que otros golpean al segundo implicado en la agresión.

Segundos después, los padres sacan de las instalaciones a uno de los jóvenes mientras que otros adultos continúan con las agresiones en su paso hacia a la salida.

Entre gritos de auxilio para solicitar un ambulancia, así como en medio de patadas y el aseguramiento de los responsables, los padres visiblemente alterados se mantienen en el sitio para que las autoridades los detengan.

Ataque se realizó con cohetes o petardos, descartan uso de armas de fuego

De acuerdo con los reportes, vecinos del Ejido La Unión escucharon al menos cuatro detonaciones momentos antes de que comenzara el despliegue de elementos de seguridad, lo que los alertó por un posible ataque armado en la escuela.

La agresión ocurrió alrededor de las 08:30 horas, cuando dos hombres ingresaron al plantel y comenzaron a atacar a las personas que se encontraban en la escuela. Ante los hechos, los alumnos comenzaron a resguardarse en los salones.

El gobernador, Manolo Jiménez Salinas, detalló más tarde que las primeras investigaciones refieren que se trató de un ataque con cohetes o petardos y descartó el uso de armas de fuego.

Además, informó que la agresión dejó un saldo de cinco personas heridas, entre las que se encuentran dos estudiantes y tres docentes; por su parte, el fiscal del estado, Federico Fernández Montañez, detalló que la subdirectora del plantel murió en el ataque y confirmó más tarde que el saldo final fue de cuatro heridos, dos graves y dos estables.

Dos exalumnos con “un problema personal”, el posible móvil

El fiscal del estado refirió que los dos responsables de la agresión fueron identificados como exalumnos de la institución, de 18 años de edad, quienes ingresaron para atacar al personal administrativo y alumnos.

La subdirectora del plantel falleció derivado del ataque con presuntos petardos. En redes sociales comenzaron a circular fotografías de los artefactos que habrían utilizado los dos responsables, las cuales tienen ilustraciones de una llama de fuego y son contenedores con una especie de mecha para incendiarse y explotar; sin embargo, serán las autoridades las que determinarán el tipo de artefacto empleado.

El gobernador también informó que el principal móvil que se tiene hasta el momento es que el ataque fue motivado por una situación personal, de posible rechazo, que habría motivado a los dos hermanos a atacar la escuela secundaria.

“Presuntamente es por algunas situaciones personales, de rechazo o alguna situación de enojo personal. Hasta el momento la información que tenemos es que esta situación se desarrolla con armas blancas, por ahí se habla de algunas detonaciones que están vinculadas con cohetes, tipo como los cañones o palomas, una especie de esos artefactos”, refirió ante medios de comunicación.

Gabinete de Seguridad se une en las investigaciones: SEP brindará acompañamiento a familias

El Gabinete de Seguridad informó que colabora con las autoridades de Coahuila para esclarecer los hechos ocurridos en la escuela secundaria y contribuir en las investigaciones.

Además, lamentó el fallecimiento de la subdirectora del plantel y detalló que las personas lesionadas, que hasta ese momento eran tres, reciben atención médica y los dos responsables ya fueron detenidos.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lamentó el ataque ocurrido en la escuela y expresó sus condolencias tanto a familiares, amigos y a la comunidad educativa por la muerte de la docente.

“La SEP brindará el acompañamiento institucional que corresponda a los integrantes de la comunidad escolar, con pleno respeto a las investigaciones y a las determinaciones de las autoridades competentes”, detalló en un comunicado.

El ministro de Gobierno (Interior) de Bolivia, Marco Antonio Oviedo, calificó la detención de 14 personas esta madrugada como un operativo para desmontar “una organización criminal enquistada en la Justicia”.

En una conferencia de prensa la mañana de este jueves, Oviedo afirmó que “el Ministerio Público, encabezado por el fiscal Roger Mariaca, se volvió una organización criminal destinada a proteger, incentivar y proteger el narcoterrorismo en el país”.

Entre los 14 detenidos figuran autoridades de nivel jerárquico del Ministerio Público: el fiscal general Mariaca, que asumió funciones en 2024 con más de 2/3 de apoyo en la Asamblea Legislativa, el fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos y el fiscal superior, Martín Irusta Flores; ambos designados por Mariaca. También se mencionó a un jefe policial, el mayor Rubén Aparicio Villarroel.

Los delitos por los que se los acusa son organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas y tráfico ilícito de sustancias controladas.

El ministro no identificó a los demás aprehendidos, pero señaló que son sospechosas de autoría o complicidad de la supuesta red que favorecía al crimen organizado. Entre ellas figuran cuatro personas que habrían estado sacando “ingentes cantidades de dinero” en una ambulancia de la casa del fiscal Mariaca tras su aprehensión.

Poco después del operativo, circuló un video en el que se escucha al narcotraficante Sebastián Marset decir que el fiscal general era “su amigo”. Según la prensa local, hay acusaciones de que el capo uruguayo habría pagado a altos funcionarios bolivianos para radicar libremente en Bolivia.

Según el ministro Oviedo, en el año 2023 se detuvo por primera vez a Marset y se lo liberó horas después. “Estuvo detenido muy poco tiempo, lo dejaron salir y le devolvieron sus bienes incautados, ese es el tipo de modelo de narcoterrorismo que se apoderó del Ministerio Público en Bolivia”, afirmó.

Esta versión da un giro en lo que hasta entonces se había informado oficialmente sobre ese operativo cuando se indicó que Marset escapó antes de que llegaran los agentes policiales.

El ministro evitó responder algunas preguntas de los periodistas locales. No informó quién dio la orden de aprehensión para capturar al fiscal general ni si los detenidos serán expulsados a Estados Unidos, en el marco del acuerdo de cooperación de seguridad del Escudo de las Américas.

El Gobierno descartó la participación de la Administración para el Control de Drogas (DEA) estadounidense en el operativo y señaló que los acusados fueron llevados a la ciudad de La Paz, donde van a pasar “a la justicia ordinaria”. Sin embargo, la situación jurídica de Mariaca genera incertidumbre porque por su cargo tiene derecho a un juicio de responsabilidades.

Finalmente, Oviedo descartó la aprehensión del exministro de Gobierno de Luis Arce, Eduardo Del Castillo, como se informó extraoficialmente algunos medios bolivianos pero afirmó que “se lo está buscando” y que espera tener “algún resultado en las próximas horas”.

Las aprehensiones se producen dos días después de que el Gobierno de Donald Trump publicara un listado de funcionarios y exfuncionarios bolivianos a quien les revocó la visa por supuestos vínculos con el narcotráfico. Entre ellas figuraban tres de los detenidos en la madrugada: Mariaca, Zeballos e Irusta.

Washington sostuvo que el Fiscal General habría solicitado y aceptado sobornos para facilitar actividades de narcotraficantes y ayudar a delincuentes violentos a evadir la justicia. Mariaca rechazó las acusaciones y las calificó como una forma de presión sobre su gestión, citó especialmente el caso que sigue contra el exasesor principal de Rodrigo Paz, Fernando Cerimedo.

Luego de la captura de Mariaca, la Fiscalía emitió un comunicado en el que se refiere a su “ausencia definitiva” y expresa su respaldo a Luis Montaño, quien se presentó como el nuevo fiscal general interino, citando leyes vigentes.

Una investigación por narcotráfico derivó en la imputación de siete personas, entre ellas cuatro hermanas, acusadas de integrar una red de venta de drogas con operaciones en el sur de Santa Fe y conexiones en Junín. La Justicia dispuso seis meses de prisión preventiva para cinco de los acusados, mientras que otros dos quedaron en libertad por su presunta participación secundaria.

La causa está a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) Región NEA y de la Oficina de Narcocriminalidad de la Unidad Fiscal Rosario. Según la Fiscalía, la estructura habría funcionado al menos desde el 3 de mayo de 2024.

Uno de los puntos centrales de la pesquisa es que una de las presuntas coordinadoras recibía instrucciones de un hombre condenado por narcotráfico que se encontraba alojado en el Complejo Penitenciario de Ezeiza.

La investigación comenzó a partir de una pericia forense realizada sobre un teléfono celular incautado el 8 de mayo de 2024, perteneciente al condenado. La hipótesis fiscal sostiene que el detenido intervenía en la planificación de movimientos de droga, pese a estar privado de su libertad.

De acuerdo con la acusación, en ese dispositivo se encontraron comunicaciones con E.T.M., una de las imputadas. En los intercambios se habría hablado sobre paquetes de estupefacientes y otros aspectos vinculados con la actividad investigada. A partir de ese hallazgo, la Fiscalía profundizó las intervenciones telefónicas y las tareas de seguimiento.

Los fiscales sostuvieron que las comunicaciones permitieron reconstruir una modalidad de trabajo coordinada, con roles diferenciados para el traslado, acopio, distribución, cobro y administración de dinero. La pesquisa también incluyó seguimientos, fotografías y registros de vehículos que habrían sido utilizados por los integrantes de la organización.

Durante la audiencia, el fiscal federal coadyuvante Franco Benetti afirmó que las medidas reunidas por la Policía de Seguridad Aeroportuaria permitían descartar que se tratara de vínculos familiares o sociales aislados.

El 9 de septiembre, la Policía de Seguridad Aeroportuaria llevó adelante 29 allanamientos. En ese contexto fueron detenidas E.T.M., N.I.M., L.P.M., E.V.M., E.M.L., L.O.J.L. y M.C.A.S.

Allí, secuestraron: USD 38.700, cheques diferidos por $3 millones, cinco escopetas, 420 cartuchos de distintos calibres, seis autos, cuatro camionetas y 42 teléfonos celulares. Además, los investigadores incautaron más de un kilogramo de marihuana y otros elementos que serán analizados.

La Fiscalía planteó que los inmuebles allanados estaban relacionados con distintas etapas de la operatoria atribuida a la organización. Algunos habrían funcionado como lugares de reunión, puntos de acopio de sustancias, espacios para guardar dinero o domicilios desde los cuales se coordinaban entregas.

La estructura y el rol de los imputados

Según la imputación, E.T.M. ocupaba un lugar central dentro de la presunta estructura. Los fiscales le adjudicaron la coordinación del abastecimiento mediante viajes al norte argentino y a Bolivia, la fijación de precios, la distribución mayorista entre revendedores, la entrega de sustancias y la recaudación de los ingresos obtenidos.

A N.I.M., hermana de la anterior, le atribuyeron tareas de apoyo en la logística de provisión en la zona de frontera. La acusación señala que realizó viajes frecuentes hacia Aguas Blancas para coordinar el ingreso de droga y su traslado posterior a Rosario, además de administrar dinero y realizar ventas a intermediarios y consumidores.

En el caso de L.P.M., la fiscalía sostuvo que participaba en viajes hacia Salta y Bolivia para la adquisición de sustancias. También habría acompañado a E.T.M. en traslados a Córdoba, donde la organización contaría con clientes, y habría intervenido en ventas destinadas tanto a consumidores como a revendedores.

Respecto de E.V.M., los investigadores le adjudicaron tareas de distribución, custodia de drogas en su domicilio y comercialización. Además, habría sido la conductora habitual en viajes de entrega y cobro en Junín. La acusación también le atribuye instrucciones sobre el fraccionamiento de las sustancias y controles internos sobre la recaudación.

La Fiscalía señaló que la red investigada desplegaba su actividad en Rosario, Roldán, Funes, Carcarañá y Villa Gobernador Gálvez, con una extensión de su distribución mayorista hacia Junín y localidades cercanas. De acuerdo con la reconstrucción del Ministerio Público Fiscal, la ciudad bonaerense era uno de los destinos de los envíos y de la recaudación de dinero.

A E.M.L. se le imputó el acopio de sustancias y la gestión de activos desde un domicilio del microcentro rosarino. También le adjudicaron movimientos a través de cuentas virtuales que habrían servido para financiar la actividad del grupo.

La imputación también alcanzó a L.O.J.L. y M.C.A.S., detenidos durante los allanamientos. Si bien la fiscalía los ubicó como integrantes de la presunta organización, en la información difundida no se precisaron las tareas específicas que habrían desempeñado dentro de la estructura.

La Policía Profesional de Migración de Costa Rica detuvo en San Rafael de Alajuela a un hombre de apellido Feng y a una mujer de apellido Wu, ambos investigados como sospechosos del delito de trata de personas con fines de explotación laboral en perjuicio de dos personas menores de edad de nacionalidad venezolana.

Las capturas se realizaron en vía pública y frente a uno de los establecimientos comerciales relacionados con la investigación, según confirmó la Policía de Migración. Ambos sospechosos son de nacionalidad china

De acuerdo con la investigación policial, las víctimas habrían sido sometidas a jornadas laborales superiores a 12 horas, sin días de descanso, sin tiempos adecuados para alimentarse, sin remuneración económica y sin aseguramiento médico.

Las autoridades sostienen además que los investigados presuntamente ejercían mecanismos de control sobre las víctimas mediante la retención de documentos personales, incluidos sus pasaportes, así como restricciones para abandonar los domicilios y establecimientos comerciales en los que permanecían.

La investigación señala que el caso tendría antecedentes desde 2017, cuando Feng y Wu habrían asumido como adultos responsables o garantes de las dos personas menores venezolanas.

Según la versión divulgada por Migración, Feng habría trasladado posteriormente a las víctimas hasta un supermercado ubicado en San Rafael de Alajuela, donde les fueron asignadas funciones laborales. El hombre también figura en la investigación como administrador de los establecimientos comerciales donde presuntamente se desarrollaban las actividades.

Investigación por trata de personas

La Policía Profesional de Migración investiga los hechos como un presunto caso de trata de personas con fines de explotación laboral.

Las autoridades no han informado hasta el momento de una condena contra los detenidos, por lo que Feng y Wu permanecen como personas sospechosas dentro de una investigación penal y deberán enfrentar las etapas correspondientes del proceso judicial.

El caso vuelve a poner la atención sobre una modalidad de trata que no necesariamente implica explotación sexual, sino que también puede desarrollarse mediante condiciones laborales abusivas acompañadas de mecanismos de control, amenazas, aislamiento o restricción de libertad.

El Poder Judicial de Costa Rica define la trata con fines de explotación laboral como un delito de acción pública y recuerda que cualquier persona puede denunciar situaciones sospechosas ante las autoridades.

En este caso, Migración indicó que las condiciones investigadas implicaban una presunta vulneración de derechos fundamentales de las víctimas, debido a factores como las extensas jornadas, ausencia de remuneración, falta de descanso y las restricciones impuestas sobre sus movimientos.

La Policía de Migración sostuvo que el operativo forma parte de las acciones que desarrolla para combatir el fenómeno de la trata de personas y pidió a la ciudadanía informar sobre cualquier caso en el que exista sospecha de explotación.

Autoridades piden denunciar posibles casos

Las denuncias pueden realizarse de manera confidencial por medio del Sistema de Emergencias 9-1-1 o directamente ante la Unidad de Investigaciones de la Policía Profesional de Migración.

Las autoridades también han señalado como posibles indicadores de alerta la presencia de personas cuya movilidad está restringida, extranjeros sin control de sus propios documentos, personas permanentemente vigiladas o trasladadas por terceros y trabajadores cuyas condiciones no coinciden con una relación laboral ordinaria.

El operativo realizado en Alajuela permitió poner bajo investigación a los dos sospechosos mientras las autoridades continúan con las diligencias para determinar las circunstancias en las que las víctimas llegaron al país, el tiempo durante el cual habrían permanecido bajo esas condiciones y el alcance de la presunta explotación.

La Policía de Control de Drogas (PCD) de Costa Rica detuvo este martes a 13 personas, entre ellas dos menores de edad, durante una serie de allanamientos realizados en el cantón de Liberia, Guanacaste, como parte de una ofensiva contra estructuras dedicadas al narcomenudeo.

La intervención incluyó 10 allanamientos en el barrio El Capulín y uno adicional en el barrio Corazón de Jesús, zonas que, según las autoridades, habían sido identificadas por la presencia de ventas de droga y por incidentes asociados como robos, balaceras, agresiones con arma y disturbios.

El operativo se desarrolló en horas de la madrugada y permitió decomisar más de 250 dosis de droga, además de marihuana y cocaína en cantidades adicionales, dinero en efectivo, un arma de fabricación artesanal y utensilios presuntamente utilizados para preparar y dosificar estupefacientes.

De acuerdo con el reporte policial, los puntos investigados operaban las 24 horas del día, los siete días de la semana, y distribuían principalmente crack, cocaína y marihuana.

La acción se enmarca en el denominado Plan Escudo, mediante el cual las autoridades buscan intervenir y desarticular ventas de droga ubicadas en comunidades previamente identificadas como de interés policial por su impacto sobre la seguridad local.

Más de 250 dosis y dinero en efectivo

Durante los registros efectuados en las viviendas, los agentes decomisaron 130 dosis de crack, 116 envoltorios y 80 gramos de marihuana, así como 10 dosis y 15 gramos de cocaína.

También fueron ubicados ₡135,000 (USD 294) y USD 60 en efectivo, además de un arma de fabricación artesanal.

Los agentes encontraron además utensilios que, según la Policía, eran utilizados para la preparación y dosificación de las drogas antes de su comercialización.

El despliegue contó con el apoyo de la Fuerza Pública y del Servicio de Vigilancia Aérea, que participaron en la seguridad y coordinación de los allanamientos.

La PCD sostiene que este tipo de intervenciones busca afectar directamente las redes de narcomenudeo que operan a pequeña escala pero que tienen un impacto inmediato sobre las comunidades debido a las disputas territoriales y otros delitos asociados.

En este caso, las autoridades vinculan la actividad de venta de drogas con episodios de violencia armada, robos y alteraciones del orden público en los sectores intervenidos.

La mayoría de detenidos tiene antecedentes

Según la información oficial, gran parte de las personas detenidas cuenta con antecedentes judiciales o policiales por distintos hechos.

Entre los aprehendidos se encuentra un hombre de apellido Mora, con antecedentes por hurto simple, portación de armas, tentativa de agresión y tenencia de drogas.

Otro de los detenidos, de apellido Espinoza, registra antecedentes por resistencia, agresión con arma y agresión física, además de 18 reportes por tenencia de drogas.

También fue detenido un hombre de apellido Reyes, quien figura en expedientes por maltrato y violencia contra la mujer, amenazas y agresión psicológica.

A ellos se suma Alemán, con antecedentes por robo agravado, sustracción de menor, evasión de cárcel y venta de drogas.

Otro de los aprehendidos, de apellido Gutiérrez, había sido remitido previamente a tribunales por robo y hurto.

La PCD también detuvo a Zambrana, quien cuenta con expediente por introducción de drogas a un centro penal, agresión psicológica, violencia física y tenencia de drogas.

Por su parte, Abarca registra informes policiales por tenencia de estupefacientes.

Entre las personas detenidas figura además una mujer de apellido Ruiz, quien actualmente mantiene tobillera electrónica debido a un beneficio carcelario relacionado con una causa por venta de drogas investigada por la PCD en 2023.

Otros tres aprehendidos, identificados por los apellidos Cañas, Mora y López, no registran causas judiciales, según el informe divulgado por las autoridades.

La lista se completa con dos menores de edad, cuya identidad no fue revelada.

Los 13 detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, mientras los indicios decomisados serán incorporados a las investigaciones abiertas por la PCD.

Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer, este martes, detalles sobre las nuevas líneas de investigación relacionadas sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hecho ocurrido hace 12 años.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Palacio Nacional, Medina Padilla explicó que cuando se hizo el nuevo análisis con la metodología, elementos técnicos y científicos que ha usado la propia Fiscalía General de la República (FGR), se reanalizan llamadas telefónicas que se realizaron en Iguala, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, y se detectó que 17 personas habían tenido comunicación entre ellas.

“Se fueron detectando núcleos de llamadas y se observó cómo integrantes de la delincuencia organizada que habían sido señalados de participar en la desaparición de los estudiantes, tuvieron comunicación con otras personas, entre ellos, por ejemplo, los dueños de la funeraria y concesionarios del SEMEFO, y estos a su vez con otras personas que trabajaban en el sector salud de Iguala”.

Dijo que esto permitió desarrollar la primera línea de investigación. Señaló que lo que la Fiscalía está haciendo es profundizar las cuatro líneas de investigación que se anunciaron ayer y seguir revisando a cada una de las 17 personas que no habían sido detectadas y que no habían declarado ni habían sido testigos y que no se tenía ninguna información al respecto.

“Esto nos ha llevado a hallazgos interesantes como el de la funeraria (...) a patir del reanalizis de decenas de miles de llamadas, se detectan estas comunicaciones, y al observar que integrantes de la delincuencia hablan con los dueños de una funeraria, y a su vez con personal médico, se profundiza y nos percatamos después que estas personas, los dueños de la funeraria, en particular los padres de familia y su hijo, administraban también, eran, no solamente los dueños de la funeraria sino que tenían la concesión del SEMEFO”.

Dijo que estas personas, se supo después por medio de las investigaciones, tenían decisiones en el panteón municipal. Recordó que esto fue informado el pasado lunes por la FGR, en la presentación del avance de las investigaciones. Esto habría detonado que se solicitara una órden de cateo y un aseguramiento de estos inmuebles y los hallazgos fueron diversos.

“Primero se encontraron objetos como arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, papelería oficial firmada en blanco, es decir, certificados de defunción o que establecen las causas de defunción firmados en blanco, es decir, que se puede poner cualquier nombre o cualquier descripción de la persona que es presentada, y además autorizaciones de traslado para otros municipios, también firmadas en blanco, cosa que evidencía, no solamente la conducta de los dueños de la funeraria, sino de otros servidores públicos del sector salud de Iguala, como quien firma los certificados, los médicos legistas, como los conocemos, y algunas otras personas”.

Aseguró que se revisa una red criminal que operaba en ese SEMEFO y en la funeraria. “Las personas que recibían un cuerpo para certificar sus causas de muerte, eran las mismas que después tenían las facultades para incinerarlas o no, sepultarlas y/o trasladarlas a otro lugar”.

Aseguró que se encontraron cientos de fragmentos óseos que se revisan en compañía del equipo argentino de antropología forense que los padres de los normalistas solicitaron que interviniera, y esos restos no han dado ningún positivo con los estudiantes, pero se siguen revisando y de ahí se han desprendido algunas otras acciones. El funcionario señaló que se encontró un horno crematorio clandestino, y se analiza también un colchón que contenía muchos fragmentos óseos, piezas dentales, entre otros restos.

“En los centros de resguardo se encontraron cuerpos desde 2014, o fragmentos de cuerpos que se encontraban ahí, y esto, pues ha evidenciado una serie de irregularidades del SEMEFO, de la Funeraria, pero sobre todo, una vinculación entre estas personas con integrantes de la delincuencia organizada, que hay que decir, fueron señalados de haber participado en la desaparición de los estudiantes”, concluyó.

Sheinbaum destaca nuevas líneas de investigación durante su administración

Por su parte, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló sobre el informe presentado ayer sobre el tema, el cual calificó de “muy relevante”.

Sheinbaum dijo que se sigue investigando y no está cerrada ni se cerrará la investigación hasta que no se encuentre la verdad, se haga justicia y se encuentre a los estudiantes de Ayotzinapa.

La mandataria nacional recordó los avances en el caso desde que inició su administración. “Se encontró que esa noche y esa madrugada del 26 de septiembre del 2014 al 27 de septiembre de 2014, hubo una serie de llamadas telefónicas que no habían sido analizadas a su profundidad”.

Dijo que personas que se encuentran detenidas por su participación en el crimen se comunicaron esa noche con una funeraria y con un médico o nutriólogo. “Si son varias llamadas de personas, esa noche y esa madrugada que se comunican con un médico y con una funeraria, pues es relevante a la investigación. ¿Qué hace la Fiscalía? Pues tiene que tener todas las pruebas para poder detener a los responsables, porque no es trivial nadamás la llamada telefónica, increíble, no es suficiente prueba la llamada telefónica para poder detener a las personas que llamaron por teléfono esa noche, se tienen que encontrar otras pruebas”.

Recalcó que se hizo un cateo y se encontró que la funeraria es irregular, y que los dueños de la funeraria están vinculados con la delincuencia organizada desde antes, por lo que esa es una línea de investigación que continúa.

“Toda la familia de la funeraria está detenida, y el médico está detenido, y siguen las investigaciones de quién dio esas autorizaciones de funerarias y un SEMEFO que actuaban con completa irregularidad, absoluta irregularidad, tanto que, incluso, había, en el propio lugar, sin determinar, restos de personas”.

Sheinbaum dijo que otra línea de investigación son los teléfonos celulares de los estudiantes desaparecidos que fueron utilizados días después del hecho.

Señaló que con el IMEI de los celulares se supo que al teléfono se le colocó otro chip. Esto lleva a dos líneas: una persona que está detenida porque uso un teléfono de uno de los jóvenes desaparecidos luego de su desaparición y otro, que es un teléfono que apareció en el juzgado de Las Barandillas.

Dijo que en Estados Unidos se usó a la periodista Anabel Hernández para decir que los estudiantes no estuvieron en Las Barandillas, cuando hay pruebas científicas de la Fiscalía que señalan que si estuvieron en ese lugar.

La tercera línea de investigación que mencionó, es el video del Palacio de Justicia de Iguala, donde, dijo, se ve que uno de los autobuses de los jóvenes llegó al ese lugar, en el que había una cámara, y dónde se vio lo que ocurrió en ese momento.

Derivado de esto, se detuvo a la que fue Presidenta del Tribunal Superior de Justicia en esa época y a otra persona, y de ahí salió la otra línea de investigación, de que Ángel N ordenó la desaparición de todas las pruebas.

La otra, mencionó, es la de un hombre que en el 2014 era un niño y que pertenecía a uno de los grupos delincuenciales y que no se había querido localizar. “El fiscal lo localiza y lo detiene, es otra línea”, señaló.

Hasta el momento, recordó Sheinbaum, hay personas detenidas de la delincuencia organizada, policías municipales de cuatro municipios que presuntamente participaron, elementos militares, por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, y ahora 30 nuevos detenidos por estas nuevas líneas de investigación.

Tres días después de las elecciones legislativas marroquíes, en medio de la resaca de la victoria del Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), la Fiscalía abrió una investigación por un posible caso de escándalo electoral en un colegio de Tánger. La agencia oficial MAP informó de la detención de un hombre que llevaba una bolsa con papeletas de votación dentro de la escuela Al Qods, habilitada como centro de votación.

El incidente estalló tras la difusión de un vídeo en redes sociales. La Fiscalía del Tribunal de Primera Instancia de Tánger ordenó abrir diligencias para esclarecer el origen de los documentos electorales, las circunstancias en las que llegaron al recinto y las eventuales responsabilidades penales. El fiscal decidió que el sospechoso permaneciera detenido mientras avanzaba la investigación. Desde entonces, cinco personas han sido arrestadas en relación con los hechos, según la información difundida por medios marroquíes.

Este sábado, el diario oficialista marroquí Le360 confirmó una información adelantada en España por The Objective sobre la posible implicación del alcalde de Tánger y dirigente del PAM, Mounir Laymouri. La Justicia ha emitido una orden nacional de búsqueda contra él para interrogarle por lo sucedido y confrontar su versión con la de uno de los detenidos. Laymouri, además de pertenecer al PAM, habría tenido responsabilidades en la campaña electoral de la formación. Según el medio marroquí, uno de los investigados mencionó al alcalde durante su declaración ante los investigadores. Esa referencia llevó a agentes de la Policía Judicial a acudir al domicilio del regidor para localizarlo y organizar un careo con el sospechoso, también vinculado al mismo partido.

Los agentes no lograron contactar con Laymouri por teléfono ni localizarlo en su vivienda. Las autoridades comprobaron después que el alcalde había abandonado Marruecos el jueves por la noche con destino a España. La orden de búsqueda se mantiene mientras la investigación trata de determinar su relación con los documentos electorales irregulares hallados en la escuela Al Qods. Por el momento, España no se ha pronunciado y se desconoce dónde se puede encontrar en estos momentos.

Victoria del PAM en las elecciones

La victoria del PAM con 97 escaños abre un nuevo escenario en Marruecos, donde Mohamed VI tendrá que elegir a uno de sus miembros como jefe de Gobierno. En lo referente a España, supondrá otro panorama en dos principales asuntos sensibles: la reivindicación de Ceuta y Melilla y la organización del Mundial de 2030. El PAM mantiene la posición oficial marroquí sobre las dos ciudades autónomas, aunque suele emplear un tono más diplomático que otras fuerzas. El ministro de Justicia, Abdellatif Ouahbi, miembro del partido, aseguró recientemente que la autonomía marroquí sobre ambas “está sobre la mesa” y defendió una solución mediante el diálogo.

La formación tiene además vínculos estrechos con el entorno de la Corona. Fue fundada en 2008 por Fouad Ali El Himma, amigo de infancia de Mohamed VI y actual asesor del Gabinete Real. La designación del próximo jefe de Gobierno también puede influir en la disputa por la final del Mundial 2030. Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación Real Marroquí de Fútbol, figura entre los favoritos a ser Primer Ministro y defiende que el partido decisivo se juegue en Marruecos. La FIFA aún no ha anunciado la sede. Por el momento, se desconoce si el supuesto escándalo de votos puede provocar un giro de última hora.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, los sospechosos cayeron, luego de dos allanamientos realizados a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing & Exploited Children (NCMEC), una organización internacional, con sede en Estados Unidos, dedicada a ayudar a encontrar a niños perdidos y reducir la explotación sexual infantil.

Ambos procedimientos fueron impulsados por la División Investigaciones Tecnológicas Especiales de la fuerza porteña, en articulación con la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 20 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, a cargo del fiscal Esteban Berriel. Los dos casos derivaron en secuestros de dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual infantil, ahora bajo análisis forense.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, los acusados son dos hombres, de 38 y 44 años. Las investigaciones se originaron tras las alertas emitidas por la NCMEC e incluyeron el secuestro de decenas de dispositivos electrónicos con material ilegal.

La primera alerta

El primer caso se inició en mayo, cuando la organización estadounidense emitió un reporte vinculado con la presunta distribución de material en el que aparecían menores de edad sometidos a abuso sexual.

A partir de esa alerta, la División Investigaciones Tecnológicas Especiales desarrolló tareas investigativas junto con la fiscalía de Berriel.

Como resultado de esas tareas, se estableció que en un domicilio podían encontrarse elementos relacionados con el caso, por lo que se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento. En el procedimiento fue detenido el hombre de 38 años.

Durante el operativo se secuestraron dispositivos electrónicos que contenían material de abuso sexual contra menores: cinco celulares, cinco pendrives, cuatro discos rígidos, una tablet, una notebook y tres tarjetas de memoria. Todos los elementos quedaron a disposición de la Justicia.

El otro detenido

El segundo hecho también se originó en un reporte del NCMEC emitido este año. En ese caso, las tareas investigativas apuntaron a determinar la posible tenencia y distribución de imágenes de abuso sexual infantil por parte de un hombre de 44 años.

Con los datos recabados, la misma fiscalía interventora dispuso un nuevo allanamiento. El personal especializado detuvo al involucrado tras encontrar dispositivos que contenían abundante material ilegal.

El operativo derivó en el secuestro de 41 discos rígidos, cuatro teléfonos celulares, 15 dispositivos de almacenamiento tipo pendrive, cuatro memorias micro SD y 246 soportes ópticos. La totalidad de los elementos quedó a disposición de la autoridad judicial para la realización de un análisis forense exhaustivo.

Cuatro hombres fueron imputados y quedaron bajo prisión preventiva en una causa por el transporte de más de 450 kilos de cocaína en el centro de Santa Fe, un cargamento que fue secuestrado en febrero dentro de una camioneta abandonada tras una persecución en cercanías de la localidad de Elisa. Con estas nuevas acusaciones, ya son siete las personas vinculadas a la investigación judicial.

La decisión fue tomada por el juez federal de Garantías de Rafaela, Santiago Saux, tras una audiencia realizada a pedido de la Sede Fiscal Descentralizada local y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Los cuatro imputados permanecerán detenidos por 164 días, hasta el 8 de marzo de 2027, el mismo plazo fijado para continuar la investigación.

Fueron identificados como W.F.L., W.D.F., R.G. y J.P.E y la fiscalía les atribuyó el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, en la modalidad de transporte y agravado por la intervención de tres o más personas. Por tratarse de una investigación en curso, la responsabilidad penal de los imputados deberá determinarse durante el proceso judicial.

El caso comenzó en la madrugada del 28 de febrero, durante un control vial de la Gendarmería Nacional Argentina sobre la ruta provincial 4, en el cruce con la ruta provincial 61. Allí, los efectivos detectaron una Volkswagen Amarok gris cuyo conductor escapó al advertir el operativo. La persecución se extendió unos 30 kilómetros hasta que la camioneta fue encontrada abandonada.

Con orden judicial, los gendarmes revisaron el vehículo y encontraron 456,231 kilos de cocaína distribuidos en 418 paquetes. Los envoltorios tenían una imagen de un cebú de raza Guzerat y las letras “ST” grabadas en relieve.

Según la información difundida por el Ministerio Público Fiscal, el análisis de la droga estableció una concentración del 84,86%. El informe calculó que esa cantidad equivale a 3.542.916,8 dosis umbrales. Dentro de la camioneta, además, se secuestraron tres teléfonos celulares y una antena de Starlink.

La hipótesis fiscal y cómo avanzó la investigación

Para los fiscales Federico Grimm, de Rafaela, y Martín Uriona, el traslado de la cocaína no fue una acción aislada. La hipótesis es que los siete acusados se distribuyeron tareas y utilizaron al menos tres camionetas para llevar adelante la maniobra.

La investigación ubica el comienzo del transporte el 27 de febrero, un día antes del hallazgo de la droga. Ese día, una Amarok negra conducida por N.L.G. escapó de otro control policial. La fiscalía cree que esa camioneta trasladó inicialmente el cargamento y que después la cocaína fue pasada a la Amarok gris que terminó abandonada.

Los cuatro nuevos imputados fueron vinculados con distintas etapas de esa logística. W.F.L. y W.D.F. habrían coordinado aspectos del traslado. Ambos fueron asociados con dos celulares encontrados dentro de la Amarok gris, ya que las líneas estaban registradas a sus nombres.

El contenido extraído de esos dispositivos permitió reconstruir comunicaciones con N.L.G. y detectar intercambios sobre los desplazamientos de los vehículos. También aparecieron referencias a una revisión técnica de la Amarok utilizada para transportar la droga.

En el caso de R.G., la fiscalía le atribuye haber participado en la circulación y el ocultamiento de la camioneta gris. Según la acusación, recibió el vehículo de N.D.C. y luego se lo entregó a W.D.F. Los investigadores también sostienen que se elaboró documentación sobre una supuesta compraventa de la Amarok que no reflejaba el uso que habría tenido el vehículo.

J.P.E. fue relacionado con la compra de la Amarok negra que habría sido utilizada en el tramo inicial del traslado. Este acusado ya estaba detenido desde agosto en otra causa por narcotráfico tramitada por el Juzgado Federal N°2 de Morón.

Investigaciones que se incorporan a la causa

La fiscalía sumó a la investigación otros procedimientos que, según su planteo, presentan coincidencias con el secuestro de Elisa. El 21 de abril, N.L.G. fue detenido en Chaco, donde se encontraron seis paquetes de cocaína con un peso de 2,530 kilos.

Esos envoltorios tenían la misma imagen del cebú que los ladrillos incautados en Santa Fe. N.L.G. fue imputado formalmente tres días después de ese operativo y permanece bajo prisión preventiva. Los otros dos primeros acusados, G.A.L. y N.D.C., tienen prohibido salir del país.

También se incorporó el procedimiento realizado el 4 de agosto de 2026 en la causa que involucra a J.P.E. En esa oportunidad se secuestraron 20 ladrillos de cocaína, con un peso cercano a 22 kilos, envueltos en nailon negro y marcados con el sello “ST”.

La causa seguirá en etapa de investigación hasta el 8 de marzo de 2027, mientras los cuatro nuevos imputados permanecen detenidos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó el mecanismo del Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP) que permite a la fiscalía definir el rumbo de una investigación cuando el ministerio público incumple el plazo para acusar.

También estableció que la posible jurisdicción indígena no exime a la persona juzgadora de control de resolver la situación jurídica de personas detenidas. Ambas decisiones fueron aprobadas por el Pleno de la SCJN este 24 de septiembre.

De acuerdo con la SCJN, los criterios buscan dar certeza sobre dos momentos distintos del proceso penal: el cierre de la investigación complementaria y las actuaciones urgentes que deben resolverse tras una detención, incluso si existe una disputa sobre la autoridad competente para conocer el caso.

El primer criterio surgió de un proceso por probable fraude procesal, iniciado después de que en un juicio civil se presentó un supuesto contrato de compraventa con una firma presuntamente falsificada. Una persona fue vinculada a proceso y, al concluir la investigación complementaria, el juzgado de control fijó el plazo para que el ministerio público solicitara el sobreseimiento, la suspensión del procedimiento o formulara acusación.

La fiscalía puede pronunciarse tras la omisión del ministerio público

El ministerio público no emitió su determinación dentro del plazo legal. Ante esa omisión, el juzgado de control requirió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para que definiera si procedía el sobreseimiento total o parcial, la suspensión del proceso o la acusación.

La FGJ-CDMX presentó un escrito de acusación, el cual fue considerado presentado en tiempo y forma. La persona imputada promovió un amparo al argumentar que la frase “para que se pronuncie”, contenida en el primer párrafo del artículo 325 del CNPP, era inconstitucional porque resultaba ambigua y podía interpretarse como un plazo adicional para acusar.

El amparo fue negado en primera instancia y el recurso de revisión llegó a la SCJN. El Pleno determinó que la disposición no es vaga ni imprecisa, ni permite actuaciones arbitrarias de las autoridades.

La Corte consideró que la expresión impugnada forma parte del sistema que regula el cierre de la investigación complementaria y las consecuencias del incumplimiento del ministerio público. Su redacción permite identificar el alcance del plazo para la persona titular de la fiscalía y los efectos jurídicos de la omisión.

Para el tribunal, la frase “para que se pronuncie” es compatible con los principios de legalidad, en su vertiente de taxatividad, y de seguridad jurídica. El criterio quedó asentado en el Amparo en Revisión 228/2026.

La jurisdicción indígena no suspende las decisiones urgentes tras una detención

En un asunto distinto, la Suprema Corte resolvió que una persona juzgadora de control debe definir oportunamente la situación jurídica de personas detenidas, aunque se alegue que el caso corresponde a las autoridades de una comunidad indígena.

El expediente involucró a tres personas integrantes de una comunidad indígena de Oaxaca, detenidas por la probable comisión de los delitos de portación de armas de fuego sin licencia y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Durante la audiencia inicial, la defensa sostuvo que los hechos debían ser conocidos por autoridades comunitarias conforme al sistema normativo interno de la comunidad. La persona juzgadora de control estimó que el caso correspondía a la jurisdicción indígena y ordenó la libertad inmediata de las personas imputadas sin resolver la solicitud de vinculación a proceso.

Suprema Corte precisa que liberar a imputados indígenas sin resolver su situación jurídica viola el CNPP

Esa decisión fue revocada en apelación. La autoridad revisora concluyó que, antes de declinar competencia, la persona juzgadora debía atender las actuaciones urgentes derivadas de la detención, como establece el artículo 29 del CNPP.

La norma dispone que una declinatoria o inhibitoria de competencia debe resolverse después de practicar las diligencias que no admiten demora. Cuando hay personas detenidas, primero debe definirse la legalidad de la detención, formularse la imputación, resolverse la procedencia de medidas cautelares y determinarse la vinculación a proceso.

La SCJN señaló que el reconocimiento constitucional de la libre determinación, autonomía y jurisdicción de pueblos y comunidades indígenas debe armonizarse con las obligaciones del artículo 19 de la Constitución y con las reglas procesales sobre actuaciones urgentes.

El tribunal precisó que un auto de vinculación a proceso no equivale a una condena ni resuelve de manera definitiva la responsabilidad penal. La definición de la jurisdicción competente y la decisión sobre la vinculación son cuestiones jurídicas distintas.

Cuando existan elementos suficientes, la persona juzgadora puede resolver ambas cuestiones en una misma determinación: primero debe definir la situación jurídica de las personas imputadas y después establecer si el asunto corresponde a la jurisdicción ordinaria o indígena.

La SCJN ordenó que la sentencia sea traducida a la lengua de las personas indígenas involucradas para garantizar su acceso a la justicia y el conocimiento de la resolución. El criterio corresponde al Amparo en Revisión 162/2026, resuelto también este 24 de septiembre.

Una red criminal ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fue desmantelada en Ecuador por parte de elementos de la Policía Nacional de ese país, en coordinación con Estados Unidos, que culminó con la detención de más de 30 personas.

La acción se llevó a cabo este miércoles en un despliegue realizado en Guayaquil, Daule, Samborondón, Ventanas, Babahoyo, Puebloviejo, Vinces y Machala, donde participaron más de 320 miembros de la Policía Nacional de Ecuador y 50 miembros del Comando Sur de Estados Unidos.

El ministro del Interior, John Reimberg, aseguró que la organización desarticulada “no tiene ningún vínculo con bandas locales. Tenía relación directa con el CJNG”, en una investigación que les tomó cerca de ocho meses.

Sin embargo, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador destacó que se trató de una operación en contra del grupo delictivo ecuatoriano de Los Choneros, el cual ha sido identificada por las autoridades estadounidenses como una célula con vínculos con el Cártel de Sinaloa y el CJNG.

Red estaba relacionada con el tráfico de drogas a nivel internacional

De acuerdo con Reimberg, la estructura criminal se dedicaba al acopio, intermediación, distribución, transporte y comercialización de grandes cantidades de droga proveniente de Colombia, que pretendía ser enviada por vía marítima desde puertos de Guayaquil y Machala hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Además, destacó que para poder identificar las operaciones de esta red criminal se llevaron a cabo decomisos de cargamento de droga a lo largo del 2026 que derivaron en una afectación al crimen organizado de 322 millones de dólares.

Ecuador está considerado como el tercer país del mundo que más drogas decomisa tras Colombia y Estados Unidos, con 200 toneladas anuales en 2021 y un récord histórico de cerca de 300 toneladas en 2024.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de “conflicto armado interno” que declaró el presidente, Daniel Noboa Azin, para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar “terroristas”.

Por su parte, Noboa destacó las más de 30 detenciones relacionadas con un grupo criminal vinculado al CJNG y celebró las acciones realizadas en coordinación con Estados Unidos en su país.

¿Quiénes son Los Choneros y cuáles son sus vínculos con cárteles mexicanos?

Los Choneros nacieron en Ecuador como una organización dedicada al narcotráfico y, tras años de expansión, se convirtieron en la estructura criminal más grande del país hasta que la muerte de su líder en 2020, Jorge Luis Zambrano, provocó su fragmentación y el surgimiento de nuevos grupos aliados al Cártel Jalisco Nueva Generación.

El fallecimiento de su líder desató disputas internas que terminaron en su fragmentación en tres organizaciones: Los Lobos, Los Chone Killers y Los Tiguerones. Los Lobos se consolidó como el desprendimiento más grande y comenzó a disputarle el control territorial a la organización de origen.

De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, especialista en seguridad pública e investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), explicó en entrevista con Infobae México que el CJNG, que ya buscaba insertarse en el mercado ecuatoriano de cocaína, aprovechó la crisis para acercarse a las tres facciones desprendidas.

Esta guerra entre Los Choneros y Los Lobos por el control de las actividades delictivas, convirtió al Cártel de Sinaloa y al CJNG en proveedores de armamento para cada bando, aseguró el especialista.

“El de Sinaloa suministraba armas a Los Choneros y el Cártel Jalisco a Los Lobos”, detalló Sánchez Valdés.

El 4 de septiembre de 2025, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de Los Choneros y Los Lobos como Organizaciones Terroristas Extranjeras y Terroristas Globales Especialmente Designados. Además, destacó que ambos grupos están vinculados tanto al Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos identificó a Los Lobos como proveedor de servicios de seguridad para el CJNG en sus operaciones en los puertos ecuatorianos, desde donde el cártel habría garantizado un suministro constante de cocaína hacia territorio estadounidense

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Salomón Jara afirma que “nadie estará por encima de la ley” tras detención del alcalde de Juchitán

Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca, afirmó que “nadie estará por encima de la ley” tras la detención del presidente municipal de Juchitán y reconoció la participación del gabinete de seguridad federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, así como de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR). El mandatario sostuvo que Juchitán se mantiene en paz y con “absoluta gobernabilidad”, y aseguró que no habrá impunidad ni excepciones para quienes se aparten del estado de derecho.

Detienen a alcalde de Juchitán por su probable vínculo con célula ligada al CJNG

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención del presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, identificado como M.S.A., alias “Quetu”, y de C.A.P.L., alias “La Parka”, durante un operativo conjunto con Marina, SSPC, Guardia Nacional, Defensa y Policía Estatal. M.S.A. fue detenido por una orden de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado y es señalado por su probable vínculo con “Los Cromos”, célula que, según las investigaciones de la Fiscalía, opera como brazo del Cártel Jalisco Nueva Generación en el Istmo de Tehuantepec.

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Detienen a alcalde de Juchitán acusado de extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado

El presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, Miguel “N”, fue detenido junto con Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, por elementos de fuerzas federales y autoridades de Oaxaca, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch. Ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado y son señalados por su presunta relación con una estructura criminal dedicada al cobro de piso, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidio.

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Capturan a dos hombres con armas y drogas en Sinaloa

Una denuncia anónima permitió a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa detener a dos civiles armados en el municipio de Concordia, en un operativo que derivó también en el aseguramiento de armas de fuego, cartuchos y presunta droga.

De acuerdo con las autoridades, el hecho ocurrió mientras el personal realizaba labores de prevención y vigilancia en las inmediaciones de la carretera El Salto-Villa Unión. La alerta sobre la presencia de personas armadas en la zona los llevó a desplazarse para verificar su presencia.

Los policías localizaron a dos hombres que, al notar su presencia, intentaron evadir la vigilancia, pero no tuvieron éxito. Las autoridades les localizaron un fusil calibre 5.56x45 milímetros y un fusil multicalibre, además de 12 cargadores para calibre 5.56 milímetros y 360 cartuchos útiles del mismo calibre.

También se aseguraron 200 envoltorios con presunta metanfetamina, con un peso aproximado de 56 gramos, dos chalecos, cuatro placas Kevlar y dos radios de comunicación, por lo que ambos fueron detenidos.

Desarticulan célula de “La Venada” en Michoacán, ligada al Cártel de Los Reyes

Cinco presuntos integrantes de la célula delictiva “La Venada”, vinculada al Cártel de Los Reyes, fueron detenidos en el municipio de Jacona, Michoacán, entre los que se encontraba Luis Armando “N”, alias “La Goma”, identificado como objetivo prioritario dentro del grupo criminal.

Sus detenciones se realizaron como resultado de labores de inteligencia en la colonia Nuevo Porvenir por parte de elementos de seguridad estatal.

De acuerdo con registros de inteligencia, Luis Armando “N”, alias “La Goma”, contaba con 12 órdenes de aprehensión vigentes al momento de su detención: 11 de ellas relacionadas con delitos de homicidio calificado y una por secuestro agravado.

Durante la intervención, el detenido presuntamente intentó desarmar a uno de los elementos de seguridad. Tras el forcejeo, resultó con una lesión de arma de fuego en el tobillo, por lo que de inmediato recibió atención médica y fue trasladado a un hospital, donde permanece bajo custodia en condición estable.

“La Venada” es una célula delictiva vinculada al Cártel de Los Reyes que, según información de inteligencia, tiene presencia en la región de Uruapan y mantiene operaciones en los municipios de Zamora y Jacona. Su principal actividad ilícita es la extorsión y el cobro de cuotas a productores y empresarios aguacateros, de berries, agrícolas y ganaderos.

Como parte del mismo despliegue, también fueron detenidos Julio “N”, Rigoberto “N”, Sergio “N” y José “N”, señalados como presuntos integrantes de “La Venada”. Algunos de ellos cuentan con antecedentes por homicidio calificado y narcomenudeo, y están relacionados con la venta y distribución de narcóticos en el municipio de Zamora.

Durante la intervención fueron asegurados 25 envoltorios con una sustancia granulada con características propias de la metanfetamina, con un peso aproximado de 17 gramos.

En el sitio también fue asegurado un adolescente, a quien le fueron localizados dos cartuchos calibre punto 40.

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Localizan con vida a 3 trabajadores de Conagua víctimas de secuestro virtual en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) localizó con vida y en buen estado a tres trabajadores de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) en el municipio de Sola de Vega, luego de que fueran víctimas de un intento de secuestro virtual.

De acuerdo con los datos, el jefe inmediato de los tres ingenieros, identificados con las iniciales Y.C.S., H.D.D. y D.L.A., recibió la mañana del 22 de septiembre llamadas y audios en los que se le exigía el pago de 100 mil pesos a cambio de su liberación.

A partir de ese aviso, las autoridades activaron de manera inmediata los protocolos de investigación para establecer el paradero de las víctimas.

Las acciones de investigación y búsqueda en campo que permitieron ubicar a los tres trabajadores en un hotel de Sola de Vega. Al llegar al lugar, las autoridades confirmaron que las víctimas se encontraban ilesas y que habían sido objeto de un secuestro virtual.

La Fiscalía informó que continúa con las investigaciones correspondientes para identificar y llevar ante la autoridad a quien o quienes resulten responsables de estos hechos.

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Cae pareja con más de 100 dosis de marihuana y cristal en la alcaldía Gustavo A. Madero

Elementos policiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a una mujer y un hombre en la colonia Cuautepec Barrio Alto, alcaldía Gustavo A. Madero, con más de 100 dosis de aparente marihuana y cristal.

La detención se derivó de trabajos previos de investigación e inteligencia realizados por la corporación capitalina en la demarcación. Los oficiales realizaban labores de seguridad y vigilancia en las calles Primera Cerrada de Apango y Apango cuando notaron la actitud sospechosa de los ahora detenidos, quienes manipulaban distintos envoltorios que llamaron su atención.

Al considerar que podían estar relacionados con la distribución de narcóticos en la zona, los policías se aproximaron a la pareja y realizaron una revisión conforme a los protocolos de actuación vigentes. Durante la inspección, aseguraron una bolsa de mano color beige que la mujer portaba consigo, en cuyo interior localizaron 80 bolsitas de plástico transparente con cierre hermético que contenían aparente marihuana, además de 24 envoltorios de papel color azul con posible cristal y dinero en efectivo.

Con el hallazgo confirmado, los oficiales detuvieron a la mujer, de 33 años, y al hombre, de 27, a quienes les informaron sus derechos constitucionales antes de trasladarlos junto con la droga y el dinero asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente, instancia que quedó a cargo de las diligencias.

Las autoridades realizaron un cruce de información que arrojó que la mujer detenida ya contaba con un ingreso previo al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, registrado en el mismo 2026 por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, el mismo tipo de delito por el que ahora enfrentaba una nueva investigación en la alcaldía Gustavo A. Madero.

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Una falsa oferta de trabajo como guardia de seguridad publicada en TikTok fue el método que utilizó un grupo de la delincuencia organizada para captar a un adolescente de Oaxaca y mantenerlo casi un mes privado de la libertad en Puerto Vallarta, Jalisco.

Luego de que su familia denunció la desaparición del joven, identificado como A.L.J. desde el pasado 22 de agosto, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) inició las investigación correspondiente para rastrearlo.

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Los cárteles de la droga en México están incrementando el uso de drones para vigilancia, contrabando y ataques, mientras buscan aprovechar la experiencia adquirida por combatientes latinoamericanos durante la guerra entre Rusia y Ucrania, de acuerdo con una investigación publicada por The Washington Post.

El diario estadounidense consultó a cinco funcionarios de Estados Unidos y uno de México, quienes describieron bajo condición de anonimato una evaluación interna del gobierno estadounidense sobre la evolución de esta amenaza.

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El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Guardia Civil estatal decomisaron 112 kilogramos de marihuana en la Fracción Angostura Norte, municipio de San Luis Potosí, durante recorridos de vigilancia y prevención del delito. Los tres cuerpos de seguridad hallaron un bulto a un costado de un camino de terracería, en las inmediaciones de un campo de fútbol, y al inspeccionarlo confirmaron la presencia de paquetes emplayados con la sustancia.

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que el aseguramiento forma parte de las acciones coordinadas de la Estrategia Nacional de Seguridad que se aplican en distintas entidades del país. Las autoridades no precisaron el lugar exacto dentro del estado donde se realizó el hallazgo ni reportaron personas detenidas en relación con el decomiso.

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Dos hombres fueron detenidos por su presunta responsabilidad en la ejecución del ataque armado en una cancha de futbol del municipio de San Francisco del Rincón, Guanajuato, que dejó una persona muerta y seis heridas, ocurrido el pasado 13 de septiembre.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras la reconstrucción de los hechos y mediante labores de inteligencia fueron identificados Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como los presuntos agresores.

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Autoridades del Estado de México localizaron restos humanos dentro de bolsas negras que permanecían al interior de un Chevrolet Chevy gris, abandonado sobre la calle Arrecife, en la colonia Alborada de Jaltenco. Las primeras indagatorias señalan que los restos serían de al menos cuatro personas y que dos de ellas podrían ser Brayan Felisiano y Leonardo Augusto, de 17 y 21 años, reportados como desaparecidos en Nextlalpan.

Los vecinos reportaron el automóvil la noche del lunes 21 de septiembre porque permaneció varias horas estacionado en la zona. Los policías municipales y estatales revisaron la unidad tras detectar un líquido rojizo que escurría del vehículo y acordonaron el lugar para permitir las diligencias periciales.

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La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo abrió 19 carpetas de investigación por el delito de tortura en 12 de los 84 municipios de la entidad, entre enero y agosto de este año, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Las carpetas se distribuyeron en localidades que van desde la capital del estado hasta municipios de la Sierra Alta y el Valle del Mezquital, lo que revela que la presunta práctica no se concentra en una sola zona geográfica.

Pachuca, capital hidalguense, acumula seis carpetas de investigación, la cifra más alta entre los municipios afectados. Tulancingo le sigue con tres expedientes abiertos, mientras que los 10 municipios restantes —Ajacuba, Apan, Calnali, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Santiago Tulantepec, Tezontepec de Aldama, Tizayuca, Tula de Allende y Zacualtipán de Ángeles— registran al menos una carpeta cada uno.

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Cuautla registró 96 denuncias por extorsión presencial entre enero y julio de 2026, la cifra más alta entre los municipios mexicanos con más de 100 mil habitantes y equivalente a una tasa de 51.3 casos por cada 100 mil personas, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y un análisis de Morelos Rinde Cuentas.

El registro coloca a la ciudad de Cuautla, Morelos, por encima de Yautepec, que ocupó el segundo lugar nacional con 24 denuncias y una tasa de 22.7 casos por cada 100 mil habitantes durante el mismo periodo. Cuautla tiene una población estimada de 187 mil 118 personas.

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Mazatlán, Culiacán, Escuinapa y la zona serrana de Sinaloa concentran durante septiembre una nueva fase de operaciones de seguridad, mientras más de 20 mil elementos federales permanecen desplegados en el estado y se refuerza la vigilancia en las principales carreteras.

La distribución de fuerzas tuvo un cambio a partir del 15 de septiembre, cuando la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) incorporó 836 elementos y la Secretaría de Marina mil efectivos navales. La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) sumó otros mil 600 elementos, incluidos 100 integrantes de Fuerzas Especiales.

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Cada vez que un automovilista carga gasolina existe la posibilidad de que, detrás de una operación aparentemente ordinaria, se encuentre una red empresarial vinculada con el crimen organizado. En el caso del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), autoridades de Estados Unidos han identificado empresas y estaciones de servicio relacionadas con operadores del grupo, particularmente dentro de esquemas de robo y comercialización de combustible.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ha sancionado a personas y compañías vinculadas con las operaciones financieras del CJNG. Entre los mecanismos señalados aparecen el robo de combustible, el uso de empresas fachada y la colocación de hidrocarburos mediante negocios formalmente establecidos.

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Jorge Añorve Aguayo, abogado, empresario e hijo del senador priista Manuel Añorve Baños, se convirtió en el centro de la atención pública en septiembre de 2026 al celebrar su boda con Karla Kristhel García Denis en una fiesta de tres días que incluyó dos ceremonias en distintos estados del país y la actuación del dúo británico Disclosure.

La primera ceremonia tuvo lugar el 7 de septiembre en la Basílica de Guadalupe, en la Ciudad de México, y la segunda el 17 de septiembre en la Cava Domecq, en Valle de Guadalupe, Baja California, en medio de un despliegue de lujo que generó debate por el perfil político de su padre y el de él mismo. A continuación te decimos a qué se dedica.

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Morena Rosario Sarabia Soto, diputada local de Morena, se retractó de sus declaraciones sobre los feminicidios ocurridos en el municipio de Escuinapa, Sinaloa, luego de haber sostenido que los asesinatos de mujeres registrados en la zona no correspondían a ese delito, sino que estarían vinculados a la delincuencia organizada.

Su disculpa llegó tres días después de que sostuviera, a través de redes sociales, una conversación con ciudadanos que la cuestionaron sobre los 16 feminicidios registrados en el municipio, así como de acusar un contexto de impunidad.

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La Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la detención e imputación de Jorge “N”, exnovio de la economista María Cristina Muñoz Loya, por el delito de feminicidio, luego de que los estudios forenses determinaran que la mujer murió a causa de asfixia.

Durante la audiencia inicial celebrada este lunes en los Juzgados de la Ciudad Judicial del puerto de Veracruz, un juez determinó imponer al acusado la medida cautelar de prisión preventiva justificada, mientras continúan las investigaciones relacionadas con la muerte de la joven.

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Diversas dosis de droga y cartuchos de diferentes calibres para armas de fuego fueron incautados junto a 13 toneladas (13 mil kilogramos) de tabaco ilegal empaquetado en cajas para su distribución en la Ciudad de México informaron las autoridades.

Este resultado fue gracias al operativo realizado por trabajos de inteligencia e investigación relacionados con la venta y distribución de productos ilegales, por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Marina), Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), y Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), ejecutaron seis órdenes de cateo en diversos inmuebles.

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Tres personas detenidas el 19 de septiembre en Chihuahua están vinculadas con la célula señalada por las autoridades como responsable de los ataques contra un helicóptero de la Policía del Estado, informó Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

La confirmación se dio a partir de las investigaciones desplegadas después de la agresión del 12 de septiembre contra una aeronave policial que realizaba labores de reconocimiento y vigilancia entre Coyame y Ojinaga. En el ataque, un elemento de la corporación resultó herido.

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Un comando armado mató a siete personas en el municipio de Valle de Santiago, Guanajuato, en una cadena de ataques que se extendió entre el 20 y el 21 de septiembre de 2026. Los hechos dejaron además al menos siete heridos y provocaron la activación de un operativo con 20 agentes de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (FGE).

El primer ataque y el más letal tuvo lugar la tarde del domingo 20 en la comunidad de Duranes de Arriba, junto al campo de béisbol y la escuela primaria Gabriela Mistral. Varios hombres armados llegaron al lugar en distintos vehículos pasadas las 16:30 horas y dispararon contra personas que participaban en un convivio dominical.

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La familia de Carlota ‘N’ volverá este jueves 24 de septiembre a la casa de Chalco que estuvo en el centro de la tragedia ocurrida el 1 de abril de 2025, cuando una confrontación por el inmueble terminó con la muerte de dos hombres y dejó a un adolescente herido.

La vivienda, ubicada en la Unidad Habitacional Exhacienda de Guadalupe, en Candelaria Tlapala, será restituida formalmente a Mariana Santana Alfaro, hija de Carlota, luego de que un juez de enjuiciamiento con sede en Texcoco reconociera su propiedad.

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Un hombre identificado como Claudio S., originario de Hecelchakán, Campeche, fue señalado públicamente el 21 de septiembre de 2026 por el colectivo hacktivista DLR de presuntamente ofrecer los servicios sexuales de una adolescente de 15 años en un grupo de Facebook. El acusado habría usado una identidad falsa femenina para publicar fotografías de la menor y material sexual explícito en el que presuntamente ella aparece, con el objetivo de ponerla a disposición de otros usuarios de la red social.

El colectivo DLR se dedica al hacktivismo para evidenciar y erradicar la violencia digital en México. La organización difundió su denuncia a través de un video publicado en sus propias redes sociales.

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Jesús Antonio “N”, alias “El Peli”, presunto operador financiero y generador de violencia de una célula de Los Chapitos en Mazatlán, Sinaloa, fue detenido junto a tres personas más por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con corporaciones federales y de las Fuerzas Armadas.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las capturas se llevaron a cabo como parte del reforzamiento de seguridad en el municipio sinaloense, el cual comenzó a registrar un aumento de los hechos violentos desde el mes de julio.

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Jonathan Paul Espinoza fue trasladado al Centro de Reinserción Social (CERESO) de Ensenada bajo un fuerte dispositivo de seguridad, tras ser capturado en la colonia Popular 89 de esa ciudad. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California lo señala como presunto responsable del feminicidio de Marlen Vázquez Saavedra, activista y agente inmobiliaria de 37 años estrangulada por su concubino cuatro días antes, el 17 de septiembre, en su propio domicilio de la colonia Ampliación Moderna.

La necropsia determinó que la causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento. La fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, precisó que el cuerpo fue trasladado y abandonado junto al vehículo de la víctima en un paraje solitario de la carretera libre Ensenada-Tijuana.

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La investigación por la intoxicación masiva ocurrida durante una fiesta de XV años en Salamanca llevó a las autoridades a un inmueble de León, donde fueron aseguradas 531 botellas de bebidas alcohólicas adulteradas o apócrifas de distintas marcas y presentaciones.

El decomiso fue informado por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que señaló que las diligencias se realizaron como parte de las investigaciones iniciadas después de la tragedia registrada en junio pasado en la comunidad Puerto de Valle, donde cinco personas murieron y decenas más resultaron intoxicadas tras consumir tequila adulterado.

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La periodista Anabel Hernández denunció haber recibido amenazas, advertencias y actos de hostigamiento tras la más reciente publicación de su nuevo libro Narcocracia: El Grande revela cómo los cárteles conquistaron México y reveló que ya notificó los hechos al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Gobierno de México.

Aunque actualmente vive fuera del país, aseguró que cada visita a territorio mexicano la realiza bajo escolta y que las intimidaciones derivadas de su nuevo libro le recuerdan el periodo en que investigó los presuntos nexos entre Genaro García Luna y el Cártel de Sinaloa.

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La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador (PDDH) atendió a 1,364 personas durante agosto de 2026, según el informe de acciones de protección y promoción divulgado por la institución en un video publicado en sus redes sociales. El organismo informó además que recibió 1,033 casos en todo el país.

La procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos, Raquel Caballero de Guevara, presentó los resultados mensuales en un audiovisual y sostuvo que el trabajo estuvo orientado a la protección, promoción y difusión de los derechos fundamentales entre la población salvadoreña.

“Me complace presentar a la población los resultados del trabajo realizado en materia de protección y difusión de los derechos humanos”, afirmó Caballero de Guevara en el video. La titular de la institución invitó a “construir juntos cultura de paz”.

El reporte de la PDDH indica que las personas privadas de libertad concentraron el 42.4% de los asuntos recibidos durante agosto. Las orientaciones representaron el 43.8% de las atenciones, mientras que las acciones inmediatas sumaron el 12.3%.

Los expedientes de investigación constituyeron el 1.5% del total de los casos registrados por la entidad. La gráfica divulgada por la Procuraduría señala que esos porcentajes reflejan una “significativa recepción de casos a nivel nacional”.

La institución no detalló en la publicación cuáles fueron los motivos concretos de las solicitudes vinculadas con la población penitenciaria ni la distribución territorial de los 1,033 expedientes ingresados. Tampoco precisó qué instituciones públicas fueron objeto de las actuaciones.

Durante el período analizado, el organismo firmó 120 pronunciamientos a nivel nacional, finalizó 79 acciones inmediatas y realizó 1,178 diligencias. También registró seis acciones de atención psicosocial.

Las acciones inmediatas forman parte de los mecanismos de respuesta de la Procuraduría ante situaciones que requieren intervención sin demoras, de acuerdo con la clasificación utilizada por la institución en el balance mensual.

La PDDH realizó 62 jornadas formativas y 28 ferias

El informe incluyó las actividades de difusión y educación en derechos humanos desarrolladas por la entidad durante agosto. En ese apartado, la PDDH reportó 62 jornadas formativas, 28 ferias y festivales, tres conmemoraciones, dos campañas y cinco actividades clasificadas como “otros”.

La Procuraduría también impartió cuatro cursos y cuatro talleres en el marco de su mandato de educación en derechos humanos. Según la institución, esas acciones estuvieron dirigidas a ciudadanos y funcionarios públicos.

El conjunto de actividades de promoción y formación alcanzó a 4,169 personas, de acuerdo con los datos difundidos por la institución. Del total de beneficiarios, el 60.2% fueron mujeres y el 38.3% hombres, mientras que el 1.5% quedó sin especificar en la clasificación divulgada.

La entidad informó, además, la entrega de 1,003 materiales promocionales. Entre los documentos distribuidos figuraron trípticos, ejemplares de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, leyes específicas y cuadernillos.

La publicación fue difundida el 21 de septiembre en las redes sociales de la Procuraduría, junto con una infografía que resume los resultados de agosto. El reporte forma parte de la rendición periódica de actividades de la institución, que tiene entre sus atribuciones la vigilancia del respeto a los derechos humanos y la promoción de esos derechos ante la población y los funcionarios públicos.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que tras la reconstrucción de los hechos y mediante labores de inteligencia fueron identificados Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como los presuntos agresores.

De acuerdo con las pesquisas, la tarde del domingo 13 de septiembre dos hombres llegaron a las canchas de futbol de la comunidad Barrio de Guadalupe a bordo de motocicletas y portando armas largas.

Los dos sujetos abrieron fuego en contra de los asistentes, y aunque la agresión estaba dirigida contra una persona, las detonaciones alcanzaron a otras que se encontraban en el lugar.

Como resultado de la agresión, un hombre falleció y seis personas resultaron heridas, entre las que se encontraban dos adolescentes.

Tras los hechos, la escena fue procesada por peritos forenses que buscaron y documentaron los indicios que permitieron establecer la manera en que se cometió el ataque.

Días después de los hechos, el secretario de Gobierno de Guanajuato, Jorge Jiménez Lona, reconoció que la cantidad de campos de fútbol y torneos que se realizan cada fin de semana en la entidad supera la capacidad de supervisión de las autoridades estatales.

Por su parte, el alcalde de San Francisco del Rincón, Antonio Marún González, emitió un posicionamiento en el que condenó los hechos y llamó a la población a no normalizar la violencia.

“Lamento profundamente y condeno enérgicamente los hechos de violencia ocurridos durante un partido de futbol en nuestro municipio. No podemos normalizar ningún acto de violencia, mucho menos en espacios donde las familias y nuestros niños y jóvenes acuden a disfrutar del deporte”, aseguró.

Los trabajos de inteligencia y tras recabar testimonios, las autoridades identificaron a Jhonatan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” como objetivos prioritarios por su probable implicación en la ejecución de la agresión armada.

Además, las autoridades lograron establecer posibles vínculos de los dos detenidos con otros hechos violentos registrados en la región de San Francisco del Rincón y Purísima del Rincón, por lo que se abrieron nuevas líneas de investigación para su esclarecimiento.

Fueron vinculados a proceso por homicidio calificado y tentativa de homicidio

Luego de que la Fiscalía de Guanajuato cumplimentó las órdenes de aprehensión en su contra, los dos detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

En su audiencia inicial, el Ministerio Público presentó los datos de prueba que sustentan su probable participación en el ataque armado en la cancha de futbol de San Francisco del Rincón.

Ante los hechos, el juez de control resolvió vincular a proceso a Jhonathan Gabriel “N” y Juan Ángel “N” por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa. Además, les impuso como medida cautelar prisión preventiva y un plazo para el desarrollo de la investigación complementaria que no fue revelado.

Ataque armado cerca de campo de beisbol deja 3 muertos y 5 heridos

Un segundo hecho violento se registró la tarde de este domingo 20 de septiembre, cuando se desató una agresión armada en la comunidad Duranes de Arriba, en el municipio de Valle de Santiago, que dejó tres personas muertas y cinco heridas.

De acuerdo con reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas cerca de un campo de beisbol, ubicado cerca de los límites con Pueblo Nuevo, cuando un grupo de sujetos armados arribaron al sitio y comenzaron a disparar contra las personas.

Como resultado de la agresión tres personas fallecieron, quienes fueron identificadas como Candelario “N”, Reyes “N” y José Luis “N”, y cinco hombres más resultaron heridos.

La misma mañana del domingo, antes del ataque en el campo de béisbol, habitantes de la comunidad La Tejonera reportaron al 911 la presencia de tres hombres muertos a un costado de un camino rural.

Tras la emergencia, paramédicos se desplazaron al sitio y confirmaron que los hombres ya no tenían signos vitales a causa de lesiones por arma de fuego, por lo que se desplazaron peritos de la Fiscalía del Estado para realizar el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes.

Un días después, este lunes 21 de septiembre, un comando entró a un domicilio de la calle Obregón, en la zona centro de Valle de Santiago, y disparó contra un hombre y una mujer. Los agresores encerraron además a cinco personas en una habitación y le prendieron fuego a la vivienda antes de huir.

Bomberos arribaron al domicilio y liberaron a las cinco personas atrapadas en el incendio, aunque el ataque dejó siete hospitalizados en total: dos con heridas de bala y cinco con intoxicación por inhalación de humo.

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Muere reo del penal de Aguaturo por presunto infarto

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que un recluso del Centro Penitenciario Aguaruto, ubicado en Culiacán, murió luego de presentar dificultades respiratorias.

Los hechos ocurrieron este domingo, cuando el hombre fue trasladado de emergencia a un hospital. A su arribo, sufrió un posible infarto al miocardio que provocó que recibiera RCP dentro del vehículo de traslado por parte del médico que lo trasladaba; sin embargo, al ser ingresado se confirmó su muerte.

Autoridades de la Dirección del Centro Penitenciario dieron parte a las instancias correspondientes, mientras que trabajo social se comunicará con los familiares del reo.

Arrestan a sujeto acusado de violar a las hijas de su pareja en San Luis Potosí: las amenazó para no revelar las agresiones

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) cumplimentó dos órdenes de aprehensión contra Saturnino “N”, señalado por el delito de violación específica doblemente agravada en agravio de dos víctimas menores de edad, en hechos ocurridos en el municipio de Axtla de Terrazas.

Según las indagatorias, el imputado es señalado por hechos cometidos en agravio de una persona en etapa de adolescencia y otra en etapa de niñez, ambas hijas de su pareja sentimental. Los sucesos habrían ocurrido en distintas fechas de septiembre de 2026, en un domicilio ubicado en el barrio La Libertad.

De acuerdo con la fiscalía, el hombre presuntamente agredió sexualmente a las menores y las amenazó con causarles daño a ellas o a su madre si revelaban lo sucedido.

Como resultado de las investigaciones, la Fiscalía del Estado reunió datos de prueba que permitieron establecer la probable participación del señalado, por lo que solicitó y obtuvo de un Juez de Control las respectivas órdenes de aprehensión dentro de las causas penales correspondientes.

Con dichos mandamientos judiciales, elementos de la Policía de Investigación (PDI) implementaron acciones operativas que permitieron localizar y detener al imputado en la zona centro del mismo municipio. Posteriormente, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requería e ingresado al centro penitenciario estatal de Tamazunchale.

Detienen a presunto integrante de “Los Cuatetes” en Chiapas

Roan “N”, presunto integrante del grupo delictivo denominado “Los Cuatetes”, fue detenido por el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas en el municipio de Mazatán, en Chiapas.

La aprehensión se realizó durante labores de patrullaje en el Ejido Buenos Aires, en una acción en la que participaron elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), en coordinación otras corporaciones estatales y federales.

A Roan “N” le fue asegurada un arma de fuego marca Taurus PT92AF, calibre 9 milímetros, junto con un cargador y seis cartuchos útiles del mismo calibre. También se le encontró un envoltorio de nylon transparente con sustancia granulada y cristalina, con características del cristal.

De acuerdo con las autoridades, el detenido manifestó pertenecer al grupo delictivo “Los Cuatetes”. Tanto él como los indicios asegurados fueron puestos a disposición de las autoridades correspondientes para que determinen lo conducente.

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Capturan a implicado en el secuestro de una persona en Oaxaca: solicitaron 1 millón de pesos como rescate

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a C.N.G.S., señalado como probable responsable del delito de secuestro cometido en la región Mixteca, en un operativo que además permitió la liberación de la víctima que permanecía privada de la libertad.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el 12 de agosto de 2023, cuando la víctima viajaba junto con otras personas a bordo de un vehículo sobre la carretera federal 135, en el tramo Nochixtlán, antes de llegar al crucero de Yucudaá.

En ese punto, otro vehículo les cerró el paso y de él descendieron hombres presuntamente armados, quienes despojaron a las víctimas de la unidad de motor. Posteriormente, los agresores privaron de la libertad a una de las personas que viajaba en el vehículo, mientras que a su acompañante le exigieron preparar la cantidad de 1 millón de pesos como pago para el rescate.

Tras recibir la denuncia, la FGEO logró establecer la ubicación del vehículo y, posteriormente, identificar el lugar donde se encontraba la víctima, quien fue liberada.

Como parte del seguimiento de las investigaciones, la fiscalía reunió los elementos necesarios para solicitar ante el juez la orden de aprehensión contra C.N.G.S. Una vez obtenida, agentes investigadores ejecutaron el mandato judicial y realizaron la detención del probable responsable, quien quedó a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.

Arrestan a hombre acusado de feminicidio en Puebla

Boris Eliezer “N”, de 37 años de edad, fue detenido por su presunta responsabilidad en el feminicidio de una mujer en el municipio de San José Chiapas, en Puebla, ocurrido en marzo de 2026.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) detalló que los hechos ocurrieron la madrugada del 20 de marzo, cuando el imputado coincidió con la víctima en un establecimiento del municipio de Rafael Lara Grajales y posteriormente la trasladó a un inmueble en San José Chiapa.

En el sitio, el agresor la golpeó y le causó la muerte por traumatismo craneoencefálico y toracoabdominal. Después de matarla, colocó el cuerpo en una cobija y lo abandonó en el paraje Hacienda Ojo de Agua, dentro de la misma demarcación.

Con los datos de prueba integrados en la carpeta de investigación, el Ministerio Público solicitó y obtuvo de la autoridad judicial del distrito judicial de Tepeaca el mandamiento de captura contra Boris Eliezer “N”.

La aprehensión se concretó seis meses después de los hechos, a las 00:15 horas del 20 de septiembre, cuando personal ministerial ubicó y detuvo al sujeto en la colonia San Miguelito, en San José Chiapa.

Boris Eliezer “N” quedó a disposición del Juez de Control para definir su situación jurídica en la audiencia correspondiente.

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Un reporte de la privación de la libertad de gambusinos (buscadores independientes de minerales) desató un enfrentamiento entre sicarios y elementos de seguridad en el estado de Sonora, dejando como saldo siete hombres detenidos, tres personas liberadas y el decomiso de un arsenal, entre otros objetos.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que la acción se llevó a cabo en Puerto Peñasco, derivado de trabajos de investigación de la Fiscalía del Estado y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Fiscalía de Sonora, quienes localizaron un inmueble relacionado con la privación de la libertad de los trabajadores tras obtener información sobre la ruta que siguieron los captores, la camioneta que usaron y el sitio donde permanecían retenidas las víctimas.

Al arribar, los agentes fueron agredidos a balazos, lo que derivó en un enfrentamiento que dejó tres elementos de seguridad heridos. Además, la acción permitió liberar a tres de las víctimas, detener a siete hombres y asegurar más de 40 armas largas, entre las que se encontraban:

• 2 ametralladoras Minimi
• Una ametralladora Browning M2, calibre .50
• Artefactos explosivos improvisados
• Casi 4 mil cartuchos

• Droga
• Equipo táctico
• Vehículos de alta gama con reporte de robo en Estados Unidos

La Fiscalía de Sonora informó que de los siete detenidos uno es menor de edad, quienes estarían relacionados con actividades delictivas. Las tres personas que se encontraban retenidas fueron identificadas como víctimas de desaparición cometida por particulares, por lo que fueron liberados.

Por razones de seguridad, los siete detenidos fueron trasladados de inmediato a Hermosillo bajo resguardo de las Fuerzas Armadas, por lo que fueron ingresados al Centro de Reinserción Social (Cereso) para que sean imputados ante el juez por los siguientes delitos:

• Homicidio calificado en grado de tentativa
• Delitos cometidos contra funcionarios públicos
• Posesión de vehículo de propulsión mecánica con reporte de robo
• Asociación delictuosa
• Desaparición de personas cometida por particulares

Las autoridades detallaron que se dará intervención a la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos de delincuencia organizada y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Harfuch reconoció a los agentes de la Fiscalía de Sonora que resultaron heridos

El titular de la SSPC reconoció a los tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), de la Fiscalía de Sonora, que resultaron heridos durante el enfrentamiento con los sicarios e informó que se encuentran fuera de peligro.

“Su valentía, profesionalismo y compromiso con la protección de la población merecen todo nuestro respeto. Afortunadamente los tres se encuentran fuera de peligro. Agradecemos al gobernador, Alfonso Durazo, por la coordinación y el respaldo permanente”, escribió Harfuch en sus redes sociales.

La Fiscalía de Sonora informó que se trató de un agente que resultó lesionado en una pierna, así como dos agentes mujeres con heridas por esquilarlas.

Tras los hechos, la noche del 19 de septiembre y durante la madrugada del día 20, los elementos de seguridad realizaron dos cateos más en Puerto Peñasco, de los cuales uno se encontraba abandonado.

El segundo cateo se llevó a cabo en un inmueble ubicado en la colonia Centro, donde se aseguraron envoltorios de metanfetamina, tres vehículos de alta gama (dos con reporte de robo en EEUU), varios cargadores para fusil calibre 5.56/.223, abastecidos con 113 cartuchos, así como documentación diversa.

¿Qué son los gambusinos?

Se le conoce como gambusinos a los buscadores independientes de minerales a pequeña escala, quienes se suelen adentrarse en tiros de mina abandonados o lavan arena en los lechos de ríos para localizar partículas de oro o plata.

Sus actividades forman parte de una tradición histórica que se realizaba desde la época colonial en regiones mineras del país como Chihuahua o Zacatecas.

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Detienen a hombre por violación a una menor de edad con discapacidad intelectual en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre identificado como A.P.G., por su presunta responsabilidad en el delito de violación equiparada cometido en agravio de una adolescente con discapacidad intelectual.

Los hechos ocurrieron el 10 de septiembre de 2023, cuando la víctima, quien al momento de los hechos era menor de edad, se encontraba en inmediaciones de San Pedro Sochiápam.

De acuerdo con la carpeta de investigación, la adolescente fue llevada a un lugar apartado, donde fue atacada con actos de carácter sexual. A raíz de estos hechos, la Fiscalía del Estado inició las investigaciones correspondientes y obtuvo del órgano jurisdiccional una orden de aprehensión contra el señalado.

La aprehensión de A.P.G. se logró luego de que agentes estatales de investigación lo ubicaron en San Pedro Sochiápam, la misma localidad donde ocurrió el ataque en 2023. Tras su detención, fue puesto a disposición de la autoridad ministerial correspondiente.

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Detienen a dos personas por robo de camioneta con violencia en Almoloya de Juárez

Un hombre y una mujer fueron detenidos por su presunta participación en el robo de una camioneta con violencia en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México. La aprehensión se concretó luego de que la víctima reconociera a los sospechosos como los responsables de despojarla de su vehículo.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Edomex (SSEM), los detenidos, identificados como Guillermo “N” y Monserrat “N”, ambos de 24 años, fueron interceptados como parte del Operativo Argos luego de que personal estatal atendiera una alerta emitida por el C5, vinculada con el despojo de una camioneta ocurrido en calles de la localidad de San Lorenzo Cuauhtenco.

Una ciudadana había reportado que dos personas le arrebataron su unidad de manera violenta y huyeron a bordo de ella. Ante el reporte, los policías estatales implementaron un dispositivo de búsqueda y localización en la zona. Calles adelante, los elementos ubicaron una camioneta con las características señaladas en la alerta.

Al notar la presencia policial, los tripulantes del vehículo aceleraron la marcha, lo que dio inicio a una persecución. Esta concluyó metros más adelante, cuando los agentes lograron interceptar la unidad y ordenaron a sus ocupantes descender del automóvil.

En el sitio, la víctima reconoció a quienes aparentemente participaron en el robo, lo que derivó en la detención de los dos sospechosos.

Aseguran más de 220 mil cigarros ilegales en Guanajuato

Juan Mauro González Martínez, secretario de Seguridad y Paz de Guanajuato, informó el decomiso de 228 mil cigarrillos sin documentación que acreditara su procedencia y la detención de un hombre en el municipio de San Diego de la Unión.

El funcionario detalló que el decomiso se realizó en un punto de revisión sobre la carretera federal 57, como parte del Operativo Blindaje Guanajuato, en el que participan la Policía Estatal de Caminos (PEC) Guanajuato y la Guardia Nacional.

El conductor de una camioneta con caja cerrada transportaba la mercancía, de aparente procedencia extranjera, pero no presentó los documentos que respaldaran su legal origen y traslado.

Como consecuencia, la persona, el vehículo y la mercancía quedaron a disposición de la autoridad competente, que determinará lo correspondiente con respeto al debido proceso.

Mauro González detalló que este decomiso se suma a un total de más de 718 mil piezas de mercancía diversa aseguradas en Guanajuato entre el 26 de septiembre de 2024 y el 31 de agosto de 2026, de acuerdo con el registro del Operativo Blindaje Guanajuato.

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Detienen a un hombre y una mujer con 1 kilo de posible marihuana en Álvaro Obregón

Dos personas fueron detenidas por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de que una denuncia ciudadana los alertó sobre la manipulación de narcóticos dentro de un automóvil sin placas, en la colonia Bejero de la alcaldía Álvaro Obregón.

De acuerdo con la SSC, los uniformados realizaban labores de vigilancia en el cruce de la calle Porfirio Díaz y la avenida Vasco de Quiroga cuando recibieron el aviso, por lo que se trasladaron al lugar.

Al llegar al sitio, los policías ubicaron un automóvil color café, le marcaron el alto y realizaron una revisión preventiva. Durante la inspección localizaron una bolsa de plástico que contenía aproximadamente un kilogramo de posible marihuana.

Por estos hechos, los oficiales detuvieron a una mujer de 36 años y a un hombre de 37 años de edad, quienes fueron trasladados, junto con la posible droga asegurada y el vehículo, ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

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Caen dos hombres con droga en Quintana Roo

Elementos de seguridad detuvieron a Kevin “N” y Juan Pablo “N” luego de sorprenderlos en un presunto intercambio de bolsitas con droga sobre la carretera federal 307 en calles de Quintana Roo.

Durante recorridos de vigilancia y prevención del delito, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Secretaría de Marina (Semar), visualizaron sobre la carretera federal 307 a dos hombres que presuntamente intercambiaban bolsitas de plástico transparente con un vegetal verde de características similares a la marihuana.

Los elementos de se aproximaron al lugar para realizarles una revisión preventiva, lo que derivó en el aseguramiento de 72 bolsitas de plástico transparente con vegetal verde con características similares a la marihuana y 29 bolsitas transparentes con fragmentos sólidos cristalinos con características similares al cristal.

Además de las sustancias, los elementos incautaron dos teléfonos celulares, una mochila de color negro y una bolsa ecológica de color negro que portaban los detenidos al momento de la revisión.

Los dos detenidos y los indicios asegurados fueron puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo, para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

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Seis mexicanos fueron detenidos como parte de una operación táctica realizada por autoridades estadounidenses en las ciudades de Bakersfield y Visalia, en California, que permitieron localizar dos narcolaboratorios de metanfetamina.

De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, las acciones comenzaron en noviembre de 2025 y concluyeron el pasado 17 de septiembre con un total de 16 cateos y nueve arrestos, entre los que se encuentran seis mexicanos y tres estadounidenses.

Los resultados de las operaciones también incluyen el aseguramiento de 4 mil plantas de marihuana, 20 mil dólares, 20 armas de fuego, cientos de galones de metanfetamina y 2171 libras (984.749 kilogramos) de la misma droga.

Así fueron localizados los narcolaboratorios en California

Los documentos judiciales refieren que agentes del Equipo de Investigación de Alto Impacto de Fresno, la Oficina Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés), y agencias asociadas, incautaron en una primera acción tanto los más de 900 kilogramos de metanfetamina y los cientos de galones de la misma droga líquida en dos narcolaboratorios: uno localizado en Bakersfield el pasado 20 de abril de 2026, y otro ocurrido el 20 de mayo de 2026 en Visalia.

En una acción paralela del 20 de abril, los agentes localizaron a un hombre identificado como Ramiro Luna, de 52 años y residente de San Bernardino, quien transportaba en un vehículo cerca de 145 kilogramos de metanfetamina.

El hombre y su pasajero, Robert Gray de 54 años y residente de San Bernardino, fueron acusados de manera formal el pasado 20 de agosto de conspiración para distribuir metanfetamina.

En la segunda acción donde se localizó un narcolaboratorio (del 20 de mayo), las autoridades detuvieron a Gustavo Alejandro Mendoza Félix, de 27 años y residente de Visalia, quien vivía en el mismo domicilio del hallazgo. El hombre fue acusado formalmente el 11 de junio de posesión con intención de distribuir metanfetamina.

Los mexicanos arrestados fueron identificados como:

• Elvis Ramírez Beltrán, de 25 años de edad, residente de Porterville.
• Gabriel Ramírez Beltrán, de 27 años, residente en Selma.
• José Armando López Félix, de 29 años, residente en el Valle de Yokuts.
• Jaciel López Félix, de 23 años, residente en Sanger.
• Faustino Romero León, de 50 años, residente en Sanger.
• Jesús Adrián Ríoz Ramírez, de 27 años.

Por su parte, los tres detenidos restantes fueron identificados como Jesús Efraín López Félix, de 34 años, de Tulare; Alberto López Castillo, de 21 años, de Visalia; y Marissa López Félix, de 30 años, de Porterville.

Todos cuentan con una denuncia penal que los acusa de conspiración para fabricar, distribuir y poseer con intención de distribuir metanfetamina.

Las autoridades detallaron que los acusados podrían pasar de 10 años hasta cadena perpetua en caso de ser declarados culpables.

Desmantelan narcolaboratorio de metanfetamina en California: tres mexicanos fueron arrestados

Un segundo hallazgo de otro narcolaboratorio ocurrió el pasado 11 de septiembre, también en California. El sitio fue ubicado en Terra Bella, en el condado de Tulare, donde agentes estadounidenses llevaron a cabo un cateo en una residencia en la que localizaron el laboratorio clandestino y detuvieron a tres hombres.

De acuerdo con documentos judiciales, durante el operativo localizaron bidones de acetona, cajas de ácido clorhídrico, tanques de propano, bidones azules de 50 galones, varias hieleras y dos congeladores grandes que se usaban para formar un laboratorio clandestino de metafetamina.

Además, aseguraron cerca de 45 kilogramos de metanfetamina, cientos de galones de esta droga líquida, cerca de 600 mil dólares y 6 armas de fuego.

Los detenidos fueron identificados como mexicanos: José Diarte Pérez, de 46 años, Carlos Beltrán Ochoa, de 27 años y Lamberto Elorza Chávez de 39 años. Los tres se encontraban de manera ilegal en Terra Bella.

El Departamento de Justicia de EEUU detalló que tanto Diarte Pérez como Beltrán Ochoa fueron acusados de conspiración para fabricar y traficar metanfetaminas y posesión de armas de fuego para facilitar un delito de narcotráfico. En tanto, Elorza Chávez fue acusado de posesión ilegal de un arma de fuego.

En caso de ser declarados culpables de conspiración para fabricar metanfetamina, los mexicanos podrían enfrentar una pena mínima de 10 años y hasta cadena perpetua, así como una multa de hasta 10 millones de dólares. Por el arma de fuego, enfrentan penas mínimas de 5 años y una pena máxima de cadena perpetua y multa de hasta 250 mi de dólares.

Por su parte, Elorza Chávez podría enfrentar una pena máxima de 15 años de prisión y una multa de hasta 250 mil dólares.

Tres personas fueron detenidas en flagrancia tras ser sorprendidas con 101 huevos de tortuga lora extraídos de manera ilegal dentro del Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, en Guanacaste, durante uno de los periodos de arribada de esta especie.

La intervención fue realizada de manera conjunta por funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC-MINAE), pertenecientes al Área de Conservación Tempisque (ACT-SINAC), y miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional (ADIO).

De acuerdo con la información oficial, el incidente ocurrió cuando los equipos de vigilancia detectaron a tres personas que transportaban un cargamento con 101 huevos, equivalente aproximadamente a dos nidos de tortuga lora (Lepidochelys olivacea).

Los sospechosos fueron identificados por las autoridades con los apellidos Brenes Blanco, Mesén Ramírez y Ramírez Escalante.

Según el SINAC, ninguno de los tres contaba con autorización para extraer los huevos ni pertenecía a la asociación comunal autorizada para realizar el manejo controlado de este recurso dentro del refugio.

Debido a que fueron sorprendidos durante la presunta comisión del delito, los sujetos fueron trasladados inmediatamente ante la Fiscalía bajo el procedimiento de flagrancia.

Operativos se intensifican durante las arribadas

La detención se produjo en medio de los operativos especiales que se desarrollan en Ostional durante los periodos conocidos como arribadas, cuando miles de tortugas lora llegan de manera sincronizada a la costa guanacasteca para desovar.

Durante estos eventos naturales, las labores de vigilancia se refuerzan debido a la elevada concentración de tortugas, huevos y visitantes dentro del área protegida.

La protección del sitio se realiza mediante una coordinación entre funcionarios estatales y organizaciones comunales que participan en la conservación y manejo regulado del refugio.

El director regional del Área de Conservación Tempisque, Nelson Marín Mora, condenó la extracción ilegal y destacó la coordinación desarrollada entre las instituciones y habitantes locales para responder ante este tipo de situaciones.

El SINAC recordó que la extracción de huevos fuera de los mecanismos autorizados constituye un delito ambiental, debido al impacto que puede tener sobre la conservación de la especie y los esfuerzos desarrollados durante décadas en la zona.

Un sitio clave para la tortuga lora

Playa Ostional es reconocida científicamente como el segundo sitio de anidación más importante del mundo para la tortuga lora, condición que convierte al refugio en uno de los espacios naturales más relevantes de Costa Rica para la protección de tortugas marinas.

La particularidad de Ostional radica en las arribadas masivas, fenómeno mediante el cual miles de hembras llegan a la playa durante un periodo concentrado para depositar sus huevos.

En esta zona funciona desde hace años un modelo de manejo comunitario regulado, mediante el cual la Asociación de Desarrollo Integral de Ostional es la organización autorizada para realizar el aprovechamiento controlado del recurso bajo las disposiciones establecidas por las autoridades ambientales.

Fuera de ese esquema, cualquier extracción carece de autorización y puede derivar en actuaciones administrativas o judiciales.

Autoridades llaman a turistas a respetar las restricciones

Tras el incidente, el SINAC reiteró a turistas nacionales y extranjeros la necesidad de respetar las reglas vigentes dentro del refugio, especialmente durante los periodos de arribada.

La observación de las tortugas debe realizarse únicamente acompañada de guías locales acreditados, mientras que los visitantes deben coordinar sus recorridos mediante los canales oficiales de las organizaciones autorizadas de la comunidad.

Las autoridades también solicitaron a la población reportar cualquier comportamiento sospechoso relacionado con extracción de huevos, perturbación de animales u otras acciones que puedan afectar la fauna marina.

El SINAC destacó que la protección de la tortuga lora requiere una participación conjunta entre instituciones públicas, comunidades locales y visitantes, particularmente durante los momentos de mayor vulnerabilidad de la especie.

Para las autoridades ambientales, estos operativos buscan evitar que la extracción ilegal afecte un ecosistema considerado estratégico para la reproducción de la especie y preservar las condiciones que han convertido a Ostional en uno de los principales puntos de anidación de tortugas lora a escala mundial.

El caso de los siete ciudadanos panameños que permanecen detenidos en Cuba por presunta propaganda contra el orden constitucional se ha transformado, en pocos meses, de un expediente básicamente judicial y diplomático a un conflicto político transnacional.

Esto involucra al gobierno panameño, al régimen cubano, a redes de activismo opositor y, de manera decisiva, a las propias familias de los detenidos.

Los familiares exigieron desvincularlos de la organización clandestina Camino a la Democracia, relacionada también con los grupos “Camino a la Democracia de Cuba” y “FundaCuba”.

Publicaciones periodísticas revelaron que estas estructuras presuntamente reclutan panameños para participar en actividades contra el régimen cubano, con financiamiento externo destinado, entre otras cosas, a la compra de pasajes aéreos y campañas en redes sociales, indica el diario Critica.

En un comunicado, los familiares se deslindaron categóricamente de dichas organizaciones, les niegan legitimidad como voceros y respaldan, en cambio, las gestiones diplomáticas del Estado panameño para proteger los derechos de sus allegados.

“Deseamos dejar clara nuestra posición: Nos deslindamos categóricamente de dichas acciones, así como de cualquier actividad o agenda que esa organización promueva”, afirman.

Le solicitan a esas organizaciones y terceros “abstenerse de continuar realizando pronunciamientos públicos como defensores de nuestros familiares que se encuentran detenidos. Esas declaraciones no representan nuestro sentir, ni contribuyen de manera efectiva a la resolución de esta situación”.

Este giro abre un nuevo capítulo en el caso, pues coloca en tensión la legitimidad de los actores que han intentado capitalizar la situación, redefine el terreno de la representación de las víctimas y plantea interrogantes sobre los límites entre la solidaridad política, el activismo transnacional y la instrumentalización de personas en situación de vulnerabilidad para agendas opositoras.

Diversas investigaciones periodísticas y comunicados oficiales han revelado que los arrestos del 28 de febrero de 2026 en La Habana se relacionan con actividades atribuidas a la organización Camino a la Democracia Pacífica de Cuba y a estructuras vinculadas como “Camino a la Democracia de Cuba” y “FundaCuba”, lo que ha alimentado la narrativa cubana de una operación subversiva organizada desde el exterior.

El caso tiene su origen el 28 de febrero de 2026, cuando el Ministerio del Interior de Cuba informó de la detención de diez ciudadanos panameños en La Habana, en los barrios de Boyeros y Jaimanitas, acusados de confeccionar y colocar carteles antigubernamentales con mensajes críticos hacia el sistema político cubano.

La versión oficial indica que estos carteles incluían consignas como “Abajo la tiranía” y referencias explícitas de apoyo a figuras políticas estadounidenses como Donald Trump, Marco Rubio y Mike Hammer, lo que refuerza la lectura cubana de una campaña con conexiones internacionales y retórica alineada con sectores duros del exilio.

Las autoridades cubanas encuadraron los hechos bajo el artículo 124 del Código Penal, que sanciona la propaganda contra el orden constitucional y contempla penas que, según diversas fuentes, oscilan entre tres y hasta ocho o diez años de prisión, dependiendo de la interpretación y las reformas normativas más recientes.

Desde el primer momento, la cancillería panameña reconoció oficialmente el arresto de diez nacionales en Cuba y se activó una respuesta diplomática orientada a garantizar su integridad física, su acceso a asistencia consular y el respeto del debido proceso conforme al derecho internacional y a la legislación vigente de la isla.

En comunicados, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá subrayó que la prioridad era asegurar “garantías procesales” para sus ciudadanos, demandar acceso consular y evitar que el caso se contaminara con declaraciones públicas que pudieran interferir en las investigaciones y los procedimientos judiciales internos de Cuba.

Esta postura inicial, marcada por la prudencia y la insistencia en la soberanía cubana, sentó las bases de una estrategia que posteriormente sería descrita por el canciller Javier Martínez-Acha como una “vía diplomática reservada”, orientada más a resultados concretos que a posicionamientos mediáticos.

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Caen tres miembros de la célula de “La Güera” en Puebla, dedicada a la venta de drogas

Tres personas fueron detenidas durante un cateo a un inmueble en el estado de Puebla, el cual era utilizado presuntamente para el almacenamiento y comercio de narcóticos en la junta auxiliar de Santiago momoxpan.

El operativo fue ejecutado por la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Alta Incidencia (FEIDAI), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Policía Estatal, originado a partir de labores de agentes investigadores.

La diligencia se realizó mediante una orden de cateo en un predio ubicado sobre la calle Matamoros, en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan. Durante el desahogo de la acción, las fuerzas del orden aseguraron a Carlos “N”, Diana “N” y Marco Antonio “N”, identificados como presuntos integrantes de un grupo denominado “La Güera”, dedicado al narcomenudeo en la región.

El documento precisa que la intervención judicial respondió a un trabajo previo de investigación orientado a desarticular puntos de venta de droga al menudeo. La fiscalía no detalló, en el boletín, la fecha exacta en que se llevó a cabo el cateo.

En el sitio, las autoridades incautaron 62 envoltorios de plástico con sustancia granulada con características de cristal y 24 bolsas con hierba verde similar a la marihuana. También se aseguraron una báscula gramera, 5 cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Detienen a presunto miembro de la Unión Tepito y dos hombres más con cocaína y una granada en la Venustiano Carranza

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a cuatro personas en la alcaldía Venustiano Carranza, tres de ellas en posesión de una granada de fragmentación, un arma de fuego y 200 dosis con las características de la cocaína.

La intervención ocurrió durante recorridos de vigilancia en la calle Ferrocarril de Cintura, colonia Zona Centro, donde los uniformados observaron a tres hombres con actitud sospechosa que intentaron ingresar a un inmueble al advertir la presencia policial.

De acuerdo con las autoridades, los efectivos se aproximaron y realizaron una inspección preventiva conforme a los protocolos de actuación. Tras la revisión, a uno de los hombres le fue localizada una granada de fragmentación y un arma de fuego.

Entre las pertenencias de los otros dos sujetos, los policías encontraron 200 envoltorios similares a los utilizados para contener cocaína. Después de leerles sus derechos, los tres hombres, de 20, 18 y 15 años, fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Uno de los arrestados fue señalado como presunto integrante de la Unión Tepito, apodado “Pirrín”, quien también estaría relacionado con dos ataques armados registrados en 2024 y 2025, además de contar con un ingreso previo al Sistema Penitenciario por el delito de homicidio calificado.

Durante la detención, un cuarto hombre de 38 años intentó interrumpir la labor policial y agredió física y verbalmente a los uniformados, por lo que también fue arrestado.

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Detienen a cuatro personas durante cateos en Querétaro: les aseguran narcóticos

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó la detención de cuatro personas y el aseguramiento de sustancias con características de narcótico tras una serie de cateos ejecutados en el municipio de Querétaro. Los operativos se realizaron en inmuebles ubicados en tres puntos de la ciudad como parte de actos de investigación y el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Cateos en Eduardo Loarca, San Pablo y Pueblo de Jurica

Las diligencias se llevaron a cabo en propiedades situadas en las zonas de Eduardo Loarca, San Pablo y Pueblo de Jurica. En estos inmuebles, personal ministerial documentó los indicios localizados durante los cateos, ejecutados con base en órdenes emitidas por autoridades judiciales.

Entre lo asegurado se reportaron sustancias sólidas cristalinas con características de narcótico, una báscula digital y dinero en efectivo. El organismo señaló que el efectivo estaría presuntamente relacionado con la venta de narcótico.

En Querétaro, un operativo conjunto de la Fiscalía estatal y corporaciones de seguridad derivó en la detención de cuatro personas y el decomiso de droga sintética, una báscula digital y dinero en efectivo, tras cateos realizados en tres domicilios del municipio capitalino dentro de la estrategia Sinergia por Querétaro.

Los indicios recolectados en los tres domicilios quedaron bajo resguardo para su posterior análisis por parte de las autoridades periciales correspondientes.

De acuerdo con el reporte de la Fiscalía Querétaro, tres hombres fueron detenidos por hechos relacionados con delitos contra la salud, derivados directamente de los cateos realizados en los inmuebles mencionados.

Una cuarta persona fue capturada mediante el cumplimiento de una orden de aprehensión vigente, ejecutada por parte de la Policía de Investigación del Delito (PID). Este caso corresponde a un mandamiento judicial previo, distinto a los hechos de flagrancia relacionados con el narcótico asegurado.

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Marchan por la paz en Sinaloa

Este domingo se llevará a cabo una marcha por la paz en Culiacán a dos años de haber comenzado la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Está previsto que la movilización comience en punto de las 08:00 horas y parta desde La Lomita, luego de una misa a las 07:00 horas.

Cientos de sinaloenses se reunirán para exigir alto a la violencia, reclamar seguridad justicia, luego de que el estado suma más de 3 mil personas asesinadas.

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Ceuta ha registrado este sábado otro día más de incidentes que ha dejado a tres detenidos, dos agentes de la Guardia Civil agredidos por migrantes y un militar con el peroné fracturado en diversos episodios relacionados con robos con violencia, lesiones, amenazas y ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según ha informado este sábado la Agencia EFE.

Los hechos han ocurrido en dos intervenciones desarrolladas en menos de 24 horas y un robo registrado al mediodía en el centro de la ciudad autónoma; que ya se han sumado a los incidentes que se han producido en los últimos días en Ceuta a manos de los migrantes que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio. La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ha denunciado que los agentes destinados en la frontera afrontan situaciones de riesgo de forma cotidiana y ha reclamado refuerzos permanentes de efectivos, “no despliegues temporales que se retiran cuando baja el foco mediático”, además de “medios materiales adecuados a la realidad de la frontera, protección jurídica efectiva y acompañamiento real para todo agente agredido y el reconocimiento definitivo de la profesión de riesgo para quienes asumen, cada día, este nivel de exposición”.

Además, la AUGC ha lamentado que “se insiste desde algunos despachos en describir lo que ocurre en Ceuta como una cuestión de percepción, de sensación, de inseguridad subjetiva, pero para quienes patrullan la frontera cada noche, y para los vecinos que viven a pocos metros de ella, la inseguridad no es un matiz semántico, es un parte de lesiones, es una guardia que termina en Urgencias o es un barrio en el que a las cuatro de la madrugada pasan cosas que nadie quiere nombrar”. “El problema no es la actuación de los agentes, es el marco en el que se les obliga a actuar y estos episodios se repiten a diario, pero el guardia civil que interviene en Ceuta lo hace sabiendo que cualquier gesto suyo será examinado con lupa, mientras la agresión que ha sufrido se diluye en la estadística”, ha precisado.

Ataques a miembros de las Fuerzas Armadas y Cuerpos de Seguridad del Estado

Uno de los incidentes, en el que dos agentes de la Guardia Civil han resultado agredidos, se ha producido en la Explanada Muelle de Poniente, cuando una patrulla ha sido requerida para prestar apoyo a una patrulla militar en la identificación de cinco varones de nacionalidad marroquí, que manifestaban su voluntad de regresar a Marruecos. Los hechos han tenido una repentina escalada de violencia cuando uno de los cinco hombres ha arremetido contra uno de los guardias civiles, propinándole un fuerte empujón en el pecho.

Por su parte, el agente ha intentado controlarlo por sí mismo, sin éxito, ya que el individuo no paraba de forcejear, oponiendo una resistencia muy enérgica, lo que ha obligado a intervenir a su compañero en su auxilio. Los tres han acabado cayendo al suelo y pese a la agresión, los dos guardias civiles han logrado reducirlo empleando, en todo momento, la mínima fuerza imprescindible, según el comunicado de la AUGC. Esta misma mañana, el agresor ha sido condenado a dos años de prisión y a la expulsión del territorio nacional, medida por la que el propio condenado ha aceptado.

El segundo episodio se ha producido esta madrugada, cerca de las 4:00 horas, cuando una patrulla militar ha identificado a un grupo de personas migrantes que se encontraba en estado de embriaguez y ha ofrecido resistencia. Uno de los integrantes del grupo ha intentado huir y ha empujado a un militar, que ha caído entre las rocas de la zona de Juan XXIII. A raíz de la caída, ha sufrido una fractura de peroné y lesiones en el hombro. Los hechos se han puesto en conocimiento de la autoridad judicial. Los presuntos responsables no han sido detenidos en el momento porque los compañeros del herido han priorizado su atención tras escucharlo gritar de dolor por la fractura, antes que la contención del grupo.

Un robo a plena luz del día

El tercero, ya hacía el medio día y a plena luz del sol, tres migrantes, de los que permanecen en la ciudad tras la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, han sido detenidos por la Policía Nacional por haber robado la compra a un hombre a su salida de un supermercado. Los hechos se han producido a las 13:30 horas cuando el hombre portaba varias bolsas de comida de un supermercado y ha sido asaltado por tres migrantes en pleno centro de la ciudad, según han informado a EFE fuentes policiales.

La víctima, un hombre de unos 60 años, ha sido auxiliado por un grupo de ciudadanos que ha denunciado la escena, ocurrida en las inmediaciones de la biblioteca pública Adolfo Suárez. La Policía Nacional, que patrullaba por las inmediaciones, ha acudido a la zona y ha procedido a la detención de los tres migrantes, los cuales serán puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos autores de un robo con violencia. Este robo se suma a los incidentes que se han venido produciendo en los últimos días en la ciudad.

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Patxi López, ha admitido esta noche, en una entrevista en el programa ‘La Sexta Xplica’, que la situación en Ceuta “está lejos de la normalidad” tras la crisis migratoria. Sin embargo, también ha defendido que la sensación de inseguridad “subjetiva” que atribuye el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, a la población ceutí conviva con datos que, según ha dicho, “no dicen que se esté viviendo una situación de inseguridad alarmante” en la ciudad. Y ha insistido en que no hay “ningún reconocimiento de error en la cadena de mando” más allá de la “necesidad” de mejorar la seguridad frente a los denominados “ataques híbridos”.

Con información de agencias

La Guardia Civil ha detenido en Ceuta a un ciudadano de origen marroquí sobre el que pesaba una prohibición de entrada en España derivada de una condena firme por terrorismo yihadista dictada en 2015. El arresto se produjo durante un control desplegado en la ciudad autónoma, según adelantaba EFE. El hombre fue localizado en la tarde del jueves junto a su hermano en uno de los dispositivos de vigilancia que permanecen activos tras la llegada masiva de migrantes registrada a finales de julio.

Los agentes comprobaron su identidad y constataron que existía una sentencia firme que vetaba su acceso al territorio nacional. La resolución judicial estaba vinculada a su condena por delitos de terrorismo yihadista en Barcelona. Tras la verificación, la Guardia Civil procedió a su arresto y lo trasladó a dependencias de la Policía Nacional. Allí se iniciaron los trámites para formalizar la denegación de entrada en España. La actuación prevé la expulsión del detenido a Marruecos, una vez que concluyan las gestiones administrativas correspondientes. No han trascendido más detalles sobre la condena ni sobre las circunstancias en las que el hombre llegó hasta el control en el que fue identificado, de manera que no es seguro que entrara el 30 de julio.

Nueva noche de disturbios en Ceuta

El número de detenidos por diferentes motivos sigue creciendo. La ciudad autónoma de Ceuta ha registrado esta madrugada una de las peores noches de incidentes con varios incendios en distintos puntos de la ciudad, que se han saldado con 42 chabolas que los migrantes habían construido para pasar la noche, hasta 8 vehículos y 4 contenedores calcinados, según han informado a EFE. La sucesión de incendios ha obligado a los bomberos a desplegarse durante varias horas en diferentes zonas de la ciudad para poder atender las emergencias que han mantenido en alerta tanto a los efectivos de seguridad como a numerosos vecinos.

El episodio de mayores dimensiones se ha producido en las inmediaciones de las naves del Tarajal, donde el fuego ha afectado a 42 chabolas construidas por migrantes. El fuego se declaró cerca de la medianoche en uno de los asentamientos donde permanecen muchos de los migrantes que entraron en Ceuta desde Marruecos los días 30 y 31 de julio pasado en una zona de naves industriales y fueron los propios vecinos los que alertaron a emergencias.

Los agentes tuvieron que desalojar del lugar a los migrantes que dormían en los aledaños para evitar que pudieran verse afectados por el humo y no se han registrado heridos, en tanto se investiga si el origen del fuego podría ser alguna de las fogatas del campamento. Las llamas han calcinado los plásticos y residuos de todo tipo que había en sus alrededores. Otro de los incendios de mayor alcance se ha registrado en las inmediaciones del polideportivo José Ramón Díaz-Flor, donde varios vehículos han quedado afectados por las llamas. El fuego ha obligado a la intervención de los Bomberos para evitar que las llamas pudieran propagarse a otros vehículos o elementos próximos.

Diego Sebastián “N”, señalado como presunto autor material del multihomicidio de la familia del tecladista de Camilo Séptimo, así como de la joven que trabaja con ellos, Aleyda Romero, estaba plenamente consciente cuando cometió el crimen la tarde del 1 de septiembre en un departamento de Atizapán de Zaragoza, Estado de México.

Hugo Salgado, representante legal de la familia de Jonathan Meléndez, confirmó que al sujeto se le practicaron exámenes de medicina luego de que quedó a disposición de la Fiscalía de Asuntos Especiales en Toluca, los cuales dieron negativo a sustancias.

“Todos dieron negativo a cualquier tipo de lesión o de que se encontrase bajo el influjo de alguna sustancia”, explicó en entrevista con Azucena Uresti.

El abogado también destacó que durante su trayectoria no le había tocado ”un asunto de tal magnitud", el cual calificó como “totalmente lamentable”, además, realizó una reconstrucción del crimen en el que reveló nuevos detalles sobre el actuar de Diego Sebastián “N” aquella tarde, en el la propia esposa de Meléndez dijo que se encontraba “alterado”.

La reconstrucción de la llegada de Diego “N” al fraccionamiento y del crimen

Según el relato de Salgado, Diego “N” llegó cerca de las 17:24 horas al fraccionamiento e intentó subir por el elevador del edificio. Al no tener autorizado el acceso directo al penthouse, subió por las escaleras hasta el departamento de la familia, ubicado en el fraccionamiento Grand Viure, en Bosque de Amates

Dentro se encontraba únicamente Aleyda Romero, quien trabajaba con la familia. Fue ella quien le abrió la puerta al agresor, de acuerdo el abogado, quien refirió que esto pudo haberse debido a que la esposa de Meléndez, Ana Paula, habría autorizado su ingreso mediante una llamada telefónica.

Minutos después, a las 17:42 horas, Ana Paula llegó al estacionamiento a bordo de una camioneta y en compañía de sus hijos de 3 y 5 años. Tras ingresar a su casa. le envió un mensaje a Freddy, amigo de su esposo, en el que se le advertía que Diego “N” se encontraba en el penthouse y le solicitó que le informara a Meléndez porque el sujeto “se encontraba un poco alterado”.

“Jonathan empieza a ponerse un poco nervioso. Freddy refiere que comienza a notar esa actitud de preocupación y es que deciden trasladarse al fraccionamiento”, relató.

De acuerdo con el abogado, Jonathan llegó al fraccionamiento en compañía de Freddy alrededor de las 19:28 horas. Antes de subir, le pidió a su amigo que permaneciera en el área de estacionamiento, debido a que ya se habían presentado “algunas situaciones” con Diego “N” y, en caso de no tener comunicación dentro de una hora, pidiera ayuda.

Una pericial todavía sin validar sobre lo ocurrido dentro del departamento

El abogado explicó que la Fiscalía General del Estado de México (FGJEM) realizó varias pruebas periciales para establecer una mecánica completa de lo sucedido dentro del departamento.

Sin embargo, aclaró que hasta el momento esa pericial “todavía no se encuentra validada por las autoridades”. Lo que sí confirmó es la hipótesis central: cuando Meléndez llegó a su domicilio, el agresor ya habría privado de la vida al resto de la familia, a su perro y a Aleyda Romero.

Lo que se sabe después de haberse cometido el crimen, según el abogado, es que Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, quien fungió como su chofer, abandonaron el departamento y el fraccionamiento alrededor de las 19:40 horas. El personal de seguridad de la caseta de acceso solicitó revisar la cajuela del vehículo antes de dejarlos salir.

Fue entonces cuando Diego “N” bajó la ventanilla trasera y amenazó al policía para que abriera la pluma de acceso. Freddy también se encontraba en la caseta en ese momento y fue amenazado por el sujeto, quien le dijo: “Y donde se te ocurra decir algo, negrito bimbo, también te va a pasar lo mismo que a tus amigos”, afirmó el litigante.

Los argumentos con los que la defensa busca desacreditar las pruebas

Salgado explicó que durante la audiencia de vinculación a proceso, los sujetos centraron su defensa en atacar supuestas deficiencias del Ministerio Público al formular la imputación en su contra.

También argumentaron que no existía una sola prueba que relacionara de manera directa a los investigados con el crimen. El abogado de la familia Meléndez respondió que, al analizar de manera conjunta todos los datos de prueba, se presume fundadamente que fueron ellos quienes cometieron el delito.

La siguiente audiencia del caso quedó programada para el 9 de enero de 2027, fecha en la que vence el plazo de investigación complementaria fijado por la jueza de control.

Respecto al pequeño de aproximadamente 5 años que logró sobrevivir, el abogado confirmó que, en coordinación con la Fiscalía del Estado, se realizarán las diligencias necesarias para obtener su testimonio, ya que identificó plenamente a Diego Sebastián “N” como el responsable del multihomicidio.

De acuerdo con las autoridades, el crimen habría sido motivado por el robo de una caja fría con 3 millones de pesos en criptomonedas que Meléndez guardaba, y que hasta el momento no ha sido localizada.

Cinco hombres de nacionalidad mexicana fueron detenidos en Inglaterra durante una operación en la que las autoridades de ese país localizaron un narcolaboratorio de metanferaminas.

La Agencia Nacional contra el Crimen informó que la operación ocurrió el pasado 13 de agosto -aunque lo informó hasta este miércoles-, en una zona agrícola remota cerca de Furnace End, en Warwickshire.

Los cinco hombres fueron identificados como Alejandro Ambriz Dimas, de 45 años; Víctora Ramírez, de 47; Fausto Beltrán, de 33; Lioncio Moso Borja, de 37 y José Númez Angolo, de 44. Todos, excepto Ambriz Dimas son originarios de Culiacán, Sinaloa, mientras que él es de Michoacán.

Las autoridades señalan a los cinco mexicanos de presuntamente formar parte de un grupo delictivo que fabricaba metanfetamina en un laboratorio clandestino. Todos fueron imputados por conspiración para producir esta droga y comparecieron ante el Tribunal de Magistrados de Coventry, donde quedaron en prisión preventiva.

La Agencia informó que los detenidos deberán comparecer este jueves 10 de septiembre ante el Tribunal de Corona de Warwickshire.

Desmantelan narcolaboratorio del CJNG en España: localizaron 2 toneladas de metanfetamina y detuvieron a 13 personas

Otra operación internacional ocurrió en el mes de julio, cuando la Policía Nacional de España desmanteló una red del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) dedicada al tráfico de metanfetamina entre México y Europa, tras hallar un narcolaboratorio clandestino en la provincia de Lleida y detener a 13 personas.

La operación, coordinada con la Oficina Antiestupefacientes de Francia (OFAST), le permitió a las autoridades incautar más de 2 toneladas de la droga, parte de ellas disueltas en aroma líquido de vainilla procedente de México.

El operativo se ejecutó el 10 de julio con siete cateos simultáneos en Barcelona, Lleida y Tarragona, aunque la Policía Nacional lo dio a conocer el 5 de agosto. Según las autoridades, se trata de uno de las mayores aseguramientos de metanfetamina disuelta en productos líquidos en España y en Europa.

La droga la ocultaban en líquido de vainilla

La investigación se originó a principios de junio a partir de una Orden Europea de Investigación emitida por autoridades judiciales francesas y coordinada en España por la Fiscalía Especial Antidroga de la Audiencia Nacional. Las autoridades francesas detectaron un contenedor marítimo con origen en México y destino en España que transportaba cerca de 12 mil 700 kilos de aroma artificial de vainilla en estado líquido.

Las pesquisas posteriores confirmaron que el cargamento ocultaba droga disuelta en ese producto. En total, la organización habría introducido más de 2.5 toneladas de metanfetamina camufladas en aproximadamente 12 toneladas de aroma líquido de vainilla.

Una vez en territorio español, la mercancía fue almacenada en una empresa logística de la provincia de Barcelona. Desde allí, parte del cargamento fue trasladado a una nave industrial de la misma provincia, que funcionó como punto intermedio de almacenamiento y transferencia antes de llegar a su destino final.

El punto de llegada fue una finca aislada en Lleida, acondicionada como laboratorio clandestino. Allí, los integrantes de la organización recuperaban la metanfetamina disuelta mediante procesos químicos de extracción, purificación y cristalización, con el objetivo de obtener el producto listo para su distribución.

Trece mexicanos detenidos, presuntos integrantes de una red del CJNG

Los investigadores identificaron funciones específicas dentro de la organización, que abarcaban desde la recepción del cargamento y la coordinación de los transportes hasta tareas de seguridad, contravigilancia y manipulación química de la sustancia.

Cuando se confirmó que el laboratorio había iniciado el proceso de recuperación de la droga, se ejecutó el operativo para capturar a los responsables y desmantelar la infraestructura logística de la red.

Los siete registros se distribuyeron entre Barcelona (cinco), Lleida (uno) y Tarragona (uno). En ellos se localizó el laboratorio clandestino en pleno funcionamiento y se incautaron 2 mil 400 kilos de metanfetamina, de los cuales mil 600 kilos permanecían ocultos en vainilla líquida.

Además de la droga, la Policía Nacional aseguró 6 vehículos, casi 4 mil 500 euros en efectivo, instrumental químico e industrial, diversos productos y reactivos, y numerosos dispositivos electrónicos.

La red fue desmantelada con la detención de 13 personas: cinco en Lleida, cuatro en Barcelona y cuatro en Tarragona. Todos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial como presuntos responsables de pertenecer al CJNG y por un delito contra la salud pública.

De acuerdo con la agencia EFE, siete de los 13 detenidos eran mexicanos: cinco proceden de la zona metropolitana de Guadalajara, en el estado de Jalisco, considerado el principal bastión y centro de operaciones del CJNG, mientras que los otros dos son originarios del estado de Sinaloa. El resto de los arrestados son de nacionalidad española y colombiana.

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Guardia Nacional destruye 62 mil plantas de marihuana en La Yesca, Nayarit

Elementos de la Guardia Nacional (GN) destruyeron 62 mil plantas de marihuana localizadas en tres plantíos de la localidad El Viejo, municipio de La Yesca, Nayarit, durante labores de patrullaje realizadas en coordinación con el Ejército Mexicano. El hallazgo se dio luego de que los guardias federales detectaron indicios de cultivo de enervante en la zona serrana del municipio.

Tras la detección, los elementos realizaron una inspección que confirmó la existencia de tres plantíos distintos. El primero abarcó 5 mil 600 metros cuadrados con 22 mil 400 plantas de cannabis; el segundo, 3 mil metros cuadrados con 18 mil plantas, y el tercero, 21 mil 600 metros cuadrados con 21 mil 600 plantas.

En conjunto, los tres sembradíos ocuparon una superficie de 30 mil 200 metros cuadrados en la sierra de Nayarit. Las autoridades procedieron a la destrucción de la droga y posteriormente lo incineraron en la misma zona donde fue localizado.

El operativo se enmarcó en las labores de vigilancia y seguridad que la GN realiza de forma conjunta en municipios serranos de Nayarit, donde persiste el cultivo de estupefacientes.

Del hallazgo se dio parte al Ministerio Público Federal, instancia que continuará con las investigaciones correspondientes para determinar a quién pertenecían los sembradíos y si existen responsables identificados por el delito.

Policías detienen a cuidadora acusada de golpear a mujer de 96 años en la alcaldía Cuauhtémoc

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron este 9 de septiembre a una mujer de 59 años señalada de agredir físicamente a una adulta mayor de 96 años que se encontraba en una silla de ruedas en la colonia Vista Alegre, alcaldía Cuauhtémoc. La detención ocurrió luego de que el Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico alertó a los uniformados sobre agresiones en el cruce de las calles Juan A. Mateos y José Sotero Castañeda.

El periodista C4 Jiménez reveló que la víctima se llama Herlinda. La agresión quedó registrada en video y fue compartida en redes sociales.

Al llegar al lugar, los policías hablaron con un ciudadano que señaló a la mujer como responsable de golpear a Herlinda. Minutos después se presentó un hombre de 66 años, quien dijo ser hijo de la afectada y explicó que ella padece demencia senil y que había contratado a la detenida para que se encargara de sus cuidados.

Los oficiales solicitaron servicios de emergencia y paramédicos diagnosticaron a Herlinda como policontundida, aunque no requirió traslado a un hospital. El hijo de la víctima manifestó su intención de proceder legalmente contra la cuidadora.

Con base en esa denuncia, los policías detuvieron a la mujer de 59 años, le informaron sus derechos constitucionales y la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

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Detienen a dos hombres por robar mercancía de bodega en tienda departamental de Polanco

Dos hombres fueron detenidos por elementos de la Policía Bancaria e Industrial (PBI) tras ser sorprendidos mientras sustraían mercancía de la bodega de una tienda departamental en la colonia Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo. Los policías recuperaron 43 prendas de vestir con un valor aproximado de 137 mil 710 pesos.

Según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los uniformados acudieron a un establecimiento ubicado en la avenida Moliere tras un aviso generado por las cámaras de seguridad internas del negocio que mostraban a dos personas retirando mercancía de la bodega.

Al llegar al lugar, los oficiales observaron que los sospechosos introducían varias prendas de ropa en un vehículo. Uno de ellos afirmó ser empleado del establecimiento y explicó que la mercancía sería trasladada a un evento.

Sin embargo, esa versión fue desmentida por el encargado de prevención de pérdidas de la tienda, quien no reconoció la operación como parte de un procedimiento autorizado.

A partir de esa discrepancia, los efectivos realizaron una revisión de seguridad en la que les aseguraron las 43 prendas que los sujetos habían cargado en el vehículo.

Los dos hombres, de 22 y 23 años de edad, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación jurídica.

Detienen en SLP a abogado buscado en Guanajuato por presunto fraude de más de 3 millones de pesos

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP), en coordinación con autoridades de Guanajuato, cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como Federico “N”, señalado por su probable participación en el delito de Abogados, Patronos y Litigantes. La detención se concretó en oficinas ubicadas en la colonia Las Águilas, en la capital potosina.

De acuerdo con las autoridades de Guanajuato, los hechos ocurrieron el 6 de agosto de 2022 en el municipio de San Miguel de Allende, cuando Federico “N” acudió junto con otras personas a un inmueble del fraccionamiento El Capricho. Ahí, presuntamente, se acordó que el señalado llevaría a cabo la representación legal de las víctimas dentro de un proceso judicial.

Como parte de ese acuerdo, el implicado habría recibido en distintas ocasiones diversas cantidades de dinero que, sumadas, ascienden a 3 millones 228 mil pesos. El delito de Abogados, Patronos y Litigantes, tipificado en la legislación de Guanajuato, sanciona conductas de profesionales del derecho que defraudan o perjudican a sus clientes en el ejercicio de su representación legal.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ubicaron a Federico “N” en unas oficinas de la colonia Las Águilas, en la capital potosina. Ahí verificaron su identidad y le notificaron sobre el mandamiento judicial vigente en su contra.

Tras comunicarle el motivo de la detención y hacerle saber sus derechos, los agentes lo trasladaron para continuar con los trámites legales correspondientes.

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Detienen a dos hombres con drogas en Chiapas

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) de Chiapas detuvieron a dos hombres por posesión de droga con fines de comercio en la colonia Albania Baja, en Tuxtla Gutiérrez. El operativo, ejecutado en conjunto con otras corporaciones, permitió el asegura­miento de bolsitas con una sustancia con características de cristal y de un vehículo.

La detención se produjo durante labores de patrullaje de prevención, disuasión del delito y proximidad social realizadas por la SSP a través de la Guardia Estatal Preventiva (GEP), en coordinación con la Agencia de Investigación e Inteligencia Ministerial (AIIM) de la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Policía Municipal.

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Tras cateos detienen a cuatro personas ligadas al sindicato ASAEO en Oaxaca: uno de ellos su operador financiero

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) ejecutó 12 órdenes de cateo en la Zona Metropolitana que derivaron en el aseguramiento de 7 inmuebles y la detención de 4 personas presuntamente vinculadas con actividades delictivas relacionadas con ASAEO, un sindicato bajo investigación. El operativo se realizó durante la madrugada y el transcurso del martes 8 de agosto.

Los cateos se llevaron a cabo en domicilios ligados a la cúpula del sindicato que funcionaban como zonas de resguardo, descanso y operación para los líderes de la estructura.

Entre los detenidos se encuentra C.M.V., alias “El Chabelo”, señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo. También fueron capturados H.I.B.A., K.U.D.P. y A.J.E.J., identificados como parte de la red operativa.

Las acciones se realizaron en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana federal, además de la Agencia Estatal de Investigaciones, la Policía Estatal y el C5i de Oaxaca, de acuerdo con el reporte de la FGEO.

Los cuatro detenidos se encuentran en proceso de ser puestos a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica con apego al debido proceso.

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Detienen a hombre con drogas en Quintana Roo: intentó huir y las bolsas salieron de su mochila

Un hombre identificado como José Manuel “N” fue detenido en el municipio de Playa del Carmen, Quintana Roo, con decenas de bolsitas de marihuana, cocaína y piedra, como presunto implicado en delitos contra la salud. El sujeto intentó darse a la fuga al notar la presencia de los uniformados, lo que provocó que una mochila con droga cayera al suelo.

La detención se produjo durante recorridos de vigilancia y prevención del delito realizados por elementos del Grupo Centurión de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de las Secretarías de Marina (Semar) y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), así como de la Guardia Nacional (GN).

Durante el patrullaje, los agentes visualizaron a un hombre recargado en la cajuela de un vehículo, sobre la cual había una mochila abierta. Al percatarse de la presencia policial, el sujeto corrió hacia la puerta del conductor para darse a la fuga, por lo que no logró sujetar adecuadamente la mochila, lo que ocasionó que esta cayera al suelo y que de su interior salieran bolsitas transparentes con vegetal verde similar a la marihuana.

Como resultado del procedimiento, las autoridades aseguraron 73 bolsitas de plástico con hierba verde con características propias de la marihuana, 12 bolsitas con polvo blanco similar a la cocaína y siete bolsitas con fragmentos sólidos blancos similares a la droga conocida como piedra. También fue asegurada una mochila color negro.

Además del narcótico, se aseguró un vehículo marca Nissan, tipo Sentra, color azul, con placas del estado de Quintana Roo, en el cual presuntamente se transportaba el detenido.

Detienen a mujer con un fusil y más de 90 cartuchos en Sinaloa

Una mujer fue detenida en el municipio de Concordia, Sinaloa, luego de ser localizada con un arma por elementos de seguridad estatal.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que fue durante recorridos de reconocimiento a cargo de distintas corporaciones estatales, en los que fue detectada la mujer con un fusil calibre 7.62x39 milímetros, 3 cargadores y 90 cartuchos del mismo calibre.

Ante los hechos, fue detenida y puesta a disposición de la autoridad competente junto con el armamento y la munición asegurados.

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Como parte del cerco que las autoridades federales y del estado de Oaxaca mantienen en las últimas semanas en contra de la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado (ASAEO), fue detenido un hombre de alias “El Chabelo”, identificado como operador financiero, junto a tres presuntos miembros de la agrupación.

La Fiscalía General del Estado (FGEO) informó que su captura se derivó de trabajos de inteligencia y combate a la criminalidad, en el que se ejecutó un operativo coordinado con autoridades federales para desmantelar casas de seguridad vinculadas con el sindicato.

Los operativos se realizaron durante la madrugada y transcurso de este martes 8 de septiembre, luego de que obtuvieron información de que los domicilios estarían ligados a la cúpula del sindicato ASAEO.

Como resultado, siete inmuebles fueron asegurados al fungir como zonas de resguardo, descanso y operación para los líderes de la estructura, así como la detención de cuatro hombres que formaban parte de ella al desempeñar distintas funciones.

Entre los detenidos fue identificado C.M.V., alias “El Chabelo”, señalado como uno de los principales operadores financieros del grupo, así como H.I.B.A., K.U.D.P. y A.J.E.J., que formaban parte de la red operativa.

La Fiscalía del Estado informó que los cuatro detenidos se encuentran en proceso de ser puestos a disposición del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Dos golpes contra la ASEO en dos semanas: 12 detenciones y aseguramiento de drogas

De manera previa, las autoridades golpearon en dos ocasiones a la Alianza de Sindicatos y Asociaciones del Estado de Oaxaca en operativos realizados en dos semanas, con un saldo de 12 detenidos, la realización de 20 cateos en distintos municipios y el aseguramiento de armas, droga, dinero, vehículos y equipos de comunicación.

La ofensiva contra la ASAEO se concentró en dos fases: la primera comenzó el 27 de agosto con cateos en la zona metropolitana de Oaxaca de Juárez y dejó 9 detenidos, mientras que la segunda se efectuó el 2 de septiembre en los Valles Centrales, donde fueron capturadas otras tres personas.

La primera intervención movilizó a más de 300 elementos de corporaciones estatales y federales, quienes ejecutaron 14 cateos simultáneos en Pueblo Nuevo, Viguera, el fraccionamiento La Esmeralda de San Pablo Etla y Santa Cruz Xoxocotlán.

Entre los detenidos figuró Sharon Italia Curiel Hernández, alias “La Italia”, secretaria general de la ASAEO. También fue arrestada E.S.M.C., quien se desempeñaba como regidora de Educación del municipio de San Antonio de la Cal.

Las autoridades también identificaron a H.S.M.; J.C.S., alias “El Gordo”; O.A.G., alias “El Cangrejo”; E.M.C., alias “El Panda”; J.A.G.F., alias “El Melón”; O.A.G.; y H.A.G.Q. Algunas de las personas capturadas fueron trasladadas en aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana a un Centro Federal de Reinserción Social.

La segunda acción se llevó a cabo el pasado 2 de septiembre, con la realización de seis cateos en Oaxaca de Juárez, Villa Etla, Soledad Etla, Santa Cruz Xoxocotlán y Etla, donde fueron detenidos dos hombres y una mujer identificados como E.M.M.S., J.Z.M. y A.V.M.M.

Durante las diligencias también aseguraron dinero en efectivo, droga, armas de fuego, dos vehículos, teléfonos celulares y radios de comunicación. Los inmuebles intervenidos también quedaron bajo aseguramiento.

Las autoridades informaron que los operativos y detenciones están relacionados con la comisión de delitos de extorsión, cobro de piso, sicariato, homicidio doloso, despojo y narcomenudeo.

Dos presuntos operadores financieros de la célula de Los Mezcales fueron detenidos durante un operativo realizado en el fraccionamiento de Las Parotas del municipio de Colima, Colima.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Colima informó que la acción contó con la colaboración de personal de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), quienes localizaron a Abel “N” y Marcos “N”.

El operativo se derivó de trabajos tácticos y de inteligencia desarrollados por las autoridades para debilitar estructuras operativas y financieras del también llamado Cártel Independiente de Colima.

De acuerdo con las investigaciones, Abel “N” es señalado como presunto operador logístico y financiero de Los Mezcales, con funciones vinculadas a la administración de recursos, la coordinación de apoyos y la facilitación de actividades para la organización.

Las autoridades ubicaron al sujeto en el segundo nivel de la estructura delictiva y lo señalaron como presunto generador de violencia en el estado.

El segundo detenido, Marcos “N”, es identificado como presunto contador de Abel “N” y representante legal de empresas presuntamente vinculadas con la venta de combustible. Ambos detenidos constituirían, de acuerdo con las autoridades, una parte relevante de la estructura financiera del grupo criminal.

La SSPC de Colima informó que, además, Abel “N” cuenta con una orden de aprehensión vigente en el estado de Jalisco por el delito de homicidio calificado.

Durante su detención les fueron aseguradas dos armas largas, las cuales poseían cada uno de los hombres, así como cartuchos y otros objetos ilícitos.

Los dos hombres y las armas aseguradas fueron puestos a disposición de la autoridad competente, que determinará su situación jurídica y dará continuidad a las investigaciones correspondientes.

La captura de “El Abulón”, segundo al mando de Los Mezcales

Otro golpe a Los Mezcales se ejecutó a finales del mes de agosto con la detención en Oaxaca de Carlos Miguel N", alias “El Abulón”, identificado como segundo al mando de Los Mezcales.

Su captura se llevó a cabo durante un operativo conjunto entre la Marina y la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) en un fraccionamiento privado del Ejido Guadalupe Victoria, al norte de la ciudad de Oaxaca de Juárez.

Según informaron las autoridades, la ubicación del objetivo fue posible gracias a labores de inteligencia e intercambio de información entre instituciones de seguridad de distintos niveles de gobierno luego de que “El Abulón” aparentemente buscaba mantenerse fuera del alcance de la justicia en un estado distinto al de su zona de operación, que es Colima

Las autoridades ubican a Los Mezcales como una estructura vinculada principalmente a homicidios y otros delitos de alto impacto, además de extorsión y narcomenudeo con actividades en la capital y los municipios de Villa de Álvarez, Tecomán, Armería y Manzanillo.

Dentro de esa cadena de mando, “El Abulón” ocupaba, según registros de inteligencia del Gobierno de México, una posición relevante como presunto responsable de sostener el control criminal en la zona.

Los Mezcales son una organización criminal que ha sido señalada como principal generadora de violencia en el estado de Colima desde su ruptura con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) a principios de 2022.

El grupo operaba originalmente como una célula local subordinada al CJNG, encargada de mantener el control territorial en Colima, principalmente en el puerto de Manzanillo y municipios aledaños. La fractura se produjo cuando sus líderes decidieron desconocer la autoridad del cártel y buscar autonomía en sus operaciones.

Esa decisión se atribuyó a desacuerdos por el reparto de ganancias, el control de rutas de tráfico de drogas y el manejo del cobro de extorsiones, a lo que se sumó un clima de desconfianza por parte de la estructura del CJNG hacia operadores locales considerados poco leales.

A partir de entonces, Los Mezcales se declararon enemigos del CJNG en la región, lo que detonó una ola de violencia sin precedentes que incluyó ataques armados, ejecuciones y disputas por el control de penales estatales, la capital colimense, Villa de Álvarez y el puerto de Manzanillo.

Las autoridades hondureñas intensificaron sus operaciones contra el tráfico de drogas en las rutas marítimas del Caribe con una nueva acción de interdicción que culminó con el aseguramiento de dos embarcaciones y la detención de 11 personas.

De acuerdo con el reporte proporcionado por las Fuerzas Armadas de Honduras, durante la operación fueron localizados 36 fardos de supuesta cocaína. El hallazgo se produjo luego de que las unidades navales detectaran e interceptaran las embarcaciones que se movilizaban en el sector.

Entre los detenidos se encuentran cinco personas de nacionalidad colombiana, mientras que las autoridades continúan con las diligencias para establecer la identidad y posible participación de cada uno de los ocupantes en el traslado de la droga.

Como parte del operativo, las autoridades aseguraron la embarcación pesquera camaronera Miss Celeste, con bandera hondureña, además de una lancha rápida tipo go fast.

La presencia de ambas embarcaciones forma parte de las pruebas que serán incorporadas al procedimiento correspondiente para determinar su vinculación con el cargamento de droga localizado durante la intervención.

Paquetes fueron lanzados al mar

Uno de los elementos que podría ampliar el volumen del decomiso es que, según el informe de las Fuerzas Armadas, los ocupantes de la lancha rápida habrían arrojado varios fardos al mar al percatarse de la presencia de las unidades navales.

Por esa razón, las autoridades no descartan que la cantidad de droga involucrada en el incidente sea superior a los 36 fardos recuperados durante la operación.

El despliegue estuvo bajo responsabilidad de efectivos de la Fuerza Naval de Honduras, con apoyo de agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal y fiscales de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado.

La participación permitirán avanzar con las diligencias investigativas y judiciales relacionadas con el caso, incluido el análisis de la droga incautada, la inspección de las embarcaciones y la recopilación de elementos que puedan establecer responsabilidades penales.

El capitán Mario Rivera dijo que “la operación, en un procedimiento que se suma a las acciones que las autoridades hondureñas mantienen en distintos puntos de la zona marítima del país”.

Traslado a la Base Naval de Caratasca

Tras la detención en alta mar, los 11 imputados y la evidencia decomisada serán trasladados a la Base Naval de Caratasca, donde se desarrollarán las diligencias establecidas por las autoridades competentes.

En ese lugar continuará el procesamiento de los indicios y la documentación del caso, mientras los fiscales y agentes de investigación avanzan en la determinación de la posible estructura detrás del traslado del cargamento.

La droga será sometida a los análisis correspondientes para confirmar oficialmente su naturaleza y establecer el peso total del cargamento recuperado.

El operativo se enmarca en las acciones que ejecutan las instituciones de seguridad hondureñas para frenar el movimiento de drogas por las rutas marítimas del Caribe.

Las operaciones de interdicción buscan detectar embarcaciones sospechosas, interceptar posibles cargamentos ilícitos y evitar que las rutas marítimas sean utilizadas para el traslado de sustancias prohibidas hacia otros puntos de la región.

La ubicación del procedimiento, frente al sector de la Barra Patuca, también muestra la vigilancia que mantienen las autoridades en aguas del Caribe hondureño, particularmente en zonas donde pueden converger rutas utilizadas por embarcaciones pesqueras, comerciales y aquellas vinculadas a actividades ilícitas.

Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde del municipio de Esperanza, Puebla, fue detenido junto ocho personas más, entre ellos la exdirectora de Seguridad Pública Municipal, por estar presuntamente vinculados con una célula criminal dedicada al robo de transporte.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que las detenciones se llevaron a cabo como parte del Operativo Enjambre y con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) que derivaron en la realización de 23 órdenes de cateo en el municipio de Esperanza.

Las acciones, encabezadas por la Fiscalía General de la República (FGR), la SSPC y la Guardia Nacional (GN), derivaron en el arresto de nueve personas vinculadas con una estructura criminal dedicada al robo de autotransporte de carga, la extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Harfuch destacó que entre los detenidos se encuentra Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza, su hermano, identificado como Manuel “N”, y la exdirectora de Seguridad Pública Municipal, de nombre Abigail “N”.

Aseguran armamento y vehículos con blindaje

Las autoridades informaron que durante los cateos fueron aseguradas 35 armas de fuego, entre ellas dos fusiles Barret, 52 cargadores, ropa táctica, 11 vehículos, de los cuales cuatro contaban con blindaje y uno realizado de manera artesanal y con torreta, así como un dron y un inhibidor de señal.

Los nueve detenidos fueron puestos junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente para que determine su situación jurídica. En tanto, los inmuebles quedaron bajo resguardo de las autoridades para continuar con las diligencias.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana detalló que el alcalde de Esperanza, Isaac Rodríguez, cuenta con órdenes de aprehensión vigentes en el estado por diversos delitos.

Su detención se suma a la realizada el pasado 4 de septiembre, cuando las autoridades cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del alcalde de Tepeyahualco, Puebla, Said Godos Luna, por delitos de extorsión, secuestro exprés y robo de vehículo con violencia.

“Estas detenciones representan un golpe contundente contra la capacidad operativa y las posibles redes de protección de estas organizaciones criminales, y tendrán un impacto directo en la disminución del robo en carreteras, el robo al autotransporte de carga y pasajeros, y la extorsión”, aseguró Harfuch.

“Los Zúñiga”, la célula detrás de la captura del alcalde de Esperanza

Datos obtenidos por Infobae México refieren que la detención del acalde de Esperanza se llevó a cabo como parte del seguimiento contra la célula delictiva de “Los Zúñiga”, encabezada por Genaro Zúñiga Alvarado, alias “May”, quien es identificado como uno de los principales operadores del robo de transporte de carga en la región.

Genaro Zúñiga fue detenido el pasado 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz, junto a dos personas más por delitos contra la salud y portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, además de ser identificado como presunto líder de este grupo delictivo dedicado al robo de transporte.

Las autoridades han identificado que este grupo criminal mantiene operaciones en el tramo de la carretera federal 150-D Puebla-Veracruz, donde se le relaciona con el robo de unidades de carga, secuestro y delitos contra la salud, además de contar con bodegas donde descargan las unidades robadas.

Corredor es un foco rojo para transportistas por la presencia de “Los Chokos”, otro grupo con el que tendrían alianza

En el mismo tramo carretero mantiene operaciones un grupo denominado “Los Chokos”, el cual se encuentra entre los kilómetros 198 y 214. Ante la presencia de dos células, esta sitio es identificado como un foco rojo para transportistas y usuarios debido a los constantes robos de unidades, despojo de mercancías, privaciones de la libertad y otros delitos.

Sin embargo, en sus operaciones también se detectaron posibles redes de protección que favorecen a los estos grupos para la comisión de delitos, entre los que se encuentran labores de vigilancia, bloqueos para impedir el acceso de elementos de seguridad y posibles filtraciones de información sobre operativos.

Desde el año 2025, han sido detenidos un total de siete alcaldes en funciones del estado de Puebla, acusados de diversos delitos como extorsión, violación, encubrimiento por receptación, entre otros.

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Detienen a mujer en presunto inmueble de venta de droga en Jalisco

Una mujer fue detenida en la colonia Paseos del Valle, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, en Jalisco, tras un operativo que permitió intervenir un presunto punto de venta de droga.

La acción se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco en una finca de tres pisos donde aseguraron envoltorios con sustancia cristalina, básculas, cartuchos y un arma de fuego de fabricación casera.

En el operativo participaron Policías de Investigación, personal de la Secretaría de Seguridad del Estado con su escuadrón canino K9 y elementos de la Guardia Nacional. Al ingresar al inmueble, las autoridades localizaron a una mujer que intentaba deshacerse de un objeto a través del sanitario.

Tras solicitarle que pusiera las manos en alto, los agentes le encontraron en posesión de una bolsa con material cristalino con características de droga. La mujer fue detenida durante el operativo dirigido a intervenir el presunto punto de venta.

En el inmueble se localizaron un chaleco táctico, un radio, una bolsa de plástico color azul con material cristalino con características de narcótico y seis básculas. También se hallaron diversas bolsas de plástico y varios cartuchos de diferentes calibres.

Además, se aseguró un objeto metálico con características de arma de fuego de fabricación casera y cien monedas de un peso. El conjunto de objetos fue relacionado con actividades de manipulación y venta de sustancias ilícitas en el domicilio intervenido.

La mujer detenida fue identificada como Leonila “N”, quien ya se encuentra vinculada a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en su variante con fines de comercio; permanecerá en prisión preventiva oficiosa mientras concluye la investigación complementaria.

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Ataque armado en la alcaldía Cuauhtémoc deja una mujer muerta y un hombre herido

Un ataque armado registrado en calles de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México dejó como saldo una mujer de aproximadamente 25 años muerta y un hombre de alrededor de 34 años herido de gravedad.

Los hechos ocurrieron la mañana de este domingo en el cruce de las calles Antonio Caso y Manuel María Contreras de la colonia San Rafael, cuando las dos personas viajaban a bordo de una camioneta color blanco.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital informó que efectivos de la corporación realizaban recorridos de seguridad en la zona cuando fueron alertados, vía frecuencia de radio, sobre detonaciones de arma de fuego en el lugar.

Al llegar al sitio, los oficiales observaron la camioneta sobre la banqueta y con impactos de arma de fuego en el costado izquierdo. En el interior del vehículo localizaron a una mujer en el asiento del copiloto y a un hombre con visibles manchas hemáticas.

Ante el hallazgo, los agentes solicitaron el apoyo de los servicios de emergencia. Los paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron al hombre, de 34 años, con traumatismo craneoencefálico severo y un impacto de arma de fuego en la región occipital derecha, por lo que fue trasladado a un hospital para recibir atención médica.

La mujer fue diagnosticada sin signos vitales por los paramédicos, quienes precisaron que no presentaba heridas de arma de fuego.

De lo ocurrido se dio aviso al agente del Ministerio Público, quien realizará los peritajes correspondientes para esclarecer las causas de la muerte de la mujer y las circunstancias del ataque. Paralelamente, oficiales de la SSC llevan a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona, con el objetivo de identificar a los posibles responsables de los hechos.

Caen tres hombres con armas en Culiacán, Sinaloa

Tres hombres fueron detenidos en Culiacán, Sinaloa, durante labores de vigilancia realizadas contra el robo de vehículos por parte de elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP), dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Los agentes circulaban por el bulevar Heroico Colegio Militar, a la altura del sector Mercado de Abastos, cuando detectaron un vehículo sedán cuyo conductor adoptó una actitud evasiva ante la presencia policial, lo que motivó una inspección al vehículo y derivó en el aseguramiento de armamento y la detención de sus ocupantes.

Al interior del automóvil, los policías localizaron dos pistolas calibre 9 milímetros, junto con dos cargadores y 18 cartuchos del mismo calibre.

Además del armamento, fue asegurado el vehículo en el que viajaban los tres detenidos, un sedán marca Honda, de la línea City. Tanto el automotor como las armas quedaron bajo resguardo de las autoridades para las diligencias correspondientes.

Los tres detenidos, junto con las armas y el vehículo asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad competente para que continúen las investigaciones y diligencias correspondientes al caso.

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El síndico y regidor del municipio de Santiago Choápam, en Oaxaca, fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el delito de violencia política agravada contra las mujeres luego de que la alcaldesa, Dolores Luciana Valadez, fue obligada a firmar su renuncia.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que la presidenta municipal fue retenida contra su voluntad en junio de 2026, luego de acudir a una reunión en la cancha municipal de la agencia de Santo Domingo Latani con integrantes de la comunidad, autoridades municipales y comunitarias.

En ese encuentro, la presidenta municipal fue desacreditada en el ejercicio de sus funciones y sufrió amenazas e intimidación. y obligarla a firmar un acta de renuncia.

Valadez permaneció retenida en contra de su voluntad hasta que firmó el documento con el que se pretendía forzar su renuncia al cargo y su desconocimiento como autoridad municipal. Un día después fue liberada.

Tras los hechos, la Fiscalía de Oaxaca abrió una investigación que permitió establecer la probable responsabilidad de los dos funcionarios señalados y solicitar las órdenes de aprehensión correspondientes.

Los funcionarios, identificados como A.B. y J.M.M., Regidor de Hacienda y Síndico Municipal de Santiago Choápam, comunidad ubicada en la región de la Cuenca, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

Alcaldesa ya había denunciado los hechos previamente

Un mes después de su retención, la presidenta municipal ya había denunciado públicamente ser víctima de violencia política en razón de género por parte de tres funcionarios municipales.

De acuerdo con su denuncia, y difundida en julio por medios locales, los señalados eran el síndico Jorge Méndez Martínez, el regidor de Hacienda Abelino Bartolo Cruz y la tesorera Liliana Gómez Illescas, quienes desde el inicio de la administración la habrían hostigado y cuestionado su capacidad para dirigir el municipio por ser ama de casa.

Cabe señalar que Méndez Martínez y Bartolo Cruz son los mismos funcionarios identificados como J.M.M. y A.B. en la carpeta de investigación de la Fiscalía de Oaxaca que fueron detenidos este jueves.

Dolores Luciana Valadez relató que su retención ocurrió el 18 de junio de 2026, cuando los funcionarios le retiraron el token de la cuenta municipal sin consulta ni notificación previa, en coordinación con personal del banco donde se percibían los recursos.

“Ellos refieren que no cuento con la capacidad para dirigir los destinos del municipio ni el manejo de los recursos, por ese motivo y de manera ilegal me retiraron el token de la cuenta municipal”, denunció la alcaldesa.

La funcionaria explicó entonces que el bloqueo de la cuenta le impedía cubrir pagos urgentes, como el servicio de luz eléctrica, y atender las participaciones económicas que reclamaban las agencias municipales.

Ante los hechos, dijo en ese entonces que solicitó la intervención del gobierno estatal, con la advertencia de que, de no recibir respuesta, se manifestarían con bloqueos en la capital oaxaqueña durante las fiestas de julio.

Violencia contra alcaldes también los alcanza con asesinatos

Desde el 2022, un total de cinco alcaldes han sido asesinados en el estado de Oaxaca, siendo el más reciente el de Joel Ángel Bravo Martínez, presidente municipal de San Miguel Amatitlán.

El edil, emanado del Partido Acción Nacional (PAN), fue baleado el 13 de junio en su domicilio por un grupo armado, semanas después de haber solicitado protección a las autoridades estatales tras sobrevivir a una agresión previa.

Los ataques se han producido en la Costa, la Sierra Sur y la Mixteca, regiones donde ediles en funciones, o a punto de asumir el cargo, fueron atacados.

El antecedente previo al crimen de Bravo ocurrió el 15 de junio de 2025 en San Mateo Piñas, municipio de la Sierra Sur. Ese día fue asesinada la presidenta municipal Lilia Gema García Soto durante un ataque armado perpetrado dentro del Palacio Municipal.

De acuerdo con las investigaciones, hombres armados ingresaron al inmueble y dispararon contra la alcaldesa y otras personas que se encontraban en el lugar. En el mismo hecho murió un funcionario municipal.

Emboscada en Santiago Amoltepec y ataque con arma blanca en Candelaria Loxicha

Semanas antes, el 15 de mayo de 2025, fue asesinado Mario Hernández García, presidente municipal de Santiago Amoltepec. Los reportes señalaron que el edil fue atacado en una emboscada junto con otras personas mientras transitaba por una zona de ese municipio de la Sierra Sur.

Otro de los homicidios que conmocionó a la entidad fue el de Román Ruiz Bohórquez, presidente municipal de Candelaria Loxicha, asesinado en octubre de 2024 tras ser atacado con un arma blanca.

De acuerdo con los reportes difundidos entonces, Ruiz Bohórquez fue localizado herido y trasladado para recibir atención médica, pero falleció a consecuencia de las lesiones.

La lista de víctimas también incluye a Crispín Hernández Vásquez, alcalde electo de San Pedro Mixtepec, asesinado en noviembre de 2022 semanas antes de asumir el cargo para el que había sido elegido bajo el sistema normativo interno de su comunidad. Su muerte fue considerada uno de los hechos de violencia política más relevantes de ese año en Oaxaca y derivó en exigencias de justicia por parte de habitantes y autoridades locales.

En una causa que combinó seguimiento digital y tareas de calle, una investigación policial en Posadas, provincia de Misiones, derivó en operativos por el robo y desarme de motocicletas. En el procedimiento, se arrestó a un joven de 19 años, se retuvo a dos menores y se incautaron varios vehículos.

Este miércoles por la mañana, la Policía realizó allanamientos en los barrios A-4 y Los Lapachitos. Los allanamientos comenzaron cerca de las 7.30, contó con apoyo de la Dirección Guardia de Infantería y se desarrolló de manera simultánea en ambos puntos señalados por la pesquisa

Los investigadores de la Comisaría 16.ª de Posadas lograron identificar a los sospechosos tras revisar cámaras de seguridad de la zona y seguir publicaciones en redes sociales, donde algunos de los involucrados aparecían fotografiados junto a uno de los vehículos sustraídos. Esa secuencia de indicios permitió avanzar con medidas judiciales que terminaron en dos irrupciones ordenadas por el Juzgado Correccional y de Menores N.° 2.

La causa se había abierto a partir de la denuncia por el robo de una moto radicada el 15 de agosto. Desde entonces, la investigación se concentró en reconstruir el recorrido posterior al hecho, establecer vínculos entre los presuntos implicados y localizar los inmuebles donde podían encontrarse los rodados o sus partes.

Uno de los procedimientos se concretó en el barrio A-4. Allí, fue detenido Marcelo V., de 19 años, acusado de encubrimiento, y se secuestraron partes de una Honda Wave, plásticos presuntamente usados para alterar motocicletas, un casco y una sustancia que será analizada.

El segundo allanamiento tuvo lugar en Los Lapachitos, donde la Policía recuperó el resto de la Honda Wave que se encontraba parcialmente desarmada, que coincidiría con la sustraída en agosto. En ese domicilio, también incautó una Motomel Blitz con pedido de secuestro activo y una Keller que habría sido utilizada en los hechos investigados.

A eso se sumaron dos cascos y prendas de vestir que coincidirían con las observadas en registros de videovigilancia. Ese cruce entre los objetos secuestrados y las imágenes obtenidas durante la pesquisa es uno de los puntos que ahora deberá profundizar la causa para determinar con mayor precisión el grado de participación de cada uno de los involucrados.

Según El Territorio, los sospechosos se fotografiaban y exhibían en redes sociales los rodados sustraídos, una conducta que terminó reforzando las sospechas surgidas a partir del análisis de cámaras. Las publicaciones terminaron ayudando a la investigación y a seguir los movimientos de los aprehendidos.

Durante los procedimientos también fueron demorados dos adolescentes de 15 y 17 años, mientras que la fuerza provincial mantenía la búsqueda de otro menor de 15 años, mencionado como presunto integrante del grupo investigado. Tanto los jóvenes como los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia, que ahora deberá definir los pasos siguientes en el expediente.

Por el momento, la información oficial conocida no precisa cuántos hechos podrían quedar finalmente vinculados con el mismo grupo. Sin embargo, el secuestro de una moto con pedido activo y la recuperación de otra compatible con la denunciada en agosto abren la posibilidad de que la pesquisa avance sobre episodios adicionales.

La Fuerza Policial Antinarcotráfico desarticuló una organización que reclutaba personas para ingresar drogas en la cárcel de Cruz del Eje, en una investigación que derivó en seis allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia y en la detención de cuatro personas mayores de edad.

El procedimiento fue impulsado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Cruz del Eje y se desarrollaron en los barrios Parque Liceo III Sección y Mafekin, en la ciudad de Córdoba; en Malvinas Argentinas II Sección. Además, los operativos se desplegaron el establecimiento penitenciaron Complejo Carcelario N.° 2 de Cruz del Eje, donde una celda fue registrada.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, los sospechosos integraban una estructura dedicada a captar personas para que introdujeran estupefacientes en la unidad penitenciaria. La hipótesis de los investigadores apunta a un esquema de reclutamiento destinado al ingreso de marihuana y cocaína al penal, una modalidad que vuelve a poner el foco sobre los circuitos de abastecimiento de droga en contextos de encierro.

Como resultado del procedimiento, los efectivos secuestraron: 442 dosis de marihuana y 50 dosis de cocaína, además de $1.087.000 en efectivo, dos balanzas digitales, dos vehículos y otros elementos considerados de interés para la causa.

El volumen del material incautado, sumado al dinero y a los objetos utilizados presuntamente para fraccionamiento y traslado, forma parte de la prueba que ahora quedó incorporada al expediente judicial. La causa quedó bajo la órbita de la fiscalía especializada de esa jurisdicción, que dispuso que los cuatro detenidos permanezcan a disposición de la Justicia por supuesta infracción a la Ley Nacional de Estupefacientes N.° 23.737.

Uno de los aspectos centrales de la investigación es la presunta existencia de una organización con funciones definidas para sostener el ingreso de sustancias al penal. De acuerdo con la reconstrucción oficial, los involucrados no se limitaban al acopio o traslado de droga, sino que además desarrollaban tareas de captación de terceros para concretar el ingreso al complejo carcelario.

La investigación concluyó con cuatro detenidos tras el avance simultáneo de la Fuerza Policial Antinarcotráfico en varios puntos de la provincia. Por ahora, la causa de Cruz del Eje seguirá bajo investigación para determinar el grado de participación de cada uno de los acusados y establecer si existían más involucrados en la maniobra.

El narcomenudeo en Córdoba

La investigación por el ingreso de drogas a la cárcel de Cruz del Eje se conoce en un contexto de múltiples procedimientos recientes contra redes de comercialización de estupefacientes en la provincia. En los últimos días, otra causa avanzó sobre una banda que operaba en el departamento Calamuchita y terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de varios puntos de venta.

Esa pesquisa se extendió durante cinco meses y tuvo uno de sus puntos principales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde fueron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. Luego se concretaron allanamientos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina, en un operativo que permitió avanzar sobre distintos eslabones de la estructura investigada.

En ese expediente, los investigadores secuestraron 1.550 dosis de cocaína en el procedimiento realizado sobre la ruta. Después, en los allanamientos posteriores, incautaron otras 220 dosis de cocaína, 93 de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, además de una balanza digital y otros elementos vinculados con el fraccionamiento y la comercialización de sustancias.

De acuerdo con la hipótesis oficial, la organización combinaba entregas bajo modalidad de delivery con ventas desde viviendas particulares, una mecánica que aparece de manera recurrente en distintas causas recientes tramitadas en la provincia. Ese dato permite advertir que las investigaciones no sólo apuntan a puntos de venta fijos, sino también a circuitos de distribución más flexibles, con abastecimiento, traslado y entrega en varios niveles.

Panamá mantiene gestiones diplomáticas por los siete ciudadanos panameños que continúan detenidos en Cuba desde febrero pasado, bajo sospecha de propaganda contra el orden constitucional cubano.

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vásquez, se reunió con los familiares de los detenidos para informarles sobre las acciones consulares y diplomáticas que impulsa el Gobierno.

Panamá sostiene el acompañamiento a los detenidos mediante su Cancillería y su embajada en Cuba. Las autoridades buscan garantizar asistencia consular, comunicación con las familias y respeto de los derechos de los ciudadanos, aunque cualquier medida depende de los procedimientos y de la legislación vigente en territorio cubano.

Durante el encuentro, el canciller explicó que una de las alternativas examinadas contempla que los panameños puedan cumplir una eventual condena en su país de origen.

Esa posibilidad solo se activaría si los procesos judiciales en Cuba terminan con sentencias condenatorias y si ambos Estados completan los trámites previstos en sus acuerdos e instrumentos legales.

“Panamá está haciendo todo lo que corresponde para acompañar a nuestros ciudadanos. Tenemos que respetar las leyes cubanas, porque ellos se encuentran en territorio cubano, pero eso no significa que Panamá deje de asistirlos y de velar por sus derechos”, afirmó Martínez-Acha Vásquez.

El jefe de la diplomacia panameña sostuvo que la posición del país combina el respeto por la jurisdicción cubana con el deber de brindar respaldo a sus nacionales.

“Estamos trabajando para encontrar todas las alternativas legales que permitan que, si existe una condena, esos ciudadanos puedan cumplirla en Panamá y estar cerca de sus familias. Es un proceso que requiere tiempo, coordinación y, sobre todo, respeto a las leyes”, indicó.

La reunión también abordó las necesidades que podrían surgir durante la detención de los panameños en Cuba.

La Cancillería estudia mecanismos para facilitar el envío de medicamentos y otros insumos que los ciudadanos puedan requerir ante una eventualidad.

El acompañamiento incluye el seguimiento de la Embajada de Panamá en Cuba, que permanece en contacto con el caso junto con la sede diplomática panameña.

El canciller señaló que las gestiones no se limitan a la atención de los detenidos. El Gobierno también mantiene reuniones con los familiares para recibir inquietudes y transmitirles los avances que permitan las circunstancias.

Entre las posibilidades analizadas figura un viaje del propio canciller a Cuba para reunirse con los ciudadanos detenidos.

La visita dependerá de que se concreten las condiciones necesarias para realizarla y permitiría al ministro conocer de manera directa la situación de los panameños.

El eventual desplazamiento se sumaría a las acciones que Panamá sostiene a través de su representación diplomática y de los mecanismos consulares disponibles. La posición oficial insiste en que el país continuará pendiente del proceso, sin apartarse de las normas y los procedimientos que rigen en Cuba.

Los ciudadanos panameños detenidos son José Luis Aguirre Baruco, Patrochiny Jerodany Joseph Arisarena, Omar Gilberto Urriola Vergara, Víctor Manuel Pinzón Cedeño, Anthony Williams Jules Pérez, Adalberto Antonio Navarro Asprilla y Maykol Jesús Pérez Almendra.

Ellos permanecen privados de libertad desde febrero pasado por una acusación vinculada con presunta propaganda contra el orden constitucional cubano.

A finales de abril pasado, las autoridades cubanas liberaron a las panameñas Evelyn Castro, Cinthia Camarena y Abigail Gudiño. La medida fue presentada como un gesto de humanidad y amistad. La situación de los siete hombres mantiene abierta la intervención de la diplomacia panameña, que busca sostener el acceso consular y la asistencia a las familias mientras avanzan las causas judiciales.

La relación entre Panamá y Cuba no se caracteriza por una confrontación abierta, aunque ambos países mantienen modelos políticos y económicos distintos.

Panamá cuenta con un sistema democrático plural y una economía abierta, conectada con el comercio y las finanzas internacionales. Cuba conserva un modelo de partido único, con control estatal sobre sectores productivos y sobre el ámbito político. Estas diferencias influyen en la manera en que ambas naciones abordan los casos de ciudadanos detenidos en el extranjero por asuntos de carácter político o ideológico.

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Detienen a mujer implicada en la simulación de un secuestro en Ciudad de México: engañó a dos familiares con el mismo delito

Aidé “N” fue detenida por su probable participación en el delito de simulación de secuestro, cometido entre el 17 y el 19 de septiembre de 2025 en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México, por el que exigió más de 80 mil pesos.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la víctima directa realizó ocho transferencias y dos depósitos en efectivo por un total de 89 mil pesos a una cuenta bancaria a nombre de la detenida, luego de que le hicieron creer que su padre había sido privado de su libertad.

Sin embargo, los hechos comenzaron cuando el padre de familia recibió una llamada en la que le aseguraron que su hija había sido secuestrada. Mediante amenazas, lo obligó a abandonar su domicilio, adquirir otro teléfono y permanecer incomunicado en distintos hoteles.

Poco después, otro hombre contactó a la joven desde el número del padre y le exigió 100 mil pesos a cambio de no causarle daño. Luego recibió instrucciones de trasladarse a un hotel y permanecer incomunicada; no obstante, antes de hacerlo compartió su ubicación en tiempo real con su madre.

Esa misma noche, la madre solicitó apoyo a policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acudieron a uno de los hoteles, auxiliaron a la joven y la trasladaron a su domicilio. A la mañana siguiente, quienes realizaron las llamadas dirigieron sus exigencias económicas a la madre, quien dejó de responder.

El padre permaneció incomunicado hasta el 19 de septiembre, cuando cesaron las llamadas y pudo regresar por sus propios medios a casa. Ese mismo día, la joven presentó la denuncia ante la Fiscalía CDMX.

El agente del Ministerio Público recabó entrevistas y obtuvo información financiera que permitió establecer que Aidé “N” era la única titular y persona autorizada para realizar movimientos en la cuenta receptora del dinero. La investigación también aportó elementos para determinar que habría tenido conocimiento de la recepción de los recursos y los habría entregado de inmediato a otra persona.

Con esos elementos, el agente del Ministerio Público obtuvo una orden de aprehensión que la Policía de Investigación (PDI) ejecutó el 24 de agosto en la alcaldía La Magdalena Contreras.

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Desmantelan domicilios donde se empaquetaba droga en CDMX: tres personas fueron detenidas

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, informó el desmantelamiento de domicilios en los que se almacenaba y empaquetaba droga en las alcaldías Iztacalco y Venustiano Carranza.

Durante los cateos también se detuvo a tres personas, identificadas como Kenya Johana “N”, Irvin “N” y Helen Estephany “N”, además de asegurar más de 130 dosis y casi un kilogramo de presunta droga.

Las diligencias se realizaron como resultado de trabajos de investigación e inteligencia previos, mientras que las investigaciones continuarán en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y las instancias del Gabinete de Seguridad.

Detienen a hombre que solicitó más de 6 millones de pesos a una empresa eólica en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre identificado como T.J.D.C., señalado como probable responsable del delito de extorsión en agravio de la empresa Eoaliatec del Pacífico S.A.P.I. de C.V.

La investigación, iniciada en 2017, refiere que el sujeto exigió a la empresa más de 6.4 millones de pesos para levantar un bloqueo a parques eólicos en Santo Domingo Ingenio, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según los antecedentes, el 21 de febrero de 2017 una representante de Eoaliatec del Pacífico recibió una llamada de su apoderado legal, quien le notificó la necesidad de reunirse con ejidatarios de Santo Domingo Ingenio. El motivo: un bloqueo activo en los accesos a los parques eólicos de la zona.

La exigencia de 30 mil pesos por ejidatario

Al día siguiente, 22 de febrero de 2017, se celebró el encuentro. Durante esa reunión, según la investigación ministerial, una persona habría exigido 30 mil pesos por cada ejidatario como condición para reabrir los accesos bloqueados.

La suma total reclamada ascendió a 6 millones 420 mil pesos, monto que debía entregarse a cambio de permitir el ingreso a las instalaciones eólicas ubicadas en Santo Domingo Ingenio.

A partir de la denuncia, la Vicefiscalía Regional del Istmo integró la carpeta de investigación correspondiente y obtuvo el mandato judicial que habilitó la aprehensión. Elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) establecieron la ubicación del probable responsable y ejecutaron la orden.

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Sinaloa desplegará operativo de seguridad para las Fiestas Patrias de septiembre

El gobierno de Sinaloa desplegará un plan de seguridad para las Fiestas Patrias del 13 al 16 de septiembre, con el propósito de generar condiciones seguras para las actividades cívicas, deportivas y culturales que se realizarán en los 20 municipios del estado durante la conmemoración de la Independencia de México. La planeación del operativo quedó a cargo del Grupo Interinstitucional, que reunió a cuerpos de auxilio y corporaciones de los tres órdenes de gobierno en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

En representación del secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, el subsecretario de Seguridad, de Prevención y Reinserción Social encabezó la mesa de trabajo y explicó que el operativo buscará prevenir delitos, accidentes y conductas antisociales durante los eventos patrios programados en todo el territorio estatal. La reunión sirvió para definir tareas específicas entre las corporaciones participantes, con miras a cubrir cada uno de los actos que integrarán el calendario de festejos.

El operativo iniciará el 13 de septiembre con las actividades por el 179 aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, que marcarán el primer punto del calendario cívico. Dos días después, el 15 de septiembre, las autoridades concentrarán sus esfuerzos en los eventos por el Grito de Independencia, mientras que la jornada concluirá el 16 de septiembre con el desfile cívico militar que se realizará tanto en Culiacán como en otras localidades del estado.

Para la noche del 15 de septiembre, cuando se llevarán a cabo los actos por el Grito, se instalará una unidad móvil C2 que integrará a autoridades federales, estatales y municipales en un mismo punto de mando. Ese dispositivo permitirá concentrar la supervisión de los eventos y facilitar la comunicación entre las corporaciones que participarán en el operativo durante la noche de mayor afluencia.

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El coche bomba detonado frente a la Comandancia de Policía de Ojocaliente no constituye un hecho aislado en Zacatecas. De acuerdo con autoridades estatales, durante los últimos dos años se han registrado 17 ataques con explosivos improvisados contra elementos de corporaciones de seguridad, una escalada de violencia que ha incluido artefactos colocados en motocicletas y vehículos.

El atentado más reciente ocurrió en Ojocaliente, donde un vehículo cargado con explosivos fue detonado frente a las instalaciones policiales. Las primeras investigaciones apuntan a una posible participación de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), organización que es señalada por las autoridades como una de las líneas de investigación.

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Un juez desechó el amparo contra la extradición a Estados Unidos de Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “R1″, líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) acusado de ser el autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

Tras ser acusado en el Distrito de Columbia por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina hacia Estados Unidos, así como por posesión de arma de fuego, este lunes el líder de “Los Rs” solicitó un amparo contra actos realizados por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), es decir, su extradición o expulsión del país.

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Un grupo de personas armadas que se encontraban en una vivienda del municipio de Rosario, en Sinaloa, fueron detenidos durante labores de vigilancia por parte de elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado (GOES).

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que entre los arrestados se encuentran 2 mujeres, una menor de edad, 4 colombianos y un cubano, quienes fueron ubicados en un domicilio del poblado Agua Verde con armamento.

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Kenia Os habría iniciado un procedimiento legal contra la página de Facebook ¿Sabías qué? – Versión Artistas por publicaciones que la vincularon con el feminicidio de Valeria Márquez y con presuntos nexos con el narcotráfico.

La cuenta informó el pasado domingo 30 de agosto de 2026 que fue notificada de la acción, que sería atendida por sus abogados y que no dará detalles para no intervenir en el proceso.

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Luego de la detonación de un coche bomba frente a las instalaciones de la Comandancia Municipal de Ojocaliente, en Zacatecas, las actividades escolares y el resto de la vida cotidiana en el municipio fueron reanudadas este martes tras la agresión en la que estaría detrás el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario de gobierno del estado, detalló que el ataque dejó como saldo final 11 personas lesionadas, entre ellos una agente de la Policía Municipal que ya se encuentra fuera de peligro. De ese total, ocho recibieron atención médica y fueron dados de alta, mientras que tres permanecen internados.

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Un operativo de vigilancia realizado en calles de la colonia Morelos, en la zona centro de la Ciudad de México, terminó con 12 personas detenidas, entre ellas cuatro que fueron identificadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito, organización criminal con presencia en esa zona de la capital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mineros y Carpintería, donde policías capitalinos realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un grupo de personas que presuntamente manipulaba bolsas de plástico con una hierba verde y seca en su interior.

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Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” (también conocido como “Wicho”), identificado como líder del Cártel de Los Reyes, murió la noche del 30 de agosto durante un operativo de fuerzas federales en el municipio de Tocumbo, Michoacán.

Su muerte, confirmada por el Gabinete de Seguridad, ocurrió apenas cuatro semanas después de la captura de Alfonso Lara, “Poncho la Quiringua”, otro de los principales mandos de la organización.

El operativo en el que murió “R5” se realizó en una zona del occidente de Michoacán, donde mantiene presencia el Cártel de Los Reyes. Durante el despliegue se registró un enfrentamiento entre los elementos de seguridad y presuntos integrantes del grupo criminal.

/mexico/2026/09/01/golpe-consecutivo-al-cartel-de-los-reyes-caen-sus-lideres-r5-y-poncho-la-quiringua-en-un-mes/

Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho”, líder del Cártel de Los Reyes, fue abatido durante un operativo del Ejército Mexicano desplegado en el municipio de Tocumbo, Michoacán, la noche del domingo 30 de agosto.

El líder criminal fue ubicado derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, provocando un despliegue de elementos tanto de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y de la Guardia Civil de Michoacán para lograr su detención.

/mexico/2026/09/01/asi-es-el-sitio-en-tocombo-donde-fue-abatido-el-r5-lider-del-cartel-de-los-reyes-en-michoacan/

Un elemento del Primer Batallón de Fuerzas Especiales murió el 31 de agosto después de activar una mina durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Las Playitas, en Tumbiscatío, Michoacán.

El efectivo, identificado como Juan Manuel B. M., resultó herido por la detonación y fue trasladado a la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

/mexico/2026/09/01/michoacan-acumula-al-menos-18-militares-muertos-por-minas-y-explosivos-desde-2024/

Un elemento del Primer Batallón de Fuerzas Especiales murió el 31 de agosto después de activar una mina durante un recorrido de vigilancia en la comunidad de Las Playitas, en Tumbiscatío, Michoacán.

El efectivo, identificado como Juan Manuel B. M., resultó herido por la detonación y fue trasladado a la 43 Zona Militar, con sede en Apatzingán, donde posteriormente falleció a consecuencia de las lesiones.

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Un agente de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicanomurió este lunes tras la explosión de una mina antipersona durante un operativo en la zona serrana del municipio deTumbiscatío, en la región de Tierra Caliente de Michoacán.

Con este caso, autoridades estatales reportaron que suman 18 explosiones de minas antipersona en Michoacán, con un saldo acumulado de 14 personas muertas y 20 heridas. Entre los lesionados se encuentran 10 militares y cinco policías, lo que evidencia el riesgo que representan estos artefactos para las fuerzas de seguridad que realizan patrullajes y operativos en zonas rurales.

/mexico/2026/09/01/explosion-de-mina-deja-un-militar-muerto-en-la-sierra-de-tumbiscatio-michoacan/

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) confirmó el abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5″ o “Wicho”, líder del Cártel de Los Reyes, durante un operativo desplegado en el municipio de Tocumbo, Michoacán, realizado la noche del domingo 30 de agosto.

La acción se llevó a cabo derivado de trabajos de inteligencia de la XII Región Militar, donde personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional (GN), en coordinación con la Guardia Civil de Michoacán y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

/mexico/2026/09/01/defensa-confirma-abatimiento-del-r5-lider-del-cartel-de-los-reyes-en-michoacan/

Un operativo militar en Los Reyes, Michoacán, dejó este 31 de agosto un nombre flotando entre versiones extraoficiales y silencio de las autoridades: Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, líder del Cártel de Los Reyes, habría muerto en un enfrentamiento con fuerzas federales.

Mientras la Fiscalía de Michoacán no confirma el hecho, en internet circula desde hace años otra versión de este hombre, contada por él mismo o por quienes decidieron cantarle: al menos tres corridos que narran su ascenso, presumen su poder de fuego y nombran a la gente que lo rodeaba.

/mexico/2026/09/01/el-wicho-o-r5-que-revelan-los-corridos-del-lider-del-cartel-de-los-reyes/

Las autoridades federales han dado al menos cinco golpes contra líderes de células criminales en Michoacán entre enero y agosto de 2026, en un ciclo que arrancó con la captura de César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias “El Bótox”, líder de Los Blancos de Troya, y que llegó hasta el presunto abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “El R5” o “El Wicho”, operador del Cártel de Los Reyes.

Las detenciones alcanzaron principalmente a estructuras locales dedicadas a la extorsión de aguacateros, limoneros, madereros y mezcaleros, cadenas productivas que sostienen buena parte de la economía de Michoacán. Los golpes se concentraron en la Tierra Caliente, el occidente del estado y el sur de Morelia, zonas donde operaban Los Blancos de Troya, Los Sierra, Los Rs y el Cártel de Los Reyes.

/mexico/2026/09/01/de-el-botox-al-posible-abatimiento-de-el-r5-la-caida-de-lideres-criminales-en-michoacan-en-8-meses/

Jesús Sandoval, alias “Chuchito Nini”, lugarteniente señalado del líder criminal Luis Enrique Barragán Chávez, “El Wicho” o “R5”, habría muerto durante el operativo federal del 31 de agosto en la región de Los Reyes, Michoacán.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla confirmó que la madrugada de ese lunes hubo un enfrentamiento armado en la zona, derivado de un operativo con participación de la Sedena, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán. Sin embargo, hasta ahora las autoridades no han confirmado abiertamente el abatimiento el líder de Los Reyes, señalado principalmente de extorsionar a los aguacateros.

/mexico/2026/09/01/chuchito-nini-que-se-sabe-de-su-supuesta-muerte-y-su-papel-como-reclutador-de-menores-para-el-wicho-o-r5/

Un grupo de personas armadas que se encontraban en una vivienda del municipio de Rosario, en Sinaloa, fueron detenidos durante labores de vigilancia por parte de elementos del Ejército Mexicano y del Grupo de Operaciones Especiales del Estado (GOES).

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que entre los arrestados se encuentran 2 mujeres, una menor de edad, 4 colombianos y un cubano, quienes fueron ubicados en un domicilio del poblado Agua Verde con armamento.

Al momento de la captura, los detenidos portaban:

• 9 fusiles tipo AK-47, calibre 7.62x39 mm
• 54 cargadores para fusil calibre 7.62x39 mm

• 2 mil 620 cartuchos calibre 7.62x39 mm
• 9 chalecos tácticos
• 10 placas balísticas
• 5 kilos de presunta marihuana

Los nueve detenidos y los objetos decomisados fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Operativos en 20 municipios dejan 16 detenidos, explosivos y un mando policial asesinado

La detención en Rosario se suma a las acciones llevadas a cabo durante en los 20 municipios de la entidad por parte de la Policía Estatal Preventiva del 23 al 30 de agosto.

Los agentes realizaron labores de vigilancia en los municipios que dejó como resultado la detención de 16 personas y el aseguramiento de los siguientes objetos:

• 22 armas de fuego
• 115 cargadores
• 3 mil 48 cartuchos
• 1 granada de mano
• 40 artefactos explosivos improvisados
• 7 vehículos, uno de ellos con blindaje
• 248 gramos de presunto cristal
• 11 chalecos tácticos

El reforzamiento de seguridad se produce en un contexto de violencia que atraviesa el estado desde septiembre de 2024, cuando comenzó la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Durante esa misma semana de operativos, fue asesinado Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Seguridad y Tránsito de Escuinapa, cuyo cuerpo fue hallado con huellas de violencia en su domicilio del sector Infonavit Las Fuentes la mañana del 30 de agosto.

El periódico Noroeste refirió que junto al cuerpo se encontró un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal, sin que se reportara su contenido. La SSP desplegó un operativo con los tres órdenes de gobierno para reforzar la presencia en Escuinapa tras el hallazgo.

Zazueta había asumido el cargo apenas el 3 de agosto, por lo que llevaba 27 días en funciones al momento de su muerte.

Su caso es el segundo homicidio de un mando policial de ese municipio en cinco meses. El 31 de marzo, el subdirector operativo Esteban Gutiérrez Mazariegos murió junto a tres personas más en una emboscada sobre la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla.

El mando policiaco se transportaba en un vehículo oficial, acompañado de una segunda unidad. Ambas camionetas fueron interceptadas a balazos cuando circulaban por la carretera.

Una de las unidades logró huir con un policía gravemente herido, mientras que el vehículo en el que viajaba Gutiérrez Mazariegos quedó en el lugar del ataque con decenas de impactos de bala y sus cuatro ocupantes sin vida.

A ese contexto se suma la desaparición de Misael Aguilar Espericueta, síndico municipal de Palmillas, reportado como privado de la libertad por hombres armados el 24 de agosto. Fue visto por última vez cuando viajaba en transporte público a la altura de Tecualilla, en el mismo municipio de Escuinapa.

Esta región del estado vivió un incremento de la violencia desde finales del 2025, con semanas enmarcadas por ataques con explosivos, enfrentamientos o balaceras.

Pese a que los hechos violentos disminuyeron en las últimas semanas debido a que la guerra entre las facciones del Cártel de Sinaloa enfocaron sus actividades en Mazatlán, Escuinapa continúa viviendo jornadas de violencia.

Un operativo de vigilancia realizado en calles de la colonia Morelos, en la zona centro de la Ciudad de México, terminó con 12 personas detenidas, entre ellas cuatro que fueron identificadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) como presuntos integrantes de La Anti-Unión Tepito, organización criminal con presencia en esa zona de la capital.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Mineros y Carpintería, donde policías capitalinos realizaban labores de vigilancia cuando detectaron a un grupo de personas que presuntamente manipulaba bolsas de plástico con una hierba verde y seca en su interior.

De acuerdo con el reporte de la SSC, al notar la presencia de los uniformados, algunos de los involucrados intentaron escapar. Sin embargo, los agentes lograron detener a cuatro personas.

Los detenidos fueron identificados como Marlen, de 47 años; Dairon Joseph, de 19; Víctor Daniel, de 19; y Axel, de 26 años.

Aseguran droga y un arma de fuego

Durante una revisión preventiva, los policías encontraron entre las pertenencias de los cuatro detenidos 146 envoltorios de papel blanco que contenían una sustancia amarillenta en piedra, con características similares a la cocaína.

Además, fueron aseguradas dos bolsas con aparente marihuana a granel y un arma de fuego corta, cuyo cargador contenía dos cartuchos útiles.

La SSC informó que, después del aseguramiento, los agentes realizaron un cruce de información para conocer los antecedentes y posibles vínculos de los detenidos.

Como resultado, las autoridades establecieron que los primeros cuatro arrestados presuntamente forman parte de un grupo delictivo que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

La corporación capitalina los señaló como posibles integrantes de La Anti-Unión Tepito, aunque su responsabilidad penal y su pertenencia a dicha organización deberán ser determinadas por las autoridades ministeriales.

Ocho personas intentaron impedir las detenciones

Mientras los policías realizaban el arresto y se preparaban para trasladar a los cuatro sospechosos ante el Ministerio Público, otras ocho personas llegaron al sitio e intentaron impedir la detención.

Según el reporte policial, los individuos agredieron de manera verbal y física a los uniformados, por lo que otros elementos intervinieron para controlar la situación.

Las ocho personas fueron detenidas por el delito de resistencia de particulares.

Entre ellas se encuentran Leonor, de 25 años; Nancy, de 44; Zelzyn Melisa, de 36; Cristian Adolfo, de 34; Nayeli, de 26; Ignacio, de 40; Osman Jesús, de 20; y Jared, de 21 años.

De esta manera, las autoridades trasladaron a 12 personas ante el agente del Ministerio Público, junto con el arma de fuego y las sustancias aseguradas.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos y establecer si existen elementos suficientes para acreditar su probable participación en los delitos investigados.

Uno de los detenidos cuenta con antecedentes

La SSC también informó que, durante el cruce de información sobre los detenidos, se detectó que uno de los hombres arrestados durante el intento de impedir la captura cuenta con diversos antecedentes de ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México.

De acuerdo con la corporación, esos ingresos están relacionados con delitos como contra la salud, corrupción de menores, cohecho y robo agravado, entre otros.

El operativo se suma a las acciones de vigilancia que mantienen las autoridades capitalinas en la zona centro de la ciudad, particularmente en sectores de la colonia Morelos donde se ha identificado actividad de grupos dedicados presuntamente a la distribución de drogas y otros delitos.

La investigación continuará para determinar el papel que desempeñaba cada uno de los detenidos y si los cuatro señalados como posibles integrantes de La Anti-Unión Tepito tienen una relación directa con las actividades delictivas que las autoridades atribuyen a esta organización.

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CJNG estaría detrás de la escalada de ataques con explosivos contra policías en Zacatecas

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) es una de las principales líneas de investigación por tres agresiones contra corporaciones de seguridad ocurridas en menos de una semana en Zacatecas. El último episodio ocurrió la noche del domingo en Ojocaliente, donde un vehículo cargado con un artefacto explosivo improvisado estalló frente a la Comandancia Municipal y dejó 10 personas lesionadas, entre ellas dos policías y ocho civiles, además de daños en 17 inmuebles. El fiscal estatal, Cristian Paul Camacho Osnaya, explicó que la agresión podría estar relacionada con la captura de William “N”, un joven de 18 años detenido 48 horas antes y quien, según el funcionario, se identificó como integrante del CJNG.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/31/cjng-incrementa-violencia-en-zacatecas-cartel-estaria-detras-de-coche-bomba-en-instalaciones-de-la-policia-de-ojocaliente/

Detienen a 12 personas tras operativo contra grupo ligado a narcomenudeo y extorsión en CDMX

Doce personas fueron detenidas durante un operativo de seguridad en Avenida Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Cuatro de ellas fueron aseguradas con presunta marihuana, cocaína y un arma de fuego corta, mientras que las otras ocho fueron arrestadas por presuntamente intentar impedir la intervención policial y agredir a los agentes. De acuerdo con Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), los detenidos estarían vinculados con un grupo dedicado a la venta y distribución de narcóticos, además de extorsiones y otros delitos violentos en la zona centro de la capital.

Operativo en Michoacán contra el Cártel de Los Reyes deja enfrentamiento y posible abatimiento de “R5”

La Defensa, Guardia Nacional y Guardia Civil de Michoacán realizaron un operativo contra el Cártel de Los Reyes que derivó en un enfrentamiento. De manera extraoficial se reportó el posible abatimiento de Luis Enrique Barragán Chávez, alias “R5” o “Wicho”, señalado como segundo al mando del grupo, aunque la información aún no ha sido confirmada por las autoridades.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/31/defensa-arma-operativo-en-michoacan-contra-el-cartel-de-los-reyes-reportan-posible-abatimiento-del-r5-uno-de-sus-lideres/

Aseguran 210 armas provenientes de Texas con destino a grupos criminales en Nuevo León

Tres personas fueron detenidas en Sabinas Hidalgo, Nuevo León, cuando transportaban 210 armas de fuego provenientes de Texas, Estados Unidos, que presuntamente tenían como destino grupos criminales en México. El aseguramiento fue realizado por fuerzas federales durante un operativo sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/31/trafico-de-armamento-desde-texas-capturan-a-tres-personas-que-transportaban-mas-de-200-armas-y-cartuchos-en-nuevo-leon/

Gabinete de Seguridad despliega acciones tras ataque con explosivo contra comandancia de Ojocaliente

El Gabinete de Seguridad informó esta mañana que las instituciones que lo integran colaboran con las autoridades de Zacatecas para esclarecer el ataque con un artefacto explosivo contra la Comandancia de la Policía Municipal de Ojocaliente e identificar y detener a los responsables. La agresión se registró la noche de este domingo.

Información ampliada sobre el ataque:

/mexico/2026/08/31/violencia-en-zacatecas-gabinete-de-seguridad-despliega-operativo-en-ojinaga-tras-ataque-con-explosivos-a-comandancia-de-la-policia-municipal/

Operativos realizados por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa en veinte municipios culminaron con la detención de 16 personas y el aseguramiento de diversos objetos ilícitos, entre ellos artefactos explosivos y armamento.

Los despliegues se llevaron a cabo durante la semana del 23 al 30 de agosto, en el que elementos de la Policía Estatal Preventiva realizaron labores de vigilancia en los 20 municipios que integran la entidad como parte del reforzamiento de seguridad, derivado de la ola de violencia que viven desde septiembre de 2024 con el inicio de la disputa entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Como parte de las acciones, también se logró el aseguramiento de:

• 22 armas de fuego
• 115 cargadores
• 3 mil 48 cartuchos

• 1 granada de mano
• 40 artefactos explosivos improvisados
• 7 vehículos
• 1 vehículo con blindaje

• 248 gramos de presunto cristal
• 11 chalecos tácticos

“Con estos resultados, la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa refrenda su compromiso de continuar con las acciones preventivas y de seguridad, en coordinación interinstitucional a fin de inhibir hechos delictivos y poder así mantener entornos seguros para las y los sinaloenses”, detalló en un comunicado la SSP.

Además, instó a la ciudadanía a reportar cualquier emergencia al 911 y a realizar denuncias anónimas al 089 de manera oportuna.

Asesinan al subdirector de Seguridad de Escuinapa: es el segundo muerto en 5 meses

Durante los operativos se registró el asesinato de Miguel Antonio Zazueta Páez, subdirector de Seguridad y Tránsito de Escuinapa. Su cuerpo fue localizado al interior de su domicilio en el sector Infonavit Las Fuentes durante la mañana de este domingo 30 de agosto.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que derivado de los hechos se desplegó un operativo con los tres órdenes de gobierno para reforzar su presencia en el municipio.

De acuerdo con medios locales, el subdirector de Tránsito Municipal fue localizado con huellas de violencia en su domicilio, luego de que una llamada anónima alertó a las autoridades sobre el hallazgo de su cuerpo.

El periódico Noroeste refirió que junto al cuerpo de Miguel Antonio Zazueta se localizó un mensaje atribuido presuntamente a un grupo criminal, sin que se reportara el contenido del mismo.

Miguel Antonio Zazueta había sido nombrado como Subdirector de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Escuinapa el pasado 3 de agosto, lo que estuvo en el cargo solo 27 días.

Segundo alto mando de la Policía de Escuinapa asesinado en 5 meses

El caso se inscribe en un patrón de violencia en contra de mandos policiales del municipio. La primera agresión ocurrió el 31 de marzo, cuando use registró una emboscada en la carretera Mazatlán-Tepic, a la altura de la comunidad de Tecualilla, en contra del subdirector operativo de la corporación, Esteban Gutiérrez Mazariegos, junto a su escolta y dos agentes más.

En ese ataque, dos camionetas oficiales fueron interceptadas a balazos. Solo una logró huir con un policía gravemente herido; la unidad en que viajaba Gutiérrez Mazariegos quedó en el lugar con decenas de impactos de bala y sus cuatro ocupantes sin vida.

Desaparición de un síndico en Escuinapa mantiene alerta en el municipio

Al contexto de violencia se suma la desaparición de Misael Aguilar Espericueta, síndico municipal de Palmillas, reportado como desaparecido tras ser privado de la libertad por hombres armados el pasado lunes 24 de agosto.

De acuerdo con reportes, fue visto por última vez cuando viajaba en transporte público a la altura del poblado de Tecualilla, en el mismo municipio de Escuinapa.

El enfrentamiento entre las facciones de Los Mayos y Los Chapitos provocó una ola de violencia en Escuinapa desde finales de 2025 con ataques mediante drones a instalaciones de seguridad y del Ayuntamiento, que en las últimas semanas había cedido para concentrarse en Mazatlán.

Tres personas que transportaban un arsenal desde Texas, Estados Unidos, fueron detenidos durante un operativo encabezado por la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) en el municipio de Sabinas Hidalgo, en Nuevo León.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura se llevó a cabo como resultado de labores de inteligencia e investigación para identificar rutas usadas para introducir armas de forma ilegal al país.

En colaboración con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional (GN), los agentes arrestaron a los tres hombres durante un operativo desplegado sobre la carretera Nuevo Laredo-Monterrey.

Fue cuando circulaban a la altura del municipio de Sabinas Hidalgo que los agentes ubicaron los dos vehículos en los que se transportaban y que cada uno estaba acoplado a un semirremolque.

Al realizar una inspección de seguridad, los agentes detectaron modificaciones e irregularidades en las plataformas de los dos semirremolques, por lo que efectuaron una revisión que permitió localizar compartimentos en los que ocultaban el armamento.

Como resultado, las autoridades aseguraron 210 armas de fuego y 93 cargadores, de las cuales 195 eran armas largas y 15 armas cortas. Además, decomisaron los 2 vehículos y 2 semirremolques.

Suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante la administración actual

Harfuch detalló que con este aseguramiento suman más de 30 mil armas de fuego decomisadas durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Son más de 30 mil armas que ya no llegarán a manos de los cárteles ni serán utilizadas para generar violencia en México”, aseguró.

Además, destacó que la colaboración entre México y Estados Unidos exige que se frene el tráfico de drogas hacia ese país, pero también el tráfico de armas.

“La responsabilidad compartida exige frenar el tráfico de drogas hacia Estados Unidos, pero también detener, con la misma firmeza, el flujo de armas de Estados Unidos hacia México”, escribió en sus redes sociales.

Operativo en Arizona desmantela red de tráfico de armas con destino a México

Una acción similar ocurrió el pasado 21 de julio cuando un gran jurado federal en Phoenix, Estados Unidos, presentó una acusación formal de 158 cargos contra 28 personas, tras una investigación de dos años que les permitió desmantelar una red de tráfico de armas destinadas a un cártel mexicano.

De acuerdo con las autoridades de ese país, el operativo de detención resultó en 21 arrestos que involucraron a personas implicadas en la cadena de tráfico, entre los que se encontraban al menos 4 de nacionalidad mexicana y el líder de la red, identificado como Fernando Daniel Castro.

En el operativo en Arizona se incautaron más de 100 armas de fuego y más de 125 mil cartuchos de munición.

Las armas que dominan los decomisos por las autoridades

De acuerdo con datos de Milenio, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) aseguró 23 mil 733 armas en México entre octubre de 2024 y junio de 2026. El perfil del armamento decomisado revela un mercado ilícito con capacidades propias de conflictos armados: casi dos de cada tres piezas son armas largas, y los fusiles representan cerca de la mitad del total registrado en la base individualizada.

El calibre 7.62x39 milímetros —propio del AK-47— encabeza los registros con mil 706 piezas, seguido del .223 con mil 26 y del 5.56 milímetros con 798. Entre las armas cortas, el 9 milímetros predomina con 2.147 pistolas. Las marcas con mayor presencia son Glock y Century Arms, junto a Taurus, Beretta, Colt y Barrett.

Sin embargo, uno de los hallazgos más graves del periodo son las 179 armas calibre .50 decomisadas, entre ellas cerca de 140 rifles Barrett Firearms, capaces de inutilizar aeronaves y vehículos blindados. El estado de Sinaloa concentró 69 de esas piezas y lidera el aseguramiento general de fusiles, con mil 323 unidades, seguido de Sonora y Chihuahua.

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Detienen a joven de 18 años por ataque armado en Venustiano Carranza que dejó 2 muertos y 2 heridos

Un joven de 18 años fue detenido por estar presuntamente vinculado a un ataque armado que dejó 2 muertos y 2 heridos durante una convivencia familiar en la vía pública, ocurrido la noche de este domingo en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detalló que el ataque ocurrió en la esquina de las calles Hortelanos y Litografía, en la colonia 20 de Noviembre. Como resultado de la agresión armada dos hombres, de 19 y 40 años, murieron en el lugar, mientras que otros dos, de 19 y 26 años, fueron trasladados a distintos hospitales con heridas de bala en piernas y brazos.

La identificación de los agresores se dio a través de los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte, quienes rastrearon en tiempo real a un tripulante de motocicleta eléctrica que, junto con otra persona, fue captado en imágenes como presunto autor de los disparos.

Fue así que elementos de seguridad interceptaron al sospechoso sobre la misma calle Litografía, a bordo de una motocicleta eléctrica de color rojo y lo pusieron a a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación jurídica.

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Procesan a exguardia de seguridad de un edificio de condominios en CDMX que robó 50 mil pesos de una casa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Rodolfo “N” por su probable participación en el delito de robo agravado en una vivienda de la alcaldía Benito Juárez, once días después de que iniciara la investigación. El imputado se desempeñaba como guardia de seguridad del edificio donde ocurrió el robo.

De acuerdo con la investigación, la noche del 14 de agosto de 2026 Rodolfo “N” habría ingresado al domicilio por la ventana de la cocina, aprovechando la ausencia de los moradores, y sustraído 50 mil pesos en efectivo, alhajas y diversos objetos de valor.

Los hechos quedaron registrados por las cámaras de videovigilancia del inmueble. El análisis de esas grabaciones, junto con la identificación que realizó la víctima, permitieron relacionar al imputado con el robo y obtener una orden de aprehensión en su contra.

La orden fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación (PDI) el 25 de agosto en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde Rodolfo “N” ya se encontraba privado de la libertad por un proceso penal distinto.

Al día siguiente de la aprehensión, la autoridad judicial vinculó a proceso al imputado por robo agravado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

/mexico/2026/08/30/amenazan-al-periodista-jesus-lemus-tras-publicar-articulo-sobre-la-gobernadora-de-guanajuato-senala-al-director-de-comunicacion/

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Rescatan a una mujer y sus dos hijas extranjeras por las exigían un pago para liberarlas en Tamaulipas

Agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas rescataron a una mujer y sus dos hijas menores de edad, originarias de Zimbabue, que permanecían privadas de su libertad en un inmueble en obra negra de la colonia Rancho Grande, en Reynosa. Sus captores exigían un pago en moneda extranjera a familiares en el exterior a cambio de liberarlas.

La operación se activó tras recibirse una alerta en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) sobre la posible privación de libertad de tres personas. De forma inmediata, la institución desplegó a elementos de la Policía de Investigación y activó los protocolos de localización y despliegue en campo.

Mediante el rastreo de las coordenadas proporcionadas y recorridos de búsqueda en distintos puntos de la ciudad, los agentes investigadores identificaron el inmueble donde se encontraban las víctimas. El lugar, ubicado en la colonia Rancho Grande, era una construcción en obra negra.

En el sitio fueron rescatadas T.M., de 29 años, junto con sus hijas M.M., de 12 años, y O.M., de 3 años. Según las primeras indagatorias, T.M. refirió haber sido retenida contra su voluntad por personas desconocidas que le exigían contactar a sus familiares para gestionar el pago de su rescate.

Las tres rescatadas fueron trasladadas a las instalaciones de la Unidad Especializada en la Investigación del Delito de Secuestro en Reynosa, donde recibieron atención médica y psicológica. Dado su origen extranjero, la institución recurrió a herramientas de traducción para desahogar los protocolos correspondientes y garantizar su protección integral.

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Procesan a sujeto por abuso sexual de una adolescente en un plantel educativo de San Luis Potosí

Un hombre identificado como Jesús “N” fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en el delito de abuso sexual calificado contra una adolescente, en hechos ocurridos en junio de 2026 en el municipio de Tamazunchale, San Luis Potosí.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) informó que la vinculación se obtuvo durante la audiencia inicial derivada de la cumplimentación de una orden de aprehensión.

Según la investigación, los actos de naturaleza sexual se perpetraron en la caseta de vigilancia de un plantel educativo ubicado en la localidad de Achiquico. El caso fue atendido por agentes fiscales de la Delegación Sexta, adscritos a la Unidad de Atención a la Mujer y Delitos Sexuales de la FGESLP.

Como parte de la resolución judicial, se impuso a Jesús “N” la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La autoridad estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

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Ocho personas fueron detenidas por su presunta implicación en el secuestro de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportados como desaparecidos desde el mes de junio pasado cuando se encontraban en los límites de Puebla e Hidalgo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los ocho presuntos implicados fueron detenidos tras diversas técnicas de investigación que permitieron identificar datos financieros y de líneas de comunicación.

Las ocho personas fueron arrestadas durante cateos a cinco inmuebles, donde se localizó a Adaid “N”, Xóchitl “N”, Luis “N”, Carlos “N”, Moisés “N”, Jesús “N”, Valeria “N” y Litzi “N”.

Tras aportar los datos de prueba, la autoridad judicial decidió vincularlos a proceso por el delito de secuestro agravado, cometido en contra de los dos trabajadores de CFE.

Las víctimas son Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, quienes partieron el 26 de junio desde el municipio poblano de Huauchinango alrededor de las 6:30 horas con destino a la autopista 132D México-Tuxpan, donde debían realizar trabajos de tendido de cableado eléctrico

De acuerdo con la investigación, los dos trabajadores fueron atacados mientras reparaban un vehículo en la carretera Tulancingo-Huauchinango antes de desaparecer.

Un día después de los hechos, las dos camionetas en las que viajaban —una Toyota color gris y una Chevrolet Silverado blanca de doble cabina— fueron halladas abandonadas en La Mesa de Acaxochitlán, Hidalgo. De acuerdo con reportes, el momento del hallazgo, los vehículos ya no contaban con placas de circulación ni con los logotipos oficiales de la CFE.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó días después de la desaparición de los dos trabajadores que desde los primeros días mantuvo coordinación con las corporaciones de seguridad y comunicación permanente con los familiares de los electricistas.

“Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros trabajadores: daremos total seguimiento a este evento, refrendando nuestra responsabilidad con la integridad de quienes conforman y son el motor de la Comisión Federal de Electricidad”, señaló la empresa en sus redes sociales.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó más tarde que la FGR atrajo la investigación al tratarse de empleados de una empresa del Estado, por lo que asumió las investigaciones correspondientes.

Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, precisó que las tres instituciones -tanto la de Fiscalía de Puebla como la FGR-compartían información y realizaban diligencias de manera conjunta para localizar a los dos trabajadores.

“Nosotros colaboramos con la federación, junto con la Fiscalía de Puebla para dar con su paradero. Quien lleva la directriz es la FGR”, declaró el funcionario.

Hasta el momento los dos trabajadores no han sido localizados a dos meses de su desaparición, por lo que continúan las labores de búsqueda e investigación.

Adolfo López Saldaña, uno de los trabajadores, es identificado por ser de tez morena, complexión robusta, cabello ondulado de color negro. Mide 1.64 m y no cuenta con señas particulares, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

Por su parte, Marco Antonio Sarmiento García es de tez morena clara, complexión regular, cabello lacio y corto de color café oscuro, ojos café claro y de estatura 1.64 m. Como seña particular, cuenta con tatuajes en ambos brazos, aunque no se precisó de qué tipo.

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en San Luis Potosí en el mes de marzo, cuando siete electricistas fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familiares al concluir su jornada laboral en Matehuala.

La búsqueda movilizó a 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, además de agentes de la policía estatal, vehículos en tierra y aeronaves.

Los trabajadores realizaban obras de construcción y trabajos de electricidad para una empresa particular subcontratada por la Comisión Federal de Electricidad. Cinco días después de ser reportados como desaparecidos fueron localizados con vida en el mismo municipio potosino.

Una investigación de cinco meses terminó con nueve detenidos y el desmantelamiento de nueve puntos de venta de droga en Córdoba, en un operativo que tuvo uno de sus tramos centrales sobre la Ruta Nacional 36, a la altura de Almafuerte, donde quedaron arrestados dos presuntos proveedores de cocaína. La pesquisa se concentró en localidades del departamento Calamuchita y derivó en allanamientos simultáneos en Embalse, Villa del Dique y Segunda Usina.

De acuerdo con ElDoce.tv, los dos hombres detenidos en la ruta son de nacionalidad peruana y, para los investigadores, cumplían el rol de abastecedores para la estructura bajo seguimiento. En ese procedimiento, los efectivos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) secuestraron 1.550 dosis de cocaína, dinero, una balanza digital, elementos de fraccionamiento y un automóvil. La hipótesis oficial sostiene que, a partir de ese circuito de provisión, el resto de los acusados distribuía estupefacientes bajo la modalidad de delivery y también desde viviendas particulares.

Tras la captura de los presuntos proveedores, la causa avanzó con siete allanamientos en Embalse, uno en Villa del Dique y otro en Segunda Usina. En esos procedimientos quedaron detenidos otros siete investigados, seis hombres y una mujer. Además, se incautaron 220 dosis de cocaína, 93 dosis de marihuana, ocho plantas de cannabis sativa y $413.100, junto con otra balanza digital y más elementos vinculados al fraccionamiento de la droga.

El expediente quedó en manos de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Río Tercero, que ordenó el traslado de los detenidos y el secuestro de todos los elementos incorporados a la causa. La imputación preliminar recayó sobre una presunta infracción a la Ley 23.737, la norma que regula los delitos vinculados con estupefacientes en la Argentina. A partir de ahora, la investigación deberá determinar el grado de responsabilidad de cada acusado dentro de la estructura detectada.

La secuencia del operativo permitió a los investigadores reconstruir un esquema con distintos niveles de participación. Según la hipótesis oficial, la modalidad combinaba entregas coordinadas con ventas desde inmuebles particulares, una dinámica que la pesquisa logró seguir durante varios meses antes de avanzar con los allanamientos.

Otro operativo desarticuló búnkers en Córdoba

En paralelo, otro procedimiento contra el narcomenudeo en la ciudad de Córdoba terminó con dos detenidos, 12 allanamientos y siete búnkers de droga desarticulados en los barrios Villa La Maternidad y San Vicente. La investigación, realizada por la FPA bajo directivas del Ministerio Público Fiscal, permitió detectar nueve puntos de venta de estupefacientes, de los cuales siete funcionaban de manera exclusiva para la comercialización de droga.

Durante esos allanamientos se secuestraron 292 dosis de cocaína y 25 de marihuana, además de $855.700 en efectivo, un revólver calibre .22 con nueve cartuchos, un automóvil, una motocicleta y otros elementos de interés para la causa.

Uno de los datos que surgió de ese expediente apunta a una mujer que cumplía prisión domiciliaria en Villa La Maternidad y que, según informó la FPA, habría tenido un lugar de referencia dentro de la estructura investigada. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno, que deberá avanzar sobre la organización y definir las responsabilidades de cada involucrado.

El avance de causas por narcotráfico en la provincia también quedó expuesto en un megaoperativo reciente. A mediados de agosto, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó 18 allanamientos en la capital provincial y en Bialet Massé. En el procedimiento se detuvieron a seis personas y secuestró 18.891 gramos de cocaína y 1.066 gramos de marihuana, además de armas, vehículos, dinero y otros elementos incorporados a la investigación, de acuerdo con información oficial del Ministerio Público Fiscal.

La víctima, identificada como E. V. E. de 42 años, denunció ante las autoridades que el robo tuvo lugar en el momento en que llegó manejando su Mercedes Benz Sprinter blanca hasta la intersección de las calles Ferre y Carabelas, sitio donde tenía previsto realizar la entrega de un cargamento de mercadería.

Según la información a la que accedió Infobae, justo cuando se preparaba para realizar la entrega, fue sorprendido por tres hombres que estaban armados. Los sujetos le sustrajeron el vehículo y toda la carga.

Tras la denuncia, personal de la Comisaría Avellaneda 6ª inició tareas investigativas. A partir del análisis de cámaras de seguridad privadas y registros del Centro de Monitoreo, lograron identificar un vehículo que habría sido utilizado como apoyo durante el asalto.

Con esas imágenes, los agentes reconstruyeron parte del recorrido posterior al robo, detectaron movimientos en distintos puntos de Avellaneda y Lanús y reunieron elementos para solicitar los allanamientos. La causa, que sigue bajo la órbita de la UFI N° 4 de Avellaneda, mantiene además la búsqueda de un cuarto sospechoso.

El primer allanamiento fue en Madariaga al 2100, Avellaneda, donde detuvieron a un joven identificado como Díaz, de 24 años. En ese lugar, se secuestraron varios elementos de interés, tales como: un camperón negro, un pantalón gris y un par de zapatillas blancas, prendas que, según los investigadores, coincidirían con las utilizadas durante el robo.

El segundo procedimiento se hizo en México 600, donde fue identificada una mujer que manifestó alquilar el inmueble desde hacía aproximadamente un mes. El resultado del operativo fue negativo.

El tercer objetivo fue en Paso de Burgos 221, Lanús, domicilio vinculado a la familia de uno de los presuntos participantes, identificado como Valdez, de 19 años. Allí, su madre informó que el joven alternaba entre ese lugar y la casa de su padre, en Anatole France 810. A partir de ese dato, los efectivos montaron un operativo en la zona y concretaron su detención cuando salía de la vivienda. Además, secuestraron una campera negra.

El cuarto allanamiento se realizó en Jean Jaurès 2800, Lanús, donde fue aprehendido Vedovi, de 20 años. En ese procedimiento se incautó un par de zapatillas negras con suela blanca. Según el parte policial, el joven habría mencionado de forma espontánea y ante testigos que otro de los sospechosos, que aún no fue detenido, habría vendido hace un mes la camioneta Renault Kangoo roja presuntamente utilizada en el hecho.

Durante el operativo intervinieron efectivos que forman parte de los GTO pertenecientes a las comisarías de Avellaneda y se contó con la presencia de personal de la UPPL Avellaneda. Además, participaron agentes que prestan servicio en la Comisaría Berazategui 5ª, así como efectivos de la Comisaría Lanús 10ª. A ellos se sumaron miembros que integran la Fuerza de Operaciones Especiales.

Por disposición del fiscal González, se avaló lo actuado, se convalidaron los secuestros y se notificó a los detenidos sobre la formación de la causa. Los tres detenidos tienen entre 19 y 24 años y quedaron imputados por robo agravado en poblado y en banda, con uso de arma cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

La investigación sigue adelante con el objetivo de localizar al sospechoso que permanece prófugo y establecer si tuvo una presunta participación en los hechos investigados. Mientras tanto, los detenidos serán trasladados a la sede judicial correspondiente.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal detuvieron a Rafael “N” por el presunto abuso sexual agravado de un menor en el municipio de Jiutepec, Morelos, tras una denuncia presentada por los padres de la víctima ante el Ministerio Público.

El niño confió la agresión a sus padres, quienes acudieron al Ministerio Público (MP) para denunciar que el 2 de noviembre de 2024 su hijo había sido violentado por un hombre en un inmueble de ese municipio.

El caso fue atendido por un agente de la Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Trata de Personas del MP. Las indagatorias y peritajes realizados confirmaron el abuso, lo que permitió al agente presentar la información ante un juez y obtener una orden de aprehensión contra el sospechoso.

Con esa orden, elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Metropolitana localizaron y aseguraron a Rafael “N” en la colonia Civac de Jiutepec.

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Detienen a “El Pisco” en el Istmo de Tehuantepec tras dispararle a agentes que iban a arrestarlo

Un hombre con orden de aprehensión por robo disparó contra agentes de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca cuando intentaban detenerlo en la región del Istmo de Tehuantepec.

El sospechoso, identificado como L.A.G.M. y conocido con el alias “El Pisco”, fue finalmente capturado tras una persecución a pie sobre la carretera Transístmica.

El robo que originó la orden de captura

La orden de aprehensión derivó de un delito de robo cometido en agravio de una mujer identificada como A.S.R. Fue la propia víctima quien, el 14 de agosto, solicitó el apoyo de la autoridad ministerial para ejecutar la detención de su agresor, quien ya contaba con una orden de captura vigente.

Agentes Estatales de Investigación de la Vicefiscalía Regional del Istmo localizaron al sospechoso a bordo de un mototaxi rojo en inmediaciones del barrio Santa Cruz Tagolaba, sobre la carretera Transístmica.

Al momento en que los agentes se identificaron y se aproximaron para cumplimentar el mandato judicial, “El Pisco” sacó un arma de la cintura y disparó contra uno de los elementos. Los agentes repelieron la agresión mientras el hombre huía a pie.

Durante su escape, arrojó el arma hacia una zona de maleza a un costado de la carretera e intentó alejarse por una calle de terracería paralela a la vía. Los agentes continuaron la persecución y lo detuvieron aproximadamente 20 metros después.

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Esposa de Fernando Farías denuncia que fue perseguida y amenazada tras dar entrevistas

Mónica Gámez Grijalva, esposa de Fernando Farías Laguna, denunció amenazas para que deje de dar entrevistas y el seguimiento de una camioneta durante un trayecto por Hermosillo, Sonora. Tras presentar una denuncia formal, la Fiscalía estatal informó que le otorgó medidas de protección, mientras la mujer aseguró que continuará hablando públicamente sobre el proceso contra su esposo.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/27/sonora-dara-proteccion-a-esposa-de-fernando-farias-tras-persecucion-la-amenazan-con-investigacion-si-no-deja-de-dar-entrevistas/

Cateos en tres alcaldías de CDMX dejan cinco detenidos por presunta extorsión a repartidores

Cinco personas fueron detenidas tras tres cateos en inmuebles de Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, como parte de una investigación contra un grupo señalado por extorsionar a repartidores de plataformas digitales y obligarlos, en algunos casos, a transportar sustancias ilícitas en sus mochilas y cajas para facilitar la distribución de drogas.

Procesan a Fernando Farías Laguna por delincuencia organizada en el caso de huachicol fiscal

Procesan al excontralmirante Fernando Farías Laguna por el caso de huachicol fiscal. Un juez federal lo vinculó a proceso por delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, por lo que permanecerá en prisión preventiva oficiosa en el penal del Altiplano mientras la FGR continúa la investigación en su contra.

Información ampliada:

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Operativo contra huachicol en Tamaulipas termina con 135 animales exóticos asegurados en un rancho

Un megaoperativo contra el huachicol en Tamaulipas llevó a autoridades federales y estatales a catear cinco inmuebles en Tampico y Altamira, donde localizaron 68 mil litros de diésel, una gasolinera clandestina y un rancho con 135 animales exóticos, entre ellos cinco tigres de Bengala, tres jaguares, dos hienas, tres leones africanos, 21 monos araña y un camello. Un hombre fue detenido.

Información ampliada:

/mexico/2026/08/27/megaoperativo-contra-huachicol-destapa-rancho-con-135-animales-exoticos-en-tamaulipas-les-arrebatan-hienas-tigres-y-un-camello/

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De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) este grupo contaba con operaciones en los municipios de Axapusco, Ecatepec, Nopaltepec, San Martín de las Pirámides, Teotihuacán y en el estado de Hidalgo, donde cometían los delitos.

Tras la detención de cuatro de sus presuntos integrantes, incluido Juan “N”, alias “El Cerdo”, identificado como su líder, las autoridades mexiquenses anunciaron este jueves que el grupo fue finalmente desmantelado.

Además de su líder, los detenidos fueron identificados como Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N”, presuntos miembros del grupo.

Así fueron ubicados “Los Cerdos”

De acuerdo con la Fiscalía del Edomex, el primer hecho donde fueron ubicados ocurrió el pasado 13 de julio, cuando una víctima viajaba en su automóvil por el municipio de Tecámac. En ese momento, presuntamente Juan “N” y otros sujetos la interceptaron y despojaron de su vehículo, para luego huir del lugar.

Otra acción denunciada tuvo lugar el pasado 3 de agosto en Axapusco, cuando Diego Bladimir “N” y otro individuo, actualmente vinculado a proceso, usaron prendas de policía municipal y una patrulla falsa para interceptar a las víctimas.

Según las investigaciones, los implicados amenazaron a las víctimas bajo el argumento de que realizarían una inspección de seguridad protocolaria en su vehículo. En ese momento, Óscar “N” y Raúl “N” se sumaron para sustraer pertenencias y obligarlos a realizar transferencias bancarias.

Durante este segundo hecho, la autoridad informó que mientras los detenidos esperaban instrucciones de su supuesto líder, uno de ellos habría abusado sexualmente a una de las víctimas. Posteriormente, los involucrados robaron el automóvil y liberaron a las personas afectadas en Axapusco.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de México, el grupo de “Los Cerdos” también estaría vinculado a robos en casas habitación, de vehículos y violaciones en la misma zona geográfica.

Luego del análisis de los incidentes, el Ministerio Público estatal integró la indagatoria y solicitó órdenes de aprehensión, las cuales se concedieron: una por robo de vehículo con violencia y tres por secuestro exprés con fines de robo y extorsión.

La autoridad informó que Juan “N”, alias “El Cerdo”, fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec. Los otros tres detenidos –Diego Bladimir “N”, Óscar “N” y Raúl “N”– quedaron en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Otumba. Estas personas se encuentran a disposición de un juez, quien determinará su situación jurídica.

Por el delito de robo de vehículo con violencia, la condena podría alcanzar hasta 39 años de prisión, mientras que por secuestro exprés con fines de robo y extorsión la pena máxima es de 100 años, de acuerdo con la Fiscalía.

Las autoridades mexiquenses también reportaron la detención de Gabriel “N” y Deni “N” por su presunta relación con el secuestro exprés y violencia sexual cometidos el 3 de agosto en Axapusco. Ambos enfrentan un proceso legal por estos hechos, además de una orden de aprehensión adicional por robo de vehículo con violencia.

Según la investigación, aprovechando que la víctima detuvo su vehículo por un percance en una llanta, la habrían despojado del automóvil tras amenazarla con armas de fuego y posteriormente huyeron del lugar.

Los detenidos fueron identificados como Oswaldo “N”, Amalia Lizbeth “N”, Juan Carlos “N”, Nancy “N” y Enrique “N”, de acuerdo con la información difundida por el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), Pablo Vázquez Camacho.

Las indagatorias apuntaron a que el grupo habría establecido un esquema de cobro de cuotas contra repartidores de plataformas digitales, a quienes presuntamente interceptaban para exigirles pagos semanales a cambio de permitirles realizar sus actividades en distintas colonias de las tres demarcaciones.

La información disponible revela que a los repartidores se les exigen cuotas semanales de hasta 700 pesos para permitirles hacer sus entregas de paquetes y alimentos.

La investigación también señaló una segunda modalidad de operación. Según la SSC-CDMX, en determinadas ocasiones los integrantes de la célula presuntamente obligaban a los repartidores a transportar sustancias ilícitas dentro de las mochilas y cajas utilizadas para realizar las entregas.

Esta práctica habría tenido como objetivo utilizar los vehículos y equipos de trabajo de los repartidores para facilitar el traslado de narcóticos, además de dificultar que las autoridades identificaran directamente a los integrantes de la organización durante la distribución.

Los cateos fueron realizados como parte de las investigaciones que las autoridades capitalinas mantenían sobre las actividades de esta presunta célula delictiva. Los operativos se concentraron en inmuebles ubicados en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo, alcaldías donde, según las indagatorias, los sospechosos habrían desarrollado parte de sus actividades.

Las cinco personas detenidas quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su situación jurídica conforme avance la investigación.

La SSC-CDMX informó que las diligencias contaron con la participación y coordinación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y otras instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones para identificar y detener a otros posibles integrantes de la organización, así como establecer el alcance de las actividades de extorsión y distribución de drogas atribuidas al grupo.

El caso ocurre en un contexto en el que las plataformas de reparto se han convertido en un punto de interés para grupos dedicados a actividades delictivas, debido al movimiento constante de trabajadores y mercancías por distintas zonas de la capital.

Repartidores de apps, un blanco para el crimen y una vía para mover drogas en CDMX

Los repartidores de plataformas digitales enfrentan una doble exposición: son víctimas de asaltos y otros delitos, pero también pueden ser utilizados por grupos delictivos para trasladar drogas sin conocer necesariamente el contenido de los paquetes.

En marzo pasado, Pablo Vázquez Camacho reconoció que autoridades capitalinas habían detectado casos en los que delincuentes utilizaban servicios de reparto para enviar droga oculta en paquetes, aunque precisó que no se trataba de un fenómeno generalizado.

El riesgo para estos trabajadores también se refleja en la cantidad de asaltos registrados. De acuerdo con Ni Un Repartidor Menos AC, entre 2017 y el 9 de agosto de 2026 se contabilizaron 47 mil 137 asaltos contra repartidores en la Ciudad de México. La cifra fue reportada por La Jornada el 25 de agosto.

El problema no se limita al robo. La misma organización reportó 23 repartidores asesinados durante ese periodo, mientras que las denuncias formales representarían apenas 1.7% de los casos, según sus propios registros.

En este contexto, el caso de los cinco detenidos tras los cateos en Cuauhtémoc, Iztapalapa y Miguel Hidalgo muestra otra modalidad de riesgo: de acuerdo con la SSC-CDMX, el grupo investigado presuntamente extorsionaba a repartidores mediante el cobro de cuotas y, en algunos casos, los obligaba a transportar sustancias ilícitas en las mochilas y cajas utilizadas para sus entregas.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, Michoacán, pidió que se presenten las pruebas del supuesto aumento que le habría dado a Samuel “N”, detenido por presuntamente filtrar la agenda de Carlos Manzo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La edil fue señalada recientemente por Yesenia Méndez, exsecretaria particular de Manzo, de haber recomendado a Samuel “N” para obtener un cargo dentro del ayuntamiento y de darle un nuevo puesto luego del asesinato de su esposo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Las acusaciones las realizó como parte de la ampliación de su testimonio frente a la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), lo que derivó en que las autoridades confirmaran que ya realizan investigaciones sobre la relación que Quiroz tendría con el sujeto.

A los señalamientos también se sumó Juan Daniel Manzo, hermano del exedil de Uruapan, quien aseguró que la ahora alcaldesa le subió el sueldo a 70 mil pesos a Samuel “N” cuando regresó a trabajar al ayuntamiento tras el asesinato de Carlos Manzo.

Alcaldesa fue señalada por mantener una amistad cercana con Samuel “N”

En entrevista con Adela Micha, la alcaldesa se refirió a ambos señalamientos diciendo que era precisamente Yesenia Méndez quien tenía acceso a la agenda privada de Carlos Manzo, y reveló que el propio Samuel “N” le confesó que había sostenido una relación con la exsecretaria.

“Quieren voltear las cosas (…) yo independientemente de lo que sea he estado dispuesta y mis colaboradores han estado dispuestos a seguir colaborando con la justicia, yo no voy a tapar a nadie, y al fiscal en su momento le quedó claro. Si hay alguien que no va a dejar esta lucha soy yo", afirmó.

Además, señaló que Yesenia Méndez tenía poco tiempo de unirse a su equipo tras salir de Morena, y que el mismo día del asesinato de Manzo realizó modificaciones a un grupo de WhatsApp al que todos los funcionarios del gabinete tenían acceso para compartir información, lo que le parece sospechoso.

Y es que las acusaciones también refieren que Quiroz tenía una amistad cercana a Samuel “N”, la cual era conocida por el propio Manzo que fue quien lo integró la primera ocasión en el despacho. Además, se afirmó que a su regreso al ayuntamiento era el único que tenía comunicación directa con la alcaldesa en un puesto con mayor salario.

Alcaldesa pide pruebas y acusa que: “No se vale hablar al aire”

Otros señalamientos refieren que sería el propio Ayuntamiento de Uruapan el que estaría pagando los gastos de la defensa de los siete escoltas de Manzo que se encuentran detenidos por su implicación en el homicidio.

Al respecto, Quiroz negó rotundamente que se esté pagando la defensa de los detenidos con recursos del ayuntamiento y exigió que se presenten pruebas de ese supuesto, así como del presunto aumento de salario de Samuel “N”, los cuales fueron referidos por el hermano de Carlos Manzo.

“Si él tiene las pruebas, yo le pediría que las presente, así como presente las pruebas de lo que dice de que en noviembre, que yo le subí el sueldo a Samuel y que hasta le di una compensación o no sé qué, yo le pediría a Juan que aclare con argumentos, con pruebas, todo lo que está diciendo. Yo se lo pediría de manera muy respetuosa porque no se vale hablar al aire, querer confundir a la gente y querer utilizar algo tan lamentable que sucedió para querer manchar el movimiento por el cual su hermano terminó dando su vida”, señaló.

Quiroz también dijo que observa tintes políticos en las nuevas acusaciones que enfrenta en un contexto en el que confirmó que está interesa en contender por la gubernatura de Michoacán.

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Detienen a hombre señalado por un delito sexual en contra de una menor de 10 años en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detuvo a un hombre identificado como F.E.P. por su probable responsabilidad en el delito de equiparado a la violación en perjuicio de una niña de 10 años, en hechos ocurridos en la región de la Cuenca en 2012.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 17 de marzo de 2012 la víctima regresaba a su domicilio tras salir de la escuela primaria donde cursaba el cuarto grado, cuando fue interceptada por el sujeto. Este la habría conducido hasta una vivienda abandonada, donde se produjo la agresión sexual.

Tras el ataque, la menor fue intimidada para que no informara a sus familiares sobre lo ocurrido. Según la averiguación previa, el mecanismo de presión incluyó ofrecimientos de dinero.

La detención se concretó cuando F.E.P. se encontraba en el municipio de Santiago Jocotepec, perteneciente al distrito de Choápam. Agentes ministeriales ejecutaron allí la orden de captura y el detenido quedó a disposición de la autoridad judicial para continuar con el proceso legal correspondiente.

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Detienen a dos personas y aseguran drogas, armas y dinero en efectivo en Querétaro

La Fiscalía General del Estado de Querétaro ejecutó diversos cateos en los municipios de Querétaro y San Juan del Río que derivaron en la detención de dos personas y el aseguramiento de armas de fuego, narcóticos y dinero en efectivo. Las intervenciones surgieron de investigaciones por delitos contra la salud y otros hechos delictivos.

Los operativos se desarrollaron en inmuebles ubicados en las colonias Lomas de San Juan, Sección Campestre, en San Juan del Río, así como en Milenio III y San Antonio del Maurel, en la capital queretana.

Las diligencias arrojaron el aseguramiento de 3 armas de fuego, cartuchos y 2 cargadores, además de sustancias con características de narcótico y diversas cantidades de dinero en efectivo. También fueron decomisados dos teléfonos celulares y una tableta electrónica, en tanto que tres inmuebles quedaron asegurados.

Las acciones fueron encabezadas por personal ministerial y de la Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la Policía Estatal de Querétaro (POEQ), corporaciones municipales y el Gabinete de Seguridad federal, a través de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Los indicios quedaron a disposición de la autoridad competente para su análisis pericial, mientras que las dos personas detenidas fueron puestas a disposición para determinar su situación jurídica.

Procesan a hombre implicado en un homicidio en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) obtuvo la vinculación a proceso de un hombre identificado con las iniciales E.J.S., señalado como probable responsable del delito de homicidio calificado con ventaja cometido en Santa María Xadani, en la región del Istmo de Tehuantepec.

Según la carpeta de investigación, los hechos ocurrieron el 24 de noviembre de 2024, cuando la víctima —identificada con las iniciales V.M.G.M. o M.G.M.— caminaba sobre la calle José Ortiz, en la Segunda Sección de Santa María Xadani. Dos personas que viajaban en motocicleta la interceptaron y le dispararon con arma de fuego, causándole la muerte.

Tras tomar conocimiento del crimen, la FGEO inició las investigaciones a través de la Vicefiscalía Regional del Istmo para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. El proceso culminó en una audiencia en la que el juez de la causa analizó los datos de prueba aportados por la Fiscalía.

Con base en ese material probatorio, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a E.J.S. por homicidio calificado con ventaja.

Muere reo en penal de Mazatlán: autoridades investigan posible suicidio

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que la mañana de este miércoles fue localizado un recluso sin vida al interior de su módulo en el Centro Penitenciario “El Castillo”, ubicado en Mazatlán.

Las autoridades de la dirección del centro penitenciario dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que realice las investigaciones correspondientes y se determinen las causas de su fallecimiento; sin embargo, la información preliminar señala que se trata de un posible suicidio.

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Caen dos hombres que transportaban heroína y fentanilo en un autobús en Sonora

La Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron a dos personas que transportaban 10 kilogramos de fentanilo y 8 kilogramos de heroína ocultos en el compartimento de un autobús en Hermosillo, Sonora.

La operación fue resultado de trabajos de investigación y vigilancia en carreteras, según se informó. Ambas dependencias forman parte del Gabinete de Seguridad del gobierno federal.

Los estupefacientes fueron hallados en un compartimento del autobús durante las labores de seguimiento, aunque las autoridades no precisaron la ruta del vehículo ni la identidad de los detenidos.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad indicaron que las acciones coordinadas entre ambas dependencias buscan afectar las capacidades operativas de los grupos delictivos y evitar que estas sustancias lleguen a la población.

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Un hombre víctima de secuestro fue rescatado por autoridades capitalinas luego de que los presuntos responsables solicitaron 20 millones de pesos para liberarlo. En la acción también detuvieron a cinco personas implicadas en el crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el rescate con vida de la víctima y las detenciones se llevaron a cabo durante un cateo en la colonia San Francisco Tlalnepantla, alcaldía Xochimilco, durante la madrugada de este miércoles.

El operativo fue el resultado de una investigación que combinó el análisis de cámaras de videovigilancia y un reporte ciudadano anónimo para localizar el inmueble donde el hombre permanecía retenido desde el pasado 10 de agosto, cuando fue privado de su libertad en la colonia El Retoño, alcaldía Iztapalapa.

El secuestro y la construcción de la ruta de escape

Las autoridades detallaron que el secuestro ocurrió en la colonia El Retoño. Desde ese lugar, la víctima fue trasladada hasta un domicilio en Xochimilco, donde permaneció retenida durante más de dos semanas mientras sus captores negociaban el pago del rescate con sus familiares.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) analizaron imágenes del sistema de videovigilancia del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5) para reconstruir la ruta del vehículo de la víctima y de otros automóviles posiblemente vinculados al caso. Ese seguimiento orientó las labores de búsqueda hacia San Francisco Tlalnepantla.

El 23 de agosto, un reporte anónimo recibido a través del 089 advirtió que una persona con la cabeza cubierta había sido bajada de un vehículo e introducida a un domicilio en esa misma colonia. Al cruzar esa información con el análisis de videovigilancia, los agentes de la PDI identificaron el inmueble como posible lugar de cautiverio.

Con esos elementos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez de control una orden de cateo para intervenir el lugar.

Durante la diligencia, los agentes rescataron a la víctima y detuvieron a Juan “N”, Mariana “N”, Mauricio “N”, Luis Martín “N” y Kevin “N”, quienes se encontraban en el inmueble al momento del operativo. Los cinco quedaron a disposición del agente del Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación del Delito de Secuestro, que determinará su situación jurídica.

Reducción del secuestro en la Ciudad de México: de 50 casos a tres en siete años

Según datos de la Fiscalía CDMX, el delito de secuestro registró una caída del 94% en la capital: de 50 casos entre enero y julio de 2019 a solo tres en el mismo periodo de 2026.

“Cada caso activa capacidades especializadas para localizar a las víctimas y llevar ante los tribunales a quienes probablemente participaron”, aseguró la Fiscalía en un comunicado.

Los tres casos registrados entre enero y julio de 2026 fueron judicializados en su totalidad, lo que representa una tasa del 100%. Frente al mismo periodo de 2019, las judicializaciones aumentaron un 178%, según las autoridades.

Procesan a cuatro personas por secuestro de un hombre: eran familiares de su pareja

El pasado 1 de agosto cuatro personas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en un secuestro agravado cometido en el mes de marzo de este año contra un hombre.

De acuerdo con las autoridades, los captores lo amenazaron, agredieron y exigieron la entrega de dos menores de edad. El hombre fue privado de su libertad el 8 de marzo y permaneció oculto en una bodega de la colonia Tepeyac Insurgentes, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los cuatro imputados —identificados como Dulce “N”, Beatriz “N”, César “N” y Eduardo “N”, presuntos familiares de su pareja— lo trasladaron posteriormente a Cuautitlán Izcalli, Estado de México, donde lo obligaron a llamar a su madre para exigirle la custodia de los hijos menores de la pareja. Fue liberado el 9 de marzo en la colonia Lago de Guadalupe.

Agentes de la Policía de Investigación localizaron a los cuatro imputados el 23 de julio en distintos puntos del Valle de México. La captura de Eduardo “N” se realizó en Ecatepec de Morelos con apoyo de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

El 29 de julio, la autoridad judicial impuso prisión preventiva a los cuatro y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Cuatro hombres fueron detenidos en la colonia Simón Bolívar, alcaldía Venustiano Carranza, luego de que presuntamente amenazaran y agredieran a un vendedor de comida para exigirle dinero en efectivo.

Los detenidos fueron identificados como Brayan “N”, Ángel de Jesús “N”, Jesús Omar “N” y Alan Miguel “N”. De acuerdo con la información difundida por Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, la intervención ocurrió a partir de una denuncia ciudadana.

Según el reporte, los cuatro hombres se acercaron al vendedor y le exigieron dinero bajo amenazas. La víctima habría sido agredida durante el incidente y los señalados le habrían advertido que podía sufrir daños si no entregaba el efectivo solicitado.

La denuncia permitió que policías capitalinos acudieran al lugar para atender el reporte. Después de ubicar a los señalados, los agentes realizaron su detención.

Los cuatro hombres fueron trasladados y quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, autoridad que deberá continuar con las investigaciones para establecer cómo ocurrieron los hechos y determinar la situación jurídica de cada uno.

Hasta ahora, la información difundida sobre el caso no establece que los detenidos pertenezcan a una organización criminal ni que estén relacionados con otros expedientes de extorsión registrados en la alcaldía.

Otros casos de extorsión y cobro de piso en Venustiano Carranza

La detención ocurrió en una alcaldía donde durante 2026 también se han registrado otros casos relacionados con exigencias de dinero a comerciantes. Estos expedientes son independientes y no existe información oficial que permita establecer una relación entre sus responsables.

El antecedente más reciente ocurrió el 19 de agosto, cuando fueron detenidas tres personas en un operativo relacionado con presuntos cobros de piso a comerciantes en la zona de La Merced y Moctezuma. El caso se registró menos de una semana antes de la detención de los cuatro hombres en Simón Bolívar.

De acuerdo con los reportes sobre ese expediente, los detenidos eran investigados por exigir pagos a comerciantes de la zona. La intervención ocurrió a partir de una denuncia y los sospechosos fueron puestos a disposición de las autoridades para determinar su responsabilidad.

Otro caso ocurrió el 2 de junio en Jardín Balbuena, donde policías capitalinos detuvieron a un hombre señalado como posible integrante de una célula relacionada con delitos como extorsión, narcomenudeo y robo de vehículos de alta gama. Las investigaciones citadas por la SSC ubicaron las actividades de ese grupo en las alcaldías Venustiano Carranza y Cuauhtémoc.

Uno de los primeros casos del año ocurrió el 10 de enero, cuando tres hombres fueron detenidos después de que un comerciante denunciara que le exigían dinero para poder continuar con su actividad. Los sospechosos fueron ubicados en la colonia Felipe Ángeles.

La víctima reportó un pago de 56 mil 910 pesos. Los policías localizaron a los tres señalados mediante un cerco y, al detenerlos, recuperaron el dinero y aseguraron tres teléfonos celulares.

La SSC señaló entonces que los detenidos estarían relacionados con un grupo dedicado a delitos como homicidio, extorsión, cobro de piso, tráfico de armas y venta de drogas.

Más de 360 detenidos por extorsión en la CDMX

Los casos registrados en Venustiano Carranza forman parte de un problema que también ha llevado a las autoridades capitalinas a reforzar la atención de denuncias por extorsión.

Hasta el 31 de mayo de 2026, la SSC reportó 366 personas detenidas por los delitos de extorsión y tentativa de extorsión desde el inicio de la actual administración. El periodo considerado comenzó el 5 de octubre de 2024, por lo que la cifra no corresponde únicamente a detenciones realizadas durante 2026.

La dependencia también informó que durante mayo se registraron detenciones relacionadas con extorsión en Venustiano Carranza, además de Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero e Iztapalapa.

A nivel federal, el Gobierno de México puso en marcha en julio de 2025 la Estrategia Nacional contra la Extorsión, que contempla acciones para facilitar las denuncias, fortalecer las investigaciones y atender distintas modalidades de este delito.

Entre las medidas se encuentra el uso del número 089 para reportar casos de extorsión. Las autoridades federales también han planteado la coordinación con las entidades para investigar las denuncias y ubicar a los responsables.

Entre el 6 de julio de 2025 y el 31 de julio de 2026, las autoridades federales reportaron mil 847 personas detenidas por extorsión en 24 estados como parte de las acciones de esa estrategia.

A nueve días de la detención de Fernando Cerimedo, el asesor del presidente Rodrigo Paz, hay tres personas presas acusadas de haber colaborado con el consultor en dos procesos penales distintos.

El estratega argentino de 45 años fue acusado por su amante, la abogada y operadora Nadia Beller, de haber ordenado el ataque armado del que fue víctima la noche del 17 de agosto. Tras sobrevivir a los disparos, Beller acusó a Cerimedo de supuestos casos de corrupción estatal y de haber ostentado un poder que trascendía el ámbito comunicacional que señala el Gobierno.

El atentado de dos sicarios provocó la aprehensión de Cerimedo y su posterior detención preventiva por 180 días en la cárcel de Palmasola por el delito de tentativa de feminicidio. Por este caso, dos personas fueron detenidas ayer en Santa Cruz de la Sierra, acusadas de haber proporcionado y ocultado el arma que utilizaron los sicarios durante el ataque.

En una larga audiencia de medidas cautelares en el juzgado de Los Lotes, en Santa Cruz de la Sierra, la Justicia determinó 120 días de prisión preventiva para Roger A.C., de 41 años, y Paola Andrea V., de 39 años, quienes son acusados “de complicidad efectiva en grado de tentativa”, según informó el fiscal Herland Rodríguez. En tanto, los dos atacantes aún se encuentran prófugos.

Días antes fue detenido en La Paz, un exmilitar involucrado en una investigación por enriquecimiento ilícito que se sigue de oficio contra Cerimedo, a raíz de las acusaciones de corrupción que reveló Nadia Beller.

El exmilitar, identificado como Fritz Junior G.A., es sospechoso de haber participado en negocios que se atribuyen al “asesor principal” del presidente Paz, como él mismo se identificaba en sus tarjetas de presentación.

Fritz Junior G.A., fue enviado a prisión con detención preventiva por 45 días luego de haber escapado del allanamiento en una casa de cambios de la que es representante legal. Según se observa en la grabación de las cámaras de seguridad, el exmilitar huyó llevando una bolsa en el que las autoridades presumen que tenía más de medio millón de dólares.

Tras su captura, el imputado declaró que escapó porque pensó que la intervención policial se trataba de un robo y señaló que perdió la bolsa con dinero que llevaba consigo. Su pareja, Claudia Inés L.C., que también escapó del operativo recibió detención domiciliaria y arraigo.

La defensa de ambos acusados negó cualquier vínculo con Cerimedo y aseguró que la actividad comercial de su casa de cambios es legal.

Estos tres detenidos están siendo investigados en dos de los tres casos que se abrieron contra Cerimedo en la última semana. Además de la investigación por tentativa de feminicidio y presunto enriquecimiento ilícito, este martes la Fiscalía Departamental de Beni inició un proceso por presunto tráfico de sustancias controladas y encubrimiento al narcotráfico, luego de que se acusara al asesor presidencial de autorizar vuelos irregulares desde esa región amazónica.

A pesar del escándalo y las acusaciones que involucran al Gobierno y a la familia del presidente, la administración de Paz busca tomar distancia del estratega y minimizar su influencia en la gestión. “No hay posibilidades de que un actor ajeno al Gobierno pueda tomar decisiones; él (Cerimedo) estaba al servicio de consultas concretas en el área de comunicación”, afirmó el vocero presidencial José Luis Gálvez en conferencia de prensa.

Dos operadores de un autobús de pasajeros fueron detenidos por transportar cerca de 20 kilos de fentanilo y heroína ocultos en el compartimento de una unidad en Sonora.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que la aprehensión de los sujetos se llevó a cabo como parte de labores de investigación y vigilancia para inhibir el tráfico de drogas en carreteras del país.

Los hombres fueron arrestados sobre la carretera México 15, en el tramo Hermosillo-Nogales del municipio de Hermosillo, donde los agentes de seguridad mantenían un operativo de seguridad e inspección, por lo que les realizaron una revisión preventiva.

Al inspeccionar el área del camarote, los elementos de seguridad identificaron modificaciones irregulares en la parte de la alacena, donde hallaron 10 paquetes con fentanilo y 8 con heroína, de los cuales algunos contaban con logos de la marca deportiva “alo”, además de diversos dispositivos móviles.

Los dos hombres quedaron detenidos y, junto con las drogas aseguradas, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público Federal para que determine su situación jurídica y continúe con las investigaciones.

“Con estas acciones, las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de fortalecer las labores de investigación y coordinación para combatir el tráfico de drogas y evitar que sustancias ilícitas lleguen a las comunidades”, detalló la SSPC en un comunicado.

Detienen a hombre que transportaba 200 kilos de metanfetamina oculta en carretes industriales en Sonora

El pasado 29 de julio ocurrió un hecho similar, cuando elementos de la SSPC, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal de Sonora detuvieron al conductor de un camión que transportaba 200 kilogramos de metanfetamina ocultos en carretes industriales dentro de un vehículo de paquetería.

El conductor del camión fue arrestado sobre la carretera Internacional México, en el municipio de Caborca, cuando los elementos de seguridad mantenían una inspección y vigilancia.

Las autoridades identificaron que el método de ocultamiento aprovechó el volumen y la apariencia convencional de los carretes —objetos de uso comercial— para evadir revisiones de rutina.

Y es que el cargamento se encontró oculto al interior de carretes industriales, objetos de uso comercial que por su volumen y apariencia permiten disimular sustancias ilícitas.

Otra acción similar se registró el 21 de julio, cuando autoridades federales aseguraron en Sonora más de 3 toneladas de metanfetamina camufladas en costales de alimento para ganado que viajaban a bordo de un tractocamión con destino a Tijuana, Baja California.

El operativo tuvo lugar sobre la carretera federal Sonoyta–Puerto Peñasco, en el kilómetro 91+000, donde elementos de la SSPC y de la Fiscalía General de la República (FGR) detuvieron un vehículo durante labores rutinarias de vigilancia, luego de observar que circulaba a exceso de velocidad e invadía el carril contrario.

Al verificar la documentación del transporte, los agentes confirmaron que la unidad tenía como destino final la ciudad fronteriza de Tijuana, lo que intensificó las sospechas y motivó una inspección exhaustiva de la carga.

Droga oculta en 60 costales de forraje

Dentro del compartimento de carga, los elementos hallaron 60 costales que, entre bultos de alimento para ganado, escondían recipientes de plástico con una sustancia identificada con características de metanfetamina. El peso total del cargamento ascendió a 3 mil 25 kilogramos, de acuerdo con el Gabinete de Seguridad.

Las autoridades no revelaron el punto de origen del envío ni la organización criminal a la que presuntamente pertenecía la droga. Sí precisaron que el cargamento no llegó a su destino.

El conductor del tractocamión, un hombre de 49 años, fue arrestado en el lugar y puesto a disposición del Ministerio Público Federal junto con la sustancia asegurada.

Un episodio de violencia alteró la madrugada en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Una discusión escaló en gravedad hasta terminar con un hombre de 36 años apuñalado y tres detenidos.

El hecho tuvo lugar en calle Juan Islas al 1500, en la zona oeste de la ciudad, donde las autoridades aún intentan esclarecer el origen y desarrollo de la confrontación.

Vecinos del sector alertaron sobre disturbios en la vía pública cerca de la 1 de la mañana, cuando la calma habitual del barrio se vio interrumpida por gritos y movimientos inusuales. Agentes policiales acudieron al lugar tras recibir el aviso y encontraron a un hombre herido con lesiones provocadas por un arma blanca, lo que motivó su inmediato traslado al Hospital San Antonio de Padua.

El personal médico del hospital confirmó que la víctima ingresó con heridas compatibles con un ataque a cuchillazos. Los profesionales de guardia brindaron las primeras atenciones y lograron estabilizar su estado, aunque permanece internado bajo observación.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, la agresión se produjo en el marco de una discusión cuya causa es motivo de investigación. Las fuerzas de seguridad desplegaron un operativo en la zona tras asistir al herido y, en el marco del procedimiento, tres hombres mayores de edad fueron detenidos y puestos a disposición de la Justicia.

Según indicaron fuentes policiales, los detenidos permanecen bajo custodia mientras se determina el grado de participación de cada uno en el episodio. La Fiscalía interviniente trabaja en la recolección de testimonios y análisis de pruebas para esclarecer cómo se originó la pelea y en qué circunstancias exactas se produjo la agresión.

Las primeras versiones apuntan a que el enfrentamiento se habría iniciado por una discusión verbal que escaló hasta derivar en una pelea física. No obstante, los investigadores no descartan otras hipótesis y aguardan los resultados de las entrevistas a testigos y el análisis de cámaras de seguridad del sector.

Los efectivos policiales procedieron al secuestro de elementos que podrían tener vinculación con el ataque, entre ellos un cuchillo que será peritado en las próximas horas. Los tres aprehendidos fueron trasladados a sede policial y se les notificó de su situación procesal, en tanto el caso fue caratulado inicialmente como lesiones graves.

El Ministerio Público Fiscal dispuso medidas para preservar la escena y evitar la alteración de pruebas. Se espera que este miércoles los detenidos sean indagados para avanzar en la determinación de sus roles en el incidente. La calificación legal del hecho podría modificarse, según la evolución del estado de salud de la víctima y el avance de la investigación.

Hace tan solo un mes, una discusión por un trabajo de herrería terminó de manera trágica en la localidad de Escobar, provincia de Buenos Aires, donde el dueño de una carnicería y el herrero que realizaba tareas en el comercio murieron tras enfrentarse con armas blancas.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, el hecho ocurrió en un pequeño local ubicado sobre la calle Urbino, a metros de Asborno. Personal del Comando de Patrullas llegó al lugar y encontró a dos hombres tendidos en el piso.

Uno de ellos fue identificado como Martín García Mamani, de 54 años, propietario del comercio. Presentaba múltiples heridas de arma blanca. A pocos metros estaba el otro involucrado, un herrero de aproximadamente 60 años conocido como Miguel, cuya identidad completa todavía no había sido establecida al cierre de esta nota.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, el conflicto se originó por un reclamo vinculado a un trabajo de herrería. El comerciante había convocado a otro trabajador para corregir unas rejas que, según consideraba, no habían sido terminadas correctamente por el herrero con el que finalmente mantuvo la discusión.

Dos jóvenes, de 24 y 18 años, fueron detenidos en Choele Choel, provincia de Río Negro, acusados de amenazar con un cuchillo a un hombre de 25 años para robarle su teléfono celular y otros objetos personales.

El operativo policial permitió recuperar la mochila sustraída y los elementos robados, según informó la comisaría local.

El ataque se produjo en la intersección de Avenida Avellaneda y Ceferino Namuncurá, en un horario en el que la circulación peatonal suele ser baja. Según el relato de la víctima, caminaba hacia su domicilio cuando fue sorprendido por dos personas encapuchadas. Los agresores intentaron arrebatarle la mochila y, ante la resistencia, uno de ellos extrajo un cuchillo y le exigió que entregara el celular.

La intervención policial fue inmediata. Efectivos de la comisaría 8 acudieron al lugar tras recibir un aviso sobre el robo. La víctima, visiblemente alterada, aportó una descripción de los atacantes que permitió a los agentes organizar un operativo de búsqueda por distintos sectores de la ciudad.

Durante el patrullaje, y según informó el medio local Diario de Río Negro, la Policía recorrió zonas cercanas hasta llegar a inmediaciones del barrio Mansilla. Allí, el joven asaltado identificó a quienes minutos antes había señalado como los autores del robo. Según la reconstrucción policial, los efectivos interceptaron a los sospechosos cerca de la Entrada 16, procediendo de inmediato a su detención.

En ese momento, los agentes secuestraron un cuchillo utilizado durante el asalto, así como la mochila de la víctima. El bolso contenía distintos elementos personales que el damnificado reconoció como propios. Además, fue hallado el teléfono celular que había sido denunciado como robado.

Ambos detenidos, de 24 y 18 años, fueron trasladados a la dependencia policial y puestos a disposición de la Fiscalía interviniente. Se iniciaron actuaciones judiciales por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, según se informó desde la comisaría.

De acuerdo con la información oficial, se iniciaron actuaciones por el delito de robo agravado por el uso de arma blanca, una figura que contempla penas más severas en función de la peligrosidad demostrada durante el hecho.

Un joven fue detenido luego de atacar a dos policías con un cuchillo

Veinte días atrás, un joven de 23 años que circulaba por una calle de Chaco portando un cuchillo, quedó detenido luego de atacar a dos efectivos de la Policía.

Al momento de su arresto, los agentes constataron que el sospechoso tenía un pedido de captura vigente por una causa de robo con escalamiento, denunciada apenas un día antes.

El episodio comenzó cuando desde la comisaría de Puerto Tirol observaron al individuo en la vía pública con un arma blanca sujeta a la cintura y en aparente estado de ebriedad. Al intentar identificarlo, el sospechoso tomó el cuchillo de forma violenta y agredió a uno de los policías.

Tras la reacción escapó a pie por las calles del barrio por lo que se inició una persecución por el barrio Asentamiento San Francisco. Los efectivos lograron alcanzarlo y cuando intentaron reducirlo, el joven comenzó a agredirse con el propio cuchillo, mientras amenazaba al personal.

La secuencia se extendió por unos minutos hasta que finalmente pudieron desarmarlo y neutralizarlo. Como consecuencia del ataque, el policía sufrió una herida en la mano izquierda. De acuerdo con el parte oficial, el efectivo se encuentra fuera de peligro. El detenido, en tanto, quedó a disposición de la Justicia.

No obstante, al momento de verificar los antecedentes, detectaron que el joven era buscado por una causa de “supuesto robo con escalamiento”. La denuncia había sido radicada el día anterior al incidente. El joven permanecerá detenido hasta su declaración.

Ronald Johnson, embajador de Estados Unidos en México, anunció la entrega a México de 10 criminales buscados en diversos estados por delitos relacionados con el narcotráfico.

A través de sus redes sociales, el funcionario estadounidense destacó que entre los delitos por lo que eran buscadas las personas enviadas al país se encuentran secuestro, relacionados con drogas y armas.

Además, destacó que la cooperación con México sigue dando resultados para disminuir la presencia de delincuentes en las calles.

“Nuestra cooperación está dando resultados: menos delincuentes en nuestras calles, mayor rendición de cuentas y comunidades más seguras. Cuando los Estados Unidos y México trabajan juntos, los delincuentes no tienen dónde esconderse”, aseguró.

Nueve fugitivos más fueron entregados a México en el mes

El pasado 17 de agosto, el embajador de Estados Unidos en México también anunció la entrega de seis fugitivos a México, entre ellos uno con presuntos vínculos a una organización narcoterrorista.

Los individuos transferidos enfrentaban órdenes de aprehensión por delitos de alta gravedad en territorio mexicano, entre ellos homicidio y conductas relacionadas con el uso ilícito de armas de fuego.

Ronald Johnson no reveló los nombres de los detenidos ni los estados donde serán procesados, y tampoco identificó las agencias que participaron en los operativos, pero destacó que la cooperación beneficia a la seguridad de ambos países.

La transferencia de loas personas buscadas en México forma parte de una cadena de operaciones conjuntas entre ambos países que se ha intensificado desde el inicio de la segunda administración de Donald Trump.

En su publicación, Johnson atribuyó los resultados al liderazgo tanto del mandatario estadounidense como de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quienes reconoció públicamente como impulsores de esta colaboración.

“Los criminales tienen menos lugares donde esconderse y más formas para hacerles rendir cuentas”, escribió el diplomático en X.

Antecedentes: entregas previas en agosto

Dos días antes, el 16 de agosto, Johnson ya había anunciado la devolución de tres fugitivos adicionales en una sola jornada. Uno de ellos era señalado como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y era requerido en Guanajuato por un delito vinculado a armas de fuego.

Los otros dos casos correspondían a delitos distintos: uno enfrentaba una orden de aprehensión por homicidio en Zacatecas, mientras que el tercero era buscado por fraude.

Más de 450 prófugos capturados desde enero de 2025 y 300 entregados a México

El pasado 17 de julio, Johnson informó que desde enero de 2025 las autoridades estadounidenses habían detenido a más de 450 prófugos buscados por la justicia mexicana en suelo estadounidense. De ese total, más de 300 ya habían sido entregados a México para enfrentar procesos penales.

Entre los delitos que motivaron esas capturas se encontraban homicidio, abuso sexual y trata de personas, de acuerdo con lo señalado por el propio embajador.

“La cooperación entre el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum sigue dando resultados. Desde enero de 2025, las autoridades de los Estados Unidos han detenido a más de 450 prófugos buscados por México”, escribió el embajador.

En su mensaje, Johnson también sostuvo que la cooperación bilateral favorece que los criminales sean detenidos y enfrenten la justicia.

Estas acciones se llevan a cabo en medio de tensiones entre ambas naciones debido a que desde el inicio de la administración de Donald Trump comenzó una ofensiva en contra de los cárteles en los que presionó a México a través de aranceles.

Luego de negociaciones que hasta la fecha se mantienen, y en medio de conversaciones sobre el T-MEC, la relación con Estados Unidos se ha visto en medio de acusaciones y sanciones en contra de líderes criminales, así como de funcionarios como el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. Asimismo, agentes estadounidenses también han acusado en múltiples ocasiones que el gobierno de México tiene vínculos con cárteles.

La Policía de Jujuy detuvo a tres adultos que utilizaban a una adolescente de 15 años para vender drogas en el barrio San Pedrito, en la zona sur de San Salvador de Jujuy.

Todo comenzó cuando vecinos alertaron sobre la presencia de un vehículo sospechoso, lo que desencadenó una intervención que permitió desarticular una presunta red de venta de estupefacientes en la vía pública. La investigación, a cargo de la Fiscalía Especializada en Narcomenudeo, expone la preocupación creciente por el uso de menores en actividades ilícitas y la expansión del microtráfico en sectores vulnerables.

En respuesta a la denuncia, personal policial inició recorridos en el área y localizó un Renault Kangoo en la calle Burela, entre Vespucio y Pasaje 26. Al interceptar el vehículo, los efectivos hallaron a dos adultos y a una adolescente de 15 años en su interior. El registro reveló elementos que, según la fiscalía, evidencian una actividad organizada: una mochila con trece envoltorios de pasta base (12 gramos), una balanza de precisión y aproximadamente $405.180 en efectivo, además del propio vehículo utilitario.

La presencia de una menor en el operativo sumó gravedad al caso, ya que la ley considera especialmente agravante el uso de menores en delitos vinculados al tráfico de drogas. El hallazgo inicial impulsó a la Fiscalía a cargo de la Dra. Angélica Solís a solicitar órdenes de allanamiento para domicilios relacionados con los investigados en el barrio San Pedrito y en el asentamiento 4 de Agosto, en barrio Malvinas, según informó el portal del Ministerio Público de la provincia de Jujuy.

Durante los allanamientos dispuestos, se incautó un envoltorio con 49 gramos de sustancia compactada blanco-amarillenta, cuyo narcotest confirmó la presencia de clorhidrato de cocaína y/o pasta base. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares, tres balanzas de precisión, cuatro recortes de polietileno y dinero en efectivo. El material incautado refuerza la hipótesis de una cadena de comercialización, con logística y elementos típicos del fraccionamiento y venta al menudeo.

El operativo permitió identificar a tres personas mayores de edad como presuntos responsables de la actividad ilícita. Los indicios reunidos hasta el momento sugieren una organización que utilizaba vehículos y domicilios como puntos de almacenamiento y distribución, sirviéndose de la participación de una menor para sus fines delictivos.

La Fiscalía Especializada en Narcomenudeo imputó a los tres adultos por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, doblemente agravada: por el número de participantes y por involucrar a una persona menor de 18 años, según lo establece el artículo 5, inciso “c”, de la Ley Nacional N° 23.737. Tras las audiencias imputativas, el juzgado de turno dictó prisión preventiva para los involucrados, que permanecerán detenidos mientras avanza la investigación.

En el marco de la causa, la fiscal Angélica Solís ordenó el análisis de los elementos secuestrados y la evaluación de los vínculos entre los imputados y los puntos de venta en distintos sectores de la ciudad. El objetivo es determinar el alcance real de la presunta red de comercialización, así como identificar posibles ramificaciones o conexiones con otras estructuras dedicadas al narcomenudeo.

Entre las pruebas a incorporar se encuentran los registros de comunicación de los teléfonos secuestrados y el seguimiento de movimientos financieros que permitan identificar el destino y origen de los fondos hallados.

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Investigan transporte ilegal de mercurio tras derramen en la GAM

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación por el transporte ilegal de mercurio tras detectarse el derrame de ese metal líquido en un envío de paquetería localizado en la alcaldía Gustavo A. Madero de la Ciudad de México.

El cargamento consistía en 12 cajas de aproximadamente 40 kilogramos cada una, pero las autoridades recibieron el reporte de que una de las cuales se rompió y provocó el derrame de la sustancia.

El reporte llegó a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) mediante una llamada telefónica. Una unidad de emergencia acudió al lugar, confirmó que el líquido era mercurio y procedió a aislarlo dentro del vehículo en que se transportaba.

El MPF adscrito a la Fiscalía Federal en la Ciudad de México, dependiente de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR), ordenó el aseguramiento de todas las cajas con el material contenido e inició la investigación por el delito de transporte de sustancias peligrosas.

Caen tres hombres con armamento en Guerrero

Un operativo interinstitucional en el municipio de Tecoanapa, Guerrero, derivó este lunes en la detención de tres personas y el aseguramiento de armamento en las inmediaciones del poblado de Villahermosa.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del Estado informó que el operativo se ejecutó sobre el tramo carretero que comunica Villahermosa con Ocotitlán, con la participación conjunta de la Policía Estatal, la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Marina (Semar) y el Ejército Mexicano.

En el marco de las acciones de prevención y vigilancia desplegadas en la zona, los elementos intervinientes detuvieron a tres hombres y aseguraron 2 armas largas tipo fusil, un arma corta, 8 cargadores, 268 cartuchos útiles y 2 fornituras.

Los detenidos y los indicios fueron puestos a disposición de la autoridad competente para la determinación de su situación jurídica.

Detienen a tres personas en operativos en Querétaro y les aseguran drogas

La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a tres personas y aseguró narcóticos durante operativos de cateo ejecutados en dos municipios del estado en el marco del programa Sinergia.

Las diligencias se desarrollaron de forma simultánea en la capital queretana y en el municipio serrano de Pinal de Amoles, como parte de investigaciones activas por delitos contra la salud.

Cateos en Santa María Magdalena y Puerto de Pujunguía

En la localidad de Santa María Magdalena, perteneciente al municipio de Querétaro, la Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE Qro) ejecutó dos órdenes de cateo. En ambos inmuebles se hallaron envoltorios con sustancia cristalina con características de narcótico; uno de los inmuebles quedó asegurado al término de la diligencia.

En Pinal de Amoles, la intervención tuvo lugar en la comunidad de Puerto de Pujunguía, donde se aseguraron diversos indicios vinculados a la investigación en curso. La FGE Qro no precisó el tipo ni la cantidad de sustancias encontradas en ese punto.

Las tres personas arrestadas quedaron a disposición de la autoridad competente por su probable participación en los hechos investigados. Los indicios recabados en ambas localidades serán sometidos a procesamiento y análisis pericial para continuar con la integración de las carpetas de investigación correspondientes.

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Detienen a hombre con dosis de droga en Michoacán

Agentes de la Guardia Civil aseguraron a un hombre en la colonia Prados Verdes de Morelia tras hallar entre sus pertenencias una bolsa con hierba verde seca con características propias de la mariguana y una pipa de cristal con residuos de una sustancia granulada.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó que la detención se produjo durante recorridos de vigilancia y prevención del delito a cargo del Agrupamiento Turístico. El implicado y el material asegurado fueron trasladados ante la autoridad correspondiente, según el comunicado de la dependencia.

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Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que su captura se llevó a cabo en coordinación con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y de la Guardia Nacional (GN) durante cateos en 36 inmuebles localizados en las tres entidades.

Su ubicación se logró derivado de trabajos de inteligencia e investigación que permitió llevar a cabo el despliegue entre el 21 y 23 de agosto. Asimismo, permitió el aseguramiento de:

• 10 armas de fuego: 7 cortas y 3 largas
• Cargadores y cartuchos de diversos calibres
• Diversas dosis de sustancias con características similares al fentanilo, metanfetamina y marihuana
• 113 vehículos

• Dinero en efectivo
• Joyería
• Equipo de comunicación
• Un dron
• Un inhibidor de drones
• Animales exóticos y de granja

Las autoridades informaron que los 20 detenidos fueron trasladados en una aeronave de la Armada de México y puestas a disposición de la Fiscalía General de la República en la Ciudad de México para que continúe con las investigaciones y peritajes correspondientes.

Infobae México pudo conocer que los 20 detenidos forman parte de la célula que lidera Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, jefe regional del CJNG.

Suman más de 30 detenidos del CJNG en un mes

Omar García Harfuch destacó que con estas detenciones y las realizadas el pasado 19 de agosto suman un total de 32 integrantes del CJNG detenidos.

Y es que ese día se realizó un operativo encabezado por el Ejército Mexicano en el estado de Michoacán para lograr la detención de Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”; sin embargo, la acción permitió el arresto de 12 personas vinculadas con la célula que lidera el jefe regional, entre las que se encontraba su pareja sentimental y su hija.

“El objetivo del Gabinete de Seguridad no es únicamente detener generadores de violencia, sino debilitar de manera sostenida las capacidades operativas, logísticas y financieras de las organizaciones criminales”, aseguró Harfuch en sus redes sociales.

Detención de la hija y pareja sentimental del “Tío Lako” desató más de 20 narcobloqueos en Michoacán

Desde las primeras horas del miércoles 19 de agosto se reportaron narcobloqueos y quema de vehículos en distintos puntos del estado de Michoacán.

El Centro de Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C5) de Michoacán registró afectaciones en más de 20 tramos, concentrados principalmente en la región de Zamora y municipios como La Piedad, Ecuandureo, Chilchota, Zacapu, Tangancícuaro y Morelia.

Entre los corredores bloqueados figuraron la carretera Zamora-La Barca, la libre Zamora-Carapan, la Morelia-Quiroga y la La Piedad-Carapan, entre otras. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron vehículos —entre ellos un pickup blanco y un camión— envueltos en llamas sobre distintas carreteras.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó durante su conferencia de prensa matutina que los bloqueos respondieron a un operativo de las Fuerzas Armadas para capturar objetivos prioritarios, pero que sería el Gabinete de Seguridad el encargado de brindar los detalles de la operación.

Infobae México pudo confirmar que se trató de un operativo contra Heraclio Guerrero Martínez, alias “Tío Lako”, quien no fue aprehendido durante el despliegue.

Más tarde, el Ejército Mexicano confirmó la detención de nueve personas vinculadas al CJNG —entre ellos la hija y la pareja sentimental del “Tïo Lako”— en una operación se desarrolló en las localidades de Tinaja de Vargas y Colesio, pertenecientes a los municipios de Tanhuato y Ecuandureo, respectivamente.

A los 9 detenidos se les aseguró en flagrancia: 2 inmuebles, 64 vehículos —uno con blindaje—, una ametralladora calibre .50, 4 ametralladoras minimi calibre 5.56 mm, 9 armas largas, un arma corta, 2 aditamentos lanzagranadas, 8 artefactos explosivos, 7 motocicletas, un dron, cartuchos y cargadores de diversos calibres, droga y equipo táctico.

Más tarde, las autoridades informaron la captura de tres personas más vinculadas con el CJNG como parte del operativo desplegado en la entidad.

Un operativo coordinado entre la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), la Policía de Córdoba y la Municipalidad de Malvinas Argentinas resultó en la clausura de una fiesta clandestina en la localidad cordobesa. La acción conjunta permitió la detención de dos personas y la incautación de diferentes tipos de sustancias estupefacientes, confirmaron fuentes oficiales.

El procedimiento tuvo lugar en el loteo Alto de Malvinas, donde los efectivos identificaron movimientos inusuales en el predio durante la madrugada. En el lugar, los agentes de la FPA, apoyados por la Policía de Córdoba y autoridades municipales, lograron acceder y controlar la situación, evitando así la dispersión de los asistentes y el ocultamiento de evidencias.

Todo comenzó a raíz de recibir información sobre la organización de un evento no autorizado, lo que motivó un despliegue de recursos humanos y logísticos en la zona. La coordinación entre las distintas fuerzas permitió que el operativo se desarrollara de manera rápida y con resultados precisos.

Durante la inspección y de acuerdo con lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, una mujer fue aprehendida al encontrarse entre sus pertenencias pastillas de éxtasis, mientras que un hombre fue detenido luego de que, en el registro de su automóvil, se hallaran marihuana, tussi, éxtasis y MDMA.

La intervención policial fue realizada por efectivos de la FPA pertenecientes a los equipos operativos C.I.E., K-9 y D.E.A.T., quienes contaron con el apoyo de la Dirección General de Investigaciones Antinarcotráfico (DGIA), personal policial y autoridades locales. Los agentes desplegaron un operativo de rastrillaje en el predio donde se llevaba a cabo la fiesta, logrando asegurar el perímetro y proceder a la revisión de las personas y vehículos presentes.

Tras la clausura de la fiesta, los dos detenidos quedaron a disposición de la Justicia, que deberá determinar su responsabilidad en la tenencia y posible distribución de las sustancias incautadas. El procedimiento también contempló la elaboración de actas por infracciones a la ley de estupefacientes y la normativa municipal que prohíbe la realización de eventos sin autorización.

Hace un mes, la Policía de Córdoba desarticuló una fiesta electrónica, donde encontraron tusi, ketamina y otras estupefacientes.

La intervención, planificada como parte del Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, buscó reforzar los controles en eventos masivos y proteger la salud pública frente al consumo de sustancias ilícitas.

Según lo informado por el portal del Ministerio Público de la provincia de Córdoba, el resultado fue el secuestro de diversas dosis de cocaína, tussi, ketamina, MDMA, éxtasis, popper y marihuana. La incautación de estas sustancias confirma la presencia de diferentes drogas sintéticas y tradicionales en el circuito nocturno cordobés, así como la variedad de estupefacientes que circulan en este tipo de eventos. El operativo fue supervisado bajo la coordinación del Ministerio Público Fiscal de Córdoba, que mantiene vigente un protocolo de actuación intensiva en fiestas electrónicas.

El operativo se inscribe dentro de una política provincial que prioriza la prevención y represión del tráfico de drogas en eventos masivos. El Plan Estratégico de Lucha contra el Narcotráfico, impulsado por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, establece controles periódicos en fiestas electrónicas, recitales y otros acontecimientos con gran afluencia de público joven.