Un hombre acusado de haber abusado de dos menores en la localidad de Santa Elena, partido de Mar Chiquita, continuará detenido tras la decisión de la Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata, que ratificó la prisión preventiva. El imputado enfrenta cargos por abuso sexual con acceso carnal agravado y abuso sexual agravado, luego de que los jueces consideraran que existen pruebas suficientes a partir de los relatos de las víctimas, pericias y testimonios reunidos durante la investigación.

De acuerdo con el expediente, el acusado habría ejercido durante años un poder de influencia sobre las niñas, utilizando amenazas para evitar que denunciaran los hechos. Según la investigación judicial citada por La Capital, una de las frases que repetía el hombres es: “No le cuentes a nadie porque voy a ir a la cárcel”. La investigación sostiene que el hombre se aprovechó tanto de la convivencia como de la relación de poder, dado que la Justicia lo considera el padre afín de la víctima.

La resolución judicial confirmó la decisión de la jueza de Garantías N° 6, Lucrecia María Bustos, quien había dispuesto mantener al acusado bajo detención mientras avanza la investigación penal. El tribunal valoró principalmente la gravedad de los hechos atribuidos, los riesgos procesales y la posibilidad de fuga o entorpecimiento de la causa. Según el fallo, la pena en expectativa supera los ocho años de prisión y podría alcanzar hasta treinta, lo que refuerza la necesidad de mantener la medida cautelar.

El hecho más reciente ocurrió durante la madrugada del 20 de marzo de 2026, cuando el imputado habría abusado sexualmente de la hija de su expareja, una adolescente de 13 años. El brutal episodio ocurrió en la vivienda que compartían en Santa Elena. Allí, el hombre la llevó a su cama, le tapó la boca para evitar que gritara y la obligó a tocar sus genitales, mientras la amenazaba para que no hablara.

El segundo caso atribuido ocurrió entre 2020 y 2024, teniendo como víctima a la hija biológica del acusado, quien actualmente tiene 11 años. De acuerdo con la causa, en ese período el hombre la besaba en la boca mientras compartían la cama, repitiendo amenazas. La menor relató que su padre insistía en que, si ella hablaba, él terminaría preso. La reiteración de advertencias de este tipo fue considerada por los magistrados como un elemento determinante del riesgo procesal.

La causa se inició cuando la adolescente de 13 años comenzó a sufrir un cuadro de ansiedad después del presunto abuso. Mientras recibía atención médica en un centro de salud de Santa Clara del Mar, reveló a su madre lo sucedido. Tras la denuncia, se activó el protocolo para víctimas de abuso sexual y se incorporaron a la causa los testimonios de la madre, familiares, profesionales médicos y psicológicos, además de la declaración de la adolescente en Cámara Gesell.

La Capital indicó que la investigación incluyó también la declaración de la hermana menor, quien denunció abusos similares. Ambos relatos fueron evaluados como “claros, coherentes y compatibles con la edad de las víctimas” por la profesional a cargo de las entrevistas. Los jueces remarcaron que las declaraciones de las dos niñas se fortalecen mutuamente y reciben respaldo en otros elementos probatorios, entre ellos: informes médicos, testimonios de familiares y de personal de la escuela a la que asistía una de las víctimas.

Respecto a la línea de defensa del imputado, el tribunal señaló que su versión exculpatoria no logró ser corroborada por las pruebas incorporadas hasta el momento. La medida de prisión preventiva se otorga por la persistencia de los riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación, especialmente debido al vínculo preexistente y la influencia que el acusado habría ejercido sobre las víctimas.

La Cámara de Apelación y Garantías de Mar del Plata confirmó la resolución de primera instancia y dispuso la continuidad de la detención del imputado. La causa sigue su curso judicial con la recolección de pruebas, así como nuevos testimonios que puedan aportar elementos para el esclarecimiento de los hechos.

La Policía Nacional de la República Dominicana confirmó la entrega voluntaria de Erickson Antonio Bonilla Villalona, señalado como presunto autor de forzar a una adolescente de quince años a ingerir una sustancia tóxica que causó su fallecimiento. El hecho se produjo este sábado en el Palacio de la Policía Nacional, donde el joven de veinte años se presentó acompañado por su padre y por su representante legal, conforme notificó la institución.

Según informó el vocero policial, Diego Pesqueira, la entrega se realizó en la sede de la Policía bajo la supervisión de la Dirección Central de Comunicaciones Estratégicas y la Dirección Central de Investigación (DICRIM). La detención responde a una orden judicial vigente, producto de la investigación en torno a la muerte de la menor, ocurrida tras ingerir un herbicida. La adolescente fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, pero no sobrevivió.

La acusación principal contra Bonilla Villalona fue presentada por la madre de la joven, quien sostiene que el detenido obligó reiteradamente a su hija a ingerir la sustancia mortal. Esta versión se encuentra bajo análisis de las autoridades, las cuales continúan recabando elementos probatorios y testimonios en el marco del proceso penal.

Durante la entrega, Pesqueira recalcó ante medios y familiares que el procedimiento se realizó respetando los derechos fundamentales del detenido.

“Siempre respetando el debido proceso, sus derechos constitucionales que a usted le asisten”, afirmó Pesqueira, quien también destacó la importancia de no responsabilizar a la menor ni a su familia por el desenlace fatal. “Yo jamás, bajo ninguna circunstancia, puedo permitir que a una persona que ha fallecido la cuestionemos nosotros, porque yo soy padre y, y de cuatro hijas”, agregó el portavoz, a través de un audiovisual compartido en sus redes.

El abogado del joven, presente en la entrega, declaró que su defendido optó por presentarse ante las autoridades para enfrentar el proceso. El letrado sostuvo que Bonilla Villalona no se encontraba en el lugar de los hechos al momento en que la joven ingirió la sustancia y señaló que existen elementos previos relacionados con la salud mental de la víctima.

“Él ha sido claro, la investigación va a rogar la no participación de él en los hechos. Al momento de ese evento, él estaba en su lugar de trabajo. La jovencita ya había presentado algunos indicadores de depresión e incluso en algún momento intentó cortarse las venas”, expresó el abogado ante la Policía, solicitando una pesquisa objetiva y exhaustiva de los hechos.

En la comparecencia, Pesqueira insistió en que la investigación debe centrarse en los hechos y no en la descalificación de la víctima ni de sus allegados. Sostuvo que la institución garantizará el cumplimiento de la ley y el respeto a las garantías constitucionales del imputado, según lo establecido en la normativa vigente de la República Dominicana.

La Policía Nacional precisó que el joven será puesto a disposición del Ministerio Público para las diligencias legales correspondientes, mientras el expediente sigue abierto y bajo investigación.

De acuerdo con las pesquisas de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) y la Dirección Especializada de Atención a la Mujer y Violencia Intrafamiliar (DEAMVI), tanto la adolescente fallecida como el detenido mantenían una relación sentimental al momento del suceso.

La entrega del acusado se produjo en presencia de familiares y representantes legales, quienes podrán seguir el proceso conforme a los canales institucionales. Las autoridades reiteraron que el caso permanece bajo investigación y que cualquier avance relevante será comunicado oportunamente.

Un ciudadano chileno fue detenido en las últimas horas en Mendoza tras una investigación de la División Robos y Hurtos, que permitió esclarecer una serie de robos cometidos mediante el uso de inhibidores de señal.

La operación, desarrollada durante varias jornadas, arrojó resultados concretos al identificar al principal sospechoso y recuperar elementos robados en diferentes puntos del Gran Mendoza.

El procedimiento policial se llevó a cabo luego de una serie de tareas de inteligencia orientadas a rastrear el accionar delictivo que afectó a vecinos de los departamentos de Las Heras, Guaymallén y Luján de Cuyo. Los investigadores lograron vincular al sospechoso con al menos tres hechos mediante el análisis de registros, testimonios y material obtenido en los lugares de los robos.

En el transcurso de la pesquisa, los efectivos policiales lograron identificar tanto al presunto autor como los vehículos utilizados para desplazarse entre las distintas zonas afectadas. El pasado miércoles, se concretó un allanamiento en un inmueble ubicado en un barrio privado de Las Heras, donde se hallaron elementos clave para la causa.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, durante el operativo realizado en la vivienda, los policías secuestraron pertenencias denunciadas por las víctimas, vestimenta utilizada durante los delitos y documentación relevante para la investigación. El material incautado fue inmediatamente remitido a la fiscalía interviniente para su análisis y cotejo con las denuncias previas.

La labor de la División Robos y Hurtos permitió no solo recuperar parte de los bienes sustraídos, sino también recolectar pruebas materiales que resultaron fundamentales para avanzar en la imputación del sospechoso. Según se informó, los objetos recuperados incluyen billeteras, tarjetas bancarias y comprobantes de compras efectuadas tras los robos, lo que facilitó vincular formalmente al individuo con los hechos investigados.

En las últimas horas, las autoridades localizaron el automóvil investigado, que fue interceptado en la vía pública. La investigación detalló que el modus operandi consistía en la utilización de dispositivos inhibidores de señal para vulnerar los sistemas de cierre centralizado de los automóviles estacionados. Esta técnica permitió que el sospechoso accediera a los vehículos sin causar daños visibles, dificultando la detección inmediata del delito por parte de las víctimas.

Según la información oficial, el detenido quedó a disposición de la justicia junto con el vehículo y los elementos secuestrados. Las pericias sobre los dispositivos incautados serán claves para determinar el alcance de su participación en otros hechos similares ocurridos en la región.

Dado que esta modalidad es cada vez más frecuente, un juez reclamó una reforma penal para castigar la tenencia de inhibidores de señal.

El juez federal Daniel Rafecas envió un oficio al Congreso Nacional para pedir el tratamiento legislativo de una norma que criminalice la “conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación”, dentro de los delitos contra la seguridad pública, contemplados en el Título VII del Código Penal.

“Considero que resulta propicio exhortar al Congreso de la Nación Argentina el debido tratamiento legislativo de una norma, de carácter penal, que tenga en miras la criminalización de la conducta de tenencia de artefactos electrónicos inhibidores de señales de comunicación, dentro de los delitos contra la seguridad pública”, señaló el magistrado.

Un operativo antidrogas realizado durante la mañana de ayer en San Fernando del Valle de Catamarca dejó como saldo la detención de un hombre de 33 años y el secuestro de 1.500 dosis de ansiolíticos de comercialización restringida.

El procedimiento, encabezado por la División Canes Antinarcóticos de la Dirección Drogas Peligrosas de la Policía de la Provincia, se llevó a cabo en un domicilio ubicado sobre calle Vicario Segura. Las autoridades actuaron bajo orden judicial en el marco de una causa tramitada por la Justicia Federal.

La intervención policial se centró en un inmueble que, según la investigación previa, podría estar vinculado a la tenencia y eventual distribución de medicamentos sujetos a control. Durante el allanamiento, los efectivos contaron con el apoyo del perro detector de estupefacientes “Nerón”, cuya labor fue determinante para hallar los elementos buscados.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Esquiú, el resultado del procedimiento permitió avanzar en la investigación sobre el destino y posible circulación de medicamentos que requieren estricto control.

Durante la requisa, los investigadores lograron secuestrar 150 blísteres que contenían un total de 1.500 comprimidos de midazolam de 15 miligramos, una benzodiacepina de uso restringido por sus propiedades sedantes y ansiolíticas. El midazolam, debido a su potencial de abuso y riesgos asociados, solo puede ser adquirido bajo receta médica y en farmacias autorizadas.

Además de los comprimidos, los uniformados incautaron dos teléfonos celulares pertenecientes al detenido. Los dispositivos serán sometidos a pericias técnicas para determinar si contienen información relevante para la causa, y los investigadores analizarán llamadas, mensajes y posibles contactos que permitan esclarecer si el detenido actuaba solo o como parte de una estructura más amplia.

Siguiendo las instrucciones del Juzgado Federal interviniente, el sospechoso fue trasladado a dependencias policiales y puesto a disposición de la Justicia. En tanto, los comprimidos y los celulares quedaron bajo custodia judicial, a la espera de peritajes y nuevas medidas procesales.

Mientras la causa avanza en sede federal, los elementos incautados permanecerán bajo resguardo judicial. El Juzgado Federal evalúa la posibilidad de nuevas diligencias, tendientes a determinar el origen de los medicamentos y la participación de otros implicados, en función de la información que surja de los análisis de los celulares y otros documentos secuestrados.

Un día antes, la Fuerza Policial Antinarcóticos (FPA) de Córdoba allanó una vivienda en el barrio Observatorio, de la capital provincial. El procedimiento, llevado a cabo en la calle Domingo Funes al 100, fue ordenado por la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico del Tercer Turno en el marco de una investigación por comercialización de estupefacientes en la zona, de acuerdo con lo informado por el Ministerio Público Fiscal provincial.

Durante el registro del inmueble, ubicado al oeste del centro de la ciudad, los investigadores de la FPA recorrieron el lugar de manera manual y con la asistencia de canes detectores especializados, herramienta que permitió localizar las sustancias ocultas en el interior de la vivienda. Las drogas halladas fueron puestas a disposición de la Justicia para su remisión a sede judicial y posterior peritaje.

Un hombre de 40 años fue apuñalado este martes último por la mañana en la localidad cordobesa de Villa María, provincia de Córdoba, tras una discusión que se desató en plena vía pública. Ssu agresor quedó detenido.

El episodio, que tuvo lugar en la calle Pierantonelli al 45, movilizó a personal policial y sanitario, quienes respondieron con rapidez al llamado de emergencia. La agresión, motivada por un presunto robo, dejó a la víctima con una herida de arma blanca en el abdomen y abrió una investigación penal.

La mañana transcurría con normalidad en el barrio hasta que el altercado entre dos hombres interrumpió la rutina de los vecinos. Según la información a la que pudo acceder el medio local ElDoce.TV, ambos se encontraban fumando en la calle cuando la situación se tornó violenta. El intercambio de palabras derivó en una confrontación física, que culminó en un ataque a cuchillazos.

De acuerdo con relato de la víctima, minutos antes del ataque el agresor le robó el celular y las llaves de su vivienda.

Al arribar al sitio, el personal policial encontró al hombre herido y solicitó asistencia médica inmediata. El herido presentaba una lesión punzocortante en el abdomen y fue trasladado en estado consciente al Hospital Regional Pasteur.

Tras recabar el testimonio del herido y reunir información en el lugar, el personal policial realizó un allanamiento en un domicilio de barrio San Nicolás. Fue allí donde, según el comunicado oficial, se logró la detención del presunto autor del apuñalamiento. El sospechoso quedó bajo custodia y fue puesto a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Segundo Turno, a cargo de la fiscal Juliana Companys.

La fiscalía ordenó la realización de peritajes y el secuestro de elementos relacionados con la investigación, entre ellos el arma utilizada en la agresión y los objetos presuntamente sustraídos. Hasta el momento, no trascendió la identidad del detenido, pero fuentes policiales confirmaron que se trata de un hombre mayor de edad.

El avance de la causa dependerá de las pruebas recolectadas y de las declaraciones de testigos y la propia víctima, quien permanece en observación en el Hospital Regional Pasteur. Según se informó, su estado de salud es estable y no presenta riesgo vital inmediato.

A mediados del mes de marzo pasado, una discusión familiar en la ciudad de Rosario terminó de la peor manera: un hombre fue apuñalado por su propio cuñado y quedó internado en grave estado. Según fuentes policiales, la víctima habría llegado a la casa del atacante a pesar de tener una orden de restricción de acercamiento por episodios previos.

El hecho se registró en una vivienda de Yaguareté 875, en la zona oeste de la ciudad. De acuerdo a la reconstrucción policial, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región 2 fue comisionado al lugar tras recibir el alerta por una disputa doméstica. Al arribar, los uniformados constataron que la víctima, R. O. A., de 30 años, ya había sido trasladada en un vehículo particular al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA) con una herida cortante.

En ese contexto, entrevistaron al dueño de la vivienda, identificado como D. A. A., de 48 años, quien manifestó que la víctima era su cuñado, que tenía vigente una restricción judicial de acercamiento y que, a pesar de eso, fue a su vivienda.

Asimismo, reconstruyeron que R. O. A. fue apuñalado con un arma blanca que fue entregada espontáneamente a las autoridades por el propio D. A. A. Personal policial procedió a secuestrarla conforme a las directivas de la fiscalía de flagrancia en turno.

La División Científica Forense Rosario informó que, durante la inspección del domicilio, no se hallaron elementos criminalísticos que requirieran ser preservados. El equipo forense, no obstante, tomó vistas fotográficas panorámicas de la escena y recogió testimonios entre los presentes.

En paralelo, desde el Policlínico San Martín informaron que la víctima fue derivada mediante una unidad sanitaria al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA). De acuerdo con el parte médico, R. O. A. ingresó con una herida de arma blanca en la parrilla costal izquierda y fue asistido por la médica de guardia. Fuentes del hospital señalaron que el paciente permanecía internado en estado grave y bajo custodia policial este martes.

La Comisaría 12.ª quedó a cargo de la investigación en coordinación con la fiscalía actuante. Las actuaciones incluyeron el relevamiento de pruebas y la toma de declaraciones para determinar el desarrollo de los hechos y la responsabilidad penal de los involucrados.

La Justicia de Catamarca investiga la muerte de María Belén Villagra, una joven de 28 años hallada sin vida en una vivienda del loteo Los Sauces, detrás de la cancha de AFI en el departamento Santa María. Las autoridades dispusieron la detención de un hombre que habría sido la última persona en verla con vida y que alertó a la Policía tras encontrar el cuerpo.

El hallazgo se produjo durante la medianoche del martes. Personal de la Comisaría Departamental Santa María y peritos judiciales intervinieron en la escena, donde localizaron el cuerpo de Villagra en un dormitorio, sujeto al respaldo de una cama.

Según El Esquiú, la joven permaneció en la vivienda junto con el hombre identificado por sus iniciales V.D.R, quien declaró que estuvieron consumiendo bebidas alcohólicas desde el domingo. El detenido relató que se retiró del democilio y que al regresar, encontró a la joven sin signos vida. Luego, se comunicó con las autoridades para informar lo sucedido.

La Fiscal subrogante Gabriela Carrizo ordenó la detención de V.D.R con el objetivo de preservar la investigación, dado que se trata de la última persona que -según los elementos reunidos hasta el momento- habría tenido contacto con la víctima. La medida busca evitar la alteración o destrucción de pruebas mientras se desarrollan las diligencias judiciales y periciales.

Durante la jornada de ayer, se realizó un primer examen en la morgue del Hospital de Santa María. Sin embargo, la médica interviniente no logró identificar la causa de muerte, por lo que la Fiscal dispuso el traslado del cuerpo a la ciudad Capital. Especialistas del Cuerpo Interdisciplinario Forense realizarán el estudio definitivo, procedimiento que permitirá reconstruir las últimas horas de vida de la joven y establecer las circunstancias en las que se produjo el deceso.

La causa permanece bajo investigación y el hombre seguirá arrestado hasta conocerse los resultados de las pericias. Mientras se llevan a cabo las diligencias, el personal policial y forense realizó una inspección ocular exhaustiva en la vivienda. La investigación ahora depende en gran parte de la autopsia que será clave para identificar signos de violencia, intoxicación o patologías previas.

En paralelo, especialistas de la División Homicidios y Criminalística se trasladaron de inmediato a los Valles Calchaquíes para preservar la escena y realizar las pericias correspondientes. La presencia de estos equipos apunta a recabar pruebas científicas y garantizar que la investigación avance bajo parámetros técnicos rigurosos. Las autoridades secuestraron el teléfono celular de la jóven. El análisis del dispositivo electrónico puede aportar datos relevantes a la investigación sobre sus últimas comunicaciones y movimientos.

Las primeras averiguaciones señalan que Villagra y V.D.R estuvieron juntos durante al menos 48 horas previas a la muerte de la mujer. Por esta razón, la situación procesal del detenido se analiza en función de los resultados que aporten los estudios forenses y las pruebas reunidas. La pesquisa procura reconstruir las últimas horas de vida de María Belén Villagra para determinar la causa del fallecimiento y establecer si se quitó la vida o si existió la intervención de un tercero.

Ante la sensibilidad del caso, las autoridades mantienen un estricto hermetismo sobre los avances de la investigación. Esta reserva busca resguardar la integridad de las pruebas y evitar filtraciones que puedan entorpecer el proceso judicial. Fuentes consultadas recordaron que toda información oficial se canalizará a través de partes emitidos por la Fiscalía y el Ministerio Público.

La causa se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Santa María, que coordina las labores con la Comisaría Departamental y los equipos forenses. El Ministerio Público espera los informes técnicos para definir los pasos siguientes y determinar eventuales responsabilidades.

La tarde del pasada lunes, efectivos de la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales Mendoza llevaron a cabo un operativo, que concluyó con la detención de un ciudadano de nacionalidad peruana, buscado de manera intensa por la justicia de su país.

El arresto se produjo en el territorio mendocino tras varias semanas de investigaciones que permitieron dar con el paradero del sospechoso, quien había logrado evadir a las autoridades peruanas.

La identidad del detenido, un hombre de 36 años oriundo de la ciudad de Trujillo, había sido difundida a través de una alerta roja emitida por INTERPOL, lo que aceleró la cooperación internacional para su localización.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario Los Andes, el individuo estaba acusado del delito de Actos Contra el Pudor en Perjuicio de una menor de 14 años, una causa que generó conmoción tanto en Perú como entre las autoridades migratorias de Argentina.

La colaboración entre organismos judiciales y fuerzas de seguridad resultó clave para la resolución de este caso. Según fuentes oficiales, las tareas de inteligencia permitieron detectar que el prófugo residía en una vivienda de Mendoza, donde finalmente fue aprehendido. Durante el procedimiento, los uniformados incautaron un teléfono celular y otros objetos que podrían aportar pruebas relevantes para el avance de la investigación.

La investigación se inició tras la emisión de la alerta roja por parte de INTERPOL, que detallaba las características físicas, antecedentes y la acusación que pesaba sobre el ciudadano peruano. La causa judicial abierta en Perú está enmarcada en los artículos 173 y 176 del Código Penal Peruano, que sancionan los delitos sexuales cometidos contra menores de edad.

De acuerdo con el comunicado, la cooperación entre las autoridades argentinas y peruanas permitió articular una estrategia de seguimiento y vigilancia, que concluyó con la detención del sospechoso en Mendoza.

El Juzgado Federal N° 1 de Mendoza fue el responsable de ordenar la detención y el posterior traslado del hombre a la Unidad N° 32 del Servicio Penitenciario Federal, donde permanecerá alojado mientras se resuelve su situación legal.

El futuro del ciudadano peruano detenido ahora está sujeto a los trámites internacionales de extradición. Según las autoridades judiciales, ya se han iniciado las gestiones con el Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial de Perú para garantizar que el acusado pueda comparecer ante la justicia de su país de origen.

La extradición es un proceso legal que requiere la presentación de documentación y pruebas suficientes para justificar el traslado del detenido a Perú.

El operativo desarrollado en Mendoza responde a una estrategia internacional de combate a los delitos sexuales y a la protección de menores, que implica la colaboración entre distintas jurisdicciones y la intervención de organismos como INTERPOL. La pronta detención del sospechoso fue posible gracias al intercambio de información y a la ejecución coordinada de acciones de inteligencia.

La investigación continúa abierta en ambas jurisdicciones, a la espera de que se concrete la extradición y el acusado sea sometido a juicio en Perú.

Hace tan solo un mes, extraditaron a dos franceses acusado sde exportar cocaína desde Buenos Aires a París. El traslado estuvo a cargo de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones, el área de Interpol de la Policía Federal, que había enviado una comitiva horas antes. Así, fueron entregados a la Unidad de Delitos Complejos de la PSA.

Ambos acusados viajaron en absoluto silencio, separados del resto de los pasajeros. “No dijeron nada”, afirmó un investigador. Tal vez, repitan ese silencio ante el juez Aguinsky. La ruta de sus cómplices del otro lado del mundo -donde el kilo de droga multiplica cuatro veces su valor porteño- es un interrogante.

Un hombre intentó matar a su cuñado a martillazos en Rosario la semana pasada y ahora fue imputado por intento dehomicidio.

El hecho ocurrió en la madrugada del jueves 16 de julio en Villa Pororó, en la zona oeste de la ciduad. Pasadas las 0.22, vecinos de las inmediaciones de Riobamba al 5000 fueron alertados por gritos y corridas en el asentamiento que bordea las vías del ferrocarril Belgrano. Lo que parecía una discusión familiar escaló en cuestión de minutos hasta transformarse en un hecho de extrema gravedad.

En el centro del conflicto, J. G. S., de 33 años, y su excuñado, H. C., de 44. Según la acusación fiscal, la disputa derivó en un ataque brutal: J. S. habría tomado un martillo y golpeado en reiteradas ocasiones a la víctima en la cabeza. La escena, presenciada por al menos un testigo, dejó a H. C. tendido en la vía pública con lesiones de alta complejidad.

La intervención policial fue inmediata. Un móvil del Comando Radioeléctrico patrullaba por La Paz y Camilo Aldao cuando una joven de 22 años, visiblemente alterada, hizo señas a los agentes. Informó que un hombre que huía a pie acababa de agredir a otra persona. Esta alerta permitió a los efectivos interceptar al sospechoso en Riobamba al 5500, a escasos metros del lugar del hecho. J. S. fue identificado en el acto: presentaba manchas de sangre en las manos y, según los agentes, se hallaba en evidente estado de alteración.

En simultáneo, otra comisión policial acudió al punto exacto de la agresión. En Riobamba al 5050, los uniformados encontraron a la víctima tendida en la vía pública, inconsciente y con signos evidentes de trauma craneal. Un testigo aportó un dato clave: el agresor había utilizado un martillo y tenía vínculo familiar con el herido.

Según lo informado por el portal Rosario3, personal médico del SIES arribó al lugar y brindó las primeras asistencias. El parte inicial fue categórico: politraumatismos y un grave traumatismo de cráneo. El paciente fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde ingresó directamente a la unidad de terapia intensiva.

De acuerdo con los informes médicos, Hugo Elvio C. sufrió fractura y hundimiento frontotemporal derecho de cráneo, fractura multifragmentaria con hundimiento de la pared externa y del techo de la órbita derecha, un hematoma subdural agudo y una contusión hemorrágica. Todas estas lesiones, de acuerdo con los especialistas, pusieron en riesgo su vida desde el primer momento. El diagnóstico al cierre de esta edición es reservado: el paciente permanece intubado y bajo monitoreo permanente.

El procedimiento policial incluyó un rastrillaje pedestre en la zona para hallar el martillo utilizado en el ataque, aunque el elemento no fue encontrado. La investigación quedó a cargo de la Fiscalía, que dispuso la custodia del acusado y la recolección de pruebas testimoniales y materiales.

La audiencia imputativa se realizó durante el fin de semana Centro de Justicia Penal. La Fiscalía acusó formalmente a J. S. de tentativa de homicidio simple en calidad de autor.

La jueza de primera instancia Luciana Vallarella escuchó los argumentos de la fiscalía y la defensa, y finalmente resolvió dictar prisión preventiva efectiva por 120 días para el imputado. Durante este plazo, se continuará con la investigación y la recolección de evidencias antes de una eventual elevación a juicio oral.

Las autoridades judiciales no descartan que en las próximas semanas se produzcan avances en la investigación, especialmente en torno a los motivos que originaron la discusión y al contexto de la relación previa entre los involucrados. El caso podría llegar a juicio una vez cumplido el plazo de prisión preventiva, dependiendo de la evolución del cuadro clínico de la víctima y de la evidencia reunida en el expediente.

La final de la Copa del Mundo dejó, además de heridos y fallecidos, detenidos por provocar disturbios durante las celebraciones en la vía pública. En Gonnet, la Policía fue agredida por un hombre vestido con la camiseta de Messi que, posteriormente, quedó detenido.

El episodio se conoció a raíz de un llamado telefónico al 911 que alertaba sobre la presencia de un individuo en estado de alteración en la intersección de las calles 511 y y avenida 25.

De acuerdo con la información publicada por el portal 0221, se supo de fuentes policiales que, al arribar al lugar, los efectivos intentaron identificar al sospechoso, pero este desoyó las órdenes y se lanzó contra el patrullero.

Los uniformados del Comando de Patrullas solicitaron refuerzos y descendieron del móvil para contener la situación. El joven reaccionó con violencia y comenzó a lanzar golpes de puño contra los efectivos, lo que generó un forcejeo en plena calle de la zona norte de La Plata.

En medio del altercado, fue necesaria la intervención de otros patrulleros para lograr la reducción y posterior aprehensión del masculino, que fue trasladado a la comisaría correspondiente.

Como resultado del enfrentamiento, dos policías resultaron heridos. Uno de ellos sufrió una lesión en la muñeca izquierda, mientras que el otro recibió golpes en el rostro durante el forcejeo. Ambos tuvieron que ser asistidos.

La causa quedó a disposición de la justicia local junto a la UFI Nº 7 de La Plata, caratulada como “Atentado y resistencia a la autoridad y lesiones leves”.

Una mujer detenida por golpear a efectivos en los festejos

Una mujer de 25 años fue imputada por la Justicia de Santa Fe tras golpear a un policía durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina ante Inglaterra en el penúltimo partido que disputó. Como medida cautelar, la jueza Andrea Cavallero le prohibió asistir a celebraciones públicas vinculadas a eventos deportivos hasta hoy, lo que le impidió participar de los festejos por la final del torneo.

El hecho ocurrió el miércoles por la noche en la calle Belgrano, entre 25 de Mayo y Marconi en la ciudad de Venado Tuerto. Según fuentes judiciales, la acusada —identificada por las iniciales M.L.F.— golpeó por la espalda a un subinspector que intentaba apartar a un hombre que arengaba a la multitud a generar disturbios. Tras el primer ataque, intentó agredir al mismo agente con una botella de vidrio, aunque otros uniformados lo impidieron y procedieron a su aprehensión. La acusación fue formulada por el fiscal Luis Lagioia ante Cavallero en una audiencia celebrada en los tribunales locales.

Lagioia encuadró la conducta en el delito de atentado a la autoridad agravado y solicitó medidas alternativas a la prisión preventiva. “El uniformado fue atacado mientras buscaba replegar a un hombre del entorno de la mujer investigada que estaba arengando a otras personas a producir disturbios”, sostuvo el fiscal. Agregó que “por la espalda, la imputada le dio un golpe de puño al integrante de la fuerza de seguridad, con la clara intención de evitar que él pueda desempeñar correctamente su deber público”.

La investigación se extendió a otros episodios del mismo festejo en Venado Tuerto. El fiscal señaló que “varios policías fueron atacados con botellas de vidrio y otros objetos contundentes” y que se analizan registros de cámaras de videovigilancia para identificar a los responsables. En ese marco, un menor fue aprehendido por agresión con arma blanca, y durante un allanamiento se secuestró la ropa que vestía en las imágenes captadas por las cámaras.

En la localidad de Rufino, el fiscal Mauro Menéndez investiga hechos similares ocurridos durante los festejos del mismo partido. Cinco personas ingresaron a una heladería, agredieron a un cliente, rompieron el vidrio de un mostrador y accedieron sin autorización a un sector privado del local. Cuatro de los implicados ya fueron identificados y aprehendidos, mientras que las pesquisas continúan para dar con el quinto involucrado.

Un hombre de 32 años quedó detenido este jueves, acusado de estafar a varias personas a quienes les pedía dinero para supuestas actividades sociales y comunitarias. Sobre él pesaba una orden de captura en La Rioja por una causa de estafas.

La investigación estuvo a cargo del Departamento de Cibercrimen de Chaco, que comenzó a trabajar en el caso luego de recibir información sobre presuntas maniobras defraudatorias atribuidas a un hombre identificado como R.R.N.A.

Según se estableció, el sospechoso les decía a sus víctimas que iba a comenzar un proyecto solidario. A partir de ese acercamiento, generaba un vínculo de confianza que luego terminaba en un pedido de ayuda económica que prometía devolver, pero, de acuerdo con las denuncias, nunca sucedía.

El hombre fue localizado en la ciudad de Resistencia, Chaco, alrededor de las 13 en inmediaciones de la calle Remedios de Escalada al 600 y quedó detenido por disposición del Equipo Fiscal N° 14. Durante el procedimiento, se le secuestraron varios elementos que fueron incorporados a la investigación: un teléfono celular, una libreta, una portacredencial con una placa identificatoria de “Bomberos Voluntarios Argentina”, un carnet de afiliación a una ONG de la salud, una tarjeta SIM y un papel con la inscripción “Depósito 2”.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco, ese mismo día al menos seis personas lo habían denunciado. Todos aseguraron haber entregado dinero tras vincularse con el detenido a través de actividades sociales o comunitarias, y señalaron que las transferencias se realizaron a cuentas de terceros relacionados con el investigado, indicaron fuentes policiales.

Por orden de la Fiscalía, se libraron oficios a entidades bancarias y financieras para inmovilizar las cuentas y productos financieros vinculados al detenido y a una mujer identificada como María del Rosario O., mientras la investigación por presunta estafa continúa su curso.

Las tareas investigativas también permitieron establecer que el sospechoso tenía un pedido de captura activo por una causa de estafa tramitada ante el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional de la III Circunscripción Judicial de La Rioja, con asiento en Chamical.

Otro caso en la provincia

Una joven de 23 años fue detenida hace un mes en la localidad chaqueña de Concepción Bermejo, acusada de estafar a jubilados, mediante la gestión fraudulenta de préstamos bancarios a su nombre y sin su consentimiento. La sospechosa también tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Corrientes, provincia donde se radicó la causa.

El operativo fue el resultado de un trabajo conjunto entre la División Investigaciones Complejas Interior Charata y la Policía de Corrientes. Según informó el portal Diario Chaco, la búsqueda se inició a partir de un pedido de colaboración de la Dirección General de Asuntos Judiciales y Represión del Delito de Corrientes, que aportó los datos necesarios para rastrear a la acusada en territorio chaqueño. Los agentes la localizaron en un domicilio de la calle Hipólito González, donde quedó aprehendida.

De acuerdo con la investigación, la acusada obtenía datos personales de personas mayores para solicitar créditos en distintas entidades bancarias sin que las víctimas lo supieran. El análisis de los movimientos bancarios irregulares asociados a esas operaciones permitió vincularlos con la ahora detenida. La causa está caratulada como “Supuesta Estafa” y tramita ante el Juzgado de Garantías de Corrientes.

Tras su detención, las autoridades procedieron con los trámites para trasladarla a Corrientes; en tanto, permaneció alojada en la Comisaría de Concepción Bermejo. La investigación continúa abierta.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder Infobae, la detención se realizó en la vía pública, específicamente en Avenida J. P. Ramos al 400 de Mar del Plata, cuando Herrera circulaba a bordo de un vehículo Peugeot 207, que fue secuestrado en el procedimiento.

La orden de detención fue dictada tras los recientes avances en la causa, que permitieron identificar la participación de Herrera en los hechos investigados. El procedimiento se desarrolló sin incidentes y se concretó en el mismo momento en que el sospechoso se desplazaba por la ciudad en el automóvil mencionado.

Con este arresto, las autoridades avanzan en el desmantelamiento del grupo y continúan las tareas para esclarecer la totalidad de los hechos atribuidos a la banda.

Horas antes, la DDI Mar del Plata realizó un operativo que derivó en la detención de tres integrantes de la banda, uno quedó aprehendido y el presunto líder, Eliseo Andrés Ibarguengoitia, permanece prófugo.

La investigación, coordinada por la UFI N° 13, a cargo del fiscal Mariano Moyano, se inició tras un robo ocurrido el 14 de mayo en una vivienda de la calle República del Líbano al 1400. En ese hecho, varias personas armadas y encapuchadas redujeron a un hombre de 83 años y a su esposa, y sustrajeron 2.200.000 pesos, 200 dólares, celulares, joyas, herramientas, un revólver calibre .38 y las llaves de un Ford Fiesta. Días después, las víctimas denunciaron que el vehículo también había sido robado.

El 22 de mayo se registró un nuevo asalto con el mismo método. En esa ocasión, las víctimas fueron una mujer de 72 años y su esposo, a quienes les sustrajeron 560.000 pesos, dos celulares y un Ford Fiesta gris. El automóvil fue recuperado en la vía pública y se aprehendió a un sospechoso identificado como “Scott”, a quien se le incautó un celular.

Los investigadores de la DDI analizaron el teléfono secuestrado, registros de antenas telefónicas y cámaras de seguridad, lo que permitió confirmar la participación del detenido en al menos otros dos hechos y su integración a la banda. Entre los episodios atribuidos al grupo figura un asalto el 10 de junio, en el que una pareja de jubilados de 86 y 87 años fue reducida en su vivienda por tres hombres que se llevaron 300.000 pesos y un celular. Los asaltantes escaparon en un Volkswagen Gol Trend que luego fue interceptado y secuestrado junto con herramientas, una picana y un gotero antiséptico.

Siete días después, un hombre de 40 años y una mujer de 80 fueron asaltados por cuatro encapuchados que les robaron dinero en efectivo y objetos. El trabajo de campo incluyó información de empresas prestatarias, lo que permitió identificar a más integrantes y domicilios vinculados al grupo.

Con estos datos, la Justicia autorizó nueve allanamientos, cuatro órdenes de detención y registros de vehículos. Durante los procedimientos fueron arrestados Cristian Armando Boni (42), Alejandro Demetrio Rosales (30) e Ignacio Magallanes (27), estos dos últimos alojados en la Unidad Penal 44 de Batán, y quedó aprehendido Teo Palena (20). Se secuestraron dos autos (Fiat Cronos y Volkswagen Gol Trend), 12 teléfonos celulares, nueve relojes, siete precintos, pasamontañas, guantes, mochilas, billeteras, joyas, valijas, herramientas, prendas de vestir, documentación, pendrives, tarjetas de cambio de divisas y patentes.

La policía recuperó los vehículos robados y continúa la investigación para dar con “El Encargado”, señalado como el cabecilla de la organización.

Las recientes detenciones y el secuestro de bienes robados permitieron desarticular casi por completo la estructura de la banda dedicada a atacar viviendas de adultos mayores en Mar del Plata, aunque la búsqueda del líder permanece activa, según las fuentes policiales consultadas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México presentó los elementos suficientes para que la autoridad judicial impusiera prisión preventiva y fijara un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Paulino “N”, fue localizado y aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa por agentes de la Policía de Investigación. Ese mismo día se celebró la audiencia inicial y el juez determinó su vinculación a proceso. Las autoridades no revelaron en qué compañía prestaba servicios el presunto agresor.

La víctima solicitó el servicio desde Tlalpan y fue agredida durante el recorrido

Investigaciones revelaron que el pasado 1 de junio de 2025 la víctima -de identidad reservada- pidió un servicio de transporte al salir de un establecimiento ubicado en la colonia Prado Coapa, alcaldía Tlalpan.

Durante el trayecto se quedó dormida. El conductor habría aprovechado ese momento para abandonar el asiento delantero, trasladarse a la parte trasera del vehículo y agredir sexualmente a la pasajera.

La víctima despertó mientras ocurrían los hechos y al darse cuenta de lo que sucedía, reclamó directamente al conductor. Pese a ello, el hombre regresó al asiento delantero y continuó el recorrido hasta dejar a la mujer en su domicilio, como si nada hubiera ocurrido.

La denuncia fue presentada por la propia víctima ante la FGJCDMX. A partir de ese momento, el agente del Ministerio Público a cargo del caso abrió la carpeta de investigación correspondiente e inició las diligencias para identificar al responsable.

Entrevistas y análisis periciales permitieron identificar y aprehender al probable responsable

Según datos oficiales, la investigación incluyó entrevistas, análisis periciales y otras diligencias que, en conjunto, generaron los datos de prueba necesarios para señalar a Paulino “N” como el probable responsable de la agresión. Con esa base, el Ministerio Público solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra ante la autoridad judicial.

Agentes de la Policía de Investigación realizaron las indagatorias de campo que permitieron localizar al imputado. Paulino “N” fue aprehendido el 14 de julio de 2026 en la alcaldía Iztapalapa, más de un año después de los hechos denunciados.

La audiencia inicial se celebró el mismo día de la aprehensión. La Fiscalía CDMX presentó los elementos de cargo ante el juez, quien resolvió vincular a proceso al imputado, le impuso la medida cautelar de prisión preventiva y estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, Paulino “N” se considera inocente y será tratado como tal en todas las etapas del procedimiento, en tanto no exista una sentencia condenatoria emitida por un órgano jurisdiccional competente.

Hasta ahora, las autoridades no revelaron si Paulino “N” tiene averiguaciones previas por otros casos.

Los servicios de transporte por aplicación han sido escenario de agresiones y feminicidios en México

El caso de Paulino “N” no es aislado. En marzo de 2026, Ana Karen Nute Téllez, de 19 años, solicitó un mototaxi a través de DiDi para regresar a su domicilio en Metepec tras una fiesta en San Antonio la Isla, Estado de México. El viaje fue marcado como finalizado a las 23:10 horas, pero la joven nunca llegó y su teléfono dejó de recibir llamadas.

Cámaras de videovigilancia captaron el momento en que abordó una motoneta conducida por un hombre con chamarra azul y gorra negra. El vehículo no cumplía con las condiciones para operar como transporte de plataforma.

Tres días después, el 3 de marzo, autoridades encontraron su cuerpo en un terreno baldío de San Miguel Totocuitlapilco, Metepec, a unos 10 minutos del punto donde abordó el vehículo. Presentaba signos visibles de violencia.

La FGJEM abrió la carpeta bajo el protocolo de feminicidio e identificó y detuvo a Daniel “N” como el conductor de la motoneta, quien según fuentes extraoficiales habría confesado el crimen.

Un grupo de delincuentes encapuchados perpetró un brutal robo a una jubilada bajo la modalidad “entradera” en una zona residencial de la ciudad de Mar del Plata, durante un operativo de prevención llevado a cabo por la Comisaría Séptima. El nivel de salvajismo fue tal que amenzaron con cortarle los dedos del pie a la víctima para que entregue el dinero. Así, sufrió graves lesiones.

De acuerdo con la información a la que pudo accededr Infobae, el hecho ocurrió en una vivienda de la calle artigas Artigas al 700 entre las calles Rejón y Zubiría.

El operativo se activó tras recibir una alerta sobre el ingreso de varios sujetos a una vivienda particular. Según la información policial, entre dos y cuatro personas irrumpieron en el domicilio, cubiertos con capuchas y guantes, y sometieron a una jubilada de

Los asaltantes maniataron, amordazaron y golpearon a la víctima, infligiéndole lesiones de consideración, al punto que le generaron cortes en los dedos de los pies. Durante el tiempo que permanecieron en el lugar, lograron sustraer aproximadamente $600.000 y diversos elementos de valor, cuya identificación aún está en proceso de verificación por parte de las autoridades.

El hecho ocurrió en un horario no especificado de la jornada, mientras la damnificada se encontraba en su domicilio. Los delincuentes se movilizaban en un Volkswagen Polo, que posteriormente fue interceptado por las fuerzas policiales durante un operativo cerrojo en la zona.

La Policía confirmó el secuestro del rodado mencionado, así como de un teléfono celular Samsung con funda negra, guantes de trabajo color naranja y negro, un gorro de lana bordó y una tijera de poda larga marca “Taigwan”, elementos presuntamente empleados durante la comisión del delito.

En el marco de la investigación, personal de la Comisaría Séptima logró la aprehensión de uno de los presuntos integrantes de la banda, identificado como D. A. D. R. Según se informó, este hombre tenía consigo algunos de los elementos sustraídos y vestimenta coincidente con la utilizada durante el robo.

Las actuaciones fueron puestas a disposición de la Unidad Fiscal de Instrucción y Juicio en Flagrancia (UFIJE), bajo la órbita de la fiscal Dra. Ana Caro. La carátula del expediente quedó establecida como “Robo triplemente agravado por escalamiento, en poblado y en banda y uso de arma”.

Con respecto al estado de la víctima, informaron que recibió atención médica por las lesiones sufridas y se encuentra fuera de peligro, aunque permanece bajo observación debido a la severidad de los cortes y traumatismos provocados durante el asalto. Se aguarda la evolución de su estado de salud para la toma de declaración testimonial ante la fiscalía.

El caso continúa en etapa de investigación, con la intervención de la UFIJE Flagrancia y el seguimiento de nuevas pistas que permitan esclarecer la participación de los prófugos y el destino de los bienes sustraídos.

Los robos son cada vez más comunes en la zona. De hecho, hace tan solo una semana, un grupo de delincuentes asaltaron un salón de eventos de Mar del Plata.

El hecho ocurrió poco antes de las 19, mientras el lugar se encontraba en plena preparación para una fiesta, con las puertas abiertas y actividad en el interior.

La secuencia delictiva se desarrolló en cuestión de minutos. Los asaltantes arribaron en dos motocicletas, se dirigieron directamente hacia el ingreso y, al encontrar las puertas sin seguro, ingresaron sin obstáculos. En ese momento, dentro del local trabajaban tres empleadas, una encargada y otro hombre relacionado con la firma, quienes fueron rápidamente reducidos por los delincuentes. Bajo amenazas, fueron obligados a permanecer inmóviles y a no oponer resistencia.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, tras dominar a quienes se encontraban en el salón, los tres hombres se dirigieron con rapidez hacia el sector de oficinas. Allí, lograron acceder a la caja de seguridad del establecimiento y sustrajeron una suma de dinero que las fuentes calificaron como importante. Por el momento, no trascendió el monto exacto del botín.

De acuerdo con fuentes al interior de la Fiscalía, los elementos acudieron al inmueble para cumplimentar una orden de aprehensión derivada de las investigaciones por los ataques registrados durante los últimos meses contra automovilistas que transitaban por la Vía Atlixcáyotl. Sin embargo, al momento de ejecutar el mandato judicial, el sospechoso presuntamente abrió fuego contra los agentes, lo que provocó un intercambio de disparos.

El operativo contó con el respaldo de elementos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro mientras se desarrollaban las diligencias dentro del inmueble. La fuerte movilización de corporaciones de seguridad y las detonaciones de arma de fuego generaron alarma entre los habitantes del exclusivo fraccionamiento, cuyo acceso fue restringido durante varias horas.

Tras controlar la situación, las autoridades lograron capturar a Rafael N., quien fue puesto a disposición del Ministerio Público. Se espera que en las próximas horas la Fiscalía informe oficialmente los delitos que se le imputarán y dé a conocer mayores detalles sobre la investigación.

Lo relacionan con al menos 10 ataques contra automovilistas

Las investigaciones de la Fiscalía apuntan a que Rafael N. estaría relacionado con al menos 10 ataques armados ocurridos en distintos días y puntos de la Vía Atlixcáyotl, una de las principales arterias de la zona metropolitana de Puebla.

Como parte de las indagatorias, peritos realizaron reconstrucciones de los hechos, análisis balísticos y estudios sobre la trayectoria de los proyectiles para establecer desde dónde fueron realizados los disparos y confirmar el patrón de las agresiones.

La serie de ataques generó preocupación entre miles de automovilistas debido a que los disparos parecían ocurrir de manera aleatoria mientras las víctimas circulaban por la vialidad.

La captura ocurre días después del ataque número 12

La detención se produce apenas unos días después de que un conductor denunciara un nuevo ataque ocurrido durante la madrugada del 9 de julio, considerado el caso número 12 atribuido al presunto Tirador de la Atlixcáyotl.

Juan Michel relató que circulaba entre las 2:00 y las 2:30 de la madrugada con dirección a Tlaxcalancingo, a la altura del Tecnológico de Monterrey, cuando escuchó una fuerte detonación. Instantes después descubrió que la puerta del copiloto de su Volkswagen Pointer había recibido un impacto.

El automovilista aseguró que permaneció más de diez minutos en la zona esperando el arribo de alguna patrulla para reportar el incidente; sin embargo, dijo que no encontró presencia policiaca. Fue hasta la mañana siguiente cuando confirmó los daños en su vehículo y anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar la denuncia correspondiente.

“Ya no se me hace justo que el chavo a cada rato esté balaceando autos”, declaró entonces el conductor.

Ese ataque ocurrió pocas horas después de que el secretario de Seguridad Pública de Puebla, Francisco Sánchez González, informara que las labores de inteligencia habían permitido identificar plenamente al presunto responsable y que toda la información ya había sido entregada a la Fiscalía para solicitar la orden de aprehensión.

La investigación apuntaba a un solo responsable

Desde semanas atrás, la Secretaría de Seguridad Pública sostuvo que todos los ataques registrados durante aproximadamente siete meses habrían sido cometidos por una sola persona, sin participación de cómplices.

Hasta finales de junio, la entonces investigación contabilizaba 11 hechos sustentados mediante denuncias, entrevistas, dictámenes periciales y otros indicios. Inicialmente se habían abierto siete carpetas de investigación: seis por daño en propiedad ajena y una por lesiones, aunque posteriormente se agregaron nuevos casos.

Incluso, en redes sociales comenzaron a circular versiones que señalaban a un supuesto estudiante universitario como posible responsable, luego de difundirse videos donde un joven presuntamente realizaba detonaciones desde un departamento de la Torre Nducha. No obstante, las autoridades evitaron confirmar públicamente la identidad del sospechoso para no comprometer las investigaciones.

El caso que conmocionó a Puebla: un niño de ocho años herido

Uno de los episodios más graves atribuidos al presunto Tirador de la Atlixcáyotl ocurrió en enero, cuando Jesús Elías, un niño de ocho años, resultó herido por una bala mientras viajaba con su madre y su hermano después de salir de la escuela.

La familia circulaba por el Periférico Ecológico cuando ocurrió la agresión. La madre llevó de inmediato al menor a un hospital, donde los médicos determinaron que el proyectil había quedado incrustado en el hueso de la mandíbula, por lo que optaron por no retirarlo debido al riesgo que implicaba la cirugía.

Ese caso incrementó la presión sobre las autoridades para localizar al responsable de los disparos, ya que evidenció el peligro que representaban los ataques para la población.

Con la captura de Rafael N., la Fiscalía buscará esclarecer si efectivamente fue el responsable de la cadena de agresiones que mantuvo en alerta a los automovilistas poblanos y que, además de causar daños materiales, dejó personas lesionadas, entre ellas un menor de edad.

Un adolescente de 16 años fue herido de bala en una zona rural del departamento Machagai el pasado 10 de julio. El incidente tuvo lugar en el lote 40, situado a unos 30 kilómetros de la planta urbana, en jurisdicción de Colonia Aborigen. La víctima sufrió una lesión en una de sus piernas, según informó la Policía del Chaco.

La denuncia fue presentada por una mujer de 32 años, tía del adolescente, quien identificó a un joven de 25 años como presunto responsable del ataque. Tras recibir la denuncia, las fuerzas de seguridad iniciaron tareas investigativas que permitieron dar con el sospechoso.

El adolescente herido fue asistido por personal médico y, según el parte policial, se encuentra fuera de peligro. La lesión fue catalogada como leve, aunque la investigación sigue su curso para determinar las circunstancias exactas del episodio.

De acuerdo con la información proporcionada por la Comisaría de Colonia Aborigen, el hecho se desencadenó en horas de la tarde del 10 de julio. Vecinos del lote 40 dieron aviso a las autoridades tras escuchar detonaciones y observar la presencia de personas alteradas en la zona.

La denunciante relató que el joven de 25 años fue visto en las inmediaciones momentos antes de que se produjera el disparo. Los efectivos policiales tomaron testimonios y recolectaron pruebas en el lugar, para luego informar a la Fiscalía de Investigación Penal N°1 de Sáenz Peña, que dispuso la detención preventiva del señalado como presunto autor.

El sospechoso, según informó el portal del Diario Chaco, fue hallado en las cercanías y trasladado a la dependencia policial, donde fue notificado de su aprehensión en el marco de una causa caratulada como “supuestas lesiones leves con arma de fuego”.

La Fiscalía ordenó la continuidad de las diligencias, con el objetivo de esclarecer el contexto y la posible intencionalidad del disparo. Fuentes policiales indicaron que se tomaron muestras en el sitio y se convocó a peritos balísticos para analizar los elementos recolectados.

Hasta el momento, el joven detenido permanece a disposición de la Justicia, a la espera de ser indagado formalmente. Se informó que la víctima evoluciona favorablemente, aunque deberá continuar con controles médicos para descartar secuelas.

Un adolescente resultó herido cuando huía de la Policía junto a dos cómplices en La Plata

A mediados del mes pasado, un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.

Un hombre de 28 años fue detenido y permanece en prisión preventiva tras ser acusado de intentar sobornar a dos policías en las inmediaciones del inconcluso Hospital Regional Sur en la ciudad de Rosario.

La fiscalía sostiene que el acusado, identificado como Juan Ezequiel F., ofreció dinero a los uniformados para que se retiraran de la zona, utilizada históricamente como punto de venta de drogas. Ante la negativa, los amenazó con que serían atacados a balazos porque “les estaban estorbando a los clientes”.

El hecho ocurrió cerca de las 23.30 del 8 de julio en la esquina de Heliotropo y un pasaje sin nombre, junto al hospital cuya construcción permanece paralizada desde hace más de una década. Según consta en el acta policial, Fernández y otro hombre aún no identificado se acercaron a los policías que realizaban tareas de prevención y les ofrecieron $100 mil a cambio de que apagaran las luces del patrullero y abandonaran el lugar.

De acuerdo con la imputación presentada por la fiscal Josefina Bertotto, al rechazar la oferta los agentes fueron amenazados. Los sospechosos advirtieron a los policías que, si permanecían allí, “tirotearían el móvil” porque interferían con los movimientos de los compradores de drogas. En ese momento, Fernández simuló portar un arma de fuego al llevarse la mano a la cintura y realizar ademanes intimidatorios.

La situación derivó en una breve persecución en la que el hombre fue detenido. Según indicó la fiscalía, incluso después de ser reducido, continuó amenazando al personal policial, asegurando que les dispararía cuando recuperara la libertad. En el procedimiento de requisa, se le secuestraron $120.900.

De acuerdo con lo informado por el portal Rosario3, la jueza Verónica Lamas González hizo lugar al pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva efectiva por 60 días para el imputado. La decisión fue adoptada tras valorar los elementos probatorios presentados, entre ellos el acta policial y las declaraciones de los efectivos involucrados.

El episodio cobra especial relevancia en un contexto de conflictividad creciente en torno al Hospital Regional Sur, cuya construcción comenzó en 2011 y nunca fue finalizada. El predio, víctima de saqueos sistemáticos durante años, ha sufrido pérdidas millonarias y obligó a reforzar la presencia policial para intentar frenar el avance de actividades ilícitas.

En torno al edificio inconcluso, se consolidó en los últimos años un asentamiento precario conocido como Ciudad Perdida, habitado principalmente por carreros. De esta manera, este sector del barrio Las Flores Sur se transformó en territorio de disputa entre bandas ligadas al narcomenudeo.

El 23 de diciembre pasado, tres consumidores —Juan Pablo Enríquez, Érica Tamara Ayala y Sergio Fabio Roldán, todos de poco más de 30 años— fueron ejecutados a balazos en un camino de tierra del asentamiento. Un cuarto hombre resultó gravemente herido. Según la investigación referida en la imputación fiscal, el ataque buscó “quemar” esa plaza de venta de drogas en perjuicio de una organización rival.

Un hecho previo, ocurrido el 29 de octubre del año pasado, también dejó al descubierto la violencia de la zona: una balacera contra un búnker cercano al hospital provocó la muerte de Daniela Salva, además de heridas a una mujer de 35 años y a un adolescente de 15.

Un episodio inusual alteró la tranquilidad de Country Grand Bell, en City Bell, La Plata, durante una jornada marcada por la expectativa nacional: la Selección argentina disputaba los cuartos de final del Mundial 2026 ante Suiza.

El hecho, según informó el portal 0221, se produjo este sábado en el predio ubicado sobre la calle 467, entre 143 y 148, en el partido de La Plata. El propietario de la casa, que no se encontraba en el país al momento del incidente, advirtió la presencia de un intruso gracias al sistema de videovigilancia instalado en su domicilio. Desde Uruguay, el dueño recibió imágenes que mostraban a una persona dentro de su vivienda, lo que lo llevó a alertar rápidamente a las fuerzas de seguridad.

De esta manera, el personal de Policía Adicional fue notificado por los agentes de seguridad privada del country tras detectar movimientos sospechosos en una de las viviendas. Al recibir el aviso, los efectivos iniciaron una recorrida por el sector y observaron a un hombre saliendo del inmueble señalado.

Tras interceptarlo, los agentes procedieron a identificar al sujeto, constatando que se trataba de un comerciante de 51 años domiciliado en otro lote dentro del mismo predio Grand Bell. La inmediata coordinación entre la seguridad interna y la fuerza policial permitió que el procedimiento se realizara sin incidentes mayores.

El hombre fue trasladado a la comisaría Decimocuarta de Melchor Romero, donde se iniciaron actuaciones caratuladas como “violación de domicilio”, un delito que contempla penas menores, aunque no se descarta la incorporación de nuevas pruebas que puedan modificar la situación procesal del involucrado. Según se informó, la investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 17, que dispuso las primeras medidas judiciales.

La UFI N° 17, al tomar conocimiento del caso, ordenó que se respetaran los pasos procesales habituales para este tipo de delitos. Conforme a lo establecido por el artículo 161 del Código Procesal Penal, el hombre detenido recuperó la libertad horas después, mientras continúa la investigación para esclarecer las circunstancias exactas del ingreso no autorizado.

Según indicaron fuentes consultadas, se están analizando tanto los registros de acceso al barrio cerrado como los testimonios de personal de seguridad y vecinos, con el objetivo de determinar si existió algún vínculo previo entre el comerciante y el propietario de la vivienda afectada o si el hecho fue producto de una oportunidad circunstancial.

La causa continuará bajo la órbita de la UFI N° 17, que deberá definir si existen elementos para avanzar con nuevas imputaciones o medidas restrictivas sobre el acusado.

Este mismo domingo, se conoció la noticia de que una jubilada de 87 años fue víctima de un asalto en su casa del barrio San Carlos de La Plata. Según pudo saber Infobae de fuentes policiales, dos delincuentes ingresaron a la vivienda, la amenazaron y la redujeron. Antes de escapar, le robaron el teléfono celular y, desde ese dispositivo, le vaciaron la caja de ahorro.

El hecho ocurrió el sábado 11 de julio en un domicilio ubicado en calle 45, entre 140 y 141. Allí, fue sorprendida por dos ladrones que ingresaron a la vivienda tras forzar una persiana. Según pudo saber este medio, los sospechosos no exhibieron armas durante el robo, pero intimidaron y redujeron a la mujer.

Una vez dentro, recorrieron los ambientes del inmueble y sustrajeron un televisor de 49 pulgadas y un caloventor negro. También se apoderaron del teléfono celular de la jubilada y lo utilizaron para realizar transferencias bancarias por 1.800.000 pesos a la cuenta de una tercera persona.

Tras el asalto, se dieron a la fuga, mientras que la jubilada realizó la denuncia correspondiente en la Subcomisaría La Unión. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N° 17 de La Plata y fue caratulada como “robo”.

Durante varios minutos, la tensión se apoderó de la zona oeste de Mar del Plata. Un hombre con pedido de captura activo había logrado escaparse en plena persecución policial, dejando a los efectivos en vilo. Tras huir a pie por varias calles y refugiarse en una vivienda, la búsqueda culminó de forma inesperada: fue hallado oculto debajo de una cama, en uno de los dormitorios de la casa revisada con autorización de la propietaria.

La detención de Leonel Gonzalo Nahuel Díaz, de 27 años, cerró un operativo policial iniciado la tarde del pasado miércoles. Sobre Díaz pesaba un pedido de captura dispuesto por el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial de Azul, relacionado con un robo agravado ocurrido en la localidad de Benito Juárez el 18 de abril.

La búsqueda involucraba a personal del Gabinete de Robos Calificados a Viviendas de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Mar del Plata, quienes realizaban recorridas preventivas en el marco de operativos contra delitos automotores.

Según lo informado por el portal del diario La Capital, los investigadores ya tenían identificado el rostro de Díaz. Días atrás, efectivos de la DDI de Azul habían viajado a Mar del Plata para concretar un allanamiento en busca del sospechoso, pero la diligencia resultó infructuosa. Este miércoles, al llegar a la intersección de French y 180, los agentes lo reconocieron caminando por la vía pública.

Al advertir la presencia policial, Díaz corrió hacia un Toyota Yaris que lo esperaba con otro hombre a bordo. Ambos emprendieron la fuga a toda velocidad, iniciando una persecución en la que participaron móviles del Comando de Patrullas. La huida se extendió por diferentes calles hasta finalizar en Rivadavia al 10.000, donde los ocupantes abandonaron el automóvil y continuaron a pie.

Mientras el acompañante logró escapar y permanece prófugo, Díaz ingresó a una vivienda de la zona. Con autorización de la dueña, los efectivos policiales revisaron el inmueble. Finalmente, tras una búsqueda breve, encontraron al hombre escondido debajo de una cama, donde fue reducido y esposado.

Aunque el Toyota Yaris llevaba una patente que correspondía legalmente a otro vehículo similar, el número de chasis reveló que se trataba de un automóvil robado. El vehículo había sido sustraído el pasado 27 de junio durante un asalto en la zona de 3 de Febrero al 5700.

En ese episodio, una mujer de 53 años descendió de su Toyota Yaris para realizar compras y fue sorprendida por dos hombres armados a bordo de una motocicleta, quienes la amenazaron y se llevaron el vehículo. Dentro del automóvil recuperado, la Policía halló la documentación original de la víctima, herramientas y una tercera chapa patente. Todos estos elementos fueron secuestrados para ser analizados en el marco de la investigación.

La confirmación del origen ilícito del vehículo llevó a que el fiscal de Flagrancia Leandro Arévalo imputara a Díaz también por el delito de encubrimiento. Además, se dispuso su alojamiento en la Unidad Penal Nº 44 de Batán, donde permanecerá a disposición tanto del expediente de Azul como del nuevo sumario iniciado en Mar del Plata.

En paralelo, la Policía continúa con la búsqueda del acompañante de Díaz, quien logró escapar a pie por la zona de avenida Fermín Errea. Hasta el momento, permanece prófugo y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad.

La familia alertó a las autoridades sobre el paradero del hombre de unos 30 años, por lo que se trasladaron al hospital Parrando. Allí, lo descubrieron mientras le hacían las curaciones. Los médicos que lo atendieron diagnosticaron que presentaba “quemaduras en miembro inferior derecho y tórax por quemaduras eléctricas” y determinaron que debía permanecer internado durante siete días bajo custodia policial.

El hecho ocurrió el domingo pasado, cuando tres personas ingresaron sin autorización a las instalaciones de la Sociedad Anónima Mixta Energía Eléctrica de la Provincia (Sameep) en Barranqueras, ubicado sobre la calle Arroyito al 5100.

Uno de ellos, identificado como G.R.D., alias “Roly”, accedió a la caseta donde se concentra el sistema eléctrico del complejo con la intención de sustraer cables, según informó Diario Chaco.

Al intentar cortarlos, recibió una descarga eléctrica de alta tensión que generó una explosión. El estallido dañó las instalaciones e interrumpió el servicio de agua potable en toda el área metropolitana. Luego del incidente, los tres hombres escaparon del lugar.

La investigación se centró sobre “Roly” al detectar que había sufrido quemaduras graves durante el episodio. Fueron personas de su entorno quienes informaron a las autoridades que el hombre se trasladaba por sus propios medios al nosocomio para recibir atención médica. El personal del Servicio Externo lo interceptó en el establecimiento y procedió a su detención.

El fiscal Víctor Recio, a cargo de la causa, ordenó que el detenido fuera notificado y aprehendido por “supuestos daños a bienes del Estado”. La investigación continúa abierta, y resta determinar la situación de los otros dos hombres que ingresaron junto a “Roly” a las instalaciones de Sameep aquella noche.

Se incendió una subestación de Edesur y hubo cientos de usuarios afectados

La explosión de dos transformadores en la madrugada del viernes 22 de mayo desató un incendio en la subestación de Edesur ubicada en el barrio porteño de Parque Centenario y dejó sin electricidad a más de 100.000 usuarios de la Ciudad de Buenos Aires. El siniestro se registró alrededor de las 3.15 y afectó a varios barrios del centro y oeste de la capital.

La Policía de la Ciudad informó que, ante la magnitud del fuego, el personal de Edesur advirtió que las condiciones no eran seguras para el trabajo de los bomberos, por lo que se interrumpió el suministro eléctrico en la zona de manera preventiva. Los Bomberos de la Ciudad desplegaron un operativo que incluyó el uso de un hidroelevador para atacar el foco desde altura. Dado que el fuego se originó en el aceite de los dos transformadores, los efectivos recurrieron a espuma emulsora para controlarlo. No se reportaron heridos.

En el pico de la interrupción, 103.760 usuarios quedaron sin servicio, según los datos oficiales de la empresa. Los barrios más perjudicados fueron Caballito, Almagro y Villa Crespo. De acuerdo con los registros del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE), a las 7.30 el corte aún afectaba a 8.098 usuarios en Almagro, 6.355 en Villa Crespo y 5.363 en Caballito. La Paternal, otro de los sectores impactados, recuperó el suministro antes que el resto.

Edesur confirmó que el restablecimiento del servicio se realizaría por etapas a lo largo de la mañana. Personal de la Comisaría Vecinal 6A colaboró en el operativo de seguridad en la zona. Hacia las 8, la cantidad de usuarios sin luz había descendido a 24.610, y el servicio quedó completamente normalizado en el transcurso de la mañana.

El Equipo Fiscal Nº 13 resolvió revocar la modalidad domiciliaria de cumplimiento de la prisión preventiva de Héctor Eduardo Machuca y ordenó que continúe alojado en la Comisaría Segunda de Barranqueras.

De acuerdo con la información a la que accedió Infobae, la decisión, comunicada en las últimas horas, responde a una serie de presentaciones de la Defensora Pública de Víctimas, que aportó material fílmico y fotográfico que demostraría el incumplimiento de las condiciones dispuestas para la detención en domicilio.

Este material, considerado determinante por la Fiscalía, motivó la revisión inmediata de la modalidad de detención. En la resolución, el Equipo Fiscal Nº 13 subrayó que el cambio de medida no implica restringir el derecho a la libertad de culto ni cuestionar prácticas religiosas, sino que responde exclusivamente a la necesidad de evitar actos de convocatoria, exposición pública o reunión con terceros, actividades que la prisión domiciliaria no habilita.

El imputado permanecía bajo prisión preventiva, aunque se le había autorizado cumplirla en su vivienda por motivos humanitarios relacionados con su estado de salud. Dicha autorización estaba supeditada a reglas estrictas de permanencia y control, establecidas con el fin de garantizar el proceso judicial y el resguardo de los derechos de las víctimas.

El Equipo Fiscal Nº 13 fundamentó su resolución en la incompatibilidad de las conductas registradas con la modalidad de prisión domiciliaria. Para la Fiscalía, la participación de Machuca en reuniones de carácter religioso en su domicilio evidenció que la medida era insuficiente para neutralizar el riesgo de entorpecimiento de la investigación y salvaguardar los derechos de las víctimas.

Se indicó que la prisión domiciliaria, si bien responde a circunstancias humanitarias, exige un cumplimiento estricto de las limitaciones impuestas. La presencia de terceras personas y la realización de encuentros, aun cuando tengan un motivo religioso, constituyen una violación a las condiciones de aislamiento establecidas por la autoridad judicial.

El Equipo Fiscal Nº 13 aclaró en su resolución que “la modalidad domiciliaria no habilita actos de convocatoria, exposición pública o reunión con terceros”, por lo que la conducta del imputado fue considerada incompatible con los fines de la medida. El dictamen sostiene que el objetivo principal es evitar cualquier situación que pueda afectar la investigación en curso o poner en riesgo a las víctimas.

La intervención de la Defensora Pública de Víctimas resultó clave en la revisión de la situación de Machuca. Según se informó, la funcionaria presentó ante la Fiscalía imágenes y videos en los que se vería al imputado participando activamente en reuniones dentro de su domicilio, incumpliendo así las reglas de permanencia y control dispuestas.

Tras la revocación de la prisión domiciliaria, Héctor Eduardo Machuca fue trasladado nuevamente a la Comisaría Segunda de Barranqueras, donde continuará detenido mientras se desarrolla la investigación.

La resolución del Equipo Fiscal Nº 13 enfatiza que la modalidad domiciliaria no debe ser interpretada como una flexibilización de la prisión preventiva, sino como una medida excepcional ante circunstancias puntuales de salud o edad. El caso de Machuca se convierte así en un antecedente relevante sobre la aplicación y los límites de este régimen en el contexto judicial local.

Un hombre de 26 años fue detenido por estar presuntamente implicado en el robo de placas y esculturas de bronce de la Parroquia de San Cosme y San Damián, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México.

Luego de que el padre José de Jesús Aguilar denunció el ingreso de varios sujetos a la iglesia en dos días distintos para llevarse placas conmemorativas y esculturas, entre las que se encontraban algunas inspiradas en las artistas plásticas Remedios Varo y Leonora Carrington, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la capital detuvieron a uno de los probables responsables.

Su captura se llevó a cabo derivado de trabajos de investigación y mediante el análisis de cámaras de videovigilancia, luego de que los responsables fueron captados en imágenes durante el saqueo.

Fue ubicado con dosis de droga

Durante recorridos de vigilancia en la demarcación, los elementos ubicaron en el cruce de la calle Serapio Rendón y la avenida San Cosme, en la colonia San Rafael, a un hombre que actuaba de manera inusual y que cumplía con las características de uno de los sujetos que estaría implicado en el robo.

Debido a lo anterior, se aproximaron y llevaron a cabo una revisión preventiva en la le aseguraron 19 bolsitas de plástico color rojo que contenían hierba verde y seca con características de la marihuana, así como 5 cigarrillos de elaboración artesanal con el mismo vegetal.

El sujeto, del que no se informó su identidad, fue detenido y puesto junto con lo asegurado a disposición del agente del Ministerio Público para que determine su situación legal, así como para iniciar la carpeta de investigación correspondiente.

La SSC informó que se encuentran en coordinación con autoridades ministeriales para la realización de las indagatorias del caso e identificar a todos los involucrados.

¿Cómo ocurrió el robo?

De acuerdo con el padre José de Jesús Aguilar, cinco placas y tres esculturas fueron robadas del atrio de la Parroquia de San Cosme y San Damián durante la madrugada del martes.

A través del análisis de las cámaras de vigilancia fue que pudieron identificar que los responsables saltaron la reja exterior que impedía el paso al pequeño jardín con el que cuenta la iglesia, donde tienen cerca de 15 esculturas dedicadas a artistas, al cuidado animal y a la labor de las madres buscadoras, entre otros.

Al ingresar al sitio, los responsables comenzaron a retirar las placas que estaban colocadas en distintos espacios del jardín, así como una escultura inspirada en la obra de Remedios Varo y dos más de ángeles que tenían el tamaño de una persona.

Para sacarlos del lugar, los sujetos rompieron la cadena que se encontraba en la reja exterior. En entrevista con N+, el padre explicó que las esculturas estaban ancladas a una varilla, además de tener una mezcla de cemento y espuma para asegurar su permanencia en columnas.

El padre Aguilar también dijo que el costo de las esculturas sería de más de 150 mil pesos debido a que son de bronce, por lo que pidió a la ciudadanía no comprarlas, y en caso de verlas a la venta, que denuncien.

“Si alguien se las ofrece o quiere vender, sepan que son robados y comuníquense a: santoscosmeydamian@yahoo.com.mx”, escribió el padre en un video en el que denunció el robo de los objetos.

Ante las investigaciones, se espera que en las próximas horas sean detenidas más personas relacionadas con el robo de las esculturas y las placas. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han dado mayores datos sobre la posible ubicación de los objetos saqueados.

Un hombre de 44 años fue capturado tras un operativo policial de rutina en la localidad Toay, provincia de La Pampa. Tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Río Negro por una condena firme de una causa por asociación ilícita y robos calificados.

Durante la madrugada, personal policial realizaba tareas preventivas en la zona urbana cuando procedió a identificar a un individuo cuyo comportamiento resultó sospechoso. Al consultar los registros policiales, los agentes confirmaron que se trataba de un hombre con antecedentes y una sentencia firme pendiente. La intervención se realizó sin incidentes y de inmediato se notificó a las autoridades judiciales de la provincia de origen.

La captura de este prófugo representa el desenlace de una investigación iniciada meses atrás en Río Negro, donde se lo vinculó a una banda dedicada a la comisión de delitos graves. El ahora detenido participó en varios hechos de robo calificado en el sur del país, operando junto a otros integrantes en acciones coordinadas que motivaron la intervención de la Justicia penal.

De acuerdo con la información provista por la Comisaría Departamental, el hombre fue trasladado en primera instancia a la dependencia policial local, donde permaneció alojado bajo custodia. Allí, fue notificado formalmente de la existencia de una condena firme en su contra, dictada por un tribunal de la provincia de Río Negro en el marco de una causa caratulada como “Asociación ilícita en concurso real con robos calificados”.

El hombre, según lo informado por el portal El Diario de La Pampa, y cuya identidad no fue difundida por motivos legales, fue señalado como integrante de una organización delictiva dedicada a cometer robos de manera sistemática. La investigación judicial, según fuentes oficiales, logró reunir pruebas suficientes para determinar su responsabilidad en los hechos, lo que derivó en la condena a siete años de prisión de cumplimiento efectivo.

Atraparon al último prófugo por el crtimen de un joven

Hace unos meses, se produjo la captura de Dylan Uriel Escalada, alias ‘Toro’, marca un nuevo capítulo en la larga disputa territorial que asola el corazón de La Matanza.

La detención se produjo a menos de un año del crimen de Nahuel Beltrán, un joven que murió tras recibir múltiples disparos en la villa Las Antenas, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador. El hecho, que sacudió a la comunidad local, fue el resultado de una feroz disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo y al control de la zona.

El caso había dado un giro inesperado cuando, tras la balacera que terminó con la vida de Beltrán, se desató una serie de operativos policiales para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque. Matías Ramón Junco, conocido como ‘Ojo’, fue el primero en ser arrestado a finales de julio de 2025. Poco antes, la policía ya había detenido a Jorge Luis Melgarejo, apodado ‘El Gordo Coca’. Ambos eran señalados por la investigación como piezas clave en la estructura criminal que controlaba el negocio de la droga y ejercía la violencia en el barrio.

Según informó el portal PrimerPlanoOnLine, la captura de Escalada, quien había permanecido prófugo durante varios meses con orden de captura nacional e internacional, fue posible gracias a la colaboración de la familia de la víctima. Según se informó, el padre de Beltrán notificó a la Fiscalía de Homicidios sobre el regreso del sospechoso al barrio, lo que permitió montar un operativo encubierto que culminó con su aprehensión.

En medio de la investigación por el crimen de Marta Azucena Migliorini, la jubilada que fue encontrada asesinada en su casa de Banda del Río Salí, provincia de Tucumán, este martes se confirmó la detención de un adolescente de 17 años. De esta manera, la causa sumó a un sexto implicado en el hecho, quien quedó a disposición de la Justicia.

Durante la audiencia, el auxiliar de fiscal Alejandro Andole estuvo en representación de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, oficina que se encuentra a cargo del expediente. De esta manera, solicitaron el control de la aprehensión, la formalización de la investigación y medidas de coerción.

Ante la Justicia, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) expuso las circunstancias de la detención y solicitó que se declare la legalidad de la misma. En consecuencia, el menor de edad fue imputado por el delito de homicidio agravado por ensañamiento y en concurso premeditado de dos o más personas.

De acuerdo con la información a la que tuvo acceso Infobae, el juez interviniente resolvió hacer lugar parcialmente al pedido fiscal y ordenó la detención provisoria para el acusado. Por este motivo, el joven deberá permanecer alojado en el Establecimiento Socioeducativo San José Gabriel del Rosario Brochero durante dos meses, es decir, hasta el 7 de septiembre de 2026.

Hasta el momento, la investigación habría ubicado al adolescente como uno de los participantes en el homicidio de Miglorini, ocurrido entre el 2 y el 3 de julio. Según las sospechas, el joven habría actuado junto a otros cinco mayores y al menos dos menores en la vivienda de la jubilada, ubicada en barrio Aeropuerto, Manzana F, Lote 10, en Banda del Río Salí.

De esta manera, la causa elevó el número de detenidos a seis. A lo largo del fin de semana, las autoridades capturaron a Wilson Ángel Palacios (21), Eduardo Daniel Santucho (26), alias “Chueco”, Elías Gerez (18), Marcos Omar Suárez (19) y M.B.A. (17).

Mientras que los mayores de edad deberán cumplir con una prisión preventiva, el menor de edad también fue enviado hacia el Instituto “Cura Brochero”. Todos deberán permanecer recluidos por, al menos, cinco meses.

La trama detrás del asesinato de la jubilada

Según la reconstrucción presentada por la Fiscalía, los imputados y otras personas aún no identificadas arribaron a la vivienda de Migliorini con el objetivo de robarle. Una vez en el interior, el grupo redujo a la víctima atándole los tobillos con una correa y comprimiéndole el cuello con cables, un prolongador eléctrico y un cinturón.

Para los investigadores, los agresores decidieron darle muerte con el fin de garantizar el robo y evitar que pudiera reconocerlos. Sin embargo, apuntaron que la víctima fue sometida a un sufrimiento innecesario y desproporcionado, circunstancia que motivó la calificación de ensañamiento como agravante.

De acuerdo con los resultados de la autopsia, la mujer sufrió un traumatismo de cráneo, múltiples heridas punzocortantes en el cuello y el aplastamiento del antebrazo izquierdo con un tablón de madera, todas estas lesiones provocadas mientras aún estaba con vida.

Tras el ataque, los responsables huyeron de la escena llevando consigo diversos bienes cuyo inventario continúa bajo investigación. Entre los objetos sustraídos se encuentra la llave de un Volkswagen Polo Track propiedad de la víctima.

El asesinato fue descubierto en la tarde del viernes, cuando el sobrino de Migliorini llegó al domicilio y halló a su tía sin vida, con evidentes signos de violencia, ensangrentada y atada. A partir de las tareas conjuntas de la Policía de Tucumán y el Ministerio Público Fiscal, se permitió la rápida identificación de los presuntos autores y la realización de varios allanamientos.

Actualmente, los investigadores buscarán recoger más pruebas para precisar el grado de participación de cada imputado y para identificar a otras personas que, conforme a la teoría del caso, también habrían intervenido en el hecho y permanecen prófugas.

Un hombre de 35 años fue aprehendido en San Fernando del Valle de Catamarca, por personal de la Comisaría Décima, tras protagonizar un hecho que dejó consternados a los vecinos.

Todo sucedió cerca de la medianoche del martes en una casa ubicada en las calles La Rioja y Armando Correa. Las autoridades tomaron conocimiento de lo sucedido tras una llamada al 911, que alertaba sobre el comportamiento agresivo de un individuo hacia miembros de su familia.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local El Ancasti, una mujer de 33 años y un joven de 22 informaron que su tío se presentó en la vivienda con una actitud violenta y que la mujer resultó agredida físicamente. La rápida comunicación con el SAE-911 permitió que una patrulla llegara al lugar en minutos para controlar la situación.

Al advertir la presencia de los efectivos, el presunto agresor intentó huir saltando los techos de viviendas lindantes. La persecución se desarrolló en plena madrugada, lo que generó inquietud entre los residentes de la zona. El hombre, cuya identidad responde al apellido Córdoba, fue finalmente interceptado a escasa distancia del domicilio y reducido por el personal policial.

Una vez aprehendido, el hombre fue trasladado y quedó alojado en la dependencia policial correspondiente. Las autoridades informaron que Córdoba permanece a disposición de la Fiscalía de Instrucción de turno del Distrito Sur, que ahora deberá definir los pasos procesales a seguir en el marco de la causa por violencia familiar.

Según la información aportada por la policía, la mujer de 33 años y el joven de 22 fueron invitados a radicar las denuncias formales en el Precinto Judicial N.º 2.

Le exigió plata a su pareja y golpeó brutalmente a su hija

En el barrio Alto Comedero de la ciudad de San Salvador de Jujuy, un episodio de violencia de género e intrafamiliar generó conmoción entre los vecinos durante la última semana. Un hombre de 46 años fue detenido hace unos días por la Policía tras protagonizar una agresión física y amenazas de muerte contra su pareja y su hija de 15 años, quien intervino para defender a su madre.

El hecho tuvo como detonante un reclamo económico. El incidente ocurrió en una vivienda del sector conocido como 18 Hectáreas, en Alto Comedero. El hombre ingresó a la casa y exigió a su pareja una suma de dinero. Ante la negativa, lanzó amenazas de muerte y la situación escaló rápidamente de una agresión verbal al ataque físico.

La hija adolescente se interpuso para proteger a su madre, acción que desató la furia del agresor, quien le pegó en el rostro a la menor. Según informó Jujuy al Momento, la intervención del hijo mayor de la familia resultó clave para frenar la situación.

La escalada de violencia se extendió con nuevas amenazas dirigidas a todos los integrantes del grupo familiar. En ese contexto, el hijo mayor, un joven de 20 años, intervino y logró reducir al agresor tras un forcejeo. Inmediatamente, el hijo efectuó un llamado telefónico a la policía, lo que permitió la llegada rápida de los efectivos de la Seccional Nº 63 al domicilio.

Los agentes constataron la gravedad del hecho y procedieron a detener al hombre, quien quedó alojado en la sede policial a disposición de la Justicia, de acuerdo con lo dispuesto por el Ministerio Público de la Acusación y el Juzgado de Violencia de Género de la capital jujeña. La madre de la familia fue trasladada a la dependencia policial para formalizar la denuncia y solicitar medidas urgentes de protección para ella y sus hijos.

La DDI de Mar del Plata detuvo este domingo a J. O. R. (36), conocido como “El Uña”, en la ciudad en el marco de una investigación por el crimen de su cuñado. La víctima murió un mes después del brutal ataque.

La víticima fue identifiada como Paulo Ezequiel López (39), quien falleció el 4 de julio a causa de las lesiones sufridas tras ser apuñalado a finales de mayo.

La causa se originó cuando un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un hombre gravemente herido en un domicilio. Al llegar al lugar, efectivos de la Unidad de Policía de Prevención Local encontraron a López tendido en el suelo, con una herida de arma blanca en el abdomen. Según relataron familiares presentes, la víctima había discutido momentos antes con su cuñado, quien lo agredió con un cuchillo y escapó de la escena antes del arribo policial.

López fue trasladado de urgencia por una ambulancia del SAME al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó al área de Shock Room. Permaneció internado varios días y el 23 de mayo recibió el alta médica. Posteriormente, pudo prestar declaración testimonial y señaló a J. O. R. como autor material de la agresión, solicitando la prosecución de la acción penal en su contra.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital, el cuadro clínico de López se complicó a fines de junio. El 2 de julio debió ser nuevamente internado en el HIGA debido a secuelas de la puñalada. Dos días después, falleció.

Ante el deceso, el fiscal Carlos Russo, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N° 7, ordenó nuevas diligencias, entre ellas la práctica de la autopsia para precisar la causa de muerte.

La pesquisa, a cargo de efectivos de la DDI Mar del Plata, incluyó el relevamiento de cámaras de seguridad privadas y del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM). Los detectives analizaron videos y audios, y tomaron declaraciones a familiares y vecinos para reconstruir los movimientos del sospechoso tras el ataque. El análisis permitió establecer que J. O. R. se desplazaba y ocultaba en distintos domicilios de la ciudad para evadir a la Policía.

Los investigadores determinaron que el acusado frecuentaba la casa de sus padres en Wilde al 200, un segundo inmueble en Wilde al 100, la vivienda de una hermana en el barrio La Herradura y una propiedad sobre la avenida Colón al 11.900. Con estos elementos, la Justicia de Garantías otorgó cuatro órdenes de allanamiento y una orden de detención.

Durante la madrugada de ayer domingo, los procedimientos culminaron con la detención del hombre. En el momento de ser reducido, los policías encontraron en su poder un cuchillo de 24 centímetros de longitud, con la empuñadura envuelta en cinta negra y una funda fabricada con papel, cinta y nailon. Los investigadores sospechan que esta podría ser el arma utilizada en el ataque a López, aunque su identificación definitiva dependerá de los peritajes.

J. O. R. fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde permanece alojado a disposición de la Justicia. La autopsia y los análisis forenses serán determinantes para la calificación legal del hecho, que podría pasar de lesiones a homicidio en función de los resultados incorporados al expediente.

La información policial indica que el hombre cuenta con antecedentes desde 2012. Figuran en su historial una causa por encubrimiento de un motovehículo robado, otra por lesiones y daños en un domicilio particular, una captura por averiguación de paradero, actuaciones por incumplir el aislamiento obligatorio durante la pandemia y un allanamiento en enero de 2024 en una investigación por abuso de arma y lesiones leves.

Jesús Gabriel Pérez Rodríguez fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en los delitos de peculado y asociación delictuosa, luego de que las autoridades lo identificaron como parte de la red de corrupción encabezada por Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que de acuerdo con las investigaciones, el sujeto estaría relacionado con una ingeniería financiera creada por García Luna que estaba compuesta por servidores públicos, personas físicas y morales, como parte de un esquema de empresas fachada controladas por una organización criminal para lavar ganancias ilícitas.

De acuerdo con datos obtenidos por esta casa editorial, las indagatorias de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) refieren que el entramado estaba compuesto por cuatro grupos de servidores públicos, personas físicas y morales que usaba empresas fachada para suscribir contratos simulados, obteniendo recursos ilícitos mediante supuestas prestaciones de servicios sin materialidad real

Una vez recibidos los fondos públicos, la organización habría activado un esquema de empresas fachada para canalizar las ganancias.

Acusación lo vincula con el desvío millonario a empresas del esposo de Inés Gómez Mont

Reportes periodísticos previos señalan a Jesús Gabriel Pérez Rodríguez como el exdirector de Desarrollo Tecnológico del extinto Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social (OADPRS), en un caso que involucra a 61 exservidores públicos y a Genaro García Luna.

Dentro de esos funcionarios, a quienes les emitieron ordenes de aprehensión desde diciembre de 2025, se encuentra Jesús Gabriel Pérez, quien habría participado en el desvío de 2 mil 950 millones de pesos a empresas factureras relacionadas con Víctor Manuel Álvarez Puga, esposo de la conductora Inés Gómez Mont.

Los recursos, destinados originalmente a los penales federales del país, habrían sido canalizados a través de contratos sin respaldo real durante la administración de Enrique Peña Nieto.

En la misma investigación figuran Eduardo Guerrero Durán, excomisionado del OADPRS entre 2015 y 2016; Paulo Uribe Arriaga, exdirector General de Administración; Emmanuel Castillo Ruiz, extitular de la Coordinación General de Centros Federales; y Jorge Arnaldo Nava López, exdirector general del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Alertamiento e Inteligencia del desaparecido organismo.

Detención previa y reposición del procedimiento judicial

Pérez Rodríguez había sido detenido en diciembre de 2025, aunque el proceso sufrió una interrupción. Tras acciones legales interpuestas por el hoy imputado, se ordenó la reposición parcial de la continuación de la audiencia inicial.

El Ministerio Público Federal (MPF) cumplió posteriormente con el procedimiento y aportó los datos de prueba necesarios para obtener la vinculación a proceso. Mientras que el juez resolvió otorgarle prisión preventiva justificada y un plazo de un mes para la investigación complementaria.

Álvarez Puga, detenido en Florida tras años prófugo

Víctor Manuel Álvarez Puga fue capturado el 24 de septiembre de 2025 por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Florida, tras permanecer cuatro años bajo la mira de las autoridades. El empresario permanece bajo custodia en el Krome North Service Processing Center, mientras se define su situación legal.

La persecución contra Álvarez Puga comenzó luego de que la FGR obtuviera órdenes de aprehensión en su contra y activara una ficha roja de Interpol para su localización internacional.

Las autoridades mexicanas lo vinculan con presuntos delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, acusándolo de operar una red de empresas fantasma que habría desviado alrededor de 3 mil millones de pesos del erario federal mediante contratos simulados.

Fue el 19 de mayo de 2026 cuando el secretario de Relaciones Exteriores, Pedro Velasco, reveló que el gobierno de México solicitó la extradición de Víctor Álvarez Puga, pero las autoridades de Estados Unidos la negaron por no tratarse de un delito violento.

Hasta el momento se desconoce el proceso de Álvarez Puga en los Estados Unidos, luego de que medios estadounidenses afirmaron que solicitó asilo político por presunta persecución en su contra en México. El paradero de Inés Gómez Mont sigue sin conocerse pese a la ficha roja emitida por la Interpol desde 2021.

Un ex policía municipal de Mexicali, Baja California, fue detenido el pasado jueves por la noche en posesión de un arma de fuego tras un operativo de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) en el fraccionamiento Quintas del Rey.

El sujeto fue identificado como Juan Israel N, de 41 años de edad, quien cuenta con historial delictivo y su nombre figura en diversas investigaciones por su presunta relación con el crimen organizado. Fuentes estatales señalaron a Infobae México que el detenido estaría relacionado con el grupo delictivo de Los Rusos, una estructura criminal ligada al Cártel de Sinaloa, específicamente a la facción de La Mayiza.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, la captura se llevó a cabo en la calzada Anáhuac, entre las calles Fonemas y Colmenar, donde el sujeto circulaba en un vehículo Jeep Compass modelo 2017.

Al revisar los antecedentes del detenido se descubrió que, estando activo en la corporación municipal, fue investigado por delitos de daño en propiedad ajena en 2016, detenido por impedir actuar a la autoridad.

Un año después, en 2017, fue ligado a un delincuente apodado El Chito, quien se encuentra cumpliendo una condena por diversos ilícitos relacionados al crimen organizado.

Juan Israel N fue turnado a la Fiscalía General de la República (FGR) por la posesión de arma y para investigaciones correspondientes.

Capturan a El Rodilla de Los Rusos

Apenas a mediados del pasado mes de junio se dio a conocer la detención de Miguel “N”, alias “El Rodilla”, presunto integrante de la célula criminal “Los Rusos”y señalado por su probable participación en la privación ilegal de la libertad de varias de las víctimas halladas en las fosas clandestinas del poblado Miguel Alemán, en Mexicali.

El Rodilla habría sido detenido por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California, específicamente, agentes de la Agencia Estatal de Investigación, tras trabajos de inteligencia de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

La investigación estableció que al menos cinco personas habían sido privadas de la libertad y trasladadas a un domicilio en Mexicali, donde permanecieron retenidas contra su voluntad y, presuntamente, sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores.

Tras de las víctimas, identificadas como Hiram “N”, René “N” y María Lizbeth “N”, contaban con reporte de desaparición y fueron identificadas posteriormente entre los cuerpos encotrados en las fosas.

Autoridades revelaron recientemente que han sido localizados 44 cuerpos en las fosas clandestinas del poblado de Miguel Alemán.

Las indagatorias permitieron descubrir que El Rodilla mantenía vínculos con Marco Antonio Valenzuela, alias El Cabezón, quien fue identificado como uno de los principales operadores de Los Rusos en la región. Valenzuela fue abatido durante un operativo de fuerzas federales en San Luis Río Colorado en fechas recientes.

La captura de “El Rodilla” se enmarca en una investigación más amplia. La FGE identificó a otros integrantes de la organización criminal como colaboradores de “El Cabezón”, y las líneas de investigación apuntan a determinar el grado de participación de cada uno en los hechos relacionados con las fosas.

Según las líneas de investigación, las víctimas fueron privadas de la libertad en un primer momento y llevadas a un domicilio en Mexicali. Ahí permanecieron retenidas contra su voluntad y presuntamente fueron sometidas a agresiones físicas por parte de sus captores antes de ser trasladadas al sitio donde fueron localizadas.

Su identificación fue posible gracias a las indagatorias realizadas por la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada y Desaparición Cometida por Particulares.

Rolando “N”, alias “Gama” e identificado como integrante de Guerreros Unidos, fue sentenciado a más de 50 años de prisión por los delitos de delincuencia organizada en su hipótesis de secuestro, secuestro agravado de una víctima y contra la salud, por posesión simple de marihuana.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que tras aportar pruebas contundentes durante el proceso en contra del hombre, el juez fijó su sentencia y ordenó el pago de la reparación del daño por el delito de secuestro, cuyo monto será fijado mediante un incidente de liquidación.

Rolando “N” recibió una condena de 54 años y 10 meses de prisión por su participación en un secuestro cometido en Iguala, Guerrero, y deberá pagar una multa de 290 mil 258 pesos, así como la reparación del daño a la víctima, cuyo monto será determinado mediante un incidente de liquidación. Además, Salgado Olea quedó suspendido en el ejercicio de sus derechos políticos y civiles.

El “Gama” era el encargado de secuestrar personas para Guerreros Unidos

De acuerdo con la investigación del agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), los hechos ocurrieron en abril de 2015, cuando el “Gama” y otro involucrado trasladaron a una víctima por la fuerza en un automóvil en Iguala. Agentes federales lograron liberar a la víctima.

Tres meses después, en julio de 2015, “Gama” fue detenido en la colonia Centro de esa misma ciudad. Según la FGR, dentro de Guerreros Unidos era el encargado de privar de la libertad a las personas.

Esta organización ha sido identificada por estar dedicada principalmente al secuestro y a delitos contra la salud.

Permanecerá recluido en Veracruz

La Fiscalía General de la República informó que Rolando “N” se encuentra interno en el Centro Federal de Readaptación Social número 5 “Oriente”, con sede en Villa Aldama, Veracruz, donde cumplirá su condena a 54 años de prisión.

Este caso se suma a la absolución de Sindronio Casarrubias Salgado, alias “El Chino” y presunto líder de Guerreros Unidos, del delito de delincuencia organizada en abril de 2025, en una decisión que deja vigente solo la acusación por desaparición forzada en el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y lo mantiene preso en el penal federal de El Altiplano, sin derecho a prisión domiciliaria.

La resolución fue dictada por la jueza Segunda de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, quien sostuvo que no podía ser acusado por un delito que ya le había sido retirado. De acuerdo con los datos, la defensa promovió el sobreseimiento con base en que ya había sido juzgado antes por ese mismo cargo.

Es así que la juzgadora argumentó que la Constitución establece que nadie puede ser procesado dos veces por el mismo delito. Ese criterio cerró de nueva cuenta la vía para sostener la acusación de delincuencia organizada contra quien también es identificado como “El Chino”.

La absolución retoma un fallo dictado en 2023

La decisión no surgió de un expediente nuevo. En 2023, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en Matamoros, Samuel Ventura Ramos, ya había absuelto a Casarrubias Salgado del mismo delito al concluir que las pruebas presentadas por la entonces FGR no alcanzaban para acreditar su pertenencia a una organización criminal con el fin de cometer ilícitos.

Ese antecedente fue central para la nueva resolución. La jueza Duarte determinó que no procedía volver a acusarlo por delincuencia organizada porque el cargo ya había sido materia de un fallo previo.

El efecto inmediato de la resolución es concreto: la única imputación pendiente en su contra será su presunta participación en el intento de desaparición forzada de los estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en Guerrero. Aun con la absolución, seguirá recluido en el penal de máxima seguridad de El Altiplano.

Casarrubias fue detenido en 2014 y desde entonces ha aparecido como uno de los nombres centrales dentro de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas. Su situación jurídica ha transitado entre acusaciones federales, recursos de la defensa y revisiones judiciales sobre la validez de las pruebas.

La defensa alega tortura y ha pedido prisión domiciliaria

De acuerdo con su equipo legal, Casarrubias fue sometido a tratos crueles, inhumanos y degradantes por elementos de la entonces PGR para obtener declaraciones en las que se auto inculpó. Esa acusación ha servido de base para solicitar la nulidad de distintas pruebas incluidas en el proceso.

La defensa también ha pedido en varias ocasiones que se le conceda prisión domiciliaria. El argumento ha sido una combinación de problemas de salud y el tiempo prolongado que ha pasado en reclusión.

Los jueces federales han rechazado esas solicitudes y han sustentado que persiste un riesgo procesal por la gravedad de los delitos imputados y en que no quedaron plenamente acreditadas las condiciones médicas que justificarían esa medida.

El caso también llegó al Mecanismo contra la Tortura de la ONU, instancia que ha señalado posibles violaciones a derechos humanos dentro de su proceso judicial. Esa revisión internacional se suma a los cuestionamientos sobre cómo fueron obtenidas algunas de las pruebas que siguen bajo discusión en uno de los expedientes más sensibles del país.

Alfonso Durazo, gobernador del estado de Sonora, dio a conocer por medio de sus redes sociales la detención de Jesús Adrián “N”, alias “Bomba”, quien presuntamente es el segundo al mando del grupo delictivo Los Salazar, en esa entidad.

De acuerdo con la información difundida por el mandatario estatal, El Bomba tiene 10 órdenes de arresto activas: 8 por desaparición de particulares y 2 por homicidio agravado.

Además, se está tramitando otra orden de arresto por homicidio agravado. El arresto, señaló Durazo, se logró como resultado de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), institución a cargo de Omar García Harfuch, y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC).

Durante el operativo, se informó, se incautaron un arma de fuego, narcóticos y un vehículo. “Continuaremos trabajando de manera coordinada hasta que se restablezca plenamente la paz y la tranquilidad para las familias sonorenses”, concluyó Durazo.

Aunque el gobernador no especificó a qué grupo delictivo pertenecía el detenido, la periodista Michelle Rivera, de Radio Fórmula, aseguró que pertenece a Los Salazar.

Detienen a El Monstruo de Los Salazar

Apenas hace unos días, autoridades dieron a conocer la detención de Jesús Tadeo Hernández Escareño, El Monstruo, considerado un operador logístico del grupo delictivo Los Salazar, así como a tres sicarios que forman parte del Cártel de Sinaloa. Los detenidos fueron capturados en Ciudad Obregón, Sonora, en un operativo interinstitucional en contra de las organizaciones criminales.

Información de inteligencia generada por la Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) señaló que el personal naval realizó el operativo en coordinación con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) y la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

La Semar dio a conocer que Hernández Escareño era el jefe de sicarios y al momento de su detención también fueron capturados Jesús Adrian Sanchez Saenz,El Gordo, jefe de sicarios, Ivan Julián Ramírez Jiménez y Jonathan Alejandro Miranda Domínguez, quienes forman parte de una célula delictiva que opera principalmente en la zona de Cajeme.

La detención se llevó a cabo durante el cateo a un domicilio en la colonia Morelos, en Ciudad Obregón, donde además, del aseguramiento del inmueble, se decomisaron 110 dosis de metanfetamina, un vehículo, un cargador, 12 cartuchos útiles y dinero en efectivo.

Quiénes son Los Salazar

El grupo criminal Los Salazar surgió a mediados de los años dos mil como brazo armado del Cártel de Sinaloa en la región de Sonora y Chihuahua, bajo el liderazgo de Adán Salazar Zamorano,alias “Don Adán”. La organización fue clave en la expansión del cártel hacia el norte del país y la guerra contra rivales como el Cártel de Juárez y La Línea. Su negocio principal ha sido el trtáfico de drogas hacia Estados Unidos, especialmente cocaína, y en los últimos años la construcción de narcotúneles.

Los Salazar nacieron en Chínipas, Chihuahua, y rápidamente consolidaron su presencia en Sonora, donde controlaron rutas estratégicas para el paso de drogas y armas. Su fundador, Don Adán, fue considerado uno de los socios más cercanos de Joaquín “El Chapo” Guzmán y pieza clave para asegurar las operaciones del Cártel de Sinaloa en la región. Tras su detención en 2011 y posterior extradición a Estados Unidos en 2023, el liderazgo pasó a sus hijos, principalmente Jesús Alfredo Salazar Ramírez (“El Muñeco”), quien fue detenido en 2012, y Adán “El Indio” Salazar, asesinado en 2016. Actualmente, se señala a Crispín Salazar Zamorano (“El Tío”) como el principal operador.

Un hombre de 61 años fue detenido en Bahía Blanca por utilizar una tarjeta de débito robada en una estación de servicio.

El incidente tuvo lugar en la intersección de Don Bosco y 17 de Mayo. Todo salió a la luz cuando los trabajadores se percataron de que el nombre del plástico no coincidía con el del cliente.

De esta manera, informaron a las autoridades que se trataba de una tarjeta presuntamente robada. De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Brújula 24, la intervención fue inmediata y contó con el aporte del Centro Único de Monitoreo (CEUM), que permitió identificar y seguir el vehículo en el que circulaba el involucrado.

La persecución culminó a pocas cuadras, en la esquina de Bravard y Güemes, donde los agentes interceptaron el automóvil y procedieron a la detención del conductor. El individuo fue identificado como L. A. E., quien no opuso resistencia al ser aprehendido.

Durante la requisa, los efectivos policiales hallaron en poder de L. A. E. una tarjeta de débito y documentación personal que pertenecían a una mujer, la cual había denunciado el robo de sus pertenencias días antes. Además, se incautaron otros documentos privados y tarjetas bancarias a nombre de diferentes personas, cuya procedencia es ahora materia de investigación.

En el interior del automóvil, los uniformados también encontraron un envoltorio que contenía 0,3 gramos de una sustancia compatible con clorhidrato de cocaína. El material fue secuestrado y se dispusieron las actuaciones correspondientes conforme a la legislación vigente sobre tenencia de estupefacientes.

El hombre fue trasladado a la Comisaría Quinta, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) de turno y de la UFIJ N° 19. Se le imputaron los delitos de defraudación mediante el uso de tarjeta de débito ajena y tenencia de drogas.

Durante la jornada del miércoles, también detuvieron a un joven en Chaco, por robarle 24 millones de pesos a la empresa en la que trabajaba. Se transfería dinero a sus cuentas bancarias.

Todo comenzó con la presentación realizada por el propietario de la firma, quien señaló que uno de los empleados que se desempeñaba en el área de ventas y cobranzas se habría transferido parte del dinero que abonaban los clientes. Los movimientos se habrían repetido en varias oportunidades, por lo que estimó un perjuicio económico de 24 millones de pesos.

Luego de que comenzaran a investigar el caso, las autoridades detectaron que todas las transferencias que había realizado eran destinadas a cuentas y billeteras virtuales que habían sido abiertas a su nombre. A partir de esto, se ordenó un pedido de captura.

De acuerdo con la información obtenida por Diario Chaco, el personal de la División Leyes Especiales Metropolitana ubicó al empleado sospechoso cuando circulaba por la intersección de la Avenida Sabin y la Ruta Nacional N° 16, en la capital chaqueña.

Después de que el hombre quedara detenido y a disposición de la Justicia, los agentes confirmaron el secuestro de dos teléfonos celulares. La causa se encuentra bajo investigación del Equipo Fiscal N° 6, que ya ordenó que los dispositivos sean sometidos a las pericias correspondientes.

La Policía Bonarense detuvo este miércoles a un joven de 22 años por el homicidio de Gustavo Adrián Areco, ocurrido en mayo de este año en La Plata. Todo se habría tratado de un presunto ajuste de cuentas.

El procedimiento fue llevado a cabo por personal de la comisaría Decimosexta, que ejecutó la detención bajo orden del Juzgado de Garantías N° 2 de La Plata. Según fuentes policiales, la captura se produjo luego de una serie de diligencias que permitieron identificar y vincular al joven con el homicidio.

La Unidad Funcional de Instrucción N° 15, responsable de la pesquisa, impulsó desde el inicio diferentes medidas para identificar a los autores del ataque. En una primera etapa, dos sospechosos ya habían sido detenidos. Posteriormente, en junio, un tercer imputado fue capturado. El arresto de este cuarto acusado representa el avance más reciente en una causa que sigue sumando elementos.

La investigación comenzó tras el homicidio de Areco, quien fue atacado a balazos en una vivienda de la calle 122 y 613, en Villa Alba. El hecho ocurrió el 18 de mayo, cuando la víctima recibió dos disparos en el pecho mientras se encontraba en el patio de su casa. Fue trasladado de urgencia al Hospital San Martín, donde falleció pese a los esfuerzos médicos.

Según la principal hipótesis, horas antes del ataque, Areco habría participado junto a otro joven en el robo de una motocicleta en la esquina de 603 y 117. Este asalto quedó registrado por cámaras de seguridad y, según sostiene la pesquisa, desencadenó una represalia: un grupo de personas se dirigió a la vivienda de Areco y abrió fuego, terminando con su vida.

Desde ese momento, la Policía Bonaerense llevó adelante una serie de allanamientos. En estos procedimientos se secuestraron la motocicleta robada, el arma presuntamente utilizada en el crimen, teléfonos celulares, vainas servidas y los dos vehículos con los que se movilizaban los atacantes, un Chevrolet Vectra gris y un Chevrolet Corsa II.

Actualmente, son tres las personas detenidas en relación directa con el crimen, tras la liberación de uno de los imputados y la reciente captura del joven de 22 años. La fiscalía de la causa validó la detención y dispuso que el acusado sea trasladado este jueves para prestar declaración en su primera audiencia judicial.

El caso que investiga el asesinato de Areco ha mantenido en vilo a la región y sigue abierto a nuevas diligencias. Los investigadores continúan analizando elementos secuestrados, como registros fílmicos y teléfonos celulares, con el objetivo de reconstruir con precisión la participación de cada imputado en el homicidio.

El análisis de estos materiales busca determinar con exactitud cómo fue planificado y ejecutado el homicidio, así como el grado de participación de cada uno de los implicados.

Las autoridades reiteraron que la prioridad es esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de cada involucrado, en un expediente que cuenta hasta el momento con tres detenidos y elementos probatorios en análisis. La fiscalía aguarda los resultados de las pericias y no descarta ordenar nuevas actuaciones para avanzar en la reconstrucción del caso.

El mediodía de este lunes en Río Cuarto, provincia de Córdoba quedó marcado por una situación de violencia que alteró la cotidianidad de la ciudad. En el estacionamiento de un supermercado, ubicado entre las calles Estrada y San Martín, una pelea derivó en un tiroteo que generó alarma entre clientes y transeúntes de la zona. El episodio, que se produjo a plena luz del día, involucró a varios testigos y dejó como saldo a un joven herido.

Todo comenzó cuando un hombre que acababa de realizar compras en el supermercado se cruzó con otro individuo en el estacionamiento. Entre ambos se desató una discusión cuya intensidad fue en aumento hasta desembocar en la utilización de un arma de fuego.

Testigos presentes relataron que se escucharon entre cuatro y cinco detonaciones, aunque hasta el momento no se ha podido establecer si los disparos provinieron de una sola persona o si hubo un intercambio entre ambos involucrados.

Las detonaciones, según informó el portal El Doce.tv, causaron pánico entre quienes se encontraban en el lugar. Algunos buscaron refugio detrás de los autos estacionados, mientras otros intentaron alejarse rápidamente del área para resguardarse del peligro. El accionar policial no tardó en desplegarse, con patrullas y efectivos acudiendo al sitio del incidente.

En medio del tiroteo, un joven de 25 años que se encontraba en el interior de su vehículo se vio involucrado de manera indirecta. Según reconstruyeron las fuentes consultadas, el joven había dejado a unos amigos en las inmediaciones del supermercado y circulaba por la zona cuando comenzó la balacera. Uno de los proyectiles impactó contra la ventana del conductor, provocando que los vidrios estallaran.

La bala no lo hirió directamente, pero los fragmentos de vidrio le provocaron cortes en un brazo. Tras el incidente, el herido fue atendido y se constató que las lesiones no comprometían su vida. La rápida atención permitió que se confirmara su estado fuera de peligro.

Tras los disparos, la Policía de Río Cuarto desplegó un amplio operativo en el macrocentro de la ciudad para dar con los responsables. El procedimiento se extendió hasta inmediaciones de Plaza Mójica, sobre la calle Luis Reinaudi al 750, donde finalmente se produjo la detención de un joven de 20 años.

Durante el operativo, los efectivos lograron secuestrar un revólver calibre 22 que, según las primeras investigaciones, habría sido utilizado en el enfrentamiento. El detenido quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras la fiscalía avanza con la toma de testimonios y el análisis de las cámaras de seguridad del supermercado y la vía pública.

La presencia policial se mantuvo en la zona durante varias horas, tanto para preservar la escena como para brindar seguridad a los vecinos y comerciantes del sector. Las autoridades no confirmaron si el joven detenido tenía antecedentes penales ni si existía algún vínculo previo con la persona con la que discutió en el estacionamiento.

Hasta el momento, la policía no ha confirmado si se trató de un enfrentamiento entre dos personas armadas o si solo uno de los hombres efectuó los disparos. Según los relatos de testigos, la secuencia comenzó con una discusión y derivó rápidamente en la utilización del arma de fuego.

En la investigación se analiza además la posible existencia de antecedentes de conflictos previos entre los involucrados, así como la procedencia del arma secuestrada. La fiscalía también trabaja en la elaboración de un informe balístico para determinar la cantidad exacta de disparos realizados y el trayecto de los proyectiles.

Las autoridades indicaron que la investigación sigue abierta y que se brindará información oficial a medida que avance el análisis de las pruebas recolectadas.

Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años de edad, fue localizada sin vida luego de ser reportada como desaparecida el pasado 21 de junio tras salir de su turno como enfermera en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Ese día, la joven salió alrededor de las 08:00 de la mañana de su lugar de trabajo en la colonia Olivar de los Padres, donde se desempeñaba como auxiliar de enfermería. Sus familiares reportaron ante las autoridades que no regresó a su domicilio, por lo que realizaron la denuncia de su desaparición.

Al salir de la unidad médica, la joven vestía uniforme quirúrgico color azul marino. De acuerdo con su ficha de desaparición, sus señas particulares eran una cicatriz en el codo izquierdo, así como un tatuaje de mariposa roja que tenía en el abdomen del lado derecho.

A partir de la denuncia, elementos de la Policía de Investigación (PDI), personal ministerial y pericial activaron los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes que integraron la realización de entrevistas, análisis de videograbaciones y trabajos de campo.

Familiares detallaron que el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitieron observar a la joven cuando salió del sitio y comenzó a caminar de manera normal, pero su rastró se perdió poco después.

Sin embargo, las acciones también permitieron a las autoridades establecer la posible participación de un hombre en su desaparición.

Un detenido en flagrancia y la posterior localización del cuerpo sin vida de la joven

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el pasado 23 de junio fue detenido Joel Ricardo “N”, señalado por su presunta participación en la desaparición y posterior localización sin vida de Fátima Ozoara Cid.

La investigación condujo al arresto en flagrancia del sujeto, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Durante la audiencia inicial, un juez de control consideró legal la detención, por lo que la Fiscalía de CDMX formuló imputación contra el detenido por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará este martes 30 de junio a las 14:30 horas para definir si será vinculado a proceso o no por este delito. Mientras tanto, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La dependencia señaló que continuará con las investigaciones en coordinación con autoridades del Estado de México y Morelos para determinar la responsabilidad en los hechos y fortalecer la acusación.

Hallan sin vida a Fátima Ozoara tras la detención del sujeto

Luego de poco más de una semana de búsqueda y de que sus familiares exigieran a las autoridades avances en el caso, la joven fue hallada en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México, donde las autoridades establecieron un polígono de interés.

Fue la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos la que encabezó las labores que permitieron localizar el cuerpo sin vida de una mujer joven en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua del municipio de Ocuilán.

Su identificación se llevó a cabo más tarde por parte de la familia de Fátima Ozoara en el Servicio Médico Forense del Estado de México, mediante personal de la Policía de Investigación y una célula de atención.

La Fiscalía de CDMX detalló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar a la familia de Fátima Ozoara acceso a la justicia.

Cabe señalar que de acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez, Joel Ricardo “N” fue identificado como la pareja sentimental de Fátima Ozoara, quien sería el responsable tanto de la desaparición como el feminicidio de la joven.

Un tribunal en Texas recibió la declaración de culpabilidad de Efraín Zúñiga este lunes, un mexicano de 38 años extraditado desde México, por conspiración para el tráfico de personas migrantes hacia Estados Unidos. El caso revela la magnitud de las redes de tráfico internacional que operan entre América Latina, Asia y Estados Unidos, con ganancias millonarias y consecuencias letales para quienes buscan cruzar la frontera.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la red de la que formaba parte Zúñiga facilitó el ingreso ilegal de miles de personas entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023. La organización, con base de operaciones en Monterrey, cobraba montos que oscilaban entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por cada migrante trasladado. El monto acumulado por la red en ese periodo alcanzó 30 millones de dólares, según el mismo comunicado de la autoridad estadounidense.

Desde 2014, el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha contabilizado al menos mil 449 mujeres migrantes fallecidas en rutas migratorias de América. Los datos revelan que 795 de estos decesos ocurrieron en la frontera entre Estados Unidos y México. Edwin Viales, monitor regional del proyecto, sostiene que se trata de una “crisis invisible”, marcada por violencia de género, criminalidad y falta de acceso a servicios esenciales.

Zúñiga administraba una casa de seguridad en Monterrey y coordinaba cruces

Las autoridades estadounidenses acusan a Efraín Zúñiga de administrar una casa clandestina para migrantes en Monterrey, desde donde coordinaba el transporte hacia Estados Unidos. El traslado se realizaba con la colaboración de “coyotes”, guías que conducían a los grupos a través de la frontera sur estadounidense. El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala que la red daba acceso a personas provenientes tanto de Latinoamérica como de países asiáticos.

La acusación formal contra Zúñiga fue presentada en septiembre de 2023. En octubre de 2024, fue detenido en México a petición del gobierno estadounidense y extraditado para enfrentar los cargos federales en Texas. El proceso judicial contempla una pena máxima de diez años de prisión si el tribunal lo declara culpable.

Las autoridades de Estados Unidos mantienen bajo custodia a dos integrantes adicionales de la red. Mónica Hernández Palma, también extraditada desde México en 2025, y Enil Edil Mejía Zuñiga, de origen hondureño, quien recibió una condena de 120 meses de prisión en julio de 2025.

Las mujeres migrantes enfrentan riesgos letales en las rutas hacia Estados Unidos

El Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM reporta que, de un total de 11 mil 492 migrantes muertos o desaparecidos en rutas migratorias de las Américas desde 2014, al menos mil 449 eran mujeres. Las cifras oficiales son escasas, lo que agrava la invisibilidad de las víctimas. De los fallecimientos registrados, 795 ocurrieron en la frontera de Estados Unidos y México, 225 en las rutas del Caribe, 103 en el Darién —frontera entre Panamá y Colombia—, y 112 en Sudamérica.

Edwin Viales, vocero de la OIM, advierte que las mujeres migrantes están expuestas a una combinación de riesgos. A la violencia de género y al crimen organizado se suma la falta de acceso a servicios esenciales, lo que incrementa las probabilidades de muerte durante el trayecto.

El tráfico de migrantes sigue dejando ganancias millonarias y saldo mortal

La red que operaba Efraín Zúñiga habría obtenido hasta 30 millones de dólares en tres años, según la acusación del Departamento de Justicia estadounidense. Los pagos de entre 6 mil 500 y 12 mil dólares por persona reflejan la dimensión económica de este delito, en contraste con la vulnerabilidad de quienes buscan cruzar la frontera.

Las investigaciones en Estados Unidos continúan contra otras personas vinculadas a estas organizaciones criminales. Las autoridades subrayan que el combate al tráfico de migrantes requiere coordinación internacional y acciones legales en ambos lados de la frontera.

César Augusto “N”, alias “Tondiro”, fue detenido en el estado de Jalisco por estar presuntamente implicado en la emboscada contra elementos de la Guardia Civil, ocurrida el pasado 10 de junio en el municipio de Nahuatzen, Michoacán. La agresión dejó como saldo cinco elementos muertos y otros cinco heridos.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE) informó que tras los hechos se llevaron a cabo acciones de inteligencia e investigación coordinados con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que permitió identificar la probable participación de un grupo delictivo con origen en el estado de Jalisco, presumiblemente el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Como resultado de las labores, las autoridades obtuvieron información estratégica que les permitió localizar al hombre en el municipio de Ocotlán, Jalisco, donde permanecía oculto.

Estuvo dos horas antes en la zona del ataque

El análisis de información estratégica ubicó a César Augusto “N” en la zona del ataque aproximadamente dos horas antes de que se registraran los hechos, y tras la agresión, el sospechoso se trasladó al estado de Jalisco.

Al ser asegurado, el detenido presentaba una lesión por proyectil de arma de fuego en una pierna. De acuerdo con las indagatorias, la herida le habría sido provocada durante la propia emboscada contra los elementos de la Guardia Civil.

César Augusto “N” fue trasladado a Michoacán y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional correspondiente.

Así fue la agresión contra los agentes de la Guardia Civil

La agresión contra agentes de la Guardia Civil en Nahuatzen se registró en la localidad de Mojonera, lo que desató operativos por tierra y aire y que, de acuerdo con reportes periodísticos y versiones de seguridad, habría sido cometida por el CJNG.

Alrededor de las 18:15 de la tarde, la Secretaría de Seguridad Pública estatal informó los primeros avances del despliegue. Según la dependencia, elementos de la Guardia Civil y del Ejército localizaron dos camionetas, una roja y otra gris, además de armamento y municiones.

La agresión ocurrió en un punto que el entonces titular de la Fiscalía de Michoacán, Carlos Torres Piña, ubicó en los límites de Zamora y Jacona. Ahí, explicó el funcionario en conferencia de prensa, existe una confrontación entre el Cártel de Los Reyes, con su célula “La Venada”, el CJNG y los Caballeros Templarios.

La propia Secretaría de Seguridad Pública estatal confirmó la muerte de cinco elementos de seguridad y lesiones en otros cinco. En un mensaje difundido en redes sociales, la dependencia señaló: “Lamentamos profundamente los hechos registrados en la localidad de Mojonera, municipio de Nahuatzen, donde personal de Guardia Civil fue objeto de una agresión armada”.

El ataque activó despliegues con apoyo de Defensa y Guardia Nacional

Carlos Torres Piña informó que mantenía coordinación con efectivos de Defensa, la Guardia Nacional y corporaciones estatales. En sus redes sociales escribió: “Se mantienen operativos por tierra y aire en la región para brindar apoyo y dar con los responsables. Nuestra solidaridad y acompañamiento a las familias y a toda la corporación”.

El entonces fiscal también compartió un video en el que se observaban labores aéreas de la Fiscalía estatal. Esa movilización se sumó al despliegue que comenzó después de la agresión armada.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron parte de lo ocurrido en el lugar. En una de ellas aparecían vehículos oficiales con múltiples impactos de bala.

Poco después de las 9:00 de la noche, la Secretaría de Seguridad estatal publicó los nombres de los agentes fallecidos, identificados como:

• Porfirio Rodríguez Briseño
• Brandon Josué Zamora Torres
• Francisco Javier Otero Damas
• Jonatán Mondragón Servín
• Mateo Valdez Abarca

El ayuntamiento de Uruapan condenó la agresión contra los agentes de la Guardia Civil y solicitó que se realizaran las investigaciones correspondientes.

“Este lamentable hecho atenta contra la seguridad, el orden y la paz social, por lo que no debe quedar impune. Hacemos un respetuoso llamado a las autoridades competentes para que realicen las investigaciones correspondientes y se investigue este lamentable hecho”.

Un hombre fue detenido en Colima mientras transportaba de manera ilegal más de 11 mil huevos de tortuga marina golfina en cinco cajas de cartón y tres bolsas negras desde el estado de Michoacán .

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) informó que su arresto ocurrió en un retén de seguridad realizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), ubicado en la localidad de Estapilla, municipio de Colima, cuando lo observaron con cinco cajas de cartón y tres costales.

Al realizar una inspección de los objetos que portaba, los elementos localizaron un total de 11 mil 175 huevos de tortuga marina, para los que se emitió el dictamen técnico de identificación en materia de recursos marinos. Además, se emitirá en los próximos días un dictamen de reparación del daño.

Ante el ilícito que cometía, el hombre fue detenido y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por delitos contra la biodiversidad en su modalidad de posesión ilícita de huevos de tortuga marina.

Huevos no podrán sembrarse debido a que no se asegura su nacimiento

La Profepa detalló que para tratar de minimizar el daño se recomendó la siembra de los huevos, ya que existe un periodo breve en el que aún pueden ser viables de eclosionar; sin embargo, esto no podía asegurarse al no tener certeza del tiempo que llevaban fuera del nido.

“Ante el desconocimiento del tiempo que llevaban fuera del nido y la forma en que fueron transportados, es incierta la viabilidad (de su eclosión)”, se lee en el comunicado.

Cabe señalar que el primer párrafo del artículo 60 Bis 1 de la Ley General de Vida Silvestre prohíbe que cualquier ejemplar de tortuga marina sea sujeto de aprovechamiento extractivo, ya sea de subsistencia o comercial, incluyendo sus partes y derivados, sin distinción de especie, por lo que el proceso en contra del hombre comenzará por la extracción de más de 11 mil huevos.

¿Cómo denunciar la venta ilegal de animales silvestres a través de redes sociales?

Detectar una publicación de venta ilegal de animales silvestres en redes sociales y denunciarla ante Profepa puede frenar un delito federal que afecta a especies protegidas en México, altera ecosistemas y también eleva el riesgo de transmisión de enfermedades zoonóticas.

La alerta abarca plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram y TikTok, donde este comercio ha crecido en los últimos años, según información de la autoridad ambiental. Estas operaciones violan la legislación vigente y suelen realizarse sin la documentación legal requerida.

Entre las especies más traficadas están loros, pericos, guacamayas, primates como el mono aullador y el mono araña, felinos, tortugas marinas y mamíferos marinos. También se comercializan pieles, plumas, garras, huevos de tortuga y restos taxidermizados.

La denuncia debe reunir capturas, enlace, usuario y fecha de la publicación

La primera recomendación es no confrontar ni contactar al vendedor. La autoridad advierte que la seguridad personal debe ir primero.

El siguiente paso es guardar prueba de la publicación: capturas de pantalla o el enlace directo de la historia, perfil o anuncio donde se ofrece la fauna silvestre. También conviene anotar el nombre de usuario o de la página, la fecha y la red social en la que apareció.

Ese registro sirve incluso si el contenido desaparece después. La captura queda como respaldo de lo observado y puede acompañar la denuncia.

La información debe incluir una descripción breve y clara de lo detectado. El ejemplo citado por el medio plantea una fórmula simple: “En la publicación de Facebook con fecha 16 de mayo observé que tienen a la venta ejemplares de mono araña, especie protegida. Solicito su apoyo para frenar esta venta ilegal”.

Comprar o vender fauna silvestre sin papeles es un delito federal

La denuncia puede presentarse de forma anónima y confidencial ante Profepa. El trámite puede hacerse en línea, a través de la página oficial del gobierno de México, o por correo electrónico con los datos recabados.

La autoridad pide adjuntar la información disponible y exponer con claridad qué se observó. Ese reporte puede ayudar a identificar operaciones de comercio ilegal de especies bajo protección legal.

Para conocer qué especies están protegidas y cómo presentar una denuncia también pueden consultarse la Ley General de Vida Silvestre, su reglamento y la NOM-059-SEMARNAT-2010.

Un hombre fue detenido en las últimas horas en la localidad chaqueña de La Leonesa, acusado de estar presuntamente implicado en el homicidio de Alejandro Pérez, de 41 años, cuyo cuerpo fue hallado sin vida en una vivienda ubicada en el barrio Juan Pablo II.

El hallazgo del cuerpo de Pérez se produjo a partir de un aviso recibido por el personal de la Comisaría de La Leonesa. De esta manera, las autoridades se dirigieron de inmediato al lugar de los hechos.

Las diligencias iniciales incluyeron el resguardo de la escena, la realización de peritajes y la participación de distintas áreas especializadas, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Diario Chaco.

Los efectivos policiales realizaron un relevamiento exhaustivo de las cámaras de seguridad del barrio y recopilaron testimonios de vecinos y posibles testigos. Estas tareas permitieron reconstruir parte de los movimientos en las inmediaciones de la vivienda de Pérez durante las horas previas al hallazgo, aunque los detalles concretos de la mecánica del crimen no fueron difundidos.

A partir de los elementos recolectados, los investigadores lograron identificar al presunto autor del homicidio. El sospechoso fue localizado y posteriormente detenido en La Leonesa. La identidad del hombre no fue difundida, en cumplimiento de las disposiciones judiciales vigentes y por tratarse de una causa en desarrollo.

El detenido fue puesto a disposición de la Justicia, que dispuso su alojamiento en una dependencia policial de la localidad mientras se avanza en la recolección de pruebas y la toma de declaraciones testimoniales. La Fiscalía interviniente ordenó medidas de reserva sobre la información vinculada al expediente, con el objetivo de no entorpecer el trabajo investigativo en curso.

Detuvieron a una mujer por la muerte de un hombre en Chaco

Días atrás, el hallazgo del cuerpo sin vida de Sebastián Dearmas, de 43 años, en un taller mecánico de la ciudad de Resistencia, también en la provincia de Chaco ha puesto en marcha una investigación que mantiene en vilo al entorno laboral y vecinal del lugar.

El hecho, ocurrido en la calle Echeverría al 1400, desencadenó la intervención de la División Delitos Contra las Personas, que desplegó una serie de medidas para determinar cómo y por qué se produjo la muerte.

La jornada transcurría con normalidad en el taller hasta que, según los datos aportados por fuentes oficiales, Dearmas fue encontrado debajo de un automóvil, ya sin signos vitales. La escena generó sorpresa y preocupación tanto entre sus compañeros como en quienes frecuentan la zona, dada la ausencia de testigos directos del momento en que se habría producido el desenlace fatal.

Las primeras actuaciones estuvieron a cargo de efectivos policiales, quienes resguardaron el lugar y notificaron de inmediato a la Fiscalía de Investigación Penal N° 6, bajo la dirección de la doctora Mariana Echarri. Desde ese momento, el caso fue caratulado como “muerte dudosa”, abriéndose distintas hipótesis que abarcan desde un accidente laboral hasta la posible intervención de terceros. La autopsia confirmó luego que murió por asfixia, debido a una compresión torácica.

Uno de los primeros pasos en la pesquisa fue el relevamiento de cámaras de seguridad, ubicadas en las inmediaciones del taller. Agentes de la División Delitos Contra las Personas recopilaron y analizaron horas de material fílmico, en busca de movimientos o situaciones inusuales que pudieran aportar claridad sobre lo ocurrido. Según se informó, el examen de las grabaciones resultó clave para orientar el sentido de la investigación y definir nuevas líneas de trabajo.

Junto al análisis de imágenes, la unidad policial llevó adelante entrevistas a empleados, vecinos y personas que estuvieron en las cercanías del lugar durante el día, a fin de reconstruir los momentos previos al hallazgo. Estas tareas permitieron identificar posibles testigos y recolectar información que, sumada al registro audiovisual, fue evaluada en conjunto por los investigadores y la fiscalía interviniente.

En este contexto, la Fiscalía de Investigación Penal N° 6 dispuso nuevas diligencias para esclarecer el hecho y avanzar en el esclarecimiento de las circunstancias que rodearon la muerte de Dearmas.

Con los elementos reunidos durante la instrucción, y tras cotejar los resultados obtenidos en las primeras horas, la fiscalía a cargo de la doctora Echarri ordenó la detención de una mujer de 46 años. La aprehendida quedó formalmente vinculada a la causa y fue trasladada a una unidad policial, donde permanece alojada bajo disposición judicial mientras prosiguen las diligencias.

El procedimiento incluyó el secuestro de un teléfono celular, que será sometido a peritajes técnicos. El dispositivo quedó a disposición de la Justicia, que buscará establecer si contiene registros relevantes para la investigación, tales como comunicaciones, imágenes o cualquier otro dato que pueda aportar información sobre el contexto de la muerte de Dearmas.

La detención de un camionero en la ciudad de Bell Ville, provincia de Córdoba, puso en alerta a las autoridades locales luego de que protagonizara una secuencia de alto riesgo en la vía pública.

El incidente ocurrió en las últimas horas, cuando efectivos de la Policía Caminera interceptaron al conductor que circulaba realizando maniobras peligrosas a bordo de un camión.

Al advertir la conducta temeraria del vehículo, los agentes procedieron a detener la marcha para realizar un control de rutina. La situación se tornó tensa cuando el conductor mostró signos evidentes de estar bajo los efectos de una sustancia. El hombre fue sometido a un test de alcoholemia, cuyo resultado arrojó 2,70 gramos de alcohol en sangre, un valor que excede ampliamente el límite legal permitido para la conducción de vehículos pesados.

La reacción del conductor ante la intervención policial fue violenta y desafiante. De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Caminera, el hombre agredió a uno de los efectivos y se resistió activamente al procedimiento. Esta conducta obligó a los agentes a emplear técnicas de reducción para lograr la detención, garantizando así la seguridad de los transeúntes y del propio involucrado.

Durante el operativo y según informó el portal El Doce.tv, los uniformados procedieron al secuestro del camión, en cuyo interior hallaron bebidas alcohólicas, un arma blanca y otros elementos que quedaron a disposición de la investigación. La presencia de estos objetos refuerza los indicios sobre la peligrosidad de la situación y la necesidad de una intervención rápida y eficaz por parte de las fuerzas de seguridad.

El episodio tuvo lugar en una zona transitada de Bell Ville, donde la circulación de camiones es habitual debido a la actividad productiva regional. La intervención de la Policía Caminera se produjo tras recibir alertas sobre la conducción errática del vehículo, lo que motivó un despliegue preventivo para evitar posibles accidentes o daños a terceros.

El conductor enfrenta cargos por conducción peligrosa, resistencia a la autoridad y agresión a personal policial. La investigación busca establecer el recorrido previo del camión y si hubo situaciones de riesgo adicional para otros usuarios de la vía pública. Las cámaras de seguridad y los testimonios de testigos serán claves para reconstruir el episodio.

Detuvieron a un camionero por manejar ebrio en la Ruta 2

Hace un mes, un camionero de 49 años dio positivo en el control de alcoholemia que personal de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires realizaba en el kilómetro 58 de la Ruta 2, a la altura del cruce Etcheverry. Lo sorprendente fue la excusa que le dijo a las autoridades al conocer el resultado: “Me comí una empanadita”.

La pipeta indicó que tenía 0,65 gramos de alcohol por litro de sangre, cifra que supera el límite de tolerancia cero vigente en territorio bonaerense para conductores profesionales.

La escena, registrada por las body cams del personal que trabajaba en el operativo, se volvió pública a través de un video en el que se escucha el diálogo entre el chofer y la agente del Ministerio de Transporte bonaerense.

En cuanto el conductor, la empleada le indicó que detuviera el vehículo y que “vaya bajando y tire la copa que tiene”. El camionero obedeció sin oponer resistencia.

Luego de hacer el testeo y antes de saber el resultado, la funcionaria le recordó: “En provincia de Buenos Aires es cero. ¿Sabía que es cero?”.

Fue al conocer el resultado cuando el conductor ofreció su particular versión de los hechos. “Sí sabía, solamente que me comí una empanadita nomás. Vos sabés que fui a casa a buscar el camión y ahí me invitó mi mamá una empanadita. ‘Bueno’, le dije”, le explicó a la agente.

“Acompañada de un vinito, una cervecita...”, le retrucó la agente. En ese momento, el hombre precisó que fue “un vasito nada más”, para acompañar la comida.

La justificación no alcanzó para torcer el procedimiento. Los agentes de la Subsecretaría le retuvieron la licencia de conducir y labraron el acta correspondiente por la infracción. El conductor circulaba por la autovía provincial que une el Área Metropolitana de Buenos Aires con la costa atlántica, una de las arterias de mayor tránsito de camiones del país.

Desde la dependencia provincial precisaron que el episodio forma parte de los operativos diarios que se despliegan en rutas y caminos bonaerenses, y que el registro en video a través de las cámaras corporales del personal es práctica habitual en esos controles.

La detención de un joven de 19 años acusado de haber participado en el crimen de un adolescente en la Villa Gascón de la ciudad de Mar del Plata, generó un nuevo avance en la investigación judicial.

El operativo, coordinado por la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) local, culminó ayer jueves con la captura de L. M. L., señalado por la fiscalía como uno de los autores materiales del homicidio de Braian Hoste.

La aprehensión se produjo tras dos procedimientos en viviendas ubicadas en Gascón al 7600 y Coronel Suárez al 2500. En la primera dirección, personal policial localizó y detuvo a Lascano en el domicilio de su novia. Por disposición judicial, fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán para quedar a disposición de la Justicia.

El caso, que conmocionó a la comunidad, ocurrió el 29 de abril pasado, cerca de las 13.30, en la intersección de las calles Coronel Suárez y Gascón. Allí, Braian, de 17 años, recibió tres disparos: dos en la pierna y uno en la zona abdominal. Las heridas fueron letales y, aunque el joven fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), falleció tras ser intervenido quirúrgicamente.

Las circunstancias del ataque permanecen bajo investigación. Según la información oficial, la fiscal Mariana Baqueiro quedó a cargo de la causa tras la intervención inicial de la fiscal Costanza Mandagarán. La pesquisa incluyó la detención preventiva de dos adolescentes, de 16 y 18 años, durante un allanamiento de urgencia vinculado al hecho.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario La Capital de Mar del Plata, el crimen de Braian Hoste se produjo en un contexto de violencia barrial y antecedentes penales previos. La víctima, identificada oficialmente, tenía “numerosos conflictos con la ley”, según se informó en el expediente, lo que complejizó la reconstrucción de los hechos y el esclarecimiento de los móviles.

Momentos antes del deceso, se registraron incidentes violentos entre familiares de la víctima y otro grupo no identificado, tanto en el predio del hospital como en la puerta de la guardia. La magnitud de la pelea obligó a la intervención del Cuerpo de Infantería, que debió actuar para restablecer el orden y garantizar la seguridad en el centro asistencial.

Los informes judiciales confirmaron que al menos uno de los presuntos autores del homicidio era menor de edad, lo que motivó el traspaso del expediente al Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil. En ese marco, uno de los sospechosos, también menor, se entregó a la Justicia acompañada por su madre el pasado 28 de mayo.

Con el correr de las semanas y tras el análisis de pruebas y testimonios recolectados, se logró identificar al segundo acusado. La fiscal Baqueiro ordenó su detención inmediata, la cual fue ejecutada durante el operativo policial realizado la mañana del jueves.

Los dos detenidos enfrentarán cargos por homicidio, aunque la situación procesal del menor será analizada bajo los parámetros específicos que regula el fuero penal juvenil.

Los homicidios son cada vez más frecuentes en Villa Gascón, Mar del Plata. Hace tan solo una semana, detuvieron a otro sospechoso por el crimen de Yoel Castro, que murió el 8 de enero de este año.

El sospechoso, Joan Ávila, tenia dos pedidos de captura vigentes desde 2024: uno emitido el 30 de septiembre por el Juzgado Correccional número 01 de Azul por daño, y otro del 24 de julio por el Juzgado de Garantías número 03 de Mar del Plata por abuso de armas agravado y lesiones graves.

Finalmente, la captura se concretó este viernes pasado a las 12:30 cuando personal de civil del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones detectó al prófugo al salir de un comercio de indumentaria ubicado en Luro y Funes junto a una mujer.

Ávila intentó escapar a pie aunque el operativo cerrojo lo cercó en el cuadrante delimitado por Bolívar, Moreno, 14 de Julio y Dorrego. Durante la huida, el sospechoso se despojó de parte de su ropa hasta que fue reducido. Por otro lado, la mujer que lo acompañaba logró escapar de las autoridades.

La Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) detuvo el pasado 13 de abril a un hombre identificado como José Ángel “N”, señalado por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora como el principal operador de una célula generadora de violencia.

La captura, realizada en la colonia Sonacer, ocurrió durante un operativo en el que no se efectuaron disparos y permitió poner a disposición del Ministerio Público a uno de los objetivos prioritarios para las autoridades de Sonora.

Reportes extraoficiales y medios locales señalan que José Ángel “N” sería líder de una célula criminal de “Los Salazar”, organización con presencia en diversas entidades del país, como Sonora y Querétaro.

Así fue detenido el presunto líder criminal

La captura de José Ángel “N” fue realizada mediante una orden de aprehensión, efectuada por elementos de la AMIC.

Además del arresto, autoridades señalaron el aseguramiento de una camioneta de la marca Jeep, modelo Grand Cherokee, año 2020, que contaba con reporte de robo en Hermosillo desde 2025. Este vehículo era en el que se trasladaba frecuentemente.

En el lugar también se incautó una pickup Chevrolet, modelo Silverado, año 2024, la cual fue robada en California en 2026.

Asimismo, se reportó que le fueron encontradas diversas dosis de narcótico, aunque no se especificó la cifra o el tipo de droga.

José Ángel “N” intentó identificarse con un documento que llevaba otro nombre, estrategia que, según la Fiscalía, usaba de manera frecuente, junto con la promoción de amparos para evadir órdenes de aprehensión previas.

Ingreso a un penal estatal y nuevas ordenes de aprehensión

Las autoridades informaron que el sujeto fue internado en el Centro de Reinserción Social número 1 de Hermosillo, donde se le ejecutaron tres órdenes de aprehensión adicionales por su probable responsabilidad en los siguientes delitos:

• Privación ilegal de la libertad agravada
• Tentativa de privación ilegal de la libertad
• Robo agravado

La FGJES detalló que el detenido era responsable del control de puntos de venta de droga, manejo de máquinas tragamonedas y ejecución de agresiones contra grupos rivales en la capital de Sonora.

Los vehículos asegurados, junto con el narcótico y otros indicios, quedaron bajo resguardo del Ministerio Público, que continuará con las diligencias para determinar la responsabilidad de José Ángel “N”.

Reportes extraoficiales lo vinculan a “Los Salazar”

Aunque las autoridades únicamente lo señalaron como principal operador de una célula generadora de violencia o jefe de la estructura criminal, reportes extraoficiales lo identifican como jefe de una célula delictiva vinculada al grupo de “Los Salazar”. Cabe señalar que hasta el momento la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora no ha confirmado esta relación.

Reportes previos de Infobae México documentan que “Los Salazar” mantienen operaciones activas en Hermosillo y otras zonas de Sonora.

Aunque en el pasado habrían operado como un grupo afín al Cártel de Sinaloa, específicamente a “Los Chapitos”, investigaciones recientes señalan que este grupo ya no mantiene una alianza directa con esa organización y actúa de manera autónoma en el control de territorios, tráfico de droga y máquinas tragamonedas, así como en hechos violentos registrados en la capital sonorense.

La FGJES señaló que las investigaciones sobre el caso de José Ángel “N” continúan y que no se descarta la posible vinculación de otras personas en la estructura delictiva.

El caso permanece bajo reserva mientras avanzan las diligencias ministeriales para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó de manera oficial este jueves que obtuvo la vinculación a proceso en contra de un exservidor público de la corporación. El implicado presuntamente presentó una cédula profesional y la copia de un título universitario falsos con el único objetivo de acreditar indebidamente los estrictos requisitos oficiales exigidos por las normas de la institución.

De acuerdo con el comunicado detallado emitido por la autoridad judicial federal, el hombre, identificado formalmente bajo el nombre de Carlos “N”, presentó esta documentación irregular directamente ante las ventanillas del Centro de Evaluación y Control de Confianza en el mes de noviembre del año 2025. Este hecho encendió de inmediato las alarmas de los encargados de la revisión interna de documentos de la corporación, quienes iniciaron las indagatorias correspondientes para verificar la autenticidad de los papeles académicos mostrados por el entonces funcionario.

El engaño institucional ante los controles de seguridad

Dicha institución administrativa es la encargada exclusiva de evaluar de manera rigurosa e inflexible tanto a los nuevos aspirantes que desean ingresar a las filas como al personal activo de las diversas instituciones de seguridad pública del país. Los exámenes de confianza son un pilar fundamental para garantizar que los elementos encargados de la justicia cuenten con el perfil ético y profesional adecuado. Al momento en que ocurrieron los hechos señalados, el hoy imputado se desempeñaba en funciones activas como elemento de la Policía Federal Ministerial, una posición de alta responsabilidad dentro del organigrama de procuración de justicia.

“Ante los hechos, el Ministerio Público Federal (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada de Asuntos Internos (FEAI), aportó los datos de prueba suficientes para obtener la vinculación a proceso en su contra”, detalló el documento oficial emitido por las autoridades correspondientes. A Carlos “N” se le imputó formalmente por su probable comisión en los delitos de uso de documento público falso y uso de copia de documento privado falso, ilícitos que atentan directamente contra la fe pública y la integridad de las corporaciones encargadas de resguardar el orden y la legalidad en el territorio nacional.

Imputaciones legales y medidas cautelares en libertad

Pese a la contundencia de la vinculación a proceso y la gravedad moral del acto, el exelemento policial no pisará la cárcel durante esta etapa inicial del juicio en su contra. Un juez de control federal determinó que el señalado pasará su proceso penal en libertad, imponiendo como medida cautelar de control la presentación periódica mensual ante la autoridad correspondiente en los juzgados asignados.

Además de las firmas mensuales obligatorias, al acusado se le impuso el pago de una garantía económica para asegurar que no se sustraiga de la acción de la justicia ni abandone el país. Asimismo, el juzgador estableció un plazo perentorio de dos meses para llevar a cabo la investigación complementaria por parte de la fiscalía, periodo en el cual se reunirán más evidencias y testimonios que definirán su situación jurídica final de cara al juicio oral definitivo.

El combate a la delincuencia organizada y lavado de dinero

En el marco de las acciones judiciales simultáneas llevadas a cabo de manera reciente por la Fiscalía General de la República en contra de la impunidad en diversos niveles, la dependencia federal también reportó la vinculación a proceso de otra persona identificada como Barbara “N”. En este caso particular, el procesamiento se debió a su posible participación directa en la comisión de delitos de alta gravedad y de impacto transnacional, tales como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, comúnmente denominado lavado de dinero.

La investigación de este segundo caso, que fue liderada minuciosamente por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), resultó en una orden de aprehensión que fue debidamente liberada por un juez de control el pasado mes de marzo tras demostrarse la solidez de las pesquisas iniciales y el riesgo que representaba la investigada.

Mediante un arduo trabajo coordinado del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y personal operativo de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la mujer fue capturada recientemente tras un despliegue táctico e impecable en las inmediaciones del municipio de Atizapán de Zaragoza, ubicado en el Estado de México, y trasladada de inmediato ante la autoridad judicial que la requería.

Prisión preventiva y el principio de presunción de inocencia

A diferencia del caso del exelemento policial que usó documentos falsos para mantener su empleo, durante la audiencia inicial de Barbara “N”, el juez de control dictó de manera tajante la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa debido a la naturaleza y el impacto social de los delitos imputados. El juzgador evaluó minuciosamente los datos de prueba presentados por el Ministerio Público de la Federación y otorgó igualmente dos meses de plazo para el cierre de la investigación complementaria.

Finalmente, la autoridad ministerial federal reiteró que, conforme al marco legal actual y las garantías constitucionales, a la persona mencionada en este segundo comunicado se le presume completamente inocente en todo momento, mientras no exista una sentencia

Un episodio de violencia de género volvió a sacudir la tranquilidad del barrio Pellegrini, en Villa Rosa, partido de Pilar, durante la noche de ayer. En una vivienda de la calle Lima, una mujer de 38 años fue agredida por su ex pareja cuando acudió al domicilio que ambos compartían con el objetivo de retirar sus pertenencias personales. La sobrina de la mujer intentó intervenir y fue agredida con una espada.

El agresor es un hombre de 39 años, que reaccionó de forma violenta cuando llegó la mujer a la vivienda. Todo comenzó con una discusión verbal, que rápidamente escaló a agresiones físicas y amenazas explícitas de prender fuego a la víctima.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local Pilar a Diario, en ese momento, la sobrina de la mujer llegó a la vivienda paara defenderla, pero el atacante la golpeó en la cabeza y en la espalda con una espada.

Las víctimas lograron pedir auxilio, lo que permitió el rápido arribo de los efectivos policiales. El agresor fue reducido y trasladado a la Comisaría de Villa Rosa, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de turno de Pilar.

La causa fue caratulada como “Aprehensión por lesiones. Amenazas” y quedó bajo la órbita de la UFI de turno de Pilar, que deberá determinar las responsabilidades penales del individuo detenido.

La investigación sigue su curso en la fiscalía de Pilar, mientras el agresor permanece detenido y las víctimas reciben acompañamiento psicológico y legal.

Agredió y abusó a su expareja

A principios de mes, un hombre de 34 años quedó detenido en la ciudad de Mar del Plata, acusado de haber agredido y violado a una joven de 21 años con la que había tenido una relación previa.

La denuncia fue radicada por la víctima en la Comisaría de la Mujer. Ante la Policía contó que el ataque se produjo durante la madrugada del 21 de mayo pasado en el departamento del sospechoso, ubicado en la zona de Almirante Brown al 1700, casi en la esquina con Las Heras y a pocas cuadras de la playa Bristol y la plaza Colón.

En su presentación, la joven relató un calvario: aseguró que allí el hombre la atacó físicamente con golpes, intentó asfixia y la amenazó de muerte, y que después, aprovechando la situación, la obligó a mantener relaciones sexuales contra su voluntad en más de una ocasión esa misma noche.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional N°7 de Mar del Plata, a cargo del fiscal Carlos Russo. En la investigación intervino el Gabinete de Delitos Sexuales de la DDI local.

Con las pruebas reunidas desde entonces, esta semana la Jueza de Garantías Rosa Frende ordenó el allanamiento y la detención del acusado. Tras montar un operativo de vigilancia, los efectivos finalmente lo capturaron cuando llegaba su domicilio.

En el procedimiento, la Policía secuestró cinco teléfonos celulares, dos CPU, una netbook y 749 gramos de marihuana.

A raíz de esto último se abrió una causa paralela dirigida por la Fiscalía de Estupefacientes, encabezada por la fiscal Daniela Ledesma, quien notificó al acusado por infracción a la Ley 23.737.

La otra imputación que enfrenta es por los delitos de lesiones leves agravadas por mediar violencia de género en concurso ideal con amenazas, abuso sexual con acceso carnal.2

El hombre fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán. Según confirmaron fuentes judiciales, en la indagatoria este viernes ante el fiscal Russo optó por mantenerse en silencio y se negó a declarar, aconsejado por sus dos abogadas particulares. Luego de la audiencia, fue alojado nuevamente en la mencionada cárcel.

Las autoridades de Michoacán informaron sobre la detención de Alfredo “N”, un hombre apodado Sierra 2, quien los primeros reportes indican que sería el posible sucesor de Ernesto Rafael “N”, alias Sierra 1, este último señalado como posible líder del Cártel de Altozano y cuya detención fue informada apenas horas antes.

A través de su cuenta de X, el Gabinete de Seguridad destacó que el sujeto capturado estaría ligado con delitos de extorsión, secuestro, homicidio y narcomenudeo.

Sierra 2 fue detenido en Morelia, llevaba un arma larga, metanfetamina y un vehículo. Se le acusa de delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán destacó que la detención del Sierra 2 fue derivada de la captura de Rafael “N”.

“Esta acción deriva de la captura al Suroriente de Morelia de Ernesto Rafael “N”, “Sierra 1”, efectuada este jueves mediante un operativo interinstitucional encabezado por la FGE, en coordinación con los tres órdenes de gobierno, en el que también fueron aseguradas armas de fuego de alto poder y sustancias con características de narcótico".

Un arma, un vehículo y droga: lo incautado por los agentes

De igual manera, las autoridades estatales indican que Sierra 2 fue asegurado junto con un arma larga calibre 5.56 milímetros, tipo M4, además de un cargador abastecido con nueve cartuchos útiles, así como alrededor de 27 gramos de metanfetamina.

No fue divulgado el nombre de la mujer que fue capturada junto con Alfredo “N”. Los dos iban en un vehículo con alteraciones en sus medios de identificación.

La detención de Sierra 2 es considerada por las autoridades como la segunda de alto impacto con diferencia de horas. El arresto fue realizado por elementos de la Fiscalía de Michoacán en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

“Sierra 1″ estaría ligado con el CJNG

Además, información compartida por el medio Proceso indica que Ernesto Rafael “N”, quien es acusado de asesinar al empresario mezcalero Sergio Rangel Vieyra, estaba presuntamente ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Según el portal referido, Sierra 1 sería jefe de una red del también llamado cártel de las cuatro letras.

Arresto y vinculación a proceso de “El Repollo”

En otras acciones, el 29 de mayo pasado fue informado el arresto de Alfonso “N”, un sujeto apodado El Repollo y quien fue identificado como presunto operador de Juan José Farías Álvarez dentro del Cártel de Tepalcatepec.

Días después, el 15 de junio pasado la Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de El Repollo. El imputado enfrenta cargos por delitos contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, así como posesión de armas de fuego, cargadores y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas.

Según el informe de la FGR, la investigación tuvo origen en una denuncia que señalaba a Alfonso “N” como posible integrante de una organización criminal.

“Derivado de una denuncia en la que se señalaba a Alfonso ‘N’ como posible integrante de una organización criminal, la Fiscalía General de la República inició una investigación que permitió obtener, posteriormente, su vinculación a proceso", precisó el organismo.

Al momento de su detención El Repollo llevaba una bolsa de plástico con 980.14 gramos de metanfetamina, tres armas de fuego tipo fusil y una tipo escopeta, además de 558 cartuchos, 18 cargadores y un par de chalecos tácticos.

Por ofrecer a su hija de 12 años a un hombre a cambio de 25 mil pesos en Chiapas, Andrés “N” fue detenido, en lo que la Fiscalía General del Estado calificó como el primer caso procesado bajo el delito de cohabitación forzada en la entidad.

De acuerdo con las investigaciones, los hechos ocurrieron en el paraje Tres Puentes, en el municipio de San Andrés Larráinzar, luego de que Andrés “N” obligó a la menor —cuya identidad se mantiene en reserva— a vivir con un hombre adulto, quien también enfrentará cargos ante la justicia.

La denuncia fue presentada por la madre de la víctima. La Fiscalía integró la carpeta de investigación y solicitó la orden de aprehensión correspondiente.

Primer caso bajo el nuevo tipo penal de cohabitación forzada

El tipo penal de cohabitación forzada fue tipificado por el Congreso del Estado de Chiapas en febrero de este año, por lo que se trata del primer caso de este delito que se lleva ante los tribunales en la entidad.

Jorge Luis Llaven Abarca, fiscal general, informó que la judicialización del primer caso marca un precedente en materia penal debido a que no harán caso omiso a los delitos cometidos bajo los sistemas de usos y costumbres.

“Quiero dejar claro que los sistemas normativos o usos y costumbres no están por encima de los derechos de las niñas, niños, adolescentes y mujeres, y todo aquel que los violente va a enfrentar a la justicia”, aseguró.

Hasta 30 años de prisión por el agravante en comunidad indígena

La Fiscalía solicitará la pena máxima de 30 años de prisión contra Andrés “N” luego de que obligó a su hija adolescente a vivir con un hombre adulto a cambio de dinero. El fiscal precisó que el delito contempla un agravante cuando se comete en pueblos indígenas, circunstancia que aplica en este caso dado el contexto territorial de San Andrés Larráinzar.

Cabe señalar que solo entre enero y mayo de este año, la Fiscalía General del Estado de Chiapas abrió 91 carpetas de investigación por delitos cometidos en el municipio de Chiapa de Corzo, en el que la pederastia se colocó como el de mayor incidencia. Aunque, de acuerdo con datos del Heraldo de Chiapas, esto representa una reducción de 32 casos frente a las 123 registradas en el mismo lapso de 2025, este delito es uno de los más frecuentes en la entidad.

Otros municipios y localidades del estado también han presentado denuncias y arrestos relacionados con pederastia, tal y como sucedió este miércoles con los arrestos de dos hombres. Uno de ellos fue Julián “N”, por pederastia agravada por hechos ocurridos el 27 de enero de 2026 en Tuxtla Gutiérrez, mientras que el segundo fue Ricardo “N”, por hechos ocurridos el 22 de abril de 2023 en el ejido Buenos Aires del municipio de Mazatlán.

Esta situación ha motivado diversas modificaciones legales por parte del Congreso de Chiapas para, como fue la aprobación de la Ley de Interrupción Legal del Embarazo de Niñas y Adolescentes el pasado 30 de octubre de 2025 que garantiza el acceso a un procedimiento médico seguro y gratuito para menores que hayan sido víctimas de violación.

Con esto, las instituciones del Sistema de Salud Estatal debe brindar el servicio de interrupción legal del embarazo a las menores víctimas de abuso sexual, así como avisar a las autoridades para que se inicien las investigaciones.

Un ciudadano de origen alemán fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Cancún, Quintana Roo, luego de que autoridades federales localizaran 10 kilogramos de presunta cocaína ocultos en su equipaje durante una inspección de rutina.

El aseguramiento ocurrió cuando elementos de la Guardia Nacional realizaban recorridos de vigilancia y acciones preventivas en el área de documentación de la terminal aérea. Durante las revisiones, un binomio canino especializado en detección de narcóticos mostró una alerta sobre el equipaje de un pasajero extranjero, lo que derivó en una inspección más detallada.

Al revisar la maleta, los agentes encontraron varios paquetes rectangulares que contenían una sustancia con características similares a las de la cocaína.

Tras el hallazgo, el ciudadano alemán fue detenido en el lugar y quedó bajo custodia de las autoridades federales. La droga también fue asegurada como parte de la investigación correspondiente.

Posteriormente, el detenido y el narcótico fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal, instancia encargada de integrar la carpeta de investigación y determinar la situación jurídica del extranjero.

El Aeropuerto Internacional de Cancún es uno de los principales puntos de entrada y salida del país debido a su intensa actividad turística y comercial. Por ello, las autoridades mantienen operativos permanentes de vigilancia y revisión para detectar posibles actividades relacionadas con el tráfico de drogas y otros delitos federales.

Hasta el momento no se han dado a conocer la identidad del detenido ni mayores detalles sobre el origen o destino del cargamento asegurado. Las investigaciones continúan para establecer si el caso está relacionado con alguna red de narcotráfico con operaciones nacionales o internacionales.

Otros pasajeros han sido sorprendidos con cocaína en el aeropuerto de Cancún

Esta terminal aérea de Cancún es una de las que tienen mayor movimiento de pasajeros en México y es uno de los principales puntos de conexión entre América, Europa y el Caribe.

Debido al alto flujo de viajeros nacionales e internacionales, las autoridades federales mantienen operativos permanentes de inspección de equipaje, pasajeros y mercancías con apoyo de equipos de rayos X, personal especializado y binomios caninos.

El caso del ciudadano alemán detenido con 10 kilogramos de cocaína se suma a otros aseguramientos registrados recientemente en el Aeropuerto Internacional de Cancún, una de las terminales con mayor flujo de pasajeros del país y donde las autoridades mantienen operativos permanentes de inspección.

Febrero de 2026. Elementos de la Guardia Nacional y personal de Aduanas localizaron una maleta que contenía 25 paquetes de presunta cocaína durante una revisión preventiva con equipos de rayos X. El propietario del equipaje fue detenido y puesto a disposición de las autoridades federales para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

Octubre de 2025. Un pasajero que pretendía abordar un vuelo con destino a La Habana, Cuba, fue detenido después de que personal de seguridad detectó irregularidades en su equipaje. Con apoyo de un binomio canino, los agentes localizaron un doble fondo en la maleta donde se ocultaba cocaína. El viajero fue arrestado y entregado al Ministerio Público Federal.

Los antecedentes muestran que los métodos más recurrentes para intentar trasladar narcóticos a través de la terminal aérea han sido el ocultamiento en equipaje documentado, compartimentos modificados y dobles fondos en maletas. En la mayoría de los casos, los cargamentos fueron detectados mediante equipos de rayos X y binomios caninos especializados en la detección de drogas.

Ernesto Rafael “N”, alias “Sierra 1″, fue detenido al ser identificado como presunto líder del Cártel de Altozano y al estar vinculado con la extorsión a comerciantes, madereros y empresarios en la ciudad de Morelia, en el estado de Michoacán.

Su detención se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE), en coordinación con el Ejército Mexicano, Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) durante un cateo en un inmueble del fraccionamiento privado del Suroriente de Morelia.

Durante la acción fueron localizadas armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como diversas dosis de drogas. Ernesto Rafael “N” fue detenido junto a una mujer, quien es su pareja sentimental, y ambos enfrentará acusaciones por su probable responsabilidad en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

El “Sierra 1″ ya había escapado de las autoridades en dos ocasiones para evitar su detención

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, detalló que el “Sierra 1″ es identificado como objetivo prioritario señalado como uno de los principales generadores de violencia en Morelia, a quien se le relaciona con extorsiones, homicidio y secuestro.

El funcionario informó que Ernesto Rafael “N” había logrado evadir a la autoridad en dos ocasiones. Al momento de su detención ya contaba con una orden de aprehensión vigente relacionada con la investigación por el homicidio de Sergio Rangel Vieyra, maestro mezcalero asesinado el 22 de mayo de 2025 sobre la carretera San Miguel del Monte-Piedras de Lumbre.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán también señaló que el sujeto está señalado como probable responsable de otros hechos relacionados con el secuestro agravado de tres hombres, ocurridos durante el 2025.

Cabe señalar que tras el asesinato de Sergio Rangel, el dirigente en Michoacán del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo Valencia Reyes, detalló en una conferencia de prensa que un día antes del crimen lo visitó y le hizo saber que entre las tenencias de Jesús del Monte y San Miguel del Monte se había establecido un grupo dedicado a la extorsión de madereros, resineros y empresarios de la zona.

El hoy fallecido también le habría alertado de que este grupo, denominado Cártel de Altozano, también sería la responsable del desplazamiento de pobladores de la región.

“Esa red de corrupción que ha propiciado que 15 criminales que andan en tres camionetas tengan atemorizada, aterrorizada, a toda una zona del sur de Morelia. Son 15 y tienen su propio cártel delictivo, no crean que son de un cártel delictivo o de otro, son un cártel ellos, hasta se autodenominan el Cártel de Altozano”, aseguró el dirigente en Michoacán del PRI durante una conferencia de prensa en mayo de 2025.

En ese entonces, Valencia Reyes también acusó que el maestro mezcalero le refirió que el “Sierra 1″ lo amenazó de manera previa a su asesinato debido a que una de sus tiendas contaba con cámaras de seguridad que le exigió retirara. Además de dar el nombre completo y lugar de nacimiento del sujeto, informó que se encontraba investigándolo para detener sus actividades delictivas.

“Ya estuvo suave de que tenga trabajando como esclavos a todos los resineros, a los tabiqueros, a todos los sectores productivos de allá. En la investigación me platican los vecinos que llegaron (el grupo del ”Sierra 1″) a ofrecer cuidar la zona, que iban a instalar sus laboratorios para la elaboración de droga y que hasta iban a generar empleo, que nada más no los denunciaran (…) Este tipo llegó a operar a esa zona hace cuatro años", acusó Valencia.

Identificado por extorsionar a comerciantes y madereros en Morelia: estas son las regiones donde opera

Tanto la Fiscalía General del Estado de Michoacán como la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Estatal mantienen abiertas diversas indagatorias en las que Ernesto Rafael “N” es investigado por su probable participación en hechos delictivos de alto impacto.

Además, se le identifica como el líder de este grupo delictivo encargado de la red de extorsión a madereros y comerciantes en las tenencias de Madero, San Miguel del Monte, Jesús del Monte y localidades como El Capulín y El Duende, además de mantener asolados a los ambientalistas de la zona.

César “N”, identificado como presunto jefe de plaza del Cártel de Tláhuac, fue detenido tras una denuncia anónima en la que se alertaba sobre la venta clandestina de medicamentos controlados en un tianguis de la Ciudad de México.

Tras las investigaciones, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en conjunto con personal de la Secretaría de Marina (Semar) y peritos, llevaron a cabo un cateo en un domicilio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México.

Durante el operativo, César “N” fue ubicado en posesión de diversas cajas de cartón y plástico con medicamento controlado y no controlado, entre las que destacan:

• 240 tabletas de psicotrópicos
• Cartuchos de uso exclusivo del Ejército Mexicano

• 13 teléfonos celulares
• 2 cuadernos con anotaciones
• Dinero en efectivo
• 4 vehículos

Además, fueron halladas dosis de marihuana, cocaína y clorhidrato de metanfetamina, por lo que las autoridades llevaron a cabo el aseguramiento del inmueble.

Ya fue vinculado a proceso y se encuentra en prisión preventiva

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que César “N” fue vinculado a proceso por su posible participación en los delitos de posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de psicotrópicos que incluyen:

• Fentermina
• Alprazolam
• Clorhidrato de metanfetamina
• Marihuana

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, César “N” es identificado por las autoridades como presunto jefe de plaza del Cártel de Tláhuac, vinculado con la distribución y venta de droga, así como de medicamentos controlados falsificados o caducados.

Cargos formales y medidas cautelares

La Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) presentó a César “N” ante el juez y expuso los datos de prueba que el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF) consideró suficientes y contundentes. Los cargos formales comprenden posesión de cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas y posesión con fines de comercio en su variante de venta de psicotrópicos.

El juez decretó prisión preventiva justificada en el Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl Bordo de Xochiaca, con un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Cártel de Tláhuac ha presentado bajas desde mediados del año pasado

Una de las últimas detenciones destacadas de presuntos integrantes del Cártel de Tláhuac se registró en octubre del año pasado, cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina arrestaron a Verónica “N”, alias “La Jefa”, identificada como presunta líder de una célula del Cártel de Tláhuac.

La mujer era identificada por su presunta relación con los delitos de extorsión y despojo de predios en la capital, con operación en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Verónica “N” fue arrestada junto a Juan Aarón “N”, de 42 años, Maricela “N”, de 41, y Axel Zaid “N”, de 23, señalados como colaboradores cercanos y vinculados con narcomenudeo.

Según fuentes consultadas por Infobae México, “La Jefa”, de 31 años, tiene antecedentes de 2019 por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Además de ser identificada como pareja sentimental de Luis Felipe Pérez Flores alias “Felipillo”, quien está preso y es señalado como uno de los principales líderes del grupo.

Las autoridades le atribuían a la presunta líder la coordinación de venta y distribución de drogas, además de supervisar cobros de extorsión y préstamos “gota a gota”, así como operaciones de despojo de inmuebles en zonas del oriente de la capital.

Controversia causó en el país la decisión de la jueza del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Ximena Rivera Salinas, de dejar en libertad sin siquiera quitarle la licencia a un conductor de 38 años que fue detenido por manejar a 264 km/h por la Costanera Norte en la comuna santiaguina de Vitacura, el barrio alto capitalino, pese a que en 2009 fue condenado por conducir en estado de ebriedad y tiene antecedentes por la ley de drogas.

La subcomisaria administrativa de la 32.ª Comisaría del Tránsito, teniente Nicol Barrera Díaz, señaló que al ser detectado, Carabineros procedió “a su retiro desde el interior de la autopista a una zona segura, momento en el cual se notifica su detención por conducción temeraria”.

“Es importante destacar que este conductor ya mantenía situaciones anteriores penales por los delitos de consumo por Ley 20.000 y por conducción en estado de embriaguez”, agregó la uniformada, quien subrayó que hechos de esta naturaleza “son conductas reprochables para la seguridad vial al momento de la conducción“.

Así las cosas, el individuo, de iniciales P.J.I.R y cuya identidad no es posible revelar por orden de la magistrada, fue formalizado por el delito de conducción temeraria de un BMW modelo M2, y aunque el Ministerio Público pidió su arresto domiciliario total, la jueza Ximena Rivera ordenó la medida cautelar de firma mensual y arraigo nacional, es decir, quedó en libertad.

Familia poderosa

La noticia causó indignación en redes sociales, pues trascendió que el acusado es heredero de una familia chilena ligada a un poderoso grupo empresarial.

Tal como señaló en su cuenta de X el abogado y exfiscal, Carlos Gajardo, “no tiene ninguna justificación jurídica el que se prohíba informar el nombre del imputado por conducir a 264 km/h. No es menor de edad ni perjudica la investigación. Es información que tiene relevancia pública. Puro privilegio”.

“Prohibió informar el nombre, generando una mayor indignación ciudadana. En los matinales muestran a los conductores infractores con total libertad. Brillante medida de la jueza”, sostuvo irónicamente otro usuario de la misma red social.

De acuerdo a información recopilada, P.J.I.R pertenece a una familia que controla una de las empresas de telecomunicaciones más grandes el país, cuyo nombre tampoco puede ser divulgado, y además tiene lazos con otro conocido empresario quien es consejero de un importante gremio y ha sido ligado a investigaciones por derechos humanos, según consignó BioBíoChile.

Caso previo

El caso trajo a colación otro ocurrido en mayo recién pasado, cuando un conductor fue detenido manejando a más de 261 kms/hr un Lamborghini Spyder, también en la comuna de Vitacura, el que contaba con 38 infracciones graves por exceso de velocidad, quien tampoco quedó en prisión preventiva pero sí se le quitó la licencia.

De acuerdo a la ley, quienes sean formalizados por el delito de conducción temeraria arriesgan la pérdida definitiva de su licencia de conducir -en caso de ser reincidentes-, penas de hasta 3 años y un día cárcel y una onerosa multa.

Gregory “N”, alias “El Gregory” o “El J”, fue vinculado a proceso por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo luego de que fue detenido el pasado 15 de junio en un inmueble de la alcaldía Coyoacán de la Ciudad de México.

El sujeto es identificado como objetivo prioritario al ser un presunto integrante de una célula de La Unión Tepito. De acuerdo con labores de inteligencia, estaría relacionado con diversos hechos delictivos ocurridos, principalmente, en las demarcaciones de Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo, entre ellos homicidios, lesiones por disparo de arma de fuego, extorsión, narcomenudeo y otros delitos de alto impacto.

Durante la audiencia inicial, celebrada este lunes 22 de junio, el agente del Ministerio Público formuló la imputación formal y presentó ante el juez de control los datos de prueba recabados a lo largo de la investigación. Con base en esos elementos, el juzgador resolvió vincular a proceso a Gregory “N” por su probable participación en delitos contra la salud.

El juez de control también impuso prisión preventiva como medida cautelar y fijó un plazo de un mes y 15 días para el cierre de la investigación complementaria.

Así fue su detención en un domicilio de Coyoacán

Su detención se realizó por agentes de la Policía de Investigación (PDI) al ejecutar una orden de cateo en un inmueble ubicado al sur de la alcaldía Coyoacán como parte de una investigación por delitos contra la salud.

Durante el operativo fue detenido Gregory “N” en el propio inmueble. Las autoridades aseguraron dos vehículos de alta gama, además de diversos objetos e indicios remitidos a análisis pericial y ministerial.

Tras su aseguramiento, el imputado fue trasladado a instalaciones de la Fiscalía de Investigación de Asuntos Relevantes, donde quedó a disposición de las autoridades para la determinación de su situación jurídica.

Las labores de inteligencia que precedieron al cateo permitieron identificar al imputado como objetivo prioritario dentro de la célula de La Unión Tepito a la que presuntamente pertenece.

Operativos recientes contra La Unión Tepito

La detención de Gregory “N” se inscribe en una serie de acciones contra el grupo delictivo registradas en meses recientes en la capital.

El pasado 9 de junio fue detenido Dylan Sebastián Marroquín, alias “El Dylan” o “El Cojo”, presunto integrante de la Unión Tepito que también estaba relacionado con el atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024.

La agresión se registró en calles del Centro Histórico, cuando la legisladora se encontraba con otros de sus colaboradores y fue interceptada por un sujeto que les dispararon en varias ocasiones. Como resultado del ataque dos personas de su equipo murieron.

A poco más de un año de los hechos, “El Dylan” fue detenido como parte del seguimiento de esta investigación, iniciada por intento de transfeminicidio, así como por un feminicidio a causa de disparos de arma de fuego del 14 de febrero de 2026 en calles de la alcaldía Tláhuac, y el tercero por un doble homicidio y lesiones registrados en la alcaldía Venustiano Carranza.

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que “El Dylan” o “El Cojo” está vinculado con el grupo delictivo de La Unión Tepito, en la facción liderada por “El Irving” y “El Huguito”.

Esta acción se suma a las realizadas en enero de 2026, cuando cuatro personas fueron detenidas en cateos simultáneos en Azcapotzalco, Gustavo A. Madero y Venustiano Carranza, identificadas como integrantes de una célula dedicada a la distribución de droga bajo las órdenes de la Unión Tepito.

En septiembre de 2025, un operativo en Cuauhtémoc y Nezahualcóyotl derivó en la captura de Iván “N”, alias “El Chícharo”, señalado como presunto líder de una facción del grupo delictivo.

Un joven atacó con un machete a su hermano, de 20 años, y quedó detenido en Calamuchita, provincia de Córdoba. La víctima sufrió una herida cortante en la muñeca y la fractura de uno de sus dedos.

El hecho ocurrió este fin de semana en la localidad de San Agustín, donde se produjo una discusión entre el agresor, de 22, años y su hermano, que derivó en una agresión con consecuencias físicas inmediatas.

Las fuerzas de seguridad fueron alertadas poco después del ataque. De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el joven de 20 años fue trasladado a un centro de salud para recibir las curaciones necesarias para sus heridas.

El agresor abandonó el lugar tras el incidente, lo que motivó que los efectivos desplegaran un operativo de búsqueda en la zona. La localización y detención se concretaron en las horas siguientes, y el joven fue puesto bajo custodia policial a la espera de las decisiones de la Justicia.

La Fiscalía de Instrucción de Calamuchita tomó intervención en el caso y ordenó una serie de medidas probatorias para esclarecer el episodio. Entre ellas, se dispuso la toma de declaración de los involucrados y la realización de pericias médicas sobre las lesiones sufridas por la víctima.

Hace tan solo una semana, dos hermanos murieron apuñalados en medio de una pelea familiar en Córdoba. Las víctimas fueron identificadas como Sergio Cuello y Germán Cuello, ambos de la misma edad. El hecho tuvo lugar en una zona alejada del centro de San Clemente, en el domicilio donde reside la madre de ambos hermanos.

Según los primeros datos, el desencadenante habría sido una discusión surgida durante una reunión familiar. Las circunstancias exactas bajo las cuales el conflicto escaló, así como el modo en que se desarrolló la secuencia de hechos, continúan bajo análisis de las autoridades.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder ElDoce.TV, en el altercado se habrían utilizado tanto armas blancas como de fuego, aunque los detalles precisos sobre cómo se emplearon estos elementos aún son materia de investigación.

Desde la madrugada, personal policial y judicial desplegó un gran operativo en la vivienda. Los efectivos trabajaron en el relevamiento de pruebas y en la toma de testimonios a fin de reconstruir la dinámica de los hechos.

El procedimiento incluyó la intervención de gabinetes judiciales especializados, que colaboraron en la recopilación de elementos de interés para la causa. Los investigadores pusieron especial atención en la identificación de posibles armas utilizadas y en la obtención de indicios materiales que permitan esclarecer el enfrentamiento.

La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción de Alta Gracia, desde donde se dispuso una serie de pesquisas y peritajes. El objetivo central es determinar de manera fehaciente cómo se originó y desarrolló la pelea que culminó con la muerte de los hermanos Cuello.

Uno de los puntos clave para los investigadores es el análisis de los resultados de las autopsias, las cuales permitirán conocer con exactitud la causa de muerte de cada uno de los hermanos y aportar datos relevantes sobre los instrumentos empleados en el hecho.

Las autoridades judiciales aguardan la información pericial para avanzar en la imputación o deslinde de responsabilidades. Además, se llevan adelante entrevistas con familiares y allegados que estuvieron presentes o tienen conocimiento de los hechos, con el propósito de reunir la mayor cantidad de elementos probatorios.

Adolfo Plata, el hombre que fue detenido en Querétaro luego de acudir a una supuesta cita para vender un lote de tarjetas de Pokémon y posteriormente señalado por las autoridades como presunto líder de una banda dedicada al robo de viviendas en Coahuila, recuperó su libertad este viernes tras surgir indicios de una posible confusión de identidad.

El hombre de 41 años salió del Centro Penitenciario Varonil de Saltillo, donde permanecía recluido desde el pasado 15 de junio, después de que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila revisó nuevos elementos de la carpeta de investigación junto con familiares, abogados defensores y representantes de diversas corporaciones de seguridad.

De acuerdo con la dependencia, la documentación y los datos aportados durante el encuentro permitieron esclarecer la situación jurídica de Adolfo Plata y abrieron la posibilidad de que se hubiera tratado de un error en la identificación del sospechoso.

La liberación ocurrió apenas unos días después de que el caso generara amplia atención pública y desatara cuestionamientos sobre la forma en que se desarrolló su detención y posterior traslado desde Querétaro hasta Coahuila.

Lo señalaban como líder de una banda de robos

La mañana del pasado 18 de junio estaba prevista una audiencia judicial para determinar si Adolfo Plata sería vinculado a proceso por el delito de robo calificado.

Las autoridades de Coahuila lo identificaban como el supuesto líder de una organización dedicada al robo de viviendas en Saltillo, relacionada con al menos cuatro reportes de robos en la zona norte de la capital coahuilense.

En dichos atracos se reportó el robo de joyas, dinero en efectivo, documentos personales y diversos aparatos electrónicos.

Sin embargo, conforme avanzó la investigación surgieron elementos que pusieron en duda la participación de Adolfo Plata en los hechos, lo que llevó a las autoridades a replantear la hipótesis inicial y finalmente ordenar su liberación.

A pesar de ello, la Fiscalía informó que las investigaciones continúan y que se mantienen las diligencias para identificar a los verdaderos responsables de los robos registrados en Saltillo.

Una cita para vender tarjetas Pokémon derivó en su captura

De acuerdo con el testimonio de la familia, compartido con el medio Milenio, Adolfo Plata lleva varios años dedicándose a la venta de objetos coleccionables.

En días recientes, un supuesto comprador se puso en contacto con él a través de redes sociales y le manifestó su interés por adquirir un lote completo de tarjetas de Pokémon.

El pasado 14 de junio, Adolfo acudió al sitio acordado para concretar la operación comercial. Sin embargo, al llegar al lugar fue interceptado y detenido por elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de Querétaro.

Su familia sostiene que el encuentro pudo haber sido una especie de trampa para lograr su captura.

Posteriormente, el hombre fue trasladado a Saltillo sin que, según denunciaron sus familiares, existiera una notificación formal sobre el procedimiento.

La detención provocó una intensa movilización de sus hermanos y de su esposa, quien es abogada de profesión y desde un principio aseguró contar con elementos suficientes para demostrar la inocencia de Adolfo.

Videos y testimonios respaldaban su versión

Según explicó Leonardo, hermano de Adolfo, el supuesto líder criminal y otros individuos fueron captados mientras cometían un robo en una vivienda de Saltillo durante la tarde del 31 de mayo.

No obstante, afirmó que ese día Adolfo se encontraba en Querétaro junto a su familia, a casi 600 kilómetros de distancia.

“Esta persona estaba robando a las cinco de la tarde. Yo tengo videos donde mi hermano estaba, a las dos de la tarde, lavando su carro. Más tarde fue a casa de mis papás para comer con ellos y llevarles las cosas que había comprado en San Antonio”, relató.

La esposa de Adolfo respaldó esta versión y señaló que la familia disponía de pruebas documentales y testimoniales suficientes para acreditar que el hombre se encontraba fuera de Coahuila durante las fechas en las que ocurrieron los robos investigados.

Otra de las hipótesis planteadas por la defensa apunta a un posible error derivado de una reservación hotelera.

Entre el 29 y 30 de mayo, Adolfo y su familia hicieron escala en Saltillo mientras regresaban de Estados Unidos a Querétaro. Debido a una confusión, realizó reservaciones en dos hoteles distintos y, aunque solo utilizó uno de ellos, su nombre quedó registrado en ambos establecimientos.

El abogado de la familia considera que las autoridades pudieron haber seguido la pista del verdadero sospechoso hasta uno de esos hoteles y, al encontrar el nombre de Adolfo en el registro, se habría producido la confusión que derivó en su captura.

Tras recuperar su libertad, Adolfo Plata dejó atrás casi una semana de reclusión y un proceso que transformó a un vendedor de artículos coleccionables en el supuesto líder de una banda criminal, una acusación que ahora permanece bajo revisión mientras la investigación continúa.

Un adolescente de 16 años fue detenido con un balazo en la pierna izquierda y múltiples raspones tras protagonizar una intensa persecución policial que se extendió desde el barrio San Carlos hasta El Retiro.

El episodio, que involucró a tres jóvenes a bordo de una motocicleta, se desató el miércoles último pero recién trascendió ayer.

La secuencia comenzó en la intersección de las calles 44 y 143, cuando efectivos del Comando de Patrulla observaron a tres ocupantes de una Royal Enfield Classic 350 en actitud sospechosa. Al notar la presencia policial, los jóvenes aceleraron la marcha, lo que motivó el inicio de una persecución que se prolongó a lo largo de varias cuadras.

Durante el trayecto, los policías utilizaron “indicaciones sonoras y lumínicas” para advertir a los fugitivos que detuvieran la marcha. Sin embargo, los ocupantes de la motocicleta hicieron caso omiso y, en un punto del recorrido, dos de ellos extrajeron armas de fuego y dispararon contra los uniformados, según relató el parte oficial.

En respuesta inmediata, los agentes repelieron la agresión y uno de los jóvenes recibió un disparo en la pierna. Al mismo tiempo, la motocicleta perdió estabilidad y terminó cayendo sobre el asfalto en la esquina de 44 y 161, donde culminó la persecución. Como resultado, el adolescente herido quedó en el lugar, mientras que los otros dos huyeron a pie.

El menor fue rápidamente identificado y aprehendido por el personal policial. Una ambulancia del SAME lo trasladó al hospital “Alejandro Korn” de Melchor Romero, donde los médicos constataron una fractura de tibia provocada por el proyectil. De acuerdo con los profesionales, el joven se encuentra “fuera de peligro”.

Durante la persecución, los agentes advirtieron que uno de los acompañantes arrojó un objeto metálico en la avenida 44, entre 154 y 155. Posteriormente, los investigadores establecieron que se trataba de un revólver calibre 32, plateado, hallado en la zona de 44 y 154, según detallaron las fuentes.

El incidente generó preocupación en la comunidad local, que presenció parte de la persecución y el desenlace en plena vía pública. El accionar policial fue atribuido a la necesidad de responder a los disparos efectuados por los sospechosos, conforme explicaron desde la fuerza.

La motocicleta en la que se desplazaban los jóvenes, según informó el portal del diario El Día, registraba un pedido de secuestro activo desde el martes anterior, realizado por la comisaría tercera. Según se informó, el rodado había sido robado por dos delincuentes a un hombre en el barrio Los Hornos, lo que sumó otro elemento a la investigación en curso.

El detenido, pese a su corta edad, ya cuenta con varios antecedentes computados.

El caso quedó en manos de la fiscalía correspondiente, que investiga tanto la participación de los jóvenes en el robo de la motocicleta como la posesión del arma hallada en la vía pública. La Policía analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los prófugos y determinar si hay relación con otros hechos delictivos recientes.

Ahora, el adolescente detenido permanece bajo custodia policial en el hospital, mientras se evalúa su estado de salud y se define su situación judicial. Las autoridades no descartan nuevas detenciones en las próximas horas, dadas las pruebas recolectadas en el lugar y los antecedentes del aprehendido.

En el barrio San Carlos y las zonas aledañas, el episodio reavivó el debate sobre la seguridad y la incidencia de menores en delitos graves. Las fuerzas policiales reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para brindar información que permita esclarecer el caso y prevenir futuros episodios similares.

El gobierno de Estados Unidos acusó a un ciudadano mexicano de encabezar un presunto plan para perpetrar un ataque durante un evento de la Ultimate Fighting Championship (UFC) celebrado en la Casa Blanca con motivo del cumpleaños número 80 del presidente Donald Trump.

El señalado es Abraham Hermosillo Álvarez, identificado por las autoridades estadounidenses con el alias de “Shepherd”, quien fue detenido el pasado 14 de junio en Omaha, Nebraska, y ahora enfrenta cargos federales por conspiración para cometer homicidio y conspiración para cometer actos de violencia en los terrenos de la residencia presidencial.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Hermosillo habría sido el encargado de planear, organizar y dirigir el supuesto ataque, que finalmente fue frustrado gracias a una operación coordinada entre el Buró Federal de Investigaciones (FBI), el Departamento de Justicia y diversas agencias de seguridad.

El presunto plan: drones explosivos y francotiradores

Según la acusación federal, el grupo planeaba utilizar drones cargados con explosivos para sobrevolar la Casa Blanca durante el evento denominado “UFC Freedom 250”. El objetivo era generar pánico y provocar la evacuación de los asistentes.

Una vez que la multitud abandonara el recinto, presuntos francotiradores atacarían a “objetivos de alto valor” entre el público.

Las investigaciones revelaron que los sospechosos mantenían conversaciones en chats cifrados en los que intercambiaban mapas detallados y fotografías aéreas de la Casa Blanca y sus alrededores. También discutían posibles rutas de escape y la necesidad de establecer una “casa de seguridad” después del ataque.

Las autoridades aseguraron varias armas de alto poder y determinaron que los involucrados habrían compartido ideas extremistas y teorías conspirativas de carácter marginal.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, en total fueron imputados cinco hombres de entre 19 y 32 años de edad. Además de Hermosillo, los otros presuntos cómplices fueron detenidos en los estados de Ohio, Missouri y California.

Del ingreso con visa de turista al programa DACA

El Departamento de Seguridad Nacional informó que Abraham Hermosillo Álvarez ingresó a Estados Unidos con una visa de turista tipo B2, la cual expiró en 2001.

Posteriormente, durante la administración del expresidente Barack Obama, obtuvo la protección del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), creado para otorgar protección temporal contra la deportación a personas que llegaron al país siendo menores de edad acompañando a sus padres.

La subsecretaria interina del DHS, Lauren Bis, afirmó que el acusado “nunca debió haber sido autorizado a permanecer en el país” y sostuvo que deberá responder ante la justicia antes de enfrentar un proceso de expulsión de Estados Unidos.

Las autoridades migratorias también confirmaron que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) presentó una orden de detención migratoria en su contra.

La denuncia de una madre y la operación que frustró el presunto atentado

El FBI aseguró que tuvo conocimiento de la posible amenaza el pasado 10 de junio, cuatro días antes del evento de la UFC en la Casa Blanca.

La investigación se inició luego de que la madre de uno de los sospechosos alertó a las autoridades sobre la conducta de su hijo, quien presuntamente había gastado alrededor de 3 mil dólares en la compra de armas y mantenía comportamientos que consideró preocupantes.

El director del FBI, Kash Patel, informó que la rápida intervención de las agencias de seguridad permitió detener a los implicados antes de que el plan pudiera materializarse.

La acusación federal sostiene que el grupo estaba motivado por sentimientos ultrarreligiosos y antigubernamentales. Entre las supuestas inconformidades mencionadas en los mensajes intervenidos figuraban denuncias sobre corrupción gubernamental, el manejo de los archivos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, así como críticas hacia proyectos tecnológicos y políticas públicas.

Asimismo, la investigación señala que Hermosillo, bajo el alias de “Shepherd”, identificó una iglesia metodista abandonada en la localidad de Western, Nebraska, como un posible punto de repliegue tras el ataque.

Hasta el momento, las autoridades estadounidenses no han precisado qué tan cerca estuvieron los sospechosos de concretar el presunto atentado; sin embargo, sostienen que la operación coordinada entre agencias evitó un posible episodio de violencia durante uno de los eventos más vigilados y simbólicos de la agenda presidencial estadounidense.

Un intento de femicidio conmocionó a la ciudad de Jáchal, provincia de San Juan, este miércoles. El caso involucra a un joven de 25 años que fue detenido tras intentar prender fuego a su pareja.

Según información de fuentes judiciales, el agresor, identificado como M. E. M., fue interceptado por la Policía mientras intentaba darse a la fuga.

El hecho se registró cerca de las 13 horas en una vivienda del barrio Virgen de Fátima. Allí, residía la pareja, cuya convivencia terminó abruptamente marcada por este episodio de violencia extrema. De acuerdo con los primeros datos recabados, una discusión doméstica habría sido el detonante del violento accionar del agresor.

La víctima, una joven de 20 años, sobrevivió al ataque gracias a la rápida reacción de su madre. La intervención fue clave para evitar una tragedia mayor y permitió que la joven pudiera alejarse del agresor y pedir auxilio. El caso se encuentra bajo investigación de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) Norte, a cargo del fiscal Gastón Salvio, quien dispuso la detención inmediata del sospechoso.

En poder del detenido se secuestró tanto el frasco de alcohol utilizado como el encendedor con el que habría intentado iniciar el fuego. Estos elementos fueron remitidos como prueba a la investigación judicial, que se orienta en principio hacia la figura de homicidio agravado por el contexto de violencia de género, en grado de tentativa. Además, se investiga una posible amenaza de muerte hacia la víctima, de acuerdo con lo denunciado por los familiares y la propia joven.

Según informó el portal el Tiempo de San Juan, la joven fue contenida por su familia y por personal policial, mientras la Justicia avanza en la calificación legal y las medidas de protección.

Un hecho similar se registró hace unas semanas en Salta, cuando un joven de 27 años prendió fuego a su pareja. El atacante permanece prófugo, mientras que la víctima sufrió graves quemaduras en el rostro y cuello. Las fuerzas de seguridad desplegaron un amplio operativo para encontrarlo, mientras organizaciones y familiares alertaron por la situación crítica en la que quedó la joven.

El hombre, identificado como Jorge Fernando Carrizo, había sido liberado semanas antes por la Justicia, pese a los antecedentes de violencia de género y a un pedido de prisión preventiva formulado por la fiscalía. Tras protagonizar el intento de femicidio, el hombre se fugo y actualmente continúan con la intensa búsqueda para dar con su paradero.

De acuerdo con El Tribuno, el presunto agresor había sido previamente imputado por la Fiscalía de Violencia Familiar y de Género de Orán por lesiones leves doblemente agravadas, coacción y desobediencia. En este contexto, la fiscal Claudia Carreras solicitó su prisión preventiva, pero el 16 de abril el juez de Garantías 1 de Orán, Francisco Oyarzú, rechazó el pedido y dictó su liberación.

Así, el hombre volvió a agredir a su pareja, rociándola con un líquido inflamable y prendiéndola fuego. Los familiares de la víctima denunciaron que la mujer no estaba en su domicilio y evadió la custodia dispuesta para su protección, motivo por el cual las autoridades trabajan también en su localización.

El caso quedó bajo investigación de la fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas de Orán, María Soledad Filtrín Cuezzo, quien coordinó las medidas para esclarecer el hecho. Las tareas de campo están a cargo de la Unidad UGAP Orán del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales. El 8 de junio la Sala II del Tribunal de Impugnación, encabezada por el juez Guillermo Poliotto, revocó la decisión inicial y ordenó la detención inmediata de Carrizo, declarándolo en rebeldía.

Un hombre fue detenido en la madrugada del miércoles del centro de Córdoba, acusado de robar celulares durante los festejos por el triunfo de la selección argentina.

La escena se desarrolló cerca de las dos de la mañana, en las inmediaciones de calle Balcarce al 330, en un contexto de calles colmadas por la celebración futbolística. El hecho encendió la alerta entre los asistentes y movilizó a las fuerzas de seguridad en uno de los puntos neurálgicos de la ciudad.

Mientras la multitud festejaba, la atención de un grupo de personas se desvió por la pérdida de sus teléfonos móviles. La denuncia inmediata permitió que personal policial interviniera de manera rápida. Las primeras versiones indican que el acusado habría aprovechado el clima festivo y el descuido de los presentes para sustraer varios dispositivos de alta gama.

Según fuentes policiales, el sospechoso intentó evadir a los uniformados al percatarse de su presencia. De acuerdo con el parte oficial, el hombre buscó refugio en una habitación de un hotel cercano, ubicado en el mismo sector donde ocurrieron los hechos. Sin embargo, la maniobra no resultó suficiente para escapar: el individuo fue localizado y aprehendido en pocos minutos por los efectivos en el interior del establecimiento.

El parte policial indica que, tras el operativo, se recuperaron ocho celulares de alta gama que habían sido sustraídos momentos antes. Los dispositivos, según se aclaró, fueron trasladados para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar su devolución a los propietarios identificados.

De acuerdo con lo informado por el portal El Doce.tv, el hombre quedó a disposición de la Justicia, que deberá avanzar con la investigación para esclarecer la totalidad de los hechos y formalizar la devolución de los elementos recuperados a sus legítimos dueños.

Un padre y su hijo fueron detenidos por robar un local de celulares en Mendoza

Horas a atrás, durante la madrugada del pasado lunes, agentes de la Policía y preventores municipales detuvieron a un hombre y su hijo menor de edad tras confirmar que ambos habían realizado un robo en un local de celulares ubicado en la calle Rioja, entre Garibaldi y Catamarca en el centro de la ciudad de Mendoza. El caso se inició cuando la alarma del comercio alertó sobre la presencia de personas dentro del local.

Los sospechosos violentaron la persiana metálica para acceder al comercio. Una alarma de seguridad se activó mientras ambos permanecían dentro del local, lo que alertó de inmediato a las autoridades. El seguimiento policial se facilitó gracias a la intervención del Centro de Operaciones y Videovigilancia, cuyos operadores lograron detectar a dos personas con las características de los presuntos autores.

Las imágenes de las cámaras de seguridad mostraron cómo los involucrados caminaron por distintas calles del microcentro hasta llegar a la zona de San Martín. Posteriormente, se subieron a un taxi en la calle Godoy Cruz. Con esa información, personal policial y preventores municipales iniciaron un operativo de seguimiento que permitió interceptarlos a pocas cuadras del lugar.

Personal policial y preventores municipales realizaron el operativo coordinado que permitió interceptar a los sospechosos a pocas cuadras del lugar del robo. Una vez identificados, se confirmó que se trataba de un padre y su hijo menor de edad. El hombre fue trasladado a la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos, mientras que el adolescente quedó a disposición del Polo Judicial, a la espera de que un familiar acudiera a retirarlo.

Las autoridades destacaron que el accionar del sistema de videovigilancia resultó clave para el seguimiento y detención de los implicados. Además, el caso generó comentarios en redes sociales por la relación familiar de los detenidos y el hecho de que un menor estuviera involucrado en el delito. La causa quedó bajo investigación para determinar la participación precisa de cada uno de los detenidos y para establecer si existieron otros posibles involucrados en el hecho.

El Mundial de Brasil 2014 dejó imágenes memorables para la afición mexicana, desde el triunfo sobre Camerún hasta el histórico empate sin goles ante la selección anfitriona gracias a la sobresaliente actuación del portero Guillermo Ochoa. Sin embargo, para un hombre identificado por las autoridades estadounidenses como integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aquella Copa del Mundo terminó de una manera muy distinta: en una cárcel brasileña.

Se trataba de José Díaz Barajas, un mexicano de entonces 49 años de edad que había viajado a Brasil con la intención de disfrutar de la justa mundialista y acompañar a la Selección Mexicana en su segundo compromiso de la fase de grupos.

Entre sus pertenencias llevaba algo más que ropa y artículos personales. También tenía un boleto para ingresar al estadio Castelao, en la ciudad de Fortaleza, estado de Ceará, donde se disputaría el partido entre México y Brasil.

Sin embargo, nunca llegó al inmueble deportivo.

Era buscado por tráfico de metanfetaminas

De acuerdo con las autoridades estadounidenses, José Díaz Barajas era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta participación en una red de tráfico de drogas.

El mexicano era buscado por el delito de tráfico de narcóticos y contaba con una ficha internacional de localización emitida por la Interpol, además de ser investigado por la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA).

Según las acusaciones, Díaz Barajas presuntamente estaba involucrado en el envío de metanfetaminas desde Guadalajara, Jalisco, hacia territorio estadounidense.

Las investigaciones también señalaban que supuestamente participaba en la importación de materias primas procedentes de Asia, las cuales eran utilizadas para la fabricación de drogas sintéticas que posteriormente eran comercializadas en Estados Unidos.

El presunto operador del CJNG había emprendido el viaje acompañado de su esposa y de sus dos hijos, uno de 29 años y otro de 17, y se hospedaba en un hotel del exclusivo barrio de Leblón, en Río de Janeiro.

No obstante, desde su llegada a Brasil, las autoridades federales ya seguían sus pasos.

La entrada al partido facilitó su ubicación

Las autoridades brasileñas tuvieron conocimiento de la presencia de Díaz Barajas después de que éste realizara un viaje desde México con destino a Paraguay y posteriormente cruzara por la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, el 11 de junio de 2014.

Una vez identificado, la Policía Federal notificó a la Interpol y comenzó un operativo de vigilancia.

El comisario Luiz Cravo Dórea explicó posteriormente que las autoridades solicitaron al Supremo Tribunal Federal una orden de arresto con fines de extradición.

“Conseguimos vigilar los pasos de este mexicano en Brasil. Por medio del Ministerio de Justicia solicitamos una orden de prisión al Supremo Tribunal Federal, que fue expedida el sábado 14 de junio”, declaró el funcionario en conferencia de prensa.

Según las autoridades brasileñas, la captura era solo cuestión de tiempo.

La razón fue sencilla: los investigadores sabían exactamente dónde pretendía estar el mexicano en los siguientes días.

“Contábamos con equipos en Río de Janeiro y en Fortaleza, ya que también teníamos la copia de la entrada que él había comprado para el Mundial”, señaló el comisario.

El boleto para el partido entre México y Brasil se convirtió, paradójicamente, en una de las pistas que permitió a las autoridades anticipar los movimientos del presunto narcotraficante.

“Pensó que nadie lo buscaba”

Finalmente, agentes federales ejecutaron la orden de captura antes de que José Díaz Barajas pudiera asistir al encuentro entre el Tri y la selección anfitriona.

Tras su arresto fue trasladado al penal Ari Franco, en Río de Janeiro, mientras se desarrollaban los procedimientos relacionados con la solicitud de extradición presentada por Estados Unidos.

La captura llamó la atención de la prensa internacional debido a las circunstancias en que ocurrió y porque el sospechoso, lejos de intentar ocultar su identidad, ingresó al país utilizando documentación auténtica.

El propio comisario Luiz Cravo Dórea resumió así la situación:

“Usó documentos reales para entrar al país porque pensó que nadie lo buscaba”.

Mientras miles de aficionados mexicanos celebraban el empate sin goles frente a Brasil y la extraordinaria actuación de Guillermo Ochoa en el estadio Castelao, José Díaz Barajas permanecía bajo custodia de las autoridades brasileñas, poniendo fin a un viaje que había planeado para apoyar a la Selección Mexicana, pero que terminó convertido en uno de los episodios más peculiares relacionados con el Mundial de Brasil 2014 y la persecución internacional contra presuntos integrantes del CJNG.

Tras días de búsqueda, la Policía Bonaerense logró capturar a Claudio Daniel González, el principal sospechoso por el crimen del dueño del bar de Mar del Plata, Luis Badoza.

El arresto tuvo lugar este lunes por la tarde en el barrio Coronel Dorrego. El operativo estuvo en manos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría 12ª, con el respaldo del Comando de Patrullas y la Fuerza Barrial de Aproximación.

Según pudo saber el medio local La Capital de Mar del Plata, las tareas de inteligencia incluyeron seguimientos en diferentes zonas de la ciudad y permitieron cercar al acusado, buscado también por su presunta participación en una serie de robos automotores. El acusado fue trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán, donde quedó a disposición de la Justicia.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, González ingresó al bar haciéndose pasar por cliente. Una vez dentro, amenazó a los presentes con la advertencia de estar armado, y procedió a sustraer dinero en efectivo y un teléfono celular.

En el transcurso del asalto, Badoza, dueño del local, fue atacado violentamente con una banqueta que le provocó lesiones graves. El comerciante fue trasladado en estado crítico al Hospital Interzonal General de Agudos, donde permaneció internado y fue sometido a dos intervenciones quirúrgicas. A pesar de los esfuerzos médicos, Badoza falleció por la gravedad de las heridas.

El caso, según informó el portal del diario La Capital, fue recaratulado por la fiscalía a cargo de Fernando Berlingeri como homicidio en ocasión de robo, una vez reunidos los elementos probatorios y testimonios que complicaron la situación procesal de González. La fiscalía solicitó su captura y activó los mecanismos de búsqueda, incluida la difusión de su imagen entre distintas fuerzas de seguridad.

La búsqueda de González no solo respondía al crimen del comerciante. El acusado figuraba además en investigaciones por robos automotores y actividades relacionadas con la comercialización ilegal de neumáticos y autopartes. Entre los hechos atribuidos se encuentra el robo de una camioneta Citroën Berlingo ocurrido el 25 de mayo. Además, se lo vincula con maniobras de venta de autopartes a través de plataformas digitales, utilizando teléfonos celulares secuestrados en diversos procedimientos.

Días antes de la detención, la Policía realizó allanamientos en domicilios de las calles Ecuador al 900 y Beruti al 8400. Allí, se incautaron más de 500 neumáticos de origen no acreditado y un teléfono celular presuntamente utilizado en la operatoria delictiva. En ese momento, González logró evitar su captura, pero las pruebas recabadas reforzaron el expediente en su contra y permitieron trazar su perfil delictivo.

Las pesquisas se mantienen activas para determinar si González actuó en complicidad con otras personas y para identificar posibles ramificaciones de la banda.

Tras la detención, González fue puesto a disposición de la Justicia. La fiscalía sigue analizando el material probatorio, los testimonios y los elementos secuestrados en los operativos recientes. Se busca establecer la participación de terceros y definir la acusación formal que enfrentará el sospechoso en las próximas instancias judiciales.

La tranquilidad habitual de Villa Carmela, en la provincia de Tucumán, se vio interrumpida el lunes tras la muerte de un hombre de 40 años en medio de una discusión.

El episodio tuvo lugar cerca del mediodía en el barrio El Triángulo I, cuando Carlos Ezequiel Romano Hardoy, domiciliado en Tafí Viejo, llegó en automóvil hasta el asentamiento ubicado sobre la ruta provincial 315, a la altura del kilómetro 6,5. Según la reconstrucción inicial, el hombre descendió del vehículo e ingresó por uno de los pasillos del lugar, donde se encontró con A. “Choclito” C., de 25 años.

Tras un breve intercambio verbal, ambos iniciaron una discusión que culminó en una agresión física. De acuerdo con la hipótesis preliminar de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, A. “Choclito” C. habría golpeado en el rostro a Romano Hardoy, provocando que este cayera al suelo y quedara tendido en el lugar.

La escena, según informó el portaln local Contexto, fue presenciada por una testigo, quien alertó de inmediato a las autoridades. Tras el llamado, personal policial y del Sistema de Emergencias 107 acudieron rápidamente al lugar. Pese a los esfuerzos, los profesionales de la salud constataron que Romano Hardoy ya no presentaba signos vitales. La confirmación del fallecimiento marcó el inicio de una causa judicial, cuya carátula aún está en proceso de definición.

El principal sospechoso, el joven de 25 años, se dio a la fuga tras el hecho. Sin embargo, fue localizado y aprehendido por la Policía horas después. Quedó a disposición de la Justicia, mientras se desarrollan las medidas investigativas para determinar con precisión la mecánica del hecho y la eventual responsabilidad penal.

El fiscal Carlos Sale, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios II, se trasladó personalmente al escenario del suceso para supervisar las primeras actuaciones y coordinar el trabajo de los equipos técnicos. Por disposición de Sale, especialistas del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) realizaron un relevamiento integral del área, levantaron rastros y recolectaron evidencias determinantes.

En las primeras horas de la pesquisa, las autoridades descartaron la utilización de armas de fuego o armas blancas. Toda la investigación se centra en establecer si el puñetazo recibido por la víctima fue la causa directa de la muerte o si existieron elementos adicionales que contribuyeran al desenlace fatal. Para ello, se espera el resultado de la autopsia al cuerpo de Hardoy, medida considerada fundamental para definir los próximos pasos procesales.

La Fiscalía confirmó que en las próximas horas se practicará la autopsia, con el fin de determinar la causa de la muerte y precisar la situación legal de A. “Choclito” C.. Mientras tanto, se continúan tomando declaraciones testimoniales a testigos del hecho y personas del entorno de la víctima y del acusado.

Durante el fin de semana, dos hermanos murieron en Córdoba durante una pelea familiar. Las víctimas fueron identificadas comoSergio Cuello y Germán Cuello, ambos de la misma edad. El hecho tuvo lugar en una zona alejada del centro de San Clemente, en el domicilio donde reside la madre de ambos hermanos.

Según los primeros datos, el desencadenante habría sido una discusión surgida durante una reunión familiar. Las circunstancias exactas bajo las cuales el conflicto escaló, así como el modo en que se desarrolló la secuencia de hechos, continúan bajo análisis de las autoridades. De acuerdo con la información a la que pudo acceder ElDoce.TV, en el altercado se habrían utilizado tanto armas blancas como de fuego, aunque los detalles precisos sobre cómo se emplearon estos elementos aún son materia de investigación.

Desde la madrugada, personal policial y judicial se desplegó en la vivienda, manteniendo un operativo en el sitio hasta el mediodía del domingo. Los efectivos trabajaron en el relevamiento de pruebas y en la toma de testimonios a fin de reconstruir la dinámica de los hechos.

Iván Raymundo “N”, alias “El 24″, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con autoridades estatales, federales y de la Marina en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Mocorito del estado de Sinaloa.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, el sujeto es identificado como presunto líder regional de la organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

Su detención se realizó junto a otros tres hombres, identificados como Patricio “N”, alias “Pato”, Esequiel “N” y Jorge “N”, señalados como presuntos integrantes de la misma organización criminal, conocida como el Cártel de Guasave.

Durante el operativo les fueron asegurados 2 vehículos, 4 armas largas, un arma corta, 8 cargadores y un chaleco táctico.

“El Chapo Isidro” ha sido de los aliados más fuertes de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien actualmente lidera la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Su alianza se consolidó desde el inicio de la guerra entre esta facción con la de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya disputa comenzó en septiembre de 2024, semanas después del secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Esta guerra llevó a “El Chapo Isidro” a aliarse con “El Mayito Flaco” debido a que mantiene desde hace más de una década una rivalidad con la familia Guzmán Loera.

Once detenidos, aseguramiento de sustancias químicas y hasta armamento: el saldo del operativo

La detención de Iván “N” se llevó a cabo en el contexto de un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, que incluyó acciones coordinadas en varios municipios.

En estos operativos se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y vehículos con reporte de robo. Además, en distintas localidades del estado fueron detenidas otras 8 personas, entre ellas dos extranjeros y un menor de edad.

Fue en El Rosario, poblado de Las Habitas, donde los militares detuvieron a cuatro personas más, entre ellas un extranjero y el menor de edad. A ambos les fueron asegurados:

• Un fusil Barrett
• 11 armas largas
• 158 cargadores
• 835 cartuchos
• 5 chalecos tácticos
• 4 placas balísticas

Otra acción realizada en Mocorito, en el Ranchito de los Gaxiola, culminó con la detención de un hombre al que le fueron aseguradas 6 armas largas, 7 cargadores, 210 cartuchos, 2 chalecos tácticos, 7 kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Por su parte, en Mazatlán se realizaron dos operaciones, uno en el poblado La Noria, donde militares aseguraron 951 cartuchos, 5 cargadores y una cuatrimoto.

En la localidad de La Amole fueron detenidos tres hombres, uno de nacionalidad extranjera, a quienes les aseguraron 5 armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, 3 chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Afectación a las organizaciones criminales es de más de 100 millones de pesos

Al sur del estado, en Escuinapa, específicamente en la estación Fitosanitaria La Concha, los elementos castrenses localización un bulto que contenía 5 armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, 3 chalecos tácticos y 5 culatas para arma larga.

En Elota, en inmediaciones del poblado Casas Grandes, fue hallado un campamento donde se aseguraron 4 armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

A la par, se inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso en los municipios de Culiacán y Cosalá, en los que se incautaron 5 mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas, además de un reactor de síntesis orgánica. Además de 3 armas largas, 5 cargadores y 217 cartuchos.

Las autoridades estimaron que la afectación económica a la delincuencia organizada asciende a 110 millones de pesos con los decomisos y aseguramientos.

El hallazgo de un cuerpo con heridas de arma blanca bajo el puente Eva Perón, en el arroyo Antoñico de la ciudad de Paraná, disparó una investigación por homicidio que puso en foco a un joven de 20 años como principal sospechoso. La secuencia, que se remonta a la mañana del jueves, mantiene en vilo al barrio Las Flores y moviliza a las autoridades judiciales y policiales de la provincia de Entre Ríos.

Antonio Lucas Lautaro Vázquez, el único detenido por la causa, permanecerá detenido por 45 días en la Unidad Penal N°1 mientras avanza la investigación. Tras ser aprehendido, el joven fue trasladado al Hospital San Martín de Paraná, donde recibió atención médica por la herida en el cuello que atribuyó a un supuesto ataque durante esa noche.

Durante su permanencia en el hospital, permaneció bajo estricta custodia de la Policía de Entre Ríos y sólo pudo abandonar el centro de salud una vez que recibió el alta médica. Al salir del hospital, fue llevado directamente a Tribunales, donde se concretó la audiencia de imputación. Durante la audiencia realizada este viernes, Vázquez rechazó la imputación formulada por la fiscal Paola Farinó y aseguró haber actuado en legítima defensa. “Yo me defendí”, afirmó frente al juez de Garantías, Elvio Garzón.

El detenido relató que conoció a la víctima la misma noche del suceso, cuando ambos se cruzaron en un local “24 Horas” de la calle Ameghino. Sostuvo que decidieron caminar juntos hacia el barrio Las Flores para comprar estupefacientes. De acuerdo con su testimonio, el fallecido le manifestó que “andaba con ganas de matar a alguien” y luego lo atacó con un cuchillo, provocándole una herida en el cuello.

En este marco, Vázquez aseguró haber logrado desarmarlo y usar el mismo puñal para defenderse. Sin embargo, el relato del imputado contrasta con el resultado preliminar de la autopsia que determinó que la víctima recibió 15 puñaladas, de las cuales tres resultaron mortales. Además, la fiscalía puso en duda la versión de defensa propia, señalando que Vázquez dio tres explicaciones distintas sobre cómo sufrió el corte en el cuello, debilidad que afecta su coartada.

El hallazgo

El caso tuvo su origen el jueves por la mañana, cuando vecinos del barrio Las Flores alertaron a la policía sobre la presencia de un cuerpo en el arroyo Antoñico, bajo el puente Eva Perón. Personal policial constató que la víctima, un adolescente de 17 años, se encontraba boca abajo y presentaba múltiples heridas de arma blanca.

La alerta inicial llegó por parte de una vecina, quien notó la presencia de un cuerpo semisumergido en el arroyo que cruza por debajo del puente Eva Perón, en la calle Diamante. Personal policial y una ambulancia acudieron rápidamente al lugar, donde constataron que la víctima, se encontraba "semisumergido y vestido“. El área fue acordonada de inmediato para preservar posibles rastros y facilitar la labor de la Policía Científica.

La fiscal de la Unidad de Delitos Complejos Paola Farinó quedó a cargo de la investigación. En la escena trabajaron la Policía Científica, la Jefatura Departamental Paraná y la fiscalía, que dispusieron un perímetro para preservar posibles rastros y ordenaron el traslado del cuerpo a la morgue judicial de Oro Verde.

El jefe de la Dirección de Investigaciones de la Policía de Entre Ríos, Horacio Blasón, explicó que “los vecinos pueden ver una persona que estaba en el arroyo Antoñico que estaba sumergida; inmediatamente intervino el servicio de ambulancia, Comisaría Quinta”. El cuerpo fue trasladado a la morgue judicial de Oro Verde, donde la División Rastros de la Policía trabaja en la identificación formal de la víctima, cuyo nombre aún no trascendió oficialmente.

A las 2:40 de la tarde del jueves 11 de junio, Carlos Eugenio Benítez Orta fue detenido en el Puente Internacional Puerta México, en Matamoros, Tamaulipas, y puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El funcionario, adscrito a la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), fue identificado, detenido y entregado por autoridades estadounidenses como resultado de una operación coordinada entre los dos países.

Su aprehensión se formalizó en suelo mexicano, cuando agentes federales de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y la propia ANAM cumplimentaron una orden de aprehensión en las inmediaciones del cruce fronterizo que conecta Matamoros con Brownsville, Texas.

Benítez Orta fue trasladado de inmediato al Centro Federal de Readaptación Social No. 1 “El Altiplano”, en Almoloya de Juárez, Estado de México, donde quedó a disposición de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio.

ANAM y SSPC emitieron un comunicado conjunto

En un documento compartido este 12 de junio, ambas dependencias señalaron que “los hechos se relacionan con una investigación en curso por presuntos hechos relacionados con delincuencia organizada”, sin detallar el grupo criminal involucrado ni el tipo de actividad bajo investigación.

Indicaron que se realizarán las diligencias correspondientes para el esclarecimiento y, en su caso, la determinación de responsabilidades conforme a derecho.

La ANAM subrayó que colabora con las autoridades conforme al marco jurídico vigente y reafirmó su compromiso con la legalidad y la integridad del servicio público.

La captura se dio en un contexto de creciente coordinación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad.

Benítez Orta fue presentado en el Altiplano

El Registro Nacional de Detenciones, consultado el 12 de junio de 2026 por Infobae México, identificó a Benítez Orta como un masculino de 45 años, 1.68 metros de estatura, complexión media, tez morena clara, ojos medianos color café obscuro y barba.

Al momento de la detención vestía pantalón de mezclilla azul, camisa de manga corta azul, zapatos negros y gorra azul, misma ropa con la que fue fotografiado por las autoridades.

El documento registró como autoridad que efectuó la detención a la SSPC. La ubicación actual consignada fue en el penal de “El Altiplano” en Almoloya de Juárez, bajo resguardo de un Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Estado de México.

Según la misma ficha consultada, el lugar exacto de captura fue la Colonia Jardín de Matamoros, sobre la Avenida Álvaro Obregón, entre la Calle Tamaulipas 1 y el acceso al Puente Internacional Puerta México, con código postal 87330.

Las coordenadas geográficas registradas en la ficha oficial fueron 25.891527, -97.504140, frente a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración.

México y Estados Unidos crearon un grupo bilateral de seguridad

La detención de Benítez Orta se dio un día antes de que el embajador estadounidense, Ronald Johnson, y el secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, anunciaran la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG), un mecanismo de coordinación permanente entre los dos países en materia de seguridad.

El BIG reunirá a 15 agencias del gobierno de Donald Trump con sus contrapartes mexicanas. Entre las áreas de trabajo figura:

• Flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas
• Tráfico de armas
• Combate a organizaciones criminales transnacionales
• Desmantelamiento de redes de financiamiento ilícito
• Robo de combustible
• Uso de tecnologías avanzadas ante amenazas emergentes

El anuncio lo formalizó la embajada de Estados Unidos en México, bajo el comunicado titulado “De la Cooperación a los Resultados: Avanzando Juntos por la Seguridad”.

Ambos funcionarios presentaron la estrategia ante personal de ambos gobiernos que encabezará el nuevo mecanismo.

La madrugada del 14 de mayo de 2026 marcó el inicio de una serie de robos a mano armada que sembraron preocupación entre los habitantes de Pilar, al norte del Conurbano bonaerense. En menos de 10 días, al menos cuatro asaltos violentos fueron atribuidos a una banda que operaba con un patrón meticuloso y sumamente agresivo, dejando a la comunidad en alerta y a las fuerzas de seguridad bajo presión. Ahora, cayó uno de sus miembros.

La modalidad de los hechos llamó la atención de los investigadores: los delincuentes elegían a sus víctimas en la vía pública o justo cuando llegaban a sus hogares. En todos los casos, las amenazas con armas de fuego y la rapidez en la ejecución fueron constantes. Las víctimas, sorprendidas y superadas en número, se vieron forzadas a entregar sus vehículos junto con dinero, teléfonos y documentación personal. Solo el despliegue coordinado de distintas unidades policiales permitió avanzar en la investigación y llegar a la detención de uno de los presuntos responsables.

Según informó el portal Pilar de Todos, la resolución parcial de la causa llegó tras extensas tareas de campo y relevamientos de cámaras de seguridad. El único detenido hasta el momento, un joven de 21 años, fue aprehendido formalmente en la Comisaría 5ta de Moreno, donde ya permanecía alojado por un delito similar.

La orden de allanamiento, secuestro y detención fue librada por la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 1 del Distrito Pilar y el Juzgado de Garantías N° 7 del Departamento Judicial de San Isidro, tras el trabajo conjunto de la SubDDI Pilar y el Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 1ra de Pilar.

El primer hecho reportado ocurrió el 14 de mayo, cerca de las 02:30, cuando cuatro sujetos interceptaron a una mujer de 49 años que circulaba en una camioneta Volkswagen Tiguan de la empresa donde trabajaba. Los asaltantes, equipados con pasamontañas, guantes y armas de fuego, obligaron a la víctima a descender del vehículo. Además del rodado, se llevaron sus pertenencias, dinero en efectivo y una suma en dólares estadounidenses.

El 18 de mayo, a las 21:30, la banda actuó nuevamente. En esta ocasión, la víctima fue un hombre de 43 años, quien llegaba a su domicilio en la localidad de Agustoni acompañado por su hija menor. Bajo amenazas, le arrebataron el automóvil Volkswagen Tera Trend y aproximadamente $250.000 en efectivo, además de su celular, tarjetas bancarias y llaves.

El tercer episodio ocurrió el 19 de mayo, a la misma hora que el primer asalto. Frente al domicilio de un hombre de 43 años en Pilar, cuatro sujetos —a bordo de un Mercedes Benz A200 blanco sin patente— lo abordaron y, a punta de pistola, le sustrajeron el vehículo. La coincidencia en el modelo y el color del auto empleado por los asaltantes reforzó la hipótesis de una banda organizada.

El último hecho se registró el 22 de mayo, a las 21:00, en la intersección de la calle De la Visitación y Colectora 12 de Octubre. En esta ocasión, cinco individuos que se movilizaban en un Chevrolet Cruze oscuro interceptaron a un hombre de 42 años, robándole una Volkswagen Amarok gris. A pesar de que el rodado contaba con rastreo satelital, los delincuentes lograron llevárselo. Posteriormente, gracias al sistema de geolocalización, el vehículo fue hallado estacionado en la avenida Teresa Mastellone, frente a la planta de La Serenísima, en General Rodríguez, y puesto bajo resguardo de la Comisaría 1ra de esa jurisdicción para las pericias correspondientes.

La investigación avanzó a partir del análisis de las filmaciones de cámaras de seguridad y de tareas de inteligencia realizadas en la zona. El operativo culminante se llevó a cabo en un domicilio de la calle Pedro Morelli, en Campana, donde se secuestró un teléfono celular y se identificó a quienes residían en el lugar.

El joven detenido enfrenta cargos por asociación ilícita y robo calificado, además de otras causas previas. Según la información policial, los demás integrantes de la banda permanecen sin identificar.

La causa está a cargo de la UFI N° 1 de Pilar, con intervención del Juzgado de Garantías N° 7 de San Isidro, que dispuso el allanamiento, secuestro de elementos y detención del principal sospechoso. El procedimiento fue resultado de un trabajo coordinado entre distintas dependencias policiales, que continúan abocadas a la identificación del resto de los integrantes de la banda.

Fuentes judiciales indicaron que el sospechoso permanecerá detenido mientras avanza la investigación y se realizan pericias sobre los elementos secuestrados. Entre estos, el teléfono celular incautado podría aportar información relevante sobre la operatoria y posibles cómplices.

Personal de la Secretaría de Marina y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Colima en coordinación con otras instituciones detuvieron a José de Jesús “N”, de 30 años, mejor conocido como “El Chuy Roñas” o “El Venado”, e identificado como integrante del Cártel de Los Mezcales.

Al momento de su captura, el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por homicidio calificado en grado de tentativa.

Además de la orden, José de Jesús “N” fue señalado por presuntos delitos contra la salud y puesto a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con los procedimientos legales en su contra.

El Cártel de Los Mezcales o “Los Mezcales” son identificados como un grupo delictivo con presencia en diversos municipios de la entidad. A inicios de este 2026 fue revelada una posible alianza con “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Marina y SSPC ejecutaron el operativo de forma coordinada

La captura fue resultado del trabajo conjunto entre la Secretaría de Marina y la SSPC estatal, en el marco de los operativos permanentes que mantiene la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad en Colima.

El organismo agrupa a instituciones de los tres órdenes de gobierno con el objetivo de localizar objetivos prioritarios y desarticular estructuras criminales en la entidad.

Una vez detenido, José de Jesús fue puesto a disposición de las autoridades competentes. El proceso legal en su contra continuará tanto por los delitos que motivaron la orden de aprehensión como por los presuntos delitos contra la salud.

Los Mezcales es identificado por las autoridades como un grupo delictivo de origen local con presencia en distintos municipios de Colima. La organización figura entre los objetivos prioritarios de las acciones operativas conjuntas desplegadas en el estado.

En el comunicado de prensa emitido este 11 de junio con motivo de la detención de “El Chuy Roñas”, la Mesa de Coordinación Estatal solicitó a la ciudadanía reportar cualquier hecho delictivo al número de emergencias 911 o a la línea de denuncia anónima 089.

Golpes a la estructura de Los Mezcales en semanas recientes

La detención de “El Chuy Roñas” se sumó a una serie de capturas que las autoridades ejecutaron contra la organización en las semanas previas.

El 8 de junio, la Mesa de Coordinación informó el arresto de Francisco Javier “N”, alias "Blanco“, identificado como coordinador de célula de sicarios, junto con Héctor Miguel “N”, señalado como encargado de tareas logísticas y de comunicación con integrantes del grupo en otras entidades.

Ambos contaban con órdenes de captura por feminicidio en grado de tentativa, derivado de hechos registrados en Yucatán.

“Blanco” habría ganado relevancia al interior de la organización tras la captura de José Luis “N”, alias “Billyboy”, dada a conocer el 13 de mayo de 2026.

Las autoridades identificaron a “Billyboy” como presunto jefe de sicarios de Los Mezcales y lo vincularon con diversos delitos de alto impacto en la entidad. Su arresto se concretó en el marco de la operación conjunta denominada “Goya”, con participación de la Marina, la SSPC federal y la SSPC estatal.

La Mayiza anunció alianza con Los Mezcales para enfrentar al CJNG

El contexto de los operativos se enmarca en un reacomodo del mapa criminal en Colima. Durante la madrugada de pasado 20 de enero, Los Mayos, facción del Cártel de Sinaloa liderada por Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, desplegó mantas en municipios como Villa de Álvarez, Coquimatlán, Tecomán y Manzanillo para anunciar públicamente su alianza con Los Mezcales.

Uno de los mensajes señaló: “Estos muchachos de mezcal ya no están solos... Pura gente del MZ MF Mayito Flaco ya está en Colima”.

La alianza abrió un nuevo frente contra el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la entidad.

Indagatorias previas de este medio señalan que Los Mezcales se separaron del CJNG en 2022 tras desacuerdos por el reparto de ganancias y el control de rutas de tráfico de drogas. Desde entonces, la organización habría concentrado sus operaciones en extorsión, narcomenudeo, cobro de piso y disputas territoriales en municipios costeros y conurbados del estado.

Emanuel “N”, originario de Texas, fue detenido en Jalisco al ser buscado por las autoridades de Estados Unidos luego de que escapó de una prisión federal de Kentuky cuando cumplía una sentencia de 15 años por delitos de narcotráfico.

El extranjero fue detenido en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga por elementos de la Policía de Jalisco cuando se encontraba en el área metropolitana de Guadalajara.

Emanuel “N” es buscado por las autoridades de Estados Unidos por tráfico de fentanilo y armas de fuego, tras escapar de una prisión en julio de 2023.

La operación fue resultado de la colaboración entre la Secretaría de Seguridad Jalisco y la agencia federal Marshals U.S., que compartió informes sobre el prófugo.

El individuo, de 32 años, había sido condenado a 15 años de prisión en Ashland, Kentucky, por delitos relacionados con drogas y armas, y tras su fuga, era buscado tanto por el Servicio de Alguaciles como por el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

Coordinación binacional para la localización

El Secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, explicó que la captura se logró gracias a reuniones periódicas en línea con los Marshals U.S. y diferentes departamentos de Estados Unidos, a través del Consulado. En esas sesiones, se les informó que el fugitivo podría encontrarse en el estado de Jalisco.

La Comisaría de Inteligencia de Jalisco corroboró la presencia de Emanuel “N” en el Área Metropolitana de Guadalajara. El personal especializado recopiló perfiles de redes sociales, ubicaciones, números telefónicos y vehículos que presuntamente utilizaba el fugitivo, lo que permitió afinar el operativo.

Detalles del operativo y captura con el uso de drones

En un despliegue coordinado entre la unidad de Drones, la Comisaría General y el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT), Emanuel fue localizado en un centro comercial de la colonia Los Gavilanes, en Tlajomulco de Zúñiga. El operativo incluyó un cerco de seguridad externo y un despliegue de drones al interior del complejo.

El Secretario de Seguridad indicó: “Logramos tener a la vista el objetivo, se confirma su identidad a través del reconocimiento facial y ya es cuando los compañeros lo tienen a la vista, se hace el aseguramiento”.

Tras establecer su identidad, los oficiales trasladaron a Emanuel “N” al Instituto Nacional de Migración (INM) en una unidad Goliat del GOT. En tanto, las autoridades ya iniciaron los trámites para su entrega a EEUU, informó la Secretaría de Seguridad Jalisco.

Segundo extranjero capturado en Jalisco en el mes

El pasado 3 de junio fue detenido un ciudadano estadounidense señalado como objetivo prioritario por autoridades de Estados Unidos en el estado de Jalisco, luego de una alerta de U.S. Marshals que lo ubicaba en Puerto Vallarta.

El hombre, originario de Los Ángeles, California, fue identificado como Cristian “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio, tentativa de homicidio, delitos contra la salud y descarga de arma de fuego.

Su captura ocurrió después de que elementos de seguridad ubicaron a una persona que coincidía con las características del estadounidense en el cruce de Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas.

Sin embargo, de manera previa, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia ya contaba con datos que les permitieron definir puntos que posiblemente frecuentaba.

Cristian “N” fue trasladado con apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) y quedó a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) luego de que se comprobó que había ingresado de manera irregular al país. Con esto, será la encargada de determinar su situación legal.

Dylan Sebastián “N”, conocido como “El Dylan” o “El Cojo”, fue detenido por las autoridades de la Ciudad de México al estar relacionado con el atentado contra la diputada Diana Sánchez Barrios, ocurrido en octubre de 2024.

El ataque armado se registró por la tarde en calles del Centro Histórico, cuando la legisladora se encontraba con otros de sus colaboradores y fue interceptada por sujetos que les dispararon en varias ocasiones. Como resultado de la agresión, dos personas de su equipo murieron.

A poco más de un año de los hechos, “El Dylan” fue detenido como parte del seguimiento de tres carpetas de investigación, una de ellas relacionada con un feminicidio por disparos de arma de fuego, ocurrido el 14 de febrero de 2026 en calles de la alcaldía Tláhuac; la segunda por el intento de transfeminicidio de Sánchez Barrios, y el tercero por un doble homicidio y lesiones registrados en la alcaldía Venustiano Carranza.

“El Dylan” está vinculado con La Unión Tepito

El sujeto, de 30 años de edad, fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México en la alcaldía Gustavo A. Madero, tras ser identificado como probable integrante de un grupo delictivo generador de violencia en la capital.

Su captura ocurrió durante un operativo de investigación e inteligencia en la colonia Magdalena de las Salinas, donde los policías ubicaron al sospechoso abordo de una camioneta azul mientras manipulaba lo que parecía ser una pistola.

Tras una revisión preventiva, los oficiales encontraron una bolsa negra, 95 bolsitas con hierba verde similar a la marihuana, 55 con una sustancia parecida a la cocaína, 33 gramos de posible cristal, dinero en efectivo y el vehículo en que se transportaba.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que “El Dylan” o “El Cojo” está vinculado con el grupo delictivo de La Unión Tepito, en la facción liderada por “El Irving” y “El Huguito”.

“El Irving”, de nombre Jonathan Irving Herrera Sánchez, es identificado como presunto líder clave de esta célula criminal que tiene como centro de sus operaciones la zona centro de la capital.

El hombre fue detenido el 15 de septiembre de 2025 por los delitos de homicidio, extorsión, narcomenudeo y portación de armas de uso exclusivo del Ejército. Luego de su captura, fue ingresado al Reclusorio Norte.

Por su parte, Víctor Hugo Ávila, alias “El Huguito”, también es identificado como pregunto líder dentro de la organización criminal. Tanto a él como a “El Irving” se les relaciona con el asesinato de seis personas en la Plaza Garibaldi ocurrido el 14 de septiembre de 2018, cuando buscaban ejecutar a Jorge Flores Concha, alias “El Tortas”, entonces líder de la Anti-Unión, su grupo rival.

Su detención ocurrió en julio de 2024 en Cancún, Quintana Roo.

Así fue el ataque contra la diputada Diana Sánchez Barrios

La lideresa de comerciantes, Diana Sánchez Barrios, fue atacada a balazos la tarde del 17 de octubre de 2024 cuando caminaba por las calles 5 de Mayo y Motolinia de la Ciudad de México.

Una cámara de vigilancia captó la agresión, en la que se observa que la legisladora iba acompañada de otras personas cuando un sujeto los interceptó y comenzó a dispararles.

Ante los hechos, las personas que se encontraban en el lugar comenzaron a correr y dispersarse para evitar ser heridos, mientras de Sánchez Barrios intentó ocultarse en uno de los negocios, pero el agresor la siguió para herirla.

Luego de unos segundos, en las imágenes se observa que el agresor sale del comercio y sube a una motocicleta donde ya lo esperaba otra persona para después escapar.

El ataque dejó una persona muerta y dos lesionadas, por lo que la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó que las personas heridas fueron trasladadas a diferentes hospitales para recibir atención médica; sin embargo, el saldo final fue de dos personas muertas.

Un maestro de educación primaria del municipio de Tecate, Baja California, fue detenido y puesto a disposición de las autoridades tras ser señalado por su presunta participación en delitos relacionados con pornografía infantil y pederastia agravada, informaron fuentes de investigación.

El imputado, identificado como Néstor “N”, se desempeñaba como docente en la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, ubicada en la colonia Fundadores. De acuerdo con la información disponible, permanece bajo custodia desde el pasado 29 de mayo mientras avanzan las investigaciones y procedimientos judiciales en su contra.

Según las indagatorias realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), el docente es investigado por presuntas conductas cometidas contra alumnas menores de edad a quienes impartía clases dentro del plantel educativo.

Las autoridades sostienen que existen señalamientos relacionados con presuntos tocamientos indebidos hacia las estudiantes, así como con la posible grabación de material audiovisual que posteriormente habría sido almacenado y compartido a través de sitios de internet bajo investigación.

Es importante señalar que estas acusaciones forman parte de una carpeta de investigación en curso y deberán ser acreditadas ante los tribunales correspondientes.

Fiscalía asegura evidencia fotográfica y videográfica

Como parte de las diligencias judiciales, agentes ministeriales realizaron un cateo en un inmueble vinculado con el docente investigado.

De acuerdo con fuentes de la Fiscalía, durante la intervención se localizaron diversos elementos considerados relevantes para la investigación, entre ellos fotografías y videos que presuntamente muestran conductas inapropiadas hacia menores de edad.

Las autoridades señalaron que parte del material asegurado habría sido obtenido dentro de las instalaciones escolares, específicamente en espacios donde el maestro desarrollaba sus actividades académicas cotidianas.

Asimismo, durante la revisión del domicilio fueron encontrados cartuchos de distintos calibres para armas de fuego, situación que derivó en aseguramientos adicionales y en la revisión de otras líneas de investigación.

En el operativo también fue presentada ante las autoridades la pareja sentimental del docente, quien igualmente se desempeña como profesora en una institución educativa de Tecate. Sin embargo, tras las diligencias correspondientes fue puesta en libertad al no encontrarse elementos suficientes para mantenerla bajo investigación en ese momento.

Padres de familia esperan información oficial

El caso ha generado inquietud entre padres y madres de familia de la Escuela Primaria Ricardo Flores Magón, debido a la gravedad de los señalamientos y al posible impacto que los hechos podrían tener sobre la comunidad escolar.

Hasta el momento, autoridades educativas municipales y la Secretaría de Educación de Baja California no han emitido un posicionamiento público detallado respecto a la situación ni han informado oficialmente sobre protocolos de atención, acompañamiento psicológico o medidas específicas para las familias potencialmente afectadas.

Ante investigaciones relacionadas con posibles delitos contra menores de edad, resulta fundamental garantizar apoyo institucional, atención psicológica especializada y mecanismos de denuncia seguros para las víctimas y sus familiares.

Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado continúa integrando pruebas y testimonios para fortalecer la carpeta de investigación y determinar las responsabilidades correspondientes.

El caso permanece bajo proceso judicial y serán las autoridades competentes quienes determinen la situación jurídica del docente conforme avancen las etapas legales previstas por la ley.

Roberto “N”, alias “Tuntun”, fue detenido en el estado de Chiapas luego de que intentó evadir a las autoridades cuando lo ubicaron en el municipio de Tapachula.

La Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) detalló que el sujeto es identificado como presunto integrante y líder de la pandilla Barrio 18, buscado por las autoridades de El Salvador al contar con dos órdenes de captura vigentes.

Su detención se realizó en coordinación con el Grupo Interinstitucional en el poblado de Puerto Madero, donde los agentes identificaron a un hombre que caminaba sin camisa y mostraba numerosos tatuajes. Al percatarse de la presencia policial, intentó huir, pero fue asegurado por las autoridades.

Enfrenta cargos por portación, comercio o fabricación de armas y explosivos

La captura de Roberto “N” responde a dos órdenes de captura vigentes en El Salvador, su país de origen. La Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de ese país, el detenido enfrenta cargos por fabricación, portación, tenencia o comercio ilegal de armas de fuego y explosivos caseros o artesanales, así como posesión y tenencia de drogas.

Roberto “N”, alias “Tuntun”, será puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM) para iniciar el proceso de repatriación y que responda ante la justicia salvadoreña.

El arresto de un presunto líder de la pandilla Barrio 18 en territorio mexicano se produjo tras labores de investigación en distintas localidades de Tapachula.

La pandilla Barrio 18 es la rival de la Mara Salvatrucha, conocida como MS-13. Ambas surgieron en Los Ángeles, Estados Unidos, alrededor de los años ochenta. Como parte de la llegada de migrantes a esas zonas, ambas células comenzaron su expansión a Sudamérica.

Detienen a “El Misterio”, presunto líder de la Mara Salvatrucha

El arresto del “Tuntun” se realizó menos de cinco días después de que las autoridades de Chiapas detuvieron a Orlando “N”, alias “El Misterio”, presunto líder de la pandilla MS-13, conocida como Mara Salvatrucha que es requerido en El Salvador.

La captura ocurrió cuando el salvadoreño intentó huir al notar la presencia de fuerzas de seguridad durante diligencias de investigación en distintas localidades del municipio de Tapachula.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador citados por la autoridad estatal, Orlando “N” tiene órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. También se le atribuyen portación y tenencia de armas de guerra, así como extorsión en grado de tentativa.

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad del Pueblo, el sujeto también contaría con ficha roja de Interpol.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo informó que el operativo fue resultado de labores de inteligencia y colaboración interinstitucional. En la acción participaron la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal, la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la AIC de la FGR y la Semar.

Tras la captura, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración, que definirá su situación conforme a la ley, según la Fiscalía General del Estado. Ese es el siguiente paso inmediato para el presunto integrante de la pandilla salvadoreña.

La MS-13 opera en varios países y se le atribuyen redes con cárteles mexicanos

La Mara Salvatrucha, también conocida como MS-13, surgió en la década de los ochenta en barrios de refugiados en Los Ángeles, Estados Unidos. Con el tiempo extendió su presencia en ese país, con una expansión visible en Long Island, Nueva York, y en otras comunidades del mismo estado, de acuerdo con investigaciones.

Según Insight Crime, entre las principales actividades delictivas de la pandilla están la extorsión, la venta de drogas y el control territorial para cobrar piso a negocios y bares clandestinos. Esa organización también la relaciona con trata de personas y tráfico de estupefacientes.

Autoridades de Estados Unidos han detectado presencia de integrantes de la MS-13 en Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y México, entre otros países.

El Departamento de Estado de Estados Unidos refiere que la MS-13 habría enviado líderes para organizar operaciones y establecer contactos para conseguir narcóticos y armas de fuego de cárteles mexicanos como Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa. Esa misma fuente también la vincula con trata y contrabando de personas.

Un hombre de 41 años fue detenido en Resistencia en la provincia de Chaco, tras una denuncia presentada por su ex pareja, quien lo acusó de violencia de género, amenazas y hostigamiento.

El caso generó conmoción en la comunidad local luego de que la víctima, una joven de 25 años, hiciera pública su situación a través de las redes sociales, mostrando imágenes de las lesiones sufridas durante la relación.

La joven radicó la denuncia ante la Comisaría Tercera de Fontana, donde relató que había padecido múltiples formas de agresión por parte de su ex pareja, identificado con las iniciales C. J. M. Según su testimonio, fue víctima de violencia física, verbal y psicológica. La afectada también aseguró que recibió amenazas de muerte, fue perseguida y sufrió invasiones a su privacidad, incluyendo el acceso no consentido a fotografías íntimas almacenadas en sus dispositivos personales.

La denunciante, al hacer público su testimonio, manifestó en sus redes sociales el sufrimiento experimentado durante la relación con el acusado. En la publicación, mostró una fotografía en la que se apreciaban lesiones en su rostro, atribuidas a episodios de violencia física. Además, la joven detalló que había presentado una denuncia ante el área de Ciberdelitos, ante la sospecha de que el acusado habría accedido sin permiso a sus cuentas personales y redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por la víctima, el denunciado sería empleado de la Municipalidad de Resistencia. Esta afirmación fue comunicada por la joven en sus redes, donde advirtió públicamente sobre el peligro que representaba el sospechoso y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

Según lo informado por el portal del Diario Chaco, la denuncia ante la Comisaría Tercera activó la intervención de la División Delitos Tecnológicos, que inició tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso. Tras las primeras diligencias, los efectivos lograron localizarlo en las inmediaciones de avenida Ávalos al 900, en la ciudad de Resistencia. El procedimiento concluyó con la detención del hombre, quien fue trasladado a Medicina Legal para realizar las diligencias de rigor, antes de ser alojado en una dependencia policial bajo la órbita del Equipo Fiscal N°4, a cargo de Gustavo Cáceres Olivera.

Durante el operativo, los agentes secuestraron un teléfono celular que fue considerado de interés para la investigación, ya que podría contener pruebas relevantes sobre las amenazas, el hostigamiento y la posible vulneración de la privacidad de la víctima.

La causa fue caratulada como “Supuestas amenazas en contexto de violencia de género y hurto”. Mientras tanto, continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad penal del imputado y el alcance de los hechos denunciados. La investigación también evalúa la posible utilización de recursos tecnológicos por parte del acusado para acceder a información personal de la víctima, lo que motivó el involucramiento del área de ciberdelitos.

Según se informó, el caso permanece bajo investigación y se aguardan peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. El avance de la causa está supervisado por la Fiscalía N°4, que analiza las pruebas reunidas y la declaración de la denunciante, quien mantiene resguardo policial por disposición judicial.

Violó la perimetral, agredió a su ex y recibió su tercer condena por violencia de género

Casi un mes atrás, la Justicia dictó por tercera vez una condena por violencia de género y familiar a un hombre de Villa María, Córdoba, en donde las víctimas eran su pareja y la madre de ella. Además, lo acusaron de otros cinco delitos.

E. A. C. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que fue declarado reincidente. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable de violación de domicilio, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas y hurto. El hombre había ingresado al domicilio de las damnificadas, sin autorización. Además, ejerció amenazas sostenidas en el tiempo y agresiones físicas.

Los hechos por los que fue juzgado en esta oportunidad se remontan a 2018, 2024 y 2025, por los cuales permanecía detenido desde hacía un año y dos meses. Al tratarse de una pena de cumplimiento efectivo sobre todo por la reiterancia de los hechos, E. A. C. deberá permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

El hombre tenía un amplio historial de condenas por hechos de iguales características que había cumplido en el pasado. En 2020 lo sentenciaron a dos años de prisión por un total de 15 hechos, que incluyeron encubrimiento, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas, violación de domicilio, coacción y lesiones leves calificadas. Tres años después, en 2023, volvió a recibir dos años de prisión efectiva por nuevos episodios de violencia familiar. En aquel proceso, el juez de la Cámara del Crimen, Félix Alejandro Martínez, le impuso la pena tras la confesión del acusado, en una causa que comprendía amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

Frente a esa reiteración de conductas, la Justicia había ordenado que Castellano realizara tratamiento psicológico dentro del penal para abordar su problemática vinculada a la violencia.

La ciudad de Córdoba enfrenta una nueva crisis ligada a la seguridad y la respuesta judicial ante la reincidencia delictiva de menores. En las últimas horas del lunes, la Policía detuvo nuevamente al adolescente que, en febrero de 2024 y con solo 14 años, participó activamente en el asesinato de Sebastián Villarreal durante un asalto en barrio Yofre Norte.

El caso, que en su momento conmocionó a la opinión pública, vuelve a poner a prueba los límites del sistema judicial y el impacto de la legislación vigente sobre minoridad.

Hoy, con 16 años, acumula un historial delictivo que incluye asaltos reiterados, exhibición de armas en redes sociales y la pertenencia a bandas organizadas para cometer robos urbanos.

La última detención se produjo en barrio General Paz, cuando vecinos denunciaron la presencia de cuatro jóvenes que intentaban ingresar a complejos habitacionales forzando portones. El grupo logró violentar un acceso en la calle México al 1150 y sustraer prendas de vestir, pero la rápida intervención policial permitió montar un operativo cerrojo y capturar a dos de los involucrados: un joven de 19 años, oriundo de barrio Yapeyú, y el adolescente de 16, conocido por su extenso prontuario.

El ciclo de detenciones del menor comenzó tras el crimen de Villarreal, ocurrido en febrero de 2024. En esa oportunidad, el joven pasó solo unas semanas alojado en el Complejo Esperanza, ya que las leyes vigentes lo declaraban inimputable por su edad. Al poco tiempo, recuperó la libertad y volvió a las calles, donde sumó al menos cuatro detenciones consecutivas por robos y asaltos en distintos puntos de la capital cordobesa.

Según informó el portal Cadena3, durante este período, el adolescente se mostró activo en redes sociales, donde se lo pudo ver posando con armas de fuego, motos robadas y chalecos antibalas. Estas imágenes circularon ampliamente y alimentaron el debate sobre la impunidad y la exposición de conductas delictivas por parte de menores.

La situación del adolescente se vio modificada cuando cumplió los 16 años y, tras una nueva detención, la Justicia determinó su permanencia en el Complejo Esperanza bajo un régimen más estricto. Sin embargo, los plazos de reclusión volvieron a ser breves y el menor regresó rápidamente a las calles, retomando su actividad delictiva y exponiendo la insuficiencia de las herramientas estatales para revertir el ciclo.

El caso del adolescente involucrado en el asesinato de Sebastián Villarreal y en múltiples hechos delictivos posteriores, refleja una situación límite para las familias afectadas y para el propio sistema. La baja efectiva del piso de inimputabilidad y la revisión de los plazos de detención aún están en debate, sin que existan consensos sobre el mejor abordaje para estos casos.

En Córdoba, la reiteración de hechos violentos protagonizados por menores vuelve a encender la alarma pública y expone la necesidad de políticas integrales que combinen justicia, protección social y prevención. Mientras tanto, la vida cotidiana de barrios como Yofre Norte y General Paz sigue marcada por la incertidumbre y el temor ante la posibilidad de nuevos delitos vinculados a menores reincidentes.

Un joven de 17 años quedó aprehendido en las primeras horas de este domingo en Guaymallén, Mendoza, tras ser sorprendido durante un operativo policial. Llevaba encima cocaína fraccionada, presuntamente lista para ser vendida, y una importante suma de dinero.

El procedimiento se desarrolló alrededor de las 8.30 en la intersección de las calles Virgen de las Nieves y San Ramón, a partir de un llamado telefónico al 911 que señaló que el adolescente se desplazaba por la zona en actitud sospechosa.

De acuerdo a la información constatada por Mendozatoday, los efectivos de la Comisaría 31 se trasladaron hacia el lugar donde identificaron a un joven cuyas características físicas coincidían con la descripción aportada en el aviso. Ante la presencia policial, el adolescente intentó escapar a pie, pero enseguida lo atraparon.

Durante la inspección detectaron que en el morral que llevaba había 24 envoltorios tipo glasé de distintos colores con cocaína en su interior, otros 11 gramos de la misma sustancia y $431.000 en efectivo. Por la presentación en la que el joven trasladaba la droga los investigadores se inclinaron por una presunta comercialización de la droga en la zona.

Dado que el aprehendido es menor de edad, en el hecho tomaron intervención el Juzgado Contravencional y el Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), organismos con competencia específica para actuar en situaciones que involucran a adolescentes en conflicto con la ley.

Circulaba por Tucumán con casi media tonelada de cocaína

Un conductor de 60 años quedó detenido sobre una ruta de Tucumán, durante un operativo de control de la Gendarmería Nacional. Los efectivos descubrieron que llevaba en la caja de su camioneta 470 kilos y 470 gramos de clorhidrato de cocaína, distribuidos en 449 paquetes.

El procedimiento comenzó como una verificación de rutina de la Sección “Monteros” del Escuadrón 71, sobre la ruta nacional 157, a la altura de Río Seco. El hombre declaró que circulaba entre las localidades tucumanas de Famaillá y Atahona, pero sus respuestas sobre la carga que transportaba resultaron contradictorias y despertaron la atención de los gendarmes.

Ante las inconsistencias se dirigieron hacia la parte de atrás del vehículo y encontraron en la caja bidones con combustible y, detrás de ellos, bolsas de arpillera verde. Las sospechas crecieron rápidamente ante la presencia de un método frecuente utilizado para enmascarar olores. Al abrirlas vieron que contenían paquetes con una sustancia blancuzca. Por orden del Juzgado Federal N°1 de Tucumán, el vehículo fue trasladado al escuadrón “Aguilares” para completar la inspección y allí, en presencia de testigos, se pesó el cargamento y se determinó que se trataba de cocaína.

El juzgado dispuso el secuestro de la droga, la camioneta y todos los elementos vinculados a la causa, mientras que el conductor quedó detenido en infracción a la Ley 23.737.

Al relevar sus antecedentes, las fuerzas federales detectaron numerosos movimientos migratorios a países limítrofes, dato que sumó una línea de investigación sobre el origen del cargamento. Una de las hipótesis apunta a que la droga pudo haber sido descargada desde una aeronave en otra provincia para continuar su traslado por vía terrestre.

Además, en los paquetes encontraron impreso el sello del delfín, asociado históricamente a Reinaldo Delfín Castedo, conocido como “El Patrón del Norte”, quien cumple prisión perpetua en el penal de Ezeiza. No obstante, fuentes judiciales advirtieron que los paquetes probablemente no pertenezcan al narco salteño, ya que habría cedido parte del negocio a terceros, una especie de franquicia del narcotráfico.

La banda narco del “Patrón del Norte” es una estructura criminal integrada, además, por personas de nacionalidad colombiana y peruana, acusada de suministrar y distribuir cocaína de alta pureza.

Orlando “N”, alias “El Misterio”, fue detenido en el municipio de Tapachula, Chiapas, luego de que intentó darse a la fuga al observar la presencia de elementos de seguridad.

La Fiscalía General del Estado (FGE) informó que el sujeto, de nacionalidad salvadoreña, es identificado como presunto líder de la pandilla MS-13, también conocida como Mara Salvatrucha.

Durante diligencias de investigación en distintas localidades del municipio antes referido, el individuo intentó huir, pero fue interceptado por elementos de la FGE en coordinación con el Grupo Interinstitucional.

Según datos de la Fiscalía de Inmigrantes y del Centro Transnacional Antipandillas de El Salvador, el detenido cuenta con órdenes de captura y antecedentes por homicidio agravado, violación en menor o incapaz, agrupaciones ilícitas y limitación ilegal a la libertad de circulación. También se le atribuyen delitos relacionados con la portación y tenencia de armas de guerra y extorsión en grado de tentativa.

“El Misterio” contaría con ficha roja de Interpol

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP), a través de la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal (FRIP), la Guardia Estatal Fronteriza, la Guardia Estatal Preventiva, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Marina (Semar) informaron que la detención de Orlando “N” fue resultado de labores de inteligencia y colaboración interinstitucional.

De acuerdo con las autoridades, el individuo presuntamente cuenta con una ficha roja internacional emitida por Interpol, al ser considerado objetivo de interés por autoridades de la República de El Salvador. Las instancias competentes deberán confirmar su grado de responsabilidad y situación jurídica.

Tras su detención, Orlando “N” fue puesto a disposición del Instituto Nacional de Migración (INM), que determinará su situación conforme a la ley.

Miembros de la MS-13 han sido localizados en México, se cree que habrían buscado refugio en el país

La Mara Salvatrucha, conocida como MS-13, surgió en los años ochenta en los barrios de personas refugiadas de Los Ángeles, en Estados Unidos, y ha sido señalada como una de las pandillas más violentas del país.

Su origen se remonta a la inmigración salvadoreña y, con el tiempo, la organización extendió su presencia de manera exponencial en territorio estadounidense. El crecimiento de la MS-13 ha sido especialmente visible en regiones como Long Island, Nueva York, y otras comunidades del estado, de acuerdo con investigaciones.

De acuerdo con la agencia Insight Crime, las principales actividades delictivas a las que se dedica esta pandilla son la extorsión, venta de drogas y la protección de territorios en las ciudades para el cobro de piso a negocios y bares clandestinos. Además, la Mara Salvatrucha también está relacionada con la trata de personas y el tráfico de estupefacientes.

Autoridades estadounidenses han detectado la presencia de miembros de la Mara Salvatrucha en países como Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, Honduras y México, entre otros.

Alianzas y vínculos con otras organizaciones criminales

Una investigación de Alberto DeAmicis de julio de 2017, refiere que la MS-13 ha establecido alianzas estratégicas para fortalecer su posición en actividades delictivas. Entre los vínculos destacados, se menciona la colaboración con la Mafia Mexicana (La Eme), una de las pandillas carcelarias más notorias dentro del sistema penitenciario de California.

Además, identificó la red de MS-13 como facilitadora de la distribución de drogas de organizaciones del crimen organizado en México como los Caballeros Templarios, utilizando su estructura para ampliar el alcance de dichos grupos. Estos lazos han favorecido la expansión y sofisticación de las operaciones criminales de la pandilla a nivel nacional.

El Departamento de Estado de Estados Unidos también señala que la MS-13 habría enviado a varios líderes a organizar operaciones, entablar contactos para obtener narcóticos y armas de fuego de cárteles mexicanos como Los Zetas, el Cártel del Golfo, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cártel de Sinaloa, además de participar en la trata y contrabando de personas.

Un policía quedó detenido en las últimas horas tras disparar y matar a un hombre de 45 años en la localidad de Tolosa, La Plata. Según el relato del efectivo, el hecho se produjo durante un presunto intento de robo por parte de la víctima.

De acuerdo con medios locales, el episodio ocurrió en la calle 12, entre 526 y 527. Horas después, el ahora detenido -de 28 años- se presentó ante las autoridades y sostuvo que abrió fuego al advertir que estaba por ser asaltado por un motochorro.

El medio 0221 reconstruyó que la investigación se inició luego de que vecinos del barrio denunciaran haber escuchado disparos. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron el cuerpo sin vida de la víctima. A pocos metros había una moto Honda XR con el motor en marcha y una vaina servida calibre 9 milímetros sobre el pavimento.

El fallecido fue identificado como H.R.V., domiciliado a pocas cuadras del lugar del hecho. Tenía antecedentes penales por abuso de armas, amenazas, lesiones y robo calificado.

Horas después del episodio, el oficial de 28 años se presentó de forma voluntaria en la comisaría local. Al momento del presunto intento de robo, se encontraba franco de servicio.

En su declaración, el efectivo aseguró que se encontraba junto a un amigo a bordo de un Chevrolet Corsa blanco, con el que se dirigían a un kiosco ubicado en 11 y 526. Mientras permanecían estacionados sobre la calle 12, una moto se detuvo junto al vehículo y uno de sus ocupantes descendió para acercarse a él.

El agente, que interpretó que estaba por ser víctima de un robo, extrajo su arma reglamentaria y efectuó dos disparos. Tras los disparos, la moto se retiró del lugar y él se alejó de la escena junto a su acompañante, siempre según su relato.

La UFI N°11 de La Plata, a cargo de la investigación, dispuso la detención del agente. Además, se secuestró su arma reglamentaria —una Bersa Thunder TPR calibre 9 milímetros con 15 proyectiles— y se ordenaron el relevamiento de cámaras de seguridad y la realización de pericias de dermotest.

El agente implicado fue apartado de sus funciones mientras avanza la investigación. En el lugar intervinieron peritos y personal judicial para determinar la mecánica del hecho y establecer con precisión las circunstancias del homicidio. La causa quedó caratulada como “Homicidio – Averiguación de ilícito”.

A Demis Isac Martínez Palma, un joven chileno de 19 años, lo buscaban desde diciembre pasado en su país por matar de un balazo a un adolescente de 17 para robarle una cadena. Casi seis meses después, y tras una intensa investigación, descubrieron que el asesino huyó a Argentina y había sido detenido por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires mientras circulaba en un auto robado y con una identificación falsa.

Según indicaron fuentes policiales a Infobae, Martínez Palma, era requerido por la justicia chilena, con pedido de captura emitido por Interpol, por el homicidio de Javier Olivares Simao, de 17 años, ocurrido el 22 de diciembre de 2025 en la comuna Cerro Navia, en el noroeste de Santiago.

Ese día, Martínez Palma, conocido por el alias “Nemo”, se aprovechó de un descuido de la víctima en medio de una feria comercial, le arrebató la cadena y escapó. El chico había ido a comprar regalos para su familia. Enojado, el adolescente -junto a su tío y un primo- comenzó a perseguir al adolescente a los largo de varias cuadras hasta el interior del barrio.

Lo que no imaginaba Javier es que el ladrón estaba armado y que de un momento a otro, se iba a dar vuelta para amenazarlo. “Le dimos el alcance y el tipo estaba con un arma apuntándonos a menos de un metro. Le dijo: “Mato a tu papá o te mato a ti”. Y en ese trayecto mi sobrino se le abalanza y antes de abalanzarse el tipo le disparó a quemarropa", relató el tío en diálogo con el canal local Teletrece. El agresor escapó con rumbo desconocido y la víctima, a sólo dos días de Navidad, perdió la vida.

Después de establecer que “Nemo”, la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) solicitó colaboración a la Policía porteña para localizar al sospechoso. En primera instancia, la Dirección Autónoma de Alcaidías no halló registros de extranjeros detenidos bajo ese nombre.

Sin embargo, una verificación fotográfica y un cotejo dactiloscópico, realizado por la División Actuaciones Judiciales de Alcaidías y la Dirección de Análisis y Monitoreo Delictual de la Policía de la Ciudad, permitieron certificar su verdadera identidad: el asesino permanecía bajo arresto con el nombre falso de Lisandro Keneth Sagredo Tauler.

De acuerdo con las fuentes consultadas por este medio, el prófugo chileno había sido arrestado el 21 de mayo por efectivos de la División Anillo Digital, junto a dos acompañantes, mientras circulaban en un Peugeot 208 con numeración adulterada y pedido de secuestro por robo agravado, a solicitud de la Comisaría de Avellaneda 5 de Wilde.

Portaba una cédula de identidad chilena y una licencia de conducir apócrifas, además de declarar un domicilio en la localidad bonaerense de Ciudadela, partido de Tres de Febrero.

Las cámaras del lugar tomaron imágenes del momento de la persecución y del arma que manipulaba el asaltante. Se espera ahora que la Embajada de Chile inicie el pedido de extradición para que sea llevado a su país a rendir cuentas con la Justicia.

En el marco del homicidio de Yoel Castro, el joven de 24 años que fue asesinado el 8 de enero en Villa Gascón, Mar del Plata, este viernes cayó uno de los acusados. Joan Ávila, de 31 años, fue detenido tras una persecución por techos y patio, y su captura cerró casi cinco meses de búsqueda por el crimen del Castro.

El sospechoso, Joan Ávila, tenia dos pedidos de captura vigentes desde 2024: uno emitido el 30 de septiembre por el Juzgado Correccional número 01 de Azul por daño, y otro del 24 de julio por el Juzgado de Garantías número 03 de Mar del Plata por abuso de armas agravado y lesiones graves.

Finalmente, la captura se concretó este viernes a las 12:30 cuando personal de civil del Gabinete de Homicidios de la Delegación Departamental de Investigaciones detectó al prófugo al salir de un comercio de indumentaria ubicado en Luro y Funes junto a una mujer.

Ávila intentó escapar a pie aunque el operativo cerrojo lo cercó en el cuadrante delimitado por Bolívar, Moreno, 14 de Julio y Dorrego. Durante la huida, el sospechoso se despojó de parte de su ropa hasta que fue reducido. Por otro lado, la mujer que lo acompañaba logró escapar de las autoridades.

El otro acusado por el crimen, Sebastián Leiva, ya había sido arrestado en febrero en Ramos Mejía, después de chocar una camioneta robada mientras escapaba de la policía. Durante la requisa del vehículo, la Policía secuestró guantes, cuellos polares, camperas oscuras, una mochila, destornilladores, un cortacandados y varios teléfonos celulares. En el mismo procedimiento, los agentes advirtieron que la patente de la T-Cross estaba adulterada.

Tras revisar los datos de motor y chasis, se comprobó además que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo por robo automotor solicitado por la Unidad Funcional de Instrucción N° 1 de Lomas de Zamora. Ese hallazgo reforzó para los investigadores la hipótesis de actividades delictivas vinculadas al detenido. Con el traslado de Ávila a la Unidad Penal número 44 de Batán, ambos imputados quedaron a disposición de la Justicia.

El homicidio de Yoel Castro

La causa principal por la que Ávila era buscado se originó a las 9:30 del 8 de enero en Gascón al 7700. Un llamado al 911 alertó a las autoridades, que al llegar constataron la muerte de Yoel Castro por heridas de arma de fuego. Según el informe de autopsia, Castro recibió un disparo por la espalda a la altura de la región dorsal baja, con salida por el esternón, lo que provocó un shock por taponamiento cardíaco.

Ambos sospechosos habrían disparado contra la víctima cuando el joven pasó en moto por la zona. Yoel Casto intentó refugiarse en su casa de la calle Coronel Suárez después del ataque, pero no llegó a ingresar.

Según la reconstrucción de los hechos, el ataque podría estar vinculado a conflictos de narcomenudeo de la zona. La víctima tenía antecedentes penales por robo, hurto y encubrimiento en distintas modalidades, además de procesos previos por robo agravado en grado de tentativa y hurto en grado de tentativa.

La investigación de la fiscal María Florencia Salas identificó en un primer momento como autor de los disparos a Sebastián Leiva. Vecinos incendiaron una vivienda vinculada al sospechoso en Coronel Suárez al 2500 y el foco fue sofocado por bomberos. Leiva fue detenido semanas después y tras realizar tareas de campo e informes testimoniales incorporaron a Ávila como partícipe del homicidio.

El 9 de enero se habían librado órdenes de detención y allanamiento para domicilios de Coronel Suárez al 2500 y Calaza al 2500. Ese procedimiento fue reasignado a la comisaría duodécima porque el Juzgado de Garantías del Joven ejecutaba al mismo tiempo ocho órdenes con habilitación horaria en una causa por robo agravado a cargo del fiscal Carlos Russo, y en ese contexto los acusados lograron evadir el cerco.

Luego de que el pasado jueves se diera a conocer sobre la detención de un ex militar mexicano, identificado como Enrique Martínez, quien estaría relacionado con el caso de los estudiantes de Ayotzinapa, este viernes la presidetan de México, Claudia Sheinbaum Pardo, tocó el tema.

Martínez fue detenido en Estados Unidos por autoridades de ese país, y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en ingles) dio a conocer que el sujeto recientemente capturado permanecería bajo custodia de esa institución.

Ante la pregunta de un reportero, sobre qué tan relevante era esa detención y por qué vía sería trasladado a México, Sheinbaum señaló que la Fiscalía General de la República daría más información sobre el caso.

“Es una persona que tiene una orden de aprehensión, en realidad estaban haciendo, más que lo hayan detenido especialmente a él, estaban haciendo una de las redadas que hace esta institución de los Estados Unidos, y ahí se encuentra esta persona, y se encuentra la ficha que tenía relacionada con la orden de aprehensión que tiene México, y ya la Fiscalía (General de la República) puede dar más detalles de quién es esta persona y por qué es relevante”, dijo la mandataria.

Ante la pregunta sobre si esta era una de las dos personas que ella había pedido que fueran extraditadas a México al gobierno de Estados Unidos, presuntamente relacionadas con el caso Ayotzinapa, Sheinbaum dijo que no.

“Estamos pidiendo de otras dos personas, uno de ellos es el que era el juez de Barandilla, que llegó a Estados Unidos, dio su declaración y nosotros, como hay orden de aprehensión, se está pidiendo que regrese a México”, señaló.

Quiénes son las dos personas que Sheinbaum pidió a EEUU que fueran extraditadas

En septiembre de 2025, se dio a conocer que la presidenta Claudia Sheinbaum había solicitado al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, en una reunión que habían mantenido, la colaboración del gobierno del país vecino del norte para extraditar a México a dos personas vinculadas en las investigaciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sheinbaum sostuvo una reunión con Rubio, a quien le pidió colaboración del gobierno que representa para la extradición de dos personas involucradas en el caso Ayotzinapa.

La mandataria dio a conocer que esa petición al funcionario estadounidense se la comunicó al Comité de Madres y Padres de los 43 normalistas desaparecidos en una reunión que sostuvieron en Palacio Nacional.

“Son sobre el caso Ayotzinapa, se lo habíamos comentado a los familiares, madres y padres; son dos personas que se está pidiendo su extradición y se lo comenté personalmente al secretario del Departamento de Estado”, señaló.

Una de las personas de las que pidió su extradición es el juez de Barandilla, Ulises Bernabé García a quien Estados Unidos le concedió asilo político en el 2020.

Él era juez de la prisión de Barandilla la noche del 26 de septiembre de 2014 y tendría conocimiento de lo que habría sucedido a los normalistas que fueron llevados a ese sitio y de donde habrían sido sacados por sicarios del grupo criminal Guerreros Unidos.

El otro implicado en el caso Ayotzinapa, y de quien Sheinbaum pidió su extradición, es Pablo Vega Cuevas, El Transformer, integrante de Guerreros Unidos, y quien en julio de 2025 la Fiscalñía de Illinois decidió dejarlo en libertad, a pesar de estar acusado de tráfico de drogas en ese país.

Cristian “N”, identificado como objetivo prioritario, fue detenido en Puerto Vallarta por elementos de la Policía de Jalisco al ser buscado por delitos de alto impacto en los Estados Unidos.

Su arresto se llevó a cabo este jueves luego de que los oficiales estatales recibieron una alerta de la agencia federal estadounidense U.S. Marshals que informaba sobre la búsqueda del sujeto, quien posiblemente se encontraba en dicho municipio.

Buscado por delitos como homicidio y descarga de arma de fuego

La agencia de los Estados Unidos detalló que Cristian “N”, de 21 años y originario de Los Ángeles, California, era buscado por homicidio, tentativa de homicidio, descarga de arma de fuego y delitos contra la salud.

Con los datos, elementos de la Unidad de Drones de la Comisaría de Inteligencia realizaron un cruce multiplataforma de datos que les permitió definir puntos que posiblemente frecuentaba Cristian “N”, por lo que trazaron un operativo con agentes de la Comisaría General.

El operativo permitió ubicar a una persona que cumplía con las características del estadounidense en el cruce de Aldama y 15 de Mayo, en la colonia Las Palmas. Al comprobar su identidad, los agentes también detectaron que había ingresado de manera irregular al país.

Tras su detención, Cristian “N” fue trasladado con el apoyo de un helicóptero del Escuadrón Aerotáctico y una unidad Goliath, del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) para su puesta a disposición ante el Instituto Nacional de Migración (INM) para que se determine su situación legal.

Uno de los “10 más buscados” del FBI fue detenido en enero pasado en Hidalgo

Uno de los arrestos más destacados de un objetivo buscado por los Estados Unidos ocurrió en enero de este año, cuando Alejandro Rosales Castillo fue localizado en Pachuca, Hidalgo, tras una operación binacional al contar con una orden de captura con fines de extradición.

La detención se concretó luego de un intercambio de información que identificó a Pachuca como su zona de residencia. Tras tareas de vigilancia en distintas áreas del municipio, agentes federales y de las Fuerzas Armadas detectaron a un hombre que coincidía con sus características y lo detuvieron.

El sujeto formaba parte de la lista de los “10 fugitivos más buscados” por parte del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) por el asesinato de Truc Quan “Sandy” Ly Le, excompañera de trabajo en Charlotte, ocurrido en 2016 en Carolina del Norte.

El cuerpo de Ly Le fue hallado el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa cerca del condado de Cabarrus, con lesiones por disparo de arma de fuego. Dos días antes, las autoridades habían localizado el vehículo de la mujer en una estación de autobuses de Phoenix, Arizona.

La investigación estadounidense estableció que Rosales le debía a la mujer cerca de mil dólares y que, en mensajes previos al crimen, ambos acordaron reunirse en Charlotte el 9 de agosto de 2016 para pagar el préstamo. El FBI sostiene que él le habría hecho retirar una suma mayor en un cajero automático.

Después del asesinato, Rosales huyó con su novia y cruzaron la frontera hacia México por Nogales, Sonora, según el FBI. Ella se entregó dos meses después, pero él permaneció prófugo.

El FBI incluyó a Rosales Castillo en su lista de los 10 más buscados desde 2017 y, desde 2023, ofrecía una recompensa de hasta 250 mil dólares por información que permitiera su captura.

Rosales Castillo contaba con una Ficha Roja de Interpol y era requerido por Carolina del Norte. El FBI detalló que le imputan asesinato en primer grado, robo con arma, hurto de vehículo y secuestro en primer grado.

Un hombre de 27 años fue detenido en La Plata durante un operativo de control preventivo realizado por efectivos del Escuadrón Motorizado de la Unidad de Prevención de la Policía Local (UPPL).

El procedimiento, que tuvo lugar en la intersección de 131 y 59, en el barrio Los Hornos, permitió a la policía comprobar que el individuo tenía un pedido de captura vigente desde 2018.

La intervención policial se produjo en el marco de las tareas habituales de prevención que se desarrollan en esa zona de la ciudad. Los agentes, al observar a un motociclista circulando por el área, decidieron identificarlo y verificar sus datos en los sistemas informáticos. Fue en ese momento cuando constataron que sobre el joven pesaba una orden de detención emitida hace ocho años por la Justicia.

De acuerdo con fuentes policiales, la orden había sido emitida el 13 de junio de 2018 en el contexto de una causa penal caratulada como “hurto en grado de tentativa”. Tras la comprobación, los uniformados procedieron a trasladar al sospechoso a una dependencia policial para continuar con las diligencias correspondientes.

El procedimiento también contó con la participación de personal de Tránsito, quienes intervinieron respecto a la situación de la moto en la que se desplazaba el detenido, una Corven Mirage 110.

Según informó el portal 0221, en el lugar los agentes labraron infracciones sobre el rodado y dispusieron su traslado al Polo de Seguridad para la realización de las actuaciones administrativas pertinentes.

Según la información proporcionada por las autoridades, el hombre detenido era buscado desde el año 2018 en el marco de una investigación judicial por un intento de hurto. La causa está a cargo del Juzgado Correccional N° 4, que había solicitado la captura del sospechoso hace casi ocho años. El operativo de control permitió localizarlo de manera fortuita, ya que fue identificado durante un patrullaje preventivo y no como consecuencia de una pesquisa específica.

El Juzgado Correccional N° 4 es el encargado de tramitar el expediente por “hurto en grado de tentativa”. Se informó que, hasta que se reciba una orden formal, el detenido permanecerá bajo custodia policial y a disposición del juzgado interviniente. El proceso administrativo incluye la revisión del estado de la causa y la eventual citación a declarar del acusado.

En cuanto al vehículo secuestrado, personal de Tránsito labró las infracciones correspondientes y dispuso el traslado de la Corven Mirage 110 al Polo de Seguridad. Allí se realizarán las verificaciones técnicas y administrativas necesarias antes de definir su restitución o retención, dependiendo de la documentación presentada por el propietario.

Detuvieron a un policía condenado hace siete años por abuso sexual

Pocas horas atrás, la División Búsqueda de Prófugos de la Policía Federal Argentina detuvo este viernes a Facundo Sánchez Aguilar, un exoficial mayor de la Policía de la Ciudad condenado a siete años de prisión por abuso sexual simple y abuso agravado con acceso carnal, en un anexo de una comisaría del barrio porteño de Palermo.

Desde el 31 de marzo de 2025 la Oficina de Transparencia había dispuesto el pase a disponibilidad y alejamiento de él de la fuerza porteña.

La detención se produjo en la localidad Arturo Seguí, en la provincia de Buenos Aires, tras haber permanecido prófugo desde abril, tiempo después que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dejó firme la sentencia.

El arresto estuvo coordinado con la Secretaría de Captura de Prófugos, dependiente de la Unidad Fiscal Especializada en Investigación Criminal Compleja,

La orden de detención había sido emitida el 9 de abril de este año, luego de que la Cámara de Casación rechazara un recurso de la defensa que cuestionaba el testimonio de la víctima y confirmara la sentencia dictada en agosto de 2025 por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°16.

Un suboficial ayudante de la provincia de Mendoza permanece detenido tras ser acusado de abusar sexualmente de una recluida de un complejo penitenciario. El caso cobró relevancia luego de que la Justicia decidiera mantenerlo bajo prisión preventiva pese a que un cotejo de ADN arrojó resultado negativo.

El hecho ocurrió en abril de este año en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), ubicada en la capital mendocina. Allí, una mujer privada de su libertad denunció haber sido víctima de un abuso sexual por parte del agente, de 38 años.

La jueza Dolores Ramón resolvió este martes dictar la prisión preventiva del acusado. El suboficial ayudante, cuya identidad se mantiene en reserva, está imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por pertenecer a una fuerza de seguridad. De ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de entre 8 y 20 años de prisión.

Según reconstruyeron medios locales, la magistrada hizo lugar al pedido formulado por la fiscal de Homicidios y Violencia Institucional, Florencia Díaz Peralta, y por los abogados querellantes Emiliano Marlia y Franco Migliavacca.

Por su parte, la defensa del imputado, encabezada por el abogado Enoc Ortiz, había solicitado su liberación al considerar que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación. El planteo fue rechazado.

La decisión judicial llamó la atención porque los estudios genéticos realizados para comparar muestras obtenidas de la víctima con el ADN del acusado dieron resultado negativo. Sin embargo, según precisó Diario Uno, los especialistas que intervinieron en los peritajes aportaron un dato clave: el detenido se había practicado una vasectomía con anterioridad.

La reconstrucción

El presunto abuso sexual habría ocurrido durante la mañana del 7 de abril en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Estrada), específicamente en el sector de ingresos del complejo penitenciario.

De acuerdo con la denuncia, el agente penitenciario le ofreció a la mujer una porción de torta y, con esa excusa, la sacó de su celda. Según el relato de la víctima, cuando ingresó a un baño para orinar fue abordada por el suboficial, quien presuntamente la acorraló contra un lavamanos y abusó sexualmente de ella.

Siempre según la acusación, más tarde el agente le entregó dinero para que guardara silencio y le recomendó que no lo ocultara entre sus partes íntimas porque iba a ser requisada. Sin embargo, la mujer reportó lo ocurrido ese mismo día ante otro efectivo del complejo penitenciario. Posteriormente, amplió su declaración ante la Fiscalía y ratificó la denuncia por abuso sexual.

Según informó Diario Uno, en el expediente constan imágenes de una cámara de seguridad que registraron al agente ingresando al baño donde se encontraba la denunciante, en línea con la secuencia de hechos que ella describió.

En cuanto a la evidencia incorporada a la causa, los peritajes detectaron líquido prostático en las partes íntimas de la mujer. Sin embargo, el cotejo genético realizado con muestras del imputado arrojó resultado negativo.

Sobre este punto, un perito del Cuerpo Médico Forense (CMF) explicó que esa situación puede producirse debido a la vasectomía, ya que evita la expulsión de espermatozoides. Los investigadores avanzarán con nuevas medidas de prueba para determinar si esa hipótesis explica el resultado.

Un hombre de nacionalidad chilena fue demorado este domingo por agentes de la División Motorizada (DEMOSE) de la Policía de Neuquén, tras un operativo que culminó con el secuestro de una motocicleta sin patente y varios objetos, entre ellos estupefacientes.

El procedimiento se desarrolló cerca del mediodía en la intersección de las calles Combate San Lorenzo y Doctor Abraham, en el límite entre los barrios Gregorio Álvarez y Villa Ceferino de la capital provincial.

Durante un patrullaje preventivo, personal policial detectó una motocicleta Honda XR 150 roja que circulaba sin dominio colocado, por lo que decidieron acercarse a él para una identificación de rutina. Al verificar los antecedentes del hombre, los uniformados constataron que poseía un pedido de captura vigente, según indicó la Policía de Neuquén.

Al inspeccionar el rodado, los agentes descubrieron que la numeración del chasis estaba adulterada. Con este panorama, las autoridades trasladaron al conductor junto al rodado a la Comisaría Tercera para continuar con las actuaciones judiciales. La situación tomó otro giro cuando, durante la requisa en sede policial, se halló una sustancia sospechosa entre las pertenencias del demorado.

De acuerdo a lo informado por el portal LM Neuquén, personal de la división Antinarcóticos intervino para realizar las pruebas de campo sobre la sustancia incautada. Los análisis confirmaron que llevaba consigo casi 1 kilogramo de cocaína. Además de la droga, la requisa permitió secuestrar dos teléfonos celulares, dinero en distintas monedas —pesos argentinos, pesos chilenos y bolívares—, una balanza de precisión, una munición y dos armas blancas.

La investigación continúa bajo intervención de la Justicia, mientras personal especializado de Antinarcóticos realiza las diligencias periciales correspondientes.

Tenía una orden de captura en Entre Ríos y lo atraparon a casi 500 kilómetros

Un hombre de 38 años fue arrestado en la Terminal de Ómnibus de Retiro por agentes de la Policía Federal Argentina (PFA), tras detectarse que tenía un pedido de captura vigente por el delito de homicidio agravado por el vínculo. El operativo se realizó durante un control preventivo de rutina en los pasillos de la estación ubicada sobre la avenida Ramos Mejía, en el barrio porteño de Retiro, según informó Diario Uno de Entre Ríos.

El procedimiento estuvo a cargo del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), cuyos efectivos patrullaban la terminal con el objetivo de detectar prófugos y personas con antecedentes. Durante la recorrida, los agentes repararon en la actitud sospechosa de un individuo. Al solicitarle la identificación y verificar sus datos en los sistemas nacionales Sifcop y Mi-Minseg, confirmaron que sobre él pesaba una orden de detención emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la jueza Cecilia Bértola.

Una vez constatada la situación judicial, los policías procedieron a la detención del sospechoso y dieron aviso inmediato a las autoridades judiciales de Entre Ríos. La jueza confirmó la vigencia de la orden y dispuso el refuerzo de las medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga, considerando la gravedad del delito imputado.

El hombre quedó inicialmente a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Capital Federal, cuyo titular es el juez Alejandro Adrián Litvack. En las próximas horas, se coordinarán los trámites judiciales para garantizar que el detenido sea enviado a Entre Ríos, donde deberá enfrentar el proceso penal correspondiente. Las fuentes policiales señalaron que la captura se produjo gracias a los controles permanentes en la terminal y al cruce en tiempo real de los datos personales con las bases nacionales, una herramienta clave para la detección de prófugos buscados por delitos graves.

Un control de rutina en la Terminal de Ómnibus de Retiro terminó con la detención de un hombre buscado por la justicia de Entre Ríos.

El operativo fue ejecutado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes patrullaban las plataformas y pasillos de la estación de colectivos ubicada sobre la avenida Ramos Mejía al 1.600. En medio de la vigilancia, los uniformados detectaron a un sujeto cuya actitud les generó sospechas.

El hombre, de 38 años, fue sometido a los controles de rutina que exige el protocolo de seguridad, y cuando los agentes cargaron sus datos en los sistemas informáticos nacionales Sifcop y Mi-Minseg, utilizados para la verificación de antecedentes y pedidos judiciales en tiempo real, se encontraron con el antecedente.

El cruce de información les permitió detectar que sobre el individuo pesaba un pedido de captura vigente por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”, según lo informado por fuentes policiales. La orden había sido emitida por el Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Paraná, a cargo de la jueza Cecilia Bértola.

De acuerdo a lo informado por el portal del Diario Uno de Entre Ríos, el hallazgo fue comunicado de inmediato a la magistrada entrerriana, quien confirmó la vigencia de la medida judicial y dispuso que el detenido quedara bajo estricta custodia policial. Según señalaron las autoridades, se extremaron las medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga, dada la gravedad del delito que se le imputa.

El acusado quedó inicialmente a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal de Rogatorias de la Capital Federal, cuyo titular es el juez Alejandro Adrián Litvack. Luego se llevarán a cabo los procedimientos judiciales para asegurar el traslado del detenido hacia la provincia de Entre Ríos, donde deberá enfrentar el proceso pendiente.

Otro prófugo detenido

A principios del mes pasado, un hombre de 30 años fue detenido en la vía pública de Villa Gesell en el marco de una causa judicial por abuso sexual contra una menor de edad. Según trascendió, el acusado era buscado desde finales de febrero, cuando se radicó la denuncia ante la Justicia.

El arresto se produjo tras un operativo desplegado por el personal policial en la zona de Paseo 105 entre Avenida 15 y Circunvalación. En el procedimiento participaron los efectivos de la DDI de la localidad balnearia en conjunto con agentes de la estación de policía comunal primera.

La localización del sospechoso fue lograda luego de una serie de tareas investigativas, iniciadas a partir de una denuncia presentada el 24 de febrero en la Comisaría de la Mujer y la Familia. Según la investigación judicial, el acusado habría cometido los hechos denunciados aprovechando momentos en los que la madre de la víctima se ausentaba del domicilio.

De acuerdo con la información judicial, la investigación está siendo conducida por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 6 de Villa Gesell, bajo la supervisión del fiscal Juan Pablo Calderón. Además, interviene el Juzgado de Garantías N° 6 del Departamento Judicial Dolores, a cargo del juez Leopoldo Mancinelli.

A raíz de los elementos incriminatorios, las autoridades ordenaron la detención del masculino tras analizar los elementos reunidos durante la pesquisa. Según informó el medio marplatense 0223, el hombre fue localizado e interceptado en la vía pública durante la jornada de este miércoles.

Una vez que el sospechoso fue identificado, los agentes confiscaron un teléfono celular durante el arresto. De esta manera, confirmaron que será sometido a peritajes en el marco de la investigación. Además, según indicaron los voceros oficiales, la situación procesal del detenido quedará supeditada a las próximas medidas que dispongan la fiscalía y el juzgado interviniente.

Mientras se encontraba en una zona de playa de la provincia de Coclé, a unas 2 horas de la ciudad de Panamá, el exdirector de la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG), Luis Oliva, fue detenido por los supuestos delitos de peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

La detención de Oliva, quien fungió como director de la AIG de 2019-2024, bajo la administración del expresidente Laurentino Cortizo, fue ordenada por un juez de garantía y volvió a poner el foco sobre un organismo estatal clave en la estructura tecnológica del país.

La AIG tuvo a su cargo áreas sensibles de modernización administrativa y gestión pública.

El caso de Oliva quedó ligado a presuntos hechos de corrupción dentro de una dependencia con peso en la operación institucional panameña.

La Contraloría General de la República determinó un presunto incremento patrimonial de Oliva por más de $937,000.

Fuentes judiciales indicaron que la acusación incluyó peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Esa combinación colocó el expediente en un plano mayor que el de una irregularidad administrativa aislada, porque apuntó a un posible esquema delictivo articulado desde el Estado.

Oliva ya cumplía una medida cautelar de reporte periódico los 14 y 28 de cada mes, así como un impedimento de salida del país, luego de que en septiembre del 2025 se le formularan cargos por peculado, corrupción de servidores públicos y asociación ilícita para delinquir.

Los cargos están relacionados con presuntas irregularidades en la gestión de la plataforma Vale Digital, que luego pasó a llamarse Listo Wallet, implementada por el gobierno durante la cuarentena total por el Covid-19 para entregar subsidios a trabajadores, según el diario Critica.

En 2020 el gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industrias y la AIG anunció el inicio del plan piloto en la primera abarrotería de la ciudad capital para cambiar el Vale Digital, apoyo económico entregado a los panameños suspendidos de sus plazas laborales y afectados por la pandemia ocasionada por el Coronavirus o Covid-19.

En esa oportunidad, Oliva señaló que “el inicio de este plan piloto para canjear el Vale Digital en las abarroterías le permite al ciudadano estar más cerca de sus hogares sin necesidad de tener que trasladarse en transporte público o tener que asistir a grandes concentraciones en supermercados. De igual manera, les permite a los negocios pequeños ingresar a nuevos medios de pagos digitales”.

Pero, ante los constantes tropiezos de esta plataforma, se creó Listo Wallet en 2022 para que los usuarios del Vale Digital y el PASE-U recibieran sus pagos.

Al año siguiente, en octubre, Luis Oliva presentó su renuncia irrevocable a la entidad, para aspirar a una fallida candidatura a diputado.

A finales del 2023 el exadministrador de la AIG, Luis Carlos Stoute, presentó una denuncia por la cesión indebida de los derechos exclusivos a dos empresas para beneficiarse y lucrar de la plataforma Vale Digital, de acuerdo con medios de prensa.

La denuncia de Stoute, presentada ante el Ministerio Público, fue ignorada por la Presidencia de la República y por el entonces contralor, Gerardo Solís.

Stoute fue separado del cargo que ocupaba en febrero del 2024.

La Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, establecida mediante la Ley 65 de 30 de octubre de 2009, es la entidad que lidera la transformación digital del Estado panameño, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, disminuir la brecha de desigualdad e incrementar la competitividad del país, se lee en su página web.

-Marco Antonio Almanza, exjefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, desmintió su supuesta entrega a las autoridades de Estados Unidos tras reportes periodísticos que así lo afirmaron. El exfuncionario fue acusado ese país junto a Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia, de presuntamente proteger a la facción de Los Chapitos.

-Jesús Corona Damián, alcalde de Cuautla en Morelos, fue detenido en Acapulco luego de permanecer prófugo. Las autoridades lo investigan por presuntos vínculos con el crimen organizado, luego de que se difundió un video donde lo captaron junto a otros funcionarios del estado y Júpiter Arauja Bernard, alias “El Barbas”, jefe regional del Cártel de Sinaloa.

/mexico/2026/06/01/abren-investigacion-por-ataque-armado-contra-militares-en-bcs-que-derivo-en-la-muerte-de-un-estadounidense/

https://www.infobae.com/mexico/2026/06/01/abren-investigacion-por-ataque-armado-contra-militares-en-bcs-que-derivo-en-la-muerte-de-un-estadounidense//mexico/2026/06/01/detienen-a-exdirector-de-agua-potable-de-pueblo-nuevo-durango/

/mexico/2026/06/01/suman-mas-de-2-mil-inmuebles-asegurados-y-40-objetivos-prioritarios-detenidos-por-operacion-restitucion-en-edomex/

/mexico/2026/06/01/vinculan-a-proceso-a-presunto-lider-de-los-salazar-grupo-ligado-al-cartel-de-sinaloa/

Detienen a hombre salvadoreño con réplica de arma en Tapachula, Chiapas

Un sujeto, de nacionalidad extranjera, fuer arrestado en Tapachula porque llevaba un arma de réplica.

"Durante patrullajes preventivos y de proximidad social sobre la 3ª calle oriente, Prolongación de la colonia Mil Garzas, el grupo interinstitucional detuvo a Francisco “N” de nacionalidad salvadoreña, a quien le aseguraron un arma réplica tipo escuadra de compresión, de color negra“, es parte de lo compartido por las autoridades.

/mexico/2026/06/01/detienen-a-cinco-presuntos-integrantes-del-cjng-tras-ataque-contra-militares-en-zitacuaro-michoacan/

/mexico/2026/05/31/detienen-a-conductor-de-camion-con-casi-una-tonelada-de-metanfetamina-escondida-en-jicamas-congeladas/

Detienen en Michoacán a nueve sujetos presuntamente ligados a un homicidio; rescatan a una persona

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán informó sobre la detención de nueve sujetos que estarían ligados con un homicidio, además, en el sitio fue hallada una persona privada de la libertad, la cual fue rescatada.

“En apoyo operativo a la @FiscaliaMich, la #GuardiaCivil en coordinación con @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y Policía Municipal, participó en un despliegue interinstitucional realizado en Uruapan, donde fueron aseguradas 9 personas”, es parte del mensaje de las autoridades.

Revisan penal de Mazatlán tras muerte de reos en Aguaruto; suspenden visitas

Luego de que fueron registradas siete muertes en el penal de Aguaruto, Sinaloa, las autoridades estatales informaron sobre la revisión preventiva del Centro Penitenciario El Castillo de Mazatlán.

Lo anterior “ante la inquietud de familiares de personas privadas de la libertad sobre la posible ocurrencia de una situación similar a la registrada la mañana de este día en el Centro Penitenciario de Aguaruto, en Culiacán”.

Es por ello que fueron suspendidas las visitas al sitio. Elementos de Custodia Penitenciaria y de la Policía Estatal Preventiva realizan la revisión. Mientras que agentes militares y de la Guardia Nacional realizan una supervisión perimetral.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) resaltó la reducción homicidios dolosos durante la gestión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“En 20 meses del inicio de su administración, se han obtenido importantes resultados en materia de seguridad: los homicidios dolosos se han reducido en 49% y en 20% los delitos de alto impacto”, se puede leer.

Lo anterior, tras el informe de la mandataria compartido en el Monumento a la Revolución durante el domingo.

/mexico/2026/05/31/mexico-no-acepta-injerencias-sheinbaum-destaca-soberania-nacional-y-rechaza-la-intervencion-extranjera-durante-su-rendicion-de-cuentas/

Fiscalía de Sonora niega que restaurante Sonora haya cerrado por cobro de piso

La Fiscalía de Sonora asegura que es falsa la información difundida en redes sociales que señala que un restaurante en Ciudad Obregón esté cerrado por intento de cobro de piso por parte de le delincuencia.

“Se aclara que el contenido es FALSO, pues no existe denuncia ante esta Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora, ni versiones de los mismos dueños del lugar de ese hecho, por lo que debido a lo anterior, se recomienda a la población informarse por vías oficiales. El establecimiento se encuentra laborando con normalidad”, se puede leer en el mensaje.

/mexico/2026/05/31/encuentran-tunel-deslizante-entre-tijuana-y-san-diego-california-para-el-trasiego-de-armas-y-drogas/

Detienen a joven con bolsitas de marihuana en la Cuauhtémoc

La policía de la Ciudad de México detuvo a un hombre de 25 años de edad en inmediaciones de las calles República de Brasil y República de Paraguay, de la colonia Centro de la alcaldía Cuauhtémoc, debido a que fue visto manipulando bolsistas con presunta marihuana.

Detienen a tres personas que golpearon a policías de CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó sobre la detención de tres personas que intentaron entrar al Metro de la Ciudad de México sin pagar.

“Al hacerles la indicación de que debían cruzar los torniquetes de manera adecuada, agredieron física y verbalmente a los uniformados y otros ciudadanos, por lo que fueron presentados ante el Juez Cívico”, es parte del informe de la policía capitalina.

Detienen a hombre tras cateo en donde se distribuían drogas en Morelos

José Miguel “N”, de 20 años, fue detenido como resultado de un cateo en una casa ubicada en el municipio de Tlaquiltenango, Morelos, y donde presuntamente eran distribuidos narcóticos.

Al lugar llegaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Sur Poniente, quienes contaron con el apoyo de

En el sitio los uniformados hallaron una pipa de cristal y varias dosis de una sustancia sólida granulada característica a droga “cristal” (metanfetamina).

Dichos indicios fueron fijados, embalados y trasladados para su estudio.

El operativo fue encabezado por elementos de la AIC y contó con el apoyo de personal de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Morelos, quienes intervinieron el inmueble ubicado en la colonia Gabriel Tepepa.

/mexico/2026/05/31/violencia-en-los-cabos-ataque-armado-deja-5-civiles-y-2-militares-heridos-tras-reporte-de-balaceras/

Capturan a sujeto con drogas, armas y chocolates con THC en Quintana Roo

Edson Jovani “N” fue detenido por su presunta implicación en delitos contra la salud y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La aprehensión se efectuó en el municipio de Benito Juárez, estado de Quintana Roo.

Su arresto se llevó a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN).

Los hechos ocurrieron en la supermanzana 520, fraccionamiento Villas del Caribe, sobre la calle Villa Marmara, donde los elementos de seguridad observaron a un hombre manipulando varias bolsitas de plástico con vegetal verde, similar a la marihuana, en la cajuela de un vehículo.

Tras la inspección, se aseguraron 60 bolsitas de marihuana, 32 bolsitas con fragmentos de cristal, un teléfono celular, una pechera, y un vehículo Nissan Versa blanco con franjas verdes, perteneciente al sindicato de taxistas Andrés Quintana Roo.

Además, se localizaron una bolsa ecológica, ocho bolsas de 500 gramos de marihuana, 2 cajas pequeñas y 2 grandes con chocolates comestibles con THC, identificados por una estampa de león con la leyenda “viaje azteca”.

También se confiscó un arma de fuego color negro con cargador y 8 cartuchos útiles calibre 9 mm, y un subfusil HK SP89 semiautomático plateado con empuñadura negra, cargador y 6 cartuchos útiles calibre 9 mm.

La autoridad informó que Edson Jovani “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Combate al Delito de Narcomenudeo para determinar su situación jurídica.

Detienen a cuatro personas implicadas en robos a establecimientos comerciales en Oaxaca

Cuatro personas fueron detenidas por su probable participación en una serie de robos en establecimientos comerciales de la colonia Reforma, en Oaxaca de Juárez. El monto aproximado de lo sustraído en al menos dos de los comercios asciende a 94 mil 690 pesos, según datos de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el primer reporte se recibió el 17 de mayo de 2026, tras un robo en una sucursal de Farmacias Similares en la misma zona.

Al día siguiente, el 18 de mayo, se denunció otro robo, esta vez en una tienda departamental. En este caso, dos hombres habrían amenazado al personal con un arma de fuego y un objeto punzocortante, logrando llevarse 57 mil 490 pesos.

Robos consecutivos y modus operandi

El 27 de mayo, la Fiscalía recibió un tercer reporte por el robo en una sucursal de Farmacia Guadalajara, también ubicada en la colonia Reforma. Dos personas, presuntamente armadas, habrían ingresado para intimidar al personal y sustraer 37 mil 200 pesos y un teléfono celular. Los tres incidentes fueron canalizados a través del sistema C5i y atendidos de inmediato por personal operativo, que realizó diligencias para proteger a las víctimas.

De acuerdo con la FGEO, el análisis de videovigilancia y las investigaciones permitieron identificar un vehículo Volkswagen, tipo Gol, utilizado presuntamente por los involucrados para trasladarse y huir tras los hechos. El automóvil tenía reporte de robo y coincidía con las características de una unidad señalada en reportes previos sobre delitos en la misma colonia.

Las labores de investigación e inteligencia criminal permitieron la localización y detención de cuatro personas, identificadas con las iniciales: J.C.J.W. (hombre) y N.C.Z. (mujer), ambos originarios de Chiapas; R.A.M., de Veracruz; y A.L.G., alias “El Mago”.

Según la Fiscalía, las indagatorias establecieron que el vehículo involucrado estaba vinculado a varios incidentes delictivos reportados en la colonia Reforma.

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Asesinan a un policía estatal en Culiacán

Un elemento de la Policía Estatal de Sinaloa fue atacado a balazos cuando circulaba en su vehículo por la calle México 68 de la colonia 10 de Mayo de Culiacán.

De acuerdo con medios locales, el uniformado se trasladaba en un automóvil Nissan Versa color blanco cuando fue interceptado por un grupo de sujetos armados que le dispararon en varias ocasiones.

El hombre, identificado como comandante, falleció tras el ataque y permaneció sin vida dentro de la unidad. En tanto, los responsables lograron huir del sitio.

/mexico/2026/05/31/enfrentamiento-en-el-penal-de-aguaruto-deja-reos-heridos-y-fallecidos-en-culiacan-sinaloa/

Desmantelan red de videovigilancia del crimen organizado en Tabasco

Como parte del operativo “Halcón Ciego”, la Fuerza Interinstitucional de Reacción Táctica (FIRT) Olmeca llevó a cabo la localización y retiro de sistemas de videovigilancia irregulares en el municipio de Centro, en Tabasco.

La acción permitió desmantelar una red de videovigilancia no autorizada que se componía de un total de 53 cámaras. En la acción participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Tabasco, Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar) y tanto de la Fiscalía General de la República como estatal.

Localizan a tres hombres con impactos de bala junto a un rancho ganadero en Sinaloa

Los cuerpos de tres hombres con impactos de bala y huellas de tortura fueron localizados a un costado de un rancho ganadero ubicado al sur de la sindicatura de Villa Benito Juárez, municipio de Navolato, Sinaloa.

El hallazgo se registró durante la noche de este sábado, donde elementos de seguridad confirmaron la presencia de los tres cuerpos en distintos puntos del predio.

De acuerdo con reportes de medios locales, los hombres ya fueron identificados por sus familiares, quienes informaron que eran residentes de la colonia El Tapacal de Villa Juárez.

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Eduardo Ignacio Murias, el argentino detenido en Brasil por sacar fotos de un niño negro de siete años y enviar mensajes en los que lo trataba de “esclavo”, denunció haber sufrido ataques físicos durante su detención y pidió ser excarcelado.

Fuentes allegadas al caso, confirmaron a Infobae que el planteo fue realizado este viernes a través de un recurso de urgencia presentado por su defensa ante la Justicia de Minas Gerais. Según el documento, elevado al Juzgado Criminal N°1 de São João del-Rei, las agresiones se habrían producido dentro del sistema penitenciario de esa ciudad, donde el acusado permanece alojado bajo prisión preventiva.

En la presentación, los abogados argumentaron que la situación representa un riesgo para la integridad física de Murias y solicitaron su liberación inmediata o, de manera alternativa, la aplicación de alguna medida cautelar.

Según consta en el escrito, incluso las propias autoridades penitenciarias habrían reconocido dificultades para garantizar su seguridad dentro del establecimiento, un punto que fue utilizado por la defensa para fundamentar el pedido ante la Justicia brasileña.

El abogado de Murias, Ciro Chagas, salió a respaldar a su defendido durante una entrevista y sostuvo que los mensajes cuestionados fueron enviados en un chat privado entre amigos. “No era algo público, como dicen los periodistas de Brasil”, afirmó. En esa línea, consideró que el hecho no encuadraría como un crimen.

“Lo que una persona habla en su conversación puede ser reprobable, pero lo que está haciendo la investigación es un acto de externalización de su habla. No es un crimen acá. No puede ser investigado como un delito de racismo, como están hablando acá en Brasil”, aseguró en declaraciones a DNews.

También indicó que, a diferencia de lo relatado por la madre del menor, entregó su teléfono celular de manera “libre y espontánea” y eliminó la imagen delante de ella: “Entonces, fue algo ciertamente reprobable, pero son cosas que tenemos que investigar en el proceso”.

De acuerdo a sus declaraciones, Murias se encuentra “muy arrepentido” de sus actos: “En la audiencia él le dice esto al juez, que estaba muy arrepentido, que fue un completo malentendido, que él no es una persona racista, que compartía el dolor de la madre, que estaba ya para decir perdón a ella. Es un turista que ama Brasil”.

El caso

El episodio ocurrió el pasado 24 de mayo en un tren turístico conocido como María Fumaça, cuando el hombre de 63 años fue arrestado en el estado de Minas Gerais acusado de fotografiar y filmar a un niño negro de siete años durante un paseo turístico y enviar esas imágenes junto a mensajes discriminatorios en los que incluso sugería que podía “tomarlo como esclavo”.

En esta oportunidad, el episodio ocurrió mientras la familia del niño realizaba un paseo para celebrar un cumpleaños. Según relató la madre, cerca de las 10 de la mañana un pasajero que viajaba detrás de ellos les advirtió discretamente que el hombre sentado a pocos metros estaba tomando fotos y videos del menor de manera insistente.

A partir de esa advertencia, la mujer confrontó al sospechoso y le pidió revisar su teléfono celular. Según su relato, el argentino negó haber grabado o fotografiado al chico y se resistió a mostrar el dispositivo. Sin embargo, cuando finalmente la madre logró acceder al contenido, encontró conversaciones privadas en las que el hombre compartía imágenes del niño acompañadas por comentarios discriminatorios vinculados al color de piel.

De acuerdo con la denuncia, en uno de los mensajes el acusado afirmaba que podía “tomarlo como esclavo”, mientras que en otra conversación hablaba de “tomar una esclava” para cuidar a las nietas de la persona con la que intercambiaba mensajes.

Posteriormente, el argentino fue trasladado a la Tercera Comisaría Regional de São João del-Rei, donde quedó detenido mientras avanza la investigación judicial por el delito de racismo, una figura penal severamente castigada en Brasil.

Antecedente

El antecedente de este tipo más resonante fue el de la abogada Agostina Páez, detenida en Río de Janeiro acusada de injuria racial, tras ser filmada realizando gestos discriminatorios en un bar de Ipanema. La justicia de Brasil le retuvo la documentación, le prohibió la salida del país y le dictó 75 días de detención domiciliaria con tobillera electrónica.

El proceso judicial concluyó cuando la fiscalía redujo la calificación penal a una expectativa de condena de dos años, lo que permitió evitar la prisión efectiva. Tras reconocer el hecho, la imputada obtuvo un habeas corpus que le permitió regresar a la Argentina, quedando supeditada al pago de una fianza de 18.500 dólares y a la realización de tareas comunitarias.

La captura de Dylan Uriel Escalada, alias ‘Toro’, marca un nuevo capítulo en la larga disputa territorial que asola el corazón de La Matanza.

La detención se produjo a menos de un año del crimen de Nahuel Beltrán, un joven que murió tras recibir múltiples disparos en la villa Las Antenas, en el partido bonaerense de Lomas del Mirador. El hecho, que sacudió a la comunidad local, fue el resultado de una feroz disputa entre bandas dedicadas al narcomenudeo y al control de la zona.

El caso había dado un giro inesperado cuando, tras la balacera que terminó con la vida de Beltrán, se desató una serie de operativos policiales para dar con los autores materiales e intelectuales del ataque. Matías Ramón Junco, conocido como ‘Ojo’, fue el primero en ser arrestado a finales de julio de 2025. Poco antes, la policía ya había detenido a Jorge Luis Melgarejo, apodado ‘El Gordo Coca’. Ambos eran señalados por la investigación como piezas clave en la estructura criminal que controlaba el negocio de la droga y ejercía la violencia en el barrio.

Según informó el portal Primer Plano On Line, la captura de Escalada, quien había permanecido prófugo durante varios meses con orden de captura nacional e internacional, fue posible gracias a la colaboración de la familia de la víctima. Según se informó, el padre de Beltrán notificó a la Fiscalía de Homicidios sobre el regreso del sospechoso al barrio, lo que permitió montar un operativo encubierto que culminó con su aprehensión.

El episodio que derivó en la muerte de Beltrán ocurrió el 6 de julio de 2025, cuando una balacera conmocionó a la villa Las Antenas. El joven resultó gravemente herido y falleció once días después. Las cámaras de seguridad y testimonios recolectados por la policía permitieron identificar a los presuntos autores de los disparos, entre ellos Dylan Escalada. La investigación judicial determinó que el ataque fue producto de una “guerra por el control del territorio” entre bandas rivales, dedicadas principalmente a la venta de estupefacientes y al ejercicio de la violencia como método de intimidación.

Desde la detención de Junco y Melgarejo, la justicia provincial había intensificado la búsqueda de Escalada, considerado uno de los tiradores más activos. La orden de captura se extendió a nivel nacional e internacional, sin resultados concretos durante varios meses. La situación cambió cuando, tras casi un año de ausencia, Escalada fue visto nuevamente en la zona, hecho que desencadenó la intervención policial.

La información aportada por la familia de la víctima resultó determinante. El padre de Beltrán se presentó espontáneamente ante la Fiscalía y alertó sobre la presencia del sospechoso en el barrio. El fiscal a cargo, Diego Rulli, dispuso que agentes policiales realizaran tareas de vigilancia encubierta para confirmar la veracidad de la denuncia. Durante los patrullajes, varios efectivos vestidos de civil lograron divisar a Escalada, quien intentó refugiarse en una vivienda abandonada de tres pisos, ubicada en la intersección de O’Gorman y Las Heras.

El operativo estuvo bajo la supervisión del comisario Patricio Miño, titular de la comisaría 4ª de Lomas del Mirador. Participaron efectivos del Gabinete Técnico Operativo, agentes del área de Delitos Complejos y del Comando de Patrullas Norte de La Matanza. Según detalló una fuente de la investigación, Escalada no logró escapar pese a su intento de ocultarse y fue aprehendido en el lugar. Durante la mañana del jueves, fue trasladado a la fiscalía para ser indagado, instancia en la que se negó a declarar.

La captura de Dylan Escalada responde a una orden judicial emitida tras la recopilación de pruebas que lo ubican como uno de los principales responsables de la balacera que terminó con la vida de Beltrán. Las autoridades consideran que la detención de los tres principales sospechosos —Junco, Melgarejo y Escalada— representa la desarticulación de una estructura delictiva que había impuesto el temor en el interior de la villa Las Antenas.

Los tres detenidos enfrentan cargos por homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas, tenencia ilegal de armas de guerra y comercialización de estupefacientes. Según consta en el expediente judicial, la pena en expectativa para estos delitos es la prisión perpetua. La instrucción fiscal sostiene que los acusados integraban una banda organizada que operaba con roles claramente definidos y con un nivel de violencia que alarmó a los vecinos.

La organización, según el expediente, actuaba a través de la intimidación armada y la distribución de drogas en distintos sectores de la villa. La investigación policial y judicial da por desarticulada la banda tras la serie de arrestos, aunque se mantienen líneas abiertas respecto a posibles colaboradores o remanentes de la estructura.

La fiscalía espera avanzar en las próximas semanas hacia la elevación a juicio de la causa, con pruebas que incluyen grabaciones, testimonios y peritajes balísticos. El hecho de que tanto Junco como Melgarejo y Escalada hayan sido identificados y detenidos permite al Ministerio Público Fiscal sostener la acusación bajo la figura de homicidio agravado.

Un hombre fue detenido ayer miércoles por la mañana en el barrio Yapeyú de la ciudad de Córdoba, tras ser sorprendido cuando manipulaba el cableado de un domo policial.

El hecho se registró en calle Acoyte al 200, luego de que un operador de cámaras detectara la maniobra y diera aviso inmediato al personal policial.

El procedimiento policial se inició a partir de la observación remota realizada por el operador, quien identificó movimientos inusuales en el cableado del domo de vigilancia ubicado en una esquina del barrio. Al advertir la situación, el empleado dio el alerta a una patrulla cercana para que acudiera al lugar de manera urgente. La intervención rápida permitió organizar un operativo cerrojo en las inmediaciones, lo que facilitó la localización del sospechoso.

Según comunicó la Policía de Córdoba, instantes antes de su detención, el individuo había sido visto en la intersección de calles 25 de Mayo y Gavilán, donde fue observado violentando el cableado de un poste que sostiene uno de los domos de seguridad instalados en la zona. La descripción física y las características aportadas por el operador resultaron clave para la identificación y seguimiento del presunto autor.

El despliegue policial contempló la circulación de varias unidades por los alrededores del sector, lo que finalmente derivó en la aprehensión del hombre en Acoyte al 200. Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un rollo de cable que, de acuerdo a la información oficial, habría sido sustraído en el mismo sector momentos antes. El material incautado fue examinado a fin de determinar su procedencia y la magnitud del daño ocasionado al sistema de videovigilancia.

El hombre fue esposado y trasladado de inmediato a la Comisaría de la jurisdicción, donde quedó alojado a la espera de las actuaciones judiciales correspondientes. El material secuestrado fue incorporado como evidencia en la causa, mientras los técnicos municipales evaluaban el estado del domo afectado y los posibles riesgos en la transmisión de imágenes de seguridad.

De acuerdo a lo informado por el portal El Doce.tv, la investigación se centró en determinar si el detenido actuó en solitario o si podría estar vinculado a otros hechos similares ocurridos en el mismo barrio o sectores aledaños. Hasta el momento, no se reportaron daños adicionales en otros dispositivos de videovigilancia ni nuevos episodios de sabotaje, según indicaron las autoridades.

La Policía de Córdoba subrayó la importancia del sistema de cámaras y la colaboración entre operadores y patrullas para la rápida resolución de incidentes. El caso será analizado por la unidad judicial correspondiente, que determinará si existen elementos para ampliar la imputación o vincular al detenido con otros episodios recientes.

De acuerdo a fuentes policiales, la manipulación o el robo de cables destinados al funcionamiento de domos de videovigilancia constituye un delito que afecta tanto los recursos municipales como la prevención del delito en la vía pública. Este tipo de hechos suele investigarse bajo la figura de daños y robo, con agravantes en función del perjuicio a bienes de uso público.

Detuvieron a cinco personas por robar cables de cobre bajo tierra en Villa Devoto

Días atrás, la Policía de la Ciudad detuvo a cinco personas tras ser sorprendidos en el momento preciso en que sustraían cables de cobre tendidos bajo tierra en el barrio de Villa Devoto. Según informó la fuerza, el operativo permitió desarticular una acción delictiva vinculada al robo de infraestructura urbana.

La Policía de la Ciudad detuvo a cinco hombres sospechosos de robo de cables en Villa Devoto, con imágenes de los detenidos, los cables recuperados, una escalera y la boca de un registro subterráneo.

El procedimiento se inició a partir de una denuncia que alertó sobre un robo en la intersección de las calles Navarro y Segurola. Al llegar al lugar, los agentes de la Comisaría Vecinal 11B advirtieron que una camioneta Ford F100 se desplazaba a alta velocidad por la zona. Tras una breve persecución, la policía logró interceptar el vehículo y detener a dos de los sospechosos a pocas cuadras del lugar de los hechos.

Durante la inspección de la camioneta, los efectivos hallaron varios tramos de cable de cobre pertenecientes a una empresa de telefonía y listos para ser trasladados. En paralelo, otro equipo policial que permanecía en la escena observó a un hombre saliendo de una cámara subterránea ubicada en Navarro y Sanabria, actitud que despertó sospechas y motivó su inmediata demora.

a Policía incautó una camioneta Ford en la que se trasladaban los delincuentes

Al revisar dicha cámara, los oficiales encontraron a otros dos individuos junto a una importante cantidad de cables cortados y preparados para su extracción. En total, fueron secuestrados 61 tramos de cable de aproximadamente dos metros cada uno, una escalera metálica plegable, seis vallas metálicas, la camioneta utilizada por los imputados y cinco teléfonos celulares.

Los efectivos sorprendieron a tres de los delincuentes bajo tierra, mientras sustraían cables

El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 8 dispuso la detención de los cinco involucrados, así como el secuestro de todos los elementos recuperados durante el procedimiento.

Un operativo policial realizado este último lunes en la localidad chaqueña de Quitilipi concluyó con la detención de un joven de 27 años acusado de haber amenazado y agredido a un vecino con una botella de vidrio. El incidente se produjo tras el rechazo de la víctima a entregar dinero, desencadenando una violenta reacción que quedó registrada en cámaras de seguridad y circuló ampliamente en redes sociales.

De acuerdo a lo informado por el portal de Diario Chaco, la aprehensión se llevó a cabo en el contexto de una investigación por “supuestas lesiones leves”, luego de que efectivos policiales implementaran un operativo cerrojo para localizar al sospechoso. Al momento de la detención, las autoridades constataron que el joven tenía además un pedido de captura vigente por otra causa de “supuestas amenazas”, emitido por el Juzgado Correccional de Sáenz Peña desde el 16 de mayo.

De acuerdo con la denuncia presentada en la comisaría local, dos hombres identificados por los apodos de “Miguelito” y “Pochaca” se presentaron en el domicilio de la víctima y le exigieron dinero. Ante la negativa, los agresores habrían comenzado a golpearlo y lo atacaron con una botella de cerveza de vidrio. La secuencia completa fue captada por las cámaras de seguridad de la vivienda, lo que facilitó la intervención policial y permitió que las imágenes se difundieran rápidamente en distintas plataformas digitales.

Una vez radicada la denuncia, la policía local inició tareas de investigación que incluyeron el análisis de las grabaciones de seguridad y el relevamiento de testimonios en la zona. Según se informó, el procedimiento permitió identificar rápidamente a los presuntos agresores, lo que derivó en la implementación de un dispositivo cerrojo para evitar su fuga.

El otro de los implicados, identificado como “Pochaca”, permanecía prófugo hasta el cierre de este reporte, mientras continuaban los esfuerzos de búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.

La circulación de los videos en plataformas digitales propició la rápida intervención de la policía y la identificación de los agresores. Desde la comisaría local se señaló que la colaboración ciudadana fue fundamental para avanzar en la causa y ubicar a los sospechosos.

El joven detenido fue puesto a disposición de la Justicia y trasladado a una dependencia policial, donde quedó alojado en calidad de aprehendido. Las autoridades informaron que la causa principal es investigada bajo la carátula de “supuestas lesiones leves”, aunque el antecedente de “supuestas amenazas” en otra causa complica su situación procesal.

La policía continúa trabajando para dar con el segundo involucrado y esclarecer todos los aspectos del caso. Se indicó que las imágenes captadas por las cámaras de seguridad serán incorporadas al expediente como prueba y que la investigación sigue abierta.

Un joven apuñaló a un vecino y fue detenido en Córdoba

Semanas atrás, un joven de 23 años fue detenido en Villa Nueva, provincia de Córdoba por el intento de homicidio a un hombre de 38 años. El hecho ocurrió el martes por la tarde y la víctima permanece internada con pronóstico reservado y riesgo para su vida en el Hospital Regional Pasteur.

El joven abordó a la víctima y lo atacó con un arma blanca, propinándole una puñalada en el pecho. El acusado permanece imputado por homicidio en grado de tentativa. La investigación intenta esclarecer las razones por las que el aprehendido realizó la agresión.

La Fiscalía de Instrucción de Primer Turno, encabezada por Silvia Maldonado, dispuso las medidas urgentes que permitieron identificar al detenido, sobre quien pesan antecedentes delictivos. El operativo que culminó con la captura también incluyó dos allanamientos simultáneos realizados en los barrios Medalla Milagrosa y Florida.

Finalmente, agentes del Grupo ETER de la Policía de Córdoba arrestaron al sospechoso e incautaron tres armas blancas de distintas características, las cuales serán sometidas a peritaje en el marco de la causa. Mientras tanto, la investigación sigue en curso para confirmar los detalles de lo sucedido en Villa Nueva.

Un episodio de violencia de género sacudió la tranquilidad de Berisso el último fin de semana, cuando una joven fue hallada encerrada en su vivienda tras una discusión con su pareja. La intervención policial se produjo luego de que vecinos advirtieran gritos de auxilio provenientes del interior de una casa ubicada en la zona de 148 bis entre 10 y 11, lo que activó un operativo de emergencia y movilizó a las autoridades judiciales.

La situación se desarrolló el sábado, cuando efectivos policiales acudieron al domicilio alertados por un llamado que informaba sobre una mujer pidiendo ayuda desde una ventana. Durante varios minutos, los agentes intentaron comunicarse sin éxito hasta que finalmente lograron establecer contacto verbal con la joven a través de una abertura del inmueble. En ese intercambio, la víctima relató que, tras una fuerte discusión, su pareja la había dejado encerrada bajo llave y se había marchado llevándose a la hija menor de ambos.

El hecho de que la mujer permaneciera privada de su libertad en el interior de la vivienda y separada de su hija generó alarma en el barrio y en las autoridades actuantes. Poco después, la madre del acusado se presentó en el lugar y facilitó la apertura de la propiedad, permitiendo que la víctima pudiera abandonar el encierro y reencontrarse con sus familiares.

Según la reconstrucción del caso, la joven aseguró a los agentes que no había sido golpeada ni amenazada durante el episodio. De todos modos, manifestó su voluntad de no formular una denuncia penal contra el joven, lo que no impidió que la Justicia interviniera de oficio. Dada la gravedad de la situación y la presencia de una menor, la Fiscalía avanzó con una investigación por privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género.

De acuerdo a lo informado por el portal 0221, la decisión de iniciar el proceso judicial sin el impulso directo de la víctima responde a la necesidad de garantizar su protección y la de la niña, considerando el riesgo implícito en hechos de esta naturaleza. En este tipo de casos, la intervención estatal se activa automáticamente para prevenir eventuales nuevos episodios y preservar los derechos de las personas afectadas, más allá de la denuncia formal.

En el marco de la investigación, el personal policial realizó tareas de rastreo y localización del acusado, identificado como un joven de 25 años. La búsqueda se orientó a distintos puntos donde podría haberse refugiado, hasta que finalmente fue hallado y detenido. El sospechoso fue trasladado a la comisaría correspondiente, donde quedó alojado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 5.

La intervención de la Justicia en este caso se fundamenta en la jurisprudencia vigente que obliga a actuar ante situaciones de violencia de género, aun cuando las víctimas no deseen impulsar acciones penales. La privación ilegítima de la libertad en el contexto de una relación de pareja configura una conducta de extrema gravedad para los organismos judiciales y policiales, que procuran resguardar la integridad física y emocional tanto de la mujer como de la menor involucrada.

El joven detenido por decisión de la fiscalía enfrenta ahora una investigación formal por el delito de privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género, cargo que puede derivar en sanciones penales y la imposición de medidas restrictivas de acercamiento a las víctimas. La Justicia analizará los elementos reunidos en la causa, entre ellos el testimonio de la joven, las circunstancias del encierro y la presencia de la menor, para determinar las responsabilidades y eventuales medidas cautelares.

En el barrio, el episodio generó preocupación y reacciones de solidaridad con la víctima, mientras la policía y la fiscalía continúan con las actuaciones judiciales. El caso pone en relieve la importancia de la intervención rápida y el accionar articulado entre vecinos, fuerzas de seguridad y organismos judiciales para abordar situaciones de violencia en el ámbito familiar.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este lunes la detención de un hombre señalado como presunto responsable del homicidio de una elemento de Seguridad Pública municipal de Temascalapa, ocurrido durante la atención de un reporte por un posible robo a casa habitación.

La captura se realizó en el municipio de Tecámac como resultado de un operativo coordinado entre elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales, luego de una serie de investigaciones que permitieron ubicar a uno de los supuestos agresores.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades mexiquenses, el ataque ocurrió cuando la oficial, junto con otros elementos de seguridad pública, acudió a atender una denuncia relacionada con un presunto robo en proceso dentro de una vivienda.

Sin embargo, al arribar al sitio, los uniformados fueron agredidos por sujetos armados, quienes posteriormente escaparon de la escena a bordo de una camioneta.

Las primeras indagatorias realizadas por agentes ministeriales permitieron establecer características físicas de al menos tres de los posibles responsables, además de identificar el vehículo utilizado para la fuga tras el ataque contra la policía municipal.

Operativo coordinado permitió ubicar a sospechoso

Con la información obtenida durante las investigaciones, autoridades estatales y municipales desplegaron un operativo de búsqueda en los límites de Temascalapa y Tecámac para tratar de localizar a los presuntos implicados.

El despliegue policial derivó en la localización de un sujeto en el poblado de Santa María Ajoloapan, perteneciente al municipio de Tecámac, quien coincidía con las características físicas proporcionadas por las investigaciones.

Las autoridades señalaron que el individuo fue ubicado mientras intentaba abandonar la camioneta presuntamente utilizada durante la huida tras el homicidio de la agente municipal.

El detenido fue identificado como Juan “N”, de 34 años de edad, quien, de acuerdo con las autoridades mexiquenses, presuntamente pertenece a un grupo delictivo con orígenes en el estado de Jalisco y dedicado al control de venta de droga en esa región del Estado de México.

Aseguran camioneta utilizada para escapar

Durante el operativo también fue asegurada la camioneta relacionada con la agresión armada, unidad que habría sido utilizada por los presuntos responsables para escapar después del ataque contra la oficial.

Luego de su captura, los elementos de seguridad notificaron al sospechoso sobre los derechos que la ley le otorga y posteriormente fue trasladado junto con el vehículo asegurado ante el Ministerio Público correspondiente.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica del detenido conforme avancen las investigaciones relacionadas con el homicidio de la policía municipal.

El caso provocó movilización de fuerzas de seguridad en la región, mientras continúan las indagatorias para localizar a otros posibles implicados en la agresión armada contra los elementos de seguridad pública de Temascalapa.

Las autoridades no descartan que el ataque esté relacionado con actividades del crimen organizado que operan en esa zona del Estado de México, particularmente grupos dedicados al narcomenudeo y otras actividades ilícitas.

Jesús Heriberto R.O, alias “El Maro”, fue detenido en el municipio de Allende en el estado de Chihuahua al ser identificado como objetivo prioritario y generador de violencia.

Su arresto se llevó a cabo por parte de las Bases de Operación Interinstitucional (BOI) durante una intervención realizada este lunes 25 de mayo en un operativo conjunto entre la Agencia Estatal de Investigación y el Ejército Mexicano, apoyados por el Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Sur.

El operativo permitió ubicar a “El Maro”, presunto integrante de una célula del grupo "Gente Nueva“ del Cártel de Sinaloa. El sujeto fue ubicado en Valle de Allende, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el homicidio de un hombre identificado como José T.H., ocurrido el 29 de marzo de 2024 en la misma localidad.

Durante la detención, las autoridades aseguraron un automóvil Nissan, línea Máxima, modelo 2000 y un teléfono celular de la marca Apple, que quedaron a disposición de las instancias correspondientes como parte de la investigación.

Captura de objetivo prioritario y detalles del caso

La aprehensión de Jesús Heriberto R.O. fue resultado de investigaciones ministeriales coordinadas por el Ministerio Público, con la colaboración de diversas corporaciones policiacas.

El imputado fue puesto a disposición del Juez de Control para iniciar el proceso judicial en su contra, donde se le informarán formalmente los hechos que se le imputan.

El aseguramiento de “El Maro” responde a la estrategia de las autoridades para combatir delitos de alto impacto en la región y dar certeza a las víctimas de que estos casos serán llevados ante la justicia.

El detenido permanecerá a disposición del juez competente, quien determinará las etapas siguientes del procedimiento penal.

Gente Nueva en Chihuahua

La facción de Gente Nueva, conocida también como Gente Nueva de Los Salgueiro, fue fundada por Niel Salgueiro, alias “El Flaco”, uno de los miembros del clan de Los Salgueiro que ganó notoriedad a partir de 2005 cuando, con el cobijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se establecieron en la zona serrana de Chihuahua para enfrentar al Cártel de Juárez.

Una de las detenciones relevantes de integrantes de este grupo criminal ocurrió en julio de 2025, cuando fue arrestado Salvador Humberto “N”, alias “El Señor de la V”, identificado como líder de Gente Nueva encargado de la distribución de cristal y metanfetamina en distintos puntos del norte del país.

De acuerdo con datos, Salvador Humberto “N” lideraba la batalla interna por plazas criminales en Chihuahua al enfrentarse con facciones de su propio cártel y grupos conocidos como “La Empresa”. Además, se le atribuye haber encabezado la distribución de narcóticos y acciones violentas en zonas del norte y sur de la capital.

Tras su detención, fue trasladado el pasado 8 de mayo del Cereso No. 3 de Ciudad Juárez a un centro federal de reinserción social por parte de elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE).

Un operativo realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) de Rosario permitió detener a un hombre que intentaba vender objetos robados por internet. El procedimiento se dio cuando la víctima de un robo ocurrido la semana pasada detectó uno de los relojes sustraídos de su vivienda.

El hombre fue atrapado en una estación de servicio de la zona sur de Rosario, luego de que concretaran una entrega controlada tras la denuncia del robo en barrio Ludueña Sur.

De acuerdo a lo informado por el portal Rosario3, la intervención policial se realizó en la intersección de Ayacucho y Arijón, donde los agentes de la Brigada Operativa de Respuesta Inmediata (Bori) se hicieron pasar por potenciales compradores del artículo robado. La operación contó con la autorización de la fiscal Marina Vigo.

El hecho que motivó el despliegue ocurrió el viernes 15 de este mes, cuando la víctima denunció que habían ingresado a su vivienda en Urquiza al 4000 bajo la modalidad escruche y sustrajeron varios relojes de distintas marcas. Días después, al navegar por una plataforma de compraventa, el damnificado detectó que uno de los objetos sustraídos era ofrecido públicamente, lo que facilitó la intervención policial.

Con la información aportada, las autoridades pautaron una entrega para recuperar los elementos robados y dar con el responsable. Al momento de la cita, el hombre identificado como M.E.G., de 45 años, llegó en una camioneta gris y presentó a los agentes, que simulaban ser compradores, un reloj Casio Edifice con un valor de 250 mil pesos.

Durante la inspección, los policías advirtieron que el sospechoso también llevaba puesto en la muñeca un reloj dorado, otro de los modelos denunciados como sustraídos. Ante la evidencia, se procedió a su inmediata aprehensión.

La intervención policial permitió el secuestro de ambos relojes, el vehículo en el que se trasladaba el detenido, un teléfono celular, dinero en efectivo y una caja de cartón correspondiente a la marca Casio Edifice. Todo fue incautado y puesto a disposición de la fiscalía interviniente para su evaluación y posterior restitución a la víctima.

Por disposición de la fiscal Vigo, el sospechoso fue trasladado a la sede de la PDI junto con los elementos secuestrados. Posteriormente, se ordenó un allanamiento en el domicilio, pero no encontraron elementos de interés para la causa, según se informó oficialmente.

Un caso similar en La Plata

Un empleado de Ringulet, en la ciudad de La Plata, que había sufrido un asalto a fines del año pasado, descubrió que sus pertenencias estaban publicadas en un sitio de venta en línea.

Tras pactar una entrega con la excusa de hacer la compra, avisó a la Policía Bonaerense y logró que detuvieran al sospechoso. Fuentes del caso dijeron que el detenido, de 38 años, quedó acusado del delito de encubrimiento en una causa en la que interviene la UFI N°17 de La Plata, a cargo de la fiscal Eugenia di Lorenzo.

Todo sucedió en jurisdicción de la Comisaría 11ª de Ringuelet, cuando los efectivos se encontraron con la víctima de 38 años y empleado, haciendo ademanes para llamar la atención de los oficiales en el cruce de calle 23 y 520.

El hombre les contó a los policías que le habían robado y que había hecho la denuncia. También les indicó que se había puesto en contacto con el supuesto vendedor para realizar la compra.

Ante esto, el hombre pactó una entrega controlada en esa esquina de calle 23 y 520. En ese momento, los policías arrestaron al sospechoso una vez que la víctima reconoció las luces como propias y que estaban en el interior del coche del acusado.

Ante esto, el presunto vendedor fue detenido e indagado por la fiscal de la UFI N°17.

Un violento robo a mano armada ocurrió en las primeras horas de la madrugada del domingo en la localidad chaqueña de Charata. Dos individuos ingresaron a un kiosco, amenazaron a la empleada con un arma y se llevaron el dinero recaudado.

Toda la secuencia, que duró apenas unos instantes, quedó registrada por las cámaras de seguridad del local y revela la rapidez con la que se consumó el delito.

Mientras que uno de los delincuentes apuntaba a la empleada el otro se encargaba de extraer el dinero de la caja. Sin mediar palabra, ambos huyeron corriendo del lugar, con $78 mil. La Policía de la provincia del Chaco fue alertada de inmediato y, tras la denuncia, comenzó las tareas investigativas para dar con los responsables.

A partir de las imágenes aportadas por el sistema de videovigilancia, los agentes de la Policía chaqueña lograron identificar características físicas y vestimenta de uno de los presuntos autores. Según se informó, el trabajo de análisis de cámaras y testimonios de vecinos permitió avanzar en la pesquisa en cuestión de horas.

El operativo indicó el portal del Diario Chaco, culminó con la detención de un joven de 24 años, quien fue localizado en las inmediaciones de su domicilio en Charata. El sospechoso quedó inmediatamente a disposición de la Justicia, mientras continúa la investigación para determinar el grado de participación en el hecho y si mantiene relación con otros delitos ocurridos en la zona.

Aún resta localizar el arma utilizada en el asalto y la totalidad del dinero sustraído, elementos considerados clave para el avance de la causa. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad mantienen activo el operativo de búsqueda del segundo implicado, quien logró escapar y permanece prófugo.

Fue detenido por robar una carnicería en Parque Avellaneda

Días atrás, un delincuente que había recuperado su libertad en enero pasado tras cumplir cuatro años de condena fue detenido nuevamente por la Policía de la Ciudad, acusado de robar una carnicería en el barrio de Parque Avellaneda junto a un cómplice. El reincidente, de 31 años, cuenta con antecedentes por robo agravado y encubrimiento en causas previas.

El hecho que motivó la investigación ocurrió el 27 de febrero pasado, cuando dos hombres ingresaron a una carnicería ubicada sobre la avenida Escalada al 1600, entre la avenida Gral. Eugenio Garzón y Pasaje León Pinelo.

Los asaltantes amenazaron al dueño del local con un arma de fuego y le sustrajeron una cadena y un anillo de oro, además de mercadería del comercio.

La pesquisa comenzó a partir de la intervención dispuesta por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1. Agentes de la División Investigaciones Comunales 9 iniciaron un relevamiento de cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, y así lograron establecer que los autores del robo se habían fugado en un Chevrolet Onix sin patente visible. El análisis de imágenes privadas, además, permitió reconstruir el trayecto del vehículo, que fue localizado en la vía pública.

Los investigadores lograron determinar que los asaltantes se habían fugado en un Chevrolet Onix que tenía pedido de secuestro activo.

Al verificar los grabados de los cristales del automóvil, los investigadores constataron que el Chevrolet Onix tenía pedido de secuestro vigente desde el 31 de octubre de 2025, solicitado por la Fiscalía Criminal y Correccional N° 30. La brigada comenzó tareas de vigilancia sobre el rodado y pudo identificar a uno de los sospechosos como ocupante frecuente del vehículo.

El 3 de marzo, tras informar los avances al magistrado interviniente, se ordenó un allanamiento en una vivienda de Miralla al 2200, Mataderos. Allí fue arrestado el primer acusado, de 31 años, y los agentes secuestraron una pistola Bersa calibre 22, municiones, un teléfono celular, el automóvil y prendas utilizadas durante el robo.

La investigación continuó para localizar al segundo involucrado. A través de análisis de redes sociales y vínculos familiares, se determinó que el otro sospechoso sería el hermanastro de la pareja del primer detenido. El 14 de abril, la policía realizó un nuevo allanamiento en La Rioja al 100, en El Jagüel, partido bonaerense de Esteban Echeverría, donde arrestó a un hombre de 26 años y secuestró una camiseta deportiva usada el día del hecho y un teléfono celular. El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1 dispuso la detención de ambos imputados y el secuestro de los elementos vinculados a la causa.

Durante un operativo en la calle Flor de Otoño al 300 de la Villa 31, personal de la División Unidad Táctica de Pacificación Barrio 31 detuvo a un ciudadano de Paraguay que tenía prohibido el ingreso al país.

Las autoridades lo atraparon en una situación sospechosa, rodeado de un grupo de personas con los que intercambiaba dinero en efectivo. Al detectar la presencia de los efectivos, el individuo quiso escapar a pie lo que desencadenó una persecución y un operativo que permitió incautar una considerable cantidad de pasta base y dinero. La rápida reacción del personal permitió interceptarlo y proceder a su detención.

Sobre el detenido pesaba, por un lado, una orden de captura emitida en julio de 2025 por la Unidad Funcional de Instrucción N° 9 de la Fiscalía General Departamental de Morón por una causa de drogas y por el otro, tenía una expulsión del país por 8 años dispuesto en 2017 por la Dirección Nacional de Migraciones.

La investigación en ese mismo lugar permitió a los agentes secuestrar 876 envoltorios de pasta base listos para su distribución, con un peso total de 555 gramos, junto a 139.500 pesos en efectivo, un teléfono celular y un chip telefónico.

Según lo informado por el portal La Buena Info, la Unidad de Flagrancia Este dispuso de inmediato la detención del imputado y el secuestro de la droga, el dinero y los dispositivos electrónicos. La causa fue calificada como infracción a la Ley 23.737.

El imputado permanecerá detenido mientras se sustancia la causa y se evalúa la posible elevación a juicio. Las autoridades indicaron que las pruebas recogidas en el lugar serán determinantes para avanzar en la investigación y esclarecer el alcance de la actividad ilícita.

Había sido expulsada de la fuerza federal y la detuvieron por venta de droga

Días atrás, una ex cabo de la Policía Federal Argentina fue detenida en la localidad de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires, luego de haber sido acusada de dedicarse a la venta de drogas al menudeo bajo la modalidad delivery. Según trascendió, la mujer había sido expulsada de la fuerza en 2023 por amenazar con su arma a un inquilino.

La detención se concretó el viernes pasado, cuando K. A. C., de 33 años, fue arrestada junto a su pareja, M. A. F., también de 33. Ambos estaban bajo investigación, lo que derivó en la realización de dos allanamientos y la incautación de cocaína fraccionada para su comercialización.

Todo comenzó con una denuncia radicada por los vecinos, quienes aseguraron haber notado movimientos sospechosos cerca de los domicilios de la ex policía y su novio. La investigación judicial determinó que la pareja combinaba la venta de estupefacientes desde el interior de la vivienda de Curima y el reparto mediante autos de aplicaciones. Así, el viernes a la madrugada, el personal de la DDI de Morón allanó dos viviendas ubicadas en Fernando Fader, entre El Tordo y Niceto Vega, y la otra sobre la misma arteria, entre Pinto y Villegas.

Durante las requisas, se secuestraron 43 envoltorios de nylon con cocaína, una balanza de precisión, tres teléfonos celulares y un handy con frecuencia policial. Estos elementos fueron considerados de interés para la causa que llevan adelante los fiscales Marisa Monti y Emiliano Rodríguez Reggiani, a cargo de la UFI N° 9 de Morón.

A raíz de esto, la pareja quedó a disposición de la justicia bajo cargos de tenencia ilegal de estupefacientes con fines de comercialización.

La mujer había sido exonerada de la Policía Federal Argentina en 2024 tras un incidente previo en el que fue señalada por amenazas a un inquilino para que abandonara una vivienda con contrato vencido.

El episodio había ocurrido en 2023, cuando un hombre utilizó el arma reglamentaria de la ex cabo policial para intimidar a la víctima. Poco después que esta última denunciara lo ocurrido ante la policía se concretó la captura del sospechoso. Fue así que se descubrió que portaba el arma que estaba registrada bajo el nombre de la ahora acusada por venta de drogas.

A raíz de esto, se ordenó la detención del sospechoso de haber amenazado al inquilino, como la de la dueña del arma.

La detención de Américo Paz, un hombre de 53 años acusado de abuso sexual agravado contra su sobrina nieta de apenas seis años, generó conmoción en el barrio Santos Vega, ubicado en Lomas del Mirador.

La denuncia, impulsada por la madre de la víctima, surgió tras notar profundos cambios de conducta en la menor, quien comenzó a mostrar alteraciones en su estado de ánimo, episodios de llanto nocturno y preguntas de índole sexual que no correspondían a su edad.

La preocupación de la madre la llevó a consultar a una psicóloga infantil, quien, tras escuchar el relato de la niña, le recomendó acudir de inmediato a la justicia.

Según se informó, la profesional le manifestó: “Usted tiene que recurrir a la justicia porque la nena fue abusada”. En el consultorio, la menor repitió lo que le había contado a su madre, y este testimonio quedó registrado en un audio, en el que la niña relató episodios de vejaciones sufridas cuando quedaba al cuidado de su tío abuelo.

Las primeras señales de alarma surgieron en el entorno familiar hace aproximadamente un mes, cuando la niña comenzó a presentar comportamientos que llamaron la atención de su madre. La mujer describió que la menor “experimentó cambios en el último mes, sobre todo alteraciones en su estado de ánimo, llantos durante las noches y preguntas de índole sexual no acordes a la edad”. Estas manifestaciones fueron interpretadas como indicios de que la niña estaba atravesando una situación anómala relacionada con su intimidad.

La confirmación del abuso por parte de la psicóloga fue determinante para que la madre formalizara la denuncia ante la justicia. En su presentación, la mujer también solicitó una restricción perimetral para proteger a su hija y evitar el acercamiento del acusado.

De acuerdo a lo informado por el portal Primer Plano On Line, el caso recayó en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 4 de La Matanza, a cargo del fiscal Gonzalo Tarrío, quien dispuso el análisis de las pruebas reunidas, incluyendo el audio grabado y los testimonios de los profesionales intervinientes.

El fiscal Tarrío instruyó al personal policial de la comisaría de Lomas del Mirador y a la Coordinación Zonal de Políticas de Género para que establecieran el domicilio del acusado dentro del barrio Santos Vega y recopilaran la mayor cantidad de evidencias posibles antes de solicitar la detención formal.

De acuerdo con las fuentes judiciales, el abuso se habría producido en una precaria vivienda de la Manzana 40, donde residía el imputado. El procedimiento de detención fue coordinado por la comisaria mayor Flavia Ozuna y el sargento Guillermo Contreras, quienes lideraron un equipo especial para garantizar la seguridad durante el operativo y evitar incidentes con los residentes.

La detención de Américo Paz se concretó sin resistencia por parte del acusado, quien fue notificado de los cargos en su contra y trasladado a una dependencia policial. El hombre quedó a disposición de la justicia bajo la acusación de abuso sexual agravado, un delito que prevé penas severas en el Código Penal argentino.

En el contexto de la causa, se dispusieron medidas de protección para la víctima y su familia, incluyendo la restricción perimetral solicitada por la madre. Además, se ordenaron pericias psicológicas y entrevistas especializadas para profundizar en el testimonio de la niña y resguardar su integridad durante el proceso judicial.

La investigación judicial continuará con la recolección de pruebas, testimonios y peritajes, mientras el acusado permanece privado de su libertad. Las autoridades remarcaron la importancia de la detección temprana de señales de abuso y la intervención de profesionales especializados para garantizar la protección de las víctimas y el avance de las investigaciones penales.

En la localidad correntina de Santa Lucía, un episodio de violencia alteró la rutina habitual durante la tarde-noche de ayer jueves.

Lucas Gastón Guzmán, un hombre de 39 años domiciliado en Yatay Ti Calle, fue asesinado de dos disparos frente al local comercial “La Granja”, sobre la avenida Héroes de Malvinas. El hecho ocurrió cerca de las 19:25 y generó conmoción entre los presentes, quienes observaron incrédulos el desarrollo de los acontecimientos.

El agresor, Geranio Elías Sánchez, de 30 años, descendió junto a otro hombre de una camioneta Ford Ranger roja. Sin mediar palabra, Sánchez habría efectuado dos disparos con un revólver calibre 32, que impactaron de lleno en Guzmán, provocándole heridas mortales. Tras la agresión, los atacantes abandonaron el lugar sin mostrar signos de apuro, mientras una mujer intentaba auxiliar a la víctima caída.

Las autoridades policiales informaron que el presunto homicida fue aprehendido poco después y quedó a disposición de la Justicia. La detención de Sánchez se realizó en el marco de las primeras actuaciones y testimonios recabados en la zona. El ataque, que se produjo en plena área urbana y en horario de alto movimiento, fue presenciado por varias personas, lo que facilitó la obtención de datos preliminares y la rápida intervención de la policía local.

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, el episodio tuvo lugar cerca del barrio 13 de Diciembre, un sector habitualmente tranquilo de Santa Lucía.

Según se informó, personal de la comisaría local acudió al lugar acompañado por el médico policial, quien constató el fallecimiento de Guzmán en el sitio del ataque. La investigación fue supervisada por el fiscal de turno, Dr. Caceré, y por peritos de la Unidad Regional II de Goya, quienes realizaron las primeras diligencias.

La Fiscalía tomó intervención inmediata en el caso y está abocada a determinar las circunstancias precisas que rodearon el crimen y según las primeras actuaciones policiales, aún no están completamente claros los motivos del ataque perpetrado por Sánchez ni la relación previa que podría haber existido entre la víctima y el agresor. El informe policial citado por Velásquez señala que los disparos fueron realizados a corta distancia, pero por el momento no se ha especificado en qué parte del cuerpo impactaron los proyectiles.

Los peritos trabajan en la reconstrucción de la secuencia de hechos para establecer si existió algún tipo de discusión previa o si el ataque fue premeditado y ejecutado de manera directa.

El arma utilizada, un revólver calibre 32, fue mencionada por fuentes policiales como la empleada en el ataque. La camioneta Ford Ranger roja en la que se desplazaba el presunto homicida y su acompañante también fue identificada rápidamente gracias a los datos aportados por testigos. Tras el crimen, el vehículo fue buscado en diversos operativos y su localización fue clave para la detención de Sánchez.

Tres detenidos por el asesinato de un joven de 23 años en La Matanza

Horas atrás, tres personas quedaron detenidas en el marco de una causa que busca esclarecer el crimen de un joven de 23 años ocurrido el lunes pasado en el partido bonaerense de La Matanza.

Los detenidos son K.V.R., de 46 años; D.A.R., de 19; y D.B.S., de 21, y están acusados de haber asesinado de un disparo en la nuca a un chico de 23 años. El arresto se concretó mediante un operativo encubierto en la intersección de Almafuerte y General Ocampo, en la localidad de San Justo, luego de que la Justicia emitiera las correspondientes órdenes de detención.

El hecho tuvo lugar el 18 de este mes. A raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría Centro arribó a la intersección de Pujol y Bermúdez, en el barrio Los Pinos, donde encontró a la víctima, identificada como F.N.C., de 23 años, con una herida de arma de fuego. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Paroissien donde ingresó sin vida. La autopsia determinó que el disparo impactó en la nuca.

Los investigadores obtuvieron los registros fílmicos del momento y la zona donde ocurrió el ataque, lo que les permitió reconstruir la secuencia del crimen. De acuerdo a la información, la víctima confrontó en la vía pública con tres masculinos, uno de los cuales extrajo un arma de fuego, efectuó el disparo y luego huyó junto a sus cómplices. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y orientaron la hipótesis hacia un posible ajuste de cuentas.

Según pudieron saber en el transcurso de la investigación, entre la víctima y los imputados existía un conflicto previo originado por la venta de un freezer a la madre de la víctima. Aparentemente, F.N.C. le habría dicho a la mujer que dejara de abonar la deuda, lo que desencadenó la discusión que terminó con el homicidio. Asimismo trascendió que el joven asesinado tenía antecedentes penales por robo automotor y robo agravado, ocurridos en 2024 y 2025.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín y de la UFI y J Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, quienes ordenaron las actuaciones que derivaron en las detenciones.

El empresario regiomontano José Lobatón fue arrestado por autoridades de Nuevo León luego de ser vinculado a proceso por un presunto esquema de fraude inmobiliario que habría generado afectaciones económicas superiores a los 560 millones de pesos.

Lobatón, identificado como propietario de la desarrolladora Proyectos 9, fue detenido la noche del miércoles en el interior del Swiss Hospital, ubicado en el sector Miravalle, después de no presentarse físicamente a una audiencia judicial celebrada en el Palacio de Justicia estatal.

La defensa del empresario argumentó que su cliente permanecía hospitalizado debido a presuntos problemas cardiacos; sin embargo, el juez encargado del caso consideró que debía comparecer personalmente ante la autoridad, por lo que ordenó su captura.

Ordenan prisión preventiva tras audiencia de 13 horas

Luego de una audiencia privada que se prolongó por cerca de 13 horas, el juez resolvió imponer prisión preventiva tanto a José Lobatón como a Manuel Enrique Cano, abogado señalado como representante legal de la empresa inmobiliaria.

Ambos enfrentarán el proceso penal desde el penal de Apodaca, donde fueron internados tras concluir la diligencia judicial.

Durante la audiencia, agentes de la Fiscalía de Nuevo León presentaron diversos elementos de prueba, entre ellos contratos de compraventa, comprobantes de depósitos bancarios, fotografías y documentación relacionada con distintos desarrollos inmobiliarios presuntamente comercializados sin haber sido concluidos.

Las investigaciones apuntan a que decenas de clientes realizaron pagos parciales e incluso liquidaciones completas por departamentos vendidos en preventa que nunca fueron entregados.

Proyectos inconclusos y cientos de denuncias

Entre los complejos señalados por las víctimas figuran los desarrollos Lalo, Lola, Sohl, Verde Moca, Azul Moca y Amarillo Moca, todos ubicados en Monterrey, además de Volga y Las Palmas, en el municipio de San Pedro Garza García.

Los denunciantes aseguran que las obras quedaron inconclusas o registraron severos retrasos, pese a que la empresa continuó comercializando las propiedades y recibiendo pagos de compradores.

De acuerdo con autoridades estatales, el caso relacionado con Proyectos 9 acumula hasta el momento 198 denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León.

Las querellas incluyen acusaciones por presunto fraude, incumplimiento de contratos y afectaciones patrimoniales millonarias para inversionistas y familias que buscaban adquirir vivienda.

Operativo en hospital privado

Desde horas antes de la resolución judicial, agentes ministeriales permanecieron desplegados en el hospital privado donde se encontraba José Lobatón para impedir una posible fuga.

Finalmente, alrededor de las 22:30 horas, el empresario salió del inmueble esposado y bajo custodia de elementos de investigación, quienes lo trasladaron primero a instalaciones de la Agencia Estatal de Investigaciones y posteriormente al penal de Apodaca.

Las imágenes del traslado comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios locales, debido a la relevancia del caso en el sector inmobiliario de Nuevo León.

En contraste, Manuel Enrique Cano no fue detenido en ese momento, ya que el juez le otorgó un plazo para presentarse voluntariamente ante las autoridades. En caso de incumplir la medida, la Fiscalía podría solicitar una orden de aprehensión en su contra.

Crece preocupación en sector inmobiliario

El caso ha generado preocupación entre compradores e inversionistas del sector inmobiliario en Monterrey y San Pedro Garza García, dos de las zonas con mayor crecimiento urbano y plusvalía en Nuevo León.

Fuentes policiales confirmaron que la denuncia fue presentada por una adolescente, acompañada por su madre. La joven relató que desde hacía aproximadamente una semana recibía mensajes de texto con contenido inapropiado desde un número telefónico identificado a nombre de Héctor Eduardo Machuca, pastor de la mencionada iglesia. La situación fue advertida también por la hermana de la víctima, quien asiste a la misma congregación.

A partir de la denuncia, personal especializado de la División Ciberdelitos contra la Niñez y Adolescencia inició tareas de inteligencia en el entorno digital, realizó seguimientos en campo y entrevistas reservadas con vecinos para precisar la ubicación del sospechoso. Tras reunir pruebas suficientes, la fiscalía solicitó y obtuvo una orden de allanamiento para el domicilio donde residía Machuca.

El procedimiento se realizó el lunes por la mañana, bajo la supervisión del Juzgado de Garantías N° 4. Durante el allanamiento, los efectivos identificaron al pastor de 67 años y procedieron a la inspección integral de la vivienda. En el lugar, secuestraron un teléfono celular Samsung A16, dos notebooks (una Noblex y otra Samsung), y tres pendrives; elementos que serán analizados por peritos en búsqueda de evidencia digital relevante para la causa.

Una vez finalizada el procedimiento, Machuca fue aprehendido y notificado de su situación legal. Posteriormente, fue trasladado al Departamento de Antecedentes Personales para su identificación y examinado por el médico policial en la División Medicina Legal. Finalmente, quedó alojado en la Comisaría Segunda de Barranqueras, a disposición de la Justicia.

El caso se encuentra caratulado como “grooming”, conforme el artículo 131 del Código Penal, que sanciona el acoso y contacto con menores de edad a través de medios digitales con fines de abuso o explotación sexual. A cargo de la causa, quedó como responsable el fiscal Víctor Recio.

El caso de grooming en Chaco se conoce en un contexto de creciente preocupación por los delitos de acoso digital contra menores. En los últimos días, el Club Atlético Independiente denunció que tres futbolistas juveniles de sus divisiones inferiores fueron víctimas de grooming, luego de detectar que adultos se contactaron con ellos a través de redes sociales con intenciones delictivas.

La situación salió a la luz cuando el padre de uno de los jugadores advirtió mensajes sospechosos en el teléfono de su hijo y alertó al entrenador. Inmediatamente, el club activó su protocolo interno de protección, brindó asistencia psicológica y social a la familia afectada y notificó a las áreas responsables. El equipo interdisciplinario de Casa CAI, que trabaja en la contención de los juveniles, detectó otros dos casos con características similares y dio aviso a las autoridades del club.

A raíz de estos episodios, Independiente formalizó la denuncia ante la Fiscalía N° 2 de Avellaneda y puso a disposición de la Justicia todo el material recabado. Además, se convocó a la organización Grooming Argentina para coordinar charlas informativas y preventivas en el predio de Villa Domínico, con el objetivo de reforzar la capacitación de jugadores, familias y trabajadores del club sobre los riesgos y señales del grooming.

El club difundió un comunicado oficial reafirmando su compromiso absoluto con la protección de niños, niñas y adolescentes, y su decisión de seguir trabajando junto a profesionales y organismos especializados para prevenir y combatir toda forma de violencia digital y acoso en el ámbito deportivo.

Autoridades federales y estatales detuvieron en un operativo en la ciudad de Tijuana, Baja California a José Paulino “N”, quien contaba con una orden de aprehensión por homicidio calificado durante un operativo de seguridad en la colonia Chihuahua, en Tijuana.

La acción estuvo encabezada por elementos de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Guardia Nacional (GN), así como policías estatales y municipales.

Datos obtenidos por Infobae México refieren que José Paulino “N”, de 29 años de edad, es identificado por las autoridades como el presunto líder del brazo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), denominado Fuerzas Especiales del Kateo (FEK).

Al momento de su aprehensión, portaba cuatro armas largas, un arma corta, cargadores, cartuchos, dosis de droga y una insignia apócrifa de una institución de seguridad.

Así fue su captura

Los agentes realizaban recorridos de vigilancia cuando detectaron a José Paulino “N”, vinculado a un grupo delictivo y armado. Tras darle alcance y efectuar una revisión, aseguraron las armas, la droga y la insignia falsa. El detenido fue informado de sus derechos y puesto a disposición del agente del Ministerio Público para definir su situación jurídica.

Según el cruce de información entre dependencias federales y estatales, se confirmó que el sujeto contaba con una orden de aprehensión vigente por el delito de homicidio calificado.

Durante el operativo, se incautaron cinco armas de fuego, así como cargadores, cartuchos y sustancias presuntamente ilícitas. Además, se localizó una insignia falsa de una institución de seguridad entre las pertenencias del detenido.

La detención se enmarca en la estrategia conjunta del Gabinete de Seguridad para frenar a generadores de violencia y salvaguardar el Estado de Derecho en la región.

Las instituciones involucradas reiteraron su compromiso de mantener la coordinación para enfrentar a integrantes de grupos delictivos y fortalecer la seguridad en Baja California.

Detienen a “El Checo”, presunto jefe regional del CJNG en Baja California

Otra reciente detención relacionada con el CJNG se registró el pasado 13 de mayo, cuando las autoridades informaron la captura de Sergio “N”, alias “El Checo”, identificado como generador de violencia y presunto jefe criminal.

Tras identificar el Jeep Rubicon modelo 2020 con reporte de robo en Estados Unidos, agentes estatales ubicaron a “El Checo” en un camino de terracería rumbo a Rancho Viejo, en la carretera Tecate-Ensenada.

Según la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana, el hombre aceleró al notar la presencia policiaca, por lo que le dieron seguimiento.

Durante más de 30 kilómetros de persecución, presuntamente disparó contra los agentes y lanzó ponchallantas para evitar su detención. El operativo finalizó cuando el vehículo chocó contra un árbol y permitió su arresto.

Generador de violencia y operador criminal en Baja California

“El Checo”, de 51 años y originario de Acapulco, Guerrero, estaba armado con dos pistolas, dos fusiles de asalto, seis cargadores para arma larga, tres chalecos tácticos, 210 cartuchos útiles y 30 envoltorios de metanfetamina, indicaron las autoridades. En el vehículo asegurado se encontraron además objetos relacionados con actividades delictivas fuera del país.

La Fiscalía de Baja California identifica a "El Checo" como jefe criminal con presencia en las zonas de Cerro Azul y Nueva Colonia Hindú, corredores estratégicos para el trasiego de droga. Además, es señalado como generador de violencia relacionado con la disputa territorial entre células rivales.

Los reportes de inteligencia lo vinculan con el grupo denominado "Los Volteados", una facción que, tras romper vínculos con el Cártel de Sinaloa, habría decidido colaborar con el CJNG en la entidad.

Además, los informes estatales y federales mencionan que “El Checo” habría sobrevivido recientemente a ataques de rivales que intentaban recuperar el control de zonas específicas en Tecate. En lugares como Nueva Colonia Hindú se tienen registrados enfrentamientos armados entre células delictivas durante este año.

Tras su captura, El Checo fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR) para que continúen las investigaciones y se determine su situación jurídica.

Wendy Fabiola “N”, alias “La Tía”, fue detenida por su presunta implicación en el asesinato del exalcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez.

Carlos Torres Piña, fiscal general del estado, informó que la mujer es considerada una de las principales operadoras de Gerardo “N”, alias “El Congo”, identificado como presunto líder regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y quien también está detenido.

Las investigaciones y los datos de prueba recabados por las autoridades permitieron identificar que “La Tía” probablemente se encargaba de filtrar información de los operativos estatales y federales a “El Congo”, lo que le permitía coordinarse con miembros del CJNG para realizar sus actividades delictivas.

La mujer, de 35 años de edad, fue detenida en el municipio de Uruapan en días pasados, en una acción en la que le fueron asegurados un teléfono celular, así como diversas dosis de marihuana y metanfetamina.

Tras su detención, “La Tía” fue vinculada a proceso el pasado 16 de mayo por delitos contra la salud y posesión de cartuchos. El juez determinó un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Van 22 detenidos por el asesinato del exalcalde: aún están pendientes otros arrestos

Durante conferencia de prensa realizada este martes, el fiscal también actualizó la cifra de personas detenidas por el asesinato de Carlos Manzo, la cual ya suma 22.

Al respecto, detalló que la red que era liderada por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, ha comenzado a ser desarticulada con la identificación y posterior arresto de personas implicadas en la misma, ya sea en actividades de narcomenudeo o en la planeación del homicidio del exalcalde de Uruapan.

“Son las detenciones de la estructura que hasta el momento tenemos, los que de manera directa (actuaron) en la planeación y los que de manera indirecta participaron, aparte de los escoltas que por omisión y el homicidio extrajudicial, pues también están vinculados a proceso”, explicó.

Torres Piña también destacó que aún faltan ordenes de aprehensión por cumplimentar, como lo es la del coronel José Manuel Jiménez que permanece prófugo.

Red vinculada al asesinato contempla a 25 personas, entre ellas tres menores de edad que fallecieron

El 1 de noviembre de 2025, durante los festejos del Día de Muertos en la plaza principal de Uruapan, Manzo fue atacado a tiros. Sus escoltas respondieron al fuego y abatieron en el sitio a Víctor Manuel “N”, de 17 años. Los primeros indicios llevaron a las autoridades a rastrear los movimientos previos de este menor de edad.

Días después, el 10 de noviembre, aparecieron los cuerpos de Fernando Josué “N” y Ramiro “N” en la carretera Uruapan-Paracho. Las pesquisas sostienen que ambos asistieron, junto con un tercer hombre identificado como Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, el día del homicidio.

La primera captura relevante correspondió a “El Licenciado”, señalado como presunto operador del CJNG y autor intelectual del asesinato. Posteriormente las autoridades detuvieron a Jaciel Antonio “N”, alias “El Pelón”, acusado de reclutar a los menores Víctor Manuel y Fernando para la logística del crimen.

Más tarde, también fueron aprehendidos Alejandro Baruc “N”, alias “Kaoz”, subordinado a “El Licenciado”, así como Gerardo “N” y Flor “N”. Además, fueron arrestados siete policías municipales de Uruapan encargados de la custodia del exalcalde y acusados de omisión.

Los operativos posteriores culminaron con la detención de Samuel “N”, exdirector de Relaciones Públicas del municipio, y Josué “N”, alias “Viejito”, quien habría persuadido a Samuel “N” para que filtrara información sobre los movimientos de Manzo, de acuerdo con la FGE.

En febrero pasado, tres personas vinculadas a “El Kaoz” fueron arrestadas y vinculadas a proceso por su presunta participación en el homicidio.

Durante la madrugada de ayer domingo, en la ciudad de Mendoza, un hombre de 36 años fue detenido tras conducir una camioneta Volkswagen Amarok con un nivel de alcohol en sangre que quintuplicaba el máximo permitido por ley.

El operativo comenzó cerca de las 2:30, cuando el sistema de emergencias 911 recibió una serie de llamados de vecinos que alertaban sobre la presencia de una camioneta que realizaba maniobras erráticas y peligrosas sobre el Acceso Sur, a la altura de Luján de Cuyo. Las denuncias indicaron que el conductor circulaba en zigzag.

Según informó el portal El Sol, la situación motivó la intervención del Centro Estratégico de Operaciones (CEO), que, mediante el monitoreo de las cámaras de seguridad, logró ubicar el vehículo y alertar a las patrullas disponibles. Personal de la Comisaría 4° siguió la trayectoria del rodado hasta que finalmente, en la esquina de Videla Correa y 9 de Julio, en pleno centro, logró interceptarlo y constatar la gravedad del caso.

Al detener al conductor, los agentes advirtieron signos evidentes de intoxicación alcohólica. Se le practicó el test correspondiente, que arrojó un resultado de 2,49 gramos de alcohol por litro de sangre. Este valor, según las autoridades, representa casi cinco veces el límite legal de 0,5 g/l establecido para conductores particulares en la provincia de Mendoza.

El hombre fue arrestado en el lugar y puesto a disposición del Juzgado de jurisdicción, mientras su vehículo quedó secuestrado preventivamente. La cifra registrada en el test excedía ampliamente el umbral de 1 gramo de alcohol en sangre, lo que agravó automáticamente la situación del automovilista y derivó el caso al fuero contravencional.

De acuerdo con la normativa vigente en Mendoza, los conductores que superan el límite de 1 g/l enfrentan consecuencias mucho más severas que quienes arrojan un dosaje menor. Las sanciones incluyen multas económicas que, en el caso de infracciones leves, pueden llegar hasta los $3.000.000, con la Unidad Fiscal fijada en $500. Sin embargo, para quienes alcanzan niveles como el detectado en este episodio, las penalizaciones pueden implicar inhabilitación para conducir y penas de arresto, además del secuestro del vehículo.

Detuvieron a un conductor alcoholizado en una ruta de Neuquén

A principios de este mes, un hombre de 47 años fue demorado por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) durante un operativo de control en la Ruta Provincial 7 de Neuquén al ser detectado con 1,76 gramos por litro de alcohol en sangre, una cifra muy superior al límite permitido.

Como resultado del procedimiento, la licencia de conducir del conductor fue retenida y el vehículo quedó secuestrado. “Se me terminó el aire”, comentó el conductor en un estado particular, luego de realizar el test de alcoholemia. “Me equivoqué, no debí hacer estas cosas”, reconoció al ser detenido y previo a que la prueba arrojara el resultado final de 1,76. Y sostuvo: “Estoy consciente, tengo mis cinco sentidos y estoy bien”.

Desde 2023 es que rige la ley de Alcohol Cero en Neuquén, a través de la Ley N° 3.384, con la que adhiere a la Ley nacional 24.449 de tránsito. En su Artículo N°10 se especifica: "Queda prohibido conducir con impedimentos físicos o psíquicos, sin la licencia especial correspondiente o habiendo consumido estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para hacerlo. Asimismo, queda prohibido conducir cualquier tipo de vehículos con una alcoholemia superior a cero (0) miligramos por litro de sangre".

Las sanciones incluyen la retención inmediata de la licencia de conducir, la inhabilitación para manejar y multas económicas de gran cuantía. Este marco legal busca reducir los siniestros viales provocados por conductores bajo los efectos del alcohol, una problemática que se repite en la región a pesar de los controles frecuentes y las sanciones estrictas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) obtuvo la vinculación a proceso de Mauro “N” por el delito de desaparición cometida por particulares agravada. El hecho tuvo como víctima a un hombre con el que el imputado mantenía una relación de amistad.

De acuerdo con las investigaciones, ambos asistieron a una reunión el 1 de octubre de 2022 en la colonia Lomas de Padierna, en la alcaldía Tlalpan. Horas después, Mauro “N” informó a la esposa de su amigo que había solicitado un vehículo por aplicación para que su esposo regresara a casa, ya que no podía conducir su motocicleta.

A pesar de la notificación, la víctima no regresó a su domicilio, lo que motivó el inicio de la investigación. El agente del Ministerio Público reunió dictámenes periciales, imágenes de videovigilancia y testimonios para esclarecer los hechos.

Con esa información, la Fiscalía solicitó y obtuvo una orden de aprehensión contra Mauro “N”. Las autoridades localizaron al imputado en Tijuana, Baja California, el 12 de mayo de 2026.

La aprehensión fue posible gracias a la coordinación entre la Policía de Investigación y la Fiscalía General del Estado de Baja California. El detenido fue trasladado a la Ciudad de México y quedó a disposición de la autoridad judicial correspondiente.

La Fiscalía identificó que Mauro “N” sería deportado por autoridades de Estados Unidos por el cruce fronterizo entre San Diego y Tijuana, lo cual resultó clave para su captura.

Durante la audiencia celebrada el 13 de mayo, el Ministerio Público presentó pruebas que permitieron la vinculación a proceso y la imposición de la prisión preventiva. La autoridad judicial fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Asimismo, la Fiscalía capitalina aseguró que continuará con la búsqueda de la víctima y las diligencias necesarias para esclarecer el caso. El objetivo de la institución es garantizar el acceso a la justicia tanto para la víctima directa como para sus familiares.

“El imputado será considerado inocente y tratado conforme al principio de presunción de inocencia. Solo una sentencia de la autoridad judicial competente podría determinar su responsabilidad”, se lee en un comunicado.

El caso refleja la cooperación entre distintas fiscalías y autoridades para investigar delitos de desaparición. La información obtenida mediante el intercambio interinstitucional fue determinante para la detención.

Con ello, la Fiscalía subrayó la importancia de agotar todas las líneas de investigación en delitos de desaparición, por lo que reiteró su compromiso de brindar justicia y protección a las víctimas y sus familias.