Una mujer de 27 años resultó herida tras un ataque con arma blanca, ocurrido durante la tarde del domingo, en Paso de la Patria, Corrientes. La Policía detuvo a un hombre mayor de edad, señalado como presunto autor de la agresión, y secuestró un cuchillo que habría sido utilizado en el episodio.

El hecho tuvo lugar en las cercanías del barrio Chacra 41, donde se produjo una pelea cuyas circunstancias todavía son investigadas. La mujer recibió atención médica en el hospital local por lesiones consideradas de importancia, según la información oficial disponible.

De acuerdo con lo informado por el portal El Litoral, efectivos de la Comisaría Distrito Primera de Paso de la Patria realizaban tareas preventivas cuando recibieron la notificación sobre un altercado que había dejado personas lesionadas. El aviso ubicaba el incidente en las inmediaciones del barrio Chacra 41, uno de los sectores de la localidad turística correntina.

Tras conocer la situación, los uniformados se dirigieron inicialmente al hospital local para verificar si se habían registrado ingresos vinculados con el episodio. Allí, confirmaron que una mujer de 27 años estaba bajo atención médica debido a las heridas que sufrió durante el enfrentamiento.

La información aportada no precisó el diagnóstico ni la evolución clínica de la víctima. Sin embargo, indicó que las lesiones fueron de consideración, por lo que la investigación busca establecer cómo se produjo la agresión y qué intervención tuvo cada una de las personas involucradas.

En el mismo centro de salud, los efectivos constataron la presencia de un hombre mayor de edad que presentaba golpes en distintas partes del cuerpo. De acuerdo con lo consignado en las actuaciones iniciales, se encontraba en aparente estado de ebriedad.

Al arribar al sitio donde se había desarrollado la pelea, las patrullas encontraron que habitantes de la zona habían intervenido para contener al supuesto agresor. El hombre permanecía reducido por los vecinos, una situación que permitió a los policías concretar el procedimiento sin que se informaran nuevos incidentes en el lugar.

Según las primeras averiguaciones, la disputa entre la mujer herida y el detenido se originó por motivos que aún no fueron esclarecidos.

Durante el arresto, los policías incautaron de manera preventiva un cuchillo que estaba en poder del hombre reducido. El elemento fue trasladado junto con el sospechoso a la dependencia policial para quedar a disposición de la investigación.

El arma blanca será uno de los principales objetos de análisis para los investigadores. Ahora, las pericias deberán determinar si se trata del instrumento utilizado durante la agresión denunciada.

El hombre quedó alojado en la comisaría correspondiente mientras avanzan las actuaciones. Su situación procesal dependerá de las pruebas que se incorporen al expediente y de las decisiones que adopte la autoridad judicial a partir de los elementos reunidos.

La causa permanece en etapa inicial y la información disponible se limita a los datos relevados durante el procedimiento policial. Las autoridades no comunicaron, hasta el momento, una calificación legal específica para el hecho ni eventuales nuevas detenciones.

La Procuraduría General de la Nación logró que un tribunal confirmara la detención provisional para tres personas señaladas de disparar contra dos menores de edad en el corregimiento de Tocumen, un ataque que estuvo a punto de costarles la vida a las víctimas.

El hecho ocurrió el 21 de octubre en el sector de Las Palmitas, cuando el agresor, de forma premeditada, realizó varias detonaciones con arma de fuego contra los dos niños.

Las heridas, repartidas en distintas partes del cuerpo, obligaron a una atención médica de urgencia que les permitió sobrevivir.

La Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana de la Procuraduría legalizó la aprehensión de un hombre y una mujer vinculados a ese ataque. A ambos se les imputaron los delitos de homicidio doloso agravado en grado de tentativa y asociación ilícita.

Con esas dos legalizaciones, la cifra de imputados bajo detención provisional por el caso llegó a tres. El tribunal competente admitió los cargos y ordenó que los señalados permanecieran detenidos durante la fase de investigación.

La misma Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana legalizó además la aprehensión de otro hombre, también vinculado al ataque. En este caso, la imputación se limitó al delito de homicidio doloso agravado en grado de tentativa.

La Fiscalía sustentó ante el tribunal el riesgo de pérdida de evidencias y la posibilidad de que el imputado afectara a familiares de las víctimas. También invocó la naturaleza del delito y el peligro que representaba para la comunidad.

Con esos argumentos acreditados, se ordenó la detención provisional del hombre por el término que dure la investigación del caso.

En un expediente distinto, la Fiscalía Primera Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita obtuvo la confirmación de la detención provisional para 10 personas aprehendidas durante la operación Élite.

El Tribunal Superior de Apelaciones también revocó el depósito domiciliario de otra persona y ordenó su detención.

Los señalados están presuntamente vinculados al delito de pandillerismo. La operación se desarrolló en el Sector 5 del corregimiento de 24 de Diciembre, con el objetivo de desarticular una estructura criminal ligada a drogas, homicidios y posesión ilícita de armas.

Las investigaciones habían comenzado en 2025 y apuntaban a una zona conocida como “La Favela” o “La Invasión”, identificada como el área de operación del grupo. Según la Procuraduría, allí se concentraba buena parte de la actividad ilícita que se buscaba desarticular.

Durante la audiencia de apelación, el tribunal validó los riesgos procesales invocados por la Fiscalía: peligro para testigos, posible destrucción de pruebas y riesgo para la comunidad. Con esos elementos, concluyó que la detención provisional era la medida más proporcional y necesaria mientras avanza la investigación.

En la provincia de Chiriquí, la Fiscalía Regional consiguió que un hombre quedara con detención provisional tras ser imputado por violencia de género en perjuicio de su expareja sentimental. La medida se dictó por el término que dure la investigación.

La Fiscalía presentó elementos de convicción que sustentaron tanto la conducta penal atribuida como la vinculación del imputado con la víctima. Con esa base pidió la legalización de la aprehensión, la imputación del cargo y la detención provisional por el riesgo existente para la mujer, solicitud que el tribunal admitió en su totalidad.

Los hechos se remontan a junio de 2026, cuando el hoy imputado presuntamente intimidó y amenazó en reiteradas ocasiones a su expareja para que volviera con él.

Según el relato de la Fiscalía, utilizó para ello armas punzocortantes (cuchillo, machete y tijeras) y objetos contundentes, entre ellos un martillo.

Los expedientes muestran a la Procuraduría General de la Nación en distintos frentes: estructuras de pandillerismo, un ataque armado contra menores y un caso de violencia de género.

En los tres, los tribunales respaldaron el pedido fiscal de mantener a los señalados bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.

Tres hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) fueron detenidos en Puebla durante un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Secretaría de Marina (Marina) y la Fiscalía General del Estado (FGE). La intervención se realizó en la colonia Unidad Antorchista.

Las autoridades identificaron a los detenidos como Carlos N., de 30 años; Iván N., alias “El Tartas”, de 28 años, y Francisco N., de 27 años. Según se informó, los tres habrían cumplido funciones operativas dentro de una célula vinculada a esa organización delictiva.

Cómo operaban los detenidos según la investigación

De acuerdo con las pesquisas, los tres hombres se encargaban de coordinar la logística para la distribución de sustancias ilícitas dentro de la estructura criminal. También tenían la tarea de localizar inmuebles que pudieran funcionar como puntos de encuentro para otros integrantes del grupo.

Además de estas funciones logísticas, las autoridades señalaron que los detenidos participaban en actos de violencia vinculados a las actividades de la célula. Esta combinación de tareas (distribución, logística de inmuebles y violencia) definió el perfil operativo que las instituciones atribuyeron al grupo detenido.

Dos de los tres detenidos cuentan con antecedentes penales previos. Según se informó, estos registros corresponden a delitos contra la salud, portación de arma de fuego y delitos patrimoniales.

Qué aseguraron las autoridades durante la intervención

Como resultado del operativo, las fuerzas de seguridad decomisaron más de 280 envoltorios con sustancias de características similares a la metanfetamina, cocaína, heroína y marihuana.

El material asegurado incluyó también armamento. Las autoridades reportaron el hallazgo de un arma de fuego, dos cargadores y 39 cartuchos útiles en el lugar de la intervención.

A esto se sumó el aseguramiento de un vehículo con placas de circulación del estado de Guerrero, cuya presencia en Puebla forma parte de los elementos recabados durante la diligencia.

El conjunto de bienes asegurados quedó a disposición de las autoridades correspondientes como parte de las investigaciones abiertas contra los tres detenidos.

El contexto de coordinación interinstitucional

Las autoridades estatales enmarcaron esta detención dentro de un esquema de coordinación entre instituciones federales y estatales. La participación conjunta de la SSP, la Marina y la FGE fue presentada como parte de las acciones de combate a la delincuencia organizada en la entidad.

Según se informó, esta intervención busca debilitar las estructuras operativas de los grupos delictivos que operan en Puebla. El trabajo de inteligencia y el despliegue estratégico de fuerzas de seguridad fueron mencionados como ejes centrales de esta estrategia.

El Gobierno del Estado señaló que continuará con este tipo de acciones coordinadas. La SSP indicó que, en conjunto con autoridades federales y municipales, mantendrá operativos firmes contra las células delictivas que operan en la entidad poblana, con el objetivo de preservar la tranquilidad de las familias poblanas.

Presencia del CJNG en Puebla

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) figura entre las organizaciones delictivas con actividad registrada en territorio poblano desde al menos enero de 2025. El secretario de Seguridad Pública estatal, Francisco Sánchez González, reconoció ese mes la presencia de esa organización, junto con el Cártel de Sinaloa y La Familia Michoacana, además de grupos locales dedicados a actividades ilícitas.

Previo a la detención del 2 de noviembre, la SSP ya había reportado capturas vinculadas al CJNG en la entidad. El 31 de agosto de 2026, la dependencia informó sobre la detención de tres hombres identificados como presuntos integrantes del cártel, relacionados con delitos de alto impacto en la zona metropolitana.

La organización también mantiene presencia a través de operadores con influencia en varios estados. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó el 13 de octubre de 2026 sobre la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, en Zapopan, Jalisco, a quien identificó como operador regional del CJNG con influencia delictiva en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Jalisco y Puebla.

La detención o captura de líderes de estas estructuras no implica necesariamente el fin de la organización, debido a la posible sustitución de mandos y fragmentación de células que continúan operando bajo el mismo nombre.

Sergio Arévalo, el estilista guatemalteco de 48 años que ha maquillado a Thalía, María José y Emma Coronel, fue detenido en Texas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos.

La noticia se difundió el sábado 31 de octubre de 2026, cuando sus familiares lanzaron una campaña en GoFundMe para cubrir su defensa legal, y generó una ola de apoyo entre las celebridades con las que ha trabajado.

El último registro público de Arévalo antes de su arresto es una publicación en su cuenta de Instagram —donde acumula 49.6 mil seguidores— del 26 de octubre, en la que aparece trabajando en el tour de la cantante mexicana María José en Texas.

Según la periodista de espectáculos Nelssie Carrillo, quien dio a conocer el caso, la detención ocurrió poco después de ese show.

La campaña de recaudación organizada por su familia en GoFundMe precisa que Arévalo contaba con un permiso de trabajo vigente al momento de ser arrestado: “Estamos recaudando fondos para ayudar a cubrir sus gastos legales de inmigración y apoyar los esfuerzos para lograr su liberación”.

María José fue la primera en pronunciarse públicamente

La cantante María José reaccionó al caso desde su cuenta oficial de Instagram, donde dejó un mensaje en una publicación del estilista: “¡TE AMO CON TODO MI SER! Todo estará bien, con el favor de Dios”.

Otras celebridades con las que Arévalo ha colaborado han sido Paulina Rubio, Maribel Guardia, Ana Bárbara y Alicia Villarreal.

Hasta ahora ninguna otra artista se ha manifestado a su favor.

De repartir volantes al Fashion Week de Milán

Sergio Fernando Arévalo nació y creció en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala, en la colonia Kennedy, y en el municipio de Villa Nueva. Fue el menor de una familia de 13 hermanos y de niño soñaba con ser abogado. Las condiciones económicas lo llevaron a trabajar desde pequeño: su primer empleo fue repartir volantes para una barbería, donde aprendió a cortar cabello.

A los 15 años se graduó como estilista y consiguió trabajo en un spa. Poco después emigró a Estados Unidos en busca de mejores oportunidades y para ayudar a su madre. Se estableció en Los Ángeles, California, donde a los 20 años tuvo su primera oportunidad en la industria gracias a un productor de renombre, cuyo nombre no ha trascendido.

Con alrededor de dos décadas de carrera, Arévalo participó detrás de cámaras en los Latin Grammy, los Premios Billboard de la Música Latina, Premio Lo Nuestro y estuvo en seis ediciones del New York Fashion Week, donde trabajó para marcas internacionales.

Maquilló a Emma Coronel —esposa del narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán— para el Fashion Week de Milán.

Su amistad con Emma Coronel

El vínculo entre Arévalo y Coronel comenzó a finales de 2023, cuando la exreina de belleza le solicitó sus servicios a través de Instagram, según relató el propio estilista a Telemundo. El contacto lo hizo Mariel Colón, abogada de Coronel y de “El Chapo”, tras una presentación musical en Los Ángeles.

Arévalo le realizó a Coronel un cambio de look con la técnica ombré —coloración con degradado de oscuro a claro desde las raíces hasta las puntas— que se volvió viral en redes sociales.

En una entrevista con Telemundo, el estilista describió así a su clienta: “Emma Coronel es una mujer con mucha tranquilidad. Yo no podía creer que la tenía en la silla. Platicamos, conversamos de muchos temas, de salud, de ejercicio, zapatos, ropa, nada del otro mundo, y se podía ver a una Emma tranquila y en paz”.

En esa misma conversación, Arévalo reveló que Coronel le mencionó a su esposo durante la sesión, aunque sin nombrarlo, y que él le sugirió escribir un libro sobre su experiencia. “Sí mencionó a su esposo, no se mencionó el nombre. Me comentó algo... creo que un día va a hablar y va a comentar todo”, dijo al mismo medio.

Tras ese trabajo, Coronel lo incorporó como su estilista de cabecera y promovió en sus redes los cepillos que Arévalo vende para financiar una fundación de ayuda a niños en Guatemala.

Por ahora, la familia del estilista aguarda novedades sobre su situación legal y no se ha informado si enfrentará un proceso de deportación.

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Arrestan a dos hombres por defraudar a un vecino en la construcción de un jardín en San Luis Potosí

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí (FGESLP) capturó a dos hombres señalados de defraudar a un vecino de la capital potosina mediante la construcción deficiente de un jardín. Las detenciones se concretaron en distintos puntos de la ciudad tras el cumplimiento de sendas órdenes de aprehensión por el delito de fraude específico.

El caso se remonta a hechos ocurridos en 2021, cuando la víctima contrató a los ahora detenidos para realizar una obra en su domicilio y, según las investigaciones, terminó con un patrimonio afectado por trabajos mal ejecutados.

Como resultado de las labores de investigación, agentes de la PDI establecieron posibles ubicaciones de los señalados y desplegaron acciones operativas para su localización. Roberto “N” fue detenido en la colonia 6 de Junio, mientras que Aarón “N” fue asegurado en la colonia Centro, ambos puntos en la capital potosina.

Los hechos que motivaron la investigación ocurrieron en 2021, cuando la parte afectada contrató a los ahora detenidos para realizar la construcción de un jardín en la azotea de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Villa Magna, en San Luis Potosí.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima realizó diversos depósitos como pago por los trabajos. Sin embargo, al revisar los avances de la obra, detectó presuntas deficiencias en la construcción, así como el uso de materiales de mala calidad, situación que habría ocasionado una afectación a su patrimonio.

Roberto “N” y Aarón “N” quedaron a disposición de la autoridad judicial que los requiere, a fin de que se determine su situación jurídica conforme a derecho.

Arrestan a hombre por feminicidio tras cateo por narcomenudeo en Oaxaca

Un cateo ejecutado por presunto narcomenudeo en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca, terminó con la detención de un hombre que tenía pendiente una orden de aprehensión por feminicidio agravado. La diligencia, realizada en la región de la Mixteca, derivó también en la aprehensión de una segunda persona vinculada a la misma investigación.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el operativo se originó por indagatorias sobre delitos contra la salud y permitió, de manera simultánea, dar cumplimiento a una orden judicial relacionada con un crimen ocurrido meses atrás contra una mujer.

La diligencia fue ejecutada por la Vicefiscalía Regional de la Mixteca en un domicilio ubicado en el Barrio de la Asunción, en Putla Villa de Guerrero. La orden de cateo respondía a investigaciones por delitos contra la salud en la modalidad de narcomenudeo, bajo la hipótesis de comercio o suministro, incluso gratuito.

Durante la intervención, los agentes localizaron y detuvieron a E.C.C., identificado con los alias de “El Negro” o “Moreno”. Al verificar sus antecedentes, el personal ministerial confirmó que el hombre contaba con una orden de aprehensión vigente por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio agravado.

En el mismo operativo fue detenida una mujer identificada como M.G.H.R., quien, junto con E.C.C., quedó a disposición de la autoridad ministerial para determinar su situación jurídica conforme a derecho.

Qué pasó con el feminicidio de Putla Villa de Guerrero

El feminicidio por el que se buscaba a E.C.C. ocurrió el 8 de junio de 2026 en Putla Villa de Guerrero. De acuerdo con las investigaciones ministeriales, la víctima, una mujer que trabajaba en un establecimiento comercial de la colonia Centro, fue agredida por dos personas que irrumpieron en el inmueble y recorrieron distintas habitaciones de la vivienda. Los agresores la golpearon y le colocaron cinta adhesiva, lo que le impidió respirar y provocó su muerte por sofocación.

Las pesquisas sobre este crimen se mantuvieron activas durante meses hasta que las acciones de investigación permitieron ubicar el paradero del probable responsable, aprehendido finalmente en el curso de un operativo distinto, originado por una causa penal relacionada con narcomenudeo.

E.C.C. y M.G.H.R. permanecen a disposición de la autoridad ministerial, que definirá su situación jurídica conforme a derecho en los próximos días.

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Un ciudadano de El Salvador, identificado con el apellido Ventura, fue detenido este viernes 30 de octubre de 2026 en Los Chiles, frontera norte de Costa Rica, después de que las autoridades confirmaran que era requerido por la justicia salvadoreña mediante una orden de captura emitida en 2014, relacionada con un presunto delito de abuso contra una persona menor de edad.

La aprehensión fue realizada por oficiales de la Policía de Fronteras, en coordinación con la Policía Profesional de Migración, quienes localizaron al extranjero mientras transitaba por una vía pública en la comunidad de Hernández Pista, perteneciente al cantón de Los Chiles, provincia de Alajuela.

Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, el hombre se encontraba en condición migratoria irregular en Costa Rica y mantenía un requerimiento judicial vigente en su país de origen desde hacía aproximadamente 12 años.

La verificación de sus antecedentes permitió confirmar que las autoridades salvadoreñas lo buscaban por una causa relacionada con el presunto abuso de una persona menor de edad.

También registra antecedentes judiciales relacionados con drogas

Además del requerimiento por el presunto delito contra una persona menor de edad, el ciudadano salvadoreño registra otras causas judiciales en El Salvador.

Según el Ministerio de Seguridad Pública, estas investigaciones están relacionadas con la presunta posesión de estupefacientes y conducción de vehículos bajo los efectos de esas sustancias.

Por esa razón, las autoridades deberán verificar su situación jurídica y determinar cuáles requerimientos permanecen vigentes ante la justicia salvadoreña.

Captura se realizó en una comunidad de la frontera norte

La ubicación de Ventura ocurrió en Hernández Pista, Los Chiles, una comunidad situada en la zona fronteriza con Nicaragua.

Los oficiales de la Policía de Fronteras y Migración lograron identificar al extranjero y verificar su condición migratoria, así como la existencia de la orden de captura emitida por El Salvador.

Posteriormente, procedieron con su aprehensión y lo pusieron a disposición de las autoridades competentes.

La participación de ambos cuerpos policiales permitió atender tanto el requerimiento judicial extranjero como la situación migratoria irregular del detenido.

El Ministerio de Seguridad Pública no informó si durante el procedimiento se decomisaron objetos o documentos vinculados con las investigaciones que enfrenta el sospechoso.

Detenido quedó a disposición de Migración y el OIJ

Tras su aprehensión, el ciudadano salvadoreño quedó bajo responsabilidad de la Policía Profesional de Migración, que continuará con las diligencias correspondientes y coordinará las actuaciones necesarias con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Entre los aspectos pendientes se encuentra determinar el procedimiento que corresponde aplicar ante el requerimiento judicial emitido por las autoridades salvadoreñas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre una solicitud formal de extradición ni sobre una fecha para su eventual traslado a El Salvador.

Cualquier medida relacionada con su entrega a las autoridades extranjeras deberá ajustarse a los procedimientos legales correspondientes.

La captura de Ventura se suma a las intervenciones de los cuerpos policiales costarricenses para localizar a personas requeridas por autoridades judiciales extranjeras que se encuentran en territorio nacional.

Por ahora, el sospechoso permanece sujeto a las diligencias de las instituciones competentes, mientras se determina su situación jurídica.

Inés Gómez Mont fue detenida en Miami, Florida, después de permanecer fuera de México desde 2021. En ese tiempo, las autoridades mexicanas la buscaron por distintas investigaciones relacionadas con presuntos delitos financieros. Este viernes, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que su localización fue posible mediante un intercambio de información con el Gobierno de Estados Unidos.

La conductora cuenta con una orden de aprehensión vigente en México por su probable participación en el delito de defraudación fiscal equiparada, precisó la Fiscalía. Sin embargo, el comunicado no detalló qué autoridad estadounidense realizó el aseguramiento ni si Gómez Mont enfrenta cargos penales en ese país. Tampoco informó si existe una fecha para su traslado a territorio mexicano o si comenzó un procedimiento de extradición.

Su detención ocurre después de que Interpol cancelara las fichas rojas que mantenía contra ella y su esposo, el empresario Víctor Manuel Álvarez Puga. La decisión retiró el mecanismo de búsqueda internacional, pero no anuló las órdenes de aprehensión emitidas en México ni extinguió las investigaciones en su contra.

La investigación que llevó a Gómez Mont a salir de México

La salida de Gómez Mont del país ocurrió en 2021, cuando se hizo pública la investigación federal que la relacionaba con una presunta estructura de empresas utilizada para simular operaciones y ocultar el origen de recursos públicos. La FGR había iniciado la carpeta en noviembre de 2019, a través de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

En un comunicado publicado el 20 de enero de 2022, la dependencia detalló que la indagatoria estaba dirigida contra Víctor Manuel Álvarez Puga, Inés Gómez Mont, otras seis personas y siete empresas, por su posible participación en delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La Fiscalía describió una estructura integrada por tres grupos que, según sus investigaciones, operaban de manera coordinada. El primero habría estado encabezado por Álvarez Puga y Gómez Mont, quienes presuntamente trabajaban con representantes de distintas personas morales. Un segundo grupo realizaba operaciones bancarias a nombre de esas empresas, mientras que el tercero estaba integrado por servidores públicos que habrían facilitado recursos del erario federal mediante contratos presuntamente ilegales.

El mecanismo investigado consistía en celebrar contratos con el Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, dependiente de la Secretaría de Gobernación, y utilizar comprobantes fiscales digitales para aparentar operaciones comerciales y servicios que, de acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, no se realizaban.

La FGR sostuvo que las operaciones habrían permitido reducir cargas tributarias, ocultar movimientos financieros y dar apariencia de legalidad a recursos de procedencia ilícita. En su comunicado identificó a Héctor “Z”, Armando “R”, José “O”, Ricardo “C” y Yareli “C” como integrantes del grupo encargado de realizar operaciones bancarias a nombre de personas morales.

En la célula de servidores públicos mencionó a Eduardo “G”, Paulo “U”, Emanuel “C”, Jesús “P” y Jorge “N”, a quienes señaló por presuntamente facilitar recursos federales mediante la celebración de contratos. La dependencia afirmó que los tres grupos se integraban entre sí para realizar las conductas investigadas.

Uno de los datos centrales del expediente fueron dos contratos relacionados con los Centros Federales de Readaptación Social, cuyo monto conjunto ascendía a 2 mil 950 millones de pesos. La Fiscalía también señaló que una de las empresas investigadas, representada por Héctor “Z”, habría recibido más de 2 mil 500 millones de pesos.

La dependencia aclaró en ese mismo comunicado que Gabriel “M”, quien había figurado como accionista de una de las compañías, vendió sus acciones antes del inicio de las operaciones que la Fiscalía consideró delictivas. Por ello, señaló que su caso continuaría bajo investigación.

La FGR informó entonces que había obtenido órdenes de aprehensión contra los principales señalados y que tres personas ya se encontraban recluidas en centros federales de justicia penal. Respecto de quienes habían salido del país, indicó que había solicitado fichas rojas para localizarlos mediante la cooperación internacional.

Las órdenes de aprehensión y la búsqueda internacional

El 29 de septiembre de 2021, un juez federal libró órdenes de aprehensión contra Gómez Mont, Álvarez Puga y otras personas relacionadas con el expediente. Los mandamientos judiciales estaban vinculados con la investigación por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; en el proceso también se señaló el delito de peculado.

Después de que se conociera la orden de captura, la pareja permaneció fuera de México. La FGR solicitó la intervención de Interpol para localizarlos en otros países y, durante cinco años, ambos estuvieron sujetos a una búsqueda internacional.

En diciembre de 2021, Gómez Mont y Álvarez Puga solicitaron a la Fiscalía un criterio de oportunidad para colaborar con las investigaciones. La petición fue rechazada en enero de 2022. Para entonces, la dependencia ya había informado que tres personas relacionadas con el caso se encontraban detenidas.

El antecedente fiscal de la conductora también forma parte de la trayectoria de sus problemas con las autoridades mexicanas. En 2018 llegó a un acuerdo con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para cubrir un adeudo de 10.9 millones de pesos por impuestos omitidos. Este asunto debe distinguirse de la carpeta por delincuencia organizada y lavado de dinero iniciada en 2019, así como de la orden por defraudación fiscal equiparada que la FGR relacionó con su aseguramiento en Florida.

Por qué Interpol canceló la ficha roja: los cuatro argumentos

La cancelación de las fichas rojas contra Gómez Mont y su esposo surtió efecto el 25 de septiembre de 2026. La decisión se produjo después de que sus abogados presentaran una solicitud ante la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol para cuestionar que ambos continuaran en los mecanismos internacionales de búsqueda.

Los cuatro argumentos conocidos corresponden a los planteamientos de la defensa y no a una explicación oficial completa de Interpol sobre su resolución. El primero sostuvo que el proceso judicial mexicano tendría una motivación política, lo que, según los abogados, contravendría el artículo 3 de la Constitución de la organización, que le prohíbe intervenir en asuntos de esa naturaleza.

El segundo argumento señaló que la pareja enfrentaría un riesgo de detención arbitraria si era entregada a México, debido a la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. La defensa invocó los cuestionamientos internacionales a esa medida y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre su utilización.

El tercer planteamiento se refirió a la exposición pública del caso desde 2021. Los abogados sostuvieron que la difusión de las acusaciones había afectado la presunción de inocencia y el derecho a un juicio justo de sus representados.

El cuarto argumento apuntó a la falta de un recurso judicial efectivo. La defensa señaló que el amparo promovido en noviembre de 2021 contra la orden de aprehensión no había obtenido una resolución de fondo, pese al tiempo transcurrido y a los cambios de juzgado derivados de un conflicto de competencia.

La cancelación de las fichas de búsqueda no significó que Interpol declarara inocentes a Gómez Mont y Álvarez Puga ni que un tribunal mexicano hubiera anulado las órdenes de captura. Se trató de una decisión sobre los mecanismos de búsqueda de la organización internacional, mientras los mandamientos judiciales nacionales continuaron vigentes.

México pediría explicaciones al gobierno Estadounidense

Sobre la cancelación de las fichas rojas, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que el Gobierno de México solicitaría explicaciones, además de insistir en la extradición de la pareja. El aseguramiento de Gómez Mont en Miami ocurrió después de esas gestiones y, según la FGR, fue resultado del intercambio de información con el Gobierno estadounidense.

La orden fiscal que motivó su aseguramiento en Florida

La razón de la detención es una orden de aprehensión vigente en México por probable defraudación fiscal equiparada. Hasta el cierre de esta nota informativa, la FGR no explicó qué hechos específicos sustentan esa imputación, cuál es el monto presuntamente defraudado ni cómo se relaciona con las otras investigaciones abiertas contra la conductora.

El Código Fiscal de la Federación establece que la defraudación fiscal equiparada recibe las mismas sanciones que la defraudación fiscal. El artículo 108 contempla penas que dependen del monto de las contribuciones presuntamente omitidas: de tres meses a dos años de prisión para el supuesto de menor cuantía; de dos a cinco años para el siguiente rango, y de tres a nueve años cuando el monto supera el límite legal más alto. Si no es posible determinar la cuantía, la pena prevista es de tres meses a seis años.

Esta imputación debe separarse de los delitos relacionados con la investigación de los contratos penitenciarios. En esa causa, Gómez Mont y su esposo fueron señalados por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y peculado. Las penas previstas para esos delitos son distintas y dependen de la conducta que se logre acreditar y de las circunstancias de cada caso.

En octubre de 2025, Infobae México informó que Gómez Mont podría enfrentar hasta 40 años de prisión si era detenida y hallada culpable por los delitos que se le atribuían en México. Esa estimación corresponde al conjunto de acusaciones de la investigación penal, no exclusivamente a la defraudación fiscal equiparada que la FGR mencionó al confirmar su aseguramiento en Florida. La eventual sanción deberá determinarse en un proceso judicial y no implica que las penas se sumen automáticamente.

Por ahora, la Fiscalía mexicana confirmó que Gómez Mont fue aprehendida en Miami por una orden nacional y que el operativo derivó del intercambio de información con Estados Unidos. No ha precisado qué autoridad estadounidense intervino, si existe una acusación penal en ese país ni cuáles serán los pasos para que la conductora comparezca ante la justicia mexicana.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, dijo este viernes, durante la conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional, que lo ocurrido el pasado jueves en Matamoros, Tamaulipas, donde se registraron narcobloqueos y hechos de violencia por la detención de un criminal, no pasaba constantemente, pues a diario se detenía a presuntos delincuentes, y no ocurrían cosas así.

“No es la constante, porque todos los días se detienen presuntos delincuentes y no ocurre, en particular, en este caso ocurrió, y hay un plan de acción de la Secretaría de la Defensa y la Guardia Nacional en caso de que se cierren carreteras, tienen grúas, tienen un operativo especial en caso de que esto ocurra”, dijo la mandataria nacional.

Además, confirmó que estos hechos ocurrieron por la detención de un generador de violencia y el Gabinete de Seguridad sacaría un boletín para dar a conocer más detalles de lo ocurrido.

Detienen a El Titán en Matamoros

El pasado jueves se registraron una serie de hechos violentos en Matamoros, Tamaulipas, que incluyeron narcobloqueos en diversas partes de la ciudad y el fallecimiento de una menor de edad que, luego se supo, era ciudadana estadouinidense.

Esto, tras la detención de Axel Alfredo Cárdenas Rodríguez, alias El Titán, quien fue interceptado por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional sobre la avenida Pedro Cárdenas a la altura de la Cruz Verde, cuando conducía una camioneta Lamborghini Urus de color azul.

Tras los hechos violentos que comenzaron luego de la detención de Cártenas Rodriguez, la Vocería de Seguridad de Tamaulipas dijo que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) desplegó 450 elementos, así como dos helicópteros Black Hawk en Matamoros y la región. Esto, como parte del reforzamiento de la seguridad y las acciones de vigilancia.

Se informó que el despliegue fortalecería la presencia operativa y la coordinación intesinstitucional para preservar la tranquilidad y seguridad de las familias tamaulipecas.

El Titán ya había sido detenido hace tres años, y hace dos un juez federal lo dejó en libertad, a pesar de que se le vinculaba con homicidios, secuestros y tráfico de fentanilo. Se encontraba recluido en el Altiplano.

Omar García Harfuch, secretario se Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó la operación a través de sus redes sociales, donde señaló que la acción fue resultado de trabajos de inteligencia militar de la Defensa. En el operativo se detuvo a una segunda persona de la que no se revelaron datos. También se aseguraron armas, cargadores, cartuchos, droga y el vehículo.

Los dos detenidos fueron trasladados por la Fuerza Aérea Mexicana a la Ciudad de México y puestos a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

“El Titán” es hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, identificado como sobrino de Osiel Cárdenas Guillén y líder de Los Ciclones y Los Escorpiones, facciones que emergieron tras la fragmentación del Cártel del Golfo.

Perfiles elaborados por el portal especializado Borderland Beat consignan que Axel Alfredo también operó bajo los alias “Titán 7” y “El Hijo Mayor”, y que encabezó el llamado “Grupo Titanes” tras la detención de su padre en febrero de 2022.

García Harfuch lo señaló como segundo al mando de Los Ciclones y lo vinculó con homicidios, secuestros, extorsiones, tráfico de drogas y personas hacia Estados Unidos, contrabando de armas desde ese país hacia México y robo de hidrocarburos, según consignó la Sedena en su comunicado.

También lo responsabilizó directamente de la agresión del 17 de mayo de 2026 contra elementos de la SSPC en el bulevar Manuel Cavazos Lerma, en la colonia La Encantada de Matamoros, en la que murió el agente del Servicio de Protección Federal, Marcelo Vázquez Vázquez, y resultaron heridos otros dos elementos. “No permitiremos que esta agresión quede impune”, escribió el funcionario tras confirmar la detención.

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Grecia Quiroz acusa a la Fiscalía de Michoacán de intentar desarticular su gobierno tras detención de secretaria de Bienestar

Grecia Quiroz acusó a la Fiscalía de Michoacán de buscar desarticular su gobierno y al Movimiento Independiente del Sombrero mediante la investigación por el asesinato de Carlos Manzo. Tras la detención de Rosa Alejandra Vargas Rauda, secretaria de Bienestar del Ayuntamiento de Uruapan, la presidenta municipal pidió esclarecer los motivos del arresto y advirtió que presuntamente se pretende bloquear carreteras e infiltrar personas para desacreditar la marcha por la justicia y la paz del próximo domingo.

Información ampliada:

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Cae en Mexicali El Bocho, presunto operador del Cártel de Sinaloa, con fentanilo y una pistola de uso exclusivo

Juan Antonio “N”, alias “El Bocho”, de 29 años, fue detenido este jueves en la colonia Valle Nuevo, en Mexicali, con 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40, considerada de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. La Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana lo señala como presunto distribuidor de narcóticos en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora. Reportes de seguridad también lo relacionan con personas cercanas a Gerardo Julio Rueda Torres, “El Tochín”, identificado como operador de Los Rusos, facción del Cártel de Sinaloa. El detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la República.

Información ampliada:

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Detienen a funcionaria de Uruapan por presunto encubrimiento en el asesinato de Carlos Manzo

Rosa Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, Michoacán, fue detenida por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento, dentro de las investigaciones por el asesinato del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

La Fiscalía estatal informó que la funcionaria tenía vínculos familiares con tres hombres detenidos por el caso: es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, quien fue escolta de confianza del exedil, y tía de Christian “N”, “El Vikingo”, y Alexis “N”, “El Brilloso”, señalados por presuntamente planear el ataque en coordinación con integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Antes de su captura, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, señaló que Vargas había recibido tres citatorios para comparecer ante la Fiscalía, pero no había atendido ninguno, por lo que también se le impuso una multa.

Información ampliada:

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La DEA usó a El Vicentillo para intentar doblegar a El Mayo Zambada, revela docuserie de Netflix

La Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA) facilitó dos llamadas telefónicas entre Vicente Zambada Niebla, “El Vicentillo”, y su padre, Ismael “El Mayo” Zambada, para intentar convencer al líder del Cártel de Sinaloa de entregarse voluntariamente, revela La caída de El Mayo, docuserie estrenada este 29 de octubre de 2026 en Netflix.

La producción relata cómo las autoridades recurrieron al vínculo entre ambos después de que una fiscal estadounidense identificara a Vicente como el punto débil del capo y ordenara mantenerlo en aislamiento para presionarlo a cooperar. Durante la segunda llamada, El Mayo respondió que lo pensaría, pero nunca se entregó por voluntad propia: su captura ocurrió el 25 de julio de 2024, cuando llegó a Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Información ampliada:

/mexico/2026/10/29/dea-uso-a-el-vicentillo-para-negociar-entrega-de-el-mayo-zambada-antes-de-2024-revela-docuserie-de-netflix/

La Vocería de Seguridad de Tamaulipas detalló que el operativo se realizó por elementos de las Fuerzas Federales, quienes extrajeron de la zona al detenido para trasladarlo y ponerlo a disposición de las autoridades correspondientes.

Derivado de la captura del presunto criminal, del que aún se desconoce su identidad, se han registrado diversos bloqueos tanto en Matamoros como en Río Bravo, por lo que solicitaron a la población a evitar las zonas afectadas y usar vías alternas.

Reportes extraoficiales refieren que el detenido sería Axel Alfredo “N”, identificado como hijo de José Alfredo Cárdenas Martínez, alias “El Contador”, quien es señalado como presunto líder de la facción de Los Ciclones del Cártel del Golfo.

Sin embargo, las autoridades federales aún no han confirmado la identidad del objetivo prioritario detenido durante el operativo en Tamaulipas.

Los sitios donde se registran los bloqueos en Matamoros son los siguientes:

1. Manuel Cavazos Lerma con Calixto Ayala, colonia Obrera.
2. Sendero Nacional con Emilio Portes Gil, colonia Los Arados.
3. Pedro Cárdenas con Agapito González, colonia Infonavit Buenavista.
4. Emilio Portes Gil con Pedro Cárdenas, colonia La India.
5. Avenida 12 de Marzo con Constituyentes, colonia Puerto Rico.
6. Avenida Pedro Cárdenas con Brecha 18, ejido La Luz.
7. Calle Chapultepec con Primero de Mayo, colonia Esteros San Pablo.
8. Laura Villar con calle Primera, colonia Modelo.

Como medida preventiva, autoridades de seguridad fueron desplegados en distintos sectores para vigilar y dar seguimiento a la situación.

EEUU emite alerta de seguridad por bloqueos en Tamaulipas: suspenden clases como medida preventiva

José Alberto Granados Fávila, alcalde de Matamoros, solicitó a los habitantes a tomar precauciones ante los bloqueos que se registran en la ciudad.

El edil hizo especial énfasis en la calle Sexta y Periférico debido a una posible situación de riesgo, así como en otros puntos de la ciudad.

“Les pido también mantenerse informados a través de las páginas oficiales y a evitar traslados innecesarios. Seguimos al pendiente”, escribió en sus redes sociales.

Ante los hechos, la Secretaría de Educación de Tamaulipas canceló las actividades educativas en el turno vespertino de todos los niveles escolares para este jueves 29 de octubre como medida preventiva.

Esta medida aplicará tanto para instituciones educativas públicas como particulares. La Secretaría también exhortó a la comunidad a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender recomendaciones por las autoridades.

La Embajada de Estados Unidos en México emitió una alerta de seguridad para Matamoros debido a los narcobloqueos que afectan varias de las vialidades de la ciudad, por lo que ordenó a sus empleados a permanecer en sus residencias.

Además, instó a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse, mantenerse un perfil bajo y avisar a familiares sobre su seguridad.

Río Bravo también registra bloqueos

La Vocería de Seguridad Tamaulipas informó que los bloqueos con transportes de carga también se extendieron a la ciudad de Río Bravo, por lo que solicitó precaución y utilizar vías alternas.

Las vialidades afectadas son:

1. Calle Francisco I. Madero con calle Constitución en la colonia Zona Industrial.
2. Calle Palo Blanco en la autopista a la altura del caracol.
3. Calle Francisco I. Madero a la altura del Conalep.
4. Caseta de Nuevo Progreso.

En redes sociales se reportó la presencia de unidades de transporte de carga colocadas en la vialidades para obstruir la circulación, así como la presencia de vehículos incendiados y ponchallantas.

Las autoridades también informaron que otro bloqueo se mantiene activo en la carretera Victoria-Matamoros kilómetro 45, a la altura del puente en Padilla.

Juan Antonio “N”, alias “El Bocho”, de 29 años, fue detenido en Mexicali, Baja California, señalado por las autoridades como presunto operador de la distribución de drogas en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado, Sonora.

Durante el operativo, agentes estatales aseguraron 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40, de acuerdo con la información oficial.

La captura ocurrió este jueves sobre la calle Novena, en la colonia Valle Nuevo, durante un despliegue de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) dirigido a localizar a presuntos integrantes de un grupo criminal vinculado con una facción del Cártel de Sinaloa.

De acuerdo con información difundida por las autoridades, “El Bocho” presuntamente estaba encargado de coordinar la logística para la venta y distribución de narcóticos en distintos puntos de la región. Las autoridades también indagan sus posibles vínculos con otros presuntos operadores relacionados con esa estructura criminal.

Tras su detención, Juan Antonio “N” fue puesto a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá investigar los hechos y determinar su situación jurídica. Hasta el cierre de esta nota, la información no precisa si el aseguramiento derivó de una investigación previa específica ni si hay otras personas relacionadas con el caso.

Los posibles vínculos con “El Tochín” y “El Misil”

“El Bocho” se ha relacionado con un hombre apodado “El Misil” y con personas cercanas a Gerardo Julio Rueda Torres, conocido como “El Tochín”.

Rueda Torres fue identificado como uno de los líderes de Los Rusos, una facción del Cártel de Sinaloa que opera en la región. De acuerdo con medios locales, en septiembre de 2026 se declaró culpable ante una corte federal de Estados Unidos por delitos relacionados con el tráfico de cocaína y el lavado de dinero.

“El Tochín” fue detenido por autoridades de Baja California en diciembre de 2024 y posteriormente entregado a Estados Unidos, donde enfrentaba cargos federales. Según los reportes periodísticos sobre su caso, durante años habría supervisado el traslado de cocaína desde México hacia territorio estadounidense mediante una red de colaboradores en ambos lados de la frontera.

Sin embargo, las autoridades no han detallado públicamente la naturaleza de la relación entre “El Bocho” y Rueda Torres, ni han precisado qué elementos sustentan el posible vínculo con “El Misil”.

La distribución de drogas entre Baja California y Sonora

La función que las autoridades atribuyen a “El Bocho” abarca dos puntos de la zona fronteriza: el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. La FESC señaló que el detenido presuntamente participaba en la logística de venta y distribución de drogas en ambos territorios.

La ubicación de San Luis Río Colorado, en el límite entre Sonora y Baja California, convierte a la conexión entre ambos municipios en un elemento relevante para comprender el alcance regional de las actividades que se investigan.

Sin embargo, la información oficial difundida sobre la captura no especifica las rutas utilizadas, los destinatarios de los narcóticos ni el volumen de droga que presuntamente habría distribuido el detenido.

Durante el operativo, los agentes aseguraron una bolsa con 162 gramos de fentanilo y una pistola calibre .40, de uso exclusivo del Ejército y las Fuerzas Armadas. La autoridad no informó si el arma estaba relacionada con algún otro hecho delictivo ni si se realizaron peritajes para establecer su procedencia.

La FGR quedó a cargo de las investigaciones por los posibles delitos relacionados con la posesión de droga y la portación del arma de fuego. La detención y los señalamientos de inteligencia no constituyen por sí mismos una sentencia, por lo que la responsabilidad de Juan Antonio “N” deberá determinarse conforme avance el procedimiento judicial.

Otro presunto operador de Los Rusos fue detenido días antes en Mexicali

La captura de “El Bocho” ocurrió tres días después de que fuerzas federales y estatales detuvieran en Mexicali a Israel Leonel Trigueros Muñoz, alias “El Isra”, identificado por las autoridades como operador regional de Los Rusos, grupo vinculado con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa. Su arresto se realizó la noche del 25 de octubre y fue anunciado el lunes 26, luego de labores de inteligencia coordinadas entre corporaciones federales y estatales.

“El Isra” era buscado por una investigación por privación ilegal de la libertad en Sonora y las autoridades también lo relacionan con actividades de narcotráfico en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado. El Gabinete de Seguridad informó que su detención representaba un avance contra una estructura criminal considerada generadora de violencia en la región fronteriza.

Ambas capturas tienen como punto en común el corredor entre Mexicali y San Luis Río Colorado, donde las autoridades ubican operaciones de distribución de drogas y presencia de grupos vinculados con el Cártel de Sinaloa. Sin embargo, la información pública disponible no establece una relación directa entre “El Bocho” y “El Isra”.

Rosa Alejandra Vargas, secretaria del Bienestar de Uruapan, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán como parte de las investigaciones por el homicidio del exalcalde Carlos Manzo Rodríguez, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

Su arresto fue ejecutado por elementos ministeriales, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), como parte del cumplimento de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de encubrimiento por favorecimiento.

Horas antes de la captura, el vicefiscal de Inteligencia e Investigación Criminal, Israel Vega Rodríguez, informó que se habían realizado tres citatorios a la funcionara para que acudiera a las instalaciones de la Fiscalía del Estado para declarar por el caso de Carlos Manzo, pero no había respondido a ninguno, hecho que también le provocó una multa.

Y es que Vargas era requerida por las autoridades debido a que mantiene vínculos familiares con tres hombres detenidos por el homicidio del exedil, y a quienes también se les relaciona con una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Cabe señalar que la funcionaria ha formado parte del círculo cercano tanto de Carlos Manzo como de la actual edil y su viuda, Grecia Quiroz, quien asumió el cargo luego del asesinato de su esposo, crimen que ocurrió en la plaza pública del municipio durante el Festival de las Velas.

Tía de “El Brilloso” y “El Vikingo”, los hermanos que habrían planeado el ataque contra Manzo

Vega Rodríguez detalló que Rosa Alejandra Vargas es madre de Alejandro “N”, alias “El Macas”, uno de los escoltas de confianza de Carlos Manzo, así como tía de Christian “N”, alias “El Vikingo”, y de Alexis “N”, alias “El Brilloso”; ambos señalados por presuntamente planear el ataque contra el exedil con miembros del CJNG.

El vicefiscal aseguró este miércoles que, pese a no haber cumplido los requerimientos, la funcionaria era localizable y no existía riesgo de fuga, como en el caso del coronel José Manuel Jiménez Miranda, exjefe de escoltas de Manzo.

“Es algo de los actos de investigación que estamos garantizando para que no haya ninguna situación con eso”, explicó. Tan solo horas después, la funcionaria fue detenida por elementos de la Fiscalía del Estado.

Acusados de extorsión y de presuntamente planear el ataque: quiénes son los sobrinos de la secretaria del Bienestar

De acuerdo con los datos, Christian “N” se desempeñó como boxeador profesional durante varios años, logrando un récord de ocho victorias, tres derrotas y un empate, además de que entrenó en el entorno del Canelo Álvarez.

Su hermano Alexis “N”, según las autoridades estatales, se convirtió en operador regional del CJNG en Uruapan luego de la detención en noviembre de 2025 de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, presunto líder de la célula que ejecutó el ataque contra el exedil.

“El Brilloso” también es señalado por haber participado en el grupo de mensajería donde se planeó y coordinó el ataque contra Carlos Manzo, el cual era comandado por Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, que emitía las ordenes para vigilarlo.

Respecto a su hermano, “El Vikingo”, el secretario de Seguridad Pública de Michoacán, José Antonio Cruz Medina, detalló a principios de agosto que Christian “N” estaría involucrado en la extorsión de aguacateros como parte de las redes del CJNG.

“Principalmente es el que generaba las extorsiones. Citaba a los aguacateros, a los comerciantes de bares y a los comerciantes directamente de los cobros. En la entrevista que se le realiza, él mismo menciona que trabaja para este grupo delictivo y directamente hacia el ‘R2′“, explicó.

Luego de su arresto, Grecia Quiroz confirmó que “El Brilloso” formaba parte del círculo cercano del exedil, a quien dijo lo apoyó para que evitara caer en la delincuencia. Asimismo, explicó que el sujeto incluso convivió con sus hijos debido a la relación que mantenía con Manzo, ya que era su ahijado.

Detrás de esta célula del CJNG se encontraría el grupo de “Los R’s”, liderada por Ramón Ángel Álvarez Ayala, alias “El R1″, que fue detenido el pasado mes de julio en Atotonilco el Alto, Jalisco, al ser señalado como presunto autor intelectual del asesinato de Manzo.

Según las autoridades, “El Vikingo” habría confesado que operaba bajo las órdenes de Rafael Álvarez Ayala, alias “El R2″, hermano de Ramón Ángel, quien asumió el liderazgo del grupo criminal tras su captura.

Con un avance del 90% en las investigaciones del caso de Carlos Manzo, la Fiscalía de Michoacán reportó que hasta el momento van 34 personas detenidas, entre los que se encuentra el principal autor intelectual del asesinato.

Una mujer de 46 años está acusada de exigirle dinero durante más de dos años a un hombre de 66, bajo amenazas contra su familia. Según la denuncia, la víctima habría entregado cerca de $10 millones desde febrero de 2024. La investigación derivó en un operativo en Mar del Plata, donde la sospechosa fue detenida durante una nueva entrega de dinero.

La acusada quedó alojada en la Unidad Penal N°50 de Batán, a disposición de la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°12, a cargo del fiscal Luis Ferreyra, mientras continúa la investigación.

El vínculo entre la acusada y la víctima antecedía al conflicto: el hombre es padrino de la hija de la mujer. Ese dato forma parte del relato que el hombre llevó a la Justicia para explicar el origen de una secuencia de pagos que, según su declaración, se sostuvo durante aproximadamente dos años.

De acuerdo con su testimonio, la acusada lo habría involucrado en una situación relacionada con un presunto episodio de violencia. A partir de ese momento, según la denuncia, comenzó a exigirle dinero y le advirtió que sus familiares sufrirían consecuencias si él dejaba de cumplir con esos pagos. La investigación deberá establecer las circunstancias de ese episodio, el contenido de las comunicaciones entre ambos y el alcance de las intimidaciones denunciadas.

El hombre aseguró que efectuó transferencias por un monto cercano a $10 millones. Los comprobantes de esas operaciones fueron incorporados a la denuncia y forman parte de los elementos reunidos en el expediente judicial.

La detuvieron durante una entrega controlada

A partir de la denuncia del hombre y de los comprobantes de las transferencias que presentó ante la Justicia, la Fiscalía de Instrucción y Juicio N°12 dispuso medidas para avanzar con la investigación. Bajo las directivas del fiscal, personal de la comisaría segunda organizó una entrega controlada para concretar un nuevo encuentro entre la víctima y la sospechosa.

El punto acordado fue una estación de servicio ubicada en la intersección de Colón y Champagnat. La mujer acudió al lugar para recibir dinero y los efectivos permanecieron en las inmediaciones a la espera de que se concretara la operación.

Según la información oficial, la intervención policial se produjo inmediatamente después de que la acusada recibiera $200.000 en efectivo. Entonces fue aprehendida y trasladada para quedar a disposición de la fiscalía.

Durante el procedimiento, los agentes secuestraron un teléfono celular que será sometido a peritajes. El dispositivo podría aportar información de interés para la causa, en particular sobre las comunicaciones entre la mujer y el denunciante.

Luego de la detención de la mujer, la fiscalía dispuso que fuera notificada sobre la formación de una causa por extorsión y ordenó su alojamiento en la Unidad Penal N°50 de Batán. La investigación continúa para esclarecer las circunstancias del hecho y analizar los elementos secuestrados durante el procedimiento.

Otra denuncia por extorsión derivó en una investigación

Un caso distinto de extorsión fue denunciado semanas atrás en Berisso, donde un joven de 28 años aseguró que fue amenazado después de intentar comprar imágenes íntimas a través de un sitio web. Según su presentación, realizó tres transferencias por $35.000, $20.000 y $50.000, por un total de $105.000, pero nunca recibió el material ofrecido.

Tras reclamar por la falta de envío, los administradores del perfil le exigieron otros $100.000. Luego, de acuerdo con la denuncia, recibió intimidaciones telefónicas: le habrían advertido que enviarían personas a su domicilio y difundirían entre sus allegados el intento de compra.

La causa fue caratulada como estafa y extorsión. Los investigadores buscan establecer quiénes administraban el perfil utilizado para contactar al joven y rastrear el recorrido del dinero transferido.

El detenido, de 42 años y originario de ese municipio oaxaqueño, era señalado como el sucesor de Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, capturado días antes en Jalisco. Junto a Carlos César Cruz Muñoz fue detenida Ana Gabriela Aguilar Ávalos, identificada como presunta operadora logística de la organización.

Detención en Tuxtepec y los señalamientos contra los capturados

El operativo se ejecutó en San Juan Bautista Tuxtepec, Oaxaca, resultado de labores de recolección y análisis de información, inteligencia naval y la coordinación de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con el área de operaciones especializadas de Marina. El detenido también responde a los alias de “Semo” o “Señor de las Luces”.

Carlos César Cruz Muñoz, esta vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) como presunto jefe de plaza en la zona conurbada de Veracruz-Boca del Río.

Segundo al mando y sucesor de “El Tanque”

De acuerdo con la información oficial, Carlos César Cruz Muñoz, ocupaba el segundo nivel dentro de la estructura del grupo delictivo al que pertenecía. Las autoridades lo señalan como presunto sucesor de Iván Casarín Molina, alias “El Tanque”, detenido en Zapopan, Jalisco, el pasado 5 de octubre.

“El Tanque” fue capturado mediante una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional, la SSPC y la Guardia Nacional. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, lo identificó en su momento como presunto operador regional del CJNG con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

Radio de acción del grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca

Carlos César Cruz Muñoz, es señalado como presunto responsable de actividades delincuenciales en Boca del Río y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como en los límites de ese estado con Oaxaca. El grupo delictivo al que pertenecería está vinculado con secuestros y homicidios en esa franja territorial.

El detenido es señalado por su presunta participación en el asesinato de dos agentes ministeriales ocurrido en Vía Muerta, Boca del Río, en mayo de 2025, durante un operativo contra el secuestro.

Ana Gabriela Aguilar Ávalos, por su parte, es señalada como presunta operadora logística del grupo delictivo en la misma zona de Veracruz y Oaxaca, sin que el comunicado oficial detalle funciones adicionales atribuidas a ella.

Bienes asegurados y traslado de los detenidos

Durante la acción se aseguraron sustancias ilícitas, armas y granadas. También fueron decomisados cuatro vehículos, seis motocicletas, dos cuatrimotos y un inmueble.

El valor estimado de estos bienes asciende a 8.837.000 pesos, según el comunicado del Gabinete de Seguridad.

Ambos detenidos fueron trasladados en un helicóptero naval desde Tuxtepec, Oaxaca, hasta la Base Aeronaval de Veracruz. Posteriormente fueron llevados en avión a la Ciudad de México y puestos a disposición del agente del Ministerio Público, encargado de integrar la carpeta de investigación correspondiente.

Parte de una ofensiva más amplia contra el grupo delictivo

Las autoridades federales enmarcaron estas detenciones dentro de los trabajos coordinados para detener a generadores de violencia. El comunicado oficial precisa que estas capturas se suman a las de otros 16 integrantes de este mismo grupo delictivo, detenidos previamente en Veracruz y Oaxaca.

Marina, SSPC, FGR y las instituciones del Gabinete de Seguridad señalaron que estas acciones buscan debilitar las estructuras criminales que operan en la región. El despliegue en Tuxtepec incluyó más de 15 vehículos oficiales, varios blindados, que ingresaron a las colonias Gelatao, Loma Alta, El Nanche, El Rubí, El Edén y Los Tules, mientras helicópteros sobrevolaban la ciudad y puntos cercanos de Veracruz como Tres Valles y Cosamaloapan.

Otras detenciones dentro de la misma estructura

La captura de Carlos César se suma a la de otros 16 presuntos integrantes de este grupo delictivo en Veracruz y Oaxaca, como parte de los esfuerzos coordinados para debilitar la estructura criminal en la región.

Entre las personas ya detenidas dentro de esta presunta organización se encuentran Omar Alfonso, conocido como “Comandante Toga”, y Cristian Aldair, identificado como “Comandante Güero”. Ambos son señalados como mandos operativos subordinados a la célula que encabezaban sucesivamente “El Tanque” y, posteriormente, “El Semáforo”.

La estructura operativa a la que pertenecían ambos detenidos habría estado subordinada a Cazarín Molina antes de su captura en Jalisco. Las autoridades no han precisado si existen más personas señaladas dentro de esta cadena de mando que permanezcan prófugas.

“El Tanque” y cómo fue su detención

Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, fue detenido el 5 de octubre en Zapopan, Jalisco. En el operativo participaron la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Guardia Nacional, con apoyo de agentes de la Fiscalía General de la República (FGR).

Omar García Harfuch, titular de la SSPC, informó que la detención ocurrió en flagrancia y que las autoridades aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas dosis de droga. El funcionario señaló que la acción resultó de labores de inteligencia, investigación y coordinación entre dependencias.

El Gobierno mexicano identifica a Cazarín Molina como líder regional de una célula del CJNG con presencia en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla, y lo ubica dentro del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”. Las investigaciones lo relacionan con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas.

Las autoridades también lo señalan por su presunta participación en un ataque armado contra un helicóptero en Jalisco en 2015, durante un operativo contra “El Mencho”.

García Harfuch indicó que en septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos había sancionado a Cazarín por sus vínculos con el CJNG, lo que permitió un intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA) que condujo a su localización.

Tras su detención, “El Tanque” fue acusado formalmente el 22 de octubre por un gran jurado federal del Distrito de Columbia, en Estados Unidos, por conspiración para traficar cocaína y metanfetamina, además de posesión de arma de fuego vinculada al narcotráfico. De ser declarado culpable, podría enfrentar una pena mínima de 40 años de prisión y hasta dos cadenas perpetuas consecutivas.

Una jueza federal mexicana, Azucena Lazalde Iñiguez, titular del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado de México, negó un amparo con el que la defensa de Cazarín buscaba frenar una eventual orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

En Yucatán, elementos de la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvieron a un hombre de nacionalidad estadounidense considerado un objetivo prioritario para el gobierno de Estados Unidos.

El detenido, identificado como Richard Panas de 68 años, cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida por delitos de fraude y robo de identidad. Las autoridades lo vinculan con una célula delictiva dedicada a este tipo de operaciones."

Cómo se desarrolló el operativo en Mérida

La detención se concretó en el marco de la cooperación interinstitucional entre las corporaciones mexicanas involucradas. Según el reporte oficial, la acción partió de trabajos de investigación y de un intercambio de información previo.

Con esos datos, los efectivos de Marina, SSPC y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), dependiente de la FGR, implementaron cercos de seguridad en el municipio de Mérida. Durante los recorridos de vigilancia, el personal identificó y ubicó al sujeto en la zona.

Una vez ubicado, los agentes se aproximaron para corroborar su identidad antes de proceder con cualquier acción formal en su contra.

Por qué fue detenido el hombre

De acuerdo con el reporte de las autoridades, al momento de verificar la identidad del sujeto se constató que no acreditó su estancia regular en territorio nacional. Esa irregularidad migratoria fue el motivo inmediato de su detención.

Tras el arresto, los elementos le informaron sus derechos de ley, conforme a los procedimientos establecidos para este tipo de intervenciones.

Posteriormente, Richard Panas fue trasladado a las instalaciones del INM para continuar con los procedimientos correspondientes ante las autoridades competentes.

Las órdenes de arresto en Florida

El reporte oficial precisa que Richard “N” cuenta con cuatro órdenes de arresto vigentes en el estado de Florida, Estados Unidos. Estas se relacionan con su participación en delitos de fraude y robo de identidad.

Las autoridades mexicanas lo señalan como un objetivo prioritario para el gobierno estadounidense debido a su vinculación con una célula delictiva dedicada a este tipo de actividades ilícitas.

No se detallaron en el comunicado las características específicas de los esquemas de fraude ni el número de víctimas asociadas a la causa en Florida.

Qué sigue en el proceso

Con el traslado a las instalaciones del INM, el caso de Richard “N” continuará su curso ante las autoridades competentes en materia migratoria. El reporte oficial no precisó plazos ni detalles adicionales sobre los pasos administrativos que seguirán tras esta etapa.

La intervención del INM resulta relevante en este tipo de casos, dado que la irregularidad en la estancia del detenido fue el elemento que permitió formalizar su detención en territorio mexicano.

Cooperación entre México y Estados Unidos

Las instituciones del Gabinete de Seguridad refrendaron su compromiso de fortalecer la coordinación y el intercambio de información con autoridades internacionales. El objetivo declarado es localizar y detener a personas requeridas por otros países.

Según el comunicado, estas acciones se realizan en estricto apego a la ley y con respeto a la soberanía nacional.

El caso de Richard “N” se suma a los operativos conjuntos entre Marina, SSPC, FGR e INM orientados a la localización de personas con órdenes de arresto vigentes en el extranjero, particularmente en Estados Unidos.

Estadounidenses atrapados en México

El caso de Richard “N” se suma a una lista de ciudadanos estadounidenses capturados en territorio mexicano a pedido de las autoridades de su país. El más reciente antecedente es el de Miguel Casillas, alias “Compa Mike 517”, detenido el 23 de octubre en Zapopan, Jalisco, en un operativo entre la Secretaría de Seguridad de Jalisco y el Servicio de Marshals de Estados Unidos.

Casillas, de 36 años, contaba con una orden de arresto en San Diego, California, por homicidio, intento de homicidio y delitos federales contra la salud. Tras su detención, quedó a disposición del INM, que inició el proceso de deportación hacia Estados Unidos.

México también ha sido el país donde se ocultaban cinco de los diez prófugos más buscados por el FBI. Entre ellos figura Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense de 33 años, detenido el 10 de marzo en Culiacán, Sinaloa, acusado del asesinato de dos trabajadoras del bar y restaurante Stars, en Federal Way, Washington, durante un ataque ocurrido en mayo de 2023.

Otro caso es el de Arnoldo Jiménez, capturado el 30 de enero de 2025 en Monterrey, Nuevo León, tras permanecer más de 12 años prófugo de la justicia estadounidense. A estos se suman las detenciones de Alejandro Rosales Castillo, el 16 de enero de 2026 en Pachuca, Hidalgo, y de Francisco Javier Román-Bardales, señalado como integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha (MS-13), localizado en Veracruz en marzo de 2025.

Juan José Farías Álvarez, alias El Abuelo Farías, líder de los Cárteles Unidos, está siendo “cercado” por autoridades de México y Estados Unidos (EEUU) para su detención en los próximos días o semanas.

Así lo aseguraron los periodistas y escritores especializados en narcotráfico José Luis Montenegro y Jesús Lemus, en su podcast Narcomundo, donde dijeron que “ya no tardan” en detener al narcotráficante.

Jesús Lemus, en una de sus participaciones, señaló que parecía que El Abuelo Farías estaba cercado en Tepalcatepec, pues había fuerzas federales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y de la Marina, en coordinación con agentes de la DEA y del FBI, quienes ya tenían bien ubicado en dónde se movía el narcotraficante, quien es jefe del Cártel de Tepalcatepec y de los Cárteles Unidos.

“Yo creo que esto no va a pasar a días de que se dé la detención”, dijo, y recordó que recientemente habían detenido a varios de sus escoltas, lo que iba a terminar por revelar en donde se encontraba el Abuelo Farías.

“Solamente la detención del Abuelo (Farías) puede ser superior a esta detención de El Tanque”.

¿Quién es El Abuelo Farías?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, Juan José Farías Álvarez, El Abuelo Farías, nació el 10 de agosto ce 1970 y es el actual líder de los Cárteles Unidos, una organización delictiva designada por el Departamento de Estado de Estados Unidos como Organización Terrorista Extranjera y Terrorista Global Especialmente Designada el 20 de febrero de 2025.

Cárteles Unidos, se explica, surgió como una alianza de cárteles menores en el estado de Michoacán, para prevenir la incursión de cárteles y organizaciones criminales más grandes en el estado. Cárteles Unidos funciona como una organización “paraguas” para varios cárteles menores que colaboran en la adquisición, fabricación y distribución de drogas ilegales como metanfetamina, fentanilo y cocaína. “Cárteles Unidos trabaja en conjunto para exportar estas drogas ilegales desde Michoacán a Estados Unidos”, señala el Departamento de Estado.

En los primeros años de la alianza, Farías organizó a personas en su ciudad natal, Tepalcatepec, así como otras ciudades del estado de Michoacán, para formar una fuerza de autodefensa contra el cártel de los Caballeros Templarios, que aterrorizaba a la población local con extorsiones, secuestros y asesinatos.

Pero con el tiempo, la organización de Farías llegó a ser conocida como el Cártel de Tepalcatepec o Cártel del Abuelo.

Años más tarde, la alianza combatió la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el occidente de Michoacán.

Las investigaciones sobre las actividades de narcotráfico de Farías y su facción del Cártel de Los Abuelos, perteneciente a los Cárteles Unidos, en Estados Unidos, comenzó en 2019 en Knoxville, Tennessee. Una investigación sobre un accidente automovilístico local, que reveló la recuperación de una cantidad considerable de metanfetamina, condujo posteriormente a la ejecución de una orden de allanamiento en Atlanta, Georgia, lo que resultó en una incautación mucho mayor de metanfetamina, además de pastillas de fentanilo y heroína.

En EEUU se rastreó el tráfico de metanfetamina, cocaína, fentanilo y heroína hasta México y Farías. La investigación condujo a una acusación formal contra Farías en el Distrito de Columbia por delitos de conspiración de drogas y delitos relacionados con armas de fuego en enero de 2024. La acusación se hizo pública en julio de 2025, junto con el anuncio de sanciones del Departamento del Tesoro contra Farías y una recompensa ofrecida por el Programa de Recompensas por Narcóticos (NRP) para Farías.

El Departamento de Estado ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por información que lleve al arresto de y/o condena de Farías.

Cinco fugitivos incluidos en la lista de los diez más buscados del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) fueron localizados en México entre 2025 y 2026 y quedaron bajo custodia de las autoridades estadounidenses. Sus casos abarcan el tráfico internacional de cocaína, asesinatos y delitos atribuidos a integrantes de la Mara Salvatrucha (MS-13).

Las capturas ocurrieron en distintos puntos del país, después de investigaciones que en algunos casos se prolongaron durante más de una década. Las pistas incluyeron imágenes de vigilancia, información ciudadana y labores de inteligencia, aunque las autoridades no han detallado públicamente todos los elementos que condujeron a cada detención.

Un recuento de El País —publicado este lunes— reconstruyó los casos de Ryan Wedding, Alejandro Rosales Castillo, Arnoldo Jiménez, Samuel Ramírez Jr. y Francisco Javier Román-Bardales. El texto también destacó que México entregó a Estados Unidos a 178 personas relacionadas con investigaciones por narcotráfico, crimen organizado, homicidio y lavado de dinero durante 2025 y 2026.

El recuento se produce en medio de las exigencias de Washington para combatir a las organizaciones criminales transnacionales y de los esfuerzos del gobierno mexicano por presentar los resultados de la colaboración bilateral como parte de su estrategia de seguridad.

Ryan Wedding, del snowboard olímpico al narcotráfico

Ryan James Wedding, exintegrante de la selección canadiense de snowboard, compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2002 antes de convertirse en objetivo prioritario de las autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con el narcotráfico.

El FBI lo acusa de dirigir una red transnacional de tráfico de cocaína relacionada con el Cártel de Sinaloa. Según las investigaciones estadounidenses, la organización trasladaba cientos de kilogramos de cocaína desde Colombia, a través de México y el sur de California, hacia Canadá y otros puntos de Estados Unidos.

Wedding también enfrenta señalamientos por asesinatos, incluido el de un testigo federal que presuntamente podía declarar en su contra.

Su caso cobró relevancia por la recompensa millonaria ofrecida por información que permitiera localizarlo. En enero de 2026, Wedding quedó bajo custodia y fue trasladado a Estados Unidos.

Sin embargo, las circunstancias de su entrega fueron distintas a las de otros fugitivos del listado. El Gobierno mexicano informó que se presentó voluntariamente en la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México, mientras que autoridades estadounidenses comunicaron que había quedado bajo custodia.

Alejandro Rosales Castillo, casi una década prófugo

Alejandro Rosales Castillo fue detenido en Pachuca, Hidalgo, el 16 de enero de 2026, después de permanecer casi diez años prófugo por el feminicidio de Truc Quan Sandy Ly Le, de 23 años, en Carolina del Norte.

El cuerpo de la joven fue encontrado el 17 de agosto de 2016 en una zona boscosa del condado de Cabarrus. Castillo fue incorporado a la lista de los diez fugitivos más buscados del FBI el 24 de octubre de 2017.

Una de las pistas relevantes surgió de las imágenes de vigilancia que lo mostraron cruzando la frontera de Nogales, Arizona, hacia México el 16 de agosto de 2016, un día antes del hallazgo del cuerpo.

Ese registro ayudó a orientar la búsqueda hacia territorio mexicano, pero no fue suficiente para localizarlo de inmediato. Durante años, agentes especiales y elementos de un grupo de trabajo de la policía de Charlotte-Mecklenburg reunieron información para establecer dónde se ocultaba.

El FBI informó que su oficina de enlace en Ciudad de México coordinó acciones con la Agencia de Investigación Criminal de Interpol y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Tras su captura, Castillo permaneció detenido en México mientras avanzaban los procedimientos para su traslado a Carolina del Norte.

Arnoldo Jiménez, acusado de matar a su esposa después de la boda

Arnoldo Jiménez fue capturado en Monterrey, Nuevo León, el 30 de enero de 2025, después de más de doce años prófugo. En ese momento figuraba entre los diez fugitivos más buscados por el FBI.

Las autoridades estadounidenses lo acusan del asesinato de su esposa, Estrella Carrera, de 26 años. Su cuerpo fue encontrado el 13 de mayo de 2012 en la bañera del apartamento de Jiménez en Burbank, Illinois, menos de 48 horas después de que ambos contrajeran matrimonio.

El caso permaneció abierto mientras Jiménez evitaba a la justicia estadounidense. Su inclusión en la lista del FBI permitió mantener vigente la difusión de su búsqueda, pero los detalles públicos consultados no identifican una denuncia o una pista específica como detonante de su localización en Monterrey. La captura puso fin a más de una década de búsqueda.

Samuel Ramírez Jr., detenido 73 minutos después de entrar en la lista: récord para la captura más rápida

Samuel Ramírez Jr., ciudadano estadounidense de 33 años, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, el 10 de marzo de 2026. El FBI lo había incorporado a su lista de los diez fugitivos más buscados apenas 73 minutos antes, un récord para la captura más rápida de una persona recién añadida al registro.

Ramírez enfrenta cargos por el asesinato de Katie Duhnke y Jessyca Hohn, dos trabajadoras del bar y restaurante Stars, en Federal Way, Washington, ocurrido en mayo de 2023. En el mismo ataque, un tercer hombre resultó herido.

La búsqueda incluyó una recompensa que llegó a un millón de dólares por información que condujera a su captura. El Departamento de Justicia estadounidense informó que la colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses permitió detenerlo en Culiacán y trasladarlo posteriormente a Estados Unidos.

Entre las instituciones que participaron en la coordinación figuraron la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Instituto Nacional de Migración y la oficina de enlace del FBI en Ciudad de México.

Las autoridades estadounidenses señalaron que la información proporcionada por el público contribuyó a la investigación. Sin embargo, no revelaron la identidad de quienes facilitaron datos ni confirmaron si se pagó la recompensa.

El caso destaca por la rapidez con la que se produjo la captura después de su inclusión en la lista, aunque ese intervalo no significa que la investigación comenzara ese mismo día: Ramírez ya era buscado por los homicidios cometidos en 2023.

Francisco Javier Román-Bardales, presunto dirigente de la Mara Salvatrucha

Francisco Javier Román-Bardales fue detenido en Veracruz el 17 de marzo de 2025. El FBI lo identificaba como presunto integrante de alto rango de la Mara Salvatrucha 13, organización criminal transnacional con presencia en Centroamérica y Estados Unidos.

Las autoridades estadounidenses lo buscaban por cargos relacionados con conspiración para proporcionar apoyo material a terroristas, narcoterrorismo, asociación delictiva y tráfico de migrantes.

Su captura ocurrió después de casi tres años de búsqueda desde que se emitió una orden de arresto federal en su contra en 2022. Las autoridades mexicanas informaron que fue detenido sin incidentes y posteriormente quedó a disposición de Estados Unidos.

El FBI presentó el arresto como un resultado de la colaboración entre ambos países. No obstante, la información pública disponible no precisa qué denuncia, vigilancia o dato concreto permitió establecer su ubicación en Veracruz.

Los cargos contra Román-Bardales se refieren a presuntas actividades delictivas y deben distinguirse de hechos que hayan sido acreditados mediante una sentencia judicial.

Qué pistas permitieron localizar a los fugitivos

Los cinco casos muestran que la búsqueda de prófugos internacionales no depende de un único método. En la investigación de Alejandro Rosales Castillo, las imágenes de vigilancia permitieron reconstruir su cruce hacia México. En el caso de Samuel Ramírez Jr., las autoridades destacaron la información aportada por la ciudadanía y la coordinación entre agencias.

En los expedientes de Arnoldo Jiménez y Francisco Javier Román-Bardales, los detalles que llevaron a las autoridades hasta sus escondites no se han difundido con el mismo nivel de precisión. En el caso de Ryan Wedding, además, persisten diferencias en la descripción pública de las circunstancias en las que quedó bajo custodia.

La lista de los diez fugitivos más buscados del FBI, creada en 1950, busca obtener información ciudadana para localizar a personas consideradas prioritarias por su presunta participación en delitos graves. La inclusión en ese registro no constituye una declaración de culpabilidad, sino una herramienta de búsqueda.

Las cinco capturas también forman parte de una agenda bilateral marcada por las exigencias estadounidenses para frenar el tráfico de drogas y las redes criminales transnacionales.

Durante 2025 y 2026, México entregó a Estados Unidos a 178 personas vinculadas con investigaciones por narcotráfico, crimen organizado, homicidio y lavado de dinero durante 2025 y 2026.

La cifra de fugitivos localizados y el total de personas entregadas corresponden a categorías distintas: no todos los trasladados a Estados Unidos figuraban en la lista del FBI. Para evaluar el alcance de la cooperación, también es necesario distinguir entre detenciones, extradiciones formales y entregas realizadas mediante otros procedimientos.

El grupo había organizado por cuenta propia un recorrido nocturno temático de Halloween por las calles de Montclair, una ciudad del condado de San Bernardino, en California.

Cerca de 30 personas pedaleaban hacia el este por Kingsley Street cuando, a las 10:39 de la noche del sábado 24 de octubre, un vehículo que circulaba en sentido contrario las embistió de frente en la intersección con Tudor Avenue, informó el Departamento de Policía de Montclair.

El paseo no contaba con patrocinio ni vínculo oficial con la ciudad, aclaró la fuerza policial. Los ciclistas lo habían convocado de manera autónoma, tal como confirmaron testigos a Los Angeles Times.

El saldo de víctimas del atropello en Kingsley Street

Uno de los ciclistas murió en el lugar del choque, precisó el departamento. Los equipos de emergencia trasladaron a otros dos heridos a un hospital.

Una de esas personas, una mujer, murió a causa de sus lesiones cerca de la 1:19 del domingo 25 de octubre, señaló ABC7 Los Angeles. Las autoridades todavía no difundieron las identidades de las víctimas fatales.

El segundo paciente hospitalizado sufrió lesiones graves, aunque su estado era estable al momento del último parte conocido. Una cuarta persona recibió atención por una herida menor en la cabeza y rechazó tratamiento adicional, indicó la fuerza local.

Testigos afirmaron que el vehículo arrastró a una de las víctimas por al menos 1,6 kilómetros (1 milla) antes de que el conductor escapara, informó ABC7 Los Angeles. El mismo medio aseguró que el sospechoso dejó abandonado su automóvil —que tenía manchas de sangre— y continuó el escape a pie. Esos detalles no figuraban en el comunicado oficial de la fuerza policial.

La búsqueda y detención del conductor que huyó de la escena

La investigación ubicó al presunto responsable en una vivienda cercana a la zona del impacto. La institución afirmó que el aporte de testigos y el trabajo de sus detectives permitió identificar su paradero.

Los agentes arrestaron a Valentin Alberto Rodriguez, de 38 años y residente de Montclair, cerca de las 2:40 de la madrugada del domingo. Luego lo trasladaron al Centro de Detención West Valley, detalló el San Bernardino Sun.

Rodriguez quedó detenido bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y causar lesiones o muerte, de circular con una concentración de alcohol en sangre de 0,08 % o más, de abandono del lugar de un siniestro con víctimas fatales y de homicidio vehicular grave cometido bajo intoxicación. La fuerza local describió todas las acusaciones como delitos graves.

Las autoridades no informaron el resultado de una prueba de alcoholemia ni explicaron qué sustento concreto tienen para la sospecha de intoxicación.

Los pasos que siguen en la causa por el choque mortal

La pesquisa continúa para determinar la secuencia del impacto y reunir pruebas sobre el escape.

El Departamento de Policía de Montclair pidió que las personas con datos, grabaciones o testimonios sobre la colisión se comuniquen al teléfono (909) 621-4771.

Las identidades de los dos ciclistas fallecidos permanecen bajo reserva hasta el momento. Aún no se comunicó si Rodriguez cuenta con representación legal ni cuándo será su primera comparecencia ante un tribunal.

Las detenidas fueron identificadas como Mayra “N”, de 21 años; Debahni “N”, de 24, y Mayra “N”, de 43 años. Las tres quedaron a disposición del Ministerio Público por su probable participación en los delitos de resistencia de particulares y lesiones, mientras las autoridades determinan su situación jurídica.

De acuerdo con los reportes sobre el caso, los hechos comenzaron en la avenida Lázaro Cárdenas, en el cruce con Montes Celestes, cuando policías municipales detectaron una camioneta Chevrolet Captiva roja que circulaba sin placas de circulación.

La conductora presuntamente ignoró la luz roja de un semáforo, por lo que los oficiales le marcaron el alto durante un filtro de revisión.

Persecución en avenida Lázaro Cárdenas termina en Fashion Drive

En lugar de detenerse, la conductora habría insultado a los policías y se negó a seguir sus indicaciones. Posteriormente, intentó retirarse del lugar y, durante la maniobra, presuntamente condujo en reversa e impactó la parte frontal de una patrulla.

El choque ocasionó daños materiales a la unidad policial y llevó a los oficiales a iniciar una persecución para localizar la camioneta.

El seguimiento terminó en el estacionamiento de Fashion Drive, uno de los centros comerciales de la zona de Valle Oriente, donde los elementos interceptaron el vehículo e intentaron intervenir a sus ocupantes.

Sin embargo, según los informes policiales difundidos por medios locales, las tres mujeres se opusieron a la detención y presuntamente agredieron físicamente a los uniformados.

Dos policías resultan lesionados durante la detención

El incidente dejó a dos elementos de la Policía de San Pedro con lesiones. Uno de ellos presentó una herida en la nariz, mientras que otro sufrió una mordedura en el brazo izquierdo.

Ambos recibieron atención de personal de emergencias y fueron reportados estables, de acuerdo con la información publicada sobre el operativo.

Tras controlar la situación, los policías aseguraron a las tres mujeres y las trasladaron a las instalaciones del C2 municipal, desde donde quedaron a disposición de la autoridad ministerial.

El Ministerio Público deberá integrar la investigación correspondiente y establecer las posibles responsabilidades por las presuntas agresiones, las lesiones a los oficiales y los daños ocasionados a la patrulla.

Cuatro menores viajaban en la camioneta

Otro de los aspectos del caso fue la presencia de cuatro menores de edad en la camioneta durante los hechos.

Tras la intervención policial, personal de la Unidad Élite de Protección participó en su resguardo para gestionar su entrega posterior a un familiar. No se difundieron detalles que permitieran establecer si alguno de los menores resultó lesionado.

Por su parte, elementos de la Policía Vial retiraron la Chevrolet Captiva roja y la trasladaron a un corralón. Entre los motivos reportados estuvieron la falta de placas, la ausencia de documentación y los daños relacionados con el incidente.

La detención de las tres mujeres ocurrió el sábado 24 de octubre de 2026 y comenzó con una infracción de tránsito que escaló hasta una persecución y un enfrentamiento con policías municipales.

Las autoridades ministeriales deberán determinar la situación jurídica de las implicadas, mientras que los daños a la patrulla y las lesiones de los dos oficiales forman parte de los hechos que deberán esclarecerse.

El financista Ariel Vallejo, vinculado al titular de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora Tomás Rodríguez Ponte en la causa que lo investiga por presunta asociación ilícita y lavado de dinero porque no cumplió las condiciones que se le impusieron para seguir libre.

Vallejo “no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, según la resolución a la que accedió Infobae.

Al disponerse su detención el financista se presentó en la sede del juzgado federal de Lomas de Zamora, donde quedó preso.

Nueva prueba

La decisión se tomó luego de la llegada de nueva prueba a la investigación: se descubrió la compra de una casa en un country por USD 500 mil en efectivo. Por eso el juez amplió la acusación contra Vallejo como presunto " jefe de la organización y principal beneficiario de los fondos" producto de los delitos. Se citó a declarar a otras 15 personas y a las sociedades.

El juez advirtió que el dueño de “Sur Finanzas”, firma que prestó dinero y fue sponsor de clubes de fútbol, está acusado por delitos que no permiten una pena de ejecución condicional. Sin embargo, el empresario seguía en libertad bajo ciertas condiciones, que no cumplió. Se lo detuvo para que amplíe su declaración indagatoria y luego -al definir su situación procesal-, se resolverá si sigue preso o es excarcelado.

Vallejo no se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales como debía hacer una vez por mes ni entregó la totalidad de los “rodados cuyo secuestro se encuentra vigente y que fuera intimado y respecto de otros lo hizo, pero en forma extemporánea a lo requerido”. Al respecto el juez dispuso semanas atrás que esos vehículos pasen a uso de la Corte Suprema de Justicia.

“Las constancias de la causa muestran que no cumplió con las comparecencias mensuales ni con la efectiva residencia en el domicilio declarado”, advirtió el magistrado.

Una casa en un country

Los nuevos informes dan cuenta de “operaciones, bienes y sociedades” que no fueron parte de la acusación inicial, entre ellos la compra de una casa en el Saint Thomas Este Country Club de Canning por U$S 500.000 “que habrían sido pagados en efectivo”.

También las compras de inmuebles y rodados en efectivo por la sociedad Cluster Palace Beach S.A., sin cuentas bancarias; las operaciones del Centro de Inversiones Concordia S.R.L. con otras agencias de cambio durante 2022; el volumen de fondos que circuló por la billetera virtual de Sur Finanzas PSP S.A. y el avance de la determinación de los impuestos omitidos por esa sociedad, por Cluster Palace Beach S.A. y por Sur Finanzas Group S.A.

Como agravante, también se mencionó la venta de una Ferrari California descapotable por parte de Vallejo, dos días después de individualizada en la causa judicial. Era el vehículo personal del financista y se encontró en un garaje en un edificio de Puerto Madero, tapado y sin chapas patente. El vehículo, valuado en aproximadamente USD 320.000, había sido transferido a nombre de una jubilada de 73 años. La fiscal del caso, Cecilia Incardona, pidió su secuestro.

Un barrio privado donde no vivía

Como una de las condiciones para quedar en libertad, Vallejo dio un domicilio donde no vive hace más de un año. “Sugestivamente en el acta de derechos donde fijó domicilio de residencia” se informó que no reside.

Cuando se lo fue a notificar, personal de seguridad del barrio cerrado informó que hacía un año no vivía allí, “desconociendo su lugar actual de residencia”. Luego Vallejo se presentó e informó que vive una casa en Banfield, lo que confirmó su madre cuando la policía fue al lugar. Pero no se lo encontró.

“Esas omisiones no son meros descuidos formales. Muestran que el imputado se desentendió de las condiciones bajo las cuales se le permitió transitar el proceso en libertad, y que hoy el Juzgado no tiene certeza del lugar en que reside”, advirtió el magistrado. La situación se agravó ante la nueva prueba que se encontró en la investigación y que derivó en las nuevas citaciones a declaración indagatoria.

El secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, Sinuhé Téllez López, espera que la detención de Orlando Castañeda Torres, alias “El Coco Ranas”, contribuya a reducir los homicidios y otros delitos de alto impacto en Culiacán, en medio de una crisis de violencia que mantiene al estado bajo presión desde 2024.

“Esperemos que con la detención de esta persona y con la gente que lo acompañaba disminuyan los delitos de alto impacto y principalmente los homicidios”, declaró el funcionario a medios locales este viernes.

La captura ocurrió la noche del miércoles 21 de octubre en la colonia Lomas del Sol, al norte de Culiacán. El operativo comenzó después de que las autoridades recibieran un reporte sobre la presencia de personas armadas en un domicilio. La información fue compartida con instancias federales para verificar si el inmueble figuraba en sus registros de inteligencia.

Téllez López explicó que las autoridades federales confirmaron que el domicilio tenía antecedentes relacionados con personas vinculadas con actividades criminales. La coordinación derivó en la intervención de las corporaciones estatales y federales, que detuvieron a cuatro hombres.

“Con esta coordinación que existe, nosotros informamos a Ciudad de México, si ellos tenían ubicado este domicilio por inteligencia central, nos dijeron que este domicilio ya ellos lo tenían como antecedente”, señaló el secretario.

Durante el operativo fueron asegurados cuatro armas largas, 25 cargadores, más de mil cartuchos, dos granadas calibre 40 milímetros, cuatro chalecos tácticos con placas balísticas y un vehículo. También se reportaron 50 pastillas de presunto fentanilo y 200 dosis de presunta cocaína.

Los detenidos y los objetos decomisados quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), que deberá continuar con las investigaciones y determinar la situación jurídica de los implicados.

Sinaloa acumuló 992 víctimas de homicidio doloso hasta septiembre

La expectativa de Seguridad Pública se produce en un contexto de violencia sostenida. De acuerdo con cifras de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa difundidas por medios locales, la entidad acumuló 992 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026.

Durante septiembre se contabilizaron 121 víctimas, frente a las 123 registradas en agosto. La cifra mensual también igualó la de septiembre de 2025, aunque quedó por debajo de las 142 víctimas reportadas en septiembre de 2024.

El balance estatal permite dimensionar el problema de seguridad, pero no establece cuántos de esos homicidios ocurrieron en Culiacán ni cuántos podrían atribuirse directamente a Los Ranas. Tampoco permite determinar qué efecto tendrá la detención de uno de sus presuntos líderes sobre la incidencia delictiva en la capital.

La violencia continuó durante los días siguientes a la captura. El reporte diario de Noroeste contabilizó siete homicidios dolosos en Sinaloa el jueves 22 de octubre, además de dos feminicidios. Estos hechos muestran que los asesinatos seguían registrándose después del operativo, aunque una comparación de uno o dos días no basta para establecer si la detención tuvo algún efecto.

Por ahora, el secretario estatal no ha presentado una estimación de la reducción esperada ni ha fijado un plazo para observarla. Tampoco ha detallado qué indicadores utilizará la dependencia para determinar si la captura modificó la actividad de la célula criminal.

Los Ranas, una célula armada vinculada con Los Chapitos

Las autoridades identifican a “El Coco Ranas” como presunto líder de Los Ranas, una célula armada que opera en Culiacán y que, de acuerdo con los reportes sobre su estructura, está vinculada con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa.

Los antecedentes del grupo se remontan a 2016, cuando Luis Alfonso Murillo Acosta, alias “El Güero Ranas”, y Francisco Javier Rosales Zazueta, conocido como “Pancho Chimal”, encabezaron estructuras de pistoleros que brindaban protección a los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán. De esas organizaciones surgieron Los Ranas y Los Chimales.

El 30 de septiembre de ese año, un grupo de hombres armados emboscó un convoy militar en Badiraguato. El ataque dejó cinco militares muertos y diez heridos. Los agresores buscaban rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, alias “El Kevin”, quien era trasladado en una ambulancia bajo custodia militar. Reportes sobre el caso señalaron a “El Güero Ranas” y “Pancho Chimal” como presuntos responsables de organizar la emboscada.

Ambos murieron en operativos posteriores. “Pancho Chimal” fue abatido por elementos de la Secretaría de Marina en 2017, mientras que “El Güero Ranas” murió en febrero de 2018. La desaparición de sus principales dirigentes no significó el fin de la célula, que continuó apareciendo en reportes sobre la actividad criminal en Sinaloa.

En septiembre de 2024, la muerte de un presunto jefe conocido como “El Comandante Coco” volvió a modificar la estructura del grupo. Reportes posteriores señalaron a Jesús Alexis Osorio Álvarez, alias “El Lechu”, y a “El Coco Ranas” como figuras que asumieron responsabilidades de liderazgo.

La trayectoria de Los Ranas ayuda a explicar por qué la detención de uno de sus presuntos dirigentes tiene relevancia para las autoridades. Sin embargo, los antecedentes de la célula no demuestran por sí mismos que todos los homicidios registrados en Culiacán estén relacionados con sus actividades.

La detención ocurre en medio de la disputa criminal en Sinaloa

La entidad enfrenta desde septiembre de 2024 una confrontación entre facciones del Cártel de Sinaloa, en un escenario que se intensificó después de la captura de Ismael “El Mayo” Zambada en Estados Unidos, en julio de ese año.

La disputa entre Los Chapitos y Los Mayos ha estado acompañada de homicidios, desapariciones y ataques armados, además de despliegues de fuerzas federales y estatales. En este contexto, las detenciones de presuntos operadores criminales forman parte de las acciones con las que las autoridades buscan contener la violencia.

La detención de “El Coco Ranas” representa un avance operativo para las corporaciones que participaron en el arresto. El efecto sobre la seguridad de Culiacán, en cambio, tendrá que comprobarse con información posterior: la expectativa expresada por el gobierno estatal aún no se traduce en una reducción documentada de los asesinatos.

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Juez desecha amparo de “El Tanque”, cofundador del CJNG, contra posible extradición a EEUU

Una juez federal desechó el amparo promovido por Iván Cazarín, alias “El Tanque”, contra una posible extradición a Estados Unidos, al considerar que no existe constancia formal de un procedimiento para entregarlo a autoridades de ese país.

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Argentina declara terroristas a dos cárteles mexicanos sin documentación sobre la presencia de uno de ellos

Argentina declaró organizaciones terroristas a la Nueva Familia Michoacana y al Cártel de Sinaloa, aunque no existe documentación sobre la presencia del primer grupo criminal en ese país, según especialistas consultados por Infobae México. La decisión se suma a las medidas impulsadas por Estados Unidos y otros gobiernos para combatir a los cárteles, en una estrategia regional vinculada al Escudo de las Américas, promovido por Donald Trump. Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, señaló la falta de registros sobre operaciones de la Nueva Familia Michoacana en Argentina, mientras que Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la DEA, atribuyó la designación a los acuerdos de cooperación entre los países participantes en esa iniciativa.

Información ampliada:

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Sentencian a 26 años de prisión a hombre que golpeó y robó a dos adultos mayores en Álvaro Obregón

Un hombre identificado como Benito “N” fue sentenciado a 26 años de prisión por golpear y robar a dos personas adultas mayores, de 72 y 75 años, en una vivienda de la alcaldía Álvaro Obregón, donde sustrajo 100 mil pesos, joyas y relojes el 7 de marzo de 2025. El Tribunal de Enjuiciamiento también le impuso una multa de 103 mil 140 pesos y ordenó devolver el dinero robado como parte de la reparación del daño, mientras que las víctimas deberán acreditar el valor de las joyas y los relojes durante la ejecución de la sentencia. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que la orden de aprehensión contra Benito “N” fue ejecutada el 13 de agosto de 2025 y que el 14 de octubre de 2026 se dictó la condena.

Así funciona el “rayo de calor” que EEUU prestará a Seguridad Nacional para evaluar su uso en la frontera

El Sistema de Denegación Activa, conocido como “rayo de calor”, es un arma de energía dirigida que Estados Unidos busca evaluar para posibles operaciones en la frontera con México. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, autorizó el préstamo temporal del dispositivo al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) durante siete meses, a partir de septiembre, para desarrollar tácticas y procedimientos de uso, según un memorando obtenido por CNN. El sistema emite ondas electromagnéticas que alcanzan hasta un kilómetro y, al entrar en contacto con la piel, generan una sensación intensa de ardor que suele desaparecer entre 10 y 15 minutos. Aunque las fuerzas estadounidenses lo desplegaron brevemente en Afganistán hace casi dos décadas, descartaron su uso en operaciones de combate.

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Un hospital, la última pista del paradero de un campesino desaparecido en Guerrero

Un hospital es la última pista sobre el paradero de Domingo Atanacio Quirino, campesino de 50 años que permanece desaparecido tras el secuestro de ocho pobladores del ejido El Balcón, ocurrido el 24 de septiembre en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero. El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, informó que Domingo se enfermó durante el cautiverio y fue separado del grupo cuatro días después del levantón; posteriormente, un sobrino suyo, también se enfermo durante el secuestro, preguntó por él mientras estaba hospitalizado y recibió como respuesta que se encontraba recuperándose, aunque hasta ahora no hay señales de su paradero. Seis de los siete campesinos que continuaban cautivos fueron localizados con vida el 16 de octubre, pero Domingo sigue sin ser localizado.

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El Gobierno de Estados Unidos actualizó la recomendación de viaje para China continental el 19 de octubre, en un contexto de preocupación por la aplicación de las leyes locales y las medidas que pueden afectar a los visitantes extranjeros. El aviso está dirigido a ciudadanos estadounidenses que planean viajar por turismo, trabajo, estudios o negocios.

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene al destino en el Nivel 2 de alerta, que aconseja ejercer mayor precaución. La actualización incorpora advertencias sobre el riesgo de detención injustificada y las restricciones que pueden impedir abandonar el territorio chino.

La recomendación ofrece información sobre las condiciones legales y de seguridad que los viajeros deben tener en cuenta antes de organizar su estancia. También incluye pautas para preparar el desplazamiento y conocer los recursos consulares disponibles ante una emergencia.

El riesgo de detención injustificada en China

El Departamento de Estado considera que los ciudadanos estadounidenses enfrentan un riesgo considerable de detención injustificada por parte del Gobierno chino. Según la alerta, algunas personas pueden permanecer años en prisión, en condiciones deficientes y sin acceso regular a sus familiares o a funcionarios consulares estadounidenses.

La advertencia también señala que las autoridades chinas pueden aplicar de manera arbitraria las leyes locales. La legislación sobre seguridad nacional tiene una definición amplia y otorga a los funcionarios facultades para clasificar determinados documentos, datos, estadísticas y materiales como secretos de Estado, incluso de forma retroactiva.

Estas disposiciones pueden afectar a extranjeros que realizan investigaciones académicas o comerciales, consultan información de acceso público o trabajan con datos que en otros países no están sujetos a restricciones similares. El aviso también menciona el riesgo para personas vinculadas con empresas estadounidenses, antiguos funcionarios gubernamentales y profesionales que desarrollan actividades de investigación o análisis empresarial.

El documento advierte que quienes son investigados por presuntas infracciones de las normas de seguridad nacional pueden enfrentar interrogatorios, detenciones y procesos judiciales sin garantías suficientes. En determinados casos, también pueden tener dificultades para acceder a un abogado o recibir asistencia consular.

Las comunicaciones digitales pueden quedar bajo vigilancia

La alerta recomienda asumir que los servicios de seguridad chinos pueden acceder a correos electrónicos, mensajes de texto y publicaciones en redes sociales enviados hacia o desde China. La advertencia también se aplica al uso de aplicaciones chinas desde otros países, incluido Estados Unidos.

El Departamento de Estado señaló que algunos ciudadanos extranjeros han sido detenidos o deportados por enviar mensajes privados que las autoridades interpretaron como críticas hacia los gobiernos de China, Hong Kong o Macao. Estas situaciones muestran que las comunicaciones personales también pueden tener consecuencias legales durante una estancia en el país.

El riesgo no se limita a los mensajes políticos. La advertencia sobre la seguridad nacional incluye documentos, datos y materiales que las autoridades puedan considerar sensibles. Por ello, quienes viajen por motivos profesionales o académicos deben evaluar qué información trasladan en sus dispositivos y cómo gestionan sus archivos durante la estancia.

La agencia estadounidense aconseja mantener la cautela al utilizar teléfonos, computadoras y aplicaciones, sin afirmar que todos los mensajes sean revisados de manera sistemática. La recomendación es considerar que la privacidad digital no está garantizada y evitar exponer información sensible de forma innecesaria.

Las prohibiciones de salida pueden prolongarse durante años

Las prohibiciones de salida permiten a las autoridades chinas impedir que una persona abandone el país mientras enfrenta determinadas investigaciones o controversias. Según el Departamento de Estado, estas restricciones pueden imponerse sin un procedimiento judicial transparente y afectar incluso a personas que desconocen que existe un proceso relacionado con ellas.

Entre las circunstancias que pueden dar lugar a estas medidas figuran las disputas comerciales o familiares, las órdenes judiciales de pago y las investigaciones civiles o penales. También pueden alcanzar a familiares de personas investigadas, incluidos menores de edad, aunque no participen directamente en el asunto.

Los ciudadanos estadounidenses pueden descubrir que tienen prohibiciones de salida de China cuando intentan tomar un vuelo de regreso. La alerta señala que, en algunos casos, no existe una vía judicial clara para impugnar la restricción y que las medidas relacionadas con disputas comerciales o civiles pueden mantenerse durante años.

El Gobierno chino también ha utilizado estas prohibiciones para conseguir la participación de personas en investigaciones, presionar a familiares que viven en el extranjero o ejercer influencia en disputas con otros gobiernos. Estas circunstancias explican por qué la recomendación no limita el riesgo a quienes enfrentan acusaciones penales.

Las recomendaciones del Departamento de Estado antes de viajar a China

El Departamento de Estado aconseja a los ciudadanos estadounidenses viajar con un pasaporte de Estados Unidos y una visa china vigente, cuando corresponda. La agencia también recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés).

Este programa permite recibir alertas de seguridad y facilita el contacto de la embajada o los consulados estadounidenses con las personas registradas durante una emergencia. No obstante, la inscripción no garantiza que las autoridades chinas permitan la salida del país ni que los funcionarios consulares puedan intervenir directamente en un proceso judicial.

Otra medida preventiva consiste en establecer un plan de comunicación con familiares, empleadores u organizaciones anfitrionas. Acordar horarios de contacto puede ayudar a detectar una interrupción inesperada y facilitar que otras personas soliciten orientación si surge una emergencia.

La alerta también recomienda evitar las manifestaciones, mantener un perfil discreto y no fotografiar a agentes de seguridad o protestas sin autorización. Los viajeros deben informarse sobre las normas locales y considerar las posibles consecuencias de las actividades que realicen durante su estancia.

En caso de detención, la agencia aconseja solicitar a las autoridades que notifiquen de inmediato a la embajada estadounidense en Beijing o al consulado más cercano. La asistencia consular puede facilitar orientación y contacto con recursos legales locales, pero no sustituye la representación de un abogado ni garantiza la liberación del detenido.

La actualización se aplica a China continental. Hong Kong y Macao cuentan con recomendaciones de viaje separadas en el sitio del Departamento de Estado, por lo que quienes visiten esos territorios deben revisar los avisos específicos antes de organizar sus desplazamientos.

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Detienen a dos hombres en BCS que viajaron en un buque desde Sinaloa

Dos hombres fueron detenidos en Baja California Sur por elementos de la Policía Estatal Preventiva y elementos de seguridad federal tras arribar en un buque desde el estado de Sinaloa.

La Secretaría de Seguridad Pública de Baja California Sur informó que los hombres, identificados como Benito “N” y Roberto “N”, de 25 y 19 años de edad. fueron arrestados en el Módulo de Revisión Secundaria luego de arribar en un buque proveniente de Sinaloa.

En el sitio, las autoridades corroboraron que ambos contaban con una orden de aprehensión vigente por el delito de robo calificado, por lo que procedieron con su detención.

Realizan paro de labores policías municipales de Jiutepec y Totolapan, Morelos: fuerzas federales se despliegan para mantener seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de Morelos informó que elementos de la corporación, en colaboración con fuerzas federales, mantienen un despliegue preventivo en Jiutepec para preservar las condiciones de seguridad por la manifestación de la Policía Municipal.

Además, señaló que en Totolapan los elementos de la Policía Municipal alcanzaron un acuerdo y reanudaron sus recorridos de vigilancia.

Capturan a “El Duke”, implicado en el feminicidio de su expareja sentimental y el asesinato de dos personas más en panteón de Sonora

Autoridades de Sonora detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable del feminicidio de su expareja sentimental y del homicidio de otras dos personas en un panteón del área rural de Cajeme¿. El crimen, ocurrido en abril pasado, dejó tres víctimas mientras visitaban la tumba de un familiar.

El detenido, identificado como Carlos Antonio “N”, de 35 años y conocido con el alias de “El Duke”, fue ubicado el 20 de octubre en el cruce de las calles Plutarco Elías Calles y Coahuila, en la colonia Nueva Palmira. Según las investigaciones, es identificado además como integrante de una célula generadora de violencia que opera en la región.

Los hechos ocurrieron el 27 de abril de 2026, cuando Lluvia Daniela “N”, de 21 años; Ramón Francisco “N”, de 24, y Dámaris Paola “N”, de 20, se encontraban en el Panteón del Carmen, ubicado en el ejido La Carabina, mientras visitaban la tumba de un familiar.

De acuerdo con las indagatorias ministeriales, “El Duke” llegó acompañado de otro hombre y confrontó a Lluvia Daniela, con quien había mantenido una relación sentimental que terminó en un contexto de violencia física y agresiones verbales. El sospechoso presuntamente la atacó con un arma blanca y después disparó contra ella y contra Ramón Francisco.

La tercera víctima, Dámaris Paola, intentó escapar entre las tumbas, pero también fue atacada con disparos de arma de fuego y falleció en el lugar. Tras la agresión, los probables responsables huyeron a bordo de un vehículo Nissan March color blanco.

Las líneas de investigación contemplan antecedentes de violencia en la relación sentimental entre el detenido y Lluvia Daniela, así como una posible disputa vinculada con actividades de narcomenudeo.

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Capturan a cuatro presuntos miembros del Cártel de Sinaloa en Chiapas: tres son guatemaltecos

Una operación interinstitucional derivó en la detención de cuatro hombres, tres de ellos de nacionalidad guatemalteca, en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) del municipio de Huixtla, Chiapas. En el operativo se aseguraron varias armas de fuego, cargadores y un vehículo con reporte de robo vigente.

La Secretaría de Seguridad del Pueblo (SSP) informó que los cuatro hombres fueron detenidos tras un operativo conjunto entre corporaciones estatales y federales que atendieron un reporte del C5 sobre armamento en el lugar.

De acuerdo con el reporte, la fuerza interinstitucional arribó al lugar y, tras verificar los hechos, detuvo a Bryan “N”, Edie “N” y Axel “N”, de nacionalidad guatemalteca, así como a Ángel “N”, de nacionalidad mexicana; todos manifestaron pertenecer al Cártel del Pacífico.

A los cuatro detenidos les fueron aseguradas varias armas de fuego:

• una carabina calibre 5.56 mm abastecida con un cargador
• Dos cargadores adicionales del mismo calibre
• Una pistola tipo escuadra calibre .380 ACP con su cargador
• Una pistola tipo escuadra calibre 9 mm con cargador del mismo calibre y una tercera pistola tipo escuadra con su respectivo cargador.

Además, se aseguró un vehículo marca Toyota, tipo Hilux, que contaba con reporte de robo vigente.

Detienen a cuatro hombres con drogas y armas en Edomex: uno lesionó a un policía para intentar evitar su arresto

La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), en coordinación con la Guardia Municipal de Naucalpan, detuvo a cuatro hombres señalados por su probable participación en delitos de portación de arma de fuego, contra la salud y homicidio. Durante el operativo, uno de los detenidos forcejeó con un policía municipal y lo lesionó, por lo que el oficial fue trasladado a un hospital de la zona.

Según la dependencia estatal, en la acción les fueron asegurados 108 envoltorios: ocho contenían hierba verde y seca con características de marihuana, mientras que los 100 restantes presentaban una sustancia granulada con similitudes al cristal.

Durante el recorrido por calles de la colonia San Rafael Chamapa, Primera Sección, en Naucalpan, los uniformados observaron una motocicleta estacionada y, junto a ella, a cuatro individuos que al parecer intercambiaban bolsas de plástico con droga, además de portar posibles armas de fuego.

Tras solicitarles que se detuvieran para realizarles una inspección, los sujetos hicieron caso omiso, lo que derivó en una persecución que culminó metros adelante.

Los detenidos dijeron llamarse Jonathan “N”, de 35 años; José “N”, de 18 años; Osvaldo “N”, de 21 años, y Héctor “N”, de 33 años. Según las primeras indagatorias, los cuatro hombres podrían pertenecer a un grupo delictivo y es probable que estén relacionados con el homicidio de una persona ocurrido el pasado 17 de octubre del año en curso.

Al momento de la detención, Jonathan “N” forcejeó con un elemento de la policía municipal y lo lesionó, por lo que el oficial fue trasladado a un hospital de la zona para recibir atención médica.

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Procesan a un hombre por violación y trata de personas contra una menor en Oaxaca

Un hombre identificado como A.S.G. fue vinculado a proceso por los delitos de violación equiparada agravada y trata de personas en agravio de una adolescente que, al momento de los hechos, tenía 12 años de edad.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) detalló que la víctima residía en un domicilio de la colonia Vicente Guerrero, en Río Grande, región de la Costa, donde el 11 de octubre de 2020 habría sufrido una agresión.

Además, las indagatorias establecen que el 18 de enero de 2021 la adolescente habría sido trasladada por dos personas a un establecimiento de cuartos en renta ubicado en la calle Abasolo, también en Río Grande, donde fue objeto de explotación sexual a cambio de dinero.

Tras tomar conocimiento de los hechos, la Unidad de Investigación de Delitos Cometidos contra la Mujer por Razón de Género, adscrita a la Vicefiscalía Regional de la Costa, realizó los actos de investigación correspondientes. Estas diligencias permitieron obtener y ejecutar una orden de aprehensión contra A.S.G., con la participación de elementos de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI).

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La medida fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal de Chaco a través de un comunicado oficial. Fuentes judiciales confiaron a Infobae que la detención se produjo en el marco de una causa por presunta mala praxis que lleva adelante la fiscal Mariana Echarri, titular del Equipo Fiscal N° 6.

Los procedimientos se realizaron de manera simultánea en tres lugares vinculados al médico: la clínica FEMEChaco, donde trabajaba, su domicilio particular y su consultorio privado. Tras los operativos, se ordenó su detención.

El caso

La investigación contra Kumiega se encuentra, por el momento, dividida entre distintas fiscalías. La causa por mala praxis que derivó en su detención está a cargo de Echarri, mientras que el Equipo Fiscal N° 2, encabezado por Ana González de Pacce, continúa con las medidas vinculadas a otras siete denunciantes. En paralelo, está previsto que el lunes declare una mujer que reside en Emiratos Árabes Unidos. Esa causa tramita bajo el ala del fiscal Jorge Cáceres Olivera, del Equipo Fiscal N° 4. Según explicaron fuentes judiciales a Infobae, los expedientes de Echarri y Pacce podrían unificarse, aunque esa decisión todavía no fue adoptada y requiere una resolución de la Procuración.

Kumiega había sido denunciado por siete mujeres entre el 23 de septiembre y el 2 de octubre. Posteriormente se conocieron nuevas presentaciones, entre ellas la denuncia por mala praxis que motivó los allanamientos y su detención. Las pacientes cuestionaron distintas conductas y prácticas durante consultas ginecológicas. También se conoció la denuncia de una expareja, que lo acusó de abuso sexual por un episodio ocurrido fuera del ámbito médico.

Las denuncias describen presuntos comentarios de contenido sexual y maniobras que las pacientes consideraron inapropiadas durante los estudios ginecológicos. Algunas también denunciaron irregularidades en la atención médica.

La defensa había rechazado las acusaciones

Antes de que se conociera la detención, el abogado Zacarías Issolio, defensor de Kumiega, negó que las conductas denunciadas configuraran delitos.

El letrado sostuvo que los procedimientos médicos cuestionados se habían realizado dentro de los protocolos habituales y aseguró que su defendido había puesto a disposición de la Justicia las historias clínicas de las pacientes.

En ese momento, Issolio también explicó que el ginecólogo no estaba formalmente imputado.

Sin embargo, este viernes la investigación avanzó con los allanamientos y la posterior detención del profesional.

Desde el Ministerio Público Fiscal confirmaron a Infobae la medida y solicitaron a los medios de comunicación “máxima prudencia en la divulgación de la identidad y la intimidad de la víctima”.

Un hombre entregó 80 mil pesos en efectivo para comprar un centenario de oro que resultó ser una réplica, durante una operación pactada por redes sociales en la colonia Hipódromo Condesa, alcaldía Cuauhtémoc. La persona que le ofreció la moneda huyó después de recibir el dinero, mientras que una mujer de 52 años que lo acompañaba fue detenida por policías de la Ciudad de México.

El caso ocurrió en un edificio de la calle Campeche, cerca del cruce con Amatlán. De acuerdo con el relato de la víctima, de 44 años, el vendedor llegó acompañado de la mujer, quien se presentó como su representante legal. Después de recibir el pago, el sujeto le entregó la pieza falsa y escapó del lugar, de acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

El afectado solicitó apoyo policial y explicó lo sucedido a los uniformados de la SSC, quienes detuvieron a la mujer que permanecía en el sitio. La detenida fue puesta a disposición del Ministerio Público, que deberá determinar su situación jurídica.

Hasta el cierre de esta nota informativa, la información de las autoridades no precisa si el vendedor ha sido identificado o detenido, ni si la investigación ha permitido establecer qué participación habría tenido la mujer en la operación.

¿Qué es un centenario y cuál es su valor?

El centenario es una moneda mexicana de oro acuñada por primera vez en 1921 para conmemorar el primer centenario de la consumación de la Independencia de México. Su diseño muestra a la Victoria Alada —la figura conocida como el Ángel de la Independencia— con los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl al fondo, mientras que en el anverso aparece un escudo nacional utilizado en aquella época.

Aunque lleva grabada la denominación de 50 pesos oro, su cotización actual no depende de ese valor nominal, sino principalmente de su contenido de oro y del precio internacional del metal. La pieza pesa aproximadamente 41.67 gramos y contiene 37.5 gramos de oro puro, con una ley de 0.900.

Por esas características, el centenario es buscado tanto por personas que invierten en metales preciosos como por coleccionistas. Su precio puede variar de un día a otro por los movimientos del oro, el tipo de cambio, el margen de los intermediarios y, en ciertos ejemplares, el año de acuñación y el estado de conservación.

¿Cuánto cuesta un centenario en octubre de 2026?

El monto de 80 mil pesos que la víctima habría entregado en la Condesa se encuentra dentro de un rango que puede parecer cercano al valor comercial de la moneda, aunque resulta inferior a algunas cotizaciones de venta al público.

Como referencia, una tabla de precios publicada el 21 de octubre de 2026 por el sitio especializado Numismática Mexicana situó en 103 mil 680 pesos el precio de venta de un centenario en Banorte —uno de los distribuidores nacionales autorizados por el Banco de México— y en 77 mil 563 pesos el precio de compra de esa misma referencia. La publicación advierte que sus cifras son estimaciones y no cotizaciones oficiales garantizadas por cada institución, por lo que el precio efectivo debe confirmarse con el vendedor o la sucursal correspondiente.

La diferencia entre ambos precios es importante: una institución puede pagar una cantidad al comprarle la moneda a un cliente y cobrar una cantidad mayor cuando se la vende. Por ello, comparar el precio ofrecido por un particular únicamente con la cifra que un banco pagaría por adquirir una pieza no permite determinar por sí solo si la operación es conveniente.

En el caso denunciado en la Condesa, los 80 mil pesos pudieron resultar atractivos porque representaban una cantidad inferior al precio de venta de referencia de poco más de 103 mil pesos. Frente a esa cotización, la diferencia sería de 23 mil 680 pesos.

Una pieza de oro que puede confundirse con una réplica

El atractivo económico del centenario también implica un riesgo para quienes buscan adquirirlo fuera de canales especializados. Una pieza falsa puede reproducir sus principales elementos visuales sin contener la cantidad de oro que caracteriza a la moneda auténtica.

Entre los aspectos técnicos que permiten identificar un centenario se encuentran su peso, diámetro, composición y detalles del diseño. La moneda original tiene un diámetro aproximado de 37 milímetros y un peso total de 41.67 gramos. También presenta un canto con la inscripción Independencia o Libertad.

Aun así, observar la apariencia de una moneda o realizar una prueba casera no basta para certificar su autenticidad. La recomendación es verificarla con un especialista y comparar sus características con la información oficial antes de entregar dinero.

El Banco de México señala que es la institución facultada para determinar la autenticidad de billetes y monedas presuntamente falsos. En sus recomendaciones generales, indica que las piezas sospechosas deben llevarse a una sucursal bancaria para que sean remitidas a análisis, en lugar de utilizarlas en una transacción.

Los fraudes en compras por internet también afectan a la CDMX

El 83% de los fraudes en compras por internet atendidos por el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México se consumó mediante depósitos a cuentas personales o pagos realizados fuera de plataformas oficiales, de acuerdo con cifras difundidas por el organismo en mayo de 2026. Facebook, páginas web falsas, Instagram y WhatsApp concentraron el 77% de los reportes relacionados con compraventas por internet.

El organismo también reportó que la mitad de los casos involucró pérdidas de hasta 5 mil pesos, mientras que en el 33% las afectaciones económicas oscilaron entre 5 mil y 25 mil pesos. Aunque estos datos no corresponden específicamente a la venta de monedas de oro, permiten dimensionar los riesgos de las transacciones digitales y la importancia de verificar al vendedor y las condiciones de pago antes de concretar una operación.

En el caso denunciado en la colonia Hipódromo Condesa, la compraventa se acordó a través de redes sociales y el comprador entregó 80 mil pesos en efectivo por una pieza que resultó ser una réplica.

A seis meses del secuestro de Juan Vega Arredondo, padre del alcalde de Taxco de Alarcón, en Guerrero, Juan Andrés Vega Carranza, las autoridades federales y estatales han asestado varios golpes contra la Familia Michoacana con el objetivo de debilitar sus redes criminales en el municipio.

El cerco contra la Familia Michoacana ha registrado un reforzamiento en los últimos cuatro días con el incremento de las detenciones tanto de sus presuntos miembros como de funcionarios del Ayuntamiento de Taxco presuntamente vinculados con el cártel.

De acuerdo con Víctor Sánchez Valdés, investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y experto en seguridad pública, en este municipio de Guerrero tiene presencia tanto la Familia Michoacana como el grupo delictivo de Los Tlacos.

Y es que Juan Vega Arredondo, padre del edil, fue reportado como desaparecido el pasado 11 de abril de 2026 cuando el también pediatra y director del Hospital IMSS-Bienestar “Adolfo Prieto” se dirigía hacia su centro de trabajo.

El hombre fue interceptado por sujetos armados cuando circulaba a bordo de su vehículo y privado de la libertad. Su coche fue localizado horas después en inmediaciones de la comunidad de Acamixtla.

Alcalde también desapareció tras el secuestro de su padre: autoridades señalaron a la Familia Michoacana

Dos días después, el acalde fue reportado como desaparecido tras presuntamente salir en un dispositivo de búsqueda para hallar con vida a su padre, peo horas más tarde las autoridades federales confirmaron que ambos habían sido localizados con vida en el Estado de México.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), anunció en conferencia de prensa matutina del 14 de abril que la Familia Michoacana estuvo detrás de la desaparición del padre del alcalde y del propio Vega Carranza.

Además, informó que se encontraban investigando narcomantas difundidas en 2025 y 2026 en las que acusaban al alcalde de presuntamente mantener alianzas con el grupo delictivo de Los Tlacos.

Del director de Reglamentos del Ayuntamientos a miembros de la Familia Michoacana: las detenciones realizadas en menos de dos semanas

El primer detenido por el secuestro del padre del edil fue José Carlos “N”, director de Reglamentos del Ayuntamiento de Taxco de Alarcón, quien fue arrestado el pasado 16 de octubre por su presunta implicación en el crimen.

José Carlos “N” fue capturado al contar con una orden de aprehensión en su contra por el delito de secuestro agravado, luego de que las investigaciones lo señaron por presuntamente intervenir en la transmisión de información relacionada con el secuestro un día después de cometerse los hechos.

El sujeto también es acusado de presuntamente eliminar registros de comunicaciones relacionadas con el secuestro, calificadas como relevantes para el esclarecimiento de lo ocurrido.

En una segunda acción, autoridades federales y estatales llevaron a cabo un cateo en un inmueble ubicado en el barrio Pedro Martín, donde se concentraban diversos productos de abarrotes relacionados con este cártel.

De acuerdo con las autoridades, el sitio era usado para el almacenamiento y acaparamiento de productos comerciales, entre los que se encontraban refrescos, bebidas energéticas y cervezas, además de dos camionetas y dos camiones de carga.

Horas después, la Fiscalía de Guerrero informó la captura de Gerónimo “N”, elemento activo de la Policía Municipal de Taxco, por su probable responsabilidad en un secuestro agravado. El hombre también fue señalado como presunto miembro de la Familia Michoacana.

De acuerdo con las indagatorias, los hechos ocurrieron entre el 6 y 21 de julio de 2026, cuando la víctima permaneció privada de la libertad en Paintla. Para cometer el crimen, el sujeto habría participado en la privación de la libertad de la persona y acudió al sitio del cautiverio portando no solo el uniforme de la Policía Municipal, sino también a bordo de una patrulla oficial.

Las autoridades lo relacionan con otras personas que también estarían vinculadas con el secuestro al haber mantenido comunicación durante el tiempo que la víctima estuvo en cautiverio, además de señalarlo como miembro del mismo cártel.

Ese mismo día fue capturado en Maravatío de Ocampo, Michoacán, Rodrigo “N”, alias “El Gallinero”, presunto miembro de un brazo armado generador de violencia relacionado con la Familia Michoacana con operaciones en Taxco.

Su arresto fue realizado por el secuestro de seis elementos de la Policía Estatal, ocurrido el 21 de junio de 2020, cuando los uniformados circulaban a bordo de dos patrulladas sobre la carretera estatal Taxco-Tetipac, entre las localidades de El Gavilán y San Gregorio.

Los policías fueron atacados a balazos por un grupo de sujetos armados, entre ellos “El Gallinero”. Todos los elementos fallecieron en la agresión.

La siguiente captura fue la de Adrián “N”, alias “El Charro”, ejecutada en el municipio de Iguala de la Independencia. El sujeto es señalado como presunto miembro de este cártel y fue arrestado por la desaparición de un menor de edad.

Las indagatorias refieren que los hechos ocurrieron entre el 30 de junio y el 1 de julio de 2026 en Taxco, cuando Adrián “N” presuntamente trasladó al menor de edad con rumbo desconocido en compañía de otros cómplice que aún no son identificados.

Las más recientes detenciones vinculadas con este grupo criminal ocurrieron este lunes, cuando fueron asegurados cuatro funcionarios del Ayuntamiento de Taxco supuestamente relacionados con el cártel y acusados de secuestro agravado, así como de desaparición forzada de personas.

Los detenidos fueron identificados como Ricardo “N”, director del Centro de Comando y Control (C2); José “N”, monitorista del centro; Gabriel “N” y Olga “N”, elementos de la Policía Preventiva Municipal de Taxco.

De acuerdo con las autoridades, los hechos ocurrieron el 29 de septiembre de 2026, cuando la víctima fue privada de la libertad por varias personas que la obligaron a subir a un vehículo.

La Fiscalía de Guerrero detalló que las investigaciones señalan que Gabriel “N” y Olga “N” habrían ordenado el retiro de elementos de Tránsito Municipal en la zona donde cometieron el crimen y habrían instruido a Ricardo “N” y José “N” a no reportar lo sucedido a las corporaciones de seguridad.

Lo que dijo Sheinbaum sobre el caso

La presidenta afirmó que su gobierno está en contra de cualquier forma de racismo y señaló que falleció otro connacional en un centro de detención. Indicó que el canciller Roberto Velasco estuvo en contacto con los familiares y emitió un comunicado, y que se presentará una denuncia en Estados Unidos porque debe garantizarse la protección de los derechos humanos.

Los datos que dio Sheinbaum sobre el connacional:

• Fue detenido en junio, según la presidenta.
• Según la familia, sufría diabetes e hipertensión.
• Los familiares señalaron que probablemente no tenía todos sus medicamentos.

La mandataria añadió que se reforzará la labor de los consulados para que, en el marco de sus atribuciones, garanticen la protección de los derechos humanos de los mexicanos en el exterior, en particular de quienes son detenidos. Cerró con un mensaje de solidaridad a los paisanos, a quienes se refirió como “héroes y heroínas”.

El origen del anuncio: una pregunta sobre Los Tigres del Norte

El anuncio llegó al responder una pregunta sobre el cierre del Mes de la Herencia Hispana en Estados Unidos, donde Los Tigres del Norte cerraron un evento organizado por una radio pública. La mandataria se refirió primero a la agrupación y sostuvo que representa un símbolo de identidad cultural para los mexicanos en el exterior.

Sheinbaum recordó que la banda estuvo en Palacio Nacional, donde, dijo, fue la primera vez que un presidente los invita, y que una reunión prevista de 15 minutos se extendió dos horas. Añadió que el próximo año cumplen 50 años de trayectoria y que habrá reconocimientos en México.

Qué informó la SRE sobre la muerte en Laredo

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), mediante el comunicado 207/2026 difundido el 18 de octubre, exigió a Estados Unidos una investigación “pronta, exhaustiva y transparente” por la muerte de un mexicano en el centro de procesamiento Río Grande, en Laredo, Texas. Sheinbaum no identificó al fallecido ni el centro de detención durante su intervención.

De acuerdo con la dependencia, el Consulado General de México en Laredo fue notificado del deceso por la oficina local del ICE, activó el protocolo de protección, contactó a los familiares y les brinda asistencia. La SRE no divulgó la identidad, aunque medios estadounidenses lo habrían identificado como Emiliano Andrade-Covarrubias, de 56 años.

El congresista estadounidense Henry Cuellar confirmó el fallecimiento al Texas Tribune y señaló que el hombre fue hallado inconsciente en su celda alrededor de las 10:00 horas del sábado 17 de octubre. Según NX Noticias, la instalación es privada y la opera GEO Group para el ICE; el personal no logró reanimarlo.

La causa de la muerte no ha sido determinada. De acuerdo con los reportes consultados, su hija relató que tenía problemas de salud y secuelas de covid-19 desde 2021, y que en los días previos presentaba tos y malestar.

Acciones jurídicas y diplomáticas

La Cancillería detalló que ha emprendido acciones diplomáticas y jurídicas, entre ellas:

• Notas diplomáticas al Departamento de Estado.
• Denuncias ante las autoridades competentes.
• Gestiones para que las familias accedan a representación legal.
• Reforzamiento de la protección consular y del seguimiento a las condiciones de detención.

Además, anunció que enviará una denuncia al fiscal del condado de Webb, jurisdicción de Laredo, para pedir que se esclarezca el caso y se determinen responsabilidades. A través de la Embajada de México en Estados Unidos, también solicitará que se garantice el acceso de los cónsules a los centros de detención para poder exigir atención a la salud de los mexicanos recluidos.

Una cifra que va en aumento

Con este caso suman 18 los connacionales fallecidos bajo custodia o durante operativos migratorios desde el 20 de enero de 2025, según el recuento más reciente. Según el Texas Tribune, Andrade-Covarrubias sería la séptima persona que muere bajo custodia del ICE en Texas este año y la segunda en una instalación de ese tipo en Laredo.

El Gobierno de México expresó su “profunda preocupación” por la recurrencia de estos casos y pidió una respuesta efectiva para garantizar la vida, la integridad y los derechos humanos de las personas migrantes.

El antecedente más cercano en la misma ciudad es el de Félix Alcorta-Rodríguez, de 63 años, quien murió el 19 de junio en el Centro de Detención del condado de Webb, en Laredo, tras ser encontrado inconsciente. En julio, Sheinbaum anunció que la SRE presentaría denuncias penales ante el Departamento de Justicia y fiscalías estatales por la muerte de 17 connacionales.

El Gobierno de México identificó mil 800 páginas relacionadas con el reclutamiento de jóvenes en plataformas digitales. De ellas, alrededor de 800 ya fueron dadas de baja y otras mil permanecen en trámite de eliminación, informó esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes la mandataria también reportó la detención de tres presuntos responsables de este delito durante el fin de semana y atribuyó estas acciones a las investigaciones del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), cuya área de ciberseguridad monitorea redes sociales y plataformas de videojuegos para detectar mecanismos de captación utilizados por grupos delictivos.

La mayoría de las páginas identificadas, señaló, corresponde a TikTok, con cuya empresa el Gobierno mantiene comunicación para solicitar el retiro de las cuentas.

Sheinbaum no precisó cuántas personas han sido víctimas de reclutamiento forzado ni cuántos jóvenes detenidos en operativos de seguridad fueron identificados posteriormente como víctimas de esta práctica. Explicó que, cuando una persona detenida aparece en los registros de desaparecidos, las autoridades revisan su situación y la consideran una posible víctima, incluso si presuntamente cometió algún delito.

“El área de ciberseguridad del Centro Nacional de Inteligencia revisa permanentemente, con las mejores herramientas, páginas de TikTok, otras redes sociales y plataformas, incluso de videojuegos, para identificar y solicitar la baja de cuentas utilizadas para el reclutamiento. Es un trabajo permanente para evitar que un grupo delictivo utilice una plataforma para captar a un joven de manera aparentemente voluntaria”, explicó Sheinbaum.

Alertas de desaparición buscan acelerar la localización

La presidenta destacó el sistema de alertamiento coordinado por la Secretaría de Gobernación con autoridades federales y estatales para activar búsquedas inmediatamente después de recibir un reporte de desaparición.

Según Sheinbaum, al menos la mitad de las personas incorporadas a este sistema son localizadas durante las siguientes 24 horas. Aclaró que no todos los casos están relacionados con delitos, pues también hay personas que se ausentan voluntariamente por problemas familiares u otras circunstancias.

“El centro de alertamiento de la Secretaría de Gobernación está vinculado con las 32 entidades de la república, donde también hay centros de alertamiento. Cuando un familiar denuncia una desaparición ante la fiscalía o alguna autoridad, de inmediato se generan las alertas para encontrar a la persona. Hasta este momento, por lo menos la mitad de las personas reportadas en este sistema de alertas, son encontradas en las siguientes 24 horas”, afirmó.

El mecanismo reúne a dependencias como la Guardia Nacional, las secretarías de la Defensa Nacional y Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y autoridades sanitarias y penitenciarias. El objetivo es que los centros de alertamiento de las 32 entidades estén conectados para facilitar la búsqueda cuando una persona se traslada de un estado a otro.

Como parte de las medidas para fortalecer este sistema, Sheinbaum mencionó una propuesta presentada ante el Congreso para hacer obligatorio acreditar la identidad al abordar autobuses en centrales camioneras, requisito que, indicó, actualmente no se exige de manera generalizada.

“Este centro de alertamiento ha permitido avanzar mucho y lo estamos fortaleciendo con equipo. Queremos fortalecer también la obligación de acreditar la identidad de todas las personas que suben a un autobús en una central camionera. Esta es una propuesta que ya está en el Congreso y que serviría para el sistema de alertamiento”, explicó la mandataria.

Gobernación reporta 16 mil personas localizadas

La mandataria informó que la Secretaría de Gobernación reportó la localización de 16 mil personas mediante la revisión de registros administrativos y acciones de búsqueda. Entre las primeras diligencias se encuentra verificar si alguien reportado como desaparecido realizó trámites bancarios, contrajo matrimonio en otra entidad o dejó otros registros que permitan establecer su paradero.

Cuando existe un número telefónico, las autoridades intentan contactar directamente a la persona; además, los gobiernos estatales colaboran con visitas domiciliarias. Sheinbaum señaló que la mayoría de las 16 mil personas localizadas fueron encontradas con vida, mientras que un porcentaje menor apareció en registros forenses.

“La semana pasada Segob informó que se han encontrado 16 mil personas. Lo primero que hacemos es revisar si la persona reportada como desaparecida realizó algún trámite bancario o si se casó en otro estado de la república. De esa manera se puede establecer administrativamente que fue localizada”, aseguró.

“De inmediato se llama por teléfono, cuando tenemos el número proporcionado en la alerta de desaparición. Además, ahora las entidades de la república nos ayudan a buscarlas en sus domicilios”, agregó la presidenta.

FGR reforzará identificación de personas fallecidas

Sheinbaum también anunció que la Fiscalía General de la República (FGR), mediante la Agencia de Investigación Criminal, trabaja para fortalecer la identificación de personas fallecidas que permanecen sin identidad confirmada.

De acuerdo con la presidenta, la fiscal general, Ernestina Godoy, se ha reunido con fiscales estatales para impulsar estas tareas. También señaló que la FGR dispondrá de recursos adicionales para este propósito el próximo año, mientras que se ha solicitado a los gobiernos estatales destinar presupuesto específico.

La Secretaría de Gobernación también mantiene reuniones con colectivos de búsqueda para explicar las acciones institucionales y los mecanismos mediante los cuales pueden participar en los procesos de localización e identificación.

Por otra parte, Sheinbaum señaló que revisará un estudio de la Universidad Iberoamericana sobre fosas clandestinas en predios privados de la Ciudad de México entre 2020 y 2024. Dijo que solicitará a Ernestina Godoy y Omar García Harfuch, quienes colaboraron con ella durante su gestión como jefa de Gobierno, revisar la información.

El empresario Mariano Ernesto Páez, de 58 años y padre de Agostina Páez, la argentina detenida en Brasil en una causa por gestos racistas, fue arrestado en el barrio Alberdi de la ciudad de Santiago del Estero. La causa investiga la sustracción de $ 1.500.000 de un comercio de materiales de Las Termas de Río Hondo. En el mismo operativo fue aprehendida su pareja, María Emilia Soledad Batule, de 34 años, señalada como presunta coautora.

El hecho, investigado por el fiscal Emanuel Sabater, ocurrió el 10 de octubre, entre las 12:15 y las 12:40, en un negocio ubicado sobre la calle Juan Núñez del Prado, en Las Termas de Río Hondo.

De acuerdo con la reconstrucción judicial, Páez y Batule ingresaron al local con la intención de realizar una compra. Mientras se confeccionaba la factura, una empleada habría dejado efectivo sobre el mostrador del sector de cajas.

La acusación sostiene que Páez tomó el dinero a través de la ventanilla de pagos y se lo entregó a la mujer que lo acompañaba antes de que ambos se retiraran del local. Las cámaras de seguridad habrían registrado la secuencia, según el diario El Liberal.

La denuncia fue presentada por el representante legal de la firma y dio paso a las medidas de investigación del Departamento Robo y Hurto de Las Termas. Con esos elementos, el juez de Control y Garantías Silvio Salice ordenó los procedimientos.

Los allanamientos se realizaron en una vivienda de la calle Alvear, en el barrio Alberdi de la capital santiagueña. Allí, la Policía detuvo a Mariano Páez y aprehendió a María Emilia Soledad Batule, quien quedó vinculada a la causa como supuesta coautora.

Durante el operativo, los agentes incautaron $ 632.600 en efectivo y una camioneta Toyota RAV4 que, de acuerdo con la información difundida, pertenece al empresario. También secuestraron un buzo gris y azul con abertura frontal y franjas blancas, además de una campera azul y otra turquesa, prendas que serían de interés para la investigación.

Los objetos y el vehículo quedaron bajo resguardo judicial. Los dos acusados continuarán detenidos a disposición de la fiscalía y se prevé que sean indagados en los próximos días.

El caso de Agostina Páez

El caso de Agostina Páez comenzó el 14 de enero en un bar del barrio de Ipanema, en Río de Janeiro. La abogada santiagueña fue denunciada por un empleado, que la acusó de insultos y gestos racistas durante una discusión originada, según la investigación, por el pago de una cuenta. La Justicia brasileña la imputó por injuria racial y le impuso restricciones para salir del país.

El expediente incorporó además un video de las cámaras de seguridad del local. La defensa de Páez sostuvo que las imágenes muestran a un trabajador con gestos obscenos y provocaciones hacia ella y sus amigas antes de la reacción que se investiga. Esa versión fue planteada como parte de su estrategia judicial y no modificó la acusación que tramitaba en Brasil.

Durante el proceso, Páez tuvo el pasaporte retenido y fue monitoreada con una tobillera electrónica. En febrero se dispuso su prisión preventiva, medida que luego fue revocada; regresó a la Argentina el 1 de abril tras pagar una fianza de 97.000 reales, equivalente a cerca de USD 18.000, aunque la causa en Brasil seguía sin una sentencia definitiva.

El creador de contenido Bryce Hall fue detenido en Las Vegas y enfrenta cargos por agresión doméstica y coacción con amenaza o uso de fuerza física en un contexto de violencia doméstica. La acusación se relaciona con un incidente ocurrido el 27 de julio con su expareja, la influencer María Palafox, conocida en redes como Mika Lafuente.

De acuerdo con documentos policiales obtenidos por 8 News Now, afiliada de CBS News, agentes del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas acudieron a una vivienda alrededor de las 17:45 del 27 de julio, tras recibir un aviso por una disputa familiar.

Lafuente dijo a los agentes que había regresado a la casa de Hall para retirar objetos que aún permanecían allí tras la ruptura. Según el informe de arresto, el desacuerdo comenzó cuando intentó llevarse una aspiradora robótica y Hall le habría impedido hacerlo, al afirmar que el aparato debía quedarse en la vivienda.

La mujer sostuvo que, durante la discusión, Hall la sujetó, la cargó sobre su hombro y la llevó hacia la entrada de la casa. Después, presuntamente, la arrojó sobre unas piedras del jardín, lo que le provocó rasguños en el cuerpo.

El informe señala que Lafuente inició una grabación en su teléfono antes del altercado. En ese audio se escucha a Hall decir: “Te voy a echar de la casa”.

En el audio, se oye que la mujer le pidió a Hall que la golpeara. Él respondió que no lo haría, pero que la sujetaría. La discusión continuó y, poco después, sucede un forcejeo.

En varias ocasiones, Lafuente le solicitó que la soltara. También se alcanza a oír el sonido de una caída, informó 8 News Now.

Una amiga que acompañaba a la influencer declaró a las autoridades que el acusado la insultaba y la llamaba con “palabras obscenas”.

El presunto episodio ocurrió dos días antes de que Hall anunciara en redes sociales el final de su relación de casi dos años. En ese video, el influencer dijo que la separación no había sido amistosa, aunque le deseó lo mejor a su expareja, precisó Page Six.

En el mismo video intentó bromear sobre la ruptura: “Ahora tengo esta enorme casa para mí solo, lo cual da un poco de miedo por la noche”. Luego agregó: “Sigamos adelante. Solo la criticaré si se acuesta con otro. Es broma”.

Hall quedó en libertad y deberá comparecer ante un tribunal en diciembre

La denuncia se presentó el 28 de agosto, más de un mes después del presunto incidente. Un tribunal emitió una orden de arresto el 10 de septiembre y ordenó a Hall no tener contacto con la víctima, según los registros revisados por NBC News.

En la madrugada del 12 de septiembre, agentes acudieron a la residencia del influencer por una denuncia por disturbios. Al verificar sus antecedentes, encontraron dos órdenes de arresto activas y procedieron a detenerlo, reportó 8 News Now.

Posteriormente, quedó en libertad y un juez extendió la orden de no contacto hasta el 12 de enero de 2027. La próxima audiencia judicial de Hall está prevista para diciembre.

Un representante del creador de contenido declaró que las “acusaciones son falsas” y que esperan que los hechos se esclarezcan ante el tribunal. El portavoz añadió que emprenderán “medidas legales contra los responsables de difundir afirmaciones falsas y difamatorias”.

Bryce Hall alcanzó notoriedad durante los primeros años del auge de TikTok como uno de los fundadores de Sway House, una casa de creadores de contenido que rivalizaba con la popular Hype House, consignó Entertainment Weekly.

Una joven de 19 años denunció que su pareja intentó golpearla dentro de la vivienda que ambos compartían en el barrio 9 de Julio de La Banda, en Santiago del Estero. El episodio ocurrió durante los primeros minutos del jueves y motivó un procedimiento policial que derivó en la detención del acusado de 21 años.

Tras recibir una alerta por un hecho de violencia, personal de la Comisaría Comunitaria N.º 47 se dirigió al domicilio con apoyo de agentes de Investigaciones del Departamento de Seguridad Ciudadana N.º 4.

En el lugar, los efectivos se entrevistaron con la joven, quien relató lo sucedido. Según la información difundida por Diario Panorama, la joven explicó que su pareja había intentado golpearla dentro de la casa que ambos compartían.

Aunque el joven habría intentado alejarse del inmueble cuando advirtió la presencia policial, los agentes lo interceptaron a pocos metros y verificaron su identidad. Descubrieron que sobre él pesaba una orden de detención vigente, dictada en una causa anterior por lesiones en un contexto de violencia de género.

Ese hallazgo modificó la situación del joven durante el procedimiento. Más allá de las actuaciones que se iniciaron por la denuncia de la mujer de 19 años, la Policía debía hacer efectiva una medida judicial que ya se encontraba vigente.

El procedimiento quedó bajo conocimiento de la Fiscalía de turno. El acusado fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia para cumplir con la medida judicial que ya estaba dispuesta, mientras se incorporaban las actuaciones vinculadas con el episodio denunciado por su pareja.

La remisión de las actuaciones permitirá que la Fiscalía que investiga el antecedente conozca las circunstancias de la nueva intervención. A su vez, la Fiscalía de turno deberá avanzar con las medidas relacionadas con el presunto intento de agresión denunciado en el barrio 9 de Julio.

No se difundieron detalles sobre posibles lesiones ni sobre otros elementos que hubieran sido secuestrados en el domicilio. El joven quedó detenido mientras continúan las diligencias.

En agosto, un joven de 27 años fue detenido en la ciudad de Añatuya, también en Santiago del Estero, luego de que su expareja denunciara que incumplió una prohibición de acercamiento y la agredió en la vivienda que ambos habían compartido. La mujer, de 31 años, tiene una hija de siete meses con el acusado.

La Justicia había dispuesto horas antes la exclusión del hogar y una restricción de acercamiento contra el hombre, a raíz de un incidente registrado durante la tarde del domingo. Sin embargo, según la denuncia, durante la madrugada del lunes regresó al domicilio situado en el barrio Tradición.

De acuerdo con la presentación, el acusado intentó ingresar por la parte trasera de la casa. Al no poder acceder, se dirigió hasta una ventana y exigió que le devolvieran sus pertenencias. La mujer intentó cerrar la abertura para evitar el contacto, pero sostuvo que el hombre la sujetó del cuello, la insultó y la amenazó.

Tras un llamado de alerta, intervino personal de la Comisaría Comunitaria de la Mujer y la Familia N.º 4, que redujo al sospechoso y lo trasladó a la dependencia policial. La fiscal de turno de la Circunscripción Judicial Añatuya dispuso su aprehensión por el presunto delito de lesiones leves calificadas por el vínculo.

Además, la fiscal ordenó que la denunciante fuera examinada por personal médico y dispuso medidas de resguardo. Entre ellas, se incluyó la entrega de un botón antipánico para la mujer. La investigación continuará para determinar las circunstancias del hecho denunciado y el alcance del incumplimiento de la medida judicial previa.

Tras viralizarse en redes sociales videos en los que pobladores de la localidad de Laguna Colorada, en Culiacán, denunciaban presuntas violaciones a derechos humanos y discutían con elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Gabinete de Seguridad confirmó a través de sus canales oficiales la detención de siete personas por presuntos nexos a una célula delictiva generadora de violencia, como resultado del despliegue operativo.

La respuesta oficial llegó horas después de que los primeros registros de la comunidad de Laguna Colorada circularan en plataformas digitales, entre los que destacó un forcejeo entre civiles y elementos federales, para impedir que trasladaran a uno de los objetivos capturados.

Posterior a la divulgación del material, la autoridad federal explicó que la acción respondió a trabajos de inteligencia e investigación, no a un operativo aislado. Elementos de la Semar, la SSPC, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República ejecutaron cinco órdenes de cateo en distintos inmuebles del municipio, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

El Gabinete de Seguridad detalló que fueron cinco órdenes de cateo y siete detenidos

El comunicado difundido en la red social X precisó que, durante las acciones, fueron detenidas siete personas, entre ellas dos mujeres identificadas como operadoras logísticas de la organización criminal. La autoridad federal no detalló la identidad completa de los detenidos ni los domicilios exactos donde se ejecutaron los cinco cateos.

La dependencia enmarcó el operativo como parte de una investigación en curso contra la célula señalada, sin precisar su nombre ni su presunta vinculación con otros grupos criminales que operan en la entidad.

Las autoridades reportaron también el aseguramiento de cuatro armas de fuego, cargadores, cartuchos, droga, vehículos y equipos de comunicación durante las diligencias. El comunicado no especificó el tipo de armamento ni la cantidad de droga asegurada en los cinco inmuebles cateados.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que las instituciones continuarán trabajando de manera coordinada para desarticular las células delictivas que generan violencia y proteger a la población de Sinaloa. La dependencia no ofreció una fecha para la presentación de los detenidos ante autoridad judicial ni adelantó si habrá nuevas diligencias relacionadas con el caso.

Hija de una de las detenidas denunció robos en su vivienda

Entre las personas detenidas figuró Carlota Murillo Avendaño, cuya intervención generó un enfrentamiento entre vecinos y fuerzas federales este 15 de octubre. El Registro Nacional de Detenciones confirmó su registro con estatus “en traslado”, sin alias ni precisión sobre su relación específica con la célula señalada por el Gabinete de Seguridad.

En un video difundido en redes sociales, la hija de Carlota relató que entregó su teléfono desbloqueado a un oficial y le dijo: “Pues aquí está. Si lo quiere revisar, no tengo nada”. Según su testimonio, los elementos se llevaron su iPhone 17, una computadora valuada en más de 50 mil pesos y un Apple Watch, que después apareció afuera de la vivienda.

La joven denunció además que a su hermana le quitaron un teléfono y un iPad, y que del domicilio también sustrajeron consolas PlayStation, dinero y joyas. “No nos quieren dar el VR de las cámaras, mi casa tiene cámaras, no nos lo quieren dar”, dijo en el video compartido por medios locales, en referencia a las grabaciones de seguridad de la propiedad.

En el mismo testimonio, la hija de Carlota narró el operativo: dijo que seis hombres armados ingresaron a la vivienda alrededor de las 3:00 o 3:30 de la mañana y apuntaron contra ella y su hermana menor de edad. “Se supone que solo estaban haciendo cateo de la casa, que ni siquiera tocaba en mi casa, tocaba en la casa de un lado, pero decidieron brincarse a mi casa”, afirmó.

La joven agregó que no le permitieron ver a su madre hasta el final del operativo ni le informaron en qué vehículo la trasladaban.

La irrupción de los elementos federales derivó en un choque directo con los habitantes de Laguna Colorada, que se prolongó por horas. Pobladores y familiares formaron una valla humana alrededor de las patrullas para impedir que Murillo Avendaño fuera trasladada, sin embargo, posteriormente se confirmó la aprehensión.

Entre los empujones fue lesionado un reportero del medio El Debate, quien se encontraba en el sitio cubriendo el despliegue.

La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa acudió al lugar

Óscar Loza, titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Sinaloa, acudió personalmente a Laguna Colorada acompañado del director de Quejas del organismo. Loza escuchó el testimonio de la detenida y de sus familiares sobre el trato recibido durante las diligencias.

“Los dispositivos podrían contener información de interés para el Ministerio Público”, dijo Loza al diario El Debate, en referencia a los celulares y la tableta retirados de la vivienda. El funcionario explicó que esa versión se la trasladaron las propias autoridades que participaron en el operativo.

Loza invitó a los familiares a presentar una queja formal ante la CEDH para que el caso fuera remitido a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. El titular del organismo advirtió que una demora injustificada en el proceso podría utilizarse para ejercer presión durante la investigación, de acuerdo con el mismo diario.

La detención de Iván Sánchez Santiago, alias “El Cromo”, en Guadalajara, Jalisco, este 14 de octubre, ocurrió tres semanas después del arresto del alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, y del inicio de las investigaciones contra funcionarios municipales por su presunta relación con Los Cromos, grupo criminal señalado por extorsiones y homicidios en el Istmo de Oaxaca.

La Fiscalía aún debe esclarecer qué acciones se atribuyen a cada uno de los funcionarios detenidos y qué pruebas sostienen las sospechas de protección institucional a la organización.

El caso ya incluye detenciones de integrantes señalados del grupo criminal y de funcionarios municipales. Sin embargo, las acusaciones todavía deben sostenerse con pruebas que permitan establecer si existió una colaboración sistemática entre servidores públicos y Los Cromos, quiénes habrían participado y qué conductas se atribuyen a cada persona.

El alcalde y el excomisionado policial, bajo investigación

Miguel Sánchez Altamirano, conocido como “Quetu”, fue detenido el 23 de septiembre de 2026, cuando todavía era presidente municipal de Juchitán. Ese mismo día también fue arrestado Carlos Alberto “N”, alias “La Parka”.

La Fiscalía de Oaxaca señaló a Sánchez Altamirano y a “La Parka” por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones apuntan a presuntas acciones para encubrir o favorecer actividades ilícitas de Los Cromos, aunque la responsabilidad de cada uno deberá establecerse durante el proceso judicial.

Un día después, el 24 de septiembre, fue detenido Jhon Keny Segura Moreno, excomisionado de la Policía Municipal. El 1 de octubre fue vinculado a proceso por su probable responsabilidad en delitos contra la investigación y seguridad del Estado, debido a que presuntamente brindaba protección al grupo criminal.

También es necesario determinar si las sospechas involucran únicamente a los funcionarios detenidos o si la investigación comprende a otros servidores públicos y agentes municipales.

Las denuncias sobre policías y el uso de patrullas

Antes de las detenciones, habitantes de Juchitán denunciaron presuntas acciones de colaboración entre policías municipales e integrantes de Los Cromos. Testimonios de vecinos han descrito el uso de patrullas oficiales para trasladar a personas señaladas como integrantes del grupo y acompañar a quienes cobraban extorsiones a comerciantes.

Uno de los testimonios describió a un hombre identificado por los vecinos como integrante de la organización que, después de permanecer en un comercio, subió a una patrulla municipal. Otro comerciante relató que pagaba mil pesos semanales y que, en ocasiones, quienes acudían a cobrar estaban acompañados por una unidad policial.

Para establecer qué ocurrió, las autoridades tendrían que contrastar los testimonios con registros de patrullaje, bitácoras de servicio, comunicaciones entre policías, grabaciones disponibles y otros datos de prueba. También falta conocer si los agentes mencionados en las denuncias han sido identificados formalmente y si la Fiscalía les atribuye conductas específicas.

El C2 y los antecedentes de la intervención policial

En junio de 2025, fuerzas estatales y federales tomaron el control de la Policía Municipal y del Centro de Control y Comando (C2) de Juchitán como parte de la Operación Sable, dirigida contra delitos como extorsión, homicidio, secuestro y cobro de piso en el Istmo de Tehuantepec.

Ese antecedente plantea preguntas sobre el funcionamiento de las corporaciones municipales y el manejo de la información de seguridad. Sin embargo, no hay elementos públicos suficientes para afirmar que Los Cromos utilizaran las cámaras del C2, que tuvieran acceso a sus sistemas o que algún funcionario alterara registros para favorecer a la organización.

La Fiscalía debe aclarar qué hallazgos surgieron de la intervención de 2025, si el funcionamiento de la Policía Municipal y del C2 forma parte de las líneas actuales de investigación y si existen pruebas que relacionen esos antecedentes con las acusaciones contra Sánchez Altamirano y Segura Moreno.

También falta establecer si hubo fallas de supervisión, filtraciones de información operativa o intervenciones deliberadas de servidores públicos. Son escenarios distintos y requieren pruebas específicas para atribuir responsabilidades.

La captura de “El Cromo” y las preguntas pendientes

Iván Sánchez Santiago fue detenido este miércoles 14 de octubre en Guadalajara, Jalisco, durante un operativo en el que participaron la Unidad de Inteligencia Naval de la Secretaría de Marina y el Centro Nacional de Inteligencia.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Sánchez Santiago tenía órdenes de aprehensión por homicidio calificado relacionadas con tres víctimas, además de otra orden vinculada con un caso de 2020. Las autoridades también lo relacionan con las investigaciones por el asesinato de una niña de cuatro años en Juchitán.

Las acusaciones contra “El Cromo” y las investigaciones sobre funcionarios municipales forman parte del mismo contexto de presuntas actividades criminales en la región, pero la detención del señalado como líder de Los Cromos no demuestra, por sí misma, cómo habría operado una posible red de protección institucional.

Uno de los puntos pendientes es establecer qué relación mantenía Sánchez Santiago con los funcionarios detenidos y qué pruebas sustentan las sospechas de colaboración. También falta conocer si existen otras órdenes de aprehensión contra personas presuntamente vinculadas con la organización o si las autoridades investigan a más integrantes de la administración municipal.

Otro aspecto por esclarecer es la estructura de Los Cromos y su presunta relación con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Las autoridades han señalado ese vínculo, pero para dimensionar su alcance es necesario conocer qué información respalda esa identificación, qué funciones desempeñaban los integrantes del grupo y cuál era su área de operación.

Las próximas actuaciones judiciales y los resultados de las diligencias ministeriales deberán precisar si las detenciones permiten acreditar responsabilidades individuales y cómo se relacionan las acusaciones por extorsión y otros delitos con la presunta protección desde el gobierno municipal. Hasta que existan pruebas y resoluciones judiciales, las imputaciones contra los funcionarios y los señalados como integrantes de Los Cromos deberán mantenerse como acusaciones sujetas a investigación.

La Policía arrestó en Coronel Suárez a Gustavo Edgardo Casali, un hombre que permanecía prófugo desde hacía dos años tras la confirmación definitiva de una condena por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Deberá cumplir una pena de cuatro años y seis meses de prisión.

El procedimiento se concretó después de que los investigadores detectaran su presencia en esa ciudad bonaerense durante las últimas jornadas. Efectivos de la Estación de Policía Comunal de Pueblo San José montaron el operativo que permitió localizarlo y detenerlo.

Según informó el portal La Nueva, la captura puso fin a una búsqueda iniciada luego de que Casali no fuera encontrado en su domicilio, cuando la Justicia ordenó su detención para ejecutar la sanción. La condena había adquirido firmeza en mayo de 2024, tras una serie de resoluciones de tribunales de distintas instancias.

Fuentes judiciales indicaron que la orden de arresto fue emitida por el Tribunal en lo Criminal N° 1. El tribunal intervino una vez que quedó firme la sentencia dictada el 2 de marzo de 2022 contra Casali, a quien también se declaró reincidente.

La pena impuesta fue de cuatro años y seis meses de prisión por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. Esa figura penal contempla la posesión de drogas con elementos que permiten sostener que estaban destinadas a su venta o distribución, y no al consumo personal.

El expediente se originó a partir de un allanamiento realizado en agosto de 2019 en una vivienda situada sobre avenida Balcarce al 400, en Coronel Suárez. Durante ese procedimiento, los uniformados secuestraron cocaína y otros objetos que luego formaron parte de la investigación judicial.

A partir de las pruebas incorporadas a la causa, Casali fue llevado a juicio y recibió la condena en 2022.

Después de la sentencia de primera instancia, la defensa de Gustavo Edgardo Casali recurrió la decisión ante el Tribunal de Casación. Sin embargo, a mediados de 2022 ese tribunal confirmó la condena y, además, rechazó el planteo para presentar un recurso extraordinario.

El recorrido judicial continuó ante la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, que en mayo de 2024 desestimó un recurso de queja. Con ese pronunciamiento, ya no quedaron instancias ordinarias pendientes que pudieran suspender la ejecución de la pena.

De esta manera, la condena quedó firme, más de dos años después de que fuera dictada. La firmeza de la resolución habilitó al tribunal a ordenar el cumplimiento efectivo de la prisión establecida para el condenado.

El 30 de julio de ese año, el juez Ricardo Gutiérrez, integrante del tribunal bahiense que intervino en el caso, dispuso la detención de Casali. La medida tenía como finalidad que comenzara a cumplir la condena de cuatro años y medio.

Cuando se intentó concretar la orden judicial, Casali no pudo ser localizado en su domicilio. Desde entonces, quedó registrado como prófugo y se iniciaron las tareas para determinar dónde se encontraba.

La investigación para ubicarlo se extendió durante alrededor de dos años. Según los voceros judiciales, las averiguaciones recientes permitieron establecer que el condenado estaba nuevamente en Coronel Suárez, lo que derivó en la organización del procedimiento policial y culminó con su detención.

La Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán informó que la Guardia Civil desplegó un operativo de seguridad por tierra y aire en los municipios de Los Reyes, Cotija, Tingüindín, Zamora y Jacona, con patrullajes, sobrevuelos y presencia policial para reforzar la protección de las familias michoacanas.

El operativo combinó vigilancia estratégica con acciones coordinadas entre los agentes desplegados en los cinco municipios.

La dependencia estatal señaló que el objetivo del despliegue es fortalecer la prevención del delito y la capacidad de respuesta ante incidentes de seguridad. La protección de la ciudadanía fue el eje central de las acciones realizadas en la región.

Desmantelan sistema de videovigilancia ilegal vinculado al huachicoleo de gas LP en Puebla

Fuerzas de seguridad federales y estatales desmantelaron un sistema de videovigilancia ilegal con nueve cámaras en Tepeaca, Puebla, presuntamente vinculado al huachicoleo de gas LP en la región. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en coordinación con la Secretaría de Marina (Marina), localizó los dispositivos como parte del reforzamiento de labores de seguridad y prevención de delitos.

Los dispositivos de videograbación fueron hallados instalados en postes de energía eléctrica, alumbrado público y telefonía fija. Las autoridades ubicaron las cámaras en dos puntos específicos: la localidad de San José Carpinteros y el centro de Tepeaca, zonas donde un grupo delictivo habría operado para vigilar movimientos de seguridad y facilitar el robo de combustible.

El sistema, según las autoridades, estaría relacionado con una célula criminal dedicada al robo de gas LP en la zona. Los elementos de la SSP y la Marina retiraron la totalidad de los equipos tras identificar su ubicación exacta en la infraestructura pública.

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Fuerzas federales realizan operativos contra el huachicol y cumplimentan órdenes de aprehensión en cuatro estados

La Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y el Gabinete de Seguridad federal, cateó inmuebles en Puebla y Tabasco por la posible comisión de delitos en materia de hidrocarburos, mientras cumplimentó cuatro órdenes de aprehensión en distintos estados del país por delitos que incluyen violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y contra la salud.

Según datos revelados este 13 de octubre, en Chignahuapan, Puebla, personal de la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la SSPC, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, cateó un inmueble donde aseguró siete mil litros de hidrocarburo, contenedores, tambos, un compresor, dos vehículos y una motocicleta.

Por otra parte, en Villahermosa, Tabasco, las mismas corporaciones realizaron actos de investigación en la colonia Linda Vista, donde detuvieron en flagrancia a dos personas y aseguraron 2 mil 800 litros de gas LP y un vehículo tipo autotanque.

Por separado, la Agencia de Investigación Criminal, con apoyo de la SSPC, cumplimentó órdenes de aprehensión contra cuatro personas en causas penales distintas, en Baja California, Guanajuato, Querétaro y Puebla. Los delitos imputados incluyeron violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, portación de arma de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas y delitos contra la salud.

Las personas detenidas y lo asegurado en los tres casos quedaron puestos a disposición de la autoridad competente para definir su situación jurídica.

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Detienen en posesión de un arma blanca a sujeto acusado de asaltar en la alcaldía Coyoacán

Un hombre de 38 años fue detenido por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en la alcaldía Coyoacán, luego de que una mujer de 32 años lo señaló como la persona que, momentos antes, la amagó con una navaja y la despojó de sus pertenencias.

Los hechos ocurrieron sobre la calle Cerro del Peñón y la avenida Las Torres, en la colonia Campestre Churubusco, donde los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando la víctima solicitó su apoyo. La mujer relató a los policías que el sujeto se le acercó, la amenazó con el arma punzocortante y la obligó a entregarle sus pertenencias antes de huir del lugar.

Tras escuchar el relato de la afectada, los oficiales ubicaron de inmediato al hombre que ella señaló como responsable y procedieron a interceptarlo. Conforme a los protocolos de actuación policial, le realizaron una revisión preventiva en la que le encontraron una navaja de aproximadamente 10 centímetros de largo.

Durante la misma inspección, los uniformados hallaron también un monedero de color negro y una cantidad de dinero en efectivo, objetos que la víctima reconoció como suyos al verificar que coincidían con lo que le habían robado minutos antes.

Con estos elementos, los policías procedieron a la detención formal del hombre, a quien se le informaron sus derechos constitucionales conforme marca el protocolo. Junto con el arma y los objetos asegurados, el detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, autoridad que se encargó de definir su situación jurídica a partir de las evidencias recabadas en el lugar de los hechos.

Un cruce de información reveló que el detenido ya contaba con antecedentes dentro del Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, pues registró dos ingresos previos: uno por el delito de robo agravado durante 2021 y otro por robo calificado en 2009.

/mexico/2026/10/13/omar-garcia-harfuch-sostiene-que-saben-la-ubicacion-de-amilcar-olan-tras-huida-de-suiza/

La Mesa para la Construcción de Paz y Seguridad de Morelos informó que los tres agentes de la Fiscalía del Estado secuestrados por presuntos miembros de Pueblos Unidos para exigir la liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, fueron torturados para motivar que las autoridades accedieran al acuerdo.

Durante conferencia de prensa realizada este martes, Luis Flores Barrios, titular de la Fiscalía de Delitos de Alto Impacto, informó que la liberación del hombre era inminente debido a que “El Güero Gym”, no contaba con órdenes de aprehensión al momento de su captura.

/mexico/2026/10/13/el-guero-gym-no-tenia-orden-de-aprehension-al-momento-de-su-arresto-en-morelos-sicarios-torturaron-a-agentes-para-su-liberacion/

Restos humanos envueltos en llamas fueron localizados la mañana de este martes a un costado de la carretera federal 45, en el tramo que conecta los municipios de Silao y León, Guanajuato.

El hallazgo ocurrió aproximadamente a las 6:00 horas, cuando conductores que circulaban por la zona observaron un bulto que se encontraba incendiándose a un costado de la vialidad.

/mexico/2026/10/13/abandonan-restos-humanos-envueltos-en-llamas-sobre-carretera-federal-de-guanajuato/

Niños de entre nueve y 11 años consumen fentanilo mezclado con marihuana o en plumas de wax bajo engaño en Tecate, Baja California, mientras las células del Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) los reclutan como halcones y sicarios a cambio de dosis. Así lo documentó el medio digital Zeta Tijuana en un reportaje publicado en octubre de 2026.

El fenómeno se mantiene activo en el municipio fronterizo durante 2026. Responde al abandono parental, a la adicción dentro de las propias familias y a la ausencia de programas estatales de prevención dirigidos a la niñez.

/mexico/2026/10/13/ninos-de-nueve-anos-consumen-fentanilo-en-tecate-mientras-el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-los-reclutan-como-halcones/

Cuatro funcionarios activos y un exfuncionario de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán fueron detenidos por presuntamente simular la muerte de una persona para cobrar el seguro de vida, del cual recibieron el primer pago.

Su captura se llevó a cabo por elementos de la Fiscalía del Estado, en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE) de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

/mexico/2026/10/13/simulan-muerte-para-cobrar-seguro-de-vida-caen-5-funcionarios-de-la-fiscalia-de-michoacan-tras-irregularidades-en-documentacion/

Diego, un adolescente de 16 años, murió el pasado jueves luego de permanecer cinco días hospitalizado en estado crítico tras recibir dos disparos en la cabeza durante un incidente en el que participaron elementos de la Policía Estatal de Nayarit, en Tepic.

El adolescente viajaba la noche del sábado 3 de octubre en una camioneta Mazda junto con otros cuatro jóvenes cuando ocurrió una persecución policial que terminó en el cruce de la calle Gómez Mendiola y la avenida Insurgentes, en la capital nayarita.

/mexico/2026/10/13/muere-adolescente-tras-recibir-disparos-en-la-cabeza-durante-persecucion-policial-en-tepic/

La localización de pistas clandestinas utilizadas para el trasiego de drogas disminuyó debido a la reducción de vuelos ilegales en el espacio aéreo mexicano y al aumento de aseguramientos de droga en altamar por parte de la Secretaría de Marina (Semar), afirmó el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

Durante ‘La Mañanera’ de este martes, el general atribuyó esta tendencia a la aplicación de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, que integra las capacidades de distintas dependencias federales para detectar y contrarrestar operaciones aéreas ilícitas.

/mexico/2026/10/13/pistas-clandestinas-disminuyeron-por-ley-de-proteccion-al-espacio-aereo-nacional-y-decomisos-en-altamar-asegura-defensa/

La cadena comercial Oxxo registró una disminución de 15% en los eventos de robo con violencia ocurridos en sus tiendas durante los primeros nueve meses de 2026, en comparación con el mismo lapso de 2025. El dato lo presentó Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), el 13 de octubre de 2026 en el reporte de incidencia delictiva con corte al 30 de septiembre.

La funcionaria explicó que la cifra forma parte del informe elaborado con datos de las 32 fiscalías estatales del país, a dos años exactos del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum. Figueroa Franco atribuyó la mejora al trabajo conjunto entre el Gabinete de Seguridad Federal y los gobiernos estatales en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.

/mexico/2026/10/13/gobierno-de-mexico-destaca-reduccion-de-robos-con-violencia-en-tiendas-del-oxxo-cae-un-15-del-delito/

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), explicó que fue con la intención de salvar vidas que las autoridades de Morelos liberaron a José David “N”, identificado por el alias de “El Güero Gym” dentro del grupo criminal de Pueblos Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario detalló que la decisión de liberar al generador de violencia fue porque había muchos civiles en las calles, por lo que se evitó un posible ataque en su contra; sin embargo, adelantó que el hecho no quedará impune con la próxima detención de “El Güero Gym”.

/mexico/2026/10/13/estado-de-fuerza-no-era-el-suficiente-harfuch-explica-el-motivo-por-el-que-fue-liberado-el-guero-gym-en-morelos-y-adelanta-su-arresto/

El 12 de octubre, estudiantes de la Universidad de Guanajuato encendieron velas y exigieron justicia por la muerte de un compañero de clases. Joan Francisco Díaz Rodríguez, de 21 años, fue hallado sin vida el 4 de octubre en el río Pastita, luego de permanecer desaparecido durante varios días.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) investiga el caso como un posible homicidio y hasta el momento no reporta detenidos ni hipótesis oficiales. Díaz Rodríguez cursaba la licenciatura en Relaciones Industriales en la Universidad de Guanajuato y vivía en el centro de la capital estatal por motivos de estudio.

/mexico/2026/10/13/estudiantes-de-la-universidad-de-guanajuato-encienden-velas-y-exigen-justicia-por-el-homicidio-de-joan-francisco-diaz/

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó la sanción a 15 sujetos presuntamente vinculados con el Cártel del Noreste (CDN), una red que abarca carreras de caballos cuarto de milla, constructoras, empresas de transporte y negocios de gas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La medida bloqueó los bienes bajo jurisdicción estadounidense de cuatro personas y 11 empresas, mientras la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, identificó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita entre algunos de los señalados.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) incluyó en sus listas a personas y compañías que, según su investigación, sostienen las actividades financieras y operativas del grupo criminal. Las designaciones se emitieron bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, esta última modificada, que permiten sancionar a organizaciones ligadas al tráfico internacional de drogas y al terrorismo.

/mexico/2026/10/13/a-lo-peaky-blinders-desmantelaron-en-eeuu-empresas-del-cartel-del-noreste-que-lavaban-dinero-en-carreras-de-caballos/

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso contra cuatro presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada con fines de acopio de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Los imputados fueron identificados como Juan Manuel Brambila Brindas, Diego Chávez Hernández, Amado Montiel Sánchez y Jaime Navarro Mora, quienes fueron detenidos en septiembre de 2024 en el municipio de Huajicori, Nayarit.

/mexico/2026/10/13/cjng-procesan-a-cuatro-detenidos-en-nayarit-por-delincuencia-organizada-y-acopio-de-armas/

Una explosión se registró la mañana de este martes en una gasera del municipio de Coacalco, en el Estado de México. El estallido ocurrió en la zona conocida como El Ranchito, cerca de un mercado de la colonia Loma Bonita, y provocó que los vecinos corrieran para ponerse a salvo.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho sucedió sobre la calle Venustiano Carranza, en la parte alta de la zona, hoy 13 de octubre de 2026. La causa del incidente no ha sido confirmada hasta el momento por ninguna autoridad.

/mexico/2026/10/13/explota-gasera-en-el-ranchito-coacalco-videos-muestran-llamas-y-columnas-de-humo/

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dio a conocer este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que los drones asegurados por el Ejército mexicano el pasado 4 y 11 de octubre en Sinaloa, no estaban completos, y que eran partes para ser construidos. Dichos drones son manejados por fibra óptica, una alta tecnología que se ha detectado en la guerra entre Rusia y Ucrania, y con las piezas encontradas, los delincuentes pensaban armarlos.

“No eran drones completos, eran partes, era material para ensamblar los drones, pero no tenían aditamentos para soltar artefactos explosivos y demás, ellos utilizan mucho los drones comerciales y los adaptan después para utilizarlos para agredir a la parte contraria o muchas ocasiones también a la autoridad”, señaló Trevilla Trejo.

/mexico/2026/10/13/uso-de-drones-por-parte-de-carteles-en-sinaloa-preocupan-a-defensa-nacional-los-adaptan-para-agredir-a-adversarios-y-autoridades/

El enfrentamiento que se registró el pasado jueves en el penal de “El Castillo”, ubicado en Mazatlán, Sinaloa, se derivó de una riña entre miembros de la facción de Los Chapitos, confirmó Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, el funcionario detalló que con la liberación de un miembro de Los Chapitos -que a su vez fungía como líder dentro del penal- dos células de esta facción sostuvieron una riña que, al escalar, provocó el ataque armado con saldo de 12 personas muertas y 16 heridas.

/mexico/2026/10/13/los-chapitos-estan-detras-de-rina-en-el-penal-de-mazatlan-que-dejo-12-muertos-confirma-harfuch-preven-mas-control-con-traslados/

El gobierno de Claudia Sheinbaum informó que el promedio diario de homicidios dolosos en México registró una reducción de más de 52% entre septiembre de 2024 y septiembre de 2026, de acuerdo con el reporte presentado el 13 de octubre durante la conferencia matutina en Palacio Nacional.

Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), señaló que el indicador pasó de 86,9 a 42,2 casos diarios, con base en las cifras consolidadas que las 32 fiscalías estatales entregaron al organismo federal.

/mexico/2026/10/13/homicidio-doloso-en-mexico-baja-52-en-un-ano-gobierno-reporta-45-casos-menos-por-dia/

La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) exhortó a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que se brinden medidas de protección al periodista Jorge Caro luego de que un grupo de hombres armados irrumpieron en su domicilio, ubicado en Tecate, por volar undron.

/mexico/2026/10/13/exigen-proteccion-para-periodista-de-tecate-por-irrupcion-de-hombres-armados-en-su-casa-tras-volar-un-dron/

Carlos Humberto Escamilla “N”, un albañil de 43 años, fue detenido por el presunto asesinato de María de Jesús Vázquez Aguilar, de 71 años, quien lo había contratado para realizar trabajos en su vivienda de la colonia CTM Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero. El crimen ocurrió el 10 de octubre, según la información difundida sobre el caso.

El agresor golpeó a la víctima, la amarró con cinta canela dentro del baño de la vivienda y huyó a bordo de su automóvil con la intención de robar sus pertenencias, según confirmaron las autoridades.

/mexico/2026/10/13/albanil-es-detenido-por-el-asesinato-de-una-mujer-de-71-anos-en-la-gam/

El Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se encuentran entre las organizaciones criminales latinoamericanas que han extendido sus actividades hacia Europa, donde mantienen vínculos con mafias locales y participan en negocios relacionados con el tráfico de drogas, de acuerdo con una investigación del diario británico The Guardian.

El reportaje, elaborado por el periodista Andrei Netto, identificó la presencia de organizaciones criminales de México, Colombia, Brasil, Ecuador, Venezuela y Estados Unidos en al menos 12 países europeos, en un contexto marcado por el crecimiento de las incautaciones de cocaína y de la producción de esta droga en América Latina.

/mexico/2026/10/13/cartel-de-sinaloa-y-cjng-amplian-presencia-en-europa-operan-en-al-menos-12-paises/

La liberación de José David “N”, alias “El Güero Gym”, a cambio de tres agentes retenidos de la Fiscalía General del Estado de Morelos, volvió a poner sobre la mesa una de las escenas más delicadas en temas de seguridad en México: cuando la presión armada obliga a las autoridades a ceder después de un operativo.

El episodio ocurrido este lunes en Totolapan ha recordado a especialistas e internautas al llamado Culiacanazo de octubre de 2019, cuando el gobierno federal ordenó liberar a Ovidio Guzmán López en medio de una ola de ataques y bloqueos del Cártel de Sinaloa.

/mexico/2026/10/13/de-ovidio-guzman-a-el-guero-gym-los-casos-en-que-la-presion-criminal-freno-operativos-de-seguridad-en-mexico/

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en el mismo día a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras un operativo en Totolapan que terminó en un canje por tres agentes retenidos.

Detrás del detenido opera “Pueblos Unidos”, la más reciente versión de una célula del Cártel de Sinaloa que ha cambiado de nombre al menos tres veces en los últimos años.

/mexico/2026/10/13/que-se-sabe-de-pueblos-unidos-el-grupo-criminal-detras-de-el-guero-gym-que-opera-en-totolapan-morelos/

Los comediantes Brincos Dieras (Roberto Carlo Oliva Barajas) y La Chupitos (Liliana Arriaga Franco) se sinceraron sobre haber dado shows a grupos criminales.

Durante una entrevista reciente con Adela Micha el comediante regiomontano incluso confesó: “Me dieron 10,000 dólares de propina”, al hablar de una posada a la que fue contratado hace más de 15 años.

La conversación, grabada para el canal de La Saga, reunió también al periodista de nota roja Carlos Jiménez, y dejó al descubierto una práctica que varios artistas mexicanos reconocieron en distintos momentos de los últimos años.

/mexico/2026/10/13/la-chupitos-y-brincos-dieras-se-sinceran-sobre-haber-dado-shows-a-narcos-me-dieron-10-mil-dolares-de-propina/

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos detuvo y liberó en cuestión de horas a José David “N”, identificado como “El Güero Gym”, tras canjearlo por tres agentes de la Fiscalía Regional Oriente retenidos por un grupo criminal en Totolapan.

El intercambio se concretó alrededor de las 19:35 horas de este lunes, según confirmó la propia institución en un comunicado oficial.

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Semar y Guardia Costera de EEUU aseguran 1.2 toneladas de cocaína frente a Oaxaca, hay seis detenidos

Semar y la Guardia Costera de Estados Unidos decomisaron aproximadamente 1.2 toneladas de cocaína y detuvieron a seis personas que viajaban en una embarcación frente a las costas de Oaxaca. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó sobre el operativo y señaló que los aseguramientos marítimos de la Marina superan las 90 toneladas de esta droga durante el gobierno de Claudia Sheinbaum.

Asesinan a balazos a un hombre en la colonia Guadalupe Proletaria de CDMX

Un hombre de aproximadamente 25 años murió tras ser atacado a balazos en el cruce de las calles 11 y Luis Olvera, en la colonia Guadalupe Proletaria, alcaldía Gustavo A. Madero, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC). Paramédicos del ERUM confirmaron que la víctima ya no tenía signos vitales. La zona quedó acordonada mientras se esperaba la llegada de los servicios periciales y se notificó al Ministerio Público. De acuerdo con la SSC, personal de monitoreo revisa las cámaras de videovigilancia para identificar y localizar al responsable.

/mexico/2026/10/12/liberan-a-10-de-los-39-detenidos-en-guadalajara-durante-manifestacion-por-agua-limpia-continuaran-proceso-por-tres-delitos/

Cae “El Cabra” en Tabasco, presunto líder de la Mara 18, buscado por 15 homicidios en El Salvador

Óscar Ariel “N”, alias “El Cabra”, identificado como uno de los líderes de la Mara 18, fue detenido en Villahermosa, Tabasco, durante un operativo conjunto de fuerzas federales y autoridades estatales. El sospechoso era buscado por las autoridades de El Salvador y contaba con una orden de aprehensión internacional por su presunta participación en al menos 15 homicidios, delitos sexuales y actividades de narcomenudeo. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que el intercambio de información con el Gobierno salvadoreño permitió ubicarlo y reconoció la colaboración del gobernador Javier May y de las autoridades estatales.

Información ampliada:

/mexico/2026/10/12/cae-el-cabra-en-tabasco-presunto-lider-de-la-mara-18-buscado-por-15-homicidios-en-el-salvador/

/mexico/2026/10/12/de-bmw-a-cadillac-los-autos-de-lujo-que-el-cartel-de-sinaloa-y-el-cjng-roban-de-agencias-en-eeuu-y-como-los-usan/

Un hombre de 29 años fue detenido este domingo en Corrientes luego de que amenazara a los agentes que lo seguían con un arma de juguete. El procedimiento se desarrolló en el barrio Independencia, tras un aviso sobre una persona que circulaba en motocicleta y exhibía un objeto con apariencia de revólver.

La intervención comenzó en el sector conocido como las 100 Viviendas, situado entre las calles Tulio Mariño y Los Charrúas. Al advertir la presencia policial, el conductor se alejó del lugar en la motocicleta.

De acuerdo con lo informado por el portal del diario El Litoral, durante el seguimiento, el hombre habría dirigido hacia los efectivos el objeto que llevaba consigo. La situación motivó un pedido de colaboración a otras dependencias, mientras los policías continuaban con el operativo para localizar e interceptar al motociclista.

El operativo concluyó en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Sebastián Gaboto, donde el motociclista fue alcanzado e interceptado por los policías. Allí, se concretó su aprehensión.

Una vez detenido el hombre, los efectivos realizaron el secuestro preventivo de la motocicleta en la que se desplazaba. También incautaron el objeto que, durante el aviso inicial y el seguimiento policial, había sido identificado como un supuesto revólver.

La Policía estableció que se trataba de un arma de plástico, aunque su aspecto era similar al de un arma de fuego.

Mataron a un hombre con un machete

Un hombre de 37 años fue asesinado en el asentamiento del barrio Pirayuí, en la ciudad de Corrientes, mientras intentaba recuperar una motocicleta que le habían robado. Por el hecho, tres adultos fueron detenidos y un adolescente quedó imputado en la investigación.

La víctima fue identificada como Gustavo González, de 37 años. Tras la alerta de su pareja a la Policia, los agentes recorrieron la zona y encontraron al hombre sin vida en la vía pública, con heridas punzocortantes.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Frías y la avenida Cangallo. De acuerdo con el relato de la mujer, González había ido a recuperar una motocicleta que le habían robado. En ese contexto, se cree que se produjo una pelea previa, que derivó en el brutal ataque.

El episodio ocurrió en las inmediaciones de la calle Frías y la avenida Cangallo. De acuerdo con el relato de la mujer, González había ido a recuperar una motocicleta que le habían robado. En ese contexto, se cree que se produjo una pelea previa, que derivó en el brutal ataque.

Además, un menor de edad fue demorado durante los operativos. Luego, fue entregado a sus padres. Sin emabrgo, quedó formalmente imputado y continúa vinculado a la causa.

La madre de dos de los detenidos afirmó que sus hijos no participaron del homicidio y sostuvo que los responsables del ataque continúan en libertad. También adelantó que se presentará ante la Justicia para acompañar la defensa de ambos.

La causa acumula videos de las cámaras de seguridad privadas, un dispositivo DVR e imágenes aportadas por residentes de la zona. Ese material será analizado por los peritos para precisar cómo ocurrió el homicidio e identificar el rol que habría tenido cada persona involucrada.

Un hombre murió mientras cumplía un arresto administrativo en los separos de Seguridad Pública de San Felipe, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado investiga las circunstancias del fallecimiento, ocurrido el 7 de octubre, mientras las grabaciones de videovigilancia y los registros médicos forman parte de las pruebas que pueden ayudar a reconstruir lo sucedido.

El caso tiene antecedentes en otros municipios de Guanajuato. En Comonfort, la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PRODHEG) determinó en octubre de 2025 que cuatro policías municipales omitieron salvaguardar la vida de un hombre que murió después de ser detenido y trasladado a los separos.

En León, otro fallecimiento ocurrido ese mismo año generó cuestionamientos después de que la causa de muerte consignada en el acta de defunción contradijera la primera versión difundida por la Policía Municipal. En Juventino Rosas, un hombre también murió bajo custodia en mayo de 2025 y se anunció una investigación interna para revisar los procedimientos aplicados.

Los tres antecedentes tienen circunstancias diferentes y no permiten anticipar qué ocurrió en San Felipe. Sin embargo, documentan casos en los que las actuaciones de los agentes, la atención médica, los testimonios y las pruebas disponibles resultaron relevantes para esclarecer muertes ocurridas durante una detención.

El hombre fallecido en San Felipe tenía aproximadamente 30 años y cumplía un arresto administrativo de 36 horas por un presunto intento de robo de vehículo y una agresión contra policías, de acuerdo con reportes locales. La muerte ocurrió alrededor de las 18:00 horas dentro de las instalaciones municipales ubicadas en la salida hacia la carretera San Felipe-Ocampo.

Según la versión de la alcaldesa Saraí Lepe Monjaras, el detenido permanecía en una celda acompañado de otro interno. Este último se percató de que el hombre comenzó a presentar complicaciones de salud y alertó a los guardias, quienes solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

El personal que acudió al lugar realizó maniobras de atención y reanimación, pero el hombre murió dentro de las instalaciones. Protección Civil señaló inicialmente la posibilidad de un paro cardiorrespiratorio, aunque la causa oficial debía ser determinada por la autoridad competente y el médico legista.

La alcaldesa informó que las cámaras de videovigilancia habían registrado parte de lo ocurrido y que las grabaciones serían entregadas a las autoridades investigadoras. El director de Seguridad Pública municipal, Fernando Delgado, señaló que el hombre llevaba alrededor de dos horas detenido cuando comenzó a convulsionar, de acuerdo con declaraciones difundidas por medios locales.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se había confirmado una conclusión médico-forense definitiva sobre la causa de muerte ni se habían dado a conocer posibles responsabilidades de los funcionarios que se encontraban de turno. La existencia de un certificado médico de ingreso, referida por el director municipal, tampoco permite establecer por sí sola cuál era el estado de salud del hombre durante las horas posteriores a su detención.

Comonfort: derechos humanos documentó agresiones dentro de los separos

El antecedente más documentado ocurrió en Comonfort el 5 de mayo de 2024. Un hombre de 25 años fue detenido después de participar en una riña y murió posteriormente en los separos municipales.

El 17 de octubre de 2025, la PRODHEG emitió una resolución de recomendación en la que determinó que cuatro policías municipales omitieron salvaguardar el derecho a la vida del detenido. El organismo también señaló al juez calificador por no proteger su derecho a la seguridad jurídica.

La resolución se sustentó en declaraciones de los agentes, testimonios, grabaciones de videovigilancia y el dictamen de necropsia. De acuerdo con este último documento, la causa de muerte fue un traumatismo profundo de tórax. El cuerpo presentaba diversas lesiones y fracturas en cinco costillas.

Las imágenes revisadas por la PRODHEG permitieron observar agresiones contra el detenido dentro de las instalaciones. Los testimonios incorporados al expediente también describieron golpes y quejidos antes de que el hombre se desplomara.

El organismo concluyó que los policías señalados no protegieron la vida del detenido. En el caso del juez calificador, determinó que presenció una agresión sin impedirla ni adoptar medidas posteriores para proteger a la víctima.

La resolución de Comonfort constituye un antecedente relevante por la manera en que se reconstruyeron los hechos. Las grabaciones no se analizaron de forma aislada: se contrastaron con los testimonios y las pruebas médico-forenses para establecer qué ocurrió durante la custodia.

En San Felipe, la existencia de cámaras también puede ayudar a determinar la secuencia de los acontecimientos, aunque hasta ahora no se ha informado de hallazgos que permitan equiparar ambos casos.

León: el acta de defunción contradijo la primera versión policial

En septiembre de 2025, Armando, de 51 años, murió en instalaciones de la Policía Municipal de León, después de haber sido detenido la tarde anterior. El caso generó cuestionamientos por las diferencias entre la versión inicial de la corporación y la información contenida en el acta de defunción.

La Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana de León sostuvo inicialmente que el hombre no presentaba huellas de violencia durante su estancia en las instalaciones policiales. También circularon versiones iniciales sobre una posible congestión alcohólica.

Sin embargo, familiares de Armando señalaron que el cuerpo presentaba golpes y compartieron el acta de defunción, que consignaba como causa de muerte un traumatismo profundo de tórax. El documento también indicaba que no había recibido atención médica durante la enfermedad o lesión previa a su fallecimiento, según la información publicada por el periódico AM.

La Fiscalía General del Estado intervino para investigar las circunstancias de la muerte y realizar las diligencias correspondientes. La información difundida entonces no permite establecer quién provocó las lesiones ni atribuir una responsabilidad penal definitiva.

El caso mostró la importancia de distinguir entre las primeras explicaciones ofrecidas después de una emergencia y los resultados de las pruebas médico-forenses. En San Felipe, la hipótesis inicial de un paro cardiorrespiratorio tampoco debe confundirse con una conclusión definitiva sobre la causa del fallecimiento.

Juventino Rosas: también se anunció una revisión interna

El 14 de mayo de 2025, un joven murió en los separos municipales de Juventino Rosas, donde se encontraba bajo detención preventiva. La Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato confirmó el fallecimiento y notificó a la Fiscalía estatal para que iniciara la investigación correspondiente.

La dependencia también anunció una investigación interna para verificar si el personal había cumplido los procedimientos operativos del área de detención. Además, informó que facilitaría los registros videográficos disponibles y que se brindaría acompañamiento a los familiares mediante la Comisión Estatal de Atención Integral a Víctimas.

El alcalde de Juventino Rosas, Fidel Armando Ruiz Ramírez, afirmó públicamente que el joven se había suicidado dentro del área de barandillas. Esa versión fue difundida mientras la Fiscalía investigaba el caso.

A diferencia de Comonfort, donde la PRODHEG emitió una resolución que atribuyó omisiones a servidores públicos, en el caso de Juventino Rosas las fuentes consultadas documentaron el inicio de las investigaciones ministerial y administrativa, pero no una resolución equivalente sobre responsabilidades.

La distinción es importante: la apertura de una investigación no demuestra por sí misma que los agentes hayan cometido una irregularidad. Su objetivo es establecer qué ocurrió y si se cumplieron los procedimientos aplicables.

Los protocolos de custodia, bajo revisión

Las muertes ocurridas en instalaciones policiales también han sido objeto de supervisión preventiva por parte de organismos de derechos humanos. En diciembre de 2022, el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos publicó un informe sobre visitas realizadas en junio de 2021 a 11 separos municipales de Guanajuato.

El documento identificó factores de riesgo relacionados con las certificaciones médicas, las condiciones de alojamiento, la alimentación y el acceso a comunicación con familiares y asistencia jurídica. El objetivo era detectar situaciones que pudieran favorecer actos de tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.

El informe no incluyó a San Felipe entre los municipios supervisados, por lo que sus hallazgos no pueden atribuirse directamente a las instalaciones donde murió el hombre en octubre de 2026. El antecedente, sin embargo, documenta que las condiciones de detención municipal ya habían sido objeto de revisión institucional en el estado.

En el caso de San Felipe, las preguntas pendientes son concretas: qué estableció la necropsia, qué muestran las grabaciones, cuál era el estado de salud del detenido al ingresar, qué atención recibió cuando comenzó a convulsionar y cuánto tiempo transcurrió entre el aviso a los guardias y la llegada de los servicios de emergencia.

Los antecedentes de Comonfort, León y Juventino Rosas muestran que las muertes bajo custodia pueden derivar en investigaciones con resultados distintos. En San Felipe, la causa del fallecimiento y las posibles responsabilidades siguen pendientes de esclarecimiento.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla dio a conocer el pasado jueves, por medio de un comunicado difundido en redes sociales, que fue localizado y detenido Juan N., alias “El Moco y/o Chaparro”, a quien identificaron como un presunto líder de un grupo delictivo con operaciones en Puebla e Hidalgo. La detención se llevó a cabo en el municipio de Zacatlán, en el estado de Puebla.

La detención del sujeto fue resultado de la coordinación interinstitucional entre la Secretaría de Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Zacatlán.

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, El Moco era un objetivo prioritario y está vinculado con actividades ilícitas, como el robo de hidrocarburos, también conocido como huachicol, portación de arma de fuego, homicidio y delitos contra la salud.

Además, se señaló, labores de inteligencia permitieron saber que operaba en diversos municipios de la Sierra Norte de Puebla, entre ellos Ahuazotepec, Zacatlán, Chignahuapan y Huauchinango, así como diversas zonas del estado de Hidalgo.

Durante la intervención, se lee en el comunicado, las autoridades federales, estatales y municipales aseguraron dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y un arma de fuego.

“Esta acción refrenda el compromiso de las instituciones de seguridad y procuración de justicia de fortalecer la coordinación interinstitucional y sumar capacidades para combatir de manera frontal a la delincuencia”, se señala.

Medios locales identifican a Juan N. como candidato de las elecciones de 2024 para la presidencia municipal de Chignahuapan por el partido Fuerza por México. En el proceso se había proclamado ganador, sin embargo, esas elecciones fueron anuladas por inconsistencias.

Ya había estado detenido

Los reportes también señalan que El Moco ya había sido arrestado en 2020, sin embargo, salió años después de prisión por un amparo.

Fue el primero de octubre de ese año que el sujeto fue detenido en Huauchinango. Durante ese operativo, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública le encontraron 97 bolsitas con sustancia con características similares a la metanfetamina, además de una escopeta recortada.

Las autoridades lo señalan por su presunta participación en delitos relacionados con el robo y la comercialización ilegal de hidrocarburos en la Sierra Norte de Puebla, así como por sus posibles actividades de narcomenudeo en la región.

También fue relacionado con el homicidio de tres personas en la localidad de Tres Cabezas y con posibles nexos con Óscar N, alias El Loco Téllez.

En 2022 fue vinculado a proceso por presunto lavado de dinero. La investigación se centró en la adquisición de diversos bienes inmuebles y vehículos de lujo entre 2014 y 2020, operaciones que presuntamente se habrían realizado mediante personas interpuestas o prestanombres.

En ese periodo, el entonces gobernador del estado, Luis Miguel Barbosa Huerta, identificó publicamente a El Moco como uno de los principales presuntos generadores de violencia en la Sierra Norte y lo relacionó con actividades de robo de combustible, narcomenudeo, homicidio y extorsión.

Pese a los señalamientos y procesos judiciales, el sujeto salió del penal de Tepexi de Rodríguez, en octubre de 2023, luego de permanecer recluido aproximadamente tres años.

Para diciembre de 2024, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) negó un amparo a Juan N dentro del proceso que enfrenta por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Al resolver el amparo en revisión 127/2024, la Primera Sala determinó que las disposiciones del Código Penal de estado impugnadas eran constitucionales en los aspectos analizados. Dicha resolución dejó sin efecto la protección federal que buscaba obtener EL Moco contra esas disposiciones, lo que reactivó la búsqueda por parte de las autoridades ministeriales.

Una denuncia por violencia de género derivó en un operativo policial que terminó con cuatro hombres detenidos y tres armas de fuego secuestradas.El hecho sucedió en una vivienda de calle Solari, en Guaymallén, provincia de Mendoza.

El procedimiento comenzó a partir de una alerta ingresada al 911. Efectivos de la Comisaría 35 y de la Unidad de Acción Preventiva (UAP) acudieron al domicilio señalado para intervenir ante la denuncia por hecho ocurrido en la casa en cuestión.

Según pudo saber el medio local Los Andes, una vez en el lugar, los policías obtuvieron las características del sospechoso y activaron un operativo de búsqueda en el área. El hombre fue localizado cerca de su vivienda y quedó detenido. Durante ese primer procedimiento, los efectivos secuestraron un revólver que estaba en poder del acusado.

A partir de allí, las tareas continuaron en distintos sectores de la zona con el objetivo de ubicar a otras personas vinculadas con el hecho. La búsqueda llevó a los agentes hasta la intersección de las calles Edison y Formosa, donde encontraron a otros tres hombres, quienes también fueron aprehendidos en el marco de la intervención iniciada por la denuncia de violencia de género.

En ese lugar, la Policía incautó otras dos armas de fuego más: un revólver y una pistola, que quedaron incorporadas a las actuaciones judiciales. Los investigadores deberán determinar si tenían relación directa con la denuncia que motivó el despliegue policial o si pueden estar vinculadas con otros hechos.

La información difundida no precisó la identidad de los detenidos ni las medidas adoptadas por la Justicia tras las aprehensiones. Los cuatro involucrados quedaron a disposición de las autoridades judiciales mientras avanza la investigación.

Dos detenciones recientes por causas de violencia de género

Un caso reciente registrado en Las Heras expuso otra intervención policial por violencia de género que derivó en el secuestro de un arma de fuego. El hecho ocurrió el 11 de septiembre, luego de que vecinos alertaran al 911 sobre una presunta agresión contra una mujer dentro de una vivienda situada en las cercanías de las calles Laprida y Alem.

El llamado ingresó alrededor de las 17 y motivó el desplazamiento de efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje Las Heras (UEP). Cuando los policías arribaron al lugar, un grupo de vecinos les indicó cuál era la propiedad donde el hombre estaba golpeando a la pareja. Las personas que se encontraban en el lugar también advirtieron que el sospechoso podía tener un arma.

Cuando el hombre advirtió la llegada del móvil policial, cerró la puerta de la vivienda. Minutos después, al verse rodeado por los agentes, abrió el ingreso y manifestó su intención de entregarse. La joven de 24 años autorizó a los efectivos a ingresar al domicilio. Durante la inspección, registrada mediante una cámara corporal, los policías hallaron una pistola Taurus calibre 9 milímetros sobre el lavamanos del baño.

El sospechoso fue detenido y trasladado al móvil policial mientras continuaba el procedimiento. La medida buscó resguardar a la víctima y permitir que los efectivos avanzaran con las actuaciones dentro de la propiedad.

Otro procedimiento reciente se registró en Tunuyán, donde la Policía detuvo a un hombre de 30 años que tenía un pedido de captura por una causa de lesiones graves en contexto de violencia de género. Los efectivos llegaron hasta la zona de calle Azcuénaga, cerca del Parque Lombardía, tras recibir información sobre la posible presencia del acusado.

El sospechoso intentó escapar cuando advirtió el operativo, pero fue alcanzado por un agente luego de una persecución a pie de unos 300 metros. Después fue trasladado a la Subcomisaría Cordón del Plata y quedó a disposición de la Oficina Fiscal interviniente.

La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos y la Guardia Costera, Sector San Diego, informaron este jueves, en un comunicado conjunto, que frustraron con drones el cruce marítimo de 13 migrantes que intentaron llegar a Estados Unidos desde México la noche del domingo 4 de octubre, cerca de Imperial Beach, California. El operativo se desarrolló en la frontera marítima internacional del Sector de San Diego, en condiciones de riesgo tras las lluvias recientes en la región.

Según el comunicado, a las 20:40 horas un equipo de drones de la Guardia Costera detectó a nueve personas que nadaban hacia el norte, cruzando la frontera marítima en dirección a Estados Unidos. Tras ser iluminadas por el dron, el grupo cambió de rumbo y regresó hacia México.

Minutos más tarde, personal de la misma corporación localizó a otras cuatro personas que nadaban por la misma zona con el mismo destino. Los cuatro migrantes también retrocedieron al verse descubiertos. A las 21:22 horas, las 13 personas habían vuelto a territorio mexicano sin incidentes.

El intento de cruce ocurrió en un contexto de aguas frías, fuertes corrientes y contaminación, condiciones que la dependencia fronteriza señaló como potencialmente mortales para quienes nadan por esa ruta.

Justin M. De La Torre, jefe del Sector de San Diego de la Patrulla Fronteriza, declaró en el comunicado: “Los cruces marítimos ilegales son extremadamente peligrosos y ponen vidas en riesgo” y agregó que “no pongan su vida en manos de traficantes y no intenten entrar ilegalmente a Estados Unidos; no vale la pena arriesgar la vida”.

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Autoridades vigilan Acapulco para evitar saqueos por tormenta tropical Simón

Las lluvias asociadas a la tormenta tropical Simón llevaron a autoridades de los tres órdenes de gobierno a desplegar un operativo de seguridad en Acapulco para resguardar a la población y los comercios. La vigilancia busca prevenir robos, saqueos y actos de rapiña durante la contingencia.

En el dispositivo participan la Policía Estatal, Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como la Fiscalía General del Estado.

La presencia policial y militar se reforzó en tiendas de autoservicio, comercios departamentales y zonas con mayor afluencia. El objetivo es evitar que la emergencia sea aprovechada para cometer delitos contra establecimientos o bienes particulares.

Las instituciones mantendrán patrullajes durante la noche y madrugada, con atención a reportes ciudadanos y capacidad de respuesta ante incidentes. La SSP Guerrero indicó en un mensaje oficial que las acciones buscan conservar el orden y atender de manera oportuna a quienes lo necesitaran.

La dependencia estatal recordó que la rapiña es un delito en Guerrero y puede castigarse con hasta seis años de prisión. También pidió a la ciudadanía respetar la propiedad ajena y llamar al 911 ante cualquier emergencia o hecho delictivo.

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Vinculan a proceso a ‘Capitán Sol’ por huachicol fiscal: FGR lo señala como enlace de Los Primos

Miguel Ángel ‘N’, identificado como ‘Capitán Sol’, fue vinculado a proceso por su probable participación en una estructura relacionada con el llamado huachicol fiscal. La FGR lo señala como probable integrante de Los Primos y presunto colaborador de los hermanos Farías Laguna, además de ubicarlo como un posible enlace para coordinar embarcaciones, permisos y documentación aduanera vinculada con la introducción irregular de combustibles. El acusado ya había sido investigado desde 2025, cuando una jueza federal le concedió una suspensión provisional contra una orden de aprehensión. La Fiscalía también documentó que en 2025 habría adquirido una joyería por más de 400 mil pesos y que entre 2018 y 2025 habría gastado más de seis millones de pesos mediante tarjetas de crédito.

/mexico/2026/10/08/mexicanos-recurren-a-los-tanques-de-combustible-en-california-para-ocultar-metanfetamina-liquida-suman-varias-detenciones-en-2026/

Capturan a exfuncionario de Michoacán y a su familia por extorsionar mediante suplantación de ministros y alcaldes

Luis Miranda Contreras, exfuncionario de Michoacán, fue detenido junto con su esposa, sus dos hijos y un escolta en Metepec, Estado de México, por su probable participación en una red dedicada a extorsionar a políticos, funcionarios y empresarios mediante la suplantación de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alcaldes y servidores públicos. De acuerdo con la SSPC, el grupo contactaba a sus víctimas mediante llamadas y mensajes a sus números personales para obtener información confidencial que después utilizaba para hacerse pasar por funcionarios, incluso mediante inteligencia artificial para clonar voces y solicitar beneficios económicos o laborales. Miranda Contreras se desempeñó como Tesorero General y Secretario de Administración y Finanzas de Michoacán entre 2012 y 2013 y contaba con antecedentes por peculado.

Información ampliada:

/mexico/2026/10/08/suplantaban-desde-gobernadores-y-alcaldes-hasta-ministros-de-la-scjn-cae-red-criminal-encabezada-por-exsecretario-de-finanzas-de-michoacan/

/mexico/2026/10/08/cae-el-chivo-jefe-de-sicarios-de-la-linea-pero-siete-de-los-mas-buscados-de-chihuahua-y-texas-siguen-profugos/

/mexico/2026/10/08/carteles-mexicanos-necesitaran-reclutar-500-personas-por-semana-para-2027-revela-investigacion/

Un conductor mexicano fue detenido en California después de que agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos descubrieron 436 kilos de metanfetamina líquida ocultos en al menos uno de los tanques de combustible del camión que conducía.

El aseguramiento ocurrió el 29 de septiembre alrededor de las 11:00 horas sobre la Interestatal 15, en las inmediaciones de Murrieta. El tractocamión circulaba hacia el norte y no llevaba remolque, de acuerdo con información de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus silgas en inglés).

Durante la revisión, un agente de la Patrulla Fronteriza asignado a la estación Newton-Azrak y su perro detectaron indicios que llevaron a la revisión de los tanques de combustible del vehículo.

Los agentes encontraron metanfetamina líquida oculta en al menos uno de los tanques. Para extraerla de manera segura fue necesaria la intervención de especialistas en materiales peligrosos.

El líquido recuperado dio positivo a metanfetamina. La Patrulla Fronteriza informó que el cargamento pesaba 962 libras —unos 436 kilos— y estaba distribuido en aproximadamente 115 galones. Su valor estimado en el mercado negro fue calculado en un millón de dólares.

El conductor, de nacionalidad mexicana, fue entregado a la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y a autoridades locales para su procesamiento estatal. La Patrulla Fronteriza también incautó el camión.

Otros dos casos registrados en California en 2026

El hallazgo ocurrió después de otros dos casos registrados durante 2026 en California en los que ciudadanos mexicanos fueron detenidos con cargamentos de metanfetamina líquida ocultos en los sistemas de combustible de vehículos de carga.

El primer caso ocurrió el 2 de marzo en el puerto de entrada de carga de Otay Mesa, en San Diego.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza detectaron una sustancia blanca y cristalina sobre el tanque de combustible del lado del pasajero de un tractocamión Kenworth T680 modelo 2019.

La inspección permitió localizar 29 recipientes con metanfetamina líquida dentro del tanque. El peso total fue de aproximadamente 428.6 kilos.

El conductor fue identificado como Óscar Alonzo Cesena Camacho, ciudadano mexicano de 26 años y residente de Tijuana, quien ingresaba a Estados Unidos con una visa de negocios. Fue detenido y acusado de importación de una sustancia controlada.

De acuerdo con la denuncia federal, la sustancia fue sometida a una prueba preliminar que dio positivo a las características de la metanfetamina. El caso quedó bajo investigación de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional y de CBP.

El aseguramiento de marzo tiene una particularidad frente al ocurrido en septiembre: en ese caso el cargamento fue descubierto cuando el camión intentaba ingresar a Estados Unidos por la frontera, mientras que el decomiso más reciente ocurrió ya dentro de California, durante una revisión sobre una carretera.

Otros 421 kilos dentro del tanque

El 2 de julio se registró un segundo caso con características similares.

Julio Villa-Urzúa, ciudadano mexicano, fue detenido cuando intentaba ingresar a Estados Unidos a bordo de un semirremolque por el puerto de entrada de carga de Otay Mesa.

Los agentes de CBP localizaron 929 libras de metanfetamina líquida, equivalentes a unos 421 kilos, dentro del tanque de combustible del lado del pasajero.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, el cargamento estaba distribuido en 28 recipientes y la droga se encontraba disuelta en el líquido contenido en el tanque. Villa-Urzúa fue detenido y acusado de importación de una sustancia controlada.

Con el caso de septiembre, los tres aseguramientos documentados durante 2026 suman aproximadamente mil 286 kilos de metanfetamina líquida.

Del cruce fronterizo a las carreteras de California

Los tres casos ocurrieron en el sur de California, pero en circunstancias diferentes. Los aseguramientos de marzo y julio fueron realizados en Otay Mesa, durante intentos de ingreso a Estados Unidos, mientras que el más reciente fue detectado sobre la Interestatal 15, en las inmediaciones de Murrieta.

Esta diferencia permite observar dos momentos distintos del traslado de los cargamentos: en los primeros casos, la droga fue localizada durante la inspección de vehículos que buscaban ingresar a EEUU; en el tercero, los agentes la descubrieron después de que el camión ya se encontraba circulando dentro de California.

La Patrulla Fronteriza mantiene vigilancia en las carreteras que se alejan de la frontera precisamente para detectar el traslado de personas, drogas y otros productos de contrabando. En el caso de septiembre, la inspección permitió localizar el cargamento con apoyo de una unidad canina.

Los tres expedientes tampoco establecen que los conductores formen parte de una misma organización criminal. Lo que sí documentan es la repetición de un método de ocultamiento durante 2026: utilizar los tanques de combustible de vehículos de carga para transportar grandes cantidades de metanfetamina en forma líquida.

Los hechos ocurrieron en calles del Centro Histórico, donde personal de la SSC, en coordinación con elementos de la Policía Auxiliar (PA) y autoridades de la zona, realizaba acciones para retirar motocicletas mal estacionadas en lugares donde se buscaba liberar el espacio público.

La movilización se registró en las inmediaciones de las calles Madero y Motolinía, en la colonia Centro, cuando los monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Centro Histórico detectaron y reportaron una agresión contra los policías que participaban en el operativo.

Buscan evitar que se llevaran motocicletas mal estacionadas

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, un grupo de personas habría comenzado a confrontar y agredir a los agentes que realizaban el retiro de las motocicletas.

Ante la alerta, policías capitalinos acudieron al sitio para apoyar a sus compañeros y controlar la situación. Al llegar, observaron una riña y procedieron a intervenir para contener a los involucrados.

Durante la acción fueron detenidos siete hombres, quienes presuntamente participaron en las agresiones físicas contra los oficiales y un elemento de seguridad privada que acudió para auxiliarlos.

Los detenidos tienen 29, 28, 25, 24, 23, 22 y 21 años de edad. Tras su aseguramiento, los policías les informaron sus derechos constitucionales y posteriormente fueron trasladados ante el agente del Ministerio Público.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar la situación jurídica de los siete hombres y realizar las investigaciones correspondientes para establecer cómo ocurrieron los hechos y deslindar responsabilidades.

Dos lesionados fueron trasladados a un hospital

Durante la intervención también fue necesaria la presencia de servicios de emergencia debido a las lesiones registradas durante la confrontación.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron al punto para brindar atención a las personas que resultaron lesionadas.

De acuerdo con el reporte de la SSC, los paramédicos atendieron a los lesionados en el lugar y posteriormente trasladaron a dos de ellos a un hospital, donde recibirían atención médica especializada.

El operativo formó parte de las acciones realizadas por autoridades capitalinas para recuperar y mantener libres de obstáculos distintos espacios públicos del Centro Histórico, una de las zonas con mayor concentración de peatones y actividad comercial de la Ciudad de México.

La intervención comenzó con el retiro de motocicletas estacionadas en las calles Madero y Motolinía, pero posteriormente derivó en una confrontación que requirió la intervención de más elementos de seguridad.

La alerta emitida desde el C2 Centro Histórico permitió movilizar a los policías hacia el punto donde se registraba la agresión. Con la llegada de los uniformados, la riña fue controlada y los siete presuntos participantes quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.

La SSC señaló que será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones y determine las consecuencias legales para los detenidos, mientras se recaban los elementos necesarios para esclarecer la agresión contra los policías y el personal de seguridad privada.

Las autoridades mantienen los operativos de recuperación del espacio público en distintos puntos de la ciudad, con participación de diversas corporaciones de seguridad y autoridades encargadas de la atención de esta zona de la alcaldía Cuauhtémoc.

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Capturan a un hombre señalado de acosar a una mujer embarazada en Ecatepec

Elementos de seguridad atendieron un señalamiento de una vecina, quien cuenta con 36 semanas de embarazo, para efectuar la detención de Óscar “N”, quien fue presentado ante la autoridad correspondiente para determinar su situación jurídica por el probable delit0 de acoso.

Además, se contaba con un reporte realizado a través de la Red Vecinal en la calle Cerrada de Girasol, colonia Luis Donaldo Colosio, donde vecinos señalaron a un hombre se encontraba alcoholizado y ocasionaba daños en zaguanes al patearlos y arrojar piedras.

De acuerdo con los vecinos, el hombre había sido señalado previamente como generador recurrente de violencia

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Rescatan a hombre privado de la libertad en Nuevo León

La Fiscalía Especializada Antisecuestros de Nuevo León logró el rescate de un hombre privado de su libertad, luego de un cateo realizado en un domicilio de la colonia Privadas del Poniente, en el municipio de Santa Catarina. La víctima fue localizada en buen estado de salud horas después del operativo.

Las autoridades informaron que la diligencia se llevó a cabo en un domicilio ubicado en la calle San Alejandro, como parte de las investigaciones por los hechos de privación ilegal de la libertad registrados el pasado 2 de septiembre en la colonia Cumbres segundo sector.

De acuerdo con la fiscalía, el seguimiento realizado por los agentes investigadores permitió ubicar el inmueble donde la víctima permanecía retenida y concretar su rescate en el municipio de Santa Catarina.

La FGJENL señaló que continúa con las investigaciones para la aportación de pruebas y el esclarecimiento de los hechos, conforme al debido proceso y con respeto a los derechos de todas las partes.

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Se queda en prisión médico acusado por la muerte de pacientes tras aplicación de sueros vitaminados en Sonora

Un juez de control de Hermosillo, en Sonora, dictó prisión preventiva justificada contra Maximiano “N”, acusado de homicidio con responsabilidad médica por la muerte de un paciente tras administrarle sueros y otras sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular. El imputado permanecerá recluido en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de Hermosillo mientras avanza el proceso judicial.

La audiencia inicial se desarrolló luego de que el Ministerio Público formulara imputación en contra de Maximiano por el delito de culposo con resultado material de homicidio con responsabilidad médica. La fiscalía expuso ante el juez los datos de prueba recabados y solicitó tanto la vinculación a proceso como la medida cautelar, peticiones que fueron otorgadas.

Según los datos de investigación presentados por el Ministerio Público, el caso se relaciona con una posible mala praxis derivada de condiciones inadecuadas de higiene y contaminación durante la administración de las sustancias. El imputado indicó y aplicó a la víctima un suero y diversas sustancias por vía intravenosa en un domicilio particular.

Tras la aplicación, la víctima presentó un deterioro súbito de salud y falleció el 2 de abril. La causa de muerte fue insuficiencia cardiorrespiratoria, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y falla orgánica múltiple, de acuerdo con la fiscalía.

La defensa de Maximiano solicitó el plazo constitucional de 144 horas para resolver la situación jurídica del imputado. Con base en ese pedido, el juez fijó la continuación de la audiencia para el 10 de octubre de 2026, que se desarrollará mediante sala virtual.

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Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) capturaron en flagrancia a Cristian Rubén “N”, de 21 años, en la colonia Ley 57, en Hermosillo, tras ser señalado como uno de los probables responsables del ataque armado registrado la noche del pasado 5 de octubre en la colonia Fuente de Piedra, donde murieron un adolescente de 13 años y un hombre de 27 años, además de que una tercera víctima resultó herida. En declaraciones previas, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez había identificado el sitio de la agresión como un punto de venta de narcóticos.

Junto con el presunto homicida fueron detenidos Alan Arturo “N”, de 21 años, y Jorge “N”, de 30 años, relacionados con delitos distintos.

Durante la intervención, la AMIC aseguró un fusil AK-47 calibre 7.62x39, recortado, conocido como cuerno de chivo, con 19 cartuchos útiles, además de 35 envoltorios de una sustancia que las autoridades consideraron metanfetamina, aunque el fiscal precisó que aún esperaban los dictámenes periciales para confirmar su composición.

El arma se encuentra bajo análisis pericial y existen indicios que permitirían establecer su posible utilización en otros hechos violentos recientes en Hermosillo, entre ellos el ataque al Centro de Usos Múltiples del municipio.

Cristian Rubén “N” ya contaba con una orden de aprehensión por otro ataque armado

Cristian Rubén “N” tenía una orden de aprehensión vigente por un hecho distinto: haber participado, junto con dos sujetos más, en diversos disparos de arma de fuego contra un mando del Sistema Penitenciario, cuyo vehículo e inmueble resultaron dañados.

El fiscal señaló que, además de esa orden pendiente, existían datos de prueba que relacionaban a Cristian Rubén “N” con el doble homicidio de Fuente de Piedra. Por esa razón, tras su detención en flagrancia por la droga y el arma encontradas, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) anunció que trabajaría en complementar los mandamientos judiciales vigentes contra él.

Salas Chávez explicó que la captura formó parte del trabajo permanente de investigación que la dependencia mantiene en los asuntos de alto impacto registrados en la capital sonorense.

La Fiscalía había identificado un día antes a uno de los agresores del ataque

Un día antes de confirmarse la captura, el 6 de octubre, el fiscal Salas Chávez informó durante la conferencia semanal del gobernador Alfonso Durazo que la Fiscalía ya había identificado a uno de los presuntos agresores del ataque en Fuente de Piedra y que se encontraba en marcha un operativo para su captura. Ese sujeto, del cual no se revelaron detalles en su momento, sería Cristian Rubén “N”.

En esa misma conferencia, Salas Chávez señaló que el sitio donde ocurrió el ataque presentaba “características muy particulares” relacionadas con la venta de narcóticos. La periodista Lorenza Sigala, de Medios OBSON, cuestionó al fiscal sobre los avances de la investigación y pidió un mensaje para los padres de familia, al considerar que “un jovencito de trece años no tiene nada que hacer a las nueve de la noche en un tiradero”.

El fiscal evitó emitir ese mensaje directo. “No acostumbro dar recomendaciones o sermones, pero no tenía por qué estar haciendo nada ese joven a esas horas y en ese sitio”, respondió, sin ampliar sobre las circunstancias que llevaron al menor hasta el lugar del ataque. Tampoco proporcionó entonces detalles sobre el arma utilizada ni el número de agresores involucrados, al tratarse de una investigación en curso.

Jorge “N” enfrenta otro proceso por un homicidio cometido en noviembre de 2025

A diferencia de Cristian Rubén “N”, Jorge “N” no estaría vinculado al caso de Fuente de Piedra. Según los datos revelados por autoridades, contaba con una orden de aprehensión vigente por el homicidio calificado de un hombre identificado como Víctor Hugo “N”, cometido el 5 de noviembre de 2025 en la colonia San Luis, además de registros relacionados con delitos contra la salud.

Alan Arturo “N”, el otro sujeto detenido junto a Cristian Rubén “N”, también es identificado como probable responsable de la agresión armada contra el vehículo de un funcionario del Sistema Penitenciario.

Los tres sujetos quedaron a disposición del Ministerio Público por los delitos cometidos en flagrancia al momento de su detención: narcomenudeo y aportación de una arma de fuego de uso exclusivo y reservado para el Ejército y las Fuerzas Armadas. El fiscal informó que la dependencia continuaría con los procedimientos legales correspondientes para solicitar las órdenes de captura adicionales que correspondieran y llevar ante los tribunales a los tres por los distintos hechos en los que se encontraban relacionados.

Sobre la víctima menor de edad del ataque en Fuente de Piedra, el fiscal mantuvo la reserva de información por tratarse de un menor de edad, aunque confirmó que la autoridad tenía identificados los datos completos del caso.

Luego de que el pasado martes se diera a conocer la detención de Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, presunto líder regional y cofundador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y quien era cercano a Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo dio a conocer este miércoles, durante la conferencia de prensa matutina, que el Gabinete de Seguridad no le ha informado nada sobre el tema.

“No me han informado nada al respecto y en todo caso la Fiscalía General de la República tendría que informarlo, si es que hay alguna relación”, señaló Sheinbaum. Esto, referente a una pregunta realizada por un periodista, quien le cuestionó si existía alguna relación entre el presunto delincuente y Amílcar Olán, empresario cercano a Andrés Manuel López Beltrán y Gonzalo López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), como se ha especulado.

A la mandataria también se le preguntó si había alguna investigación contra Andy López Beltrán y contra el empresario Amílcar Olán, a lo que la presidenta de México respondió que “tiene que decirlo la Fiscalía, contra el hijo del presidente eso sí se lo he preguntado a la Fiscal, y me ha dicho que no hay ninguna investigación, sobre otras personas, tiene que informarlo la propia Fiscalía”, señaló.

Detención de El Tanque

El pasado martes, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) Omar García Harfuch, dio a conocer, por medio de una publicación realizada en redes sociales, que Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, había sido detenido.

A Cazarín Molina se le identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. El Tanque habría sido detenido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con lo informado por Harfuch, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, es identificado por Estados Unidos como miembro fundador del CJNG y parte del círculo de confianza de El Mencho, quien fue líder del grupo delictivo, y quien fue abatido el pasado mes de febrero tras un operativo por fuerzas federales para su captura en Tapalpa, Jalisco.

Además, El Tanque estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

Esta conexión quedó expuesta en una serie de audios difundidos en agosto pasado por el medio Latinus, donde Luis Alberto Olán presume conocer a El Tanque y haber usado esa relación para que el CJNG dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto proveedora del clan.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, a quien identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Fue detenido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

El detenido será puesto a disposición de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), donde se determinará su situación jurídica conforme a derecho.

Harfuch reconoció el profesionalismo y la valentía de las fuerzas especiales del Ejército Mexicano, del Grupo de Operaciones y de los agentes de investigación de la SSPC, de los agentes de la Agencia de Investigación Criminal de la FGR y del personal del CNI. Además, agradeció a los gobiernos de Veracruz y Jalisco, así como a sus respectivos gobernadores, Rocío Nahle y Pablo Lemus, por su apoyo.

“Cada acción tiene un objetivo claro: que las familias de México puedan vivir, trabajar y transitar con seguridad y tranquilidad”, concluyó el mensaje.

Relación de El Tanque con los hijos de AMLO

Iván Cazarín Molina, alias El Tanque, es identificado por Estados Unidos como miembro fundador del CJNG y parte del círculo de confianza de El Mencho, quien fue líder del grupo delictivo, y quien fue abatido el pasado mes de febrero tras un operativo por fuerzas federales para su captura en Tapalpa, Jalisco.

Además, El Tanque estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Esta conexión quedó expuesta en una serie de audios difundidos en agosto pasado por el medio Latinus, donde Luis Alberto Olán presume conocer a El Tanque y haber usado esa relación para que el CJNG dejara de extorsionar al dueño de una mina de balasto proveedora del clan.

En otra grabación, Amílcar Olán le habla a un empresario proveedor de balasto sobre su hermano Luis Alberto: “Él maneja todo eso. Los conoce a todos, todos son sus brothers, sus compas”, dice sobre la relación de su hermano con los integrantes del cártel.

En septiembre de 2024, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo sancionó junto con otras ocho personas y 26 empresas por formar parte de una de las principales redes de robo de combustible del CJNG, una actividad que, según Washington, genera decenas de millones de dólares al año para el cártel.

Un hombre de 41 años fue aprehendido tras ser acusado de amenazar de muerte a su hermana durante un episodio de violencia ocurrido el domingo por la noche en un domicilio de la localidad de La Banda, provincia de Santiago del Estero. La intervención policial se produjo después de una comunicación telefónica que alertó sobre una situación conflictiva dentro de la vivienda.

La mujer, de 58 años, relató ante los efectivos que su hermano se encontraba bajo los efectos del alcohol y que había adoptado una actitud hostil hacia las personas que convivían en el lugar. De acuerdo con su testimonio, el hombre la amenazó de muerte en medio de la discusión.

Al arribar al inmueble, los uniformados se entrevistaron con la víctima y evaluaron el escenario. El acusado permanecía en la casa y, según se informó, su estado de alteración aumentó cuando advirtió la presencia del personal policial. Finalmente, fue reducido y trasladado de forma preventiva.

La actuación estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 12, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 4 de La Banda.

Según informó el portal del Diario Panorama, la intervención tuvo como objetivo inmediato resguardar a la mujer que denunció las amenazas y restablecer las condiciones de seguridad en el domicilio. El episodio se produjo en un ámbito familiar y derivó en la actuación de la Justicia.

Tras tomar conocimiento de lo sucedido, la Fiscalía interviniente dispuso que el hombre continuara alojado en calidad de aprehendido. La medida fue adoptada luego de la intervención policial y de la denuncia realizada por su hermana.

A mediados de junio pasado, un grave episodio de violencia intrafamiliar sacudió a Villa Elvira, en la ciudad de La Plata, cuando un hombre disparó contra el auto en el que viajaba su hermana junto a otros familiares.

El hecho ocurrió el viernes pasado y terminó con el acusado detenido tras un allanamiento realizado por la Policía Bonaerense en su domicilio. El incidente dejó una secuencia de amenazas, disparos y tensión, aunque afortunadamente no se registraron heridos.

Según la denuncia presentada por la mujer de 33 años, el conflicto se desató cuando se disponía a retirarse de una vivienda ubicada en la intersección de las calles 80 y 3. En ese momento, observó a su hermano salir armado a la vereda. Las amenazas verbales precedieron a los disparos: el acusado efectuó al menos tres detonaciones contra el automóvil Fiat Punto donde se encontraba la denunciante junto a otras personas de la familia.

Una de las balas destrozó una de las ruedas traseras del vehículo, mientras que otra impactó en una de las puertas. Pese a la cercanía de los disparos y la agresión directa, ninguna de las personas presentes resultó herida.

La Justicia dispuso tareas investigativas que derivaron en la orden de allanamiento sobre la vivienda del acusado. El procedimiento fue ejecutado el sábado por personal de la Policía Bonaerense, que localizaron al hombre dentro de la propiedad, aparentemente atrincherado tras el ataque.

Durante la requisa, los agentes encontraron al sospechoso armado: portaba en la cintura un revólver calibre 22 cargado con ocho municiones. Además, se incautaron otras armas en el domicilio, incluyendo un pistolón marca Rexto, una escopeta de doble caño calibre 16, 43 proyectiles calibre 22 y 10 cartuchos de escopeta. Todo el material quedó secuestrado como evidencia en el marco de la investigación.

El acusado, de 40 años, fue detenido en el lugar y trasladado a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción N° 6 de La Plata. Ahora, la fiscalía deberá analizar la situación procesal del detenido y determinar los próximos pasos judiciales.

Las fuentes consultadas señalaron que existían antecedentes de disputas familiares entre el agresor y la víctima, lo que habría motivado el accionar violento.

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Incendio consume bodega de materiales para construcción sobre el Libramiento “La Costerita” de Culiacán

Una bodega de materiales para construcción ubicada sobre el Libramiento Benito Juárez, también conocido como “La Costerita”, se incendió la noche del martes 6 de octubre en Culiacán, Sinaloa. El siniestro se localizó a la altura del complejo residencial La Primavera y movilizó al cuerpo de Bomberos, según informó la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP).

Elementos del Grupo Interinstitucional llegaron al sitio para resguardar el perímetro mientras las corporaciones de emergencia combatían las llamas. Las autoridades pidieron a los automovilistas evitar el tramo del libramiento para no entorpecer las maniobras de control del fuego.

El cierre parcial de la vialidad provocó tráfico lento en los alrededores de la zona afectada. Las autoridades no reportaron personas lesionadas tras el incendio, de acuerdo con el comunicado oficial.

En un comunicado oficial, la SSP exhortó a la ciudadanía a seguir las indicaciones de las autoridades y a mantenerse informada a través de los canales oficiales en redes sociales. La SSP Sinaloa reiteró que cualquier emergencia puede reportarse al número 911

Hasta el momento no hay datos oficiales sobre qué habría originado el incendio.

La mañana de este mismo 6 de octubre fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre en la misma zona. La víctima estaba envuelta en plástico y fue abandonada en el acotamiento del carril que va de oriente a poniente.

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Detienen a integrante del Cártel Independiente de Acapulco por secuestro ocurrido en 2020

La Fiscalía General del Estado de Guerrero detuvo a Ricardo Antonio “N” en Acapulco, señalado como presunto integrante del Cártel Independiente de Acapulco, por su probable responsabilidad en el delito de secuestro agravado cometido en perjuicio de una víctima cuya identidad fue reservada. La captura se ejecutó en la colonia Progreso con una orden de aprehensión girada por un Juez de Control.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía Especializada Contra el Secuestro y Combate a la Extorsión, los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2020, cuando la víctima y un acompañante fueron interceptados por un grupo de personas armadas. Los agresores los privaron de su libertad y los trasladaron a un domicilio, donde permanecieron retenidos mientras negociaban su liberación.

Posteriormente, los presuntos responsables exigieron una cantidad económica a los familiares de la víctima a cambio de dejarla en libertad.

El detenido quedó a disposición del Juez de Control que concedió su captura.

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La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el 29 de septiembre de 2026 a 21 personas y 25 empresas vinculadas a Los Mayos, la facción del Cártel de Sinaloa que encabeza Ismael Zambada Sicairos, alias el Mayito Flaco e hijo de Ismael El Mayo Zambada. Entre las compañías señaladas figuran varias controladas por el empresario tijuanense Marco Antonio Moreno Gómez Santelices, que acumularon 42 contratos con gobiernos de Baja California.

Las empresas vendieron equipo táctico, uniformes y tecnología a corporaciones policiacas entre 2021 y 2025. La OFAC sostiene que esos negocios funcionaron como mecanismo de lavado de dinero para la estructura criminal, según documentó el semanario Zeta.

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Luis Cárdenas Palomino, exdirector de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, no abandonará la cárcel luego de cumplir su condena a 5 años y 3 meses de prisión por el delito de tortura a Mario Vallarta, hermano de Israel Vallarta, su sobrino y dos personas más por el caso de la banda “Los Zodiaco”.

Esto se debe a que el exfuncionario mantiene otros procesos pendientes ante la Fiscalía General de la República (FGR), principalmente por su presunta responsabilidad en el delito de omisión para evitar el ingreso de armas de fuego exclusivas de las Fuerzas Armadas en el operativo Rápido y Furioso, efectuado entre 2009 y 2011.

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Un ataque armado sembró terror en dos escuelas de la Nueva Colonia Hindú, en el municipio de Tecate, Baja California, cuando hombres armados a bordo de un Chrysler 300 y una camioneta Cadillac protagonizaron un tiroteo frente a la Telesecundaria #3 Libertadores y el Preescolar Fernando Montes de Oca.

El hecho ocurrió el martes 29 de septiembre de 2026, cerca de las 08:45 horas, y dejó la muerte de Marco Antonio Salceda, alias El Many, presunto pistolero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el marco de la disputa territorial que ese grupo mantiene con el Cártel de Sinaloa (CDS) por el control de la plaza, de acuerdo con una investigación de Zeta.

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Luego de que el pasado lunes, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo, cuestionara al gobernador de Querétaro, Mauricio Kuri, y al embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, por un acto institucional en el que colocaron la primera piedra de una academia internacional de capacitación policial en dicha entidad sin la autorización ni la presencia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ni del Gabinete de Seguridad, este martes, durante la conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional volvió a tocar el tema tras el cuestionamiento de un periodista.

A la presidenta de México se le preguntó si dicha academia contaba o no con la autorización para operar, a lo que explicó cómo era el procedimiento.

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Las capturas de dos cabecillas del Barrio 18 en Quintana Roo y de otro presunto líder en Chiapas vuelven a poner el foco sobre el alcance regional de esta pandilla, que tiene presencia histórica en Guatemala y El Salvador. Las autoridades identificaron a los detenidos en Benito Juárez como Rudy Augusto Ortiz Morales, de 42 años, alias Smoking, y Lester Gabriel García Quiñónez, de 41 años, alias Liro Spyder.

Ambos habían escapado de la cárcel de alta seguridad Fraijanes 2, en Guatemala, el 12 de octubre de 2025. Un operativo coordinado entre el Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público guatemalteco y fuerzas mexicanas permitió su captura tras casi un año de búsqueda, mientras que las autoridades de Chiapas arrestaron en Tapachula a César Oswaldo “N”, alias El Pulpito, señalado como líder de la facción 18 Sureños.

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Iván Cazarín Molina, alias “El Tanque”, es identificado como un miembro de alto rango del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) vinculado al tráfico de combustible, extorsión, homicidios y actividades de narcotráfico.

El líder criminal fue detenido este lunes en el municipio de Zapopan, Jalisco, derivado de labores de inteligencia por parte de elementos de las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), donde se le aseguraron dosis de droga y un vehículo.

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Sujetos encapuchados dispararon contra el Palacio Municipal y una patrulla de Santa María Mixtequilla, Oaxaca, además de incendiar una motocicleta en uno de los accesos a la población durante la noche de este lunes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó los tres hechos y anunció el despliegue de las Fuerzas Especiales Binnizá hacia el municipio. La corporación señaló que los elementos realizarán patrullajes y labores de disuasión, con prioridad en la protección de los habitantes y el restablecimiento del orden público.

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Durante la madrugada de este martes, se dio a conocer la detención de Javier “N”, alias “El Smock” en el municipio de Apatzingán, en Michoacán.

El Smock es identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio en el que fue capturado. La detención se dio luego de que el presunto delincuente se enfrentara a balazos con agentes de la Guardia Civil (Policía Estatal).

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Entre enero y agosto de 2026, Morelos acumuló 179 homicidios dolosos de adolescentes y jóvenes de 13 a 29 años, la tasa más alta del país en ese rango etario, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). El fenómeno incluye el asesinato de nueve estudiantes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) en menos de dos años, entre 2025 y 2026.

Especialistas como Roberto Salinas e Iván Martínez Dunker atribuyen la violencia a un debilitamiento de las policías municipales y a una falla en la articulación entre los tres niveles de gobierno, según documentó Proceso.

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El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, aseguró que desde el inicio de su administración estaba seguro de que realizaría “un gobierno suicida” para recuperar la entidad de la captación del crimen organizado, en un estado con alta presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Luego de varias amenazas e intentos de atentados en su contra, el mandatario estatal aseguró que continuará llevando a cabo las acciones que ha implementado en contra de la delincuencia organizada y encaminado a recaudar más dinero para disminuir la deuda que presentaba la entidad.

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Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) dio a conocer este martes la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, a quien identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

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El gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, y la fiscal Elvia Ludmila Heredia Verdugo enfrentan desde agosto una escalada de amenazas atribuidas al crimen organizado que incluye narcomantas, un plan de emboscada en carretera, el asesinato de dos abogados y, más recientemente, el desplome de una aeronave que el mandatario utilizaba ocasionalmente.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga si ese accidente, ocurrido el 4 de octubre y que dejó dos personas fallecidas, fue un intento de homicidio dirigido al mandatario estatal.

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Andrés Manuel López Obrador, expresidente de México, acusó en su nuevo libro Pueblo a Estados Unidos de pactar con los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán el traslado de Ismael “El Mayo” Zambada a territorio estadounidense, operación que calificó de “extrajudicial e intervencionista” y que, según su relato, desencadenó una ola de violencia en Sinaloa.

En el libro, presentado este 5 de octubre, el tabasqueño describe el operativo del 25 de julio de 2024 como el desacuerdo más grave con el gobierno de Joe Biden durante los últimos meses de su mandato.

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Jorge Octavio García Calderón, alias “Tavo” o “El Talibán”, aparece en la lista de prófugos de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) por narcotráfico de heroína y lavado de dinero, con última dirección conocida en Ixtlán del Río, Nayarit.

Este personaje, cuya muerte es presumida por las autoridades estatales pero no ha sido confirmada, es uno de los dos hermanos que la Fiscalía General del Estado (FGE) de Nayarit investiga dentro de la trama que envuelve el presunto atentado contra el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero.

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Una mujer identificada como María “N”, quien era buscada por autoridades judiciales de Querétaro por su probable participación en el delito de fraude genérico, fue detenida en Lima, Perú, como resultado de los mecanismos de cooperación internacional entre ambos países.

La Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que la mujer contaba con una orden de aprehensión emitida por la Juez Único de Primera Instancia Penal del Distrito Judicial de Querétaro, por lo que se iniciaron las acciones necesarias para establecer su ubicación y lograr su detención fuera del territorio mexicano.

Luego de las investigaciones correspondientes, las autoridades queretanas solicitaron la colaboración internacional para localizar a la imputada, quien se encontraba fuera de México.

Como parte de estas acciones, María “N” fue incorporada a una Alerta Migratoria y se emitió una Notificación Roja, herramientas utilizadas para facilitar la localización de personas requeridas por autoridades judiciales cuando se encuentran fuera de su país.

La detienen en aeropuerto de Lima

La búsqueda concluyó el pasado 4 de octubre, cuando autoridades de Perú localizaron y detuvieron a María “N” en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima.

La captura se produjo después de que las autoridades peruanas atendieron la solicitud internacional relacionada con la orden judicial emitida en Querétaro.

La Fiscalía estatal señaló que la detención fue posible gracias a la coordinación entre las instituciones encargadas de la investigación y las autoridades extranjeras, lo que permitió ubicar a la mujer pese a encontrarse fuera de territorio mexicano.

Ahora, las autoridades de Querétaro mantienen comunicación con las instancias competentes para continuar con los procedimientos internacionales que correspondan.

El objetivo es que María “N” pueda ser trasladada y posteriormente puesta a disposición de la autoridad judicial que la requiere en Querétaro, donde deberá continuar el proceso relacionado con la acusación de fraude genérico.

La Fiscalía no proporcionó mayores detalles sobre el monto presuntamente defraudado, las circunstancias específicas del delito ni sobre las personas que habrían resultado afectadas.

¿Qué es Sinergia Internacional?

La Fiscalía General del Estado explicó que esta acción forma parte de “Sinergia Internacional”, un mecanismo de colaboración que permite coordinar esfuerzos e intercambiar información con autoridades de otros países para localizar a personas que son requeridas por la justicia mexicana.

Este tipo de cooperación adquiere relevancia cuando una persona investigada o requerida por un juez abandona el territorio nacional y se establece en otro país.

A través de los mecanismos internacionales disponibles, las autoridades pueden compartir información para facilitar la ubicación de las personas buscadas y, cuando las condiciones legales lo permiten, iniciar los procedimientos necesarios para su eventual entrega a las autoridades que las requieren.

En el caso de María “N”, la coordinación entre las autoridades de Querétaro y Perú permitió establecer que se encontraba en Lima y concretar su detención en uno de los principales puntos de entrada y salida del país sudamericano.

La Fiscalía queretana indicó que continuará con las gestiones correspondientes hasta concluir el procedimiento internacional.

La mujer permanece sujeta a las disposiciones de las autoridades peruanas mientras se desarrolla el proceso correspondiente. Posteriormente, deberá determinarse el mecanismo jurídico mediante el cual podría ser entregada a las autoridades mexicanas para enfrentar el proceso judicial en Querétaro.

La Notificación Roja, cabe señalar, es un mecanismo de cooperación policial internacional utilizado para solicitar la localización y detención provisional de una persona con miras a su extradición o entrega, pero no constituye por sí misma una orden de aprehensión internacional. En este caso, la orden judicial que sustenta el requerimiento fue emitida previamente por autoridades de Querétaro.

Durante años, la Ciudad de México fue considerada por sus autoridades como una excepción dentro del mapa del crimen organizado en México. Hablaban de narcomenudeo, de bandas dedicadas al secuestro y otros grupos locales, pero afirmaban que no había cárteles asentados en la capital. Esa fue la explicación oficial que se mantuvo durante buena parte de las administraciones de Marcelo Ebrard y Miguel Ángel Mancera.

Esta imagen comenzó a cambiar conforme aparecieron estructuras con capacidad para mantener redes de distribución de droga, disputar territorios y extender sus actividades a distintas alcaldías. Entre ellas surgieron la Unión Tepito, la Fuerza Anti-Unión y el Cártel de Tláhuac, mientras que investigaciones posteriores identificaron células relacionadas con organizaciones criminales de alcance nacional.

En mayo de 2025, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México contaban con un reporte de inteligencia que identificaba 62 grupos delictivos con presencia en la capital. El documento “Grupos Delictivos 2024-2025” los relacionaba con actividades como narcomenudeo, extorsión, secuestro, homicidio, sicariato y explotación sexual.

La cifra no significa que existan 62 cárteles ni que todos tengan la misma capacidad. El propio mapa criminal incluye desde estructuras locales hasta células vinculadas con organizaciones que operan en otras entidades y grupos transnacionales. La importancia del dato está en el contraste con el diagnóstico que durante años sostuvieron funcionarios de seguridad: en la capital había delincuencia organizada, pero no propiamente cárteles.

El cambio en el discurso, a través de las declaraciones de los propios funcionarios

En enero de 2011, Miguel Ángel Mancera, entonces procurador general de Justicia del Distrito Federal, rechazó que el crimen organizado se hubiera asentado en la ciudad. En ese momento, la Secretaría de Marina y la Policía Federal habían realizado operativos en distintos puntos de la capital en busca de personas relacionadas con Los Zetas.

“No tenemos ningún reporte de que se hubiera encontrado, de que se hubiera asentado el crimen organizado en el Distrito Federal”, dijo Mancera. Explicó que algunos objetivos criminales podían encontrarse en tránsito y que, cuando eran detectados, las autoridades federales actuaban.

Dos meses después, el procurador volvió sobre el tema tras reunirse con Genaro García Luna, entonces secretario de Seguridad Pública federal. Según Mancera, el funcionario federal le confirmó que tampoco existía un asentamiento de cárteles en el Distrito Federal.

“Reiteró (García Luna) algo que ya habíamos dicho nosotros, que no hay asentamiento de cárteles en el Distrito Federal”, declaró Mancera. El entonces procurador reconoció que integrantes de organizaciones criminales podían ser capturados en la capital porque estaban de paso o acudían para realizar alguna operación o recibir suministros.

La distinción era entonces entre la presencia ocasional de integrantes del crimen organizado y la existencia de una estructura criminal asentada en territorio capitalino.

En 2013, esa explicación seguía vigente. Rodolfo Ríos Garza, entonces procurador capitalino, fue entrevistado por El País sobre la existencia de cárteles y la violencia relacionada con el narcotráfico en la ciudad.

“Hay narcomenudeo, son transacciones de poca monta”, respondió entonces Ríos Garza. El funcionario aseguró que no había “ningún tipo de cartel ni banda organizada en la ciudad”, y separó el problema del narcomenudeo de la operación de los grandes grupos dedicados al tráfico de drogas.

Ese mismo año, Miguel Ángel Mancera, ya como jefe de Gobierno, también sostuvo que en la capital no operaban cárteles de la droga. La postura oficial seguía describiendo a la ciudad como un mercado de narcomenudeo y no como un territorio con organizaciones nacionales disputando espacios.

El diagnóstico tampoco cambió de inmediato ante nuevos indicios de actividades relacionadas con la producción y distribución de drogas.

Nuevo diagnóstico tras el hallazgo de un laboratorio para elaboración de drogas sintéticas

En enero de 2014, la Procuraduría General de la República localizó un laboratorio de drogas sintéticas en Milpa Alta. El hallazgo incluyó precursores químicos y equipo utilizado para la elaboración de estupefacientes.

Ese mismo día, Héctor Serrano, entonces secretario de Gobierno del Distrito Federal, también sostuvo que no existía presencia de cárteles en la capital. La posición del gobierno local era que los grupos criminales buscaban introducirse en la ciudad, pero no tenían una estructura asentada.

Meses después, la misma conclusión llegó desde el gobierno federal. En agosto de 2014, Jesús Murillo Karam, entonces procurador general de la República, afirmó que los reportes de inteligencia no habían registrado la presencia de grandes cárteles del narcotráfico en el Distrito Federal.

Murillo Karam reconoció que existía un problema de consumo y narcomenudeo, pero sostuvo que la capital no era una zona de tráfico o producción de estupefacientes y que los grandes grupos no estaban asentados en ella.

El mapa criminal de la ciudad ya comenzaba a adquirir nombres propios

En el suroriente apareció con fuerza el Cártel de Tláhuac, encabezado por Felipe de Jesús Pérez Luna, “El Ojos”. La organización logró construir una estructura local con presencia principalmente en Tláhuac y capacidad para extender sus actividades hacia otras alcaldías.

El 20 de julio de 2017, Pérez Luna fue abatido durante un operativo de la Secretaría de Marina en Tláhuac. La operación convirtió al grupo en uno de los ejemplos más visibles de la capacidad que una organización criminal local había alcanzado dentro de la capital.

En el centro de la ciudad, mientras tanto, la Unión Tepito había evolucionado desde estructuras dedicadas al narcomenudeo hasta una organización relacionada con extorsiones, cobro de piso y otros delitos. Sus disputas internas también dieron paso a organizaciones rivales como la Fuerza Anti-Unión.

La diferencia con el diagnóstico de años anteriores comenzó a hacerse evidente: ya no se hablaba solamente de personas que llegaban a la capital para realizar operaciones aisladas, sino de organizaciones que tenían integrantes, redes y actividades permanentes dentro de distintas zonas de la ciudad.

El cambio de postura quedó expuesto en 2020

En junio de ese año, Omar García Harfuch, entonces secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, sufrió un atentado atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Un mes después, el funcionario afirmó que los grupos dedicados al narcotráfico llevaban años trabajando en la Ciudad de México.

“Los cárteles llevan muchísimos años trabajando en la Ciudad de México, que se haya negado su presencia en algún momento no es que no existieran”, declaró García Harfuch. Añadió que esas organizaciones habían operado a través de grupos locales como la Unión Tepito y la Anti-Unión.

La declaración marcó un contraste directo con lo que funcionarios capitalinos y federales habían sostenido durante los años anteriores. García Harfuch no planteó que un solo cártel controlara la capital; por el contrario, explicó que las organizaciones nacionales utilizaban células y grupos locales para operar.

Esa fragmentación se convirtió en una característica del nuevo mapa criminal

La Unión Tepito perdió parte de su capacidad como consecuencia de detenciones y disputas internas, mientras aparecieron nuevas células y grupos con presencia en diferentes alcaldías. En paralelo, organizaciones con base en otras entidades comenzaron a ser identificadas en la capital mediante operadores locales.

La SSC empezó a presentar sus resultados bajo esa lógica: no solamente como capturas de personas, sino como desarticulación de células y estructuras criminales.

Entre octubre de 2024 y abril de 2026, la dependencia reportó la desarticulación de 39 grupos delictivos con operación en la Ciudad de México. En ese periodo también informó la detención de 10 mil 435 personas por delitos de alto impacto y el aseguramiento de armas, drogas y vehículos relacionados con distintas investigaciones.

En septiembre de 2025, la SSC había reportado que 632 personas detenidas durante la administración de Clara Brugada estaban relacionadas con 26 células delictivas generadoras de violencia que habían sido desarticuladas. Entre los objetivos identificados entonces aparecían integrantes de Los Malportados, Cártel Nuevo Imperio y una célula vinculada con La Nueva Familia Michoacana.

El cambio más significativo, sin embargo, quedó registrado en el reporte de inteligencia 2024-2025.

Las 62 organizaciones identificadas por la SSC y la Fiscalía capitalina incluyen grupos locales y estructuras con vínculos fuera de la ciudad. Entre los nombres mencionados aparecen la Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Rodolfos, Los Tanzanios, Cártel Nuevo Imperio, Los Balta y el Cártel de Tláhuac, además de células relacionadas con organizaciones de alcance nacional.

El propio listado demuestra que el concepto de “grupo delictivo” utilizado actualmente por las autoridades es mucho más amplio que el de “cártel” que se discutía hace una década. Hay organizaciones con estructuras locales, células regionales y grupos que mantienen vínculos con organizaciones nacionales.

Por eso, la cifra de 62 no debe leerse como si la capital tuviera 62 organizaciones con capacidad para controlar territorios completos. El mapa muestra una delincuencia mucho más fragmentada, con grupos que compiten por mercados específicos y zonas determinadas.

La evolución también explica por qué el territorio se convirtió en un elemento central de la estrategia de seguridad capitalina. Las autoridades ya no solamente buscan impedir que integrantes de organizaciones nacionales entren a la ciudad: investigan células que tienen capacidad para distribuir drogas, extorsionar, cobrar piso, cometer homicidios y mantener redes criminales en alcaldías específicas.

El contraste con las declaraciones de una década atrás es evidente.

En 2011, Mancera hablaba de integrantes del crimen organizado que llegaban a la capital en tránsito o para realizar operaciones puntuales. En 2014, Murillo Karam sostenía que los grandes cárteles no estaban asentados en el Distrito Federal. En 2015, Mancera todavía afirmaba que la Ciudad de México no tenía un cártel asentado.

En 2020, García Harfuch reconoció que los cárteles llevaban años trabajando en la capital mediante grupos locales. Y para 2025, la inteligencia de la SSC y la Fiscalía capitalina ya tenía identificadas 62 organizaciones de distinta dimensión y alcance.

El mapa criminal de la Ciudad de México, por tanto, no cambió solamente porque aparecieran nuevos nombres. También cambió la forma en que las propias autoridades describen el fenómeno: de negar la existencia de cárteles asentados a reconocer la operación de organizaciones nacionales mediante células locales y a elaborar un mapa de decenas de grupos con presencia en la capital.

SSC reporta desarticulación de 39 grupos delictivos entre 2024-2026

En febrero de 2026, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reconoció la presencia de grupos criminales en la Ciudad de México, pero afirmó que ninguna organización mantiene el control territorial de alguna zona de la capital. También señaló que integrantes de grupos nacionales utilizan la ciudad para esconderse y operar sin mantener un dominio permanente.

“La ciudad no tiene ningún territorio que esté controlado por ningún grupo delictivo”, afirmó al ser cuestionado específicamente por la presencia del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La diferencia respecto al discurso de años anteriores es que la propia SSC ya documenta organizaciones con operación en la capital. Entre octubre de 2024 y abril de 2026 reportó la desarticulación de 39 grupos delictivos, entre ellos Unión Tepito, Los Mancilla y Los Tanzanios. También documentó operaciones contra grupos como Cártel Nuevo Imperio y Los Malportados. SSC CDMX

En septiembre, un reporte de inteligencia citado por La Jornada identificó 13 organizaciones criminales relevantes con presencia en las calles de la Ciudad de México, mientras la FGR colocó a la capital entre las entidades con mayor concentración de organizaciones criminales activas.

Al menos cinco organizaciones criminales están relacionadas con el despojo de inmuebles

La identificación de organizaciones vinculadas con delitos específicos también se volvió más explícita. En agosto de 2026, Vázquez señaló que las autoridades tenían identificadas al menos cinco organizaciones criminales relacionadas con el despojo de inmuebles y predios, además de actividades como narcomenudeo, cobro de piso y extorsión. Mencionó entre ellas a Los Rodolfos, Unión Tepito, Fuerza Anti-Unión, Los Malcriados 3AD y el Cártel de Tláhuac.

El cambio también se observa en investigaciones de alto impacto. En mayo de 2026, tras el asesinato de Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno Clara Brugada, las autoridades capitalinas informaron que el crimen había sido coordinado por un grupo dedicado al narcomenudeo con operaciones en Ciudad de México y Estado de México. Posteriormente se identificó a la célula conocida como Los Dilan, cuyos integrantes, de acuerdo con las investigaciones citadas por La Jornada, habrían trabajado como sicarios para otros grupos, entre ellos Los 3AD y Cártel Nuevo Imperio.

Así, para 2026 la discusión oficial ya no gira alrededor de si existen o no organizaciones criminales en la Ciudad de México. La propia autoridad las identifica, les atribuye actividades concretas, ubica sus zonas de operación y reporta la captura de sus integrantes. La frontera discursiva se desplazó hacia otra pregunta: si esas organizaciones tienen capacidad para controlar de manera permanente un territorio de la capital. Esa es la diferencia entre el discurso actual de la SSC y las declaraciones de funcionarios de años anteriores que negaban el asentamiento de cárteles en el entonces Distrito Federal.

Durante la madrugada de este martes, se dio a conocer la detención de Javier “N”, alias “El Smock” en el municipio de Apatzingán, en Michoacán.

El Smock es identificado como jefe operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio en el que fue capturado. La detención se dio luego de que el presunto delincuente se enfrentara a balazos con agentes de la Guardia Civil (Policía Estatal).

El Smock figuraba como un objetivo prioritario para el gabinete de seguridad estatal, al fungir como enlace entre el jefe de plaza del CJNG y las células de sicarios de esa organización en Apatzingán. Además, tenía a su cargo el pago semanal a los gatilleros de ese grupo criminal.

También, se dio a conocer, es investigado por su presunta responsabilidad el ordenar el asesinato de sicarios y vendedores de droga de organizaciones criminales antagónicas, como el Cártel de los Caballeros Templarios.

Fuerzas estatales ubicaron al presunto delincuente cuando se desplazaba a bordo de una motocicleta marca Honda, acompañado de un cómplice, en inmediaciones de la colonia La Nueva.

Según información de un comunicado oficial del Gobierno de Michoacán, los agentes detectaron a los dos sujetos cuando circulaban a bordo de la motocicleta, uno de ellos portando un arma larga.

Los agentes de la Guardia Civil realizaron una persecución del hombre y su acompañante hasta la colonia El Tarepe, donde El Smock accionó un rifle de asalto AK-47, conocido como Cuerno de Chivo, contra una patrulla de la corporación, desatándose un enfrentamiento que provocó una fuerte tensión entre pobladores.

Tras herirlo de bala, policías sometieron a El Smock, mientras que su acompañante logró huir del lugar, abandonando en la zona la motocicleta. El detenido fue trasladado a un hospital regional, donde es atendido bajo un fuerte operativo policial.

En la acción fueron asegurados un fusil calibre 7.62×39 milímetros y una motocicleta Honda XR150L. Además, una unidad de la Guardia Civil recibió un impacto de proyectil de arma de fuego en el parabrisas, sin que ningún agente resultara lesionado.

Los indicios asegurados quedaron a disposición de la autoridad competente para llevar a cabo las diligencias correspondientes.

Con el apoyo de Los Viagras, Los Blancos de Troya y el Cártel de Acahuato, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) opera en Apatzingán y otros municipios de la región de Tierra Caliente de Michoacán.

Este conglomerado criminal mantiene una cruenta lucha con alianza criminal integrada por el Cártel de Los Caballeros Templarios, Cártel de Tepalcatepec y el Cártel de Los Reyes.

Detienen a El Tanque, cofundador del CJNG a quien relacionan con los hijos de AMLO

Este martes, por la mañana, Omar García Harfuch dio a conocer la detención de Iván “N”, alias “El Tanque”, a quien identificó como presunto operador regional del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con actividades en Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Puebla. Fue detenido en Zapopan, Jalisco.

De acuerdo con la información proporcionada por el funcionario, la detención fue resultado de una operación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la SSPC y la Guardia Nacional (GN) ejecutada por fuerzas especiales del Ejército Mexicano y el Grupo de Operaciones de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y el trabajo de agentes de investigación de la SSPC y de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía General de la República (FGR), quienes identificaron sus movimientos y lo localizaron.

Harfuch dio a conocer que, de acuerdo con investigaciones, El Tanque es vinculado con homicidios, extorsión, privación ilegal de la libertad, robo de hidrocarburos, lavado de dinero y tráfico de drogas. Además, se le señala por su presunta participación en el ataque contra un helicóptero del Ejército Mexicano en Jalisco en el 2015, hecho en el que perdieron la vida integrantes del Ejército y de la Policía Federal.

El sujeto fue detenido en flagrancia y se le aseguraron un vehículo, un arma de fuego y diversas drogas. En septiembre de 2024 el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo sancionó por sus vínculos con el CJNG y lo señaló como parte del circulo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, por lo que hubo intercambio de información con la DEA.

Además, El Tanque estaría ligado a los negocios de balasto que abastecieron al Tren Maya a través de una relación presumida por los hermanos Olán, amigos cercanos a Andy y Bobby López Beltrán, hijos del ex presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

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Detienen en Sonora a médico investigado por soluciones parenterales que causaron muertes y daños a pacientes

El médico Jesús Maximiano “N” fue detenido este lunes en Hermosillo, Sonora, por su presunta relación con la administración de soluciones parenterales que habrían provocado fallecimientos y afectaciones a la salud de diversos pacientes. La Fiscalía General de Justicia del Estado informó que la captura ocurrió después de una serie de cateos, aseguramientos de bienes y vehículos, así como restricciones sobre recursos en cuentas bancarias del investigado. Sus abogados establecieron contacto con la autoridad para que se presentara este lunes y posteriormente se ejecutó uno de los mandamientos judiciales existentes en su contra. El médico fue trasladado al CERESO, donde permanecerá a disposición del juez que encabezará la audiencia inicial. La Fiscalía señaló que mantiene abiertas las investigaciones y que también indaga a otras personas por posibles conductas de encubrimiento.

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Caen siete en cateos contra célula delictiva en CDMX, aseguran cocaína, marihuana y dos armas

Siete personas fueron detenidas durante siete cateos realizados de manera simultánea en inmuebles de Iztapalapa y Tláhuac, como parte de una investigación contra “El Güero Fresa”, una célula dedicada a la venta, distribución y almacenamiento de narcóticos que, de acuerdo con las autoridades, opera en la zona oriente de la Ciudad de México, Estado de México e Hidalgo, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México.

En los domicilios fueron asegurados envoltorios con aparente cocaína, marihuana, cristal y otras sustancias, así como dos réplicas de armas de fuego y teléfonos celulares. Los siete detenidos quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras los inmuebles cateados fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial.

Caen nueve personas relacionadas con el robo a transportistas en San Luis Potosí

Nueve personas fueron detenidas durante un cateo a un domicilio relacionado con el robo a transportistas en la carretera 57 de San Luis Potosí, donde autoridades aseguraron decenas de inhibidores de señal, antenas, autopartes, vehículos y tarimas con mercancía. El operativo derivó de investigaciones de la FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal, la Guardia Nacional y autoridades estatales, informó esta mañana Omar García Harfuch, titular de la SSPC.

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Cinco policías municipales de Rosamorada, entre ellos la directora de Seguridad Pública, fueron detenidos por su probable participación en el robo de más de 500 mil pesos en efectivo de una caja fuerte ubicada en las oficinas de Financiera Bienestar, informó la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Las personas detenidas fueron identificadas como Hermenegilda “N”, directora de Seguridad Pública Municipal; Claudia Magali “N”; Enyi Xomara “N”; Abram “N” e Isidro “N”, todos elementos de la corporación municipal. La Fiscalía los señala por su probable participación en los delitos de robo calificado y asociación delictuosa en su modalidad de pandilla.

Los hechos ocurrieron durante la mañana del domingo 4 de octubre, cuando se detectaron daños en las puertas de acceso y mobiliario de las oficinas de Tesorería, Presidencia Municipal y Financiera Bienestar, en el municipio de Rosamorada.

Al ingresar a las instalaciones, las autoridades localizaron una caja fuerte que había sido forzada. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, de ese sitio habría sido sustraído el dinero posteriormente localizado dentro de una caja de cartón.

La cantidad asegurada supera los 500 mil pesos en efectivo. La Fiscalía indicó que el hallazgo ocurrió durante la intervención realizada tras detectar los daños en los inmuebles, y que las primeras indagatorias apuntaron a la posible participación de los cinco policías detenidos.

Además del dinero, fueron aseguradas herramientas que presuntamente habrían sido utilizadas para forzar la caja fuerte. Entre los objetos decomisados se encuentran un marro, un martillo, un desarmador, una barra metálica y una herramienta eléctrica.

La Fiscalía General del Estado informó que las cinco personas fueron trasladadas a sus instalaciones y quedaron a disposición del Ministerio Público, que determinará su situación jurídica conforme avance la investigación.

La dependencia señaló que las indagatorias continuarán para establecer qué participación habría tenido cada uno de los detenidos y determinar si existen otras personas involucradas en el robo.

¿Cuántos años de cárcel podrían enfrentar los cinco policías si son declarados culpables?

El monto presuntamente sustraído coloca el caso, por su cuantía, en el rango más alto previsto para el delito de robo en el Código Penal de Nayarit. La legislación establece que para determinar la sanción debe considerarse la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente al momento de los hechos.

En 2026, la UMA diaria es de 117.31 pesos. Los más de 500 mil pesos reportados por la Fiscalía equivalen a más de 4 mil 260 UMA, por encima del límite de 2 mil unidades establecido en el código. Para esa cuantía, el robo se sanciona con cinco a 13 años de prisión, además de una multa de 40 a 200 días.

La acusación de robo calificado puede elevar esa pena. El artículo 381 contempla como circunstancias calificativas, entre otras, que el delito se cometa con fractura o que participen dos o más personas. La misma disposición establece que, además de la sanción correspondiente por la cuantía del robo, se agregan de uno a cinco años de prisión.

En este caso, la Fiscalía reportó que cinco policías habrían participado en los hechos y que la caja fuerte fue violentada, aunque corresponderá al Ministerio Público y posteriormente al juez determinar si esas circunstancias se acreditan jurídicamente.

A la acusación por robo calificado se suma la de asociación delictuosa en su modalidad de pandilla. El Código Penal de Nayarit define como pandilla la reunión habitual, ocasional o transitoria de tres o más personas que, sin estar organizadas, cometen en común un delito. Para quienes intervengan en un ilícito bajo esa modalidad se contempla una pena adicional de seis meses a tres años de prisión.

Con esos parámetros, la suma de los máximos previstos para la cuantía del robo, la calificativa y la pandilla da un máximo teórico de hasta 21 años de prisión: 13 años por el robo, cinco años adicionales por la calificativa y tres años por la pandilla. No obstante, esa cifra no equivale a una condena anticipada, ya que la pena final dependería de lo que la Fiscalía logre acreditar, la participación que se atribuya individualmente a cada detenido y la determinación que adopte un juez.

Además, el Código establece que las penas correspondientes al robo calificado se aplican además de las sanciones previstas para el robo según su cuantía, por lo que el cálculo debe distinguir entre la pena base y el incremento por la calificativa.

Un robo calificado en oficinas públicas ya derivó en una condena de 10 años en Nayarit

Un antecedente registrado por la propia Fiscalía de Nayarit muestra que un caso de robo calificado cometido en instalaciones de una dependencia pública terminó con una sentencia de 10 años de prisión.

En noviembre de 2022, un Tribunal de Enjuiciamiento declaró responsable a Mirsha Yan “N” por el robo cometido en oficinas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en Tepic. De acuerdo con la Fiscalía estatal, el acusado ingresó al inmueble y sustrajo diversos bienes, entre ellos una impresora, una terminal bancaria, un condensador de aire y aluminio, además de cortar cable del equipo que proporcionaba servicios de internet y telefonía.

La Fiscalía informó que, además de los 10 años de prisión, al sentenciado se le impuso una multa de 60 Unidades de Medida y Actualización y el pago de 110 mil 860 pesos por concepto de reparación del daño.

El caso es distinto al ocurrido ahora en Rosamorada, tanto por el monto involucrado como por el número y las condiciones de participación de los imputados. Sin embargo, constituye un antecedente de que el delito de robo calificado en Nayarit puede derivar en una pena de prisión de doble dígito cuando la responsabilidad penal queda acreditada ante un tribunal.

En 2026 también investigan a policías municipales de Nayarit por presuntos vínculos con el crimen organizado

El caso de Rosamorada ocurre mientras autoridades estatales han informado este año sobre investigaciones contra elementos de corporaciones municipales por presuntos vínculos con la delincuencia organizada.

El 8 de mayo de 2026, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de Nayarit, Manasés Langarica, informó que había elementos de policías municipales detenidos y sujetos a investigación por posibles vínculos con organizaciones delictivas. El funcionario señaló que estas acciones formaban parte de evaluaciones, controles y procedimientos de confianza aplicados a las corporaciones municipales.

La autoridad estatal indicó entonces que, en conjunto con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal, se realizaban procesos de evaluación y control de confianza entre los agentes municipales. Langarica señaló que 80% del personal de los municipios había aprobado esas evaluaciones, sin precisar en ese comunicado cuántos de los elementos investigados estaban involucrados en cada expediente ni vincular esos casos con el robo ocurrido posteriormente en Rosamorada.

Siete personas fueron detenidas en la Ciudad de México durante una serie de cateos y una acción paralela contra una célula delictiva identificada como “El Güero Fresa” que, de acuerdo con las investigaciones, tiene presencia en el oriente de la capital, así como en municipios del Estado de México e Hidalgo.

Cinco de las capturas ocurrieron durante siete cateos simultáneos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, mientras que otras dos personas fueron detenidas en flagrancia en una acción desarrollada en Iztapalapa. Las autoridades aseguraron diversas dosis de narcóticos, dos réplicas de armas de fuego, teléfonos celulares y vehículos.

Entre los detenidos durante los cateos se encuentran Ignacio “N”, de 48 años; Hugo Enrique “N”, de 42; César “N”, de 37; Verónica Esmeralda “N”, de 35; y Javier “N”, de 22.

En una acción paralela realizada en la colonia San Antonio, Iztapalapa, fueron detenidos Damián Ulises “N”, de 30 años, y Karen Guadalupe “N, de 29, quienes llevaban 139 dosis de narcóticos.

Las autoridades identificaron a los siete como presuntos integrantes de una célula denominada “El Güero Fresa”, a la que atribuyen actividades relacionadas con la venta, distribución y almacenamiento de drogas en la zona oriente de la Ciudad de México y con presencia en el Estado de México e Hidalgo.

Los cateos se concentraron en Iztapalapa y Tláhuac

Uno de los operativos se realizó en un inmueble de la calle 2, en la colonia José López Portillo, Iztapalapa, donde fueron localizados 22 paquetes con una sustancia con características de cocaína, siete bolsas con una sustancia similar a la piedra, cinco envoltorios con una sustancia sólida y dos teléfonos celulares. En el lugar fueron detenidos Verónica Esmeralda “N” e Ignacio “N”.

En otro inmueble de la calle 14, también en la colonia José López Portillo, fue detenido Hugo Enrique “N”. En ese sitio fueron aseguradas dos réplicas de armas de fuego, 18 bolsas con marihuana, 48 envoltorios con una sustancia con características de cristal y cuatro teléfonos celulares.

El tercer cateo con información detallada se realizó en la calle 4 de la misma colonia, donde fueron encontrados 25 envoltorios con marihuana, una bolsa con la misma sustancia a granel, 24 bolsas con narcóticos y 17 envoltorios con una sustancia con características de cocaína. Ahí fueron detenidos César “N” y Javier “N”.

Los otros cuatro cateos se realizaron en inmuebles ubicados en las colonias José López Portillo, Valle de San Lorenzo y Área Rural, en Iztapalapa y Tláhuac. La información difundida por las autoridades no detalló los objetos asegurados en cada uno de esos domicilios.

Dos detenidos en flagrancia llevaban 139 dosis de narcóticos

Mientras se desarrollaban los cateos, agentes realizaron una acción paralela en la colonia San Antonio, Iztapalapa, donde detuvieron a Damián Ulises “N” y Karen Guadalupe “N”.

A ambos les fueron aseguradas 139 dosis de narcóticos, además de una motocicleta y un vehículo tipo motoneta, de acuerdo con la información oficial.

Después de las capturas, las siete personas fueron trasladadas ante el Ministerio Público para determinar su situación jurídica. Los inmuebles cateados quedaron asegurados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones. En las acciones participaron elementos de SSPC, FGR, Defensa y GN, en coordinación con la SSC y la Fiscalía CDMX.

El Güero Fresa: origen, antecedentes y cómo opera la organización en el oriente de CDMX

El nombre de “El Güero Fresa” comenzó a aparecer en investigaciones de autoridades capitalinas al menos desde 2020, cuando comerciantes y transportistas de Iztapalapa y Tláhuac denunciaron amenazas y extorsiones atribuidas a un hombre que se identificaba con ese alias. En ese momento, las autoridades todavía no habían establecido públicamente la identidad de quien encabezaba la estructura.

Posteriormente, investigaciones revelaron que bajo ese apodo se encontraba Pedro Contreras Galindo, señalado como líder de un grupo dedicado al narcomenudeo y la extorsión, con actividad principalmente en el oriente de la capital. Para octubre de 2020 ya existían denuncias de comerciantes que colocaron mantas para señalarlo como responsable de exigir dinero a cambio de permitirles continuar con sus actividades.

Una de las investigaciones documentó amenazas contra transportistas. De acuerdo con la carpeta de investigación CI-FIIZP/IZP-6/UI-1 C/D/01302/08-2020 —consultada por Infobae México—, integrantes del grupo exigían cuatro mil pesos por cada unidad de una ruta y una cuota semanal de 400 pesos por vehículo, bajo amenazas de incendiar los autobuses si no realizaban los pagos. En otro caso incluido en la misma carpeta, un chofer reportó que uno de sus autobuses fue incendiado después de recibir amenazas relacionadas con el cobro de cuotas.

La actividad atribuida a la estructura no se limitaba a la extorsión. Las investigaciones de la Fiscalía capitalina también la relacionaron con la venta y distribución de drogas y con el despojo de inmuebles en Iztapalapa y Tláhuac. En 2021, además, autoridades identificaron a integrantes del grupo en puntos de narcomenudeo de la colonia José López Portillo, donde fueron aseguradas cantidades de marihuana y cocaína, así como armas y cartuchos.

Pedro Contreras fue detenido en diciembre de 2021 en la colonia Bondojito, en Gustavo A. Madero. Durante el operativo le aseguraron un fusil tipo AR, una pistola y marihuana. La Fiscalía lo identificó entonces como posible líder de un grupo que operaba en Iztapalapa y Tláhuac y lo puso a disposición de un juez por delitos contra la salud, portación de arma de fuego y cohecho.

La estructura también fue relacionada con una disputa territorial con remanentes del Cártel de Tláhuac. Las investigaciones ubicaron su actividad en colonias como Barrio San Antonio, El Rosario, José López Portillo, Jardines de San Lorenzo, Barrio Guadalupe y Villa del Mar, además de distintas zonas de Tláhuac.

La detención de Pedro Contreras no significó que desaparecieran las células asociadas con el nombre. En julio de 2021, por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana reportó la captura de 10 presuntos integrantes del grupo en Tláhuac e Iztapalapa, a quienes aseguró cocaína, piedra, marihuana y dinero en efectivo.

En años posteriores, las autoridades continuaron identificando operadores relacionados con esta estructura. En abril de 2025 fue asesinado Rafael Contreras Galindo, conocido como “El Fantasma” y hermano de Pedro Contreras, en Valle de San Lorenzo, Iztapalapa. Las investigaciones lo señalaban como integrante de la estructura y lo relacionaban con extorsión y narcotráfico en el oriente de la capital.

Los reportes sobre el grupo también muestran una operación mediante células y operadores en distintos puntos del oriente capitalino. En 2025 fue detenido en Valle de Chalco un presunto operador identificado como Williams Jesús “N”, señalado de pertenecer a la estructura y relacionado con narcomenudeo, extorsión, despojo, robo y homicidio de integrantes de grupos rivales.

La actividad atribuida a la organización continuó apareciendo en investigaciones durante 2026. En julio, un juez vinculó a proceso a Israel “N”, identificado como presunto integrante de una célula de “El Güero Fresa”, por un caso de homicidio calificado en grado de tentativa ocurrido durante un enfrentamiento en Iztapalapa. Las autoridades lo relacionaron con una estructura dedicada, entre otros delitos, a extorsión, narcomenudeo y homicidio.

El operativo de octubre de 2026 vuelve a ubicar a la estructura en Iztapalapa y Tláhuac. Los antecedentes documentados muestran una estructura que ha sido vinculada a narcomenudeo, extorsión, cobro de piso, amenazas, despojo y hechos violentos.

La Policía Nacional de República Dominicana informó que detuvo en Haina a un hombre acusado de ingresar a la casa del actor y humorista Kenny Grullón, amenazarlo con un objeto punzocortante y sustraerle dinero y pertenencias. Durante el operativo, los agentes recuperaron el teléfono celular y el anillo de matrimonio de la víctima, según la institución.

El arrestado es Yefry Manuel J., alias “Babo” y “Jefry”, de 30 años. Agentes de la Dirección Central de Investigación (DICRIM) lo localizaron en Haina, provincia de San Cristóbal, en cumplimiento de la orden de arresto “2026-AJ0086136″.

La Policía sostuvo que el sospechoso habría entrado el 2 de septiembre a la residencia de Grullón, en la Zona Universitaria del Distrito Nacional, tras forzar una puerta posterior. Según el reporte, luego lo amenazó, lo amordazó y le quitó un iPhone 13 Pro Max, un anillo de oro amarillo y su efectivo.

Recuperaron el celular y el anillo de matrimonio del actor

Los investigadores recuperaron el iPhone 13 Pro Max y el anillo de matrimonio que, de acuerdo con el informe policial, pertenecen a Kenny Grullón.

La pesquisa estuvo a cargo de personal de la DICRIM, bajo la coordinación de la fiscal Liyanny del Orbe María, de la jurisdicción del Distrito Nacional.

La institución no precisó el monto de efectivo que habría sido robado ni informó si Yefry Manuel contaba con representación legal al momento de la detención.

Nueve registros documentados entre 2020 y 2025

En las imágenes de una presentación policial difundidas junto con el reporte, la institución indicó que Jiménez tiene nueve registros documentados, correspondientes al período comprendido entre el 19 de diciembre de 2020 y el 11 de diciembre de 2025.

Ese dato difiere del texto inicial de la Policía, que le atribuye “más de diez registros” por distintos delitos. Las imágenes ubican los antecedentes documentados en San Cristóbal, el Distrito Nacional y Santo Domingo.

Entre los expedientes expuestos aparece una orden de arresto fechada el 25 de marzo de 2024, emitida en San Cristóbal por una presunta violación al artículo 309-2 del Código Penal Dominicano. El registro se vincula con una denuncia por violencia doméstica, amenazas y agresión contra su expareja.

Las imágenes también exhiben un caso registrado el 16 de junio de 2024 en Santo Domingo Oeste, catalogado como robo mediante atraco. El documento refiere una denuncia presentada por un hombre identificado como Benjamín Pérez Hernández por un hecho ocurrido alrededor de las 07:00 horas en la avenida México, en el sector Buenos Aires.

Los registros previos no equivalen a una condena judicial

El informe de la Policía menciona, además, investigaciones por robos con violencia y sustracción de motocicletas en Los Bajos de Haina, San Cristóbal, Santo Domingo y el Distrito Nacional, correspondientes a 2020, 2021 y 2024.

En uno de los casos de 2024, según el reporte, cámaras de seguridad registraron al detenido durante el robo de una motocicleta. Los antecedentes mencionados por las autoridades corresponden a denuncias, órdenes e investigaciones previas y no implican por sí mismos una condena judicial.

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Capturan en Querétaro a “El Güero”, vinculado a delitos de narcomenudeo en Edomex

La Fiscalía General del Estado de Querétaro detuvo a Martín Gabino “N”, alias “El Güero”, requerido por delitos contra la salud en el Estado de México, luego de que un operativo de vigilancia detectó que el hombre tenía una orden de reaprehensión vigente.

Las autoridades detallaron que su captura ocurrió el 20 de septiembre de 2026, cuando elementos de la Policía de Investigación del Delito (PID) de la Fiscalía de Querétaro cumplimentaron el mandamiento judicial.

El hallazgo se originó durante una inspección rutinaria de la Policía Estatal en el Parador San Javier, ubicado en el municipio de El Marqués, Querétaro. En el lugar, los elementos detectaron que “El Güero” contaba con un mandamiento judicial activo emitido por las autoridades mexiquenses.

Ante ese hallazgo, la Policía Estatal en coordinación con otras corporaciones (POES) dio aviso de inmediato a la Policía de Investigación del Delito, cuyos elementos realizaron las diligencias necesarias para confirmar la validez de la orden y proceder con la aprehensión.

Una vez verificada la situación legal del detenido, la PID ejecutó la orden de reaprehensión que pesaba en su contra por delitos contra la salud, una causa penal vinculada al tráfico o posesión de sustancias ilícitas en el Estado de México.

Tras la detención, Martín Gabino “N” fue informado de sus derechos conforme al procedimiento legal correspondiente. Las autoridades queretanas iniciaron de inmediato los trámites de colaboración interinstitucional para su entrega formal a las autoridades del Estado de México, donde continuará el proceso judicial abierto en su contra por los delitos que se le imputan.

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Realizan operativos de seguridad en ocho municipios de Oaxaca

Elementos de seguridad estatales implementan despliegues de disuasión, prevención y vigilancia, además de filtros de control provisional preventivos, en ocho municipios de la región de la Mixteca, en Oaxaca.

Las localidades comprendidas en este operativo son:

• Santiago Huajolotitlán
• El Espinal
• Santa María Camotlán
• Asunción Cuyotepeji
• Santiago Miltepec
• San Pedro y San Pablo Tequixtepec
• Santo Domingo Tianguistengo
• Villa de Santiago Chazumba

Las autoridades señalaron que la prioridad de estas acciones es estar cerca de la ciudadanía y trabajar por su tranquilidad.

Sentencian a 45 años de prisión a feminicida en Chiapas

Un juez condenó a 45 años de prisión a Merlin “N”, originario de Honduras, tras hallarlo responsable del delito de feminicidio. La sentencia, dictada en primera instancia, corresponde a hechos ocurridos en el municipio de Chicomuselo, en Chiapas, el 16 de mayo de 2018.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó que, además, el juez impuso al condenado el pago de la reparación del daño, una multa y los gastos funerarios derivados del crimen.

Detienen en Hidalgo a hombre implicado en un secuestro en Zacatecas

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) cumplimentó una orden de aprehensión contra un hombre identificado como Efraín “N”, señalado como probable responsable del delito de secuestro agravado. El sujeto era buscado por la justicia desde 2021 y fue localizado en el estado de Hidalgo gracias a una colaboración interestatal.

La detención se concretó con la participación de la Procuraduría General de Justicia de Hidalgo tras una denuncia de secuestro agravado que mantuvo abierta su búsqueda durante aproximadamente 5 años, hasta que el trabajo conjunto entre ambas fiscalías permitió dar con su paradero y ejecutar la orden pendiente.

Tras su captura, Efraín “N” fue entregado a autoridades zacatecanas para ser trasladado y puesto a disposición de la autoridad judicial que solicitó su aprehensión.

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Explota camioneta con pirotecnia en Temascaltepec: una persona falleció y siete resultaron heridas

Este sábado una camioneta con pirotecnia explotó en el municipio de Temascaltepec, Estado de México, mientras que los pobladores realizaban una cabalgata.

El Ayuntamiento informó que una persona falleció a causa de las heridas, mientras que un menor de edad, un adulto mayor y una mujer fueron trasladados de urgencia a un hospital. En tanto cuatro personas más fueron dadas de alta.

De manera posterior, los heridos fueron trasladados a hospitales de Toluca y Ciudad de México para brindarles atención médica especializada.

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El Gabinete de Seguridad detuvo este sábado a 21 personas en Chiapas, en el marco de la Operación Enjambre. Entre los aprehendidos figuran Jorge Lara y Alexis Nucamendi, presidente municipal de Suchiapa y ex presidente municipal, respectivamente.

Junto a ambos funcionarios, las corporaciones también aprehendieron a mandos y elementos de la Policía Municipal de Suchiapa, a quienes atribuyen responsabilidad en delitos de abuso de autoridad, hechos de corrupción y asociación delictuosa.

La captura de Lara y Nucamendi se realizó durante las primeras horas de este sábado en la calle Primera Sur Poniente, en la colonia San Esteban. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas participó en el operativo, que se desprendió de un señalamiento previo contra el secretario de Seguridad Pública Municipal.

El funcionario había sido acusado de ayudar a escapar a un líder de un cártel criminal durante un operativo interinstitucional anterior a este sábado. A partir de ese señalamiento, las corporaciones federales y estatales ampliaron las diligencias hasta derivar en la detención del alcalde, el ex edil y el resto de los 21 aprehendidos.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones consultado por Infobae México, el arresto de Lara Cordero quedó documentado con precisión horaria y geográfica.

La ficha oficial ubica el operativo en la avenida Primera Sur Poniente, entre la calle Central Sur, en la colonia San Esteban del municipio de Suchiapa. Ese mismo registro confirma que la detención ocurrió a las 5:29 horas de este sábado 3 de octubre.

El documento incluye una descripción física del detenido al momento del operativo. Según el registro, se trata de un hombre de complexión media, tez blanca, barba y bigote, cabello corto negro, que usa lentes de aumento y porta un tatuaje de un león en el brazo derecho.

La ficha no consigna ningún alias asociado al alcalde detenido. Tampoco incluye, hasta el momento de la consulta, el delito o la causa penal específica que motivó la aprehensión.

Asimismo, se reportó la aprehensión del ex edil Alexis Nucamendi Gómez durante el mismo operativo realizado en el municipio. El expediente de Nucamendi Gómez quedó a disposición del Juzgado de Control y Tribunal de Enjuiciamiento de los Distritos Judiciales de Chiapa, Cintalapa y Tuxtla, el mismo tribunal que recibió a Lara Cordero, aunque en su caso el registro especifica que el juzgado lo atiende para efectos de prisión preventiva.

La ficha oficial describe también la apariencia física del ex alcalde al momento del arresto. Según el documento, se trata de un hombre de complexión delgada, estatura media, tez morena clara, cabello corto, sin barba ni bigote, que usa lentes de aumento y vestía una camisa beige con cuadros blancos al momento de la detención.

Quién es Jorge Lorenzo Lara Cordero, el alcalde detenido

Jorge Lorenzo Lara Cordero es originario del estado de Chihuahua. Antes de llegar a la presidencia municipal de Suchiapa, se desempeñó como secretario de Obras Públicas durante los dos trienios anteriores de gobierno.

En esos dos trienios, el cargo de presidente municipal lo ocupó Alexis Nucamendi Gómez, detenido junto a Lara Cordero en el mismo operativo de este sábado. La trayectoria de ambos quedó así ligada dentro de la misma administración municipal antes de que Lara asumiera la alcaldía.

El sitio oficial del Ayuntamiento de Suchiapa presenta a su actual presidente municipal como impulsor de una etapa de “orden, planeación y compromiso institucional” dentro del gobierno local. El texto institucional no hace referencia al operativo registrado este sábado.

El contexto: la fuga de un líder de cártel y el operativo contra la policía municipal

El origen de la causa se remonta a un hecho previo dentro del mismo municipio. Un objetivo prioritario, señalado como líder de un cártel criminal, logró escapar durante un operativo interinstitucional anterior a este sábado, pese a que no se dio a conocer su nombre.

De acuerdo con medios locales, el secretario de Seguridad Pública Municipal de Suchiapa quedó señalado como la persona que facilitó esa fuga. A partir de ese señalamiento, la Fiscalía General del Estado amplió las diligencias hacia otros integrantes de la estructura municipal.

Días antes del operativo de este sábado, las autoridades ya habían identificado a los vehículos y a las personas que participaron en la fuga del objetivo criminal. Ese antecedente sirvió como base para la detención posterior del secretario de Seguridad y, horas después, la del propio alcalde.

El operativo del sábado no se limitó a la detención de Lara Cordero. Diecinueve elementos de la Seguridad Pública Municipal de Suchiapa fueron asegurados en el mismo procedimiento, según medios locales consultados.

Funcionarios del Ayuntamiento ofrecieron, por su parte, una versión sobre el papel del alcalde y el ex edil dentro de la causa. Según esa versión, ambos fueron llevados ante la autoridad en calidad de testigos y no como imputados directos por la fuga del objetivo criminal.

Esa precisión resulta relevante para entender el estatus procesal de los dos hombres. Mientras el secretario de Seguridad Pública Municipal enfrenta un señalamiento directo, la situación legal de Lara Cordero y Nucamendi Gómez permanece, hasta el momento, sin cargos formales confirmados públicamente.

Tras una solicitud de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) de Costa Rica, el Juzgado Penal de Hacienda y la Función Pública suspendió de sus labores a una funcionaria del Poder Judicial, de apellido Esquivel, quien ocupaba de manera interina el puesto de Proveedora Judicial, como parte de una investigación por presuntos hechos de corrupción relacionados con contrataciones y manejo de recursos públicos.

La funcionaria es investigada por los posibles delitos de peculado, sobreprecio irregular y falsedad en la recepción de bienes y servicios contratados, según confirmó el Ministerio Público. El expediente se tramita bajo el número 25-000239-1218-PE.

Como parte de las diligencias, las autoridades realizaron allanamientos en el Departamento de Proveeduría y en la Dirección de Tecnologías de Información (DTI), ambos pertenecientes al Poder Judicial, con el objetivo de recopilar documentación y evidencia que permita ampliar la investigación.

La Fiscalía también mantiene bajo investigación a un contratista privado de apellido Fallas, identificado como el proveedor que presuntamente habría resultado beneficiado con algunas de las contrataciones cuestionadas. Sin embargo, el hombre no fue detenido durante el operativo.

Según la información suministrada por la FAPTA, la causa analiza al menos dos modalidades mediante las cuales se habrían producido las presuntas irregularidades.

La primera está relacionada con la adquisición de bienes, obras y mantenimientos mobiliarios, en los que se investigan aparentes precios superiores a los correspondientes y eventuales inconsistencias en los procesos de contratación.

La segunda línea de investigación apunta a la eventual sustracción directa de fondos públicos por medio de anticipos ficticios de caja chica, mecanismo que habría permitido girar recursos para supuestos gastos que ahora son examinados por las autoridades.

Auditorías alertaron sobre las irregularidades

El fiscal adjunto Miguel Ramírez explicó que el caso surgió a partir de información reciente y del trabajo realizado por las auditorías institucionales, cuyos hallazgos permitieron avanzar en las pesquisas.

Ramírez aseguró que se trata de una investigación que se ha desarrollado con rapidez y señaló que las auditorías tuvieron un papel relevante en la detección de las posibles anomalías.

“Esa es una denuncia muy reciente, es una denuncia del año anterior y parte de este año, donde las auditorías han realizado un aporte importantísimo en la investigación”, manifestó.

Según el fiscal, los hallazgos provocaron una reacción inmediata por parte de la FAPTA con el propósito de evitar que los hechos investigados pudieran continuar.

El funcionario explicó además que los allanamientos realizados en la Proveeduría y en la DTI tienen como finalidad encontrar información adicional que complemente las diligencias efectuadas previamente y los elementos obtenidos a partir de las auditorías.

“Tratamos de buscar una serie de información que alimente de alguna manera ya el trabajo hecho en las investigaciones anteriores y la auditoría en general”, indicó Ramírez.

Fiscalía destaca controles internos

El fiscal adjunto sostuvo que la actuación forma parte de las investigaciones que el Ministerio Público desarrolla independientemente de la institución o del cargo ocupado por las personas señaladas.

“El Ministerio Público, bajo la objetividad que reviste, acarrea un seguimiento a cualquier figura que se trate de funcionarios públicos y funcionarios judiciales”, afirmó.

Ramírez mencionó que anteriormente han existido investigaciones relacionadas con jueces, fiscales y oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y señaló que las pesquisas actuales alcanzan ahora el ámbito de la Proveeduría Judicial.

El representante del Ministerio Público destacó, además, la existencia de mecanismos internos dentro del Poder Judicial que permiten detectar situaciones sospechosas y trasladarlas a las autoridades competentes.

“Dentro del Poder Judicial encontramos alarmas institucionales, situaciones que nos determinan actos de corrupción e inmediatamente se ponen en conocimiento del Ministerio Público”, sostuvo.

El fiscal afirmó que esos controles permiten investigar posibles irregularidades incluso dentro de la propia estructura judicial.

“Hoy podemos decir que el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen las alarmas necesarias para poder dar seguimiento a la corrupción interna”, agregó.

Tras su detención, Esquivel, fue cesada de su puesto de trabajo, deberá firmar una vez al mes, no podrá salir del país, ni comunicarse con testigos por un periodo mínimo de seis meses.

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Caen ocho tras cateos en Benito Juárez y Miguel Hidalgo: aseguran más de 950 dosis de droga

Ocho personas fueron detenidas en distintos operativos realizados en Benito Juárez y Miguel Hidalgo, donde autoridades capitalinas aseguraron más de 950 dosis de probable droga, informó el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho. Seis personas —cuatro hombres y dos mujeres— fueron detenidas durante tres cateos en inmuebles de ambas alcaldías, mientras que otros dos hombres fueron capturados en flagrancia; de acuerdo con las autoridades, los ocho estarían relacionados con una célula dedicada a la venta y distribución de narcóticos en Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Álvaro Obregón.

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La Fiscalía de Chihuahua, Distrito Zona Centro, informó que los hechos ocurrieron la noche del 8 de julio de 2026, en el área de aduana y revisión del Cereso 1, después de que la víctima acudió a una audiencia inicial ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado.

La víctima fue identificada como Edwin C. C., de 45 años, quien se encontraba privado de la libertad por una investigación relacionada con el delito de narcomenudeo.

Video documenta presunta tortura dentro del Cereso 1

De acuerdo con la Fiscalía, como parte de las investigaciones se obtuvo un video que forma parte de la carpeta de investigación y en el que presuntamente se observan las agresiones cometidas contra la víctima.

Según la información ministerial, Edwin C. C. recibió múltiples golpes y habría sido sometido a maniobras para impedirle respirar. Los investigadores señalan que los custodios presuntamente intentaron asfixiarlo con agua y con un trozo de tela.

Además, la víctima habría recibido patadas en el cuello, agresiones que, de acuerdo con las indagatorias, ocurrieron mientras se encontraba en el área de aduana y revisión del centro penitenciario.

La Fiscalía indicó que estos hechos son investigados como tortura y homicidio calificado agravado, por lo que se realizaron las diligencias necesarias para identificar a los posibles responsables y obtener las órdenes judiciales correspondientes.

Detienen a cuatro custodios del Cereso 1

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), en coordinación con personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), cumplimentaron las órdenes de aprehensión contra cuatro personas señaladas por su probable relación con los hechos.

Los detenidos son Ramón Alejandro O. O., de 24 años; Carlos Gerardo O. A., de 36 años; Silvino P. M., de 59 años; y Luis Carlos G. C., de 24 años.

Las órdenes fueron giradas por un juez de Control del Distrito Judicial Morelos, dentro de la causa penal 2603/2026, a cargo de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, con sede en la ciudad de Chihuahua.

Los cuatro quedaron a disposición de la autoridad judicial y se encuentran en espera de que se determine la fecha y hora para la audiencia inicial, en la que se definirán las imputaciones correspondientes y su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía precisó que los señalados se desempeñaban como policías procesales del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y que son investigados por su probable participación en los hechos que terminaron con la muerte de Edwin C. C.

SSPE investiga a los policías procesales

Además de la investigación penal, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado inició un procedimiento interno a través de la Subsecretaría de Asuntos Internos.

El expediente quedó registrado bajo la carpeta Q-113/SAI/SSPE/2026, mediante la cual se desarrolla el proceso administrativo relacionado con los cuatro servidores públicos y se analiza la suspensión de sus cargos.

La investigación penal y el procedimiento administrativo avanzan por vías distintas, mientras los cuatro detenidos permanecen a disposición de las autoridades.

El caso será llevado ante un juez de Control, quien deberá determinar la situación jurídica de los acusados durante las primeras etapas del proceso penal.

La Fiscalía de Chihuahua mantiene abierta la investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de Edwin C. C. y determinar las responsabilidades que correspondan por las agresiones registradas dentro del Cereso 1.

Tres hombres, de 21, 40 y 43 años, quedaron detenidos en Villa Mercedes, San Luis, por su presunta participación en un ataque con arma blanca contra un familiar de 38 años, quien permanece internado en el Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”.

Las detenciones se concretaron este miercóles, pero el ataque se concretó el pasado viernes. Los acusados se presentaron en una dependencia policial acompañados por su representante legal. La investigación se encuentra bajo la órbita de la Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial.

El expediente fue caratulado como “Averiguación homicidio en grado de tentativa”. Según informó el portal El Chorrillero, el hecho investigado se registró durante la jornada del viernes 25 de septiembre en una casa del barrio Eva Perón 1, en Villa Mercedes. Según los primeros elementos reunidos en la causa, el hombre de 38 años habría sido agredido con un arma blanca por los tres ahora detenidos.

La víctima y los acusados mantienen un vínculo familiar, una circunstancia que forma parte de las líneas de trabajo de los investigadores. Hasta el momento, no se difundieron detalles sobre el origen del conflicto ni sobre la secuencia previa a la agresión.

Tras el episodio, el hombre herido recibió asistencia y fue derivado al Policlínico Regional “Juan Domingo Perón”. Allí, continúa internado a raíz de las lesiones sufridas durante el ataque, que fueron consideradas de importancia para el avance de la causa.

La pesquisa quedó a cargo del Departamento de Homicidios Villa Mercedes, que depende de la Dirección General de Investigaciones (DG-13). Desde el momento en que se tomó conocimiento de la agresión, los efectivos realizaron distintas tareas para reconstruir lo sucedido.

Entre las medidas desarrolladas, el personal policial reunió declaraciones testimoniales y analizó registros de cámaras de vigilancia. También incorporó otros elementos de interés para la causa, aunque no se informó públicamente cuál fue su contenido ni de qué lugares provinieron las grabaciones examinadas.

Con el material reunido, los investigadores establecieron de manera preliminar la presunta intervención de los tres hombres de 21, 40 y 43 años. Esa conclusión permitió avanzar con solicitudes de medidas judiciales vinculadas con el esclarecimiento del hecho.

Los investigadores habían requerido órdenes de allanamiento para dos domicilios relacionados con el caso. Sin embargo, esas medidas no llegaron a concretarse antes de que los acusados se presentaran voluntariamente ante las autoridades policiales.

La Fiscalía de Instrucción en lo Penal N.° 5 de la Segunda Circunscripción Judicial tendrá a su cargo la continuidad de las actuaciones. Entre los próximos pasos posibles se encuentran el análisis de las pruebas reunidas por la policía, la incorporación de nuevas declaraciones y la evaluación de los elementos que puedan surgir de los procedimientos solicitados.

La investigación continúa abierta y bajo reserva en los aspectos necesarios para no afectar la producción de pruebas. Los tres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, mientras el hombre de 38 años sigue internado en el hospital de Villa Mercedes.

El Ministerio Público imputó a un adolescente por homicidio doloso agravado y logró que un juez decretara su detención provisional, tras la muerte de un hombre baleado por varios sujetos en Panamá.

La Procuraduría General de la Nación confirmó la medida a través de la Fiscalía Segunda Superior de Adolescentes, luego de una audiencia ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

El juez admitió todas las solicitudes de la Fiscalía, la legalización de la aprehensión, la formulación de imputación y la medida cautelar contra el menor.

El crimen ocurrió el 10 de septiembre de 2025 en el corregimiento de Ernesto Córdoba Campos, barrio Nuevo Progreso. La víctima fue atacada con arma de fuego en la parte trasera de una iglesia por varios sujetos y murió en el hospital.

De igual manera, una mujer fue capturada en Curundú por apuñalar a otra en plena calle

En un operativo distinto, la Sección de Homicidio y Femicidio Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación aprehendió a una mujer señalada de intentar matar a otra con un arma blanca.

El procedimiento, denominado operación “Filo”, se ejecutó mediante un allanamiento en los Edificios Nueva Vida, Torre 1, en el corregimiento de Curundú, distrito de Panamá.

La diligencia se realizó en coordinación con la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y respondió a una resolución de aprehensión, la número 84 del 29 de septiembre, por el presunto delito de homicidio en grado de tentativa.

De acuerdo con las autoridades, una mujer regresaba a su residencia tras comprar un desayuno cuando fue sorprendida por la agresora, quien sacó un arma blanca y le propinó múltiples heridas en distintas partes del cuerpo. La víctima necesitó atención médica de urgencia y sobrevivió al ataque.

En otro caso, un hombre de 21 años quedó detenido en Coclé por amenazar a su expareja e hijos

Al hombre se le acusa de lesiones psicológicas y de quebrantar medidas de protección en perjuicio de su expareja.

Durante la audiencia de solicitudes múltiples, la Fiscalía expuso los elementos de convicción recabados en la investigación. También argumentó los riesgos procesales que justificaban la detención del imputado.

Según el ente investigador, la víctima y sus hijos eran amenazados por el ahora detenido, quien además había incumplido las medidas de protección vigentes en su contra. Esa situación representaba un riesgo para la integridad de las personas afectadas, según la Fiscalía.

Los hechos se registraron el 28 de septiembre en la comunidad de Pozo Azul, distrito de Aguadulce.

La Sección Primera de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de la provincia de Veraguas, también bajo la órbita de la Procuraduría General de la Nación, logró la detención provisional de un hombre de 28 años. Se le investiga por hurto agravado en perjuicio del colegio José Santos Puga, en el distrito de Santiago.

Un Juez de Garantías valoró la denuncia, las entrevistas, el informe de investigación de campo, el informe de inspección ocular y el informe de fijación de imágenes presentados por la Fiscalía. Con esas pruebas, legalizó la aprehensión, formuló la imputación e impuso la medida cautelar.

Los hechos se registraron durante la noche del 18 de septiembre, cuando el imputado, junto a un grupo de personas aún por identificar, habría ingresado al plantel educativo y causado daños en la infraestructura.

Dentro del colegio, los responsables se apoderaron de $3.012 correspondientes a ahorros del personal administrativo y de $47 producto de la recaudación de la Asociación de Padres de Familia.

La Fiscalía investiga además la sustracción de equipos tecnológicos, entre ellos teléfonos celulares de estudiantes, así como los daños ocasionados a las instalaciones del plantel.

Las detenciones se concretaron durante dos allanamientos realizados en el partido de Pilar, luego de una investigación que incluyó el análisis de cámaras de seguridad públicas y privadas, testimonios y tareas encubiertas, según indicaron fuentes policiales.

Los detenidos fueron identificados como Brian Agustín Britez, de 23 años; Katherine Lovaiza, de 25; y Tamara Lovaiza, de 22.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron un Volkswagen Bora patente IPA-808, señalado como el vehículo utilizado durante el robo, además de pertenencias de las víctimas y otros elementos considerados de interés para la causa.

El hecho ocurrió el domingo 27 de septiembre en una vivienda de la calle Juan José Paso al 1000, en San Isidro. Como contó este medio, los delincuentes irrumpieron en la propiedad y golpearon al abogado, tras lo cual escaparon con dinero y joyas.

A partir de la denuncia, efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría 4ª de San Isidro comenzaron una serie de tareas para reconstruir los movimientos de los asaltantes. De acuerdo con la información policial, la recolección de testimonios y el análisis de material fílmico permitieron identificar a los sospechosos y obtener las órdenes de allanamiento.

En ese trabajo también intervino la Secretaría de Seguridad de San Isidro. Según informaron desde el municipio, las cámaras del Centro de Operaciones Municipal (COM), junto con registros privados, permitieron reconstruir el recorrido de los delincuentes e identificar el vehículo utilizado en la entradera.

El seguimiento se realizó en coordinación con la Policía Bonaerense, la Fiscalía y la Justicia. Las imágenes obtenidas fueron incorporadas a la investigación que derivó en los allanamientos realizados en Pilar.

Los operativos se realizaron este martes de manera simultánea en Pilar y terminaron con las tres aprehensiones.

Según los investigadores, Britez está señalado como autor material del asalto y también es investigado por otros cuatro hechos cometidos bajo la modalidad entradera.

Además, de acuerdo con los antecedentes incorporados a la investigación, tenía un pedido de captura en otra causa por robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda, con efracción y escalamiento, con intervención del Juzgado de Garantías N°1 de San Isidro.

Por esa investigación, indicaron las fuentes policiales consultadas, Britez ya era investigado y tenía sus comunicaciones intervenidas.

En cuanto a Katherine y Tamara Lovaiza, los investigadores las señalan como presuntas partícipes necesarias e integrantes de la banda. La sospecha es que habrían realizado transferencias y compras utilizando las cuentas y tarjetas que les habían sustraído a las víctimas durante el asalto.

La causa por la entradera quedó en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, que ahora deberá avanzar con las indagatorias y determinar la situación procesal de los tres detenidos.

La disputa territorial entre Los Cabrera y La Línea ha dejado 113 homicidios dolosos y 175 personas detenidas durante los dos años que las autoridades llevan registrando la confrontación en el noreste de Chihuahua, un periodo en el que la violencia se extendió por Aldama, Ojinaga, Coyame del Sotol y Manuel Benavides.

El saldo de los asesinatos corresponde al periodo comprendido entre el 21 de septiembre de 2024 y el 23 de septiembre de 2026, de acuerdo con datos de la Fiscalía de Distrito Zona Centro citados en un recuento sobre la violencia en la región.

Las 175 detenciones fueron reportadas por Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), como parte de las acciones de contención desplegadas desde el inicio del conflicto. Entre los detenidos, la corporación identifica al menos a cinco presuntos líderes de ambos grupos. Esta información fue proporcionada por el funcionario a El Heraldo de Chihuahua.

La violencia se concentra en una franja que comunica Aldama con Ojinaga y que atraviesa municipios como Coyame del Sotol y Manuel Benavides. En ese territorio, las autoridades han identificado una disputa entre estructuras relacionadas con La Línea y Los Cabrera, grupos que mantienen presencia en una zona fronteriza con Estados Unidos.

Los Cabrera están ligados a la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, mientras que La Línea es señalada como una estructura afín al Nuevo Cártel de Juárez.

Dos años de violencia y 113 homicidios

El recuento comenzó el 21 de septiembre de 2024, cuando 11 hombres fueron encontrados sin vida en un predio ubicado detrás de las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), en Ojinaga.

De acuerdo con trabajos de inteligencia de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ese multihomicidio marcó la entrada de Los Cabrera a una zona que durante años había estado bajo el dominio de La Línea. El hecho se convirtió en el punto de referencia utilizado por las autoridades para establecer el inicio de la disputa.

Entre el 21 de septiembre y diciembre de 2024 se contabilizaron 30 homicidios dolosos en los cuatro municipios. Aldama concentró ocho casos; Ojinaga, 19; Manuel Benavides, dos, y Coyame del Sotol, uno.

La violencia aumentó durante 2025, cuando se registraron 51 homicidios relacionados con el periodo de confrontación. Aldama concentró 32; Ojinaga, ocho, y Coyame del Sotol, 11.

Entre enero y el 23 de septiembre de 2026 se contabilizaron otros 32 homicidios: 22 en Aldama, dos en Ojinaga y ocho en Coyame del Sotol.

La suma de los tres periodos arroja 113 asesinatos: 62 en Aldama, 29 en Ojinaga, 20 en Coyame del Sotol y dos en Manuel Benavides.

El comportamiento de la violencia también muestra un desplazamiento del mayor número de homicidios hacia Aldama. Mientras Ojinaga concentró la mayoría de los asesinatos registrados en los últimos meses de 2024, Aldama acumuló la mayor parte de los casos tanto en 2025 como en 2026.

El corredor que quedó en disputa

La confrontación no comenzó como un enfrentamiento abierto entre dos organizaciones completamente ajenas entre sí. Los antecedentes documentados por autoridades de Chihuahua apuntan a una ruptura dentro de La Línea y a la incorporación de Los Cabrera a la disputa por el territorio.

En diciembre de 2025, Infobae México reportó que Roberto “N”, alias “El 02” o “El 04”, era señalado por autoridades como líder de una célula de Los Cabrera y probable responsable de las confrontaciones en Ojinaga.

Según la información proporcionada entonces por la Fiscalía General del Estado, el hombre había pertenecido a La Línea antes de separarse de esa estructura y buscar respaldo de Los Cabrera Sarabia, vinculados con una facción del Cártel de Sinaloa. Su célula, identificada como Los Fariseos, tenía presencia en Aldama, Ojinaga, Manuel Benavides y Coyame del Sotol.

La captura de Roberto “N” ocurrió en diciembre de 2025, después de un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional en Aldama. En el operativo también fueron detenidas otras 10 personas y se aseguraron armas largas, ametralladoras, fusiles Barrett, vehículos, explosivos y un dron.

El detenido contaba con una orden de extradición en Estados Unidos y posteriormente fue entregado a ese país en febrero de 2026.

Su captura, sin embargo, no puso fin a la confrontación. Los registros de homicidios muestran que durante 2026 continuaron los asesinatos en la misma franja territorial.

Aldama concentra más de la mitad de los homicidios registrados

De los 113 homicidios contabilizados durante los dos años del conflicto, 62 ocurrieron en Aldama, lo que representa más de la mitad del total.

El municipio acumuló ocho asesinatos durante los últimos meses de 2024, 32 en 2025 y 22 entre enero y el 23 de septiembre de 2026.

Ojinaga ocupa el segundo lugar con 29 homicidios, aunque la distribución temporal es diferente: 19 ocurrieron durante los primeros meses del conflicto, ocho en 2025 y dos durante 2026.

Coyame del Sotol suma 20 asesinatos: uno en el último trimestre de 2024, 11 durante 2025 y ocho en los primeros nueve meses de 2026. Manuel Benavides registra dos casos, ambos correspondientes al periodo inicial de la disputa.

El propio recuento de la Fiscalía de Distrito Zona Centro establece una diferencia entre la investigación de los homicidios del fuero común y la investigación de la delincuencia organizada. Las autoridades estatales han integrado las carpetas correspondientes a los asesinatos, mientras que la investigación sobre la evolución del conflicto criminal corresponde a instancias federales.

175 detenidos durante la contención policial

A este saldo se suman 175 personas detenidas desde septiembre de 2024 como parte de las acciones de la SSPE para contener la disputa entre ambos grupos.

El dato fue informado por Luis Ángel Aguirre Rodríguez, subsecretario de Estado Mayor de la corporación estatal, quien señaló que entre esas detenciones se encuentran al menos cinco personas identificadas por las autoridades como líderes de las estructuras criminales enfrentadas.

La cifra engloba las acciones realizadas durante los dos años de confrontación y no significa que las 175 personas hayan sido condenadas ni que todas hayan sido detenidas por homicidio. Se trata del número de detenciones reportado por la SSPE dentro de la estrategia de contención en la región.

Los operativos más recientes muestran que la presencia de las organizaciones criminales continúa siendo un problema para las autoridades estatales.

El ataque a un helicóptero reactivó el despliegue en septiembre

El 12 de septiembre de 2026, un helicóptero de la Policía del Estado que realizaba labores de reconocimiento entre Coyame y Ojinaga fue atacado a tiros. Uno de los elementos que viajaban a bordo resultó herido.

Después de esa agresión, la SSPE amplió el despliegue hacia Ojinaga, Manuel Benavides, Paso de San Antonio y el corredor Aldama-Ojinaga. Las acciones incluyeron recorridos terrestres, vigilancia aérea y participación de la Agencia Estatal de Investigación, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional.

El 19 de septiembre fueron detenidas tres personas que, de acuerdo con la SSPE, estaban vinculadas con la célula señalada por las autoridades como responsable de los ataques contra la aeronave. En esa intervención fueron asegurados dos fusiles, 17 cargadores, 877 cartuchos, dos vehículos, más de 14 kilogramos de marihuana y alrededor de un centenar de artefactos ponchallantas.

Dos días después, el 21 de septiembre, agentes estatales detuvieron en Ojinaga a Octavio V. L., alias “El Tavo” o “El 13”, señalado por la SSPE como uno de los presuntos líderes criminales de la zona fronteriza, así como a Axel A. A.

En ese operativo fueron aseguradas 11 armas largas, 24 cargadores, 2 mil 920 cartuchos, cuatro chalecos balísticos, una camioneta Ford Ranger Raptor con reporte de robo en Estados Unidos, una motocicleta y 19 mil 400 dólares en efectivo.

La SSPE señaló a “El Tavo” como presunto vinculado con el ataque al helicóptero y como una persona con una orden de extradición vigente en Estados Unidos. Infobae México reportó entonces que, de acuerdo con información extraoficial, tanto él como su acompañante serían integrantes de La Línea.

Una disputa que continúa pese a las capturas

Los datos acumulados durante los dos años muestran que las detenciones de operadores y presuntos líderes no han significado el fin de los homicidios en el corredor.

El periodo comenzó con 30 asesinatos entre septiembre y diciembre de 2024, alcanzó 51 durante 2025 y sumó otros 32 hasta el 23 de septiembre de 2026. En paralelo, la SSPE reporta 175 personas detenidas durante las acciones de contención.

El territorio en disputa comprende cuatro municipios y conecta zonas del centro-oriente de Chihuahua con Ojinaga, en la frontera con Estados Unidos. La violencia registrada en este corredor ha combinado homicidios, enfrentamientos, aseguramientos de armamento y operativos de seguridad que se mantienen activos durante septiembre de 2026.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a dos redes operativas de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, hijo del exlíder del Cártel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en ese país en julio pasado, Ismael “El Mayo” Zambada.

Entre las redes sancionadas se encuentra una con operaciones en la ciudad de Mexicali, Baja California, en la que dos exfuncionarios fueron señalados por vínculos con dos líderes regionales vinculados con la facción que dirige “El Mayito Flaco”, denominada Los Mayos.

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El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes a 21 personas y 25 empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa, quien destaca Ismael Zambada Sicairos, alias “Mayito Flaco”, como el nuevo líder indiscutido de la facción Los Mayos.

El anuncio ocurrió después de la detención de Ismael Zambada García, “El Mayo”, en julio de 2024. Esa captura desató una disputa interna entre Los Mayos y Los Chapitos que derivó en una guerra por el control de las plazas fronterizas de Tijuana y Mexicali.

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Carlos Torres, ex esposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con La Mayiza, facción del Cártel de Sinaloa.

Por medio de un comunicado, el Departamento del Tesoro informó que las sanciones alcanzan a 21 personas que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa.

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Estados Unidos sancionó a 21 personas y 25 empresas que vincula con el Cártel de Sinaloa, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, “Mayito Flaco”, y Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar.

Las medidas también alcanzaron a integrantes de las estructuras de Los Mayos en Tijuana y Mexicali, presuntos operadores financieros y exfuncionarios mexicanos. El Departamento del Tesoro señaló a Carlos Torres como un operador político relacionado con el grupo criminal y sostuvo que utilizó su influencia para facilitar sus actividades en Baja California.

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FGJEZ informa movilización por cateos simultáneos en Freznillo

En estos momentos, elementos de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas en coordinación con autoridades de la Mesa Estatal de Construcción de Paz y Seguridad llevan a cabo la ejecución simultánea de órdenes de cateo en diversos inmuebles ubicados en el municipio de Fresnillo, todos relacionados con investigaciones por el delito de robo.

La situación se encuentra controlada y se exhorta a la población a atender las indicaciones de las autoridades que se encuentran en los puntos de intervención.

Los abogados de la editorial Penguin Random House aclararon el estatus de las demandas que Ninel Conde y Paty Navidad interpusieron contra la periodista Anabel Hernández, después de que ambas artistas quedaran vinculadas con el crimen organizado en los libros de la autora.

El origen del conflicto está en las páginas donde Hernández relaciona a las dos famosas con el capo Arturo Beltrán Leyva en su libro Las señoras del narco: Amar en el infierno. Sin embargo, una de las actrices vuelve a aparecer en la nueva investigaciones de la periodista llamada Narcocracia.

/mexico/2026/09/29/dano-moral-no-difamacion-abogados-explican-las-demandas-de-ninel-conde-y-paty-navidad-contra-anabel-hernandez/

Cinco personas fueron detenidas durante un cateo en un inmueble de San José del Peñasco, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, donde fueron aseguradas armas de alto poder, cartuchos, marihuana y metanfetamina.

El operativo se realizó en un predio ubicado en el Camino al cerro Galavillina, en el municipio de San José del Peñasco, Miahuatlán. La intervención derivó de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que ubicó el inmueble como un punto utilizado para el almacenamiento y empaquetado de drogas.

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Félix Arturo Medina Padilla, Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) dio a conocer, este martes, detalles sobre las nuevas líneas de investigación relacionadas sobre la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, hecho ocurrido hace 12 años.

Durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, realizada desde Palacio Nacional, Medina Padilla explicó que cuando se hizo el nuevo análisis con la metodología, elementos técnicos y científicos que ha usado la propia Fiscalía General de la República (FGR), se reanalizan llamadas telefónicas que se realizaron en Iguala, durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014, y se detectó que 17 personas habían tenido comunicación entre ellas.

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Andrés Manuel López Beltrán estaría en la mira de dos agencias de Estados Unidos que analizan posibles acusaciones en su contra por supuestos vínculos con el crimen organizado y el contrabando de combustible, reveló The New York Times.

El diario estadounidense citó a cinco personas con conocimiento directo de las indagatorias por parte de las agencias, quienes hablaron en calidad de anonimato y refirieron que hasta el momento no se han iniciado investigaciones formales en contra del hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

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Policías municipales de Tijuana presuntamente colaboran con bandas de montachoques para provocar choques y extorsionar a automovilistas, según denunciaron víctimas entrevistadas por el semanario ZETA. Los hechos documentados ocurrieron entre mayo y septiembre en avenidas como la carretera Aeropuerto, el bulevar Bellas Artes y la Zona Río de Tijuana, donde agentes uniformados habrían favorecido los golpes y presionado a los afectados para que pagaran en efectivo.

Los montachoques son bandas que provocan o simulan accidentes viales para intimidar a conductores y exigirles dinero de forma inmediata, según la definición de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México citada por Infobae. El grupo suele operar con dos o tres vehículos, fingir una llamada al número de emergencias 911 y presionar a la víctima antes de que intervenga la aseguradora.

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La extradición de Tomás Zerón de Lucio desde Israel no ha avanzado al ritmo que quisiera el gobierno mexicano, reconoció la presidenta Claudia Sheinbaum, quien señaló que la Fiscalía General de la República (FGR) mantiene las gestiones para conseguir el regreso del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

“Quisiéramos avanzar más rápido y entendemos a los familiares en su dolor. Es una herida abierta para todo México, pero estos procesos requieren sus tiempos”, dijo Sheinbaum durante ‘La Mañanera’ de este martes al referirse al caso de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, desaparecidos en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero.

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Tras la presentación del nuevo informe del caso de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no se descarta ninguna línea de investigación hasta el momento derivado de los hallazgos que apuntan a funerarias, el Servicio Médico Forense (Semefo) y vínculos con Guerreros Unidos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este martes, tanto Sheinbaum como el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Arturo Medina Padilla, hablaron sobre los cateos en la funeraria “El Ángel” y el Semefo que permitieron localizar restos óseos, e informaron que ninguno ha dado positivo con los normalistas, aunque los análisis continúan.

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Fernanda Gastelum, una mujer embarazada de 22 años, murió el lunes 28 de septiembre tras recibir varios disparos frente a su domicilio en la colonia Ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, Sinaloa. El bebé que esperaba, de aproximadamente ocho meses de gestación, tampoco sobrevivió pese a una cesárea de emergencia practicada en un hospital privado, adonde su esposo la trasladó tras el ataque armado cuyo móvil las autoridades no han esclarecido.

La agresión ocurrió alrededor de las 9:30 horas del lunes en el cruce de las calles Juan S. Millán y Sindicatura Higuera de Zaragoza. Fernanda llegó a bordo de un vehículo particular hasta la puerta de su casa, según reportó el diario Milenio.

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas abrió una investigación a fondo por la evasión de un detenido en el municipio de Suchiapa y anunció la detención de Jesús “N”, quien se desempeñaba como director de la Policía Municipal.

El fiscal general, Jorge Luis Llaven Abarca, informó que los hechos ocurrieron después de un operativo contra el narcomenudeo realizado el pasado 25 de septiembre, en el que fueron asegurados narcóticos y cuatro personas fueron detenidas.

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Un hombre de la tercera edad fue hallado sin vida al interior de un departamento de la colonia Guerrero, alcaldía Cuauhtémoc, luego de que vecinos reportaran un olor putrefacto proveniente del inmueble ubicado en la calle Sol número 246. Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México ingresaron al lugar con autorización de los residentes y confirmaron el deceso, mientras la Fiscalía General de Justicia (FGJ) capitalina investiga la causa de muerte mediante la necropsia de ley.

Los vecinos habían advertido que llevaban varios días sin ver a su vecino, sin embargo sabían que en la vivienda residía un hombre mayor de forma solitaria, lo cual aumentó la preocupación cuando el olor fétido se intensificó.

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Eduardo Manuel “N”, alias “El Flaco de Colima” o “Lalo”, fue detenido este lunes en un operativo coordinado entre la Secretaría de Marina (Semar) y autoridades estatales al detectar su presunta implicación en actividades delictivas para un operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima.

De acuerdo con las autoridades, el sujeto operaba como presunto brazo ejecutor de una red de extorsión que Oswaldo Rafael “N”, alias “El Baldo”, comandaba desde Jalisco. Su detención se ejecutó en el municipio de Cuauhtémoc derivado de investigaciones relacionadas con estructuras relacionadas con el cobro de piso.

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La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York solicitó una pena de 92 meses de prisión, equivalentes a siete años y ocho meses, para Carlos Omar Félix Gutiérrez, operador de Los Chapitos acusado de participar en la producción y distribución mayorista de fentanilo.

La petición fue presentada ante la jueza Katherine Polk Failla en la víspera de la audiencia de sentencia del mexicano, quien se declaró culpable en enero de este año de un cargo menor incluido en el segundo cargo de la acusación: conspiración para importar al menos 40 gramos de fentanilo. La sentencia está prevista para este martes 29 de septiembre en un tribunal federal de Manhattan.

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Sigue las noticias más destacadas sobre narcotráfico y seguridad en tiempo real en Infobae México.

Autoridades federales y estatales capturaron a 57 personas en distintas acciones realizadas en Chiapas entre el 18 y el 28 de septiembre, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). De ese total, 34 detenidos son vinculados con el ataque armado registrado en una cancha de futbol de la colonia Las Granjas, en Tuxtla Gutiérrez, hecho que dejó tres personas muertas y tres más heridas la noche del viernes 18 de septiembre.

En los operativos participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), la propia SSPC, la Fiscalía General del Estado de Chiapas (FGE) y la Secretaría de Seguridad del Pueblo de Chiapas.

Como resultado de las acciones, en total se aseguraron nueve armas de fuego, ocho cargadores, 157 cartuchos, 5 mil 512 dosis de droga y 12 vehículos, de acuerdo con el reporte oficial.

El ataque en la cancha de futbol dejó tres muertos y un menor herido de bala en la cabeza

El ataque armado en la cancha de futbol de Las Granjas ocurrió la noche del viernes 18 de septiembre. Un grupo de personas se encontraba reunido en el espacio deportivo, ubicado en la zona norte-poniente de la capital chiapaneca, cuando hombres armados irrumpieron y comenzaron a disparar.

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, los agresores llegaron a bordo de varias motocicletas y escaparon del sitio tras realizar las detonaciones. Los cuerpos de las tres víctimas fatales fueron levantados por personal del Servicio Médico Forense y trasladados a sus oficinas para realizar la necropsia de ley.

Entre los lesionados se encontraba un menor de edad, quien recibió un impacto de arma de fuego en la cabeza y fue trasladado a un hospital. Un segundo herido presentó una lesión en la mano y rechazó ser trasladado a un nosocomio, mientras que un tercero sufrió una herida en el hombro y sí requirió atención médica.

Tras la agresión, más de 15 patrullas llegaron a los alrededores de la cancha, mientras agentes de la FGE y personal de Servicios Periciales procesaron la escena y realizaron el levantamiento de los cuerpos.

Entre los 34 detenidos hay autores materiales y un integrante con funciones de mando

Como resultado de las labores de investigación realizadas del 18 al 28 de septiembre, las autoridades detuvieron a 34 personas vinculadas con la agresión en Las Granjas. Entre ellas identificaron a autores materiales del ataque y a un integrante con funciones de mando dentro de la célula delictiva, según el comunicado de la SSPC.

El ataque ocurrió una semana después de que la presidenta Claudia Sheinbaum informara desde Tuxtla Gutiérrez una reducción de 64% en el promedio diario de homicidios dolosos en el estado. La comparación se hizo entre diciembre de 2024 y agosto de 2026, periodo en el que el promedio pasó de 2.5 a 0.9 víctimas diarias.

La Fiscalía de Chiapas había anunciado previamente, el pasado 21 de septiembre, un avance de 15 detenidos por el ataque en Las Granjas. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca identificó entonces a dos presuntos autores materiales: Jesús “N”, de 21 años, señalado como conductor de la motocicleta usada en el crimen, y un adolescente de 17 años acusado de haber disparado el arma.

También ubicó a dos presuntos autores intelectuales: José Luis “N”, alias “El Bebe”, líder de la célula que controla puntos de narcomenudeo en la zona norte-oriente de Tuxtla Gutiérrez, y Límberg “N”, alias “El Hueso”, quien purga una condena por homicidio calificado en el penal de Ocosingo y, de acuerdo con la Fiscalía, habría ordenado el ataque desde su reclusión.

El resto de los 15 detenidos en ese primer avance desempeñaba funciones de halconeo y encubrimiento. Con el nuevo reporte de la SSPC, que eleva a 34 el número de vinculados a este caso, se sumaron 19 personas más a la carpeta de investigación.

Llaven Abarca explicó que la agresión no tuvo un objetivo específico, sino que buscó generar temor entre la población y amedrentar a grupos rivales dedicados a la venta de droga.

Esto se sabe sobre las otras detenciones en la entidad

En Tuxtla Gutiérrez, las autoridades también detuvieron a José Edwin “N”, de nacionalidad salvadoreña, identificado como integrante activo de un grupo delictivo. El detenido era requerido por autoridades de El Salvador, donde contaba con una orden de aprehensión vigente, de acuerdo con el comunicado de la SSPC.

En Tapachula, entre el 23 y el 28 de septiembre, se realizaron operativos interinstitucionales que dejaron 22 personas detenidas. En una de las acciones, las autoridades capturaron a dos personas con 104 paquetes de cocaína y un vehículo.

En la colonia El Paraíso, tras repeler una agresión de civiles armados, los elementos de seguridad detuvieron a cuatro personas y aseguraron tres armas largas, un arma corta, tres cargadores, cerca de tres kilos de marihuana, 80 dosis de droga y un vehículo. Durante estos hechos, un elemento de la Guardia Estatal Preventiva resultó lesionado y recibió atención médica.

En otros operativos realizados en el mismo municipio, las autoridades detuvieron a 16 personas más y aseguraron 166 dosis de droga, dos motocicletas, un vehículo y un arma corta de aire comprimido.

En Benemérito de las Américas, durante un operativo de reconocimiento e inspección, los efectivos localizaron un arma larga, cinco cargadores, 137 cartuchos y 4 mil 935 dosis de droga, además de tres vehículos.

Las 57 personas capturadas en el conjunto de las acciones quedaron a disposición de los agentes del Ministerio Público correspondientes, quienes determinarán su situación jurídica e integrarán las carpetas de investigación de cada caso.

El régimen de Cuba rechazó recibir a Antonio Frómeta Ascón, un migrante cubano de 63 años que permanece bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) desde hace más de un año, sin que las autoridades estadounidenses hayan logrado concretar su deportación.

Frómeta está recluido en el Centro de Procesamiento de Servicios de ICE en El Paso, Texas, después de que agentes lo arrestaron el 14 de agosto de 2024 en West Palm Beach, Florida, durante la Operación Tidal Wave, una acción conjunta de autoridades estatales y federales contra inmigrantes con órdenes pendientes de expulsión.

Según informó CiberCuba, que citó un reportaje de El Paso Matters, ICE intentó deportarlo al régimen de Cuba en noviembre de 2024. Las autoridades de la isla no lo aceptaron, lo que dejó el proceso sin una fecha definida para su ejecución.

El migrante también rechazó la posibilidad de ser trasladado a México. “Soy cubano, no mexicano”, afirmó Frómeta en declaraciones recogidas por el medio estadounidense. El detenido sostuvo que teme por su seguridad si es enviado a ese país.

Cuba rechazó la deportación y el plazo queda sin fecha

La situación de Frómeta llegó a un tribunal federal del Distrito Oeste de Texas. En marzo, presentó una petición de hábeas corpus para cuestionar la legalidad de su detención, ante la falta de avances concretos hacia una expulsión efectiva.

El caso se vincula con el precedente Zadvydas v. Davis, resuelto por la Corte Suprema de Estados Unidos en 2001. Esa sentencia estableció que seis meses constituyen, en principio, un período razonable de detención para extranjeros con órdenes de deportación definitivas, indica la publicación de CiberCuba.

Pasado ese plazo, si existen elementos que indiquen que la expulsión no es probable en un futuro razonablemente previsible, el Gobierno debe justificar por qué mantiene privada de libertad a esa persona. En julio, de acuerdo con la información presentada ante el tribunal, las propias autoridades federales reconocieron que “actualmente se desconoce” el tiempo necesario para concretar la deportación del cubano.

El cubano llegó a Estados Unidos en 1994, durante la crisis de los balseros. Pasó un período en la Base Naval de Guantánamo y luego recibió un permiso de permanencia temporal para ingresar al país. Durante las tres décadas siguientes residió en Florida, trabajó en la poda de árboles y formó una familia.

Su expediente migratorio incluye una condena en 2002 a cinco años de libertad condicional por un delito de agresión en el condado de Palm Beach. Cumplió esa pena. En 2008 faltó a una audiencia migratoria y un juez dictó una orden de deportación en ausencia, detalla el medio.

La detención impidió que conociera a su primera nieta

Durante el tiempo que lleva bajo custodia, Frómeta no pudo conocer a su primera nieta, nacida mientras permanecía detenido. “No la he podido conocer ni abrazarla. Yo debo estar con ellos y no encerrado aquí”, declaró desde el centro de ICE en El Paso.

Su pareja indicó que el hombre está deprimido y desesperado. Frómeta aseguró, además, que su salud empeoró durante el encierro y que perdió peso. En una carta manuscrita fechada el 14 de agosto, pidió al tribunal que ordenara su liberación: “Llevo un año y quince días detenido”.

El cubano también dijo haber sido testigo de los hechos previos a la muerte de Geraldo Lunas Campos, otro cubano de 55 años que falleció el 3 de enero bajo custodia de ICE. El médico forense del condado de El Paso determinó que murió por asfixia causada por compresión del cuello y el torso, y clasificó el caso como homicidio.

Frómeta denunció que un guardia lo golpeó en una oreja, lo que le habría provocado pérdida auditiva. También afirmó que recibió presiones para aceptar una deportación a México, después de que el régimen de Cuba rechazara recibirlo.

Cinco personas fueron detenidas durante un cateo en un inmueble de San José del Peñasco, en la región de la Sierra Sur de Oaxaca, donde fueron aseguradas armas de alto poder, cartuchos, marihuana y metanfetamina.

El operativo se realizó en un predio ubicado en el Camino al cerro Galavillina, en el municipio de San José del Peñasco, Miahuatlán. La intervención derivó de una investigación de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), que ubicó el inmueble como un punto utilizado para el almacenamiento y empaquetado de drogas.

De acuerdo con la investigación, desde ese sitio presuntamente se preparaban y distribuían narcóticos hacia distintos puntos del estado. La ruta identificada por las autoridades atravesaba Miahuatlán y Ejutla, continuaba por el corredor de Ocotlán y comunidades cercanas y llegaba hasta los Valles Centrales y Oaxaca de Juárez.

La Fiscalía también señaló que el inmueble mantenía conexión con una ruta hacia la región de la Costa de Oaxaca, aunque el comunicado no precisa qué localidades eran abastecidas ni la cantidad de droga que habría sido movilizada.

El inmueble, un centro de almacenamiento y distribución

En el inmueble fueron detenidas cinco personas, entre ellas una mujer. La Fiscalía las identificó mediante las iniciales T. J. G. S., J. C. L. M., C. G. S., C. G. R. y B. G. S.

Las autoridades señalaron que los detenidos presuntamente operaban el inmueble utilizado como centro de almacenamiento y distribución. Su situación jurídica deberá ser determinada por el Ministerio Público conforme avance la investigación.

El cateo fue realizado con la participación de agentes de la Fiscalía estatal, Policía Estatal, Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y Secretaría de Marina.

El arsenal asegurado en San José del Peñasco

Durante la inspección fueron localizadas dos armas largas: una calibre .223 y otra 7.62x39. También se aseguró una escopeta calibre 12 y dos armas cortas calibre 9 milímetros.

A ese armamento se sumaron seis cargadores, tres para armas largas y tres para armas cortas, así como una mira holográfica y una chamarra equipada con placas balísticas.

El personal que participó en el operativo también encontró cartuchos útiles de distintos calibres, entre ellos .223, 7.62, 5.56, 9 milímetros y .22, además de municiones para escopeta.

La presencia de este armamento formó parte de los objetos asegurados dentro del inmueble, aunque la Fiscalía no informó en el comunicado si alguna de las armas estaba relacionada con investigaciones previas o si serán sometidas a pruebas periciales para determinar su posible utilización en otros delitos.

Marihuana, cristal y material para empaquetar las dosis

Además de las armas y municiones, en el predio fueron encontrados envoltorios con hierba con características de la marihuana y diversas dosis de una sustancia con características de metanfetamina, conocida como cristal.

También fueron aseguradas básculas y bolsas que, de acuerdo con la Fiscalía, eran utilizadas para el empaquetado de las sustancias.

El comunicado no detalla el peso total de la marihuana ni la cantidad exacta de metanfetamina localizada durante el cateo.

Las cinco personas detenidas, junto con las armas, cartuchos, drogas y demás objetos asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente. Será esa instancia la que determine la situación jurídica de los detenidos y defina las siguientes diligencias de la investigación.

Seguridad en la Sierra Sur de Oaxaca: un corredor disputado por células vinculadas al Cártel de Sinaloa

El cateo realizado en San José del Peñasco ocurre en una zona que durante 2026 ha sido señalada por las autoridades estatales como parte de un corredor utilizado para el traslado y distribución de drogas entre la Costa de Oaxaca y los Valles Centrales. Miahuatlán, Ejutla y Ocotlán aparecen en investigaciones recientes como puntos conectados dentro de esa ruta.

Uno de los principales antecedentes ocurrió en julio, cuando la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó la detención de J.M.G.G., alias “El Miky” o “El 086”. De acuerdo con la investigación de la dependencia, era presunto segundo al mando de una célula vinculada con el Cártel de Sinaloa y encabezada por un hombre identificado como “El Bogar”.

La FGEO ubicó la zona de influencia atribuida a esa estructura en un corredor que incluía Miahuatlán y Ejutla, en la Sierra Sur, además de Ocotlán de Morelos, Zimatlán, Lachigoló y Mitla. Según el fiscal Bernardo Rodríguez Alamilla, la célula vigilaba la distribución de distintas drogas y contaba con grupos armados para enfrentar a organizaciones rivales.

La detención de “El Miky” también permitió a las autoridades describir la importancia logística de ese corredor: conecta zonas de la Costa y el Istmo de Tehuantepec con los Valles Centrales y la ciudad de Oaxaca.

La Fiscalía señaló entonces que la estructura investigada tenía actividades relacionadas con la distribución de narcóticos y que algunas líneas de investigación la vinculaban con homicidios de líderes de grupos rivales. Estas últimas son imputaciones de la investigación ministerial, no hechos judicialmente acreditados.

Miahuatlán ya había sido escenario de operativos contra el narcomenudeo

El antecedente más directo del cateo de San José del Peñasco se encuentra en Miahuatlán de Porfirio Díaz. En abril de 2026, la Fiscalía ejecutó tres órdenes de cateo en ese municipio por investigaciones relacionadas con narcomenudeo y aseguró metanfetamina, cannabis y armas de fuego; tres personas fueron detenidas.

Meses antes, en enero, la Fiscalía había desplegado junto con Marina, Defensa y Guardia Nacional un operativo permanente en el corredor Ejutla-Ocotlán-Miahuatlán. El despliegue incluyó más de 150 elementos, cateos y filtros de seguridad, con el objetivo de ubicar a personas consideradas objetivos prioritarios por las autoridades.

Ese antecedente resulta relevante para el cateo de San José del Peñasco porque muestra que la intervención de septiembre no ocurre de manera aislada: durante 2026 las autoridades han concentrado investigaciones y operativos contra el narcomenudeo y estructuras dedicadas a la distribución de drogas en este corredor.

La disputa criminal alcanza las rutas que conectan la Costa con los Valles Centrales

La información disponible apunta a una estructura criminal fragmentada, más que a un solo grupo con control uniforme sobre toda la Sierra Sur. La propia Fiscalía ha descrito células con vínculos con organizaciones nacionales y ha identificado corredores específicos de operación.

En el caso de la estructura atribuida a “El Bogar”, la Fiscalía la vinculó con el eje Cártel de Sinaloa-Beltrán Leyva y situó su actividad en la conexión entre la Costa, la Sierra Sur y los Valles Centrales. La dependencia también informó que “El Miky” habría recibido instrucciones para establecer una estructura local y controlar plazas para garantizar la distribución de narcóticos.

La situación no significa que todo el territorio de la Sierra Sur esté bajo control de esa organización. Las investigaciones oficiales describen zonas de influencia y corredores concretos, mientras que otros reportes periodísticos y análisis recientes identifican la presencia de diferentes células en distintas regiones de Oaxaca.

Por ello, para el caso de San José del Peñasco, el dato más sólido es la conexión territorial que la Fiscalía establece entre el inmueble cateado y una ruta de distribución que atraviesa Miahuatlán y Ejutla, pasa por Ocotlán y llega a los Valles Centrales. La dependencia no atribuyó en el comunicado del 29 de septiembre el inmueble asegurado a una organización criminal específica.

Una urgencia al baño derivó en una detención policial en Rosenberg, Texas. James Mansell Lancaster Jr., de 60 años y residente de Natchez, Misisipi, aceleró su Chevrolet HHR 2006 de forma deliberada contra la entrada de la farmacia de un supermercado Kroger, causó daños por USD 50.000 y fue arrestado en el lugar.

El episodio ocurrió a las 4:28 de la madrugada del domingo 27 de septiembre, cuando el local permanecía fuera de horario comercial.

En ese momento, empleados de la tienda reponían mercadería en otras secciones del establecimiento. Ninguno resultó herido.

Lancaster admitió ante los oficiales que irrumpió con el auto porque necesitaba usar el baño y estaba molesto con las puertas cerradas, de acuerdo con CBS Newspath.

Además, Univisión recopiló información en una comunicación directa con el teniente Sebastian Muñoz. El conductor permaneció en el lugar tras el impacto, donde los agentes lo detuvieron.

El choque dejó daños por USD 50.000 en el supermercado

El impacto generó daños extensos en el edificio. Las imágenes difundidas por la policía mostraron el automóvil en el interior del local, rodeado de vidrios rotos tanto dentro como fuera de las puertas. Los marcos metálicos de la entrada también presentaron deterioro significativo.

El departamento de Policía de Rosenberg difundió el hecho a través de su cuenta de Facebook, donde describió la situación con ironía.

“Supongo que cuando hay que ir, hay que ir, pero recomendamos encontrar un local abierto... para hacer sus necesidades”, publicó la institución.

“Todo lo que dijo fue que las puertas estaban cerradas y que tenía que usar el baño”, afirmó el teniente Muñoz, portavoz de la Policía de Rosenberg, en declaraciones al New York Times.

Lancaster enfrenta un cargo grave de tercer grado por los daños causados

Fox News confirmó, junto a la cadena local FOX 26, que los cargos presentados contra Lancaster son de daño criminal (criminal mischief).

La cifra de USD 50.000 en daños, confirmada por la policía al New York Times, ubica el caso en la franja más grave del delito según el Código Penal de Texas §28.03: un delito grave de tercer grado (third-degree felony), penado con entre 2 y 10 años de prisión y una multa de hasta USD 10.000.

Los registros de la cárcel del condado de Fort Bend confirmaron el arresto y detallaron el cargo de daño criminal por daños de entre USD 30.000 y USD 150.000, según informó Univisión.

Hasta el lunes 28 de septiembre, Lancaster permanecía detenido en ese establecimiento. Las autoridades no informaron si contaba con representación legal.

Kroger no difundirá las grabaciones y remitió las consultas a la policía

El Kroger afectado está ubicado en 24401 Brazos Town Crossing, en Rosenberg, condado de Fort Bend, a unos 48 kilómetros (30 millas) al suroeste de Houston, tal como confirmó el teniente Muñoz a Univisión.

La cadena opera 201 supermercados distribuidos en 83 ciudades del estado, de acuerdo con la información publicada en su propio sitio web.

Un representante de la empresa confirmó al New York Times que Kroger no difundirá las grabaciones de las cámaras de seguridad del incidente y que la compañía trabaja en estrecha colaboración con las autoridades.

“La seguridad de nuestros empleados y clientes es uno de nuestros valores fundamentales”, declaró el vocero, quien derivó el resto de las consultas a la policía.

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Aseguran 341 kilos de droga en Sonora y Baja California: decomisan cocaína, metanfetamina y fentanilo

Un total de 341 kilos de narcóticos fueron asegurados en dos operativos realizados en San Luis Río Colorado, Sonora, y Tijuana, Baja California, informó esta mañana el Gabinete de Seguridad. En el primer caso fueron detenidas dos personas y se decomisaron 47.5 kilos de metanfetamina, 28 de cocaína, 12 de goma de opio y 10 de fentanilo, mientras que en Tijuana fueron asegurados 232 kilos de cocaína y 11.5 de fentanilo ocultos en un semirremolque.

Ernesto Ruffo llega a Ensenada tras 39 horas de traslado y asegura que su detención tiene “dimensiones políticas”

Ernesto Ruffo Appel afirmó este lunes que permaneció 39 horas en carretera durante su traslado desde el penal de El Altiplano hasta Ensenada, donde continuará en prisión preventiva domiciliaria, y relató que fue llevado en distintos vehículos de la Guardia Nacional conforme atravesaba varios estados. El exgobernador sostuvo que su detención tiene “dimensiones políticas”, reiteró que se considera inocente y aseguró que su participación en la empresa investigada se limitaba a ser accionista; además, cuestionó el manejo de información sobre el llamado huachicol fiscal y pidió mayor transparencia en los datos sobre los volúmenes de combustibles.

Información ampliada:

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Un chofer de transporte público fue detenido en Ecatepec luego de que pasajeros lo confrontaron por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol mientras trasladaba a usuarios a bordo de una unidad de la Ruta 44, que recorre el trayecto San Cristóbal-Plaza Aragón.

El operador fue identificado como Ángel Ismael “N”, de 25 años, quien quedó a disposición del Juzgado Cívico de Tulpetlac después de ser localizado en el cruce de avenida Morelos y Emiliano Zapata, en la colonia San Cristóbal.

De acuerdo con la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio tras recibir un reporte por una alteración del orden.

Al llegar, los agentes encontraron una Nissan Urvan de la Ruta 44, perteneciente al Grupo Ciudad Azteca, y localizaron al conductor con bebidas alcohólicas mientras se encontraba al volante.

La intervención ocurrió después de que usuarios del transporte público discutieran con el operador por la forma en que presuntamente conducía la unidad.

Otro automovilista también señaló al chofer por un supuesto choque. Sin embargo, de acuerdo con el reporte municipal, no presentó una reclamación por los daños, por lo que ese señalamiento no derivó en una denuncia adicional dentro de la información difundida por las autoridades.

Conducir bajo los efectos del alcohol, una falta administrativa

Tras la intervención de los agentes, Ángel Ismael “N” fue trasladado al Juzgado Cívico de Tulpetlac por una falta administrativa relacionada con conducir bajo los efectos del alcohol.

La autoridad municipal informó que deberá cumplir un arresto inconmutable de hasta 36 horas.

La Nissan Urvan en la que viajaba también fue retirada de circulación y trasladada al corralón.

Hasta el cierre de esta nota informativa no se habían reportado personas lesionadas como consecuencia de estos hechos.

El caso quedó así en el ámbito administrativo, de acuerdo con la información oficial disponible, sin que el gobierno municipal reportara la apertura de una investigación penal por el presunto choque señalado por el otro automovilista.

El alcohol al volante ya había generado operativos en Ecatepec

La detención ocurrió en un municipio donde las autoridades mantienen operativos para identificar a conductores que manejan después de consumir bebidas alcohólicas.

El gobierno de Ecatepec puso en marcha el programa “Conduce sin Alcohol” a finales de 2025, con puntos de revisión instalados en vialidades de alta circulación.

En noviembre de ese año, el ayuntamiento informó que había aplicado más de 600 pruebas de alcoholemia y remitido a 13 conductores que superaron los niveles permitidos. Para diciembre, la administración municipal reportó cerca de 3 mil pruebas y 66 personas remitidas por exceder los límites establecidos.

Las revisiones incluyeron vialidades como Vía Morelos, avenida López Portillo y avenida Central, corredores que concentran una parte importante de los desplazamientos dentro del municipio.

El Bando Municipal de Ecatepec contempla sanciones para quienes conduzcan vehículos automotores con aliento alcohólico o en estado de ebriedad. Dependiendo de la conducta acreditada, las sanciones pueden incluir multa o arresto administrativo.

En el caso del operador de la Ruta 44, la autoridad determinó sólo un arresto inconmutable de hasta 36 horas.

Otro caso con alcohol involucró a una combi en San Cristóbal

El episodio ocurrido en la Ruta 44 tiene un antecedente reciente en la misma zona del municipio, aunque no se trata de la misma ruta.

El 22 de enero de 2026, una unidad de transporte público se volcó en la zona de San Cristóbal y cuatro pasajeros resultaron lesionados.

El accidente ocurrió sobre avenida Revolución, conocida como 30-30. La unidad pertenecía a la línea Autobuses Nezahualpilli y terminó volcada después de que el operador perdiera el control.

La información difundida posteriormente por medios locales señaló que el conductor circulaba a exceso de velocidad y presuntamente se encontraba bajo los efectos del alcohol. Esa versión corresponde a los reportes periodísticos sobre el accidente y no debe confundirse con la detención del chofer de la Ruta 44, reportada este 27 de septiembre.

El antecedente resulta relevante por el lugar y por el tipo de vehículo involucrado: una unidad de transporte colectivo que trasladaba pasajeros y cuyo operador fue señalado por una posible combinación de alcohol y conducción.

Un choque fatal también involucró a un operador de transporte de Ecatepec

Otro caso registrado en 2026 terminó con la muerte de una mujer y llevó a la detención de un operador de transporte público relacionado con una empresa de Ecatepec.

El 30 de marzo, una unidad de Autotransportes Fumper de Ecatepec S.A. de C.V. circuló en sentido contrario por el Circuito Exterior Mexiquense y chocó contra un automóvil particular a la altura de Jaltenco.

Una mujer que viajaba en el vehículo particular murió como consecuencia del impacto.

El operador fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público. Medios locales reportaron posteriormente que presentaba signos de intoxicación y que habría reconocido un consumo prolongado de bebidas alcohólicas.

El accidente muestra otra de las circunstancias que pueden convertir una infracción vial en un hecho con consecuencias mortales: en este caso, la conducción en sentido contrario terminó en un choque frontal.

¿Cómo funciona el transporte público en Ecatepec?

El episodio ocurre dentro de una red de transporte público amplia y fragmentada, en la que participan rutas concesionadas, unidades tipo van y autobuses que conectan las distintas colonias de Ecatepec con estaciones del Metro, Mexibús y otros puntos del Valle de México.

El Plan de Desarrollo Municipal 2025-2027 identifica a las rutas concesionadas como uno de los componentes principales de la movilidad local. El documento señala que el servicio se presta mediante vehículos pequeños y autobuses y estima una antigüedad promedio de alrededor de 10 años para las unidades.

El diagnóstico también identifica problemas relacionados con la regulación y operación del transporte, entre ellos la existencia de una cantidad elevada de vehículos que contribuye a la congestión vial.

A esto se suma la identificación de intersecciones y corredores con condiciones que incrementan los riesgos para quienes utilizan las vialidades.

La documentación estatal registra además distintos ramales asociados con la Ruta 44. Entre ellos aparece la 44-04B, vinculada con recorridos entre zonas de Ecatepec y puntos de conexión con el Metro.

Esto es relevante porque la denominación “Ruta 44” no necesariamente identifica a una sola unidad o a un único recorrido. Existen diferentes ramales y organizaciones vinculadas con esa numeración, por lo que un incidente ocurrido con una unidad específica no permite atribuir automáticamente los mismos hechos al resto de los operadores o concesionarios.

Ecatepec concentra miles de hechos viales

El problema de la seguridad vial en el municipio tampoco se limita al comportamiento de los conductores de transporte público.

El diagnóstico municipal elaborado con información del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registra miles de hechos de tránsito en Ecatepec durante los últimos años.

El documento reporta 4 mil 31 hechos de tránsito en 2018 y 3 mil 372 en 2019. Para 2023, la estadística municipal basada en los registros de Accidentes de Tránsito Terrestre en Zonas Urbanas y Suburbanas contabilizó más de mil 300 hechos.

El mismo diagnóstico identifica corredores como Vía Morelos y avenida Central entre las zonas que concentran accidentes.

La estadística del INEGI permite desagregar los accidentes según variables como el tipo de vehículo involucrado, las causas presuntas y la condición de aliento alcohólico del conductor.

En este contexto, el alcohol representa solamente uno de los factores que pueden intervenir en un hecho vial. La velocidad, las condiciones mecánicas de los vehículos, la infraestructura y las condiciones de circulación también forman parte del problema de seguridad vial.

Los operativos también buscan reducir delitos contra pasajeros

La vigilancia de las unidades de transporte público en Ecatepec no se concentra únicamente en la conducción.

Durante 2026, el gobierno municipal ha desplegado operativos destinados a revisar unidades y prevenir delitos cometidos contra pasajeros.

Entre las acciones reportadas se encuentra el operativo “Transporte Seguro”, implementado en zonas como Jardines de Morelos con participación de policías municipales y autoridades federales.

Las revisiones buscan prevenir robos, agresiones y otros delitos durante los recorridos, además de permitir a las autoridades verificar las condiciones de las unidades y de quienes las operan.

En febrero, el gobierno municipal informó también sobre inspecciones aleatorias a camionetas y autobuses en diferentes puntos de Ecatepec y en rutas de conexión con municipios vecinos.

La administración municipal reportó entonces una disminución de 53% en los robos al transporte público al comparar enero de 2026 con el mismo mes de 2025, al pasar de 83 a 39 casos, según sus propios registros.

El caso de la Ruta 44 se suma así a un problema de seguridad que tiene distintas dimensiones: los delitos contra pasajeros, los accidentes viales y la supervisión de quienes conducen las unidades.

En este episodio, la intervención de Tránsito Municipal ocurrió después de que los propios usuarios confrontaron al operador. Ángel Ismael “N” fue detenido, trasladado al Juzgado Cívico y sancionado con un arresto administrativo de hasta 36 horas, mientras que la unidad fue enviada al corralón.

Este lunes se reportó la captura en Argentina de Ana Carmen Sosa Cravioto, hija de Gerardo Sosa Castelán, exdiputado y exrector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, peculado y defraudación fiscal.

De acuerdo con Infobae Argentina, la joven fue arrestada por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) e Interpol en el Aeropuerto Internacional de “El Plumerillo”, en Mendoza, cuando intentaba abordar un vuelo a Chile el pasado 27 de agosto.

La joven contaba con una alerta roja debido a que desde el año 2020 la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión en su contra por presuntamente estar involucrada en el entramado de lavado de dinero encabezado por su padre.

Los reportes indican que aunque la joven fue trasladada a la Unidad Número 332 del Servicio Penitenciario, su abogado logró que cumpla prisión domiciliaria. En tanto, su proceso de extradición también se encontraría en desarrollo.

Aunque se desconoce con exactitud el tiempo que llevaba en Argentina, se cree que su estadía comenzó desde diciembre del año pasado.

Su búsqueda internacional se originó en la causa penal 263/2020, abierta por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58.2 millones de pesos.

En ese expediente, la FGR libró órdenes de aprehensión contra Ana Carmen y su hermana Adriana Sosa Cravioto por su presunta participación en la estructura financiera que investiga a su padre.

El caso “La Sosa Nostra” y los señalamientos a Ana Carmen

Gerardo Sosa Castelán ha mantenido el control político de la UAEH desde finales de la década de 1970. Actualmente espera el juicio por presunta delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita derivados de actos cometidos en contra de la institución educativa.

Desde 2020 enfrenta una causa por delincuencia organizada y lavado de 58.2 millones de pesos en México, con su hija Ana Carmen y Adriana, señaladas como presuntas beneficiarias de transferencias desde empresas fachada.

El exdiputado es acusado por presuntamente encabezar una organización que habría drenado fondos de la UAEH mediante empresas fantasma y prestanombres. El principal móvil para la presunta triangulación fue mediante Contabilidad del Siglo XXI, una sociedad sin activos ni personal que, según la Fiscalía, movilizó recursos hacia cuentas de la familia.

Por su parte, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó, además, movimientos financieros inusuales por más de 151 millones de dólares, lo que derivó en la congelación de cuentas bancarias y en nuevas denuncias ante la FGR.

Según documentó Proceso, entre las cuentas beneficiarias identificadas por la Fiscalía figuran las de Adriana y Ana Carmen Sosa Cravioto. Los registros bancarios citados en la causa detallan 35 transferencias por un millón 192 mil pesos a la cuenta de Adriana entre marzo de 2014 y agosto de 2017, y siete transferencias por 806 mil 769 pesos a la de Ana Carmen entre marzo de 2014 y marzo de 2018.

Ana Carmen también aparecía vinculada como socia a constructoras relacionadas con su padre, entre ellas la Inmobiliaria, Constructora y Arrendadora Yolo, cuyo accionista principal es Damián Sosa Castelán, hermano de Gerardo y excandidato a la presidencia municipal de Tulancingo.

Situación actual de Gerardo Sosa Castelán

En septiembre de 2024, un juez federal decretó el sobreseimiento parcial de la causa contra Sosa Castelán al considerar que no existían elementos suficientes para sostener parte de la acusación original. Pese a ese giro, el exrector continúa a la espera de comparecer ante un Tribunal de Enjuiciamiento por la causa, luego de que una serie de recursos legales presentados por su defensa no prosperaron.

En diciembre de 2025, Sosa Castelán sumó un nuevo cargo: la causa penal 152/2025 que lo señala, junto a otros tres exfuncionarios de la UAEH, por un presunto peculado de 5.9 millones de pesos en fondos federales que la universidad recibió en 2018 y que habrían sido transferidos de forma irregular a Actinver Casa de Bolsa.

El caso se originó en una auditoría de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la cuenta pública 2018 de la UAEH, que detectó transferencias no autorizadas hacia un fondo de inversión. La jueza de control Martha Granados del Río cuestionó a la Fiscalía por inconsistencias en la integración de pruebas, entre ellas la reducción del monto imputado sin justificación.

Sosa Castelán fue detenido el 31 de octubre de 2020 en la Ciudad de México y pasó de prisión preventiva a prisión domiciliaria por su estado de salud, y luego a un brazalete electrónico que le permitió recuperar movilidad parcial.

En su última aparición pública, el 3 de octubre de 2025, durante una movilización convocada por la UAEH en Pachuca, afirmó que el dispositivo de monitoreo lo lleva “en la historia” y bromeó con que lo resguarda en el “museo” de la institución sobre la que mantiene control político desde hace más de cuatro décadas.

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Cae extranjero con más de 100 dosis de droga en la alcaldía Gustavo A. Madero

Un hombre de 29 años y nacionalidad extranjera fue detenido por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México luego de que le encontraran 113 dosis de una sustancia con características de cocaína y marihuana en la alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con las autoridades, uniformados realizaban labores de seguridad y vigilancia en las calles de Joaquín Herrera y Guadalupe Victoria, en la colonia Martín Carrera, cuando observaron al sujeto manipular envoltorios de papel similares a los utilizados para comercializar narcóticos.

Al notar la presencia policial, el hombre intentó alejarse del lugar. Los oficiales lo alcanzaron metros adelante y le realizaron una revisión preventiva que culminó con el aseguramiento de 100 envoltorios de papel de diversos colores que contenían una sustancia en polvo color blanco con las características de la cocaína, así como 13 bolsas de plástico transparente con una hierba verde seca a granel, similar a la marihuana.

Al tener 113 dosis de drogas, las autoridades procedieron con su detención.

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Detienen a un hombre acusado de pederastia contra una niña de 11 años en Oaxaca

Un hombre identificado como E.C.G. fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de pederastia agravada contra una niña de 11 años en Oaxaca de Juárez. La agresión sexual investigada ocurrió el 16 de marzo de 2024, informó la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

La orden de aprehensión fue cumplimentada por Agentes Estatales de Investigación tras las indagatorias de la Fiscalía Especializada en Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes. Según la institución, la víctima tenía una relación de confianza y convivencia cotidiana con el acusado, a quien identificaba como su padre.

De acuerdo con la FGEO, ese día la niña salió de su domicilio, ubicado en Trinidad de Viguera, para ir a comer después de que una persona pasara por ella con autorización de su madre. Durante el trayecto, la menor habría sido víctima de diversas conductas de naturaleza sexual.

Las investigaciones ministeriales señalan, además, que presuntamente le proporcionaron bebidas alcohólicas y la obligaron a consumirlas. Luego, la víctima informó sobre lo que ocurría mediante mensajes y un audio enviados a personas de confianza.

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Fuerzas de seguridad refuerzan recorridos en Ajuchitlán del Progreso tras desaparición de 8 personas

Elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, mantienen patrullajes permanentes en comunidades y caminos del municipio de Ajuchitlán del Progreso, en la región de Tierra Caliente, Guerrero. Los recorridos forman parte de las acciones de la Base de Operaciones Interinstitucional (BOI), luego de la desaparición de 8 habitantes del ejido El Balcón.

Los patrullajes se despliegan desde la localidad de La Lajita hacia la cabecera municipal, con presencia en puntos como Puerto Grande. El objetivo de estas acciones, según las autoridades, es prevenir conductas delictivas y brindar seguridad a las comunidades de la zona mediante trabajo coordinado y presencia en territorio.

Arrestan a tres hombres con marihuana en Cuautitlán Izcalli, Edomex

Elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a tres hombres que consumían presuntos cigarros de marihuana en la vía pública, en el municipio de Cuautitlán Izcalli.

Durante recorridos preventivos en calles de la colonia La Joyita, policías estatales observaron a tres personas del sexo masculino que presuntamente portaban un cigarro con características similares a la marihuana.

Tras identificarse plenamente y solicitar una inspección preventiva, los policías localizaron seis bolsas de plástico resellable con hierba verde seca con características propias de la marihuana.

Los detenidos fueron identificados como Ismael “N”, de 33 años; Sergio “N”, de 44, y Edgar “N”, de 19, quienes fueron trasladados y presentados ante la Agencia del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

Cae en Querétaro hombre buscado en Tabasco por la desaparición de 3 personas: ofrecían recompensa de 100 mil pesos

La Fiscalía General del Estado de Querétaro (FGE) concretó la detención de César Alonso “N”, un hombre requerido por las autoridades de Tabasco por su presunta participación en el delito de desaparición forzada de personas en agravio de tres víctimas. La captura se logró en territorio queretano gracias a un operativo conjunto conocido como Sinergia, que reunió a distintas corporaciones de seguridad federales y estatales.

Las autoridades tabasqueñas ofrecían una recompensa de 100 mil pesos por datos que permitieran su localización, y el cruce de información entre ambas fiscalías fue lo que permitió ubicarlo y cumplimentar el mandato judicial.

Una vez consumada la detención, César Alonso “N” fue puesto a disposición y entregado a las autoridades de Tabasco para ser presentado ante la autoridad judicial que originalmente había girado la orden de aprehensión en su contra.

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Carlos “N”, alias “Carlitos”, un hombre de origen venezolano señalado por autoridades del Estado de México como presunto integrante de una organización dedicada al robo de relojes de alta gama, fue detenido en Metepec después de una investigación que lo relaciona con asaltos cometidos en distintos estados del país.

La Secretaría de Seguridad del Estado de México precisó que el detenido tiene 33 años y presuntamente encabezaba un grupo dedicado principalmente al robo de relojes de lujo en Toluca y Metepec. La captura ocurrió el 24 de septiembre durante un operativo realizado por policías municipales y elementos de la corporación estatal.

Junto con “Carlitos” fue detenido otro hombre identificado como Arnaldo “N”, también de origen venezolano. En el mismo operativo fueron aseguradas dos mujeres, a quienes la Policía de Metepec relacionó con el caso. Las cuatro personas quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La captura ocurre después de que autoridades de distintas entidades ya habían detenido anteriormente al hombre ahora identificado como “Carlitos”. Reportes publicados tras el operativo señalan que había sido asegurado en Nuevo León, Jalisco y Ciudad de México, aunque posteriormente recuperó su libertad.

Así habría operado la banda de “Carlitos” para robar relojes de lujo

La investigación de las autoridades mexiquenses apunta a un esquema de selección previa de víctimas. Los integrantes de la organización presuntamente identificaban a personas que portaban relojes de alta gama en restaurantes y establecimientos ubicados en zonas de alto poder adquisitivo.

Después, uno de los integrantes ingresaba al establecimiento y, una vez ubicada la víctima, se producía el asalto. Otro integrante permanecía atento al entorno para facilitar la huida.

Los relojes sustraídos en los casos que las autoridades relacionan con el grupo tendrían valores que van de aproximadamente 300 mil pesos hasta 1.5 millones de pesos.

La Policía de Metepec también señaló que la organización tendría alrededor de una década de actividad en México y que algunos de sus integrantes ya habían sido detenidos por hechos relacionados con robos de relojes en Nuevo León y Jalisco. Ese señalamiento forma parte de la investigación policial y deberá ser acreditado ante las autoridades ministeriales y judiciales.

Dos mujeres fueron detenidas durante el operativo

La intervención policial también terminó con la detención de dos mujeres. De acuerdo con la Policía de Metepec, ambas presuntamente ofrecieron un reloj Rolex a los agentes a cambio de evitar su aseguramiento.

El reloj quedó bajo resguardo de las autoridades junto con los demás indicios obtenidos durante el operativo.

La Fiscalía mexiquense deberá determinar la situación jurídica de cada una de las cuatro personas y establecer qué conductas pueden ser imputadas individualmente.

Polanco también concentra investigaciones por robo de relojes de alta gama

El caso de Metepec forma parte de un fenómeno que también ha sido documentado en la Ciudad de México, aunque no existe información pública que vincule a “Carlitos” con las células investigadas en la capital.

En junio de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana informó sobre la detención de cuatro hombres en Miguel Hidalgo a quienes relacionó con una célula dedicada presuntamente al robo de relojes de alta gama. La investigación acumulaba entonces al menos 10 detenidos desde diciembre de 2025 por su posible participación en hechos cometidos principalmente en la zona poniente de la ciudad.

Según la investigación de la SSC, los sospechosos vigilaban previamente a sus víctimas y las seguían para después interceptarlas dentro de restaurantes o cuando circulaban en sus vehículos.

Uno de los casos documentados ocurrió en junio de 2025 en un restaurante de Polanco, sobre Schiller y Presidente Masaryk. La corporación también identificó otros hechos en colonias de la alcaldía Miguel Hidalgo.

Un caso reciente en la CDMX

Otro caso reciente corresponde a Ignacio Onofre Castillo, un hombre de origen colombiano cuya detención fue difundida por el periodista Carlos Jiménez. De acuerdo con ese reporte, el hombre habría fingido ser guardia de seguridad para ubicar personas que portaban relojes finos en Polanco y Anzures. Tras un presunto robo de un Cartier a una mujer, agentes de la SSC lo ubicaron y recuperaron la pieza.

El caso es independiente del de “Carlitos” y no existe información pública que permita establecer una relación entre ambos.

¿Por qué los relojes de lujo son un objetivo para los ladrones?

El atractivo criminal de estas piezas está relacionado con una combinación poco común: concentran un valor elevado en objetos pequeños y fácilmente transportables.

En el mercado mexicano de alta relojería aparecen marcas como Rolex, Cartier, Patek Philippe y Audemars Piguet. Algunos modelos alcanzan cientos de miles de pesos y determinadas piezas pueden superar el millón.

Por ejemplo, precios publicados para modelos comercializados en México han situado al Santos de Cartier de gran tamaño en alrededor de 675 mil pesos, mientras que algunas versiones de Panthère fabricadas en oro de 18 quilates superaban el millón de pesos. En Rolex, determinados modelos Cosmograph Daytona han tenido precios superiores a 400 mil pesos y algunas versiones de oro blanco rebasaban los 700 mil pesos.

Eso explica por qué una pieza que cabe en la muñeca puede representar un botín de cientos de miles de pesos.

El mercado de relojes robados puede cruzar fronteras

La comercialización de piezas robadas no necesariamente ocurre en la misma ciudad donde fueron sustraídas.

Una investigación publicada por La Jornada sobre el mercado internacional de relojes robados documentó rutas de comercialización que pueden llevar las piezas a países con grandes flujos de dinero, entre ellos Estados Unidos, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, China, Israel y Qatar. El trabajo también señaló que las piezas pueden alcanzar valores que van desde miles hasta cientos de miles de dólares, dependiendo de la marca y el modelo.

En México, una investigación de El Universal publicada en 2017 ya había documentado el robo de decenas de Rolex en Ciudad de México y Estado de México. En ese momento, autoridades y distribuidores buscaban rastrear los números de serie para identificar la ruta de comercialización de las piezas sustraídas.

El número de serie, la documentación y la procedencia adquieren así importancia para distinguir una operación legítima de compraventa de una pieza cuyo origen pueda estar relacionado con un delito.

Metepec ya había aparecido en investigaciones por robos de relojes

La captura de “Carlitos” tampoco es el primer expediente relacionado con relojes de lujo en Metepec.

En 2024, autoridades del Estado de México informaron sobre un robo cometido en una residencia del municipio en el que fueron sustraídos documentos personales, dinero en efectivo, joyas y 30 relojes de alta gama. El valor estimado del botín fue de aproximadamente 13 millones de pesos.

Ese caso no está públicamente relacionado con la investigación que derivó en la captura de “Carlitos”, pero muestra que Metepec ya había aparecido en investigaciones por robos de piezas de alto valor.

Ahora, Carlos “N”, Arnaldo “N” y las dos mujeres detenidas quedaron a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La autoridad ministerial deberá establecer los delitos que correspondan, determinar si existen órdenes de aprehensión vigentes y definir la situación jurídica de cada detenido.

El influencer hondureño Franklin Núñez Palacios, conocido popularmente en redes sociales como “La Tafloo”, fue detenido en Houston, Texas, durante la madrugada de este viernes, según información difundida por personas cercanas al creador de contenido.

La detención fue confirmada públicamente por el activista y creador de contenido Carlos Eduardo Espina, quien aseguró que antes de hacer el anuncio se comunicó con familiares y personas del círculo cercano de Núñez Palacios para corroborar la información.

De acuerdo con los datos que han trascendido sobre el caso, La Tafloo enfrenta una acusación preliminar por un presunto asalto contra un familiar, situación que habría derivado en la intervención de las autoridades policiales del condado de Harris.

Hasta el momento, las circunstancias exactas que rodearon el arresto continúan bajo investigación y deberán ser establecidas dentro del proceso judicial correspondiente. La existencia de una acusación no significa que el influencer haya sido declarado culpable.

Además del procedimiento penal, la detención ha generado preocupación por las posibles consecuencias para el estatus migratorio de Núñez Palacios en Estados Unidos.

Espina señaló que existe la posibilidad de que el hondureño sea puesto posteriormente bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), lo que podría abrir un proceso migratorio independiente al caso penal que actualmente enfrenta.

Sin embargo, hasta ahora no se ha confirmado públicamente que ICE haya asumido su custodia ni que exista una orden definitiva de deportación hacia Honduras. Cualquier decisión migratoria dependerá de las actuaciones y determinaciones de las autoridades estadounidenses.

La situación podría definirse en las próximas etapas del proceso, incluida una eventual audiencia ante un juez, donde se conocerán con mayor precisión los señalamientos, las condiciones de una posible fianza y las siguientes acciones judiciales.

La captura del influencer se produce pocos días después de que La Tafloo expusiera en TikTok e Instagram una controversia relacionada con su separación sentimental. El creador de contenido había hablado públicamente sobre problemas con su pareja y sobre la situación económica que, según su propio relato, enfrentaba en Texas.

En medio de las especulaciones surgidas en redes sociales, personas cercanas al caso han insistido en que la controversia de pareja y el arresto deben considerarse asuntos separados, mientras no exista información oficial que establezca una relación directa entre ambos acontecimientos.

Las publicaciones del influencer sobre su vida personal habían generado numerosas reacciones entre sus seguidores antes de que se conociera la noticia de su detención.

La noticia provocó una rápida respuesta entre usuarios de TikTok, Facebook e Instagram, donde seguidores y otros creadores de contenido comenzaron a compartir información y opiniones sobre la situación del hondureño.

Espina, quien afirmó mantener una relación cordial con Núñez Palacios, manifestó su disposición a analizar posibles alternativas de asistencia legal para el influencer y pidió a sus seguidores evitar especulaciones mientras se conocen más detalles del proceso.

Mientras tanto, existe expectativa por la publicación de registros judiciales y policiales que permitan conocer con mayor exactitud el cargo presentado contra Núñez Palacios y las condiciones de su detención.

El futuro inmediato de Franklin Núñez Palacios dependerá de las actuaciones de las autoridades de Texas y, eventualmente, de las autoridades migratorias estadounidenses.

El caso podría continuar únicamente en el ámbito penal o incorporar posteriormente un procedimiento migratorio.

Por ahora, la detención está confirmada, mientras que los detalles sobre los hechos que originaron el arresto, la situación de una eventual fianza y una posible intervención de ICE continúan pendientes de resoluciones oficiales.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 35 años, quien presuntamente participó en la agresión contra un automovilista registrada en Avenida Revolución, en la colonia Mixcoac, alcaldía Benito Juárez.

La detención ocurrió luego de que policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito recabaron información sobre el incidente y revisaron las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar a uno de los sujetos que habría participado en la agresión.

Cámaras del C2 Poniente permitieron ubicar al sospechoso

De acuerdo con la información proporcionada por la SSC, los agentes tomaron conocimiento de los hechos a partir de la declaración del conductor de la unidad de transporte público involucrada en el incidente.

Con estos datos, monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Poniente realizaron un seguimiento mediante las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona de Mixcoac.

A partir de las características físicas proporcionadas, los operadores identificaron a un hombre que coincidía con la descripción del presunto participante en la agresión.

Los policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito se trasladaron hasta las calles Guillain y Cerrada de Guillain, en la colonia Mixcoac, donde localizaron a un sujeto que correspondía con las características obtenidas durante las labores de seguimiento.

Intentó escapar al notar presencia policial

Según el reporte de la corporación, al percatarse de la presencia de los uniformados, el hombre intentó huir del lugar.

Durante el escape, el sujeto arrojó una bolsa que llevaba en las manos, lo que provocó que los policías iniciaran una persecución a pie.

Los elementos de la SSC lograron darle alcance metros adelante y procedieron a realizar una revisión preventiva, conforme a los protocolos de actuación policial.

Durante la inspección, los agentes localizaron entre sus pertenencias 25 envoltorios que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, además de dinero en efectivo.

Ante estos hallazgos, los policías procedieron a detener al hombre y asegurar tanto la sustancia como el efectivo para ponerlos a disposición de las autoridades correspondientes.

Detenido quedó a disposición del Ministerio Público

El hombre, de 35 años, fue trasladado ante el agente del Ministerio Público, junto con los objetos y la sustancia asegurada.

Será la autoridad ministerial la encargada de integrar la carpeta de investigación relacionada con los hechos y determinar la situación jurídica del detenido.

La SSC señaló que la localización del sospechoso fue posible mediante el seguimiento realizado por los monitoristas del C2 Poniente y la información obtenida tras la declaración del conductor de la unidad de transporte público involucrada.

Hasta el momento, la dependencia identificó al hombre como presunto participante en la agresión contra un automovilista, por lo que corresponderá al Ministerio Público establecer su probable responsabilidad a partir de las investigaciones y pruebas que se integren al expediente.

El caso se suma a las acciones de vigilancia y seguimiento que realizan elementos de la SSC mediante las cámaras del sistema de videovigilancia de la Ciudad de México, particularmente para ubicar a personas relacionadas con hechos delictivos o incidentes registrados en la vía pública.

Una investigación por un robo de cerca de $20 millones a una jubilada de Resistencia, Chaco, derivó este miércoles en la detención de un hombre de 37 años y el secuestro de una camioneta que habría sido utilizada durante el hecho.

La víctima es una mujer de 76 años que denunció la sustracción de sus ahorros de una casa situada en Fray Bertaca al 900.

Según la presentación realizada ante la Policía, la mujer dejó su vivienda el sábado 19 de septiembre alrededor de las 19:30. Su destino fue la casa de una nieta, ubicada en el barrio Las Palmeras, donde permaneció durante la noche.

Ya en la madrugada del domingo, aproximadamente a las 4:15, recibió un aviso sobre un ingreso ilegal a su domicilio. Al volver a la propiedad, encontró daños en la parte trasera de la casa y también en la puerta de su habitación.

La denunciante indicó que quienes ingresaron forzaron los mecanismos de seguridad de ese ambiente. Allí, había un candado y un perno que presentaban signos de haber sido violentados, de acuerdo con los elementos consignados en la denuncia.

Dentro de la habitación y según informó el portal Diario Chaco, la mujer advirtió el faltante de unos $20 millones. De acuerdo con su declaración, el dinero provenía de ahorros reunidos a partir del cobro de alquileres y de la venta de un automóvil.

El caso comenzó a ser investigado a partir del relato de la propietaria y del análisis de registros de videovigilancia ubicados en los alrededores del domicilio. Las imágenes permitieron a los investigadores reconstruir una secuencia en la que intervinieron tres hombres y una camioneta Renault Master de color blanco.

Tras la denuncia, los efectivos revisaron las cámaras de seguridad disponibles en el sector de Fray Bertaca al 999. El relevamiento permitió situar el episodio cerca de las 22:45 del sábado 19 de septiembre, varias horas antes de que la mujer fuera notificada sobre lo ocurrido.

En las secuencias analizadas se observó una camioneta Renault Master blanca que se detuvo en las inmediaciones de la vivienda. Para los investigadores, el vehículo se convirtió en uno de los elementos centrales de la pesquisa.

Las grabaciones muestran a tres hombres vinculados con ese rodado. Uno de ellos habría permanecido al volante, mientras que los otros dos descendieron y se dirigieron hacia el inmueble denunciado como escenario del robo.

La identificación de la camioneta llevó a una nueva etapa de la investigación. Durante el operativo realizado el miércoles, la Policía logró localizar el vehículo dentro de un garaje de la ciudad y montó una vigilancia sobre el lugar.

A partir de esa tarea, fue detenido M.N.H., de 37 años, a quien los investigadores señalan como la persona que dejó la Renault Master en ese garaje. La aprehensión fue comunicada a la Fiscalía interviniente.

Durante el procedimiento, los agentes también encontraron una motocicleta Guerrero Trip 110. De acuerdo con lo manifestado por el hombre detenido, el rodado había sido comprado recientemente.

Los policías revisaron la moto y una mochila que el sospechoso llevaba consigo. Allí hallaron prendas de vestir y zapatillas nuevas, elementos que quedaron incorporados al procedimiento para su evaluación dentro de la causa.

La fiscal Ingrid Wenner ordenó el secuestro de la camioneta Renault Master. Antes de esa medida, intervino personal de la División Rastros, que realizó las tareas correspondientes sobre el vehículo para la búsqueda y preservación de posibles elementos de interés judicial.

Asimismo, se dispuso que el detenido fuera notificado formalmente de su aprehensión.

Una mujer de 32 años fue aprehendida por una presunta agresión contra su pareja durante la tarde del miércoles en una vivienda del barrio Libertad, de Mar del Plata. La intervención policial comenzó tras una alerta al Sistema de Emergencias 911 por una confrontación entre varias personas en el domicilio.

El hombre, de 51 años, recibió a los efectivos del Comando de Patrullas Norte y presentaba una lesión visible en el ojo derecho.

La investigación quedó bajo la órbita de la Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, que dispuso una serie de medidas para esclarecer las circunstancias del hecho. La causa fue caratulada de manera provisoria como “Lesiones agravadas”.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Capital de Mar del Plata, el operativo se inició a partir de una comunicación al 911 que daba cuenta de una discusión entre varias personas en una casa situada en el barrio Libertad. Con esa información, agentes del Comando de Patrullas Norte se dirigieron al lugar para verificar lo que ocurría y asistir a quienes pudieran estar involucrados.

El damnificado afirmó ante los efectivos que su pareja lo agredió físicamente durante el altercado. Su declaración indicó que la mujer lo tomó del cuello y le ocasionó rasguños. Los policías constataron además que el hombre tenía una lesión visible en el ojo derecho, un elemento que fue incorporado a las actuaciones.

En su exposición ante el personal policial, el hombre manifestó que en el episodio intervino el hijo de la mujer, un adolescente de 14 años. Según ese relato, el menor actuó en respaldo de su madre durante la confrontación.

La participación del adolescente motivó la intervención del área de Minoridad del municipio, conforme a las disposiciones adoptadas luego del procedimiento. No se informaron medidas adicionales vinculadas al joven ni se precisó de qué manera se estableció su presencia en el lugar.

El hombre también sostuvo que la mujer lo habría amenazado con incendiar la vivienda en caso de que fuera detenida.

Durante el procedimiento, la mujer se habría mostrado alterada y habría mantenido una actitud agresiva frente a los agentes que acudieron a la vivienda. Ante esa situación, el personal policial procedió a reducirla y controlar el escenario antes de concretar la aprehensión.

Una vez que el lugar quedó bajo control, la mujer fue detenida y puesta a disposición de la Justicia. Posteriormente, fue trasladada a la Unidad Penal N° 50 de Batán, donde quedó alojada por disposición judicial.

La intervención de los efectivos también será incorporada a la causa. La Fiscalía de Flagrancia solicitó las declaraciones del personal que participó del operativo para reconstruir las circunstancias en las que se produjo la aprehensión y los momentos previos a ella.

Entre las medidas dispuestas por la fiscal Mariana Baqueiro figura la toma de declaración formal a la víctima. Esa instancia permitirá ampliar el relato realizado ante los policías y aportar precisiones sobre el contexto en el que se habría producido la agresión.

También se ordenó realizar un registro fotográfico de las lesiones que presentaba el hombre, además de garantizarle asistencia médica.

Un hombre identificado como Ramiro Sebastián Terraza murió este jueves tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea en la vía pública en la localidad platense de Villa Elisa. Por el hecho, fue detenido un conocido de la víctima, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se investigan las circunstancias del ataque.

El episodio se produjo en las últimas horas en la zona de Camino Centenario y calle 45, un sector ubicado en el norte del partido de La Plata. De acuerdo con los primeros datos incorporados a la causa, Terraza y el ahora aprehendido habrían mantenido una discusión que derivó en un enfrentamiento físico.

No obstante, los investigadores intentan establecer cuál fue el origen de la pelea, qué intervención tuvo cada una de las personas involucradas y si hubo testigos que puedan aportar precisiones sobre la secuencia. También buscan determinar si existieron conflictos previos entre ambos que pudieran desencadenar la pelea.

Según la información inicial reunida por la Policía, los dos hombres se encontraban bajo los efectos de estupefacientes al momento del hecho. En ese contexto, la discusión habría escalado hasta convertirse en una agresión física.

De acuerdo con el medio platense 0221, la hipótesis bajo análisis indica que el sospechoso, identificado en las actuaciones con el apellido Muñoz, habría tomado un ladrillo y golpeado a Terraza en la cabeza. Como consecuencia de esa lesión, la víctima sufrió heridas de extrema gravedad y murió en el lugar.

Después de que el hecho fuera denunciado ante las autoridades, los efectivos de la Comisaría 12ª de Villa Elisa se dirigieron hacia el cruce de Camino Centenario y 45. Al llegar, encontraron al hombre tendido en la vía pública. Para ese entonces, no tenía signos vitales y presentaba lesiones visibles en la zona de la cabeza.

De la misma manera, informaron que el presunto agresor fue aprehendido en el lugar del hecho y quedó a disposición de la Unidad Funcional de Instrucción de La Plata que interviene en el caso. La causa fue caratulada de manera inicial como homicidio.

A raíz de esto, el personal policial preservó el lugar para permitir el trabajo de los peritos y realizó las primeras actuaciones. Así, la escena será uno de los elementos centrales para reconstruir lo sucedido, junto con los testimonios que puedan recogerse en el barrio y las imágenes de cámaras de seguridad que eventualmente estén disponibles en las inmediaciones.

En las próximas horas, la Fiscalía deberá avanzar con las medidas de prueba para definir la mecánica del ataque y la eventual responsabilidad penal del detenido. La autopsia sobre el cuerpo de Terraza también será determinante, ya que permitirá precisar la causa de muerte, el tipo de lesión que sufrió y su compatibilidad con la hipótesis que manejan los investigadores sobre el uso de un ladrillo durante la agresión.

En este sentido, las autoridades insistieron en que la investigación se concentrará en establecer cómo se inició el conflicto y si la agresión ocurrió en el marco de una pelea entre ambos o si existió una secuencia previa que todavía no fue esclarecida. Para ello, procurarán reconstruir los movimientos de la víctima y del sospechoso durante las horas anteriores.

Por otro lado, los investigadores lograron establecer que Terraza se encontraba en situación de calle y atravesaba problemas de consumo.

De acuerdo con los registros consultados por la Policía, la víctima tenía antecedentes vinculados con causas por robo y robo agravado. Además, había recuperado la libertad en 2024 luego de permanecer alojado en la Unidad Penal N° 18 de Gorina.

La causa permanece bajo investigación judicial en La Plata. Mientras se esperan los resultados de las pericias y de la autopsia, la Fiscalía definirá los próximos pasos procesales respecto del hombre detenido y buscará reunir pruebas para esclarecer el homicidio.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), junto con la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) federal, detuvo a J.K.M.S., excomisionado de la Policía Municipal de Juchitán de Zaragoza, en la segunda fase de un operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec.

Se le señala por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, al brindar protección al grupo delictivo conocido como “Los Cromos”. La captura se ejecutó este 24 de septiembre en el marco del operativo que se desarrolla en Juchitán de Zaragoza.

Segunda fase del operativo y la detención del excomisionado

La aprehensión estuvo a cargo de la Unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, mediante un despliegue táctico basado en labores de inteligencia coordinadas con varias corporaciones. Además de la SEMAR y la SSPC, participaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

El excomisionado fue trasladado de inmediato bajo un dispositivo especial de seguridad tras su detención, realizada con apego a derecho según lo informado por la FGEO. Quedó a disposición de la autoridad competente para que se resuelva su situación jurídica.

La captura ocurrió porque la Fiscalía de Oaxaca lo señala de haber protegido, desde su cargo como comisionado policial en Juchitán, las operaciones del grupo delictivo “Los Cromos” en el Istmo de Tehuantepec.

“De acuerdo con las investigaciones, ambos sujetos actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de “Los Cromos”, célula que funciona como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región", señalo la Fiscalía de Michoacán en el comunicado sobre la detención del ex funcionario.

Cronología de la primera a la segunda fase con detención del alcalde

El alcalde de Juchitán de Zaragoza, Miguel Sánchez Altamirano, fue arrestado en Ciudad Ixtepec durante el operativo del 23 de septiembre, según informó Omar García Harfuch, titular de la SSPC. La detención se realizó junto con la de Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”. Esta seria la primera fase del operativo.

García Harfuch precisó que ambos contaban con órdenes de aprehensión por extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado. Las investigaciones señalan a Sánchez Altamirano por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de “Los Cromos” en la región.

Para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

Tras la captura, un grupo de policías municipales de Juchitán bloqueó accesos carreteros y salidas del municipio para evitar el traslado del alcalde a un penal federal, de acuerdo con fuentes de seguridad consultadas por Infobae México. Extraoficialmente, se indicó que estos bloqueos no representarían un impedimento para su puesta a disposición.

“Los Cromos” y su vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación

Según las investigaciones de la FGEO, tanto el alcalde “Quetu” como “La Parka” actuaban en complicidad para encubrir y fomentar las actividades delictivas de “Los Cromos”. Esta célula funciona, de acuerdo con la Fiscalía, como brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en la región del Istmo de Tehuantepec.

La detención del excomisionado de la Policía Municipal se enmarca en esta misma línea de investigación. Las autoridades lo vinculan con el presunto esquema de protección institucional que habría permitido la operación del grupo criminal en el municipio.

Cargos diferenciados para cada detenido

Los delitos imputados varían según el rol atribuido a cada persona dentro de la presunta red de complicidad. El alcalde “Quetu”, fue aprehendido por su probable responsabilidad en extorsión agravada y delitos contra la seguridad del Estado.

En el caso del excomisionado J.K.M.S., la imputación se concentra en el delito contra la investigación y seguridad del Estado, derivado de la protección que habría otorgado a “Los Cromos” desde su función como mando policial municipal.

Postura institucional del Gabinete de Seguridad

Con esta segunda etapa del operativo, la Fiscalía de Oaxaca y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad reafirmaron su compromiso de fortalecer las acciones conjuntas contra los delitos de alto impacto en la entidad.

El objetivo declarado es desarticular las redes de complicidad criminal en el Istmo de Tehuantepec. Las autoridades señalaron que buscan garantizar que las personas relacionadas con estos hechos sean llevadas ante la justicia, sin distinción de cargos o funciones públicas que ocupen.

El Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca acumula registros de sobrepoblación al menos desde 2001, cuando ya existían señalamientos de organismos de derechos humanos sobre las condiciones del centro. Veinticinco años después, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenó a las autoridades del Estado de México adoptar medidas estructurales para atender el hacinamiento.

Al resolver el Amparo en Revisión 310/2025, el Pleno de la SCJN determinó que las condiciones de sobrepoblación en Neza-Bordo alcanzaron niveles críticos y ordenó elaborar un plan multidisciplinario e interinstitucional con acciones concretas. Las autoridades tendrán un plazo máximo de seis meses para presentarlo y deberán informar trimestralmente sobre sus avances.

El expediente muestra la dimensión actual de la situación. Cuando se presentó el juicio de amparo, en 2021, el centro tenía capacidad para mil 834 personas y albergaba a 5 mil 116. Para noviembre de 2025, la población había aumentado a 5 mil 823 personas, lo que representaba una sobrepoblación de 217.50 por ciento respecto de la capacidad considerada en el expediente.

La Corte consideró acreditada la existencia del hacinamiento, entre otros elementos, porque las propias autoridades reconocieron la situación durante el juicio. El Pleno señaló que el Estado tiene una posición especial de garante frente a las personas privadas de la libertad y debe asegurar que las condiciones de internamiento sean compatibles con la dignidad humana.

El tribunal también estableció que el hacinamiento puede afectar derechos como la integridad personal, la salud física y mental, la alimentación, el acceso al agua, los servicios sanitarios y el trabajo. En el caso de Neza-Bordo, determinó que los niveles de sobrepoblación rebasan la capacidad de las autoridades para atender adecuadamente las necesidades de las personas privadas de la libertad.

Neza-Bordo abrió en los años 90 y el sobrecupo está documentado al menos desde 2001

El Centro Penitenciario y de Reinserción Social Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca comenzó a operar en la década de los 90. Para 2001 ya funcionaba como uno de los principales centros de reclusión del Estado de México y ese año la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) documentó la existencia de sobrepoblación.

En septiembre de 2001, un reporte sobre una visita de la CODHEM al centro señaló que se realizaban movimientos de personas privadas de la libertad para aprovechar mejor los espacios debido a la “sobrepoblación de este centro penitenciario”.

Un mes después, en octubre de ese año, la CODHEM informó que 13 de los 20 centros penitenciarios de la entidad presentaban sobrepoblación. Entre los establecimientos señalados estaba Nezahualcóyotl-Bordo de Xochiaca.

Para 2004, el centro albergaba a 3 mil 297 personas, entre 3 mil 102 hombres y 195 mujeres, mientras que había sido proyectado para mil 600 personas sentenciadas. La diferencia mostraba que la población ya superaba ampliamente la capacidad considerada para el establecimiento.

Los registros oficiales posteriores mantuvieron la presencia de sobrepoblación. En 2009, un diagnóstico publicado en el Diario Oficial de la Federación ubicó al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Nezahualcóyotl-Bordo Xochiaca entre los establecimientos con este problema, con un porcentaje de sobrepoblación de 106.12 por ciento.

La documentación oficial también muestra que las cifras de capacidad y población variaron con el paso de los años. En 2011, un programa regional del Estado de México registró 3 mil 144 personas recluidas frente a una capacidad de mil 834, equivalente a una sobrepoblación de 71 por ciento.

Las cifras penitenciarias muestran cómo cambió el sobrecupo

En 2012, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reportó para Neza-Bordo una capacidad de mil 700 personas frente a una población de 3 mil 133, equivalente a una sobrepoblación de 84.29 por ciento.

El organismo también documentó condiciones relacionadas con el hacinamiento: personas que dormían en el piso y celdas unitarias en las que podían permanecer hasta seis internos.

En años posteriores, la población fue en aumento. El Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria de la CNDH correspondiente a 2016 registró una capacidad de mil 716 personas y una población de 4 mil 191.

Las variaciones son relevantes porque muestran que la capacidad registrada no permaneció idéntica durante todo el periodo. Por ello, los mil 834 espacios utilizados por la Suprema Corte corresponden a la capacidad considerada dentro del expediente para los cortes analizados y no pueden proyectarse retrospectivamente como si hubieran sido la capacidad fija del penal durante los últimos 25 años.

Lo que sí permanece documentado es la presencia recurrente de sobrepoblación al menos desde 2001, con diferentes niveles y cifras de población y capacidad en los diagnósticos posteriores.

El amparo que llevó el hacinamiento ante la Suprema Corte

El caso que llegó al Pleno de la SCJN comenzó con una demanda presentada por la Secretaría Técnica de Combate a la Tortura, Tratos Crueles e Inhumanos del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP).

La instancia reclamó la falta de medidas suficientes para atender las condiciones de internamiento en Neza-Bordo. Cuando se presentó el juicio, en 2021, el centro tenía capacidad para mil 834 personas y albergaba a 5 mil 116.

Para noviembre de 2025, el número había aumentado a 5 mil 823. Con esa población, el centro superaba en 3 mil 989 personas la capacidad considerada en el expediente, equivalente a una sobrepoblación de 217.50 por ciento.

El Pleno reconoció que la Secretaría Técnica tenía interés legítimo para promover el amparo debido a las funciones que desempeña en materia de monitoreo, investigación, litigio y atención de posibles actos de tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes relacionados con personas representadas por la Defensoría Pública.

La Corte también determinó que no era necesario agotar previamente el mecanismo ordinario previsto en la Ley Nacional de Ejecución Penal. El argumento fue que el reclamo se relacionaba con un problema estructural de hacinamiento y con derechos vinculados con la integridad personal y la prohibición de tratos crueles, inhumanos o degradantes.

Seis meses para elaborar un plan contra la sobrepoblación

La sentencia ordenó a las autoridades responsables adoptar las medidas necesarias para evitar que las condiciones de hacinamiento continúen o se agraven y garantizar condiciones de internamiento dignas y seguras.

Además, estableció un plazo máximo de seis meses para elaborar un plan multidisciplinario e interinstitucional que incluya acciones concretas para atender la sobrepoblación. El documento podrá contemplar mecanismos de coordinación entre autoridades, adecuaciones de infraestructura, gestiones presupuestales, capacitación de servidores públicos y la aplicación de beneficios preliberacionales para quienes cumplan los requisitos legales.

La resolución no ordena una liberación general de las personas privadas de la libertad. Entre las medidas que las autoridades pueden evaluar está la aplicación de beneficios previstos en la Ley Nacional de Ejecución Penal a quienes cumplan con los requisitos correspondientes.

Una vez elaborado el plan, las autoridades deberán establecer un plazo razonable para ejecutarlo y rendir informes trimestrales ante la Suprema Corte y el juzgado de distrito encargado de supervisar el cumplimiento de la sentencia.

El Pleno también ordenó dar vista a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México y al instituto de defensoría pública estatal.

La resolución fue aprobada el 23 de septiembre de 2026. El fallo establece medidas para atender las condiciones actuales de un centro penitenciario cuya sobrepoblación está documentada al menos desde hace 25 años.

Un cuidacoches fue baleado durante un ataque ocurrido durante la madrugada del miércoles en el cruce de bulevar Oroño y Brown, en la zona céntrica de Rosario. El hombre herido fue identificado como Juan Manuel B., de 39 años, quien recibió asistencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (Sies).

El episodio se registró poco después de la 1 de la madrugada, en un sector que conecta el corredor de Oroño con el barrio Pichincha y que suele concentrar movimiento nocturno. Como consecuencia, el hombre fue trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde quedó internado bajo custodia policial.

Según informó Rosario3, uno de los proyectiles atravesó el tobillo de la víctima. A raíz de esa agresión, sufrió una fractura expuesta tanto de tibia como de peroné. Actualmente, el estado de salud de Juan Manuel B. se encuentra fuera de peligro.

Las primeras reconstrucciones indican que el hombre fue baleado por personas que circulaban en un automóvil y una motocicleta. De acuerdo con la información recogida por los investigadores, desde uno de esos vehículos habría descendido al menos un atacante antes de que se efectuaran los disparos.

En el lugar trabajaron peritos que levantaron cinco vainas servidas calibre .380, un elemento que quedó incorporado a la investigación para determinar la mecánica del hecho e identificar el arma utilizada. También se revisaron registros de cámaras de videovigilancia instaladas en la zona.

El análisis de esas imágenes habría permitido orientar la búsqueda hacia distintos puntos del centro y de Pichincha. La intervención policial se desplegó durante la madrugada, luego de la alerta por el ataque y del traslado del herido al hospital.

La víctima permanecerá a disposición de los médicos hasta que evolucione su cuadro clínico. La custodia dispuesta durante la internación se vincula con un pedido de captura vigente emitido por la Justicia de Córdoba en el marco de otra causa. Esa situación es independiente de la pesquisa abierta por la balacera en Oroño y Brown.

La Brigada Motorizada detuvo a un adolescente de 15 años y a un hombre de 58 como presuntos involucrados en el ataque. El menor fue interceptado en inmediaciones de Catamarca y Suipacha, mientras que el otro sospechoso fue localizado en Pueyrredón y Güemes, ambos puntos situados a pocas cuadras de la escena.

En el contexto de un operativo cerrojo, se concretaron los arrestos. Los agentes también secuestraron un Renault Logan, vehículo del que habría bajado el tirador o que los agresores habrían utilizado para escapar.

La participación de los detenidos y la eventual intervención de otras personas deberán ser establecidas por la investigación judicial. El material balístico, el automóvil secuestrado y las grabaciones de las cámaras forman parte de las medidas que pueden aportar precisiones sobre el recorrido de los sospechosos y la secuencia previa a los disparos.

La causa busca determinar el móvil del ataque y establecer cuántas personas participaron. Hasta el momento, no trascendieron detalles oficiales sobre una discusión previa, amenazas u otras circunstancias que permitan explicar por qué el cuidacoches fue baleado en plena vía pública.

La presencia de un adolescente entre los aprehendidos implica que su situación procesal debe tramitarse bajo el Régimen Penal Juvenil, con las garantías específicas previstas para menores de edad. El hombre de 58 años, en cambio, quedó a disposición de la Justicia ordinaria.

El procedimiento continuará con las pericias sobre las vainas encontradas, la revisión de las imágenes de seguridad y las declaraciones que puedan reunirse una vez que la víctima esté en condiciones de brindar su testimonio. La evolución médica del herido también será relevante para la calificación legal definitiva que adopte la fiscalía.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), informó que Miguel Sánchez fue arrestado junto a Carlos Alberto “N”, alias “La Parca”, ya que ambos contaban con órdenes de aprehensión por los delitos de extorsión agravada y contra la seguridad del Estado.

De acuerdo con las investigaciones, el alcalde está relacionado con un grupo criminal dedicado a la extorsión y cobro de piso a comerciantes y empresarios, narcomenudeo, tráfico de personas y homicidios.

Sánchez Altamirano también es señalado por implementar esquemas de protección que habrían facilitado las operaciones de grupos criminales en la región.

Harfuch también informó que, para afectar su capacidad financiera, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), inmovilizó recursos y bloqueó las cuentas de personas relacionadas con la investigación en su contra.

Los Cromo del CJNG, la célula en la que estaría involucrado el edil

Datos obtenidos por esta casa editorial refieren que Miguel Sánchez Altamirano, alias “Quetu”, mantiene vínculos con “Los Cromo”, brazo operativo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Las investigaciones refieren que desde el gobierno municipal brinda cobertura política y económica al grupo criminal, facilitándoles las cámaras de C2 y alertándolos de la presencia de corporaciones de seguridad estatal y federal.

Además, el alcalde se encargaba de controlar el cobro de piso a empresarios y cadenas comerciales, así como a pequeños y medianos comerciantes establecidos en el municipio.

Sus actividades delictivas para la organización criminal no terminan ahí, ya que las indagatorias de las autoridades también permitieron identificar que Sánchez Altamirano compraba armas y controlaba casas de seguridad de Los Cromo para el tráfico de migrantes.

Por su parte, “La Parca” es señalado por controlar el narcomenudeo, extorsión, homicidios, traslado y extorsión de migrantes a través de una red de mototaxis.

Fuentes federales consultadas por Infobae México detallaron en el estado se mantiene un despliegue para localizar y arrestar a otras personas que tienen como objetivos.

Dicho despliegue fue confirmado por el titular de la SSPC, quien refirió que las acciones operativas continúan para desarticular “por completo” a la estructura criminal a la que pertenecería el alcalde y detener a todas las personas involucradas.

Policías municipales bloquean accesos y salidas para evitar traslado del alcalde

Fuentes de seguridad consultadas por Infobae México refirieron que un grupo de policías municipales de Juchitán de Zaragoza se encuentran bloqueando tanto los accesos carreteros como las salidas del municipio para evitar el traslado de Miguel Sánchez a un penal federal.

Hasta el momento se desconoce la cantidad de uniformados que se mantienen desplegados en las carreteras, pero se tienen datos de que los bloqueos permanecen activos, aunque extraoficialmente se dice que no serían un impedimento para la puesta a disposición del alcalde.

Inseguridad en Juchitán provocó la implementación de un plan para recuperar la paz, pero la violencia continúa

En el mes de abril pasado, el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó el plan “Pacto por la Paz de Juchitán de Zaragoza” con el objetivo de recuperar los espacios públicos y “fortalecer la confianza de la ciudadanía en el gobierno”.

Dicho plan contempló un trabajo interinstitucional con fuerzas federales y estatales para garantizar la seguridad en la región mediante la implementación de senderos seguros, la instalación de botones de auxilio y cámaras de videovigilancia.

Además, implementó el “Plan Juchitán por la paz, la justicia y el bienestar” que contempló la entrega de 11 patrullas y 20 motopatrullas al identificar al municipio como uno de los prioritarios para el estado.

Sin embargo, las actividades delictivas continúan en el municipio. Uno de los hechos más recientes fue el ataque armado contra la casa de Elvis Guerra, la artesana muxe que diseñó el vestido que usó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para el Grito de Independencia.

La diseñadora reveló que había recibido amenazas de manera previa, las cuales aumentaron en el mes de agosto con la exigencia de un pago de 200 mil pesos.

Tres mujeres quedaron detenidas provisionalmente luego de que las autoridades hallaran 104 paquetes de presunta droga ocultos en un compartimiento modificado de un automóvil en Las Lomas, distrito de David, provincia de Chiriquí.

El caso corresponde a una diligencia de allanamiento y registro realizada esta semana.

Las sospechosas, de 33, 30 y 32 años, viajaban en el vehículo cuando las autoridades ubicaron las sustancias dentro de un doble fondo en la parte interna del auto.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de Chiriquí presentó los elementos reunidos junto con la Policía Nacional ante el Tribunal de Garantías. La instancia judicial legalizó la aprehensión, admitió la formulación de cargos y ordenó la detención provisional de las tres investigadas.

Las mujeres son investigadas por la presunta comisiónde los delitos de posesión agravada de drogas y alteración de la estructura vehicular para el transporte de sustancias ilícitas.

Los paquetes decomisados y los demás indicios quedaron a órdenes del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones relacionadas con el hallazgo dentro del vehículo.

Se informó que la medida cautelar se aplicará durante el plazo establecido para la investigación. La Fiscalía sostuvo que acreditó tanto la existencia del hecho como la supuesta vinculación de las tres mujeres con el transporte de la sustancia.

En otro proceso registrado en el distrito de David, una mujer recibió una condena de 90 meses de prisión por su responsabilidad en el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

La Fiscalía presentó elementos de convicción sobre ese caso y la acusada aceptó su culpa antes de que se emitiera la sentencia, según la información difundida por la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo a las autoridades, los hechos que derivaron en esa condena ocurrieron el 19 de septiembre de 2026 en un área comercial del distrito. Una diligencia judicial, realizada junto con la Dirección Nacional Antidrogas de la Policía Nacional, permitió detectar la actividad de comercialización atribuida a la condenada.

La Fiscalía Regional de Chiriquí consiguió la detención provisional de otra persona por su presunta responsabilidad en la comercialización de sustancias ilícitas en David.

El Tribunal de Garantías validó la aprehensión, formalizó el cargo penal y ordenó la medida cautelar. La decisión tuvo en cuenta los riesgos señalados por la Fiscalía, entre ellos el peligro para la comunidad y una posible falta de comparecencia durante el proceso.

La investigación se vincula con un procedimiento efectuado el 17 de septiembre de 2026. Durante una diligencia judicial, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y dinero mencionado en el reporte oficial en poder de un ciudadano que trabajaba en el transporte selectivo.

Fiscalía atribuyó al investigado una presunta actividad de comercialización. El proceso seguirá bajo control de las autoridades judiciales mientras se desarrollan las diligencias correspondientes.

En la ciudad de Panamá, las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas incautaron 30 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita durante un allanamiento en un inmueble del corregimiento de El Chorrillo.

La acción se desarrolló en el sector de Calle 25, con intervención de la Sección de Atención Primaria de la Fiscalía de Drogas y de unidades de la Policía Nacional.

Durante el registro, los funcionarios encontraron dos bolsas que contenían una presunta hierba seca. Luego, contabilizaron los 30 paquetes y recolectaron otros elementos vinculados con la investigación.

Entre los indicios hallados figuraban pesas digitales y material de embalaje. Las autoridades aprehendieron a cinco ciudadanos, quienes serán presentados ante las instancias judiciales para los trámites establecidos por la ley.

Las sustancias decomisadas pasarán por pruebas científicas y periciales para establecer su composición. Ese análisis permitirá determinar con precisión la naturaleza del material incautado durante el operativo.

La Operación Aulas Seguras, desarrollada en siete provincias panameñas, derivó en medidas cautelares y condenas contra seis menores de edad investigados por delitos relacionados con drogas.

Tres adolescentes recibieron detención provisional y otros tres aceptaron culpabilidad, con penas de entre 12 y 18 meses de prisión.

La iniciativa estuvo a cargo de las cinco Fiscalías Superiores de Adolescentes y las Fiscalías de Circuito de la Procuraduría.

También participaron la Unidad Especializada en Adolescentes, la Unidad de Niñez y Adolescencia, la Dirección Nacional Antidrogas y la Dirección Nacional de Inteligencia Policial de la Policía Nacional.

Las diligencias se realizaron en las provincias de Bocas del Toro, Coclé, Herrera, Panamá, Darién, Chiriquí y Veraguas. La operación incluyó 33 allanamientos y nueve puntos de compras controladas de drogas.

Las autoridades atendieron denuncias ciudadanas sobre presuntas ventas de sustancias ilícitas en los sectores intervenidos.

De acuerdo con la información proporcionada por el ente de seguridad pública, los adolescentes investigados afrontan señalamientos por venta de drogas y asociación ilícita para delinquir.

Durante las audiencias, los fiscales solicitaron la legalización de las aprehensiones y la formulación de imputaciones ante los Juzgados Penales de Adolescentes. Las peticiones fueron admitidas.

La institución informó que tres de los adolescentes permanecen bajo detención provisional, mientras que los restantes otros tres recibieron condenas después de reconocer su responsabilidad penal.

Por otro lado, cuatro personas fueron detenidas provisionalmente por un robo agravado en una estación de combustible de San Carlos, entre ellas un adolescente de 16 años.

El caso ocurrió en una gasolinera del corregimiento de La Ermita, y los implicados quedaron bajo medida cautelar después de las audiencias ante los Juzgados de Garantías correspondientes.

La Fiscalía Regional de Panamá Oeste y la Fiscalía Superior de Adolescentes sostuvieron que cuatro personas encapuchadas sometieron al despachador con una réplica de arma de fuego. El grupo se apoderó de cerca de $488 y de dos teléfonos celulares pertenecientes a clientes que estaban en el lugar.

Tras el asalto, los sospechosos huyeron en un Hyundai gris. Las unidades de la Policía Nacional los ubicaron y aprehendieron posteriormente.

Mientras, la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste obtuvo la detención provisional de un adolescente de 17 años por su presunta participación en una tentativa de homicidio agravado contra un hombre en Arraiján.

El hecho investigado ocurrió en el sector de Altos de las Acacias, en el corregimiento de Arraiján Cabecera. De acuerdo con la información oficial, el adolescente estaba acompañado por otro sujeto mayor de edad.

La víctima sufrió heridas con un objeto punzocortante. La Fiscalía presentó los elementos de convicción durante la audiencia y el juez admitió la formulación de cargos antes de ordenar la medida cautelar.

La Procuraduría indicó que el proceso continuará bajo las normas que rigen la jurisdicción penal de adolescentes.

En tanto, la Fiscalía de Adolescentes en Chiriquí consiguió la detención provisional de un adolescente de 17 años imputado por la presunta comercialización de drogas y asociación ilícita para delinquir.

El expediente está vinculado con diligencias judiciales realizadas el 14 y el 15 de septiembre en el distrito de Bugaba. En ese procedimiento, las autoridades ubicaron sustancias ilícitas y dinero autorizado en poder del investigado.

La Fiscalía presentó ante el Juzgado Penal de Adolescentes los elementos que, según su planteamiento, respaldaban la presunta vinculación del menor con los hechos.

El tribunal de justicia admitió la legalización de la aprehensión, la imputación y la aplicación de la medida cautelar por el término legal.

La Procuraduría General de la Nación señaló en un informe que mantendrá el ejercicio de la acción penal ante los tribunales, con respeto por los derechos ciudadanos y apego a la Constitución y la ley.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Metropolitana de Morelos detuvieron a José Eduardo “N” como probable responsable del homicidio calificado del abogado Alexis Herrera Vázquez, ocurrido el 29 de julio en el municipio de Temixco. El detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial que había solicitado su captura.

La detención se produjo 54 días después del crimen, que había sido calificado por el gremio jurídico de Morelos como un ataque directo contra el ejercicio de la abogacía en el estado.

Los hechos del homicidio en Temixco

El abogado Alexis Herrera Vázquez fue asesinado a balazos la tarde del 29 de julio en la colonia Centro de Temixco. El ataque ocurrió alrededor de las 15:35 horas en la esquina de la calle Privada de Belén y Encamisadero.

Tras una alerta al número de emergencias 911 por reportes de detonaciones, policías preventivos y paramédicos acudieron al lugar, donde confirmaron el deceso del litigante a causa de las heridas por proyectil de arma de fuego.

Reportes preliminares señalaron que los agresores escaparon a bordo de un Volkswagen Jetta color gris y una motocicleta, con rumbo a la colonia Lomas del Carril. Las primeras versiones extraoficiales apuntaron a un intento de robo, aunque la Fiscalía General del Estado no descartó otras líneas de investigación.

Casi dos meses después del crimen, la Fiscalía Regional Metropolitana detuvo a José Eduardo “N” como presunto autor del crimen.

Ese mismo día, personal de la representación social realizó el levantamiento legal del cuerpo, que presentaba lesiones producidas por impacto de proyectil de arma de fuego. Con ese hallazgo se abrió la carpeta de investigación que derivaría en la detención confirmada esta semana.

Perfil de la víctima y reacción del gremio

Herrera Vázquez ejercía como abogado del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Morelos y formaba parte de la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos, A.C. Su asesinato provocó la reacción inmediata de ambas organizaciones.

El Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial manifestó su “profunda consternación e indignación” y realizó un llamado a las autoridades estatales para que llevaran a cabo una investigación “pronta, objetiva, exhaustiva y transparente” que permitiera esclarecer los hechos.

Por su parte, la Asociación de Litigantes Unidos de Morelos calificó el crimen como un “cobarde asesinato” y lo consideró “un nuevo golpe a la seguridad, al Estado de Derecho y al libre ejercicio de la abogacía” en la entidad.

En los días posteriores al homicidio, asociaciones de abogados protestaron y exigieron el esclarecimiento urgente del caso, así como la captura de los responsables. En ese momento, la Fiscalía General del Estado no había proporcionado información oficial sobre posibles líneas de investigación.

La investigación y la orden de aprehensión

Derivado de las diligencias realizadas por la AIC y el análisis del material probatorio recabado, las autoridades identificaron a José Eduardo “N” como presunto autor del homicidio. Según la Fiscalía, habría sido quien accionó el arma de fuego contra la víctima.

Con esos elementos, un agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión correspondiente en contra del señalado.

La detención en Temixco

Con el mandamiento judicial en curso, elementos de la AIC ubicaron y aseguraron a José Eduardo “N” en el mismo municipio de Temixco, donde había ocurrido el crimen.

Tras su detención, el imputado quedó de inmediato a disposición de la autoridad judicial que había requerido su captura, la cual determinará su situación jurídica conforme avance el proceso.

La Fiscalía Regional Metropolitana precisó que el detenido es considerado probable responsable del delito de homicidio calificado. Será ante el órgano jurisdiccional donde se presentarán los elementos de prueba relacionados con el crimen para definir los siguientes pasos del proceso penal.

Miguel Ángel “N”, alias “El Brochas”, fue vinculado a proceso por su probable participación en el homicidio de un hombre ocurrido en un campo de fútbol de Nicolás Romero, en el Estado de México. La resolución llegó luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) presentara ante un juez los datos de prueba recabados durante la investigación.

El crimen se registró el pasado 30 de agosto en un espacio deportivo ubicado sobre la avenida Francisco Villa, en la colonia Independencia. La víctima se encontraba ahí junto a dos personas más cuando fue atacada a balazos.

Ataque a balazos en un campo de fútbol

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos, el hombre identificado como “El Brochas” llegó al campo de fútbol portando un arma de fuego tipo escuadra, calibre nueve milímetros. Se colocó a un costado de la víctima y le disparó en dos ocasiones. Los disparos le ocasionaron la muerte.

Un juez lo vinculó a proceso por homicidio calificado y ordenó tres meses de investigación complementaria, con una pena que podría llegar a 70 años de prisión.

Las dos personas que acompañaban a la víctima se encontraban en el lugar durante el ataque. No se precisó si intervinieron durante los hechos ni el tipo de relación que mantenían con el hombre asesinado.

Amenazas a los testigos antes de huir

Antes de abandonar el lugar, el agresor habría amenazado a los dos acompañantes de la víctima. Les advirtió que, si acudían ante la Policía a denunciar lo ocurrido, correrían la misma suerte que el hombre recién asesinado. “si acudían ante la Policía a denunciar lo ocurrido, correrían la misma suerte que el hombre recién asesinado”.

Pese a la advertencia, el caso llegó a conocimiento del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes.

De la denuncia a la detención

Al tener conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público de la FGJEM abrió la carpeta de investigación. El trabajo ministerial permitió identificar a Miguel Ángel “N” como el probable responsable del homicidio.

Con esos elementos, la Fiscalía estatal solicitó y obtuvo de un órgano jurisdiccional una orden de aprehensión en su contra por el delito de homicidio calificado. Elementos de la corporación estatal ejecutaron la orden y detuvieron al sujeto.

Tras su detención, “El Brochas” fue ingresado al Centro Penitenciario de la zona, donde quedó a disposición de un juez para definir su situación jurídica.

La detención

Días antes, el 8 de septiembre, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a Miguel Ángel “N”, de 34 años, en la colonia Libertad de Nicolás Romero.

En ese operativo, agentes de la Unidad de Investigación e Inteligencia Policial (UIIP) le encontraron diez envoltorios con una sustancia con características de cristal. La detención ocurrió durante labores de seguimiento a objetivos prioritarios, luego de que el hombre adoptara una actitud evasiva al notar la presencia policial.

De acuerdo con el cruce de información en plataformas institucionales y sistemas de seguridad permitió a la SSEM identificar una posible relación entre el detenido y el homicidio ocurrido el 30 de agosto. En ese momento, la dependencia señaló que “la información formaría parte de las líneas de investigación y que sería la autoridad ministerial la encargada de determinar su situación jurídica”.

Vinculación a proceso y plazo de investigación

Una vez detenido por la orden de aprehensión, Miguel Ángel “N” fue presentado ante un juez de control. La autoridad judicial analizó los datos de prueba recabados y presentados por el Ministerio Público durante la audiencia correspondiente.

Tras esa revisión, el juez determinó vincular a proceso a “El Brochas” por el delito de homicidio calificado. Como parte de la resolución, se otorgó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

De ser encontrado responsable de los hechos, el imputado podría alcanzar una pena de hasta 70 años de prisión. La Fiscalía estatal precisó que, pese a la vinculación a proceso, debe ser considerado inocente hasta que un juez determine lo contrario en una eventual sentencia.

La FGJEM mantiene disponibles el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 702 8770 para que la ciudadanía denuncie hechos delictivos relacionados con este u otros casos.

Con la voz entrecortada y visiblemente emocionado, Julián Valverde reapareció en redes sociales tras recuperar la libertad en Florida, Estados Unidos. El creador de contenido costarricense relató parte de la experiencia que atravesó bajo custodia y agradeció el respaldo de sus seguidores, amigos y familiares. “Me cuesta sacar la primera palabra, se los juro”, dijo al inicio de su mensaje.

Valverde confirmó que ya se encuentra fuera de prisión y afirmó que no sufrió problemas de salud durante los días que permaneció detenido. “Estoy bien, estoy sano, no me pasó nada, es una bendición”, expresó antes de reír brevemente y volver a contener las lágrimas.

El creador de contenido, conocido por sus publicaciones humorísticas, sostuvo que la situación le dejó una enseñanza. También pidió responsabilidad a quienes siguen su trabajo en redes sociales. “Quiero que lo tomen también como un aprendizaje. Yo siempre vacilo, yo soy un idiota, a veces jodo mucho. Es mi sentido del humor”, señaló.

La detención ocurrió por una licencia vencida desde hacía seis meses

El caso se registró esta semana en el condado de Polk, en Florida, donde Valverde fue detenido por conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses. Durante una audiencia judicial, se le informó que el cargo tenía una fianza de $250.

La situación no terminó allí. Tras la comparecencia, permaneció bajo custodia debido a una retención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), que debía asumir su caso. Este domingo, el costarricense anunció que recuperó la libertad, aunque no dio detalles sobre su situación migratoria ni sobre los pasos que seguirá después de su salida.

En su video, Valverde reconoció que manejaba con el documento vencido y evitó presentar ese hecho como una justificación. “Tenía una licencia, sí, expirada seis meses, la verdad. Es la ley. Ya ese video no es para ni excusarme”, afirmó.

El creador aclaró además que su detención no se extendió durante meses. “No fue que estuve ahí tres meses metido”, comentó, sin precisar cuántos días permaneció bajo custodia.

“No creo que yo sea un criminal”, afirmó tras recuperar la libertad

Durante su mensaje, Julián Valverde habló sobre el impacto emocional que tuvo la experiencia. Contó que uno de los momentos más difíciles fue haber visto a su hermana por primera vez después de un tiempo, en medio de las circunstancias que atravesaba.

“Era el primer día que veía a mi hermana después de mucho tiempo”, relató. Luego sostuvo: “Yo no creo que yo sea un criminal”. Sus palabras estuvieron acompañadas por pausas, llanto y agradecimientos dirigidos a quienes siguieron el caso desde Costa Rica y otros lugares.

“Adentro ahí metido y ustedes de una u otra manera dándome apoyo”, dijo. También valoró las muestras de respaldo que recibió mientras estaba detenido: “Soy feliz de ver cómo mis amigos estuvieron ahí para mí, los que amo, cómo personas que no conozco, nunca he visto, pelean por mí”.

Valverde explicó que el video no le resultaba fácil de grabar por la carga emocional del momento. “Hacer un video llorando, pero ¿cómo les voy a comunicar esto de otra manera?”, planteó.

Al final, dejó un mensaje para sus seguidores: “Los quiero mucho. Los amo, legal. Esto es para ustedes y esto es para mí”.

El costarricense Carlos Josué Marchena Marchena murió mientras permanecía detenido bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en el Winn Correctional Center, ubicado en Winnfield, Luisiana. Sus familiares esperan los resultados de la autopsia para conocer las circunstancias del fallecimiento.

Según informó La Teja, Marchena pasó cerca de 10 meses en centros de detención migratoria de Estados Unidos. Su primo, Bryan Marchena, relató a Telenoticias que el hombre padecía diabetes y que la familia recibió información sobre un posible problema cardíaco antes de su muerte.

El familiar indicó que este viernes lo encontraron desvanecido dentro del centro de detención. La causa oficial de la muerte aún no ha sido divulgada.

La hermana del fallecido, Francini Araya Marchena, confirmó la noticia en una publicación en Facebook. Allí afirmó que la familia recibió información preliminar sobre un aparente paro cardíaco, aunque aclaró que todavía aguardan detalles médicos y administrativos.

De acuerdo con el testimonio de Bryan Marchena, el costarricense estuvo inicialmente recluido en Michigan, donde la familia consideraba que recibía atención adecuada. Después fue trasladado a otros centros hasta su llegada al Winn Correctional Center, en Luisiana.

La familia de Marchena espera ahora que las autoridades de Estados Unidos confirmen la causa de la muerte, informen sobre la atención médica que recibió y comuniquen los pasos para la repatriación de sus restos a Costa Rica.

Julián Valverde seguirá detenido hasta que ICE tome su caso

Medios estadounidenses informaron en junio sobre otras muertes y denuncias relacionadas con condiciones sanitarias y asistencia médica en ese establecimiento. Esos antecedentes corresponden a casos diferentes y no permiten establecer qué ocurrió con Marchena.

La muerte de Marchena se conoció mientras otro costarricense enfrenta un proceso migratorio en Florida. El creador de contenido José Julián Valverde Meneses, conocido como Julián Valjota, quedó detenido después de que un juez fijó una fianza de USD 250 por conducir con una licencia vencida desde hacía más de seis meses.

La resolución no le permitirá recuperar la libertad de inmediato, debido a que existe una retención migratoria de ICE. El juez le comunicó el 18 de septiembre que permanecerá bajo custodia hasta que la agencia federal asuma su caso.

Valverde, de 26 años, fue arrestado el 16 de septiembre mientras conducía en Florida. Un registro de la Oficina del Sheriff del Condado de Polk confirmó su ingreso a una cárcel de Bartow al día siguiente.

La Cancillería de Costa Rica solicitó información sobre su situación mediante el Departamento Consular y el Consulado General en Miami. Hasta ahora no existe información pública que confirme una orden final de deportación ni el procedimiento migratorio que afrontará.

Detenciones de centroamericanos marcaron las operaciones de ICE este mes

Durante septiembre también se han registrado operativos contra ciudadanos centroamericanos en distintos estados. En Danville, Pensilvania, organizaciones de defensa de migrantes informaron que agentes federales detuvieron a, al menos, 41 trabajadores de la construcción el 2 de septiembre, cuando salían de una obra vinculada a la ampliación del Geisinger Medical Center.

Los grupos señalaron que entre los arrestados había nacionales de Nicaragua, El Salvador y Honduras. Una segunda operación, ocurrida el 8 de septiembre, dejó otros ocho detenidos, según esas organizaciones.

ICE reconoció después la captura de 10 personas durante controles vehiculares en Danville el 2 de septiembre. La agencia sostuvo que algunos de los detenidos afrontan acusaciones por reingreso irregular tras órdenes previas de expulsión. La diferencia entre las cifras oficiales y las difundidas por organizaciones migrantes no fue aclarada.

En Woodstock, Illinois, ICE confirmó la detención de seis hombres el 11 de septiembre. Entre ellos figuraban Daniel Nehemias Martínez-Esteban, de Guatemala; Jayson Josiel Ruiz-Figueroa, de Honduras, y Alex Francisco Díaz-Quintanilla, de El Salvador. La agencia indicó que los seis permanecían bajo custodia migratoria a la espera de los procedimientos de remoción.

La familia de Marchena espera ahora que las autoridades de Estados Unidos confirmen la causa de la muerte, informen sobre la atención médica que recibió y comuniquen los pasos para la repatriación de sus restos a Costa Rica.

Esperanza, Puebla, celebrará este 15 de septiembre las fiestas patrias sin Isaac Rodríguez Ochoa al frente del gobierno municipal. El alcalde fue detenido el 7 de septiembre en un operativo federal y señalado por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de transporte de carga, extorsión y secuestro en la carretera Puebla-Veracruz.

Fue Raúl Pineda Raygoza quien asumió en su lugar la presidencia del Concejo Municipal creado por el Congreso de Puebla tras la desaparición del Ayuntamiento.

Las actividades previstas para la noche del Grito se mantienen en el municipio pese al cambio en el gobierno local. El nuevo Concejo quedó a cargo de la administración de Esperanza para el resto del periodo 2024-2027.

Antes de asumir la presidencia del Concejo Municipal, Raúl Pineda Raygoza fue director de Gobierno de la Secretaría de Gobernación de Puebla y presidente municipal de Lafragua.

El Congreso estatal también designó a María Ivette Huerta Velázquez como síndica y a otros ocho integrantes del Concejo, que quedó instalado para ejercer las funciones correspondientes al Ayuntamiento durante el resto del periodo constitucional.

Hasta ahora no se ha informado públicamente quién pronunciará formalmente el Grito de Independencia esta noche.

La investigación también alcanzó a funcionarios municipales

La operación federal del 7 de septiembre dejó nueve personas detenidas. Entre ellas estuvieron Manuel Rodríguez Ochoa, hermano del alcalde, y Abigail Contreras Camacho, quien dejó el cargo de directora de Seguridad Pública Municipal el 1 de septiembre.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, informó que los detenidos son investigados por su presunta relación con una estructura dedicada al robo de autotransporte de carga, extorsión, secuestro y otros delitos de alto impacto en la carretera Puebla-Veracruz.

Como parte de las diligencias se ejecutaron 23 órdenes de cateo. Las autoridades reportaron el aseguramiento de 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos y cuatro unidades con blindaje, además de otros indicios.

La vinculación señalada por las autoridades corresponde a una investigación en curso y no constituye por sí misma una sentencia de culpabilidad.

Con 33 votos a favor, el Congreso desapareció el Ayuntamiento de Esperanza

Después de las renuncias presentadas por integrantes del Cabildo, el Congreso de Puebla aprobó la desaparición del Ayuntamiento con 33 votos a favor, uno en contra y cuatro abstenciones.

En la misma decisión se creó el Concejo Municipal que sustituyó al gobierno electo y quedó encargado de la administración local hasta el final del periodo 2024-2027.

La medida modificó la conducción del municipio apenas unos días antes de las fiestas patrias, por lo que el Grito de Independencia de este año se realizará bajo una administración distinta a la que inició el actual trienio.

¿Qué significa que desaparezca un Ayuntamiento y qué pasa después?

La desaparición del Ayuntamiento no significa que Esperanza deje de ser municipio ni que sus servicios públicos queden suspendidos. Lo que cambia es la integración del gobierno local: los funcionarios que llegaron al cargo mediante la elección de 2024 dejan de ejercer sus funciones y el Congreso de Puebla coloca en su lugar un Concejo Municipal.

La Ley Orgánica Municipal establece que el Concejo tiene las mismas facultades que un Ayuntamiento y que sus integrantes asumen las atribuciones y obligaciones correspondientes a la presidencia municipal, las regidurías y la sindicatura. La diferencia principal está en la forma en que llegan al cargo: mientras los integrantes de un Ayuntamiento son elegidos mediante voto popular, los miembros del Concejo son designados por el Congreso estatal.

La legislación poblana contempla esta salida cuando existen conflictos entre los integrantes de un Ayuntamiento que impiden su funcionamiento o cuando la actuación del gobierno municipal provoca una alteración grave del orden público. Para declarar su desaparición se requiere el acuerdo de las dos terceras partes de los integrantes del Congreso.

En Esperanza, el Concejo fue designado para concluir el periodo constitucional 2024-2027. Eso significa que no se convocará automáticamente a una nueva elección municipal por el solo hecho de haber desaparecido el Ayuntamiento. La propia legislación prevé que el Congreso pueda nombrar un Concejo y, en determinados supuestos, convocar posteriormente a elecciones; en este caso, el decreto aprobado para Esperanza estableció que el nuevo órgano permanecerá durante el resto del actual periodo.

En los últimos dos años, Puebla ha recurrido a esta figura

La sustitución de un Ayuntamiento por un Concejo se ha repetido en Puebla durante los últimos dos años. En 2025, el Congreso declaró la desaparición de los ayuntamientos de Chalchicomula de Sesma, Tlachichuca, San Nicolás Buenos Aires, Ahuazotepec y Cuautempan, y designó Concejos para concluir el periodo 2024-2027.

En el caso de Tlachichuca, por ejemplo, el Congreso revocó el mandato de la presidencia municipal, regidurías y sindicatura y posteriormente designó un Concejo Municipal. En San Nicolás Buenos Aires ocurrió un procedimiento similar en junio de 2025.

Con las decisiones tomadas en septiembre de 2026, Esperanza se incorporó a una lista que también incluye a Acatlán de Osorio y Tepeyahualco, cuyos ayuntamientos fueron desaparecidos y sustituidos por Concejos que permanecerán hasta concluir el periodo constitucional 2024-2027.

Un organismo de fiscalización interno del gobierno de Estados Unidos documentó que migrantes detenidos en el centro conocido como “Alligator Alcatraz” fueron encerrados en pequeñas jaulas metálicas al aire libre. Las condiciones no se ajustaban a los estándares de trato humano, según un informe publicado el 14 de septiembre.

La Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) realizó una inspección sorpresa en el centro, ubicado en los Everglades de Florida. Concluyó que la práctica ponía en riesgo la salud y la seguridad de los detenidos.

El informe del DHS sobre el uso de jaulas metálicas en Alligator Alcatraz

Tras una visita sin previo aviso en enero de 2026, la OIG registró 79 casos en los que migrantes fueron colocados en pequeños recintos metálicos entre julio de 2025 y ese mismo mes. Los períodos de permanencia variaron desde unos minutos hasta casi dos horas, de acuerdo con el documento.

Las autoridades del centro describieron esos espacios como “áreas de calma”, pensadas para que los detenidos pudieran tranquilizarse y estar solos, según informó The Guardian. El personal también sostuvo que los propios detenidos pedían pasar tiempo en ellos.

Sin embargo, los inspectores identificaron al menos un caso en el que el uso fue de carácter disciplinario: el de un migrante que no acató una orden del personal. El informe señaló que los recintos tenían mecanismos de cierre con llave.

Cómo eran las jaulas metálicas en el centro de detención de Florida

Cada recinto ofrecía cerca de 1,67 metros cuadrados (18 pies cuadrados) de superficie, menos de la mitad del mínimo de 3,4 metros cuadrados (37 pies cuadrados) que exigen las normas nacionales de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para espacios individuales.

La OIG calificó la práctica como “algo sin precedentes entre los centros de detención” inspeccionados por el organismo. “El uso de espacios tan restrictivos es muy poco convencional y no se ajusta a las normas de trato humano”, indicó el informe. Los inspectores advirtieron que confinar a personas en esas condiciones generaba riesgos significativos para su salud física y mental.

Hacinamiento, higiene y acceso al agua entre los migrantes detenidos en el centro de Florida

El informe de la OIG describió otras deficiencias en el funcionamiento del centro. El espacio disponible en las unidades de alojamiento era insuficiente, lo que generaba hacinamiento y llevaba a los detenidos a pasar la mayor parte del tiempo en sus celdas. El tiempo de recreación era limitado, y varios teléfonos permanecían fuera de servicio, lo que impedía el contacto con familiares o abogados.

Los inspectores también hallaron fallas de higiene en la preparación y manejo de alimentos, con riesgos de contaminación. Según el informe, los migrantes debían usar duchas infestadas de pequeños insectos y solo se les permitía ducharse tres veces por semana.

Los migrantes consultados por los inspectores de la OIG dijeron que no tenían acceso a agua potable limpia y que no podían lavar los vasos de plástico que utilizaban para hidratarse. Según detenidos que hablaron con anterioridad con la BBC, también se les negaban medicamentos necesarios y otras medidas básicas de higiene.

Quién administraba el centro y qué dijo el gobierno de Ron DeSantis

El centro fue creado por el estado de Florida mediante un decreto ejecutivo del gobernador Ron DeSantis. Fue el gobierno estatal el que afrontó los costos operativos, que alcanzaron USD 1,2 millones diarios, según The Guardian. El DHS informó a los inspectores que Florida —y no el gobierno federal— tenía autoridad sobre las operaciones cotidianas de la instalación.

El centro cerró en junio de 2026, tras cerca de un año de funcionamiento. Las autoridades explicaron que el cierre obedecía al carácter temporal de la instalación y al riesgo de mantener personas en carpas durante la temporada de huracanes.

La oficina de DeSantis había descartado previamente como “fabricaciones” las denuncias sobre el uso de jaulas, recogidas por Amnesty International en diciembre de 2025, según consignó The Guardian. Ante la publicación del informe, Alex Lanfranconi, director de comunicaciones del gobernador, sostuvo que el área “cumple con todos los estándares federales para la reclusión de criminales” y agregó, en declaraciones recogidas por el diario: “Lo haríamos aún más pequeño si pudiéramos”. La oficina de DeSantis no respondió por qué negó públicamente el uso de las jaulas.

El propio gobernador, consultado en una conferencia de prensa, afirmó que no había leído el informe. Sostuvo que, antes de que el centro comenzara a recibir migrantes, él mismo había cuestionado la existencia de ciertas instalaciones por considerarlas excesivas, pero que el personal le explicó que su propósito era anticiparse a posibles acusaciones de maltrato. “Te van a acusar de eso sin importar lo que hagas. O sea, simplemente lo sabemos, ¿verdad? Ya viene incluido”, declaró DeSantis.

El gobernador también sostuvo que el objetivo al establecer el centro era “no solo cumplir las normas federales, sino superarlas”, lo que —según él— demandó más recursos. Argumentó que la situación “fue difícil” porque, en ese momento, el gobierno federal no contaba con financiamiento suficiente para la detención migratoria.

Procesan a 15 presuntos integrantes de “Los Ardillos”

Un juez federal vinculó a proceso a 15 personas señaladas como presuntas integrantes del grupo criminal Los Ardillos, detenidas en el municipio de Acapulco, Guerrero, por delitos relacionados con armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas. La resolución se dictó en continuación de audiencia inicial, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) presentara los datos de prueba correspondientes.

Los imputados enfrentan cargos por acopio de armas de fuego, portación de armas de fuego y posesión de cargadores y cartuchos. Como medida cautelar, el juzgador ratificó la prisión preventiva oficiosa y ordenó que los detenidos permanezcan en el Centro Regional de Reinserción Social (Cereso) de Chilpancingo.

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Cinco mil 445 cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros —utilizados para fusiles AK-47 y variantes— estaban ocultos debajo del asiento de una Jeep Wrangler cuando Yanet “N” fue detenida el viernes pasado en San Luis Río Colorado, Sonora, a pocos metros del puente fronterizo con Arizona.

La mujer, de nacionalidad estadounidense, es señalada como presunta operadora logística de Los Mayos, una facción del Cártel de Sinaloa encabezada por Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”. La captura ocurrió durante recorridos de vigilancia en las inmediaciones del puente que conecta a San Luis Río Colorado con San Luis, Arizona.

El New York Post identificó a la detenida como Yanet Dowden, de 22 años, y reportó que, además de los cartuchos, durante la revisión fueron localizadas armas de fuego, entre ellas un AK-47. El medio estadounidense atribuyó a las autoridades mexicanas la versión de que Dowden habría desempeñado funciones de logística para Los Mayos.

Entre sus pertenencias también apareció una identificación aparentemente expedida por el Departamento de Correcciones, Rehabilitación y Reinserción de Arizona, a nombre de Yanet Dowden, con la denominación de “Level II correctional officer”. Sin embargo, hasta el cierre de esta nota informativa, ese documento no permite establecer por sí mismo que mantuviera un cargo vigente en la institución.

La ubicación de la captura y la cantidad de municiones aseguradas colocan el caso sobre un corredor fronterizo en el que ya existen antecedentes de intentos para sacar armas y cartuchos desde Arizona hacia México.

San Luis, Arizona, acumula decomisos de municiones rumbo a México

El puerto fronterizo de San Luis, del lado estadounidense, ha registrado distintos aseguramientos de armamento y municiones en vehículos que pretendían salir de Estados Unidos hacia México.

El 24 de enero de 2025, agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) localizaron 2 mil cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros en un vehículo que intentaba cruzar hacia México. Las municiones estaban distribuidas en 100 cajas de 20 proyectiles cada una y ocultas en espacios debajo de los asientos.

El calibre coincide con el de los 5 mil 445 cartuchos asegurados en el caso de Yanet “N”. La coincidencia no permite establecer una relación entre ambos decomisos, pero muestra que el traslado de este tipo de munición por ese corredor ya había sido detectado por las autoridades estadounidenses.

Los registros federales muestran que los aseguramientos continuaron durante 2026. El 5 de febrero, CBP decomisó en el puerto de San Luis 6 mil cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros que estaban asociados con una camioneta Dodge Caravan. Veinte días después, el 25 de febrero, fueron asegurados otros 7 mil cartuchos del mismo calibre junto con una Chevrolet Silverado. Ambos casos quedaron sujetos a procedimientos federales de decomiso.

En otro registro publicado en marzo de este año aparecen además cargadores para munición 7.62 × 39 y una culata de AK-47 asegurados en el puerto de San Luis.

Los antecedentes no significan que todos los decomisos correspondan a una misma organización ni que exista una sola forma de operar. Lo que sí muestran es la recurrencia de intentos para sacar desde Arizona hacia México municiones y componentes compatibles con armas de alto poder.

El corredor de Arizona también aparece en los rastreos de armas recuperadas en México

El flujo no se limita a los decomisos realizados en la línea fronteriza. Los registros de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) muestran que Arizona forma parte de la cadena de abastecimiento de armas que posteriormente aparecen en México.

Entre 2020 y 2025, la ATF registró 131 mil 960 armas de fuego recuperadas en México y sometidas a solicitudes de rastreo. En 2025 fueron 25 mil 471, aunque la propia agencia advierte que sus cifras no representan el universo total de armas utilizadas en delitos y que un rastreo no demuestra por sí mismo cómo llegaron las armas a manos de grupos criminales.

En el caso específico de Arizona, la ATF registró 14 mil 19 armas recuperadas y rastreadas durante 2022. Yuma, una ciudad ubicada al oeste del estado y cercana al corredor fronterizo con Sonora, apareció entre los principales puntos de recuperación de armas dentro de Arizona, con 296 registros ese año.

Otros análisis basados en información de la ATF han encontrado que armas vendidas en ciudades de Arizona terminaron posteriormente en México. Esos registros sirven para dimensionar el vínculo entre ambos territorios, pero no permiten atribuir cada arma a un cruce fronterizo específico ni relacionarlas automáticamente con una organización criminal determinada.

De adquisiciones legales a cadenas de tráfico de EEUU a México

Las investigaciones estadounidenses también han documentado esquemas en los que las armas son adquiridas legalmente en territorio estadounidense antes de ser incorporadas a cadenas de tráfico hacia México.

La ATF ha señalado que los rastreos de armas recuperadas en México permiten identificar al primer comprador minorista en Estados Unidos, pero la propia agencia advierte que ese dato no necesariamente representa el origen real del arma ni la forma en que posteriormente fue adquirida por una organización criminal.

Ese mecanismo resulta relevante para entender la ruta: el trayecto no necesariamente comienza en el momento en que un vehículo se acerca o cruza la frontera. Puede incluir compras previas, almacenamiento, ocultamiento y traslado dentro de Estados Unidos antes de llegar a alguno de los puertos de entrada hacia México.

En San Luis, esa cadena termina por encontrarse con el control fronterizo. En los últimos años, los agentes estadounidenses han detectado desde cargamentos de miles de cartuchos hasta rifles y cargadores ocultos en vehículos que pretendían continuar hacia territorio mexicano.

La ruta exacta que seguía Yanet todavía no ha sido revelada

El caso de Yanet “N” permite ubicar un punto concreto: la detención ocurrió en San Luis Río Colorado, junto al corredor que comunica Sonora con Arizona, y el vehículo transportaba más de cinco mil cartuchos calibre 7.62 × 39 milímetros.

Pero todavía no se ha informado públicamente dónde fueron cargadas las municiones, quién se las entregó, por qué punto exacto pretendían ingresar a México ni cuál era su destino.

Los antecedentes del puerto de San Luis muestran que el traslado de armas y municiones desde Arizona hacia México no es un fenómeno aislado. Los decomisos registrados en 2025 y 2026 documentan intentos similares en el mismo corredor fronterizo.

La investigación sobre Yanet “N” tendrá que establecer si el cargamento formaba parte de una cadena de abastecimiento más amplia atribuida a Los Mayos y cuál era el lugar que ocupaba dentro de ella.

Este miércoles 9 de septiembre del 2026, la Fiscalía del Estado de Jalisco dictó prisión preventiva al influencer de Guadalajara, Óscar Adrián “N”, más conocido por su nombre público, Oscorp, por el delito de presunto almacenamiento de contenido de abuso sexual.

“Vinculan a presunto influencer por trata de personas”, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco en un boletín oficial emitido a través de sus diversas páginas de internet.

“El imputado fue detenido tras un reporte del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC), relacionado con el presunto almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil”. explicó la Fiscalía del Estado de Jalisco.

“La Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes, Razón de Género y la familia permitieron obtuvo la vinculación por trata de personas en su modalidad de almacenamiento de contenido de abuso sexual infantil”, agregó la dependencia de gobierno.

Durante la audiencia del influencer Oscorp, “la autoridad judicial le impuso prisión preventiva y estableció seis meses para el cierre de las investigaciones complementarias” de acuerdo a los datos difundidos por la Fiscalía del Estado de Jalisco tras vincular a Óscar Adrián “N”, por el presunto almacenamiento de abuso sexual infantil.

¿Quién es Óscar Adrián Oscorp, influencer detenido en Guadalajara por trata de personas?

Óscar Adrián del Río es la persona que dio vida al apodo de Oscorp al ver cómo su éxito radicó en el contenido relacionado a temas del entretenimiento. En su cuenta de TikTok, “Oscorp Oficial”, acumulaba 4,413 seguidores y 339,200 “me gusta”, con publicaciones sobre eventos de música, conciertos y colaboraciones con otras figuras del internet.

El blog personal de Oscorp menciona a una persona con capacidades para ser Productor, Promotor y Coordinador de Eventos, a raíz de participar en distintos proyectos para redes sociales, uno de ellos es la página de Youtube, Badabun, conocida por ser una productora audiovisual mexicana con más de 47 millones y medio de seguidores al día de hoy.

La última vez que publicó en su cuenta de TikTok, data el 20 de enero del 2026 y tras su detención en Guadalajara, varios de sus followers dejaron un comentario referido a su proceso penal por supuesto resguardo de contenido de abuso sexual infantil.

“Este es el influencer, pensé que tenía más seguidores, pero que bien que lo detuvieron”, “¿Venimos todos por lo mismo”, “Nunca pensé que fueras a ser eso Oscorp”, “Tan seriesito que te mirabas”, dicen algunos mensajes enviados en los últimos cinco días.

Además, en Youtube, Óscar Adrián operaba un canal que llevó por nombre “OSCORP ALEXANDER”, sin embargo, tras ser vinculado a proceso por presunta trata de blancas, la red social determinó en cancelar su contenido que tenía más de 10K y 738 videos publicados en los últimos años.

¿Cómo detuvieron a Óscar Adrián Oscorp en Jalisco?

Las investigaciones comenzaron luego de que el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC, por sus siglas en inglés), identificó cuentas y direcciones IP relacionadas con Óscar Adrián “N”, las cuales presuntamente se usaron para almacenar material de abuso sexual infantil.

Tras la notificación del Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados, la Fiscalía del Estado de Jalisco realizó las diligencias necesarias para solicitar y obtener las órdenes judiciales contra el influencer Oscorp, así como el cateo para recabar más indicios.

En plena ejecución del cateo, los elementos de la Fiscalía localizó y aseguró celulares, chips, tarjetas de memoria, memorias USB y computadoras. Todos los objetos quedaron incorporados en la carpeta de investigación de Oscorp.

Aparte, los agentes de la Fiscalía aseguraron un chaleco balístico, insignias policiacas y algunas identificaciones a nombre de Óscar Adrián “N”, correspondientes a un supuesto ministerio internacional de Derechos Humanos. Estos materiales se suman a los dispositivos electrónicos para su verificación dentro de las indagatorias.

De acuerdo con la autoridad ministerial, el docente identificado como José Luis, de 36 años, fue localizado y detenido en la colonia Torreón Nuevo, en Morelia, Michoacán, mediante un operativo coordinado entre autoridades de ambas entidades.

La Fiscalía señaló que agentes de Investigación Criminal de Guanajuato cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del profesor, quien es señalado como probable responsable de abusos sexuales en agravio de un adolescente.

Maestro fue grabado durante una dinámica dentro del aula

El caso se hizo público el martes 18 de agosto, cuando comenzó a circular en redes sociales un video grabado por estudiantes dentro de la secundaria ubicada en Acámbaro.

En las imágenes se observa al docente abrazando a un adolescente mientras realiza movimientos de carácter sexual frente a otros alumnos. Posteriormente, el profesor sienta al estudiante en una banca y se coloca encima de él, mientras otros compañeros los rodean y participan en la dinámica.

La grabación también muestra a uno de los estudiantes golpeando en los glúteos al maestro.

Ante la difusión del video, la Secretaría de Educación de Guanajuato (SEG) informó que el docente fue separado de su cargo de manera inmediata. La gobernadora de Guanajuato, Libia García Muñoz Ledo, también confirmó que se tomarían medidas ante los hechos.

La Fiscalía indicó que el video grabado por los propios estudiantes forma parte de los elementos incorporados a la investigación.

Fiscalía acusa abuso aprovechando posición de autoridad

Según la investigación ministerial, el docente habría utilizado su posición de autoridad y el contexto de las actividades realizadas dentro del salón para someter en repetidas ocasiones al adolescente.

La Fiscalía sostuvo que el profesor habría tirado al estudiante al suelo y realizado actos de índole sexual en su contra, pese a que la víctima presuntamente le pidió que se detuviera.

La denuncia formal fue presentada por la madre del adolescente, quien además es su representante legal. A partir de esta denuncia, el Ministerio Público recabó diversos datos de prueba que posteriormente fueron presentados ante un juez de control.

Con estos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso al acusado por el delito de abusos sexuales y ordenó que permaneciera bajo la medida cautelar de prisión preventiva mientras continúa el procedimiento penal.

¿Qué establece el Código Penal de Guanajuato?

El artículo 187 del Código Penal del Estado de Guanajuato establece sanciones para quien, sin consentimiento de una persona, ejecute en ella o le haga ejecutar un acto sexual sin intención de llegar a la cópula.

La legislación contempla una pena de hasta 10 años de prisión por este delito. Cuando la conducta se comete contra una persona menor de edad o alguien que no puede resistir, la sanción puede aumentar hasta 12 años de prisión.

Además, la legislación contempla un agravante cuando el responsable es un servidor público y comete el delito en ejercicio de sus funciones, supuesto en el que la pena puede incrementarse.

El proceso penal continuará mientras las autoridades reúnen y presentan los elementos correspondientes. La vinculación a proceso no constituye por sí misma una sentencia definitiva, por lo que será durante las siguientes etapas judiciales cuando se determine la responsabilidad penal del acusado.

Ante este escenario, la Secretaría de Gobernación de Puebla planteó la integración de un Concejo Municipal y señaló que el Congreso del Estado deberá intervenir para resolver la continuidad del gobierno local.

Godos Luna, alcalde de Movimiento Ciudadano, fue detenido el viernes 4 de septiembre por agentes de la Policía Ministerial de Investigación en San Juan Xiutetelco, municipio de Xiutetelco, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

La captura ocurrió a las 14:30 horas. Posteriormente, el alcalde quedó a disposición del Juez Local de la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán.

La orden de aprehensión está relacionada con los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. La Fiscalía deberá presentar ante un juez los elementos que sustentan las acusaciones y se determinará la situación jurídica del edil, mientras prevalece el principio de presunción de inocencia.

La muerte de su esposa dejó sin suplente a Tepeyahualco

Samuel Aguilar Pala, secretario de Gobernación de Puebla, explicó que la situación del municipio impide aplicar el mecanismo ordinario de sustitución, ya que la persona legalmente registrada para asumir la presidencia municipal falleció.

“En el caso de Tepeyahualco, la suplente era su esposa, pero lamentablemente falleció. Ante esta ausencia definitiva y al no haber suplente en funciones, la ley marca con claridad que el Congreso del Estado es la instancia que debe intervenir para resolver la gobernabilidad y proceder al nombramiento de un Concejo Municipal”, explicó el funcionario.

Aguilar Pala indicó que el gobierno estatal ya mantiene comunicación con los integrantes del Cabildo para coordinar la transición legal y administrativa, mientras la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) evalúa el resguardo operativo del municipio.

De concretarse el procedimiento legislativo, Tepeyahualco se convertiría en el sexto municipio de Puebla en ser gobernado por un Concejo Municipal extraordinario.

El caso vuelve a poner bajo la lupa a familiares registrados como suplentes

Para el titular de la Segob estatal, el caso de Tepeyahualco también evidenció una práctica que se ha repetido en algunas fórmulas electorales de los ayuntamientos poblanos: registrar a familiares directos de la persona titular de la presidencia municipal como suplentes.

Aguilar Pala afirmó que se trata del tercer caso en Puebla donde un familiar en primer grado o el cónyuge de un alcalde fue inscrito como suplente.

Uno de los antecedentes ocurrió en Tianguismanalco, donde Juan Pérez Rosas asumió la presidencia municipal después de la captura de su padre, el alcalde Juan Pérez Moral, debido a que estaba registrado oficialmente como suplente.

Una situación similar se presentó en Acatlán de Osorio, donde la alcaldesa Guadalupe Bárcenas registró a su madre, María Isabel Bárcenas, como suplente de la fórmula. El caso provocó tensiones dentro del Cabildo y requirió la intervención de la Secretaría de Gobernación.

En Tepeyahualco, sin embargo, la muerte de Karla Ponce de León Islas impide que se aplique el mismo mecanismo de sustitución, por lo que la eventual integración de un Concejo Municipal deberá ser definida por el Congreso del Estado.

Alcalde de Tepeyahualco ya había enfrentado otras polémicas

La detención de Godos Luna ocurre después de otros episodios que habían colocado al alcalde en el centro de la controversia.

En junio de 2023, el entonces alcalde de Tepeyahualco fue detenido junto con un escolta después de que se registraran detonaciones de arma de fuego durante un baile de la Feria de Libres. La Fiscalía de Puebla inició una investigación por aquellos hechos.

Más recientemente, en julio de 2026, el edil volvió a generar polémica después de que circularan imágenes de su participación en actividades de la Feria Regional de Tepeyahualco en aparente estado de ebriedad.

Ahora, Godos Luna enfrenta un proceso penal por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de la función pública, mientras las autoridades estatales buscan resolver la continuidad de la administración municipal.

La definición sobre la eventual integración de un Concejo Municipal quedará en manos del Congreso de Puebla, mientras el gobierno estatal mantiene coordinación con el Cabildo y las corporaciones de seguridad ante la situación que enfrenta Tepeyahualco.

Operación Enjambre alcanza a dos alcaldes de Puebla vinculados a Los Zúñiga

La detención de Said de Jesús Godos Luna, presidente municipal de Tepeyahualco, quedó relacionada con el mismo expediente que llevó a las autoridades federales hasta Isaac Rodríguez Ochoa, alcalde de Esperanza.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este martes que ambos ediles formaban parte de la estructura de Los Zúñiga, organización señalada por actividades de robo al autotransporte, extorsión y secuestro en el corredor México-Puebla-Veracruz.

Godos Luna fue detenido el viernes 4 de septiembre en San Juan Xiutetelco. En ese momento, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que existía una orden de aprehensión por abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal. Sin embargo, durante la conferencia matutina del 8 de septiembre, Harfuch señaló que el edil también era investigado por su probable participación en delitos de secuestro exprés y robo de vehículo con violencia, dentro de una estructura relacionada con Los Zúñiga.

La investigación avanzó después hacia Esperanza. Durante la madrugada del lunes 7 de septiembre, fuerzas federales y autoridades de Puebla ejecutaron 23 órdenes de cateo en ese municipio y detuvieron a nueve personas, entre ellas Rodríguez Ochoa, su hermano Manuel y Abigail Contreras Camacho, exdirectora de Seguridad Pública municipal. Estas acciones fueron ejecutadas como parte del Operativo Enjambre.

De acuerdo con la información presentada por las autoridades, la investigación comenzó a tomar forma a partir de la captura de Genaro “N”, identificado como líder de Los Zúñiga, el 15 de agosto en Cuitláhuac, Veracruz. A partir de esa detención, las autoridades siguieron la estructura que presuntamente operaba en el corredor carretero entre Puebla y Veracruz y llegaron hasta los dos presidentes municipales.

En los cateos de Esperanza fueron aseguradas 35 armas de fuego, 52 cargadores, 11 vehículos, equipo táctico, un dron y un inhibidor de señal. También fue localizada una bodega que, según la investigación, era utilizada para descargar mercancía de unidades robadas. Las autoridades señalaron además posibles mecanismos de protección para facilitar las actividades de la organización, entre ellos vigilancia, bloqueos y presuntas filtraciones de información sobre operativos.

Así, el caso de Tepeyahualco dejó de ser únicamente una investigación contra Godos Luna por presuntos delitos cometidos desde el gobierno municipal. La propia Secretaría de Seguridad lo incorporó al entramado criminal investigado en Puebla, en el que también aparece el alcalde de Esperanza y una estructura dedicada a delitos contra transportistas y otras actividades ilícitas.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión contra David “N”, señalado como uno de los responsables del homicidio de Sergio “Checo” Padilla, cantante de música regional mexicana y locutor de radio de 72 años.

El crimen ocurrió el 23 de julio en el municipio de Ecatepec, cuando Checo se dirigía a cumplir con sus compromisos laborales y le dispararon.

El nieto de la víctima, Jonathan Padilla, había señalado desde julio que los agresores se movilizaban en motocicleta al momento del ataque. La Fiscalía, en cambio, únicamente refirió este 5 de septiembre que el detenido conducía un vehículo en el que viajaban dos sujetos más, sin especificar el tipo de unidad.

Hasta el momento hay tres personas ligadas al crimen, quienes presuntamente interceptaron a Padilla cuando circulaba a bordo de su propio auto, con el objetivo de robarle sus pertenencias.

Los agresores dispararon contra Padilla y huyeron del lugar

De acuerdo con la FGJEM, los presuntos agresores cerraron el paso al vehículo de Padilla para obligarlo a detenerse. Dos de los sujetos descendieron de la unidad en la que viajaban y accionaron un arma de fuego contra el músico, quien perdió la vida en el lugar del ataque.

Los tres hombres escaparon inmediatamente después de la agresión armada. La Fiscalía estatal inició las investigaciones correspondientes al tomar conocimiento del homicidio y, mediante las diligencias realizadas durante las semanas posteriores, identificó a David “N” como uno de los probables criminales. Él habría manejado el vehículo involucrado con la agresión.

Con esa información, la dependencia solicitó ante un juez de control la orden de aprehensión que después fue ejecutada por los elementos de la Fiscalía estatal. David “N” ingresó al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Ecatepec, donde permanece recluido mientras avanza el proceso judicial en su contra.

La autoridad estatal no precisó si los otros dos sujetos señalados como partícipes ya fueron identificados o si continúan prófugos.

El nieto de Padilla pidió justicia en un video difundido el 27 de julio

Cuatro días después del homicidio, Jonathan Padilla subió un video a Facebook en el que pidió apoyo para difundir el caso. “La inseguridad y la violencia, pues ya golpeó a mi familia de alguna forma”, afirmó al inicio de su mensaje, antes de recordar que su abuelo trabajó por años en Grupo Radio Centro.

Jonathan relató que Padilla “iba a trabajar” cuando “unos sujetos se le acercaron en motocicleta y le dispararon”. Según el joven, la Fiscalía manejaba entonces la hipótesis de “un asalto directo” y versiones sobre un posible nerviosismo de los agresores al momento de disparar. “La verdad es que no hay nada claro”, sostuvo en el video.

El nieto pidió a la Fiscalía y a la gobernadora del Estado de México actuar de inmediato para dar con los responsables. “Exijo justicia con toda mi familia para que la Fiscalía General del Estado de México y la gobernadora se pongan con su equipo de trabajo a realizar las diligencias correspondientes”, declaró, y añadió que la familia estaba muy afectada.

La despedida al músico se realizó en la Casa Funeraria JMC, según reportó el periodista Alex Káffie, cumpliendo la voluntad de Padilla de ser sepultado en Ecatepec.

El detenido enfrenta un proceso que podría alcanzar 70 años de prisión

David “N” quedó a disposición de la autoridad judicial, que determinará en las próximas audiencias su situación legal. En caso de resultar culpable, podría enfrentar una pena de hasta 70 años de prisión por el delito de homicidio.

La dependencia estatal subrayó que David “N” debe considerarse inocente hasta que un juez determine lo contrario mediante una sentencia firme. Además, puso a disposición de la ciudadanía el correo electrónico cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx y el número telefónico 800 7028770 en caso de que el detenido sea reconocido como probable responsable de algún otro hecho delictivo.

La captura ocurrió a las 14:30 horas del viernes 4 de septiembre de 2026, de acuerdo con la ficha del Registro Nacional de Detenciones (RND) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

El documento oficial precisa que Godos Luna fue localizado y detenido en San Juan Xiutetelco, municipio de Xiutetelco, Puebla.

La ficha también establece que la autoridad que efectuó la detención fue la Policía Ministerial / Investigación, mientras que la autoridad que lo tiene a disposición es el Juez Local de la Casa de Justicia de la Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán.

Al momento de la consulta, el registro señalaba que el alcalde se encontraba “en traslado”.

¿Por qué detuvieron al alcalde Said Godos Luna?

La detención está relacionada con una orden de aprehensión por los presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho e incumplimiento de un deber legal.

Estos señalamientos colocan nuevamente al gobierno municipal de Tepeyahualco bajo los reflectores y abren un proceso judicial en contra del presidente municipal.

Será ante un juez donde la Fiscalía deberá presentar los elementos que sustentan la acusación y se determinará la situación jurídica del edil.

La detención y los delitos del alcalde por Movimiento Ciudadano que se le atribuyen forman parte de un procedimiento penal en curso y prevalece el principio de presunción de inocencia.

El dato que confirma la captura

La ficha del Registro Nacional de Detenciones permite establecer con precisión cómo ocurrió el arresto:

• Nombre: Said de Jesús Godos Luna.
• Fecha: viernes 4 de septiembre de 2026.
• Hora: 14:30 horas.
• Lugar: San Juan Xiutetelco, Xiutetelco, Puebla.
• Autoridad que lo detuvo: Policía Ministerial / Investigación.
• Autoridad a disposición: Juez Local de la Casa de Justicia Región Judicial Oriente, con sede en Ciudad Serdán.
• Situación registrada: en traslado.

La información oficial del RND despeja así cualquier duda sobre la captura del presidente municipal.

No es la primera polémica que enfrenta el alcalde

La detención ocurre después de otros episodios que han colocado a Godos Luna en el centro de la controversia.

En junio de 2023, el entonces alcalde de Tepeyahualco fue detenido junto con un escolta después de que se registraran detonaciones de arma de fuego durante un baile de la Feria de Libres. La Fiscalía de Puebla inició una investigación por aquellos hechos.

Más recientemente, en julio de 2026, el edil volvió a generar polémica luego de que circularan imágenes de su participación en actividades de la Feria Regional de Tepeyahualco en aparente estado de ebriedad.

Ahora, el escenario es distinto: Godos Luna enfrenta una orden de aprehensión por presuntos delitos relacionados con el ejercicio de la función pública y deberá comparecer ante la autoridad judicial.

La atención estará puesta en la audiencia que se realice en Ciudad Serdán, donde se conocerán mayores detalles de la acusación y se determinará qué sucede con el presidente municipal.

La detención de Said de Jesús Godos Luna representa uno de los golpes más fuertes para un alcalde poblano en funciones durante este año, y será el proceso judicial el que determine si existen elementos suficientes para llevarlo a juicio por los delitos que se le imputan.