Cinco menores de edad fueron detenidos este sábado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SCC-CDMX) en la Alcaldía Álvaro Obregón, tras ser señalados como posibles responsables del robo de una motocicleta. La acción ocurrió luego de una solicitud de apoyo recibida por los operadores del C2 Poniente.

De acuerdo con los primeros reportes, los uniformados realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona cuando recibieron el reporte del robo. El personal del C2 Poniente notificó sobre el incidente ocurrido en la avenida Toluca y Rómulo O’Farril, en la colonia Olivar de los Padres.

Al arribar al sitio, los agentes se entrevistan con un hombre de 26 años que relató cómo varios sujetos lo amenazaron con lo que parecía un arma de fuego. La víctima explicó que lo despojaron de su motocicleta y escaparon en tres vehículos similares.

Con la descripción proporcionada por el denunciante, los monitoristas del C2 Poniente rastrearon a los sospechosos. Los ubican sobre las calles Las Rosas y Magnolia, en la colonia Torres de Potrero.

Minutos después, los oficiales se desplazaron rápidamente al punto indicado. En el lugar, interceptaron a cuatro hombres y una mujer en posesión de la motocicleta sustraída y de las tres que habrían utilizado para huir.

Las autoridades de la SSC-CDMX detuvieron a los cinco jóvenes, todos de 15 años de edad. Además, recuperaron los vehículos involucrados en el hecho.

Tras la detención, los policías informan a los menores sobre sus derechos constitucionales. Posteriormente, los trasladaron ante el agente del Ministerio Público para determinar la situación jurídica. El proceso se realizó conforme a los protocolos legales establecidos para adolescentes en conflicto con la ley.

Según el informe oficial, la colaboración entre los monitoristas del C2 Poniente y los policías en campo permitió la localización y aseguramiento de los sospechosos. En tanto, la víctima cuenta con el respaldo de las autoridades durante todo el procedimiento.

Los hechos generaron preocupación entre los vecinos de la zona por la seguridad en las calles. Sin embargo, las autoridades capitalinas reiteraron su compromiso para actuar ante emergencias y proteger los bienes de la ciudadanía.

Finalmente, la Secretaría de Seguridad Ciudadana hizo un llamado a la ciudadanía sobre la importancia de la denuncia oportuna y la cooperación ciudadana para evitar casos similares en el futuro. Por ahora, el caso sigue en manos de la autoridad ministerial, que dará seguimiento a la investigación correspondiente.

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) detuvieron el pasado jueves 30 de abril de 2026 a José Porfirio Díaz Medina, conocido como “El Pío”, hijo del famoso narcotraficante sinaloense Baltazar Díaz.

La captura, realizada por elementos federales, fue hecha en el municipio de Ahome, localidad de Los Mochis, Sinaloa.

El operativo ocurrió alrededor de las 10:15 de la mañana en la colonia Residencial Las Misiones, cerca de la carretera Los Mochis-Topolobampo, según una ficha del Registro Nacional de Detenciones consultada por Infobae México.

Los datos oficiales señalan que “El Pío” vestía playera café, pantalón de mezclilla azul y sandalias azules con negro. Luego del arresto fue trasladado a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) en Los Mochis.

La detención ocurrió en inmediaciones de un negocio de comida identificado como “La Taquería Pasada”.

El documento describe a Díaz Medina como una persona de complexión delgada, tez clara, cabello corto, bigote y barba semipoblada, sin tatuajes visibles.

Las autoridades federales no informaron públicamente los delitos imputados, ni han compartido imágenes del momento del arresto.

El padre de “El Pío” fue Baltazar Díaz, el personaje del famoso corrido “Se les Peló Baltazar” quien fue asesinado en el 1995 en la Ciudad de México. La familia Díaz ha sido vinculada históricamente con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción de “Los Mayos”.

Investigaciones previas de este medio señalan que el papá de Porfirio habría sido el primer socio de “El Mayo Zambada”.

La captura de José Porfirio Díaz Medina se realizó en el municipio de Ahome, donde según registros periodísticos, su padre fue capturado en una ocasión

El operativo de este 30 de abril de 2026 coincidió geográficamente con los lugares vinculados a la familia Díaz en Sinaloa, según reportes previos de este medio.

El registro detalla la ubicación exacta: entre la carretera Los Mochis-Topolobampo y el bulevar General Macario Gaxiola.

Baltazar Díaz Vega, padre de “El Pío”, fue uno de los primeros socios de “El Mayo” Zambada

Baltazar Díaz Vega, conocido como “El Balta”, es identificado como uno de los primeros socios de Ismael “El Mayo” Zambada, fundador del Cártel de Sinaloa preso actualmente en Estados Unidos.

Su relación trascendió lo criminal: Baltazar se convirtió en consuegro y compadre de Zambada cuando una de sus hijas se casó con uno de los hijos de “El Balta”, según reportes.

Baltazar Díaz Vega nació el 6 de enero en el rancho El Sapote, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Era ganadero y empresario, además de dedicarse durante décadas a actividades ilícitas. Llegó a ser detenido en Ahome por delitos contra la salud, pero al no comprobarse los cargos, fue liberado.

Su historia inspiró el narcocorrido “Se les peló Baltazar”, que relata uno de sus escapes de la justicia. En 1995, Díaz Vega fue asesinado en la Ciudad de México dentro de su domicilio.

El famoso corrido de Baltazar Díaz

La figura del padre de Porfirio, Baltazar Díaz Vega, no solo aparece en expedientes judiciales, sino que también ocupa un lugar en la cultura popular sinaloense gracias al corrido “Se les peló Baltazar”.

Esta canción, interpretada por artistas como Valentín Elizalde y agrupaciones como La Arrolladora Banda el Limón, narra el episodio en que Díaz Vega logró evadir a las autoridades cuando intentaron detenerlo en su rancho.

El corrido inicia describiendo el ambiente rural y el operativo fallido para capturarlo: “Estando moliendo caña, en su ranchito querido, buscaban a Baltazar para llevarlo al precido, eran buenos cazadores, con experiencia al codillo”.

La letra compara a Díaz Vega con un venado lampareado, resaltando la dificultad de atraparlo por su experiencia a pesar de estar vulnerable y su astucia: “Un venado lampareado es difícil de agarrar, aunque le pongas la trampa tiene experiencia al brincar, se quedaron con las ganas se les peló Baltazar”.

El tema continúa con referencias a la desconfianza hacia las autoridades y el escape: “Solo el que carga el morral le sabe su contenido, por eso la federal quería llevarlo al precido, no se le comprobó nada, se les bajó en el camino”.

Cabe señalar que también existen corridos presuntamente escritos para “El Pío”, como en el caso del interpretado por Gerardo Ortiz, titulado “Porfirio Díaz”. En ese narcocorrrido se afirma que el protagonista está a la orden de un hombre identificado como “El Padrino”, apodo con el cual se le conocía a “El Mayo Zambada”.

Según informó la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el detenido integraba una red que buscaba “operar, desestabilizar y atentar” contra las instituciones democráticas. La funcionaria lo definió como “una amenaza para el orden democrático”.

En un video difundido a través de redes sociales, Monteoliva precisó que el arresto de Dmitrii Novikov se llevó a cabo en la localidad de Lanús.

Tras la detención, la Dirección Nacional de Migraciones precisó que se dispuso la cancelación de su residencia transitoria, la expulsión del país y la prohibición de reingreso con carácter permanente: “La medida se ordenó tras constatar que el involucrado desnaturalizó los motivos que justificaron su ingreso a la República Argentina”, precisaron desde la cartera de Monteoliva.

El Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 12, a cargo del juez Julián Ercolini, ordenó su retención preventiva. Así, Novikov deberá esperar el proceso de expulsión privado de libertad para “garantizar la efectiva ejecución de la sanción migratoria”.

El detenido había llegado al país como turista el pasado 12 de abril desde el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini. En estos momentos se encuentra bajo custodia en la División Alcaidías.

Trabajaron en el operativo Migraciones, la Policía Federal Argentina (PFA) y la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE).

La denuncia por las operaciones de desinformación en Argentina financiadas por el régimen ruso

A principios de abril, el abogado argentino Jorge Monastersky pidió a la Justicia investigar la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional.

El documento reclama que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.

El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril de 2026 y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.

Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”. La fuente agrega: “La información deja de ser meramente periodística para adquirir un grado de verosimilitud institucional”.

El arresto ocurrió en un momento cotidiano: el investigado almorzaba sin advertir que agentes de la Policía Nacional del Perú seguían sus pasos. La intervención se suma a otras acciones recientes que buscan desarticular estructuras criminales asociadas a la extorsión, uno de los delitos con mayor impacto en la actividad económica urbana.

El caso también coincide con un escenario marcado por la ampliación del Estado de Emergencia en Lima Metropolitana y el Callao, una medida que responde a la persistencia de delitos graves. Las autoridades sostienen que la criminalidad mantiene niveles que afectan la seguridad cotidiana, en especial en sectores como el transporte y el comercio.

Captura en pleno almuerzo en Huaycán

La intervención policial permitió la detención de Adri Ademir Almonacid, conocido como alias “Fantasma”, de 47 años. Según información difundida por la policía, el sujeto fue intervenido tras recoger dinero que formaría parte de una extorsión dirigida a un empresario del transporte interprovincial.

De acuerdo con el material audiovisual del operativo, el detenido no mostró resistencia en el momento de la captura. La acción se ejecutó en un restaurante de la zona, donde permanecía con aparente normalidad. La policía señaló que el investigado contaba con antecedentes por hurto y robo registrados en 2024.

Durante la intervención, los agentes incautaron su teléfono móvil. En ese dispositivo, según la autoridad, se encontró información relevante para la investigación en curso. El contenido incluiría elementos que lo vinculan con actividades de seguimiento a la víctima y su entorno familiar.

Modalidad de extorsión y amenazas

La investigación policial detalla que el empresario afectado recibía exigencias económicas para continuar con sus operaciones. “Le requerían cuarenta mil nuevos soles para dejarlo trabajar”, se indicó en el registro difundido. Además, los extorsionadores enviaban mensajes de audio con amenazas directas.

Las comunicaciones incluían advertencias sobre posibles ataques contra los conductores de la empresa. “También le enviaban audios con contenido extorsivo y amenazando contra-- atentar contra la vida de sus choferes”, se precisó en el material. Estas acciones forman parte de un patrón recurrente en este tipo de delitos.

El análisis del celular del detenido también reveló presuntas acciones de vigilancia. “Y también actividades de marcaje y reglaje de sus familiares, de la hija de la víctima”, se indicó en el informe preliminar. Estos elementos refuerzan la hipótesis de un esquema organizado de presión y control sobre las víctimas.

La policía investiga el rol de Almonacid dentro de una agrupación identificada como “Nueva Generación del Cono”. Esta banda sería una de las estructuras que operan en zonas urbanas mediante cobros ilegales a transportistas y comerciantes.

Las autoridades sostienen que la captura forma parte de una estrategia más amplia para desarticular redes criminales. En paralelo, se desarrollaron otras intervenciones que evidencian la expansión de estas organizaciones en distintos puntos de la capital.

Extorsión y contexto de seguridad en Lima

El caso se enmarca en un escenario donde la extorsión figura entre los principales problemas de seguridad. Informes del Observatorio del Crimen y la Violencia indican que el 25% de la población adulta reporta haber sido víctima o conocer a alguien afectado por este delito en los últimos tres meses.

Las cifras oficiales de la policía superan las 2.000 denuncias por extorsión en lo que va de 2026. El impacto se concentra en sectores como el transporte y el comercio, donde los pagos exigidos por organizaciones delictivas influyen en los costos operativos.

Datos de la propia Policía Nacional del Perú, elaborados a partir de registros de DIVCOP - SICPIP y DIVEST (SIDPOL), sitúan a Lima Centro como la zona con mayor incidencia. Entre el 1 de enero y el 18 de febrero de 2026 se registraron 898 denuncias, una cifra superior a otras regiones.

La Libertad reporta 399 casos, mientras que Piura acumula 177 denuncias en el mismo periodo. Otras regiones con presencia de este delito incluyen Callao, Lambayeque e Ica. Aunque los reportes muestran una reducción en comparación con 2025, el volumen total se mantiene alto a nivel nacional.

Según informaron fuentes de la Policía de la Ciudad, el hecho ocurrió en la calle Necochea al 1200, a pocas cuadras de la Bombonera. Personal policial se desplazó hasta el lugar tras ser alertado por las cámaras de seguridad, que registraron a los sospechosos con intenciones de ingresar a la vivienda.

Al arribar, efectivos de la Comisaría Vecinal 4C constataron que se trataba de un conventillo clausurado, vinculado a un intento previo de usurpación. En el lugar se observó un boquete en el tapiado, evidencia del intento de ingreso.

A pocos metros se encontraban los ahora imputados: dos ciudadanos argentinos, de 51 y 31 años, y un uruguayo de 44. Durante el procedimiento, además, se secuestró una maza tipo martillo que habría sido utilizada para dañar la estructura.

Tal como se observa en las imágenes captadas por las cámaras del Centro de Monitoreo Urbano, los detenidos estaban quitando ladrillos para volver a ingresar al inmueble. Tras provocar los daños en la estructura, dejaron una bolsa celeste sobre un pallet junto a la maza.

De acuerdo con las fuentes, a fines del año pasado la policía ya había detenido a dos hombres que intentaban usurpar la propiedad, por lo que es el segundo intento de ingreso desde el desalojo, ocurrido en diciembre. En aquella oportunidad, un argentino de 33 años, con antecedentes por robo, y un uruguayo de 51 habían dañado el tapiado con el mismo objetivo.

Interviene en la causa la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 34, que dispuso la detención de los imputados por el delito de daño.

Un intento de boquete

La semana pasada, tres boqueteros —dos argentinos y un ciudadano de nacionalidad peruana— fueron detenidos in fraganti mientras intentaban concretar un robo en un local de lotería y servicios para hacer transferencias financieras internacionales en el barrio porteño de Recoleta.

El hecho se produjo en la avenida Córdoba al 2600, donde los delincuentes accedieron a la agencia tras realizar un boquete en la medianera de un comercio de cosmética ubicado al lado.

La intervención policial se originó por la activación de la alarma del local de lotería, donde también funciona una agencia de pagos y transferencias internacionales. Al llegar al lugar los oficiales de la Comisaría Vecinal 2-B no advirtieron movimientos sospechosos desde el exterior. Sin embargo, detectaron que la puerta del local de cosmética contiguo estaba entreabierta.

Cuando ingresaron, los efectivos descubrieron a dos hombres junto a un boquete abierto en la pared que comunicaba ambos comercios; uno de ellos portaba una maza, que fue la herramienta utilizada para romper la pared que divide a los dos negocios.

El agujero había sido realizado a ras del piso, con dimensiones suficientes para permitir el paso de una persona. Los policías accedieron por el boquete y, ya dentro del local de lotería, encontraron al tercer integrante de la banda en medio de un desorden generalizado, con papeles, cajas y muebles desplazados.

Los uniformados constataron que dos de los detenidos llevaban en su poder casi dos millones de pesos, suma que había sido sustraída de la caja registradora del local.

También fueron halladas otras herramientas como por ejemplo una barra de hierro, utilizada para forzar la persiana y la puerta del comercio de cosmética.

La Fuerza Civil de Nuevo León informó la detención de seis presuntos delincuentes que estarían relacionados con los recientes intentos de bloqueos en la carretera Libre a Reynosa, en el estado. Las capturas se dan en un contexto de tensión tras la aprehensión de un líder criminal en Tamaulipas, lo que habría detonado reacciones de grupos delictivos en la región.

De acuerdo con el reporte oficial, las detenciones se realizaron mediante dos operativos coordinados por la División de Inteligencia e Investigación.

En la primera intervención fueron asegurados tres individuos: Rogelio “N”, de 24 años; Sandra “N”, de 32; y una menor de 16 años. Posteriormente, en un segundo punto, fueron detenidos Juan Francisco “N”, de 27 años; Miguel Ángel “N”, de 29; y Rocío “N”, de 37.

Las autoridades detallaron que el primer grupo fue localizado en la calle Miguel Hidalgo, en el centro del municipio de China, Nuevo León. Mientras que el segundo grupo fue ubicado sobre la calle Anselmo Cavazos, en su cruce con Profesor Genaro Leal, donde también se reportó la presencia de personas armadas.

Se aseguraron armas de alto calibre y drogas

Durante ambas acciones, elementos de seguridad aseguraron un importante arsenal que incluye armas largas, sustancias ilegales, chalecos balísticos y diverso equipo táctico. Además, se incautaron dos vehículos presuntamente utilizados en actividades ilícitas: un automóvil tipo Malibú color negro con placas de Tamaulipas y una camioneta Suburban negra con placas de Texas, esta última señalada como posible participante en los bloqueos registrados en el municipio de Bravo.

Según fuentes oficiales, estos bloqueos habrían sido intentos de desestabilización tras la captura de un objetivo prioritario en Tamaulipas, lo que refuerza la hipótesis de una reacción coordinada por parte de células del crimen organizado que operan en la zona noreste del país.

La zona donde se realizaron las detenciones permaneció bajo resguardo de fuerzas estatales y federales. En el operativo participaron también la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, así como la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, en conjunto con corporaciones municipales.

Las autoridades señalaron que este despliegue forma parte de una estrategia integral para contener posibles actos violentos y garantizar la seguridad en las principales vías de comunicación del estado. Asimismo, destacaron que se mantendrán los operativos de vigilancia y patrullaje en puntos estratégicos para prevenir nuevos bloqueos o enfrentamientos.

En tanto, los seis detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica en las próximas horas. También se investigará su posible relación con grupos delictivos que operan en la región, así como su participación directa en los hechos recientes.

La carretera Libre a Reynosa es una vía clave para la conectividad entre Nuevo León y Tamaulipas, por lo que su resguardo resulta estratégico para evitar afectaciones a la población y al transporte de mercancías.

Finalmente, las autoridades hicieron un llamado a la ciudadanía a reportar actividades sospechosas y mantenerse informada a través de canales oficiales.

Un intento de robo en Mar del Plata dio un giro cuando una de las delincuentes, al ser detenida, se descompensó y tuvo que ser asistida de urgencia. El episodio ocurrió durante la madrugada del viernes cuando una mujer de 45 años sufrió convulsiones tras ser aprehendida por la policía junto a un hombre de 32, luego de intentar robar un automóvil estacionado en Las Heras y Colón.

El hecho generó tensión en la vía pública cuando la detenida, ya reducida por efectivos de la Subcomisaría Casino, comenzó a padecer crisis convulsivas reiteradas. Personal médico del SAME la asistió en el lugar y determinó que no presentaba riesgo vital inmediato, por lo que se le indicó tratamiento ambulatorio, evitando el traslado a un hospital, según detallaron desde el operativo.

El episodio comenzó cerca de la medianoche cuando vecinos de la zona advirtieron la presencia de una pareja que merodeaba vehículos estacionados en la intersección. Según fuentes policiales, la secuencia se precipitó cuando los sospechosos rompieron el cristal de una ventanilla con el objetivo de sustraer elementos del interior del automóvil. El alerta de los testigos permitió la rápida llegada de los efectivos, quienes desplegaron un operativo por las calles internas del barrio para interceptar a los implicados, que intentaron huir a pie.

La captura se concretó a pocas cuadras, en la zona de Lamadrid, entre Alberti y Rawson. Allí, personal de la Subcomisaría Casino, en conjunto con la Patrulla Municipal, logró reducir a los sospechosos. Fue en ese momento cuando la mujer de 45 años comenzó a descompensarse, padeciendo convulsiones reiteradas frente a los agentes. La situación generó una emergencia médica inmediata y motivó el rápido arribo de una ambulancia del SAME, cuyos profesionales consiguieron estabilizarla en el lugar sin necesidad de traslado hospitalario.

Mientras tanto, los investigadores realizaron peritajes sobre el vehículo dañado, recolectando pruebas para la causa caratulada como robo en grado de tentativa. Tanto la mujer como su acompañante, de 32 años, fueron trasladados a la sede de la Subcomisaría Casino y puestos a disposición de la Justicia. La audiencia se realizará ante el fiscal de Flagrancia, Leandro Arévalo, quien evaluará la situación procesal de ambos detenidos.

En otro incidente ocurrido la misma madrugada, la policía aprehendió a dos mujeres de 19 y 21 años que se enfrentaron a golpes en la intersección de Buenos Aires y Bolívar. Efectivos detuvieron la confrontación y, tras la llegada de una ambulancia del SAME, una de las involucradas recibió asistencia médica por lesiones que no requirieron traslado. Según la instrucción de la Fiscalía de Flagrancia, ambas recuperaron la libertad después de ser notificadas de la formulación de causa.

Médicos del SAME sufrieron un robo en Mar del Plata

Durante la noche del jueves, médicos del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) de Mar del Plata sufrieron el robo de un bolso azul de vía aérea, fundamental para la atención de pacientes críticos, mientras asistían a una persona con accidente cerebrovascular (ACV) en la calle 224 entre Gaboto y Solís, en un barrio de la periferia de la ciudad.

El equipo sanitario había ingresado al domicilio del paciente en cumplimiento de un “código rojo” y, al regresar a su móvil, detectó la sustracción del bolso, que contenía medicamentos e insumos de alto costo, entre ellos una cánula de mayo, insumo clave para la intubación de personas inconscientes.

Las fuentes citadas por 0223 aclararon que “no se había solicitado un patrullero porque si tarda en venir, el paciente se muere”. Los profesionales afectados remarcaron que el material robado carece de valor de reventa, pero es vital para salvar vidas. Se solicita a quienes puedan aportar información sobre el paradero del bolso azul que se contacten de inmediato con el 911.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a Paulina Rivas, de 28 años, señalada por fuentes consultadas por este medio como expareja de Guillermo Albarrán, alias “El Galleta”, ambos relacionados con los “H1-A1″, una célula delictiva afín a La Familia Michoacana.

La detención ocurrió en la avenida Santa Cruz Meyehualco y Calle 71, en la alcaldía Iztapalapa, durante un operativo de patrullaje desplegado para combatir la venta de droga, robo y extorsión en la zona.

“El Galleta” actualmente se encuentra preso luego de ser arrestado la tarde del 23 de enero en la CDMX. En su recorrido delictivo ha sido identificado con diversos nombres, los cuales le habrían servido para evadir a las autoridades.

Así fue el operativo donde fue capturada

Según los reportes oficiales de la policía capitalina, en el sitio encontraron a Paulina Rivas a bordo de una camioneta Dodge, modelo Durango de color negro, mientras manipulaba varias bolsitas similares a las utilizadas para comercializar droga.

Al acercare los elementos, la joven habría mostrado nerviosismo y una actitud evasiva, por lo que le realizaron una revisión preventiva conforme al protocolo.

En el vehículo hallaron 49 bolsas de plástico transparente con aparente marihuana, 98 bolsas plásticas amarillas con presunta cocaína en piedra, una bolsa transparente con la misma sustancia en polvo, una caja de cartón con 25 cartuchos útiles, un arma de fuego con seis cartuchos útiles, un cargador, un teléfono celular y dinero en efectivo.

Tras informarle sus derechos constitucionales, los policías trasladaron a Rivas junto con lo asegurado ante el agente del Ministerio Público, encargado de definir su situación jurídica.

Al hacer un cruce de información, autoridades identificaron a la detenida como integrante del grupo delictivo. Fuentes consultadas por Infobae México refirieron que se trata de los “H1-A1″ responsable de secuestros, extorsiones, homicidios y narcomenudeo, con operaciones en varias alcaldías de la Ciudad de México y municipios del Estado de México.

Según reportes previos, el grupo “H1-A1” están vinculados con La Familia Michoacana, organización encabezada por Johnny Hurtado Olascoaga, alias “El Pez”, y José Alfredo Hurtado Olascoaga, alias “La Fresa”.

Esta célula opera principalmente en el oriente de la ciudad, con presencia confirmada en Iztacalco, Iztapalapa, Venustiano Carranza y Tláhuac, así como en municipios mexiquenses como Nezahualcóyotl, La Paz y Chimalhuacán.

La captura de “El Galleta” en la CDMX

Elementos de la SSC detuvieron el 23 de enero de 2025 a Luis Manuel “N”, alias “El Galletas”, en calles de la colonia Las Américas, alcaldía Iztapalapa.

El operativo se realizó tras labores de gabinete y campo, cuando el hombre fue encontrado a bordo de un vehículo Mazda, fumando un cigarro con olor a marihuana.

Durante la revisión, los agentes aseguraron 44 dosis de aparente marihuana, una bolsita con posible cristal, un arma de fuego corta, un cargador, 55 cartuchos útiles, un chaleco balístico con el símbolo de La Familia Michoacana, dos teléfonos celulares, dinero en efectivo, un bolso tipo cangurera y un parche con la leyenda del mismo grupo delictivo.

Tras el cruce de información, autoridades confirmaron que “El Galleta” era uno de los altos mandos de los “H1-A1″ de La Familia Michoacana.

Durante su actividad criminal, “El Galleta” utilizó diversas identidades: Luis Manuel Corrales Caballero, Guillermo Albarrán Contreras, Jorge García Méndez y Ulises Carreón Molina.

La tarde de este 23 de abril, autoridades mexicanas informaron la detención en Argentina de Fernando Farías Laguna, quien tuvo el rango de contralmirante en la Secretaría de Marina (Marina) y es señalado por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos conocida como huachicol fiscal.

Farías fue arrestado con fines de extradición y en posesión de documentación falsa, tras permanecer prófugo y contar con una orden de aprehensión por delincuencia organizada. El anuncio lo hizo Omar García Harfuch, quien detalló que fue resultado de la colaboración entre la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Interpol México y el gobierno argentino.

El caso del huachicol fiscal involucra a una organización acusada de facilitar la entrada irregular de combustible a México, disfrazado como aceite o lubricantes para evadir impuestos.

El mismo esquema habría permitido el desembarque de buques con hidrocarburos en los puertos de Altamira y Tampico entre 2024 y 2025, operación en la que estarían implicados otros altos mandos de la Marina y personal de aduanas.

La investigación por esos delitos llevó a la baja administrativa de cuatro elementos de la Marina, incluido Fernando Farías y su hermano, el vicealmirante Manuel Manuel Roberto Farías.

Fuentes federales consultadas por Infobae México señalaron que pasado 19 de septiembre de 2025, una jueza le concedió una suspensión definitiva que prohibía su captura y encarcelamiento, pero el 2 de octubre se le retiró esa suspensión, permitiendo que las autoridades mexicanas pueda ejecutar una orden en su contra.

El papel de Fernando Farías en la red de huachicol fiscal

Fernando Farías ha sido identificado por las autoridades como líder de una organización criminal conocida como "Los Primos", junto con su hermano.

Ambos presuntamente operaban en coordinación con funcionarios aduanales y empresarios para introducir millones de litros de hidrocarburo al país, eludiendo controles fiscales con documentación apócrifa.

El delito imputado contra Fernando Farías es delincuencia organizada con fines de cometer delitos en materia de hidrocarburos, ilícito que amerita prisión preventiva oficiosa.

La orden de aprehensión contra Farías fue emitida en noviembre de 2025, luego de que su defensa y el imputado no se presentaran a su audiencia de imputación en los juzgados de El Altiplano.

Proceso judicial y baja de la Marina

El contralmirante tramitó recursos legales para frenar la acción penal en su contra, pero los jueces solo concedieron medidas limitadas.

De acuerdo con reportes de medios nacionales, una suspensión definitiva otorgada en enero de este año no canceló la orden de aprehensión ni el proceso penal, sino que estableció que, en caso de captura, su libertad quedaría a disposición del juzgado.

La Secretaría de Marina, encabezada por Raymundo Morales Ángeles, separó a los hermanos Farías Laguna conforme a la Ley Orgánica de la Armada de México. La baja se aplicó porque los elementos no podían cumplir sus funciones, sin que esto implicara una sanción penal.

Cabe señalar que apenas en marzo de este año, la jueza Decimoprimero de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México negó un amparo solicitado por la defensa del contralmirante Fernando Farías Laguna para evitar su detención por el caso de huachicol fiscal.

Implicaciones y antecedentes del caso

El escandalo del huachicol fiscal atrajo la atención pública desde septiembre de 2025, cuando fue detenido el hermano de Fernando Farías, el vicealmirante Manuel Roberto Farías y vinculado a proceso por delincuencia organizada.

Posteriormente, la Marina inició procedimientos de baja administrativa en octubre y septiembre de ese año para ambos hermanos, aunque estos promovieron amparos que fueron desechados.

El abogado Epigmenio Mendieta, defensor de los hermanos Farías Laguna, ha asegurado en diversas ocasiones que la investigación de la FGR contra los Farías presentó irregularidades y limitó el derecho de defensa.

En meses recientes, la jueza federal Mariana Vieyra Valdez ordenó a la FGR entregar toda la carpeta de investigación a los abogados y transparentar el expediente.

La defensa sostiene que la investigación se basó en elementos poco sólidos y ha pedido la intervención del Ejecutivo federal para revisar el caso.

La detención de Fernando Farías en Argentina representa un avance en el proceso judicial abierto por el contrabando de hidrocarburos, uno de los casos más relevantes de presunta corrupción dentro de la estructura de la Marina y el sistema aduanal mexicano. El proceso de extradición y las investigaciones en curso determinarán la responsabilidad penal del presunto líder de “Los Primos”.

Los hermanos Farías y su vinculo con Rafael Ojeda, exsecretario de Marina

Fernando Farías Laguna y su hermano, Manuel Roberto Farías Laguna, son identificados como sobrinos políticos de Rafael Ojeda Durán, quien fue titular de la Secretaría de Marina durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

La relación se establece por el parentesco de los hermanos con la esposa del exsecretario.

Según reportes, los hermanos Farías Laguna habrían aprovechado su cercanía con Ojeda Durán y sus cargos dentro de la Marina para operar una red de contrabando de hidrocarburos.

Pese al vínculo familiar, no existen pruebas que involucren directamente a Rafael Ojeda en las actividades ilícitas investigadas.

Hasta ahora, la indagatoria de la FGR se ha centrado en los hermanos Farías Laguna y otros funcionarios señalados por facilitar el ingreso ilegal de hidrocarburos mediante documentación falsa y evasión de controles fiscales.

En febrero de este año, la presidenta Claudia Sheinbaum negó que las líneas de investigación vinculen al exsecretario de Marina con la red de huachicol fiscal desarticulada.

Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador César Duarte y expresidenta del DIF de Chihuahua, fue detenida por segunda vez por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Estados Unidos.

Gómez Fong permanece bajo custodia y en espera de que se resuelva su situación migratoria desde un centro de control migratorio en la ciudad de El Paso, Texas, donde también radicaba.

La nueva aprehensión ocurre después de que obtuvo una liberación provisional en abril de este 2026.

Reportes de medios locales como El Diario de El Paso, afirman que la captura de Fong no es reciente, sino que fue realizada por agentes del ICE desde el pasado 15 de abril.

La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó tras su primer arresto que solicitó su deportación controlada, debido a dos ordenes de aprehensión que tiene vigentes en el estado de Chihuahua, donde se le vincula con el desfalco millonario protagonizado por la red cercana a César Duarte.

Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles adicionales sobre su situación legal.

Medios locales señalan que la detención tiene más de una semana

Bertha Olga Gómez Fong fue arrestada por primera vez el 25 de marzo de 2026 como este medio reportó. La aprehensión estaría fundamentada en que desde el 28 de mayo de 2017 se habría vencido su estancia legal dentro de EEUU, país al cual llegó mediante una visa B1/B2, según los reportes.

El Diario de El Paso señaló mediante un reporte que el 8 de abril un juez de inmigración en El Paso habría autorizado la liberación mediante una fianza migratoria. El monto habría sido pagado dos días después -el 10 de abril- quedando en libertad e incorporándose al programa de Alternativas a la Detención.

Según estas versiones, el 15 de abril, cinco días después de ser liberada, fue reaprendida por los agentes del ICE.

Por estos delitos es requerida en México

Bertha Olga Gómez Fong enfrenta dos órdenes de aprehensión en el estado de Chihuahua, una por robo y otra por cohecho.

El fiscal general de Chihuahua, César Jáuregui, señaló en entrevista con medios de comunicación que ambos delitos están relacionados con causas penales pendientes en la entidad.

La acusación por cohecho se vincula con operaciones financieras presuntamente irregulares -desvío de recursos-. Sobre el caso de robo, la fiscalía no ha detallado el tipo de objetos ni el monto involucrado.

Las investigaciones contra Gómez Fong habrían iniciado durante la administración estatal anterior y la actual fiscalía ha dado seguimiento a los expedientes abiertos.

En las investigaciones sobre el desvío de recursos públicos durante la administración de César Duarte, autoridades identifican la participación de diversas empresas vinculadas a la red cercana al exgobernador.

De acuerdo con información de la FGR, al menos dos de estas empresas estarían directamente relacionadas con Fong.

En los expedientes judiciales se menciona que parte de los recursos desviados habrían sido destinados para pagar una tarjeta de crédito American Express, propiedad de Bertha.

Encontraron sin vida a Maximino Morel Duarte, un hombre de 89 años, en su vivienda de Garupá, provincia de Misiones. El hombre presentaba golpes en el cráneo. En el marco de la causa, hay una joven de 26 años detenida.

El episodio ocurrió en la mañana del lunes, cerca de las 9.30 horas, en el barrio Santa Clara, cuando un hombre de 81 años acudió al domicilio de su amigo. Tras no recibir respuesta, ingresó a la vivienda situada sobre la calle Oberá, entre Puerto Piray y El Dorado y se encontró una brutal escena. En el lugar, el testigo halló a Morel Duarte tendido en el suelo de la cocina, sin signos vitales y con lesiones compatibles con un hecho violento.

De acuerdo con el relato recogido por El Territorio, el testigo refirió que minutos antes una mujer había salido de la casa de la víctima y manifestó que el propietario se había caído. El hombre, al ingresar, constató la muerte de su amigo y el lugar quedó preservado para el trabajo de los peritos de Criminalística y del médico policial, quienes realizaron un primer examen.

Se detectaron daños en la región del cráneo de la víctima, lo que llevó a ordenar la autopsia médico legal para precisar la causa de muerte. Al mismo tiempo, la División Investigaciones de la Unidad Regional X, junto a la Dirección de Homicidios, desplegó tareas en el barrio, incluyendo el relevamiento de cámaras de seguridad y entrevistas con vecinos.

La detención de la mujer

Ese mismo día, lograron identificar a la mujer que fue vista saliendo de la vivienda del hombre de 89 años. Con las evidencias obtenidas, cerca de las 15 horas, Luz Noemí C, de 26 años, fue detenida en inmediaciones de las calles Posadas y 9 de Julio, a tan solo dos cuadras de la vivienda donde fue hallado el cuerpo de Maximino Morel Duarte.

Tras la detención, se realizó un allanamiento en el domicilio de la sospechosa, donde se incautaron prendas de vestir, un teléfono celular y otros elementos vinculados a la causa. Además, en la vivienda de la víctima los investigadores hallaron un martillo tipo maza, que quedó secuestrado para peritajes. El operativo fue realizado bajo la supervisión del Juzgado de Instrucción N° 2 de Posadas, a cargo del juez Juan Manuel Monte, quien autorizó la medida y supervisó el procedimiento junto a personal policial.

Durante la inspección en el inmueble, los agentes detectaron en la parte posterior un sector utilizado como inquilinato. En ese espacio, se encontraron envoltorios con una sustancia blanca, una balanza de precisión y un teléfono celular. Tras las pruebas de campo, se confirmó que la sustancia era clorhidrato de cocaína, por lo que intervino la Justicia Federal para el secuestro de los materiales.

La sospechosa permanece a disposición del Juzgado de Instrucción interviniente, mientras continúan las diligencias para determinar las circunstancias de la muerte de Morel Duarte y el posible vínculo con el hallazgo de droga en la propiedad. Hasta el momento, la mujer sigue detenida y no hay más información sobre el avance del caso. Una vez que se conozcan los resultados preliminares de la autopsia y de los peritajes realizados sobre los elementos secuestrados, sería indagada sobre lo sucedido.

Las autoridades continúan recabando testimonios y analizando registros fílmicos de la zona para reconstruir la secuencia de los hechos y establecer el posible móvil del crimen.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Nazaret “N”, señalada como la pieza central de la estructura de MetaXchange Capital, empresa investigada por operar un esquema de fraude piramidal que afectó a cientos de inversionistas.

La aprehensión, realizada en la colonia Polanco, fue resultado de meses de trabajo ministerial, rastreo financiero y denuncias ciudadanas.

Este caso se ha convertido en uno de los fraudes financieros más polémicos de los últimos años en la capital, con un impacto que ha dejado a más de mil quinientas personas sin su patrimonio y ha puesto en evidencia la falta de regulación de las empresas de inversiones.

Detención en Polanco: el golpe a la cabeza de MetaXchange

De acuerdo con el comunicado de la Fiscalía, la captura de Nazaret Rodríguez fue ejecutada por agentes de la Policía de Investigación durante un cateo en un inmueble de Polanco.

Su arresto representa el cierre del círculo sobre la principal responsable del esquema y da inicio a la fase judicial del proceso.

• La detención se realizó el 17 de abril de 2026.
• Nazaret “N” fue identificada como la operadora clave del esquema de MetaXchange Capital.
• El operativo se llevó a cabo tras el rastreo de cuentas, análisis de documentos y testimonios de las víctimas.

Esta acción marca un precedente en la persecución de delitos financieros y abre la vía para que las autoridades continúen desarticulando un la estructura criminal.

Un esquema piramidal bajo fachada de inversión

La investigación de la Fiscalía reveló que MetaXchange Capital operaba bajo un patrón típico de esquema Ponzi, captando recursos con la promesa de altos pagos respaldados por contratos y oficinas físicas.

• Ofrecían rendimientos de hasta 15% mensual, muy superiores a los del mercado.
• Pagos iniciales para generar confianza: en la primera etapa, algunos inversionistas recibieron utilidades, lo que motivó la entrada de nuevas víctimas.
• Suspensión de pagos: posteriormente, la empresa dejó de cumplir sus compromisos y retuvo los fondos de los clientes.

De esta manera, el esquema se sostuvo gracias al ingreso de nuevos recursos y colapsó cuando no pudo seguir pagando a los inversionistas iniciales.

Dimensión del fraude y proceso judicial

Segú el reporte, el caso presenta un daño estimado superior a 150 millones de pesos y más de 120 denuncias formales. Las investigaciones siguen en curso para identificar plenamente a todos los responsables y garantizar la reparación del daño.

• Patrick “N” se encuentra en prisión preventiva por su rol en el manejo de los recursos.
• Mariana “N” enfrenta proceso penal con medidas cautelares.
• La Fiscalía mantiene el compromiso de continuar con las pesquisas y asegurar el acceso a la justicia de las víctimas.

La detención de Nazaret “N” es el paso más relevante hasta ahora en el proceso de rendición de cuentas por el fraude cometido a través de MetaXchange Capital.

La detención de Nazaret “N”, directora general de Metaxchange Capital, representa un momento decisivo para cientos de personas afectadas por uno de los fraudes financieros más notorios de los últimos años en México.

El operativo, llevado a cabo en la Ciudad de México, cerró meses de búsqueda y presión social sobre la principal señalada de la red.

El arresto de Nazaret “N” no sólo significa el inicio de su proceso judicial, sino también un mensaje claro sobre la necesidad de supervisión efectiva en el sector de inversiones. El caso tomó fuerza pública tras la denuncia de la actriz Sandra Echeverría, quien perdió todos sus ahorros al involucrarse en el esquema.

La captura de Nazaret “N”: un golpe a la estructura del fraude

La localización y aprehensión de Nazaret “N” fue resultado de una extensa serie de investigaciones conjuntas y denuncias formales de los afectados. Así, su detención marca la caída de la principal figura detrás de Metaxchange Capital.

• Operativo en la Ciudad de México: Nazaret Rodríguez Jiménez fue arrestada por elementos de la FGJ CDMX la noche del 17 de abril en Polanco y trasladada al Centro de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, quedando a disposición de la justicia.
• Relevancia del arresto: La captura cerró el círculo sobre la directiva que encabezó la captación de más de dos mil millones de pesos y la afectación a más de mil quinientas personas.

De esta manera, la detención representa el avance más contundente en la lucha contra el fraude y abrió la puerta a la rendición de cuentas ante el sistema judicial.

Metaxchange Capital: fachada de legitimidad, captación masiva

Antes de la caída de su principal responsable, Metaxchange Capital funcionó bajo una apariencia de empresa moderna y confiable. Así logró sumar diversos inversionistas de distintos sectores.

• Patrocinio deportivo y visibilidad pública: La marca figuró en eventos de la NASCAR y torneos de tenis, transmitiendo confianza y profesionalismo.
• Ofertas de altos rendimientos: Los contratos de Asociación en Participación prometían utilidades muy superiores a las bancarias, lo que atrajo a numerosos inversionistas.
• Ausencia de regulación: La empresa no estaba supervisada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, lo que facilitó la opacidad y el riesgo para los ahorradores.

Este modelo permitió a la firma captar recursos a gran escala durante mucho tiempo hasta que la suspensión de pagos evidenció el fraude.

Sandra Echeverría y los afectados

El papel público de Sandra Echeverría fue determinante para visibilizar el caso y unir a los perjudicados.

• Denuncia pública: La actriz expuso la pérdida de su patrimonio y ayudó a otros afectados a denunciar ante autoridades y medios.
• Desmentido de rumores: Echeverría dejó claro que sólo tres personas eran señaladas formalmente, rechazando versiones sobre la implicación de otras figuras públicas.
• Apoyo institucional: El Consejo Ciudadano continúa brindando asesoría legal y psicológica gratuita.

La detención de Nazaret “N” representa un punto de inflexión para los afectados, que ahora esperan avances concretos en el proceso de búsqueda de justicia y la reparación del daño.

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa detuvo a Juan Carlos “N”, también conocido como “El Taurus”, por su probable participación en el delito de homicidio calificado con ventaja en grado de tentativa.

El influencer, propietario del negocio Carnitas Fit en Culiacán, fue arrestado después de que presuntamente agredió con un arma de fuego a una persona en su establecimiento el pasado 9 de abril.

Sin embargo, en días recientes “El Taurus” contó su versión mediante su cuenta de Tiktok, en la que señaló que él se defendió de una amenaza con arma de fuego por parte otro sujeto.

Según la FGE Sinaloa, la detención se realizó este 17 de abril a través de la Unidad Especializada en Aprehensiones, con apoyo de la Policía de Investigación del grupo Ares.

El caso se integró a partir de una carpeta de investigación de la Unidad del Ministerio Público de lo Penal de Tramitación Común, Región Centro, que recopiló las pruebas para solicitar la orden judicial.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Primera Instancia de Control y de Enjuiciamiento Penal de la Región Centro, que deberá definir su situación jurídica.

La versión oficial de la FGE Sinaloa

La Fiscalía informó que el hecho investigado ocurrió en la colonia Emiliano Zapata, donde Juan Carlos “N” habría atacado a un hombre con un arma de fuego dentro de su negocio, hecho que fue denunciado.

Tras el incidente, la autoridad judicial giró una orden de aprehensión, cumplimentada por los agentes este mismo día, 17 de abril.

El comunicado no detalló el estado de la víctima ni precisó si hubo lesiones graves, pero confirmó que el delito se persigue bajo la figura de tentativa de homicidio calificado.

Las diligencias incluyeron la recopilación de testimonios y la revisión de la escena, según la carpeta de investigación de la FGE.

Testimonios en redes sociales

Antes de su detención, “El Taurus” subió diversos videos a su cuenta de TikTok para narrar su versión de los hechos.

En el primero, el empresario afirmó que el agresor entró a su negocio, lo amenazó con un arma y lo golpeó en la cabeza con la cacha. Relató que el intruso portaba un maletín con guantes, bolsas de plástico, cinta gris, martillo y un taladro.

Dijo: “El morro se metió aquí a apuntarme con un arma que me dijo que me iba a llevar la chingada, le apuntó a mi esposa con el arma. Ahora resulta que él es el ofendido y yo soy el responsable”.

En su testimonio, sostuvo que sólo se defendió dentro del local, y cuestionó que las autoridades lo consideraran responsable de los hechos.

Señaló que el joven agresor dijo ser carnicero.

El propio Taurus negó tener problemas con alguien y dijo: “Yo soy una persona de trabajo. No tengo vicios, no fumo, hago ejercicio, soy un hombre de familia”.

El impacto en su negocio

En un segundo video, Juan Carlos “N” agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que tanto él como su esposa se encontraban bien, pese a las lesiones sufridas.

Mostró una herida en la cabeza y reiteró que presentó una denuncia ante la autoridad.

“El Taurus” afirmó que la persona que entró a su negocio habría sido enviada por alguien más y que le ofrecieron veinte mil pesos para cometer la agresión.

Dijo textualmente: “A esa persona que fue y se metió a mi negocio, fue una persona que mandaron y le ofrecieron veinte mil pesos.”

El influencer señaló que su negocio Carnitas Fit continuó operando tras el incidente, aunque uno de sus trabajadores temió regresar.

Explicó que mantiene sus actividades laborales y negó tener deudas o conflictos con terceros: “Yo no tengo problemas con nadie. Al único que le debo es al banco”.

El Taurus concluyó su mensaje asegurando que su prioridad era proteger a su familia y empleados.

El empresario mexicano Rafael Zaga Tawil fue detenido en Florida, Estados Unidos, en un caso que ha reactivado uno de los escándalos financieros más relevantes vinculados al Infonavit en los últimos años. Su captura, realizada por autoridades migratorias estadounidenses, ocurre tras varios años en los que permaneció prófugo de la justicia mexicana.

De acuerdo con reportes recientes, el empresario enfrenta acusaciones por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, relacionadas con un presunto fraude superior a 5 mil millones de pesos en agravio del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.

Detención en Estados Unidos y situación legal

La detención de Rafael Zaga Tawil ocurrió este lunes 13 de abril de 2026 en Florida, donde fue localizado por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) debido a irregularidades en su estatus migratorio.

El empresario mexicano era considerado prófugo desde 2020, cuando se giraron órdenes de aprehensión en su contra. Durante años promovió diversos recursos legales para evitar su captura, lo que retrasó el avance del caso en tribunales.

Actualmente se encuentra bajo custodia en un centro de detención en el condado de Glades, mientras se define su situación jurídica y una posible solicitud de extradición por parte del gobierno mexicano.

¿A qué se dedica Rafael Zaga Tawil?

Rafael Zaga Tawil es un empresario vinculado al sector inmobiliario y financiero, principalmente a través de la empresa Telra Realty, firma que jugó un papel central en el caso que hoy lo tiene bajo investigación.

Dentro de esta compañía, Zaga Tawil fungió como apoderado legal junto con su hermano, Teófilo Zaga Tawil, participando en proyectos relacionados con créditos de vivienda y esquemas de movilidad hipotecaria.

Su actividad empresarial también se ha visto envuelta en otros litigios financieros y disputas corporativas, lo que lo colocó durante años en el radar de autoridades y actores del sector inmobiliario.

El fraude millonario al Infonavit

El caso que llevó a su detención se remonta a 2014, cuando el Infonavit firmó contratos con Telra Realty para desarrollar una plataforma de movilidad hipotecaria.

Sin embargo, en 2017 dichos contratos fueron cancelados, lo que derivó en el pago de una indemnización por más de 5 mil millones de pesos a la empresa, monto que la Fiscalía General de la República (FGR) considera irregular y parte de un esquema de fraude.

Las investigaciones apuntan a que la empresa no contaba con la capacidad técnica para cumplir los servicios contratados, lo que habría permitido el desvío de recursos públicos mediante una compleja estructura financiera.

Red de implicados y alcance del caso

El caso no involucra únicamente a Rafael Zaga Tawil. También han sido señalados su hermano Teófilo Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono, así como otros actores relacionados con la operación de Telra Realty.

Las autoridades mexicanas sostienen que el esquema formaba parte de una red de corrupción de alto nivel que provocó un daño patrimonial significativo al Estado mexicano, convirtiendo este caso en uno de los más relevantes en materia de fraude institucional reciente.

Un caso clave de corrupción en México

La captura de Rafael Zaga Tawil representa un avance importante para las autoridades mexicanas en su intento por judicializar uno de los fraudes más grandes contra el Infonavit.

No obstante, el proceso aún enfrenta retos, como la posible extradición desde Estados Unidos y la recuperación de los recursos desviados, que siguen siendo parte central de las investigaciones.

Este caso refleja la complejidad de los delitos financieros de alto nivel y la dificultad para llevar ante la justicia a empresarios involucrados en esquemas de corrupción transnacional.

/mexico/2026/04/14/policias-de-coscomatepec-se-quedan-en-prision-tras-ser-detenidos-con-droga/

“Esto no termina con avances”: colectivo responde a la FGR por caso Rancho Izaguirre

Luego del mensaje de la Fiscalía General de la República (FGR), el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco publicó un mensaje en el que agradece la apertura de las autoridades y confirmaron que durante su visita al lugar les brindaron información técnica.

“Entendemos que por la naturaleza de la investigación, aún no se pueden detallar públicamente todos los resultados“, es parte de sus mensaje compartido en redes sociales.

"Como familiares y colectivo, seguiremos exigiendo que toda la verdad salga a la luz, que los resultados se presenten de manera clara, completa y sin omisiones, y que se garantice justicia para cada una de las víctimas. Porque esto no termina con avances…"

/mexico/2026/04/11/colectivo-de-buscadores-revelan-que-la-cantidad-de-restos-oseos-encontrados-en-rancho-izaguirre-es-mayor-a-la-del-ano-pasado/

Tras más de un año en el lugar...

/mexico/2026/04/14/fgr-continua-analizando-pruebas-en-el-rancho-izaguirre-campo-de-adiestramiento-del-cjng/

La FGR sostiene que si bien los colectivos entraron al sitio el 10 de abril pasado, únicamente fue como “observadores”.

Queman más de 900 kilos de drogas en Tamaulipas

En Reynosa, Tamaulipas, agentes de seguridad realizaron la incineración de narcóticos, específicamente en instalaciones de la Octava Zona Militar. En el lugar fueron destruidos:

• Poco más de 917 kilos de marihuana
• 22 kilos 86 gramos y 80 unidades de metanfetamina
• 449 gramos seis miligramos de cocaína,
• 30 unidades de benzoctamina
• 2 mil 490 unidades de tramadol
• 13 kilos 482 gramos cinco miligramos, 20 mil 980 unidades y dos mililitros de sustancia negativa
• 949 objetos del delito

Buscan judicializar 75 carpetas por caso del Crematorio Plenitud en Chihuahua

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua informó que están en proceso de lograr la judicialización de 75 carpetas de investigación por el delito de fraude como parte de las averiguaciones en el caso del crematorio Plenitud.

Lo anterior a raíz de que actualmente ya fueron judicializadas 33 carpetas de investigación en contra de cuatro funerarias.

“Ya se cuenta con fecha para que esta representación social, lleve otras 42 ante jueces de control del Distrito Judicial Bravos“, destaca el reporte.

Hombre acusado de homicidio en Iztapalapa es detenido en Jalisco tras más de 30 años

La Fiscalía de Jalisco informó el arresto de Pablo “N”, un sujeto acusado de disparar contra una persona en la alcaldía Iztapalapa de la Ciudad de México. Fue asegurado en la colonia La Mezquitera, en el municipio de Villa Corona.

“El ahora detenido se encontraba al parecer ingiriendo bebidas embriagantes en compañía de varios amigos. Sin embargo, tras generarse una discusión, este sacó un arma de fuego que detonó en contra del masculino víctima, ocasionando que perdiera la vida en el sitio”, es parte del reporte.

Procesan a hombre por llevar armas de fuego de uso exclusivo

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de José “N”, un sujeto que fue asegurado junto con armas de fuego de uso exclusivo de las fuerzas armadas, así como cartuchos y cargadores también de uso exclusivo.

Al momento de su captura José “N” también llevaba clorhidrato de metanfetamina, 11 teléfonos, dos equipos de radiocomunicación, equipo táctico y un vehículo.

Se le impuso prisión preventiva oficiosa en el Centro de Ejecución de Sanciones en Nuevo Laredo, Tamaulipas, y cuatro meses para la investigación complementaria.

García Harfuch anuncia el hallazgo con vida de el alcalde de Taxco y su padre: van por los responsables

Tras salir a buscar a su padre, Juan Andrés Vega Carranza, fue reportado como desaparecido. Como resultado de un operativo interinstitucional, fueron hallados los dos hombres con vida.

/mexico/2026/04/13/encuentran-con-vida-al-presidente-municipal-de-taxco-de-alarcon-juan-andres-vega-carranza-y-a-su-padre/

La medida no implica que el exgobernador salga del penal de máxima seguridad del Altiplano

/mexico/2026/04/13/otorgan-suspension-definitiva-al-exgobernador-de-chihuahua-cesar-duarte-contra-prision-preventiva/

Procesan a Bermúdez Requena por peculado; previamente fue procesado por desaparición forzada

/mexico/2026/04/13/vinculan-a-proceso-a-hernan-bermudez-requena-por-peculado/

Detienen a joven por asalto a tienda en Coyoacán tras persecución con apoyo de cámaras de vigilancia

Un joven de 18 años fue detenido por policías de la Ciudad de México tras ser señalado por robar dinero de una tienda en la colonia Pedregal de Santo Domingo, en Coyoacán, luego de que operadores del C2 Sur —centro de comando y control que monitorea cámaras de seguridad y coordina emergencias— alertaran sobre el asalto; el sospechoso fue ubicado en calles cercanas con el efectivo reportado y una réplica de arma de fuego, por lo que fue presentado ante el Ministerio Público.

Expertos advierten sobre posibles actividades ilícitas durante el Mundial 2026 en México

Un análisis del investigador de la Universidad Autónoma de Coahuila, Víctor Sánchez Valdés, señala que la Copa Mundial de Futbol 2026, que se realizará en México, Estados Unidos y Canadá, podría ser aprovechada por grupos criminales para obtener ganancias mediante actividades como venta de boletos falsos, drogas, estafas turísticas, apuestas ilegales, extorsión, lavado de dinero y comercio de productos pirata.

/mexico/2026/04/13/de-extorsion-a-estafas-estos-son-los-cinco-carteles-que-podrian-fortalecer-sus-negocios-durante-el-mundial-2026-segun-experto/

Hallan 317 restos óseos en zona del Lago de Chalco durante jornada de búsqueda

En una intervención realizada en el Lago de Chalco, entre la alcaldía Tláhuac y el Estado de México, autoridades localizaron 317 elementos óseos durante labores de búsqueda de personas desaparecidas; de acuerdo con los primeros análisis, los restos podrían corresponder al menos a tres individuos y fueron trasladados a servicios periciales para su estudio e identificación.

/mexico/2026/04/13/hallan-317-restos-oseos-en-busqueda-en-zona-de-lago-de-chalco-entre-cdmx-y-edomex/

Asesinan a exalcalde Francisco Gijón en fiesta en San Miguel del Puerto, Oaxaca

El ataque ocurrió la tarde de este domingo en la región de la Costa, cuando sujetos armados dispararon contra el exfuncionario mientras se encontraba en un evento comunitario, lo que provocó su muerte en el lugar.

/mexico/2026/04/13/asesinan-a-exalcalde-francisco-gijon-durante-evento-en-san-miguel-del-puerto-oaxaca/

Omar García Harfuch, ‘incómodo’ por uso de su imagen en artículos a la venta

De acuerdo con The Wall Street Journal, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, no estaría cómodo con la difusión de su imagen como figura de atractivo sexual en productos comercializados en la Ciudad y el Estado de México. Personas cercanas al funcionario señalaron que el fenómeno surgió de manera espontánea y la ventas de estos objetos no cuentan con autorización oficial.

/mexico/2026/04/13/harfuch-estaria-incomodo-con-su-imagen-de-simbolo-sexual-tras-venta-de-munecos-y-objetos-con-su-rostro-asegura-wsj/

Decomisos de droga en Coahuila repuntan 120% en un mes: mariguana lidera incautaciones

La Fiscalía General de la República reportó 44 aseguramientos en marzo frente a 20 en febrero. En ese periodo se incautaron 499 kilos 507 gramos de mariguana, muy por encima de los 25 kilogramos del mes previo, lo que confirma el aumento en el volumen decomisado.

/mexico/2026/04/13/decomisos-de-droga-en-coahuila-repuntan-120-en-un-mes-mariguana-lidera-incautaciones/

Localizan entre 12 y 15 cuerpos en fosas de Jojutla durante nueva diligencia

Colectivos de familiares informaron que los hallazgos se realizaron en el panteón Pedro Amaro, donde también se recuperaron restos óseos. Amalia Hernández Hernández, vocera del colectivo Tetelcingo y Jojutla, indicó que algunos indicios corresponderían a mujeres y menores, datos que permanecen en verificación mediante análisis de laboratorio.

/mexico/2026/04/13/se-mantienen-irregularidades-en-fosas-de-jojutla-morelos-colectivos-reportan-posibles-restos-de-mujeres-e-infantes/

Muere Henry, niño de Valle de Chalco herido en incendio de tienda 3B tras disturbios por caída de “El Mencho”

Henry, un niño de dos años originario de Valle de Chalco, falleció este domingo 12 de abril tras permanecer hospitalizado por quemaduras en el 85% de su cuerpo. El menor resultó herido el 22 de febrero durante el incendio de una tienda 3B, provocado en medio de disturbios ocurridos en varias zonas del país tras el abatimiento de Nemesio Oseguera, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación.

/mexico/2026/04/13/murio-henry-nino-que-sufrio-quemaduras-en-tienda-de-valle-de-chalco-tras-disturbios-por-muerte-de-el-mencho/

En el marco de la investigación por la muerte de Ángel López —el nene que murió en Comodoro Rivadavia—, la Policía de Chubut detuvo a la mamá y al padrastro del menor luego de que se confirmara que el niño contaba con “traumatismos previos” a su ingreso en estado crítico al hospital.

El arresto se concretó el domingo por la noche, pasadas las 21:30. Mariela Altamirano fue trasladada a la comisaría de Rada Tilly, mientras que el hombre, identificado como Maicol González, fue derivado a una dependencia de la localidad de Mosconi. La beba que ambos comparten fue trasladada a Córdoba, donde reside parte de la familia de la mujer detenida.

De acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local La Opinión Austral, se espera que sean imputados este martes por el delito de homicidio agravado por el vínculo luego de que la autopsia confirmara que Ángel presentaba “traumatismos en la zona craneal” y golpes ocurridos al menos 10 días previos a su muerte.

Ángel fue llevado al Hospital Regional de la ciudad de Comodoro Rivadavia el pasado 5 de abril, cuando se encontraba bajo el cuidado materno. En línea con los primeros datos de la investigación, murió en el centro de salud local dos días después de haber sido internado tras descompensarse en la casa de su madre, donde se encontraba por una decisión judicial para iniciar un proceso de revinculación. El menor ingresó con un paro cardiorrespiratorio.

En ese momento, Altamirano declaró que su hijo se descompensó mientras dormía en su casa y que falleció poco después en el hospital. Sin embargo, la autopsia preliminar confirmó la presencia de lesiones internas en la cabeza del chico, lo que generó sospechas sobre esa versión inicial. Por esto mismo, el fiscal a cargo del caso, Facundo Oribones, espera el informe final de los forenses.

Durante la jornada de hoy, se conocieron detalles que resultaron clave para avanzar en la detención de la pareja. Se trata del documento del Hospital Regional de Comodoro Rivadavia, que refiere que el paciente fue llevado por el servicio de emergencias 107 y detalla que Ángel ingresó al centro médico en un estado crítico. Además de esto, menciona que los paramédicos “refieren que hubo un antecedente de traumatismo previo”.

La historia clínica detalla que el menor presentaba “mal estado general” y “palidez”. Antes de su ingreso, durante el traslado en ambulancia, recibió masajes cardíacos y medicación para estabilizarlo. Al llegar al hospital, llegó inconsciente, sin responder a estímulos y con signos de extrema gravedad. El personal médico realizó maniobras de reanimación, ventilación asistida e intubación de urgencia, según publicó el Diario Crónica de Comodoro Rivadavia.

Por otra parte, hoy se conoció que el padre biológico de Ángel, Luis López, presentó una denuncia penal ampliada que no solo apunta a Altamirano y a su pareja, como responsables directos de un presunto homicidio agravado, sino que también señala una grave corresponsabilidad estatal. Concretamente, la denuncia apunta a jueces, asesores de familia y funcionarios del Servicio de Protección, a quienes acusa de desoír alertas de riesgo y de no intervenir para proteger al niño.

La denuncia señala que la mujer habría utilizado a Ángel como “objeto de disputa y un arma arrojadiza contra el padre y la madre de crianza”, en lugar de actuar por un interés parental genuino. El escrito presentado por el padre sostiene que la muerte del niño “no constituye un episodio aislado ni un desenlace trágico producto del azar”, sino que representa “la consecuencia directa, previsible y evitable de una secuencia de conductas activas y omisivas desplegadas tanto por quienes tenían a su cargo el cuidado directo del menor como por los funcionarios estatales”.

Entre los pasajes destacados, testigos relataron que en un momento de tensión con Maicol, la mujer le gritó: “¡Vos le pegás al mío!”, lo que para la querella tiene valor probatorio y evidencia que la madre conocía las agresiones sufridas por su hijo.

/mexico/2026/04/13/sentencian-a-dos-hombres-que-intentaron-asesinar-a-dos-agentes-de-investigacion-en-guanajuato/

Continúan labores para rescatar a hombre en mina Santa Fe

Diversas instituciones de seguridad se reunieron para dar seguimiento con la labores en la mina Santa Fe, en El Rosario, Sinaloa.

“Las labores avanzan hacia el contra pozo 48-2, consolidando condiciones que permiten seguir progresando en la zona y fortalecer las acciones en sitio”, es parte de lo informado por la Coordinación Nacional de Protección Civil.

/mexico/2026/04/13/continuan-labores-de-busqueda-en-la-mina-santa-fe-de-sinaloa-para-hallar-al-ultimo-minero/

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Cae “El Mayimbú” en Guerrero

Gael “N”, un sujeto apodado El Mayimbu fue detenido por elementos de seguridad debido a su presunta responsabilidad en un homicidio calificado en Chilpancingo.

“De acuerdo con las investigaciones, el 22 de marzo de 2026, el imputado presuntamente agredió con disparos de arma de fuego a la víctima tras una discusión en la colonia Independencia”.

Detienen a menor de edad en Culiacán con droga y moto robada

Agentes de seguridad de Sinaloa arrestaron a un menor de edad debido a que llevaba dosis de presunta droga, así con droga y un arma en Culiacán, Sinaloa. De manera específica, los uniformados hallaron:

• 1 arma corta calibre .380 con un cargador abastecido con 7 cartuchos útiles.
• 9 envoltorios transparentes que contienen vegetal verde seco con características propias de la marihuana, con un peso aproximado de 33 gramos.
• 16 envoltorios con polvo blanco con características de la cocaína, con un peso aproximado de 10 gramos.
• 1 motocicleta Italika, modelo 2025, color verde con negro, sin placas de circulación, con reporte de robo vigente.

Detienen a dos hombres en CDMX con cocaína, metanfetamina y marihuana

Agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) realizaron el arresto de dos hombres en un inmueble de Iztapalapa debido a que les fueron hallados 100 dosis de aparente cocaína, 100 envoltorios de plástico con posible metanfetamina, 107 de presunta marihuana, así como dos armas de fuego.

Aseguran metanfetamina y marihuana en Baja California Sur

Fueron aseguradas 250 dosis de metanfetamina y 150 de marihuana en La Paz.

En un hospital: aseguran a objetivo prioritario ligado a la muerte de tres personas

Un hombre buscado por las autoridades de Baja California fue hallado herido en un hospital de Sonora, cuando los agentes acudieron al lugar comprobaron que el sujeto atendido con con una orden de aprehensión en su contra, se trata de un sujeto identificado como objetivo prioritario.

/mexico/2026/04/12/detienen-en-hospital-de-sonora-a-tito-objetivo-prioritario-buscado-en-baja-california/

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Destruyen 18 vehículos con blindaje artesanal

Un total de 18 vehículos con blindaje artesanal, de los denominados “monstruos”, fueron destruidos en Tamaulipas. Dichas unidades fueron aseguradas entre diciembre de 2025 y febrero de 2026, estaban ligados con 16 carpetas de investigación y eran usados por integrantes de un grupo delictivo.

Detienen a seis sujetos por presunta “narcotiendita”

Las autoridades de Morelos informaron sobre la detención de seis personas aseguradas tras la revisión a un inmueble que funcionaba como una tienda de abarrotes en el municipio de Xoxocotla y en donde, aparentemente, se distribuían estupefacientes.

Como resultado, detuvieron a José Santos “N”, Salvador “N”, Abel “N”, Javier “N”, Ismael “N” y Eduardo “N”, además de que aseguraron dosis de cristal (metanfetamina).

No hay reporte de situaciones de riesgo en Tamaulipas

Tras reportes en redes sociales, la Vocería de Seguridad de Seguridad de Tamaulipas aseguró que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) y de la Guardia Nacional acudieron a tramos carreteros para revisar la situación.

“Ante los reportes difundidos en redes sociales sobre presuntas situaciones de riesgo en carreteras, se precisa que en Tamaulipas al momento no existen reportes oficiales que confirmen hechos que representen un riesgo para la población", destacan las autoridades.

Por llevar droga en maletas

La Fiscalía General de la República (FGR) informó sobre la vinculación a proceso en contra de dos personas por su posible responsabilidad en transporte de marihuana, en el caso de Óscar “N” y transporte de metanfetamina para Diana “N”.

“De manera anónima se reportó que pasajeros de dos autobuses de distintas empresas de transporte viajaban con droga en las maletas“, es parte del informe de la institución.

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Rescatan a niño secuestrado en Baja California: su madre fue detenida

Luego del ataque armado que culminó con el asesinato de un hombre y la sustracción de un menor de 2 años de edad por parte de su madre en un domicilio de Mexicali, Baja California, las autoridades estatales lograron detenerla y recuperar al menor de edad.

De acuerdo con reportes de medios locales, fueron elementos de la Fiscalía General del Estado y de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) quienes lograron detener a la mujer y rescatar al niño.

Procesan a sujeto que asesinó a su vecina de la tercera edad en Oaxaca

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca obtuvo la vinculación a proceso y prisión preventiva para M.A.A.G., quien es acusado de feminicidio agravado tras el asesinato de una mujer de 68 años en la localidad de Miramar, Candelaria Loxicha.

Las investigaciones señalan que los hechos ocurrieron el pasado 26 de febrero, cuando la víctima, identificada como M.D.J.L.C., caminaba con un menor cuando fue interceptada por su vecino, quien portaba un machete y la atacó después de amenazarla de muerte.

El sujeto, con un machete, comenzó a seguirla y amenazarla de muerte, por lo que tras darle alcance comenzó a agredirla. La mujer logró advertir al niño para que escapara, mientras ella fue lesionada con el arma hasta sufrir lesiones que le provocaron la muerte.

Con los datos de prueba recabados bajo protocolos especializados en perspectiva de género, la Unidad de Género de la Vicefiscalía Regional de la Costa consiguió que un Juez de Control emitiera orden de aprehensión, la cual fue ejecutada por la Agencia Estatal de Investigaciones.

El Juez, tras valorar las pruebas presentadas, determinó la vinculación a proceso y dictó prisión preventiva justificada al imputado, además de fijar un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Rescatan a tres personas que eran víctimas de trata en Quintana Roo

La Fiscalía General del Estado informó el rescate de tres personas, entre ellas dos adolescentes, originarias de Michoacán, Guerrero y Jalisco, durante cuatro cateos realizados en Tulum.

Las víctimas eran obligadas a distribuir drogas en bares y restaurantes de la zona costera, bajo amenazas y constantes vigilancias por parte de un grupo delictivo.

En uno de los cateos, las autoridades detuvieron a David “N”, alias “Rambo”, señalado como probable responsable del delito de trata de personas en la modalidad de utilización en actividades delictivas.

Según las primeras indagatorias, el detenido habría reclutado, trasladado y alojado a las víctimas, proporcionándoles vestimenta negra para identificarlas como parte de la célula criminal.

Los operativos, realizados en colaboración con la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional, permitieron asegurar diversas drogas, cartuchos útiles y teléfonos celulares en los inmuebles intervenidos. Tras las acciones, la Fiscalía colocó sellos de aseguramiento y puso tanto los indicios como al detenido a disposición de la autoridad correspondiente.

Las víctimas fueron trasladadas a la Fiscalía General del Estado para rendir su declaración y quedaron bajo resguardo oficial. Las investigaciones continúan para determinar la situación jurídica del detenido y la posible responsabilidad de otros integrantes del grupo delictivo.

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Emiten Alerta Amber para localizar a menor de edad sustraído durante ataque armado en Baja California

Luego de que se registró una agresión a balazos en un domicilio de la colonia Hidalgo en Mexicali, Baja California, registrada el pasado viernes 10 de abril, la Fiscalía General del Estado emitió una Alerta Amber para localizar a un menor de 2 años de edad que fue sustraído durante el hecho.

Un video captó el momento en el que una discusión familiar se convirtió en un ataque armado que dejó como saldo un hombre muerto. Durante la agresión, una mujer se llevó al niño, identificado como Daniel Eduardo García, de nacionalidad estadounidense.

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En abril de 1963, el reverendo Martin Luther King Jr. y la Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur tomaron la determinación de llevar su campaña de acción directa a Birmingham, Alabama.

El objetivo era apuntar al corazón de la segregación racial. Birmingham era, según el propio King, la ciudad con mayor segregación de Estados Unidos. Arrastraba un historial tan nefasto de atentados sin resolver contra iglesias y viviendas de la población negra que se había ganado el triste apodo de “Bombingham”. La brutalidad policial y el trato injusto en los tribunales locales eran un secreto a voces a nivel nacional.

Frente a esa coyuntura, la filial local invitó a King —presidente de la sede central en Atlanta que nucleaba 85 filiales sureñas— a mantenerse alerta para involucrarse en un programa de protesta pacífica si resultaba necesario. King aceptó de inmediato. El plan contemplaba cuatro pasos: recopilar hechos para comprobar las injusticias, negociar, hacer un proceso de purificación personal y lanzar la acción directa.

En Birmingham, las etapas previas ya se habían agotado. Los dirigentes negros intentaron dialogar con las autoridades políticas, pero estas se negaron a entablar una negociación de buena fe. En septiembre del año anterior, hubo una oportunidad de conversar con el sector comercial. Allí los comerciantes asumieron compromisos concretos, como la promesa de retirar los humillantes carteles de segregación de los locales. Confiados en el acuerdo, el reverendo Fred Shuttlesworth y los líderes del Movimiento Cristiano de Alabama por los Derechos Humanos aceptaron frenar toda manifestación. Con el correr de los meses, la comunidad comprobó que fueron víctimas de una mentira: los carteles nunca se retiraron.

Ante ese panorama de esperanzas rotas, la única salida fue preparar la acción directa, utilizando sus propios cuerpos para interpelar a la comunidad. Primero pasaron por el entrenamiento personal, organizando talleres donde se preguntaban si serían capaces de aguantar los golpes sin devolverlos y soportar las penurias de un calabozo.

El arresto de King estuvo marcado por una decisión táctica delicada. Días antes de la detención, el comisionado de policía segregacionista “Bull” Connor y el jefe policial Jamie Moore lograron que un tribunal estatal dictara una medida cautelar prohibiendo las manifestaciones masivas.

La historia reciente pesaba enormemente. Meses atrás, en Albany, Georgia, la organización había acatado una orden judicial calcada para priorizar la vía institucional. Apelaron la restricción en los tribunales, pero mientras el engorroso trámite avanzaba, el impulso logrado en las calles se esfumó por completo. Decididos a no tropezar con la misma piedra en Birmingham, sabían qué hacer. Los abogados le plantearon a King que la orden del magistrado local violaba la Primera Enmienda y que ganarían una apelación. El problema era el tiempo que demandaría el trámite judicial. La celebración de la Pascua estaba encima, con el peso del Viernes Santo y el Domingo de Resurrección marcando la agenda, la gente ya estaba lista para marchar. Frenar la movilización implicaba desinflar los ánimos y perder todo el envión conseguido.

Al mismo tiempo, los asesores alertaron sobre los riesgos: si no apelaban formalmente la orden, perdían el derecho a cuestionar su legalidad a futuro. Podían ser acusados del delito de desacato al tribunal, aun cuando el fallo original estuviera viciado. King hizo oídos sordos a la prohibición y anunció que iba a seguir adelante.

El 12 de abril de 1963, lideró una movilización de unos mil ciudadanos negros hacia el distrito comercial. En un escenario donde la policía reprimió a la multitud empleando mangueras de bomberos y perros de ataque, el reverendo fue detenido. Las autoridades lo acusaron de violar la ley estatal contra las marchas masivas, arrojándolo a la cárcel de Birmingham junto al reverendo Ralph D. Abernathy.

King permaneció recluido alrededor de una semana hasta que recuperó la libertad bajo fianza. Como dato histórico que complementa este arresto, el episodio no se cerró en aquel momento. En 1967, la Corte Suprema de los Estados Unidos dictó un fallo adverso en contra de King en la causa Walker contra la Ciudad de Birmingham. El máximo tribunal determinó que, al incumplir la orden sin apelar, la condena impuesta originalmente por desacato era firme. Esa resolución lo forzó a purgar cinco días adicionales en las celdas de Birmingham en 1967.

Retomando abril de 1963, aquellos apremiantes días de encierro inicial engendraron un documento clave. El mismo día de la captura, ocho clérigos blancos publicaron una carta abierta tildando sus actividades organizativas de “imprudentes e inoportunas”. Exigían que los reclamos se tramitaran en silencio en los pasillos judiciales y no agitando las calles. Acusaron a King de ser un agitador externo que se entrometía en conflictos locales.

El 16 de abril de 1963, desde su celda, King respondió escribiendo la conocida “Carta desde la cárcel de Birmingham”. En sus páginas desarticuló las acusaciones demostrando que había sido invitado de manera formal a la ciudad. Argumentó firmemente que cualquier injusticia perpetrada en cualquier lugar del mundo lo empujaba ineludiblemente a tener que actuar. El escrito justificaba el deber cívico de acatar las leyes justas, imponiendo la obligación moral de desobedecer de lleno aquellas normas injustas. Recordó que las aberraciones perpetradas por Adolf Hitler estaban enmarcadas en la legalidad de la época, y que las normativas previas a la Guerra Civil resguardaban la captura de esclavos prófugos.

También se ocupó de aclarar por qué elegía la calle. King coincidió de buena gana en el valor del diálogo, pero les retrucó que la protesta no violenta busca pura y exclusivamente provocar una severa crisis y sembrar tensión creativa en el ambiente para obligar a negociar a una comunidad política que siempre les cerró las puertas.

El texto no sólo apuntó a los sectores racistas más violentos, sino que transparentó una enorme decepción con la dirigencia blanca considerada de corte moderado, a la cual acusó de mirar para un costado frente a los atropellos. El activista relató cómo, en medio de injusticias brutales infligidas a su comunidad, tuvo que presenciar cómo las iglesias blancas se mantenían al margen, limitándose a repetir irrelevancias piadosas. El reverendo cuestionó a las congregaciones que se refugiaban en una religión orientada hacia cuestiones del “otro mundo”, trazando una distinción absurda entre el cuerpo y el alma, y separando de forma tajante lo sagrado de lo secular. Advirtió que, si las frustraciones acumuladas por la población negra no encontraban un pronto escape mediante vías pacíficas, terminarían decantando irremediablemente en un estallido de violencia.

Para entender el fenomenal peso del documento redactado en medio de aquel áspero confinamiento, resulta un ejercicio fundamental revisar textualmente los párrafos que el líder plasmó. Respecto a los consejos que lo instaban a guardar paciencia, King escribió con total franqueza:

“Sabemos por dolorosa experiencia que el opresor nunca concede voluntariamente la libertad; tiene que ser exigida por los oprimidos. Francamente, todavía no he participado en una campaña de acción directa que fuera ‘oportuna’ según el calendario de quienes no han sufrido indebidamente la enfermedad de la segregación. Desde hace años vengo escuchando la palabra ‘¡Esperen!’. Suena en los oídos de cada negro con una familiaridad penetrante. Este ‘esperar’ casi siempre ha significado ‘nunca’. Ha sido un sedante que alivia el estrés emocional por un momento, solo para dar a luz a un bebé deforme de frustración. Debemos llegar a ver, con el distinguido jurista de ayer, que ‘una justicia demasiado demorada es una justicia denegada’. Hemos esperado más de 340 años por nuestros derechos constitucionales y otorgados por Dios”, dijo King Jr.

Al ahondar en los motivos concretos por los cuales la paciencia se había agotado, King trazó una radiografía demoledora sobre la cruda cotidianidad que soportaba su gente:

“Supongo que es fácil para aquellos que nunca han sentido los dardos punzantes de la segregación decir que esperen. Pero cuando has visto a turbas despiadadas linchar a tus madres y padres a voluntad, y ahogar a tus hermanas y hermanos por capricho; cuando has visto a policías llenos de odio maldecir, patear, brutalizar e incluso matar a tus hermanos y hermanas negros con impunidad; cuando ves a la gran mayoría de tus 20 millones de hermanos negros asfixiándose en una jaula hermética de pobreza en medio de una sociedad opulenta; cuando de repente te encuentras con la lengua trabada y el habla tartamudeando mientras intentas explicarle a tu hija de seis años por qué no puede ir al parque de diversiones público que acaba de anunciarse en la televisión, y ves las lágrimas brotar de sus ojitos al decirle que Funtown está cerrado para los chicos de color, y ves las deprimentes nubes de inferioridad empezar a formarse en su pequeño cielo mental [...] cuando tenés que inventar una respuesta para un hijo de cinco años que pregunta con un patetismo angustiante: ‘Papá, ¿por qué los blancos tratan tan mal a las personas de color?’; cuando hacés un viaje por el país y te ves en la necesidad de dormir noche tras noche en los rincones incómodos de tu auto porque ningún motel te acepta; cuando sos humillado día tras día por los molestos carteles que dicen ‘blancos’ y ‘de color’; cuando tu primer nombre se convierte en negro y tu segundo nombre en pibe sin importar la edad que tengas, y tu apellido se convierte en ‘John’, y cuando a tu esposa y a tu madre nunca se les da el respetado título de Señora; cuando te ves acosado de día y perseguido de noche por el hecho de ser negro, viviendo constantemente en puntas de pie, sin saber nunca qué esperar a continuación, y plagado de temores internos y resentimientos externos; cuando estás siempre luchando contra un sentido degenerativo de ser un don nadie, entonces entenderán por qué nos resulta difícil esperar", explicó King Jr.

La carta redactada tras las rejas incluyó en sus líneas un diagnóstico sumamente incisivo sobre qué actor frenaba realmente la instauración de la igualdad:

“Debo confesar que en los últimos años me ha decepcionado profundamente el moderado blanco. Casi he llegado a la lamentable conclusión de que el gran escollo del negro en su camino hacia la libertad no es el Consejero Ciudadano Blanco o el miembro del Ku Klux Klan, sino el moderado blanco que está más devoto al ‘orden’ que a la justicia; que prefiere una paz negativa que es la ausencia de tensión, a una paz positiva que es la presencia de justicia; que dice constantemente: ‘Estoy de acuerdo con vos en el objetivo que buscás, pero no puedo estar de acuerdo con tus métodos de acción directa’; que siente paternalistamente que puede fijar el calendario para la libertad de otro hombre; que vive de acuerdo con el mito del tiempo y que asesora constantemente al negro a esperar una temporada más conveniente”, señaló el luchador por los derechos de los negros.

Esa carta, testimonio de época, fue escrita en una celda hace 63 años.

Elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de José Luis “N”, por su probable responsabilidad en el delito de robo con violencia en el transporte público, hechos ocurridos en el municipio de Tlalnepantla.

De acuerdo con las investigaciones realizadas por el Ministerio Público, los hechos se registraron el pasado 1 de marzo, cuando varias personas viajaban a bordo de una unidad de transporte público en esta demarcación.

En ese momento, el ahora detenido y dos sujetos más, quienes también se encontraban como pasajeros, habrían iniciado un asalto.

Las indagatorias señalan que José Luis “N” y sus acompañantes sacaron armas de fuego para amenazar a los usuarios y obligarlos a entregar sus pertenencias. La situación generó momentos de tensión y pánico al interior del vehículo.

Cómplice hiere a detenido

Durante el atraco, uno de los pasajeros intentó resistirse y forcejeó con José Luis “N”, lo que provocó que uno de los cómplices realizara varias detonaciones con arma de fuego con la intención de lesionar a la víctima.

Sin embargo, de manera accidental, el disparo terminó hiriendo al propio José Luis “N”, lo que complicó el intento de robo y desató aún más el caos dentro de la unidad.

Pasajeros golpean al agresor

Tras la confusión generada por las detonaciones, los presuntos delincuentes intentaron huir del lugar. No obstante, debido a la herida que presentaba, José Luis “N” no logró escapar junto con sus cómplices.

Los pasajeros aprovecharon la situación para someterlo y golpearlo, evitando que pudiera darse a la fuga. Mientras tanto, el conductor del transporte público continuó su marcha hasta encontrar a elementos de la policía municipal, a quienes solicitó apoyo inmediato.

Los uniformados intervinieron y realizaron la detención del individuo, quien fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes.

Fiscalía inicia proceso legal

Una vez que el Agente del Ministerio Público tuvo conocimiento de los hechos, inició la carpeta de investigación correspondiente y determinó la probable responsabilidad del detenido en el delito de robo con violencia en transporte público.

Posteriormente, se cumplimentó la orden de aprehensión en su contra y fue ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, donde quedó a disposición de un Órgano Judicial.

Será la autoridad judicial quien determine su situación jurídica en los próximos días, conforme avance el proceso legal.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México reiteró que, conforme a la ley, José Luis “N” debe ser considerado inocente hasta que se dicte una sentencia condenatoria en su contra.

Este caso refleja la problemática persistente de robos en el transporte público en Tlalnepantla, donde Infobae México tiene registro de dos asaltos en la zona conocida como Puente de Vigas y la colonia el Mirador, sin que hasta el momento haya personas detenidas, ya que no hay denuncias de los pasajeros.

Mientras el alcalde Raciel Pérez Cruz presume la baja de la incidencia delictiva, la falta de patrullajes y operativos en el municipio reflejan los altos índices de la percepción de inseguridad en la ciudadanía de la “Tierra de Enmedio”.

Panamá ha transmitido a las autoridades diplomáticas de China su preocupación por los casos de detenciones de buques con bandera panameña en puertos de ese país, afirmó el presidente José Raúl Mulino.

“Espero y tengo la confianza de que el escalamiento de este tipo de acciones vaya en disminución y en positivo. A nosotros no nos interesa tener un problema con China, pero tampoco vamos a permitir que estas cosas sigan ‘ad infinitum’, porque más que el nombre de Panamá, está en juego la carga mundial que, obviamente, sale de China en grandes proporciones hacia el resto del mundo, y que en alguna medida perjudica también la carga china”, dijo el mandatario.

Durante un recorrido por el puerto de Balboa, que en estos momentos opera bajo una concesión temporal de 18 meses otorgada a la naviera Maersk, mientras se licita una concesión definitiva, Mulino se reunió con miembros de su directiva.

Posteriormente, recorrió el patio de contenedores y la zona de carga y descarga y tuvo un breve encuentro con un grupo de trabajadores, a los que felicitó por su dedicación, informa una nota de prensa oficial.

Cabe destacar que la concesión temporal del puerto de Balboa se tomó luego de que un fallo de la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional la concesión dada a la filial local de CK Hutchison Panamá Ports Company (PPC), lo que provocó la reacción de China.

Tras felicitar a un grupo de trabajadores portuarios, manifestó que esta “es una demostración de que cuando se trabaja y planifica, las cosas acontecen para bien. Hoy los puertos están funcionando, gracias al esfuerzo de los trabajadores panameños”.

Aseguró que “esto ha demostrado al mundo entero que los panameños podemos hacer las cosas en grande y bien. El 100% del personal que está trabajando aquí es panameño”.

En este sentido, reiteró que se preparan dos nuevas concesiones para los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, cuyos términos serán en beneficio y defensa de los intereses nacionales, para que dejen mejores dividendos que le permitan al país construir escuelas, hospitales y carreteras, y aporten al sostenimiento de programas sociales.

También reveló que se está elaborando un pliego para la nueva concesión del puerto de Margarita.

Cuestionado sobre la reciente explosión de tres tanques cisterna de combustible bajo el Puente de las Américas, indicó que este accidente pone de manifiesto la importancia de proteger la interconectividad del país.

Acotó que la investigación de este hecho está en manos de la Procuraduría General de la Nación, y los temas administrativos asociados al accidente están siendo investigados por la Autoridad Marítima de Panamá (AMP).

El paso por el Puente de las Américas está limitado a vehículos particulares y autobuses pequeños, mientras se mantienen las evaluaciones a cargo de técnicos del Ministerio de Obras Públicas (MOP), el Cuerpo de Bomberos, el SINAPROC, la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre, la Universidad Tecnológica de Panamá y la Autoridad del Canal de Panamá.

Luego de ser sometido a mediciones topográficas, ensayos estructurales y análisis técnicos por parte del Ministerio de Obras Públicas, el Puente de las Américas será inspeccionado por ingenieros de la Armada de Estados Unidos (U.S. Army).

Construido por Estados Unidos, el Puente de las Américas fue inaugurado el 12 de octubre de 1962, tiene una longitud de 1,654 metros y una altura de 61 metros sobre el nivel del agua, y en su momento fue uno de los puentes colgantes más largos del mundo.

Autoridades de Estados Unidos sentenciaron a un ciudadano mexicano a 48 meses de prisión, luego de que intentó ingresar más de 18 kilogramos de cocaína, valuados en 1.4 millones de dólares, a través del puente internacional McAllen-Hidalgo.

El caso, presentado por el Departamento de Justicia del distrito Sur de Texas, destacó la vigilancia fronteriza y el combate al tráfico internacional de drogas desde Estados Unidos.

El sentenciado, identificado como Roberto Ferral Sánchez, de 24 años, enfrentó cargos por posesión de cocaína con la intención de distribuirla.

La investigación, encabezada por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas - Investigaciones de Seguridad Nacional, determinó que Sánchez no operaba como miembro de bajo nivel dentro de la estructura criminal, dada la cantidad y el valor de la droga asegurada.

Detención y hallazgo en el cruce fronterizo

Según los reportes oficiales, el pasado 14 de septiembre de 2025, Roberto Ferral llegó al cruce fronterizo principal del puente internacional McAllen-Hidalgo conduciendo un automóvil tipo sedán de la marca Chevrolet, modelo Cruze.

A su llegada, los agentes fronterizos detectaron irregularidades en los paneles laterales inferiores del vehículo durante una inspección secundaria, por lo que realizaron una revisión más exhaustiva.

Los agentes fronterizos retiraron el panel trasero del automóvil y localizaron dos compartimentos ocultos, según autoridades, instalados de manera posterior al armado del vehículo.

En el interior encontraron 16 paquetes sellados y marcados, que tras su análisis resultaron positivos a cocaína.

El peso total de la droga fue de 18.7 kilogramos. De acuerdo con las autoridades estadounidenses, esta cantidad de cocaína representa un cargamento de alto impacto para el mercado ilegal de estupefacientes en la región. El valor estimado en el mercado negro ascendió a 1.4 millones de dólares.

Durante la audiencia de sentencia, el tribunal determinó que el tráfico de narcóticos a través de la frontera constituye una función crítica y arriesgada dentro de la operación de las organizaciones criminales.

El reporte de las autoridades estadounidenses señalan que el juez federal de distrito Drew B. Tipton rechazó considerar al acusado como un miembro menor, dada la magnitud del aseguramiento.

Proceso judicial y consecuencias migratorias

Roberto Ferral Sánchez se declaró culpable el 25 de noviembre de 2025 por el delito de posesión de cocaína con intención de distribución.

El juez Drew B. Tipton le impuso una sentencia de 48 meses en prisión federal. Tras cumplir su condena, Ferral Sánchez enfrentará un proceso de deportación, al no contar con ciudadanía estadounidense.

El caso fue llevado por el fiscal adjunto José A. García y se mantuvo bajo la supervisión del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

Ferral Sánchez permaneció bajo custodia a la espera de su traslado a un centro penitenciario federal, cuya ubicación se definirá próximamente.

El Departamento de Justicia destacó que la cooperación entre agencias federales es clave para frenar el trasiego de droga hacia el territorio estadounidense.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua informaron la detención de Cristina Isabel N y Martín De Jesús N, señalados por su presunta participación en un fraude agravado que afectó a decenas de personas adultas mayores en la capital del estado.

El operativo se realizó este viernes 3 de marzo, cuando agentes ministeriales cumplimentaron una orden de aprehensión bajo la causa penal 908/2026, tras una investigación que involucra a la empresa Consultoría Legal y más de 80 denuncias por engaños relacionados con supuestos trámites ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la investigación judicial se centra en un esquema donde adultos mayores entregaron sumas de dinero con la expectativa de incrementar el monto de sus pensiones.

El monto total del fraude asciende, según los datos oficiales, a un millón 340 mil pesos. Hasta el momento, 22 víctimas han ratificado su denuncia, lo que representa un detrimento económico de 426 mil 650 pesos solo en estos casos iniciales.

Conctactaron a víctimas por redes sociales

Las denuncias apuntan a que, desde octubre de 2025, personas adultas mayores comenzaron a recibir mensajes a través de Facebook y recomendaciones personales, en los que se promocionaban servicios de la empresa Consultoría Legal con la promesa de gestionar aumentos en las pensiones o jubilaciones del IMSS.

Las víctimas acudieron a una oficina ubicada sobre la avenida Zarco, en la colonia Salud, donde fueron atendidas por supuestos asesores que explicaban el trámite y solicitaban pagos de hasta 9 mil 200 pesos, pagaderos en partes o en efectivo y, en ocasiones, mediante transferencia bancaria.

La investigación ministerial refiere que los defraudadores elaboraron un montaje en el que simulaban llamadas con un supuesto delegado del IMSS, con el objetivo de generar confianza en las víctimas y hacerles creer que el trámite era legítimo.

Posteriormente, se les exigía otro pago adicional bajo el argumento de que era necesario para “liberar una cuenta”, siempre con el ofrecimiento de un retroactivo que nunca se entregó.

Asesores ‘desaparecieron’

Con el paso de las semanas, las personas afectadas notaron la falta de resultados y acudieron nuevamente a las oficinas de la empresa, donde ya no encontraron a los supuestos asesores. La primera denuncia formal se registró el 25 de febrero, fecha en la que elementos de la Policía de Investigación acudieron al local comercial, sin hallar rastros de los responsables.

La coordinadora de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Patrimoniales de la Fiscalía Zona Centro, Miriam Tarango García, explicó que la carpeta de investigación continúa abierta y que actualmente se rastrean las cuentas bancarias donde se depositaron los recursos, con la finalidad de identificar y localizar a otros posibles involucrados en el fraude, según recogió la dependencia estatal.

Hasta el momento, la causa penal integra las denuncias de 22 personas, aunque la investigación abarca un universo de 82 querellas relacionadas con el mismo esquema delictivo. La autoridad ministerial reiteró el llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber resultado afectada por este tipo de engaño, acuda a presentar su denuncia ante la Fiscalía. Según explicó Tarango García, el objetivo es “recuperar el patrimonio de las víctimas y llevar ante los tribunales a los responsables”.

La Fiscalía General del Estado de Chihuahua subrayó que la investigación permanece en curso y que no se descarta la participación de más personas en la red de fraude. El IMSS no ha emitido hasta ahora un pronunciamiento público, mientras el caso sigue su curso ante los tribunales locales.

Tres policías detenidos en la CDMX por un robo millonario

Tres agentes de tránsito fueron detenidos por su presunta responsabilidad en el robo de alrededor de 3 millones de pesos a un hombre que viajaba del Estado de México a la capital del país.

Los primeros informes indican que los implicados habrían solicitado iniciar una revisión, tras lo cual extrajeron el numerario y celulares de alta gama.

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Desaparece operador de dron en Sinaloa

Un ingeniero dedicado a operar un dron para el medio N+, identificado como Juan Díaz, desapareció en Sinaloa.

El dron que usaba en inmediaciones de la mina Santa Fe cayó, por lo que el hombre se movilizó para tratar de ubicarlo, sin embargo, no ha vuelto.

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Un hombre trató de robarse una figura religiosa en Edomex durante el Jueves Santo

Jaziel Alejandro “N” fue retenido por habitantes de la zona hasta que llegaron agentes de seguridad a la colonia El Chamizal de Ecatepec.

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Aseguran invernadero con plantas de marihuana en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó sobre el aseguramiento de un inmueble habilitado como invernadero de plantas de marihuana en el municipio de Magdalena de Kino.

Los elementos de seguridad hallaron:

• 221 plantas con características propias de la marihuana
• Seis bolsas de plástico conteniendo hierba verde y seca
• 19 lámparas con sistema de regulación y temporizador para cultivo indoor
• Diversos insumos agrícolas, entre ellos tres bidones y un galón de fertilizante

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Refuerzan zonas de inestabilidad estructural detectadas en mina de El Rosario, Sinaloa, donde permanecen tres trabajadores atrapados

La estrategia de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, ha centrado sus esfuerzos en reforzar la seguridad estructural interna, tras detectarse inestabilidad en un tapón natural de rezaga y lodo.

El Puesto de Mando Unificado informó que la prioridad actual es consolidar el yacimiento para garantizar la integridad de los equipos de rescate y avanzar hacia la localización de los tres mineros atrapados.

La edificación de un tapón definitivo de concreto, con cinco metros de dimensión y anclado al terreno, fue recomendada por especialistas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Este elemento, diseñado para soportar la carga hidráulica total de la zona, lleva un avance del 50 %. El proceso se divide en cinco etapas técnicas: la limpieza ya fue completada, mientras que el anclaje, armado, cimbrado e inyección de concreto continúan bajo la vigilancia de expertos.

A modo de respuesta directa: En la mina Santa Fe, las labores de rescate se enfocan ahora en edificar una estructura de concreto que estabilice la zona afectada por un tapón natural, mientras se avanza en la remoción de materiales y canalización de aguas subterráneas. La operación busca proteger la vida de los rescatistas y facilitar el acceso hasta donde se encuentran los mineros.

El retiro de jales ha alcanzado un total de 129 metros, con un progreso de 30 metros solo en la última jornada. El material extraído se almacena dentro de la mina en puntos estratégicos, una medida que evita traslados innecesarios a la superficie y agiliza las maniobras diarias.

Simultáneamente, se perfora un barreno de exploración para analizar las condiciones del frente de trabajo y se canalizan aguas subterráneas hacia el sector norte, sumando esfuerzos con el bombeo exterior mediante nuevas líneas de energía.

Operativos en Nayarit permiten el aseguramiento de armamento, explosivos y plantíos ilícitos

Un operativo de seguridad coordinado por autoridades federales, estatales y municipales en Nayarit permitió el aseguramiento de diversos objetos ilícitos y la localización de plantíos de marihuana y amapola.

Entre los hallazgos destacados, se realizó el aseguramiento de armas largas, cargadores, cartuchos y equipo táctico en el municipio de Huajicori, sin que se reportaran personas lesionadas durante el despliegue. Además, personal especializado localizó y desactivó un artefacto explosivo improvisado en esa misma zona.

En paralelo, las autoridades reportaron la destrucción de plantíos ilícitos en zonas serranas, que ocupaban una superficie superior a los 7 mil 800 metros cuadrados. El operativo incluyó presencia permanente en carreteras, aeropuertos y puntos considerados estratégicos en la entidad.

Durante los últimos días, los cuerpos de seguridad han intensificado la vigilancia preventiva y las acciones de inteligencia en municipios considerados prioritarios. El objetivo principal es anticipar cualquier posible movilización que pueda alterar el orden público o la estabilidad.

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Aseguran casi dos toneladas de cocaína en Sonora

Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, informó que elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano ubicaron un tractocamión en el municipio de San Luis Río Colorado que transportaba casi dos toneladas de cocaína.

El aseguramiento se llevó a cabo en el marco del programa Frontera Segura, en la que también se detuvo a dos personas.

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Clausuran mina de oro en Sonora

Un área destinada a la extracción de oro y al lavado de materiales en La Labor, municipio de Baviácora, fue clausurada como resultado de una inspección ambiental realizada el 23 de marzo de 2026.

En el operativo participaron la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA), la Policía Estatal de Seguridad Pública y el Ministerio Público, quienes verificaron más de 30 mil hectáreas.

Durante la diligencia, se notificó la orden de inspección a representantes de la comunidad de Mazocahui y al arrendador del predio, localizando indicios de represamiento de agua, áreas de lavado y el uso de maquinaria pesada, lo que evidenció alteraciones al entorno natural.

Como consecuencia, PROFEPA procedió a clausurar tanto el área de extracción como la de lavado, levantando el acta de inspección conforme a la legislación ambiental.

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Aseguran arsenal abandonado en Sinaloa

Elementos del Ejército Mexicano localizaron dos camionetas abandonadas en los municipios de Navolato y Badiraguato, Sinaloa, donde realizaron el decomiso de un arsenal entre los que se encontraban dos ametralladoras, un fusil Barrett y un aditamento lanzagranadas.

Los objetos asegurados en Navolato fueron 12 armas largas y una camioneta, así como lo siguiente:

• 2 ametralladoras (una calibre .50 y una calibre 7.62 x 51 mm)
• 10 armas largas, incluyendo un fusil Barrett calibre .50
• Un aditamento lanzagranadas para fusil calibre 40 mm
• 7 cargadores de diversos calibres
• 7 mil 530 cartuchos
• Una camioneta asegurada

En Badiraguato fueron decomisadas 2 armas largas, 14 cargadores, 544 cartuchos, 2 chalecos balísticos, 1 vehículo con reporte de robo.

Los objetos fueron localizados durante tareas de reconocimiento terrestre en las inmediaciones del poblado Tameapa, donde elementos del Ejército Mexicano ubicaron una camioneta abandonada que tenía en su interior el armamento.

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Ejército Mexicano asegura dos tractocamiones y autotanques con casi 130 mil litros de huachicol

Elementos de la Guardia Nacional (GN) y el Ejército Mexicano detuvieron a dos personas durante una inspección vehicular en el Puesto Militar de Seguridad del municipio de Jaumave, Tamaulipas, el cual logró el aseguramiento de 129 mil litros de hidrocarburo ilegal.

En la acción, los agentes aseguraron dos tractocamiones con cuatro autotanques luego de que los conductores no pudieron acreditar la posesión legal del combustible, por lo que tanto los detenidos como los vehículos quedaron a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes.

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Fallece policía de Puebla en choque: su unidad se calcinó

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla murió en un choque cuando circulaba sobre la autopista México-Puebla, a la altura de San Jerónimo Caleras y la zona de La María, durante patrullajes de vigilancia.

El vehículo del uniformado se incendió tras el accidente y quedó calcinado en la zona. La SSP estatal informó que el elemento fue identificado como Valentín Gerardo Martínez.

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Según los datos recabados por la Guardia Civil, las sospechas de la empresa distribuidora comenzaron tras detectar la falta de cientos de ejemplares en sus inventarios durante los últimos cinco años. La organización criminal actuaba con supuesta coordinación: mientras uno de los implicados, empleado de la propia distribuidora, sustraía los libros de forma sistemática, otros dos presuntamente se encargaban de comercializarlos a través de la plataforma digital Wallapop.

Tal como publicó el medio, la investigación se inició a raíz de la denuncia que la distribuidora de libros presentó después de registrar pérdidas constantes de ejemplares. Las indagaciones de la Guardia Civil revelaron que este proceso ilícito venía prolongándose durante un lustro, hasta que logró confirmarse la presunta implicación del grupo formado por los tres arrestados.

El pasado 11 de marzo, la operación policial finalizó con la detención de los sospechosos en Madrid. Según informó la Guardia Civil, se les acusa de un supuesto delito continuado de hurto y de pertenencia a grupo criminal, cargos que implican no solo la sustracción reiterada de bienes de la empresa, sino también la organización estructurada y prolongada en el tiempo para lograr estos fines.

De acuerdo con la información revelada por las autoridades y reproducida por el medio, uno de los detenidos trabajaba en la distribuidora afectada, lo que le permitió tener acceso directo a los libros. El método consistía en retirar ejemplares del catálogo sin levantar sospechas, aprovechando su posición de confianza dentro de la compañía. Los otros dos implicados tenían el rol de vender los libros robados aprovechando el alcance y anonimato relativo que ofrece Wallapop a sus usuarios.

Se estima que el beneficio económico obtenido por el grupo habría superado los 400.000 euros a lo largo de los cinco años que duró la actividad ilícita. El modus operandi permitía que los ejemplares sustraídos se introdujeran en el circuito de segunda mano de forma disimulada, dificultando su trazabilidad y la detección del delito durante un largo periodo de tiempo, según detalló la Guardia Civil.

La distribuidora perjudicada detectó irregularidades tras observar la aparición de sus libros en venta en plataformas digitales, situación que, con el paso del tiempo y la reiteración, motivó la denuncia que desencadenó la investigación policial. A través del rastreo de anuncios y transacciones en Wallapop, los agentes consiguieron identificar a las personas detrás de estas operaciones, así como establecer el vínculo entre el empleado y los vendedores externos.

El resultado de la operación policial resaltó la complejidad y la persistencia del grupo para evitar ser descubiertos. Los investigadores reunieron pruebas de la colaboración entre los tres sospechosos, lo que llevó a considerar sus acciones como parte de un delito continuado y organizado, más allá de sustracciones aisladas, según consignó el medio.

Las diligencias se comunicaron a la autoridad judicial competente, que continuará el proceso para determinar la responsabilidad penal de los implicados. El caso pone en evidencia tanto la vulnerabilidad interna de empresas ante delitos cometidos por empleados como el uso de plataformas digitales para dar salida a productos sustraídos de manera ilícita.

La Guardia Civil señaló que la recuperación del dinero obtenido y de los ejemplares vendidos de manera irregular formará parte de la siguiente fase del procedimiento judicial y policial. Mientras tanto, la distribuidora afectada se encuentra colaborando con las autoridades para esclarecer la totalidad de los ejemplares sustraídos y la magnitud de las pérdidas sufridas, informó el medio.

Dos sujetos circulaban armados en una motocicleta por Navolato cuando agentes del Grupo de Operaciones Especiales Sinaloa (GOES) de la Policía Estatal iniciaron una persecución. Uno de los ocupantes logró huir, mientras que el otro fue detenido tras intentar ocultarse en una vivienda, donde también fue arrestada una segunda persona.

Según el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP), los hechos ocurrieron en la sindicatura de Villa Juárez.

El despliegue permitió asegurar un arsenal compuesto por una ametralladora calibre .50, armas largas, municiones, cargadores y chalecos portacargadores.

Los detenidos junto con el material decomisado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

Persecución y aseguramiento de armamento

De acuerdo con la SSP, la persecución se originó cuando elementos del GOES detectaron a dos individuos a bordo de una motocicleta en las inmediaciones de la sindicatura de Villa Juárez, municipio de Navolato.

Los sujetos, quienes portaban objetos con apariencia de armas de fuego, adoptaron una conducta evasiva cuando notaron el convoy de las autoridades.

Ante la actitud sospechosa, los agentes les dieron seguimiento. Los ocupantes de la motocicleta aceleraron y trataron de evadir el operativo. Al llegar frente a una vivienda, uno de los hombres descendió de la moto y corrió hacia el interior del domicilio con la intención de refugiarse, mientras que el otro huyó en la motocicleta.

El personal policial ingresó al inmueble y logró asegurar a un segundo individuo que se encontraba en el lugar.

Durante la inspección en el domicilio, las autoridades aseguraron los siguientes indicios delictivos:

• 1 fusil tipo AK-47, calibre 7.62x39 mm
• 1 fusil tipo X15, calibre 5.56x45 mm
• 1 ametralladora M2-SLR, calibre .50
• 5 cargadores calibre 5.56x45 mm
• 5 cargadores calibre 7.62x39 mm
• 150 cartuchos calibre 5.56x45 mm
• 150 cartuchos calibre 7.62x39 mm
• 50 cartuchos calibre .50
• 1 chaleco portacargadores color negro

La Fiscalía General de la República inició la investigación para determinar la procedencia del arsenal y la posible vinculación de los detenidos con actividades delictivas en la región.

Hasta el momento no se ha reportado si tienen relación con algún grupo criminal.

Otra detención en Villa Juárez, Navolato

En acciones distintas, durante recorridos de prevención en la misma sindicatura, el grupo GOES detuvo a un civil que portaba un arma corta, municiones y presunta droga.

Al igual que en el otro caso, las autoridades señalaron que al notar la presencia policial el sujeto intentó huir, pero fue interceptado.

Tras la inspección, los agentes decomisaron:

• 1 pistola calibre .38 súper
• 1 cargador para arma corta
• 30 cartuchos calibre .38 súper
• 300 sobres de plástico con polvo blanco con características de metanfetamina

El detenido y lo asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que abrió la investigación correspondiente para determinar la procedencia de la droga y el posible vínculo del implicado con actividades ilícitas en Villa Juárez.

Uno de los jóvenes afectados, cuya familia denunció previamente su desaparición, permaneció una semana bajo control del sospechoso, según consignó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). El otro joven logró salir de la situación al escapar del vehículo del detenido mientras el coche se encontraba en movimiento. Ambos casos de presunta agresión sexual ocurrieron después de que el hombre, de 42 años, contactara a las víctimas cerca de un albergue en Málaga, según informaron fuentes judiciales y policiales a las que tuvo acceso el medio.

El Tribunal de Instancia de la Plaza número 4 de Málaga, en funciones de guardia, decretó este jueves la libertad provisional del hombre investigado, informó el TSJA. Además, el juzgado impuso una orden de alejamiento respecto a una de las víctimas, mientras continúa la investigación sobre el caso en la plaza número 12 de Málaga. De acuerdo con los detalles proporcionados por el Tribunal Superior de Justicia autonómico, el sospechoso permanece bajo instrucción judicial durante el proceso.

La Policía Nacional había informado este jueves sobre la detención y posterior puesta a disposición judicial del individuo, acusado de abordar a dos jóvenes en situación de vulnerabilidad. Según reportó la Policía Nacional y recogió el TSJA, el detenido habría utilizado distintas estrategias para entablar contacto con ambas víctimas. A uno de los jóvenes le ofreció trabajo en el campo y al otro, la posibilidad de obtener ganancias supuestamente a través de hurtos a turistas.

De acuerdo con lo publicado por el TSJA sobre el avance de la investigación, el presunto agresor invitó por separado a los jóvenes a subir a su vehículo en las inmediaciones del albergue. Posteriormente, los trasladó a lugares apartados y alejados de la vista de otras personas, donde supuestamente les realizó propuestas de carácter sexual. La policía sostiene que ambos jóvenes sufrieron presuntas agresiones sexuales durante estos encuentros.

Uno de los afectados, cuya familia había presentado denuncia por desaparición, tiene reconocida una discapacidad que limita su capacidad para comprender las situaciones y defenderse, según detalló el TSJA. La víctima permaneció desaparecida durante una semana hasta que pudo ser localizada, mientras la familia colaboraba en la búsqueda activamente.

En el caso del segundo joven, consiguió huir tras subirse al vehículo con el detenido. En el momento de su huida, el automóvil se encontraba en marcha, lo que permitió su rápida liberación y posterior denuncia de lo ocurrido ante las autoridades.

El caso continúa bajo instrucción judicial, según indicaron fuentes del TSJA, que confirmaron que las diligencias permanecen abiertas y las medidas cautelares siguen en vigor para garantizar la protección de las víctimas. La investigación deberá determinar el alcance de los hechos y el grado de implicación del sospechoso, de acuerdo con los procedimientos legales previstos.

Las órdenes judiciales impuestas, entre ellas la libertad provisional sujeta a condiciones y la orden de alejamiento de una de las víctimas, forman parte de las medidas preventivas adoptadas por la justicia hasta que el proceso concluya con una resolución definitiva. Según informó el TSJA, la causa será instruida en la plaza número 12 de los juzgados de Málaga y se están recabando más elementos probatorios en el marco de la investigación penal. La Policía Nacional y la autoridad judicial mantendrán la colaboración y el seguimiento del caso.

Una persona en situación de drogodependencia custodiaba de forma permanente uno de los inmuebles vinculados a la organización desarticulada en Las Palmas de Gran Canaria, residiendo en condiciones “muy precarias”, según detalló la Policía Nacional. Esta red, dedicada al tráfico de heroína y crack, gestionaba narcopisos empleados no solo como puntos de venta, sino también como lugares de consumo y refugio, lo que generaba un entorno de elevada conflictividad y alarma social entre los residentes. La noticia principal radica en la desarticulación de esta red criminal tras el desarrollo de una operación que culminó con la detención de 17 personas, de las cuales nueve han ingresado en prisión provisional.

De acuerdo con información facilitada por la Policía Nacional y recogida por diferentes medios, el operativo antidroga se desplegó durante la madrugada del martes 24 de marzo en los barrios de San Cristóbal, San José y La Suerte, todos ellos ubicados en la capital grancanaria. Este dispositivo permitió a los agentes realizar la entrada y registro en 11 viviendas utilizadas como narcopisos, lugares donde los implicados organizaban turnos para la venta de heroína y crack, y habilitaban los espacios para el consumo en su interior.

Tal como publicó la Policía Nacional en su nota de prensa, la investigación se inició tras la detección de un punto de venta de drogas muy activo en San Cristóbal. Las indagaciones posteriores llevaron a confirmar la actividad de varios clanes familiares que operaban tanto en la vía pública como en domicilios adaptados para el tráfico y consumo de sustancias. En algunos de estos pisos, los detenidos ejercían presión e intimidación sobre los vecinos, recurriendo a amenazas para asegurar la continuidad de su actividad delictiva y su predominio territorial.

El medio informativo oficial destacó que la actividad desarrollada por esta red provocó un aumento de delitos diversos en la zona, así como una percepción de inseguridad constante entre los residentes. Uno de los puntos de venta descubiertos por los agentes se localizaba en las inmediaciones de centros educativos, lo que agravó la alarma social causada en el entorno.

Durante el operativo, algunos investigados intentaron deshacerse de la droga arrojándola por el sistema de saneamiento del edificio. Parte de estas sustancias fue recuperada posteriormente por la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional, según informó el cuerpo policial. Los registros realizados se distribuyeron con ocho actuaciones en San Cristóbal, dos en San José y una en La Suerte, donde residía el principal encausado y presunto cabecilla de la organización.

En total, la intervención permitió la incautación de 3,3 kilogramos de heroína, 1,1 kilogramos de cocaína, 51 gramos de crack, 465 gramos de anfetamina, 57 gramos de MDMA, algo más de 1 kilogramo de hachís en sus distintas formas, y 12,8 kilogramos de fenacetina junto a otras sustancias para el corte de estupefacientes. Además, los agentes encontraron 35.000 euros en efectivo y material diverso, incluyendo chalecos reflectantes y placas identificativas falsas de la Guardia Civil, una pistola simulada, un táser, pasamontañas, grilletes y herramientas de cerrajería. Este material, reportó la Policía Nacional, presuntamente era empleado para cometer robos a otras organizaciones criminales, acción conocida como “vuelcos”.

El desarrollo de la operación implicó la actuación de más de 120 agentes pertenecientes a distintas unidades: los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES), la Unidad de Intervención Policial (UIP), la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), la Unidad de Medios Aéreos, la Unidad de Subsuelo, la Unidad de Guías Caninos y la Brigada Provincial de Policía Judicial, indicó la autoridad policial.

Tras la realización de las diligencias correspondientes, los 17 detenidos fueron puestos a disposición judicial. Según recogió la Policía Nacional, la autoridad judicial liderando la investigación decidió ordenar el ingreso en prisión provisional de nueve de los encausados, medida adoptada a la espera de ulteriores decisiones en la instrucción de la causa por tráfico de drogas y otros delitos asociados a la organización.

Antonia Azuaje de Riobueno, profesora jubilada de 76 años, residenciada en Valle de La Pascual, estado Guárico, le dice a Infobae que su hijo, el teniente coronel (GNB) Julio César Riobueno Azuaje, era el comandante del Destacamento Nro. 116 GNB en el Zulia, cuando la DGCIM lo detiene, el 2 de octubre de 2024, lo mantiene en desaparición forzada, durante 26 días, lo somete a torturas, desaparición forzada e incomunicación.

“Está sometido a un proceso de indefensión jurídica, lleno de irregularidades, mentiras y violación a sus derechos fundamentales. Su expediente ha sido construido basado en la mentira y abuso de poder”.

Al oficial le imputaron tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas (modalidad transporte), asociación, interferencia de la seguridad operacional y de la aviación civil, y porte ilícito de arma de fuego.

Las actuaciones de la fiscal nacional antidrogas Rosalba Hernández, que presentó acusación el 12 de diciembre de 2024, y la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza, del Tribunal Quincuagésimo de Control, evidenciarían una secuencia de imputaciones y presuntas irregularidades procesales durante la fase de control, en los expedientes MP-128039-2024 (Fiscalía) y 21J-1573-25 (órgano jurisdiccional).

Los abogados de Riobueno sostienen que las supuestas fallas serían de tal gravedad que una solicitud de control judicial no solo habría sido negada, sino que fue incorporada al expediente con fecha anterior a la fijación de la audiencia preliminar, lo que evidenciaría parcialidad a favor de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y del Ministerio Público.

El 23 de enero de 2021, la fiscal Rosalba Hernández fue denunciada ante distintas direcciones (Derechos Humanos, Delincuencia Organizada, Inspección y Disciplina), tras lo cual fue separada del caso y privada de libertad.

Entre las acciones de los abogados del oficial Riobueno, se han interpuesto recursos de amparo ante la Sala Constitucional en busca de la restitución y reparación de derechos, basados en presuntas violaciones al derecho a la defensa, el debido proceso y la tutela judicial efectiva.

Familiares y abogados del oficial también afirmaron que la detención practicada por la DGCIM “no se corresponde con la realidad” y cuestionaron el acta policial, al asegurar que describe condiciones de modo, tiempo y lugar “irreales” y atribuye hechos “graves” que no ocurrieron.

Ratifica la denuncia

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo, esposa del teniente coronel Julio Cesar Riobueno Azuaje ratificó, en febrero de 2026, la denuncia que ya había hecho un año antes, contra la fiscal 70 nacional Rosalba Hernández “por la falta de probidad, integridad y rectitud de sus actuaciones contraviniendo los principios rectores del Ministerio Público”.

Dijo en su comunicación ante el entonces fiscal general, Tarek William Saab Halabi, que “en los actuales momentos tal como ha sido hecho público notorio y comunicacional se encuentra Privada de Libertad por el Tribunal Segundo de Primera Instancia en Funciones Control del Área Metropolitana de Caracas, por los presuntos delitos de omisión dolosa y agravada de funciones”, lo que la ratificación de la denuncia es pertinente.

Evelin Dayana Mendoza Hidalgo dice que su esposo, el Tcnel Riobueno Azuaje, no fue detenido, como dijo la DGCIM el 26 de octubre de 2024 junto con el Tcnel Jesús Rafael Cabrera Marcano, sino que su aprehensión ocurrió “el 2 de octubre de 2024 en el Campo Deportivo de la Cotorrera en Maracaibo, estado Zulia, cuando salía de la evaluación física para la prueba de ascenso”.

Desmiente que en el momento de su detención estuviera con el Tcnel. Cabrera, “se encontraba con otros militares subordinados a él que luego fueron dejados en libertad”.

Refuta que la entonces fiscal 70 Nacional, Rosalba Hernández, dijera que existía una orden de aprehensión por parte del Tribunal 50 de Primera Instancia de Control del AMC, “esa orden se otorgó 22 días después, el 26 de octubre, en Caracas”, después que su esposo fue trasladado a la sede de la Dgcim en Boleíta, Caracas.

Aclara la señora Mendoza que es falso que Riobueno se presentara a la Dgcim Caracas con dos armas de fuego sin el permiso respectivo, seis mil dólares y más de un millón de pesos, y en una camioneta Hilux, blanca, “perteneciente a grupos guerrilleros no identificados”. En la audiencia el oficial explicó que el vehículo se lo prestó Walter Sánchez, productor de palma de aceite del sector Seis Casitas, Casigua El Cubo, Zulia.

Errores fiscales

La defensa señaló a la Fiscalía por, presuntamente, no realizar una investigación exhaustiva y por presentar “los mismos hechos” una vez transcurridos 45 días de la fase preparatoria. También alegó falsedad en la imputación por porte ilícito de arma, al indicar que Riobueno contaba con un carné vigente que lo autoriza a portar armas.

En la acusación se incorporaron hechos relativos a la incautación de 500 kg de cocaína en el sector Boca de Tarra, del 12 de octubre de 2024, en el marco de la “Operación Escudo Bolivariano Mara 2024”, que no habrían sido mencionados en la audiencia de presentación ni guardarían relación con el oficial.

“Se pretende vincular al Tcnel. Riobueno con un hallazgo en una zona deshabitada sin una sola inspección técnica que lo conecte con dicho sitio”, sostuvo su abogado ante el tribunal.

En cuanto a la prueba digital, cuestionó lo presentado como “pruebas de Telegram”, al catalogarlo como imágenes “que se asemejan a recreaciones manuales o simuladas” y que, a su juicio, carecen de fiabilidad técnica.

Por otra parte, el Ministerio Público alega comunicaciones indirectas entre el Tcnel. Riobueno y el GD Vidal José Francisco Coraspe, pero sin demostrar cruces de llamadas que lo sustenten; además, aseguró que el número atribuido al general pertenecería a otra persona.

La Fiscalía recurre al testimonio de un tercero que menciona el retiro de 3.000 dólares en un comercio, presentado como si se tratara de un indicio de tráfico internacional de drogas. “No se verificó la información con los propietarios del local ni permitieron que la defensa presentara testigos para aclarar ese hecho”.

Se habría incurrido en “mala fe procesal” cuando al Fiscalía sostiene la identificación del oficial Riobueno en un supuesto “especial de delación” de Luis Alejandro Herrera Ramírez, pero en el acta de delación no se menciona al oficial, ni siquiera por su cargo, y solo se hace referencia a “generales de pistas y radares”.

La Fiscalía afirmó que Riobueno “hacía caso omiso a vuelos ilegales”, pero Herrera Ramírez, el testigo del Ministerio Público, declaró que entre mayo y julio de 2024 la Operación Catatumbo y los operativos en tierra “impedían utilizar las pistas”.

El Tribunal

La actuación del Tribunal Quincuagésimo de Control no deja de ser inquietante, pues la jueza Giuliana Nicole Genesi Peñaloza habría incurrido en fraude procesal y simulación de actos al publicar una decisión fechada el 28 de marzo de 2025, “insertando de forma fraudulenta” un pronunciamiento que no existía al momento de la fijación de la audiencia preliminar.

El abogado de Riobueno sostuvo que la jueza omitió decidir sobre la nulidad absoluta de la acusación presentada el 8 de enero de 2025, pero permitió que se incorporaran en el escrito fiscal hechos vinculados a la “Operación Escudo Bolivariano Mara 2024” y al hallazgo de los 500 kg de cocaína en Boca de Tarra, que no fueron imputados originalmente.

Familiares del oficial preso están convencidos que se ha obstaculizado el derecho a la defensa de Riobueno al negarse diligencias exculpatorias, como la declaración del primer teniente Trías, así como imputarle el delito de porte ilícito de armas pese a que como militar activo posee un carné que lo autoriza a portarlas.

La Corte

El abogado defensor de Riobueno denunció “los vicios y quebrantamiento de Sala Siete de la Corte de Apelaciones, del 23 de julio y 18 de agosto de 2025” que están siendo impugnadas ante la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Los señalamientos contra la Corte de Apelaciones parten de dictar sentencias “que no guardan relación con los agravios denunciados” y en “un acto de absoluta ligereza procesal”, la Sala Siete omitió pronunciarse sobre la falsedad de las actas de la DGCIM y la manipulación de las fechas en el expediente por parte del Tribunal de Control.

Además de haber convalidado la indefensión del teniente coronel Riobueno “permitiendo que un proceso basado en fraude procesal llegara a la etapa de juicio”.

Se suma la violación al debido proceso y tutela efectiva porque la Corte de Apelaciones desestima denuncias de violaciones a derechos fundamentales como la incomunicación y tortura.

Los jueces son señalados por la defensa de Riobueno por abuso de poder y desviación de la función jurisdiccional; “la Sala Siete abandonó su rol de control de legalidad para actuar como un apéndice de la Fiscalía”, impidiendo que el oficial de la GNB sea “juzgado por tribunales imparciales y con pruebas lícitas”.

La presunta detención de Bertha Gómez Fong, esposa del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Texas, puso nuevamente en el centro de la atención pública a una de las figuras más cercanas al exmandatario acusado de desvío de recursos.

Según reportes de medios nacionales, Gómez Fong fue localizada y puesta bajo custodia en el Centro de Procesamiento de El Paso por un tema relacionado con su estatus migratorio en Estados Unidos. Presuntamente el problema que derivó en su detención fue que no contaba con sus documentos para acreditar su legal estadía en EEUU.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado la detención de Fong, quien cuenta con una orden de aprehensión emitida en 2020 por la justicia mexicana, que la señala como presunta participante en un esquema de desvío de recursos públicos y lavado de dinero durante la administración de Duarte.

Los orígenes y el perfil público de Bertha Gómez Fong

Según reportes periodísticos, Bertha Gómez Fong nació en Chihuahua y se formó en el ámbito local antes de adquirir notoriedad como esposa de César Duarte, quien gobernó el estado entre 2010 y 2016.

Durante este periodo, Gómez Fong encabezó el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Estatal, desde donde coordinó programas sociales y actividades de asistencia dirigidas a sectores vulnerables.

Reportes previos de este medio señalaron que su gestión al frente del DIF de Chihuahua incluyó la promoción de campañas de salud y apoyo alimentario, lo que le permitió afianzar una presencia constante en actos público.

La esposa del exgobernador consolidó una imagen de trabajo social, aunque su papel institucional la colocó bajo la lupa de las autoridades tras el inicio de las investigaciones contra Duarte.

Reportes de medios nacionales han documentado cómo la familia Duarte Gómez consolidó una estructura de poder relevante en la administración estatal, lo que derivó en indagatorias sobre el manejo de fondos públicos y la posible utilización de instituciones oficiales para fines personales.

Acusaciones y procesos judiciales en su contra

El caso judicial contra Gómez Fong se formalizó cuando la Fiscalía General del Estado de Chihuahua obtuvo una orden de captura en su contra en 2020.

Según información publicada por Infobae México, la exfuncionaria está acusada de participar en operaciones de triangulación y lavado de dinero, así como en el desvío de fondos públicos a través de empresas y cuentas asociadas a su entorno familiar y político.

Gómez Fong intentó obtener un amparo para evitar la detención y la extradición, pero la justicia federal negó la protección.

Tras el término de la administración de su esposo, Bertha habría salido de México para alojarse en Estados Unidos. En el 2020 fue detenido César Duarte por autoridades estadounidenses, sin embargo, su caso fue desestimado por falta de pruebas y se realizó su extradición a México en el 2022.

Ya en México, en 2024 César duarte fue liberado con medidas cautelares y recapturado el pasado 8 de diciembre de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) quien cumplimentó una orden de aprensión en su contra.

Bertha Gómez Fong y la tarjeta American Express

Uno de los momentos recientes en que el nombre de Bertha Gómez Fong volvió a figurar públicamente se dio en diciembre de 2025, cuando la FGR presentó una nueva acusación contra César Duarte, quien se encuentra preso en el Penal del Altiplano, por presunto desvío de recursos a través de empresas ganaderas.

Supuestamente el ex gobernador intentó ocultar el origen de más 76 millones de pesos, de los 96 millones que presuntamente desvió cuando fue gobernador de Chihuahua.

Las investigaciones incluyeron a personas cercanas al exgobernador, entre ellas su esposa, por la presunta triangulación de recursos públicos mediante sociedades mercantiles y transferencias irregulares.

Entre las empresas vinculadas se encuentran Pavimentos y Servicios El Parral e Hidroponia El Parral, de la cuales Bertha Olga Gómez Fong fue representante legal y socia.

La investigación sostiene que los recursos originalmente asignados para la adquisición de ganado y equipamiento en el sector ganadero de Chihuahua fueron canalizados hacia empresas vinculadas a la familia Duarte a través de subsidios y convenios oficiales. Las autoridades presumen que una parte de esos fondos terminó en cuentas controladas por César Duarte, su esposa y sus hijos.

Documentos del caso señalan que parte del dinero desviado presuntamente fue utilizado para saldar la deuda de una tarjeta de crédito American Express registrada a nombre de Bertha Olga Gómez Fong.

Una jueza federal dictó auto de libertad por falta de elementos para procesar a Ubaldo Segura Pantoja, luego de que no se acreditara el delito de secuestro que le imputaba la Fiscalía General de la República.

La resolución fue emitida la noche del 24 de marzo de 2026 por la jueza del Juzgado Décimo de Distrito en Chilpancingo, Haydeé Guadalupe Rodríguez Hernández, quien determinó que no existían pruebas suficientes para sostener la acusación.

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el activista recuperó su libertad tras permanecer una semana en prisión en un penal federal de Veracruz, luego de que su detención fuera considerada arbitraria.

Detención y acusaciones

Ubaldo Segura Pantoja fue detenido por agentes de la Policía Federal Ministerial el pasado 18 de marzo afuera de su domicilio, en la colonia Tepeyac de Tlapa, Guerrero.

Tras su captura, fue trasladado primero a Puebla y posteriormente a un penal federal en Veracruz, pese a que su proceso se llevaba en Guerrero.

Las autoridades lo acusaron del presunto secuestro de varios periodistas, en hechos ocurridos en 2014 durante protestas del movimiento social en apoyo a los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Sin embargo, durante el proceso judicial no se logró acreditar su participación ni la intención delictiva, lo que derivó en su liberación.

¿Quién es Ubaldo Segura Pantoja?

Ubaldo Segura Pantoja es un defensor de derechos humanos y líder social originario de la región de la Montaña de Guerrero, donde ha trabajado durante décadas en la organización de comunidades indígenas.

Forma parte del Frente Popular de la Montaña (FPM) y ha tenido participación en otros movimientos como el Movimiento Popular Guerrerense y el Frente Popular Revolucionario, enfocados en la defensa del territorio, el acceso a servicios y la justicia social.

Además, ha sido locutor comunitario y ha acompañado diversas luchas sociales en Guerrero, incluidas movilizaciones relacionadas con el caso Ayotzinapa.

Organizaciones civiles lo consideran un referente en la defensa de los derechos de los pueblos indígenas, y su caso ha sido señalado como ejemplo de la criminalización de líderes sociales en México.

El apoyo de una patrulla de seguridad vial de la comisaría de Tudela resultó fundamental para controlar la situación en un domicilio de Cadreita, donde una intervención policial derivó en que dos agentes resultaran heridos y tres personas fueran detenidas. Según informó el cuerpo de Policía Foral de Navarra, estos hechos ocurrieron durante el fin de semana, cuando una patrulla de la Comisaría de Tafalla acudió al domicilio familiar de un joven de 24 años en el marco de una investigación sobre incidentes previos en un establecimiento hostelero de la localidad.

De acuerdo con la información recogida por Policía Foral y divulgada en medios locales, la intervención policial pretendía esclarecer la posible implicación del joven en los hechos registrados en el citado establecimiento. Los agentes, al llegar al domicilio para practicar la detención del joven, se encontraron con una negativa rotunda a colaborar y una actitud agresiva por parte del implicado. Durante la operación, el joven, acompañado de sus padres, de 51 y 49 años respectivamente, arremetió contra los agentes y se produjo una agresión física.

Ante la violencia ejercida también por los padres, resultó necesaria la presencia de una patrulla adicional que estaba próxima al lugar. El medio también señaló que la situación requirió una actuación coordinada para reducir y detener a los tres familiares. Finalmente, tanto el joven como sus padres fueron arrestados por un delito de atentado y resistencia a los agentes de la autoridad, además de imputárseles un delito de lesiones.

Según reportó Policía Foral, los dos agentes lesionados necesitaron asistencia en el Hospital Reina Sofía debido a las heridas sufridas durante la intervención. El cuerpo policial detalló que las lesiones fueron causadas por los arrestados en el momento de la detención. La investigación sobre los hechos ocurridos en el establecimiento hostelero continúa paralelamente al proceso judicial por el incidente en el domicilio.

La información proporcionada por el cuerpo policial y recogida por los medios agrega que, a lo largo del fin de semana, Policía Foral detuvo o investigó a un total de 17 personas por diferentes delitos. Además, atendió 35 accidentes de tráfico, que dieron como resultado dos personas heridas de diferente gravedad, quienes fueron llevadas a centros hospitalarios, uno de ellos en Larraun y otro en Lónguida. Los siniestros dejaron también daños materiales en vehículos y en infraestructuras viales.

En lo relacionado con tráfico, cinco conductores han sido investigados durante el mismo periodo: dos por conducir vehículos sin el permiso correspondiente, uno por superar el límite de alcoholemia, otro por pérdida de vigencia del permiso, y un quinto por circular teniendo suspendido temporalmente su derecho a conducir. De los 35 accidentes atendidos, seis se produjeron en vías urbanas y cinco en la PA-30, carretera de circunvalación de Pamplona.

Policía Foral destacó que once de estos accidentes involucraron animales, de los cuales ocho correspondieron a especies cinegéticas: cinco corzos y tres jabalíes. El medio que difundió la información también indicó que, durante el fin de semana, en las oficinas de atención ciudadana de las comisarías del cuerpo se recogieron 84 denuncias penales. De ellas, 17 correspondieron a hurtos, cifra que mantiene la tendencia habitual, otras 17 relacionadas con estafas y ocho vinculadas a daños en vehículos.

En el ámbito general de la seguridad ciudadana, Policía Foral notificó la detención de 12 personas por diferentes delitos, a lo que se suma la intervención específica en Cadreita por la cual resultaron lesionados los dos agentes que participaron en la operación. El organismo policial continúa las investigaciones vinculadas a estos hechos y a los restantes incidentes reportados en el transcurso del fin de semana, manteniendo activas las labores de prevención y respuesta ante nuevos episodios de conflictividad o riesgo detectados durante las últimas jornadas, según la información oficial proporcionada.

El caso del feminicidio de Madeline Dhamar “N” en León, Guanajuato, registró avances relevantes tras la detención del presunto responsable, un adolescente identificado extraoficialmente como su pareja sentimental, del cual no se reveló su nombre debido a que tiene 17 años.

Según autoridades, tras localizar el cuerpo sin vida de Madeline el pasado 15 de marzo de 2026, se activó de inmediato los protocolos especializados para feminicidio.

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG) confirmó que el joven fue puesto a disposición de un Juez Especializado en Justicia para Adolescentes, en el marco de uno de los crímenes de mayor impacto social en la entidad en marzo.

La audiencia inicial del presunto asesino ya fue realizada, sin embargo, su defensa solicitó la duplicidad del termino constitucional, por lo que se reanudará el próximo 24 de marzo. Mientas tanto, colectivos y familiares convocaron a una marcha pacifica para exigir justicia y el esclarecimiento de los hechos que le arrebataron al vida a la joven de 21 años.

Hallazgos y proceso judicial tras el feminicidio

Según los reportes oficiales, desde las primeras horas tras el hallazgo -realizado en la vivienda de la víctima-, peritos y agentes de investigación de la FGEG acudieron al lugar para recabar indicios biológicos, lofoscópicos y tecnológicos.

Estas pruebas permitieron reconstruir la mecánica de los hechos e identificar al probable responsable. La Fiscalía informó que el Ministerio Público formuló la imputación correspondiente por feminicidio y solicitó la vinculación a proceso del adolescente detenido.

Durante la audiencia inicial, la defensa del imputado solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la continuación de la audiencia se programó para el 24 de marzo de 2026.

Mientras tanto, el adolescente permanece bajo internamiento preventivo como medida cautelar.

La Fiscalía subrayó que la investigación se desarrolla con sustento científico, apego a la ley y siguiendo los protocolos especializados en materia de feminicidio.

Además, la institución reiteró su compromiso de llevar ante la justicia a quien resulte responsable y de sustentar el caso con investigaciones sólidas y con perspectiva de género.

Movilizaciones: Justicia para Madeline

Como respuesta al caso, la sociedad civil y colectivos feministas han convocado a una marcha pacífica para exigir justicia en el caso de Madeline.

En redes sociales, la familia de la joven hizo un llamado a la comunidad a sumarse a la movilización, que tendrá lugar en el Arco de la Calzada, en León, el próximo lunes 23 de marzo. Según la información de los colectivos que integran la movilización, la cita es a las 8am para realizar los preparativos y partirán a las 9 de la mañana.

La convocatoria invita a quienes asistan a llevar pancartas, veladoras y flores como símbolo de la lucha y la memoria de Madeline.

Entre los grupos que difunden la información y exigen justicia por el caso se encuentra la Red Feminista León, quienes compartieron la invitación a la marcha.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó la detención de Ricardo “N”, señalado como presunto integrante de la Alianza de Transportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), por su posible participación en delitos de extorsión contra comerciantes en la entidad.

El informe de la FGJEM detalla que Ricardo “N” era considerado un objetivo prioritario debido a su presunta implicación en una serie de extorsiones en el municipio de Cuautitlán.

De acuerdo con el comunicado oficial difundido este 22 de marzo, el arresto se realizó en cumplimiento de una orden judicial, dentro de las acciones de la Operación Restitución, una estrategia dirigida a combatir la criminalidad organizada en la región y el despojo en la entidad.

Así habría sido la extorsión

Según las investigaciones preliminares, el 3 de septiembre de 2024, una de las víctimas se encontraba en su negocio cuando Ricardo “N”, junto con cuatro personas armadas, habría irrumpido en el lugar para exigir el pago de dinero a cambio de “protección” y permitirle operar su comercio.

Los agresores también le habrían dicho al comerciante que, si quería seguir trabajando en el lugar, tenía que unirse al grupo ACME y en caso de que no aceptara podrían tomar represalias en su contra.

La autoridad ministerial señala que, ante el temor de sufrir agresiones, la víctima entregó la cantidad solicitada. Días más tarde, Ricardo “N” habría regresado al establecimiento para exigir más dinero. Al negarse el comerciante, los agresores lo habrían golpeado y retirado del lugar.

Detención del presunto extorsionador

Una vez que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México tuvo conocimiento de los hechos, el agente del Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez la orden de aprehensión en contra de Ricardo “N”.

El operativo para su captura se efectuó en Tenango del Valle, donde fue detenido y puesto a disposición de la autoridad competente, sin embargo, las autoridades no detallaron cuándo ocurrió.

De acuerdo con la FGJEM, el ahora detenido deberá permanecer bajo resguardo hasta que se defina su situación jurídica, conforme al proceso penal correspondiente.

El caso de Ricardo “N” se enmarca en las acciones de la Operación Restitución, una estrategia impulsada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para atender denuncias de extorsión y fortalecer la seguridad en municipios clave de la entidad. Según datos de la dependencia, la colaboración ciudadana y la denuncia oportuna han resultado determinantes para identificar y capturar a objetivos prioritarios vinculados a estructuras delictivas.

Qué es la Operación Restitución

La Operación Restitución es una estrategia impulsada por la Fiscalía mexiquense, en coordinación con fuerzas federales y estatales, para combatir el despojo y la extorsión en la entidad.

Según autoridades, uno de los objetivos es es agilizar la recuperación del patrimonio de las víctimas, permitiendo que quienes acrediten la propiedad de sus inmuebles puedan recuperarlos sin necesidad de esperar un fallo judicial definitivo. Para lograrlo, la FGJEM estableció procedimientos que permiten la devolución inmediata de los bienes una vez que se demuestra la titularidad.

La operación se ha desplegado en municipios con altos índices de despojo y está respaldada por la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Marina), la Guardia Nacional (GN), la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) y policías municipales.

Además de la recuperación de inmuebles, el operativo ha derivado en la detención de personas identificadas como miembros de redes delictivas, muchas de ellas bajo la fachada de sindicatos o agrupaciones sociales, entre las cuales se encuentra La Chokiza, Los 300, la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Gestión y Organización Popular Emiliano Zapata (GOPEZ), el Sindicato 22 de octubre, Los Gastones, y recientemente con el caso de Ricardo “N”, el grupo ACME.

Este domingo 22 de marzo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó la vinculación a proceso de tres policías municipales de Naucalpan por tortura y abuso de autoridad en contra de una mujer trans.

Las indagatorias señalan que la víctima se acercó a grabar un posible acto de violencia por parte de los elementos hacia otras tres personas, lo que derivó en que la sometieran, obligaran a borrar el video y posteriormente violentaran.

Los agentes, identificados como María Fernanda “N”, Riche Joannan “N” y Eder Joaquín “N”, permanecerán en prisión preventiva mientras la autoridad judicial analiza su probable responsabilidad penal.

Según los reportes oficiales, emitidos por la Fiscalía mexiquense, en caso de que sean culpables podrían enfrentar penas de hasta 30 años de cárcel.

La identidad de la mujer afectada permanece anónima.

Indagatorias oficiales sobre los hechos

De acuerdo con la FGJEM, los hechos ocurrieron el 27 de julio de 2025 en la avenida Parque de Chapultepec en Naucalpan.

Según la carpeta de investigación, la víctima observó cómo los agentes jaloneaban a dos mujeres y a un hombre identificado como Carlos “N”.

Al acercarse para preguntar el motivo de la detención, los policías le indicaron que no se involucrara. La mujer, al considerar que los hechos debían quedar registrados, comenzó a grabar la escena con su teléfono.

La Fiscalía detalló que los policías agredieron física y verbalmente a la víctima y pidieron refuerzos.

Al llegar más elementos, María Fernanda “N” y Eder Joaquín “N” sometieron a la mujer y la obligaron a borrar el video de su dispositivo móvil. Posteriormente, la esposaron y la subieron al asiento trasero de una patrulla.

De acuerdo con el testimonio de la afectada, los policías la trasladaron hasta la colonia San Miguel Atoto, donde fue golpeada en distintas partes del cuerpo antes de que la bajaran de la unidad.

La FGJEM inició averiguaciones para identificar y localizar a los presuntos responsables. Con base en pruebas, testimonios y evidencias recabadas, el Ministerio Público solicitó una orden de aprehensión.

Tras la detención, del la cual las autoridades no especificaron la fecha, los tres policías fueron ingresados al penal de Barrientos.

La institución informó que el proceso se mantuvo bajo estricto apego a los protocolos para la investigación de delitos de tortura y violencia policial, en el marco de los derechos humanos y la protección de personas LGBTIQ+.

Proceso judicial y situación legal de los acusados

El juez encargado del caso determinó la vinculación a proceso para los tres exagentes, luego de analizar los datos de prueba presentados por el Ministerio Público.

Además, las autoridades señalaron que como medida cautelar, se impuso la prisión preventiva y se estableció un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Si se acredita la responsabilidad penal de los imputados, podrían alcanzar una condena de hasta 30 años de prisión por tortura y nueve años por abuso de autoridad, según la legislación del Estado de México.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México subrayó que, conforme a la ley, los acusados deben ser considerados inocentes hasta que concluya el proceso judicial y exista una sentencia definitiva.

Por último, reiteró su compromiso de investigar y sancionar cualquier acto de abuso cometido por servidores públicos.

Las redes sociales y la tecnología de videovigilancia permitieron a la Guardia Civil identificar a los responsables de una serie de actos vandálicos en Ciempozuelos. Según detalló el medio, los cuatro jóvenes implicados publicaron imágenes de sus acciones en sus perfiles digitales, lo que facilitó las gestiones policiales para lograr su localización y posterior arresto. La noticia principal, tal como informó la Guardia Civil mediante un comunicado recogido por los medios, es la detención de estos individuos por lanzar fragmentos de adoquines al interior del acuartelamiento del municipio, acción que se repitió en varias jornadas consecutivas.

De acuerdo con la información difundida por la Guardia Civil, el resultado de la investigación se sustentó en el análisis de imágenes captadas por las cámaras de seguridad del lugar y las grabaciones que los propios implicados compartieron en internet. El Cuerpo atribuyó a los detenidos los delitos de daños materiales y atentado a agentes de la autoridad por estas acciones reiteradas, que pusieron en riesgo tanto las instalaciones oficiales como la seguridad de quienes allí trabajan.

El alcance de las actividades delictivas relacionadas con este grupo no se limitó al ataque a la sede de la Guardia Civil. Según publicó el medio, los arrestados también están siendo investigados por conducir de manera temeraria en las calles de Ciempozuelos, conducta que derivó en la imputación de un delito contra la seguridad vial. De acuerdo con el comunicado oficial citado por los medios, uno de los vehículos de la Guardia Civil, estacionado en la vía pública, resultó dañado tras la fractura de su espejo retrovisor, acto calificado como delito de daños.

La documentación incorporada a la causa permitió también vincular a los detenidos con la comisión de daños contra un vehículo perteneciente a la Policía Local del municipio. Los medios informaron que la investigación policial incluyó la comprobación de su implicación en la quema de varios sacos de caucho propiedad de una empresa privada en la localidad. Cada uno de estos eventos quedó registrado y fue considerado en la formulación de los cargos presentados contra los implicados, según reportó la Guardia Civil.

Hasta el momento de la aparición de las imágenes en redes sociales, la identificación de los responsables se presentaba como un reto. Sin embargo, la decisión de los propios encausados de difundir pruebas audiovisuales permitió a los agentes cotejar los datos, acelerar el proceso de identificación y proceder a la detención. Los jóvenes permanecen bajo investigación a la espera de que la autoridad judicial determine las medidas que correspondan en función de los delitos acumulados, informó el citado comunicado.

El clima de preocupación por la reiteración de los hechos también quedó reflejado en la labor de la policía local y nacional, que participaron conjuntamente en la búsqueda de los culpables. Tal como publicaron fuentes oficiales, la actuación coordinada de los diferentes cuerpos de seguridad permitió reunir las pruebas necesarias para vincular estos actos con los sujetos ahora detenidos.

El comunicado de la Guardia Civil difundido por los medios subrayó el impacto de los actos delictivos en la seguridad de las instalaciones públicas y vehículos oficiales. Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana y el uso de herramientas tecnológicas para combatir este tipo de delitos, destacando cómo la difusión pública de imágenes resultó determinante para la resolución del caso.

Las investigaciones prosiguen, mientras la policía revisa los antecedentes y otros posibles hechos relacionados con los mismos individuos, según consignó la Guardia Civil en su declaración hecha pública en medios informativos.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) informó este sábado sobre la detención de Israel “N”, señalado como presunto líder del grupo delictivo conocido como “Los 300”, junto con otras cuatro personas, tras la ejecución de dos órdenes de cateo en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con el comunicado oficial, los operativos se realizaron de manera simultánea en las alcaldías Gustavo A. Madero e Iztapalapa, como resultado de trabajos de investigación e inteligencia enfocados en el combate a delitos de alto impacto. Las acciones fueron encabezadas por la SSC-CDMX y contaron con la participación coordinada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), la Secretaría de Marina (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN).

Las autoridades detallaron que estas intervenciones se llevaron a cabo tras atender diversas denuncias ciudadanas que señalaban el uso de inmuebles en dichas demarcaciones para el almacenamiento, embalaje y distribución de posibles narcóticos.

A partir de ello, se implementaron vigilancias fijas y móviles, así como recorridos de reconocimiento que permitieron recabar datos de prueba suficientes para solicitar las órdenes de cateo ante un juez de control.

El primer cateo tuvo lugar en un domicilio ubicado en la calle Pedernal, en la colonia Tres Estrellas, alcaldía Gustavo A. Madero. En este sitio, los elementos de seguridad aseguraron 103 dosis de posible cocaína, 86 dosis de presunta marihuana, 61 dosis de aparente metanfetamina y un arma de fuego corta. En el lugar fueron detenidos Israel “N”, de 46 años, y una mujer de 66 años de edad.

Cabe destacar que, según el cruce de información realizado por las autoridades, el hombre detenido cuenta con antecedentes penales, ya que en 2007 ingresó al sistema penitenciario por un delito contra el medio ambiente, relacionado con la posesión ilegal de fauna silvestre protegida con fines de comercio.

La segunda intervención se llevó a cabo en un inmueble ubicado en avenida 5, colonia Renovación, alcaldía Iztapalapa. En este punto, los agentes aseguraron 60 dosis de supuesta cocaína, 55 dosis de aparente marihuana y 49 dosis de posible metanfetamina. Asimismo, fueron detenidas dos mujeres de 39 y 33 años, así como un hombre de 28 años de edad.

En total, durante ambos operativos se aseguraron alrededor de 500 dosis de distintas sustancias ilícitas. Las autoridades indicaron que los inmuebles intervenidos quedaron asegurados y bajo resguardo policial, debido a que presuntamente eran utilizados como centros de operación para actividades relacionadas con el narcomenudeo.

Los detenidos fueron informados de sus derechos constitucionales y, junto con lo asegurado, puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones.

La SSC-CDMX subrayó que los operativos se realizaron sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación policial, así como al respeto de los derechos humanos. Asimismo, reiteró que, conforme a la ley, las personas detenidas se presumen inocentes hasta que se demuestre su responsabilidad mediante una sentencia emitida por la autoridad judicial competente.

Finalmente, las autoridades capitalinas reafirmaron su compromiso de mantener acciones coordinadas con instancias federales para combatir la delincuencia organizada y fortalecer la seguridad en la Ciudad de México.

De acuerdo con las fuentes policiales citadas por Europa Press, un hombre intentó escapar por el balcón tras desencadenar un incendio en una vivienda de les Franqueses del Vallès, en la provincia de Barcelona, la noche del viernes. Las autoridades lograron arrestarlo poco después de que se desatara el fuego en el inmueble, el cual se encontraba ocupado en ese momento por una mujer. Los servicios de emergencia y los Mossos d'Esquadra informaron sobre este incidente, destacando que no se registraron heridos como resultado de la situación.

Según consignó Europa Press, el aviso sobre el incendio llegó al cuerpo de bomberos a las 23:32 horas. Ante la gravedad del suceso, se desplazaron seis dotaciones de Bombers de la Generalitat hasta el edificio afectado. Al ingresar al lugar, los equipos no hallaron personas en el interior del piso ni en el resto del bloque. Los vecinos habían evacuado por iniciativa propia antes de la llegada de los equipos de emergencia, lo que evitó mayores riesgos para los habitantes.

Fuentes policiales consultadas por Europa Press confirmaron que la mujer que se encontraba en el interior del domicilio logró salir sin sufrir lesiones, situación que permitió a los equipos de emergencia centrarse en el control del fuego y en la revisión del inmueble sin la urgencia de rescatar ocupantes. Los bomberos consiguieron extinguir el incendio por completo cerca de la medianoche, tras asegurar que no quedaban personas en peligro dentro del edificio.

Los equipos policiales presentes en les Franqueses del Vallès arrestaron al presunto responsable después de que intentara abandonar el lugar utilizando el balcón como vía de escape. Según las fuentes citadas por Europa Press, el individuo fue interceptado antes de que pudiera conseguirlo. El arresto se produjo con la coordinación de los Mossos d'Esquadra y las restantes fuerzas desplegadas en la zona.

El operativo de emergencia se amplió posteriormente con una verificación de todo el bloque para asegurarse de que no hubiera daños estructurales ni riesgos tras el fuego. Según reportó Europa Press, la colaboración vecinal facilitó la labor de los servicios de emergencia, ya que la evacuación temprana permitió intervenir rápidamente para controlar y extinguir las llamas.

Hasta el momento, los Mossos d'Esquadra continúan investigando las circunstancias que llevaron al arresto del hombre, cuya identidad no ha trascendido, y el móvil de la acción permanece bajo reserva policial, según la información difundida por Europa Press. Los residentes del edificio pudieron regresar a sus viviendas una vez finalizadas las tareas de extinción y la revisión de las condiciones de seguridad en la estructura.

El incidente en les Franqueses del Vallès puso a prueba la coordinación entre vecinos, bomberos y fuerzas de seguridad, así como la eficacia de los protocolos de emergencia activados ante este tipo de situaciones. Tanto los Mossos d'Esquadra como Bombers han iniciado los trámites correspondientes para esclarecer las motivaciones del arrestado y determinar si existen responsabilidades penales relacionadas con el incendio provocado en la vivienda, de acuerdo con lo señalado por Europa Press.

El sospechoso registraba múltiples pedidos de captura por delitos graves. Una de las causas por homicidio, incluso, se inició cuando aún era menor de edad.

El operativo fue llevado a cabo por efectivos de la División Investigaciones Comunales 4, que lo localizaron y detuvieron en la calle Martín Rodríguez al 800, a pocas cuadras del estadio Alberto J. Armando.

De acuerdo con la investigación, el acusado permanecía oculto en el barrio y contaba con la colaboración de vecinos para evadir a la Justicia.

El detenido, cuya identidad no fue difundida, era buscado, entre otros hechos, por un homicidio ocurrido el 23 de enero del año pasado. A unas tres cuadras del lugar de su captura, en Necochea al 1200, se había reunido con dos hombres y, en medio de una discusión, efectuó varios disparos.

Como consecuencia, uno de ellos murió y el otro resultó herido, tras lo cual el agresor se dio a la fuga.

A partir de las tareas de campo, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la casa en donde se ocultaba y lograron detenerlo cuando salió a la calle.

El imputado también registraba antecedentes y causas penales iniciadas durante su minoría de edad. La primera causa por homicidio se remonta a antes de cumplir los 18 años y derivó en una orden de captura emitida el 13 de septiembre de 2024 por el Juzgado de Menores N°1.

Además, sobre él pesaba un pedido de captura del 30 de marzo de 2023, dispuesto por el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas N°3, por abuso de arma de fuego, y otro del 23 de noviembre de 2022, dictado por el Juzgado de Menores N°3, por robo agravado por su comisión con arma de fuego en poblado y en banda.

Finalmente, quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°45, a cargo de Alejandra Provitola, que ordenó su alojamiento en una alcaidía de la Policía de la Ciudad.

En febrero pasado, un peligroso delincuente de la Ciudad de Buenos Aires fue arrestado tras una serie de operativos realizados por la Policía de la Ciudad en el barrio de La Boca. Se trata de “Dengue”, un hombre identificado por las autoridades como el autor de al menos tres robos a mano armada en comercios de la zona durante enero. Según indicaron fuentes policiales y judiciales, la captura se concretó durante un allanamiento en un conventillo de Garibaldi al 1300.

La investigación se inició a raíz de las denuncias presentadas por comerciantes ante la Comisaría Vecinal 4 C, quienes reportaron asaltos violentos en distintos locales del barrio. De acuerdo con el reporte, la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, encabezada por Susana Callejas, dispuso la intervención de efectivos de la División Investigaciones Comunales 4 (DIC4). El objetivo fue identificar al responsable de los robos cometidos en un kiosco de Brandsen, una panadería sobre Aráoz de Lamadrid y un pet shop ubicado en Isabel la Católica.

Las averiguaciones incluyeron el análisis de cámaras de seguridad, toma de testimonios y la búsqueda de patrones en los hechos. Así, los investigadores lograron identificar a un hombre apodado “Dengue” como principal sospechoso. En consecuencia, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 55, bajo la dirección de Alejandra Mercedes Alliaud y la Secretaría 55 de Tomás Julián Benfatto, ordenó el allanamiento del domicilio y la detención del imputado.

Durante la requisa, el personal policial secuestró prendas de vestir que el delincuente habría utilizado durante los robos, entre ellas un par de zapatillas negras, además de una bicicleta 21 Futura, una billetera negra y un morral gris. Según la información obtenida por Infobae, estos elementos coinciden con los objetos descriptos por las víctimas y registrados en las imágenes de videovigilancia.

El modus operandi delictivo, según señalaron voceros del caso, consistía en ingresar armado a los comercios y amenazar a los empleados o propietarios para sustraer dinero y pertenencias. Luego escapaba rápidamente.

En este sentido, los investigadores no descartan que el detenido esté vinculado con otros hechos similares ocurridos en la zona en los últimos meses.

El “Dengue” quedó a disposición de la Fiscalía del Distrito La Boca-Barracas, que continúa las diligencias para determinar la posible existencia de cómplices y el alcance de la actividad delictiva del imputado.

La reciente detención y posterior liberación de Mónica Zambada, hija de Ismael “El Mayo” Zambada tras un operativo en El Salado y zonas aledañas, reavivó el debate sobre la capacidad del Estado mexicano para enfrentar a los grandes cárteles.

El despliegue de fuerzas federales, la reacción inmediata de la base social del Cártel de Sinaloa y la posterior decisión de liberar a la hija de uno de los exlíderes más relevantes del narcotráfico a nivel mundial han sido catalogados por el analista y experto en seguridad, David Saucedo, como un “mini culiacanazo”.

En entrevista exclusiva con Infobae México, Saucedo brindó su análisis sobre por qué la fallida operación de este jueves 19 de marzo tendría similitudes con el antecedente del 17 de octubre de 2019, cuando fue liberado Ovidio Guzmán, alias “El Ratón”.

El operativo: presión social, recule oficial y el paralelismo con Ovidio

Según los datos oficiales, la Secretaría de Marina (Marina) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) desplegaron un operativo en diversos municipios de Sinaloa para inhibir la acción de grupos criminales.

Durante la múltiple intervención, se reportó la detención de un integrante de la facción “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa, el abatimiento de 11 presuntos sicarios y la localización de una mujer identificada como hija de un líder criminal -refiriéndose a Mónica Zambada-, quien fue liberada por no contar con mandamientos legales en su contra y entregada a sus familiares conforme a los protocolos.

En redes sociales circuló un video del operativo en el que la población exige a los elementos federales que liberen a la mujer, alegando que ella no tiene relación criminal.

Además, en otro material se observa como elementos de la SSPC dialogan con pobladores al exterior de un domicilio ubicado cerca del helicóptero donde se encontraba resguardada la hija del capo. En el sitio, los agentes federales confirman que será soltada, pero que alguno de los presentes debía de acercarse a recibirla.

Tras los hechos, David Saucedo señaló que el hecho como un “mini culiacanazo”, el cual se consumó cuando la presión de la base social obligó a las fuerzas federales a liberar a Mónica Zambada.

El experto señaló: “Una movilización social parece que es la que los obliga a dejar a la hija del Mayo Zambada en libertad. Es cierto que México no tiene una causa penal como tal... pero en Estados Unidos sí”.

Saucedo destacó que la reacción de los habitantes, quienes rodearon a los elementos de seguridad generó un escenario similar al ocurrido en 2019 con Ovidio Guzmán. En ese entonces, la amenaza de actos de narcoterrorismo y la presión social llevaron al gobierno a optar por la liberación del hijo de El Chapo.

El analista resaltó que este tipo de reacción social se ha convertido en una estrategia recurrente de los cárteles para impedir detenciones relevantes, utilizando a la población como escudo humano y generando bloqueos para evitar la extracción de sus líderes.

El argumento oficial: protocolo y ausencia de cargos en México

El argumento presentado por las autoridades mexicanas sostiene que la liberación obedeció a la ausencia de cargos en territorio nacional contra Mónica Zambada.

Sin embargo, David Saucedo advierte que esta explicación no convence a especialistas ni a las autoridades extranjeras.

“A nadie va a convencer, a mí no me convence, el hecho de que haya sido liberada la hija del Mayo Zambada solo porque México no tiene denuncias en su contra y no hay carpetas de investigación. Tendría que haberlas, porque en efecto, ella forma parte de la estructura financiero criminal del cártel de la fracción de Los Mayos”, afirmó para Infobae México.

En Estados Unidos, Mónica Zambada figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) como parte de la red de lavado de dinero del Cártel de Sinaloa, la cual fue publicada el pasado 17 de mayo de 2007.

¿Quién dio la orden de liberar a la hija de El Mayo?

Respecto a la decisión de liberar a Mónica Zambada, David Saucedo señala que el Gabinete de Seguridad habría tomado la determinación entre sus integrantes para blindar políticamente a la presidenta Claudia Sheinbaum, evitando que asuma costos mediáticos del operativo fallido como cuando Andrés Manuel López Obrador asumió la responsabilidad del culiacanazo.

El experto planteó que los titulares de Marina, Defensa, SSPC y la FGR habrían asumido el desgaste de la operación, notificando a la mandataria una vez que la acción ya se ha ejecutado.

“Me cuesta trabajo pensar que la presidenta Claudia Sheinbaum no está enterada de todo lo que ocurre en estas decisiones importantes del combate al narco. Pero también entiendo que quizá el propio Gabinete de Seguridad está blindando a la presidenta”., subrayó Saucedo.

Resta observar si el caso de Mónica Zambada seguirá una ruta similar a la de Ovidio Guzmán, cuya liberación inicial desató cuestionamientos sobre la capacidad de las autoridades mexicanas para enfrentar al crimen organizado y motivó, tiempo después, un nuevo operativo que culminó en su recaptura.

Una integrante de la policía estatal de Guanajuato identificada como Karen Abigail “N” fue detenida tras ser acusada de filtrar información a grupos criminales dedicados al robo de autotransportes en la entidad, según informó la Secretaría de Seguridad y Paz del Estado de Guanajuato (SSPEG) este 19 de marzo.

La captura se produjo tras un cateo en un domicilio en la colonia Pastita, donde la oficial fue descubierta con diversos olecitos, como drogas, un jammer inhibidor de señal y una libreta con anotaciones que podrían ser relevantes en la investigación.

Según el reporte oficial, la acción fue realizada coordinadamente entre elementos de la SSPEG y servidores de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGE).

Una policía señalada por colaborar con el crimen organizado

La investigación, encabezada por la FGE y la Agencia de Investigación Criminal (AIC), terminó con la ejecución de una orden de cateo en un domicilio de la colonia Pastita, municipio de Guanajuato.

En el operativo participaron también integrantes de la misma corporación donde laboraba la agente y el Grupo Táctico Regional.

Según detalló la Secretaría de Seguridad y Paz, la agente es sospechosa de facilitar información confidencial a un grupo delictivo especializado en el robo de autotransporte dentro del estado.

El comunicado oficial advierte que estos hechos serán esclarecidos por la autoridad conforme avancen las investigaciones y el proceso judicial.

Las pruebas halladas durante el operativo

Durante el cateo, los cuerpos de seguridad encontraron un inhibidor de señal con ocho antenas, dos bolsas antiestáticas para equipo inhibidor, cuatro teléfonos móviles, 50 bolsas tipo ziploc y aproximadamente 500 gramos de metanfetamina, así como una libreta resaltada por fuentes oficiales por contener información relevante para la investigación.

Todos estos elementos fueron asegurados y puestos a disposición del Ministerio Público para integrarlos a la carpeta de investigación.

La dependencia subrayó que las acciones en contra de quienes traicionen el deber policial forman parte del funcionamiento de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen, conocida como CONFIA.

Mensaje del secretario de Seguridad tras la detención

El secretario de Seguridad de Guanajuato, Juan Mauro González Martínez, publicó un mensaje en la red social X (antes Twitter), donde aseguró que en el estado no hay espacio para la ilegalidad dentro de las instituciones.

Explicó que, tras una investigación interna, se detectaron indicios de posible colaboración de una integrante de las FSPE con un grupo dedicado al robo de autotransporte, lo que derivó en la intervención de la Fiscalía y la obtención de una orden judicial.

En su mensaje, González Martínez subrayó que este tipo de conductas no solo son ilegales, sino que representan una traición a la confianza ciudadana y al trabajo de quienes cumplen con su deber.

Además, afirmó que quien traiciona la ley, enfrenta la ley.

También resaltó el fortalecimiento de los mecanismos de control interno y la coordinación institucional para erradicar cualquier espacio a prácticas ilícitas.

El pasado miércoles, agentes federales detuvieron, en Tlapa, Guerrero, a Ubaldo Segura Pantoja, dirigente social integrante de la Comisión Política del Frente Popular de la Montaña (FPM).

Telesforo Aguilar Villanueva, compañero de Segura Pantoja e integrante de la Comisión Política del FPM, dio a conocer a medios locales que desconocía las causas de la detención y anunció acciones de protesta para exigir la liberación de Segura.

El arresto ocurrió a la una de la tarde en el comicilio de Segura, en la colonia Tepeyac, de Tlapa. A las cuatro de la tarde fue llevado a la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Chilpancingo.

Aguilar dijo que, al principio, sus compañeros lo reportaron como desaparecido, debido a que ninguna corporación ni la Agencia del Ministerio Público de Tlapa informaron sobre el paradero de Segura.

Segura ha participado, además del FPM, en diferentes organizaciones sociales, como el Frente Popular Revolucionario y el Movimiento Popular Guerrerense.

Más tarde, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan confirmó en un comunicado la detención, y dijo que Segura sería trasladado a la delegación de la FGR en Puebla y puesto a disposición de un juez federal.

Cerca de las seis de la tarde, integrantes del FPM se manifestaron en la glorieta de La Mona, para exigir la liberación de su líder y llamaron a las organizaciones sociales a sumarse a su demanda.

Los inconformes repartieron volantes en los que informaban la detención del dirigente social y pedían respeto a sus derechos humanos.

En la protesta, Pablo Abad, otro de los integrantes de la comisión política del FPM dijo que al solicitar información en la Fiscalía Regional sobre Segura, les propusieron revisar cámaras de vigilancia cercanas, y en las grabaciones vieron que unos hombres se lo llevaron en un carro blanco y lo obligaron a dejar las llaves de su auto a la persona que ayuda con los quehaceres domésticos.

Dijo que la información que obtuvieron es que su detención tiene que ver con una causa penal relacionada con temas electorales.

Pidió la libertad de segura, pues está enfermo de diabetes, tiene secuelas por Covid, es un adulto mayor y por ello, en la organización realizaba labores de formación, sin participar ya en movilizaciones.

En el año 2019, hombres armados desaparecieron a Arnulfo Cerón Soriano, líder de esa organización, a quien asesinaron y enterraron en una fosa clandestina en el paraje de Los Tres Postes, a un costado de la carretera Tlapa-Metlatónoc.

La búsqueda internacional permitió a las fuerzas de seguridad identificar a un hombre requerido por la justicia de Honduras como responsable de un crimen cometido en 2022 junto a varios cómplices, cuya localización en el distrito sur de Madrid derivó en un operativo que culminó con su detención. Según reportó la Policía Nacional en un comunicado, la intervención se realizó en una vivienda del Puente de Vallecas, gracias al esfuerzo conjunto entre la Policía Nacional y la Policía Municipal de Madrid.

De acuerdo con lo publicado por la Policía Nacional, la investigación se activó a principios del mes actual, cuando los agentes especializados en la localización de fugitivos recibieron información sobre la existencia de una orden de detención internacional. Esta orden, emitida por las autoridades hondureñas, catalogaba al individuo como sospechoso de haber participado en un doble asesinato en San Pedro Sula durante mayo de 2022.

El medio detalló que los hechos por los cuales se buscaba al detenido ocurrieron en la Colonia Lomas de San Juan, en el noroeste de Honduras. Según consta en la orden internacional, el hombre y otros tres sujetos, actuando en grupo, habrían disparado sin previo aviso contra dos guardias de seguridad, causándoles la muerte. De acuerdo a las autoridades hondureñas, el ataque no estuvo precedido por ningún tipo de discusión.

Tras conocer la ubicación aproximada del sospechoso en la zona sur de la capital española, los agentes de Policía Nacional iniciaron labores de vigilancia y coordinación con la Sección de Respuesta Temprana de la Policía Municipal de Madrid. Esta colaboración permitió acotar los movimientos del fugitivo y establecer la localización precisa del inmueble donde residía. Según consignó la Policía Nacional, el operativo se llevó a cabo de manera planificada, logrando arrestar al individuo sin que se produjeran incidentes adicionales.

Las autoridades de Honduras atribuyen al detenido la autoría de un doble homicidio, junto a otros tres supuestos participantes, y solicitan para él una condena de hasta 25 años de prisión, precisó la Policía Nacional. El arresto del prófugo en la capital española se suma a los esfuerzos de cooperación internacional y coordinación policial en materia de extradición y persecución de delitos graves.

Según informó la Policía Nacional, una vez cumplidos los trámites de detención, el hombre será puesto a disposición de la Audiencia Nacional, órgano competente para tramitar las solicitudes de extradición presentadas por otros países. El caso confirma el papel de la cooperación entre diferentes cuerpos policiales y la utilización de mecanismos internacionales en la localización de fugitivos considerados peligrosos o responsables de crímenes graves.

La detención en el distrito de Puente de Vallecas resalta la importancia de las labores conjuntas para la persecución de presuntos responsables de delitos cometidos fuera del territorio nacional, subrayó la Policía Nacional en sus declaraciones. Los investigadores analizaron en detalle la información remitida desde Honduras y desarrollaron el operativo de localización en el contexto de la labor regular de las unidades policiales especializadas en casos internacionales.

El caso quedó bajo la jurisdicción de las autoridades judiciales españolas, que estudiarán la documentación y las reclamaciones presentadas por el gobierno hondureño. Según la Policía Nacional, el proceso legal prosigue con la revisión de las pruebas y la consideración de los acuerdos internacionales vigentes en materia de extradición entre España y Honduras.

La oficina de Inteligencia de la Guardia Revolucionaria en Ardabil notificó la detención de cuatro sospechosos que habrían intentado establecer comunicación a través de plataformas digitales con agentes asociados al Mossad, según consignó la agencia de noticias iraní Tasnim. Todos los individuos se encuentran bajo investigación judicial luego de ser señalados por supuestos vínculos con servicios de inteligencia israelíes. Este anuncio de arrestos ocurre en el contexto de intensificación de la confrontación que involucra a Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciada el 28 de febrero, en medio de crecientes tensiones regionales.

De acuerdo con la información divulgada por Tasnim y citada por el medio, las autoridades iraníes han definido a los detenidos como "mercenarios sionistas" y detallaron su presunta participación en actividades de contacto con el Mossad mediante herramientas de comunicación en línea. Este caso ocurre cuando figuras claves dentro del aparato judicial iraní han subrayado en repetidas ocasiones la severidad de las sanciones que afrontan quienes colaboran con Estados Unidos e Israel en el territorio iraní.

El jefe del aparato judicial de Irán, Golamhosein Mohseni Ejei, reiteró que las personas acusadas de cooperación con fuerzas extranjeras podrían perder sus propiedades dentro del país y enfrentarse a la posibilidad de recibir sentencias de muerte. Estas advertencias dan marco a una política de tolerancia cero hacia la colaboración con Estados considerados adversarios por el gobierno iraní, reforzando el discurso oficial en medio de crisis de seguridad y presiones externas.

Por su parte, las cifras vinculadas a las consecuencias de la ofensiva iniciada el 28 de febrero muestran un impacto significativo en la población iraní. Autoridades oficiales han contabilizado más de mil doscientas víctimas mortales tras los ataques de Israel y Estados Unidos, detalló la agencia Tasnim. Sin embargo, Human Rights Activists in Iran, una organización no gubernamental con sede en Estados Unidos, eleva la cifra de fallecidos a más de tres mil, en su mayoría civiles, según figura en el último informe difundido por la organización y replicado por varios medios.

Los arrestos recientes resaltan el ambiente de alerta máxima dentro del país en lo relativo a la actividad de inteligencia extranjera y evidencian las medidas adoptadas por las fuerzas de seguridad para prevenir cualquier forma de infiltración o colaboración con agentes externos. En este sentido, las fuentes oficiales iraníes remarcan la continuidad de procedimientos judiciales para los individuos implicados, afirmando su disposición a aplicar la legislación vigente con todo su rigor cuando se detectan actos que atenten contra la seguridad nacional.

El medio Tasnim manifestó que la Guardia Revolucionaria considera prioritario el monitoreo de plataformas digitales, presentada como la vía principal utilizada para establecer contacto con servicios de inteligencia foráneos. Este énfasis en la vigilancia digital responde tanto a antecedentes de incidentes similares como al actual contexto de confrontación y vigilancia dentro y fuera de las fronteras iraníes.

En las últimas semanas, el discurso gubernamental se ha centrado en alertar a la población sobre los riesgos y consecuencias de cualquier tipo de colaboración directa o indirecta con actores internacionales hostiles. Según publicó la agencia Tasnim, las medidas anunciadas buscan desalentar la formación de redes internas susceptibles de intervención o manipulación desde el exterior, presentando estos arrestos como evidencia de la acción preventiva del Estado frente a amenazas de inteligencia.

El proceso judicial que afrontan los detenidos se encuentra bajo seguimiento de instancias superiores del sistema judicial iraní, como informaron diversos medios oficiales. El marco legal vigente contempla sanciones económicas y penales para quienes se compruebe que han mantenido lazos con organizaciones extranjeras, sobre todo aquellas consideradas enemigas o implicadas en operaciones hostiles contra intereses nacionales.

En el contexto de la crisis, el aparato estatal enfatiza la transparencia en la actuación de sus órganos de seguridad y en la disposición a hacer públicos los resultados de las investigaciones que vinculan a ciudadanos con actividades de espionaje o colaboración internacional. Los recientes anuncios sobre detenciones buscan reafirmar el mensaje del gobierno iraní a sus ciudadanos respecto a las consecuencias que acarrean los contactos no autorizados con operativos extranjeros, detalló la agencia Tasnim en sus informes relacionados.

Al mismo tiempo, la continuidad de la ofensiva y la actualización de los balances de víctimas continúan marcando la agenda informativa en Irán, mientras organizaciones independientes y actores internacionales exponen cifras superiores de afectados, lo que añade complejidad a la percepción del conflicto y sus consecuencias sobre la sociedad civil iraní.

Un hombre fue detenido por agentes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) tras ser identificado como el probable responsable de dar muerte a un cuentahabiente y robarlo afuera de la sucursal BBVA ubicada en la Plaza Sendero del municipio de Lerma el pasado 2 de marzo.

El ataque se produjo mientras la víctima, identificada extraoficialmente como David de 36 años, esperaba su turno para ingresar al banco, en un hecho que generó conmoción entre quienes presenciaron la agresión.

Según los reportes oficiales, compartidos por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la detención fue realizada tras cumplimentar una orden de aprehensión en contra del sujeto, identificado como Mario “N”.

Ataque a plena luz del día frente a testigos en Lerma

De acuerdo con reportes, el pasado 2 de marzo de 2026 dos sujetos arribaron a la Plaza Sendero, ubicada en la colonia Parque Industrial El Cerrillo, a bordo de una motocicleta.

En el sitio, la víctima permanecía formada para entrar a la sucursal BBVA cuando fue interceptada por los agresores.

A pesar de la presencia de varias personas en la fila, uno de los sujetos lo encañonó con un arma de fuego y exigió el dinero que llevaba para depositar.

La víctima presuntamente opuso resistencia y forcejeó con los atacantes, hasta que uno de ellos disparó a corta distancia.

Tras la agresión, los asaltantes tomaron el efectivo y huyeron en la misma motocicleta que arrivaron. La víctima fue trasladada a un hospital de la zona, donde falleció por las lesiones recibidas.

Investigación y detención del presunto responsable

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México indicó que, tras el homicidio y robo, se realizaron diversos actos de investigación que permitieron identificar a Mario “N” como probable responsable de la agresión.

El Ministerio Público integró la carpeta de investigación y solicitó a la autoridad judicial una orden de aprehensión, la cual fue concedida y ejecutada por agentes de la FGJEM.

Mario “N” fue detenido y trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Lerma, donde quedó a disposición de un juez para definir su situación jurídica.

La FGJEM subrayó mediante un comunicado que el detenido debe considerarse inocente hasta que se emita una sentencia condenatoria en su contra.

El nombre oficial de la víctima no ha sido revelado por las autoridades, pero medios como La Prensa reportaron que se trataba de un hombre de 36 años de edad, identificado como David.

La agresión y posterior robo ocurrieron en una zona comercial concurrida y en horario bancario habitual, lo que generó alarma entre los presentes y la comunidad de Lerma.

La institución informó que las investigaciones continúan para localizar al segundo implicado, quien habría conducido la motocicleta, y esclarecer todos los elementos relacionados con el caso.

La identificación de una tercera persona como testigo resultó clave para la investigación del caso sucedido en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde una mujer denunció tocamientos sin consentimiento durante la madrugada del pasado domingo en una vivienda de la calle Karmelo. Según informó la Policía Municipal de Bilbao, los hechos se desencadenaron después de que la víctima alertara a las autoridades y relatara haber sido víctima de una agresión sexual al acudir al citado domicilio junto a un conocido y otras dos mujeres.

El medio consignó que la denuncia se formalizó poco después de las 5.00 horas. La afectada declaró que subió a un piso acompañado de un conocido y dos mujeres. Una vez dentro del domicilio, afirmó que tanto un hombre de 76 años como una mujer de 38 años le realizaron tocamientos no consentidos, lo que la llevó a abandonar el lugar de manera inmediata y contactar con la Policía Municipal de Bilbao. Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta el domicilio indicado y, una vez en el lugar, procedieron a la detención de los dos presuntos agresores.

El medio detalló que la tercera mujer presente en la vivienda fue considerada testigo directa de la situación y deberá prestar declaración ante las autoridades. Según publicó la fuente, las primeras diligencias buscan esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos e identificar con precisión la participación de cada persona implicada en el episodio.

El incidente, que tuvo lugar en un inmueble del barrio de Santutxu, ha generado la apertura de una investigación policial para recabar todos los elementos de prueba y avanzar en la toma de declaraciones, tanto de la denunciante como del resto de personas presentes en el domicilio. Conforme reportó la fuente, la intervención policial se efectuó de manera inmediata tras el aviso, permitiendo la detención de los dos sospechosos en el interior del piso.

De acuerdo con las informaciones recabadas por el medio, la voz de alarma de la víctima posibilitó una rápida actuación policial, que ahora centra sus esfuerzos en analizar las versiones y testimonios para determinar la responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto, la mujer identificada como testigo deberá relatar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes para contribuir a la reconstrucción de los hechos investigados en este caso de presunta agresión sexual.

En la edición 2024 del certamen, Luciana se destacó como una joven santacruceña que, después de mucho tiempo, decidió dar un paso fundamental en su vida: visibilizar su identidad de género como mujer trans ante su familia, quienes hasta ese momento desconocían su decisión. Su relato emocionó a la audiencia y a sus propios compañeros, sobre todo por el largo camino que recorrió desde su lugar de nacimiento a miles de kilómetros de la Capital Federal, y por la pasión por el baile que la acompaña desde el jardín de infantes, cuando ya armaba coreografías en su cabeza y soñaba con cumplir metas en el mundo artístico.

A poco de ingresar a la casa, Luciana empezó a abrir su corazón y encontró refugio en Sandra, una de las jugadoras de mayor edad. En una charla íntima, la joven compartió uno de sus grandes deseos: “Mamá fue criada en el campo, entonces ella no conoce la ciudad. En 2019, estuve en un reality llamado Argentina Baila, en la TV Pública. Mi sueño era llegar a la final para que ella viaje a Buenos Aires, conozca la ciudad y que esté orgullosa viendo lo que me gusta hacer”, expresó al borde de las lágrimas, ante Sandra. “Ahora, con esto del programa no pudo venir, ni le pude avisar, pero espero que sea la oportunidad para que lo haga y me vea”, agregó sobre su mamá, que tiene 70 años. Conmovida, Sandra le respondió: “Qué hermoso. Bueno, ¿quién te dice que esto no te da la posibilidad de bailar en algún lugar y la puedas traer? En especial, cuando hablar del amor que le tenés a la danza. ¿Qué es lo que más te gusta bailar?”. Luciana no dudó: “Me crie con el folclore, pero me gusta la danza contemporánea porque es más terrenal y conectás con el piso”.

La travesía de Luciana dentro de la casa duró tres meses y 22 días, en los que protagonizó varias polémicas, como su enfrentamiento con Bati Larrivey y sus tácticas de juego. Finalmente, Martínez quedó eliminada tras un mano a mano con Chiara Mancuso: con el 51,2% de los votos, se convirtió en la nueva eliminada de Gran Hermano. Su salida generó tristeza dentro del reality, especialmente en El Tridente, el grupo que conformaba junto a Tato Algorta y Luz Tito.

Ya fuera del juego, los meses que siguieron le permitieron a Luciana mantenerse en los medios. Aprovechó la visibilidad para sumarse a distintos programas de streaming y potenciar su presencia en redes. Su historia de vida, atravesada por la valentía de visibilizar su identidad y la pasión por el baile, la convirtieron en una figura inspiradora para muchos jóvenes, en especial dentro del colectivo trans.

Pero todo cambió este sábado, cuando trascendió el episodio que la puso nuevamente en el centro de la polémica. La información comenzó a circular a partir de una publicación de la periodista Fernanda Iglesias en sus redes sociales, donde reveló los primeros detalles del caso: “Imputaron a Luciana, ex GH, por robo con modalidad ‘viuda negra’. Sucedió anoche, en el Smart Hotel, y la víctima es un turista norteamericano”.

Según la denuncia, el hecho ocurrió durante la madrugada en un hotel de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. La víctima es un turista estadounidense de 40 años que aseguró haber conocido a Luciana y a otro hombre, quien sería su representante, durante una salida nocturna en un boliche de ese barrio porteño. Tras ese encuentro, los tres se dirigieron al hotel donde él se alojaba.

Arribaron cerca de las 6:45 de la mañana y permanecieron en la habitación consumiendo bebidas alcohólicas. El turista afirmó que, en un momento, se quedó dormido y que al despertar, varias horas después, advirtió que estaba solo y que le faltaban varias pertenencias personales, entre ellas su pasaporte y un reloj digital. Tras notar el faltante, el hombre realizó la denuncia.

Actualmente, la causa está en manos del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Nro 24, a cargo de Alfredo Godoy. Se espera que en las próximas horas se conozcan más detalles sobre la situación judicial de Martínez y los demás involucrados.

Mientras la Justicia avanza, el futuro inmediato de Luciana Martínez es incierto. Su recorrido por la casa de Gran Hermano, su lucha personal y su presente judicial son el reflejo de una historia atravesada por desafíos, sueños cumplidos y, ahora, un episodio que vuelve a dejarla en el centro de la escena, pero por los motivos menos deseados.

El operativo llevado a cabo en Remolinos del Orteguaza, Florencia, permitió a las fuerzas militares colombianas localizar un depósito ilegal con ocho fusiles, una ametralladora M60, cerca de 3.981 cartuchos de diferentes calibres, 32 cargadores y dos artefactos explosivos, según informó el ejército colombiano. En la misma intervención, los uniformados lograron rescatar a un adolescente que, de acuerdo con las versiones oficiales, había sido reclutado previamente por la organización armada disidente.

De acuerdo con la información difundida por las Fuerzas Armadas y recogida por distintas plataformas informativas, la operación resultó en la captura de Alexis Ávila Orozco, conocido como ‘Nelson’, señalado como uno de los máximos dirigentes de la llamada Columna Rodrigo Cadete. Esta facción disidente forma parte de las agrupaciones que se separaron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y es dirigida por Alexánder Mendoza, alias ‘Calarcá’. El medio detalló que la detención de Ávila Orozco ocurrió en el municipio de Florencia, departamento de Caquetá, en una zona rural identificada como Remolinos del Orteguaza.

El menor de edad que fue recuperado durante el operativo ya se encuentra bajo custodia de las autoridades competentes, quienes evaluarán las condiciones en que fue reclutado por el grupo armado. Según reportó el medio, la recuperación del adolescente representó uno de los aspectos centrales de la intervención armada en la región del Caquetá.

Sobre el material incautado, el ejército precisó la localización de un depósito oculto en el que se almacenaban armas de largo alcance y explosivos, que según los voceros oficiales, incrementaban la capacidad de fuego de la facción disidente. Las autoridades subrayaron el hallazgo de la ametralladora M60 y la cantidad significativa de municiones, señalando que esto representa un golpe logístico para el grupo comandado por Mendoza.

Según consignaron las Fuerzas Armadas y diversos medios, la Columna Rodrigo Cadete implica una estructura armada que no se ha adherido al proceso de paz establecido en años recientes y ha continuado las actividades armadas en distintas zonas del país. La detención de Ávila Orozco y la recuperación del menor se inscriben en la política de ofensiva estatal contra las disidencias, en un contexto de persistentes enfrentamientos y presencia de estructuras criminales en el sur del territorio colombiano.

También informaron las autoridades que el detenido será puesto a disposición de las instancias judiciales competentes para enfrentar cargos relacionados con la conformación de grupos armados ilegales, reclutamiento de menores y tenencia de armamento de uso exclusivo de las fuerzas militares. El material incautado será sometido a procedimientos periciales para determinar su origen y posible relación con otros hechos violentos en la región.

La intervención militar realizada en Caquetá refuerza las acciones emprendidas para debilitar a las disidencias de las FARC, que según fuentes oficiales continúan desempeñando actividades ilícitas en departamentos clave como Caquetá, Guaviare y Meta. Las operaciones buscan frenar el reclutamiento forzado y desarticular los arsenales con los que cuentan estas agrupaciones.

Según lo detallado por los portavoces de las Fuerzas Armadas, la captura de un cabecilla como Alexis Ávila Orozco representa un avance en los esfuerzos por restablecer condiciones de seguridad en zonas rurales donde persisten grupos armados, y recalcaron su compromiso con la protección de menores y el decomiso de material bélico empleado en acciones ilegales.

Tal como detalló la Policía Local, los policías advirtieron que el hombre y la mujer interactuaban de manera que resultó sospechosa para la patrulla. Los agentes presenciaron el intercambio de un envoltorio por dinero, momento en el que decidieron acercarse e identificar al hombre, quien no pudo ocultar signos evidentes de nerviosismo.

De acuerdo con los datos suministrados por la Policía Local y recogidos por medios oficiales, durante las comprobaciones oportunas se constató que el paquete entregado contenía cocaína. Ante la evidencia, los agentes procedieron a detener al individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Tras la detención, el hombre fue trasladado hasta las dependencias de la Guardia Civil en Puerto Rico. La actuación policial se enmarca en los dispositivos de control y prevención de tráfico de sustancias estupefacientes que las autoridades locales mantienen en zonas de elevada concurrencia del municipio de Mogán, según consignó la nota oficial.

Los hechos, ocurridos el jueves 12 de marzo, subrayan la labor de la Policía Local en la vigilancia de espacios públicos y comerciales del sur de Gran Canaria. La transacción fue registrada en plena vía, lo que permitió a la patrulla actuar de inmediato. La mujer implicada en el suceso también quedó identificada, aunque la información difundida por la Policía Local no precisó su situación legal posterior al incidente.

El operativo se suma a otras detenciones realizadas en la isla en relación con delitos contra la salud pública y refuerza la presencia preventiva de las fuerzas de seguridad en puntos clave del municipio. Según publicó la Policía Local, el caso fue puesto a disposición judicial tras el traslado del arrestado a las instalaciones de la Guardia Civil.

Las fuerzas de seguridad recordaron la importancia de mantener la vigilancia en espacios frecuentados tanto por residentes como por turistas. La intervención rápida de los agentes, tal como reportó la Policía Local, evitó la dispersión de la sustancia y permitió la incautación de la droga que circulaba en el lugar. La operación se suma a los esfuerzos continuados por las autoridades para combatir el tráfico de estupefacientes en el archipiélago canario.

Los investigadores detectaron cerca del estadio Abanca-Balaídos de Vigo, en la zona de As Travesas, una decena de vehículos con las ruedas pinchadas. La Policía Nacional confirmó que varios de estos automóviles, con matrícula portuguesa, fueron alquilados por seguidores del Olympique de Lyon para desplazarse a la ciudad gallega. En este contexto, según consignó el medio de comunicación, se produjo la detención de un segundo integrante del grupo Tropas de Breogán, presuntamente vinculado a los altercados que tuvieron lugar en la noche del miércoles, cuando un grupo de encapuchados agredió a hinchas franceses en las inmediaciones del estadio.

De acuerdo con la información difundida por la Comisaría de Vigo y reportada por los medios, la segunda detención sucedió en la mañana del viernes. La previsión es que el arrestado quede en libertad tras prestar declaración en dependencias policiales, a la espera de ser citado por el juzgado. El primer detenido por estos hechos, arrestado el jueves, ya recuperó la libertad con la condición de comparecer ante la autoridad judicial cuando se le requiera.

Tanto el primer como el segundo detenido son señalados por las fuentes policiales como miembros del colectivo denominado Tropas de Breogán y supuestamente participaron en una pelea multitudinaria ocurrida la noche previa al encuentro por la Liga Europa entre el RC Celta y el Olympique de Lyon. Según describió la Policía Nacional de Vigo en declaraciones recogidas por la prensa, un grupo de individuos, encapuchados y portando palos y tubos, sorprendió a aficionados franceses que se hallaban en un local de hostelería situado en la calle Areal.

El ataque terminó con lesiones a varias personas; al menos una de las víctimas requirió traslado a un centro sanitario para recibir atención médica. Además de los heridos, durante la intervención policial se registraron daños materiales y se identificó a una veintena de personas involucradas, detalló el medio.

La misma noche del altercado, los investigadores comenzaron con las pesquisas para identificar a los agresores y recabaron testimonios de testigos presenciales, así como imágenes de cámaras de seguridad cercanas al área del incidente. La Policía Nacional extendió las investigaciones a posibles conexiones entre la agresión y los daños observados en los vehículos alquilados, ya que estos automóviles fueron hallados estacionados cerca del estadio y presentaban daños intencionados en los neumáticos.

Según citó la prensa, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para esclarecer si ambos hechos, la agresión a los hinchas y el sabotaje de los vehículos, guardan relación y determinar el grado de participación de los detenidos y de otros posibles implicados. Los grupos ultras del fútbol suelen estar bajo el escrutinio policial por su vinculación con enfrentamientos violentos en el contexto de los partidos de alto riesgo, como los de competiciones europeas.

La seguridad durante el encuentro de la Liga Europa entre el Celta y el Olympique de Lyon ya se había reforzado por las previsiones de posibles incidentes, dado el historial de choques entre grupos de hinchas. Los dispositivos de vigilancia incluyeron controles en los accesos y un despliegue especial en las inmediaciones del estadio. Pese a estas medidas, los altercados se desencadenaron horas antes del inicio del partido oficial.

El incidente amplió la intervención policial a la preparación de estrategias preventivas ante futuros encuentros, enfocadas en la detección y desarticulación de grupos radicales que puedan protagonizar actos similares. Los responsables de la seguridad reiteraron la necesidad de colaboración entre cuerpos policiales, clubes y organizadores de eventos deportivos internacionales para minimizar riesgos y garantizar la integridad de los asistentes.

Mientras continúan las pesquisas y se trabaja en nuevas posibles detenciones, la Policía Nacional reiteró el llamamiento a la ciudadanía para aportar información sobre los sucesos que precedieron el encuentro europeo en Vigo. Las diligencias judiciales seguirán su curso y los arrestados quedarán a disposición de la autoridad competente cuando sean requeridos, detalló el medio en sus reportes más recientes.

La investigación oficial identificó a una quinta persona vinculada al caso de supuesto espionaje, la cual permanece fuera del país, según las autoridades de Bahréin. Este dato fue revelado en el contexto de la detención de cuatro ciudadanos bahreiníes, entre ellos una joven de 22 años, acusados de colaborar con la Guardia Revolucionaria de Irán reuniendo información estratégica y transmitiéndola a través de canales digitales encriptados. Según detalló el Ministerio del Interior en un comunicado recogido por diversas fuentes, las detenciones se produjeron el miércoles y afectan a tres hombres de 25, 34 y 36 años, además de la joven arrestada.

El ministerio explicó que la investigación a cargo de la Dirección General de Investigación Criminal y Ciencias Forenses permitió establecer que el primer detenido habría actuado bajo las órdenes de la organización iraní y con el apoyo de otras personas. De acuerdo con el comunicado, ese implicado empleó equipos fotográficos de alta resolución para registrar imágenes y ubicaciones de sitios catalogados como vitales e importantes dentro de Bahréin. Posteriormente, la información recopilada pasó a disposición de la Guardia Revolucionaria iraní a través de un software cifrado, lo que permitió el envío seguro y clandestino de los datos obtenidos.

De acuerdo con el comunicado difundido y recogido por medios internacionales como Europa Press, la investigación se llevó a cabo en un contexto geopolítico marcado por la ofensiva militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán registrada en febrero, y las posteriores respuestas iraníes dirigidas a intereses estadounidenses en la región. El Ministerio del Interior de Bahréin subrayó que los detenidos han sido puestos a disposición de la Fiscalía y que se han iniciado los procedimientos legales pertinentes en el marco de esta causa.

El medio Europa Press también consignó que, según los datos difundidos por el Ministerio del Interior, la red de espionaje estaba planificada para obtener información estratégica acerca de lugares sensibles del país. La nota oficial especificó que las personas inculpadas accedieron a estos recintos para obtener fotografías y registrar coordenadas, cumpliendo supuestamente instrucciones directas de la organización para la que trabajaban.

En el comunicado se puntualiza que la información recopilada incluía datos relevantes para la seguridad nacional de Bahréin. El uso de tecnología avanzada, como cámaras de alta definición y programas cifrados, habría permitido la recolección y transferencia de material potencialmente sensible sin levantar sospechas inmediatas. Las autoridades subrayaron que el primer detenido fue clave en la operativa, ejecutando tareas según los lineamientos recibidos y contando con el apoyo logístico de los otros tres ciudadanos arrestados.

La prensa internacional, citando fuentes oficiales, destacó que las detenciones se inscriben dentro de un clima de alta tensión regional, derivado de la escalada de enfrentamientos entre Irán y bloques aliados de Estados Unidos e Israel. Según reportó Europa Press, la localización de la quinta persona presuntamente implicada, quien al momento se mantiene en libertad y fuera de las fronteras bahriníes, sigue bajo investigación, y las autoridades están coordinando acciones para su posible extradición o captura.

El comunicado ministerial enfatizó que las actividades de espionaje se realizaban desde el interior del país y que la cadena de mando se mantenía mediante instrucciones enviadas por la organización iraní. Los acusados accedían a información detallada sobre puntos estratégicos y empleaban herramientas tecnológicas para evitar la detección. Todo el contenido era transmitido exclusivamente a través de plataformas digitales encriptadas, resguardando tanto la identidad de los remitentes como la confidencialidad de la información desplazada.

El arresto de los cuatro bahreiníes y la revelación de una red que operaba con ayuda extranjera han intensificado la atención sobre las medidas de seguridad y la vigilancia de posibles células de inteligencia integradas en la sociedad bahriní. Según publicó Europa Press, las investigaciones continúan abiertas y no se descartan nuevas detenciones o avances en el caso, a medida que se profundizan las pesquisas sobre la colaboración entre ciudadanos locales y agentes iraníes a través de tecnología digital.

El Ministerio del Interior aseguró que los procedimientos legales aplicables ya se encuentran en marcha y que los sujetos detenidos permanecerán a disposición de las autoridades judiciales mientras avanzan las diligencias. Las investigaciones lograron detectar la exactitud con la que funcionaba la estructura de espionaje, así como los mecanismos sofisticados empleados para registrar y entregar información clasificada sobre lugares clave del país.

El procedimiento judicial contra los tres hermanos de origen iraquí comenzó luego de que imágenes de videovigilancia captaran a un individuo encapuchado, vestido de negro y con mochila acercándose a la entrada de la Embajada de Estados Unidos en Oslo la madrugada del domingo, momento en el que se registró una potente explosión. Según la cadena NRK, la policía de la capital noruega detuvo a los tres jóvenes, que residen en Oslo y tienen alrededor de 20 años, bajo las acusaciones establecidas en el artículo 138 del Código Penal referente a atentados terroristas.

De acuerdo con NRK, Christian Hatlo, abogado de la policía, explicó en rueda de prensa que las autoridades consideran, basado en la investigación, que uno de los detenidos tuvo participación directa en los hechos, mientras que los otros dos colaboraron en distintas fases previas y posteriores al ataque. El medio NRK detalló que el operativo policial se desarrolló sin incidentes y que los implicados no cuentan con antecedentes penales. El arresto se realizó después de analizar el material audiovisual registrado por cámaras próximas al recinto diplomático.

Las declaraciones de la policía recogidas por NRK subrayan que los tres serán presentados ante las autoridades en las próximas horas para prestar declaración formal. Hatlo añadió que la investigación no descarta la posible participación de más personas, por lo que no se excluyen nuevos arrestos en el futuro inmediato. NRK informó que la policía mantiene abiertas todas las hipótesis, incluyendo la posibilidad de injerencia extranjera, aunque por el momento no existe confirmación en ese sentido.

Sobre las circunstancias de la explosión, la policía comunicó que el incidente sucedió a la 01:00 de la madrugada (hora local) frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo. De acuerdo con el reporte de NRK, la detonación fue percibida como "potente", pero no se reportaron heridos debido al alto nivel de seguridad y protección del edificio diplomático. Hatlo informó que los daños materiales en la legación no fueron graves, lo que atribuyó a las medidas de seguridad con las que cuenta la representación estadounidense.

En la conferencia de prensa, el portavoz de la policía remarcó que hasta el momento no se ha establecido con certeza el móvil del ataque, ni el método exacto empleado para provocar la explosión. NRK puntualizó que los equipos forenses continúan recolectando pruebas tanto en la escena del incidente como en las propiedades vinculadas a los sospechosos.

El medio noruego reportó que la Embajada de Estados Unidos ha colaborado activamente con las autoridades locales durante las primeras fases de la investigación. Hasta el momento, la legación diplomática no ha emitido declaraciones públicas respecto a las detenciones ni al avance de las pesquisas.

Los tres jóvenes fueron privados de libertad a inicios de la semana, y su situación procesal dependerá de los interrogatorios previstos para las próximas horas. Según NRK, la policía sigue tratando de establecer con precisión los vínculos entre los hermanos y el modo en que habrían planeado y ejecutado el ataque.

La actuación policial tras el atentado comprendió el despliegue de unidades especiales en distintos puntos de Oslo, así como el refuerzo de la vigilancia cerca de otras representaciones diplomáticas y edificios públicos considerados de riesgo. Según publicó NRK, esta medida forma parte del protocolo de seguridad preventivo ante incidentes similares en territorio noruego.

NRK señaló que, pese a la gravedad de la acusación de "atentado terrorista", las autoridades insisten en mantener la investigación abierta y evaluar todas las pistas aportadas por la ciudadanía, así como la información extraída de las cámaras de seguridad y dispositivos electrónicos.

El abogado de la policía, Christian Hatlo, aseveró durante la rueda de prensa que la identidad de los detenidos y otros detalles sobre su residencia se mantienen bajo reserva a fin de proteger la integridad de la investigación, según reportó NRK. La policía tampoco ha proporcionado información sobre el tipo de explosivo utilizado ni los posibles motivos detrás del ataque.

Las autoridades mantienen contacto permanente con los servicios de inteligencia nórdicos y refuerzan la coordinación internacional para confirmar o descartar posibles conexiones con actores o intereses externos a Noruega. Según consignó NRK, aunque la hipótesis principal se centra en la acción localizada y ejecutada en Oslo, no se excluye ninguna alternativa que pudiera surgir de los análisis en curso.

La policía solicitó la colaboración de la ciudadanía para recabar información adicional sobre los movimientos detectados horas antes de la explosión y recalcó la importancia de cualquier dato que pudiera ayudar a esclarecer los hechos, tal como detalló NRK. Hasta ahora, la investigación se orienta tanto a reconstruir el recorrido del sospechoso principal como a identificar la naturaleza y procedencia del artefacto empleado.

Según el medio de radiodifusión, la explosión en la entrada de la Embajada estadounidense reavivó la atención sobre las medidas antiterroristas implementadas en la capital noruega, así como sobre la cooperación bilateral entre Noruega y Estados Unidos en materia de seguridad diplomática e intercambio de inteligencia. NRK informó que, tras el incidente, otras embajadas en Oslo han revisado de forma preventiva sus protocolos internos y la presencia de agentes de seguridad en sus inmediaciones.

El caso permanece bajo investigación, y la policía anunció que informará sobre avances relevantes cuando la confidencialidad procesal lo permita, según reportó la cadena NRK.

En calles de la colonia Santa Anita, de la alcaldía Iztacalco, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a un sujeto que, al parecer, exigió dinero en efectivo a los dueños de tres negocios, a cambio de no causarles daño a su integridad y a sus locales.

Los uniformados realizaban labores de patrullaje en el Eje 4 Sur Presidente Plutarco Elías Calles y la calzada de La Viga, en la colonia Barrio San Francisco Xicaltongo, cuando a través del número de Cuadrante recibieron la llamada del dueño de un local, quien mencionó que un sujeto le acababa de exigir dinero para no atentar contra su vida y provocar daños a su patrimonio, y que en ese momento aún lo tenía a la vista.

En una rápida respuesta a la denuncia, los uniformados se desplazaron al lugar donde el denunciante señaló al posible responsable que se encontraba a unos metros, quien al percatarse de la presencia policial corrió por calles aledañas, sin embargo, tras una persecución lo interceptaron en la esquina de las calles Recreo y Álvaro Obregón, en la colonia Santa Anita.

En el sitio le realizaron una revisión de seguridad, en apego a los protocolos de actuación policial, tras la cual le hallaron una réplica de arma de fuego corta y dinero en efectivo. En ese momento, se presentaron los dueños de una panadería y de un local de accesorios para teléfonos celulares, quienes mencionaron que el sujeto, momentos antes, les exigió dinero bajo la misma amenaza.

Por lo anterior, los policías detuvieron al hombre de 37 años de edad, le leyeron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal e iniciará la carpeta de investigación sobre los hechos.

Cabe señalar que, luego de un cruce de información, se supo que el detenido cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México entre los años 2007 y 2025, cinco por Robo en diferentes modalidades y uno por Delitos contra la salud y Cohecho.

La SSC trabaja todos los días para garantizar que la Ciudad de México sea un lugar en el que la extorsión no tenga cabida e invita a la ciudadanía a que aporte información y sume esfuerzos para el combate a este delito, a través de las denuncias a través del número 089 o en la línea directa 55 5036 3301.

El hecho fue registrado en video y mostró cómo Leodan Pino, un joven de 18 años con entrenamiento en artes marciales mixtas y recluta militar, sometió al agresor en segundos luego de que el hombre amenazara a su hermano menor de 16 años en plena jornada de cierre del establecimiento.

El incidente derivó en cargos graves contra el atacante, que fue identificado como Bryce Thayer y que permanece en prisión preventiva bajo una fianza de USD 11.000, según constató el canal estadounidense Fox News.

El sospechoso portaba metanfetamina y registraba detenciones previas

Durante el arresto, agentes del sheriff del condado de Marion hallaron en posesión de Thayer una pipa para el consumo de metanfetamina.

Los registros carcelarios consultados por Fox News indican que el sospechoso había sido detenido en cuatro ocasiones previas desde mayo de 2024, imputado por diferentes delitos, aunque el informe no detalla la naturaleza de todos los cargos.

Los hechos se desencadenaron cuando Pino y su hermano estaban cerrando las instalaciones y advirtieron la presencia de un hombre con comportamiento alterado. Pino relató al canal local de noticias de Orlando FOX 35 Orlando: “Estaba cerrando todas las puertas y escuché gritos; alguien gritaba algo. No estaba en sus cabales. Se acercó al túnel, y fue cuando le dije: ‘Tienes que irte, tienes que irte’”.

Según la investigación oficial citada por Fox News, Thayer reaccionó con agresividad ante la orden de abandonar la propiedad y se acercó hacia los adolescentes exhibiendo un hacha que tenía sujeta a la mochila.

La confrontación escaló cuando el hermano menor de Pino logró arrebatarle el hacha al atacante. En ese instante, el joven de 18 años, con su formación en artes marciales mixtas, lo derribó y le aplicó una técnica de sumisión.

“Una vez que bajó la guardia, ejecuté la proyección, lo inmovilicé y conecté varios codazos hasta que quedó incapacitado. Logré girarlo, le aseguré un triángulo corporal y mantuve una llave trasera de estrangulación hasta que llegaron los policías”, explicó Pino a Fox News. La ficha policial de Thayer mostró notables moretones en el rostro, consecuencia directa del forcejeo.

Pino destacó la intervención y la protección de su hermano

Al ser consultado por Fox News, Leodan Pino, quien recientemente se incorporó al ejército, valoró haber conseguido controlar la agresión: “Estoy muy agradecido de que Dios me haya dado la oportunidad y la fuerza para manejar la situación”.

Agregó: “Me alegra haber estado cerrando el local junto a mi hermano y no otro compañero, porque no sé si alguien más habría hecho lo mismo. Me complace poder protegerlo”.

El video, difundido por la oficina del sheriff de Marion, muestra el instante en que los jóvenes logran reducir al atacante sin que se registraran heridos entre los empleados.

Bryce Thayer enfrenta dos cargos de asalto agravado con arma mortal sin intención de matar y uno por posesión de parafernalia relacionada con drogas, de acuerdo con el expediente judicial reportado por Fox News.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC), adscritos a la Policía Bancaria e Industrial (PBI), detuvieron a un hombre señalado como presunto responsable de exigir dinero a un comerciante a cambio de no atentar contra su integridad ni contra su negocio, en calles de la alcaldía Álvaro Obregón.

La detención se realizó tras diversas denuncias ciudadanas relacionadas con personas generadoras de violencia en la zona. De acuerdo con información oficial, los hechos ocurrieron en la colonia Molino de las Rosas, donde policías realizaban recorridos de vigilancia como parte de las acciones para prevenir delitos de alto impacto.

Según el reporte de las autoridades, los uniformados patrullaban las calles Molinos y Sassoferrato cuando fueron abordados por un hombre de 48 años de edad, propietario de una ferretería ubicada en la zona.

El comerciante informó a los policías que momentos antes un sujeto que se encontraba metros adelante, a bordo de una motocicleta color negro con gris y azul, le había solicitado dinero en efectivo como supuestos intereses derivados de un préstamo que había adquirido tiempo atrás. No obstante, el denunciante aseguró que dicho adeudo ya había sido liquidado en su totalidad desde el pasado mes de enero.

A pesar de ello, el presunto agresor continuaba exigiendo pagos periódicos, lo que el afectado interpretó como una forma de presión y amenaza para obtener dinero. Ante esta situación, decidió solicitar apoyo a los elementos de seguridad que se encontraban realizando patrullajes en la zona.

Con la descripción proporcionada por el denunciante, los policías ubicaron al sujeto señalado, quien aún permanecía en las inmediaciones del lugar a bordo de la motocicleta referida. Tras ser identificado plenamente por el comerciante, los uniformados procedieron a interceptarlo.

El individuo, de 27 años de edad, manifestó ser de nacionalidad colombiana. Conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva para descartar la portación de objetos ilícitos o peligrosos.

Posteriormente, los agentes de la Policía Bancaria e Industrial procedieron a su detención al considerarlo probable responsable de los hechos denunciados. El hombre fue informado de sus derechos constitucionales y trasladado, junto con la motocicleta asegurada, ante el agente del Ministerio Público de la Ciudad de México.

Será esta autoridad la encargada de determinar su situación jurídica y de integrar la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer lo ocurrido.

La SSC informó que estas acciones forman parte de la estrategia de seguridad implementada en la capital para atender denuncias ciudadanas, combatir delitos como la extorsión y reforzar la presencia policial en zonas con reportes de conductas delictivas.

Asimismo, la dependencia reiteró su llamado a la ciudadanía a denunciar cualquier acto que ponga en riesgo su seguridad o patrimonio, ya que la colaboración entre vecinos y autoridades permite una respuesta más rápida ante situaciones de posible delito.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, quienes continuarán con las investigaciones para determinar si el detenido está relacionado con otros hechos similares en la zona.

El exdirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puebla, Juan Pablo Kuri, fue liberado del penal de San Pedro Cholula y continuará su proceso judicial fuera de prisión, luego de que un juez modificó la medida cautelar que enfrentaba.

El político poblano había sido detenido y posteriormente vinculado a proceso por el delito de violación, tras una denuncia presentada por su exesposa ante la Fiscalía General del Estado de Puebla. Inicialmente se le impuso prisión preventiva, por lo que permaneció recluido mientras avanzaba la investigación.

Sin embargo, durante una audiencia reciente, la autoridad judicial determinó cambiar las condiciones de su proceso penal, lo que permitió que el exdiputado local recobrara su libertad mientras continúa el juicio en su contra.

¿Por qué fue liberado Kuri?

La liberación de Juan Pablo Kuri ocurrió después de que un juez aceptó un amparo y la modificación de la medida cautelar, lo que permitió sustituir la prisión preventiva que se le había impuesto al inicio del proceso.

En la audiencia, el Ministerio Público solicitó mantener la medida más severa debido a la gravedad del delito imputado; no obstante, el juez evaluó los argumentos presentados por la defensa y determinó que el exdirigente del PVEM podía seguir el proceso en libertad bajo otras condiciones judiciales.

Con esta resolución, el exfuncionario dejó el Centro de Reinserción Social de San Pedro Cholula, donde permanecía desde que se le dictó prisión preventiva. A pesar de su liberación, el proceso penal en su contra continúa y deberá cumplir con las medidas que le fueron impuestas por la autoridad judicial mientras se desarrolla el caso.

El caso se originó tras la denuncia presentada por su exesposa, quien lo acusó del delito de violación dentro del matrimonio, una conducta que en Puebla puede castigarse con penas de hasta 20 años de prisión, dependiendo de las circunstancias del caso.

¿Cómo fue su detención?

La detención de Juan Pablo Kuri ocurrió el 7 de febrero de 2026 en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán, ubicado en el municipio de Huejotzingo, Puebla.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el arresto se realizó alrededor de las 16:17 horas, sobre la carretera internacional Cholula–Puebla, cerca del estacionamiento del aeropuerto, donde agentes estatales cumplimentaron una orden de aprehensión en su contra.

La orden estaba relacionada con una denuncia por violencia familiar presentada por su exesposa, según información oficial difundida en ese momento. Tras su captura, el político fue trasladado bajo custodia a la Casa de Justicia de San Andrés Cholula, donde quedó a disposición de un juez de control para definir su situación jurídica.

En ese recinto se llevaron a cabo las audiencias iniciales del proceso penal, en las que el Ministerio Público presentó los primeros datos de prueba y se determinó su vinculación a proceso, así como las medidas cautelares que posteriormente serían modificadas.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de origen venezolano que se encontraba en posesión de posible droga y cartuchos útiles en calles de la alcaldía Álvaro Obregón, y que presuntamente estaría relacionado con un grupo delictivo dedicado al robo a casa habitación bajo el modus operandi conocido como “La Patrona”.

De acuerdo con el comunicado, la detención ocurrió mientras los uniformados realizaban recorridos de seguridad y prevención del delito en la calle Anconitanos, en la colonia Primera Victoria. Durante la vigilancia, los oficiales observaron a un sujeto que se encontraba a bordo de una motocicleta y que, al percatarse de la presencia policial, arrojó una bolsa al suelo e intentó retirarse del lugar.

Ante la actitud sospechosa y al estar frente a un posible hecho delictivo, los policías se aproximaron y, conforme a los protocolos de actuación, realizaron una revisión preventiva.

Aseguran droga, cartuchos y una motocicleta

Durante la inspección, los elementos de la SSC aseguraron:

• 183 bolsitas con aparente marihuana
• 96 envoltorios de papel blanco con una sustancia similar a cocaína en piedra
• 14 cartuchos útiles
• Dinero en efectivo
• Un teléfono celular
• Una motocicleta negra con franjas verdes

Por estos hechos, el hombre de 28 años, quien dijo ser originario de Venezuela, fue detenido en el lugar. Los policías le informaron sus derechos constitucionales y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público junto con lo asegurado, quien determinará su situación jurídica.

Presunto vínculo con banda dedicada al robo de casas

Tras labores de investigación e inteligencia, las autoridades señalaron que el detenido posiblemente forma parte de una célula delictiva integrada por ciudadanos extranjeros, dedicada al robo a casa habitación bajo el esquema conocido como “La Patrona”, además de la comercialización de armas de fuego y drogas.

Este grupo delictivo operaría en Ciudad de México, Estado de México y Puebla, según las indagatorias policiales.

Asimismo, el sujeto presuntamente colaboraba con otro ciudadano extranjero que fue detenido días antes y que sería considerado el posible líder de esta célula criminal.

De acuerdo con las investigaciones, ambos estarían relacionados con el robo a una vivienda ocurrido el 25 de octubre de 2025 en la colonia Chimalistac, también en la alcaldía Álvaro Obregón, donde los delincuentes habrían engañado a empleados domésticos para obtener dinero y objetos de valor mediante llamadas y mensajes.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar la participación del detenido en otros delitos cometidos en la capital del país y entidades cercanas.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) decidió extender hasta el lunes 9 de marzo la detención de la mujer arrestada en Las Palmas de Gran Canaria, quien fue localizada en horas nocturnas por el barrio de San Cristóbal llevando a su hija, una bebé de aproximadamente 20 meses, ya sin signos vitales. Según informó el TSJC, la investigación se mantiene bajo secreto de sumario mientras el Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de la ciudad dirige las diligencias para determinar las circunstancias que rodearon la muerte de la menor.

De acuerdo con lo publicado este sábado por el TSJC, la mujer ha permanecido bajo custodia policial desde su detención la noche del miércoles 4 de marzo. La intervención de las autoridades inició cuando varios vecinos advirtieron la presencia de la madre con la niña inmóvil en brazos y dieron aviso inmediato a la Policía Nacional. A su llegada, los agentes, junto a equipos sanitarios, intentaron reanimar a la pequeña en el lugar, trasladándola posteriormente al Hospital Universitario Materno-Infantil de Gran Canaria. El personal médico confirmó el fallecimiento de la niña tras su ingreso al centro hospitalario.

El medio informó que, tras constatarse la muerte de la menor, las fuerzas de seguridad abrieron una investigación para esclarecer cómo ocurrieron los hechos y el posible grado de implicación de la madre. La autoridad judicial de guardia, atendiendo a la gravedad de la situación y bajo solicitud de los investigadores, resolvió prorrogar la detención para permitir la continuación de las pesquisas sin restricciones procesales inmediatas.

Según consignó la Policía Nacional, el suceso provocó la intervención coordinada de diferentes cuerpos de emergencia, movilizados a raíz del aviso vecinal por la situación anómala de la mujer deambulando con la menor por un conocido barrio marinero de la capital grancanaria. El TSJC puntualizó que, debido a la naturaleza sensible del caso y a la investigación en curso, la instrucción del sumario permanece reservada, por lo que no se divulgan detalles específicos sobre las líneas investigativas ni sobre los primeros resultados periciales.

El caso fue asumido en su totalidad por el Juzgado de Violencia Contra la Infancia y la Adolescencia de Las Palmas de Gran Canaria, órgano especializado encargado de la tutela judicial durante la fase de instrucción. Según publicó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, este juzgado busca aportar claridad tanto acerca del desarrollo de los hechos como sobre la causa exacta del fallecimiento de la menor, cuestiones que permanecen sin esclarecer y sujetas a evaluación judicial y forense.

Tanto fuentes judiciales como policiales han reiterado, según informó el TSJC, que cualquier novedad relevante sobre el avance de la investigación se notificará en correspondencia con el levantamiento del secreto de sumario o una vez se haya producido una resolución judicial inicial. Hasta entonces, la madre continúa privada de libertad, a la espera de futuras decisiones en el marco de la instrucción penal.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a un hombre que intentó evadir un punto de revisión del programa Conduce sin Alcohol, luego de acelerar su vehículo y arrastrar a un oficial varios metros en calles de la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte policial, los hechos ocurrieron en un punto de control del programa conocido como Alcoholímetro, instalado en la esquina de las avenidas Avenida Javier Rojo Gómez y Avenida Luis Hidalgo Monroy, en la colonia San Pablo, Iztapalapa, Ciudad de México.

En ese lugar, un oficial de la SSC se aproximó al conductor de un vehículo con cromática de taxi, color blanco con rosa, con el objetivo de realizarle la entrevista preventiva correspondiente, como parte del protocolo del programa que busca detectar a conductores que manejan bajo los efectos del alcohol.

Sin embargo, el chofer hizo caso omiso a la indicación del uniformado y, de manera repentina, aceleró la marcha del automóvil con la intención de evitar la revisión. Durante la maniobra, el oficial quedó sujetado de la puerta del conductor y fue arrastrado varios metros mientras el vehículo avanzaba.

De acuerdo con el informe, el policía se sostuvo de la unidad para evitar caer y poner en riesgo su integridad física, mientras sus compañeros solicitaron apoyo inmediato a otros elementos que se encontraban en la zona. La situación derivó en una persecución para detener al conductor.

La localización del vehículo fue posible gracias al apoyo de un ciudadano que circulaba en motocicleta por el lugar. El motociclista, al percatarse de lo ocurrido, brindó información a los policías y señaló la dirección que había tomado el taxi, lo que facilitó ubicar la unidad y darle alcance metros más adelante.

Una vez que el oficial logró descender del vehículo y se encontraba sobre la acera, sus compañeros solicitaron el apoyo de servicios médicos para su valoración. Posteriormente fue trasladado a un hospital para recibir atención médica especializada y descartar lesiones de gravedad.

En tanto, el conductor, un hombre de 59 años de edad, fue detenido por los elementos de seguridad. Durante una revisión preventiva y la inspección del vehículo, los policías encontraron varias latas de bebidas alcohólicas en el interior de la unidad.

Tras informarle sus derechos, el hombre fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con el vehículo asegurado, quien será el encargado de determinar su situación jurídica y las posibles responsabilidades derivadas de los hechos.

El programa Conduce sin Alcohol se implementa de manera permanente en distintos puntos de la capital del país con el objetivo de prevenir accidentes viales relacionados con el consumo de alcohol y promover una conducción responsable entre los automovilistas.

Las autoridades reiteraron que los puntos de revisión se instalan de forma aleatoria en diversas vialidades de la ciudad y forman parte de las estrategias para reducir incidentes de tránsito y proteger la seguridad de peatones, conductores y elementos de seguridad que participan en los operativos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado por presuntamente realizar tocamientos a una menor de edad en calles de la alcaldía Coyoacán. El sujeto fue asegurado luego de que ciudadanos lo retuvieran tras percatarse de la agresión.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las avenidas del Imán e Insurgentes Sur, en la colonia Insurgentes Cuicuilco, donde oficiales de la SSC acudieron tras recibir el reporte de una detención ciudadana en la zona.

De acuerdo con la información proporcionada por la dependencia, los policías fueron alertados sobre un grupo de personas que mantenía retenido a un hombre, por lo que se trasladaron de inmediato al lugar para verificar la situación y evitar que el incidente escalara.

Al arribar al sitio, los uniformados se entrevistaron con una mujer de 66 años de edad, quien señaló que momentos antes el sujeto presuntamente había realizado tocamientos indebidos a su nieta, una menor de edad. Según su testimonio, varias personas que se encontraban cerca se percataron de lo ocurrido y decidieron intervenir para impedir que el individuo huyera.

Los ciudadanos lograron retener al hombre y, en medio de la indignación generada por el presunto acto, algunas personas lo golpearon antes de la llegada de los agentes de seguridad.

Ante esta situación, los oficiales aplicaron los protocolos de actuación policial y procedieron a resguardar la integridad física del individuo, quien presentaba golpes visibles en el rostro presuntamente derivados de la agresión por parte de los presentes.

Tras controlar la situación y escuchar el señalamiento de la denunciante, los policías informaron al sujeto, de 25 años de edad, que sería detenido por su probable participación en los hechos. Posteriormente le leyeron sus derechos constitucionales conforme lo establece la ley.

Una vez formalizada la detención, el hombre fue trasladado y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será la autoridad encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones del caso.

Las autoridades indicaron que la intervención policial también tuvo como objetivo evitar mayores agresiones en contra del presunto responsable, ya que la detención ciudadana derivó en un episodio de violencia en el lugar.

De manera adicional, tras realizar un cruce de información en las bases de datos institucionales, se dio a conocer que el detenido cuenta con antecedentes en el Sistema Penitenciario de la Ciudad de México. Según los registros oficiales, el hombre tuvo un ingreso en el año 2021 por el delito de robo calificado.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reiteró que, ante cualquier hecho delictivo, es importante reportarlo a las autoridades para que actúen conforme a los protocolos y se eviten situaciones que pongan en riesgo la integridad de las personas.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, que será responsable de recabar las pruebas necesarias y determinar las acciones legales correspondientes.

El hombre de 45 años, sobre quien pesaban varias órdenes judiciales y que empleaba cambios frecuentes de vivienda en los barrios históricos de Albaicín y Sacromonte de Granada para evitar a las autoridades, permanece bajo custodia tras comparecer ante el Juzgado de Guardia de Granada, donde se dictaminó su ingreso en prisión debido a delitos de gravedad relacionados con la agresión sexual a un menor y otros cargos. Según relató el Instituto Armado en una nota de prensa difundida este jueves, la operación policial, que incluyó vigilancia y dispositivos especiales en el entorno de las viviendas ocupadas por el sospechoso, culminó con su localización y detención en el barrio del Albaicín.

El medio Europa Press reportó que la Guardia Civil intervino luego de recibir un oficio judicial que ordenaba la búsqueda, localización y arresto del individuo, quien era requerido por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa como presunto responsable de un delito de agresión sexual a un menor de edad. Tras la recepción de este documento, la Unidad Adscrita de Policía Judicial de la Guardia Civil de Granada desplegó distintas tareas de investigación orientadas a identificar el paradero del hombre.

De acuerdo con la información publicada por Europa Press, las primeras pesquisas enfrentaron dificultades debido a los desplazamientos frecuentes del sujeto, que residía de manera irregular en viviendas ocupadas tanto en el Albaicín como en las cuevas del Sacromonte, sectores conocidos por la presencia de inmuebles ocupados y redes de personas en situación de vulnerabilidad. Los agentes se concentraron en estas zonas, realizando tareas de vigilancia discreta y montando diversos dispositivos para interceptar al individuo sin alertar su presencia.

Una vez detectada su ubicación exacta, los efectivos detuvieron al hombre en uno de los inmuebles del Albaicín. Posteriormente, fue trasladado a las dependencias policiales, donde se procedió a verificar exhaustivamente su identidad. En ese momento, señaló Europa Press, los agentes constataron la existencia de una segunda requisitoria judicial activa, originada por un juzgado de Granada y asociada a un delito contra la seguridad del tráfico.

Después de completar la identificación y el protocolo de detención, la Guardia Civil puso al arrestado a disposición del Juzgado de Guardia de Granada. Al evaluarse la totalidad de cargos y su situación jurídica, la autoridad judicial resolvió ordenar su ingreso inmediato en prisión, tras considerar las órdenes activas tanto de la Audiencia Provincial de Guipúzcoa como la emitida por el juzgado local.

El caso destaca la colaboración entre distintas unidades policiales y organismos judiciales para abordar este tipo de delitos, y evidencia las dificultades que suponen las investigaciones en contextos urbanos donde la movilidad de las personas buscadas y su uso de viviendas ocupadas pueden dificultar la acción judicial. Según los datos proporcionados por Europa Press, la intervención se desarrolló mediante procedimientos coordinados y tareas especializadas de vigilancia, que permitieron finalmente la aprehensión de una persona con antecedentes y causas pendientes ante la justicia.

Los hechos no solo hacen referencia a la gravedad de los delitos de los que se le acusa, sino también al desafío operativo que representa localizar a individuos con movilidad frecuente en núcleos urbanos históricos y con una red de apoyos o recursos que les permite evitar su detención durante largos periodos. La operación, detallada por el Instituto Armado a través de Europa Press, concluyó con la puesta a disposición judicial del sospechoso y su ingreso en prisión, cumplimentando así las órdenes emitidas por las autoridades judiciales competentes.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a dos hombres con antecedentes delictivos que, presuntamente, despojaron de dinero en efectivo a una joven en calles de la colonia Unidad Vicente Guerrero, en la alcaldía Iztapalapa.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron cuando policías capitalinos realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la zona. Al llegar a la esquina de las calles Luis Morones y Díaz Soto y Gama, fueron interceptados por una joven de 17 años de edad, quien solicitó apoyo tras haber sido víctima de un robo.

La adolescente relató a los oficiales que momentos antes dos sujetos que circulaban a bordo de una motocicleta color azul la interceptaron y la despojaron del dinero en efectivo que llevaba consigo. Tras obtener el reporte, los uniformados iniciaron la búsqueda de los presuntos responsables en las inmediaciones del lugar.

Metros adelante, los policías localizaron a dos hombres cuyas características coincidían con la descripción proporcionada por la víctima. En apego a los protocolos de actuación policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva a los individuos.

Durante la inspección, los agentes recuperaron dinero en efectivo que, según el reporte, fue reconocido por la joven como de su propiedad. Ante estos hechos, los uniformados procedieron a la detención de los sospechosos.

Los detenidos, de 26 y 33 años de edad, fueron informados de sus derechos de ley en el momento de su arresto. Posteriormente, junto con el dinero asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica conforme a lo establecido por la ley.

Tras realizar un cruce de información en las bases de datos institucionales, las autoridades confirmaron que el detenido de 33 años cuenta con antecedentes penales. De acuerdo con los registros, este individuo ha ingresado en tres ocasiones al Sistema Penitenciario de la capital por distintos delitos.

Las autoridades señalaron que dicho sujeto registra ingresos en los años 2018 y 2024 por el delito de robo en diferentes modalidades. Además, cuenta con un antecedente por abuso sexual agravado registrado en 2012.

La intervención de los elementos de la SSC permitió la recuperación del dinero presuntamente sustraído y la detención de los probables responsables poco tiempo después de ocurrido el incidente. Este tipo de acciones forman parte de las estrategias de vigilancia y respuesta inmediata implementadas por la policía capitalina en distintas colonias de la ciudad.

Finalmente, las autoridades indicaron que será el Ministerio Público quien continúe con las investigaciones correspondientes y determine la responsabilidad de los detenidos en los hechos denunciados.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México reiteró que mantiene operativos permanentes de seguridad y patrullaje en diferentes puntos de la capital con el objetivo de atender denuncias ciudadanas y prevenir la comisión de delitos en espacios públicos.

Un hombre de nacionalidad venezolana fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México tras ser señalado como presunto responsable de haber asaltado herido a otro joven originario de Venezuela con un cuchillo durante un robo de celular en la alcaldía Iztapalapa.

Según los datos oficiales, el incidente entre connacionales ocurrió este 3 de marzo de 2026 en la colonia Estrella del Sur, donde la intervención de los uniformados permitió asegurar al sospechoso y rescatar los objetos involucrados.

Alerta y respuesta policial en Estrella del Sur

La movilización se originó por un reporte emitido a través del Centro de Comando y Control (C2) Oriente, que informó sobre una emergencia en el cruce de las calles Nezahualpilli y Tonatiuh.

Elementos de la SSC acudieron al lugar y encontraron a un joven de 24 años que presentaba manchas de sangre en el rostro.

La víctima, de nacionalidad venezolana, señaló a un sujeto que se hallaba algunos metros adelante como el agresor que, minutos antes, lo atacó con un cuchillo y lo despojó de su teléfono móvil.

De acuerdo con la información oficial, los agentes solicitaron la presencia de servicios médicos para atender al afectado.

Paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM) valoraron al joven y diagnosticaron una herida por arma cortante en el labio inferior izquierdo y la mandíbula derecha.

Los especialistas determinaron que las lesiones no requerían traslado hospitalario, por lo que se brindó la atención necesaria en el sitio.

Detención y aseguramiento del presunto agresor

Los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana localizaron al señalado y, tras realizarle una revisión encontraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo y dos cédulas de identidad entre sus pertenencias.

El detenido, de 31 años, también de nacionalidad venezolana, fue identificado en el punto por la víctima, lo que facilitó su detención.

Oficialmente se sabe que tras la intervención, los policías trasladaron al sujeto junto con los objetos asegurados ante el agente del Ministerio Público correspondiente.

Participación de los servicios de emergencia y protocolos de actuación

Según los reportes oficiales, la coordinación entre el C2 Oriente, los elementos de campo de la SSC y el personal de emergencias médicas resultó determinante para la atención del reporte y la protección de la víctima.

La SSC confirmó que el despliegue inmediato permitió detener al presunto responsable y evitar que el incidente tuviera consecuencias de mayor gravedad.

Las autoridades reiteraron que la aplicación de los protocolos de actuación policial y la cooperación efectiva entre las áreas operativas de la Secretaría de Seguridad Ciudadana contribuyeron a la resolución del caso en la vía pública.

La investigación sigue bajo el resguardo del Ministerio Público, de quien dependerá el curso legal que siga el caso.

Elementos federales detuvieron en el estado de Guerrero a Mauro Antonio Mosso Benítez, quien ocupaba el cargo de Director de Tránsito municipal de Iguala y, se presume, estaría vinculado con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

De acuerdo con información obtenida por Infobae México a partir de fuentes federales, las autoridades lo acusan de delincuencia organizada y le atribuyen el uso de un teléfono perteneciente a uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 27 de septiembre de 2014.

Los resultados de la operación en la que fue capturado Mosso Benítez fueron anunciados este 3 de de marzo de 2026.

Según los reportes, durante su arresto se llevó a cabo el de diversos objetos ilícitos.

Cómo fue la detención de Mosso Benítez

El reporte oficial señala que los trabajos para detenerlo fueron realizador por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Fiscalía General de la República (FGR), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN) participaron de manera coordinada en el operativo que tuvo lugar en el estado de Guerrero.

Durante el operativo, las autoridades aseguraron diversos objetos ilegales, entre los que destacaron los siguientes:

• 1 arma corta
• 1 arma larga
• Cartuchos
• 1 cargador
• Narcótico
• Teléfonos celulares

A Mosso Benítez se le acusa de delincuencia organizada y se le señala por haber utilizado un teléfono que pertenecía a uno de los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, el 27 de septiembre de 2014.

Las investigaciones continúan para determinar su responsabilidad y evitar la impunidad en el caso.

Comunicado del gobierno de Iguala tras la detención

El gobierno municipal de Iguala informó que, tras la detención de Mauro Antonio Mosso Benítez, quien se desempeñaba como director de Tránsito y Movilidad Municipal, las operaciones del área continúan de manera normal.

Según el comunicado oficial, los servicios de vialidad y tránsito se mantienen bajo la coordinación de un encargado, con el objetivo de asegurar el orden y la seguridad vial en el municipio.

Asimismo, las autoridades locales reiteraron su respeto a los procedimientos judiciales en curso y subrayaron el compromiso de la administración con el Estado de Derecho.

El gobierno municipal aseguró que permanecerá atento al desarrollo de las investigaciones y que actuará conforme a los principios de integridad y respeto institucional.

Extradición de personas ligadas al caso

El pasado 27 de enero de 2026, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó durante la conferencia mañanera que ha solicitado al gobierno de EEUU la extradición de sujetos recluidos en cárceles estadounidenses que podrían estar relacionados con la desaparición de los 43 normalistas.

Según la declaración de la mandataria: “La solicitud, que se ha hecho varias veces, de personas que queremos que envíen de Estados Unidos a México, de extradiciones que queremos que ocurran. Algunos tienen que ver con el caso Ayotzinapa, que personalmente se lo pedí al secretario de Estado, Marco Rubio, y que todavía no se ha dado. Seguimos insistiendo”.

Otras acciones en Iguala relacionadas al caso

El pasado 9 de octubre de 2025, la Fiscalía General de la República (FGR) aseguró las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) y las funerarias El Ángel y Rueda en Iguala, Guerrero, como parte de las investigaciones por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

En la acción participaron agentes federales, elementos del Ejército Mexicano y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, quienes colocaron sellos en los inmuebles por delitos de desaparición forzada y contra la salud.

Según reportes previos hechos por este medio, las autoridades investigan la posible utilización de hornos crematorios para incinerar cuerpos, una hipótesis que retomó fuerza a raíz de estas acciones y que ha sido planteada anteriormente por organismos independientes.

El aseguramiento impide la manipulación de documentos, cadáveres y expedientes en estos sitios, mientras continúan las acciones federales para esclarecer el caso Ayotzinapa.

Según informó el Ministerio del Interior de Cuba, las detenciones ocurrieron el sábado más reciente, vinculando a los ciudadanos panameños con la supuesta difusión de propaganda contraria al orden constitucional cubano. Esta conducta se encuentra regulada bajo el artículo 124 del Código Penal de Cuba, que contempla penas para quienes incurran en acciones consideradas como subversión contra el Estado.

El medio detalló que la investigación sobre el incidente se encuentra en una etapa inicial. Las autoridades cubanas trasladarán el caso a las instancias fiscales pertinentes, conforme al debido proceso judicial local. En este contexto, el gobierno panameño solicitó expresamente “garantías procesales” para sus ciudadanos y demandó el “acceso consular” a los detenidos, de acuerdo con los procedimientos internacionales para la protección de sus nacionales en el extranjero.

Tal como publicó el comunicado, el gobierno de Panamá señaló que ha manifestado ante el Ministerio de Exteriores cubano la necesidad de que se asegure la integridad física de los arrestados. Además, el Ejecutivo panameño reiteró su responsabilidad y compromiso de actuar con prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando la soberanía y el marco legal del país caribeño.

Según consignó el medio, la administración panameña insistió en que La Habana debe manejar el caso en apego a los principios de respeto al Estado de Derecho y a los Derechos Humanos. Además, Panamá se comprometió a mantener informadas a las familias de los detenidos por canales oficiales y a brindar la asistencia consular correspondiente.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá también enfatizó que estas acciones buscan preservar tanto la integridad como los derechos fundamentales de los nacionales en territorio cubano. Según reportó el medio, la cancillería panameña continuará dando seguimiento a la situación, reiterando su petición para obtener información detallada y oportuna sobre el desarrollo del proceso legal.

El caso adquiere relevancia en el contexto de las regulaciones cubanas sobre los delitos de subversión y propaganda contra el orden constitucional, previstas en el Código Penal local. La legislación establece sanciones para quienes realicen actividades consideradas como amenazas o ataques al sistema político establecido, lo que eleva la atención sobre el tratamiento judicial que recibirán los ciudadanos panameños implicados.

La presencia de los detenidos bajo custodia de las autoridades cubanas ha generado la intervención directa de la misión diplomática panameña en La Habana. Según informó el Ministerio de Exteriores, la Embajada de Panamá en Cuba mantiene comunicación continua para recopilar información y velar por el bienestar de los arrestados durante el curso de la investigación.

Las autoridades panameñas remarcaron que, desde el inicio del caso, han realizado todos los trámites necesarios ante el gobierno de Cuba con el propósito de acceder a datos precisos sobre los cargos, las condiciones del arresto y el estado legal de los implicados. El gobierno recalcó su compromiso de actuar apegado al marco jurídico internacional, especialmente en lo relativo a la protección consular de sus ciudadanos.

De acuerdo con lo reportado, el Ejecutivo de Panamá ha enfatizado en sus comunicaciones oficiales la importancia de una actuación responsable y mesurada, evitando cualquier declaración que pueda interferir con el desarrollo del proceso judicial en Cuba, pero manteniéndose vigilante respecto a la protección de los derechos de los detenidos. Panamá reiteró que su respuesta oficial continuará enmarcada en la defensa legal y diplomática.

El caso se encuentra, por ahora, en control de las autoridades judiciales cubanas y bajo observación de la diplomacia panameña, a la espera de nuevas actualizaciones sobre el avance de la investigación y la situación de los ciudadanos detenidos, conforme a lo consignado por las autoridades panameñas y publicado por el Ministerio de Exteriores.

En medio de una investigación por desplazamiento forzado en Arauca, la Fiscalía General de la Nación informó que fueron judicializados cuatro presuntos integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Los presuntos integrantes del grupo armado son señalados de obligar a una familia a abandonar su propiedad bajo amenazas de muerte y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano.

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“En medio de amenazas de muerte, y advertencias sobre una posible retención ilegal y traslado a territorio venezolano, una familia abandonó su finca ubicada en zona rural de Arauquita (Arauca). Los posibles responsables de la intimidación serían cuatro señalados integrantes del ELN, quienes fueron identificados y judicializados por la Fiscalía General de la Nación”, se lee en el comunicado.

Los imputados fueron identificados como Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, Carlos Daniel Pallares Yaruro, Martín Salcedo Pérez y Daiber Yair Rojas González. Cada uno habría desempeñado funciones específicas dentro de la operación para forzar el desalojo de la familia y asegurar la ocupación de la finca.

“Según los elementos materiales probatorios, Moisés Antonio Celis Agredo, alias Monchi, habría articulado la acción criminal desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, ordenando el desplazamiento y ordenado la ocupación del bien”, indicó la Fiscalía.

Según los elementos probatorios, “Monchi” habría dirigido la acción desde la autodenominada comisión Camilo Cienfuegos del Frente de Guerra Oriental del ELN, emitiendo las órdenes para el desplazamiento y la toma del bien.

Pallares Yaruro habría ejercido amenazas directas contra las víctimas, mientras que Salcedo Pérez es sindicado de asumir tareas de vigilancia para impedir el regreso de los propietarios y alertar sobre movimientos de la fuerza pública.

Por su parte, Rojas González habría proporcionado el apoyo logístico necesario para mantener el control ilícito de la finca.

“Entre tanto, Carlos Daniel Pallares Yaruro presuntamente ejerció amenazas directas contra las víctimas y Martín Salcedo Pérez es señalado de asumir labores de vigilancia y control para evitar el retorno de la familia y alertar sobre movimientos de la fuerza pública. Finalmente, a Daiber Yair Rojas González se le atribuye el apoyo logístico para mantener la apropiación ilícita de la finca”, señaló el ente acusador.

La familia afectada tuvo que abandonar su finca ubicada en una zona rural de Arauquita (Arauca) tras recibir las amenazas y advertencias.

Los presuntos miembros del ELN habrían condicionado la permanencia de la familia al riesgo de ser trasladados a Venezuela si no accedían a sus exigencias. Tras el abandono, los responsables se habrían encargado de impedir el retorno de la familia y de mantener la ocupación ilícita del predio, lo que generó una alteración en el uso del terreno, ahora bajo control de la estructura armada.

La Fiscalía General de la Nación lideró la investigación que permitió identificar y llevar a proceso a los presuntos responsables. La Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó formalmente a los acusados los delitos de rebelión y desplazamiento forzado.

Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías dictó la medida de aseguramiento en centro carcelario, sustentada en la valoración de los elementos materiales probatorios recabados durante el proceso.

“Por estos hechos, una fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los cuatro hombres los delitos de rebelión y desplazamiento forzado. Los procesados no aceptaron los cargos y un juez penal de control de garantías les impuso medida de aseguramiento en centro carcelario”, afirmó la Fiscalía.

En otro caso, el ente acusador señaló que obtuvo pruebas que dan cuenta de la participación de Enny Yuberley Bohórquez Rincón en el crimen del líder social José Luis Hernández Rodríguez, ocurrido el 26 de septiembre de 2024, en Yopal (Casanare).

En ese sentido, un juez penal de conocimiento lo condenó a 44 años de prisión.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y con el apoyo de la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional (GN), ejecutaron dos órdenes de cateo en la colonia Buenos Aires, alcaldía Cuauhtémoc, donde aseguraron aproximadamente ocho toneladas de autopartes, diversas placas de circulación con reporte de robo y detuvieron a tres personas, dos de ellas en flagrancia por delitos contra la salud.

De acuerdo con el informe oficial, los trabajos de investigación de gabinete y campo se realizaron tras varios reportes ciudadanos relacionados con la posible comisión de delitos vinculados a la venta de droga y el almacenamiento de autopartes robadas en inmuebles de la zona.

Por ello, autoridades detuvieron a Liliana “N”, Iván “N y David “N”, integrantes de una célula delictiva dedicada al robo, almacenamiento y venta de autopartes.

Investigación e inteligencia previa

Durante las indagatorias, policías de la SSC identificaron dos domicilios ubicados en calles de la colonia Buenos Aires que, presuntamente, eran utilizados como centros de acopio de autopartes robadas y puntos de distribución de narcóticos.

Para corroborar la información, los uniformados implementaron:

1. Vigilancias fijas y móviles
2. Recorridos de reconocimiento
3. Estrategias de inteligencia operativa

Con los datos de prueba obtenidos, un agente del Ministerio Público integró la carpeta de investigación y la presentó ante un Juez de Control, quien otorgó las órdenes de cateo correspondientes.

Las autoridades informaron que el despliegue operativo se realizó sin uso de violencia y en estricto apego a los protocolos de actuación.

El primer inmueble intervenido se ubica en la calle Renacimiento. En el lugar, los oficiales aseguraron:

• Cinco toneladas de autopartes
• Placas de circulación con reporte de robo
• Un equipo telefónico celular

En ese punto fue detenido un hombre de 29 años de edad, quien se encontraba al interior del domicilio al momento de la intervención.

Tres toneladas más en segundo inmueble

La segunda orden de cateo se cumplimentó en un predio localizado en el cruce de las calles Renacimiento y Doctor Gilberto Bolaños Cacho. Ahí, las autoridades aseguraron:

• Tres toneladas adicionales de autopartes
• Una placa de circulación con reporte de robo

Los inmuebles quedaron sellados y bajo resguardo policial mientras continúan las investigaciones correspondientes.

De manera paralela, en las inmediaciones de los domicilios cateados, los efectivos detuvieron en flagrancia a una mujer de 45 años y a un hombre de 30 años, quienes se encontraban en posesión de:

1. 22 dosis de aparente metanfetamina
2. 34 dosis de una sustancia similar a la cocaína
3. 41 bolsitas con hierba con características de marihuana
4. 15 pastillas
5. Dinero en efectivo

Las tres personas detenidas junto con lo asegurado, quedaron a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Posible vínculo con célula delictiva

Según las líneas de investigación, la mujer detenida podría formar parte de una célula delictiva dedicada al robo y comercialización de autopartes, presuntamente vinculada con un grupo criminal que opera en la zona centro de la Ciudad de México.

Las autoridades señalaron que las indagatorias continúan para identificar a otros posibles integrantes de la red y determinar la procedencia de las autopartes aseguradas.

Los efectivos ingresaron al inmueble y encontraron a Villar en la sala del domicilio, acompañado de su padre y otros familiares. Según las imágenes captadas por Latina Noticias, los agentes le explicaron la medida dictada por el Poder Judicial y procedieron a esposarlo. Durante la diligencia, se le colocó un chaleco de detenido, que fue retirado antes de su traslado.

Al momento de colocarse el chaleco, una mujer, quien sería su madre, protagonizó un momento sensible al tomarle del rostro y conmoverse por la despedida del joven.

Traslado a la dependencia policial

Posteriormente, Villar fue trasladado por los agentes de la PNP a la dependencia policial correspondiente. Durante todo el recorrido, no brindó declaraciones a los medios ni respondió preguntas sobre las razones por las que no auxilió a la víctima en el momento del accidente.

Tras su arribo, Villar fue llevado primero a la División de Exámenes Clínicos Forenses, donde fue evaluado por un médico legista. Luego se dirigió a Criminología y posteriormente será trasladado a la División de Investigación de Accidentes de Tránsito, donde permanecerá detenido mientras continúan las pesquisas. La medida judicial de 72 horas se mantiene para que pueda ser investigado formalmente por los delitos que se le imputan.

Delitos imputados e investigación de terceros

Villar es investigado por homicidio culposo, omisión de auxilio y fuga del lugar del accidente. Además, la Fiscalía informó que dos agentes de la comisaría de Orrantia del Mar también forman parte de la investigación, luego de ser identificados en actitudes consideradas sospechosas tras el accidente.

La periodista Marisel Linares ha sido incluida en la investigación por presunto encubrimiento a su hijastro, tras revelarse imágenes en las que aparece conversando con Villar y su padre horas después del accidente, en un parque cercano al lugar de los hechos. Estas imágenes son parte de la evidencia que la Fiscalía revisa como parte de la investigación.

Las diligencias de la PNP incluyen la revisión de todas las imágenes disponibles y el análisis de los movimientos posteriores al accidente. Villar permanecerá en la carceleta de la dependencia policial mientras se desarrollan las investigaciones relacionadas con los tres delitos imputados.

¿Qué sucedió con Lizeth Marzano?

El accidente que provocó el fallecimiento de Lizeth Marzano sucedió el 17 de febrero en la cuadra 8 de la avenida Camino Real, en San Isidro. Las imágenes muestran que el vehículo conducido por Villar invadió el carril e impactó por la espalda a la deportista, quien realizaba su rutina de trote.

Adrián Villar abandonó la escena y no prestó ayuda a la víctima, quien falleció minutos después en el hospital Casimiro Ulloa, en Miraflores.

Por disposición del 31.º Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, el Poder Judicial dictó nueve meses de impedimento de salida del país para Adrián Villar, medida que rige hasta noviembre de 2026.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC) detuvieron a una mujer y aseguraron un vehículo posiblemente vinculado con una agresión con arma de fuego que dejó un hombre sin vida y otro lesionado, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Los hechos ocurrieron en la colonia América, donde operadores del Centro de Comando y Control (C2) Poniente alertaron a los uniformados sobre una persona herida por disparos en el cruce de las calles Poniente 75 y Sur 128. De inmediato, policías preventivos acudieron al punto para verificar la situación.

Al arribar, los oficiales encontraron a un hombre de 53 años con una herida en el abdomen. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al sitio lo valoraron; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales. En el lugar también fue atendido un joven de 27 años, quien presentaba lesiones por arma de fuego y fue trasladado a un hospital cercano para recibir atención médica especializada.

De acuerdo con los primeros reportes recabados en el sitio, ambas víctimas, identificadas como comerciantes, habrían sostenido una discusión con otros sujetos relacionada con la instalación de puestos semifijos en la vía pública. Tras el altercado, los presuntos agresores se retiraron momentáneamente del lugar; no obstante, minutos después regresaron y realizaron disparos de manera directa contra los dos hombres.

Tras la agresión, los probables responsables huyeron del sitio a bordo de un vehículo color azul claro. Con apoyo de las cámaras de videovigilancia y mediante un cerco virtual implementado por personal del C2 Poniente, los uniformados lograron ubicar la unidad en circulación sobre la calle Sur 128 y la cerrada Monteverde, a poca distancia del lugar de los hechos.

En ese punto, los policías interceptaron el automóvil y detuvieron a la conductora, quien presuntamente estaría relacionada con la agresión. La mujer fue informada de sus derechos conforme a los protocolos de actuación policial y trasladada ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades.

La SSC informó que el vehículo quedó asegurado como parte de las indagatorias y será sometido a las pruebas periciales pertinentes. Asimismo, se dará seguimiento al estado de salud del hombre lesionado, mientras que peritos de la Fiscalía capitalina realizaron las diligencias correspondientes en el lugar para el levantamiento del cuerpo y la recolección de indicios balísticos.

Las autoridades capitalinas señalaron que continuarán con el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y con la búsqueda de otros posibles implicados en el ataque, con el objetivo de garantizar que los responsables enfrenten la justicia.

El caso quedó en manos del Ministerio Público, instancia que integrará la carpeta de investigación por el delito de homicidio y lesiones por arma de fuego, mientras se desarrollan las diligencias para esclarecer el móvil y la participación de cada uno de los involucrados.

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre de 21 años de edad en posesión de más de 50 dosis de aparente droga, luego de una agresión con disparos de arma de fuego registrada en calles de la colonia Pueblo de San Miguel Topilejo, en la Tlalpan, que dejó como saldo dos personas lesionadas y una más sin vida.

De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron el pasado 22 de febrero, cuando uniformados que realizaban labores de prevención y vigilancia fueron alertados por operadores del Centro de Comando y Control (C2) Sur sobre detonaciones en el cruce de las calles Santa Cruz y Arenal. Tras recibir el aviso, los policías acudieron de inmediato al punto señalado.

Al arribar, los oficiales observaron a tres hombres tendidos sobre la cinta asfáltica con visibles manchas hemáticas. En el lugar se entrevistaron con un ciudadano de 45 años de edad, quien refirió que momentos antes su hijo se encontraba con sus amigos a bordo de un taxi color blanco con rosa, cuando un automóvil negro se aproximó y, desde el asiento del copiloto, un sujeto realizó los disparos en su contra.

Familiares y vecinos auxiliaron a los lesionados y los trasladaron por sus propios medios a un hospital cercano para recibir atención médica. Sin embargo, horas más tarde, personal médico informó que uno de los jóvenes perdió la vida a consecuencia de las heridas provocadas por proyectil de arma de fuego.

Tras tomar conocimiento de los hechos, los efectivos de la SSC iniciaron un análisis de las cámaras de videovigilancia instaladas en la zona. A través de las imágenes, se identificó que el vehículo presuntamente involucrado huyó en dirección a la calle Ayocatitla. Con esta información, los uniformados reforzaron la presencia policial e implementaron un dispositivo de búsqueda mediante patrullajes fijos y móviles en los alrededores.

En coordinación con los monitoristas del C2 Sur, el automóvil fue localizado en el cruce de la calle Santa Cruz y la Primera Cerrada de Santa Cruz. En el sitio, los policías interceptaron la unidad y realizaron una revisión preventiva al conductor, conforme a los protocolos de actuación policial.

Como resultado de la inspección, los oficiales aseguraron 22 bolsitas de plástico con cierre hermético que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana, así como 30 dosis de una sustancia en polvo parecida a la cocaína. Además, se le decomisó un teléfono celular.

Por estos hechos, el hombre de 21 años fue detenido, informado de sus derechos constitucionales y puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, junto con la posible droga asegurada y el vehículo involucrado. La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones para esclarecer el móvil de la agresión y deslindar responsabilidades.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que mantiene presencia en la zona y reiteró su compromiso de reforzar las acciones de vigilancia para prevenir hechos delictivos y garantizar la seguridad de las y los habitantes de la alcaldía Tlalpan.

Ocho hombres fueron vinculados a proceso por su probable participación en un millonario robo cometido al interior de una vivienda de la colonia Las Pintas, municipio de El Salto, Jalisco, el pasado 9 de febrero de 2026.

El procesamiento judicial fue revelado por la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) este 24 de febrero de 2026.

El operativo que permitió la captura de los involucrados se desplegó horas después del robo, lo que facilitó la detención de dos sospechosos en el domicilio afectado y de otros seis tras una persecución que finalizó en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá.

El despliegue movilizó a elementos de la policía municipal de El Salto y de la Vicefiscalía en Investigación Regional.

Los ocho procesados son señalados por la FGE Jalisco como integrantes de una banda criminal.

Los detenidos permanecerán en prisión preventiva durante un año por su presunta participación en el robo a casa habitación.

Robo y operativo policial

La FGE informó que los implicados irrumpieron de manera violenta en el inmueble y sometieron a los habitantes con armas de fuego.

Durante el asalto, una mujer resultó agredida físicamente.

Tras ingresar al domicilio, los delincuentes se llevaron una caja fuerte con aproximadamente dos millones y medio de pesos, joyas y una camioneta de la marca Toyota, modelo Hilux, año 2025.

Parte del botín fue recuperado posteriormente en un cateo realizado en la colonia Educadores Jaliscienses, en Tonalá.

Detención y proceso judicial

FGE Jalisco señaló mediante el boletín de su vinculación que la captura fue realizada en dos partes; “dos de ellos en el mismo lugar del robo, mientras que los seis restantes tras una persecución que terminó en la colonia Santa Cruz de las Huertas, en Tonalá”.

La detención de los ocho hombres fue calificada como legal por el Ministerio Público, que integró los datos de prueba para que un juez determinara su vinculación a proceso por el delito de robo calificado.

Los imputados son:

• Carlos Eduardo “N”
• Kevin Yahir “N”
• Moisés “N”
• Pablo César “N”
• Jesús “N”
• Jorge Alberto “N”
• Ismael “N”
• Carlos Alberto “N”

Estos ocho permanecerán en prisión preventiva durante mientras se desarrollan investigaciones complementarias por un periodo de tres meses.

Botín recuperado y acciones de la Fiscalía

Durante un cateo realizado en la colonia Educadores Jaliscienses, Tonalá, autoridades localizaron bienes reconocidos por las víctimas como parte de lo sustraído en el robo, lo que refuerza la investigación en curso.

La FGE Jalisco reiteró su postura de combatir la impunidad y fortalecer las acciones operativas para resguardar el patrimonio de las familias del estado. El caso se mantiene abierto, a la espera de que las diligencias permitan esclarecer en su totalidad la operación de la banda.

La autoridad judicial y ministerial continuará con el proceso, mientras los detenidos permanecen sujetos a prisión preventiva y avanzan las labores para la recuperación total de los bienes robados.

En un operativo realizado en el municipio de Ecatepec, elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) detuvieron a cinco personas señaladas como probables responsables del delito de extorsión bajo la modalidad conocida como “montachoques”.

Durante la intervención, los oficiales evitaron el pago de cinco mil pesos que presuntamente exigían a una víctima tras simular un incidente vial.

De acuerdo con información difundida por la corporación, los hechos ocurrieron luego de que se recibiera un reporte ciudadano sobre una posible agresión derivada de un conflicto de tránsito.

Al arribar al lugar, los uniformados observaron a varios individuos que agredían físicamente a un conductor, a quien le exigían dinero en efectivo bajo la amenaza de incendiar su vehículo si no accedía a pagar.

La rápida actuación policial permitió controlar la situación y resguardar la integridad de la víctima. Conforme a los protocolos establecidos, los elementos de seguridad procedieron a realizar la detención de Juan “N”, de 24 años; Edwin “N”, de 19; Alán “N”, de 25; Óscar “N”, de 30, y Anuar “N”, de 36 años, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad competente para determinar su situación jurídica.

Aseguran vehículos presuntamente usados en los ilícitos

Durante la intervención, los agentes aseguraron un automóvil y tres motocicletas que, de acuerdo con las primeras indagatorias, habrían sido utilizadas para la comisión de este tipo de delitos. Las unidades también fueron presentadas ante el Ministerio Público como parte de la evidencia en la carpeta de investigación correspondiente.

Según las investigaciones preliminares, los detenidos, ha dicho por ellos, estaban vinculados con un grupo identificado como “La Chokiza”, señalado por su presunta participación en extorsiones mediante la simulación de accidentes viales. Esta modalidad delictiva consiste en provocar o fingir choques menores para intimidar a los conductores y exigirles dinero bajo amenazas o presión psicológica.

Las autoridades explicaron que este tipo de prácticas suele dirigirse contra automovilistas que circulan solos o que aparentan vulnerabilidad, aprovechando el temor a enfrentar un proceso legal o el daño a su vehículo. En muchos casos, los responsables actúan en grupo para generar mayor presión y forzar acuerdos económicos inmediatos.

Refuerzan vigilancia en zonas con alta incidencia

La acción forma parte de las estrategias implementadas por el gobierno del Estado de México para combatir delitos que afectan directamente el patrimonio y la seguridad de la población, sobre todo en el municipio de Ecatepec, donde el líder de La Chokiza, fue detenido en meses pasados y que presumía tener vínculos con la actual alcaldesa, Azucena Cisneros Coss.

Por ello, en distintos municipios del Estado de México se han reforzado los patrullajes y la atención a reportes ciudadanos relacionados con intentos de extorsión y conflictos viales sospechosos.

Autoridades estatales reiteraron el llamado a la ciudadanía para no entregar dinero ante este tipo de situaciones y, en cambio, solicitar de inmediato la presencia policial a través de los números de emergencia. También recomendaron evitar confrontaciones directas y mantenerse dentro del vehículo en caso de sentirse en riesgo, siempre priorizando la integridad física.

Asimismo, subrayó que toda persona detenida debe considerarse inocente hasta que exista una sentencia condenatoria en su contra emitida por la autoridad judicial.

El caso ya se encuentra en manos del Ministerio Público, que continuará con las investigaciones para determinar si los detenidos están relacionados con otros hechos similares registrados en la zona.

La divulgación de tres pagos por un total de 75.000 dólares (más de 63.000 euros) de Jeffrey Epstein a Peter Mandelson, efectuados entre 2003 y 2004 según archivos publicados a finales de enero por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha intensificado la crisis política en Reino Unido. El medio Europa Press detalló que las investigaciones actuales vinculan a Mandelson con la presunta revelación de información sensible sobre el rescate de 500.000 millones de euros que la Eurozona estudiaba aprobar en 2010, durante su gestión como ministro en el gobierno de Gordon Brown. Esta revelación ha generado derivadas políticas dentro del gabinete del primer ministro Keir Starmer, quien se ha visto obligado a disculparse públicamente ante la presión ejercida por el escándalo.

Según reportó Europa Press, la madrugada del lunes 23 de febrero, la Policía Metropolitana de Londres detuvo a un hombre de 72 años identificado como Peter Mandelson bajo sospecha de “mala conducta en un cargo público”. Los agentes arrestaron al exembajador británico en Estados Unidos en su domicilio ubicado en Camden, al norte de la capital, después de practicar sendos registros tanto en esa propiedad como en otra residencia situada en Wiltshire, oeste de Londres. Mandelson fue trasladado a una comisaría londinense para ser interrogado sobre los cargos.

Las sospechas contra el antiguo ministro surgieron a raíz del hallazgo de numerosos mensajes de correo electrónico que evidencian su relación estrecha con Jeffrey Epstein, delincuente sexual convicto. Según publicó Europa Press, entre los archivos difundidos por las autoridades estadounidenses se incluye una fotografía de Mandelson en ropa interior al lado de una mujer cuyo rostro se encuentra oculto. La misma documentación recoge que el político británico frecuentó la residencia de Epstein en Manhattan durante el año 2009, periodo en el que el magnate estadounidense cumplía condena de arresto domiciliario por delitos de prostitución de menores.

En respuesta a la detención, Peter Mandelson rechazó todas las acusaciones, calificándolas como “falsas”. A pesar de su negativa, la repercusión mediática y política ha sido considerable. El nombramiento de Mandelson como embajador en Washington a finales de 2024 había sido una apuesta personal de Keir Starmer, quien asumió la responsabilidad política por la designación y expresó públicamente su desconocimiento del alcance real de los vínculos entre el diplomático y Epstein. Starmer aseguró ante la opinión pública que su gobierno no contaba con información suficiente sobre la relación, motivo por el cual pidió disculpas y defendió que actuaron de buena fe.

El escándalo tuvo efecto inmediato en la estructura del Ejecutivo británico. Según detalló Europa Press, Morgan McSweeney, jefe de gabinete de Starmer y responsable final de la elección de Mandelson, presentó su dimisión. A su salida se sumaron otras figuras clave, como el exdirector de comunicación Tim Allan y el secretario de gabinete Chris Wormald, quienes renunciaron tras la difusión de los hechos.

Mandelson, uno de los dirigentes más experimentados del Partido Laborista, ya había afrontado cuestionamientos previos tras revelarse su relación con Epstein. A raíz de la publicación de los correos electrónicos y la presión pública, el exembajador en Washington fue destituido en septiembre de 2024 y poco después anunció su salida de la formación laborista a principios de febrero, añadió Europa Press.

Entre los elementos investigados figuran presuntos pagos de Epstein a Mandelson procedentes de cuentas en el banco JP Morgan, aspecto que examinan tanto las autoridades británicas como estadounidenses. En paralelo, se analizaron los supuestos intercambios confidenciales entre el político y el empresario estadounidense, focalizándose en la posible filtración de detalles sobre el plan de rescate europeo y otros asuntos de carácter financiero que se abordaban en el seno de la administración de Gordon Brown.

Mandelson, que además ocupó la cartera de Finanzas durante el gobierno de Tony Blair y fue ministro para Irlanda del Norte, también desempeñó el cargo de comisario europeo de Comercio. Según la información recopilada por Europa Press, la acumulación de testimonios, documentos y material gráfico en los expedientes publicados ha elevado la presión no solo sobre el propio Mandelson, sino sobre el partido laborista y el Ejecutivo británico.

Las imágenes y archivos adicionales divulgados por autoridades estadounidenses continúan alimentando las labores investigativas. El Departamento de Justicia puso a disposición pública más de tres millones de documentos relativos al caso Epstein, entre los que figuran registros financieros y electrónicos con referencias a personalidades internacionales que habrían estado en contacto o mantenido tratos con el empresario. Los procedimientos judiciales siguen su curso en coordinación con la policía británica, que mantiene a Mandelson bajo custodia para ser interrogado sobre la totalidad de las imputaciones.

Los registros policiales realizados en Camden y en Wiltshire permitieron a las autoridades británicas incautar diversos documentos y evidencias vinculadas al caso de Peter Mandelson, quien fue arrestado en un domicilio de Camden por sospechas de mala conducta en un cargo público. Según informó la Policía Metropolitana de Londres a través de un comunicado, el exministro y exembajador británico permanece bajo investigación tras descubrirse múltiples nexos con Jeffrey Epstein, que incluyen pagos irregulares y correspondencia comprometida.

De acuerdo con la información publicada por la Policía Metropolitana, el arresto de Mandelson ocurrió el lunes 23 de febrero. Los agentes lo detuvieron en su residencia y lo trasladaron a una comisaría de Londres para su interrogatorio, en el contexto de una investigación centrada en su supuesta conducta inapropiada mientras desempeñaba funciones públicas. Las pesquisas se profundizaron luego de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos difundiera más de tres millones de archivos sobre el caso Epstein, entre los que aparecen tres transferencias bancarias por 25.000 dólares cada una —más de 21.000 euros— remitidas a Mandelson desde cuentas de Epstein en JP Morgan durante los años 2003 y 2004.

El medio que divulgó estos hechos detalló además que entre los archivos figuran correos electrónicos y mensajes personales que sugieren una relación estrecha entre Mandelson y Epstein. Entre el material incautado se encontró una fotografía del exministro en ropa interior acompañado de una mujer cuya identidad se mantiene reservada. Según publicó la prensa local, en 2009 el exministro se habría alojado en la residencia de Epstein en Manhattan, época en la que el magnate cumplía arresto domiciliario por delitos vinculados a prostitución de menores.

Las investigaciones apuntan a que, durante su desempeño como ministro en el gobierno de Gordon Brown entre 2007 y 2010, Mandelson habría compartido información confidencial a Epstein sobre el plan de rescate de 500.000 millones de euros que debatía la Eurozona en 2010. Esta supuesta revelación se agrega a la lista de conductas bajo pesquisa, complicando aún más la situación del exministro, quien también fue comisario europeo de Comercio.

La gravedad del caso ha generado fluctuaciones al interior del gobierno británico. Tal como publicó el medio de comunicación que dio cuenta de los hechos, el nombramiento de Mandelson en diciembre de 2024 desencadenó una crisis política para el primer ministro británico, Keir Starmer. Starmer se vio obligado a disculparse públicamente, alegando que desconocía el grado y la naturaleza de los vínculos entre Mandelson y Epstein en el momento de su designación. El presidente del gobierno expresó: “Lamento profundamente haber confiado en la palabra del exembajador sin estar al tanto del alcance de su relación con Epstein”.

La controversia también repercutió entre los principales asesores del gobierno. Tras la publicación de los archivos y los nuevos hallazgos, Morgan McSweeney, quien ocupaba el puesto de jefe de gabinete y gestionó la reciente designación de Mandelson, dejó el cargo. La crisis interna se agudizó con la dimisión de figuras clave como Tim Allan, director de comunicación, y Chris Wormald, secretario del gabinete, según consignaron varios medios de comunicación británicos.

Mandelson, de 72 años, ha rechazado todas las acusaciones en su contra, calificándolas como “falsas”. A pesar de su postura, fue destituido como embajador en septiembre, y en febrero decidió abandonar el Partido Laborista, sumando a la polémica política que rodea su figura desde que se conocieron sus lazos con Epstein.

El escándalo ha renovado el interés en los mecanismos de control y fiscalización de los cargos públicos en el Reino Unido. Debido a la magnitud de la información contenida en los archivos difundidos por el Departamento de Justicia estadounidense, y la implicación de figuras relevantes en la política británica, distintos sectores han solicitado iniciativas de transparencia y mayores garantías en los procesos de nombramiento dentro del gobierno.

Los próximos pasos de la investigación se centran en analizar la totalidad de las evidencias incautadas durante los registros en los domicilios vinculados a Mandelson. El curso judicial continuará bajo la dirección de la Policía Metropolitana, mientras crecen las presiones políticas sobre la administración de Keir Starmer y se mantiene la expectativa acerca de nuevas revelaciones sobre la relación entre miembros del entorno político británico y la red de Jeffrey Epstein.

El Departamento de Justicia de Estados Unidos divulgó el pasado 30 de enero más de tres millones de archivos vinculados con el caso Jeffrey Epstein, entre los que figuran detalles sobre tres transferencias de 25.000 dólares cada una (alrededor de 21.000 euros) recibidas por Peter Mandelson, entonces diputado en el Parlamento británico, desde cuentas del multimillonario Epstein en el banco JP Morgan entre los años 2003 y 2004. Según informó la Policía Metropolitana de Londres, Mandelson, también excomisario europeo de Comercio y exministro bajo el mandato del primer ministro Gordon Brown, está bajo investigación por sospechas de mala conducta en un cargo público.

La detención se llevó a cabo este lunes en un domicilio ubicado en el barrio londinense de Camden, donde los agentes arrestaron a un hombre de 72 años bajo la sospecha de haber incurrido en mala conducta durante su función pública, detalló un portavoz policial. Posteriormente, Mandelson fue trasladado a una comisaría para realizar los interrogatorios pertinentes, según publicó la Policía Metropolitana.

El medio consignó que esta detención se suma a los procesos que involucran a diversos altos cargos y figuras públicas del Reino Unido relacionados con la red de Epstein, quien se encontraba en prisión por delitos sexuales hasta su muerte. Los documentos judiciales recientemente hechos públicos incluyen la aparente implicación de Mandelson en la filtración de información reservada hacia Jeffrey Epstein respecto al rescate financiero por valor de 500.000 millones de euros que la Eurozona planeaba aprobar en 2010. Según la Policía Metropolitana y los registros contenidos en estos archivos, el entonces ministro de Comercio habría compartido datos confidenciales relativos a ese paquete de ayuda durante su gestión en el gabinete.

La información facilitada por la Policía también incluye las circunstancias bajo las cuales se realizaron los pagos identificados: los fondos procedían de cuentas abiertas por Epstein y vinculadas al banco JP Morgan en un periodo en el que Mandelson aún ejercía funciones parlamentarias, antes de ocupar cargos en la Comisión Europea. De acuerdo con lo reportado por la policía londinense, estas transferencias monetarias forman parte de la base que sustenta la investigación en curso, junto con el acceso aparente de Mandelson a información financiera clave de la Unión Europea.

Los nuevos datos publicados por el Departamento de Justicia estadounidense están siendo estudiados tanto por autoridades británicas como internacionales, dado que involucran a figuras políticas de alto rango en transacciones con el entorno de Epstein. De acuerdo con la información difundida por la Policía Metropolitana, la investigación explora si existió alguna correspondencia entre la posición institucional de Mandelson en el gobierno británico y los beneficios que pudieron derivarse de sus intercambios con el empresario estadounidense. La pesquisa abarca posibles delitos relacionados con la corrupción, el tráfico de influencias y la gestión indebida de datos confidenciales obtenidos debido a su cargo.

Tal como detalló la Policía de Londres, el caso forma parte de la amplia revisión judicial que en las últimas semanas ha reabierto numerosos expedientes conectados a la trama de Epstein. Los archivos dados a conocer incluyen múltiples referencias a actuaciones de funcionarios y exfuncionarios de distintos gobiernos europeos que recibieron fondos o participaron en reuniones con Epstein, quien mantenía una extensa red de contactos en el ámbito político y financiero internacional.

El papel de Peter Mandelson en estos hechos cobra relevancia desde su trayectoria como legislador británico y comisario europeo de Comercio, posición desde la que tuvo acceso a información estratégica relacionada con decisiones económicas adoptadas por la Unión Europea. La investigación de la Policía Metropolitana intenta determinar si la revelación presunta de datos sobre el rescate financiero de la Eurozona en 2010 supuso un perjuicio o favoreció intereses particulares asociados a Epstein.

Según informó la Policía Metropolitana, el arresto de Mandelson se enmarca en las competencias de la unidad anticorrupción que indaga sobre la utilización de información sensible por parte de funcionarios públicos. El comunicado difundido por el cuerpo policial subraya que la investigación continúa abierta y que se están revisando documentos, comunicaciones y cualquier otro material disponible sobre las relaciones entre Mandelson y Epstein en los años señalados.

Los hechos se desarrollan en un contexto de creciente presión sobre las instituciones británicas para esclarecer posibles actos de corrupción y conflictos de interés derivados de la vinculación de figuras relevantes del poder político con Epstein, cuyo caso ha acaparado la atención de la justicia y los medios de comunicación desde hace más de una década, debido a la magnitud de las actividades ilícitas que se le atribuyeron. La investigación sobre Mandelson, según reportó la Policía Metropolitana, representa una nueva fase en el esfuerzo por esclarecer todas las conexiones entre la red de Epstein y figuras destacadas de la vida pública de Reino Unido.

Una docente de secundaria en Florida fue arrestada por la presunta relación sexual con un estudiante, a quien alojó en su casa durante nueve meses tras haber sido expulsado de su propio hogar.

Las autoridades señalaron que la acusada, quien llevaba más de dos décadas trabajando en el distrito escolar de Seminole, también será procesada por distribución de sustancias controladas a menores.

El caso, que generó conmoción en la comunidad educativa local, derivó en la suspensión administrativa de la acusada y una investigación interna en la escuela donde ejercía como profesora de economía.

De acuerdo con el expediente de arresto citado por el medio estadounidense Fox News Digital, la investigación determinó que la docente, identificada como Mackenzie McLean, de 49 años, mantenía varios episodios de abuso sexual con el joven en su domicilio.

El estudiante, amigo de la hija de la acusada y cursante del último año, relató a las autoridades que la convivencia con McLean inició en marzo de 2024.

El caso se agravó cuando el adolescente reveló que aceptó continuar con los encuentros sexuales por miedo a perder su techo y sus alimentos. Según su testimonio, McLean habría propiciado la situación tras suministrarle alcohol en una ocasión.

La detención de McLean se produjo el martes pasado y permanece bajo custodia, con una fianza fijada en USD 35.000.

El relato del estudiante indica que uno de los episodios ocurrió mientras jugaba videojuegos en una habitación con la profesora y la hija de esta. En ese momento, según el expediente, McLean le proporcionó al adolescente 12 tragos de ginebra, provocando un estado de fuerte intoxicación antes de pedirle a su hija que abandonara la habitación para entonces involucrarse sexualmente con el joven.

La víctima afirmó ante la policía que ese hecho “duró muy poco tiempo”, y que logró apartar a McLean mientras le decía que lo que ocurría estaba mal.

Detalles de la investigación y testimonios adicionales

Durante las indagaciones, el estudiante mencionó que McLean llegó a abusar sexualmente de él entre cinco y diez veces a lo largo de los dos meses en los que ella todavía era su profesora en la Crooms Academy of Information Technology, una escuela magnet en Sanford, Florida.

La víctima describió el impacto emocional de la experiencia, y los detectives detallaron que durante su declaración se mostró afectado y sollozó de forma visible.

A la investigación se sumó el testimonio de una amiga del joven, quien también aseguró haber pasado tiempo en la casa de McLean y haber recibido de la docente alcohol y Adderall, un medicamento clasificado como sustancia controlada en la categoría dos.

Dicha joven sostuvo que llegó a observar a McLean pidiéndole al estudiante que durmiera con ella en su cama, aunque aclaró que no presenció directamente ningún acto sexual en ese momento.

Entre las pruebas recabadas se incluyeron mensajes de texto en los que McLean, según la presentación policial, admitía estar al tanto de que la relación con el adolescente era incorrecta, aunque se excusó argumentando que “el estudiante iniciaba todo”.

En uno de estos mensajes, la acusada escribió: “Soy plenamente consciente de que yo soy la adulta, así que nunca inicié nada a propósito porque no quería que él se sintiera mal”.

Reacción institucional y situación judicial

La detención de la profesora fue acompañada por una rápida reacción de las autoridades escolares. Un portavoz del distrito escolar de Seminole confirmó al medio estadounidense FOX35 Orlando que McLean fue separada de su cargo como medida preventiva tras la apertura del proceso penal, después de casi 25 años en la institución.

“La seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra prioridad y cualquier comportamiento que ponga en riesgo esa seguridad no será tolerado en las Escuelas Públicas del Condado de Seminole”, expresó el distrito en una declaración enviada al canal local.

Actualmente, la acusada enfrenta dos cargos por delitos sexuales cometidos por una figura de autoridad y uno más por distribución de una sustancia controlada.

La fecha de la próxima audiencia judicial fue pautada para el 31 de marzo. La investigación continúa abierta para determinar el alcance y la magnitud de los hechos en el ámbito escolar.

Una orden de búsqueda y detención emitida por el Juzgado de Instrucción número 2 de Málaga motivó la detención de un joven de 23 años en el centro de acogida Princesa Letizia de Santander. Según informó la Policía Local de Santander, los agentes identificaron al individuo cuando este solicitó refugio en el mencionado albergue de la Avenida Candina y verificaron que sobre el solicitante recaía una orden judicial vigente procedente de Andalucía.

De acuerdo con el comunicado difundido por la Policía de Santander y recogido por medios locales, la detención tuvo lugar el domingo alrededor de las 17:20 horas dentro de las instalaciones del centro. El joven, cuya identidad no se ha hecho pública, se encontraba en proceso de gestionar su acceso al albergue cuando los agentes accedieron a sus datos y confirmaron la requisitoria judicial activa.

El medio detalló que a raíz de la localización, la Policía Local procedió a organizar el traslado del detenido y la apertura de diligencias judiciales, conforme al protocolo establecido para estos casos. Las autoridades consignaron que la orden de búsqueda comprendía no solo la detención del individuo, sino también su puesta a disposición judicial, dado el carácter de la causa pendiente en Málaga.

El Princesa Letizia, conocido como uno de los principales recursos asistenciales para personas en situación de vulnerabilidad en Santander, atiende regularmente a personas que requieren alojamiento de emergencia. En este contexto se produjo la identificación y posterior detención del joven, lo que implicó la colaboración entre los responsables del centro y los agentes municipales para realizar el procedimiento de manera inmediata y conforme a la legalidad vigente.

Según consignó la Policía de Santander, concluidas las actuaciones relacionadas con la identificación y la notificación de la situación judicial al detenido, se iniciaron los trámites para su comparecencia ante la autoridad judicial correspondiente, en sintonía con los procedimientos que regulan las órdenes de localización y personación dictadas por órganos judiciales de otros territorios.

El parte policial distribuyó la información de lo ocurrido tanto internamente como a los organismos judiciales que reclamaban la intervención, asegurando de esta manera el cumplimiento de la requisitoria, la continuidad del proceso judicial y el seguimiento de las garantías legales para la persona detenida.

Los agentes encargados del caso hallaron en los registros prendas y armas supuestamente empleadas en el delito, lo que permitió conectar a los sospechosos directamente con el asalto violento ocurrido en marzo de 2025 en una vivienda de las afueras de Castelló. Según informó la Policía Nacional a través de un comunicado oficial, los tres detenidos, todos de nacionalidad colombiana, fueron arrestados en diferentes puntos del país tras una operación coordinada desplegada en Castelló, Seseña (Toledo) y Madrid.

Tal como publicó la Policía Nacional, el asalto tuvo lugar durante la madrugada a finales de marzo, cuando dos encapuchados ingresaron en el domicilio portando armas, entre ellas un revólver y un machete. Durante el ataque, los asaltantes se enfrentaron a los habitantes de la casa, a quienes inmovilizaron atándolos y amordazándolos antes de sustraer dinero en efectivo y diversas joyas. El asalto fue descrito por las autoridades como un robo con violencia en una casa habitada.

El medio reportó que la investigación, que se extendió durante varios meses, evidenció que dos de los hombres ejecutaron materialmente el robo, mientras que un tercer implicado –identificado como el autor intelectual– proporcionó la información necesaria para llevar a cabo el delito. De acuerdo con las autoridades, este último habría asumido el papel de planificador, facilitando a los ejecutores los datos esenciales sobre la vivienda y sus moradores.

Tras recabar indicios consistentes acerca de la participación de los sospechosos y la estructura del grupo implicado, los investigadores de la Policía Nacional solicitaron órdenes de registro en tres localidades distintas del territorio español. El Juzgado de Instrucción número cinco de Castellón autorizó los allanamientos, que se realizaron de manera simultánea y coordinada en Castelló, Seseña y Madrid, llevando a la detención de los tres individuos.

Durante los registros, los cuerpos de seguridad incautaron diversos elementos que presuntamente se habían utilizado en la comisión del delito, incluyendo vestimenta y armas. Entre las fuerzas que intervinieron en el operativo se encontraron unidades centrales de la Comisaría General de Policía Judicial de Madrid, la Unidad Central de Inteligencia Criminal, la Brigada Provincial de Policía Judicial y la Unidad de Prevención y Reacción de la Comisaría Provincial de Castellón, según detalló el comunicado policial.

Finalizadas las diligencias policiales, los tres detenidos comparecieron ante la autoridad judicial, que determinó el ingreso en prisión provisional para todos ellos, tal como consignó la Policía Nacional.

Como resultado del dispositivo de vigilancia implementado en el Estadio GNP Seguros, ubicado en la colonia Granjas México, alcaldía Iztacalco, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvieron a un hombre señalado como posible responsable de sustraer un teléfono celular a un asistente del festival “Electric Daisy Carnival 2026”.

Los hechos ocurrieron cuando los efectivos asignados a la seguridad en el inmueble, localizado sobre la avenida Viaducto Río de la Piedad, a la altura de la puerta 6, fueron alertados sobre una pelea en la zona. De inmediato, los uniformados acudieron al punto para verificar la situación y evitar que el altercado escalara.

En el sitio, los policías se entrevistaron con un ciudadano que señaló directamente a otro sujeto como quien, presuntamente momentos antes, le había sustraído su dispositivo móvil. Conforme a los protocolos de actuación policial, los oficiales realizaron una revisión preventiva al señalado, tras la cual le aseguraron un teléfono celular que coincidía con las características descritas.

El equipo fue reconocido por el denunciante como de su propiedad, por lo que, a petición del afectado, los uniformados procedieron a la detención del hombre, de 32 años de edad. Luego de informarle sus derechos constitucionales, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Este aseguramiento forma parte del operativo de seguridad desplegado con motivo del festival de música electrónica, considerado el más grande de Latinoamérica, que se llevará a cabo los días 20, 21 y 22 de febrero en el Autodromo Hermanos Rodriguez y el propio Estadio GNP Seguros.

El evento inició el viernes a las 16:00 horas, mientras que sábado y domingo las actividades comenzarán a las 15:00 horas. Para garantizar la integridad física y patrimonial de los miles de asistentes, la SSC destinará mil 175 uniformados, apoyados con 42 vehículos oficiales, un autobús, 10 motocicletas, dos drones, nueve grúas y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de vigilancia para prevenir conductas ilícitas.

Además, 854 oficiales de la Policía Bancaria e Industrial (PBI), respaldados con nueve unidades, efectuarán recorridos en accesos, salidas, pasillos, estacionamientos y gradas. El operativo contará también con el apoyo de binomios caninos especializados en la detección de narcóticos, enervantes y explosivos, que realizarán revisiones no intrusivas en los accesos y al interior de las instalaciones.

Por su parte, personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito llevará a cabo labores de vialidad para garantizar la movilidad en la zona, tanto en el arribo como al término de cada jornada. Como alternativas viales se recomiendan la calzada Ignacio Zaragoza; Eje 4 Norte Canal de Río Churubusco; avenidas Té y Plutarco Elías Calles; así como Eje 3 Oriente Francisco del Paso y Troncoso.

La SSC emitió recomendaciones para prevenir incidentes: usar ropa y calzado cómodo; ubicar salidas de emergencia; respetar señalizaciones; evitar objetos prohibidos; acordar puntos de reunión; no subir a estructuras; retirarse ante situaciones de riesgo; denunciar cualquier delito y desalojar de forma ordenada.

Asimismo, invitó a utilizar la aplicación “Mi Policía” para solicitar apoyo del oficial de cuadrante y mantenerse informado a través de sus cuentas oficiales en redes sociales.

Las autoridades detectaron que el sospechoso alquilaba tres habitaciones en diferentes localizaciones, utilizadas para guardar sustancias ilegales, donde se incautaron 132,54 gramos de cocaína y tres blísters de benzodiazepinas, según el comunicado oficial de los Mossos d'Esquadra. El hombre, de 43 años, también mantenía operaciones de venta de droga mediante diversas modalidades y fue arrestado el miércoles en Lleida, tras un operativo que culminó con su detención y posterior puesta a disposición judicial este viernes, de acuerdo con lo publicado por los Mossos d'Esquadra.

El comunicado policial, recogido por los Mossos d'Esquadra, detalló que el sospechoso era investigado no solo por la venta de drogas, sino también por su vinculación con dos agresiones sexuales, ambas cometidas a inicios de año. Las víctimas, consumidoras habituales de sus productos, acudían a sus domicilios, donde el acusado, presuntamente, las agredía sexualmente cuando se encontraban inconscientes a causa de la sumisión química provocada por la administración de sustancias ilegales.

Según informó el medio catalán, la investigación se inició tras detectarse los hechos y comprobarse que el sospechoso contaba con antecedentes previos. Los agentes desplegaron varios dispositivos de vigilancia, que permitieron observar que el detenido efectuaba la venta de cocaína en diferentes escenarios, que abarcaban tanto su domicilio como su vehículo y la vía pública.

Durante el operativo policial del miércoles, uno de los compradores fue interceptado y se le hallaron dos envoltorios con un total de 2,29 gramos de cocaína. Poco después, la policía procedió a la detención del vendedor, encontrando en su posesión otros 6 gramos de la misma sustancia, según consignó la nota oficial.

A partir de la detención y las evidencias recogidas, los Mossos d'Esquadra llevaron a cabo tres registros en las habitaciones alquiladas por el sospechoso. Allí, además de la cocaína y los blísters de benzodiazepinas, se incautaron diferentes elementos relacionados con la distribución de estupefacientes, indicaron fuentes policiales. La investigación permitió vincular los delitos de tráfico de drogas con los ataques sexuales bajo sumisión química, articulados en el entorno de la distribución de sustancias a personas consumidoras.

La operación policial, reportada por los Mossos d'Esquadra, concluyó con la puesta a disposición judicial del detenido este viernes, donde enfrenta cargos tanto por tráfico de drogas como por agresiones sexuales con sumisión química. El caso permanece bajo investigación, sin que se hayan dado a conocer más detalles sobre la identidad de las víctimas o la situación procesal del sospechoso tras su comparecencia ante el juez.

Durante un intercambio con periodistas a bordo del avión presidencial, Donald Trump hizo referencia a la inminente visita del rey Carlos III a Estados Unidos y expresó preocupación por la situación familiar derivada de la detención del expríncipe Andrés Mountbatten-Windsor. En declaraciones reproducidas por CNN, Trump lamentó el impacto que el caso Epstein ha provocado en la familia real británica. El expresidente estadounidense manifestó su pesar por las consecuencias del caso que involucra al fallecido empresario Jeffrey Epstein y la forma en que esto podría afectar al monarca británico.

Según informó CNN, Trump calificó de “muy triste” la detención de Andrés y comentó sobre la repercusión que la situación tiene para el círculo de la realeza. “Me parece una pena. Me parece muy triste. Creo que es muy malo para la familia real. Es muy, muy triste, en mi opinión. Es muy triste ver eso”, declaró el político republicano a la cadena estadounidense. El magnate reiteró ese sentimiento durante sus declaraciones en vuelo, indicando que el asunto tiene implicaciones directas para el rey Carlos III, quien planea visitar próximamente territorio estadounidense. “Es muy triste ver esto y lo que está pasando con su hermano, quien obviamente vendrá a nuestro país muy pronto. Es un hombre fantástico, el rey”, sostuvo Trump, según recogió CNN.

El caso adquirido notoriedad internacional debido a la relación entre Andrés y Jeffrey Epstein, empresario estadounidense condenado por delitos sexuales y hallado sin vida en prisión. Trump centró parte de sus declaraciones en la preocupación por las repercusiones que el escándalo podría tener dentro de la casa real británica, subrayando el perfil del actual monarca.

A lo largo de su intervención, el expresidente de Estados Unidos remarcó que no ha tenido ninguna implicación penal en relación con el caso Epstein. CNN indicó que Trump afirmó haber sido exonerado completamente y se refirió a su situación legal de manera personal. “En cierto modo, soy un experto porque me han exonerado por completo”, manifestó el exmandatario. Añadió que, por ese motivo, considera posible hablar sobre este asunto “con mucha amabilidad”.

Durante su presidencia, Trump fue consultado en reiteradas ocasiones por su vínculo con Jeffrey Epstein, aunque siempre sostuvo que no mantenía una relación cercana con el empresario y destacó su desvinculación de cualquier delito relacionado. Las declaraciones actuales se producen en un contexto de amplia cobertura mediática en torno al caso Epstein y el impacto que la detención de Andrés Mountbatten-Windsor podría tener tanto a nivel judicial como para la imagen pública de la realeza.

CNN detalló que, para Trump, el principal foco de preocupación radica en las consecuencias de este caso para el rey Carlos III y el resto de la familia real. Las declaraciones del expresidente se suman a una serie de reacciones internacionales generadas tras la detención del expríncipe y la reapertura del debate sobre los vínculos de figuras públicas con el entorno de Jeffrey Epstein.

Las autoridades confirmaron que uno de los registros clave, el de la residencia en Norfolk, ya concluyó y que el proceso sigue en curso con vistas a nuevas acciones oficiales. La Policía del Valle del Támesis informó que Andrés Mountbatten-Windsor, conocido como el exduque de York, fue dejado en libertad tras permanecer aproximadamente 11 horas detenido debido a una investigación sobre presuntos vínculos con Jeffrey Epstein, empresario fallecido y convicto por delitos sexuales.

Según reportó Europa Press, la fuerza policial comunicó el jueves que un hombre de Norfolk, en la franja de sesenta años, fue arrestado bajo sospecha de irregularidades en el contexto de dichas pesquisas. Posteriormente, el individuo quedó en libertad mientras la investigación prosigue. En el comunicado oficial, la Policía confirmó que ya finalizaron los allanamientos en el domicilio del exduque en Norfolk.

Durante estas diligencias, Andrés de Inglaterra abandonó la comisaría de Aylsham, localidad ubicada en el condado de Norfolk, a bordo de un vehículo que partió discretamente desde la parte trasera del edificio, de acuerdo con lo consignado por la cadena británica BBC. Las fuentes citadas por Europa Press indicaron además que su liberación se dio bajo fianza, mientras las averiguaciones policiales continúan en diferentes frentes.

La detención de Andrés de Inglaterra ocurrió en un contexto marcado por recientes resoluciones de la Casa Real británica. Semanas antes de este episodio, la institución monárquica dio inicio a los trámites formales para revocarle los títulos nobiliarios, entre otras medidas. Además de perder sus honores, el exduque fue expulsado de la residencia que ocupaba en Windsor, situada al oeste de Londres. Representantes de la Corona justificaron estas decisiones como pasos necesarios, pese a que el propio Andrés ha mantenido su negativa ante las acusaciones dirigidas en su contra.

Según la información difundida por Europa Press, en octubre de 2025 Andrés de Inglaterra comunicó, por iniciativa personal, su renuncia a todos sus títulos, incluido el de duque de York. El exmiembro de la familia real fundamentó tal determinación en que las denuncias vigentes representaban una distracción para las funciones del actual monarca y del resto de la familia real británica. Estas declaraciones se sumaron al anuncio previo hecho en 2019 sobre el cese de sus actividades públicas, decisión tomada a raíz del impacto mediático y político originado por su vinculación al caso de Jeffrey Epstein.

El proceso que involucra a Andrés de Inglaterra se ha caracterizado por su alta repercusión, tanto por la relación con Epstein como por el peso institucional de la Corona británica. Hasta este momento, la Policía del Valle del Támesis continúa con las actuaciones relacionadas con la investigación, mientras Andrés permanece en libertad bajo fianza.

La cobertura de estas acciones judiciales sigue acaparando la atención pública y mediática en Reino Unido, especialmente luego de los desarrollos recientes en la relación entre la Casa Real y Andrés de Inglaterra, informó Europa Press.

Agentes de la Policía del Valle del Támesis completaron la inspección de la residencia de Andrés Mountbatten-Windsor en Norfolk en el marco de una investigación que lo vincula presuntamente con actividades ilícitas relacionadas con Jeffrey Epstein. El expríncipe, de más de sesenta años, permaneció bajo custodia policial durante más de once horas antes de obtener la libertad, según reportó el medio.

Según detalló el medio, las autoridades arrestaron a Andrés Mountbatten-Windsor este jueves en una comisaría de la localidad de Aylsham, en Norfolk. La Policía confirmó el arresto de un hombre de esa región, en su sexta década de vida, bajo sospecha de irregularidades. Posteriormente, indicaron que el individuo fue puesto en libertad mientras prosiguen las diligencias. El comunicado de la Policía también señaló que ya había culminado el registro de la vivienda ubicada en Norfolk.

Al abandonar las instalaciones policiales, Andrés evitó a la prensa y a los fotógrafos, saliendo de la comisaría en la parte trasera de un vehículo. Mientras tanto, la investigación continúa y las autoridades británicas permanecen a la espera de nuevos avances y posibles pruebas que puedan arrojar luz sobre las presuntas irregularidades.

El medio informó que la detención del expríncipe ha tenido repercusiones importantes dentro de la Casa Real británica. Aunque Andrés había retirado su presencia de actos públicos a lo largo de 2019 como consecuencia de distintos escándalos, recién en octubre del año pasado renunció de forma definitiva a sus títulos reales. No obstante, solo hace unas semanas la familia real concretó la revocación total de sus honores y privilegios, retirándolo además de la residencia que ocupaba en Windsor, un área ubicada al oeste de Londres.

Estas sanciones institucionales aparecen estrechamente ligadas a las investigaciones judiciales y periodísticas que relacionan al exduque con el entorno de Jeffrey Epstein, empresario fallecido y condenado por delitos sexuales. La vinculación de Andrés Mountbatten-Windsor a las actividades ilícitas de Epstein ha generado tanto repercusión pública como la reacción de las autoridades, las cuales siguen analizando documentación y testimonios para estudiar su posible implicación.

La Corona británica enfrenta un nuevo episodio de crisis ante los hechos detallados por la Policía del Valle del Támesis y por las consecuencias derivadas del procesamiento judicial al expríncipe. Según publicó el medio, el avance judicial y la cobertura mediática han afectado de manera directa la imagen de la institución monárquica, remarcando las dificultades de gestionar casos que involucran a antiguos miembros de la familia real ante la opinión pública y las obligaciones legales que rigen en el Reino Unido.

Uno de los registros policiales realizados en la vivienda de Norfolk, en el marco de una investigación por presuntas conexiones con delitos sexuales, concluyó antes de la liberación bajo fianza de Andrés de Inglaterra. Según informó la Policía del Valle del Támesis, fuerza encargada de la jurisdicción de Windsor, el hijo de Isabel II fue puesto en libertad tras pasar cerca de once horas detenido en una comisaría del sur del Reino Unido. La investigación está centrada en los presuntos vínculos del exmiembro de la familia real británica con Jeffrey Epstein, empresario fallecido y convicto por delitos sexuales.

La detención de Andrés Mountbatten-Windsor fue comunicada por la policía mediante un mensaje oficial, donde se precisó: “Este jueves hemos arrestado a un hombre de Norfolk en su sesentena por sospechas de irregularidades. El hombre ha sido ahora puesto en libertad mientras avanza la investigación”. De acuerdo con lo consignado por la cadena de televisión BBC, Andrés abandonó las dependencias policiales de la localidad de Aylsham en la parte trasera de un vehículo. Las fuentes consultadas por BBC y otros medios británicos ya anticipaban que la libertad se concedería bajo fianza hasta tanto continúen las pesquisas sobre su papel en la trama que involucra a Epstein.

Según publicó la Policía del Valle del Támesis, la detención de Andrés ocurrió semanas después de que la Casa Real del Reino Unido pusiera en marcha el procedimiento oficial para revocar sus títulos nobiliarios, como consecuencia directa de las acusaciones que enfrenta. Andrés fue expulsado de la mansión en Windsor, ubicada al oeste de Londres, según detalló el comunicado policial, como parte de un proceso defendido por la institución monárquica como una “necesidad” para preservar la imagen y el funcionamiento de la familia real, a pesar de que el acusado ha mantenido la negativa a todas las imputaciones formuladas.

A finales de 2025, el propio Andrés hizo público que renunciaba formalmente a sus títulos, entre ellos el de duque de York. Justificó esta decisión alegando que “las continuas acusaciones” dirigidas hacia su persona suponían una “distracción” para las labores oficiales del monarca y del resto de la familia real, según recogió la policía y diversos informes reproducidos por los medios nacionales. Previamente, en 2019, Andrés anunció que cesaba sus actividades oficiales y compromisos públicos a raíz de la controversia suscitada por las relaciones con Epstein y el escándalo que surgió tras la revelación de esos vínculos.

El medio BBC subrayó también que la investigación policial sigue su curso, centrándose tanto en los registros efectuados en la residencia de Norfolk como en la revisión de cualquier evidencia que relacione al ex duque con la red de delitos sexuales encabezada por Epstein. De acuerdo con la información difundida por la Policía del Valle del Támesis, la evaluación de las pruebas halladas y la continuación de las entrevistas forman parte del proceso en desarrollo en tanto Andrés permanece en libertad provisional, sujeto a las decisiones que puedan surgir del avance de las diligencias.

Al cierre de esta fase, según reportó BBC, el traslado de Andrés desde la comisaría se realizó bajo fuerte discreción. El comunicado policial no aportó detalles adicionales sobre los objetos o documentos incautados en la vivienda ni sobre posibles próximos pasos en la investigación, pero confirmó que el caso sigue activo y vinculado a las acusaciones por presuntas irregularidades y delitos sexuales relacionados con el entorno de Jeffrey Epstein.

Londres, 19 feb (EFE).- El expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III, fue fotografiado este jueves a su salida de una comisaría de Norfolk (este de Inglaterra) casi 10 horas después de haber sido arrestado por la Policía británica bajo sospecha de mala conducta en un cargo público por presuntas filtraciones de información sensible al pedófilo convicto Jeffrey Epstein, publican medios británicos.

Londres, 19 feb (EFE).- El arresto este jueves de Andrés Mountbatten-Windsor, hermano del rey Carlos III, es el último capítulo de una serie de episodios polémicos que han sacudido a la familia real británica desde la abdicación del rey Eduardo VIII en 1936.

Andrés, antiguo duque de York, que hoy cumple 66 años, fue detenido en una casa de campo en Sandringham, en el este de Inglaterra, por supuesta conducta en cargo público cuando era representante especial de Comercio, puesto que ocupó entre 2001 y julio de 2011.

Estos son los principales escándalos históricos en la familia real británica en el último siglo:

El 10 de diciembre de 1936, el entonces rey Eduardo VIII firmó la carta de abdicación tras llegar a la conclusión de que ni la opinión pública de entonces ni el gobierno aceptaban su deseo de casarse con la divorciada estadounidense Wallis Simpson.

Esta decisión, que provocó una herida muy profunda en la familia real, le llevó a Eduardo VIII a exiliarse en Francia con el título de duque de Windsor, pero la polémica continuó después por la visita que hizo a Alemania en 1937 para reunirse con Adolf Hitler.

Este controvertido encuentro entre Eduardo, ya como duque de Windsor, Simpson y Hitler generó sospechas en la clase dirigente británica de que actuaba en contra de los intereses del Reino Unido.

Tras la abdicación de Eduardo VIII, su hermano Alberto, padre de la reina Isabel II, ocupó el trono con el nombre de Jorge VI.

En los pasados años cincuenta otro escándalo sacudió a la familia real cuando salió a la luz que la princesa Margarita, hermana de la entonces reina Isabel II, se había enamorado perdidamente del capitán Peter Townsend, un héroe de guerra divorciado.

Según cuentan los historiadores, la relación fue descubierta en la coronación de Isabel II en la Abadía de Westminster en junio de 1953 a raíz de un gesto íntimo. Ante la fuerte presión del gobierno y la Iglesia de Inglaterra, Margarita anunció en 1955 que no se casaría con él a fin de dar prioridad a su deber como miembro de la familia real y por lealtad a la corona británica.

En los pasados años noventa, la reina Isabel II tuvo que lidiar con la separación de Andrés Mountbatten-Windsor y Sarah Ferguson después de que éstos se casaran en la Abadía de Westminster en julio de 1986, que por entonces subía la popularidad de la familia real.

El palacio de Buckingham comunicó la separación de los entonces duques en 1992, el mismo año en que el entonces príncipe de Gales, Carlos, se separó oficialmente de la princesa Diana.

El 9 de diciembre de 1992, el entonces primer ministro, el conservador John Major, comunicó en la Cámara de los Comunes del Parlamento la separación de los príncipes de Gales por ser herederos al trono.

La reina Isabel II calificó 1992 como su "Annus Horribilis" por la separación de dos de su hijos, a lo que se sumó el devastador incendio en el castillo de Windsor, que vino a representar para mucha gente las turbulencias por las que atravesaba la Casa Real.

La separación de Carlos y Diana fue la culminación de meses de escándalos después de que los periódicos revelasen la relación extramarital que el heredero de la corona mantenía con Camila, su actual esposa y con la que se casó en 2005.

En 1995, Diana concedió una entrevista explosiva al programa Panorama de la BBC, en la que admitió que "éramos tres en este matrimonio", en referencia a Camila. Tras esta entrevista, Carlos y Diana se divorciaron en agosto de 1996.

El escándalo alcanzó su punto máximo en 1997 cuando Diana perdió la vida en un accidente de coche en París en agosto de ese año, lo que provocó una crisis de popularidad sin precedentes para la monarquía británica ante su fría reacción inicial a la tragedia.

En enero de 2020, el príncipe Enrique, hijo menor de Carlos III, y su mujer Meghan, renunciaron a sus funciones reales para mudarse a Estados Unidos. En entrevistas posteriores, Meghan, duquesa de Sussex, acusó a la familia real de racismo dentro de la institución de la monarquía, algo que le afectó por ser mestiza.

En los últimos años, el hijo "favorito" de Isabel II se vio envuelto en el escándalo de Jeffrey Epstein, enfrentando acusaciones de abuso sexual que lo llevaron a retirarse de la vida pública y perder sus títulos nobiliarios y todos sus honores.

El arresto del expríncipe Andrés fue ordenado por la Policía del Valle del Támesis, que investiga el envío de documentos sensibles del Gobierno al pederasta convicto Jeffrey Epstein por parte del antiguo duque de York cuando hacía las labores comerciales.

Viviana García

El arresto de Andrés Mountbatten-Windsor ocurrió en su residencia de Sandringham y se enmarca en una investigación que examina presuntas irregularidades cometidas por el exmiembro de la familia real británica mientras desempeñaba un cargo público. Según publicó el medio BBC, la Policía del Valle del Támesis detalló que la operación incluyó registros en domicilios ubicados en los condados de Berkshire y Norfolk, señalando que el detenido es un hombre de Norfolk en la década de los sesenta, vinculado por las autoridades a sospechas de mala conducta en sus funciones oficiales.

De acuerdo con la información divulgada por la Casa Real a través de un comunicado, el rey Carlos III expresó que la noticia sobre su hermano ha sido recibida con honda preocupación, subrayando que el proceso judicial se desarrollará bajo criterios de exhaustividad, justeza y adecuación, siempre en manos de las autoridades competentes. En palabras del monarca, “la ley debe seguir su curso”, indicando así que no emitirá más comentarios sobre el tema mientras esté en marcha la investigación. El mensaje institucional incluyó el compromiso de ofrecer “un apoyo y cooperación incondicionales” por parte de la familia real al proceso legal.

La investigación contra Andrés Mountbatten-Windsor surge tras la aparición de nuevos datos sobre su presunta implicación en delitos relacionados con el fallecido empresario y condenado por delitos sexuales Jeffrey Epstein. Según consignó la BBC, el ahora expríncipe enfrenta acusaciones que afectan no solo a su reputación personal sino que también han repercutido en la imagen de la monarquía británica. El comunicado oficial enfatizó que el respeto al debido proceso resulta esencial para el esclarecimiento de los hechos y para el rol institucional de la Casa Real.

El arresto se produce después de que, en semanas previas, la Casa Real británica optara por iniciar los trámites para retirar los títulos nobiliarios de Andrés Mountbatten-Windsor, y, como precisó el propio monarca, la medida de expulsión de la mansión de Windsor fue considerada “necesaria”. El exmiembro de la familia real, quien por años negó todas las acusaciones presentadas en su contra, comunicó en octubre de 2025 la decisión de renunciar oficialmente a sus títulos, incluyendo el de duque de York, argumentando que los señalamientos constantes en su contra perjudicaban la labor del rey y el trabajo institucional de la Casa Real.

El medio BBC recordó que Andrés Mountbatten-Windsor había manifestado en 2019 su retirada de las actividades públicas tras la difusión de las primeras denuncias vinculadas al caso Jeffrey Epstein. Desde entonces, el exduque permaneció bajo atención pública, aunque alejado de los compromisos oficiales, en un intento por reducir el impacto negativo sobre la familia real. La reciente detención marca una evolución en la investigación, abriendo la vía a una posible imputación formal en relación con los supuestos delitos.

Según reportó la BBC, la investigación que involucra al exmiembro de la realeza incluye el análisis de su conducta durante el ejercicio de sus responsabilidades oficiales y sus relaciones con Jeffrey Epstein. Las autoridades continuaron con nuevas diligencias en distintos domicilios como parte de la indagatoria. La cadena británica mencionó que la detención responde a la política de las fuerzas policiales de actuar ante denuncias sobre malos comportamientos de funcionarios públicos o personas con responsabilidades institucionales.

En la comunicación oficial difundida por la Casa Real, Carlos III concluyó su intervención ratificando que, mientras avanza el proceso judicial, la familia mantendrá sus labores y el compromiso de servicio público, rehusando pronunciarse adicionalmente acerca del caso mientras se resuelve en las instancias judiciales correspondientes. La BBC también indicó que los detalles de la investigación permanecen bajo reserva, dada su naturaleza confidencial y la obligación de respetar la presunción de inocencia hasta que culminen las actuaciones legales.

La noticia legal que involucra al antiguo príncipe Andrés Mountbatten-Windsor surge en una fecha destacada para él, su cumpleaños número sesenta y seis. Según detalló la BBC, las fuerzas de seguridad del Reino Unido detuvieron al hermano menor del rey Carlos III en la residencia de Sandringham, una de sus propiedades rurales en Norfolk, en el contexto de las indagaciones sobre su vínculo con el empresario fallecido y condenado por delitos sexuales, Jeffrey Epstein.

De acuerdo con la información publicada por la BBC, la Policía del Valle del Támesis confirmó en un comunicado que un hombre de Norfolk, de aproximadamente sesenta años, fue arrestado bajo sospecha de mala conducta en un cargo público. Las autoridades han evitado divulgar el nombre del detenido, en apego a las normativas nacionales sobre identificación de personas investigadas en etapas iniciales de causas judiciales. El comunicado policial advierte sobre la necesidad de cautela en cualquier comunicación pública sobre el caso, señalando que se "debe evitar cualquier publicación que pueda incurrir en desacato".

Tal como informó el medio británico, los investigadores policiales realizan registros en distintas propiedades vinculadas al caso, localizadas en los condados de Berkshire y Norfolk. Estas acciones forman parte de la pesquisa que analiza las relaciones entre figuras públicas británicas y personas cercanas a Jeffrey Epstein, cuyo historial delictivo ha generado investigaciones internacionales desde su muerte.

El expríncipe Andrés, hijo de la fallecida reina Isabel II y exesposo de Sarah Ferguson, perdió sus títulos y funciones reales en octubre de 2015, después de que se hicieran públicas sus conexiones con Epstein. Tras la revelación de esos lazos, Andrés quedó apartado de la vida oficial de la realeza y se ha mantenido bajo el escrutinio de los medios y las autoridades.

El comunicado de la Policía del Valle del Támesis, citado por la BBC, no aclara los detalles precisos que motivaron el arresto, limitándose a informar sobre la conducta sospechosa en el desempeño de funciones oficiales. Mientras tanto, el exmiembro de la familia real permanece bajo custodia policial y las investigaciones continúan activas, con incursiones en diversas propiedades.

El escándalo relacionado con Epstein ha salpicado a figuras públicas en distintos países, y en el Reino Unido ha puesto nuevamente en el foco a Andrés Mountbatten-Windsor. Según consignó la BBC, las pesquisas actuales buscan esclarecer el alcance de sus relaciones con proporcionistas de Epstein y si estas establecieron algún tipo de ilícito en el ejercicio de cargos públicos. Los resultados de los registros y la información recabada determinarán los próximos pasos en la indagatoria.

El arresto coincide con una fecha simbólica para el expríncipe, lo que profundiza la exposición mediática y el interés público sobre su situación. La casa real británica no ha emitido comentarios oficiales respecto al acontecimiento. Al cierre de este informe, la Policía del Valle del Támesis continúa sin identificar de manera pública al hombre detenido, pese a que la BBC ha señalado su identidad y el contexto de la investigación, e insiste en evitar especulaciones para proteger la integridad del proceso judicial en curso.

El operativo policial incluyó registros en domicilios de los condados de Berkshire y Norfolk, en el Reino Unido, en busca de pruebas relacionadas con presuntas irregularidades de un hombre del entorno real británico. El sujeto, en la sesentena, fue arrestado por la Policía del Valle del Támesis bajo sospecha de abuso de poder público, según el comunicado oficial divulgado por la institución. La noticia principal apunta a la detención en su residencia de Sandringham de quien, de acuerdo con la BBC y otros medios, es el ex príncipe Andrés Mountbatten-Windsor, investigado por sus nexos con el fallecido empresario Jeffrey Epstein.

La intervención policial forma parte de una investigación en curso sobre la relación entre figuras públicas británicas y actividades vinculadas al entorno de Epstein, quien fue condenado por delitos sexuales antes de su fallecimiento. El medio informó que la Policía del Valle del Támesis, responsable de la jurisdicción donde se encuentra Windsor, llevó a cabo la detención este jueves, destacando que el arrestado permanece bajo custodia a disposición de las autoridades.

Según detalló el comunicado policial citado por la BBC, las fuerzas de seguridad ejecutaron órdenes de registro simultáneamente en propiedades de Berkshire y Norfolk en el contexto de esta operación. La policía remarcó que, “como parte de una investigación, ha sido arrestado un hombre de Norfolk en la sesentena por sospechas de mala conducta en un cargo público”. Además, indicó que el individuo permanece “bajo custodia” y que, conforme a las regulaciones nacionales, no se difundirá su identidad.

El medio enfatizó que estos desarrollos judiciales integran una pesquisa más amplia que escudriña posibles abusos de poder y comportamientos indebidos por parte de representantes de altos cargos públicos en el Reino Unido, sobre todo vinculados al entramado de Jeffrey Epstein. La investigación incluye el análisis de posibles conexiones y comunicaciones entre el detenido y el círculo cercano de Epstein, en línea con el fundamento de la operación policial.

Pese a la relevancia informativa, la policía advirtió, conforme publica la BBC, que cualquier información o publicación relacionada con el caso debe observar especial precaución para evitar incurrir en desacato judicial, recordando la condición activa del proceso investigativo. Las autoridades han subrayado la importancia de no difundir información que pueda interferir con los procedimientos legales en curso.

Desde hace varios años, miembros y antiguos miembros de la familia real británica han estado bajo el escrutinio público y judicial por supuestas relaciones con Epstein, cuyo caso ha generado investigaciones en varios países. En esta ocasión, la acción directa en la residencia de Sandringham marca un nuevo episodio en una serie de diligencias que buscan esclarecer el alcance y la naturaleza exacta de los vínculos entre figuras públicas y el empresario fallecido.

Tal como consignó la BBC, la situación judicial del ex príncipe Andrés adquiere nuevas dimensiones al pasar de una investigación a un arresto formal, en el marco de un contexto en el que la policía británica recibe presión para actuar con transparencia ante hechos que involucran a individuos con notoriedad pública.

El comunicado policial reproducido por la BBC aclara que la reserva sobre la identidad del detenido responde a políticas nacionales y busca garantizar la imparcialidad del proceso. Por lo tanto, ni las autoridades ni la propia policía han confirmado los datos personales del arrestado, aunque medios británicos como la BBC han señalado explícitamente a Andrés Mountbatten-Windsor.

La investigación sobre las presuntas irregularidades vinculadas al entorno real y Epstein continuará bajo la dirección de la Policía del Valle del Támesis, en colaboración con otras entidades pertinentes, mientras la información disponible permanece limitada a lo anunciado por la institución y reportado por la BBC.

El arresto se produjo en las inmediaciones del Jardín Botánico, junto a la avenida Maryland, frente al Capitolio de Estados Unidos, cuando la Policía del Capitolio interceptó y detuvo a Carter Camacho, de 18 años, originario de Smyrna, Georgia. De acuerdo con la información difundida por el cuerpo policial, los agentes hallaron en su posesión armas de fuego, municiones y un chaleco de tipo táctico, además de equipo adicional en el interior de una camioneta que se encontraba estacionada cerca del lugar.

Según detalló la Policía del Capitolio, el arresto ocurrió poco después del mediodía, cuando observaron que un hombre armado avanzaba corriendo hacia la sede del Congreso en Washington D.C. Camacho portaba una escopeta cargada y disponía de "múltiples rondas" de municiones, así como un chaleco de características tácticas. Al proceder a la detención y realizar la inspección del vehículo que conducía el sospechoso, los agentes también encontraron una máscara antigás y un casco.

Tal como informó la Policía del Capitolio a través de un comunicado, Carter Camacho afronta cargos por "actividades ilegales, portar un rifle sin licencia, arma de fuego no registrada y municiones no registradas". La institución señaló que la rápida reacción de los agentes resultó esencial para evitar que hubiera personas heridas, tanto entre el personal del Congreso como entre los visitantes y transeúntes habituales de la zona.

El jefe del organismo policial, Michael Sullivan, recordó a los medios que la preparación constante de los agentes ha resultado determinante para enfrentar situaciones de riesgo como la registrada esta tarde. Sullivan mencionó que "el verano pasado, realizamos un ejercicio de amenaza activa en la fachada oeste del Capitolio, en el mismo lugar donde los oficiales han detenido al sospechoso". De acuerdo con Sullivan, este entrenamiento no fue un caso aislado, ya que "estos ejercicios, ahora rutinarios, se planifican mensualmente y en diferentes áreas del complejo del Capitolio para mantener a nuestros oficiales preparados ante posibles amenazas como esta".

El medio precisó que en el momento de su detención, Camacho no solo portaba la escopeta cargada sino también otros elementos asociados con situaciones de alto riesgo, lo cual alertó de inmediato a los efectivos encargados de la seguridad del recinto legislativo. La presencia de una camioneta con accesorios como una máscara de gas y un casco incrementó la preocupación sobre las posibles intenciones del detenido y la preparación que había demostrado para una situación de confrontación o emergencia.

Según reportó la Policía del Capitolio, se mantiene el análisis de los materiales incautados y se evalúa si el detenido contaba con más dispositivos o armas no declaradas que pudieran representar un peligro para el recinto del Congreso. El medio informó además que el área permaneció parcialmente restringida durante los procedimientos policiales, a fin de garantizar la seguridad de los funcionarios y visitantes, mientras los agentes revisaban a fondo el vehículo implicado y sus alrededores.

El cuerpo policial destacó la coordinación y los protocolos adoptados para situaciones de este tipo, señalando que este operativo representa un ejemplo de los estándares de seguridad que se aplican habitualmente en el Capitolio ante movimientos o amenazas inusuales. El medio subrayó que los agentes involucrados en la detención formaban parte de los equipos especialmente entrenados para intervenir en eventos potencialmente peligrosos o que involucren armas de fuego u otros dispositivos de defensa o ataque.

El incidente se produce en un contexto donde la seguridad del Capitolio ha cobrado especial relevancia para las autoridades estadounidenses, y tanto los responsables del dispositivo como los portavoces del organismo han reiterado la importancia de la formación y ejercicios periódicos para enfrentar cualquier tipo de amenaza directa contra el Congreso de Estados Unidos.

Tras participar en una fuga grupal en la prisión de máxima seguridad de Challapalca en Perú en 2012, un ciudadano peruano conocido como 'El hombre de los mil nombres' consiguió permanecer un año y medio escondido en España sin cambiar de domicilio, imposibilitado de desplazarse debido a las secuelas de un enfrentamiento violento con una banda rival en su país. Su verdadera identidad fue finalmente descubierta cuando acudió a un hospital en Madrid usando documentos falsos, lo que condujo a su detención, informó Europa Press.

El individuo, buscado internacionalmente por las autoridades peruanas por su presunta vinculación con un delito de tenencia de explosivos, mantenía vigente una Orden Internacional de Detención para Extradición presentada ante Interpol. De acuerdo con Europa Press, el fugitivo formaba parte de la pandilla ‘Los Terribles del 17’ y era considerado sospechoso tanto de manejar explosivos como de estar implicado en actividades relacionadas con la extorsión y el sicariato. La Policía Nacional, en la nota de prensa publicada sobre el caso, señaló que el arrestado intentaba eludir los controles policiales utilizando la documentación de su hermano y había llegado a alterar intencionadamente sus huellas dactilares con el objetivo de evitar ser identificado.

Según los datos recogidos en la nota de prensa policial y consignados por Europa Press, la detención en Madrid se produjo tras una operación conjunta entre agentes de la Comisaría General de Información, la Comisaría General de Policía Judicial y la Brigada Provincial de Información de Córdoba. El proceso se inició a raíz de la colaboración solicitada por las autoridades peruanas al detectar la posible presencia del fugitivo en territorio español. El detenido persistía en el uso de identidades ajenas y adoptaba diferentes precauciones, consciente de la orden de extradición dictada en su contra.

Los antecedentes del hombre incluyen una detención efectuada por la Policía Nacional de Perú en octubre de 2024, momento en que le decomisaron un artefacto explosivo y munición de 9 milímetros. Las pruebas e indicios recogidos por las fuerzas de seguridad peruanas apuntaban también a su implicación en delitos relacionados con la extorsión y el sicariato, actividades asociadas al crimen organizado, relató Europa Press.

La permanencia del fugitivo en España se mantuvo durante cerca de dieciocho meses en una única residencia, ya que su situación física, resultado de la reyerta en Perú, le impedía cambiar de domicilio con facilidad. A pesar de sus estrategias para pasar inadvertido, entre las que se incluían tanto el uso de documentación sustraída a un familiar como la manipulación de sus huellas digitales, el requerimiento de atención hospitalaria resultó determinante para su localización y posterior arresto en la capital española, según detalló Europa Press.

La identificación del detenido como 'El hombre de los mil nombres' responde a su historial de uso de múltiples identidades falsas en el intento de evadir la acción policial en ambos países. También es conocido por su relación con el grupo ‘Los Terribles del 17’, una organización señalada por las autoridades peruanas como dedicada a múltiples delitos graves, enfatizó la información proporcionada por la Policía. El operativo que llevó a su captura en Madrid fue coordinado a nivel internacional tras la alerta de los investigadores peruanos sobre su posible paradero en España y requirió la participación de distintas unidades especializadas de la Policía Nacional.

El caso ilustra los retos que enfrentan las fuerzas de seguridad al identificar y detener a individuos con capacidad de modificar sus identidades físicas y documentales, y resalta la colaboración entre cuerpos policiales de distintos países para responder a crímenes transnacionales, concluyó el informe de Europa Press.

La noche del pasado martes 17 de febrero fue detenido en la playa de Olas Altas, Mazatlán, el cantante de regional mexicano Alejandro Ojeda Jr., hijo del reconocido exvocalista de la banda El Recodo, Alex Ojeda.

El arresto fue realizado luego de que las autoridades consideraran que la presentación musical de Grupo Codificado, el cual encabeza el joven como vocalista, estaba haciendo apología del delito durante su acto.

Según registros, Ojeda Jr. no fue el único detenido, sino que en la acción policial se arrestó a cuatro integrantes más de la agrupación antes mencionada.

Tras los hechos, internautas compartieron el momento de la detención, revelando el momento en que los elementos de seguridad se acercaron para notificarle su falta cívica.

En el material también se observa que lo acompañaba su padre, Alex Ojeda, quien horas mas tarde publicó un mensaje en sus redes sociales junto con una fotografía donde se le ve sentado en la batea de una patrulla.

Reportes de medios locales como Luz Noticias han revelado durante la cobertura del caso que los detenidos quedaron libres luego de que pagaron una multa menor a 400 pesos mexicanos.

Detención de Alejandro Ojeda Jr y el resto de integrantes de Grupo codificado

Un video compartido por testigos en el sitio y por medios locales como Luz Noticias confirmó la detención de Alejandro Ojeda Jr. y cuatro integrantes más de Grupo Codificado.

En las imágenes se observa como el joven es notificado de la situación y escoltado por elementos de la Policía Estatal de Sinaloa.

Reportes extraoficiales señalan que el acto de Grupo Codificado no terminó debido a que fue cancelado por las autoridades.

En el video también se observa que lo acompaña su padre, el exvocalista de El Recodo, Alex Ojeda, quien horas más tarde publico una fotografía junto con un texto en el que indica que este 18 de febrero explicará lo sucedido.

“Al rato les explicamos qué pasó exactamente”, se lee en la publicación realizada en su cuenta oficial de Facebook.

Declaraciones oficiales sobre la detención y costo de la multa

Según reportes de Luz Noticias, luego de la detención, el titular de la Secretaría de Seguridad Municipal de Mazatlán, Jaime Othoniel Barrón Valdez, confirmó que Alejandro Ojeda Jr. y cuatro personas más fueron detenidos y posteriormente liberados por interpretar una canción considerada apología del delito.

Tras preguntas del medio antes mencionado, Barrón Valdez precisó que la multa impuesta a cada uno de los detenidos fue de 351.93 pesos, decisión que correspondería directamente al Juzgado Cívico.

El funcionario detalló que la labor de la corporación se limitó a realizar la detención y el traslado a barandillas, mientras que la sanción económica fue determinada por la autoridad correspondiente.

Además, explicó que los músicos recibieron información sobre la prohibición de interpretar corridos y, tras cubrir la multa, recuperaron su libertad de manera inmediata.

Hasta el momento la agrupación musical no ha comunicado su versión de lo sucedido, aunque en redes sociales han señalado que hoy mismo explicarán el hecho.

La mañana de este miércoles, un robo con violencia en un establecimiento dedicado al empeño de artículos en la zona de Cofradía de San Miguel, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, derivó en un enfrentamiento armado entre presuntos delincuentes y elementos de Seguridad Pública municipal, con saldo de un fallecido y un detenido.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno Municipal, los hechos ocurrieron tras una denuncia ciudadana realizada por personal del negocio afectado, quienes alertaron vía telefónica sobre la presencia de dos individuos que arribaron al lugar a bordo de una motocicleta.

Según el reporte oficial, los sujetos ingresaron al establecimiento y amagaron a los encargados con un arma de fuego, para posteriormente sustraer diversos objetos de valor de las vitrinas. Tras recibir el llamado de auxilio, elementos de Seguridad Pública acudieron de inmediato al sitio para atender la emergencia.

Se registró intercambio de disparos

Al arribar al establecimiento, los policías municipales fueron recibidos con disparos de arma de fuego por parte de los presuntos responsables. Los uniformados repelieron la agresión, lo que dio inicio a una persecución por calles de la zona.

La movilización culminó sobre la Avenida de los Valles, donde finalmente fueron asegurados los dos probables implicados en el robo. Durante el intercambio de disparos, uno de los masculinos resultó lesionado de gravedad y perdió la vida en el lugar.

El segundo sujeto también presentó lesiones, por lo que fue detenido y trasladado bajo custodia policial a un hospital cercano para recibir atención médica. Hasta el momento, su estado de salud no ha sido detallado por las autoridades.

El gobierno municipal de Cuautitlán Izcalli informó que la identidad de los involucrados se mantiene en reserva, en cumplimiento con el debido proceso y el respeto irrestricto a los derechos humanos.

Asimismo, se dio a conocer que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México fue notificada de los hechos y ya realiza las diligencias correspondientes para el esclarecimiento total del caso, así como las investigaciones periciales para determinar las circunstancias exactas del enfrentamiento.

Las autoridades municipales destacaron que la rápida reacción policial fue posible gracias a la oportuna denuncia del personal del establecimiento afectado, lo que permitió una intervención inmediata y la detención de uno de los probables responsables.

El gobierno local reiteró su llamado a la ciudadanía para reportar cualquier actividad sospechosa y colaborar con las instituciones de seguridad, al considerar que la denuncia oportuna es clave para prevenir y combatir delitos como el robo con violencia en negocios.

Este hecho se suma a otros episodios recientes de inseguridad en la región, por lo que autoridades municipales y estatales aseguraron que continuarán reforzando los operativos de vigilancia en zonas comerciales y puntos estratégicos del municipio.

El inicio del juicio en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Palma se ha centrado en los testimonios cruzados entre los tres implicados en un episodio ocurrido la noche del 14 de abril de 2021, en el que tanto dos policías nacionales como la persona detenida afrontan acusaciones por lesiones. El Ministerio Público solicita para los agentes una condena de 11 meses de prisión cada uno, mientras que para el hombre detenido la petición asciende a tres años y dos meses, al atribuirle delitos de lesiones, daños y atentado contra la autoridad, según informó el medio fuente.

De acuerdo con lo publicado, la vista oral comenzó con la declaración de la supuesta víctima de violencia de género, quien también figura como denunciante por daños y agresiones dirigidas a los agentes involucrados. El acusado admitió haber discutido con su pareja la noche de los hechos, pero negó contundentemente haber recurrido a agresiones o amenazas contra ella. Relató que ambos se separaron tras el altercado, aunque más tarde supo que la mujer había contactado con los servicios de emergencia llamando al 112.

El medio fuente detalló que el hombre, poco después de los hechos, se encontró con varios miembros de la Policía Nacional en la vía pública de Palma. Según su versión, inicialmente creyó que la presencia policial respondía a un operativo o que podría recibir una sanción por no portar mascarilla en ese momento. En su relato ante el tribunal, sostuvo que la intervención de uno de los agentes fue violenta desde el principio: “‘Te voy a enseñar a respetar a las mujeres’, y comenzó a agredirme con la porra”. El hombre aseguró que sólo intentó protegerse durante el arresto, cubriéndose de los golpes, y que los agentes no le explicaron las razones de su detención. También expuso que pidió a los policías: “Detenedme, pero dejad de pegarme”.

En cuanto al comportamiento durante la detención, el procesado reconoció ante el juez que se mostró violento y que causó desperfectos en el vehículo policial. Argumentó que temía que los agentes pudieran arremeter también contra su familia, que se había acercado al lugar de los hechos. Negó, en todo caso, haber agredido físicamente a los policías: “Lo último que se me ocurre es dar un manotazo a un agente”.

Tal como consignó el medio fuente, el escrito de acusación del fiscal describe que el incidente comenzó la noche del 14 de marzo de 2021. Unidades policiales atendieron una alerta de posible delito de violencia de género en una calle de Palma. De acuerdo con la Fiscalía, durante el proceso de identificación, la persona acusada propinó un manotazo a uno de los policías. Ya estando dentro del vehículo de la patrulla, el detenido continuó alterado y dañó la luna y una puerta trasera, destrozos tasados en más de 200 euros.

En respuesta a esta situación, la acusación sostiene que los dos agentes procesados utilizaron sus defensas reglamentarias para golpear al detenido en la parte superior del cuerpo y la cabeza. Según el fiscal, la actuación de los policías tenía como objetivo frenar al arrestado y evitar que intentara escapar. Sin embargo, el Ministerio Público considera que los golpes dirigidos a la cabeza del detenido no resultaban necesarios y que estos le ocasionaron varios traumatismos.

Además, la Fiscalía solicita que también se juzgue al hombre por los daños ocasionados al vehículo policial y por atentado a la autoridad, mientras que la responsabilidad de los policías se limita, de acuerdo con el escrito, al acto de los golpes que considera excedidos en el uso de la fuerza y lesivos para el detenido, informó la fuente.

La vista continuará con las declaraciones y pruebas que permitan determinar las responsabilidades penales de los tres implicados en este suceso, cuyas versiones de los hechos se mantienen enfrentadas según lo relatado ante los magistrados.

Un adolescente de 16 años fue detenido en el municipio de García, tras ser señalado como presunto responsable de participar en al menos tres ejecuciones recientes.

La captura fue realizada por elementos del Grupo de Coordinación Metropolitana durante un operativo desplegado en la colonia Paseo de Capellanía, lo que ha vuelto a encender el debate sobre la reincidencia y los alcances del sistema de justicia penal para adolescentes.

De acuerdo con el informe oficial, el menor había estado previamente bajo custodia por su presunta implicación en más de 15 delitos de alto impacto durante el año pasado. Sin embargo, obtuvo su libertad conforme a los procedimientos establecidos en el marco jurídico aplicable a menores de edad. Las autoridades ahora investigan su posible relación con tres homicidios cometidos en distintas fechas en García.

La reincidencia del joven ha generado cuestionamientos sobre la efectividad de las medidas cautelares y los esquemas de reinserción social dirigidos a adolescentes en conflicto con la ley. Autoridades locales señalaron que este caso obliga a revisar los protocolos institucionales y la coordinación entre instancias de seguridad y justicia, especialmente cuando se trata de conductas delictivas graves.

Operativo en Paseo de Capellanía

El despliegue que derivó en la detención incluyó la participación de la Policía municipal y Fuerza Civil, quienes realizaban recorridos de vigilancia en la colonia Paseo de Capellanía. Los agentes detectaron a un joven que, según el reporte, mostraba actitud sospechosa en el cruce de las calles Paseo de la Estación y Licenciado Benito Arámbula.

Tras marcarle el alto y proceder a una revisión preventiva, los oficiales aseguraron una pipa con restos de hierba verde con características similares a la marihuana, así como diversas dosis de presuntas sustancias ilícitas:

1. 30 envoltorios con una sustancia blanca sólida parecida a la cocaína en piedra,
2. 35 dosis de un material granulado similar al cristal
3. 13 bolsas con hierba seca, aparentemente marihuana.
4. También fueron asegurados otros indicios que serán analizados por peritos.

El adolescente fue detenido en el lugar y puesto a disposición de las autoridades competentes para determinar su situación jurídica y ampliar las investigaciones relacionadas con los homicidios que se le atribuyen de manera preliminar.

Investigación en curso y debate social

Las autoridades subrayaron que el joven se encuentra bajo investigación y que será el Ministerio Público especializado en justicia para adolescentes quien determine su posible responsabilidad. Asimismo, recalcaron que, por tratarse de un menor de edad, el proceso se llevará conforme a lo establecido en la legislación vigente.

Especialistas en seguridad señalan que la problemática requiere una estrategia integral que combine prevención social, fortalecimiento familiar y revisión de los mecanismos de supervisión judicial.

Mientras avanzan las diligencias, el expediente permanece abierto y será la autoridad judicial la encargada de definir las medidas cautelares y, en su caso, la sanción correspondiente. La detención vuelve a poner sobre la mesa el reto que enfrenta el sistema de justicia juvenil ante escenarios de alta violencia y reincidencia.

Las primeras indagaciones han llevado a la identificación de nueve personas investigadas por presuntos delitos relacionados con el maltrato animal y la pertenencia a un grupo criminal. La actuación policial comenzó tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación en dos explotaciones equinas ubicadas en el norte de la provincia. La Guardia Civil mantiene abierta la investigación y continúa recopilando pruebas para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

Investigación demuestra el estado de los caballos

Según informó la Guardia Civil, la investigación arrancó cuando varios vecinos pusieron en conocimiento de las autoridades sus sospechas acerca del bienestar de los caballos en las fincas de los dos municipios. Tras recibir el aviso, los agentes realizaron cinco inspecciones en ambas explotaciones, donde hallaron cuatro yeguas muertas y 67 caballos vivos. La mayoría de estos animales presentaba un estado de salud deficiente.

Las primeras observaciones recogidas por los agentes constataron que los caballos carecían de acceso suficiente a comida y agua, además de presentar signos de desnutrición y falta de atención veterinaria. Algunos animales mostraban lesiones y enfermedades sin tratar, lo que llevó a calificar las condiciones como insalubres y totalmente inadecuadas para la vida equina.

Los agentes documentaron la situación y recopilaron pruebas fotográficas y testimonios, mientras la oficina de comunicación de la Guardia Civil ha detallado que se trata de uno de los casos de abandono animal más relevantes detectados en los últimos tiempos , tanto por el número de animales afectados como por la gravedad de las condiciones en las que se encontraban.

Nueve personas implicadas y traslado de los caballos

Como resultado de la investigación, la Guardia Civil ha puesto bajo investigación a nueve personas con diferentes grados de implicación. Entre ellas figuran el responsable de las instalaciones, varios trabajadores y los propietarios de parte de los caballos. Todos ellos han sido señalados como presuntos autores de delitos de abandono animal, maltrato animal y pertenencia a grupo criminal.

Tras la localización de los caballos y la certificación de su estado, los agentes ordenaron el traslado urgente de los 67 ejemplares supervivientes a unas instalaciones adecuadas, donde actualmente reciben atención veterinaria y cuidados específicos para su recuperación. Además, han pedido a los ciudadanos de la zona que aporten cualquier información que pueda ser útil en la investigación.

Este suceso genera inquietud entre los residentes de la zona y en asociaciones de defensa de los animales, que ponen énfasis en la importancia de la colaboración ciudadana a la hora de prevenir y denunciar situaciones de maltrato animal. Por el momento, no se conocen más detalles sobre si hay más personas vinculadas a la trama o sobre cuál sería el objetivo o beneficio que obtenían de este maltrato.

Durante el mes de enero de 2026, la Ciudad de México reportó 519 detenciones vinculadas a delitos de alto impacto, según cifras reveladas este 16 de febrero de 2026 por Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en el informe de seguridad correspondiente al mes de enero.

Según fuentes oficiales, los arrestos forman parte de la estrategia de seguridad y construcción de paz implementada por el gobierno local, encabezado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

Golpe contra los delitos de alto impacto en la CDMX

El informe presentado por la SSC destaca que, entre octubre de 2024 y enero de 2026, se ha logrado la detención de 8 mil 822 personas por delitos de alto impacto.

Sin embargo, destacó la cifra de que tan solo durante el primer mes del 2026, autoridades capitalinas en coordinación con instituciones federales y estatales detuvieron a 519 personas relacionadas con delitos de alto impacto, entre los que se encuentran lo siguientes:

• Extorsión
• Cobro de piso
• Narcomenudeo
• Homicidio

Además, las autoridades refirieron que el mes de enero de 2026 se posicionó con la cifra más baja de victimización por extorsión en los últimos 11 meses.

Asimismo, durante la presentación del informe de seguridad las autoridades destacaron que el mes de enero de 2026 presentó una disminución de 11% en delitos de alto impacto comparándolo con el mes anterior, diciembre de 2025.

Por otra parte, en comparación con enero de 2025 se presenta una disminución del 18% en los delitos de alto impacto.

Además, las cifras presentadas durante el informe indican que durante enero de 2026 todas las alcaldías de la CDMX presentaron disminución en delitos de alto impacto comparándolo con las cifras de enero de 2025.

Operativos y resultados desde que comenzó la administración

Por otra parte, la SSC indicó que de las más de 8 mil personas detenidas por delitos de alto impacto durante la actual administración, destacan 987 presuntos delincuentes, los cuales, al ser arrestados, derivaron en la desarticulación de 35 grupos delictivos en la capital.

Entre los aseguramientos realizados en la actual administración destacan:

• Más de 871 kilogramos de aparente marihuana
• Más de 159 kilogramos de probable cocaína
• Más de 87 kilogramos de metanfetamina
• Mil 274 armas de fuego
• 169 cargadores
• 8 mil 933 cartuchos
• Más de 5 mil vehículos
• 18 mil 700 toneladas de autopartes

Estrategias específicas y reducción de extorsiones

Asimismo, la autoridades informaron que en el marco de la Estrategia de Combate a la Extorsión, instruida por la jefa de Gobierno, 293 personas fueron detenidas por este delito entre enero de 2025 y enero de 2026.

De estas, 273 enfrentan cargos por extorsión y 23 por tentativa.

La SSC informó también sobre la implementación de la estrategia “La Policía Cerca de Ti”, mediante la cual se han realizado más de 3 millones 200 mil visitas a domicilios, comercios, escuelas y espacios públicos para fortalecer la presencia policiaca.

Cifras de seguridad vial

En cuanto a la seguridad vial, el titular de la SSC señaló que en 2025 se observó una reducción del 9 % en hechos de tránsito respecto al 2024, así como una disminución del 11 % en personas lesionadas y del 20 % en fallecimientos asociados a incidentes viales.

Los decesos relacionados con motocicletas bajaron un 10 % en el mismo periodo.

Policías Estatales del Edomex y elementos municipales de Lerma lograron la detención de dos individuos y la recuperación de joyería de oro valuada en 200 mil pesos tras un asalto con violencia en una casa de empeño ubicada en una plaza comercial de Lerma, Estado de México.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las acciones formaron parte del Operativo Coordinado Estado-Municipio (CEM), que busca reforzar la vigilancia en puntos comerciales estratégicos de la región

Los detenidos, identificados como Alberto “N”, de 43 años, e Isaac “N”, de 33 años, serían integrantes de una banda que opera en los municipios de Toluca, Metepec y Lerma, dedicada al robo con violencia en casas de empeño.

Las autoridades también los relacionan con hechos similares en el Valle de México y la Ciudad de México.

Intervención inmediata y persecución a pie

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales y municipales realizaban patrullajes preventivos dentro de una plaza comercial.

Durante este recorrido, una persona se acercó para alertar que el guardia de seguridad de una casa de empeño estaba siendo amenazado por un hombre armado.

Al llegar los elementos policiales, el vigilante señaló a dos sujetos como responsables del asalto, quienes intentaron huir al notar la presencia

Los agentes iniciaron una persecución a pie, marcando el alto a los sospechosos mediante comandos verbales.

Los dos hombres ignoraron las indicaciones y continuaron su huida hasta que, a pocos metros, fueron alcanzados por los elementos de seguridad.

Aseguramiento de armas y recuperación de la mercancía

Durante la intervención, uno de los detenidos extrajo un arma de fuego de entre su ropa, por lo que los policías lo sometieron.

Tras realizarles una inspección, se localizó otra pistola, diversa joyería de oro con un valor estimado en 200 mil pesos y dos equipos de telefonía celular.

Las armas aseguradas corresponden a una pistola Colt calibre .45 y una Ruger calibre 9 milímetros.

Alberto “N”, Isaac “N”, la mercancía recuperada, las armas y los teléfonos celulares, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme al procedimiento legal correspondiente.

Líneas de investigación y operativos en la región

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos podrían pertenecer a una banda dedicada al robo con violencia en casas de empeño, con operaciones en varios municipios del Estado de México y la zona metropolitana de la capital del país.

Autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer si están relacionados con otros robos registrados en la región y para identificar a posibles cómplices.

La SSEM informó que la estrategia de patrullaje conjunto continuará en zonas de alta incidencia delictiva, con el objetivo de prevenir nuevos asaltos y fortalecer la seguridad en centros comerciales y establecimientos de empeño.

Como parte de las acciones para identificar y detener a generadores de violencia en la capital del país, elementos de la Secretaria de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de Mexico detuvieron a un hombre posiblemente vinculado con el delito de extorsión en calles de la alcaldía Cuauhtemoc.

La detención se realizó en seguimiento a diversas denuncias ciudadanas que alertaban sobre la presencia de un sujeto que presuntamente exigía dinero en efectivo a comerciantes de la zona, además de ofrecer préstamos con cobros de intereses excesivos. De acuerdo con los reportes, el individuo intimidaba a sus víctimas para obtener pagos periódicos, lo que generó preocupación entre locatarios y vecinos.

Tras recibir las denuncias, uniformados de la SSC implementaron un despliegue operativo y desarrollaron líneas de investigación para ubicar al probable responsable. Como parte de las indagatorias, los policías identificaron la zona de movilidad del hombre en calles de la colonia Juárez, donde presuntamente realizaba sus actividades.

Con apoyo del sistema de cámaras de videovigilancia, los oficiales lograron localizar al posible implicado en la calle Amberes. Una vez corroborada su identidad con la información obtenida durante la investigación, los efectivos policiales lo interceptaron y actuaron conforme a los protocolos establecidos.

Durante la revisión preventiva, realizada en apego a los lineamientos de actuación policial, los uniformados hallaron entre sus pertenencias 27 bolsitas que contenían una hierba verde y seca con características similares a la marihuana.

Asimismo, le aseguraron 11 tarjetas de papel color blanco con cifras inscritas, que podrían estar relacionadas con registros de cobros, además de una tarjeta de presentación de color rojo.

Ante estos hechos, el hombre, de 33 años de edad, fue detenido en el lugar. Los policías le informaron el motivo de su detención y le leyeron sus derechos constitucionales. Posteriormente, junto con los objetos asegurados, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será el encargado de determinar su situación jurídica e iniciar la carpeta de investigación para esclarecer los hechos.

La autoridad ministerial también analizará los indicios asegurados para establecer si existe relación directa con el delito de extorsión denunciado por comerciantes de la zona, así como para determinar posibles vínculos con otros ilícitos.

La SSC informó que estas acciones forman parte de las estrategias permanentes para combatir delitos que afectan la tranquilidad de la ciudadanía, particularmente aquellos que impactan de manera directa la economía de pequeños y medianos comerciantes.

Finalmente, la dependencia reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas y fortalecer los trabajos de prevención, investigación e inteligencia para detener a quienes generen violencia o causen daño a los habitantes de la Ciudad de México.

Asimismo, exhortó a la población a continuar reportando cualquier conducta delictiva a través de los canales oficiales, a fin de contribuir a la construcción de entornos más seguros en las distintas alcaldías de la capital.

La investigación en torno a la retención ilegal de una mujer que figuraba como desaparecida en Murcia incluye, además de al principal sospechoso, a dos personas más bajo investigación por un presunto delito de encubrimiento, quienes recibieron la libertad provisional tras ser arrestadas. Según informó Europa Press, el caso ha avanzado con la presentación ante el juez del hombre acusado de privar de libertad a la víctima durante dos años, junto a una mujer identificada como su colaboradora directa, luego de finalizar la custodia policial.

Ambos detenidos salieron de las dependencias de la Jefatura Superior de la Policía Nacional hacia las 8:45 de la mañana, cuando quedaron a disposición del juzgado que atiende asuntos de violencia de género en la ciudad. De acuerdo con Europa Press, la víctima había sido reportada como desaparecida y su localización se logró después de un operativo policial que derivó en la detención de cuatro personas en total. El principal acusado enfrenta cargos asociados a violencia de género y la principal encubridora se encuentra igualmente sujeta a investigación por su implicación en los hechos.

El medio Europa Press detalló que, de las cuatro personas que resultaron arrestadas durante la operación, dos recuperaron la libertad pero continúan en el proceso legal, sujetas a diligencias penales por supuestamente haber encubierto la retención. La investigación sigue abierta para determinar la responsabilidad de estos dos individuos que permanecen en libertad, así como la neutralización de cualquier otra posible línea de actuación de encubrimiento.

En cuanto a los hechos, el principal sospechoso habría mantenido privada de libertad a la mujer en una situación que, según consignó Europa Press, se prolongó durante dos años, implicando un control efectivo y sostenido sobre la víctima. El caso es tramitado por el juzgado de violencia sobre la mujer, dada la naturaleza de los delitos imputados al acusado central, que se circunscriben al ámbito de la violencia de género y podrían acarrear penas significativas en función del desarrollo procesal.

La Policía Nacional señaló que los detenidos permanecieron bajo custodia en la Jefatura Superior hasta ser trasladados al tribunal competente para la toma de declaraciones y las decisiones preliminares sobre medida cautelares. La situación procesal de los encubridores que quedaron en libertad dependerá del avance de la investigación y de las pruebas que se obtengan en el proceso judicial, tal como reiteró Europa Press.

Las autoridades continúan realizando diligencias para esclarecer el grado de implicación de los diferentes acusados en la desaparición y posterior retención de la mujer. Mientras tanto, la víctima recibió atención especializada tras su localización, de acuerdo con la cobertura de Europa Press, y el caso mantiene la atención de los organismos dedicados a la protección de las personas afectadas por delitos de violencia de género en la región.

El juzgado de violencia sobre la mujer determinará los siguientes pasos del proceso y la situación jurídica de los implicados, mientras se espera la resolución en torno a los delitos de retención ilegal y encubrimiento, según puntualizó Europa Press en referencia a fuentes policiales y judiciales relacionadas con el caso.