El expresidente del directorio de Nucleoeléctrica, Demian Reidel, afirmó este viernes que “no existe ningún consumo” en la tarjeta corporativa que usó durante su gestión que “se enmarque en los rubros que se han presentado mediáticamente como cuestionables”, en una denuncia penal impulsada por el fiscal federal Ramiro González y a cargo del juez Sebastián Ramos.

“Quiero ser claro y categórico”, enfatizó Reidel al rechazar “de manera terminante” cualquier imputación que pretenda involucrarlo en los hechos denunciados. A través de un escrito ante el juez Ramos, el exasesor presidencial se presentó de manera espontánea en la causa, se puso a disposición de la Justicia y designó como abogados defensores a Mariano Fragueiro Frías y Felipe Salvarezza.

“No realicé ninguno de los consumos cuestionados, ni tenía a mi cargo el control de los gastos efectuados por el personal de la empresa, y así habrá de acreditarse, sin margen de duda, con las medidas de prueba que se sugerirán y con la documentación respaldatoria que -desde ya- se encuentra a disposición del Señor Fiscal Federal”, agregó en el escrito al que accedió Infobae.

El descargo

Reidel puntualizó que en la tarjeta de crédito individual corporativa que tenía asignada en Nucleoeléctrica “no constan consumos en free shops, discotecas, pubs, bares nocturnos, servicios de playa, peluquerías, indumentaria, perfumería, supermercados ni entretenimiento turístico, así como tampoco se registran adelantos o retiros de efectivo”.

“La verificación pertinente debe efectuarse sobre los resúmenes individuales de la tarjeta corporativa que me fue asignada”, advirtió, y explicó que los movimientos en los resúmenes individuales de su tarjeta se concentran “en gastos de hospedaje, pasajes aéreos, traslados terrestres y servicios aeroportuarios”.

Cada uno de esos cargos “se corresponde, en fecha y destino, con misiones institucionales debidamente documentadas, ejecutadas en mi carácter de Presidente del Directorio de Nucleoeléctrica Argentina S.A. y vinculadas a la representación de la empresa en foros internacionales (entre ellos, conferencias y simposios del Organismo Internacional de Energía Atómica, la Asamblea General de Naciones Unidas, el Toronto Global Forum, el World Business Forum y el IEFA World Strategic Forum), en varios de los cuales participé como expositor”, detalló.

Sobre las tarjetas corporativas explicó que operaban bajo modalidad prepaga. “Esto implica que los fondos se acreditaban en cada una de ellas previa solicitud aprobada y por importes determinados, conforme un esquema de habilitación, autorización y rendición que se encuentra reglamentado por resoluciones del Directorio de la sociedad. Su entrega a quienes viajaban en misión al exterior, o a directivos y gerentes con necesidades operativas en el país, respondía a una práctica preexistente a mi gestión”.

Reidel aclaró que no tenía a su cargo “el control operativo, administrativo ni documental de los consumos efectuados por los demás usuarios de tarjetas corporativas, asociadas a la cuenta N° 338402″.

“La verificación, autorización y rendición de tales consumos correspondía a las áreas y procesos administrativos específicamente diseñados a tal fin —incluida la auditoría interna prevista en el plan anual respectivo—, y no a la presidencia del Directorio. La pretensión de atribuirme una responsabilidad penal por consumos ajenos, ejecutados con tarjetas de las que no era titular ni usuario, carece del más mínimo sustento jurídico e, incluso, lógico", concluyó.

Medidas de prueba

Además anticipó que, de avanzar la causa, pedirá medidas de prueba como la incorporación como evidencia “documental central” de los resúmenes individuales de la tarjeta corporativa que tenía asignada, de los que surge que “no registra gasto alguno en duty free, free shop, turismo, atracciones, indumentaria, calzado, discotecas, ocio nocturno, perfumería, cosmética, servicios de playa y peluquería o barbería”.

También pedirá que se requiera a Nucleoeléctrica “el detalle, operación por operación, de la totalidad de los consumos imputados a la cuenta corporativa N° 338402, con identificación, en cada caso, del usuario y tarjeta utilizada, la persona que rindió el gasto, el área aprobante, los comprobantes acompañados, la misión oficial o motivo institucional invocado y cualquier observación, reintegro o ajuste posterior".

El exfuncionario presentó su descargo tras un dictamen del fiscal González que impulsó la investigación en base a una denuncia de la diputada Marcela Pagano, luego del informe de gestión presentado en la Cámara de Diputados por el jefe de Gabinete Manuel Adorni, en el cual se incorporó un “Reporte Tarjeta Corporativa Nucleoeléctrica Argentina S.A. — Cuenta N° 338402” de donde surgieron los consumos y gastos ahora cuestionados.

El fiscal remarcó que “el reporte no individualizaba al titular ni al usuario responsable de cada operación, ni precisaba si los consumos habían sido efectuados mediante un único plástico o varios adicionales, como tampoco contenía una rendición documentada del destino institucional de cada gasto”. Todo eso será desde ahora materia de investigación.

El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, presentó por primera vez un descargo escrito ante el juez federal Sebastián Casanello en la investigación por supuesto pago de sobornos y direccionamiento en la compra de medicamentos de alto costo para personas en situación de vulnerabilidad.

En el texto entregado al juzgado, dio una extensa versión de los hechos: negó los delitos, dijo que el encargado del área dedicada a esas compras no estaba bajo sus órdenes ni fue designado por él y explicó, entre otras cosas, por qué tenía en su casa una máquina de contar billetes.

También insistió en que los audios donde se lo escuchó hablar de presuntos sobornos fueron manipulados y editados con IA.

El descargo

“Niego categóricamente haber intervenido, participado, promovido, facilitado o permitido cualquier irregularidad en los procedimientos de contratación de ANDIS”, sostuvo en el descargo que presentó el martes último.

Spagnuolo fue indagado en la causa y en esa ocasión se negó a declarar o a responder preguntas del juez y del fiscal Franco Picardi.

Ahora junto a sus abogados Mauricio D’Alessandro y Pablo Parera, presentó una versión de los hechos para que sea tenido en cuenta a la hora de resolver su situación procesal: está imputado como supuesto jefe de asociación ilícita.

“Yo no seleccionaba proveedores, no invitaba oferentes, no abría compulsas, no cargaba datos, no evaluaba precios, no adjudicaba órdenes de compra ni tenía acceso operativo a SIIPFIS”, enumeró.

La acusación “parte de un supuesto fáctico imposible, pues se me atribuyen funciones, facultades y competencias que no poseía, que nunca tuve y que el marco normativo vigente asigna expresamente a otras áreas del organismo”.

En concreto dijo que la adjudicación de prestaciones del Programa Federal Incluir Salud “son materialmente incompatibles con las competencias reales del cargo que desempeñaba”.

“La imputación pretende instalar que yo “creé un sistema paralelo”, “manipulé compulsas”, “direccioné proveedores”, o “entregué claves”“, mencionó y al respecto advirtió: “No solo no existe prueba alguna de tales conductas, sino que son material y funcionalmente imposibles según la normativa vigente”.

Y aquí fue cuando deslindó responsabilidades: las etapas técnicas del sistema “dependen exclusivamente de la Dirección Nacional de Acceso a los Servicios de Salud, cuyo titular ni siquiera fue designado por mí“, en alusión al ex responsable del área en cuestión, Daniel Garbellini, otro imputado en el caso.

”Pretender que actuaba bajo mis órdenes carece de todo sustento y sólo evidencia el intento de forzar una cadena de mando inexistente”, se defendió Spagnuolo.

La máquina de billetes

En el tramo del escrito referido a sus bienes, Spagnuolo aseguró que todo está acreditado y es anterior a su llegada al cargo en ANDIS.

Sobre el dinero depositado en una caja de seguridad y encontrado por la Justicia, dijo que “no proviene de actividad ilícita alguna”.

Sobre la máquina de contar billetes encontrada en un allanamiento en su casa dio como argumento que se compró en mayo de 2022, cuando “realizaba tareas en la Asociación Civil Cooperadora del Sistema de Salud Malvinas Argentinas, cuya documentación fue secuestrada” en el caso.

En su rol en esa Asociación, “varias veces por semana debía contabilizar el dinero recaudado a fin de efectuar su depósito en el banco”.

El trabajo “era engorroso” porque todos eran billetes de baja denominación y por eso se compró. Cuando dejó de trabajar allí, “se acordó que personal pasaría a retirar la máquina” por su domicilio ”pero ello nunca ocurrió” y por eso estaba en su casa el día del allanamiento.

Además negó haber hecho refacciones costosas a su vivienda. “No fueron millonarias ni mucho menos. fue una simple modificación en el sector de la galería” y todo con ingresos legítimos a lo largo de 30 años de carrera. También mencionó que es soltero y no tiene hijos.

El ex funcionario se refirió a las obras en un lote de 860 m² en el country Altos de Campo Grande, mencionadas en el dictamen fiscal, donde se advierte que habrían durado siete meses con contratación de empresas de primera línea.

Los audios

En el descargo se refirió a los audios donde se lo escucha hablar de presunto pago de sobornos por parte de droguerías a funcionarios para acceder a venderle medicamentos a la Agencia de Discapacidad.

Reiteró que según su defensa fueron manipulados, sometidos a Inteligencia Artificial y serían falsos. Por ello cuestionó que se los use como prueba. “Afirmar que los cuestionados audios no han sido valorados por la fiscalía y el juzgado para promover y llevar adelante la investigación resulta tan absurdo como pretender tapar el sol con la mano”.

Para Spagnuolo resta establecer el “origen y legitimidad” de esos audios, tal como dispuso la Cámara Federal porteña. Y enfatizó que para él y a diferencia de lo que sostienen los investigadores -quienes remarcan la existencia de prueba independiente- en el caso “todo reconoce su origen en esos audios”.

Spagnuolo está imputado como supuesto jefe u organizador de una asociación ilícita junto a Daniel María Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud, y los supuestos operadores externos del organismo Pablo Atchabahian y Miguel Ángel Calvete.

Según la acusación fiscal, habría existido un manejo irregular del sistema de compras de prestaciones de alto costo y baja incidencia (PACBI), productos esenciales para personas con vulnerabilidad social y sin otra cobertura médica.

Spagnuolo, como máxima autoridad de la Agencia, “permitió y consintió”, según la acusación, el direccionamiento de las compras que hacía el organismo con fondos públicos a cuatro droguerías, que se adjudicaban contratos millonarios a través de compulsas presuntamente ilegales y con sobreprecios.

En la causa se finalizó ya con una primera ronda de 15 declaraciones indagatorias y el juez Casanello acaba de ordenar cuatro más para el 18 y 19 de diciembre, entre ellas la hija de Calvete, Ornella Calvete.

“Me encuentro con una mezcla de emociones, por un lado estoy emocionada por cerrar esta etapa, pero, por otro, tengo que ser honesta y decir que estoy desilusionada, con una mezcla de sabor amargo", comenzó la joven de 18 años.

Y continuó: “Tal vez estas palabras no sean lo que ustedes esperaban escuchar, pero siento que este es mi deber compartir mi experiencia tal como fue. Sinceramente, me arrepiento de haberme involucrado en este mundo irreal, desde mi vivencia siento que la municipalidad no le da al festival la importancia que se merece”.

Ante los primeros gritos del público, silbidos y gestos de sorpresa, el conductor de la ceremonia decidió interrumpir el discurso. “Creo que dada la responsabilidad que tenés, y tuviste en estar representando a la ciudad, ese reclamo no es momento de hacerlo ahora”.

Acto seguido le pasó el micrófono a la primera embajadora, Milagros Buco Soto que, ante la sorpresa de todos, le devolvió la palabra a su colega para que pueda terminar con su discurso.

“Ami, ¿querés terminar de hablar?“, le preguntó. Y así, Oggas continuó con su fuerte descargo: “Desde el comienzo todo fue complicado, el día de la elección nos cortaron la luz y ni un clavel nos regalaron, no pudimos decir ni una palabra, nos bajaron y nos sacaron los atributos sin previo aviso. Los medios ya no estaban y nadie nos convocó a conferencias de prensa hasta hoy, lo sentí como una falta de respeto y empatía”, admitió.

También recordó “momentos difíciles durante el año” ya que, en varios eventos, “no nos proporcionaron ni comida, ni bebida”, recordando que su coordinadora, Lara Sánchez, tuvo que “sacar dinero de su bolsillo para cubrir nuestras necesidades básicas”.

La representante de la ciudad de Fátima, además, delegó culpas en el secretario de Turismo de la ciudad cordobesa, Ignacio Castro, y en el intendente de Villa Dolores, Maximiliano Rivarola, quien “nunca nos convocó” para así también hacer referencia a otro inconveniente vivido: los viajes. “Las invitaciones nunca faltaron, pero el contador de la municipalidad no quiso autorizar casi ninguno”.

Además, Oggas recordó que tuvo la oportunidad de participar en la Feria Internacional del Turismo (FIT). “Pero no pude participar por razones ajenas a mí, y fue mi compañera Noelia Herrera, quien asistió en mi lugar, la verdad, agradezco no haber ido“.

Ella, además, hizo referencia que durante la FIT hubo “rivalidades y conflictos entre embajadores” como así también “discusiones en redes” que, según sus palabras, solo generaron un “ambiente desagradable y lleno de tensiones”. “Muchas promesas se quedaron en el aire, a pesar de mi esfuerzo, pienso que nuestro rol quedó reducido en una imagen sin relevancia real, prometieron cosas que nunca cumplieron, me robaron la ilusión y nunca tuve la importancia que aparenta”, sentenció con crudeza.

Y agregó: “Para mí este puesto sí significó algo importante, pero solo se los voy a recordar porque a los organizadores se les olvida seguido”, completó mirando de reojo al coordinador de la ceremonia y recordando que ella fue la segunda embajadora “del festival más importante de la ciudad de Villa Dolores y de la zona de Traslasierra”.

Por último, destacó el rol que tiene el festival. “Celebrar y honrar los trabajadores paperos de esta zona, pero queda muchas veces en el olvido, no solo en lo económico sino también en varias reuniones". Y recordó que la ciudad de Villa Dolores, es la segunda capital en producción de papa en la Argentina.

“Solo somos una imagen sin importancia, cargamos con algo de lo que nadie se acuerda”, cerró.