Durante sus intervenciones públicas, el presidente Gustavo Petro señaló que las represas en el norte y noroeste de Colombia, especialmente las operadas por las compañías Urrá e Hidroituango, mantenían niveles cercanos al máximo al tiempo que se reportaba escasez de gas en el país. Este señalamiento, hecho a través de sus redes sociales, puso en primer plano la gestión de las empresas hidroeléctricas frente a las intensas inundaciones que han impactado recientemente a los departamentos de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, y derivó en una solicitud formal para que se investigue el origen y la responsabilidad en estos eventos. Según detalló el medio, Petro destacó que las compuertas de las represas liberaron más de 2.500 toneladas de agua por segundo, lanzando el recurso acumulado sobre zonas pobladas y agrícolas, lo cual habría provocado daños significativos a la vida y propiedades de ciudadanos en la región.

El mandatario colombiano cuestionó el manejo de los embalses, responsabilizando a las compañías hidroeléctricas de causar un "daño exageradamente dañino" al liberar agua de forma abrupta en lugar de emplearla como sustituto energético a fuentes más costosas como el gas. De acuerdo con lo publicado, Petro expresó su descontento con lo que calificó de conducta intencionada por parte de estas empresas, a quienes acusó de priorizar sus ingresos a expensas de la seguridad y el bienestar de la población. A su juicio, la liberación súbita de grandes volúmenes de agua por parte de los generadores hidroeléctricos respondió al interés de mantener elevadas utilidades comerciales.

Petro solicitó a la asociación de generadores de energía del país pronunciarse públicamente sobre las acciones de sus asociados en torno a la gestión de las represas. Como informó el medio, el presidente señaló que este sector mostró eficiencia al lograr que la Corte Constitucional suspendiera decretos que habrían elevado sus obligaciones tributarias, pero que permanece en silencio ante las consecuencias humanas y materiales provocadas por la liberación de caudales. En su mensaje, afirmó que lo ocurrido en el Caribe colombiano constituye un "delito ambiental" y subrayó la pérdida de energía potencial para el país en cada segundo que el agua fue arrojada y desperdiciada.

Días antes, Petro había reportado la muerte de 14 personas por efecto de la ola de frío ártico y las intensas lluvias que afectan al norte colombiano, datos que respaldan la gravedad del desastre según los reportes oficiales reseñados por la fuente. En ese contexto, el presidente exigió a la Corte Constitucional revertir la suspensión del decreto de emergencia económica con el objetivo de reforzar la respuesta estatal ante el desastre y sus consecuencias en los territorios afectados.

El medio indicó también que Petro fustigó la "codicia" con la que, a su entender, se han gestionado los embalses, y criticó que tanto las termoeléctricas de gas como las hidroeléctricas guían su funcionamiento más por intereses económicos de actores con influencia política, que por criterios orientados a salvaguardar los intereses generales. Según consignó la prensa, el mandatario aceptó que la crisis hídrica y el inadecuado aprovechamiento de los recursos energéticos han profundizado la emergencia en diversos departamentos, marcados por la pérdida de bienes y vidas humanas.

Las declaraciones de Petro reflejan un llamado contundente a revisar la relación entre la industria hidroeléctrica y los recurrentes desastres naturales que impactan a las comunidades. Según la cobertura ofrecida por el medio, el presidente demanda una intervención de fondo tanto en la estrategia energética nacional como en la protección ambiental, reclamando mayor responsabilidad de los actores empresariales y una actuación más decidida por parte de las entidades judiciales y asociativas, en medio de una coyuntura caracterizada por fenómenos climáticos extremos y una gestión cuestionada de los recursos hídricos disponibles.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que se ha alcanzado un acuerdo considerado “muy importante” para el Plan de Justicia en Cananea, que busca resarcir los daños provocados hace más de una década por el derrame de sulfato de cobre acidulado en la mina Buena Vista del Cobre, propiedad de Grupo México.

Los trabajadores, que sostuvieron una huelga durante varios años, resolvieron finalizarla tras recibir un apoyo de resarcimiento. Sheinbaum subrayó la trascendencia de este hecho para Sonora, calificándolo como “histórico”.

La mandataria adelantó que el día de mañana se presentarán todos los detalles de las obras de resarcimiento vinculadas a la contaminación del río Sonora.

Explicó que, aunque la empresa mostró resistencia para culminar las acciones necesarias, la labor de la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, junto al gobernador, Alfredo Durazo Montaño y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, fue decisiva para que se pueda anunciar el cumplimiento de “prácticamente todas las demandas planteadas por la comunidad afectada por la contaminación del río”.

La presidenta Sheinbaum detalló algunas de las acciones incluidas en el proceso de remediación para el río Sonora, entre las que se encuentran la construcción de clínicas, la instalación de un sistema de medición permanente de la calidad del agua y la restitución y remediación de los suelos afectados.

Señaló que estas labores constituyen el resultado de un esfuerzo conjunto con Grupo México, empresa que “al final, decidió cumplir”.

En agosto pasado, Sheinbaum informó que se conformó un grupo de trabajo dedicado a coordinar acciones con la minera, a fin de atender las demandas planteadas por la comunidad afectada por la contaminación derivada del derrame en la mina Buena Vista del Cobre.

En ese contexto, la presidenta insistió en la importancia de que Grupo México “acabe de pagar todo lo que tiene que pagar por este accidente o incidente que hubo”.

Tragedia ambiental en Río Sonora

La contaminación del río de Sonora representa uno de los desastres ambientales de mayor alcance y duración en México.

El origen de esta crisis se remonta al 6 de agosto de 2014, cuando una falla en la mina Buenavista del Cobre, operada por Grupo México en Cananea, provocó la liberación de 40 millones de litros de sulfato de cobre acidulado en los ríos Bacanuchi y Sonora.

La solución derramada, compuesta por diversos metales pesados como arsénico, plomo y cadmio, recorrió más de 250 kilómetros, causando un fuerte impacto ambiental y poniendo en riesgo a aproximadamente 24 mil personas de ocho municipios.

La exposición a estos contaminantes se ha vinculado con múltiples problemas de salud entre los habitantes de la región, entre ellos enfermedades en la piel, afecciones respiratorias, trastornos digestivos y daños renales, además de registrarse casos de cáncer relacionados con la presencia de metales en el agua y el suelo.

El incidente obligó a suspender el suministro de agua potable y el cierre de pozos, lo que afectó las necesidades básicas de la población.

En el 2024, José Manuel López, integrante de los Comités de Cuenca Río Sonora narró en entrevista con IMER Noticias que l impacto sanitario se ha traducido en un aumento de enfermedades como el cáncer y en una mayor mortalidad semanal, con registros de hasta cinco fallecimientos por municipio, una situación que, según López, no se observaba antes del desastre ambiental. Además, la explotación minera en la región ha provocado la presencia de mercurio en el aire, agravando los riesgos para la salud.

El fin de semana de Acción de Gracias de 1966 transformó a Nueva York en el epicentro de una crisis ambiental sin precedentes: una densa capa de smog tóxico cubrió la ciudad y sus alrededores, afectó a millones de personas y dejó una huella indeleble en la historia de la salud pública y la política ambiental de Estados Unidos.

Entre el 23 y el 26 de noviembre, una masa de aire estancada se instaló sobre la costa este, impidió la dispersión de los contaminantes y favoreció la acumulación de monóxido de carbono, dióxido de azufre, humo y partículas en suspensión. La ausencia de viento y lluvia agravó la situación, sumió a la ciudad en una penumbra persistente y redujo drásticamente la visibilidad.

El aire adquirió un sabor metálico y los residentes experimentaron ardor en los ojos, ataques de tos y dificultades respiratorias. Los hospitales de la ciudad comenzaron a recibir un número creciente de pacientes con síntomas agudos, especialmente entre quienes padecían enfermedades respiratorias o cardiovasculares previas. Según estudios posteriores, cerca de ochocientas mil personas sufrieron efectos adversos en la salud, desde irritaciones leves hasta complicaciones graves.

La gravedad del episodio llevó a las autoridades a emitir una “alerta de primera etapa” de contaminación del aire en la historia de Nueva York. Exhortaron a la población y a las industrias a reducir voluntariamente las emisiones. Ordenaron apagar los incineradores de basura, recomendaron limitar el uso de automóviles y alentaron a las fábricas a disminuir su producción. Las compañías de servicios públicos, por su parte, realizaron un cambio temporal del carbón y el petróleo al gas natural, menos contaminante.

La ciudad apagó sus propios incineradores y movilizó a casi seiscientos trabajadores adicionales para gestionar la acumulación de residuos durante las cuarenta y ocho horas de cierre. A pesar de estas medidas, la respuesta resultó insuficiente para mitigar el impacto del smog, que persistió hasta la llegada de un frente frío el 26 de noviembre. Solo entonces los contaminantes se dispersaron, el aire recuperó la claridad y la alerta pudo levantarse.

Episodios previos

El contexto de este desastre se inscribe en una problemática crónica de calidad del aire que afectó a Nueva York durante las décadas de 1950 y 1960. Episodios previos, como el de 1953, ya habían provocado entre ciento setenta y doscientos sesenta fallecimientos por el agravamiento de enfermedades pulmonares y cardiovasculares. La falta de controles efectivos sobre la contaminación industrial y la proliferación de incineradores públicos y privados deterioraron progresivamente la atmósfera urbana.

Para 1966, un grupo de trabajo del alcalde informó que cada neoyorquino inhalaba anualmente unos trescientos treinta kilogramos de suciedad y veneno, cifra que da cuenta de la magnitud del problema. El impacto del smog de 1966 tampoco se limitó a los efectos inmediatos en la salud. Aunque las autoridades municipales afirmaron inicialmente que no se habían producido muertes atribuibles al evento, investigaciones médicas posteriores desmintieron esa versión.

Un análisis estadístico publicado en octubre de 1967 concluyó que el episodio provocó ciento sesenta y ocho muertes en exceso, principalmente por enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y complicaciones cardiovasculares agravadas por la exposición al aire contaminado. Otras estimaciones elevaron la cifra hasta cuatrocientas personas. El desastre también afectó a estados vecinos, como Nueva Jersey y Connecticut, y puso en evidencia la vulnerabilidad de los grupos más sensibles: niños, ancianos y personas con afecciones crónicas.

La crisis del smog de Acción de Gracias coincidió con un momento de transición legislativa. En mayo de 1966, el Concejo Municipal había aprobado la Ley Local N.º 14, una normativa estricta destinada a controlar la contaminación generada por la quema de residuos y combustibles no vehiculares. La ley estableció la obligatoriedad de permisos para instalar y operar equipos de combustión, exigió dispositivos de control específicos, fijó límites a las emisiones de azufre y dispuso la eliminación progresiva de incineradores privados. También creó un sistema de seguimiento de combustibles, un programa educativo para operadores y un régimen de sanciones crecientes.

El programa se reforzó en octubre con la reorganización del Departamento de Control de la Contaminación del Aire, el aumento del número de inspectores de campo —de veintisiete a noventa y cuatro— y la mejora de los sistemas de monitoreo y de investigación sobre los efectos de la contaminación. La coincidencia del desastre con el feriado de Acción de Gracias, que redujo la actividad industrial y el tráfico, y con temperaturas inusualmente altas, que permitieron soportar interiores más frescos, contribuyó a limitar el daño. Aun así, la experiencia evidenció la complejidad de gestionar la contaminación: la reducción de la quema de residuos provocó una acumulación de basura que obligó a reorganizar los servicios de saneamiento y mostró la necesidad de infraestructuras adecuadas de almacenamiento.

El episodio de 1966 marcó un punto de inflexión en la conciencia ambiental de Estados Unidos. La indignación pública y la evidencia científica sobre los riesgos de la contaminación impulsaron la aprobación de la Ley de Aire Limpio de 1970, que estableció regulaciones federales para limitar las emisiones. A nivel local, Nueva York reforzó los controles sobre las fuentes contaminantes y avanzó hacia la eliminación de los incineradores de basura.

El presidente Lyndon B. Johnson mencionó directamente el desastre al presentar la Ley de Calidad del Aire de 1967, al declarar: “Hace dos meses, una masa de aire fuertemente contaminado —llena de venenos de incineradores, hornos industriales, plantas de energía, motores de autos, autobuses y camiones— se asentó sobre los dieciséis millones de personas del Gran Nueva York... El aire contaminado corroe la maquinaria. Desfigura los edificios. Puede acortar la vida de todo lo que toca —y lo toca todo”, según Resources.

El smog de 1966 no solo aceleró la adopción de políticas ambientales más estrictas: también transformó la percepción pública sobre la relación entre desarrollo urbano, actividad industrial y salud colectiva. La experiencia dejó claro que el aire limpio no se obtiene sin esfuerzo ni costo, y que la gestión ambiental exige tanto regulación como un compromiso social sostenido.

Brasilia, 25 oct (EFE).- El Gobierno brasileño firmó este viernes con las mineras Vale y BHP un acuerdo para la "reparación integral y definitiva" del desastre causado en 2015 por el colapso de un dique, que dejó 19 muertos y una catástrofe medioambiental en el estado de Minas Gerais.

La brasileña Vale y la multinacional australiana BHP, controladoras de la empresa Samarco, se comprometen por medio de ese acuerdo a pagar un total de 132.000 millones de reales (23.571 millones de dólares o 21.639 millones de euros) en un plazo de 20 años por su responsabilidad en ese desastre.

De ese valor, 32.000 millones de reales se destinarán al pago de indemnizaciones a las cerca de 1,2 millones de personas afectadas de alguna manera por la tragedia, originada en unas minas de Samarco en la localidad de Mariana.

El resto lo recibirá el Estado y será invertido en obras para la recuperación medioambiental y de infraestructuras destruidas por el vertido de millones de metros cúbicos de residuos tóxicos que contaminaron ríos e inundaron decenas de localidades del estado de Minas Gerais y del vecino Espírito Santo.

El abogado general del Estado, Jorge Messias, encabezó el acto en que fue firmado el acuerdo, que cuenta con aval de la Corte Suprema, cuyo presidente, Luis Barroso, estuvo presente en la ceremonia, así como el gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, otras autoridades y representantes de las empresas.

Messias subrayó que se trata de un "acuerdo histórico", en el que se contemplan dos de los objetivos del Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que son "cuidar de las personas y del medioambiente".

Explicó que parte del dinero que recibirá el Estado será usado en subsidios sociales que durante los próximos tres años recibirán los agricultores y pescadores de la zona, y en diversas acciones para la "recuperación económica" de las áreas afectadas por el desastre.

En paralelo al acuerdo anunciado este viernes, un tribunal de Londres comenzó a juzgar esta semana una demanda colectiva interpuesta por 620.000 personas contra la empresa australiana BHP, en la que exigen compensaciones por 46.800 millones de dólares por el desastre de Mariana.

Vale también fue responsable por otro vertido en Minas Gerais, ocurrido en una mina de Brumadinho, que en 2019 causó 270 muertos y un desastre ambiental.

En ese caso, la empresa firmó un acuerdo de reparación con el gobierno de Minas Gerais que ascendió a 37.700 millones de reales, por daños ambientales, económicos morales y colectivos. EFE

Río de Janeiro, 18 oct (EFE).- Las mineras Vale y BHP Billiton anunciaron este viernes que están próximas a cerrar un acuerdo para pagar 170.000 millones de reales (unos 29.860 millones de dólares o 27.460 millones de euros) en indemnizaciones por la tragedia de Mariana, en donde el vertido de una mina brasileña dejó 19 muertos.

La cifra incluye los recursos que ya fueron desembolsados y los que serán pagados en el futuro por la responsabilidad de ambas compañías en la rotura en noviembre de 2015 de una represa con residuos de una mina en Mariana, municipio del estado brasileño de Minas Gerais.

El desastre provocado por Samarco, una minera brasileña compartida por Vale y BHP, causó la muerte de 19 personas y un gigantesco daño socioambiental ya que millones de metros cúbicos de residuos mineros tóxicos contaminaron ríos y provocaron inundaciones en decenas de localidades de la región.

Vale informó en un comunicado que todas las partes involucradas en la negociación están analizando los términos generales de la nueva propuesta con miras a la "celebración del Acuerdo Definitivo".

Las negociaciones involucran a Vale, Samarco, BHP, el Gobierno federal de Brasil, los gobiernos regionales de los estados de Minas Gerais y Espírito Santo y el Ministerio Público.

"Los términos generales en discusión garantizan condiciones justas y eficaces para una resolución mutuamente benéfica para todas las partes, especialmente para las personas, las comunidades y el medioambiente impactados; así como ofrecen seguridad jurídica para las compañías", dijo la minera brasileña en su comunicado.

La nueva propuesta de indemnización supone un aumento del 33,86 % frente a la que las mineras hicieron en abril pasado, cuando se dijeron dispuestas a pagar 127.000 millones de reales (22.310 millones de dólares), que fue rechazada por el Gobierno.

Según la minera, el valor incluye 38.000 millones de reales (unos 6.680 millones de dólares) ya invertidos en medidas de reparación y compensación y 32.000 millones de reales (unos 5.620 millones de dólares) que serán desembolsados en indemnizaciones individuales y proyectos de reasentamiento y de recuperación ambiental.

Los otros 100.000 millones de reales (17.570 millones de dólares) corresponden al valor que las mineras pagarán en cuotas a lo largo de 20 años para financiar los programas gubernamentales de recuperación y las acciones compensatorias vinculadas a políticas públicas.

Según Vale, en la negociación mediada por el Tribunal Regional Federal de la Sexta Región, las instituciones públicas brasileñas actúan como "auténticos" representantes de las personas afectadas, lo que garantiza la "transparencia y la legitimidad" del proceso.

La compañía agrega que un acuerdo definitivo puede permitir la solución de todos los demás procesos judiciales y civiles entablados por organismos públicos o por los damnificados.

La nueva propuesta se conoce precisamente a tres días de que la Justicia británica inicie en Londres un juicio contra las dos mineras por su responsabilidad en la tragedia, que cuenta con 620.000 demandantes, lo que lo convierte en la querella colectiva más grande de la historia legal inglesa.

Vale, uno de los mayores productores y exportadores de hierro del mundo, también fue protagonista de otra grave tragedia en Brasil tres años después. Otro vertido ocurrido el 25 de enero de 2019 en Brumadinho, también en el estado de Minas Gerais, dejó 270 muertos e igualmente un daño socioambiental gigantesco. EFE

La Paz, 27 sep (EFE).- Los incendios forestales que se registran en Bolivia desde hace meses han arrasado con más de 7 millones de hectáreas hasta el momento sólo en Santa Cruz, la región más poblada del país que vive "el mayor desastre ambiental" en su historia, informaron este viernes las autoridades de ese departamento.

"El mayor desastre ambiental que ha vivido el departamento de Santa Cruz es en esta gestión, son más de 7 millones de hectáreas que han sido devastadas", sostuvo en rueda de prensa el coordinador del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), Jhonny Rojas.

La cifra reportada en Santa Cruz supera los más de 5,3 millones de hectáreas consumidas por los incendios a nivel nacional en 2019, que fue hasta ahora el año con más afectaciones por el fuego.

Rojas lamentó que "siguen y persisten" los incendios en esa región, que es el motor económico de Bolivia, y aseguró que el Gobierno departamental "ha movilizado toda su maquinaria, toda su logística, todo el equipamiento y el personal humano para poder combatir" el fuego.

El funcionario recordó que el gobernador en funciones, Mario Aguilera, solicitó hace unos días al Gobierno del presidente Luis Arce que declare "desastre nacional" por los incendios al considerar que son necesarios más recursos y ayuda internacional.

"El trabajo es incansable de diferentes bomberos, brigadas, de la gente que ha venido de otros países a apoyarnos, pero necesitamos más ayuda internacional y necesitamos también el apoyo de toda la población", remarcó Rojas.

Santa Cruz registra 45 incendios activos en 17 municipios y reporta unas 4.111 familias afectadas, además de 1.000 personas desplazadas a causa del fuego, según datos de la Gobernación.

Una de las áreas más afectadas en ese departamento es la Chiquitania, una zona de transición entre el Chaco y la Amazonía con espacios naturales y de uso agrario y que además acoge las misiones jesuíticas declaradas patrimonio cultural de la humanidad por la Unesco.

En la víspera se reportaron lluvias en algunas zonas de Santa Cruz que, según Rojas, "ha ayudado a sofocar y enfriar", pero por ahora no se puede hablar de "liquidación" del fuego por completo y los bomberos "siguen trabajando en el monitoreo y rastrilleo de estos incendios forestales".

Los incendios son un problema recurrente en Bolivia en esta época del año y el fuego se atribuye en muchos casos a los 'chaqueos', las quemas controladas para habilitar las tierras para la siembra o el pastoreo.

Indígenas y ambientalistas han pedido varias veces que el Gobierno anule las 'leyes incendiarias', las normas que desde hace algunos años autorizan los 'chaqueos'.

A principios de mes, el Gobierno boliviano declaró la "emergencia nacional" para facilitar la coordinación interna y la llegada de la ayuda internacional para combatir el fuego.

Bolivia ha recibido apoyo de países como España, Brasil, Chile, Francia, Canadá y Venezuela, entre otros, que han enviado bomberos, expertos, aeronaves y equipos para combatir el fuego. EFE

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A pesar de la clara resolución del Tribunal Constitucional (TC) en 2020, que ordenó a Petroperú iniciar un proceso de compensación para las comunidades afectadas por el derrame de petróleo en la quebrada de Cuninico, la petrolera estatal no ha cumplido con la sentencia.

Según el Instituto de Defensa Legal (IDL), las comunidades kukama kukamiria de Cuninico, San Francisco, Nueva Santa Rosa y Nueva Esperanza —perjudicadas por el desastre ocurrido hace más de diez años en el distrito de Uraninas, Loreto, debido a una fuga en el Oleoducto Norperuano— siguen esperando que la empresa actúe conforme a lo ordenado por el TC.

Sin embargo, Petroperú habría optado por desentenderse de la situación y rechazar la compensación, desestimando los daños, afirman. “La defensa de Petroperú ignora que no tiene sentido discutir ahora si hubo daño o no. Eso ya lo determinó el TC”, señala Maritza Quispe, abogada de IDL.

Los argumentos de Petroperú

El último viernes, representantes de las comunidades se presentaron en el Poder Judicial en Nauta (Loreto) para una audiencia convocada por la jueza Corely Armas Chapiama, donde se discutirían los detalles de la compensación y se escucharían los argumentos de Petroperú.

Durante la sesión, Sonia Sandoval Peralta, portavoz de la empresa, insistió en que, según un estudio encargado por la petrolera, no se justificaba una compensación económica por los daños del derrame.

Asimismo, mencionó haber notificado esta postura a Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), encargado de velar por que las empresas de energía y minería operen de manera correcta y respeten sus compromisos legales y ambientales.

Dicha posición causó una profunda indignación entre los afectados, especialmente en Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum), y Loydi Macedo, dirigente indígena de la comunidad San Francisco, quienes expresaron su frustración.

“Nunca se ha visto a nadie, ni aún de la empresa de Petroperú, que asuma la responsabilidad. Además, ordenada por el Constitucional, a por lo menos, siquiera condenados dialogar algo que con las comunidades nunca lo hicieron, doctora. Entonces, para nosotros, es completamente absurdo, y aquí solamente venimos a incidir y a exigir que se cumpla la sentencia, lo que ha sido emitido por el Tribunal Constitucional, señora magistrada. La comunidad está completamente afectada en todos los aspectos”, aseveró Galo Vásquez, presidente de la Federación de los Pueblos Cocamas Unidos del Marañón (Fedepcum).

Por su lado, Loydi Macedo, mujer indígena de la comunidad San Francisco, dijo: “Petroperú, no se les ha visto nada. Nosotros simplemente venimos a defender el derecho, el derecho es que no se han ocasionado”.

Comunidades no han recibido ningún pago, afirman

Kely Alfaro, especialista en valoración de daños, explica que, debido al derrame, cada comunidad afectada debería recibir una compensación anual específica: Cuninico S/ 2,704,761; San Francisco S/ 450,194; Nueva Santa Rosa S/ 266,766; y Nueva Esperanza S/ 426,986. Pero, hasta ahora, las comunidades no han recibido ningún pago.

En ese marco, al final de la audiencia, la jueza Armas Chapiama anunció que se revisará el caso y, si fuera necesario, se tomarán medidas para hacer cumplir la sentencia del TC.