Los buscadores denunciaron que en cinco municipios no existe la Comisión Ejecutiva de Víctimas en el estado, la falta de avances en las carpetas de investigación y que durante nueve años solo han judicializado siete carpetas.

“Necesitamos avances, más de 300 cuerpos localizados por las madres buscadoras en el estado”, comentó una integrante del colectivo a través de una transmisión directa.

Las desapariciones en la entidad han dejado a muchas víctimas, entre ellas madres que ahora asumen la crianza de hijos solas; por casos como estos, afirman las buscadoras, ejemplifican la urgencia de conformar una Comisión Ejecutiva estatal. Baja California Sur “es el único estado a nivel nacional que no tenemos”.

El colectivo señala que como no existe Comisión, el gobierno no apoya a las familias con gastos de traslado, hospedaje o alimentación. Si una madre necesita viajar a la Ciudad de México para que la Fiscalía General de la República (FGR) revise su caso, tiene que pagarlo todo de su propio bolsillo.

Para ilustrar la negligencia que existe en la entidad, relataron un incidente ocurrido el 18 de septiembre, donde una de sus integrantes viajó desde Sinaloa para recibir los restos de su esposo y las autoridades solo le notificaron por videollamada, sin brindarle apoyo psicológico ni legal que la ley marca. Fueron las propias madres del colectivo quienes tuvieron que acompañarla y guiarla para que no quedara desamparada.

Madres buscadoras piden el regreso de sus hijos

Mientras Claudia Sheinbaum rendía cuentas y hacía anuncios de proyectos e inversiones al pueblo de Baja California Sur, las madres buscadoras cuestionaban a la mandataria: “¿Dónde están los desaparecidos?”.

Cuando Sheinbaum dijo que “pueden haber problemas, entre mexicanos los solucionamos”, miembros del colectivo dijeron en una transmisión directa: “¡Mentira, ¿y los desaparecidos?“, le gritaron a la presidenta que durante el 2025 se reportó un alza en personas desaparecidas.

Cuatro jóvenes fueron reportados como desaparecidos luego de que sus familiares no volvieron a saber de ellos tras encontrarse reunidos en un domicilio de Zapopan, Jalisco.

Las fichas de búsqueda de los cuatro hombres fueron difundidas este viernes por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado para dar con su localización, luego de que sus familiares dejaron de tener comunicación con ellos desde la noche del pasado 14 de septiembre.

Los jóvenes, que van desde los 18 hasta los 20 años de edad, fueron vistos por última vez en la colonia Arenales Tapatíos. De acuerdo con reportes, fueron vistos por última vez en un domicilio de la referida colonia, donde presuntamente se registró una balacera.

Se trata de Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años de edad; Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, y José Carlos González Vázquez, de 20 años.

Familiares relataron a Milenio que un grupo de sujetos armados habría arribado al domicilio para privarlos de la libertad: “Lo que sabemos hasta ahorita es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”, dijo Claudia Flores al medio referido.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si los cuatro jóvenes pudieron ser privados de la libertad cuando se encontraban en el domicilio, ni han brindado información acerca del caso.

¿Qué se sabe de los jóvenes desaparecidos?

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Jorge Daniel Camacho Flores vestía el día de su desaparición una sudadera negra con la leyenda “alo”, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco “Balenciaga”.

El joven de 19 años de edad tiene cabello lacio, corto y color negro, es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.50 metros y presenta como señas particulares un lunar en la mejilla del lado derecho, pecas en el rostro, marcas de acné en el rostro y espalda, así como un hundimiento en la parte central del pecho y una cicatriz en la rodilla derecha.

José Carlos González Vázquez, de 20 años de edad, vestía el día de los hechos una platera de manga corta color blanco con el logotipo de “Jordan” en color rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado, tenis tipo bota color negro de marca “Polo”, un rosario negro con dije de San Judas Tadeo y dos pulseras tejidas: una azul y otra verde.

El joven es de cabello lacio color castaño y mide 1.70 metros. Como señas particulares tiene pecas en el cuello de lado izquierdo, perforaciones en ambas orejas y diversos tatuajes: uno en la mano izquierda parte externa y antebrazo izquierdo de un ángel junto con un morral de dinero, un ojo con cadenas y signos de pesos, en la muñeca derecha la imagen de 3 diablos y el número 666, así como uno en el antebrazo derecho de calaveras.

Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, vestía sudadera con capucha color negro y blanco “Dior”, camisa negra con logo de “Cuidado con el perro”, pantalón de mezclilla y tenis en color negro. Además, llevaba una gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico blancas con un dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

El joven es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.70 metros y cuenta con tatuajes en diversas partes del cuerpo: uno atrás de la oreja izquierda de la imagen de “Playboy”, un logotipo de Batman en el cuello con la fecha 2026, una imagen de la Santa Muerte en el lado izquierdo del pecho que también lleva en el antebrazo derecho, entre otros.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años, llevaba una camisa negra marca “Boss”, pantalón negro, tenis negros “Nike”, gorra y rosario negro con rojo con chaquiras e imagen de la santa muerte.

El joven es de complexión atlética, mide 1.60 metros y es de tez morena clara. Como señas particulares cuenta con cicatrices en la barbilla, dos en la cabeza y una en la ceja izquierda. Además, tiene en la mano izquierda un tatuaje de medusa y en el dedo anular de la mano derecha una cara feliz.

Sus desapariciones se dan en un contexto de constantes denuncias de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, luego de que los jóvenes reciben ofertas de trabajo e indicaciones para trasladarse fuera del estado.

La foto de ocasión fue tomada el 20 de septiembre de 1984 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y muestra a Raúl Alfonsín con expresión reconcentrada y a Ernesto Sábato con los ojos ocultos detrás de un par de anteojos de cristales oscuros y su sempiterno gesto adusto grabado en el rostro. En la imagen, el escritor le entrega al presidente los dos volúmenes que contienen el informe elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), un organismo creado por el propio mandatario para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. La democracia recién recuperada en la Argentina tenía menos de un año de vida y el clima político de entusiasmo que reinaba en el país no estaba exento de temores. El contenido del informe reflejaba la naturaleza espeluznante de la barbarie de la dictadura: documentaba, a través de miles de testimonios recogidos durante meses, la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8961 casos de desapariciones. Y era apenas la punta del iceberg de las consecuencias del plan sistemático de desaparición de personas que habían organizado y perpetrado las Fuerzas Armadas en un pasado demasiado reciente.

El radical Raúl Alfonsín había llegado a la presidencia el 10 de diciembre del año anterior, tras ganar unas elecciones en cuya campaña la propuesta de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión ilegal perpetrada por los militares había dividido las aguas entre los dos partidos históricos del país: mientras el candidato de la UCR prometía investigarlos a fondo y juzgar a los responsables, el postulante del peronismo, el ex presidente provisional Ítalo Argentino Luder, sostenía que la “ley de autoamnistía” promulgada por la dictadura poco antes de retirarse tenía validez legal y que era imposible volver atrás en el asunto. En otras palabras, que los represores quedarían impunes.

La conformación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que Alfonsín había creado por decreto apenas cinco días después de asumida la presidencia, reflejaba también esa partición con un dato clave: entre sus integrantes no había un solo representante del peronismo, porque el partido se había negado a participar de ella. La Conadep estaba integrada, entre otros, por la madre de un desaparecido, Graciela Fernández Meijide; por el obispo Jaime de Nevares, que se había enfrentado a una jerarquía eclesiástica colaboradora de la dictadura; por un rabino, Marshall Meyer, y por un pastor evangélico, Carlos Gattinoni-, ambos luchadores por los derechos humanos; por dos académicos muy prestigiosos como Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long; y por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que desde Radio Continental se había atrevido a denunciar los crímenes de los dictadores.

La presidencia de la Comisión había quedado en manos del escritor Ernesto Sábato, quien poco después de asumir Jorge Videla aceptó participar de un almuerzo con el dictador pero que luego se convirtió en un fuerte opositor. Por un tiempo había participado también el cardiocirujano René Favaloro, quien renunció porque se opuso a que esa comisión no recibiera las denuncias de los crímenes de la Triple A cometidos durante el gobierno de Juan Perón y, sobre todo, de María Estela Martínez de Perón. Había además cuatro militantes radicales: el filósofo Eduardo Rabossi y los diputados Horacio Huarte, Santiago López y Hugo Piucill.

La contradicción peronista

La negativa del peronismo a integrar la Conadep encerraba también una paradoja, porque un número muy importante de militantes del movimiento creado por Juan Domingo Perón había sufrido la salvaje persecución de la dictadura, muchos habían sido encarcelados, otros debieron partir al exilio y miles estaban desaparecidos. Las razones que los distintos sectores del partido esgrimían para no participar también eran diversas. No había respuestas simples para explicar la posición, compartida – aunque por motivos diferentes – por el amplio abanico de posiciones que tenía el justicialismo.

Dos días antes de la creación de la Comisión, el martes 13 de diciembre, Alfonsín había firmado otro decreto, el 157, que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra “las cúpulas de las organizaciones guerrilleras” que actuaron “desde el 25 de mayo de 1973”. Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros, así como Enrique Gorriarán Merlo, dirigente del PRT-ERP, tendrían pedido de captura en forma inmediata. Ese decreto materializaba la llamada “teoría de los dos demonios” con la cual el líder radical pretendía posicionarse lejos de la violencia política de los años precedentes. La izquierda del movimiento - representada en Intransigencia y Movilización Peronista desde fines de 1982 - denunció la política de Derechos Humanos como una maniobra del nuevo gobierno.

El panorama se complejizaba más todavía porque si la Conadep provocaba el rechazo de la izquierda peronista, a la derecha del movimiento justicialista le costaba mucho más digerirla. Ítalo Luder, que había sido presidente interino entre septiembre y octubre de 1975 por “el pedido de licencia” de la viuda de Perón, era el firmante de los “decretos de aniquilamiento” de las organizaciones armadas, convertidos en el prólogo del golpe de Estado de 1976. El ala derecha del peronismo también cargaba con la responsabilidad del accionar de la Triple A y de otros grupos parapoliciales que habían actuado protegidos por el gobierno para eliminar adversarios, promover el exilio de opositores y aterrorizar a la población. La propia Conadep, en su informe final, consignó que cientos de personas habían sido asesinadas por la Triple A y otros grupos parapoliciales, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), responsable de más de cien asesinatos en La Plata y Mar del Plata.

Para 1983 la situación interna en el justicialismo había cambiado y los diferentes sectores del peronismo que se habían enfrentado de manera sangrienta en primera mitad de la década de los ’70 habían encontrado un punto en común cuando la dictadura se embarcó en la guerra de Malvinas. La recuperación de las islas era una reivindicación histórica de todo el país y una bandera fuerte para el peronismo. Por eso, en los febriles y vertiginosos meses de abril a junio de 1982, las diferencias internas que hasta entonces lo habían dividido se apaciguaron. Desde vertientes irreconciliables se compartía sin embargo la idea de la “unidad de los combatientes por la Patria”, una denominación que acercaba posiciones entre la derecha de Guardia de Hierro, no pocos dirigentes montoneros y también muchos militares de rangos intermedios que luego fueron líderes carapintadas.

El miedo y el Nunca más

Además de las posiciones divergentes de los dos partidos mayoritarios frente a la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas hubo otro elemento que significó una suerte de límite para su accionar. La teoría de los dos demonios, que equiparaba el accionar de las organizaciones político-militares del peronismo y la izquierda con el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura, hizo que muchos posibles denunciantes prefirieran no presentarse, mientras que otros lo hicieron tomando muchos recaudos y no sin desconfianza.

En ese contexto difícil, los organismos de derechos humanos, la mayoría de ellos integrados por familiares directos de los desaparecidos, aportaron todos los datos que habían registrado en años de resistencia. En eso hicieron punta las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que para entonces habían hecho conocer al mundo los crímenes de la dictadura. Sin embargo, cuando los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos iban a la sede del teatro San Martín, donde funcionaba la comisión, a concretar las denuncias, omitían la pertenencia política de las víctimas, la mayoría enrolados o simpatizantes de organizaciones revolucionarias. Lo hacían no solo por la persistencia del terror reinante – no se descartaba por entonces que las Fuerzas Armadas intentaran volver a atentar contra la democracia - sino por el decreto del 13 de diciembre que ordenaba enjuiciar a militantes montoneros o del PRT-ERP. Existía el temor que una denuncia de violación de derechos humanos terminara siendo un búmeran que permitiera iniciar causas penales a las víctimas.

Con el correr del tiempo, la política de derechos humanos de Alfonsín, sin aliados, cedió ante las presiones militares, que llegaron a su punto más alto con los dos primeros levantamientos de los “carapintadas”. Como resultado, el gobierno radical presentó y logró hacer aprobar las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron la impunidad de la enorme mayoría de los participantes del plan sistemático de represión ilegal y significaron un claro y penoso retroceso en materia de derechos humanos.

Sería entonces el peronismo – el mismo partido que se había negado a integrar la Conadep –, ahora desde el gobierno, el encargado de retomar el camino institucional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. Por iniciativa de Néstor Kirchner, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas en agosto de 2003 por el Congreso Nacional y dos años más tarde, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales.

Publicado en 1984 con el título Nunca más, el informe de la Conadep se convirtió en un testimonio escalofriante de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. La primera edición, de Eudeba, fue de 40 mil ejemplares y se agotó la misma noche de su salida a las librerías. La editorial universitaria hizo cinco nuevas ediciones en solo un mes y las ventas superaron los cien mil. Al año siguiente, la investigación de la Comisión sirvió de base para que el fiscal Julio César Strassera y su equipo de colaboradores seleccionaran los testigos que presentaron en el histórico juicio a las juntas militares.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ya atiende los casos de familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos de Guanajuato que se acercaron a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Celaya, para pedir apoyo en la localización de sus seres queridos.

La dependencia informó que su titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, estableció comunicación directa con las familias después del encuentro con la mandataria, ocurrido la tarde del 18 de septiembre. El objetivo es conocer cada expediente, recabar información y sumar elementos para las labores de localización.

La CNB también acordó enviar personal a Guanajuato en los próximos días. Las y los funcionarios darán seguimiento a los casos planteados y sostendrán reuniones con autoridades locales para reforzar las acciones de búsqueda.

El acercamiento ocurrió un día después de que familiares de personas desaparecidas esperaron a Sheinbaum a las afueras del Ecoforum de Celaya. Las familias llevaron fichas de búsqueda y carteles con los datos de sus seres queridos.

Durante la movilización, algunas personas lanzaron consignas para exigir avances en las investigaciones y condiciones de seguridad durante las búsquedas en campo. La presidenta se detuvo para escuchar a una familiar, quien pidió que las autoridades atendieran el caso y revisaran las evidencias que ya había entregado.

Familias llevaron sus casos ante Sheinbaum en Celaya

La protesta se realizó en el marco de la visita presidencial a Guanajuato. Sheinbaum acudió a Celaya como parte de la gira relacionada con su Segundo Informe de Gobierno, el cual dará en cada entidad de la República.

La presencia de colectivos de búsqueda colocó en primer plano los pendientes de las autoridades en materia de desapariciones. Las familias exigieron que las carpetas de investigación avanzaran y que hubiera resultados en la localización de las personas reportadas como desaparecidas.

En Guanajuato hay 5,536 personas desaparecidas y no localizadas. Las madres buscadoras y colectivos han señalado que requieren acompañamiento institucional para realizar recorridos, acceder a información y mantener comunicación con las fiscalías y corporaciones de seguridad.

La CNB indicó que su personal mantendrá contacto con las familias para revisar las particularidades de cada caso. La dependencia buscaba identificar datos que ayudaran a definir acciones de búsqueda y localización en coordinación con autoridades estatales y municipales.

CNB anunció reuniones con autoridades de Guanajuato

La comisionada Martha Lidia Pérez Gumecindo y el personal de la CNB recopilaron información de las familias que acudieron al encuentro con Sheinbaum. El acuerdo contempló una visita a la entidad para continuar con el análisis de los expedientes.

La Secretaría de Gobernación y la CNB señalaron que mantendrían atención cercana con las familias y los colectivos. También reconocieron la participación de las personas buscadoras dentro de los procesos para localizar a quienes siguen ausentes.

Las autoridades federales sostuvieron que la búsqueda de personas desaparecidas requería coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El planteamiento incluyó la colaboración de instancias federales, estatales y municipales para fortalecer las tareas de localización.

La visita de personal de la CNB a Guanajuato quedó pendiente de realizarse en los días posteriores al encuentro. Las reuniones con autoridades locales buscarían dar seguimiento a las solicitudes hechas por las familias durante la protesta en Celaya.

El Servicio Nacional Aeronaval mantiene activa la búsqueda de la embarcación Transporte Yair y de sus tres tripulantes, desaparecidos en aguas del norte de Veraguas. La nave fue reportada como desaparecida desde la noche del jueves 10 de septiembre, sin que hasta ahora las autoridades hayan informado resultados positivos.

Tras recibir la alerta, el Departamento de Búsqueda y Rescate desplegó un operativo marítimo en distintos puntos de la costa veragüense. Los recorridos se extendieron desde Punta Rincón hasta Santa Catalina e incluyeron las áreas de Río Veraguas y Río Concepción, donde fueron establecidos cuadrantes para ampliar la cobertura.

Durante las jornadas, las unidades aeronavales también realizaron abordajes a embarcaciones que navegaban cerca del área de búsqueda. El objetivo fue recopilar información sobre posibles avistamientos o movimientos inusuales que permitieran reconstruir la ruta seguida por Transporte Yair, pero ninguna de las verificaciones permitió establecer su ubicación.

Las condiciones meteorológicas han complicado parte del operativo. El domingo 13 de septiembre, las lluvias, los vientos y el estado del mar limitaron los desplazamientos, debido al riesgo que representaban para las unidades. La institución informó que las acciones serían retomadas tan pronto el tiempo permitiera trabajar con seguridad.

En una actualización posterior, la Aeronaval informó que sus medios navales fueron desplegados nuevamente hacia la costa de Veraguas. Las embarcaciones recorrieron los sectores definidos como áreas de interés, mientras se mantenía la coordinación operativa para reforzar el dispositivo y ampliar el radio de búsqueda.

La operación continúa condicionada por la evolución del tiempo y la disponibilidad de los medios de rescate. La institución aseguró que mantendrá activas sus capacidades para localizar a los tres pescadores, aunque no ha divulgado detalles sobre el punto exacto desde el cual partieron, su destino previsto ni las posibles causas de la desaparición.

Mientras avanzaba este operativo, el personal aeronaval atendió otra emergencia marítima. Una embarcación civil quedó a la deriva por desperfectos mecánicos, aproximadamente a seis millas náuticas al sureste de isla Boná, una zona del Pacífico panameño ubicada frente a las costas de la provincia de Panamá.

La alerta fue recibida mediante la línea 108 y movilizó al Departamento de Búsqueda y Rescate. Unidades a bordo de la patrullera P-204 llegaron hasta la embarcación afectada y trasladaron de manera segura hacia puerto a sus cuatro tripulantes, quienes fueron reportados en buenas condiciones de salud.

El auxilio permitió evitar que la nave continuara desplazándose sin control por las corrientes. Aunque ambos casos ocurrieron en el Pacífico, la asistencia cerca de isla Boná fue una operación independiente de la búsqueda desarrollada en Veraguas, donde la prioridad sigue siendo encontrar Transporte Yair y a sus ocupantes.

Nuevo aviso por lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil extendió un aviso de prevención debido a condiciones favorables para lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país y sus áreas marítimas. El periodo de vigilancia comenzó el viernes 18 de septiembre y se mantendrá hasta el domingo 20.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, los eventos podrían presentar mayor intensidad y cobertura durante el sábado y el domingo. Los sistemas atmosféricos también podrían fortalecerse con el paso de la onda tropical número 47, aumentando el riesgo en zonas vulnerables y sectores marítimos.

Sinaproc recomendó evitar playas, ríos y espacios abiertos durante las tormentas, además de no cruzar calles, quebradas o vados afectados por inundaciones. También pidió a los navegantes mantenerse atentos a los informes oficiales, pues el mal tiempo puede reducir la visibilidad y alterar rápidamente las condiciones del mar.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

Libia García pronuncia el viva a las buscadoras desde Dolores Hidalgo

Las arengas de García Muñoz Ledo comenzaron a las 23:15 horas con un recorrido por figuras históricas femeninas. La gobernadora gritó: “¡Viva María Ignacia Rodríguez!”, “¡Vivan las mujeres insurgentes de Pénjamo!” y “¡Vivan las mujeres que siguen construyendo la Patria!”.

El viva a las madres buscadoras quedó intercalado entre esas menciones. La decisión fue parte de una agenda deliberada: al ser la primera gobernadora de Guanajuato, García Muñoz Ledo centró la noche en el reconocimiento de las mujeres en la historia de la independencia.

La ceremonia se realizó ante miles de asistentes en la explanada de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores. El recinto es el mismo desde el que Hidalgo convocó al pueblo a la rebelión en 1810.

La mandataria estuvo acompañada por la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso local; por Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Poder Judicial del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia; y por el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri. También participaron mandos militares.

García Muñoz Ledo acompañó búsquedas desde su gestión como secretaria de Gobierno

El vínculo de la gobernadora con las madres buscadoras no es nuevo. Desde el sexenio anterior, cuando ocupó la Secretaría de Gobierno, García Muñoz Ledo impulsó que la Fiscalía de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad y Paz acompañaran las búsquedas de los colectivos.

Ese antecedente da peso institucional al gesto del 15 de septiembre. La mención en las arengas traduce en un acto simbólico público una política que la mandataria sostiene desde antes de asumir la gubernatura.

La noche del Grito incluyó, además, la Cabalgata por la Independencia, la lectura del Acta de Independencia, una ofrenda al cura Hidalgo y la firma del Libro de Visitantes Distinguidos. La ceremonia de liberación simbólica de presos se adelantó y se realizó antes de las arengas.

Los festejos cerraron con un espectáculo de pirotecnia de 20 minutos y con las presentaciones de los cantantes de banda Jorge Medina y Josi Cuen. La noche fue calificada de saldo blanco por los operativos de seguridad y protección civil, según informó AM Guanajuato.

Guanajuato conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia

La celebración se extendió a todo el estado. En León, Guanajuato capital, Irapuato, Celaya, Salamanca, San Francisco del Rincón y Moroleón, miles de familias ocuparon los centros históricos entre música, gastronomía típica, pirotecnia y espectáculos de drones.

En León, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos encabezó la ceremonia y un espectáculo de 350 drones formó la frase “¡VIVA MÉXICO!” sobre la ciudad. La cantante Alicia Villarreal cerró la jornada ante miles de leoneses.

En Celaya, el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez incluyó en sus arengas un “¡Viva la esperanza!”, eslogan de su administración. Los operativos reportaron saldo blanco en esa ciudad, que registra 834 personas desaparecidas, según datos de mayo de 2026.

Guanajuato capital vivió la noche en la Alhóndiga de Granaditas. La presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez encabezó la liberación simbólica de presos en conmemoración del acto histórico de Hidalgo, y la noche cerró con el concierto de Pepe Linares.

Por segundo año consecutivo, dos mujeres encabezaron las ceremonias más emblemáticas de las fiestas patrias en México: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional y Libia García en Dolores Hidalgo.

Guanajuato acumula cinco mil 626 personas desaparecidas sin localizar desde 1952

La mención de las madres buscadoras en las arengas ocurre en un estado con una crisis de desapariciones documentada. Desde 1952 hasta agosto de 2026, Guanajuato registró 23.697 personas desaparecidas; de ellas, 16.587 fueron encontradas con vida y 1.484 sin vida, según la Comisión Estatal de Búsqueda. Las 5.626 restantes no han sido localizadas.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) coloca a Guanajuato en el décimo lugar nacional, con 5.663 personas no localizadas al cierre del último corte disponible. El número de casos creció 43,5% de 2024 a 2025, de acuerdo con un informe de AM Guanajuato fechado el 16 de mayo de 2026.

Celaya e Irapuato concentran los municipios con más desapariciones del estado

Cinco municipios de Guanajuato figuran entre los 100 con más desaparecidos en el país. Celaya ocupa el lugar 29 con 834 casos, un alza del 56 por ciento respecto al año anterior; le siguen León con 628, Irapuato con 601, Salamanca con 305 y Pénjamo con 280.

El perfil de las víctimas muestra que el 82.54 por ciento son hombres y el 16.63 por ciento son mujeres; el siete por ciento son menores de 18 años. El rango etario más afectado abarca de los 20 a los 39 años, que concentra el 63.6 por ciento de los casos totales.

La ONU documentó 723 fosas clandestinas en Guanajuato entre 2009 y 2025

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) registró 723 fosas clandestinas en el estado entre 2009 y marzo de 2025, con 1.352 cuerpos recuperados, según datos del Centro de Datos de la Universidad Iberoamericana León. Irapuato encabeza la lista de municipios con más fosas, seguido por Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Villagrán y Salvatierra.

El Comité de la ONU clasificó a Guanajuato entre los estados con mayor incidencia de desaparición forzada, junto a Jalisco, Durango, Nuevo León e Hidalgo. El número de personas desaparecidas en la entidad se multiplicó por ocho entre 2017 y abril de 2025, según el mismo organismo internacional.

La Fiscalía de Guanajuato resguarda más de mil cadáveres sin identificar

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato tenía bajo su resguardo, a marzo de 2026, 1.105 cadáveres o restos humanos individualizados no identificados y 37 identificados pero no reclamados. Esa cifra representa un aumento respecto a agosto de 2024, cuando el número era de 905 no identificados y 22 no reclamados.

Los colectivos de búsqueda y especialistas académicos denuncian que persisten fallas en la atención institucional y en la transparencia de la información, pese a la reducción del 48,9% en las desapariciones del segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El estado ocupa el tercer lugar nacional en personas localizadas con vida, resultado que las autoridades atribuyen a la coordinación permanente entre la Comisión Estatal de Búsqueda, los colectivos y las instituciones de seguridad.

Entre los secuestrados estuvo Emilce Moler, que tenía 17 años y permaneció detenida durante meses antes de recuperar la libertad en abril de 1978. Con el tiempo, su testimonio formó parte de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. A cinco décadas de aquellos hechos, la sobreviviente considera que todavía hay cuestiones centrales que no fueron resueltas.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el destino de los seis estudiantes que permanecen desaparecidos. “¿Dónde están los cuerpos de los chicos?”, planteó Moler en diálogo con Infobae al Mediodía, para quien el paso del tiempo no cerró la investigación sobre aquellos crímenes.

La falta de información, además, adquiere una dimensión cada vez más urgente porque quienes podrían aportar datos tienen hoy una edad avanzada. “Por eso se dice que no prescribió el crimen, porque quienes hoy saben no lo dicen y, por lo tanto, cometen delito”, sostuvo.

En ese contexto, Moler señaló la persistencia del pacto de silencio entre quienes podrían aportar información sobre lo ocurrido. “El pacto de silencio no se rompe”, afirmó, y remarcó que esa situación impide considerar aquellos hechos como una cuestión exclusivamente histórica. “Eso que lo ven tan lejano está ocurriendo ahora. El delito del silencio está presente”, sostuvo.

La responsabilidad del Estado y la construcción del enemigo

Para Moler, comprender La Noche de los Lápices exige también distinguir la violencia ejercida durante la dictadura de cualquier enfrentamiento entre particulares. El rasgo central, explicó, fue la utilización de las estructuras del Estado para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer personas.

“Nadie merece, haya hecho lo que haya hecho la persona, que el Estado le dé la respuesta de tortura, cárcel y desaparición”, afirmó.

En esa misma línea, remarcó: “Fue el Estado. Por eso se habla de terrorismo de Estado. No eran unos civiles contra otros civiles: fue el Estado, el que te tiene que cuidar, el que te tiene que proteger”.

Moler también señaló que esa violencia estuvo precedida por un proceso de construcción del enemigo. Según recordó, quienes eran perseguidos fueron presentados como una amenaza a la que se podía despojar de legitimidad y derechos. “Primero construyeron el enemigo. El enemigo éramos nosotros, los subversivos. Entonces éramos sucios, malos y feos y, por lo tanto, merecíamos cualquier cosa”, explicó.

A partir de esa experiencia, advirtió sobre los mecanismos mediante los cuales determinados grupos pueden ser deshumanizados. “Hay que tener en cuenta cómo se construyen los enemigos, porque si vos una vez construís esos enemigos, ya estás habilitando para que le puedan hacer cualquier cosa”, sostuvo.

La discusión, para Moler, también debe sostenerse sobre la base de los testimonios, las pruebas y las decisiones de la Justicia. “Con tiempo y sentados en una mesa de argumentación, tenemos todas las piezas jurídicas, los testimonios, las sentencias judiciales, todo que avala lo que nosotros decimos”, afirmó.

A la vez, cuestionó la velocidad con la que muchas discusiones públicas se reducen a consignas: “Los eslogan y los latiguillos en una mesa inclusive periodística que se disputan parecería que son los que se escuchan más”.

El desafío de transmitir la memoria

La manera de transmitir lo ocurrido ocupa otro lugar central en la mirada de Moler. Las conmemoraciones permiten recuperar episodios que deben ser conocidos, pero también pueden quedar limitadas a una jornada de información sin continuidad. “Las efemérides tienen una cosa muy buena y una cosa tramposa”, explicó.

El riesgo, según planteó, aparece cuando la acumulación de datos reemplaza la comprensión. “Nos permite que estemos hoy acá hablando de este tema y un montón de gente interiorizándose, pero es como una sobreinformación toda dada en un día y después nada”, señaló.

Cuando recuperó la libertad, en abril de 1978, Moler se encontró con una sociedad que festejaba el Mundial. Desde un balcón en Mar del Plata escuchaba decir: “Los argentinos somos derechos humanos”, mientras pensaba: “Nadie me va a creer”. Había dejado atrás a unas 1.200 compañeras detenidas en Devoto y se preguntaba cómo explicar lo que había vivido: “¿Cómo explico todo eso?”.

Durante años, el 16 de septiembre fue para ella una fecha personal. “Era una fecha para mí solamente, en una soledad absoluta”, recordó. Con el tiempo, esa situación cambió y la conmemoración adquirió una dimensión colectiva. “Nunca me hubiera imaginado que a 50 años íbamos a estar hablando de esto en un canal de televisión y el miércoles con marchas multitudinarias”, afirmó.

Para Moler, el desafío ahora es que esa memoria no quede limitada a una fecha. Propuso trabajarla a partir de situaciones concretas de la vida cotidiana y, especialmente, de la forma en que cada persona responde frente a una injusticia. “La pregunta es: ¿qué hago yo ante una injusticia?”, planteó.

“Esas cosas tenemos que trabajar diariamente, transversalmente, para que la efeméride sea solamente una efeméride y no un montón de información que no la pueden procesar”, concluyó.

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Ante la crisis de desaparecidos que vive México los colectivos y autoridades no se dan abasto, sin embargo estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de Antropología, Derecho y Criminalística se sumaron a las jornadas de búsqueda de personas encabezadas por familias, tras recibir capacitación técnica y protocolos de actuación del Laboratorio de Antropología Forense.

Los registros públicos indican más de 135 mil personas no localizadas en el país, mientras que estimaciones de colectivos y organizaciones civiles calculan que la cifra real podría superar los 200,000 casos debido al subregistro y la falta de identificación forense. Además se estima que entre un 30 y 40% de esta cifra corresponde a restos humanos sin identificar en las morgues del país, sin contar las fosas clandestinas

El programa busca que los universitarios acompañen las labores en campo desde sus conocimientos profesionales y con respeto a las atribuciones de las autoridades.

La colaboración se desarrolló mediante el programa “Antropología Forense y Derechos Humanos”, que preparó a los alumnos de acuerdo con su disciplina. La formación incluyó herramientas para participar en rastreos, localizar posibles indicios, preservar hallazgos y brindar acompañamiento a familias que buscan a sus seres queridos.

Lilia Escorcia, encargada del Laboratorio de Antropología Forense, explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de crear formas institucionales de apoyo para las víctimas indirectas de desaparición. “El programa surge de la necesidad de buscar otras formas de acompañamiento a los familiares de las víctimas de desaparición de personas. Buscar esas estrategias de acompañamiento a las familias desde el espacio institucional”, señaló.

Escorcia sostuvo que la participación de distintas carreras permite formar equipos multidisciplinarios durante las jornadas. “Cada especialista tiene algo que aportar, pues lo interesante es que se conforme un grupo multidisciplinario y que se atiendan las necesidades, que se puedan atender en la medida de tu profesión, de tus alcances y, desde luego, respetando la labor de las autoridades”, afirmó a la televisora Nmás.

La formación universitaria llevó conocimientos forenses a las búsquedas

Los estudiantes trasladaron al campo parte de los conocimientos adquiridos en las aulas, en una actividad que también podía vincularse con sus requisitos académicos y de servicio social. Las tareas incluyeron observación de terrenos, apoyo logístico, análisis de posibles indicios y acompañamiento durante recorridos en zonas de difícil acceso.

La capacitación también contempló una dimensión psicosocial y de derechos humanos para atender a las familias sin sustituir su experiencia ni la responsabilidad de las fiscalías y comisiones de búsqueda. El propósito fue que los jóvenes aportaran desde los límites de su formación profesional y bajo la supervisión correspondiente.

Desde hacía tres años, Javadd Jacobo, estudiante de antropología física, participa en estas jornadas. Su labor se concentra en identificar restos en el sitio donde eran localizados y distinguir si un elemento óseo podía pertenecer a una persona o a un animal.

“Lo que hago más es identificación de restos in situ. Yo descarto en ese momento si el elemento óseo corresponde a una persona o podría corresponder a un animal”, explicó la universitaria. Su conocimiento de anatomía le permitió colaborar en las primeras revisiones de materiales encontrados durante los rastreos.

Jacobo había participado en búsquedas en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero y Baja California. Las jornadas la enfrentaron a condiciones distintas de terreno, disponibilidad de personal y posibilidades reales para usar tecnología en las zonas que las familias buscaban revisar.

La estudiante expuso que los protocolos de búsqueda requieren una cantidad de personas que no siempre está disponible. “Te van a decir que tienes que hacer un cinturón cada dos metros y todos tienen que avanzar al mismo tiempo. ¿Cuánta gente vas a necesitar para cubrir el perímetro que quieren sondear? Y pues no la hay”, planteó.

También señaló que las características geográficas del país podían limitar el uso de herramientas técnicas. “A lo mejor el recurso está, pero la geografía de México no permite que esa tecnología sea empleada del todo”, sostuvo sobre las dificultades operativas que observó durante los recorridos.

Las familias mantienem el peso principal de las jornadas de rastreo

Pese a la capacitación y al apoyo universitario, la búsqueda de personas desaparecidas siguió recayendo principalmente en las familias organizadas en colectivos. Los estudiantes se integraron como respaldo técnico, físico y humano para recorrer terrenos, revisar puntos señalados y acompañar las labores de localización.

Jacobo describió el sentido que las madres buscadoras atribuyeron a la presencia de los jóvenes. “Si tú le preguntas a una madre, ellas te dicen: ‘Ustedes nos prestan sus ojos y sus manos para poder encontrar a sus seres queridos’”, indicó.

La colaboración académica también buscó que las familias tuvieran acceso a nociones de antropología forense, criminalística, preservación de indicios y derechos humanos. A la vez, los alumnos conocieron de primera mano los procesos que enfrentaban las personas que buscaban a familiares desaparecidos.

En Navojoa, Sonora, un grupo de estudiantes de la licenciatura en Criminología de la Universidad Hispana participó el 21 de febrero en una jornada organizada por el colectivo Buscadoras Huatabampo Sonora. La actividad se realizó tras una denuncia anónima sobre posibles fosas clandestinas en distintos predios.

Las buscadoras iniciaron los recorridos desde temprano y anunciaron que las revisiones continuarían durante los días siguientes, hasta inspeccionar por completo las zonas señaladas. El objetivo fue descartar cualquier indicio relacionado con personas desaparecidas.

Los universitarios acudieron acompañados por la doctora María Fernanda Mundo López, jefa de la carrera y coordinadora académica del campus Navojoa. Su participación fortaleció las labores de observación y análisis en campo como parte de su preparación profesional y compromiso social.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Guardia Nacional y Policía Estatal de Seguridad Pública brindaron seguridad perimetral durante el operativo. Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora también acompañó a las familias y mantuvo coordinación con el colectivo.

El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, donó alimentos para las participantes de la jornada. Hasta el cierre de la inspección no se habían registrado hallazgos positivos en los predios revisados, mientras las labores continuaban en los puntos referidos por la denuncia anónima.

La recuperación de restos humanos en el predio del ex Centro Clandestino de Detención La Perla mantiene abiertos interrogantes sobre la identidad de decenas de personas desaparecidas. En este sentido, la Municipalidad de Córdoba convocó a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 a aportar muestras de sangre para avanzar en nuevas identificaciones.

La iniciativa, denominada “La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre”, se presentó en el marco de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. La campaña acompaña los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante la última dictadura.

Hasta el momento, las tareas permitieron identificar a 30 personas. Sin embargo, todavía hay restos que aguardan una identificación, por lo que la ampliación del banco de datos genéticos resulta central para establecer vínculos con las familias.

La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial, el Juzgado Federal N.º 3, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los Espacios de Memoria de la provincia.

La campaña comenzó el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y ya recibió 800 llamados de personas interesadas en aportar información o realizar consultas. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja señaló que el objetivo es que las familias conozcan la necesidad de sumar muestras al archivo genético. “Queremos que esto sea público para que cualquier persona que tenga un familiar se acerque y pueda dar las muestras”, expresó.

Por su parte, la integrante del EAAF Silvana Turner indicó que la convocatoria alcanza a cualquier familiar de una víctima de desaparición forzada. Y agregó que los datos genéticos, comparados con los perfiles obtenidos de los restos recuperados, pueden aumentar las posibilidades de lograr nuevas identificaciones.

La iniciativa también está orientada a personas que tengan dudas sobre su origen o crean que pueden ser hijos, hijas u otros familiares de desaparecidos. El EAAF recibe consultas para orientar estos casos y canalizar la entrega voluntaria de muestras.

A mediados de mayo de este año, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura, recuperados en el sector Loma del Torito del predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.

Los restos fueron encontrados en 2025 dentro de la Guarnición Militar de La Calera. El proceso de identificación se realizó a partir del análisis antropológico de los elementos óseos recuperados y del trabajo conjunto entre la Justicia, el EAAF y los familiares de las víctimas.

Entre las personas identificadas figuran tres matrimonios secuestrados en forma conjunta. Silvia Felipe, psicóloga de 27 años, y Luis Carlos Mónaco, periodista y camarógrafo, fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Su hija tenía 25 días cuando ocurrió el operativo. También fueron identificados Nélida Noemí Moreno Maza, psicopedagoga, y José Luis Goyochea Escudero, quienes fueron secuestrados delante de sus hijos.

La lista incluye además a Rosa Cristina Godoy y Carlos Crupeire, secuestrados ante su hija pequeña; la abogada y militante peronista Graciela María de los Milagros Doldán; Juan Carlos Navarro Moyano; Gilberto Néstor Lellin D’Francesco; Adrián José Ferreyra Rivero; Marta Susana Ledesma Vera de Comba; Víctor Carlos Díaz Rinero; Silvia del Valle Taborda; Edelmiro Cruz Bustos; Oscar Segura Reineri y Gustavo Daniel Torres.

Torres tenía 16 años cuando fue secuestrado en su casa, delante de sus padres, hermanos y abuelos. Durante la conferencia de prensa, su hermano recordó que lo escuchó decir: “Yo tengo derecho”, antes de que le taparan la boca. Por pedido expreso de una familia, la identidad de una de las 17 personas no fue difundida. En marzo, el EAAF había informado otras 16 identificaciones en el mismo predio.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que dará atención y seguimiento a los casos de las madres buscadoras, luego de que instalaran un plantón en sus instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el pasado 9 de septiembre.

La dependencia informó, mediante un comunicado, que ese mismo día realizó tomas de muestras genéticas a quienes las requirieron y estableció un plan de trabajo para responder a los planteamientos de los colectivos provenientes de Michoacán, Veracruz y Colima, que exigían avances en las investigaciones por desapariciones ante lo que denuncian como omisiones institucionales.

La FGR precisó que el lunes siguiente a la protesta se realizarán reuniones con las víctimas que acudieron a sus instalaciones para continuar con la atención y el seguimiento de sus denuncias. La dependencia subrayó que el diálogo con los familiares de personas desaparecidas es directo, permanente y tiene como propósito fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.

Margarita López encabeza la movilización en Río Pánuco

La acción fue liderada por Margarita López, exdiputada local de Michoacán y fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. El plantón se instaló en el inmueble de la calle Río Pánuco, colonia Renacimiento, donde los colectivos colocaron casas de campaña y advirtieron que mantendrían la movilización por tiempo indefinido.

Las familias protestaron porque, según denunciaron, la FGR les envió personal de apoyo psicológico en lugar de funcionarios con capacidad de tomar decisiones. López exigió el regreso de agentes del Ministerio Público que, afirmó, tenían avances concretos en las carpetas de investigación de algunas familias.

“Regresen a los Ministerios Públicos que sí resolvían, que sí atendían y que sí entendían el dolor de las familias”, publicó López durante la protesta, según consignó Animal Político. El medio añadió que la exlegisladora reclamó que las familias buscaran resultados y no explicaciones de los servidores públicos.

Entre las consignas de la jornada se escucharon frases como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!”. López también anunció que otro grupo se trasladaría a las oficinas de la FGR en Santa Fe para ampliar la presión sobre la institución.

La CEAV y la CNDH, también en el blanco de los colectivos

Durante la protesta, López reclamó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la falta de apoyo alimentario para las mujeres que permanecían en ayuno frente a la Fiscalía. “Se me hace una incongruencia grande. No te pido unos chilaquiles ni que se pongan a cocinar, que agarres recurso del que tienes ahí y me lo mandes a 30 mamás que están aquí en ayunas de comer”, le dijo López a personal de la CEAV.

Los colectivos también reprocharon la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y pidieron su intervención ante lo que consideran violaciones a los derechos de las familias. La CNDH fue señalada por no entablar un diálogo con capacidad de resolución ni proteger a las víctimas durante el proceso de denuncia.

Además, las familias denunciaron que funcionarios de la FGR habrían intentado impedir que integrantes de los colectivos documentaran con sus teléfonos las dificultades para formalizar denuncias. López afirmó que las manifestantes registraron en audio los hechos y que cuenta con grabaciones que, según dijo, podrían dar cuenta de presuntas amenazas y malos tratos.

Seis exigencias concretas y una crisis con 131.692 personas desaparecidas

Entre las demandas centrales de los colectivos figura la instalación de una mesa de diálogo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Las familias exigieron que esas reuniones se realicen con servidores públicos que tengan facultades reales para tomar decisiones, no solo para brindar acompañamiento.

Otro reclamo apunta a que la FGR reciba denuncias de delitos del fuero federal sin importar la entidad de origen de las víctimas. López aseguró contar con un oficio de la Visitaduría General de la República que establece la obligación de las sedes federales de aceptar ese tipo de denuncias, y convocó a madres de otras entidades a sumarse a la movilización.

Los colectivos también denunciaron colusión de las fiscalías estatales con el crimen organizado. Esa acusación explica, según las manifestantes, la desconfianza en las instituciones locales y la decisión de llevar sus casos directamente ante la FGR.

“Necesitamos fiscales autónomos”, afirmó López ante Infobae, donde cuestionó que las fiscalías estuvieran encabezadas por personas cercanas al poder político. El medio informó que la activista acusó que esa relación impide investigar presuntos delitos y omisiones de servidores públicos.

Las familias señalaron además la falta de recursos, personal e insumos para las labores de búsqueda y recuperación de restos humanos. López sostuvo ante Animal Político que los colectivos han tenido que adquirir con sus propios medios materiales como bolsas para cadáveres, picos, palas, varillas y carpas, y participar directamente en rastreos en zonas de difícil acceso.

“De ser una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas”, expresó la fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. a Infobae. La activista añadió: “Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo”.

La movilización se produce en el contexto de una crisis de desapariciones que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, registra 131.692 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Los colectivos advirtieron que continuarán en las instalaciones de la FGR hasta obtener respuestas concretas y convocaron a otros colectivos del país a sumarse a sus demandas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la creación del banco de ADN, contemplado en la ley en materia de desapariciones, se encuentra retrasada en los estados. Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria calificó como “muy importante” el acelerar todos los procesos de identidad.

En respuesta a las quejas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han manifestado que acudir a realizarse pruebas genéticas resulta desgastante, la jefa del Ejecutivo explicó el motivo de las demoras. Señaló que “muchas veces se toma la muestra de los familiares, pero hay una parte que es hacer el análisis de la muestra, para tener la información del ADN, esa parte está retrasada en los estados”.

Para solucionar esto, Sheinbaum indicó que el objetivo es que haya más recursos por parte de las entidades, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las comisiones de búsqueda. Esta colaboración busca conformar verdaderamente un banco a nivel nacional que permita comparar las muestras basándose en los últimos adelantos de la ciencia.

La presidenta destacó la relevancia de la ciencia forense, aceptando que en algunos casos en el país “ni siquiera hay huella digital y reconocimiento de la persona por dentadura y otras circunstancias”.

Finalmente, recordó que la Secretaría de Gobernación presentó recientemente un plan de diez puntos para combatir el delito de desaparición, siendo la forensia uno de ellos. Explicó que aún existen personas fallecidas sin identificar en distintos estados y garantizó que, aunque es una tarea estatal, la FGR y la comisión de búsqueda ya están tomando el caso de manera conjunta.

Gobierno de México refuerza la búsqueda de personas desaparecidas con 10 acciones nacionales

El pasado 28 de agosto de 2026, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un paquete de 10 acciones nacionales para reforzar la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. Las medidas apuntan a depurar registros, agilizar localizaciones, ampliar la identificación humana y mantener la atención a familiares y colectivos.

• La revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas buscará completar la información de cada reporte. La tarea contará con 10 especialistas en datos, estadística, inteligencia artificial, programación y análisis jurídico.
• Cada denuncia deberá contar con una carpeta de investigación. Las autoridades también divulgarán los resultados de la Plataforma Única de Identidad, las búsquedas generalizadas de los estados y las brigadas territoriales.
• La Plataforma Única de Identidad detectó 40.628 coincidencias de personas con trámites posteriores a su reporte. De ese grupo, 6.939 ya tienen un reporte de localización.
• Las búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones se ampliarán. El plan incorpora además un Programa Nacional de Identificación Humana, con participación de fiscalías federales y estatales.
• La Comisión Nacional de Búsqueda mantendrá brigadas territoriales y reforzará sus capacidades técnicas. El organismo dispone de más de 400 especialistas, además de drones y georradares.
• Las últimas medidas prevén diálogo permanente con las familias y jornadas estatales para revisar perfiles genéticos, dar seguimiento a investigaciones y atender casos pendientes.

El operativo también derivó en la detención de cinco hombres y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares. Dicha finca pertenecía presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, informó este 10 de septiembre sobre el resultado de las investigaciones.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, las indagatorias comenzaron el pasado 21 de julio, cuando se presentó la denuncia por la desaparición de un joven en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El hombre, de 20 años, había abordado un vehículo de plataforma para trasladarse hacia un supuesto empleo en un rancho. Sin embargo, después de emprender el viaje, sus familiares perdieron contacto con él.

La búsqueda llevó a las autoridades hasta Tecalitlán

Tras semanas de trabajo de campo y gabinete, las autoridades obtuvieron a principios de septiembre información que permitía ubicar al joven desaparecido en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

Con esos datos, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo conjunto y realizaron un ingreso de urgencia a una finca, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima.

Dentro del inmueble fue localizado el joven cuya desaparición había originado la investigación. Sin embargo, no era la única persona retenida.

Las autoridades encontraron a siete hombres más, por lo que el operativo terminó con la liberación de ocho personas de entre 16 y 43 años de edad.

“Estaban ahí en contra de su voluntad, todos son hombres de entre 16 y 43 años”, explicó González de los Santos durante una rueda de prensa.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, entre las víctimas había personas originarias de distintos estados del país. Uno de ellos dijo ser procedente de la Ciudad de México, otro de Guerrero, dos más de Michoacán y uno de Sinaloa.

La finca era usada para retener a personas lesionadas

Las primeras indagatorias y los indicios encontrados dentro del inmueble permitieron establecer una posible función que tenía la finca para el grupo delictivo relacionado con los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, el lugar era utilizado como un espacio de resguardo para personas que presentaban lesiones o requerían recuperación física.

Al menos dos de los hombres liberados presentaban dificultades para caminar. Algunos cojeaban o utilizaban aparatos de apoyo.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron material vegetal verde con características de droga, diversos medicamentos, material y botas ortopédicas, además de tres pares de muletas.

También fueron localizados una báscula gramera, botas tácticas y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 por 45 milímetros.

El hallazgo de medicamentos y artículos ortopédicos forma parte de los elementos que la autoridad incorporó a las investigaciones para determinar las actividades que se realizaban dentro de la propiedad y la participación de las personas detenidas.

Seis personas fueron detenidas durante el operativo

La intervención permitió además detener en el lugar a cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, quienes fueron señalados como los probables responsables de mantener privadas de la libertad a las víctimas.

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos había tres personas originarias de Jalisco, además de una de Tepic, Nayarit, una de Colima y otra de Michoacán.

Las seis personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en los delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad de los ocho hombres.

Por su parte, las víctimas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde recibirían atención y posteriormente serían reincorporadas con sus familias.

El fiscal Salvador González de los Santos destacó que el resultado del operativo fue producto del trabajo realizado por el personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y la coordinación con autoridades federales.

“Este fue un gran servicio por parte del personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas porque no solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, señaló.

La Fiscalía de Jalisco informó que mantendrá las labores de investigación y coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno para la localización de personas desaparecidas, así como para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos.

Los colectivos, encabezados por Margarita López, ex diputada local de Michoacán y fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., demandaron la salida de funcionarios a quienes acusaron de revictimizar a las familias, además de la falta de atención a las víctimas. Además, exigieron que se reciban denuncias del fuero federal, es decir, las denuncias que se presentan ante una autoridad federal para informar que posiblemente se cometió un delito.

A través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, Margarita López afirmó que las familias mantendrían las movilizaciones hasta obtener respuestas sobre las investigaciones y las labores de búsqueda de sus seres queridos.

“Necesitamos fiscales autónomos”, expresó durante la protesta, donde cuestionó que las fiscalías estuvieran encabezadas por personas cercanas al poder político y acusó que esa relación impedía investigar presuntos delitos y omisiones de servidores públicos.

Exigen que la FGR reciba denuncias de todo el país

López convocó a madres y familiares de personas desaparecidas de distintas entidades a acudir a las instalaciones de la FGR, incluso si sus casos no estaban integrados en el ámbito federal. Aseguró que contaba con un oficio de la Visitaduría General de la República en el que se establecía que la Fiscalía debía recibir denuncias del fuero federal presentadas por víctimas de todo el país.

“A todas las víctimas de todo el país se les debe recibir aquí en este edificio la denuncia”, afirmó. El llamado estuvo dirigido a familias que buscaban abrir o trasladar expedientes ante autoridades federales.

La activista sostuvo que muchas personas enfrentaban obstáculos al intentar denunciar la desaparición de un familiar o al solicitar que las autoridades atrajeran una investigación inicialmente ubicada en otros estados. Por ello, planteó que las oficinas de la FGR debían atender a quienes llegaran desde otras entidades.

López afirmó que las madres que integraban los colectivos realizaban tareas que, a su juicio, correspondían a las instituciones. Entre ellas mencionó la búsqueda de personas y la localización de restos humanos en zonas de difícil acceso.

“De ser una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas”, expresó la fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. y acusó a funcionarios de no atender los casos y de causar daño a las víctimas con sus decisiones. También reclamó que las madres hicieran trabajo de investigación y búsqueda sin recibir los recursos ni el acompañamiento que requerían.

“Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo”, sostuvo la exlegisladora, y afirmó que las familias buscaban resultados y no explicaciones de los servidores públicos a quienes señalaron por retrasar o impedir la atención de los casos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una fecha que busca visibilizar y reconocer el trabajo de miles de mujeres que en distintos países han asumido la búsqueda de familiares y otras personas cuyo paradero se desconoce.

La resolución fue adoptada el pasado 31 de agosto por la Asamblea General de Naciones Unidas, luego de aprobar un proyecto promovido por la República Árabe de Siria.

El anuncio fue celebrado por colectivos integrados por madres y mujeres buscadoras, quienes desde hace años han exigido mayor reconocimiento, protección y participación en las políticas públicas relacionadas con la desaparición de personas.

En el documento, Naciones Unidas destacó el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas.

“Resaltando del importante papel de las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas, que proporcionan apoyo jurídico, psicológico y material esencial a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas y sirven de pilares clave para preservar la memoria histórica”, señala la resolución.

El establecimiento de esta fecha internacional busca colocar en el centro del debate global la labor realizada por mujeres que, ante la ausencia o insuficiencia de respuestas institucionales, participan directamente en la búsqueda de personas desaparecidas.

ONU llama a visibilizar y reconocer la labor de las buscadoras

La resolución no solamente establece una nueva fecha en el calendario internacional, sino que incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, organizaciones internacionales, sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y sector privado.

Entre los planteamientos se encuentra la promoción de eventos y actividades encaminadas a resaltar la labor que realizan las mujeres buscadoras en diferentes partes del mundo.

El organismo internacional también invitó a impulsar medidas para prevenir y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas, además de promover y proteger sus derechos humanos.

La ONU destacó además la importancia de que las propias buscadoras sean tomadas en cuenta en las discusiones y decisiones relacionadas con una problemática que afecta directamente sus vidas.

“Alienta a que se incluya a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en las deliberaciones que se estén manteniendo sobre esta cuestión y en los procesos de adopción de decisiones que las afectan”, añade la resolución.

Este punto representa uno de los principales reclamos de los colectivos de búsqueda: que las familias no sean únicamente receptoras de decisiones tomadas por las autoridades, sino que tengan participación en la construcción de políticas, mecanismos y estrategias para localizar a las personas desaparecidas.

La búsqueda también tiene un costo económico

Otro de los aspectos que busca hacer visible la resolución de Naciones Unidas es el impacto económico que representa la búsqueda de personas desaparecidas.

Las actividades realizadas por los colectivos y las familias pueden implicar gastos relacionados con traslados, herramientas, investigaciones, alimentación y otras necesidades derivadas de las jornadas de búsqueda.

Por ello, el documento señala la necesidad de reconocer estos costos y plantea que puedan ser sufragados mediante contribuciones voluntarias, así como con la participación del sector privado.

Para miles de familias, la búsqueda se convierte en una actividad que modifica completamente su vida cotidiana y sus condiciones económicas.

Muchas mujeres deben dedicar tiempo y recursos propios a recorrer zonas rurales, campos, carreteras, fosas clandestinas o distintas regiones del país en busca de información sobre sus familiares.

En México, una lucha encabezada principalmente por mujeres

El reconocimiento de Naciones Unidas adquiere una dimensión particular en México, donde la crisis de desapariciones continúa afectando a miles de familias.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen 131 mil 974 personas desaparecidas o no localizadas en el país.

En este contexto, integrantes de colectivos han destacado que la lucha por localizar a las víctimas está encabezada principalmente por mujeres.

Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame, quien busca a su hermano desaparecido, consideró importante que exista un reconocimiento internacional para quienes han convertido la búsqueda en una lucha permanente.

“La lucha está encabezada principalmente por mujeres y no es solamente porque muchos de los desaparecidos son hombres, sino porque las mujeres, con independencia del género de la persona desaparecida, son ellas las que buscan”, expresó Fernández.

La integrante del colectivo consideró que los gobiernos deberían impulsar actividades relacionadas con el reconocimiento de esta labor.

El nuevo Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras busca precisamente dar visibilidad a una realidad que se repite en distintos países: madres, hermanas, hijas, esposas y familiares que se organizan para buscar a quienes desaparecieron.

Para los colectivos, el reconocimiento de la ONU representa un paso importante para hacer visible una labor que durante años ha sido realizada en medio de obstáculos, riesgos, violencia y falta de recursos.

A partir de ahora, cada 19 de diciembre, la comunidad internacional tendrá una fecha destinada a reconocer a las mujeres que han convertido la búsqueda de personas desaparecidas en una causa de lucha, memoria y exigencia de justicia.

Un reporte ciudadano derivó en la localización de restos óseos en el municipio de Amecameca, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Ministerio Público acudieron al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, para ealizar las diligencias y determinar si los huesos eran humanos, su identidad y las circunstancias del hallazgo.

Los restos fueron encontrados en las inmediaciones del paraje conocido como Arco Blanco, a unos 100 metros de la carretera federal Paso de Cortés-Puebla y a cerca de 1.5 kilómetros de Paso de Cortés. La zona presentaba condiciones de difícil acceso, por lo que el traslado se realizó bajo resguardo policial.

El aviso original se produjo después de una caminata realizada el 28 de agosto. Una persona informó que había visto huesos que aparentaban ser humanos entre la vegetación, aunque no pudo precisar las coordenadas exactas del sitio.

Ante esa limitación, el caminante entregó referencias del lugar y fotografías. Con esos datos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó dos grupos de búsqueda en veredas y áreas señaladas del parque.

La búsqueda se concentró en veredas cercanas a Paso de Cortés

Los trabajos estuvieron a cargo de elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste Valle de México, adscritos a la SSEM. Los uniformados recorrieron la zona durante varias horas hasta ubicar diversos huesos entre la flora.

El hallazgo ocurrió en una franja cercana a la carretera federal y dentro de una de las rutas de tránsito frecuente para senderistas y excursionistas en la región de Paso de Cortés. La localización permitió acotar el punto referido de forma inicial por el denunciante.

Una vez que confirmaron la presencia de los restos, los policías notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y resguardaron el área. El acordonamiento buscó preservar el sitio para las diligencias ministeriales y periciales.

Debido a las complicaciones del terreno, los agentes realizaron el levantamiento de los restos por indicación de la autoridad ministerial. Después los trasladaron a las instalaciones de la fiscalía en Amecameca.

Los restos quedaron bajo análisis para definir su origen e identidad

La respuesta a la pregunta central del caso fue inmediata: los restos quedaron a disposición del Ministerio Público, que fue la autoridad encargada de establecer su naturaleza, confirmar si correspondían a una persona y avanzar en la identificación.

Las diligencias también quedaron orientadas a esclarecer las circunstancias relacionadas con el hallazgo. Hasta ese momento no se informó cuántos huesos fueron recuperados ni si en el sitio se encontraron otros indicios.

El parque donde ocurrió la localización se ubica en el municipio de Amecameca, en una zona de montaña que suele requerir operativos especializados cuando se registran extravíos, rescates o búsquedas. Por esa razón intervinieron elementos entrenados para desplazarse en terreno agreste.

El despliegue se activó a partir de una alerta canalizada por el Centro de Control, Comando y Comunicación de Amecameca. Esa notificación permitió movilizar a las células de búsqueda hacia los puntos descritos por el ciudadano.

El caso se abrió tras una alerta emitida varios días después de la caminata

Entre la caminata del 28 de agosto y la fecha del comunicado oficial transcurrieron varios días, lapso en el que la información disponible siguió dependiendo de las referencias y las imágenes aportadas por quien reportó el hallazgo. La falta de coordenadas exactas obligó a peinar distintas rutas antes de ubicar el punto.

Los elementos de seguridad localizaron los huesos dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, una de las áreas naturales protegidas con mayor afluencia de visitantes en el centro del país. El punto preciso quedó descrito por las autoridades como una zona próxima al paraje Arco Blanco.

Tras el levantamiento, el material óseo fue llevado a la sede de la fiscalía mexiquense en Amecameca, donde quedó sujeto a revisión ministerial. Esa etapa era la necesaria para establecer tanto el origen de los restos como cualquier línea de investigación derivada.

El caso permaneció en fase inicial y dependía de peritajes para confirmar la naturaleza de los huesos. Las autoridades no informaron en ese momento resultados forenses, identidades probables ni posibles causas vinculadas con la presencia de los restos en el lugar.

• El hallazgo ocurrió en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en Amecameca, cerca del paraje Arco Blanco.
• Los restos fueron localizados a 100 metros de la carretera Paso de Cortés-Puebla y a 1.5 kilómetros de Paso de Cortés.
• El Ministerio Público quedó a cargo de determinar si los huesos eran humanos, su identidad y las circunstancias del caso.

Ana Amelí no regresó a casa tras un paseo senderista

Ana Amelí García desapareció el 12 de julio de 2025 cuando subía el Pico del Águila, en las montañas del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. En su búsqueda han participado drones y helicópteros sin embargo no la hallaron.

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, ha encabezado diversas manifestaciones pacíficas e la que solicita que las autoridades no dejen de buscarla. que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino.

En un breve pronunciamiento, la madre de la joven suplicó a la población que, en caso de que alguien sepa qué le pasó a Ana Amelí “por favor, que nos diga, que nos ayude, que no calle, es momento de tener sensibilidad, todos como sociedad”.

De acuerdo con testimonios, la joven subió sola, sin guía, a las montañas del Ajusco entre las 15:00 y las 17:00 hora local (21:00 y 23:00 GMT) de aquel día y según su madre, el último contacto con Ana Amelí fue a las 14:30 horas (20:30 GMT).

Vanessa Gámez dijo que en México “no puede haber más desaparecidos” y abogó porque las personas que viven cerca del lugar donde desapareció su hija ayuden con sus declaraciones a encontrarla.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional declaró que La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo investigación las operaciones de empresas relacionadas con Ricardo ‘El Pity’ Velarde, quien se desempeñó como secretario de Economía durante la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia definitiva de Sinaloa.

“Tengo entendido que la UIF ya denunció a la FGR, pero este es un caso aparte, de todo lo demás de Sinaloa; este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF, de empresas que estaba investigando de esta persona”, explicó el funcionario.

García Harfuch precisó que el caso de Velarde se desarrolla de manera independiente a otras investigaciones relacionadas con la situación de seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con su declaración, las indagatorias de la UIF están enfocadas particularmente en empresas vinculadas con el exfuncionario estatal.

Ricardo ‘El Pity’ Velarde sería el dueño de Terraza Valentino, un restaurante de Mazatlán donde desapareció el joven de 21 años Emilio Galván Valenzuela mientras iba al baño en octubre de 2025 y a quien no se volvió a ver.

El secretario señaló que será la propia FGR la encargada de proporcionar mayor información sobre el expediente y los posibles alcances de la investigación.

“Lo va a dar a conocer la FGR, pero tengo entendido qué si está investigando”, agregó.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo investigación las operaciones de empresas relacionadas con Ricardo ‘El Pity’ Velarde, quien se desempeñó como secretario de Economía durante la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia definitiva de Sinaloa.

García Harfuch precisó que el caso de Velarde se desarrolla de manera independiente a otras investigaciones relacionadas con la situación de seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con su declaración, las indagatorias de la UIF están enfocadas particularmente en empresas vinculadas con el exfuncionario estatal.

La UIF enfocó sus indagatorias en empresas ligadas a Ricardo Velarde

La investigación financiera no sólo alcanzó a Ricardo Jesús Velarde Cárdenas. También incluyó a Jorge Armando Lizárraga Angulo, identificado como socio del exsecretario, quien igualmente promovió un recurso legal para intentar frenar el bloqueo de activos.

El movimiento de la UIF se enmarcó en la Lista de Personas Bloqueadas, una medida que ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempló para prevenir operaciones que pudieran favorecer actividades con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

Velarde, conocido como “El Pity”, promovió un amparo en medio de esa indagatoria para impedir que la autoridad financiera le congelara las cuentas bancarias. La misma ruta legal fue seguida por Lizárraga Angulo, de acuerdo con los registros mencionados en el texto fuente.

El alcance de la pesquisa, según lo expuesto en la mañanera, se concentró de manera particular en compañías vinculadas con el exfuncionario. Harfuch remarcó que el asunto corría por una vía distinta a otros casos abiertos por la violencia y el narco en Sinaloa.

Velarde pasó de empresas privadas a cargos turísticos y económicos en Sinaloa

La trayectoria de Ricardo Jesús Velarde Cárdenas comenzó en el sector privado. El primer día de 2001 inició labores como gerente comercial en Grupo Cafica, una firma descrita en sus declaraciones patrimoniales como dedicada a servicios de esparcimiento.

Después, en diciembre de 2006, constituyó Grupo Veliiz S.A. de C.V. junto con Jorge Armando Lizárraga. Este último quedó registrado como administrador único de la empresa y compartió apellidos con Suheid Margarita Lizárraga Angulo, señalada en documentos oficiales como representante legal de la sociedad.

Esa compañía estuvo dedicada al desarrollo inmobiliario, la gestión de proyectos turísticos y la operación de restaurantes y bares. Según las declaraciones patrimoniales referidas en el texto, Velarde trabajó como director comercial de Veliiz entre enero de 2007 y octubre de 2021.

Durante esa etapa obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un día después de concluir sus actividades en Grupo Veliiz, dio el paso al servicio público como secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, su municipio natal.

Más tarde se convirtió en subsecretario de Promoción y Operación Turística de Sinaloa. En marzo de 2024 inició un periodo de poco más de seis meses como encargado de despacho de la Secretaría de Turismo estatal, antes de ser mencionado como exsecretario de Economía dentro de la administración de Rubén Rocha Moya.

El caso cobró visibilidad pública tras el congelamiento de cuentas y el inicio de movimientos legales para combatir esa medida. Hasta donde llegó la declaración de Harfuch, la información oficial disponible se limitó a confirmar la denuncia de la UIF y la intervención de la Fiscalía.

Harfuch ubicó el caso dentro de una exposición más amplia sobre seguridad

La referencia a Velarde apareció durante una conferencia en la que el secretario presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. En ese balance, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 67,253 personas por delitos de alto impacto.

También señaló que en ese mismo lapso cayeron 111 funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado. Entre ellos mencionó a presidentes municipales de distintos estados, como parte del Operativo Enjambre contra redes de protección institucional.

En materia de armamento, reportó el aseguramiento de 34,353 armas de fuego. Explicó además que el 80% procedía de Estados Unidos, un dato que utilizó para describir la capacidad de fuego de los grupos criminales y el volumen del mercado ilegal atendido por las autoridades.

Sobre las acciones en el mar, indicó que la Secretaría de Marina decomisó 88 toneladas de cocaína. Dentro de esa cifra ubicó el mayor aseguramiento en la historia de esa institución: más de ocho toneladas frente a las costas de Michoacán.

Harfuch también habló de extorsión. Recordó que el 6 de julio de 2025 entró en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión y afirmó que, entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 2 mil personas por ese delito en 29 entidades federativas.

Según su explicación, esa estrategia operó sobre cinco ejes: detenciones a partir de inteligencia e investigación, fortalecimiento de unidades locales antiextorsión, protocolos especializados de atención a víctimas, capacitación a operadores de la línea 089 en manejo de crisis y negociación, y una campaña nacional de prevención.

A esas medidas sumó el trabajo de la UIF para cancelar cuentas bancarias usadas para recibir pagos de extorsión, la cancelación de líneas telefónicas vinculadas con ese delito y operativos en centros penitenciarios coordinados con la Guardia Nacional y el Sistema Penitenciario Federal.

El gobierno federal sostuvo que la estrategia se conducía desde el Gabinete de Seguridad

Durante su exposición, Harfuch afirmó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había sido de “cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política de una persona”. Esa línea fue la que enmarcó la mención al expediente de Velarde.

El secretario sostuvo que uno de los rasgos de la estrategia era su conducción diaria desde la Presidencia. Explicó que cada mañana Sheinbaum encabezaba la reunión del Gabinete de Seguridad para revisar incidencia delictiva, analizar operaciones e investigaciones y tomar decisiones sobre regiones y delitos prioritarios.

Añadió que los resultados provenían de la coordinación entre Sedena, Semar, FGR, Segob, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, así como de autoridades estatales. En ese punto subrayó que el 90% de los delitos correspondía al fuero común.

Harfuch dijo que la política de seguridad se sostenía en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre instituciones federales y estatales.

• La UIF denunció ante la FGR operaciones de empresas vinculadas con Ricardo “El Pity” Velarde, y Harfuch dijo que la Fiscalía sí estaría investigando.
• Velarde y su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo promovieron recursos legales para intentar frenar el congelamiento de cuentas y activos.
• En la misma conferencia, Harfuch reportó 67,253 detenidos, 111 funcionarios públicos arrestados por vínculos con crimen organizado y 34,353 armas aseguradas.

Si al intentar realizar un trámite oficial te has dado cuenta de que en tu Clave Única de Registro de Población (CURP) aparece la leyenda “Persona con reporte de desaparición”, es fundamental que actúes para regularizar tu situación, de acuerdo con las autoridades.

Esta situación es más común de lo que parece y puede bloquear la realización de tus trámites en la Ciudad de México. Aquí te explicamos por qué sucede y cuáles son los pasos exactos para solucionarlo.

¿Por qué aparece esta leyenda en mi CURP?

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, si en algún momento tuviste una ficha de búsqueda por desaparición y posteriormente te reencontraste con tus seres queridos, pero el reporte nunca fue dado de baja formalmente, la base de datos no se actualiza automáticamente.

Por lo tanto, aunque ya te encuentres en casa, para el sistema sigues teniendo el estatus de persona desaparecida. Corroborar tu localización de manera oficial es un paso esencial e indispensable para que esta leyenda desaparezca.

Pasos para actualizar tu estatus y dar de baja el reporte

Para que tu estatus se actualice y puedas continuar con tus trámites con total normalidad, debes hacer lo siguiente:

1. Acude personalmente a las oficinas correspondientes: No basta con haber regresado a casa; debes corroborar tu localización de manera oficial.
2. Dirígete al CAIBP: Debes presentarte en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP). Allí, el personal te orientará sobre el proceso exacto para dar de baja tu ficha de búsqueda y actualizar tu situación en la base de datos de la CURP.

¿Dónde se encuentra el CAIBP en CDMX?

Para realizar este trámite, acude a la siguiente dirección: avenida Niños Héroes 102, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A las personas que ya fueron localizadas y se encuentran con sus seres queridos, las autoridades recomiendan cerrar su reporte de búsqueda; es derecho y responsabilidad de cada persona. Hacerlo no solo permitirá realizar tus trámites sin contratiempos, sino que también ayuda a mantener actualizadas las bases de datos nacionales en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO).

El hombre aterrizó en España y se puso manos a la obra. Pero después de llamar a diferentes puertas durante varios días sin resultado, le aconsejaron directamente que fuera a la Policía Nacional para interponer una denuncia. Con pocas esperanzas, allí acudió.

Los agentes le recibieron en la comisaría de Zaragoza-Delicias el pasado 23 de junio. El caso fue poco después trasladado al Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que en menos de 24 horas consiguió dar con la señora.

“En cuestión de horas, Elena y Lara, dos agentes del grupo de desaparecidos, consiguieron localizar a su tía en una residencia de mayores donde estaba perfectamente atendida”, han explicado desde el cuerpo armado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo”

Mahendra quedó totalmente sorprendido y así se lo hizo saber en una carta de agradecimiento al director general de la Policía Nacional. En el escrito, el hombre confiesa que tenía pocas esperanzas en localizar a su tía.

“Más de un funcionario me dijo, con amabilidad pero con franqueza, que con más de cien residencias privadas en Zaragoza, debería considerar contratar a un detective privado. Lo comprendí. No culpé a nadie. Son búsquedas difíciles, y nosotros no somos residentes en España, ni contribuyentes, ni ciudadanos. No teníamos ningún derecho particular sobre el tiempo o los recursos de nadie. Éramos simplemente una familia de lejos, buscando a alguien a quien amamos”, cuenta en la carta.

Mahendra pensaba que, al ser un ciudadano extranjero, su caso quedaría olvidado entre todo el trabajo nacional. “No somos de aquí, hay asuntos locales lo suficientemente urgentes como para ocupar cada hora. Que una consulta de bienestar de una familia de India o de Estados Unidos no llegaría a lo más alto de la lista de nadie. Estaba equivocado, y me alegra reconocerlo”, confiesa.

El estadounidense ha resaltado el trabajo de las dos agentes de policía, pertenecientes a la comisaría de Zaragoza-Delicias. “Fueron más allá de cualquier deber que pudiéramos haber esperado razonablemente de ellos. Puede que no reciban ningún galardón por esto. No habrá ceremonia, ni titular, ni reconocimiento formal por lo que hicieron por una anciana y las dieciséis personas en el mundo que la quieren. Pero tienen nuestros corazones, completa y permanentemente”, expresa.

“Para una familia que ha pasado varios años sin saber si su tía estaba viva, si estaba a salvo, ese conocimiento lo es todo. La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo. Permanecemos profundamente agradecidos”, concluye en su escrito.

La historia no ha quedado ahí: Mahendra ha regresado a Zaragoza este mes de septiembre para felicitar en persona a las agentes por encontrar a su familiar desaparecida. Mahendra y su tía han retomado el contacto y la mujer ha mantenido ya varias videollamadas con él y sus otros 15 sobrinos, repartidos por todo el mundo.

El colectivo Lirios Buscadores Izcalli denunció desde sus redes sociales actos de intimidación contra integrantes mientras acompañaban a la familia de Juan José Velázquez Ríos, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 20 de septiembre de 2025, durante una audiencia en los juzgados de Barrientos, en el Estado de México.

El colectivo señaló que alrededor de 25 personas acudieron el pasado jueves 4 de septiembre al exterior del Penal de Barrientos, durante la audiencia de una de las personas detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición de Velázquez Ríos. Durante la diligencia se determinó la ampliación del término constitucional, por lo que la situación jurídica del imputado será resuelta posteriormente.

Buscadoras denuncian intimidación afuera de los juzgados de Barrientos

Mientras permanecían afuera de los juzgados, manifestándose pacíficamente, el colectivo afirma que varias personas se acercaron para grabarlas, tomarles fotografías y realizarles señas que consideraron intimidatorias.

Lirios Buscadores Izcalli indicó que estos hechos fueron reportados al Mecanismo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la Policía Estatal.

Las buscadoras también señalaron que, anteriormente, personas relacionadas con el entorno de algunos de los imputados se habían presentado para intimidar a la familia de Juan José Velázquez Ríos en otras ocasiones.

El colectivo afirmó que posteriormente el abogado de uno de los imputados salió de manera intimidatoria, tomó fotografías y aseguró que las integrantes lo habían agredido. Las buscadoras rechazaron esta acusación y señalaron que no lo agredieron ni tuvieron confrontación con él.

Un vehículo pasó junto a las buscadoras con un narcocorrido mencionando “dar piso”

La situación, señalaron, se agravó cuando personas que acompañaban al imputado pasaron en un vehículo junto al grupo de buscadoras mientras reproducían un narcocorrido con referencias a “dar piso”, término asociado en la narcocultura a matar.

En el contexto de los hechos ocurridos afuera de los juzgados, Lirios Buscadores Izcalli interpretó la reproducción de la canción como una amenaza directa contra el colectivo. Las integrantes señalaron que cuentan con medidas de protección y advirtieron que no permitirán que este tipo de actos sean normalizados o minimizados.

El colectivo manifestó especial preocupación por las próximas audiencias relacionadas con el caso de Juan José Velázquez, programadas para lunes 7 y martes 8 de agosto, debido a que corresponden a otros tres imputados que, según señalaron, llevan más tiempo detenidos y forman parte de un entorno comercial de la zona.

Por ello, Lirios Buscadores Izcalli hizo un llamado urgente a las autoridades para que otorguen garantías reales de seguridad durante las próximas audiencias y realicen una investigación inmediata sobre las amenazas y actos de intimidación denunciados.

Las buscadoras pidieron respuestas a las autoridades del Estado de México, la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y el Poder Judicial, además de solicitar a la sociedad apoyar la difusión de su denuncia.

“No vamos a permitir que amenazar a quienes buscan a sus desaparecidos se convierta en algo normal”, expresó el colectivo al cerrar su pronunciamiento.

Juan “N” fue detenido por su presunta implicación en el feminicidio de Tatiana Vanessa Almanza García, joven colombiana de 32 años que fue reportada como desaparecida el pasado 28 de agosto en la capital de San Luis Potosí.

La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto fue arrestado por su presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por lo que fue puesto ante el juez de control para que determine su situación jurídica.

Así fue la localización sin vida de Tatiana Vanessa

De acuerdo con las autoridades, la desaparición de la joven fue denunciada ante la Fiscalía del Estado el lunes 31 de agosto, por lo que se emitió una ficha de búsqueda un día después, el 1 de septiembre. Ese mismo día, agentes ministeriales y de la Policía de Investigación (PDI) localizaron sin vida a Tatiana Vanessa en una comunidad del municipio de Villa de Reyes.

Tras labores de investigación y trabajos de campo, así como de la recuperación y análisis de videograbaciones de lugares cercanos a donde la joven fue reportada como vista por última vez, los agentes establecieron la identidad del posible responsable, por lo que se solicitó la orden de captura en contra de Juan “N”.

Aunque se reportó que la joven era buscada desde el 28 de agosto, la Fiscalía del Estado detalló que los familiares refirieron en su denuncia que dejaron de tener comunicación con Tatiana Vanessa a partir del 25 de agosto, por lo que decidieron contactar a las autoridades.

Luego de las investigaciones, la Fiscalía del Estado determinó que la joven colombiana fue asesinada el 28 de agosto al interior de un establecimiento ubicado en la carretera 57, en la capital de San Luis Potosí, y posteriormente su cuerpo movido del sitio a bordo de un vehículo.

Desapareció un día después de llegar a SLP

La fiscal del estado, María Manuela García Cázares, detalló en días pasados que el cuerpo de Tatiana Vanessa fue localizado en la zona de Villa de Reyes, sobre la carretera 80, envuelto en un tapete y con signos de descomposición el pasado 1 de septiembre.

Respecto a la causa de muerte, García Cázares señaló que se trató de un estrangulamiento y descartó que la joven tuviera signos de violencia sexual.

“La causa fue una muerte por estrangulamiento, es lo que nos revela la necropsia; no tenía mayores datos de violencia, ni de violencia sexual, pero sí, un estrangulamiento”, afirmó ante medios de comunicación.

La fiscal sostuvo que las indagatorias ya iban avanzadas y que existían indicios sobre la identidad del presunto responsable, aunque no reveló detalles para no entorpecer la investigación. Fue así que dos días después se detuvo a Juan “N”.

Joven fue identificada por una de sus primas

La fiscal detalló que la identificación de Tatiana Vanessa se realizó por una prima hermana que viajó desde Colombia, así como por una amiga que arribó desde la Ciudad de México.

Según García Cázares, la joven llegó a San Luis Potosí el jueves al mediodía, es decir, un día antes de desaparecer y ser asesinada.

Tatiana Vanessa Almanza García nació el 29 de julio de 1994 en Colombia y cumplió 32 años un mes antes de su desaparición. La ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, identificada con el número CDB/CEBPSLP/ZC/VIII/598/2026, la describió con 1.70 metros de estatura, 72 kilogramos de peso, complexión robusta y tez morena clara, que contaba con un tatuaje en la columna con la frase “Made in Hell” además de que llevaba el nombre de “Jerónimo” en el brazo izquierdo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la joven vivió varios meses en la Ciudad de México antes de trasladarse a otros estados como Puebla, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, donde habría ofrecido servicios de acompañamiento a través del portal La Boutique VIP, aunque las autoridades no confirmaron que la joven colombiana formara parte de él.

Este portal, detalló el comunicador, es señalado como el sucesor de Zona Divas, un portal que cerró por vínculos con el tráfico de mujeres, desaparición de personas y grupos criminales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó que en las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda anunciada por la Secretaría de Gobierno (Segob), no incluya una política para prevenir y erradicar la desaparición. La organización reconoció que el tema de las desapariciones aparece como una prioridad, pero sostuvo que los anuncios no atienden las fallas de la política pública.

Centro Prodh recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU recomendó desde el 2021 la creación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. De acuerdo con la organización, las acciones planteadas por Segob se alejan de esa recomendación.

10 acciones para atender la desaparición de personas en México

La Estrategia Nacional de Búsqueda contempla 10 acciones y fue explicada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado jueves 3 de septiembre; las cuales son:

1. Completar datos de registro: Asegurar que todos los reportes ingresados al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tengan información íntegra, con el apoyo de expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico y jurídico.
2. Apertura de carpetas de investigación: Garantizar que cada caso reportado como desaparición esté respaldado por su respectiva carpeta de investigación.
3. Seguimiento y transparencia de reportes: Informar los progresos de búsqueda utilizando la Plataforma Única de Identidad y los resultados del trabajo territorial de las brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
4. Actualización de alertas inmediatas: Comunicar continuamente los avances generados a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).
5. Búsqueda en vida: Reforzar y extender los esfuerzos de localización en instituciones como hospitales, centros de reclusión y otros espacios públicos y privados.
6. Plan de Identificación Humana: Implementar una estrategia liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de disminuir el rezago forense.
7. Prevención en entornos digitales: Desplegar medidas para evitar el reclutamiento y cooptación de jóvenes que ocurre a través de plataformas digitales.
8. Fortalecimiento de la CNB: Ampliar la capacidad humana, técnica y operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda incorporando personal especializado.
9. Atención a víctimas: Sostener un diálogo permanente, cercano y constante con los colectivos y las familias de las personas desaparecidas.
10. Despliegue territorial: Llevar las acciones de búsqueda directamente a las entidades federativas a través de jornadas de atención a familias y una mayor coordinación local.

Medina Padilla, así como la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dijeron que la búsqueda de personas desaparecidas ha sido un tema relevante en su agenda y lo seguirá siendo en lo que resta de la administración de la presidenta.

Centro Prodh cuestiona el uso de las carpetas de investigación de personas

Uno de los señalamientos de la organización se dirige a la decisión de usar la Base Nacional de Carpetas de Investigación como un registro central para los casos de desaparición. Centro Prodh advirtió que estos mecanismos podrían excluir los casos que no llegan a las fiscalías.

La organización sostuvo que muchas personas enfrentan obstáculos para presentar denuncias en contextos de criminalidad. Ese escenario, señalan, puede resultar en un subregistro de personas desaparecidas.

Centro Prodh expuso que las fiscalías concentran denuncias que no siempre reflejan la totalidad de los casos, además, señaló que las familias y víctimas de desaparición pueden presentar dificultades como el acceso a la justicia, así como el miedo a acudir ante autoridades ministeriales.

El organismo también cuestionó que se deposite parte de la estrategia de identificación forense en las fiscalías sin una reforma de fondo a esas instituciones. En su mensaje, afirmó que el desempeño de las fiscalías frente a la crisis de desapariciones ha sido documentado por familiares y organizaciones.

“Buscar no debe costar la vida”: agresiones contra buscadores continúan incrementando

Entre los riesgos que no se contemplan en el plan de Segob está la atención a las personas buscadoras, ya que estas continúan siendo violentadas.

Como ejemplo del panorama violento que enfrentan, mencionaron el caso de la buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo, quien sufrió un ataque armado el pasado sábado 29 de agosto en Sinaloa y que desde el 2009 ha trabajado por localizar a su hermano Miguel Ángel Rojo.

“Mientras tanto, las personas buscadoras siguen siendo objeto de agresiones graves (...) Buscar no debe costar la vida”, expresó Centro Prodh.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el ataque contra Rojo y también dirigió un mensaje al gobierno de México, recordándole que “los Estados deben proteger a las personas defensoras, que incluye a quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas”.

Mariano Martínez, de 21 años, permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, luego de retirarse de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde había ido a entregar un trabajo. Sin embargo, mientras se despliega la búsqueda, este jueves, pasadas las 14:30, los padres confirmaron ante los medios que recibieron una foto desde Córdoba, en la que su hijo estaría en un local de sushi. La misma sería del martes, por lo que aún no es oficial su hallazgo.

“A mí me pasó la foto nomás el de la DDI y me dijo: ‘Sí, ese es Mariano, el de la foto”, explicó el padre. “La foto dice que es del día martes, es lo más cercano que tenemos de todo”, amplió en diálogo con la prensa. El momento es de cuando el joven fue a una casa de sushi en busca de trabajo. Dejó un currículum.

Los padres también contaron que ellos afirmaron que el joven de la foto se trataba de Mariano, pero no recibieron más información ni respuesta oficial de que lo hayan encontrado hoy.

El joven, oriundo de Berazategui, dejó pistas de su recorrido a través de cámaras de seguridad y el uso de su tarjeta SUBE, pero desde que las autoridades ubicaron su presencia en la zona de Constitución. Desde allí, perdieron su rastro hasta este jueves con la información de su presencia en Córdoba.

Cuando fueron consultados por su viaje a Córdoba, Alicia y Gustavo, la madre y el padre, no encontraron respuestas. “No sé, yo lo que estaba hoy analizando después de todo esto, cuando apareció que está en Córdoba, es que capaz se quiere ir y está buscando trabajo porque se quiere ir a vivir allá”, dijo el padre.

En cuanto al ambiente familiar, aseguraron que había una buena relación con su hijo, por lo que también sorprende que se quiera ir. “Estaba todo bárbaro, no tuvimos ninguna discusión. Hasta le dijo a la mañana: ‘chau mamá, me voy’”, remarcó.

Ahora, la familia aguarda por la confirmación oficial por parte de las autoridades para saber si lograron dar con el paradero de Mariano y que les aseguren que está sano y con vida.

Qué se sabe hasta ahora de su búsqueda

El estudiante había dedicado gran parte del fin de semana a preparar la entrega. El lunes salió de su casa alrededor de las 8 con un bolso que contenía las láminas del trabajo y llegó a la facultad cerca de las 9. Allí les dijo a sus compañeros que se sentía descompuesto, le entregó el material a uno de ellos y se retiró del lugar.

Al mediodía, cuando la familia intentó comunicarse con él para saber cómo le había ido, Mariano no respondió los mensajes. Con el paso de las horas y sin señales del joven, sus padres comenzaron a reconstruir sus movimientos con la ayuda de cámaras de seguridad y el registro de la tarjeta SUBE.

Esa reconstrucción permitió establecer que, tras salir de la facultad, se dirigió a Punta Lara, en el partido de Ensenada, un destino que, según su madre, no formaba parte de sus recorridos habituales. Las cámaras lo captaron mientras caminaba por la avenida Almirante Brown y luego se dirigía hacia una parada de la línea 275, colectivo que tomó para regresar a La Plata.

Fue en ese trayecto, a las 14.35, cuando Mariano envió el único mensaje del día. Se lo escribió a su hermano Lucas, de 19 años, y le compartió la contraseña de su computadora. “Luquita, tomá, acá te mando la clave”, recordó su madre, Alicia, en diálogo con TN.

Gustavo, el padre del joven, precisó el contenido exacto del mensaje: “Ahí decía que la clave de la notebook era ‘paintball’”, y agregó que su hijo había escrito: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

Para los padres, ese mensaje adquirió un significado particularmente inquietante. “Lo de la clave de la computadora lo tomamos como una despedida definitiva. Eso nos asustó mucho”, expresó Alicia.

A las 16.17 de ese lunes, Mariano abordó un tren de la línea Roca con destino a Constitución. Durante el viaje se cruzó con un compañero, que descendió en la estación Hudson, mientras el joven continuó su recorrido hasta la terminal porteña. Desde allí, no lograron saber nada de su recorrido hasta la última aparición en Córdoba.

Alicia describió la incertidumbre que atraviesa la familia desde entonces. La mujer relató que le transfirió dinero a su hijo, aunque el teléfono permanece con los datos apagados y ningún mensaje obtuvo respuesta.

La madre remarcó además que la desaparición contradice por completo la conducta habitual del joven. “No falta un sábado de mi casa, no falta un domingo, no pasa una noche fuera de mi casa”, sostuvo, y reclamó avances en la causa judicial.

En diálogo con El Trece, Alicia hizo un pedido directo dirigido a Mariano: “Si te arrepentiste y no querés seguir la carrera, no nos importa si estudiás o no. Yo sé que me decías siempre que la carrera la habías elegido vos. Te queremos con todo el corazón, no hagas una locura, no sientas vergüenza, vení y hablá con nosotros, yo vivo por vos. Te quiero ver”.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 3 de septiembre las 10 acciones para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en México.

El subsecretario explicó que la estrategia contempla garantizar que todos los reportes integrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, (RNPDNO), cuenten con datos completos. Para ello se prevé el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros.

Ese grupo trabajará en análisis técnico, científico y jurídico para implementar acciones sobre el registro y los procesos de búsqueda. Medina detalló que el perfil requerido incluye análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.

El objetivo, agregó, es contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, de los mecanismos de búsqueda y, en su caso, de las adecuaciones necesarias al marco jurídico. Ese componente busca corregir vacíos de información y hacer más útil el cruce de datos para localizar personas.

En los últimos dos meses se concretaron 3 mil 39 localizaciones. A través de la Alerta Nacional se localizó en los últimos meses a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desmintieron el supuesto hallazgo de más de 20 bolsas con restos humanos vinculadas al caso, mediante un comunicado en el que calificaron la información de “falsa e imprecisa”.

Los familiares advirtieron que no recibieron ninguna notificación oficial al respecto, pese a que días antes se habían reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a funcionarios directamente responsables de las investigaciones, quienes tampoco les informaron sobre un descubrimiento de esa magnitud.

El rechazo se produce a días de cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y en medio de la difusión de versiones no confirmadas que, según los propios familiares, generan confusión entre las familias y la sociedad.

Ante estos señalamientos, los familiares destacaron que desconocen el punto del río San Joaquín al que hace referencia la información difundida. Tampoco reconocen como confirmado el vínculo entre esos restos y los 43 estudiantes desaparecidos.

La versión que circuló en medios describía fragmentos humanos localizados en distintos puntos de los municipios de Cocula e Iguala, incluida la funeraria El Ángel. Según información difundida por medios como Reto Diario y recogida por la agencia EFE, esa funeraria operaba con un horno crematorio clandestino sin registro oficial.

Los padres advirtieron que la versión mezcla datos de diferentes etapas de la investigación. Esa mezcla, afirmaron, produce confusión y revictimiza a las familias que llevan casi 12 años en búsqueda activa.

La existencia de restos con exposición térmica en el basurero de Cocula ya formaba parte del expediente desde las primeras investigaciones, según información publicada por sociedad-noticias.com. En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había recuperado más de 60 mil fragmentos óseos en ese basurero y en el río San Juan, de los cuales se tomaron muestras para estudios genéticos en la Universidad de Innsbruck.

La reunión con Sheinbaum no incluyó información sobre los restos

Los familiares precisaron que en su reunión con la presidenta Sheinbaum participaron funcionarios con responsabilidad directa en el caso. Estuvieron presentes el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y representantes de la Secretaría de Gobernación.

Ninguno de esos funcionarios les comunicó el supuesto hallazgo durante el encuentro. Para los padres, esa omisión resulta significativa dado el peso de la información que circuló en los días posteriores.

La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, había informado en agosto que ordenó un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de las actuaciones existentes en el caso, según Milenio. La FGR indicó que ese trabajo abrió nuevas líneas de investigación, aunque sin confirmar resultados definitivos.

Hasta la fecha, ningún resultado pericial confirma que los fragmentos recuperados de las más de 20 bolsas pertenezcan a alguno de los 43 estudiantes. Los estudios antropológicos, forenses y genéticos aún están en curso.

Los especialistas independientes no se negaron a analizar restos, según los familiares

Los padres rechazaron también la versión de que especialistas independientes que acompañan la investigación desde 2014 se hayan negado a realizar pruebas sobre los restos encontrados. Esa afirmación, que circuló junto a la noticia del supuesto hallazgo, fue calificada por los familiares como parte de la información “falsa e imprecisa”.

Por el contrario, los familiares afirmaron que las familias, sus representantes y los expertos del caso tienen interés en que cualquier resto localizado sea sometido a las pruebas científicas correspondientes. El objetivo es establecer el origen y la identidad de esos fragmentos de forma rigurosa.

Los padres exigieron que toda información vinculada al paradero de sus hijos se maneje con rigor, responsabilidad y sustento científico. Subrayaron el daño que las versiones sin respaldo generan en familias que llevan casi 12 años en espera de respuestas concretas.

La periodista Elia Almanza, en declaraciones al programa de Julio Astillero recogidas por el portal julioastillero.com, alertó sobre el riesgo de que los supuestos hallazgos se utilicen para cerrar la investigación. Almanza advirtió que elementos similares ya habían sido revisados en etapas anteriores del proceso y pidió tomar la información con cautela.

La analista consideró preocupante que, después de más de una década, las familias regresen a un escenario de incertidumbre. Señaló, además, que la narrativa que rodea a los nuevos hallazgos retoma elementos de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial desacreditada que el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó en 2014.

A 12 años de Iguala, los familiares reiteran su exigencia de verdad y justicia

Los familiares reiteraron que seguirán exigiendo investigaciones serias y resultados verificables. Insistieron en que cualquier posible hallazgo relacionado con los estudiantes debe ser comunicado primero a las familias y respaldado por análisis científicos antes de su difusión pública.

La postura de los padres se produce a menos de un mes del 12 aniversario de la desaparición de los normalistas. La fecha marca un nuevo ciclo de presión pública sobre las autoridades para dar respuestas concretas a un caso que permanece sin resolución.

El caso Ayotzinapa es considerado uno de los episodios de violación a los derechos humanos más graves de la historia reciente de México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos movilizó protestas en todo el país y generó escrutinio internacional sobre las instituciones de seguridad y justicia mexicanas.

Los padres dejaron en claro que no aceptarán conclusiones que no estén respaldadas por evidencia científica verificable e independiente. La exigencia de los familiares permanece intacta: verdad, justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó la búsqueda de Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza después de que una media hermana acudió al ministerio público para preguntar por ellas, convencida de que estaban bajo resguardo oficial tras el ataque ocurrido en San Pedro Cholula. El caso quedó ligado al asesinato de Ricardo, de 17 años, y al proceso penal contra su tío Ángel Rodríguez, de 30, porque las tres niñas fueron reportadas como desaparecidas en la misma ruta temporal en la que se descubrió el crimen familiar.

Las menores tienen 13 años, 10 años y 8 años. La autoridad indicó que fueron vistas por última vez el 26 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan, una fecha que coincidió con el periodo en que se conocieron los hechos violentos dentro del inmueble familiar.

La búsqueda comenzó cuando los familiares acudieron a solicitar los restos de Ricardo, el adolescente de 17 años que murió días después de haber sido golpeado por su tío. Fue entonces cuando expusieron que durante todo ese tiempo pensaron que las niñas ya estaban protegidas por la Fiscalía, pero el ministerio público dijo no tener información sobre su ubicación.

Ese dato cambió el sentido de la investigación. Lo que la familia entendía como un resguardo institucional terminó por convertirse en una desaparición formalmente investigada por las autoridades estatales.

La desaparición de las niñas coincidió con el ataque en San Pedro Cholula

La Fiscalía abrió las indagatorias para establecer qué ocurrió con las menores y activó los protocolos de búsqueda correspondientes. Hasta ahora, el dato confirmado era que Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza habían sido vistas por última vez en Santiago Momoxpan.

La coincidencia de lugar y fecha con el ataque atribuido a Ángel Rodríguez colocó a las tres hermanas en el centro de un expediente que ya investigaba la muerte de dos adultos mayores y de un adolescente lesionado que después falleció. La autoridad no tenía conocimiento previo de la presencia de las niñas en la vivienda el día de los hechos, por lo que seguía sin esclarecerse si pudieron haber sido víctimas del agresor o si salieron del lugar antes.

El antecedente inmediato del caso se ubicó la noche del 25 de julio de 2026, cuando se registró el ataque del fisicoculturista en San Pedro Cholula. Después, el 26 de julio, elementos de la Policía Municipal localizaron dentro del inmueble a dos adultos mayores sin vida y a un menor lesionado.

Ese menor era Ricardo, quien posteriormente murió a causa de las heridas. A partir de su fallecimiento, la familia inició diligencias para recuperar sus restos y, en ese trayecto, apareció la ausencia de sus tres hermanas menores.

El DIF ya había intervenido por la custodia de los hermanos

La información preliminar indicó que los padres de las menores desaparecidas y del joven asesinado habrían enfrentado problemas de salud mental durante varios años. Por esa razón, el Sistema DIF intervino y retiró la custodia de los hijos.

Después de esa medida, los hermanos quedaron bajo el cuidado de su tía paterna, Luz María Morales González. Tras el fallecimiento de la mujer, la familia volvió a perder contacto con las niñas.

Ese antecedente explicó por qué los familiares no tuvieron claridad inmediata sobre el paradero de las menores. La ausencia se conoció públicamente en medio de una investigación penal que ya involucraba a otros integrantes de la misma familia.

La preocupación aumentó porque el principal sospechoso del ataque era un familiar directo de las víctimas y fue detenido en flagrancia. Actualmente enfrentaba un proceso penal para definir su situación jurídica por los hechos ocurridos en la vivienda.

Las autoridades también señalaron que Ángel Rodríguez habría atacado a Ricardo de forma violenta en un episodio de psicosis presuntamente provocado por consumo de narcóticos. Esa línea formó parte del contexto en el que la familia buscó reconstruir lo ocurrido con todos los integrantes que se encontraban alrededor del domicilio de San Pedro Cholula.

La investigación debía resolver dos preguntas al mismo tiempo

La indagatoria quedó obligada a responder, por un lado, cómo ocurrieron los homicidios y lesiones dentro del inmueble. Por otro, debía establecer dónde estaban Pamela, Kimberly y Jade, cuya ausencia no había sido aclarada al momento en que la media hermana preguntó por ellas ante la autoridad.

El expediente tomó una dimensión mayor porque la desaparición de las niñas no surgió a partir de un reporte inmediato de localización, sino de una suposición equivocada de la propia familia: creyeron que la Fiscalía ya las tenía bajo protección. Cuando supieron que eso no era así, se abrió una nueva línea de investigación.

La búsqueda de las tres hermanas también obligó a revisar el periodo posterior a la muerte de su tía paterna, momento en que se perdió nuevamente el rastro de ellas. Desde entonces, la familia no tuvo noticias confirmadas sobre su situación.

La FGE mantenía activos los protocolos para localizar a las menores y esclarecer las circunstancias exactas de su desaparición. Al mismo tiempo, seguía la investigación sobre el ataque que dejó sin vida a dos adultos mayores y a Ricardo, el adolescente cuya muerte destapó la ausencia de sus hermanas.

• La FGE buscó a Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza, de 13, 10 y 8 años, después de que su familia descubrió que no estaban bajo resguardo oficial.

• Las niñas fueron vistas por última vez el 26 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan, en coincidencia temporal con el ataque familiar en San Pedro Cholula.

• El caso quedó vinculado al proceso penal contra Ángel Rodríguez, detenido en flagrancia tras el crimen en el que murieron dos adultos mayores y Ricardo, de 17 años.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al 29 de agosto, la crisis de desapariciones en el país suma un histórico de 128,286 reportes de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años desde 1952.

De ese total, 17,487 infancias continúan desaparecidas o no localizadas, lo que equivale a uno de cada siete casos reportados.

Históricamente, dos de cada tres personas registradas en esta situación son mujeres: 85 mil 210 casos históricos frente a 43 mil 076 de hombres. Sin embargo, REDIM alerta sobre un cambio sin precedentes en la estadística de quienes permanecen desaparecidos actualmente: por primera vez, la cifra de varones no localizados 8 mil 814 supera de forma ligera a la de las mujeres 8 mil 642).

Urgen al gobierno de México garantizar la búsqueda y localización de infancias desaparecidas

La REDIM insta al gobierno de México a cumplir con su responsabilidad de garantizar a la niñez y juventud el derecho a ser buscadas, encontradas y protegidas. Subrayan que las labores de búsqueda deben realizarse con estricto apego a los derechos humanos, asegurando la investigación, reparación del daño y la no repetición.

Además, la organización señala que la población tiene un papel fundamental para ayudar a prevenir la desaparición de niñas y niños. “No es un problema de otros”, sino que involucra a toda la sociedad. Para contribuir, recomiendan adoptar las siguientes acciones:

• Informarse a través de historias de niñas, niños y adolescentes, así como acerca de los derechos de la niñez.
• Sensibilizarse ante la desaparición de infancias y adolescentes en México
• Acompañar a familias y organizaciones buscadoras, así como la difusión de información veraz.
• Escuchar a las infancias buscadoras, así como sumarse a
• su protección.

¿Qué hacer si desaparece una niña, niño y adolescente en México?

A través de cápsulas informativas en sus plataformas oficiales protagonizadas por “Chuchi el cacomixtle”, un personaje especialista en búsqueda, REDIM subraya que el factor más crítico para lograr la localización es la rapidez con la que se inicie la búsqueda y se recolecten los primeros indicios.

El proceso debe arrancar de forma inmediata tras el primer reporte, estructurándose en tres ejes:

• Atención y entrevista familiar: Es el paso fundamental para recabar datos urgentes que permitan rastrear rutas, ubicar testigos, solicitar información, revisar cámaras de videovigilancia y buscar en lugares clave.
• Coordinación oficial: Las comisiones estatales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda son las instituciones encargadas de organizar y ejecutar estas diligencias.
• Denuncia de servidores públicos: Si existe sospecha de que policías u otras autoridades participaron en la desaparición, el hecho debe denunciarse.

Para lograr la localización, es la rapidez en el inicio de la búsqueda y en la recolección de los primeros indicios. REDIM tiene disponibles recursos adicionales en su página oficial y en redes sociales, donde no solo informan sobre la desaparición, sino que también brindan información sobre salud, migración, trabajo infantil, entre otros.

Hombres armados secuestraron y desaparecieron a su hijo; el crimen organizado también le arrebató la vida a Federico García Parra, profesor indígena me’phaá y asesor técnico pedagógico en la Montaña Alta de Guerrero, fue asesinado en el municipio de Atlixtac a balazos el pasado miércoles 26 de agosto.

El docente fue atacado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en las inmediaciones de la escuela primaria bilingüe “Antonio Plaza”, en Zapotitlán Tablas. Lo interceptaron cuando salía de su junta de Consejo Técnico, que realizan todos los docentes a nivel nacional, abriéndole fuego a unos metros de distancia del ayuntamiento y la comandancia policial, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan.

Vecinos y familiares de García Parra denuncian que durante el último año se han reportado el asesinato de dos profesores, una pareja joven, además del secuestro de Luis Fernando García Sánchez, hijo del profesor bilingüe.

El joven fue privado de la libertad el pasado 10 de septiembre de 2025, mientras viajaba en transporte público; su padre se dedicó a su búsqueda, como miembro del colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, en donde acompaña a otras familias buscadoras y denunciaba la violencia en la zona. A casi un año del secuestro, de García Sánchez, siguen sin haber avances y este se convirtió en huérfano, sin saberlo.

La violencia y la impunidad en la Montaña de Guerrero

De acuerdo con los habitantes de la Montaña de Guerrero, viven bajo la amenaza constante del grupo criminal Los Ardillos, aunque el gobierno federal ha señalado que también operan Los Tlacos. Solo en este año han sido asesinados, además de García Parra, el profesor Abel Albino Torres y la pareja de comerciantes Cristal Avilés Sierra y Emilio Pacheco Florentino. Ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido. La autoridad ni siquiera abrió una investigación formal tras el asesinato de la pareja, lo que desató indignación y temor generalizado en Huitzapula.

A través de un comunicado, el Centro Tlachinollan y el colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, denuncian que la policía municipal desatiende las denuncias y llamados de auxilio. El asesinato de Federico García Parra ocurrió cerca de las instalaciones oficiales; hubo omisión de autoridad.

“Es muy común que las corporaciones policiacas se desentiendan de su deber constitucional de prevenir el delito y brindar protección a las personas”, afirman.

En comunidades aledañas a Huitzapala y en el resto de Guerrero, se han reportado diversas vejaciones a las personas pese a la presencia de autoridades federales y estatales en las zonas. Pues, la mañana del pasado martes 25 de agosto, la Fiscalía estatal confirmó a Infobae México el hallazgo de cuatro cuerpos desmembrados; sus restos fueron esparcidos sobre la carretera, esto en Chipala. Horas más tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la entrega de maíz y frijol a las familias desplazadas. de Teticic, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero (creado a partir del registro de desplazamiento forzado orquestado por grupos criminales).

Respecto al Plan Maestro implementado en municipios como Zapotitlán Tablas y Atlixtac, la comunidad sostiene que este no ha logrado frenar los delitos ni garantizar la protección de la población.

Tres días, tres buscadores atacados: la antesala violenta al Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

En un lapso de menos de 72 horas, y justo antes de que en México se conmemorara el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la violencia golpeó de manera consecutiva a tres buscadores de personas desaparecidas, en dos estados del país.

El pasado miércoles 26, fue asesinado a balazos Federico García Parra. Un día después, el jueves 27, fue reportada como desaparecida Elisa Altagracia Bonilla Carrillo, madre buscadora de 38 años, en Mazatlán, Sinaloa, quien buscaba a su hijo Kebin Alexander, desaparecido en la misma ciudad en octubre del 2025.

El tercer episodio se registró el sábado 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa, donde la madre buscadora Alma Rosa Roja Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto a su hija y sus tres nietas mientras circulaban en un vehículo por la colonia Esthela Ortiz de Toledo. Rojo Medina, quien busca a su hermano desaparecido desde hace más de 15 años, resultó herida de bala en el brazo; se trató del segundo atentado registrado en su contra desde que comenzó su labor de búsqueda. La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa.

Colectivos defensores de derechos y buscadores han pedido que, respectivamente, las agresiones sean investigadas y aclaradas, hasta que se haga justicia.

Exigen respuestas y revisión de estrategias oficiales

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan y colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, exigen que el homicidio de Federico García Parra sea investigado a fondo y que se identifique tanto a los autores materiales como intelectuales. Emplazan al Congreso de Guerrero para que convoque a los presidentes municipales de Zapotitlán Tablas y Atlixtac a rendir cuentas sobre las acciones y medidas tomadas para proteger a su población.

Además, urgen que el gobierno federal implemente operativos efectivos y recupere el control del territorio, pues el plan actual no ha garantizado seguridad para los habitantes de Huitzapula. Piden que no se minimice la violencia y se deje de criminalizar a quienes denuncian.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), integrado por más de 500 familias de buscadoras y víctimas de la desaparición, acompañadas por él Y se manifestó frente al Palacio de Gobierno donde anunció acciones legales contra la gobernadora.

El reconocimiento que no había llegado antes

En un mensaje emitido en un video publicado en su cuenta oficial en ‘X’, se dirigio a las familias buscadoras, la mandataria admitió que la respuesta del Estado no ha sido suficiente. “No hemos hecho todo lo deseable”, dijo, y fue más lejos al señalar que esperaba un respaldo del gobierno federal que nunca llegó como se anticipaba.

La gobernadora reconoció el peso concreto que implica buscar: los traslados, los días sin poder trabajar, los trámites, los gastos que “salen de donde no hay”. El apoyo económico del nuevo programa, aclaró, no pretende reparar nada. “Ningún recurso devuelve a un ser querido”, afirmó.

El nuevo programa refuerza servicios que ya existían —atención médica, psicológica y alimentaria, gestiones de empleo, vivienda y becas— y les agrega por primera vez un componente de apoyo económico solidario. La iniciativa arranca con 450 familias y, según la propia Campos, se irá ampliando.

La deuda que los colectivos no olvidan

El anuncio no disipó la tensión acumulada durante los cinco años del gobierno de Campos. El CEDEHM y las familias que acompaña denunciaron que la gobernadora estatal nunca recibió a las madres buscadoras en audiencia pública desde que asumió el cargo, a diferencia de las dos administraciones anteriores.

El pasado 7 de agosto, el colectivo presentó una solicitud formal de audiencia con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del estado. Pedían una reunión presidida personalmente por la gobernadora para este domingo 30 de agosto, con alrededor de 150 familiares víctimas de la desaparición de distintas regiones. El plazo legal venció el 20 de agosto sin respuesta.

Lo que llegó, en cambio, fue una invitación de la Fiscalía General del Estado a un encuentro sin la presencia de Campos, convocado para el sábado 29 de agosto, en una fecha distinta a la solicitada y con un formato definido por la autoridad. El colectivo rechazó asistir.

La gobernadora prometió dar seguimiento personal a esas mesas. “No van a caminar solas”, dijo.

Ocho personas fueron detenidas por su presunta implicación en el secuestro de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportados como desaparecidos desde el mes de junio pasado cuando se encontraban en los límites de Puebla e Hidalgo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los ocho presuntos implicados fueron detenidos tras diversas técnicas de investigación que permitieron identificar datos financieros y de líneas de comunicación.

Las ocho personas fueron arrestadas durante cateos a cinco inmuebles, donde se localizó a Adaid “N”, Xóchitl “N”, Luis “N”, Carlos “N”, Moisés “N”, Jesús “N”, Valeria “N” y Litzi “N”.

Tras aportar los datos de prueba, la autoridad judicial decidió vincularlos a proceso por el delito de secuestro agravado, cometido en contra de los dos trabajadores de CFE.

Las víctimas son Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, quienes partieron el 26 de junio desde el municipio poblano de Huauchinango alrededor de las 6:30 horas con destino a la autopista 132D México-Tuxpan, donde debían realizar trabajos de tendido de cableado eléctrico

De acuerdo con la investigación, los dos trabajadores fueron atacados mientras reparaban un vehículo en la carretera Tulancingo-Huauchinango antes de desaparecer.

Un día después de los hechos, las dos camionetas en las que viajaban —una Toyota color gris y una Chevrolet Silverado blanca de doble cabina— fueron halladas abandonadas en La Mesa de Acaxochitlán, Hidalgo. De acuerdo con reportes, el momento del hallazgo, los vehículos ya no contaban con placas de circulación ni con los logotipos oficiales de la CFE.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó días después de la desaparición de los dos trabajadores que desde los primeros días mantuvo coordinación con las corporaciones de seguridad y comunicación permanente con los familiares de los electricistas.

“Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros trabajadores: daremos total seguimiento a este evento, refrendando nuestra responsabilidad con la integridad de quienes conforman y son el motor de la Comisión Federal de Electricidad”, señaló la empresa en sus redes sociales.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó más tarde que la FGR atrajo la investigación al tratarse de empleados de una empresa del Estado, por lo que asumió las investigaciones correspondientes.

Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, precisó que las tres instituciones -tanto la de Fiscalía de Puebla como la FGR-compartían información y realizaban diligencias de manera conjunta para localizar a los dos trabajadores.

“Nosotros colaboramos con la federación, junto con la Fiscalía de Puebla para dar con su paradero. Quien lleva la directriz es la FGR”, declaró el funcionario.

Hasta el momento los dos trabajadores no han sido localizados a dos meses de su desaparición, por lo que continúan las labores de búsqueda e investigación.

Adolfo López Saldaña, uno de los trabajadores, es identificado por ser de tez morena, complexión robusta, cabello ondulado de color negro. Mide 1.64 m y no cuenta con señas particulares, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

Por su parte, Marco Antonio Sarmiento García es de tez morena clara, complexión regular, cabello lacio y corto de color café oscuro, ojos café claro y de estatura 1.64 m. Como seña particular, cuenta con tatuajes en ambos brazos, aunque no se precisó de qué tipo.

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en San Luis Potosí en el mes de marzo, cuando siete electricistas fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familiares al concluir su jornada laboral en Matehuala.

La búsqueda movilizó a 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, además de agentes de la policía estatal, vehículos en tierra y aeronaves.

Los trabajadores realizaban obras de construcción y trabajos de electricidad para una empresa particular subcontratada por la Comisión Federal de Electricidad. Cinco días después de ser reportados como desaparecidos fueron localizados con vida en el mismo municipio potosino.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha invitado a la población solidaria a participar en la misa en el marco de este domingo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A través de su cuenta oficial en ‘X’, los buscadores compartieron detalles de la situación.

Bajo el llamado de “Caminemos juntos por quienes nos faltan”, las actividades iniciarán a las 10:30 horas en el punto de reunión establecido en la sucursal de Chedraui Colón. Desde ese lugar, los familiares y simpatizantes partirán en una caminata hacia el Santuario de los Santos Mártires.

Al llegar al recinto, se llevará a cabo una misa conmemorativa oficiada por el cardenal José Francisco Robles Ortega. Este encuentro se realiza por cuarto año consecutivo, buscando servir como un espacio de fe, oración y memoria para honrar a las personas desaparecidas y acompañar a sus familias en su dolor.

Los organizadores solicitan a los asistentes llevar fotografías de fichas de búsqueda y lonas de sus seres queridos desaparecidos para que “sus rostros estén presentes y su memoria siga viva”.

La Iglesia mexicana llama a acompañar la búsqueda de desaparecidos en su día internacional

La Iglesia de México pidió desde su cuenta oficial en ‘X’ que la búsqueda de personas desaparecidas “nos encuentre”, por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En su publicación, sostuvo que “México necesita salir al encuentro de quienes buscan; de quienes sufren; de quienes tienen responsabilidades públicas”.

El mensaje añadió que la invitación se renueva ante “la desaparición de miles de personas y el sufrimiento de sus familias”. También pidieron a Santa María Guadalupe, “madre de todos los mexicanos, ruega por quienes faltan, ruega por quienes buscan, ruega por nuestras familias y ruega por nuestro México”.

Buscadores compartirán su experiencia en el rastreo de sus familiares

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) también tiene preparada una serie de actividades en Jalisco, en el marco de la conmemoración del 30 de agosto, fecha para recordar a las personas desaparecidas y exigir justicia en sus casos.

A partir del domingo 30 de agosto estará disponible la exposición colectiva “Grabados para la Búsqueda” hasta el 13 de septiembre, donde colectivas de familias buscadoras contarán sus historias, voces y su proceso de búsqueda.

Además, el día se realizará el conversatorio “La desaparición en Jalisco”, donde colectivos de familias buscadoras y el CEPAD compartirán sobre los desafíos a los que se enfrentan los buscadores.

Ambas actividades se llevan a cabo en La Fábrica, en la calle C. José Encarnación Rosas #633, El Retiro en Guadalajara. A partir de las 6:00 horas. La entrada es totalmente gratuita.

La Junta de Turismo de Nepal ha confirmado este domingo que los tres españoles que permanecían desaparecidos tras la riada del pasado miércoles en el distrito de Rasuwa han sido localizados y están en contacto con las autoridades.

El proceso de encontrar a estos tres ciudadanos de España se ha producido de forma escalonada a lo largo del fin de semana. El viernes se localizó al primero de los tres compatriotas; el sábado, a un segundo. Este domingo, la actualización de la tarde del organismo turístico nepalí ha incluido a los tres españoles en la lista de “localizados y en contacto”, junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantiene “plenamente movilizadas” a las legaciones diplomáticas en la región. Durante la tarde del sábado, fuentes de su ministerio todavía apuntaban que dos compatriotas seguían en paradero desconocido.

Un desastre con casi 3.000 desaparecidos y más de 750 muertos

La gran riada de Rasuwa, desencadenada por el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, ha arrasado poblaciones e infraestructuras a lo largo del río Bhote Koshi y el condado de Gyirong, en el Tíbet. El balance de víctimas mortales asciende, por el momento, a 750 muertos (734 en Nepal y 16 en el lado chino), si bien hay casi 3.000 personas todavía en paradero desconocido entre ambos territorios.

De ese total de desaparecidos, 591 son extranjeros, según el último recuento de la Junta de Turismo nepalí. Las autoridades de Nepal y China los contabilizan de forma separada al no disponer de un mecanismo transfronterizo unificado. Con todo, más de 4.400 personas han sido puestas a salvo desde el inicio de las operaciones, entre ellas 184 turistas extranjeros. La destrucción de puentes y carreteras ha dificultado los accesos desde el primer momento, y las labores de búsqueda se vieron interrumpidas temporalmente por la lluvia y la niebla.

Los equipos sobre el terreno se enfrentan ahora al endurecimiento del lodo. Uno de los focos más urgentes es el rescate de más de 100 trabajadores atrapados en los túneles de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, donde el ejército nepalí emplea equipos de perforación.

Todos los ojos puestos en la zona del desastre

Nepal ha declarado la zona en estado de desastre durante tres meses y mantiene desplegados entre 10.000 y 15.000 efectivos. El Gobierno nepalí ha pedido ayuda internacional urgente en materia forense y técnica para gestionar el colapso de las morgues. Los expertos han descartado el riesgo de una nueva rotura repentina de la represa natural formada por el desprendimiento de lodo y rocas: el agua circula ya de forma fluida, aunque la vigilancia sobre la zona continúa.

Desde el plano internacional, la ONU ha liberado 1,7 millones de euros en ayuda de urgencia y la OMS se ha movilizado para alertar de que 10.000 familias se encuentran en necesidad urgente. Por su parte, organismos como la OIM y Save the Children se han sumado a la asistencia enviada por Estados Unidos e India. El primer ministro chino, Li Qiang, también se ha desplazado al Tíbet enviado por el presidente Xi Jinping.

El Departamento de Estado de Estados Unidos intenta determinar el paradero de cerca de 100 estadounidenses desaparecidos tras la catástrofe que golpeó la frontera entre Nepal y el Tíbet, en un desastre que ya dejó cientos de muertos y miles de personas sin localizar.

La cifra convirtió a la emergencia en un asunto de alto interés para Washington por la cantidad de ciudadanos de EE.UU. afectados en una zona remota y de difícil acceso.

El episodio comenzó después de un colapso glaciar en la región del Himalaya. A partir de ese punto, una masa de agua, rocas y sedimentos bajó por los valles y arrasó pueblos, puentes, rutas y campos en ambos lados de la frontera, tal y como reconstruyeron NBC News y The Associated Press.

Mientras las autoridades intentan establecer cuántos extranjeros siguen desaparecidos y dónde se concentra cada caso, el riesgo no cede.

Las autoridades nepalíes advirtieron este domingo sobre posibles nuevas crecidas tras nuevas lluvias y por el aumento del caudal en ríos de la zona, informó AP.

El foco de Washington está en los desaparecidos

NBC News reportó que la cifra de estadounidenses sin localizar incluye casos a ambos lados de la frontera, en una región de alta montaña a la que habían llegado turistas, trabajadores y peregrinos extranjeros antes del desastre.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no difundió una lista pública de los ciudadanos afectados ni precisó en qué puntos se concentra la mayoría de los casos.

La magnitud del desastre complica la identificación de víctimas. NBC News detalló que en Nepal las morgues quedaron desbordadas y que las autoridades comenzaron a recolectar muestras de ADN para intentar notificar a los familiares.

Un agente policial del distrito nepalí de Chitwan describió una escena extrema. “Más de la mitad de los cuerpos recuperados no pueden ser reconocidos”, afirmó Anil Thapa a Reuters, en declaraciones citadas por NBC News.

El oficial añadió que en varios casos “no se distinguen los rostros” y que a veces solo quedan partes del cuerpo.

Qué se sabe del desastre en la frontera del Himalaya

En el lado nepalí, la agencia nacional de desastres informó 752 muertos y 2.502 desaparecidos. Las autoridades chinas reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en el Tíbet. The Associated Press indicó que, si se toma la cuenta combinada de ambos lados, el saldo supera los 760 fallecidos y los 3.000 desaparecidos.

Entre quienes no fueron ubicados hay cientos de extranjeros de más de una docena de países. AP señaló que medios estatales chinos hablaron de 261 extranjeros desaparecidos en territorio tibetano, incluidos más de un centenar de nepalíes y ciudadanos de otras nacionalidades.

La superposición entre los registros de China y Nepal todavía no está clara. NBC News remarcó que no se sabe cuánto coinciden las listas de personas buscadas en ambos países.

Rescates lentos y nuevas alertas

La autopista Prithivi, una vía central para el abastecimiento de Katmandú, sufrió daños en varios tramos. The Associated Press afirmó que los equipos de rescate trabajaban para despejar esa carretera, clave para mover alimentos, combustible y personal de emergencia hacia las áreas devastadas.

El aislamiento también alcanzó a varias comunidades por la destrucción de puentes de hormigón y pasarelas colgantes. En zonas como Dhading y Galchhi, vecinos volvieron a casas cubiertas de lodo para recuperar lo poco que quedó en pie, aseguró AP.

Las nuevas alertas llegaron después de que las autoridades chinas informaran a sus pares nepalíes sobre un aumento del caudal aguas arriba, de acuerdo con The Associated Press.

El contexto climático y la presión internacional

Medios estatales chinos atribuyeron el episodio a la inestabilidad de un glaciar asociada al calentamiento sostenido en la región.

NBC News consignó que expertos todavía no pueden establecer una relación directa y absoluta con el cambio climático, aunque sí consideran probable que el aumento de temperatura haya agravado las condiciones que llevaron al colapso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, reclamó una respuesta internacional más amplia. “A pesar de aportar solo el 0,1% de las emisiones globales, Nepal se convirtió en una de las principales víctimas del cambio climático”, sostuvo el funcionario, tal y como reprodujo AP.

En paralelo, Malasia anunció el envío de un equipo especializado de búsqueda y rescate y una ayuda financiera de USD 1 millón para apoyar las tareas de socorro, informó The Associated Press.

Para Estados Unidos, la prioridad inmediata sigue puesta en determinar el paradero de sus ciudadanos desaparecidos en la zona del desastre.

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Salamanca, Guanajuato, terminó en medio de una fuerte crítica luego de que el gobierno municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) difundieran imágenes de una muestra gastronómica en la que fueron colocadas fotografías de personas desaparecidas sobre pequeños pasteles o panes individuales.

La actividad fue encabezada por el alcalde de Morena, César Prieto Gallardo y su esposa, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, presidenta del DIF municipal, como parte de una jornada dedicada a recordar a las personas que permanecen desaparecidas y acompañar a sus familias.

Sin embargo, las fotografías difundidas por el propio organismo municipal generaron cuestionamientos entre activistas de buscadores y usuarios de redes sociales, quienes consideraron que utilizar las imágenes de las personas desaparecidas en alimentos resultó poco sensible ante el dolor de sus familiares.

Salamanca conmemora a víctimas de desaparición forzada

De acuerdo con el DIF de Salamanca, las actividades tuvieron como propósito generar conciencia sobre la problemática de la desaparición y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas.

Durante la jornada se realizó un pase de lista en memoria de las personas desaparecidas, además de una muestra gastronómica a cargo de la Universidad De La Salle Bajío.

El organismo explicó que estas acciones formaron parte de las actividades de sensibilización y acompañamiento dirigidas a las familias afectadas por la desaparición de alguno de sus integrantes.

Como parte de la conmemoración también se intervino el denominado Árbol de la Memoria, instalado en el jardín Xidoo, donde participaron integrantes de grupos de Madres Buscadoras pertenecientes al Servicio de Atención y Acompañamiento Emergente a Víctimas Indirectas de Homicidio, Desaparición y Feminicidio (SAAEV).

Las madres colocaron tapetes y diversos detalles tejidos por ellas mismas. Según el DIF municipal, cada una de estas piezas representa una expresión de amor, esperanza y resistencia frente a la ausencia de sus seres queridos.

La intención, señaló el organismo, fue generar un espacio de memoria y reconocimiento para las personas desaparecidas, así como visibilizar el impacto que este fenómeno tiene en sus familias.

Imágenes de desaparecidos en alimentos desatan críticas

La polémica se concentró principalmente en la muestra gastronómica. En las fotografías difundidas por el DIF pueden observarse pequeños panes cuadrados colocados sobre platos, cada uno acompañado por la imagen de una persona desaparecida.

Aunque las autoridades presentaron la dinámica como parte de una actividad de sensibilización, las imágenes provocaron una reacción negativa en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la pertinencia de utilizar fotografías de personas ausentes de esa manera.

La controversia se da en un contexto particularmente delicado para las familias buscadoras, quienes durante años han recurrido a fotografías, fichas de búsqueda y otros recursos para mantener presentes los rostros de sus familiares y exigir a las autoridades acciones para localizarlos.

Durante el evento, Eugenia Martínez aseguró que las familias cuentan con el respaldo del DIF municipal. Pese a este mensaje de acompañamiento, la decisión de incorporar las fotografías de personas desaparecidas a la muestra gastronómica abrió un debate entre activistas sobre la forma en que las autoridades deben abordar actos de memoria y sensibilización relacionados con las víctimas de desaparición forzada.

La jornada en Salamanca buscaba colocar en el centro de la discusión la memoria de quienes permanecen ausentes y el acompañamiento a sus familias; sin embargo, las imágenes de la actividad terminaron convirtiéndose en el principal foco de atención y crítica.

Nepal ha confirmado el contacto con otro español que permanecía desaparecido tras la riada. De esta forma, son dos los ciudadanos españoles encontrados. El desastre ya ha dejado más de 600 muertos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias de los últimos tiempos. El Ministerio de Exteriores de España continúa en contacto con las autoridades nepalíes para conocer la información y hacer las labores necesarias.

La Junta de Turismo de Nepal informa en su boletín de los localizados, aunque en el caso de los españoles no se ha detallado su identidad ni las circunstancias en las que se produjo el hallazgo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, declaró ayer tras encontrar el primero que no hay constancia de españoles fallecidos y solicitó a familiares y allegados de personas que hayan estado en la zona afectada que contacten con los teléfonos de emergencia del ministerio. El departamento añadió que la Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario en Nepal y el Consulado General en Pekín mantienen el seguimiento de la situación y continúan las gestiones con las autoridades locales.

Más de 1.000 desaparecidos

La lista oficial publicada por las autoridades nepalíes sobre turistas desaparecidos o fuera de contacto incluía a tres ciudadanos españoles: dos mujeres vinculadas a un grupo de senderismo y un hombre. Este registro, actualizado por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Nepal, recoge identidades, nacionalidades y, en algunos casos, números de pasaporte o carné de identidad, además de referencias sobre las zonas en las que se encontraban. Dos de esas personas han sido ya localizadas, mientras se espera información adicional sobre el tercero.

Sin embargo, este sábado por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado de nuevo a dos los españoles desaparecidos, lo que quiere decir que hay uno nuevo que antes no se estaba contabilizando.

En la última actualización de la lista figuran 644 personas desaparecidas de 35 países. La mayoría son de India, con 178 casos, seguidos por 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel. A este grupo se suman más de 300 residentes que tampoco han sido hallados en Nepal. Por su parte, China ha informado de 558 desaparecidos en la región autónoma del Tíbet afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin detallar nacionalidades ni identidades.

Las cifras globales del desastre continúan aumentando. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha elevado a más de 630 el número de cuerpos recuperados tras la riada en la cuenca del Bhote Koshi. El avance de los cerca de 15.000 efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce afectado se ve obstaculizado por la amenaza de nuevas crecidas súbitas, el colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de puentes y carreteras.

La organización promotora y defensora de derechos humanos, Tejiendo Redes Infancia, publicó este agosto de 2026 el informe ‘Hijas e hijos de personas desaparecidas en México’. El documento revela la magnitud y consecuencias de la desaparición de personas en el país sobre sus hijas e hijos, una población prácticamente invisible para las autoridades y carente de respuestas institucionales.

El análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, hasta agosto, existen 103 mil 176 registros en México. Al aplicar el promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona según la ENADID 2023, a parti de esto, se estima que 165 mil hijas e hijos podrían estar afectados por la crisis de desaparición. Más de la mitad de los registros corresponden a personas de 15 a 29 años, lo que refleja un alto impacto en infancias y adolescentes.

Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, señaló que el informe no puede considerarse un conteo exacto ni sustituye un registro oficial específico; su objetivo es evidenciar la falta de información institucional sobre los vínculos familiares de las personas desaparecidas y cómo esta ausencia limita la planeación de políticas públicas de protección, atención y reparación para las víctimas indirectas.

Entre la omisión institucional y la invisibilidad

El reporte subraya que la falta de información familiar imposibilita a las instituciones identificar a hijas e hijos como sujetos de derecho y necesidades diferenciadas, condición que se refleja en exclusión de las políticas públicas, falta de acceso a servicios y apoyos insuficientes.

Las consecuencias para quienes conviven con la ausencia prolongada de una persona desaparecida incluyen modificaciones inmediatas en la estructura del hogar y la comunidad, impactando en la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas, Tejiendo Redes Infancias identifica las siguientes:

• Cambios inmediatos en cuidados, ingresos, continuidad escolar, salud, seguridad y vínculos familiares.
• Genera sobrecarga de responsabilidades para madres, abuelas, hermanas y otros familiares, quienes asumen búsqueda, cuidados y gestión institucional.
• La niñez y juventud tiende a ser más vulnerable a ingresar a trabajo doméstico o interrumpir sus estudios.
• El Estado los excluye de derechos y apoyos como representación legal, continuidad educativa, acceso a servicios de salud mental, prevención del estigma y protección social.

Mientras que a nivel internacional, el pasado 19 de marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) remitió el caso de México a la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, al encontrar indicios bien fundados de desapariciones forzadas dentro de ataques generalizados o sistemáticos, sin atribuir responsabilidad federal directa ni clasificar todos los casos como desaparición forzada. La decisión solicita cooperación técnica, financiamiento y protección para familiares y organizaciones, pero las respuestas oficiales del gobierno mexicano no contemplan acciones específicas para hijas e hijos de las víctimas.

El informe indica que tanto la legislación nacional como los estándares internacionales reconocen derechos a familiares y víctimas indirectas, aunque la implementación carece de mecanismos eficaces para identificar, proteger y proveer atención diferenciada a hijas e hijos de personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reconoce que estos efectos alcanzan más allá de la minoría de edad; sin embargo, el Estado mexicano aún no construye registros, protocolos ni servicios adaptados.

Niñas, niños y adolescentes exigen respuestas sobre la desaparición de sus familiares

Como parte de este análisis, Tejiendo Redes Infancia retoma el “Informe Especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL)”. El documento incluye la participación de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años afectados por la desaparición de un familiar. La metodología, presentada el 7 de junio de 2025, combinó registros oficiales con actividades lúdicas y diálogo directo con los menores de edad, bajo condiciones de consentimiento y acompañamiento psicológico. El trabajo fue reconocido por el CED de la ONU, que también destacó una versión adaptada para audiencias infantiles, titulada “Las aventuras del equipo valiente”.

El informe documenta que las infancias viven miedo, incertidumbre y cambios emocionales constantes; enfrentan afectaciones en su rendimiento escolar, burlas y poca sensibilidad por parte de sus escuelas; deben lidiar con trámites institucionales confusos; y transitan entornos físicos y digitales, marcados por la inseguridad. El documento también resalta que son las madres, abuelas y colectivos quienes sostienen el cuidado y la búsqueda, mientras el Estado no ofrece un respaldo suficiente sin transferirles más responsabilidades.

En sus propias palabras, recogidas de forma colectiva por el informe del CEDHNL, las hijas e hijos de personas desaparecidas piden: “Un trato sensible, estar seguras y seguros, y participar sin que nuestra historia se vuelva pública”.

Urgen acciones para proteger a las hijas e hijos de personas desaparecidas

Tejiendo Redes Infancia sugiere que el gobierno de México debería construir una ruta de atención nacional que sea protegida, financiada y verificable, en lugar de la actual sucesión de trámites dispersos entre distintas instituciones. Según el informe, el problema no es la falta de leyes, sino que el Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no comparten información entre sí ni operan bajo un plan común.

El documento propone que la respuesta institucional garantice, como mínimo, cinco momentos clave:

• Identificación: registrar el vínculo familiar de manera segura, sin exponer datos personales.
• Valoración: revisar la situación integral del menor, edad, cuidados, escuela, salud, ingresos y riesgos, para explicarle el proceso en un lenguaje comprensible.
• Activación: designar responsables claros de protección, educación, salud y desarrollo social.
• Continuidad: evitar cambios constantes de personal y que las familias deban repetir su testimonio en cada trámite.
• Rendición de cuentas: publicar resultados y evaluar el programa con la participación de las propias familias.

El informe advierte que esta ruta de acceso a servicios no debe convertirse en un mecanismo de vigilancia hacia las familias, sino que debe regirse por consentimiento, seguridad y posibilidad de rectificación. Asimismo, señala que capacitar al personal no es suficiente si no existen protocolos claros y consecuencias cuando el sistema falla. La meta, plantea Tejiendo Redes Infancia, es que ninguna familia tenga que enfrentar dos veces negligencia institucional.

Entre ellas, Ramesh Sharma, de 65 años, y Neelam Sharma, de 64, ciudadanos estadounidenses residentes de Nueva York que viajaban en un grupo de siete peregrinos.

El último contacto que Radhika Sharma tuvo con sus padres fue poco después de que cruzaran hacia territorio tibetano, antes de que el desastre cortara rutas y comunicaciones en toda la región. NBC News informó que desde ese momento, la médica no volvió a saber nada de ellos.

El caso quedó enmarcado en una emergencia con cifras todavía inestables. NBC News aseguró que al menos 90 estadounidenses figuraban entre los viajeros desaparecidos en Nepal.

En las primeras horas, otras coberturas habían hablado de 47 ciudadanos de Estados Unidos, una cifra citada por funcionarios turísticos nepaleses y recogida por Reuters, NPR y ABC News.

El propio Departamento de Estado evitó fijar un número definitivo en esa etapa y admitió, tal y como dijo ABC News, que la cantidad de estadounidenses afectados cambiaba con el correr de las horas.

Un pedido de ayuda que se volvió público

Radhika Sharma, médica de 32 años radicada en Carolina del Norte, relató que vive una espera sin respuestas desde que perdió contacto con sus padres. “Fueron las peores 24 horas de mi vida”, afirmó en declaraciones recogidas por NBC News.

La profesional también explicó que se comunicó con las embajadas de Estados Unidos en Nepal y en China, además de funcionarios estadounidenses dentro del país, pero no obtuvo información concreta sobre el paradero de la pareja.

La hija de los desaparecidos recurrió además a las redes sociales para ampliar la búsqueda. New York Post indicó que publicó mensajes para pedir contactos directos en Nepal, en Gyirong y en Tíbet, así como datos de hospitales, rescatistas, medios locales y autoridades que pudieran aportar alguna pista.

La falta de comunicaciones se convirtió en uno de los principales obstáculos para las familias. NBC News detalló que la zona afectada recibía un tránsito intenso de turistas y peregrinos y que el desastre aisló a buena parte del corredor fronterizo.

El viaje de Ramesh y Neelam Sharma

Los padres de Radhika integraban un grupo de siete personas que viajaba hacia el Monte Kailash, un sitio de enorme valor espiritual para hinduistas, budistas y otras tradiciones religiosas.

La peregrinación atrae cada año a miles de visitantes, muchos de ellos procedentes de India, Nepal y otros países con comunidades devotas vinculadas a esa montaña.

Radhika también envió un mensaje directo a sus padres. “Los amo. Los estoy buscando. Los voy a seguir buscando. Solo espero que estén bien”, dijo, de acuerdo con el testimonio recogido por NBC News.

El desastre y el operativo

La autoridad de manejo de desastres de Nepal elevó el jueves el saldo a 359 muertos y 910 desaparecidos, de los cuales 517 son extranjeros, de acuerdo con la Associated Press.

Del lado chino, los medios estatales reportaron tres muertos y 558 desaparecidos en el condado de Gyirong, en Tíbet, de los cuales 260 eran extranjeros. En total, más de 1.400 personas siguen sin ser localizadas entre los dos países.

El Departamento de Estado confirmó que 90 ciudadanos estadounidenses están desaparecidos entre Nepal y China, y precisó que tres ya fueron rescatados y que no tiene conocimiento de ningún fallecido de esa nacionalidad, tal como informó la AP.

El desglose por país refleja la dimensión internacional del desastre. La cancillería de India reportó 288 nacionales sin contacto, incluyendo 73 trabajadores de un proyecto hidroeléctrico.

Ucrania informó 55 desaparecidos en dos grupos turísticos más una viajera adicional. Le siguen 51 malayos, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses, de acuerdo con los datos de la junta de turismo de Nepal citados por la AP.

Corea del Sur envió un equipo de respuesta rápida para apoyar la búsqueda de nueve ciudadanos vinculados a una planta hidroeléctrica en construcción.

Sobre el origen del desastre, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) corrigió su análisis inicial y determinó que el evento sísmico registrado fue en realidad un colapso glaciar de magnitud 5.2, no un terremoto, que envió una avalancha de escombros río abajo con un impacto devastador sobre las comunidades del corredor fronterizo, de acuerdo con la AP.

Los equipos de rescate continúan la búsqueda en una zona donde el barro, los puentes destruidos y los cortes de energía frenan el acceso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que mantiene bajo seguimiento la situación de 90 ciudadanos estadounidenses que permanecen en calidad de desaparecidos tras las inundaciones y aludes registrados en la frontera entre Nepal y China. Según el organismo, los equipos de rescate lograron poner a salvo a tres personas de esta nacionalidad.

Las autoridades diplomáticas precisaron, a través de una declaración oficial, que hasta el momento no tienen reportes confirmados de fallecidos estadounidenses a causa del desastre natural.

Qué ocurrió: la tragedia en la frontera entre Nepal y China

El desastre inició el miércoles cuando una serie de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra arrasaron aldeas e infraestructura en la región montañosa. El Servicio Geológico de Estados Unidos atribuyó el suceso al colapso de una masa de hielo glacial. Este fenómeno provocó la caída de una sección de hielo por la pendiente, lo cual generó un alud de lodo y escombros, según reportó la agencia CNN.

La fuerza del agua sumergió viviendas y destruyó puentes en los distritos de Nuwakot, Rasuwa y Dhading. El saldo oficial en Nepal alcanzó los 270 fallecidos, cifra confirmada por la policía local en un comunicado, mientras que las autoridades chinas reportaron tres decesos en la región del Tíbet, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua y datos recogidos por AP News. La cifra total de personas desaparecidas en ambos países supera los 1.000 individuos.

Quiénes son los afectados: víctimas y desaparecidos de más de 30 países

La emergencia presenta un alcance global debido a la presencia de turistas y trabajadores extranjeros en la zona. Además del grupo de estadounidenses bajo monitoreo, el recuento oficial difundido por la junta de turismo de Nepal y AP News incluye a 288 indios, 55 ucranianos, 35 australianos y 33 británicos.

La lista de víctimas abarca a ciudadanos de más de 30 naciones. Entre los desaparecidos también figuran 51 malasios, 25 canadienses, ocho alemanes, ocho rusos, ocho singapurenses, seis sudafricanos y seis letones. La diversidad de las personas afectadas complica las tareas de identificación y comunicación con los gobiernos correspondientes, según detalló la misma agencia de noticias.

Cómo avanzan los rescates y cuáles son las dificultades

Las brigadas de emergencia enfrentan barreras severas debido a la falta de energía eléctrica y la interrupción de las comunicaciones. La policía de Nepal desplegó equipos adicionales y utiliza drones para inspeccionar las áreas cubiertas por el lodo, según detalló el portavoz policial Abi Narayan Kafle a CNN.

Las autoridades emitieron una advertencia para que la población evite las zonas cercanas a los ríos y otros puntos de alto riesgo. El portavoz policial instó a los ciudadanos a ignorar noticias falsas y basar sus decisiones únicamente en los comunicados oficiales para evitar la desinformación.

La alerta de UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que al menos 17.000 niños sufrieron las consecuencias directas del desastre. La representante de la organización en Nepal, Alice Akunga, advirtió sobre la pérdida de hogares, escuelas y centros de salud en las zonas afectadas, tal como recogió CNN.

Los menores sobrevivientes enfrentan riesgos graves como la desnutrición, la falta de acceso a agua potable y posibles brotes de enfermedades. UNICEF mantiene su alerta sobre la vulnerabilidad extrema de esta población ante la actual crisis humanitaria.

Las próximas horas: riesgos y advertencias

El pronóstico meteorológico para los próximos tres días anticipa la persistencia de lluvias intensas. Los expertos temen que estas precipitaciones provoquen nuevos deslizamientos de tierra en un terreno ya debilitado, según alertaron los medios estatales chinos citados por CNN y confirmaron despachos de AP News.

El mayor peligro actual radica en la formación de represas naturales inestables compuestas por lodo y escombros. La ruptura de estas estructuras naturales podría causar inundaciones repentinas adicionales. El personal de rescate mantiene sus operaciones en los sectores de los ríos Trishuli y Bhote Koshi mientras las condiciones climáticas lo permiten.

Más de un centenar de fragmentos óseos y alrededor de 30 piezas dentales fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Vicente Suástegui Muñoz en la comunidad de El Arenal, ubicada en la zona rural del municipio de Acapulco, Guerrero.

El hallazgo ocurrió en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha que busca visibilizar a las personas cuyo paradero se desconoce y exigir acciones para esclarecer los casos de desaparición.

La búsqueda se desarrolló en una zona considerada prioritaria por las familias buscadoras debido a los reportes y testimonios relacionados con personas desaparecidas en distintos puntos de la región.

Colectivo recibió llamada anónima sobre restos óseos

Samantha Colón Morales, presidenta del colectivo Vicente Suástegui Muñoz, explicó que la jornada no estaba contemplada originalmente dentro de las actividades programadas.

De acuerdo con la buscadora, primero recibieron un mensaje y posteriormente una llamada anónima en la que una persona proporcionó información sobre un sitio específico de la comunidad de El Arenal donde presuntamente podrían encontrarse restos óseos.

Ante esta información, integrantes del colectivo acudieron al lugar para realizar un recorrido y verificar el reporte.

“En un recorrido realizado en el poblado de El Arenal, recolectamos más de 100 fragmentos óseos, así como más de 30 piezas dentales”, señaló Colón Morales.

Los restos fueron localizados durante los trabajos realizados por las buscadoras, quienes continúan recorriendo diferentes zonas rurales de Acapulco en busca de indicios que permitan conocer el paradero de personas desaparecidas.

El Arenal, una zona prioritaria para las familias buscadoras

La presidenta del colectivo señaló que existen antecedentes que han llevado a las familias a prestar especial atención a esta región.

Explicó que uno de los detenidos relacionados con la desaparición de Vicente Suástegui Muñoz habría señalado que a la víctima se la llevaron por una zona que comprende lugares como Metlapil, 10 de Abril y El Arenal, entre otros puntos.

Por esta razón, indicó, el colectivo ha decidido dar prioridad a estos sitios dentro de sus labores de búsqueda.

Para las familias, cada indicio encontrado puede representar una posibilidad de avanzar en la investigación y, eventualmente, establecer la identidad de una persona desaparecida.

Colón Morales subrayó que detrás de cada fragmento localizado existe una historia y una familia que permanece en la búsqueda de sus seres queridos.

Búsqueda continuará en El Arenal

Los trabajos de búsqueda se extendieron hasta las 18:00 horas de este miércoles y, de acuerdo con la presidenta del colectivo, las actividades continuarán este jueves en la misma zona de El Arenal.

Las integrantes del colectivo también agradecieron a la persona que proporcionó de manera anónima la información sobre el sitio donde fueron encontrados los fragmentos.

Ahora corresponderá a las autoridades realizar los procedimientos correspondientes para el resguardo, análisis e identificación de los restos localizados, así como determinar si existe relación con alguna carpeta de investigación por desaparición.

El hallazgo vuelve a poner en el centro de la atención la labor que realizan los colectivos de familias buscadoras en Guerrero, quienes recorren terrenos y zonas consideradas de riesgo para localizar indicios que permitan esclarecer el destino de personas desaparecidas.

Para las familias, la localización de restos no representa únicamente un hallazgo, sino una oportunidad para obtener respuestas y avanzar hacia la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este jueves que cuatro ciudadanos españoles figuran entre los más de 1.000 desaparecidos tras la riada que golpeó el norte del país. El desbordamiento afectó a primera hora del miércoles a varias localidades cercanas a la frontera con el Tíbet (China). La emergencia dejó al menos 292 muertos y provocó graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.

Más de 1.300 personas figuran en las listas provisionales de desaparecidos tras la riada, según datos recopilados en ambos lados de la frontera entre Nepal y China. Entre los no localizados se encuentran cerca de 800 extranjeros, así como integrantes de fuerzas de seguridad, empleados de aduanas y personal de proyectos hidroeléctricos. En Nepal, la cifra de desaparecidos alcanza las 826 personas, de las cuales 579 son viajeros. Reuters informa que casi 600 extranjeros de 28 nacionalidades diferentes permanecen en paradero desconocido. En territorio chino, las autoridades reportan 558 personas sin localizar, incluidos 260 extranjeros. Dos residentes de la aldea de Resuo fueron encontrados con vida.

Las autoridades investigan el origen de la riada

La repentina riada llegó alrededor de las 9:15 hora local (5:30 hora española) al río Bhote Koshi desde el lado tibetano. El agua golpeó con especial fuerza las zonas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según han informado a Efe de fuentes oficiales. La mayoría de los extranjeros se encontraba entonces en Rasuwa para completar la peregrinación al monte Kailash y al lago Mansarovar, dos enclaves sagrados para hinduistas, budistas y jainistas. El desastre ha coincidido con una fecha señalada para el culto religioso, lo que ha provocado una mayor presencia de personas.

Las autoridades mantienen desplegadas operaciones de búsqueda y rescate en la zona. Por el momento, el origen de la crecida no se ha determinado, si bien las autoridades nepalíes consideran que no se debió a las lluvias. Entre las posibles causas se contempla un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet. También apuntaron a un terremoto, aunque esta teoría está prácticamente descartada.

Comunicado de Exteriores

El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado tras la trágica riada registrada en Nepal, informando que el Consulado Honorario en Katmandú, la Embajada española en Nueva Delhi y el Consulado General en Pekín trabajan coordinadamente para asistir a los españoles afectados. Hasta el momento, no se tiene constancia de víctimas mortales entre los ciudadanos españoles, aunque permanecen sin localizar cuatro personas. Las autoridades instan a familiares, amigos y cualquier persona con información sobre españoles en la zona siniestrada a comunicarse a los teléfonos de emergencia consular, tanto del operativo en Nepal como de la unidad de emergencia en Madrid.

Los números de contacto se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales del ministerio y en las cuentas personales del ministro. Finalmente, el Gobierno español ha expresado sus condolencias y solidaridad a las víctimas, al gobierno y al pueblo de Nepal, y mantiene activo el seguimiento de la situación para garantizar la atención y localización de los ciudadanos españoles en la región afectada.

La adolescente Danna Yeudiel desapareció en Tecamachalco, Estado de México (Edomex) la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga. El caso derivó en bloqueos sobre la autopista Puebla-Orizaba, una denuncia formal por desaparición levantada este lunes y una línea de investigación que apuntó a que su padrastro se la habría llevado.

La búsqueda también movilizó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que mantuvieron recorridos, intervenciones y acopio de información en puntos de interés. En paralelo, la protesta de familiares y habitantes cerró por horas la vialidad a la altura del kilómetro 183 en Quecholac y dejó filas de vehículos varados durante la noche del lunes 24 de agosto.

Danna Yeudiel Santos Hernández tenía 13 años y fue vista por última vez en el Parque Juárez de Tecamachalco, después de que sus familiares la dejaron ahí alrededor de las 17:30 horas del sábado. Esa fue la última ocasión en que la vieron directamente.

De acuerdo con el relato de su familia, la menor dijo que acudiría con una amiga. Más tarde, esa misma amiga, que también era menor de edad, les dijo que la versión no era cierta y que Danna planeaba irse con un hombre adulto identificado como Antonio “N”.

La principal línea de investigación apuntó al entorno familiar

El padre de la adolescente declaró ante las autoridades que se había separado de la madre de sus hijos un par de meses antes. También señaló que ella mantenía una relación sentimental con Antonio “N”, a quien la familia ubicó como la persona que habría buscado a la menor con insistencia.

Según esa misma declaración, pocos días antes de la desaparición Antonio “N” habría intentado acercarse a Danna con la intención de establecer una relación con ella. Ese señalamiento abrió una línea de investigación por posible captación de una menor por parte de un adulto cercano a su entorno familiar.

Hasta ese momento, las autoridades solo contaban con el testimonio del padre y con la versión aportada por la amiga de la adolescente. El reporte de desaparición o no localización indicó además que Danna no contaba con teléfono celular, un elemento que complicó su rastreo.

La respuesta directa al caso fue esa: la adolescente no salió de su casa sin contexto ni se perdió en el trayecto, sino que, según las versiones recabadas, habría dado información falsa sobre su destino para reunirse con un adulto del círculo familiar de su madre. Esa hipótesis concentró la búsqueda y las indagatorias iniciales.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía comunicar cualquier dato sobre el paradero de Danna Yeudiel Santos Hernández a la FGE de Puebla o al número de emergencias 911. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que mantuvo contacto con los familiares para comunicarles las acciones en curso y brindarles acompañamiento.

El cierre de la autopista escaló la presión para su localización

Tras la desaparición, familiares, amigos y habitantes del municipio de Quecholac realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba para exigir la localización de la menor. La protesta se instaló a la altura de ese tramo con barricadas de piedras y llantas encendidas, lo que interrumpió por completo la circulación.

Durante la manifestación, los asistentes corearon: “Queremos a Danna”. La exigencia se centró en acelerar la búsqueda de la adolescente, cuyo caso ya había generado preocupación por la posibilidad de que hubiera sido enganchada por un adulto.

La Guardia Nacional división carreteras confirmó el cierre total de la autopista y recomendó usar rutas alternas por la carretera libre Puebla-Tehuacán. La interrupción en la vía provocó una fila de varios kilómetros de vehículos detenidos durante la noche del lunes 24 de agosto.

En el plano institucional, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla informó que mantuvo un operativo de localización como parte de sus acciones permanentes para la búsqueda de personas. En coordinación con la FGE, personal especializado realizó recorridos e intervenciones en distintos puntos y recabó información para fortalecer las líneas de investigación ya abiertas.

El gobierno estatal sostuvo que las labores de búsqueda continuaron de manera coordinada y con el compromiso de agotar las acciones necesarias para contribuir a la localización de la menor. Esa actuación incluyó comunicación continua con la familia de Danna y seguimiento sobre los avances del operativo.

• Danna Yeudiel Santos Hernández, de 13 años, desapareció en Tecamachalco después de decir que iría con una amiga, pero después surgió la versión de que planeaba reunirse con Antonio “N”.
• El padre declaró que Antonio “N”, pareja actual de la madre, habría buscado a la menor días antes para intentar establecer una relación con ella, lo que abrió una línea de investigación.
• Familiares y pobladores bloquearon la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 183 en Quecholac, mientras la FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda mantuvieron operativos y recorridos.

Tadeo, Jaime y Héctor desaparecieron en Tepotzotlán, en el Estado de México (Edomex) la tarde del 23 de agosto después de salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, y sus familias pidieron ayuda para localizarlos luego de que ninguno regresó a casa y sus teléfonos celulares fueron apagados.

Familiares y amigos formaron brigadas civiles de búsqueda y contemplaron extender los recorridos hacia la presa La Concha, después de revisar sin éxito los puntos donde los adolescentes acostumbraban reunirse. Las autoridades también solicitaron que cualquier dato sobre su posible paradero fuera comunicado de forma confidencial a los números 800 890 2940 y (722) 283 2012.

La desaparición fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el programa ODISEA, que iniciaron la elaboración y difusión de las cédulas oficiales de búsqueda. Los tres adolescentes tenían entre 14 y 15 años y fueron vistos por última vez el mismo día.

Los tres adolescentes salieron juntos de la colonia Ricardo Flores Magón

De acuerdo con la información difundida en las fichas, el primero de los menores buscados fue Tadeo Josefat Vargas Ruíz, de 14 años, identificado con el folio ODI/CUA/A/1035402/2026. Midió 1.50 metros, tuvo complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño obscuro y ojos café obscuro.

Al momento de su desaparición, Tadeo vestía pants negro, sudadera blanca y tenis rosas. Ese conjunto de señas fue integrado a la cédula para facilitar su identificación.

El segundo adolescente fue Jaime René Darling Cervantes, de 15 años, con folio ODI/CUA/A/1035399/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez blanca, cabello castaño obscuro y ojos café claro medianos.

Jaime llevaba pants negro, sudadera negra y tenis negros cuando desapareció. Como seña particular, sus familiares señalaron un lunar visible en el costado derecho del cuello.

El tercer caso correspondió a Héctor Samuel Guevara Sánchez, también de 15 años, con ficha ODI/CUA/A/1035401/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez morena obscura, cabello negro y ojos café obscuro grandes.

Héctor vestía pants negro, sudadera negra y tenis blancos con franjas rojas y amarillas. Las tres fichas coincidieron en que los adolescentes habían salido juntos y desde entonces se perdió todo rastro.

Los celulares fueron apagados y las familias acudieron a denunciar

La alerta creció cuando los padres advirtieron que los tres menores no volvieron a sus domicilios al caer la noche. Al intentar ubicarlos, confirmaron que los celulares de los tres estaban apagados y que no había comunicación con ninguno.

Ese fue el dato central que empujó la denuncia formal: los tres adolescentes desaparecieron al mismo tiempo, salieron juntos a jugar y después sus líneas dejaron de estar disponibles. A partir de esa ausencia simultánea, las familias acudieron ante las autoridades estatales para activar la búsqueda.

La Fiscalía del Estado de México y ODISEA abrieron las investigaciones correspondientes para localizar a los adolescentes. Las cédulas oficiales comenzaron a circular con fotografías, rasgos físicos, ropa y folios de identificación.

En paralelo, familiares y amigos organizaron recorridos por distintos puntos de Tepotzotlán donde los jóvenes solían reunirse. Al no encontrar indicios en esos sitios, proyectaron mover las brigadas a las inmediaciones de la presa La Concha.

Los allegados de Tadeo, Jaime y Héctor pidieron a la ciudadanía compartir las fichas de búsqueda y aportar cualquier información útil. Las autoridades indicaron que los reportes podían hacerse de forma confidencial a las líneas habilitadas para ese fin.

• Los tres adolescentes desaparecieron el 23 de agosto tras salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, en Tepotzotlán.
• Sus familias denunciaron el caso después de confirmar que ninguno regresó a casa y que los celulares de los tres estaban apagados.
• La Fiscalía del Estado de México y ODISEA emitieron las fichas de búsqueda, mientras familiares y amigos realizaron brigadas y contemplaron ampliar los recorridos hacia la presa La Concha.

Familiares y colegas periodistas del reportero Elí Martínez temieron que fuera privado de la libertad la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, después de un ataque armado en la colonia Cazones; sin embargo la mañana de este martes 25 Infobae México confirmó su aparición con vida a un allegado al caso.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida 20 de Noviembre, cuando el comunicador, identificado como colaborador de Noreste y Radiofórmula, se encontraba con otro reportero de la fuente policiaca. De acuerdo con los primeros reportes citados ambos fueron interceptados por sujetos armados.

Tras las detonaciones, corporaciones de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo y acordonaron el sitio del ataque. En el lugar también localizaron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, que presuntamente fueron colocados sobre la vialidad para dificultar el paso de las patrullas.

El otro periodista logró sobrevivir al ataque y fue reportado como estable. Según los reportes, rindió una entrevista a los elementos de seguridad para aportar detalles de la agresión.

La avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de dos asesinatos de periodistas

La desaparición de Martínez provocó alarma entre integrantes del gremio periodístico y familiares, que exigieron reforzar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido. La preocupación se concentró también en el lugar del ataque: la avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de agresiones previas contra comunicadores en Poza Rica.

En esa misma zona fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez el 11 de junio de este año, quien horas antes estuvo con Eli Martínez y quien detalló lo ocurrido orevio a su muerte. Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro comunicador de la fuente policiaca, aunque ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

Los dos casos fueron mencionados en los reportes sobre la desaparición de Martínez porque confirmaron un patrón de violencia contra periodistas en esa ciudad del norte de Veracruz. El nuevo ataque se dirigió otra vez contra un reportero dedicado a la cobertura de crímenes y hechos de seguridad.

Según la información difundida, familiares y amistades del periodista intentaron comunicarse con él sin éxito después de la agresión. Su búsqueda comenzó en instituciones de salud.

Hasta el martes 25 no había postura oficial sobre su paradero

Los primeros reportes señalaron que, tras el ataque, Martínez no pudo ser localizado y por eso se temía que hubiera sido levantado. Por esa razón, la información sobre su posible secuestro se manejó en términos de presunción, sin embargo fue encontrado con vida.

El caso también expuso la gravedad de las condiciones de seguridad para quienes cubrían nota roja en la región. Martínez se dedicaba a la cobertura de información criminal, una de las fuentes con mayor exposición en zonas atravesadas por ataques armados y presencia de grupos violentos.

La respuesta institucional, hasta ese momento, se había limitado al despliegue del operativo en el área de la agresión y al resguardo de la escena, donde fueron hallados casquillos percutidos. La ausencia de un pronunciamiento oficial sobre la búsqueda dejó sin respuesta la pregunta central que familiares, colegas y medios locales plantearon desde las primeras horas del martes: dónde estaba el reportero.

El ataque ocurrió en la colonia Cazones, una zona de Poza Rica que volvió a aparecer en los reportes de violencia contra la prensa. En esa ciudad, durante este año, ya se habían registrado dos asesinatos de periodistas vinculado con la cobertura policiaca.

Policía municipal en Poza Rica le habría quitado 7 mil pesos en 2025

El sábado 11 de enero de 2025, un grupo de policías municipales en Poza Rica detuvo al periodista Eli Martínez en la colonia Arroyo del Maíz y, tras llevarlo a barandillas, este reportó que le faltaban $7,000 pesos de sus pertenencias al recuperar sus objetos personales.

De acuerdo con el relato, la detención ocurrió en la calle Victorino Ortega, a la altura de la unidad deportiva Tres Amigos, cerca del Conalep, cuando los agentes los interceptaron a bordo de la unidad PM-240. El comunicador iba acompañado de dos personas, quienes también fueron revisadas y trasladadas a las celdas preventivas.

El testimonio identificó al periodista como Alejandro Elí Martínez. Señaló que, tras salir de la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en la calle Empleados esquina Profesores, en la colonia Sector Popular, notó la ausencia del efectivo.

Según la versión difundida, el dinero formaba parte de los recursos destinados a un evento deportivo que organizaba y se usaría para la premiación de atletas. .

Otro periodista está desaparecido, se trata del locutor de radio Iván Michel Atilano fue reportado como desaparecido en Oaxaca. Las autoridades estatales difundieron una ficha de búsqueda en la que señalaron que el comunicador y locutor de radio tiene 47 años y fue visto por última vez el martes 18 de agosto de 2026.

• El reportero Elí Martínez fue atacado junto a otro colega la noche del 24 de agosto en la colonia Cazones de Poza Rica.
• En la escena fueron localizados “ponchallantas” y casquillos percutidos; otro periodista que estaba con él sobrevivió y fue reportado como estable.
• La mañana del 25 de agosto fue hallado con vida, confirmó Infobae México

La desaparición del locutor Iván Michel Atilano en Oaxaca y la no localización del reportero Elí Martínez en Veracruz encendieron alertas en dos estados donde sus casos quedaron ligados a búsquedas oficiales y, en el segundo, a un ataque armado que en un principio se temió que fuera un secuestro, sin embargo esta mañana finalmente apareció con vida.

En Poza Rica, la zona donde ocurrió la agresión ya acumulaba antecedentes contra periodistas de la fuente policiaca: en 2026 habían sido asesinados dos comunicadores. Uno de esos crímenes fue el de Luis Ángel López que ocurrió el 11 de junio sobre la avenida 20 de Noviembre, la misma vialidad donde se registró el ataque más reciente.

Iván Michel Atilano fue reportado como desaparecido en Oaxaca. Las autoridades estatales difundieron una ficha de búsqueda en la que señalaron que el comunicador y locutor de radio tiene 47 años y fue visto por última vez el martes 18 de agosto de 2026.

La Unidad de Atención a Personas No Localizadas de la Fiscalía General de Oaxaca indicó que el último punto de ubicación fue el centro de Huautla de Jiménez. En esa ficha también describieron su vestimenta: playera negra, pantalón de mezclilla azul marino y lentes oftálmicos con armazón negro.

La descripción física incluyó una estatura de 1.70 metros, tez clara, cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas, ojos grandes, nariz mediana de base ancha, boca mediana, labios semigruesos, mentón cuadrado y cabello ondulado, corto y castaño.

Para recibir información sobre su paradero, la Fiscalía de Oaxaca habilitó el teléfono 800 00 77628, el número móvil 951 164 64 34 y el correo nolocalizados@fge.oaxaca.gob.mx.

La búsqueda de Iván Michel Atilano también se extendió entre sus compañeros

Compañeros del locutor pidieron apoyo para localizarlo y señalaron que trabajaba en Radio Evolución 98.5 FM. En su llamado público afirmaron que se le vio por última vez el 18 de agosto de 2026 en el municipio de San Jerónimo Tecóatl, también en Oaxaca.

Ese dato mostró una diferencia con la ubicación asentada por las autoridades, que lo colocaron por última vez en Huautla de Jiménez. Sus compañeros añadieron que desde ese día no tenían noticias sobre su paradero y que familiares y personas cercanas mantenían la búsqueda.

En ese mismo mensaje solicitaron a quien lo hubiera visto o tuviera información útil que se comunicara con sus familiares o con las autoridades correspondientes. También difundieron el número 2382495995 para recibir datos que ayudaran a encontrarlo.

El segundo caso ocurrió en Poza Rica, al norte de Veracruz, donde Elí Martínez, reportero de policiaca, fue reportado como no localizado. Personas cercanas temieron que hubiera sido levantado durante un ataque armado.

Elí Martínez apareció con vida tras un ataque armado en Poza Rica

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 24 de agosto, cuando Martínez estaba con otro periodista de la misma fuente en la zona de la colonia Cazones. En ese lugar fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Ambos intentaron huir. Uno de los periodistas quedó estable y recibió atención de las autoridades, pero Elí Martínez no fue localizado después de la agresión, por lo que se presumió que habría sido secuestrado, sin embargo esta mañana de martes se informó que apareció con vida.

Tras las detonaciones llegaron elementos de seguridad estatales y federales. Los agentes desplegaron un operativo, colocaron un perímetro en la zona del ataque y encontraron casquillos percutidos.

El periodista que logró huir en un principio permaneció estable habló con los elementos de seguridad. En esa entrevista, los agentes le pidieron detalles sobre la agresión.

Familiares y amistades de Elí Martínez intentaron comunicarse con él sin éxito, hasta esta mañana de martes que apareció finalmente con vida. La búsqueda comenzó en instituciones de salud y otros sitios con el fin de ubicarlo.

El caso ocurrió en una ciudad golpeada por agresiones contra comunicadores. El 8 de enero fue asesinado Carlos Castro, periodista de la misma fuente policiaca, mientras estaba en su local comercial de alimentos.

Meses después, el 11 de junio, fue asesinado Luis Ángel López Valdez, también reportero de policiaca. El crimen ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, la misma donde después se registró el ataque en el que Eli Martínez quedó no localizado.

• Iván Michel Atilano, locutor de Oaxaca, fue visto por última vez el 18 de agosto de 2026 y la Fiscalía estatal difundió su ficha de búsqueda.

• Eli Martínez, reportero de policiaca en Poza Rica, apareció con vida tras un ataque armado ocurrido la noche del 24 de agosto en la colonia Cazones.

• En 2026 ya habían sido asesinados en esa ciudad veracruzana los periodistas Carlos Castro y Luis Ángel López Valdez.

La finca asegurada en Tlajomulco de Zúñiga mostraba señales inequívocas de violencia cuando las autoridades de Jalisco llegaron al lugar. El colectivo Hasta Encontrarlos México fue quien localizó el sitio y dio aviso a las autoridades durante una jornada de búsqueda.

En el interior del predio, se hallaron prendas de ropa quemadas, rastros de sangre visibles y tambos acondicionados como incineradores clandestinos. También encontraron cartuchos percutidos, ponchallantas y una prótesis, lo que apunta a la posible utilización del lugar en actividades criminales.

El predio se ubica sobre la calle Antonio Martínez, a un costado del Rancho Los Ramírez, en las orillas de la comunidad de El Tecolote. El sitio, de apariencia similar a un rancho, se encontraba en aparente abandono, con maleza crecida y cubierto de polvo.

Guardia Nacional, primer respondiente en El Tecolote

Según informó el Ayuntamiento de Tlajomulco, la Guardia Nacional fue la corporación que atendió el hallazgo como primer respondiente. Esta misma corporación habría solicitado el mando y la conducción para el procesamiento de los indicios y las investigaciones derivadas del aseguramiento.

El colectivo confirmó el lunes 24 de agosto que la finca permanece asegurada y bajo resguardo oficial. “La finca se encuentra asegurada y bajo resguardo; sabemos que muchas familias están al pendiente de la información que pueda surgir a partir de las investigaciones”, publicó Hasta Encontrarlos México en sus redes sociales.

Entre los indicios documentados por las buscadoras se encontraron prendas de ropa quemadas, tenis de la marca Adidas, cientos de ponchallantas, tablas, mochilas, machetes y tubos. Las fotografías difundidas por el colectivo también muestran una pared salpicada con manchas hemáticas y una caja con cartuchos útiles.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la prótesis de una pantorrilla y pie derechos. El colectivo no pudo determinar a quién pertenece ni establecer un vínculo directo con alguna persona desaparecida en particular.

Los tambos acondicionados como incineradores clandestinos representan uno de los indicios más graves del lugar. Este tipo de dispositivos se utiliza para destruir restos orgánicos sin dejar rastro, lo que dificulta la identificación de posibles víctimas.

El colectivo señaló que no puede precisar si el predio operó como campo de adiestramiento o como casa de seguridad. “No podemos definir si operaba como campo de adiestramiento o casa de seguridad”, advirtió el grupo en su comunicado del sábado 22 de agosto.

La pregunta sin respuesta: cuántas personas pasaron por el lugar

La incógnita central que dejó el hallazgo es el número de personas que pudieron haber estado en ese predio. “La pregunta que todavía no podemos responder es cuántas personas pudieron haber pasado por este lugar”, escribió el colectivo en su publicación oficial.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si en el lugar existen restos humanos. Tampoco han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de la investigación ni sobre la corporación que asumirá la conducción del caso.

El colectivo se comprometió a mantener informadas a las familias de personas desaparecidas sobre cualquier novedad. “Cualquier actualización la informaremos de manera oportuna en esta página y nos ponemos a disposición de las familias en nuestro chat”, añadieron las buscadoras.

Tlajomulco de Zúñiga, el municipio con más fosas clandestinas en Jalisco

El hallazgo ocurre en el municipio con el mayor número de sitios de inhumación clandestina en Jalisco. Según datos de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado, entre diciembre de 2018 y mayo de 2025 se hallaron 81 fosas clandestinas en Tlajomulco, con 688 víctimas localizadas preliminarmente.

Jalisco concentra una de las crisis de desaparición más graves del país. El Registro Estatal de Personas Desaparecidas contabilizaba 15.943 personas desaparecidas al 30 de septiembre de 2025, cifra que los propios colectivos de búsqueda consideran subestimada.

El municipio de Tlajomulco forma parte del llamado “corredor de la muerte”, una franja de más de 50 kilómetros en la Zona Metropolitana de Guadalajara donde se concentra la actividad del crimen organizado. De las 186 fosas clandestinas halladas por el gobierno de Jalisco entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, 174 se localizan en esa región.

Los colectivos de búsqueda en Jalisco operan en un entorno de presión institucional constante. En agosto de 2026, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Arturo Medina Padilla, canceló de última hora una reunión agendada desde el 2 de julio, sin ofrecer una nueva fecha.

La cancelación fue notificada por la Comisión Nacional de Búsqueda tres días antes de la cita prevista. El colectivo advirtió que la suspensión sin reagendar deja a las familias buscadoras en mayor indefensión y cuestiona la voluntad política del gobierno para atender la crisis.

Ante este panorama, el colectivo Hasta Encontrarlos México reiteró su disposición para acompañar a las familias en el seguimiento del caso de El Tecolote. El grupo instó a quienes tengan información relacionada con el predio a comunicarse a través de su canal de atención directa.

El número de personas fallecidas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio aumentó a 6.509, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes, cuando se cumplen dos meses de la emergencia. La nueva cifra representa 71 muertes más que las registradas en el informe anterior.

El titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, precisó que se retiraron 600.790 toneladas de escombros del estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos y donde más de un centenar de edificaciones colapsaron o fueron demolidas. El número de viviendas inspeccionadas alcanzó las 60.785, de las cuales 11.001 presentan daños clasificados como de “alto riesgo”. Las unidades residenciales entregadas a damnificados se mantienen en 335.

El régimen venezolano no ha publicado cifras oficiales de desaparecidos. El gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, señaló a principios de mes que familias del estado reportaron 1.579 personas sin paradero conocido y 7.265 muertos —una cifra superior a la oficial—.

El diputado opositor Henrique Capriles reclamó este lunes que el chavismo sigue sin actualizar ese dato.

“Seguimos sin cifras oficiales de desaparecidos y muchas familias continúan esperando que alguna autoridad llegue a sus comunidades, escuche sus necesidades y dé respuestas”, escribió en su cuenta de X.

Mientras el balance de víctimas crece, la asistencia humanitaria que llegó en las primeras semanas tras el desastre muestra una caída sostenida. Olga San Martín, vicepresidenta de la ONG española Olvidados, advirtió que la emergencia no ha cesado.

“No hay la cantidad de ayuda que había hace un mes, hace 15 días, sino que se encuentran sin agua fresca, sin comida”, afirmó. La organización distribuye comida y equipa refugios en La Guaira con camas y tiendas de campaña, además de entregar kits de higiene a quienes, según San Martín, “no tienen jabón, no tienen cómo lavarse”.

Aurora Pretel, responsable de la Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana de España, confirmó el mismo panorama.

“El calor es terrible, es sofocante al día la deshidratación, la desnutrición. Entonces se necesita mucha ayuda en ese tema. Estamos instalando filtros de agua”, describió. Pretel comparó el aspecto de La Guaira con “una zona de guerra” ante la cantidad de edificios colapsados que aún permanecen en pie o en proceso de demolición.

Gran parte de los más de 17.900 damnificados vive en refugios improvisados, entre ellos una iglesia mormona en La Guaira donde se alojan más de cincuenta personas. Vanesa Rodríguez prepara allí 500 comidas de lunes a viernes para distintos puntos del estado. “La ayuda que realizamos está dirigida a médicos, rescatistas, voluntarios, bomberos, exactamente las personas que estén trabajando. El objetivo es llegar a las personas y suministrarle alimentos, comida caliente y bebidas frías”, explicó.

Betzabeth Pérez, refugiada en esa iglesia, resumió la situación de muchos: “No tenemos a dónde ir. Estamos esperando es respuestas de lo que en realidad nos van a resolver con la reparación de las casas o una vivienda”.

La Cámara de Comercio de La Guaira estima que el sector productivo perdió el 80% de sus ingresos tras los sismos.

El turismo, principal actividad económica de la zona, permanece casi paralizado por la remoción de escombros y la ausencia de visitantes en las playas. Algunos habitantes buscan alternativas: Jefferson Zavala, de 27 años, instaló una barbería en la entrada de su propia casa —marcada con etiqueta amarilla por daños estructurales— y cobra 5 dólares por corte, la mitad de su tarifa habitual. Edwar Carpio, de 51 años, retomó su puesto de frutas y verduras en Mare Abajo dos semanas después de la emergencia y optó por no elevar los precios, aunque reconoce que las ventas repuntaron levemente en los últimos días porque “las ayudas y donaciones privadas e internacionales han mermado” y la gente volvió a cocinar.

La familia del empresario burgalés Juan José Mutilba ha denunciado su desaparición durante un viaje en barco por Italia, entre la costa de Sicilia y Grecia. El hombre, de 66 años, cayó de la embarcación tras un accidente de pesca el pasado martes 18 de agosto.

Ha sido su hijo, Sergio Mutilba, el que ha alertado a los medios de comunicación. En declaraciones a EFE, ha explicado que su padre se encontraba de viaje con su madre en el catamarán THEOREME cuando cayó del barco. Según ha contado, Mutilba salió a navegar junto con su mujer, Carmen, desde Siracusa con el objetivo de llegar a la ciudad de Pilos, en Grecia. El martes por la mañana logró pescar un atún, pero se resbaló con la sangre del pez y cayó al mar.

El hombre pudo avisar a su mujer, a quien pidió que apagase el motor del navío, pero esta “no supo reaccionar”, según su hijo. Carmen, que contaba con el título de patrón de embarcaciones de recreo, no estaba preparada para llevar sola el barco en aquellas circunstancias. Por mucho que lo intentó, no logró regresar hasta su marido.

Durante los siguientes tres días, la mujer intentó contactar con los servicios de emergencia, sin éxito debido a la falta de cobertura. Finalmente, consiguió hablar con un amigo de la familia el viernes, quien ya sospechaba que algo malo había ocurrido al no tener noticias de la pareja. Fue él quien finalmente dio la voz de alarma a Salvamento Marítimo de España, desde donde se alertó a las autoridades griegas e italianas. La organización ha confirmado a Infobae que la búsqueda se mantiene por el momento, sin éxito en la localización del burgalés.

Los familiares piden que no abandonen la búsqueda

Los efectivos de Salvamento Marítimo de Grecia lograron localizar a la mujer y remolcar el barco hasta Pilos, pero todavía no han localizado a Juan José Mutilba. A punto de cumplirse una semana de su desaparición, la familia ha contactado con el Ministerio del Interior español para solicitar su ayuda.

Según ha explicado Sergio Mutilba a Efe, el ministerio desconocía el caso y se ha comprometido a estudiar si entra en sus competencias. La familia quería la intervención española para conseguir información, pues las autoridades italianas no les están dando “nada”; así como para presionar a que se mantenga activa la búsqueda, pues “tienen miedo” de que se suspenda.

Juan José Mutilba, informático de formación, dirigió durante varios años la empresa D’ors Informática. Más adelante impulsó una empresa de distribución de agua para compañías bajo la firma Mutobre, S.L., cuya dirección pasó a Sergio Mutilba y un socio en 2025. El empresario se prejubiló en 2021 y dedica buena parte de su tiempo a la navegación, especialmente por el Mediterráneo y siempre acompañado por su esposa.

La familia permanece en Pilos pendiente de cualquier noticia sobre su paradero y próximamente se trasladará a Italia para presionar desde allí. Según el hijo mayor de la familia, la poca información que reciben viene de patrones de barco, amigos de su padre, que les han notificado la movilización de un helicóptero y tres barcos por parte de Italia. ”Es casi imposible [encontrarlo], porque [el mar] es tan grande, pero que no dejen de buscar”, ha pedido.

El cuerpo de Oscar Kowszyk, un hombre de 87 años que permanecía desaparecido desde el domingo pasado en Río Cuarto (Córdoba), fue encontrado en el patio de una casa y el caso tiene, por el momento, a dos personas detenidas.

El hallazgo ocurrió este sábado en una propiedad ubicada sobre la calle Buenos Aires al 1000, en el barrio Mójica, un sector residencial del macrocentro de la ciudad cordobesa.

Según las fuentes, el cuerpo fue descubierto en medio de un allanamiento ordenado por la fiscal de Instrucción de Cuarto Turno, Jael Arias Shocron, y tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a la información, en las imágenes -de domos públicos y cámaras privadas- se podría observar el ingreso de un hombre cuyas características físicas coincidían con las del adulto mayor desaparecido. El dato impulsó el procedimiento de la Policía de Córdoba.

En ese contexto, durante la requisa, los agentes visualizaron el cuerpo de una persona sin vida en el patio de la casa, cubierto por una lona, por lo que tomó intervención inmediata la Policía Judicial para realizar las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, los efectivos detuvieron a dos hombres, de 53 y 34 años, que se encontraban presentes al momento del ingreso en la propiedad. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, imputados por el delito de homicidio.

Posteriormente, tras una pericia forense, se confirmó que se trataba de Kowszyk quien, antes de salir de su casa, el domingo pasado, dejó una nota para su esposa: “Salgo a caminar hasta el Centro, son las 16 de la tarde”.

El jubilado no usaba teléfono celular y al notar que las horas pasaban y no regresaba, su familia denunció la desaparición cerca de la medianoche de ese día.

Medios locales indicaron que la víctima del presunto asesinato era un vecino conocido y muy querido de la ciudad y que, pese a su edad, mantenía una rutina activa.

A Kowszyk le decían “Cacho” y participaba del programa para adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y asistía a talleres de teatro, comunicación y tango. Su desaparición había movilizado a familiares, amigos, docentes y compañeros, indicó El Doce.

La investigación

Las cámaras permitieron reconstruir parte de su recorrido, detalló El Doce. De acuerdo al medio cordobés, un domo lo registró alrededor de las 17 en plaza Roca y, más tarde, una cámara privada lo captó ingresando cerca de las 20 a una vivienda sobre la calle Buenos Aires, a cuadras de su casa.

Sin embargo, las cámaras no registraron su salida, por lo que los investigadores sospecharon que nunca había dejado el lugar.

Durante la semana previa al hallazgo se habían realizado rastrillajes en distintos sectores de Río Cuarto que el hombre desaparecido solía frecuentar. Entre ellos el Andino, barrio Alberdi y la costa del río.

La Fiscalía de Jalisco confirmó la localización sin vida de Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años desaparecido desde el 11 de agosto en el fraccionamiento Diana Natura Residencial, en Zapopan. Su cuerpo fue hallado la noche del 19 de agosto en una brecha de la colonia La Venta del Astillero del el mismo municipio, y posteriormente sometido a dictámenes periciales para confirmar la identidad.

Este 21 de agosto, junto con la confirmación, la dependencia estatal informó que ya cuenta con avances para obtener órdenes de aprehensión contra los responsables. Además, precisó que las líneas de investigación apuntaban a que la muerte de Haro Cachua no estuvo relacionada con su actividad laboral en el sector inmobiliario, sino con asuntos de carácter personal.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas llevó las indagatorias desde que tuvo conocimiento de los hechos y mantuvo activa la búsqueda durante los ocho días que transcurrieron entre la denuncia y el hallazgo del cuerpo.

La Fiscalía descartó vínculo con el sector inmobiliario

La dependencia estatal subrayó que una de las hipótesis centrales de la investigación apuntaba a que el móvil del crimen fue ajeno al trabajo que desempeñaba Haro Cachua. El comunicado oficial no detalló las diligencias que derivaron en los avances anunciados ni precisó cuántas personas podrían ser señaladas como responsables.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la investigación de casos de personas desaparecidas y anunció que las indagatorias continuarían hasta lograr la captura de quienes resultaran responsables. Tampoco ofreció información sobre las circunstancias en que fue localizado el cuerpo en la brecha de La Venta del Astillero.

Haro Cachua salió del fraccionamiento el 11 de agosto y no regresó

Según la ficha oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, el empresario fue visto por última vez la madrugada del 11 de agosto en Diana Natura Residencial, al poniente de Zapopan. Tenía 43 años, 178 cm de estatura, complexión delgada y tez morena clara. Su cabello era chino, corto y negro.

Al momento de su desaparición vestía chamarra de mezclilla azul con interior aborregado y playera negra. La ficha de búsqueda registró tres señas particulares: una verruga en la zona del ojo derecho, uñas usualmente pintadas y una cicatriz en la frente.

Su celular apareció apagado desde entonces. Familiares y amigos difundieron la ficha en redes sociales y canalizaron cualquier información al número 33 3145 6314 y al correo comisionbusqueda@jalisco.gob.mx, habilitados por la Comisión de Búsqueda.

Haro Cachua se presentaba en redes sociales como emprendedor enfocado en inversión inmobiliaria y creador de contenido. Su entorno cercano describió su desaparición como un hecho atípico y mantuvo activa la búsqueda por su cuenta mientras las autoridades avanzaban en las indagatorias.

Otras desapariciones de empresarios inmobiliarios en Jalisco

El caso de Haro Cachua se insertó en un patrón de crímenes contra empresarios inmobiliarios en Zapopan que se extendió por casi tres semanas. El antecedente fue la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, reportado como no localizado el 31 de julio tras salir de su domicilio para atender una cita en la colonia El Batán.

El automóvil en que viajaba Cabezas Talavera fue hallado abandonado en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán. Personal pericial aseguró en su interior prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con manchas que aparentaban ser sangre.

El 13 de agosto la Fiscalía detuvo y vinculó a proceso a Joselinne “N”, señalada por probable participación en desaparición cometida por particulares en agravio de Cabezas Talavera. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. La vicefiscal en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo informó que la mujer habría establecido contacto con el empresario para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales, y que una de las líneas de investigación buscaba determinar si también sustrajo dinero de sus cuentas bancarias. Hasta el momento no se ha localizado a la víctima.

Familiares protestaron frente a Casa Jalisco horas antes del hallazgo

El pasado 19 de agosto familiares y amigos de Haro Cachua y del también empresario inmobiliario desaparecido, Ricardo Cabezas Talavera, se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir al gobernador Pablo Lemus resultados en ambas investigaciones.

Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “No estamos todos, nos falta Octavio” y “Queremos a Octavio”. Tras concentrarse frente a la residencia oficial del gobernador, la protesta avanzó por avenida López Mateos y concluyó en la glorieta de La Minerva, una de las principales vialidades de Guadalajara.

Hasta el momento no existe relación documentada entre los dos casos de desaparición en la entidad.

El sexenio de Andrés Manuel López Obrador concentró la mayor cantidad de fosas clandestinas localizadas en México desde 2006, con mil 764 hallazgos, una cifra que supera ampliamente los registros de los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con el informe Trazar la Ausencia, Caminar la Esperanza: análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024), elaborado por la Universidad Iberoamericana, durante la administración de Calderón fueron localizadas 368 fosas, mientras que en el gobierno de Peña Nieto se contabilizaron 712.

El estudio, basado en datos oficiales y reportes de medios de comunicación, documentó que entre enero de 2006 y septiembre de 2024 fueron localizadas alrededor de 2 mil 844 fosas clandestinas, de las cuales se recuperaron 8 mil 341 cuerpos y más de 52 mil restos humanos.

Guerrero, Veracruz y Sonora concentran los hallazgos

El análisis de los reportes periodísticos permitió identificar a Guerrero, Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco como las entidades con mayor número de fosas clandestinas registradas durante el periodo.

Guerrero encabeza la lista con 416 fosas, seguido de Veracruz, con 400; Sonora, con 381; Guanajuato, con 294, y Jalisco, con 263.

Sin embargo, el número de fosas no necesariamente corresponde con la cantidad de cuerpos recuperados. En Jalisco, por ejemplo, de las 263 fosas documentadas fueron exhumados mil 157 cuerpos.

Le siguen Guerrero, con 852 cuerpos; Sonora, con 655; Guanajuato, con 570; Michoacán, con 564; Veracruz, con 514; Chihuahua, con 462; Colima, con 450, y Durango, con 404.

Para las organizaciones de búsqueda, estas cifras reflejan la dimensión de la violencia ejercida por grupos criminales y la crisis que enfrentan las familias de personas desaparecidas.

Impunidad y presunta colusión con autoridades

Uno de los principales hallazgos del informe es la constante referencia a una posible colusión entre grupos de la delincuencia organizada y agentes del Estado, tanto municipales como estatales e incluso federales.

Andrea Horcasitas, investigadora de Derechos Humanos de la Ibero y autora del estudio, señaló que la impunidad representa uno de los principales obstáculos para esclarecer las desapariciones.

De acuerdo con la académica, 99 por ciento de los casos de desaparición no se resuelven, mientras que sólo una mínima parte de las carpetas de investigación recibe atención efectiva.

La situación, advirtió, también envía un mensaje de permisividad a los grupos criminales, particularmente porque prácticamente todas las entidades del país han registrado al menos una fosa clandestina.

Un fenómeno que particularmente indigna a los colectivos son las llamadas “fosas de uso reiterado”, espacios donde, pese a haber sido intervenidos o asegurados, posteriormente vuelven a encontrarse cuerpos o restos humanos.

Olimpia Montoya Juárez, integrante de Proyecto de Búsqueda Guanajuato, cuestionó la actuación de las autoridades y señaló que la permanencia de estos sitios demuestra la incapacidad institucional para frenar las desapariciones.

Ante esta crisis, las familias tuvieron que organizarse para realizar sus propias labores de búsqueda. Actualmente existen más de 100 colectivos de madres buscadoras reconocidos en el país.

Montoya también cuestionó que el tema de las personas desaparecidas sea utilizado políticamente durante las campañas electorales y posteriormente quede relegado.

Por su parte, Horcasitas llamó a partidos y aspirantes a cargos públicos, particularmente de cara a las elecciones de 2027, a evitar la instrumentalización del dolor de las familias buscadoras.

La investigadora pidió que el problema sea abordado con estadísticas, verdad y respeto hacia quienes continúan buscando a sus seres queridos.

El próximo 30 de agosto, colectivos y familias de personas desaparecidas convocan a una marcha en Ciudad de México para exigir justicia y visibilizar la crisis de desaparición forzada. La manifestación coincide con el Día Internacional contra la Desaparición Forzada y recorrerá la ruta del Ángel de la Independencia al Zócalo a partir de las 9:00 horas, en un llamado abierto a la participación de familiares, sobrevivientes y ciudadanía.

La convocatoria surge en un contexto donde hay más de 135 mil personas desaparecidas en México y las autoridades sostienen que estos casos no corresponden a desaparición forzada al considerar que el Estado no tiene una responsabilidad directa. Esta postura, de acuerdo a los colectivos que convocan a la marcha, consideraron que la negación oficial de la responsabilidad agrava el dolor y la búsqueda de justicia.

Familias denuncian omisión estatal y exigen justicia

El reclamo central de la marcha es la exigencia de verdad y justicia ante la inacción de las autoridades. Integrantes de colectivos han reiterado que la desaparición forzada no solo implica la ausencia de un ser querido, sino también la experiencia de criminalización y represión por parte de fiscalías, comisiones y fuerzas armadas.

Por ello, a través de la convocatoria firmada por Luciérnagas Buscadoras CDMX, Ajolote Buscador, Corazones Robados, Laboratorio de Transpolíticas del Hábitat A.C y Corazones en Búsqueda, se espera movilizarse nuevamente para exigir justicia a a familiares y víctimas de desaparición forzada en México.

La ruta partirá del Ángel de la Independencia y culminará en el Zócalo capitalino. Se espera la participación de víctimas, familiares, organizaciones de derechos humanos y personas solidarias que, ante la falta de respuestas institucionales, han asumido la búsqueda en condiciones de riesgo y abandono oficial.

Madres buscadoras en Sonora llaman a movilización permanente

El colectivo Madres Buscadoras de Sonora, encabezado por Ceci Flores, convocó también a una marcha el 30 de agosto en Hermosillo para conmemorar el Día Internacional contra la Desaparición Forzada. En ese estado, la movilización iniciará a las 18:30 horas en la Plaza Emiliana de Zubeldía y finalizará en la Catedral de Hermosillo.

La convocatoria está dirigida a familiares, voluntarios y a toda la ciudadanía. El colectivo pide asistir con una playera que lleve la fotografía del familiar desaparecido, una lona o pancarta y una veladora blanca. El objetivo es mantener presente el reclamo de búsqueda y verdad frente a la ausencia de respuestas oficiales. “Viste una playera con la fotografía de tu familiar, lleva una lona o pancarta y una veladora blanca por su memoria y por la verdad”, publicó Ceci Flores en redes sociales.

La marcha no solo es una acción simbólica, sino una estrategia de presión ante la inacción de las autoridades y el crecimiento del fenómeno de las desapariciones en Sonora. Las integrantes del colectivo insisten en que la lucha no termina con la movilización, sino que se mantiene de manera permanente. Las madres buscadoras han enfrentado condiciones de riesgo, falta de apoyo institucional y burocracia, lo que las ha obligado a realizar búsquedas por cuenta propia en zonas peligrosas.

Indígenas y jóvenes, entre los más afectados por desapariciones

De acuerdo con una investigación comunitaria publicada por Voces del Territorio, en México se tiene registro de 152 casos recientes de desapariciones indígenas, mientras que la cifra oficial del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) solo reconoce a 21. Oaxaca encabeza la lista, seguido de Puebla, Chiapas, Sonora, Guerrero y Chihuahua. Entre los desaparecidos, el grupo más grande corresponde a jóvenes de entre 18 y 30 años.

Las familias refieren que casi la mitad de las búsquedas se realiza sin acompañamiento institucional y en condiciones de precariedad. En muchos casos, el miedo a represalias y la desconfianza en las autoridades impiden la denuncia formal, lo que contribuye a la invisibilización del fenómeno. Los testimonios también apuntan a la participación de policías municipales, autoridades estatales y federales en los casos documentados, además de la presencia del crimen organizado en regiones rurales e indígenas.

Sammy Daniel Pérez Rojas, marine veterano reportado como desaparecido desde el 31 de julio en Puerto Vallarta, fue localizado con vida en Texas, Estados Unidos, confirmó la Fiscalía del Estado de Jalisco. La localización ocurrió mientras seguía abierta la investigación por su ausencia y después de que su familia advirtió que el hombre de 34 años atravesaba “una crisis” por la que necesitaba atención médica.

El caso se desarrolló en un contexto de desapariciones en ese destino turístico de Jalisco. En 2025, Puerto Vallarta acumuló 29 personas desaparecidas: 24 hombres y cinco mujeres, y el grupo de 25 a 39 años concentró 14 reportes.

La autoridad estatal ya había recibido la denuncia y abrió una investigación para establecer el paradero de Pérez Rojas. Hasta antes de su localización, la Fiscalía no había informado públicamente una línea de investigación específica ni qué ocurrió después de su última aparición.

La familia alertó que necesitaba ayuda médica urgente

La familia perdió contacto con Sammy Daniel Pérez Rojas cuando se encontraba en Puerto Vallarta. Desde entonces difundió imágenes y mensajes de auxilio para ampliar la búsqueda dentro del municipio y en otros puntos de Jalisco.

Paloma, hermana del hombre, pidió apoyo en redes sociales para compartir la ficha de búsqueda. En su mensaje escribió: “Mi hermano Sammy está desaparecido. Está atravesando una crisis y también es veterano de la Marina de los Estados Unidos”.

En otra publicación, los familiares insistieron en la urgencia del caso: “Está pasando por una crisis y necesita ayuda médica. Estamos muy angustiados por su vida. Cada minuto cuenta”.

La madre de Sammy también difundió un video con fotografías del joven y un mensaje dirigido a su hijo. “Hijo, no sabes cuánto te amamos ni cuánto duele tu ausencia. Sólo queremos que estés bien, que recibas la ayuda que necesitas y que regreses a casa”.

La familia también pidió que cualquier persona con datos sobre su posible ubicación se comunicara con las autoridades o con su entorno cercano. Además solicitó compartir la información con personas que tuvieran familiares o conocidos en Puerto Vallarta y en otras zonas de Jalisco.

La ficha de búsqueda describió tatuajes y rasgos físicos

La denuncia formal quedó en manos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, cuyo personal en Puerto Vallarta ya tenía conocimiento del caso. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas de Jalisco contaba con mecanismos para recibir reportes y realizar acciones de búsqueda, y señalaba que no era necesario esperar un periodo determinado para presentar una denuncia por desaparición.

De acuerdo con la ficha difundida por sus familiares, Sammy Daniel Pérez Rojas medía 1.75 metros y era de complexión delgada. Tenía cabello castaño oscuro, largo y lacio; ojos café, y barba y bigote cortos.

La ficha y los mensajes familiares circularon con tres fotografías para facilitar su identificación. Ese material no incluyó la ropa que llevaba el día de su desaparición.

Como seña particular, sus familiares señalaron un tatuaje en la pantorrilla izquierda con las letras R y P y un diseño semejante al emblema del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, con un águila, un globo terráqueo y un ancla. En otra descripción del caso también se mencionó un tatuaje en una de sus piernas con las letras P y R en diseño oscuro.

La familia afirmó que Sammy era veterano del Cuerpo de Marines de Estados Unidos. Hasta la tarde del 18 de agosto no existía certeza pública de que hubiera estado matriculado en esa institución, aunque en el video difundido por su madre aparecían fotografías de años atrás en las que portaba un uniforme similar al de las fuerzas armadas estadounidenses.

Las autoridades de Jalisco ya habían documentado búsquedas de personas extranjeras en Puerto Vallarta. La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas informó en otro momento sobre un operativo en el municipio para localizar a una persona originaria de Canadá.

La misma dependencia también reportó localizaciones de personas con denuncias iniciadas fuera de la entidad. En julio de 2023 informó que ubicó en Puerto Vallarta a un hombre cuyo reporte de desaparición se presentó en Guanajuato.

Mientras no existía un reporte público sobre su localización, la investigación por el caso de Sammy Daniel Pérez Rojas permanecía abierta. La Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco contaba además con un Registro Estatal de Personas Desaparecidas y con un sistema para consultar cédulas de búsqueda emitidas en la entidad.

Integrantes de la Colectiva Feminista Ehécatl localizaron el miércoles un cuerpo de hombre en el Canal de La Compañía, en los límites de Chimalhuacán y Nezahualcóyotl, un hallazgopor parte de madres buscadoras donde la agrupación ya había encontrado otros cadáveres y restos humanos.

El reporte se hizo entre las seis y siete de la noche, pero el personal pericial llegó hasta alrededor de las dos de la madrugada del jueves. La espera se prolongó por unas ocho horas, mientras las buscadoras permanecieron junto al sitio del hallazgo hasta que comenzaron las diligencias.

La víctima era un hombre de entre 30 y 35 años. Estaba atrapado entre la maleza, flotando en aguas negras a la altura de la colonia Arturo Montiel, cerca de la calle 12 y del puente del Circuito Exterior Mexiquense.

Presentaba lesiones en el tórax y daños severos en el rostro, además de un estado de descomposición avanzado por la exposición al agua residual. Vestía pantalón y playera azules, así como tenis blancos.

El hallazgo ocurrió junto al puente del Circuito Exterior Mexiquense

Vecinos alertaron a las buscadoras sobre la presencia del cadáver. Después, la colectiva pidió apoyo de Protección Civil, Bomberos y policías municipales para resguardar la zona y recuperar el cuerpo.

Elementos de la Unidad de Género de Chimalhuacán resguardaron el perímetro. Personal de Protección Civil y Bomberos ingresó al canal para sacar el cadáver.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense de la Fiscalía Regional de Chimalhuacán. Ahí quedaron pendientes la identificación de la víctima y la determinación de la causa de muerte y es que hasta este martes 18 de agosto aún no ha sido identificado.

La colectiva denunció retrasos reiterados en la llegada de peritos y personal ministerial cuando localizaba indicios o cadáveres. En este caso, las buscadoras pasaron buena parte de la noche en el lugar hasta que la Fiscalía inició el levantamiento.

Victoria Hernández, madre buscadora integrante del colectivo, sostuvo: “Nosotros estamos haciendo su trabajo. Colectiva Ehécatl está haciendo su trabajo. Es la única colectiva que busca en canales”.

Los canales del oriente del Estado de México ya acumulaban cuerpos y restos humanos

El hallazgo en La Compañía se sumó a una cadena de localizaciones hechas por Ehécatl en canales de aguas residuales del oriente y nororiente del Estado de México. Desde noviembre de 2025, la agrupación había localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura de Nextlalpan.

El detonante más reciente de esas búsquedas ocurrió el 5 de mayo de 2026, cuando Mariana Valentina Domínguez Valdez, de 11 años, cayó al cauce de aguas negras mientras jugaba. Desde entonces, su madre Luisa Valdez pidió apoyo del colectivo y la menor continuó desaparecida.

Durante esos rastreos aparecieron otros cuerpos y restos humanos ajenos al caso de la niña. La agrupación sostuvo que los cauces de aguas negras debían incorporarse de manera sistemática a la búsqueda de personas desaparecidas.

Carmen Zamora, representante del colectivo, advirtió: “Las desapariciones no existen solamente en fosas clandestinas a pie tierra. Los criminales se han perfeccionado”. También señaló: “Aprovechan la basura, que no hay cámaras y que nadie viene a reclamar. No hay nada, a pesar de que a un lado está el Circuito Exterior Mexiquense donde existe policía estatal que, supuestamente, está vigilando”.

En febrero, Ehécatl encontró el cuerpo de un hombre en el Río de los Remedios, en Ecatepec. En esa misma jornada también aparecieron más de 100 prendas de ropa interior femenina y diversos zapatos en el cauce.

En julio, las buscadoras rastrearon el sistema de canales que conectaba Tultitlán, Coacalco, Tonanitla y Nextlalpan para localizar a Teodora Cruz Arellano, desaparecida después de una inundación. En ese contexto, su esposo Pedro Cárdenas fue hallado sin vida en un canal de Coacalco.

Antes, en noviembre de 2025, el sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis apareció muerto en el cauce de Nextlalpan, embolsado y amarrado a un sillón. El 4 de diciembre de 2025, la familia del maestro de primaria Olaff Pedraza Vargas, de 33 años, localizó su cuerpo en las orillas del mismo canal tras 16 días de búsqueda.

Entre el 5 y el 15 de mayo de 2026, la colectiva encontró cuatro cuerpos: tres hombres y una mujer venezolana. Zamora relató que una de las víctimas tenía signos de violencia en el cuello y otra presentaba disparos, mientras un cuerpo más estaba desarticulado y sin cabeza ni brazos.

En julio de 2026, las buscadoras localizaron una pelvis y un cráneo dentro del canal. Uno de los cuerpos identificados en ese periodo fue el del adulto mayor Arturo Tovar, reportado como desaparecido en Teotihuacán.

Las buscadoras denunciaron riesgo sanitario y abandono institucional

El 15 de julio, la colectiva denunció que las autoridades retiraron la retroexcavadora con la que trabajaba y obligaron a suspender las labores. La maquinaria regresó el 27 de julio y la búsqueda se reanudó.

Las brigadas también denunciaron que, cuando hallaban restos humanos, debían esperar hasta cinco horas para que llegara personal especializado. Esa demora alargaba las jornadas y exponía a las voluntarias a riesgos sanitarios.

El 5 de agosto, el colectivo reportó presuntos residuos médicos tirados de forma irregular en el canal: bolsas para soluciones intravenosas, agujas, medicamentos y material quirúrgico. Una integrante señaló: “Hay agujas, soluciones y otros materiales que, al parecer, provienen de alguna clínica u hospital y vienen a tirarlos aquí al canal”.

El 16 de junio, la agrupación se reunió con Rosa Icela Rodríguez, titular de Segob, para plantear la necesidad de legislar sobre fosas clandestinas en aguas residuales. La funcionaria afirmó en X que el gobierno tenía “el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desaparecidas para llegar a la verdad y la justicia”, pero no precisó acuerdos concretos.

A escala estatal, la Fiscalía del Estado de México documentó 62 fosas clandestinas y 120 cuerpos recuperados entre enero de 2020 y junio de 2026. De esas 120 víctimas, 61 permanecían sin identificar.

En lo que iba de 2026, el registro oficial contabilizaba seis fosas clandestinas con 10 víctimas en el Estado de México. El año con más sitios de inhumación clandestina del periodo había sido 2024, con 17 fosas y 34 personas exhumadas.

• La Colectiva Feminista Ehécatl localizó el cuerpo de un hombre de entre 30 y 35 años en el Canal de La Compañía, en Chimalhuacán.
• Las buscadoras denunciaron que la llegada de peritos de la FGJEM tardó alrededor de ocho horas.
• Desde noviembre de 2025, el colectivo había encontrado seis cuerpos y decenas de restos óseos en canales del Estado de México.

Familiares de Melanie Estrella realizaron un bloqueo en Avenida Central la noche del viernes 14 de agosto de 2026 en Ecatepec para exigir celeridad en su búsqueda. Amigos, vecinos y padres de la adolescente de 17 años cerraron la vialidad a la altura de la estación Río de los Remedios para exigir su localización con vida y avances en la investigación por su desaparición, ocurrida desde el 3 de agosto.

La protesta duró más de tres horas y mantuvo cerrados todos los carriles con dirección a Periférico desde cerca de las 19:30 hasta alrededor de las 22:30 horas, cuando la circulación se reanudó de forma normal. En ese lapso, la fila de automovilistas alcanzó varios kilómetros y el tránsito quedó colapsado hacia Ciudad Azteca y Periférico Río de los Remedios.

El cierre se realizó en los límites de Ecatepec y Nezahualcóyotl, frente a la estación Río de los Remedios de la Línea B del Metro. Ahí se concentró un grupo de aproximadamente 50 personas, que llevó pancartas y lonas para pedir que las autoridades aceleraran la búsqueda de la menor.

Melanie Estrella Enríquez Escamilla fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en el municipio de Ecatepec de Morelos. Desde esa fecha, sus familiares dijeron que desconocían su paradero.

La familia reclamó avances en la carpeta de investigación

La exigencia central de la protesta fue una: que la FGJEM informara qué avances tenía la carpeta iniciada por la desaparición de la adolescente. Sus familiares señalaron que ya habían acudido a presentar la denuncia, pero aseguraron que hasta ese momento no habían recibido información sobre el curso de la investigación.

Los manifestantes también pidieron que se intensificaran los trabajos de búsqueda. Incluso advirtieron que mantendrían el bloqueo hasta obtener información sobre el caso, aunque finalmente se retiraron del lugar de forma pacífica.

Durante la noche acudieron autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y elementos de la fiscalía mexiquense para dialogar con los inconformes. Después de ese intercambio no quedó claro qué acuerdos alcanzaron las partes para liberar la vialidad.

La movilización respondió a la desaparición de una menor cuya búsqueda seguía activa 11 días después de que fue vista por última vez. Esa ausencia detonó el cierre de una de las vías más transitadas de la zona oriente del Valle de México.

La ficha de búsqueda difundió rasgos físicos y el último rastro conocido

La ficha de búsqueda de Alerta Amber México indicó que Melanie tenía cabello lacio rojizo, ojos castaños oscuros, brackets y una perforación en el ombligo. También precisó que medía 1.53 metros, era de complexión delgada y de tez blanca.

De acuerdo con sus padres, la adolescente salió de su domicilio en Ecatepec el 3 de agosto con rumbo desconocido. Otra versión sobre su último trayecto señaló que fue vista al salir de su casa y abordar un vehículo durante la madrugada, según cámaras de seguridad instaladas en la calle Gobernador Francisco Murguía, en la colonia Granjas Valle de Guadalupe.

Desde entonces no había tenido contacto con sus padres, ni con otros familiares o amigos. Ese fue el punto que sostuvo la protesta: la familia pidió su reaparición con vida y una respuesta concreta de las autoridades sobre las diligencias realizadas.

El bloqueo provocó afectaciones para miles de automovilistas que quedaron varados sobre Avenida Central. La circulación permaneció detenida en dirección a Ecatepec y Periférico mientras continuó la manifestación frente al Metro.

Al final de la jornada, familiares, amigos y vecinos liberaron la avenida después de poco más de tres horas de cierre, sin que se informara públicamente el contenido de los acuerdos alcanzados con las autoridades.

• Melanie Estrella Enríquez Escamilla, de 17 años, fue reportada como desaparecida el 3 de agosto de 2026 en Ecatepec.

• Sus familiares y vecinos bloquearon Avenida Central, a la altura de Río de los Remedios, durante más de tres horas para exigir avances en la búsqueda.

• La protesta terminó alrededor de las 22:30 horas, tras un diálogo con autoridades del Ayuntamiento de Ecatepec y de la FGJEM.

La desaparición de presos por razones políticas o como resultado de purgas internas se ha convertido en una práctica sostenida y creciente del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, denuncian organismos de derechos humanos. Al menos 23 personas permanecen actualmente en condición de desaparición forzada. En algunos casos, sus familias llevan más de dos años sin conocer su paradero, estado de salud o situación legal.

“El régimen de Nicaragua ha llegado hasta donde ningún otro país de la región ha llegado”, dice el abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nunca Más.

El Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua documentó, en su corte al 31 de mayo de 2026, nueve casos de desaparición forzada que mantiene el régimen de Ortega y Murillo.

Sin embargo, una actualización reciente, discutida en una audiencia ante organismos internacionales en la que participaron la Unidad de Defensa Jurídica, el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional y el Instituto Race and Equality, eleva esa cifra a 23 personas en condición de desaparición forzada.

La lista real es todavía más amplia, porque decenas de familiares y allegados de presos políticos permanecen desaparecidos sin que sus casos hayan sido reconocidos públicamente hasta ahora.

El Mecanismo define la desaparición forzada como la privación de libertad acompañada del ocultamiento del paradero y la condición de la persona detenida, lo que impide a sus familiares acceder a información verificable sobre su ubicación, su estado físico, su situación jurídica y sus condiciones de reclusión.

El líder indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan permaneció oculto por el Estado durante más de 970 días antes de ser mostrado, a fines de mayo de 2026, en estado crítico con fallas multiorgánicas. Murió tres días después, convertido en el séptimo preso político fallecido bajo custodia estatal desde el inicio de la actual escalada represiva.

De los nueve casos que el Mecanismo reconocía hasta finales de mayo, ocho corresponden a identidades públicas y uno permanece bajo reserva por razones de seguridad familiar.

Douglas Gamaliel Álvarez Morales, de 46 años, campesino y exmiembro de la guerrilla contrarrevolucionaria nicaragüense conocido en los años ochenta con el alias Relámpago, residía desde hacía tres décadas en Costa Rica cuando el gobierno costarricense lo extraditó a Nicaragua el 16 de febrero de 2024, acusado de participar en el homicidio de una policía y un civil. Fue presentado con grilletes y uniforme de presidiario en el penal La Modelo el 19 de febrero de ese año, y desde entonces no se ha vuelto a tener información oficial sobre él. Según han informado otros reos, permanece en aislamiento absoluto en la celda de castigo conocida como El Infiernillo, con grilletes permanentes y sin acceso a patio ni contacto externo.

Víctor Boitano Coleman, coronel del Ejército, de 64 años, pasó a retiro en 2007 y publicó varios libros críticos del sandinismo, lo que le costó persecución y una detención arbitraria en 2011. Regresó a Nicaragua en septiembre de 2023 y fue detenido de forma violenta en su vivienda de Managua el 23 de abril de 2024, por agentes con uniforme y vestidos de civil que no presentaron orden judicial. Padece diabetes, hipertensión, problemas circulatorios, apnea del sueño y afectaciones de salud mental.

La Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares en diciembre de 2024 y la Corte Interamericana ordenó su liberación en marzo de 2025, sin que el Estado haya informado de ninguna acción adoptada. Su esposa, Eugenia Valle Olivares, ha exigido públicamente una prueba de vida.

Eddie Moisés González Valdivia, mayor del Ejército en retiro y catedrático universitario de 67 años, es un excombatiente sandinista histórico, hermano de la periodista Nohelia González, perseguida por el régimen. Fue detenido el 14 de julio de 2024 en su vivienda de Estelí, resultó herido de bala en el enfrentamiento y fue trasladado a un hospital, desde donde las autoridades impidieron cualquier visita o información sobre su estado.

La Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares en septiembre de 2024, tras concluir que permanece recluido de forma incomunicada en el penal La Modelo sin acceso a su expediente judicial, que fue borrado del sistema electrónico del Poder Judicial. Padece laberintitis crónica, diabetes e hipertensión. En julio de 2026 se cumplieron dos años de su desaparición forzada.

Steadman Fagoth Müller, líder miskito y exasesor presidencial para pueblos originarios de 73 años, fue detenido de madrugada el 14 de septiembre de 2024 en territorio indígena Li Lamni, un día después de denunciar públicamente el despale de territorios indígenas por colonos armados.

Fue trasladado en helicóptero a Managua y acusado de intentar sustraer armamento del Ejército. Su familia denuncia que vive con diabetes dependiente de insulina, enfermedad cardíaca y secuelas de derrames cerebrales previos. La Corte Interamericana ordenó su liberación en marzo de 2025, sin ejecución por parte del Estado. En junio de 2026, medios oficialistas difundieron fotografías suyas, visiblemente deteriorado, que su hija rechazó como una puesta en escena. Cumplió 73 años en prisión el 5 de agosto de 2026, su segundo cumpleaños privado de libertad.

Larry Javier Martínez Romero, obrero y activista opositor de Masaya de 31 años, participante en las protestas de 2018, fue detenido el 13 de agosto de 2025 en una ola de redadas que sumó al menos 22 arrestos de opositores en Carazo, Masaya, Granada y Rivas, ejecutados sin orden judicial días después de que Ortega ordenara capturar y procesar a quienes considerara que conspiraban contra su gobierno. Su familia desconoce su paradero desde entonces.

Salvadora del Socorro Martínez Aburto, ama de casa de 68 años y esposa del coronel en retiro Carlos Brenes Sánchez, fue detenida el 14 de agosto de 2025 junto a su esposo en la finca que ambos administraban entre Jinotepe y Masatepe. El 7 de abril de 2026 el régimen la condenó, en el mismo proceso que a su esposo, a 15 años de prisión por traición a la patria. La Corte Interamericana advirtió en abril de 2026 que no se ha podido verificar de forma fidedigna el paradero de ninguno de los dos cónyuges. De forma extraoficial se presume que está recluida en el penal femenino La Esperanza. El Parlamento Europeo exigió su liberación inmediata en una resolución aprobada en junio de 2026.

Carlos Ramón Brenes Sánchez, coronel del Ejército en retiro de 70 años, se retiró en 1994 y se convirtió en una de las voces críticas más consistentes del giro autoritario del orteguismo, como fundador del Grupo Patriótico de Militares Retirados. Fue recapturado el 14 de agosto de 2025 en la misma redada en que detuvieron a su esposa, y condenado junto a ella a 15 años de prisión. Padece diabetes crónica y su salud se ha deteriorado en prisión, según ha denunciado su hija. Permanece en aislamiento solitario en el penal La Modelo pese a que la Corte Interamericana ha exigido información oficial sobre su paradero.

Ricardo José Mendoza Yrigoyen, de 64 años, descrito por sus allegados como un hombre ajeno a la política y aficionado a la naturaleza, la literatura y el fútbol. Fue detenido la noche del 23 de enero de 2026 cuando cerca de veinte agentes armados irrumpieron sin orden judicial en su vivienda de Managua. No opuso resistencia. El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos (GREX) ha señalado que no existe ninguna acusación registrada en su contra, aunque han circulado versiones no confirmadas sobre una eventual condena de 15 años. La Comisión Interamericana le otorgó medidas cautelares en junio de 2026.

El noveno caso reconocido por el Mecanismo hasta mayo permanece bajo reserva de identidad a solicitud de la familia, por razones de seguridad, aunque la organización lo incluye en el mismo llamado a que el Estado presente pruebas de vida.

El abogado Yader Valdivia, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, sostiene que la desaparición forzada se ha constituido en una política de Estado del régimen, “aplicada con mayor saña durante los últimos tres años”.

Recuerda que uno de los primeros casos que evidenció esta práctica fue el de Puerta de la Montaña, donde las personas permanecieron 18 meses bajo desaparición forzada, y advierte que hoy hay casos que ya llevan hasta dos años en esa condición.

El régimen apuesta, dice, a desaparecer a las personas opositoras o a quienes percibe como tales.

Una fuente del GREX consultada para esta actualización explica quiénes componen ese salto de nueve a 23 casos. Entre ellos están seis familiares y amigos de Brooklyn Rivera que permanecen desaparecidos desde la muerte del líder miskito. Algunos aún no han aceptado que su situación se haga pública, mientras que otra parte ya lo autorizó y será incluida esta semana en el registro oficial del Mecanismo.

La misma fuente añade a esa lista el abogado Kenthyn Aarón Téllez Madriz, del bufete Kenthyn Téllez y Asociados, de quien no se tiene noticia desde hace diez meses. Según el Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos, Téllez fue contratado en junio de 2025 para hacerse cargo del caso del empresario cubano estadounidense, también desaparecido, Alain Piedra Hernández.

El Grupo de Reflexión Excarcelados Políticos aportó a esta actualización un listado propio de personas desaparecidas que todavía no figuran en el registro público del Mecanismo. Entre ellas, Elvia Junieth Flores Castillo, madre de dos hijos de Daniel Ortega, desaparecida desde marzo de 2025, y su pareja sentimental, Nataniel Tercero Solórzano, desaparecido desde el 15 de enero de 2025, el mismo día en que fue confiscado el centro de adicciones Don Divino, en Estelí.

Sobre Tercero Solórzano, la organización precisa que su familia no tiene ningún contacto con él, que no recibe paquetería ni visitas, y que se conoce de forma extraoficial que fue condenado a siete años de prisión.

Dentro del mismo expediente, que el Grupo de Reflexión identifica incluye a Lin Pérez Solórzano, desaparecida desde el 15 de enero de 2025, y a Luis Carlos Baltodano Villareal, conocido como el Tico, exdirector del Centro de Ayuda contra las Adicciones, CEPA Joven, en San Juan de Limay, un centro que también fue clausurado por el régimen. Baltodano Villareal está desaparecido desde el 17 de enero de 2025.

La lista de desaparecidos varía con el tiempo. Algunos casos han sido retirados después de que el régimen presenta “pruebas de vida” de las personas reportadas como desaparecidas. Así ocurrió con Angélica Chavarría, pareja sentimental del fallecido general Humberto Ortega; la periodista Fabiola Villarreal; el médico Yerri Estrada; y, más recientemente, el obispo emérito Juan Abelardo Mata, entre otros.

Sin embargo, Valdivia señala que mientras algunos reaparecen, en parte como resultado de la presión ejercida por organismos de derechos humanos y medios de comunicación, otros desaparecen. “Los desaparecidos, lejos de ir a la baja, van creciendo”, afirma el abogado.

Tres adolescentes de Jalisco, dos de 15 años y uno de 14, regresaron o quedaron en proceso de volver con sus familias tras dos casos ligados a presuntas ofertas de trabajo usadas para reclutarlos, una modalidad en la que a uno de ellos le prometieron 30 mil pesos al mes y le ordenaron esconderse entre la maleza en Tequila mientras esperaría a quienes pasarían por él.

Los dos casos ocurrieron en un contexto similar: los menores salieron o fueron atraídos con la promesa de una oportunidad laboral y terminaron lejos de sus casas o bajo instrucciones de personas desconocidas. En el caso de Bruno y Héctor, ambos desaparecieron el 27 de julio en Tlajomulco y fueron localizados con vida este martes 11 de agosto en Zirándaro, Guerrero, a cientos de kilómetros de su estado.

La Secretaría de Seguridad de Jalisco frustró el presunto reclutamiento del adolescente de 14 años en la comunidad de Choluaca, en el municipio de Tequila. La localización se logró con apoyo de la Policía Regional y la Unidad de Búsqueda, que lo encontraron oculto entre la vegetación durante un recorrido de vigilancia.

El secretario de Seguridad del estado Juan Pablo Hernández González dijo: “Con el apoyo de la Policía Regional y la Unidad de Búsqueda de la Secretaría pusimos a salvo a un joven de 14 años, el cual estaba haciendo víctima de un reclutamiento en el municipio de Tequila”.

El menor de Tequila recibió instrucciones para ocultarse en la maleza

De acuerdo con lo informado por las autoridades estatales, el adolescente de 14 años habría recibido una llamada de personas desconocidas. En esa comunicación le ofrecieron un supuesto empleo pagado con 30 mil pesos mensuales, un monto que se repitió en casos similares mencionados por las autoridades.

Después de ese contacto, el menor recibió instrucciones para trasladarse a un punto determinado en Choluaca y permanecer escondido mientras esperaba a las personas que irían por él. Esa indicación fue la que llevó a los agentes a encontrarlo oculto entre la maleza.

Tras ubicarlo, los policías activaron los protocolos de atención y confirmaron que se encontraba en aparente buen estado de salud. Más tarde, la Unidad de Búsqueda de la Policía del Estado estableció comunicación con sus familiares para informarles que ya había sido localizado y que estaba bajo resguardo.

El adolescente fue reintegrado con su familia después del rescate. El caso también fue notificado al Ministerio Público, que ordenó presentar al menor y a sus familiares para dar continuidad a las investigaciones.

A partir de ese aviso, las autoridades debían determinar quiénes realizaron el contacto con el adolescente, en qué circunstancias recibió la oferta de empleo y si existía la intención de incorporarlo a alguna actividad delictiva. El dato central del caso fue ese: un menor de 14 años fue localizado a tiempo antes de que quienes lo citaron pudieran llevárselo.

Bruno y Héctor fueron hallados en Guerrero tras desaparecer en Tlajomulco

En el segundo caso, Bruno y Héctor, ambos de 15 años, desaparecieron el 27 de julio en la colonia Lomas del Mirador, en Tlajomulco. Sus familias denunciaron que los dos estudiantes de preparatoria habían salido de casa para buscar una oportunidad de trabajo y ya no regresaron.

La desaparición encendió la preocupación de sus familiares por un posible patrón de reclutamiento mediante ofertas laborales. Esa sospecha tomó fuerza porque, según las denuncias, los adolescentes habrían atendido una propuesta de empleo, una circunstancia parecida a la del menor localizado en Tequila.

Durante los días siguientes, las familias mantuvieron la exigencia de localización en las calles. Se manifestaron frente a Casa Jalisco y bloquearon distintas avenidas para presionar a las autoridades y exigir que las investigaciones avanzaran.

Los trabajos de inteligencia de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, con apoyo de las familias, la Comisión Nacional de Búsqueda y autoridades de Guerrero, permitieron seguir pistas fuera de Jalisco. Esa información condujo finalmente al municipio de Zirándaro, donde ambos adolescentes fueron encontrados con vida este martes 11 de agosto.

Las autoridades confirmaron que Bruno y Héctor estaban en buen estado de salud. Después de su localización, permanecieron bajo resguardo de las autoridades guerrerenses mientras se realizaban los trámites necesarios para su traslado de regreso a Jalisco.

El hallazgo cerró al menos la etapa más urgente para sus familias, que durante más de dos semanas sostuvieron la búsqueda con bloqueos, consignas y fotografías colocadas en calles. Los dos adolescentes habían salido en busca de trabajo y fueron encontrados 15 días después, vivos, fuera del estado.

• Un adolescente de 14 años fue rescatado en Tequila después de recibir una llamada con una supuesta oferta laboral de 30 mil pesos al mes.

• Bruno y Héctor, dos menores de 15 años desaparecidos en Tlajomulco desde el 27 de julio, fueron localizados con vida el 11 de agosto en Zirándaro, Guerrero.

• En ambos casos, las autoridades investigaban si las ofertas de trabajo formaban parte de un mecanismo de reclutamiento para actividades delictivas.

La Comisión de Búsqueda de Jalisco publicó este jueves la ficha para localizar a Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años desaparecido en Zapopan, en un caso que se sumó a la ausencia sin resolver de otro integrante del mismo sector en menos de dos semanas y que volvió a colocar el foco sobre la crisis estatal de personas no localizadas.

El caso ocurrió en un estado que acumuló 13,635 casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, una cifra que colocó a Jalisco entre los primeros lugares del país, por debajo del Estado de México, con 14,844 expedientes, y por encima de Tamaulipas, con 13,614.

Haro Cachua fue visto por última vez durante la madrugada del martes 11 de agosto en el fraccionamiento Diana Natura Residencial, en Zapopan, en las inmediaciones de la carretera a Nogales. La Fiscalía de Jalisco abrió el miércoles una carpeta de investigación por su desaparición.

Familiares, amigos y allegados difundieron mensajes en redes sociales para pedir apoyo ciudadano y acelerar su localización. La familia sostuvo que no era habitual que se ausentara de esa manera y solicitó compartir su fotografía, sus datos de identificación y cualquier pista al 911.

Octavio Haro salió de Diana Natura Residencial y ya no regresó

Octavio Haro Cachua tenía 43 años y se presentaba en sus redes sociales como emprendedor enfocado en promover la inversión inmobiliaria y en compartir recomendaciones financieras. También era identificado como creador de contenido.

Al momento de su desaparición viajaba en un Mazda MX-5 de dos puertas con placas JBBG079A. La información oficial indica que mide aproximadamente 1.75 metros, tiene complexión media, tez morena clara, cabello oscuro y corto, y ojos cafés.

La ficha de búsqueda agregó señas particulares para facilitar su identificación: una verruga visible en el ojo derecho, las uñas pintadas y una cicatriz en la frente. También precisó que vestía una chamarra de mezclilla azul con interior aborregado y una playera negra.

La solicitud oficial a la población fue entregar a las autoridades de búsqueda cualquier información que ayudara a dar con su paradero. Mientras tanto, el entorno cercano de Haro Cachua mantuvo activa su búsqueda por su cuenta.

La desaparición ocurrió después del caso de Ricardo Cabezas en Zapopan

La no localización de Haro Cachua se convirtió en el segundo caso reciente que involucró a un empresario inmobiliario en Jalisco en un lapso de dos semanas. El antecedente inmediato fue el de Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, desaparecido a finales de julio en Zapopan.

Cabezas Talavera fue reportado como no localizado después de salir de su domicilio para atender una cita de trabajo en la colonia El Batán. Su vehículo, un automóvil compacto blanco, fue encontrado después abandonado en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán, también en Zapopan.

Personal pericial inspeccionó la unidad. En su interior aseguraron prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con restos que aparentaban ser manchas de sangre.

Este jueves 13 de agosto fue detenida y vinculada a proceso Joselinne “N”, señalada por su probable participación en el delito de desaparición cometida por particulares en agravio de Cabezas Talavera. Como medida cautelar, el órgano jurisdiccional le impuso prisión preventiva oficiosa por un año mientras continuaba la investigación.

La vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo informó que la mujer habría sido vista con el empresario antes de que se perdiera contacto con él. También dijo que una de las líneas de investigación buscaba determinar si la imputada tuvo relación con la sustracción de dinero de las cuentas bancarias de la víctima mediante sus tarjetas.

Trujillo agregó que Joselinne “N” habría establecido contacto con Ricardo Cabezas para ofrecerle servicios relacionados con el manejo de redes sociales. Hasta ese momento, las indagatorias no habían establecido públicamente una relación cercana de amistad entre ambos y seguían centradas en aclarar las circunstancias y la finalidad de ese acercamiento.

Jalisco mantiene abiertas 26 carpetas por jóvenes desaparecidos en julio

La desaparición de Haro Cachua se insertó en un contexto más amplio de crisis de seguridad en Jalisco, donde adolescentes y jóvenes aparecieron como uno de los grupos más vulnerables frente al crimen organizado. Durante julio, la Fiscalía estatal acumuló 26 carpetas de investigación por la desaparición de jóvenes en la entidad.

Blanca Trujillo informó que de ese grupo las autoridades localizaron con vida a cinco personas. El resto de los casos continuó bajo investigación activa.

La funcionaria detalló además que cinco de esas carpetas se trabajaban en coordinación con fiscalías de otras entidades federativas. Esa colaboración se derivó de diligencias de campo y rastreo tecnológico que permitieron ubicar geográficamente a personas desaparecidas fuera del territorio jalisciense.

Las autoridades estatales investigaban la hipótesis de que varios de esos jóvenes pudieran haber sido víctimas de reclutamiento forzado. Trujillo precisó que las indagatorias en curso todavía no permitían confirmar formalmente ese supuesto.

• Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años, desapareció en Zapopan tras ser visto por última vez la madrugada del martes 11 de agosto en Diana Natura Residencial.
• La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta de investigación y la familia pidió apoyo ciudadano; Haro viajaba en un Mazda MX-5 con placas JBBG079A.
• Su caso ocurrió días después de la desaparición del empresario Ricardo Cabezas Talavera y en un estado que acumuló 13,635 casos de personas desaparecidas y no localizadas.

Aún no aparece Ricardo Cabezas Talavera: detienen a una implicada

La detención y vinculación a proceso de Joselinne ‘N’ por la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera abre la primera línea penal concreta en el caso del empresario inmobiliario de 45 años, visto por última vez el 30 de julio en la colonia Tabachines de Zapopan, mientras la Fiscalía de Jalisco sostiene que la mujer habría tenido contacto previo con él y también estaría bajo investigación por la sustracción de dinero de sus cuentas bancarias.

La acusada fue presentada el 12 de agosto ante un juez de control y oralidad de Jalisco, que determinó vincularla a proceso por desaparición cometida por particulares y le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. Ese plazo correrá mientras se desarrolla la investigación complementaria.

La captura se concretó después de al menos cinco cateos en domicilios de colonias como El Batán, Lomas del Batán y Atemajac del Valle, según lo informado en la conferencia semanal de seguridad por la vicefiscal especial en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo Cuevas.

La Fiscalía investiga contacto previo y retiro de dinero de las cuentas del empresario

La familia descarta haber recibido solicitudes de rescate y desconoce con quién tenía la cita Ricardo Cabezas Talavera el día que desapareció. (Fiscalía de Jalisco)

De acuerdo con la funcionaria, Joselinne ‘N’ habría establecido comunicación con Ricardo Cabezas Talavera para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales. Esa relación previa es, hasta ahora, el vínculo identificado entre ambos.

Trujillo Cuevas afirmó que no existe prueba de una amistad cercana entre la víctima y la detenida. Por esa razón, una de las líneas de investigación apunta a que el acercamiento habría tenido como fin cometer el delito.

Los colectivos Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos y Por las Voces sin Justicia se manifestaron el martes 12 de agosto frente al Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana en Mazatlán, Sinaloa, para denunciar la acumulación de cuerpos sin identificar en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

De acuerdo con los reportes, las madres buscadoras colocaron fichas de personas desaparecidas en las rejas, los muros y el piso de entrada del inmueble para exigir que el centro entre en funciones y que el Estado garantice la identificación y entrega digna de los restos.

Una integrante del colectivo Por las Voces sin Justicia señaló, a través de un video en Facebook: “Hay cientos y cientos de cuerpos en el Semefo Mazatlán; bien podrían empezar por ahí y ayudarnos a darle una entrega digna a todos esos cuerpos que cualquiera puede ser nuestro familiar”. Las buscadoras atribuyeron la crisis a la falta de presupuesto para realizar estudios genéticos y a la saturación del Semefo por el número de cuerpos que permanecen bajo resguardo sin ser identificados.

El colectivo Tesoros Perdidos hasta Encontrarlos advirtió que ciertas autoridades buscan detener los trabajos de extracción de cuerpos en fosas clandestinas. Según las integrantes del colectivo, ese freno tiene como argumento la saturación del Semefo y la ausencia de recursos para procesar los restos recuperados.

Las buscadoras rechazaron ese planteamiento y exigieron que las labores de localización continúen sin restricciones. Para los colectivos, suspender las búsquedas en fosas equivale a abandonar a las familias que aún esperan noticias de sus desaparecidos.

Exigencia de renuncia a Karina Elizabeth Márquez Calderón y Patricia Figueroa

El colectivo Por las Voces sin Justicia demandó la renuncia de Karina Elizabeth Márquez Calderón, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, y de Patricia Figueroa, subsecretaria de Derechos Humanos del Estado. Las buscadoras acusaron que ambas funcionarias prometieron, meses atrás, que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana comenzaría a operar, pero ese compromiso no se cumplió.

La protesta fue calificada por las propias integrantes como totalmente pacífica. “Es totalmente pacífico, sólo estamos visibilizando a nuestros desaparecidos y a manera de protesta, pero totalmente pacífico”, afirmaron en el mismo video difundido en redes sociales.

Las buscadoras también convocaron a otras familias con desaparecidos a acudir al centro para pegar fichas y visibilizar la crisis forense en el estado. El llamado buscó ampliar la presión pública sobre las autoridades estatales responsables de la identificación de restos.

Las integrantes de los colectivos insistieron en que el Centro de Resguardo Temporal e Identificación Humana debe cumplir la función para la que fue creado. Para los colectivos, ese espacio existe para servir a las familias, no para mantener cuerpos en el anonimato durante periodos prolongados.

Sinaloa registró 61 desaparecidos entre enero y febrero de 2026

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabilizó 771 personas sin localizar en todo el país entre el 1 de enero y el 9 de febrero de 2026, según una consulta realizada por Milenio. De ese total, Sinaloa concentró 61 casos, lo que colocó al estado en el tercer lugar nacional, detrás de la Ciudad de México con 98 y de Guanajuato con 66.

De las 61 personas desaparecidas en Sinaloa durante ese periodo, 54 son hombres y 7 son mujeres, lo que representa el 88.52% de los reportes en población masculina. Por municipio, Culiacán encabeza la lista con 17 casos, seguido de Concordia con 13 y Mazatlán con 11.

Los rangos de edad más afectados se ubican entre los 20 y los 39 años. En ese rango, el grupo de 25 a 29 años y el de 35 a 39 años concentran cada uno 10 casos, mientras que el de 30 a 34 años suma 9 y el de 20 a 24 años registra 7.

Las cifras del Registro Nacional reflejan únicamente el periodo comprendido entre enero y principios de febrero de 2026. Las buscadoras advierten que los cuerpos localizados en fosas clandestinas durante sus jornadas de búsqueda se suman a una demanda forense que el Semefo no tiene capacidad de atender con los recursos actuales.

La acumulación de restos sin identificar en el Semefo Mazatlán representa, para los colectivos, la consecuencia directa de años de búsqueda sin respuesta institucional suficiente. Las madres buscadoras sostienen que cada cuerpo sin nombre en las instalaciones forenses es una familia que sigue en espera de una respuesta.

La protesta del 12 de agosto se suma a un patrón de movilizaciones de colectivos de búsqueda en Sinaloa ante la falta de capacidad del sistema forense estatal. Los colectivos mantienen activas sus jornadas de localización de fosas y advierten que no detendrán las búsquedas mientras haya familias sin respuesta.

La Colectiva Feminista Ehécatl ha localizado seis cuerpos y decenas de restos óseos en el Gran Canal del Desagüe, a la altura del municipio de Nextlalpan, en el Estado de México, en un conteo que arranca en noviembre de 2025.

El detonante más reciente fue el 5 de mayo de 2026, cuando Mariana Valentina Domínguez Valdez, una niña de 11 años, cayó accidentalmente al cauce de aguas negras mientras jugaba, y su madre, Luisa Valdez, solicitó el apoyo del colectivo para reforzar las labores de rastreo. Lo que empezó como la búsqueda de una menor expuso un canal que el colectivo señala como punto de disposición clandestina de cadáveres.

“Las desapariciones no existen solamente en fosas clandestinas a pie tierra. Los criminales se han perfeccionado”, advirtió Carmen Zamora, representante del colectivo, en entrevista con El Universal. “Aprovechan la basura, que no hay cámaras y que nadie viene a reclamar. No hay nada, a pesar de que a un lado está el Circuito Exterior Mexiquense donde existe policía estatal que, supuestamente, está vigilando”, señaló.

Las integrantes operan con trajes y guantes de látex —comprados con sus propios recursos— y revisan bolsa por bolsa los montones de residuos que una draga, gestionada ante el gobierno federal, extrae del cauce y deposita en el bordo de la comunidad Los Aguiluchos. Entre los desechos aparecen botellas de PET, troncos, tubos de PVC, llantas y prendas de ropa que las voluntarias apartan con palas, varillas y, en ocasiones, con sus propias manos.

Los hallazgos en el Canal de Nextlalpan desde noviembre de 2025

El primer cuerpo que marcó al canal como sitio de riesgo fue el del sacerdote Ernesto Baltazar Hernández Vilchis, quien oficiaba misas en Tultepec. Su cadáver apareció en noviembre de 2025, embolsado y amarrado a un sillón en el cauce de Nextlalpan, tras ser agredido con un arma punzocortante después de reunirse con una mujer y un hombre.

El 4 de diciembre de 2025, la familia del maestro de primaria Olaff Pedraza Vargas, de 33 años, localizó su cuerpo en las orillas del mismo canal, luego de 16 días de búsqueda y ante la ausencia de las autoridades convocadas.

Entre el 5 y el 15 de mayo de 2026, el colectivo encontró cuatro cuerpos: tres hombres y una mujer de nacionalidad venezolana. “La muchacha venezolana no estaba embolsada. Su cuerpo estaba boca abajo atorado a la orilla del canal y tenía signos de violencia en el cuello. El otro cuerpo fue a la orilla y fue una ejecución. Tenía disparos”, relató Zamora a El Universal.

Dos de los otros cuerpos hallados ese mes presentaban condiciones distintas. “Del cuerpo que encontramos le faltaba la cabeza y los brazos, estaba desarticulado, tenía dos piernas a la mitad. Y el cráneo que encontramos puede pertenecer al cuerpo que encontramos porque traía todavía un poco de piel y cabello”, describió la representante del colectivo.

En julio de 2026, las buscadoras localizaron una pelvis y un cráneo en el interior del canal. Uno de los cuerpos identificados en ese periodo fue el del adulto mayor Arturo Tovar, reportado como desaparecido en el municipio de Teotihuacán.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México realizó el levantamiento de los restos en cada hallazgo y los trasladó al Servicio Médico Forense para las pruebas genéticas correspondientes. Sin embargo, ninguna de las coincidencias en la base de datos de ADN ha arrojado resultados hasta la fecha, según reportaron medios locales.

La denuncia de abandono institucional y la reunión con Gobernación

Carmen Zamora, representante de la Colectiva Feminista Ehécatl, denunció que el 15 de julio las autoridades retiraron la retroexcavadora con la que trabajaban, lo que obligó a suspender las labores. La maquinaria fue devuelta el 27 de julio y las búsquedas se reanudaron.

“Nosotros estamos haciendo su trabajo. Colectiva Ehécatl está haciendo su trabajo. Es la única colectiva que busca en canales”, declaró Victoria Hernández, madre buscadora integrante del colectivo, según reportó TV Azteca Noticias.

Las buscadoras también denunciaron que, al producirse un hallazgo de restos humanos, las brigadas deben esperar hasta cinco horas para que personal de las Fiscalías Especializadas en Desapariciones llegue al sitio. La demora prolonga las jornadas y expone a las voluntarias a condiciones de riesgo sanitario.

El 16 de junio, la colectiva se reunió con Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Gobernación, para plantear la necesidad de legislar sobre las fosas clandestinas en aguas residuales. La funcionaria publicó en su cuenta de X que el gobierno tiene “el compromiso de seguir trabajando, con responsabilidad y respeto, en el tema de personas desaparecidas para llegar a la verdad y la justicia”, sin precisar los acuerdos concretos del encuentro.

Los residuos médicos y el riesgo sanitario para las buscadoras

El 5 de agosto, el colectivo denunció el hallazgo de presuntos residuos médicos abandonados de forma irregular en el canal: bolsas para soluciones intravenosas, agujas, medicamentos y material quirúrgico. “Hay agujas, soluciones y otros materiales que, al parecer, provienen de alguna clínica u hospital y vienen a tirarlos aquí al canal”, expresó una de las integrantes del colectivo, según Milenio.

Las buscadoras solicitaron la intervención de autoridades ambientales y sanitarias para determinar el origen de esos desechos y sancionar a los responsables. La presencia de material potencialmente infeccioso representa un riesgo adicional para quienes recorren el cauce a diario.

En las jornadas participan, además del colectivo, elementos de las policías municipales de Nextlalpan, Zumpango y Chimalhuacán, de la Policía Estatal, de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México (Cobupem). También colaboran bomberos de la Ciudad de México y células de búsqueda de Ecatepec.

El Gran Canal de Nextlalpan y la crisis de desapariciones en el Estado de México

El Canal de Nextlalpan acumula una serie de hallazgos que preceden al caso de Mariana Valentina. El 4 de diciembre de 2025, la familia del maestro de primaria Olaff Pedraza Vargas, de 33 años, localizó su cuerpo en las orillas del mismo cauce tras 16 días de búsqueda, luego de que las autoridades no acudieron al llamado de auxilio. En el mismo canal también desapareció Alejandro Jared Aquino Ochoa, de 18 años, en diciembre de 2024, cuando intentó rescatar a un perro.

La hipótesis del colectivo sobre el uso del canal como punto de disposición clandestina de cadáveres no ha sido confirmada públicamente por la FGJEM. Varios de los restos hallados estaban embolsados y distribuidos en distintos puntos del cauce, lo que llevó a las buscadoras a sostener que los hallazgos no son hechos aislados.

A escala estatal, la Fiscalía del Estado de México documentó 62 fosas clandestinas y 120 cuerpos recuperados entre enero de 2020 y junio de 2026, según datos que la dependencia entregó a Milenio en respuesta a una solicitud de información. De esas 120 víctimas, 61 permanecían sin identificar al momento de la respuesta oficial.

En lo que va de 2026, el registro oficial contabiliza seis fosas clandestinas con 10 víctimas en el Estado de México. El año con mayor número de sitios de inhumación clandestina del periodo fue 2024, con 17 fosas y 34 personas exhumadas.

Mariana Valentina Domínguez Valdez continúa sin ser localizada. Su madre, Luisa Valdez, y las integrantes de la Colectiva Ehécatl mantienen las labores de búsqueda en el canal.

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) habilitó el martes 11 de agosto de 2026 una herramienta digital de emergencia para reportar y buscar personas desaparecidas tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia que ocurrió en la mañana del lunes.

El balance nacional (con corte a las 6:00 p. m. del martes) que fue presentado más de 24 horas después del fuerte sismo llegó a 190 fallecidos y más de 1.679 heridos. La gravedad de la situación llevó a que el Gobierno nacional declarara la situación de desastre nacional, y la entidad concentrara su acompañamiento en las ciudades bajo alerta roja.

La plataforma para reportar a las personas de las que no se tiene ningún tipo de noticia se encuentra disponible en el siguiente enlace: asocapitales.co/terremoto-colombia.html

Cabe mencionar que el sistema permite registrar ante el Puesto de Mando Unificado (PMU) datos como nombre completo, cédula, edad, ciudad capital y última ubicación conocida del ciudadano que se está buscando, junto con el contacto de quien realiza el reporte.

De acuerdo con un comunicado oficial emitido por la entidad, el envío se hace por correo electrónico a la línea de reportes de Asocapitales.

Cabe mencionar que la herramienta digital también ofrece un mapa por ciudad según el nivel de personas por localizar y un buscador por nombre o por código de Colombia Te Busca, con indicadores de personas registradas, encontradas y por localizar.

La plataforma incluye una muestra parcial y no oficial de reportes recientes de Colombia Te Busca, filtrable por ciudad, y un mapa con información oficial y actualizada sobre necesidades de ayuda humanitaria y centros de acopio en ciudades capitales.

Para casos urgentes, la entidad dispuso la línea telefónica 300 761 6647 y señaló que el tratamiento de datos personales se ajusta a la Ley 1581 de 2012 para fines de búsqueda y atención de las personas reportadas ante el PMU.

Paso a paso para reportar a una persona desaparecida por el terremoto

1. Ingrese a la página web asocapitales.co/terremoto-colombia.html
2. Allí podrá revisar el mapa de reporte general por ciudad que muestra los registros en cada lugar crítico, alto, moderado o sin registros. Más abajo podrá ver los reportes de Colombia Te Busca, en los que hay personas que ya encontraron y otras de las que aún no se tienen noticias.
3. Para reportar a una persona desaparecida debe bajar hasta el tercer apartado de la página que es un formulario en el que debe registrar los datos.
4. Los primeros datos que le piden son: nombre de la persona desaparecida, cédula, edad, ciudad, última ubicación conocida y la foto más reciente de la persona.
5. Además, la persona que reporta también debe escribir su nombre y teléfono de contacto, para ser contactado en dado caso de que se tenga un reporte sobre la persona a la que busca.
6. Si continúa deslizando, en el apartado número 5 de la página encontrará el buscador, que puede utilizar después de realizar el registro.

Cuántas personas murieron por el terremoto en Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) informó que el terremoto de magnitud 7,4 con epicentro en Chocó deja un balance preliminar de 190 personas fallecidas, 1.679 heridas y 243 estructuras colapsadas en ciudades capitales, según su Informe Consolidado del 11 de agosto.

El reporte ubicó el mayor daño estructural en Pereira (92 colapsos), Armenia (69) y Cali (56), seguido de Manizales (17) y Quibdó (nueve). Asocapitales señaló que la afectación también alcanza hospitales, establecimientos educativos, vías, aeropuertos, acueductos y redes de telecomunicaciones.

La asociación indicó que la emergencia continúa concentrada en Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las cinco capitales que permanecen en alerta roja. Las autoridades territoriales avanzan con la Evaluación de Daños y Necesidades (Edan).

El reporte fue elaborado con información oficial de alcaldías, el Servicio Geológico Colombiano, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, gobernaciones y organismos de respuesta.

El control absoluto e inexpugnable que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha ejercido sobre los documentos históricos de la represión estatal vivirá un punto de quiebre inédito. En una resolución judicial sin precedentes, el Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó la creación de una Comisión de Transferencia de Archivos imparcial e independiente, diseñada específicamente para fiscalizar, catalogar y arrebatar de la opacidad militar los expedientes vinculados a las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la llamada “Guerra Sucia” (1965-1990).

La medida responde al amparo en revisión 43/2025, resuelto por mayoría de votos por las magistradas Sandra Janet Hernández Chávez y Ana María Ibarra Olguín, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. El tribunal dejó asentado jurídicamente que la Sedena ha incurrido en un incumplimiento sistemático del Acuerdo Presidencial expedido en febrero de 2019, el cual ordenaba a todas las dependencias federales transparentar y transferir al Archivo General de la Nación (AGN) la totalidad de sus acervos sobre la represión política del pasado.

El fallo representa una victoria clave para Alicia de los Ríos Merino —quien busca a su madre desaparecida desde 1978— así como para las organizaciones ARTICLE 19 y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), quienes impulsaron la batalla legal iniciada en noviembre de 2023 frente a las sistemáticas trabas castrenses.

Un historial de opacidad, alteración y cajas ocultas

La necesidad de crear un órgano de supervisión ajeno a la estructura militar no es casual. Durante las investigaciones del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH), los investigadores lograron ubicar preliminarmente documentos inéditos esenciales para rastrear el paradero de personas desaparecidas y delimitar responsabilidades en la estrategia contrainsurgente. Sin embargo, el acceso duró poco.

Posteriormente, la institución armada bloqueó las consultas, alteró la documentación disponible, sustrajo expedientes e incluso desapareció cajas de evidencia previamente identificadas. Todo este patrón de obstrucción institucional quedó al descubierto en octubre de 2023 dentro del informe “Las formas del silencio”, elaborado por el propio MEH. Ante este escenario de desacato formal, la justicia administrativa concluyó que no basta con emitir una simple orden de entrega a las Fuerzas Armadas; se requiere un mecanismo externo de vigilancia permanente.

La nueva Comisión de Transferencia de Archivos contará con la participación activa de especialistas del Archivo General de la Nación. Su mandato primordial consistirá en vigilar de primera mano los procesos de identificación, clasificación, conservación y transferencia efectiva de los acervos militares hacia el AGN, evitando que la cúpula castrense mantenga el filtro de lo que se muestra y lo que se oculta a la sociedad.

El “territorio documental” indispensable para la verdad

Para los familiares de las víctimas y las organizaciones defensoras, los archivos en poder del Ejército representan mucho más que un registro burocrático: son considerados un verdadero “territorio de búsqueda”. En sus folios reposan las órdenes de operaciones, las listas de detenciones ilegales, los partes de novedades y la información indispensable para dar con el paradero de cientos de mexicanos cuyo destino permanece en la sombra desde hace décadas.

En un pronunciamiento conjunto emitido tras darse a conocer el fallo, el Centro Prodh y ARTICLE 19 subrayaron que el éxito de esta resolución dependerá de la voluntad política del Estado mexicano para obligar a las fuerzas armadas a acatar la sentencia sin regateos institucionales. Revertir el hermetismo de las fuerzas armadas, recalcaron, sigue siendo una deuda histórica impostergable con la memoria, la verdad y el acceso a la justicia.

Flores narró las complicaciones y retos que ha implicado la localización de sus hijos a lo largo de más de una década, y recordó cuando el senador Adán Augusto López Hernández le dijo: “Si no quieres ser perseguida por los delincuentes, ya no busques”, esto en relación a que la madre buscadora se ha encontrado con criminales durante su labor. Esta ‘anécdota’, según la buscadora, es la muestra de que el gobierno de México trata de sepultar el tema de los desaparecidos:

“No quieren que se sepa que hay desaparecidos, porque dicen que ya no existen, que se fueron por su propia voluntad, no, eso yo nunca lo voy a aprobar”, afirmó.

La activista explicó que su búsqueda la llevó a confrontar directamente a los responsables de la desaparición: “Me metí hasta la casa del principal, del intelectual que se llevó a mis hijos”, relata. Flores reconoce que, tras once años de búsqueda, la desesperación la llevó a poner en riesgo su vida y la de su familia.

Ceci Flores rechazó vinculación con partidos y organizaciones políticas

En el encuentro, frente a integrantes de un consejo ciudadano, Ceci Flores aclaró que no pertenecía a ninguna agrupación política ni a colectivos impulsados por intereses partidistas. Flores pidió dejar en claro que su activismo y las búsquedas de sus hijos no tenían relación con proyectos políticos ni con la organización Somos México.

La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora advirtió que tras cada evento en el que participaba surgían rumores y ataques en redes sociales que la acusaban de buscar un cargo o de militar en partidos. “Yo no soy militante de ningún partido político, quiero que quede claro porque después de esta reunión van a empezar a tirarme con todo, porque ya estoy en un partido político, ya quiero sacar un hueso de lo que estoy haciendo, quiero que sepan que no es así, nunca he buscado un partido político”, afirmó Flores.

Su única causa fue la búsqueda de desaparecidos

Flores agradeció a quienes la invitaban a foros y espacios públicos, pero insistió en que su único objetivo era dar voz a los desaparecidos. “Agradezco a quien me invita y estoy muy, muy, muy agradecida de que me estén invitando en este momento, de que me invitan a hablar de mis desaparecidos, que es lo más importante de mi vida”, enfatizó.

La activista subrayó que su presencia en reuniones o eventos respondía solo al interés de visibilizar la crisis de desapariciones en México, no a intereses políticos ni personales. “Que me den la oportunidad de que la voz de los desaparecidos siga siendo escuchada, siga siendo nombrada, que no esté acabando con todo lo que tenga que ver con desaparecidos”, concluyó Flores.

Carlos Humberto, de 15 años, fue localizado con vida en Coalcomán tras tres semanas desaparecido, un caso que formó parte de una cadena de reportes de adolescentes no localizados en la Zona Metropolitana de Guadalajara y que, según la Fiscalía de Jalisco, incluyó expedientes vinculados con esquemas de reclutamiento en otras entidades.

Durante julio, la Fiscalía de Jalisco recibió reportes por 26 menores desaparecidos. De ese total, cinco casos fueron remitidos a otras entidades después de que las autoridades detectaron que las víctimas se encontraban bajo un esquema de reclutamiento.

El adolescente tenía 15 años y había sido reportado como desaparecido desde el pasado 17 de julio en la colonia Jardines de Santa Ana, en Zapopan. La fiscalía estatal confirmó que fue hallado en buen estado de salud en el municipio michoacano y que sería trasladado a Jalisco para las diligencias correspondientes y su reintegración a su núcleo familiar.

Carlos Humberto era uno de los cinco adolescentes cuya desaparición fue reportada entre el 15 y el 17 de julio en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Esos casos provocaron movilizaciones, bloqueos viales y denuncias de padres de familia y colectivos, que sostuvieron que los menores presuntamente habrían sido víctimas de reclutamiento a través de redes sociales.

La localización ocurrió tras coordinación entre Jalisco y Michoacán

La Fiscalía de Jalisco informó que la localización fue resultado de trabajos coordinados con autoridades de Michoacán. El menor, identificado también por sus iniciales C.H.C.C., permaneció ilocalizable durante semanas después de su último reporte en Zapopan.

El caso se sumó a otros siete registrados entre el 15 y el 17 de julio. De acuerdo con las autoridades, esos expedientes no quedaron integrados en una sola célula de investigación porque ocurrieron en puntos distintos: dos en Zapopan, dos en Tlajomulco de Zúñiga, dos en El Salto, uno en Tonalá y otro en San Pedro Tlaquepaque.

La vicefiscal Blanca Trujillo explicó que no existía una relación establecida entre los casos. En sus palabras: “No hay una relación establecida entre los casos, es decir, no se está acreditando que las víctimas estén juntas, que se hayan ido juntos o que sean amigos o que se hayan puesto de acuerdo, las desapariciones suceden en municipios diferentes, geográficamente no están relacionados y son carpetas de investigación individuales y cada uno lleva su propio contexto y su propio ritmo de investigación”.

Dentro de los expedientes que la fiscalía vinculó con reclutamiento, la dependencia identificó que Bruno Santiago Arámbula y Héctor Figueroa habían sido reclutados y trasladados hasta Zacatecas.

La familia relató cómo desapareció en Zapopan

Carlos Humberto vivía en Zapopan. Su familia aseguró que antes de su desaparición no había detectado conductas inusuales.

Su madre Mayra Corona relató que el adolescente se arregló, se cambió y se bañó antes de salir. Después, dos jóvenes a quienes identificó como supuestos amigos llegaron a su casa para decirle que a su hijo se lo habían llevado en un taxi amarillo de modelo antiguo.

La mujer describió así ese momento: “Él estaba en mi casa, se arregló, se cambió, se bañó y que iba a salir a la calle y ya como a los 40 minutos, a los 20 minutos de que mi hijo salió, llegan dos disque amigos y me dicen que a Humberto se lo habían llevado en un taxi amarillo de los viejitos. Ahí tenemos las placas apuntadas y ya no lo volvemos a ver”.

Desde entonces, la familia dijo que perdió todo contacto con el menor. Mayra también expresó la incertidumbre que vivió durante los días posteriores a la desaparición: “No he dormido de solo pensar si estaría bien, si ya comió, si lo estarán golpeando”.

La respuesta central del caso fue que Carlos Humberto sí fue encontrado con vida, luego de un operativo coordinado entre fiscalías de dos estados, y que su regreso a Jalisco quedó sujeto a los procedimientos oficiales de atención y reintegración familiar.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas recibe denuncias en Guadalajara

Para denunciar la desaparición de una persona en Jalisco, las autoridades indicaron acudir a la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, ubicada en la Calzada Independencia Norte número 778, colonia La Perla, en Guadalajara. También señalaron que se podía solicitar apoyo en las agencias del Ministerio Público en el interior del estado.

La institución pidió presentar fotografías recientes en las que se apreciara con claridad el rostro y el cuerpo completo de la persona buscada. También requirió que quien presentara la denuncia llevara una identificación oficial y, de ser posible, datos sobre la fecha y el lugar de la última vez que fue vista la persona, si tenía teléfono celular, señas particulares, tatuajes y referencias de otras personas que pudieran aportar información.

En los casos de menores de edad, las autoridades indicaron que se podía generar un reporte en Alerta AMBER Jalisco de manera presencial o a los teléfonos 33 3030 4949 y 55 5346 2516.

• Carlos Humberto Corona Corona, de 15 años, fue localizado con vida en Coalcomán, Michoacán, tras desaparecer el 17 de julio en Zapopan.
• La Fiscalía de Jalisco recibió durante julio reportes de 26 menores desaparecidos y remitió cinco casos a otras entidades por posibles esquemas de reclutamiento.
• La familia del adolescente aseguró que antes de su desaparición no notó conductas inusuales y que supuestos amigos les dijeron que se lo habían llevado en un taxi amarillo antiguo.

Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, fue detenido por su probable participación en ocultar evidencias en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que su arresto se llevó a cabo como parte del nuevo modelo de investigación, en el que desarrollaron un reanálisis de las actuaciones llevadas a cabo en aquel entonces por la desaparición de los normalistas.

Estos análisis permitieron acreditar la posible implicación del exgobernador en el ocultamiento de evidencias para conocer el paradero de los estudiantes, por lo que fue solicitada una orden de aprehensión en su contra.

Aguirre Rivero era gobernador cuando desaparecieron los 43 estudiantes

Ángel Aguirre Rivero comenzó su vida política en las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en 1980, pero años más tarde se sumó al Partido de la Revolución Democrática (PRD). En 2011 asumió la gubernatura de Guerrero, pero tras la desaparición de los 43 normalistas renunció a su cargo meses antes de finalizar su gestión.

Cabe recordar que en distintos momentos, Aguirre se deslindó públicamente de la destrucción de evidencias del caso, como fue la presunta desaparición de grabaciones del Palacio de Justicia de Iguala.

En mayo de 2025, tras la captura de Lambertina Galeana Marín, expresidenta del Tribunal Superior de Justicia de Guerrero, el exgobernador difundió un comunicado en el negó tener alguna responsabilidad en los hechos y declaró que “jamás di alguna instrucción sobre el manejo de dicho material probatorio”.

Su gestión estuvo marcada por denuncias de violaciones a los derechos humanos, como lo fue la detención y posterior desaparición en diciembre de 2011 de los ecologistas Eva Alarcón y Marcial Bautista en la Costa Grande. Según testigos, personas que vestían como militares participaron en el secuestro junto a hombres vestidos de negro.

Además, ese mismo mes fueron asesinados dos normalistas de Ayotzinapa que se manifestaban en la Autopista del Sol para solicitar una audiencia con el gobernador, luego de que policías estatales les dispararan. Alberto López Rosas, exprocurador, habría acusado a los estudiantes de iniciar el ataque y matar a sus compañeros.

Aunque su gobierno también estuvo marcado por la represión, violencia y el desplazamiento forzado, el hecho que marcó su administración fue el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa que llevó a Aguirre Rivero a presentar su renuncia el 23 de octubre de 2014.

Debido a la presión pública que provocó el caso, Aguirre Rivero se mantuvo lejos de puestos políticos, aunque en 2018 intentó postularse como diputado federal, pero finalmente abandonó la precampaña.

El años pasado, el exgobernador aseguró que “ha cargado con una loza muy pesada” por el caso, además de destacar que las autoridades no habían encontrado pruebas que lo involucraran a 11 años del caso.

“Si en 11 años las investigaciones no han apuntado hacia Ángel Aguirre, creo que es evidente que no han encontrado elementos que me involucren. Esto me ha pesado mucho; he cargado con una loza muy pesada”, dijo a medios de comunicación.

Desaparición de los 43 normalistas cumplirá 12 años

A poco más de un mes de cumplirse 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el caso sigue sin esclarecerse a pesar de que el expresidente Andrés Manuel López Obrador prometió darles respuesta a los padres y madres, quienes han denunciado en diversas ocasiones que fueron abandonados.

El mes pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 208VG/2026, que generó el rechazo de organizaciones defensoras de derechos humanos nacionales e internacionales debido a que exoneró de responsabilidad al Ejército Mexicano de la desaparición de los estudiantes, ocurrida la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala.

En respuesta, la CNDH publicó el 26 de julio un posicionamiento —identificado como (DGDDH)/011/2026— en el que acusó ser víctima de ataques de desacreditación. A lo largo de 11 páginas, el organismo respondió una por una a 13 críticas recibidas, entre ellas la acusación de haber “blindado” a las Fuerzas Armadas.

La Comisión también rechazó que el documento “oculte” la infiltración de un elemento militar en la Normal Rural de Ayotzinapa, y sostuvo que ese hecho está documentado con pruebas oficiales remitidas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en varios tramos del expediente. Negó además que se haya “reabierto” un caso cerrado, al argumentar que la nueva recomendación deriva de una queja distinta a la que originó el informe de 2018.

Familias denunciaron falta de consulta previa

La CNDH precisó que la Recomendación 208VG/2026 fue elaborada a partir de una queja presentada directamente por las familias de los 43 normalistas el 24 de junio de 2021, no por organizaciones civiles, y que el instrumento no sustituye a las investigaciones periciales.

No obstante, de acuerdo con testimonios recabados por La Jornada, Isidoro Vicario, abogado de las madres y padres de los normalistas, reprochó a la CNDH no haberse acercado a las familias antes de publicar la recomendación. Padres de algunos de los estudiantes desaparecidos han señalado que no participaron en la elaboración del informe y que no solicitaron la intervención del organismo en esos términos.

Este jueves, el exgobernador fue detenido por presuntamente estar relacionado con la pérdida de pruebas del caso.

La asociación civil Elementa DDHH presentó este jueves una demanda de amparo ante un juez federal en contra de la Secretaría de Gobernación, a la que acusa de mantener inactivo y desactualizado el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, tras eliminar el acceso público al mapa oficial de fosas y en un contexto nacional donde más de 132 mil 400 personas siguen desaparecidas.

El juicio fue radicado en el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali. La firma responsable del escrito es Renata Demichelis Ávila, quien se ostenta como representante legal de Elementa DDHH, Asociación Civil.

Elementa DDHH contra la Segob y la Comisión Nacional de Búsqueda

La quejosa señala como autoridades responsables a la Secretaría de Gobernación (Segob), a través de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), con residencia en la Ciudad de México. Los actos reclamados son concretos: la omisión de emitir los lineamientos técnicos necesarios, así como la falta de coordinación, integración y actualización del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas.

Elementa DDHH es un equipo multidisciplinario y feminista con sedes en Colombia y México. La organización presta asesoría técnica-jurídica y acompaña procesos sociales y políticos con el objetivo de reivindicar los derechos humanos como herramienta de cambio social.

El juez federal que recibió la demanda requirió a la promovente que, dentro de un plazo de cinco días hábiles, exponga los hechos o abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados. Sin esa información, el juzgado no tendrá por admitida la demanda, según datos de Zeta.

El detonante directo del amparo es la decisión que tomó la Comisión Nacional de Búsqueda en 2025: retirar de su portal público el mapa y el registro de fosas clandestinas. Ese mapa ya acumulaba un retraso importante, pues sus últimos datos consolidados correspondían a agosto de 2023 y solo contenía información de 15 de las 32 entidades del país.

La ausencia de ese registro no es un asunto administrativo menor. La Ley General en Materia de Desaparición obliga al Estado a concentrar en un solo sistema la información sobre fosas comunes en cementerios y panteones de todos los municipios, así como de las fosas clandestinas localizadas por la Fiscalía General de la República (FGR), las fiscalías locales y las procuradurías.

Según datos recabados, el registro nunca existió de forma completa ni pública. Ante ese vacío, organizaciones civiles como Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana construyeron desde 2020 la Plataforma Ciudadana de Fosas, que hoy suple —de forma parcial e independiente— la obligación que el Estado no cumple.

Las cifras que el Estado no reporta y que la sociedad civil documenta

Las discrepancias entre las fuentes oficiales y los registros independientes son notorias. Entre 2023 y 2024, las fiscalías estatales reportaron mil 451 fosas clandestinas, mientras que la FGR registró solo 94; los medios de comunicación documentaron mil 6 hallazgos en ese mismo periodo.

La FGR agravó la opacidad al pasar de reportar 76 fosas en 2023 a solo 18 en 2024, una reducción de cuatro veces que no tiene correlato en los registros estatales ni en la prensa. Los estados con más fosas documentadas en medios durante ese periodo son Sonora, Guanajuato, Colima, Jalisco y Chihuahua, de acuerdo con el medio Zeta.

Los datos sobre cuerpos exhumados son igualmente dispares. Los medios documentaron al menos 2 mil 17 cuerpos y 2 mil 719 fragmentos óseos entre 2023 y 2024, frente a los mil 616 cuerpos reconocidos por las fiscalías estatales; la mayoría de esos cuerpos corresponden a hombres, con un 77 por ciento.

La crisis forense que agrava la falta de transparencia

La ausencia de un registro único, dinámico y georreferenciado no solo dificulta el trabajo de búsqueda. También agrava la crisis forense del país, donde se estiman más de 72 mil cuerpos ya exhumados que permanecen en resguardo de los servicios forenses sin identificar, una cifra que creció desde los 52 mil que existían en 2021.

Esa situación coloca a miles de familias en lo que organizaciones especializadas denominan una doble desaparición: la física y la administrativa. Las familias encuentran los cuerpos, el Estado interviene, pero nunca ofrece certeza sobre el proceso de identificación.

El amparo de Elementa DDHH apunta directamente a esa brecha. La organización exige que la Segob, a través de la CNB, restablezca la plataforma del registro y cumpla con las obligaciones que la ley le impone desde la entrada en vigor de la Ley General en Materia de Desaparición.

El siguiente paso: admisión del juicio en Mexicali

La demanda se encuentra en una etapa preliminar. El Juzgado Primero de Distrito en Baja California espera que Elementa DDHH complete el expediente con los antecedentes de los actos reclamados antes de resolver sobre su admisión formal, de acuerdo con Zeta.

La organización tiene un plazo de cinco días hábiles para presentar esa información. De cumplirse ese requisito, el juicio de garantías avanzará hacia la etapa en que el juzgado notificará a la Segob y a la CNB como autoridades responsables.

El resultado del amparo podría obligar al gobierno federal a restablecer y actualizar el Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas, una herramienta que colectivos de familias buscadoras y organizaciones civiles consideran indispensable para avanzar en la identificación de los más de 132 mil 400 desaparecidos que registra el padrón oficial.

El Colectivo Buscando a Tolano localizó el miércoles 5 de agosto varios restos humanos en el relleno sanitario del municipio de Playas de Rosarito, Baja California, durante una búsqueda activa de siete jóvenes desaparecidos entre agosto y octubre de 2025 en la Zona Este de Tijuana. El hallazgo responde a señalamientos de un detenido que identificó ese sitio como el destino final de las víctimas presuntamente relacionadas con María de la Luz Damián Andrade, alias “La Tía”.

Los restos se encontraron en un estado que impide su identificación a simple vista. La integrante del colectivo identificada como Teresa confirmó que, por esa razón, aún no es posible determinar si alguno de ellos pertenece a los jóvenes buscados.

El colectivo busca a siete jóvenes desde octubre de 2025

Los cuatro primeros jóvenes que se buscan son Carlos Abel Trujillo Torres, de 32 años; Sadrac Fidel Velarde Zepeda, de 25; Edgar Willam Sharon Preciado, de 32; y Mónica Patricia López Medina, de 29. Los cuatro desaparecieron el 2 de octubre de 2025 en la Zona Este de Tijuana.

Los otros tres casos corresponden a José Gregorio Hernández Castro, de 29 años, desaparecido el 4 de agosto de 2025; Abraham Isaac Arredondo Flores, de 25, el 12 de septiembre del mismo año; y Juan Sebastián Domínguez, de 20 años, el 20 de octubre de 2025. Los colectivos de búsqueda vinculan las siete desapariciones a la misma red criminal.

De acuerdo con el medio Zeta, Las búsquedas en el relleno sanitario se realizan desde hace dos semanas. El lugar fue señalado por un detenido como el sitio donde habrían sido depositados los cuerpos de las víctimas de “La Tía”.

La Fiscalía General de Baja California (FGE) autorizó búsquedas intermitentes en ese predio desde enero de 2026. No obstante, Teresa denunció que la corporación no ha ordenado el cierre total del relleno, lo que obstaculiza las labores del colectivo.

“No nos dan algo certero del por qué —no lo cierran—, solo nos dicen que como nomás es acá abajo, que porque es de octubre para acá lo que ellos cerraron nada más”, declaró Teresa a Zeta Tijuana.

La detención de María de la Luz Damián Andrade en Tijuana

“La Tía”, oriunda de Michoacán y presunta integrante del Cártel de Sinaloa, fue detenida el 9 de marzo de 2026 en la calle Valle de Eugenia Esquivel, en la colonia Los Valles de Tijuana. La aprehensión se ejecutó mediante una orden judicial por el delito de desaparición forzada de personas cometida por particulares.

La orden original se giró por su probable participación en la privación de la libertad de Rogelio Cortés Santander, ocurrida en mayo de 2025. Junto con ella fueron detenidos otros cinco sujetos: Raúl Arellano Vargas, alias “El Cholo”; Carlos Rodolfo Reyna Franco, alias “El Tete”; Jesús Antonio Moreno Campos, alias “El Güero”; y Esmeralda Janeth Fabián Díaz, alias “La Lic”.

El 6 de mayo de 2025, a las 06:00 horas, Rogelio Santander fue interceptado frente a su vivienda en la colonia Ke Casas por hombres armados a bordo de una camioneta Jeep blanca. Según la cronología de la fiscalía, los sujetos identificados como “El Teté”, “El Güero” y “El Cholo” lo amordazaron, lo hincaron y le dispararon en la cabeza a orden de María de la Luz, mientras “La Lic” grababa el hecho.

Tras el crimen, la esposa de Rogelio fue contactada por los responsables, quienes la amenazaron y le mostraron el video del presunto homicidio para disuadirla de investigar. El 12 de mayo de 2025, la mujer acudió a la fiscalía para presentar una denuncia de desaparición, sin que hasta la fecha haya resultados.

El 13 de marzo de 2026, un juez de control vinculó a proceso a María de la Luz y le dictó prisión preventiva oficiosa por el delito de privación de la libertad de Rogelio Santander. El juez consideró suficientes las pruebas del Ministerio Público, entre ellas el testimonio que menciona un video del hecho, aunque ese material no estaba integrado formalmente en la carpeta de investigación.

Los vínculos criminales de “La Tía” con el Cártel de Sinaloa

Fuentes de inteligencia compartieron con Zeta Tijuana que “La Tía” estaba ligada a Rafael de Jesús Sáinz Villamontes, alias “El Cabo 27”. Integrantes de la Mesa de Coordinación por la Paz y la Seguridad en Baja California lo detectaron desde 2015 por su actividad criminal para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), y entre 2019 y 2022 se alió al Cártel de Sinaloa (CDS).

“El Cabo 27” mantiene actualmente una pugna interna dentro del CDS con su primo Erick Omar Villamontes Vega, alias “El 100”. La disputa agrega una capa de conflicto interno a la estructura criminal a la que se vincula a “La Tía”.

Colectivos de búsqueda señalan a María de la Luz como presunta responsable de varias desapariciones de jóvenes en las colonias Natura, Las Delicias, Ke Casas y Homex, en Tijuana. La mecánica que se le atribuye consiste en atraer a sus víctimas mediante falsas ofertas de trabajo.

Esos mismos colectivos plantean la incorporación de sus declaraciones como prueba en el juicio contra la imputada. La vinculación de “La Tía” con la desaparición de los siete jóvenes buscados en el relleno de Rosarito aún está bajo investigación.

Cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas pusieron en marcha este lunes la Avanzada de la Brigada Nacional de Búsqueda en comunidades de la sierra de Chilpancingo, Guerrero. La jornada arrancó alrededor de las 11:00 horas en la comunidad de Amojileca ante la denuncia explícita de los participantes sobre la ausencia de apoyo del gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, y del gobierno federal para las labores de localización de personas desaparecidas.

La acción se desarrolló en dos frentes simultáneos: uno en la sierra y otro frente a la Fiscalía General del Estado en la capital guerrerense, donde integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez exigieron avances en las investigaciones y la identificación de cuerpos sin nombre.

El recorrido de la brigada abarcó las comunidades de Amojileca, Xocomatlán, Coapango, San Vicente, Chautipan y Omiltemi. En cada poblado, los participantes colocaron fichas de personas desaparecidas y realizaron actividades de sensibilización con los habitantes de la región.

En Amojileca, el párroco Baltazar Vega Ramos recibió a los integrantes de los colectivos. El sacerdote los describió como “la voz de la conciencia social” y expresó su deseo de que encuentren la verdad y alcancen paz para sus familias.

Vega Ramos también instó a las madres buscadoras a no perder la fe y a mantener su lucha. A los habitantes de la comunidad les pidió brindar solidaridad a quienes buscan a sus familiares.

Juan Carlos Trujillo, coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda, precisó el propósito de la avanzada: “fortalecer la localización de personas desaparecidas desde las propias comunidades y con el respaldo de las familias”. La iniciativa surge, explicó, ante la falta de apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En las actividades participan integrantes de los colectivos Guerrero No Más Desaparecidos, María Herrera, Hasta Encontrarlos y la propia Brigada Nacional de Búsqueda. También se sumaron organizaciones provenientes de otras entidades del país, de acuerdo con La Jornada.

El Colectivo Lupita Rodríguez protesta ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada

De forma paralela a la jornada en la sierra, integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez se concentraron frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGE en Chilpancingo. La protesta tuvo como eje central la exigencia de respuestas concretas sobre los casos abiertos.

Los manifestantes demandaron información sobre las indagatorias en curso y los resultados de las confrontas genéticas realizadas hasta la fecha. También exigieron la identificación de los cuerpos resguardados por la Fiscalía y el Servicio Médico Forense.

Gerarda Martínez lleva siete años en la búsqueda de su hija, María Magdalena Alonso Martínez, desaparecida el 17 de agosto de 2019. Durante la protesta, denunció que personal de la Fiscalía le recomendó “ya no moverle” al caso y cuidar de su familia porque, según le advirtieron, quienes se llevaron a su hija “son peligrosas”.

El testimonio de Martínez ilustra una queja generalizada entre los colectivos: la omisión institucional frente a casos de alto riesgo. La denuncia pone en evidencia que las familias enfrentan, además de la ausencia de sus seres queridos, presiones para abandonar la búsqueda.

Guerrero registra alrededor de 7 mil personas desaparecidas y más de 3 mil cuerpos sin identificar

Los colectivos participantes proporcionaron las cifras que dimensionan la crisis en el estado: alrededor de 7 mil personas desaparecidas en Guerrero y 3,181 cuerpos sin identificar en poder de las autoridades. Estas cifras son la base de las demandas que los colectivos sostienen ante los gobiernos estatal y federal.

La magnitud de esos números explica por qué la brigada optó por una estrategia de búsqueda comunitaria en la sierra, donde la presencia institucional es escasa. Los colectivos apuestan por la red de apoyo entre vecinos y familias como mecanismo de localización ante el vacío de las autoridades.

La jornada del lunes 4 de agosto representa la primera acción de campo de esta avanzada en la región serrana de Chilpancingo. Los colectivos no informaron sobre la duración total del operativo ni sobre las fechas de las siguientes etapas.

La doble acción —búsqueda en la sierra y protesta ante la Fiscalía— muestra la estrategia de los colectivos: presión institucional y trabajo territorial de forma simultánea. Ambos frentes apuntan al mismo objetivo: visibilizar la crisis de desapariciones en Guerrero y forzar una respuesta de los gobiernos que, hasta ahora, los familiares califican de inexistente.

Un cuerpo reducido a restos óseos, una zona pantanosa y una identidad que la policía todavía no logró establecer.

El 14 de mayo de 1982, un recolector de almejas encontró restos humanos en un sector de Brigantine, en Nueva Jersey, y ese hallazgo dio origen a un expediente que 44 años después sigue abierto.

Hoy, el Departamento de Policía de Brigantine y la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía del Estado de Nueva Jersey reactivaron la búsqueda con nuevos bocetos forenses y análisis genéticos que apuntan a ponerle nombre a una víctima que hasta ahora figura como desconocida.

El caso quedó incorporado a la lista de casos fríos que las agencias policiales del estado revisan de manera periódica. Según informó People, los investigadores difundieron una nueva reconstrucción facial del hombre hallado en una “pradera pantanosa” con la expectativa de que alguien reconozca sus rasgos y aporte un dato que permita avanzar.

La hipótesis oficial sostiene que la víctima era un hombre blanco de entre 35 y 45 años, de alrededor de 1,68 metros de altura y unos 75 kilos.

La estimación forense ubica la muerte entre 1981 y 1982, aunque la data precisa nunca pudo establecerse. Ese punto forma parte del núcleo del problema investigativo. El teniente J. Glasser, del Departamento de Policía de Brigantine, explicó a People que el estado esqueletizado de los restos no permite fijar con exactitud cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el agua ni cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte.

“El hecho de que sean restos óseos no permite establecer con precisión cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el agua”, indicó el oficial.

Esa limitación pericial condicionó la causa desde el primer día. En una escena con agua, barro, salinidad variable y exposición ambiental, los investigadores debieron trabajar con márgenes amplios y con escasos elementos de identificación.

Glasser señaló que en otras intervenciones policiales encontró restos en estado similar tras lapsos mucho más cortos, lo que refuerza la dificultad de calcular tiempos en este tipo de terrenos.

Pese al paso de los años, la investigación nunca quedó cerrada. Cada novedad técnica reabre la revisión del expediente. “Cada vez que surge un avance tecnológico, revisamos los casos fríos”, afirmó Glasser.

Bajo ese criterio, la policía retomó esta causa varias veces, con una nueva revisión formal en 2022, cuando el caso volvió a quedar bajo análisis junto con otras investigaciones pendientes sin resolver.

A partir de esa reapertura, la Policía del Estado de Nueva Jersey sumó a su área de imágenes forenses para elaborar un retrato compuesto del hombre. La reconstrucción se difundió antes de que terminaran todos los estudios de ADN, ya que los investigadores optaron por avanzar en paralelo con todas las herramientas disponibles.

La lógica policial es directa: una imagen pública puede activar un reconocimiento inmediato, mientras los estudios biológicos siguen su curso en laboratorios y bases de datos.

Hasta el momento, la circulación nacional del caso no produjo una pista concreta sobre el nombre de la víctima. Según detalló People, sí hubo personas que ofrecieron asistencia técnica o experiencia profesional, pero no apareció un dato puntual que permitiera asociar el rostro reconstruido con un desaparecido.

La policía, de todos modos, mantiene abiertas varias líneas de análisis genético con la expectativa de obtener una coincidencia futura.

Para los investigadores, la identificación constituye el objetivo central de esta etapa. Determinar quién era ese hombre permitiría reconstruir su entorno, revisar denuncias antiguas de desaparición y definir con mayor precisión las circunstancias previas al hallazgo.

“Queremos poder dar al menos algunas respuestas y, sobre todo, el cierre que merecen esas familias que perdieron a un ser querido”, dijo Glasser.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el teniente J. Glasser al 609-266-7414 o por correo a jglasser@brigantinenj.gov. También puede contactar a la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía del Estado de Nueva Jersey al 609-882-2000, interno 2554, o a missingpinformation@njsp.gov. La policía indicó que los aportes pueden realizarse de forma anónima.

Constanza es antropóloga forense y es hija de desaparecidos. Fue criada por su abuela, se quedó sola en la adolescencia y viaja mucho porque trabaja en todo el mundo buscando recuperar restos humanos. Acaba de regresar a Buenos Aires después de terminar, de mala manera, una misión en México. El mundo ya no es lo que era y las ideas de ultraderecha avanzan y ponen en riesgo años de trabajo. Su nueva tarea la conduce a la búsqueda de otro hijo de desaparecidos, alguien que se niega a saber sobre su pasado, que tiene una discapacidad física que será central en la historia, y con quien va a iniciar una relación apasionada y tormentosa que la lleva a dar con una clave que le dictan los huesos ajenos con los que trabaja. Esa clave, una herida que no cierra, es que tener sexo “con alguien como ella es lo más cerca que va a estar de encontrar a los padres”.

Este es un posible resumen de la idea alrededor de la cual gira Constanza y Matute (hacen la porquería), la primera novela de Mariana Eva Pérez publicada por Emecé, que cuenta con muy buen ritmo y sin solemnidad un romance de comedia y drama con enigmas de un policial, cruzado por preguntas y cuestionamientos acerca de un pasado violento y un presente que sigue sin dar todas las respuestas.

Narrada con su distintivo humor negro, pleno de cinismo e ironía, Mariana trabajó esta vez como recurso una lengua permeada por el lunfardo y viejas formas del castellano porteño (los protagonistas fueron criados por sus abuelos, tuvieron una educación fechada en una generación anterior). Así, consigue ir más allá de su ya clásico diccionario de “hijis” o el “temita”, y se atreve a contar el sexo y el encuentro de los cuerpos sin eufemismos, aventurándose al lenguaje vulgar de la intimidad, con diálogos y escenas “chanchas” entre dos adultos que fueron víctimas infantiles, náufragos de la dictadura que comparten el trauma y los fantasmas de un pasado que no vivieron.

Mariana Eva Pérez (1977) es politóloga por la UBA, doctora en Literatura Románica por la Universität Konstanz, de Alemania, investigadora del Conicet (estudia las producciones culturales de infancias afectadas por el terrorismo de Estado) y escritora. Tenía 15 meses cuando la secuestraron junto con su madre, Patricia Roisinblit, quien estaba embarazada de 8 meses (su hermano Guillermo nació en cautiverio y fue identificado y restituido en 2004). Ese mismo día, horas antes, habían secuestrado a su padre, José Manuel Pérez Rojo. Ambos eran militantes montoneros y siguen desaparecidos. Luego de unas horas, a Mariana la dejaron en casa de unos primos. Fue criada por sus abuelos paternos, sobre todo su abuela Argentina, que enviudó temprano, y su abuela materna fue Rosa Tarlovsky de Roisenblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Mariana es activista y una personalidad vibrante en las redes sociales, conocida sobre todo a partir del blog Diario de una princesa montonera y luego por los libros con ese título que reprodujeron los posteos, pensamientos y reflexiones irreverentes sobre su experiencia de vida y su activismo en los organismos de derechos humanos. Es autora del ensayo Fantasmas en escena. Teatro y desaparición y de las obras de teatro Instrucciones para un coleccionista de mariposas, Ábaco, Peaje y ANTIVISITA/Formas de entrar y salir de la ESMA.

Es domingo al mediodía y el sol regala emociones de otra estación. Estamos tomando café en un bar del Villa Crespo que se autopercibe Palermo y conversamos acerca de la cocina y los orígenes de Constanza y Matute, una historia con enorme potencial para ser trasladada al cine y a las plataformas. Una historia que su autora sabe que todavía no terminó.

— Voy a empezar por hacerte una pregunta rara y aunque sabemos que vos incomodás siempre con tu literatura, espero que esto no te incomode.

— Bueno.

— ¿Te acordas de quién te habló de sexo por primera vez, quién te explicó cosas sobre el tema?

— Sí, mi abuela Argentina. Cuando yo era adolescente, sobre todo, yo podía preguntar y ella me contestaba bastante abiertamente. Y, después, también... Pero eso duró hasta que tuve un novio. Cuando tuve un novio, fue raro, ella se dio vuelta. Se asustó, no sé, le agarró como una prevención...

— ¿Qué edad tenías entonces?

— Yo era muy chica cuando tuve mi primer novio. Tenía 16.

— Bueno, no tan chica.

— No tan chica, pero al año siguiente ya me fui. Me fui chiquita de mi casa con este novio. No había terminado la escuela.

— Sí, claro, para todo eso eso sí eras chiquita.

— Se me hizo insostenible la relación de pronto por eso, porque algo a esta abuela que hasta entonces a quien yo le podía, no sé, si me daban un preservativo en la escuela y yo lo traía y le hacía un chiste, se lo mostraba y nos reíamos y lo guardaba en el cajón. Y recuerdo decirle tipo, “¿podés chequear en el cajón, ja, ja, ja?”. Y ella se reía conmigo, hasta que apareció la posibilidad real, ¿no?

— ¿Ella era viuda?

— Ella era viuda.

— La traicionaste.

— Claro, la traicioné. Y quedó solita, re perdida. Y al poquito tiempo ella también empezó a ir a Abuelas. Entonces, como que encontró otro sentido. El sentido de su vida era criarme a mí y de pronto, supongo yo, porque nunca lo pudimos hablar realmente, fue realmente un momento muy tenso que yo tuviera una sexualidad más activa. Era algo que le ponía fin a esa tarea de crianza, algo así. Y ahí fue muy loco, pero de pronto me pude apoyar más en Rosa, mi abuela materna. Algo que hasta ese momento no pasaba. Era muy difícil la relación con ella y de pronto, en ese momento quizás vio la brecha, me vio peleada con la otra.

— Ellas no se llevaban bien entre ellas.

— Se llevaban pésimo, competían un montón, me hicieron la vida imposible.

— ¿Competían por tu amor?

— Sí, sí. Me hicieron la vida muy imposible, tipo boludeces.

— No está tan mal igual, ¿no? Que compitan por el amor de una.

— Sí, pero no sé, cuando sos nena es triste, como raro. Rosa me quería llevar a Disney, Argentina decía que no. Ese tipo de cosas.

— Entiendo, pero viniendo de lo que vos venías, pensar que haya habido dos abuelas peleando por tu amor...

— Ninguna de las dos tenía a nadie más. Mi mamá era hija única, mi papá era hijo único, ¿entendés? Como que yo quedé ahí, en el foco, en la disputa. Y bueno, me interesaba mostrar algo de eso en la novela, como esa energía un poco mal puesta en nosotros, que es una relación impuesta además, eso hay que rescatarlo.

— Eso es algo que me gusta mucho de la novela, que es la de parte de una generación de pibes criados por los abuelos y los efectos de esa educación en los gustos, en el lenguaje, en los hábitos. La novela tiene mucho de eso.

— Yo quería hablar de eso. Cuando terminé la revisión corregida y aumentada del Diario de una princesa montonera, me quedé pensando que que lo próximo que iba a escribir tenía que tener que ver con mis abuelos, pero no sabía de qué forma. Probé otras cosas, incluso.

— ¿Cómo qué?

— No sé, como algo que hablara más directamente de ellos. Relatos sobre el departamento donde vivió mi abuela.

— No ficción.

— No ficción, exactamente. Lo de no ficción no me gustó nada. Y yo siento que es esto, que acá aparecen como centrándose en la historia de los protagonistas. Nunca en primer plano, pero están.

— Mucho más en Matute, un personaje más trágico.

— Mucho más en él. Y aparte, la abuela acaba de morir, hace muy poco. Entonces es como una presencia, una sombra que todavía tiene encima. Que por ahí, en el caso de Constanza, lo de su abuela es en otro sentido. Como ejemplo, como mandato. Como señalándole un camino del que ella no se apartó nunca. Pero en el caso de Matute sí, es distinto.

— Pensaba en cuánto de lo que hay en la novela tiene que ver con vos y con tu vida. Todo lo que hay de tu vida estilizado para la novela.

— Sí, hay un montón de cosas que son de mi vida, de mi experiencia, imágenes. Cosas que me contaron otros hijis. Yo rescato testimonios que me hayan impresionado no por ejemplares. A mí me interesaba mostrar esa deformidad que en Matute está hecha carne, pero, digamos, la deformidad de estas historias, de lo que nos pasó después.

— Sí, pero es la deformidad y es también la humanidad porque lo que aparecen son personajes con cosas muy viles, muy crueles, y al mismo tiempo humanos y amorosos. Ser víctima no te hace mejor persona.

— No. Yo creo que al revés, tenés altas chances de que te haga peor persona.

— Por el sufrimiento, además.

— Claro, claro. Me parece a mí. Que de ahí uno pueda sacar algo bueno, que te haga salir mejor, me parece bastante excepcional.

— A partir de la ficción aparecen un montón de cuestionamientos e historias bastante siniestras de los organismos y de la política de derechos humanos, muy desde adentro también.

— Sí.

— ¿Estás tranquila?

— Sí. Estoy tranquila porque vi que no pasa nada. No me pasó nada ni con el Diario ni con Fantasmas en escena, que es el libro de mi tesis, donde analizo las obras de teatro pero que tiene contrabandeado mi análisis de las políticas públicas del kirchnerismo. Se trata del teatro de la época y se trata de la época. Y no me pasó nada porque yo tampoco le debo favores políticos a nadie, a esta altura. Estoy colgando de un hilo del Conicet.

— Como todos.

— Sigo becaria. O sea, me seleccionaron el año pasado. Y no entré. No entré porque no hay ingresos. Se supone que entré pero no entré y yo entro al sistema y me figura que mi beca termina el 31 de diciembre. Y qué pasa después, si te la prorrogan o no, qué sé yo.

— Volvamos al origen de la novela. Me decías que querías escribir sobre tus abuelos, ¿y cómo fue que decidiste escribir una ficción, una novela, una comedia romántica que tiene cosas de policial?

— Sí, totalmente. Es que se me aparecieron ellos dos, Constanza y Matute. Se me aparecieron en verdad esos diálogos. A mí me quedó pendiente un artículo para un proyecto que no lo pude terminar sobre las dimensiones estéticas de la búsqueda forense en México.

— Eso está en la novela.

— Eso está. Me quedó pendiente porque fue como algo como... No supe qué hacer con eso. No me dieron ganas de seguir indagando ni leyendo ni un carajo nada de todo esto.

— ¿Vos estuviste en México?

— Estuve allá, pero después de haber estado con ese proyecto. Y sí, hay imágenes de la novela que son de mi viaje. Estuve primero justo antes de la pandemia, pero para un congreso y poquito. Las dos veces que estuve, estuve en Guadalajara.

— Sí.

— Y después seguí en contacto con gente así que un poquito seguí el tema de Jalisco, a pesar de que nunca pude escribir y ahora siento que pude. Entonces, eran la figura de la antropóloga forense, la búsqueda forense en México, el equipo de Antropología Forense, su rol transnacional. Eso era un poquito lo que yo tenía que investigar. Después vino la pandemia y me cambió bastante ese año. Era un año de un puesto para una Universidad afuera. Yo soy medio un desastre, como que siempre estoy debiendo cosas. Soy muy desorganizada, pero al mismo tiempo no me gusta incumplir, tengo eso de buena alumna. Entonces eso que no hice me quedó picando también. Situaciones que sé, que conozco y que incluso vi. Por ejemplo, en un momento supuestamente nos dieron los legajos de los desaparecidos en Medicina y en realidad no había nada. Era como una carpetita y no había nada. Toda una expectativa para nada. Pero ponele, de pronto estaba una mesita con unas chicas de la Secretaría de Derechos Humanos y del EAAF (N. de la R. el Equipo Argentino de Antropología Forense) ahí mismo tomando muestras porque se esperaba que vinieran muchos familiares que no se habían acercado nunca. Entonces todas esas imágenes fueron como cuajando en esto. Ahora, ¿por qué una comedia romántica, una historia de amor, de sexo? Qué sé yo por qué se me dio por eso.

— ¿Habías escrito algo parecido alguna vez?

— No, nunca. Cuando hice teatro, tampoco.

— ¿Ibas mostrando lo que hacías o terminaste la novela y recién empezaste a darla a leer?

— Al principio tuve muchos meses de no contarle a nadie lo que estaba haciendo porque ni yo entendía el viaje en el que me estaba metiendo. Igualmente nunca pensé que fuera teatro.

— Siempre supiste que era narrativa.

— Siempre supe que era narrativa. Y después lo que empecé a hacer fue los domingos a la noche publicar un capítulo, o dos, o tres, o cuatro. Los iba sumando en mi viejo blog. Y, después, los lunes a la mañana lo borraba.

— ¿Y alguien entró a leer?

— La gente entraba y me dejaban comentarios y todo. Entonces hice un poquito, como con el Diario, la experiencia de probar algunos textos, pero no los quería dejar ahí. Así que los borré. Iba probando esta estructura más de folletín y esta idea que me interesaba de que termine cada capítulo y la gente se quede esperando tipo: ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, y que nunca sea mucho lo que se espera, digamos. A mí me interesa mucho defraudar expectativas, me doy cuenta. Es una constante.

— ¿En la literatura?

— Sí. Como la expectativa que puede haber dentro del texto, qué es lo que sigue a continuación, qué es lo que va a pasar ahora. También en la Antivisita jugamos bastante con eso. Nunca está mi testimonio, no hay tal cosa. Que es lo que la gente, supongo, viene a escuchar. O la historia de mi mamá. Está todo fragmentado, un poquito acá, un poquito allá. Terminamos haciendo espiritismo, viste. Otra cosa. Y bueno, esa idea de no seguir el guion. Entonces también me interesaba de ellos dos que no siguen el guion de los hijos de desaparecidos. Ninguno de los personajes: Marcia y Diego (amigos de los protagonistas) tampoco. Me interesaba que no siguieran el guion del hijo de desaparecidos. Ya sea que sea artista o que se dedique a la política o que no sé qué.

— Al mismo tiempo hay una ironía permanente pero eso en tu escritura no es novedad. Lo que sí es novedad es la construcción de esos personajes. La construcción detalladísima, porque son muy visuales. Es una película, es una serie. Eso está, se ve.

— Yo la vi. Me pasó por delante de los ojos.

— ¿Imaginabas eso mientras ibas escribiendo?

— Sí, tengo muchos más diálogos hasta que en un momento dije: bueno, hay que empezar a no mostrarlo todo. En un momento empieza a haber huecos. Me interesaba sí que la novela siguiera un poco como el ritmo de una relación. Cuando te enamorás y te parece que en esos primeros encuentros cada palabra, cada cosa que se dice es importante y después te la acordás y qué sé yo… Después empieza a transcurrir distinto el tiempo. Hay como mojones. Pero tenía un montón más de cosas escritas.

— Hay muchos juegos con la literatura y con el narrador o los natradores, que es en sí misma una construcción muy interesante. Además Matute es muy lector y un lector exquisito que lee a Nabokov. ¿Qué quisiste hacer ahí?

— Divertirme con la literatura. La verdad que sí. Homenajear lecturas que me salvaron la vida.

— Sorprende porque Ada o el ardor es una novela de la que se habla muy poco.

— ¿No es cierto? Muy injusto. Bueno, para mí fue una inspiración. Y eso está en la novela, porque él la está leyendo, y está más explícito en el final.

El amor entre “hijis”

— En la relación amorosa entre hijis hay en principio un universo en común, pero eso mismo también puede terminar siendo como el agobio absoluto.

— Sí. A mí me interesaba explorar esa endogamia bien a fondo. Y me parece que también toda la cuestión de la paja. O sea, hay mucho sexo y hay mucha paja. Y bueno, me parece que también tiene que ver con que en un momento se hizo muy pajero el discurso de los derechos humanos. Es muy masturbatorio. Es una cosa que se agota en sí misma, como de autosatisfacción. Ante eso que me incomodaba me fui más a fondo. Ante algo endogámico, me planteé que fueran todos hijos de desaparecidos o familiares. Excepto Gabriel, que es el jefe de ella, que es un profesional. Pero todos los demás son familiares. El único milico que aparece también es familiar de desaparecido. Eso también existió, por supuesto.

— Una de las grandes luchas de tu vida tiene que ver con la pelea por el reconocimiento de las víctimas infantiles de la dictadura y es algo que también está en la novela.

— Eso no estaba de entrada. Entró. Se impuso. Entró ligado a la condición de Matute.

— ¿Pero la discapacidad de Matute estaba desde el vamos?

— Sí, pero no lo había pensado tipo: voy a escribir una novela que muestre lo que vivieron las infancias en la dictadura. De entrada era mucho más sobre la antropología forense que sobre eso.

— Porque esa pelea es algo en lo que vos estás todo el tiempo.

— En lo que falta.

— En lo que falta, exacto.

— Ya no soy yo sola. Hay tribunales en distintas partes del país donde esto avanza. Angie Urondo está muy a la cabeza de esto también con la primera megacausa del país por crímenes contra las infancias en Mendoza. Solo contra las infancias.

— Tampoco se le dio especial atención al tema de las violaciones de las mujeres al comienzo.

— Hasta tanto tiempo después, sí. Entonces es como que esperemos que lleguemos y llegue el proceso de justicia para cuando se aviven.

— Vos no sos Constanza, pero sí sos activista. ¿Te pasó de hablar con muchos hijos de desaparecidos que no querían saber de nada sobre el tema?

— Sí, sí. Sobre todo cuando trabajé en el proyecto del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas. La idea era dejar relatos para que se pudieran preservar para el futuro sin importar lo que pasara con las personas, como para que los nietos y nietas pudieran acceder a su historia. Y en este marco sí me pasó de encontrarme con gente decía que la institución nunca se había acercado a ellos. Hubo una cosa que a mí me dolía cuando yo era chica dentro de Abuelas y es que había una diferencia muy grande entre los restituidos y los que no lo eran. Y no hubo políticas institucionales para los que no lo eran. Si yo, que estaba ahí, me sentía un poco dejada de lado, había gente a la que directamente nunca se convocó. Gente cuyos nombres estaban porque se les había sacado sangre alguna vez, pero no hubo una cosa activa de invitarlos, de preocuparse por esos chicos, chicas. Eso es raro. Realmente fue como la centralidad exclusiva en los restituidos... En otras organizaciones, por ejemplo, en Familiares, hubo otra cosa con los niños. En la Asamblea también hubo otras cosas con los niños. En algunas iglesias hubo cosas. Madres La Plata tuvo otra actuación con los niños, otras políticas de cuidado. En Abuelas, no. El foco estaba en los que estaban desaparecidos. Estaban obsesionados con eso, y bueno. ¿Qué íbamos a decir? No se puede decir nada. A mí me dolía un poco. Entonces, cuando empezamos con el proyecto del archivo biográfico, yo contacto a algunos de estos nietos criados con los abuelos que estaban buscando hermanos o hermanas y que nunca se habían acercado a la institución ni a HIJOS, ni a ningún lado. Y fue un shock. Fue un shock ver cómo lo procesaban distinto de una.

— Qué difícil.

— Sí. Y mucha de esa gente nunca quiso hablar después. Chicos con unas vidas muy rotas también. Chicos con temas de adicciones, con temas psiquiátricos, chicos en unas situaciones que yo no estaba viendo ya en ese momento a mis 19, 20 años, más contenida por Abuelas. Yo no estaba viendo esa situación. Así que, bueno, sí. Fue como abrir la mirada y darme cuenta de que fuera del mundo de los organismos había gente que la estaba pasando muy mal. Yo quise hablar de esto.

— Hay ciertas cosas que resultan incómodas, como Constanza manejando un Audi.

— Claro, sí, sí. Marcia se lo vende. La amiga la cuida pero también le alquila la casa y le vende el auto. Se aprovecha un poco. Me interesaba también mostrar, ya de manera lateral, la historia de una amistad de mujeres de muchos años con sus altibajos, también. Y, de pronto, en un momento choto esa amistad.

— Amistad/hermandad. No todas las amigas comparten eso.

— No, no. Ellas lo fueron y en este momento no lo son.

— Pero es muy difícil cortar esas relaciones porque el otro o la otra son tu mitad.

— De hecho ellos no cortan esas relaciones. Me interesaba que fueran irredentos en ese sentido, también. Como hasta el final con sus cosas.

— En algún sentido, Constanza con Matute por un lado y Marcia y su ex, Diego, por otro, tienen algo de Cuando Harry conoció a Sally.

— Obviamente cualquier excusa es buena para hacer rewatch de Cuando Harry conoció a Sally (risas). La miro y digo: esto es por trabajo. La volví a ver, obviamente.

— Volvamos a algo que hablábamos antes, que tiene que ver con escribir escenas de sexo. Porque acá hay una historia de amor muy profunda y hay mucho sufrimiento. Porque por algo el flaco no la soporta pero le deja la puerta abierta todo el tiempo. Y en el caso de ella, ni hablar.

— Porque el sexo expresa.

— Entonces están las escenas y están las palabras “chanchas”.

— Sí, sí.

— ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue el proceso de escritura de esas escenas?

— Me interesaba, por un lado, ese léxico que se construye en una intimidad entre dos. Ahí donde se pueden encontrar pero también escenas de desencuentro, de desencuentro fatal. Con conceptos que maneja Costanza que él no tiene ni idea de qué le está hablando. Eso me parecía divertido de pensar en la relación de a dos.

— Porque ella es una mujer de mundo que se encuentra con un tipo que no sale de su habitación.

— Exactamente. Ese era el contraste extremo que quería mostrar. Una que no tiene casa versus uno que está totalmente anclado en su lugar. Porque en los diálogos que se me perdieron en algún momento él estaba diciendo con todas las letras “yo no tengo por qué irme de acá, no me voy a ir de acá, a mí me gusta estar acá”. Pero eso era obvio, no hacía falta que lo dijera. Eso voló.

— Sabés que Nabokov vivía en hoteles ¿no?

— Es verdad, es verdad, tenés razón.

— Por elección. Con Vera, su mujer.

— Claro, es verdad. No me acordaba. Es cierto. Como en el final de Ada o el ardor.

— Yo ya no me acuerdo bien de eso. Quise volver a leerla y no encontré mi ejemplar. Va pasando el tiempo y te quedan ganas de volver a leer y, al mismo tiempo, es tan abrumador el nivel de producción que hay. Pero muchas veces me dan ganas de releer aquello que me gustó mucho.

— Yo me di el gusto de releer un montón de cosas. Me parece que es muy placentero. Yo creo que es algo que hice mucho en mi vida, primero porque tenía pocos libros, pero me gusta la idea de volver sobre un libro que te gustó.

— ¿Cómo es eso de que tenías pocos libros?

— No había biblioteca en mi casa. En eso soy Matute.

— ¿En la casa de Argentina no había libros?

— Claro. No había ningún libro. O sea, el único libro que estaba es el libro del que hablo en Materia de memoria (N.de la R. Un libro con trece relatos inéditos de escritores que vivieron la dictadura ya en el exilio o como hijos de desaparecidos). Es un libro que, en realidad, era un embute. Era un libro que escondía una carta de mi papá y estaba metido arriba de un ropero. No había ningún libro. Mis abuelos no leían, no tenían biblioteca. ¿Te digo algo más de lo del sexo?

— Sí, claro.

— Me parece que para mí fue muy importante tratar de construir esas escenas para entender, porque yo no lo tenía claro al principio, quién era el narrador. Sobre todo en la cuestión de con qué palabras se puede contar, narrar. Que va a ser “pija”, va a ser “chuparla”, no va a ser ni pene, ni sexo oral. Ahí yo entendí que formaba parte justamente de ese léxico amoroso sexual de ellos y terminé de entender que eran ellos. Y que tenían que ser esas palabras y no otras, porque eran ellos quienes contaban la historia. Y me parece un acto de justicia poética que esos cuerpos tan maltratados gocen tanto a lo largo de toda la novela. Me parece hermoso.

Las formas de la memoria

— En la novela hay cuestiones de estos personajes que tienen que ver con recuerdos encubridores o escenas o personas que en principio no parecen relacionarse con su historia pero de pronto hay una familiaridad y tiene que ver con escenas del pasado. ¿Te pasaron esas cosas a vos? ¿O hablaste con hijos de desaparecidos a quienes les haya pasado eso de tener recuerdos que no sabían que tenían?

— A mí me pasó, por ejemplo, de pronto conectarme a una audiencia virtual antes de que empezara el último juicio de la Fuerza Aérea. Era una audiencia previa como para fijar fecha. Y, claro, yo a veces soy negadora, ¿no? Entonces me conecto y no me conecto pensando: van a estar los milicos ahí. De pronto, ventanita, ventanita, abogado, qué sé yo, bla, bla, bla. Veo una persona, una cara que yo... Vázquez Sarmiento(*). Que es el tipo que estuvo en mi secuestro. Nuestro secuestro. Pero, por ejemplo, cuando lo habían agarrado un par de años antes, que venía de estar diecinueve años prófugo, la foto era con la cara blureada. Y después yo tenía vistas fotos en blanco y negro del expediente, donde era gordo, donde estaba con gorra. Nada que ver. Sin embargo, yo lo veo y me doy cuenta de que es Vázquez Sarmiento porque me empieza a recorrer una cosa por las piernas y por los brazos y una inquietud, una cosa así.

— Una electricidad (N. de la R.: en cuanto pronuncio esa palabra, nos miramos y sonreímos con una complicidad incómoda)

— Y, sí. Sí, como un hormigueo. O sea, lo reconoce mi cuerpo antes que mi cabeza. Y, después, otra historia, ya en el terreno especulativo. Durante muchos años a mí me emocionaba muchísimo en particular una de las fotos que sacó Víctor Basterra en la ESMA, que es la de Graciela Alberti, una chica que está musculosa porque la secuestran en la costa. Y que para mí tenía una cara como muy contemporánea. Esa era la situación, alguien que podría ser una amiga mía o podría ser alguien a quien yo haya conocido. Me obsesionó hasta el punto que una vuelta hice una exposición en Alemania y la puse así, gigante, esa foto (hace los gestos con las manos marcando las dimensiones de la foto en la muestra). Muchos años después, leo que esa chica había militado en Oeste. Mis viejos eran del Oeste. Y yo me pregunto: ¿y si la conocí? Capaz que no, yo era muy chiquita, entendés.

— Vos decís que pudiste haberla conocido por tus viejos, cuando eras bien chiquitita.

— Si yo la conocí, sí. Seguro que no, pero es la pregunta. Cuántas cosas tenemos escondidas los que éramos muy chiquitos en esa situación, medio bajo llave, pero que están ahí. Eso fue un disparador muy grande. Cuánto de lo que no sabemos está ahí actuando y de qué manera. Ellos piensan que simplemente se enamoran y, tal vez, en realidad se reconocen.

— Hay varios temás que son tabú en la novela. Una de las cosas que aparece como algo muy fuerte también tiene que ver justamente con los huesos, con los restos humanos, con tocarlos, con amarlos, con obsesionarse, con llevárselos, incluso. Están los fantasmas y está lo concreto de los restos. Pienso en la calavera de Miguel Hernández, todo eso.

— La noble calavera.

— Exactamente, la noble calavera. Sin espoilear, ¿cuándo apareció ese tema durante el proceso de la narración?

— Para mí eso viene de una añoranza muy profunda por algo que ya tengo la sensación de que no me va a pasar, no los voy a encontrar. Entonces, de alguna forma esto viene a ocupar este lugar. Sí, mucha fantasía con los huesos y, también, de poder encontrarlos la fantasía de cómo será.

— Para cualquier forense los restos hablan.

— Claro. Sí, porque no es solamente encontrarlos sino que encontrarlos es…

— Saber.

— Es resolver el enigma. Es saber. Cuándo, dónde, cómo, por lo menos, ¿no? Se establecen un montón de cosas. Un quién, también, por lo general, quién lo hizo, por lo menos poder atribuirlo. Entonces me gustaba esta idea de que ella haya quedado obsesionada con el primer cuerpo que armó y no lo pudo identificar, que se haya quedado como prendada de esto. También la idea que tiene que ver puntualmente con lugares en Colombia donde se adoptan como santitos a los restos NN. Esa práctica es en los cementerios y se piensa que si los cuidás a estos muertos que nadie los venera te van a conceder favores. Esta idea de ella de adoptar a este muerto, Santa Mónica 22, viene de ahí. No sé, me entraron cosas como restos justamente, restos de todas las cosas que investigo y que leo y que no terminaron todas encontrando un lugar en un paper ponele pero si encontraron un lugar en la novela.

— Mariana, vos tenés editor privado en tu casa. Tu marido es José Esses, escritor y editor.

— Sí, así es.

— ¿Fue de los primeros que leyó la novela?

— No, no fue de los primeros. Me costó mucho mostrárselo, me dio mucha vergüenza. Yo fui muy entusiasta siempre con este material y él siempre me alentó un montón.

— ¿Cuánto tiempo estuviste escribiéndola?

— Tres años y medio, justo antes de que ganara Milei.

— ¿Y escribiste entonces más acá que en Alemania?

— Sí, porque yo me fui hace diez meses. Esta novela fue mi lugar feliz a donde irme durante el gobierno de Milei.

— Claro, entiendo. Y mientras ibas trabajando todo esto, ¿de entrada sabías cómo iba a terminar?

— Para nada.

— Te llevó.

— Me llevó, me llevó. Eso estuvo buenísimo. Realmente los dejé hablar. No tenía un plan.

— ¿Por qué elegiste Villa del Parque como escenario?

— No sé, porque me pareció como un barrio real que queda en Buenos Aires todavía. Eso me interesaba mostrar, un barrio no gentrificado, casas bajas, lo que había sido Buenos Aires, algo más ligado al pasado. A mí me gusta mucho lo que hizo Julián López con Buenos Aires en Una muchacha muy bella. Y tengo escrito un artículo sobre eso, justamente, sobre el tratamiento que él hace puntualmente de Buenos Aires, de la Buenos Aires muy bella también cuando vive la madre y después ya no, las imágenes ya más tristes de los cartoneros que están al final, ¿no? Quería mostrar esa Buenos Aires que me gustaba y que va a camino de la extinción.

— Te quería preguntar por otro tema que aparece en tu novela y tiene que ver con las hijas de desaparecidos que no quieren tener hijos. Vos sos una hiji que tiene hijos.

— Sí. Los tuve muy tarde igual.

— ¿Habías pensado que no ibas a ser madre?

— Había pensado que no iba a tener hijos. Hasta que me encontré con un señor que tenía mucho deseo de ser padre. Y bueno, estuvimos muchos años igual juntos sin tener hijos. Y después en un momento... Esto está bueno, lo otro también puede estar bueno.

— ¿Pensaste que no ibas a tener o pensabas que no era para vos?

— Pensaba que no era material. Que no tenía las herramientas. Lo sigo pensando y veo que igual no hace falta, no sé cómo pasa.

— Bueno, en tu familia los chicos tienen padre y madre, ¿no?

— Eso es muy importante. Y, también, bueno, un papá súper presente. Yo no los hubiera tenido con un papá no presente. Entonces, la propuesta ya era así. Yo siento que él se desenvuelve mejor simplemente por haber crecido en una familia tipo. Que nadie tiene que explicarle cosas de cómo es estar con una familia. Que para mí todo es raro. Ponéle, mis abuelas no jugaban conmigo. Entonces la idea y la presión que hay para que hoy las mamás, además de todo, invirtamos tiempo de calidad jugando con nuestros hijos. Hay cosas que desarrollan conexiones neuronales. Es algo que me resulta como muy extraño porque yo me acuerdo de una vez que mi abuela jugó conmigo, sacamos todos los zapatos y los pusimos en el piso y jugamos a crear una zapatería y yo vendía y ella compraba. Y la felicidad que yo sentí de que quiso jugar conmigo.

— ¿Qué edad tenías, te acordás?

— No era tan grande, mi abuela. Ah, ¿cuántos tenía yo? Yo debía tener ahí tipo 7, 8 años, muy chiquita.

— Pero te quedó ese recuerdo.

— Me quedó porque era algo maravilloso. Porque ella estaba todo el tiempo haciendo las cosas de la casa. Y, después, pensé que ella estaba muy triste. No tenía ganas de jugar conmigo porque estaba triste.

— Y, sí.

— Entonces, como que por todas esas cosas yo sigo sintiendo que la caja de herramientas la tengo bastante vacía, pero también miro a mis pibes y los veo bien.

— ¿Y qué les pasa a ellos en relación con tu historia? Porque ya tienen una edad en la que de algún modo van sabiendo cosas.

— El mayor siempre me preguntó. Siempre quiso saber. Y siempre lo afectó y lo puso muy triste la idea de que nunca va a conocer a sus abuelos. Directamente lo hace llorar. La idea de que no va a conocer a sus abuelos lo hace llorar. Así, de una: lo piensa y llora. Y la chiquita, que es más reservada, con sus cosas también, tardó mucho más en preguntarme. Y ahora de pronto está preguntando. Y ella sí por ahí pregunta por mí. Ella es como que se identifica conmigo.

— Y es lógico.

— Y me preguntan también por mi abuela que me crio. Porque a la otra la conocieron.

— ¿En qué año murió tu abuela Argentina?

— En el 2005, pero cuando murió mi abuelo yo tenía 12. Y eso sí fue como un golpe muy grande.

— Claro, uno ve a las Abuelas y a las Madres que llegan a mayores pero no ve a todas las que quedaron por el camino.

— Exacto, sobre todo los abuelos que murieron.

— Sí, eso siempre lo noté. Los hombres murieron antes.

— Murieron antes, como frustrados. Mucho tema cardíaco. Sí, sí. Pero en el laburo del archivo biográfico, en ese momento de hablar con todas las familias, era realmente un patrón.

— ¿Te abruma mucho el temita?

— Sí.

— Porque es tu vida pero además trabajás con esto.

— Claro, sí.

— Cuando te pones a mirar una película como la de Rob Reiner, como decías recién, ¿es para distraerte un poco?

— Sí, obviamente. Mirá cómo va mi cabeza. Esos momentos cuando llego a casa, cuando me encierro me pongo a ver Doctor House, ponéle.

— Bueno, pero igual también ahí ves cuerpos que hablan.

— Cuerpos que hablan. Y el policial. El policial es muy adictivo, es divertido. También es la estructura del policial. Con el enigma, las pistas, las falsas pistas.

— Te hago la última pregunta. ¿Qué estás recibiendo de la gente que la lee la novela? Y me refiero no solo a los que están en el tema y especialmente a otras generaciones.

— Empiezo a tener referencias de lectoras más jóvenes que no habían leído nada de la dictadura, no les interesaba y se enganchan con esta novela. Y me encanta porque, de verdad, es lo que quería. Es exactamente lo que quería. Que llegue a otros públicos, que incluso alguien llegue por error. Me parece importantísimo dejar de hablar entre nosotros.

(*) Mariana se refiere al ex oficial de la Fuerza Aérea y miembro de la Regional Buenos Aires de Inteligencia (RIBA) Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

Luego de un operativo conjunto, autoridades detuvieron al octavo implicado en el homicidio de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, la pareja de ciudadanos estadounidenses desaparecida el 20 de mayo de 2026 en la alcaldía Tlalpan y cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

Este último detenido, identificado como Iván “N”, fue arrestado en la colonia Villa Milpa Alta por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en trabajos también coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según datos oficiales, al momento de su detención, Iván “N” manipulaba envoltorios con aparente narcótico en la vía pública. Los agentes le aseguraron 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína, dinero en efectivo, una mochila tipo repartidor, un teléfono celular y una motoneta.

Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Zafar y Guillermo desaparecieron tras acudir a una cita en Tlalpan

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57, eran pareja y tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Residían en Huixquilucan, Estado de México.

Según reportes periodísticos, el 20 de mayo salieron de su domicilio para reunirse con lo que creyeron era un proveedor de elevadores en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan; datos extraoficiales señalan que querían instalar uno en su casa para facilitar la movilidad de la mamá de Guillermo, quien padecería de una enfermedad.

Antes de perder contacto, la pareja envió su ubicación en tiempo real a una amiga. Minutos después, sus celulares dejaron de recibir señal y fueron apagados.

Al día siguiente, la cuenta bancaria de uno de ellos registró movimientos sospechosos: alguien había dado de alta a varias personas para realizarles transferencias. Los allegados solicitaron la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias.

Cuatro cuerpos fueron hallados en dos fosas en La Marquesa

El 17 de junio, durante los trabajos de búsqueda en el Valle del Silencio, en el paraje El Venado dentro del área de cabañas de La Marquesa, autoridades localizaron cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas, todos con signos de violencia. En una de las excavaciones estaba la pareja; en la segunda, dos hombres más. También fue hallada una extremidad humana en el área.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la SSPC, la FGJCDMX, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Edomex, con apoyo de binomios caninos.

La familia de Guillermo confirmó públicamente el hallazgo sin vida de ambos. La Fiscalía del Estado de México trabajó en la identificación de ADN para establecer con plena certeza la identidad de los cuatro cuerpos.

Ocho detenidos en CDMX y Edomex en el marco de la investigación

En junio fueron detenidas las primeras siete personas presuntamente vinculadas al caso en operativos de la Ciudad de México y el Estado de México. En la CDMX cayeron Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, quienes al momento de su arresto portaban armas, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Posteriormente, en Nezahualcóyotl, fue detenida Yesenia “N”, Gabriel “N” y Roberick “N”, quienes habrían confesado el lugar donde enterraron los cuerpos, lo que permitió a las autoridades dar con las fosas.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que con la detención de Iván “N” suman ocho las personas detenidas posiblemente vinculadas con el caso, y que las indagatorias conjuntas continúan para identificar a todos los involucrados.

La desaparición de Rafael De Lorente, conocido artísticamente como Dovima Nurmi, ha generado una movilización en la comunidad LGTBIQ+ y en el entorno del espectáculo español. El pasado 29 de julio, los Mossos d’Esquadra confirmaron que no se tienen noticias del paradero de este artista desde su última aparición en la ciudad de Sabadell. Dovima, de treinta años, fue vista por última vez vistiendo una gorra, camiseta y pantalones vaqueros de color negro y con deportivas negras. La policía autonómica catalana ha solicitado la colaboración ciudadana y ha habilitado sus canales oficiales para recibir cualquier información relevante que ayude a localizarlo.

La noticia ha trascendido rápidamente el ámbito policial y se ha instalado con fuerza en redes sociales. Figuras destacadas del espectáculo y compañeros de Drag Race España han intensificado la difusión del caso. El periodista Javi Hoyos ha publicado un vídeo en el que solicita la implicación de la ciudadanía, buscando amplificar el alcance de la alerta y sensibilizar sobre la urgencia de encontrar a Rafael. En su intervención, Hoyos muestra imágenes de Dovima, detalla la última vestimenta conocida y explica cómo contactar con los Mossos d’Esquadra si alguien dispone de datos útiles.

La solidaridad no se ha hecho esperar entre las exconcursantes de Drag Race España. Sagittaria y Arantxa Castilla La Mancha, quienes compartieron pantalla con Dovima en la primera temporada del programa, han alzado la voz en sus perfiles sociales para pedir ayuda en la búsqueda. Ambas han compartido fotografías, mensajes de apoyo y recordatorios constantes de los canales habilitados para aportar información.

Detalles de la desaparición y operativo de búsqueda

La alerta sobre la desaparición de Rafael De Lorente fue difundida oficialmente por los Mossos d’Esquadra el mismo día 29 de julio tras no lograr establecer contacto con él. En el comunicado se especifica la descripción física y la indumentaria que llevaba en el momento de su desaparición. La policía ha instado a la colaboración ciudadana, subrayando la necesidad de actuar con rapidez en este tipo de situaciones donde cada hora puede ser determinante.

Además, se han difundido vídeos de Dovima actuando y fotografías recientes para facilitar su identificación. La reacción de la comunidad drag y de la audiencia de Drag Race España ha sido inmediata. Las publicaciones en redes sociales incluyen instrucciones precisas sobre cómo contactar con las autoridades, hashtags específicos para dar visibilidad al caso y recordatorios frecuentes de la urgencia que supone la desaparición de una persona adulta en circunstancias poco claras.

Respaldo de la comunidad y figuras públicas

El apoyo a la familia y el entorno de Rafael De Lorente ha sido una constante desde que se conoció la noticia. Sagittaria, compañera de Dovima en la primera edición de Drag Race España, ha publicado varias historias y mensajes en plataformas como Instagram y Twitter, donde solicita la colaboración de sus seguidores y comparte la información oficial de los Mossos d’Esquadra. Arantxa Castilla La Mancha se ha sumado a la petición, recordando la complicidad y la amistad que las unió durante el programa y apelando a la empatía y el sentido de comunidad.

Los mensajes de apoyo y preocupación se han multiplicado en cuestión de minutos en los comentarios del vídeo de Javi Hoyos. El caso de la desaparición de Dovima Nurmi pone en evidencia la capacidad de reacción del entorno digital y la importancia de la solidaridad entre artistas y seguidores cuando se produce una situación de riesgo.

El esposo de Elizabeth “Liz” Waddell descartó el miércoles que haya habido violencia en la desaparición de su esposa, una madre de 44 años de Carolina del Norte que no ha sido vista desde el 22 de julio de 2026, cuando se internó a nadar en aguas del Caribe frente a la isla de Granada.

Cailen Waddell publicó un comunicado en el sitio web familiar FindLiz.com en el que afirmó: “Tras una consulta cuidadosa y reflexiva con la familia, las autoridades locales, la Embajada de Estados Unidos y otros aquí en Granada, me uno a las autoridades en creer que no hubo juego sucio”.

La Fuerza Policial Real de Granada mantiene el caso abierto como una investigación de persona desaparecida, es decir, no lo trata como un crimen.

Quién es Liz Waddell y cómo llegó a Granada

Elizabeth “Liz” Waddell, residente de Cary, es descrita por su esposo como “una persona de espíritu libre y amorosa” que “podía hacer amigos con cualquier persona y así lo hacía”. Llegó a Granada el 11 de julio junto a su amiga íntima Heather para unas vacaciones de tres semanas.

Los primeros 10 días los pasaron en un resort en la costa oeste de la isla. El martes 21 de julio se trasladaron a un Airbnb en el sur, en la zona de Grand Anse Beach, una playa de 3 kilómetros en la parroquia de St. George’s, considerada una de las más populares del Caribe.

La cronología del 22 de julio

Las cámaras de seguridad del Airbnb registraron con precisión los movimientos de Liz esa mañana, según informó la revista People. La secuencia es la siguiente:

• 11:36 h: Las cámaras la capturan caminando hacia el muelle (jetty) cercano al alojamiento, con una camiseta suelta de color naranja quemado y pantalones cortos a rayas azules y blancas.
• 11:47–11:51 h: Entra al agua desde el muelle.
• 12:04 h: Última imagen registrada en cámara: se la ve flotando y nadando. No hay imágenes de ella saliendo del agua.
• 12:46 h: Heather aparece en cámara dirigiéndose al muelle. Regresa sola. Solo encuentra la toalla de Liz.
• 17:50 h: Heather reporta la desaparición a la policía.

Qué vieron los testigos

Varios testigos, entre ellos un grupo de personas en motos acuáticas (jet skis), declararon haber visto a Liz nadando en aguas abiertas. Cuando se acercaron para verificar su estado, ella les hizo una señal de “pulgares arriba” y les dijo que estaba bien y que era una buena nadadora, según el comisionado en funciones Randy Connaught, citado por NBC News.

Según Cailen Waddell en declaraciones a CBS News, los testigos la vieron alrededor de las 17:30 h, lejos de la orilla, y ella “comunicó su confianza en su nado y en su ubicación, así como la belleza de la isla”.

La última imagen en cámara la muestra flotando a unos 6 metros (20 pies) de la orilla, en aguas de aproximadamente 1,5 metros (5 pies) de profundidad. Amanda Romano-Harmon, amiga de Liz y vocera de la familia, explicó a la cadena WRAL que Heather “comenzó a entrar en pánico porque sabía que Liz no tenía su teléfono ni nada consigo”.

Cailen confirmó en FindLiz.com que su esposa salió sin billetera, zapatos, tarjetas ni dinero en efectivo.

Los recursos desplegados en la búsqueda

Las autoridades de Granada movilizaron drones, equipos de buceo, unidades caninas y analizaron los patrones de mareas de la zona. También solicitaron asistencia del FBI para apoyar la investigación, aunque no hay agentes desplegados en tierra en la isla.

La policía hizo un llamado a pescadores, operadores de embarcaciones y residentes de la costa sur para que reporten cualquier avistamiento de una mujer de complexión media, cabello rubio corto y 1,65 metros de estatura. Una campaña de GoFundMe —plataforma de recaudación de fondos en línea— reunió cerca de USD 14.500 para financiar los esfuerzos de búsqueda y los gastos de viaje de Cailen.

La voz del esposo y el estado del caso

Cailen viajó a Granada el viernes 24 de julio para sumarse a la búsqueda. El martes 28 nadó él mismo en la zona y describió el agua como “poco profunda cerca de la orilla, donde Liz podía tocar el fondo si quería, y el agua es como un lago, no como el agua oceánica que experimentamos en Carolina del Norte”, según su publicación en FindLiz.com.

En su comunicado del 29 de julio, señaló que el foco de la investigación estará en rastrear los movimientos de su esposa después de las 12:04 h, el momento de la última imagen. “Estoy destrozado porque está desaparecida”, escribió.

Connaught reiteró ante la prensa: “Es nuestra esperanza que Elizabeth sea encontrada y encontrada viva y en buen estado”, según NBC News. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó estar al tanto del caso y asistir a la familia, pero declinó dar más detalles por razones de privacidad.

El gobernador de Jalisco Pablo Lemus informó que las investigaciones por la desaparición de cinco adolescentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara apuntaron a un posible caso de reclutamiento forzado, mientras las autoridades estatales mantuvieron reuniones con colectivos de búsqueda y con familiares para dar seguimiento a las indagatorias y a los operativos en estados vecinos.

En ese mismo balance, el mandatario estatal señaló que el rastreo de los teléfonos celulares ubicó indicios de que los jóvenes podrían encontrarse en Zacatecas y Michoacán, y agregó que las labores de búsqueda seguían en coordinación con autoridades de ambas entidades. También dijo que las pesquisas de la Fiscalía de Jalisco sostenían la hipótesis de que los menores habrían salido de sus hogares por decisión propia.

La reunión mensual incluyó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría de Salud Jalisco. El objetivo fue revisar casos de personas desaparecidas y avances en distintas líneas de investigación abiertas en el estado.

Uno de los asuntos que se revisó fue el del presunto crematorio localizado en Ayotitlán. Lemus informó que los dictámenes periciales concluyeron que el inmueble correspondía a una fábrica dedicada al procesamiento de alimentos y que los restos óseos hallados en el sitio pertenecían a animales, por lo que se descartó que fueran restos humanos.

Los cinco adolescentes desaparecieron entre el 15 y 17 de julio

Después de ese encuentro institucional, el gobernador encabezó una reunión privada con familiares de los cinco adolescentes desaparecidos: Dominic Gabriel Méndez Jiménez, Facundo Sánchez Sánchez, Jeremy Alejandro Villegas, Giovanni Natanael Flores y Carlos Humberto Corona. Al término del encuentro, indicó que el acompañamiento con las familias se mantendría y que cualquier novedad en los casos sería comunicada.

Los jóvenes tenían entre 14 y 17 años y desaparecieron en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara entre el 15 y 17 de julio. Sus familiares realizaron una manifestación en la Vicefiscalía Especializada en Desaparecidos para exigir su localización y reclamar respuestas de las autoridades ante la posibilidad de que hubieran sido captados por grupos del crimen organizado.

La protesta partió del Mercado San Juan de Dios, sobre Calzada Independencia, y llegó hasta las instalaciones de la fiscalía especializada, ubicadas en el cruce con la calle Hospital. Durante la movilización, los familiares gritaron consignas como: “Fiscalía, ponte a trabajar” y “Lemus, tus hijos están en casa, ¿y los de nosotros?”.

Los casos ocurrieron en cuatro municipios de la zona metropolitana. Jeremi Alejandro Villegas, de 14 años, fue visto por última vez el 15 de julio en la colonia Hacienda Real, en Tonalá; Carlos Humberto Corona, también de 14, desapareció el 17 de julio en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan; Dominic Gabriel Méndez, de 15, desapareció el 15 de julio en Zapote del Valle, en Tlajomulco.

Facundo Sánchez, de 17 años, fue visto por última vez el 17 de julio en San Miguel Tateposco, en Zapopan. Giovanni Natanael Flores, también de 17 años, desapareció en el fraccionamiento Las Lilas 2, en El Salto.

Las familias describieron amenazas, mensajes de despedida y contactos en redes sociales

Marisela Anaya, madre de Jeremi, relató que su hijo salió de su casa a las 16:45 horas del miércoles y ya no volvió. Al día siguiente recibió mensajes de texto en los que el menor supuestamente se despedía y le avisaba “que ya no había nada qué hacer y lo iban a trasladar a otro Estado”.

La madre cuestionó la actuación de la fiscalía y dijo: “Yo he acudido a Fiscalía, pero Fiscalía nada más nos da calmantes, que están procediendo, que esto, que el otro, pero jamás nos dan una respuesta”. También rechazó la versión de una ausencia voluntaria y afirmó: “Él era un menor de edad y no me importa si dicen que él se quiso ir, no me interesa. Yo ocupo a mi hijo; él es un menor de edad que lo pueden manipular”.

Anaya agregó que Jeremi también se despidió de su novia y de sus hermanos, a quienes les dijo que los quería mucho y que regresaría. Según su testimonio, el adolescente recibía amenazas constantes por llamadas telefónicas y por personas que se le acercaban en la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, donde trabajaba como repartidor.

La madre aseguró que esas personas lo invitaban a ir a ciertos lugares y le decían “que tenían gente”. Sobre esa posibilidad, sostuvo: “Siento que pudo haber sido por la fuerza”. También recordó que su hijo trabajaba y pagaba una moto, y que estaba haciendo planes personales cuando ocurrió la desaparición.

Mariana Jiménez, madre de Dominic, contó que encontró mensajes en la cuenta de Facebook de su hijo en los que le ofrecían “ser parte del reclutamiento”. Explicó que la familia entró en alerta después de ver esas conversaciones y que identificaron a una persona con fotografías en el perfil que, consideraron, podría haber tenido relación con la desaparición.

La mujer afirmó que ese contacto era menor de edad y amigo de Dominic, y que creía que ambos habían sido compañeros de secundaria. También dijo que la desaparición de su hijo tuvo similitudes con la de Jeremi porque ambos adolescentes fueron vistos por última vez el mismo día y con una hora de diferencia, aunque aclaró que no se conocían entre sí.

Jiménez señaló que Dominic desapareció alrededor de las 15:30 horas. Sobre la falta de resultados, declaró: “No nos han dicho nada, absolutamente nada. Hemos estado revisando las redes sociales y buscando en amigos que él tenía o con quien pudiera haber hablado y no, lamentablemente no”.

Otra madre señaló a un excompañero de secundaria como presunto reclutador

Martha Leticia Bonilla, madre de David Emiliano, aseguró que un excompañero de secundaria de su hijo lo habría reclutado para un grupo delictivo. Indicó que ambos estudiaban en la Escuela Secundaria Mixta 15 José Vasconcelos, en Jalisco.

La mujer afirmó que esa misma persona ahora intentaba responsabilizar a David de presuntamente reclutar a otros jóvenes, versión que rechazó. También dijo que tenía una fotografía del presunto responsable y advirtió que haría pública su identidad si su hijo no regresaba con vida.

Bonilla expresó preocupación por la seguridad de su familia porque, según dijo, el señalado conocía el domicilio donde viven. Añadió que dejaría información sobre esa persona con alguien de confianza en caso de que le ocurriera algo.

Sobre lo que observó antes de la desaparición, relató que su hijo tomó su teléfono celular y que, al revisar después la última ubicación del aparato, ésta habría coincidido con el domicilio del joven al que identificó como el presunto reclutador. También aseguró que el señalado tenía 14 años y que otras personas de la misma escuela estarían relacionadas con casos de reclutamiento, aunque no ofreció más detalles.

La madre negó que David participara en actividades de captación para grupos delictivos y respondió a esas versiones con una acusación directa: “Mi hijo no es ningún reclutador y ningún malviviente. Tú lo eres”. Hasta ahora, esos señalamientos correspondieron al testimonio de la madre y no habían sido confirmados por las autoridades.

• El gobernador Pablo Lemus informó que la principal línea de investigación por la desaparición de cinco adolescentes en Jalisco apuntó a un posible reclutamiento forzado y que su localización se buscaba también en Zacatecas y Michoacán.
• Los jóvenes, de entre 14 y 17 años, desaparecieron entre el 15 y 17 de julio en Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y El Salto, y sus familias se manifestaron para exigir respuestas.
• Madres de dos de los menores denunciaron amenazas, mensajes de despedida y ofrecimientos de reclutamiento por teléfono y redes sociales; otra madre señaló a un excompañero de secundaria como presunto captador.

Las investigaciones sobre la desaparición de varios adolescentes en Jalisco dieron un nuevo giro luego de que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, informara que al menos cuatro de los casos podrían estar relacionados con un posible reclutamiento forzado por parte de grupos de la delincuencia organizada.

La hipótesis surge a partir de los primeros avances de las indagatorias y del análisis de la geolocalización de los teléfonos celulares de los menores.

El mandatario explicó que los registros de localización muestran que algunos dispositivos tuvieron actividad en los estados de Zacatecas y Michoacán, por lo que ya solicitó la colaboración de ambas entidades para realizar operativos conjuntos en las zonas donde se detectaron los últimos rastros.

Investigación avanza con apoyo de otros estados

Tras reunirse con familiares de los adolescentes desaparecidos, Lemus señaló que, aunque los casos se investigan de manera individual y no existe evidencia de que los jóvenes se conocieran entre sí, las autoridades han identificado patrones similares en las circunstancias de las desapariciones.

Indicó que los menores provienen de distintos municipios, no asistían a las mismas escuelas y no mantenían relación entre ellos.

Sin embargo, los testimonios recabados con las familias muestran coincidencias que fortalecen la línea de investigación relacionada con un posible reclutamiento.

Respecto a uno de los adolescentes, el gobernador precisó que la última ubicación de su teléfono celular corresponde al municipio de Tequila, mientras que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para esclarecer cada caso.

Familias exigen respuestas y aceleración de las búsquedas

La reunión entre autoridades estatales y familiares ocurrió después de las manifestaciones realizadas durante el fin de semana en Guadalajara, donde madres, padres y colectivos de búsqueda exigieron avances en las investigaciones y la localización con vida de los menores.

Durante el encuentro, varias madres denunciaron presuntas irregularidades en las investigaciones y expresaron su preocupación por la falta de resultados.

Algunas señalaron que personas involucradas en las desapariciones estarían intentando responsabilizar a los propios adolescentes, mientras que otras insistieron en que sus hijos fueron engañados mediante falsas ofertas de empleo.

Los familiares solicitaron que las autoridades intensifiquen los operativos de búsqueda y fortalezcan la coordinación entre instituciones para evitar que los casos continúen aumentando.

Lo que se sabe del caso hasta ahora

• Los adolescentes desaparecieron entre el 15 y el 17 de julio en los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto.
• Las investigaciones contemplan como una de las principales líneas el posible reclutamiento forzado por grupos delictivos.
• La geolocalización de teléfonos celulares ubicó posibles rastros en Zacatecas y Michoacán.
• Autoridades de ambas entidades fueron requeridas para participar en operativos conjuntos.
• Los familiares realizaron marchas y protestas para exigir avances en las investigaciones y la localización con vida de los menores.

Iglesia y autoridades llaman a reforzar medidas de prevención

El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, respaldó la exigencia para acelerar la búsqueda de los adolescentes y pidió a las autoridades reforzar las acciones de localización.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y tutores para fortalecer las medidas de prevención dirigidas a adolescentes, al considerar que este sector podría estar siendo objetivo de estrategias de captación por parte de grupos criminales.

Por su parte, Pablo Lemus reiteró la necesidad de impulsar modificaciones legales que permitan establecer mayores controles para el traslado de menores de edad entre entidades federativas, especialmente en centrales camioneras, donde, según explicó, podrían concretarse algunos de los traslados detectados en las investigaciones.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones de manera individual para cada desaparición y sostiene que, hasta el momento, no existen elementos que permitan concluir que todos los casos estén vinculados entre sí.

No obstante, las autoridades reconocen que algunas coincidencias detectadas durante las indagatorias han fortalecido la hipótesis de un posible reclutamiento criminal en varios de los expedientes.

Mientras avanzan las diligencias y los operativos coordinados con otras entidades, las familias mantienen el llamado para que las autoridades intensifiquen la búsqueda y logren localizar con vida a los adolescentes desaparecidos.

La noticia que muchos temían se confirmó este domingo: el cuerpo hallado recientemente en el Río de la Plata, a la altura de las costas del partido de Magdalena, corresponde a Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos el 14 de junio.

La identificación, realizada por una hermana de la víctima, puso fin a una de las búsquedas más angustiosas de los últimos tiempos y selló un capítulo de dolor que atraviesa a familias, amigos y vecinos, según informó el portal del El Día.

La jornada de pesca que planearon Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu terminó en tragedia. Partieron desde la costa de Hudson a bordo de una lancha con la expectativa de una salida recreativa, pero nunca regresaron. La incertidumbre se apoderó de la comunidad desde ese día, dando inicio a un operativo de búsqueda que involucró a fuerzas de seguridad, bomberos, Defensa Civil, guardaparques y decenas de voluntarios que colaboraron incansablemente.

A lo largo de varias semanas, los restos de los pescadores fueron apareciendo en diferentes puntos de la costa argentina y uruguaya, lo que mantuvo a los familiares en constante tensión. El desenlace, aunque esperado por la lógica de los hechos, no dejó de generar un profundo pesar en quienes siguieron el caso día a día.

La hipótesis que manejan los investigadores es que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación, lo que derivó en el hundimiento. Sin embargo, las causas exactas siguen siendo materia de análisis y no se descarta ninguna línea de investigación.

La búsqueda de los cinco hombres movilizó a distintos organismos y voluntarios, que recorrieron kilómetros de costa y aguas durante semanas. El primer cuerpo identificado fue el de Sebastián Romegialli, hallado el 26 de junio por la tripulación de un buque mercante que navegaba en jurisdicción uruguaya. El hallazgo fue comunicado a las autoridades locales, que iniciaron el procedimiento de identificación y repatriación.

El 28 de junio apareció el cuerpo de Carlos Kovach, localizado en aguas del Río de la Plata cerca de Punta Indio. Días después, otra noticia llegó desde Uruguay: Diego Boscardin fue encontrado en la zona de Atlántida, identificado por vestimenta y marcas médicas.

El siguiente en ser hallado fue Claudio Kovach, cuyo cuerpo apareció en aguas del Río de la Plata, cerrando así la lista de víctimas localizadas en diferentes puntos de la extensa ribera. Finalmente, se encontró el cuerpo de Damián Giubu en el sector conocido como “La Vasquita”, en el partido de Magdalena, lo que permitió concluir el operativo de búsqueda iniciada un mes antes.

Desde que se reportó la desaparición, la movilización de recursos fue intensa y sostenida. Participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y guardaparques, junto con vecinos y familiares que no dejaron de recorrer la zona en busca de datos o señales de los desaparecidos.

El caso generó una profunda conmoción en la región, no solo por la magnitud de la tragedia sino también por la cantidad de personas involucradas y la duración de la búsqueda. La solidaridad de la comunidad se manifestó en cadenas de oración, campañas para apoyar a las familias y múltiples expresiones de acompañamiento.

Con la identificación de los cinco pescadores, la comunidad puede ahora despedir a sus seres queridos y acompañar a las familias en el duelo. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar investigando las circunstancias que rodearon el hundimiento de la embarcación para determinar responsabilidades, si las hubiera, y evitar que este tipo de episodios se repitan.

Sofía García, hermana del montañista Alejandro Ugarte, pidió apoyo internacional para reforzar las labores de localización de su familiar y de los otros dos integrantes de la expedición desaparecidos en el nevado Huascarán. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, @sofiagarciamakeup, solicitó la colaboración de instituciones extranjeras que puedan aportar equipos especializados para el rescate.

Ella explicó que sus familiares realizan gestiones desde que conocieron la desaparición del grupo. Además, indicó que coordinaron acciones con equipos privados y entidades del Estado; sin embargo, hasta el momento no lograron ubicar a los tres montañistas.

“Necesitamos ayuda ya del extranjero. Nosotros hemos estado tratando de hacer todo lo que se pueda, con búsqueda privada tanto como del Estado, pero lamentablemente no los hemos podido encontrar”, expresó García en su publicación.

Ante esta situación, pidió que representantes de otros países se comuniquen con la familia si cuentan con algún contacto que permita sumar recursos al despliegue. “Si hay algún contacto con el gobierno de Chile, de Argentina, para que ayuden con la búsqueda, porque necesitamos helicópteros, drones, gente que ayude a rescatarlos, montañistas”, manifestó.

García también señaló que no cuenta con la preparación necesaria para intervenir directamente en la zona por las características del lugar y las exigencias técnicas de una operación en altura. “Si yo voy, me muero en el camino, obviamente, como cualquier persona que no practique el deporte”, dijo al referirse a las condiciones extremas que enfrentan quienes participan en este tipo de labores.

La desaparición se registró el martes 14 de julio, cuando Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas realizaban una expedición en el Huascarán, la montaña más alta del Perú, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Durante el descenso, los tres deportistas comunicaron que se habían perdido y, después, se perdió el contacto con sus familiares.

La última ubicación registrada del grupo correspondió al sector conocido como la Garganta, a más de 6.000 metros de altitud. Esa referencia fue obtenida mediante la información del reloj inteligente de Alejandro Ugarte. En esa zona, los rescatistas enfrentan dificultades por la presencia de grietas, avalanchas y vientos.

Mientras continúan las tareas en la montaña, familiares y amigos realizaron vigilias con velas, fotografías y jornadas de oración para pedir por la ubicación de los tres montañistas. Además, organizaron una rifa solidaria que permitió reunir fondos para contratar un equipo privado de rescate.

El despliegue también afrontó nuevos obstáculos luego de que una avalancha impidiera el avance del grupo de rescatistas hacia el Campo 2, área a la que se dirigían para acercarse a las coordenadas consideradas más precisas. El equipo logró llegar hasta el Campo 1, pero no pudo continuar su recorrido por las condiciones del terreno.

Asimismo, un dron detectó huellas cerca de la cumbre, a más de 6.400 metros de altura, en el punto donde se perdió la comunicación con los desaparecidos. Según ATV, la Asociación de Montañistas informó que, al inicio, se consideró que los tres deportistas podían encontrarse en el Campo 2, cerca de la Garganta, pero un grupo de 12 montañistas checos realizó una búsqueda en esa zona hasta pasada la medianoche sin lograr ubicarlos.

“Por favor, ayúdenme a hacer este video viral para poder encontrar a mi hermano y a sus dos compañeros”, pidió Sofía García al finalizar su mensaje. La familia continúa solicitando apoyo para fortalecer la localización de Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas.

Cinco adolescentes desaparecieron en Guadalajara y su zona metropolitana en las últimas semanas, un lapso que reactivó la alarma entre sus familias por un posible reclutamiento criminal contra menores de edad en Jalisco, después de que el 9 de julio otros tres adolescentes regresaron a sus casas tras nueve días ausentes y la Fiscalía estatal mantuvo como línea de investigación que habrían sido captados por un grupo delictivo.

Las fichas de búsqueda se emitieron para localizar a Jeremy Alejandro Villegas Anaya, Dominic Gabriel Méndez Jiménez, Facundo Viral Sánchez Sánchez, Giovanny Natanael Flores Vázquez y Carlos Humberto Corona Corona. Los reportes señalaron que fueron vistos por última vez en distintos municipios de la zona metropolitana: Tonalá, Tlajomulco, Zapopan y El Salto.

El caso concentró la atención de las familias porque dos de las desapariciones ocurrieron el mismo 17 de julio. Ese día se perdió contacto con Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, y con Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, en la colonia Las Lilas, en El Salto.

Familiares y amigos de los cinco jóvenes marcharon desde el mercado San Juan de Dios por la calzada Independencia hasta la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ahí exigieron que las autoridades actuaran con rapidez y revisaran cada expediente abierto para acelerar su localización.

Las desapariciones se concentraron en tres días

El primero de los casos correspondió a Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, desaparecido el 15 de julio en la colonia Hacienda Real, en Tonalá. Su familia denunció que, antes de perderse su rastro, el adolescente habría sido acosado por teléfono por varios hombres.

La madre del menor relató que le dijeron que Jeremy había sido visto en la central de camiones de Tlaquepaque. Según su testimonio, el adolescente comentaba a personas cercanas que varios hombres lo llamaban de forma insistente y lo hostigaban.

También el 15 de julio desapareció Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, en la colonia El Zapote, municipio de Tlajomulco. El reporte lo ubicó como otro de los menores vistos por última vez ese mismo día en un punto distinto de la metrópoli.

Dos días después, el 17 de julio, se sumó la desaparición de Facundo Viral Sánchez Sánchez, de 17 años, en Zapopan. Ese mismo día también se abrió el reporte por Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, quien fue visto por última vez en la colonia Las Lilas, en El Salto.

El quinto caso fue el de Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años. El reporte indicó que el último contacto con él ocurrió en la colonia Santa Ana Tepetitlán, también en Zapopan.

Las familias sostuvieron que no veían estas ausencias como hechos aislados. Durante la manifestación revelaron que encontraron mensajes en redes sociales con falsas ofertas de trabajo dirigidas a muchachos, por lo que sospechaban que se trataba de más casos de captación mediante engaños.

Las familias describieron cómo desapareció cada joven

La desaparición de Jeremy fue una de las que más inquietud provocó entre los manifestantes por la referencia directa a presiones previas. La madre aseguró que le informaron que su hijo era acosado por teléfono y que incluso lo habrían obligado a trasladarse a la central camionera de Tlaquepaque.

En sus palabras, personas cercanas al adolescente le dijeron: “Me comentan que lo vieron en la Central, que había tres hombres en la Central y que esos hombres lo hostigaban por teléfono y que lo vieron en la Central y que de ahí el niño le decía a sus compas o a su amiguito de confianza que unos hombres lo acosaban, que unos hombres lo traían llame y llame por teléfono”.

Sobre Dominic Gabriel Méndez Jiménez, la información pública disponible en ese momento se concentró en el punto de desaparición: la colonia El Zapote, en Tlajomulco, el 15 de julio. Su caso formó parte del mismo reclamo colectivo de búsqueda urgente junto con los otros cuatro expedientes.

Facundo Viral Sánchez Sánchez fue reportado como desaparecido el 17 de julio en Zapopan. Sus familiares también acudieron a la protesta frente a la Vicefiscalía para exigir avances en la investigación y acciones de localización.

En el caso de Giovanny Natanael Flores Vázquez, su madre Carolina Vázquez Guzmán explicó que el joven salió de su domicilio en el fraccionamiento Las Lilas 2 después de una discusión familiar y ya no volvió. La mujer rechazó esperar antes de iniciar su búsqueda y sostuvo: “Yo no voy a esperar esa acción, yo lo voy a buscar y voy a buscar cielo y tierra hasta dar con el paradero de mi hijo”.

Carolina agregó que, al hablar con amistades de su hijo, le comentaron que presuntamente se lo habían llevado a una casa de seguridad. También dijo que recibió mensajes anónimos con información sobre un posible paradero del adolescente.

La desaparición de Giovanny ocurrió mientras su madre ya buscaba desde hacía más de dos años a otro de sus hijos, Joseph Andrei Flores, desaparecido desde 2024. La mujer afirmó además que en el fraccionamiento Las Lilas ya existían otros casos parecidos.

El caso de Humberto reavivó el temor por captación de menores

La madre de Carlos Humberto Corona Corona, Mayra Corona, contó que el adolescente salió de su casa después de arreglarse y bañarse. Minutos después, dos jóvenes que identificó como supuestos amigos llegaron para decirle que se lo habían llevado en un taxi amarillo de modelo antiguo.

Mayra relató: “Él estaba en mi casa, se arregló, se cambió, se bañó y que iba a salir a la calle y ya como a los 40 minutos, a los 20 minutos de que mi hijo salió, llegan dos disque amigos y me dicen que a Humberto se lo habían llevado en un taxi amarillo de los viejitos. Ahí tenemos las placas apuntadas y ya no lo volvemos a ver”.

La madre del adolescente dijo que desde ese momento ya no tuvo contacto con él. También describió la angustia que siguió a la desaparición: “No he dormido de solo pensar si estaría bien, si ya comió, si lo estarán golpeando”.

Mayra informó además que, después de acudir a la Fiscalía para practicarse una prueba de ADN, recibió un intento de extorsión. No detalló el contenido de ese contacto, pero lo vinculó con el proceso que siguió tras denunciar la desaparición de su hijo.

La vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo y personal de la institución estatal se reunieron con los familiares para revisar caso por caso las carpetas de investigación. Las familias pidieron reforzar la búsqueda y ampliar las indagatorias ante el temor de que los cinco adolescentes no se hubieran ausentado por voluntad propia.

Treinta y seis años después de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, dos familias podrán finalmente dar sepultura a sus seres queridos. La Procuraduría General de la Nación entregó los restos óseos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, identificados mediante pruebas de ADN procesadas en Panamá y Guatemala como parte de las investigaciones sobre las víctimas del 20 de diciembre de 1989.

La entrega se realizó en el cementerio Jardín de Paz, con la presencia de familiares de ambas víctimas, quienes expresaron su satisfacción por el trabajo desarrollado para recuperar sus identidades.

Los estudios fueron efectuados por el Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

La identificación constituye un nuevo avance en un proceso que permanece abierto más de tres décadas después de la operación militar estadounidense. Los restos forman parte de los sumarios que tramita la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana para esclarecer las muertes, ubicar a los desaparecidos y determinar la identidad de cuerpos enterrados sin información suficiente tras los combates.

La invasión comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron la denominada Operación Causa Justa. El ataque fue desplegado por aire, tierra y mar contra 27 objetivos militares de manera simultánea, con la participación de aproximadamente 24,000 soldados, además de las tropas que Estados Unidos mantenía en territorio panameño.

El objetivo declarado era capturar al general Manuel Antonio Noriega, proteger a ciudadanos estadounidenses, defender el funcionamiento del Canal y respaldar la instalación del gobierno encabezado por Guillermo Endara.

Los ataques alcanzaron zonas densamente pobladas, entre ellas El Chorrillo, donde estaba ubicada la Comandancia de las Fuerzas de Defensa, además de San Miguelito, Río Hato y sectores de Colón.

El Chorrillo quedó marcado por los bombardeos y los incendios que destruyeron viviendas, comercios, una escuela, estaciones de autobuses y otras estructuras. Según los alegatos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miles de residentes fueron desplazados y unas 18,000 personas quedaron sin hogar, mientras el acceso a algunas áreas permaneció restringido durante días.

Treinta y seis años después de la invasión, Panamá continúa exhumando restos humanos para esclarecer uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

El número de muertos continúa siendo uno de los puntos más controvertidos de la invasión. Estados Unidos reportó 202 civiles y 314 militares panameños fallecidos, para un total de 516 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y fuentes independientes estimaron que las víctimas civiles pudieron superar las 2,000, una diferencia que nunca ha sido aclarada definitivamente.

La ausencia de un conteo definitivo estuvo vinculada, entre otros factores, con entierros realizados sin registros completos, cuerpos no identificados y denuncias sobre fosas comunes. La CIDH también recogió cuestionamientos sobre la falta de preparación para identificar, registrar y disponer de los restos humanos con el detalle necesario, situación que prolongó durante décadas la incertidumbre de numerosas familias.

El Registro de Víctimas de la Comisión 20 de Diciembre, actualizado hasta marzo de 2026, contiene 443 nombres en distintas etapas de verificación. Los primeros 238 corresponden a fallecidos y desaparecidos confirmados, mientras que otros 205 nombres permanecen bajo investigación, a partir de información aportada por familiares, organizaciones de derechos humanos y fuentes documentales.

La Comisión advierte que el registro es un documento abierto y puede modificarse conforme se validen los datos con el Tribunal Electoral y otras instituciones. Además, algunas entradas en investigación coinciden con víctimas ya incorporadas en el listado confirmado, por lo que los 443 registros no representan necesariamente esa misma cantidad de personas distintas.

La lista reúne víctimas nacidas en diferentes provincias, panameños nacidos en el extranjero y ciudadanos de otras nacionalidades. Sus edades abarcan desde un recién nacido hasta personas mayores de 80 años, evidencia de que el impacto de la operación alcanzó a niños, jóvenes, adultos y ancianos, tanto civiles como integrantes de las fuerzas panameñas.

Durante los últimos años, las investigaciones recibieron un nuevo impulso mediante la exhumación de restos, la recuperación de cuerpos trasladados entre cementerios y el análisis de perfiles genéticos. Especialistas del Instituto de Medicina Legal y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala han comparado muestras óseas con el ADN aportado por familiares de personas desaparecidas.

Ese trabajo permitió previamente a víctimas como Ricardo Aurelio Arana Riquelme, mediante estudios genéticos realizados durante 2024, y a Eric Abdiel Bonilla Terrero, cuyos restos fueron ubicados en el antiguo cementerio de Cerro Batea y trasladados posteriormente al Jardín de Paz.

La entrega de Coulthrust Quiñones y Carol Ojo permite cerrar parcialmente dos historias familiares, pero también confirma que el proceso de identificación está lejos de concluir. Todavía existen restos pendientes de análisis, casos de desaparición sin resolver y familias que esperan una respuesta oficial sobre lo ocurrido con sus parientes durante y después de la invasión.

Cada identificación representa más que un resultado forense: restituye un nombre, permite completar un duelo y recupera una parte de la memoria histórica. Mientras continúen las exhumaciones y las pruebas genéticas, Panamá seguirá intentando esclarecer una tragedia cuyo número real de víctimas, 36 años después, permanece sin una respuesta definitiva.

Años antes de ser secuestrado, en una entrevista, cuando le preguntaron cómo había surgido la idea de su historieta más famosa, Héctor Germán Oesterheld respondió: “El Eternauta comenzó siendo un cuento corto, de apenas 70 cuadros. Luego se transformó en una larga historia, una suerte de adaptación del tema Robinson Crusoe. Me fascinaba la idea de una familia que quedaba sola en el mundo, rodeada de muerte y de un enemigo ignorado e inalcanzable. Pensé en mí mismo, en mi familia, aislados en nuestro chalet y comencé a plantearme preguntas”. No sabía que viviría algo muy parecido en carne propia, como tampoco podía imaginar lo anticipatorio que encerraba una frase que puso en boca del historietista – él mismo – casi al final de la primera parte de El Eternauta después de escuchar el relato de Juan Salvo, el viajero en el tiempo: “Esto significa que la nevada mortal caerá sobre la Tierra en 1963… que, dentro de cuatro años, los Ellos descargarán sobre nosotros su espantosa invasión... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar tanto horror?”.

Con el tiempo, la historia del país le mostrará que, si bien acertó los hechos, erró la fecha de la invasión de los Ellos, que no será 1963 sino 1976. Tampoco Juan Salvo, el Eternauta, le habló a Oesterheld sobre la suerte que correría con la llegada de los Ellos. Quizás porque la fantasía de ningún guion de historieta era capaz de encerrar tanto horror. O tal vez tuvo piedad por su propio creador y por eso no le contó que en su viaje por la eternidad había visto cómo un grupo de tareas lo emboscaba en una calle de una ciudad llamada La Plata; que para ese momento dos de sus hijas ya estarían desaparecidas por una dictadura cuyo terror sistemático era inimaginable; que después de su secuestro, en las mazmorras, sus torturadores le dirían que también mataron a sus otras dos hijas y que entonces no le quedaría ninguna; que también desaparecerían dos de sus yernos; que uno de sus nietos sería apropiado y privado de su identidad, y que otro también, pero sería recuperado.

No le dijo nada de ese infierno personal y familiar en el que lo sumergiría la dictadura de los Ellos uniformados. No le dijo que a él, a Héctor Germán Oesterheld, lo secuestrarían el 27 de abril de 1977, en un futuro oscuro y lejano, en una ciudad llamada La Plata.

Un creador singular

Cuando lo secuestraron, Oesterheld tenía 58 años y era un escritor e historietista consagrado. También, como sus cuatro hijas, era militante de Montoneros y vivía en la clandestinidad. Nacido el 23 de julio de 1919, se recibió muy joven de geólogo, aunque casi no ejerció la profesión, a la que dejó por su verdadera vocación. Empezó escribiendo cuentos infantiles y trabajos de difusión científica, pero a principios de la década de los ’50 se volcó al género que lo haría famoso, la historieta de aventuras, donde como guionista revolucionó el mundo editorial.

Sus creaciones se convertían de inmediato en grandes éxitos: El Sargento Kirk, Ticonderoga y Ernie Pike, con dibujos de Hugo Pratt; El Indio Suárez, junto a Carlos Freixas; Randall the Killer, con Arturo del Castillo; Sherlock Time y Biografía del Che, con Alberto Breccia; Joe Zonda y Rolo, el marciano adoptivo, con Francisco Solano López, que fue también su socio creativo en El Eternauta. “Oesterheld y yo nos conocimos en los ‘50 en Editorial Abril, colaborando en Misterix, que era la revista estrella de la época, con una tirada semanal de 220.000 ejemplares. Héctor era un guionista muy respetado que hacía dos historietas de mucho éxito: El Sargento Kirk, dibujada por Hugo Pratt, y Bull Rocket, que dibujaba yo. Eran dos héroes norteamericanos”, recordó de esos primeros tiempos Francisco Solano López en una entrevista que le hice en 2008.

Entusiasmado por esos éxitos, Oesterheld pensó en tener una editorial propia, con la orientación que él quería darle, con personajes argentinos. Invitó a Hugo Pratt, a Francisco Solano López y a otros dibujantes a acompañarlo en la aventura. En Editorial Frontera nació, por ejemplo, Rolo, el marciano adoptivo, una historieta de ciencia ficción, dibujada por López, cuyo protagonista era el maestro de la escuela, presidente del club del barrio y líder de la barra del café. Salió con el lanzamiento de una de las revistas, Hora Cero, y la catapultó al éxito. En otra de las revistas, llamada Frontera como la editorial, creó otro personaje de ese tipo, Joe Zonda, un “cabecita negra” mendocino, de Chacras de Coria, que había aprendido a hacer de todo por correspondencia, desde armar radios a pilotar aviones.

Estos personajes coexistían en las revistas con héroes de western o con Ernie Pyke, que era un corresponsal de guerra. Oesterheld ofrecía una variedad de propuestas a los lectores, mezclando sus nuevas creaciones bien argentinas con personajes extranjeros de probado éxito. “Eran dos revistas mensuales pero, como la idea andaba muy bien, nos propuso hacer una semanal, para competir con Misterix. Allí, en Hora Cero Semanal, salió por primera vez El Eternauta, con mis dibujos, y al poco tiempo Misterix había bajado de 220.000 a 40.000 ejemplares semanales, el resto lo habíamos capturado nosotros. A mí personalmente, y creo que lo mismo a Héctor, nos divertía mover esos personajes con características típicas de los héroes aventureros, pero con los tics propios de la nacionalidad, de las relaciones y de los dichos argentinos”, me dijo Francisco Solano López en aquella charla.

El héroe eterno y colectivo

Cuando se publicó la primera entrega de El Eternauta, fue un éxito inmediato. Se la promocionaba como “la historia del hombre que viene de regreso del futuro, que lo ha visto todo, la muerte de nuestra generación, el destino final del planeta”. Eran los tiempos de la autodenominada Revolución Libertadora y la historieta, de alguna manera, transmitía cierto clima que se articuló con el de la época. Francisco Solano López siempre sostuvo que ni él ni Oesterheld pensaron esa primera versión de El Eternauta con alguna intencionalidad política. “En todo caso, fue un producto de la casualidad y del inconsciente colectivo que anidaba en nuestras personalidades y se manifestaba en nuestro trabajo y que, a su vez, se encontraba con la sensibilidad y cierta manera de captar el relato que podían tener los jóvenes de la época. Porque la existencia de una dictadura militar, de persecuciones políticas, de resistencia a la interrupción de la democracia permitían esas lecturas”, me explicó.

El Eternauta tendría dos versiones más, una en 1969 y otra en 1976. En ellas el contenido político ya era manifiesto. López volvió a asociarse con Oesterheld para continuar la saga del personaje en 1976. Al dibujante no lo convencía el enfoque, pero igual lo hizo. “Héctor había seguido a sus hijas en su militancia en Montoneros e incluso había integrado el comité ejecutivo del diario Noticias, donde también había publicado una tira diaria, La guerra de los Antartes. Desde esa posición, cuando le ofrecieron hacer la continuación de El Eternauta hizo un eternauta montonero. A mí no me gustaba, lo veía mal. No soportaba a los militares, pero pensaba que en una sociedad estructurada como la argentina la lucha armada no podía tener el mismo resultado que en otros países con estructuras más simples, como Cuba o Nicaragua. El resultado fue catastrófico y lo vemos hoy, a Oesterheld lo asesinaron y nos faltan 30.000 muchachos que serían la base para que todo nos fuera mucho mejor. Pero no están, no existen, los desaparecieron. Los sobrevivientes no alcanzan”, me dijo el dibujante en aquella charla de 2008, poco antes de su muerte.

Una familia destrozada

Para julio de 1977, cuando Héctor Oesterheld estaba viviendo en La Plata en la más absoluta clandestinidad, sus hijas Beatriz y Diana ya habían “perdido” a manos de la dictadura. Beatriz, secuestrada en junio de 1976, cuando tenía 21 años y estaba en una relación amorosa con Carlos “Juan sin Tierra” Della Nave. También Della Nave fue secuestrado tres meses después. “Juan sin Tierra” había colaborado con Rodolfo Walsh en tareas de intercepción de comunicaciones para la Inteligencia de Montoneros.

La segunda hija, Diana Oesterheld, había sido capturada en Tucumán en agosto de 1976 cuando tenía 22 años y estaba embarazada de seis meses. En su libro Los Oesterheld, Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami sostienen que la tuvieron mucho tiempo en Tucumán y que no pueden confirmar lo que algunos sugieren: que la hayan trasladado a Campo de Mayo para parir. Héctor, su padre, supo antes de ser secuestrado que Diana estaba embarazada. El cuerpo de Diana nunca apareció. A su compañero, Raúl Araldi, cuadro montonero, lo mataron en Tucumán. Tenían un hijito de un año, Fernando, que los militares dejaron en la Casa Cuna de esa provincia.

En septiembre de 1976, cuando además de Beatriz habían desaparecido Diana y su compañero, el Ejército allanó la casa de Oesterheld de Beccar. Elsa estaba acompañada de la mujer que hacía las labores domésticas, María Arce García, quien dio testimonio de ese allanamiento. Tanto Elsa como María dijeron que no solo buscaban a Héctor, sino que un oficial dijo a Elsa: “a sus hijas las vamos a matar a todas”.

A Héctor Germán Oesterheld lo “levantó” un grupo de tareas el 27 de julio del año siguiente en una calle de La Plata. Según se pudo reconstruir por testimonios de sobrevivientes, el autor de El Eternauta pasó por los centros clandestino de detención y tortura de Campo de Mayo, El Vesubio y El Sheraton. Su estado de salud se fue deteriorando progresivamente, más aún después de que sus torturadores le contaran, regocijándose, las muertes de sus otras dos hijas.

Estela, la mayor, fue sorprendida por un grupo de tareas el 1° de julio de 1977, intentó escapar y le dispararon. La cargaron herida en una camioneta rumbo al hospital de Adrogué. Su compañero, Raúl “el Vasco” Mórtola, había caído unas horas antes en el mismo operativo. Todo indica que fue fusilado cuando intentaba esconderse en una casa. Oesterheld también supo que la última de las chicas, Marina, fue secuestrada en noviembre de 1977, embarazada de ocho meses, junto a su compañero, Alberto Seindlis.

En su testimonio ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), en 1984, el psicólogo Eduardo Arias dio testimonio de haber compartido cautiverio con el creador de El Eternauta. Fue a fines de diciembre de 1977, cuando Oesterheld llevaba ocho meses en condiciones de prisionero. Arias contó que los guardias les permitieron sacarse las capuchas y les dieron un cigarrillo como regalo de Navidad además de unos minutos para confraternizar y conversar.

Los últimos en verlo con vida fueron los sobrevivientes Javier Casaretto, Arturo Chillida y Juan Carlos Benítez, que habían sido secuestrados a fines de 1977 y permanecieron en El Vesubio hasta mediados de enero de 1978. Los tres coincidieron en que tenía la cabeza vendada y que su salud empeoraba a ojos vista.

La vuelta de Juan Salvo

Los restos de Héctor Germán Oesterheld no han sido recuperados ni identificados. Cuando se cumplen 49 años de su secuestro, el creador de El Eternauta continúa siendo un desaparecido. Con los años, las lecturas políticas se multiplicaron, abonadas también por una frase de Oesterheld que resignificó la historia: “El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir intimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”. A principios de este siglo, incluso se lo “peronizó” caricaturizando al expresidente Néstor Kirchner con el traje que Juan Salvo fabrica para enfrentar a la nevada mortal.

En 2019, al cumplirse el centenario de su nacimiento, Elsa y sus dos nietos, Martín Mórtola Oesterheld y Fernando Araldi, donaron a la Biblioteca Nacional el contenido de una valija con historia. En esa valija, durante años, Elsa guardó – y escondió de la represión dictatorial - cuentos, guiones, microrrelatos, sueltos informativos, apuntes e ideas apenas insinuadas, índices y sumarios, posibles cronogramas de entrega, proyectos (muchos de ellos finalmente sin concretar), algunas frases ininteligibles, textos sin título, sin referencias ni fecha, que Héctor había escrito. Con ellos se realizó la muestra “Palabra de Oesterheld”, donde por primera vez el público pudo verlos.

En abril del año pasado, el estreno de la miniserie de Netflix acercó al personaje creado por Oesterheld a nuevas generaciones de argentinos y lo hizo conocido en todo el mundo. Dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, la serie conserva mucho del primer guion de El Eternauta y de la personalidad del Juan Salvo original, pero trae la historia a este siglo y le agrega elementos de actualidad.

Para poder filmarla, los productores debieron aceptar las condiciones que pusieron los herederos de Oesterheld y de Solano López para ceder los derechos. Unas condiciones que a él le habrían gustado: que la serie fuera filmada en Buenos Aires, donde transcurre la historia original, y que estuviera hablada en el castellano porteño con el que Oesterheld hacía hablar a sus personajes.

A ocho meses de la desaparición de Jeshua, Cisneros, estudiante de la UNAM de 19 años, una búsqueda en Teoloyucán abrió una nueva pista sobre el caso: la madre del joven recibió un audio anónimo que ubica el sitio donde presuntamente habría sido arrojado a un canal de aguas negras por policías de Cuautitlán Izcalli, una versión que empuja la investigación hacia una posible desaparición forzada.

La pista que detonó esa búsqueda señaló un punto geográfico específico. Cuando la familia acudió al lugar junto con integrantes del colectivo, llevó excavadoras y equipo para reforzar las labores en una zona donde ahora se acumulan lodo y basura por las lluvias intensas.

Cabe mencionar que durante la jornada en el canal de Santa Bárbara, el colectivo Lirios Buscadores de Cuautitlán encontró los restos de un adulto mayor en la compuerta.

Si bien el hallazgo no corresponde a la búsqueda de Jeshua, sí muestra como el canal puede ser usado para arrojar cuerpos que nadie busca.

Un audio anónimo ubicó el canal donde presuntamente fue arrojado

Karla Lechuga, madre de Jeshua, difundió en redes sociales el contenido del mensaje que recibió. En ese testimonio se sostiene que policías estatales detuvieron al joven, que “se les pasa la mano” y que después lo arrojaron al canal.

La madre relató así lo que le dijeron: “Pues textual decían que lo detienen los policías estatales, que se les pasa la mano y que lo arrojan a este canal de aguas negras.

Específicamente mencionan que es un golpe en la cabeza, lo que supuestamente le quita la vida a mi hijo y pues nada, que lo arrojan al canal”.

Esa versión también señala de manera anónima a cuatro policías como presuntos responsables de la desaparición y posible muerte del joven. De acuerdo con la publicación, el audio refuerza la principal teoría de la familia: que Jeshua fue interceptado por patrullas estatales y del municipio sobre la autopista México-Querétaro.

La unidad señalada es la patrulla ME29OA5. La acusación apunta a que los cuatro agentes que la tripulaban habrían participado en la presunta desaparición forzada del estudiante.

Jeshua desapareció el 13 de noviembre en la zona industrial de Cuamatla

Jeshua Cisneros desapareció el pasado 13 de noviembre en Cuautitlán Izcalli. El joven se dirigía a la zona del Parque Industrial de Cuamatla, en el Estado de México, donde se perdió su rastro.

La última vez que lo vieron con vida, de acuerdo con su ficha de búsqueda, fue cerca de la empresa Alpura. A esa compañía le han exigido mostrar los videos en los que estaría registrado el último rastro del joven.

Otra referencia de ubicación lo coloca en Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli. Desde el arranque de la búsqueda, las primeras versiones sobre su desaparición apuntaban a policías.

La ficha también describe cómo iba vestido: tenis de choclo negros con letras rojas, pantalón cargo azul holgado y sudadera gris. Como señas particulares, usaba lentes graduados y tenía una perforación en el labio inferior, otra en la nariz del lado derecho y una en cada ceja.

El objetivo de la jornada en Teoloyucán era localizar a Jeshua. Lo que sí apareció fue el cuerpo de un hombre cerca de las compuertas, un hallazgo que abrió otro proceso de identificación para determinar quién era la víctima.

El colectivo Lirios Buscadores expresó su solidaridad con la familia de esa persona. En su posicionamiento, pidió que la identificación permita dar certeza y contribuir al derecho a la verdad.

La organización también advirtió que cada hallazgo remite a una familia que espera respuestas y exhibe la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda en el Estado de México. Más adelante, añadió:

“Mientras existan personas desaparecidas, cada jornada de búsqueda seguirá siendo una necesidad impostergable. No podemos permitir que esta realidad se normalice. Detrás de cada hallazgo hay una historia, una familia y una deuda de verdad y justicia que el Estado tiene la obligación de atender”.

Cronología del caso Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

• 13 de noviembre de 2025: Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, desaparece después de salir de la casa de un amigo y dirigirse de regreso a su domicilio en Cuautitlán Izcalli. La última comunicación con su madre, Karla Lechuga, es ese mismo día, cuando le avisa que ya regresa a casa. Cámaras lo captan caminando en la zona industrial de Cuamatla, cerca de la lateral de la Autopista México-Querétaro. Testigos aseguran que en la zona se encontraba una patrulla estatal.
• Días y semanas posteriores: La familia y colectivos de búsqueda inician labores para localizar a Jeshua. Se reporta que la patrulla estatal con número económico “ME-290A-2”, tripulada por cuatro policías estatales, estuvo en el perímetro donde desapareció el joven. Posteriormente, la misma patrulla ha sido vista vigilando a la familia durante las labores de búsqueda, aunque no pertenece a las unidades asignadas oficialmente para estos trabajos.
• Meses siguientes: La madre de Jeshua y colectivos como Lirios Buscadores Izcalli, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional organizan búsquedas en el municipio. Un mensaje anónimo señala el canal de Santa Bárbara como posible lugar donde policías estatales habrían detenido a Jeshua, lo golpearon en la cabeza y lo arrojaron a aguas negras. La búsqueda se extiende hacia el río Cuautitlán y se planea continuar hacia el lago de Guadalupe, donde el cauce conecta.
• Julio de 2026: Se cumplen ocho meses de la desaparición. No existen pistas sólidas, pero la principal línea de investigación es la de desaparición forzada, presuntamente a manos de policías estatales. Las autoridades mantienen mesas de trabajo, pero la familia de Jeshua señala falta de resultados y continúa la búsqueda por su cuenta. Esta semana se llevan a cabo labores de localización con maquinaria pesada en el canal de Cuautitlán.

Mientras su madre y su hermano siguen frente a los restos de lo que fue el edificio Punta Brisas, en Macuto, estado La Guaira, Franyelis Castrejón y otros familiares recorren a diario hospitales y morgues.

Todos buscan desesperadamente a Zuleida Josefina Lárez Rancel, quien según el testimonio de vecinos pudo ser rescatada y trasladada inconsciente la madrugada del 25 de junio a un hospital de La Guaira, estado declarado zona de desastre tras los dos terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Zuleida Josefina, de 64 años y conocida como “Fina”, estaba en su apartamento del piso 12 del edificio Punta Brisas cuando se registró el doblete sísmico que hasta la fecha ha dejado 5.208 fallecidos.

“El edificio se derrumbó, pero los vecinos nos indicaron que entre la 1 y las 3 de la madrugada pudieron sacar a varias personas, entre ellas a mi tía, que estaba inconsciente pero con signos vitales”, relata Franyelis, de 29 años.

Testigos contaron a la familia que a Fina la subieron a una camilla y la retiraron del lugar. “No tenemos más información de ese momento, todo estaba muy oscuro y hay detalles que los vecinos olvidan”, apunta la joven.

Con esas escuetas referencias, la familia de Fina desarrolla su propia investigación tocando puerta por puerta, ante la ausencia de datos y mecanismos oficiales para hallar a los ciudadanos dados como desaparecidos.

Opacidad

El gobierno interino de Delcy Rodríguez no publica cifras de desaparecidos. “Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron (...). No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, declaró el 11 de julio Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada.

Tampoco existe una institución que centralice la información disponible para facilitar las búsquedas independientes. “En todos los hospitales hay listas de pacientes, pero me consta que no están completas. Cuando voy a hospitales, me piden que revise la lista, pero al explicarles la situación, me dicen que pase a ver a los pacientes uno a uno”, detalla Franyelis.

En sus visitas a los centros de salud se ha encontrado con “pacientes inconscientes, que están intubados, solos, sin sus familiares, que no han podido identificarse. Hay listas escritas a mano y los pacientes están siendo trasladados a otros lugares, razón por la cual es muy difícil llevarles el rastro”, observa.

Cuando ocurrió el cataclismo, Fina estaba con su pareja y su hijo. El primero murió y pudo ser identificado por sus parientes en un hospital de La Guaira. En cambio, sobre el muchacho no hay certezas.

“Conseguimos a un joven con características similares a las de mi primo e intentamos identificarlo, pero era muy difícil. Eso fue en los primeros días, cuando no tomaban huellas y los familiares identificaban como podían. Después ese cuerpo fue trasladado a otro lugar y no supimos si era mi primo. Todavía estamos tratando de ver si esa persona era mi primo”, expresa Franyelis.

La duda

Franyelis habla con mucho aplomo, pero inevitablemente se quiebra cuando describe lo que se ha convertido en su rutina. “Ir todos los días a los lugares, ver a los pacientes, a las personas fallecidas, estar allí”, comenta entre lágrimas.

Fina no aparece en ningún listado y a sus parientes les genera mucho ruido que no haya un registro de ingreso a algún hospital. “Hemos ido muchas veces y siempre nos responden que no”, manifiesta.

Entretanto, el hermano de Franyelis permanece entre las ruinas del edificio de Macuto, removiendo escombros junto a los vecinos que intentan a pulso recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

“Gracias a unos amigos de mi primo fue que ahora pudimos conseguir unas maquinarias. Aquí la propia familia se tiene que subir a los escombros para buscar, no hay funcionarios ni apoyo oficial”, lamenta.

Son 13 los restos identificados hasta el momento por la Comisión 20 de diciembre de 1989 de los panameños que murieron durante la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Los últimos restos fueron los de Manuel Carol Ojo, recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz.

Carol Ojo, de 32 años de edad, trabajaba en el hoy desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) como técnico hidrólogo y desapareció la madrugada del 20 de diciembre de 1989.

Ese día cumpliría sus 33 años, pero desapareció en plena refriega, por lo que sus familiares los buscaron por hospitales, morgues, centros de detención y cementerios durante los días posteriores a la invasión.

No conocieron el lugar donde había sido sepultado, pero mantuvieron la esperanza de encontrarlo y poder cerrar un proceso de incertidumbre que se extendió por más de treinta y seis años, de acuerdo con la Comisión 20 de diciembre de 1989.

La Comisión 20 de diciembre de 1989 informó que se obtuvo la identificación científica de los restos de Manuel Carol Ojo, recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz.

Añadió que la sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación, dentro de los expedientes reabiertos e investigados, con el requerimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses logró la identificación mediante la aplicación de estudios multidisciplinarios, de antropología forense y de genética, desarrollados como parte de la investigación para establecer la identidad de víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

Los análisis permitieron comparar el perfil genético obtenido de los restos óseos exhumados con las muestras biológicas aportadas por familiares, confirmando científicamente su identidad.

Esta identificación constituye uno de los resultados derivados de las exhumaciones efectuadas en el Cementerio Jardín de Paz en enero de 2020, diligencia judicial conducida por el Ministerio Público, en la que fueron recuperados restos humanos y otras evidencias que permanecieron bajo análisis científico en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Comisión reiteró que con esta identificación asciende a 13 el número de víctimas de la Invasión cuyos restos han sido identificados y restituidos o se encuentran en proceso de restitución a sus familiares. Este trabajo continuado ha permitido avanzar progresivamente en la identificación de víctimas cuyos restos permanecieron sin nombre durante décadas, aseguró.

Versiones de la Comisión indican que en su momento a los cadáveres no se les dio el mejor trato, de acuerdo a las normas internacionales, y que en algunos casos las identificaciones no fueron las adecuadas.

El 20 de diciembre de 1989, más de 27 mil soldados estadounidenses invadieron Panamá para derrocar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, quien gobernó el país con mano fuerte desde 1983 hasta 1989. Noriega fue acusado por Estados Unidos de estar al servicio del narcotráfico.

Datos oficiales registran que durante la invasión y fechas posteriores al menos unos 500 panameños fallecieron, aunque algunas organizaciones civiles aseguran que fueron miles, sin mayores detalles.

El gobierno panameño del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) creó por decreto en 2016 una comisión para contabilizar e identificar los muertos por la invasión, registraron los medios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en 2018 que Estados Unidos era responsable por las "violaciones de derechos humanos" y pidió a Washington “reparar integralmente” a las víctimas.

Las labores para ubicar y rescatar a los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán obligaron a las autoridades peruanas a tomar una medida excepcional. Diversas instituciones vinculadas al turismo, la conservación y el rescate en alta montaña anunciaron el cierre temporal del tramo entre el Campamento 1 y el Campamento 2, una de las rutas más transitadas por quienes intentan alcanzar la cumbre más alta del país.

La decisión busca facilitar las operaciones de rescate que se desarrollan en una de las zonas más peligrosas del macizo, luego de que un equipo de guías especializados lograra ubicar el área donde se encontrarían los excursionistas desaparecidos desde el 14 de julio. La restricción también busca reducir riesgos para visitantes y permitir que los equipos de búsqueda trabajen sin interferencias en un terreno de alta complejidad.

Cierre temporal del Huascarán: qué zonas estarán restringidas y desde cuándo entra en vigencia

A través de un comunicado conjunto, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, la Policía Nacional del Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú (AGMP), la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash (AGOEMA), el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán y el Comité Consultivo Regional de Turismo de Áncash informaron que el ascenso entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán permanecerá cerrado durante 15 días calendario, a partir del 20 de julio de 2026.

Las entidades precisaron que esta medida responde exclusivamente a la necesidad de brindar condiciones adecuadas para las labores de búsqueda y rescate que se ejecutan de forma coordinada en la montaña. El objetivo es permitir que los equipos especializados puedan desplazarse con mayor seguridad y sin la presencia de expediciones turísticas en el área de intervención.

La disposición alcanza a operadores turísticos, agencias de viaje, guías de montaña, clubes de montañismo y visitantes nacionales y extranjeros, quienes deberán abstenerse de realizar ascensos por el sector restringido mientras dure la emergencia.

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad vinculada al turismo de aventura para respetar el cierre temporal y evitar poner en riesgo tanto a los excursionistas como a los equipos que participan en el operativo.

El Huascarán, ubicado dentro del Parque Nacional Huascarán, es uno de los principales destinos de montañismo en Sudamérica y recibe cada temporada a decenas de deportistas nacionales y extranjeros que buscan alcanzar sus cumbres. Sin embargo, las condiciones de alta montaña exigen estrictos protocolos de seguridad debido a la presencia de glaciares, grietas, avalanchas y cambios bruscos del clima.

Tres montañistas fueron localizados en grietas a 6.400 metros y continúa el operativo de rescate

La decisión de cerrar parte del acceso al nevado Huascarán ocurre mientras continúa la búsqueda de Alejandro Manuel Ugarte Jordán (38), Freddy Saúl Mendoza Lizana (36) y Artidoro Salas Gaytán (42), quienes permanecen desaparecidos desde el pasado 14 de julio, cuando descendían de la montaña tras alcanzar la cumbre.

Según informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto Toledo, un grupo de rescatistas voluntarios logró identificar el área donde se encontrarían los tres excursionistas tras varios días de trabajo en condiciones extremas.

La localización fue posible gracias al uso de un dron especializado, el análisis de las últimas coordenadas registradas por un reloj GPS, los mensajes enviados por uno de los montañistas y la experiencia de los guías en la ruta. Como resultado, se identificaron dos grietas de más de 100 metros de profundidad, ubicadas aproximadamente a 6.400 metros sobre el nivel del mar, consideradas como los principales puntos de búsqueda.

Antes de perder contacto, Alejandro Ugarte envió un mensaje de WhatsApp a su pareja indicando que el grupo se había desorientado debido a una fuerte tormenta durante el descenso y solicitó apoyo mediante drones y helicópteros. Esa fue la última comunicación registrada.

Pinto Toledo también denunció que el operativo enfrentó dificultades de coordinación luego de que un helicóptero de la Policía Nacional no recogiera al equipo de rescatistas en el punto previamente acordado, obligándolos a descender caminando durante más de doce horas desde la montaña.

Tras esa situación y el desgaste del grupo de voluntarios, las familias de los desaparecidos decidieron contratar un equipo privado especializado en rescate de alta montaña, el cual asumirá la siguiente etapa del operativo.

De acuerdo con el plan presentado por los especialistas, la intervención se desarrollará en tres fases. La primera consistirá en confirmar la ubicación exacta de los montañistas en las grietas identificadas; posteriormente se evaluarán las condiciones del terreno y la viabilidad de una extracción, y finalmente se definirá el procedimiento para ejecutar el rescate o la recuperación, dependiendo de las condiciones encontradas en la zona.

Las autoridades de Baja California hallaron sin vida a 239 personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE). La cifra, facilitada por la dependencia al semanario Zeta, evidencia que prácticamente cada día del primer semestre del año un desaparecido fue encontrado asesinado en la entidad.

Esas 239 muertes se suman a las 752 muertes violentas registradas de forma independiente en el estado durante el mismo periodo. El total acumulado asciende a 991 homicidios en 181 días.

La FGE registró 1,484 víctimas de desaparición en el primer semestre de 2026

La fiscalía recibió mil 407 denuncias por desaparición entre enero y junio, con un total de mil 484 víctimas. De ese universo, 994 personas fueron localizadas: 239 sin vida y 755 con vida.

Tijuana concentró el mayor número de reportes con 687 denuncias. Le siguieron Mexicali con 359, Ensenada con 300, Tecate con 69 y Rosarito con otras 69.

Además de los 239 casos con resultado fatal, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada mantiene abiertas otras 25 investigaciones activas. En esos expedientes, las víctimas aún no han sido halladas y los investigadores sospechan que fueron asesinadas.

Según explicó un investigador a Zeta, las personas localizadas con vida “por lo regular son menores que se enojan con la familia y son localizados a los dos o tres días”. Algunos casos se extienden porque las víctimas se trasladan a otro municipio o apagan sus teléfonos para evitar el rastreo de la fiscalía.

Alma Valeria y Jatziry Araceli: madre e hija enterradas en su propio domicilio en San Felipe

Alma Valeria Mendoza y su hija Jatziry Araceli Salazar Mendoza fueron reportadas como desaparecidas el 19 de junio de 2026 en el municipio de San Felipe. El 1 de julio, tras un cateo en su propio domicilio —el último lugar donde testigos las vieron con vida—, las autoridades encontraron sus cadáveres enterrados y con huellas de violencia.

Hasta la fecha de publicación del reportaje, la FGE no ha identificado a los presuntos responsables del doble homicidio. El caso de Alma Valeria y Jatziry ilustra el patrón más recurrente documentado en las investigaciones: víctimas halladas en sitios conocidos, con señales de ejecución deliberada.

Héctor Jonathan: enterrado bajo cemento en la Zona Centro de Tijuana por un automóvil

Héctor Jonathan desapareció el 22 de abril de 2026 en Tijuana. Su cuerpo fue encontrado el 8 de mayo, inhumado ilegalmente bajo una capa de cemento en un departamento de la Zona Centro, entre las calles Carrillo Puerto y Amado Nervo, identificado como punto de venta de droga.

La investigación determinó que tres personas —dos hombres y una mujer— lo privaron de la libertad, lo golpearon y lo asesinaron dentro del inmueble. El móvil inicial fue la apropiación de su vehículo: testigos declararon que la víctima llegó en un carro, “a la mujer le gustó el carro, Héctor entró a la casa y ya no salió”, según recoge Zeta.

Dos de los tres presuntos responsables quedaron vinculados a proceso el 2 de julio. Eric Giovanni Flores Hernández, alias el Bélico, fue detenido el 27 de junio. Melina Canales, alias La Alexa, también fue capturada y vinculada a proceso. El tercer agresor, un hombre conocido solo por su alias, permanece sin identificar plenamente.

La familia de Héctor confirmó a las autoridades que él no consumía drogas y que su visita al domicilio respondió a una relación de conocidos. La FGE señaló que los crímenes ocurrieron el 20 de abril, dos días antes de que la familia presentara el reporte de desaparición.

Víctor Manuel, de 17 años, y Ulises Antonio Reynoso, de 18, fueron vistos por última vez el 21 de abril en las canchas de la colonia Sánchez Taboada de Tijuana. Sus cuerpos fueron hallados el 24 de abril en un inmueble de la colonia Esperanza, tras un cateo ordenado por la fiscalía.

La indagatoria estableció que ambos jóvenes fueron privados de la libertad por personas de su círculo cercano, trasladados y torturados antes de ser asesinados. Los presuntos responsables son Giovanni Soriano, de 18 años, y un menor de edad, ambos detenidos en el momento del cateo.

Cementerios clandestinos activos y jornadas de búsqueda permanentes en cinco municipios

Las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California tienen identificados varios terrenos usados por grupos criminales para inhumar ilegalmente a sus víctimas. En Mexicali se ubican en las colonias Miguel Alemán, Guajardo, Islas Agrarias y Baja California; en Ensenada, en el camino a Valle de las Palmas y el Valle de la Trinidad; en Tijuana, en las Carretas y la delegación Sánchez Taboada; en Tecate, en El Hongo y Cerro Azul; y en Rosarito, San Quintín y San Felipe, en zonas despobladas.

Las Comisiones de Búsqueda locales de los cinco municipios realizan jornadas de rastreo de lunes a viernes, con extensión a los sábados cuando las circunstancias lo requieren. En Mexicali, las búsquedas en la colonia Miguel Alemán se realizan los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves se rastrean otras áreas de la capital.

Respecto a los móviles identificados en las investigaciones, los agentes de la Fiscalía Especializada señalaron tres causas principales: la venta o el consumo de droga, el involucramiento con células criminales en disputa por el control territorial y, en el caso de las mujeres, “temas de género que son los menos”, según declaró la propia dependencia a Zeta.

Sobre el caso de tres menores —Jeremy Alexander, Brian Samuel y Edgar Jovani— hallados el 10 de junio en fosas clandestinas en el Escorial de Tecate, sus familias sostuvieron que los jóvenes habían respondido a una oferta de trabajo. Una investigadora precisó a Zeta que la carpeta no registra referencia a una cita laboral: “Lo que se tiene es que uno de ellos le mandó un mensaje a su novia por Instagram y le dice: ‘¿Sabes qué? Vamos a ir a quebrarnos a unas personas, de reza por mí’”. Las autoridades trabajan en la obtención de mandamientos judiciales contra los presuntos responsables ya identificados.

Lo que debía ser una expedición más hacia la cima del Huascarán, la montaña más alta del Perú, con 6.768 metros sobre el nivel del mar, terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo. Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas permanecen desaparecidos en el macizo ubicado en la Cordillera Blanca, luego de que su última comunicación se registrara el martes 14 de julio, cuando alertaron que se habían perdido durante el descenso.

La emergencia ha movilizado a familiares, guías de alta montaña, voluntarios, efectivos policiales y aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quienes desafían avalanchas, grietas, temperaturas bajo cero y fuertes vientos para intentar encontrarlos.

Un mensaje que encendió las alarmas

La última señal conocida de Alejandro Manuel Ugarte Jordán fue tan breve como inquietante. De acuerdo con el testimonio de su pareja la influencer Paola Chiappina, el fotógrafo logró enviar un mensaje en el que solo escribió una palabra: “Perdidos”.

Era la mañana del martes, fecha en la que el grupo debía iniciar el descenso tras alcanzar la cumbre. Después de ese contacto no volvieron a comunicarse.

Ugarte no estaba solo. Lo acompañaban Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán, ambos experimentados guías y conocedores de la Cordillera Blanca. Los tres integraban una expedición conformada originalmente por cinco personas. Mientras dos de los montañistas consiguieron continuar su recorrido, ellos quedaron rezagados en una de las zonas más peligrosas del Huascarán, entre el Campo 1 y el Campo 2, a más de seis mil metros de altitud.

La información preliminar permitió establecer que el grupo habría perdido la ruta durante el descenso, uno de los momentos más delicados en cualquier ascenso de alta montaña.

Tres vidas unidas por la montaña

Alejandro Ugarte era ampliamente conocido en el mundo audiovisual. Fotógrafo y cineasta, había convertido la naturaleza peruana en uno de los principales escenarios de su trabajo. Sus imágenes de montañas, glaciares y paisajes andinos eran frecuentes en sus redes sociales y en distintos proyectos audiovisuales.

Familiares contaron que llevaba varias semanas en Áncash aclimatándose antes de intentar la ascensión al Huascarán, una preparación indispensable para enfrentar la falta de oxígeno propia de esas altitudes.

Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas, por su parte, eran guías de montaña con amplia experiencia en la Cordillera Blanca. Ambos trabajaban conduciendo expediciones y conocían los riesgos que implica ascender al nevado más alto del país.

Precisamente esa experiencia fue la que alimentó la esperanza de sus familiares durante las primeras horas de búsqueda, convencidos de que podían encontrar refugio mientras llegaba ayuda.

Una búsqueda contrarreloj

Tras conocerse la desaparición, comenzó un operativo que reunió a integrantes de la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional, la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Socorro Andino, rescatistas voluntarios y personal especializado.

La Fuerza Aérea del Perú también puso a disposición helicópteros para apoyar las labores cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran.

Sin embargo, el rescate se enfrenta a un enemigo permanente: el propio Huascarán.

Los equipos deben avanzar por glaciares atravesados por profundas grietas, pendientes cubiertas de hielo y sectores donde las avalanchas pueden producirse de manera repentina conforme aumenta la temperatura durante el día.

Las ventanas de trabajo son reducidas. Los ascensos suelen realizarse durante la madrugada, cuando el hielo permanece más estable y disminuye el riesgo de desprendimientos.

En medio de la búsqueda también se recurrió al uso de drones para intentar identificar rastros del grupo desde el aire, especialmente en sectores de difícil acceso donde un helicóptero no puede permanecer por mucho tiempo.

Las labores se intensificaron luego de que se identificaran algunos equipos utilizados por los montañistas, lo que permitió acotar el área de búsqueda. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no había sido posible establecer su ubicación.

La montaña más alta del Perú

El Huascarán no solo representa el techo del país. También es uno de los principales destinos para el montañismo internacional.

Ubicado dentro del Parque Nacional Huascarán, en Áncash, recibe cada año a deportistas y turistas atraídos por la Cordillera Blanca, considerada la mayor concentración de glaciares tropicales del planeta.

Pero junto con esa belleza llegan riesgos permanentes.

Las bajas temperaturas, la disminución del oxígeno, las tormentas repentinas, los desprendimientos de hielo y roca, las grietas ocultas bajo la nieve y las avalanchas forman parte de un entorno donde cualquier error puede tener consecuencias fatales.

Estudios del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) han advertido además que el retroceso glaciar y el incremento de la temperatura favorecen una mayor inestabilidad en algunos sectores del macizo, aumentando el riesgo de desprendimientos.

Un historial marcado por tragedias

El Huascarán ocupa un lugar especial en la historia del Perú por haber sido escenario de una de las peores catástrofes naturales registradas en el país. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7,9 provocó el desprendimiento de millones de toneladas de roca, hielo y nieve desde el Huascarán Norte. El gigantesco aluvión sepultó las ciudades de Yungay y Ranrahirca y dejó decenas de miles de víctimas.

Más de cinco décadas después, la montaña continúa siendo escenario de emergencias que ponen a prueba a montañistas y rescatistas. En junio de 2025, dos montañistas japonesas, Chiaki Inada y Saki Terada, fueron reportadas como desaparecidas durante una expedición al Huascarán. Tras más de 48 horas de búsqueda, un equipo de rescate logró ubicarlas en una zona de difícil acceso, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ambas presentaban signos de hipotermia y mal de altura; pese a los esfuerzos por auxiliarlas, una de ellas falleció.

Un mes después, en julio de ese mismo año, tres alpinistas españoles —identificados con las iniciales G. S. (25), E. P. (27) y M. L. F. (30)— quedaron atrapados en un glaciar del Huascarán tras ascender sin un guía certificado ni el equipo técnico completo. Gracias a un operativo de rescate, los tres sobrevivieron.

No todas las tragedias recientes ocurrieron en el Huascarán. El 29 de mayo de 2025 fueron reportados como desaparecidos los montañistas Efraín Homer Pretel, Jesús Picón Huerta y el fotógrafo brasileño Edson Bandeira Acosta durante una expedición al nevado Artesonraju, también ubicado en la Cordillera Blanca. Los tres murieron sepultados por una avalancha y sus cuerpos fueron recuperados el 22 de junio, tras 24 días de intensas labores de búsqueda.

La tragedia más reciente ocurrió el 16 de julio de 2026, mientras continuaban las labores para ubicar a Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas. Un alud sorprendió a otra expedición que ascendía por el sector de La Canaleta, a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. El accidente provocó la muerte del porteador Ignacio Chinchay y dejó heridos a Kailash Tiagraham, un turista de 42 años natural de la India, y a Edgar Laveriano, guía oficial de montaña de 43 años procedente de Chacas.

Estos casos representan solo algunos de los accidentes registrados en los últimos años en el Huascarán y otras montañas de la Cordillera Blanca. Avalanchas, grietas ocultas, desprendimientos de hielo, cambios bruscos del clima y el mal de altura han cobrado la vida de numerosos montañistas nacionales y extranjeros, convirtiendo a esta cadena montañosa en uno de los escenarios más desafiantes para el andinismo en Sudamérica.

La esperanza continúa

Mientras las horas siguen avanzando, familiares de Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas mantienen la esperanza de que los tres montañistas puedan ser encontrados con vida.

Las labores continúan condicionadas por el clima y por las difíciles características del terreno, donde cada metro recorrido exige horas de esfuerzo.

Las autoridades de San Pedro de Macorís recuperaron esta mañana 17 de julio el cuerpo sin vida de Nashla María Griffith, de 22 años, quien había sido reportada como desaparecida en el río Higuamo.

El hallazgo se produjo después de intensas labores de búsqueda iniciadas la tarde del 16 de julio, cuando la joven desapareció junto a Jonathan Batista, conocido como “La Percha”, mientras recorrían el río a bordo de una moto acuática.

Según informaron organismos de emergencia, el caso se mantiene bajo investigación y aún no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Nashla Griffith había acudido al balneario La Fuente de Oro, en las inmediaciones del río Higuamo, para compartir con un grupo de amigos y familiares.

Según testimonios recogidos por los medios locales, en determinado momento de la jornada, la joven decidió realizar un recorrido sobre un jet ski en compañía de Jonathan Batista, quien había llegado al país recientemente desde Estados Unidos.

Ambos se internaron en las aguas del río cerca del sector conocido como la Fuente de Angelina, alrededor de las 16:00 horas de ayer.

Sin embargo, pasadas varias horas sin noticias de su regreso, allegados reportaron la desaparición de la pareja a las autoridades. Inmediatamente, se desplegó un operativo conjunto integrado por la Defensa Civil, la Armada de República Dominicana y servicios locales de emergencia, que inició la búsqueda en distintos puntos del río y sus alrededores.

Por lo que, esta mañana el personal de los equipos de rescate halló el cuerpo de Nashla Griffith. El operativo continuó se llevo a cabo parte de la noche de ayer y primeras horas del día, utilizando embarcaciones menores y buzos especializados. El hallazgo tuvo lugar en un área próxima a donde fue vista por última vez la moto acuática, según detallaron voceros de los organismos de socorro.

Jonathan Batista, de quien se presume acompañaba a Nashla al momento del incidente, permanece desaparecido. La búsqueda se mantiene activa, con enfoque en zonas donde la corriente del río podría haber arrastrado a la pareja.

Investigación en curso: accidente o hecho criminal

El caso de Nashla Griffith ha generado gran atención pública en San Pedro de Macorís. Las autoridades han informado que aún no descartan ninguna línea de investigación.

Si bien las circunstancias iniciales apuntan a un accidente, se mantienen abiertas otras hipótesis, incluida la posibilidad de una acción criminal.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el entorno de la víctima y su acompañante están siendo entrevistados para recabar más detalles sobre los minutos previos al incidente y esclarecer la secuencia de los hechos. Además, se revisan registros de cámaras de seguridad de zonas aledañas al balneario y se analizan las condiciones de la moto acuática utilizada por los jóvenes.

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Nashla Griffith ha conmocionado a la comunidad de San Pedro de Macorís y a su entorno familiar. Vecinos y allegados se han congregado en las cercanías del río, aguardando novedades sobre la búsqueda de Jonathan Batista y exigiendo respuestas claras sobre lo sucedido.

Las autoridades han solicitado paciencia y colaboración mientras avanzan las pesquisas y continúan con los esfuerzos de rastreo en el río Higuamo. Se prevé que los resultados oficiales de la autopsia estén disponibles en las próximas horas, lo que permitirá a los investigadores definir el rumbo de la causa.

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López, de 35 años, y de manera extraoficial se informó también la muerte de su hermano Miguel Ángel Sánchez López, de 37, ambos originarios de Culiacán, después de haber desaparecido tras un viaje a Mazatlán, Sinaloa para celebrar un cumpleaños. El caso permaneció sin resolución pública durante más de 40 días y siguió bajo investigación, sin que las autoridades dieran a conocer la causa de muerte, el punto exacto del hallazgo o si había personas detenidas.

El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, sostuvo que los cuerpos habrían sido localizados desde hacía más de un mes, pero la identidad se confirmó hasta después de pruebas genéticas. Precisó que el hallazgo no había sido reciente y que la identificación se dio a conocer apenas unos días antes, una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

Ese dato modificó la línea temporal conocida hasta entonces: aunque la confirmación oficial llegó el 14 de julio de 2026, los cuerpos ya habrían estado bajo resguardo con anterioridad. Ríos Pérez dijo que no recibió información sobre las condiciones en las que fueron encontrados ni sobre una posible fosa clandestina, y señaló que esos detalles correspondían a la Fiscalía.

Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán

Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026, cuando viajaron desde Culiacán a Mazatlán. De acuerdo con la versión difundida por su familia, el traslado tuvo como motivo celebrar el cumpleaños de Arlin.

Karla López, hermana de ambos, sostuvo que el caso comenzó el 30 de mayo de 2026, cuando los tres salieron rumbo al puerto. En una publicación en redes sociales afirmó que lo que debía ser un momento de felicidad se convirtió en una pesadilla, luego de que fueron privados de la libertad por personas desconocidas.

La joven también dio a conocer que ella recuperó su libertad después de los hechos, mientras sus dos hermanos permanecieron desaparecidos. No se informaron las circunstancias en que logró salir ni el momento exacto en que ocurrió.

Durante las semanas siguientes, familiares, amigos y ciudadanos difundieron las fichas de búsqueda en redes sociales. En uno de esos mensajes se leyó: “Hoy levantamos la voz con el corazón destrozado para pedir ayuda en la búsqueda de mis hermanos, Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López”.

La identificación llegó después de los estudios genéticos

La respuesta central del caso fue ésta: las autoridades confirmaron la muerte de los dos hermanos después de que estudios genéticos permitieron identificar dos cuerpos localizados en las inmediaciones de Villa Unión. Hasta ese momento, la ficha de búsqueda de Arlin fue desactivada con la leyenda “localizada”, mientras el boletín de desaparición de Miguel Ángel seguía activo.

De forma extraoficial se mencionó que ambos aparecieron en una fosa clandestina en la sindicatura de Villa Unión. Ese punto no fue confirmado por la autoridad estatal ni por el funcionario municipal, que insistió en que no le informaron si los cuerpos estaban en ese sitio.

La Fiscalía tampoco hizo públicos otros datos del expediente. No se conocieron oficialmente las causas de muerte, ni el lugar preciso del hallazgo, ni la existencia de detenciones vinculadas con el caso.

Arlin Angélica fue descrita en su ficha de búsqueda como una mujer de 35 años, de 1.67 metros de estatura, complexión robusta, cabello corto, lacio y castaño oscuro, y tez morena clara. Como seña particular se indicó una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en el entrecejo.

Miguel Ángel, conocido entre familiares y amigos como Luda, tenía 37 años. Su ficha lo describió con una estatura de 1.67 metros, tez morena clara, complexión robusta y cabello negro ondulado; además, señaló dos cicatrices, una en la entreceja y otra en la oreja izquierda.

Familiares y amigos les rindieron homenaje en Culiacán

Después de conocerse la noticia, familiares y amigos rindieron un homenaje a ambos hermanos en el campo Lobos, ubicado en el Infonavit Solidaridad. Ahí se reunieron personas cercanas para recordarlos.

También se dio a conocer que los dos eran aficionados al futbol y practicaban ese deporte en el Club Lobos. Ese vínculo deportivo formó parte de las referencias públicas que circularon mientras la búsqueda seguía activa.

• La Fiscalía confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López y de forma extraoficial se informó también la muerte de Miguel Ángel Sánchez López.
• Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán; fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026.
• La identidad de los cuerpos se confirmó mediante pruebas genéticas y la investigación continuó sin datos oficiales sobre la causa de muerte o posibles detenidos.

La búsqueda de un hijo terminó después de más de cuatro años de incertidumbre, recorridos por el desierto y jornadas de rastreo en fosas clandestinas. Sin embargo, el desenlace no fue el que su madre esperaba.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme confirmó que Dulce, una de sus integrantes, logró identificar los restos de su hijo Ángel Eduardo Espinoza Meza, quien permanecía desaparecido desde el 15 de abril de 2022 en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con la agrupación, los restos del joven fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Bácum, al sur del estado. Tras los estudios periciales realizados por las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la identidad y entregó los restos a sus familiares para que pudieran darle sepultura.

La noticia puso fin a más de cuatro años de incertidumbre para su madre, quien durante ese tiempo se convirtió en una de las decenas de mujeres que integran colectivos de búsqueda en Sonora, recorriendo terrenos, brechas y predios con la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

“Por fin regresó a casa”, dice el colectivo

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Guerreras Buscadoras Cajeme expresó su solidaridad con Dulce y compartió el dolor que implica encontrar a un ser querido sin vida, pero también el alivio de poner fin a una búsqueda marcada por la incertidumbre.

“El hijo de nuestra compañera por fin regresó a casa, no de la manera que muchas quisiéramos encontrar a nuestros hijos y familiares, pero después de más de cuatro años sin saber de él, hoy podrá darle un descanso digno”, señalaron las integrantes del colectivo.

Ángel Eduardo fue visto por última vez en Ciudad Obregón el 15 de abril de 2022. Tras su desaparición, su madre decidió unirse a las Guerreras Buscadoras Cajeme, colectivo que desde hace años participa en jornadas de búsqueda en distintos municipios de Sonora y que ha localizado cientos de restos humanos en fosas clandestinas.

Durante el hallazgo donde fueron encontrados los restos de Ángel Eduardo también se localizó una identificación a nombre de Heriberto Adarga, además de diversas prendas de vestir y otros indicios, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones y los procesos de identificación correspondientes.

Las buscadoras reiteraron que, pese a la noticia que recibió una de sus compañeras, continuarán acompañando a las familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos.

Una historia que refleja la crisis de desapariciones en México

El caso de Ángel Eduardo ocurre en medio de una crisis nacional de desapariciones que mantiene movilizados a cientos de colectivos de búsqueda en distintos estados del país.

Precisamente, esta semana la problemática volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que colectivos de madres buscadoras denunciaron el retiro de un antimonumento instalado en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

La estructura había sido colocada apenas un día antes para recordar a las más de 135 mil personas desaparecidas registradas en México y para exigir acciones efectivas por parte de las autoridades.

El memorial llevaba la leyenda: “México campeón en desaparición, más de 135 mil en 2026”, además de rendir homenaje a Ana Amelí, estudiante de la UNAM desaparecida hace un año en el Ajusco.

De acuerdo con los colectivos, alrededor de la 1:40 de la madrugada, un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a la glorieta del Ángel de la Independencia, retiró la estructura y se la llevó envuelta en bolsas negras.

La madre de Ana Amelí, Vanessa Gámez, criticó lo ocurrido y aseguró que el memorial buscaba visibilizar una realidad que, afirmó, incomoda a las autoridades.

"Así como ese antimonumento desaparece de noche, también desaparecen las personas“, expresó tras denunciar el retiro de la estructura.

Luego de las denuncias públicas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigar quién retiró el antimonumento y esclarecer lo sucedido.

Mientras continúan las investigaciones por ese caso, historias como la de Dulce recuerdan que detrás de cada cifra existe una familia que durante años enfrenta la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido.

Aunque la identificación de los restos de Ángel Eduardo significó el final de una larga búsqueda, las Guerreras Buscadoras Cajeme insistieron en que seguirán recorriendo campos y fosas clandestinas de Sonora hasta que todas las familias puedan conocer el paradero de sus desaparecidos y darles un descanso digno.

El gobierno de Delcy Rodríguez diariamente publica un parte oficial sobre los terremotos del 24 de junio. El balance incluye 16 ítems, desde los fallecidos hasta las réplicas que han ocurrido hasta la fecha, pero omite un concepto que ha ido tomando fuerza con el pasar de los días: el número de desaparecidos.

“Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron, personas que tenemos la certificación de que en efecto lamentablemente perdieron la vida durante los dos terremotos. No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, expresó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa ofrecida el sábado 11 de julio.

El jefe del Poder Legislativo y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, precisó que hasta el viernes 10 de julio no habían podido identificar al 7% del total de fallecidos para ese momento, unas 315 personas. Sin embargo, aseguró que las autoridades habían tomado todas las muestras necesarias para eventualmente poder determinar la identidad de estas víctimas.

Rodríguez indicó que el gobierno estaba cruzando todas las bases de datos de hospitales, fallecidos y reportados por familiares para precisar la cantidad de afectados, mientras cuestionó los bulos que corren por las redes.

“¿Usted sabe cuánto tiempo invertimos nosotros buscando el tema de los niños desaparecidos, el tema de la trata de personas, el tema de la necrofilia, la fosa común? ¿Cómo se siente una persona que perdió un ser querido allí?”, señaló en referencia a rumores que han generado preocupación en la opinión pública.

Vacío

En las afueras de hospitales y refugios, familiares cuelgan carteles con las imágenes y nombres de sus seres queridos desaparecidos. Lo mismo ocurre en las redes sociales, donde la búsqueda se amplifica.

“Es un problema no tener información oficial, que ciertamente es difícil de construir en las condiciones actuales por nuestra institucionalidad fragmentada y por la magnitud del daño, que es muy grande”, explica sobre el tema de los desaparecidos Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización que promueve y defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El investigador de la Universidad Católica Andrés Bello comenta que ha revisado muchas bases de datos elaboradas por iniciativas particulares, donde ha encontrado errores o duplicidad de nombres. “Es un esfuerzo ciudadano valioso, pero necesariamente tienes que cruzarlo con una data oficial” que, por el momento, no existe.

Trapani subraya la necesidad de construir una base de datos que se alimente con los registros detallados del sistema público de salud y también del sector privado. “Esa información no se tiene”, enfatiza el abogado, que advierte que puede haber un número importante de desaparecidos que estén fallecidos. “Es muy difícil saldar la deuda con las familias que necesitan información”, admite el portavoz de Cecodap.

La FGJCDMX pidió siete meses más para concluir el análisis de casi 1,600 hallazgos recuperados en Tláhuac y Chalco, sin que hasta ahora hubiera identificado a ninguna persona, pese a que el caso ya había sido presentado a familias buscadoras como el mayor hallazgo de restos humanos registrado en la administración de Clara Brugada.

Tres meses después de las jornadas de búsqueda, la Fiscalía capitalina sólo había establecido de manera preliminar que parte de los restos correspondía a un hombre, una mujer y dos menores de edad. Ninguno había sido identificado.

La reunión con autoridades ocurrió el viernes 10 de julio. Ahí, las familias escucharon los primeros avances y reclamaron que la información seguía incompleta, además de que el procesamiento pericial avanzaba con lentitud por falta de personal especializado.

Jaqueline Palmeros, madre buscadora que participó en las labores de campo, sostuvo que la Fiscalía no contaba con los elementos suficientes para desarrollar todo el trabajo de identificación requerido. Explicó que todavía faltaban estudios antropológicos, odontológicos y genéticos para determinar a quién correspondían los fragmentos localizados.

“Dicen que les van a llevar siete meses tener ya algo más completo, pero que tenía la necesidad de mostrarnos esto, puesto que ya se vienen otra vez las búsquedas”, dijo, reportó el portal Proceso.

La búsqueda comenzó por la desaparición de una joven y dos gemelos en Iztapalapa

Los hallazgos habían sido localizados entre el 7 y el 17 de abril. La intervención comenzó a partir de un análisis de contexto relacionado con la desaparición de Jael Montserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el 24 de julio de 2020 en la alcaldía Iztapalapa cuando tenía 21 años; después de cuatro años y medio de búsqueda, sus segmentos óseos fueron localizados en el Ajusco.

Por este caso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió una recomendación a la Fiscalía capitalina por la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda.

Entre las omisiones que el organismo de derechos humanos encontró fue que el personal ministerial señaló en un inicio que la desaparición de Monserrat fue voluntaria, contraviniendo el protocolo de búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, especialmente de mujeres.

Tampoco se activó el protocolo Alba para su búsqueda y durante la entrevista con la familia de la joven para conocer datos de personas desaparecidas antemortem, la entrevistadora realizó apreciaciones prejuiciosas, revictimizantes y con estereotipos de género.

Asimismo se unieron a esta amplia búsqueda la familia de los hermanos Brandon Guillermo y Luis Daniel Nicolás Ramírez, desaparecidos el 1 de diciembre de 2023 en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa.

Esa investigación llevó a las familias buscadoras y a la Fiscalía a ubicar el polígono entre Tláhuac y Chalco como un punto de interés. A partir de ahí se desarrollaron las jornadas de búsqueda que derivaron en la recuperación del material hoy bajo análisis.

Palmeros cuestionó que, pese a la magnitud del hallazgo, la exposición presentada por las autoridades no respondió a las principales dudas de las familias. Afirmó que la presentación fue parcial y que incluso dejó fuera muestras de agua y tierra que ya habían sido tomadas durante el proceso.

“La presentación de hoy fue parcial, sin cuidar los aspectos revictimizantes; los procesos que se nos explicaron, lamentablemente, están inconclusos”, señaló al salir del encuentro frente al CAIBP.

La buscadora insistió en que la demanda central seguía siendo el refuerzo del equipo pericial. “Necesitamos más antropólogos, más odontólogos, gente que refuerce lo que ya hay”, afirmó.

Las familias acusaron fallas periciales y ausencia de análisis de contexto

Durante la reunión también se habló de retomar jornadas de búsquedas generalizadas y por patrones en la zona. Palmeros sostuvo que ese anuncio llegó sin un análisis de contexto sólido sobre cómo estaban desapareciendo personas en esa parte de la ciudad.

“Se habló de un análisis de contexto de la zona y no lo hay todavía. Es necesario para las familias saber cómo están desapareciendo las personas de ese lado de la ciudad, y pues no, no tuvimos nada de eso”, dijo.

La madre buscadora también relató que personal pericial informó que una parte del material enviado a análisis correspondía a fragmentos de cerámica. Para las familias, ese dato abrió dudas sobre la calidad del trabajo técnico desarrollado desde el levantamiento y clasificación inicial de los hallazgos.

“Lo que pone en tela de juicio, entonces, el profesionalismo de las personas que trabajan en periciales. ¿Con quién estamos tratando? Qué tipo de periciales son los que tenemos, que estaban seguros primero de que se trataba de un resto óseo y al momento de procesar, ya en las instalaciones de periciales, dicen que no, que muchos de ellos eran de cerámica y cosas de esas que se estaban encontrando”, expresó.

Palmeros añadió que las familias preguntaron si la Fiscalía podía sostener la hipótesis inicial de que algunos restos fueran prehispánicos. La respuesta, según dijo, fue negativa, porque hasta ese momento las autoridades no podían afirmar esa teoría.

La buscadora conocía de primera mano estos procesos. Su hija, Yael Montserrat Uribe Palmeros, había desaparecido en julio de 2020 y cuatro años después ella encontró parte de sus restos en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Desde entonces continuaba la búsqueda del resto del cuerpo de su hija y exigía justicia por su feminicidio. Su caso se insertaba en una ciudad que acumulaba 6,097 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La reunión también contó con acompañamiento de la CDHCM. La presencia del organismo ocurrió a partir de una queja presentada por las familias, que denunciaron presuntas irregularidades cometidas desde el inicio de las búsquedas.

• La Fiscalía capitalina informó que requería siete meses más para concluir el análisis de casi 1,600 hallazgos encontrados en Tláhuac y Chalco.
• Hasta el 10 de julio sólo había una clasificación preliminar de parte de los restos: un hombre, una mujer y dos menores de edad, sin identificaciones confirmadas.
• Las familias buscadoras denunciaron falta de antropólogos, odontólogos y genetistas, además de fallas periciales e irregularidades señaladas ante la CDHCM.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la muerte de Mónica Núñez Marín, una mujer colombiana de 38 años que contaba con un boletín de búsqueda por desaparición en el Estado de México. La institución informó que la víctima falleció el 5 de julio tras sufrir un accidente automovilístico en el municipio de Tepeji del Río, en Hidalgo, y que un familiar en Colombia ya fue notificado del deceso.

Según la Fiscalía mexiquense, la desaparición de Núñez Marín se reportó el mismo 5 de julio, después de que se le vio por última vez en San Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con ese reporte, se emitió el boletín de búsqueda correspondiente.

La dependencia detalló que, el día del accidente, la mujer fue trasladada a un hospital del municipio de Jilotepec, Estado de México, donde ingresó en calidad de no identificada. Días después, la víctima murió en ese hospital, todavía sin que se confirmara su identidad.

La FGJEM precisó que el 12 de julio dos personas acudieron a la institución para informar que conocían a la mujer. De acuerdo con su versión, la localizaron al revisar la última conexión registrada en su teléfono celular, que ubicaron en Tepeji del Río.

Con esa información, ambas personas identificaron a la mujer que permanecía como no identificada en el hospital de Jilotepec. La Fiscalía mexiquense señaló que ese mismo 12 de julio su personal estableció contacto con la hija de la víctima, quien residía en Colombia, para informarle sobre el caso.

La institución añadió que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEH) acudió a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense para asumir la investigación, debido a que el accidente ocurrió en territorio hidalguense.

De acuerdo con la FGJEM, el cuerpo fue entregado a la Fiscalía de Hidalgo porque la carpeta de investigación correspondió a esa jurisdicción. La autoridad mexiquense indicó que se mantuvo atenta para colaborar tanto con las diligencias del caso como con la familia en las gestiones necesarias para la repatriación, mientras la Fiscalía hidalguense continuó con el procedimiento.

Mónica llegó a México para darle una vida mejor a su hija en Colombia

Mónica Núñez llegó a México para buscar mejores condiciones de vida para su hija en Colombia, pero murió tras un choque ocurrido el domingo 5 de julio, luego de que el vehículo en el que viajaba perdió el control y se estrelló contra una barrera de protección.

Desde esa madrugada, sus familiares ya habían iniciado gestiones de búsqueda porque la última comunicación conocida se había dado durante las primeras horas de ese mismo día. La geolocalización de su teléfono celular registró su última ubicación en San Isidro, Cuautitlán Izcalli, y a partir de ese punto se perdió el contacto.

La hija de Núñez, quien residía en Colombia, contó que la noche previa Mónica había asistido a una reunión en la alcaldía Magdalena Contreras. Después solicitó un taxi de aplicación para regresar a casa y viajó acompañada de su mascota.

En una videollamada realizada cerca de las 4:00 a. m., Mónica mostró que iba con su perrita y varios hombres, a quienes identificaron como presuntos compañeros de trabajo. Poco después, ella publicó imágenes en sus redes sociales en las que también aparecía dentro del vehículo.

En las fichas de búsqueda se describió que la mujer vestía jeans y sudadera negra; tenía el cabello rubio con rayos y era de complexión delgada. También se consignó que tenía varios tatuajes y un piercing en la fosa nasal derecha como señas particulares.

Las autoridades mexicanas y colombianas activaron protocolos de búsqueda y emitieron fichas oficiales. Aun así, una amiga fue quien reconoció el cuerpo, después de que la familia reportó que no recibió apoyo durante el proceso inicial.

Núñez trabajaba en una oficina de préstamos en México. Tras confirmarse su muerte, sus familiares solicitaron ayuda para cubrir los trámites de repatriación y el traslado del cuerpo a su ciudad natal, con el objetivo de sepultarla en Colombia.

De acuerdo con su familia, ese proceso requirió una suma aproximada de 30 millones de pesos colombianos, por lo que pidieron apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para solventar los gastos.

• El accidente ocurrió el domingo 5 de julio, tras un choque contra una barrera de protección.
• La última ubicación del celular se registró en San Isidro, Cuautitlán Izcalli y después se perdió el contacto.
• La familia solicitó ayuda para la repatriación, con un costo estimado de 30 millones de pesos colombianos.

La víctima fatal era un hombre adulto cuya identidad no fue revelada. Los equipos de rescate lo sacaron con vida del agua, pero murió a pesar de las maniobras de reanimación. Un perro que viajaba a bordo también perdió la vida.

Qué pasó con el barco cerca de Alcatraz

Las autoridades creen que el Volare, con base en Stockton, California, fue golpeado por una ola que lo hizo volcar. La llamada de emergencia llegó a las 3:30 p.m., hora local, según informó la Associated Press.

Cuando los primeros respondedores llegaron al lugar, el barco estaba casi completamente sumergido, con el motor aún en marcha y con fuga de combustible. Solo el nivel superior asomaba sobre la superficie. Poco después, el Volare desapareció por completo bajo el agua.

El barco se encontraba a unos 550 metros (600 yardas) de la isla cuando volcó, según precisó el teniente de bomberos Mariano Elias. Las autoridades creen que zarpó desde el St. Francis Yacht Club, en el barrio Marina de San Francisco.

El rescate y los primeros testimonios

Aaron Anfinson, capitán del Bass-Tub, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Según relató al San Francisco Chronicle, su barco transportaba pasajeros hacia el puente Golden Gate cuando un hombre en una embarcación más pequeña los detuvo y señaló el Volare en llamas en medio de la bahía.

Para cuando el Bass-Tub llegó, el fuego ya se había extinguido, pero el barco se hundía. Algunas personas ya estaban en el agua y otras permanecían a bordo. Anfinson y su tripulación distribuyeron chalecos salvavidas y bajaron una escalerilla de natación. Una mujer con una herida en la cabeza fue la primera en ser auxiliada.

“Fue aterrador. No quiero ver a nadie en esa situación”, declaró Anfinson al San Francisco Chronicle.

El jefe de bomberos de San Francisco, Dean Crispen, confirmó que el accidente fue reportado inicialmente como un incendio, “pero ahora no tenemos ninguna evidencia de eso”. Tres pasajeros sufrieron lesiones por el impacto de la caída al agua y fueron trasladados a un hospital; se esperaba que recibieran el alta esa misma noche.

Los 16 rescatados fueron llevados a Gashouse Cove Marina, un puerto deportivo de San Francisco. Imágenes en vivo mostraron a un hombre y una mujer envueltos en mantas, sentados en la acera junto a una ambulancia.

La búsqueda nocturna de los desaparecidos

Al caer la noche del martes, las autoridades trasladaron la búsqueda hacia el océano abierto, al oeste del puente Golden Gate. El operativo incluyó 11 embarcaciones, helicópteros, buzos y nadadores de rescate, con previsión de continuar toda la noche, según informó la Associated Press.

Crispen señaló que las corrientes y el viento indicaban que cualquier persona en el agua se desplazaría hacia el este. El número de desaparecidos subió de dos a tres tras recabar nuevos testimonios de testigos.

“Esto es un operativo de todos a cubierta, y esperamos que también sea un rescate”, declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, quien extendió sus condolencias a los familiares del fallecido.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaban activos.

Por qué las aguas de Alcatraz son tan peligrosas

La isla de Alcatraz, hoy destino turístico que recibe millones de visitantes al año para conocer la antigua prisión federal, se ubica en la bahía de San Francisco a unos 1,6 kilómetros (una milla) al norte de la costa de la ciudad.

Sus aguas son traicioneras: corrientes marinas intensas, temperaturas bajas y vientos frecuentes las convierten en una zona de alto riesgo para la navegación. Esa misma combinación de factores fue la que, durante décadas, hizo de Alcatraz una prisión considerada imposible de escapar.

La Associated Press reportó que la zona atrae habitualmente veleros y otros barcos de paseo, pese a las condiciones adversas.

La aspirante a coordinar los comités de la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional, Esthela Damián Peralta, ofreció una disculpa pública luego de que la fundadora y representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, denunciara que brigadistas colocaron calcomanías de la exconsejera jurídica del gobierno federal encima de fichas de búsqueda de personas desaparecidas pegadas en postes de la Costera Miguel Alemán y la zona poniente de Acapulco.

De acuerdo con Gil Guzmán, además de la propaganda de Damián Peralta, en el mismo recorrido se detectó material de reclutamiento de la Guardia Nacional colocado también sobre las fichas de búsqueda, situación que calificó como una falta de respeto hacia las familias y la memoria de las víctimas.

La respuesta de Esthela Damián

A través de su cuenta de X, Esthela Damián publicó lo siguiente:

“Por este medio ofrezco una disculpa pública a la colectiva Memoria, Verdad y Justicia y a las familias que buscan a sus seres queridos. También me he disculpado personalmente con Socorro Gil, representante de la organización, y he dado instrucciones para atender de inmediato lo ocurrido y asegurar que un hecho como este no vuelva a repetirse. Mi respeto, solidaridad y acompañamiento para todas las familias que, con enorme fortaleza, continúan la búsqueda de quienes aman.”

En un video grabado a un costado de la Costera Miguel Alemán, la aspirante señaló que “seguramente” una persona simpatizante suya, sin autorización, colocó las calcomanías sobre las fichas de las familias de la colectiva. Anunció que se repararán los daños ocasionados y pidió a sus colaboradores no repetir este tipo de acciones, subrayando que las familias que buscan a sus desaparecidos son “víctimas de lo que no debe ocurrirnos nunca”.

Postura de la colectiva

Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil —detenido y desaparecido presuntamente por policías municipales en 2018—, indicó que reconocieron que fueron empleados de la aspirante quienes colocaron el material, que se ordenó volver a colocar las fotografías de los desaparecidos y que se emitió la disculpa correspondiente. Consideró que esa respuesta es lo más correcto, dado que este tipo de hechos falta al respeto de las personas desaparecidas y de sus familias.

La activista añadió que las búsquedas continúan realizándose principalmente con información aportada por las propias familias y criticó la falta de análisis de contexto por parte de la Fiscalía General del Estado en la planeación de las diligencias.

Un antecedente similar en Chilpancingo

Días antes, integrantes de colectivos de búsqueda en Chilpancingo señalaron un caso similar: propaganda de la senadora con licencia y también aspirante a la misma coordinación política, Beatriz Mojica Morga, fue colocada sobre fichas de búsqueda durante actividades de difusión en la capital del estado.

• Las fichas de búsqueda en Acapulco comenzaron a colocarse desde abril.
• Fueron reforzadas durante jornadas de “pega” realizadas por las familias en el contexto del Mundial de Futbol.
• Se ubican principalmente cerca del Antimonumento a los 43 y en zonas turísticas del puerto.

Hasta el momento, la colectiva no ha reportado nuevos incidentes tras el compromiso asumido por Damián Peralta de reponer el material dañado y evitar que se repitan hechos similares.

El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó la noche del sábado el hallazgo de la cuarta y última persona desaparecida en la gruta Chichicazapan, en la Sierra Norte de Puebla.

Con esa localización, el gobierno municipal dio por hecho que las cuatro personas que fueron arrastradas por la corriente dentro de la caverna murieron.

Sin embargo, aunque la búsqueda concluyó, el rescate continua debido a que solo uno de los cuerpos ha logrado ser extraído, según informó el Ayuntamiento de Cuetzalan.

La autoridad indicó que las maniobras se suspendieron de manera temporal por riesgo y se reanudaron alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El gobierno municipal identificó a las víctimas como Ismael Peña, de 40 años; sus hijas Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20, y Karime Antonio Peña, de 24; además de José Agustín de los Santos, de 31, cuñado de una de las jóvenes.

La lluvia constante en la zona ha dificultado las labores de rescate de los cuerpos

De acuerdo con el Ayuntamiento, el incremento del caudal, las lluvias en la zona y la geografía de la gruta han complicado la recuperación de los cuerpos.

La autoridad añadió que ese sábado los equipos trabajaron cerca de 12 horas para intentar extraer dos cuerpos localizados desde el viernes, pero no lo lograron.

Las autoridades explicaron que esos cuerpos quedaron atorados detrás de una cascada, en una cavidad estrecha a la que los arrastró la fuerza del agua, lo que dificultó la extracción y retrasó el proceso formal de identificación.

El único cuerpo recuperado hasta ese momento correspondía a José Agustín de los Santos, localizado y extraído el miércoles anterior, según el gobierno municipal.

Dos días después, sus restos fueron entregados a su familia para sepultarlo en su municipio natal, Chignautla.

Desde el reporte de la desaparición, corporaciones de los tres órdenes de gobierno, rescatistas especializados, voluntarios y cuerpos de emergencia participaron en un operativo dentro de la gruta Chichicazapan, considerada por las autoridades municipales como una de las zonas de mayor dificultad para este tipo de rescates en la Sierra Norte de Puebla.

Con la cuarta localización, el operativo permanece activo hasta recuperar los tres cuerpos que seguían al interior de la caverna, según el Ayuntamiento.

La autoridad señaló que las condiciones climatológicas serán determinantes para las maniobras programadas durante las primeras horas del domingo.

También se dio a conocer que los cuerpos fueron asegurados dentro de la zona en que se encontraron en la gruta para evitar que el agua los desplazará hacia otro sitio.

Hasta el momento las autoridades no han emitido actualizaciones sobre el avance en el rescate de los cuerpos que aún permanecen dentro de la gruta.

Cómo son las grutas Chichicazapan y por qué es complicado el rescate dentro de ellas

Las grutas de Chichicazapan se localizan en Cuetzalan, Puebla, dentro de uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más grandes de América Latina.

Son formaciones de roca caliza modeladas por la acción del agua a lo largo de miles de años, lo que ha generado extensas ramificaciones internas, salones con estalactitas y estalagmitas, así como cauces de agua activa.

La gruta de Chichicazapan en particular es conocida por su dificultad intermedia, ya que cuenta con un río subterráneo que se inunda fácilmente durante la temporada de lluvias. Por seguridad, el acceso está regulado y es obligatorio ingresar con un guía certificado, usar casco, lámpara frontal, chaleco salvavidas y ropa y calzado antiderrapante.

El nivel del agua puede variar según las condiciones meteorológicas, lo que puede incrementar el riesgo de inundaciones repentinas en su interior.

El entorno dentro de la gruta es de bóvedas de gran altura, formaciones de estalactitas, pasadizos angostos y cuerpos de agua subterráneos. Es un destino frecuentado por quienes practican espeleología y turismo de aventura.

La exploración requiere técnicas de rapel y, en ocasiones, desplazamiento a través de zonas parcialmente sumergidas o con corrientes de agua activa.

La gruta estuvo ha estado en el centro de la atención nacional debido a un accidente provocado por lluvias intensas, donde una familia quedó atrapada y se tuvieron que realizar labores de rescate especializadas.

El acceso está restringido en temporada de lluvias debido al alto riesgo de crecida del río interno y posibles inundaciones abruptas.

Tres jóvenes permanecen desaparecidos tras dos incidentes ocurridos en las últimas horas en Panamá, específicamente, en playas del distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde los equipos de emergencia mantienen operativos para tratar de localizarlos.

Los hechos se registran en momentos en que Panamá atraviesa condiciones meteorológicas adversas y permanece bajo vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleajes peligrosos, ante la influencia de sistemas de baja presión y el desplazamiento de una nueva onda tropical.

Las autoridades advirtieron que la inestabilidad podría mantenerse durante los próximos días, con especial atención sobre las zonas costeras y las áreas propensas a inundaciones.

Las labores de búsqueda se concentran en Punta Chame y Playa Canadian, en Gorgona, con la participación de unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Policía Nacional y embarcaciones particulares.

El primer caso ocurrió la tarde del jueves en Punta Chame, cuando dos hombres salieron a pescar a bordo de una panga. De acuerdo con el relato del capitán de la embarcación, entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. el manubrio del motor presentó una falla, lo que provocó que la lancha girara a gran velocidad y ambos ocupantes cayeran al agua.

Uno de ellos fue rescatado por otra embarcación que se encontraba cerca, pero Juan David Torrero Barría, de 18 años, no pudo ser localizado. Familiares y pescadores de la zona se incorporaron a la búsqueda desde que se conoció el accidente.

El segundo incidente se produjo la mañana del viernes 10 de julio en Playa Canadian, en Gorgona. Dos jóvenes, de aproximadamente 22 años, desaparecieron mientras se bañaban en el mar y, según los primeros reportes, habrían sido arrastrados por las olas.

Hasta la tarde del viernes, los equipos de rescate continuaban desplegados por mar y tierra en ambas zonas, sin que se confirmara la ubicación de los tres desaparecidos.

Los operativos en Panamá Oeste coinciden con una serie de emergencias provocadas por las lluvias y los fuertes vientos registrados entre el jueves y el viernes en distintas regiones del país.

En la provincia de Bocas del Toro, más de 65 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en la barriada Aeropuerto, ubicada en el distrito de Almirante. De acuerdo con la evaluación preliminar, el nivel del agua alcanzó aproximadamente dos pies de altura dentro de las residencias, principalmente en viviendas de una sola planta.

Personal de Sinaproc se trasladó al sector para verificar los daños, recopilar información sobre las necesidades de las familias perjudicadas y coordinar las acciones de asistencia.

Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por áreas inundadas y reportar cualquier situación de emergencia, debido al riesgo de corrientes, huecos ocultos, alcantarillas abiertas o cables eléctricos caídos.

El Centro de Operaciones de Emergencias también reportó 28 incidentes ocasionados por las lluvias y los vientos durante la tarde y noche del jueves.

El balance incluyó 10 viviendas afectadas por árboles caídos, siete casas con desprendimientos de techos, cinco árboles sobre vías públicas, dos sobre vehículos, dos sobre muros perimetrales, uno sobre el tendido eléctrico y el colapso de una estructura comercial.

Al menos 38 personas resultaron afectadas, principalmente por árboles que cayeron sobre sus residencias y por los daños ocasionados por las ráfagas de viento.

La provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito concentraron la mayor cantidad de reportes. Entre los sectores impactados figuraron El Mirador, Villa Grecia, Tocumen, Alcalde Díaz, San Joaquín, Nuevo Veranillo, Monte Oscuro, Santa Marta, Barrio Boy y Pan de Azúcar.

También se registró el colapso de un letrero comercial en Tocumen y árboles caídos sobre vehículos en Coco del Mar y en las inmediaciones del estadio nacional Rod Carew.

Pronóstico mantiene lluvias y riesgo marítimo

Para los próximos días se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Darién, Veraguas, Azuero, Coclé y Chiriquí.

En la vertiente del Caribe se prevén episodios nubosos con lluvias aisladas en Bocas del Toro, Colón, el norte de Veraguas y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.

Las autoridades mantienen además una advertencia por vientos, oleajes y corrientes de resaca en el Caribe, por lo que recomendaron suspender las actividades marítimas cuando las condiciones representen peligro.

Sinaproc pidió a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no permanecer debajo de árboles durante tormentas eléctricas, conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Mientras continúan las labores para encontrar a los tres jóvenes en las costas de Chame, los organismos de emergencia insistieron en evitar el ingreso al mar durante condiciones adversas, debido a que las corrientes pueden cambiar rápidamente y dificultar cualquier intento de rescate.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, provocó una guerra entre las facciones de los Chapitos y los Mayos desde septiembre de 2024 que ha dejado más de 3 mil personas desaparecidas, el mismo número de asesinatos y constantes balaceras en Sinaloa.

El narcotraficante era uno de los más conocidos en la historia criminal del país, ya que sus inicios se remontan al extinto Cártel de Guadalajara. Al desintegrarse a finales de los años noventa, “El Mayo” fundó junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán el Cártel de Sinaloa, dando inicio al que sería el grupo criminal más poderoso.

A casi dos años del inicio de la disputa, de que la violencia no cese y de que la información de su arresto y secuestro se mantenga con incógnitas, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señaló en entrevista con Infobae México que el arresto de Zambada García “no valió la pena”.

Su señalamiento se da luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se atribuyó el operativo donde fue asegurada la avioneta que trasladó tanto a Joaquín Guzmán como a Ismael Zambada a territorio estadounidense, de acuerdo con la propia confirmación que obtuvo el periodista Luis Chaparro de Pie de Nota.

“Un capo, aunque sea al nivel de Mayo Zambada, no vale el costo de perder miles de personas”, sentenció.

Además, acusó que los desaparecidos y asesinados que ha provocado la guerra del Cártel de Sinaloa no valen la detención del narcotraficante: “Yo siempre estoy de acuerdo en que todos los narcotraficantes o los criminales deben enfrentar a la justicia, pero no con este costo”.

Exagente acusa que fue una operación encubierta por el FBI y “un gran error” por la violencia que provocó

Mike Vigil detalló que la atribución del FBI del operativo fue la manera en que los Estados Unidos admitió que participó en la captura de “El Mayo”, lo cual señaló se trató de “un gran error” al no coordinarse con México para evitar la violencia que provocó en el país.

“El FBI no miró las consecuencias de lo que hicieron, o yo creo que no sabían o no les importó. Esto fue un gran error de parte de los Estados Unidos, el no coordinar con el gobierno mexicano”, afirmó.

Y es que fue el 25 de julio de 2024 cuando el narcotraficante fue detenido en Santa Teresa, Nuevo México, luego de que, según reveló el propio exlíder del cártel, Joaquín Guzmán López, su ahijado, lo secuestró y entregó a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con “El Mayo”, horas antes se habían reunido en una finca de Culiacán con el objetivo de mediar conflictos entre Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, pero “El Mayo” fue obligado a trasladarse a EEUU.

Los indicios que, asegura, revelan la operación planeada

El exagente detalló que existen indicios para creer que se trató de una operación planeada con el FBI: las negociaciones que las autoridades estadounidenses mantuvieron con Ovidio Guzmán debido a que estaba preso en Estados Unidos, y con Joaquín Guzmán López para entregarse. La clave sería la relación de confianza: “Joaquín Guzmán López era el ahijado de ‘El Mayo’, y Zambada le tenía más confianza a él que a los otros Chapitos”.

Además, la avioneta usada para trasladar a Zambada era un King Air Beechcraft construido en 1976, pintada para aparentar ser más nuevo.

“Ese avión del FBI tenía todas las luces exteriores de la avioneta cubiertas con cinta. Apagaron el transmisor localizador para que no lo pudieran detectar, cuando aterrizó, ya los estaban esperando”, dijo Vigil.

El exagente afirmó que al llegar a Estados Unidos, Joaquín Guzmán López declaró de inmediato que el gobierno estadounidense no había estado involucrado en la captura de Mayo Zambada; una declaración que no sería espontánea.

“Eso no es normal”, dijo. “Es como que le dijeron: ‘Mira, di esto para protegernos, para que México no se entere que nosotros estábamos involucrados’”. El exagente de la DEA consideró que esas palabras fueron guionadas por las autoridades para blindar al FBI ante el gobierno mexicano.

Hasta 6 mil desaparecidos, 3 mil desplazados y más de 3 mil asesinatos: el saldo de la guerra

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa refieren que desde el 1 de septiembre de 2024 al 21 de junio de 2026 se han registrado un total de 3 mil 889 personas desaparecidas, cifras que difieren de lo reportado por colectivos de búsqueda.

María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, explicó en entrevista con Infobae México que ellas han contabilizado en la misma fecha entre 5 mil 900 y 6 mil desaparecidos, una cifra que contempla a familias que no denuncian por miedo a represalias; es decir, casi el doble de víctimas.

La Fiscalía del Estado ha registrado desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026 un total de 2 mil 951 homicidios dolosos, mientras que el medio local, Noroeste, ha contabilizado en el mismo periodo un total de 3 mil 489 casos.

Ante el saldo actual de la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, Vigil sentenció que: “La pregunta contundente es: ¿Valió la pena el secuestro de Mayo Zambada? Yo digo que no".

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó tres Alertas Amber y un Protocolo Alba para localizar a una madre y sus tres hijos desaparecidos en la colonia Nuevo Cajeme, en Mazatlán. La denuncia formal se presentó el 6 de julio de 2026, aunque la familia no ha tenido contacto con ellos desde febrero de ese mismo año.

Los cuatro integrantes del grupo familiar comparten el apellido Luna. Las autoridades advirtieron que podrían ser víctimas de un delito y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato sobre su paradero.

Quiénes son y cómo se ven

Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, es la madre del grupo. Mide 1.54 metros, tiene complexión delgada, tez morena clara, cabello largo ondulado negro y ojos café claro.

Como señas particulares, porta un tatuaje en la muñeca izquierda con la fecha “1995” y otro en el brazo derecho con la leyenda “Sé valiente y fuerte”. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Camila Tapia Luna, de 13 años, mide 1.60 metros y comparte la complexión delgada, la tez morena clara, el cabello largo ondulado negro y los ojos café claro de su madre. Tiene un lunar debajo del ojo derecho como seña particular.

Ángel Iván Limón Luna, de 9 años, mide 1.40 metros, también de complexión delgada y tez morena clara. Su cabello es corto, lacio y negro, y tiene lunares en el lado derecho del cuello.

La menor del grupo es Oslem Vanessa Mendoza Luna, de 6 años, de complexión delgada, tez morena clara, cabello largo ondulado negro y ojos café claro. Presenta un lunar en la mejilla derecha como seña distintiva.

Cinco meses sin rastro de la familia

La familia desapareció en febrero de 2026 en la colonia Nuevo Cajeme, en el municipio de Mazatlán. Transcurrieron aproximadamente cinco meses antes de que un familiar acudiera al Ministerio Público a presentar la denuncia formal.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas emitió las cuatro fichas de búsqueda con base en esa denuncia. En todos los casos, las autoridades indicaron que se desconoce la ropa que portaban al momento de su desaparición.

La activación simultánea del Protocolo Alba —orientado a mujeres adultas en riesgo— y de tres Alertas Amber —reservadas para menores cuya integridad física puede estar en peligro— refleja la gravedad que las autoridades asignan al caso.

Cómo reportar información

La Fiscalía habilitó dos líneas telefónicas para recibir reportes sobre el paradero de la madre y sus tres hijos. Todo reporte será confidencial y anónimo, según informaron las propias autoridades.

Los números de contacto son los siguientes:

1. Línea nacional: 800-890-90-92
2. Línea local: (667) 715-55-88
3. Servicio de emergencias: 911

Cualquier dato, por menor que parezca, puede resultar útil para las investigaciones. Las autoridades exhortaron a la población a no retener información que pueda contribuir a la localización del grupo familiar.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió las siguientes recomendaciones para quienes cuenten con información o avisten a alguno de los cuatro desaparecidos:

1. No confrontar ni alertar a personas que pudieran estar relacionadas con la desaparición.
2. Comunicarse de inmediato a los teléfonos habilitados por la Fiscalía Especializada.
3. Marcar al 911 si se trata de una situación de riesgo inminente o se avista a alguna de las personas.
4. Proporcionar el mayor número de detalles posibles: lugar, hora, descripción de personas o vehículos.
5. Recordar que todos los reportes son confidenciales y anónimos; ningún denunciante quedará expuesto.

La colaboración ciudadana es el canal que las autoridades consideran más directo para avanzar en la búsqueda. El caso permanece abierto y bajo investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas del estado de Sinaloa.

La delincuencia organizada estaría usando a jovencitas para reclutar adolescentes en Jalisco y Puerto Vallarta, con una mecánica que combina engaño, convivencia casual en espacios públicos y el traslado inmediato a otro punto para concretar la captación.

Dos casos, uno frustrado por la intervención de una madre y otro bajo investigación tras la desaparición de tres jóvenes, exhibieron una modalidad en la que una adolescente se acercó a menores en plazas comerciales, ganó su confianza y les propuso reunirse con supuestos familiares.

El patrón incluye la aparición de cómplices que se hacen pasar por padres de familia o por el chofer de un auto de plataforma. La intención es sacar a los adolescentes del entorno donde están acompañados y moverlos a otro sitio sin que avisaran a ningún adulto.

Una madre evitó que dos adolescentes subieran a un automóvil

Uno de los episodios habría ocurrido este fin de semana en una plaza comercial de la avenida López Mateos, en Guadalajara. Una madre de familia habría compartido e redes sociales su caso cuando cinco estudiantes de una escuela ubicada al norte de la ciudad fueron al cine; entre ellos estaba su hijo de 14 años, ella decidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

La mujer contó que llevó a su hijo al cine y que, después de comprar los boletos, una adolescente de aproximadamente 15 años se acercó al grupo mientras esperaban el ingreso a la función. La menor comenzó a convivir con ellos y dijo que sus padres estaban comiendo en un restaurante cercano.

La madre relató que incluso los adolescentes le pidieron comprar un boleto para la joven, quien aseguró tener permiso de sus padres para entrar a la sala con ellos. La situación le pareció extraña y por eso decidió quedarse en la plaza mientras transcurría la película.

Casi al final de la función, su hijo le envió un mensaje. Le avisó que la nueva amiga les había propuesto salir antes de que terminara la película para acompañarla a reunirse con sus supuestos padres, quienes, según ella, estaban a unas cuadras del centro comercial.

La mujer dijo que la adolescente también les pidió no avisar a ningún adulto porque “no los dejarían ir”. De los cinco jóvenes, dos aceptaron la invitación y su hijo se apartó para llamarle por teléfono desde el baño del cine y explicarle lo que estaba pasando.

La madre acudió de inmediato a la sala. Ahí encontró a su hijo, quien le dijo que dos de sus compañeros ya habían salido con la adolescente.

Ella recordó lo que el menor le dijo: “Mami, la peli está súper aburrida y mi amiga me pidió que la acompañáramos con sus papás. Ellos están a dos cuadras de la plaza. Ella no quiere que te llame porque dice que no me vas a dejar y que aquí estamos a las 7”. La respuesta de ella fue directa: “Ahí quédate”.

El conductor arrancó con las puertas abiertas

Después de confirmar que su hijo estaba a salvo, la mujer corrió a la salida de la plaza. Alcanzó a los dos adolescentes cuando estaban por subir a un automóvil y logró detenerlos antes de que el traslado se concretara.

Según su testimonio, ella bajó a uno de los menores del coche y el otro se salió por su cuenta por la otra puerta. Después intentó acercarse al conductor para revisar quién era y confirmar si realmente se trataba de un chofer de plataforma.

La mujer describió así ese momento: “Le digo al tipo que iba manejando: ‘Disculpa…’, para verificar que era un Uber, y el tipo arranca con las puertas abiertas y me avienta con la puerta trasera. La niña jamás volteó y yo no pude ni tomar sus placas. Nadie me escuchó, nadie me hizo caso. Es como si hubiera estado sola en esa situación”.

Su decisión posterior fue hacer público lo ocurrido para alertar a otras familias. También pidió a madres y padres mantener comunicación constante con sus hijos y respetar el anonimato de su familia por temor a represalias.

“Quiero que esto llegue a todos los jóvenes y a todas las mamás. No quiero que nadie más pase por una situación así. Les pido que estén alertas y que respeten nuestro anonimato porque tenemos miedo”, expresó.

Puerto Vallarta abrió otra línea de investigación

El segundo caso no terminó en rescate, sino en una indagatoria por desaparición. Durante las investigaciones por la ausencia de tres jóvenes en Puerto Vallarta el 25 de junio, surgieron sospechas de que una joven mujer también habría participado en el enganche previo al reclutamiento.

Esa línea reforzó la hipótesis de una modalidad específica: adolescentes o jovencitas que se acercaron a jóvenes en espacios cotidianos, construyeron confianza en poco tiempo y los llevaron a un punto donde ya esperaban otros participantes. La coincidencia entre ambos casos colocó la atención en el uso de mujeres jóvenes como primer contacto para vencer la desconfianza inicial de las víctimas.

• En Guadalajara, una madre evitó que dos adolescentes fueran trasladados por una joven que los abordó en un cine de una plaza comercial.

• La mecánica incluyó el engaño de supuestos padres cercanos y la presencia de un automóvil con conductor que arrancó cuando la mujer intentó verificar su identidad.

• En Puerto Vallarta, la desaparición de tres jóvenes el 25 de junio abrió sospechas sobre un reclutamiento similar con participación de una joven mujer.

Las familias presentaron las denuncias el miércoles 1 de julio ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y pidieron la activación de los protocolos de búsqueda. La coincidencia temporal con otros tres casos en Puerto Vallarta elevó la preocupación por la posible intervención de grupos criminales en distintos puntos del estado.

Las cámaras de vigilancia captaron el último rastro de Jhustin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz. En las imágenes se observó que caminaban por Lomas del Paraíso junto con otro joven, quien sí regresó a su casa.

Aquel martes, Justin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, de entre 14 y 15 años de edad, habían acordado salir después de su ceremonia de graduación. Durante la tarde se reunieron con el compañero que aparecía en el video y después se perdió todo contacto con ellos.

La Fiscalía mantuvo abierta la hipótesis de reclutamiento forzado

La principal línea de investigación apuntó a que los adolescentes habrían sido llevados a la sierra durante tres meses. Esa versión surgió de comentarios que uno de los jóvenes habría mandado a su madre antes de desaparecer.

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas informó que realizaba entrevistas y que no descartaba un reclutamiento por parte del crimen organizado. Blanca Trujillo, titular de esa área, dijo: “Hay un dato de prueba que demuestra que tenían un interés en pertenecer a la delincuencia, pero no lo puedo afirmar, no hay una línea de investigación clara”.

Esa declaración provocó inconformidad entre familiares de los tres adolescentes, que salieron a las calles de Guadalajara para exigir rapidez en las indagatorias y pedir que no se criminalizara a los menores. Los parientes sostuvieron que los jóvenes no tenían vínculos con grupos delictivos ni buscaban integrarse a un cártel.

Janet Nayeli Molina López, madre de Justin, relató que su hijo volvió a casa después de la ceremonia y salió poco tiempo más tarde para reunirse con amigos. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses y que ore por él y que te ama mucho”.

La madre añadió: “No es una rutina que haga mi hijo”. También explicó que Justin ya había tramitado su ingreso a la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara.

Las familias describieron mensajes de despedida, extorsiones y temor

El caso de Jordan Isaac también dejó un indicio similar. Olivia Raquel Enríquez Ulloa, tía del adolescente, contó que el hermano menor del joven los escuchó despedirse mientras decía que irían “a trabajar a la sierra”.

Enríquez Ulloa habló desde una experiencia marcada por otra ausencia: llevaba tres años y nueve meses buscando a su propio hijo desaparecido. “Es volver a empezar el dolor otra vez, abrir otra vez la llaga”, dijo entre lágrimas.

La madre de Justin resumió la angustia que compartían las tres familias: “Realmente no es vida, estás muerta en vida. Estoy todo el tiempo pensando: ¿ya comió, le están pegando, está en el sol? Es una tortura”. También denunció que recibió llamadas y mensajes de extorsión de personas que afirmaban tener a su hijo.

En el caso de Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, su madre y su hermana acudieron a interponer la denuncia formal. La ficha de búsqueda señaló que medía aproximadamente 1.80 metros, era de complexión delgada, tenía cabello negro y al momento de su desaparición vestía pantalón azul, camisa negra y gorra negra.

Los tres casos de Guadalajara se sumaron a otros tres registrados en Puerto Vallarta en un lapso cercano. Todos quedaron inscritos en una crisis de desapariciones que desde hace años afectaba a municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, y que también alcanzaba zonas turísticas y corredores de tránsito.

La coincidencia de ambos episodios durante el periodo de graduaciones de junio y julio encendió la alerta entre colectivos de búsqueda y padres de familia. Las tres familias de Guadalajara reiteraron su llamado a la ciudadanía para que cualquier dato sobre el paradero de los menores fuera entregado de inmediato a las autoridades.

• Tres adolescentes desaparecieron el 30 de junio en Guadalajara después de su graduación de la Secundaria Técnica 113.
• La Fiscalía investigó como línea principal un posible reclutamiento forzado relacionado con la versión de que serían llevados a la sierra.
• Las familias rechazaron cualquier vínculo de los menores con grupos delictivos y denunciaron extorsiones, mensajes de despedida y demora en la búsqueda.

Marta García de Candeloro supo que su marido había muerto cuando escuchó el silencio. Antes había escuchado los gritos de Jorge durante horas, desde su celda, mientras los represores lo torturaban en la sala de máquinas del viejo radar de la Base Aérea de Mar del Plata.

Escuchó los quejidos agónicos. Escuchó su voz. Y después, de golpe, no escuchó nada más. “Se oyó un grito desgarrador, penetrante. Aún lo conservo en mis oídos. Nunca podré olvidarlo: fue su último grito y de golpe el silencio”, recordaría años después.

Hubo corridas. Alguien buscó alcohol para intentar reanimarlo pero los esfuerzos no alcanzaron. Jorge Roberto Candeloro, abogado laboralista de Mar del Plata que aquella noche de 1977 tenía 36 años, estaba muerto.

Después de que se llevaron el cuerpo, uno de los represores le dijo a Marta, a los gritos, que se lo habían llevado “de paseo” y que volverían. “Es mejor que pensés a ver si sabés algo”, la amenazó: querían que, en sus términos, “cantara”.

Marta no sabía nada que no supieran ellos. Sabía que su marido era abogado. Que defendía trabajadores. Que el 13 de junio de 1977 la Policía Federal los había secuestrado a los dos en Neuquén, donde vivían, y que diez días después los habían trasladado a Mar del Plata.

Sabía que el lugar donde estaban se llamaba La Cueva. Y que los represores, cuando llegaron los primeros abogados, dijeron una frase que quedaría grabada como el nombre no oficial de todo lo que ocurrió esa semana: “Esta es la Noche de las Corbatas. Ahora la Justicia somos nosotros”.

El terror subterráneo

Cualquier visitante que llegaba a Mar del Plata por la Ruta 2 a mediados de los años setenta podía ver, a la vera del camino, el acceso a la Base Aérea Militar y, entreverada entre pinos y eucaliptos, la estructura metálica que sostenía las antenas. Nada de lo que se veía llamaba la atención. El terror se escondía bajo tierra.

En los cimientos del viejo radar funcionaba La Cueva desde mayo de 1976, dos meses después del golpe. El coronel Pedro Barda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, le había pedido al comodoro de la Base el espacio para que sus tropas descansaran durante las patrullas.

Lo que el comodoro cedió fue algo distinto: una construcción subterránea a la que se llegaba después de atravesar 1.500 metros desde la puerta de ingreso, que fue acondicionada como centro clandestino de detención con una sala de tortura en la antigua sala de máquinas, seis celdas, cocina, baño y una línea telefónica.

El responsable operativo era el suboficial principal de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina. El jefe efectivo del operativo era el teniente Fernando Cativa Tolosa, que dormía en el Casino de Oficiales pared de por medio con los detenidos y organizaba desde ahí los secuestros y las sesiones de tortura. Los carceleros no usaban nombre: eran Charly, Papi, Mario, Pan de Dios, Pibe, Walter, Colorado, Chancho. Nadie quería ser identificado.

Los detenidos llevaban capuchas de fieltro negro con un número visible en el frente. A ese número era reducida su identidad. No podían sacarse las capuchas bajo ninguna circunstancia, salvo cuando iban al baño, y entonces eran los guardias los que se encapuchaban para no ser reconocidos. La tortura llegaba de noche. Durante el día, los guardias golpeaban a los prisioneros por aburrimiento, para intimidar, o por sadismo.

Abogados de los trabajadores

Los que llegaron a La Cueva entre el 6 y el 13 de julio de 1977 no eran cualquier grupo de personas. Eran, en su mayoría, abogados laboralistas. Profesionales que habían dedicado su carrera a representar a obreros en conflictos con sus empleadores, que conocían la Ley de Contrato de Trabajo mejor que nadie y que les habían ganado juicios a empresas grandes y poderosas.

Ninguno de ellos tenía vínculo con la lucha armada. Ninguno era militante orgánico de ninguna organización. Lo que los unía era el oficio y el código: defender a los más desprotegidos.

El más conocido era Norberto Centeno, de 50 años, reconocido en todo el país y en foros internacionales como uno de los principales especialistas en derecho laboral latinoamericano. Había sido uno de los coordinadores del anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, una norma que regulaba los efectos de la huelga, protegía a la mujer embarazada y mejoraba las condiciones ante un despido. Un mes después del golpe de marzo del 76, la dictadura modificó y recortó esa ley.

Raúl Hugo Alais, Salvador Manuel Arestín y Tomás José Fresneda también eran abogados laboralistas. Camilo Ricci era el socio de Alais. Carlos Bozzi era socio de Fresneda. Jorge Candeloro, ya muerto para cuando llegaron los otros, había sido el primero en caer.

Una cadena de secuestros

La primera víctima fue Jorge Candeloro, secuestrado junto a su esposa Marta García el 13 de junio de 1977 en Neuquén por la Policía Federal, a pedido del GADA 601. Diez días después los trasladaron a Mar del Plata. Llegaron a La Cueva muy golpeados. Ese primer día, Marta escuchó los gritos de su marido en la sala de tortura. Después le tocó a ella. Les aplicaron picana eléctrica y los asfixiaron con bolsas. Marta fue violada dos veces por Molina durante los días de cautiverio.

El 28 de junio, mientras torturaban a Marta, trajeron a Jorge para que fuera testigo de su sufrimiento. Desde la mesa donde lo ataban, Jorge gritó: “¡Querida, te amo! ¡Nunca pensé que podrían meterte a vos en esto!”. Los represores se enfurecieron y empezaron a aplicarle picana con más saña. Lo mataron esa misma noche.

El 6 de julio llegaron Raúl Alais, Salvador Arestín y Norberto Centeno. Alais padecía sinusitis y les rogaba a los guardias que lo dieran vuelta porque atado boca abajo se ahogaba. Lo golpearon y le repitieron hasta el cansancio que era un cobarde.

Arestín llegó bañado en su propia sangre por un corte profundo en el cuero cabelludo, había perdido los anteojos en el secuestro y no veía nada. Alguien le suturó la herida sin anestesia. Centeno, el más grande de todos, no entendía qué estaba pasando ni quiénes lo habían secuestrado. Para confundirlo, los represores le decían que eran integrantes de Montoneros y le cantaban la Marcha Peronista. Durante toda esa noche se escucharon sus quejidos agónicos.

Al día siguiente, deshidratado por las descargas eléctricas, Centeno pidió agua. Marta sabía que la combinación entre el agua y la energía que queda en el cuerpo después de la picana puede provocar un colapso. El corazón de Centeno no resistió. Marta escuchó que arrastraban su cuerpo por el pasillo y percibió el golpe del cadáver contra la puerta de su celda.

Entre el 7 y el 8 de julio llegaron Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, su esposa Mercedes Argañaraz —embarazada de cuatro meses—, Néstor García Mantica, su esposa María Esther Vázquez, José Verde y su esposa. La tortura física de Tomás Fresneda lo afectó también mentalmente: deliraba, veía guardias en su celda cuando no los había. En un momento se quitó la capucha frente a los represores, una acción considerada una falta gravísima. Lo apalearon con listones de madera.

La pista falsa que apuntó a Montoneros

La desaparición de los abogados sacudió a Mar del Plata. La comisión directiva del Colegio de Abogados se reunió una hora y media después del secuestro de Alais y Ricci y se declaró en sesión permanente. Pidió una audiencia con el jefe militar de la subzona, coronel Pedro Barda, que los recibió y dijo que no sabía nada mientras sus tropas tenían a los abogados presos en La Cueva.

Cuando apareció el cuerpo de Centeno —al costado de un camino, con la versión oficial de un enfrentamiento con subversivos— los directivos fueron a reconocerlo a la morgue. El médico que practicó la autopsia dijo: “Era una bolsa de huesos, su cuerpo había sido castigado terriblemente, con fracturas múltiples”.

La delegación marplatense del Colegio de Abogados viajó a Buenos Aires y se reunió con el subsecretario de Asuntos Institucionales. Fueron mencionando los nombres de los desaparecidos uno por uno. Ante cada nombre, el coronel Ruiz Palacios respondía con una filiación política inventada: “comunista”, “maoísta”, “leninista”, “trotskista”.

Para el caso de Candeloro, dijo que no tenía registros. Los abogados sacaron entonces el comprobante que el padre de Jorge había encontrado en un pantalón sucio: la constancia de que su hijo había sido detenido por la Policía Federal. Que el Estado tenía registro de haberlo llevado.

Los represores, mientras tanto, enviaron a los diarios locales un comunicado firmado por Montoneros en el que la organización se adjudicaba los secuestros. En La Cueva subieron el volumen de la radio para escuchar el informativo que daba la noticia y festejar que alguien “se había tragado” la mentira.

Desaparecidos y sobrevivientes

Norberto Centeno murió bajo tortura el 7 de julio de 1977. Su cuerpo fue encontrado abandonado al costado de un camino, presentado como caído en un enfrentamiento. Tenía 50 años. Jorge Candeloro murió bajo tortura el 28 de junio de 1977. Tenía 36 años.

Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Tomás José Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda —que estaba embarazada—, Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García permanecen desaparecidos. Se sospecha que, como tantas otras víctimas de la dictadura, fueron arrojados al mar desde aviones militares.

Carlos Bozzi sobrevivió. Para liberarlo, los represores lo pusieron en el baúl de un vehículo y simularon un enfrentamiento con Montoneros, en el que se asesinó a estudiantes universitarios desarmados que también estaban detenidos, fraguando la noticia de que uno de ellos, herido, “confesaba” el secuestro de Bozzi. Camilo Ricci sobrevivió. José Verde y su esposa sobrevivieron.

Y sobrevivió Marta García de Candeloro, la única que estuvo desde el principio, la que escuchó morir a su marido, la que les llevó agua a los labios a Centeno, la que vio todo lo que ocurrió en La Cueva entre junio y julio de 1977.

El Juicio a las Juntas

En 1985, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín juzgó a los comandantes de la dictadura, Marta García de Candeloro declaró ante el Tribunal. Su testimonio fue uno de los más devastadores del proceso. Reconstruyó en detalle el funcionamiento de La Cueva: los turnos de guardia, las capuchas, la picana, el protocolo de torturas, la rutina cotidiana del horror. Relató la muerte de su marido con la precisión de quien guarda cada detalle en la memoria porque no tiene otra forma de hacer justicia.

También reprodujo la frase que los represores decían a los detenidos cuando llegaban: “Ahora la Justicia la administramos nosotros”.

Gregorio Rafael Molina, el suboficial que dirigía La Cueva y que había violado a Marta, fue condenado el 9 de junio de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de Centeno y Candeloro. La Cámara Federal de Casación confirmó la condena en febrero de 2012.

Desde 1994, el 6 de julio es el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. La fecha recuerda el inicio de los operativos que la dictadura bautizó, con una mezcla de cinismo y soberbia, como la Noche de las Corbatas. Nunca se volvió a saber nada sobre los seis desaparecidos.

La Fiscalía de Jalisco investiga en Zapotiltic la localización de tres muertos y dos heridos en una brecha de Huescalapa, un hallazgo que estaría ligado a la privación ilegal de la libertad de varias personas ocurrida desde el lunes 29 de junio en esa delegación del sur del estado.

El miércoles se difundió en redes la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán, sin embargo las autoridades aclararon que fueron cinco a los secuestrados.

Esto, luego de que mujeres de 38, 18 y 4 años llegaron a pedir ayuda a la central caminera de Tlaquepaque. Las autoridades las mantuvieron bajo resguardo después de que llegaron a la Nueva Central Camionera y solicitaron auxilio a policías municipales.

La madrugada de este miércoles 1 de julio, policías encontraron a cinco personas inconscientes en el camino de terracería que conduce a la comunidad de La Becerrera. Servicios médicos confirmó la muerte de tres de ellas y trasladó a las otras dos a un hospital de Ciudad Guzmán.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos y los llevó al Semefo. La autoridad estatal también informó que trabaja en la identificación de las víctimas para confirmar o descartar si corresponden a personas privadas de la libertad horas antes en el mismo municipio.

El caso parte de una desaparición múltiple en Huescalapa, donde un grupo armado habría sacado por la fuerza a varias personas de una finca. La información disponible indica que fueron privadas de la libertad dos mujeres adultas, una niña de cuatro años y ocho hombres.

La autoridad reconoce cinco víctimas directas y mantiene abiertas otras líneas

La vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, confirmó que en los hechos hay en total cinco víctimas de desaparición forzada: tres hombres localizados sin vida y dos personas liberadas con lesiones, un hombre y una mujer.

La funcionaria precisó que los dos hombres cuya desaparición se denunció el martes 30 de junio fueron encontrados muertos. Añadió que hay un tercer hombre fallecido del que no existía denuncia previa, pero las investigaciones apuntan a que fue atacado en los mismos hechos.

Trujillo Cuevas explicó que, después de la primera desaparición de los tres hombres, al día siguiente otras dos personas fueron privadas de la libertad y golpeadas. Esas dos víctimas son las que fueron liberadas lesionadas.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo en un comunicado que, de manera oficial, solo cuenta con dos denuncias por desaparición de hombres. Aun así, señaló que las líneas de investigación siguen abiertas para determinar si más personas fueron privadas de la libertad durante los mismos hechos.

La dependencia no había emitido una postura específica sobre los tres fallecidos y los dos heridos al momento de las primeras diligencias. Después, la vicefiscal estableció que la principal línea de investigación es una cartulina encontrada junto a los cuerpos, en la que se les relaciona con otro delito de índole sexual.

La Fiscalía Regional recibió el reporte durante la madrugada y abrió las primeras indagatorias en esa zona de la región Sur de Jalisco.

De forma extraoficial se indicó que tanto los cuerpos como los sobrevivientes presentaban huellas visibles de violencia. Esa condición es una de las líneas materiales que la autoridad revisa para reconstruir la secuencia de los ataques y establecer si todas las víctimas pertenecen al mismo caso.

• En Huescalapa, municipio de Zapotiltic, localizaron a cinco personas inconscientes: tres murieron y dos fueron llevadas a un hospital en Ciudad Guzmán.
• La vicefiscal Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas confirmó que hay cinco víctimas directas en el caso: tres hombres sin vida y dos personas liberadas con lesiones.
• Dos mujeres y una niña recibieron ayuda para llegar a Tlaquepaque.