Cuatro colectivos de familiares de personas desaparecidas pusieron en marcha este lunes la Avanzada de la Brigada Nacional de Búsqueda en comunidades de la sierra de Chilpancingo, Guerrero. La jornada arrancó alrededor de las 11:00 horas en la comunidad de Amojileca ante la denuncia explícita de los participantes sobre la ausencia de apoyo del gobierno estatal, encabezado por Evelyn Salgado, y del gobierno federal para las labores de localización de personas desaparecidas.

La acción se desarrolló en dos frentes simultáneos: uno en la sierra y otro frente a la Fiscalía General del Estado en la capital guerrerense, donde integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez exigieron avances en las investigaciones y la identificación de cuerpos sin nombre.

El recorrido de la brigada abarcó las comunidades de Amojileca, Xocomatlán, Coapango, San Vicente, Chautipan y Omiltemi. En cada poblado, los participantes colocaron fichas de personas desaparecidas y realizaron actividades de sensibilización con los habitantes de la región.

En Amojileca, el párroco Baltazar Vega Ramos recibió a los integrantes de los colectivos. El sacerdote los describió como “la voz de la conciencia social” y expresó su deseo de que encuentren la verdad y alcancen paz para sus familias.

Vega Ramos también instó a las madres buscadoras a no perder la fe y a mantener su lucha. A los habitantes de la comunidad les pidió brindar solidaridad a quienes buscan a sus familiares.

Juan Carlos Trujillo, coordinador de la Brigada Nacional de Búsqueda, precisó el propósito de la avanzada: “fortalecer la localización de personas desaparecidas desde las propias comunidades y con el respaldo de las familias”. La iniciativa surge, explicó, ante la falta de apoyo de las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

En las actividades participan integrantes de los colectivos Guerrero No Más Desaparecidos, María Herrera, Hasta Encontrarlos y la propia Brigada Nacional de Búsqueda. También se sumaron organizaciones provenientes de otras entidades del país, de acuerdo con La Jornada.

El Colectivo Lupita Rodríguez protesta ante la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada

De forma paralela a la jornada en la sierra, integrantes del Colectivo Lupita Rodríguez se concentraron frente a la Fiscalía Especializada en Materia de Desaparición Forzada y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la FGE en Chilpancingo. La protesta tuvo como eje central la exigencia de respuestas concretas sobre los casos abiertos.

Los manifestantes demandaron información sobre las indagatorias en curso y los resultados de las confrontas genéticas realizadas hasta la fecha. También exigieron la identificación de los cuerpos resguardados por la Fiscalía y el Servicio Médico Forense.

Gerarda Martínez lleva siete años en la búsqueda de su hija, María Magdalena Alonso Martínez, desaparecida el 17 de agosto de 2019. Durante la protesta, denunció que personal de la Fiscalía le recomendó “ya no moverle” al caso y cuidar de su familia porque, según le advirtieron, quienes se llevaron a su hija “son peligrosas”.

El testimonio de Martínez ilustra una queja generalizada entre los colectivos: la omisión institucional frente a casos de alto riesgo. La denuncia pone en evidencia que las familias enfrentan, además de la ausencia de sus seres queridos, presiones para abandonar la búsqueda.

Guerrero registra alrededor de 7 mil personas desaparecidas y más de 3 mil cuerpos sin identificar

Los colectivos participantes proporcionaron las cifras que dimensionan la crisis en el estado: alrededor de 7 mil personas desaparecidas en Guerrero y 3,181 cuerpos sin identificar en poder de las autoridades. Estas cifras son la base de las demandas que los colectivos sostienen ante los gobiernos estatal y federal.

La magnitud de esos números explica por qué la brigada optó por una estrategia de búsqueda comunitaria en la sierra, donde la presencia institucional es escasa. Los colectivos apuestan por la red de apoyo entre vecinos y familias como mecanismo de localización ante el vacío de las autoridades.

La jornada del lunes 4 de agosto representa la primera acción de campo de esta avanzada en la región serrana de Chilpancingo. Los colectivos no informaron sobre la duración total del operativo ni sobre las fechas de las siguientes etapas.

La doble acción —búsqueda en la sierra y protesta ante la Fiscalía— muestra la estrategia de los colectivos: presión institucional y trabajo territorial de forma simultánea. Ambos frentes apuntan al mismo objetivo: visibilizar la crisis de desapariciones en Guerrero y forzar una respuesta de los gobiernos que, hasta ahora, los familiares califican de inexistente.

Un cuerpo reducido a restos óseos, una zona pantanosa y una identidad que la policía todavía no logró establecer.

El 14 de mayo de 1982, un recolector de almejas encontró restos humanos en un sector de Brigantine, en Nueva Jersey, y ese hallazgo dio origen a un expediente que 44 años después sigue abierto.

Hoy, el Departamento de Policía de Brigantine y la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía del Estado de Nueva Jersey reactivaron la búsqueda con nuevos bocetos forenses y análisis genéticos que apuntan a ponerle nombre a una víctima que hasta ahora figura como desconocida.

El caso quedó incorporado a la lista de casos fríos que las agencias policiales del estado revisan de manera periódica. Según informó People, los investigadores difundieron una nueva reconstrucción facial del hombre hallado en una “pradera pantanosa” con la expectativa de que alguien reconozca sus rasgos y aporte un dato que permita avanzar.

La hipótesis oficial sostiene que la víctima era un hombre blanco de entre 35 y 45 años, de alrededor de 1,68 metros de altura y unos 75 kilos.

La estimación forense ubica la muerte entre 1981 y 1982, aunque la data precisa nunca pudo establecerse. Ese punto forma parte del núcleo del problema investigativo. El teniente J. Glasser, del Departamento de Policía de Brigantine, explicó a People que el estado esqueletizado de los restos no permite fijar con exactitud cuánto tiempo llevaba el cuerpo en el agua ni cuánto tiempo había transcurrido desde la muerte.

“El hecho de que sean restos óseos no permite establecer con precisión cuánto tiempo estuvo el cuerpo en el agua”, indicó el oficial.

Esa limitación pericial condicionó la causa desde el primer día. En una escena con agua, barro, salinidad variable y exposición ambiental, los investigadores debieron trabajar con márgenes amplios y con escasos elementos de identificación.

Glasser señaló que en otras intervenciones policiales encontró restos en estado similar tras lapsos mucho más cortos, lo que refuerza la dificultad de calcular tiempos en este tipo de terrenos.

Pese al paso de los años, la investigación nunca quedó cerrada. Cada novedad técnica reabre la revisión del expediente. “Cada vez que surge un avance tecnológico, revisamos los casos fríos”, afirmó Glasser.

Bajo ese criterio, la policía retomó esta causa varias veces, con una nueva revisión formal en 2022, cuando el caso volvió a quedar bajo análisis junto con otras investigaciones pendientes sin resolver.

A partir de esa reapertura, la Policía del Estado de Nueva Jersey sumó a su área de imágenes forenses para elaborar un retrato compuesto del hombre. La reconstrucción se difundió antes de que terminaran todos los estudios de ADN, ya que los investigadores optaron por avanzar en paralelo con todas las herramientas disponibles.

La lógica policial es directa: una imagen pública puede activar un reconocimiento inmediato, mientras los estudios biológicos siguen su curso en laboratorios y bases de datos.

Hasta el momento, la circulación nacional del caso no produjo una pista concreta sobre el nombre de la víctima. Según detalló People, sí hubo personas que ofrecieron asistencia técnica o experiencia profesional, pero no apareció un dato puntual que permitiera asociar el rostro reconstruido con un desaparecido.

La policía, de todos modos, mantiene abiertas varias líneas de análisis genético con la expectativa de obtener una coincidencia futura.

Para los investigadores, la identificación constituye el objetivo central de esta etapa. Determinar quién era ese hombre permitiría reconstruir su entorno, revisar denuncias antiguas de desaparición y definir con mayor precisión las circunstancias previas al hallazgo.

“Queremos poder dar al menos algunas respuestas y, sobre todo, el cierre que merecen esas familias que perdieron a un ser querido”, dijo Glasser.

Cualquier persona que tenga información puede comunicarse con el teniente J. Glasser al 609-266-7414 o por correo a jglasser@brigantinenj.gov. También puede contactar a la Unidad de Personas Desaparecidas de la Policía del Estado de Nueva Jersey al 609-882-2000, interno 2554, o a missingpinformation@njsp.gov. La policía indicó que los aportes pueden realizarse de forma anónima.

Constanza es antropóloga forense y es hija de desaparecidos. Fue criada por su abuela, se quedó sola en la adolescencia y viaja mucho porque trabaja en todo el mundo buscando recuperar restos humanos. Acaba de regresar a Buenos Aires después de terminar, de mala manera, una misión en México. El mundo ya no es lo que era y las ideas de ultraderecha avanzan y ponen en riesgo años de trabajo. Su nueva tarea la conduce a la búsqueda de otro hijo de desaparecidos, alguien que se niega a saber sobre su pasado, que tiene una discapacidad física que será central en la historia, y con quien va a iniciar una relación apasionada y tormentosa que la lleva a dar con una clave que le dictan los huesos ajenos con los que trabaja. Esa clave, una herida que no cierra, es que tener sexo “con alguien como ella es lo más cerca que va a estar de encontrar a los padres”.

Este es un posible resumen de la idea alrededor de la cual gira Constanza y Matute (hacen la porquería), la primera novela de Mariana Eva Pérez publicada por Emecé, que cuenta con muy buen ritmo y sin solemnidad un romance de comedia y drama con enigmas de un policial, cruzado por preguntas y cuestionamientos acerca de un pasado violento y un presente que sigue sin dar todas las respuestas.

Narrada con su distintivo humor negro, pleno de cinismo e ironía, Mariana trabajó esta vez como recurso una lengua permeada por el lunfardo y viejas formas del castellano porteño (los protagonistas fueron criados por sus abuelos, tuvieron una educación fechada en una generación anterior). Así, consigue ir más allá de su ya clásico diccionario de “hijis” o el “temita”, y se atreve a contar el sexo y el encuentro de los cuerpos sin eufemismos, aventurándose al lenguaje vulgar de la intimidad, con diálogos y escenas “chanchas” entre dos adultos que fueron víctimas infantiles, náufragos de la dictadura que comparten el trauma y los fantasmas de un pasado que no vivieron.

Mariana Eva Pérez (1977) es politóloga por la UBA, doctora en Literatura Románica por la Universität Konstanz, de Alemania, investigadora del Conicet (estudia las producciones culturales de infancias afectadas por el terrorismo de Estado) y escritora. Tenía 15 meses cuando la secuestraron junto con su madre, Patricia Roisinblit, quien estaba embarazada de 8 meses (su hermano Guillermo nació en cautiverio y fue identificado y restituido en 2004). Ese mismo día, horas antes, habían secuestrado a su padre, José Manuel Pérez Rojo. Ambos eran militantes montoneros y siguen desaparecidos. Luego de unas horas, a Mariana la dejaron en casa de unos primos. Fue criada por sus abuelos paternos, sobre todo su abuela Argentina, que enviudó temprano, y su abuela materna fue Rosa Tarlovsky de Roisenblit, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Mariana es activista y una personalidad vibrante en las redes sociales, conocida sobre todo a partir del blog Diario de una princesa montonera y luego por los libros con ese título que reprodujeron los posteos, pensamientos y reflexiones irreverentes sobre su experiencia de vida y su activismo en los organismos de derechos humanos. Es autora del ensayo Fantasmas en escena. Teatro y desaparición y de las obras de teatro Instrucciones para un coleccionista de mariposas, Ábaco, Peaje y ANTIVISITA/Formas de entrar y salir de la ESMA.

Es domingo al mediodía y el sol regala emociones de otra estación. Estamos tomando café en un bar del Villa Crespo que se autopercibe Palermo y conversamos acerca de la cocina y los orígenes de Constanza y Matute, una historia con enorme potencial para ser trasladada al cine y a las plataformas. Una historia que su autora sabe que todavía no terminó.

— Voy a empezar por hacerte una pregunta rara y aunque sabemos que vos incomodás siempre con tu literatura, espero que esto no te incomode.

— Bueno.

— ¿Te acordas de quién te habló de sexo por primera vez, quién te explicó cosas sobre el tema?

— Sí, mi abuela Argentina. Cuando yo era adolescente, sobre todo, yo podía preguntar y ella me contestaba bastante abiertamente. Y, después, también... Pero eso duró hasta que tuve un novio. Cuando tuve un novio, fue raro, ella se dio vuelta. Se asustó, no sé, le agarró como una prevención...

— ¿Qué edad tenías entonces?

— Yo era muy chica cuando tuve mi primer novio. Tenía 16.

— Bueno, no tan chica.

— No tan chica, pero al año siguiente ya me fui. Me fui chiquita de mi casa con este novio. No había terminado la escuela.

— Sí, claro, para todo eso eso sí eras chiquita.

— Se me hizo insostenible la relación de pronto por eso, porque algo a esta abuela que hasta entonces a quien yo le podía, no sé, si me daban un preservativo en la escuela y yo lo traía y le hacía un chiste, se lo mostraba y nos reíamos y lo guardaba en el cajón. Y recuerdo decirle tipo, “¿podés chequear en el cajón, ja, ja, ja?”. Y ella se reía conmigo, hasta que apareció la posibilidad real, ¿no?

— ¿Ella era viuda?

— Ella era viuda.

— La traicionaste.

— Claro, la traicioné. Y quedó solita, re perdida. Y al poquito tiempo ella también empezó a ir a Abuelas. Entonces, como que encontró otro sentido. El sentido de su vida era criarme a mí y de pronto, supongo yo, porque nunca lo pudimos hablar realmente, fue realmente un momento muy tenso que yo tuviera una sexualidad más activa. Era algo que le ponía fin a esa tarea de crianza, algo así. Y ahí fue muy loco, pero de pronto me pude apoyar más en Rosa, mi abuela materna. Algo que hasta ese momento no pasaba. Era muy difícil la relación con ella y de pronto, en ese momento quizás vio la brecha, me vio peleada con la otra.

— Ellas no se llevaban bien entre ellas.

— Se llevaban pésimo, competían un montón, me hicieron la vida imposible.

— ¿Competían por tu amor?

— Sí, sí. Me hicieron la vida muy imposible, tipo boludeces.

— No está tan mal igual, ¿no? Que compitan por el amor de una.

— Sí, pero no sé, cuando sos nena es triste, como raro. Rosa me quería llevar a Disney, Argentina decía que no. Ese tipo de cosas.

— Entiendo, pero viniendo de lo que vos venías, pensar que haya habido dos abuelas peleando por tu amor...

— Ninguna de las dos tenía a nadie más. Mi mamá era hija única, mi papá era hijo único, ¿entendés? Como que yo quedé ahí, en el foco, en la disputa. Y bueno, me interesaba mostrar algo de eso en la novela, como esa energía un poco mal puesta en nosotros, que es una relación impuesta además, eso hay que rescatarlo.

— Eso es algo que me gusta mucho de la novela, que es la de parte de una generación de pibes criados por los abuelos y los efectos de esa educación en los gustos, en el lenguaje, en los hábitos. La novela tiene mucho de eso.

— Yo quería hablar de eso. Cuando terminé la revisión corregida y aumentada del Diario de una princesa montonera, me quedé pensando que que lo próximo que iba a escribir tenía que tener que ver con mis abuelos, pero no sabía de qué forma. Probé otras cosas, incluso.

— ¿Cómo qué?

— No sé, como algo que hablara más directamente de ellos. Relatos sobre el departamento donde vivió mi abuela.

— No ficción.

— No ficción, exactamente. Lo de no ficción no me gustó nada. Y yo siento que es esto, que acá aparecen como centrándose en la historia de los protagonistas. Nunca en primer plano, pero están.

— Mucho más en Matute, un personaje más trágico.

— Mucho más en él. Y aparte, la abuela acaba de morir, hace muy poco. Entonces es como una presencia, una sombra que todavía tiene encima. Que por ahí, en el caso de Constanza, lo de su abuela es en otro sentido. Como ejemplo, como mandato. Como señalándole un camino del que ella no se apartó nunca. Pero en el caso de Matute sí, es distinto.

— Pensaba en cuánto de lo que hay en la novela tiene que ver con vos y con tu vida. Todo lo que hay de tu vida estilizado para la novela.

— Sí, hay un montón de cosas que son de mi vida, de mi experiencia, imágenes. Cosas que me contaron otros hijis. Yo rescato testimonios que me hayan impresionado no por ejemplares. A mí me interesaba mostrar esa deformidad que en Matute está hecha carne, pero, digamos, la deformidad de estas historias, de lo que nos pasó después.

— Sí, pero es la deformidad y es también la humanidad porque lo que aparecen son personajes con cosas muy viles, muy crueles, y al mismo tiempo humanos y amorosos. Ser víctima no te hace mejor persona.

— No. Yo creo que al revés, tenés altas chances de que te haga peor persona.

— Por el sufrimiento, además.

— Claro, claro. Me parece a mí. Que de ahí uno pueda sacar algo bueno, que te haga salir mejor, me parece bastante excepcional.

— A partir de la ficción aparecen un montón de cuestionamientos e historias bastante siniestras de los organismos y de la política de derechos humanos, muy desde adentro también.

— Sí.

— ¿Estás tranquila?

— Sí. Estoy tranquila porque vi que no pasa nada. No me pasó nada ni con el Diario ni con Fantasmas en escena, que es el libro de mi tesis, donde analizo las obras de teatro pero que tiene contrabandeado mi análisis de las políticas públicas del kirchnerismo. Se trata del teatro de la época y se trata de la época. Y no me pasó nada porque yo tampoco le debo favores políticos a nadie, a esta altura. Estoy colgando de un hilo del Conicet.

— Como todos.

— Sigo becaria. O sea, me seleccionaron el año pasado. Y no entré. No entré porque no hay ingresos. Se supone que entré pero no entré y yo entro al sistema y me figura que mi beca termina el 31 de diciembre. Y qué pasa después, si te la prorrogan o no, qué sé yo.

— Volvamos al origen de la novela. Me decías que querías escribir sobre tus abuelos, ¿y cómo fue que decidiste escribir una ficción, una novela, una comedia romántica que tiene cosas de policial?

— Sí, totalmente. Es que se me aparecieron ellos dos, Constanza y Matute. Se me aparecieron en verdad esos diálogos. A mí me quedó pendiente un artículo para un proyecto que no lo pude terminar sobre las dimensiones estéticas de la búsqueda forense en México.

— Eso está en la novela.

— Eso está. Me quedó pendiente porque fue como algo como... No supe qué hacer con eso. No me dieron ganas de seguir indagando ni leyendo ni un carajo nada de todo esto.

— ¿Vos estuviste en México?

— Estuve allá, pero después de haber estado con ese proyecto. Y sí, hay imágenes de la novela que son de mi viaje. Estuve primero justo antes de la pandemia, pero para un congreso y poquito. Las dos veces que estuve, estuve en Guadalajara.

— Sí.

— Y después seguí en contacto con gente así que un poquito seguí el tema de Jalisco, a pesar de que nunca pude escribir y ahora siento que pude. Entonces, eran la figura de la antropóloga forense, la búsqueda forense en México, el equipo de Antropología Forense, su rol transnacional. Eso era un poquito lo que yo tenía que investigar. Después vino la pandemia y me cambió bastante ese año. Era un año de un puesto para una Universidad afuera. Yo soy medio un desastre, como que siempre estoy debiendo cosas. Soy muy desorganizada, pero al mismo tiempo no me gusta incumplir, tengo eso de buena alumna. Entonces eso que no hice me quedó picando también. Situaciones que sé, que conozco y que incluso vi. Por ejemplo, en un momento supuestamente nos dieron los legajos de los desaparecidos en Medicina y en realidad no había nada. Era como una carpetita y no había nada. Toda una expectativa para nada. Pero ponele, de pronto estaba una mesita con unas chicas de la Secretaría de Derechos Humanos y del EAAF (N. de la R. el Equipo Argentino de Antropología Forense) ahí mismo tomando muestras porque se esperaba que vinieran muchos familiares que no se habían acercado nunca. Entonces todas esas imágenes fueron como cuajando en esto. Ahora, ¿por qué una comedia romántica, una historia de amor, de sexo? Qué sé yo por qué se me dio por eso.

— ¿Habías escrito algo parecido alguna vez?

— No, nunca. Cuando hice teatro, tampoco.

— ¿Ibas mostrando lo que hacías o terminaste la novela y recién empezaste a darla a leer?

— Al principio tuve muchos meses de no contarle a nadie lo que estaba haciendo porque ni yo entendía el viaje en el que me estaba metiendo. Igualmente nunca pensé que fuera teatro.

— Siempre supiste que era narrativa.

— Siempre supe que era narrativa. Y después lo que empecé a hacer fue los domingos a la noche publicar un capítulo, o dos, o tres, o cuatro. Los iba sumando en mi viejo blog. Y, después, los lunes a la mañana lo borraba.

— ¿Y alguien entró a leer?

— La gente entraba y me dejaban comentarios y todo. Entonces hice un poquito, como con el Diario, la experiencia de probar algunos textos, pero no los quería dejar ahí. Así que los borré. Iba probando esta estructura más de folletín y esta idea que me interesaba de que termine cada capítulo y la gente se quede esperando tipo: ¿qué es lo que va a pasar? Y bueno, y que nunca sea mucho lo que se espera, digamos. A mí me interesa mucho defraudar expectativas, me doy cuenta. Es una constante.

— ¿En la literatura?

— Sí. Como la expectativa que puede haber dentro del texto, qué es lo que sigue a continuación, qué es lo que va a pasar ahora. También en la Antivisita jugamos bastante con eso. Nunca está mi testimonio, no hay tal cosa. Que es lo que la gente, supongo, viene a escuchar. O la historia de mi mamá. Está todo fragmentado, un poquito acá, un poquito allá. Terminamos haciendo espiritismo, viste. Otra cosa. Y bueno, esa idea de no seguir el guion. Entonces también me interesaba de ellos dos que no siguen el guion de los hijos de desaparecidos. Ninguno de los personajes: Marcia y Diego (amigos de los protagonistas) tampoco. Me interesaba que no siguieran el guion del hijo de desaparecidos. Ya sea que sea artista o que se dedique a la política o que no sé qué.

— Al mismo tiempo hay una ironía permanente pero eso en tu escritura no es novedad. Lo que sí es novedad es la construcción de esos personajes. La construcción detalladísima, porque son muy visuales. Es una película, es una serie. Eso está, se ve.

— Yo la vi. Me pasó por delante de los ojos.

— ¿Imaginabas eso mientras ibas escribiendo?

— Sí, tengo muchos más diálogos hasta que en un momento dije: bueno, hay que empezar a no mostrarlo todo. En un momento empieza a haber huecos. Me interesaba sí que la novela siguiera un poco como el ritmo de una relación. Cuando te enamorás y te parece que en esos primeros encuentros cada palabra, cada cosa que se dice es importante y después te la acordás y qué sé yo… Después empieza a transcurrir distinto el tiempo. Hay como mojones. Pero tenía un montón más de cosas escritas.

— Hay muchos juegos con la literatura y con el narrador o los natradores, que es en sí misma una construcción muy interesante. Además Matute es muy lector y un lector exquisito que lee a Nabokov. ¿Qué quisiste hacer ahí?

— Divertirme con la literatura. La verdad que sí. Homenajear lecturas que me salvaron la vida.

— Sorprende porque Ada o el ardor es una novela de la que se habla muy poco.

— ¿No es cierto? Muy injusto. Bueno, para mí fue una inspiración. Y eso está en la novela, porque él la está leyendo, y está más explícito en el final.

El amor entre “hijis”

— En la relación amorosa entre hijis hay en principio un universo en común, pero eso mismo también puede terminar siendo como el agobio absoluto.

— Sí. A mí me interesaba explorar esa endogamia bien a fondo. Y me parece que también toda la cuestión de la paja. O sea, hay mucho sexo y hay mucha paja. Y bueno, me parece que también tiene que ver con que en un momento se hizo muy pajero el discurso de los derechos humanos. Es muy masturbatorio. Es una cosa que se agota en sí misma, como de autosatisfacción. Ante eso que me incomodaba me fui más a fondo. Ante algo endogámico, me planteé que fueran todos hijos de desaparecidos o familiares. Excepto Gabriel, que es el jefe de ella, que es un profesional. Pero todos los demás son familiares. El único milico que aparece también es familiar de desaparecido. Eso también existió, por supuesto.

— Una de las grandes luchas de tu vida tiene que ver con la pelea por el reconocimiento de las víctimas infantiles de la dictadura y es algo que también está en la novela.

— Eso no estaba de entrada. Entró. Se impuso. Entró ligado a la condición de Matute.

— ¿Pero la discapacidad de Matute estaba desde el vamos?

— Sí, pero no lo había pensado tipo: voy a escribir una novela que muestre lo que vivieron las infancias en la dictadura. De entrada era mucho más sobre la antropología forense que sobre eso.

— Porque esa pelea es algo en lo que vos estás todo el tiempo.

— En lo que falta.

— En lo que falta, exacto.

— Ya no soy yo sola. Hay tribunales en distintas partes del país donde esto avanza. Angie Urondo está muy a la cabeza de esto también con la primera megacausa del país por crímenes contra las infancias en Mendoza. Solo contra las infancias.

— Tampoco se le dio especial atención al tema de las violaciones de las mujeres al comienzo.

— Hasta tanto tiempo después, sí. Entonces es como que esperemos que lleguemos y llegue el proceso de justicia para cuando se aviven.

— Vos no sos Constanza, pero sí sos activista. ¿Te pasó de hablar con muchos hijos de desaparecidos que no querían saber de nada sobre el tema?

— Sí, sí. Sobre todo cuando trabajé en el proyecto del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas. La idea era dejar relatos para que se pudieran preservar para el futuro sin importar lo que pasara con las personas, como para que los nietos y nietas pudieran acceder a su historia. Y en este marco sí me pasó de encontrarme con gente decía que la institución nunca se había acercado a ellos. Hubo una cosa que a mí me dolía cuando yo era chica dentro de Abuelas y es que había una diferencia muy grande entre los restituidos y los que no lo eran. Y no hubo políticas institucionales para los que no lo eran. Si yo, que estaba ahí, me sentía un poco dejada de lado, había gente a la que directamente nunca se convocó. Gente cuyos nombres estaban porque se les había sacado sangre alguna vez, pero no hubo una cosa activa de invitarlos, de preocuparse por esos chicos, chicas. Eso es raro. Realmente fue como la centralidad exclusiva en los restituidos... En otras organizaciones, por ejemplo, en Familiares, hubo otra cosa con los niños. En la Asamblea también hubo otras cosas con los niños. En algunas iglesias hubo cosas. Madres La Plata tuvo otra actuación con los niños, otras políticas de cuidado. En Abuelas, no. El foco estaba en los que estaban desaparecidos. Estaban obsesionados con eso, y bueno. ¿Qué íbamos a decir? No se puede decir nada. A mí me dolía un poco. Entonces, cuando empezamos con el proyecto del archivo biográfico, yo contacto a algunos de estos nietos criados con los abuelos que estaban buscando hermanos o hermanas y que nunca se habían acercado a la institución ni a HIJOS, ni a ningún lado. Y fue un shock. Fue un shock ver cómo lo procesaban distinto de una.

— Qué difícil.

— Sí. Y mucha de esa gente nunca quiso hablar después. Chicos con unas vidas muy rotas también. Chicos con temas de adicciones, con temas psiquiátricos, chicos en unas situaciones que yo no estaba viendo ya en ese momento a mis 19, 20 años, más contenida por Abuelas. Yo no estaba viendo esa situación. Así que, bueno, sí. Fue como abrir la mirada y darme cuenta de que fuera del mundo de los organismos había gente que la estaba pasando muy mal. Yo quise hablar de esto.

— Hay ciertas cosas que resultan incómodas, como Constanza manejando un Audi.

— Claro, sí, sí. Marcia se lo vende. La amiga la cuida pero también le alquila la casa y le vende el auto. Se aprovecha un poco. Me interesaba también mostrar, ya de manera lateral, la historia de una amistad de mujeres de muchos años con sus altibajos, también. Y, de pronto, en un momento choto esa amistad.

— Amistad/hermandad. No todas las amigas comparten eso.

— No, no. Ellas lo fueron y en este momento no lo son.

— Pero es muy difícil cortar esas relaciones porque el otro o la otra son tu mitad.

— De hecho ellos no cortan esas relaciones. Me interesaba que fueran irredentos en ese sentido, también. Como hasta el final con sus cosas.

— En algún sentido, Constanza con Matute por un lado y Marcia y su ex, Diego, por otro, tienen algo de Cuando Harry conoció a Sally.

— Obviamente cualquier excusa es buena para hacer rewatch de Cuando Harry conoció a Sally (risas). La miro y digo: esto es por trabajo. La volví a ver, obviamente.

— Volvamos a algo que hablábamos antes, que tiene que ver con escribir escenas de sexo. Porque acá hay una historia de amor muy profunda y hay mucho sufrimiento. Porque por algo el flaco no la soporta pero le deja la puerta abierta todo el tiempo. Y en el caso de ella, ni hablar.

— Porque el sexo expresa.

— Entonces están las escenas y están las palabras “chanchas”.

— Sí, sí.

— ¿Cómo fue esa decisión y cómo fue el proceso de escritura de esas escenas?

— Me interesaba, por un lado, ese léxico que se construye en una intimidad entre dos. Ahí donde se pueden encontrar pero también escenas de desencuentro, de desencuentro fatal. Con conceptos que maneja Costanza que él no tiene ni idea de qué le está hablando. Eso me parecía divertido de pensar en la relación de a dos.

— Porque ella es una mujer de mundo que se encuentra con un tipo que no sale de su habitación.

— Exactamente. Ese era el contraste extremo que quería mostrar. Una que no tiene casa versus uno que está totalmente anclado en su lugar. Porque en los diálogos que se me perdieron en algún momento él estaba diciendo con todas las letras “yo no tengo por qué irme de acá, no me voy a ir de acá, a mí me gusta estar acá”. Pero eso era obvio, no hacía falta que lo dijera. Eso voló.

— Sabés que Nabokov vivía en hoteles ¿no?

— Es verdad, es verdad, tenés razón.

— Por elección. Con Vera, su mujer.

— Claro, es verdad. No me acordaba. Es cierto. Como en el final de Ada o el ardor.

— Yo ya no me acuerdo bien de eso. Quise volver a leerla y no encontré mi ejemplar. Va pasando el tiempo y te quedan ganas de volver a leer y, al mismo tiempo, es tan abrumador el nivel de producción que hay. Pero muchas veces me dan ganas de releer aquello que me gustó mucho.

— Yo me di el gusto de releer un montón de cosas. Me parece que es muy placentero. Yo creo que es algo que hice mucho en mi vida, primero porque tenía pocos libros, pero me gusta la idea de volver sobre un libro que te gustó.

— ¿Cómo es eso de que tenías pocos libros?

— No había biblioteca en mi casa. En eso soy Matute.

— ¿En la casa de Argentina no había libros?

— Claro. No había ningún libro. O sea, el único libro que estaba es el libro del que hablo en Materia de memoria (N.de la R. Un libro con trece relatos inéditos de escritores que vivieron la dictadura ya en el exilio o como hijos de desaparecidos). Es un libro que, en realidad, era un embute. Era un libro que escondía una carta de mi papá y estaba metido arriba de un ropero. No había ningún libro. Mis abuelos no leían, no tenían biblioteca. ¿Te digo algo más de lo del sexo?

— Sí, claro.

— Me parece que para mí fue muy importante tratar de construir esas escenas para entender, porque yo no lo tenía claro al principio, quién era el narrador. Sobre todo en la cuestión de con qué palabras se puede contar, narrar. Que va a ser “pija”, va a ser “chuparla”, no va a ser ni pene, ni sexo oral. Ahí yo entendí que formaba parte justamente de ese léxico amoroso sexual de ellos y terminé de entender que eran ellos. Y que tenían que ser esas palabras y no otras, porque eran ellos quienes contaban la historia. Y me parece un acto de justicia poética que esos cuerpos tan maltratados gocen tanto a lo largo de toda la novela. Me parece hermoso.

Las formas de la memoria

— En la novela hay cuestiones de estos personajes que tienen que ver con recuerdos encubridores o escenas o personas que en principio no parecen relacionarse con su historia pero de pronto hay una familiaridad y tiene que ver con escenas del pasado. ¿Te pasaron esas cosas a vos? ¿O hablaste con hijos de desaparecidos a quienes les haya pasado eso de tener recuerdos que no sabían que tenían?

— A mí me pasó, por ejemplo, de pronto conectarme a una audiencia virtual antes de que empezara el último juicio de la Fuerza Aérea. Era una audiencia previa como para fijar fecha. Y, claro, yo a veces soy negadora, ¿no? Entonces me conecto y no me conecto pensando: van a estar los milicos ahí. De pronto, ventanita, ventanita, abogado, qué sé yo, bla, bla, bla. Veo una persona, una cara que yo... Vázquez Sarmiento(*). Que es el tipo que estuvo en mi secuestro. Nuestro secuestro. Pero, por ejemplo, cuando lo habían agarrado un par de años antes, que venía de estar diecinueve años prófugo, la foto era con la cara blureada. Y después yo tenía vistas fotos en blanco y negro del expediente, donde era gordo, donde estaba con gorra. Nada que ver. Sin embargo, yo lo veo y me doy cuenta de que es Vázquez Sarmiento porque me empieza a recorrer una cosa por las piernas y por los brazos y una inquietud, una cosa así.

— Una electricidad (N. de la R.: en cuanto pronuncio esa palabra, nos miramos y sonreímos con una complicidad incómoda)

— Y, sí. Sí, como un hormigueo. O sea, lo reconoce mi cuerpo antes que mi cabeza. Y, después, otra historia, ya en el terreno especulativo. Durante muchos años a mí me emocionaba muchísimo en particular una de las fotos que sacó Víctor Basterra en la ESMA, que es la de Graciela Alberti, una chica que está musculosa porque la secuestran en la costa. Y que para mí tenía una cara como muy contemporánea. Esa era la situación, alguien que podría ser una amiga mía o podría ser alguien a quien yo haya conocido. Me obsesionó hasta el punto que una vuelta hice una exposición en Alemania y la puse así, gigante, esa foto (hace los gestos con las manos marcando las dimensiones de la foto en la muestra). Muchos años después, leo que esa chica había militado en Oeste. Mis viejos eran del Oeste. Y yo me pregunto: ¿y si la conocí? Capaz que no, yo era muy chiquita, entendés.

— Vos decís que pudiste haberla conocido por tus viejos, cuando eras bien chiquitita.

— Si yo la conocí, sí. Seguro que no, pero es la pregunta. Cuántas cosas tenemos escondidas los que éramos muy chiquitos en esa situación, medio bajo llave, pero que están ahí. Eso fue un disparador muy grande. Cuánto de lo que no sabemos está ahí actuando y de qué manera. Ellos piensan que simplemente se enamoran y, tal vez, en realidad se reconocen.

— Hay varios temás que son tabú en la novela. Una de las cosas que aparece como algo muy fuerte también tiene que ver justamente con los huesos, con los restos humanos, con tocarlos, con amarlos, con obsesionarse, con llevárselos, incluso. Están los fantasmas y está lo concreto de los restos. Pienso en la calavera de Miguel Hernández, todo eso.

— La noble calavera.

— Exactamente, la noble calavera. Sin espoilear, ¿cuándo apareció ese tema durante el proceso de la narración?

— Para mí eso viene de una añoranza muy profunda por algo que ya tengo la sensación de que no me va a pasar, no los voy a encontrar. Entonces, de alguna forma esto viene a ocupar este lugar. Sí, mucha fantasía con los huesos y, también, de poder encontrarlos la fantasía de cómo será.

— Para cualquier forense los restos hablan.

— Claro. Sí, porque no es solamente encontrarlos sino que encontrarlos es…

— Saber.

— Es resolver el enigma. Es saber. Cuándo, dónde, cómo, por lo menos, ¿no? Se establecen un montón de cosas. Un quién, también, por lo general, quién lo hizo, por lo menos poder atribuirlo. Entonces me gustaba esta idea de que ella haya quedado obsesionada con el primer cuerpo que armó y no lo pudo identificar, que se haya quedado como prendada de esto. También la idea que tiene que ver puntualmente con lugares en Colombia donde se adoptan como santitos a los restos NN. Esa práctica es en los cementerios y se piensa que si los cuidás a estos muertos que nadie los venera te van a conceder favores. Esta idea de ella de adoptar a este muerto, Santa Mónica 22, viene de ahí. No sé, me entraron cosas como restos justamente, restos de todas las cosas que investigo y que leo y que no terminaron todas encontrando un lugar en un paper ponele pero si encontraron un lugar en la novela.

— Mariana, vos tenés editor privado en tu casa. Tu marido es José Esses, escritor y editor.

— Sí, así es.

— ¿Fue de los primeros que leyó la novela?

— No, no fue de los primeros. Me costó mucho mostrárselo, me dio mucha vergüenza. Yo fui muy entusiasta siempre con este material y él siempre me alentó un montón.

— ¿Cuánto tiempo estuviste escribiéndola?

— Tres años y medio, justo antes de que ganara Milei.

— ¿Y escribiste entonces más acá que en Alemania?

— Sí, porque yo me fui hace diez meses. Esta novela fue mi lugar feliz a donde irme durante el gobierno de Milei.

— Claro, entiendo. Y mientras ibas trabajando todo esto, ¿de entrada sabías cómo iba a terminar?

— Para nada.

— Te llevó.

— Me llevó, me llevó. Eso estuvo buenísimo. Realmente los dejé hablar. No tenía un plan.

— ¿Por qué elegiste Villa del Parque como escenario?

— No sé, porque me pareció como un barrio real que queda en Buenos Aires todavía. Eso me interesaba mostrar, un barrio no gentrificado, casas bajas, lo que había sido Buenos Aires, algo más ligado al pasado. A mí me gusta mucho lo que hizo Julián López con Buenos Aires en Una muchacha muy bella. Y tengo escrito un artículo sobre eso, justamente, sobre el tratamiento que él hace puntualmente de Buenos Aires, de la Buenos Aires muy bella también cuando vive la madre y después ya no, las imágenes ya más tristes de los cartoneros que están al final, ¿no? Quería mostrar esa Buenos Aires que me gustaba y que va a camino de la extinción.

— Te quería preguntar por otro tema que aparece en tu novela y tiene que ver con las hijas de desaparecidos que no quieren tener hijos. Vos sos una hiji que tiene hijos.

— Sí. Los tuve muy tarde igual.

— ¿Habías pensado que no ibas a ser madre?

— Había pensado que no iba a tener hijos. Hasta que me encontré con un señor que tenía mucho deseo de ser padre. Y bueno, estuvimos muchos años igual juntos sin tener hijos. Y después en un momento... Esto está bueno, lo otro también puede estar bueno.

— ¿Pensaste que no ibas a tener o pensabas que no era para vos?

— Pensaba que no era material. Que no tenía las herramientas. Lo sigo pensando y veo que igual no hace falta, no sé cómo pasa.

— Bueno, en tu familia los chicos tienen padre y madre, ¿no?

— Eso es muy importante. Y, también, bueno, un papá súper presente. Yo no los hubiera tenido con un papá no presente. Entonces, la propuesta ya era así. Yo siento que él se desenvuelve mejor simplemente por haber crecido en una familia tipo. Que nadie tiene que explicarle cosas de cómo es estar con una familia. Que para mí todo es raro. Ponéle, mis abuelas no jugaban conmigo. Entonces la idea y la presión que hay para que hoy las mamás, además de todo, invirtamos tiempo de calidad jugando con nuestros hijos. Hay cosas que desarrollan conexiones neuronales. Es algo que me resulta como muy extraño porque yo me acuerdo de una vez que mi abuela jugó conmigo, sacamos todos los zapatos y los pusimos en el piso y jugamos a crear una zapatería y yo vendía y ella compraba. Y la felicidad que yo sentí de que quiso jugar conmigo.

— ¿Qué edad tenías, te acordás?

— No era tan grande, mi abuela. Ah, ¿cuántos tenía yo? Yo debía tener ahí tipo 7, 8 años, muy chiquita.

— Pero te quedó ese recuerdo.

— Me quedó porque era algo maravilloso. Porque ella estaba todo el tiempo haciendo las cosas de la casa. Y, después, pensé que ella estaba muy triste. No tenía ganas de jugar conmigo porque estaba triste.

— Y, sí.

— Entonces, como que por todas esas cosas yo sigo sintiendo que la caja de herramientas la tengo bastante vacía, pero también miro a mis pibes y los veo bien.

— ¿Y qué les pasa a ellos en relación con tu historia? Porque ya tienen una edad en la que de algún modo van sabiendo cosas.

— El mayor siempre me preguntó. Siempre quiso saber. Y siempre lo afectó y lo puso muy triste la idea de que nunca va a conocer a sus abuelos. Directamente lo hace llorar. La idea de que no va a conocer a sus abuelos lo hace llorar. Así, de una: lo piensa y llora. Y la chiquita, que es más reservada, con sus cosas también, tardó mucho más en preguntarme. Y ahora de pronto está preguntando. Y ella sí por ahí pregunta por mí. Ella es como que se identifica conmigo.

— Y es lógico.

— Y me preguntan también por mi abuela que me crio. Porque a la otra la conocieron.

— ¿En qué año murió tu abuela Argentina?

— En el 2005, pero cuando murió mi abuelo yo tenía 12. Y eso sí fue como un golpe muy grande.

— Claro, uno ve a las Abuelas y a las Madres que llegan a mayores pero no ve a todas las que quedaron por el camino.

— Exacto, sobre todo los abuelos que murieron.

— Sí, eso siempre lo noté. Los hombres murieron antes.

— Murieron antes, como frustrados. Mucho tema cardíaco. Sí, sí. Pero en el laburo del archivo biográfico, en ese momento de hablar con todas las familias, era realmente un patrón.

— ¿Te abruma mucho el temita?

— Sí.

— Porque es tu vida pero además trabajás con esto.

— Claro, sí.

— Cuando te pones a mirar una película como la de Rob Reiner, como decías recién, ¿es para distraerte un poco?

— Sí, obviamente. Mirá cómo va mi cabeza. Esos momentos cuando llego a casa, cuando me encierro me pongo a ver Doctor House, ponéle.

— Bueno, pero igual también ahí ves cuerpos que hablan.

— Cuerpos que hablan. Y el policial. El policial es muy adictivo, es divertido. También es la estructura del policial. Con el enigma, las pistas, las falsas pistas.

— Te hago la última pregunta. ¿Qué estás recibiendo de la gente que la lee la novela? Y me refiero no solo a los que están en el tema y especialmente a otras generaciones.

— Empiezo a tener referencias de lectoras más jóvenes que no habían leído nada de la dictadura, no les interesaba y se enganchan con esta novela. Y me encanta porque, de verdad, es lo que quería. Es exactamente lo que quería. Que llegue a otros públicos, que incluso alguien llegue por error. Me parece importantísimo dejar de hablar entre nosotros.

(*) Mariana se refiere al ex oficial de la Fuerza Aérea y miembro de la Regional Buenos Aires de Inteligencia (RIBA) Juan Carlos Vázquez Sarmiento.

Luego de un operativo conjunto, autoridades detuvieron al octavo implicado en el homicidio de Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, la pareja de ciudadanos estadounidenses desaparecida el 20 de mayo de 2026 en la alcaldía Tlalpan y cuyos cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina en el municipio de Ocoyoacac, Estado de México.

Este último detenido, identificado como Iván “N”, fue arrestado en la colonia Villa Milpa Alta por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), en trabajos también coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Según datos oficiales, al momento de su detención, Iván “N” manipulaba envoltorios con aparente narcótico en la vía pública. Los agentes le aseguraron 40 dosis de marihuana, 20 dosis de cocaína, dinero en efectivo, una mochila tipo repartidor, un teléfono celular y una motoneta.

Fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica.

Zafar y Guillermo desaparecieron tras acudir a una cita en Tlalpan

Zafar Padamsee Mawani, de 56 años, y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz, de 57, eran pareja y tenían doble nacionalidad mexicana y estadounidense. Residían en Huixquilucan, Estado de México.

Según reportes periodísticos, el 20 de mayo salieron de su domicilio para reunirse con lo que creyeron era un proveedor de elevadores en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan; datos extraoficiales señalan que querían instalar uno en su casa para facilitar la movilidad de la mamá de Guillermo, quien padecería de una enfermedad.

Antes de perder contacto, la pareja envió su ubicación en tiempo real a una amiga. Minutos después, sus celulares dejaron de recibir señal y fueron apagados.

Al día siguiente, la cuenta bancaria de uno de ellos registró movimientos sospechosos: alguien había dado de alta a varias personas para realizarles transferencias. Los allegados solicitaron la intervención de la Embajada de Estados Unidos para agilizar las indagatorias.

Cuatro cuerpos fueron hallados en dos fosas en La Marquesa

El 17 de junio, durante los trabajos de búsqueda en el Valle del Silencio, en el paraje El Venado dentro del área de cabañas de La Marquesa, autoridades localizaron cuatro cuerpos en dos fosas clandestinas, todos con signos de violencia. En una de las excavaciones estaba la pareja; en la segunda, dos hombres más. También fue hallada una extremidad humana en el área.

El operativo fue realizado por la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, la SSPC, la FGJCDMX, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y la Secretaría de Seguridad del Edomex, con apoyo de binomios caninos.

La familia de Guillermo confirmó públicamente el hallazgo sin vida de ambos. La Fiscalía del Estado de México trabajó en la identificación de ADN para establecer con plena certeza la identidad de los cuatro cuerpos.

Ocho detenidos en CDMX y Edomex en el marco de la investigación

En junio fueron detenidas las primeras siete personas presuntamente vinculadas al caso en operativos de la Ciudad de México y el Estado de México. En la CDMX cayeron Adán “N”, Selena “N”, Jesús “N” y Daniel “N”, quienes al momento de su arresto portaban armas, cartuchos útiles, bolsas con estupefacientes y una maleta negra.

Posteriormente, en Nezahualcóyotl, fue detenida Yesenia “N”, Gabriel “N” y Roberick “N”, quienes habrían confesado el lugar donde enterraron los cuerpos, lo que permitió a las autoridades dar con las fosas.

El titular de la SSC, Pablo Vázquez Camacho, informó que con la detención de Iván “N” suman ocho las personas detenidas posiblemente vinculadas con el caso, y que las indagatorias conjuntas continúan para identificar a todos los involucrados.

La desaparición de Rafael De Lorente, conocido artísticamente como Dovima Nurmi, ha generado una movilización en la comunidad LGTBIQ+ y en el entorno del espectáculo español. El pasado 29 de julio, los Mossos d’Esquadra confirmaron que no se tienen noticias del paradero de este artista desde su última aparición en la ciudad de Sabadell. Dovima, de treinta años, fue vista por última vez vistiendo una gorra, camiseta y pantalones vaqueros de color negro y con deportivas negras. La policía autonómica catalana ha solicitado la colaboración ciudadana y ha habilitado sus canales oficiales para recibir cualquier información relevante que ayude a localizarlo.

La noticia ha trascendido rápidamente el ámbito policial y se ha instalado con fuerza en redes sociales. Figuras destacadas del espectáculo y compañeros de Drag Race España han intensificado la difusión del caso. El periodista Javi Hoyos ha publicado un vídeo en el que solicita la implicación de la ciudadanía, buscando amplificar el alcance de la alerta y sensibilizar sobre la urgencia de encontrar a Rafael. En su intervención, Hoyos muestra imágenes de Dovima, detalla la última vestimenta conocida y explica cómo contactar con los Mossos d’Esquadra si alguien dispone de datos útiles.

La solidaridad no se ha hecho esperar entre las exconcursantes de Drag Race España. Sagittaria y Arantxa Castilla La Mancha, quienes compartieron pantalla con Dovima en la primera temporada del programa, han alzado la voz en sus perfiles sociales para pedir ayuda en la búsqueda. Ambas han compartido fotografías, mensajes de apoyo y recordatorios constantes de los canales habilitados para aportar información.

Detalles de la desaparición y operativo de búsqueda

La alerta sobre la desaparición de Rafael De Lorente fue difundida oficialmente por los Mossos d’Esquadra el mismo día 29 de julio tras no lograr establecer contacto con él. En el comunicado se especifica la descripción física y la indumentaria que llevaba en el momento de su desaparición. La policía ha instado a la colaboración ciudadana, subrayando la necesidad de actuar con rapidez en este tipo de situaciones donde cada hora puede ser determinante.

Además, se han difundido vídeos de Dovima actuando y fotografías recientes para facilitar su identificación. La reacción de la comunidad drag y de la audiencia de Drag Race España ha sido inmediata. Las publicaciones en redes sociales incluyen instrucciones precisas sobre cómo contactar con las autoridades, hashtags específicos para dar visibilidad al caso y recordatorios frecuentes de la urgencia que supone la desaparición de una persona adulta en circunstancias poco claras.

Respaldo de la comunidad y figuras públicas

El apoyo a la familia y el entorno de Rafael De Lorente ha sido una constante desde que se conoció la noticia. Sagittaria, compañera de Dovima en la primera edición de Drag Race España, ha publicado varias historias y mensajes en plataformas como Instagram y Twitter, donde solicita la colaboración de sus seguidores y comparte la información oficial de los Mossos d’Esquadra. Arantxa Castilla La Mancha se ha sumado a la petición, recordando la complicidad y la amistad que las unió durante el programa y apelando a la empatía y el sentido de comunidad.

Los mensajes de apoyo y preocupación se han multiplicado en cuestión de minutos en los comentarios del vídeo de Javi Hoyos. El caso de la desaparición de Dovima Nurmi pone en evidencia la capacidad de reacción del entorno digital y la importancia de la solidaridad entre artistas y seguidores cuando se produce una situación de riesgo.

El esposo de Elizabeth “Liz” Waddell descartó el miércoles que haya habido violencia en la desaparición de su esposa, una madre de 44 años de Carolina del Norte que no ha sido vista desde el 22 de julio de 2026, cuando se internó a nadar en aguas del Caribe frente a la isla de Granada.

Cailen Waddell publicó un comunicado en el sitio web familiar FindLiz.com en el que afirmó: “Tras una consulta cuidadosa y reflexiva con la familia, las autoridades locales, la Embajada de Estados Unidos y otros aquí en Granada, me uno a las autoridades en creer que no hubo juego sucio”.

La Fuerza Policial Real de Granada mantiene el caso abierto como una investigación de persona desaparecida, es decir, no lo trata como un crimen.

Quién es Liz Waddell y cómo llegó a Granada

Elizabeth “Liz” Waddell, residente de Cary, es descrita por su esposo como “una persona de espíritu libre y amorosa” que “podía hacer amigos con cualquier persona y así lo hacía”. Llegó a Granada el 11 de julio junto a su amiga íntima Heather para unas vacaciones de tres semanas.

Los primeros 10 días los pasaron en un resort en la costa oeste de la isla. El martes 21 de julio se trasladaron a un Airbnb en el sur, en la zona de Grand Anse Beach, una playa de 3 kilómetros en la parroquia de St. George’s, considerada una de las más populares del Caribe.

La cronología del 22 de julio

Las cámaras de seguridad del Airbnb registraron con precisión los movimientos de Liz esa mañana, según informó la revista People. La secuencia es la siguiente:

• 11:36 h: Las cámaras la capturan caminando hacia el muelle (jetty) cercano al alojamiento, con una camiseta suelta de color naranja quemado y pantalones cortos a rayas azules y blancas.
• 11:47–11:51 h: Entra al agua desde el muelle.
• 12:04 h: Última imagen registrada en cámara: se la ve flotando y nadando. No hay imágenes de ella saliendo del agua.
• 12:46 h: Heather aparece en cámara dirigiéndose al muelle. Regresa sola. Solo encuentra la toalla de Liz.
• 17:50 h: Heather reporta la desaparición a la policía.

Qué vieron los testigos

Varios testigos, entre ellos un grupo de personas en motos acuáticas (jet skis), declararon haber visto a Liz nadando en aguas abiertas. Cuando se acercaron para verificar su estado, ella les hizo una señal de “pulgares arriba” y les dijo que estaba bien y que era una buena nadadora, según el comisionado en funciones Randy Connaught, citado por NBC News.

Según Cailen Waddell en declaraciones a CBS News, los testigos la vieron alrededor de las 17:30 h, lejos de la orilla, y ella “comunicó su confianza en su nado y en su ubicación, así como la belleza de la isla”.

La última imagen en cámara la muestra flotando a unos 6 metros (20 pies) de la orilla, en aguas de aproximadamente 1,5 metros (5 pies) de profundidad. Amanda Romano-Harmon, amiga de Liz y vocera de la familia, explicó a la cadena WRAL que Heather “comenzó a entrar en pánico porque sabía que Liz no tenía su teléfono ni nada consigo”.

Cailen confirmó en FindLiz.com que su esposa salió sin billetera, zapatos, tarjetas ni dinero en efectivo.

Los recursos desplegados en la búsqueda

Las autoridades de Granada movilizaron drones, equipos de buceo, unidades caninas y analizaron los patrones de mareas de la zona. También solicitaron asistencia del FBI para apoyar la investigación, aunque no hay agentes desplegados en tierra en la isla.

La policía hizo un llamado a pescadores, operadores de embarcaciones y residentes de la costa sur para que reporten cualquier avistamiento de una mujer de complexión media, cabello rubio corto y 1,65 metros de estatura. Una campaña de GoFundMe —plataforma de recaudación de fondos en línea— reunió cerca de USD 14.500 para financiar los esfuerzos de búsqueda y los gastos de viaje de Cailen.

La voz del esposo y el estado del caso

Cailen viajó a Granada el viernes 24 de julio para sumarse a la búsqueda. El martes 28 nadó él mismo en la zona y describió el agua como “poco profunda cerca de la orilla, donde Liz podía tocar el fondo si quería, y el agua es como un lago, no como el agua oceánica que experimentamos en Carolina del Norte”, según su publicación en FindLiz.com.

En su comunicado del 29 de julio, señaló que el foco de la investigación estará en rastrear los movimientos de su esposa después de las 12:04 h, el momento de la última imagen. “Estoy destrozado porque está desaparecida”, escribió.

Connaught reiteró ante la prensa: “Es nuestra esperanza que Elizabeth sea encontrada y encontrada viva y en buen estado”, según NBC News. El Departamento de Estado de Estados Unidos confirmó estar al tanto del caso y asistir a la familia, pero declinó dar más detalles por razones de privacidad.

El gobernador de Jalisco Pablo Lemus informó que las investigaciones por la desaparición de cinco adolescentes en la Zona Metropolitana de Guadalajara apuntaron a un posible caso de reclutamiento forzado, mientras las autoridades estatales mantuvieron reuniones con colectivos de búsqueda y con familiares para dar seguimiento a las indagatorias y a los operativos en estados vecinos.

En ese mismo balance, el mandatario estatal señaló que el rastreo de los teléfonos celulares ubicó indicios de que los jóvenes podrían encontrarse en Zacatecas y Michoacán, y agregó que las labores de búsqueda seguían en coordinación con autoridades de ambas entidades. También dijo que las pesquisas de la Fiscalía de Jalisco sostenían la hipótesis de que los menores habrían salido de sus hogares por decisión propia.

La reunión mensual incluyó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría de Salud Jalisco. El objetivo fue revisar casos de personas desaparecidas y avances en distintas líneas de investigación abiertas en el estado.

Uno de los asuntos que se revisó fue el del presunto crematorio localizado en Ayotitlán. Lemus informó que los dictámenes periciales concluyeron que el inmueble correspondía a una fábrica dedicada al procesamiento de alimentos y que los restos óseos hallados en el sitio pertenecían a animales, por lo que se descartó que fueran restos humanos.

Los cinco adolescentes desaparecieron entre el 15 y 17 de julio

Después de ese encuentro institucional, el gobernador encabezó una reunión privada con familiares de los cinco adolescentes desaparecidos: Dominic Gabriel Méndez Jiménez, Facundo Sánchez Sánchez, Jeremy Alejandro Villegas, Giovanni Natanael Flores y Carlos Humberto Corona. Al término del encuentro, indicó que el acompañamiento con las familias se mantendría y que cualquier novedad en los casos sería comunicada.

Los jóvenes tenían entre 14 y 17 años y desaparecieron en distintos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara entre el 15 y 17 de julio. Sus familiares realizaron una manifestación en la Vicefiscalía Especializada en Desaparecidos para exigir su localización y reclamar respuestas de las autoridades ante la posibilidad de que hubieran sido captados por grupos del crimen organizado.

La protesta partió del Mercado San Juan de Dios, sobre Calzada Independencia, y llegó hasta las instalaciones de la fiscalía especializada, ubicadas en el cruce con la calle Hospital. Durante la movilización, los familiares gritaron consignas como: “Fiscalía, ponte a trabajar” y “Lemus, tus hijos están en casa, ¿y los de nosotros?”.

Los casos ocurrieron en cuatro municipios de la zona metropolitana. Jeremi Alejandro Villegas, de 14 años, fue visto por última vez el 15 de julio en la colonia Hacienda Real, en Tonalá; Carlos Humberto Corona, también de 14, desapareció el 17 de julio en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan; Dominic Gabriel Méndez, de 15, desapareció el 15 de julio en Zapote del Valle, en Tlajomulco.

Facundo Sánchez, de 17 años, fue visto por última vez el 17 de julio en San Miguel Tateposco, en Zapopan. Giovanni Natanael Flores, también de 17 años, desapareció en el fraccionamiento Las Lilas 2, en El Salto.

Las familias describieron amenazas, mensajes de despedida y contactos en redes sociales

Marisela Anaya, madre de Jeremi, relató que su hijo salió de su casa a las 16:45 horas del miércoles y ya no volvió. Al día siguiente recibió mensajes de texto en los que el menor supuestamente se despedía y le avisaba “que ya no había nada qué hacer y lo iban a trasladar a otro Estado”.

La madre cuestionó la actuación de la fiscalía y dijo: “Yo he acudido a Fiscalía, pero Fiscalía nada más nos da calmantes, que están procediendo, que esto, que el otro, pero jamás nos dan una respuesta”. También rechazó la versión de una ausencia voluntaria y afirmó: “Él era un menor de edad y no me importa si dicen que él se quiso ir, no me interesa. Yo ocupo a mi hijo; él es un menor de edad que lo pueden manipular”.

Anaya agregó que Jeremi también se despidió de su novia y de sus hermanos, a quienes les dijo que los quería mucho y que regresaría. Según su testimonio, el adolescente recibía amenazas constantes por llamadas telefónicas y por personas que se le acercaban en la Nueva Central Camionera, en Tlaquepaque, donde trabajaba como repartidor.

La madre aseguró que esas personas lo invitaban a ir a ciertos lugares y le decían “que tenían gente”. Sobre esa posibilidad, sostuvo: “Siento que pudo haber sido por la fuerza”. También recordó que su hijo trabajaba y pagaba una moto, y que estaba haciendo planes personales cuando ocurrió la desaparición.

Mariana Jiménez, madre de Dominic, contó que encontró mensajes en la cuenta de Facebook de su hijo en los que le ofrecían “ser parte del reclutamiento”. Explicó que la familia entró en alerta después de ver esas conversaciones y que identificaron a una persona con fotografías en el perfil que, consideraron, podría haber tenido relación con la desaparición.

La mujer afirmó que ese contacto era menor de edad y amigo de Dominic, y que creía que ambos habían sido compañeros de secundaria. También dijo que la desaparición de su hijo tuvo similitudes con la de Jeremi porque ambos adolescentes fueron vistos por última vez el mismo día y con una hora de diferencia, aunque aclaró que no se conocían entre sí.

Jiménez señaló que Dominic desapareció alrededor de las 15:30 horas. Sobre la falta de resultados, declaró: “No nos han dicho nada, absolutamente nada. Hemos estado revisando las redes sociales y buscando en amigos que él tenía o con quien pudiera haber hablado y no, lamentablemente no”.

Otra madre señaló a un excompañero de secundaria como presunto reclutador

Martha Leticia Bonilla, madre de David Emiliano, aseguró que un excompañero de secundaria de su hijo lo habría reclutado para un grupo delictivo. Indicó que ambos estudiaban en la Escuela Secundaria Mixta 15 José Vasconcelos, en Jalisco.

La mujer afirmó que esa misma persona ahora intentaba responsabilizar a David de presuntamente reclutar a otros jóvenes, versión que rechazó. También dijo que tenía una fotografía del presunto responsable y advirtió que haría pública su identidad si su hijo no regresaba con vida.

Bonilla expresó preocupación por la seguridad de su familia porque, según dijo, el señalado conocía el domicilio donde viven. Añadió que dejaría información sobre esa persona con alguien de confianza en caso de que le ocurriera algo.

Sobre lo que observó antes de la desaparición, relató que su hijo tomó su teléfono celular y que, al revisar después la última ubicación del aparato, ésta habría coincidido con el domicilio del joven al que identificó como el presunto reclutador. También aseguró que el señalado tenía 14 años y que otras personas de la misma escuela estarían relacionadas con casos de reclutamiento, aunque no ofreció más detalles.

La madre negó que David participara en actividades de captación para grupos delictivos y respondió a esas versiones con una acusación directa: “Mi hijo no es ningún reclutador y ningún malviviente. Tú lo eres”. Hasta ahora, esos señalamientos correspondieron al testimonio de la madre y no habían sido confirmados por las autoridades.

• El gobernador Pablo Lemus informó que la principal línea de investigación por la desaparición de cinco adolescentes en Jalisco apuntó a un posible reclutamiento forzado y que su localización se buscaba también en Zacatecas y Michoacán.
• Los jóvenes, de entre 14 y 17 años, desaparecieron entre el 15 y 17 de julio en Tonalá, Zapopan, Tlajomulco y El Salto, y sus familias se manifestaron para exigir respuestas.
• Madres de dos de los menores denunciaron amenazas, mensajes de despedida y ofrecimientos de reclutamiento por teléfono y redes sociales; otra madre señaló a un excompañero de secundaria como presunto captador.

Las investigaciones sobre la desaparición de varios adolescentes en Jalisco dieron un nuevo giro luego de que el gobernador del estado, Pablo Lemus Navarro, informara que al menos cuatro de los casos podrían estar relacionados con un posible reclutamiento forzado por parte de grupos de la delincuencia organizada.

La hipótesis surge a partir de los primeros avances de las indagatorias y del análisis de la geolocalización de los teléfonos celulares de los menores.

El mandatario explicó que los registros de localización muestran que algunos dispositivos tuvieron actividad en los estados de Zacatecas y Michoacán, por lo que ya solicitó la colaboración de ambas entidades para realizar operativos conjuntos en las zonas donde se detectaron los últimos rastros.

Investigación avanza con apoyo de otros estados

Tras reunirse con familiares de los adolescentes desaparecidos, Lemus señaló que, aunque los casos se investigan de manera individual y no existe evidencia de que los jóvenes se conocieran entre sí, las autoridades han identificado patrones similares en las circunstancias de las desapariciones.

Indicó que los menores provienen de distintos municipios, no asistían a las mismas escuelas y no mantenían relación entre ellos.

Sin embargo, los testimonios recabados con las familias muestran coincidencias que fortalecen la línea de investigación relacionada con un posible reclutamiento.

Respecto a uno de los adolescentes, el gobernador precisó que la última ubicación de su teléfono celular corresponde al municipio de Tequila, mientras que la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas mantiene abiertas diversas carpetas de investigación para esclarecer cada caso.

Familias exigen respuestas y aceleración de las búsquedas

La reunión entre autoridades estatales y familiares ocurrió después de las manifestaciones realizadas durante el fin de semana en Guadalajara, donde madres, padres y colectivos de búsqueda exigieron avances en las investigaciones y la localización con vida de los menores.

Durante el encuentro, varias madres denunciaron presuntas irregularidades en las investigaciones y expresaron su preocupación por la falta de resultados.

Algunas señalaron que personas involucradas en las desapariciones estarían intentando responsabilizar a los propios adolescentes, mientras que otras insistieron en que sus hijos fueron engañados mediante falsas ofertas de empleo.

Los familiares solicitaron que las autoridades intensifiquen los operativos de búsqueda y fortalezcan la coordinación entre instituciones para evitar que los casos continúen aumentando.

Lo que se sabe del caso hasta ahora

• Los adolescentes desaparecieron entre el 15 y el 17 de julio en los municipios de Zapopan, Tlajomulco, Tonalá y El Salto.
• Las investigaciones contemplan como una de las principales líneas el posible reclutamiento forzado por grupos delictivos.
• La geolocalización de teléfonos celulares ubicó posibles rastros en Zacatecas y Michoacán.
• Autoridades de ambas entidades fueron requeridas para participar en operativos conjuntos.
• Los familiares realizaron marchas y protestas para exigir avances en las investigaciones y la localización con vida de los menores.

Iglesia y autoridades llaman a reforzar medidas de prevención

El arzobispo de Guadalajara, cardenal José Francisco Robles Ortega, respaldó la exigencia para acelerar la búsqueda de los adolescentes y pidió a las autoridades reforzar las acciones de localización.

Asimismo, hizo un llamado a madres, padres y tutores para fortalecer las medidas de prevención dirigidas a adolescentes, al considerar que este sector podría estar siendo objetivo de estrategias de captación por parte de grupos criminales.

Por su parte, Pablo Lemus reiteró la necesidad de impulsar modificaciones legales que permitan establecer mayores controles para el traslado de menores de edad entre entidades federativas, especialmente en centrales camioneras, donde, según explicó, podrían concretarse algunos de los traslados detectados en las investigaciones.

Fiscalía mantiene abiertas las investigaciones

La Fiscalía de Jalisco continúa con las investigaciones de manera individual para cada desaparición y sostiene que, hasta el momento, no existen elementos que permitan concluir que todos los casos estén vinculados entre sí.

No obstante, las autoridades reconocen que algunas coincidencias detectadas durante las indagatorias han fortalecido la hipótesis de un posible reclutamiento criminal en varios de los expedientes.

Mientras avanzan las diligencias y los operativos coordinados con otras entidades, las familias mantienen el llamado para que las autoridades intensifiquen la búsqueda y logren localizar con vida a los adolescentes desaparecidos.

La noticia que muchos temían se confirmó este domingo: el cuerpo hallado recientemente en el Río de la Plata, a la altura de las costas del partido de Magdalena, corresponde a Damián Giubu, el último de los cinco pescadores desaparecidos el 14 de junio.

La identificación, realizada por una hermana de la víctima, puso fin a una de las búsquedas más angustiosas de los últimos tiempos y selló un capítulo de dolor que atraviesa a familias, amigos y vecinos, según informó el portal del El Día.

La jornada de pesca que planearon Carlos Kovach, Claudio Kovach, Sebastián Romegialli, Diego Boscardin y Damián Giubu terminó en tragedia. Partieron desde la costa de Hudson a bordo de una lancha con la expectativa de una salida recreativa, pero nunca regresaron. La incertidumbre se apoderó de la comunidad desde ese día, dando inicio a un operativo de búsqueda que involucró a fuerzas de seguridad, bomberos, Defensa Civil, guardaparques y decenas de voluntarios que colaboraron incansablemente.

A lo largo de varias semanas, los restos de los pescadores fueron apareciendo en diferentes puntos de la costa argentina y uruguaya, lo que mantuvo a los familiares en constante tensión. El desenlace, aunque esperado por la lógica de los hechos, no dejó de generar un profundo pesar en quienes siguieron el caso día a día.

La hipótesis que manejan los investigadores es que un desperfecto mecánico habría provocado el ingreso de agua en la embarcación, lo que derivó en el hundimiento. Sin embargo, las causas exactas siguen siendo materia de análisis y no se descarta ninguna línea de investigación.

La búsqueda de los cinco hombres movilizó a distintos organismos y voluntarios, que recorrieron kilómetros de costa y aguas durante semanas. El primer cuerpo identificado fue el de Sebastián Romegialli, hallado el 26 de junio por la tripulación de un buque mercante que navegaba en jurisdicción uruguaya. El hallazgo fue comunicado a las autoridades locales, que iniciaron el procedimiento de identificación y repatriación.

El 28 de junio apareció el cuerpo de Carlos Kovach, localizado en aguas del Río de la Plata cerca de Punta Indio. Días después, otra noticia llegó desde Uruguay: Diego Boscardin fue encontrado en la zona de Atlántida, identificado por vestimenta y marcas médicas.

El siguiente en ser hallado fue Claudio Kovach, cuyo cuerpo apareció en aguas del Río de la Plata, cerrando así la lista de víctimas localizadas en diferentes puntos de la extensa ribera. Finalmente, se encontró el cuerpo de Damián Giubu en el sector conocido como “La Vasquita”, en el partido de Magdalena, lo que permitió concluir el operativo de búsqueda iniciada un mes antes.

Desde que se reportó la desaparición, la movilización de recursos fue intensa y sostenida. Participaron efectivos de la Prefectura Naval Argentina, bomberos voluntarios, personal de Defensa Civil y guardaparques, junto con vecinos y familiares que no dejaron de recorrer la zona en busca de datos o señales de los desaparecidos.

El caso generó una profunda conmoción en la región, no solo por la magnitud de la tragedia sino también por la cantidad de personas involucradas y la duración de la búsqueda. La solidaridad de la comunidad se manifestó en cadenas de oración, campañas para apoyar a las familias y múltiples expresiones de acompañamiento.

Con la identificación de los cinco pescadores, la comunidad puede ahora despedir a sus seres queridos y acompañar a las familias en el duelo. Las autoridades reiteraron su compromiso de continuar investigando las circunstancias que rodearon el hundimiento de la embarcación para determinar responsabilidades, si las hubiera, y evitar que este tipo de episodios se repitan.

Sofía García, hermana del montañista Alejandro Ugarte, pidió apoyo internacional para reforzar las labores de localización de su familiar y de los otros dos integrantes de la expedición desaparecidos en el nevado Huascarán. A través de un video difundido en su cuenta de TikTok, @sofiagarciamakeup, solicitó la colaboración de instituciones extranjeras que puedan aportar equipos especializados para el rescate.

Ella explicó que sus familiares realizan gestiones desde que conocieron la desaparición del grupo. Además, indicó que coordinaron acciones con equipos privados y entidades del Estado; sin embargo, hasta el momento no lograron ubicar a los tres montañistas.

“Necesitamos ayuda ya del extranjero. Nosotros hemos estado tratando de hacer todo lo que se pueda, con búsqueda privada tanto como del Estado, pero lamentablemente no los hemos podido encontrar”, expresó García en su publicación.

Ante esta situación, pidió que representantes de otros países se comuniquen con la familia si cuentan con algún contacto que permita sumar recursos al despliegue. “Si hay algún contacto con el gobierno de Chile, de Argentina, para que ayuden con la búsqueda, porque necesitamos helicópteros, drones, gente que ayude a rescatarlos, montañistas”, manifestó.

García también señaló que no cuenta con la preparación necesaria para intervenir directamente en la zona por las características del lugar y las exigencias técnicas de una operación en altura. “Si yo voy, me muero en el camino, obviamente, como cualquier persona que no practique el deporte”, dijo al referirse a las condiciones extremas que enfrentan quienes participan en este tipo de labores.

La desaparición se registró el martes 14 de julio, cuando Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas realizaban una expedición en el Huascarán, la montaña más alta del Perú, con 6.768 metros sobre el nivel del mar. Durante el descenso, los tres deportistas comunicaron que se habían perdido y, después, se perdió el contacto con sus familiares.

La última ubicación registrada del grupo correspondió al sector conocido como la Garganta, a más de 6.000 metros de altitud. Esa referencia fue obtenida mediante la información del reloj inteligente de Alejandro Ugarte. En esa zona, los rescatistas enfrentan dificultades por la presencia de grietas, avalanchas y vientos.

Mientras continúan las tareas en la montaña, familiares y amigos realizaron vigilias con velas, fotografías y jornadas de oración para pedir por la ubicación de los tres montañistas. Además, organizaron una rifa solidaria que permitió reunir fondos para contratar un equipo privado de rescate.

El despliegue también afrontó nuevos obstáculos luego de que una avalancha impidiera el avance del grupo de rescatistas hacia el Campo 2, área a la que se dirigían para acercarse a las coordenadas consideradas más precisas. El equipo logró llegar hasta el Campo 1, pero no pudo continuar su recorrido por las condiciones del terreno.

Asimismo, un dron detectó huellas cerca de la cumbre, a más de 6.400 metros de altura, en el punto donde se perdió la comunicación con los desaparecidos. Según ATV, la Asociación de Montañistas informó que, al inicio, se consideró que los tres deportistas podían encontrarse en el Campo 2, cerca de la Garganta, pero un grupo de 12 montañistas checos realizó una búsqueda en esa zona hasta pasada la medianoche sin lograr ubicarlos.

“Por favor, ayúdenme a hacer este video viral para poder encontrar a mi hermano y a sus dos compañeros”, pidió Sofía García al finalizar su mensaje. La familia continúa solicitando apoyo para fortalecer la localización de Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas.

Cinco adolescentes desaparecieron en Guadalajara y su zona metropolitana en las últimas semanas, un lapso que reactivó la alarma entre sus familias por un posible reclutamiento criminal contra menores de edad en Jalisco, después de que el 9 de julio otros tres adolescentes regresaron a sus casas tras nueve días ausentes y la Fiscalía estatal mantuvo como línea de investigación que habrían sido captados por un grupo delictivo.

Las fichas de búsqueda se emitieron para localizar a Jeremy Alejandro Villegas Anaya, Dominic Gabriel Méndez Jiménez, Facundo Viral Sánchez Sánchez, Giovanny Natanael Flores Vázquez y Carlos Humberto Corona Corona. Los reportes señalaron que fueron vistos por última vez en distintos municipios de la zona metropolitana: Tonalá, Tlajomulco, Zapopan y El Salto.

El caso concentró la atención de las familias porque dos de las desapariciones ocurrieron el mismo 17 de julio. Ese día se perdió contacto con Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años, en la colonia Santa Ana Tepetitlán, en Zapopan, y con Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, en la colonia Las Lilas, en El Salto.

Familiares y amigos de los cinco jóvenes marcharon desde el mercado San Juan de Dios por la calzada Independencia hasta la Vicefiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Ahí exigieron que las autoridades actuaran con rapidez y revisaran cada expediente abierto para acelerar su localización.

Las desapariciones se concentraron en tres días

El primero de los casos correspondió a Jeremy Alejandro Villegas Anaya, de 14 años, desaparecido el 15 de julio en la colonia Hacienda Real, en Tonalá. Su familia denunció que, antes de perderse su rastro, el adolescente habría sido acosado por teléfono por varios hombres.

La madre del menor relató que le dijeron que Jeremy había sido visto en la central de camiones de Tlaquepaque. Según su testimonio, el adolescente comentaba a personas cercanas que varios hombres lo llamaban de forma insistente y lo hostigaban.

También el 15 de julio desapareció Dominic Gabriel Méndez Jiménez, de 15 años, en la colonia El Zapote, municipio de Tlajomulco. El reporte lo ubicó como otro de los menores vistos por última vez ese mismo día en un punto distinto de la metrópoli.

Dos días después, el 17 de julio, se sumó la desaparición de Facundo Viral Sánchez Sánchez, de 17 años, en Zapopan. Ese mismo día también se abrió el reporte por Giovanny Natanael Flores Vázquez, de 17 años, quien fue visto por última vez en la colonia Las Lilas, en El Salto.

El quinto caso fue el de Carlos Humberto Corona Corona, de 14 años. El reporte indicó que el último contacto con él ocurrió en la colonia Santa Ana Tepetitlán, también en Zapopan.

Las familias sostuvieron que no veían estas ausencias como hechos aislados. Durante la manifestación revelaron que encontraron mensajes en redes sociales con falsas ofertas de trabajo dirigidas a muchachos, por lo que sospechaban que se trataba de más casos de captación mediante engaños.

Las familias describieron cómo desapareció cada joven

La desaparición de Jeremy fue una de las que más inquietud provocó entre los manifestantes por la referencia directa a presiones previas. La madre aseguró que le informaron que su hijo era acosado por teléfono y que incluso lo habrían obligado a trasladarse a la central camionera de Tlaquepaque.

En sus palabras, personas cercanas al adolescente le dijeron: “Me comentan que lo vieron en la Central, que había tres hombres en la Central y que esos hombres lo hostigaban por teléfono y que lo vieron en la Central y que de ahí el niño le decía a sus compas o a su amiguito de confianza que unos hombres lo acosaban, que unos hombres lo traían llame y llame por teléfono”.

Sobre Dominic Gabriel Méndez Jiménez, la información pública disponible en ese momento se concentró en el punto de desaparición: la colonia El Zapote, en Tlajomulco, el 15 de julio. Su caso formó parte del mismo reclamo colectivo de búsqueda urgente junto con los otros cuatro expedientes.

Facundo Viral Sánchez Sánchez fue reportado como desaparecido el 17 de julio en Zapopan. Sus familiares también acudieron a la protesta frente a la Vicefiscalía para exigir avances en la investigación y acciones de localización.

En el caso de Giovanny Natanael Flores Vázquez, su madre Carolina Vázquez Guzmán explicó que el joven salió de su domicilio en el fraccionamiento Las Lilas 2 después de una discusión familiar y ya no volvió. La mujer rechazó esperar antes de iniciar su búsqueda y sostuvo: “Yo no voy a esperar esa acción, yo lo voy a buscar y voy a buscar cielo y tierra hasta dar con el paradero de mi hijo”.

Carolina agregó que, al hablar con amistades de su hijo, le comentaron que presuntamente se lo habían llevado a una casa de seguridad. También dijo que recibió mensajes anónimos con información sobre un posible paradero del adolescente.

La desaparición de Giovanny ocurrió mientras su madre ya buscaba desde hacía más de dos años a otro de sus hijos, Joseph Andrei Flores, desaparecido desde 2024. La mujer afirmó además que en el fraccionamiento Las Lilas ya existían otros casos parecidos.

El caso de Humberto reavivó el temor por captación de menores

La madre de Carlos Humberto Corona Corona, Mayra Corona, contó que el adolescente salió de su casa después de arreglarse y bañarse. Minutos después, dos jóvenes que identificó como supuestos amigos llegaron para decirle que se lo habían llevado en un taxi amarillo de modelo antiguo.

Mayra relató: “Él estaba en mi casa, se arregló, se cambió, se bañó y que iba a salir a la calle y ya como a los 40 minutos, a los 20 minutos de que mi hijo salió, llegan dos disque amigos y me dicen que a Humberto se lo habían llevado en un taxi amarillo de los viejitos. Ahí tenemos las placas apuntadas y ya no lo volvemos a ver”.

La madre del adolescente dijo que desde ese momento ya no tuvo contacto con él. También describió la angustia que siguió a la desaparición: “No he dormido de solo pensar si estaría bien, si ya comió, si lo estarán golpeando”.

Mayra informó además que, después de acudir a la Fiscalía para practicarse una prueba de ADN, recibió un intento de extorsión. No detalló el contenido de ese contacto, pero lo vinculó con el proceso que siguió tras denunciar la desaparición de su hijo.

La vicefiscal Blanca Jacqueline Trujillo y personal de la institución estatal se reunieron con los familiares para revisar caso por caso las carpetas de investigación. Las familias pidieron reforzar la búsqueda y ampliar las indagatorias ante el temor de que los cinco adolescentes no se hubieran ausentado por voluntad propia.

Treinta y seis años después de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá, dos familias podrán finalmente dar sepultura a sus seres queridos. La Procuraduría General de la Nación entregó los restos óseos de Marcos Antonio Coulthrust Quiñones y Manuel Carol Ojo, identificados mediante pruebas de ADN procesadas en Panamá y Guatemala como parte de las investigaciones sobre las víctimas del 20 de diciembre de 1989.

La entrega se realizó en el cementerio Jardín de Paz, con la presencia de familiares de ambas víctimas, quienes expresaron su satisfacción por el trabajo desarrollado para recuperar sus identidades.

Los estudios fueron efectuados por el Laboratorio de Análisis Biomolecular del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses y el Laboratorio de Genética Forense de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.

La identificación constituye un nuevo avance en un proceso que permanece abierto más de tres décadas después de la operación militar estadounidense. Los restos forman parte de los sumarios que tramita la Sección de Descarga de la Fiscalía Metropolitana para esclarecer las muertes, ubicar a los desaparecidos y determinar la identidad de cuerpos enterrados sin información suficiente tras los combates.

La invasión comenzó durante la madrugada del 20 de diciembre de 1989, cuando fuerzas estadounidenses ejecutaron la denominada Operación Causa Justa. El ataque fue desplegado por aire, tierra y mar contra 27 objetivos militares de manera simultánea, con la participación de aproximadamente 24,000 soldados, además de las tropas que Estados Unidos mantenía en territorio panameño.

El objetivo declarado era capturar al general Manuel Antonio Noriega, proteger a ciudadanos estadounidenses, defender el funcionamiento del Canal y respaldar la instalación del gobierno encabezado por Guillermo Endara.

Los ataques alcanzaron zonas densamente pobladas, entre ellas El Chorrillo, donde estaba ubicada la Comandancia de las Fuerzas de Defensa, además de San Miguelito, Río Hato y sectores de Colón.

El Chorrillo quedó marcado por los bombardeos y los incendios que destruyeron viviendas, comercios, una escuela, estaciones de autobuses y otras estructuras. Según los alegatos recogidos por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, miles de residentes fueron desplazados y unas 18,000 personas quedaron sin hogar, mientras el acceso a algunas áreas permaneció restringido durante días.

Treinta y seis años después de la invasión, Panamá continúa exhumando restos humanos para esclarecer uno de los capítulos más dolorosos de su historia.

El número de muertos continúa siendo uno de los puntos más controvertidos de la invasión. Estados Unidos reportó 202 civiles y 314 militares panameños fallecidos, para un total de 516 personas. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos y fuentes independientes estimaron que las víctimas civiles pudieron superar las 2,000, una diferencia que nunca ha sido aclarada definitivamente.

La ausencia de un conteo definitivo estuvo vinculada, entre otros factores, con entierros realizados sin registros completos, cuerpos no identificados y denuncias sobre fosas comunes. La CIDH también recogió cuestionamientos sobre la falta de preparación para identificar, registrar y disponer de los restos humanos con el detalle necesario, situación que prolongó durante décadas la incertidumbre de numerosas familias.

El Registro de Víctimas de la Comisión 20 de Diciembre, actualizado hasta marzo de 2026, contiene 443 nombres en distintas etapas de verificación. Los primeros 238 corresponden a fallecidos y desaparecidos confirmados, mientras que otros 205 nombres permanecen bajo investigación, a partir de información aportada por familiares, organizaciones de derechos humanos y fuentes documentales.

La Comisión advierte que el registro es un documento abierto y puede modificarse conforme se validen los datos con el Tribunal Electoral y otras instituciones. Además, algunas entradas en investigación coinciden con víctimas ya incorporadas en el listado confirmado, por lo que los 443 registros no representan necesariamente esa misma cantidad de personas distintas.

La lista reúne víctimas nacidas en diferentes provincias, panameños nacidos en el extranjero y ciudadanos de otras nacionalidades. Sus edades abarcan desde un recién nacido hasta personas mayores de 80 años, evidencia de que el impacto de la operación alcanzó a niños, jóvenes, adultos y ancianos, tanto civiles como integrantes de las fuerzas panameñas.

Durante los últimos años, las investigaciones recibieron un nuevo impulso mediante la exhumación de restos, la recuperación de cuerpos trasladados entre cementerios y el análisis de perfiles genéticos. Especialistas del Instituto de Medicina Legal y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala han comparado muestras óseas con el ADN aportado por familiares de personas desaparecidas.

Ese trabajo permitió previamente a víctimas como Ricardo Aurelio Arana Riquelme, mediante estudios genéticos realizados durante 2024, y a Eric Abdiel Bonilla Terrero, cuyos restos fueron ubicados en el antiguo cementerio de Cerro Batea y trasladados posteriormente al Jardín de Paz.

La entrega de Coulthrust Quiñones y Carol Ojo permite cerrar parcialmente dos historias familiares, pero también confirma que el proceso de identificación está lejos de concluir. Todavía existen restos pendientes de análisis, casos de desaparición sin resolver y familias que esperan una respuesta oficial sobre lo ocurrido con sus parientes durante y después de la invasión.

Cada identificación representa más que un resultado forense: restituye un nombre, permite completar un duelo y recupera una parte de la memoria histórica. Mientras continúen las exhumaciones y las pruebas genéticas, Panamá seguirá intentando esclarecer una tragedia cuyo número real de víctimas, 36 años después, permanece sin una respuesta definitiva.

Años antes de ser secuestrado, en una entrevista, cuando le preguntaron cómo había surgido la idea de su historieta más famosa, Héctor Germán Oesterheld respondió: “El Eternauta comenzó siendo un cuento corto, de apenas 70 cuadros. Luego se transformó en una larga historia, una suerte de adaptación del tema Robinson Crusoe. Me fascinaba la idea de una familia que quedaba sola en el mundo, rodeada de muerte y de un enemigo ignorado e inalcanzable. Pensé en mí mismo, en mi familia, aislados en nuestro chalet y comencé a plantearme preguntas”. No sabía que viviría algo muy parecido en carne propia, como tampoco podía imaginar lo anticipatorio que encerraba una frase que puso en boca del historietista – él mismo – casi al final de la primera parte de El Eternauta después de escuchar el relato de Juan Salvo, el viajero en el tiempo: “Esto significa que la nevada mortal caerá sobre la Tierra en 1963… que, dentro de cuatro años, los Ellos descargarán sobre nosotros su espantosa invasión... ¿Qué hacer? ¿Qué hacer para evitar tanto horror?”.

Con el tiempo, la historia del país le mostrará que, si bien acertó los hechos, erró la fecha de la invasión de los Ellos, que no será 1963 sino 1976. Tampoco Juan Salvo, el Eternauta, le habló a Oesterheld sobre la suerte que correría con la llegada de los Ellos. Quizás porque la fantasía de ningún guion de historieta era capaz de encerrar tanto horror. O tal vez tuvo piedad por su propio creador y por eso no le contó que en su viaje por la eternidad había visto cómo un grupo de tareas lo emboscaba en una calle de una ciudad llamada La Plata; que para ese momento dos de sus hijas ya estarían desaparecidas por una dictadura cuyo terror sistemático era inimaginable; que después de su secuestro, en las mazmorras, sus torturadores le dirían que también mataron a sus otras dos hijas y que entonces no le quedaría ninguna; que también desaparecerían dos de sus yernos; que uno de sus nietos sería apropiado y privado de su identidad, y que otro también, pero sería recuperado.

No le dijo nada de ese infierno personal y familiar en el que lo sumergiría la dictadura de los Ellos uniformados. No le dijo que a él, a Héctor Germán Oesterheld, lo secuestrarían el 27 de abril de 1977, en un futuro oscuro y lejano, en una ciudad llamada La Plata.

Un creador singular

Cuando lo secuestraron, Oesterheld tenía 58 años y era un escritor e historietista consagrado. También, como sus cuatro hijas, era militante de Montoneros y vivía en la clandestinidad. Nacido el 23 de julio de 1919, se recibió muy joven de geólogo, aunque casi no ejerció la profesión, a la que dejó por su verdadera vocación. Empezó escribiendo cuentos infantiles y trabajos de difusión científica, pero a principios de la década de los ’50 se volcó al género que lo haría famoso, la historieta de aventuras, donde como guionista revolucionó el mundo editorial.

Sus creaciones se convertían de inmediato en grandes éxitos: El Sargento Kirk, Ticonderoga y Ernie Pike, con dibujos de Hugo Pratt; El Indio Suárez, junto a Carlos Freixas; Randall the Killer, con Arturo del Castillo; Sherlock Time y Biografía del Che, con Alberto Breccia; Joe Zonda y Rolo, el marciano adoptivo, con Francisco Solano López, que fue también su socio creativo en El Eternauta. “Oesterheld y yo nos conocimos en los ‘50 en Editorial Abril, colaborando en Misterix, que era la revista estrella de la época, con una tirada semanal de 220.000 ejemplares. Héctor era un guionista muy respetado que hacía dos historietas de mucho éxito: El Sargento Kirk, dibujada por Hugo Pratt, y Bull Rocket, que dibujaba yo. Eran dos héroes norteamericanos”, recordó de esos primeros tiempos Francisco Solano López en una entrevista que le hice en 2008.

Entusiasmado por esos éxitos, Oesterheld pensó en tener una editorial propia, con la orientación que él quería darle, con personajes argentinos. Invitó a Hugo Pratt, a Francisco Solano López y a otros dibujantes a acompañarlo en la aventura. En Editorial Frontera nació, por ejemplo, Rolo, el marciano adoptivo, una historieta de ciencia ficción, dibujada por López, cuyo protagonista era el maestro de la escuela, presidente del club del barrio y líder de la barra del café. Salió con el lanzamiento de una de las revistas, Hora Cero, y la catapultó al éxito. En otra de las revistas, llamada Frontera como la editorial, creó otro personaje de ese tipo, Joe Zonda, un “cabecita negra” mendocino, de Chacras de Coria, que había aprendido a hacer de todo por correspondencia, desde armar radios a pilotar aviones.

Estos personajes coexistían en las revistas con héroes de western o con Ernie Pyke, que era un corresponsal de guerra. Oesterheld ofrecía una variedad de propuestas a los lectores, mezclando sus nuevas creaciones bien argentinas con personajes extranjeros de probado éxito. “Eran dos revistas mensuales pero, como la idea andaba muy bien, nos propuso hacer una semanal, para competir con Misterix. Allí, en Hora Cero Semanal, salió por primera vez El Eternauta, con mis dibujos, y al poco tiempo Misterix había bajado de 220.000 a 40.000 ejemplares semanales, el resto lo habíamos capturado nosotros. A mí personalmente, y creo que lo mismo a Héctor, nos divertía mover esos personajes con características típicas de los héroes aventureros, pero con los tics propios de la nacionalidad, de las relaciones y de los dichos argentinos”, me dijo Francisco Solano López en aquella charla.

El héroe eterno y colectivo

Cuando se publicó la primera entrega de El Eternauta, fue un éxito inmediato. Se la promocionaba como “la historia del hombre que viene de regreso del futuro, que lo ha visto todo, la muerte de nuestra generación, el destino final del planeta”. Eran los tiempos de la autodenominada Revolución Libertadora y la historieta, de alguna manera, transmitía cierto clima que se articuló con el de la época. Francisco Solano López siempre sostuvo que ni él ni Oesterheld pensaron esa primera versión de El Eternauta con alguna intencionalidad política. “En todo caso, fue un producto de la casualidad y del inconsciente colectivo que anidaba en nuestras personalidades y se manifestaba en nuestro trabajo y que, a su vez, se encontraba con la sensibilidad y cierta manera de captar el relato que podían tener los jóvenes de la época. Porque la existencia de una dictadura militar, de persecuciones políticas, de resistencia a la interrupción de la democracia permitían esas lecturas”, me explicó.

El Eternauta tendría dos versiones más, una en 1969 y otra en 1976. En ellas el contenido político ya era manifiesto. López volvió a asociarse con Oesterheld para continuar la saga del personaje en 1976. Al dibujante no lo convencía el enfoque, pero igual lo hizo. “Héctor había seguido a sus hijas en su militancia en Montoneros e incluso había integrado el comité ejecutivo del diario Noticias, donde también había publicado una tira diaria, La guerra de los Antartes. Desde esa posición, cuando le ofrecieron hacer la continuación de El Eternauta hizo un eternauta montonero. A mí no me gustaba, lo veía mal. No soportaba a los militares, pero pensaba que en una sociedad estructurada como la argentina la lucha armada no podía tener el mismo resultado que en otros países con estructuras más simples, como Cuba o Nicaragua. El resultado fue catastrófico y lo vemos hoy, a Oesterheld lo asesinaron y nos faltan 30.000 muchachos que serían la base para que todo nos fuera mucho mejor. Pero no están, no existen, los desaparecieron. Los sobrevivientes no alcanzan”, me dijo el dibujante en aquella charla de 2008, poco antes de su muerte.

Una familia destrozada

Para julio de 1977, cuando Héctor Oesterheld estaba viviendo en La Plata en la más absoluta clandestinidad, sus hijas Beatriz y Diana ya habían “perdido” a manos de la dictadura. Beatriz, secuestrada en junio de 1976, cuando tenía 21 años y estaba en una relación amorosa con Carlos “Juan sin Tierra” Della Nave. También Della Nave fue secuestrado tres meses después. “Juan sin Tierra” había colaborado con Rodolfo Walsh en tareas de intercepción de comunicaciones para la Inteligencia de Montoneros.

La segunda hija, Diana Oesterheld, había sido capturada en Tucumán en agosto de 1976 cuando tenía 22 años y estaba embarazada de seis meses. En su libro Los Oesterheld, Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami sostienen que la tuvieron mucho tiempo en Tucumán y que no pueden confirmar lo que algunos sugieren: que la hayan trasladado a Campo de Mayo para parir. Héctor, su padre, supo antes de ser secuestrado que Diana estaba embarazada. El cuerpo de Diana nunca apareció. A su compañero, Raúl Araldi, cuadro montonero, lo mataron en Tucumán. Tenían un hijito de un año, Fernando, que los militares dejaron en la Casa Cuna de esa provincia.

En septiembre de 1976, cuando además de Beatriz habían desaparecido Diana y su compañero, el Ejército allanó la casa de Oesterheld de Beccar. Elsa estaba acompañada de la mujer que hacía las labores domésticas, María Arce García, quien dio testimonio de ese allanamiento. Tanto Elsa como María dijeron que no solo buscaban a Héctor, sino que un oficial dijo a Elsa: “a sus hijas las vamos a matar a todas”.

A Héctor Germán Oesterheld lo “levantó” un grupo de tareas el 27 de julio del año siguiente en una calle de La Plata. Según se pudo reconstruir por testimonios de sobrevivientes, el autor de El Eternauta pasó por los centros clandestino de detención y tortura de Campo de Mayo, El Vesubio y El Sheraton. Su estado de salud se fue deteriorando progresivamente, más aún después de que sus torturadores le contaran, regocijándose, las muertes de sus otras dos hijas.

Estela, la mayor, fue sorprendida por un grupo de tareas el 1° de julio de 1977, intentó escapar y le dispararon. La cargaron herida en una camioneta rumbo al hospital de Adrogué. Su compañero, Raúl “el Vasco” Mórtola, había caído unas horas antes en el mismo operativo. Todo indica que fue fusilado cuando intentaba esconderse en una casa. Oesterheld también supo que la última de las chicas, Marina, fue secuestrada en noviembre de 1977, embarazada de ocho meses, junto a su compañero, Alberto Seindlis.

En su testimonio ante la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), en 1984, el psicólogo Eduardo Arias dio testimonio de haber compartido cautiverio con el creador de El Eternauta. Fue a fines de diciembre de 1977, cuando Oesterheld llevaba ocho meses en condiciones de prisionero. Arias contó que los guardias les permitieron sacarse las capuchas y les dieron un cigarrillo como regalo de Navidad además de unos minutos para confraternizar y conversar.

Los últimos en verlo con vida fueron los sobrevivientes Javier Casaretto, Arturo Chillida y Juan Carlos Benítez, que habían sido secuestrados a fines de 1977 y permanecieron en El Vesubio hasta mediados de enero de 1978. Los tres coincidieron en que tenía la cabeza vendada y que su salud empeoraba a ojos vista.

La vuelta de Juan Salvo

Los restos de Héctor Germán Oesterheld no han sido recuperados ni identificados. Cuando se cumplen 49 años de su secuestro, el creador de El Eternauta continúa siendo un desaparecido. Con los años, las lecturas políticas se multiplicaron, abonadas también por una frase de Oesterheld que resignificó la historia: “El héroe verdadero de El Eternauta es un héroe colectivo, un grupo humano. Refleja así, aunque sin intención previa, mi sentir intimo: el único héroe válido es el héroe ‘en grupo’, nunca el héroe individual, el héroe solo”. A principios de este siglo, incluso se lo “peronizó” caricaturizando al expresidente Néstor Kirchner con el traje que Juan Salvo fabrica para enfrentar a la nevada mortal.

En 2019, al cumplirse el centenario de su nacimiento, Elsa y sus dos nietos, Martín Mórtola Oesterheld y Fernando Araldi, donaron a la Biblioteca Nacional el contenido de una valija con historia. En esa valija, durante años, Elsa guardó – y escondió de la represión dictatorial - cuentos, guiones, microrrelatos, sueltos informativos, apuntes e ideas apenas insinuadas, índices y sumarios, posibles cronogramas de entrega, proyectos (muchos de ellos finalmente sin concretar), algunas frases ininteligibles, textos sin título, sin referencias ni fecha, que Héctor había escrito. Con ellos se realizó la muestra “Palabra de Oesterheld”, donde por primera vez el público pudo verlos.

En abril del año pasado, el estreno de la miniserie de Netflix acercó al personaje creado por Oesterheld a nuevas generaciones de argentinos y lo hizo conocido en todo el mundo. Dirigida por Bruno Stagnaro y protagonizada por Ricardo Darín, la serie conserva mucho del primer guion de El Eternauta y de la personalidad del Juan Salvo original, pero trae la historia a este siglo y le agrega elementos de actualidad.

Para poder filmarla, los productores debieron aceptar las condiciones que pusieron los herederos de Oesterheld y de Solano López para ceder los derechos. Unas condiciones que a él le habrían gustado: que la serie fuera filmada en Buenos Aires, donde transcurre la historia original, y que estuviera hablada en el castellano porteño con el que Oesterheld hacía hablar a sus personajes.

A ocho meses de la desaparición de Jeshua, Cisneros, estudiante de la UNAM de 19 años, una búsqueda en Teoloyucán abrió una nueva pista sobre el caso: la madre del joven recibió un audio anónimo que ubica el sitio donde presuntamente habría sido arrojado a un canal de aguas negras por policías de Cuautitlán Izcalli, una versión que empuja la investigación hacia una posible desaparición forzada.

La pista que detonó esa búsqueda señaló un punto geográfico específico. Cuando la familia acudió al lugar junto con integrantes del colectivo, llevó excavadoras y equipo para reforzar las labores en una zona donde ahora se acumulan lodo y basura por las lluvias intensas.

Cabe mencionar que durante la jornada en el canal de Santa Bárbara, el colectivo Lirios Buscadores de Cuautitlán encontró los restos de un adulto mayor en la compuerta.

Si bien el hallazgo no corresponde a la búsqueda de Jeshua, sí muestra como el canal puede ser usado para arrojar cuerpos que nadie busca.

Un audio anónimo ubicó el canal donde presuntamente fue arrojado

Karla Lechuga, madre de Jeshua, difundió en redes sociales el contenido del mensaje que recibió. En ese testimonio se sostiene que policías estatales detuvieron al joven, que “se les pasa la mano” y que después lo arrojaron al canal.

La madre relató así lo que le dijeron: “Pues textual decían que lo detienen los policías estatales, que se les pasa la mano y que lo arrojan a este canal de aguas negras.

Específicamente mencionan que es un golpe en la cabeza, lo que supuestamente le quita la vida a mi hijo y pues nada, que lo arrojan al canal”.

Esa versión también señala de manera anónima a cuatro policías como presuntos responsables de la desaparición y posible muerte del joven. De acuerdo con la publicación, el audio refuerza la principal teoría de la familia: que Jeshua fue interceptado por patrullas estatales y del municipio sobre la autopista México-Querétaro.

La unidad señalada es la patrulla ME29OA5. La acusación apunta a que los cuatro agentes que la tripulaban habrían participado en la presunta desaparición forzada del estudiante.

Jeshua desapareció el 13 de noviembre en la zona industrial de Cuamatla

Jeshua Cisneros desapareció el pasado 13 de noviembre en Cuautitlán Izcalli. El joven se dirigía a la zona del Parque Industrial de Cuamatla, en el Estado de México, donde se perdió su rastro.

La última vez que lo vieron con vida, de acuerdo con su ficha de búsqueda, fue cerca de la empresa Alpura. A esa compañía le han exigido mostrar los videos en los que estaría registrado el último rastro del joven.

Otra referencia de ubicación lo coloca en Jardines de la Hacienda, en Cuautitlán Izcalli. Desde el arranque de la búsqueda, las primeras versiones sobre su desaparición apuntaban a policías.

La ficha también describe cómo iba vestido: tenis de choclo negros con letras rojas, pantalón cargo azul holgado y sudadera gris. Como señas particulares, usaba lentes graduados y tenía una perforación en el labio inferior, otra en la nariz del lado derecho y una en cada ceja.

El objetivo de la jornada en Teoloyucán era localizar a Jeshua. Lo que sí apareció fue el cuerpo de un hombre cerca de las compuertas, un hallazgo que abrió otro proceso de identificación para determinar quién era la víctima.

El colectivo Lirios Buscadores expresó su solidaridad con la familia de esa persona. En su posicionamiento, pidió que la identificación permita dar certeza y contribuir al derecho a la verdad.

La organización también advirtió que cada hallazgo remite a una familia que espera respuestas y exhibe la urgencia de fortalecer las acciones de búsqueda en el Estado de México. Más adelante, añadió:

“Mientras existan personas desaparecidas, cada jornada de búsqueda seguirá siendo una necesidad impostergable. No podemos permitir que esta realidad se normalice. Detrás de cada hallazgo hay una historia, una familia y una deuda de verdad y justicia que el Estado tiene la obligación de atender”.

Cronología del caso Jeshua Cisneros, desaparecido en Cuautitlán Izcalli, Estado de México

• 13 de noviembre de 2025: Jeshua Cisneros Lechuga, de 18 años, desaparece después de salir de la casa de un amigo y dirigirse de regreso a su domicilio en Cuautitlán Izcalli. La última comunicación con su madre, Karla Lechuga, es ese mismo día, cuando le avisa que ya regresa a casa. Cámaras lo captan caminando en la zona industrial de Cuamatla, cerca de la lateral de la Autopista México-Querétaro. Testigos aseguran que en la zona se encontraba una patrulla estatal.
• Días y semanas posteriores: La familia y colectivos de búsqueda inician labores para localizar a Jeshua. Se reporta que la patrulla estatal con número económico “ME-290A-2”, tripulada por cuatro policías estatales, estuvo en el perímetro donde desapareció el joven. Posteriormente, la misma patrulla ha sido vista vigilando a la familia durante las labores de búsqueda, aunque no pertenece a las unidades asignadas oficialmente para estos trabajos.
• Meses siguientes: La madre de Jeshua y colectivos como Lirios Buscadores Izcalli, la Comisión Nacional de Búsqueda y la Guardia Nacional organizan búsquedas en el municipio. Un mensaje anónimo señala el canal de Santa Bárbara como posible lugar donde policías estatales habrían detenido a Jeshua, lo golpearon en la cabeza y lo arrojaron a aguas negras. La búsqueda se extiende hacia el río Cuautitlán y se planea continuar hacia el lago de Guadalupe, donde el cauce conecta.
• Julio de 2026: Se cumplen ocho meses de la desaparición. No existen pistas sólidas, pero la principal línea de investigación es la de desaparición forzada, presuntamente a manos de policías estatales. Las autoridades mantienen mesas de trabajo, pero la familia de Jeshua señala falta de resultados y continúa la búsqueda por su cuenta. Esta semana se llevan a cabo labores de localización con maquinaria pesada en el canal de Cuautitlán.

Mientras su madre y su hermano siguen frente a los restos de lo que fue el edificio Punta Brisas, en Macuto, estado La Guaira, Franyelis Castrejón y otros familiares recorren a diario hospitales y morgues.

Todos buscan desesperadamente a Zuleida Josefina Lárez Rancel, quien según el testimonio de vecinos pudo ser rescatada y trasladada inconsciente la madrugada del 25 de junio a un hospital de La Guaira, estado declarado zona de desastre tras los dos terremotos que sacudieron el centro-norte de Venezuela el miércoles 24 de junio.

Zuleida Josefina, de 64 años y conocida como “Fina”, estaba en su apartamento del piso 12 del edificio Punta Brisas cuando se registró el doblete sísmico que hasta la fecha ha dejado 5.208 fallecidos.

“El edificio se derrumbó, pero los vecinos nos indicaron que entre la 1 y las 3 de la madrugada pudieron sacar a varias personas, entre ellas a mi tía, que estaba inconsciente pero con signos vitales”, relata Franyelis, de 29 años.

Testigos contaron a la familia que a Fina la subieron a una camilla y la retiraron del lugar. “No tenemos más información de ese momento, todo estaba muy oscuro y hay detalles que los vecinos olvidan”, apunta la joven.

Con esas escuetas referencias, la familia de Fina desarrolla su propia investigación tocando puerta por puerta, ante la ausencia de datos y mecanismos oficiales para hallar a los ciudadanos dados como desaparecidos.

Opacidad

El gobierno interino de Delcy Rodríguez no publica cifras de desaparecidos. “Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron (...). No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, declaró el 11 de julio Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada.

Tampoco existe una institución que centralice la información disponible para facilitar las búsquedas independientes. “En todos los hospitales hay listas de pacientes, pero me consta que no están completas. Cuando voy a hospitales, me piden que revise la lista, pero al explicarles la situación, me dicen que pase a ver a los pacientes uno a uno”, detalla Franyelis.

En sus visitas a los centros de salud se ha encontrado con “pacientes inconscientes, que están intubados, solos, sin sus familiares, que no han podido identificarse. Hay listas escritas a mano y los pacientes están siendo trasladados a otros lugares, razón por la cual es muy difícil llevarles el rastro”, observa.

Cuando ocurrió el cataclismo, Fina estaba con su pareja y su hijo. El primero murió y pudo ser identificado por sus parientes en un hospital de La Guaira. En cambio, sobre el muchacho no hay certezas.

“Conseguimos a un joven con características similares a las de mi primo e intentamos identificarlo, pero era muy difícil. Eso fue en los primeros días, cuando no tomaban huellas y los familiares identificaban como podían. Después ese cuerpo fue trasladado a otro lugar y no supimos si era mi primo. Todavía estamos tratando de ver si esa persona era mi primo”, expresa Franyelis.

La duda

Franyelis habla con mucho aplomo, pero inevitablemente se quiebra cuando describe lo que se ha convertido en su rutina. “Ir todos los días a los lugares, ver a los pacientes, a las personas fallecidas, estar allí”, comenta entre lágrimas.

Fina no aparece en ningún listado y a sus parientes les genera mucho ruido que no haya un registro de ingreso a algún hospital. “Hemos ido muchas veces y siempre nos responden que no”, manifiesta.

Entretanto, el hermano de Franyelis permanece entre las ruinas del edificio de Macuto, removiendo escombros junto a los vecinos que intentan a pulso recuperar los cuerpos de sus seres queridos.

“Gracias a unos amigos de mi primo fue que ahora pudimos conseguir unas maquinarias. Aquí la propia familia se tiene que subir a los escombros para buscar, no hay funcionarios ni apoyo oficial”, lamenta.

Son 13 los restos identificados hasta el momento por la Comisión 20 de diciembre de 1989 de los panameños que murieron durante la invasión de Estados Unidos a Panamá el 20 de diciembre de 1989.

Los últimos restos fueron los de Manuel Carol Ojo, recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz.

Carol Ojo, de 32 años de edad, trabajaba en el hoy desaparecido Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) como técnico hidrólogo y desapareció la madrugada del 20 de diciembre de 1989.

Ese día cumpliría sus 33 años, pero desapareció en plena refriega, por lo que sus familiares los buscaron por hospitales, morgues, centros de detención y cementerios durante los días posteriores a la invasión.

No conocieron el lugar donde había sido sepultado, pero mantuvieron la esperanza de encontrarlo y poder cerrar un proceso de incertidumbre que se extendió por más de treinta y seis años, de acuerdo con la Comisión 20 de diciembre de 1989.

La Comisión 20 de diciembre de 1989 informó que se obtuvo la identificación científica de los restos de Manuel Carol Ojo, recuperados durante las exhumaciones realizadas en enero de 2020 en la manzana 90 Bis del Cementerio Jardín de Paz.

Añadió que la sección de Descarga Metropolitana de la Procuraduría General de la Nación, dentro de los expedientes reabiertos e investigados, con el requerimiento del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses logró la identificación mediante la aplicación de estudios multidisciplinarios, de antropología forense y de genética, desarrollados como parte de la investigación para establecer la identidad de víctimas de la invasión militar de Estados Unidos a Panamá.

Los análisis permitieron comparar el perfil genético obtenido de los restos óseos exhumados con las muestras biológicas aportadas por familiares, confirmando científicamente su identidad.

Esta identificación constituye uno de los resultados derivados de las exhumaciones efectuadas en el Cementerio Jardín de Paz en enero de 2020, diligencia judicial conducida por el Ministerio Público, en la que fueron recuperados restos humanos y otras evidencias que permanecieron bajo análisis científico en el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

La Comisión reiteró que con esta identificación asciende a 13 el número de víctimas de la Invasión cuyos restos han sido identificados y restituidos o se encuentran en proceso de restitución a sus familiares. Este trabajo continuado ha permitido avanzar progresivamente en la identificación de víctimas cuyos restos permanecieron sin nombre durante décadas, aseguró.

Versiones de la Comisión indican que en su momento a los cadáveres no se les dio el mejor trato, de acuerdo a las normas internacionales, y que en algunos casos las identificaciones no fueron las adecuadas.

El 20 de diciembre de 1989, más de 27 mil soldados estadounidenses invadieron Panamá para derrocar al exgeneral Manuel Antonio Noriega, quien gobernó el país con mano fuerte desde 1983 hasta 1989. Noriega fue acusado por Estados Unidos de estar al servicio del narcotráfico.

Datos oficiales registran que durante la invasión y fechas posteriores al menos unos 500 panameños fallecieron, aunque algunas organizaciones civiles aseguran que fueron miles, sin mayores detalles.

El gobierno panameño del expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019) creó por decreto en 2016 una comisión para contabilizar e identificar los muertos por la invasión, registraron los medios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos manifestó en 2018 que Estados Unidos era responsable por las "violaciones de derechos humanos" y pidió a Washington “reparar integralmente” a las víctimas.

Las labores para ubicar y rescatar a los tres montañistas desaparecidos en el nevado Huascarán obligaron a las autoridades peruanas a tomar una medida excepcional. Diversas instituciones vinculadas al turismo, la conservación y el rescate en alta montaña anunciaron el cierre temporal del tramo entre el Campamento 1 y el Campamento 2, una de las rutas más transitadas por quienes intentan alcanzar la cumbre más alta del país.

La decisión busca facilitar las operaciones de rescate que se desarrollan en una de las zonas más peligrosas del macizo, luego de que un equipo de guías especializados lograra ubicar el área donde se encontrarían los excursionistas desaparecidos desde el 14 de julio. La restricción también busca reducir riesgos para visitantes y permitir que los equipos de búsqueda trabajen sin interferencias en un terreno de alta complejidad.

Cierre temporal del Huascarán: qué zonas estarán restringidas y desde cuándo entra en vigencia

A través de un comunicado conjunto, la Dirección Regional de Comercio Exterior y Turismo (Dircetur) de Áncash, la Policía Nacional del Perú, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), la Asociación de Guías de Alta Montaña del Perú (AGMP), la Asociación de Guías Oficiales Especializados en Montaña de Áncash (AGOEMA), el Comité de Gestión del Parque Nacional Huascarán y el Comité Consultivo Regional de Turismo de Áncash informaron que el ascenso entre el Campamento 1 y el Campamento 2 del nevado Huascarán permanecerá cerrado durante 15 días calendario, a partir del 20 de julio de 2026.

Las entidades precisaron que esta medida responde exclusivamente a la necesidad de brindar condiciones adecuadas para las labores de búsqueda y rescate que se ejecutan de forma coordinada en la montaña. El objetivo es permitir que los equipos especializados puedan desplazarse con mayor seguridad y sin la presencia de expediciones turísticas en el área de intervención.

La disposición alcanza a operadores turísticos, agencias de viaje, guías de montaña, clubes de montañismo y visitantes nacionales y extranjeros, quienes deberán abstenerse de realizar ascensos por el sector restringido mientras dure la emergencia.

Las autoridades solicitaron la colaboración de toda la comunidad vinculada al turismo de aventura para respetar el cierre temporal y evitar poner en riesgo tanto a los excursionistas como a los equipos que participan en el operativo.

El Huascarán, ubicado dentro del Parque Nacional Huascarán, es uno de los principales destinos de montañismo en Sudamérica y recibe cada temporada a decenas de deportistas nacionales y extranjeros que buscan alcanzar sus cumbres. Sin embargo, las condiciones de alta montaña exigen estrictos protocolos de seguridad debido a la presencia de glaciares, grietas, avalanchas y cambios bruscos del clima.

Tres montañistas fueron localizados en grietas a 6.400 metros y continúa el operativo de rescate

La decisión de cerrar parte del acceso al nevado Huascarán ocurre mientras continúa la búsqueda de Alejandro Manuel Ugarte Jordán (38), Freddy Saúl Mendoza Lizana (36) y Artidoro Salas Gaytán (42), quienes permanecen desaparecidos desde el pasado 14 de julio, cuando descendían de la montaña tras alcanzar la cumbre.

Según informó el presidente de la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Beto Pinto Toledo, un grupo de rescatistas voluntarios logró identificar el área donde se encontrarían los tres excursionistas tras varios días de trabajo en condiciones extremas.

La localización fue posible gracias al uso de un dron especializado, el análisis de las últimas coordenadas registradas por un reloj GPS, los mensajes enviados por uno de los montañistas y la experiencia de los guías en la ruta. Como resultado, se identificaron dos grietas de más de 100 metros de profundidad, ubicadas aproximadamente a 6.400 metros sobre el nivel del mar, consideradas como los principales puntos de búsqueda.

Antes de perder contacto, Alejandro Ugarte envió un mensaje de WhatsApp a su pareja indicando que el grupo se había desorientado debido a una fuerte tormenta durante el descenso y solicitó apoyo mediante drones y helicópteros. Esa fue la última comunicación registrada.

Pinto Toledo también denunció que el operativo enfrentó dificultades de coordinación luego de que un helicóptero de la Policía Nacional no recogiera al equipo de rescatistas en el punto previamente acordado, obligándolos a descender caminando durante más de doce horas desde la montaña.

Tras esa situación y el desgaste del grupo de voluntarios, las familias de los desaparecidos decidieron contratar un equipo privado especializado en rescate de alta montaña, el cual asumirá la siguiente etapa del operativo.

De acuerdo con el plan presentado por los especialistas, la intervención se desarrollará en tres fases. La primera consistirá en confirmar la ubicación exacta de los montañistas en las grietas identificadas; posteriormente se evaluarán las condiciones del terreno y la viabilidad de una extracción, y finalmente se definirá el procedimiento para ejecutar el rescate o la recuperación, dependiendo de las condiciones encontradas en la zona.

Las autoridades de Baja California hallaron sin vida a 239 personas que habían sido reportadas como desaparecidas entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2026, de acuerdo con estadísticas de la Fiscalía General del Estado (FGE). La cifra, facilitada por la dependencia al semanario Zeta, evidencia que prácticamente cada día del primer semestre del año un desaparecido fue encontrado asesinado en la entidad.

Esas 239 muertes se suman a las 752 muertes violentas registradas de forma independiente en el estado durante el mismo periodo. El total acumulado asciende a 991 homicidios en 181 días.

La FGE registró 1,484 víctimas de desaparición en el primer semestre de 2026

La fiscalía recibió mil 407 denuncias por desaparición entre enero y junio, con un total de mil 484 víctimas. De ese universo, 994 personas fueron localizadas: 239 sin vida y 755 con vida.

Tijuana concentró el mayor número de reportes con 687 denuncias. Le siguieron Mexicali con 359, Ensenada con 300, Tecate con 69 y Rosarito con otras 69.

Además de los 239 casos con resultado fatal, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de Delitos de Desaparición Forzada mantiene abiertas otras 25 investigaciones activas. En esos expedientes, las víctimas aún no han sido halladas y los investigadores sospechan que fueron asesinadas.

Según explicó un investigador a Zeta, las personas localizadas con vida “por lo regular son menores que se enojan con la familia y son localizados a los dos o tres días”. Algunos casos se extienden porque las víctimas se trasladan a otro municipio o apagan sus teléfonos para evitar el rastreo de la fiscalía.

Alma Valeria y Jatziry Araceli: madre e hija enterradas en su propio domicilio en San Felipe

Alma Valeria Mendoza y su hija Jatziry Araceli Salazar Mendoza fueron reportadas como desaparecidas el 19 de junio de 2026 en el municipio de San Felipe. El 1 de julio, tras un cateo en su propio domicilio —el último lugar donde testigos las vieron con vida—, las autoridades encontraron sus cadáveres enterrados y con huellas de violencia.

Hasta la fecha de publicación del reportaje, la FGE no ha identificado a los presuntos responsables del doble homicidio. El caso de Alma Valeria y Jatziry ilustra el patrón más recurrente documentado en las investigaciones: víctimas halladas en sitios conocidos, con señales de ejecución deliberada.

Héctor Jonathan: enterrado bajo cemento en la Zona Centro de Tijuana por un automóvil

Héctor Jonathan desapareció el 22 de abril de 2026 en Tijuana. Su cuerpo fue encontrado el 8 de mayo, inhumado ilegalmente bajo una capa de cemento en un departamento de la Zona Centro, entre las calles Carrillo Puerto y Amado Nervo, identificado como punto de venta de droga.

La investigación determinó que tres personas —dos hombres y una mujer— lo privaron de la libertad, lo golpearon y lo asesinaron dentro del inmueble. El móvil inicial fue la apropiación de su vehículo: testigos declararon que la víctima llegó en un carro, “a la mujer le gustó el carro, Héctor entró a la casa y ya no salió”, según recoge Zeta.

Dos de los tres presuntos responsables quedaron vinculados a proceso el 2 de julio. Eric Giovanni Flores Hernández, alias el Bélico, fue detenido el 27 de junio. Melina Canales, alias La Alexa, también fue capturada y vinculada a proceso. El tercer agresor, un hombre conocido solo por su alias, permanece sin identificar plenamente.

La familia de Héctor confirmó a las autoridades que él no consumía drogas y que su visita al domicilio respondió a una relación de conocidos. La FGE señaló que los crímenes ocurrieron el 20 de abril, dos días antes de que la familia presentara el reporte de desaparición.

Víctor Manuel, de 17 años, y Ulises Antonio Reynoso, de 18, fueron vistos por última vez el 21 de abril en las canchas de la colonia Sánchez Taboada de Tijuana. Sus cuerpos fueron hallados el 24 de abril en un inmueble de la colonia Esperanza, tras un cateo ordenado por la fiscalía.

La indagatoria estableció que ambos jóvenes fueron privados de la libertad por personas de su círculo cercano, trasladados y torturados antes de ser asesinados. Los presuntos responsables son Giovanni Soriano, de 18 años, y un menor de edad, ambos detenidos en el momento del cateo.

Cementerios clandestinos activos y jornadas de búsqueda permanentes en cinco municipios

Las autoridades de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California tienen identificados varios terrenos usados por grupos criminales para inhumar ilegalmente a sus víctimas. En Mexicali se ubican en las colonias Miguel Alemán, Guajardo, Islas Agrarias y Baja California; en Ensenada, en el camino a Valle de las Palmas y el Valle de la Trinidad; en Tijuana, en las Carretas y la delegación Sánchez Taboada; en Tecate, en El Hongo y Cerro Azul; y en Rosarito, San Quintín y San Felipe, en zonas despobladas.

Las Comisiones de Búsqueda locales de los cinco municipios realizan jornadas de rastreo de lunes a viernes, con extensión a los sábados cuando las circunstancias lo requieren. En Mexicali, las búsquedas en la colonia Miguel Alemán se realizan los lunes, miércoles y viernes, mientras que los martes y jueves se rastrean otras áreas de la capital.

Respecto a los móviles identificados en las investigaciones, los agentes de la Fiscalía Especializada señalaron tres causas principales: la venta o el consumo de droga, el involucramiento con células criminales en disputa por el control territorial y, en el caso de las mujeres, “temas de género que son los menos”, según declaró la propia dependencia a Zeta.

Sobre el caso de tres menores —Jeremy Alexander, Brian Samuel y Edgar Jovani— hallados el 10 de junio en fosas clandestinas en el Escorial de Tecate, sus familias sostuvieron que los jóvenes habían respondido a una oferta de trabajo. Una investigadora precisó a Zeta que la carpeta no registra referencia a una cita laboral: “Lo que se tiene es que uno de ellos le mandó un mensaje a su novia por Instagram y le dice: ‘¿Sabes qué? Vamos a ir a quebrarnos a unas personas, de reza por mí’”. Las autoridades trabajan en la obtención de mandamientos judiciales contra los presuntos responsables ya identificados.

Lo que debía ser una expedición más hacia la cima del Huascarán, la montaña más alta del Perú, con 6.768 metros sobre el nivel del mar, terminó convirtiéndose en una carrera contra el tiempo. Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas permanecen desaparecidos en el macizo ubicado en la Cordillera Blanca, luego de que su última comunicación se registrara el martes 14 de julio, cuando alertaron que se habían perdido durante el descenso.

La emergencia ha movilizado a familiares, guías de alta montaña, voluntarios, efectivos policiales y aeronaves de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), quienes desafían avalanchas, grietas, temperaturas bajo cero y fuertes vientos para intentar encontrarlos.

Un mensaje que encendió las alarmas

La última señal conocida de Alejandro Manuel Ugarte Jordán fue tan breve como inquietante. De acuerdo con el testimonio de su pareja la influencer Paola Chiappina, el fotógrafo logró enviar un mensaje en el que solo escribió una palabra: “Perdidos”.

Era la mañana del martes, fecha en la que el grupo debía iniciar el descenso tras alcanzar la cumbre. Después de ese contacto no volvieron a comunicarse.

Ugarte no estaba solo. Lo acompañaban Freddy Saúl Mendoza Lizana y Artidoro Salas Gaytán, ambos experimentados guías y conocedores de la Cordillera Blanca. Los tres integraban una expedición conformada originalmente por cinco personas. Mientras dos de los montañistas consiguieron continuar su recorrido, ellos quedaron rezagados en una de las zonas más peligrosas del Huascarán, entre el Campo 1 y el Campo 2, a más de seis mil metros de altitud.

La información preliminar permitió establecer que el grupo habría perdido la ruta durante el descenso, uno de los momentos más delicados en cualquier ascenso de alta montaña.

Tres vidas unidas por la montaña

Alejandro Ugarte era ampliamente conocido en el mundo audiovisual. Fotógrafo y cineasta, había convertido la naturaleza peruana en uno de los principales escenarios de su trabajo. Sus imágenes de montañas, glaciares y paisajes andinos eran frecuentes en sus redes sociales y en distintos proyectos audiovisuales.

Familiares contaron que llevaba varias semanas en Áncash aclimatándose antes de intentar la ascensión al Huascarán, una preparación indispensable para enfrentar la falta de oxígeno propia de esas altitudes.

Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas, por su parte, eran guías de montaña con amplia experiencia en la Cordillera Blanca. Ambos trabajaban conduciendo expediciones y conocían los riesgos que implica ascender al nevado más alto del país.

Precisamente esa experiencia fue la que alimentó la esperanza de sus familiares durante las primeras horas de búsqueda, convencidos de que podían encontrar refugio mientras llegaba ayuda.

Una búsqueda contrarreloj

Tras conocerse la desaparición, comenzó un operativo que reunió a integrantes de la División de Rescate de Alta Montaña de la Policía Nacional, la Asociación de Guías de Montaña del Perú, Socorro Andino, rescatistas voluntarios y personal especializado.

La Fuerza Aérea del Perú también puso a disposición helicópteros para apoyar las labores cuando las condiciones meteorológicas lo permitieran.

Sin embargo, el rescate se enfrenta a un enemigo permanente: el propio Huascarán.

Los equipos deben avanzar por glaciares atravesados por profundas grietas, pendientes cubiertas de hielo y sectores donde las avalanchas pueden producirse de manera repentina conforme aumenta la temperatura durante el día.

Las ventanas de trabajo son reducidas. Los ascensos suelen realizarse durante la madrugada, cuando el hielo permanece más estable y disminuye el riesgo de desprendimientos.

En medio de la búsqueda también se recurrió al uso de drones para intentar identificar rastros del grupo desde el aire, especialmente en sectores de difícil acceso donde un helicóptero no puede permanecer por mucho tiempo.

Las labores se intensificaron luego de que se identificaran algunos equipos utilizados por los montañistas, lo que permitió acotar el área de búsqueda. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no había sido posible establecer su ubicación.

La montaña más alta del Perú

El Huascarán no solo representa el techo del país. También es uno de los principales destinos para el montañismo internacional.

Ubicado dentro del Parque Nacional Huascarán, en Áncash, recibe cada año a deportistas y turistas atraídos por la Cordillera Blanca, considerada la mayor concentración de glaciares tropicales del planeta.

Pero junto con esa belleza llegan riesgos permanentes.

Las bajas temperaturas, la disminución del oxígeno, las tormentas repentinas, los desprendimientos de hielo y roca, las grietas ocultas bajo la nieve y las avalanchas forman parte de un entorno donde cualquier error puede tener consecuencias fatales.

Estudios del Instituto Nacional de Investigación en Glaciares y Ecosistemas de Montaña (INAIGEM) han advertido además que el retroceso glaciar y el incremento de la temperatura favorecen una mayor inestabilidad en algunos sectores del macizo, aumentando el riesgo de desprendimientos.

Un historial marcado por tragedias

El Huascarán ocupa un lugar especial en la historia del Perú por haber sido escenario de una de las peores catástrofes naturales registradas en el país. El 31 de mayo de 1970, un terremoto de magnitud 7,9 provocó el desprendimiento de millones de toneladas de roca, hielo y nieve desde el Huascarán Norte. El gigantesco aluvión sepultó las ciudades de Yungay y Ranrahirca y dejó decenas de miles de víctimas.

Más de cinco décadas después, la montaña continúa siendo escenario de emergencias que ponen a prueba a montañistas y rescatistas. En junio de 2025, dos montañistas japonesas, Chiaki Inada y Saki Terada, fueron reportadas como desaparecidas durante una expedición al Huascarán. Tras más de 48 horas de búsqueda, un equipo de rescate logró ubicarlas en una zona de difícil acceso, a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Ambas presentaban signos de hipotermia y mal de altura; pese a los esfuerzos por auxiliarlas, una de ellas falleció.

Un mes después, en julio de ese mismo año, tres alpinistas españoles —identificados con las iniciales G. S. (25), E. P. (27) y M. L. F. (30)— quedaron atrapados en un glaciar del Huascarán tras ascender sin un guía certificado ni el equipo técnico completo. Gracias a un operativo de rescate, los tres sobrevivieron.

No todas las tragedias recientes ocurrieron en el Huascarán. El 29 de mayo de 2025 fueron reportados como desaparecidos los montañistas Efraín Homer Pretel, Jesús Picón Huerta y el fotógrafo brasileño Edson Bandeira Acosta durante una expedición al nevado Artesonraju, también ubicado en la Cordillera Blanca. Los tres murieron sepultados por una avalancha y sus cuerpos fueron recuperados el 22 de junio, tras 24 días de intensas labores de búsqueda.

La tragedia más reciente ocurrió el 16 de julio de 2026, mientras continuaban las labores para ubicar a Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas. Un alud sorprendió a otra expedición que ascendía por el sector de La Canaleta, a unos 5.500 metros sobre el nivel del mar. El accidente provocó la muerte del porteador Ignacio Chinchay y dejó heridos a Kailash Tiagraham, un turista de 42 años natural de la India, y a Edgar Laveriano, guía oficial de montaña de 43 años procedente de Chacas.

Estos casos representan solo algunos de los accidentes registrados en los últimos años en el Huascarán y otras montañas de la Cordillera Blanca. Avalanchas, grietas ocultas, desprendimientos de hielo, cambios bruscos del clima y el mal de altura han cobrado la vida de numerosos montañistas nacionales y extranjeros, convirtiendo a esta cadena montañosa en uno de los escenarios más desafiantes para el andinismo en Sudamérica.

La esperanza continúa

Mientras las horas siguen avanzando, familiares de Alejandro Ugarte, Freddy Saúl Mendoza y Artidoro Salas mantienen la esperanza de que los tres montañistas puedan ser encontrados con vida.

Las labores continúan condicionadas por el clima y por las difíciles características del terreno, donde cada metro recorrido exige horas de esfuerzo.

Las autoridades de San Pedro de Macorís recuperaron esta mañana 17 de julio el cuerpo sin vida de Nashla María Griffith, de 22 años, quien había sido reportada como desaparecida en el río Higuamo.

El hallazgo se produjo después de intensas labores de búsqueda iniciadas la tarde del 16 de julio, cuando la joven desapareció junto a Jonathan Batista, conocido como “La Percha”, mientras recorrían el río a bordo de una moto acuática.

Según informaron organismos de emergencia, el caso se mantiene bajo investigación y aún no se descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido. Nashla Griffith había acudido al balneario La Fuente de Oro, en las inmediaciones del río Higuamo, para compartir con un grupo de amigos y familiares.

Según testimonios recogidos por los medios locales, en determinado momento de la jornada, la joven decidió realizar un recorrido sobre un jet ski en compañía de Jonathan Batista, quien había llegado al país recientemente desde Estados Unidos.

Ambos se internaron en las aguas del río cerca del sector conocido como la Fuente de Angelina, alrededor de las 16:00 horas de ayer.

Sin embargo, pasadas varias horas sin noticias de su regreso, allegados reportaron la desaparición de la pareja a las autoridades. Inmediatamente, se desplegó un operativo conjunto integrado por la Defensa Civil, la Armada de República Dominicana y servicios locales de emergencia, que inició la búsqueda en distintos puntos del río y sus alrededores.

Por lo que, esta mañana el personal de los equipos de rescate halló el cuerpo de Nashla Griffith. El operativo continuó se llevo a cabo parte de la noche de ayer y primeras horas del día, utilizando embarcaciones menores y buzos especializados. El hallazgo tuvo lugar en un área próxima a donde fue vista por última vez la moto acuática, según detallaron voceros de los organismos de socorro.

Jonathan Batista, de quien se presume acompañaba a Nashla al momento del incidente, permanece desaparecido. La búsqueda se mantiene activa, con enfoque en zonas donde la corriente del río podría haber arrastrado a la pareja.

Investigación en curso: accidente o hecho criminal

El caso de Nashla Griffith ha generado gran atención pública en San Pedro de Macorís. Las autoridades han informado que aún no descartan ninguna línea de investigación.

Si bien las circunstancias iniciales apuntan a un accidente, se mantienen abiertas otras hipótesis, incluida la posibilidad de una acción criminal.

El cuerpo de la joven fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF), donde se practicará la autopsia para determinar las causas exactas del fallecimiento.

Fuentes cercanas a la investigación señalaron que el entorno de la víctima y su acompañante están siendo entrevistados para recabar más detalles sobre los minutos previos al incidente y esclarecer la secuencia de los hechos. Además, se revisan registros de cámaras de seguridad de zonas aledañas al balneario y se analizan las condiciones de la moto acuática utilizada por los jóvenes.

La desaparición y posterior hallazgo del cuerpo de Nashla Griffith ha conmocionado a la comunidad de San Pedro de Macorís y a su entorno familiar. Vecinos y allegados se han congregado en las cercanías del río, aguardando novedades sobre la búsqueda de Jonathan Batista y exigiendo respuestas claras sobre lo sucedido.

Las autoridades han solicitado paciencia y colaboración mientras avanzan las pesquisas y continúan con los esfuerzos de rastreo en el río Higuamo. Se prevé que los resultados oficiales de la autopsia estén disponibles en las próximas horas, lo que permitirá a los investigadores definir el rumbo de la causa.

La Fiscalía General del Estado confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López, de 35 años, y de manera extraoficial se informó también la muerte de su hermano Miguel Ángel Sánchez López, de 37, ambos originarios de Culiacán, después de haber desaparecido tras un viaje a Mazatlán, Sinaloa para celebrar un cumpleaños. El caso permaneció sin resolución pública durante más de 40 días y siguió bajo investigación, sin que las autoridades dieran a conocer la causa de muerte, el punto exacto del hallazgo o si había personas detenidas.

El secretario del Ayuntamiento de Mazatlán, Moisés Ríos Pérez, sostuvo que los cuerpos habrían sido localizados desde hacía más de un mes, pero la identidad se confirmó hasta después de pruebas genéticas. Precisó que el hallazgo no había sido reciente y que la identificación se dio a conocer apenas unos días antes, una vez concluidos los procedimientos correspondientes.

Ese dato modificó la línea temporal conocida hasta entonces: aunque la confirmación oficial llegó el 14 de julio de 2026, los cuerpos ya habrían estado bajo resguardo con anterioridad. Ríos Pérez dijo que no recibió información sobre las condiciones en las que fueron encontrados ni sobre una posible fosa clandestina, y señaló que esos detalles correspondían a la Fiscalía.

Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán

Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026, cuando viajaron desde Culiacán a Mazatlán. De acuerdo con la versión difundida por su familia, el traslado tuvo como motivo celebrar el cumpleaños de Arlin.

Karla López, hermana de ambos, sostuvo que el caso comenzó el 30 de mayo de 2026, cuando los tres salieron rumbo al puerto. En una publicación en redes sociales afirmó que lo que debía ser un momento de felicidad se convirtió en una pesadilla, luego de que fueron privados de la libertad por personas desconocidas.

La joven también dio a conocer que ella recuperó su libertad después de los hechos, mientras sus dos hermanos permanecieron desaparecidos. No se informaron las circunstancias en que logró salir ni el momento exacto en que ocurrió.

Durante las semanas siguientes, familiares, amigos y ciudadanos difundieron las fichas de búsqueda en redes sociales. En uno de esos mensajes se leyó: “Hoy levantamos la voz con el corazón destrozado para pedir ayuda en la búsqueda de mis hermanos, Miguel Ángel Sánchez López y Arlin Angélica Sánchez López”.

La identificación llegó después de los estudios genéticos

La respuesta central del caso fue ésta: las autoridades confirmaron la muerte de los dos hermanos después de que estudios genéticos permitieron identificar dos cuerpos localizados en las inmediaciones de Villa Unión. Hasta ese momento, la ficha de búsqueda de Arlin fue desactivada con la leyenda “localizada”, mientras el boletín de desaparición de Miguel Ángel seguía activo.

De forma extraoficial se mencionó que ambos aparecieron en una fosa clandestina en la sindicatura de Villa Unión. Ese punto no fue confirmado por la autoridad estatal ni por el funcionario municipal, que insistió en que no le informaron si los cuerpos estaban en ese sitio.

La Fiscalía tampoco hizo públicos otros datos del expediente. No se conocieron oficialmente las causas de muerte, ni el lugar preciso del hallazgo, ni la existencia de detenciones vinculadas con el caso.

Arlin Angélica fue descrita en su ficha de búsqueda como una mujer de 35 años, de 1.67 metros de estatura, complexión robusta, cabello corto, lacio y castaño oscuro, y tez morena clara. Como seña particular se indicó una cicatriz de aproximadamente tres centímetros en el entrecejo.

Miguel Ángel, conocido entre familiares y amigos como Luda, tenía 37 años. Su ficha lo describió con una estatura de 1.67 metros, tez morena clara, complexión robusta y cabello negro ondulado; además, señaló dos cicatrices, una en la entreceja y otra en la oreja izquierda.

Familiares y amigos les rindieron homenaje en Culiacán

Después de conocerse la noticia, familiares y amigos rindieron un homenaje a ambos hermanos en el campo Lobos, ubicado en el Infonavit Solidaridad. Ahí se reunieron personas cercanas para recordarlos.

También se dio a conocer que los dos eran aficionados al futbol y practicaban ese deporte en el Club Lobos. Ese vínculo deportivo formó parte de las referencias públicas que circularon mientras la búsqueda seguía activa.

• La Fiscalía confirmó la localización sin vida de Arlin Angélica Sánchez López y de forma extraoficial se informó también la muerte de Miguel Ángel Sánchez López.
• Los hermanos desaparecieron después de viajar de Culiacán a Mazatlán; fueron vistos por última vez el 2 de junio de 2026.
• La identidad de los cuerpos se confirmó mediante pruebas genéticas y la investigación continuó sin datos oficiales sobre la causa de muerte o posibles detenidos.

La búsqueda de un hijo terminó después de más de cuatro años de incertidumbre, recorridos por el desierto y jornadas de rastreo en fosas clandestinas. Sin embargo, el desenlace no fue el que su madre esperaba.

El colectivo Guerreras Buscadoras Cajeme confirmó que Dulce, una de sus integrantes, logró identificar los restos de su hijo Ángel Eduardo Espinoza Meza, quien permanecía desaparecido desde el 15 de abril de 2022 en Ciudad Obregón, Sonora.

De acuerdo con la agrupación, los restos del joven fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Bácum, al sur del estado. Tras los estudios periciales realizados por las autoridades, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora confirmó la identidad y entregó los restos a sus familiares para que pudieran darle sepultura.

La noticia puso fin a más de cuatro años de incertidumbre para su madre, quien durante ese tiempo se convirtió en una de las decenas de mujeres que integran colectivos de búsqueda en Sonora, recorriendo terrenos, brechas y predios con la esperanza de encontrar a su hijo con vida.

“Por fin regresó a casa”, dice el colectivo

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Guerreras Buscadoras Cajeme expresó su solidaridad con Dulce y compartió el dolor que implica encontrar a un ser querido sin vida, pero también el alivio de poner fin a una búsqueda marcada por la incertidumbre.

“El hijo de nuestra compañera por fin regresó a casa, no de la manera que muchas quisiéramos encontrar a nuestros hijos y familiares, pero después de más de cuatro años sin saber de él, hoy podrá darle un descanso digno”, señalaron las integrantes del colectivo.

Ángel Eduardo fue visto por última vez en Ciudad Obregón el 15 de abril de 2022. Tras su desaparición, su madre decidió unirse a las Guerreras Buscadoras Cajeme, colectivo que desde hace años participa en jornadas de búsqueda en distintos municipios de Sonora y que ha localizado cientos de restos humanos en fosas clandestinas.

Durante el hallazgo donde fueron encontrados los restos de Ángel Eduardo también se localizó una identificación a nombre de Heriberto Adarga, además de diversas prendas de vestir y otros indicios, los cuales quedaron bajo resguardo de las autoridades ministeriales para continuar con las investigaciones y los procesos de identificación correspondientes.

Las buscadoras reiteraron que, pese a la noticia que recibió una de sus compañeras, continuarán acompañando a las familias que siguen buscando a sus seres queridos desaparecidos.

Una historia que refleja la crisis de desapariciones en México

El caso de Ángel Eduardo ocurre en medio de una crisis nacional de desapariciones que mantiene movilizados a cientos de colectivos de búsqueda en distintos estados del país.

Precisamente, esta semana la problemática volvió a colocarse en el centro del debate público luego de que colectivos de madres buscadoras denunciaron el retiro de un antimonumento instalado en el Ángel de la Independencia, en la Ciudad de México.

La estructura había sido colocada apenas un día antes para recordar a las más de 135 mil personas desaparecidas registradas en México y para exigir acciones efectivas por parte de las autoridades.

El memorial llevaba la leyenda: “México campeón en desaparición, más de 135 mil en 2026”, además de rendir homenaje a Ana Amelí, estudiante de la UNAM desaparecida hace un año en el Ajusco.

De acuerdo con los colectivos, alrededor de la 1:40 de la madrugada, un grupo de aproximadamente cinco personas ingresó a la glorieta del Ángel de la Independencia, retiró la estructura y se la llevó envuelta en bolsas negras.

La madre de Ana Amelí, Vanessa Gámez, criticó lo ocurrido y aseguró que el memorial buscaba visibilizar una realidad que, afirmó, incomoda a las autoridades.

"Así como ese antimonumento desaparece de noche, también desaparecen las personas“, expresó tras denunciar el retiro de la estructura.

Luego de las denuncias públicas, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, informó que instruyó a la Secretaría de Seguridad Ciudadana investigar quién retiró el antimonumento y esclarecer lo sucedido.

Mientras continúan las investigaciones por ese caso, historias como la de Dulce recuerdan que detrás de cada cifra existe una familia que durante años enfrenta la incertidumbre de no saber dónde está un ser querido.

Aunque la identificación de los restos de Ángel Eduardo significó el final de una larga búsqueda, las Guerreras Buscadoras Cajeme insistieron en que seguirán recorriendo campos y fosas clandestinas de Sonora hasta que todas las familias puedan conocer el paradero de sus desaparecidos y darles un descanso digno.

El gobierno de Delcy Rodríguez diariamente publica un parte oficial sobre los terremotos del 24 de junio. El balance incluye 16 ítems, desde los fallecidos hasta las réplicas que han ocurrido hasta la fecha, pero omite un concepto que ha ido tomando fuerza con el pasar de los días: el número de desaparecidos.

“Mucho se ha dicho sobre la cifra de desaparecidos, que nosotros estamos ocultando, si te das cuenta, desde el día 25 de junio, personalmente me presenté y dimos la cifra de personas que fallecieron, personas que tenemos la certificación de que en efecto lamentablemente perdieron la vida durante los dos terremotos. No podemos manejarnos en base a especulaciones sino en base a la realidad”, expresó el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, en una rueda de prensa ofrecida el sábado 11 de julio.

El jefe del Poder Legislativo y hermano de la mandataria interina, Delcy Rodríguez, precisó que hasta el viernes 10 de julio no habían podido identificar al 7% del total de fallecidos para ese momento, unas 315 personas. Sin embargo, aseguró que las autoridades habían tomado todas las muestras necesarias para eventualmente poder determinar la identidad de estas víctimas.

Rodríguez indicó que el gobierno estaba cruzando todas las bases de datos de hospitales, fallecidos y reportados por familiares para precisar la cantidad de afectados, mientras cuestionó los bulos que corren por las redes.

“¿Usted sabe cuánto tiempo invertimos nosotros buscando el tema de los niños desaparecidos, el tema de la trata de personas, el tema de la necrofilia, la fosa común? ¿Cómo se siente una persona que perdió un ser querido allí?”, señaló en referencia a rumores que han generado preocupación en la opinión pública.

Vacío

En las afueras de hospitales y refugios, familiares cuelgan carteles con las imágenes y nombres de sus seres queridos desaparecidos. Lo mismo ocurre en las redes sociales, donde la búsqueda se amplifica.

“Es un problema no tener información oficial, que ciertamente es difícil de construir en las condiciones actuales por nuestra institucionalidad fragmentada y por la magnitud del daño, que es muy grande”, explica sobre el tema de los desaparecidos Carlos Trapani, coordinador general de Cecodap, organización que promueve y defiende los derechos de niños, niñas y adolescentes.

El investigador de la Universidad Católica Andrés Bello comenta que ha revisado muchas bases de datos elaboradas por iniciativas particulares, donde ha encontrado errores o duplicidad de nombres. “Es un esfuerzo ciudadano valioso, pero necesariamente tienes que cruzarlo con una data oficial” que, por el momento, no existe.

Trapani subraya la necesidad de construir una base de datos que se alimente con los registros detallados del sistema público de salud y también del sector privado. “Esa información no se tiene”, enfatiza el abogado, que advierte que puede haber un número importante de desaparecidos que estén fallecidos. “Es muy difícil saldar la deuda con las familias que necesitan información”, admite el portavoz de Cecodap.

La FGJCDMX pidió siete meses más para concluir el análisis de casi 1,600 hallazgos recuperados en Tláhuac y Chalco, sin que hasta ahora hubiera identificado a ninguna persona, pese a que el caso ya había sido presentado a familias buscadoras como el mayor hallazgo de restos humanos registrado en la administración de Clara Brugada.

Tres meses después de las jornadas de búsqueda, la Fiscalía capitalina sólo había establecido de manera preliminar que parte de los restos correspondía a un hombre, una mujer y dos menores de edad. Ninguno había sido identificado.

La reunión con autoridades ocurrió el viernes 10 de julio. Ahí, las familias escucharon los primeros avances y reclamaron que la información seguía incompleta, además de que el procesamiento pericial avanzaba con lentitud por falta de personal especializado.

Jaqueline Palmeros, madre buscadora que participó en las labores de campo, sostuvo que la Fiscalía no contaba con los elementos suficientes para desarrollar todo el trabajo de identificación requerido. Explicó que todavía faltaban estudios antropológicos, odontológicos y genéticos para determinar a quién correspondían los fragmentos localizados.

“Dicen que les van a llevar siete meses tener ya algo más completo, pero que tenía la necesidad de mostrarnos esto, puesto que ya se vienen otra vez las búsquedas”, dijo, reportó el portal Proceso.

La búsqueda comenzó por la desaparición de una joven y dos gemelos en Iztapalapa

Los hallazgos habían sido localizados entre el 7 y el 17 de abril. La intervención comenzó a partir de un análisis de contexto relacionado con la desaparición de Jael Montserrat Uribe Palmeros, quien desapareció el 24 de julio de 2020 en la alcaldía Iztapalapa cuando tenía 21 años; después de cuatro años y medio de búsqueda, sus segmentos óseos fueron localizados en el Ajusco.

Por este caso, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió una recomendación a la Fiscalía capitalina por la falta de debida diligencia y perspectiva de género en la búsqueda.

Entre las omisiones que el organismo de derechos humanos encontró fue que el personal ministerial señaló en un inicio que la desaparición de Monserrat fue voluntaria, contraviniendo el protocolo de búsqueda inmediata de personas en situación de extravío o ausencia, especialmente de mujeres.

Tampoco se activó el protocolo Alba para su búsqueda y durante la entrevista con la familia de la joven para conocer datos de personas desaparecidas antemortem, la entrevistadora realizó apreciaciones prejuiciosas, revictimizantes y con estereotipos de género.

Asimismo se unieron a esta amplia búsqueda la familia de los hermanos Brandon Guillermo y Luis Daniel Nicolás Ramírez, desaparecidos el 1 de diciembre de 2023 en la colonia Desarrollo Urbano Quetzalcóatl, en la alcaldía Iztapalapa.

Esa investigación llevó a las familias buscadoras y a la Fiscalía a ubicar el polígono entre Tláhuac y Chalco como un punto de interés. A partir de ahí se desarrollaron las jornadas de búsqueda que derivaron en la recuperación del material hoy bajo análisis.

Palmeros cuestionó que, pese a la magnitud del hallazgo, la exposición presentada por las autoridades no respondió a las principales dudas de las familias. Afirmó que la presentación fue parcial y que incluso dejó fuera muestras de agua y tierra que ya habían sido tomadas durante el proceso.

“La presentación de hoy fue parcial, sin cuidar los aspectos revictimizantes; los procesos que se nos explicaron, lamentablemente, están inconclusos”, señaló al salir del encuentro frente al CAIBP.

La buscadora insistió en que la demanda central seguía siendo el refuerzo del equipo pericial. “Necesitamos más antropólogos, más odontólogos, gente que refuerce lo que ya hay”, afirmó.

Las familias acusaron fallas periciales y ausencia de análisis de contexto

Durante la reunión también se habló de retomar jornadas de búsquedas generalizadas y por patrones en la zona. Palmeros sostuvo que ese anuncio llegó sin un análisis de contexto sólido sobre cómo estaban desapareciendo personas en esa parte de la ciudad.

“Se habló de un análisis de contexto de la zona y no lo hay todavía. Es necesario para las familias saber cómo están desapareciendo las personas de ese lado de la ciudad, y pues no, no tuvimos nada de eso”, dijo.

La madre buscadora también relató que personal pericial informó que una parte del material enviado a análisis correspondía a fragmentos de cerámica. Para las familias, ese dato abrió dudas sobre la calidad del trabajo técnico desarrollado desde el levantamiento y clasificación inicial de los hallazgos.

“Lo que pone en tela de juicio, entonces, el profesionalismo de las personas que trabajan en periciales. ¿Con quién estamos tratando? Qué tipo de periciales son los que tenemos, que estaban seguros primero de que se trataba de un resto óseo y al momento de procesar, ya en las instalaciones de periciales, dicen que no, que muchos de ellos eran de cerámica y cosas de esas que se estaban encontrando”, expresó.

Palmeros añadió que las familias preguntaron si la Fiscalía podía sostener la hipótesis inicial de que algunos restos fueran prehispánicos. La respuesta, según dijo, fue negativa, porque hasta ese momento las autoridades no podían afirmar esa teoría.

La buscadora conocía de primera mano estos procesos. Su hija, Yael Montserrat Uribe Palmeros, había desaparecido en julio de 2020 y cuatro años después ella encontró parte de sus restos en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

Desde entonces continuaba la búsqueda del resto del cuerpo de su hija y exigía justicia por su feminicidio. Su caso se insertaba en una ciudad que acumulaba 6,097 personas desaparecidas y no localizadas, de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.

La reunión también contó con acompañamiento de la CDHCM. La presencia del organismo ocurrió a partir de una queja presentada por las familias, que denunciaron presuntas irregularidades cometidas desde el inicio de las búsquedas.

• La Fiscalía capitalina informó que requería siete meses más para concluir el análisis de casi 1,600 hallazgos encontrados en Tláhuac y Chalco.
• Hasta el 10 de julio sólo había una clasificación preliminar de parte de los restos: un hombre, una mujer y dos menores de edad, sin identificaciones confirmadas.
• Las familias buscadoras denunciaron falta de antropólogos, odontólogos y genetistas, además de fallas periciales e irregularidades señaladas ante la CDHCM.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México confirmó la muerte de Mónica Núñez Marín, una mujer colombiana de 38 años que contaba con un boletín de búsqueda por desaparición en el Estado de México. La institución informó que la víctima falleció el 5 de julio tras sufrir un accidente automovilístico en el municipio de Tepeji del Río, en Hidalgo, y que un familiar en Colombia ya fue notificado del deceso.

Según la Fiscalía mexiquense, la desaparición de Núñez Marín se reportó el mismo 5 de julio, después de que se le vio por última vez en San Isidro, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Con ese reporte, se emitió el boletín de búsqueda correspondiente.

La dependencia detalló que, el día del accidente, la mujer fue trasladada a un hospital del municipio de Jilotepec, Estado de México, donde ingresó en calidad de no identificada. Días después, la víctima murió en ese hospital, todavía sin que se confirmara su identidad.

La FGJEM precisó que el 12 de julio dos personas acudieron a la institución para informar que conocían a la mujer. De acuerdo con su versión, la localizaron al revisar la última conexión registrada en su teléfono celular, que ubicaron en Tepeji del Río.

Con esa información, ambas personas identificaron a la mujer que permanecía como no identificada en el hospital de Jilotepec. La Fiscalía mexiquense señaló que ese mismo 12 de julio su personal estableció contacto con la hija de la víctima, quien residía en Colombia, para informarle sobre el caso.

La institución añadió que personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Hidalgo (FGJEH) acudió a las instalaciones de la Fiscalía mexiquense para asumir la investigación, debido a que el accidente ocurrió en territorio hidalguense.

De acuerdo con la FGJEM, el cuerpo fue entregado a la Fiscalía de Hidalgo porque la carpeta de investigación correspondió a esa jurisdicción. La autoridad mexiquense indicó que se mantuvo atenta para colaborar tanto con las diligencias del caso como con la familia en las gestiones necesarias para la repatriación, mientras la Fiscalía hidalguense continuó con el procedimiento.

Mónica llegó a México para darle una vida mejor a su hija en Colombia

Mónica Núñez llegó a México para buscar mejores condiciones de vida para su hija en Colombia, pero murió tras un choque ocurrido el domingo 5 de julio, luego de que el vehículo en el que viajaba perdió el control y se estrelló contra una barrera de protección.

Desde esa madrugada, sus familiares ya habían iniciado gestiones de búsqueda porque la última comunicación conocida se había dado durante las primeras horas de ese mismo día. La geolocalización de su teléfono celular registró su última ubicación en San Isidro, Cuautitlán Izcalli, y a partir de ese punto se perdió el contacto.

La hija de Núñez, quien residía en Colombia, contó que la noche previa Mónica había asistido a una reunión en la alcaldía Magdalena Contreras. Después solicitó un taxi de aplicación para regresar a casa y viajó acompañada de su mascota.

En una videollamada realizada cerca de las 4:00 a. m., Mónica mostró que iba con su perrita y varios hombres, a quienes identificaron como presuntos compañeros de trabajo. Poco después, ella publicó imágenes en sus redes sociales en las que también aparecía dentro del vehículo.

En las fichas de búsqueda se describió que la mujer vestía jeans y sudadera negra; tenía el cabello rubio con rayos y era de complexión delgada. También se consignó que tenía varios tatuajes y un piercing en la fosa nasal derecha como señas particulares.

Las autoridades mexicanas y colombianas activaron protocolos de búsqueda y emitieron fichas oficiales. Aun así, una amiga fue quien reconoció el cuerpo, después de que la familia reportó que no recibió apoyo durante el proceso inicial.

Núñez trabajaba en una oficina de préstamos en México. Tras confirmarse su muerte, sus familiares solicitaron ayuda para cubrir los trámites de repatriación y el traslado del cuerpo a su ciudad natal, con el objetivo de sepultarla en Colombia.

De acuerdo con su familia, ese proceso requirió una suma aproximada de 30 millones de pesos colombianos, por lo que pidieron apoyo a la ciudadanía y a las autoridades para solventar los gastos.

• El accidente ocurrió el domingo 5 de julio, tras un choque contra una barrera de protección.
• La última ubicación del celular se registró en San Isidro, Cuautitlán Izcalli y después se perdió el contacto.
• La familia solicitó ayuda para la repatriación, con un costo estimado de 30 millones de pesos colombianos.

La víctima fatal era un hombre adulto cuya identidad no fue revelada. Los equipos de rescate lo sacaron con vida del agua, pero murió a pesar de las maniobras de reanimación. Un perro que viajaba a bordo también perdió la vida.

Qué pasó con el barco cerca de Alcatraz

Las autoridades creen que el Volare, con base en Stockton, California, fue golpeado por una ola que lo hizo volcar. La llamada de emergencia llegó a las 3:30 p.m., hora local, según informó la Associated Press.

Cuando los primeros respondedores llegaron al lugar, el barco estaba casi completamente sumergido, con el motor aún en marcha y con fuga de combustible. Solo el nivel superior asomaba sobre la superficie. Poco después, el Volare desapareció por completo bajo el agua.

El barco se encontraba a unos 550 metros (600 yardas) de la isla cuando volcó, según precisó el teniente de bomberos Mariano Elias. Las autoridades creen que zarpó desde el St. Francis Yacht Club, en el barrio Marina de San Francisco.

El rescate y los primeros testimonios

Aaron Anfinson, capitán del Bass-Tub, fue uno de los primeros en llegar al lugar. Según relató al San Francisco Chronicle, su barco transportaba pasajeros hacia el puente Golden Gate cuando un hombre en una embarcación más pequeña los detuvo y señaló el Volare en llamas en medio de la bahía.

Para cuando el Bass-Tub llegó, el fuego ya se había extinguido, pero el barco se hundía. Algunas personas ya estaban en el agua y otras permanecían a bordo. Anfinson y su tripulación distribuyeron chalecos salvavidas y bajaron una escalerilla de natación. Una mujer con una herida en la cabeza fue la primera en ser auxiliada.

“Fue aterrador. No quiero ver a nadie en esa situación”, declaró Anfinson al San Francisco Chronicle.

El jefe de bomberos de San Francisco, Dean Crispen, confirmó que el accidente fue reportado inicialmente como un incendio, “pero ahora no tenemos ninguna evidencia de eso”. Tres pasajeros sufrieron lesiones por el impacto de la caída al agua y fueron trasladados a un hospital; se esperaba que recibieran el alta esa misma noche.

Los 16 rescatados fueron llevados a Gashouse Cove Marina, un puerto deportivo de San Francisco. Imágenes en vivo mostraron a un hombre y una mujer envueltos en mantas, sentados en la acera junto a una ambulancia.

La búsqueda nocturna de los desaparecidos

Al caer la noche del martes, las autoridades trasladaron la búsqueda hacia el océano abierto, al oeste del puente Golden Gate. El operativo incluyó 11 embarcaciones, helicópteros, buzos y nadadores de rescate, con previsión de continuar toda la noche, según informó la Associated Press.

Crispen señaló que las corrientes y el viento indicaban que cualquier persona en el agua se desplazaría hacia el este. El número de desaparecidos subió de dos a tres tras recabar nuevos testimonios de testigos.

“Esto es un operativo de todos a cubierta, y esperamos que también sea un rescate”, declaró el alcalde de San Francisco, Daniel Lurie, quien extendió sus condolencias a los familiares del fallecido.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que los esfuerzos de búsqueda y rescate continuaban activos.

Por qué las aguas de Alcatraz son tan peligrosas

La isla de Alcatraz, hoy destino turístico que recibe millones de visitantes al año para conocer la antigua prisión federal, se ubica en la bahía de San Francisco a unos 1,6 kilómetros (una milla) al norte de la costa de la ciudad.

Sus aguas son traicioneras: corrientes marinas intensas, temperaturas bajas y vientos frecuentes las convierten en una zona de alto riesgo para la navegación. Esa misma combinación de factores fue la que, durante décadas, hizo de Alcatraz una prisión considerada imposible de escapar.

La Associated Press reportó que la zona atrae habitualmente veleros y otros barcos de paseo, pese a las condiciones adversas.

La aspirante a coordinar los comités de la Transformación y la Defensa de la Soberanía Nacional, Esthela Damián Peralta, ofreció una disculpa pública luego de que la fundadora y representante de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia, Socorro Gil Guzmán, denunciara que brigadistas colocaron calcomanías de la exconsejera jurídica del gobierno federal encima de fichas de búsqueda de personas desaparecidas pegadas en postes de la Costera Miguel Alemán y la zona poniente de Acapulco.

De acuerdo con Gil Guzmán, además de la propaganda de Damián Peralta, en el mismo recorrido se detectó material de reclutamiento de la Guardia Nacional colocado también sobre las fichas de búsqueda, situación que calificó como una falta de respeto hacia las familias y la memoria de las víctimas.

La respuesta de Esthela Damián

A través de su cuenta de X, Esthela Damián publicó lo siguiente:

“Por este medio ofrezco una disculpa pública a la colectiva Memoria, Verdad y Justicia y a las familias que buscan a sus seres queridos. También me he disculpado personalmente con Socorro Gil, representante de la organización, y he dado instrucciones para atender de inmediato lo ocurrido y asegurar que un hecho como este no vuelva a repetirse. Mi respeto, solidaridad y acompañamiento para todas las familias que, con enorme fortaleza, continúan la búsqueda de quienes aman.”

En un video grabado a un costado de la Costera Miguel Alemán, la aspirante señaló que “seguramente” una persona simpatizante suya, sin autorización, colocó las calcomanías sobre las fichas de las familias de la colectiva. Anunció que se repararán los daños ocasionados y pidió a sus colaboradores no repetir este tipo de acciones, subrayando que las familias que buscan a sus desaparecidos son “víctimas de lo que no debe ocurrirnos nunca”.

Postura de la colectiva

Socorro Gil Guzmán, madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil —detenido y desaparecido presuntamente por policías municipales en 2018—, indicó que reconocieron que fueron empleados de la aspirante quienes colocaron el material, que se ordenó volver a colocar las fotografías de los desaparecidos y que se emitió la disculpa correspondiente. Consideró que esa respuesta es lo más correcto, dado que este tipo de hechos falta al respeto de las personas desaparecidas y de sus familias.

La activista añadió que las búsquedas continúan realizándose principalmente con información aportada por las propias familias y criticó la falta de análisis de contexto por parte de la Fiscalía General del Estado en la planeación de las diligencias.

Un antecedente similar en Chilpancingo

Días antes, integrantes de colectivos de búsqueda en Chilpancingo señalaron un caso similar: propaganda de la senadora con licencia y también aspirante a la misma coordinación política, Beatriz Mojica Morga, fue colocada sobre fichas de búsqueda durante actividades de difusión en la capital del estado.

• Las fichas de búsqueda en Acapulco comenzaron a colocarse desde abril.
• Fueron reforzadas durante jornadas de “pega” realizadas por las familias en el contexto del Mundial de Futbol.
• Se ubican principalmente cerca del Antimonumento a los 43 y en zonas turísticas del puerto.

Hasta el momento, la colectiva no ha reportado nuevos incidentes tras el compromiso asumido por Damián Peralta de reponer el material dañado y evitar que se repitan hechos similares.

El Ayuntamiento de Cuetzalan confirmó la noche del sábado el hallazgo de la cuarta y última persona desaparecida en la gruta Chichicazapan, en la Sierra Norte de Puebla.

Con esa localización, el gobierno municipal dio por hecho que las cuatro personas que fueron arrastradas por la corriente dentro de la caverna murieron.

Sin embargo, aunque la búsqueda concluyó, el rescate continua debido a que solo uno de los cuerpos ha logrado ser extraído, según informó el Ayuntamiento de Cuetzalan.

La autoridad indicó que las maniobras se suspendieron de manera temporal por riesgo y se reanudaron alrededor de las 3:00 de la madrugada del domingo con apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional.

El gobierno municipal identificó a las víctimas como Ismael Peña, de 40 años; sus hijas Jazmín Lizbeth Peña Antonio, de 20, y Karime Antonio Peña, de 24; además de José Agustín de los Santos, de 31, cuñado de una de las jóvenes.

La lluvia constante en la zona ha dificultado las labores de rescate de los cuerpos

De acuerdo con el Ayuntamiento, el incremento del caudal, las lluvias en la zona y la geografía de la gruta han complicado la recuperación de los cuerpos.

La autoridad añadió que ese sábado los equipos trabajaron cerca de 12 horas para intentar extraer dos cuerpos localizados desde el viernes, pero no lo lograron.

Las autoridades explicaron que esos cuerpos quedaron atorados detrás de una cascada, en una cavidad estrecha a la que los arrastró la fuerza del agua, lo que dificultó la extracción y retrasó el proceso formal de identificación.

El único cuerpo recuperado hasta ese momento correspondía a José Agustín de los Santos, localizado y extraído el miércoles anterior, según el gobierno municipal.

Dos días después, sus restos fueron entregados a su familia para sepultarlo en su municipio natal, Chignautla.

Desde el reporte de la desaparición, corporaciones de los tres órdenes de gobierno, rescatistas especializados, voluntarios y cuerpos de emergencia participaron en un operativo dentro de la gruta Chichicazapan, considerada por las autoridades municipales como una de las zonas de mayor dificultad para este tipo de rescates en la Sierra Norte de Puebla.

Con la cuarta localización, el operativo permanece activo hasta recuperar los tres cuerpos que seguían al interior de la caverna, según el Ayuntamiento.

La autoridad señaló que las condiciones climatológicas serán determinantes para las maniobras programadas durante las primeras horas del domingo.

También se dio a conocer que los cuerpos fueron asegurados dentro de la zona en que se encontraron en la gruta para evitar que el agua los desplazará hacia otro sitio.

Hasta el momento las autoridades no han emitido actualizaciones sobre el avance en el rescate de los cuerpos que aún permanecen dentro de la gruta.

Cómo son las grutas Chichicazapan y por qué es complicado el rescate dentro de ellas

Las grutas de Chichicazapan se localizan en Cuetzalan, Puebla, dentro de uno de los sistemas de cuevas y ríos subterráneos más grandes de América Latina.

Son formaciones de roca caliza modeladas por la acción del agua a lo largo de miles de años, lo que ha generado extensas ramificaciones internas, salones con estalactitas y estalagmitas, así como cauces de agua activa.

La gruta de Chichicazapan en particular es conocida por su dificultad intermedia, ya que cuenta con un río subterráneo que se inunda fácilmente durante la temporada de lluvias. Por seguridad, el acceso está regulado y es obligatorio ingresar con un guía certificado, usar casco, lámpara frontal, chaleco salvavidas y ropa y calzado antiderrapante.

El nivel del agua puede variar según las condiciones meteorológicas, lo que puede incrementar el riesgo de inundaciones repentinas en su interior.

El entorno dentro de la gruta es de bóvedas de gran altura, formaciones de estalactitas, pasadizos angostos y cuerpos de agua subterráneos. Es un destino frecuentado por quienes practican espeleología y turismo de aventura.

La exploración requiere técnicas de rapel y, en ocasiones, desplazamiento a través de zonas parcialmente sumergidas o con corrientes de agua activa.

La gruta estuvo ha estado en el centro de la atención nacional debido a un accidente provocado por lluvias intensas, donde una familia quedó atrapada y se tuvieron que realizar labores de rescate especializadas.

El acceso está restringido en temporada de lluvias debido al alto riesgo de crecida del río interno y posibles inundaciones abruptas.

Tres jóvenes permanecen desaparecidos tras dos incidentes ocurridos en las últimas horas en Panamá, específicamente, en playas del distrito de Chame, provincia de Panamá Oeste, donde los equipos de emergencia mantienen operativos para tratar de localizarlos.

Los hechos se registran en momentos en que Panamá atraviesa condiciones meteorológicas adversas y permanece bajo vigilancia por lluvias, tormentas eléctricas, fuertes ráfagas de viento y oleajes peligrosos, ante la influencia de sistemas de baja presión y el desplazamiento de una nueva onda tropical.

Las autoridades advirtieron que la inestabilidad podría mantenerse durante los próximos días, con especial atención sobre las zonas costeras y las áreas propensas a inundaciones.

Las labores de búsqueda se concentran en Punta Chame y Playa Canadian, en Gorgona, con la participación de unidades del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, la Policía Nacional y embarcaciones particulares.

El primer caso ocurrió la tarde del jueves en Punta Chame, cuando dos hombres salieron a pescar a bordo de una panga. De acuerdo con el relato del capitán de la embarcación, entre las 5:00 p.m. y las 6:00 p.m. el manubrio del motor presentó una falla, lo que provocó que la lancha girara a gran velocidad y ambos ocupantes cayeran al agua.

Uno de ellos fue rescatado por otra embarcación que se encontraba cerca, pero Juan David Torrero Barría, de 18 años, no pudo ser localizado. Familiares y pescadores de la zona se incorporaron a la búsqueda desde que se conoció el accidente.

El segundo incidente se produjo la mañana del viernes 10 de julio en Playa Canadian, en Gorgona. Dos jóvenes, de aproximadamente 22 años, desaparecieron mientras se bañaban en el mar y, según los primeros reportes, habrían sido arrastrados por las olas.

Hasta la tarde del viernes, los equipos de rescate continuaban desplegados por mar y tierra en ambas zonas, sin que se confirmara la ubicación de los tres desaparecidos.

Los operativos en Panamá Oeste coinciden con una serie de emergencias provocadas por las lluvias y los fuertes vientos registrados entre el jueves y el viernes en distintas regiones del país.

En la provincia de Bocas del Toro, más de 65 viviendas resultaron afectadas por inundaciones en la barriada Aeropuerto, ubicada en el distrito de Almirante. De acuerdo con la evaluación preliminar, el nivel del agua alcanzó aproximadamente dos pies de altura dentro de las residencias, principalmente en viviendas de una sola planta.

Personal de Sinaproc se trasladó al sector para verificar los daños, recopilar información sobre las necesidades de las familias perjudicadas y coordinar las acciones de asistencia.

Las autoridades recomendaron evitar el tránsito por áreas inundadas y reportar cualquier situación de emergencia, debido al riesgo de corrientes, huecos ocultos, alcantarillas abiertas o cables eléctricos caídos.

El Centro de Operaciones de Emergencias también reportó 28 incidentes ocasionados por las lluvias y los vientos durante la tarde y noche del jueves.

El balance incluyó 10 viviendas afectadas por árboles caídos, siete casas con desprendimientos de techos, cinco árboles sobre vías públicas, dos sobre vehículos, dos sobre muros perimetrales, uno sobre el tendido eléctrico y el colapso de una estructura comercial.

Al menos 38 personas resultaron afectadas, principalmente por árboles que cayeron sobre sus residencias y por los daños ocasionados por las ráfagas de viento.

La provincia de Panamá y el distrito de San Miguelito concentraron la mayor cantidad de reportes. Entre los sectores impactados figuraron El Mirador, Villa Grecia, Tocumen, Alcalde Díaz, San Joaquín, Nuevo Veranillo, Monte Oscuro, Santa Marta, Barrio Boy y Pan de Azúcar.

También se registró el colapso de un letrero comercial en Tocumen y árboles caídos sobre vehículos en Coco del Mar y en las inmediaciones del estadio nacional Rod Carew.

Pronóstico mantiene lluvias y riesgo marítimo

Para los próximos días se esperan aguaceros acompañados de actividad eléctrica y posibles ráfagas de viento en sectores de Panamá, Panamá Oeste, Darién, Veraguas, Azuero, Coclé y Chiriquí.

En la vertiente del Caribe se prevén episodios nubosos con lluvias aisladas en Bocas del Toro, Colón, el norte de Veraguas y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.

Las autoridades mantienen además una advertencia por vientos, oleajes y corrientes de resaca en el Caribe, por lo que recomendaron suspender las actividades marítimas cuando las condiciones representen peligro.

Sinaproc pidió a la población evitar cruzar ríos o quebradas crecidas, no permanecer debajo de árboles durante tormentas eléctricas, conducir con precaución ante la reducción de visibilidad y mantenerse atenta a los comunicados oficiales.

Mientras continúan las labores para encontrar a los tres jóvenes en las costas de Chame, los organismos de emergencia insistieron en evitar el ingreso al mar durante condiciones adversas, debido a que las corrientes pueden cambiar rápidamente y dificultar cualquier intento de rescate.

La captura de Ismael “El Mayo” Zambada García, exlíder del Cártel de Sinaloa, provocó una guerra entre las facciones de los Chapitos y los Mayos desde septiembre de 2024 que ha dejado más de 3 mil personas desaparecidas, el mismo número de asesinatos y constantes balaceras en Sinaloa.

El narcotraficante era uno de los más conocidos en la historia criminal del país, ya que sus inicios se remontan al extinto Cártel de Guadalajara. Al desintegrarse a finales de los años noventa, “El Mayo” fundó junto a Joaquín “El Chapo” Guzmán el Cártel de Sinaloa, dando inicio al que sería el grupo criminal más poderoso.

A casi dos años del inicio de la disputa, de que la violencia no cese y de que la información de su arresto y secuestro se mantenga con incógnitas, Mike Vigil, exjefe de Operaciones Internacionales de la Administración para el Control de las Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) señaló en entrevista con Infobae México que el arresto de Zambada García “no valió la pena”.

Su señalamiento se da luego de que el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) se atribuyó el operativo donde fue asegurada la avioneta que trasladó tanto a Joaquín Guzmán como a Ismael Zambada a territorio estadounidense, de acuerdo con la propia confirmación que obtuvo el periodista Luis Chaparro de Pie de Nota.

“Un capo, aunque sea al nivel de Mayo Zambada, no vale el costo de perder miles de personas”, sentenció.

Además, acusó que los desaparecidos y asesinados que ha provocado la guerra del Cártel de Sinaloa no valen la detención del narcotraficante: “Yo siempre estoy de acuerdo en que todos los narcotraficantes o los criminales deben enfrentar a la justicia, pero no con este costo”.

Exagente acusa que fue una operación encubierta por el FBI y “un gran error” por la violencia que provocó

Mike Vigil detalló que la atribución del FBI del operativo fue la manera en que los Estados Unidos admitió que participó en la captura de “El Mayo”, lo cual señaló se trató de “un gran error” al no coordinarse con México para evitar la violencia que provocó en el país.

“El FBI no miró las consecuencias de lo que hicieron, o yo creo que no sabían o no les importó. Esto fue un gran error de parte de los Estados Unidos, el no coordinar con el gobierno mexicano”, afirmó.

Y es que fue el 25 de julio de 2024 cuando el narcotraficante fue detenido en Santa Teresa, Nuevo México, luego de que, según reveló el propio exlíder del cártel, Joaquín Guzmán López, su ahijado, lo secuestró y entregó a las autoridades estadounidenses.

De acuerdo con “El Mayo”, horas antes se habían reunido en una finca de Culiacán con el objetivo de mediar conflictos entre Héctor Melesio Cuén, exrector de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS) y el gobernador de la entidad, Rubén Rocha Moya, pero “El Mayo” fue obligado a trasladarse a EEUU.

Los indicios que, asegura, revelan la operación planeada

El exagente detalló que existen indicios para creer que se trató de una operación planeada con el FBI: las negociaciones que las autoridades estadounidenses mantuvieron con Ovidio Guzmán debido a que estaba preso en Estados Unidos, y con Joaquín Guzmán López para entregarse. La clave sería la relación de confianza: “Joaquín Guzmán López era el ahijado de ‘El Mayo’, y Zambada le tenía más confianza a él que a los otros Chapitos”.

Además, la avioneta usada para trasladar a Zambada era un King Air Beechcraft construido en 1976, pintada para aparentar ser más nuevo.

“Ese avión del FBI tenía todas las luces exteriores de la avioneta cubiertas con cinta. Apagaron el transmisor localizador para que no lo pudieran detectar, cuando aterrizó, ya los estaban esperando”, dijo Vigil.

El exagente afirmó que al llegar a Estados Unidos, Joaquín Guzmán López declaró de inmediato que el gobierno estadounidense no había estado involucrado en la captura de Mayo Zambada; una declaración que no sería espontánea.

“Eso no es normal”, dijo. “Es como que le dijeron: ‘Mira, di esto para protegernos, para que México no se entere que nosotros estábamos involucrados’”. El exagente de la DEA consideró que esas palabras fueron guionadas por las autoridades para blindar al FBI ante el gobierno mexicano.

Hasta 6 mil desaparecidos, 3 mil desplazados y más de 3 mil asesinatos: el saldo de la guerra

Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa refieren que desde el 1 de septiembre de 2024 al 21 de junio de 2026 se han registrado un total de 3 mil 889 personas desaparecidas, cifras que difieren de lo reportado por colectivos de búsqueda.

María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras, explicó en entrevista con Infobae México que ellas han contabilizado en la misma fecha entre 5 mil 900 y 6 mil desaparecidos, una cifra que contempla a familias que no denuncian por miedo a represalias; es decir, casi el doble de víctimas.

La Fiscalía del Estado ha registrado desde septiembre de 2024 hasta junio de 2026 un total de 2 mil 951 homicidios dolosos, mientras que el medio local, Noroeste, ha contabilizado en el mismo periodo un total de 3 mil 489 casos.

Ante el saldo actual de la guerra que mantienen las facciones de Los Chapitos y Los Mayos, Vigil sentenció que: “La pregunta contundente es: ¿Valió la pena el secuestro de Mayo Zambada? Yo digo que no".

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa activó tres Alertas Amber y un Protocolo Alba para localizar a una madre y sus tres hijos desaparecidos en la colonia Nuevo Cajeme, en Mazatlán. La denuncia formal se presentó el 6 de julio de 2026, aunque la familia no ha tenido contacto con ellos desde febrero de ese mismo año.

Los cuatro integrantes del grupo familiar comparten el apellido Luna. Las autoridades advirtieron que podrían ser víctimas de un delito y solicitaron la colaboración de la ciudadanía para aportar cualquier dato sobre su paradero.

Quiénes son y cómo se ven

Neri Zitlali Luna Guzmán, de 31 años, es la madre del grupo. Mide 1.54 metros, tiene complexión delgada, tez morena clara, cabello largo ondulado negro y ojos café claro.

Como señas particulares, porta un tatuaje en la muñeca izquierda con la fecha “1995” y otro en el brazo derecho con la leyenda “Sé valiente y fuerte”. Se desconoce la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición.

Camila Tapia Luna, de 13 años, mide 1.60 metros y comparte la complexión delgada, la tez morena clara, el cabello largo ondulado negro y los ojos café claro de su madre. Tiene un lunar debajo del ojo derecho como seña particular.

Ángel Iván Limón Luna, de 9 años, mide 1.40 metros, también de complexión delgada y tez morena clara. Su cabello es corto, lacio y negro, y tiene lunares en el lado derecho del cuello.

La menor del grupo es Oslem Vanessa Mendoza Luna, de 6 años, de complexión delgada, tez morena clara, cabello largo ondulado negro y ojos café claro. Presenta un lunar en la mejilla derecha como seña distintiva.

Cinco meses sin rastro de la familia

La familia desapareció en febrero de 2026 en la colonia Nuevo Cajeme, en el municipio de Mazatlán. Transcurrieron aproximadamente cinco meses antes de que un familiar acudiera al Ministerio Público a presentar la denuncia formal.

La Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas emitió las cuatro fichas de búsqueda con base en esa denuncia. En todos los casos, las autoridades indicaron que se desconoce la ropa que portaban al momento de su desaparición.

La activación simultánea del Protocolo Alba —orientado a mujeres adultas en riesgo— y de tres Alertas Amber —reservadas para menores cuya integridad física puede estar en peligro— refleja la gravedad que las autoridades asignan al caso.

Cómo reportar información

La Fiscalía habilitó dos líneas telefónicas para recibir reportes sobre el paradero de la madre y sus tres hijos. Todo reporte será confidencial y anónimo, según informaron las propias autoridades.

Los números de contacto son los siguientes:

1. Línea nacional: 800-890-90-92
2. Línea local: (667) 715-55-88
3. Servicio de emergencias: 911

Cualquier dato, por menor que parezca, puede resultar útil para las investigaciones. Las autoridades exhortaron a la población a no retener información que pueda contribuir a la localización del grupo familiar.

Recomendaciones para la ciudadanía

La Fiscalía General del Estado de Sinaloa emitió las siguientes recomendaciones para quienes cuenten con información o avisten a alguno de los cuatro desaparecidos:

1. No confrontar ni alertar a personas que pudieran estar relacionadas con la desaparición.
2. Comunicarse de inmediato a los teléfonos habilitados por la Fiscalía Especializada.
3. Marcar al 911 si se trata de una situación de riesgo inminente o se avista a alguna de las personas.
4. Proporcionar el mayor número de detalles posibles: lugar, hora, descripción de personas o vehículos.
5. Recordar que todos los reportes son confidenciales y anónimos; ningún denunciante quedará expuesto.

La colaboración ciudadana es el canal que las autoridades consideran más directo para avanzar en la búsqueda. El caso permanece abierto y bajo investigación por parte de la Fiscalía Especializada en Desaparición Forzada de Personas del estado de Sinaloa.

La delincuencia organizada estaría usando a jovencitas para reclutar adolescentes en Jalisco y Puerto Vallarta, con una mecánica que combina engaño, convivencia casual en espacios públicos y el traslado inmediato a otro punto para concretar la captación.

Dos casos, uno frustrado por la intervención de una madre y otro bajo investigación tras la desaparición de tres jóvenes, exhibieron una modalidad en la que una adolescente se acercó a menores en plazas comerciales, ganó su confianza y les propuso reunirse con supuestos familiares.

El patrón incluye la aparición de cómplices que se hacen pasar por padres de familia o por el chofer de un auto de plataforma. La intención es sacar a los adolescentes del entorno donde están acompañados y moverlos a otro sitio sin que avisaran a ningún adulto.

Una madre evitó que dos adolescentes subieran a un automóvil

Uno de los episodios habría ocurrido este fin de semana en una plaza comercial de la avenida López Mateos, en Guadalajara. Una madre de familia habría compartido e redes sociales su caso cuando cinco estudiantes de una escuela ubicada al norte de la ciudad fueron al cine; entre ellos estaba su hijo de 14 años, ella decidió mantener el anonimato por miedo a represalias.

La mujer contó que llevó a su hijo al cine y que, después de comprar los boletos, una adolescente de aproximadamente 15 años se acercó al grupo mientras esperaban el ingreso a la función. La menor comenzó a convivir con ellos y dijo que sus padres estaban comiendo en un restaurante cercano.

La madre relató que incluso los adolescentes le pidieron comprar un boleto para la joven, quien aseguró tener permiso de sus padres para entrar a la sala con ellos. La situación le pareció extraña y por eso decidió quedarse en la plaza mientras transcurría la película.

Casi al final de la función, su hijo le envió un mensaje. Le avisó que la nueva amiga les había propuesto salir antes de que terminara la película para acompañarla a reunirse con sus supuestos padres, quienes, según ella, estaban a unas cuadras del centro comercial.

La mujer dijo que la adolescente también les pidió no avisar a ningún adulto porque “no los dejarían ir”. De los cinco jóvenes, dos aceptaron la invitación y su hijo se apartó para llamarle por teléfono desde el baño del cine y explicarle lo que estaba pasando.

La madre acudió de inmediato a la sala. Ahí encontró a su hijo, quien le dijo que dos de sus compañeros ya habían salido con la adolescente.

Ella recordó lo que el menor le dijo: “Mami, la peli está súper aburrida y mi amiga me pidió que la acompañáramos con sus papás. Ellos están a dos cuadras de la plaza. Ella no quiere que te llame porque dice que no me vas a dejar y que aquí estamos a las 7”. La respuesta de ella fue directa: “Ahí quédate”.

El conductor arrancó con las puertas abiertas

Después de confirmar que su hijo estaba a salvo, la mujer corrió a la salida de la plaza. Alcanzó a los dos adolescentes cuando estaban por subir a un automóvil y logró detenerlos antes de que el traslado se concretara.

Según su testimonio, ella bajó a uno de los menores del coche y el otro se salió por su cuenta por la otra puerta. Después intentó acercarse al conductor para revisar quién era y confirmar si realmente se trataba de un chofer de plataforma.

La mujer describió así ese momento: “Le digo al tipo que iba manejando: ‘Disculpa…’, para verificar que era un Uber, y el tipo arranca con las puertas abiertas y me avienta con la puerta trasera. La niña jamás volteó y yo no pude ni tomar sus placas. Nadie me escuchó, nadie me hizo caso. Es como si hubiera estado sola en esa situación”.

Su decisión posterior fue hacer público lo ocurrido para alertar a otras familias. También pidió a madres y padres mantener comunicación constante con sus hijos y respetar el anonimato de su familia por temor a represalias.

“Quiero que esto llegue a todos los jóvenes y a todas las mamás. No quiero que nadie más pase por una situación así. Les pido que estén alertas y que respeten nuestro anonimato porque tenemos miedo”, expresó.

Puerto Vallarta abrió otra línea de investigación

El segundo caso no terminó en rescate, sino en una indagatoria por desaparición. Durante las investigaciones por la ausencia de tres jóvenes en Puerto Vallarta el 25 de junio, surgieron sospechas de que una joven mujer también habría participado en el enganche previo al reclutamiento.

Esa línea reforzó la hipótesis de una modalidad específica: adolescentes o jovencitas que se acercaron a jóvenes en espacios cotidianos, construyeron confianza en poco tiempo y los llevaron a un punto donde ya esperaban otros participantes. La coincidencia entre ambos casos colocó la atención en el uso de mujeres jóvenes como primer contacto para vencer la desconfianza inicial de las víctimas.

• En Guadalajara, una madre evitó que dos adolescentes fueran trasladados por una joven que los abordó en un cine de una plaza comercial.

• La mecánica incluyó el engaño de supuestos padres cercanos y la presencia de un automóvil con conductor que arrancó cuando la mujer intentó verificar su identidad.

• En Puerto Vallarta, la desaparición de tres jóvenes el 25 de junio abrió sospechas sobre un reclutamiento similar con participación de una joven mujer.

Las familias presentaron las denuncias el miércoles 1 de julio ante la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas y pidieron la activación de los protocolos de búsqueda. La coincidencia temporal con otros tres casos en Puerto Vallarta elevó la preocupación por la posible intervención de grupos criminales en distintos puntos del estado.

Las cámaras de vigilancia captaron el último rastro de Jhustin Enrique Torres Sandoval, Jordan Isaac García López y Christopher Alfredo Sandoval Muñoz. En las imágenes se observó que caminaban por Lomas del Paraíso junto con otro joven, quien sí regresó a su casa.

Aquel martes, Justin Enrique, Jordan Isaac y Christopher Alfredo, de entre 14 y 15 años de edad, habían acordado salir después de su ceremonia de graduación. Durante la tarde se reunieron con el compañero que aparecía en el video y después se perdió todo contacto con ellos.

La Fiscalía mantuvo abierta la hipótesis de reclutamiento forzado

La principal línea de investigación apuntó a que los adolescentes habrían sido llevados a la sierra durante tres meses. Esa versión surgió de comentarios que uno de los jóvenes habría mandado a su madre antes de desaparecer.

La Vicefiscalía de Personas Desaparecidas informó que realizaba entrevistas y que no descartaba un reclutamiento por parte del crimen organizado. Blanca Trujillo, titular de esa área, dijo: “Hay un dato de prueba que demuestra que tenían un interés en pertenecer a la delincuencia, pero no lo puedo afirmar, no hay una línea de investigación clara”.

Esa declaración provocó inconformidad entre familiares de los tres adolescentes, que salieron a las calles de Guadalajara para exigir rapidez en las indagatorias y pedir que no se criminalizara a los menores. Los parientes sostuvieron que los jóvenes no tenían vínculos con grupos delictivos ni buscaban integrarse a un cártel.

Janet Nayeli Molina López, madre de Justin, relató que su hijo volvió a casa después de la ceremonia y salió poco tiempo más tarde para reunirse con amigos. A las 18:46 horas recibió su último mensaje: “Que se va a ir tres meses y que ore por él y que te ama mucho”.

La madre añadió: “No es una rutina que haga mi hijo”. También explicó que Justin ya había tramitado su ingreso a la Preparatoria 11 de la Universidad de Guadalajara.

Las familias describieron mensajes de despedida, extorsiones y temor

El caso de Jordan Isaac también dejó un indicio similar. Olivia Raquel Enríquez Ulloa, tía del adolescente, contó que el hermano menor del joven los escuchó despedirse mientras decía que irían “a trabajar a la sierra”.

Enríquez Ulloa habló desde una experiencia marcada por otra ausencia: llevaba tres años y nueve meses buscando a su propio hijo desaparecido. “Es volver a empezar el dolor otra vez, abrir otra vez la llaga”, dijo entre lágrimas.

La madre de Justin resumió la angustia que compartían las tres familias: “Realmente no es vida, estás muerta en vida. Estoy todo el tiempo pensando: ¿ya comió, le están pegando, está en el sol? Es una tortura”. También denunció que recibió llamadas y mensajes de extorsión de personas que afirmaban tener a su hijo.

En el caso de Christopher Alfredo Sandoval Muñoz, su madre y su hermana acudieron a interponer la denuncia formal. La ficha de búsqueda señaló que medía aproximadamente 1.80 metros, era de complexión delgada, tenía cabello negro y al momento de su desaparición vestía pantalón azul, camisa negra y gorra negra.

Los tres casos de Guadalajara se sumaron a otros tres registrados en Puerto Vallarta en un lapso cercano. Todos quedaron inscritos en una crisis de desapariciones que desde hace años afectaba a municipios como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, y que también alcanzaba zonas turísticas y corredores de tránsito.

La coincidencia de ambos episodios durante el periodo de graduaciones de junio y julio encendió la alerta entre colectivos de búsqueda y padres de familia. Las tres familias de Guadalajara reiteraron su llamado a la ciudadanía para que cualquier dato sobre el paradero de los menores fuera entregado de inmediato a las autoridades.

• Tres adolescentes desaparecieron el 30 de junio en Guadalajara después de su graduación de la Secundaria Técnica 113.
• La Fiscalía investigó como línea principal un posible reclutamiento forzado relacionado con la versión de que serían llevados a la sierra.
• Las familias rechazaron cualquier vínculo de los menores con grupos delictivos y denunciaron extorsiones, mensajes de despedida y demora en la búsqueda.

Marta García de Candeloro supo que su marido había muerto cuando escuchó el silencio. Antes había escuchado los gritos de Jorge durante horas, desde su celda, mientras los represores lo torturaban en la sala de máquinas del viejo radar de la Base Aérea de Mar del Plata.

Escuchó los quejidos agónicos. Escuchó su voz. Y después, de golpe, no escuchó nada más. “Se oyó un grito desgarrador, penetrante. Aún lo conservo en mis oídos. Nunca podré olvidarlo: fue su último grito y de golpe el silencio”, recordaría años después.

Hubo corridas. Alguien buscó alcohol para intentar reanimarlo pero los esfuerzos no alcanzaron. Jorge Roberto Candeloro, abogado laboralista de Mar del Plata que aquella noche de 1977 tenía 36 años, estaba muerto.

Después de que se llevaron el cuerpo, uno de los represores le dijo a Marta, a los gritos, que se lo habían llevado “de paseo” y que volverían. “Es mejor que pensés a ver si sabés algo”, la amenazó: querían que, en sus términos, “cantara”.

Marta no sabía nada que no supieran ellos. Sabía que su marido era abogado. Que defendía trabajadores. Que el 13 de junio de 1977 la Policía Federal los había secuestrado a los dos en Neuquén, donde vivían, y que diez días después los habían trasladado a Mar del Plata.

Sabía que el lugar donde estaban se llamaba La Cueva. Y que los represores, cuando llegaron los primeros abogados, dijeron una frase que quedaría grabada como el nombre no oficial de todo lo que ocurrió esa semana: “Esta es la Noche de las Corbatas. Ahora la Justicia somos nosotros”.

El terror subterráneo

Cualquier visitante que llegaba a Mar del Plata por la Ruta 2 a mediados de los años setenta podía ver, a la vera del camino, el acceso a la Base Aérea Militar y, entreverada entre pinos y eucaliptos, la estructura metálica que sostenía las antenas. Nada de lo que se veía llamaba la atención. El terror se escondía bajo tierra.

En los cimientos del viejo radar funcionaba La Cueva desde mayo de 1976, dos meses después del golpe. El coronel Pedro Barda, jefe del Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601, le había pedido al comodoro de la Base el espacio para que sus tropas descansaran durante las patrullas.

Lo que el comodoro cedió fue algo distinto: una construcción subterránea a la que se llegaba después de atravesar 1.500 metros desde la puerta de ingreso, que fue acondicionada como centro clandestino de detención con una sala de tortura en la antigua sala de máquinas, seis celdas, cocina, baño y una línea telefónica.

El responsable operativo era el suboficial principal de la Fuerza Aérea Gregorio Rafael Molina. El jefe efectivo del operativo era el teniente Fernando Cativa Tolosa, que dormía en el Casino de Oficiales pared de por medio con los detenidos y organizaba desde ahí los secuestros y las sesiones de tortura. Los carceleros no usaban nombre: eran Charly, Papi, Mario, Pan de Dios, Pibe, Walter, Colorado, Chancho. Nadie quería ser identificado.

Los detenidos llevaban capuchas de fieltro negro con un número visible en el frente. A ese número era reducida su identidad. No podían sacarse las capuchas bajo ninguna circunstancia, salvo cuando iban al baño, y entonces eran los guardias los que se encapuchaban para no ser reconocidos. La tortura llegaba de noche. Durante el día, los guardias golpeaban a los prisioneros por aburrimiento, para intimidar, o por sadismo.

Abogados de los trabajadores

Los que llegaron a La Cueva entre el 6 y el 13 de julio de 1977 no eran cualquier grupo de personas. Eran, en su mayoría, abogados laboralistas. Profesionales que habían dedicado su carrera a representar a obreros en conflictos con sus empleadores, que conocían la Ley de Contrato de Trabajo mejor que nadie y que les habían ganado juicios a empresas grandes y poderosas.

Ninguno de ellos tenía vínculo con la lucha armada. Ninguno era militante orgánico de ninguna organización. Lo que los unía era el oficio y el código: defender a los más desprotegidos.

El más conocido era Norberto Centeno, de 50 años, reconocido en todo el país y en foros internacionales como uno de los principales especialistas en derecho laboral latinoamericano. Había sido uno de los coordinadores del anteproyecto de la Ley de Contrato de Trabajo sancionada en 1974, una norma que regulaba los efectos de la huelga, protegía a la mujer embarazada y mejoraba las condiciones ante un despido. Un mes después del golpe de marzo del 76, la dictadura modificó y recortó esa ley.

Raúl Hugo Alais, Salvador Manuel Arestín y Tomás José Fresneda también eran abogados laboralistas. Camilo Ricci era el socio de Alais. Carlos Bozzi era socio de Fresneda. Jorge Candeloro, ya muerto para cuando llegaron los otros, había sido el primero en caer.

Una cadena de secuestros

La primera víctima fue Jorge Candeloro, secuestrado junto a su esposa Marta García el 13 de junio de 1977 en Neuquén por la Policía Federal, a pedido del GADA 601. Diez días después los trasladaron a Mar del Plata. Llegaron a La Cueva muy golpeados. Ese primer día, Marta escuchó los gritos de su marido en la sala de tortura. Después le tocó a ella. Les aplicaron picana eléctrica y los asfixiaron con bolsas. Marta fue violada dos veces por Molina durante los días de cautiverio.

El 28 de junio, mientras torturaban a Marta, trajeron a Jorge para que fuera testigo de su sufrimiento. Desde la mesa donde lo ataban, Jorge gritó: “¡Querida, te amo! ¡Nunca pensé que podrían meterte a vos en esto!”. Los represores se enfurecieron y empezaron a aplicarle picana con más saña. Lo mataron esa misma noche.

El 6 de julio llegaron Raúl Alais, Salvador Arestín y Norberto Centeno. Alais padecía sinusitis y les rogaba a los guardias que lo dieran vuelta porque atado boca abajo se ahogaba. Lo golpearon y le repitieron hasta el cansancio que era un cobarde.

Arestín llegó bañado en su propia sangre por un corte profundo en el cuero cabelludo, había perdido los anteojos en el secuestro y no veía nada. Alguien le suturó la herida sin anestesia. Centeno, el más grande de todos, no entendía qué estaba pasando ni quiénes lo habían secuestrado. Para confundirlo, los represores le decían que eran integrantes de Montoneros y le cantaban la Marcha Peronista. Durante toda esa noche se escucharon sus quejidos agónicos.

Al día siguiente, deshidratado por las descargas eléctricas, Centeno pidió agua. Marta sabía que la combinación entre el agua y la energía que queda en el cuerpo después de la picana puede provocar un colapso. El corazón de Centeno no resistió. Marta escuchó que arrastraban su cuerpo por el pasillo y percibió el golpe del cadáver contra la puerta de su celda.

Entre el 7 y el 8 de julio llegaron Carlos Bozzi y Tomás Fresneda, su esposa Mercedes Argañaraz —embarazada de cuatro meses—, Néstor García Mantica, su esposa María Esther Vázquez, José Verde y su esposa. La tortura física de Tomás Fresneda lo afectó también mentalmente: deliraba, veía guardias en su celda cuando no los había. En un momento se quitó la capucha frente a los represores, una acción considerada una falta gravísima. Lo apalearon con listones de madera.

La pista falsa que apuntó a Montoneros

La desaparición de los abogados sacudió a Mar del Plata. La comisión directiva del Colegio de Abogados se reunió una hora y media después del secuestro de Alais y Ricci y se declaró en sesión permanente. Pidió una audiencia con el jefe militar de la subzona, coronel Pedro Barda, que los recibió y dijo que no sabía nada mientras sus tropas tenían a los abogados presos en La Cueva.

Cuando apareció el cuerpo de Centeno —al costado de un camino, con la versión oficial de un enfrentamiento con subversivos— los directivos fueron a reconocerlo a la morgue. El médico que practicó la autopsia dijo: “Era una bolsa de huesos, su cuerpo había sido castigado terriblemente, con fracturas múltiples”.

La delegación marplatense del Colegio de Abogados viajó a Buenos Aires y se reunió con el subsecretario de Asuntos Institucionales. Fueron mencionando los nombres de los desaparecidos uno por uno. Ante cada nombre, el coronel Ruiz Palacios respondía con una filiación política inventada: “comunista”, “maoísta”, “leninista”, “trotskista”.

Para el caso de Candeloro, dijo que no tenía registros. Los abogados sacaron entonces el comprobante que el padre de Jorge había encontrado en un pantalón sucio: la constancia de que su hijo había sido detenido por la Policía Federal. Que el Estado tenía registro de haberlo llevado.

Los represores, mientras tanto, enviaron a los diarios locales un comunicado firmado por Montoneros en el que la organización se adjudicaba los secuestros. En La Cueva subieron el volumen de la radio para escuchar el informativo que daba la noticia y festejar que alguien “se había tragado” la mentira.

Desaparecidos y sobrevivientes

Norberto Centeno murió bajo tortura el 7 de julio de 1977. Su cuerpo fue encontrado abandonado al costado de un camino, presentado como caído en un enfrentamiento. Tenía 50 años. Jorge Candeloro murió bajo tortura el 28 de junio de 1977. Tenía 36 años.

Salvador Manuel Arestín, Raúl Hugo Alais, Tomás José Fresneda, Mercedes Argañaraz de Fresneda —que estaba embarazada—, Néstor García Mantica y María Esther Vázquez de García permanecen desaparecidos. Se sospecha que, como tantas otras víctimas de la dictadura, fueron arrojados al mar desde aviones militares.

Carlos Bozzi sobrevivió. Para liberarlo, los represores lo pusieron en el baúl de un vehículo y simularon un enfrentamiento con Montoneros, en el que se asesinó a estudiantes universitarios desarmados que también estaban detenidos, fraguando la noticia de que uno de ellos, herido, “confesaba” el secuestro de Bozzi. Camilo Ricci sobrevivió. José Verde y su esposa sobrevivieron.

Y sobrevivió Marta García de Candeloro, la única que estuvo desde el principio, la que escuchó morir a su marido, la que les llevó agua a los labios a Centeno, la que vio todo lo que ocurrió en La Cueva entre junio y julio de 1977.

El Juicio a las Juntas

En 1985, cuando el gobierno de Raúl Alfonsín juzgó a los comandantes de la dictadura, Marta García de Candeloro declaró ante el Tribunal. Su testimonio fue uno de los más devastadores del proceso. Reconstruyó en detalle el funcionamiento de La Cueva: los turnos de guardia, las capuchas, la picana, el protocolo de torturas, la rutina cotidiana del horror. Relató la muerte de su marido con la precisión de quien guarda cada detalle en la memoria porque no tiene otra forma de hacer justicia.

También reprodujo la frase que los represores decían a los detenidos cuando llegaban: “Ahora la Justicia la administramos nosotros”.

Gregorio Rafael Molina, el suboficial que dirigía La Cueva y que había violado a Marta, fue condenado el 9 de junio de 2010 por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata a prisión perpetua por crímenes de lesa humanidad, incluyendo el asesinato de Centeno y Candeloro. La Cámara Federal de Casación confirmó la condena en febrero de 2012.

Desde 1994, el 6 de julio es el Día Nacional del Abogado Víctima del Terrorismo de Estado. La fecha recuerda el inicio de los operativos que la dictadura bautizó, con una mezcla de cinismo y soberbia, como la Noche de las Corbatas. Nunca se volvió a saber nada sobre los seis desaparecidos.

La Fiscalía de Jalisco investiga en Zapotiltic la localización de tres muertos y dos heridos en una brecha de Huescalapa, un hallazgo que estaría ligado a la privación ilegal de la libertad de varias personas ocurrida desde el lunes 29 de junio en esa delegación del sur del estado.

El miércoles se difundió en redes la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán, sin embargo las autoridades aclararon que fueron cinco a los secuestrados.

Esto, luego de que mujeres de 38, 18 y 4 años llegaron a pedir ayuda a la central caminera de Tlaquepaque. Las autoridades las mantuvieron bajo resguardo después de que llegaron a la Nueva Central Camionera y solicitaron auxilio a policías municipales.

La madrugada de este miércoles 1 de julio, policías encontraron a cinco personas inconscientes en el camino de terracería que conduce a la comunidad de La Becerrera. Servicios médicos confirmó la muerte de tres de ellas y trasladó a las otras dos a un hospital de Ciudad Guzmán.

Personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizó el levantamiento de los cuerpos y los llevó al Semefo. La autoridad estatal también informó que trabaja en la identificación de las víctimas para confirmar o descartar si corresponden a personas privadas de la libertad horas antes en el mismo municipio.

El caso parte de una desaparición múltiple en Huescalapa, donde un grupo armado habría sacado por la fuerza a varias personas de una finca. La información disponible indica que fueron privadas de la libertad dos mujeres adultas, una niña de cuatro años y ocho hombres.

La autoridad reconoce cinco víctimas directas y mantiene abiertas otras líneas

La vicefiscal especializada en Personas Desaparecidas de Jalisco, Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas, confirmó que en los hechos hay en total cinco víctimas de desaparición forzada: tres hombres localizados sin vida y dos personas liberadas con lesiones, un hombre y una mujer.

La funcionaria precisó que los dos hombres cuya desaparición se denunció el martes 30 de junio fueron encontrados muertos. Añadió que hay un tercer hombre fallecido del que no existía denuncia previa, pero las investigaciones apuntan a que fue atacado en los mismos hechos.

Trujillo Cuevas explicó que, después de la primera desaparición de los tres hombres, al día siguiente otras dos personas fueron privadas de la libertad y golpeadas. Esas dos víctimas son las que fueron liberadas lesionadas.

La Fiscalía de Jalisco sostuvo en un comunicado que, de manera oficial, solo cuenta con dos denuncias por desaparición de hombres. Aun así, señaló que las líneas de investigación siguen abiertas para determinar si más personas fueron privadas de la libertad durante los mismos hechos.

La dependencia no había emitido una postura específica sobre los tres fallecidos y los dos heridos al momento de las primeras diligencias. Después, la vicefiscal estableció que la principal línea de investigación es una cartulina encontrada junto a los cuerpos, en la que se les relaciona con otro delito de índole sexual.

La Fiscalía Regional recibió el reporte durante la madrugada y abrió las primeras indagatorias en esa zona de la región Sur de Jalisco.

De forma extraoficial se indicó que tanto los cuerpos como los sobrevivientes presentaban huellas visibles de violencia. Esa condición es una de las líneas materiales que la autoridad revisa para reconstruir la secuencia de los ataques y establecer si todas las víctimas pertenecen al mismo caso.

• En Huescalapa, municipio de Zapotiltic, localizaron a cinco personas inconscientes: tres murieron y dos fueron llevadas a un hospital en Ciudad Guzmán.
• La vicefiscal Blanca Jaqueline Trujillo Cuevas confirmó que hay cinco víctimas directas en el caso: tres hombres sin vida y dos personas liberadas con lesiones.
• Dos mujeres y una niña recibieron ayuda para llegar a Tlaquepaque.

“Su sola presencia infundía terror. Al monstruo lo conocimos desde chicos, no es que fue un papá dulce y luego se convirtió. Vivimos muchos años conociendo el horror. Y ya en la adolescencia duplicado, el de adentro y el de afuera. Por eso es que nosotros también fuimos víctimas (…) Portar un apellido así es como que te obliga a sostener lo que hizo, y eso no se lo permito más. Aparte, nunca existió un vínculo real con él. Me produjo inconmensurables angustias, huellas de traumas infantiles, a eso se le suma lo que todos nos fuimos enterando sobre su rol criminal en el terrorismo de Estado. Fue la encarnación del mal en todos los ámbitos”, dijo de Miguel Etchecolatz su propia hija cuando decidió cambiar su apellido para dejar de vivir bajo su sangrienta sombra.

Cuando el excomisario Etchecolatz murió, a los 93 años, el sábado 2 de julio de 2022 seguía sin haber dado una sola muestra de arrepentimiento por los crímenes que cometió durante la dictadura. Al contrario, continuaba jactándose de ellos cada vez que debió sentarse en el banquillo de los acusados en los nueve juicios por delitos de lesa humanidad en los que fue condenado a prisión perpetua, en 1986, 2004, 2006, 2014, 2016, 2018, 2020, 2021 y 2022, y que fueron unificadas en una pena única de reclusión perpetua. No solo eso, era evidente que gozaba ocultando la información que podría haber por lo menos aliviado el dolor de las familias de sus víctimas.

El rol de Etchecolatz

Su papel en el aparato del Estado terrorista instalado en la Argentina después del 24 de marzo de 1976 se puede definir en pocas palabras: fue el hombre clave del “Circuito Camps”, montado por el coronel Ramón Camps cuando se hizo cargo de la Jefatura de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Como el policía de mayor jerarquía y mano derecha del militar, Etchecolatz se convirtió en el verdadero jefe operativo del aparato represivo bonaerense en el marco del plan sistemático de desaparición de personas perpetrado por la dictadura.

Como tal manejó una red de 29 Centros Clandestinos de Detención y Tortura (CCDyT), la mayoría de ellos ubicados en dependencias de la propia policía bonaerense, en los que estuvieron detenidas ilegalmente –y en muchos casos nunca más aparecieron– miles de personas. Chupaderos como “Arana”, “El Pozo de Banfield”, “El Pozo de Quilmes”, “Comisaría Quinta”, “Puesto Vasco”, “El Sheraton” y el más sofisticado de todos, “La Cacha”, formaron parte de sus dominios.

Por ellos pasaron, entre muchas otras víctimas de la represión ilegal, los estudiantes secuestrados en “La Noche de los Lápices”; el director del diario La Opinión, Jacobo Timerman; los integrantes del Grupo Graiver y el llamado “Grupo de los 7″, los jóvenes militantes detenidos-desaparecidos a quienes el capellán de la Bonaerense, el cura Christian Von Wernich, pretendió hacer colaborar mediante engaños y promesas de libertad.

El siniestro funcionamiento del “Circuito Camps” ha sido reconstruido en detalle por los sobrevivientes en sus declaraciones durante los juicios de lesa humanidad. Una vez secuestradas por los grupos de tareas, a las víctimas se las trasladaba a los diferentes centros clandestinos –podían pasar por varios de ellos– donde eran torturadas e interrogadas, en ocasiones durante meses. Luego se decidía su destino: unas pocas eran liberadas, otras eran desaparecidas y en muchos casos se las asesinaba y luego se fraguaban las circunstancias de sus muertes, haciéndolas pasar como “abatidas en un enfrentamiento”. Para esto último, los médicos de la morgue policial firmaban falsos certificados de defunción que permitían sus enterramientos “legales” como NN en el Cementerio de La Plata y los de otras localidades de la provincia.

Testimonios estremecedores

El genocida Etchecolatz era un confeso admirador del criminal de guerra nazi Adolf Eichmann, pero a diferencia de su ídolo, que manejaba el exterminio desde el cómodo escritorio de su despacho, prefería participar de las torturas y los asesinatos luego de que sus grupos de tareas secuestraran a las víctimas.

Su manera de actuar fue descripta con terrorífica precisión por Jorge Julio López cuando declaró en uno de los juicios del “Circuito Camps”. Frente al tribunal, López relató los tormentos a los que lo había sometido el propio comisario: “Subila, subila un poco más (a la picana) que este gringo que está acá en la parrilla, que este en otro lado donde yo lo picaneé se dio vuelta, porque allá era floja (la picana)’. Y se me ponía cerca, pero con una capucha, una capucha peluda y de mono. ‘¡Hacete el guapo como te hiciste aquella noche!’, me decía el comisario. Resulta que ese día a mí no me hacía mucho la picana porque era con batería. Sentía el cosquilleo. ‘Ahora acá vas a sentir’, me decía a mí. Y les pedía a los otros: ‘Prendela directo desde la calle la máquina’”, explicó López a los jueces. “¿Quién le decía esto?”, le preguntó uno de los magistrados a López y el testigo, sin dudar, señaló al excomisario sentado en el banquillo.

En su testimonio, López también contó cómo habían matado a otros dos detenidos en presencia del comisario en el mismo centro clandestino. “A eso de las 11 o 12 de la mañana, aparece Patricia Dell’ Orto toda torturada con el marido. Patricia no respondía, el marido estaba tirado todo lastimado. A ella de un mechón la arrastraron y le sacaron. Sangraba, todos estaban deshechos. Después la ataron a un palenque y la tenían atada enfrente de donde estábamos nosotros. Y al marido lo pateaba Gómez, el jefe, y le decía: ‘Levantate que acá hay muchos muchachos montoneros y les va a dar vergüenza que un jefe sea tan flojito, que esté tirado’”, relató.

Luego de brindar esa declaración ante el tribunal, Jorge Julio López fue desaparecido por segunda vez, ahora en democracia. Lo secuestraron el 18 de septiembre de 2006, cuando salió de su casa para dirigirse al tribunal que ese día iba a dictar una nueva sentencia contra Etchecolatz. Desde un primer momento se sospechó que el ladero de Camps había sido el ideólogo en sombras de ese secuestro. Él mismo se ocupó más adelante de darle cuerpo a esa sospecha. A fines de octubre de 2014, el ex director de Investigaciones de la Bonaerense enfrentaba el tramo final de otro juicio como acusado, frente a un tribunal presidido por Carlos Rozanski, el mismo que lo había condenado después de escuchar el testimonio de López.

Durante ese nuevo proceso judicial el comisario genocida perpetró quizás la mayor burla de las que hizo objeto a los familiares de sus víctimas. En el momento en que se leía la sentencia que lo condenaba a prisión perpetua, tomó un pequeño papel y lo desplegó. Al terminar la lectura del fallo, pretendió entregárselo al Tribunal, pero se lo impidieron. Leo Vaca, un fotógrafo de la agencia Infojus que estaba cubriendo el juicio, hizo foco con su cámara en el papelito y disparó. En el papel, Etchecolatz había escrito, de puño y letra: “Jorge Julio López”. Estaba dando un mensaje siniestro: Yo sé lo que le pasó, pero no se los voy a decir.

El genocida provocador

Otro de los innumerables secretos que el genocida Etchecolatz se llevó a la tumba fue el destino de Clara Anahí, la nieta de Chicha Mariani, una de las fundadoras de Abuelas de Plaza de Mayo. En 2011 – tres años antes del episodio del papelito siniestro con el nombre de López –, durante otro juicio, pidió la palabra y aseguró que podía “aportar datos y elementos de prueba sobre el destino de Anahí Mariani”. El anuncio despertó expectativas, pero se trató de otra de sus crueldades. Si alguien podía conocer el destino de la nieta de Chicha era Etchecolatz, que había dirigido personalmente el operativo del 24 de noviembre de 1976 durante el cual la niña, de apenas 3 meses, fue secuestrada tras la muerte de su madre, Diana Teruggi, y de otros cuatro militantes que estaban en la “Casa de los Conejos” de la calle 30 entre 55 y 56 de La Plata.

Se trataba de otra dolorosa burla, porque cuando el tribunal le pidió que aportara esa información, Etchecolatz se negó a seguir declarando. No dijo nada más. “No tengo dudas de que sabe todo porque él estaba ahí arriba del techo de los vecinos con otros policías. Sabía todo lo que pasaba, estuvo ahí junto con Camps arriba del techo, en pleno ataque a la casa, yo sé que sabe, tiene la obligación de saber porque era uno de los jefes. Es de una perversidad tan grande que no me alcanzan las palabras para decir lo que siento en este aspecto. Es como el puñal final que hunden en el corazón de una persona”, dijo una desolada Chicha Mariani después de la audiencia.

La de mostrar que sabía -cómo no saber si él mismo había perpetrado los crímenes – y luego negarse a dar información para torturar, aun estando preso, a los familiares de las víctimas, era una de sus actitudes recurrentes durante los juicios. En uno de los últimos, en 2020, se negó a declarar sobre la suerte corrida por unos quinientos desaparecidos en tres centros clandestinos que estaban bajo su órbita con la excusa de que quienes lo juzgaban no eran los jueces que correspondían. “¿Ante quién voy a declarar? Ustedes no tienen autoridad para actuar. Necesito que me interroguen los jueces que estaban en ejercicio de sus funciones en ese momento. Hay mucho para declarar de esos acontecimientos que pusieron en peligro a la patria, pero no lo puedo hacer ante ustedes”, los desafió.

No sólo desautorizó a los magistrados, sino que en esa ocasión llegó a burlarse elípticamente de ellos, diciéndoles que gracias a hombres como él estaban vivos: “¿Creen que estarían presentes si hubieran triunfado los idealistas jóvenes que pretendían tomar el poder de las armas? Usted – agregó señalando al presidente del tribunal - sería fusilado por ser integrante de la burguesía judicial y quien les habla fusilado por ser policía. Ustedes procésenme, me van a condenar, eso no me lastima para nada, no siento dolor, sino tristeza de cómo se maneja la Justicia argentina. Dicen que yo maté, usan esa palabra hiriente; y yo no maté, yo batí en combate que es distinto, yo respondí a la agresión con el personal que tenía, murieron muchos de los nuestros y de esos pobres jóvenes equivocados o mal orientados”, dijo.

La última declaración de Etchecolatz antes de su muerte fue el 11 de marzo de 2022, frente al Tribunal Oral Federal 1 de La Plata que lo juzgaba por crímenes en Pozo de Arana. Allí montó un número desplegando un banderín con los colores de la bandera ucraniana y dijo: “Soy víctima de un juicio de venganza y ensañamiento”. Después hizo una insólita comparación entre la resistencia ucraniana a las tropas rusas y el genocidio perpetrado por la dictadura contra quienes, según él, pretendían “instalar el comunismo, como están haciendo en Ucrania”. Y terminó, pomposo y desafiante, con las que serían sus palabras finales en público: “La historia y Dios me absolverán”.

“Un apellido teñido de sangre y horror”

Cuando hizo esa última declaración, hacía años que Miguel Etchecolatz había sido repudiado por su propia hija, horrorizada por la magnitud de los crímenes perpetrados por su padre. En 2014, Mariana Etchecolatz solicitó cambiar su apellido ante un juzgado de Familia de la Ciudad de Buenos Aires. “Debiendo verme confrontada en mi historia casi constantemente y no por propia elección al linde y al deslinde que diferentes personas, con ideas contrarias o no a su accionar horroroso y siniestro pudieran hacer sobre mi persona, como si fuese yo un apéndice de mi padre, y no un sujeto único, autónomo e irrepetible, descentrándome de mi verdadera posición, que es palmariamente contraria a la de ese progenitor y sus acciones (…) Permanentemente cuestionada y habiendo sufrido innumerables dificultades a causa de acarrear el apellido que solicito sea suprimido, resulta su historia repugnante a la suscripta, sinónimo de horror, vergüenza y dolor. No hay ni ha habido nada que nos una, y he decidido con esta solicitud ponerle punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror, ajeno a la constitución de mi persona. Pero además de lo expuesto, mi ideología y mis conductas fueron y son absoluta y decididamente opuestas a las suyas, no existiendo el más mínimo grado de coincidencia con el susodicho. Porque nada emparenta mi ser a este genocida”, escribió en el pedido que presentó al tribunal y le fue concedido.

Los últimos días de junio de 2022, Miguel Etchecolatz fue trasladado desde la Unidad 34 de Campo de Mayo, donde cumplía su pena de reclusión perpetua, a una clínica de la localidad bonaerense de San Miguel. Allí murió a las 5.30 de la mañana del sábado 2 de julio. Tenía 93 años y hacía mucho tiempo que el jefe operativo del “Circuito Camps” había perdido todo vínculo con su familia cercana. Sus otros hijos también habían logrado cambiar legalmente sus nombres y su exesposa ya no vivía en el país donde el apellido Etchecolatz simboliza como pocos el genocidio perpetrado por la última dictadura.

Se reportó la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán, luego de que dos mujeres y una niña de cuatro años escaparon de sus captores y pidieron ayuda en San Pedro Tlaquepaque, mientras ocho hombres seguían sin ser localizados.

Las tres víctimas tienen 38, 18 y 4 años. Las autoridades las mantuvieron bajo resguardo después de que llegaron a la Nueva Central Camionera y solicitaron auxilio a policías municipales.

De acuerdo con los primeros testimonios, el hecho ocurrió el lunes a las 22:00 horas en una vivienda de la colonia Los Olivos, en el municipio de Zapotlán el Grande. Hombres armados irrumpieron en el domicilio y se llevaron por la fuerza a ocho hombres, dos mujeres y una menor.

Las sobrevivientes declararon que entre las personas privadas de la libertad estaban sus esposos y hermanos. También señalaron que, después de sacarlas de la vivienda, sus captores las trasladaron a una finca o huerta aguacatera en las inmediaciones del Área Metropolitana de Guadalajara.

Las víctimas escaparon por una zona aguacatera y llegaron a Tlaquepaque

Según su relato, las mujeres aprovecharon un descuido de los hombres armados para huir con la niña. Salieron corriendo entre cultivos, matorrales y maleza hasta llegar a la carretera Guadalajara-Zapotlanejo.

En ese punto pidieron ayuda y un conductor, identificado como conductor de un camión, las trasladó hasta la terminal camionera de Tlaquepaque. Ahí buscaron apoyo de la Policía Municipal.

Después fueron llevadas primero a un centro de salud municipal de Santa Rosalía y también al DIF Tlaquepaque para recibir resguardo y atención integral. Elementos de la Policía Municipal de San Pedro Tlaquepaque y de la Secretaría de Seguridad del estado permanecieron en la zona para custodiar a las víctimas.

Paramédicos y personal médico revisaron a las tres personas. Presentaban golpes, escoriaciones y lesiones menores en pies y piernas, ocasionadas durante la huida entre la maleza, pero no requirieron traslado a un hospital y fueron reportadas en buen estado de salud.

El dato central del caso era que las tres víctimas que escaparon ya estaban a salvo bajo protección oficial, pero los 8 hombres señalados por ellas continuaban desaparecidos. Las mujeres también dijeron que no sabían si ellos ya habían sido liberados.

La carpeta apenas comenzó y no se confirmó una denuncia previa

La Fiscalía estatal confirmó que integró una carpeta de investigación por la desaparición y la presunta privación ilegal de la libertad múltiple. Las diligencias comenzaron con la toma de declaraciones de las dos mujeres para reconstruir cómo ocurrió el ingreso de los hombres armados al domicilio, el traslado forzado y el sitio donde permanecieron cautivas.

Las pesquisas también quedaron enfocadas en ubicar a los ocho hombres que, según el testimonio de las víctimas, seguían retenidos. Hasta ese momento, la autoridad no había precisado si ya existía una denuncia formal o una ficha de desaparición previa por estos hechos en Ciudad Guzmán.

Otra línea de información recabada por policías locales indicó que los agresores llegaron en una camioneta blanca. Esa versión colocó el inicio del caso en la noche anterior a la localización de las víctimas en Tlaquepaque.

Las mujeres refirieron que fueron sacadas de una vecindad o vivienda donde se encontraban al momento de la irrupción armada. Después las llevaron a un terreno dentro de una zona de producción de aguacate, desde donde lograron escapar cuando sus captores se distrajeron.

El resguardo de las víctimas quedó a cargo de corporaciones municipales y estatales mientras avanzaban las entrevistas ministeriales. La indagatoria buscaba establecer el paradero del resto de la familia y confirmar cada tramo del recorrido desde la colonia Los Olivos hasta la zona donde las tres personas lograron ponerse a salvo.

• La Fiscalía de Jalisco abrió una carpeta por la presunta privación ilegal de la libertad de 11 personas en Ciudad Guzmán.

• Dos mujeres y una niña de 4 años escaparon de una huerta aguacatera, llegaron a Tlaquepaque y fueron atendidas por autoridades.

• Los 8 hombres mencionados por las víctimas seguían sin ser localizados y no se había confirmado una denuncia o ficha de desaparición previa.

¿Qué dijo la Fiscalía?

En un comunicado la Fiscalía de Jalisco informó:

Tras la denuncia por la desaparición de dos personas en la región sur de Jalisco, la Fiscalía del Estado inició de inmediato las investigaciones para lograr su localización.

Hasta el momento, se tiene conocimiento de dos hombres cuya desaparición se denunció el día de hoy tras hechos ocurridos en la delegación de Huescalapa, del municipio de Zapotiltic.

Mujeres familiares de las víctimas interpusieron las denuncias correspondientes acerca de la desaparición de dos masculinos. Agentes del Ministerio Público y de la Policía de Investigación desplegaron los primeros actos de investigación para esclarecer el caso; las denunciantes acompañadas de una menor de edad, se encuentran bien de salud y no fueron víctimas de la comisión de algún delito.

Aunque de manera oficial esta representación social cuenta únicamente con la denuncia por la desaparición de los dos masculinos referidos, las líneas de investigación se mantienen abiertas para determinar si otras personas pudieron haber sido privadas de su libertad durante los mismos hechos.

La Fiscalía del Estado reitera que continuará con los trabajos de investigación e inteligencia para lograr la localización de las víctimas y dar certeza jurídica a los familiares.

La Célula de Búsqueda e Investigación de Personas Desaparecidas de Baja California buscará construir el primer memorial formal para víctimas de desaparición en Mexicali, a fin de ubicarse en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calzada Francisco L. Montejano, reconocido como el Triángulo de las Bermudas.

El colectivo ya inició el proceso jurídico para obtener los permisos correspondientes ante las autoridades municipales y estatales. La propuesta, con firmas de representantes de distintos colectivos, se entregará al municipio esta misma semana.

¿Por qué el Triángulo de las Bermudas?

Ese cruce concentra la mayor cantidad de desapariciones de jóvenes registradas en la ciudad desde 2022. Los antros La Terraza del Shots, La Mañosa y otros establecimientos nocturnos de la zona acumulan más de 10 casos documentados por la Célula de Búsqueda.

El nombre “Triángulo de las Bermudas” lo acuñaron los propios colectivos de búsqueda para describir ese epicentro de desapariciones. El memorial pretende convertir ese espacio en un punto de memoria permanente para las familias afectadas.

El proyecto y sus impulsores

Gonzalo Moreno, integrante de la Célula de Búsqueda y padre del joven desaparecido Kevin Moreno, encabeza la gestión del proyecto. Académicos de la Universidad Autónoma de Baja California, de España y de Suiza ya se pusieron en contacto con el colectivo para colaborar en la construcción de la propuesta.

El objetivo es que el memorial no solo recuerde a los jóvenes desaparecidos en la zona de antros, sino que sirva como espacio abierto para otras familias de Mexicali y de localidades tan distantes como San Luis Río Colorado.

El costo y cómo se financiará

El costo del proyecto oscila entre 1,5 millones y 2 millones de pesos. El financiamiento provendrá de fuentes extranjeras, de la iniciativa privada, de los propios académicos vinculados al proyecto y, de ser posible, del gobierno estatal.

Moreno precisó que el colectivo ya sostiene pláticas con el municipio y espera reuniones con el estado la semana próxima. “Esperamos que el Estado colabore”, afirmó, aunque advirtió que existe un recurso jurídico disponible en caso de que las negociaciones no prosperen.

La ruta legal y el respaldo institucional

El colectivo privilegia la vía institucional para la instalación del memorial. La entrega del documento con el diseño tipo render y las firmas de los colectivos representados marcará el inicio formal de las negociaciones con el municipio.

Moreno fue claro sobre el proceso: “Llevamos un proceso jurídico, por así llamarle, para solicitar un memorial de desaparecidos”. La frase resume la tensión entre la urgencia de las familias y los tiempos administrativos del Estado.

Un primer memorial en forma

Si las gestiones avanzan, el de Mexicali sería el primer memorial formalmente construido para personas desaparecidas en Baja California. La distinción importa: el colectivo subraya que no se trata de una intervención improvisada, sino de una obra permanente con respaldo académico y jurídico.

El espacio también pretende dar visibilidad a casos que van más allá de los antros de la zona hotelera. La convocatoria abarca a todas las familias de la región que no tienen un lugar físico donde recordar a sus seres queridos.

La crisis de fondo

Desde 2022, la zona de antros del Triángulo de las Bermudas concentra una cadena de desapariciones que detonó movilizaciones y enfrentamientos con agentes estatales. Los colectivos llevan años exigiendo que los establecimientos nocturnos involucrados sean investigados a fondo.

El memorial no resuelve esa crisis, pero la Célula de Búsqueda lo concibe como una herramienta para que los casos no caigan en el olvido. La presión sobre el Estado continúa en paralelo, tanto en las calles como en los tribunales.

La ilusión de unas vacaciones familiares se transformó en una pesadilla suspendida en el tiempo. Reyna Isabel Balladares Chavarría, una ciudadana nicaragüense de 37 años que había migrado a España en busca de un futuro mejor, se encuentra hoy en el centro de una dolorosa cruzada internacional.

Siete días han transcurrido desde que dos devastadores terremotos sacudieron los cimientos de Venezuela, y desde entonces, el eco de su risa y los planes de su viaje han sido reemplazados por un silencio sepulcral y una angustia que carcome a sus seres queridos desde la distancia.

Hace años, Reyna tomó la difícil decisión de dejar su natal Nicaragua para radicarse en España. Allí reconstruyó su vida y conoció a su esposo, Carlos Alexander Gutiérrez, un hombre de origen venezolano con quien compartía el anhelo de reencontrarse con las raíces de él. Con esa promesa de descanso y reencuentro, la pareja, junto a Jesús Gutiérrez, el joven hijo de Carlos, abordó un avión con destino a Venezuela el pasado 13 de junio de 2026.

El destino elegido para sus vacaciones fue la cálida localidad costera de Caraballeda, en la región de Vargas, La Guaira. Lo que prometía ser un refugio de sol y memorias familiares se convirtió, la tarde del 24 de junio, en el epicentro de su desaparición.

Los sismos de gran magnitud sorprendieron a la familia en el interior de su hospedaje, la Residencia Auro (también conocida localmente como Hotel Auro), donde se alojaban específicamente en el apartamento número 45, ubicado en el cuarto piso. Desde el colapso de la edificación, nadie ha vuelto a saber de ellos.

Desesperación y búsqueda incansable en La Guaira

Para la familia de Reyna en Nicaragua, las últimas 144 horas han sido un calvario interminable. La distancia geográfica agrava la desesperación de una madre, una hija y una hermana que se niegan a dar el brazo a torcer.

“Es una madre, una hermana, una vecina entrañable la que nos falta”, repiten sus allegados, quienes han volcado todas sus fuerzas en las plataformas digitales y redes de localización de víctimas para difundir la última ubicación conocida de los tres desaparecidos.

Ante la falta de respuestas oficiales inmediatas y el caos generalizado, la hermana de Reyna ha tomado una determinación inquebrantable: recaudar los fondos necesarios de manera urgente para viajar desde Nicaragua hasta el propio suelo venezolano.

La meta es clara y dolorosa: buscar entre los escombros de Caraballeda por cuenta propia. A pesar de los kilómetros y de los comentarios negativos o dudas que a veces circulan en internet, la familia apela a la empatía del mundo. Piden transparencia y clemencia, recordando que detrás de los datos compartidos hay vidas reales suspendidas en una catástrofe humanitaria.

Un país desbordado por la catástrofe

La historia de Reyna y su familia se inscribe en un panorama dantesco que mantiene en vilo a toda Venezuela. Los dos terremotos han dejado huellas imborrables y una destrucción que ha superado cualquier previsión logística. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, ofreció un balance oficial que estremece:

• La cifra de fallecidos asciende a 1,943 personas
• Personas heridas se cuentan en 10,571
• Más de 15,866 ciudadanos han perdido por completo sus hogares
• Más de 50,000 personas desaparecidas en todo el territorio nacional.

En La Guaira, una de las zonas más impactadas, el panorama es crítico. Las labores de búsqueda en la Residencia Auro y sus alrededores se topan constantemente con la escasez de maquinaria pesada y el colapso de las vías de comunicación.

Los propios familiares de Reyna lograron contactar al Director Nacional de Exploradores del Rey en Venezuela, quien les confirmó la dura realidad: la emergencia ha desbordado por completo la capacidad de respuesta de los cuerpos de socorro locales.

El caso de Nataniel Ricardo Guzmán, abogado del Poder Judicial de Mendoza, sigue sin respuesta después de 3 años sin ser visto. El hombre es un joven de nacido en Jujuy y residente en Mendoza, que fue visto por última vez el 27 de enero de 2023, y desde entonces desapareció.

En este marco, el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza decidió actualizar la recompensa para quien aporte información sobre el caso a $12.500.000. La investigación, liderada por la Fiscalía de Homicidios, se ha centrado en reconstruir los movimientos y comunicaciones del abogado en los días previos a su desaparición.

El pago de la recompensa, según lo estipulado por el Ministerio de Seguridad y Justicia, estará supeditado a la calidad de los datos aportados y a que estos efectivamente colaboren con la aparición de Guzmán. Esta circunstancia deberá ser certificada por la autoridad fiscal o judicial interviniente.

De acuerdo con el expediente judicial, la expareja de Guzmán denunció que el último contacto se produjo el día de la desaparición a las 13:36 a través de WhatsApp. En esa conversación, el abogado habría comunicado que regresaba de la localidad balnearia de Mar de Ajó, en la provincia de Buenos Aires, tras mantener una discusión.

La causa ha tenido avances técnicos relevantes: según datos de la empresa Claro, el último registro de actividad del teléfono de Guzmán corresponde al 2 de febrero de 2023 a las 19:40, cuando se detectó una comunicación desde una antena ubicada en Canota, en la localidad de Villavicencio, departamento de Las Heras. Esta información permitió delimitar el área donde pudo haberse encontrado el abogado en esa fecha, lo que representa un dato clave para los investigadores.

La madre de Guzmán, a través de sus abogados, ha impulsado nuevas diligencias en el expediente. Por su pedido, la fiscalía emitió un oficio dirigido a la Dirección de Asistencia Jurídica Internacional del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto y al Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas.

El objetivo es obtener información actualizada sobre el requerimiento realizado a la empresa Google LLC, que podría aportar datos al acceder al contenido de una cuenta de correo electrónico asociados al abogado. La solicitud de acceso a una cuenta de correo y a un teléfono celular busca rastrear movimientos y contactos que puedan arrojar nuevas pistas sobre el destino de Guzmán.

En paralelo, la Secretaría de Asuntos Jurídicos de la Obra Social de Empleados Públicos (OSEP) recibió una solicitud para enviar a la fiscalía información que fue requerida el 24 de abril de 2026, lo que demuestra la persistencia de los familiares y del equipo judicial por mantener activa la búsqueda.

Las personas que cuenten con información pueden comunicarse con la Dirección de Investigaciones a través de las líneas telefónicas gratuitas 0800-222-7627 o 2613857138, o bien con la Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional mediante los teléfonos 348-7844, 348-7845 o 348-7846. La cifra que se ofrece para dar con el paradero de Guzman representa una de las más altas ofrecidas en casos de desaparición en la provincia, según Los Andes.

La actualización de la recompensa busca incentivar la aparición de nuevos testimonios y datos que permitan reconstruir los últimos pasos del abogado. La causa se mantiene bajo la órbita de la Fiscalía de Homicidios y sigue recibiendo información proveniente de diferentes organismos nacionales y provinciales, con la expectativa de que alguna de estas diligencias aporte el elemento que permita resolver el caso.

Familiares, amigos y colegas de Nataniel Ricardo Guzmán mantienen la esperanza de esclarecer lo ocurrido. La sociedad mendocina permanece atenta al desarrollo de las investigaciones y a la posible aparición de datos que permitan dar con el paradero del abogado.

El empresario y exfuncionario Simón Levy Dabbah compartió desde su cuenta oficial en ‘X’ un mensaje dirigido a las madres buscadoras de México, en el que ofreció espacio gratuito para publicar “imágenes y toda la información” de personas desaparecidas en el diario La Opinión.

Levy escribió que, “a partir de hoy”, el diario estará disponible para difundir sin costo fotografías y datos de hijos o familiares desaparecidos. La publicación también incluyó un correo electrónico para recibir la información.

La propuesta se presentó como una vía abierta de difusión en un momento de alta exposición pública para los colectivos de búsqueda, que en junio volvieron al centro de la conversación política nacional.

El contexto del debate con el gobierno

La discusión creció después de los cuestionamientos al gobierno de Claudia Sheinbaum por la falta de reuniones públicas con madres buscadoras, mientras en la mañanera sí apareció el pato Merlín, mascota no oficial del Mundial 2026. En respuesta, la presidenta sostuvo el 23 de junio que sí recibe a “muchas madres buscadoras”, aunque evita hacer de esos encuentros “algo mediático”.

De acuerdo con esa explicación, los colectivos son atendidos de forma periódica por la Secretaría de Gobernación, el subsecretario de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de Búsqueda. Sheinbaum también afirmó que en casos específicos hay seguimiento institucional sin necesidad de exhibir reuniones o fotografías.

Las protestas que tensaron la discusión

El cruce político venía precedido por las movilizaciones de colectivos durante actividades ligadas al Mundial 2026. El 13 de junio, organizaciones de derechos humanos y familias denunciaron actos de criminalización, encapsulamientos y obstáculos a sus protestas en varios puntos del país.

Ese pronunciamiento sostuvo que las manifestaciones buscaban visibilizar la crisis de desapariciones en México, con más de 134 mil personas desaparecidas, y rechazó los señalamientos oficiales sobre un presunto uso político o financiamiento externo de algunas movilizaciones.

Los cuerpos de Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez, dos jóvenes originarios de San Juan del Río, Querétaro, fueron localizados en una fosa clandestina en el municipio de Concordia, Sinaloa, casi dos meses después de haber desaparecido mientras viajaban por la entidad junto con un tercer acompañante.

La localización fue confirmada por el colectivo Por las Voces Sin Justicia, organización que informó que los restos fueron encontrados durante una jornada de búsqueda realizada el 9 de mayo, en coordinación con la Agencia Especializada en Desaparición de Personas. De acuerdo con el grupo, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa no participó en los trabajos.

Mediante una publicación en redes sociales, el colectivo expresó sus condolencias a la familia de ambos jóvenes y reconoció la fortaleza de sus seres queridos durante los meses de búsqueda.

“Desde Por las Voces Sin Justicia expresamos nuestras más profundas y sinceras condolencias a la familia, amistades y seres queridos de Santiago Sánchez Rodríguez y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez”, señaló la organización.

Desaparecieron cuando regresaban de Mazatlán

Santiago y Carlos Enrique desaparecieron el 7 de abril de 2025 junto con José Isaías García Rosey, cuando los tres viajaban en un vehículo por el municipio de Concordia.

Según los reportes, los jóvenes habían viajado a Mazatlán y emprendían el regreso hacia Querétaro cuando dejaron de comunicarse con sus familiares. La última llamada o contacto con sus seres queridos ocurrió alrededor de las 19:22 horas de ese día.

Al perder comunicación con ellos, sus familiares presentaron las denuncias correspondientes e iniciaron una intensa búsqueda con el apoyo de colectivos especializados, mientras las fichas de búsqueda comenzaron a difundirse tanto en Querétaro como en Sinaloa.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre la localización de José Isaías García Rosey, por lo que continúa en calidad de desaparecido.

Concordia, una región marcada por la violencia

El hallazgo ocurrió en Concordia, un municipio ubicado al sur de Sinaloa que en los últimos meses ha cobrado notoriedad por el hallazgo de fosas clandestinas y por la violencia derivada de la presencia de grupos del crimen organizado.

La región forma parte de una zona estratégica para las organizaciones criminales debido a su conexión con comunidades serranas y rutas que comunican con Mazatlán y otros municipios del estado.

A principios de 2026, Concordia también fue escenario del secuestro de diez trabajadores de la empresa minera Viszla Silzer, un caso que, según diversos reportes, fue atribuido a un grupo ligado a Los Chapitos. Desde entonces, colectivos de búsqueda han intensificado las jornadas de localización en distintos puntos del municipio, donde constantemente se reportan nuevos hallazgos.

La crisis de desapariciones en Sinaloa

El caso de los hermanos Sánchez Rodríguez vuelve a evidenciar la crisis de desapariciones que enfrenta Sinaloa y el resto del país.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México existen actualmente más de 135 mil personas desaparecidas, mientras que Sinaloa concentra 7 mil 337 casos, una de las cifras más altas del país.

Ante este panorama, colectivos de familiares continúan encabezando búsquedas en campo para localizar a personas desaparecidas, una labor que en muchos casos realizan con recursos propios y que ha permitido el hallazgo de decenas de fosas clandestinas en distintos municipios del estado.

Mientras Santiago y Carlos Enrique finalmente pudieron ser localizados, la búsqueda de José Isaías García Rosey continúa, al igual que la de miles de personas cuyo paradero sigue siendo desconocido.

A través de un mensaje en redes sociales, el colectivo expresó sus condolencias a los familiares de ambos jóvenes y reiteró su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada.

Desaparecieron cuando regresaban de Mazatlán

Santiago y Carlos Enrique Sánchez Rodríguez desaparecieron el 7 de abril de 2025 junto con José Isaías García Rosey, cuando viajaban en un vehículo por el municipio de Concordia.

De acuerdo con la información disponible, los tres jóvenes habían viajado a Mazatlán y emprendían el regreso hacia Querétaro cuando perdieron contacto con sus familiares. La última comunicación ocurrió alrededor de las 19:22 horas, tras lo cual sus allegados presentaron los reportes de desaparición e iniciaron su búsqueda.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la localización de José Isaías García Rosey, por lo que continúa en calidad de desaparecido.

Concordia, una zona marcada por las fosas clandestinas

El municipio de Concordia se ha convertido en uno de los principales focos de búsqueda de personas desaparecidas en Sinaloa debido al hallazgo recurrente de fosas clandestinas.

La zona cobró mayor relevancia a principios de 2026, luego del secuestro de diez trabajadores de la empresa minera canadiense Viszla Silzer, un caso que, de acuerdo con diversos reportes, fue atribuido a un grupo criminal vinculado a Los Chapitos.

La violencia en esa región ha provocado que colectivos de familiares mantengan constantes jornadas de búsqueda ante la magnitud del problema de desapariciones.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México existen más de 135 mil personas desaparecidas, mientras que Sinaloa acumula 7 mil 337 casos, ubicándose entre las entidades con mayor número de reportes.

Rodrigo Ernesto, de 40 años e integrante del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue privado de la libertad y posteriormente asesinado la tarde del 29 de junio de 2026 en la colonia Lázaro Cárdenas, en Culiacán, Sinaloa. De acuerdo con integrantes de su colectivo, un grupo de hombres armados lo obligó a subir a un vehículo frente a su domicilio y horas después fue localizado sin vida. El crimen ocurrió apenas unas horas antes de que participara en una jornada de búsqueda para localizar a su hermana, desaparecida desde 2016.

Con este caso suman, al menos, seis personas buscadoras asesinadas en México durante 2026, de las cuales cinco eran mujeres. La cifra se suma al registro de al menos 39 familiares buscadores asesinados desde 2010, de acuerdo con datos documentados por Amnistía Internacional.

Días antes, el 23 de junio, Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa por Cumplir, fue asesinada a balazos cuando salía de su jornada laboral como trabajadora de intendencia en el Hospital Regional de Pénjamo, Guanajuato. Patricia viajaba en motocicleta cuando fue interceptada por hombres armados que le dispararon y huyeron del lugar. Desde 2021 buscaba a su hermana Laura Angélica Negrete Tafoya, desaparecida en ese mismo municipio. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas por el crimen.

El 9 de mayo, Patricia Acosta Rangel y su hija Katia Citlali Jáuregui Acosta, integrantes del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos, fueron atacadas a balazos en la colonia 18 de Marzo de Salamanca, Guanajuato. Madre e hija circulaban en motocicleta cuando hombres armados abrieron fuego contra ellas. Ambas murieron a consecuencia de las heridas. Las dos participaban en labores de búsqueda y acompañaban a familias con familiares desaparecidos.

Semanas antes, el 18 de marzo, fue localizada sin vida Cecilia García Ramblas, también integrante de Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. La mujer había sido reportada como desaparecida días antes tras ser vista por última vez en la comunidad de Valtierrilla, en Salamanca. Cecilia buscaba a su hermano Miguel Ángel García Ramblas, desaparecido desde 2021.

La primera persona buscadora asesinada en 2026 fue Rubí Patricia Gómez-Tagle, de 38 años, integrante del colectivo Corazones Unidos por una Misma Causa. El 27 de febrero fue encontrada sin vida dentro de su domicilio en Mazatlán, Sinaloa, luego de que compañeras acudieran a buscarla porque no se presentó a una actividad programada. La Fiscalía estatal informó que presentaba heridas provocadas por un arma punzocortante. Rubí buscaba a su hijo, Édgar Daniel López Gómez-Tagle.

Los seis casos ocurrieron en poco más de cuatro meses y se concentraron en dos entidades: Guanajuato y Sinaloa. Sin embargo, cuatro de los seis homicidios registrados durante 2026 ocurrieron en Guanajuato, estado que concentró la mayoría de los casos documentados este año.

El asesinato de Rodrigo Ernesto amplía la lista de víctimas

De acuerdo con medios locales, Rodrigo Ernesto acompañaba a su madre en las actividades del colectivo Voces Unidas por la Vida y participaba de manera constante en jornadas para localizar a personas desaparecidas.

De acuerdo con Alma Rosa, dirigente de la organización, el hombre conversaba con un vecino frente a su domicilio cuando fue interceptado por hombres armados que intentaron obligarlo a subir a un vehículo.

Según la información recabada por el colectivo, Rodrigo habría intentado escapar a una cuadra de su vivienda antes de ser asesinado.

El crimen generó incertidumbre entre los integrantes de la agrupación, quienes evaluaron suspender la jornada de búsqueda programada para hoy, 30 de junio. Sin embargo, la propia madre de Rodrigo pidió que la actividad continuara.

La representante del colectivo señaló que no existen elementos para afirmar que el asesinato esté directamente relacionado con las actividades de búsqueda, aunque sostuvo que las amenazas contra las familias buscadoras son frecuentes.

“Todos los colectivos somos amenazados por andar buscando a nuestros hijos. No podemos vivir en paz en nuestras casas; es una inseguridad muy grande la que tenemos”, expresó a medios locales.

Homicidios, desapariciones y fosas: el panorama de seguridad en Guanajuato

Cuatro de los seis asesinatos registrados en lo que va de 2026 ocurrieron en Guanajuato, un estado que continúa enfrentando altos niveles de violencia. Aunque el gobierno federal ha reportado una disminución de homicidios a nivel nacional durante los últimos meses, la entidad se ha mantenido entre las que registran más asesinatos en México.

Datos presentados por el gabinete de seguridad federal durante junio señalaron que Guanajuato encabezó nuevamente el conteo semanal de homicidios dolosos al acumular 31 víctimas entre el 15 y el 21 de ese mes. En el balance mensual, la entidad registró 88 asesinatos, por encima de otros estados afectados por la violencia criminal como Sinaloa, Baja California, Chihuahua y Michoacán.

La problemática también se refleja en el número de desapariciones. Miles de personas permanecen sin ser localizadas en la entidad, mientras colectivos de familiares participan de manera constante en jornadas de búsqueda en distintas regiones del estado. A la par, durante los últimos años se han reportado hallazgos recurrentes de fosas clandestinas y sitios de inhumación ilegal en municipios guanajuatenses.

Falta protección para personas buscadoras, alerta Amnistía Internacional

Con la atención internacional centrada en México por las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol, Amnistía Internacional sostuvo que el asesinato de Patricia Negrete evidencia las condiciones de riesgo que enfrentan las personas buscadoras en el país.

Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, afirmó para la agencia EFE que el caso refleja la falta de protección para las familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. La representante señaló que la violencia contra las personas buscadoras debe entenderse en el contexto de las actividades que realizan para localizar a familiares ausentes.

La organización sostuvo que las familias han asumido tareas que corresponden a las autoridades y advirtió que las personas buscadoras continúan expuestas a riesgos permanentes.

Amnistía Internacional indicó además que México supera las 133 mil personas desaparecidas, según datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. La organización también señaló que existen más de 72 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de distintas instituciones gubernamentales.

Aunque el caso más reciente corresponde a un hombre, la organización ha documentado que nueve de cada diez personas buscadoras en México son mujeres y que el 97% ha sufrido algún tipo de violencia o afectación derivada de esta labor.

Fátima Ozoara Cid Vázquez, de 20 años de edad, fue localizada sin vida luego de ser reportada como desaparecida el pasado 21 de junio tras salir de su turno como enfermera en un hospital de la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México.

Ese día, la joven salió alrededor de las 08:00 de la mañana de su lugar de trabajo en la colonia Olivar de los Padres, donde se desempeñaba como auxiliar de enfermería. Sus familiares reportaron ante las autoridades que no regresó a su domicilio, por lo que realizaron la denuncia de su desaparición.

Al salir de la unidad médica, la joven vestía uniforme quirúrgico color azul marino. De acuerdo con su ficha de desaparición, sus señas particulares eran una cicatriz en el codo izquierdo, así como un tatuaje de mariposa roja que tenía en el abdomen del lado derecho.

A partir de la denuncia, elementos de la Policía de Investigación (PDI), personal ministerial y pericial activaron los protocolos de búsqueda e investigación correspondientes que integraron la realización de entrevistas, análisis de videograbaciones y trabajos de campo.

Familiares detallaron que el análisis de las cámaras de vigilancia de la zona permitieron observar a la joven cuando salió del sitio y comenzó a caminar de manera normal, pero su rastró se perdió poco después.

Sin embargo, las acciones también permitieron a las autoridades establecer la posible participación de un hombre en su desaparición.

Un detenido en flagrancia y la posterior localización del cuerpo sin vida de la joven

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) informó que el pasado 23 de junio fue detenido Joel Ricardo “N”, señalado por su presunta participación en la desaparición y posterior localización sin vida de Fátima Ozoara Cid.

La investigación condujo al arresto en flagrancia del sujeto, quien fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público. Durante la audiencia inicial, un juez de control consideró legal la detención, por lo que la Fiscalía de CDMX formuló imputación contra el detenido por el delito de desaparición de persona cometida por particular agravada y solicitó su vinculación a proceso.

La defensa solicitó duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia continuará este martes 30 de junio a las 14:30 horas para definir si será vinculado a proceso o no por este delito. Mientras tanto, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.

La dependencia señaló que continuará con las investigaciones en coordinación con autoridades del Estado de México y Morelos para determinar la responsabilidad en los hechos y fortalecer la acusación.

Hallan sin vida a Fátima Ozoara tras la detención del sujeto

Luego de poco más de una semana de búsqueda y de que sus familiares exigieran a las autoridades avances en el caso, la joven fue hallada en una zona limítrofe entre Morelos y el Estado de México, donde las autoridades establecieron un polígono de interés.

Fue la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Morelos la que encabezó las labores que permitieron localizar el cuerpo sin vida de una mujer joven en la carretera Santa Martha-Cuernavaca, en el paraje Ojo de Agua del municipio de Ocuilán.

Su identificación se llevó a cabo más tarde por parte de la familia de Fátima Ozoara en el Servicio Médico Forense del Estado de México, mediante personal de la Policía de Investigación y una célula de atención.

La Fiscalía de CDMX detalló que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y garantizar a la familia de Fátima Ozoara acceso a la justicia.

Cabe señalar que de acuerdo con reportes del periodista Carlos Jiménez, Joel Ricardo “N” fue identificado como la pareja sentimental de Fátima Ozoara, quien sería el responsable tanto de la desaparición como el feminicidio de la joven.

El equipo se trasladaba hacia otro punto asignado cuando recibió un llamado de urgencia de personal de Protección Civil de Venezuela, que había confirmado la presencia de personas con vida en la zona. El rescate “fue posible gracias al trabajo de Bart, uno de los perros del contingente nacional, que ingresó a un túnel abierto entre los escombros, marcó presencia positiva y permitió redireccionar la búsqueda y orientar la excavación hacia el lugar correcto”, explicaron desde el Ministerio de Defensa sobre la tarea del animal que integra el dispositivo de búsqueda del primer escalón de militares especializados.

El operativo tuvo lugar el domingo por la tarde, donde infantes de marina con el desempeño del animal “contribuyeron al hallazgo con vida de dos menores atrapados en una estructura colapsada”. “Finalizada la operación, Bart fue reconocido por las autoridades venezolanas presentes en el lugar en agradecimiento por su desempeño durante la tarea”, poniendo fin a su misión, remarcaron a través de una publicación en la red social X.

El contingente argentino opera en Venezuela en el marco de una misión de respuesta humanitaria que incluye tareas de búsqueda, asistencia y apoyo a los equipos locales e internacionales desplegados en la zona afectada. Los infantes de marina trabajan en coordinación con las autoridades venezolanas y con otros contingentes extranjeros presentes en el terreno.

Previamente, el canciller Pablo Quirno había hecho público el arribo de una misión consular a suelo venezolano el día sábado 27, para relevar “las necesidades de asistencia de la colectividad argentina, documentar a los ciudadanos y colaborar con las familias en la búsqueda de paraderos. entre los escombros. Venezuela hoy es un pueblo rodeado de infraestructura caída”.

En tanto, la cifra de ciudadanos rescatados en el país caribeño es de cuatro; la de fallecidos se mantuvo en seis hasta el momento; y resta encontrar a siete argentinos todavía. Hubo alrededor de 215 pedidos de asistencia a connacionales, dentro de los cuales tres grupos familiares permanecen en situación de vulnerabilidad. A este panorama se suma 1 persona hospitalizada y cuatro autorizaciones para salir del país de indocumentados.

Además, la Cancillería habilitó un teléfono celular de emergencia en Venezuela para acompañar a las familias que necesiten asistencia. “A fin de acompañar a todas las familias que lo necesiten, se encuentra habilitado un celular de emergencia en Venezuela: +58 414-2387145″, expresó Quirno.

Los rescatistas nacionales e internacionales desplegados trabajan contra el reloj. Según informó la agencia EFE, la cifra de muertos asciende a al menos 1.450 personas, con 3.150 heridos y 12.721 familias damnificadas. Las operaciones se concentran principalmente entre las ruinas del estado costero de La Guaira, el más golpeado por los sismos, donde están instalados los centros logísticos de los equipos internacionales. Las autoridades venezolanas confirmaron además que 33 personas fueron rescatadas con vida desde que comenzaron las tareas de búsqueda.

La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, aseguró que las labores “no se suspenden” y anunció la creación de una comisión para inspeccionar la habitabilidad de las viviendas afectadas, con un sistema de semáforo de tres colores como referencia. De acuerdo con EFE, hay 189 edificios con daños totales y 585 con daños parciales, además de 38 hospitales y 44 centros comerciales afectados. Rodríguez también anunció la conformación de una comitiva para establecer campamentos transitorios para quienes perdieron sus hogares y planificar la construcción de nuevas viviendas.

En el marco de la desaparición de 5 pescadores, la aparición de un cuerpo flotando en el Río de la Plata reavivó la preocupación en torno a los hombres de los que no se supo nada más. Un buque mercante divisó los restos flotando del lado de Uruguay, a unos 60 kilómetros de Atalaya, en el partido de Magdalena.

Se trata de Sebastía Semegialli, de 52 años y era uno de los hombres que se encontraban en la lancha que zarpó desde la costa de Hudson, en Berazategui, hace más de diez días. El hombre era uno de los tripulantes de la lancha “Chamigo-Ho”, embarcación que zarpó el 14 de junio -cuyo paradero se desconoce desde entonces-.

El hallazgo se produjo cuando la tripulación de un buque mercante detectó restos humanos flotando en aguas jurisdiccionales de Uruguay, a unos 60 kilómetros de Atalaya, partido de Magdalena. La familia de Romegialli logró identificarlo tras ser notificada por las autoridades y trasladarse al lugar para el reconocimiento. Este hecho marca el primer avance concreto en una búsqueda que mantiene en vilo a toda la comunidad local.

La desaparición ocurrió en el marco de una jornada de pesca deportiva. Junto a Romegialli, se encontraban a bordo Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin y Damián Giubu. La alarma se disparó cuando la embarcación no regresó al punto de partida y los familiares perdieron contacto con los ocupantes, sin respuestas a los llamados telefónicos ni señales emitidas por radio.

Desde el inicio de la investigación, la Prefectura Naval Argentina organizó un despliegue que involucró a bomberos voluntarios, Defensa Civil y fuerzas municipales de Ensenada, sumando patrullajes tanto por agua como por tierra. El operativo incorporó tecnología y recursos específicos: la lancha contaba con chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas, lo que en principio brindaba garantías respecto a la seguridad de los tripulantes.

A medida que pasaron los días sin novedades, la búsqueda se focalizó en distintos sectores del río y la costa bonaerense, especialmente en la zona de Atalaya y en el tramo comprendido entre el Puerto de Ensenada y Boca Cerrada. En el transcurso de los rastrillajes, se hallaron objetos personales que pertenecían a los pescadores, como una mochila y un tanque de combustible, elementos que fueron reconocidos por sus familiares y sumados a la causa.

La fiscal Silvina Borrone, titular de la UFI N°4 de Berazategui, quedó a cargo de la investigación judicial. Ordenó la realización de la autopsia sobre el cuerpo de Romegialli para esclarecer la causa de muerte y recabar indicios que permitan reconstruir las circunstancias en las que se produjo el naufragio. La hipótesis principal apunta a un posible desperfecto mecánico o un hundimiento repentino de la embarcación, aunque no se descartan otras líneas de investigación.

En los días previos al hallazgo, pescadores de la zona reportaron la presencia de cuerpos en el río. Los familiares y allegados de los desaparecidos manifestaron su malestar ante lo que consideraron una reacción tardía por parte de la Prefectura tras recibir estos avisos. Según relataron, la búsqueda posterior a las denuncias no arrojó resultados inmediatos, lo que aumentó la angustia e incertidumbre.

En paralelo a los operativos oficiales, la comunidad de Berazategui y alrededores se movilizó para acompañar a las familias y exigir respuestas. Hasta el momento, el destino de los otros cuatro tripulantes sigue siendo una incógnita.

Mientras tanto, las autoridades mantienen activos los operativos en diferentes puntos del Río de la Plata y solicitan la colaboración de quienes puedan aportar información. La aparición del cuerpo de Romegialli representa un indicio relevante, aunque todavía persisten muchas preguntas sin respuesta sobre lo ocurrido con la lancha “Chamigo-Ho” y el resto de sus ocupantes.

Cinco tripulantes zarparon desde la costanera de Hudson el pasado domingo 14 de junio y, desde entonces, son intensamente buscados. En las últimas horas, la Prefectura Nacional Naval de Uruguay reportó el hallazgo de un cuerpo y las características coinciden con uno de los hombres desaparecidos.

Un barco pesquero navegaba cerca de la costa de Montevideo cuando divisaron un cuerpo. Los miembros de la tripulación decidieron notificar a las autoridades del país vecino, quienes luego avisaron a sus pares argentinos, ya que sabían de la búsqueda que llevaba adelante la Prefectura Naval Argentina para dar con Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50).

Según pudo saber Infobae, el cuerpo hallado comparte características coincidentes con uno de los cinco hombres que son buscados y por eso la fuerte sospecha de que sería el primero encontrado, a días de que la PNA haya dado con pertenencias de los tripulantes.

Son dos tatuajes los que lograron divisar y aumentaron las probabilidades de que se trate de uno de los pescadores que desaparecieron aquel domingo tras embarcarse en el “Chamigo-Ho”, a la altura del Camping Hudson entre las 6 y las 8:30 de la mañana.

Sin embargo, para determinar la identidad y confirmar que se trata de uno de los pescadores, se realizarán pruebas de ADN. A este medio le indicaron que la tarea está a cargo del equipo forense y de la Justicia de Uruguay, quienes harán llegar el resultado a las autoridades argentinas.

Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli son buscados desde hace 11 días. El último martes, la PNA había notificado el hallazgo de una campera —que pertenecía a uno de los tripulantes— y de un tanque de combustible. Familiares de los desaparecidos identificaron ambos elementos y confirmaron que formaban parte del grupo.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, encabezada por Silvia Noemí Borrone.

Cómo se lleva a cabo el operativo

Las tareas de rastreo son constantes desde el fin de semana de la desaparición, luego de que el personal del camping advirtiera que los pescadores no habían vuelto al terminar la jornada, con sus vehículos aún estacionados en el predio. La alarma se activó alrededor de las 20:50.

Desde entonces, el operativo se mantiene activo, según explicó Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, a Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se ejecutaron con guardacostas de gran porte, a lo largo de toda la noche, en el tramo del río comprendido entre Hudson y Quilmes.

En una de las jornadas, Prefectura incorporó el avión Papa Alfa 62, que sobrevoló más de 110 kilómetros de la costa del Río de la Plata sin obtener hallazgos.

En otras ocasiones participaron motos de agua, guardacostas, embarcaciones semirrígidas y menores, y móviles destinados al patrullaje terrestre. El operativo se desplegó por aire, agua y tierra. Otra de las aeronaves que participó fue la PA-62.

Rodríguez explicó que la ausencia de indicios materiales en la superficie del río dificultó el avance de las tareas y obligó a ampliar de forma gradual el área de búsqueda. Las condiciones meteorológicas al momento de la desaparición eran favorables, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. La teoría principal apunta a que la embarcación pudo haber sido arrastrada por la corriente hacia zonas que los pescadores no tenían previstas.

“En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, declaró Rodríguez a Infobae.

Durante los primeros días, la respuesta de los organismos oficiales resultó ineficiente, lo que obligó a las comunidades a organizarse de manera espontánea. La situación de los recién llegados evidencia los vacíos en la coordinación oficial.

Por estas horas, la búsqueda de familiares desaparecidos mantiene en vilo a decenas de personas que recorren hospitales, revisan listas en las paredes y se aferran a la esperanza. Argenis Querales, habitante de Caracas, busca a varios miembras de una familia que quedaron atrapados bajo los escombros de un edificio en La Guaira.

“Busco una familia completa, dos primos, sus hijas, su esposa, su suegra, que estaban en uno de los edificios que fue destruido y aparentemente están tapiados allí todavía”, relató a Infobae desde el Parque del Oeste. Según comentó, una de las niñas estaría en ese refugio, pero aún no tiene información oficial: “Estamos esperando que nos dejen entrar para buscarla porque al parecer está desorientada”.

Querales denunció la falta de apoyo institucional en las zonas más afectadas, como La Guaira: “Nos han dicho que no tienen apoyo de las autoridades. El pueblo es el que está ayudando, el pueblo es el que está moviendo escombros y las familias son las que estamos en eso”.

Jordan Jesús Cua Mayora, oriundo de La Guaira, también contó a Infobae el horror que vivió durante los sismos que, hasta el momento, dejaron más de 900 muertos: “Se nos cayeron nuestras casas y nuestro apartamento, salimos todos, gracias a Dios. Varios no pudieron salir de ahí de los apartamentos”. En su caso, comentó, logró sacar a su familia.

Tras huir hacia las montañas por temor a un posible tsunami, Cua Mayora y su familia lograron llegar al refugio en Caracas con el apoyo de vecinos y dos agentes de la Guardia Nacional. Primero fueron recibidos por una amiga en Antímano, pero no pudieron quedarse mucho tiempo, porque su casa “es pequeñita”. Por eso, decidió trasladarse al Parque del Oeste en busca de refugio, pero aún no le confirmaron si podrá ingresar: “No nos han dicho nada”.

En el refugio, la vida diaria depende del esfuerzo colectivo. Mireyde Mendoza, familiar de un preso político quien perdió su vivienda en Altavista, explicó: “El mismo pueblo ayuda al pueblo. Eso es lo que se está haciendo aquí desde el día uno que pasó todo lo del terremoto”. Mendoza, madre de dos niñas, describió la llegada tardía de los equipos de atención: “Ahora es que se están apareciendo las autoridades, a brindarnos el apoyo, exactamente. A estas alturas que se están apareciendo los paramédicos, los guardias a hacer un recorrido”.

Mireyde contó que tuvo que sacar a su familia “por el balcón” para evitar ser aplastadas: “Era lo más rápido que pude hacer”. Además, aprovechó para hablar de la situación que atraviesa en familiar suyo, uno de los tantos presos políticos acusados de terrorismo por el chavismo. Su caso, no obstante, hasta el momento no fue incluido en la ley de aminstía, por lo que continúa recluido en la prisión de Yare.

El drama de los deportados desde Estados Unidos añadió otra capa de complejidad a la emergencia. Raiza Alejandra Mujica, esposa de uno de los repatriados, pidió públicamente apoyo para los afectados que quedaron atrapados en el hotel Negra Hipólita tras el derrumbe: “Hay unos que salieron por sus propios medios, pero hay quienes están dentro todavía. Hasta ahora no hay nadie ayudándolos. Necesitamos que por favor vayan familiares hasta allá, o sea, vayan, rescatistas, organismos, a ayudar a los familiares, porque están solamente los familiares allí levantando escombros”. Mujica también reclamó información clara sobre el paradero de los heridos: “Nos dicen: ‘Sí, está herido’, pero no nos dan ubicación de dónde están ubicados”.

El doctor Fernando Blanco, residente de segundo año de anestesiología en el Hospital José María Vargas de La Guaira, participa en la atención sanitaria tras la tragedia que afecta a la región. Según detalló, el hospital se encuentra en una situación de alta demanda debido a la llegada masiva de víctimas, tanto fallecidos como heridos, consecuencia directa del desastre que golpeó el estado.

El médico confirmó que el centro de salud cuenta actualmente con insumos médicos suficientes, ya que había recibido abastecimiento previo y se ha beneficiado de ayudas entregadas por organismos gubernamentales y aportes internacionales. “El hospital tenemos buenos insumos, ya que había sido abastecido anteriormente con material médico quirúrgico y las ayudas que han ido llegando tanto del mismo gobierno como internacionalmente”. A pesar de estos recursos, el flujo de pacientes y la magnitud de la emergencia han puesto a prueba la capacidad de respuesta de los equipos médicos en La Guaira.

Blanco subrayó la dificultad que representa el acceso logístico a la zona, señalando que la congestión del tráfico dificulta la llegada de ayuda adicional al hospital. “Se necesita toda la ayuda posible y un poco más de conciencia acerca de lo que es el tráfico para poder ingresar hacia La Guaira y llevar la ayuda necesaria”, advirtió. La cantidad exacta de fallecidos permanece indeterminada, mientras que los heridos y personas atrapadas bajo los escombros continúan siendo numerosos, reflejando la gravedad de la situación en la región.

Este sábado, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, anunció la restricción del acceso al estado La Guaira, declarada como zona de desastre por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, a partir de las 20:00 horas (hora local) del viernes, como parte de las medidas para gestionar la emergencia tras los terremotos que golpearon la región. El funcionario explicó que la medida responde a motivos humanitarios, sanitarios y logísticos. Según Cabello, la afluencia de civiles generó congestionamiento vial, dificultando el paso de ambulancias y equipos de rescate, mientras que la presencia de cuerpos bajo los escombros, a más de 48 horas del sismo, plantea un riesgo sanitario. Además, la llegada de voluntarios sin coordinación ha complicado las operaciones de asistencia.

Por su parte, en las últimas horas también circuló en redes sociales el rumor de que en el Parque del Oeste, que tiene unos 5 mil damnificados, hay niños solos expuestos a que sean llevados por extraños. Carolina Salinas, voluntaria en el lugar, desmintió esos trascendidos: “Aquí no se ha ingresado ningún niño sin su representante o algún familiar, directo o indirecto”. Según su relato, las instituciones responsables de la protección de la infancia mantienen el control de estos casos y colaboran con los equipos de ayuda. “Desde el día uno están todas las instituciones gubernamentales, también están grupos de apoyos vecinales, consejos comunales, alcaldía, policía”, explicó Salinas en declaraciones recogidas por Infobae.

La magnitud del desastre y el desborde de los centros de acogida dejaron a muchas familias fuera del sistema formal de ayuda. Las listas de desaparecidos aumentan y la esperanza se sostiene en la solidaridad vecinal y el trabajo de los voluntarios. El testimonio de los afectados recoge el llamado urgente a las autoridades para acelerar las labores de búsqueda y rescate, garantizar la alimentación y la hidratación, y ofrecer respuestas a quienes aún esperan noticias de sus seres queridos.

Después de once días de la desaparición de 5 pescadores que se los vio con vida por última vez tras zarpar desde la costa de Hudson, este viernes se halló un cuerpo sin vida en el Río de la Plata. En medio de los operativos de búsqueda, un barco pesquero localizó un cuerpo flotando a unos 85 kilómetros de Magdalena, en aguas del lado uruguayo.

El hallazgo de un cuerpo sin vida en el Río de la Plata marcó un quiebre en la búsqueda de los cinco desaparecidos. La noticia fue confirmada por allegados de los pescadores, quienes se trasladaron de inmediato para el reconocimiento.

Según 0221, familiares de los tripulantes de la lancha “Chamigo-Ho” reconocieron tatuajes que coincidirían con uno de los desaparecidos. Sin embargo, la identificación oficial aún depende de pruebas de ADN a realizarse en Montevideo.

El hallazgo se produjo en el marco de un despliegue coordinado por la Prefectura Naval Argentina (PNA), que incluyó rastrillajes por agua y por tierra, el apoyo de bomberos voluntarios, Defensa Civil y fuerzas municipales de Ensenada.

El operativo de búsqueda comenzó el 14 de junio, cuando Carlos Kovach, Claudio Kovach, Alejandro Boscardin, Damián Giubu y Sebastián Romegialli partieron desde la zona de Hudson, en Berazategui, a bordo de la lancha “Chamigo-Ho” para una jornada de pesca deportiva. La alarma se activó cuando la embarcación no regresó y los familiares perdieron contacto con los tripulantes.

Desde entonces, no hubo respuestas a los llamados telefónicos ni a las señales de radio, pese a que el bote estaba equipado con chalecos salvavidas, GPS, radio VHF y bengalas. Durante las últimas jornadas se intensificaron los operativos, con especial foco en la zona de Atalaya y sectores de la costa bonaerense.

Además de los rastrillajes, la Prefectura informó sobre el hallazgo de objetos personales, entre ellos una mochila y un tanque de combustible, que flotaban a unos 18 kilómetros de la costa. Estos elementos fueron reconocidos por los familiares en presencia de las autoridades.

La búsqueda incluyó recorridos desde el Puerto de Ensenada hasta Boca Cerrada, con patrullajes de guardavidas, bomberos y efectivos de la Prefectura Naval Argentina. Días antes del hallazgo del cuerpo ya se habían reportado avistamientos de cuerpos en el río por parte de pescadores locales. Sin embargo, denuncian que la respuesta de la Prefectura fue lenta y que la búsqueda posterior no arrojó resultados positivos.

La embarcación desaparecida contaba con todos los elementos de seguridad reglamentarios, según consta en la investigación. No obstante, la falta de señales o restos de la lancha llevó a los investigadores a considerar diversas hipótesis, como un desperfecto mecánico o el hundimiento en el estuario del Río de la Plata.

Por el momento, aún permanece incierto el destino de los otros cuatro tripulantes, por lo que los operativos continúan. La causa está bajo la órbita de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Noemí Borrone, que supervisa los procedimientos de identificación y la investigación sobre el destino de la embarcación y sus ocupantes.

Mientras tanto, las autoridades mantienen el despliegue de recursos en diferentes puntos del Río de la Plata y exhortan a la comunidad a aportar cualquier dato relevante que pueda contribuir a la localización de los restantes desaparecidos.

El hallazgo de pertenencias y el reconocimiento del cuerpo constituyen los primeros elementos concretos desde el inicio de la búsqueda, y abren nuevas líneas de investigación para esclarecer el destino de la lancha y sus ocupantes. La comunidad de Berazategui, Magdalena y Ensenada permanece atenta al desarrollo de los acontecimientos, mientras familiares y allegados reclaman respuestas y avances en el operativo.

El Gobierno dominicano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores (Mirex), encendió las alarmas al confirmar que al menos cinco ciudadanos de su país se han visto directamente afectados por la catástrofe telúrica. El balance inicial entreteje la esperanza con el miedo más absoluto: tres de ellos han logrado burlar el colapso de las comunicaciones, reportándose con vida y logrando establecer contacto con sus allegados.

Sin embargo, el destino de otros dos dominicanos permanece envuelto en el misterio y los escombros, engrosando la lista de desaparecidos que mantiene en vilo a toda la región.

Por lo que, la Cancillería dominicana emitió un comunicado oficial en el que aseguró mantener canales de comunicación permanentes con las autoridades venezolanas. El objetivo es claro pero titánico: localizar a los compatriotas cuyo paradero sigue siendo desconocido, mientras 0se ofrece acompañamiento psicológico y asistencia consular a unas familias dominicanas desgarradas por la espera.

La situación logística en el terreno añade una capa extra de complejidad al drama. Debido a la ruptura de relaciones diplomáticas previas, el país caribeño no cuenta con una delegación operativa directa en suelo venezolano.

Desde el 30 de julio de 2024, España asumió la representación de los intereses dominicanos en Venezuela. Por ello, las autoridades de Quisqueya han instado de manera urgente a que cualquier ciudadano en situación de emergencia coordine su auxilio a través del Consulado General de España en Caracas.

Asimismo, el Mirex recomendó formalmente a la población abstenerse de viajar al territorio sudamericano hasta que las condiciones de seguridad estén plenamente garantizadas.

El panorama de una tragedia en ascenso

Lo que inicialmente se reportó como una tragedia mayúscula ha escalado de forma dramática en las últimas horas. La última actualización ofrecida por el Gobierno venezolano elevó la trágica contabilidad a 188 personas fallecidas, 1,520 heridos y al menos 157 ciudadanos declarados oficialmente como desaparecidos.

El doble sismo, ocurrido con una diferencia de apenas 39 segundos, derribó estructuras enteras en zonas densamente pobladas de la capital y en el estado costero de La Guaira.

En las calles caraqueñas, el panorama es desolador: el polvo de los edificios colapsados aún nubla el aire y los gritos de auxilio guían las palas de los equipos de emergencia. En el interior de Venezuela, donde el acceso a la energía y el internet ya era precario, el alcance real de la destrucción sigue siendo una incógnita que las autoridades intentan descifrar a cuentagotas.

La República Dominicana ha reiterado su “más profunda solidaridad” con el pueblo venezolano ante una de sus peores crisis naturales recientes. Pero más allá de los despachos oficiales y la diplomacia, la verdadera batalla se libra en los hogares dominicanos que hoy miran fijamente las pantallas de sus teléfonos, rezando por un mensaje de texto o una llamada que confirme que sus compatriotas ausentes siguen con vida en medio de la catástrofe.

Después de que se registraran dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 en Venezuela, varias personas se encontrarían desaparecidas. Aunque todavía no hay una cifra oficial, se confirmó que se desconoce el paradero de la familia de Lucas Trejo, un futbolista argentino que juega en el Club Sport Marítimo de La Guaira. Hasta el momento, solo se sabe que el edificio en en el viven colapsó.

Con el paso de las horas, miles de usuarios en las redes sociales comenzaron a pedir ayuda para ubicar a sus familiares desaparecidos. Entre ellos, se encontraba el futbolista argentino, quien denunció la situación de su familia por medio de una historia publicada en su cuenta de Instagram.

“Nuestro edificio en Playa Grande se derrumbó. No sé nada de mi familia. Por favor, oren por ellos y difundan este mensaje por si alguien los vio. Quiero creer que no estaban ahí. Oren por mi familia, por favor”, suplicó el defensor de 38 años en la publicación.

En este contexto, compartió una imagen junto a su esposa y sus dos hijos, así como sus nombres para facilitar la búsqueda. Mientras que la mujer fue identificada como Yanina Maranella, los menores de edad son Aarón Trejo Maranella y Ainhoa Trejo Maranella.

Según pudo constatar Infobae, el jugador del Club Sport Marítimo de La Guaira se encontraba en la capital venezolana junto a su equipo, ya que debían disputar el primer partido de la copa local este mismo miércoles ante el Deportivo Miranda Fútbol Club en el Estadio Brígido Iriarte.

Los sismos que sacudieron el centro y norte del país provocaron el desplome de numerosos edificios en Caracas y la región costera de La Guaira. A raíz del desastre desatado, la presidenta interina Delcy Rodríguez declaró el estado de emergencia. Además, estimó que habría al menos 32 víctimas fatales y más de 700 heridos, aunque la cifra podría incrementarse con el correr de las horas.

“Podemos afirmar que la situación en La Guaira es una verdadera tragedia”, manifestó Rodríguez durante la conferencia de prensa que brindó por la noche. Asimismo, indicó que los servicios de emergencia trabajaban en “salvar tantas vidas como Dios lo permita”.

Las recomendaciones de Cancillería para los argentinos que se encuentran en Venezuela

Por medio de un comunicado, la Cancillería argentina expresó su solidaridad con el pueblo venezolano tras los terremotos que se registraron. “La República Argentina lamenta profundamente las consecuencias de los eventos sísmicos registrados durante el día de hoy, 24 de junio, en Venezuela y expresa su solidaridad con el pueblo venezolano en este difícil momento”, manifestaron.

En línea con esto, las autoridades aconsejaron a los ciudadanos argentinos que residen en Venezuela seguir las indicaciones de los organismos locales competentes en materia de resguardo, seguridad y, en caso de ser necesario, evacuación. Además, los servicios consulares pusieron a disposición vías de contacto específicas para quienes se hayan visto afectados por los sismos.

De esta manera, indicaron que los compatriotas que requieran asistencia o deseen informar su situación pueden comunicarse con la Cancillería argentina a través de los correos electrónicos diare@mrecic.gov.ar y consular_evene@mrecic.gov.ar. Además, se habilitaron dos líneas telefónicas para atención exclusiva mediante WhatsApp y mensajes de voz: +5491150615903 (solo WhatsApp) y +5491150407243 (solo mensaje de voz).

El país dejó de contar con una embajada en el territorio venezolano, luego de que se rompieran los lazos institucionales con el Gobierno nacional y el dictador Nicolás Maduro. Oficialmente, fue en agosto de 2024 que todos los funcionarios argentinos tuvieron que abandonar la sede que se ubicaba en Caracas por orden del régimen chavista.

En un principio, la Embajada de Brasil en Venezuela se había hecho cargo de la representación argentina. Sin embargo, ese vínculo también se terminó producto de las diferencias diplomáticas entre la gestión de Javier Milei y la de Lula da Silva.

Por esto, en enero de este año, se había tramitado el permiso para que el nuevo representante de la Argentina sea Italia. No obstante, la modificación estaba sujeta a la decisión del régimen de Rodríguez, que no habría ofrecido una respuesta oficial. Actualmente, la atención diplomática y consular para los argentinos carecería de funcionarios intermediarios.

Mientras miles de aficionados se preparaban para seguir el partido entre México y Chequia en distintos puntos de la Ciudad de México, colectivos de búsqueda, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas aprovecharon la visibilidad de los espacios públicos para exigir justicia, atención de las autoridades y avances en las investigaciones de sus casos.

Las protestas se desarrollaron en diversos puntos de la capital, principalmente en Paseo de la Reforma, el Monumento a la Revolución, la Glorieta de los Desaparecidos y las inmediaciones del Estadio Banorte, donde se esperaba una importante concentración de seguidores de la Selección Mexicana.

Madres buscadoras intentan avanzar hacia el Estadio Banorte

Uno de los grupos de familiares se movilizó sobre Calzada de Tlalpan con la intención de llegar a las inmediaciones del Estadio Banorte.

Sin embargo, al llegar a la altura de la estación Textitlán del Tren Ligero se encontraron con un operativo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), lo que impidió su avance.

Como consecuencia, se registraron cierres tanto para el tránsito vehicular como peatonal en dirección al sur de la ciudad.

Los manifestantes señalaron que su objetivo era visibilizar la crisis de desapariciones que enfrenta el país en un momento de gran atención mediática por la celebración del Mundial.

El Ángel de la Independencia se convierte en escenario de protesta

En el Ángel de la Independencia, uno de los principales puntos de reunión para los aficionados, familiares de desaparecidos colocaron mantas, fotografías y fichas de búsqueda en las vallas instaladas alrededor del monumento.

Entre las participantes destacó Judy Pérez, madre de Alejandro Zempoaltecatl, desaparecido desde el 22 de agosto de 2025. Durante la manifestación, denunció que pese a haber acudido a distintas fiscalías y dependencias gubernamentales, no ha obtenido resultados favorables ni respuestas concretas sobre el paradero de su hijo.

La mujer hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las investigaciones y brindar apoyo efectivo a las familias que buscan a sus seres queridos. También aseguró que los colectivos continuarán utilizando espacios públicos para visibilizar sus demandas y mantener vigente la búsqueda de las personas desaparecidas.

Colectivos buscan aprovechar la atención generada por el Mundial

Las movilizaciones coincidieron con la instalación de pantallas gigantes y escenarios para la transmisión del encuentro entre México y Chequia en distintos puntos de la capital.

De acuerdo con los organizadores, la intención fue aprovechar la gran afluencia de personas para sensibilizar a la población sobre una problemática que afecta a miles de familias en todo el país.

Contexto de las movilizaciones

• Colectivos de búsqueda realizaron actividades en Paseo de la Reforma, Monumento a la Revolución y la Glorieta de los Desaparecidos.
• Familias colocaron fotografías y fichas de búsqueda en espacios destinados a las celebraciones mundialistas.
• Se organizó una “Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido” en la Glorieta del Ahuehuete.
• Madres buscadoras adaptaron la canción “Cielito Lindo” para hacer referencia a la búsqueda de personas desaparecidas.
• Algunos grupos intentaron marchar hacia las inmediaciones del Estadio Banorte.

Cascarita por la memoria y cantos para visibilizar la crisis de desapariciones

En la Glorieta de los Desaparecidos, activistas organizaron una actividad deportiva denominada “Cascarita por la Memoria y Contra el Olvido”, acompañada de mensajes y fotografías de personas no localizadas.

Por otra parte, en el Monumento a la Revolución, madres buscadoras modificaron la letra de “Cielito Lindo”, una de las canciones más representativas de la afición mexicana, para convertirla en un mensaje de búsqueda y memoria.

La intervención buscó relacionar el sentimiento de unidad nacional que genera el futbol con la necesidad de mantener presentes a quienes continúan desaparecidos.

Ciudad de México combina festejos mundialistas y exigencias de justicia

La jornada dejó una imagen contrastante en la capital del país. Mientras miles de personas acudían a las pantallas instaladas en Reforma, el Ángel de la Independencia, la Diana Cazadora, el Monumento a la Revolución y otros puntos para apoyar a la Selección Mexicana, familiares de desaparecidos utilizaron esos mismos espacios para exigir respuestas.

Las protestas se desarrollaron en paralelo a los preparativos de seguridad desplegados por las autoridades para resguardar los festejos del partido México vs Chequia, dejando en evidencia dos realidades que coincidieron este miércoles en las calles de la Ciudad de México: la celebración deportiva y la demanda de justicia de miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos.

El nuevo hallazgo se sumó a una secuencia de localizaciones en un municipio que ya aparecía entre los focos de atención por inhumaciones clandestinas. Entre diciembre de 2018 y abril de 2025, la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas procesó 242 sitios de inhumación clandestina en Jalisco.

De ese total, 19 puntos se ubicaron en Ixtlahuacán de los Membrillos. El recuento oficial también señaló que Guadalajara concentró 96 y Zapopan 45.

Integrantes de Corazones Unidos en Busca de Nuestros Tesoros mantuvieron recorridos constantes en Lomas de la Capilla con el objetivo de encontrar indicios que ayudaran a localizar a personas reportadas como desaparecidas y dar respuesta a sus familias. Los restos fueron encontrados al interior de una de las viviendas de esa comunidad, que ya era considerada un sitio de interés para las labores de localización en la región.

Después del descubrimiento, las autoridades fueron notificadas para activar los protocolos previstos para este tipo de casos. Personal especializado acudió al lugar para realizar las diligencias y el levantamiento de los restos.

El municipio acumuló hallazgos en viviendas y patios durante 2026

Antes de este caso, otro colectivo localizó dos personas sin vida enterradas en el patio de una vivienda del fraccionamiento Olivos 2, también en Ixtlahuacán de los Membrillos, el 27 de mayo de 2026. En esa intervención participaron integrantes de Desaparecidos sin Justicia.

Los primeros reportes indicaron que la finca aparentemente estaba abandonada. Los buscadores hicieron excavaciones con palas y picos en busca de indicios relacionados con personas desaparecidas.

Durante esas labores encontraron primero dos cráneos humanos y varias prendas de vestir enterradas en la tierra del inmueble. Después solicitaron la presencia de las autoridades para el procesamiento oficial de la escena y la continuación de las investigaciones.

Ese hallazgo mostró el patrón de búsqueda que han sostenido los colectivos en el municipio: ingreso a fincas o terrenos señalados, excavaciones directas y aviso posterior a las autoridades cuando aparecieron restos o indicios. La expectativa en cada caso fue obtener elementos para identificar a las víctimas y acercar respuestas a sus familiares.

En el caso más reciente, el área quedó bajo resguardo mientras continuaban las labores de búsqueda y el procesamiento de otros posibles indicios. Las investigaciones y los análisis periciales quedaron a cargo del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, dependencia responsable de determinar la identidad de las víctimas.

El proceso de identificación y restitución dependió del IJCF

La localización de restos abrió una segunda etapa que no terminó con el hallazgo en campo. El trabajo forense quedó en manos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, que debía realizar los estudios periciales para avanzar en la identificación.

Para los familiares que buscaran reclamar un cuerpo en el Semefo, la ruta indicada por la estrategia Jalisco Estamos Buscando comenzaba en la plataforma oficial, en el apartado de Personas Fallecidas Identificadas y No Reclamadas. Ahí aparecían fotografías, nombres y en algunos casos la CURP de personas cuyos restos ya habían sido inhumados.

Si alguna familia reconocía a la persona, debía acudir al área de atención a familiares de Personas Fallecidas sin Identificar para iniciar el proceso de restitución. En el instituto se pedían las actas de nacimiento de la persona fallecida y de quien identificaba los restos.

También se solicitaba una descripción de la ropa, señas particulares y algunos documentos personales. Ese procedimiento formó parte de la ruta institucional para vincular los hallazgos en campo con una posible identificación formal.

La concentración de hallazgos en Lomas de la Capilla y en otros puntos del municipio colocó de nuevo a Ixtlahuacán de los Membrillos dentro del mapa estatal de búsquedas. En esa zona, los colectivos sostuvieron recorridos continuos desde marzo y acumularon 33 cuerpos localizados en un mismo punto de interés.

• En Lomas de la Capilla fueron localizados dos cuerpos dentro de una vivienda y el total en la zona subió a 33 desde el 8 de marzo.
• En Jalisco se habían procesado 242 sitios de inhumación clandestina entre diciembre de 2018 y abril de 2025; 19 estaban en Ixtlahuacán de los Membrillos.
• El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quedó a cargo de los análisis periciales y de la identificación de las víctimas.

Esa ausencia arrastró dos fechas que la familia convirtió en actos de memoria: el 19 de mayo, cuando se cumplió un año más de la desaparición, y la semana en que Esmeralda habría cumplido 31 años. Amigos, activistas y familiares le rindieron un homenaje con rap y consignas para impedir que su nombre quedara borrado.

Cada 8 de marzo, en las movilizaciones por niñas y mujeres desaparecidas, asesinadas y violentadas, José Luis Castillo apareció junto con su esposa Martha Alicia Rincón. Su presencia se volvió constante entre los contingentes que reclamaron justicia y mantuvieron viva la exigencia de localizar a Esmeralda Castillo Rincón.

La desaparición ocurrió cuando Esmeralda iba a la secundaria

Esmeralda desapareció el 19 de mayo de 2009, cuando tenía 14 años y cursaba el segundo grado en una secundaria técnica de Ciudad Juárez, Chihuahua. Aquella mañana salió de casa para dirigirse a clases, después de que su padre le negara permiso de faltar para quedarse a cuidarlo porque él estaba enfermo.

José Luis la acompañó hasta la puerta de la vivienda. A partir de ahí comenzó el trayecto que ella debía hacer en dos camiones para llegar a la escuela.

El punto que marcó el último rastro de la adolescente fue el cruce de las avenidas Rafael Velarde y Vicente Guerrero, en el centro de Ciudad Juárez. Ese sitio quedó identificado como el último lugar donde fue vista

Desde el primer día, José Luis y Martha Alicia emprendieron la búsqueda por su cuenta. Recorrieron colonias, municipios y estados con fichas y carteles, mientras enfrentaban una respuesta institucional que, según su experiencia, fue insuficiente desde el inicio.

La fiscalía les entregaba pocas fichas de búsqueda y les pedía costear las copias para difundir el caso. Esa carga trasladó a la familia una parte del trabajo que correspondía a las autoridades.

La falta de resultados llevó a José Luis a tomar una decisión que modificó la vida familiar. Renunció a su empleo para seguir buscando a su hija y vendió pertenencias para sostener esa tarea.

Después ofreció sus servicios a cambio de poder reproducir materiales de búsqueda. Más tarde recibió la donación de una parrilla y comenzó a vender hamburguesas para mantener a la familia mientras continuaba con los recorridos y las pesquisas.

La familia denunció una “segunda desaparición” por su salida del registro

La esperanza de los Castillo Rincón encontró una forma colectiva en la Brigada contra el Olvido. Cada 19 de mayo, la fecha de la desaparición dejó de ser solo un aniversario doloroso y se transformó en una jornada de memoria y exigencia pública.

Ese esfuerzo se reforzó en un contexto de desesperanza después de que, en diciembre de 2023, el gobierno federal eliminó a Esmeralda del registro nacional de personas desaparecidas. José Luis describió esa decisión como una segunda desaparición.

Aun con esa exclusión del registro, la investigación permaneció abierta. En agosto de 2024, la fiscalía general del Estado de Chihuahua informó que seguía vigente una recompensa para quien aportara información verídica sobre su paradero.

La búsqueda también llevó a la familia a la Ciudad de México. Un testimonio ubicó a Esmeralda en La Merced y abrió ante sus padres la posibilidad de que hubiera sido captada por redes de explotación sexual de menores obligadas a prostituirse.

La Comisión Local de Búsqueda mantuvo abierto el caso y llamó a la ciudadanía a participar en el programa de recompensas. Para ello habilitó contacto por página web, Facebook y líneas telefónicas en Chihuahua y en Ciudad Juárez.

En 2025 la familia volvió a rastrear el arroyo del Navajo

El 6 y 7 de junio de 2025, a 16 años de la desaparición, José Luis organizó un rastreo en el arroyo del Navajo, en Ciudad Juárez. Madres y padres buscadores se sumaron en solidaridad para localizar posibles restos.

La jornada ocurrió en el mismo lugar donde años antes fue localizada una tibia que podría corresponder a Esmeralda. Las autoridades aseguraron que se trataba de ella, pero la familia mantuvo dudas porque no recibió pruebas mayores que despejaran la incertidumbre.

Durante horas trabajaron bajo el sol en una labor que, para ellos, las autoridades dejaron de hacer. Buscaron con la expectativa de encontrar una respuesta, aunque esa respuesta no fuera la que habían esperado durante años.

Martha Alicia resumió la exigencia de la familia en una sola petición: “Sé que mi hija pudiera ya no estar en este mundo y que pasó mucho tiempo, pero quiero saber la verdad, qué pasó, no quiero que nos pase como a otras familias que les dieron un huesito y les dijeron que ya no dijeran nada, que ese era su familiar”.

Hasta ese momento, Esmeralda Castillo Rincón seguía en paradero desconocido y sus padres insistían en que la búsqueda no terminaría sin verdad y justicia.

• Esmeralda Castillo Rincón desapareció el 19 de mayo de 2009 en Ciudad Juárez, cuando tenía 14 años y se dirigía a la secundaria.
• Su familia denunció omisiones oficiales, siguió buscándola por 17 años y enfrentó su eliminación del registro nacional de personas desaparecidas en 2023.
• La investigación seguía abierta, con una recompensa de 200 mil pesos y rastreos recientes como el del arroyo del Navajo en junio de 2025.

La búsqueda de los cinco tripulantes que zarparon hace más de una semana desde la costanera de Hudson y nunca regresaron sumó un hallazgo clave este lunes: encontraron pertenencias del grupo flotando en el Río de la Plata.

Según pudo saber este medio, se trata de una campera perteneciente a uno de los pescadores y de un tanque de combustible. Ambos elementos fueron sometidos a un proceso de reconocimiento por parte de familiares de los desaparecidos, quienes confirmaron que efectivamente pertenecían al grupo.

Los objetos fueron hallados a unos 18 kilómetros de la costa. A partir de esta novedad, la Prefectura Naval Argentina concentró las tareas de búsqueda en el sector donde aparecieron las pertenencias, con la expectativa de obtener nuevas pistas sobre el paradero de los cinco hombres.

Este martes, el despliegue está compuesto por tres guardacostas, dos embarcaciones semirrígidas y dos móviles destinados al patrullaje terrestre. En los últimos días, se desplegó un amplio operativo de búsqueda por aire, agua y tierra. Las tareas incluyeron la participación de una aeronave PA-62, embarcaciones menores y una moto de agua.

El objetivo es dar con Carlos Kovach (60), Claudio Kovach (50), Alejandro Boscardin (28), Damián Giubu (42) y Sebastián Romegialli (50), quienes partieron desde el Camping Hudson el domingo 14 de junio a bordo de la embarcación “Chamigo-Ho”. La última vez que se la vio fue entre las 6 y las 8:30 de ese mismo día.

Carlos Kovach y Claudio Kovach son hermanos y aficionados a la pesca, aunque ninguno de los tripulantes tiene experiencia profesional en la actividad. Por su parte, Romegialli integra el Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y trabaja en una empresa de bebidas. En sus redes sociales suele compartir su entusiasmo por la pesca.

Las tareas de rastreo son constantes desde el fin de semana de la desaparición, luego de que el personal del camping alertara que los pescadores no habían regresado al finalizar la jornada, quedando sus vehículos estacionados en el predio. La alarma se activó a las 20.50.

Desde entonces, el operativo se mantiene activo, según explicó Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, a Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se realizaron con guardacostas de gran porte, durante toda la noche, en la zona comprendida entre Hudson y Quilmes. El último lunes, Prefectura sumó el avión Papa Alfa 62, que sobrevoló más de 110 kilómetros de costa del Río de la Plata sin lograr hallazgos.

Fernando Rodríguez explicó que la ausencia de indicios materiales en la superficie del río complicó el desarrollo de las tareas y obligó a ampliar de manera gradual el área de búsqueda. Las condiciones meteorológicas en el momento de la desaparición eran buenas, por lo que se descartó la hipótesis de un temporal. La principal teoría apunta a que la embarcación pudo haber sido arrastrada por la corriente hacia zonas no contempladas por los pescadores.

“En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, indicó Rodríguez en declaraciones a Infobae.

El grupo llevaba consigo los elementos de seguridad reglamentarios, como chalecos salvavidas, bengalas, GPS y radio VHF. Pese a los reiterados intentos de contacto por radio y teléfono celular, hasta ahora no se obtuvo respuesta.

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban por la zona y también a la parte uruguaya del río, pero no recibió reportes de llamados ni avistamientos de bengalas. Rodríguez precisó que la embarcación no tenía radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico que permitiera identificar una última ubicación.

La investigación está a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, encabezada por Silvia Noemí Borrone.

La reunión que la Secretaría de Gobernación había programado para este lunes 22 de junio con familiares de personas desaparecidas en Tamaulipas concluyó sin la presencia de Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, quien debía encabezar el encuentro de seguimiento acordado semanas atrás con las víctimas.

Integrantes del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo y familiares de personas desaparecidas viajaron a la Ciudad de México para participar en la mesa de trabajo, cuyo objetivo era revisar avances en las investigaciones, las acciones de búsqueda y el cumplimiento de compromisos asumidos por distintas dependencias federales.

La ausencia del funcionario generó inconformidad entre los asistentes, quienes acudieron al encuentro luego de que la propia Secretaría de Gobernación confirmara formalmente la realización de la reunión para este lunes 22 de junio.

De acuerdo con documentos emitidos por la dependencia, la mesa de trabajo formaba parte de los acuerdos alcanzados durante una reunión realizada el pasado 26 de mayo en el Salón Emiliano Zapata de Gobernación. En ese encuentro participaron representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos, la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia, la Unidad de Gobierno y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Según la convocatoria, la sesión de este lunes tenía como propósito dar continuidad al seguimiento institucional de casos relacionados con desapariciones y homicidios ocurridos en Tamaulipas, además de atender planteamientos de víctimas directas e indirectas reconocidas dentro de la Recomendación 36VG/2020 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Las familias esperaban recibir información sobre la localización de personas desaparecidas, avances ministeriales, medidas de reparación integral del daño y acompañamiento jurídico, temas que habían sido incluidos en la agenda acordada con las autoridades federales.

Se mantiene diálogo y atención permanente con colectivos de familiares de personas desaparecidas

En seguimiento a los acuerdos de la reunión del 26 de mayo de 2026, este lunes acudieron a la Secretaría de Gobernación integrantes de un grupo de Madres y Padres buscadores de Nuevo Laredo, Tamaulipas.

Fueron atendidos por personal de la Dirección General de Estrategias para la Atención de los Derechos Humanos brindó atención al colectivo, en compañía de servidores públicos de la Comisión Nacional de Búsqueda; la Fiscalía Especializada de Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de la FGR; la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV); la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos y la Unidad de Apoyo al Sistema de Justicia y Reconciliación de la Secretaría de Gobernación, quienes escucharon y dieron seguimiento a los planteamientos de las personas asistentes.

La CEAV proporcionó información individualizada a diversos integrantes del colectivo, quienes cuentan con reconocimiento como víctimas en el marco de las Recomendaciones 39/VG/2012 y 36/VG/2020 emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Acusan ocho años sin responsables procesados

Previo a la reunión, el Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo había advertido que varios de los casos continúan sin avances sustanciales pese al tiempo transcurrido.

La organización señaló que, a ocho años de diversos hechos ocurridos en 2018, no existe ningún responsable vinculado a proceso por varios de los homicidios y desapariciones documentados en Tamaulipas. Asimismo, denunció que la Fiscalía General de la República se ha negado a judicializar al menos dos carpetas de investigación que, según el Comité, cuentan con elementos suficientes para ser llevadas ante un juez.

Otro de los reclamos expuestos por las víctimas es la suspensión de búsquedas de campo durante los últimos dos años en entidades como Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, así como la falta de acceso a información actualizada sobre los expedientes.

El Comité también ha cuestionado el desempeño de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, al señalar que, seis años después de emitida la recomendación de la CNDH, persisten incumplimientos en materia de atención integral y acompañamiento institucional.

Casos que siguen sin resolverse

Entre las personas cuya localización exigen las familias se encuentran Julio César Viramontes Arredondo, José Daniel Trejo García, José Luis Bautista Carrillo y Martín Rico García, además de otros casos registrados desde 2018 que continúan sin esclarecerse.

Las víctimas sostienen que la falta de resultados ha sido acompañada por obstáculos institucionales que dificultan el acceso a la justicia y el seguimiento de las investigaciones.

La reunión fallida también ocurre semanas después de que familiares de desaparecidos viajaran a la capital del país para solicitar una audiencia con la presidenta Claudia Sheinbaum. En aquella ocasión denunciaron presuntas omisiones de la Fiscalía General de la República, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de otras instancias involucradas en la atención de los casos.

Asimismo, manifestaron su inconformidad por la absolución de siete elementos de la Secretaría de Marina acusados por la desaparición forzada de José Luis Bautista Carrillo, una resolución judicial que motivó cuestionamientos públicos por parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Para las familias, la principal exigencia sigue siendo la misma: obtener información sobre el paradero de sus seres queridos, reactivar las búsquedas y garantizar que las investigaciones avancen. Este lunes, sin embargo, la ausencia de Arturo Medina Padilla en una reunión previamente pactada volvió a profundizar el malestar de quienes llevan años reclamando respuestas de las autoridades.

Mientras miles de aficionados se concentraban en Guadalajara para el partido entre México y Corea del Sur, colectivos de derechos humanos y activistas apuntaron sus pancartas no hacia las selecciones, sino hacia uno de los grandes patrocinadores del torneo: Hyundai Motor Company.

La protesta, convocada en la Plaza de la Liberación, buscó visibilizar el presunto vínculo entre la firma surcoreana y Ternium, empresa siderúrgica latinoamericana que enfrenta señalamientos por daño ambiental y, de forma más grave, por su supuesta relación con la desaparición de dos activistas mexicanos, según reportó The Guardian.

El argumento de los manifestantes se apoya en un informe de 2025 elaborado por el grupo ambiental Mighty Earth, que critica a Hyundai por ser uno de los principales compradores de mineral de hierro de Ternium para la producción de acero, una relación que el reporte califica como participación en una cadena de suministro “sucia”.

El caso que no se olvida: Lagunes y Díaz Valencia

En el centro del señalamiento está la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, en Michoacán. Ambos desaparecieron en enero de 2023, tras participar en una reunión comunitaria contra la minería en ese municipio.

Testigos declararon en su momento ante The Guardian que los dos hombres fueron amenazados y seguidos por varios individuos en vehículos al abandonar la reunión rumbo al estado de Colima. Su camioneta blanca fue encontrada después abandonada en una carretera, perforada de balas pero sin rastro de sangre.

Tres años después, su paradero sigue sin esclarecerse.

Hyundai y FIFA: 1,660 vehículos a cambio de imagen

El peso simbólico de la protesta es mayor dado el alcance de la presencia de Hyundai en el torneo. Junto con su filial Kia, la empresa es el socio oficial de movilidad de la FIFA para el Mundial 2026. En total, han desplegado 994 automóviles y 506 autobuses en Estados Unidos, Canadá y México, además de 660 vehículos adicionales de la marca Kia en Norteamérica, destinados al traslado de jugadores, árbitros y funcionarios del torneo.

Los manifestantes acusan a Hyundai de “sportswashing” —uso del deporte para limpiar la imagen corporativa— y exigieron que la empresa “le muestre la tarjeta roja a Ternium”.

Las respuestas corporativas

Ante las acusaciones, Ternium México negó categóricamente cualquier vínculo con las desapariciones. “Ternium expresa su solidaridad con las familias de los desaparecidos y rechaza categóricamente cualquier especulación que intente asociarla con actividades ilegales”, señaló un portavoz de la compañía, según The Guardian.

Por su parte, Hyundai afirmó estar comprometida con los “más altos estándares” para sus proveedores, y subrayó que aplica auditorías y diligencia debida en su cadena de suministro global.

Un Mundial que no cierra los ojos

Esta protesta se suma a una serie de movilizaciones que han marcado la sede mexicana del torneo. Más de 20 colectivos de búsqueda de distintos estados marcharon ese mismo día en Guadalajara portando fotografías de desaparecidos, con una consigna dirigida al mundo: “México campeón, en desaparición”. Jalisco, sede del partido, es el tercer estado con más personas desaparecidas en los registros oficiales del país, que contabilizan alrededor de 130,000 casos a nivel nacional.

Guatemala lanzó un plan estatal para buscar a 45,000 desaparecidos de la guerra civil, una deuda abierta desde el conflicto armado interno que dejó al menos 200,000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996. El presidente Bernardo Arévalo presentó el mecanismo como una vía para localizar a las víctimas con participación de autoridades, familias y organizaciones humanitarias, en un proceso que, según remarcó, no reemplaza las causas judiciales.

El programa tendrá una vigencia de 10 años y funcionará entre 2026 y 2036. El diseño incluyó 67 encuentros nacionales con la participación de 775 familiares y organizaciones de derechos humanos, y prevé además la creación de un Archivo Nacional de Memoria a partir de bases de datos dispersas que serán digitalizadas por el Poder Judicial.

Arévalo hizo el anuncio el viernes al presentar oficialmente el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno 2026-2036. “Iniciamos un camino para encontrar a quienes nos faltan, para sanar una herida abierta por la historia”, dijo el mandatario.

El presidente guatemalteco sostuvo además que el nuevo instrumento apunta a establecer el paradero de las víctimas mediante un trabajo coordinado. En ese marco, precisó que “no sustituye la aplicación de la justicia”.

El Estado busca ordenar una búsqueda que los familiares sostuvieron durante décadas

La presentación del mecanismo reunió la promesa oficial de búsqueda con el reclamo histórico de los familiares de las víctimas. Pablo Estrada, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, definió el anuncio como una “pequeña luz” después de décadas de búsqueda de personas cuyo “único delito fue pensar distinto”.

Estrada habló en el mismo acto en el que se oficializó el plan. Allí recordó que su organización promovió en las últimas décadas procesos de exhumación de 1.800 osamentas de “víctimas del terrorismo de Estado”, de las cuales el 30% fue identificado y entregado a sus familias.

Arévalo anunció el mecanismo; Estrada expuso el límite de los esfuerzos previos. El Gobierno promete articular instituciones y tecnología para localizar a los desaparecidos, mientras las familias piden que esa estructura permita ingresar a lugares donde hasta ahora no hubo acceso y donde sospechan que puede haber restos de víctimas.

El reclamo de acceso a recintos militares aparece como una prueba para el nuevo mecanismo

El activista advirtió que la búsqueda “conlleva riesgos” y colocó un punto de tensión sobre la eficacia real del plan. Expresó su expectativa de que el nuevo mecanismo abra las puertas de recintos militares a los que se les negó el acceso pese a “denuncias sustentadas” de que allí “existen cementerios clandestinos”.

Ese señalamiento vincula la dimensión humanitaria del programa con una demanda concreta de acceso a información y lugares sensibles. La promesa oficial de que el mecanismo no reemplazará a la justicia convive así con un reclamo de larga data: que la búsqueda avance también sobre espacios bajo control militar.

El plan incorpora inteligencia artificial y un archivo unificado de memoria

La estrategia presentada por el Gobierno incluye el uso de inteligencia artificial para identificar patrones, recopilar macroprocesos y procesar documentación masiva del régimen militar. También prevé que el Poder Judicial digitalice y organice bases de datos dispersas para construir un Archivo Nacional de Memoria unificado.

El anuncio se produjo en el marco del aniversario del acuerdo de paz firmado con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Según la presentación oficial, el plan se inscribe en la conmemoración del pacto cuya efeméride se cumplirá el 29 de diciembre.

David Armenta fue liberado horas después de haber sido privado de la libertad en la comunidad de La Tinaja, en Salamanca, un caso que volvió a golpear a una familia que desde el 25 de febrero de 2025 buscó a otro de sus hijos, Luis Ángel Alvarado, desaparecido tras ser sacado de su casa por hombres armados.

La privación de la libertad ocurrió la madrugada de este martes y, según testigos, cuatro hombres armados que viajaban en motocicletas interceptaron a David cuando estaba afuera de una tienda, justo después de salir de trabajar. La familia fue avisada de inmediato y activó una alerta para tratar de ubicarlo.

Horas más tarde, mientras sus familiares seguían despiertos a la espera de noticias, David regresó a su domicilio con golpes en distintas partes del cuerpo. Sus allegados agradecieron que volviera con vida, aunque dijeron que desconocían el motivo del ataque.

La línea de investigación permaneció reservada por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La familia señaló que hasta ese momento no sabía por qué se lo habían llevado.

La familia denunció falta de apoyo tras la agresión

En la comunidad no se observó presencia de patrullas ni un refuerzo de vigilancia después de lo ocurrido. Tampoco hubo resguardo en el domicilio de la familia.

Los parientes de David dijeron que ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, se había acercado para ofrecer medidas de seguridad ni apoyo emocional o psicológico. Esa ausencia se dio en medio del temor que dejó un segundo ataque contra el mismo núcleo familiar.

El caso adquirió otra dimensión porque David Armenta era hermano de Luis Ángel Alvarado, quien seguía desaparecido desde hace más de un año. La nueva agresión sembró miedo entre sus familiares, que ya estaban integrados a la búsqueda de su otro hijo y hermano.

La mamá y la hermana de ambos formaron parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Se sumaron después de la desaparición de Luis Ángel, ocurrida la madrugada del 25 de febrero de 2025 en la misma comunidad de La Tinaja.

Luis Ángel seguía desaparecido a un año del primer caso

De acuerdo con el relato de la familia, hombres armados que dijeron ser agentes ministeriales irrumpieron en el hogar de Luis Ángel y se lo llevaron bajo amenazas. Desde entonces no hubo noticias sobre su paradero.

A un año de esa desaparición, la familia afirmó que no tenía más información por parte de la fiscalía estatal ni avances en la localización del joven. Esa falta de resultados se mantenía incluso después de que la madre y la hermana ingresaron a un colectivo de búsqueda para tratar de encontrarlo.

Soledad Amezquita, madre de ambos, describió lo ocurrido como una “muerte en vida” porque, dijo, le arrebataron todo. Su testimonio retrató el desgaste de una familia que primero enfrentó la desaparición de un hijo y después la privación de la libertad de otro.

Antes de que David reapareciera, familiares y personas cercanas difundieron una ficha de búsqueda y pidieron ayuda de la ciudadanía para obtener datos que ayudaran a localizarlo. También solicitaron que cualquier información fuera comunicada de manera anónima al 911.

La alerta por David se activó durante la tarde-noche del lunes y se extendió hasta la madrugada del martes. El reporte de su liberación cerró esa búsqueda inmediata, pero no modificó la incertidumbre por el caso de su hermano.

Este episodio se sumó a otros hechos de privación ilegal de la libertad registrados en la región, un delito que siguió afectando a familias de Salamanca. En este caso, la repetición de la violencia sobre una misma familia profundizó la consternación entre personas buscadoras y habitantes de La Tinaja.

El regreso de David con vida no eliminó las preguntas sobre quiénes se lo llevaron, por qué lo hicieron y qué pasará con la investigación. Tampoco cambió el hecho de que la familia continuó esperando noticias de Luis Ángel, cuyo paradero siguió sin conocerse.

• David Armenta fue privado de la libertad en La Tinaja por 4 hombres armados en motocicletas y regresó horas después con golpes.
• La familia denunció que no recibió vigilancia, protección ni apoyo psicológico de autoridades tras la agresión.
• David era hermano de Luis Ángel Alvarado, desaparecido desde el 25 de febrero de 2025, y a un año de ese caso no había avances en su localización.

En una historia a pequeña escala que recuerda a la de Robinson Crusoe, la fiscal del caso, Ingrid Wenner reveló que lo encontraron solo, deshidratado y desorientado, en una zona de difícil acceso por la flora.

“Aparentemente, tomaba agua ahí del brazo del río. Tenía como pasto, hojitas en la boca. Comía de la vegetación”, contó Wenner, en una rueda de prensa al brindar detalles y reconstruir los días de supervivencia del joven de 23 años.

Tras el hallazgo, el equipo de rescate lo trasladó de inmediato a un centro de salud, donde siguió bajo supervisión médica y recibió asistencia en salud mental.

“En este momento, él estaba en shock. Además, lo estabilizaron en la sala del Hospital Perrando”, ya que presentaba “un problemita” de salud mental, dijo la fiscal. “Hay que respetar este tiempo de las víctimas”, agregó.

Wenner contó que la principal hipótesis de la desaparición de Blanco fue que “perdió el celular”, y a partir de esa causa, el joven salió a buscar el dispositivo y ya no logró volver por sus propios medios. “No hay indicios de participación de terceras personas”, corroboró.

Mariel, hermana de Jonathan, expresó el sentimiento de agradecimiento de su familia tras el reencuentro, y admitió que costó reconocerlo. “Me costó reconocerlo. Está un poquito quemado, con picaduras, y tiene un poquito de chivita. Tiene el pelo más largo, sucio. Pero sí, es Jonathan”, sostuvo.

Cómo fue el operativo

Durante el operativo, una imagen térmica captada por un dron permitió ubicar a Blanco cerca de las 5.56 de la madrugada. El jefe policial Fernando Romero precisó que el joven estaba “lúcido, consciente y circulando de forma errática” cuando fue asistido.

El operativo de localización se aceleró tras encontrar el teléfono celular de Blanco cerca de la estación Cacuí, en la Chaco, lo que concentró los esfuerzos en la zona de Puerto Tirol y localidades cercanas.

Tras ser detectado por la señal térmica, en un sector boscoso a orillas de un brazo del Río Negro, agentes de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas cruzaron el curso de agua guiados por los operadores del dron.

A Blanco se lo veía del otro lado del río, en medio del monte, con la misma ropa con la que desapareció. Era un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También conservaba sus anteojos, un punto sensible para su familia porque tenía una visión muy reducida.

“Los grupos de policía que llegaron tardaron una hora y media en llegar al lugar. Gracias al dron es que se pudo encontrarlo porque estaba lejos. Tuvieron que entrar uno de los grupos con machetes para hacerse espacio en el monte”, explicó la fiscal. Al encontrarlo, los efectivos le brindaron hidratación de forma inmediata y lo trasladaron a una ambulancia para su atención.

“Le costaba reaccionar”: el estado de salud del joven

Blanco presentaba lesiones superficiales y rasguños, compatibles con la exposición prolongada a la intemperie. Los profesionales consideraron que, en términos generales, su estado era aceptable, aunque requería estudios médicos y asistencia psicológica.

La fiscal Wenner aclaró que cualquier declaración formal del joven se postergará hasta que logre una recuperación plena. “Cuando los médicos digan que está en condiciones, se le podrá tomar, si es posible, una testimonial. Hay que respetar el tiempo de las víctimas”, insistió.

Al momento del primer contacto, Mariel, su hermana, constató que a Jonathan “le costaba reaccionar”. “Yo le dije: ‘La verdad, Jonathan, yo te quiero mucho, te queremos mucho, acá estamos. Vos sabés que te estuvimos buscando’. Quedaba así, se reía... Pero yo pienso por toda esta desorientación que él estuvo, que estuvo los días sin medicamento”, contó al medio NG Federal, sobre el tratamiento que regularmente recibe el joven.

Francisco Javier Ibarra Rodríguez, abogado y piloto aviador de 56 años, desapareció el pasado 16 de junio de 2026 en el municipio de Ahome, Sinaloa. Ese día, alrededor de las 14:55 horas, salió de su domicilio y no regresó. Su familia y autoridades desconocen su paradero desde ese momento.

Su hija, Ana Paula Ibarra Beltrán, difundió un video en redes sociales en el que, entre lágrimas, pidió a la ciudadanía compartir el material y aportar cualquier dato que permita localizarlo.

El llamado se extendió a todas las plataformas digitales con la misma urgencia: encontrar al abogado y piloto antes de que pasen más días sin noticias.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa registró el caso

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa emitió la ficha oficial RZN-0074-2026 tras recibir el reporte. De acuerdo con el documento, Ibarra Rodríguez fue visto por última vez el mismo 16 de junio cuando salió de su domicilio. A partir de ese momento, ningún familiar supo de su paradero.

La ficha describe a Ibarra como un hombre de 1.84 metros de estatura, complexión robusta, tez morena, cara ovalada, ojos redondos, nariz recta, boca mediana, frente amplia y cejas pobladas. Su cabello es negro y lacio.

Al momento de salir de su domicilio vestía playera sin cuello negra, pants negro y huaraches de la marca Adidas, color negros. Como seña particular, presenta una cicatriz en la pierna derecha derivada de una operación. No tiene tatuajes.

“Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”: el mensaje de Ana Paula a su padre

En el video difundido en redes, Ana Paula Ibarra Beltrán pidió a quien lo haya visto que se comunique de inmediato. “Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser muy importante”, advirtió la joven.

Dirigió también un mensaje directo a su padre: “Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”.

Al cierre del video, Ana Paula suplicó a los usuarios de redes sociales que compartieran el material.

“Por favor, la persona que lo tenga de bueno me lo convida”, dijo entre llanto.

Familia convocó a marcha hacia la Fiscalía el 19 de junio

La familia de Ibarra Rodríguez no se limitó a la difusión en redes. Ana Paula Ibarra Beltrán lanzó una convocatoria para una marcha pacífica este viernes 19 de junio, con salida desde el Parque Carranza con destino a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a las 18:00 horas.

La convocatoria pidió a los asistentes acudir vestidos de blanco y portar carteles. “Lleva tu cartel, tu voz y tu corazón”, indicaba el llamado. La movilización buscaba exigir a las autoridades avances en las investigaciones y mantener el caso en la atención pública.

Dos líneas de contacto para aportar información

Quien cuente con datos sobre el paradero de Francisco Javier Ibarra Rodríguez puede comunicarse a través de dos vías. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa habilitó el teléfono 668 219 4525 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx para recibir reportes ciudadanos.

La familia, por su parte, proporcionó el número 668 227 5254 para contacto directo. Ana Paula Ibarra subrayó que cualquier información, sin importar lo mínima que parezca, puede ser determinante para dar con el paradero de su padre.

Jonathan Blanco fue hallado con vida este jueves cerca del mediodía en una zona de monte próxima al basural de Puerto Tirol, en Chaco, tras permanecer desaparecido desde el 30 de mayo, o sea, 19 días.

La localización se produjo con un dron de la Policía del Chaco, que detectó una imagen térmica en un sector boscoso a orillas de un brazo del Río Negro, informó la fuerza.

La búsqueda estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural, el Departamento Canes, la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, personal de comisarías y otras unidades, de acuerdo con la Policía del Chaco.

El operativo y hallazgo milagroso

Las autoridades informaron que, tras detectar la señal térmica, personal de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas ingresó al agua y llegó hasta el lugar donde estaba Jonathan, guiado por los operadores del drone.

Una vez con el joven, los agentes le brindaron hidratación y primeras asistencias antes de trasladarlo entre varios efectivos hasta una ambulancia, según la fuerza provincial.

A Blanco se lo veía del otro lado de un curso de agua, en medio del monte, con la misma ropa que usaba cuando desapareció: un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También conservaba sus anteojos, un punto sensible para su familia porque tenía una visión muy reducida.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el hallazgo de su teléfono celular cerca de la estación Cacuí, en Puerto Tirol, una pista que orientó buena parte de los operativos en Fontana, Puerto Tirol y localidades cercanas.

Las últimas imágenes registradas del joven lo mostraban saliendo de su casa y que después habría sido visto en la ciudad de Fontana.

El jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero explicó que Blanco fue encontrado por el mismo equipo que desde hacía un mes trabajaba en Fontana en la búsqueda de Axel González y luego se sumó al operativo para localizar a Jonathan. Y agregó que el joven se “encontraba lúcido, consciente y circulando de forma errática”.

Traslado y estado de salud

Después del rescate, el joven fue llevado primero al Hospital Dr. Cespedes Oxley de Puerto Tirol y luego al Hospital Dr. Julio C. Perrando, según la Policía del Chaco.

Las primeras evaluaciones indicaban que se encontraba en buen estado general, aunque fue trasladado para estudios médicos y para definir si hacía falta una derivación posterior.

Sobre su estado físico, presentaba lesiones compatibles con haber permanecido varios días en una zona de monte, sobre todo rasguños y heridas superficiales. El jefe policial añadió al medio que, en términos generales, se encontraba bien.

La Policía del Chaco indicó que Jonathan seguía recibiendo asistencia médica y permanecía bajo monitoreo del equipo de salud. La familia del joven ya había sido notificada sobre su aparición y podía reencontrarse con él una vez concluidos los controles médicos.

En el lugar del hallazgo estaban presentes el subjefe de Policía Manuel Victoriano Silva y el director ejecutivo del CEAC Policial Cristian Antonio Durand, de acuerdo con la Policía del Chaco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora Phelps por la desaparición de un hombre estadounidense ocurrida en Zapopan, un caso en el que la víctima seguía sin ser localizada después de haber sido trasladada a Nayarit, de acuerdo con la propia dependencia.

La sentencia se dictó el 11 de junio durante la audiencia de individualización de sanciones, según la Fiscalía del Estado, que también informó que la mujer debía pagar una multa por el delito de desaparición cometida por particulares.

El caso quedó inscrito en un contexto de pocas sentencias por este delito en Jalisco. De acuerdo con el documento “Respuestas de México a la solicitud de información con arreglo al artículo 34 de la Convención”, elaborado por el Gobierno de México, en la entidad había un número reducido de condenas por desapariciones, mientras que un recuento periodístico citado en el texto fuente ubicó poco más de 50 condenas desde 2018 hasta agosto del año pasado.

La víctima acordó una reunión en Zapopan y después fue llevada a Nayarit

Los hechos por los que Aurora “N” fue sentenciada ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan, según la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado. Ese día, la mujer y el hombre agraviado acordaron una reunión por medio de plataformas digitales.

De acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, cuando el hombre llegó al sitio pactado fue trasladado en su propio vehículo hacia el estado de Nayarit. Desde ese momento se desconoció su paradero.

Ese fue el núcleo del caso: la autoridad sostuvo que la víctima salió de la reunión inicial en su automóvil y después desapareció, sin que hasta ahora se informara sobre su localización. La condena se relacionó con esa secuencia y con la participación que la Fiscalía atribuyó a la acusada.

La detención ocurrió cuando conducía el vehículo de la víctima

Como parte de los actos de investigación y búsqueda, la Fiscalía del Estado estableció la probable participación de la mujer en los hechos. Según la dependencia, la detención se realizó cuando Aurora “N” estaba en posesión y al volante del vehículo propiedad del hombre desaparecido.

Ese dato resultó central en la investigación ministerial porque vinculó directamente a la acusada con bienes de la víctima después de la desaparición, de acuerdo con la versión institucional. A partir de esa línea se desarrollaron las distintas etapas procesales que después llevaron al fallo condenatorio.

La Fiscalía de Jalisco informó que el litigio y el seguimiento del caso estuvieron a cargo de su área especializada en personas desaparecidas. Tras el desahogo del proceso penal, la autoridad consiguió una pena privativa de la libertad de 37 años y seis meses, además de la sanción económica impuesta en la misma audiencia.

Jalisco registró pocas condenas por desaparición, según documentos oficiales

La resolución contra Aurora “N” se presentó como una de las pocas sentencias por desaparición cometida por particulares en la entidad. Esa condición apareció también en el intercambio entre el Estado mexicano y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, identificado como CED en el texto fuente.

Según el documento oficial referido en el texto, el Gobierno de México respondió a observaciones relacionadas con desapariciones y dejó asentado que en Jalisco había escasas sentencias en esta materia. El caso del hombre estadounidense se incorporó así a una estadística limitada de resoluciones condenatorias.

La Fiscalía del Estado sostuvo que mantendría las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y las investigaciones contra quienes vulneraran la libertad y la integridad de las personas. En este expediente, la autoridad no informó nuevos datos sobre el paradero de la víctima más allá de que seguía desaparecida desde su traslado a Nayarit.

• La Fiscalía de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora “N” por desaparición cometida por particulares.

• El hombre estadounidense desapareció el 8 de diciembre de 2021, después de acudir a una reunión en Zapopan y ser trasladado en su propio vehículo a Nayarit.

• La acusada fue detenida cuando conducía el automóvil de la víctima, y el caso se sumó a un número reducido de sentencias por desaparición en Jalisco.

La Prefectura Naval Argentina mantiene un operativo de gran escala por aire, tierra y agua para localizar a cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, quienes permanecen desaparecidos tras zarpar desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, para realizar pesca deportiva en el Río de la Plata.

Según detallaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, las tareas de rastreo se desplegaron luego de que el personal del Camping Hudson alertara que los pescadores, cinco hombres adultos, no habían regresado al finalizar la jornada del domingo, quedando sus vehículos estacionados en el predio.

Durante este miércoles, la Prefectura prevé extender el rastrillaje por aire, agua y tierra. La aeronave PA-62 sobrevolará la zona y los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin” continuarán navegando el área de emergencia.

El despliegue incluye embarcaciones menores, como semirrígidos y una moto de agua, que permiten acceder a sectores de baja profundidad y actuar coordinadamente con los demás medios.

De acuerdo con información, la tripulación está conformada por Carlos Kovach (60 años), Claudio Kovach (50 años), Alejandro Boscardin (28 años), Damián Giubu (42 años) y Sebastián Romegialli (50 años).

Los dos primeros son hermanos y aficionados a la pesca, aunque ninguno de los integrantes es profesional.

Romegialli es miembro del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y se desempeña en una empresa de bebidas. En sus redes sociales se manifiesta como entusiasta de la pesca.

Actualmente, el operativo abarca un área de 60 kilómetros por 15 kilómetros y podría ampliarse hacia el sureste, más allá de La Plata, si las proyecciones lo requieren.

Qué pasó

La última vez que se vio la embarcación fue entre las 6 y las 8:30 del domingo, cuando partió desde el Camping Hudson.

La alarma se activó a las 20:50, cuando el personal notó la ausencia del grupo. Desde ese momento, el operativo no se ha detenido, tal como relató Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, en diálogo con Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se centraron en el área comprendida entre Hudson y Quilmes, utilizando guardacostas de gran porte durante toda la noche.

El lunes, la Prefectura incorporó el avión Papa Alfa 62, que cubrió más de 110 kilómetros de costa del río sin obtener resultados positivos.

Rodríguez explicó que la falta de indicios materiales sobre la superficie del río ha dificultado el avance de las tareas, forzando la expansión progresiva del área de búsqueda.

Las condiciones climáticas al momento de la desaparición eran óptimas y la hipótesis de mal tiempo se descartó. La principal teoría señala que la embarcación pudo haber sido desplazada por la corriente hacia sectores no previstos por los pescadores.

Rodríguez precisó: “En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, declaración recogida por Infobae.

El grupo llevaba a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF. A pesar de los reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular, hasta este momento no se han obtenido respuestas.

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban la zona y a la parte uruguaya del río, sin recibir reportes de llamadas o avistamientos de bengalas. Rodríguez remarcó que la embarcación no contaba con radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico que permitiera detectar una última ubicación.

La causa está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Silvia Noemí Borrone.

Con el inicio del Mundial de futbol 2026, el colectivo Memoria, Verdad y Justicia convirtió uno de los corredores turísticos más transitados de Acapulco en un mural de búsqueda. Sus integrantes colocaron alrededor de 50 fichas con rostros de personas desaparecidas en la zona de La Quebrada y el anfiteatro Sinfonía del Mar, sitios donde cada día miles de visitantes nacionales y extranjeros se detienen a observar el paisaje.

Las fichas no muestran a futbolistas del mundo. Muestran a Jonathan Guadalupe Romero Gil, Adrián Marcelo, Edgar López, Juan Manuel e Isidro López, entre otros desaparecidos de Guerrero, Ciudad de México y Veracruz.

La estrategia detrás de la intervención

El colectivo eligió ese momento y ese lugar con una lógica precisa: la afluencia turística que trae el torneo multiplica el alcance de cada ficha pegada en un poste o un muro. La representante de la organización, Socorro Gil Guzmán, explicó la razón de la acción:

“Nos dimos cita en la colectiva para pegar fotografías aquí, en un lugar emblemático para Acapulco, un lugar turístico donde vienen muchos turistas”, indicó la madre buscadora en entrevista a medios locales.

Gil Guzmán agregó que la urgencia también tiene un límite de tiempo: “Aprovechar antes de que vaya a terminar el mundial, para que sean visibles y que las personas que las vean nos puedan dar información de nuestros familiares desaparecidos”.

La activista es madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido desde el 5 de diciembre de 2018. Su búsqueda personal se convirtió en el motor de un colectivo que ahora trabaja con decenas de familias de distintos estados del país.

Fichas en español e inglés

De acuerdo con los primeros reportes, una parte de los materiales colocados en La Quebrada fue traducida al inglés. La decisión responde a la presencia de turistas extranjeros en el puerto y a la cobertura internacional que genera el torneo deportivo.

Las imágenes muestran a los desaparecidos con la playera de la Selección Mexicana, el mismo recurso visual que los álbumes y estampas mundialistas usan para presentar a los futbolistas. La semejanza formal entre ambos formatos es deliberada: busca que el transeúnte reconozca el diseño y se detenga a leer.

Los rostros en esas fichas pertenecen a personas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ciudad de México y Veracruz. Todas comparten el mismo estado: desaparecidas.

Postes, muros y el anfiteatro de Sinfonía del Mar

El colectivo distribuyó las fichas en postes, muros y mobiliario urbano de todo el corredor turístico. El anfiteatro porteño de Sinfonía del Mar concentró la mayor parte de la intervención, por ser uno de los puntos con mayor afluencia del destino, de acuerdo con información local.

Mientras los visitantes observaban el paisaje y los clavados tradicionales de La Quebrada, los integrantes del colectivo recorrieron el lugar y adhirieron cada ficha con la esperanza de que alguna mirada reconozca un rostro.

El llamado a las autoridades

Según lo relatado a medios locales, Gil Guzmán también denunció que las familias realizan las labores de búsqueda y difusión con recursos propios. La organización exige a los tres niveles de gobierno que fortalezcan las acciones de localización y que eviten la revictimización de quienes buscan a sus seres queridos.

El colectivo tiene previsto ampliar la colocación de fichas en otros puntos estratégicos del puerto: la zona del puerto de San Diego, el Antimonumento a los 43 y el área de La Diana, todos con alta afluencia de visitantes.

Finalmente, la intervención en Acapulco se suma a acciones similares que colectivos de búsqueda realizan en distintas ciudades sede del torneo. En México, más de 133 mil personas permanecen desaparecidas, según cifras oficiales.

A quince días de la primera marcha, pobladores del municipio de Escuinapa, Sinaloa, realizaron una segunda movilización para exigir paz ante el aumento de la violencia en la región que ha provocado asesinatos y hasta desplazamiento forzado.

La marcha fue encabezada por el colectivo Orquídeas Moradas, familiares de personas desaparecidas del municipio y ciudadanos, quienes salieron la tarde de este domingo 14 de junio para hacer un llamado tanto a los pobladores como a las autoridades para no ser indiferentes ante la inseguridad.

“Escuinapa no se calla, quiere paz y la reclama.. El pueblo está presente por la paz de nuestra gente... Señor, señora, no sea indiferente, se mata a escuinapenses en la cara de la gente”, fueron algunas de las consignas de los ciudadanos para demandar seguridad ante los recientes hechos violentos.

De la explosión de un coche al asesinato de una menor de edad y su tío: la violencia en Escuinapa que no cesa

Y es que el pasado lunes fueron atacados a balazos tres integrantes de una familia que se movilizaban en una motocicleta para acudir a un hospital por una picadura de alacrán.

Al pasar a un costado de un gasolinera, fueron agredidos a tiros, lo que provocó que una niña de 14 años, llamada Grecia, y su tío murieran, mientras que la esposa del hombre resultó gravemente herida.

Un día después de los hechos, el 9 de junio, se registró la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15 que no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Este hecho ocurrió en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para atender las demandas de reforzamiento de la seguridad.

Cerca de 50 personas se manifiestan para pedir paz y responsabilidad a la gobernadora ante la crisis

Habitantes de Escuinapa marcharon por las avenidas Occidental, Francisco Pérez y Miguel Hidalgo, además de que pasaron a unos metros del lugar donde fueron asesinados la menor de edad y su tío.

La movilización continuó hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde los participantes y la fundadora del colectivo Orquídeas Moradas, Blanca Aurora Peraza, se pronunciaron sobre la necesidad de medidas eficientes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad.

Respecto a la situación de violencia, la fundadora señaló que el asesinato de Grecia y su tío provocó que finalmente la gobernadora se enterara de la inseguridad que viven, pero destacó que debería ser su sentido de responsabilidad la que dirija su actuar en beneficio de los sinaloenses.

“(La gobernadora) había argumentado días antes que nadie le había notificado (de la situación de violencia), que incluso el presidente no le pidió ayuda. Yo creo que no se trata de que se vaya y se plante el presidente o de que tenga que salir el pueblo a alzar la voz o a recordarle toda la sangre que se tira en estos municipios, yo creo que se trata de un tema de responsabilidad y sobre todo de un sentido humano”, comentó frente a la Presidencia Municipal.

En el sitio también realizaron un pase de lista de alrededor de 50 personas que se encuentran desaparecidas en el municipio. Además, pidieron que los habitantes no se acostumbren a vivir en medio de la violencia y que no la normalicen.

Luego de la visita de la gobernadora para encabezar la Mesa de Construcción de Paz junto al alcalde, Víctor Díaz Simental, los pobladores dijeron no haber visto acciones eficientes para fortalecer la seguridad en el municipio, por lo que plantearon que su movilización se convierta en un “recordatorio” para Bonilla Valverde de la necesidad de acciones para beneficio de la ciudadanía.

En su visita, la gobernadora aseguró que no dejaría solo al municipio: “Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”. Estas declaraciones se suman a las del alcalde, quien reconoció que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), detalló en días pasados que la violencia en Escuinapa ha desatado desplazamiento de familias, aunque aún no se cuenta con la documentación de los casos.

La familia de Steadman Fagoth Müller acumula más de veinte meses sin conocer el paradero del histórico dirigente indígena miskito. Desde que fue detenido por el Ejército de Nicaragua el 14 de septiembre de 2024, ninguna autoridad informó dónde se encuentra recluido ni permitió comunicación con sus familiares o abogados. Tampoco se conoce si recibió atención médica adecuada pese a las enfermedades que padecía al momento de su captura.

La preocupación de sus allegados aumentó tras la muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera. Rivera permaneció desaparecido durante casi tres años antes de que el régimen reconociera que se encontraba bajo su control. Su fallecimiento, ocurrido después de un prolongado período de incomunicación, incrementó los temores de la familia Fagoth, que teme correr la misma suerte.

“Que lo entreguen vivo y sano. No sabemos dónde está, cómo está en lo absoluto”, declaró su hija, Dina Carolina Fagoth Rivera, quien se convirtió en la principal voz pública de la familia desde la desaparición de su padre. Fagoth Rivera es también sobrina de Brooklyn Rivera.

Al momento de su arresto, Steadman Fagoth tenía 71 años. Según su hija, padecía diabetes con neuropatía, daño renal irreversible, hipertensión arterial, estenosis arterial y secuelas de eventos cerebrovasculares isquémicos. Esas condiciones requerían atención médica especializada, monitoreo permanente y acceso regular a medicamentos.

“Su historial clínico lo coloca en una situación de especial vulnerabilidad, con un riesgo elevado de sufrir nuevos accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves. La falta de información sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanece detenido e incomunicado aumentan profundamente nuestra preocupación por su vida e integridad física”, explicó en declaraciones enviadas desde Estados Unidos al diario La Prensa.

El 30 de octubre de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del dirigente indígena al considerar que enfrentaba una situación de gravedad, urgencia y riesgo de sufrir daños irreparables a su vida e integridad personal. Entre los elementos considerados por la Comisión figuraba precisamente su delicado estado de salud.

La desaparición de Fagoth llamó la atención porque se trata de una de las figuras más conocidas de la política indígena nicaragüense durante las últimas cinco décadas. Su trayectoria estuvo marcada por enfrentamientos con el sandinismo, participación en la guerra de los años ochenta, alianzas con distintos actores políticos y una posterior incorporación al propio aparato estatal del Gobierno de Daniel Ortega.

Nacido el 5 de agosto de 1953 en Puerto Cabezas, hoy Bilwi, Fagoth formó parte de una generación de dirigentes indígenas que comenzó a organizar políticamente las demandas de los pueblos de la Costa Caribe durante los años setenta. Entre los miembros de esa generación también figuraban Myrna Cunningham, Hazel Law, Armstrong Wiggins y Brooklyn Rivera, quienes posteriormente tendrían un papel relevante en la defensa de los derechos indígenas y en la construcción del régimen de autonomía regional.

Durante los últimos años del somocismo participó en ALPROMISU, una organización indígena que mantenía relaciones con el Gobierno de Anastasio Somoza Debayle. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 apoyó inicialmente al nuevo Gobierno y se incorporó a MISURASATA, la organización que agrupaba a miskitos, sumos y ramas. Los sandinistas otorgaron a la organización representación en el Consejo de Estado y Fagoth ocupó uno de esos espacios.

Las diferencias entre los dirigentes indígenas y el Frente Sandinista aparecieron rápidamente. Los conflictos giraban alrededor de la autonomía, el control territorial, los recursos naturales y las formas de organización de las comunidades indígenas. En febrero de 1981, la Seguridad del Estado arrestó a unos treinta dirigentes de MISURASATA. Entre ellos estaban Brooklyn Rivera, Hazel Law y Steadman Fagoth.

Mientras Rivera y otros líderes recuperaron la libertad pocos días después, Fagoth permaneció detenido durante varios meses. Las autoridades lo acusaron de alta traición y de colaborar con la antigua seguridad somocista. Las protestas de comunidades indígenas y las presiones políticas terminaron forzando su liberación. Poco después abandonó Nicaragua y se trasladó a Honduras.

Desde territorio hondureño inició la etapa más conocida de su carrera política. Fundó MISURA y se convirtió en uno de los principales dirigentes indígenas armados que combatieron al régimen sandinista durante los años ochenta. Su organización operó a lo largo del río Coco y recibió apoyo de la CIA dentro de la estrategia estadounidense de respaldo a la resistencia antisandinista.

Aquellos años coincidieron con algunos de los episodios más violentos registrados en la Costa Caribe. En enero de 1982, el Ejército Popular Sandinista ejecutó la operación conocida como Navidad Roja, mediante la cual miles de indígenas miskitos fueron desplazados de las comunidades ubicadas cerca de la frontera con Honduras y trasladados hacia asentamientos interiores.

Fagoth denunció esos hechos ante organismos internacionales y acusó al Gobierno sandinista de cometer graves abusos contra las comunidades indígenas.

Durante esa década también mantuvo una larga rivalidad política con Brooklyn Rivera. Ambos provenían de la misma generación de dirigentes indígenas y coincidían en la defensa de derechos territoriales, pero siguieron caminos distintos durante la guerra. Mientras Fagoth operaba desde Honduras vinculado a MISURA y a la Fuerza Democrática Nicaragüense, Rivera desarrolló su actividad desde Costa Rica junto a otros grupos armados opositores.

A finales de los años ochenta, distintas organizaciones indígenas terminaron convergiendo dentro de YATAMA, una estructura política creada en el contexto de los acuerdos de paz que buscaba representar a los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Tanto Rivera como Fagoth participaron en ese proceso.

Con el fin de la guerra, Fagoth inició una nueva etapa dentro de la política institucional. Fue gobernador de la Región Autónoma del Caribe Norte durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y posteriormente ocupó una curul en la Asamblea Nacional como diputado del Partido Liberal Constitucionalista.

Su acercamiento a Daniel Ortega comenzó a finales de los años noventa. La relación se consolidó después del regreso del Frente Sandinista al poder en 2007. Ortega lo nombró presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), cargo que ocupó durante varios años. Posteriormente fue designado asesor presidencial para asuntos relacionados con los pueblos originarios y comunidades étnicas.

Durante ese período se convirtió en uno de los principales interlocutores del régimen con diversos sectores indígenas del Caribe nicaragüense. Incluso el 16 de agosto de 2024, apenas un mes antes de su detención, Rosario Murillo lo incluyó entre los asesores presidenciales ratificados por el Ejecutivo.

La captura ocurrió poco después de que realizara declaraciones públicas sobre la situación de los territorios indígenas. El 13 de septiembre de 2024 concedió una entrevista radial desde la zona del río Coco en la que denunció invasiones de tierras indígenas, presencia de colonos armados, despale ilegal y participación de instituciones estatales en operaciones relacionadas con territorios ancestrales.

Según su hija, esas denuncias fueron el motivo de la reacción gubernamental.

“No pensaba dejar de defender los derechos de nuestros pueblos indígenas. La defensa de los pueblos miskitu y mayangna era una parte inseparable de quién era”, afirmó Dina Carolina. “Durante una entrevista pública denunció con pruebas documentadas la participación de agencias e instituciones vinculadas al gobierno sandinista en la venta ilegal de tierras ancestrales indígenas. Al día siguiente fue arrestado por el Ejército de Nicaragua”.

La mañana del 14 de septiembre de 2024, fuerzas militares realizaron un operativo en la comunidad de Sang Sang, en la zona de Río Coco Arriba. Posteriormente, el Ejército informó que había detenido a Fagoth y que lo entregó a la Policía Nacional. La institución aseguró que participaba en actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado y que pretendía sustraer armamento militar de puestos ubicados en la ribera del río Coco.

Las autoridades no informaron sobre la apertura de un proceso judicial ni divulgaron pruebas que respaldaran esas acusaciones. Tampoco se conoció la realización de audiencias judiciales o la intervención de algún tribunal en el caso.

Días después de la captura, familiares denunciaron allanamientos y restricciones relacionadas con bienes y propiedades vinculadas al dirigente indígena. Sin embargo, la principal preocupación seguía siendo la falta absoluta de información sobre su situación.

“Ninguna”, respondió Dina Carolina cuando fue consultada sobre las comunicaciones recibidas por parte de las autoridades. “El régimen nicaragüense no me ha respondido ni a mí ni a mi abogado. Hemos realizado innumerables gestiones, incluyendo llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos dirigidos a distintos funcionarios y autoridades. Hemos intentado comunicarnos por todos los canales posibles y nuestras solicitudes han sido ignoradas”.

La desaparición también ha tenido consecuencias para la vida familiar. Según relata su hija, antes de la captura mantenían comunicación permanente mediante llamadas telefónicas, mensajes y videollamadas. Sus nietos conversaban frecuentemente con él, compartían actividades escolares y le pedían bendiciones antes de dormir.

“Todos los que vivimos en el hogar sufrimos profundamente la ausencia de mi padre. Aunque la distancia física nos separaba gran parte del tiempo, manteníamos una comunicación constante. Hoy, el silencio que dejó su ausencia ha creado un vacío inmenso en nuestras vidas y en nuestra familia. No ha habido un día que no lo hemos extrañado desde su desaparición”, afirmó.

Un grupo de aficionados, con playeras de la Selección Mexicana, irrumpió en la protesta del colectivo Una Luz en el Camino en el Ángel de la Independencia, tras tomar varias lonas con fotografías de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia.

El incidente ocurrió horas después de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde miles de seguidores del Tricolor se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para celebrar la victoria de México sobre Sudáfrica.

Sin embargo, en el mismo lugar las madres buscadoras mantenían su vigilia con mantas que mostraban los rostros y datos de sus familiares desaparecidos. Al encontrarse, dos de los aficionados tomaron varias de esas lonas para protegerse del aguacero.

Uno de ellos, al ser confrontado sobre por qué había tomado las pancartas, respondió que la lona estaba tirada en el suelo. La respuesta fue rechazada por el colectivo, el cual insistió en la devolución inmediata del material.

El periodista agredido y el equipo destruido

De acuerdo con medios locales, un reportero de Telemundo intervino para defender a una de las madres buscadoras cuando el aficionado con playera negra del Tricolor comenzó a insultarla tras perder la lona durante la lluvia. El grupo lo rodeó, lo tiró al piso y lo golpeó ante sus actos.

“El periodista se metió a defenderla y lo empezaron a agredir a él; finalmente lo tiraron al piso, lo golpearon y obviamente destruyeron todo su material de trabajo”, relataron integrantes del colectivo presentes en el conflicto. La líder del grupo pidió ayuda a los medios para localizar al comunicador afectado.

De acuerdo con medios locales, las buscadoras también denunciaron que el mismo grupo agredió a una de las familias presentes en la manifestación. Palmeros informó que el colectivo acudió a la Comisión de Derechos Humanos para documentar los hechos: “Ya hablamos con Derechos Humanos para que nos apoyen con esta situación”.

La indignación en redes y el contexto de la crisis

Los videos del incidente se propagaron en redes sociales y generaron una ola de repudio. Las imágenes mostraban a los tres aficionados, en aparente estado de ebriedad, usando las lonas como paraguas improvisados mientras las buscadoras los perseguían para recuperarlas.

Manifestantes declararon a medios locales sentirse “indignados” por el trato que las autoridades federales dispensaron a los colectivos durante las protestas previas y paralelas a la inauguración del torneo, lo cual provocó el cierre de vialidades por sus demandas.

Cabe mencionar que el colectivo se manifestó en el Ángel de la Independencia desde las 10 de la mañana con actividades para visibilizar a sus hijos desaparecidos. Nos obstante, el incidente puso de manifiesto el contraste entre la celebración deportiva y la lucha diaria de quienes buscan a sus familiares.

La marcha del 10 de junio y el bloqueo

La noche anterior, cientos de madres buscadoras vestidas de blanco, con veladoras y fotografías de sus familiares, iniciaron la marcha “Iluminemos la búsqueda” con destino al Estadio de la Ciudad de México. Sobre la Calzada de Tlalpan, un bloqueo les impidió avanzar hacia Calzada del Hueso.

Reportes preliminares destacaron que la movilización buscó visibilizar una crisis que, al 11 de junio de 2026, acumula 134 mil 903 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales 29 mil 247 son mujeres. Solo en la capital se registran más de 22 mil casos entre hombres y mujeres.

Las buscadoras desplegaron mantas con frases como “La pelota regresa, ¿cuándo nuestros desaparecidos?” y “Con nuestro dolor no se juega”. El contraste entre la euforia de los aficionados y el reclamo de las familias definió la jornada en el Paseo de la Reforma.

La fe y la desesperación se entrelazan en la comunidad costera de Quepos, luego de que las intensas labores de búsqueda y rescate dieran un giro milagroso que une a dos naciones.

El pescador Johnny Rodríguez Oporta, de nacionalidad nicaragüense pero radicado laboralmente en el pacífico costarricense, fue localizado con vida tras sobrevivir 36 horas a la deriva en altamar.

Rodríguez, originario de la localidad de Masachapa en Nicaragua, realizaba su primera faena de pesca en aguas costarricenses cuando su panga naufragó debido al fuerte oleaje provocado por la tormenta tropical Cristina.

Para mantenerse con vida frente al hambre, la intemperie y la intensa sed, tuvo que racionar al máximo sus fuerzas y se vio obligado a beber sus propios orines antes de ser rescatado el martes 9 de junio.

A pesar de la alegría por el rescate de Rodríguez, la angustia persiste en la zona. La embarcación en la que viajaba el sobreviviente naufragó de forma independiente a otra nave que aún continúa desaparecida: la lancha Roxana Dos.

En esta última embarcación viajaban cuatro tripulantes también de origen nicaragüense y vecinos de la comunidad local cuyo paradero sigue siendo un misterio desde la madrugada del pasado lunes, cuando se perdió todo contacto en aguas de Guanacaste.

El epicentro del dolor y la expectativa se concentra en el barrio El Cocal, en Quepos, específicamente en la vivienda de don Mario Baltodano, un ciudadano nicaragüense que echó raíces en Costa Rica y es el dueño de la lancha Roxana Dos.

La tragedia golpea con fuerza a esta familia, ya que tres de los cuatro desaparecidos son parientes directos de don Mario: su hijo Janier Baltodano, su hermano Ramón Baltodano (quien capitaneaba la lancha), su sobrino Abraham Ríos, y un amigo de la familia identificado como José Luis Palacios.

Marielos Núñez, costarricense y esposa del capitán Ramón Baltodano tras 17 años de matrimonio, describió el calvario que viven minuto a minuto debido a la falta de respuestas, reflejando la realidad de un hogar binacional.

Crueldad en medio de la tragedia: Denuncian intentos de estafa

A la dolorosa espera de la familia se ha sumado una preocupante situación de vulnerabilidad. Los allegados de los tripulantes de la “Roxana Dos” denunciaron públicamente que personas sin escrúpulos han intentado aprovecharse de la angustia que viven para cometer estafas y extorsiones.

Según indicaron los afectados, han estado recibiendo mensajes de desconocidos que aseguran falsamente tener información verídica sobre el paradero de los náufragos.

Incluso, en algunos de los textos les afirman con frialdad que los pescadores ya fueron encontrados sanos y salvos, pero les exigen depósitos de dinero a cambio de brindarles los supuestos detalles de su ubicación.

Al final, las familias deducen que se trata de engaños de oportunistas que juegan con el dolor ajeno, pues en realidad no saben nada sobre la lancha desaparecida.

Por su parte, don Mario Baltodano relató que logró mantener comunicación con la tripulación hasta las tres de la mañana del lunes. En ese último y dramático contacto, los tripulantes le advirtieron: “Nos lleva el viento y la corriente para mar abierto, a lo hondo”. Tras esa frase, la señal se extinguió.

Ante la enorme cantidad de llamadas y la urgencia por evadir los intentos de fraude, la familia se mantiene en constante comunicación únicamente con los canales oficiales. Adolfo Sánchez, miembro de la familia y oficial de la policía costarricense actualmente incapacitado, se ha encargado de coordinar esfuerzos con el apoyo de paramédicos y personal de aviación civil para efectuar sobrevuelos y reconocimientos en las cuadrículas marítimas.

Las operaciones de rescate se ejecutan de manera binacional, coordinando el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica con su homólogo de la Fuerza Naval de Nicaragua para cubrir un área más extensa por mar y aire.

En los recibidores de pescado de Quepos, compañeros del gremio manifestaron su profunda empatía con los Baltodano, recordando que estos pescadores nicaragüenses son parte activa de la economía local y “vienen a buscar la vida” con esfuerzo diario. La comunidad pesquera entera, unida por encima de las fronteras, permanece en oración confiando en que el milagro de Johnny Rodríguez se repita pronto con los cuatro tripulantes de la Roxana Dos y que las autoridades logren frenar el acoso de los estafadores.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una “Ficha Amarilla” para la búsqueda internacional de Karla Alejandra Tela Flores, joven mexicana vista por última vez el 14 de julio de 2024 en la ciudad de Puebla, cuando tenía 25 años de edad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) gestionó la solicitud del mecanismo a través de la coordinación interinstitucional con el organismo internacional.

La ficha, registrada bajo el número 2026-38316, permite que autoridades de los países miembros de Interpol accedan a la información del caso para coadyuvar en su localización.

Las fichas amarillas son el mecanismo que utiliza Interpol para difundir información sobre personas desaparecidas a nivel internacional y facilitar su búsqueda.

Cuatro países figuran como probables destinos de la joven

La activación del mecanismo fortalece las acciones de búsqueda que realiza la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Karla Alejandra Tela Flores nació el 24 de enero de 1999 en Puebla y tenía 25 años al momento de su desaparición; hoy tendría 27.

La ficha de Interpol registró a Guatemala, Belice, Estados Unidos y Canadá como los países que Karla Alejandra probablemente visitó.

Es descrita como una joven de 1.60 metros, cabello negro y ojos castaño oscuro. Presenta un lunar de color claro de aproximadamente 0.5 cm en la pantorrilla izquierda y una cicatriz lineal de 3 cm en la ingle izquierda, producto de una cirugía.

Cuenta con cuatro tatuajes:

• Un rostro con ojos y boca de formas irregulares en color negro en la clavícula izquierda
• La silueta de un cráneo en la cara anterior del brazo izquierdo
• La figura de un diablito en color rojo en el antebrazo derecho
• Un gatito en color negro en la muñeca izquierda

Sus padres son Tela Lucero Narcizo y Flores Cruz Verónica Gabriela. La ficha de Interpol detalla que Alejandra habla únicamente español.

La FGE reiteró su compromiso de emplear todos los mecanismos disponibles

La Fiscalía General del Estado de Puebla solicitó que quien cuente con información sobre su paradero se comunique al teléfono 2222 11 79 00, extensión 4035, o con la Secretaría General de Interpol.

La institución afirmó que toda información será atendida conforme a los protocolos de búsqueda y colaboración internacional correspondientes.

La FGE señaló que trabaja de manera coordinada con autoridades nacionales e internacionales en favor de las familias y de los poblanos, y que empleará todos los mecanismos legales, tecnológicos e institucionales disponibles para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

La Ficha Amarilla: mecanismo de búsqueda internacional

Según el sitio oficial de Interpol, la Ficha Amarilla se activa en casos de sustracción parental, secuestro o desapariciones inexplicables, con sospechas de traslado internacional.

En 2025, el organismo emitió 3 mil 474 fichas amarillas en todo el mundo.

La ficha se publica tras una solicitud formal del país miembro a través de su Oficina Central Nacional, y la Secretaría General del organismo la registra en su base de datos para que todas las policías miembro puedan consultarla.

Además, alerta a funcionarios fronterizos para que identifiquen a la persona en caso de que intente cruzar una frontera, lo que dificulta su traslado inadvertido entre países.

Interpol opera con un sistema de alertas clasificadas por colores: Ficha Roja para búsqueda y arresto, Azul para recopilar información sobre una persona en el marco de una investigación, Negra para identificar cadáveres, Verde para advertir sobre personas con actividad criminal, Naranja para amenazas inminentes a la seguridad pública y Púrpura para documentar métodos utilizados por criminales.

La Ficha Amarilla es la única diseñada exclusivamente para localizar a personas desaparecidas sin implicación penal.

La desaparición de dos adolescentes de 16 años activa una alerta entre Durango y Sinaloa: las familias reportan que los menores pierden contacto después de subirse a un taxi con rumbo a Mazatlán la tarde del domingo 7 de junio y desde entonces no se sabe dónde están.

La última conexión confirmada de uno de los jóvenes ocurre ese mismo día alrededor de las 2:30 de la tarde. A partir de ese momento, sus teléfonos se apagan y se corta toda comunicación con sus familiares.

Los adolescentes son identificados como Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez. Las familias y colectivos de búsqueda difunden sus fotografías en plataformas digitales y solicitan apoyo ciudadano para localizarlos lo antes posible.

Los primeros reportes señalan que ambos abordan un automóvil habilitado como taxi, descrito como una unidad blanca con verde, con dirección al puerto sinaloense. En el mismo vehículo, según los indicios, viajan otros dos jóvenes; uno de ellos es identificado de manera preliminar como Sabdiel, sin que se precisen más datos.

El llamado de búsqueda se enfoca en puntos de tránsito entre entidades: se considera que los adolescentes podrían estar en cualquier tramo de la autopista hacia la costa o en las inmediaciones de la zona urbana y turística de Mazatlán, por lo que la solicitud de ayuda se extiende tanto a la capital duranguense como al puerto.

En fichas de búsqueda informales que circulan en redes se difunden señas particulares de José Ricardo Canales Chávez para facilitar su identificación. Se describe con una estatura de 1.65 metros, complexión robusta, tez blanca, cara rectangular, ojos negros y redondos, nariz ancha, cejas semipobladas y boca mediana con labios gruesos; su cabello es lacio y negro.

La ropa con la que se le ve por última vez, de acuerdo con esa información difundida por sus allegados, es una playera en tono claro, short gris y huaraches negros. Sobre Jesús Isabel Elizalde Gallegos, la información compartida hasta ahora no incluye una descripción física detallada, más allá de confirmar que acompañaba a José Ricardo en el viaje.

Las familias solicitan que cualquier dato útil se comunique de inmediato al 911 o a las autoridades de las fiscalías correspondientes en Durango y Sinaloa, para canalizar la información y apoyar la localización de los menores.

• Desaparecen Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez, ambos de 16 años, tras abordar un taxi rumbo a Mazatlán el domingo 7 de junio
• La última señal confirmada se registra cerca de las 2:30 de la tarde; después, los celulares se apagan
• Piden reportar cualquier información al 911 o a las fiscalías de Durango y Sinaloa

Localizan con vida a los 6 influencers de “Bola Costera” desaparecidos en Sinaloa

Los seis creadores de contenido reportados como desaparecidos cuando circulaban por la zona de El Tablón del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fueron localizados con vida la mañana de este jueves 11 de junio.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fuerzas Armadas y de la Fiscalía del Estado, quienes ubicaron a los seis jóvenes la mañana de este miércoles.

Su hallazgo con vida se realizó cuando el personal de seguridad realizaba labores de seguridad y prevención como parte del Despliegue Operativo Mazatlán en un punto de control ubicado a la altura del kilómetro 261+800 de la carretera federal México 15, al sur del estado.

En el sitio fue hallada una vagoneta marca Chrysler, línea Voyager color blanco que coincidía con las características de la unidad en la que viajaban los seis influencers, por lo que les marcaron el alto.

Dijeron haber sido secuestrados

Los seis jóvenes fueron localizados al interior de la camioneta, quienes refirieron a las autoridades que habían sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, en el municipio de Rosario.

La celebración del Mundial 2026 no solo despertó movilizaciones de la afición mexicana que celebró la organización de este evento deportivo en el país, sino también a los colectivos y activistas de búsqueda de personas desaparecidas, quien llevan años exigiendo justicia.

En el marco de la organización para la justa mundialista, de la que México es sede —junto con Estados Unidos y Canadá—, surgieron distintas inconformidades sociales que no son para nada nuevas, pero sí supieron aprovecharon el foco mundialista para manifestarse y visibilizar sus causas.

Entre las principales exigencias están las de las madres buscadoras. En ese contexto, han organizado desde hace semanas distintas actividades para protestar en contra de las acciones del gobierno sobre el Mundial: sí invierte tiempo y recursos en ello, pero no en apoyarlas en su búsqueda. Destaca la pega de fichas e intervención de tarjetas mundialistas con imágenes de las personas desaparecidas, que en México suman más de 133 mil.

En ese contexto, la colectiva Hilos lanzó un archivo en PDF que contiene fotografías y datos de más de dos mil personas, para que cada ciudadano pueda portar y compartir estos documentos durante las movilizaciones.

Las fichas reunidas en archivos descargables pueden imprimirse en hojas tamaño carta, ocho por página, y están diseñadas para facilitar su portabilidad, de modo que cualquier persona pueda llevarlas en el bolsillo y pegarlas en espacios públicos.

Las familias y colectivos que se dedican a realizar tejido de red en la Ciudad de México y barrios como Coyoacán, como parte de una iniciativa para visibilizar su lucha, utilizan estas fichas para colgarlas entrelazadas con rafia roja, en lugares de tránsito. En eso consiste el tejido.

Este método busca mantener la presencia de los ausentes en la vida pública, mientras la crisis de desapariciones alcanza más de 133 mil casos a nivel nacional. El uso de fichas impresas sigue siendo una herramienta esencial. Aunque la difusión digital es útil en las primeras horas, la impresión y el reparto manual garantizan que la información llegue a personas sin acceso a internet y a quienes transitan por calles y plazas.

Instrucciones para sumar nuevas fichas y descargar archivos

La iniciativa pone a disposición de la ciudadanía una carpeta que se encuentra en este link: https://colectivahilos.com/descarga-y-teje-las-fichas-de-la-glorieta-de-las-desparecidas-en-cdmx/

Incluye doce archivos PDF, cada uno con decenas de perfiles, una hoja de cálculo con los nombres y un archivo de texto con instrucciones detalladas para sumar nuevos casos al sistema. Se requieren conocimientos básicos de manejo de carpetas y el uso de la Terminal en sistemas Mac, sin embargo, es posible editar cada archivo en PDF.

La carpeta descargable permite que cualquier persona pueda replicar el sistema en su comunidad, difundir las fichas y seguir sumando esfuerzos a la búsqueda.

Protestas y visibilidad en el Mundial 2026

El movimiento de madres buscadoras y familiares ha intensificado sus acciones en la víspera del Mundial 2026. En manifestaciones recientes, cientos de activistas colocaron fichas de búsqueda en puntos emblemáticos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia y la avenida Reforma, y en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde se celebrará el partido inaugural.

Las protestas se han replicado en sedes deportivas como el Estadio Nemesio Diez de Toluca, donde el asfalto y los muros se cubrieron con retratos y fichas de desaparecidos, con mensajes como: “México campeón en desaparición” y “Primero los 133 mil desaparecidos, después sus partidos”.

Mientras la atención internacional se concentra en la fiesta futbolística, el reclamo de justicia y la memoria de los ausentes se hace visible en la vía pública. La campaña de fichas impresas y la convocatoria a protestas durante el Mundial buscan que la exigencia por la verdad y la justicia no quede relegada ante los festejos deportivos. El objetivo es que la memoria de los desaparecidos permanezca en la agenda pública y que más ciudadanos se sumen a la red de apoyo.

Los seis creadores de contenido reportados como desaparecidos cuando circulaban por la zona de El Tablón del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fueron localizados con vida la mañana de este jueves 11 de junio.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fuerzas Armadas y de la Fiscalía del Estado, quienes ubicaron a los seis jóvenes la mañana de este miércoles.

Su hallazgo con vida se realizó cuando el personal de seguridad realizaba labores de seguridad y prevención como parte del Despliegue Operativo Mazatlán en un punto de control ubicado a la altura del kilómetro 261+800 de la carretera federal México 15, al sur del estado.

En el sitio fue hallada una vagoneta marca Chrysler, línea Voyager color blanco que coincidía con las características de la unidad en la que viajaban los seis influencers, por lo que les marcaron el alto.

Dijeron haber sido secuestrados

Los seis jóvenes fueron localizados al interior de la camioneta, quienes refirieron a las autoridades que habían sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, en el municipio de Rosario.

Luego de verificar su identidad y constatar que se encontraban en buen estado de salud, los jóvenes fueron escoltados por personal de la SSPC hacia Mazatlán, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Familiares de los influencers también confirmaron su localización con vida, afirmando que se encuentran a salvo y con sus seres queridos. Ante el hecho, también agradecieron a las personas que se mantuvieron atentos y compartieron sus fichas de búsqueda.

“Amigos, familiares y a toda la gente que estuvo al pendiente, los muchachos de Bola Costera ya están a salvo con sus familias. Gracias a Dios ya aparecieron sanos y salvos. Todos se encuentra muy bien”, escribió una mujer cercana a los jóvenes en redes sociales.

Desaparecieron cuando se dirigían a Mazatlán para grabar contenido

Las familias de los jóvenes informaron que tuvieron contacto con ellos por última vez alrededor de las 07:00 de la mañana de este miércoles 10 de junio, cuando el grupo transitaba por la zona de El Tablón, en el municipio de El Rosario.

El grupo se dirigía con destino a Mazatlán para grabar contenido con Gallada Maza, esto con el objetivo de incrementar sus seguidores y ampliar su público. El último video con el que contaban era con uno en el que se les observa en un vehículo durante el amanecer, mientras hablan y cantan canciones en su trayecto desde Nayarit.

Desde que se perdió el contacto, familiares y amigos lanzaron una campaña de búsqueda en redes sociales para solicitar que los jóvenes fueran localizados con vida.

Además, uno de los integrantes de Gallada Maza comenzó a difundir el caso. En uno de sus últimos videos denunció que los seis hombres se dedicaban a realizar oficios, no solo a crear contenido, esto con la intención de persuadir a sus posibles captores.

“Que vean que esos muchachos, las personas que los tienen, que vean a lo que se dedican, y que por algo todo Nayarit está preocupados por ellos (…) Por favor, la gente que los llegue a tener, somos personas de Nayarit, no vamos a tomar represalias, pero échenos la mano, déjenlos y ya, como los tengan, déjenlos ahí, no pasa nada", dijo Christian, uno de los integrantes de Gallada Maza.

Familias pidieron que los liberaran con vida

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como:

• Daniel Ramírez Segura, de 32 años de edad.
• Brayan Granados Domínguez, de 22 años.
• Brandon Zamorano Morales, de 22 años.
• Luis Antonio Chávez Jiménez, de 23 años.
• Pablo Ángel Durán Rentería, de 18 años.
• Juan Ramón Hernández Medina, de 18 años.

Sus madres viajaron a Mazatlán la noche de este miércoles para sumarse a las búsquedas, describieron a los jóvenes como trabajadores de oficios como la albañilería y la herrería que grababan contenido solo en sus tiempos libres.

La madre de Luis Antonio Chávez detalló que su hijo es mecánico y que no “se mete con nadie”, por lo que pidió ayuda para que se lo entregaran con vida.

Por su parte, Christian, de Gallada Maza, apeló en otro video a que los captores investigaran a los jóvenes con la intención de comprobar que no tenían vínculos con ningún grupo: “A lo mejor tienen a las personas equivocadas, que no son las personas que a lo mejor ellos andan buscando”, dijo.

Hasta el momento las autoridades no han brindado información sobre la localización con vida de los seis influencers.

La Policía Municipal de Ecatepec en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina rescataron durante la madrugada de este miércoles 10 de junio a Daniel Santiago, un niño de 6 años que había sido sustraído la noche anterior de un parque en la colonia San Agustín Tercera Sección del municipio mexiquense.

Un sujeto de 21 años identificado como Brayan “N”, alias “Dragoberto”, fue detenido como probable responsable de privación ilegal de la libertad y puesto a disposición del Ministerio Público.

Videos difundidos en redes sociales revelaron que fueron vecinos de Ecatepec quienes localizaron primero al menor. Lo encontraron caminando por las calles junto al probable responsable y lo interceptaron antes de que llegaran los elementos de seguridad. En las grabaciones se escucha a los ciudadanos confrontar al sujeto y solicitar una patrulla, mientras el menor llora.

Alerta al sector 20 y cámaras de C4 y C5 detonaron el operativo

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec reveló mediante un video institucional que una alerta al sector 20 activó la movilización inmediata de la Policía Municipal, en coordinación con la Fuerza de Tarea Marina, la Policía Metropolitana, la Unidad de Atención a Víctimas y la Célula de Búsqueda.

El operativo incluyó recorridos de búsqueda en distintas comunidades y el monitoreo de las cámaras de C4 y C5, que permitieron ubicar al sujeto en la colonia El Chamizal, sobre el boulevard Río de los Remedios, a unos 6 kilómetros del sitio donde fue visto por última vez el menor.

La colaboración ciudadana fue determinante para acelerar la localización del menor. Vecinos y comerciantes de la zona aportaron información a las autoridades durante las horas de búsqueda.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, confirmó el rescate durante la madrugada y destacó que la seguridad y protección de la niñez ecatepense es una prioridad del gobierno municipal.

La madre del niño agradeció la intervención de los cuerpos de seguridad una vez que le entregaron al menor: “De veras, muchas gracias, desde el primer momento llegaron. Dios se los va a pagar grandemente”, dijo la mujer.

Personal especializado de la Unidad de Atención a Víctimas brindó acompañamiento psicológico a la familia tras la entrega del menor.

Vecinos de Ecatepec localizaron al niño caminando

En videos circulados en redes sociales se observa el momento en que ciudadanos interceptaron a Daniel Santiago caminando por las calles junto a Brayan “N”. Los vecinos cuestionaron al sujeto sobre su relación con el menor y le reclamaron su conducta: “Él tiene familia, a él lo están buscando. Tú no sabes que su familia está preocupada. Eso no se hace”.

“Él no vive aquí, vive hasta Ciudad Azteca. ¿Qué hace hasta aquí?”, se escucha en las grabaciones. Los vecinos retuvieron al sujeto y pidieron una patrulla mientras esperaban a las autoridades.

En el mismo material, el propio menor tomó la palabra entre llanto. El niño relató que estaba en el parque con su familia cuando ocurrió la sustracción: “Me dejan en el parque, mi papá está allí, y con mis abuelos”.

Los ciudadanos lo tranquilizaron y le indicaron que lo llevarían con su mamá.

Brayan “N” detenido como probable responsable

Brayan “N”, de 21 años, conocido con el alias Dragoberto, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS) por su probable participación en los hechos.

De acuerdo con información extraoficial retomada por medios locales, el detenido habría trabajado como lavacoches en la zona donde ocurrieron los hechos.

Daniel Santiago tenía 6 años al momento de su desaparición, el 9 de junio de 2026. El menor mide 1.30 metros, pesa 40 kilogramos, con complexión robusta, tez blanca, cabello castaño oscuro corto y ojos café oscuro. Como seña particular, presentaba ausencia de dientes frontales en la parte superior.

Al momento de ser sustraído vestía zapatos escolares negros, pantalón escolar azul marino y sudadera con gorro azul con estampado de Mario Bros.

El menor fue entregado sano y salvo a su familia. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, dependencia que emitió el comunicado oficial sobre el caso, reconoció la solidaridad de los vecinos que se sumaron a la búsqueda y contribuyeron al resultado.

Más de 3,000 personas desaparecidas en Coahuila hasta mayo de 2026, con una tendencia de aumento de casos en municipios como Torreón, Saltillo y Piedras Negras, reporta la organización Red Lupa.

El registro estatal contabiliza 3,657 casos de desaparición al corte del 16 de mayo de 2026, mientras que solo en Torreón se concentran mil 035 reportes.

Según datos difundidos por Red Lupa, en 2026 se reportan 3 mil 688 personas desaparecidas o no localizadas en el estado.

En un informe, señaló que de ese total, 2 mil 905 son hombres, equivalentes a 78.7% del registro anual.

Mientras que las mujeres desaparecidas suman 772 casos, lo que representa 20.9%, precisando que el porcentaje se calcula con base en el total de personas desaparecidas en la entidad.

La organización señala que 13% de los casos corresponde a personas menores de edad. Para el 16 de mayo de 2026, 460 víctimas tenían menos de 18 años cuando desaparecieron; de ellas, 252 son niños y 208 niñas.

El rango de edad con mayor incidencia es entre los 15 y 39 años, donde se concentra 64.1% de los casos. El 51.6% de las mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de 15 a 29 años.

Los municipios de Saltillo, con 642 casos, y Piedras Negras, con 641 reportes, también muestran incrementos durante 2026. Acuña contabiliza 237 desapariciones y Monclova suma 233. Estos cinco municipios concentran la mayor parte de los reportes en Coahuila.

El análisis histórico de Red Lupa indica que los casos de desaparición aumentaron a partir de 2008, con picos en 2010 y 2011, años en los que se reportaron 525 y 515 casos respectivamente.

A partir de 2015 se observó una disminución sostenida, con cifras bajas hasta 2022, cuando el registro anual repuntó a 198 casos.

Para 2023 disminuyó a 111, luego subió a 124 en 2024 y se registraron 64 desapariciones en 2025.

En el periodo de enero al 16 de mayo de 2026, Red Lupa reporta 14 nuevos casos. En 144 expedientes no se especifica la edad de la persona desaparecida.

Sheinbaum pide informes quincenales sobre crisis de desaparecidos

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recientemente instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a ofrecer conferencias de prensa cada 15 días para informar, primero a los colectivos y después a la población, sobre avances y el número de personas localizadas.

La presidenta también afirmó que el gobierno federal colabora con organismos internacionales y recordó que en abril pasado dialogó con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Asimismo, aseguró que hay avances derivados de nuevas leyes entorno a la crisis forense, que han denunciado principalmente colectivos de madres buscadoras.

La artista y activista Elsa Oviedo propone intervenir los billetes de 50 pesos con mensajes sobre las más de 133 mil personas desaparecidas en México, con la idea de convertir una pieza de uso cotidiano en un vehículo de memoria y denuncia que circule dentro y fuera del país.

La iniciativa parte de una característica concreta del billete del ajolote: su alta circulación y el interés que despierta entre coleccionistas y visitantes extranjeros. Bajo esa lógica, cada ejemplar modificado podría trasladar frases breves, cifras y recordatorios sobre la magnitud de la crisis de desapariciones.

Oviedo plantea usar los billetes ilustrados con el ajolote y los ecosistemas lacustres de Xochimilco como soporte para hacer visible una emergencia que afecta a miles de familias mexicanas. La propuesta busca que el mensaje no permanezca encerrado en espacios militantes o institucionales, sino que llegue a manos de cualquier persona en una compra, un pago o un intercambio cotidiano.

De acuerdo con el texto fuente, la intervención artística incluiría mensajes cortos vinculados con la crisis de desaparecidos. El objetivo es detonar conversación pública y mantener el tema en la agenda social a partir de un objeto que cambia constantemente de manos.

El billete del ajolote se plantea como un soporte de denuncia cotidiana

La apuesta de Oviedo mezcla arte, memoria y protesta. Su planteamiento sostiene que un billete intervenido no solo funcionaría como recordatorio material de la crisis, sino también como un gesto de resistencia frente a una realidad que, según el texto fuente, no puede ser ignorada.

El proyecto se formula en un contexto en el que México registra más de 133 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales citados en el texto fuente. Organizaciones civiles también subrayan la urgencia de sostener la discusión en el espacio público.

La propuesta ya genera conversación en redes sociales. Parte de los usuarios respalda la idea por su creatividad y por la forma en que traslada la exigencia de verdad y justicia a un objeto de circulación masiva.

Otras reacciones apuntan a posibles implicaciones legales por la modificación de billetes en circulación. Aun con esas reservas, el debate alrededor de la propuesta ya colocó de nuevo la crisis de desapariciones en el centro de la conversación cotidiana.

La movilización del 11 de junio prevé afectaciones viales en el sur de CDMX

En ese mismo contexto, colectivos sociales, organizaciones civiles, maestros, transportistas y familiares de personas desaparecidas convocan a una movilización masiva para el próximo 11 de junio en la CDMX, fecha que coincide con el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol FIFA.

La convocatoria advierte posibles cierres parciales o totales en algunas de las principales vialidades del sur de la ciudad. El llamado es a tomar precauciones ante eventuales afectaciones a la circulación.

La coincidencia entre la protesta anunciada y una jornada de alta atención pública apunta al mismo propósito que atraviesa la propuesta de los billetes: empujar la crisis de desapariciones hacia espacios de visibilidad amplia y obligar a que el tema permanezca presente en la discusión pública.

Familias de Guadalajara crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

A un par de semanas del Mundial 2026, el entusiasmo futbolero en Guadalajara convive con una realidad mucho más dolorosa. Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda lanzaron una campaña inédita: un álbum de estampas mundialistas con los rostros de quienes siguen sin volver a casa.

El objetivo es aprovechar la atención internacional del evento para visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco y evitar que la emergencia humanitaria quede relegada por la fiesta del futbol.

La campaña, impulasada bajo el mensaje central de “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”" exige que la emergencia en Jalisco no quede relegada por la celebración futbolística del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

La iniciativa, impulsada principalmente por el Colectivo Luz de Esperanza, busca romper la indiferencia institucional y social, recordando que detrás de la fiesta global permanece una emergencia humanitaria que afecta a miles de hogares en el país.

Las estampas mundialistas que cuentan ausencias

Los colectivos transformaron las fichas de búsqueda en cromos al estilo Panini, con la esperanza de convertir cada imagen en un símbolo de memoria y protesta.

Las estampas muestran a personas desaparecidas con la camiseta de la Selección Mexicana, junto a su nombre, fecha de desaparición y el estado donde fueron vistas por última vez.

• Slogan central de la campaña: “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”
• Difusión masiva: Las estampas han circulado en redes y espacios públicos, invitando a la reflexión.
• Protesta simbólica: El mensaje busca que la atención no se desvíe solo al futbol, sino que también se recuerde a quienes faltan.

Hace unos días se publicó una amplia investigación que llevó tres años en documentar: Esclavos de la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco, que refleja uno de los principales problemas que se vive en todo el país donde secuestran a personas vulnerables, quienes son sometidos a las más crueles prácticas de deshumanización, violación, amenazas a sus familias y la muerte, ya que muchos son asesinados al intentar escapar o exigir el pago que les prometieron.

El reportaje investigado y gestionado por Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff de Quinto Elemento Lab, muestra diversas entrevistas con varias personas que fueron rescatadas o lograron escapar tras años de trabajar en lo más alejado de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

En entrevista con Infobae México, Marcela y Eliezer detallaron ampliamente los motivos del reportaje. En este periodo apenas les daban de comer lo básico para sobrevivir sin pago alguno e incluso los presionaban para consumir drogas y trabajar cerca de 20 horas todos los días. Se aseaban con una barra de jabón para 15 personas dos veces al mes y los castigos si se quejaban eran prácticas de tortura infrahumanas.

A principios de julio de 2019, posteriormente tres personas lograron escapar y dieron pie a un operativo que se hizo una semana después, el 11 de julio de 2019, en el que fueron rescatadas 21 personas cautivas en el mismo sitio. Un desenlace inusual en un país donde la cifra oficial de desapariciones supera las 130 mil personas, el 95 por ciento ocurrido en las últimas dos décadas.

Margarito Guerrero fue llevado con engaños en los años ochenta al rancho El Búfalo en Chihuahua, una plantación de marihuana de más de 500 hectáreas atribuida en el texto a Rafael Caro Quintero, y esa experiencia marcó décadas después la forma en que entendió la desaparición de su hijo Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según Proceso, en ese rancho trabajaban unos 12 mil jornaleros y la operación funcionó durante tres años. El texto describe una división precisa de tareas: siembra, selección de ramas, empaque y vigilancia armada para impedir fugas.

Margarito Guerrero era originario de Omeapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero. Hombres que llegaron a su pueblo le ofrecieron trabajo en la pizca de manzana con buena paga y él abordó un autobús hacia el norte del país.

A mediados de los años ochenta llegó a una planicie del municipio de Allende, cerca del poblado El Búfalo, en Chihuahua. En lugar de manzanos encontró una extensión preparada para cultivar marihuana.

El rancho funcionaba con encierro, castigos y trabajo sin salario

El texto señala que las jornadas empezaban a las 07:00 horas y podían extenderse hasta las 04:00 del día siguiente. Los trabajadores dormían en bodegas y, durante el mes y medio que Margarito estuvo ahí, no recibió pago.

Los “mayordomos”, hombres armados, vigilaban que nadie escapara. Si alguien intentaba salir, era castigado, aunque sí les daban comida.

“Mataban muchas vacas”, recordó Margarito al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El texto indica que contó por primera vez lo vivido después de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga escribe que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y rancherías cercanas eran reclutados para sembrar amapola en el Triángulo Dorado mediante anuncios en camiones de redilas que ofrecían empleo para la “pizca de la manzana”.

Astorga añade en su libro que a esos “pizcadores de droga” se les ofrecían sueldos muy por arriba de los del trabajo agrícola tradicional. La paga era tan alta que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, según cita el texto.

El texto también ubica otros patrones regionales. En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas y los cárteles tomaban pueblos enteros para obligarlos a sembrar la flor, aunque a esos cultivadores sí les pagaban.

En Chihuahua, sobre todo en rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres y niños se alistaban para la temporada de amapola. Eran contratados para rayar el bulbo de la flor y extraer la goma que después se transformaría en heroína, y esa labor también era pagada.

Pobladores de campamentos de reclutados suelen estar coludidos

El reclutamiento forzado del narco se sostiene desde hace décadas sobre redes de trabajo temporal y sobre la dependencia económica de poblados cercanos a los campamentos, explicó Eliezer Budasoff. Esa combinación ayuda a entender por qué las personas secuestradas que intentan escapar suelen ser devueltas o detectadas antes de salir de la zona.

Budasoff dijo a Infobae México que una de las claves de la investigación fue acceder a testimonios que casi nunca se consiguen, porque aunque se conoce la existencia de campamentos de trabajo del narcotráfico, no se sabe con precisión qué ocurre dentro. Según el periodista, esos relatos permitieron profundizar en la facilidad con la que los grupos criminales captan mano de obra.

El narco aprovecha una cultura de trabajo temporal en varias regiones

De acuerdo con Budasoff el reclutamiento se monta sobre una cultura de trabajo temporal que no existe solo en Chihuahua, sino en otros estados del país. Se trata, dijo, de personas que no encuentran otra oportunidad laboral y pasan meses desplazándose entre cosechas, de la pizca de manzana a la nuez y de la nuez al tomate en Sinaloa.

El periodista señaló que en muchos rincones de México opera un código comunitario alrededor de ese tipo de trabajo, y que el narco se aprovecha de esa lógica para quebrarla. Esa estructura, agregó, vuelve más sencillo atraer y someter a quienes ya viven en condiciones de precariedad.

Los poblados cercanos dependen del narco para subsistir

Budasoff afirmó que también hay un factor geográfico: los campamentos se ubican en sitios donde los pequeños poblados cercanos dependen casi por completo del narco para su subsistencia. Según su explicación, esas comunidades proveen materiales y alimentos, lo que refuerza la vigilancia sobre quienes buscan huir.

El periodista detalló que las historias de sobrevivientes muestran dos rutas frecuentes de captura tras un intento de escape. Una ocurre cuando las víctimas se topan con otros campos de trabajo forzado en la zona, vinculados entre sí y asociados a una misma familia; la otra, cuando llegan a la población más cercana y ahí son identificadas.

Budasoff recordó una idea planteada por Marcela Turati en una entrevista para su podcast El hilo: las personas de esas comunidades tampoco tienen muchas opciones. A partir de eso, sostuvo que una de las partes más duras del reportaje es ver cómo todos saben qué sucede en esos lugares y cómo, en los niveles más bajos de la economía criminal, las fronteras entre víctimas y victimarios se diluyen.

¿Por sustitución de amapola y marihuana por drogas sintéticas disminuirá el reclutamiento forzado?

El reclutamiento forzado por parte del narco no disminuiría de forma automática si baja el consumo de drogas sintéticas y sube el de amapola o marihuana, porque las organizaciones criminales ajustan sus negocios para mantener ganancias y recortan costos cuando un mercado deja de ser rentable, según explicaron los periodistas Eliezer y Marcela Turati a partir de su reportaje sobre personas obligadas a trabajar para estos grupos.

El punto de quiebre que describen está en la economía criminal: desde 2016, con la entrada del fentanilo, el precio de la goma de opio cayó en picada y en una década registró una baja de 90%, dijo Eliezer al explicar una tesis del investigador Luis Astorga. Según esa lectura, los grupos no abandonan un negocio aunque pierda valor; buscan que siga dejando dinero a partir de la reducción de costos.

Esa reducción, de acuerdo con Eliezer, incluye esquemas de esclavización y trabajo forzado. La lógica no es sustituir una droga por otra y desactivar la violencia de reclutamiento, sino hacer rendir cualquier actividad ilícita en una coyuntura de mercado adversa.

El abandono estatal aparece como la base del reclutamiento

El reportaje citado por Eliezer y Turati ubica el reclutamiento en territorios donde la ausencia del Estado ya era previa. Según Eliezer, los criminales no captan personas en cualquier sitio, sino en poblaciones “abandonadas por el Estado”, donde la marginación ya había dejado a sus habitantes fuera de la protección institucional.

Para sostener esa afirmación, Eliezer relató que las reporteras pudieron recorrer calles de Vista Cerro Grande y localizar con facilidad tanto a víctimas como a victimarios, incluso dentro de la misma colonia. Según su testimonio, si dos periodistas lograron identificar dónde operan y dónde levantan personas, las autoridades también podrían hacerlo si realmente estuvieran mirando.

Marcela Turati detalló que el perfil de las personas a las que se llevan incluye migrantes, jóvenes sin empleo, jornaleros agrícolas en tránsito y personas con deudas relacionadas con adicciones. También dijo que, en algunos casos, esas adicciones son provocadas por los mismos grupos que después exigen el pago de una deuda y usan esa condición para someter a las víctimas.

La respuesta a la pregunta de si el reclutamiento bajaría con un regreso a mercados como la amapola o la marihuana, según lo expuesto por ambos periodistas, es negativa si persisten las mismas condiciones de explotación, pobreza y omisión oficial. Mientras exista una población disponible por desempleo, deuda, movilidad forzada o abandono institucional, las redes criminales conservarían una fuente de mano de obra coaccionada.

Las organizaciones criminales cambian de negocio, pero no dejan de captar personas

Marcela Turati definió a estos grupos como “empresas criminales” que buscan maximizar ganancias y minimizar costos. Bajo esa lógica, explicó que el reclutamiento forzado no se limita al sicariato, sino que forma parte de una división de tareas más amplia dentro de la estructura del crimen organizado.

Según Turati, cuando necesitan pelear territorios citan a jóvenes en centrales de autobuses y se los llevan por la fuerza. También señaló que otros reportajes han documentado la captación de estudiantes de química para procesos técnicos, mientras que su trabajo se concentró en otra rama: personas forzadas a laborar en condiciones de esclavitud.

Esa descripción apunta a un fenómeno más amplio que la sola producción de una droga. Si una organización se fragmenta, el incentivo para retener rentas y abaratar operaciones puede mantenerse en células más pequeñas, siempre que conserven acceso a víctimas vulnerables y tolerancia de autoridades locales, según lo planteado por Turati al hablar de responsabilidad “por omisión, por complicidad o por participación”.

La periodista añadió que familias de personas desaparecidas de distintas partes del país les han hecho saber que ya habían denunciado que sus hijos estaban siendo obligados a trabajar y que las autoridades no actuaron. Para Turati, ese patrón vuelve el caso una pista concreta sobre dónde podrían estar algunas personas desaparecidas.

Marcela Turati también cuestionó la eficacia de las intervenciones públicas en esas colonias. Dijo que personas encargadas de programas sociales que llegan a esos lugares les habían reconocido que ninguna intervención había funcionado y que muchas medidas eran apenas “cosméticas”, como entregar una despensa o una beca sin ofrecer empleo estable.

Su conclusión fue que el Estado compite con desventaja frente al narco cuando no garantiza trabajo. Según Turati, lo que se necesita es una política laboral capaz de ofrecer ingresos sostenidos, porque el reclutamiento forzado se alimenta de personas que buscaban empleo con urgencia para mantener a su familia o saldar una deuda.

Ceci Flores, madre buscadora, denunció que ha recibido amenazas tras la detención de siete personas relacionadas con la desaparición y asesinato de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, quien fue visto por última vez el 4 de mayo de 2019 en Sonora.

Flores relató que, tras los anuncios de la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre las detenciones, tanto ella como sus hijos comenzaron a recibir amenazas constantes que han provocado que teman por su vida.

“Hemos tenido una persecución terrible. Hemos estado teniéndonos que trasladar de un lugar a otro, escondiéndonos. No sabemos por parte de quién ni sabemos por qué, pero lo más lamentable es que hay autoridades involucradas en ese tipo de amenazas y amedrentaciones”, expresó.

La activista señaló que estas acciones la han obligado a permanecer en movimiento y a vivir con temor por su seguridad y la de sus seres queridos.

“Lamentamos enormemente que tengamos que sufrir las madres y la familia esta persecución por estar haciendo el trabajo que le corresponde a las autoridades”, afirmó, y remarcó que la búsqueda de personas desaparecidas debería ser responsabilidad del Estado, no de las familias.

Exige protección a las autoridades de Sonora y a la presidenta

Ante la situación de peligro, Ceci Flores hizo un llamado directo tanto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que garanticen su seguridad y la de su familia. Asimismo, insistió en que las amenazas y persecuciones no lograrán que detenga su labor.

“Con todas las amenazas, con todas las persecuciones, con las amedrentaciones que me hagan a mí o a mi familia, no nos van a detener en la búsqueda”, aseguró.

Flores subrayó que, pese al miedo, continuará exigiendo justicia para su hijo Marco Antonio y continuará la búsqueda de su otro hijo Alejandro, quien sigue desaparecido.

La madre buscadora fue enfática al señalar que su lucha se mantendrá, a pesar de los riesgos: “Aunque me amenacen, aunque me persigan, aunque me quieran desaparecer o me quieran matar, no me voy a detener”.

Ceci Flores localizó los restos de su hijo en marzo de 2026

Cabe recordar que la madre buscadora localizó los restos de Marco Antonio cuando se realizó un cateo el pasado 24 de marzo de 2026 en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26 en Hermosillo.

En el lugar, halló fragmentos óseos con prendas de vestir, un celular y 11 casquillos de distintos calibres. Las pertenencias las identificó como pertenecientes a las de su hijo Marco Antonio, por lo que anunció su localización a través de redes sociales.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 cuando un comando armado lo interceptó en Bahía de Kino junto a su hermano menor, Jesús Adrián, mientras regresaban del trabajo; sin embargo, el segundo fue liberado días después.

Tras obtener el perfil genético definitivo, las autoridades confirmaron que se trataba del hijo de Ceci Flores. Un mes después, la Fiscalía de Sonora informó la detención de cinco personas relacionadas con la desaparición y asesinato de Marco Antonio, los cuales hasta el momento ya suman siete hombres imputados por su presunta implicación en los hechos.

En su mensaje, Ceci Flores expuso el dolor que implicó para ella el observar a su hijo Marco Antonio al ser velado, y cómo esa imagen transformó su demanda inicial de reencuentro en una exigencia de justicia.

“Antes decía: ‘Yo no quiero justicia, solamente quiero a mi hijo’. Pero cuando miré a mi hijo en una caja, me di cuenta que tenía que haber justicia para que ya no hubiera más repetición, porque nadie merece desaparecer”.

Finalmente, aseguró que continuará en la búsqueda de su segundo hijo Alejandro Guadalupe, quien desapareció el 30 de octubre de 2025 cuando fue privado de la libertad en la carretera de Juan José Ríos en Sinaloa.

“No me voy a detener, no voy a descansar y esto va a ser sin piedad para quienes le arrebataron la vida a mi hijo. Yo no voy a tener la piedad que ellos no tuvieron con mi hijo”, sentenció.

/mexico/2026/06/07/sicarios-del-cjng-en-sinaloa-google-capto-un-reten-armado-en-tepuche-que-refuerza-la-version-de-una-alianza-con-los-chapitos/

/mexico/2026/06/07/pan-lamenta-y-rechaza-que-el-alcalde-de-metepec-irrumpiera-con-escoltas-armados-en-un-club-deportivo/

Detienen en Iguala a hombre señalado de violación equiparada agravada

Un sujeto identificado como Pablo “N” fue detenido en Iguala, Guerrero, luego de que la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en agravio de una víctima de identidad reservada.

De acuerdo con las investigaciones de la FGE Guerrero, los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2026. El imputado presuntamente cometió la conducta delictiva mientras la víctima se encontraba en el interior de una habitación en su domicilio.

El operativo de aprehensión fue ejecutado por personal de la Policía Investigadora Ministerial en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

Una vez detenido, Pablo “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, a efecto de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

La FGE Guerrero reafirmó en un comunicado de prensa que su compromiso de investigar y perseguir los delitos que vulneren la integridad y el libre desarrollo de las personas, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

/mexico/2026/06/06/se-suicida-mando-policial-de-tabasco-presuntamente-vinculado-con-la-muerte-del-joven-rodrigo-isidro-en-un-reten/

/mexico/2026/06/06/sheinbaum-destaca-caso-rocha-moya-y-respaldo-de-amlo-desde-veracruz-quieren-que-la-justicia-no-se-haga-en-mexico-sino-en-otro-pais/

/mexico/2026/06/06/camioneta-abandonada-en-badiraguato-ocultaba-un-arsenal-de-guerra-con-ametralladoras-antiaereas-lanzagranadas-y-un-fusil-barret/

/mexico/2026/06/06/alcalde-de-cuautla-queda-vinculado-a-proceso-cumplira-cuatro-meses-de-investigacion-en-penal-federal-de-sonora/

/mexico/2026/06/06/exigen-captura-de-mando-policial-por-homicidio-de-estudiante-advierten-protesta-en-la-chingada-rancho-de-amlo/

/mexico/2026/06/06/mexico-y-estados-unidos-refuerzan-cooperacion-maritima-para-combatir-el-crimen-organizado/

/mexico/2026/06/06/cae-el-killis-objetivo-prioritario-y-presunto-generador-de-violencia-en-leon-y-silao-fgr-despliega-operativo-simultaneo/

/mexico/2026/06/06/caen-cinco-policias-estatales-de-veracruz-por-desaparicion-forzada-y-presuntos-vinculos-con-el-crimen-organizado/

/mexico/2026/06/06/ronald-johnson-destaca-combate-de-mexico-y-estados-unidos-contra-el-fentanilo-y-los-carteles-continuaremos/

/mexico/2026/06/06/capturan-a-laura-n-por-quinta-vez-armas-y-cientos-de-dosis-tras-cateos-en-cdmx/

/mexico/2026/06/06/incautan-en-hangar-avion-ultraligero-pirata-y-drogas-en-coahuila-perteneceria-a-los-rusos-brazo-armado-de-los-mayos/

/mexico/2026/06/06/exdirector-de-la-dea-urge-a-harfuch-entregar-a-funcionarios-de-sinaloa-ligados-al-crimen-organizado-carteles-de-terror-mexicano/

/mexico/2026/06/05/uno-de-los-lideres-del-cartel-de-sinaloa-y-comandante-de-la-dfs-estaria-detras-del-asesinato-de-paco-stanley-revela-nuevo-documental/

/mexico/2026/06/05/diana-toro-diaz-la-mujer-que-manejo-restaurantes-ranchos-y-escuelas-de-aviacion-para-lavar-dinero-del-cartel-de-sinaloa/

/mexico/2026/06/05/americo-villarreal-gobernador-de-tamaulipas-muestra-publicamente-su-visa-y-niega-nexos-con-el-crimen-organizado/

/mexico/2026/06/05/los-desaparecidos-que-el-narco-esclaviza-en-cuevas-de-chihuahua-si-el-estado-no-los-ve-es-porque-no-esta-mirando/

La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reconoció la deuda pendiente en materia forense ante 320 integrantes de colectivos de búsqueda reunidos en Zacatecas para las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente.

Godoy afirmó que dicha deuda es uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Para atenderla, señaló que se está capacitando a los especialistas y que el año pasado se robusteció el andamiaje jurídico.

La funcionaria subrayó que la búsqueda de personas es una prioridad de la Fiscalía General de la República (FGR) y que debe atenderse de manera integral, en coordinación y escuchando a las víctimas en todo momento.

En las mesas, realizadas el pasado 4 de junio, participaron familias y colectivos de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Godoy Ramos estuvo acompañada del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

La Estrategia Nacional de Búsqueda fue construida con familias

Información compartida por la FGR afirmó que el objetivo del encuentro fue compartir la Estrategia Nacional de Búsqueda, un protocolo elaborado con la colaboración de colectivos y familiares de víctimas, en el que participan de manera coordinada el gobierno federal, los gobiernos estatales y los propios colectivos.

Godoy Ramos señaló que una de las virtudes de esa estrategia es que todas las instituciones se sientan en la mesa a presentar acciones y metas, las cuales son:

• Prevención
• Búsqueda
• Apoyo a los familiares
• Atención a la deuda forense

La fiscal recordó que el año pasado se robusteció el andamiaje jurídico y que se está capacitando a los especialistas en la materia.

Además, en respuesta a las preguntas de las madres buscadoras, reconoció que no basta con esforzarse, sino que es necesario dotar a las fiscalías de presupuesto y hacer uso de la tecnología.

“Lo único que tenemos que hacer es cumplir y rendir cuentas”, afirmó.

Agregó que ninguna institución puede sola y que los funcionarios deben de ser juzgados si no cumplen.

Reestructuración de la FGR: proyecto encabezado por Godoy

La reunión en Zacatecas se produce después de que Godoy Ramos presentara, el 17 de abril, su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el que anunció una reestructuración profunda de la FGR.

El documento marcó el cierre a la llamada burocracia dorada y respondió a rezagos acumulados bajo administraciones anteriores. La presentación tuvo como sede el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la Ciudad de México, ante representantes del gabinete de seguridad, el Senado, la Suprema Corte y organizaciones sociales.

La fiscal asumió el cargo el 27 de noviembre de 2025, tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Desde entonces impulsó una reestructuración de procesos con modificaciones al estatuto orgánico de la institución: eliminó duplicidades, frenó la inercia burocrática y priorizó el trabajo operativo.

“Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era”, afirmó durante el anuncio.

El nuevo modelo de investigación abandona el enfoque reactivo y apuesta por inteligencia, ciencia y análisis estratégico. El plan impulsa la integración de carpetas sólidas, peritajes científicos y atención integral a las víctimas.

En desaparición de personas, el plan contempla la transformación del modelo de investigación, el fortalecimiento del sistema forense y la colaboración con agencias internacionales. La fiscal aseguró que la perspectiva de género es obligatoria en todas las investigaciones, especialmente en feminicidio y desaparición de personas.

También instauró un régimen de tolerancia cero frente a la corrupción y la negligencia.

“A quienes delinquen, a quienes lastiman, a quienes creen que pueden seguir actuando con impunidad, les aseguro que la etapa de la indiferencia terminó”, concluyó al cierre de la presentación.

Colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México realizaron una protesta en las inmediaciones del Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, mientras en el Salón de Armas se llevaba a cabo el evento del Tour del Trofeo, en el que se exhibe la copa mundialista.

Rodeadas por granaderos, un grupo de madres buscadoras y personas solidarias se manifiestan hoy frente a la Utopía Magdalena Mixhuca, durante la muestra oficial del trofeo de la Copa FIFA 2026.

El evento donde se exhibe el trofeo está presidido por la jefa de Gobierno Clara Brugada, Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para el torneo y otros funcionarios.

La manifestación inició la mañana de este viernes con bloqueos sobre Viaducto Río de la Piedad, lo que provocó afectaciones al tránsito vehicular. Más tarde, las participantes cerraron los accesos 6 y 7 del recinto deportivo, donde autoridades del Gobierno de la Ciudad de México encabezaban el evento.

Las madres buscadoras portaron carteles, fotografías, mantas y fichas de búsqueda para solicitar atención de las autoridades y mayor presupuesto para la localización de personas desaparecidas, con énfasis en casos registrados en la alcaldía Tlalpan.

Al frente de la movilización estuvo Vanessa, madre de Ana Amelí, una joven desaparecida el 12 de julio de 2025 en la zona del Ajusco, cuyo paradero permanece desconocido.

Durante la protesta, las participantes colocaron fichas de búsqueda en las vallas perimetrales del deportivo y llevaron un ajolote con una pala como símbolo de la búsqueda que realizan. Las personas que acudían al evento se encontraron con los bloqueos y la movilización. Las manifestantes indicaron que continuarán exigiendo respuestas y acciones para las familias de personas desaparecidas.

La situación se mantuvo bajo la atención de autoridades mientras proseguían las acciones de los colectivos en el lugar.

Las madres buscadoras se manifiestaron junto al Ajolote buscador durante la exhibición del trofeo mundialista en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, para exigir a las autoridades más presupuesto para las búsquedas y la localización de sus familiares.

Las manifestantes mantienen un bloqueo sobre avenida Río de la Piedad, frente a la Utopía Mixhuca, y piden avances en las investigaciones de más de 6 mil personas desaparecidas en CDMX y un total de 133 mil personas desaparecidas en topdo el país.

De acuerdo con lo reportado en el lugar, se concentran entre 25 y 30 manifestantes en la zona donde este viernes está prevista la presentación de la Copa del Mundial 2026, con el objetivo de visibilizar una crisis de desapariciones que, sostienen, sigue sin respuestas efectivas.

Además, resignifican la figura del ajolote para denunciar el problema, luego de que en días recientes el animal se usa como imagen vinculada al evento mundialista.

“¿Cuándo, cuándo vamos a tener los perfiles en las fiscalías de investigación, expertos en macrocriminalidad? ¿Cuándo Clara Brugada va a aceptar que el crimen organizado se está llevando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros padres? ¿Cuándo vamos a aceptar que la Ciudad de México no es una ciudad blindada del crimen? Estamos sumergidos en la peor violencia. Las niñas desaparecen cuando van de sus, de sus escuelas a sus casas. Los chicos desaparecen cuando van a buscar un trabajo. Tienen material para dar a los equipos, pero no para dar herramienta, sí tienen para pintar una ciudad, para maquillar una ciudad que es una ciudad violenta, que es una ciudad donde hay más de seis mil carpetas de desaparecidos y donde no regresan nuestros hijos", dijo en el discurso una de las madres.

Este jueves previo al partido México-Serbia jugaron una cascarita afuera del estadio

Mientras aficionados se reunían a las afueras del Nemesio Díez, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas convirtieron Av. Morelos en una cancha para visibilizar una crisis que mantiene al Estado de México como una de las entidades con más casos sin resolver del país.

Aún no iniciaba el partido en el estadio Nemesio Diez, pero a unos metros de sus accesos ya se disputaba otro.

Entre fichas de búsqueda, mantas con rostros de personas desaparecidas y retratos sostenidos por madres, padres e hijos, un grupo de familias buscadoras improvisó una cancha sobre el asfalto para disputar una cascarita antimundialista en vísperas del encuentro amistoso entre México y Serbia.

Luis Alfonso “N” fue vinculado a proceso este jueves como el séptimo imputado en la investigación por la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Con esta acción judicial, la fiscalía acumuló siete de las ocho órdenes de aprehensión obtenidas en la causa penal y solo resta una por cumplimentar. Sin embargo, autoridades han referido que la persona faltante por llevar ante la justicia cuenta con una ficha de desaparición.

La captura de Luis Alfonso “N” se concretó el pasado 1 de junio en la colonia El Chaparral, en Tijuana, Baja California, mediante un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC) y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC).

Las autoridades lo localizaron en la zona de canalización del Río Tijuana para dar cumplimiento al mandamiento judicial librado en su contra.

La FGJES formuló imputación por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Seis detenidos y una muerte cerraron las primeras siete órdenes

De las ocho órdenes de aprehensión obtenidas desde el pasado 2 de abril de 2026, seis fueron cumplimentadas antes de la captura de Luis Alfonso “N”.

Cinco correspondieron a detenciones: Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”, todos imputados por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

La sexta orden quedó resuelta por la muerte de un sujeto identificado como Alexis “N”. El rancho donde fueron hallados los restos de Marco Antonio, en el kilómetro 46 de la carretera 26 en Hermosillo, pertenecía a un hombre ya fallecido que habría participado en la desaparición, aunque la FGJES no confirmó si se trata de Alexis “N”.

La última orden de aprehensión está relacionada con un hombre que se encuentra desaparecido, según declaraciones del fiscal general de Sonora, Gustavo Salas Chávez. Presuntamente el sujeto fue secuestrado por un grupo delincuencial.

Las investigaciones ministeriales, el trabajo de inteligencia y los análisis periciales permitieron establecer la participación de dos fracciones delictivas en el caso. La fiscalía no ha precisado hasta el momento la identidad ni la filiación de ninguno de los dos grupos.

Los restos de Marco Antonio fueron hallados en un cateo en marzo de 2026

El 24 de marzo de 2026, la FGJES ejecutó un cateo en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, en Hermosillo.

Ahí se localizaron fragmentos óseos en estado avanzado de degradación, junto con 11 casquillos de distintos calibres, un celular y prendas de vestir.

La propia Ceci Flores anunció el hallazgo en redes sociales: “Hoy localicé a mi niño… abrazo tus restos, es lo que me queda”.

Reconoció los restos por la vestimenta: pantalón negro de mezclilla, playera guinda Nike y zapato negro, la misma ropa que Marco Antonio portaba el 4 de mayo de 2019, cuando un comando armado lo interceptó en Bahía de Kino junto a su hermano menor, Jesús Adrián, mientras ambos regresaban del trabajo.

Para obtener el perfil genético definitivo, los peritos aplicaron protocolos de alta complejidad que incluyeron digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación, cuantificación y tres químicas de amplificación distintas.

El 31 de marzo, la FGJES confirmó la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha.

Jesús Adrián fue liberado días después; Marco Antonio nunca regresó

Aquel 4 de mayo de 2019, el comando que interceptó a los hermanos en Bahía de Kino liberó a Jesús Adrián días después.

Marco Antonio permaneció desaparecido casi siete años. Sus restos fueron velados en el domicilio familiar en Valle de Kino y sepultados el 2 de abril de 2026.

Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci y hermana de la víctima, confirmó los resultados a medios de comunicación: “Nos entregaron el resultado. Salió positivo a los restos que encontramos el día 24 de marzo mediante un cateo que hizo la fiscalía”.

Días después del sepelio, Ceci Flores anunció su traslado a Sinaloa para continuar la búsqueda de su otro hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.

Aclaró que el traslado no implicó abandonar el liderazgo del colectivo: “Tenemos que trasladarnos a Sinaloa, seguir la búsqueda de Alejandro y todos nuestros desaparecidos. No voy a abandonar a las madres de Sonora, seguiré al frente de la Organización de Madres Buscadoras de Sonora”.

En abril, la madre buscadora envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán— recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos— para pedirle información sobre el paradero de personas desaparecidas por el Cártel de Sinaloa.

Flores identificó a “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, entre al menos diez personas que habrían trabajado para el exlíder del cártel, como los responsables de la desaparición de Alejandro.

“Sé, de verdad, que eres una persona buena que ayudó a mucha gente, a muchos pobres y que hoy te encuentras privado de tu libertad, y desde allá mándanos una carta”, escribió Ceci Flores.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, desmintió este jueves 4 de junio los reportes que circularon en redes sociales sobre la localización de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio por un comando armado que irrumpió en su domicilio en Nanchital.

La mandataria confirmó que la búsqueda continúa activa y que elementos federales enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum llevan tres días desplegados en la zona sur del estado.

Nahle hizo las declaraciones a la prensa afuera del Palacio Legislativo, donde descartó que Guzmán Ramírez hubiera sido encontrada golpeada en un barranco en Coatzacoalcos.

La gobernadora se negó a revelar líneas de investigación y remitió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que informara en su momento.

“Hay que ser responsables... Dejen que lo diga la Fiscalía”, señaló la mandataria a medios de comunicación.

Nahle calificó de “lamentable” la irrupción del comando en Nanchital

La mañana del 2 de junio, al menos tres hombres encapuchados y armados con armas largas llegaron al domicilio de Guzmán Ramírez en la colonia Primero de Mayo de Nanchital.

Un video reveló la forma en que los hombres golpearon la puerta hasta romper el cristal. En el mismo material se observa como uno de los agresores arrebata el celular que presuntamente sostenía la directora de Pulso Informativo del Sureste.

Los sujetos sometieron a los presentes, los amenazaron con armas y se llevaron a Roxana. El video se viralizó en redes sociales y colocó el caso en la atención nacional.

Este 4 de junio, reporteros preguntaron a la gobernadora de la entidad qué opinaba al respecto del crimen, el cual ocurrió a plena luz del día.

Roció Nahle se limitó a contestar: “Lamentable, eso no debe pasar”.

Ante la posibilidad de que la familia de Roxana se manifestara durante la gira de Sheinbaum al estado, Nahle respondió: “Cada quien es libre de expresar, de solicitar. Para eso hay libertad aquí”.

FGE Veracruz encabeza las investigaciones tras la desaparición de la periodista

La tarde del pasado 2 de junio, horas después del secuestro, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

Asimismo, el gobierno del estado confirmó el despliegue de un operativo de búsqueda encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, con participación de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la FGE Veracruz.

Al corte del 4 de junio, no hay detenidos ni se ha confirmado su paradero.

Artículo 19 exigió a la FGE, al Gobierno del Estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas acciones inmediatas y pidió que el trabajo periodístico de Guzmán Ramírez fuera línea prioritaria de investigación.

La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) activó la Alerta Mujeres Periodistas y solicitó la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Guzmán Ramírez es directora del portal Pulso Informativo del Sureste. En 2017 tuvo que abandonar Veracruz por motivos de seguridad, presuntamente relacionados con el asesinato de su esposo Carlos Fernández Escalante en Nanchital.

“Devuelvan a mi hija”: el padre de Roxana fue golpeado y esposado durante el secuestro

Cuando los hombres armados entraron al domicilio, Fernando Guzmán, padre de Roxana, intentó interponerse.

Los agresores lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron en el suelo.

Perdió el conocimiento. Antes, alcanzó a escuchar a su hija gritar que no le pegaran. Terminó hospitalizado. Su esposa y otro familiar que estaba en el lugar también recibieron golpes.

A dos días del secuestro, sin noticias de Roxana y sin que los captores hubieran exigido rescate, Fernando Guzmán habló ante las cámaras del medio Milenio. En la entrevista, reveló que lograron fotografiar el vehículo en que se llevaron a Roxana: un Nissan Versa blanco con placas S43AKY.

Según Milenio, en el Registro Público Vehicular esa matrícula corresponde a un Hyundai Atos 2001 registrado en Puebla, con última actualización en junio de 2023. Presuntamente fueron sobrepuestas las placas en el auto usado para el crimen.

En un enérgico y desgarrador pronunciamiento emitido este 3 de junio de 2026, familiares de personas desaparecidas y presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo alzaron la voz para denunciar una política sistemática de incomunicación y abandono deliberado.

El comunicado, respaldado por la Alianza Universitaria Nicaragüense, pone como ejemplo el caso de Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido casi tres años hasta su reciente muerte en condiciones que las familias describen como resultado de una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado.

A través de un manifiesto público difundido en redes sociales, los firmantes expresaron que la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino el resultado predecible de un patrón estatal que vulnera de manera flagrante el derecho internacional.

Al igual que ocurrió con el líder misquito, los parientes de múltiples prisioneros señalaron que, desde el momento de sus respectivas detenciones, el Estado nicaragüense ha mantenido un hermetismo absoluto sobre sus paraderos y estados de salud.

Por lo que, la denuncia expone que el temor de los familiares está fuertemente fundamentado en hechos recientes. Durante el año 2025, el régimen de Ortega-Murillo entregó los cuerpos sin vida de los presos políticos Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda a sus allegados, sin ofrecer ningún tipo de explicación médica ni legal sobre las causas de sus muertes.

De acuerdo con el comunicado, en ambos casos las familias fueron forzadas a realizar los sepelios de forma inmediata y bajo una estricta vigilancia policial, lo que impidió la realización de auditorías médicas independientes y sepulturas dignas.

Alerta roja por la vida de cinco prisioneros

La urgencia del comunicado radica en el inminente peligro que corren actualmente otros detenidos, varios de ellos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas graves y carecen de acceso a atención médica especializada. Los familiares individualizaron cinco casos críticos cuyos días en desaparición forzada o cautiverio prolongado representan un riesgo de fatalidad continuo:

• Víctor Boitano Coleman: 65 años de edad y 781 días desaparecido.
• Steadman Fagoth Muller: 72 años de edad y 624 días desaparecido.
• Salvadora Martínez Aburto: 68 años de edad y 290 días desaparecida.
• Carlos Brenes Sanchez: 71 años de edad y 290 días desaparecido.
• Jaime Enrique Navarrete Blandon: Quien, a pesar de no estar desaparecido, enfrenta una situación de extrema gravedad tras ser arrestado un mes después de su liberación en 2019, sumando 8 años de un cruel y prolongado cautiverio bajo régimen de máxima seguridad.

Los denunciantes enfatizaron que mantener a los prisioneros sin comunicación alguna ni evidencias verificables de su estado de salud constituye una violación directa de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas internacionalmente como las Reglas Nelson Mandela. Ante lo que califican como una “violencia institucionalizada”, los familiares exigen respuestas inmediatas.

Por lo que, las demandas centrales dirigidas al régimen de Nicaragua se resumen en tres puntos fundamentales:

1. La liberación inmediata de sus familiares y de los más de 46 presos políticos verificables.
2. Información oficial e inmediata sobre sus paraderos y condiciones de salud.
3. Acceso médico independiente para los reclusos, sugiriendo la intervención de organismos como la Cruz Roja Internacional.

Asimismo, advirtieron que no aceptarán supuestas “pruebas de vida” manipuladas. El pronunciamiento también saca a la luz lo que consideran una profunda hipocresía diplomática por parte de la administración de Ortega-Murillo. Se denuncia que el pasado 26 de mayo, la delegación nicaragüense exigió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el fin de las sanciones internacionales invocando el “Derecho Internacional”.

Para los firmantes, un Estado que perpetra de manera continua la desaparición forzada dentro de sus fronteras carece por completo de autoridad moral. Por este motivo, hicieron un llamado enérgico a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para mantener e intensificar las sanciones económicas y políticas contra el Gobierno de Nicaragua.

La dirigente de Morena respondió al empresario luego de que compartiera mensajes sobre la crisis de desapariciones y una protesta realizada durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, lanzó este domingo una serie de críticas contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de utilizar su influencia mediática para construir percepciones públicas y difundir mensajes de confrontación política.

A través de la red social X, Hernández aseguró que el dueño de Grupo Salinas la bloqueó en la plataforma y afirmó que durante años ha recurrido a descalificaciones personales en lugar de debatir ideas.

Además, sostuvo que el empresario destina recursos a comunicadores, influencers y cuentas automatizadas para influir en la conversación pública.

“Resulta que el traficante de influencias ya me bloqueó”, escribió la dirigente morenista en una publicación en la que también cuestionó el papel del empresario en el debate político nacional.

Publicaciones sobre desaparecidos y críticas al Gobierno

La respuesta de Hernández se produjo después de que Salinas Pliego compartiera un mensaje en el que cuestionó al Gobierno federal por la situación de las personas desaparecidas en México.

En su publicación, el empresario señaló que miles de familias continúan buscando a un ser querido y sostuvo que las autoridades presumen avances mientras persisten problemas relacionados con seguridad y violencia.

El mensaje fue acompañado por una publicación de la organización Mexicanos al Grito de Paz, grupo que este domingo realizó una protesta durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

La protesta durante el evento de Claudia Sheinbaum

Durante la concentración organizada con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de la mandataria federal, integrantes de Mexicanos al Grito de Paz desplegaron una manta desde un edificio cercano al evento.

En el mensaje se realizaron señalamientos contra Sheinbaum y contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Posteriormente, la organización difundió imágenes de la protesta a través de redes sociales, contenido que fue retomado por Salinas Pliego.

Tras ello, Hernández respondió al empresario y afirmó que, si realmente existe preocupación por las familias de personas desaparecidas, podría utilizar sus espacios de comunicación para apoyar su búsqueda en lugar de promover contenidos que, desde su perspectiva, generan desinformación.

Un conflicto que se remonta a 2023

Las diferencias entre Hernández y Salinas Pliego no son nuevas. Desde hace varios años ambos han protagonizado intercambios públicos relacionados con política, medios de comunicación y libertad de expresión.

El episodio más conocido ocurrió en 2023, cuando Hernández, entonces senadora, presentó una denuncia por presunta violencia política en razón de género derivada de publicaciones realizadas por el empresario en redes sociales.

Tras analizar el caso, el Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares para retirar diversos contenidos; sin embargo, la resolución fue posteriormente revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideró que la autoridad electoral no tenía competencia para resolver el asunto en esos términos.

Principales diferencias entre Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego

• Violencia política de género: Hernández acusó al empresario de emitir comentarios denigrantes relacionados con su apariencia física y peso.
• Cumplimiento de medidas cautelares: La morenista ha señalado que ni Salinas Pliego ni la plataforma X retiraron los contenidos señalados tras la intervención de las autoridades electorales.
• Libertad de expresión: El empresario ha defendido sus publicaciones argumentando que forman parte del debate público y del ejercicio de la libertad de expresión.
• Diferencias ideológicas: Hernández ha vinculado las críticas del empresario con posiciones de derecha, mientras que Salinas Pliego mantiene una postura crítica hacia la Cuarta Transformación y sus principales figuras políticas.
• * Señalamientos sobre empresas del Grupo Salinas: En distintos momentos han surgido acusaciones relacionadas con presuntos llamados a boicotear compañías vinculadas al empresario, señalamientos que Hernández ha rechazado.

Diferencias que han marcado la relación entre ambas figuras

Las publicaciones de este domingo se suman a una serie de intercambios públicos que Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego han protagonizado en los últimos años.

A lo largo de ese periodo, ambos han expresado posturas distintas sobre temas relacionados con la política nacional, el papel de los medios de comunicación, las redes sociales y la libertad de expresión.

Aunque la respuesta de Hernández surgió tras las publicaciones difundidas por el empresario sobre la crisis de desapariciones y la protesta realizada durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los antecedentes muestran que las diferencias entre ambos se han mantenido presentes en distintos momentos del debate público.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, publicó este sábado un mensaje en redes sociales en el que llamó a no normalizar problemáticas como las desapariciones, la violencia, la extorsión y la inseguridad que afectan a distintas regiones del país.

A través de su cuenta de X, la mandataria estatal retomó parte de los planteamientos expresados durante el evento “Yo Con Maru”, realizado un día antes en la capital chihuahuense, donde aseguró que existen situaciones que no deben ser aceptadas como parte de la vida cotidiana de las familias mexicanas.

“Hay cosas que no podemos ni debemos normalizar”, escribió Campos. En su mensaje señaló que el dolor de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, las comunidades que viven bajo amenazas del crimen y los jóvenes víctimas de la violencia representan problemáticas que requieren atención y visibilidad.

Maru Campos retoma mensaje sobre seguridad y desapariciones

La gobernadora destacó que la extorsión, el miedo y la impunidad no deben formar parte de la vida diaria de los ciudadanos. Asimismo, sostuvo que la defensa de la paz y la seguridad de las familias trasciende cualquier diferencia política.

“Lo que está en juego no es un tema político, es el derecho de nuestras familias a vivir en paz, en libertad y con dignidad”, expresó en la publicación.

Durante el evento realizado el sábado, Campos también hizo referencia a las madres buscadoras, a las comunidades indígenas afectadas por la violencia y a los jóvenes que, según señaló, enfrentan riesgos derivados de la actividad de grupos delictivos.

Chihuahua enfrenta una crisis de desapariciones

El posicionamiento de la gobernadora ocurre en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta Chihuahua.

De acuerdo con registros oficiales y organizaciones de derechos humanos, la entidad mantiene miles de reportes de personas desaparecidas.

Actualmente, más de 4,800 personas permanecen sin ser localizadas en el estado, mientras que la mayoría de las víctimas corresponden a hombres jóvenes y adultos de entre 20 y 39 años.

Entre las zonas con mayores problemáticas destacan Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y diversas comunidades de la Sierra Tarahumara, donde organizaciones civiles han documentado casos relacionados con desplazamiento forzado, reclutamiento de personas y disputas entre grupos criminales.

Principales desafíos en materia de seguridad

• Desaparición de personas.
• Desplazamiento forzado de comunidades.
• Reclutamiento de jóvenes por grupos delictivos.
• Extorsión y amenazas contra la población.
• Violencia vinculada a disputas territoriales del crimen organizado.

Organizaciones mantienen acompañamiento a familias

Ante la magnitud de la problemática, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos continúan brindando apoyo a familiares de personas desaparecidas.

Entre las labores que realizan se encuentran:

• Acompañamiento jurídico a víctimas.
• Apoyo psicosocial a familiares.
• Participación en jornadas de búsqueda.
• Documentación y seguimiento de casos.
• Monitoreo de políticas públicas relacionadas con desapariciones.

Diversas organizaciones han advertido que la crisis de desapariciones en Chihuahua representa uno de los principales retos en materia de derechos humanos para la entidad.

El mensaje se difundió tras evento partidista

La publicación de Maru Campos se produjo un día después del encuentro “Yo Con Maru”, organizado por militantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua.

Durante ese acto, la gobernadora abordó temas relacionados con la seguridad, las desapariciones y la situación que enfrentan diversas comunidades del país.

Posteriormente, a través de redes sociales, condensó parte de ese mensaje en un llamado para evitar que la violencia, la extorsión y el dolor de las familias afectadas por las desapariciones sean vistos como una realidad normalizada.

“Desde Chihuahua le decimos a México con claridad: nada de esto es normal y no vamos a aceptarlo”, concluyó la mandataria estatal.

Luego de varias horas de rumores sobre su estado de salud, este domingo por la tarde la dictadura de Nicaragua confirmó la muerte del líder indígena miskito y expresidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera Bryan.

La información fue confirmada por el régimen de Daniel Ortega a través de un breve comunicado, en el que detalla que River sufrió un “deterioro físico y neurológico” como consecuencia “de una bacteria generada por el virus COVID 19″.

De esta manera, Rivera se convierte en el séptimo preso político fallecido bajo custodia del Estado nicaragüense desde el inicio de la actual escalada represiva y en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada denunciados por organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.

Según fuentes cercanas citadas por la plataforma Confidencial, la familia busca cumplir la voluntad expresada por Rivera antes de su deterioro físico: ser enterrado en Lidaukra, en Sandy Bay, comunidad de la Costa Caribe Norte donde también descansan los restos de su madre.

Rivero murió apenas cuatro días después de que la dictadura rompiera casi tres años de silencio sobre el paradero y estado de salud del dirigente indígena. El pasado 27 de mayo, el Ministerio de Salud divulgó un comunicado en el que admitió que Rivera se encontraba en condición crítica y sufría “edema cerebral asociado a una lesión neurológica severa”, además de insuficiencia respiratoria y falla renal aguda.

Aquella comunicación fue interpretada por familiares, activistas y organismos internacionales como un intento de deslindar responsabilidades ante un desenlace que parecía inminente.

Las imágenes difundidas posteriormente por los medios oficiales mostraron a Rivera postrado en una cama de hospital, visiblemente demacrado, con un deterioro físico que contrastaba dramáticamente con la figura del dirigente que durante décadas encabezó la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense.

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) reaccionó este domingo condenando la muerte del líder indígena y atribuyéndola directamente a la responsabilidad del régimen.

“Condenamos enérgicamente la muerte en manos de la dictadura del líder histórico de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan. Los responsables que llevaron a la muerte del diputado indígena deberán rendir cuentas penalmente. Los crímenes de lesa humanidad no van a quedar impunes”, afirmó la organización en un pronunciamiento público.

La muerte de Rivera ocurre después de más de 970 días de detención arbitraria, desaparición forzada y aislamiento. Su caso fue denunciado reiteradamente ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos de Naciones Unidas y diversas organizaciones indígenas.

Rivera fue capturado el 29 de septiembre de 2023. De acuerdo con denuncias de sus allegados, agentes vinculados al régimen lograron ubicarlo mediante engaños en Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento desapareció prácticamente del espacio público.

Durante meses las autoridades se negaron a informar dónde estaba recluido, cuáles eran las condiciones de su encarcelamiento o si recibía atención médica. La incertidumbre se prolongó durante más de dos años y medio.

La desaparición de Rivera ocurrió en un contexto de creciente ofensiva contra Yatama, la principal organización política indígena de la Costa Caribe. El partido había denunciado reiteradamente fraudes electorales, invasiones de colonos a territorios indígenas y la erosión de los regímenes de autonomía establecidos en la Constitución nicaragüense.

Su captura también se produjo pocas semanas después de que cuestionara públicamente las elecciones regionales organizadas por el régimen y denunciara nuevas presiones contra comunidades indígenas y afrodescendientes.

Nacido en la Costa Caribe, Rivera fue durante décadas una de las voces políticas más influyentes entre los pueblos miskitos. Su trayectoria estuvo marcada por una compleja relación con el sandinismo. Durante los años ochenta encabezó la resistencia indígena contra el Gobierno revolucionario, denunciando desplazamientos forzados y violaciones a los derechos de las comunidades del Caribe.

Posteriormente participó en procesos de diálogo y reconciliación que condujeron al reconocimiento constitucional de la autonomía regional. Con el paso de los años se convirtió en diputado ante la Asamblea Nacional, aliado del sandinismo, y en uno de los líderes históricos más reconocidos de la Costa Caribe nicaragüense.

Su figura trascendió las fronteras nacionales y fue ampliamente conocida en foros internacionales dedicados a los derechos indígenas.

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo terminó tratando a Rivera como a otros antiguos aliados o interlocutores incómodos: mediante la criminalización, el aislamiento y el encarcelamiento.

Durante los últimos años, familiares y organismos de derechos humanos denunciaron que el dirigente indígena permanecía en condición de desaparición forzada. Las exigencias de pruebas de vida se multiplicaron, especialmente cuando comenzaron a circular versiones sobre el deterioro de su salud.

La exhibición de Rivera esta semana en una cama hospitalaria generó indignación dentro y fuera de Nicaragua. Diversos observadores señalaron que las imágenes parecían destinadas a responder las crecientes denuncias internacionales sobre su desaparición, pero también evidenciaban el grave estado físico al que había llegado tras casi tres años bajo control absoluto del aparato represivo.

La propia hija del dirigente, Tininiska Rivera, declaró este domingo al diario La Prensa que todavía no podía confirmar oficialmente el fallecimiento de su padre porque seguía intentando obtener información directa de familiares y personas cercanas.

La retención del cadáver añade un nuevo elemento a una historia marcada por la arbitrariedad. Organismos de derechos humanos han señalado en otros casos que la negativa estatal a entregar cuerpos, informar adecuadamente a las familias, o realizar funerales controlados constituye una forma adicional de castigo y sufrimiento.

La muerte de Brooklyn Rivera también amplía una lista que incluye al comandante guerrillero Hugo Torres Jiménez, fallecido en prisión en 2022; al general retirado Humberto Ortega Saavedra, muerto bajo custodia en 2024; al opositor Mauricio Alonso Petri; al jurista Carlos Cárdenas Zepeda; al abogado Santos Flores y al nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, asesinado en la cárcel La Modelo en 2019.

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes UAEM el 24 de mayo mantiene en búsqueda a su familia, a la comunidad universitaria de Morelos y a las autoridades, después de que la estudiante de 15 años salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. El caso abrió una investigación formal y detonó movilizaciones estudiantiles porque la menor forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

A varios días de los hechos, la familia mantiene una búsqueda propia en la colonia Álvaro Leonel, en el municipio de Yautepec, mientras las autoridades ya difundieron una ficha de búsqueda con los datos de identificación de la adolescente. La exigencia central de sus allegados es que la Fiscalía de Morelos agilice las indagatorias para establecer qué ocurrió y reconstruir sus últimos movimientos.

La última vez que Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista, salió de su vivienda alrededor de las 12:50 horas para comprar material escolar. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y comenzó la localización por parte de sus familiares.

Kimberly Calderón Montero, hermana de la adolescente, informó que el último contacto con Michelle ocurrió el mismo día de la desaparición, cuando salió a comprar una cartulina para hacer una tarea. Después de eso, dijo, ya no volvieron a saber de ella.

La familia y la UAEM mantienen seguimiento del caso

La desaparición fue denunciada ante las autoridades correspondientes, que iniciaron una investigación para tratar de establecer qué pasó con la estudiante. Las diligencias buscan reconstruir sus desplazamientos antes de que se perdiera el contacto.

Uno de los datos que más inquieta a la familia es que, según lo dicho por su hermana, Michelle no tenía experiencia usando transporte público. Ese elemento es considerado relevante dentro de las investigaciones, aunque hasta ahora no se ha informado de manera pública sobre indicios concluyentes de su paradero.

La UAEM confirmó que mantiene contacto permanente con la familia y con las instancias encargadas del caso. En un comunicado institucional, la universidad expresó solidaridad con los familiares y aseguró que da seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

La institución también indicó que continuará acompañando a la comunidad universitaria mientras avanzan las diligencias. Ese respaldo adquirió una dimensión adicional porque la madre de Michelle, Yéssica Calderón Segura, es académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la propia universidad.

Las protestas se extendieron en Cuernavaca y Yautepec

La desaparición de la estudiante provocó muestras de apoyo de alumnos, docentes y trabajadores universitarios, que han difundido la ficha de búsqueda y participado en actividades para mantener visible el caso. La presión pública creció ante la falta de información sobre su ubicación.

La secretaria general de la universidad, María Delia Adame Arcos, reiteró la postura institucional de respeto al desarrollo de las investigaciones y señaló que la universidad seguirá colaborando dentro del ámbito que le corresponde. La línea oficial ha sido acompañar a la familia y respaldar los esfuerzos dirigidos a localizar a la menor.

Estudiantes de la universidad realizaron movilizaciones para exigir avances en la búsqueda. Las protestas y recorridos se llevaron a cabo en Cuernavaca y Yautepec, con participación de compañeros de la adolescente, familiares y ciudadanos.

El caso sacudió a la comunidad universitaria no solo por la edad de la menor, 15 años, sino por su vínculo directo con el sistema educativo de la universidad y con una docente de la misma institución. Esa combinación convirtió la desaparición en un asunto de alta visibilidad dentro del entorno académico de Morelos.

La solicitud de apoyo ciudadano sigue vigente para aportar cualquier información que pueda ayudar a su localización. Hasta el momento, la búsqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón continúa sin que se haya informado públicamente de un resultado concluyente.

• Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de 15 años, desapareció el 24 de mayo de 2026 tras salir de su casa en Yautepec para comprar una cartulina.
• La Fiscalía de Morelos abrió una investigación, emitió una ficha de búsqueda y la familia realiza recorridos propios en la colonia Álvaro Leonel.
• La UAEM mantiene contacto con la familia, mientras estudiantes y ciudadanos se movilizan en Cuernavaca y Yautepec para exigir avances.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió esta semana a confirmar, sin admitirlo, una de las prácticas más denunciadas por los organismos de derechos humanos: la desaparición forzada de presos políticos.

Primero mostró a Angélica Patricia Chavarría Altamirano leyendo un texto preparado en el que agradecía el supuesto “trato digno” recibido en prisión. Días después divulgó un comunicado médico sobre el dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, desaparecido desde septiembre de 2023 y ahora presentado en estado crítico, conectado a ventilación mecánica y con falla multiorgánica.

La paradoja es que ni Chavarría ni Rivera tienen una causa judicial abierta que explique por qué el régimen los mantiene presos y desaparecidos desde hace más de dos años.

Las dos apariciones ocurrieron después de años de presión pública de familiares, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. También llegaron en medio de crecientes denuncias sobre la existencia de presos políticos desaparecidos dentro del sistema penitenciario nicaragüense y el temor de que más detenidos mueran bajo custodia estatal. Desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en cárceles o bajo control del régimen.

“Brooklyn Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023, siendo diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Desde ese momento fue denunciada por su familia y por el movimiento nacional e internacional de defensores de derechos humanos su desaparición forzada”, dijo Gonzalo Carrión, abogado y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. “Nunca informó el Estado de Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo, ni sus mecanismos del Ministerio del Interior, sistema penitenciario o Policía, sobre su paradero, dónde lo tenían ni en qué condiciones se encontraba”.

La desaparición forzada se ha convertido en uno de los instrumentos más extremos de represión política en Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos consideran “desaparecida” a toda persona detenida cuyo paradero es ocultado por el Estado, sin acceso a familiares, abogados ni información oficial sobre su condición física o situación judicial.

Un estudio presentado en agosto de 2025 por la Unidad de Defensa Jurídica y otras organizaciones señaló que 33 de los 73 presos políticos de entonces estaban en condición de desaparición forzada. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, todavía en marzo de 2026 existían 11 personas desaparecidas bajo custodia estatal.

Carrión sostiene que el número real es mayor. “Estamos hablando de una decena de personas desaparecidas. Y te digo, son más, porque nosotros estamos documentando personas desaparecidas cuyos familiares las mantenían en el anonimato por miedo, por terror, incluso esperando que un día se dignaran a sacarlos”.

Caso Brooklyn Rivera

El caso de Brooklyn Rivera se convirtió esta semana en símbolo de la crueldad a la que son sometidos los presos políticos. Rivera, de 73 años, líder histórico miskito y diputado indígena, fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 después de denunciar en foros internacionales la invasión de colonos en territorios indígenas del Caribe Norte. Durante casi tres años el régimen no confirmó siquiera si seguía vivo.

El 27 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud divulgaron un informe conjunto asegurando que Rivera padece neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar, derrame pleural bilateral y cirrosis hepática con falla multiorgánica.

“Las imágenes hablan por sí solas. Evidencian la comisión de crímenes de Estado y de crímenes de lesa humanidad, porque estaba en condición de desaparecido”, afirmó Carrión. “Y al mostrar hoy esas imágenes, lo que existe es la confesión de este crimen de lesa humanidad”.

Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena, rechazó el comunicado oficial y denunció que el régimen intenta manipular la situación de su padre, al presentarlo como esmeradamente cuidado por médicos y al inventar visitas familiares regulares que no existieron. “Nunca nos dejaron verlo”, reclama la hija.

Incluso Rosario Murillo, copresidenta y esposa de Daniel Ortega, se ha referido durante dos días consecutivos a Brooklyn Rivera como “hermano” y ha detallado las supuestas atenciones médicas que recibe, sin explicar por qué permanece preso ni ordenar su liberación para que pueda recibir atención médica independiente.

“Vamos a seguir pidiéndole a Dios por la recuperación de su salud, para que ese corazón vibrante de Brooklyn Rivera siga latiendo en amor a Nicaragua”, dijo Murillo este jueves en su alocución en cadena de medios oficialistas.

Gonzalo Carrión considera que la aparición del líder miskito tuvo un efecto contrario al buscado por la propaganda oficial. “Brooklyn entró caminando y lo sacan casi cadáver. ¿Qué van a agradecer? ¿Cómo vas a agradecer una desaparición forzada?”.

Caso Angélica Chavarría

Cinco días antes de la exposición pública de Rivera, el régimen ya había mostrado a Angélica Chavarría Altamirano, detenida desde mayo de 2024 y desaparecida durante dos años. El Ministerio del Interior difundió un video donde Chavarría aparecía leyendo un texto en el que afirmaba recibir atención médica, alimentación y trato digno.

Carrión rechaza la autenticidad de esa declaración. “En el caso de Angélica Chavarría, la exhiben obligándola a leer lo que dice ahí. La obligan a decir que la tratan bien, que recibe atención, todo eso. Pero nosotros lo sabemos de primera mano: ella no estaba hablando libremente. Su rostro y su forma de decirlo no eran los de una persona libre”.

Chavarría fue detenida durante el operativo contra su pareja sentimental, Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador y exjefe del Ejército, el 19 de mayo de 2024, el mismo día que este concediera una entrevista a Infobae criticando la ausencia de sucesión democrática en Nicaragua. Cinco meses después, Humberto Ortega murió bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario.

“Angélica era la mujer que más tiempo llevaba desaparecida”, recordó Carrión. “Y su caso demuestra algo importante: preguntar por ellas, hablar públicamente, insistir aun en medio del miedo, tiene un papel vital”.

Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco, recordó en una conferencia este jueves, el valor que tiene la denuncia pública para obligar a la dictadura a presentar pruebas de vida de los desaparecidos.

Nueve desaparecidos

Después de las recientes exposiciones públicas, el Colectivo Nicaragua Nunca Más sostiene que todavía existen al menos nueve personas desaparecidas bajo custodia estatal.

Entre ellas figura Steadman Fagoth Müller, de 72 años, histórico líder indígena miskito y antiguo asesor presidencial de Ortega. Fue detenido el 14 de septiembre de 2024, un día después de denunciar invasiones de tierras indígenas en el Caribe Norte. El Ejército aseguró que planeaba “actividades al margen de la ley”, pero organismos internacionales consideran fabricadas esas acusaciones. La CIDH advirtió que sufre diabetes y necesita insulina diaria. Desde su captura, su familia no ha recibido pruebas de vida.

También permanecen desaparecidos el coronel retirado Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 71 años, y su esposa Salvadora del Socorro Martínez Aburto, detenidos juntos el 14 de agosto de 2025. El régimen nunca reconoció oficialmente su arresto ni ha presentado cargos públicos contra ellos.

Víctor Boitano Coleman, exmilitar de 55 años, desapareció el 23 de abril de 2024 después de tramitar la renovación de su pasaporte. Había regresado a Nicaragua tras varios años residiendo en Italia. Su familia permanece exiliada y sin información sobre él.

Eddie Moisés González Valdivia, militar retirado y exguerrillero sandinista, fue detenido violentamente en Estelí el 14 de julio de 2024 tras publicar mensajes denunciando intentos de allanamiento policial. Desde entonces permanece desaparecido.

Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue entregado por el gobierno de Costa Rica al régimen de Nicaragua en febrero de 2024 y fue visto por última vez el 19 de ese mes con grilletes y uniforme de presidiario. Desde entonces no se sabe de él, y personas cercanas a él aseguran que se encuentra aislado y sufriendo torturas..

La lista incluye además a Santos Ariel Rodríguez, de 46 años, también desaparecido sin información oficial sobre su situación jurídica o lugar de detención.

A ellos se sumaron esta semana Ricardo Mendoza Irigoyen y Larry Javier Martínez Romero. Sus familias decidieron romper el silencio después de observar que las denuncias internacionales obligaron al régimen a presentar pruebas de vida de otros presos.

“Hay una persona que cumple dos años desaparecida la próxima semana y no se había hablado de ella. La familia decidió que sí, que ya era momento. Y hay otra que está desaparecida desde enero y hasta ahora la familia decidió hablar”, explicó Carrión.

Los 90 días de investigación

Según el abogado, el régimen creó mecanismos pseudo legales para justificar desapariciones prolongadas. “Cuando detienen y desaparecen a alguien, manejan el cuento de que tienen 90 días para investigarte. Y que en esos 90 días tienen facultades para que un familiar ni siquiera tenga derecho a preguntar”.

En febrero de 2021, la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega amplió hasta a 90 días el plazo que el Código Penal daba a la Fiscalía y la Policía para presentar a un detenido ante una autoridad judicial. Hasta entonces, la ley obligaba a hacerlo en un máximo de 48 horas o, de lo contrario, ordenar su liberación.

Carrión considera que con esta reforma el Estado terminó institucionalizando la desaparición forzada. “Legalizaron la desaparición desde el primer inicio. Bueno, ‘legalizaron’ entre comillas, ¿verdad? Porque no hay manera de legalizar el abuso de poder ni la violación de derechos humanos”.

El abogado señala que incluso esa norma ya arbitraria no faculta a la Policía a mantener a alguien desparecido ni por 90 días, mucho menos por años como sucede en varios casos. “Investigar no significa que no se informe sobre el detenido”, dice.

Presos políticos muertos

La reciente aparición de Brooklyn Rivera en condición agónica disparó el miedo entre las familias de desaparecidos. Existen antecedentes concretos. Al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2019.

El primero fue Eddy Antonio Montes Praslin, abogado nicaragüense-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo, en Tipitapa. Un custodio penitenciario le disparó durante un operativo represivo contra presos políticos. Tenía 57 años y era conocido como “El Pastor”. Su hija responsabilizó públicamente al régimen: “Culpo al Gobierno por la muerte de mi papá, culpo al presidente porque él controla todo lo que pasa en ese país”.

Luego murió el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, detenido desde 2013 después de denunciar abusos sexuales contra su hermana atribuidos a Daniel Ortega. Falleció en noviembre de 2021 dentro de La Modelo en circunstancias nunca esclarecidas. La CIDH llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 de febrero de 2022 murió Hugo Torres Jiménez, general de brigada en retiro y uno de los guerrilleros que participó en el operativo de 1974 que liberó a Daniel Ortega de las cárceles somocistas. Pasó meses desaparecido parcialmente dentro del sistema penitenciario y cuatro meses hospitalizado bajo custodia. Un familiar resumió el estado en que fue entregado: “A mí me entregaron un montoncito de huesos”.

El 30 de septiembre de 2024 falleció Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente y exjefe del Ejército, después de permanecer más de tres meses bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario. Daniel Ortega nunca se pronunció públicamente sobre la muerte de su hermano.

Mauricio Alonso Petri murió el 25 de agosto de 2025, 38 días después de haber sido detenido junto a su familia en Jinotepe. El régimen entregó el cadáver en un ataúd sellado y ordenó un entierro exprés custodiado por policías. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró entonces estar “horrorizado por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”.

Pocos días después, el 29 de agosto de 2025, el régimen entregó muerto al abogado Carlos Cárdenas Zepeda, secuestrado quince días antes en Managua. La dictadura nunca informó la causa de su muerte.

“Cuando uno mira todo esto —los desaparecidos, las pruebas de vida, los muertos— estamos hablando de un crimen de lesa humanidad”, afirmó Carrión. “Entonces, cuando los exhiben, como exhibieron a Brooklyn o a Angélica, lo que hacen es confirmar que han estado cometiendo desaparición forzada, tortura y toda la crueldad que eso implica”.

Pruebas de vida

Desde 2023 el régimen ha recurrido al menos en una decena de veces a las llamadas pruebas de vida. Lo hizo con el obispo Rolando Álvarez después de presiones del papa Francisco y organismos internacionales. Lo volvió a hacer meses después mediante fotografías y videos. Repitió el patrón ahora con Brooklyn Rivera y Angélica Chavarría. En todos los casos, las exhibiciones ocurrieron después de fuertes campañas de denuncia pública.

“Lo de ayer fue una obra de la infamia”, dijo Carrión sobre la aparición pública de Rivera. “Además de la confesión de un crimen de lesa humanidad, donde participan todos los que tienen conocimiento: quienes firman el comunicado, el Ministerio del Interior, Salud, quienes lo tienen privado de libertad".

La propia colectiva sostiene que en Chiapas podría haber más de 3 mil personas desaparecidas, aunque las cifras oficiales se mueven entre 1,800 y 1,900 casos. Según las buscadoras, muchas familias no denuncian por miedo.

En Berriozábal, las madres llegaron a la cima de la montaña de la reserva Villa de Allende y encontraron osamentas humanas quemadas con al menos un año de antigüedad, esparcidas sobre tierra negra. De acuerdo con el texto fuente, hace un mes ocurrió un incendio que consumió una parte mínima de los árboles de esa Área Natural Protegida y, después del fuego, quedaron visibles un cráneo sin mandíbula, una cadera y lo que parecen fragmentos de columna.

Ese punto ya tenía antecedentes. Según el texto fuente, hace siete años pobladores reportaron en la zona una fosa clandestina con un cadáver.

El rancho El Cedro concentró el hallazgo más amplio para la colectiva

El caso que la colectiva considera el más grande desde que comenzó sus jornadas hace tres meses ocurrió en el rancho El Cedro, en la localidad de Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. Ahí realizaron excavaciones durante cuatro días consecutivos y localizaron restos humanos calcinados, fragmentos óseos dispersos y casi dos cubetas llenas de casquillos percutidos.

Las labores comenzaron el pasado 18 de mayo, luego de varias llamadas anónimas que señalaban que dentro del predio había cuerpos enterrados. Isabel Torres, integrante de Madres Buscadoras de Chiapas, explicó que llegan a esos lugares por mensajes a sus redes, coordenadas o puntos exactos enviados de forma anónima.

Yoslin Chavarría, hija de Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido desde el 8 de mayo de 2023, dijo que fueron “cuatro días de búsqueda, de excavación, de sufrimiento emocional y desgaste físico”. También detalló que, conforme avanzaron, encontraron capas de diésel, gasolina, petróleo, cal, carbón y leña.

Las excavaciones alcanzaron entre tres y cuatro metros de profundidad. Según Chavarría, en algunas zonas la tierra estaba compacta y en otras removida y blanda, y pese a que les decían que no encontrarían nada, siguieron excavando hasta ubicar fragmentos muy pequeños.

Torres afirmó que en el predio recogieron “casi dos cubetas de casquillos”, por lo que el sitio era visto por la colectiva no solo como un campo de exterminio, sino también como un posible campo de reclutamiento. Esa valoración corresponde a las madres buscadoras.

La FGE dice que los restos siguen bajo análisis genético

La FGE informó que la semana pasada un grupo interdisciplinario y colectivas de madres buscadoras estuvieron en el rancho El Cedro, en Pujiltic, donde se encontraron diversos restos óseos que están bajo análisis genético para determinar si son humanos. De acuerdo con la fiscalía estatal, los resultados se esperan en un lapso de 2 a 3 semanas.

La FGE también señaló que es la tercera vez que se visita ese predio con la brigada. Según la dependencia, hubo acciones de búsqueda el 26 de noviembre de 2025, cuando se encontraron indicios balísticos, y posteriormente el 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la propia fiscalía, en esas brigadas participan la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Protección Civil y áreas municipales.

La colectiva, por su parte, asegura que en visitas anteriores las búsquedas fueron superficiales por falta de herramientas. Durante dos días excavaron solo con picos, palas y machetes. Fue hasta el tercer día cuando la Comisión de Búsqueda llevó una retroexcavadora pequeña que no removió suficiente tierra, y el cuarto día consiguieron otra máquina mediante gestiones de la Secretaría General de Gobierno y Mediación.

Yoslin Chavarría dijo que sin esa maquinaria habría sido imposible continuar, porque el predio requería excavación profunda. Una antropóloga enviada por la Fiscalía comenzó a revisar los restos durante los trabajos y, según Isabel Torres, les dijo que algunos pedazos de cráneo corresponderían a tres personas distintas.

Los fragmentos localizados fueron entregados a servicios forenses para análisis y confronta genética. La colectiva pidió a las familias con personas desaparecidas en la región que acudan ante la Fiscalía para aportar muestras de ADN.

Las madres describen búsquedas marcadas por desgaste y trámites

Durante los últimos tres meses, Madres Buscadoras de Chiapas ha recorrido municipios, atendido llamadas anónimas y excavado terrenos señalados como posibles fosas clandestinas. Isabel Torres dijo que cada salida mezcla esperanza y miedo, porque salen a buscar con vida a sus familiares y regresan solo con restos.

Torres expresó: “Podrían ser cerca de 100 cuerpos pero las autoridades tienen que investigar. Nosotras salimos con la esperanza de buscar y no encontrar porque los queremos con vida y, desgraciadamente, regresamos solamente con restos”. En otra declaración, añadió: “Hay muchas fosas acá en Chiapas”.

La buscadora también afirmó que suelen acudir por su cuenta y con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, porque la Fiscalía les pide ingresar un oficio para acompañarlas y eso representa un trámite largo. Según Torres, en el caso reciente acudieron por un mensaje anónimo recibido en sus redes.

La última vez que la colectiva encontró osamentas antes del caso de Pujiltic fue en enero de 2025, en la comunidad San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. Según el texto fuente, esos restos siguen sin ser identificados.

Las madres sostienen que todavía faltan numerosos municipios por recorrer, incluidas zonas de Berriozábal, donde habitantes han reportado posibles sitios relacionados con desapariciones. El texto fuente añade que ese municipio, gobernado por el alcalde morenista Jorge Acero, ocupa el lugar 11 con más personas desaparecidas en Chiapas.

Torres reconoció el efecto emocional de estas jornadas: “Sí nos quebramos al estar sacando esos restos”. También dijo: “Probablemente los huesitos que estemos limpiando sean de nuestros familiares”.

El texto fuente también refiere que un grupo armado entró el 8 de febrero de 2024 a una comunidad de Chiapa de Corzo, atacó a pobladores, los sacó por la fuerza de sus casas y desapareció a varios hombres que intentaron defender a sus familias. Según esa versión, los hombres armados usaban trajes tácticos.

Además, una madre buscadora identificada como Diana Orantes denunció públicamente en redes sociales que el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas habría dado trámite a un beneficio para la persona que, según su dicho, intentó matarla a ella y a sus hijos hace siete años. En su mensaje responsabilizó al Tribunal y a los magistrados en turno de cualquier afectación a su integridad física y emocional si esa persona quedara en libertad.

Una mujer de 32 años que fue reportada como secuestrada en el municipio de Atempan, Puebla, confesó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que ella misma había planeado su desaparición. Las autoridades la localizaron sana y salva en el municipio de San Juan Acateno, un día después de que sus familiares presentaran la denuncia y se activara un operativo de búsqueda en la región.

Tras ser encontrada, Margarita “N” fue trasladada a las instalaciones de la FGE, donde se reunió con sus familiares.

Autoridades revelaron que la falsa víctima y sus parientes recibieron orientación sobre el alcance legal de los hechos y las consecuencias jurídicas que podían derivarse de haber simulado un delito.

Margarita “N” salió de casa y no regresó

El 24 de mayo de 2026, Margarita “N” salió de su domicilio ubicado en la localidad de Maloapan con dirección a la cabecera municipal de Atempan con motivo del traslado era realizar compras.

Al no regresar en el tiempo esperado, sus familiares iniciaron su búsqueda de manera directa, sin obtener resultados.

Ante la ausencia prolongada y sin rastro de la mujer, los familiares mantuvieron la búsqueda durante el resto del día. Fue durante la madrugada del 25 de mayo cuando recibieron mensajes en los que se afirmaba que Margarita “N” se encontraba retenida.

En esos mensajes se exigía dinero a cambio de su liberación. Ante esa circunstancia, los familiares solicitaron el apoyo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, que de inmediato activó las labores de búsqueda.

Los agentes investigadores rastrearon parques, hoteles y distintas comunidades de la región serrana de Puebla.

El operativo concluyó cuando localizaron a la mujer en el municipio de San Juan Acateno, en buenas condiciones físicas.

En la entrevista ministerial, la mujer admitió que los hechos fueron planeados por ella

Una vez localizada, Margarita “N” fue trasladada a las instalaciones de la FGE para ser sometida a una entrevista ministerial. Fue en ese momento cuando manifestó que no estuvo privada de la libertad en ningún momento y que los hechos habían sido organizados por ella misma.

La confesión descartó la hipótesis del secuestro que había motivado el operativo. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades y posteriormente se reunió con sus familiares dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

En ese encuentro, las autoridades les explicaron a ambas partes el alcance legal de la simulación de un delito. Les informaron también sobre las posibles consecuencias jurídicas que podían enfrentar como resultado de los hechos denunciados, las cuales no fueron reveladas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que mantiene atención permanente a reportes relacionados con posibles hechos delictivos, con prioridad en la búsqueda y localización inmediata de personas reportadas como desaparecidas o privadas de la libertad.

Las hermanas Génesis y Suri Saraí Rubio Contreras desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo de 2026, por lo que las autoridades del estado activaron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

Las adolescentes Génesis Rubio Suri Actopan Alerta AMBER son buscadas en Hidalgo desde este 22 de mayo de 2026, luego de que las autoridades estatales activaran el mecanismo de localización para ampliar la difusión de sus datos y acelerar su búsqueda entre la población.

La ficha de búsqueda indica que las dos hermanas desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el mismo día. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo pidió a la ciudadanía comunicarse al 800 008 5400 si cuenta con información que ayude a ubicarlas.

Génesis Rubio Contreras tiene 15 años y mide 1.52 metros. Su ficha la describe con cabello largo, lacio y negro, además de ojos café oscuro.

Suri Saraí Rubio Contreras tiene 13 años y también mide 1.52 metros. En su caso, la descripción física refiere cabello largo, lacio y castaño oscuro, así como ojos café oscuro.

El dato central del caso es que ambas menores desaparecieron en el mismo municipio y en la misma fecha, por lo que la activación de la Alerta AMBER busca multiplicar el alcance de su búsqueda en el menor tiempo posible.

La Alerta AMBER difunde de forma masiva los datos del menor desaparecido

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia dirigido a los casos más graves de desaparición o secuestro de personas menores de edad. Su objetivo es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes y encontrarlos sanos y salvos.

El sistema opera con la difusión masiva de la información disponible sobre la persona desaparecida. Esa información puede circular por radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con capacidad para recibir datos.

La lógica del mecanismo consiste en ampliar de inmediato el número de personas que conocen la desaparición, los rasgos físicos del menor y los datos útiles para reportar cualquier pista. Esa difusión permite que la búsqueda no quede limitada a una sola autoridad o a un círculo reducido de familiares.

En el caso de las hermanas Rubio Contreras, la activación del protocolo coloca sus nombres, edades, estaturas y características físicas dentro de esa red de difusión. Con ello, cualquier persona que las haya visto o tenga información sobre su ubicación puede aportar datos a las autoridades.

Actualmente, la Alerta AMBER funciona en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos. Ese alcance refuerza la cooperación en la búsqueda de menores desaparecidos cuando existe la necesidad de compartir información más allá de un solo territorio.

El proceso de activación inicia con una llamada y una denuncia ante el Ministerio Público

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER se debe realizar una llamada al número nacional 800 008 5400, disponible las 24 horas del día durante todo el año. Ese canal permite iniciar el procedimiento de atención ante una desaparición de una persona menor de edad.

Además de la llamada, los familiares deben acudir al Ministerio Público que corresponda en su localidad. El propósito es agilizar el proceso y formalizar la intervención de la autoridad encargada de la investigación.

Una vez que se confirma que no existe información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata. A partir de ese momento comienza la difusión masiva de la ficha de búsqueda por los canales habilitados para este mecanismo.

Para las autoridades, esa rapidez es parte central del funcionamiento de la Alerta AMBER, porque el sistema está diseñado para responder en las primeras horas de una desaparición. La intención es aumentar las posibilidades de localización mediante la participación social y la circulación amplia de los datos de identificación.

En Hidalgo, la solicitud pública en este caso es que cualquier dato sobre Génesis Rubio Contreras y Suri Saraí Rubio Contreras sea comunicado al teléfono de atención señalado por la procuraduría estatal. El reporte puede ser útil para precisar su ubicación o aportar elementos sobre su recorrido y último punto conocido.

• Las hermanas Génesis Rubio Contreras, de 15 años, y Suri Saraí Rubio Contreras, de 13, desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo de 2026.
• La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo activó la Alerta AMBER y pidió reportar información al 800 008 5400.
• La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda inmediata para menores de edad y opera con difusión masiva en al menos 27 países.

Lizbeth Cruz González desaparece desde el 3 de mayo de 2026 tras salir de Veracruz rumbo a Monterrey por una supuesta oferta de trabajo, un caso que ya investigan fiscalías y que su familia relaciona con una posible trampa durante el trayecto, luego de que el último contacto incluyó un aviso de que estaba “a 20 minutos de llegar” y después su teléfono dejó de funcionar.

La búsqueda ya se extendió a CDMX, donde la Fiscalía General de Justicia emitió el boletín AF/744/2026 con sus señas físicas y la ropa que llevaba. La familia también pide que se revisen cámaras de la terminal de autobuses para reconstruir el recorrido que siguió desde Veracruz hasta la capital del país.

Lizbeth tiene 36 años y es originaria de Jáltipan, Veracruz. Su familia informó que salió de esa zona con destino a Monterrey para acudir a una entrevista de trabajo, pero el último rastro físico quedó en la terminal ADO de Acayucan, en Veracruz, la noche del domingo 3 de mayo de 2026.

El último contacto ocurrió tras su paso por la Ciudad de México

De acuerdo con el testimonio de su madre Julia González Prieto, Lizbeth había regresado recientemente de Ciudad Acuña para visitar a su familia y pasar algunos días con ellos. En ese periodo recibió una llamada relacionada con un empleo y decidió viajar de inmediato.

La familia señaló que abordó un autobús con dirección a la Ciudad de México para después continuar hacia Monterrey. Un día más tarde logró comunicarse y avisó que ya había llegado a la capital del país y que tomaría otro transporte rumbo al norte.

Su madre reprodujo el último mensaje que recibió de ella: “Mamá, ya llegué a México y en 20 minutos te llamo”. Esa llamada ya no ocurrió y, según sus familiares, después de ese momento el teléfono dejó de funcionar y hasta su cuenta de WhatsApp desapareció.

Julia González Prieto expresó su desesperación por no saber dónde está su hija. En su mensaje público escribió: “Mi hija está desaparecida y estoy desesperada por no saber de ella. Hija, flaquita, te extraño. Se han llevado una parte de mí, sin ti siento que no puedo seguir, todos los días le pido a Dios que te regrese a mí sana y salva, no hay día que no vaya a la iglesia y rece por ti. Tengo fe, tengo esperanza y siempre estaré esperando por ti. Te ama tu mamá”.

La madre también contó que desde el inicio sintió temor por el viaje repentino. Según su relato, Lizbeth le dijo que iba a trabajar para mandarle dinero, pero ella le pidió que no se fuera porque presentía que algo malo podía pasar.

La familia sospecha un engaño por la oferta de trabajo

La principal línea de sospecha de sus familiares es que la supuesta vacante habría sido un engaño. Julia González Prieto dijo que cree que alguien pudo haberla estado esperando durante el transbordo en la Ciudad de México.

En palabras de la madre: “Yo siento que ahí alguien ya la estaba esperando”. La desaparición también mantiene en incertidumbre a sus tres hijas, de 18, 6 y 3 años, que siguen sin noticias de su madre.

Una semana después de la desaparición, la familia recibió un mensaje que supuestamente habría sido enviado por Lizbeth donde decía que no la buscaran. Sus familiares sostienen que no creen que ella lo haya escrito porque el texto pedía que dejararan de buscarla e incluía amenazas de demanda contra la propia familia.

Su hermana Deysi González rechazó la autenticidad de ese mensaje. “Nosotros sabemos que no es ella. Yo conozco hasta su forma de escribir”, afirmó.

Deysi también ha pedido apoyo público para compartir la ficha de búsqueda. En un mensaje difundido en redes sociales escribió: “Siempre al ver tantas personas desaparecidas, decía que era lo peor que pudiera pasarle a una familia. Yo decía, el dolor de no saber dónde está tu ser querido debe ser muy duro y ahora nos toca vivir y sentir ese dolor, un dolor que no se le desea a nadie”.

En esa misma publicación agregó: “Les pido con el corazón en la mano, que nos ayuden a seguir compartiendo, no vamos a parar hasta tener a mi hermanita frente a nosotros”.

Las fiscalías de Veracruz y CDMX ya emitieron fichas de búsqueda

El caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, donde la familia presentó una denuncia formal por desaparición. Después acudió a la Ciudad de México para pedir avances, pero denuncia lentitud en las diligencias y reclama que se usen las herramientas disponibles para rastrear el trayecto.

La exigencia directa de sus familiares es que las autoridades aceleren la investigación. Deysi González sostuvo que ya existen elementos para avanzar y reclamó respuestas: “Que realmente hagan su trabajo, que agilicen la investigación. Tienen nombres y herramientas, pero no hemos recibido respuestas”.

La ficha difundida en Veracruz y el boletín emitido en CDMX describen a Lizbeth como una mujer de complexión delgada, tez morena clara, cara ovalada, nariz chata, labios regulares y mentón oval. Mide 1.54 metros, usa lentes, tiene frente mediana, boca pequeña, cejas depiladas, ojos rasgados color café y cabello lacio teñido de negro.

Entre sus señas particulares aparece un lunar a un costado del lado izquierdo de la nariz. También tiene tatuajes en la parte baja de la espalda con la figura de un conejo de Playboy y los nombres “Amy” y “Jaime”.

Hay una diferencia en la ropa reportada en las fichas y testimonios. Una versión indica que vestía blusa negra con detalles blancos, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos; otra señala que usaba blusa blanca con flores cuando desapareció en la terminal de autobuses de Acayucan.

La familia insiste en que el punto que debe aclararse con videos y registros es el tramo entre la terminal ADO de Acayucan, la llegada a la Ciudad de México y la conexión prevista hacia Monterrey, porque desde ese recorrido se perdió todo rastro de Lizbeth Cruz González.

• Lizbeth Cruz González desapareció desde el 3 de mayo de 2026 tras viajar de Veracruz a Monterrey por una supuesta oferta de trabajo.

• El último contacto con su familia ocurrió después de que avisó que ya había llegado a la Ciudad de México y que en 20 minutos volvería a llamar.

• La familia sospecha que la vacante fue una trampa y exige a las autoridades revisar cámaras, agilizar diligencias y localizarla con vida.

Las autoridades de Antioquia revelaron que en menos de cuatro años han sido recuperados 234 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en distintas regiones del departamento, en medio de los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna adelantados durante el actual cuatrienio.

La cifra fue presentada durante la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido, espacio en el que la Gobernación de Antioquia entregó un balance sobre las acciones desarrolladas junto a entidades encargadas de atender casos relacionados con desaparición forzada y búsqueda humanitaria.

Según la administración departamental, las recuperaciones fueron posibles gracias a 30 diligencias de exhumación adelantadas en distintos municipios de Antioquia.

La Gobernación indicó que parte de los procesos incluyen acompañamiento jurídico, psicosocial y apoyo a las familias que activan mecanismos de búsqueda urgente.

Más de 200 cuerpos recuperados

De acuerdo con el balance oficial, las autoridades han logrado recuperar 234 cuerpos de personas desaparecidas en el departamento durante el actual periodo de gobierno.

Además, cerca de 100 cuerpos ya fueron entregados a los familiares de las víctimas mediante procesos de entrega digna coordinados con las entidades encargadas de identificación y acompañamiento humanitario.

La Gobernación de Antioquia precisó que durante este periodo también se han atendido 221 casos de búsqueda urgente y 28 procesos de búsqueda inversa.

Las autoridades señalaron que los procesos buscan avanzar no solo en la identificación de víctimas, sino también en la reparación y acompañamiento de las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos.

El acompañamiento a las familias

La directora de Derechos Humanos y Paz de Antioquia, Andrea Moseres Fernández, explicó que la administración departamental mantiene equipos especializados para acompañar a las familias que activan rutas de búsqueda.

Según indicó la funcionaria, una vez se inicia el mecanismo de búsqueda urgente, profesionales de la Gobernación establecen contacto con los familiares o personas buscadoras para recopilar información clave que permita avanzar en las investigaciones.

“Una vez se activa la ruta, los profesionales de la Gobernación de Antioquia toman contacto con la familia o las personas buscadoras para poder obtener los datos y empezar el proceso de búsqueda”, explicó Moseres Fernández.

Procesos de exhumación y búsqueda

Las autoridades departamentales señalaron que las labores de recuperación de cuerpos han requerido diligencias de exhumación en diferentes zonas del departamento.

Los procesos incluyen labores forenses, identificación de restos y acompañamiento institucional durante las entregas a las familias.

La Gobernación también destacó que parte de las acciones desarrolladas han estado articuladas con mecanismos de justicia transicional y procesos relacionados con víctimas del conflicto armado.

En Antioquia, distintos municipios han sido escenario de investigaciones relacionadas con desapariciones ocurridas en medio de la violencia armada que afectó al departamento durante décadas.

El caso del cementerio de Dabeiba

Dentro del balance entregado por las autoridades también fue destacado el proyecto denominado “Aquí florece la búsqueda de la verdad”, relacionado con los procesos restaurativos adelantados en el Cementerio Las Mercedes, en Dabeiba.

Ese lugar se convirtió en uno de los escenarios más relevantes dentro de las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el conflicto armado.

Las autoridades consideran que los trabajos realizados en Dabeiba representan uno de los procesos más significativos en materia de búsqueda e identificación de víctimas en Antioquia.

Las investigaciones desarrolladas en esa zona permitieron ubicar restos humanos relacionados con casos que permanecieron durante años sin esclarecer.

La búsqueda de desaparecidos continúa

Las autoridades departamentales insistieron en que las labores de búsqueda y recuperación continúan activas en diferentes regiones de Antioquia.

Además del trabajo forense, las entidades mantienen mecanismos de acompañamiento emocional y jurídico para las familias que siguen buscando información sobre familiares desaparecidos.

La Gobernación reiteró que el objetivo de estos procesos es garantizar verdad, dignidad y reparación para las víctimas y sus familias.

Mientras avanzan las investigaciones y diligencias de exhumación en distintos municipios, las autoridades mantienen el llamado para que las personas que tengan información relacionada con casos de desaparición puedan aportar datos que ayuden a fortalecer las búsquedas.

La conquista de Cruz Azul en la final del Clausura 2026 no solamente dejó celebraciones entre los aficionados celestes, sino también un intenso debate en redes sociales después de que se viralizara un video relacionado con temas sociales y la pasión por el futbol.

El pasado domingo 24 de mayo, La Máquina consiguió el campeonato de la Liga MX tras imponerse a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Aunque el equipo universitario llegaba como favorito, miles de seguidores auriazules mantenían la ilusión de romper la sequía de 15 años sin levantar un título de liga.

Sin embargo, mientras el ambiente estaba lleno de nerviosismo y emoción por el partido, el creador de contenido Emiliano Fajardo realizó un ejercicio con aficionados en las inmediaciones del estadio. La dinámica consistía en preguntar qué preferían: resolver distintas problemáticas sociales en México (equidad de género o desapariciones en el país) o ver campeón a su equipo.

Las respuestas rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales debido a las polémicas opiniones de algunos seguidores, quienes priorizaron el resultado futbolístico por encima de temas delicados que afectan al país.

Entre las preguntas se abordaron asuntos relacionados con desapariciones en México, inclusión para personas en silla de ruedas, la situación económica del peso frente al dólar y hasta conflictos internacionales.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue: “Puede esperar la equidad, que los Pumas el día de hoy sean campeones”.

Otro aficionado expresó: “Es que los desaparecidos igual es un tema, pero yo creo que estamos acá todos por una ocasión y los Pumas hoy vamos a hacer historia”.

Las respuestas continuaron generando conversación conforme avanzaba el video. Algunos simplemente respondieron: “Que quede campeón” y “Cruz Azul campeón”, dejando claro que el momento deportivo dominaba por completo el ánimo de los asistentes.

Otro de los comentarios que más reacciones provocó en redes sociales fue el relacionado con la accesibilidad para personas con discapacidad.

“Mira ya hay sillas de ruedas, estamos en una sociedad altamente empática y por supuesto que ya hay muchas facilidades para las sillas de ruedas, ya nos hace falta un título, por favor”, comentó uno de los aficionados entrevistados.

Las declaraciones desataron críticas y discusiones entre usuarios, quienes consideraron que algunas respuestas minimizaron situaciones graves que atraviesa el país. Aun así, otras personas entrevistadas sí optaron por priorizar problemáticas sociales por encima del resultado del encuentro.

“Definitivamente que encuentren a todos los desaparecidos en México”, respondió un aficionado. “Que encuentren a todos los desaparecidos en México”, dijo otra persona consultada durante la dinámica.

También hubo quien eligió una causa relacionada con la inclusión y la salud: “Que todas las personas en sillas de ruedas puedan caminar”.

El video continuó acumulando reproducciones y comentarios durante las horas posteriores a la final, convirtiéndose en una conversación paralela a los festejos de Cruz Azul. Mientras algunos defendieron que las respuestas eran producto de la pasión del momento, otros señalaron la importancia de reflexionar sobre los problemas que enfrenta el país más allá del futbol.

En Mazatlán, Sinaloa, un grupo de mujeres recorre pantanos y manglares con picos y palas, rastreando el olor y la tierra removida que delata una fosa clandestina. Son parte del colectivo Corazones Unidos por una Causa, y cargan una tragedia doble: una de sus integrantes fue asesinada en febrero y otra desaparecida en octubre. Ellas mismas se han convertido en blanco, de acuerdo con un reportaje de The Guardian.

Un patrón que se acelera: 2025, el año más letal

Según la organización de derechos humanos Artículo 19, al menos 44 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010, la mayoría mujeres. Pero la violencia se ha disparado:

• 18 casos ocurrieron durante el gobierno de López Obrador (2018–2024)
• 15 casos han ocurrido en apenas 19 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum
• 2025 fue el año más letal: siete asesinatos y cuatro desapariciones

“Es un mensaje de terror: si sigues buscando, te matamos o te desaparecemos a ti también”, advirtió Jessica Alcázar, de Artículo 19.

La historia detrás del colectivo de Mazatlán

Noemí Padilla, líder del colectivo, busca a su hijo Juan Carlos Rivera Padilla, desaparecido en 2019. Ella misma ha recibido amenazas de desaparición. En febrero, sus compañeras encontraron a Rubí Patricia Gómez con 14 puñaladas en su casa. Meses antes, María de los Ángeles Valenzuela, una de las fundadoras, fue sacada a la fuerza de su hogar por dos hombres armados.

“Ahora también la estamos buscando a ella”, dijo Padilla.

El contexto es devastador: desde que estalló la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, miles de jóvenes han desaparecido. El conflicto ha dejado ya más de 6,000 muertos o desaparecidos.

Una protección insuficiente e impunidad casi total

Tras los ataques, algunas buscadoras recibieron medidas de protección gubernamental: cámaras, un número de emergencias y patrullajes esporádicos. Pero ellas mismas reconocen que no es suficiente.

“Lo mínimo que pedimos es un botón de pánico para alertar a las autoridades”, exigió Padilla.

La impunidad agrava el problema. Artículo 19 documenta que la mayoría de los ataques contra buscadoras permanecen sin castigo, sin voluntad política real para protegerlas ni para reconocer públicamente lo que les ocurre.

Mientras tanto, en el manglar de Mazatlán, las mujeres siguen cavando. Esta vez encontraron un hueso entre las raíces. Siguieron excavando medio metro. Solo tierra, raíces y piedras.

Bernal apagó la veladora de San Judas —el santo de las causas perdidas— y lo dijo todo con una pregunta:

“Si nosotras no los buscamos, ¿Quién lo hará?”

La Policía de Neuquén volvió a activar este sábado una Alerta Nati para buscar a Benjamín Maximiliano Lescano, un adolescente de 14 años con domicilio en la capital provincial. Su desaparición fue denunciada formalmente, en un mecanismo creado en la provincia para acelerar la respuesta estatal ante casos de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales comunicó que ya fue radicada la denuncia para dar con el paradero del adolescente, según LM Neuquén. El parte difundido no precisó si el joven tenía celular al momento de ausentarse de su hogar ni cuándo fue visto por última vez.

Sin embargo, se aportaron las caractisticas físicas de Benjamín Maximiliano Lescano para que sea más fácil reconocerlo: tiene 14 años, contextura física media, una altura de 1,64 metros, tez blanca, ojos marrones y cabello corto, ondulado y marrón. Al momento de su desaparición vestía un pulóver amarillo, un pantalón de jean azul y zapatillas grises.

Mientras las autoridades buscan al adolescente neuquino, se solicitó a la comunidad que cualquier dato sobre su paradero sea informado de inmediato a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 16° al número de teléfono (299)-4192047.

El sistema que hoy se aplica en el caso de Benjamín Maximiliano Lescano surgió después de la desaparición de Natalia Ciccioli, una niña de 12 años que salió de su casa para pasear por el centro de San Martín de los Andes y nunca volvió. Este episodio que ocurrió el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes, quedó regulado por la ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010. La norma fija los procedimientos a seguir cuando desaparece una persona menor de edad.

En ese entonces, para radicar una denuncia por desaparición de persona había que esperar 48 horas. La repercusión social del caso llevó a vecinos a organizarse para buscar a la niña y obligó a la Policía a intervenir con mayor rapidez.

El caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad cordillerana y se sentó como un precedente para los menores de edad desaparecidos en la provincia de Neuquén. La ley 2705 se convirtió así en la herramienta provincial para ordenar la búsqueda temprana.

Siguen buscando a una nena de 12 años

Hace una semana, la provincia de Neuquén activó la Alerta Nati tras la desaparición de Estela Isabel Castro, una mujer de 33 años, y Romina Tiziana Tobares, una niña de 12. Ambas fueron vistas por última vez el domingo 10 de mayo y la denuncia formal llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda.

Castro fue vista en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357. Al momento de su desaparición vestía una remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules, zapatillas negras y portaba una cartera negra. Por su parte, la niña, Romina Tobares, tiene contextura delgada, mide 1,55 metros, tez trigueña, ojos marrones y cabello largo y ondulado. Vestía campera negra, pantalón azul y zapatillas blancas.

La Policía de Neuquén difundió los contactos de las comisarías intervinientes, solicitando la colaboración ciudadana para aportar datos que ayuden a la localización. En el caso de la niña, la comunicación debe realizarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o la Comisaría 17° (teléfono 299-4430098) y para aportar datos sobre Estela Isabel Castro debe informarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999).

La reiterada utilización de la Alerta Nati en situaciones recientes refleja la consolidación del mecanismo como herramienta clave en la respuesta estatal ante desapariciones de menores y adultos en Neuquén, promoviendo la rápida difusión pública y el involucramiento comunitario en la búsqueda.

Camila Janeth Vázquez Rivas, 13 años, está desaparecida en Tlajomulco de Zúñiga desde el 19 de mayo, luego de que familiares y reportes difundidos en redes sociales señalaron que la adolescente habría sido engañada con una falsa oferta de trabajo, un método de captación que organizaciones civiles y organismos internacionales ubican entre los principales riesgos para menores de edad.

En Jalisco, las adolescentes de entre 12 y 17 años forman un grupo con alta vulnerabilidad en casos de desaparición, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El mismo registro coloca al estado entre las entidades con mayor crisis de desapariciones del país, con concentración en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara como Tlajomulco de Zúñiga.

Familiares de Camila Janeth Vázquez Rivas pidieron ayuda para localizarla a través de redes sociales. Según la información difundida por su entorno, la menor fue vista por última vez después de salir de la Secundaria Técnica 170, ubicada en el fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco.

La versión compartida por sus familiares indica que un hombre le ofreció trabajo y después ella se retiró del lugar. Por esa razón, sus allegados temen que haya sido víctima de engaño o de una forma de captación.

La Fiscalía de Jalisco activó protocolos de búsqueda y difundió la ficha oficial para solicitar apoyo ciudadano en su localización. La autoridad también confirmó que hasta el momento no se ha interpuesto una denuncia formal por la desaparición.

La búsqueda de menores debe iniciar de inmediato en Jalisco

La legislación estatal en materia de personas desaparecidas establece que la búsqueda debe comenzar de forma inmediata y bajo el principio de presunción de vida. En casos de menores de edad, el Protocolo Alba y la Alerta Amber son herramientas que las autoridades deben activar sin esperar 24 o 48 horas.

La REDIM ha advertido en distintos espacios públicos que las primeras horas tras la desaparición de una niña, niño o adolescente son determinantes para localizarlo con vida. Tania Ramírez, directora de la organización, sostuvo: “El Estado debe garantizar la activación inmediata de la Alerta Amber sin dilaciones burocráticas”.

Al momento de su desaparición, Camila Janeth vestía uniforme escolar: camisa blanca de manga larga y pants gris. La ficha compartida por familiares la describe como de estatura mediana, complexión robusta y cabello rizado.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas recomienda que, cuando exista sospecha de engaño mediante ofertas laborales, la familia conserve capturas de pantalla de conversaciones digitales y entregue la última ubicación del teléfono celular para agilizar el rastreo.

Las falsas ofertas de trabajo son una vía de enganche para menores

La UNODC ha emitido alertas sobre el aumento del ciberreclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Según su Informe Global sobre la Trata de Personas, los tratantes usan cada vez más redes sociales y plataformas digitales para detectar, perfilar y engañar a víctimas menores de edad con supuestas oportunidades de empleo.

Ese mecanismo de enganche puede derivar en reclutamiento forzado o trata de personas, de acuerdo con organizaciones especializadas. REDIM también ha advertido que el engaño mediante promesas económicas es una modalidad asociada con delitos graves, por lo que la ausencia de denuncia inmediata aumenta el riesgo para la integridad de la adolescente.

Cualquier información para localizar a Camila Janeth puede ser proporcionada a las autoridades mediante los números oficiales de emergencia y de búsqueda de personas desaparecidas.

• Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años, desapareció ayer 19 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga.
• Familiares temen que haya sido engañada con una falsa oferta de trabajo tras salir de la Secundaria Técnica 170 en Santa Fe.
• La Fiscalía de Jalisco activó protocolos de búsqueda; en menores de edad, la ley obliga a iniciar la localización de inmediato.

La localización de un joven presuntamente privado de la libertad en una casa de Tonalá, Jalisco, terminó con su rescate por parte de su madre la noche del jueves 21 de mayo y abrió señalamientos contra policías municipales por una supuesta omisión que habría facilitado la huida de los sospechosos, de acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

El caso ocurrió en una vivienda de la colonia Lomas de Zalatitán, sobre la calle Madre Selva, en cruces con Obelisco y Jacarandas, según el colectivo. La denuncia se conoce en medio de una crisis nacional de desapariciones: Amnistía Internacional reportó en su informe anual de 2026 que México cerró 2025 con 133 mil 500 personas desaparecidas.

De acuerdo con Guerreros Buscadores de Jalisco, el joven había desaparecido el miércoles 20 de mayo. Su familia siguió una posible pista gracias al sistema GPS de la motocicleta en la que viajaba y así llegó al domicilio donde presuntamente estaba retenido.

La madre preguntó por su hijo a un hombre que estaba en la vivienda, pero él negó que se encontrara ahí y le dijo que lo buscara en otra calle, según la versión difundida por el colectivo. La mujer desconfió de esa respuesta y decidió permanecer en el sitio.

Ese dato responde al punto central del caso: el joven sí salió de esa casa y fue puesto a salvo por su madre, según la versión de las buscadoras. Después del rescate, la víctima aseguró que dentro del inmueble había más personas retenidas, dijo la líder del colectivo, Indira Navarro.

El colectivo acusa que los sospechosos sacaron armas y documentos de la casa

Navarro relató que, tras la liberación del joven, las integrantes del colectivo se quedaron en el lugar porque el muchacho les comentó que no era la única persona retenida. La permanencia de las buscadoras derivó en lo que ellas describieron como un operativo ciudadano para vigilar la vivienda.

Según la denuncia del colectivo, durante esos minutos se escucharon detonaciones de arma de fuego. También observaron que del inmueble sacaban armas cortas, armas largas y documentos antes de que los presuntos responsables escaparan.

La acusación más delicada apunta a la Policía de Tonalá. Guerreros Buscadores de Jalisco sostuvo que los agentes municipales habrían avisado sobre el reporte presentado por la madre y por las buscadoras, lo que habría dado tiempo a los señalados para huir y retirar pruebas del sitio.

El colectivo refiere que la familia presenció cuando se lo llevaron a la víctima a la fuerza en una camioneta y comenzaron a seguirlos pero a la vez llamaron a una vecina que es integrante del colectivo los cuales llegaron hasta el domicilio en mención y llamaron a la policía municipal de Tonalá pero estos llegaron cuatro horas después, en tanto una mujer del colectivo sin autorización ingresó a la finca y dice que hay concreto fresco por lo que creen hay personas enterradas.

La finca fue asegurada y la fiscalía solicitara una orden de cateo.

El caso ocurre mientras la ONU advierte indicios de crímenes de lesa humanidad

La información difundida por Guerreros Buscadores de Jalisco se inserta en un contexto más amplio de desapariciones en México. En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó a la Asamblea General una intervención urgente al señalar que las desapariciones forzadas en el país presentan indicios de ser crímenes de lesa humanidad por su carácter generalizado.

Ese señalamiento internacional coincide con lo expuesto por Amnistía Internacional en su informe anual de 2026. La organización cuestionó la impunidad y la falta de protección estatal para las mujeres buscadoras, un punto que conecta con lo ocurrido en Lomas de Zalatitán, donde fueron la madre del joven y las integrantes del colectivo quienes siguieron la pista, llegaron a la vivienda y permanecieron en el lugar tras el rescate.

El hecho conocido este jueves 21 de mayo comenzó un día antes, el miércoles 20 de mayo, con la desaparición del joven. La pista del GPS permitió ubicar la casa en la calle Madre Selva, donde la madre primero recibió una negativa y después logró recuperar a su hijo.

La propia víctima, según Indira Navarro, dijo que había más personas dentro del domicilio. Esa afirmación explica por qué las buscadoras no se retiraron tras el rescate y por qué después denunciaron detonaciones, movimiento de armas y la salida de documentos de la vivienda.

• La madre de un joven desaparecido lo localizó y rescató en una casa de Tonalá tras seguir la señal GPS de una motocicleta.
• Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que en el inmueble habría más personas retenidas y que de ahí sacaron armas y documentos.
• El colectivo acusó a la Policía de Tonalá de una presunta omisión que habría permitido la fuga de los sospechosos.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó órdenes de aprehensión contra el ex director de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro González, dos elementos activos de la corporación y dos civiles, por el delito de desaparición forzada en contra de un hombre que fue ingresado a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio el 11 de enero de 2026 y cuyo paradero permanece sin establecer.

Las detenciones se realizaron en dos momentos distintos: en el caso del exdirector Cristian Alejandro se cumplimento en aprehensión, debido a que fue arrestado el 8 de mayo, mientras que las capturas de los cuatro imputados restantes fueron anunciadas el 21 de mayo, tras una investigación que la FGESLP desarrolló durante meses hasta obtener los mandamientos judiciales correspondientes.

Según las indagatorias, tres de los probables responsables habrían ingresado al centro de detención y entregado a la víctima a un grupo de personas armadas. Desde ese momento, no se estableció el paradero del agraviado.

La Fiscalía potosina emprendió las investigaciones por lo sucedido, obtuvo líneas sólidas y logró los mandamientos judiciales en contra de los indiciados.

Los cinco imputados quedaron recluidos en el centro penitenciario correspondiente, en espera de su audiencia ante un Juez de Control, donde la Fiscalía buscará su vinculación a proceso.

Cristian Alejandro González Fernández fue imputado estando ya en prisión preventiva

Cristian Alejandro González Fernández fue detenido el 8 de mayo de 2026 a las 9:20 de la mañana, cuando aún se encontraba en funciones como director de Seguridad Pública Municipal, en la colonia Zacatipan.

La detención fue ejecutada por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, en el marco de una revisión de rutina coordinada entre la SSPC, la Guardia Civil Estatal (GCE) y autoridades federales y de investigación. Al momento de su arresto vestía uniforme de la Policía Municipal de Tamazunchale.

Durante la detención se le encontró droga, por lo que fue vinculado a proceso por delitos contra la salud. Además, se le hallaron armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delito por el que deberá ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, en San Luis Potosí. La orden de aprehensión por desaparición forzada se cumplimentó mientras ya se encontraba en prisión preventiva.

El Ayuntamiento de Tamazunchale, encabezado por el presidente municipal Adelaido Cabañas Hernández, emitió un comunicado ese 8 de mayo en el que calificó la intervención como una revisión de rutina en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El edil señaló que González Fernández fue trasladado a Ciudad Valles para aclaraciones de carácter administrativo y subrayó que, de existir responsabilidades derivadas del proceso, deberían aplicarse las sanciones correspondientes conforme al marco legal vigente. El municipio reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y coordinación con las instituciones estatales y federales.

El 21 de mayo, la Policía de Investigación (PDI) aseguró a los cuatro imputados restantes: los elementos activos de la corporación Antonio “N” y Yadira “N”, así como los civiles Claudia “N” y Rodolfo “N”, todos señalados por su presunta participación en los mismos hechos del 11 de enero de 2026.

Ricardo Amer Rodríguez asumió la dirección de Seguridad Pública tras la detención

Al día siguiente de la detención de González Fernández, el 9 de mayo, Cabañas Hernández designó a Eloy Rubio Antonio como Encargado del Despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sustento en los artículos 70, fracciones VI y XXXVII, así como en los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

La medida buscó garantizar la continuidad de las estrategias de vigilancia y vialidad en el municipio mientras se definía un nombramiento formal.

Posteriormente, el 15 de mayo, el presidente municipal tomó protesta a Ricardo Amer Rodríguez como nuevo Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El funcionario cuenta con experiencia en corporaciones policiales de la entidad y formación en Intervención, Primer Respondiente y Cadena de Custodia, Perspectiva de Género, Contención de Masas y Fuerza Metropolitana. Durante el acto oficial, Cabañas Hernández reconoció la labor de Eloy Rubio Antonio durante su encomienda como encargado del despacho y destacó que el nombramiento de Amer Rodríguez forma parte de los esfuerzos de la administración municipal para reforzar el trabajo operativo, mejorar la coordinación policial y preservar el orden y la paz social en Tamazunchale.