Mientras miles de aficionados se concentraban en Guadalajara para el partido entre México y Corea del Sur, colectivos de derechos humanos y activistas apuntaron sus pancartas no hacia las selecciones, sino hacia uno de los grandes patrocinadores del torneo: Hyundai Motor Company.

La protesta, convocada en la Plaza de la Liberación, buscó visibilizar el presunto vínculo entre la firma surcoreana y Ternium, empresa siderúrgica latinoamericana que enfrenta señalamientos por daño ambiental y, de forma más grave, por su supuesta relación con la desaparición de dos activistas mexicanos, según reportó The Guardian.

El argumento de los manifestantes se apoya en un informe de 2025 elaborado por el grupo ambiental Mighty Earth, que critica a Hyundai por ser uno de los principales compradores de mineral de hierro de Ternium para la producción de acero, una relación que el reporte califica como participación en una cadena de suministro “sucia”.

El caso que no se olvida: Lagunes y Díaz Valencia

En el centro del señalamiento está la desaparición de Ricardo Arturo Lagunes Gasca, abogado de derechos humanos, y Antonio Díaz Valencia, líder de la comunidad indígena de Aquila, en Michoacán. Ambos desaparecieron en enero de 2023, tras participar en una reunión comunitaria contra la minería en ese municipio.

Testigos declararon en su momento ante The Guardian que los dos hombres fueron amenazados y seguidos por varios individuos en vehículos al abandonar la reunión rumbo al estado de Colima. Su camioneta blanca fue encontrada después abandonada en una carretera, perforada de balas pero sin rastro de sangre.

Tres años después, su paradero sigue sin esclarecerse.

Hyundai y FIFA: 1,660 vehículos a cambio de imagen

El peso simbólico de la protesta es mayor dado el alcance de la presencia de Hyundai en el torneo. Junto con su filial Kia, la empresa es el socio oficial de movilidad de la FIFA para el Mundial 2026. En total, han desplegado 994 automóviles y 506 autobuses en Estados Unidos, Canadá y México, además de 660 vehículos adicionales de la marca Kia en Norteamérica, destinados al traslado de jugadores, árbitros y funcionarios del torneo.

Los manifestantes acusan a Hyundai de “sportswashing” —uso del deporte para limpiar la imagen corporativa— y exigieron que la empresa “le muestre la tarjeta roja a Ternium”.

Las respuestas corporativas

Ante las acusaciones, Ternium México negó categóricamente cualquier vínculo con las desapariciones. “Ternium expresa su solidaridad con las familias de los desaparecidos y rechaza categóricamente cualquier especulación que intente asociarla con actividades ilegales”, señaló un portavoz de la compañía, según The Guardian.

Por su parte, Hyundai afirmó estar comprometida con los “más altos estándares” para sus proveedores, y subrayó que aplica auditorías y diligencia debida en su cadena de suministro global.

Un Mundial que no cierra los ojos

Esta protesta se suma a una serie de movilizaciones que han marcado la sede mexicana del torneo. Más de 20 colectivos de búsqueda de distintos estados marcharon ese mismo día en Guadalajara portando fotografías de desaparecidos, con una consigna dirigida al mundo: “México campeón, en desaparición”. Jalisco, sede del partido, es el tercer estado con más personas desaparecidas en los registros oficiales del país, que contabilizan alrededor de 130,000 casos a nivel nacional.

Guatemala lanzó un plan estatal para buscar a 45,000 desaparecidos de la guerra civil, una deuda abierta desde el conflicto armado interno que dejó al menos 200,000 muertos y desaparecidos entre 1960 y 1996. El presidente Bernardo Arévalo presentó el mecanismo como una vía para localizar a las víctimas con participación de autoridades, familias y organizaciones humanitarias, en un proceso que, según remarcó, no reemplaza las causas judiciales.

El programa tendrá una vigencia de 10 años y funcionará entre 2026 y 2036. El diseño incluyó 67 encuentros nacionales con la participación de 775 familiares y organizaciones de derechos humanos, y prevé además la creación de un Archivo Nacional de Memoria a partir de bases de datos dispersas que serán digitalizadas por el Poder Judicial.

Arévalo hizo el anuncio el viernes al presentar oficialmente el Mecanismo de Búsqueda Humanitaria de Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno 2026-2036. “Iniciamos un camino para encontrar a quienes nos faltan, para sanar una herida abierta por la historia”, dijo el mandatario.

El presidente guatemalteco sostuvo además que el nuevo instrumento apunta a establecer el paradero de las víctimas mediante un trabajo coordinado. En ese marco, precisó que “no sustituye la aplicación de la justicia”.

El Estado busca ordenar una búsqueda que los familiares sostuvieron durante décadas

La presentación del mecanismo reunió la promesa oficial de búsqueda con el reclamo histórico de los familiares de las víctimas. Pablo Estrada, presidente de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos de Guatemala, definió el anuncio como una “pequeña luz” después de décadas de búsqueda de personas cuyo “único delito fue pensar distinto”.

Estrada habló en el mismo acto en el que se oficializó el plan. Allí recordó que su organización promovió en las últimas décadas procesos de exhumación de 1.800 osamentas de “víctimas del terrorismo de Estado”, de las cuales el 30% fue identificado y entregado a sus familias.

Arévalo anunció el mecanismo; Estrada expuso el límite de los esfuerzos previos. El Gobierno promete articular instituciones y tecnología para localizar a los desaparecidos, mientras las familias piden que esa estructura permita ingresar a lugares donde hasta ahora no hubo acceso y donde sospechan que puede haber restos de víctimas.

El reclamo de acceso a recintos militares aparece como una prueba para el nuevo mecanismo

El activista advirtió que la búsqueda “conlleva riesgos” y colocó un punto de tensión sobre la eficacia real del plan. Expresó su expectativa de que el nuevo mecanismo abra las puertas de recintos militares a los que se les negó el acceso pese a “denuncias sustentadas” de que allí “existen cementerios clandestinos”.

Ese señalamiento vincula la dimensión humanitaria del programa con una demanda concreta de acceso a información y lugares sensibles. La promesa oficial de que el mecanismo no reemplazará a la justicia convive así con un reclamo de larga data: que la búsqueda avance también sobre espacios bajo control militar.

El plan incorpora inteligencia artificial y un archivo unificado de memoria

La estrategia presentada por el Gobierno incluye el uso de inteligencia artificial para identificar patrones, recopilar macroprocesos y procesar documentación masiva del régimen militar. También prevé que el Poder Judicial digitalice y organice bases de datos dispersas para construir un Archivo Nacional de Memoria unificado.

El anuncio se produjo en el marco del aniversario del acuerdo de paz firmado con la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca. Según la presentación oficial, el plan se inscribe en la conmemoración del pacto cuya efeméride se cumplirá el 29 de diciembre.

David Armenta fue liberado horas después de haber sido privado de la libertad en la comunidad de La Tinaja, en Salamanca, un caso que volvió a golpear a una familia que desde el 25 de febrero de 2025 buscó a otro de sus hijos, Luis Ángel Alvarado, desaparecido tras ser sacado de su casa por hombres armados.

La privación de la libertad ocurrió la madrugada de este martes y, según testigos, cuatro hombres armados que viajaban en motocicletas interceptaron a David cuando estaba afuera de una tienda, justo después de salir de trabajar. La familia fue avisada de inmediato y activó una alerta para tratar de ubicarlo.

Horas más tarde, mientras sus familiares seguían despiertos a la espera de noticias, David regresó a su domicilio con golpes en distintas partes del cuerpo. Sus allegados agradecieron que volviera con vida, aunque dijeron que desconocían el motivo del ataque.

La línea de investigación permaneció reservada por parte de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. La familia señaló que hasta ese momento no sabía por qué se lo habían llevado.

La familia denunció falta de apoyo tras la agresión

En la comunidad no se observó presencia de patrullas ni un refuerzo de vigilancia después de lo ocurrido. Tampoco hubo resguardo en el domicilio de la familia.

Los parientes de David dijeron que ninguna autoridad, de ningún nivel de gobierno, se había acercado para ofrecer medidas de seguridad ni apoyo emocional o psicológico. Esa ausencia se dio en medio del temor que dejó un segundo ataque contra el mismo núcleo familiar.

El caso adquirió otra dimensión porque David Armenta era hermano de Luis Ángel Alvarado, quien seguía desaparecido desde hace más de un año. La nueva agresión sembró miedo entre sus familiares, que ya estaban integrados a la búsqueda de su otro hijo y hermano.

La mamá y la hermana de ambos formaron parte del colectivo Salamanca Unidos Buscando Desaparecidos. Se sumaron después de la desaparición de Luis Ángel, ocurrida la madrugada del 25 de febrero de 2025 en la misma comunidad de La Tinaja.

Luis Ángel seguía desaparecido a un año del primer caso

De acuerdo con el relato de la familia, hombres armados que dijeron ser agentes ministeriales irrumpieron en el hogar de Luis Ángel y se lo llevaron bajo amenazas. Desde entonces no hubo noticias sobre su paradero.

A un año de esa desaparición, la familia afirmó que no tenía más información por parte de la fiscalía estatal ni avances en la localización del joven. Esa falta de resultados se mantenía incluso después de que la madre y la hermana ingresaron a un colectivo de búsqueda para tratar de encontrarlo.

Soledad Amezquita, madre de ambos, describió lo ocurrido como una “muerte en vida” porque, dijo, le arrebataron todo. Su testimonio retrató el desgaste de una familia que primero enfrentó la desaparición de un hijo y después la privación de la libertad de otro.

Antes de que David reapareciera, familiares y personas cercanas difundieron una ficha de búsqueda y pidieron ayuda de la ciudadanía para obtener datos que ayudaran a localizarlo. También solicitaron que cualquier información fuera comunicada de manera anónima al 911.

La alerta por David se activó durante la tarde-noche del lunes y se extendió hasta la madrugada del martes. El reporte de su liberación cerró esa búsqueda inmediata, pero no modificó la incertidumbre por el caso de su hermano.

Este episodio se sumó a otros hechos de privación ilegal de la libertad registrados en la región, un delito que siguió afectando a familias de Salamanca. En este caso, la repetición de la violencia sobre una misma familia profundizó la consternación entre personas buscadoras y habitantes de La Tinaja.

El regreso de David con vida no eliminó las preguntas sobre quiénes se lo llevaron, por qué lo hicieron y qué pasará con la investigación. Tampoco cambió el hecho de que la familia continuó esperando noticias de Luis Ángel, cuyo paradero siguió sin conocerse.

• David Armenta fue privado de la libertad en La Tinaja por 4 hombres armados en motocicletas y regresó horas después con golpes.
• La familia denunció que no recibió vigilancia, protección ni apoyo psicológico de autoridades tras la agresión.
• David era hermano de Luis Ángel Alvarado, desaparecido desde el 25 de febrero de 2025, y a un año de ese caso no había avances en su localización.

En una historia a pequeña escala que recuerda a la de Robinson Crusoe, la fiscal del caso, Ingrid Wenner reveló que lo encontraron solo, deshidratado y desorientado, en una zona de difícil acceso por la flora.

“Aparentemente, tomaba agua ahí del brazo del río. Tenía como pasto, hojitas en la boca. Comía de la vegetación”, contó Wenner, en una rueda de prensa al brindar detalles y reconstruir los días de supervivencia del joven de 23 años.

Tras el hallazgo, el equipo de rescate lo trasladó de inmediato a un centro de salud, donde siguió bajo supervisión médica y recibió asistencia en salud mental.

“En este momento, él estaba en shock. Además, lo estabilizaron en la sala del Hospital Perrando”, ya que presentaba “un problemita” de salud mental, dijo la fiscal. “Hay que respetar este tiempo de las víctimas”, agregó.

Wenner contó que la principal hipótesis de la desaparición de Blanco fue que “perdió el celular”, y a partir de esa causa, el joven salió a buscar el dispositivo y ya no logró volver por sus propios medios. “No hay indicios de participación de terceras personas”, corroboró.

Mariel, hermana de Jonathan, expresó el sentimiento de agradecimiento de su familia tras el reencuentro, y admitió que costó reconocerlo. “Me costó reconocerlo. Está un poquito quemado, con picaduras, y tiene un poquito de chivita. Tiene el pelo más largo, sucio. Pero sí, es Jonathan”, sostuvo.

Cómo fue el operativo

Durante el operativo, una imagen térmica captada por un dron permitió ubicar a Blanco cerca de las 5.56 de la madrugada. El jefe policial Fernando Romero precisó que el joven estaba “lúcido, consciente y circulando de forma errática” cuando fue asistido.

El operativo de localización se aceleró tras encontrar el teléfono celular de Blanco cerca de la estación Cacuí, en la Chaco, lo que concentró los esfuerzos en la zona de Puerto Tirol y localidades cercanas.

Tras ser detectado por la señal térmica, en un sector boscoso a orillas de un brazo del Río Negro, agentes de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas cruzaron el curso de agua guiados por los operadores del dron.

A Blanco se lo veía del otro lado del río, en medio del monte, con la misma ropa con la que desapareció. Era un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También conservaba sus anteojos, un punto sensible para su familia porque tenía una visión muy reducida.

“Los grupos de policía que llegaron tardaron una hora y media en llegar al lugar. Gracias al dron es que se pudo encontrarlo porque estaba lejos. Tuvieron que entrar uno de los grupos con machetes para hacerse espacio en el monte”, explicó la fiscal. Al encontrarlo, los efectivos le brindaron hidratación de forma inmediata y lo trasladaron a una ambulancia para su atención.

“Le costaba reaccionar”: el estado de salud del joven

Blanco presentaba lesiones superficiales y rasguños, compatibles con la exposición prolongada a la intemperie. Los profesionales consideraron que, en términos generales, su estado era aceptable, aunque requería estudios médicos y asistencia psicológica.

La fiscal Wenner aclaró que cualquier declaración formal del joven se postergará hasta que logre una recuperación plena. “Cuando los médicos digan que está en condiciones, se le podrá tomar, si es posible, una testimonial. Hay que respetar el tiempo de las víctimas”, insistió.

Al momento del primer contacto, Mariel, su hermana, constató que a Jonathan “le costaba reaccionar”. “Yo le dije: ‘La verdad, Jonathan, yo te quiero mucho, te queremos mucho, acá estamos. Vos sabés que te estuvimos buscando’. Quedaba así, se reía... Pero yo pienso por toda esta desorientación que él estuvo, que estuvo los días sin medicamento”, contó al medio NG Federal, sobre el tratamiento que regularmente recibe el joven.

Francisco Javier Ibarra Rodríguez, abogado y piloto aviador de 56 años, desapareció el pasado 16 de junio de 2026 en el municipio de Ahome, Sinaloa. Ese día, alrededor de las 14:55 horas, salió de su domicilio y no regresó. Su familia y autoridades desconocen su paradero desde ese momento.

Su hija, Ana Paula Ibarra Beltrán, difundió un video en redes sociales en el que, entre lágrimas, pidió a la ciudadanía compartir el material y aportar cualquier dato que permita localizarlo.

El llamado se extendió a todas las plataformas digitales con la misma urgencia: encontrar al abogado y piloto antes de que pasen más días sin noticias.

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa registró el caso

La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa emitió la ficha oficial RZN-0074-2026 tras recibir el reporte. De acuerdo con el documento, Ibarra Rodríguez fue visto por última vez el mismo 16 de junio cuando salió de su domicilio. A partir de ese momento, ningún familiar supo de su paradero.

La ficha describe a Ibarra como un hombre de 1.84 metros de estatura, complexión robusta, tez morena, cara ovalada, ojos redondos, nariz recta, boca mediana, frente amplia y cejas pobladas. Su cabello es negro y lacio.

Al momento de salir de su domicilio vestía playera sin cuello negra, pants negro y huaraches de la marca Adidas, color negros. Como seña particular, presenta una cicatriz en la pierna derecha derivada de una operación. No tiene tatuajes.

“Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”: el mensaje de Ana Paula a su padre

En el video difundido en redes, Ana Paula Ibarra Beltrán pidió a quien lo haya visto que se comunique de inmediato. “Cualquier dato, por pequeño que parezca, puede ser muy importante”, advirtió la joven.

Dirigió también un mensaje directo a su padre: “Papá, si llegas a ver este video, queremos que sepas que te estamos buscando y que te estamos esperando con los brazos abiertos. Te amamos y no vamos a dejar de buscarte”.

Al cierre del video, Ana Paula suplicó a los usuarios de redes sociales que compartieran el material.

“Por favor, la persona que lo tenga de bueno me lo convida”, dijo entre llanto.

Familia convocó a marcha hacia la Fiscalía el 19 de junio

La familia de Ibarra Rodríguez no se limitó a la difusión en redes. Ana Paula Ibarra Beltrán lanzó una convocatoria para una marcha pacífica este viernes 19 de junio, con salida desde el Parque Carranza con destino a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, a las 18:00 horas.

La convocatoria pidió a los asistentes acudir vestidos de blanco y portar carteles. “Lleva tu cartel, tu voz y tu corazón”, indicaba el llamado. La movilización buscaba exigir a las autoridades avances en las investigaciones y mantener el caso en la atención pública.

Dos líneas de contacto para aportar información

Quien cuente con datos sobre el paradero de Francisco Javier Ibarra Rodríguez puede comunicarse a través de dos vías. La Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Sinaloa habilitó el teléfono 668 219 4525 y el correo electrónico cebpd@sinaloa.gob.mx para recibir reportes ciudadanos.

La familia, por su parte, proporcionó el número 668 227 5254 para contacto directo. Ana Paula Ibarra subrayó que cualquier información, sin importar lo mínima que parezca, puede ser determinante para dar con el paradero de su padre.

Jonathan Blanco fue hallado con vida este jueves cerca del mediodía en una zona de monte próxima al basural de Puerto Tirol, en Chaco, tras permanecer desaparecido desde el 30 de mayo, o sea, 19 días.

La localización se produjo con un dron de la Policía del Chaco, que detectó una imagen térmica en un sector boscoso a orillas de un brazo del Río Negro, informó la fuerza.

La búsqueda estuvo a cargo de efectivos de la Policía Rural, el Departamento Canes, la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas, personal de comisarías y otras unidades, de acuerdo con la Policía del Chaco.

El operativo y hallazgo milagroso

Las autoridades informaron que, tras detectar la señal térmica, personal de la División Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas ingresó al agua y llegó hasta el lugar donde estaba Jonathan, guiado por los operadores del drone.

Una vez con el joven, los agentes le brindaron hidratación y primeras asistencias antes de trasladarlo entre varios efectivos hasta una ambulancia, según la fuerza provincial.

A Blanco se lo veía del otro lado de un curso de agua, en medio del monte, con la misma ropa que usaba cuando desapareció: un buzo negro y bordó y un pantalón negro. También conservaba sus anteojos, un punto sensible para su familia porque tenía una visión muy reducida.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue el hallazgo de su teléfono celular cerca de la estación Cacuí, en Puerto Tirol, una pista que orientó buena parte de los operativos en Fontana, Puerto Tirol y localidades cercanas.

Las últimas imágenes registradas del joven lo mostraban saliendo de su casa y que después habría sido visto en la ciudad de Fontana.

El jefe de la Policía del Chaco Fernando Romero explicó que Blanco fue encontrado por el mismo equipo que desde hacía un mes trabajaba en Fontana en la búsqueda de Axel González y luego se sumó al operativo para localizar a Jonathan. Y agregó que el joven se “encontraba lúcido, consciente y circulando de forma errática”.

Traslado y estado de salud

Después del rescate, el joven fue llevado primero al Hospital Dr. Cespedes Oxley de Puerto Tirol y luego al Hospital Dr. Julio C. Perrando, según la Policía del Chaco.

Las primeras evaluaciones indicaban que se encontraba en buen estado general, aunque fue trasladado para estudios médicos y para definir si hacía falta una derivación posterior.

Sobre su estado físico, presentaba lesiones compatibles con haber permanecido varios días en una zona de monte, sobre todo rasguños y heridas superficiales. El jefe policial añadió al medio que, en términos generales, se encontraba bien.

La Policía del Chaco indicó que Jonathan seguía recibiendo asistencia médica y permanecía bajo monitoreo del equipo de salud. La familia del joven ya había sido notificada sobre su aparición y podía reencontrarse con él una vez concluidos los controles médicos.

En el lugar del hallazgo estaban presentes el subjefe de Policía Manuel Victoriano Silva y el director ejecutivo del CEAC Policial Cristian Antonio Durand, de acuerdo con la Policía del Chaco.

La Fiscalía del Estado de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora Phelps por la desaparición de un hombre estadounidense ocurrida en Zapopan, un caso en el que la víctima seguía sin ser localizada después de haber sido trasladada a Nayarit, de acuerdo con la propia dependencia.

La sentencia se dictó el 11 de junio durante la audiencia de individualización de sanciones, según la Fiscalía del Estado, que también informó que la mujer debía pagar una multa por el delito de desaparición cometida por particulares.

El caso quedó inscrito en un contexto de pocas sentencias por este delito en Jalisco. De acuerdo con el documento “Respuestas de México a la solicitud de información con arreglo al artículo 34 de la Convención”, elaborado por el Gobierno de México, en la entidad había un número reducido de condenas por desapariciones, mientras que un recuento periodístico citado en el texto fuente ubicó poco más de 50 condenas desde 2018 hasta agosto del año pasado.

La víctima acordó una reunión en Zapopan y después fue llevada a Nayarit

Los hechos por los que Aurora “N” fue sentenciada ocurrieron el 8 de diciembre de 2021 en el municipio de Zapopan, según la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas de la Fiscalía del Estado. Ese día, la mujer y el hombre agraviado acordaron una reunión por medio de plataformas digitales.

De acuerdo con las investigaciones de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas, cuando el hombre llegó al sitio pactado fue trasladado en su propio vehículo hacia el estado de Nayarit. Desde ese momento se desconoció su paradero.

Ese fue el núcleo del caso: la autoridad sostuvo que la víctima salió de la reunión inicial en su automóvil y después desapareció, sin que hasta ahora se informara sobre su localización. La condena se relacionó con esa secuencia y con la participación que la Fiscalía atribuyó a la acusada.

La detención ocurrió cuando conducía el vehículo de la víctima

Como parte de los actos de investigación y búsqueda, la Fiscalía del Estado estableció la probable participación de la mujer en los hechos. Según la dependencia, la detención se realizó cuando Aurora “N” estaba en posesión y al volante del vehículo propiedad del hombre desaparecido.

Ese dato resultó central en la investigación ministerial porque vinculó directamente a la acusada con bienes de la víctima después de la desaparición, de acuerdo con la versión institucional. A partir de esa línea se desarrollaron las distintas etapas procesales que después llevaron al fallo condenatorio.

La Fiscalía de Jalisco informó que el litigio y el seguimiento del caso estuvieron a cargo de su área especializada en personas desaparecidas. Tras el desahogo del proceso penal, la autoridad consiguió una pena privativa de la libertad de 37 años y seis meses, además de la sanción económica impuesta en la misma audiencia.

Jalisco registró pocas condenas por desaparición, según documentos oficiales

La resolución contra Aurora “N” se presentó como una de las pocas sentencias por desaparición cometida por particulares en la entidad. Esa condición apareció también en el intercambio entre el Estado mexicano y el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada, identificado como CED en el texto fuente.

Según el documento oficial referido en el texto, el Gobierno de México respondió a observaciones relacionadas con desapariciones y dejó asentado que en Jalisco había escasas sentencias en esta materia. El caso del hombre estadounidense se incorporó así a una estadística limitada de resoluciones condenatorias.

La Fiscalía del Estado sostuvo que mantendría las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y las investigaciones contra quienes vulneraran la libertad y la integridad de las personas. En este expediente, la autoridad no informó nuevos datos sobre el paradero de la víctima más allá de que seguía desaparecida desde su traslado a Nayarit.

• La Fiscalía de Jalisco obtuvo una condena de 37 años y seis meses de prisión contra Aurora “N” por desaparición cometida por particulares.

• El hombre estadounidense desapareció el 8 de diciembre de 2021, después de acudir a una reunión en Zapopan y ser trasladado en su propio vehículo a Nayarit.

• La acusada fue detenida cuando conducía el automóvil de la víctima, y el caso se sumó a un número reducido de sentencias por desaparición en Jalisco.

La Prefectura Naval Argentina mantiene un operativo de gran escala por aire, tierra y agua para localizar a cinco tripulantes de la embarcación deportiva “Chamigo-Ho”, quienes permanecen desaparecidos tras zarpar desde la costanera de Hudson, en la provincia de Buenos Aires, para realizar pesca deportiva en el Río de la Plata.

Según detallaron fuentes de la fuerza de seguridad federal, las tareas de rastreo se desplegaron luego de que el personal del Camping Hudson alertara que los pescadores, cinco hombres adultos, no habían regresado al finalizar la jornada del domingo, quedando sus vehículos estacionados en el predio.

Durante este miércoles, la Prefectura prevé extender el rastrillaje por aire, agua y tierra. La aeronave PA-62 sobrevolará la zona y los guardacostas GC-79 “Río Deseado”, GC-73 “Cabo Corrientes”, GC-75 “Bahía Blanca” y GC-140 “Lago Yehuin” continuarán navegando el área de emergencia.

El despliegue incluye embarcaciones menores, como semirrígidos y una moto de agua, que permiten acceder a sectores de baja profundidad y actuar coordinadamente con los demás medios.

De acuerdo con información, la tripulación está conformada por Carlos Kovach (60 años), Claudio Kovach (50 años), Alejandro Boscardin (28 años), Damián Giubu (42 años) y Sebastián Romegialli (50 años).

Los dos primeros son hermanos y aficionados a la pesca, aunque ninguno de los integrantes es profesional.

Romegialli es miembro del Sindicato Unido de Educadores Técnicos de la República Argentina y se desempeña en una empresa de bebidas. En sus redes sociales se manifiesta como entusiasta de la pesca.

Actualmente, el operativo abarca un área de 60 kilómetros por 15 kilómetros y podría ampliarse hacia el sureste, más allá de La Plata, si las proyecciones lo requieren.

Qué pasó

La última vez que se vio la embarcación fue entre las 6 y las 8:30 del domingo, cuando partió desde el Camping Hudson.

La alarma se activó a las 20:50, cuando el personal notó la ausencia del grupo. Desde ese momento, el operativo no se ha detenido, tal como relató Fernando Rodríguez, jefe del Servicio de Tráfico Marítimo de la Prefectura, en diálogo con Infobae En Vivo. Los primeros rastrillajes se centraron en el área comprendida entre Hudson y Quilmes, utilizando guardacostas de gran porte durante toda la noche.

El lunes, la Prefectura incorporó el avión Papa Alfa 62, que cubrió más de 110 kilómetros de costa del río sin obtener resultados positivos.

Rodríguez explicó que la falta de indicios materiales sobre la superficie del río ha dificultado el avance de las tareas, forzando la expansión progresiva del área de búsqueda.

Las condiciones climáticas al momento de la desaparición eran óptimas y la hipótesis de mal tiempo se descartó. La principal teoría señala que la embarcación pudo haber sido desplazada por la corriente hacia sectores no previstos por los pescadores.

Rodríguez precisó: “En algún momento podrían haber derivado por efecto de la corriente hacia un sector diferente al planeado, y luego ahí podrían haber tenido un inconveniente”, declaración recogida por Infobae.

El grupo llevaba a bordo los elementos de seguridad reglamentarios, como chalecos salvavidas, bengalas, sistema GPS y radio VHF. A pesar de los reiterados intentos de comunicación por radiofrecuencia y telefonía celular, hasta este momento no se han obtenido respuestas.

La Prefectura consultó a todas las embarcaciones que navegaban la zona y a la parte uruguaya del río, sin recibir reportes de llamadas o avistamientos de bengalas. Rodríguez remarcó que la embarcación no contaba con radiobaliza ni sistema de posicionamiento electrónico que permitiera detectar una última ubicación.

La causa está bajo investigación de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 4 Descentralizada de Berazategui, a cargo de Silvia Noemí Borrone.

Con el inicio del Mundial de futbol 2026, el colectivo Memoria, Verdad y Justicia convirtió uno de los corredores turísticos más transitados de Acapulco en un mural de búsqueda. Sus integrantes colocaron alrededor de 50 fichas con rostros de personas desaparecidas en la zona de La Quebrada y el anfiteatro Sinfonía del Mar, sitios donde cada día miles de visitantes nacionales y extranjeros se detienen a observar el paisaje.

Las fichas no muestran a futbolistas del mundo. Muestran a Jonathan Guadalupe Romero Gil, Adrián Marcelo, Edgar López, Juan Manuel e Isidro López, entre otros desaparecidos de Guerrero, Ciudad de México y Veracruz.

La estrategia detrás de la intervención

El colectivo eligió ese momento y ese lugar con una lógica precisa: la afluencia turística que trae el torneo multiplica el alcance de cada ficha pegada en un poste o un muro. La representante de la organización, Socorro Gil Guzmán, explicó la razón de la acción:

“Nos dimos cita en la colectiva para pegar fotografías aquí, en un lugar emblemático para Acapulco, un lugar turístico donde vienen muchos turistas”, indicó la madre buscadora en entrevista a medios locales.

Gil Guzmán agregó que la urgencia también tiene un límite de tiempo: “Aprovechar antes de que vaya a terminar el mundial, para que sean visibles y que las personas que las vean nos puedan dar información de nuestros familiares desaparecidos”.

La activista es madre de Jonathan Guadalupe Romero Gil, desaparecido desde el 5 de diciembre de 2018. Su búsqueda personal se convirtió en el motor de un colectivo que ahora trabaja con decenas de familias de distintos estados del país.

Fichas en español e inglés

De acuerdo con los primeros reportes, una parte de los materiales colocados en La Quebrada fue traducida al inglés. La decisión responde a la presencia de turistas extranjeros en el puerto y a la cobertura internacional que genera el torneo deportivo.

Las imágenes muestran a los desaparecidos con la playera de la Selección Mexicana, el mismo recurso visual que los álbumes y estampas mundialistas usan para presentar a los futbolistas. La semejanza formal entre ambos formatos es deliberada: busca que el transeúnte reconozca el diseño y se detenga a leer.

Los rostros en esas fichas pertenecen a personas de Acapulco, Chilpancingo, Iguala, Ciudad de México y Veracruz. Todas comparten el mismo estado: desaparecidas.

Postes, muros y el anfiteatro de Sinfonía del Mar

El colectivo distribuyó las fichas en postes, muros y mobiliario urbano de todo el corredor turístico. El anfiteatro porteño de Sinfonía del Mar concentró la mayor parte de la intervención, por ser uno de los puntos con mayor afluencia del destino, de acuerdo con información local.

Mientras los visitantes observaban el paisaje y los clavados tradicionales de La Quebrada, los integrantes del colectivo recorrieron el lugar y adhirieron cada ficha con la esperanza de que alguna mirada reconozca un rostro.

El llamado a las autoridades

Según lo relatado a medios locales, Gil Guzmán también denunció que las familias realizan las labores de búsqueda y difusión con recursos propios. La organización exige a los tres niveles de gobierno que fortalezcan las acciones de localización y que eviten la revictimización de quienes buscan a sus seres queridos.

El colectivo tiene previsto ampliar la colocación de fichas en otros puntos estratégicos del puerto: la zona del puerto de San Diego, el Antimonumento a los 43 y el área de La Diana, todos con alta afluencia de visitantes.

Finalmente, la intervención en Acapulco se suma a acciones similares que colectivos de búsqueda realizan en distintas ciudades sede del torneo. En México, más de 133 mil personas permanecen desaparecidas, según cifras oficiales.

A quince días de la primera marcha, pobladores del municipio de Escuinapa, Sinaloa, realizaron una segunda movilización para exigir paz ante el aumento de la violencia en la región que ha provocado asesinatos y hasta desplazamiento forzado.

La marcha fue encabezada por el colectivo Orquídeas Moradas, familiares de personas desaparecidas del municipio y ciudadanos, quienes salieron la tarde de este domingo 14 de junio para hacer un llamado tanto a los pobladores como a las autoridades para no ser indiferentes ante la inseguridad.

“Escuinapa no se calla, quiere paz y la reclama.. El pueblo está presente por la paz de nuestra gente... Señor, señora, no sea indiferente, se mata a escuinapenses en la cara de la gente”, fueron algunas de las consignas de los ciudadanos para demandar seguridad ante los recientes hechos violentos.

De la explosión de un coche al asesinato de una menor de edad y su tío: la violencia en Escuinapa que no cesa

Y es que el pasado lunes fueron atacados a balazos tres integrantes de una familia que se movilizaban en una motocicleta para acudir a un hospital por una picadura de alacrán.

Al pasar a un costado de un gasolinera, fueron agredidos a tiros, lo que provocó que una niña de 14 años, llamada Grecia, y su tío murieran, mientras que la esposa del hombre resultó gravemente herida.

Un día después de los hechos, el 9 de junio, se registró la explosión de un vehículo en la carretera Federal México 15 que no dejó personas lesionadas, solo daños materiales. Este hecho ocurrió en plena visita de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla Valverde, para atender las demandas de reforzamiento de la seguridad.

Cerca de 50 personas se manifiestan para pedir paz y responsabilidad a la gobernadora ante la crisis

Habitantes de Escuinapa marcharon por las avenidas Occidental, Francisco Pérez y Miguel Hidalgo, además de que pasaron a unos metros del lugar donde fueron asesinados la menor de edad y su tío.

La movilización continuó hasta las instalaciones de la Presidencia Municipal, donde los participantes y la fundadora del colectivo Orquídeas Moradas, Blanca Aurora Peraza, se pronunciaron sobre la necesidad de medidas eficientes por parte de las autoridades para garantizar la seguridad.

Respecto a la situación de violencia, la fundadora señaló que el asesinato de Grecia y su tío provocó que finalmente la gobernadora se enterara de la inseguridad que viven, pero destacó que debería ser su sentido de responsabilidad la que dirija su actuar en beneficio de los sinaloenses.

“(La gobernadora) había argumentado días antes que nadie le había notificado (de la situación de violencia), que incluso el presidente no le pidió ayuda. Yo creo que no se trata de que se vaya y se plante el presidente o de que tenga que salir el pueblo a alzar la voz o a recordarle toda la sangre que se tira en estos municipios, yo creo que se trata de un tema de responsabilidad y sobre todo de un sentido humano”, comentó frente a la Presidencia Municipal.

En el sitio también realizaron un pase de lista de alrededor de 50 personas que se encuentran desaparecidas en el municipio. Además, pidieron que los habitantes no se acostumbren a vivir en medio de la violencia y que no la normalicen.

Luego de la visita de la gobernadora para encabezar la Mesa de Construcción de Paz junto al alcalde, Víctor Díaz Simental, los pobladores dijeron no haber visto acciones eficientes para fortalecer la seguridad en el municipio, por lo que plantearon que su movilización se convierta en un “recordatorio” para Bonilla Valverde de la necesidad de acciones para beneficio de la ciudadanía.

En su visita, la gobernadora aseguró que no dejaría solo al municipio: “Que la gente sienta que tiene el apoyo desde el Gobierno del Estado y todas las autoridades de seguridad pública”. Estas declaraciones se suman a las del alcalde, quien reconoció que las autoridades se han visto rebasadas ante la violencia.

Óscar Loza Ochoa, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), detalló en días pasados que la violencia en Escuinapa ha desatado desplazamiento de familias, aunque aún no se cuenta con la documentación de los casos.

La familia de Steadman Fagoth Müller acumula más de veinte meses sin conocer el paradero del histórico dirigente indígena miskito. Desde que fue detenido por el Ejército de Nicaragua el 14 de septiembre de 2024, ninguna autoridad informó dónde se encuentra recluido ni permitió comunicación con sus familiares o abogados. Tampoco se conoce si recibió atención médica adecuada pese a las enfermedades que padecía al momento de su captura.

La preocupación de sus allegados aumentó tras la muerte bajo custodia estatal del líder indígena Brooklyn Rivera. Rivera permaneció desaparecido durante casi tres años antes de que el régimen reconociera que se encontraba bajo su control. Su fallecimiento, ocurrido después de un prolongado período de incomunicación, incrementó los temores de la familia Fagoth, que teme correr la misma suerte.

“Que lo entreguen vivo y sano. No sabemos dónde está, cómo está en lo absoluto”, declaró su hija, Dina Carolina Fagoth Rivera, quien se convirtió en la principal voz pública de la familia desde la desaparición de su padre. Fagoth Rivera es también sobrina de Brooklyn Rivera.

Al momento de su arresto, Steadman Fagoth tenía 71 años. Según su hija, padecía diabetes con neuropatía, daño renal irreversible, hipertensión arterial, estenosis arterial y secuelas de eventos cerebrovasculares isquémicos. Esas condiciones requerían atención médica especializada, monitoreo permanente y acceso regular a medicamentos.

“Su historial clínico lo coloca en una situación de especial vulnerabilidad, con un riesgo elevado de sufrir nuevos accidentes cerebrovasculares y otras complicaciones graves. La falta de información sobre su estado de salud y las condiciones en las que permanece detenido e incomunicado aumentan profundamente nuestra preocupación por su vida e integridad física”, explicó en declaraciones enviadas desde Estados Unidos al diario La Prensa.

El 30 de octubre de 2024 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del dirigente indígena al considerar que enfrentaba una situación de gravedad, urgencia y riesgo de sufrir daños irreparables a su vida e integridad personal. Entre los elementos considerados por la Comisión figuraba precisamente su delicado estado de salud.

La desaparición de Fagoth llamó la atención porque se trata de una de las figuras más conocidas de la política indígena nicaragüense durante las últimas cinco décadas. Su trayectoria estuvo marcada por enfrentamientos con el sandinismo, participación en la guerra de los años ochenta, alianzas con distintos actores políticos y una posterior incorporación al propio aparato estatal del Gobierno de Daniel Ortega.

Nacido el 5 de agosto de 1953 en Puerto Cabezas, hoy Bilwi, Fagoth formó parte de una generación de dirigentes indígenas que comenzó a organizar políticamente las demandas de los pueblos de la Costa Caribe durante los años setenta. Entre los miembros de esa generación también figuraban Myrna Cunningham, Hazel Law, Armstrong Wiggins y Brooklyn Rivera, quienes posteriormente tendrían un papel relevante en la defensa de los derechos indígenas y en la construcción del régimen de autonomía regional.

Durante los últimos años del somocismo participó en ALPROMISU, una organización indígena que mantenía relaciones con el Gobierno de Anastasio Somoza Debayle. Tras el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979 apoyó inicialmente al nuevo Gobierno y se incorporó a MISURASATA, la organización que agrupaba a miskitos, sumos y ramas. Los sandinistas otorgaron a la organización representación en el Consejo de Estado y Fagoth ocupó uno de esos espacios.

Las diferencias entre los dirigentes indígenas y el Frente Sandinista aparecieron rápidamente. Los conflictos giraban alrededor de la autonomía, el control territorial, los recursos naturales y las formas de organización de las comunidades indígenas. En febrero de 1981, la Seguridad del Estado arrestó a unos treinta dirigentes de MISURASATA. Entre ellos estaban Brooklyn Rivera, Hazel Law y Steadman Fagoth.

Mientras Rivera y otros líderes recuperaron la libertad pocos días después, Fagoth permaneció detenido durante varios meses. Las autoridades lo acusaron de alta traición y de colaborar con la antigua seguridad somocista. Las protestas de comunidades indígenas y las presiones políticas terminaron forzando su liberación. Poco después abandonó Nicaragua y se trasladó a Honduras.

Desde territorio hondureño inició la etapa más conocida de su carrera política. Fundó MISURA y se convirtió en uno de los principales dirigentes indígenas armados que combatieron al régimen sandinista durante los años ochenta. Su organización operó a lo largo del río Coco y recibió apoyo de la CIA dentro de la estrategia estadounidense de respaldo a la resistencia antisandinista.

Aquellos años coincidieron con algunos de los episodios más violentos registrados en la Costa Caribe. En enero de 1982, el Ejército Popular Sandinista ejecutó la operación conocida como Navidad Roja, mediante la cual miles de indígenas miskitos fueron desplazados de las comunidades ubicadas cerca de la frontera con Honduras y trasladados hacia asentamientos interiores.

Fagoth denunció esos hechos ante organismos internacionales y acusó al Gobierno sandinista de cometer graves abusos contra las comunidades indígenas.

Durante esa década también mantuvo una larga rivalidad política con Brooklyn Rivera. Ambos provenían de la misma generación de dirigentes indígenas y coincidían en la defensa de derechos territoriales, pero siguieron caminos distintos durante la guerra. Mientras Fagoth operaba desde Honduras vinculado a MISURA y a la Fuerza Democrática Nicaragüense, Rivera desarrolló su actividad desde Costa Rica junto a otros grupos armados opositores.

A finales de los años ochenta, distintas organizaciones indígenas terminaron convergiendo dentro de YATAMA, una estructura política creada en el contexto de los acuerdos de paz que buscaba representar a los pueblos indígenas de la Costa Caribe. Tanto Rivera como Fagoth participaron en ese proceso.

Con el fin de la guerra, Fagoth inició una nueva etapa dentro de la política institucional. Fue gobernador de la Región Autónoma del Caribe Norte durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro y posteriormente ocupó una curul en la Asamblea Nacional como diputado del Partido Liberal Constitucionalista.

Su acercamiento a Daniel Ortega comenzó a finales de los años noventa. La relación se consolidó después del regreso del Frente Sandinista al poder en 2007. Ortega lo nombró presidente ejecutivo del Instituto Nicaragüense de la Pesca y Acuicultura (INPESCA), cargo que ocupó durante varios años. Posteriormente fue designado asesor presidencial para asuntos relacionados con los pueblos originarios y comunidades étnicas.

Durante ese período se convirtió en uno de los principales interlocutores del régimen con diversos sectores indígenas del Caribe nicaragüense. Incluso el 16 de agosto de 2024, apenas un mes antes de su detención, Rosario Murillo lo incluyó entre los asesores presidenciales ratificados por el Ejecutivo.

La captura ocurrió poco después de que realizara declaraciones públicas sobre la situación de los territorios indígenas. El 13 de septiembre de 2024 concedió una entrevista radial desde la zona del río Coco en la que denunció invasiones de tierras indígenas, presencia de colonos armados, despale ilegal y participación de instituciones estatales en operaciones relacionadas con territorios ancestrales.

Según su hija, esas denuncias fueron el motivo de la reacción gubernamental.

“No pensaba dejar de defender los derechos de nuestros pueblos indígenas. La defensa de los pueblos miskitu y mayangna era una parte inseparable de quién era”, afirmó Dina Carolina. “Durante una entrevista pública denunció con pruebas documentadas la participación de agencias e instituciones vinculadas al gobierno sandinista en la venta ilegal de tierras ancestrales indígenas. Al día siguiente fue arrestado por el Ejército de Nicaragua”.

La mañana del 14 de septiembre de 2024, fuerzas militares realizaron un operativo en la comunidad de Sang Sang, en la zona de Río Coco Arriba. Posteriormente, el Ejército informó que había detenido a Fagoth y que lo entregó a la Policía Nacional. La institución aseguró que participaba en actividades vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado y que pretendía sustraer armamento militar de puestos ubicados en la ribera del río Coco.

Las autoridades no informaron sobre la apertura de un proceso judicial ni divulgaron pruebas que respaldaran esas acusaciones. Tampoco se conoció la realización de audiencias judiciales o la intervención de algún tribunal en el caso.

Días después de la captura, familiares denunciaron allanamientos y restricciones relacionadas con bienes y propiedades vinculadas al dirigente indígena. Sin embargo, la principal preocupación seguía siendo la falta absoluta de información sobre su situación.

“Ninguna”, respondió Dina Carolina cuando fue consultada sobre las comunicaciones recibidas por parte de las autoridades. “El régimen nicaragüense no me ha respondido ni a mí ni a mi abogado. Hemos realizado innumerables gestiones, incluyendo llamadas telefónicas, cartas y correos electrónicos dirigidos a distintos funcionarios y autoridades. Hemos intentado comunicarnos por todos los canales posibles y nuestras solicitudes han sido ignoradas”.

La desaparición también ha tenido consecuencias para la vida familiar. Según relata su hija, antes de la captura mantenían comunicación permanente mediante llamadas telefónicas, mensajes y videollamadas. Sus nietos conversaban frecuentemente con él, compartían actividades escolares y le pedían bendiciones antes de dormir.

“Todos los que vivimos en el hogar sufrimos profundamente la ausencia de mi padre. Aunque la distancia física nos separaba gran parte del tiempo, manteníamos una comunicación constante. Hoy, el silencio que dejó su ausencia ha creado un vacío inmenso en nuestras vidas y en nuestra familia. No ha habido un día que no lo hemos extrañado desde su desaparición”, afirmó.

Un grupo de aficionados, con playeras de la Selección Mexicana, irrumpió en la protesta del colectivo Una Luz en el Camino en el Ángel de la Independencia, tras tomar varias lonas con fotografías de personas desaparecidas para cubrirse de la lluvia.

El incidente ocurrió horas después de la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, donde miles de seguidores del Tricolor se reunieron en la Avenida Paseo de la Reforma para celebrar la victoria de México sobre Sudáfrica.

Sin embargo, en el mismo lugar las madres buscadoras mantenían su vigilia con mantas que mostraban los rostros y datos de sus familiares desaparecidos. Al encontrarse, dos de los aficionados tomaron varias de esas lonas para protegerse del aguacero.

Uno de ellos, al ser confrontado sobre por qué había tomado las pancartas, respondió que la lona estaba tirada en el suelo. La respuesta fue rechazada por el colectivo, el cual insistió en la devolución inmediata del material.

El periodista agredido y el equipo destruido

De acuerdo con medios locales, un reportero de Telemundo intervino para defender a una de las madres buscadoras cuando el aficionado con playera negra del Tricolor comenzó a insultarla tras perder la lona durante la lluvia. El grupo lo rodeó, lo tiró al piso y lo golpeó ante sus actos.

“El periodista se metió a defenderla y lo empezaron a agredir a él; finalmente lo tiraron al piso, lo golpearon y obviamente destruyeron todo su material de trabajo”, relataron integrantes del colectivo presentes en el conflicto. La líder del grupo pidió ayuda a los medios para localizar al comunicador afectado.

De acuerdo con medios locales, las buscadoras también denunciaron que el mismo grupo agredió a una de las familias presentes en la manifestación. Palmeros informó que el colectivo acudió a la Comisión de Derechos Humanos para documentar los hechos: “Ya hablamos con Derechos Humanos para que nos apoyen con esta situación”.

La indignación en redes y el contexto de la crisis

Los videos del incidente se propagaron en redes sociales y generaron una ola de repudio. Las imágenes mostraban a los tres aficionados, en aparente estado de ebriedad, usando las lonas como paraguas improvisados mientras las buscadoras los perseguían para recuperarlas.

Manifestantes declararon a medios locales sentirse “indignados” por el trato que las autoridades federales dispensaron a los colectivos durante las protestas previas y paralelas a la inauguración del torneo, lo cual provocó el cierre de vialidades por sus demandas.

Cabe mencionar que el colectivo se manifestó en el Ángel de la Independencia desde las 10 de la mañana con actividades para visibilizar a sus hijos desaparecidos. Nos obstante, el incidente puso de manifiesto el contraste entre la celebración deportiva y la lucha diaria de quienes buscan a sus familiares.

La marcha del 10 de junio y el bloqueo

La noche anterior, cientos de madres buscadoras vestidas de blanco, con veladoras y fotografías de sus familiares, iniciaron la marcha “Iluminemos la búsqueda” con destino al Estadio de la Ciudad de México. Sobre la Calzada de Tlalpan, un bloqueo les impidió avanzar hacia Calzada del Hueso.

Reportes preliminares destacaron que la movilización buscó visibilizar una crisis que, al 11 de junio de 2026, acumula 134 mil 903 personas desaparecidas en todo el país, de las cuales 29 mil 247 son mujeres. Solo en la capital se registran más de 22 mil casos entre hombres y mujeres.

Las buscadoras desplegaron mantas con frases como “La pelota regresa, ¿cuándo nuestros desaparecidos?” y “Con nuestro dolor no se juega”. El contraste entre la euforia de los aficionados y el reclamo de las familias definió la jornada en el Paseo de la Reforma.

La fe y la desesperación se entrelazan en la comunidad costera de Quepos, luego de que las intensas labores de búsqueda y rescate dieran un giro milagroso que une a dos naciones.

El pescador Johnny Rodríguez Oporta, de nacionalidad nicaragüense pero radicado laboralmente en el pacífico costarricense, fue localizado con vida tras sobrevivir 36 horas a la deriva en altamar.

Rodríguez, originario de la localidad de Masachapa en Nicaragua, realizaba su primera faena de pesca en aguas costarricenses cuando su panga naufragó debido al fuerte oleaje provocado por la tormenta tropical Cristina.

Para mantenerse con vida frente al hambre, la intemperie y la intensa sed, tuvo que racionar al máximo sus fuerzas y se vio obligado a beber sus propios orines antes de ser rescatado el martes 9 de junio.

A pesar de la alegría por el rescate de Rodríguez, la angustia persiste en la zona. La embarcación en la que viajaba el sobreviviente naufragó de forma independiente a otra nave que aún continúa desaparecida: la lancha Roxana Dos.

En esta última embarcación viajaban cuatro tripulantes también de origen nicaragüense y vecinos de la comunidad local cuyo paradero sigue siendo un misterio desde la madrugada del pasado lunes, cuando se perdió todo contacto en aguas de Guanacaste.

El epicentro del dolor y la expectativa se concentra en el barrio El Cocal, en Quepos, específicamente en la vivienda de don Mario Baltodano, un ciudadano nicaragüense que echó raíces en Costa Rica y es el dueño de la lancha Roxana Dos.

La tragedia golpea con fuerza a esta familia, ya que tres de los cuatro desaparecidos son parientes directos de don Mario: su hijo Janier Baltodano, su hermano Ramón Baltodano (quien capitaneaba la lancha), su sobrino Abraham Ríos, y un amigo de la familia identificado como José Luis Palacios.

Marielos Núñez, costarricense y esposa del capitán Ramón Baltodano tras 17 años de matrimonio, describió el calvario que viven minuto a minuto debido a la falta de respuestas, reflejando la realidad de un hogar binacional.

Crueldad en medio de la tragedia: Denuncian intentos de estafa

A la dolorosa espera de la familia se ha sumado una preocupante situación de vulnerabilidad. Los allegados de los tripulantes de la “Roxana Dos” denunciaron públicamente que personas sin escrúpulos han intentado aprovecharse de la angustia que viven para cometer estafas y extorsiones.

Según indicaron los afectados, han estado recibiendo mensajes de desconocidos que aseguran falsamente tener información verídica sobre el paradero de los náufragos.

Incluso, en algunos de los textos les afirman con frialdad que los pescadores ya fueron encontrados sanos y salvos, pero les exigen depósitos de dinero a cambio de brindarles los supuestos detalles de su ubicación.

Al final, las familias deducen que se trata de engaños de oportunistas que juegan con el dolor ajeno, pues en realidad no saben nada sobre la lancha desaparecida.

Por su parte, don Mario Baltodano relató que logró mantener comunicación con la tripulación hasta las tres de la mañana del lunes. En ese último y dramático contacto, los tripulantes le advirtieron: “Nos lleva el viento y la corriente para mar abierto, a lo hondo”. Tras esa frase, la señal se extinguió.

Ante la enorme cantidad de llamadas y la urgencia por evadir los intentos de fraude, la familia se mantiene en constante comunicación únicamente con los canales oficiales. Adolfo Sánchez, miembro de la familia y oficial de la policía costarricense actualmente incapacitado, se ha encargado de coordinar esfuerzos con el apoyo de paramédicos y personal de aviación civil para efectuar sobrevuelos y reconocimientos en las cuadrículas marítimas.

Las operaciones de rescate se ejecutan de manera binacional, coordinando el Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica con su homólogo de la Fuerza Naval de Nicaragua para cubrir un área más extensa por mar y aire.

En los recibidores de pescado de Quepos, compañeros del gremio manifestaron su profunda empatía con los Baltodano, recordando que estos pescadores nicaragüenses son parte activa de la economía local y “vienen a buscar la vida” con esfuerzo diario. La comunidad pesquera entera, unida por encima de las fronteras, permanece en oración confiando en que el milagro de Johnny Rodríguez se repita pronto con los cuatro tripulantes de la Roxana Dos y que las autoridades logren frenar el acoso de los estafadores.

La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) activó una “Ficha Amarilla” para la búsqueda internacional de Karla Alejandra Tela Flores, joven mexicana vista por última vez el 14 de julio de 2024 en la ciudad de Puebla, cuando tenía 25 años de edad.

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) gestionó la solicitud del mecanismo a través de la coordinación interinstitucional con el organismo internacional.

La ficha, registrada bajo el número 2026-38316, permite que autoridades de los países miembros de Interpol accedan a la información del caso para coadyuvar en su localización.

Las fichas amarillas son el mecanismo que utiliza Interpol para difundir información sobre personas desaparecidas a nivel internacional y facilitar su búsqueda.

Cuatro países figuran como probables destinos de la joven

La activación del mecanismo fortalece las acciones de búsqueda que realiza la Fiscalía Especializada en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares.

Karla Alejandra Tela Flores nació el 24 de enero de 1999 en Puebla y tenía 25 años al momento de su desaparición; hoy tendría 27.

La ficha de Interpol registró a Guatemala, Belice, Estados Unidos y Canadá como los países que Karla Alejandra probablemente visitó.

Es descrita como una joven de 1.60 metros, cabello negro y ojos castaño oscuro. Presenta un lunar de color claro de aproximadamente 0.5 cm en la pantorrilla izquierda y una cicatriz lineal de 3 cm en la ingle izquierda, producto de una cirugía.

Cuenta con cuatro tatuajes:

• Un rostro con ojos y boca de formas irregulares en color negro en la clavícula izquierda
• La silueta de un cráneo en la cara anterior del brazo izquierdo
• La figura de un diablito en color rojo en el antebrazo derecho
• Un gatito en color negro en la muñeca izquierda

Sus padres son Tela Lucero Narcizo y Flores Cruz Verónica Gabriela. La ficha de Interpol detalla que Alejandra habla únicamente español.

La FGE reiteró su compromiso de emplear todos los mecanismos disponibles

La Fiscalía General del Estado de Puebla solicitó que quien cuente con información sobre su paradero se comunique al teléfono 2222 11 79 00, extensión 4035, o con la Secretaría General de Interpol.

La institución afirmó que toda información será atendida conforme a los protocolos de búsqueda y colaboración internacional correspondientes.

La FGE señaló que trabaja de manera coordinada con autoridades nacionales e internacionales en favor de las familias y de los poblanos, y que empleará todos los mecanismos legales, tecnológicos e institucionales disponibles para la búsqueda y localización de personas desaparecidas.

La Ficha Amarilla: mecanismo de búsqueda internacional

Según el sitio oficial de Interpol, la Ficha Amarilla se activa en casos de sustracción parental, secuestro o desapariciones inexplicables, con sospechas de traslado internacional.

En 2025, el organismo emitió 3 mil 474 fichas amarillas en todo el mundo.

La ficha se publica tras una solicitud formal del país miembro a través de su Oficina Central Nacional, y la Secretaría General del organismo la registra en su base de datos para que todas las policías miembro puedan consultarla.

Además, alerta a funcionarios fronterizos para que identifiquen a la persona en caso de que intente cruzar una frontera, lo que dificulta su traslado inadvertido entre países.

Interpol opera con un sistema de alertas clasificadas por colores: Ficha Roja para búsqueda y arresto, Azul para recopilar información sobre una persona en el marco de una investigación, Negra para identificar cadáveres, Verde para advertir sobre personas con actividad criminal, Naranja para amenazas inminentes a la seguridad pública y Púrpura para documentar métodos utilizados por criminales.

La Ficha Amarilla es la única diseñada exclusivamente para localizar a personas desaparecidas sin implicación penal.

La desaparición de dos adolescentes de 16 años activa una alerta entre Durango y Sinaloa: las familias reportan que los menores pierden contacto después de subirse a un taxi con rumbo a Mazatlán la tarde del domingo 7 de junio y desde entonces no se sabe dónde están.

La última conexión confirmada de uno de los jóvenes ocurre ese mismo día alrededor de las 2:30 de la tarde. A partir de ese momento, sus teléfonos se apagan y se corta toda comunicación con sus familiares.

Los adolescentes son identificados como Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez. Las familias y colectivos de búsqueda difunden sus fotografías en plataformas digitales y solicitan apoyo ciudadano para localizarlos lo antes posible.

Los primeros reportes señalan que ambos abordan un automóvil habilitado como taxi, descrito como una unidad blanca con verde, con dirección al puerto sinaloense. En el mismo vehículo, según los indicios, viajan otros dos jóvenes; uno de ellos es identificado de manera preliminar como Sabdiel, sin que se precisen más datos.

El llamado de búsqueda se enfoca en puntos de tránsito entre entidades: se considera que los adolescentes podrían estar en cualquier tramo de la autopista hacia la costa o en las inmediaciones de la zona urbana y turística de Mazatlán, por lo que la solicitud de ayuda se extiende tanto a la capital duranguense como al puerto.

En fichas de búsqueda informales que circulan en redes se difunden señas particulares de José Ricardo Canales Chávez para facilitar su identificación. Se describe con una estatura de 1.65 metros, complexión robusta, tez blanca, cara rectangular, ojos negros y redondos, nariz ancha, cejas semipobladas y boca mediana con labios gruesos; su cabello es lacio y negro.

La ropa con la que se le ve por última vez, de acuerdo con esa información difundida por sus allegados, es una playera en tono claro, short gris y huaraches negros. Sobre Jesús Isabel Elizalde Gallegos, la información compartida hasta ahora no incluye una descripción física detallada, más allá de confirmar que acompañaba a José Ricardo en el viaje.

Las familias solicitan que cualquier dato útil se comunique de inmediato al 911 o a las autoridades de las fiscalías correspondientes en Durango y Sinaloa, para canalizar la información y apoyar la localización de los menores.

• Desaparecen Jesús Isabel Elizalde Gallegos y José Ricardo Canales Chávez, ambos de 16 años, tras abordar un taxi rumbo a Mazatlán el domingo 7 de junio
• La última señal confirmada se registra cerca de las 2:30 de la tarde; después, los celulares se apagan
• Piden reportar cualquier información al 911 o a las fiscalías de Durango y Sinaloa

Localizan con vida a los 6 influencers de “Bola Costera” desaparecidos en Sinaloa

Los seis creadores de contenido reportados como desaparecidos cuando circulaban por la zona de El Tablón del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fueron localizados con vida la mañana de este jueves 11 de junio.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fuerzas Armadas y de la Fiscalía del Estado, quienes ubicaron a los seis jóvenes la mañana de este miércoles.

Su hallazgo con vida se realizó cuando el personal de seguridad realizaba labores de seguridad y prevención como parte del Despliegue Operativo Mazatlán en un punto de control ubicado a la altura del kilómetro 261+800 de la carretera federal México 15, al sur del estado.

En el sitio fue hallada una vagoneta marca Chrysler, línea Voyager color blanco que coincidía con las características de la unidad en la que viajaban los seis influencers, por lo que les marcaron el alto.

Dijeron haber sido secuestrados

Los seis jóvenes fueron localizados al interior de la camioneta, quienes refirieron a las autoridades que habían sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, en el municipio de Rosario.

La celebración del Mundial 2026 no solo despertó movilizaciones de la afición mexicana que celebró la organización de este evento deportivo en el país, sino también a los colectivos y activistas de búsqueda de personas desaparecidas, quien llevan años exigiendo justicia.

En el marco de la organización para la justa mundialista, de la que México es sede —junto con Estados Unidos y Canadá—, surgieron distintas inconformidades sociales que no son para nada nuevas, pero sí supieron aprovecharon el foco mundialista para manifestarse y visibilizar sus causas.

Entre las principales exigencias están las de las madres buscadoras. En ese contexto, han organizado desde hace semanas distintas actividades para protestar en contra de las acciones del gobierno sobre el Mundial: sí invierte tiempo y recursos en ello, pero no en apoyarlas en su búsqueda. Destaca la pega de fichas e intervención de tarjetas mundialistas con imágenes de las personas desaparecidas, que en México suman más de 133 mil.

En ese contexto, la colectiva Hilos lanzó un archivo en PDF que contiene fotografías y datos de más de dos mil personas, para que cada ciudadano pueda portar y compartir estos documentos durante las movilizaciones.

Las fichas reunidas en archivos descargables pueden imprimirse en hojas tamaño carta, ocho por página, y están diseñadas para facilitar su portabilidad, de modo que cualquier persona pueda llevarlas en el bolsillo y pegarlas en espacios públicos.

Las familias y colectivos que se dedican a realizar tejido de red en la Ciudad de México y barrios como Coyoacán, como parte de una iniciativa para visibilizar su lucha, utilizan estas fichas para colgarlas entrelazadas con rafia roja, en lugares de tránsito. En eso consiste el tejido.

Este método busca mantener la presencia de los ausentes en la vida pública, mientras la crisis de desapariciones alcanza más de 133 mil casos a nivel nacional. El uso de fichas impresas sigue siendo una herramienta esencial. Aunque la difusión digital es útil en las primeras horas, la impresión y el reparto manual garantizan que la información llegue a personas sin acceso a internet y a quienes transitan por calles y plazas.

Instrucciones para sumar nuevas fichas y descargar archivos

La iniciativa pone a disposición de la ciudadanía una carpeta que se encuentra en este link: https://colectivahilos.com/descarga-y-teje-las-fichas-de-la-glorieta-de-las-desparecidas-en-cdmx/

Incluye doce archivos PDF, cada uno con decenas de perfiles, una hoja de cálculo con los nombres y un archivo de texto con instrucciones detalladas para sumar nuevos casos al sistema. Se requieren conocimientos básicos de manejo de carpetas y el uso de la Terminal en sistemas Mac, sin embargo, es posible editar cada archivo en PDF.

La carpeta descargable permite que cualquier persona pueda replicar el sistema en su comunidad, difundir las fichas y seguir sumando esfuerzos a la búsqueda.

Protestas y visibilidad en el Mundial 2026

El movimiento de madres buscadoras y familiares ha intensificado sus acciones en la víspera del Mundial 2026. En manifestaciones recientes, cientos de activistas colocaron fichas de búsqueda en puntos emblemáticos de la Ciudad de México, como el Ángel de la Independencia y la avenida Reforma, y en las inmediaciones del Estadio Azteca, donde se celebrará el partido inaugural.

Las protestas se han replicado en sedes deportivas como el Estadio Nemesio Diez de Toluca, donde el asfalto y los muros se cubrieron con retratos y fichas de desaparecidos, con mensajes como: “México campeón en desaparición” y “Primero los 133 mil desaparecidos, después sus partidos”.

Mientras la atención internacional se concentra en la fiesta futbolística, el reclamo de justicia y la memoria de los ausentes se hace visible en la vía pública. La campaña de fichas impresas y la convocatoria a protestas durante el Mundial buscan que la exigencia por la verdad y la justicia no quede relegada ante los festejos deportivos. El objetivo es que la memoria de los desaparecidos permanezca en la agenda pública y que más ciudadanos se sumen a la red de apoyo.

Los seis creadores de contenido reportados como desaparecidos cuando circulaban por la zona de El Tablón del municipio de El Rosario, en Sinaloa, fueron localizados con vida la mañana de este jueves 11 de junio.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que fueron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con Fuerzas Armadas y de la Fiscalía del Estado, quienes ubicaron a los seis jóvenes la mañana de este miércoles.

Su hallazgo con vida se realizó cuando el personal de seguridad realizaba labores de seguridad y prevención como parte del Despliegue Operativo Mazatlán en un punto de control ubicado a la altura del kilómetro 261+800 de la carretera federal México 15, al sur del estado.

En el sitio fue hallada una vagoneta marca Chrysler, línea Voyager color blanco que coincidía con las características de la unidad en la que viajaban los seis influencers, por lo que les marcaron el alto.

Dijeron haber sido secuestrados

Los seis jóvenes fueron localizados al interior de la camioneta, quienes refirieron a las autoridades que habían sido privados de su libertad a la altura de la localidad de Tablón Viejo, en el municipio de Rosario.

Luego de verificar su identidad y constatar que se encontraban en buen estado de salud, los jóvenes fueron escoltados por personal de la SSPC hacia Mazatlán, donde quedaron bajo resguardo de las autoridades.

Familiares de los influencers también confirmaron su localización con vida, afirmando que se encuentran a salvo y con sus seres queridos. Ante el hecho, también agradecieron a las personas que se mantuvieron atentos y compartieron sus fichas de búsqueda.

“Amigos, familiares y a toda la gente que estuvo al pendiente, los muchachos de Bola Costera ya están a salvo con sus familias. Gracias a Dios ya aparecieron sanos y salvos. Todos se encuentra muy bien”, escribió una mujer cercana a los jóvenes en redes sociales.

Desaparecieron cuando se dirigían a Mazatlán para grabar contenido

Las familias de los jóvenes informaron que tuvieron contacto con ellos por última vez alrededor de las 07:00 de la mañana de este miércoles 10 de junio, cuando el grupo transitaba por la zona de El Tablón, en el municipio de El Rosario.

El grupo se dirigía con destino a Mazatlán para grabar contenido con Gallada Maza, esto con el objetivo de incrementar sus seguidores y ampliar su público. El último video con el que contaban era con uno en el que se les observa en un vehículo durante el amanecer, mientras hablan y cantan canciones en su trayecto desde Nayarit.

Desde que se perdió el contacto, familiares y amigos lanzaron una campaña de búsqueda en redes sociales para solicitar que los jóvenes fueran localizados con vida.

Además, uno de los integrantes de Gallada Maza comenzó a difundir el caso. En uno de sus últimos videos denunció que los seis hombres se dedicaban a realizar oficios, no solo a crear contenido, esto con la intención de persuadir a sus posibles captores.

“Que vean que esos muchachos, las personas que los tienen, que vean a lo que se dedican, y que por algo todo Nayarit está preocupados por ellos (…) Por favor, la gente que los llegue a tener, somos personas de Nayarit, no vamos a tomar represalias, pero échenos la mano, déjenlos y ya, como los tengan, déjenlos ahí, no pasa nada", dijo Christian, uno de los integrantes de Gallada Maza.

Familias pidieron que los liberaran con vida

Los jóvenes desaparecidos fueron identificados como:

• Daniel Ramírez Segura, de 32 años de edad.
• Brayan Granados Domínguez, de 22 años.
• Brandon Zamorano Morales, de 22 años.
• Luis Antonio Chávez Jiménez, de 23 años.
• Pablo Ángel Durán Rentería, de 18 años.
• Juan Ramón Hernández Medina, de 18 años.

Sus madres viajaron a Mazatlán la noche de este miércoles para sumarse a las búsquedas, describieron a los jóvenes como trabajadores de oficios como la albañilería y la herrería que grababan contenido solo en sus tiempos libres.

La madre de Luis Antonio Chávez detalló que su hijo es mecánico y que no “se mete con nadie”, por lo que pidió ayuda para que se lo entregaran con vida.

Por su parte, Christian, de Gallada Maza, apeló en otro video a que los captores investigaran a los jóvenes con la intención de comprobar que no tenían vínculos con ningún grupo: “A lo mejor tienen a las personas equivocadas, que no son las personas que a lo mejor ellos andan buscando”, dijo.

Hasta el momento las autoridades no han brindado información sobre la localización con vida de los seis influencers.

La Policía Municipal de Ecatepec en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina rescataron durante la madrugada de este miércoles 10 de junio a Daniel Santiago, un niño de 6 años que había sido sustraído la noche anterior de un parque en la colonia San Agustín Tercera Sección del municipio mexiquense.

Un sujeto de 21 años identificado como Brayan “N”, alias “Dragoberto”, fue detenido como probable responsable de privación ilegal de la libertad y puesto a disposición del Ministerio Público.

Videos difundidos en redes sociales revelaron que fueron vecinos de Ecatepec quienes localizaron primero al menor. Lo encontraron caminando por las calles junto al probable responsable y lo interceptaron antes de que llegaran los elementos de seguridad. En las grabaciones se escucha a los ciudadanos confrontar al sujeto y solicitar una patrulla, mientras el menor llora.

Alerta al sector 20 y cámaras de C4 y C5 detonaron el operativo

La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec reveló mediante un video institucional que una alerta al sector 20 activó la movilización inmediata de la Policía Municipal, en coordinación con la Fuerza de Tarea Marina, la Policía Metropolitana, la Unidad de Atención a Víctimas y la Célula de Búsqueda.

El operativo incluyó recorridos de búsqueda en distintas comunidades y el monitoreo de las cámaras de C4 y C5, que permitieron ubicar al sujeto en la colonia El Chamizal, sobre el boulevard Río de los Remedios, a unos 6 kilómetros del sitio donde fue visto por última vez el menor.

La colaboración ciudadana fue determinante para acelerar la localización del menor. Vecinos y comerciantes de la zona aportaron información a las autoridades durante las horas de búsqueda.

La presidenta municipal de Ecatepec, Azucena Cisneros Coss, confirmó el rescate durante la madrugada y destacó que la seguridad y protección de la niñez ecatepense es una prioridad del gobierno municipal.

La madre del niño agradeció la intervención de los cuerpos de seguridad una vez que le entregaron al menor: “De veras, muchas gracias, desde el primer momento llegaron. Dios se los va a pagar grandemente”, dijo la mujer.

Personal especializado de la Unidad de Atención a Víctimas brindó acompañamiento psicológico a la familia tras la entrega del menor.

Vecinos de Ecatepec localizaron al niño caminando

En videos circulados en redes sociales se observa el momento en que ciudadanos interceptaron a Daniel Santiago caminando por las calles junto a Brayan “N”. Los vecinos cuestionaron al sujeto sobre su relación con el menor y le reclamaron su conducta: “Él tiene familia, a él lo están buscando. Tú no sabes que su familia está preocupada. Eso no se hace”.

“Él no vive aquí, vive hasta Ciudad Azteca. ¿Qué hace hasta aquí?”, se escucha en las grabaciones. Los vecinos retuvieron al sujeto y pidieron una patrulla mientras esperaban a las autoridades.

En el mismo material, el propio menor tomó la palabra entre llanto. El niño relató que estaba en el parque con su familia cuando ocurrió la sustracción: “Me dejan en el parque, mi papá está allí, y con mis abuelos”.

Los ciudadanos lo tranquilizaron y le indicaron que lo llevarían con su mamá.

Brayan “N” detenido como probable responsable

Brayan “N”, de 21 años, conocido con el alias Dragoberto, fue presentado ante la Agencia del Ministerio Público Especializada en Violencia Intrafamiliar y Sexual (AMPEVIS) por su probable participación en los hechos.

De acuerdo con información extraoficial retomada por medios locales, el detenido habría trabajado como lavacoches en la zona donde ocurrieron los hechos.

Daniel Santiago tenía 6 años al momento de su desaparición, el 9 de junio de 2026. El menor mide 1.30 metros, pesa 40 kilogramos, con complexión robusta, tez blanca, cabello castaño oscuro corto y ojos café oscuro. Como seña particular, presentaba ausencia de dientes frontales en la parte superior.

Al momento de ser sustraído vestía zapatos escolares negros, pantalón escolar azul marino y sudadera con gorro azul con estampado de Mario Bros.

El menor fue entregado sano y salvo a su familia. La Dirección General de Seguridad Ciudadana y Tránsito Municipal de Ecatepec, dependencia que emitió el comunicado oficial sobre el caso, reconoció la solidaridad de los vecinos que se sumaron a la búsqueda y contribuyeron al resultado.

Más de 3,000 personas desaparecidas en Coahuila hasta mayo de 2026, con una tendencia de aumento de casos en municipios como Torreón, Saltillo y Piedras Negras, reporta la organización Red Lupa.

El registro estatal contabiliza 3,657 casos de desaparición al corte del 16 de mayo de 2026, mientras que solo en Torreón se concentran mil 035 reportes.

Según datos difundidos por Red Lupa, en 2026 se reportan 3 mil 688 personas desaparecidas o no localizadas en el estado.

En un informe, señaló que de ese total, 2 mil 905 son hombres, equivalentes a 78.7% del registro anual.

Mientras que las mujeres desaparecidas suman 772 casos, lo que representa 20.9%, precisando que el porcentaje se calcula con base en el total de personas desaparecidas en la entidad.

La organización señala que 13% de los casos corresponde a personas menores de edad. Para el 16 de mayo de 2026, 460 víctimas tenían menos de 18 años cuando desaparecieron; de ellas, 252 son niños y 208 niñas.

El rango de edad con mayor incidencia es entre los 15 y 39 años, donde se concentra 64.1% de los casos. El 51.6% de las mujeres desaparecidas y no localizadas está en el rango de 15 a 29 años.

Los municipios de Saltillo, con 642 casos, y Piedras Negras, con 641 reportes, también muestran incrementos durante 2026. Acuña contabiliza 237 desapariciones y Monclova suma 233. Estos cinco municipios concentran la mayor parte de los reportes en Coahuila.

El análisis histórico de Red Lupa indica que los casos de desaparición aumentaron a partir de 2008, con picos en 2010 y 2011, años en los que se reportaron 525 y 515 casos respectivamente.

A partir de 2015 se observó una disminución sostenida, con cifras bajas hasta 2022, cuando el registro anual repuntó a 198 casos.

Para 2023 disminuyó a 111, luego subió a 124 en 2024 y se registraron 64 desapariciones en 2025.

En el periodo de enero al 16 de mayo de 2026, Red Lupa reporta 14 nuevos casos. En 144 expedientes no se especifica la edad de la persona desaparecida.

Sheinbaum pide informes quincenales sobre crisis de desaparecidos

Esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recientemente instruyó a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, a ofrecer conferencias de prensa cada 15 días para informar, primero a los colectivos y después a la población, sobre avances y el número de personas localizadas.

La presidenta también afirmó que el gobierno federal colabora con organismos internacionales y recordó que en abril pasado dialogó con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk.

Asimismo, aseguró que hay avances derivados de nuevas leyes entorno a la crisis forense, que han denunciado principalmente colectivos de madres buscadoras.

La artista y activista Elsa Oviedo propone intervenir los billetes de 50 pesos con mensajes sobre las más de 133 mil personas desaparecidas en México, con la idea de convertir una pieza de uso cotidiano en un vehículo de memoria y denuncia que circule dentro y fuera del país.

La iniciativa parte de una característica concreta del billete del ajolote: su alta circulación y el interés que despierta entre coleccionistas y visitantes extranjeros. Bajo esa lógica, cada ejemplar modificado podría trasladar frases breves, cifras y recordatorios sobre la magnitud de la crisis de desapariciones.

Oviedo plantea usar los billetes ilustrados con el ajolote y los ecosistemas lacustres de Xochimilco como soporte para hacer visible una emergencia que afecta a miles de familias mexicanas. La propuesta busca que el mensaje no permanezca encerrado en espacios militantes o institucionales, sino que llegue a manos de cualquier persona en una compra, un pago o un intercambio cotidiano.

De acuerdo con el texto fuente, la intervención artística incluiría mensajes cortos vinculados con la crisis de desaparecidos. El objetivo es detonar conversación pública y mantener el tema en la agenda social a partir de un objeto que cambia constantemente de manos.

El billete del ajolote se plantea como un soporte de denuncia cotidiana

La apuesta de Oviedo mezcla arte, memoria y protesta. Su planteamiento sostiene que un billete intervenido no solo funcionaría como recordatorio material de la crisis, sino también como un gesto de resistencia frente a una realidad que, según el texto fuente, no puede ser ignorada.

El proyecto se formula en un contexto en el que México registra más de 133 mil personas desaparecidas, de acuerdo con datos oficiales citados en el texto fuente. Organizaciones civiles también subrayan la urgencia de sostener la discusión en el espacio público.

La propuesta ya genera conversación en redes sociales. Parte de los usuarios respalda la idea por su creatividad y por la forma en que traslada la exigencia de verdad y justicia a un objeto de circulación masiva.

Otras reacciones apuntan a posibles implicaciones legales por la modificación de billetes en circulación. Aun con esas reservas, el debate alrededor de la propuesta ya colocó de nuevo la crisis de desapariciones en el centro de la conversación cotidiana.

La movilización del 11 de junio prevé afectaciones viales en el sur de CDMX

En ese mismo contexto, colectivos sociales, organizaciones civiles, maestros, transportistas y familiares de personas desaparecidas convocan a una movilización masiva para el próximo 11 de junio en la CDMX, fecha que coincide con el partido inaugural de la Copa Mundial de Futbol FIFA.

La convocatoria advierte posibles cierres parciales o totales en algunas de las principales vialidades del sur de la ciudad. El llamado es a tomar precauciones ante eventuales afectaciones a la circulación.

La coincidencia entre la protesta anunciada y una jornada de alta atención pública apunta al mismo propósito que atraviesa la propuesta de los billetes: empujar la crisis de desapariciones hacia espacios de visibilidad amplia y obligar a que el tema permanezca presente en la discusión pública.

Familias de Guadalajara crean álbum del Mundial con rostros de desaparecidos

A un par de semanas del Mundial 2026, el entusiasmo futbolero en Guadalajara convive con una realidad mucho más dolorosa. Familias de personas desaparecidas y colectivos de búsqueda lanzaron una campaña inédita: un álbum de estampas mundialistas con los rostros de quienes siguen sin volver a casa.

El objetivo es aprovechar la atención internacional del evento para visibilizar la crisis de desapariciones en Jalisco y evitar que la emergencia humanitaria quede relegada por la fiesta del futbol.

La campaña, impulasada bajo el mensaje central de “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”" exige que la emergencia en Jalisco no quede relegada por la celebración futbolística del Mundial 2026. (Foto: Cuartoscuro/Fernando Carranza García)

La iniciativa, impulsada principalmente por el Colectivo Luz de Esperanza, busca romper la indiferencia institucional y social, recordando que detrás de la fiesta global permanece una emergencia humanitaria que afecta a miles de hogares en el país.

Las estampas mundialistas que cuentan ausencias

Los colectivos transformaron las fichas de búsqueda en cromos al estilo Panini, con la esperanza de convertir cada imagen en un símbolo de memoria y protesta.

Las estampas muestran a personas desaparecidas con la camiseta de la Selección Mexicana, junto a su nombre, fecha de desaparición y el estado donde fueron vistas por última vez.

• Slogan central de la campaña: “El balón vuelve a la cancha… ¿Nuestros desaparecidos cuándo volverán a casa?”
• Difusión masiva: Las estampas han circulado en redes y espacios públicos, invitando a la reflexión.
• Protesta simbólica: El mensaje busca que la atención no se desvíe solo al futbol, sino que también se recuerde a quienes faltan.

Hace unos días se publicó una amplia investigación que llevó tres años en documentar: Esclavos de la Sierra Tarahumara. Sobrevivir a los campos de trabajo forzado del narco, que refleja uno de los principales problemas que se vive en todo el país donde secuestran a personas vulnerables, quienes son sometidos a las más crueles prácticas de deshumanización, violación, amenazas a sus familias y la muerte, ya que muchos son asesinados al intentar escapar o exigir el pago que les prometieron.

El reportaje investigado y gestionado por Marcela Turati, Thelma Gómez Durán y Eliezer Budasoff de Quinto Elemento Lab, muestra diversas entrevistas con varias personas que fueron rescatadas o lograron escapar tras años de trabajar en lo más alejado de la Sierra Tarahumara en Chihuahua.

En entrevista con Infobae México, Marcela y Eliezer detallaron ampliamente los motivos del reportaje. En este periodo apenas les daban de comer lo básico para sobrevivir sin pago alguno e incluso los presionaban para consumir drogas y trabajar cerca de 20 horas todos los días. Se aseaban con una barra de jabón para 15 personas dos veces al mes y los castigos si se quejaban eran prácticas de tortura infrahumanas.

A principios de julio de 2019, posteriormente tres personas lograron escapar y dieron pie a un operativo que se hizo una semana después, el 11 de julio de 2019, en el que fueron rescatadas 21 personas cautivas en el mismo sitio. Un desenlace inusual en un país donde la cifra oficial de desapariciones supera las 130 mil personas, el 95 por ciento ocurrido en las últimas dos décadas.

Margarito Guerrero fue llevado con engaños en los años ochenta al rancho El Búfalo en Chihuahua, una plantación de marihuana de más de 500 hectáreas atribuida en el texto a Rafael Caro Quintero, y esa experiencia marcó décadas después la forma en que entendió la desaparición de su hijo Jhosivani Guerrero de la Cruz, uno de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Según Proceso, en ese rancho trabajaban unos 12 mil jornaleros y la operación funcionó durante tres años. El texto describe una división precisa de tareas: siembra, selección de ramas, empaque y vigilancia armada para impedir fugas.

Margarito Guerrero era originario de Omeapa, en el municipio de Tixtla, Guerrero. Hombres que llegaron a su pueblo le ofrecieron trabajo en la pizca de manzana con buena paga y él abordó un autobús hacia el norte del país.

A mediados de los años ochenta llegó a una planicie del municipio de Allende, cerca del poblado El Búfalo, en Chihuahua. En lugar de manzanos encontró una extensión preparada para cultivar marihuana.

El rancho funcionaba con encierro, castigos y trabajo sin salario

El texto señala que las jornadas empezaban a las 07:00 horas y podían extenderse hasta las 04:00 del día siguiente. Los trabajadores dormían en bodegas y, durante el mes y medio que Margarito estuvo ahí, no recibió pago.

Los “mayordomos”, hombres armados, vigilaban que nadie escapara. Si alguien intentaba salir, era castigado, aunque sí les daban comida.

“Mataban muchas vacas”, recordó Margarito al Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. El texto indica que contó por primera vez lo vivido después de la desaparición de los 43 estudiantes en septiembre de 2014.

En su libro El siglo de las drogas, el sociólogo Luis Astorga escribe que, a principios de los ochenta, jóvenes de colonias populares de Culiacán y rancherías cercanas eran reclutados para sembrar amapola en el Triángulo Dorado mediante anuncios en camiones de redilas que ofrecían empleo para la “pizca de la manzana”.

Astorga añade en su libro que a esos “pizcadores de droga” se les ofrecían sueldos muy por arriba de los del trabajo agrícola tradicional. La paga era tan alta que “varios poblados quedaron habitados sólo por mujeres, niños y ancianos”, según cita el texto.

El texto también ubica otros patrones regionales. En la sierra de Guerrero, desde finales de los ochenta, el cultivo de amapola se extendió por las montañas y los cárteles tomaban pueblos enteros para obligarlos a sembrar la flor, aunque a esos cultivadores sí les pagaban.

En Chihuahua, sobre todo en rancherías del municipio de Guadalupe y Calvo, en la Sierra Tarahumara, hombres, mujeres y niños se alistaban para la temporada de amapola. Eran contratados para rayar el bulbo de la flor y extraer la goma que después se transformaría en heroína, y esa labor también era pagada.

Pobladores de campamentos de reclutados suelen estar coludidos

El reclutamiento forzado del narco se sostiene desde hace décadas sobre redes de trabajo temporal y sobre la dependencia económica de poblados cercanos a los campamentos, explicó Eliezer Budasoff. Esa combinación ayuda a entender por qué las personas secuestradas que intentan escapar suelen ser devueltas o detectadas antes de salir de la zona.

Budasoff dijo a Infobae México que una de las claves de la investigación fue acceder a testimonios que casi nunca se consiguen, porque aunque se conoce la existencia de campamentos de trabajo del narcotráfico, no se sabe con precisión qué ocurre dentro. Según el periodista, esos relatos permitieron profundizar en la facilidad con la que los grupos criminales captan mano de obra.

El narco aprovecha una cultura de trabajo temporal en varias regiones

De acuerdo con Budasoff el reclutamiento se monta sobre una cultura de trabajo temporal que no existe solo en Chihuahua, sino en otros estados del país. Se trata, dijo, de personas que no encuentran otra oportunidad laboral y pasan meses desplazándose entre cosechas, de la pizca de manzana a la nuez y de la nuez al tomate en Sinaloa.

El periodista señaló que en muchos rincones de México opera un código comunitario alrededor de ese tipo de trabajo, y que el narco se aprovecha de esa lógica para quebrarla. Esa estructura, agregó, vuelve más sencillo atraer y someter a quienes ya viven en condiciones de precariedad.

Los poblados cercanos dependen del narco para subsistir

Budasoff afirmó que también hay un factor geográfico: los campamentos se ubican en sitios donde los pequeños poblados cercanos dependen casi por completo del narco para su subsistencia. Según su explicación, esas comunidades proveen materiales y alimentos, lo que refuerza la vigilancia sobre quienes buscan huir.

El periodista detalló que las historias de sobrevivientes muestran dos rutas frecuentes de captura tras un intento de escape. Una ocurre cuando las víctimas se topan con otros campos de trabajo forzado en la zona, vinculados entre sí y asociados a una misma familia; la otra, cuando llegan a la población más cercana y ahí son identificadas.

Budasoff recordó una idea planteada por Marcela Turati en una entrevista para su podcast El hilo: las personas de esas comunidades tampoco tienen muchas opciones. A partir de eso, sostuvo que una de las partes más duras del reportaje es ver cómo todos saben qué sucede en esos lugares y cómo, en los niveles más bajos de la economía criminal, las fronteras entre víctimas y victimarios se diluyen.

¿Por sustitución de amapola y marihuana por drogas sintéticas disminuirá el reclutamiento forzado?

El reclutamiento forzado por parte del narco no disminuiría de forma automática si baja el consumo de drogas sintéticas y sube el de amapola o marihuana, porque las organizaciones criminales ajustan sus negocios para mantener ganancias y recortan costos cuando un mercado deja de ser rentable, según explicaron los periodistas Eliezer y Marcela Turati a partir de su reportaje sobre personas obligadas a trabajar para estos grupos.

El punto de quiebre que describen está en la economía criminal: desde 2016, con la entrada del fentanilo, el precio de la goma de opio cayó en picada y en una década registró una baja de 90%, dijo Eliezer al explicar una tesis del investigador Luis Astorga. Según esa lectura, los grupos no abandonan un negocio aunque pierda valor; buscan que siga dejando dinero a partir de la reducción de costos.

Esa reducción, de acuerdo con Eliezer, incluye esquemas de esclavización y trabajo forzado. La lógica no es sustituir una droga por otra y desactivar la violencia de reclutamiento, sino hacer rendir cualquier actividad ilícita en una coyuntura de mercado adversa.

El abandono estatal aparece como la base del reclutamiento

El reportaje citado por Eliezer y Turati ubica el reclutamiento en territorios donde la ausencia del Estado ya era previa. Según Eliezer, los criminales no captan personas en cualquier sitio, sino en poblaciones “abandonadas por el Estado”, donde la marginación ya había dejado a sus habitantes fuera de la protección institucional.

Para sostener esa afirmación, Eliezer relató que las reporteras pudieron recorrer calles de Vista Cerro Grande y localizar con facilidad tanto a víctimas como a victimarios, incluso dentro de la misma colonia. Según su testimonio, si dos periodistas lograron identificar dónde operan y dónde levantan personas, las autoridades también podrían hacerlo si realmente estuvieran mirando.

Marcela Turati detalló que el perfil de las personas a las que se llevan incluye migrantes, jóvenes sin empleo, jornaleros agrícolas en tránsito y personas con deudas relacionadas con adicciones. También dijo que, en algunos casos, esas adicciones son provocadas por los mismos grupos que después exigen el pago de una deuda y usan esa condición para someter a las víctimas.

La respuesta a la pregunta de si el reclutamiento bajaría con un regreso a mercados como la amapola o la marihuana, según lo expuesto por ambos periodistas, es negativa si persisten las mismas condiciones de explotación, pobreza y omisión oficial. Mientras exista una población disponible por desempleo, deuda, movilidad forzada o abandono institucional, las redes criminales conservarían una fuente de mano de obra coaccionada.

Las organizaciones criminales cambian de negocio, pero no dejan de captar personas

Marcela Turati definió a estos grupos como “empresas criminales” que buscan maximizar ganancias y minimizar costos. Bajo esa lógica, explicó que el reclutamiento forzado no se limita al sicariato, sino que forma parte de una división de tareas más amplia dentro de la estructura del crimen organizado.

Según Turati, cuando necesitan pelear territorios citan a jóvenes en centrales de autobuses y se los llevan por la fuerza. También señaló que otros reportajes han documentado la captación de estudiantes de química para procesos técnicos, mientras que su trabajo se concentró en otra rama: personas forzadas a laborar en condiciones de esclavitud.

Esa descripción apunta a un fenómeno más amplio que la sola producción de una droga. Si una organización se fragmenta, el incentivo para retener rentas y abaratar operaciones puede mantenerse en células más pequeñas, siempre que conserven acceso a víctimas vulnerables y tolerancia de autoridades locales, según lo planteado por Turati al hablar de responsabilidad “por omisión, por complicidad o por participación”.

La periodista añadió que familias de personas desaparecidas de distintas partes del país les han hecho saber que ya habían denunciado que sus hijos estaban siendo obligados a trabajar y que las autoridades no actuaron. Para Turati, ese patrón vuelve el caso una pista concreta sobre dónde podrían estar algunas personas desaparecidas.

Marcela Turati también cuestionó la eficacia de las intervenciones públicas en esas colonias. Dijo que personas encargadas de programas sociales que llegan a esos lugares les habían reconocido que ninguna intervención había funcionado y que muchas medidas eran apenas “cosméticas”, como entregar una despensa o una beca sin ofrecer empleo estable.

Su conclusión fue que el Estado compite con desventaja frente al narco cuando no garantiza trabajo. Según Turati, lo que se necesita es una política laboral capaz de ofrecer ingresos sostenidos, porque el reclutamiento forzado se alimenta de personas que buscaban empleo con urgencia para mantener a su familia o saldar una deuda.

Ceci Flores, madre buscadora, denunció que ha recibido amenazas tras la detención de siete personas relacionadas con la desaparición y asesinato de su hijo Marco Antonio Sauceda Rocha, quien fue visto por última vez el 4 de mayo de 2019 en Sonora.

Flores relató que, tras los anuncios de la Fiscalía General de Justicia del Estado sobre las detenciones, tanto ella como sus hijos comenzaron a recibir amenazas constantes que han provocado que teman por su vida.

“Hemos tenido una persecución terrible. Hemos estado teniéndonos que trasladar de un lugar a otro, escondiéndonos. No sabemos por parte de quién ni sabemos por qué, pero lo más lamentable es que hay autoridades involucradas en ese tipo de amenazas y amedrentaciones”, expresó.

La activista señaló que estas acciones la han obligado a permanecer en movimiento y a vivir con temor por su seguridad y la de sus seres queridos.

“Lamentamos enormemente que tengamos que sufrir las madres y la familia esta persecución por estar haciendo el trabajo que le corresponde a las autoridades”, afirmó, y remarcó que la búsqueda de personas desaparecidas debería ser responsabilidad del Estado, no de las familias.

Exige protección a las autoridades de Sonora y a la presidenta

Ante la situación de peligro, Ceci Flores hizo un llamado directo tanto al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, como a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para que garanticen su seguridad y la de su familia. Asimismo, insistió en que las amenazas y persecuciones no lograrán que detenga su labor.

“Con todas las amenazas, con todas las persecuciones, con las amedrentaciones que me hagan a mí o a mi familia, no nos van a detener en la búsqueda”, aseguró.

Flores subrayó que, pese al miedo, continuará exigiendo justicia para su hijo Marco Antonio y continuará la búsqueda de su otro hijo Alejandro, quien sigue desaparecido.

La madre buscadora fue enfática al señalar que su lucha se mantendrá, a pesar de los riesgos: “Aunque me amenacen, aunque me persigan, aunque me quieran desaparecer o me quieran matar, no me voy a detener”.

Ceci Flores localizó los restos de su hijo en marzo de 2026

Cabe recordar que la madre buscadora localizó los restos de Marco Antonio cuando se realizó un cateo el pasado 24 de marzo de 2026 en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26 en Hermosillo.

En el lugar, halló fragmentos óseos con prendas de vestir, un celular y 11 casquillos de distintos calibres. Las pertenencias las identificó como pertenecientes a las de su hijo Marco Antonio, por lo que anunció su localización a través de redes sociales.

Marco Antonio desapareció el 4 de mayo de 2019 cuando un comando armado lo interceptó en Bahía de Kino junto a su hermano menor, Jesús Adrián, mientras regresaban del trabajo; sin embargo, el segundo fue liberado días después.

Tras obtener el perfil genético definitivo, las autoridades confirmaron que se trataba del hijo de Ceci Flores. Un mes después, la Fiscalía de Sonora informó la detención de cinco personas relacionadas con la desaparición y asesinato de Marco Antonio, los cuales hasta el momento ya suman siete hombres imputados por su presunta implicación en los hechos.

En su mensaje, Ceci Flores expuso el dolor que implicó para ella el observar a su hijo Marco Antonio al ser velado, y cómo esa imagen transformó su demanda inicial de reencuentro en una exigencia de justicia.

“Antes decía: ‘Yo no quiero justicia, solamente quiero a mi hijo’. Pero cuando miré a mi hijo en una caja, me di cuenta que tenía que haber justicia para que ya no hubiera más repetición, porque nadie merece desaparecer”.

Finalmente, aseguró que continuará en la búsqueda de su segundo hijo Alejandro Guadalupe, quien desapareció el 30 de octubre de 2025 cuando fue privado de la libertad en la carretera de Juan José Ríos en Sinaloa.

“No me voy a detener, no voy a descansar y esto va a ser sin piedad para quienes le arrebataron la vida a mi hijo. Yo no voy a tener la piedad que ellos no tuvieron con mi hijo”, sentenció.

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Detienen en Iguala a hombre señalado de violación equiparada agravada

Un sujeto identificado como Pablo “N” fue detenido en Iguala, Guerrero, luego de que la Fiscalía General del Estado cumplimentó una orden de aprehensión en su contra por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada agravada en agravio de una víctima de identidad reservada.

De acuerdo con las investigaciones de la FGE Guerrero, los hechos ocurrieron el 30 de mayo de 2026. El imputado presuntamente cometió la conducta delictiva mientras la víctima se encontraba en el interior de una habitación en su domicilio.

El operativo de aprehensión fue ejecutado por personal de la Policía Investigadora Ministerial en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal de Guerrero.

Una vez detenido, Pablo “N” fue puesto a disposición del Juez de Control que lo requería, a efecto de que se determinara su situación jurídica conforme a derecho.

La FGE Guerrero reafirmó en un comunicado de prensa que su compromiso de investigar y perseguir los delitos que vulneren la integridad y el libre desarrollo de las personas, y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

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La fiscal general Ernestina Godoy Ramos reconoció la deuda pendiente en materia forense ante 320 integrantes de colectivos de búsqueda reunidos en Zacatecas para las Mesas de Diálogo con Familias y Colectivos de Búsqueda de la Región Occidente.

Godoy afirmó que dicha deuda es uno de los ejes de la Estrategia Nacional de Búsqueda. Para atenderla, señaló que se está capacitando a los especialistas y que el año pasado se robusteció el andamiaje jurídico.

La funcionaria subrayó que la búsqueda de personas es una prioridad de la Fiscalía General de la República (FGR) y que debe atenderse de manera integral, en coordinación y escuchando a las víctimas en todo momento.

En las mesas, realizadas el pasado 4 de junio, participaron familias y colectivos de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Querétaro y Zacatecas.

Godoy Ramos estuvo acompañada del gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, y del subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Arturo Medina Padilla.

La Estrategia Nacional de Búsqueda fue construida con familias

Información compartida por la FGR afirmó que el objetivo del encuentro fue compartir la Estrategia Nacional de Búsqueda, un protocolo elaborado con la colaboración de colectivos y familiares de víctimas, en el que participan de manera coordinada el gobierno federal, los gobiernos estatales y los propios colectivos.

Godoy Ramos señaló que una de las virtudes de esa estrategia es que todas las instituciones se sientan en la mesa a presentar acciones y metas, las cuales son:

• Prevención
• Búsqueda
• Apoyo a los familiares
• Atención a la deuda forense

La fiscal recordó que el año pasado se robusteció el andamiaje jurídico y que se está capacitando a los especialistas en la materia.

Además, en respuesta a las preguntas de las madres buscadoras, reconoció que no basta con esforzarse, sino que es necesario dotar a las fiscalías de presupuesto y hacer uso de la tecnología.

“Lo único que tenemos que hacer es cumplir y rendir cuentas”, afirmó.

Agregó que ninguna institución puede sola y que los funcionarios deben de ser juzgados si no cumplen.

Reestructuración de la FGR: proyecto encabezado por Godoy

La reunión en Zacatecas se produce después de que Godoy Ramos presentara, el 17 de abril, su Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, con el que anunció una reestructuración profunda de la FGR.

El documento marcó el cierre a la llamada burocracia dorada y respondió a rezagos acumulados bajo administraciones anteriores. La presentación tuvo como sede el Centro Cultural del México Contemporáneo, en la Ciudad de México, ante representantes del gabinete de seguridad, el Senado, la Suprema Corte y organizaciones sociales.

La fiscal asumió el cargo el 27 de noviembre de 2025, tras la salida de Alejandro Gertz Manero. Desde entonces impulsó una reestructuración de procesos con modificaciones al estatuto orgánico de la institución: eliminó duplicidades, frenó la inercia burocrática y priorizó el trabajo operativo.

“Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era”, afirmó durante el anuncio.

El nuevo modelo de investigación abandona el enfoque reactivo y apuesta por inteligencia, ciencia y análisis estratégico. El plan impulsa la integración de carpetas sólidas, peritajes científicos y atención integral a las víctimas.

En desaparición de personas, el plan contempla la transformación del modelo de investigación, el fortalecimiento del sistema forense y la colaboración con agencias internacionales. La fiscal aseguró que la perspectiva de género es obligatoria en todas las investigaciones, especialmente en feminicidio y desaparición de personas.

También instauró un régimen de tolerancia cero frente a la corrupción y la negligencia.

“A quienes delinquen, a quienes lastiman, a quienes creen que pueden seguir actuando con impunidad, les aseguro que la etapa de la indiferencia terminó”, concluyó al cierre de la presentación.

Colectivos de madres buscadoras de la Ciudad de México realizaron una protesta en las inmediaciones del Deportivo Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, mientras en el Salón de Armas se llevaba a cabo el evento del Tour del Trofeo, en el que se exhibe la copa mundialista.

Rodeadas por granaderos, un grupo de madres buscadoras y personas solidarias se manifiestan hoy frente a la Utopía Magdalena Mixhuca, durante la muestra oficial del trofeo de la Copa FIFA 2026.

El evento donde se exhibe el trofeo está presidido por la jefa de Gobierno Clara Brugada, Gabriela Cuevas, coordinadora del Gobierno de México para el torneo y otros funcionarios.

La manifestación inició la mañana de este viernes con bloqueos sobre Viaducto Río de la Piedad, lo que provocó afectaciones al tránsito vehicular. Más tarde, las participantes cerraron los accesos 6 y 7 del recinto deportivo, donde autoridades del Gobierno de la Ciudad de México encabezaban el evento.

Las madres buscadoras portaron carteles, fotografías, mantas y fichas de búsqueda para solicitar atención de las autoridades y mayor presupuesto para la localización de personas desaparecidas, con énfasis en casos registrados en la alcaldía Tlalpan.

Al frente de la movilización estuvo Vanessa, madre de Ana Amelí, una joven desaparecida el 12 de julio de 2025 en la zona del Ajusco, cuyo paradero permanece desconocido.

Durante la protesta, las participantes colocaron fichas de búsqueda en las vallas perimetrales del deportivo y llevaron un ajolote con una pala como símbolo de la búsqueda que realizan. Las personas que acudían al evento se encontraron con los bloqueos y la movilización. Las manifestantes indicaron que continuarán exigiendo respuestas y acciones para las familias de personas desaparecidas.

La situación se mantuvo bajo la atención de autoridades mientras proseguían las acciones de los colectivos en el lugar.

Las madres buscadoras se manifiestaron junto al Ajolote buscador durante la exhibición del trofeo mundialista en la Ciudad Deportiva Magdalena Mixhuca, en la alcaldía Iztacalco, para exigir a las autoridades más presupuesto para las búsquedas y la localización de sus familiares.

Las manifestantes mantienen un bloqueo sobre avenida Río de la Piedad, frente a la Utopía Mixhuca, y piden avances en las investigaciones de más de 6 mil personas desaparecidas en CDMX y un total de 133 mil personas desaparecidas en topdo el país.

De acuerdo con lo reportado en el lugar, se concentran entre 25 y 30 manifestantes en la zona donde este viernes está prevista la presentación de la Copa del Mundial 2026, con el objetivo de visibilizar una crisis de desapariciones que, sostienen, sigue sin respuestas efectivas.

Además, resignifican la figura del ajolote para denunciar el problema, luego de que en días recientes el animal se usa como imagen vinculada al evento mundialista.

“¿Cuándo, cuándo vamos a tener los perfiles en las fiscalías de investigación, expertos en macrocriminalidad? ¿Cuándo Clara Brugada va a aceptar que el crimen organizado se está llevando a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas, a nuestros padres? ¿Cuándo vamos a aceptar que la Ciudad de México no es una ciudad blindada del crimen? Estamos sumergidos en la peor violencia. Las niñas desaparecen cuando van de sus, de sus escuelas a sus casas. Los chicos desaparecen cuando van a buscar un trabajo. Tienen material para dar a los equipos, pero no para dar herramienta, sí tienen para pintar una ciudad, para maquillar una ciudad que es una ciudad violenta, que es una ciudad donde hay más de seis mil carpetas de desaparecidos y donde no regresan nuestros hijos", dijo en el discurso una de las madres.

Este jueves previo al partido México-Serbia jugaron una cascarita afuera del estadio

Mientras aficionados se reunían a las afueras del Nemesio Díez, madres buscadoras y familiares de personas desaparecidas convirtieron Av. Morelos en una cancha para visibilizar una crisis que mantiene al Estado de México como una de las entidades con más casos sin resolver del país.

Aún no iniciaba el partido en el estadio Nemesio Diez, pero a unos metros de sus accesos ya se disputaba otro.

Entre fichas de búsqueda, mantas con rostros de personas desaparecidas y retratos sostenidos por madres, padres e hijos, un grupo de familias buscadoras improvisó una cancha sobre el asfalto para disputar una cascarita antimundialista en vísperas del encuentro amistoso entre México y Serbia.

Luis Alfonso “N” fue vinculado a proceso este jueves como el séptimo imputado en la investigación por la desaparición y muerte de Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de la madre buscadora Ceci Flores, según informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Con esta acción judicial, la fiscalía acumuló siete de las ocho órdenes de aprehensión obtenidas en la causa penal y solo resta una por cumplimentar. Sin embargo, autoridades han referido que la persona faltante por llevar ante la justicia cuenta con una ficha de desaparición.

La captura de Luis Alfonso “N” se concretó el pasado 1 de junio en la colonia El Chaparral, en Tijuana, Baja California, mediante un operativo conjunto entre la Agencia Ministerial de Investigación Criminal de Sonora (AMIC) y la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGEBC).

Las autoridades lo localizaron en la zona de canalización del Río Tijuana para dar cumplimiento al mandamiento judicial librado en su contra.

La FGJES formuló imputación por los delitos de desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

Seis detenidos y una muerte cerraron las primeras siete órdenes

De las ocho órdenes de aprehensión obtenidas desde el pasado 2 de abril de 2026, seis fueron cumplimentadas antes de la captura de Luis Alfonso “N”.

Cinco correspondieron a detenciones: Felipe de Jesús “N”, Sergio Elliot “N”, Francisco Javier “N”, Martín “N” y Alán Eduardo “N”, todos imputados por desaparición cometida por particulares y asociación delictuosa.

La sexta orden quedó resuelta por la muerte de un sujeto identificado como Alexis “N”. El rancho donde fueron hallados los restos de Marco Antonio, en el kilómetro 46 de la carretera 26 en Hermosillo, pertenecía a un hombre ya fallecido que habría participado en la desaparición, aunque la FGJES no confirmó si se trata de Alexis “N”.

La última orden de aprehensión está relacionada con un hombre que se encuentra desaparecido, según declaraciones del fiscal general de Sonora, Gustavo Salas Chávez. Presuntamente el sujeto fue secuestrado por un grupo delincuencial.

Las investigaciones ministeriales, el trabajo de inteligencia y los análisis periciales permitieron establecer la participación de dos fracciones delictivas en el caso. La fiscalía no ha precisado hasta el momento la identidad ni la filiación de ninguno de los dos grupos.

Los restos de Marco Antonio fueron hallados en un cateo en marzo de 2026

El 24 de marzo de 2026, la FGJES ejecutó un cateo en un rancho ubicado a 790 metros al norte del Ejido Salvador Alvarado, sobre la carretera 26, en Hermosillo.

Ahí se localizaron fragmentos óseos en estado avanzado de degradación, junto con 11 casquillos de distintos calibres, un celular y prendas de vestir.

La propia Ceci Flores anunció el hallazgo en redes sociales: “Hoy localicé a mi niño… abrazo tus restos, es lo que me queda”.

Reconoció los restos por la vestimenta: pantalón negro de mezclilla, playera guinda Nike y zapato negro, la misma ropa que Marco Antonio portaba el 4 de mayo de 2019, cuando un comando armado lo interceptó en Bahía de Kino junto a su hermano menor, Jesús Adrián, mientras ambos regresaban del trabajo.

Para obtener el perfil genético definitivo, los peritos aplicaron protocolos de alta complejidad que incluyeron digestión para la liberación de ADN, extracción automatizada, purificación, cuantificación y tres químicas de amplificación distintas.

El 31 de marzo, la FGJES confirmó la identificación positiva de Marco Antonio Sauceda Rocha.

Jesús Adrián fue liberado días después; Marco Antonio nunca regresó

Aquel 4 de mayo de 2019, el comando que interceptó a los hermanos en Bahía de Kino liberó a Jesús Adrián días después.

Marco Antonio permaneció desaparecido casi siete años. Sus restos fueron velados en el domicilio familiar en Valle de Kino y sepultados el 2 de abril de 2026.

Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci y hermana de la víctima, confirmó los resultados a medios de comunicación: “Nos entregaron el resultado. Salió positivo a los restos que encontramos el día 24 de marzo mediante un cateo que hizo la fiscalía”.

Días después del sepelio, Ceci Flores anunció su traslado a Sinaloa para continuar la búsqueda de su otro hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.

Aclaró que el traslado no implicó abandonar el liderazgo del colectivo: “Tenemos que trasladarnos a Sinaloa, seguir la búsqueda de Alejandro y todos nuestros desaparecidos. No voy a abandonar a las madres de Sonora, seguiré al frente de la Organización de Madres Buscadoras de Sonora”.

En abril, la madre buscadora envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán— recluido en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Estados Unidos— para pedirle información sobre el paradero de personas desaparecidas por el Cártel de Sinaloa.

Flores identificó a “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, entre al menos diez personas que habrían trabajado para el exlíder del cártel, como los responsables de la desaparición de Alejandro.

“Sé, de verdad, que eres una persona buena que ayudó a mucha gente, a muchos pobres y que hoy te encuentras privado de tu libertad, y desde allá mándanos una carta”, escribió Ceci Flores.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García, desmintió este jueves 4 de junio los reportes que circularon en redes sociales sobre la localización de la periodista Roxana Berenice Guzmán Ramírez, quien fue privada de la libertad el pasado 2 de junio por un comando armado que irrumpió en su domicilio en Nanchital.

La mandataria confirmó que la búsqueda continúa activa y que elementos federales enviados por la presidenta Claudia Sheinbaum llevan tres días desplegados en la zona sur del estado.

Nahle hizo las declaraciones a la prensa afuera del Palacio Legislativo, donde descartó que Guzmán Ramírez hubiera sido encontrada golpeada en un barranco en Coatzacoalcos.

La gobernadora se negó a revelar líneas de investigación y remitió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz para que informara en su momento.

“Hay que ser responsables... Dejen que lo diga la Fiscalía”, señaló la mandataria a medios de comunicación.

Nahle calificó de “lamentable” la irrupción del comando en Nanchital

La mañana del 2 de junio, al menos tres hombres encapuchados y armados con armas largas llegaron al domicilio de Guzmán Ramírez en la colonia Primero de Mayo de Nanchital.

Un video reveló la forma en que los hombres golpearon la puerta hasta romper el cristal. En el mismo material se observa como uno de los agresores arrebata el celular que presuntamente sostenía la directora de Pulso Informativo del Sureste.

Los sujetos sometieron a los presentes, los amenazaron con armas y se llevaron a Roxana. El video se viralizó en redes sociales y colocó el caso en la atención nacional.

Este 4 de junio, reporteros preguntaron a la gobernadora de la entidad qué opinaba al respecto del crimen, el cual ocurrió a plena luz del día.

Roció Nahle se limitó a contestar: “Lamentable, eso no debe pasar”.

Ante la posibilidad de que la familia de Roxana se manifestara durante la gira de Sheinbaum al estado, Nahle respondió: “Cada quien es libre de expresar, de solicitar. Para eso hay libertad aquí”.

FGE Veracruz encabeza las investigaciones tras la desaparición de la periodista

La tarde del pasado 2 de junio, horas después del secuestro, la Fiscalía General del Estado de Veracruz confirmó la apertura de una carpeta de investigación por privación ilegal de la libertad a través de la Fiscalía Regional Coatzacoalcos.

Asimismo, el gobierno del estado confirmó el despliegue de un operativo de búsqueda encabezado por la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz, con participación de la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Policía Ministerial de la FGE Veracruz.

Al corte del 4 de junio, no hay detenidos ni se ha confirmado su paradero.

Artículo 19 exigió a la FGE, al Gobierno del Estado y a la Comisión Estatal para la Búsqueda de Personas acciones inmediatas y pidió que el trabajo periodístico de Guzmán Ramírez fuera línea prioritaria de investigación.

La organización Comunicación e Información de la Mujer (CIMAC) activó la Alerta Mujeres Periodistas y solicitó la intervención de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE).

Guzmán Ramírez es directora del portal Pulso Informativo del Sureste. En 2017 tuvo que abandonar Veracruz por motivos de seguridad, presuntamente relacionados con el asesinato de su esposo Carlos Fernández Escalante en Nanchital.

“Devuelvan a mi hija”: el padre de Roxana fue golpeado y esposado durante el secuestro

Cuando los hombres armados entraron al domicilio, Fernando Guzmán, padre de Roxana, intentó interponerse.

Los agresores lo sometieron a golpes y patadas, lo esposaron y lo dejaron en el suelo.

Perdió el conocimiento. Antes, alcanzó a escuchar a su hija gritar que no le pegaran. Terminó hospitalizado. Su esposa y otro familiar que estaba en el lugar también recibieron golpes.

A dos días del secuestro, sin noticias de Roxana y sin que los captores hubieran exigido rescate, Fernando Guzmán habló ante las cámaras del medio Milenio. En la entrevista, reveló que lograron fotografiar el vehículo en que se llevaron a Roxana: un Nissan Versa blanco con placas S43AKY.

Según Milenio, en el Registro Público Vehicular esa matrícula corresponde a un Hyundai Atos 2001 registrado en Puebla, con última actualización en junio de 2023. Presuntamente fueron sobrepuestas las placas en el auto usado para el crimen.

En un enérgico y desgarrador pronunciamiento emitido este 3 de junio de 2026, familiares de personas desaparecidas y presos políticos bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo alzaron la voz para denunciar una política sistemática de incomunicación y abandono deliberado.

El comunicado, respaldado por la Alianza Universitaria Nicaragüense, pone como ejemplo el caso de Brooklyn Rivera, quien permaneció desaparecido casi tres años hasta su reciente muerte en condiciones que las familias describen como resultado de una política sistemática de desaparición, incomunicación y abandono deliberado.

A través de un manifiesto público difundido en redes sociales, los firmantes expresaron que la muerte de Rivera no constituye un hecho aislado, sino el resultado predecible de un patrón estatal que vulnera de manera flagrante el derecho internacional.

Al igual que ocurrió con el líder misquito, los parientes de múltiples prisioneros señalaron que, desde el momento de sus respectivas detenciones, el Estado nicaragüense ha mantenido un hermetismo absoluto sobre sus paraderos y estados de salud.

Por lo que, la denuncia expone que el temor de los familiares está fuertemente fundamentado en hechos recientes. Durante el año 2025, el régimen de Ortega-Murillo entregó los cuerpos sin vida de los presos políticos Mario Alonso Petri y Carlos Cárdenas Zepeda a sus allegados, sin ofrecer ningún tipo de explicación médica ni legal sobre las causas de sus muertes.

De acuerdo con el comunicado, en ambos casos las familias fueron forzadas a realizar los sepelios de forma inmediata y bajo una estricta vigilancia policial, lo que impidió la realización de auditorías médicas independientes y sepulturas dignas.

Alerta roja por la vida de cinco prisioneros

La urgencia del comunicado radica en el inminente peligro que corren actualmente otros detenidos, varios de ellos adultos mayores que padecen enfermedades crónicas graves y carecen de acceso a atención médica especializada. Los familiares individualizaron cinco casos críticos cuyos días en desaparición forzada o cautiverio prolongado representan un riesgo de fatalidad continuo:

• Víctor Boitano Coleman: 65 años de edad y 781 días desaparecido.
• Steadman Fagoth Muller: 72 años de edad y 624 días desaparecido.
• Salvadora Martínez Aburto: 68 años de edad y 290 días desaparecida.
• Carlos Brenes Sanchez: 71 años de edad y 290 días desaparecido.
• Jaime Enrique Navarrete Blandon: Quien, a pesar de no estar desaparecido, enfrenta una situación de extrema gravedad tras ser arrestado un mes después de su liberación en 2019, sumando 8 años de un cruel y prolongado cautiverio bajo régimen de máxima seguridad.

Los denunciantes enfatizaron que mantener a los prisioneros sin comunicación alguna ni evidencias verificables de su estado de salud constituye una violación directa de las Reglas Mínimas de la ONU para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas internacionalmente como las Reglas Nelson Mandela. Ante lo que califican como una “violencia institucionalizada”, los familiares exigen respuestas inmediatas.

Por lo que, las demandas centrales dirigidas al régimen de Nicaragua se resumen en tres puntos fundamentales:

1. La liberación inmediata de sus familiares y de los más de 46 presos políticos verificables.
2. Información oficial e inmediata sobre sus paraderos y condiciones de salud.
3. Acceso médico independiente para los reclusos, sugiriendo la intervención de organismos como la Cruz Roja Internacional.

Asimismo, advirtieron que no aceptarán supuestas “pruebas de vida” manipuladas. El pronunciamiento también saca a la luz lo que consideran una profunda hipocresía diplomática por parte de la administración de Ortega-Murillo. Se denuncia que el pasado 26 de mayo, la delegación nicaragüense exigió ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el fin de las sanciones internacionales invocando el “Derecho Internacional”.

Para los firmantes, un Estado que perpetra de manera continua la desaparición forzada dentro de sus fronteras carece por completo de autoridad moral. Por este motivo, hicieron un llamado enérgico a la comunidad internacional y a los organismos de derechos humanos para mantener e intensificar las sanciones económicas y políticas contra el Gobierno de Nicaragua.

La dirigente de Morena respondió al empresario luego de que compartiera mensajes sobre la crisis de desapariciones y una protesta realizada durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

La presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones de Morena, Citlalli Hernández Mora, lanzó este domingo una serie de críticas contra el empresario Ricardo Salinas Pliego, a quien acusó de utilizar su influencia mediática para construir percepciones públicas y difundir mensajes de confrontación política.

A través de la red social X, Hernández aseguró que el dueño de Grupo Salinas la bloqueó en la plataforma y afirmó que durante años ha recurrido a descalificaciones personales en lugar de debatir ideas.

Además, sostuvo que el empresario destina recursos a comunicadores, influencers y cuentas automatizadas para influir en la conversación pública.

“Resulta que el traficante de influencias ya me bloqueó”, escribió la dirigente morenista en una publicación en la que también cuestionó el papel del empresario en el debate político nacional.

Publicaciones sobre desaparecidos y críticas al Gobierno

La respuesta de Hernández se produjo después de que Salinas Pliego compartiera un mensaje en el que cuestionó al Gobierno federal por la situación de las personas desaparecidas en México.

En su publicación, el empresario señaló que miles de familias continúan buscando a un ser querido y sostuvo que las autoridades presumen avances mientras persisten problemas relacionados con seguridad y violencia.

El mensaje fue acompañado por una publicación de la organización Mexicanos al Grito de Paz, grupo que este domingo realizó una protesta durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Monumento a la Revolución.

La protesta durante el evento de Claudia Sheinbaum

Durante la concentración organizada con motivo del segundo aniversario del triunfo electoral de la mandataria federal, integrantes de Mexicanos al Grito de Paz desplegaron una manta desde un edificio cercano al evento.

En el mensaje se realizaron señalamientos contra Sheinbaum y contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

Posteriormente, la organización difundió imágenes de la protesta a través de redes sociales, contenido que fue retomado por Salinas Pliego.

Tras ello, Hernández respondió al empresario y afirmó que, si realmente existe preocupación por las familias de personas desaparecidas, podría utilizar sus espacios de comunicación para apoyar su búsqueda en lugar de promover contenidos que, desde su perspectiva, generan desinformación.

Un conflicto que se remonta a 2023

Las diferencias entre Hernández y Salinas Pliego no son nuevas. Desde hace varios años ambos han protagonizado intercambios públicos relacionados con política, medios de comunicación y libertad de expresión.

El episodio más conocido ocurrió en 2023, cuando Hernández, entonces senadora, presentó una denuncia por presunta violencia política en razón de género derivada de publicaciones realizadas por el empresario en redes sociales.

Tras analizar el caso, el Instituto Nacional Electoral ordenó medidas cautelares para retirar diversos contenidos; sin embargo, la resolución fue posteriormente revocada por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que consideró que la autoridad electoral no tenía competencia para resolver el asunto en esos términos.

Principales diferencias entre Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego

• Violencia política de género: Hernández acusó al empresario de emitir comentarios denigrantes relacionados con su apariencia física y peso.
• Cumplimiento de medidas cautelares: La morenista ha señalado que ni Salinas Pliego ni la plataforma X retiraron los contenidos señalados tras la intervención de las autoridades electorales.
• Libertad de expresión: El empresario ha defendido sus publicaciones argumentando que forman parte del debate público y del ejercicio de la libertad de expresión.
• Diferencias ideológicas: Hernández ha vinculado las críticas del empresario con posiciones de derecha, mientras que Salinas Pliego mantiene una postura crítica hacia la Cuarta Transformación y sus principales figuras políticas.
• * Señalamientos sobre empresas del Grupo Salinas: En distintos momentos han surgido acusaciones relacionadas con presuntos llamados a boicotear compañías vinculadas al empresario, señalamientos que Hernández ha rechazado.

Diferencias que han marcado la relación entre ambas figuras

Las publicaciones de este domingo se suman a una serie de intercambios públicos que Citlalli Hernández y Ricardo Salinas Pliego han protagonizado en los últimos años.

A lo largo de ese periodo, ambos han expresado posturas distintas sobre temas relacionados con la política nacional, el papel de los medios de comunicación, las redes sociales y la libertad de expresión.

Aunque la respuesta de Hernández surgió tras las publicaciones difundidas por el empresario sobre la crisis de desapariciones y la protesta realizada durante el acto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, los antecedentes muestran que las diferencias entre ambos se han mantenido presentes en distintos momentos del debate público.

La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, publicó este sábado un mensaje en redes sociales en el que llamó a no normalizar problemáticas como las desapariciones, la violencia, la extorsión y la inseguridad que afectan a distintas regiones del país.

A través de su cuenta de X, la mandataria estatal retomó parte de los planteamientos expresados durante el evento “Yo Con Maru”, realizado un día antes en la capital chihuahuense, donde aseguró que existen situaciones que no deben ser aceptadas como parte de la vida cotidiana de las familias mexicanas.

“Hay cosas que no podemos ni debemos normalizar”, escribió Campos. En su mensaje señaló que el dolor de las madres que buscan a sus hijos desaparecidos, las comunidades que viven bajo amenazas del crimen y los jóvenes víctimas de la violencia representan problemáticas que requieren atención y visibilidad.

Maru Campos retoma mensaje sobre seguridad y desapariciones

La gobernadora destacó que la extorsión, el miedo y la impunidad no deben formar parte de la vida diaria de los ciudadanos. Asimismo, sostuvo que la defensa de la paz y la seguridad de las familias trasciende cualquier diferencia política.

“Lo que está en juego no es un tema político, es el derecho de nuestras familias a vivir en paz, en libertad y con dignidad”, expresó en la publicación.

Durante el evento realizado el sábado, Campos también hizo referencia a las madres buscadoras, a las comunidades indígenas afectadas por la violencia y a los jóvenes que, según señaló, enfrentan riesgos derivados de la actividad de grupos delictivos.

Chihuahua enfrenta una crisis de desapariciones

El posicionamiento de la gobernadora ocurre en un contexto marcado por los desafíos de seguridad que enfrenta Chihuahua.

De acuerdo con registros oficiales y organizaciones de derechos humanos, la entidad mantiene miles de reportes de personas desaparecidas.

Actualmente, más de 4,800 personas permanecen sin ser localizadas en el estado, mientras que la mayoría de las víctimas corresponden a hombres jóvenes y adultos de entre 20 y 39 años.

Entre las zonas con mayores problemáticas destacan Ciudad Juárez, la ciudad de Chihuahua y diversas comunidades de la Sierra Tarahumara, donde organizaciones civiles han documentado casos relacionados con desplazamiento forzado, reclutamiento de personas y disputas entre grupos criminales.

Principales desafíos en materia de seguridad

• Desaparición de personas.
• Desplazamiento forzado de comunidades.
• Reclutamiento de jóvenes por grupos delictivos.
• Extorsión y amenazas contra la población.
• Violencia vinculada a disputas territoriales del crimen organizado.

Organizaciones mantienen acompañamiento a familias

Ante la magnitud de la problemática, colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos continúan brindando apoyo a familiares de personas desaparecidas.

Entre las labores que realizan se encuentran:

• Acompañamiento jurídico a víctimas.
• Apoyo psicosocial a familiares.
• Participación en jornadas de búsqueda.
• Documentación y seguimiento de casos.
• Monitoreo de políticas públicas relacionadas con desapariciones.

Diversas organizaciones han advertido que la crisis de desapariciones en Chihuahua representa uno de los principales retos en materia de derechos humanos para la entidad.

El mensaje se difundió tras evento partidista

La publicación de Maru Campos se produjo un día después del encuentro “Yo Con Maru”, organizado por militantes y dirigentes del Partido Acción Nacional (PAN) en Chihuahua.

Durante ese acto, la gobernadora abordó temas relacionados con la seguridad, las desapariciones y la situación que enfrentan diversas comunidades del país.

Posteriormente, a través de redes sociales, condensó parte de ese mensaje en un llamado para evitar que la violencia, la extorsión y el dolor de las familias afectadas por las desapariciones sean vistos como una realidad normalizada.

“Desde Chihuahua le decimos a México con claridad: nada de esto es normal y no vamos a aceptarlo”, concluyó la mandataria estatal.

Luego de varias horas de rumores sobre su estado de salud, este domingo por la tarde la dictadura de Nicaragua confirmó la muerte del líder indígena miskito y expresidente del partido Yatama, Brooklyn Rivera Bryan.

La información fue confirmada por el régimen de Daniel Ortega a través de un breve comunicado, en el que detalla que River sufrió un “deterioro físico y neurológico” como consecuencia “de una bacteria generada por el virus COVID 19″.

De esta manera, Rivera se convierte en el séptimo preso político fallecido bajo custodia del Estado nicaragüense desde el inicio de la actual escalada represiva y en uno de los casos más emblemáticos de desaparición forzada denunciados por organismos de derechos humanos dentro y fuera del país.

Según fuentes cercanas citadas por la plataforma Confidencial, la familia busca cumplir la voluntad expresada por Rivera antes de su deterioro físico: ser enterrado en Lidaukra, en Sandy Bay, comunidad de la Costa Caribe Norte donde también descansan los restos de su madre.

Rivero murió apenas cuatro días después de que la dictadura rompiera casi tres años de silencio sobre el paradero y estado de salud del dirigente indígena. El pasado 27 de mayo, el Ministerio de Salud divulgó un comunicado en el que admitió que Rivera se encontraba en condición crítica y sufría “edema cerebral asociado a una lesión neurológica severa”, además de insuficiencia respiratoria y falla renal aguda.

Aquella comunicación fue interpretada por familiares, activistas y organismos internacionales como un intento de deslindar responsabilidades ante un desenlace que parecía inminente.

Las imágenes difundidas posteriormente por los medios oficiales mostraron a Rivera postrado en una cama de hospital, visiblemente demacrado, con un deterioro físico que contrastaba dramáticamente con la figura del dirigente que durante décadas encabezó la defensa de los derechos territoriales y políticos de los pueblos indígenas del Caribe nicaragüense.

El Centro de Asistencia Legal Interamericano en Derechos Humanos (Calidh) reaccionó este domingo condenando la muerte del líder indígena y atribuyéndola directamente a la responsabilidad del régimen.

“Condenamos enérgicamente la muerte en manos de la dictadura del líder histórico de Yatama, Brooklyn Rivera Bryan. Los responsables que llevaron a la muerte del diputado indígena deberán rendir cuentas penalmente. Los crímenes de lesa humanidad no van a quedar impunes”, afirmó la organización en un pronunciamiento público.

La muerte de Rivera ocurre después de más de 970 días de detención arbitraria, desaparición forzada y aislamiento. Su caso fue denunciado reiteradamente ante organismos internacionales, incluyendo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, expertos de Naciones Unidas y diversas organizaciones indígenas.

Rivera fue capturado el 29 de septiembre de 2023. De acuerdo con denuncias de sus allegados, agentes vinculados al régimen lograron ubicarlo mediante engaños en Bilwi, cabecera de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte. Desde ese momento desapareció prácticamente del espacio público.

Durante meses las autoridades se negaron a informar dónde estaba recluido, cuáles eran las condiciones de su encarcelamiento o si recibía atención médica. La incertidumbre se prolongó durante más de dos años y medio.

La desaparición de Rivera ocurrió en un contexto de creciente ofensiva contra Yatama, la principal organización política indígena de la Costa Caribe. El partido había denunciado reiteradamente fraudes electorales, invasiones de colonos a territorios indígenas y la erosión de los regímenes de autonomía establecidos en la Constitución nicaragüense.

Su captura también se produjo pocas semanas después de que cuestionara públicamente las elecciones regionales organizadas por el régimen y denunciara nuevas presiones contra comunidades indígenas y afrodescendientes.

Nacido en la Costa Caribe, Rivera fue durante décadas una de las voces políticas más influyentes entre los pueblos miskitos. Su trayectoria estuvo marcada por una compleja relación con el sandinismo. Durante los años ochenta encabezó la resistencia indígena contra el Gobierno revolucionario, denunciando desplazamientos forzados y violaciones a los derechos de las comunidades del Caribe.

Posteriormente participó en procesos de diálogo y reconciliación que condujeron al reconocimiento constitucional de la autonomía regional. Con el paso de los años se convirtió en diputado ante la Asamblea Nacional, aliado del sandinismo, y en uno de los líderes históricos más reconocidos de la Costa Caribe nicaragüense.

Su figura trascendió las fronteras nacionales y fue ampliamente conocida en foros internacionales dedicados a los derechos indígenas.

Sin embargo, el régimen Ortega-Murillo terminó tratando a Rivera como a otros antiguos aliados o interlocutores incómodos: mediante la criminalización, el aislamiento y el encarcelamiento.

Durante los últimos años, familiares y organismos de derechos humanos denunciaron que el dirigente indígena permanecía en condición de desaparición forzada. Las exigencias de pruebas de vida se multiplicaron, especialmente cuando comenzaron a circular versiones sobre el deterioro de su salud.

La exhibición de Rivera esta semana en una cama hospitalaria generó indignación dentro y fuera de Nicaragua. Diversos observadores señalaron que las imágenes parecían destinadas a responder las crecientes denuncias internacionales sobre su desaparición, pero también evidenciaban el grave estado físico al que había llegado tras casi tres años bajo control absoluto del aparato represivo.

La propia hija del dirigente, Tininiska Rivera, declaró este domingo al diario La Prensa que todavía no podía confirmar oficialmente el fallecimiento de su padre porque seguía intentando obtener información directa de familiares y personas cercanas.

La retención del cadáver añade un nuevo elemento a una historia marcada por la arbitrariedad. Organismos de derechos humanos han señalado en otros casos que la negativa estatal a entregar cuerpos, informar adecuadamente a las familias, o realizar funerales controlados constituye una forma adicional de castigo y sufrimiento.

La muerte de Brooklyn Rivera también amplía una lista que incluye al comandante guerrillero Hugo Torres Jiménez, fallecido en prisión en 2022; al general retirado Humberto Ortega Saavedra, muerto bajo custodia en 2024; al opositor Mauricio Alonso Petri; al jurista Carlos Cárdenas Zepeda; al abogado Santos Flores y al nicaragüense-estadounidense Eddy Montes, asesinado en la cárcel La Modelo en 2019.

La desaparición de Michelle Itzayana Fuentes UAEM el 24 de mayo mantiene en búsqueda a su familia, a la comunidad universitaria de Morelos y a las autoridades, después de que la estudiante de 15 años salió de su casa en Yautepec para comprar una cartulina y no regresó. El caso abrió una investigación formal y detonó movilizaciones estudiantiles porque la menor forma parte del Sistema Universitario de Educación Mixta de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.

A varios días de los hechos, la familia mantiene una búsqueda propia en la colonia Álvaro Leonel, en el municipio de Yautepec, mientras las autoridades ya difundieron una ficha de búsqueda con los datos de identificación de la adolescente. La exigencia central de sus allegados es que la Fiscalía de Morelos agilice las indagatorias para establecer qué ocurrió y reconstruir sus últimos movimientos.

La última vez que Michelle Itzayana Fuentes Calderón fue vista, salió de su vivienda alrededor de las 12:50 horas para comprar material escolar. Desde ese momento se perdió toda comunicación con ella y comenzó la localización por parte de sus familiares.

Kimberly Calderón Montero, hermana de la adolescente, informó que el último contacto con Michelle ocurrió el mismo día de la desaparición, cuando salió a comprar una cartulina para hacer una tarea. Después de eso, dijo, ya no volvieron a saber de ella.

La familia y la UAEM mantienen seguimiento del caso

La desaparición fue denunciada ante las autoridades correspondientes, que iniciaron una investigación para tratar de establecer qué pasó con la estudiante. Las diligencias buscan reconstruir sus desplazamientos antes de que se perdiera el contacto.

Uno de los datos que más inquieta a la familia es que, según lo dicho por su hermana, Michelle no tenía experiencia usando transporte público. Ese elemento es considerado relevante dentro de las investigaciones, aunque hasta ahora no se ha informado de manera pública sobre indicios concluyentes de su paradero.

La UAEM confirmó que mantiene contacto permanente con la familia y con las instancias encargadas del caso. En un comunicado institucional, la universidad expresó solidaridad con los familiares y aseguró que da seguimiento a las acciones emprendidas por las autoridades responsables.

La institución también indicó que continuará acompañando a la comunidad universitaria mientras avanzan las diligencias. Ese respaldo adquirió una dimensión adicional porque la madre de Michelle, Yéssica Calderón Segura, es académica de la Facultad de Contaduría, Administración e Informática de la propia universidad.

Las protestas se extendieron en Cuernavaca y Yautepec

La desaparición de la estudiante provocó muestras de apoyo de alumnos, docentes y trabajadores universitarios, que han difundido la ficha de búsqueda y participado en actividades para mantener visible el caso. La presión pública creció ante la falta de información sobre su ubicación.

La secretaria general de la universidad, María Delia Adame Arcos, reiteró la postura institucional de respeto al desarrollo de las investigaciones y señaló que la universidad seguirá colaborando dentro del ámbito que le corresponde. La línea oficial ha sido acompañar a la familia y respaldar los esfuerzos dirigidos a localizar a la menor.

Estudiantes de la universidad realizaron movilizaciones para exigir avances en la búsqueda. Las protestas y recorridos se llevaron a cabo en Cuernavaca y Yautepec, con participación de compañeros de la adolescente, familiares y ciudadanos.

El caso sacudió a la comunidad universitaria no solo por la edad de la menor, 15 años, sino por su vínculo directo con el sistema educativo de la universidad y con una docente de la misma institución. Esa combinación convirtió la desaparición en un asunto de alta visibilidad dentro del entorno académico de Morelos.

La solicitud de apoyo ciudadano sigue vigente para aportar cualquier información que pueda ayudar a su localización. Hasta el momento, la búsqueda de Michelle Itzayana Fuentes Calderón continúa sin que se haya informado públicamente de un resultado concluyente.

• Michelle Itzayana Fuentes Calderón, estudiante de 15 años, desapareció el 24 de mayo de 2026 tras salir de su casa en Yautepec para comprar una cartulina.
• La Fiscalía de Morelos abrió una investigación, emitió una ficha de búsqueda y la familia realiza recorridos propios en la colonia Álvaro Leonel.
• La UAEM mantiene contacto con la familia, mientras estudiantes y ciudadanos se movilizan en Cuernavaca y Yautepec para exigir avances.

El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo volvió esta semana a confirmar, sin admitirlo, una de las prácticas más denunciadas por los organismos de derechos humanos: la desaparición forzada de presos políticos.

Primero mostró a Angélica Patricia Chavarría Altamirano leyendo un texto preparado en el que agradecía el supuesto “trato digno” recibido en prisión. Días después divulgó un comunicado médico sobre el dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera Bryan, desaparecido desde septiembre de 2023 y ahora presentado en estado crítico, conectado a ventilación mecánica y con falla multiorgánica.

La paradoja es que ni Chavarría ni Rivera tienen una causa judicial abierta que explique por qué el régimen los mantiene presos y desaparecidos desde hace más de dos años.

Las dos apariciones ocurrieron después de años de presión pública de familiares, organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos. También llegaron en medio de crecientes denuncias sobre la existencia de presos políticos desaparecidos dentro del sistema penitenciario nicaragüense y el temor de que más detenidos mueran bajo custodia estatal. Desde 2019, al menos seis presos políticos han muerto en cárceles o bajo control del régimen.

“Brooklyn Rivera fue detenido el 29 de septiembre de 2023, siendo diputado de la Asamblea Nacional de Nicaragua. Desde ese momento fue denunciada por su familia y por el movimiento nacional e internacional de defensores de derechos humanos su desaparición forzada”, dijo Gonzalo Carrión, abogado y miembro del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más. “Nunca informó el Estado de Nicaragua, la dictadura Ortega Murillo, ni sus mecanismos del Ministerio del Interior, sistema penitenciario o Policía, sobre su paradero, dónde lo tenían ni en qué condiciones se encontraba”.

La desaparición forzada se ha convertido en uno de los instrumentos más extremos de represión política en Nicaragua. Organizaciones de derechos humanos consideran “desaparecida” a toda persona detenida cuyo paradero es ocultado por el Estado, sin acceso a familiares, abogados ni información oficial sobre su condición física o situación judicial.

Un estudio presentado en agosto de 2025 por la Unidad de Defensa Jurídica y otras organizaciones señaló que 33 de los 73 presos políticos de entonces estaban en condición de desaparición forzada. Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, todavía en marzo de 2026 existían 11 personas desaparecidas bajo custodia estatal.

Carrión sostiene que el número real es mayor. “Estamos hablando de una decena de personas desaparecidas. Y te digo, son más, porque nosotros estamos documentando personas desaparecidas cuyos familiares las mantenían en el anonimato por miedo, por terror, incluso esperando que un día se dignaran a sacarlos”.

Caso Brooklyn Rivera

El caso de Brooklyn Rivera se convirtió esta semana en símbolo de la crueldad a la que son sometidos los presos políticos. Rivera, de 73 años, líder histórico miskito y diputado indígena, fue arrestado el 29 de septiembre de 2023 después de denunciar en foros internacionales la invasión de colonos en territorios indígenas del Caribe Norte. Durante casi tres años el régimen no confirmó siquiera si seguía vivo.

El 27 de mayo de 2026, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Salud divulgaron un informe conjunto asegurando que Rivera padece neumonía bacteriana causada por Klebsiella pneumoniae, aspergilosis pulmonar, derrame pleural bilateral y cirrosis hepática con falla multiorgánica.

“Las imágenes hablan por sí solas. Evidencian la comisión de crímenes de Estado y de crímenes de lesa humanidad, porque estaba en condición de desaparecido”, afirmó Carrión. “Y al mostrar hoy esas imágenes, lo que existe es la confesión de este crimen de lesa humanidad”.

Tininiska Rivera, hija del dirigente indígena, rechazó el comunicado oficial y denunció que el régimen intenta manipular la situación de su padre, al presentarlo como esmeradamente cuidado por médicos y al inventar visitas familiares regulares que no existieron. “Nunca nos dejaron verlo”, reclama la hija.

Incluso Rosario Murillo, copresidenta y esposa de Daniel Ortega, se ha referido durante dos días consecutivos a Brooklyn Rivera como “hermano” y ha detallado las supuestas atenciones médicas que recibe, sin explicar por qué permanece preso ni ordenar su liberación para que pueda recibir atención médica independiente.

“Vamos a seguir pidiéndole a Dios por la recuperación de su salud, para que ese corazón vibrante de Brooklyn Rivera siga latiendo en amor a Nicaragua”, dijo Murillo este jueves en su alocución en cadena de medios oficialistas.

Gonzalo Carrión considera que la aparición del líder miskito tuvo un efecto contrario al buscado por la propaganda oficial. “Brooklyn entró caminando y lo sacan casi cadáver. ¿Qué van a agradecer? ¿Cómo vas a agradecer una desaparición forzada?”.

Caso Angélica Chavarría

Cinco días antes de la exposición pública de Rivera, el régimen ya había mostrado a Angélica Chavarría Altamirano, detenida desde mayo de 2024 y desaparecida durante dos años. El Ministerio del Interior difundió un video donde Chavarría aparecía leyendo un texto en el que afirmaba recibir atención médica, alimentación y trato digno.

Carrión rechaza la autenticidad de esa declaración. “En el caso de Angélica Chavarría, la exhiben obligándola a leer lo que dice ahí. La obligan a decir que la tratan bien, que recibe atención, todo eso. Pero nosotros lo sabemos de primera mano: ella no estaba hablando libremente. Su rostro y su forma de decirlo no eran los de una persona libre”.

Chavarría fue detenida durante el operativo contra su pareja sentimental, Humberto Ortega Saavedra, hermano del dictador y exjefe del Ejército, el 19 de mayo de 2024, el mismo día que este concediera una entrevista a Infobae criticando la ausencia de sucesión democrática en Nicaragua. Cinco meses después, Humberto Ortega murió bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario.

“Angélica era la mujer que más tiempo llevaba desaparecida”, recordó Carrión. “Y su caso demuestra algo importante: preguntar por ellas, hablar públicamente, insistir aun en medio del miedo, tiene un papel vital”.

Claudia Pineda, vocera del Monitoreo Azul y Blanco, recordó en una conferencia este jueves, el valor que tiene la denuncia pública para obligar a la dictadura a presentar pruebas de vida de los desaparecidos.

Nueve desaparecidos

Después de las recientes exposiciones públicas, el Colectivo Nicaragua Nunca Más sostiene que todavía existen al menos nueve personas desaparecidas bajo custodia estatal.

Entre ellas figura Steadman Fagoth Müller, de 72 años, histórico líder indígena miskito y antiguo asesor presidencial de Ortega. Fue detenido el 14 de septiembre de 2024, un día después de denunciar invasiones de tierras indígenas en el Caribe Norte. El Ejército aseguró que planeaba “actividades al margen de la ley”, pero organismos internacionales consideran fabricadas esas acusaciones. La CIDH advirtió que sufre diabetes y necesita insulina diaria. Desde su captura, su familia no ha recibido pruebas de vida.

También permanecen desaparecidos el coronel retirado Carlos Ramón Brenes Sánchez, de 71 años, y su esposa Salvadora del Socorro Martínez Aburto, detenidos juntos el 14 de agosto de 2025. El régimen nunca reconoció oficialmente su arresto ni ha presentado cargos públicos contra ellos.

Víctor Boitano Coleman, exmilitar de 55 años, desapareció el 23 de abril de 2024 después de tramitar la renovación de su pasaporte. Había regresado a Nicaragua tras varios años residiendo en Italia. Su familia permanece exiliada y sin información sobre él.

Eddie Moisés González Valdivia, militar retirado y exguerrillero sandinista, fue detenido violentamente en Estelí el 14 de julio de 2024 tras publicar mensajes denunciando intentos de allanamiento policial. Desde entonces permanece desaparecido.

Douglas Gamaliel Álvarez Morales fue entregado por el gobierno de Costa Rica al régimen de Nicaragua en febrero de 2024 y fue visto por última vez el 19 de ese mes con grilletes y uniforme de presidiario. Desde entonces no se sabe de él, y personas cercanas a él aseguran que se encuentra aislado y sufriendo torturas..

La lista incluye además a Santos Ariel Rodríguez, de 46 años, también desaparecido sin información oficial sobre su situación jurídica o lugar de detención.

A ellos se sumaron esta semana Ricardo Mendoza Irigoyen y Larry Javier Martínez Romero. Sus familias decidieron romper el silencio después de observar que las denuncias internacionales obligaron al régimen a presentar pruebas de vida de otros presos.

“Hay una persona que cumple dos años desaparecida la próxima semana y no se había hablado de ella. La familia decidió que sí, que ya era momento. Y hay otra que está desaparecida desde enero y hasta ahora la familia decidió hablar”, explicó Carrión.

Los 90 días de investigación

Según el abogado, el régimen creó mecanismos pseudo legales para justificar desapariciones prolongadas. “Cuando detienen y desaparecen a alguien, manejan el cuento de que tienen 90 días para investigarte. Y que en esos 90 días tienen facultades para que un familiar ni siquiera tenga derecho a preguntar”.

En febrero de 2021, la Asamblea Nacional controlada por Daniel Ortega amplió hasta a 90 días el plazo que el Código Penal daba a la Fiscalía y la Policía para presentar a un detenido ante una autoridad judicial. Hasta entonces, la ley obligaba a hacerlo en un máximo de 48 horas o, de lo contrario, ordenar su liberación.

Carrión considera que con esta reforma el Estado terminó institucionalizando la desaparición forzada. “Legalizaron la desaparición desde el primer inicio. Bueno, ‘legalizaron’ entre comillas, ¿verdad? Porque no hay manera de legalizar el abuso de poder ni la violación de derechos humanos”.

El abogado señala que incluso esa norma ya arbitraria no faculta a la Policía a mantener a alguien desparecido ni por 90 días, mucho menos por años como sucede en varios casos. “Investigar no significa que no se informe sobre el detenido”, dice.

Presos políticos muertos

La reciente aparición de Brooklyn Rivera en condición agónica disparó el miedo entre las familias de desaparecidos. Existen antecedentes concretos. Al menos seis presos políticos han muerto bajo custodia estatal desde 2019.

El primero fue Eddy Antonio Montes Praslin, abogado nicaragüense-estadounidense asesinado el 16 de mayo de 2019 en la cárcel La Modelo, en Tipitapa. Un custodio penitenciario le disparó durante un operativo represivo contra presos políticos. Tenía 57 años y era conocido como “El Pastor”. Su hija responsabilizó públicamente al régimen: “Culpo al Gobierno por la muerte de mi papá, culpo al presidente porque él controla todo lo que pasa en ese país”.

Luego murió el abogado Santos Sebastián Flores Castillo, detenido desde 2013 después de denunciar abusos sexuales contra su hermana atribuidos a Daniel Ortega. Falleció en noviembre de 2021 dentro de La Modelo en circunstancias nunca esclarecidas. La CIDH llevó su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

El 12 de febrero de 2022 murió Hugo Torres Jiménez, general de brigada en retiro y uno de los guerrilleros que participó en el operativo de 1974 que liberó a Daniel Ortega de las cárceles somocistas. Pasó meses desaparecido parcialmente dentro del sistema penitenciario y cuatro meses hospitalizado bajo custodia. Un familiar resumió el estado en que fue entregado: “A mí me entregaron un montoncito de huesos”.

El 30 de septiembre de 2024 falleció Humberto Ortega Saavedra, hermano del presidente y exjefe del Ejército, después de permanecer más de tres meses bajo arresto domiciliario y aislamiento hospitalario. Daniel Ortega nunca se pronunció públicamente sobre la muerte de su hermano.

Mauricio Alonso Petri murió el 25 de agosto de 2025, 38 días después de haber sido detenido junto a su familia en Jinotepe. El régimen entregó el cadáver en un ataúd sellado y ordenó un entierro exprés custodiado por policías. El Departamento de Estado de Estados Unidos declaró entonces estar “horrorizado por la inhumanidad de la dictadura Murillo-Ortega”.

Pocos días después, el 29 de agosto de 2025, el régimen entregó muerto al abogado Carlos Cárdenas Zepeda, secuestrado quince días antes en Managua. La dictadura nunca informó la causa de su muerte.

“Cuando uno mira todo esto —los desaparecidos, las pruebas de vida, los muertos— estamos hablando de un crimen de lesa humanidad”, afirmó Carrión. “Entonces, cuando los exhiben, como exhibieron a Brooklyn o a Angélica, lo que hacen es confirmar que han estado cometiendo desaparición forzada, tortura y toda la crueldad que eso implica”.

Pruebas de vida

Desde 2023 el régimen ha recurrido al menos en una decena de veces a las llamadas pruebas de vida. Lo hizo con el obispo Rolando Álvarez después de presiones del papa Francisco y organismos internacionales. Lo volvió a hacer meses después mediante fotografías y videos. Repitió el patrón ahora con Brooklyn Rivera y Angélica Chavarría. En todos los casos, las exhibiciones ocurrieron después de fuertes campañas de denuncia pública.

“Lo de ayer fue una obra de la infamia”, dijo Carrión sobre la aparición pública de Rivera. “Además de la confesión de un crimen de lesa humanidad, donde participan todos los que tienen conocimiento: quienes firman el comunicado, el Ministerio del Interior, Salud, quienes lo tienen privado de libertad".

La propia colectiva sostiene que en Chiapas podría haber más de 3 mil personas desaparecidas, aunque las cifras oficiales se mueven entre 1,800 y 1,900 casos. Según las buscadoras, muchas familias no denuncian por miedo.

En Berriozábal, las madres llegaron a la cima de la montaña de la reserva Villa de Allende y encontraron osamentas humanas quemadas con al menos un año de antigüedad, esparcidas sobre tierra negra. De acuerdo con el texto fuente, hace un mes ocurrió un incendio que consumió una parte mínima de los árboles de esa Área Natural Protegida y, después del fuego, quedaron visibles un cráneo sin mandíbula, una cadera y lo que parecen fragmentos de columna.

Ese punto ya tenía antecedentes. Según el texto fuente, hace siete años pobladores reportaron en la zona una fosa clandestina con un cadáver.

El rancho El Cedro concentró el hallazgo más amplio para la colectiva

El caso que la colectiva considera el más grande desde que comenzó sus jornadas hace tres meses ocurrió en el rancho El Cedro, en la localidad de Pujiltic, municipio de Venustiano Carranza. Ahí realizaron excavaciones durante cuatro días consecutivos y localizaron restos humanos calcinados, fragmentos óseos dispersos y casi dos cubetas llenas de casquillos percutidos.

Las labores comenzaron el pasado 18 de mayo, luego de varias llamadas anónimas que señalaban que dentro del predio había cuerpos enterrados. Isabel Torres, integrante de Madres Buscadoras de Chiapas, explicó que llegan a esos lugares por mensajes a sus redes, coordenadas o puntos exactos enviados de forma anónima.

Yoslin Chavarría, hija de Víctor Manuel Chavarría González, desaparecido desde el 8 de mayo de 2023, dijo que fueron “cuatro días de búsqueda, de excavación, de sufrimiento emocional y desgaste físico”. También detalló que, conforme avanzaron, encontraron capas de diésel, gasolina, petróleo, cal, carbón y leña.

Las excavaciones alcanzaron entre tres y cuatro metros de profundidad. Según Chavarría, en algunas zonas la tierra estaba compacta y en otras removida y blanda, y pese a que les decían que no encontrarían nada, siguieron excavando hasta ubicar fragmentos muy pequeños.

Torres afirmó que en el predio recogieron “casi dos cubetas de casquillos”, por lo que el sitio era visto por la colectiva no solo como un campo de exterminio, sino también como un posible campo de reclutamiento. Esa valoración corresponde a las madres buscadoras.

La FGE dice que los restos siguen bajo análisis genético

La FGE informó que la semana pasada un grupo interdisciplinario y colectivas de madres buscadoras estuvieron en el rancho El Cedro, en Pujiltic, donde se encontraron diversos restos óseos que están bajo análisis genético para determinar si son humanos. De acuerdo con la fiscalía estatal, los resultados se esperan en un lapso de 2 a 3 semanas.

La FGE también señaló que es la tercera vez que se visita ese predio con la brigada. Según la dependencia, hubo acciones de búsqueda el 26 de noviembre de 2025, cuando se encontraron indicios balísticos, y posteriormente el 19 de diciembre de 2025.

De acuerdo con la propia fiscalía, en esas brigadas participan la Fiscalía General del Estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad del Pueblo, la Secretaría de Protección Civil y áreas municipales.

La colectiva, por su parte, asegura que en visitas anteriores las búsquedas fueron superficiales por falta de herramientas. Durante dos días excavaron solo con picos, palas y machetes. Fue hasta el tercer día cuando la Comisión de Búsqueda llevó una retroexcavadora pequeña que no removió suficiente tierra, y el cuarto día consiguieron otra máquina mediante gestiones de la Secretaría General de Gobierno y Mediación.

Yoslin Chavarría dijo que sin esa maquinaria habría sido imposible continuar, porque el predio requería excavación profunda. Una antropóloga enviada por la Fiscalía comenzó a revisar los restos durante los trabajos y, según Isabel Torres, les dijo que algunos pedazos de cráneo corresponderían a tres personas distintas.

Los fragmentos localizados fueron entregados a servicios forenses para análisis y confronta genética. La colectiva pidió a las familias con personas desaparecidas en la región que acudan ante la Fiscalía para aportar muestras de ADN.

Las madres describen búsquedas marcadas por desgaste y trámites

Durante los últimos tres meses, Madres Buscadoras de Chiapas ha recorrido municipios, atendido llamadas anónimas y excavado terrenos señalados como posibles fosas clandestinas. Isabel Torres dijo que cada salida mezcla esperanza y miedo, porque salen a buscar con vida a sus familiares y regresan solo con restos.

Torres expresó: “Podrían ser cerca de 100 cuerpos pero las autoridades tienen que investigar. Nosotras salimos con la esperanza de buscar y no encontrar porque los queremos con vida y, desgraciadamente, regresamos solamente con restos”. En otra declaración, añadió: “Hay muchas fosas acá en Chiapas”.

La buscadora también afirmó que suelen acudir por su cuenta y con personal de la Comisión Estatal de Búsqueda, porque la Fiscalía les pide ingresar un oficio para acompañarlas y eso representa un trámite largo. Según Torres, en el caso reciente acudieron por un mensaje anónimo recibido en sus redes.

La última vez que la colectiva encontró osamentas antes del caso de Pujiltic fue en enero de 2025, en la comunidad San Isidro, municipio de Emiliano Zapata. Según el texto fuente, esos restos siguen sin ser identificados.

Las madres sostienen que todavía faltan numerosos municipios por recorrer, incluidas zonas de Berriozábal, donde habitantes han reportado posibles sitios relacionados con desapariciones. El texto fuente añade que ese municipio, gobernado por el alcalde morenista Jorge Acero, ocupa el lugar 11 con más personas desaparecidas en Chiapas.

Torres reconoció el efecto emocional de estas jornadas: “Sí nos quebramos al estar sacando esos restos”. También dijo: “Probablemente los huesitos que estemos limpiando sean de nuestros familiares”.

El texto fuente también refiere que un grupo armado entró el 8 de febrero de 2024 a una comunidad de Chiapa de Corzo, atacó a pobladores, los sacó por la fuerza de sus casas y desapareció a varios hombres que intentaron defender a sus familias. Según esa versión, los hombres armados usaban trajes tácticos.

Además, una madre buscadora identificada como Diana Orantes denunció públicamente en redes sociales que el Tribunal de Justicia del Estado de Chiapas habría dado trámite a un beneficio para la persona que, según su dicho, intentó matarla a ella y a sus hijos hace siete años. En su mensaje responsabilizó al Tribunal y a los magistrados en turno de cualquier afectación a su integridad física y emocional si esa persona quedara en libertad.

Una mujer de 32 años que fue reportada como secuestrada en el municipio de Atempan, Puebla, confesó ante la Fiscalía General del Estado (FGE) que ella misma había planeado su desaparición. Las autoridades la localizaron sana y salva en el municipio de San Juan Acateno, un día después de que sus familiares presentaran la denuncia y se activara un operativo de búsqueda en la región.

Tras ser encontrada, Margarita “N” fue trasladada a las instalaciones de la FGE, donde se reunió con sus familiares.

Autoridades revelaron que la falsa víctima y sus parientes recibieron orientación sobre el alcance legal de los hechos y las consecuencias jurídicas que podían derivarse de haber simulado un delito.

Margarita “N” salió de casa y no regresó

El 24 de mayo de 2026, Margarita “N” salió de su domicilio ubicado en la localidad de Maloapan con dirección a la cabecera municipal de Atempan con motivo del traslado era realizar compras.

Al no regresar en el tiempo esperado, sus familiares iniciaron su búsqueda de manera directa, sin obtener resultados.

Ante la ausencia prolongada y sin rastro de la mujer, los familiares mantuvieron la búsqueda durante el resto del día. Fue durante la madrugada del 25 de mayo cuando recibieron mensajes en los que se afirmaba que Margarita “N” se encontraba retenida.

En esos mensajes se exigía dinero a cambio de su liberación. Ante esa circunstancia, los familiares solicitaron el apoyo de la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión, que de inmediato activó las labores de búsqueda.

Los agentes investigadores rastrearon parques, hoteles y distintas comunidades de la región serrana de Puebla.

El operativo concluyó cuando localizaron a la mujer en el municipio de San Juan Acateno, en buenas condiciones físicas.

En la entrevista ministerial, la mujer admitió que los hechos fueron planeados por ella

Una vez localizada, Margarita “N” fue trasladada a las instalaciones de la FGE para ser sometida a una entrevista ministerial. Fue en ese momento cuando manifestó que no estuvo privada de la libertad en ningún momento y que los hechos habían sido organizados por ella misma.

La confesión descartó la hipótesis del secuestro que había motivado el operativo. La mujer fue puesta a disposición de las autoridades y posteriormente se reunió con sus familiares dentro de las instalaciones de la Fiscalía.

En ese encuentro, las autoridades les explicaron a ambas partes el alcance legal de la simulación de un delito. Les informaron también sobre las posibles consecuencias jurídicas que podían enfrentar como resultado de los hechos denunciados, las cuales no fueron reveladas.

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que mantiene atención permanente a reportes relacionados con posibles hechos delictivos, con prioridad en la búsqueda y localización inmediata de personas reportadas como desaparecidas o privadas de la libertad.

Las hermanas Génesis y Suri Saraí Rubio Contreras desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo de 2026, por lo que las autoridades del estado activaron la Alerta AMBER para poder dar con su paradero.

Las adolescentes Génesis Rubio Suri Actopan Alerta AMBER son buscadas en Hidalgo desde este 22 de mayo de 2026, luego de que las autoridades estatales activaran el mecanismo de localización para ampliar la difusión de sus datos y acelerar su búsqueda entre la población.

La ficha de búsqueda indica que las dos hermanas desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el mismo día. La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo pidió a la ciudadanía comunicarse al 800 008 5400 si cuenta con información que ayude a ubicarlas.

Génesis Rubio Contreras tiene 15 años y mide 1.52 metros. Su ficha la describe con cabello largo, lacio y negro, además de ojos café oscuro.

Suri Saraí Rubio Contreras tiene 13 años y también mide 1.52 metros. En su caso, la descripción física refiere cabello largo, lacio y castaño oscuro, así como ojos café oscuro.

El dato central del caso es que ambas menores desaparecieron en el mismo municipio y en la misma fecha, por lo que la activación de la Alerta AMBER busca multiplicar el alcance de su búsqueda en el menor tiempo posible.

La Alerta AMBER difunde de forma masiva los datos del menor desaparecido

La Alerta AMBER es un mecanismo de emergencia dirigido a los casos más graves de desaparición o secuestro de personas menores de edad. Su objetivo es movilizar a la sociedad para colaborar en la localización de niñas, niños y adolescentes y encontrarlos sanos y salvos.

El sistema opera con la difusión masiva de la información disponible sobre la persona desaparecida. Esa información puede circular por radio, televisión, anuncios en la vía pública, teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos con capacidad para recibir datos.

La lógica del mecanismo consiste en ampliar de inmediato el número de personas que conocen la desaparición, los rasgos físicos del menor y los datos útiles para reportar cualquier pista. Esa difusión permite que la búsqueda no quede limitada a una sola autoridad o a un círculo reducido de familiares.

En el caso de las hermanas Rubio Contreras, la activación del protocolo coloca sus nombres, edades, estaturas y características físicas dentro de esa red de difusión. Con ello, cualquier persona que las haya visto o tenga información sobre su ubicación puede aportar datos a las autoridades.

Actualmente, la Alerta AMBER funciona en al menos 27 países, entre ellos México y Estados Unidos. Ese alcance refuerza la cooperación en la búsqueda de menores desaparecidos cuando existe la necesidad de compartir información más allá de un solo territorio.

El proceso de activación inicia con una llamada y una denuncia ante el Ministerio Público

Para solicitar la activación de una Alerta AMBER se debe realizar una llamada al número nacional 800 008 5400, disponible las 24 horas del día durante todo el año. Ese canal permite iniciar el procedimiento de atención ante una desaparición de una persona menor de edad.

Además de la llamada, los familiares deben acudir al Ministerio Público que corresponda en su localidad. El propósito es agilizar el proceso y formalizar la intervención de la autoridad encargada de la investigación.

Una vez que se confirma que no existe información sobre el paradero del menor, la activación de la alerta se realiza de forma inmediata. A partir de ese momento comienza la difusión masiva de la ficha de búsqueda por los canales habilitados para este mecanismo.

Para las autoridades, esa rapidez es parte central del funcionamiento de la Alerta AMBER, porque el sistema está diseñado para responder en las primeras horas de una desaparición. La intención es aumentar las posibilidades de localización mediante la participación social y la circulación amplia de los datos de identificación.

En Hidalgo, la solicitud pública en este caso es que cualquier dato sobre Génesis Rubio Contreras y Suri Saraí Rubio Contreras sea comunicado al teléfono de atención señalado por la procuraduría estatal. El reporte puede ser útil para precisar su ubicación o aportar elementos sobre su recorrido y último punto conocido.

• Las hermanas Génesis Rubio Contreras, de 15 años, y Suri Saraí Rubio Contreras, de 13, desaparecieron en Actopan, Hidalgo, el 22 de mayo de 2026.
• La Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo activó la Alerta AMBER y pidió reportar información al 800 008 5400.
• La Alerta AMBER es un mecanismo de búsqueda inmediata para menores de edad y opera con difusión masiva en al menos 27 países.

Lizbeth Cruz González desaparece desde el 3 de mayo de 2026 tras salir de Veracruz rumbo a Monterrey por una supuesta oferta de trabajo, un caso que ya investigan fiscalías y que su familia relaciona con una posible trampa durante el trayecto, luego de que el último contacto incluyó un aviso de que estaba “a 20 minutos de llegar” y después su teléfono dejó de funcionar.

La búsqueda ya se extendió a CDMX, donde la Fiscalía General de Justicia emitió el boletín AF/744/2026 con sus señas físicas y la ropa que llevaba. La familia también pide que se revisen cámaras de la terminal de autobuses para reconstruir el recorrido que siguió desde Veracruz hasta la capital del país.

Lizbeth tiene 36 años y es originaria de Jáltipan, Veracruz. Su familia informó que salió de esa zona con destino a Monterrey para acudir a una entrevista de trabajo, pero el último rastro físico quedó en la terminal ADO de Acayucan, en Veracruz, la noche del domingo 3 de mayo de 2026.

El último contacto ocurrió tras su paso por la Ciudad de México

De acuerdo con el testimonio de su madre Julia González Prieto, Lizbeth había regresado recientemente de Ciudad Acuña para visitar a su familia y pasar algunos días con ellos. En ese periodo recibió una llamada relacionada con un empleo y decidió viajar de inmediato.

La familia señaló que abordó un autobús con dirección a la Ciudad de México para después continuar hacia Monterrey. Un día más tarde logró comunicarse y avisó que ya había llegado a la capital del país y que tomaría otro transporte rumbo al norte.

Su madre reprodujo el último mensaje que recibió de ella: “Mamá, ya llegué a México y en 20 minutos te llamo”. Esa llamada ya no ocurrió y, según sus familiares, después de ese momento el teléfono dejó de funcionar y hasta su cuenta de WhatsApp desapareció.

Julia González Prieto expresó su desesperación por no saber dónde está su hija. En su mensaje público escribió: “Mi hija está desaparecida y estoy desesperada por no saber de ella. Hija, flaquita, te extraño. Se han llevado una parte de mí, sin ti siento que no puedo seguir, todos los días le pido a Dios que te regrese a mí sana y salva, no hay día que no vaya a la iglesia y rece por ti. Tengo fe, tengo esperanza y siempre estaré esperando por ti. Te ama tu mamá”.

La madre también contó que desde el inicio sintió temor por el viaje repentino. Según su relato, Lizbeth le dijo que iba a trabajar para mandarle dinero, pero ella le pidió que no se fuera porque presentía que algo malo podía pasar.

La familia sospecha un engaño por la oferta de trabajo

La principal línea de sospecha de sus familiares es que la supuesta vacante habría sido un engaño. Julia González Prieto dijo que cree que alguien pudo haberla estado esperando durante el transbordo en la Ciudad de México.

En palabras de la madre: “Yo siento que ahí alguien ya la estaba esperando”. La desaparición también mantiene en incertidumbre a sus tres hijas, de 18, 6 y 3 años, que siguen sin noticias de su madre.

Una semana después de la desaparición, la familia recibió un mensaje que supuestamente habría sido enviado por Lizbeth donde decía que no la buscaran. Sus familiares sostienen que no creen que ella lo haya escrito porque el texto pedía que dejararan de buscarla e incluía amenazas de demanda contra la propia familia.

Su hermana Deysi González rechazó la autenticidad de ese mensaje. “Nosotros sabemos que no es ella. Yo conozco hasta su forma de escribir”, afirmó.

Deysi también ha pedido apoyo público para compartir la ficha de búsqueda. En un mensaje difundido en redes sociales escribió: “Siempre al ver tantas personas desaparecidas, decía que era lo peor que pudiera pasarle a una familia. Yo decía, el dolor de no saber dónde está tu ser querido debe ser muy duro y ahora nos toca vivir y sentir ese dolor, un dolor que no se le desea a nadie”.

En esa misma publicación agregó: “Les pido con el corazón en la mano, que nos ayuden a seguir compartiendo, no vamos a parar hasta tener a mi hermanita frente a nosotros”.

Las fiscalías de Veracruz y CDMX ya emitieron fichas de búsqueda

El caso ya está en manos de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, donde la familia presentó una denuncia formal por desaparición. Después acudió a la Ciudad de México para pedir avances, pero denuncia lentitud en las diligencias y reclama que se usen las herramientas disponibles para rastrear el trayecto.

La exigencia directa de sus familiares es que las autoridades aceleren la investigación. Deysi González sostuvo que ya existen elementos para avanzar y reclamó respuestas: “Que realmente hagan su trabajo, que agilicen la investigación. Tienen nombres y herramientas, pero no hemos recibido respuestas”.

La ficha difundida en Veracruz y el boletín emitido en CDMX describen a Lizbeth como una mujer de complexión delgada, tez morena clara, cara ovalada, nariz chata, labios regulares y mentón oval. Mide 1.54 metros, usa lentes, tiene frente mediana, boca pequeña, cejas depiladas, ojos rasgados color café y cabello lacio teñido de negro.

Entre sus señas particulares aparece un lunar a un costado del lado izquierdo de la nariz. También tiene tatuajes en la parte baja de la espalda con la figura de un conejo de Playboy y los nombres “Amy” y “Jaime”.

Hay una diferencia en la ropa reportada en las fichas y testimonios. Una versión indica que vestía blusa negra con detalles blancos, pantalón de mezclilla negro y tenis blancos; otra señala que usaba blusa blanca con flores cuando desapareció en la terminal de autobuses de Acayucan.

La familia insiste en que el punto que debe aclararse con videos y registros es el tramo entre la terminal ADO de Acayucan, la llegada a la Ciudad de México y la conexión prevista hacia Monterrey, porque desde ese recorrido se perdió todo rastro de Lizbeth Cruz González.

• Lizbeth Cruz González desapareció desde el 3 de mayo de 2026 tras viajar de Veracruz a Monterrey por una supuesta oferta de trabajo.

• El último contacto con su familia ocurrió después de que avisó que ya había llegado a la Ciudad de México y que en 20 minutos volvería a llamar.

• La familia sospecha que la vacante fue una trampa y exige a las autoridades revisar cámaras, agilizar diligencias y localizarla con vida.

Las autoridades de Antioquia revelaron que en menos de cuatro años han sido recuperados 234 cuerpos de personas reportadas como desaparecidas en distintas regiones del departamento, en medio de los procesos de búsqueda, identificación y entrega digna adelantados durante el actual cuatrienio.

La cifra fue presentada durante la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido, espacio en el que la Gobernación de Antioquia entregó un balance sobre las acciones desarrolladas junto a entidades encargadas de atender casos relacionados con desaparición forzada y búsqueda humanitaria.

Según la administración departamental, las recuperaciones fueron posibles gracias a 30 diligencias de exhumación adelantadas en distintos municipios de Antioquia.

La Gobernación indicó que parte de los procesos incluyen acompañamiento jurídico, psicosocial y apoyo a las familias que activan mecanismos de búsqueda urgente.

Más de 200 cuerpos recuperados

De acuerdo con el balance oficial, las autoridades han logrado recuperar 234 cuerpos de personas desaparecidas en el departamento durante el actual periodo de gobierno.

Además, cerca de 100 cuerpos ya fueron entregados a los familiares de las víctimas mediante procesos de entrega digna coordinados con las entidades encargadas de identificación y acompañamiento humanitario.

La Gobernación de Antioquia precisó que durante este periodo también se han atendido 221 casos de búsqueda urgente y 28 procesos de búsqueda inversa.

Las autoridades señalaron que los procesos buscan avanzar no solo en la identificación de víctimas, sino también en la reparación y acompañamiento de las familias afectadas por la desaparición de sus seres queridos.

El acompañamiento a las familias

La directora de Derechos Humanos y Paz de Antioquia, Andrea Moseres Fernández, explicó que la administración departamental mantiene equipos especializados para acompañar a las familias que activan rutas de búsqueda.

Según indicó la funcionaria, una vez se inicia el mecanismo de búsqueda urgente, profesionales de la Gobernación establecen contacto con los familiares o personas buscadoras para recopilar información clave que permita avanzar en las investigaciones.

“Una vez se activa la ruta, los profesionales de la Gobernación de Antioquia toman contacto con la familia o las personas buscadoras para poder obtener los datos y empezar el proceso de búsqueda”, explicó Moseres Fernández.

Procesos de exhumación y búsqueda

Las autoridades departamentales señalaron que las labores de recuperación de cuerpos han requerido diligencias de exhumación en diferentes zonas del departamento.

Los procesos incluyen labores forenses, identificación de restos y acompañamiento institucional durante las entregas a las familias.

La Gobernación también destacó que parte de las acciones desarrolladas han estado articuladas con mecanismos de justicia transicional y procesos relacionados con víctimas del conflicto armado.

En Antioquia, distintos municipios han sido escenario de investigaciones relacionadas con desapariciones ocurridas en medio de la violencia armada que afectó al departamento durante décadas.

El caso del cementerio de Dabeiba

Dentro del balance entregado por las autoridades también fue destacado el proyecto denominado “Aquí florece la búsqueda de la verdad”, relacionado con los procesos restaurativos adelantados en el Cementerio Las Mercedes, en Dabeiba.

Ese lugar se convirtió en uno de los escenarios más relevantes dentro de las investigaciones adelantadas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) sobre desapariciones y ejecuciones extrajudiciales ocurridas durante el conflicto armado.

Las autoridades consideran que los trabajos realizados en Dabeiba representan uno de los procesos más significativos en materia de búsqueda e identificación de víctimas en Antioquia.

Las investigaciones desarrolladas en esa zona permitieron ubicar restos humanos relacionados con casos que permanecieron durante años sin esclarecer.

La búsqueda de desaparecidos continúa

Las autoridades departamentales insistieron en que las labores de búsqueda y recuperación continúan activas en diferentes regiones de Antioquia.

Además del trabajo forense, las entidades mantienen mecanismos de acompañamiento emocional y jurídico para las familias que siguen buscando información sobre familiares desaparecidos.

La Gobernación reiteró que el objetivo de estos procesos es garantizar verdad, dignidad y reparación para las víctimas y sus familias.

Mientras avanzan las investigaciones y diligencias de exhumación en distintos municipios, las autoridades mantienen el llamado para que las personas que tengan información relacionada con casos de desaparición puedan aportar datos que ayuden a fortalecer las búsquedas.

La conquista de Cruz Azul en la final del Clausura 2026 no solamente dejó celebraciones entre los aficionados celestes, sino también un intenso debate en redes sociales después de que se viralizara un video relacionado con temas sociales y la pasión por el futbol.

El pasado domingo 24 de mayo, La Máquina consiguió el campeonato de la Liga MX tras imponerse a Pumas en el Estadio Olímpico Universitario. Aunque el equipo universitario llegaba como favorito, miles de seguidores auriazules mantenían la ilusión de romper la sequía de 15 años sin levantar un título de liga.

Sin embargo, mientras el ambiente estaba lleno de nerviosismo y emoción por el partido, el creador de contenido Emiliano Fajardo realizó un ejercicio con aficionados en las inmediaciones del estadio. La dinámica consistía en preguntar qué preferían: resolver distintas problemáticas sociales en México (equidad de género o desapariciones en el país) o ver campeón a su equipo.

Las respuestas rápidamente comenzaron a circular en plataformas digitales debido a las polémicas opiniones de algunos seguidores, quienes priorizaron el resultado futbolístico por encima de temas delicados que afectan al país.

Entre las preguntas se abordaron asuntos relacionados con desapariciones en México, inclusión para personas en silla de ruedas, la situación económica del peso frente al dólar y hasta conflictos internacionales.

Uno de los comentarios que más llamó la atención fue: “Puede esperar la equidad, que los Pumas el día de hoy sean campeones”.

Otro aficionado expresó: “Es que los desaparecidos igual es un tema, pero yo creo que estamos acá todos por una ocasión y los Pumas hoy vamos a hacer historia”.

Las respuestas continuaron generando conversación conforme avanzaba el video. Algunos simplemente respondieron: “Que quede campeón” y “Cruz Azul campeón”, dejando claro que el momento deportivo dominaba por completo el ánimo de los asistentes.

Otro de los comentarios que más reacciones provocó en redes sociales fue el relacionado con la accesibilidad para personas con discapacidad.

“Mira ya hay sillas de ruedas, estamos en una sociedad altamente empática y por supuesto que ya hay muchas facilidades para las sillas de ruedas, ya nos hace falta un título, por favor”, comentó uno de los aficionados entrevistados.

Las declaraciones desataron críticas y discusiones entre usuarios, quienes consideraron que algunas respuestas minimizaron situaciones graves que atraviesa el país. Aun así, otras personas entrevistadas sí optaron por priorizar problemáticas sociales por encima del resultado del encuentro.

“Definitivamente que encuentren a todos los desaparecidos en México”, respondió un aficionado. “Que encuentren a todos los desaparecidos en México”, dijo otra persona consultada durante la dinámica.

También hubo quien eligió una causa relacionada con la inclusión y la salud: “Que todas las personas en sillas de ruedas puedan caminar”.

El video continuó acumulando reproducciones y comentarios durante las horas posteriores a la final, convirtiéndose en una conversación paralela a los festejos de Cruz Azul. Mientras algunos defendieron que las respuestas eran producto de la pasión del momento, otros señalaron la importancia de reflexionar sobre los problemas que enfrenta el país más allá del futbol.

En Mazatlán, Sinaloa, un grupo de mujeres recorre pantanos y manglares con picos y palas, rastreando el olor y la tierra removida que delata una fosa clandestina. Son parte del colectivo Corazones Unidos por una Causa, y cargan una tragedia doble: una de sus integrantes fue asesinada en febrero y otra desaparecida en octubre. Ellas mismas se han convertido en blanco, de acuerdo con un reportaje de The Guardian.

Un patrón que se acelera: 2025, el año más letal

Según la organización de derechos humanos Artículo 19, al menos 44 buscadoras han sido asesinadas o desaparecidas desde 2010, la mayoría mujeres. Pero la violencia se ha disparado:

• 18 casos ocurrieron durante el gobierno de López Obrador (2018–2024)
• 15 casos han ocurrido en apenas 19 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum
• 2025 fue el año más letal: siete asesinatos y cuatro desapariciones

“Es un mensaje de terror: si sigues buscando, te matamos o te desaparecemos a ti también”, advirtió Jessica Alcázar, de Artículo 19.

La historia detrás del colectivo de Mazatlán

Noemí Padilla, líder del colectivo, busca a su hijo Juan Carlos Rivera Padilla, desaparecido en 2019. Ella misma ha recibido amenazas de desaparición. En febrero, sus compañeras encontraron a Rubí Patricia Gómez con 14 puñaladas en su casa. Meses antes, María de los Ángeles Valenzuela, una de las fundadoras, fue sacada a la fuerza de su hogar por dos hombres armados.

“Ahora también la estamos buscando a ella”, dijo Padilla.

El contexto es devastador: desde que estalló la guerra entre facciones del Cártel de Sinaloa en septiembre de 2024, miles de jóvenes han desaparecido. El conflicto ha dejado ya más de 6,000 muertos o desaparecidos.

Una protección insuficiente e impunidad casi total

Tras los ataques, algunas buscadoras recibieron medidas de protección gubernamental: cámaras, un número de emergencias y patrullajes esporádicos. Pero ellas mismas reconocen que no es suficiente.

“Lo mínimo que pedimos es un botón de pánico para alertar a las autoridades”, exigió Padilla.

La impunidad agrava el problema. Artículo 19 documenta que la mayoría de los ataques contra buscadoras permanecen sin castigo, sin voluntad política real para protegerlas ni para reconocer públicamente lo que les ocurre.

Mientras tanto, en el manglar de Mazatlán, las mujeres siguen cavando. Esta vez encontraron un hueso entre las raíces. Siguieron excavando medio metro. Solo tierra, raíces y piedras.

Bernal apagó la veladora de San Judas —el santo de las causas perdidas— y lo dijo todo con una pregunta:

“Si nosotras no los buscamos, ¿Quién lo hará?”

La Policía de Neuquén volvió a activar este sábado una Alerta Nati para buscar a Benjamín Maximiliano Lescano, un adolescente de 14 años con domicilio en la capital provincial. Su desaparición fue denunciada formalmente, en un mecanismo creado en la provincia para acelerar la respuesta estatal ante casos de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años.

El Departamento Centro de Operaciones Policiales comunicó que ya fue radicada la denuncia para dar con el paradero del adolescente, según LM Neuquén. El parte difundido no precisó si el joven tenía celular al momento de ausentarse de su hogar ni cuándo fue visto por última vez.

Sin embargo, se aportaron las caractisticas físicas de Benjamín Maximiliano Lescano para que sea más fácil reconocerlo: tiene 14 años, contextura física media, una altura de 1,64 metros, tez blanca, ojos marrones y cabello corto, ondulado y marrón. Al momento de su desaparición vestía un pulóver amarillo, un pantalón de jean azul y zapatillas grises.

Mientras las autoridades buscan al adolescente neuquino, se solicitó a la comunidad que cualquier dato sobre su paradero sea informado de inmediato a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 16° al número de teléfono (299)-4192047.

El sistema que hoy se aplica en el caso de Benjamín Maximiliano Lescano surgió después de la desaparición de Natalia Ciccioli, una niña de 12 años que salió de su casa para pasear por el centro de San Martín de los Andes y nunca volvió. Este episodio que ocurrió el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes, quedó regulado por la ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010. La norma fija los procedimientos a seguir cuando desaparece una persona menor de edad.

En ese entonces, para radicar una denuncia por desaparición de persona había que esperar 48 horas. La repercusión social del caso llevó a vecinos a organizarse para buscar a la niña y obligó a la Policía a intervenir con mayor rapidez.

El caso tuvo un fuerte impacto en la comunidad cordillerana y se sentó como un precedente para los menores de edad desaparecidos en la provincia de Neuquén. La ley 2705 se convirtió así en la herramienta provincial para ordenar la búsqueda temprana.

Siguen buscando a una nena de 12 años

Hace una semana, la provincia de Neuquén activó la Alerta Nati tras la desaparición de Estela Isabel Castro, una mujer de 33 años, y Romina Tiziana Tobares, una niña de 12. Ambas fueron vistas por última vez el domingo 10 de mayo y la denuncia formal llevó a las autoridades a intensificar la búsqueda.

Castro fue vista en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357. Al momento de su desaparición vestía una remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules, zapatillas negras y portaba una cartera negra. Por su parte, la niña, Romina Tobares, tiene contextura delgada, mide 1,55 metros, tez trigueña, ojos marrones y cabello largo y ondulado. Vestía campera negra, pantalón azul y zapatillas blancas.

La Policía de Neuquén difundió los contactos de las comisarías intervinientes, solicitando la colaboración ciudadana para aportar datos que ayuden a la localización. En el caso de la niña, la comunicación debe realizarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o la Comisaría 17° (teléfono 299-4430098) y para aportar datos sobre Estela Isabel Castro debe informarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999).

La reiterada utilización de la Alerta Nati en situaciones recientes refleja la consolidación del mecanismo como herramienta clave en la respuesta estatal ante desapariciones de menores y adultos en Neuquén, promoviendo la rápida difusión pública y el involucramiento comunitario en la búsqueda.

Camila Janeth Vázquez Rivas, 13 años, está desaparecida en Tlajomulco de Zúñiga desde el 19 de mayo, luego de que familiares y reportes difundidos en redes sociales señalaron que la adolescente habría sido engañada con una falsa oferta de trabajo, un método de captación que organizaciones civiles y organismos internacionales ubican entre los principales riesgos para menores de edad.

En Jalisco, las adolescentes de entre 12 y 17 años forman un grupo con alta vulnerabilidad en casos de desaparición, de acuerdo con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. El mismo registro coloca al estado entre las entidades con mayor crisis de desapariciones del país, con concentración en municipios de la Zona Metropolitana de Guadalajara como Tlajomulco de Zúñiga.

Familiares de Camila Janeth Vázquez Rivas pidieron ayuda para localizarla a través de redes sociales. Según la información difundida por su entorno, la menor fue vista por última vez después de salir de la Secundaria Técnica 170, ubicada en el fraccionamiento Santa Fe, en Tlajomulco.

La versión compartida por sus familiares indica que un hombre le ofreció trabajo y después ella se retiró del lugar. Por esa razón, sus allegados temen que haya sido víctima de engaño o de una forma de captación.

La Fiscalía de Jalisco activó protocolos de búsqueda y difundió la ficha oficial para solicitar apoyo ciudadano en su localización. La autoridad también confirmó que hasta el momento no se ha interpuesto una denuncia formal por la desaparición.

La búsqueda de menores debe iniciar de inmediato en Jalisco

La legislación estatal en materia de personas desaparecidas establece que la búsqueda debe comenzar de forma inmediata y bajo el principio de presunción de vida. En casos de menores de edad, el Protocolo Alba y la Alerta Amber son herramientas que las autoridades deben activar sin esperar 24 o 48 horas.

La REDIM ha advertido en distintos espacios públicos que las primeras horas tras la desaparición de una niña, niño o adolescente son determinantes para localizarlo con vida. Tania Ramírez, directora de la organización, sostuvo: “El Estado debe garantizar la activación inmediata de la Alerta Amber sin dilaciones burocráticas”.

Al momento de su desaparición, Camila Janeth vestía uniforme escolar: camisa blanca de manga larga y pants gris. La ficha compartida por familiares la describe como de estatura mediana, complexión robusta y cabello rizado.

La Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas recomienda que, cuando exista sospecha de engaño mediante ofertas laborales, la familia conserve capturas de pantalla de conversaciones digitales y entregue la última ubicación del teléfono celular para agilizar el rastreo.

Las falsas ofertas de trabajo son una vía de enganche para menores

La UNODC ha emitido alertas sobre el aumento del ciberreclutamiento de niñas, niños y adolescentes. Según su Informe Global sobre la Trata de Personas, los tratantes usan cada vez más redes sociales y plataformas digitales para detectar, perfilar y engañar a víctimas menores de edad con supuestas oportunidades de empleo.

Ese mecanismo de enganche puede derivar en reclutamiento forzado o trata de personas, de acuerdo con organizaciones especializadas. REDIM también ha advertido que el engaño mediante promesas económicas es una modalidad asociada con delitos graves, por lo que la ausencia de denuncia inmediata aumenta el riesgo para la integridad de la adolescente.

Cualquier información para localizar a Camila Janeth puede ser proporcionada a las autoridades mediante los números oficiales de emergencia y de búsqueda de personas desaparecidas.

• Camila Janeth Vázquez Rivas, de 13 años, desapareció ayer 19 de mayo en Tlajomulco de Zúñiga.
• Familiares temen que haya sido engañada con una falsa oferta de trabajo tras salir de la Secundaria Técnica 170 en Santa Fe.
• La Fiscalía de Jalisco activó protocolos de búsqueda; en menores de edad, la ley obliga a iniciar la localización de inmediato.

La localización de un joven presuntamente privado de la libertad en una casa de Tonalá, Jalisco, terminó con su rescate por parte de su madre la noche del jueves 21 de mayo y abrió señalamientos contra policías municipales por una supuesta omisión que habría facilitado la huida de los sospechosos, de acuerdo con el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco.

El caso ocurrió en una vivienda de la colonia Lomas de Zalatitán, sobre la calle Madre Selva, en cruces con Obelisco y Jacarandas, según el colectivo. La denuncia se conoce en medio de una crisis nacional de desapariciones: Amnistía Internacional reportó en su informe anual de 2026 que México cerró 2025 con 133 mil 500 personas desaparecidas.

De acuerdo con Guerreros Buscadores de Jalisco, el joven había desaparecido el miércoles 20 de mayo. Su familia siguió una posible pista gracias al sistema GPS de la motocicleta en la que viajaba y así llegó al domicilio donde presuntamente estaba retenido.

La madre preguntó por su hijo a un hombre que estaba en la vivienda, pero él negó que se encontrara ahí y le dijo que lo buscara en otra calle, según la versión difundida por el colectivo. La mujer desconfió de esa respuesta y decidió permanecer en el sitio.

Ese dato responde al punto central del caso: el joven sí salió de esa casa y fue puesto a salvo por su madre, según la versión de las buscadoras. Después del rescate, la víctima aseguró que dentro del inmueble había más personas retenidas, dijo la líder del colectivo, Indira Navarro.

El colectivo acusa que los sospechosos sacaron armas y documentos de la casa

Navarro relató que, tras la liberación del joven, las integrantes del colectivo se quedaron en el lugar porque el muchacho les comentó que no era la única persona retenida. La permanencia de las buscadoras derivó en lo que ellas describieron como un operativo ciudadano para vigilar la vivienda.

Según la denuncia del colectivo, durante esos minutos se escucharon detonaciones de arma de fuego. También observaron que del inmueble sacaban armas cortas, armas largas y documentos antes de que los presuntos responsables escaparan.

La acusación más delicada apunta a la Policía de Tonalá. Guerreros Buscadores de Jalisco sostuvo que los agentes municipales habrían avisado sobre el reporte presentado por la madre y por las buscadoras, lo que habría dado tiempo a los señalados para huir y retirar pruebas del sitio.

El colectivo refiere que la familia presenció cuando se lo llevaron a la víctima a la fuerza en una camioneta y comenzaron a seguirlos pero a la vez llamaron a una vecina que es integrante del colectivo los cuales llegaron hasta el domicilio en mención y llamaron a la policía municipal de Tonalá pero estos llegaron cuatro horas después, en tanto una mujer del colectivo sin autorización ingresó a la finca y dice que hay concreto fresco por lo que creen hay personas enterradas.

La finca fue asegurada y la fiscalía solicitara una orden de cateo.

El caso ocurre mientras la ONU advierte indicios de crímenes de lesa humanidad

La información difundida por Guerreros Buscadores de Jalisco se inserta en un contexto más amplio de desapariciones en México. En abril de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU solicitó a la Asamblea General una intervención urgente al señalar que las desapariciones forzadas en el país presentan indicios de ser crímenes de lesa humanidad por su carácter generalizado.

Ese señalamiento internacional coincide con lo expuesto por Amnistía Internacional en su informe anual de 2026. La organización cuestionó la impunidad y la falta de protección estatal para las mujeres buscadoras, un punto que conecta con lo ocurrido en Lomas de Zalatitán, donde fueron la madre del joven y las integrantes del colectivo quienes siguieron la pista, llegaron a la vivienda y permanecieron en el lugar tras el rescate.

El hecho conocido este jueves 21 de mayo comenzó un día antes, el miércoles 20 de mayo, con la desaparición del joven. La pista del GPS permitió ubicar la casa en la calle Madre Selva, donde la madre primero recibió una negativa y después logró recuperar a su hijo.

La propia víctima, según Indira Navarro, dijo que había más personas dentro del domicilio. Esa afirmación explica por qué las buscadoras no se retiraron tras el rescate y por qué después denunciaron detonaciones, movimiento de armas y la salida de documentos de la vivienda.

• La madre de un joven desaparecido lo localizó y rescató en una casa de Tonalá tras seguir la señal GPS de una motocicleta.
• Guerreros Buscadores de Jalisco denunció que en el inmueble habría más personas retenidas y que de ahí sacaron armas y documentos.
• El colectivo acusó a la Policía de Tonalá de una presunta omisión que habría permitido la fuga de los sospechosos.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí ejecutó órdenes de aprehensión contra el ex director de la Policía Municipal de Tamazunchale, Christian Alejandro González, dos elementos activos de la corporación y dos civiles, por el delito de desaparición forzada en contra de un hombre que fue ingresado a las celdas de la Dirección de Seguridad Pública del municipio el 11 de enero de 2026 y cuyo paradero permanece sin establecer.

Las detenciones se realizaron en dos momentos distintos: en el caso del exdirector Cristian Alejandro se cumplimento en aprehensión, debido a que fue arrestado el 8 de mayo, mientras que las capturas de los cuatro imputados restantes fueron anunciadas el 21 de mayo, tras una investigación que la FGESLP desarrolló durante meses hasta obtener los mandamientos judiciales correspondientes.

Según las indagatorias, tres de los probables responsables habrían ingresado al centro de detención y entregado a la víctima a un grupo de personas armadas. Desde ese momento, no se estableció el paradero del agraviado.

La Fiscalía potosina emprendió las investigaciones por lo sucedido, obtuvo líneas sólidas y logró los mandamientos judiciales en contra de los indiciados.

Los cinco imputados quedaron recluidos en el centro penitenciario correspondiente, en espera de su audiencia ante un Juez de Control, donde la Fiscalía buscará su vinculación a proceso.

Cristian Alejandro González Fernández fue imputado estando ya en prisión preventiva

Cristian Alejandro González Fernández fue detenido el 8 de mayo de 2026 a las 9:20 de la mañana, cuando aún se encontraba en funciones como director de Seguridad Pública Municipal, en la colonia Zacatipan.

La detención fue ejecutada por la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, en el marco de una revisión de rutina coordinada entre la SSPC, la Guardia Civil Estatal (GCE) y autoridades federales y de investigación. Al momento de su arresto vestía uniforme de la Policía Municipal de Tamazunchale.

Durante la detención se le encontró droga, por lo que fue vinculado a proceso por delitos contra la salud. Además, se le hallaron armas y cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas, delito por el que deberá ser imputado por la Fiscalía General de la República (FGR).

Actualmente se encuentra recluido en el Centro Estatal de Reinserción Social La Pila, en San Luis Potosí. La orden de aprehensión por desaparición forzada se cumplimentó mientras ya se encontraba en prisión preventiva.

El Ayuntamiento de Tamazunchale, encabezado por el presidente municipal Adelaido Cabañas Hernández, emitió un comunicado ese 8 de mayo en el que calificó la intervención como una revisión de rutina en las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

El edil señaló que González Fernández fue trasladado a Ciudad Valles para aclaraciones de carácter administrativo y subrayó que, de existir responsabilidades derivadas del proceso, deberían aplicarse las sanciones correspondientes conforme al marco legal vigente. El municipio reafirmó su compromiso de trabajar con responsabilidad, transparencia y coordinación con las instituciones estatales y federales.

El 21 de mayo, la Policía de Investigación (PDI) aseguró a los cuatro imputados restantes: los elementos activos de la corporación Antonio “N” y Yadira “N”, así como los civiles Claudia “N” y Rodolfo “N”, todos señalados por su presunta participación en los mismos hechos del 11 de enero de 2026.

Ricardo Amer Rodríguez asumió la dirección de Seguridad Pública tras la detención

Al día siguiente de la detención de González Fernández, el 9 de mayo, Cabañas Hernández designó a Eloy Rubio Antonio como Encargado del Despacho de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con sustento en los artículos 70, fracciones VI y XXXVII, así como en los artículos 149 y 150 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis Potosí.

La medida buscó garantizar la continuidad de las estrategias de vigilancia y vialidad en el municipio mientras se definía un nombramiento formal.

Posteriormente, el 15 de mayo, el presidente municipal tomó protesta a Ricardo Amer Rodríguez como nuevo Director General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

El funcionario cuenta con experiencia en corporaciones policiales de la entidad y formación en Intervención, Primer Respondiente y Cadena de Custodia, Perspectiva de Género, Contención de Masas y Fuerza Metropolitana. Durante el acto oficial, Cabañas Hernández reconoció la labor de Eloy Rubio Antonio durante su encomienda como encargado del despacho y destacó que el nombramiento de Amer Rodríguez forma parte de los esfuerzos de la administración municipal para reforzar el trabajo operativo, mejorar la coordinación policial y preservar el orden y la paz social en Tamazunchale.

La vocera del colectivo Caso Maverick, Guadalupe Carrillo, informó que en lo que va de 2026 se ha registrado un incremento en los reportes de personas desaparecidas en Aguascalientes, al señalar que la entidad enfrenta un repunte sostenido en este tipo de casos.

Carrillo explicó que el fenómeno no solo se refleja en nuevos reportes, sino también en la acumulación de expedientes sin resolver, lo que ha incrementado la carga de trabajo para las familias buscadoras y organizaciones civiles que acompañan los casos.

De acuerdo con la activista, la tendencia observada en 2026 evidencia un deterioro en los procesos de localización, con un número significativo de personas que permanecen sin ser ubicadas desde su reporte inicial.

Rezago en localización y comparación con años anteriores

La representante del colectivo señaló que la disminución en la tasa de localización desde 2024 ha generado un incremento progresivo de casos no resueltos, lo que ha impactado en la percepción de una crisis prolongada en la entidad.

Añadió que el comportamiento de los registros en 2025 y lo que va de 2026 muestra una continuidad en la tendencia al alza, con más expedientes activos y menos cierres efectivos de casos por localización.

En ese contexto, advirtió que la situación podría agravarse si no se fortalecen los mecanismos de búsqueda e investigación, así como la coordinación entre autoridades estatales y federales.

Llamado a autoridades por posible crisis

Carrillo hizo un llamado a la Comisión Local de Búsqueda y a la Fiscalía General del Estado de Aguascalientes para reforzar los protocolos de atención, investigación y localización de personas desaparecidas.

La vocera pidió que no se minimice el fenómeno y se implementen acciones inmediatas para evitar que la tendencia observada en 2026 se convierta en una crisis más profunda en la entidad.

También insistió en la necesidad de mejorar la coordinación institucional para reducir los tiempos de búsqueda y evitar la acumulación de casos sin resolver.

Contraste con cifras oficiales del RNPDNO

En contraste, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) presenta cifras que dependen del corte de consulta y de la actualización constante de los expedientes por parte de las fiscalías.

Las autoridades han señalado que los registros pueden variar conforme se incorporan nuevas denuncias, se localizan personas o se reclasifican los casos, lo que puede modificar la lectura de los periodos analizados.

Este contraste entre los datos oficiales y los reportes de colectivos mantiene abierto el debate sobre la magnitud del fenómeno en Aguascalientes y la necesidad de homologar criterios de registro y seguimiento de casos.

Como cada 20 de mayo, este miércoles saldrán miles y miles de personas por las calles de Montevideo en una nueva edición de la Marcha del Silencio, que cumple sus 30 años. La fecha recuerda los asesinato del diputado blanco Héctor Gutiérrez Ruiz y del senador frenteamplista Zelmar Michelini, así como de los ex militantes tupamaros Rosario Barredo y William Whitelaw, en Buenos Aires. Los crímenes ocurrieron en 1976.

Por las calles de Montevideo se nombrarán los nombres de los desaparecidos de la última dictadura y se escuchará la palabra “presente” cuando se mencione a cada uno de ellos. Este año la cantidad de víctimas de la represión trae una novedad: la cifra se actualizó desde 197 a 205. Los datos surgen de un informe presentado este mes por la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) del país.

Hasta el 14 de mayo, el organismo recibió y relevó 326 denuncias de desaparición forzada en el período del terrorismo de Estado, tanto en Uruguay como en el exterior. De este total, 43 son casos aclarados ya sea por el hallazgo de los restos o por la certeza de su paradero. Otras 40 denuncias fueron descartadas por los investigadores.

Hay 243 investigaciones activas, de las cuales 162 son casos que efectivamente están siendo considerados por los investigadores. Existen 81, en tanto, que todavía están siendo analizadas y están en distintas etapa de avance.

Uno a uno, los casos incorporados a la lista de los desaparecidos

Luis Eduardo Bergés García: desapareció en 1982. Fue perseguido por el Servicio de Información de Defensa, que lo tenía fichado por su militancia en la Juventud del Partido Comunista. Estuvo detenido en la Colonia Penal de Viedma, en la provincia argentina de Río Negro. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Aldeber Elgart: desapareció en 1977. Vivía en Mar del Plata y militaba en el Partido Comunista argentino y en el Sindicato de Gastronómicos. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Antonio Cosimo Vulcano Díaz: desapareció en 1984. Era militante del movimiento guerrillero MLN-Tupamaros. Se exilió a Chile, donde continuó con su militancia. Fue enterrado en una fosa común como un NN, según la información que aportó el Ministerio de Defensa. Es uno de los casos activos que se suma a la investigación.

Modesto Orestes Caballero Osuna: desapareció en 1977. Era militante del Sindicato de la Unión de Tranviarios Automotores-Seccional Sud. Su caso está aclarado: sus restros fueron inhumados en el cementerio de Avellaneda y recuperados e identificados en 2012 por el Equipo Argentino de Antropología Forense.

Ángel Eduardo González Rodríguez: desaparecido en 1975. Era militante del MLN y de la Junta Coordinadora Revolucionaria. Su madre había viajado a Argentina para recuperar a su hijo y también fue secuestrada y desaparecida. Los restos de González Rodríguez fueron recuperados e identificados en 2006.

María Mercedes Hourquebiede Francese: desparecida en 1977. Fue una de los cuatro miembros de su familia que resultaron víctimas de la represión en Argentina. Se la acusaba de dar apoyo y resguardo a militantes de Montoneros. Sus restos fueron recuperados en el Cementerio de Avellaneda e identificados 10 años después.

Eduardo Rosado Galarza: desaparecido en 1984. Fue integrante del Sindicato de Trabajadores de la Industria Química y luego militante del MLN-Tupamaros. Viajó a El Salvador y participó del conflicto armado en ese país. Sus restos fueron exhumados.

Miguel Ángel Sánchez Rodríguez: desaparecido en 1975. Fue militante del MLN e integrante del Partido Revolucionario de los Trabajadores. Fue parte del intento de copamiento del Batallón de Arsenales en la Provincia de Buenos Aires. Los servicios de inteligencia estaban en conocimiento de la acción por una infiltración. Más de 60militante fueron asesinados y enterrados en una fosa común.

Cuatro jóvenes de entre 17 y 19 años murieron dentro de un automóvil Volkswagen, modelo Jetta, color azul, tras caer de un voladero de más de 30 metros de altura en la zona conocida como El Montero, en la junta auxiliar de San Francisco Ocotlán, municipio de Coronango, Puebla.

Según reportes de medios locales, habrían asistido a los festejos de San Isidro Labrador.

El reporte llegó a las autoridades minutos antes de las 11:00 horas, de acuerdo con la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango.

Extraoficialmente se supo que los jóvenes habrían sido buscados por sus familias desde la noche del viernes, sin que se tuviera información sobre su paradero. Vecinos de la zona descubrieron el vehículo al fondo del voladero, completamente destrozado, y dieron aviso a las autoridades.

El automóvil tenía placas de circulación del estado de Tlaxcala.

Medios de la zona como PB Comunicación compartieron imágenes del sitio donde ocurrió el fatal accidente.

La FGE investiga causas e identidades de los fallecidos

Según el informe de las autoridades, al arribar al sitio, los elementos de la Comisaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Coronango realizaron una inspección visual del vehículo y localizaron a los cuatro ocupantes en su interior.

De inmediato solicitaron el apoyo de los Técnicos en Urgencias Médicas de la Coordinación de Ambulancias Municipales, quienes tras realizar la valoración correspondiente confirmaron que ninguno de los cuatro jóvenes tenía signos vitales.

En el lugar trabajaron elementos de la Policía Municipal, Protección Civil y Bomberos, quienes llevaban aproximadamente dos horas en las labores al momento del reporte extraoficial.

La Comisaría acordonó la escena y permaneció en el lugar a la espera del personal pericial.

La Fiscalía General del Estado de Puebla tomó el caso y es la instancia responsable de determinar las causas del hecho, así como la identidad y edad exacta de las personas fallecidas.

El aviso inicial describía la volcadura de un camión, no de un auto

El reporte que llegó a los números de emergencia alertaba sobre la volcadura de un camión en la mina de Coronango.

Al arribar al sitio, los elementos policiales constataron que el vehículo siniestrado era en realidad un Jetta azul compacto con placas de Tlaxcala, no el camión reportado originalmente.

El automóvil presentaba severos daños producto de la caída.

Otros hechos en Puebla: camionero embiste a delincuente para evitar asalto en la carretera

Un conductor de tráiler no frenó ante un grupo de sujetos que bloquearon la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 240+000, entre La Estancia y Cesilio Terán.

En lugar de detenerse, aceleró y embistió a al menos uno de los hombres que no alcanzó a quitarse del camino. El incidente ocurrió de noche y fue captado por una cámara dentro de la cabina.

En las imágenes se distingue cómo tres individuos usaban lámparas con láser verde para intentar cegar al operador y obligarlo a parar. Según versiones en redes sociales, uno de los agresores habría quedado tendido en el pavimento.

Desde el pasado jueves, la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantenía activado un dispositivo de búsqueda para localizar a un montañero británico desaparecido en la vertiente leonesa de Picos de Europa. El sábado por la mañana, en torno a las 11.30 horas, ha sido encontrado sin vida en la zona del canal de Moeño, cerca del lugar en el que había sido ubicado por última vez.

El aviso llegó el jueves por la tarde. El hombre, de 61 año, alertó a los servicios de emergencia de que se encontraba desorientado, cansado y con escaso equipamiento para hacer el regreso de la ruta que estaba realizando hacia la localidad leonesa de Caín, en Picos de Europa.

El montañero pudo facilitar una coordenada aproximada de su ubicación al equipo técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE). Aunque de forma inmediata se movilizó el Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de Protección Civil junto a un helicóptero de rescate, el ciudadano británico no fue encontrado en ese momento.

La aeronave había aproximado a los rescatadores antes del atardecer hasta la zona próxima a la coordenada que había aportado el montañero. Desde ahí, iniciaron la búsqueda a pie durante la noche; sin embargo, pese al esfuerzo realizado, los rescatadores del GRS no pudieron localizar al desaparecido.

Así, el CCE solicitó colaboración a la Guardia Civil, activándose el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Sabero. El viernes, por tanto, se amplió el operativo integral de la Junta de Castilla y León, que desplegó sobre el terreno un Puesto de Mando Avanzado (PMA), un técnico del Centro Coordinador de Emergencias, la Unidad de Apoyo Logístico de Emergencias (UALE) y la Unidad Fénix de drones de Protección Civil. También e incorporaron al dispositivo de búsqueda efectivos de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y Bomberos de la Diputación de León.

Los trabajos de búsqueda para encontrar al montañero británico desaparecido se centraron en el Canal de Moeño, ya que fue en esta zona donde el hombre de 61 indicó que se encontraba. Esta ruta es la comprendido entre Posada de Valdeón y Caín, donde finalmente ha sido localizado su cadáver.

La búsqueda tuvo marcada por el frío y la nieve

Las condiciones meteorológicas de los días anteriores han sido, según el comunicado difundido por las autoridades, especialmente adversas. A las temperaturas mínimas por debajo de los cero grados se han sumado precipitaciones en forma de nieve de una intensidad considerable.

Finalmente, el cuerpo sin vida del montañero ha sido localizado este sábado, según el Servicio de Emergencias 112, pasadas las once y media de la mañana. Este día las condiciones meteorológicas han sido más favorables que en jornadas anteriores.

Los Agentes de la Guardia Civil se han encargado de la extracción del cadáver y su traslado al municipio leonés de Riaño, dando por concluido el dispositivo de búsqueda activado por la Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León.

*Con información de EFE

Una mujer de 33 años y una niña de 12 se encuentran desaparecidas en Neuquén desde el domingo 10 de mayo. Las autoridades han emitido una Alerta Nati y dos pedidos oficiales de paradero para intensificar la búsqueda y solicitan colaboración ciudadana para aportar cualquier información. La doble desaparición en la provincia mantiene en vilo a la región, mientras tanto, las autoridades difunden las características físicas y los contactos de las fiscalías intervinientes, para facilitar cualquier aporte que conduzca a su pronta localización.

Estela Isabel Castro, de 33 años de nacionalidad argentina, fue vista por última vez en la calle Ricardo Güiraldes, manzana 357, según la Policía de la provincia de Neuquén, que este miércoles amplió el operativo de localización. Se describe a la mujer para facilitar la identificación: mide 1,57 metros, tiene tez trigueña, cabello oscuro y lacio, y contextura delgada. También se detalló que al momento de su desaparición vestía remera gris, campera deportiva negra con capucha flúor, jeans azules, zapatillas negras y portaba una cartera negra. Además, llevaba consigo su teléfono celular.

Paralelamente, la fuerza policial emitió una Alerta Nati para encontrar a Romina Tiziana Tobares, una menor de 12 años cuyo paradero se desconoce. Romina tiene: contextura física delgada, mide 1,55 metros, posee tez trigueña, ojos marrones y cabello largo y ondulado. En el momento de su desaparición, vestía una campera negra, pantalón azul y zapatillas blancas.

El operativo vigente demanda la colaboración inmediata de cualquier persona que cuente con información relevante. Para el caso de Estela Isabel Castro, las autoridades indicaron que los datos deben canalizarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 52° (teléfono 299-4896999). Respecto a Romina Tiziana Tobares, la comunicación debe realizarse con la Unidad Fiscal de Homicidios o la Comisaría 17° (teléfono 299-4430098), tanto en Neuquén capital como en los municipios aledaños.

Alerta Nati en Neuquén

La Alerta Nati, actualmente en vigor, tiene origen en un caso que marcó un antes y un después para la comunidad neuquina. Tras la desaparición de Natalia Ciccioli el 16 de enero de 1994, se impulsó una normativa que buscara acelerar y eficientizar los procedimientos para ubicar a niñas, niños y adolescentes extraviados. Natalia, de 12 años, desapareció tras salir de su casa en San Martín de los Andes. En aquel entonces, la denuncia por desaparición solo se aceptaba después de 48 horas, lo que motivó la movilización comunitaria y, con el tiempo, el desarrollo de una ley específica.

La ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010, regula los pasos a seguir ante las desapariciones de menores de 18 años. Los procedimientos establecidos surgen de la experiencia social y policial acumulada desde la década del noventa. La aplicación de la Alerta Nati no solo estructura la respuesta estatal sino que promueve la rápida difusión pública y el involucramiento de la ciudadanía para acelerar la localización.

En los primeros días de mayo, la provincia de Neuquén activó la Alerta Nati tras la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo de cuatro meses, Carlos Amir Jeremy Araya. Ambos fueron vistos por última vez el 1 de mayo en Rincón de los Sauces, en la calle Lago Nonthué. La investigación está a cargo de la Fiscalía Única local y la Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5.

Ambos fueron hallados en buen estado el 4 de mayo en la ciudad de General Roca, Río Negro, donde Camila se presentó voluntariamente en una comisaría junto a su hijo. Tras constatar su identidad, las autoridades derivaron a ambos a un centro de salud para una evaluación médica y desactivaron el operativo de búsqueda.

Un crimen estremecedor conmueve a la ciudad de Río Gallegos tras el hallazgo de los restos de un jubilado petrolero que había desaparecido hacía semanas: la Justicia investiga el caso y el principal sospechoso, Félix Marcelo Curtti, permanece detenido.

El caso involucra a Aníbal Eduardo Cepeda, de 72 años, quien fue visto por última vez el 20 de abril. Su desaparición activó una búsqueda policial que incluyó rastrillajes en zonas abiertas y domicilios abandonados.

Según reconstruyó La Opinión Austral, la denuncia por la desaparición de Cepeda fue presentada por su esposa a comienzos de mayo, cuando notó su ausencia prolongada.

Las primeras averiguaciones revelaron que la víctima era un cliente habitual del casino céntrico y que había cobrado una indemnización millonaria de la empresa petrolera donde trabajó. Varios testigos señalaron que lo vieron por última vez con Félix Marcelo Curtti, de 61 años, conocido en el mismo entorno.

El giro en la investigación se produjo cuando la policía localizó restos humanos dentro de bolsas plásticas en un tanque de agua de un complejo habitacional abandonado. Se trata de un complejo de departamentos que fue decomisado por la Justicia federal a Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner.

El cuerpo se hallaba incompleto: faltaban la cabeza y las manos. Poco después, en una vivienda cercana, se encontró el resto del cadáver, lo que permitió a los peritos confirmar la identidad de la víctima.

La escena del hallazgo sumó un detalle macabro: el cuerpo de Cepeda había sido descuartizado en una de las parrillas del complejo que perteneció a Muñoz, según fuentes de la investigación citadas por La Opinión Austral. La policía y la Justicia trabajaron en el lugar junto al médico forense Francisco Echandí, quien realizó las primeras pericias sobre los restos.

Curtti fue detenido poco después de que se emitiera una alerta de búsqueda en su contra. Aunque se presentó espontáneamente ante la Justicia, decidió no declarar durante la indagatoria.

Según fuentes del caso consultadas por Infobae, el acusado habría reconocido su participación en el hecho e indicó dónde había dejado los restos. Dijo haber actuado solo.

La hipótesis principal apunta a un móvil vinculado a la indemnización cobrada por la víctima, aunque los investigadores analizan otras posibilidades.

El juez de Instrucción N°1, Gerardo Giménez, y el fiscal Federico Heinz continúan con la recolección de pruebas y pericias fundamentales para esclarecer el contexto y la motivación del crimen. La causa permanece abierta mientras la Justicia intenta reconstruir los últimos movimientos de la víctima y determinar si hubo participación de otras personas.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) logró identificar los restos de 17 personas desaparecidas durante la dictadura militar, hallados en el centro clandestino de detención La Perla, en Córdoba, tras décadas de búsqueda. La información, confirmada este martes en una conferencia de prensa, fue difundida por el Juzgado Federal N°3 y aporta nuevas certezas a las familias.

Los restos fueron localizados en la zona de Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, donde funcionó uno de los principales centros clandestinos del país. Las identidades reveladas corresponden a personas secuestradas entre 1975 y 1978, muchas de ellas militantes políticos o sociales, cuyos casos permanecían sin resolver.

Durante una conferencia de prensa, el EAAF informó las identidades de las víctimas halladas en 2025 en el predio de La Perla. Entre los desaparecidos aparecen tres matrimonios que fueron secuestrados juntos y cuyos restos se encontraron en el mismo sector:

• Silvia Ester Felipe y Luis Carlos Mónaco
• Nélida Noemí Moreno y José Luis Goyochea
• Rosa Cristina Godoy y Carlos Cayetano Cruspeire

Silvia Felipe y Luis Mónaco eran militantes políticos originarios de Villa María y Córdoba fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Silvia tenía 27 años, era psicóloga y cuando desapareció su hija tenía apenas 25 días y tuvo que quedar al cuidado de los abuelos. Su compañero, Luis Carlos Mónaco, era periodista y camarógrafo, y fue secuestrado el mismo día.

La hija del metrimonio declaró durante la conferencia: “Hoy empiezo a entender lo que significa el verbo encontrar, es la hermosa y sorprendente posibilidad de traerlos con nosotros. Es una inesperada forma de la felicidad.”

Nélida Noemí Moreno Maza nació en Córdoba y era psicopedagoga y empleada administrativa de la Policía provincial. Con 32 años fue secuestrada junto a su esposo José Luis Goyochea Escudero que era empleado administrativo en el Colegio de Médicos y en el departamento de Estadísticas de la Subsecretaría de Planeamiento, en presencia de sus hijos.

Rosa Cristina Godoy nació el 5 de octubre de 1953 y era oriunda de San Luis. Fue secuestrada junto a su marido, Carlos Crupeire ante su hija pequeña quien fue entregada a sus abuelos. Ambos tenían 24 años.

El hallazgo de estos restos y la confirmación de las identidades representa un paso en el proceso de verdad y justicia que reclaman las familias desde hace casi medio siglo. El avance en las identificaciones ha sido posible gracias al trabajo conjunto de la justicia federal, el Equipo Argentino de Antropología Forense y la colaboración de los familiares. La recuperación de identidades habilita nuevos caminos de investigación.

Las identificaciones se lograron por el análisis antropológico de todos los elementos óseos recuperados en 2025. En marzo ya habían identificado a 16 personas y ahora también identificaron a:

• Graciela María de los Milagros Doldán
• Juan Carlos Navarro Moyano
• Gilberto Néstor Lellin D´Francesco
• Adrián José Ferreyra Rivero
• Marta Susana Ledesma Vera de Comba
• Víctor Carlos Díaz Rinero
• Silvia del Valle Taborda
• Edelmiro Cruz Bustos
• Oscar Segura Reineri
• Gustavo Daniel Torres

Por expreso pedido de una familia, uno de los nombres no fue difundido.

Las historias

Graciela María de los Milagros Doldán nació el 19 de agosto de 1941 en Santa Fe, fue abogada y militante peronista. Tenia 34 años cuando fue secuestrada en su domicilio de Córdoba junto a su hermana y su amiga Rosa Dory Maureen Kreiker. Era compañera de militancia del exgobernador Juan Schiaretti, quien expresó: “Duele profundamente, pero también aporta verdad y permite avanzar en la reparación de heridas que permanecen abiertas desde hace medio siglo”.

Juan Carlos Navarro Moyano, era conocido como “Piturro”, nació el 6 de septiembre de 1952 en Deán Funes. Fue secuestrado a los 25 años cuando se dirigía a su trabajo en Córdoba.

Gilberto Néstor Lellin D´Francesco, nacido en Salta el 26 de febrero de 1949 era delegado en una fábrica. Tenía 27 años cuando desapareció en su trabajo.

Adrián José Ferreyra Rivero nació el 17 de diciembre de 1953 oriundo de Chilecito, La Rioja, trabajaba y militaba en Córdoba. Fue secuestrado a los 32 años, poco antes del nacimiento de su hijo.

Marta Susana Ledesma Vera de Comba nació el 16 de agosto de 1947 y desapareció junto a su esposo Sergio Héctor Comba y sus hijos en 1975 a sus 28 años en barrio Altamira.

Víctor Carlos Díaz Rinero nació el 28 de noviembre de 1934 y fue secuestrado en febrero de 1978. Era padre de tres hijos y desapareció en la casa de fotografías donde trabajaba a los 35 años.

Silvia del Valle Taborda nació el 2 de octubre de 1952 y era operaria de una fábrica. A los 23 años, desapareció durante la mañana del 11 de diciembre de 1975.

Edelmiro Cruz Bustos nació el 16 de agosto de 1950 y era empleado de la Legislatura de Córdoba. Fue secuestrado a los 25 años en el barrio Alto Alberdi, poco antes del nacimiento de su hija Andrea Luciana.

Oscar Segura Reineri nació el 28 de noviembre de 1934 y a los 41 años fue secuestrado en su taller de reparación de radios en el barrio Alta Córdoba.

Gustavo Daniel Torres nació el 11 de febrero de 1960 y era un joven de 16 años cuando fue secuestrado en su casa ante sus padres, hermanos y abuelos. Su hermano habló durante la conferencia del EAAF: “Es increíble, una notificación de la muerte te devuelve la vida. Mi hermano tenía 16 años cuando lo secuestraron, estábamos en casa y cuando se lo llevaban lo escuché decir ´yo tengo derecho´ y le taparon la boca, no terminó la frase. Hoy mi hermano recupera algo de sus derechos”.

La muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas ha puesto sobre el tapete la situación que enfrenta el ciudadano ítalo-venezolano Hugo Marino, experto en salvamento marítimo y propietario de la empresa Sistemas Electrónicos Acuáticos, reportado como desaparecido desde el 20 de abril de 2019.

Ambos casos tienen algunos elementos en común. Según las denuncias presentadas, estos hombres fueron arrestados por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM). Sus capturas se enmarcarían dentro de la definición de “desaparición forzada”. Y lo más relevante: quienes han encabezado la lucha por su libertad han sido sus madres, que superan los 80 años de edad.

“A lo mejor juegan al cansancio, a que uno se rinda, pero lamentablemente una madre por un hijo no se rinde nunca”, expresó la señora Beatriz de Marino, de 83 años, en una entrevista al portal El Pitazo.

La última vez que Beatriz de Marino habló con su hijo, acababa de aterrizar en Maiquetía, principal aeropuerto internacional del país que sirve a Caracas. Llegaba con la intención de disfrutar unos días con sus familiares, de acuerdo con el testimonio de sus allegados. Sin embargo, agentes de la DGCIM lo habrían detenido y desde hace siete años no hay información sobre su paradero.

Historias cruzadas

El Ministerio de Servicio Penitenciario informó el 7 de mayo el fallecimiento de Quero Navas, quien fue apresado el 3 de enero de 2025. Las autoridades jamás precisaron su centro de reclusión, a pesar de la insistencia de su madre, Carmen Navas, de 82 años, quien emprendió una peregrinación por distintos entes públicos en búsqueda de su hijo.

A través del comunicado mediante el cual anunció el deceso, la cartera de Servicio Penitenciario indicó que “el ciudadano no suministró datos sobre vínculos filiatorios y ningún familiar se presentó a solicitar visita formal”.

Esta declaración atizó la indignación de la opinión pública, que fue testigo del esfuerzo que durante más de un año emprendió la señora Navas para reencontrarse con Víctor Hugo, un comerciante informal de 51 años que por razones desconocidas terminó siendo acusado de terrorismo, conspiración y traición a la patria.

Tampoco nadie tiene claro por qué Marino fue aprehendido. La familia afirma que también le imputan los delitos de terrorismo y traición a la patria.

Dolor

En el marco del juicio por un desfalco en Petróleos de Venezuela, que el Ministerio Público chavista cifra en más de 5 mil millones de dólares, uno de los procesados reveló haber compartido celda con Marino, reportó la periodista Maryorin Méndez.

“Los detalles que se dijeron de Hugo Marino no voy a decirlos por respeto a su madre, pero Hugo Marino estuvo detenido en una celda del DGCIM, donde contó a uno de ellos (el procesado) todo el sufrimiento que estaba padeciendo y habría ocurrido algo terrible hace dos años, es por eso que no le han dicho a su madre dónde está Hugo Marino”, expresó Méndez a través de un video en Instagram.

Ninguna autoridad se ha pronunciado sobre la suerte de Marino, cuyo expediente ha sido ventilado en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ante el silencio oficial y tras conocerse el fallecimiento de Quero Navas, la señora Beatriz de Marino ha elevado la voz por su hijo.

“Yo no me voy a rendir. Espero que en algún momento esto salga a la luz, porque para mí mi hijo está vivo. No voy a darle chance a que ellos hagan lo que quieran, me deben dar respuestas”, exclamó la madre de Marino.

Con los reportes de la localización de manchas de sangre en un auto relacionado con Fernando Yael “N”, el estudiante que fue vinculado a proceso por su presunta responsabilidad en la desaparición y muerte de su madre, Teresa Guadalupe de 55 años, el caso complica la situación del joven.

Lo anterior se suma a los informes del hallazgo de sangre en el domicilio ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza, donde vivían la mujer y el ahora detenido.

La información reciente fue revelada por el periodista Carlos Jiménez, quien, a través de sus redes sociales, publicó el 11 de mayo imágenes que muestran la unidad vehicular investigada.

Según los datos ofrecidos por Jiménez, los peritajes por parte de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la capital (FGJ-CDMX), resultaron en el hallazgo de restos de sangre en los tapetes de la unidad, un auto Ibiza de color negro.

Denunció la desaparición; autoridades contradicen versión

Cabe destacar que el sujeto ahora investigado, en un primer momento, reportó la desaparición de su madre, alegando que la mujer había salido de la casa con dirección al Centro Histórico, sin que regresara.

“El imputado refirió que ella había salido de su domicilio y no había regresado. No obstante, las indagatorias realizadas por la Policía de Investigación (PDI) permitieron obtener datos que contradicen esa versión”, es parte del informe de la Fiscalía de la CDMX del 9 de mayo.

Mientras que, días antes, el 5 de mayo fue realizado un cateo en el inmueble de interés y el cual resultó en el hallazgo de “indicios biológicos relevantes”, según expuso la FGJ-CDMX.

Es decir, tras la identificación de sangre en el predio comenzó a generarse una hipótesis con la cual la mujer habría sido atacada en el domicilio.

Además, según destaca Jiménez, es posible que el auto revisado haya sido propiedad de Teresa Guadalupe y posteriormente usado por Fernando Yael.

Detención de Fernando Yael

El estudiante fue detenido el 7 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc y un día después fue realizada la audiencia en la que el sujeto fue vinculado a proceso y se le impuso la medida de prisión preventiva, además de que fue determinado el plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.

Fernando Yael fue capturado por las autoridades luego de que estas últimas detectaron inconsistencias en las declaraciones del joven. Lo anterior generó análisis de cámaras de vigilancia y registros telefónicos.

Además, los reportes periodísticos indican que Fernando Yael mantuvo una conversación con un amigo a través de una aplicación mensajería. En la conversación el estudiante señalaba que su madre se había molestado con él por temas escolares, por lo cual no le habían dado permiso de salir.

Aníbal Cepeda, de 71 años, había desaparecido el pasado 20 de abril, en Río Gallegos, cuando dejó de tener contacto con sus familiares. Tras intensos rastrillajes y allanamientos, este domingo la Policía de Santa Cruz informó que su cuerpo fue hallado dentro de una propiedad decomisada a Daniel Muñoz, el histórico exsecretario privado de Néstor Kirchner.

Se trata de un complejo de departamentos abandonado, ubicado sobre la calle Gobernador Moyano al 500, junto a la “Plaza de los Campeones del Mundo”, a metros del Parque de Agua y a una cuadra del río que da nombre a la ciudad austral.

El predio está bajo el control de la administración de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), el organismo encargado de gestionar bienes secuestrados o decomisados en causas federales. Es custodiado desde este sábado por Gendarmería, antes de que el presunto asesino colocara en ese lugar el cadáver.

El principal sospechoso, Félix Marcelo Curtti, amigo “del casino” de Cepeda, fue arrestado este domingo a la madrugada. Fuentes del caso indicaron que, tras ser esposado, confesó la autoría del crimen y que descartó los restos de la víctima en el predio cuando la orden de la Justicia federal a Gendarmería para custodiar el predio aún no se había hecho efectiva, indicaron fuentes de la fuerza de seguridad.

Los gendarmes llegaron al lugar recién el sábado a las 8 de la mañana. Es decir, cuando el cuerpo ya estaba ahí.

El domingo, la Policía provincial avisó a la consigna de la fuerza federal que los restos del jubilado podrían estar “dentro de un tanque cisterna ubicado en inmediaciones del acceso principal“.

Al efectuarse una inspección en el sector indicado, los agentes federales constataron la existencia de seis bolsas de color negro en el interior del tanque cisterna, las cuales emanaban fuerte olor nauseabundo. De acuerdo a La Opinión, más restos fueron hallados en un pozo ciego de una casa ubicada en la calle Pellegrini al 500, en la misma manzana.

Cepeda había sido descuartizado por el asesino, en un intento de esconder el cuerpo para no ser atrapado. Al verse rodeado, confesó.

Personal de la División Criminalística y de la Unidad Regional Sur de la Policía de Santa Cruz arribaron a la escena y realizaron las pericias dispuestas sobre el inmueble, solicitadas por el Juzgado de Instrucción N° 1 de Río Gallegos, subrogado por Gerardo Giménez, Secretaría de Soledad Díaz Román. A las 15. 30, finalizaron las tareas 15.30 y se retiraron. Gendarmería quedó en el lugar.

Durante la búsqueda, los investigadores habían recuperado las tarjetas de crédito y el DNI de la víctima en poder de dos personas que fueron demoradas, pero recuperaron la libertad al no poder acreditar vínculos con la desaparición. Según afirmaron, habían encontrado las tarjetas del jubilado y las usaron para comprar sin saber que ya había una alerta en entidades bancarias en caso de que se registraran movimientos.

Sobre Curtti, La Opinión Austral indicó que, estuvo detenido en la década de los 90 acusado de robo y estaba en Buenos Aires. De acuerdo a la información, fue trasladado a la Unidad Penitenciaria Federal N°15 de Río Gallegos, donde terminó asentándose.

De acuerdo a la publicación, trabajó en el Estado y fue chofer de un juez y personal de maestranza en el edificio del Ministerio de Economía local. El móvil económico es la principal hipótesis del asesinato.

La presidenta Claudia Sheinbaum difundió este 10 de mayo un video en redes sociales con motivo del Día de las Madres, en el que recopiló momentos de su visita a Cajeme, Sonora, durante un evento de entrega de Pensiones Mujeres Bienestar.

En la grabación, la mandataria aparece felicitando a las madres mexicanas mientras recibe muestras de apoyo de asistentes reunidos en Ciudad Obregón.

“Feliz día de las mamás a todas, a todas las mamás de Cajeme, de Sonora y de México”, expresó Sheinbaum.

El video también incluye el momento en que simpatizantes corean “Te queremos, presidenta”, previo a que la titular del Ejecutivo lanzara una consigna dedicada a las mujeres mexicanas.

“¡Que vivan las mujeres de México! ¡Que vivan todas las mamás! ¡Que viva Sonora! ¡Que viva México!”, afirmó entre aplausos.

La publicación fue compartida horas después del acto encabezado por la presidenta en Sonora como parte de las actividades oficiales por el Día de las Madres.

Sheinbaum centra discurso en igualdad y reconocimiento a las mujeres

Durante el evento realizado en el Centro de Usos Múltiples (CUM) de Ciudad Obregón, Sheinbaum abordó temas relacionados con igualdad de género, derechos de las mujeres y reconocimiento al trabajo de cuidados.

La mandataria sostuvo que en México debe continuar el combate al machismo, la discriminación y el clasismo, además de señalar que las mujeres tienen derecho a desarrollarse en cualquier ámbito.

“Las mujeres no queremos ser más, porque somos iguales, pero nunca más queremos ser menos”, señaló.

También recordó frases que históricamente fueron utilizadas para limitar a las mujeres, como “calladita te ves más bonita”, y afirmó que las mujeres tienen derecho a trabajar, participar políticamente y tomar decisiones sobre sus vidas.

Programas sociales y apoyo a cuidadoras, entre los temas centrales

La presidenta destacó que la Pensión Mujeres Bienestar busca reconocer el trabajo de mujeres cuidadoras y adultas mayores, además de reiterar que su gobierno proyecta la construcción de mil Centros de Educación y Cuidado Infantil (CECI).

Entre los temas abordados durante el acto destacan:

• Reconocimiento al trabajo doméstico y de cuidados.
• Impulso a programas sociales para mujeres adultas mayores.
• Igualdad de oportunidades para niñas y jóvenes.Participación compartida en tareas familiares.
• Combate al machismo y la discriminación.

Sheinbaum también hizo referencia a mujeres históricas como Leona Vicario, Josefa Ortiz de Domínguez y Gertrudis Bocanegra, al señalar que durante años la historia nacional invisibilizó el papel de las mujeres.

Marchas de madres buscadoras marcan el 10 de mayo en CDMX

Mientras el gobierno federal encabezaba actividades conmemorativas en Sonora, colectivos de madres buscadoras marcharon en la Ciudad de México durante la XIV Marcha de la Dignidad Nacional: “Madres buscando a sus Hijos, Hijas, Verdad y Justicia”.

La movilización reunió a familias provenientes de distintos estados del país y a madres migrantes de Centroamérica que buscan a familiares desaparecidos durante su paso por México.

Con fotografías, pancartas y consignas como “¡Porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!”, las participantes exigieron avances en las investigaciones y acciones más efectivas para localizar a personas desaparecidas.

Durante el pronunciamiento realizado en la capital del país, los colectivos recordaron que en México hay más de 133 mil personas desaparecidas y cerca de 80 mil cuerpos sin identificar bajo resguardo de autoridades.

“Hoy no tenemos nada que celebrar”, expresaron algunas madres buscadoras.

Protestas también se replican en estados del país

Además de la movilización en Ciudad de México, colectivos realizaron protestas y actividades en entidades como Zacatecas, Guerrero y Jalisco.

Las organizaciones denunciaron falta de resultados en las búsquedas y riesgos para las personas que participan en labores para localizar a familiares desaparecidos.

Las manifestaciones coincidieron con los actos oficiales encabezados por autoridades federales y estatales con motivo del Día de las Madres.

Un juez de control vinculó a proceso a Fernando Yael “N”, de 22 años, por el delito de desaparición cometida por particulares agravada en perjuicio de su madre, Teresa Guadalupe Molina Hernández, de 55 años.

La audiencia se celebró el 8 de mayo de 2026, un día después de su detención en la alcaldía Cuauhtémoc.

El juez también ratificó la medida cautelar de prisión preventiva y fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

El imputado fue trasladado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, donde permanece a disposición de la autoridad judicial.

Fernando Yael denunció la desaparición de su propia madre

La investigación comenzó cuando el propio Fernando Yael “N” presentó una denuncia ante las autoridades. En ella refirió que su madre, Teresa Guadalupe, había salido de su domicilio el 25 de abril rumbo al Centro Histórico y que, desde entonces, desconocía su paradero.

Reportes previos de este medio señalaron que familiares y amigos de la víctima contradijeron esa versión. Socorro, amiga de Teresa Guadalupe, señaló que recibió mensajes desde el celular de la mujer días después de la desaparición, pero que ya no obtuvo respuesta.

Genova, tía de la víctima, describió la relación entre madre e hijo como cercana: “Yo los veía muy bien a los dos porque ella quería mucho a su hijo y siempre andaban los dos”, declaró.

Análisis de cámaras, telefonía y cateo arrojaron indicios en su contra

Las diligencias realizadas por la Fiscalía Especializada en la Investigación y Persecución de los Delitos en Materia de Desaparición y Búsqueda de Personas Desaparecidas (FIPEDE), junto con el análisis de cámaras de vigilancia, registros de telefonía y el trabajo de la Policía de Investigación (PDI), permitieron obtener datos que contradijeron la versión del imputado.

El 5 de mayo se ejecutó un cateo en el inmueble relacionado con los hechos.

Ahí fueron localizados indicios biológicos -sangre- que fortalecieron la hipótesis de que Teresa Guadalupe fue agredida dentro del domicilio. Con esos datos de prueba, el agente del Ministerio Público capitalino solicitó y obtuvo una orden de aprehensión ante un juez de control.

El 7 de mayo, agentes de la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina ejecutaron la orden en la alcaldía Cuauhtémoc y detuvieron a Fernando Yael “N”.

Mensajes de WhatsApp ubican al imputado la noche de los hechos

La noche del 25 de abril, Fernando Yael “N” mantuvo una conversación por WhatsApp con un amigo, en la que presuntamente acordaban salir de fiesta.

Las capturas de pantalla de esa plática digital fueron obtenidas y difundidas por el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como c4jimenez, a través de su cuenta de X, y formarían parte de la línea de investigación de la Fiscalía capitalina.

En los mensajes, Fernando Yael “N” reconoció que su madre se había molestado con él por temas escolares y que por eso no le dio dinero ni lo dejó salir.

La conversación comenzó poco antes de la medianoche y se prolongó durante la madrugada. Entre la 1:20 y la 1:40 de la mañana el joven dejó de responder los mensajes.

Antes de dejar de contestar, el amigo le preguntó si todo estaba bien porque había escuchado un ruido. Fernando Yael respondió: “Ah, no ‘wey’, todo bien. Pero ya no me dejaron. Me gritó mi mamá y se enojó”.

En otro mensaje, el imputado habría dejado ver que consumió alcohol y cocaína esa noche: “Como quieras, ya se me bajó con el peri”, escribió.

La Justicia confirmó este jueves la identificación de nuevos restos de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar, cuyos cuerpos fueron hallados en terrenos cercanos al ex centro clandestino de detención La Perla, en la provincia de Córdoba.

El anuncio fue validado por el Juzgado Federal N°3, a cargo del juez Miguel Hugo Vaca Narvaja, y los nombres de las víctimas serán revelados en una conferencia de prensa prevista para la próxima semana.

Según pudo saber Infobae, en este hallazgo se habrían encontrado al menos diez personas y se está poniendo en conocimiento a las familias. Se trata del segundo grupo de identificaciones logradas por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) junto al Instituto de Medicina Forense del Poder Judicial de Córdoba en el marco de los trabajos iniciados en 2025 en la zona conocida como Loma del Torito, dentro del predio de la Guarnición Militar de La Calera.

La razón del intervalo entre la confirmación judicial y la divulgación pública de los nombres responde a un protocolo establecido en este tipo de casos. La dinámica habitual consiste en notificar primero a las familias, darles tiempo para procesar la noticia y aguardar su consentimiento antes de difundir la información. Ese mismo criterio se aplicó en la ronda anterior de identificaciones.

Esa primera tanda, revelada en marzo pasado, dio a conocer la identidad de 12 personas secuestradas y asesinadas entre 1976 y 1977, cuyos restos también fueron recuperados en Loma del Torito. Aquellos resultados fueron posibles gracias a la intervención conjunta del EAAF, el Instituto de Medicina Forense y el Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, con la validación del mismo juzgado federal que ahora certifica el nuevo grupo.

Entre las víctimas identificadas en marzo figuraron José Nicolás Brizuela, abogado y obrero secuestrado en su domicilio del barrio Residencial América el 25 de octubre de 1977; Raúl Oscar Ceballos Cantón, estudiante de Ingeniería y trabajador de FIAT Materfer; Eduardo Jorge Valverde Suárez, delegado de la Federación Universitaria oriundo de Mendoza; y Mario Alberto Nívoli Gauchat, de Ucacha, cuya hija recibió la confirmación 49 años después de su desaparición.

También fueron reconocidos Carlos Alberto D’Ambra Villares, profesor de educación física capturado en la terminal de buses de la capital provincial a los 23 años; Alejandro Jorge Monjeau López, estudiante de arquitectura oriundo de Mar del Plata; Sergio Julio Tissera Pizzi, trabajador aeronáutico con dos hijos; Elsa Mónica O’Kelly Pardo, estudiante de arquitectura secuestrada a los 18 años; Oscar Omar Reyes y Ramiro Sergio Bustillo Rubio, ambos capturados el 18 de octubre de 1977 bajo órdenes del entonces comandante del III Cuerpo de Ejército, Luciano Benjamín Menéndez. El duodécimo caso no fue divulgado a pedido de la familia.

Durante la conferencia de prensa de marzo, algunos familiares tomaron la palabra. El hijo de Brizuela describió la noticia con una imagen que resumió lo que significa para muchas familias: “Ahora es como decir ‘volvió mi papá’. No tengo que ir más a dar vueltas con una pancarta”, afirmó. El hijo de Valverde Suárez, por su parte, rechazó la idea de una herida cerrada: “A veces me preguntan si cerré las heridas. No, yo quiero que se vea esa sangre. Quiero que esa sangre se vea y que las generaciones futuras estén ahí viéndolas”.

Los trabajos de campo que condujeron a ambos grupos de identificaciones arrancaron en 2025 y fueron ordenados por el Juzgado Federal N°3. La prospección del terreno combinó testimonios de sobrevivientes, imágenes satelitales, tecnología LiDAR —detección por pulsos de luz láser— y fotografías aéreas históricas de 1979 provistas por el Catastro de la Municipalidad de Córdoba.

En el predio de Loma del Torito, los investigadores localizaron fragmentos óseos como fémures y partes de cráneos. El EAAF lleva cerca de 20 años de trabajo sistemático en la búsqueda de restos vinculados a los desaparecidos de la dictadura.

La Perla funcionó como uno de los principales espacios de represión ilegal entre mediados de 1976 y fines de 1978, bajo la órbita del Tercer Cuerpo del Ejército. Se estima que por ese centro clandestino pasaron entre 2.200 y 2.500 personas. La primera evidencia material de restos humanos en el predio fue confirmada por la Justicia Federal el 26 de septiembre de 2025, casi cinco décadas después de los crímenes allí cometidos.

En la causa interviene la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Córdoba, con la participación de los auxiliares fiscales María Laura Bazo Queirolo y Facundo Trotta. Según pudo saber Infobae, el martes 12 de mayo, el juez Vaca Narvaja presidirá la conferencia de prensa en la que se darán a conocer los nombres de las 11 nuevas personas identificadas.

La desaparición de Jaqueline Cerecer Ponce expone una escena de violencia y engaño que agrava la preocupación por la seguridad de las mujeres en México. El caso, que inició como búsqueda ciudadana en redes sociales, revela indicios de una traición extrema: las investigaciones apuntan que Lorenzo “N”, pareja sentimental de Jaqueline, sería quien planificó y ejecutó su desaparición tras drogarla y privarla de la libertad. La gravedad del hecho abre el debate sobre la necesaria revisión de los protocolos de búsqueda, que suelen dar credibilidad automática a familiares cercanos así como a sus primeras declaraciones.

El análisis realizado por la Fiscalía General de Baja California identifica a Lorenzo “N” como probable autor intelectual y material del delito. De acuerdo con la información oficial, el hombre habría aprovechado que Jaqueline Cerecer se sentía mal en su domicilio ubicado en el fraccionamiento Pórticos del Valle, en Mexicali, para suministrarle pastillas para dormir y dejarla inconsciente. La investigación señala que, tras este acto, la privó de la libertad con la intención de ocultar su paradero. La ubicación de la joven se desconoce hasta el momento.

Entre las pruebas reunidas se encuentran los movimientos posteriores de Lorenzo “N”, que usó el teléfono celular de Jaqueline para fabricar una historia sobre abandono: mandó mensajes desde el móvil de la víctima para alegar que ella lo había dejado y se había marchado acompañada de su hijo, fruto de una relación anterior. Estos mensajes formaron parte de la denuncia que él mismo presentó ante las autoridades, en un intento por pintar una aparente huida voluntaria. Posteriormente, Lorenzo “N” entregó al menor al padre biológico, movimiento que coincide con la versión que buscaba instalar ante la familia y la autoridad.

La versión oficial detalla que Lorenzo “N” sostenía que Jaqueline se encontraba en otro estado y había iniciado una nueva relación sentimental, mientras él alegaba mantener comunicación esporádica con ella en la que supuestamente le reiteraba que no tenía intención de regresar. Esta versión se sostenía solo en los mensajes y llamadas atribuidos al teléfono de la joven.

El trabajo de inteligencia realizado por la Fiscalía permitió poner en duda esta versión. Al analizar la ubicación del teléfono de Jaqueline Cerecer, los peritos determinaron que la línea permaneció en el mismo lugar donde se encontraba Lorenzo “N”, lo que descartó la hipótesis de que ella había salido de Mexicali. Esta prueba resultó determinante para orientar la investigación hacia la responsabilidad de la pareja sentimental.

Tras reunir estos elementos, la Fiscalía ejecutó un cateo en el domicilio de Lorenzo “N”. Durante el operativo aseguraron esposas y otros objetos que refuerzan la hipótesis de privación de la libertad. La presencia de estos objetos derivó en la aprehensión del presunto responsable por el delito de desaparición de persona.

El menor, hijo de Jaqueline, permanece bajo el resguardo de su padre biológico, según el saldo provisional del caso. No se conoce el paradero del cuerpo de Jaqueline Cerecer Ponce. Las autoridades han preferido no dar información adicional sobre ese punto en sus declaraciones públicas.

El suceso vuelve a colocar en primer plano la vulnerabilidad de las mujeres ante actos de violencia que se gestan en el entorno familiar o de pareja. También fortalece la exigencia de que los protocolos institucionales basen su actuación en pruebas objetivas y no exclusivamente en las versiones iniciales proporcionadas por familiares, que pueden estar involucrados en el hecho.

Las evidencias técnicas revelaron que la versión de “abandono” era falsa

El análisis de la telefonía determinó que el aparato celular de Jaqueline Cerecer nunca dejó Mexicali. La Fiscalía sostiene que este hallazgo desmanteló la hipótesis de huida voluntaria esgrimida por Lorenzo “N” y fue fundamental para solicitar y ejecutar su captura.

Durante la investigación, Lorenzo “N” manipuló la narración de los hechos ante familiares y autoridades. Utilizó el celular de la joven para simular mensajes y llamadas, además de otras acciones orientadas a generar confusión respecto al destino de Jaqueline.

La Fiscalía halló esposas y objetos asociados a la privación de la libertad en el domicilio del presunto responsable

El cateo permitió incautar elementos que refuerzan la acusación en contra de Lorenzo “N”. La información oficial indica que el principal delito que enfrenta es desaparición de persona, aunque la indagatoria permanece abierta.

La localización del cuerpo de Jaqueline Cerecer Ponce sigue siendo desconocida, y la Fiscalía se reserva información sobre avances específicos en ese aspecto.

Puntos clave:

• Las investigaciones identifican a la pareja sentimental de Jaqueline Cerecer como autor intelectual y material de su desaparición.
• El análisis de telefonía comprobó que el celular de la víctima nunca salió de Mexicali, desmintiendo la versión de abandono.
• La Fiscalía aseguró esposas y otros objetos relacionados con la privación de la libertad durante un cateo en el domicilio del presunto responsable.

La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí localizó a 62 personas que sus familias habían reportado como desaparecidas durante el mes de abril, en un estado donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) mantiene control territorial y disputas armadas activas con otras organizaciones criminales.

Entre los hallazgos sobresale el de un niño de tres años y la desactivación de una Alerta Ámber. Los demás fueron identificados como 35 hombres y 27 mujeres, con un desglose que incluye 25 adultos masculinos, 11 adultas, 20 adolescentes y seis infantes.

De acuerdo con los reportes, la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos los ubicó en distintos puntos del territorio potosino y les brindó acompañamiento integral a través de su personal especializado.

Con ello, las 62 personas regresaron con sus familias en buen estado de salud físico y emocional. Sin embargo, el comunicado oficial no precisó las circunstancias de cada hallazgo ni el tiempo que los casos llevaban abiertos.

El CJNG y el control de San Luis Potosí

San Luis Potosí opera como un corredor estratégico entre los centros de producción de droga en Jalisco y Michoacán y las rutas hacia el norte del país y la frontera con Texas, Estados Unidos. Por esa posición geográfica, el CJNG lo convirtió en uno de sus territorios prioritarios.

Según la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas 2025 de la DEA, la célula delictiva usa el estado para transportar fentanilo, metanfetamina y cocaína, y recluta redes locales para sostener esa logística. Bajo este esquema, el cártel fue designado ese mismo año como Organización Terrorista Extranjera por el gobierno de Donald Trump.

Violencia, extorsión y lavado de dinero en el estado

La disputa territorial en San Luis Potosí enfrenta al CJNG contra el Cártel de Sinaloa y remanentes del Cártel del Noreste, lo que se traduce en enfrentamientos armados frecuentes por el control de rutas. La DEA documenta que el CJNG recurre a asesinatos, secuestros y amenazas como herramientas sistemáticas para ganar terreno.

Fuera del tráfico de drogas, la organización diversifica ingresos en el estado mediante extorsión a comerciantes y transportistas, robo de hidrocarburos y lavado de dinero a través de negocios inmobiliarios, bares, casinos y empresas de transporte. Además de utilizar transferencias electrónicas y criptomonedas.

El compromiso de la Fiscalía ante la crisis de desapariciones

La FGESLP reiteró su disposición para recibir denuncias de familias que buscan a personas no localizadas. La dependencia no precisó cuántos casos permanecen abiertos en el estado ni el total acumulado de fichas de búsqueda activas.

Nos obstante, las 62 localizaciones de abril representan un resultado de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos en un contexto donde la violencia del crimen organizado alimenta directamente el fenómeno de las desapariciones en la entidad.

Familias originarias de Cuba, Honduras y Ecuador llegan esta semana a Chiapas, México, para iniciar labores de búsqueda en terreno y en penales tras la desaparición de cerca de 40 migrantes ocurrida en diciembre de 2024, en uno de los episodios más graves de desaparición de personas migrantes en la frontera sur del país.

Las acciones de búsqueda se intensifican luego de meses de exigencias y trámites realizados ante autoridades federales y estatales para acceder a las zonas clave en el municipio de Mazatán. La movilización ocurre en medio de una crisis migratoria creciente y frente a un operativo institucional que, según las familias, aún no arroja resultados claros.

Alrededor de ocho familias encabezan la búsqueda. Provenientes de distintas ciudades cubanas como Matanzas, La Habana, Camagüey y Santiago de Cuba, así como de Honduras y Ecuador, los familiares arribaron a Chiapas con el objetivo de recorrer puntos estratégicos desde San José El Hueyate hasta Tapachula. Estos viajes iniciaron tras 17 meses de silencio desde el último contacto con los desaparecidos, cuando avisaron que cruzarían en lancha hacia Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, pero nunca llegaron a su destino esperado.

Entre las víctimas que forman parte del grupo están los cubanos Lorena Rozabal Guevara, de 28 años; Elianis de la Caridad Morejón Pérez, de 18 años; Jorge Alejandro Lozada Santos, de 24 años; Meiling Álvarez Bravo, de 40 años, y su hijo Samei Armando Reyes Álvarez, de 14; Dayranis Tan Ramos, de 33 años; el hondureño Ricardo Hernández, de 33 años, y el ecuatoriano Jefferson Stanley Quindil Guanoquiza, de 21 años. Las familias insisten en que el grupo completo desapareció después de abordar dos embarcaciones en la costa del Pacífico. Antes de embarcar, varios migrantes enviaron mensajes con frases como “No sabemos nadar”, “nos están poniendo chalecos” y “hay tiroteos cerca”.

La última señal GPS de las lanchas se registra a las 08:25 horas del 21 de diciembre de 2024 a escasos metros de la costa, y desde entonces no existe comunicación confirmada de ningún integrante del grupo. El trayecto, por el que los migrantes pagaron entre USD 8 mil y USD 10 mil a intermediarios, formaba parte de una ruta bajo control de células del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De septiembre a diciembre de 2024, la zona de San José El Hueyate concentra al menos tres eventos de desaparición que suman 83 migrantes ausentes, de acuerdo con organizaciones que acompañan a los familiares.

El acompañamiento civil no detiene la crisis de desapariciones en la frontera sur

La Red Regional de Familias Migrantes, integrada principalmente por madres y abuelas de desaparecidos, coordina las brigadas internacionales de búsqueda en territorio mexicano. La organización, fundada por la hondureña Ana Enamorado —quien lleva 16 años buscando a su hijo—, agrupa este año a familiares de Cuba, Honduras, Ecuador, Colombia e Italia. Los grupos se movilizan tanto por rutas rurales de Chiapas como en centros penitenciarios para descartar que las personas migrantes estén detenidas sin registro.

Como parte de las acciones, las familias solicitan a las autoridades estatales y federales autorización para difundir fichas de búsqueda y realizar inspecciones presenciales en cárceles del estado. El respaldo de colectivos civiles ha sido imprescindible para abrir líneas formales de búsqueda, gestionando reuniones con instituciones y solicitando acceso a información oficial, aunque organizaciones y familias denuncian que la respuesta gubernamental sigue siendo nula. La abogada Yesenia Váldez, de la Fundación para la Justicia, afirma en junio de 2025: “No hay una sola diligencia para buscarlos. Es como si el Estado los hubiera borrado”.

Las versiones sobre lo ocurrido se multiplican en la ausencia de resultados oficiales. Parte de los indicios apuntan a un posible naufragio, mientras que otras versiones sugieren la intervención de grupos criminales que operan en la costa de Chiapas y tienen capacidad para levantar a grupos enteros de migrantes. Durante casi dieciocho meses, las familias acusan investigación lenta y descoordinada, sin operativos específicos ni avances confirmados.

Crimen organizado y rutas bajo riesgo: el trasfondo de la desaparición

El corredor Tapachula–Mazatán–Juchitán es identificado como punto estratégico en rutas de tráfico controladas por el CJNG y otras redes de extorsión en la frontera sur. San José El Hueyate es uno de los epicentros de desapariciones masivas, donde los migrantes quedan expuestos a violencia, levantamientos o abandono por parte de traficantes. Las propias familias denuncian el clima de miedo, poca denuncia y falta de coordinación institucional como los elementos que permiten que la crisis permanezca invisible.

Mientras madres, padres y abuelas recorren los parajes y penales, organizaciones insisten en que la desaparición de migrantes es una de las crisis menos documentadas de toda la región. La desaparición de los 40 migrantes en diciembre no es un caso aislado: el 30 de abril se suma el nombre de Yarissel Díaz Arcia, cubana de 19 años desaparecida en Tapachula, y en marzo se informa de ocho balseros cubanos desaparecidos cuando intentaban llegar a costas mexicanas.

Para las familias recién llegadas a México, el objetivo es claro: no piensan regresar sin obtener información mínima sobre la suerte de sus hijos, hijas y hermanos. La consigna colectiva sigue vigente: “Lo único que pedimos es encontrar aunque sea una pista, una luz que nos lleve a ellos”.

• Ocho familias de Cuba, Honduras y Ecuador llegan a Chiapas tras 17 meses sin noticias de 40 migrantes desaparecidos en diciembre de 2024.
• El grupo pagó entre USD 8.000 y USD 10.000 por una ruta controlada por el CJNG; la última señal GPS de las lanchas se perdió a metros de la costa.
• Organizaciones civiles critican ausencia de acciones de búsqueda oficiales y señalan que Chiapas es epicentro de desapariciones masivas de migrantes.

La Policía de Neuquén mantiene una búsqueda intensiva en Rincón de los Sauces tras la desaparición de Camila Belén Montesino, de 27 años, y su hijo Carlos Amir Jeremy Araya, de 4 meses. Ambos fueron vistos por última vez el viernes 1 de mayo en la calle Lago Nonthué, entre Lago Espejo y Lago Escondido. Las autoridades desplegaron operativos en distintos puntos de la zona y continúan recolectando testimonios de vecinos para reconstruir los últimos movimientos de la madre y el niño. Tras la desaparición, activaron la Alerta Nati, mecanismo local para desapariciones de menores.

En la ficha oficial, se describe a Camila para facilitar su identificación: la joven mide 1,60 metros de estatura, tiene tez blanca, ojos oscuros, cabello castaño claro y contextura robusta. Al momento de su desaparición, no se pudo precisar la vestimenta que llevaba puesta, lo que dificulta aún más la tarea de búsqueda. Por otro lado, se detalló que la madre se encontraba junto a su hijo, Carlos Amir, un bebé de 4 meses que posee ojos marrones, cabello rubio corto y tez blanca. Hasta el momento no se cuenta con información adicional sobre más características físicas.

La Comisaría Especial de la Niñez, Adolescencia y Familia N° 5 y la Fiscalía Única local se sumaron a la investigación, de acuerdo con el medio LM Neuquén. Las fuerzas de seguridad solicitaron la colaboración de la comunidad y pusieron a disposición la línea telefónica (299) 4210369, habilitada por la policía neuquina para recibir cualquier dato que pueda contribuir a encontrar a Camila y su hijo. La participación ciudadana es considerada clave para avanzar en la investigación y poder dar con el paradero de los desaparecidos.

La Alerta Nati

La puesta en marcha de la Alerta Nati responde a un antecedente que marcó a la provincia: la desaparición de Natalia Ciccioli el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. En ese año, era obligatorio esperar 48 horas para formalizar la denuncia de una persona desaparecida, una demora que motivó la movilización espontánea de la comunidad cordillerana y terminó impulsando la promulgación de la legislación específica.

La alerta exige la difusión urgente de la imagen y los datos del menor desaparecido para ampliar la colaboración a través de medios tradicionales y digitales, informó la policía neuquina. De esa manera, estipula un procedimiento claro: una vez recibido el aviso de desaparición, la autoridad policial activa la alerta, que debe incluir un sonido distintivo y la frase “Esta es una Alerta Nati de un Menor de Edad Desaparecido”, con la finalidad de captar la atención inmediata de la audiencia.

La normativa exige además que, para activar la alerta, la persona desaparecida sea menor de 18 años, esté en situación de riesgo físico grave y que haya información suficiente para facilitar su búsqueda. Desde su promulgación en 2010, la herramienta ha sido clave en la respuesta coordinada ante reportes de menores desaparecidos, según los términos especificados por la Policía del Neuquén y citados por LMNeuquén.

Desde el domingo 3 de mayo de 2026, la prioridad de las fuerzas de seguridad y la comunidad local está centrada en hallar a la joven y a su hijo ilesos y en canalizar a través de la Alerta Nati toda la información relevante que pueda surgir. La desaparición de Camila Montesino y su hijo se suma a una serie de casos de desaparición de menores que inquieta a la comunidad.

El protocolo también se activó hace pocas semanas cuando una adolescente de 15 años, identificada como Jennifer Ludmila Parra, fue reportada como desaparecida en la ciudad de Neuquén. La denuncia se realizó en la Comisaría 18 del barrio Gran Neuquén Norte.

El reporte de la Policía de la provincia describe a Jennifer para mejor identificación: mide aproximadamente 1,60 metros, tiene tez blanca, ojos oscuros y cabello castaño. Al momento de ausentarse, vestía un pantalón de jean, remera blanca y zapatillas negras. Las autoridades solicitan a la comunidad aportar cualquier dato que ayude a ubicarla.

La exigencia de justicia por parte de la madre buscadora Brenda Valenzuela marcó el inicio del gobierno interino de Yeraldine Bonilla en Sinaloa.

Mediante redes sociales, Brenda, madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela, demandó una respuesta directa a la nueva mandataria ante la desaparición de su hijo en Mazatlán, ocurrido el 5 de octubre de 2025 en el bar Terraza Valentinos, un establecimiento vinculado al exsecretario de economía del estado Ricardo Velarde, alias “El Pity”.

El caso, según la madre del joven desaparecido, expone una crisis de Sinaloa, donde hasta la fecha persisten fosas clandestinas y miles de personas ausentes.

Brenda Valenzuela exigió justicia a la gobernadora interina

La madre de Carlos Emilio Galván Valenzuela dirigió una exigencia pública a la gobernadora interina de Sinaloa desde su cuenta oficial de Facebook.

Según lo publicado, el texto está redactado desde la experiencia de la ausencia, fuera de cualquier discurso político, y describió el contexto en el que considera que Bonilla asume el cargo: un estado marcado por miles de personas desaparecidas, fosas clandestinas que siguen apareciendo y una crisis que ha superado cualquier intento institucional de explicación.

Señaló que Sinaloa es un lugar donde las madres buscan a sus hijos con sus propias manos, donde la tierra da más respuestas que las instituciones y donde el silencio oficial pesa más que la verdad.

Recordó los recientes cargos presentados por Estados Unidos contra varios funcionarios y exservidores de Sinaloa, incluidos el gobernador Rocha Moya, y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Mendívil. Ambos solicitaron licencia, lo que dio pie a que se realizara un interinato en el gobierno estatal y municipal.

A casi siete meses del hecho, Valenzuela expuso que no existen resultados ni respuestas por parte de las autoridades. Planteó que el caso de su hijo es un cruce entre poder, desaparición y falta de resultados, donde lo que queda es responsabilidad, no duda. Por ello, demandó a la gobernadora interina romper con el silencio, la omisión y la continuidad de prácticas que han impedido la verdad.

Pidió que se llame a rendir cuentas a todos los actores relacionados con el entorno de la desaparición, incluidos quienes han sido señalados públicamente, y que se garantice una investigación sin límites ni protecciones.

Además, advirtió que la Fiscalía estatal requiere una reingeniería profunda, ante señalamientos hacia funcionarios clave y la falta de resultados, incluso cuando la familia actuó de inmediato tras la desaparición. Subrayó que el problema no es el tiempo, sino el sistema, y que su exigencia representa a muchas familias que han vivido violencia, indiferencia y una estructura donde lugares de esparcimiento se han transformado en puntos de desaparición.

Por último, enmarcó que la responsabilidad de la gobernadora es decidir entre la verdad o el encubrimiento, y que la vida de Carlos Emilio no puede quedar atrapada en la impunidad.

El caso involucró a operadores del crimen y funcionarios locales

La desaparición de Carlos Emilio ocurrió en un entorno presuntamente controlado por el crimen organizado.

El bar Terraza Valentinos pertenece a Ricardo Velarde Cárdenas, exsecretario de Economía de Sinaloa.

Según reportes previos de este medio, la investigación apunta a la operación de Víctor Manuel Barraza Pablos, alias “El 40”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos en el puerto.

El grupo criminal ha sido vinculado al secuestro y desaparición forzada de jóvenes, monopolio en la venta ilegal de vapeadores y control de la vida nocturna.

La noche de la desaparición, Carlos Emilio acudió al baño y no regresó. Su prima intentó buscarlo pero, según los reporte, el personal de seguridad impidió el acceso y dio versiones contradictorias.

La denuncia oficial se presentó días después, mientras la familia recorrió hospitales y dependencias policiales. Posteriormente fue revelado el dato de que el joven presuntamente salió por su voluntad del establecimiento, sin embargo, no se ha resulto el caso.

Las autoridades confirman la desaparición de cuatro menores en distintos puntos de Guerrero durante los últimos días de abril. Una de las víctimas, Asunción Estefanía Bello Zacarías, de 15 años, fue vista por última vez en Tixtla el 27 de abril. Por su parte, María Guadalupe Angelito Catalán, de 16 años, habría desaparecido en Tecpan de Galeana al igual que Jesús Luna Flores, de 15 años. La alerta también incluye a otros dos alumnos de la preparatoria 23 de la Universidad Autónoma de Guerrero, quienes fueron reportados como no localizados el martes 28 de abril en el mismo municipio.

En estos casos, la Fiscalía del Estado de Guerrero ha activado la Alerta Amber para la búsqueda tanto de María Guadalupe como de Jesús Luna Flores, de 15 años. Las fichas de localización recabadas por las autoridades permiten establecer la última vez que se tuvo contacto con ellos y la zona probable de desaparición.

De acuerdo con la Fiscalía, la denuncia de la desaparición de María Guadalupe y Jesús fue presentada el miércoles 29 de abril, al día siguiente de su última aparición registrada. A partir de ese momento se activó el protocolo de búsqueda establecido para menores de edad que no han sido localizados.

Las fichas oficiales especifican los datos físicos y vestimenta con que fueron vistos por última vez, para fortalecer los trabajos de localización.

Respecto de los adolescentes María Guadalupe Angelito Catalán y Jesús Luna Flores, ambos forman parte de la comunidad estudiantil de la preparatoria 23 perteneciente a la UaGro con sede en Tecpan de Galeana. La desaparición de ambos habría ocurrido el 28 de abril, aunque la revisión de sus últimas actividades apunta a que se encontraban en rutas habituales a sus domicilios.

Las autoridades estatales llaman a la población a sumarse a la búsqueda, solicitando que se comparta cualquier información o indicio, por mínimo que sea, a través de los canales oficiales de denuncia. Se busca asegurar que los menores sean localizados con vida y que, en su caso, se brinde protección inmediata y seguimiento.

El registro de desapariciones de niñas, niños y adolescentes en Guerrero ha presentado una tendencia al alza en los principales municipios costeros y de sierra. Los datos disponibles muestran que la desaparición de menores suele acompañarse de denuncia tardía y dificultades para obtener información relevante en las primeras horas.

La activación de la Alerta Amber es un protocolo dirigido a canalizar la atención inmediata de los distintos sectores sociales y organismos de seguridad, priorizando la búsqueda rápida de quienes, por su edad, son considerados vulnerables.

Se solicita que cualquier persona con información útil sobre Asunción Estefanía Bello Zacarías, María Guadalupe Angelito Catalán o Jesús Luna Flores se comunique a los teléfonos y plataformas digitales designados por la Fiscalía estatal para casos de menores desaparecidos.

Las búsquedas se concentran en Tecpan de Galeana y Acapulco, pero las coordinaciones con otros municipios se mantienen activas debido a la posibilidad de traslados dentro del estado o fuera de él. La UaGro participa con acompañamiento institucional y sostiene el contacto con los familiares de los estudiantes ausentes.

De acuerdo con la información más reciente, no se han reportado avances sustanciales sobre el paradero de los adolescentes ni de la menor desaparecida en Acapulco. El caso se mantiene en curso y se actualiza conforme avancen las indagatorias y la recolección de testimonios.

Hasta el momento, las fichas de búsqueda de los cuatro menores se mantienen activas. Sus familiares reiteran la solicitud a la ciudadanía para que colabore y permita agilizar las tareas de localización. Las autoridades reafirman el compromiso de dar continuidad a las diligencias hasta lograr el retorno seguro de las víctimas.

• Cuatro menores desaparecen en Guerrero entre el 26 y el 28 de abril, incluyendo una niña de 11 años y tres adolescentes.
• La Fiscalía estatal activa la Alerta Amber y solicita colaboración ciudadana en Tecpan de Galeana y Acapulco.
• Las fichas de búsqueda se mantienen activas; los familiares piden apoyo para dar con su paradero.

La desaparición de niñas y adolescentes en México alcanza niveles críticos y representa ya el 31 % del total de mujeres no localizadas, cifra que según organismos de derechos humanos refleja un fenómeno en ascenso vinculado a delitos como la trata, la explotación y la impunidad. Los datos al 5 de marzo de 2026 muestran más de 8 mil 900 menores de edad en esta condición, lo que evidencia que la violencia contra mujeres en el país golpea especialmente a las más jóvenes.

Niñas y adolescentes concentran la tercera parte de las desapariciones de mujeres en México

De acuerdo con un informe de la Red Lupa, la proporción de niñas y adolescentes entre las mujeres desaparecidas en el país prácticamente se duplicó en los últimos 15 años. Mientras que en 2010 solo una de cada cinco mujeres desaparecidas era menor de edad, para 2025 la cifra escaló a casi cuatro de cada diez. Este aumento, señalan las organizaciones, se considera especialmente grave por el contexto que rodea estas desapariciones.

El análisis, elaborado a partir de registros históricos entre 1950 y marzo de 2026, detalla que 8.925 niñas y adolescentes permanecen desaparecidas y no localizadas en territorio nacional. Esta estadística resalta la magnitud del fenómeno y la urgencia de respuestas institucionales que prioricen la protección de menores de edad.

Contrasta que, entre los hombres reportados como desaparecidos, los menores de edad constituyen solo el 8.5 %. Esta diferencia revela que existe un perfil diferenciado de riesgo por género y edad, y recalca la vulnerabilidad estructural de las menores frente a delitos como la trata y otras formas de explotación.

El aumento sostenido de las desapariciones de niñas y adolescentes

La sobrerrepresentación de niñas y adolescentes en los registros de mujeres desaparecidas ha crecido de forma sostenida. En 2010, el 20 % de los casos correspondían a menores, lo que equivalía a 129 de 635 mujeres desaparecidas ese año. Para 2025, la cifra ascendió a 39 %, es decir, 1.086 de 2.780 casos.

Este cambio en la composición etaria de las mujeres desaparecidas muestra una tendencia acelerada y sostenida, que según el propio informe estaría relacionada no solo con el crecimiento de redes criminales que operan en México, sino también con la falta de acciones preventivas y de acceso efectivo a la justicia.

Las organizaciones enfatizan que estos números podrían ser aún mayores, ya que en escenarios de migración existen lagunas en los sistemas de registro y muchas desapariciones no se reportan de manera oficial. La ausencia de un sistema robusto de datos también dificulta el diseño de políticas públicas enfocadas en la protección de niñas y adolescentes.

Los delitos de trata y explotación detrás de las desapariciones

Especialistas advierten que el perfil de las desaparecidas coincide con los patrones de reclutamiento y captación que usan las redes de trata de personas. Muchas de las menores que desaparecen lo hacen en contextos de desplazamiento, pobreza extrema o violencia familiar, factores que facilitan la operación de grupos delictivos.

Las consecuencias de esta problemática trascienden la estadística. Cada desaparición provoca una ruptura familiar y social, y la mayoría de los casos permanece impune. El informe subraya que la impunidad es uno de los motores del fenómeno: “La mayor parte de las desapariciones de niñas y adolescentes no recibe castigo ni justicia”. Esta cita ilustra la percepción de abandono estatal que cargan las familias de las víctimas.

Las dinámicas locales y territoriales también juegan un papel. Zonas con presencia de grupos dedicados a la trata, rutas migratorias y regiones con acceso limitado a servicios públicos muestran las tasas más altas de desaparición de menores. Los organismos ciudadanos piden que las investigaciones adopten un enfoque de género y edad, y que las autoridades sean diligentes desde los primeros momentos de la denuncia.

Cifras subestimadas y contextos vulnerables

El informe reconoce que los registros oficiales no reflejan la total dimensión del problema. En contextos migratorios, muchas niñas y adolescentes desaparecen sin dejar rastro formal en los sistemas nacionales, pues son familiares, voluntarios o grupos de apoyo quienes suelen documentar estos casos. Esto provoca que la estadística oficial esté por debajo de la cifra real de víctimas.

Las organizaciones de derechos humanos urgen a la creación de mecanismos de búsqueda inmediata enfocados en menores de edad, y reclaman la articulación de políticas preventivas en escuelas, comunidades y zonas de alto riesgo. Solo el desarrollo de estrategias integrales permitiría frenar este fenómeno que afecta a una generación completa de mujeres mexicanas.

• El 31 % de las mujeres desaparecidas en México son niñas y adolescentes, lo que equivale a más de 8.900 menores al 5 de marzo de 2026.
• La proporción de menores desaparecidas se duplicó en 15 años, pasando de 20 % en 2010 a 39 % en 2025 entre las mujeres no localizadas.
• Organizaciones advierten que la cifra real de desapariciones podría ser mayor, especialmente en contextos migratorios o de trata donde no se reportan todos los casos.

Aunque es un mito que se deban esperar 72 horas para reportar una desaparición, en algunos casos tras el reporte las autoridades deben seguir un conducto para iniciar con el proceso de búsqueda.

Es por ello que la Fiscalía General de la Nación anunció el 29 de abril el inicio de la estrategia “Alerta Rosa”, en la que junto con 16 entidades llevarán a cabo un mecanismo de búsqueda inmediata en casos en los que se denuncie la desaparición de menores de edad, adolescentes y mujeres.

Desde el ente acusador argumentaron que esta estrategia responde a la necesidad de actuar con rapidez en casos donde el tiempo es un factor determinante. A partir de ahora, una vez se reporte la desaparición de una persona perteneciente a estos grupos priorizados, se activará una alerta temprana a través de canales oficiales, lo que permitirá movilizar de manera articulada a autoridades locales, organismos de socorro, juntas de acción comunal, organizaciones sociales, comunidades religiosas, medios de comunicación y ciudadanía en general.

“Fortaleceremos así las labores de búsqueda en todo el territorio, incluidas zonas de frontera y terminales aéreas, terrestres y marítimas”, es parte del comunicado oficial.

Además de la localización, este mecanismo contempla la adopción de medidas de protección para brindar condiciones de seguridad al ciudadano ubicado, especialmente respecto a riesgos asociados a violencias basadas en género.

Durante el Comité de Coordinación Nacional de la Alerta Rosa, la Fiscalía confirmó que las entidades que participarán de la estrategia son: la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la Policía Nacional y Migración Colombia.

“Desde la Fiscalía General de la Nación ejercemos el liderazgo de la Alerta Rosa con una convicción profunda: la búsqueda de personas desaparecidas no es solo una obligación legal, es una prioridad institucional. Como cabeza del Comité de Coordinación Nacional, nuestra responsabilidad es garantizar que este mecanismo funcione de forma articulada, rigurosa y eficaz, y que ninguna alerta se diluya entre competencias fragmentadas o respuestas tardías. La Fiscalía no coordina desde el escritorio; coordina desde la acción, desde el territorio y desde la urgencia que cada caso exige”, fue parte de las declaraciones que hizo la fiscal general, Luz Adriana Camargo Garzón.

Los tiempos de respuesta y la desinformación son las claves de la estrategia

En los detalles de la iniciativa, se confirmó que se tratará de un mecanismo de búsqueda inmediata basado en acciones coordinadas entre instituciones y ciudadanía, que contemplará una alerta masiva multicanal para difusión rápida de los casos y una estructura de coordinación interinstitucional.

De la misma forma, comenzará a funcionar un componente educativo para la prevención de la desaparición y la activación del sistema, puesto que uno de los objetivos es eliminar mitos como la falsa creencia de que se deben esperar 72 horas para iniciar la búsqueda de un niño, niña mujer, adolescente o joven reportado como desaparecido.

“Las labores de localización no se detienen hasta encontrar a la persona. Con este mecanismo se envía un claro mensaje: una persona desaparecida no es un caso, es una vida que debe ser encontrada y una familia que espera”, es como termina el comunicado.

Cifras de desaparición no han sido reducidas en el país

Cabe recordar que, entre 2020 y 2025, en Colombia se registró un aumento en los reportes de desapariciones, con cifras oficiales que se mantienen entre 125.000 y 130.000 casos sin ser resueltos desde el inicio del conflicto armado.

Según la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, entre 2016 y 2025, el Comité Internacional de la Cruz Roja documentó 2.144 casos relacionados con el conflicto armado. En 2024, se reportaron 252 nuevas desapariciones en 19 departamentos, con mayor concentración en Arauca, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Norte de Santander, Bolívar y Chocó.

El colectivo de Madres Buscadoras de Sonora reportó la desaparición de seis jóvenes en menos de 72 horas en los municipios de Hermosillo y Nogales, por lo que solicitó apoyo de la ciudadanía.

A través de sus redes sociales, el colectivo hizo un llamado a compartir las fichas de búsqueda de los adolescentes para lograr su localización, así como brindar información de su posible ubicación a través del número 6623 41 56 16, cuya denuncia será totalmente anónima.

Desaparecidos el mismo día: los seis jóvenes no localizados

Las fichas de búsqueda refieren que la última vez que fueron vistos los jóvenes fue el pasado 23 de abril en Nogales y Hermosillo:

• Angelica Deneyra García Lugo
• Ángel Luciel García Muñoz
• Jonathan Jesús Valenzuela Osuna
• Miguel Ángel Valenzuela Osuna
• Francisco Otoniel Ahumada Maldonado
• Antonio Natael Ahumada Maldonado

Los dos últimos jóvenes se presumen son familiares debido a la concordancia en sus apellidos.

Además del reporte de los seis jóvenes no localizados emitido por el colectivo de búsqueda, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha correspondiente a una adolescente que también desapareció el 23 de abril.

Hanna Elizabeth Franco Cuevas, de 15 años de edad, fue vista por última vez en la colonia Las Isabeles en Hermosillo. La adolescente no cuenta con señas particulares, pero es de complexión mediana, tez morena clara y de estatura 1.50 metros.

Alertan por reclutamiento de menores a través de redes sociales por cárteles en Sonora

El reclutamiento de menores de edad por el crimen organizado alertó a autoridades en el estado de Sonora debido a los registros del aumento de este delito desde inicio de año, señaló el vocero de los Comités Ciudadanos de Seguridad Pública Estatal.

Marco Paz Pellat alertó sobre el aumento de denuncias a través de redes sociales acerca de falsas ofertas de trabajo que derivan en el reclutamiento forzado por parte de cárteles en el estado.

En entrevista con medios de comunicación, el vocero detalló que los jóvenes son engañados y obligados a trabajar para las organizaciones criminales una vez que los engancharon.

“Estamos viendo que ya empieza a haber denuncias a través de redes sociales. Queremos hacer un llamado a los padres de familia a estar muy cerca de sus hijos, pendientes de este tipo de convocatorias porque lo que sucede es que ellos acuden a una entrevista y a partir de ahí los capturan y los obligan a trabajar”, comentó.

Paz Pellat detalló que los trabajos ofrecidos están relacionados con la recolección de cultivos y hasta de oficina, por lo que instó a las familias a estar pendientes de los menores de edad para que no sean víctimas de reclutamiento forzado.

El vocero atribuyó las detenciones en contra de los grupos criminales como una de las razones por la que ha aumentado el reclutamiento, ya que se ven en la necesidad de remplazar las bajas. Asimismo, detalló que han tenido casos de niños de 8 y 9 años de edad víctimas de este delito.

Actualmente, México acumula más de 130 mil personas desaparecidas, de los cuales el 90% de los casos se concentra en los últimos años, y solo en 2024 se registró un máximo histórico de 12 mil 759 desapariciones.

La Secretaría de Gobernación reportó este sábado 25 de abril la localización con vida de Sandra Peralta, joven de 15 años originaria del estado de Morelos, luego de casi 12 horas de acciones de búsqueda que involucraron a autoridades federales y estatales en al menos cinco entidades.

Los reportes oficiales indican que la joven había sido vista por última vez el 24 de abril en el municipio de Emiliano Zapata.

La menor fue encontrada y resguardada por elementos de seguridad en la localidad de Zacatla, Veracruz. Permanece bajo valoración médica y acompañamiento de su familia, según reportes oficiales.

El operativo se activó la noche del día de ayer, cuando la alerta nacional fue emitida a las 23:36 horas en Morelos.

Según el informe, de inmediato la Comisión Nacional de Búsqueda, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Fiscalía General de la República, la Fiscalía General del Estado de Veracruz, la Fiscalía General del Estado de Morelos, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y los gobiernos estatales de Veracruz y Morelos coordinaron las primeras acciones para dar con el paradero de la menor.

En redes sociales circuló un video de su recorrido antes de la desaparición.

Medios locales señalaron la mañana de este 25 de abril la desaparición de Sandra, afirmando que en otros dos hechos aislados, pero dentro del mismo estado de Morelos, habrían desaparecido dos mujeres más.

Esos dos casos adicionales son Enya Martínez, desaparecida en Jiutepec, y Dana López de Yautepec. Ambas fichas de Protocolo Alba fueron emitidas el pasado 24 de abril.

Autoridades federales y estatales desplegaron operativo en cinco entidades

Las fuerzas de seguridad y búsqueda dieron seguimiento a la ruta de Sandra Peralta a través de la Ciudad de México, Puebla y Tlaxcala.

En estos estados, implementaron filtros de seguridad en puntos estratégicos, mientras que personal de seguridad se desplegó en la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente (TAPO) para ampliar la búsqueda hacia Veracruz.

El operativo incluyó la revisión de bitácoras de pasajeros, en particular las de líneas de autobuses, así como el análisis de imágenes de videovigilancia del sistema C5.

Mediante el comunicado sobre su localización, autoridades detallaron que el despliegue fue encabezado personalmente por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumercindo.

Menor permanece bajo resguardo para valoración y acompañamiento

Alrededor de las 11:00 horas de este 25 de abril, Sandra Peralta fue localizada en la localidad de Zacatla, Veracruz.

Desde ese momento, fue puesta bajo resguardo de las autoridades competentes para realizar las valoraciones necesarias y garantizar su bienestar integral.

La Secretaría de Gobernación subrayó que todas las acciones se realizaron de manera inmediata, continua y coordinada, en estricto apego a los protocolos de búsqueda vigentes y priorizando la protección de la vida e integridad de la menor.

Hasta el momento no se han brindado detalles sobre los posibles motivos de la desaparición.

Los nombres de Edgar Jovany Pelayo Cisneros, Brian Samuel Jiménez Hernández y Jeremy Alexander Robinson Cañedo, adolescentes de 16 y 15 años, figuran en la lista de personas desaparecidas en Baja California. La ausencia de cualquier comunicación desde el 20 de abril y la hipótesis de que todo comenzó con una falsa oferta de trabajo en Tijuana mantiene en alerta a colectivos, autoridades y a la Fiscalía estatal. Este patrón, que se ha repetido en varias regiones del país durante 2024, refuerza la preocupación sobre formas de atraer a jóvenes a situaciones de riesgo a través de supuestos empleos.

La alerta Amber está activa para la búsqueda de los tres jóvenes. De acuerdo con la investigación, fueron vistos por última vez el 20 de abril en la colonia Morelos de Tecate, aunque posterior a ese momento sus teléfonos tuvieron actividad en la colonia Sánchez Taboada de Tijuana. Esta última zona ha sido identificada por autoridades estatales como un punto con alta incidencia delictiva y presencia de células del crimen organizado.

La Fiscalía General del Estado de Baja California reconoce que las circunstancias sugieren un posible delito. Los familiares han presentado denuncias formales, en tanto las autoridades orientan la indagatoria hacia la hipótesis de un engaño por una vacante laboral inexistente. Este modus operandi ha tenido antecedentes en semanas recientes, según reportan los colectivos de búsqueda.

México atraviesa una crisis de personas desaparecidas: el Gobierno federal reconoce más de 132 mil casos. La búsqueda de mecanismos efectivos para localizarlas enfrenta límites legales, como la imposibilidad de negociar beneficios judiciales para reos vinculados a delitos graves, incluyendo secuestro y trata, lo que frena el potencial del nuevo protocolo de búsqueda 2026.

Falsas entrevistas laborales y riesgo para jóvenes

De acuerdo con autoridades de seguridad cibernética, las organizaciones criminales estarían utilizando redes sociales y plataformas digitales para publicar vacantes apócrifas. Estas ofertas prometen sueldos altos y acceso inmediato al puesto, sin requisitos relevantes de experiencia, e incluso solicitan depósitos para iniciar el proceso de contratación.

La Unidad de Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México establece que existen señales claras para detectar este tipo de fraude: solicitudes de pagos, promesas de salarios elevados con requisitos mínimos y canales de contacto ajenos al entorno empresarial, como el uso de correos genéricos y vacantes difundidas únicamente en perfiles personales de redes sociales.

El caso de Edgar, Brian y Jeremy en Baja California

La Fiscalía estatal detalla la media filiación de cada joven para facilitar cualquier aportación ciudadana a la investigación. Brian Samuel Jiménez mide 1.65 metros, tiene complexión delgada, tez morena, cabello negro lacio, ojos café oscuros y un tatuaje de huesos en la mano derecha. Jeremy Alexander Robinson mide 1.68 metros, de complexión regular, peso de 50 kilos, tez blanca, cabello castaño lacio, ojos color café oscuro y tiene una cicatriz en la nariz como seña particular. En el caso de Edgar Jovany Pelayo, mide 1.70 metros, complexión delgada, tez blanca, cabello rizado oscuro y porta frenos dentales.

Las líneas de investigación señalan que el último rastro de los adolescentes quedó registrado en la colonia Sánchez Taboada, donde sus teléfonos celulares dejaron de emitir señal. Las primeras pesquisas consideran la posibilidad de un delito de alto impacto, dada la ubicación y las circunstancias de desaparición.

Antecedentes de engaños laborales y riesgo en territorio nacional

El caso actual en Tijuana se relaciona con esquemas previos donde víctimas fueron atraídas a situaciones de riesgo por ofertas de trabajo falsas. Un referente reciente es el de Edith Guadalupe, joven encontrada sin vida en Ciudad de México el 17 de abril en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez. Las autoridades vinculan el hecho con una supuesta vacante publicada en línea, lo que refuerza la alerta sobre el uso de anuncios laborales para captar personas vulnerables.

Ante la falta de avances, autoridades estatales y federales solicitan la colaboración de la ciudadanía. El contacto para información relacionada sigue disponible en el teléfono de emergencias 911, en la línea de denuncia anónima 089 y en los números 664 181 2071 o 646 152 2500, extensión 2560.

La información oficial confirma que los jóvenes permanecen en calidad de desaparecidos y que la hipótesis del engaño laboral continúa como la principal línea de investigación.

• Tres adolescentes desaparecen en Baja California tras acudir a una supuesta entrevista laboral.
• Autoridades investigan posible engaño por ofertas de trabajo falsas, un patrón detectado en varias regiones.
• El último rastro de los jóvenes ocurrió en la colonia Sánchez Taboada, zona de alta incidencia delictiva en Tijuana.

La desaparición de Karen Pateyro, periodista especializada en sociales y espectáculos, mantiene en alerta a familiares, colegas y autoridades en Veracruz desde el pasado lunes 20 de abril. Su última ubicación corresponde al municipio de Río Blanco, donde reside y donde, según sus familiares, se perdió todo tipo de contacto. El temor central es que su ejercicio profesional esté relacionado con su desaparición, en una entidad que arrastra un historial creciente de violencia contra el gremio periodístico.

En la búsqueda de la periodista participa la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que encabeza las diligencias e investigaciones, así como la Secretaría de Seguridad Pública estatal y la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas. Este despliegue responde a la presión ejercida por familiares, amigos y periodistas, quienes han solicitado apoyo no sólo en los municipios colindantes —como Orizaba y Nogales—, sino también entre la ciudadanía para cualquier dato que permita ubicar a la comunicadora.

La desaparición de Pateyro tiene lugar mientras la entidad se mantiene entre las más peligrosas para el ejercicio periodístico en México. De acuerdo con cifras recientes, el país suma nueve periodistas asesinados y ocupa el segundo lugar mundial en homicidios del gremio, muy por encima del promedio latinoamericano. Veracruz, con antecedentes de desapariciones y ataques mortales, ha reforzado la percepción de riesgo para quienes ejercen esta labor.

La reportera, colaboradora y exdirectora del portal digital Radio Veracruz, es reconocida en la región por difundir eventos sociales, información general y cobertura de espectáculos. En su página oficial, solía compartir fotografías con artistas, figuras políticas y autoridades locales. El hecho de que no es común que se ausente sin avisar, según sus allegados, acentúa la preocupación por su seguridad.

Autoridades centran búsqueda en municipios colindantes y carreteras

Tras la ausencia de pistas claras, las autoridades han ampliado las labores de búsqueda en municipios cercanos y han desplegado operativos en carreteras limítrofes entre Veracruz y Puebla. Esta semana, en la localidad de Azumbilla —en la zona fronteriza entre ambos estados—, elementos de la Guardia Nacional y policías estatales respondieron a la localización de dos cuerpos dentro de un vehículo. El hallazgo se realizó en el camino a La Capilla de Tochapa, cerca de la carretera Tehuacán-Acultzingo.

Hasta ahora, la Fiscalía de Veracruz no ha vinculado formalmente este hecho con la desaparición de Karen Pateyro, pero permanece alerta, ya que la identidad de las víctimas no ha sido confirmada y una de las personas reportadas como desaparecidas cumple con características coincidentes. La persona fue identificada como Karen Estefanía Márquez Pateyro, quien trabaja para una empresa en Orizaba. Este dato, aunque no ha sido reconocido oficialmente por la FGE como relacionado con el caso de la periodista de sociales, mantiene en tensión a los habitantes de la región.

De forma paralela, las carreteras que atraviesan las zonas de Maltrata y las cumbres de Acultzingo presentan nuevos episodios de violencia. Transportistas denunciaron que cinco sujetos armados, vestidos de negro, asaltaron a un automovilista en el kilómetro 230 de la autopista Orizaba-Puebla. El incidente obligó a redoblar patrullajes de la Guardia Nacional y a mantener recomendaciones de alerta para quienes transitan por esta vía.

Preocupa historial de agresiones y desapariciones en Veracruz

La desaparición de Karen Pateyro reactiva el debate sobre la seguridad para periodistas en Veracruz y ocurre en un entorno marcado por crímenes recientes contra el gremio. La lista de comunicadores cuyo paradero continúa sin esclarecerse incluye a Ángel Anaya Castillo, director de Pánuco Online, quien desapareció desde el 13 de abril de 2025; a Wendy Portilla Ramos y Karime Monserrat Murrieta Reséndiz, vistas por última vez el 10 de enero al acudir al sepelio del periodista Carlos Ramírez, asesinado a balazos en Poza Rica ese mismo mes.

En 2025, Avisack Douglas murió en hospital tras resultar herida en una balacera en la casa de campaña de una candidata en Juan Rodríguez Clara. El año pasado, Rafael León Segovia fue detenido en Coatzacoalcos bajo cargos de terrorismo y delincuencia organizada, en un proceso cuestionado por organizaciones de protección a periodistas.

A estas desapariciones se suman hechos como el hallazgo de periodistas asesinados y múltiples agresiones en municipios como Poza Rica, Coatzacoalcos y zonas rurales del norte y centro de Veracruz. La persistencia de estos casos ha motivado a organismos gremiales y familiares a exigir avances concretos en las investigaciones y garantías adicionales para quienes trabajan en la prensa.

Los colectivos que acompañan a los familiares de Karen han reiterado que la prioridad es encontrarla con vida. Han demandado a la FGE, a la SSP y a la CEAPP “que intensifiquen operativos, tomen en cuenta su labor profesional y garanticen la seguridad de quienes buscan información en campo”.

Hasta el momento, la exigencia de respuestas y el miedo a una tragedia no se disipan. La atención se concentra en cada reporte y operativo en la zona centro de Veracruz y la franja limítrofe con Puebla, donde la violencia sigue cobrando víctimas dentro y fuera de los medios de comunicación.

Puntos clave:

• Karen Pateyro, periodista de sociales y espectáculos, desaparece en Río Blanco, Veracruz, desde el lunes 20 de abril.
• Autoridades estatales y federales activan búsqueda e investigan posibles vínculos con otros hechos violentos en la región.
• Veracruz suma varios periodistas desaparecidos y asesinados, manteniéndose como uno de los estados más peligrosos para ejercer el periodismo en México.

Los manifestantes, portando carteles y fotografías de sus familiares, aseguraron que perdieron comunicación con ellos hace varios meses y que hasta el momento no reciben información oficial sobre su paradero ni sobre su estado de salud. De acuerdo con los testimonios recabados en la protesta, son más de 120 peruanos reclutados con falsas promesas de trabajo.

Las familias peruanas denunciaron que, tras ser captados con promesas de empleo en áreas como electricidad, cocina o seguridad, y con ofrecimientos económicos de hasta USD 50.000. No obstante, al llegar a territorio ruso, las promesas cambiaron drásticamente. Los hombres fueron enviados a zonas de conflicto en Ucrania. Según relataron, los viajeros buscaban mejorar la situación económica de sus hogares, sin conocer los riesgos reales a los que se exponían.

Una de las manifestantes explicó al noticiero 24 Horas de Panamericana que su esposo viajó a Rusia bajo la promesa de realizar tareas de resguardo en una base militar, sin que le advirtieran sobre su participación en operaciones de combate. “En ningún momento le dijeron que iba a ir a la guerra. Si él lo hubiera sabido, no se iba”, afirmó la mujer, quien también describió el impacto emocional en su hija de siete años, que le pregunta constantemente cuándo regresará su padre.

Las familias reclaman acción estatal

Otra participante de la protesta señaló que los peruanos fueron contratados mediante falsas promesas laborales, lo que llevó a varios a aceptar por necesidad y con la esperanza de dar estabilidad económica a sus familias.

Frente a la situación, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú informó a través de un comunicado que realiza seguimiento a los reportes de ciudadanos desaparecidos y que ya ha solicitado información a las autoridades rusas sobre cada caso. Las familias exigieron una intervención más firme del Estado peruano y solicitaron que sus seres queridos sean ubicados y repatriados lo antes posible.

Peruanos reclutados que murieron en el conflicto

El caso de ciudadanos peruanos vinculados a la guerra entre Rusia y Ucrania no solo incluye denuncias de presuntos engaños para ser enviados al frente, sino también historias de compatriotas que decidieron viajar por voluntad propia para sumarse a las fuerzas ucranianas y que terminaron perdiendo la vida en combate.

Uno de los casos más recientes es el de José Ávila Tuanama, ciudadano de 29 años natural de Tarapoto, quien se enlistó en el Ejército ucraniano a fines de 2024 con un contrato de seis meses. Según reportaron medios peruanos, murió en mayo de 2025 durante una emboscada mientras patrullaba con su unidad en el este de Ucrania, a pocas semanas de culminar su servicio. Tras conocerse su muerte, su familia pidió apoyo del Estado peruano para repatriar sus restos.

Otro caso conocido es el de Jean Cristopher Espino Ramírez, peruano nacido en Pisco que viajó a Ucrania en 2022 para apoyar militarmente al país tras la invasión rusa. De acuerdo con reportes periodísticos, contaba con preparación previa en fuerzas especiales y se integró a unidades de defensa ucranianas. Su fallecimiento fue confirmado en octubre de 2023.

También se conoció el testimonio de César Pérez, exmilitar peruano que viajó desde España para colaborar con Ucrania durante los primeros meses de la invasión. En entrevistas indicó que ayudó a evacuar compatriotas hacia Polonia y expresó su intención de regresar para seguir apoyando, reflejando cómo algunos latinoamericanos se sumaron por convicción personal y no por razones económicas.

Juan Ignacio Debandi Álvarez es un biólogo argentino que estaba de viaje en Europa desde hacía varios años. Sin embargo, desapareció mientras se encontraba en el sur de Francia para continuar su carrera y desde entonces sus familiares y amigos no saben nada más de él.

El joven de 36 años, oriundo de la localidad bonaerense de General Rodríguez, dejó de tener contacto el 11 de enero, luego de haber realizado una videollamada con su familia.

Sin embargo, desde el 18 de enero se perdió su rastro en Cassis, una ciudad costera ubicada en el sur francés, cercana a Marsella. Al día siguiente se debía tomar un vuelo para viajar hacia Barcelona, España, pero nunca abordó.

En Francia, España e Irlanda (país en el que vivió anteriormente) se desplegaron operativos de búsqueda. Incluso la Interpol intervino en la búsqueda y lanzó una alerta amarilla. Según la fuerza de seguridad internacional, entre los países probablemente visitados se encuentran: Países Bajos, Dinamarca, Irlanda, Alemania, España y República Checa.

Además, en el sitio de la Interpol se dieron algunas características de Debandi para facilitar su identificación en caso de verlo o detectar algún rastro. Aseguran que tiene un “tatuaje en espalda, altura omóplato derecho, logo iniciales HD. Cicatriz pequeña en la nariz, entre las cejas. Usa lentes”. Agregaron que es castaño de pelo.

A través de las redes sociales también están realizando un rastreo para conseguir información que dé con el paradero de Debandi. Tanto amigos como familiares están compartiendo en sus perfiles y grupos de personas latinoamericanas que vivan en Europa flyers en inglés y en español.

Uno de ellos dice: “Juan Ignacio Debandi Álvarez, ciudadano argentino/español - 36 años. Último paradero conocido: Drogheda, Irlanda. Posible destino: Dinamarca (enero aprox.). Situación: No ha tenido contacto con amigos ni familiares desde el 11 de enero. Pedimos la colaboración de todos: Si lo viste, tenes información o sabes algo, por favor, comunícate. Contacto: +54 9 11 5652-4380. Por favor, compartir. Toda información es importante”.

Las personas que cuenten con datos sobre el paradero de Debandi pueden contactarse al número +54 9 11 5652 4380 o enviar un correo electrónico a pilaralvarez@live.com.ar. La familia solicita la colaboración de la comunidad y de cualquier persona que pueda aportar información.

Durante ocho años, Debandi ejerció como profesor auxiliar de laboratorio en la Universidad Nacional de Luján y sumó dos años de experiencia en una compañía avícola, de acuerdo con la información de TN.

Residió en Barcelona y, desde finales de abril de 2024, vivía en la ciudad de Drogheda, Irlanda. Allí se incorporó a una empresa del sector cárnico. En noviembre de 2025, decidió presentar su renuncia con la intención de continuar su carrera profesional en Dinamarca, aunque ese plan finalmente no se concretó.

La desaparición de Manon Relandeau, agricultora de 31 años, y de su hija Inaya, de 15 meses, sigue sin resolverse desde finales de marzo. La fiscalía de Nantes (Francia) mantiene abierta una investigación judicial por “homicidio por parte de la pareja” y “secuestro de menor”.

El último recuerdo de la familia de Manon fue el fin de semana del 21 de marzo, durante el cumpleaños de su padrastro. “Estaba radiante, tan feliz”, recuerda su madre. Seis días después, la joven desapareció sin dejar rastro de su domicilio en Saint-Étienne-de-Montluc, a las afueras de la ciudad.

Una empleada del centro ecuestre que ella dirigía alertó a las autoridades el 3 de abril tras una semana sin contacto. A partir de ahí, la preocupación se extendió rápidamente. Cuando la familia acudió a su vivienda, encontró un escenario inquietante: “Sus pertenencias habían desaparecido”, “Parece una película. Nunca pensamos que viviríamos algo así”, ha resumido su entorno al diario francés Ouest de France.

Salida del país

Según la fiscalía de Nantes, la pareja de Manon, Karim, de 41 años, abandonó Francia el 2 de abril rumbo a Argelia junto a la hija de ambos, Inaya. Tras su llegada al país, habría contactado telefónicamente con varias personas, aunque las autoridades no han ofrecido más detalles sobre esos intercambios.

La investigación ha sido encomendada a la sección de investigación de Nantes, bajo la coordinación de una unidad nacional especializada formada por quince investigadores.

Un dispositivo de búsqueda ampliado

En el terreno, cerca de un centenar de agentes han sido movilizados. Las operaciones han incluido rastreos con drones y helicópteros sobre la zona de la vivienda familiar y la explotación agrícola de Manon.

También se han desplegado unidades caninas y la brigada fluvial, que ha peinado el canal cercano al municipio. “Esa misma noche teníamos técnicos de investigación criminal en el lugar. Y durante todo el fin de semana de Pascua llegamos a contar con casi 60 agentes”, explicó Thierry Coin, segundo al mando de la gendarmería de Nantes.

El 22 de abril, la gendarmería ha lanzado además un llamamiento a testigos: “Toda información cuenta, por insignificante que parezca”. Mientras los investigadores trabajan, la hipótesis de un posible homicidio es una de las principales líneas de trabajo, aunque la familia no comparte esa conclusión.

Una vida centrada en la tierra

Ingeniera de formación, Manon Relandeau dio un giro a su vida profesional tras un accidente de coche. En 2022 adquirió la Ferme du Chêne Creux, una explotación de 65 hectáreas dedicada a la cría de caballos y ganado Nantaise, una raza local en riesgo. “Me enorgulleció verla convertirse en agricultora. Es una mujer muy decidida”, ha recordado su madrina.

En ese entorno rural conoció a Karim. La relación evolucionó rápidamente y la pareja tuvo a su hija, descrita por la familia como “la pequeña alegría” de Manon.

Pero con el tiempo, el vínculo se deterioró. “Había muchos celos. Él le impedía hablar con hombres y la alejaba de su familia”, ha explicado su madrina. Pese a ello, Manon pidió a su entorno que no interviniera directamente: “Nos pidió que la dejáramos encargarse de ello”.

“Tenemos que mantener la esperanza”

La familia rechaza asumir el peor escenario y mantiene otra interpretación de los hechos. “Cada vez estamos más inclinados a pensar que ha sido secuestrada”, han declarado.

“Cuanto más tiempo pase, más creo que estará psicológicamente devastada. Pero vamos a ayudarla a superar esto. Tenemos que mantener la esperanza; estará orgullosa de nosotros”, ha afirmado su madre.

Mientras tanto, la explotación agrícola de Manon sigue activa gracias a la movilización de agricultores de la zona, organizados en turnos para cuidar del ganado y los caballos.

“Esta ausencia nos afecta a todos”, han señalado desde la asociación Vache Nantaise, que coordina la ayuda. “Tenemos los animales al aire libre, con los estanques bien abastecidos. En esta época del año no hay problema”, ha subrayado uno de los voluntarios.

La visita del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, al Senado de la República incluyó la entrega de documentos por parte de legisladores de oposición, quienes expusieron su postura sobre la situación de desapariciones e inseguridad en México.

Senado recibe a Volker Türk en el marco de su gira por México

El funcionario de la ONU fue recibido en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado como parte de su agenda de trabajo en el país.

El senador Ignacio Mier informó que al encuentro fueron convocados presidentes de comisiones vinculadas con derechos humanos, organismos internacionales y relaciones exteriores.

El legislador destacó la relevancia del diálogo entre autoridades nacionales y organismos internacionales, en un contexto de revisión de distintos temas relacionados con derechos humanos.

PRI y PAN entregan documentos sobre desapariciones e inseguridad

Durante la visita, legisladores del PRI sostuvieron un encuentro con el Alto Comisionado, en el que entregaron un documento donde describen la situación de desapariciones en el país.

El diputado Pablo Angulo informó que en la carta se expone una cifra superior a 133 mil personas desaparecidas, además de señalar preocupaciones sobre la respuesta institucional ante este fenómeno.

Indicó que el documento busca visibilizar la problemática y el impacto en miles de familias.

En el mismo contexto, legisladores del PAN también han manifestado previamente su preocupación por la situación de seguridad y desapariciones, señalando la necesidad de fortalecer las acciones del Estado en materia de búsqueda e investigación, así como garantizar atención a víctimas.

Los posicionamientos de ambas fuerzas políticas se suman a los intercambios sostenidos durante la visita del funcionario internacional.

Encuentros con colectivos y testimonios de familiares

Previo a su asistencia al Senado, Volker Türk se reunió con colectivos de familiares de personas desaparecidas en el Centro Cultural de España en la Ciudad de México.

Durante estos encuentros, el Alto Comisionado expresó su solidaridad con las víctimas y reconoció la complejidad del problema. También destacó la fortaleza de las familias que continúan en la búsqueda de sus seres queridos.

En las inmediaciones, colectivos realizaron manifestaciones y entregaron cartas en las que plantean la necesidad de mayor apoyo internacional, así como mejoras en los procesos de investigación.

Gobierno federal expone avances y reitera cooperación

Por su parte, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, informó que el encuentro con el Alto Comisionado se desarrolló en un ambiente de diálogo respetuoso.

Señaló que durante la reunión se abordaron diversos temas, como la búsqueda de personas, atención a víctimas, migración y libertades públicas. Asimismo, indicó que se expusieron las acciones implementadas por el gobierno en materia de derechos humanos.

También reiteró la disposición de México para mantener la colaboración con organismos de Naciones Unidas, en el marco del respeto a las distintas posturas.

Revisión internacional y seguimiento a la situación en México

La visita del Alto Comisionado ocurre en un contexto de seguimiento internacional a la situación de derechos humanos en México, particularmente en materia de desapariciones.

Durante su estancia, el funcionario ha sostenido reuniones con autoridades, legisladores, organizaciones civiles y familiares de víctimas, con el objetivo de recabar información y conocer distintas perspectivas.

Puntos relevantes de la visita

• Legisladores del PRI entregaron un documento sobre desapariciones e inseguridad.
• El PAN ha señalado la necesidad de reforzar acciones en materia de búsqueda y atención a víctimas.
• El Alto Comisionado sostuvo encuentros con colectivos y familiares de personas desaparecidas.
• El gobierno federal destacó avances y reiteró cooperación con la ONU.
• La visita incluye reuniones con distintos actores para evaluar la situación de derechos humanos.

La gira de trabajo del Alto Comisionado continúa con nuevas reuniones programadas, como parte del seguimiento a los temas abordados durante su estancia en el país.

El caso de Brenda Kelly Analco Santanero, desaparecida tras acudir a una supuesta oferta laboral en redes sociales en Axochiapan, agrava la preocupación por la seguridad de jóvenes reclutadas mediante anuncios en internet y expone la tardía reacción de la Fiscalía General del Estado de Morelos. La búsqueda oficial de Brenda inició solo después de que su familia y su abogado difundieron, a través de redes sociales, presuntas irregularidades en la actuación de las autoridades locales, presionando así la activación de los protocolos de búsqueda.

Las ofertas laborales en redes sociales, patrón en desapariciones

La desaparición de Brenda Kelly, de 29 años, ocurre en un contexto de otras búsquedas similares. En Axochiapan también se reporta la desaparición de Saira Ponce García, de 34 años y originaria de Puebla, quien está ausente desde el 13 de abril en Jolalpan. Autoridades establecen que Saira podría haberse dirigido a Axochiapan tras recibir una propuesta de trabajo en redes sociales.

Ambos casos se suman a un fenómeno detectado en diversas entidades: desapariciones vinculadas a entrevistas de trabajo gestionadas a través de internet. El caso de Edith, en la Ciudad de México, ejemplifica esta modalidad. Ella desapareció luego de asistir a una cita laboral y días después fue localizada sin vida.

La familia enfrenta obstáculos y exige atención inmediata

Eugenia Santaner Ortiz, madre de Brenda Kelly, informa que su hija salió el jueves alrededor de las 10:00 horas con destino a una presunta entrevista de trabajo agendada a través de redes sociales y WhatsApp. El punto de reunión fue el área conocida como Parque El Corazón del Niño en Axochiapan. Brenda salió en su motocicleta y mostró a su madre el mensaje de invitación poco antes de partir. La última comunicación se produjo cerca de las 11:00 horas, momento en que el teléfono de Brenda dejó de responder.

Familiares recorrieron el punto acordado y recabaron testimonios de residentes, quienes aseguraron que no se realizó ninguna actividad ni existía algún lugar acondicionado para entrevistas de trabajo esa mañana.

La denuncia se presentó primero ante autoridades municipales y, tras casi 48 horas, fue canalizada a la Fiscalía General del Estado de Morelos en Cuautla, bajo la responsabilidad de Fernando Blumenkron Escobar. El retardo en la formalización de la denuncia complica la recopilación de pruebas inmediatas y la atención oportuna.

Presuntas irregularidades en la Fiscalía de Morelos y reacción tardía

El abogado de la familia, Jonathan Galicia, transmitió en redes sociales supuestas anomalías en la atención por parte de la Fiscalía de Morelos. Galicia acusa que tras solicitar formalmente su designación y el acceso a la carpeta de investigación, el personal se negó a atenderlos y no admitió su representación legal.

Relata que funcionarios informaron la ausencia de agentes del Ministerio Público durante el fin de semana, posponiendo la atención hasta el lunes, pese a la urgencia por tratarse de una desaparición reciente. También denuncia errores en la ficha de búsqueda emitida por la Fiscalía, pues el documento oficial señala el 17 de abril como la última vez que Brenda fue vista, cuando en realidad habría sido el 16 de abril.

Luego de la exposición pública de estas fallas, el personal de la Fiscalía de la región oriente modificó su postura. La institución informó que “realiza un intenso trabajo para su localización” y coordinó con la familia las labores de búsqueda.

Oferta laboral: modalidad y alcance

La oferta laboral recibida por Brenda Kelly prometía trabajo en producción de berries, siembra y actividades en invernadero. Se ofrecían plazas en estados como Jalisco, Guanajuato, Sonora y California. Las condiciones incluían contratos de dos a cuatro meses, alimentación, seguro social, vivienda y prestaciones de ley. Este tipo de anuncios, difundidos por internet, operan fuera de canales formales y suelen atraer a personas en busca de empleo, exponiéndolas a riesgos de trata de personas o desaparición.

La familia exige diligencia y se dirige a la gobernadora

Eugenia Santaner Ortiz dirigió un mensaje directo al fiscal de Morelos y a la gobernadora Margarita González Saravia. Pidió que utilicen todos los recursos disponibles para encontrar a su hija: “Que la Fiscalía y la gobernadora muevan sus influencias como si mi hija fuera de ellos, de los ricos. No porque somos pobres nos tengan de un lado a otro sin hacernos caso”.

Solicitó mejorar la coordinación y agilizar tanto la búsqueda como la difusión de la ficha oficial para aumentar la probabilidad de encontrar a Brenda con vida.

Coordinación interestatal en el caso de Saira Ponce

Los esfuerzos también involucran a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que activó el Protocolo Alba para la localización de Saira Ponce García. Esta fiscalía pidió la colaboración de su homóloga de Morelos, dado que existen indicios de que Saira viajó a Axochiapan tras responder a una oferta de trabajo en redes sociales.

Saira Ponce mide 1.45 metros, tiene complexión robusta, tez morena clara, cabello castaño oscuro, ondulado y largo hasta los hombros. El 13 de abril vestía una playera blanca, mallones negros, tenis azul con gris y portaba una bolsa de nylon con documentos personales. La carpeta de investigación lleva el número FGEP/CDI/FEIDDFPDCP/IZUCARMAT-1/000483/2026.

Las autoridades de Puebla y Morelos coordinan la búsqueda, frente al riesgo de que estas desapariciones formen parte de una modalidad de reclutamiento fraudulento.

• Brenda Kelly Analco Santanero desaparece en Axochiapan tras acudir a una entrevista de trabajo pactada vía redes sociales.
• La Fiscalía de Morelos inicia la búsqueda solo después de que la familia denuncia irregularidades e inacción ante el público.
• En Puebla, la Fiscalía activa el Protocolo Alba para localizar a Saira Ponce García, quien también habría sido contactada para un empleo por internet.

Las desapariciones en México incrementan 10.5% en 2025, alcanzando un registro total de 133 mil 500 personas no localizadas al cierre de ese año, en un entorno que mantiene la impunidad, limita el acceso a la justicia y refleja violaciones estructurales a los derechos humanos. La cifra, documentada por Amnistía Internacional en su balance anual sobre la situación global, señala que el fenómeno persiste en 2026, lo que evidencia la continuidad de los problemas que afectan a víctimas y familiares.

México cierra 2025 con más de 133 mil personas desaparecidas y repunte de violencia contra buscadoras

Durante 2025, las desapariciones forzadas y no localizadas en México suben a 133 mil 500 casos, un aumento de 10.5% respecto a 2024. El registro incluye personas que permanecen sin localizar, mientras que el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada aplica su procedimiento especial en el país por primera vez en ese periodo.

El informe detalla que, durante 2025, seis personas buscadoras de desaparecidos fueron asesinadas —cuatro mujeres y dos hombres—, en un contexto donde la violencia alcanza cada vez más a quienes emprenden la búsqueda por cuenta propia. La respuesta gubernamental, según el documento, resulta insuficiente; colectivos encuentran fosas clandestinas en al menos diez entidades, incluido Jalisco, donde el colectivo Guerreros Buscadores localiza restos en el rancho Izaguirre, del municipio de Teuchitlán.

A diciembre de 2025, 73 mil 100 cuerpos permanecen sin identificar en las morgues del país, sin avances sustanciales en los registros forenses, ni fortalecimiento de fiscalías o del Centro Nacional de Identificación Humana. Las mujeres que integran colectivos de buscadoras enfrentan peligro y carecen de reconocimiento oficial como defensoras de derechos humanos, a pesar de la recomendación expresa del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW).

Disminuyen feminicidios en 2025, pero aumentan desapariciones de mujeres y violencia de género

La documentación de Amnistía Internacional indica que, hasta noviembre de 2025, las fiscalías acumulan 2 mil 589 investigaciones por asesinatos de mujeres. Solo 672 de esos casos se clasifican como feminicidio, lo que representa una disminución de 24.16% y 21.2% respectivamente en comparación con 2024.

En contraste, durante 2025 se registran 3 mil 637 desapariciones de mujeres —de las cuales mil 745 corresponden a menores de 19 años—, lo que refleja incrementos del 11.5% y 29.4% respecto al año anterior. El reporte retoma la advertencia de CEDAW sobre el aumento de violencia de género tanto por actores estatales como criminales, y la creciente denuncia de agresiones cometidas por militares tras el incremento de la participación castrense en seguridad pública.

En el mismo periodo, se reportan 17 transfeminicidios a nivel nacional, evidencia de la persistencia de la violencia contra la diversidad sexual.

México, segundo país con más asesinatos de defensores de derechos humanos; represión y violencia incrementan

Amnistía Internacional subraya que México permanece como el segundo país con más asesinatos de defensores de derechos humanos en el mundo: se contabilizan 32 casos en 2024 y 30 en 2023, según recuentos de organizaciones especializadas. El registro apunta también 25 agresiones letales contra ambientalistas solo en 2024.

Uno de los episodios que ilustra el riesgo es el de la directora del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, en Chiapas. En once meses, ese organismo reporta 51 incidentes de hostigamiento antes del asalto a la casa de su directora, Dora Robledo, perpetrado en junio.

Respecto a libertad de expresión, el año 2025 registra siete periodistas asesinados por motivos vinculados a su trabajo, así como 51 casos de acoso judicial entre enero y julio, cifra que, de acuerdo con el informe, “más que duplica” los reportes de 2024, año en el que se contabilizan 21.

En relación con el derecho a la protesta, se documentan actos de represión en 14 estados. En Puebla, en agosto y septiembre, elementos de la policía local reprimen manifestaciones de mujeres.

Migración, desplazamiento y militarización: panorama crítico persiste en 2026

El reporte anual expone la continuación de prácticas contra migrantes y solicitantes de asilo. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados recibe durante 2025 más de 58 mil 800 solicitudes de asilo: 28 mil 700 de origen cubano, 12 mil 100 venezolanas y más de 7 mil haitianas.

En febrero de 2025, México envía a 10 mil elementos de la Guardia Nacional a la frontera con Estados Unidos. Amnistía denuncia que autoridades federales, miembros de grupos delictivos o personas no identificadas exigen ilegítimamente pagos a migrantes y refugiados en puestos de control a lo largo de las carreteras mexicanas.

El informe, que incluye un análisis del Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana, señala un alza de 129% en desplazamiento interno forzado en 2024 respecto a 2023, al pasar de 12 mil 623 a 28 mil 900 personas en ese periodo. El 70% de estos casos responde a violencia, principalmente en Chiapas, Sinaloa, Michoacán, Chihuahua y Guerrero. Sólo en Chiapas se desplazan 17 mil 860 personas.

La militarización se mantiene como uno de los temas señalados por organismos nacionales e internacionales. El 1 de junio de 2025, 881 cargos federales y casi 2 mil locales se eligen en 18 estados; acude solo el 13% del electorado y el 22% de los votos son nulos o incompletos. La OEA advierte irregularidades en la elección de los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuya integración obedece en parte a instrucciones y listas de partidos o estructuras de gobierno.

En materia de justicia transicional, Amnistía advierte que, pese a recursos legales de las familias, el Ejército mexicano mantiene la opacidad en torno al caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa. No existe acceso pleno a archivos ni información relevante para avanzar en verdad y reparación.

En la presentación de su informe, la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnes Calamard, sintetiza el momento como uno de riesgo mayúsculo:

“No estamos en un ‘periodo difícil’ más. Estamos en el momento preciso en que todo lo construido en los últimos 80 años corre el riesgo de desmoronarse”.

Puntos clave

• En 2025, México registra 133 mil 500 personas desaparecidas, con un aumento anual de 10.5%.
• Las fiscalías documentan 2 mil 589 asesinatos de mujeres, con 672 feminicidios; aumentan desapariciones femeninas y persiste la violencia de género.
• México ocupa el segundo lugar mundial en asesinatos de defensores de derechos humanos, con 32 casos en 2024 y 30 en 2023.

Ceci Flores, líder del Colectivo de Madres Buscadoras de Sonora, envió una carta a Joaquín “El Chapo” Guzmán para solicitar información de personas desaparecidas por el Cártel de Sinaloa con el objetivo de que sus familias puedan localizarlos.

El envío de esta misiva se da luego de que la rastreadora comenzó la búsqueda de su segundo hijo, Alejandro Guadalupe Islas Flores, quien desapareció en Los Mochis, Sinaloa, en octubre de 2015, así como de la reciente publicación de una carta enviada por el propio exlíder del cártel a las autoridades estadounidenses para pedir un trato justo en la cárcel.

De acuerdo con Ceci Flores, a su hijo se lo llevaron personas que trabajaban para el Cártel de Sinaloa -específicamente para “El Chapo”- a quienes identificó como “El Chava”, “El Chato” y “El Mudo”, así como al menos 10 personas más.

"Mirando en redes sociales la carta que el Chapo manda a las autoridades exigiendo su derecho a una vida más digna en el lugar donde se encuentra, me atrevo a enviarle una carta para pedirle a nombre de mi hijo Alejandro que sea solidario, empático y sensible con las madres que cada día luchamos incansablemente por traer a nuestros hijos de vuelta a casa", dijo la madre buscadora en un video.

“Mande una carta donde nos diga dónde quedaron los muchachos que desaparecieron”, solicitó

Con el objetivo de conocer el paradero de las personas desaparecidas, la madre buscadora solicitó a “El Chapo” una carta en la que diga dónde pueden localizarlos sus familiares para regresar a sus hogares.

“Le pedimos nos ayude a recuperarlos, que nos diga dónde los dejaron. Esa es la súplica de una madre que tiene 10 años luchando por su hijo, que escarba la tierra con sus propias manos, que acompañó a muchas madres, que en estos momentos (…) Sé, de verdad, que eres una persona buena que ayudó a mucha gente, a muchos pobres y que hoy te encuentras privado de tu libertad, y desde allá mándanos una carta", dijo.

En su misiva, la madre buscadora colocó su domicilio para que le sea enviada la carta por el exlíder del Cártel de Sinaloa. Asimismo, aseguró tener miedo, pero que su dolor en la búsqueda de sus hijos “es más grande”.

“El Chapo” envió una carta para pedir trato justo en EEUU

El pasado 10 de abril, Joaquín Guzmán Loera envió una carta manuscrita en inglés al juez de distrito Brian Cogan, encargado de su caso en la Corte Federal del Este de Nueva York, para solicitar un trato justo luego de denunciar violaciones a sus derechos constitucionales durante su reclusión en la prisión de máxima seguridad ADX Florence.

La misiva, escrita en inglés con errores gramaticales y frases pocas claras, hace referencia a que sus condiciones en la prisión deberían estar basadas en lo que dicta la Constitución de México y las leyes de Estados Unidos.

Con anterioridad, el narcotraficante ya había alertado sobre el confinamiento extremo, problemas de salud y condiciones que, según él, ponen en riesgo su integridad física y mental.

El ambientalista Lázaro Mendoza Ramírez, de 51 años, fue localizado sin vida en el municipio de Salvador Escalante, Michoacán, después de varios días de búsqueda tras su desaparición el 14 de abril.

La Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó que la identidad de Mendoza Ramírez se verificó al 100% mediante pruebas de ADN, según informó el fiscal estatal Carlos Torres Piña.

Durante el operativo, elementos de la FGE encontraron el cuerpo calcinado al interior de una camioneta tipo pick-up en la localidad de El Cungo horas después de que la víctima saliera a realizar actividades vinculadas con su trabajo ambiental en Paramuén.

Hallaron pertenencias del ambientalista en un predio

El fiscal detalló: “Hace unos minutos se notificó a los familiares que la comparativa de ADN resultó positiva en su totalidad”.

La camioneta y algunos objetos personales ya habían sido reconocidos previamente por familiares, lo que permitió un avance preliminar en la identificación.

Además, en un predio, propiedad del ambientalista, agentes localizaron restos hemáticos, casquillos percutidos y otras pertenencias, según la Fiscalía General del Estado. El cuerpo fue encontrado a cierta distancia de dicho predio.

De acuerdo con la FGE, no existían denuncias formales por amenazas en contra de Mendoza Ramírez ni reportes previos de riesgo ante su entorno o la comunidad.

Las autoridades informan que se mantienen abiertas todas las líneas de investigación para esclarecer el crimen y ubicar a los responsables.

Lázaro Mendoza desapareció mientras realizaba labores ambientalista

Mendoza habría sido visto por última vez en la comunidad de Paramuén, cuando realizaba actividades ambientales, de acuerdo con los reportes disponibles.

A partir de la denuncia de desaparición, presentada dos días después de su último avistamiento, habitantes y comuneros de la zona iniciaron operativos de búsqueda. Se efectuaron bloqueos en la autopista Siglo XXI como parte de la movilización.

El hallazgo de los restos de Mendoza intensifica la preocupación entre comunidades y organizaciones ambientales que han denunciado una escalada de violencia contra defensores del territorio en Michoacán.

Hugo Basurto de Hoyos, de 61 años, y su perrita Isis, una pastor belga de pelaje café con negro, desaparecieron tras salir a caminar en el fraccionamiento Hacienda de Echegaray, Naucalpan, el 19 de diciembre de 2025. El día de ayer, la Guardia Municipal de Naucalpan, dio a conocer que encontró el cuerpo sin vida del hombre y su mascota.

A través de un comunicado, la dependencia informó que, “como resultado de labores de búsqueda e investigación, autoridades lograron la localización de una persona sin vida que, de acuerdo con información preliminar, corresponde a Hugo Basurto de Hoyos”. Al localizar el cuerpo, también se encontró un arma.

En el documento se menciona que, “con base en los indicios recabados en el sitio y de acuerdo con las investigaciones preliminares, el hecho apunta a un posible suicidio, sin que se adviertan elementos que indiquen la participación de terceros”.

Las autoridades correspondientes continuarán con las diligencias, en tanto la Guardia Municipal de Naucalpan mantendrá su colaboración en el seguimiento del caso.

Desaparición de Hugo Basurto abre incógnitas

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, la familia de Hugo activó los protocolos luego de que su celular perdió señal poco después de salir a pasear el mismo día de la desaparición.

Lo último que sus allegados supieron fue que el hombre se dirigía a Plaza Satélite, según señalaron, se encontraría con una mujer para entregarle dinero.

En su momento, la Comisión de Búsqueda de Personas emitió una ficha oficial con los rasgos físicos de Basurto de Hoyos: 1.75 metros de altura, complexión delgada, tez clara, rostro alargado, cabello largo castaño oscuro y ojos verdes.

El recorrido que solía realizar era corto y bien conocido en la zona, pero en esta ocasión Hugo no volvió a su domicilio.

Isis usaba una cadena metálica con placa de identificación y respondía a su nombre, pero tampoco fue localizada.

Familias y rescatistas señalaron que la ausencia conjunta dificulta la hipótesis de un extravío accidental. No hubo reportes de que la perrita haya estado sola.

Habitantes del fraccionamiento y colectivos de familiares extendieron la búsqueda a áreas verdes y colonias vecinas, colocando avisos, difundiendo datos en redes sociales y colocando cédulas en espacios públicos.

Durante la temporada decembrina, los colectivos aprovecharon para visibilizar casos activos de desaparecidos, incluyendo el de Hugo Basurto y su mascota.

Un juez impuso prisión preventiva a Juan Jesús “N”, señalado como el presunto feminicida de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven de 21 años encontrada bajo un montículo de arena en el sótano de un edificio de la Avenida Revolución en la CDMX.

El sujeto imputado es identificado por las autoridades capitalinas como vigilante de la torre de departamentos donde Edith ingresó por última vez. El motivo por el que ella asistió al lugar, presuntamente, fue una entrevista de trabajo.

El abogado del Jesús “N” solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la audiencia para definir si es vinculado a proceso se reanudará el próximo 22 de abril. Durante este plazo de 144 horas, tanto la defensa como la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) podrán recabar y presentar pruebas ante el juez, quien resolverá la situación jurídica del detenido.

Reportes del medio N+, quienes se encontraban afuera de las salas de juicio oral ubicadas en la colonia Doctores, señalaron tras una entrevista a familiares del supuesto delincuente que él llevaba 3 meses trabando en el sitio.

La audiencia comenzó a las tres de la tarde de este 18 de abril y concluyó aproximadamente dos horas después.

Hasta el momento las autoridades no ha confirmado en donde estará recluido el imputado, sin embargo, de forma extraoficial se presume que será en el reclusorio norte.

Esto se sabe sobre la detención de Juan Jesús “N”

La detención de Juan Jesús “N” fue confirmada por la FGJCDMX la noche del pasado 17 de abril, el mismo día en que fue hallado el cuerpo de la víctima en el sótano del edificio con el número 289 de la Av. Revolución, alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con los actos de investigación, el hombre se desempeñaba como vigilante del edificio al que ingresó la víctima el día de su desaparición. La indagatoria establece que habría tenido un altercado con Edith y la habría agredido, aunque hasta el momento no se conocen más detalles.

Entre los datos de prueba se encuentran el informe de criminalística, el dictamen médico forense preliminar y el hallazgo de manchas de sangre en la caseta de vigilancia, lugar donde ocurrieron los hechos.

Según los reportes, Edith habría sido agredida con un arma punzocortante.

La familia de la joven la vio por última vez el 15 de abril y denunciaron su desaparición entre el final del 15 y el inicio del día 16.

Familia de Edith Guadalupe denunció omisiones y corrupción en la búsqueda

La familia de la joven asesinada denunció omisiones y actos de corrupción por parte de funcionarios durante la búsqueda de la joven.

Relataron que personal ministerial les pidió esperar setenta y dos horas para iniciar la investigación y solicitó dinero para agilizar trámites.

tras los señalamientos, la fiscal capitalina, Bertha Alcalde, desmintió que exista un periodo de espera obligatorio y afirmó que las investigaciones deben iniciar desde el primer momento.

La fiscalía separó de sus cargos a varios funcionarios por posibles actos de corrupción y omisiones, y anunció una revisión interna para determinar responsabilidades administrativas y penales.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, exigió investigaciones rigurosas para garantizar justicia y la fiscalía mantiene medidas de protección para la familia.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) confirmó este sábado 18 de abril que Rogelio Poblete González, titular del Organismo Descentralizado de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Malinalco, fue localizado con vida.

El funcionario fue encontrado tres días después de que se reportó su desaparición, presuntamente causada por un comando armado.

Las autoridades señalaron que Poblete fue dejado en una calle del municipio de Malinalco y de ahí se trasladó a su domicilio. De acuerdo con el comunicado de la FGJEM, elementos de la dependencia acudieron hasta la casa del servidor público tras su regreso y le ofrecieron atención ministerial y médica.

El titular de Aguas municipal comunicó a los agentes que no deseaba rendir entrevista formal ni someterse a una revisión de salud en ese momento, argumentando que no se encontraba en condiciones.

Autoridades estatales y federales montaron un operativo para encontrarlo

Las instituciones que integran la Mesa de Paz del Estado de México, junto con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de la Marina (Marina), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General de la República (FGR) implementaron un operativo de búsqueda tras la denuncia de desaparición de Poblete González. Aunque el despliegue involucró diversos esfuerzos, fue el propio funcionario quien llegó a su domicilio, donde fue atendido por elementos de la Fiscalía mexiquense.

Rogelio Poblete rehusó rendir declaración formal tras su localización

Según los reportes oficiales, Poblete González manifestó a las autoridades que fue dejado en una calle del municipio de Malinalco por la mañana de este 18 de abril.

Además. indicó que, por el momento, no desea rendir declaración formal en sede ministerial ni ser certificado de su estado de salud, argumentando que no se encuentra en condiciones para hacerlo tras su localización.

Tras los hechos, no se brindaron más detalles sobre el caso.

Así habría sido el secuestro de Rogelio Poblete

Rogelio Poblete Zamora habría sido privado de la libertad la mañana del miércoles 15 de abril, cuando se dirigía a su oficina.

De acuerdo con información preliminar, viajaba en una camioneta color guinda y habría sido interceptado por un grupo armado, que presuntamente lo obligó a descender del vehículo para subirlo a otra unidad.

Testimonios señalan que la camioneta en la que habrían trasladado a Poblete Zamora tomó la carretera Toluca-Taxco en dirección a Chalma.

Familiares y autoridades municipales reportaron que perdieron contacto con él alrededor de las 9:30 horas.

En la zona donde ocurrió la desaparición, autoridades han identificado la presencia de células de La Familia Michoacana y del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

No cesan los secuestros de servidores públicos en México

En los últimos días, el secuestro de servidores públicos mantiene la atención en distintas regiones del país. Apenas este 13 de abril, autoridades federales y estatales localizaron con vida a Juan Andrés Vega Carranza, presidente municipal de Taxco de Alarcón, Guerrero, y a su padre, Juan Vega Arredondo, luego de que ambos fueron privados de la libertad el 11 de abril.

El hallazgo ocurrió tras un operativo coordinado que incluyó personal en tierra, helicópteros y la participación de la SSPC, Ejército, Marina, Guardia Nacional (GN) y policías estatales de Guerrero, Morelos y Estado de México, así como autoridades ministeriales.

Versiones extraoficiales señalaron que el alcalde habría sido secuestrado cuando intentó negociar la liberación de su padre, quien fue retenido tras salir de un hospital en Taxco.

Este crimen estaría vinculado con una célula de La Familia Michoacana, según dichos del titular de la SSPC, Omar García Harfuch.

La desaparición de María Adela Morales Correa, 25 años, mantiene en alerta a su familia en Chetumal tras casi una semana sin noticias claras sobre su paradero en la Ciudad de México. La joven fue vista por última vez el 11 de abril en la zona de Huipulco, en la alcaldía Tlalpan, y desde entonces ningún contacto directo ha confirmado que se encuentra a salvo.

Ante la falta de respuestas, la madre, Cristina Ramírez Tapia, recurre a redes sociales para solicitar públicamente el apoyo de la gobernadora Mara Lezama y exige acciones concretas de las autoridades capitalinas y de salud. La incertidumbre crece luego de recibir información extraoficial que señalaría que María Adela estaría dentro del Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente (Fray Bernardino Álvarez), establecimiento que hasta el momento no ha ofrecido confirmación sobre su posible ingreso ni su estado de salud.

“Mi hija puede ser víctima de trata de personas o a lo mejor ya no está ahí, les pido que me ayuden, o díganme qué hago. Aquí (en el Ministerio Público) me dicen que ella ya es adulta mayor que puede decidir pero quien la ingresó a ese hospital es una persona totalmente desconocida para nosotros la familia. Soy de bajos recursos, vine por mis propios medios”.

De acuerdo con Ramírez Tapia, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México integró en la carpeta de investigación una solicitud formal para obtener una prueba de vida. Esta petición fue enviada directamente al hospital, después de que surgieran indicios de que la joven podría haber sido internada en ese sitio. Sin embargo, según sus declaraciones, el personal del hospital ha ignorado tanto los requerimientos legales como las solicitudes informales de información, situación que mantiene a la familia sin noticias certeras y retrasa el avance de las investigaciones.

La madre asegura que la respuesta de las autoridades y del sistema de salud ha sido insuficiente, a tal grado que la búsqueda formal iniciada mediante una ficha continúa sin resultado favorable. Al día de hoy no existe constancia oficial ni reporte visual sobre la integridad física o el paradero real de María Adela Morales Correa. Según la denuncia presentada, la falta de colaboración de las autoridades hospitalarias constituye el principal obstáculo en el proceso de localización.

Horas después de no lograr avances tras el reporte de desaparición, Ramírez Tapia expandió su petición al ámbito estatal, solicitando la intervención personal de Mara Lezama, gobernadora de Quintana Roo, para intensificar los mecanismos de búsqueda y presión institucional en la capital del país.

“Yo solo pido que se me dé información, la quiero ver en vivo, o que le hagan pruebas toxicológicas o psiquiátricas” son las palabras de la madre, difundidas a través de un video en TikTok y otras plataformas, en el que insiste en conocer el paradero de su hija y exige atención directa del personal médico del hospital psiquiátrico. La familia considera que la lentitud en las investigaciones y la actuación discrecional dentro del hospital vulneran el derecho a la verdad y la protección de la víctima.

La ausencia de datos oficiales ha amplificado el caso en círculos ciudadanos de Chetumal y grupos de apoyo a personas desaparecidas, que mantienen activa la búsqueda y la difusión de la ficha con el rostro y los datos de María Adela Morales Correa. Hasta este momento, la única certeza es que la joven desapareció en una de las áreas periféricas del sur de la capital, sin que ninguna dependencia pública haya hecho público el resultado de diligencias en hospitales u otros espacios institucionales.

La familia de la joven reclama transparencia en el sistema de procuración de justicia y solicita a las siguientes instancias —Ministerio Público, Comisión de Búsqueda, Secretaría de Salud de la Ciudad de México y autoridades hospitalarias— detallar la información de ingresos recientes y permitir acceso a listas de pacientes si existen indicios que vinculen a su hija con el Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente.

Sin avances oficiales ni visualización directa de la joven, la ficha de búsqueda sigue vigente y el caso permanece abierto.

• María Adela Morales Correa, joven de 25 años originaria de Chetumal, desapareció en Huipulco, Tlalpan, el pasado 11 de abril.
• Su madre exige apertura del Hospital Psiquiátrico Juan Ramón de la Fuente y una prueba fehaciente de vida, procedimiento que el hospital no ha respondido.
• La Fiscalía de la Ciudad de México mantiene el caso abierto, pero no hay datos oficiales que confirmen el paradero ni el estado de salud de la joven.

La sustracción de menores se produce cuando uno de los dos progenitores traslada o retiene al menor sin el consentimiento del otro. En los últimos años se ha experimentado un aumento en el número de casos ocurridos en España. Así se refleja en el Informe anual de Personas Desaparecidas, que cada año elabora el Centro Nacional de Personas Desaparecidas, dependiente del Ministerio del Interior.

Según el análisis publicado este 2026, que se corresponde con los datos de 2025, en la última década se ha incrementado en un 73% los casos de sustracción de menores en España. Así, en 2025 fueron 453, mientras que en 2016 (el año con los datos más bajos desde que se tienen registros) fueron 262.

Con respecto al año anterior, en 2025 se ha producido un ligero aumento: de 443 en 2024 se ha pasado a 453. 2023 fue el año con la cifra más elevada: 477 casos. Estas cifras, que recogen las infracciones penales conocidas y registradas por las Fuerzas y Cuerpos del Estados en todo el territorio nacional, proceden del Sistema Estadística de Criminalidad (SEC).

Además de estos datos, el Informe anual de Personas Desaparecidas también refleja que las denuncias de tipo penal por el delito de sustracción de menores se situaron solamente en 69 en el año 2025, ya que a muchos de estos casos se les atribuye con posterioridad esta clasificación y no de manera inicial en las denuncias.

Penas por sustracción de menores

Según el artículo 225 bis del Código Penal, la sustracción de menores está castigada con la pena de prisión de dos a cuatro años y la inhabilitación especial para ejercer el derecho de patria potestad por un tiempo de cuatro a diez años.

Entre los motivos que se consideran como sustracción de menores se encuentran, en primer lugar, el traslado de un menor de su lugar de residencia sin consentimiento del progenitor con quien conviva habitualmente o de las personas o instituciones a las cuales estuviese confiada su guarda o custodia y, en segundo lugar, la retención de un menor incumpliendo gravemente una resolución judicial o administrativa, por ejemplo, no devolverlo tras visitas.

Sustracción internacional de menores

La sustracción de menores puede ocurrir dentro del territorio nacional o ser internacional. En este último supuesto, uno de los progenitores, de manera unilateral (sin el consentimiento del otro progenitor y sin autorización judicial), traslada o retiene a su hijo menor desde el Estado donde este reside habitualmente a otro Estado diferente.

En estos casos, para la localización del menor existen dos vías. Por un lado, la penal, a través de la que se persigue el delito de sustracción de menores, por lo que puede implicar órdenes de detención. Puede haber obstáculos para la investigación si existen diferencias legales en el país de destino con respecto a estos hechos o problemas de extradición. Por otro lado, la vía civil, que busca la restitución del menor y es la más utilizada en casos internacionales.

Esta última se lleva a cabo bajo el paraguas del Convenio de la Haya sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores, al que están adheridos más de un centenar de países de todo el mundo.

Otras desapariciones de menores

El Informe anual de Personas Desaparecidas también recoge que en 2025 se han registrado en nuestro país un total de 25.086 denuncias por desaparición, lo que supone un descenso de un 5% con respecto al año anterior. De estas, el mayor número corresponde a menores de entre 13 y 17 años: un 59,1% del total, es decir, seis de cada diez.

Por provincias, Madrid es la que cuenta con un porcentaje mayor de desapariciones relacionadas con menores de edad: el 70,4% del total corresponden a esta franja de edad.

El estudio señala que las desapariciones de menores en los centros de acogida también han alcanzado una cifra elevada en 2025, con 2.440 casos en total.

*Con información de EFE

Este viernes 17 de abril las autoridades detuvieron al principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar, joven que desapareció tras acudir a una supuesta entrevista de trabajo en un edificio ubicado sobre la Av. Revolución de la alcaldía Benito Juárez.

De acuerdo con reportes del periodista Antonio Nieto, el detenido sería guardia de seguridad del inmueble donde fue encontrado el cuerpo la madrugada de este mismo día.

Los datos proporcionados Nieto mediante su cuenta de X señalan que el sujeto habría sido la persona con la que Edith se encontró en el sitio, antes de ser asesinada y ocultada en el sótano del edificio, bajo un montículo de arena.

La aprehensión se habría realizado tras un seguimiento entre la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) y el monitoreo de cámaras por parte del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano capitalino (C5).

Desde la desaparición de la joven, su familia ha denunciado omisiones en la búsqueda y exigió justicia luego de que el cuerpo de la joven fuera localizado en el sótano del edificio. Asimismo, han señalado que elementos de la Fiscalía los extorsionaron solicitando dinero para avanzar en el caso.

Tras las acusaciones, los servidores públicos involucrados fueron cesados y serán investigados, según declaraciones de la propia fiscal capitalina, Bertha Alcalde.

Este mismo 17 de abril la fiscalía capitalina señaló en conferencia de prensa que ya tenían identificado al presunto feminicida, pero no revelaron detalles sobre él.

La FGJCDMX se encuentra buscando al chofer de mototaxi que llevó a Edith al sitio.

El guardia de seguridad habría quedado a disposición ministerial

De acuerdo con los reportes extraoficiales, el principal sospechoso del feminicidio de Edith Guadalupe y recién detenido sería un guardia de seguridad que trabajaba en el edificio donde la joven fue vista por última vez y donde se encontró su cuerpo. El sitio es una torre de departamentos identificada con el número 289 de la Avenida Revolución.

La madrugada de este 17 de abril fue encontrado en el sótano del inmueble el cuerpo de Edith Guadalupe. Según los reportes oficiales, se encontraba debajo de un montículo de arena y las primeras inspecciones revelaron signos de violencia.

Según los reportes extraoficiales, el hombre habría sido detenido y puesto a disposición del Ministerio Público capitalino, mientras las autoridades integran la carpeta de investigación para determinar su situación jurídica.

Las primeras indagatorias apuntan a que el detenido sería el responsable del feminicidio, aunque hasta el momento las autoridades no han confirmado los hechos. La identidad y los detalles sobre aprehensión no han sido revelados.

La familia de Edith ha señalado corrupción en el caso

Los familiares de Edith han acusado actos de corrupción y negligencia por parte de funcionarios encargados de la búsqueda.

Señalan que hubo solicitudes de dinero para agilizar trámites y que la localización del cuerpo fue resultado de la presión social y de sus propias gestiones.

La madre de Edith ha declarado que las autoridades no actuaron con la debida diligencia y que el seguimiento de cámaras y la obtención de información recayeron principalmente en la familia, lo que ha intensificado la demanda de justicia y transparencia en el proceso.

Los señalamientos indican una posible revictimización por parte de elementos de la Fiscalía capitalina, quienes le habrían comentado a la familia que esperara 72 horas. Además, los servidores habrían sugerido que la joven posiblemente estaba con sus amigas o con algún hombre y por eso no había llegado a su domicilio, ubicado en la alcaldía Iztapalapa.

De manera oficial, las autoridades informaron que fueron cesados varios funcionarios adscritos a la Fiscalía de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, tras detectarse irregularidades en la atención al caso de Edith Guadalupe.

72 horas de espera para iniciar investigaciones

La fiscal Bertha Alcalde señaló en conferencia de prensa que la información presuntamente compartida por servidores públicos, respecto a que se debe esperar 72 horas para iniciar la investigación en casos de personas desaparecidas, es falsa.

“Es importante decir que en esta búsqueda inmediata, que para nosotros es fundamental, no hay que esperar setenta y dos horas para iniciar con la investigación. Esas setenta y dos horas, y estamos muy claros de eso, son claves para dar con la localización de las personas que se reportan como desaparecidas. Tenemos la obligación de iniciar con las investigaciones desde el primer momento”, afirmó la titular de la Fiscalía.

El cuerpo de Edith Guadalupe, joven de veintiún años desaparecida desde el pasado 15 de abril, fue hallado debajo de un montículo de arena, presentando lesiones por golpes, según reportes oficiales emitidos por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) este 17 de abril en conferencia de prensa.

De acuerdo con la fiscal general Bertha Alcalde, la familia de Edith reportó su desaparición entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de abril, tras haber salido de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa, alcaldía Iztapalapa.

El caso involucra una presunta entrevista de trabajo en el edificio donde fue encontrado su cuerpo.

Según el reporte oficial, la localización del cuerpo ocurrió después de analizar información tecnológica y videovigilancia que permitió rastrear sus últimos movimientos y ubicar el inmueble donde la joven ingresó sola. A pesar de las declaraciones de la fiscalía capitalina, la familia ha señalado que ellos realizaron las pesquisas mediante un investigador privado y posteriormente entregaron las pruebas.

La fiscal capitalina afirmó que no hay denuncias previas de trata de personas en el inmueble donde fue encontrado el cuerpo de la joven y revelaron que ya tienen identificado a un probable responsable.

Así fue localizado el cuerpo de la joven

El reporte oficial de las autoridades señaló que el cuerpo de Edith Guadalupe fue localizado en las primeras horas del 17 de abril, luego de un operativo de búsqueda encabezado por la FGJCDMX.

Tras la denuncia de desaparición presentada por sus familiares, comenzaron a analizar información tecnológica y registros de videovigilancia para rastrear los últimos movimientos de la joven. Estos datos permitieron ubicar el edificio de avenida Revolución, en la alcaldía Benito Juárez, como el lugar donde Edith fue vista por última vez, una torre de departamentos ubicada sobre la Av Revolución.

La Fiscalía informó que Edith ingresó sola al inmueble y no había evidencia de que hubiera salido.

Con autorización del administrador del edificio, en la madrugada del 16 al 17 de abril, personal de la Fiscalía y de la Policía de Investigación revisó las áreas comunes, piso por piso y torre por torre.

Durante la inspección, primero localizaron objetos personales vinculados con Edith, lo que reforzó la hipótesis de que permanecía en el lugar. Sin embargo, no detallaron en qué departamento o área ocurrió.

Horas más tarde, los agentes encontraron el cuerpo de Edith sin vida en el sótano del edificio, oculto debajo de un montículo de arena.

La inspección inicial reveló que la víctima presentaba lesiones por golpes, los cuales podrían significar la causa de muerte.

El sitio fue asegurado para el procesamiento y recolección de pruebas, mientras que el cuerpo fue trasladado al Instituto de Ciencias Forenses para la necropsia correspondiente. Hasta el fin de las diligencias se podrá saber con certeza la causa oficial y la posible hora en que ocurrieron los hechos.

Las autoridades señalaron que se mantienen varias líneas de investigación abiertas, incluyendo el análisis de videograbaciones internas, entrevistas a residentes y personal del edificio, así como la revisión del historial del inmueble.

Asimismo, afirmaron que ya se encuentran buscando al conductor de mototaxi por aplicación que llevó a Edith hasta el sitio.

Familiares denuncian retrasos y señalan actos de corrupción: Fiscalía ofrece protección

Los familiares de Edith Guadalupe señalaron que, tras reportar su desaparición, las autoridades no actuaron con la inmediatez necesaria para dar con su paradero, a pesar de que desde el primer momento se contaba con información relevante sobre el domicilio al que había acudido la joven.

Además, denunciaron que durante el proceso de búsqueda, un servidor público les habría solicitado dinero, hecho que la FGJCDMX calificó como grave e inaceptable.

Bertha Alcalde reconoció públicamente estos señalamientos y explicó que desde el primer momento en que fueron reportados se dio intervención a Asuntos Internos para investigar tanto en el ámbito administrativo como penal. Como medida precautoria, el personal involucrado fue separado de sus funciones mientras se desarrolla la investigación sobre posibles actos de corrupción o irregularidades en la atención del caso.

Además, aseguró que la institución mantiene comunicación directa y permanente con la familia de Edith, y reiteró el compromiso de ofrecer acompañamiento y medidas de protección en caso de ser necesario.

Subrayó que toda la información relevante sobre el avance de la investigación se comparte directamente con los familiares y que cualquier conducta indebida de servidores públicos será sancionada conforme a la ley, de forma administrativa y, en caso de ser necesario, penal.

A través de una conferencia de prensa, Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dio a conocer detalles de la investigación que están llevando a cabo para dar con los responsables del feminicidio de Edith Guadalupe, la joven de 21 años que fue encontrada muerta en el sótano de un edificio de la alcaldía Benito Juárez.

La Fiscalía detalló que están realizando diversas entrevistas a testigos, personal del edificio y vecinos, con el fin de encontrar información:

“Verificar si eran habitaciones de civiles, laborales o algún despacho para poder verificar. Y se se están verificando también las cámaras que habían dentro del inmueble para darle seguimiento a algún sospechoso”.

Además, explicaron que son las entrevistas una de las herramientas fundamentales para la investigación, y que es imperativo hablar con el chofer de moto que llevó a la víctima al edificio:

“Hemos avanzado ya con algunas entrevistas que son fundamentales para esta investigación (...) se está localizando al chofer del vehículo que efectivamente tenemos identificado que dejó a Edith en este inmueble y también esta entrevista formará parte muy relevante de la investigación".

Separan del cargo a funcionario de la Fiscalía por presuntas irregularidades

Luego de que la madre de la víctima, Claudia Edith Zaldívar, declarara en entrevista con Telediario: “Me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale”, la fiscalía informó que se están tomando cartas en el asunt:

“Se está realizando la investigación relacionada con esto. Como lo mencioné, como medida precautoria, en este momento se va a separar de sus labores en lo que continúa con la investigación”.

La fiscal reiteró que se trata de una investigación que buscan hacer cuanto antes, “tanto en el ámbito administrativo como penal para determinar si hubo un acto de corrupción como se recibió”.

Recordemos que fueron múltiples las acusaciones de la familia contra las autoridades: desde los sobornos hasta su inacción para buscar a la joven.

La tía de Edith reveló que cuando reportaron a la joven como desaparecida, funcionarios de la Fiscalía insinuaron que la joven “se había ido con el novio o con las amigas”, además de que insistieron en que debían pasar 72 horas para investigar.

Bertha Alcalde Luján, titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), dio a conocer a través de una conferencia de prensa la medida preventiva que decidió tomar en contra de un servidor público que estaría siendo señalado por presuntos actos de corrupción en el caso de desaparición y posterior feminicidio de Edith Guadalupe Valdés, quien fue localizada sin vida este viernes 17 de abril.

Familia señala omisiones y corrupción en la Fiscalía de CDMX

Cabe recordar que la mujer de 21 años fue reportada como desaparecida desde el pasado 15 de abril, sin embargo, los familiares de la víctima han denunciado que tras el reporte a las autoridades, buscaron dilatar el reporte de desaparición hasta pasadas las 72 horas.

Además, en medios de comunicación ha trascendido la versión de la mamá de la víctima, Claudia Edith Zaldívar, quien comentó:

“Les estoy preguntando a qué hora salió mi hija y no me dan respuesta, me piden el dinero por debajo del agua para que realicen su trabajo y no se vale”.

En entrevista para el medio Telediario, la mujer narró que el servidor público que le habría pedido dinero forma parte de la Fiscalía de la Ciudad de México, quien no le dio una cifra exacta, pero la mamá de Edith Guadalupe aseguró que contar con la evidencia de sus señalamientos.

Separan del cargo a servidor público por señalamientos

Está situación ha generado diversos cuestionamientos hacia las autoridades capitalinas y durante el encuentro con medios de comunicación, Alcalde Luján aseguró que se trata de un “señalamiento muy serio”, adelantó que ya se realiza una investigación al respecto:

“Se está realizando la investigación relacionada con esto. Como lo mencioné, como medida precautoria, en este momento se va a separar de sus labores en lo que continúa con la investigación”.

La fiscal reiteró que se trata de una investigación que buscan hacer cuanto antes, “tanto en el ámbito administrativo como penal para determinar si hubo un acto de corrupción como se recibió”.

Pese a los señalamientos de la familia, las autoridades capitalinas aseguraron que aún buscan determinar en qué parte del proceso de investigación desde la primera denuncia por desaparición se comenzó a retrasar o poner trabas:

“Eso es lo que hay que investigar muy bien y determinar en este caso si hay o no un retraso y quién es el responsable de este retraso. Es importante decir que en esta búsqueda inmediata, que para nosotros es fundamental, decía el comisionado, no hay que esperar 72 horas para iniciar con la investigación”.

El caso de Edith Guadalupe Váldez sacudió a la Ciudad de México y volvió a poner en el centro del debate la respuesta institucional ante la desaparición de mujeres. Lo que comenzó como un esfuerzo por conseguir empleo derivó en una tragedia que exhibió deficiencias y omisiones en la atención oficial.

La joven de 21 años fue encontrada sin vida en un edificio de la alcladía Benito Juárez tras varios días de búsqueda. El seguimiento de sus movimientos y la movilización familiar permitieron reconstruir los hechos y visibilizar las barreras que enfrentan quienes exigen justicia.

El inicio: una cita de trabajo y su último contacto

El día de su desaparición, Edith Guadalupe salió de su casa rumbo a una entrevista laboral. En medio de protestas, su familia, pendiente de su trayecto, se ha encargado de rememorar los detalles de su último contacto.

• La joven abordó un mototaxi de aplicación desde la colonia Magdalena Atlazolpa, en Iztapalapa.
• Mantuvo una breve llamada telefónica con su madre cerca de las 16:00.
• Compartió su ubicación en tiempo real con una tía, lo que permitió a la familia rastrear su destino.
• Su destino era un edificio sobre avenida Revolución, en Benito Juárez.

Cada uno de estos pasos fue documentado por sus familiares, quienes buscaron protegerla y, posteriormente, reconstruir su recorrido ante la falta de datos oficiales.

La búsqueda: obstáculos, protestas y evidencias obtenidas por la familia

La desaparición de Edith Váldes activó una respuesta inmediata de su entorno más cercano, frente a la escasa colaboración institucional.

• Familiares reportaron la desaparición ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y solicitaron acceso a videos de vigilancia.
• Declararon recibir negativas, solicitudes de dinero y respuestas ambiguas sobre el funcionamiento de las cámaras oficiales.
• Acudieron a vecinos y comerciantes, quienes proporcionaron grabaciones donde se observaba a Edith abordando la motocicleta y llegando al edificio.
• El personal de seguridad negó inicialmente su ingreso al inmueble; sólo tras la entrega de pruebas, admitieron su entrada.
• Ante la falta de respuestas, sus familiares organizaron bloqueos en Eje 6 Sur y Avenida Revolución para exigir acciones.

De esta manera, la búsqueda se sostiene principalmente por la presión y organización de la familia, que se ha dado a la tarea de documentar cada avance y manener la presión pública.

El hallazgo: ingreso oficial al edificio y reacción de las autoridades

El desenlace se produjo después de varias horas de protestas y presión social, que forzaron la intervención oficial en el lugar señalado por la familia.

• Peritos y personal ministerial ingresaron durante la madrugada al edificio en Benito Juárez.
• Hallaron un cuerpo dentro de una bolsa en el estacionamiento, que posteriormente fue identificado por la familia.
• Se activó el protocolo de feminicidio para la investigación de los hechos y la identificación de los responsables.
• Autoridades como Clara Brugada y Bertha Alcalde condenaron públicamente el crimen y anunciaron una revisión interna ante las denuncias de omisiones y corrupción.

Así, el caso expuso la urgencia de fortalecer los mecanismos de búsqueda, la transparencia institucional y la atención a las familias de víctimas en la capital.

La familia de Edith Guadalupe Valdés Zaldívar enfrenta una profunda indignación luego de que las autoridades hallaran el cuerpo sin vida de la joven de 21 años en el sótano de un edificio residencial en la Avenida Revolución 829, en la alcaldía Benito Juárez.

El hallazgo se produce tras dos días de búsqueda y una denuncia de desaparición interpuesta el mismo 15 de abril, día en que Edith no regresó a casa.

La familia había mantenido una intensa presión pública, bloqueando el Eje 6 Sur y la Avenida Santa María para exigir acciones inmediatas de las autoridades. La joven había sido citada en el edificio Murano por una supuesta agencia de modelos que le prometió empleo, según declaró su tía.

Irregularidades de la Fiscalía denunciadas por la familia

En diversas entrevistas concedidas a los medios de comunicación, la familia de Edith Guadalupe han evidenciado las omisiones e irregularidades desde que se pusieron en contacto con la Fiscalía de la CDMX.

La tía de la víctima denunció que cuando presentaron la denuncia de desaparición, las autoridades no tomaron en serio el caso e incluso insinuaron que la joven “se había ido con el novio o con las amigas”, además de que insistieron en que debían pasar 72 horas para investigar.

Del mismo modo, la tía de Edith reveló que, ante la no operación de la Fiscalía, la familia tuvo que contratar un investigador privado e “inyectar” mucho dinero para avanzar en una investigación que, insisten, fue únicamente de ellos.

Por otro lado, la madre de Edith, reveló a las afueras del edificio donde fue encontrada su hija que “las cámaras de C5 aquí sí sirvieron casualmente, y cuando les pedía las cámaras de mi domicilio no servían”.

Además, aseguró que la Fiscalía le pidió dinero para “hacer su trabajo”: “Me piden dinero por debajo del agua, no me dijo cantidad, pero aquí tengo los mensajes”.

Sanciones penales para la Fiscalía: Bertha Alcalde

Bertha Alcalde Luján, fiscal de la Ciudad de México, anunció que servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia enfrentarían sanciones administrativas y, si corresponde, consecuencias penales por posibles omisiones en el caso de Edith Guadalupe.

La investigación interna se activó después de que la familia de la joven denunció falta de acción, extorsión y malos tratos durante el proceso de búsqueda, según declaraciones recogidas por medios nacionales.

La funcionaria sostuvo que el caso se investigará bajo el protocolo de feminicidio y se comprometió a que ninguna omisión ni conducta ilegal quedaría sin sanción. Alcalde Luján afirmó que la FGJCDMX ofrecía acompañamiento permanente a los familiares y reiteró la obligación institucional de garantizar justicia y esclarecimiento del caso.

El caso de desaparición y posterior feminicidio de la joven Edith Guadalupe Valdés ha conmocionado a los habitantes de la Ciudad de México, debido a que una vez más, la familia de la víctima acusa haber enfrentado omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina.

La mujer de solo 21 años de edad salió de su domicilio en la colonia Magdalena Atlazolpa en la alcaldía Iztapalapa el pasado 15 de abril de 2026. A las pocas horas, sus familiares dejaron de tener contacto con ella, buscaron que las autoridades emprendieran acciones de inmediato, sin embargo, se toparon con la omisión que dilata la búsqueda, el tope de las 72 horas, una medida que no está en ningún protocolo.

Una investigación realizada por la familia de la víctima

María Elena declaró al medio N+ que fue a través de las acciones que emprendieron como familia que pudieron dar con la localización de la víctima:

“Nosotros hicimos toda la investigación, fue gracias a nosotros, Fiscalía no hizo nada, que sacáramos escritos y ese mismo día les entregamos todo”.

Cabe destacar que el día de 16 de abril su familia se manifestó a las afueras del inmueble ubicado en Avenida Revolución 829, en la colonia Nonoalco, de la alcaldía Benito Juárez, donde señalaron que podría estar la joven, un dato que la Fiscalía de CDMX negó.

Las autoridades capitalinas no solo rechazaron que la joven hubiese entrado al inmueble mencionado, donde se supone que tendría una entrevista de trabajo, la familia también acusa que un agente de apellido Frías les habría pedido dinero para proceder con los trabajos de investigación, según da cuenta una entrevista realizada por Telediario.

Fiscalía asegura actuación conforme a protocolo

La Fiscalía de Ciudad de México publicó esta mañana un boletín a través de sus redes sociales, donde destaca que Edith Guadalupe Valdés fue localizada sin vida, asegurando que desde el momento del reporte de desaparición se “activaron los protocolos correspondientes”.

La publicación ya supera el millón de comentarios en la red social X (antes Twitter), el cual ha ganado que los internautas le coloquen una nota la cual menciona lo siguiente:

“Como tal la propia familia hizo la búsqueda y solicitaron ayuda pero la fiscalía no ayudo en primera instancia con los permisos pertinentes”.

Internautas reaccionan al comunicado de autoridades de CDMX

Entre los comentarios que se destacan, se pueden leer los siguientes:

• “Acompañamiento mediante dinero, las cosas como pasaron, son una basura que no hicieron nada porque sus “funcionarios” no recibieron la propina adecuada, aun con pruebas y videos, prefieren cerrar los ojos, total lo suyo solo es cobrar, pendejos y miserables”.
• “Los protocolos de actuación, son el pedir dinero para agilizar, ignorar los datos investigados por la familia, y hacer caso omiso, hasta que exista una presión social, gracias a los cierres de avenida principales? Empiecen por aclarar, igual uno no entiende sus protocolos”.
• “Son unos ineptos completamente, la Fiscalía es una institución como cualquier institución actualmente, ni hacen su trabajo y siguen cobrando como si deberás, que triste que las familias sean quienes tengan que buscar, y que solo por presión social hicieron “su trabajo””.
• “De verdad no tienen vergüenza!! Se los están refutando en su cara que los familiares hicieron las investigaciones, que se negaron a apoyarlos al momento y aparte que les pidieron dinero para agilizar la investigación y aún así sacan comunicado. Que falta de sensibilidad”.

Mientras tanto, la fiscal Bertha Alcalde Luján aseguró que habrá consecuencias administrativas y de ser el caso, penales, contra los servidores públicos que han sido señalados por omisión en el caso de Edith Guadalupe, una declaración que sobresale en medio de la presión social.

La fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, anunció este 17 de abril que habría consecuencias administrativas y, en su caso, penales, para los servidores públicos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México señalados por omisión en el caso de Edith Guadalupe.

La funcionaria señaló que la investigación se realizó bajo el protocolo de feminicidio y reconoció los señalamientos de omisión hechos por la familia de la víctima, los cuales serán investigados.

Guadalupe salió de su casa el pasado 15 de abril en busca de empleo, sin embargo, sus familiares denunciaron su desaparición y comenzaron una investigación para dar con el paradero de la joven. Este 17 de abril, dos días después de ser vista por última vez, su cuerpo fue encontrado en el sótano de un edificio ubicado en la alcaldía Benito Juárez.

El inmueble donde encontraron el cuerpo se encuentra sobre Av. Revolución, casi esquina con Rubens.

La familia de Edith ha denunciado omisiones, extorsiones y malos tratos por parte del personal de la FGJCDMX, lo que ha derivado en una investigación interna.

Sanciones para funcionarios de la Fiscalía por el caso Edith Guadalupe

Alcalde Luján informó que ya inició una revisión exhaustiva sobre la actuación de los funcionarios y subrayó que ninguna omisión ni conducta fuera de la ley tendría cabida en el servicio público.

La fiscal afirmó que la conducta indebida de funcionarios, como lo denunciaron los familiares, resultó inaceptable y reiteró que se aplicarían sanciones administrativas y, en su caso, penales a quienes resulten responsables dentro de la Fiscalía o en otras instituciones relacionadas.

Además, la fiscal indicó que la dependencia mantiene acompañamiento permanente a los familiares de la víctima y reiteró el compromiso institucional con el acceso a la justicia y el esclarecimiento de los hechos.

Señalamientos de la familia hacia elementos de la FGJCDMX

Los familiares de Edith Guadalupe denunciaron que desde el día de la desaparición alertaron a las autoridades y solicitaron apoyo, pero no recibieron la cooperación esperada.

En declaraciones hechas a medios de comunicación con cobertura nacional como, los familiares indicaron que acudieron al edificio donde la joven fue citada para pedir acceso a las cámaras de seguridad, pero el personal se negó a proporcionar información.

Además, señalaron que en el Ministerio Público les pidieron esperar 72 horas y les sugirieron que tal vez Edith se había ido con amigas o con un novio.

La familia aseguró que fueron ellos quienes realizaron la investigación y entregaron a la Fiscalía toda la información y los escritos desde el primer día.

Consiguieron imágenes de cámaras particulares que confirmaron que Edith llegó al edificio en un mototaxi de aplicación, pero no se registró su salida del inmueble.

El últimas horas la familia ha declarado en entrevistas con medios que la FGJCDMX les solicitó dinero para poder avanzar con las investigaciones.

Asimismo, afirmaron que el avance en el caso fue el resultado de una inversión propia, mediante la cual contrataron a un investigador privado para dar avances.

Estas omisiones y la falta de respuesta inmediata por parte de las autoridades motivaron bloqueos y protestas por parte de sus allegados para exigir la localización de la joven y un trato adecuado al caso, hasta el día de hoy, que la FGJCDMX ingresó al inmueble y encontró a la joven originaria de la alcaldía Iztapalapa sin vida.

La visita del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, la próxima semana marca una fase de escrutinio internacional sobre México por la crisis de personas desaparecidas.

El hecho se da en un contexto de hallazgos recientes de restos óseos en las afueras de la Ciudad de México y tensiones abiertas entre el gobierno federal y organismos de Naciones Unidas por la dimensión del problema y la respuesta oficial.

La llegada de Türk tendrá lugar a sólo unos días del hallazgo de cientos de restos óseos en las inmediaciones de la capital por colectivos de familias que buscan a sus desaparecidos. La fiscalía local informa que por el momento esos restos corresponden al menos a tres personas.

El número de personas desaparecidas en México ya supera los 133 mil casos y la crisis forense sin precedente mantiene en morgues y fosas comunes más de 70 mil cuerpos sin identificar, de acuerdo con el último informe del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada (CED).

Crisis por personas desaparecidas exige acciones reales

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se reunirá con Türk la próxima semana, además de que el Alto Comisionado también sostendrá encuentros con funcionarios de la Cancillería y la Secretaría de Gobernación.

La mandataria anticipó que el gobierno mexicano informará a la ONU sobre las acciones implementadas para apoyar a las víctimas y atender el delito de desaparición.

A inicios de abril, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU (CED) presentó un reporte en el que solicitó que la Asamblea General de Naciones Unidas analice el caso México y sopese medidas de prevención, investigación, sanción y erradicación de las desapariciones forzadas.

La solicitud del comité representa una decisión inédita para el país y desató críticas del gobierno federal. Sheinbaum cuestionó el informe y argumentó que el análisis de la ONU ignora acciones recientes de su administración.

La presidenta insiste en que el estudio del comité toma como base casos de cuatro estados registrados entre 2009 y 2017, y sostiene que sus resultados “los extrapolan hasta 2025”.

En particular, Sheinbaum rechazó la afirmación del CED de que en México podrían configurarse las desapariciones forzadas como “crímenes de lesa humanidad”. Según la presidenta, ese tipo penal requiere la existencia de “ataques sistemáticos contra la población civil” cometidos por el Estado, y ella niega que se cumpla ese supuesto.

Recientes hallazgos óseos demuestran la magnitud del problema

La crisis no sólo tiene carácter social y judicial, sino también forense. El mismo informe del CED destaca la “crisis forense sin precedentes” que enfrenta México por la acumulación de cuerpos no identificados, cifra que supera los 70 mil.

Los hallazgos recientes visibilizan el conflicto cotidiano en varias regiones. El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó esta semana el hallazgo de “molares, placas y diversos indicios óseos” en una fosa séptica del Rancho Izaguirre, en las afueras de Guadalajara.

El sitio fue intervenido en 2023 por la FGR tras la denuncia del grupo sobre la existencia de restos óseos calcinados y decenas de prendas de vestir. Activistas que participan en estas búsquedas expresan que las pesquisas oficiales sobre el Rancho Izaguirre avanzan con lentitud, aunque ese lugar estaría identificado como centro de entrenamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las visitas de altos comisionados de la ONU no son nuevas en el país. Türk será al menos el tercero desde el año 2000, después de Louise Arbour en 2007 y Zeid Ra’ad Al Hussein en 2015.

El fenómeno de los desaparecidos en México hunde sus raíces en el último tercio del siglo XX, pero las cifras empeoran de manera abrupta desde 2006, cuando el Estado mexicano inicia su estrategia frontal contra el crimen organizado. Desde entonces, los conteos no han dejado de crecer.

Cinco cuerpos fueron extraídos de un pozo de riego abandonado en los límites de los municipios de Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas, en Guanajuato, entidad que ocupa el primer lugar nacional en homicidios dolosos y donde crecen los hallazgos de fosas clandestinas. La recuperación de los cadáveres, dos mujeres y tres hombres, expone una vez más la crisis de desapariciones en la región, según informes de autoridades estatales y colectivos de búsqueda de personas.

El hallazgo ocurrió tras varios reportes ciudadanos sobre olores nauseabundos provenientes del pozo. Grupos de búsqueda y personal de la Fiscalía General del Estado acudieron a la zona de sembradíos, apoyados por la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y Protección Civil estatal. Desde el lunes 13 de abril, los trabajos se concentraron en la extracción de los cuerpos, afectados por la dificultad del terreno y la profundidad del pozo.

Las autoridades informan que la zona permanece acordonada y con fuertes medidas de seguridad para proteger a quienes participan en las labores de búsqueda. La Fiscalía de Guanajuato mantiene el operativo activo, ya que se presume la posible existencia de más restos humanos en el sitio. Todos los cuerpos localizados han sido trasladados al Servicio Médico Forense, donde peritos intentan identificar a las víctimas y recabar pruebas.

El descubrimiento de fosas y cuerpos en Villagrán no es aislado. A finales de marzo de este año, un colectivo de búsqueda localizó ocho cuerpos dentro de un pozo en la comunidad de Mexicanos, también en Villagrán. En enero, autoridades y buscadoras hallaron dos fosas clandestinas en Santa Cruz de Juventino Rosas con al menos 18 cuerpos, resultado de la localización de 13 cadáveres íntegros y restos de cinco personas más en pozos agrícolas de las comunidades de San Antonio Morales y Franco Tavera.

De acuerdo con informes de inteligencia policial, Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas y Cortazar, donde se han concentrado los hallazgos recientes, son municipios con fuerte presencia y control del Cártel de Santa Rosa de Lima. Esta organización habría convertido la región en uno de los puntos más críticos para el descubrimiento de fosas clandestinas y narcopozos en el país.

En Cortazar, en la comunidad de Valencia de Fuentes, otra fosa clandestina fue ubicada en enero, con 15 cuerpos extraídos en operación conjunta entre autoridades y colectivos. La magnitud de este fenómeno también se replica en Irapuato, donde tan solo en los últimos seis años se han detectado 30 fosas clandestinas y se han exhumado los restos de 234 personas. Uno de los casos más recientes es el de la comunidad de La Calera, donde se recuperaron 32 cuerpos, convirtiendo esa fosa en la segunda más grande del estado, después de la de Salvatierra, en la que en octubre de 2020 fueron exhumados 81 cadáveres.

Las fosas localizadas en la zona agrícola de Irapuato, incluida la de Tamahula, correspondieron a seis cuerpos, que ya fueron identificados por el colectivo Hasta Encontrarte. La información oficial ubica a Irapuato y Villagrán como epicentro de una crisis forense, con múltiples hallazgos en cortos periodos y bajo la constante alerta de colectivos dedicados a la búsqueda de personas desaparecidas.

Las actividades del Cártel de Santa Rosa de Lima en estos municipios estarían directamente vinculadas a la proliferación de narcopozos y fosas clandestinas, según las autoridades. Tanto en Villagrán como en sus comunidades, la presencia de pozos utilizados como sitios de disposición de cuerpos coincide con operativos recientes y una disputa territorial contra grupos delictivos rivales.

El saldo de homicidios en la entidad también mantiene cifras alarmantes: en febrero pasado, Guanajuato registró 262 asesinatos, lo que ratifica su posición como el estado con mayor incidencia de homicidio doloso a nivel nacional.

Las autoridades estatales y federales informan que los trabajos de extracción e investigación siguen en marcha en Villagrán y zonas aledañas. Anticipan nuevas actualizaciones sobre el número total de víctimas y avances en la identificación, mientras familiares de personas desaparecidas mantienen la exigencia de acciones efectivas para frenar el fenómeno y garantizar la búsqueda de justicia.

Hallazgos de fosas en Guanajuato confirman crisis forense

La frecuencia de los hallazgos en pozos y fosas agrícolas en Guanajuato ha revelado la magnitud de la crisis de desapariciones y violencia. Solo en este año, autoridades y colectivos de búsqueda han localizado decenas de cadáveres en Villagrán, Santa Cruz de Juventino Rosas, Cortazar e Irapuato.

El uso de parcelas y pozos de riego abandonados como sitios de ocultamiento se ha convertido en uno de los métodos recurrentes de los grupos delictivos en la región. Las intervenciones suelen iniciarse tras reportes ciudadanos por olores inusuales.

La vinculación directa entre la actividad de cárteles y la proliferación de fosas clandestinas refuerza las alertas presentadas por los colectivos buscadores, que exigen mayor protección y recursos para continuar con la localización e identificación de víctimas.

Las zonas ya resguardadas por fuerzas federales permanecen bajo investigación, con equipos forenses que continúan recabando pruebas para fortalecer las indagatorias sobre el esclarecimiento de estos crímenes en serie.

• Al menos cinco cuerpos, dos mujeres y tres hombres, fueron recuperados de un pozo abandonado entre Villagrán y Santa Cruz de Juventino Rosas.
• Guanajuato registra hallazgos recientes de fosas y narcopozos, con más de 250 asesinatos en febrero y 234 cuerpos exhumados en Irapuato en seis años.
• Municipios identificados como zona de control del Cártel de Santa Rosa de Lima concentran la crisis de desapariciones en el estado.

Hay una imagen que no puedo sacarme de la cabeza. Es la de una mamá que revisa su celular por enésima vez en el día, buscando algo — cualquier cosa — que le diga dónde está su hijo. Una notificación, un mensaje, una pista. Mientras tanto, a pocos kilómetros de ella, alguien navega por internet buscando un par de zapatillas, escribe mal una URL, y llega a una página en blanco que dice “Error 404 — Página no encontrada”. Un espacio vacío. Un momento perdido. Una oportunidad desperdiciada, un espacio totalmente improductivo.

La iniciativa No Encontrado convierte cada uno de esos momentos en un afiche de búsqueda. En lugar del típico “Página no encontrada”, el visitante ve la foto de un niño o niña extraviado o perdido, su nombre, la fecha en que fue visto por última vez, el lugar, y un botón para llamar a la línea gratuita 142 o ver la ficha oficial completa.

La idea de convertir cada error 404 en una oportunidad para buscar a un niño o niña perdida y/o extraviada no apareció de un día para el otro. Fue una obsesión que me acompañó durante años — desde 2010, aproximadamente —, cuando empecé a visualizar lo que podría lograrse si internet pusiera al servicio de la búsqueda de personas esos millones de espacios vacíos que nadie aprovechaba. Durante seis años esa idea maduró, se transformó, buscó su momento. Hubo noches enteras dedicadas a imaginar la mecánica, a pensar cómo convencer al primer sitio de sumarse, a preguntarme si alguien más veía lo que yo veía: una red invisible de oportunidades desperdiciadas, millones de pantallas en blanco que podían mostrar la cara de un niño que alguien estaba buscando.

Finalmente, en 2016, la idea se hizo realidad. No Encontrado dejó de ser solo una idea para convertirse en una plataforma concreta, con sitios adheridos, con fichas de búsqueda reales, con la distinción de Interés Ciudadano de la Legislatura porteña como respaldo institucional.

Una idea que transformó un error en una oportunidad

La premisa siempre fue muy simple. Cada día, millones de personas en Argentina llegan a páginas de error 404 — esas pantallas genéricas que aparecen cuando una URL ya no existe, cuando alguien escribe mal una dirección, cuando un enlace viejo dejó de funcionar. Son millones de ojos mirando una página vacía. Millones de momentos de atención que se pierden en la nada.

No Encontrado convierte cada uno de esos momentos en un afiche de búsqueda. En lugar del típico “Página no encontrada”, el visitante ve la foto de un niño o niña perdida y/o extraviada, su nombre, la fecha en que fue visto por última vez, el lugar, y un botón para llamar a la línea gratuita 142 o ver la ficha oficial completa.

En 2016, con la idea ya materializada, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires declaró a No Encontrado de Interés Ciudadano. Este reconocimiento fue un impulso fundamental que validó nuestro rumbo. No obstante, la tecnología de aquel entonces presentaba limitaciones: la implementación era manual y demasiado artesanal.

Diez años después, todo cambió.

2026: el relanzamiento

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La diferencia con 2016 es abismal. Antes, sumarse requería contactarnos, coordinar, recibir instrucciones técnicas, implementar con ayuda. Ahora, el proceso es así de simple: entrás a nuestro generador de páginas 404 en www.ideasquetransforman.org/dashboard, elegís los colores de tu marca, tu logo, tus mensajes, descargás un archivo, y lo subís a tu servidor. Listo. Tu página de error 404 ya está mostrando afiches de búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Todo el proceso lleva menos de cinco minutos.

¿Tenés un sitio en WordPress? Hay un plugin que se instala con dos clics. ¿Usás Shopify para tu tienda online? Hay un snippet que se pega en un archivo. ¿Wix, Squarespace, Tiendanube, Drupal, Joomla? Para cada plataforma hay una integración lista. La barrera técnica que existía en 2016 ya no existe. Hoy, donar tu página 404 es tan fácil como compartir un posteo en redes.

Y esto es fundamental, porque el impacto de No Encontrado depende de una sola cosa: la cantidad de sitios adheridos. Cada sitio que se suma es un nuevo punto de difusión. Cada error 404 de ese sitio se convierte en una oportunidad de que alguien vea la cara de un niño o niña que necesita ser encontrado. Cuantos más sitios se sumen, más grande es la red. Más grande la red, más probable que la persona correcta — esa vecina que vio algo raro, ese comerciante que recuerda una cara, ese taxista que llevó a alguien — vea el afiche en el momento justo.

El Alerta Sofía: cuando la tecnología amplifica una búsqueda urgente

Se llama Alerta Sofía. No la inventamos nosotros — es el Sistema de Alerta Nacional creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, inspirado en el AMBER Alert de Estados Unidos. Lleva el nombre de Sofía Herrera, una niña de 3 años que desapareció en 2008 en un camping de Tierra del Fuego, un caso que estremeció al país entero y puso en evidencia la necesidad urgente de un mecanismo de difusión masiva para buscar a niños y niñas en peligro.

Lo que hicimos desde No Encontrado fue preguntarnos: ¿cómo podemos amplificar ese alcance? ¿Cómo podemos poner la tecnología y la solidaridad de toda una comunidad de sitios web al servicio de esa búsqueda urgente?

Funciona así: cuando las autoridades activan una Alerta Sofía, nosotros podemos, con un solo clic, transformar todas las páginas de error 404 de todos los sitios que se sumaron a No Encontrado en todo el país. Todas. Al mismo tiempo. En segundos.

La tienda online que vendía remeras. El blog del estudio contable. La página del restaurante de la esquina. El portal de la facultad. El sitio del sindicato. Cada una de sus páginas de error 404 deja de mostrar las fichas regulares de búsqueda y pasa a mostrar el mismo rostro, el mismo nombre, la misma urgencia: la del niño o niña de la Alerta Sofía.

No requiere que el dueño del sitio haga nada. No recibe un mail. No tiene que tocar un botón. No tiene que actualizar nada. La transformación es instantánea y automática. Miles de páginas en todo internet argentino, todas mostrando la misma cara, el mismo número de teléfono de emergencia, el mismo pedido desesperado de ayuda.

Es la comunidad tecnológica sumándose espontáneamente a una búsqueda urgente del Estado. Es internet poniéndose al servicio de una familia que necesita encontrar a su hijo o hija. Es la solidaridad convertida en código.

Y cuando la alerta concluye — porque el niño o niña fue encontrado, porque las autoridades cerraron la búsqueda — todas las páginas de error 404 vuelven automáticamente a su modo normal, mostrando las fichas regulares de búsqueda del RNIPME. Sin intervención. Sin aviso. Sin que nadie tenga que hacer nada. La red vuelve a su funcionamiento habitual, lista para la próxima vez que se la necesite.

Un sistema que vigila cuando nadie está mirando

Detrás de esta integración con la Alerta Sofía hay un sistema de monitoreo que trabaja las 24 horas sin descanso. Cada 6 horas, de forma completamente automática, nuestra plataforma consulta tres fuentes oficiales: el sitio del Ministerio de Seguridad, el del Ministerio Público Fiscal (PROTEX), y Missing Children Argentina. Si detecta un cambio en alguna de estas fuentes — una nueva publicación, una nueva alerta, una modificación en el contenido — nos avisa inmediatamente.

El sistema consulta automáticamente los datos disponibles: nombre, edad, lugar, foto. El operador revisa, confirma que se trata de una alerta real, ve una vista previa de exactamente cómo se verá en las páginas 404 de toda la red, y activa. Un clic. Miles de páginas transformadas. La infraestructura digital de cientos de empresas y organizaciones puesta al servicio de una búsqueda urgente, gracias a la generosidad de quienes decidieron donar su página 404.

No conozco otro sistema en Latam que haga esto — que tome un protocolo de emergencia estatal y lo amplifique a través de una red colaborativa de sitios web privados.

Por qué sumarse importa

Cada sitio web que se suma a No Encontrado está haciendo algo extraordinariamente simple y extraordinariamente poderoso al mismo tiempo: está donando un espacio que no usa — su página de error 404 — para una causa que puede cambiarle la vida a una familia entera.

No cuesta dinero. No requiere mantenimiento. No afecta el funcionamiento del sitio. No consume recursos técnicos. El archivo 404.html que generamos pesa unos pocos kilobytes y solo se activa cuando alguien llega a una URL que de todos modos no existe.

Pero ese gesto mínimo, multiplicado por cientos o miles de sitios, crea algo que individualmente sería imposible: una red de difusión permanente, automática, distribuida en todo internet argentino, que trabaja las 24 horas del día mostrando afiches de búsqueda de niños y niñas desaparecidos. Y que, cuando el Estado activa un Alerta Sofía, se transforma en un sistema de amplificación masivo capaz de poner la misma cara en miles de pantallas al mismo tiempo.

Una plataforma en construcción

Esta nueva versión de No Encontrado está en fase beta. Estamos relanzando nuestra plataforma, reconstruida íntegramente desde cero con nuevas tecnologías, múltiples integraciones y un sistema de amplificación de Alerta Sofía inédito hasta la fecha. Debido a esta transformación, es posible que se realicen ajustes durante los próximos dos o tres meses. Van a aparecer errores. Vamos a ir corrigiéndolos sobre la marcha, uno por uno, con la misma obsesión con la que construimos cada pieza de esta plataforma.

Pedimos paciencia y comprensión. Lo que estamos armando es complejo y ambicioso, y preferimos salir al mundo con una plataforma funcional e ir puliéndola en contacto con los usuarios reales, antes que esperar a que todo sea perfecto — porque mientras esperamos la perfección, hay niños y niñas que necesitan ser buscados hoy.

Si encontrás un error, si algo no funciona como debería, si tenés una sugerencia — escribinos. Cada reporte nos ayuda a mejorar la plataforma. Cada ajuste que hacemos acerca la herramienta a su mejor versión. Y cada día que pasa con la plataforma activa, aun con sus imperfecciones, es un día en el que páginas de error 404 que antes estaban vacías ahora muestran la cara de alguien que necesita ser encontrado.

Hoy, sumarse toma cinco minutos. Hay plugins para cada plataforma. Hay un generador visual que no requiere saber una sola línea de código. Hay una API documentada para los que quieran integrar directamente. Y hay un sistema que, cuando el Estado activa una Alerta Sofía, convierte a cada sitio adherido en parte de una red de amplificación nacional.

Lo único que falta es que más sitios se sumen. Cada uno cuenta. Cada error 404 que deja de estar vacío es un afiche más en la calle más transitada del mundo: internet.

Si tenés un sitio web, una tienda online, un blog, un portfolio, una página institucional — entrá a www.ideasquetransforman.org/dashboard y doná tu página 404. Son cinco minutos que pueden hacer la diferencia entre una familia que busca y una familia que encuentra.

*Jorge Monastersky es asesor en protección de datos y riesgo digital para directorios, organizaciones, gobiernos y organismos en América Latina.

La eliminación del mural “30 Mil Motivos” en el Centro Cultural Osvaldo Soriano de Mar del Plata expuso un conflicto de alto alcance en la gestión del patrimonio cultural. La obra, una creación del histórico artista local Osmar Freites inaugurada en 2014 y homenaje a los 30 mil desaparecidos durante la dictadura militar en Argentina, fue cubierta en su totalidad con pintura.

El hecho fue documentado por imágenes difundidas en redes sociales y convirtió rápidamente al mural en fuente de tensión y polémica entre sectores políticos y culturales. Según la denuncia inicial de la concejal Melisa Centurión, la intervención se configuró como un posible “acto de vandalismo insólito” bajo responsabilidad del gobierno local.

Más allá de la controversia estética y simbólica, la acción generó consecuencias administrativas inmediatas: Centurión confirmó que impulsa un proyecto de investigación para determinar si la eliminación de la obra implica delitos o infracciones vinculadas al patrimonio. Y convocó “a la comunidad artística marplatense y a los organismos de Derechos Humanos, Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, para consensuar, coordinar y concretar” la restauración de la obra dañada.

“El lunes a primera hora presentaremos una iniciativa para que se investigue la posible comisión de delitos e infracciones vinculadas a este hecho vandálico”, informó Centurión desde sus redes sociales.

La edil atribuyó la medida “a sectores ideológicamente alineados con el gobierno nacional” y definió el avance como una “provocación” dirigida al proceso de memoria colectiva. Además, la funcionaria exigió disculpas públicas para la familia de Freites y los organismos afectados.

El mural “30 Mil Motivos”, considerado un testimonio visual clave en la escena cultural local, había ocupado un lugar central en la agenda artística y de derechos humanos desde su develación en 2014. Osmar Freites, el artista detrás de la obra, cultivó una trayectoria reconocida por su compromiso con la memoria y los derechos humanos en Mar del Plata. Su fallecimiento en junio de 2015 en La Caleta, donde vivía y trabajaba, marcó el cierre de una etapa de producción vinculada directamente a la reivindicación de los desaparecidos.

Para Centurión, la acción trasciende la esfera administrativa: “No vamos a permitir que la ignorancia negacionista intente ‘blanquear’ la historia trágica de los argentinos”.

“La provocación es la estrategia de los incapaces para ocultar su irrelevancia”, concluyó la concejal marplatense.

La obra se descubrió a finales de marzo del 2014, en el marco del Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia. “Agradecemos a los artistas, a Osmar Freites que ha encabezado este trabajo para llevar adelante este mural. Estamos muy orgullosos que Mar del Plata utilice el arte como expresión clara de repudio de las situaciones que no queremos que ocurran más en nuestra ciudad y nuestro país", había declarado en ese momento el entonces secretario de Cultura, Leandro Laserna.

Y determinó en aquel entonces: “Con nuestros artistas hemos podido inaugurar un mural que tiene que ver con tener un ícono, lugar y espacio que sea visitado por miles de vecinos y turistas para mantener viva la llama de la memoria. También para que situaciones que ocurrieron en el país, que son de mucha gravedad y conocidas por todos para que no vuelvan a suceder”.

La respuesta del municipio

Fuentes del Poder Ejecutivo informaron al medio local 0223 que la eliminación del mural fue atribuida a la necesidad de reparaciones en la medianera y que la propietaria de la vivienda presentó una nota detallando que existían filtraciones en la pared, motivo por el cual decidió realizar los trabajos correspondientes.

El Municipio aclaró que el muro es propiedad privada y no forma parte de las instalaciones de la biblioteca municipal, y que la mujer había autorizado previamente la realización del mural. Y confirmaron que la propietaria prevé autorizar una nueva pintura artística después de que las obras de reparación concluyan.

La organización Impunidad Cero informó que en México la impunidad en delitos de desaparición alcanzó 99.6% entre 2019 y 2022, de acuerdo con un análisis basado en solicitudes de información dirigidas a poderes judiciales estatales y al ámbito federal.

En ese periodo se contabilizaron 35 mil 669 desapariciones, mientras que sólo se registraron 141 sentencias condenatorias por desaparición forzada y desaparición cometida por particulares.

El informe detalló que siete entidades —Aguascalientes, Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca, Quintana Roo y Yucatán— no reportaron ninguna sentencia condenatoria en esos cuatro años, lo que se tradujo en niveles de impunidad absolutos.

En contraste, Guanajuato concentró el mayor número de condenas con 28 casos, seguido por Estado de México con 20, Michoacán con 11 y Nuevo León con 9, aunque en ningún caso se superaron las 30 resoluciones judiciales.

El análisis señaló que incluso las entidades con menores niveles de impunidad mantuvieron cifras superiores a 95%. Campeche registró 95.2%, Colima 97.5% y Guanajuato 97.8%, lo que evidenció que la mayoría de los casos permanecieron sin sanción.

En cuanto a la evolución anual, el documento indicó que en 2022 se alcanzó un máximo histórico con 9 mil 68 personas desaparecidas y no localizadas. Del total de víctimas, 74% correspondió a hombres y 26% a mujeres. Asimismo, identificó una tendencia de crecimiento sostenido en las desapariciones desde 2006, con descensos marginales en algunos años.

El reporte advirtió que uno de los factores que dificultan la persecución penal es la falta de homologación entre la Ley General en materia de desaparición y las legislaciones estatales, lo que complica la clasificación de los delitos y el registro de los casos. A ello se suma la inexistencia de un Banco Nacional de Datos Forenses, previsto en la ley pero no implementado, lo que limita la identificación de personas y el avance de investigaciones.

Actualidad en 2026

Impunidad Cero sostuvo que las desapariciones en el país se vinculan con dinámicas de macrocriminalidad, en contextos de violencia generalizada y presencia del crimen organizado, así como con omisiones de autoridades. El informe también señaló que las personas migrantes enfrentan riesgos adicionales, entre ellos extorsión, secuestro y violencia sexual.

El documento agregó que colectivos de familiares y madres buscadoras continúan expuestos a condiciones de riesgo y revictimización, sin contar con mecanismos suficientes de protección. Con base en estos elementos, la organización concluyó que la probabilidad de obtener una sentencia condenatoria por desaparición es prácticamente nula, mientras miles de casos permanecen sin resolución.

Al menos dos personas han muerto y 71 más están desaparecidas tras el naufragio el sábado de una embarcación de madera en el Mediterráneo, cerca de las costas de Libia, según ha informado la ONG alemana Sea Watch.

“Hoy se ha comprendido la magnitud del horror: 105 personas iban a bordo. Solo 32 sobrevivieron, rescatadas por los cargueros ‘Saavedra Tide’ y ‘Ievoli Grey’. Esta mañana, los supervivientes y dos cuerpos fueron trasladados a Lampedusa. 71 personas siguen desaparecidas”, ha informado la organización en un comunicado.

Sea Watch ha podido localizar el lugar del siniestro con su avioneta ‘Sea Bird 2’ tras una llamada de auxilio emitida el sábado y comprobó que había una embarcación volcada tras zozobrar y que los dos buques mercantes, ambos británicos, estaban ya en el lugar. Desde el ‘Sea Bird 2’ han podido fotografiar los restos de la embarcación antes del rescate.

“El ‘Saavedra Tide’ finalmente desplegó un bote salvavidas y ambos buques mercantes rescataron a los supervivientes. Se han confirmado al menos dos cadáveres”, ha añadido Sea Watch.

Entonces una autoridad no identificada, “presumiblemente la guardia costera libia” ordenó el traslado de los supervivientes, ha explicado la ONG, que recuerda que “Libia no es un puerto seguro”. Además, ha destacado que tanto las autoridades británicas como el avión de vigilancia ‘Eagle 3’ de Frontex está al tanto de la situación.

“Este último naufragio no es un trágico accidente sino, más bien, la consecuencia de las políticas de los gobiernos europeos que rechazan abrir vías de acceso seguras y legales”, señaló Mediterranea Saving Humans.

“Hace apenas cuatro días, 19 cadáveres, congelados, fueron trasladados a Lampedusa. No se trata de incidentes aislados, sino de un patrón de políticas fronterizas mortales. No olvidaremos a los fallecidos ni perdonaremos a los políticos responsables”, ha remachado Sea Watch.

Otra ONG, Mediterranea Saving Humans, ha explicado que la embarcación partió desde Tajura con 105 mujeres, hombres y niños “huyendo de Libia”, pero naufragó en la zona de rescate que corresponde a las autoridades libias, a 14 millas náuticas al noreste de las plataformas petrolíferas de ENI-NOC.

Mediterranea Saving Humans ha destacado que la presencia de Sea Watch ha “impedido” que los supervivientes fueran enviados de vuelta a Libia y ha confirmado que han llegado en la mañana del domingo a la isla italiana de Lampedusa.

En lo que va de año, 683 personas migrantes murieron o fueron declaradas desaparecidas en el Mediterráneo central, según la Organización Mundial para las Migraciones (OIM).

A las costas italianas llegaron 6.175 migrantes en ese mismo periodo, según las últimas cifras del Ministerio italiano del Interior, actualizadas el 3 de abril.

(Con información de EP y AFP)

Patricia Bernardi, investigadora y miembro fundadora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), camina entre los restos óseos del laboratorio que tiene a su cargo, dispuestos sobre camillas metálicas, en un edificio dentro del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA). Estos restos serán restituidos a sus familiares. En una exposición frente a periodistas, a 50 años del golpe de Estado de 1976, el más sangriento de la historia argentina, la antropóloga forense cuenta cómo el equipo desde hace 40 años continúa abocado a la compleja tarea de identificación de las víctimas de desaparición forzada.

El EAAF es una organización científica, sin fines de lucro, independiente de cualquier partido, agrupación política o gobierno. Por medio de técnicas de la antropología social, la arqueología, la antropología forense, la informática y la genética, investiga casos de personas desaparecidas o muertas como consecuencia de procesos de violencia política y/o criminal en diversas partes del mundo.

El recorrido de estos antropólogos forenses es extenso, interdisciplinario e involucra tres etapas: la investigación preliminar (histórica) del caso; luego, la búsqueda y exhumación arqueológica de los restos óseos; y finalmente, el análisis antropológico y genético, con el objetivo de identificar los restos y aportar elementos de prueba a la justicia.

En el laboratorio se apilan cajas y más cajas con restos de personas que fueron enterradas como NN, encontradas en fosas comunes y aun se desconoce su identidad. Las campañas del equipo alientan a los familiares de desaparecidos a acercarse a dejar una muestra de sangre para identificarlos y restituir sus restos. Lo ideal es que lo hagan los parientes de primera generación como padres, hijos y hermanos, sin embargo primos, tíos y nietos también pueden aportar su muestra (0800-345-3236). Cuanto más pasa el tiempo, la última búsqueda —la de los familiares— se vuelve más difícil, pero no se pierde la esperanza.

Patricia Bernardi narra en primera persona, su trabajo en el sector 134 del Cementerio de Avellaneda, en la provincia de Buenos Aires, donde se produjo el mayor hallazgo logrado a lo largo de 40 años de búsqueda. En ese momento, con el regreso de la democracia se habían abierto numerosas causas judiciales que indagaban en el uso de los cementerios municipales como lugares de destino final de las víctimas del terrorismo de Estado.

La cifra de las posibles víctimas de desaparición forzada, inhumadas como NN en este sector asciende a 245. Pero las exhumaciones realizadas desde 1987 revelaron un total de 336 cuerpos, dejando en evidencia la existencia de entierros clandestinos y omisión de registros oficiales. La tarea fue extensa, compleja, llena de toda clase de obstáculos, que pusieron a prueba su determinación. Nada los hizo retroceder.

Los jóvenes entrenados por el antropólogo forense norteamericano Clyde Snow estaban dispuestos a superar cada adversidad, para reconstruir la identidad y la historia de los jóvenes que fueron enterrados allí, en fosas comunes, llamadas “vaqueras”, muchos con lesiones perimortem (producidas alrededor de la muerte).

Desde 1984, el EAAF investigó más de cien lugares en los que testimonios de sobrevivientes, vecinos, trabajadores de ámbitos como morgues y cementerios e integrantes de la estructura represiva quienes señalaron como posibles sitios de inhumación. Otras hipótesis se construyeron con base en la investigación de fuentes documentales, por ejemplo a partir del análisis de causas judiciales iniciadas en el momento de los hechos frente al hallazgo de cadáveres en calles, terrenos descampados o costas.

Al cementerio de Avellaneda llegaron en octubre de 1986. “La Cámara Federal nos solicita que hiciéramos una exhumación en el cementerio porque había recibido una denuncia donde supuestamente Rafael Perrotta, que era el director de El Cronista Comercial, había sido enterrado ahí, en el cementerio de Avellaneda. En ese momento el equipo recién estaba en los inicios, o sea que no hacíamos la parte de investigación. Los jueces o de distintas provincias o la Cámara Federal solicitaban nuestros servicios y nosotros íbamos y hacíamos nada más que la parte de arqueología”, relata Bernardi.

El equipo fue con el juez, la policía y el lugar que se había señalizado era el sector 134. “Está entrando en la puerta principal del cementerio, hacia la izquierda, bastante al fondo. Era un predio de trescientos metros cuadrados que estaba cercado, por una pared de ladrillos de un metro setenta y cinco más o menos, separándolo del resto del cementerio”, describe. La particularidad del lugar, aislado, es que tenía acceso por una entrada propia desde la calle.

“Cuando entramos, todo era medio desconcertante porque estaba repleto de vegetación. No eran pastitos, eran casi árboles, había ataúdes, había estructuras metálicas, lo que está dentro del ataúd que se utiliza para las bóvedas para que no emanen los olores del cuerpo a medida que se va descomponiendo. Había huesos, que no eran los que íbamos a buscar, pero es algo bastante típico en los cementerios de encontrar”.

Nadie sabía en esa superficie dónde se encontraba la supuesta fosa y un sepulturero, hablando con el juez, marcó siete u ocho pasos y dijo: “Acá”.

“Algo hay que hacer”

Demarcaron una cuadrícula de dos m por 1 m como suelen realizar y pusieron manos a la obra. “A la media hora veíamos que la fosa venía difícil, porque se nos había dicho que era una fosa individual y era una fosa común. Llegado un momento dijimos: ‘Bueno, hasta acá llegamos’. Habíamos dejado al descubierto once cráneos”. Ya sabían que no era trabajo de un día y que había que hacer un trabajo de investigación para saber quiénes eran las otras personas, si es que alguno de ellos era Perrotta.

Entre esos restos no estaba Perrotta, que había desaparecido un 13 de junio de 1977, a los 57 años. La mayoría de los restos era de gente joven, herida de bala. Hasta la actualidad, los restos de Rafael Perrotta no han sido identificados y el periodista continúa desaparecido.

“Algo hay que hacer”, se dijeron: sabían que encontrarían más cuerpos.

En ese momento, el equipo no tenía acceso a la causa judicial ni competencias para excavar e investigar a fondo. Esto cambió unos meses más tarde, cuando Matilde Cerviño, madre de la desaparecida María Teresa Cerviño, solicitó su intervención como peritos de parte en la investigación judicial sobre el homicidio de su hija, secuestrada en abril de 1976 y localizada en el cementerio. Todavía en dictadura, su mamá, había localizado la causa judicial que registraba el asesinato y en la que figuraba su traslado a la morgue de Avellaneda. No había logrado, sin embargo, recuperar el cuerpo. A partir de 1983, ese expediente había documentado el testimonio de funcionarios y empleados del cementerio que afirmaban que en el sector 134 “enterraban los cadáveres que dejaban de noche las fuerzas de seguridad abandonados en las galerías”; que el muro se había construido “para que los transeúntes no viesen los cadáveres NN, dejados por los bomberos, por la policía o por hospitales”.

“Ya éramos peritos, teníamos acceso a la causa judicial y con eso empezamos en la oficina a hacer la investigación. Ya podíamos ir y excavar, pero no tenía sentido, porque no sabíamos nada de lo que había sucedido en ese sector, que eran trescientos metros cuadrados”, explicó la antropóloga forense. Desde entonces, pudieron revisar expedientes, libros de inhumaciones y actas de defunción, lo que permitió cruzar información sobre la fecha de ingreso y las características de los restos en el sector 134.

Las vaqueras

Mientras leían la causa judicial, un sepulturero comenzó a aportar información y a partir de él, otros siguieron su ejemplo. Contaron que en el sector 134, que había sido utilizado entre fines de 1975 y 1978, estaban obligados a cavar vaqueras. Vaqueras es un sinónimo de fosa y es donde entra una vaca. Eran pozos de dos metros de largo por dos de ancho, por dos de profundidad. “Ellos en ningún momento decían si estaban obligados a enterrar los cuerpos. Estaban obligados, sí, y eso sí lo sabemos, amenazados de que tenían que abrir los pozos, generalmente en horas extrañas, para que fueran utilizados. Esas vaqueras eran reutilizadas. Indudablemente lo que uno piensa es: abren y siguen tirando gente: unos del 76, y otros del 77”.

“Mientras algunos seguían con la lectura de la causa judicial, también vimos los libros del cementerio. Lo que buscábamos era la ubicación de todos los que estaban en la 134. En el libro del cementerio aparecía una fecha de inhumación, porque lamentablemente la fecha de muerte muchas veces no estaba en el cementerio de Avellaneda. Eso es una irregularidad bastante propia de este cementerio. Pero también tenía el sexo de la persona y la edad. También nos fuimos al Registro Nacional de las Personas para ver las actas de defunción que decían en el libro del cementerio. Fue un trabajo muy amplio el que hicimos con las actas de defunción, porque no lo hicimos solo para el cementerio de Avellaneda, sino que hubo un relevamiento de todos los NN relativamente jóvenes con causa de muerte traumática”, dijo sobre el minucioso cruce de información.

El hallazgo de cuerpos reveló patrones de violencia sistemática. La mayoría de los restos correspondía a jóvenes adultos con heridas de proyectil, sin vestimenta ni pertenencias personales, lo que dificultó la identificación inicial. Sin embargo, el buen estado de conservación de los huesos en Avellaneda se destacó positivamente frente a otros cementerios, permitiendo análisis.

Todos los que tenían causa traumática los relevaron. “Si decía hemorragia interna, sabía que faltaba decir herida de bala. Los que murieron por intoxicación de cianuro, quienes se tomaron las pastillas, en algunos casos figuran como intoxicados y otros como edema agudo de pulmón.“ Esto lo fuimos averiguando con el tiempo, cuando identificábamos y después veíamos el acta de defunción que ponía el policía. Hay un último renglón que dice ‘observaciones’ y ponían las características de la ropa del cadáver. En Avellaneda hay muchos interrogantes. Uno de ellos es ¿qué hacían con la ropa? Suponemos que por una cuestión práctica hicieron un pozo y la quemaron, pero nunca nadie nos pudo contar qué pasaba con la ropa”, señaló la investigadora.

La realidad del cementerio evidenciaba graves irregularidades. La fecha de muerte de las víctimas con frecuencia no figuraba en los registros, y las actas presentaban datos fragmentarios o inconsistentes.

El procedimiento de excavación implicó la limpieza total del terreno y la implementación de una cuadrícula de 41 unidades de excavación, de dos metros de lado cada una, separadas por pasillos para facilitar el movimiento de tierra. Este método permitió sistematizar la búsqueda en un trabajo que se extendió por cuatro años. Durante la excavación, el equipo enfrentó complicaciones logísticas, climáticas y también de seguridad.

En ese trabajo quirúrgico, en una de las cuadrículas, a los cuarenta centímetros encontraron un esqueleto. Dijimos: “Ah, estamos a quince centímetros muy arriba. Después apareció todo un nivel de tierra y aparecen más esqueletos. Entonces, dijimos: “Bueno, dimos con una de las vaqueras”. Ahora, ¿qué es? ¿La vaquera de 1976, 1977 o 1978? No teníamos ni idea", recordó. En ese entonces usaban la morgue para cambiarse. No tenían luz, ni agua y hasta que el municipio acondicionó ese espacio pasó casi un año. Por esa razón dejaban los esqueletos en el lugar donde eran hallados, in situ.

La seguridad fue otro aspecto que les dio más de un dolor de cabeza, según Bernardi. Ellos por ser peritos, tenían una custodia en el sitio. Les habían asignado la comisaría cuarta de Avellaneda, que era la que estaba involucrada en la entrada de dos cuerpos. “Entonces, la policía quería sacarnos información a nosotros, nosotros a la policía y en verdad a los tres o cuatro meses se fueron y dijimos: ‘Está bien, basta, no queremos seguridad’. Después, un ministro de La Plata nos prestó su seguridad personal, pero era todo un engorro”, explicó.

Mäs tarde llegaron los robos, desde elementos cotidianos a aquellos que interfirieron en su trabajo gravemente. “Los primeros robos que tuvimos eran de cosas materiales: la pava, la radio, etc. Ya estábamos casi en el segundo o tercer año que tuvimos un robo jodido, porque de una fosa robaron cuatro cráneos. Y eso nos trajo bastantes problemas, hicimos las denuncias, pero es un problema: cómo decirle al familiar que sí teníamos el cráneo de su hijo, esposo, padre, y que lo robaron. Los que estudian Medicina y Odontología suelen ir a los cementerios y con unos pesos bajo la mesa le dan cráneos los sepultureros. Lo que pasa que estos fueron unos hijos de puta que sacaron lo que nosotros habíamos descubierto”, se lamenta.

Información a resguardo

Según Bernardi, los recursos muy limitados y no disponían de equipos de filmación que permitieran registrar el proceso. Por esa razón, decidieron no convocar a la prensa hasta completar las excavaciones, ya que el predio era abierto y temían que la difusión temprana del hallazgo generara interferencias o riesgos para el trabajo. No obstante, mantuvieron contacto con la BBC de Londres, no por considerarla más importante que los medios argentinos, sino porque contaba con tecnología adecuada para registrar imágenes y difundirlas en el exterior, lo que el equipo consideraba una forma de resguardar la información que estaban reuniendo.

A medida que avanzaban las excavaciones, la cantidad de datos y evidencia acumulada crecía de manera significativa, lo que generó preocupación entre los investigadores sobre cómo proteger ese material. Esa preocupación se agravó durante uno de los levantamientos carapintadas, cuando el equipo evaluó la posibilidad de que un eventual retorno de los militares pusiera en jaque la información reunida y la continuidad de la investigación.

En las vaqueras, los esqueletos estaban ubicados no todos orientados hacia el mismo lugar, sino uno mirando para un lado y otro para el otro, para “que entrara más cantidad de personas”. Siempre estaban desnudos. Advirtieron que las personas mayores, se trataba de gente que sí tenía ropa y no tenían lesión. ”Hablando con los sepultureros, esos eran los NN, pero los indigentes, personas mayores que murieron en la calle y también entraron en el sector 134. Palabras textuales: ‘Como tenían piojos, pulgas, nosotros no les sacábamos la ropa’. Entonces, para nosotros, claramente, ese era un indicador. O sea, las personas mayores con ropa sin lesión no era lo que nosotros estábamos buscando".

Un caso determinante fue la identificación de una mujer con una operación cardíaca practicada por el cirujano René Favaloro en 1976, lo que permitió establecer su identidad y reconstruir el recorrido de su detención. Asimismo, el caso de Luis Jaramillo se resolvió a través de la correspondencia entre una prótesis dental y el testimonio de su esposa.

La cuadrícula D5 expuso otros elementos reveladores, como la superposición de tres mujeres que presentaban cinco impactos de bala cada una en la pelvis, indicio probable de un mismo evento violento. En la misma sección, la presencia de niños desaparecidos, incluida la identificación genética del hermano de Karina Manfil por la Universidad de Berkeley bajo la dirección de Mary Claire King (pionera en genética aplicada a derechos humanos), marcó uno de los primeros casos de identificación mediante ADN aplicadas a desapariciones forzadas en la Argentina, en la década de 1990.

En ese entonces, el testeo solo era posible uno a uno, es decir entre una muestra tomada de un hueso y una muestra de sangre donada por un familiar, y se hacía en Estados Unidos. Por eso, para realizar un cotejo de ADN había que partir de una hipótesis sólida. Entre los esqueletos recuperados, uno pertenecía a un niño de 9 años, edad que no era frecuente entre las personas desaparecidas. Se trataba de Carlos Alberto Manfil, quien había sido asesinado con su papá Carlos Laudelino y su madre, Angélica Zárate, también encontrados en el sector 134 e identificados en el mismo momento.

El estudio de los registros y los testimonios de sepultureros permitió reconstruir circuitos de represión y traslado de personas desaparecidas entre La Plata, zona sur y el propio cementerio de Avellaneda. Uno de los casos mejor documentados fue el de cuatro jóvenes oriundos de Bahía Blanca, vistos en centros clandestinos y finalmente asesinados y enterrados clandestinamente tras el ingreso de camiones militares por una entrada secundaria.

Entre los 336 cuerpos exhumados, Bernardi detalló que catorce correspondían a bebés o fetos derivados de hospitales y unos sesenta a personas mayores indigentes. La mayoría restante corresponde a víctimas de desaparición forzada. Hasta la fecha, 119 personas fueron identificadas mediante técnicas de ADN y métodos antropológicos, mientras que más de 126 aún esperan nombre y contacto con familiares.

En el aniversario del golpe del 76, el EAAF lanzó una Web de visualización de datos e historias sobre el sector 134: Cementerioavellaneda.eaaf.org. En las páginas, se puede observar entre otros datos, las identificaciones de personas junto a las están sin identificar, agruparlas por sexo, edad, año de desaparición, causa de muerte y año de identificación.

La enorme dificultad de la tarea reside en la falta de familiares directos disponibles para las pruebas genéticas, dado el paso del tiempo. Bernardi precisó que existen “11.750 muestras de referencia” de familiares, pero muchas veces solo se cuenta con sobrinos, lo que complica la correspondencia genética. El proceso ha debido adaptarse a la realidad de la exhumación y las condiciones de cremación actuales, que en ciertos casos imposibilitan toda identificación.

La identificación de estas personas no sólo restituye identidad a las víctimas de desaparición forzada, sino que reconstruye los circuitos del terrorismo de Estado en la Argentina y el funcionamiento clandestino bajo la dictadura. Cada identificación no solo devuelve un nombre, sino que reconstruye una historia y aporta pruebas para la justicia.

La activista Cecilia Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, anunció que se trasladará a Sinaloa para continuar con la búsqueda de su hijo Alejandro Guadalupe, desaparecido desde el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis.

La decisión llega pocos días después de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) le entregara los restos de su hijo Marco Antonio.

Según relató la propia Flores en una transmisión en vivo publicada este 4 de abril, el hallazgo de Marco Antonio y el proceso de identificación forense marcaron un momento de profundo dolor, pero reafirmaron su compromiso con la búsqueda de personas desaparecidas.

“Estoy en una negación terrible de soltar a mi hijo. No puedo entender todavía la magnitud del problema que ha sido este sufrimiento”, expresó.

La búsqueda de Alejandro en Sinaloa

El caso de Alejandro, hijo de Flores, se mantiene sin resolver desde octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa.

La activista informó que su objetivo inmediato es trasladarse al estado vecino para continuar la búsqueda.

“Tenemos que trasladarnos a Sinaloa, seguir la búsqueda de Alejandro y todos nuestros desaparecidos”, explicó.

Flores subrayó que, aunque el dolor se ha intensificado tras la localización de Marco Antonio, la esperanza de encontrar a Alejandro permanece como motor de su lucha.

Seguirá liderando el colectivo Madres Buscadoras de Sonora

A pesar del traslado a Sinaloa, Flores aseguró que continuará al frente de la organización Madres Buscadoras de Sonora, una de los colectivos más reconocidos del país.

“No voy a abandonar a las madres de Sonora, seguiré al frente de la Organización de Madres Buscadoras de Sonora”, afirmó en su mensaje.

Además, dejó claro que su salida del estado responde estrictamente a la búsqueda de su hijo Alejandro, pero mantiene su vínculo y liderazgo dentro del colectivo.

La activista detalló que, aunque no se encontrará en Sonora de forma permanente, su trabajo en la visibilización de los casos y el acompañamiento a otras familias continuará.

Además, gradeció el respaldo de la ciudadanía, los medios de comunicación y las autoridades que participaron en la búsqueda y localización de Marco Antonio.

Entrega de los restos de Marco Antonio

El pasado 31 de marzo, la FGJES entregó a Cecilia Flores los restos de su hijo Marco Antonio.

La identificación se confirmó tras la realización de estudios genéticos.

La activista compartió que el proceso de recibir y despedir a su hijo implicó una experiencia profundamente dolorosa para ella y su familia.

“Estoy en una negación terrible de soltar a mi hijo. No puedo entender todavía la magnitud del problema que ha sido este sufrimiento desde que localicé sus restos”, expresó en su mensaje.

Además, detalló que la velación y el sepelio ocurrieron en un entorno íntimo y agregó que tuvo algunos inconvenientes.

Milagros Valenzuela Flores, hija de Ceci y hermana de Marco Antonio, informó el 31 de marzo que los servicios funerarios se realizarían en Valle de Kino, municipio de Hermosillo.

El Colectivo Amor por los desaparecidos en Tamaulipas compartió este viernes 3 de abril, a través de un en vivo realizado a las 12 del día, el hallazgo de lo que consideran un cementerio clandestino en la ciudad de Reynosa.

La transmisión, hecha en la red social Facebook, tuvo como objetivo informar y documentar el descubrimiento, ocurrido en una zona ubicada al fondo de la colonia Puerta Sur, en las inmediaciones de un sitio identificado como Las Brechas, durante la búsqueda número 34 del colectivo.

La asociación mostró los restos esparcidos en diversos puntos de la zona y describió que se encontraban tanto en superficie como enterrados y calcinados.

Según el testimonio, se localizaron cráneos, vértebras, fémures, mandíbulas con piezas dentales y prendas de vestir.

Además, el sitio fue señalado como un espacio donde también habría evidencia de posibles “cocinas clandestinas”, sitios utilizados para la fabricación de drogas sintéticas.

Las autoridades, incluido el titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Jorge Ernesto Macías Espinosa, fueron notificadas según integrantes del grupo.

Recorrido y hallazgos en el sitio

Durante la transmisión, los representantes de Desaparecidos en Tamaulipas Colectivo Amor guiaron a sus seguidores a través del lugar, mostrando la dispersión y variedad de los restos.

Señalaron que en la zona había costillas, fémures, omóplatos, peronés, tibias, falanges y fragmentos de cráneo, algunos de los cuales conservaban piezas dentales. En el sirio se encontraron diversos cráneos, entre los que destacó que tres de ellos estaban apilados.

Además, el colectivo describió el hallazgo de mandíbulas enterradas, huesos largos semienterrados y partes de cráneo con evidencia de calcinación.

Durante el recorrido, los miembros de la organización señalaron: “Créanme que esto es por toda el área. No acabaría en mostrárselos todos”, en referencia a la cantidad de restos presentes.

Añadieron que en el lugar también se hallaron herramientas como un machete, con el que presumen se cortaron varios huesos.

Notificación, llegada de autoridades y llamado a familiares

El hallazgo fue notificado a la Fiscalía Especializada de Personas Desaparecidas y al titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, Jorge Ernesto Macías Espinosa.

Durante la transmisión, el colectivo reiteró la necesidad de una intervención inmediata, afirmando que el procesamiento de la zona podría requerir hasta un mes de trabajo constante.

En la parte final de la transmisión informaron que las autoridades ya habían arribado al sitio: “Voy a cortar la transmisión porque ya llegaron las autoridades para lo que es el levantamiento”.

El colectivo reiteró el llamado a familiares de personas desaparecidas para que exijan la identificación de los restos, en especial si reconocen características específicas como brackets en piezas dentales.

La organización insistió en la importancia de la colaboración entre los grupos de búsqueda integrados por civiles y autoridades para agilizar la localización, levantamiento e identificación de víctimas en zonas como la descubierta en Reynosa.

El conflicto interno en Colombia ha provocado reportes de más de 100.000 personas que han sido dadas como desaparecidas, dejando con incertidumbre a miles de familias que siguen sin saber qué pasó con su ser querido.

Es por ello que el trabajo de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (Ubpd) y de la Jurisdicción Especial de la Paz (JEP) es entregarle la verdad a las víctimas del conflicto armado, lo que incluye poder despedir de manera correcta a las víctimas de la guerra interna.

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Precisamente, en un informe de la Ubpd que fue destacado por la JEP se revelan detalles del proceso de búsqueda durante más de 20 años por el que tuvo que pasar una pareja de la tercera edad luego de la desaparición de su hijo.

La búsqueda entre el Caribe y las montañas del Tolima

La identificación y recuperación del cuerpo de Farid Juan Janne Martínez, desaparecido en 2001 durante un ataque armado en el corregimiento de Frías, Tolima, se registró luego de más de dos décadas, en las que la familia de Farid buscó respuestas para cerrar uno de los capítulos más dolorosos de su historia. El 15 de septiembre de 2001, Farid Janne Martínez, oriundo del corregimiento de Bayunca, en Cartagena, fue una de las doce víctimas de una incursión armada en la plaza principal de Frías; desde entonces, sus seres queridos dejaron de saber sobre su ubicación.

Entre el 10 y el 13 de septiembre de 2023, el equipo de la Ubpd en Tolima realizó una caracterización en el cementerio de Frías. La labor derivó en una misión de prospección y recuperación, donde se localizó un cuerpo sin identificar, cuya posible relación con Farid motivó la siguiente etapa del procedimiento institucional, en el que se identificó que los familiares residían en la región Caribe.

En febrero de 2024, el equipo de la Ubpd en Sucre se desplazó hasta el corregimiento de Bayunca, en Cartagena, para localizar a la familia de Farid y proceder con la toma de muestras genéticas. A su llegada a la residencia de los padres del desaparecido, los funcionarios encontraron a dos adultos mayores en situación de alta vulnerabilidad física y social. Ambos padres presentaban discapacidades en las extremidades inferiores y enfrentaban dificultades para movilizarse.

El proceso incluyó una solicitud oficial de búsqueda, formalizada el 15 de diciembre de 2023 a través de un diálogo virtual. La investigación avanzó hacia la verificación científica, apoyada por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que confirmó, con una probabilidad de 4 billones de veces, la identidad del cuerpo como la de Farid Juan Janne Martínez.

En julio de 2024, los equipos forenses intervinieron la bóveda C-22 del Bloque Octavo en el cementerio de Frías. Durante la exhumación, se recuperaron restos óseos junto a un escapulario, una prótesis dental y prendas de vestir, objetos que reforzaron la identificación.

El proceso benefició de manera directa a la esposa, al hijo y a los padres de Farid, que atravesaron más de dos décadas de espera. Según los registros oficiales, la colaboración entre los equipos regionales permitió superar los obstáculos logísticos y sociales asociados a la dispersión geográfica de las familias y los lugares de inhumación.

Desde la JEP y la Ubpd indicaron que la búsqueda y localización de Farid Juan Janne Martínez representa una muestra de lo importante que es que exista reparación y reconocimiento para las víctimas del conflicto armado colombiano.

“La reconstitución de su identidad y la entrega de sus restos constituyeron un acto de restitución que involucró a su círculo familiar más cercano y a las entidades responsables de la búsqueda de personas desaparecidas en Colombia”.