Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos confirmaron que identificaron los restos del soldado Joseph Gala, integrante durante la Segunda Guerra Mundial de la unidad de infantería Merrill’s Marauders. El anuncio oficial, difundido por la cadena CBS News, ocurrió más de 80 años después de que el joven desapareciera en el frente asiático.

Gala, oriundo de la ciudad de Lynn, en Massachusetts, tenía 21 años cuando falleció en combate en territorio de lo que entonces era Birmania, actual Myanmar. La resolución de este caso fue posible gracias al trabajo de la Agencia de Contabilidad de Prisioneros de Guerra y Desaparecidos en Acción del Departamento de Defensa de Estados Unidos (DPAA).

La entidad que determinó que el soldado cayó en acción el 14 de julio de 1944, dos meses después de que sus compañeros lo vieran por última vez en las cercanías del poblado de Mankrin. Su identificación concluyó un enigma de ocho décadas y posibilitó el regreso con honores de sus restos mortales a su comunidad natal.

Quién era Joseph Gala, el soldado del grupo Merrill’s Marauders identificado 80 años después

Nacido el 19 de noviembre de 1922 en Lynn, Joseph A. Gala creció como uno de los cinco hijos del matrimonio de Frank y Adeline Gala. Tras completar sus estudios en la secundaria Lynn English High School, se alistó en el ejército de Estados Unidos el 24 de mayo de 1943.

Con el rango de soldado raso, Gala integró la Compañía E del Segundo Batallón de la 5307.ª Unidad Compuesta (Provisional), cuyo nombre en clave era “Galahad”. Su arribo al frente asiático ocurrió en mayo de 1944 como parte de los refuerzos conocidos como “New Galahad”.

Como documenta el material testimonial del Museo del Patrimonio de las Fuerzas Armadas (AFHM), las tropas iniciales sufrieron un desgaste extremo por el paludismo, el tifus y la disentería en la jungla birmana, cuadro sanitario adverso que diezmó las compañías y forzó la llegada de relevos para sostener las operaciones.

El 16 de junio de 1944, tras la toma estratégica del aeródromo de Myitkyina, el batallón de Gala inició un avance hacia el sur desde el poblado de Mankrin ante posiciones defensivas japonesas fuertemente atrincheradas. En medio de aquellos combates en la selva se perdió el rastro del militar.

Aunque los partes de guerra nunca detallaron las circunstancias exactas de su muerte, la documentación oficial fijó su deceso en combate el 14 de julio de 1944, cuando tenía 21 años.

Qué fueron los Merrill’s Marauders en la Segunda Guerra Mundial

El combatiente formó parte del regimiento conocido de manera popular como Merrill’s Marauders, bautizado así en honor a su comandante, el general de brigada Frank Merrill. El presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt convocó a este contingente para una misión secreta y de alto peligro en el teatro de operaciones de China-Birmania-India, un frente que el propio ejército catalogó como el “teatro olvidado” de la guerra.

Cerca de 3.000 voluntarios respondieron a la convocatoria. Hacia el final de la campaña en Myitkyina, apenas unos 200 soldados permanecían operativos en el frente; la gran mayoría de los efectivos sufrió bajas por heridas, agotamiento extremo o enfermedades tropicales que motivaron su evacuación médica, tras lo cual la mayor parte logró sobrevivir y volver con sus familias.

Los integrantes de la unidad completaron una marcha a pie de 1.600 kilómetros (1.000 millas) a través del territorio selvático para cortar las líneas de abastecimiento de Japón. “Aquellos que se ofrecieron como voluntarios no tenían idea de cuál sería la misión”, relató Robert Passanisi, uno de los soldados que sobrevivió a la contienda, a la prensa estadounidense.

Tras vencer en múltiples enfrentamientos contra tropas más numerosas y tomar el aeródromo estratégico de Myitkyina en mayo de 1944, cada integrante recibió la Estrella de Bronce y el Pentágono dispuso que ninguno de ellos volviera a entrar en combate.

Cómo identificaron los restos de Joseph Gala

Tras el término de la contienda, los restos mortales del soldado pasaron por distintos cementerios militares de Birmania y de la India. Hacia 1947, los cuerpos no identificados fueron trasladados a Hawái, donde recibieron sepultura bajo lápidas anónimas en el Cementerio Nacional Conmemorativo del Pacífico, conocido como Punchbowl, en la ciudad de Honolulu. Allí permanecieron sin identificar durante más de siete décadas.

El proceso que permitió dar con la identidad del militar inició en 2018, cuando la DPAA comenzó la exhumación de restos anónimos en el cementerio de Punchbowl para individualizar a los caídos en Myitkyina, labor que incluyó los despojos catalogados como X-104 en 2018, y X-514 y X-519 en 2021.

Para certificar que la osamenta pertenecía al soldado de Massachusetts, los antropólogos combinaron análisis dentales y pruebas circunstanciales con estudios de ADN mitocondrial y autosómico desarrollados por el Sistema de Médicos Forenses de las Fuerzas Armadas.

El regreso de Joseph Gala a Massachusetts

Ocho décadas después de su desaparición en combate, el militar retornó a su suelo natal. Gala recibió sepultura con honores militares en el cementerio Pine Grove de Lynn, Massachusetts, el jueves 5 de noviembre de 2026. Sus familiares, veteranos de guerra y vecinos de la comunidad local acudieron a la ceremonia para rendir homenaje póstumo al soldado que falleció en la jungla asiática a los 21 años.

Como tributo oficial, su nombre figura grabado en las Paredes de los Desaparecidos del Cementerio y Monumento Americano de Manila, en Filipinas, donde la institución colocará una roseta de bronce para constatar su identificación.

La reunión fue encabezada por la fiscal general, Ernestina Godoy Ramos, quien informó sobre el acercamiento a través de sus redes sociales, donde señaló que tuvo la oportunidad de conversar directamente con integrantes de distintas agrupaciones que acudieron a la Ciudad de México.

De acuerdo con la información difundida por la institución, uno de los propósitos del encuentro fue conocer las problemáticas que enfrentan diferentes comunidades y escuchar planteamientos relacionados con la intervención de las autoridades federales.

Ernestina Godoy escucha demandas de colectivos y organizaciones civiles

A través de una publicación en X, Godoy explicó que durante la reunión se abordaron asuntos relacionados con la atención a víctimas, los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, así como la situación de las personas desaparecidas.

La fiscal agradeció la disposición de los representantes de las organizaciones para participar en el acercamiento y destacó la importancia de mantener espacios de comunicación entre la institución y la sociedad civil.

Por su parte, la FGR detalló que los asistentes expusieron peticiones e inquietudes sobre casos de personas desaparecidas y privadas de la libertad, además de dificultades para acceder a representación y defensa jurídica.

También se abordaron situaciones relacionadas con agresiones contra defensores de derechos humanos y del medio ambiente, así como el desplazamiento de comunidades en distintas regiones del país.

FGR plantea mesas de seguimiento para atender desapariciones

Como parte de los compromisos derivados de la reunión, se planteó impulsar mesas de seguimiento para dar atención a los casos presentados por las organizaciones.

El objetivo es establecer mecanismos de comunicación y coordinación que permitan revisar las problemáticas expuestas y facilitar la intervención de las autoridades correspondientes.

Entre las agrupaciones que participaron se encuentran:

• Unidad Nacional Independiente en Resistencia.
• Frente Unido Popular de la Montaña, de Guerrero.
• Frente Unido de Pueblos de La Laguna, de Durango.
• Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente.
• Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero.

Las organizaciones representan distintas regiones del país y expusieron situaciones particulares que, de acuerdo con la información difundida, requieren atención de las autoridades federales.

Funcionarios de Derechos Humanos y Tortura participaron en el encuentro

La fiscal general estuvo acompañada por funcionarios de diferentes áreas especializadas de la FGR, quienes participaron en la recepción de los planteamientos.

Entre ellos estuvieron Alonso Lara Bravo, fiscal especial en Investigación de Tortura; Mariana Díaz Figueroa, fiscal especial en Materia de Derechos Humanos, y Norma González Jiménez, fiscal especial para Personas, Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

También participaron Carlos Frausto Martínez, titular de la Secretaría Técnica, y Ruth Zenteno López, fiscal especial de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión.

La presencia de estas áreas permitió abordar las distintas problemáticas expuestas desde los ámbitos de competencia de cada una, particularmente aquellas relacionadas con desapariciones, tortura, derechos indígenas y agresiones contra personas defensoras.

Desapariciones en México, uno de los principales temas de atención

El encuentro ocurre en un contexto de persistencia de la crisis de personas desaparecidas en México. De acuerdo con el análisis de Red Lupa, basado en datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), al 16 de junio de 2026 se contabilizaban 135,048 personas desaparecidas.

El informe también identificó que cinco entidades concentraban una proporción importante de los registros:

• Estado de México
• Tamaulipas
• Jalisco
• Michoacán
• Nuevo León

En este escenario, las demandas de familiares y organizaciones civiles incluyen la búsqueda de personas, el seguimiento de investigaciones y el acceso a mecanismos de atención y justicia.

Aunque la FGR informó sobre el compromiso de promover mesas de seguimiento y fortalecer la coordinación institucional, no se dieron a conocer fechas para su instalación ni detalles sobre los expedientes específicos que serán revisados.

De esta manera, el acercamiento encabezado por Ernestina Godoy abrió un espacio de interlocución entre la Fiscalía y las organizaciones, con el propósito de conocer sus demandas y dar cauce a los asuntos planteados.

La organización I(DH)EAS y 15 colectivos de familiares de personas desaparecidas presentan ante el Comité DESC de la ONU el informe El costo de la búsqueda, que documenta enfermedades, pérdida de ingresos, accidentes, barreras administrativas y atención revictimizante para quienes buscan a más de 133 mil personas desaparecidas en México.

La ponencia fue presentada por Linda Ruíz, en representación de I(DH)EAS y de los colectivos firmantes, un día antes de que el Estado mexicano sea examinado por el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, también previsto para esta semana.

El informe sostiene que la desaparición tiene consecuencias que alcanzan a las familias que realizan las búsquedas. La organización advierte que, junto con la crisis de desapariciones, existe un deterioro de los derechos económicos, sociales y culturales de las personas buscadoras, quienes asumen tareas que corresponden al Estado.

El 66% sufre lesiones durante las búsquedas

La investigación recopila los testimonios y condiciones de 249 personas buscadoras, en su mayoría mujeres.

De ese total, 66% ha sufrido accidentes o lesiones durante las búsquedas en campo, una labor que los colectivos atribuyen a obligaciones que deben ser atendidas por las autoridades.

Las familias desarrollan o agravan padecimientos crónicos como diabetes, cáncer, hipertensión, desprendimiento de retina, obesidad y enfermedades autoinmunes.

El documento también registra afectaciones visuales severas asociadas con el estrés extremo, así como pérdida de piezas dentales por bruxismo.

I(DH)EAS señala que el costo de buscar se extiende a la vida cotidiana de las familias. La dedicación de tiempo completo a las labores de localización provoca pérdida de empleo y de seguridad social, mientras que la atención médica permanece centralizada y obliga a las personas a cubrir traslados largos para recibir tratamiento.

Esa combinación lleva a que algunas familias abandonen sus consultas y tratamientos. El informe plantea que la búsqueda de una persona desaparecida no puede quedar separada de las condiciones de salud, ingresos y cuidados que enfrentan quienes la realizan.

“Buscar a quienes nos faltan no puede costarnos la salud ni la vida. Es una obligación del Estado, no de las familias”, señalan I(DH)EAS y los 15 colectivos que suscriben la intervención ante el Comité DESC.

Las comisiones exigen acreditar un “nexo causal” para dar atención médica

El informe documenta que las Comisiones de Atención a Víctimas exigen a las familias comprobar un “nexo causal” entre la desaparición y la enfermedad para acceder a servicios médicos, reembolsos de medicamentos o atención de salud mental.

Esa determinación suele quedar en manos de personal jurídico, administrativo o de trabajo social que no cuenta con formación médica, de acuerdo con la investigación.

Los colectivos sostienen que la interpretación restrictiva de ese requisito deriva en negativas sistemáticas para atender los padecimientos de las personas buscadoras.

La atención en salud mental también presenta insuficiencia de personal. En algunos casos, el informe registra que a las familias se les pide “hacer el duelo” o “cerrar ciclos”, aunque la persona desaparecida todavía no haya sido localizada.

Para I(DH)EAS, esas respuestas revictimizan a quienes buscan. La organización ha documentado de manera sostenida las afectaciones a la salud de los familiares y participó en 2021 en una audiencia pública ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre esta crisis.

La organización sostiene que las recomendaciones y acuerdos derivados de aquella sesión ante la CIDH han sido desconocidos de forma sistemática por el Estado. En 2023 publicó un primer informe sobre el tema y presentó una contribución al Séptimo informe periódico de México ante el Comité DESC. En 2025 difundió una segunda edición ampliada de la investigación.

Desaparición afecta a infancias y personas cuidadoras

El documento advierte que niñas, niños y adolescentes quedan con frecuencia en orfandad tras una desaparición y en varios casos quedan bajo el cuidado de personas adultas mayores, con riesgos de deserción escolar y de reclutamiento por parte del crimen organizado.

Los colectivos plantean que la atención debe alcanzar a las infancias, adolescencias y personas cuidadoras, además de las madres, padres, hermanas, hermanos y otros familiares que participan de forma directa en las labores de búsqueda.

Entre las solicitudes presentadas al Estado mexicano está garantizar recursos suficientes para las Comisiones de Atención a Víctimas y para los Fondos de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral en todas las entidades del país.

También piden implementar un sistema robusto de recopilación y sistematización de datos para eliminar barreras burocráticas y garantizar el derecho a la salud integral.

La propuesta incluye que la CEAV y las comisiones estatales desarrollen programas de apoyo psicosocial individual, familiar y colectivo a partir de diagnósticos de necesidades en cada entidad.

Los colectivos solicitan una política integral de salud para familiares de víctimas de desaparición, respaldada por un marco normativo específico. La medida debe asegurar la presencia y capacitación de profesionales de medicina y psicología en la CEAV y las Comisiones de Atención a Víctimas.

La Cancillería de Honduras trabaja en coordinación con representantes consulares de otros países latinoamericanos para intercambiar información sobre ciudadanos captados mediante falsas ofertas laborales hacia la zona del conflicto entre Rusia y Ucrania.

La localización de los hondureños desaparecidos dejó de ser una gestión exclusivamente nacional.

La dimensión regional del problema quedó expuesta en una entrevista exclusiva con Infobae. Nancy López, directora de Protección al Migrante Retornado, explicó que Colombia, Perú, Argentina y Bolivia también enfrentan circunstancias similares, al igual que otros países de Centroamérica. Ante este escenario, las autoridades consulares mantienen estrategias de coordinación para atender los casos.

La coordinación cobra relevancia ante la posibilidad de que existan más hondureños en esos territorios sin que sus familiares o las autoridades nacionales hayan reportado sus casos.

Estos encuentros permiten compartir información sobre las personas afectadas y conocer la situación de otras nacionalidades cuyos ciudadanos también fueron captados mediante ofertas engañosas.

Dispersos en diferentes zonas del conflicto

Uno de los aspectos que dificulta la localización es que los hondureños no están concentrados en un solo lugar. Consultada por Infobae sobre la ubicación de los connacionales, la representante de Cancillería explicó que están distribuidos en diferentes sectores de los territorios involucrados en el conflicto armado.

Ante la pregunta específica de si permanecían en Rusia, López precisó que se encuentran en la “zona de ambos países en conflicto”.

El último registro proporcionado por Cancillería contabilizaba 35 hondureños afectados por ofertas laborales engañosas. De ese total, 12 habían regresado a Honduras y 13 permanecían desaparecidos.

Dentro de ese grupo, la funcionaria indicó que existían cinco posibles fallecimientos. Estos casos requieren activar procedimientos de identificación para determinar oficialmente si corresponden a los compatriotas buscados y gestionar una eventual repatriación.

El registro también incluía tres hondureños hospitalizados por heridas, uno de los cuales fue trasladado a un centro de recuperación debido a la evolución favorable de su estado. Además, se reportó un hondureño cuya identidad no había podido establecerse y otro en condición de refugio, para quien se gestionaban medidas de protección y retorno.

La funcionaria reconoció que podrían existir más compatriotas en los países involucrados sin que las autoridades hondureñas tengan conocimiento de sus casos. Por esa razón, llamó a las familias que hayan perdido comunicación con algún pariente que viajó bajo esas circunstancias a presentarse ante la Cancillería y proporcionar información para iniciar las gestiones.

Gestiones de localización

Honduras desarrolla un procedimiento consular para atender cada caso reportado por los familiares. Nancy López explicó que la institución establece comunicación con los parientes de los hondureños, realiza entrevistas y solicita la firma de documentos para formalizar las peticiones de asistencia, protección y localización.

Una vez completado ese procedimiento, la documentación se envía al consulado hondureño, que realiza las diligencias ante las instituciones de los países involucrados.

Asimismo, las autoridades reciben comunicaciones de hondureños que manifiestan su necesidad de regresar y describen situaciones de hambre, frío y exposición a peligros para su integridad física.

Contratos que impiden el regreso

Además de las dificultades para localizar a los hondureños, Cancillería enfrenta otro obstáculo: las condiciones de los contratos que algunos connacionales firmaron en el extranjero y que ahora dificultan su salida.

Cinco hondureños manifestaron su deseo de abandonar esos compromisos y regresar al país, pero las solicitudes de baja presentadas ante las instancias correspondientes todavía no habían recibido autorización.

Ante esta situación, López explicó que algunos de esos documentos tienen vigencia hasta 2027 y que fueron firmados sin que los hondureños tuvieran acceso a una explicación comprensible de su contenido, dado que estaban redactados en otro idioma.

La funcionaria advirtió que incluyen cláusulas que dificultan su cancelación y que algunas de las solicitudes fueron remitidas al Ministerio de Defensa de los países involucrados. Hasta el momento de la entrevista, Cancillería continuaba esperando respuesta.

El temor de las familias y el llamado a empleos legales

Mientras las autoridades desarrollan las gestiones consulares, en Honduras hay familias que vivieron directamente la angustia de desconocer el paradero de sus seres queridos.

Thelma fue una de ellas. Durante aproximadamente tres meses no supo con certeza qué ocurría con sus dos hijos, quienes habían viajado junto a otros hondureños y posteriormente lograron escapar.

Aunque recibía fotografías de ellos junto a otros compatriotas, comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Más tarde, sus hijos le explicaron que habían evitado contarle que estaban huyendo para no preocuparla por su condición de salud.

El reencuentro fue un alivio, pero dejó en ella la preocupación por los otros hondureños que compartieron esa experiencia. Su mensaje está dirigido a otras madres y familias que pudieran enfrentarse a ofertas similares.

“Necesitamos una oportunidad de trabajo, pero que sea legal, no que sea por medio de mentira o una estafa”, expresó.

También pidió a los jóvenes escuchar los consejos de sus familiares y verificar cuidadosamente cualquier propuesta antes de decidir viajar.

El llamado a prevenir nuevos casos

La coordinación regional también responde a la preocupación de que los registros oficiales no representen la totalidad de hondureños que pudieron haber viajado bajo circunstancias similares. La representante de Cancillería pidió a la población comunicar cualquier caso del que tenga conocimiento y acudir a las autoridades para iniciar los procedimientos de asistencia y localización.

La funcionaria reiteró a Infobae que la Secretaría de Trabajo es la institución facultada para verificar la legitimidad de las ofertas de empleo temporal en el extranjero.

El desafío para Honduras no se limita a localizar a quienes ya fueron captados, sino también a evitar que más ciudadanos caigan en redes de engaño bajo la promesa de un empleo. Mientras haya familias esperando noticias y compatriotas que buscan regresar, la búsqueda continuará abierta.

Este martes 3 de noviembre inicia la venta de boletos para el concierto “Gritos contra el olvido”, organizado por la comunidad otomí residente en la Ciudad de México y la coordinación de colectivos y organizaciones de la “Gira por la Vida”.

El evento busca recaudar fondos para cubrir el hospedaje de las familias buscadoras y de integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) que participarán en un encuentro en la capital del país.

La preventa se realizará a través del correo electrónico: giraporlavida.logistica@gmail.com.

La iniciativa busca expresar solidaridad con las familias de personas desaparecidas y reconocer la labor de quienes participan en las tareas de búsqueda, así como generar condiciones para el encuentro entre colectivos y organizaciones.

A través de un comunicado, el Congreso Nacional Indígena (CNI) informó que el concierto llevará como lema: “L@s desaparecid@s nos faltan a tod@s; las familias buscadoras no están sol@s”.

¿Qué artistas se presentarán en el concierto “Gritos contra el olvido”?

El encuentro reunirá a músicos y agrupaciones que participarán de manera solidaria para recaudar fondos destinados al hospedaje de las familias buscadoras y de integrantes del EZLN.

De acuerdo con la convocatoria, el cartel musical estará integrado por:

• Los de Abajo.

• DJ set Monellus y Darío Rococó.

• Los Cogelones.

• Mexican Sound System.

• Sangre Maíz.

Además, el Congreso Nacional Indígena adelantó que habrá agrupaciones sorpresa durante el evento.

¿Cuándo y dónde será el concierto en apoyo a familias buscadoras y al EZLN?

El concierto “Gritos contra el olvido” se realizará el próximo viernes 20 de noviembre en el Deportivo del SME Coapa. El acceso al recinto comenzará a las 14:00 horas.

La cooperación solicitada es de 400 pesos más acopio, recursos que serán destinados a apoyar a las familias buscadoras y a integrantes del EZLN.

El encuentro forma parte de las actividades de solidaridad en torno a la llegada de las familias buscadoras y de la delegación zapatista a la Ciudad de México. Su punto de encuentro será la Casa de los Pueblos y las Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes”.

Decenas de músicos, bandas, artistas, agrupaciones, colectivos y organizaciones participarán en estas actividades para expresar su respaldo a quienes buscan a sus familiares desaparecidos.

Caifanes, Vivir Quintana y otros artistas ofrecerán concierto en apoyo a familias buscadoras y al EZLN

El apoyo musical a la “Gira por la Vida” también contará con la participación de artistas como Caifanes, Vivir Quintana, Ely Guerra, Kevin Kaarl y Meme del Real, quienes anunciaron el concierto “Concierto por un abrazo”, programado para el miércoles 18 de noviembre de 2026 en el Teatro Metropolitano de la Ciudad de México.

La presentación fue anunciada el pasado 20 de octubre y tiene como objetivo recaudar fondos para los comités organizadores del viaje de la delegación zapatista y su encuentro con colectivos de madres y familias buscadoras. Los artistas, productores y organizadores participarán sin recibir remuneración por su trabajo.

El espectáculo comenzará a las 20:30 horas en el recinto ubicado en Independencia 90, colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc. Los boletos se encuentran disponibles a través de Ticketmaster.

El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) denunció que autoridades federales, estatales y municipales han emprendido presuntas acciones de hostigamiento, amenazas y detenciones arbitrarias contra integrantes de sus comunidades en Chiapas, las cuales relacionó con su próxima reunión con madres y colectivos de personas buscadoras en la Ciudad de México.

A través de su enlace zapatista, la organización sostuvo que estas acciones buscan impedir su participación en el encuentro, programado como parte de la “Gira por la Vida, capítulo México”, así como suspender las actividades que tienen previstas en la capital durante diciembre y la primera semana de enero de 2027.

El EZLN señaló que las presuntas provocaciones también estarían dirigidas a frenar las visitas que preparan a Oaxaca, Veracruz, Puebla, Jalisco y Querétaro. Ante este escenario, advirtió que no cancelará su iniciativa y cuestionó la contradicción entre estas acciones y el discurso gubernamental de “paz, felicidad y bienestar”.

“Vamos a ir (puede ser que alguien de los nuestros ya está allá) a la Ciudad de México, vamos a reunirnos con las familias buscadoras que quieran y puedan (...) les vamos a abrazar, vamos a guardar su palabra, vamos a guardar sus historias para que no las manche el olvido y la indiferencia”, expresó la organización.

EZLN advierte que responderá con movilizaciones ante detenciones y hostigamiento en Chiapas

En su comunicado, el Ejército Zapatista advirtió que responderá “con fuerza y movilización” si continúan las acciones contra las familias que forman parte de sus bases de apoyo en Chiapas.

“Tienen que decidir si aceptan ese hecho y se conforman con que cumpliremos nuestra palabra. O pueden seguir con sus torpezas (en las que está todo el gabinete federal, estatal y las presidencias municipales) y darle otro carácter a nuestra iniciativa. No vamos a hacer bulla, pero podemos hacerlo”, señaló.

La advertencia está relacionada con dos denuncias principales: una sobre presuntos actos de hostigamiento y restricciones contra familias zapatistas en el ejido La Culebra, municipio de Ocosingo, y otra por daños a terrenos comunitarios ubicados en el trayecto proyectado de la autopista San Cristóbal-Palenque. En ambos casos, señalan a las autoridades de distintos niveles de gobierno de los responsables.

EZLN denuncia amenazas y restricciones contra familias zapatistas en Ocosingo

El primer señalamiento se concentra en el ejido La Culebra, en Ocosingo, que, de acuerdo con el comunicado, es gobernado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). La organización afirmó que en esta localidad persisten las amenazas, el hostigamiento y los encarcelamientos contra familias de sus bases de apoyo.

La denuncia atribuye estas acciones a integrantes de un grupo al que identifica como el “Cártel de Mario Delgado”, en referencia al actual secretario de Educación Pública federal. Asimismo, señala a Eusebio Cruz Ruiz como presunto responsable directo de las agresiones y asegura que se presenta como maestro.

Según el documento, Cruz Ruiz afirma recibir órdenes directas de Mario Delgado. Sin embargo, el comunicado no aporta elementos adicionales que permitan corroborar esta acusación ni incluye una respuesta del funcionario federal mencionado.

Prohíben el acceso a una tienda cooperativa y una clínica comunitaria

Entre las restricciones denunciadas, el EZLN señaló que habitantes de La Culebra tienen prohibido acudir a una tienda cooperativa administrada por integrantes de la comunidad zapatista. Según el comunicado, quienes incumplan esta disposición pueden ser encarcelados.

La acusación también alcanza a una clínica comunitaria que, de acuerdo con la organización, brinda atención médica tanto a zapatistas como a simpatizantes de partidos políticos y personas sin afiliación.

El documento sostiene que habitantes del ejido y de localidades cercanas pueden ser detenidos y multados si reciben atención en estas instalaciones. Además, denuncia obstáculos para el tránsito, el comercio y el acceso a servicios de salud en las comunidades de los alrededores.

Proyecto de autopista San Cristóbal-Palenque: EZLN denuncia destrucción de terrenos comunitarios

El segundo reclamo está relacionado con la construcción de la autopista San Cristóbal-Palenque. El EZLN afirmó que, durante acciones vinculadas con esta obra, fueron afectados terrenos recuperados hace más de 32 años. De acuerdo con su versión, elementos de la Guardia Nacional, la Policía Estatal y la Policía Municipal, junto con el finquero Audamaro Oropeza Camacho, participaron en la destrucción de bienes pertenecientes al común.

La organización también denunció el retiro de carteles que identificaban los terrenos como parte de la Junta de Buen Gobierno y, posteriormente, del Común.

Entre las afectaciones señaladas se encuentran la presunta sustracción de ganado comunitario y la destrucción de milpas y zonas boscosas. Según el EZLN, los hechos fueron denunciados en distintas ocasiones ante el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba), que habría llevado los reclamos ante autoridades federales y estatales sin obtener respuestas verbales ni acciones concretas.

El EZLN sostuvo que el conflicto podría evitarse si las autoridades atienden las exigencias de las familias buscadoras y ofrecen respuestas satisfactorias. Incluso, señaló que estas podrían comunicar que la movilización ya no es necesaria si sus demandas son atendidas.

Asimismo, cuestionó la eventual presencia de fuerzas de seguridad para impedir una marcha cuyo objetivo, reiteró, es acompañar a quienes enfrentan la desaparición o la muerte de un familiar.

El Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) de Panamá rescató a tres costarricenses que pasaron días a la deriva en el Caribe por una falla mecánica.

El caso llegó apenas semanas después de que la tripulación de la lancha El Corrongo viviera un episodio casi idéntico y terminara varada en Colombia tras 12 días en altamar.

Ambas embarcaciones zarparon el mismo 19 de octubre. Las dos sufrieron desperfectos en el motor que las dejaron sin propulsión en la misma franja del Caribe centroamericano, de acuerdo con los reportes.

Los tres costarricenses rescatados tienen 37, 25 y 20 años. Habían sido reportados como desaparecidos en Costa Rica desde el 19 de octubre, cuando salieron a navegar en una embarcación que después sufrió fallas mecánicas.

La maniobra de rescate se concretó cerca de la comunidad indígena de Ogobsucun, en la comarca Guna Yala, con la colaboración de pobladores de la zona.

Tras ser llevados a puerto seguro, los tres hombres fueron trasladados a un centro de salud para recibir atención médica y continuar con los trámites correspondientes.

Cuando una embarcación pierde la propulsión en el mar, queda sujeta únicamente al viento, las olas y las corrientes. Esa condición puede desplazarla de forma impredecible hacia zonas fronterizas o incluso hacia aguas internacionales, tal como han advertido en otras ocasiones las autoridades costarricenses.

Ese fue, según medios panameños, el origen del desplazamiento que terminó con el hallazgo de los tres hombres en el Caribe panameño.

El reporte inicial de la desaparición se generó en territorio costarricense y, ante la falta de noticias, se activó un dispositivo de búsqueda conjunto.

La operación involucró al Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica, a autoridades panameñas y a apoyo aéreo de Estados Unidos. El trabajo se apoyó en patrullajes marítimos y en el análisis de corrientes y vientos para estimar la posible ruta de deriva del bote sin motor.

Ese esquema de cooperación no es excepcional. El Servicio Nacional de Guardacostas costarricense suele coordinar con el Sistema de Emergencias 9-1-1 la recepción de avisos de familiares o terceros, y despliega de inmediato patrullajes con énfasis en el último punto reportado por la tripulación.

El antecedente más cercano a este rescate es el de la lancha El Corrongo, cuya tripulación de tres pescadores costarricenses también zarpó el 19 de octubre, desde Cieneguita, Limón. Fueron hallados con vida en Colombia luego de 12 días en el mar.

En ese caso, la alerta llegó primero a las autoridades panameñas y después fue retransmitida al Servicio Nacional de Guardacostas de Costa Rica. A partir de ahí se iniciaron patrullajes constantes desde la estación de Limón, con apoyo de aeronaves estadounidenses y coordinación del Servicio Nacional Aeronaval de Panamá.

Los tripulantes de El Corrongo no son las mismas personas rescatadas por el Senafront. Sin embargo, la estructura de alerta y respuesta resultó prácticamente igual en ambos episodios, lo que sugiere que los dos hechos se insertan en el mismo marco operativo de cooperación regional para localizar embarcaciones perdidas en esa franja del Caribe.

Las informaciones reportadas por los medios de comunicación sobre desapariciones costarricenses en el Caribe coinciden en un punto: muchas embarcaciones artesanales navegan con motores que ya presentaban fallas conocidas por los propios tripulantes. También suelen cargar provisiones de comida y agua calculadas para una sola jornada, lo que multiplica el riesgo ante cualquier avería.

En el caso de El Corrongo, familiares de los pescadores señalaron que el motor llevaba días con problemas antes de la salida. Pese a eso, la tripulación decidió zarpar durante la madrugada del 19 de octubre con provisiones limitadas y, según algunos reportes, sin chalecos salvavidas.

La Cancillería de Honduras activó protocolos de búsqueda y localización para encontrar a 13 hondureños que permanecen desaparecidos luego de viajar a Rusia, presuntamente atraídos por ofertas laborales engañosas que circulan en redes sociales.

Entre los casos bajo investigación, las autoridades manejan la posibilidad de que cinco compatriotas hayan fallecido, aunque todavía no existe una identificación legal que confirme sus identidades ni sus nacionalidades.

La información fue brindada por Nancy Lopez, directora de de protección al hondureño migrante, quien explicó que las autoridades mantienen comunicación con los familiares de las personas desaparecidas para recopilar datos que permitan establecer su paradero.

El proceso incluye la toma de muestras de ADN a sus parientes en Honduras, con el propósito de compararlas con posibles registros que permitan confirmar si alguno de los hondureños se encuentra entre las personas fallecidas.

De acuerdo con el funcionario, los 13 compatriotas reportados como desaparecidos podrían encontrarse en distintas circunstancias.

Entre las posibilidades que contempla Cancillería está que hayan quedado extraviados en zonas de combate, que estén heridos y permanezcan en hospitales o refugios, que hayan sido capturados como prisioneros de guerra o que hayan muerto.

Trece hondureños permanecen desaparecidos

El registro oficial de Cancillería contabiliza hasta el momento 33 hondureños que viajaron a Rusia bajo engaños relacionados con supuestas oportunidades laborales.

De ese total, 12 lograron regresar a Honduras y actualmente se encuentran con sus familias, mientras que otros 13 continúan sin ser localizados.

La diferencia entre las personas que retornaron y las que permanecen desaparecidas forma parte de las gestiones que desarrolla la institución para establecer la situación de todos los compatriotas incluidos en sus registros.

Entre las personas que posiblemente se encuentren en esos países habría adultos mayores y jóvenes de entre 18 y 20 años. Por esa razón, Cancillería pidió a los familiares que tengan conocimiento de alguien que salió de Honduras después de aceptar una oferta laboral en Rusia que se acerquen a la institución para reportar el caso.

Ofertas laborales circulan en redes sociales

Sobre la forma en que los hondureños son captados, el representante de Cancillería indicó que las autoridades identifican un patrón relacionado con anuncios publicados en redes sociales, en los que se ofrecen supuestos empleos con salarios elevados y beneficios económicos que resultan atractivos para quienes buscan una oportunidad fuera del país.

Según el relato proporcionado por la directora, el proceso puede desarrollarse con rapidez. Después de que una persona responde a una publicación o muestra interés en la oferta, los responsables comienzan a gestionar los documentos necesarios para el viaje.

En algunos casos, la tramitación del pasaporte se inicia en menos de 24 horas y, en menos de una semana, el hondureño ya estaría emprendiendo el desplazamiento hacia el extranjero.

Cancillería señaló que esta modalidad no afecta únicamente a Honduras, sino que se trata de una situación que alcanza a otros países de la región.

Manifestó que, desde la institución, todavía no han identificado directamente a las personas o estructuras que estarían detrás de las ofertas, por lo que no atribuyó la captación a un responsable específico.

Pruebas de ADN para confirmar posibles fallecimientos

Uno de los principales procedimientos que debe completar Cancillería es la identificación de los cinco hondureños que posiblemente murieron. Para ello, la institución está convocando a sus familiares en territorio nacional, a quienes solicita colaborar con la información y las muestras biológicas necesarias para los análisis de comparación.

La funcionaria explicó que las pruebas de ADN permitirán cotejar los perfiles genéticos de los familiares con los registros disponibles y contribuirán a validar si las personas reportadas como fallecidas corresponden efectivamente a los hondureños buscados.

La Secretaría de Relaciones Exteriores insistió en que no puede confirmar los fallecimientos únicamente con la información preliminar recibida.

Primero debe completar los procedimientos legales y técnicos que permitan verificar la identidad de cada persona y establecer que se trata de los compatriotas incluidos en los reportes.

La institución ya ha sostenido reuniones con familiares de algunas de las personas desaparecidas, pero todavía espera que otros parientes respondan a las convocatorias realizadas para aportar información y participar en el proceso.

Cancillería pide verificar las ofertas antes de viajar

La institución pidió a la población desconfiar de las propuestas que prometen salarios elevados, bonos extraordinarios o condiciones laborales que no cuentan con respaldo oficial.

El representante mencionó como ejemplo anuncios que ofrecen bonos de hasta 30.000 dólares o salarios de 4.000 lempiras, y advirtió que las personas deben comprobar la legitimidad de cualquier oportunidad antes de entregar información personal o iniciar trámites migratorios.

Para verificar estas ofertas, recomendó acudir a la Secretaría de Trabajo, institución que, según explicó, es la encargada de validar la legalidad de las propuestas laborales.

La población debe buscar información por canales oficiales y evitar tomar decisiones basadas únicamente en publicaciones de redes sociales o mensajes de desconocidos.

También dirigió una advertencia a los hondureños que ya aceptaron una de estas propuestas y que se encuentran en proceso de viajar o están en el extranjero.

Les pidió no entregar sus documentos de viaje a terceros, debido a que se trata de documentos personales que deben permanecer bajo su control.

La Guardia Civil ha recibido un total de 70 denuncias de desaparecidos tras el accidente ferroviario del pasado miércoles. El choque entre un tren de Renfe y otro de Iryo a la altura de la localidad de Urda, en Toledo, ha dejado ya 69 víctiams mortales y cientos de heridos.

De las 70 denuncias de desapariciones, 38 han sido presentadas en Toledo, 23 en Madrid, siete en Sevilla, una en Ciudad Real y otra en Logroño. La Benemérita aclara que no todas las denuncias de desapariciones son de personas de las que no se encuentran los restos, sino que pueden corresponder a fallecidos que faltan por identificar.

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Fuentes de la investigación han informado a Efe que han contabilizado 62 desaparecidos. Estos son algunos de ellos.

Carlos Ortiz Sanchidrián

El director del colegio CEU San Pablo Sanchinarro a día de hoy continúa desaparecido. Ortiz viajaba en el vagón 1 del tren de Iryo junto a otro miembro del CEU, Javier Tello, que permanece en el hospital.

Carmen Chicharro Sanz

Los allegados de Carmen Chicharro continúan en su búsqueda tras el accidente. La mujer, de 52 años, viajaba en el asiento 6A o 6B del vagón 7 del AVE junto con una compañera de trabajo.

David Martínez

Este madrileño de 25 años se dirigía en AVE hacia Sevilla por motivos laborales la mañana del 28 de octubre. La familia lo ubica en el asiento 16A del coche 7 del tren siniestrado.

“Necesitamos que cualquier persona que pueda haber coincidido con David o que tenga alguna información sobre su situación se ponga en contacto con nosotros. Solo queremos saber dónde está y cómo se encuentra”, señala la familia en un comunicado.

Ana Avilés Urueña

Esta sevillana de 70 años viajaba a la capital andaluza para asistir a la boda de su hija Ana. Familiares y amigos han recorrido hospitales y centros de atención, e incluso se han desplazado hasta la zona del accidente para intentar encontrarla, pero continúan sin información sobre su paradero.

Fernando de Jesús Calvillo

Este ciudadano mexicano residente en Estados Unidos había viajado de vacaciones a España a sus 45 años junto con otros familiares. De Jesús cogió el AVE junto con un allegado el pasado miércoles y todavía no ha sido localizado.

David Benítez

El sevillano de 38 años se encontraba en el vagón 8 del tren de Renfe y sus familiares continúan sin tener noticias suyas, 48 horas después del choque. El historial médico de Benítez fue registrado en atención primaria de Castilla-La Mancha, según informa ABC Sevilla, la única pista que han recibido sus allegados desde el accidente.

Alexandra García Bartolomé

La abulense de 40 años viajaba en el vagón número 7 del AVE accidentado y la familia continúa sin tener noticias de su paradero. Su hermana Lucía difundió por redes sociales que Alejandra llevaba un pantalón y camisa vaquera, y unas botas negras con puntera metálica el día del accidente. La familia ha pedido que se dé cualquier información relevante a la Guardia Civil.

José Ángel San Emeterio

José Ángel viajaba junto con su perro, Trece, desde Madrid a Sevilla. La mascota fue localizada en las primeras horas de búsqueda, pero la familia sigue sin encontrar a su dueño, sevillano de 54 años.

María Luisa Manchado

Conocida como Marisa Manchado, la compositora de música clásica se encontraba dentro del AVE accidentado este miércoles. Premio Nacional de Música en 2024, sus familaires y allegados todavía no tienen noticias suyas.

“Enviamos todo nuestro cariño a su familia y seres queridos en estos momentos de tanta angustia”, expresaron desde la asociación Mujeres en la Música.

Iván Romano

Agente de la Policía Nacional de Alcalá de Guadaíra, Romano viajaba el miércoles en el AVE que colisionó con un Iryo cerca de las nueve de la mañana. A sus 42 años, acababa de ser padre.

“Sus seres queridos piden ayuda a la ciudadanía: cualquier pista sobre su paradero es valiosa”, han pedido desde el Sindicato Unificado de Policía.

Juan José García Palacios

Este guardia civil de 25 años estaba destinado en Madrid y se disponía a bajar a su casa, en Utrera, el pasado miércoles. Su familia no sabe exactamente en qué vagón iba y pide ayuda para localizarlo.

Carmen de Santa Ana

Trabajadora de Viajes El Corte Inglés, la sanroqueña de 60 años viajaba en uno de los trenes accidentados el pasado miércoles. Sus familiares continúan buscándola.

David Reina Reguera

El joven malagueño de 22 años se encontraba en el vagón 8 del tren de Renfe. David viajaba a Andalucía para disfrutar de unos días de descanso y se comunicó por última vez con su familia a las 8:30 de la mañana de ese mismo día.

Mari Carmen García

García es una mallorquina de 26 años que vive y trabaja en Madrid. Viajaba entre los vagones 7 y 8 del tren de Renfe. La joven continúa desaparecida 48 horas después.

Tamara González Costa

Familia, amigos y hasta el CNIC buscan a esta joven biomédica de 31 años que viajaba en el vagón 8, asiento 12B, del Renfe accidentado. “Pedimos vuestra colaboración para dar la máxima difusión a este llamamiento. Cualquier información que pueda contribuir a localizarla debe comunicarse a las autoridades”, expresan desde el organismo público.

El Ice Mountain, en el condado de Chaffee, Colorado, figura en las guías de escalada como una cumbre reservada para alpinistas avanzados, incluso en condiciones secas, informó AP News.

El fin de semana del 24 de octubre, una tormenta la transformó en una trampa mortal para Kaden Matsuda, de 19 años, y Jackson Donlon, de 20.

Los dos jóvenes eran estudiantes del Colorado Mountain College (CMC) en Leadville. Salieron del campus el viernes 23 de octubre con un itinerario claro y equipo técnico de escalada. No regresaron.

El lunes, el personal de la institución los reportó como desaparecidos ante la Oficina del Sheriff del Condado de Chaffee.

La búsqueda

La Oficina del Sheriff del Condado de Chaffee movilizó a más de 60 voluntarios de búsqueda y rescate desde el primer día. El operativo contó con helicópteros, drones, tecnología infrarroja y perros rastreadores.

Un análisis forense de los teléfonos de los estudiantes confirmó que los dispositivos no habían registrado actividad en las últimas 48 horas, según la agencia.

El martes 27, un helicóptero detectó un objeto en las cercanías del Lago Ann. Un equipo en tierra llegó hasta el lugar y constató que se trataba de la carpa de los jóvenes, colapsada bajo el peso de la nieve.

Adentro había bolsas de dormir, una estufa y ropa, pero los estudiantes no estaban. La ausencia de huellas en la nieve y la falta de ese material en la carpa, en el dormitorio y en el vehículo de los jóvenes indicaban que habían salido a escalar con todo el equipamiento.

Las condiciones climáticas

El viernes llovía en el área. El sábado 24 por la tarde comenzó a nevar. La tormenta acumuló entre 30 y 60 centímetros (1 a 2 pies) en la mayor parte del terreno, con acumulaciones de hasta 90 centímetros (3 a 4 pies) en zonas afectadas por el viento.

El Ice Mountain, con una altura de 4.297 metros (14.094 pies), quedó cubierto de nieve y hielo.

El sheriff Andy Rohrich describió la situación ante la prensa: “A veces la madre naturaleza te tira una bola curva”, tal y como consta en las declaraciones difundidas por su oficina. Rohrich también subrayó que ambos jóvenes estaban bien preparados, pero que la tormenta fue determinante.

Amigos y familiares de los dos estudiantes confirmaron a las autoridades que se trataba de escaladores con experiencia. Matsuda estudiaba para convertirse en bombero forestal. Donlon se formaba como guía de montaña. Ambos habían compartido un mapa con el itinerario previsto antes de partir.

El hallazgo

Matsuda y Donlon fueron encontrados cerca el uno del otro en una cuenca del West Apostle Mountain, una cima de 4.141 metros (13.597 pies) contigua al Ice Mountain.

La Oficina del Sheriff indicó que no hay indicios de intervención de terceros. “No se sospecha ningún acto criminal, y no ofreceremos hipótesis sobre lo ocurrido hasta que se complete la autopsia”, afirmó la institución en un comunicado oficial.

“Aunque esto es un golpe durísimo, nuestras plegarias de encontrar a Kaden y Jackson fueron respondidas, lo que le da algo de cierre a la familia”, escribió el sheriff Rohrich en sus redes sociales, donde también pidió a la comunidad que respete el duelo de los allegados.

El CMC Leadville confirmó, por su parte, que el personal docente y administrativo acompañaba a los alumnos afectados.

Un vocero de la institución aseguró, en declaraciones recogidas por ABC News, que varios docentes con formación especializada en montañismo participaron directamente en las operaciones de rescate.

Los trabajos de búsqueda en el predio donde funcionó el centro clandestino de detención, tortura y exterminio La Perla permitieron identificar los restos de nueve personas desaparecidas durante la última dictadura cívico-militar. Se trata de trabajadores, estudiantes, docentes, militantes políticos y delegados sindicales secuestrados en 1976, cuyos familiares aguardaron casi cinco décadas por una respuesta.

Con estas confirmaciones, ascienden a 38 las personas identificadas entre los restos recuperados en el sector Loma del Torito, dentro de la Guarnición Militar de La Calera, en Córdoba. Las nuevas identidades fueron informadas el viernes 23 de octubre en una conferencia de prensa realizada en los Tribunales Federales de Córdoba.

El anuncio estuvo encabezado por el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja y contó con la presencia de familiares, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), representantes de organismos de derechos humanos y personas constituidas como querellantes en la causa.

El proceso fue realizado por el EAAF a partir de estudios antropológicos y cotejos genéticos con muestras aportadas por las familias. Los restos habían sido recuperados durante excavaciones desarrolladas en septiembre de 2025 en el predio militar.

Las tareas de prospección y excavación se desarrollan desde hace alrededor de dos décadas, a partir del análisis de testimonios, fotografías aéreas históricas y herramientas técnicas para detectar modificaciones en el terreno.

Entre los recursos utilizados se encuentra la tecnología LiDAR, un sistema que permite obtener representaciones tridimensionales de la superficie y localizar alteraciones que pueden corresponder a movimientos de tierra o enterramientos.

Las nuevas identificaciones corresponden a: Néstor Albino Acosta, Pascual Delfín Ludueña, Claudio Norberto Nardini, Cecilia Alicia Pessina de Ávila, Mónica Protti de Guillén, Mercedes del Valle Ramírez, María Luisa Salto y Juan Carlos Soulier.

Durante la conferencia de prensa, las autoridades también recordaron la identificación de Alejandro Jesús Jerez Boderau, comunicada en agosto. Con ese antecedente y los ocho nombres informados ahora, el total de personas identificadas entre los restos recuperados en Loma del Torito ascendió a 38.

Uno por uno, los desaparecidos identificados

Néstor Albino Acosta, conocido por su familia como “Langosta”, nació el 11 de diciembre de 1955. Trabajaba en la línea Mitre del ferrocarril, al igual que su padre, y estudiaba Arquitectura en la Universidad Nacional de Córdoba. Ingresó a Ferrocarriles Argentinos en enero de 1975 como peón provisorio y era referente de una lista opositora a la conducción de la Unión Ferroviaria.

Fue secuestrado el 16 de junio de 1976 en su domicilio de barrio Talleres Sud, en la ciudad de Córdoba, delante de su madre y sus hermanos. Tenía 20 años. Dos años después, la empresa lo despidió por “abandono de servicio”, pese a que permanecía desaparecido. Su legajo laboral fue reparado y entregado a sus familiares en 2016.

Pascual Delfín Ludueña, apodado “Tolo”, era obrero de Fiat Concord y delegado sindical. Era socio del Club Atlético Belgrano y tenía 29 años cuando fue secuestrado, el 24 de marzo de 1976, en su casa de barrio Patricios.

Claudio Norberto Nardini nació en 1941 y cursó sus estudios secundarios en la escuela Jerónimo Luis de Cabrera. Trabajaba como obrero en SanCor y era delegado de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (Atilra).

Nardini estudiaba inglés y también se formaba en italiano y alemán. En la planta láctea traducía manuales de maquinaria procedente del exterior y capacitaba a sus compañeros para su uso. Fue secuestrado el 23 de abril de 1976 de su vivienda, ubicada en el camino a Monte Cristo. En ese momento, tenía 34 años.

Cecilia Alicia Pessina de Ávila nació en Río Tercero en 1948. Se graduó como psicóloga en la Universidad Nacional de Córdoba, era profesora de piano y militaba en la Organización Comunista Poder Obrero. Estaba casada con Benjamín Ávila Alfaro y era madre de una niña.

Fue secuestrada el 14 de agosto de 1976 en su vivienda de barrio Alto Alberdi, en presencia de su hija. Su esposo había sido asesinado el día anterior. La historia de Pessina fue reconstruida por familiares y allegados.

Mónica Protti de Guillén nació en Río Cuarto en 1952. Era maestra y estudiaba Medicina en la Universidad Nacional de Córdoba. Militaba en el Partido Comunista y fue secuestrada el 21 de septiembre de 1976 junto a su compañero, Enrique Daniel Guillén, en una vivienda de barrio Villa Belgrano. Guillén continúa desaparecido.

Mercedes del Valle Ramírez nació el 9 de marzo de 1954 en la ciudad de Córdoba. Cursaba cuarto año del secundario en el Colegio Juan Larrea, trabajaba en un negocio de lanas y participaba de la militancia estudiantil.

Tenía 22 años cuando fue secuestrada el 3 de julio de 1976. Permaneció cautiva en La Perla y los responsables de su secuestro y desaparición fueron juzgados en la megacausa La Perla-La Ribera-D2, cuya sentencia se dictó en 2016.

María Luisa Salto, conocida por su familia como “Mara” o “Marita”, nació en Cipolletti, Río Negro, en 1955. Se trasladó a Córdoba para estudiar Medicina en la UNC, participó de la militancia universitaria y desarrolló tareas de alfabetización en barrios populares.

Fue secuestrada en julio de 1976, cuando tenía 20 años, y permaneció cautiva en La Perla. Su identificación fue posible a partir de un fragmento óseo de su pie y del cotejo con muestras de ADN de su familia, que arrojó una compatibilidad del 99,9%. Sus familiares esperan que, una vez concluidas las instancias científicas y judiciales, sus restos puedan ser trasladados a Cipolletti.

Juan Carlos Soulier Guillén, conocido como “El Negro”, nació en La Rioja en 1952 y se mudó con su familia a Córdoba cuando era niño. Estudió en el colegio Pío X y luego ingresó a la Universidad Tecnológica Nacional, donde participó del centro de estudiantes.

Trabajaba como electricista en el negocio familiar y militaba en los Comandos Populares de Liberación, agrupación que luego se integró a las Fuerzas Armadas de Liberación 22. Se casó con Adriana María Díaz Ríos en 1974 y la pareja tuvo un hijo en febrero de 1976.

El 15 de agosto de ese año, Soulier fue secuestrado junto con su esposa y su bebé de cinco meses en su vivienda de barrio Villa Páez. El niño fue recuperado por su familia. Juan Carlos permaneció cautivo en el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, conocido como D2, y posteriormente fue trasladado a La Perla.

Alejandro Ernesto Jesús Jerez Boderau nació el 30 de julio de 1953 en la ciudad de Buenos Aires. Vivió parte de su juventud en Santiago del Estero, donde terminó el secundario, y luego se radicó en Córdoba. Estudiaba Psicología en la Universidad Nacional de Córdoba, trabajaba en la planta de IKA-Renault de barrio Santa Isabel y militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores.

Tenía 22 años y era padre de una niña cuando fue secuestrado el 5 de mayo de 1976 en una pensión de barrio Alberdi, junto con su compañera Susana Noemí Huarte Martínez, embarazada de dos meses. Jerez Boderau fue llevado a La Perla; Huarte Martínez continúa desaparecida y el niño o niña que debía nacer en cautiverio aún no recuperó su identidad.

Luis Gómez Negrete, titular de la Comisión de Búsqueda de Personas (CAIBP) de la Ciudad de México, durante la presentación de los resultados de la estrategia de personas desaparecidas, afirmó que no existen casos de desaparición forzada en la capital.

“No tenemos casos de desaparición forzada en la Ciudad de México”, afirmó el funcionario, quien señaló que el fenómeno debe ser revisado “críticamente”, ya que implica la participación de funcionarios públicos en la comisión del delito de una desaparición. Señaló que esta es una preocupación internacional e insistió en que “no está asociado” con los casos de la capital.

Grupos criminales: “una proporción pequeña”

Al detallar los diez problemas asociados a la desaparición, el funcionario indicó que entre los delitos graves está la desaparición cometida por grupos criminales. Esta implica reclutamiento forzado, trata, secuestro o disputas entre organizaciones. Reconoció que es una proporción pequeña, pero un problema presente en la ciudad.

También mencionó los casos de homicidio o feminicidio con ocultamiento, en los que se intenta esconder a la víctima para evadir la justicia.

1. DESAPARICIÓN FORZADA POR ACTORES DEL ESTADO. Policías, fuerzas armadas o autoridades locales. Casos aislados, no política sistemática.
2. DESAPARICIÓN POR GRUPOS CRIMINALES. Reclutamiento forzado, trata, secuestro, disputas entre grupos.
3. HOMICIDIO O FEMINICIDIO CON OCULTAMIENTO. Ocultan a la víctima para evadir la justicia. Sin vínculo con el crimen organizado.
4. HUIDA POR VIOLENCIA FAMILIAR. La víctima se aleja para protegerse. El agresor puede reportar la ausencia de mala fé.
5. SUSTRACCIÓN Y RETENCIÓN DE MENORES. Conflictos entre progenitores o familiares. Dinámica y respuesta institucional propias.
6. AUSENCIA POR SALUD MENTAL, ADICCIÓN O DETERIORO COGNITIVO. Personas en situación de vulnerabilidad que se extravían.
7. DETENCIÓN O RECLUSIÓN DE LA PERSONA. La ausencia es consecuencia de la detención por la comisión de un delito provocada por la persona detenida.
8. ACCIDENTE CON VÍCTIMA NO IDENTIFICADA. Sin perpetrador intencional. Falla institucional en identificación y cruce de información.
9. SIN PROBLEMAS ASOCIA... AUSENCIA VOLUNTARIA. ...propia, sin delito de por medio... perpetrador ni víctima. .

La clasificación del CAIBP agrupa los casos así:

• Delito grave: desaparición forzada por actores del Estado, desaparición por grupos criminales y homicidio o feminicidio con ocultamiento.
• Problema social, personal y familiar: huida por violencia familiar, sustracción de menores y ausencia por salud mental, adicciones o deterioro cognitivo.
• Otros: detención o reclusión, accidente con víctima no identificada y ausencia voluntaria.

Distinguir estos fenómenos, explicó, es clave para diseñar políticas de prevención y estrategias de búsqueda.

Las cifras de 2026

Con información unificada de la FGJCDMX y la Comisión de Búsqueda de Personas, la presentación detalló:

• 2,729 personas con reporte de desaparición en 2026.
• 2,208 localizadas (80.9%): 2,158 con vida y 50 sin vida.
• 521 no localizadas (19.1%).
• Delito grave entre las localizadas: 26 casos (1.2%).
• Riesgo delictivo grave entre las no localizadas: 59 casos (11%).
• Ausencias voluntarias: 86.3%.

Entre las localizadas, 1,400 (63%) no tenían problemas asociados y 612 (28%) correspondían a problemas sociales, familiares o personales.

Un contexto de rechazo federal a la ONU

La afirmación surge en un contexto marcado por el rechazo del gobierno federal a la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas. En reiteradas ocasiones, el Estado mexicano ha señalado su rechazo e incluso reprochó no reconocer los avances de la estrategia de búsqueda.

La diputada Leonor Gómez Otegui, integrante del grupo parlamentario de Morena, defendió la medida en tribuna como una herramienta para “activar sin demora los mecanismos de búsqueda y localización” de infancias desaparecidas.

El tiempo como factor decisivo

“Las primeras horas, incluso los primeros minutos, son determinantes en estos casos”, afirmó la legisladora al presentar la reforma al Artículo 86 de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.

La iniciativa busca facultar a la Comisión Reguladora para requerir a las compañías de telefonía y a los operadores de red la emisión de una alerta digital a todos los dispositivos móviles conectados dentro de la zona de búsqueda.

De acuerdo con la diputada, el mecanismo funcionaría así:

• Cada persona cercana al lugar donde se presume la desaparición recibirá un aviso en su celular.
• El mensaje incluirá la fotografía, los datos de identificación y el modo de contactar a los padres.
• La difusión llegará a quienes “caminan por las calles, utilizan el transporte público o trabajan en los comercios cercanos”.

Limitaciones de los métodos actuales

Gómez Otegui señaló que los mecanismos vigentes enfrentan grandes limitaciones, como los volantes pegados en postes, “que muchas veces son ignorados”, y la difusión en sitios oficiales, que depende del número de visitantes digitales.

“El alcance de la divulgación de la alerta queda condicionado a las posibilidades físicas de las familias”, expuso la legisladora, quien describió el proceso que viven los padres: recorrer calles, acudir a hospitales y presentar denuncias con la esperanza de obtener información.

La diputada citó la experiencia de Panamá, donde la transmisión automática y masiva de la alerta AMBER a los teléfonos celulares ha logrado localizar a 367 infantes de 394 activaciones inmediatas. Esto representa, según sus palabras, “una práctica con más del 90% de éxito”.

La legisladora también destacó las acciones del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, entre ellas el Sistema Nacional de Búsqueda, al que atribuyó haber “logrado regresar a cientos de personas a sus hogares”, mientras a nivel nacional, Juan Pablo Albán Alencastro, presidente del CFD, informó que se activaría por primera vez el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. El gobierno federal ha subrayado su rechazo ante la interpretación y el alcance de esta normativa.

El sacerdote Clemente Morales Topete fue localizado con vida en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, luego de ser reportado como desaparecido el pasado sábado tras salir de una consulta médica.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Sinaloa informó que este martes el sacerdote fue localizado “sano y salvo” en la ciudad, tres días después de ser visto por última vez.

Las autoridades detallaron que elementos del Grupo Interinstitucional acudieron a la parroquia donde oficiaba misa, ubicada en la colonia La Campiña (también en Culiacán), para dar seguimiento a las acciones de seguridad e investigación del caso.

¿Cómo fue la desaparición del sacerdote?

El sacerdote Clemente Morales Topete, de 67 años, desapareció la tarde del sábado 24 de octubre en Culiacán después de acudir a una consulta médica y perder contacto con su comunidad cuando se dirigía a oficiar una misa en el templo Cristo Resucitado.

Una feligresa, identificada por medios locales como Rossy, narró los últimos momentos en los que se supo de él. Según su relato, el sacerdote se encontraba en una clínica cercana al sector Montebello, de donde salió de consulta médica y abordó su camioneta para dirigirse hacia la iglesia, ubicada en La Campiña, donde tenía programado dar misa a las cinco de la tarde.

El padre Clemente nunca llegó al templo. Desde ese momento, tanto su familia como la comunidad parroquial perdieron todo contacto con él. Según la ficha difundida por familiares, el sacerdote se desplazaba en una camioneta Toyota Hilux de color gris oscuro, modelo reciente, con placas UG34195.

Seguridad del estado mantuvo contacto con el obispo de Culiacán para ubicar al sacerdote

La gobernadora, Graciela Domínguez Nava, informó en días pasados que el secretario de Seguridad Pública estatal, Sinuhé Téllez López, mantenía comunicación directa con el obispo de Culiacán, monseñor Jesús José Herrera Quiñónez, para dar seguimiento al caso.

“Tenemos enlace con el obispo para todo esto. En este momento, el secretario de Seguridad Pública está en constante comunicación con él directamente, a nuestro nombre”, afirmó la mandataria.

Además, precisó que las labores de búsqueda seguían en curso para dar con el paradero del religioso: “Están en la búsqueda, se mantiene comunicación con las autoridades eclesiásticas, también en el seguimiento a esto”, expresó.

La mandataria también explicó que la Fiscalía General del Estado (FGE) recibió la denuncia sobre la desaparición del sacerdote y mantenía abierta una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Domínguez detalló que elementos de seguridad federal, estatal y municipal desplegaron un operativo de búsqueda del religioso. En las tareas también participaron las comisiones estatal y nacional de búsqueda de personas.

Por su parte, el obispo de Culiacán informó desde el reporte de desaparición del sacerdote Clemente Morales que los protocolos institucionales de búsqueda se encontraban activos. Asimismo, agradeció las muestras de solidaridad a fieles, comunidad en general y sacerdotes.

Feligreses exigieron respuestas en Palacio de Gobierno

Feligreses de Culiacán se presentaron el lunes 26 de octubre en la explanada de Palacio de Gobierno para exigir a las autoridades la localización del padre Clemente. Con veladoras y oraciones, integrantes de distintas comunidades religiosas se congregaron para clamar por el regreso del sacerdote.

Los asistentes señalaron que la privación ilegal de la libertad del párroco los mantiene en la incertidumbre y pidieron a las autoridades intensificar las acciones para dar con su paradero. Durante la concentración, describieron al padre Clemente como una persona cercana a su comunidad.

El vocero de la Diócesis de Culiacán, el padre Saúl Norzagaray, informó que la comunidad eclesiástica permanecía a la espera de información oficial sobre el caso.

“La Diócesis de Culiacán permanece en comunión de oración y a la espera de mayor información sobre la situación de nuestro hermano sacerdote, el padre Clemente Morales Topete”, indicó.

El penal de Mazatlán, en Sinaloa, continúa registrando hechos violentos luego de la riña que dejó 12 muertos a principios de mes, y en la que estuvieron involucrados miembros de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

A menos de 20 días de los hechos, medios locales reportaron la desaparición de José Luis Vega Parra, identificado como médico del Centro Penitenciario “El Castillo”, en Mazatlán, quien fue visto por última vez el pasado 23 de octubre.

De acuerdo con la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Sinaloa, el hombre, de 48 años, fue visto por última vez el viernes a las 8:30 horas en el municipio de El Rosario, al sur del estado, sin que hasta el momento existan indicios sobre su paradero.

El medio de Los Noticieristas identificó a Vega Parra como médico del penal de Mazatlán, quien vestía al momento de su desaparición camisa azul cielo con el escudo de “C. CJUDE”, pantalón de mezclilla azul oscuro y zapatos azul marino de gamusa.

Su ficha de búsqueda señala que el médico cuenta además con diversos lunares, una cicatriz en la ceja izquierda y tatuajes distintivos en la espalda y en ambos brazos, entre los que se encuentran el símbolo de la medicina y un león en color negro, así como la imagen de un atrapasueños y la cabeza de un lobo.

La desaparición del médico ocurrió 15 días después de la riña entre internos, donde murieron 10 personas, entre ellas un niño de dos años que se encontraba de visita en el lugar, además de dejar 16 personas lesionadas. Al día siguiente se registró otro incidente violento con dos internos muertos, lo que elevó a 12 el total de víctimas mortales en ambos hechos.

Violencia previa en el penal El Castillo

En el motín del 9 de octubre falleció Eduardo Jonathan Martínez Larios, conocido como “El Owen”, hermano de Óscar Luciano Martínez Larios, alias “El Casco”, integrante de la facción de Los Chapitos.

Se trataba de uno de los integrantes del clan de los hermanos Martínez Larios, que durante al menos una década sostuvo el control del sur de Sinaloa para la facción liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

“El Owen” cumplía una condena de 14 años por delitos de armas y narcóticos con su liberación prevista para 2029. Su primer antecedente de arresto, según reportes periodísticos, datan al menos del año 2014, cuando fue detenido en Mazatlán mientras conducía un vehículo a exceso de velocidad. Las autoridades le aseguraron un arma calibre nueve milímetros y 20 pastillas de clonazepam y diazepam.

Según documentó en periódico Noroeste, horas después de su captura irrumpió un grupo armado en las instalaciones de la Policía Estatal Preventiva de Mazatlán para rescatarlo.

La última captura de “El Owen” ocurrió en el año 2015 para ser recluido en el penal de “El Castillo”, donde cumplía una condena de 14 años, cuatro meses y quince días de prisión por acopio y portación de armas de fuego, posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y delitos contra la salud.

Luego de la riña, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) confirmó que detrás de los hechos de violencia se encontraban miembros de Los Chapitos.

Revisiones en el penal, traslados y la destitución del director

Tras los acontecimientos registrados en el centro penitenciario, las autoridades realizaron revisiones en las instalaciones y trasladaron a 49 personas privadas de la libertad a otros penales del país el pasado 15 de octubre.

Además, el director del Centro Penitenciario, Enrique Mora García, fue removido del cargo para la realización de las indagatorias sobre las dos riñas que dejaron muertos y heridos en el penal.

Sinuhé Téllez López, secretario de Seguridad Pública de Sinaloa, confirmó la separación del director para la realización de las investigaciones sin interferencias; sin embargo, este lunes la gobernadora, Graciela Domínguez Nava, explicó que la salida del director aún no se concreta debido a que han enfrentado dificultades para encontrar su remplazo.

Además, el fin de semana se reportó la muerte de dos reos del penal de Mazatlán: uno a causa de complicaciones de salud, y el otro fue hallado sin vida en su celda.

La organización Tejiendo Redes Infancia pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y al Senado de la República impulsar una política de Estado para prevenir y erradicar el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, luego de que la Cámara de Diputados aprobara una reforma que incorpora el reclutamiento criminal a la Ley General de Trata de Persona. El dictamen fue avalado por la Cámara de Diputados con 419 votos, pero, de acuerdo con la organización, no establece una política integral de prevención, desvinculación segura ni reparación para las víctimas.

La organización señaló que la reforma fue aprobada sin un proceso de parlamento abierto que incluyera a organizaciones especializadas, víctimas y adolescentes. También sostuvo que el dictamen dejó de lado la evidencia acumulada durante más de 15 años sobre la utilización de niñas, niños y adolescentes por parte de organizaciones criminales, así como recomendaciones formuladas por instancias internacionales como Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Recomendaciones internacionales ignoradas

En 2024, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas recomendó a México tipificar de manera expresa, en el Código Penal Federal, las violaciones relacionadas con el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en hostilidades. El organismo también pidió que las personas menores de edad fueran reconocidas como víctimas y que se desarrollaran programas de recuperación y reintegración.

Mientras que la CIDH reiteró el 12 de junio de 2026 la necesidad de establecer un delito autónomo de reclutamiento, acompañado de medidas integrales de prevención, investigación, protección y reparación. La organización considera que el dictamen no desarrolla esas obligaciones ni contempla una respuesta coordinada frente a la captación, el traslado, el sometimiento y la utilización de infancias.

Tejiendo Redes Infancia acusa que la reforma aprobada no atiende de manera suficiente esas recomendaciones porque reconoce el reclutamiento como un delito autónomo dentro de la legislación en materia de trata; mantiene pendientes aspectos relacionados con la investigación, la protección especializada de víctimas y la restricción de sus derechos. También advirtió que el Estado debe impedir su captación y garantizar que puedan abandonar las redes criminales sin ser asesinados, desaparecidos o encarcelados.

Violencia armada y captación de menores en plataformas digitales

Tejiendo Redes Infancia afirmó que México enfrenta una crisis de violencia armada contra la niñez. El reclutamiento, las desapariciones, la explotación sexual, el desplazamiento y los homicidios forman parte de dinámicas de control territorial y reproducción de violencia criminal. De acuerdo con registros del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, durante 2025 fueron asesinadas 817 niñas, niños y adolescentes, un promedio de 2,2 víctimas diarias, pese a la reducción respecto de 2024. La organización señaló que todavía no existe información pública suficiente para conocer la magnitud real del reclutamiento infantil.

La organización alertó sobre la captación mediante redes sociales, falsas ofertas laborales y videojuegos, mecanismos que la propia presidenta Claudia Sheinbaum ha reconocido públicamente. Aunque su gobierno ha promovido medidas de protección para la niñez en entornos digitales, el dictamen aprobado por los legisladores solo identifica los medios electrónicos como posibles instrumentos del delito, sin establecer obligaciones concretas para las plataformas, sistemas especializados de detección y denuncia, ni procedimientos para vincular las evidencias digitales con investigaciones de reclutamiento y desaparición.

La organización pidió crear un tipo penal autónomo y amplio, además de un mecanismo nacional de identificación, desvinculación segura, protección familiar, atención psicosocial, reintegración comunitaria y reparación integral. También solicitó presupuesto, coordinación institucional y evaluación pública.

Tejiendo Redes Infancia instó al Senado de la República a revisar el dictamen mediante un parlamento abierto, con acompañamiento del Comité de los Derechos del Niño, la CIDH y otros organismos internacionales, así como con la participación de organizaciones especializadas, instituciones académicas, familias buscadoras, autoridades de protección y adolescentes de territorios afectados por la violencia.

La manifestación se realizó en ambos sentidos de la autopista para exigir avances en las carpetas de investigación de más de 20 casos de personas desaparecidas. Las familias instalaron un campamento y solicitaron reunirse con autoridades de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México para acelerar las investigaciones.

La tensión aumentó alrededor de las 8:00 horas, cuando automovilistas y operadores de transporte de carga discutieron con las manifestantes. El enfrentamiento incluyó empujones, jaloneos y agresiones físicas; durante la confrontación, un automovilista gritó: “¡Ojalá nunca los encuentren!”.

Después de las agresiones, las partes acordaron permitir el paso de los vehículos durante 10 minutos. El bloqueo volvería a instalarse después de ese lapso, mientras las madres buscadoras esperaban la llegada de autoridades mexiquenses para iniciar un diálogo.

Las familias exigían avances en las investigaciones

Entre los colectivos participantes estaban Mariposas Buscando Corazones, Justicia Nacional y Flores en el Corazón. Sus integrantes pidieron avances en las carpetas de investigación de decenas de desapariciones y una reunión con José Luis Cervantes Martínez, fiscal general de Justicia del Estado de México.

Las manifestantes también exigieron la interconexión real del Banco Nacional de Datos Forenses, con el objetivo de mejorar el intercambio de información relacionada con personas desaparecidas y restos sin identificar. El reclamo formaba parte de las demandas planteadas durante el plantón.

La falta de respuesta inicial de las autoridades llevó a las familias a mantener las casas de campaña en la zona. El cierre provocó afectaciones a automovilistas y transportistas que circulaban hacia la Ciudad de México, por lo que se recomendó utilizar vías alternas, entre ellas la autopista Toluca-Naucalpan.

El bloqueo ocurrió en medio de una crisis de desapariciones que se acercaba a los 135 mil casos, de acuerdo con el contexto incluido en la información sobre la protesta. Las familias señalaron que la falta de avances en los expedientes las llevó a mantener el cierre de la carretera para exigir atención institucional.

El plantón permaneció en la México-Toluca

La protesta comenzó el día anterior y se extendió durante la noche del martes y la madrugada del miércoles. Las madres buscadoras permanecieron en el punto ubicado frente a las Plazas Outlet de Lerma, donde el cierre afectó la circulación de automóviles y vehículos de carga.

El acuerdo de permitir el paso temporal buscó reducir la tensión entre los conductores y las manifestantes, pero no significó el retiro del plantón. Las familias condicionaron la apertura permanente a la llegada de representantes de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

La exigencia central consistió en agilizar las investigaciones de las personas desaparecidas y establecer comunicación con las autoridades responsables. El grupo también pidió que el Banco Nacional de Datos Forenses funcionara de manera interconectada.

La carretera permaneció parcialmente bloqueada mientras las familias esperaban una respuesta oficial. La protesta generó filas de vehículos y obligó a los conductores a buscar rutas alternas para continuar su recorrido hacia la Ciudad de México.

• Madres buscadoras bloquearon la México-Toluca durante cerca de 24 horas.
• Automovilistas y manifestantes se enfrentaron con empujones, jaloneos, golpes y pedradas.
• Las familias exigieron avances en más de 20 investigaciones y diálogo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México.

“Tenemos otra versión del Rancho Izaguirre: los están quemando”, fueron las palabras de la fiscal de Nayarit, Elvia Ludmila Heredia Verdugo, con las que informó la localización de un centro de exterminio en la localidad de la Curva, municipio de Xalisco, en el que un número indeterminado de personas habrían sido calcinadas, presuntamente por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A poco más de catorce días del anuncio, las indagatorias han permitido a las autoridades identificar el funcionamiento de este sitio. De acuerdo con la fiscal, un testigo presencial, y otros adicionales, revelaron que el lugar era conocido como “La Casita” entre los encargados, en donde se resguardaba a las personas que privaban de la libertad.

Las víctimas eran torturadas, ejecutadas, carbonizadas y sus huesos arrojados a un arroyo cercano para evitar su localización. Heredia explicó, en entrevista con Azucena Uresti, que este sitio tendría operaciones desde -al menos- el año 2019, fecha que corresponde a la presencia de la estructura criminal en el estado.

Aunque el rancho Izaguirre ha sido catalogado por las autoridades como un centro de adiestramiento (pese a los señalamientos de madres buscadoras de que también era de exterminio), “La Casita” tenía como principal función la desaparición de personas y sus restos, en especial de aquellos que habían abandonado al grupo delictivo.

“Este grupo delincuencial lleva a personas que privaban de la libertad. Ellos manejan muchos términos: desertores, otros les dicen chapulines; que venden droga y que no pertenecen a ellos; a veces son pagos por desaparecer”, explicó.

Respecto a los pagos, la fiscal señaló que las actividades de desaparición también contemplaban la solicitud de particulares para la privación de la libertad de una persona con el fin de obtener un beneficio, o simplemente “por la ejecución”.

Usaban gasolina, jabón y otros químicos para desaparecer a las víctimas

Heredia explicó que los encargados del sitio usaban un tambo en que combinaban diversas sustancias, entre ellas jabón y gasolina, para calcinar a las víctimas.

“Utilizaban un tambo. Un tambo en el cual combinaban diésel y otros químicos, gasolina, me dicen que jabón para adherirse a la tela, según dicho del testigo. Y ya después, carbonizados, se arrojan los huesos a un riachuelo. Pero afortunadamente también se localiza una fosa ya con cuerpos de no tanta antigüedad, con altas posibilidades de que podamos obtener muestra genética”, dijo.

La fiscal detalló que desde el descubrimiento del sitio, ocurrido el 3 de octubre pasado, hasta el momento, llevan 85 indicios recolectados que van desde restos óseos carbonizados, elementos balísticos, manchas hemáticas, prendas, fragmentos, artículos personales, fotografías, entre otros.

Las indagatorias del sitio derivaron en el descubrimiento de tres fosas clandestinas con cinco cuerpos en el municipio de Tecuala. Ese hallazgo generó un operativo adicional en la zona norte del estado, con 10 detenciones, cateos y el aseguramiento de armamento y diversos indicios relacionados con la misma estructura criminal.

El reclutamiento detrás del grupo criminal: encargados eran entrenados por exmiembros de seguridad pública

Los testimonios recabados por la Fiscalía permitieron trazar el perfil del reclutamiento que alimenta a la organización detrás de “La Casita”. El jefe operativo en el estado es identificado como José Antonio Durán Tapia, alias “El Cachorro”, quien ingresó al grupo a los 13 años.

Su apodo, según explicó Heredia, proviene de haber sido “el consentido” de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, líder regional del CJNG antes de su aprehensión. Además, la fiscal señaló que Durán Tapia habría pasado por una escuela de adiestramiento en un estado del sur del país.

De acuerdo con las investigaciones, el patrón de reclutamiento comienza con menores que venden droga en puntos de distribución o actúan como halcones (labores de vigilancia). Después son trasladados a una zona serrana, donde reciben entrenamiento por parte de exintegrantes de corporaciones de seguridad pública.

“Les enseñan supervivencia, los levantan a las cinco de la mañana, les enseñan a usar armas, a dormir en árboles. Cuando hay un operativo, le llaman boludo al helicóptero, se esconden en barrancos”, dijo.

Heredia describió las condiciones de ese entrenamiento: los jóvenes aprenden a dormir en árboles, a usar armas y a esconderse en barrancos durante los operativos en los que se despliegan helicópteros, en jornadas que comienzan a las cinco de la mañana y en condiciones de hambre y exposición al clima.

Respecto al reclutamiento de menores, la fiscal explicó que han detectado que el grupo criminal busca a los jóvenes para “cuidar la línea”, es decir, realizar actos de vigilancia armada en la zona de conecta a Nayarit con los estados de Sinaloa, Durango y Zacatecas.

Además, explicó que el descubrimiento de este sitio de exterminio se derivó del hallazgo de dos cuerpos colgados y la colocación de narcomantas con amenazas al gobernador, Miguel Ángel Navarro Quintero, y a la fiscal.

Estos mensajes no han sido los únicos en contra del gobernador, ya que las primeras amenazas se dieron con la recuperación de 750 hectáreas de alto valor comercial cerca de Punta de Mita, las cuales se reintegraron al patrimonio estatal como parte del Mega Operativo Nuevo Nayarit.

“Los dos cuerpos que colgaron y las mantas que colocaron era otra amenaza directa. Bueno eso derivó toda esta investigación, las detenciones, las imputaciones, los cateos y precisamente el descubrimiento de este lugar en la Curva”, señaló.

El gobernador mencionó en la misma conferencia del 5 de octubre en la que se dio a conocer el centro de exterminio, que desde el momento en que asumió el cargo estuvo seguro de que entregaría “su resto”.

“Yo venía a hacer un gobierno suicida; yo no venía a jugar. Yo venía a apostar mi resto, yo no venía a reír”, afirmó Navarro.

Colectivos de búsqueda y familiares de personas desaparecidas exigieron a la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, detener la revisión unilateral del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO). A través de una carta abierta, las organizaciones denunciaron su total exclusión en el reciente nombramiento de expertos nacionales e internacionales encargados de auditar y evaluar dicho censo.

Las familias cuestionaron que la dependencia federal haya designado a especialistas en inteligencia artificial, políticas públicas y estadística sin entablar un diálogo previo con quienes llevan años en las labores de búsqueda. “Una vez más se nos está dejando fuera, a pesar de que nadie conoce mejor que nosotras, los retos y revisiones que son necesarias hacer”, señalaron las madres buscadoras en el documento.

Ante la falta de claridad, los colectivos solicitaron una reunión pública urgente con los expertos designados y las autoridades de Segob para transparentar los términos de referencia, la metodología que se utilizará y garantizar la independencia del proceso.

Subrayaron su desconfianza debido a que en la revisión pasada, realizada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), se implementaron categorías que no existen en la ley —como “información insuficiente”— lo que derivó en acusaciones sobre un intento de “borrar” a personas desaparecidas de las listas oficiales.

El reproche de las organizaciones ocurre a unos días de que el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU (CED) rinda su informe ante la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se evaluará la magnitud de la crisis en México y la posible creación de un mecanismo de asistencia internacional para hacer frente a un flagelo que supera las 135 mil víctimas.

La exigencia fue respaldada por organizaciones civiles, académicos y colectivos de búsqueda de más de 15 estados del país, entre ellos Guanajuato, Veracruz, Tamaulipas, Nuevo León, Jalisco y la Ciudad de México, quienes demandaron que no se repliquen las malas prácticas institucionales al tratar a sus seres queridos como simples “cifras que van y vienen”.

Segob ya había revisado el Registro Nacional de Desaparecidos: ¿Qué pasó en ese momento?

El pasado mes de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó su informe actualizado del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, a la vez que presentó los avances derivados de la revisión y depuración del sistema, en donde confirmó que 130 mil personas se encontraban desaparecidas en México.

Ante esto, distintos colectivos defensores de derechos humanos, así como instituciones académicas, señalaron que las cifras presentadas por el gobierno Sheinbaum mostran inconsistencias, también acusaron la falta de participación de las familias en la construcción del diagnóstico oficial.

Asimismo, rechazaron el intento de reducir la cifra de personas desaparecidas, al recordar que el registro histórico supera los 130 mil casos, resultado —señalaron— de años de búsqueda impulsada por las propias familias.

Mientras que al principio del 2026, el CED de la ONU, dijo que en México atraviesa por una crisis de desaparición forzada, situación que fue desistimada por la mandataria, pues reprochó que no reconocieron sus estarategias de atención a la problemática.

Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la permanencia de Zoé Robledo al frente del IMSS. También afirmó que no había dado instrucciones para impedir la actuación de las autoridades; precisó que su única orden era no reprimir. Informó acciones para retirar contenidos y cuentas vinculadas con reclutamiento forzado en redes sociales, además de reforzar la identificación de personas fallecidas sin nombre. Indicó que la FGR debía informar sobre las investigaciones contra César Jáuregui.

Concluye la conferencia de prensa

Humanismo mexicano

La jefa del Ejecutivo celebró que la manufactura aumentara 10 puntos el mes de agosto: “se ha recuperado la industria automotriz y la electrónica, está creciendo con nuevos empleos”.

Claudia Sheinbaum sostiene que las situaciones de corrupción en el abastecimiento de medicamentos deben ser castigadas; adelanta que el día de mañana va a presentar a una empresa distribuidora de medicamentos que cobrará tres veces más lo que costaba un medicamento.

La presidenta dice que la FGR es la única que puede informar sobre los otros temas que investiga sobre César Jáuregui, exfiscal de Chihuahua.

/mexico/2026/10/19/chihuahua-reconocio-a-cesar-jauregui-como-responsable-del-caso-ciacomo-un-fiscal-es-el-primero-que-viola-la-ley-cuestiona-sheinbaum/

Sheinbaum celebra que se solucionó la sanción en las aerolíneas, ahora empresas mexicanas y estadounidenses pueden operar desde el AIFA sin problema.

Sheinbaum reconoce que Donald Trump le ha dicho que México está siendo gobernado por el crimen organizado, pero que ella le dice que es mentira, y le muestra los resultados del gabinete de seguridad. La mandataria sostiene que el presidente Trump nunca le ha mencionado en sus llamadas la palabra “narcopolítico” ni “corrupción”.

Durante las llamadas entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump, el funcionario estadounidense le ha solicitado que México incremente sus compras de gas natural, ante esto, la mandataria responde que tenemos cinco plantas de ciclo combinado y que “quieremos desarrollar más el gas natural”.

Sheinbaum explica que Trump le ha planteado que “si puede ayudar” a producción de petróleo, puede ayudar en el acuerdo comercial: “Le he dicho que aquí hay unas leyes, no se pueden dar derechos de petróleo”.

“No está en duda la permanencia de Zoé” en el IMSS, dijo Sheinbaum, señalando que tiene que resolver la problemática que enfrenta la dependencia.

El IMSS-Bienestar enfrenta problemas internos, según la presidenta, en relación al tema de la burocracia que hay para solicitar medicamentos, reiteró su interés por modernizar.

La presidenta explica que Zoé Robledo está presentando una propuesta integral con el sindicato de la dependencia; la nueva propuesta “va a atender la medida de lo posible porque hay que ser cuidadosos con el recurso económico”.

Tras ser cuestionada por la prensa acerca de si Zoé Robledo, titular del IMSS, será removido de su cargo, la presidenta respondió: “Por el momento no está en duda la permanencia de Zoé, está atendiendo todo lo necesario”.

/mexico/2026/10/19/no-esta-en-duda-la-permanencia-de-zoe-sheinbaum-fija-postura-ante-protestas-de-trabajadores-del-imss/

Sheinbaum afirma que no ha emitido órdenes para que las autoridades “no actúen”, que la única orden que ha dado es “no reprimir”.

La mandataria informa que María Luisa Alcalde Luján, consejera jurídica, prepara una iniciativa junto a las 32 fiscalías para ampliar las características de la fragancia “para que pueda participar de una mayor manera las autoridades federales o estatales en la detención de un individuo que está denunciando a una persona”.

La jefa del Ejecutivo afirma que sostiene diálogo con la comunidad michoacana para conocer las problemáticas y subrayó que el INEGI reconoce un 60% de reducción en la victimización y por ejemplo, en Uruapan.

“Siempre tiene que hacerse la investigación”, afirma Sheinbaum respecto a los reportes de lugares señalados como centros de reclutamiento forzado por madres buscadoras.

Ernestina Godoy, titular de la FGR, trabaja para fortalecer el sistema de identificación de personas que han fallecido y cuya identidad se desconoce . Para esto, Sheinbaum adelanta que la fiscalía recibirá el próximo año más presupuesto.

Mil 800 páginas vinculadas al reclutamiento de personas se han dado de baja, mientras que mil se encuentran en trámite de baja; estas páginas se han encontrado mayormente en TikTok.

Sheinbaum niega que fosas clandestinas en la Ciudad de México haya sido un tema generalizado durante su administración como jefa de gobierno, esto en relación a una investigación de la Universidad Iberoamericana (Ibero).

La presidenta, Omar García Harfuch y Ernestina Godoy, revisarán el estudio.

La jefa del Ejecutivo explica que su gobierno atiende el reclutamiento a través de dos acciones: la primera es que el área de ciberseguridad en el Centro Nacional de Inteligencia revisa las 24 horas del día plataformas de redes sociales como TikTok para bajar cuentas vinculadas a la reclutación forzada.

Además, el funcionamiento del Centro de Alertamiento de la Secretaría de Gobernación vinculada a los 32 estados de la república y se emiten alertas en todo el país cuando las familias notifican la desaparición de las personas.

La jefa de Estado explica que en la Fiscalía Estatal de Chihuahua emitió la primera orden de aprehensión en contra del exfiscal César Jáuregui, cuyas investigaciones encontraron delitos de servidores públicos.

Mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de aprehensión por el delito de traición a la patria, por ser el responsable del operativo en Chihuahua en donde participaron dos agentes de Estados Unidos. “Fue muy irresponsable”, el operativo, dijo Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum señala que la Universidad Nacional Autónoma (UNAM) tendrá un “presupuesto importante”, explica Sheinbaum que esto incentivará la apertura de más espacios educativos en la institución.

Sheinbaum sostiene que está en contra de cualquier forma de racismo y reiteró su respaldo a la comunidad mexicana en Estados Unidos. Se refirió a la muerte del compatriota mexicano a manos de ICE; dice que su administración presentará una denuncia ante EEUU.

/mexico/2026/10/19/mexico-exige-a-estados-unidos-esclarecer-la-muerte-de-un-connacional-bajo-custodia-del-ice-en-laredo-texas/

La presidenta señala que la banda de regional mexicano, Los Triges del Norte “tienen un papel muy importante para las y los mexicanos en el exterior”; destacó que la banda representa un símbolo.

Afirma que la banda es muy respetuosa con la política de Estados Unidos, que ellos únicamente cantan y defienden a los mexicanos.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se encuentra feliz por su acuerdo con las gasolineras. Adelanta que abrirá nuevas escuelas nivel medio superior y superior.

Mario Delgado Carillo, secretario de Educación Pública (SEP), presenta las convocatorias disponibles en la dependencia, entre ellas se encuentran:

• Prepa en Línea- SEP (inicia hoy)
• Bachillerato Nacional Margarita Maza
• Concurso nacional de ‘Calaveritas Literarias’

Julio César Trujillo informa sobre la realización de la Asamblea Virtual que se realizará el próximo viernes 23 de octubre a las 19:00 horas para responder dudas para realizar el registro a las becas del Bienestar.

Julio César León Trujillo, coordinador nacional de Becas para el Bienestar, presentó los avances en distintos programas como la Beca Rita Cetino que beneficia a niñas, niños y adolescentes estudiando preescolar, primaria y secundaria.

El gobierno de México apoya a 19, 593, 156 a becarias y becarios, con una inversión anual de 136, 982, 500.

El ejido El Balcón, perteneciente al municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, exigieron la localización con vida del último campesino que sigue desaparecido tras la privación de la libertad de ocho de sus vecinos, presuntamente por miembros de la Familia Michoacana.

Fue este viernes cuando elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) localizaron con vida a seis de los siete campesinos que fueron ‘levantados’ en distintos puntos mientras se dirigían a sus labores en el campo cerca de la comunidad de La Lajita.

Al respecto, el ejido informó que Domingo Atanacio Quirino, de 50 años de edad, es el último de los hombres que falta por localizar, por lo que exhortaron a las autoridades a redoblar esfuerzos y garantizar que las labores de búsqueda se lleven a cabo de manera “efectiva, coordinada y sin demora”.

“Por nuestra parte, seguiremos tocando puertas, alzando la voz y agotando todos los recursos a nuestro alcance. No descansaremos hasta encontrar a nuestro compañero Domingo y lograr que regrese con su familia y su comunidad”, detallaron en un comunicado.

Centro de Derechos Minerva Bello explicó que los hombres fueron liberados, no localizados por las autoridades

El Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia “Minerva Bello” esclareció que, de acuerdo con sus datos, las seis personas fueron liberadas en un sitio conocido como Puerto Grande -cercano al lugar donde fueron retenidos-, y fue en la zona donde los militares los localizaron de manera posterior.

Ante los hechos, reconocieron la intervención de las fuerzas armadas en su localización y posterior asistencia médica, pero señaló que la información que obtuvieron refiere que antes de conocerse su posible liberación, no se habría desplegado un operativo formal de búsqueda “con la oportunidad requerida”.

Derivado de esto, solicitaron a las autoridades que informen cuáles fueron las acciones realizadas desde los primeros avisos, “cuáles se omitieron o retrasaron y por qué”. Asimismo, exigieron a la Fiscalía General del Estado de Guerrero explicar por qué abrió una carpeta por privación de la libertad y no por desaparición de personas cometida por particulares.

El Centro, que ha brindado apoyo legal a las familias del ejido El Balcón en la desaparición de los campesinos, también exigió la localización inmediata y con vida de Domingo Atanacio Quirino mediante una búsqueda urgente y sostenida con participación e información efectiva a su familia.

“El Centro ha promovido el juicio de amparo 412/2026, con el objetivo de procurar la protección judicial de los derechos de Domingo Atanacio Quirino y de su familia, así como de impulsar las medidas necesarias para su pronta localización”, detallaron.

Los antecedentes: del secuestro de 8 personas a la liberación de un niño de 12 años con un mensaje de la Familia Michoacana

Un total de ocho campesinos de la comunidad de El Balcón fueron privados de la libertad el pasado 24 de septiembre, cuando se dirigían a sus labores de campo.

El caso comenzó cuando hombres armados los interceptaron en distintos puntos y los privaron de la libertad, entre ellos a un niño de 12 años de edad. Según relató un vecino consultado por El Sur de Acapulco, los agresores “iban agarrando” a quienes se cruzaban en su camino o regresaban de ordeñar.

Los pobladores de El Balcón denunciaron que el grupo fue privado de la libertad presuntamente por integrantes de la Familia Michoacana. Entre las ocho víctimas había un adolescente, un niño y un adulto mayor, todos identificados por la comunidad como trabajadores del campo.

Los habitantes del ejido insistieron en que ninguna de las personas desaparecidas tenía vínculos con actividades violentas. “Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias”.

La comunidad también advirtió a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que, de no recuperar con vida a los ocho pobladores, tomarían “las acciones que considere necesarias” para exigir su regreso, entre las que se encontraba una mega marcha rumbo a Palacio Nacional, la cual no se concreta hasta el momento.

Once días después de la privación de la libertad de los hombres, el grupo armado liberó a un niño de 12 años que había sido retenido junto a los otros siete pobladores. De acuerdo con El Sur de Acapulco, la liberación se produjo presuntamente con un mensaje de la Familia Michoacana, que utilizó al menor como intermediario de sus exigencias.

Según la reconstrucción de los hechos, los integrantes del cártel plantearon a la comunidad y a localidades cercanas condiciones para la liberación de los demás retenidos: “el libre tránsito, que queden bajo su control y el uso de sus tierras forestales”. Los pobladores de El Balcón rechazaron de inmediato esas exigencias y anunciaron que buscarían otras vías para lograr el regreso de sus vecinos.

Luego de varios días de exigir la localización de los campesinos, y de acusar falta de resultados por parte de las autoridades, la comunidad anunció que comenzaría a recurrir a organizaciones internacionales, entre ellas la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal de cualquier situación que pueda desencadenarse ante la falta de atención y resultados”, señaló el ejido, al tiempo que advirtió un incrementó de sus acciones para presionar la búsqueda y localización.

Los seis hombres rescatados son Everardo León, de 17 años; Fidel Quirino Atanacio, de 54; Isidro Brito Arriola, de 32; Eulises Medrano López, de 26; José Leodanis Medrano, de 24, y Nicolás Atanacio González, de 74. El que continúa sin localizarse es Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.

Originalmente fueron ocho los vecinos del ejido El Balcón privados de la libertad el 24 de septiembre en el paraje La Lajita mientras realizaban labores del campo. Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años, fue liberado el pasado 1 de octubre.

El hallazgo se logró mediante trabajos de inteligencia militar

El comunicado castrense compartido este día precisó que la localización de los seis campesinos se logró mediante trabajos de inteligencia militar, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal. Los hombres fueron trasladados a instalaciones de la Fiscalía estatal para las diligencias correspondientes, de acuerdo con la misma información oficial.

Según el documento, los campesinos se encontraban en buen estado de salud al momento del hallazgo y recibieron alimentación y atención médica por parte del personal militar antes del traslado. En un video del momento del rescate, un elemento castrense anunció a los hombres que les realizaría una exploración física y pidió que quien tuviera alguna lesión o enfermedad crónica lo hiciera saber para recibir atención, comenzando por la persona de mayor edad del grupo.

En la grabación, uno de los rescatados respondió al militar: “Yo también me siento débil y algunas llagas, pues, pero ya estoy sanando.” El militar confirmó que se trataba de “pequeñas llagas” y el campesino reiteró que, principalmente, se sentía débil.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y las autoridades estatales señalaron que con esta acción refrendaban su compromiso de trabajar de manera coordinada para garantizar la seguridad de la población en la región. Habitantes de El Balcón habían señalado desde el inicio del caso a presuntos integrantes de La Familia Michoacana como responsables de la privación de la libertad de sus vecinos.

El padre Filiberto Velázquez, director del Centro de Derechos de las Víctimas de la Violencia Minerva Bello, había declarado que los siete pobladores permanecerían en la región de Tierra Caliente, y que los captores exigían el control de la zona para obtener paso libre hacia la Costa Grande.

El director del Centro Minerva Bello pidió cautela antes de confirmar la liberación

Filiberto Velázquez advirtió horas después de darse a conocer la localización, en sus redes sociales, que circulaba información sobre la liberación de seis pobladores, pero pidió esperar los detalles de familiares y autoridades. “Rescate es una cosa y liberación otra”, escribió el sacerdote en una publicación que acumuló 35 reacciones y 29 veces compartido en menos de una hora.

La distinción de Velázquez cobró relevancia porque el propio Centro Minerva Bello había documentado, en una infografía publicada el 14 de octubre, que a 20 días de la desaparición no existía confirmación oficial sobre el paradero de los siete campesinos. El material señalaba que entre ellos se encontraban un adolescente de 17 años y un adulto mayor de 74, por lo que exigía protección especial para ambos ante cualquier operativo de búsqueda.

El Centro también había promovido un juicio de amparo que derivó en una resolución del Juzgado Noveno de Distrito, con sede en Iguala, la cual ordenó el 5 de octubre medidas urgentes de búsqueda bajo el principio de presunción de vida. Dicha resolución exigía ampliar los puntos de búsqueda e incorporar indicios aportados por las familias y la relatoría comunitaria, además de aplicar medidas especializadas para los menores de edad involucrados en el caso.

La infografía difundida por el Centro incluía también un número de contacto para que la población aportara información confidencial a la Fiscalía, en los teléfonos 733 100 5579 y 55 7442 3172, como parte de las exigencias ciudadanas dirigidas a los gobiernos federal y estatal, la Fiscalía, las comisiones de búsqueda y las instituciones de seguridad.

Antes de la localización, en redes sociales circuló un video de los campesinos siento interrogados

En una grabación difundida el pasado 7 de octubre, se observó a varios de los campesinos esposados e interrogados por una persona fuera de cuadro. En el material, los hombres declararon pertenecer al grupo criminal Los Granados, mencionaron a supuestos mandos y el número de personas armadas en sus comunidades; algunos de ellos señalaron portar armas largas AK-47 y R-15.

El padre Velázquez señaló que el material sería un montaje con el que se intentaba criminalizar a las víctimas de desaparición. El ejido El Balcón rechazó de inmediato el contenido de la grabación y señaló que la vestimenta táctica que portaban los vecinos no correspondía con la que llevaban el día en que fueron privados de la libertad, además de inconsistencias en sus declaraciones y en los nombres y apellidos mencionados. Además, solo cinco de los presentes en el video fueron identificados como parte de los desaparecidos.

La comunidad defendió en un comunicado la trayectoria de los siete hombres, a quienes describió como personas dedicadas al manejo forestal comunitario, la destilación de mezcal y la agricultura, muchos de ellos vinculados a proyectos de conservación y manejo sustentable de recursos naturales. “No vamos a permitir que la incertidumbre, el miedo o un video cambien nuestro propósito”, señaló el ejido en el mismo texto.

Como parte de sus acciones, el padre Velázquez había acudido el 8 de octubre al Poder Judicial de la Federación para entregar información de identificación e indicios sobre posibles sitios de traslado y cautiverio de los siete desaparecidos, en seguimiento al juicio de amparo promovido.

La Fiscalía General del Estado de Guerrero había ofrecido una recompensa de un millón 500 mil pesos por información que condujera a la localización de los siete campesinos, según la infografía difundida por el Centro Minerva Bello el 14 de octubre.

La Fiscalía CDMX inició el 13 de octubre la tercera fase del Plan de Recuperaciones Controladas en el Panteón Civil de Dolores, con trabajos en la fosa 26 para recuperar restos de personas inhumadas sin identificación, establecer su identidad mediante análisis forenses y, cuando correspondiera, restituirlas de manera digna a sus familias.

La intervención se concentró en el nivel 13 de inhumación de la fosa 26, línea 2 Bis. Las labores se programaron del 13 al 17 y del 20 al 23 de octubre, con la participación de instituciones del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Ciudad de México.

Los elementos óseos recuperados durante las jornadas serían trasladados al Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses del Poder Judicial de la Ciudad de México para su análisis. El plan contempló el cruce de información documental y registros de identificación para formular y corroborar hipótesis sobre la identidad de las personas fallecidas.

La tercera etapa dio continuidad a las intervenciones de arqueología forense realizadas en noviembre de 2025 y marzo de 2026 en la misma fosa. En las dos primeras fases se recuperaron 45 individuos; de ellos, 12 fueron plenamente identificados y 25 contaban con hipótesis de identidad que seguían en proceso de corroboración.

La fosa 26 incorporó poleas y andamios para evitar daños a los restos

La Secretaría de Obras y Servicios de la Ciudad de México colaboró en el diseño e instalación de un sistema de poleas y andamios adaptado a las características de la fosa 26. El mecanismo permitió que el personal pericial descendiera para recuperar los restos sin colocarse directamente sobre las capas de tierra donde permanecían individuos aún no exhumados.

Con ese sistema, las instituciones buscaron evitar la compactación del terreno y reducir el riesgo de fragmentación de elementos óseos. La jornada de apertura fue encabezada por familiares de personas desaparecidas e integrantes de colectivos de búsqueda; después, personal especializado comenzó la preparación y el retiro controlado de tierra.

Por parte de la Fiscalía CDMX, participaron agentes del Ministerio Público, personal pericial y elementos de la Policía de Investigación. También intervinieron especialistas en antropología de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y personal pericial del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

La operación incluyó a personal de la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Obras y Servicios, el Heroico Cuerpo de Bomberos y la alcaldía Miguel Hidalgo. La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participaron mediante labores de observación y acompañamiento.

Cuatro familias siguieron las hipótesis de identidad vinculadas con la fosa

Durante la primera jornada estuvieron presentes el comisionado de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete; el titular del Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz; la coordinadora del Plan de Recuperaciones Controladas, Zacnité Minor Garduño, y la subdirectora de la Coordinación General de Implementación de la Fiscalía CDMX, Brenda Reyes.

La participación de familiares fue uno de los componentes del plan. Cuatro familias vinculadas con hipótesis de identidad de personas que podrían encontrarse en la fosa habían seguido las intervenciones previas y recibieron información sobre los avances de los trabajos.

Familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y personas expertas independientes acompañaron las jornadas como observadores. Además, la Brigada de Cuidados brindó acompañamiento psicosocial con personal de la Fiscalía CDMX, la Comisión de Búsqueda de Personas y la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.

Como parte de ese acompañamiento, se realizaron talleres y ejercicios de memoria dedicados a las personas desaparecidas. El Plan de Recuperaciones Controladas formó parte de los 30 compromisos de la Estrategia de la Ciudad de México para la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, reconoció este jueves, durante la conferencia de prensa matutina, el trabajo que ha hecho la Secretaría de Gobernación con la subsecretaría de Derechos Humanos y la Fiscalía General de la República (FGR) en torno al tema de desaparecidos en México durante el periodo de la llamada Guerra Sucia.

Sheinbaum dijo que se ha reunido unas cuatro veces con el colectivo Eureka, mismo del que fue parte Rosario Ibarra de Piedra, madre de Rosario Piedra Ibarra, actual Presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

“La Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo un documento muy completo de ese periodo lamentable de la historia de México, donde se utilizaba la desaparición forzada contra personas que pensaban distinto, o que incluso habían optado por la guerrilla, pero que en todo caso su tratamiento no debería de haber sido nunca la desaparición, sino, si habían cometido un delito, proceder dentro de la ley”, señaló la mandataria.

Sheinbaum dijo que se trabajaba en ello, que la Secretaría de la Defensa Nacional debía responder ante la petición del juez, y con los colectivos de desaparecidos de esa época, particularmente Eureka, se trabajaba en tres sentidos:

• El reconocimiento del Estado Mexicano, que no se ha reconocido, de la desaparición forzada de aquella época, ordenada desde las más altas esferas del poder.
• Verdad y justicia
• Saber el paradero de los desaparecidos y saber qué ocurrió con esos jóvenes.

“Se está trabajando en los tres sentidos para poder, pronto, generar todas las condiciones. Ernestina Godoy puso un fiscal, a Raúl Jiménez, un nuevo fiscal, en esa Fiscalía, que es un hombre con mucha sensibilidad social, política, que ha sido un luchador social, para poder atender esta Fiscalía particular de víctimas de desaparición de la guerra sucia, y Arturo Medina ha estado trabajando con ellos, en las recomendaciones que hizo la Comisión Nacional de Derechos Humanos”, expuso Sheinbaum.

Esta declaración la realizó Sheinbaum luego de que una periodista le señalara que el pasado mes de agosto un juez le había ordenado a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar información sobre qué pasó con Alicia de los Ríos, entre otros, que es una de las jóvenes desaparecidas en 1978 que pertenecía a Liga Comunista 23 de Septiembre, en la época de la llamada Guerra Sucia.

La periodista pidió a Sheinbaum que como Comandante Suprema de las Fuerzas Armadas le ordenara a la Secretaría de la Defensa Nacional entregar la lista de esas personas, que señalan algunos, fueron 144, sin embargo, hay quienes dicen que pueden ser hasta mil 500, que en esos años de la Guerra Sucia se hizo una estrategia de desaparición, los llamados Vuelos de la Muerte, que consistían en tirar a líderes opositores al mar.

La periodista recordó que Alicia de los Ríos tenía muchos años buscando a su mamá y ha llevado a todas las vertientes jurídicas por saber qué ha pasado.

“Estos vuelos están documentados, hay documentos en la Secretaría de la Defensa Nacional, a partir del año 2000 que se empezaron a sacar a la luz muchos de esos archivos, lo que se pagó a esas tripulaciones, que trabajaban de noche, incluso quiénes las integraban”, señaló la periodista.

PJF determina que la Defensa ha sido omisa en entregar expedientes militares de la Guerra Sucia

Cabe destacar que el pasado mes de agosto, el Poder Judicial de la Federación determinó que la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) ha sido omisa en su obligación de transparentar y entregar los expedientes militares de la llamada Guerra Sucia, y reconoció que para dar debido cumplimiento a esta obligación se requiere la creación de una Comisión imparcial de transparencia de archivos.

El Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito resolvió, en sesión el pasado 6 de agosto, el amparo en revisión 43/2025, relacionado con los archivos de la llamada Guerra Sucia que permanecen en secreto en manos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Por mayoría de dos votos, de las magistradas Sandra Janet Hernández Chavez y Ana María Ibarra Olguín, se concedió el amparo de la justicia a Alicia de los Ríos Merino, quien busca a su madre, del mismo nombre, desaparecida desde 1978.

La madre buscadora Micaela González denunció que más de 400 cuerpos permanecían sin identificar en la zona centro de Sinaloa, un rezago que, según las familias de personas desaparecidas, requería personal exclusivo, recursos públicos y continuidad en los trabajos del centro de resguardo donde se revisaban restos de fosas comunes.

La integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda de Sinaloa y del colectivo Armadillos Rastreadores Sinaloa sostuvo que el Servicio Médico Forense les informó sobre la acumulación de cuerpos. La cifra era un cálculo compartido con las familias, no un registro oficial confirmado.

González señaló que algunos cadáveres estaban encimados dentro de las instalaciones. Ante ello, planteó que el estado necesitaba una política pública enfocada únicamente en la identificación de personas desaparecidas, separada de la atención cotidiana de los casos que ingresaban recientemente.

“Pero si hay un acúmulo de cuerpos, nosotros hablamos ahí con los de Semefo y nos dijeron que tenían incluso ya como amontonados los cuerpos, como más de 400 cuerpos que están encimados. Yo creo que sí se necesita ya generar una política que sea destinada solamente a trabajar con lo que son los cuerpos del tema de desaparecidos”, expresó al portal local Línea Directa.

Las familias pidieron personal exclusivo para identificar cuerpos

Las buscadoras habían solicitado una reunión con el área de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado para conocer el estado de los procedimientos forenses. También buscaban dialogar con la responsable del área, identificada como la maestra Cindy, ante la falta de resultados que percibían en la identificación de restos.

La madre buscadora explicó que el personal disponible no alcanzaba para atender el volumen de trabajo acumulado. Por esa razón, los colectivos propusieron crear una plantilla de trabajadores dedicada exclusivamente a la identificación forense de cuerpos y restos recuperados.

Durante una reunión previa con la Fiscalía, las familias recibieron información sobre una necesidad presupuestal estimada en 90 millones de pesos para atender la identificación forense. González indicó que esperaban que el presupuesto de 2027 contemplara recursos suficientes para disminuir el rezago.

Las familias consideraron que las autoridades habían concentrado sus esfuerzos en los casos recientes, mientras las desapariciones de larga data seguían sin avances suficientes. González estimó que el número de cuerpos pendientes de identificar podía ser mayor por la violencia registrada en los últimos años y las investigaciones acumuladas.

Las muestras de ADN también enfrentaron faltantes de información

Otro de los reclamos se relacionó con las muestras genéticas entregadas por familiares de personas desaparecidas. González relató que algunas personas acudieron al área de genética y recibieron como respuesta que faltaba el cuadro familiar complementario para realizar las confrontas correspondientes.

La falta de esos elementos impedía comparar perfiles genéticos y avanzar en la identificación de cuerpos. Las familias pidieron información clara sobre el manejo de las muestras de ADN, los requisitos pendientes y las etapas necesarias para obtener resultados.

A ese problema se sumó la suspensión de los trabajos relacionados con fosas comunes en el centro de resguardo. González afirmó que les habían comunicado que iniciaría una nueva etapa para procesar los restos recuperados, pero no observaron que las actividades se reanudaran.

Las familias tampoco tenían acceso directo a las instalaciones, lo que limitaba la información que podían obtener sobre los procedimientos, los restos bajo resguardo y el avance de los trabajos. La buscadora pidió que la Fiscalía mantuviera comunicación transparente sobre la fecha de reinicio y las labores previstas.

Micaela González mantiene la búsqueda de sus hijos desde 2012

González fue madre de dos hijos que desaparecidos tras una detención atribuida por ella a servidores públicos el 27 de noviembre de 2012 en Culiacán. En distintos testimonios, identificó a sus hijos como Antonio de Jesús Lozoya González y Cristian Giovanni Lozoya González, y señaló que nunca fueron presentados ante una instancia pública después de que se los llevaron.

La integrante de la Brigada Estatal de Búsqueda sostuvo que, durante los primeros años, las familias realizaron las búsquedas sin acompañamiento institucional. Relató que ingresaban a zonas de riesgo para buscar indicios y que enfrentaron amenazas, intimidaciones e incluso detenciones.

Entre 2016 y 2017, las familias comenzaron a incorporarse a colectivos y brigadas de búsqueda. González consideró que esa organización les permitió obtener acompañamiento para continuar con investigaciones, recorridos en campo y exigencias ante las autoridades.

“Quienes seguimos haciendo el trabajo que le corresponde a la fiscalía y a las comisiones de búsqueda somos las familias buscadoras”, afirmó. También lamentó que menos personas denunciaran desapariciones por temor a represalias relacionadas con la violencia y las amenazas de grupos criminales.

Las jornadas de búsqueda requerían acompañamiento de elementos de Defensa y Marina por el riesgo en distintas regiones de Sinaloa. González aseguró que las familias suspendieron algunos recorridos después de recibir avisos sobre narcolaboratorios clandestinos o presencia de grupos armados en las zonas donde pretendían buscar.

“Sin seguridad no podemos salir”, advirtió la buscadora al referirse a las condiciones en que las familias continuaban los recorridos. Su demanda incluyó fortalecer las investigaciones, garantizar protección durante las búsquedas y dar seguimiento a los casos de desaparición de larga data.

La experiencia de familiares de personas desaparecidas también quedó reunida en la “Guía inmediata para la búsqueda y localización de personas desaparecidas por familias buscadoras”, presentada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa. El material fue elaborado por Silvia Ortiz Solís, Micaela González González y Fabiola Pensado Barrera.

La guía reunió conocimientos adquiridos en capacitaciones forenses, tecnologías de rastreo y derechos humanos. Su contenido buscó orientar a las familias desde los primeros momentos de una desaparición, con información sobre instancias a las que podían acudir, documentos necesarios y formas de registrar las actuaciones de las autoridades.

El documento planteó dos rutas de búsqueda: bajo presunción de vida y búsqueda forense. La primera consideró las primeras 24 horas posteriores a la desaparición y la revisión de centros penitenciarios, albergues, centros de rehabilitación, hospitales e instituciones públicas.

La búsqueda forense incluyó recorridos en campo y preparación para distinguir restos óseos humanos de animales, así como la clasificación de materiales útiles para una identificación. La guía también abordó geolocalización, registros de llamadas, conservación de grabaciones de videovigilancia y el resguardo documental de cada gestión realizada por las familias.

“Porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos!”: es una de las consignas que pronuncian las familias y colectivos buscadores de personas desaparecidas en México; sin embargo, de acuerdo con Santiago Corcuera Cabezut, profesor de la Universidad Iberoamericana (Ibero), es una expresión que también refleja la situación emocional y jurídica que enfrentan las víctimas indirectas de la desaparición.

Corcura Cabezut relató para el medio universitario que, cuando una persona desaparece, las familias se enfrentan a la incertidumbre de no saber en dónde están sus seres queridos y –en algunos casos– a la presión de asumir la muerte de estos, sin evidencias sólidas. De acuerdo con el especialista, instar a los hogares afectados transgrede su derecho a la presunción de vida, un principio fundamental ante el desconocimiento de su paradero.

La revictimización psicológica y el peso de la incertidumbre

Corcuera documentó que algunos profesionales de la salud mental encargados de dar acompañamiento a las familias de personas desaparecidas sugieren resignarse ante la fatalidad. El especialista cuestiona severamente esta recomendación, señalando que una muerte no verificada vulnera el estado emocional de los afectados; desconocer el destino o las circunstancias de la persona desaparecida representa una tortura psicológica que se prolonga día a día.

El académico recordó que en su ensayo “Porque vivos se los llevaron, ¡vivos los queremos!”, una madre buscadora describió como una “dicha” el hallazgo de los restos de su hijo. Aunque parezca contradictorio vincular el alivio con una pérdida confirmada, Corcuera afirma que esta reacción surge de la paz que supone concluir la zozobra perpetua. Tener evidencia del final posibilita realizar ritos fúnebres, cerrando un ciclo de tormento.

Sin embargo, obtener esta dolorosa certeza no omite la exigencia de justicia ni el reclamo de reparación de daño.

Alternativas legales y el respeto a la esperanza

Además de los estragos emocionales, la ausencia de una persona sume a los círculos cercanos en un complicado laberinto patrimonial. Corcuera señala que las familias suelen encontrar barreras burocráticas al gestionar bienes de la persona desaparecida. Antes, la única vía para destrabar estos trámites era solicitar una declaratoria de muerte presunta, un procedimiento revictimizante que obligaba a los hogares a aceptar judicialmente una defunción indemostrable, contradiciendo su lucha por hallarlos con vida.

Para remediar esto, el catedrático resalta la “declaración especial de ausencia por desaparición”. Este mecanismo resulta vital porque resuelve conflictos financieros sin forzar a los allegados a dar por muerto a su familiar, protegiendo su patrimonio y su esperanza.

Ana María había elegido a Teresa como confidente de esa parte desconocida de su vida. Desconocida para muchos de los que la rodeaban en ese presente en San Pablo, Brasil, donde es una prestigiosa empresaria gastronómica.

Con el tiempo, Massochi le hizo un pedido a Donato que cambió el rumbo de ese vínculo: que escribiera su historia. Su hijo le había pedido que se la cuente pero ella no podía poner en palabras tanto horror. “Escribila, mamá”, le dijo. Y en ese momento Ana María supo que la única persona que podía ponerle voz a sus recuerdos era Teresa. De ese trabajo de entrevistas nació el libro Desaparecida dos veces y, junto al actor Dennis Smith, compartieron la autoría de la obra teatral Mi vida anterior, que lleva al escenario una experiencia atravesada por la militancia, el terror, el exilio y las marcas que deja la supervivencia.

Donato reconstruyó su pasado, en donde recogió en primera persona sus recuerdos y el peso que aquellos años todavía tienen en su vida.

En diálogo con Teleshow, la periodista, guionista y dramaturga habló del origen de la historia, del proceso compartido con Smith y de la reacción que genera un unipersonal que no busca dar respuestas sencillas. “Es una obra llena de grises, no es un panfleto, porque muestra la fragilidad de la condición humana”, dirá a lo largo de la entrevista para darle luz a todas las aristas que convergen en un solo dolor.

—¿Cómo conociste a Ana María y cuándo empezó a aparecer su historia?

—La conocí en diciembre de 2018, en San Pablo, por un amigo en común. Enseguida hubo onda. A los pocos días, ella empezó a decirme: “Vos no tenés idea de quién soy yo”. Después me contó que había sido oficial montonera, que había estado desaparecida y que en Brasil nadie sabía nada, ni siquiera Pedro, nuestro amigo en común. Me pidió que no dijera nada. A los periodistas y escritores cuando nos cuentan una historia así se nos paran todas las antenas. Pero ella era una amiga, o una futura amiga, y yo solo escuchaba. Así estuve cuatro años.

Donato explica que Massochi no siempre podía relatar los hechos de manera lineal y que, a veces, se incomodaba cuando le pedía precisiones. Sin embargo, con el correr de los encuentros, la autora percibió que había una necesidad de hablar de aquello que había quedado fuera de las conversaciones familiares.

—¿Cuándo te pidió que escribieras el libro?

—En 2022 me dijo que su hijo le había pedido conocer su historia, pero que no tenía coraje para escucharla en vivo porque sabía que le iba a doler mucho. Entonces le propuso: “¿Por qué no escribís un libro, mamá?”.

Ella cayó a mi casa y me dijo: “O lo escribís vos o no lo escribe nadie, porque yo de esto no hablé con nadie y por algo lo hablé con vos”. Yo nunca había escrito un libro. Venía del audiovisual, de los guiones y del periodismo, pero no de un libro. Me llevó tres años. Estuve unos dos años y medio entrevistándola, con idas y vueltas.

—¿Cómo apareció la posibilidad de llevar toda esa narrativa al teatro?

—Una amiga me dijo que con ese material tenía que hacer una obra. Se lo conté a Dennis y me preguntó de qué se trataba. Le dije que era la historia de una oficial montonera, desaparecida, sobreviviente, que se salva porque un militar se enamora de ella. Pero tenía muchos condimentos y ella era muy interesante como personaje, también desde lo dramatúrgico.

Al principio habían pensado que una actriz encarnara a Ana. Mientras el texto avanzaba, sin embargo, Smith expresó su deseo de asumir el desafío. Donato cuenta que el material de base incluía unas 1.500 páginas de entrevistas ya editadas, de las que debieron seleccionar escenas, voces y situaciones para construir la pieza.

—¿Cómo fue escribir Mi vida anterior entre los dos?

—La escribimos juntos. Yo no solté el libro y ni le dije “hacé lo que quieras”. Al contrario, íbamos trabajando: ‘vos hacés el hijo, yo hago la madre’; después al revés. Sumábamos cosas de un lado y del otro. Éramos muy cuidadosos: el que tocaba algo que había escrito el otro lo ponía en color y después lo debatíamos. Le pusimos mucho trabajo. La primera vez que la leímos entera, los dos nos largamos a llorar. Hacía un año que estábamos con el tema, escribiendo y reescribiendo, y aun así nos conmovió. Ahí pensamos que, si a nosotros nos pasaba eso, quizás también le podía pasar a otros.

—Dennis interpreta a todos los personajes. ¿Qué buscaban con esa decisión?

—Él dijo algo muy importante: podía hacer de mamá, de hijo, de padre, pero quería poner al actor detrás de la obra. No quería que salieran diciendo solamente “qué bien que hace de mamá” o “qué bien que hace de papá”. La protagonista tenía que estar adelante de nuestros propios egos y de las ganas de mostrarnos. Al principio teníamos miedo de que no se notara, pero cuando la vi armada pensé que no iba a haber dudas. Hay veces que, con las obras y los libros, chocan los planetas para bien. Creo que tiene que ver con el amor y la pasión que le pusimos al material y a la historia.

El estreno también tuvo un momento especial para Massochi. Antes de que la obra se presentara formalmente, ella había invitado a amigos y familiares que, en muchos casos, conocían apenas fragmentos de lo que le había sucedido. Su hijo sabía que había estado secuestrada y que un militar había tenido influencia en su destino, pero no conocía todos los detalles.

—¿Cómo reaccionó Ana al ver la obra?

—Vio un ensayo general. Ella ya había invitado a amigos y familiares que se iban a enterar ahí de quién había sido. Cuando hicimos un semimontado, vinieron unas 40 personas. Al final de la obra lloraban de una manera muy fuerte. Ana era como que pedía perdón. Al día siguiente, gran parte de ese grupo fue a saludar a los desaparecidos que están en el Parque de la Memoria y que tienen que ver con esta historia. Fue muy emocionante.

—La obra no presenta a Ana como una heroína intachable ni propone una lectura cómoda

—No es un panfleto, aunque queda claro de qué lado estamos. Es, en todo caso, una pancarta gris. Lo que incomoda a los espectadores y a nosotros mismos es que no nos deja sentarnos cómodos en el lugar del héroe y generar empatía con él. Te enfrenta con tu propia miseria, con lo que uno realmente es capaz de hacer. Tenemos casi 600 mensajes en Alternativa Teatral y muchos dicen: “Me fui pensando”, “Me quedé hablando con mi pareja”, “Me quedé hablando con mi hijo”. Ana no es una heroína. Todos nuestros grises hay que bancárselos. Ni traidora ni heroína, solo una mujer que hizo lo que pudo.

La autora señala que una parte de la potencia del relato está en no simplificar las decisiones tomadas bajo condiciones de violencia y cautiverio. Massochi estuvo casi ocho meses secuestrada sobreviviendo literalmente en un pozo, con torturas y violaciones. En un segmento de la obra, la protagonista - interpretada por Dennis- relata que cuando el torturador la sacaba de ese pozo para abusar de ella, “al menos ligaba una ducha tibia”. Ese temor continuó aun cuando logró rehacer su vida en Brasil.

—¿Qué fue lo más difícil de contar?

—Hay cosas que hicimos con mucho miedo y mucho respeto. En un momento aparece una frase sobre no saber si algo era placer o asco, pero también sobre que era lo único parecido a la vida que había en ese lugar. ¿Cómo se juzga a alguien que atravesó esos horrores? Todavía se piensa que los sobrevivientes son traidores, como si hubieran elegido lo que les pasó. Y no. Nadie levanta la mano para decir que quiere que lo elijan, que lo torturen o que lo violen. Hay que entender el horror vivido en carne propia.

—¿En qué estás trabajando ahora?

—El 2 de octubre estrena Puta madre, un biodrama que escribí con Carolina Fernández. Es la historia real de una madre que tiene un hijo detenido por drogas y de todas las preguntas y la vida que atraviesa una mamá con la tristeza de la adicción de su hijo: querer verlo libre y sano, y que sus ilusiones se estrellen contra el piso. En este caso, ella está en escena y el hijo aparece grabado desde el penal. La escribimos juntas, basada en su experiencia y en su libro.

Mi vida anterior se puede ver el 1° de noviembre en el Teatro Argentino de La Plata, con entrada gratuita. En Buenos Aires, la temporada termina el 7 de noviembre en el Teatro Dumont 4040, los domingos a las 18. Las entradas se pueden adquirir por Alternativa Teatral.

Integrantes del colectivo Buscando Mi Razón de Vida viajaron este jueves 8 de octubre a la Ciudad de México para entregar en Palacio Nacional un escrito dirigido a la presidenta, en el que alertaron que desde la primera semana de septiembre elementos de la Marina realizan patrullajes frente a sus domicilios y otros lugares que frecuentan.

De acuerdo con la carta, los recorridos se realizan a diferentes horas del día e incluso durante la madrugada. Las familias señalaron que han observado vehículos oficiales de color gris, algunos de ellos sin números económicos visibles, así como camionetas particulares de reciente modelo y color blanco.

Las víctimas aseguraron que esta situación ha generado temor de posibles represalias, particularmente entre mujeres y menores de edad que aún enfrentan las consecuencias psicológicas de las desapariciones ocurridas en 2018.

“Nuestros hijos e hijas, menores de edad, tan pronto ven una camioneta de la Marina pasando frente a nuestras casas (...) se asustan, entran en crisis nerviosas”, señalaron en el documento entregado a las autoridades.

Denuncian patrullajes frente a sus casas

Las familias que integran el colectivo indicaron que los presuntos patrullajes se han registrado en distintas colonias de Nuevo Laredo, entre ellas Francisco Villa, Olivos, Mirador, Benito Juárez, Valles de Anáhuac, El Progreso, Victoria y Las Torres.

Según el escrito, el temor no se limita a sus viviendas, pues las mujeres también han observado vehículos que atribuyen a la Marina cuando acuden a plazas cercanas o incluso a sus templos de oración.

Las integrantes del colectivo relacionaron estos hechos con su persistente exigencia de justicia por la desaparición y muerte de familiares ocurridas entre febrero y mayo de 2018.

Afirmaron que al menos 17 personas continúan desaparecidas y reprocharon que, ocho años después de los hechos, no hayan obtenido justicia.

“Bastante hemos sufrido nosotras y nuestras familias en estos ocho años desde que se llevaron a nuestros esposos, hijos, hermanos y padres y es fecha que la justicia no ha llegado”, expusieron.

El colectivo pidió a Sheinbaum que intervenga para detener cualquier acto de molestia o represalia que pudiera estar ocurriendo en sus domicilios.

Cuestionan absoluciones de 30 marinos

Además del presunto hostigamiento, las familias cuestionaron los resultados de los procesos judiciales iniciados contra elementos de la Marina señalados por su posible participación en casos de desaparición forzada.

En su carta afirmaron que 30 marinos detenidos en abril de 2021 ya no permanecen en prisión, luego de que distintos jueces federales determinaran su absolución o la no vinculación a proceso.

El colectivo citó cuatro causas penales. En la 155/2020, seis elementos fueron absueltos por el caso de Julio César Viramontes Arredondo; en la 307/2020, otros 13 marinos fueron absueltos por los casos de Noé Ignacio Alfárez Hernández y Jonathan Organista Ballesteros; mientras que en la 308/2020, 11 elementos fueron absueltos por el caso de José Luis Bautista Carrillo.

También mencionaron la causa penal 344/2021, relacionada con la desaparición de Adolfo Ángel Chigo Villegas, menor de edad que, de acuerdo con la carta, continúa desaparecido.

El caso más reciente citado por el colectivo ocurrió el 10 de septiembre de 2026, dentro de la causa penal 282/2026. Las familias señalaron que un juez federal determinó no vincular a proceso al elemento de la Marina identificado como Pietro Vázquez por los casos de José Daniel Trejo García y Gabriel Gaspar Vázquez, al considerar que la Fiscalía General de la República (FGR) no presentó pruebas suficientes y creíbles.

Las víctimas solicitaron que la actuación de los jueces involucrados sea investigada por las autoridades correspondientes.

Finalmente, el colectivo pidió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) activar las medidas cautelares relacionadas con la Recomendación 36VG/2020, emitida por violaciones graves a derechos humanos atribuidas a elementos de la Marina en Nuevo Laredo.

Las familias también solicitaron que la CNDH retome su llamado de mayo de 2026 para investigar la actuación de jueces federales en los casos que involucran a los 30 marinos y garantizar la protección de las víctimas y sus familias.

El padre Filiberto Velázquez Florencio, director del Centro Minerva Bello, acusó que se intenta criminalizar a los siete pobladores del ejido El Balcón, en Ajuchitlán del Progreso, Guerrero, luego de que se difundió un video en el que aparecen con ropa táctica y esposados.

Este miércoles comenzó a circular en redes sociales un material en el que aparecen cinco de los hombres ‘levantados’, presuntamente por miembros de la Familia Michoacana, y en el que refieren ser parte de un grupo de sicarios de Los Granados.

Ante la difusión del video, el padre, quien fue desplazado de Guerrero al recibir amenazas del crimen organizado por su participación en procesos de paz y defensa de derechos humanos, señaló que el material sería un montaje con el que intentan criminalizar a las víctimas de desaparición.

A 15 días de su desaparición, más de 300 comunidades de la sierra de Guerrero alistan una movilización rumbo a Palacio Nacional para exigir a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que encabece las labores de búsqueda y actúe en la localización de los vecinos del ejido El Balcón ante la falta de resultados.

Padre Filiberto entrega información sobre posibles sitios donde podrían estar los pobladores

Como parte de sus acciones en defensa de los derechos humanos, el padre Filiberto Velázquez acudió este miércoles al Poder Judicial de la Federación para entregar información de identificación e indicios sobre posibles sitios de traslado y cautiverio de los siete desaparecidos, quienes fueron privados de la libertad el pasado 24 de septiembre.

La entrega de indicios se realizó en seguimiento al juicio de amparo indirecto 412/2026. Los datos aportados recogen testimonios de las familias y la relatoría comunitaria sobre posibles sitios en los que podrían encontrarse los pobladores.

Cabe señalar que de los desaparecidos un niño de 12 años fue liberado la semana con un mensaje de los presuntos miembros del crimen organizado, quienes exigen el control de la zona y les permitan el libre acceso.

Con la entrega de los datos, el Centro Minerva Bello solicitó que las autoridades incorporen los indicios a sus planes de búsqueda y verifiquen los sitios, inmuebles y medios de transporte descritos en los testimonios, además de que pidieron se lleven a cabo las diligencias con supervisión judicial.

El Centro Minerva Bello recordó que el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Iguala, concedió el 5 de octubre una suspensión de plano que ordena acciones urgentes de búsqueda bajo presunción de vida.

Dicho acuerdo contempla ampliar los puntos de búsqueda conforme surjan nuevos indicios, revisar instalaciones y registros, además de aplicar medidas especializadas para las personas menores de edad involucradas en el caso.

Y es que entre los desaparecidos se encuentran un adolescente de 17 años y una persona adulta mayor, por lo que se exigió a las autoridades federales, estatales y municipales incorporar y verificar de inmediato la información aportada, además de fortalecer la coordinación entre fiscalías, comisiones de búsqueda e instituciones de seguridad.

La organización también solicitó documentar las diligencias y sus resultados para permitir la vigilancia de su cumplimiento, y exigió proporcionar información clara y periódica a las familias, además de garantizar su seguridad.

La exigencia de los captores: paso libre hacia la Costa Grande

El padre Filiberto Velázquez señaló que los siete pobladores permanecerían en la región de Tierra Caliente, dentro del estado de Guerrero, y detalló que los captores tuvieron contacto con la comunidad a través de llamadas telefónicas posterior a la liberación del niño.

Aunque explicó que desconoce cuáles eran las exigencias que realizaban a la comunidad en dichas comunicaciones, dijo que la principal exigencia es la de obtener el paso a la Costa Grande por la región.

El defensor insistió en que las búsquedas deben realizarse bajo el principio de presunción de vida. Esa es, según dijo, la exigencia central de las familias y comunidades afectadas.

Además, explicó que la desaparición se da en un contexto de gravedad por el control que ejercen grupos criminales sobre la economía, como lo son Ajuchitlán del Progreso y San Miguel Totolapan, donde ese control territorial es un hecho conocido.

Ejido El Balcón rechaza difusión de video y acusan intento por desvirtuar la desaparición de sus vecinos

Luego de la difusión del material donde los cinco hombres afirman ser presuntos miembros de un grupo criminal, el ejido El Balcón rechazó que sea utilizado para desvirtuar los hechos o generar una versión distinta de su desaparición.

Además, señalaron que la vestimenta táctica que portan los vecinos no corresponde con la que llevaban el día en que fueron privados de la libertad, así como sus declaraciones inconsistentes y en los nombres y apellidos que se mencionan.

“Quienes conocemos a nuestros compañeros sabemos a qué se han dedicado toda su vida. Son personas de bien, trabajadoras y comprometidas con sus comunidades. Se dedican al manejo forestal comunitario, a la destilación de mezcal y a la agricultura. Muchos de ellos, además, participaron directamente en proyectos de conservación, protección y manejo sustentable de los recursos naturales”, detallaron en un comunicado.

El ejido también explicó que el trabajo de los siete hombres no es desconocido, ya que distintas dependencias e instituciones del sector forestal y ambiental pueden dar cuenta de sus acciones en favor de la comunidad y su compromiso con el territorio.

“No vamos a permitir que la incertidumbre, el miedo o un video cambien nuestro propósito. Seguiremos unidos, redoblaremos esfuerzos y continuaremos exigiendo su localización. No retrocederemos. No daremos un paso atrás. Los queremos vivos y los queremos de regreso a casa”, acusaron.

La desaparición de cuatro turistas en el Lago de Yojoa mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia, luego de que una fuerte tormenta con lluvia intensa y vientos racheados sorprendiera a las personas mientras realizaban actividades turísticas en la zona.

Desde entonces, equipos de rescate recorren el lago para intentar establecer su paradero y determinar qué ocurrió con la embarcación en la que se movilizaban.

Las condiciones climáticas complicaron desde el inicio las labores de rescate, mientras el Cuerpo de Bomberos y la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco) trabajan para localizar a las personas cuyo paradero se desconoce desde el martes. Los equipos desplegados en el sector buscan establecer qué ocurrió y determinar el punto en el que pudieron haber desaparecido.

De acuerdo con el informe preliminar, la alerta fue recibida a través del Sistema Nacional de Emergencias 911, tras lo cual los bomberos se desplazaron inmediatamente hacia el Lago de Yojoa con el equipo necesario para iniciar las labores de búsqueda.

Al llegar al sector, los cuerpos de socorro encontraron condiciones poco favorables para realizar el operativo. El caudal del lago se encontraba crecido debido a las lluvias registradas en la zona, mientras que tampoco se contaba con una ubicación precisa de los turistas.

A pesar de estas dificultades, los equipos realizaron labores de búsqueda durante la noche del martes. Sin embargo, ante la presencia de condiciones climáticas adversas y el incremento del nivel del agua, se tomó la decisión de suspender temporalmente el operativo para evitar poner en riesgo a los propios rescatistas.

Las acciones fueron retomadas este miércoles con mejores condiciones de visibilidad, lo que permitió a los equipos realizar inspecciones con mayor claridad y obtener nuevos elementos para establecer qué pudo haber ocurrido.

La principal hipótesis que manejan de manera preliminar las autoridades apunta a que los turistas fueron sorprendidos por una fuerte tormenta acompañada de actividad eléctrica y vientos intensos mientras realizaban actividades turísticas en el lago.

Alberto López, comisionado regional de Copeco, explicó que la información recabada hasta ahora indica que las personas habrían salido a realizar algún tipo de actividad turística cuando fueron alcanzadas por el temporal.

“Ellos salieron a hacer algún tipo de turismo, pero fueron alcanzados por una lluvia fuerte, tormenta eléctrica y vientos racheados”, explicó el funcionario.

Según López, la fuerza de los vientos habría provocado un incidente con la embarcación en la que se movilizaban los turistas.

“La información que hay es que había unos vientos tan fuertes, por lo que la lancha fue levantada con todo y turistas”, agregó el comisionado regional.

No obstante, Copeco aclaró que esta información continúa siendo preliminar y que los equipos de emergencia trabajan en la recopilación de más datos para establecer con precisión las circunstancias del incidente.

Mientras avanzan las labores, los cuerpos de socorro mantienen desplegados recursos para inspeccionar diferentes sectores del Lago de Yojoa, considerado uno de los principales destinos turísticos de Honduras.

La falta de una ubicación exacta dificulta las operaciones, por lo que los equipos deben ampliar las zonas de inspección y analizar las posibles áreas hacia donde pudo desplazarse la embarcación como consecuencia de los fuertes vientos y el movimiento del agua.

Las autoridades también continúan recabando información entre las personas que se encontraban en el sector para establecer una cronología de los hechos y determinar con mayor precisión cuántas personas estaban a bordo.

Aunque inicialmente se reportó la desaparición de cuatro turistas, las autoridades indicaron que todavía no existe certeza absoluta sobre el número de personas que permanecían en la embarcación.

La situación mantiene en alerta a los equipos de emergencia, que continuarán con las labores de búsqueda mientras las condiciones del lago permitan desarrollar el operativo de manera segura.

El incidente ocurre durante la Semana Morazánica, período en el que miles de hondureños se movilizan hacia diferentes destinos turísticos del país.

Las lluvias registradas en distintos puntos de Honduras han obligado a las autoridades a mantener vigilancia sobre ríos, quebradas, lagos y otras zonas donde el incremento de los caudales puede representar un riesgo para los visitantes.

En el caso del Lago de Yojoa, las condiciones registradas el martes obligaron a los rescatistas a interrumpir temporalmente las operaciones durante la noche.

Mientras continúan las labores, Bomberos y Copeco mantienen como prioridad localizar a los turistas desaparecidos y esclarecer qué ocurrió durante la tormenta que habría provocado el incidente.

Luego de la desaparición de siete pobladores del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, más de 300 comunidades informaron que alistan una movilización hacia Palacio Nacional para exigir la búsqueda y localización de sus vecinos a 14 días de los hechos.

A través de un comunicado, el ejido detalló que este martes sostuvieron una reunión con representantes del gobierno estatal, municipal y federal sobre las acciones emprendidas, pero acusaron que no se presentaron avances concretos ni respuestas que den certezas a las familias.

“Han transcurrido 14 días desde la privación de la libertad de nuestros compañeros y, hasta este momento, las familias y comunidades seguimos sin respuestas claras, precisas ni resultados que permitan conocer su paradero y garantizar su regreso con vida”, señalaron.

Exigirán a Omar García Harfuch encabezar la búsqueda

Ante los hechos, informaron que la inconformidad trascendió a toda la región, por lo que 319 comunidades vecinas y de distintos puntos que forman parte de la Biosfera Sierra Tecuani -área natural protegida desde enero de 2024-, en los municipios de San Miguel Totolapan, Ajuchitlán del Progreso, Técpan de Galeana, Coyuca de Catalán y Atoyac de Álvarez se unieron para realizar una mega marcha.

“Hemos decidido emprender una movilización a gran escala rumbo a Palacio Nacional, con el propósito de solicitar directamente la intervención de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana al Gobierno de México y exigir que se fortalezcan las acciones de búsqueda y localización”, dijeron los pobladores.

Vecinos fueron privados de la libertad cuando se dirigían a trabajar

Ocho hombres del ejido El Balcón fueron privados de la libertad el pasado 24 de septiembre cuando se dirigían a trabajar al campo en la comunidad de La Lajita, los pobladores señalaron a presuntos miembros de la Familia Michoacana como los responsables.

Uno de los ocho, un niño de 12 años, fue liberado el pasado jueves. Según El Sur de Acapulco, el menor regresó como “mensajero” con una exigencia del grupo criminal: que la comunidad y localidades cercanas permitan el libre tránsito, queden bajo su control y cedan el uso de sus tierras forestales a cambio de la liberación de los siete restantes.

Los habitantes señalaron que no aceptarán las exigencias planteadas tras la liberación del menor y que buscarán otras vías para lograr el regreso con vida de sus siete vecinos. “Los queremos vivos y los queremos de regreso”, afirmaron en un comunicado.

Las víctimas, de acuerdo con testimonios recabados por el mismo medio, son personas que viven del campo, el ganado y el bosque. “Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, describió uno de los habitantes.

A diez días de la desaparición, más de 4 mil pobladores provenientes de distintas zonas de la sierra se manifestaron de forma pacífica para exigir la localización con vida de sus vecinos, y advirtieron que “paralizaremos la región” si no hay resultados inmediatos.

El Gobierno de Guerrero reporta un despliegue para localizarlos, pero a 14 días no ha sucedido

La Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero informó en días pasados que mantiene activo un despliegue interinstitucional con Policía Estatal, Ejército Mexicano y Guardia Nacional. Las corporaciones realizan recorridos de vigilancia y búsqueda en tramos que comunican Las Piñas, Puerto Grande y La Lajita.

Pese a ese operativo, los pobladores acusaron a las autoridades de falta de resultados. “Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, afirmaron.

El ejido anunció que recurrirá a la ONU y a la CIDH

Ante la ausencia de avances, el ejido El Balcón informó que comenzó a emprender acciones junto con organizaciones internacionales de las que forma parte: ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Como parte de la estrategia, la comunidad anunció que prepara una movilización de mayor magnitud con la participación de aproximadamente 150 comunidades y cabeceras municipales de la región. El objetivo es sostener la presión pública mientras continúa la búsqueda de los siete desaparecidos.

Además, exigieron a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que intervenga de manera directa en las acciones de seguridad para favorecer la localización de los siete hombres que permanecen desaparecidos.

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal de cualquier situación que pueda desencadenarse ante la falta de atención y resultados”, señalaron en el comunicado difundido tras la liberación del menor. El ejido advirtió que, de no haber respuesta inmediata, incrementará sus acciones de presión.

Elvia Ludmila Heredia Verdugo, fiscal general del Estado de Nayarit, informó el hallazgo de un centro de exterminio por incineración en el municipio de Xalisco, y que procesan desde desde el pasado 3 de octubre. En el sitio también fue localizada una hornilla artesanal utilizada para quemar cuerpos y una fosa clandestina con cuerpos.

En conferencia de prensa de este lunes, la funcionaria describió con detalle el método empleado por los responsables del sitio: se trataba de una estructura rudimentaria donde colocaban un tambo cargado con diésel, gasolina y jabón, este último utilizado para que el combustible se adhiriera a la piel y a la ropa de las víctimas.

Los cuerpos eran quemados hasta que los huesos quedaban carbonizados, y los restos eran arrojados posteriormente a un riachuelo cercano al predio. Heredia explicó que, en paralelo a este sitio que señaló como de “exterminio”, la Fiscalía también trabaja en una fosa donde se localizaron cuerpos de aparición reciente, para los cuales se busca obtener la correspondencia genética que permita identificarlos.

El fin de semana previo a la conferencia, madres buscadoras se sumaron a las labores periciales en el sitio. Durante esos trabajos ya lograron recuperar varias prendas que podrían pertenecer a las víctimas localizadas en el predio.

Fiscal señaló paralelismo con el Rancho Izaguirre, ubicado en Jalisco

La propia fiscal estableció un paralelismo directo con uno de los casos más recientes que documentaron la violencia en el país. “Tenemos otra versión del Rancho Izaguirre: los están quemando”, afirmó Heredia al describir la similitud entre ambos hallazgos.

El Rancho Izaguirre, ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, fue descubierto el 5 de marzo de 2025 por el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, luego de recibir una denuncia anónima. En ese predio, de más de 10 mil metros cuadrados, se documentaron cientos de prendas, zapatos, mochilas y restos humanos calcinados, además de estructuras utilizadas para el adiestramiento de reclutas.

Luego de varios meses, las autoridades federales confirmaron que el sitio era un centro de reclutamiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). La investigación, inicialmente a cargo de la fiscalía estatal de Jalisco, fue atraída después por la Fiscalía General de la República (FGR) ante la presión social generada por la magnitud del hallazgo y la falta de acciones pese a haberlo asegurado meses antes.

Sobrevivientes entrevistadas por medios como el canal Zona de Guerra y la periodista Carmen Aristegui relataron que el crematorio clandestino del Rancho Izaguirre operaba desde 2012. Una de ellas, identificada como María, describió cómo los reclutados eran obligados a excavar fosas, calcinar cuerpos y participar en la eliminación sistemática de restos humanos dentro del predio.

Detenciones por narcomantas también revelan datos sobre el reclutamiento en Nayarit

La fiscal presentó durante la conferencia a varias personas detenidas en el marco de una investigación por la colocación de narcomantas en la entidad, cuya captura se logró mediante un cateo realizado en la localidad de Ópalo, Xalisco, dentro del propio estado de Nayarit.

Entre ellas se encuentra Omar David, alias “El Güero”, señalado como arrendatario de los inmuebles conocidos como “nidos”, lugares donde los miembros de la organización pernoctaban.

Junto a él fue detenida su esposa, luego de que en el predio se hallaran restos de sangre hemática. Las prendas de los detenidos dieron positivo a sangre humana al aplicarse la prueba BlueStar, aunque la fiscal precisó que no existen referencias de que la mujer haya sufrido violencia familiar y que, hasta el momento, ella ha optado por no declarar al respecto.

Durante el mismo operativo fueron capturados cuatro halcones, identificados como Álvaro “N”, Juan “N”, Giancarlos “N” y Ocampo “N”. Las investigaciones derivadas de sus testimonios permitieron además la detención de Ana Paola “N”, quien señaló a un joven que había aparecido colgado en un video difundido en redes sociales, y a una empleada de una oficina gubernamental que operaba como enlace para filtrar información sobre los operativos de seguridad y la agenda del gobernador y su esposa.

El joven señalado por Ana Paola “N” ya se encuentra detenido gracias al programa estatal de recompensas, luego de que una denuncia ciudadana permitiera ubicarlo. Según explicó la fiscal, esta persona era la encargada de trasladar a los reclutados desde Tepic hacia la zona norte del estado.

El destino de esos jóvenes era lo que los propios integrantes de la organización denominaban “cuidar la línea”: la vigilancia armada del paso que conecta Nayarit con los estados de Sinaloa, Durango y Zacatecas, una ruta estratégica para el tránsito de drogas y personas entre esas entidades.

Heredia Verdugo subrayó que este patrón de reclutamiento y traslado hacia zonas de conflicto territorial ha sido una constante en las investigaciones recientes de la Fiscalía.

El hallazgo del centro de exterminio se conoció en un contexto marcado por amenazas directas contra el gobernador de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero. La fiscal detalló que las estructuras criminales investigadas habían planeado un atentado contra el mandatario en un puente ubicado sobre la autopista Tepic-Compostela.

Además, un día antes de esta conferencia, una avioneta se desplomó cerca del poblado de Mezquites, en el municipio de Ixtlán del Río. La fiscal no descartó que el incidente pudiera tratarse de un nuevo intento de atentar contra el mandatario.

Entre los 58 expedientes que acompañan a las familias del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas en El Salvador, hay un caso que resalta en el papel, pero que en la realidad comparte el mismo drama de incertidumbre.

Es el caso de Fernando Andrés Rosales, un comerciante de 35 años que desapareció el 5 de marzo de 2022 en la ciudad de Santa Ana.

Aunque es la única causa del colectivo que ha logrado avanzar hasta los tribunales con personas detenidas, el proceso penal se encuentra atrapado en un laberinto judicial de postergaciones que impide conocer la verdad sobre su paradero.

En entrevista con Infobae, Esmeralda del Carmen Rosales reconstruye paso a paso la travesía de su familia. Desde el primer día, la búsqueda de su hermano estuvo marcada por desorientaciones institucionales, demoras procedimentales y la angustia constante de una madre y una hermana que se niegan a dejar el expediente en el olvido.

La mañana del sábado 5 de marzo de 2022, Fernando Andrés Rosales salió temprano de su vivienda en Mejicanos a bordo de su vehículo. Se dedicaba a la venta ambulante de productos variados, como ropa y detergentes, recorriendo habitualmente mercados en diferentes departamentos. Ese día decidió trasladarse hacia el Mercado Central de Santa Ana.

Acostumbrado a regresar o comunicarse entre las 2:00 p.m. y las 3:00 p.m., el silencio en su teléfono celular encendió las alarmas de la familia al caer la tarde. Su hermana Esmeralda viajó esa misma noche hacia Santa Ana para buscarlo.

Al presentarse en las dependencias policiales para solicitar ayuda, se enfrentó a la indecisión y demoras de los agentes. La denuncia no fue procesada de inmediato, sino hasta la madrugada del 6 de marzo.

La angustia se intensificó horas después cuando los investigadores le aseguraron que Fernando se encontraba detenido en la sede del 911 de Flor Blanca, en San Salvador. Sin embargo, al trasladarse al lugar, la familia constató que se trataba de un informe equivocado.

Sin respuestas oficiales certeras, la propia familia localizó el vehículo de Fernando estacionado en una calle desolada a pocas cuadras del Mercado Central de Santa Ana.

A pesar de reportar el hallazgo a las autoridades y esperar durante horas la inspección técnica del automóvil, el cual fue decomisado para peritajes, no se entregaron informes posteriores sobre rastros o evidencias encontradas en el interior.

Evidencia en video y la persecución en la zona comercial

Con la incorporación de una abogada querellante al caso, la familia logró acceder a la información que constaba en el expediente judicial. Las investigaciones y las cámaras de videovigilancia de la zona comercial de Santa Ana permitieron reconstruir los últimos momentos en que Fernando fue visto con vida.

De acuerdo con los registros visuales y los testimonios incorporados al proceso —entre ellos el de un testigo bajo régimen de protección—, Fernando advirtió que era perseguido por un grupo de hombres mientras caminaba cerca del mercado.

En un intento desesperado por resguardarse, el comerciante ingresó a una ferretería del sector. Las cámaras captaron el momento en que los perseguidores observaban hacia el interior del establecimiento a través de los ventanales de vidrio, haciendo señas antes de simular que se retiraban del lugar.

Antes de salir del establecimiento, Fernando logró comunicarse telefónicamente con su entonces pareja para alertarle de la situación y pedirle que buscara auxilio con una patrulla policial.

Sin embargo, tras verificar que la calle parecía despejada, Fernando abandonó el local e intentó huir. En ese momento fue abordado por un grupo de aproximadamente ocho personas. Las imágenes muestran cómo fue rodeado y obligado a caminar bajo presión física por las calles aledañas, perdiéndose su rastro tras ser ingresado por la fuerza a un negocio de ropa usada de la zona.

El estado procesal: Cuatro capturas y más de 12 suspensiones de audiencia

El avance de las investigaciones permitió la detención de cuatro personas —tres hombres y una mujer— vinculadas al entorno del mercado de Santa Ana, quienes fueron procesadas por su presunta participación en la privación de libertad. A uno de los procesados se le otorgaron medidas sustitutivas a la detención, mientras que los otros tres continúan bajo prisión preventiva a la espera de la fase de instrucción.

A pesar de contar con imputados y elementos de prueba en el expediente, el caso se encuentra paralizado. La audiencia preliminar ha sido suspendida en más de 12 ocasiones por diversos motivos procesales, postergando año tras año la posibilidad de avanzar hacia un juicio.

Para la familia, la detención de los colaboradores del sector no es suficiente si no se determina el paradero de Fernando ni se identifica a los autores materiales directos que se lo llevaron de la zona.

Hoy en día, Esmeralda integra la coordinación del Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas, llevando la voz de su familia a las actividades públicas y legislativas del colectivo. “A mí lo que me mueve es la tristeza y el dolor de mis padres. El deseo de mi mamá es tener un lugar donde orarle, un lugar donde llevarle flores y saber que él está ahí”, concluye Esmeralda.

A más de cuatro años de la desaparición, la familia Rosales continúa exigiendo que el único caso judicializado del grupo no se convierta en un expediente más en el archivo de la impunidad.

El dolor de la ausencia no da tregua en El Salvador. La incertidumbre de no saber dónde está un ser querido convierte las horas en un peso insoportable y la rutina en una constante interrogante.

Ante la disolución de diversas organizaciones de apoyo humanitario y el agotamiento de recursos para acompañar a las víctimas, el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas se ha consolidado como una trinchera de resiliencia, articulación comunitaria y dignidad.

En entrevista exclusiva con Infobae, Josefa Mejías López y Guadalupe Beatriz Hernández Balzar reconstruyen la memoria de sus hijos, denunciando los obstáculos burocráticos y reafirmando un compromiso inquebrantable: no dejar que el olvido se borre sus nombres.

El sábado 14 de abril de 2018, la rutina de la familia Mejía se fracturó para siempre. Juan Antonio Mejía Mejía, de 26 años, trabajaba repartiendo agua embotellada en el municipio de Ilopango. Llevaba puesto su uniforme de trabajo, sus botas de hule y cargaba un bolso negro donde guardaba ropa de cambio y mangas de tela para protegerse del sol.

Aquel día era decisivo en la vida del joven. Padre de dos niños que en ese momento tenían tres y seis años, Juan Antonio había tomado la decisión de separarse de su pareja e irse a vivir con su madre, Josefa Mejías López, a la colonia La Selva. Quería ahorrar esa última semana de trabajo para actualizar su currículum y buscar un empleo nuevo que le permitiera seguir pagando la vivienda que había adquirido a través del Fondo Social para la Vivienda.

Sin embargo, al terminar la tarde, el joven no llegó ni a la casa que dejaría ni a la de su madre. La desesperación de Josefa comenzó a marcar la hora desde la 1:00 p.m. Al no tener noticias, empezó una búsqueda que no se ha detenido un solo día. “Empezó la angustia, el dolor, el deseo de encontrarlo. Lo he buscado yo como mamá, en que nadie me hizo caso, ni las autoridades. Yo lo busqué bajo de puentes, en los montes, en los tubos de agua, en las colonias, en los hospitales”, relató Josefa a Infobae.

Las primeras horas estuvieron marcadas por la falta de empatía institucional, cuando le indicaron que debía esperar 72 horas para interponer formalmente la denuncia. Durante dos años acudió de forma periódica a la Fiscalía General de la República, donde era sometida a entrevistas repetitivas sin obtener avances sobre las bitácoras telefónicas.

A lo largo de los años, Josefa ha recorrido comandancias, centros penales, la morgue de Medicina Legal, el Seguro Social e instalaciones de las Fuerzas Armadas. Días antes de su desaparición, Juan Antonio le había expresado temores sobre situaciones de riesgo en sus rutas de reparto, mencionando presiones por cobro de extorsión o “renta” en zonas como Las Margaritas en Soyapango, así como conflictos personales en su entorno cercano.

A pesar de haber sido citada para pruebas de ADN tras el hallazgo de restos en Cumbres de San Bartolo que vestían prendas similares a las de su hijo, resultado que finalmente no arrojó coincidencia, Josefa exige la creación de un banco genético unificado para que las muestras no se pierdan.

Tras unirse al Bloque de Búsqueda, sostiene su fe con firmeza: “Yo no quisiera morirme pensando que a mi hijo no lo pude encontrar, ni siquiera su cuerpo. Nosotros, lo que queremos es que nos ayuden a darnos esa ley para ser respaldadas. Si hubiera un banco, mi sangre estuviera guardada”.

Guadalupe Beatriz Hernández y la herida abierta por su hija y yerno

En la costa del departamento de La Libertad, el dolor de Guadalupe Beatriz Hernández Balzar se mantiene intacto desde el 19 de abril de 2021. Ese día, su hija Marcela Jacqueline Rojas Hernández, de 22 años, desapareció sin dejar rastro en la capital.

Marcela trabajaba elaborando arreglos florales en un negocio del mercado San Miguelito en San Salvador. Para evitar los largos trayectos diarios desde La Libertad, la joven alquilaba un cuarto en un mesón de la zona de Don Rúa, en San Salvador.

Marcela compartía su vida con su pareja, Ricardo Alfredo Durán, también de 22 años, quien trabajaba en el mismo sector del mercado. La mañana de aquel lunes 19 de abril, ambos salieron del mesón con dirección a sus labores a las 5:00 a.m., pero ninguno se presentó a trabajar ni volvió a la habitación. A las 5:00 p.m., la familia fue alertada de que la pareja no daba señales de vida.

Guadalupe inició una travesía desesperada acudiendo a centros asistenciales, morgues, hospitales y dependencias de la Policía Nacional Civil. Al consultar en la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), se encontró con la frialdad de las respuestas institucionales. “Aún hasta fui a la PDH y mejor me dijeron de que cuidara a mi hijo que tenía vivo, que ya no anduviera buscando a alguien que ya estaba muerto”, recordó Guadalupe en entrevista con Infobae.

La desaparición de la pareja dejó un vacío profundo y una enorme responsabilidad sobre los hombros de Guadalupe, quien tuvo que asumir de forma absoluta la crianza, educación y sostenimiento de los dos hijos de Marcela, que hoy enfrentan la infancia sin su madre. Con escasos recursos y enfrentando problemas de salud en su entorno familiar, la carga económica y emocional ha sido devastadora.

A pesar del temor y de las sospechas familiares sobre las presiones de pandillas y conflictos del pasado que rodeaban el entorno de los jóvenes, Guadalupe encontró una luz en el camino un año después de la desaparición, al incorporarse al Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El colectivo le brindó asesoría jurídica y un espacio seguro para hablar sin miedo.

“Uno sabe lo que nosotros sufrimos a diario. Yo antes ni hablar de esto podía”, confesó a Infobae, destacando cómo el apoyo de sus compañeras de lucha le ha devuelto las fuerzas para exigir que el Estado no abandone a las familias ni a los niños que han quedado en la orfandad. “Yo en lo personal quisiera que nos apoyaran, aún hasta con los niños que ella ha dejado. Nosotros solo pedimos ser escuchados”.

Un niño de 12 años que fue privado de la libertad junto a siete pobladores del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, fue liberado presuntamente con un mensaje de la Familia Michoacana.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, el niño fue liberado este jueves como una especie de “mensajero” debido a que los presuntos miembros del cártel exigieron a la comunidad y localidades cercanas “el libre tránsito, que queden bajo su control y el uso de sus tierras forestales” para que regresen las siete personas que permanecen desaparecidas.

Los pobladores señalaron que no aceptarán las exigencias y que buscarán otras alternativas para que regresen sus vecinos con vida, luego de ser reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre cuando hombres armados los ‘levantaron’ cuando se dirigían a trabajar en el campo.

Este viernes realizaron una marcha en Tecpan de Galeana más de 2 mil habitantes para exigir la localización con vida de los ocho pobladores desaparecidos, además de que se llevaron a cabo movilizaciones en Atoyac, San Jerónimo y Santa Rosa de Lima.

Pobladores solicitaron intervención de la ONU: acusan falta de resultados en la búsqueda

Luego de los hechos, el ejido El Balcón emitió un comunicado en el que confirmó la liberación del niño de 12 años, pero acusó la falta de resultados en la búsqueda de los siete pobladores que permanecen desaparecidos desde hace 11 días.

Ante los hechos, anunciaron que comenzaron a emprender acciones en colaboración con organizaciones internacionales de las que forman parte, así como de recurrir ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“Ante la falta de resultados, hemos comenzado a emprender acciones de la mano de las organizaciones internacionales de las que formamos parte, recurriendo a los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos y presentando las acciones correspondientes ante la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”, detallaron en un comunicado.

Como parte de las acciones emprendidas por la comunidad, detallaron que se preparan para organizar una movilización de gran magnitud en la que participarán aproximadamente 150 comunidades y cabeceras municipales.

Exigen a Harfuch que intervenga en la búsqueda

El ejido responsabilizó a las autoridades de lo que les pueda suceder derivado de la falta de atención a su petición de seguridad y en la búsqueda de sus vecinos.

Además, exigieron a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), que intervenga en las acciones de seguridad para favorecer la búsqueda de los pobladores.

“Responsabilizamos al Gobierno del Estado y al Gobierno Federal de cualquier situación que pueda desencadenarse ante la falta de atención y resultados. Así como también exigimos la intervención inmediata de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harfuch”, señalaron.

Cabe señalar que en días pasados la comunidad advirtió que las movilizaciones continuarán en caso de que no sean localizados sus vecinos, asegurando que “paralizaremos la región”.

“Esto apenas es una muestra de lo que somos capaces de hacer cuando nuestras familias están en riesgo”, dijeron luego de la marcha realizada en Tecpan de Galeana donde se movilizaron, según los propios pobladores, 4 mil personas.

Los pobladores también aseguraron que respetaron el tiempo que las autoridades solicitaron para dar con el paradero de los desaparecidos, pero que éste ya había terminado y sin resultados ni respuestas claras.

“Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, acusaron.

Durante su mensaje, la mandataria capitalina calificó la situación de las y los desaparecidos como “una herida abierta desde hace décadas” y afirmó que su administración asume la responsabilidad de atenderla, comprometiéndose a “buscar, buscar y buscar hasta encontrar”.

Entre las principales acciones anunciadas por el gobierno capitalino se encuentran:

• Coordinación y atención: Se instaló un gabinete metropolitano con el objetivo de que la búsqueda de personas no tenga fronteras.
• Infraestructura: Se creó un centro integral de atención para evitar el “peregrinaje” de las familias por distintas oficinas gubernamentales.
• Identificación forense: Actualmente, se construye un centro de resguardo temporal para garantizar la identificación digna de personas fallecidas que no han sido identificadas.
• Fortalecimiento a la Fiscalía: Se incorporarán 100 nuevos policías investigadores y 50 nuevos agentes del Ministerio Público, quienes estarán dedicados de forma exclusiva a las labores de investigación y búsqueda.
• Más recursos: Se duplicó el personal y los recursos económicos destinados a la comisión de búsqueda.
• Programas sociales: Se otorgará un apoyo económico de dos mil quinientos pesos mensuales a cada hija o hijo de personas desaparecidas.
• Atención personalizada: Se está generando un plan individualizado de apoyo para cada familia buscadora, así como un plan de investigación y búsqueda por cada persona desaparecida.

Brugada reiteró que su gobierno no dejará de acompañar a las familias y que se hará “todo lo que sea necesario” para localizar a las víctimas. En el mismo evento, la mandataria mencionó que se destinaron más de catorce mil millones de pesos al rubro de la educación para la creación de nueva infraestructura.

Represión a madres buscadoras en el Mundial 2026

Aunque Brugada mencionó a las madres buscadoras en su discurso, así como una serie de acciones implementadas para fortalecer la búsqueda de personas desaparecidas en la capital mexicana, las acusaciones en contra de familias buscadoras que se manifestaron los días en los que hubo partidos en el Estadio Azteca, pues tanto ella como la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionaron el apoyo con el que habrían llegado a la ciudad anfitriona.

Por otra parte, colectivos buscadores acusaron haber sido víctimas de encapsulamiento de contingentes, la imposibilidad de avanzar hacia ciertas zonas y la desproporción entre el número de agentes desplegados en la marcha del 11 de junio (día de la inauguración del Mundial). Además, previo al evento deportivo, las familias denunciaron el retiro de fichas de búsqueda por parte de autoridades capitalinas en las inmediaciones del coloso de Santa Úrsula, hecho que fue considerado como una acción de invisibilizar la crisis que vive el país.

Pobladores del ejido El Balcón, ubicado en el municipio de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, advirtieron que paralizarán la región en caso de que no sean localizados los ocho vecinos reportados como desaparecidos desde el pasado 24 de septiembre.

La comunidad señaló que este viernes se movilizaron más de 4 mil personas provenientes de distintas zonas de la sierra para manifestarse de manera pacífica para exigir que sean hallados con vida sus vecinos, pero advirtieron que en caso de no ser localizados, incrementarán sus acciones.

“Esto apenas es una muestra de lo que somos capaces de hacer cuando nuestras familias están en riesgo. Por ellos exigimos al Gobierno Federal que intervenga de manera inmediata. No queremos más días de espera, no queremos más promesas y no queremos más silencio. Queremos resultados”, señalaron en un comunicado.

Además, advirtieron que “paralizaremos la región” en caso de que no exista una respuesta inmediata y resultados para localizar y regresar con vida a sus compañeros.

“No queremos llegar a ese punto, pero tampoco vamos a quedarnos de brazos cruzados mientras nuestros compañeros siguen desaparecidos. Los queremos vivos y los queremos de regreso”, afirmaron.

Vecinos fueron privados de la libertad cuando se dirigían a trabajar

De acuerdo con pobladores, citados por El Sur de Acapulco, los ocho hombres fueron privados de la libertad cuando se encontraban en la comunidad de La Lajita para realizar labores en el campo, presuntamente por miembros de la Familia Michoacana.

“Tenemos por su vida y los queremos de vuelta. Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias; personas que no van por la vida dañando a los demás. Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, dijo uno de los habitantes.

Las víctimas fueron identificadas como:

• Isidro Brito Arriola, de 32 años.
• Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
• Everardo León Atanacio, de 17 años.
• Nicolás Atanacio González, adulto mayor.

• Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años.
• Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.
• Eulises Medrano López, de 26 años.
• José Leodanis Medrano López, de 24 años.

Gobierno de Guerrero afirma que el despliegue operativo para localizarlos continúa activo

La Coordinación para la Construcción de Paz del Estado de Guerrero informó que se mantiene activo el despliegue interinstitucional para reforzar la seguridad y apoyar en la búsqueda de los ocho hombres desaparecidos de Ajuchitlán del Progreso.

Las autoridades detallaron que en las labores participan elementos de la Policía Estatal, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional (GN), quienes realizan recorridos de vigilancia y búsqueda en tramos que comunican Las Piñas, Puerto Grande y La Lajita, así como en caminos y zonas aledañas.

Pese al despliegue operativo, los pobladores del ejido El Balcón acusaron a las autoridades de falta de resultados en la búsqueda de los 8 habitantes desaparecidos.

En días pasados emitieron un comunicado en el que aseguraron que respetaron el tiempo que las autoridades les solicitaron para localizar a sus vecinos, entre quienes se encuentran niños y un adulto mayor, pero que ante la falta de respuesta comenzarían con acciones para ubicarlos.

“Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, aseguraron.

Con esto, adelantaron que sería el pasado miércoles 30 de septiembre que tomarían acciones para localizar a los ocho hombres y exigir su regreso con vida.

“Hoy queremos decirlo con toda claridad: A partir de este momento, como familias y como comunidad, tomaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance y acudiremos hasta las últimas instancias para encontrar a nuestros familiares y exigir que regresen con vida”, advirtieron.

Además, el ejido responsabilizó a las autoridades de “todo lo que pueda desencadenarse a partir de su inacción y de la ausencia de una respuesta efectiva” para ubicar a los ocho hombres. Este domingo se cumplen diez días desde su desaparición.

Un centro de genealogía forense de Estados Unidos solicita la colaboración de la comunidad internacional para identificar a una joven cuyo cuerpo fue encontrado en Nueva Jersey hace 46 años, luego de que análisis avanzados de ADN revelaran vínculos genéticos directos con Cuba y las Islas Canarias.

La solicitud busca movilizar a familias de origen hispano que puedan aportar datos o muestras biológicas para esclarecer la identidad de la víctima, cuyo caso permanece abierto desde junio de 1980.

El Ramapo College Investigative Genetic Genealogy Center (IGG Center), perteneciente al Ramapo College of New Jersey, impulsó este llamado con la expectativa de que residentes o integrantes de la comunidad caribeña reconozcan las características físicas o la historia de la joven. La iniciativa fue difundida por el medio CiberCuba, que detalló las acciones de las autoridades para localizar a posibles parientes genéticos.

Los restos de la mujer, registrada de forma provisional bajo la denominación de Montague Jane Doe, fueron localizados el 24 de junio de 1980 en las cercanías del High Point State Park, en el municipio de Montague, dentro del condado de Sussex. Los análisis forenses iniciales estimaron que la víctima tenía entre 15 y 20 años al momento de su muerte, medía 1,55 metros (5 pies y 1 pulgada) y poseía cabello castaño oscuro lacio con algunos mechones teñidos de rubio.

A pesar de los rastreos efectuados durante la década de 1980 por los organismos de seguridad locales, la ausencia de coincidencias en las huellas dactilares y en los registros de personas desaparecidas impidió establecer su nombre. La investigación se mantuvo sin avances decisivos durante más de cuatro décadas, período en el cual el expediente permaneció clasificado entre los casos no resueltos de la región.

El ADN revela vínculos genéticos con Cuba y La Palma

La reapertura y avance de la causa se produjo mediante el trabajo coordinado entre la Unidad de Casos Fríos de la Policía Estatal de Nueva Jersey, el laboratorio Astrea Forensics y los investigadores del IGG Center. Mediante el empleo de técnicas de secuenciación de ADN forense aplicadas a muestras antiguas, los expertos obtuvieron un perfil genético que fue cotejado en bases de datos especializadas.

Los estudios científicos determinaron que la joven presentaba ascendencia española con líneas familiares vinculadas a Cuba y a la isla de La Palma, en las Islas Canarias.

Sin embargo, el genealogista investigativo Julián Rebelo precisó que los datos obtenidos en las plataformas actuales no ofrecen un parentesco lo suficientemente cercano para confirmar una identidad sin el aporte de nuevas muestras de la comunidad.

La migración histórica entre las Islas Canarias y el Caribe explica el perfil genético

El cruce de información genética entre poblaciones canarias y cubanas responde a un proceso migratorio constante iniciado en el siglo XVII. A lo largo de varias centurias, miles de pobladores del archipiélago español se asentaron en la isla caribeña, lo que derivó en una profunda relación genealógica compartida. Debido a esta dinámica demográfica, los exámenes de ADN en personas de origen cubano suelen reflejar marcadores propios de las islas de España, con especial presencia de La Palma.

Esta particularidad histórica orienta la búsqueda hacia familias cubanas radicadas tanto en la isla como en la diáspora asentada en Estados Unidos. La coincidencia observada en los exámenes biológicos confirma que la joven pertenecía a un linaje familiar con raíces en ambas geografías.

Panteón Rococó llevó al Tiny Desk de NPR Music una interpretación de 1993… dedicada a las personas desaparecidas en México durante la sesión difundida el 1 de octubre. La presentación combinó canciones de su repertorio.

“Te extraño, siempre te busco”, fue el mensaje que acompañó uno de los pasajes de la sesión. La frase puso el foco en la ausencia y en las familias que mantienen la búsqueda de sus seres queridos.

La participación de la banda mexicana llegó después del anuncio que NPR Music y Panteón Rococó compartieron en redes sociales el 30 de septiembre.

La publicación informó que el grupo estaría en El Tiny, el ciclo con el que la emisora estadounidense dedica varias semanas a músicos latinoamericanos durante el Mes de la Herencia Hispana.

El aviso definió a Panteón Rococó como una banda que se ha mantenido “a la vanguardia del ska mexicano” por más de tres décadas. También adelantó que la sesión estaría disponible en la página de Tiny Desk y en el canal de YouTube de NPR Music.

“Mañana solo en npr.org/tinydesk o NPR Music’s YouTube”, decía la publicación previa al lanzamiento. La actuación quedó incorporada a un espacio reconocido por grabar conciertos en vivo dentro de las oficinas de NPR, con los artistas rodeados por discos, libros y objetos de la redacción.

“1993…” llevó la búsqueda de desaparecidos a las oficinas de NPR

Durante su actuación, Panteón Rococó interpretó Arréglame el Alma, 1993…, Cha-Cha Love, La Dosis Perfecta y La Carencia. La selección recorrió distintas etapas de la banda y alternó momentos asociados al baile con letras de contenido social.

1993… ocupó un lugar distinto dentro de ese repertorio. La canción habla desde la espera de una persona que no vuelve y desde la necesidad de encontrar respuestas. La versión presentada en Tiny Desk trasladó ese planteamiento a una audiencia internacional.

La cita: “Para todos nuestros desaparecidos en México. Te extraño, siempre te busco, algún día nos encontraremos de nuevo, right here, right now” condensó el sentido de la intervención.

No se trató de un mensaje aislado de la canción: Panteón Rococó ha incluido referencias a las desapariciones y a las familias buscadoras en otras presentaciones.

La agrupación colocó ese tema en un concierto de formato reducido, lejos de los grandes recintos y festivales donde su música suele convocar a miles de personas. Los metales, las percusiones y los coros conservaron el pulso del ska, aunque la letra introdujo una pausa frente a la celebración que rodea buena parte de su repertorio.

“La búsqueda de personas es una obligación primaria e irrenunciable de las instituciones públicas”, sostuvo la Secretaría de Gobernación en un comunicado reciente.

Más de 135 mil personas desaparecidas forman parte del contexto en México

La dedicatoria de Panteón Rococó ocurrió en medio de una crisis de desapariciones que permanece bajo observación de organismos internacionales

El Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones Forzadas activó en marzo de 2026 el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas en relación con México.

Ese procedimiento permite llevar un caso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas cuando existen indicios de una práctica generalizada o sistemática.

El país acumula más de 135 mil personas desaparecidas y 72 mil restos humanos sin identificar. El promedio diario de desapariciones pasó de 25 a más de 40 personas en los dos años previos, con base en un estudio de A Dónde Van Los Desaparecidos elaborado a partir de registros oficiales.

“La información disponible no acredita la existencia de un patrón estatal ni recurrente de desaparición forzada de personas buscadoras”, afirmó la Secretaría de Gobernación.

La dependencia aseguró que cada caso se atiende con la debida diligencia y reconoció pendientes en búsqueda, investigación, identificación humana y acceso a la justicia.

Expertos de las Naciones Unidas advirtieron, por su parte, sobre agresiones contra mujeres buscadoras en Sinaloa. El pronunciamiento incluyó la desaparición de una defensora, la agresión contra otra activista junto con su hija y dos menores, y el atropello de integrantes de un colectivo durante una manifestación pacífica en Mazatlán.

“Las mujeres buscadoras siguen afrontando niveles alarmantes de violencia”, señalaron los especialistas de Naciones Unidas. El señalamiento se produjo en respuesta a casos ocurridos entre finales de agosto y principios de septiembre de 2026.

Bajo la lluvia, en casas de campaña y con ayuda ofrecida por la administración de la alcaldía Cuauhtémoc, en esas condiciones es que un grupo de madres buscadoras se resiste a abandonar el plantón que colocaron afuera de las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Doctores de la Ciudad de México para que reciban sus denuncias por la desaparición de sus familiares.

A 22 días del inicio de su protesta, la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, se ha rehusado a recibir de manera directa a las madres que día con día salen con la intención de localizar a los más de 130 mil desaparecidos, según datos de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

Encabezados por Margarita López, fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos en todo México y madre buscadora tras la desaparición de su hija Yahaira Guadalupe Bahena en abril de 2011, el grupo exige a la FGR que reciba sus denuncias luego de que los citaron para hacerlo y no los atendieron.

López refirió en días pasados en un podcast que incluso funcionarios recibieron a madres buscadoras en la central de autobuses para trasladarlas a emitir sus denuncias, pero no se las han recibido al decirles que se tiene que comprobar que son delitos federales.

Margarita López se comunicó con Godoy pero no tuvo respuesta directa

Al respecto, la fundadora del colectivo ha reiterado en múltiples ocasiones que las autoridades estatales no buscan a sus desaparecidos y que, las ausencias que quieren denunciar, tienen sustento en que se trata de la posible implicación de grupos del crimen organizado.

Sin embargo, los funcionarios de la FGR ubicados en la calle Dr. Velasco número 175 les han ofrecido entrevistarlas para verificar que sus denuncias pueden ser ingresadas a nivel federal y que no corresponden a lo local, sin darles más opciones para la búsqueda de sus familiares.

López también refirió que le envió de manera directa a la fiscal general un mensaje por WhatsApp en el que le comentó la situación en la que se encontraban, pero que nunca le contestó y solo envió a un enlace que no las dejaba hablar y solo les pedía entrevistarse para analizar si sus casos pueden ingresar a la FGR.

“El 99% de los desaparecidos en el país y ejecutados son por el crimen organizado, son por algún grupo delincuencial que operan en los municipios. Entonces a qué nos estamos enfrentando, a la inoperancia e inactividad de las fiscalías porque no quieren que los visibilicemos”, dijo a Voces Ausentes Podcast.

Interponen dos amparos para que Godoy las reciba

Margarita López acusó que las madres buscadoras no deberían promover amparos para obligar a la FGR a recibir sus denuncias luego de 22 días en espera de que Ernestina Godoy se reúna con ellas,

López sostuvo que las madres buscadoras no solicitaron una sentencia, una condena ni una determinación anticipada de que los hechos, sino que la autoridad escuche sus testimonios, registre las denuncias e investigue los hechos para determinar la posible participación de grupos delincuenciales en las desapariciones.

“Cuando una institución encargada de investigar delitos no recibe la noticia criminal, no estamos ante una simple ventanilla que no quiso atendernos. Estamos ante una barrera institucional que impide que el sistema de procuración de justicia siquiera comience a funcionar”, refirió en un comunicado emitido este jueves.

La madre buscadora cuestionó que las víctimas tuvieran que acudir ante un juez federal para conseguir que la FGR las atienda, así como el debate judicial sobre si una suspensión alcanza a diez o cien mujeres, luego de que algunas de ellas no alcanzaron a firmar el amparo.

“El número de víctimas no puede determinar cuántas tienen derecho a que la Fiscalía les reciba una denuncia”, señaló.

Y es que actualmente existen dos suspensiones de un juez federal a amparos promovidos por la propia Margarita López contra Ernestina Godoy por la negativa de la FGR a recibir las denuncias de las familias que acampan afuera de sus instalaciones en la Ciudad de México.

En tanto, la FGR ha emitido comunicados en los que ha asegurado que se ha dado atención a las madres buscadoras, tanto médica como con mesas de diálogo, pero ellas han insistido en que les reciban sus denuncias porque se le han rechazado sin analizar bien los casos.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria afirmó que las líneas de investigación se dieron confirme a pruebas obtenidas mediante un análisis de comunicaciones que se realizaron durante la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014.

Estas indagatorias refirieron que dueños de la funeraria “El Ángel”, miembros de Guerreros Unidos y un estudiante de nutrición identificado como Irving “N”, mantuvieron comunicación entre ellos durante los hechos, lo que provocó que la familia del nutriólogo rechazara los señalamientos y negaran conocer a las personas identificadas por las autoridades.

Al respecto, la presidenta dijo que el nutriólogo tiene derecho a una defensa para presentar sus pruebas y que el juez determine si existen suficientes pruebas o no en su contra. Además, destacó que aunque existen testimonios, las nuevas indagatorias cuentan con “evidencia científica” de que se realizó la comunicación.

“La mayor parte de la primera investigación estaba basada en testimonios”, señaló la presidenta

Sheinbaum explicó que la primera parte de las investigaciones realizadas durante el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto se basó en testimonios de personas detenidas, los cuales en su mayoría eran presuntos miembros de Guerreros Unidos y otros policías municipales.

Luego de que la mayoría salió porque un juez de Tamaulipas determinó que habían sido torturados al rendir sus declaraciones, esos testimonios no pueden usados como pruebas, esto llevó a la verdad histórica, señaló la presidenta.

“Murillo Karam está en la cárcel, o bueno ahora un juez determinó que se fuera a su casa, que le diera prisión domiciliaria. Entonces él está detenido porque se demostró que fabricó una narrativa que llevó a la verdad histórica”, recordó.

Respecto a la posible fabricación de pruebas, la presidenta volvió a negarlo y reiteró que el juez es quien debe determinar si estas son suficientes o no para procesar a una persona. Al mismo tiempo, dijo que existen datos que implican a Irving “N” en las llamadas con otras personas posiblemente relacionadas con los actos cometidos en 2014.

Contradice versión de estudiante “infiltrado” del Ejército

Al ser cuestionada sobre la versión de la presunta infiltración de un militar del Ejército Mexicano como estudiante de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos el día de los hechos, que también apoyó Alejandro Encinas, quien encabezó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), la presidenta contradijo este señalamiento y aseguró que el alumno no realizaba acciones como parte de sus actividades militares.

“Eso es conocido, no necesariamente es infiltrado, era estudiante de Ayotzinapa y pertenecía al Ejército mexicano, pero no necesariamente era un espía, estaba estudiando en Ayotzinapa”, aseguró.

Además, la presidenta señaló que el estudiante, identificado como Julio César López Patolzin, forma parte de los 43 normalistas desaparecidos y negó que haya sido rescatado.

Esto contradice la versión que también había apoyado Alejandro Encinas, quien en julio pasado compartió un documento oficial de la Defensa en el que identifica a López Patolzin como soldado de infantería, además, el documento refiere:

“Respecto al órgano de búsqueda de información con fachada de alumno en la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa, perteneciente al 50/o Batallón de Infantería (Chilpancingo, Guerrero)”, se lee en el documento.

Uno de los documentos compartidos por Encinas, con fecha de octubre de 2014 y sello de la Defensa, refiere que el 26 de septiembre de 2014 a las 1130 horas Julio César López Patolzin se encontraba desplegado en el municipio de Tixtla, Guerrero, “realizando funciones como órgano de búsqueda de información en el interior de la Escuela ‘Raúl Isidro Burgos’ de Ayotzinapa”.

Para el día 27 de septiembre, se refiere que no pudieron tener comunicación con el soldado López Patolzin y que su teléfono celular mandaba directamente a buzón, y pese a que se realizaron actos de búsqueda, ésta ha tenido resultados negativos.

A 12 años de los hechos, las autoridades han negado la participación del Ejército mexicano pese a que los últimos indicios referían su implicación en el caso, como lo es la presunta participación de un militar infiltrado en la escuela normal; ahora las investigaciones apuntan de nueva cuenta a funerarias, el Semefo, miembros de Guerreros Unidos y algunos funcionarios públicos que habrían resguardado evidencia o que cometieron otros actos relacionados con el hecho.

Los pobladores del ejido El Balcón, ubicado en Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, acusaron a las autoridades por la falta de resultados en la búsqueda de los 8 habitantes desaparecidos desde el pasado jueves 24 de septiembre presuntamente por miembros del crimen organizado.

A través de un comunicado, aseguraron que respetaron el tiempo que las autoridades les solicitaron para localizar a los hombres -entre quienes se encuentran niños y un adulto mayor-, pero ante la falta de respuesta, advirtieron que iniciarán “las acciones necesarias” para ubicar a sus vecinos.

“Respetamos el tiempo que nos solicitaron y esperamos, como ellos mismos pidieron, confiando en que habría resultados para localizar a nuestros familiares. Ese tiempo ya terminó y no tenemos a nuestros compañeros de regreso ni respuestas claras sobre su paradero”, aseguraron.

Los pobladores afirmaron que a partir de este miércoles tomarán acciones para encontrar a sus familiares y exigir que regresen con vida, luego de que denunciaron que un grupo de sujetos armados los privó de la libertad cuando se encontraban en la comunidad de La Lajita y se dirigían a sus actividades en el campo.

“Hoy queremos decirlo con toda claridad: A partir de este momento, como familias y como comunidad, tomaremos todas las acciones que estén a nuestro alcance y acudiremos hasta las últimas instancias para encontrar a nuestros familiares y exigir que regresen con vida”, advirtieron.

Responsabilizan a las autoridades por la falta de resultados en la búsqueda

El ejido responsabilizó a las autoridades de que sus vecinos no sean localizados a seis días de su desaparición, así como de “todo lo que pueda desencadenarse a partir de su inacción y de la ausencia de una respuesta efectiva” para ubicarlos.

Cabe señalar que, en días pasados, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, informó que se desplegó un operativo encabezado por elementos del 41 y 109 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, con el objetivo de hallar a los ocho hombres desaparecidos.

El funcionario señaló que la localidad de La Lajita, donde fueron privados de la libertad, se encuentra dentro del municipio de Tecpan de Galeana, las cuales forman parte del Comité de Paz de El Balcón.

Además, Rodríguez Cisneros dijo que desde el pasado viernes mantienen comunicación con los comisarios de El Balcón para coordinar la búsqueda de los hombres.

¿Quiénes son los ocho desaparecidos?

De acuerdo con El Sur de Acapulco, los pobladores señalaron directamente a presuntos integrantes de la Familia Michoacana como los responsables de privar de la libertad a los ocho hombres.

Las víctimas, entre las que se encuentran un niño, un adolescente y un adulto mayor, fueron identificados como:

• Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
• Isidro Brito Arriola, de 32 años.
• Nicolás Atanacio González, adulto mayor.
• Everardo León Atanacio, de 17 años.
• Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años.
• Eulises Medrano López, de 26 años.
• Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.
• José Leodanis Medrano López, de 24 años.

“Tememos por su vida y los queremos de vuelta. Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias; personas que no van por la vida dañando a los demás. Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, aseguraron los habitantes.

La Alianza Mesoamericana de Pueblos y Bosques (AMPB) exigió a las autoridades localizar de inmediato y garantizar el regreso con vida de los ocho hombres, así como medidas para proteger a sus familias y a la comunidad de nuevas amenazas.

Ranulph Fiennes estuvo en los dos polos de la Tierra. Cruzó la Antártida a pie. Coronó el Everest a los 65 años. Durante décadas su nombre ha sido ligado a los lugares donde nadie podía llegar. Hoy, a los 82 años, su paradero es desconocido.

Fiennes está diagnosticado de párkinson y vive bajo el cuidado de su segunda esposa, Louise Millington-Cotes, que en 2024 un poder notarial permanente sobre él. Su familia sostiene que desde entonces está aislado de sus amigos y de sus allegados y hace casi dos años que no se le ve en público.

“Todos sus amigos y familiares quieren verlo, llevarle Toblerones y animarlo, pero no sabemos dónde está, y no está disponible, no podemos contactarlo; eso es lo que nos preocupa”, dijo su excuñada, Arabella Pepper, a la BBC.

Un currículum de otro planeta

Fiennes creció entre el Reino Unido y Sudáfrica, ingresó en el ejército británico y llegó a servir en el SAS (Unidad de Élite de las fuerzas especiales del Ejército Británico). Según el Explorers Club, ha liderado casi 20 grandes expediciones desde 1967.

La gran obra fue la Expedición Transglobe (1979-1982). El equipo que dirigió fue el primero en circunnavegar el globo de norte a sur, y él se convirtió en la primera persona en visitar ambos polos por medios de superficie.

Después corrió siete maratones en siete continentes en una semana, y en el Everest fue el británico de más edad en llegar a la cima. El Libro Guinness de los Récords lo describe como “el mayor explorador vivo del mundo”.

Lo último que se supo de él

En mayo de 2024, durante la presentación de uno de sus documentales de National Geographic, Fiennes habló abiertamente de su párkinson. “Hay que tener mucho valor para hablar de ello, pero creo que, quizá, hacerlo permite a otras personas que se enfrentan a esta enfermedad a afrontar la dura realidad”, dijo entonces.

Meses después, en octubre, apareció en un vídeo pregrabado en un acto de la Royal Geographical Society. Leyó un texto fuera de cámara y se disculpó por no encontrarse “lo suficientemente bien” para asistir. Desde entonces, no hay más imágenes suyas.

Una visita y un traslado

En julio de 2025, Pepper logró verlo. Entró por su cuenta en la residencia donde le habían dicho que estaba. “Lo primero que le dije, además de los saludos de rigor, fue que todos estábamos preocupados por él, que lo buscábamos y que teníamos muchas ganas de verlo”, contó.

La respuesta fue inmediata. “El alivio en su rostro era muy evidente, y dijo: “Envíen un mensaje a todos, envíenles mi amor, díganles que los amo y que anhelo verlos’”. A The Telegraph le dijo que lo encontró lúcido, con la personalidad intacta y la memoria clara. Según el diario, tras esa visita lo trasladaron a otra residencia, en Gales.

Varias residencias, varios nombres

A partir de ahí, fue pasando por residencias de Londres, Gales y el noroeste de Inglaterra. Su familia ha asegurado que en varias ingresó con nombres falsos. Incluso, se ha impedido las visitas de algunos amigos y que exige a los visitantes firmar acuerdos de confidencialidad.

Según The Times, Joseph Fiennes (suy primo) también lo visitó en secreto en julio de 2025, en una residencia de Londres donde el explorador vivía con nombre falso. Seis meses después, el 6 de enero, el actor escribió a las autoridades para expresar su inquietud por el aislamiento.

Una familia dividida

Entre quienes piden respuestas está Alex Millington-Cotes, hijo de Louise e hijastro de Ranulph. Quiere que el poder notarial “sea retirado de mi propia madre” y pase a personas que “velen plenamente por sus mejores intereses”. “Él no es una persona solitaria, por lo que verlo aislado ahora es muy doloroso”, afirmó a la BBC.

Ha lanzado una campaña de micromecenazgo para cubrir los gastos legales necesarios para “localizar y proteger” a su padrastro, en la que ya ha reunido casi 26.000 libras (más de 30.000 euros).

María de Jesús Vázquez Orduña, conocida como “Chuya”, fue asesinada a tiros afuera de su domicilio en San Ciro de Acosta, San Luis Potosí, mientras participaba en la búsqueda de Miguel Ángel Rocha Ríos, el novio de su hija, desaparecido desde el 3 de septiembre.

La mujer fue atacada la mañana del 23 de septiembre en el Barrio de San José. De acuerdo con los primeros reportes, hombres armados que viajaban en una motocicleta se acercaron al domicilio y le dispararon antes de escapar.

El asesinato ocurrió el mismo día en que familiares de Miguel Ángel y el colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media tenían previsto realizar una nueva jornada de búsqueda en distintos puntos del municipio. La actividad fue suspendida por motivos de seguridad tras el homicidio.

En los días posteriores, la investigación sobre la desaparición del joven continuó. Héctor Edgar Mar del Ángel, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, informó que la Fiscalía General del Estado realizó detenciones y aseguró un vehículo presuntamente relacionado con los hechos. Hasta ahora, las autoridades no han establecido públicamente que esos elementos estén relacionados con el asesinato de María de Jesús.

María de Jesús participaba en la búsqueda de su yerno

Miguel Ángel Rocha Ríos, de 21 años, fue visto por última vez el 3 de septiembre en el Barrio de Santiago, en San Ciro de Acosta. La ficha de búsqueda señala que el joven trabajaba como barbero.

Desde su desaparición, sus familiares comenzaron a realizar movilizaciones para exigir su localización y difundir información que pudiera ayudar a encontrarlo.

María de Jesús se sumó a esas acciones como madre de la novia del joven. El 4 de septiembre encabezó una caminata por las calles de San Ciro de Acosta y durante la movilización se realizó un bloqueo temporal para llamar la atención de las autoridades.

La búsqueda continuó durante las siguientes semanas. El 22 de septiembre, los padres de Miguel Ángel acudieron a Rioverde durante la presentación del informe del gobernador Ricardo Gallardo Cardona para solicitar apoyo en la localización de su hijo.

Ese mismo día, Mar del Ángel declaró que existían avances en las investigaciones para encontrar al joven, aunque hasta entonces no había sido localizado.

Al día siguiente, María de Jesús fue asesinada.

La jornada de búsqueda quedó suspendida tras el homicidio

El colectivo Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media tenía previsto acompañar a los familiares de Miguel Ángel el 23 de septiembre para recorrer diferentes puntos de San Ciro de Acosta y repartir volantes con sus datos.

La actividad no llegó a realizarse. El asesinato de María de Jesús llevó a los buscadores a suspender la diligencia ante las condiciones de seguridad.

Tere Medina, integrante del colectivo, confirmó el homicidio y lamentó tanto la muerte de María de Jesús como la desaparición de Miguel Ángel. La activista señaló que desconoce si ambos hechos están relacionados.

Hasta la información disponible, tampoco existe un pronunciamiento público de la Fiscalía estatal que establezca una relación entre ambos casos.

El gobierno municipal de San Ciro de Acosta fue la primera autoridad en pronunciarse públicamente sobre el homicidio mediante una esquela a nombre del alcalde Luis Carlos Pereyra Govea. La hermana de María de Jesús es servidora pública municipal.

Fiscalía reporta detenciones y un vehículo asegurado

Después del homicidio, las autoridades mantuvieron las acciones para localizar a Miguel Ángel.

El comisionado estatal de Búsqueda informó que las diligencias se extendieron a San Ciro de Acosta y a zonas cercanas al límite con Querétaro. También confirmó que la Fiscalía General del Estado había realizado detenciones y asegurado un vehículo presuntamente relacionado con los hechos.

La información difundida por el funcionario no precisó públicamente cuántas personas fueron detenidas ni su situación jurídica.

Tampoco se estableció que esas personas hayan sido detenidas por el asesinato de María de Jesús. La investigación de la desaparición de Miguel Ángel y la indagatoria por el homicidio de su suegra deben mantenerse diferenciadas mientras las autoridades no informen una conexión entre ambos expedientes.

Qué se sabe de la desaparición de Miguel Ángel Rocha

La ficha oficial establece que Miguel Ángel Rocha Ríos desapareció el 3 de septiembre en San Ciro de Acosta.

La familia ha mantenido las acciones de búsqueda durante las semanas posteriores, con movilizaciones y recorridos en distintos puntos de la región.

La desaparición también llevó a sus padres a buscar apoyo directamente ante autoridades estatales. El 22 de septiembre acudieron a Rioverde, donde solicitaron intervención para localizar al joven.

Colectivos advierten sobre desapariciones en la Zona Media y la Huasteca de San Luis Potosí

El asesinato de María de Jesús ocurrió mientras colectivos de la región mantienen actividades para localizar a personas desaparecidas.

Tere Medina, de Voz y Dignidad por los Nuestros en la Zona Media, señaló que existe preocupación por la desaparición de jóvenes tanto en la Zona Media como en la Huasteca. La activista sostuvo que algunas personas son privadas de la libertad durante el día, aunque ese señalamiento no establece una relación específica con el caso de Miguel Ángel.

El propio comisionado estatal de Búsqueda reconoció esta semana que la Huasteca concentra la mayor cantidad de casos de personas no localizadas en San Luis Potosí, aunque indicó que todavía no contaba con una cifra exacta. También señaló que algunos expedientes corresponden a ausencias voluntarias.

La región ha mantenido otras búsquedas recientes. Entre los casos reportados se encuentra el de Luz Odette Loera Molina, de 19 años, vista por última vez el 18 de septiembre en Matehuala.

San Luis Potosí registra más de mil 200 personas desaparecidas o no localizadas

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas contabiliza mil 257 registros en San Luis Potosí, de acuerdo con los datos citados en la información sobre el caso.

Los colectivos han cuestionado la metodología utilizada para integrar las cifras oficiales y han señalado que los registros pueden no reflejar toda la dimensión de las desapariciones.

La consulta de las fichas de personas desaparecidas en el sitio de la Fiscalía General del Estado tampoco se encontraba disponible en los últimos días, debido a trabajos de mantenimiento del portal.

Mientras la investigación por el asesinato de María de Jesús continúa, la búsqueda de Miguel Ángel Rocha sigue activa en San Ciro de Acosta y zonas cercanas a Querétaro. La Fiscalía ya reportó detenciones y el aseguramiento de un vehículo presuntamente relacionado con los hechos, pero las autoridades no han informado públicamente que exista una conexión entre esos elementos y el homicidio de la mujer.

El presunto hallazgo de mil 600 dientes de leche en Zacapu, Michoacán, ha conmocionado al país, pero también vuelve a exhibir los vacíos en los registros sobre fosas clandestinas. Margarita López Pérez, fundadora del colectivo Buscando Cuerpos, afirma que su colectivo ha recuperado piezas dentales infantiles desde 2021, mientras la Fiscalía de Michoacán sostiene que no cuenta con información oficial del caso.

La controversia ocurre cuando cerca de 83 mil restos humanos permanecen sin identificar en los Servicios Médicos Forenses y Servicios Periciales del país. El Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, PDH IBERO, señala que esa falta de identificación prolonga la búsqueda de las familias, aun con los restos bajo resguardo de las autoridades.

López Pérez asegura que en un predio de Zacapu localizan cientos de piezas presuntamente pertenecientes a niñas y niños, además de un crematorio artesanal. Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó el 24 de septiembre que no tiene registro de piezas dentales atribuidas a menores de edad encontradas en ese municipio. Hasta ahora no hay una confirmación oficial ni pericial pública sobre el origen, cantidad o características de los indicios reportados por el colectivo.

La diferencia entre ambas versiones plantea una de las preguntas incluidas en la investigación de la IBERO: ¿qué ocurre cuando los hallazgos denunciados por familias y colectivos no aparecen en las bases de datos institucionales?

Fiscalías y medios registran cifras distintas de fosas y cuerpos

El informe Trazar la ausencia, caminar la esperanza. Análisis de hallazgos de fosas clandestinas en México (2006-2024) compara las respuestas de fiscalías estatales con el monitoreo de información periodística realizado por el PDH IBERO.

Según solicitudes de información, las fiscalías reportaron 5,152 fosas clandestinas y 5,718 cuerpos exhumados entre 2006 y 2024. El registro elaborado a partir de notas periodísticas localizó 3,516 fosas, pero documentó 8,341 cuerpos durante el mismo periodo.

Los datos muestran que las autoridades contabilizaron alrededor de 46% más lugares de inhumación clandestina que los medios. A la vez, las notas periodísticas reportaron 2,623 cuerpos más que las instituciones de procuración de justicia.

El estudio identificó entidades en las que la prensa reúne un número mayor de hallazgos de fosas que las fiscalías estatales. Guerrero, Guanajuato, Sinaloa, Morelos y Jalisco encabezan el grupo.

Para las investigadoras Andrea Horcasitas Martínez y Mariana Marchand Moreno, del PDH IBERO, las fosas clandestinas no pueden entenderse como casos separados. El fenómeno está ligado a deficiencias en la búsqueda, la documentación y la identificación de personas desaparecidas.

Michoacán figura entre las entidades con más cuerpos localizados

La denuncia presentada en Zacapu toma dimensión porque Michoacán está entre los cinco estados con más cuerpos hallados en fosas clandestinas dentro de los 18 años analizados por la Universidad Iberoamericana.

Jalisco ocupa el primer lugar en cantidad de cuerpos documentados. Le siguen Guerrero, Sonora, Guanajuato y Michoacán. En el número de fosas registradas, Guerrero encabeza la lista, seguido por Veracruz, Sonora, Guanajuato y Jalisco. El informe también cuestiona la idea de que estos sitios se ubiquen únicamente en lugares alejados. El 73% de los espacios consignados por medios corresponde a predios, inmuebles privados y caminos.

Los registros incluyen cerros, barrancas, ejidos, terrenos de cultivo, pozos y zonas cercanas a cuerpos de agua. También hay reportes en espacios de uso cotidiano, como parques infantiles, mercados, escuelas, salones de fiesta y panaderías.

Las investigadoras del PDH IBERO proponen registros especializados, interoperables y actualizados para mantener la trazabilidad de los restos desde su recuperación hasta la identificación. La crisis se ha extendido durante la última década: en 2015 se hablaba de entre 25,000 y 30,000 personas desaparecidas; para 2026, la cifra mencionada en la presentación del nuevo informe superaba las 135,000.

Habitantes de la comunidad de El Balcón, ubicada en la sierra de Ajuchitlán del Progreso, en Guerrero, denunciaron la desaparición de ocho de sus vecinos presuntamente por un grupo criminal mientras realizaban labores de campo.

De acuerdo con El Sur de Acapulco, los pobladores señalaron directamente a presuntos integrantes de la Familia Michoacana como los responsables de privarlos de la libertad.

Entre las personas desaparecidas se encuentra un adolescente, un niño y un adulto mayor, identificados como:

• Domingo Atanacio Quirino, de 50 años.
• Isidro Brito Arriola, de 32 años.
• Everardo León Atanacio, de 17 años.
• Jordi Alberto Atanacio Vidal, de 12 años.
• Nicolás Atanacio González, adulto mayor.
• Eulises Medrano López, de 26 años.
• José Leodanis Medrano López, de 24 años.
• Fidel Quirino Atanacio, de 54 años.

Además, señalaron que ninguna de las ocho personas desaparecidas han estado involucradas en actos violentos, sino que se trata de trabajadores del campo.

“Tememos por su vida y los queremos de vuelta. Son personas que viven del campo, del ganado y del bosque. Personas de bien, que todos los días trabajan para sacar adelante a sus familias; personas que no van por la vida dañando a los demás. Jóvenes que van a la escuela y un niño que siempre había jugado en las calles y en el bosque con tranquilidad”, aseguraron los habitantes en un comunicado.

Vecinos denunciaron que un grupo armado “levantó” a quienes transitaban por la comunidad

Un vecino informó al medio antes citado que los hechos ocurrieron el pasado jueves, cerca de las 09:00 horas, cuando un grupo de sujetos armados arribaron cerca de la comunidad de La Lajita, perteneciente al ejido de El Balcón, y comenzaron a “levantar” a los campesinos que se encontraban en la zona y se dirigían a sus actividades laborales.

“La gente que iba cruzando por ahí la iban agarrando, entonces agarraron a esa gente que iba a su rancho y otros venían de ordeñar, veían de sus labores y otros iban al trabajo, se los llevaron, entre ellos a mujeres y niños”, dijo.

Advierten “acciones” si no los regresan con vida

La comunidad de El Balcón hizo un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para que “hagan su labor y cumplan con su responsabilidad” de protegerlos y garantizar su seguridad.

Además, advirtieron que si los ocho pobladores no son entregados con vida de inmediato, llevarán a cabo las “acciones necesarias” como consecuencia.

“Por nuestra parte manifestamos que, si no son entregados con vida y a la brevedad posible, nuestra comunidad se verá obligada a tomar las acciones que considere necesarias para exigir su regreso y la protección de nuestras familias”, señalaron.

La comunidad también hizo un llamado a la población a mantener la calma y actuar con prudencia, así como mantenerse atentados a posibles llamadas o mensajes de personas que aseguren tener información sobre el paradero de los ocho hombres porque podría tratarse de extorsión.

Despliegan operativo militar para localizar a los ocho desaparecidos

Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del Gobierno de Guerrero, informó que se desplegó un operativo encabezado por elementos del 41 y 109 Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y la Policía Estatal, para localizar a las ocho personas desaparecidas.

El funcionario precisó que la localidad de La Lajita (donde fueron “levantados”) se encuentra dentro del municipio de Tecpan de Galeana, y señaló que las comunidades involucradas en los hechos forman parte del Comité de Paz de El Balcón.

Además, sostuvo que desde el viernes mantienen comunicación con los comisarios de El Balcón para coordinar la búsqueda de los desaparecidos, quienes ya cumplen tres días de no ser localizados.

Esniel Job Contreras Zurita salió desde el estado Mérida, en los andes venezolanos, a Inírida, capital del departamento colombiano de Guainía, a finales de febrero de 2019.

En ese momento tenía 25 años y resolvió cruzar al país vecino atendiendo la invitación de un amigo, que lo entusiasmó con la idea de trabajar como vendedor en las minas que funcionan en esa región del oriente de Colombia.

“Pero le fue fatal”, comenta Lisbeth Zurita, madre de Esniel. Enfermó de paludismo y terminó hospitalizado. “Casi se muere, nunca perdimos contacto”, relata la señora.

El joven se salvó y decidió retornar a su patria. “Regreso por el puente Santander, en Cúcuta”, le dijo a su mamá en julio de 2019. Fueron las últimas palabras que Zurita oyó de boca de su hijo. Después no ha sabido más nada de él.

Perdidos

La desaparición de Esniel Job Contreras Zurita llevó a su progenitora a crear el Grupo Esperanza de Madre. Lo que nació como una iniciativa en redes sociales para dar con el paradero de un joven, hoy reúne a más de cien familias que padecen situaciones similares: Muchachos venezolanos cuyos rastros se han perdido principalmente en zonas fronterizas y transfronterizas.

A mediados de septiembre, representantes de esta organización se reunieron con la defensora del pueblo, Eglée González Lobato. “Ninguna madre debería enfrentar sola la incertidumbre de no saber dónde está su hijo. Vamos a acompañarlas con sensibilidad, pero también con actuaciones concretas, procurando que las instituciones competentes ofrezcan respuestas”, se comprometió González Lobato.

Zurita indica que ha hecho todas las diligencias posibles tanto en Colombia como en Venezuela. “Lo busqué hasta debajo de las piedras y no lo he conseguido”, resalta al describir los esfuerzos realizados.

Tras conversar con funcionarios de Cancillería, Ministerio Público y Defensoría, siente que hoy cuenta con más apoyo para continuar. “Queremos trabajar juntos con las instituciones, es importante incluir a las familias en las búsquedas”, afirma.

Admite que el camino para llamar la atención de los entes públicos no ha sido fácil. “A veces no quieren tomar las denuncias de las madres, no investigan o no hay interés”, señala.

Red

“En la frontera con Colombia la situación es terrible, pasa de todo”, advierte Zurita, quien ha podido conocer de primera mano testimonios de jóvenes “reclutados” por bandas criminales y sometidos a toda clase de abusos. “Los utilizan y luego los desechan”, resume.

Las integrantes del Grupo Esperanza de Madre se reconocen como hermanas. “Somos hermanas de un mismo dolor”, describe Zurita, quien destaca la importancia del acompañamiento y de visibilizar los casos y generar conciencia en la sociedad para evitar que otras familias sufran esta tragedia.

“Han pasado siete años y aún no sé nada de mi hijo”, repite Zurita, quien pese a todo mantiene la fe. “Vamos a lograr grandes cosas para sensibilizar a la sociedad”, asegura.

Scarlet Virginia Ochoa Magaña, adolescente de 13 años, fue buscada por su familia y por autoridades de la Ciudad de México (CDMX) después de que desapareció el 22 de septiembre de 2026 al salir de su domicilio en la colonia Portales Sur, alcaldía Benito Juárez, rumbo a la secundaria, plantel al que no llegó.

Sus familiares retiraron un bloqueo que realizaron en calles de Benito Juárez para trasladarse al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas, ubicado en la alcaldía Cuauhtémoc. La movilización se había concentrado en el cruce de avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur.

La FGJCDMX emitió una ficha de búsqueda el 23 de septiembre de 2026 para localizar a la menor, cuyo paradero se desconocía desde el día anterior. La autoridad solicitó a la población aportar datos que ayudaran a establecer dónde se encontraba.

Scarlet fue vista por última vez alrededor de las 13:10 horas del martes 22 de septiembre en Portales Sur. Su salida hacia la escuela y la ausencia en el plantel llevaron a sus familiares a buscar imágenes que permitieran reconstruir su recorrido.

Las imágenes ubicaron a Scarlet en Antillas y Pirineos

José Ochoa, padre de la adolescente, señaló que las últimas grabaciones disponibles situaron a Scarlet Ochoa en el cruce de las calles Antillas y Pirineos. Según su versión, la menor habría doblado hacia una zona con transporte público.

A partir de ese punto, la familia ya no contó con registros visuales que permitieran conocer la ruta que siguió. Las cámaras de videovigilancia se convirtieron en el recurso disponible para identificar sus últimos movimientos conocidos.

La ficha de búsqueda describió a Scarlet como una adolescente de sexo femenino de 13 años, con una estatura aproximada de 1.50 metros. Las autoridades indicaron que no se reportaron señas particulares ni objetos asociados que ampliaran su identificación.

El día de su desaparición vestía pants escolar negro con franjas amarillas, blusa negra, sudadera negra con franjas amarillas y tenis azules. Esa ropa fue incorporada a la información difundida para facilitar su localización.

La desaparición provocó que familiares y amigos solicitaran apoyo para difundir sus datos. En mensajes compartidos por personas cercanas, se pidió información sobre la adolescente y se expresó preocupación porque había salido de casa para asistir a clases, pero no llegó.

“Mi prima de 13 años está desaparecida”, señalaron sus familiares en una publicación donde solicitaron compartir los datos de Scarlet Virginia Ochoa Magaña. También describieron la búsqueda como una fuente de angustia y desesperación para sus allegados.

La familia pidió que cualquier persona que hubiera visto a la menor o tuviera información sobre su posible ubicación la hiciera llegar a las autoridades capitalinas. La ficha formó parte de las acciones de búsqueda y coordinación institucional desplegadas en la Ciudad de México.

La familia suspendió el bloqueo para acudir al centro de búsqueda

El bloqueo en avenida Cuauhtémoc y Eje 7 Sur duró cerca de dos horas, de acuerdo con la información disponible. La protesta tuvo como objetivo exigir atención para localizar a la adolescente y obtener avances sobre las imágenes de seguridad de su trayecto.

Tras levantar la movilización, los familiares acudieron al Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas en Cuauhtémoc. El traslado ocurrió mientras continuaban los esfuerzos para determinar qué sucedió después de que Scarlet fue captada en Antillas y Pirineos.

La información oficial no estableció que la menor hubiera llegado a otra colonia, subido a un vehículo o abordado un medio de transporte. Tampoco se difundieron objetos personales que permitieran seguir una pista adicional sobre su ubicación.

El caso se concentró en el intervalo entre su salida de Portales Sur y el momento en que dejó de ser visible en las grabaciones disponibles. La familia buscó reconstruir ese trayecto paso a paso para conocer la dirección que tomó.

Otra joven de 15 años también desapareció

La desaparición de Scarlet ocurrió un día después de que se activó una Alerta Amber para localizar a otra adolescente, Scarlette Ivanna Saldaña Cosme, de 15 años. No se informó de una relación entre ambos casos.

Scarlette Ivanna fue vista por última vez el lunes 21 de septiembre, alrededor de las 14:00 horas, en el cruce de Guanajuato y Mérida, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc. La alerta indicó que vestía pantalón de mezclilla, sudadera negra y tenis blancos.

Alejandro ‘Alito’ Moreno Cárdenas, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó el reporte sobre mil 600 dientes de leche localizados por madres buscadoras en fosas clandestinas en un predio ubicado en Zacapu, Michoacán, y exigió respuestas a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las autoridades estatales. Desde su cuenta oficial en ‘X’ publicó:

“¿Cómo carajos puede ocurrir algo de esta magnitud en nuestro país mientras las autoridades siguen sin dar respuestas a las familias?”.

Localizan mil 600 piezas de dientes infantiles en Michoacán

El priista considera que el caso es “una atrocidad que estremece y horroriza” y sostuvo que los restos dentales podrían corresponder a menores de edad. De acuerdo, Margarita López, fundadora de Buscando Cuerpos en Todo México, los restos infantiles hallados podrían ser de niños entre uno y 12 años; además, encontraron piezas dentales de adultos en el año 2021.

En un video, López explicó a El Sol de México que desde el 2023 no hay una conclusión oficial sobre los mil 600 dientes. Por su parte, la FGR no validó oficialmente el número de dientes humanos ni la edad a la que correspondía.

El viernes 18 de septiembre de 2026, la institución no confirmó los hallazgos de las madres buscadoras. De acuerdo con una hipótesis de López, las infancias víctimas pudieron haber vivido trata de personas, explotación infantil e incluso tráfico de órganos.

Moreno vinculó el reporte con la crisis de violencia

En su publicación, Moreno sostuvo que el caso refleja “la brutal crisis de violencia y el nivel de barbarie criminal” que atraviesa México. El priista exigió conocer quiénes fueron las víctimas, qué ocurrió en el predio y quiénes serían los responsables.

También cuestionó lo que describió como un cierre de filas de Morena ante señalamientos contra integrantes de ese partido. A la vez, criticó que el Instituto Nacional Electoral (INE) ordenara censurar expresiones con las que, según afirmó, se denuncia la violencia y la penetración del crimen organizado.

Hasta el momento, ni la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ni la dirigencia de Morena se han posicionado respecto a la difusión de esta información.

Mateo Hernández, hijo del alcalde de Tecamachalco, Puebla, Mateo Hernández López, fue localizado sin vida este miércoles en el municipio de Nicolás Bravo luego de cuatro días de búsqueda tras su desaparición.

El joven era estudiante de preparatoria de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), y fue visto por última vez el sábado 19 de septiembre tras salir de su domicilio, pero su reporte de desaparición se hizo público hasta este lunes.

Tras su hallazgo sin vida y con huellas de violencia, la Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que investiga el caso como secuestro, luego de que las pesquisas permitieron identificar que el joven fue privado de la libertad y posteriormente se le exigió un pago al alcalde para soltarlo.

¿Qué se sabe del caso?

De acuerdo con las investigaciones, el adolescente salió de su domicilio la tarde del sábado, ubicado en Tecamachalco, para dirigirse a un curso académico, pero horas después sus familiares recibieron una llamada en las que se les informó que su hijo estaba secuestrado y les exigieron dinero a cambio de su liberación.

La Fiscalía de Puebla detalló que luego de que la familia recibió la comunicación, se inició una carpeta de investigación y se les brindó acompañamiento.

Sin embargo, el pasado lunes 21 de septiembre la fiscal del estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que no contaban con una denuncia formal -hasta ese momento- por parte del alcalde de Tecamachalco sobre la desaparición de su hijo.

Aunque se desconoce el momento en el que el edil acudió a emitir su denuncia, medios locales reportaron que desde la noche del domingo se desplegaron a cerca de 30 agentes de la Policía Ministerial para llevar a cabo recorridos en distintos inmuebles.

Además, las autoridades informaron que durante las diligencias obtuvieron videograbaciones de distintos puntos del municipio que permitieron reconstruir parte del recorrido que el adolescente realizó el día de su desaparición, así como ubicar al vehículo presuntamente relacionado con su secuestro.

Además, se realizaron entrevistas a personas que estuvieron en contacto con el joven antes de su desaparición.

Así fue el hallazgo sin vida del hijo del alcalde

Mateo Hernández, de 17 años de edad, fue hallado sin vida este miércoles sobre la carretera estatal Azumbilla-Tlacotepec del municipio de Nicolás Bravo.

De acuerdo con medios locales, fueron motociclistas que circulaban por la zona quienes reportaron la localización del cuerpo del joven, el cual estaba envuelto en una cobija.

Luego de realizar el proceso de identificación, se confirmó que se trataba del hijo mayor del alcalde de Tecamachalco, quien acudió pasadas las 18:00 horas a las instalaciones del anfiteatro de Tehuacán para el reconocimiento del cuerpo.

Alcalde exige justicia tras el asesinato de su hijo

Luego de darse a conocer el hallazgo sin vida de su hijo, el alcalde emitió un comunicado en sus redes sociales en el que, “con el alma rota”, agradeció los mensajes de cariño y oraciones realizadas por el joven.

El alcalde dijo que sus únicas exigencias eran la verdad y justicia en el asesinato de su hijo, y anunció que se mantendrá en el cargo hasta que finalice su periodo (en 2027) para trabajar por la seguridad de los habitantes de Tecamachalco.

“Hoy no les hablo como Presidente Municipal, les hablo como papá, lo único que busco es verdad y justicia. Ninguna familia de Tecamachalco debería pasar por este dolor. Es por ello que continuaré trabajando todos los días para que así sea”, escribió.

Cabe señalar que dos días antes de la desaparición de su hijo, el alcalde encabezó una mesa de trabajo con representantes de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para el reforzamiento de la estrategia de seguridad en el municipio.

Tecamachalco se encuentra en el llamado Triángulo Rojo de Puebla, una zona que abarca varios municipios del centro de la entidad en los que en la última década se han registrado constantes asaltos violentos, secuestros, extorsiones y cobro de piso tanto para transportistas como automovilistas, así como de hallazgo de tomas clandestinas de combustible.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo habló en su conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de hoy; dijo que ha dialogado mucho con distintas áreas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) respecto al próximo informe de Desaparición Forzada en México, “porque no se reconoció una parte importante de lo que hicimos el año pasado”.

Subrayó que la desaparición forzada “tiene que ver con que la desaparición la provocó una autoridad y que fue ordenada desde el Estado” y negó que esto pase en el país:

“En México hay desapariciones; unas tienen que ver con lo que se llama desaparecidos, y no localizados”, reconoció la mandataria, destacando que durante su administración han sido localizadas más de 30 mil personas que no habían desaparecido por ningún motivo, sino que salieron de sus hogares por diversos motivos sin avisar a sus familias.

Gobierno federal busca avanzar en la identificación de personas fallecidas

Claudia Sheinbaum informó que actualmente está atendiendo la situación de agilizar la identificación de personas fallecidas no identificadas con la Fiscalía General de la República (FGR) y las fiscalías estatales. También destacó que las alertas permanentes emitidas cuando una persona desaparece “funcionan para que en el momento en que se hable de una persona desaparecida en cualquier entidad de la República se desarrolle una actividad de búsqueda de tal manera que en las primeras veinticuatro, cuarenta y ocho horas pueda ser encontrada”. Este mecanismo, aseguró, ha permitido encontrar a un 65% de personas reportadas como desaparecidas, “y otra parte puede ser un fenómeno vinculado a la delincuencia organizada”.

Sheinbaum remarcó que la desaparición forzada es algo que no sucede en México y, contrario a lo que señaló el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de Naciones Unidas, respecto a que el país se enfrenta a una crisis y que el Estado no estaba atendiéndola como podría, Sheinbaum dijo: “No estuvimos de acuerdo, porque parecía como que eran las desapariciones de la época de la guerra sucia y no tiene que ver con lo que ha venido ocurriendo en los últimos años y lo que ocurre ya con nuestra administración”.

Sheinbaum dijo que la aceptación del informe de la ONU que presentará el próximo año “depende de cómo venga”.

México atiende de manera colaborativa con otras naciones e instancias la crisis de desaparición: Sheinbaum

Cuestionada por la prensa acerca de si México aceptaría colaborar con instancias internacionales y otros países para atender la crisis de desaparición como lo sugirió Naciones Unidas en su informe; la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo que hay colaboración: “No es aceptar o no, la tenemos. Tenemos muchísima colaboración con el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muchísima. Hay colaboración con la UNESCO, hay colaboración, hay mucha colaboración con distintas instituciones de Naciones Unidas y para desaparecidos hay mucha colaboración. No es que no aceptemos, ¿no? El problema es cómo fue redactado el documento. Y así como fue redactado, pues no era posible aceptarlo, porque no es lo que está ocurriendo en el país".

Nueve cuerpos de presuntos migrantes aparecieron en Rancho La Uva, municipio de Tecate, entre el 5 y el 10 de septiembre de 2026. Colectivos de búsqueda los localizaron tras recibir un aviso anónimo, y las autoridades atribuyen los hallazgos al control que ejercen los cárteles sobre las rutas de cruce fronterizo, según reportó Zeta.

El primer hallazgo ocurrió el sábado 5 de septiembre, cuando los buscadores recuperaron cuatro cuerpos. El segundo se produjo el jueves 10 de septiembre, día en que localizaron cinco cadáveres adicionales sobre el mismo camino que conduce a la línea fronteriza.

Colectivos de Tecate hallan nueve cuerpos sin apoyo de la Fiscalía

Los colectivos Madres Hasta Encontrarte y Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos, ambos de Tecate, encabezaron la búsqueda. Se sumaron el Colectivo de Búsqueda de Baja California, Buscando a Tolano y Armadillos Tijuana, en lo que definieron como una mega jornada.

Ningún denunciante confió en las autoridades para reportar los cuerpos. En su lugar, contactaron de forma anónima al colectivo Madres Hasta Encontrarte y enviaron coordenadas y fotografías como evidencia.

Mónica Madrigal, presidenta y fundadora de ese colectivo, solicitó apoyo a las demás agrupaciones tras recibir el aviso. La primera jornada, el 5 de septiembre, se extendió por más de cinco horas bajo temperaturas extremas en un terreno serrano de difícil acceso.

Los buscadores encontraron cuerpos en dos condiciones distintas. Algunos aún vestidos indicaban una muerte reciente, mientras otros presentaban huesos carcomidos por animales de rapiña.

La jornada del 10 de septiembre resultó todavía más extenuante. Los participantes caminaron mayores distancias bajo una temperatura de 40 grados centígrados (104 grados Fahrenheit).

Integrantes de los colectivos y agentes de la Guardia Nacional que los acompañaron sufrieron golpes de calor. Varios terminaron deshidratados, mareados y desorientados, y abandonaron temporalmente la búsqueda.

Bomberos y paramédicos atendieron a los afectados a kilómetros del punto de búsqueda. El difícil acceso a la zona impidió que los servicios de emergencia llegaran hasta el lugar de los hallazgos.

Los buscadores más resistentes continuaron y localizaron los cinco cuerpos restantes. La Guardia Nacional reportó el hallazgo por radiofrecuencia policiaca, según documentó Zeta.

La Fiscalía General del Estado recibió el reporte pero decidió no acudir a la escena. En su lugar, pidió a los buscadores y a la Guardia Nacional que trasladaran los restos hasta el acceso principal para su registro.

Sin equipo ni capacitación forense, los familiares de desaparecidos trasladaron los cadáveres en mantas. El traslado por terreno escarpado tomó más de tres horas hasta llegar al punto donde esperaban las autoridades.

Los cuerpos y restos óseos fueron enviados al Semefo de Tijuana. Ahí, peritos intentarán identificarlos mediante pruebas genéticas para localizar a sus familias.

“Va a ser difícil, sí, porque algunos de ellos ya no traían ninguna pertenencia, o estaban incompletos”, dijo uno de los buscadores al diario. El mismo buscador expresó su confianza en que los cuerpos regresen algún día con sus familias.

Elementos de la fiscalía consultados por la publicación señalaron que las pruebas periciales determinarán la causa de muerte. Uno de ellos explicó que algunas víctimas no presentaban huellas visibles de violencia y que pudieron morir de deshidratación tras ser abandonadas por sus guías.

Al menos dos de los cuerpos mostraban características que apuntan a heridas de arma de fuego. “Hay ocasiones que por falta de dinero no logran concretar un acuerdo con los traficantes, y se adentran a intentarlo solos”, dijo un investigador estatal al medio, y agregó que quienes controlan los caminos asesinan a los migrantes que no pagan la cuota.

Los cárteles de Sinaloa y Jalisco controlan el corredor migrante de Tecate

Tecate conecta por vía terrestre a Mexicali con Tijuana, condición que convierte al municipio en corredor estratégico para el narcotráfico. Los grupos criminales trafican droga, personas, dinero en efectivo y armas por esa misma ruta, de acuerdo con la investigación de Zeta.

Personal de inteligencia de la Mesa de Coordinación por la Paz y Seguridad de Baja California confirmó la presencia de células de los cárteles de Sinaloa y Jalisco en el tráfico de personas por el corredor. Los antiguos “polleros” de la zona se integraron a esas estructuras o fueron desplazados.

Los migrantes, en su mayoría originarios de Centroamérica y del sur de México, pagan entre USD 20.000 y USD 40.000 a los traficantes por el traslado desde Tecate hasta una ciudad específica en Estados Unidos. Un agente estatal detalló al diario que, ante el asedio de las patrullas fronterizas, los guías abandonan a los migrantes sin agua ni orientación.

La Organización Internacional para las Migraciones estimó en 2021 que entre 600 y 800 personas mueren cada año al intentar cruzar la frontera por Baja California. Activistas locales consideran que la cifra real es mayor, porque decenas de cuerpos nunca son recuperados del desierto, los cerros o los ríos, según la publicación.

¿Por qué mueren migrantes en Tecate? El área montañosa y desértica del municipio es usada de forma sistemática por el crimen organizado para el cruce clandestino: los traficantes cobran miles de dólares y prometen un paso seguro, pero abandonan a quienes no resisten el trayecto o no completan el pago, sin agua ni orientación en terreno hostil.

Fosas clandestinas se acumulan en Tecate desde 2025

En junio de 2026, un mensaje anónimo guio a los buscadores hacia dos fosas en la zona residencial Del Bosque. Ahí recuperaron los cuerpos de tres adolescentes de 15 y 16 años, desaparecidos en abril e identificados posteriormente por sus familiares.

En marzo de 2026, el colectivo Unión y Fuerza por Nuestros Desaparecidos localizó una fosa en las faldas del Cerro del Cuchumá. Un mes más tarde se confirmó que las dos osamentas correspondían a dos jóvenes de Durango, desaparecidos el 26 de diciembre de 2025 en la carretera Tijuana-Tecate mientras intentaban cruzar hacia Estados Unidos.

El 28 de abril de 2025, en un paraje de La Rumorosa, apareció el cuerpo de Elena Ríos, desaparecida catorce días antes. En mayo de ese año, buscadores hallaron seis cuerpos en una fosa del mismo poblado y dos cadáveres más en una fosa contigua.

Una de las víctimas de mayo de 2025 fue identificada como José Luis Ríos Solís, de 47 años, propietario del rancho Four Season en Tecate y creador del canal Explorando la Rumorosa. Un grupo armado lo había privado de su libertad días antes de que apareciera su cuerpo.

En enero de 2026, cerca del panteón de La Rumorosa, los colectivos desenterraron cuatro cuerpos masculinos en avanzado estado de descomposición. Los cuatro contaban con reporte de desaparición previo, según documentó Zeta.

Mónica Madrigal no descartó regresar a la zona para una nueva jornada de rastreo. La complejidad del terreno reduce el tiempo disponible para cada búsqueda, explicó la fundadora del colectivo al medio.

La propia Madrigal reportó la desaparición de su hijo David en julio de 2019 y localizó su cuerpo casi seis años después en una fosa común resguardada por el gobierno. Su búsqueda continúa porque otro de sus hijos, Francisco Javier, desapareció en mayo de 2026 en medio de la violencia que persiste en Tecate.

Los buscadores denunciaron que en cinco municipios no existe la Comisión Ejecutiva de Víctimas en el estado, la falta de avances en las carpetas de investigación y que durante nueve años solo han judicializado siete carpetas.

“Necesitamos avances, más de 300 cuerpos localizados por las madres buscadoras en el estado”, comentó una integrante del colectivo a través de una transmisión directa.

Las desapariciones en la entidad han dejado a muchas víctimas, entre ellas madres que ahora asumen la crianza de hijos solas; por casos como estos, afirman las buscadoras, ejemplifican la urgencia de conformar una Comisión Ejecutiva estatal. Baja California Sur “es el único estado a nivel nacional que no tenemos”.

El colectivo señala que como no existe Comisión, el gobierno no apoya a las familias con gastos de traslado, hospedaje o alimentación. Si una madre necesita viajar a la Ciudad de México para que la Fiscalía General de la República (FGR) revise su caso, tiene que pagarlo todo de su propio bolsillo.

Para ilustrar la negligencia que existe en la entidad, relataron un incidente ocurrido el 18 de septiembre, donde una de sus integrantes viajó desde Sinaloa para recibir los restos de su esposo y las autoridades solo le notificaron por videollamada, sin brindarle apoyo psicológico ni legal que la ley marca. Fueron las propias madres del colectivo quienes tuvieron que acompañarla y guiarla para que no quedara desamparada.

Madres buscadoras piden el regreso de sus hijos

Mientras Claudia Sheinbaum rendía cuentas y hacía anuncios de proyectos e inversiones al pueblo de Baja California Sur, las madres buscadoras cuestionaban a la mandataria: “¿Dónde están los desaparecidos?”.

Cuando Sheinbaum dijo que “pueden haber problemas, entre mexicanos los solucionamos”, miembros del colectivo dijeron en una transmisión directa: “¡Mentira, ¿y los desaparecidos?“, le gritaron a la presidenta que durante el 2025 se reportó un alza en personas desaparecidas.

Cuatro jóvenes fueron reportados como desaparecidos luego de que sus familiares no volvieron a saber de ellos tras encontrarse reunidos en un domicilio de Zapopan, Jalisco.

Las fichas de búsqueda de los cuatro hombres fueron difundidas este viernes por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado para dar con su localización, luego de que sus familiares dejaron de tener comunicación con ellos desde la noche del pasado 14 de septiembre.

Los jóvenes, que van desde los 18 hasta los 20 años de edad, fueron vistos por última vez en la colonia Arenales Tapatíos. De acuerdo con reportes, fueron vistos por última vez en un domicilio de la referida colonia, donde presuntamente se registró una balacera.

Se trata de Jorge Daniel Camacho Flores, de 19 años de edad; Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años; Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, y José Carlos González Vázquez, de 20 años.

Familiares relataron a Milenio que un grupo de sujetos armados habría arribado al domicilio para privarlos de la libertad: “Lo que sabemos hasta ahorita es que ellos estaban ahí tomando en la calle Estaños, número 122, y llegaron, los balacearon y se los llevaron”, dijo Claudia Flores al medio referido.

Hasta el momento las autoridades no han confirmado si los cuatro jóvenes pudieron ser privados de la libertad cuando se encontraban en el domicilio, ni han brindado información acerca del caso.

¿Qué se sabe de los jóvenes desaparecidos?

De acuerdo con las fichas de búsqueda, Jorge Daniel Camacho Flores vestía el día de su desaparición una sudadera negra con la leyenda “alo”, pantalón de mezclilla negro y tenis negros con blanco “Balenciaga”.

El joven de 19 años de edad tiene cabello lacio, corto y color negro, es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.50 metros y presenta como señas particulares un lunar en la mejilla del lado derecho, pecas en el rostro, marcas de acné en el rostro y espalda, así como un hundimiento en la parte central del pecho y una cicatriz en la rodilla derecha.

José Carlos González Vázquez, de 20 años de edad, vestía el día de los hechos una platera de manga corta color blanco con el logotipo de “Jordan” en color rojo y puntos negros, pantalón de mezclilla azul marino rasgado, tenis tipo bota color negro de marca “Polo”, un rosario negro con dije de San Judas Tadeo y dos pulseras tejidas: una azul y otra verde.

El joven es de cabello lacio color castaño y mide 1.70 metros. Como señas particulares tiene pecas en el cuello de lado izquierdo, perforaciones en ambas orejas y diversos tatuajes: uno en la mano izquierda parte externa y antebrazo izquierdo de un ángel junto con un morral de dinero, un ojo con cadenas y signos de pesos, en la muñeca derecha la imagen de 3 diablos y el número 666, así como uno en el antebrazo derecho de calaveras.

Dilan Federico Ramírez Zavala, de 19 años, vestía sudadera con capucha color negro y blanco “Dior”, camisa negra con logo de “Cuidado con el perro”, pantalón de mezclilla y tenis en color negro. Además, llevaba una gorra negra con tres cruces doradas, una cadena de cuentas de plástico blancas con un dije de la Santa Muerte y un reloj de acero con piedras.

El joven es de complexión delgada, tiene una estatura de 1.70 metros y cuenta con tatuajes en diversas partes del cuerpo: uno atrás de la oreja izquierda de la imagen de “Playboy”, un logotipo de Batman en el cuello con la fecha 2026, una imagen de la Santa Muerte en el lado izquierdo del pecho que también lleva en el antebrazo derecho, entre otros.

Alan Osiel Zaragoza Mendoza, de 18 años, llevaba una camisa negra marca “Boss”, pantalón negro, tenis negros “Nike”, gorra y rosario negro con rojo con chaquiras e imagen de la santa muerte.

El joven es de complexión atlética, mide 1.60 metros y es de tez morena clara. Como señas particulares cuenta con cicatrices en la barbilla, dos en la cabeza y una en la ceja izquierda. Además, tiene en la mano izquierda un tatuaje de medusa y en el dedo anular de la mano derecha una cara feliz.

Sus desapariciones se dan en un contexto de constantes denuncias de reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, luego de que los jóvenes reciben ofertas de trabajo e indicaciones para trasladarse fuera del estado.

La foto de ocasión fue tomada el 20 de septiembre de 1984 en el Salón Blanco de la Casa Rosada y muestra a Raúl Alfonsín con expresión reconcentrada y a Ernesto Sábato con los ojos ocultos detrás de un par de anteojos de cristales oscuros y su sempiterno gesto adusto grabado en el rostro. En la imagen, el escritor le entrega al presidente los dos volúmenes que contienen el informe elaborado por la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), un organismo creado por el propio mandatario para investigar los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura. La democracia recién recuperada en la Argentina tenía menos de un año de vida y el clima político de entusiasmo que reinaba en el país no estaba exento de temores. El contenido del informe reflejaba la naturaleza espeluznante de la barbarie de la dictadura: documentaba, a través de miles de testimonios recogidos durante meses, la existencia de 340 centros clandestinos de detención y 8961 casos de desapariciones. Y era apenas la punta del iceberg de las consecuencias del plan sistemático de desaparición de personas que habían organizado y perpetrado las Fuerzas Armadas en un pasado demasiado reciente.

El radical Raúl Alfonsín había llegado a la presidencia el 10 de diciembre del año anterior, tras ganar unas elecciones en cuya campaña la propuesta de investigar las violaciones a los derechos humanos cometidas en la represión ilegal perpetrada por los militares había dividido las aguas entre los dos partidos históricos del país: mientras el candidato de la UCR prometía investigarlos a fondo y juzgar a los responsables, el postulante del peronismo, el ex presidente provisional Ítalo Argentino Luder, sostenía que la “ley de autoamnistía” promulgada por la dictadura poco antes de retirarse tenía validez legal y que era imposible volver atrás en el asunto. En otras palabras, que los represores quedarían impunes.

La conformación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas que Alfonsín había creado por decreto apenas cinco días después de asumida la presidencia, reflejaba también esa partición con un dato clave: entre sus integrantes no había un solo representante del peronismo, porque el partido se había negado a participar de ella. La Conadep estaba integrada, entre otros, por la madre de un desaparecido, Graciela Fernández Meijide; por el obispo Jaime de Nevares, que se había enfrentado a una jerarquía eclesiástica colaboradora de la dictadura; por un rabino, Marshall Meyer, y por un pastor evangélico, Carlos Gattinoni-, ambos luchadores por los derechos humanos; por dos académicos muy prestigiosos como Gregorio Klimovsky e Hilario Fernández Long; y por la periodista Magdalena Ruiz Guiñazú, que desde Radio Continental se había atrevido a denunciar los crímenes de los dictadores.

La presidencia de la Comisión había quedado en manos del escritor Ernesto Sábato, quien poco después de asumir Jorge Videla aceptó participar de un almuerzo con el dictador pero que luego se convirtió en un fuerte opositor. Por un tiempo había participado también el cardiocirujano René Favaloro, quien renunció porque se opuso a que esa comisión no recibiera las denuncias de los crímenes de la Triple A cometidos durante el gobierno de Juan Perón y, sobre todo, de María Estela Martínez de Perón. Había además cuatro militantes radicales: el filósofo Eduardo Rabossi y los diputados Horacio Huarte, Santiago López y Hugo Piucill.

La contradicción peronista

La negativa del peronismo a integrar la Conadep encerraba también una paradoja, porque un número muy importante de militantes del movimiento creado por Juan Domingo Perón había sufrido la salvaje persecución de la dictadura, muchos habían sido encarcelados, otros debieron partir al exilio y miles estaban desaparecidos. Las razones que los distintos sectores del partido esgrimían para no participar también eran diversas. No había respuestas simples para explicar la posición, compartida – aunque por motivos diferentes – por el amplio abanico de posiciones que tenía el justicialismo.

Dos días antes de la creación de la Comisión, el martes 13 de diciembre, Alfonsín había firmado otro decreto, el 157, que promovía la acción penal no solo contra las juntas militares que gobernaron el país desde el 24 de marzo de 1976 hasta el 10 de diciembre de 1983, sino contra “las cúpulas de las organizaciones guerrilleras” que actuaron “desde el 25 de mayo de 1973”. Eso significaba que Mario Firmenich y otros dirigentes montoneros, así como Enrique Gorriarán Merlo, dirigente del PRT-ERP, tendrían pedido de captura en forma inmediata. Ese decreto materializaba la llamada “teoría de los dos demonios” con la cual el líder radical pretendía posicionarse lejos de la violencia política de los años precedentes. La izquierda del movimiento - representada en Intransigencia y Movilización Peronista desde fines de 1982 - denunció la política de Derechos Humanos como una maniobra del nuevo gobierno.

El panorama se complejizaba más todavía porque si la Conadep provocaba el rechazo de la izquierda peronista, a la derecha del movimiento justicialista le costaba mucho más digerirla. Ítalo Luder, que había sido presidente interino entre septiembre y octubre de 1975 por “el pedido de licencia” de la viuda de Perón, era el firmante de los “decretos de aniquilamiento” de las organizaciones armadas, convertidos en el prólogo del golpe de Estado de 1976. El ala derecha del peronismo también cargaba con la responsabilidad del accionar de la Triple A y de otros grupos parapoliciales que habían actuado protegidos por el gobierno para eliminar adversarios, promover el exilio de opositores y aterrorizar a la población. La propia Conadep, en su informe final, consignó que cientos de personas habían sido asesinadas por la Triple A y otros grupos parapoliciales, como la Concentración Nacional Universitaria (CNU), responsable de más de cien asesinatos en La Plata y Mar del Plata.

Para 1983 la situación interna en el justicialismo había cambiado y los diferentes sectores del peronismo que se habían enfrentado de manera sangrienta en primera mitad de la década de los ’70 habían encontrado un punto en común cuando la dictadura se embarcó en la guerra de Malvinas. La recuperación de las islas era una reivindicación histórica de todo el país y una bandera fuerte para el peronismo. Por eso, en los febriles y vertiginosos meses de abril a junio de 1982, las diferencias internas que hasta entonces lo habían dividido se apaciguaron. Desde vertientes irreconciliables se compartía sin embargo la idea de la “unidad de los combatientes por la Patria”, una denominación que acercaba posiciones entre la derecha de Guardia de Hierro, no pocos dirigentes montoneros y también muchos militares de rangos intermedios que luego fueron líderes carapintadas.

El miedo y el Nunca más

Además de las posiciones divergentes de los dos partidos mayoritarios frente a la investigación de la Comisión Nacional de Desaparición de Personas hubo otro elemento que significó una suerte de límite para su accionar. La teoría de los dos demonios, que equiparaba el accionar de las organizaciones político-militares del peronismo y la izquierda con el terrorismo de Estado perpetrado por la dictadura, hizo que muchos posibles denunciantes prefirieran no presentarse, mientras que otros lo hicieron tomando muchos recaudos y no sin desconfianza.

En ese contexto difícil, los organismos de derechos humanos, la mayoría de ellos integrados por familiares directos de los desaparecidos, aportaron todos los datos que habían registrado en años de resistencia. En eso hicieron punta las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que para entonces habían hecho conocer al mundo los crímenes de la dictadura. Sin embargo, cuando los sobrevivientes y los familiares de los desaparecidos iban a la sede del teatro San Martín, donde funcionaba la comisión, a concretar las denuncias, omitían la pertenencia política de las víctimas, la mayoría enrolados o simpatizantes de organizaciones revolucionarias. Lo hacían no solo por la persistencia del terror reinante – no se descartaba por entonces que las Fuerzas Armadas intentaran volver a atentar contra la democracia - sino por el decreto del 13 de diciembre que ordenaba enjuiciar a militantes montoneros o del PRT-ERP. Existía el temor que una denuncia de violación de derechos humanos terminara siendo un búmeran que permitiera iniciar causas penales a las víctimas.

Con el correr del tiempo, la política de derechos humanos de Alfonsín, sin aliados, cedió ante las presiones militares, que llegaron a su punto más alto con los dos primeros levantamientos de los “carapintadas”. Como resultado, el gobierno radical presentó y logró hacer aprobar las llamadas leyes de Punto Final y Obediencia Debida, que garantizaron la impunidad de la enorme mayoría de los participantes del plan sistemático de represión ilegal y significaron un claro y penoso retroceso en materia de derechos humanos.

Sería entonces el peronismo – el mismo partido que se había negado a integrar la Conadep –, ahora desde el gobierno, el encargado de retomar el camino institucional de la Memoria, la Verdad y la Justicia en la Argentina. Por iniciativa de Néstor Kirchner, las leyes de Obediencia Debida y Punto Final fueron derogadas en agosto de 2003 por el Congreso Nacional y dos años más tarde, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema las declaró inconstitucionales.

Publicado en 1984 con el título Nunca más, el informe de la Conadep se convirtió en un testimonio escalofriante de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la dictadura. La primera edición, de Eudeba, fue de 40 mil ejemplares y se agotó la misma noche de su salida a las librerías. La editorial universitaria hizo cinco nuevas ediciones en solo un mes y las ventas superaron los cien mil. Al año siguiente, la investigación de la Comisión sirvió de base para que el fiscal Julio César Strassera y su equipo de colaboradores seleccionaran los testigos que presentaron en el histórico juicio a las juntas militares.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) ya atiende los casos de familiares de personas desaparecidas y representantes de colectivos de Guanajuato que se acercaron a la presidenta Claudia Sheinbaum durante su visita a Celaya, para pedir apoyo en la localización de sus seres queridos.

La dependencia informó que su titular, Martha Lidia Pérez Gumecindo, estableció comunicación directa con las familias después del encuentro con la mandataria, ocurrido la tarde del 18 de septiembre. El objetivo es conocer cada expediente, recabar información y sumar elementos para las labores de localización.

La CNB también acordó enviar personal a Guanajuato en los próximos días. Las y los funcionarios darán seguimiento a los casos planteados y sostendrán reuniones con autoridades locales para reforzar las acciones de búsqueda.

El acercamiento ocurrió un día después de que familiares de personas desaparecidas esperaron a Sheinbaum a las afueras del Ecoforum de Celaya. Las familias llevaron fichas de búsqueda y carteles con los datos de sus seres queridos.

Durante la movilización, algunas personas lanzaron consignas para exigir avances en las investigaciones y condiciones de seguridad durante las búsquedas en campo. La presidenta se detuvo para escuchar a una familiar, quien pidió que las autoridades atendieran el caso y revisaran las evidencias que ya había entregado.

Familias llevaron sus casos ante Sheinbaum en Celaya

La protesta se realizó en el marco de la visita presidencial a Guanajuato. Sheinbaum acudió a Celaya como parte de la gira relacionada con su Segundo Informe de Gobierno, el cual dará en cada entidad de la República.

La presencia de colectivos de búsqueda colocó en primer plano los pendientes de las autoridades en materia de desapariciones. Las familias exigieron que las carpetas de investigación avanzaran y que hubiera resultados en la localización de las personas reportadas como desaparecidas.

En Guanajuato hay 5,536 personas desaparecidas y no localizadas. Las madres buscadoras y colectivos han señalado que requieren acompañamiento institucional para realizar recorridos, acceder a información y mantener comunicación con las fiscalías y corporaciones de seguridad.

La CNB indicó que su personal mantendrá contacto con las familias para revisar las particularidades de cada caso. La dependencia buscaba identificar datos que ayudaran a definir acciones de búsqueda y localización en coordinación con autoridades estatales y municipales.

CNB anunció reuniones con autoridades de Guanajuato

La comisionada Martha Lidia Pérez Gumecindo y el personal de la CNB recopilaron información de las familias que acudieron al encuentro con Sheinbaum. El acuerdo contempló una visita a la entidad para continuar con el análisis de los expedientes.

La Secretaría de Gobernación y la CNB señalaron que mantendrían atención cercana con las familias y los colectivos. También reconocieron la participación de las personas buscadoras dentro de los procesos para localizar a quienes siguen ausentes.

Las autoridades federales sostuvieron que la búsqueda de personas desaparecidas requería coordinación entre los tres órdenes de gobierno. El planteamiento incluyó la colaboración de instancias federales, estatales y municipales para fortalecer las tareas de localización.

La visita de personal de la CNB a Guanajuato quedó pendiente de realizarse en los días posteriores al encuentro. Las reuniones con autoridades locales buscarían dar seguimiento a las solicitudes hechas por las familias durante la protesta en Celaya.

El Servicio Nacional Aeronaval mantiene activa la búsqueda de la embarcación Transporte Yair y de sus tres tripulantes, desaparecidos en aguas del norte de Veraguas. La nave fue reportada como desaparecida desde la noche del jueves 10 de septiembre, sin que hasta ahora las autoridades hayan informado resultados positivos.

Tras recibir la alerta, el Departamento de Búsqueda y Rescate desplegó un operativo marítimo en distintos puntos de la costa veragüense. Los recorridos se extendieron desde Punta Rincón hasta Santa Catalina e incluyeron las áreas de Río Veraguas y Río Concepción, donde fueron establecidos cuadrantes para ampliar la cobertura.

Durante las jornadas, las unidades aeronavales también realizaron abordajes a embarcaciones que navegaban cerca del área de búsqueda. El objetivo fue recopilar información sobre posibles avistamientos o movimientos inusuales que permitieran reconstruir la ruta seguida por Transporte Yair, pero ninguna de las verificaciones permitió establecer su ubicación.

Las condiciones meteorológicas han complicado parte del operativo. El domingo 13 de septiembre, las lluvias, los vientos y el estado del mar limitaron los desplazamientos, debido al riesgo que representaban para las unidades. La institución informó que las acciones serían retomadas tan pronto el tiempo permitiera trabajar con seguridad.

En una actualización posterior, la Aeronaval informó que sus medios navales fueron desplegados nuevamente hacia la costa de Veraguas. Las embarcaciones recorrieron los sectores definidos como áreas de interés, mientras se mantenía la coordinación operativa para reforzar el dispositivo y ampliar el radio de búsqueda.

La operación continúa condicionada por la evolución del tiempo y la disponibilidad de los medios de rescate. La institución aseguró que mantendrá activas sus capacidades para localizar a los tres pescadores, aunque no ha divulgado detalles sobre el punto exacto desde el cual partieron, su destino previsto ni las posibles causas de la desaparición.

Mientras avanzaba este operativo, el personal aeronaval atendió otra emergencia marítima. Una embarcación civil quedó a la deriva por desperfectos mecánicos, aproximadamente a seis millas náuticas al sureste de isla Boná, una zona del Pacífico panameño ubicada frente a las costas de la provincia de Panamá.

La alerta fue recibida mediante la línea 108 y movilizó al Departamento de Búsqueda y Rescate. Unidades a bordo de la patrullera P-204 llegaron hasta la embarcación afectada y trasladaron de manera segura hacia puerto a sus cuatro tripulantes, quienes fueron reportados en buenas condiciones de salud.

El auxilio permitió evitar que la nave continuara desplazándose sin control por las corrientes. Aunque ambos casos ocurrieron en el Pacífico, la asistencia cerca de isla Boná fue una operación independiente de la búsqueda desarrollada en Veraguas, donde la prioridad sigue siendo encontrar Transporte Yair y a sus ocupantes.

Nuevo aviso por lluvias y tormentas eléctricas

El Sistema Nacional de Protección Civil extendió un aviso de prevención debido a condiciones favorables para lluvias, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en gran parte del país y sus áreas marítimas. El periodo de vigilancia comenzó el viernes 18 de septiembre y se mantendrá hasta el domingo 20.

Según el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá, los eventos podrían presentar mayor intensidad y cobertura durante el sábado y el domingo. Los sistemas atmosféricos también podrían fortalecerse con el paso de la onda tropical número 47, aumentando el riesgo en zonas vulnerables y sectores marítimos.

Sinaproc recomendó evitar playas, ríos y espacios abiertos durante las tormentas, además de no cruzar calles, quebradas o vados afectados por inundaciones. También pidió a los navegantes mantenerse atentos a los informes oficiales, pues el mal tiempo puede reducir la visibilidad y alterar rápidamente las condiciones del mar.

La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, incluyó a las madres buscadoras en las arengas del Grito de Independencia la noche del 15 de septiembre de 2026, desde el atrio de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores, en Dolores Hidalgo. La mandataria —primera gobernadora en la historia del estado— pronunció el viva “¡Vivan las madres buscadoras!” ante miles de personas reunidas en la explanada del recinto histórico donde, hace 216 años, el cura Miguel Hidalgo y Costilla dio inicio a la rebelión de Independencia.

El gesto respondió a un eje central de su agenda: visibilizar a las mujeres que buscan a sus familiares desaparecidos en una entidad con más de cinco mil 600 personas no localizadas.

Libia García pronuncia el viva a las buscadoras desde Dolores Hidalgo

Las arengas de García Muñoz Ledo comenzaron a las 23:15 horas con un recorrido por figuras históricas femeninas. La gobernadora gritó: “¡Viva María Ignacia Rodríguez!”, “¡Vivan las mujeres insurgentes de Pénjamo!” y “¡Vivan las mujeres que siguen construyendo la Patria!”.

El viva a las madres buscadoras quedó intercalado entre esas menciones. La decisión fue parte de una agenda deliberada: al ser la primera gobernadora de Guanajuato, García Muñoz Ledo centró la noche en el reconocimiento de las mujeres en la historia de la independencia.

La ceremonia se realizó ante miles de asistentes en la explanada de la Parroquia de Nuestra Señora de Dolores. El recinto es el mismo desde el que Hidalgo convocó al pueblo a la rebelión en 1810.

La mandataria estuvo acompañada por la diputada Susana Bermúdez Cano, presidenta del Congreso local; por Alma Delia Camacho Patlán, presidenta del Poder Judicial del Estado y del Supremo Tribunal de Justicia; y por el presidente municipal de Dolores Hidalgo, Adrián Hernández Alejandri. También participaron mandos militares.

García Muñoz Ledo acompañó búsquedas desde su gestión como secretaria de Gobierno

El vínculo de la gobernadora con las madres buscadoras no es nuevo. Desde el sexenio anterior, cuando ocupó la Secretaría de Gobierno, García Muñoz Ledo impulsó que la Fiscalía de Guanajuato y la Secretaría de Seguridad y Paz acompañaran las búsquedas de los colectivos.

Ese antecedente da peso institucional al gesto del 15 de septiembre. La mención en las arengas traduce en un acto simbólico público una política que la mandataria sostiene desde antes de asumir la gubernatura.

La noche del Grito incluyó, además, la Cabalgata por la Independencia, la lectura del Acta de Independencia, una ofrenda al cura Hidalgo y la firma del Libro de Visitantes Distinguidos. La ceremonia de liberación simbólica de presos se adelantó y se realizó antes de las arengas.

Los festejos cerraron con un espectáculo de pirotecnia de 20 minutos y con las presentaciones de los cantantes de banda Jorge Medina y Josi Cuen. La noche fue calificada de saldo blanco por los operativos de seguridad y protección civil, según informó AM Guanajuato.

Guanajuato conmemoró el 216 aniversario del inicio de la Independencia

La celebración se extendió a todo el estado. En León, Guanajuato capital, Irapuato, Celaya, Salamanca, San Francisco del Rincón y Moroleón, miles de familias ocuparon los centros históricos entre música, gastronomía típica, pirotecnia y espectáculos de drones.

En León, la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez Campos encabezó la ceremonia y un espectáculo de 350 drones formó la frase “¡VIVA MÉXICO!” sobre la ciudad. La cantante Alicia Villarreal cerró la jornada ante miles de leoneses.

En Celaya, el presidente municipal Juan Miguel Ramírez Sánchez incluyó en sus arengas un “¡Viva la esperanza!”, eslogan de su administración. Los operativos reportaron saldo blanco en esa ciudad, que registra 834 personas desaparecidas, según datos de mayo de 2026.

Guanajuato capital vivió la noche en la Alhóndiga de Granaditas. La presidenta municipal Samantha Smith Gutiérrez encabezó la liberación simbólica de presos en conmemoración del acto histórico de Hidalgo, y la noche cerró con el concierto de Pepe Linares.

Por segundo año consecutivo, dos mujeres encabezaron las ceremonias más emblemáticas de las fiestas patrias en México: la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en el Palacio Nacional y Libia García en Dolores Hidalgo.

Guanajuato acumula cinco mil 626 personas desaparecidas sin localizar desde 1952

La mención de las madres buscadoras en las arengas ocurre en un estado con una crisis de desapariciones documentada. Desde 1952 hasta agosto de 2026, Guanajuato registró 23.697 personas desaparecidas; de ellas, 16.587 fueron encontradas con vida y 1.484 sin vida, según la Comisión Estatal de Búsqueda. Las 5.626 restantes no han sido localizadas.

El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) coloca a Guanajuato en el décimo lugar nacional, con 5.663 personas no localizadas al cierre del último corte disponible. El número de casos creció 43,5% de 2024 a 2025, de acuerdo con un informe de AM Guanajuato fechado el 16 de mayo de 2026.

Celaya e Irapuato concentran los municipios con más desapariciones del estado

Cinco municipios de Guanajuato figuran entre los 100 con más desaparecidos en el país. Celaya ocupa el lugar 29 con 834 casos, un alza del 56 por ciento respecto al año anterior; le siguen León con 628, Irapuato con 601, Salamanca con 305 y Pénjamo con 280.

El perfil de las víctimas muestra que el 82.54 por ciento son hombres y el 16.63 por ciento son mujeres; el siete por ciento son menores de 18 años. El rango etario más afectado abarca de los 20 a los 39 años, que concentra el 63.6 por ciento de los casos totales.

La ONU documentó 723 fosas clandestinas en Guanajuato entre 2009 y 2025

El Comité contra la Desaparición Forzada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) registró 723 fosas clandestinas en el estado entre 2009 y marzo de 2025, con 1.352 cuerpos recuperados, según datos del Centro de Datos de la Universidad Iberoamericana León. Irapuato encabeza la lista de municipios con más fosas, seguido por Salamanca, Juventino Rosas, Acámbaro, Celaya, Villagrán y Salvatierra.

El Comité de la ONU clasificó a Guanajuato entre los estados con mayor incidencia de desaparición forzada, junto a Jalisco, Durango, Nuevo León e Hidalgo. El número de personas desaparecidas en la entidad se multiplicó por ocho entre 2017 y abril de 2025, según el mismo organismo internacional.

La Fiscalía de Guanajuato resguarda más de mil cadáveres sin identificar

La Fiscalía General del Estado de Guanajuato tenía bajo su resguardo, a marzo de 2026, 1.105 cadáveres o restos humanos individualizados no identificados y 37 identificados pero no reclamados. Esa cifra representa un aumento respecto a agosto de 2024, cuando el número era de 905 no identificados y 22 no reclamados.

Los colectivos de búsqueda y especialistas académicos denuncian que persisten fallas en la atención institucional y en la transparencia de la información, pese a la reducción del 48,9% en las desapariciones del segundo trimestre de 2026 respecto al mismo periodo del año anterior. El estado ocupa el tercer lugar nacional en personas localizadas con vida, resultado que las autoridades atribuyen a la coordinación permanente entre la Comisión Estatal de Búsqueda, los colectivos y las instituciones de seguridad.

Entre los secuestrados estuvo Emilce Moler, que tenía 17 años y permaneció detenida durante meses antes de recuperar la libertad en abril de 1978. Con el tiempo, su testimonio formó parte de los procesos judiciales por delitos de lesa humanidad. A cinco décadas de aquellos hechos, la sobreviviente considera que todavía hay cuestiones centrales que no fueron resueltas.

Uno de los principales interrogantes está relacionado con el destino de los seis estudiantes que permanecen desaparecidos. “¿Dónde están los cuerpos de los chicos?”, planteó Moler en diálogo con Infobae al Mediodía, para quien el paso del tiempo no cerró la investigación sobre aquellos crímenes.

La falta de información, además, adquiere una dimensión cada vez más urgente porque quienes podrían aportar datos tienen hoy una edad avanzada. “Por eso se dice que no prescribió el crimen, porque quienes hoy saben no lo dicen y, por lo tanto, cometen delito”, sostuvo.

En ese contexto, Moler señaló la persistencia del pacto de silencio entre quienes podrían aportar información sobre lo ocurrido. “El pacto de silencio no se rompe”, afirmó, y remarcó que esa situación impide considerar aquellos hechos como una cuestión exclusivamente histórica. “Eso que lo ven tan lejano está ocurriendo ahora. El delito del silencio está presente”, sostuvo.

La responsabilidad del Estado y la construcción del enemigo

Para Moler, comprender La Noche de los Lápices exige también distinguir la violencia ejercida durante la dictadura de cualquier enfrentamiento entre particulares. El rasgo central, explicó, fue la utilización de las estructuras del Estado para perseguir, secuestrar, torturar y desaparecer personas.

“Nadie merece, haya hecho lo que haya hecho la persona, que el Estado le dé la respuesta de tortura, cárcel y desaparición”, afirmó.

En esa misma línea, remarcó: “Fue el Estado. Por eso se habla de terrorismo de Estado. No eran unos civiles contra otros civiles: fue el Estado, el que te tiene que cuidar, el que te tiene que proteger”.

Moler también señaló que esa violencia estuvo precedida por un proceso de construcción del enemigo. Según recordó, quienes eran perseguidos fueron presentados como una amenaza a la que se podía despojar de legitimidad y derechos. “Primero construyeron el enemigo. El enemigo éramos nosotros, los subversivos. Entonces éramos sucios, malos y feos y, por lo tanto, merecíamos cualquier cosa”, explicó.

A partir de esa experiencia, advirtió sobre los mecanismos mediante los cuales determinados grupos pueden ser deshumanizados. “Hay que tener en cuenta cómo se construyen los enemigos, porque si vos una vez construís esos enemigos, ya estás habilitando para que le puedan hacer cualquier cosa”, sostuvo.

La discusión, para Moler, también debe sostenerse sobre la base de los testimonios, las pruebas y las decisiones de la Justicia. “Con tiempo y sentados en una mesa de argumentación, tenemos todas las piezas jurídicas, los testimonios, las sentencias judiciales, todo que avala lo que nosotros decimos”, afirmó.

A la vez, cuestionó la velocidad con la que muchas discusiones públicas se reducen a consignas: “Los eslogan y los latiguillos en una mesa inclusive periodística que se disputan parecería que son los que se escuchan más”.

El desafío de transmitir la memoria

La manera de transmitir lo ocurrido ocupa otro lugar central en la mirada de Moler. Las conmemoraciones permiten recuperar episodios que deben ser conocidos, pero también pueden quedar limitadas a una jornada de información sin continuidad. “Las efemérides tienen una cosa muy buena y una cosa tramposa”, explicó.

El riesgo, según planteó, aparece cuando la acumulación de datos reemplaza la comprensión. “Nos permite que estemos hoy acá hablando de este tema y un montón de gente interiorizándose, pero es como una sobreinformación toda dada en un día y después nada”, señaló.

Cuando recuperó la libertad, en abril de 1978, Moler se encontró con una sociedad que festejaba el Mundial. Desde un balcón en Mar del Plata escuchaba decir: “Los argentinos somos derechos humanos”, mientras pensaba: “Nadie me va a creer”. Había dejado atrás a unas 1.200 compañeras detenidas en Devoto y se preguntaba cómo explicar lo que había vivido: “¿Cómo explico todo eso?”.

Durante años, el 16 de septiembre fue para ella una fecha personal. “Era una fecha para mí solamente, en una soledad absoluta”, recordó. Con el tiempo, esa situación cambió y la conmemoración adquirió una dimensión colectiva. “Nunca me hubiera imaginado que a 50 años íbamos a estar hablando de esto en un canal de televisión y el miércoles con marchas multitudinarias”, afirmó.

Para Moler, el desafío ahora es que esa memoria no quede limitada a una fecha. Propuso trabajarla a partir de situaciones concretas de la vida cotidiana y, especialmente, de la forma en que cada persona responde frente a una injusticia. “La pregunta es: ¿qué hago yo ante una injusticia?”, planteó.

“Esas cosas tenemos que trabajar diariamente, transversalmente, para que la efeméride sea solamente una efeméride y no un montón de información que no la pueden procesar”, concluyó.

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Ante la crisis de desaparecidos que vive México los colectivos y autoridades no se dan abasto, sin embargo estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de Antropología, Derecho y Criminalística se sumaron a las jornadas de búsqueda de personas encabezadas por familias, tras recibir capacitación técnica y protocolos de actuación del Laboratorio de Antropología Forense.

Los registros públicos indican más de 135 mil personas no localizadas en el país, mientras que estimaciones de colectivos y organizaciones civiles calculan que la cifra real podría superar los 200,000 casos debido al subregistro y la falta de identificación forense. Además se estima que entre un 30 y 40% de esta cifra corresponde a restos humanos sin identificar en las morgues del país, sin contar las fosas clandestinas

El programa busca que los universitarios acompañen las labores en campo desde sus conocimientos profesionales y con respeto a las atribuciones de las autoridades.

La colaboración se desarrolló mediante el programa “Antropología Forense y Derechos Humanos”, que preparó a los alumnos de acuerdo con su disciplina. La formación incluyó herramientas para participar en rastreos, localizar posibles indicios, preservar hallazgos y brindar acompañamiento a familias que buscan a sus seres queridos.

Lilia Escorcia, encargada del Laboratorio de Antropología Forense, explicó que la iniciativa surgió ante la necesidad de crear formas institucionales de apoyo para las víctimas indirectas de desaparición. “El programa surge de la necesidad de buscar otras formas de acompañamiento a los familiares de las víctimas de desaparición de personas. Buscar esas estrategias de acompañamiento a las familias desde el espacio institucional”, señaló.

Escorcia sostuvo que la participación de distintas carreras permite formar equipos multidisciplinarios durante las jornadas. “Cada especialista tiene algo que aportar, pues lo interesante es que se conforme un grupo multidisciplinario y que se atiendan las necesidades, que se puedan atender en la medida de tu profesión, de tus alcances y, desde luego, respetando la labor de las autoridades”, afirmó a la televisora Nmás.

La formación universitaria llevó conocimientos forenses a las búsquedas

Los estudiantes trasladaron al campo parte de los conocimientos adquiridos en las aulas, en una actividad que también podía vincularse con sus requisitos académicos y de servicio social. Las tareas incluyeron observación de terrenos, apoyo logístico, análisis de posibles indicios y acompañamiento durante recorridos en zonas de difícil acceso.

La capacitación también contempló una dimensión psicosocial y de derechos humanos para atender a las familias sin sustituir su experiencia ni la responsabilidad de las fiscalías y comisiones de búsqueda. El propósito fue que los jóvenes aportaran desde los límites de su formación profesional y bajo la supervisión correspondiente.

Desde hacía tres años, Javadd Jacobo, estudiante de antropología física, participa en estas jornadas. Su labor se concentra en identificar restos en el sitio donde eran localizados y distinguir si un elemento óseo podía pertenecer a una persona o a un animal.

“Lo que hago más es identificación de restos in situ. Yo descarto en ese momento si el elemento óseo corresponde a una persona o podría corresponder a un animal”, explicó la universitaria. Su conocimiento de anatomía le permitió colaborar en las primeras revisiones de materiales encontrados durante los rastreos.

Jacobo había participado en búsquedas en Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Guerrero y Baja California. Las jornadas la enfrentaron a condiciones distintas de terreno, disponibilidad de personal y posibilidades reales para usar tecnología en las zonas que las familias buscaban revisar.

La estudiante expuso que los protocolos de búsqueda requieren una cantidad de personas que no siempre está disponible. “Te van a decir que tienes que hacer un cinturón cada dos metros y todos tienen que avanzar al mismo tiempo. ¿Cuánta gente vas a necesitar para cubrir el perímetro que quieren sondear? Y pues no la hay”, planteó.

También señaló que las características geográficas del país podían limitar el uso de herramientas técnicas. “A lo mejor el recurso está, pero la geografía de México no permite que esa tecnología sea empleada del todo”, sostuvo sobre las dificultades operativas que observó durante los recorridos.

Las familias mantienem el peso principal de las jornadas de rastreo

Pese a la capacitación y al apoyo universitario, la búsqueda de personas desaparecidas siguió recayendo principalmente en las familias organizadas en colectivos. Los estudiantes se integraron como respaldo técnico, físico y humano para recorrer terrenos, revisar puntos señalados y acompañar las labores de localización.

Jacobo describió el sentido que las madres buscadoras atribuyeron a la presencia de los jóvenes. “Si tú le preguntas a una madre, ellas te dicen: ‘Ustedes nos prestan sus ojos y sus manos para poder encontrar a sus seres queridos’”, indicó.

La colaboración académica también buscó que las familias tuvieran acceso a nociones de antropología forense, criminalística, preservación de indicios y derechos humanos. A la vez, los alumnos conocieron de primera mano los procesos que enfrentaban las personas que buscaban a familiares desaparecidos.

En Navojoa, Sonora, un grupo de estudiantes de la licenciatura en Criminología de la Universidad Hispana participó el 21 de febrero en una jornada organizada por el colectivo Buscadoras Huatabampo Sonora. La actividad se realizó tras una denuncia anónima sobre posibles fosas clandestinas en distintos predios.

Las buscadoras iniciaron los recorridos desde temprano y anunciaron que las revisiones continuarían durante los días siguientes, hasta inspeccionar por completo las zonas señaladas. El objetivo fue descartar cualquier indicio relacionado con personas desaparecidas.

Los universitarios acudieron acompañados por la doctora María Fernanda Mundo López, jefa de la carrera y coordinadora académica del campus Navojoa. Su participación fortaleció las labores de observación y análisis en campo como parte de su preparación profesional y compromiso social.

Elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal, Guardia Nacional y Policía Estatal de Seguridad Pública brindaron seguridad perimetral durante el operativo. Personal de la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora también acompañó a las familias y mantuvo coordinación con el colectivo.

El presidente municipal de Navojoa, Jorge Alberto Elías Retes, donó alimentos para las participantes de la jornada. Hasta el cierre de la inspección no se habían registrado hallazgos positivos en los predios revisados, mientras las labores continuaban en los puntos referidos por la denuncia anónima.

La recuperación de restos humanos en el predio del ex Centro Clandestino de Detención La Perla mantiene abiertos interrogantes sobre la identidad de decenas de personas desaparecidas. En este sentido, la Municipalidad de Córdoba convocó a familiares de personas desaparecidas entre 1974 y 1983 a aportar muestras de sangre para avanzar en nuevas identificaciones.

La iniciativa, denominada “La tierra habla. Tu sangre puede darles nombre”, se presentó en el marco de los 50 años del golpe de Estado cívico-militar. La campaña acompaña los trabajos arqueológicos que se desarrollan en el sector conocido como Loma del Torito, dentro del predio de La Perla, uno de los principales centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia durante la última dictadura.

Hasta el momento, las tareas permitieron identificar a 30 personas. Sin embargo, todavía hay restos que aguardan una identificación, por lo que la ampliación del banco de datos genéticos resulta central para establecer vínculos con las familias.

La propuesta es impulsada de manera conjunta por la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno provincial, el Juzgado Federal N.º 3, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) y los Espacios de Memoria de la provincia.

La campaña comenzó el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y ya recibió 800 llamados de personas interesadas en aportar información o realizar consultas. El juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja señaló que el objetivo es que las familias conozcan la necesidad de sumar muestras al archivo genético. “Queremos que esto sea público para que cualquier persona que tenga un familiar se acerque y pueda dar las muestras”, expresó.

Por su parte, la integrante del EAAF Silvana Turner indicó que la convocatoria alcanza a cualquier familiar de una víctima de desaparición forzada. Y agregó que los datos genéticos, comparados con los perfiles obtenidos de los restos recuperados, pueden aumentar las posibilidades de lograr nuevas identificaciones.

La iniciativa también está orientada a personas que tengan dudas sobre su origen o crean que pueden ser hijos, hijas u otros familiares de desaparecidos. El EAAF recibe consultas para orientar estos casos y canalizar la entrega voluntaria de muestras.

A mediados de mayo de este año, el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) identificó los restos de 17 personas desaparecidas durante la última dictadura, recuperados en el sector Loma del Torito del predio donde funcionó el centro clandestino de detención La Perla.

Los restos fueron encontrados en 2025 dentro de la Guarnición Militar de La Calera. El proceso de identificación se realizó a partir del análisis antropológico de los elementos óseos recuperados y del trabajo conjunto entre la Justicia, el EAAF y los familiares de las víctimas.

Entre las personas identificadas figuran tres matrimonios secuestrados en forma conjunta. Silvia Felipe, psicóloga de 27 años, y Luis Carlos Mónaco, periodista y camarógrafo, fueron secuestrados el 11 de enero de 1978. Su hija tenía 25 días cuando ocurrió el operativo. También fueron identificados Nélida Noemí Moreno Maza, psicopedagoga, y José Luis Goyochea Escudero, quienes fueron secuestrados delante de sus hijos.

La lista incluye además a Rosa Cristina Godoy y Carlos Crupeire, secuestrados ante su hija pequeña; la abogada y militante peronista Graciela María de los Milagros Doldán; Juan Carlos Navarro Moyano; Gilberto Néstor Lellin D’Francesco; Adrián José Ferreyra Rivero; Marta Susana Ledesma Vera de Comba; Víctor Carlos Díaz Rinero; Silvia del Valle Taborda; Edelmiro Cruz Bustos; Oscar Segura Reineri y Gustavo Daniel Torres.

Torres tenía 16 años cuando fue secuestrado en su casa, delante de sus padres, hermanos y abuelos. Durante la conferencia de prensa, su hermano recordó que lo escuchó decir: “Yo tengo derecho”, antes de que le taparan la boca. Por pedido expreso de una familia, la identidad de una de las 17 personas no fue difundida. En marzo, el EAAF había informado otras 16 identificaciones en el mismo predio.

La Fiscalía General de la República (FGR) anunció que dará atención y seguimiento a los casos de las madres buscadoras, luego de que instalaran un plantón en sus instalaciones de la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el pasado 9 de septiembre.

La dependencia informó, mediante un comunicado, que ese mismo día realizó tomas de muestras genéticas a quienes las requirieron y estableció un plan de trabajo para responder a los planteamientos de los colectivos provenientes de Michoacán, Veracruz y Colima, que exigían avances en las investigaciones por desapariciones ante lo que denuncian como omisiones institucionales.

La FGR precisó que el lunes siguiente a la protesta se realizarán reuniones con las víctimas que acudieron a sus instalaciones para continuar con la atención y el seguimiento de sus denuncias. La dependencia subrayó que el diálogo con los familiares de personas desaparecidas es directo, permanente y tiene como propósito fortalecer las acciones de búsqueda e investigación.

Margarita López encabeza la movilización en Río Pánuco

La acción fue liderada por Margarita López, exdiputada local de Michoacán y fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. El plantón se instaló en el inmueble de la calle Río Pánuco, colonia Renacimiento, donde los colectivos colocaron casas de campaña y advirtieron que mantendrían la movilización por tiempo indefinido.

Las familias protestaron porque, según denunciaron, la FGR les envió personal de apoyo psicológico en lugar de funcionarios con capacidad de tomar decisiones. López exigió el regreso de agentes del Ministerio Público que, afirmó, tenían avances concretos en las carpetas de investigación de algunas familias.

“Regresen a los Ministerios Públicos que sí resolvían, que sí atendían y que sí entendían el dolor de las familias”, publicó López durante la protesta, según consignó Animal Político. El medio añadió que la exlegisladora reclamó que las familias buscaran resultados y no explicaciones de los servidores públicos.

Entre las consignas de la jornada se escucharon frases como “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” y “¡Porque vivas se las llevaron, vivas las queremos!”. López también anunció que otro grupo se trasladaría a las oficinas de la FGR en Santa Fe para ampliar la presión sobre la institución.

La CEAV y la CNDH, también en el blanco de los colectivos

Durante la protesta, López reclamó a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) la falta de apoyo alimentario para las mujeres que permanecían en ayuno frente a la Fiscalía. “Se me hace una incongruencia grande. No te pido unos chilaquiles ni que se pongan a cocinar, que agarres recurso del que tienes ahí y me lo mandes a 30 mamás que están aquí en ayunas de comer”, le dijo López a personal de la CEAV.

Los colectivos también reprocharon la actuación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y pidieron su intervención ante lo que consideran violaciones a los derechos de las familias. La CNDH fue señalada por no entablar un diálogo con capacidad de resolución ni proteger a las víctimas durante el proceso de denuncia.

Además, las familias denunciaron que funcionarios de la FGR habrían intentado impedir que integrantes de los colectivos documentaran con sus teléfonos las dificultades para formalizar denuncias. López afirmó que las manifestantes registraron en audio los hechos y que cuenta con grabaciones que, según dijo, podrían dar cuenta de presuntas amenazas y malos tratos.

Seis exigencias concretas y una crisis con 131.692 personas desaparecidas

Entre las demandas centrales de los colectivos figura la instalación de una mesa de diálogo con la fiscal general de la República, Ernestina Godoy. Las familias exigieron que esas reuniones se realicen con servidores públicos que tengan facultades reales para tomar decisiones, no solo para brindar acompañamiento.

Otro reclamo apunta a que la FGR reciba denuncias de delitos del fuero federal sin importar la entidad de origen de las víctimas. López aseguró contar con un oficio de la Visitaduría General de la República que establece la obligación de las sedes federales de aceptar ese tipo de denuncias, y convocó a madres de otras entidades a sumarse a la movilización.

Los colectivos también denunciaron colusión de las fiscalías estatales con el crimen organizado. Esa acusación explica, según las manifestantes, la desconfianza en las instituciones locales y la decisión de llevar sus casos directamente ante la FGR.

“Necesitamos fiscales autónomos”, afirmó López ante Infobae, donde cuestionó que las fiscalías estuvieran encabezadas por personas cercanas al poder político. El medio informó que la activista acusó que esa relación impide investigar presuntos delitos y omisiones de servidores públicos.

Las familias señalaron además la falta de recursos, personal e insumos para las labores de búsqueda y recuperación de restos humanos. López sostuvo ante Animal Político que los colectivos han tenido que adquirir con sus propios medios materiales como bolsas para cadáveres, picos, palas, varillas y carpas, y participar directamente en rastreos en zonas de difícil acceso.

“De ser una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas”, expresó la fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. a Infobae. La activista añadió: “Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo”.

La movilización se produce en el contexto de una crisis de desapariciones que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda, registra 131.692 personas desaparecidas o no localizadas en el país. Los colectivos advirtieron que continuarán en las instalaciones de la FGR hasta obtener respuestas concretas y convocaron a otros colectivos del país a sumarse a sus demandas.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció que la creación del banco de ADN, contemplado en la ley en materia de desapariciones, se encuentra retrasada en los estados. Durante su conferencia matutina de este jueves, la mandataria calificó como “muy importante” el acelerar todos los procesos de identidad.

En respuesta a las quejas de los colectivos de familiares de personas desaparecidas, quienes han manifestado que acudir a realizarse pruebas genéticas resulta desgastante, la jefa del Ejecutivo explicó el motivo de las demoras. Señaló que “muchas veces se toma la muestra de los familiares, pero hay una parte que es hacer el análisis de la muestra, para tener la información del ADN, esa parte está retrasada en los estados”.

Para solucionar esto, Sheinbaum indicó que el objetivo es que haya más recursos por parte de las entidades, de la Fiscalía General de la República (FGR) y de las comisiones de búsqueda. Esta colaboración busca conformar verdaderamente un banco a nivel nacional que permita comparar las muestras basándose en los últimos adelantos de la ciencia.

La presidenta destacó la relevancia de la ciencia forense, aceptando que en algunos casos en el país “ni siquiera hay huella digital y reconocimiento de la persona por dentadura y otras circunstancias”.

Finalmente, recordó que la Secretaría de Gobernación presentó recientemente un plan de diez puntos para combatir el delito de desaparición, siendo la forensia uno de ellos. Explicó que aún existen personas fallecidas sin identificar en distintos estados y garantizó que, aunque es una tarea estatal, la FGR y la comisión de búsqueda ya están tomando el caso de manera conjunta.

Gobierno de México refuerza la búsqueda de personas desaparecidas con 10 acciones nacionales

El pasado 28 de agosto de 2026, la Secretaría de Gobernación (Segob) presentó un paquete de 10 acciones nacionales para reforzar la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas. Las medidas apuntan a depurar registros, agilizar localizaciones, ampliar la identificación humana y mantener la atención a familiares y colectivos.

• La revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas buscará completar la información de cada reporte. La tarea contará con 10 especialistas en datos, estadística, inteligencia artificial, programación y análisis jurídico.
• Cada denuncia deberá contar con una carpeta de investigación. Las autoridades también divulgarán los resultados de la Plataforma Única de Identidad, las búsquedas generalizadas de los estados y las brigadas territoriales.
• La Plataforma Única de Identidad detectó 40.628 coincidencias de personas con trámites posteriores a su reporte. De ese grupo, 6.939 ya tienen un reporte de localización.
• Las búsquedas en hospitales, centros de reclusión y otras instituciones se ampliarán. El plan incorpora además un Programa Nacional de Identificación Humana, con participación de fiscalías federales y estatales.
• La Comisión Nacional de Búsqueda mantendrá brigadas territoriales y reforzará sus capacidades técnicas. El organismo dispone de más de 400 especialistas, además de drones y georradares.
• Las últimas medidas prevén diálogo permanente con las familias y jornadas estatales para revisar perfiles genéticos, dar seguimiento a investigaciones y atender casos pendientes.

El operativo también derivó en la detención de cinco hombres y una mujer, quienes fueron puestos a disposición de la autoridad judicial por su probable responsabilidad en los delitos de trata de personas y desaparición cometida por particulares. Dicha finca pertenecía presuntamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La Fiscalía del Estado de Jalisco, a través de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y en coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, informó este 10 de septiembre sobre el resultado de las investigaciones.

De acuerdo con el fiscal estatal, Salvador González de los Santos, las indagatorias comenzaron el pasado 21 de julio, cuando se presentó la denuncia por la desaparición de un joven en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El hombre, de 20 años, había abordado un vehículo de plataforma para trasladarse hacia un supuesto empleo en un rancho. Sin embargo, después de emprender el viaje, sus familiares perdieron contacto con él.

La búsqueda llevó a las autoridades hasta Tecalitlán

Tras semanas de trabajo de campo y gabinete, las autoridades obtuvieron a principios de septiembre información que permitía ubicar al joven desaparecido en el municipio de Tecalitlán, al sur de Jalisco.

Con esos datos, corporaciones estatales y federales desplegaron un operativo conjunto y realizaron un ingreso de urgencia a una finca, con el objetivo de salvaguardar la integridad de la víctima.

Dentro del inmueble fue localizado el joven cuya desaparición había originado la investigación. Sin embargo, no era la única persona retenida.

Las autoridades encontraron a siete hombres más, por lo que el operativo terminó con la liberación de ocho personas de entre 16 y 43 años de edad.

“Estaban ahí en contra de su voluntad, todos son hombres de entre 16 y 43 años”, explicó González de los Santos durante una rueda de prensa.

Según la información proporcionada por la Fiscalía, entre las víctimas había personas originarias de distintos estados del país. Uno de ellos dijo ser procedente de la Ciudad de México, otro de Guerrero, dos más de Michoacán y uno de Sinaloa.

La finca era usada para retener a personas lesionadas

Las primeras indagatorias y los indicios encontrados dentro del inmueble permitieron establecer una posible función que tenía la finca para el grupo delictivo relacionado con los hechos.

De acuerdo con la Fiscalía, el lugar era utilizado como un espacio de resguardo para personas que presentaban lesiones o requerían recuperación física.

Al menos dos de los hombres liberados presentaban dificultades para caminar. Algunos cojeaban o utilizaban aparatos de apoyo.

Durante la revisión del inmueble, las autoridades aseguraron material vegetal verde con características de droga, diversos medicamentos, material y botas ortopédicas, además de tres pares de muletas.

También fueron localizados una báscula gramera, botas tácticas y 100 cartuchos útiles calibre 5.56 por 45 milímetros.

El hallazgo de medicamentos y artículos ortopédicos forma parte de los elementos que la autoridad incorporó a las investigaciones para determinar las actividades que se realizaban dentro de la propiedad y la participación de las personas detenidas.

Seis personas fueron detenidas durante el operativo

La intervención permitió además detener en el lugar a cinco hombres y una mujer, de entre 21 y 48 años, quienes fueron señalados como los probables responsables de mantener privadas de la libertad a las víctimas.

De acuerdo con la información oficial, entre los detenidos había tres personas originarias de Jalisco, además de una de Tepic, Nayarit, una de Colima y otra de Michoacán.

Las seis personas fueron puestas a disposición de la autoridad judicial, mientras continúan las investigaciones para determinar su probable responsabilidad en los delitos relacionados con la privación ilegal de la libertad de los ocho hombres.

Por su parte, las víctimas fueron trasladadas a la Zona Metropolitana de Guadalajara, donde recibirían atención y posteriormente serían reincorporadas con sus familias.

El fiscal Salvador González de los Santos destacó que el resultado del operativo fue producto del trabajo realizado por el personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas y la coordinación con autoridades federales.

“Este fue un gran servicio por parte del personal de la Vicefiscalía en Personas Desaparecidas porque no solamente logramos que ocho personas recuperaran su libertad, sino que estamos logrando que seis personas respondan por estos delitos que tanto lastiman a la sociedad y a sus familias”, señaló.

La Fiscalía de Jalisco informó que mantendrá las labores de investigación y coordinación con autoridades de los distintos niveles de gobierno para la localización de personas desaparecidas, así como para llevar ante la justicia a quienes resulten responsables de estos delitos.

Los colectivos, encabezados por Margarita López, ex diputada local de Michoacán y fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C., demandaron la salida de funcionarios a quienes acusaron de revictimizar a las familias, además de la falta de atención a las víctimas. Además, exigieron que se reciban denuncias del fuero federal, es decir, las denuncias que se presentan ante una autoridad federal para informar que posiblemente se cometió un delito.

A través de una transmisión en vivo realizada en sus redes sociales, Margarita López afirmó que las familias mantendrían las movilizaciones hasta obtener respuestas sobre las investigaciones y las labores de búsqueda de sus seres queridos.

“Necesitamos fiscales autónomos”, expresó durante la protesta, donde cuestionó que las fiscalías estuvieran encabezadas por personas cercanas al poder político y acusó que esa relación impedía investigar presuntos delitos y omisiones de servidores públicos.

Exigen que la FGR reciba denuncias de todo el país

López convocó a madres y familiares de personas desaparecidas de distintas entidades a acudir a las instalaciones de la FGR, incluso si sus casos no estaban integrados en el ámbito federal. Aseguró que contaba con un oficio de la Visitaduría General de la República en el que se establecía que la Fiscalía debía recibir denuncias del fuero federal presentadas por víctimas de todo el país.

“A todas las víctimas de todo el país se les debe recibir aquí en este edificio la denuncia”, afirmó. El llamado estuvo dirigido a familias que buscaban abrir o trasladar expedientes ante autoridades federales.

La activista sostuvo que muchas personas enfrentaban obstáculos al intentar denunciar la desaparición de un familiar o al solicitar que las autoridades atrajeran una investigación inicialmente ubicada en otros estados. Por ello, planteó que las oficinas de la FGR debían atender a quienes llegaran desde otras entidades.

López afirmó que las madres que integraban los colectivos realizaban tareas que, a su juicio, correspondían a las instituciones. Entre ellas mencionó la búsqueda de personas y la localización de restos humanos en zonas de difícil acceso.

“De ser una empresaria, ahora soy una carretonera que anda recuperando cuerpos en las barrancas”, expresó la fundadora del Colectivo Buscando Cuerpos A.C. y acusó a funcionarios de no atender los casos y de causar daño a las víctimas con sus decisiones. También reclamó que las madres hicieran trabajo de investigación y búsqueda sin recibir los recursos ni el acompañamiento que requerían.

“Ya nos cansamos de hacer su chamba sin sueldo”, sostuvo la exlegisladora, y afirmó que las familias buscaban resultados y no explicaciones de los servidores públicos a quienes señalaron por retrasar o impedir la atención de los casos.

La Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) proclamó el 19 de diciembre como el Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras de Personas Desaparecidas, una fecha que busca visibilizar y reconocer el trabajo de miles de mujeres que en distintos países han asumido la búsqueda de familiares y otras personas cuyo paradero se desconoce.

La resolución fue adoptada el pasado 31 de agosto por la Asamblea General de Naciones Unidas, luego de aprobar un proyecto promovido por la República Árabe de Siria.

El anuncio fue celebrado por colectivos integrados por madres y mujeres buscadoras, quienes desde hace años han exigido mayor reconocimiento, protección y participación en las políticas públicas relacionadas con la desaparición de personas.

En el documento, Naciones Unidas destacó el papel que desempeñan las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas.

“Resaltando del importante papel de las organizaciones de la sociedad civil, las iniciativas comunitarias y las asociaciones de familias de personas desaparecidas, que proporcionan apoyo jurídico, psicológico y material esencial a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas y sirven de pilares clave para preservar la memoria histórica”, señala la resolución.

El establecimiento de esta fecha internacional busca colocar en el centro del debate global la labor realizada por mujeres que, ante la ausencia o insuficiencia de respuestas institucionales, participan directamente en la búsqueda de personas desaparecidas.

ONU llama a visibilizar y reconocer la labor de las buscadoras

La resolución no solamente establece una nueva fecha en el calendario internacional, sino que incluye una serie de recomendaciones dirigidas a los Estados miembros, organizaciones internacionales, sociedad civil, instituciones académicas, medios de comunicación y sector privado.

Entre los planteamientos se encuentra la promoción de eventos y actividades encaminadas a resaltar la labor que realizan las mujeres buscadoras en diferentes partes del mundo.

El organismo internacional también invitó a impulsar medidas para prevenir y combatir la discriminación y la violencia contra las mujeres que participan en la búsqueda de personas desaparecidas, además de promover y proteger sus derechos humanos.

La ONU destacó además la importancia de que las propias buscadoras sean tomadas en cuenta en las discusiones y decisiones relacionadas con una problemática que afecta directamente sus vidas.

“Alienta a que se incluya a las mujeres buscadoras de personas desaparecidas en las deliberaciones que se estén manteniendo sobre esta cuestión y en los procesos de adopción de decisiones que las afectan”, añade la resolución.

Este punto representa uno de los principales reclamos de los colectivos de búsqueda: que las familias no sean únicamente receptoras de decisiones tomadas por las autoridades, sino que tengan participación en la construcción de políticas, mecanismos y estrategias para localizar a las personas desaparecidas.

La búsqueda también tiene un costo económico

Otro de los aspectos que busca hacer visible la resolución de Naciones Unidas es el impacto económico que representa la búsqueda de personas desaparecidas.

Las actividades realizadas por los colectivos y las familias pueden implicar gastos relacionados con traslados, herramientas, investigaciones, alimentación y otras necesidades derivadas de las jornadas de búsqueda.

Por ello, el documento señala la necesidad de reconocer estos costos y plantea que puedan ser sufragados mediante contribuciones voluntarias, así como con la participación del sector privado.

Para miles de familias, la búsqueda se convierte en una actividad que modifica completamente su vida cotidiana y sus condiciones económicas.

Muchas mujeres deben dedicar tiempo y recursos propios a recorrer zonas rurales, campos, carreteras, fosas clandestinas o distintas regiones del país en busca de información sobre sus familiares.

En México, una lucha encabezada principalmente por mujeres

El reconocimiento de Naciones Unidas adquiere una dimensión particular en México, donde la crisis de desapariciones continúa afectando a miles de familias.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Secretaría de Gobernación, actualmente existen 131 mil 974 personas desaparecidas o no localizadas en el país.

En este contexto, integrantes de colectivos han destacado que la lucha por localizar a las víctimas está encabezada principalmente por mujeres.

Grace Fernández, integrante del colectivo Búscame, quien busca a su hermano desaparecido, consideró importante que exista un reconocimiento internacional para quienes han convertido la búsqueda en una lucha permanente.

“La lucha está encabezada principalmente por mujeres y no es solamente porque muchos de los desaparecidos son hombres, sino porque las mujeres, con independencia del género de la persona desaparecida, son ellas las que buscan”, expresó Fernández.

La integrante del colectivo consideró que los gobiernos deberían impulsar actividades relacionadas con el reconocimiento de esta labor.

El nuevo Día Internacional de Reconocimiento a las Mujeres Buscadoras busca precisamente dar visibilidad a una realidad que se repite en distintos países: madres, hermanas, hijas, esposas y familiares que se organizan para buscar a quienes desaparecieron.

Para los colectivos, el reconocimiento de la ONU representa un paso importante para hacer visible una labor que durante años ha sido realizada en medio de obstáculos, riesgos, violencia y falta de recursos.

A partir de ahora, cada 19 de diciembre, la comunidad internacional tendrá una fecha destinada a reconocer a las mujeres que han convertido la búsqueda de personas desaparecidas en una causa de lucha, memoria y exigencia de justicia.

Un reporte ciudadano derivó en la localización de restos óseos en el municipio de Amecameca, por lo que elementos de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y del Ministerio Público acudieron al Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, para ealizar las diligencias y determinar si los huesos eran humanos, su identidad y las circunstancias del hallazgo.

Los restos fueron encontrados en las inmediaciones del paraje conocido como Arco Blanco, a unos 100 metros de la carretera federal Paso de Cortés-Puebla y a cerca de 1.5 kilómetros de Paso de Cortés. La zona presentaba condiciones de difícil acceso, por lo que el traslado se realizó bajo resguardo policial.

El aviso original se produjo después de una caminata realizada el 28 de agosto. Una persona informó que había visto huesos que aparentaban ser humanos entre la vegetación, aunque no pudo precisar las coordenadas exactas del sitio.

Ante esa limitación, el caminante entregó referencias del lugar y fotografías. Con esos datos, la Secretaría de Seguridad del Estado de México desplegó dos grupos de búsqueda en veredas y áreas señaladas del parque.

La búsqueda se concentró en veredas cercanas a Paso de Cortés

Los trabajos estuvieron a cargo de elementos del Agrupamiento de Alta Montaña y Agreste Valle de México, adscritos a la SSEM. Los uniformados recorrieron la zona durante varias horas hasta ubicar diversos huesos entre la flora.

El hallazgo ocurrió en una franja cercana a la carretera federal y dentro de una de las rutas de tránsito frecuente para senderistas y excursionistas en la región de Paso de Cortés. La localización permitió acotar el punto referido de forma inicial por el denunciante.

Una vez que confirmaron la presencia de los restos, los policías notificaron a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y resguardaron el área. El acordonamiento buscó preservar el sitio para las diligencias ministeriales y periciales.

Debido a las complicaciones del terreno, los agentes realizaron el levantamiento de los restos por indicación de la autoridad ministerial. Después los trasladaron a las instalaciones de la fiscalía en Amecameca.

Los restos quedaron bajo análisis para definir su origen e identidad

La respuesta a la pregunta central del caso fue inmediata: los restos quedaron a disposición del Ministerio Público, que fue la autoridad encargada de establecer su naturaleza, confirmar si correspondían a una persona y avanzar en la identificación.

Las diligencias también quedaron orientadas a esclarecer las circunstancias relacionadas con el hallazgo. Hasta ese momento no se informó cuántos huesos fueron recuperados ni si en el sitio se encontraron otros indicios.

El parque donde ocurrió la localización se ubica en el municipio de Amecameca, en una zona de montaña que suele requerir operativos especializados cuando se registran extravíos, rescates o búsquedas. Por esa razón intervinieron elementos entrenados para desplazarse en terreno agreste.

El despliegue se activó a partir de una alerta canalizada por el Centro de Control, Comando y Comunicación de Amecameca. Esa notificación permitió movilizar a las células de búsqueda hacia los puntos descritos por el ciudadano.

El caso se abrió tras una alerta emitida varios días después de la caminata

Entre la caminata del 28 de agosto y la fecha del comunicado oficial transcurrieron varios días, lapso en el que la información disponible siguió dependiendo de las referencias y las imágenes aportadas por quien reportó el hallazgo. La falta de coordenadas exactas obligó a peinar distintas rutas antes de ubicar el punto.

Los elementos de seguridad localizaron los huesos dentro del Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, una de las áreas naturales protegidas con mayor afluencia de visitantes en el centro del país. El punto preciso quedó descrito por las autoridades como una zona próxima al paraje Arco Blanco.

Tras el levantamiento, el material óseo fue llevado a la sede de la fiscalía mexiquense en Amecameca, donde quedó sujeto a revisión ministerial. Esa etapa era la necesaria para establecer tanto el origen de los restos como cualquier línea de investigación derivada.

El caso permaneció en fase inicial y dependía de peritajes para confirmar la naturaleza de los huesos. Las autoridades no informaron en ese momento resultados forenses, identidades probables ni posibles causas vinculadas con la presencia de los restos en el lugar.

• El hallazgo ocurrió en el Parque Nacional Iztaccíhuatl-Popocatépetl, en Amecameca, cerca del paraje Arco Blanco.
• Los restos fueron localizados a 100 metros de la carretera Paso de Cortés-Puebla y a 1.5 kilómetros de Paso de Cortés.
• El Ministerio Público quedó a cargo de determinar si los huesos eran humanos, su identidad y las circunstancias del caso.

Ana Amelí no regresó a casa tras un paseo senderista

Ana Amelí García desapareció el 12 de julio de 2025 cuando subía el Pico del Águila, en las montañas del Ajusco, en el sur de la Ciudad de México. En su búsqueda han participado drones y helicópteros sin embargo no la hallaron.

Vanessa Gámez, madre de Ana Amelí García Gámez, ha encabezado diversas manifestaciones pacíficas e la que solicita que las autoridades no dejen de buscarla. que partió del Ángel de la Independencia rumbo al Zócalo Capitalino.

En un breve pronunciamiento, la madre de la joven suplicó a la población que, en caso de que alguien sepa qué le pasó a Ana Amelí “por favor, que nos diga, que nos ayude, que no calle, es momento de tener sensibilidad, todos como sociedad”.

De acuerdo con testimonios, la joven subió sola, sin guía, a las montañas del Ajusco entre las 15:00 y las 17:00 hora local (21:00 y 23:00 GMT) de aquel día y según su madre, el último contacto con Ana Amelí fue a las 14:30 horas (20:30 GMT).

Vanessa Gámez dijo que en México “no puede haber más desaparecidos” y abogó porque las personas que viven cerca del lugar donde desapareció su hija ayuden con sus declaraciones a encontrarla.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, durante su intervención en la conferencia matutina realizada en Palacio Nacional declaró que La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo investigación las operaciones de empresas relacionadas con Ricardo ‘El Pity’ Velarde, quien se desempeñó como secretario de Economía durante la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia definitiva de Sinaloa.

“Tengo entendido que la UIF ya denunció a la FGR, pero este es un caso aparte, de todo lo demás de Sinaloa; este es un caso específicamente de investigación, según tengo el reporte de la UIF, de empresas que estaba investigando de esta persona”, explicó el funcionario.

García Harfuch precisó que el caso de Velarde se desarrolla de manera independiente a otras investigaciones relacionadas con la situación de seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con su declaración, las indagatorias de la UIF están enfocadas particularmente en empresas vinculadas con el exfuncionario estatal.

Ricardo ‘El Pity’ Velarde sería el dueño de Terraza Valentino, un restaurante de Mazatlán donde desapareció el joven de 21 años Emilio Galván Valenzuela mientras iba al baño en octubre de 2025 y a quien no se volvió a ver.

El secretario señaló que será la propia FGR la encargada de proporcionar mayor información sobre el expediente y los posibles alcances de la investigación.

“Lo va a dar a conocer la FGR, pero tengo entendido qué si está investigando”, agregó.

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mantiene bajo investigación las operaciones de empresas relacionadas con Ricardo ‘El Pity’ Velarde, quien se desempeñó como secretario de Economía durante la administración de Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia definitiva de Sinaloa.

García Harfuch precisó que el caso de Velarde se desarrolla de manera independiente a otras investigaciones relacionadas con la situación de seguridad en Sinaloa.

De acuerdo con su declaración, las indagatorias de la UIF están enfocadas particularmente en empresas vinculadas con el exfuncionario estatal.

La UIF enfocó sus indagatorias en empresas ligadas a Ricardo Velarde

La investigación financiera no sólo alcanzó a Ricardo Jesús Velarde Cárdenas. También incluyó a Jorge Armando Lizárraga Angulo, identificado como socio del exsecretario, quien igualmente promovió un recurso legal para intentar frenar el bloqueo de activos.

El movimiento de la UIF se enmarcó en la Lista de Personas Bloqueadas, una medida que ese órgano de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público contempló para prevenir operaciones que pudieran favorecer actividades con recursos de procedencia ilícita o financiamiento al terrorismo.

Velarde, conocido como “El Pity”, promovió un amparo en medio de esa indagatoria para impedir que la autoridad financiera le congelara las cuentas bancarias. La misma ruta legal fue seguida por Lizárraga Angulo, de acuerdo con los registros mencionados en el texto fuente.

El alcance de la pesquisa, según lo expuesto en la mañanera, se concentró de manera particular en compañías vinculadas con el exfuncionario. Harfuch remarcó que el asunto corría por una vía distinta a otros casos abiertos por la violencia y el narco en Sinaloa.

Velarde pasó de empresas privadas a cargos turísticos y económicos en Sinaloa

La trayectoria de Ricardo Jesús Velarde Cárdenas comenzó en el sector privado. El primer día de 2001 inició labores como gerente comercial en Grupo Cafica, una firma descrita en sus declaraciones patrimoniales como dedicada a servicios de esparcimiento.

Después, en diciembre de 2006, constituyó Grupo Veliiz S.A. de C.V. junto con Jorge Armando Lizárraga. Este último quedó registrado como administrador único de la empresa y compartió apellidos con Suheid Margarita Lizárraga Angulo, señalada en documentos oficiales como representante legal de la sociedad.

Esa compañía estuvo dedicada al desarrollo inmobiliario, la gestión de proyectos turísticos y la operación de restaurantes y bares. Según las declaraciones patrimoniales referidas en el texto, Velarde trabajó como director comercial de Veliiz entre enero de 2007 y octubre de 2021.

Durante esa etapa obtuvo el título de licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Un día después de concluir sus actividades en Grupo Veliiz, dio el paso al servicio público como secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca de Mazatlán, su municipio natal.

Más tarde se convirtió en subsecretario de Promoción y Operación Turística de Sinaloa. En marzo de 2024 inició un periodo de poco más de seis meses como encargado de despacho de la Secretaría de Turismo estatal, antes de ser mencionado como exsecretario de Economía dentro de la administración de Rubén Rocha Moya.

El caso cobró visibilidad pública tras el congelamiento de cuentas y el inicio de movimientos legales para combatir esa medida. Hasta donde llegó la declaración de Harfuch, la información oficial disponible se limitó a confirmar la denuncia de la UIF y la intervención de la Fiscalía.

Harfuch ubicó el caso dentro de una exposición más amplia sobre seguridad

La referencia a Velarde apareció durante una conferencia en la que el secretario presentó avances de la Estrategia Nacional de Seguridad. En ese balance, informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de agosto de 2026 fueron detenidas 67,253 personas por delitos de alto impacto.

También señaló que en ese mismo lapso cayeron 111 funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado. Entre ellos mencionó a presidentes municipales de distintos estados, como parte del Operativo Enjambre contra redes de protección institucional.

En materia de armamento, reportó el aseguramiento de 34,353 armas de fuego. Explicó además que el 80% procedía de Estados Unidos, un dato que utilizó para describir la capacidad de fuego de los grupos criminales y el volumen del mercado ilegal atendido por las autoridades.

Sobre las acciones en el mar, indicó que la Secretaría de Marina decomisó 88 toneladas de cocaína. Dentro de esa cifra ubicó el mayor aseguramiento en la historia de esa institución: más de ocho toneladas frente a las costas de Michoacán.

Harfuch también habló de extorsión. Recordó que el 6 de julio de 2025 entró en marcha la Estrategia Nacional contra la Extorsión y afirmó que, entre el 6 de agosto de 2025 y el 31 de agosto de 2026, fueron detenidas 2 mil personas por ese delito en 29 entidades federativas.

Según su explicación, esa estrategia operó sobre cinco ejes: detenciones a partir de inteligencia e investigación, fortalecimiento de unidades locales antiextorsión, protocolos especializados de atención a víctimas, capacitación a operadores de la línea 089 en manejo de crisis y negociación, y una campaña nacional de prevención.

A esas medidas sumó el trabajo de la UIF para cancelar cuentas bancarias usadas para recibir pagos de extorsión, la cancelación de líneas telefónicas vinculadas con ese delito y operativos en centros penitenciarios coordinados con la Guardia Nacional y el Sistema Penitenciario Federal.

El gobierno federal sostuvo que la estrategia se conducía desde el Gabinete de Seguridad

Durante su exposición, Harfuch afirmó que la instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había sido de “cero tolerancia a la corrupción y de cero impunidad, sin importar el cargo o la afiliación política de una persona”. Esa línea fue la que enmarcó la mención al expediente de Velarde.

El secretario sostuvo que uno de los rasgos de la estrategia era su conducción diaria desde la Presidencia. Explicó que cada mañana Sheinbaum encabezaba la reunión del Gabinete de Seguridad para revisar incidencia delictiva, analizar operaciones e investigaciones y tomar decisiones sobre regiones y delitos prioritarios.

Añadió que los resultados provenían de la coordinación entre Sedena, Semar, FGR, Segob, el Centro Nacional de Inteligencia y la Guardia Nacional, así como de autoridades estatales. En ese punto subrayó que el 90% de los delitos correspondía al fuero común.

Harfuch dijo que la política de seguridad se sostenía en cuatro ejes: atención a las causas de la violencia, consolidación de la Guardia Nacional dentro de la Sedena, fortalecimiento de la inteligencia y la investigación, y coordinación entre instituciones federales y estatales.

• La UIF denunció ante la FGR operaciones de empresas vinculadas con Ricardo “El Pity” Velarde, y Harfuch dijo que la Fiscalía sí estaría investigando.
• Velarde y su socio Jorge Armando Lizárraga Angulo promovieron recursos legales para intentar frenar el congelamiento de cuentas y activos.
• En la misma conferencia, Harfuch reportó 67,253 detenidos, 111 funcionarios públicos arrestados por vínculos con crimen organizado y 34,353 armas aseguradas.

Si al intentar realizar un trámite oficial te has dado cuenta de que en tu Clave Única de Registro de Población (CURP) aparece la leyenda “Persona con reporte de desaparición”, es fundamental que actúes para regularizar tu situación, de acuerdo con las autoridades.

Esta situación es más común de lo que parece y puede bloquear la realización de tus trámites en la Ciudad de México. Aquí te explicamos por qué sucede y cuáles son los pasos exactos para solucionarlo.

¿Por qué aparece esta leyenda en mi CURP?

De acuerdo con la Comisión de Búsqueda de Personas de la CDMX, si en algún momento tuviste una ficha de búsqueda por desaparición y posteriormente te reencontraste con tus seres queridos, pero el reporte nunca fue dado de baja formalmente, la base de datos no se actualiza automáticamente.

Por lo tanto, aunque ya te encuentres en casa, para el sistema sigues teniendo el estatus de persona desaparecida. Corroborar tu localización de manera oficial es un paso esencial e indispensable para que esta leyenda desaparezca.

Pasos para actualizar tu estatus y dar de baja el reporte

Para que tu estatus se actualice y puedas continuar con tus trámites con total normalidad, debes hacer lo siguiente:

1. Acude personalmente a las oficinas correspondientes: No basta con haber regresado a casa; debes corroborar tu localización de manera oficial.
2. Dirígete al CAIBP: Debes presentarte en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas (CAIBP). Allí, el personal te orientará sobre el proceso exacto para dar de baja tu ficha de búsqueda y actualizar tu situación en la base de datos de la CURP.

¿Dónde se encuentra el CAIBP en CDMX?

Para realizar este trámite, acude a la siguiente dirección: avenida Niños Héroes 102, Col. Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

A las personas que ya fueron localizadas y se encuentran con sus seres queridos, las autoridades recomiendan cerrar su reporte de búsqueda; es derecho y responsabilidad de cada persona. Hacerlo no solo permitirá realizar tus trámites sin contratiempos, sino que también ayuda a mantener actualizadas las bases de datos nacionales en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNDPNO).

El hombre aterrizó en España y se puso manos a la obra. Pero después de llamar a diferentes puertas durante varios días sin resultado, le aconsejaron directamente que fuera a la Policía Nacional para interponer una denuncia. Con pocas esperanzas, allí acudió.

Los agentes le recibieron en la comisaría de Zaragoza-Delicias el pasado 23 de junio. El caso fue poco después trasladado al Grupo de Desaparecidos de la Jefatura Superior de Policía de Aragón, que en menos de 24 horas consiguió dar con la señora.

“En cuestión de horas, Elena y Lara, dos agentes del grupo de desaparecidos, consiguieron localizar a su tía en una residencia de mayores donde estaba perfectamente atendida”, han explicado desde el cuerpo armado en un vídeo publicado en sus redes sociales.

“La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo”

Mahendra quedó totalmente sorprendido y así se lo hizo saber en una carta de agradecimiento al director general de la Policía Nacional. En el escrito, el hombre confiesa que tenía pocas esperanzas en localizar a su tía.

“Más de un funcionario me dijo, con amabilidad pero con franqueza, que con más de cien residencias privadas en Zaragoza, debería considerar contratar a un detective privado. Lo comprendí. No culpé a nadie. Son búsquedas difíciles, y nosotros no somos residentes en España, ni contribuyentes, ni ciudadanos. No teníamos ningún derecho particular sobre el tiempo o los recursos de nadie. Éramos simplemente una familia de lejos, buscando a alguien a quien amamos”, cuenta en la carta.

Mahendra pensaba que, al ser un ciudadano extranjero, su caso quedaría olvidado entre todo el trabajo nacional. “No somos de aquí, hay asuntos locales lo suficientemente urgentes como para ocupar cada hora. Que una consulta de bienestar de una familia de India o de Estados Unidos no llegaría a lo más alto de la lista de nadie. Estaba equivocado, y me alegra reconocerlo”, confiesa.

El estadounidense ha resaltado el trabajo de las dos agentes de policía, pertenecientes a la comisaría de Zaragoza-Delicias. “Fueron más allá de cualquier deber que pudiéramos haber esperado razonablemente de ellos. Puede que no reciban ningún galardón por esto. No habrá ceremonia, ni titular, ni reconocimiento formal por lo que hicieron por una anciana y las dieciséis personas en el mundo que la quieren. Pero tienen nuestros corazones, completa y permanentemente”, expresa.

“Para una familia que ha pasado varios años sin saber si su tía estaba viva, si estaba a salvo, ese conocimiento lo es todo. La policía de Zaragoza encontró a nuestra tía cuando nadie más pudo. Permanecemos profundamente agradecidos”, concluye en su escrito.

La historia no ha quedado ahí: Mahendra ha regresado a Zaragoza este mes de septiembre para felicitar en persona a las agentes por encontrar a su familiar desaparecida. Mahendra y su tía han retomado el contacto y la mujer ha mantenido ya varias videollamadas con él y sus otros 15 sobrinos, repartidos por todo el mundo.

El colectivo Lirios Buscadores Izcalli denunció desde sus redes sociales actos de intimidación contra integrantes mientras acompañaban a la familia de Juan José Velázquez Ríos, de quien se desconoce su paradero desde el pasado 20 de septiembre de 2025, durante una audiencia en los juzgados de Barrientos, en el Estado de México.

El colectivo señaló que alrededor de 25 personas acudieron el pasado jueves 4 de septiembre al exterior del Penal de Barrientos, durante la audiencia de una de las personas detenidas por su presunta responsabilidad en la desaparición de Velázquez Ríos. Durante la diligencia se determinó la ampliación del término constitucional, por lo que la situación jurídica del imputado será resuelta posteriormente.

Buscadoras denuncian intimidación afuera de los juzgados de Barrientos

Mientras permanecían afuera de los juzgados, manifestándose pacíficamente, el colectivo afirma que varias personas se acercaron para grabarlas, tomarles fotografías y realizarles señas que consideraron intimidatorias.

Lirios Buscadores Izcalli indicó que estos hechos fueron reportados al Mecanismo Estatal de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, así como a la Policía Estatal.

Las buscadoras también señalaron que, anteriormente, personas relacionadas con el entorno de algunos de los imputados se habían presentado para intimidar a la familia de Juan José Velázquez Ríos en otras ocasiones.

El colectivo afirmó que posteriormente el abogado de uno de los imputados salió de manera intimidatoria, tomó fotografías y aseguró que las integrantes lo habían agredido. Las buscadoras rechazaron esta acusación y señalaron que no lo agredieron ni tuvieron confrontación con él.

Un vehículo pasó junto a las buscadoras con un narcocorrido mencionando “dar piso”

La situación, señalaron, se agravó cuando personas que acompañaban al imputado pasaron en un vehículo junto al grupo de buscadoras mientras reproducían un narcocorrido con referencias a “dar piso”, término asociado en la narcocultura a matar.

En el contexto de los hechos ocurridos afuera de los juzgados, Lirios Buscadores Izcalli interpretó la reproducción de la canción como una amenaza directa contra el colectivo. Las integrantes señalaron que cuentan con medidas de protección y advirtieron que no permitirán que este tipo de actos sean normalizados o minimizados.

El colectivo manifestó especial preocupación por las próximas audiencias relacionadas con el caso de Juan José Velázquez, programadas para lunes 7 y martes 8 de agosto, debido a que corresponden a otros tres imputados que, según señalaron, llevan más tiempo detenidos y forman parte de un entorno comercial de la zona.

Por ello, Lirios Buscadores Izcalli hizo un llamado urgente a las autoridades para que otorguen garantías reales de seguridad durante las próximas audiencias y realicen una investigación inmediata sobre las amenazas y actos de intimidación denunciados.

Las buscadoras pidieron respuestas a las autoridades del Estado de México, la Fiscalía, la Comisión de Derechos Humanos y el Poder Judicial, además de solicitar a la sociedad apoyar la difusión de su denuncia.

“No vamos a permitir que amenazar a quienes buscan a sus desaparecidos se convierta en algo normal”, expresó el colectivo al cerrar su pronunciamiento.

Juan “N” fue detenido por su presunta implicación en el feminicidio de Tatiana Vanessa Almanza García, joven colombiana de 32 años que fue reportada como desaparecida el pasado 28 de agosto en la capital de San Luis Potosí.

La Fiscalía General del Estado informó que el sujeto fue arrestado por su presunta participación en el delito de feminicidio, en concurso real con el delito relacionado con la desaparición de personas, por lo que fue puesto ante el juez de control para que determine su situación jurídica.

Así fue la localización sin vida de Tatiana Vanessa

De acuerdo con las autoridades, la desaparición de la joven fue denunciada ante la Fiscalía del Estado el lunes 31 de agosto, por lo que se emitió una ficha de búsqueda un día después, el 1 de septiembre. Ese mismo día, agentes ministeriales y de la Policía de Investigación (PDI) localizaron sin vida a Tatiana Vanessa en una comunidad del municipio de Villa de Reyes.

Tras labores de investigación y trabajos de campo, así como de la recuperación y análisis de videograbaciones de lugares cercanos a donde la joven fue reportada como vista por última vez, los agentes establecieron la identidad del posible responsable, por lo que se solicitó la orden de captura en contra de Juan “N”.

Aunque se reportó que la joven era buscada desde el 28 de agosto, la Fiscalía del Estado detalló que los familiares refirieron en su denuncia que dejaron de tener comunicación con Tatiana Vanessa a partir del 25 de agosto, por lo que decidieron contactar a las autoridades.

Luego de las investigaciones, la Fiscalía del Estado determinó que la joven colombiana fue asesinada el 28 de agosto al interior de un establecimiento ubicado en la carretera 57, en la capital de San Luis Potosí, y posteriormente su cuerpo movido del sitio a bordo de un vehículo.

Desapareció un día después de llegar a SLP

La fiscal del estado, María Manuela García Cázares, detalló en días pasados que el cuerpo de Tatiana Vanessa fue localizado en la zona de Villa de Reyes, sobre la carretera 80, envuelto en un tapete y con signos de descomposición el pasado 1 de septiembre.

Respecto a la causa de muerte, García Cázares señaló que se trató de un estrangulamiento y descartó que la joven tuviera signos de violencia sexual.

“La causa fue una muerte por estrangulamiento, es lo que nos revela la necropsia; no tenía mayores datos de violencia, ni de violencia sexual, pero sí, un estrangulamiento”, afirmó ante medios de comunicación.

La fiscal sostuvo que las indagatorias ya iban avanzadas y que existían indicios sobre la identidad del presunto responsable, aunque no reveló detalles para no entorpecer la investigación. Fue así que dos días después se detuvo a Juan “N”.

Joven fue identificada por una de sus primas

La fiscal detalló que la identificación de Tatiana Vanessa se realizó por una prima hermana que viajó desde Colombia, así como por una amiga que arribó desde la Ciudad de México.

Según García Cázares, la joven llegó a San Luis Potosí el jueves al mediodía, es decir, un día antes de desaparecer y ser asesinada.

Tatiana Vanessa Almanza García nació el 29 de julio de 1994 en Colombia y cumplió 32 años un mes antes de su desaparición. La ficha de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, identificada con el número CDB/CEBPSLP/ZC/VIII/598/2026, la describió con 1.70 metros de estatura, 72 kilogramos de peso, complexión robusta y tez morena clara, que contaba con un tatuaje en la columna con la frase “Made in Hell” además de que llevaba el nombre de “Jerónimo” en el brazo izquierdo.

De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, la joven vivió varios meses en la Ciudad de México antes de trasladarse a otros estados como Puebla, Jalisco, Nuevo León y Quintana Roo, donde habría ofrecido servicios de acompañamiento a través del portal La Boutique VIP, aunque las autoridades no confirmaron que la joven colombiana formara parte de él.

Este portal, detalló el comunicador, es señalado como el sucesor de Zona Divas, un portal que cerró por vínculos con el tráfico de mujeres, desaparición de personas y grupos criminales.

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) cuestionó que en las 10 acciones de la Estrategia Nacional de Búsqueda anunciada por la Secretaría de Gobierno (Segob), no incluya una política para prevenir y erradicar la desaparición. La organización reconoció que el tema de las desapariciones aparece como una prioridad, pero sostuvo que los anuncios no atienden las fallas de la política pública.

Centro Prodh recordó que el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU recomendó desde el 2021 la creación de una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones. De acuerdo con la organización, las acciones planteadas por Segob se alejan de esa recomendación.

10 acciones para atender la desaparición de personas en México

La Estrategia Nacional de Búsqueda contempla 10 acciones y fue explicada por el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Félix Arturo Medina Padilla, en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo que encabezó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el pasado jueves 3 de septiembre; las cuales son:

1. Completar datos de registro: Asegurar que todos los reportes ingresados al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas tengan información íntegra, con el apoyo de expertos nacionales y extranjeros para el análisis técnico y jurídico.
2. Apertura de carpetas de investigación: Garantizar que cada caso reportado como desaparición esté respaldado por su respectiva carpeta de investigación.
3. Seguimiento y transparencia de reportes: Informar los progresos de búsqueda utilizando la Plataforma Única de Identidad y los resultados del trabajo territorial de las brigadas de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).
4. Actualización de alertas inmediatas: Comunicar continuamente los avances generados a través de la Alerta Nacional de Búsqueda Inmediata (ANBI).
5. Búsqueda en vida: Reforzar y extender los esfuerzos de localización en instituciones como hospitales, centros de reclusión y otros espacios públicos y privados.
6. Plan de Identificación Humana: Implementar una estrategia liderada por la Fiscalía General de la República (FGR) con el objetivo de disminuir el rezago forense.
7. Prevención en entornos digitales: Desplegar medidas para evitar el reclutamiento y cooptación de jóvenes que ocurre a través de plataformas digitales.
8. Fortalecimiento de la CNB: Ampliar la capacidad humana, técnica y operativa de la Comisión Nacional de Búsqueda incorporando personal especializado.
9. Atención a víctimas: Sostener un diálogo permanente, cercano y constante con los colectivos y las familias de las personas desaparecidas.
10. Despliegue territorial: Llevar las acciones de búsqueda directamente a las entidades federativas a través de jornadas de atención a familias y una mayor coordinación local.

Medina Padilla, así como la titular de Segob, Rosa Icela Rodríguez, dijeron que la búsqueda de personas desaparecidas ha sido un tema relevante en su agenda y lo seguirá siendo en lo que resta de la administración de la presidenta.

Centro Prodh cuestiona el uso de las carpetas de investigación de personas

Uno de los señalamientos de la organización se dirige a la decisión de usar la Base Nacional de Carpetas de Investigación como un registro central para los casos de desaparición. Centro Prodh advirtió que estos mecanismos podrían excluir los casos que no llegan a las fiscalías.

La organización sostuvo que muchas personas enfrentan obstáculos para presentar denuncias en contextos de criminalidad. Ese escenario, señalan, puede resultar en un subregistro de personas desaparecidas.

Centro Prodh expuso que las fiscalías concentran denuncias que no siempre reflejan la totalidad de los casos, además, señaló que las familias y víctimas de desaparición pueden presentar dificultades como el acceso a la justicia, así como el miedo a acudir ante autoridades ministeriales.

El organismo también cuestionó que se deposite parte de la estrategia de identificación forense en las fiscalías sin una reforma de fondo a esas instituciones. En su mensaje, afirmó que el desempeño de las fiscalías frente a la crisis de desapariciones ha sido documentado por familiares y organizaciones.

“Buscar no debe costar la vida”: agresiones contra buscadores continúan incrementando

Entre los riesgos que no se contemplan en el plan de Segob está la atención a las personas buscadoras, ya que estas continúan siendo violentadas.

Como ejemplo del panorama violento que enfrentan, mencionaron el caso de la buscadora y fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, Alma Rosa Rojo, quien sufrió un ataque armado el pasado sábado 29 de agosto en Sinaloa y que desde el 2009 ha trabajado por localizar a su hermano Miguel Ángel Rojo.

“Mientras tanto, las personas buscadoras siguen siendo objeto de agresiones graves (...) Buscar no debe costar la vida”, expresó Centro Prodh.

Por otra parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó el ataque contra Rojo y también dirigió un mensaje al gobierno de México, recordándole que “los Estados deben proteger a las personas defensoras, que incluye a quienes se dedican a la búsqueda de personas desaparecidas”.

Mariano Martínez, de 21 años, permanece desaparecido desde el lunes 31 de agosto, luego de retirarse de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), donde había ido a entregar un trabajo. Sin embargo, mientras se despliega la búsqueda, este jueves, pasadas las 14:30, los padres confirmaron ante los medios que recibieron una foto desde Córdoba, en la que su hijo estaría en un local de sushi. La misma sería del martes, por lo que aún no es oficial su hallazgo.

“A mí me pasó la foto nomás el de la DDI y me dijo: ‘Sí, ese es Mariano, el de la foto”, explicó el padre. “La foto dice que es del día martes, es lo más cercano que tenemos de todo”, amplió en diálogo con la prensa. El momento es de cuando el joven fue a una casa de sushi en busca de trabajo. Dejó un currículum.

Los padres también contaron que ellos afirmaron que el joven de la foto se trataba de Mariano, pero no recibieron más información ni respuesta oficial de que lo hayan encontrado hoy.

El joven, oriundo de Berazategui, dejó pistas de su recorrido a través de cámaras de seguridad y el uso de su tarjeta SUBE, pero desde que las autoridades ubicaron su presencia en la zona de Constitución. Desde allí, perdieron su rastro hasta este jueves con la información de su presencia en Córdoba.

Cuando fueron consultados por su viaje a Córdoba, Alicia y Gustavo, la madre y el padre, no encontraron respuestas. “No sé, yo lo que estaba hoy analizando después de todo esto, cuando apareció que está en Córdoba, es que capaz se quiere ir y está buscando trabajo porque se quiere ir a vivir allá”, dijo el padre.

En cuanto al ambiente familiar, aseguraron que había una buena relación con su hijo, por lo que también sorprende que se quiera ir. “Estaba todo bárbaro, no tuvimos ninguna discusión. Hasta le dijo a la mañana: ‘chau mamá, me voy’”, remarcó.

Ahora, la familia aguarda por la confirmación oficial por parte de las autoridades para saber si lograron dar con el paradero de Mariano y que les aseguren que está sano y con vida.

Qué se sabe hasta ahora de su búsqueda

El estudiante había dedicado gran parte del fin de semana a preparar la entrega. El lunes salió de su casa alrededor de las 8 con un bolso que contenía las láminas del trabajo y llegó a la facultad cerca de las 9. Allí les dijo a sus compañeros que se sentía descompuesto, le entregó el material a uno de ellos y se retiró del lugar.

Al mediodía, cuando la familia intentó comunicarse con él para saber cómo le había ido, Mariano no respondió los mensajes. Con el paso de las horas y sin señales del joven, sus padres comenzaron a reconstruir sus movimientos con la ayuda de cámaras de seguridad y el registro de la tarjeta SUBE.

Esa reconstrucción permitió establecer que, tras salir de la facultad, se dirigió a Punta Lara, en el partido de Ensenada, un destino que, según su madre, no formaba parte de sus recorridos habituales. Las cámaras lo captaron mientras caminaba por la avenida Almirante Brown y luego se dirigía hacia una parada de la línea 275, colectivo que tomó para regresar a La Plata.

Fue en ese trayecto, a las 14.35, cuando Mariano envió el único mensaje del día. Se lo escribió a su hermano Lucas, de 19 años, y le compartió la contraseña de su computadora. “Luquita, tomá, acá te mando la clave”, recordó su madre, Alicia, en diálogo con TN.

Gustavo, el padre del joven, precisó el contenido exacto del mensaje: “Ahí decía que la clave de la notebook era ‘paintball’”, y agregó que su hijo había escrito: “Por cualquier cosa, si necesitás, la clave es esta”.

Para los padres, ese mensaje adquirió un significado particularmente inquietante. “Lo de la clave de la computadora lo tomamos como una despedida definitiva. Eso nos asustó mucho”, expresó Alicia.

A las 16.17 de ese lunes, Mariano abordó un tren de la línea Roca con destino a Constitución. Durante el viaje se cruzó con un compañero, que descendió en la estación Hudson, mientras el joven continuó su recorrido hasta la terminal porteña. Desde allí, no lograron saber nada de su recorrido hasta la última aparición en Córdoba.

Alicia describió la incertidumbre que atraviesa la familia desde entonces. La mujer relató que le transfirió dinero a su hijo, aunque el teléfono permanece con los datos apagados y ningún mensaje obtuvo respuesta.

La madre remarcó además que la desaparición contradice por completo la conducta habitual del joven. “No falta un sábado de mi casa, no falta un domingo, no pasa una noche fuera de mi casa”, sostuvo, y reclamó avances en la causa judicial.

En diálogo con El Trece, Alicia hizo un pedido directo dirigido a Mariano: “Si te arrepentiste y no querés seguir la carrera, no nos importa si estudiás o no. Yo sé que me decías siempre que la carrera la habías elegido vos. Te queremos con todo el corazón, no hagas una locura, no sientas vergüenza, vení y hablá con nosotros, yo vivo por vos. Te quiero ver”.

Félix Arturo Medina Padilla, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, detalló en la conferencia de prensa La Mañanera del Pueblo de este miércoles 3 de septiembre las 10 acciones para acelerar la búsqueda de personas desaparecidas en México.

El subsecretario explicó que la estrategia contempla garantizar que todos los reportes integrados en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, (RNPDNO), cuenten con datos completos. Para ello se prevé el acompañamiento de 10 especialistas nacionales y extranjeros.

Ese grupo trabajará en análisis técnico, científico y jurídico para implementar acciones sobre el registro y los procesos de búsqueda. Medina detalló que el perfil requerido incluye análisis de datos, estadística, matemáticas, inteligencia artificial y programación.

El objetivo, agregó, es contribuir a la revisión técnica de las bases del Registro Nacional, de los mecanismos de búsqueda y, en su caso, de las adecuaciones necesarias al marco jurídico. Ese componente busca corregir vacíos de información y hacer más útil el cruce de datos para localizar personas.

En los últimos dos meses se concretaron 3 mil 39 localizaciones. A través de la Alerta Nacional se localizó en los últimos meses a 2 mil 572 personas, la mayoría durante las primeras 48 horas posteriores al reporte.

Los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa desmintieron el supuesto hallazgo de más de 20 bolsas con restos humanos vinculadas al caso, mediante un comunicado en el que calificaron la información de “falsa e imprecisa”.

Los familiares advirtieron que no recibieron ninguna notificación oficial al respecto, pese a que días antes se habían reunido con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo junto a funcionarios directamente responsables de las investigaciones, quienes tampoco les informaron sobre un descubrimiento de esa magnitud.

El rechazo se produce a días de cumplirse 12 años de la desaparición de los estudiantes, ocurrida entre la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, y en medio de la difusión de versiones no confirmadas que, según los propios familiares, generan confusión entre las familias y la sociedad.

Ante estos señalamientos, los familiares destacaron que desconocen el punto del río San Joaquín al que hace referencia la información difundida. Tampoco reconocen como confirmado el vínculo entre esos restos y los 43 estudiantes desaparecidos.

La versión que circuló en medios describía fragmentos humanos localizados en distintos puntos de los municipios de Cocula e Iguala, incluida la funeraria El Ángel. Según información difundida por medios como Reto Diario y recogida por la agencia EFE, esa funeraria operaba con un horno crematorio clandestino sin registro oficial.

Los padres advirtieron que la versión mezcla datos de diferentes etapas de la investigación. Esa mezcla, afirmaron, produce confusión y revictimiza a las familias que llevan casi 12 años en búsqueda activa.

La existencia de restos con exposición térmica en el basurero de Cocula ya formaba parte del expediente desde las primeras investigaciones, según información publicada por sociedad-noticias.com. En 2015, la entonces Procuraduría General de la República (PGR) había recuperado más de 60 mil fragmentos óseos en ese basurero y en el río San Juan, de los cuales se tomaron muestras para estudios genéticos en la Universidad de Innsbruck.

La reunión con Sheinbaum no incluyó información sobre los restos

Los familiares precisaron que en su reunión con la presidenta Sheinbaum participaron funcionarios con responsabilidad directa en el caso. Estuvieron presentes el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa (UEILCA), el presidente de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) y representantes de la Secretaría de Gobernación.

Ninguno de esos funcionarios les comunicó el supuesto hallazgo durante el encuentro. Para los padres, esa omisión resulta significativa dado el peso de la información que circuló en los días posteriores.

La Fiscalía General de la República (FGR), por su parte, había informado en agosto que ordenó un “reanálisis profundo, exhaustivo y detallado” de las actuaciones existentes en el caso, según Milenio. La FGR indicó que ese trabajo abrió nuevas líneas de investigación, aunque sin confirmar resultados definitivos.

Hasta la fecha, ningún resultado pericial confirma que los fragmentos recuperados de las más de 20 bolsas pertenezcan a alguno de los 43 estudiantes. Los estudios antropológicos, forenses y genéticos aún están en curso.

Los especialistas independientes no se negaron a analizar restos, según los familiares

Los padres rechazaron también la versión de que especialistas independientes que acompañan la investigación desde 2014 se hayan negado a realizar pruebas sobre los restos encontrados. Esa afirmación, que circuló junto a la noticia del supuesto hallazgo, fue calificada por los familiares como parte de la información “falsa e imprecisa”.

Por el contrario, los familiares afirmaron que las familias, sus representantes y los expertos del caso tienen interés en que cualquier resto localizado sea sometido a las pruebas científicas correspondientes. El objetivo es establecer el origen y la identidad de esos fragmentos de forma rigurosa.

Los padres exigieron que toda información vinculada al paradero de sus hijos se maneje con rigor, responsabilidad y sustento científico. Subrayaron el daño que las versiones sin respaldo generan en familias que llevan casi 12 años en espera de respuestas concretas.

La periodista Elia Almanza, en declaraciones al programa de Julio Astillero recogidas por el portal julioastillero.com, alertó sobre el riesgo de que los supuestos hallazgos se utilicen para cerrar la investigación. Almanza advirtió que elementos similares ya habían sido revisados en etapas anteriores del proceso y pidió tomar la información con cautela.

La analista consideró preocupante que, después de más de una década, las familias regresen a un escenario de incertidumbre. Señaló, además, que la narrativa que rodea a los nuevos hallazgos retoma elementos de la llamada “verdad histórica”, la versión oficial desacreditada que el Gobierno de Enrique Peña Nieto presentó en 2014.

A 12 años de Iguala, los familiares reiteran su exigencia de verdad y justicia

Los familiares reiteraron que seguirán exigiendo investigaciones serias y resultados verificables. Insistieron en que cualquier posible hallazgo relacionado con los estudiantes debe ser comunicado primero a las familias y respaldado por análisis científicos antes de su difusión pública.

La postura de los padres se produce a menos de un mes del 12 aniversario de la desaparición de los normalistas. La fecha marca un nuevo ciclo de presión pública sobre las autoridades para dar respuestas concretas a un caso que permanece sin resolución.

El caso Ayotzinapa es considerado uno de los episodios de violación a los derechos humanos más graves de la historia reciente de México. La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos movilizó protestas en todo el país y generó escrutinio internacional sobre las instituciones de seguridad y justicia mexicanas.

Los padres dejaron en claro que no aceptarán conclusiones que no estén respaldadas por evidencia científica verificable e independiente. La exigencia de los familiares permanece intacta: verdad, justicia y la presentación con vida de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla activó la búsqueda de Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza después de que una media hermana acudió al ministerio público para preguntar por ellas, convencida de que estaban bajo resguardo oficial tras el ataque ocurrido en San Pedro Cholula. El caso quedó ligado al asesinato de Ricardo, de 17 años, y al proceso penal contra su tío Ángel Rodríguez, de 30, porque las tres niñas fueron reportadas como desaparecidas en la misma ruta temporal en la que se descubrió el crimen familiar.

Las menores tienen 13 años, 10 años y 8 años. La autoridad indicó que fueron vistas por última vez el 26 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan, una fecha que coincidió con el periodo en que se conocieron los hechos violentos dentro del inmueble familiar.

La búsqueda comenzó cuando los familiares acudieron a solicitar los restos de Ricardo, el adolescente de 17 años que murió días después de haber sido golpeado por su tío. Fue entonces cuando expusieron que durante todo ese tiempo pensaron que las niñas ya estaban protegidas por la Fiscalía, pero el ministerio público dijo no tener información sobre su ubicación.

Ese dato cambió el sentido de la investigación. Lo que la familia entendía como un resguardo institucional terminó por convertirse en una desaparición formalmente investigada por las autoridades estatales.

La desaparición de las niñas coincidió con el ataque en San Pedro Cholula

La Fiscalía abrió las indagatorias para establecer qué ocurrió con las menores y activó los protocolos de búsqueda correspondientes. Hasta ahora, el dato confirmado era que Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza habían sido vistas por última vez en Santiago Momoxpan.

La coincidencia de lugar y fecha con el ataque atribuido a Ángel Rodríguez colocó a las tres hermanas en el centro de un expediente que ya investigaba la muerte de dos adultos mayores y de un adolescente lesionado que después falleció. La autoridad no tenía conocimiento previo de la presencia de las niñas en la vivienda el día de los hechos, por lo que seguía sin esclarecerse si pudieron haber sido víctimas del agresor o si salieron del lugar antes.

El antecedente inmediato del caso se ubicó la noche del 25 de julio de 2026, cuando se registró el ataque del fisicoculturista en San Pedro Cholula. Después, el 26 de julio, elementos de la Policía Municipal localizaron dentro del inmueble a dos adultos mayores sin vida y a un menor lesionado.

Ese menor era Ricardo, quien posteriormente murió a causa de las heridas. A partir de su fallecimiento, la familia inició diligencias para recuperar sus restos y, en ese trayecto, apareció la ausencia de sus tres hermanas menores.

El DIF ya había intervenido por la custodia de los hermanos

La información preliminar indicó que los padres de las menores desaparecidas y del joven asesinado habrían enfrentado problemas de salud mental durante varios años. Por esa razón, el Sistema DIF intervino y retiró la custodia de los hijos.

Después de esa medida, los hermanos quedaron bajo el cuidado de su tía paterna, Luz María Morales González. Tras el fallecimiento de la mujer, la familia volvió a perder contacto con las niñas.

Ese antecedente explicó por qué los familiares no tuvieron claridad inmediata sobre el paradero de las menores. La ausencia se conoció públicamente en medio de una investigación penal que ya involucraba a otros integrantes de la misma familia.

La preocupación aumentó porque el principal sospechoso del ataque era un familiar directo de las víctimas y fue detenido en flagrancia. Actualmente enfrentaba un proceso penal para definir su situación jurídica por los hechos ocurridos en la vivienda.

Las autoridades también señalaron que Ángel Rodríguez habría atacado a Ricardo de forma violenta en un episodio de psicosis presuntamente provocado por consumo de narcóticos. Esa línea formó parte del contexto en el que la familia buscó reconstruir lo ocurrido con todos los integrantes que se encontraban alrededor del domicilio de San Pedro Cholula.

La investigación debía resolver dos preguntas al mismo tiempo

La indagatoria quedó obligada a responder, por un lado, cómo ocurrieron los homicidios y lesiones dentro del inmueble. Por otro, debía establecer dónde estaban Pamela, Kimberly y Jade, cuya ausencia no había sido aclarada al momento en que la media hermana preguntó por ellas ante la autoridad.

El expediente tomó una dimensión mayor porque la desaparición de las niñas no surgió a partir de un reporte inmediato de localización, sino de una suposición equivocada de la propia familia: creyeron que la Fiscalía ya las tenía bajo protección. Cuando supieron que eso no era así, se abrió una nueva línea de investigación.

La búsqueda de las tres hermanas también obligó a revisar el periodo posterior a la muerte de su tía paterna, momento en que se perdió nuevamente el rastro de ellas. Desde entonces, la familia no tuvo noticias confirmadas sobre su situación.

La FGE mantenía activos los protocolos para localizar a las menores y esclarecer las circunstancias exactas de su desaparición. Al mismo tiempo, seguía la investigación sobre el ataque que dejó sin vida a dos adultos mayores y a Ricardo, el adolescente cuya muerte destapó la ausencia de sus hermanas.

• La FGE buscó a Pamela, Kimberly y Jade Morales Galarza, de 13, 10 y 8 años, después de que su familia descubrió que no estaban bajo resguardo oficial.

• Las niñas fueron vistas por última vez el 26 de julio de 2026 en Santiago Momoxpan, en coincidencia temporal con el ataque familiar en San Pedro Cholula.

• El caso quedó vinculado al proceso penal contra Ángel Rodríguez, detenido en flagrancia tras el crimen en el que murieron dos adultos mayores y Ricardo, de 17 años.

De acuerdo con la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), con datos del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) al 29 de agosto, la crisis de desapariciones en el país suma un histórico de 128,286 reportes de niñas, niños y adolescentes de 0 a 17 años desde 1952.

De ese total, 17,487 infancias continúan desaparecidas o no localizadas, lo que equivale a uno de cada siete casos reportados.

Históricamente, dos de cada tres personas registradas en esta situación son mujeres: 85 mil 210 casos históricos frente a 43 mil 076 de hombres. Sin embargo, REDIM alerta sobre un cambio sin precedentes en la estadística de quienes permanecen desaparecidos actualmente: por primera vez, la cifra de varones no localizados 8 mil 814 supera de forma ligera a la de las mujeres 8 mil 642).

Urgen al gobierno de México garantizar la búsqueda y localización de infancias desaparecidas

La REDIM insta al gobierno de México a cumplir con su responsabilidad de garantizar a la niñez y juventud el derecho a ser buscadas, encontradas y protegidas. Subrayan que las labores de búsqueda deben realizarse con estricto apego a los derechos humanos, asegurando la investigación, reparación del daño y la no repetición.

Además, la organización señala que la población tiene un papel fundamental para ayudar a prevenir la desaparición de niñas y niños. “No es un problema de otros”, sino que involucra a toda la sociedad. Para contribuir, recomiendan adoptar las siguientes acciones:

• Informarse a través de historias de niñas, niños y adolescentes, así como acerca de los derechos de la niñez.
• Sensibilizarse ante la desaparición de infancias y adolescentes en México
• Acompañar a familias y organizaciones buscadoras, así como la difusión de información veraz.
• Escuchar a las infancias buscadoras, así como sumarse a
• su protección.

¿Qué hacer si desaparece una niña, niño y adolescente en México?

A través de cápsulas informativas en sus plataformas oficiales protagonizadas por “Chuchi el cacomixtle”, un personaje especialista en búsqueda, REDIM subraya que el factor más crítico para lograr la localización es la rapidez con la que se inicie la búsqueda y se recolecten los primeros indicios.

El proceso debe arrancar de forma inmediata tras el primer reporte, estructurándose en tres ejes:

• Atención y entrevista familiar: Es el paso fundamental para recabar datos urgentes que permitan rastrear rutas, ubicar testigos, solicitar información, revisar cámaras de videovigilancia y buscar en lugares clave.
• Coordinación oficial: Las comisiones estatales de búsqueda y la Comisión Nacional de Búsqueda son las instituciones encargadas de organizar y ejecutar estas diligencias.
• Denuncia de servidores públicos: Si existe sospecha de que policías u otras autoridades participaron en la desaparición, el hecho debe denunciarse.

Para lograr la localización, es la rapidez en el inicio de la búsqueda y en la recolección de los primeros indicios. REDIM tiene disponibles recursos adicionales en su página oficial y en redes sociales, donde no solo informan sobre la desaparición, sino que también brindan información sobre salud, migración, trabajo infantil, entre otros.

Hombres armados secuestraron y desaparecieron a su hijo; el crimen organizado también le arrebató la vida a Federico García Parra, profesor indígena me’phaá y asesor técnico pedagógico en la Montaña Alta de Guerrero, fue asesinado en el municipio de Atlixtac a balazos el pasado miércoles 26 de agosto.

El docente fue atacado por dos sujetos que viajaban en motocicleta, en las inmediaciones de la escuela primaria bilingüe “Antonio Plaza”, en Zapotitlán Tablas. Lo interceptaron cuando salía de su junta de Consejo Técnico, que realizan todos los docentes a nivel nacional, abriéndole fuego a unos metros de distancia del ayuntamiento y la comandancia policial, de acuerdo con el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan.

Vecinos y familiares de García Parra denuncian que durante el último año se han reportado el asesinato de dos profesores, una pareja joven, además del secuestro de Luis Fernando García Sánchez, hijo del profesor bilingüe.

El joven fue privado de la libertad el pasado 10 de septiembre de 2025, mientras viajaba en transporte público; su padre se dedicó a su búsqueda, como miembro del colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, en donde acompaña a otras familias buscadoras y denunciaba la violencia en la zona. A casi un año del secuestro, de García Sánchez, siguen sin haber avances y este se convirtió en huérfano, sin saberlo.

La violencia y la impunidad en la Montaña de Guerrero

De acuerdo con los habitantes de la Montaña de Guerrero, viven bajo la amenaza constante del grupo criminal Los Ardillos, aunque el gobierno federal ha señalado que también operan Los Tlacos. Solo en este año han sido asesinados, además de García Parra, el profesor Abel Albino Torres y la pareja de comerciantes Cristal Avilés Sierra y Emilio Pacheco Florentino. Ninguno de estos crímenes ha sido esclarecido. La autoridad ni siquiera abrió una investigación formal tras el asesinato de la pareja, lo que desató indignación y temor generalizado en Huitzapula.

A través de un comunicado, el Centro Tlachinollan y el colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, denuncian que la policía municipal desatiende las denuncias y llamados de auxilio. El asesinato de Federico García Parra ocurrió cerca de las instalaciones oficiales; hubo omisión de autoridad.

“Es muy común que las corporaciones policiacas se desentiendan de su deber constitucional de prevenir el delito y brindar protección a las personas”, afirman.

En comunidades aledañas a Huitzapala y en el resto de Guerrero, se han reportado diversas vejaciones a las personas pese a la presencia de autoridades federales y estatales en las zonas. Pues, la mañana del pasado martes 25 de agosto, la Fiscalía estatal confirmó a Infobae México el hallazgo de cuatro cuerpos desmembrados; sus restos fueron esparcidos sobre la carretera, esto en Chipala. Horas más tarde, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, encabezó la entrega de maíz y frijol a las familias desplazadas. de Teticic, como parte del Plan Maestro para la Montaña Alta y Baja de Guerrero (creado a partir del registro de desplazamiento forzado orquestado por grupos criminales).

Respecto al Plan Maestro implementado en municipios como Zapotitlán Tablas y Atlixtac, la comunidad sostiene que este no ha logrado frenar los delitos ni garantizar la protección de la población.

Tres días, tres buscadores atacados: la antesala violenta al Día de las Víctimas de Desaparición Forzada

En un lapso de menos de 72 horas, y justo antes de que en México se conmemorara el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, la violencia golpeó de manera consecutiva a tres buscadores de personas desaparecidas, en dos estados del país.

El pasado miércoles 26, fue asesinado a balazos Federico García Parra. Un día después, el jueves 27, fue reportada como desaparecida Elisa Altagracia Bonilla Carrillo, madre buscadora de 38 años, en Mazatlán, Sinaloa, quien buscaba a su hijo Kebin Alexander, desaparecido en la misma ciudad en octubre del 2025.

El tercer episodio se registró el sábado 29 de agosto en Culiacán, Sinaloa, donde la madre buscadora Alma Rosa Roja Medina, fundadora del colectivo Voces Unidas por la Vida, fue atacada a balazos junto a su hija y sus tres nietas mientras circulaban en un vehículo por la colonia Esthela Ortiz de Toledo. Rojo Medina, quien busca a su hermano desaparecido desde hace más de 15 años, resultó herida de bala en el brazo; se trató del segundo atentado registrado en su contra desde que comenzó su labor de búsqueda. La Fiscalía de Sinaloa abrió una carpeta de investigación por feminicidio en grado de tentativa.

Colectivos defensores de derechos y buscadores han pedido que, respectivamente, las agresiones sean investigadas y aclaradas, hasta que se haga justicia.

Exigen respuestas y revisión de estrategias oficiales

Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlalchinollan y colectivo Luciérnaga, una luz en la oscuridad, exigen que el homicidio de Federico García Parra sea investigado a fondo y que se identifique tanto a los autores materiales como intelectuales. Emplazan al Congreso de Guerrero para que convoque a los presidentes municipales de Zapotitlán Tablas y Atlixtac a rendir cuentas sobre las acciones y medidas tomadas para proteger a su población.

Además, urgen que el gobierno federal implemente operativos efectivos y recupere el control del territorio, pues el plan actual no ha garantizado seguridad para los habitantes de Huitzapula. Piden que no se minimice la violencia y se deje de criminalizar a quienes denuncian.

Por su parte, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), integrado por más de 500 familias de buscadoras y víctimas de la desaparición, acompañadas por él Y se manifestó frente al Palacio de Gobierno donde anunció acciones legales contra la gobernadora.

El reconocimiento que no había llegado antes

En un mensaje emitido en un video publicado en su cuenta oficial en ‘X’, se dirigio a las familias buscadoras, la mandataria admitió que la respuesta del Estado no ha sido suficiente. “No hemos hecho todo lo deseable”, dijo, y fue más lejos al señalar que esperaba un respaldo del gobierno federal que nunca llegó como se anticipaba.

La gobernadora reconoció el peso concreto que implica buscar: los traslados, los días sin poder trabajar, los trámites, los gastos que “salen de donde no hay”. El apoyo económico del nuevo programa, aclaró, no pretende reparar nada. “Ningún recurso devuelve a un ser querido”, afirmó.

El nuevo programa refuerza servicios que ya existían —atención médica, psicológica y alimentaria, gestiones de empleo, vivienda y becas— y les agrega por primera vez un componente de apoyo económico solidario. La iniciativa arranca con 450 familias y, según la propia Campos, se irá ampliando.

La deuda que los colectivos no olvidan

El anuncio no disipó la tensión acumulada durante los cinco años del gobierno de Campos. El CEDEHM y las familias que acompaña denunciaron que la gobernadora estatal nunca recibió a las madres buscadoras en audiencia pública desde que asumió el cargo, a diferencia de las dos administraciones anteriores.

El pasado 7 de agosto, el colectivo presentó una solicitud formal de audiencia con fundamento en la Ley de Participación Ciudadana del estado. Pedían una reunión presidida personalmente por la gobernadora para este domingo 30 de agosto, con alrededor de 150 familiares víctimas de la desaparición de distintas regiones. El plazo legal venció el 20 de agosto sin respuesta.

Lo que llegó, en cambio, fue una invitación de la Fiscalía General del Estado a un encuentro sin la presencia de Campos, convocado para el sábado 29 de agosto, en una fecha distinta a la solicitada y con un formato definido por la autoridad. El colectivo rechazó asistir.

La gobernadora prometió dar seguimiento personal a esas mesas. “No van a caminar solas”, dijo.

Ocho personas fueron detenidas por su presunta implicación en el secuestro de dos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) reportados como desaparecidos desde el mes de junio pasado cuando se encontraban en los límites de Puebla e Hidalgo.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los ocho presuntos implicados fueron detenidos tras diversas técnicas de investigación que permitieron identificar datos financieros y de líneas de comunicación.

Las ocho personas fueron arrestadas durante cateos a cinco inmuebles, donde se localizó a Adaid “N”, Xóchitl “N”, Luis “N”, Carlos “N”, Moisés “N”, Jesús “N”, Valeria “N” y Litzi “N”.

Tras aportar los datos de prueba, la autoridad judicial decidió vincularlos a proceso por el delito de secuestro agravado, cometido en contra de los dos trabajadores de CFE.

Las víctimas son Marco Antonio Sarmiento García, de 60 años, y Adolfo López Saldaña, de 40, quienes partieron el 26 de junio desde el municipio poblano de Huauchinango alrededor de las 6:30 horas con destino a la autopista 132D México-Tuxpan, donde debían realizar trabajos de tendido de cableado eléctrico

De acuerdo con la investigación, los dos trabajadores fueron atacados mientras reparaban un vehículo en la carretera Tulancingo-Huauchinango antes de desaparecer.

Un día después de los hechos, las dos camionetas en las que viajaban —una Toyota color gris y una Chevrolet Silverado blanca de doble cabina— fueron halladas abandonadas en La Mesa de Acaxochitlán, Hidalgo. De acuerdo con reportes, el momento del hallazgo, los vehículos ya no contaban con placas de circulación ni con los logotipos oficiales de la CFE.

Por su parte, la Comisión Federal de Electricidad informó días después de la desaparición de los dos trabajadores que desde los primeros días mantuvo coordinación con las corporaciones de seguridad y comunicación permanente con los familiares de los electricistas.

“Tenemos un compromiso con nuestras y nuestros trabajadores: daremos total seguimiento a este evento, refrendando nuestra responsabilidad con la integridad de quienes conforman y son el motor de la Comisión Federal de Electricidad”, señaló la empresa en sus redes sociales.

El gobernador de Hidalgo, Julio Menchaca Salazar, confirmó más tarde que la FGR atrajo la investigación al tratarse de empleados de una empresa del Estado, por lo que asumió las investigaciones correspondientes.

Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo, precisó que las tres instituciones -tanto la de Fiscalía de Puebla como la FGR-compartían información y realizaban diligencias de manera conjunta para localizar a los dos trabajadores.

“Nosotros colaboramos con la federación, junto con la Fiscalía de Puebla para dar con su paradero. Quien lleva la directriz es la FGR”, declaró el funcionario.

Hasta el momento los dos trabajadores no han sido localizados a dos meses de su desaparición, por lo que continúan las labores de búsqueda e investigación.

Adolfo López Saldaña, uno de los trabajadores, es identificado por ser de tez morena, complexión robusta, cabello ondulado de color negro. Mide 1.64 m y no cuenta con señas particulares, de acuerdo con su ficha de búsqueda.

Por su parte, Marco Antonio Sarmiento García es de tez morena clara, complexión regular, cabello lacio y corto de color café oscuro, ojos café claro y de estatura 1.64 m. Como seña particular, cuenta con tatuajes en ambos brazos, aunque no se precisó de qué tipo.

Cabe señalar que un hecho similar ocurrió en San Luis Potosí en el mes de marzo, cuando siete electricistas fueron reportados como desaparecidos tras perder contacto con sus familiares al concluir su jornada laboral en Matehuala.

La búsqueda movilizó a 520 elementos del Ejército Mexicano y de la Guardia Civil Estatal, además de agentes de la policía estatal, vehículos en tierra y aeronaves.

Los trabajadores realizaban obras de construcción y trabajos de electricidad para una empresa particular subcontratada por la Comisión Federal de Electricidad. Cinco días después de ser reportados como desaparecidos fueron localizados con vida en el mismo municipio potosino.

El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco ha invitado a la población solidaria a participar en la misa en el marco de este domingo 30 de agosto, Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. A través de su cuenta oficial en ‘X’, los buscadores compartieron detalles de la situación.

Bajo el llamado de “Caminemos juntos por quienes nos faltan”, las actividades iniciarán a las 10:30 horas en el punto de reunión establecido en la sucursal de Chedraui Colón. Desde ese lugar, los familiares y simpatizantes partirán en una caminata hacia el Santuario de los Santos Mártires.

Al llegar al recinto, se llevará a cabo una misa conmemorativa oficiada por el cardenal José Francisco Robles Ortega. Este encuentro se realiza por cuarto año consecutivo, buscando servir como un espacio de fe, oración y memoria para honrar a las personas desaparecidas y acompañar a sus familias en su dolor.

Los organizadores solicitan a los asistentes llevar fotografías de fichas de búsqueda y lonas de sus seres queridos desaparecidos para que “sus rostros estén presentes y su memoria siga viva”.

La Iglesia mexicana llama a acompañar la búsqueda de desaparecidos en su día internacional

La Iglesia de México pidió desde su cuenta oficial en ‘X’ que la búsqueda de personas desaparecidas “nos encuentre”, por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas. En su publicación, sostuvo que “México necesita salir al encuentro de quienes buscan; de quienes sufren; de quienes tienen responsabilidades públicas”.

El mensaje añadió que la invitación se renueva ante “la desaparición de miles de personas y el sufrimiento de sus familias”. También pidieron a Santa María Guadalupe, “madre de todos los mexicanos, ruega por quienes faltan, ruega por quienes buscan, ruega por nuestras familias y ruega por nuestro México”.

Buscadores compartirán su experiencia en el rastreo de sus familiares

El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) también tiene preparada una serie de actividades en Jalisco, en el marco de la conmemoración del 30 de agosto, fecha para recordar a las personas desaparecidas y exigir justicia en sus casos.

A partir del domingo 30 de agosto estará disponible la exposición colectiva “Grabados para la Búsqueda” hasta el 13 de septiembre, donde colectivas de familias buscadoras contarán sus historias, voces y su proceso de búsqueda.

Además, el día se realizará el conversatorio “La desaparición en Jalisco”, donde colectivos de familias buscadoras y el CEPAD compartirán sobre los desafíos a los que se enfrentan los buscadores.

Ambas actividades se llevan a cabo en La Fábrica, en la calle C. José Encarnación Rosas #633, El Retiro en Guadalajara. A partir de las 6:00 horas. La entrada es totalmente gratuita.

La Junta de Turismo de Nepal ha confirmado este domingo que los tres españoles que permanecían desaparecidos tras la riada del pasado miércoles en el distrito de Rasuwa han sido localizados y están en contacto con las autoridades.

El proceso de encontrar a estos tres ciudadanos de España se ha producido de forma escalonada a lo largo del fin de semana. El viernes se localizó al primero de los tres compatriotas; el sábado, a un segundo. Este domingo, la actualización de la tarde del organismo turístico nepalí ha incluido a los tres españoles en la lista de “localizados y en contacto”, junto a un ciudadano belga y otro estadounidense.

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, mantiene “plenamente movilizadas” a las legaciones diplomáticas en la región. Durante la tarde del sábado, fuentes de su ministerio todavía apuntaban que dos compatriotas seguían en paradero desconocido.

Un desastre con casi 3.000 desaparecidos y más de 750 muertos

La gran riada de Rasuwa, desencadenada por el colapso de una gran masa de hielo en un glaciar nepalí, ha arrasado poblaciones e infraestructuras a lo largo del río Bhote Koshi y el condado de Gyirong, en el Tíbet. El balance de víctimas mortales asciende, por el momento, a 750 muertos (734 en Nepal y 16 en el lado chino), si bien hay casi 3.000 personas todavía en paradero desconocido entre ambos territorios.

De ese total de desaparecidos, 591 son extranjeros, según el último recuento de la Junta de Turismo nepalí. Las autoridades de Nepal y China los contabilizan de forma separada al no disponer de un mecanismo transfronterizo unificado. Con todo, más de 4.400 personas han sido puestas a salvo desde el inicio de las operaciones, entre ellas 184 turistas extranjeros. La destrucción de puentes y carreteras ha dificultado los accesos desde el primer momento, y las labores de búsqueda se vieron interrumpidas temporalmente por la lluvia y la niebla.

Los equipos sobre el terreno se enfrentan ahora al endurecimiento del lodo. Uno de los focos más urgentes es el rescate de más de 100 trabajadores atrapados en los túneles de la central hidroeléctrica Trishuli 3A, donde el ejército nepalí emplea equipos de perforación.

Todos los ojos puestos en la zona del desastre

Nepal ha declarado la zona en estado de desastre durante tres meses y mantiene desplegados entre 10.000 y 15.000 efectivos. El Gobierno nepalí ha pedido ayuda internacional urgente en materia forense y técnica para gestionar el colapso de las morgues. Los expertos han descartado el riesgo de una nueva rotura repentina de la represa natural formada por el desprendimiento de lodo y rocas: el agua circula ya de forma fluida, aunque la vigilancia sobre la zona continúa.

Desde el plano internacional, la ONU ha liberado 1,7 millones de euros en ayuda de urgencia y la OMS se ha movilizado para alertar de que 10.000 familias se encuentran en necesidad urgente. Por su parte, organismos como la OIM y Save the Children se han sumado a la asistencia enviada por Estados Unidos e India. El primer ministro chino, Li Qiang, también se ha desplazado al Tíbet enviado por el presidente Xi Jinping.

El Departamento de Estado de Estados Unidos intenta determinar el paradero de cerca de 100 estadounidenses desaparecidos tras la catástrofe que golpeó la frontera entre Nepal y el Tíbet, en un desastre que ya dejó cientos de muertos y miles de personas sin localizar.

La cifra convirtió a la emergencia en un asunto de alto interés para Washington por la cantidad de ciudadanos de EE.UU. afectados en una zona remota y de difícil acceso.

El episodio comenzó después de un colapso glaciar en la región del Himalaya. A partir de ese punto, una masa de agua, rocas y sedimentos bajó por los valles y arrasó pueblos, puentes, rutas y campos en ambos lados de la frontera, tal y como reconstruyeron NBC News y The Associated Press.

Mientras las autoridades intentan establecer cuántos extranjeros siguen desaparecidos y dónde se concentra cada caso, el riesgo no cede.

Las autoridades nepalíes advirtieron este domingo sobre posibles nuevas crecidas tras nuevas lluvias y por el aumento del caudal en ríos de la zona, informó AP.

El foco de Washington está en los desaparecidos

NBC News reportó que la cifra de estadounidenses sin localizar incluye casos a ambos lados de la frontera, en una región de alta montaña a la que habían llegado turistas, trabajadores y peregrinos extranjeros antes del desastre.

Hasta ahora, el gobierno estadounidense no difundió una lista pública de los ciudadanos afectados ni precisó en qué puntos se concentra la mayoría de los casos.

La magnitud del desastre complica la identificación de víctimas. NBC News detalló que en Nepal las morgues quedaron desbordadas y que las autoridades comenzaron a recolectar muestras de ADN para intentar notificar a los familiares.

Un agente policial del distrito nepalí de Chitwan describió una escena extrema. “Más de la mitad de los cuerpos recuperados no pueden ser reconocidos”, afirmó Anil Thapa a Reuters, en declaraciones citadas por NBC News.

El oficial añadió que en varios casos “no se distinguen los rostros” y que a veces solo quedan partes del cuerpo.

Qué se sabe del desastre en la frontera del Himalaya

En el lado nepalí, la agencia nacional de desastres informó 752 muertos y 2.502 desaparecidos. Las autoridades chinas reportaron 16 muertos y 546 desaparecidos en el Tíbet. The Associated Press indicó que, si se toma la cuenta combinada de ambos lados, el saldo supera los 760 fallecidos y los 3.000 desaparecidos.

Entre quienes no fueron ubicados hay cientos de extranjeros de más de una docena de países. AP señaló que medios estatales chinos hablaron de 261 extranjeros desaparecidos en territorio tibetano, incluidos más de un centenar de nepalíes y ciudadanos de otras nacionalidades.

La superposición entre los registros de China y Nepal todavía no está clara. NBC News remarcó que no se sabe cuánto coinciden las listas de personas buscadas en ambos países.

Rescates lentos y nuevas alertas

La autopista Prithivi, una vía central para el abastecimiento de Katmandú, sufrió daños en varios tramos. The Associated Press afirmó que los equipos de rescate trabajaban para despejar esa carretera, clave para mover alimentos, combustible y personal de emergencia hacia las áreas devastadas.

El aislamiento también alcanzó a varias comunidades por la destrucción de puentes de hormigón y pasarelas colgantes. En zonas como Dhading y Galchhi, vecinos volvieron a casas cubiertas de lodo para recuperar lo poco que quedó en pie, aseguró AP.

Las nuevas alertas llegaron después de que las autoridades chinas informaran a sus pares nepalíes sobre un aumento del caudal aguas arriba, de acuerdo con The Associated Press.

El contexto climático y la presión internacional

Medios estatales chinos atribuyeron el episodio a la inestabilidad de un glaciar asociada al calentamiento sostenido en la región.

NBC News consignó que expertos todavía no pueden establecer una relación directa y absoluta con el cambio climático, aunque sí consideran probable que el aumento de temperatura haya agravado las condiciones que llevaron al colapso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Nepal, Shisir Khanal, reclamó una respuesta internacional más amplia. “A pesar de aportar solo el 0,1% de las emisiones globales, Nepal se convirtió en una de las principales víctimas del cambio climático”, sostuvo el funcionario, tal y como reprodujo AP.

En paralelo, Malasia anunció el envío de un equipo especializado de búsqueda y rescate y una ayuda financiera de USD 1 millón para apoyar las tareas de socorro, informó The Associated Press.

Para Estados Unidos, la prioridad inmediata sigue puesta en determinar el paradero de sus ciudadanos desaparecidos en la zona del desastre.

La conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada en Salamanca, Guanajuato, terminó en medio de una fuerte crítica luego de que el gobierno municipal y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) difundieran imágenes de una muestra gastronómica en la que fueron colocadas fotografías de personas desaparecidas sobre pequeños pasteles o panes individuales.

La actividad fue encabezada por el alcalde de Morena, César Prieto Gallardo y su esposa, Eugenia Leonor Martínez Carrillo, presidenta del DIF municipal, como parte de una jornada dedicada a recordar a las personas que permanecen desaparecidas y acompañar a sus familias.

Sin embargo, las fotografías difundidas por el propio organismo municipal generaron cuestionamientos entre activistas de buscadores y usuarios de redes sociales, quienes consideraron que utilizar las imágenes de las personas desaparecidas en alimentos resultó poco sensible ante el dolor de sus familiares.

Salamanca conmemora a víctimas de desaparición forzada

De acuerdo con el DIF de Salamanca, las actividades tuvieron como propósito generar conciencia sobre la problemática de la desaparición y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas.

Durante la jornada se realizó un pase de lista en memoria de las personas desaparecidas, además de una muestra gastronómica a cargo de la Universidad De La Salle Bajío.

El organismo explicó que estas acciones formaron parte de las actividades de sensibilización y acompañamiento dirigidas a las familias afectadas por la desaparición de alguno de sus integrantes.

Como parte de la conmemoración también se intervino el denominado Árbol de la Memoria, instalado en el jardín Xidoo, donde participaron integrantes de grupos de Madres Buscadoras pertenecientes al Servicio de Atención y Acompañamiento Emergente a Víctimas Indirectas de Homicidio, Desaparición y Feminicidio (SAAEV).

Las madres colocaron tapetes y diversos detalles tejidos por ellas mismas. Según el DIF municipal, cada una de estas piezas representa una expresión de amor, esperanza y resistencia frente a la ausencia de sus seres queridos.

La intención, señaló el organismo, fue generar un espacio de memoria y reconocimiento para las personas desaparecidas, así como visibilizar el impacto que este fenómeno tiene en sus familias.

Imágenes de desaparecidos en alimentos desatan críticas

La polémica se concentró principalmente en la muestra gastronómica. En las fotografías difundidas por el DIF pueden observarse pequeños panes cuadrados colocados sobre platos, cada uno acompañado por la imagen de una persona desaparecida.

Aunque las autoridades presentaron la dinámica como parte de una actividad de sensibilización, las imágenes provocaron una reacción negativa en redes sociales, donde usuarios cuestionaron la pertinencia de utilizar fotografías de personas ausentes de esa manera.

La controversia se da en un contexto particularmente delicado para las familias buscadoras, quienes durante años han recurrido a fotografías, fichas de búsqueda y otros recursos para mantener presentes los rostros de sus familiares y exigir a las autoridades acciones para localizarlos.

Durante el evento, Eugenia Martínez aseguró que las familias cuentan con el respaldo del DIF municipal. Pese a este mensaje de acompañamiento, la decisión de incorporar las fotografías de personas desaparecidas a la muestra gastronómica abrió un debate entre activistas sobre la forma en que las autoridades deben abordar actos de memoria y sensibilización relacionados con las víctimas de desaparición forzada.

La jornada en Salamanca buscaba colocar en el centro de la discusión la memoria de quienes permanecen ausentes y el acompañamiento a sus familias; sin embargo, las imágenes de la actividad terminaron convirtiéndose en el principal foco de atención y crítica.

Nepal ha confirmado el contacto con otro español que permanecía desaparecido tras la riada. De esta forma, son dos los ciudadanos españoles encontrados. El desastre ya ha dejado más de 600 muertos, convirtiéndose en una de las mayores tragedias de los últimos tiempos. El Ministerio de Exteriores de España continúa en contacto con las autoridades nepalíes para conocer la información y hacer las labores necesarias.

La Junta de Turismo de Nepal informa en su boletín de los localizados, aunque en el caso de los españoles no se ha detallado su identidad ni las circunstancias en las que se produjo el hallazgo. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, declaró ayer tras encontrar el primero que no hay constancia de españoles fallecidos y solicitó a familiares y allegados de personas que hayan estado en la zona afectada que contacten con los teléfonos de emergencia del ministerio. El departamento añadió que la Embajada de España en Nueva Delhi, el Consulado Honorario en Nepal y el Consulado General en Pekín mantienen el seguimiento de la situación y continúan las gestiones con las autoridades locales.

Más de 1.000 desaparecidos

La lista oficial publicada por las autoridades nepalíes sobre turistas desaparecidos o fuera de contacto incluía a tres ciudadanos españoles: dos mujeres vinculadas a un grupo de senderismo y un hombre. Este registro, actualizado por el Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías de la Información de Nepal, recoge identidades, nacionalidades y, en algunos casos, números de pasaporte o carné de identidad, además de referencias sobre las zonas en las que se encontraban. Dos de esas personas han sido ya localizadas, mientras se espera información adicional sobre el tercero.

Sin embargo, este sábado por la tarde, el Ministerio de Asuntos Exteriores ha elevado de nuevo a dos los españoles desaparecidos, lo que quiere decir que hay uno nuevo que antes no se estaba contabilizando.

En la última actualización de la lista figuran 644 personas desaparecidas de 35 países. La mayoría son de India, con 178 casos, seguidos por 65 de Estados Unidos, 35 de Australia, 33 de Reino Unido, cuatro de Francia, dos de Italia y uno de Israel. A este grupo se suman más de 300 residentes que tampoco han sido hallados en Nepal. Por su parte, China ha informado de 558 desaparecidos en la región autónoma del Tíbet afectada por la riada, de los cuales 260 son extranjeros, sin detallar nacionalidades ni identidades.

Las cifras globales del desastre continúan aumentando. La Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres de Nepal ha elevado a más de 630 el número de cuerpos recuperados tras la riada en la cuenca del Bhote Koshi. El avance de los cerca de 15.000 efectivos de seguridad y salvamento desplegados a lo largo de más de 100 kilómetros de cauce afectado se ve obstaculizado por la amenaza de nuevas crecidas súbitas, el colapso de las redes de comunicación, los desprendimientos de tierra y la destrucción de puentes y carreteras.

La organización promotora y defensora de derechos humanos, Tejiendo Redes Infancia, publicó este agosto de 2026 el informe ‘Hijas e hijos de personas desaparecidas en México’. El documento revela la magnitud y consecuencias de la desaparición de personas en el país sobre sus hijas e hijos, una población prácticamente invisible para las autoridades y carente de respuestas institucionales.

El análisis del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) indica que, hasta agosto, existen 103 mil 176 registros en México. Al aplicar el promedio nacional de 1.60 hijas e hijos por persona según la ENADID 2023, a parti de esto, se estima que 165 mil hijas e hijos podrían estar afectados por la crisis de desaparición. Más de la mitad de los registros corresponden a personas de 15 a 29 años, lo que refleja un alto impacto en infancias y adolescentes.

Juan Martín Pérez García, coordinador regional de Tejiendo Redes Infancia, señaló que el informe no puede considerarse un conteo exacto ni sustituye un registro oficial específico; su objetivo es evidenciar la falta de información institucional sobre los vínculos familiares de las personas desaparecidas y cómo esta ausencia limita la planeación de políticas públicas de protección, atención y reparación para las víctimas indirectas.

Entre la omisión institucional y la invisibilidad

El reporte subraya que la falta de información familiar imposibilita a las instituciones identificar a hijas e hijos como sujetos de derecho y necesidades diferenciadas, condición que se refleja en exclusión de las políticas públicas, falta de acceso a servicios y apoyos insuficientes.

Las consecuencias para quienes conviven con la ausencia prolongada de una persona desaparecida incluyen modificaciones inmediatas en la estructura del hogar y la comunidad, impactando en la salud física y emocional de niñas, niños y adolescentes. Entre ellas, Tejiendo Redes Infancias identifica las siguientes:

• Cambios inmediatos en cuidados, ingresos, continuidad escolar, salud, seguridad y vínculos familiares.
• Genera sobrecarga de responsabilidades para madres, abuelas, hermanas y otros familiares, quienes asumen búsqueda, cuidados y gestión institucional.
• La niñez y juventud tiende a ser más vulnerable a ingresar a trabajo doméstico o interrumpir sus estudios.
• El Estado los excluye de derechos y apoyos como representación legal, continuidad educativa, acceso a servicios de salud mental, prevención del estigma y protección social.

Mientras que a nivel internacional, el pasado 19 de marzo de 2026, el Comité contra la Desaparición Forzada (CED) remitió el caso de México a la Asamblea General de la ONU bajo el artículo 34 de la Convención, al encontrar indicios bien fundados de desapariciones forzadas dentro de ataques generalizados o sistemáticos, sin atribuir responsabilidad federal directa ni clasificar todos los casos como desaparición forzada. La decisión solicita cooperación técnica, financiamiento y protección para familiares y organizaciones, pero las respuestas oficiales del gobierno mexicano no contemplan acciones específicas para hijas e hijos de las víctimas.

El informe indica que tanto la legislación nacional como los estándares internacionales reconocen derechos a familiares y víctimas indirectas, aunque la implementación carece de mecanismos eficaces para identificar, proteger y proveer atención diferenciada a hijas e hijos de personas desaparecidas. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU reconoce que estos efectos alcanzan más allá de la minoría de edad; sin embargo, el Estado mexicano aún no construye registros, protocolos ni servicios adaptados.

Niñas, niños y adolescentes exigen respuestas sobre la desaparición de sus familiares

Como parte de este análisis, Tejiendo Redes Infancia retoma el “Informe Especial de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL)”. El documento incluye la participación de niñas, niños y adolescentes de entre 10 y 17 años afectados por la desaparición de un familiar. La metodología, presentada el 7 de junio de 2025, combinó registros oficiales con actividades lúdicas y diálogo directo con los menores de edad, bajo condiciones de consentimiento y acompañamiento psicológico. El trabajo fue reconocido por el CED de la ONU, que también destacó una versión adaptada para audiencias infantiles, titulada “Las aventuras del equipo valiente”.

El informe documenta que las infancias viven miedo, incertidumbre y cambios emocionales constantes; enfrentan afectaciones en su rendimiento escolar, burlas y poca sensibilidad por parte de sus escuelas; deben lidiar con trámites institucionales confusos; y transitan entornos físicos y digitales, marcados por la inseguridad. El documento también resalta que son las madres, abuelas y colectivos quienes sostienen el cuidado y la búsqueda, mientras el Estado no ofrece un respaldo suficiente sin transferirles más responsabilidades.

En sus propias palabras, recogidas de forma colectiva por el informe del CEDHNL, las hijas e hijos de personas desaparecidas piden: “Un trato sensible, estar seguras y seguros, y participar sin que nuestra historia se vuelva pública”.

Urgen acciones para proteger a las hijas e hijos de personas desaparecidas

Tejiendo Redes Infancia sugiere que el gobierno de México debería construir una ruta de atención nacional que sea protegida, financiada y verificable, en lugar de la actual sucesión de trámites dispersos entre distintas instituciones. Según el informe, el problema no es la falta de leyes, sino que el Sistema Nacional de Búsqueda, el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes no comparten información entre sí ni operan bajo un plan común.

El documento propone que la respuesta institucional garantice, como mínimo, cinco momentos clave:

• Identificación: registrar el vínculo familiar de manera segura, sin exponer datos personales.
• Valoración: revisar la situación integral del menor, edad, cuidados, escuela, salud, ingresos y riesgos, para explicarle el proceso en un lenguaje comprensible.
• Activación: designar responsables claros de protección, educación, salud y desarrollo social.
• Continuidad: evitar cambios constantes de personal y que las familias deban repetir su testimonio en cada trámite.
• Rendición de cuentas: publicar resultados y evaluar el programa con la participación de las propias familias.

El informe advierte que esta ruta de acceso a servicios no debe convertirse en un mecanismo de vigilancia hacia las familias, sino que debe regirse por consentimiento, seguridad y posibilidad de rectificación. Asimismo, señala que capacitar al personal no es suficiente si no existen protocolos claros y consecuencias cuando el sistema falla. La meta, plantea Tejiendo Redes Infancia, es que ninguna familia tenga que enfrentar dos veces negligencia institucional.

Entre ellas, Ramesh Sharma, de 65 años, y Neelam Sharma, de 64, ciudadanos estadounidenses residentes de Nueva York que viajaban en un grupo de siete peregrinos.

El último contacto que Radhika Sharma tuvo con sus padres fue poco después de que cruzaran hacia territorio tibetano, antes de que el desastre cortara rutas y comunicaciones en toda la región. NBC News informó que desde ese momento, la médica no volvió a saber nada de ellos.

El caso quedó enmarcado en una emergencia con cifras todavía inestables. NBC News aseguró que al menos 90 estadounidenses figuraban entre los viajeros desaparecidos en Nepal.

En las primeras horas, otras coberturas habían hablado de 47 ciudadanos de Estados Unidos, una cifra citada por funcionarios turísticos nepaleses y recogida por Reuters, NPR y ABC News.

El propio Departamento de Estado evitó fijar un número definitivo en esa etapa y admitió, tal y como dijo ABC News, que la cantidad de estadounidenses afectados cambiaba con el correr de las horas.

Un pedido de ayuda que se volvió público

Radhika Sharma, médica de 32 años radicada en Carolina del Norte, relató que vive una espera sin respuestas desde que perdió contacto con sus padres. “Fueron las peores 24 horas de mi vida”, afirmó en declaraciones recogidas por NBC News.

La profesional también explicó que se comunicó con las embajadas de Estados Unidos en Nepal y en China, además de funcionarios estadounidenses dentro del país, pero no obtuvo información concreta sobre el paradero de la pareja.

La hija de los desaparecidos recurrió además a las redes sociales para ampliar la búsqueda. New York Post indicó que publicó mensajes para pedir contactos directos en Nepal, en Gyirong y en Tíbet, así como datos de hospitales, rescatistas, medios locales y autoridades que pudieran aportar alguna pista.

La falta de comunicaciones se convirtió en uno de los principales obstáculos para las familias. NBC News detalló que la zona afectada recibía un tránsito intenso de turistas y peregrinos y que el desastre aisló a buena parte del corredor fronterizo.

El viaje de Ramesh y Neelam Sharma

Los padres de Radhika integraban un grupo de siete personas que viajaba hacia el Monte Kailash, un sitio de enorme valor espiritual para hinduistas, budistas y otras tradiciones religiosas.

La peregrinación atrae cada año a miles de visitantes, muchos de ellos procedentes de India, Nepal y otros países con comunidades devotas vinculadas a esa montaña.

Radhika también envió un mensaje directo a sus padres. “Los amo. Los estoy buscando. Los voy a seguir buscando. Solo espero que estén bien”, dijo, de acuerdo con el testimonio recogido por NBC News.

El desastre y el operativo

La autoridad de manejo de desastres de Nepal elevó el jueves el saldo a 359 muertos y 910 desaparecidos, de los cuales 517 son extranjeros, de acuerdo con la Associated Press.

Del lado chino, los medios estatales reportaron tres muertos y 558 desaparecidos en el condado de Gyirong, en Tíbet, de los cuales 260 eran extranjeros. En total, más de 1.400 personas siguen sin ser localizadas entre los dos países.

El Departamento de Estado confirmó que 90 ciudadanos estadounidenses están desaparecidos entre Nepal y China, y precisó que tres ya fueron rescatados y que no tiene conocimiento de ningún fallecido de esa nacionalidad, tal como informó la AP.

El desglose por país refleja la dimensión internacional del desastre. La cancillería de India reportó 288 nacionales sin contacto, incluyendo 73 trabajadores de un proyecto hidroeléctrico.

Ucrania informó 55 desaparecidos en dos grupos turísticos más una viajera adicional. Le siguen 51 malayos, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses, de acuerdo con los datos de la junta de turismo de Nepal citados por la AP.

Corea del Sur envió un equipo de respuesta rápida para apoyar la búsqueda de nueve ciudadanos vinculados a una planta hidroeléctrica en construcción.

Sobre el origen del desastre, el Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) corrigió su análisis inicial y determinó que el evento sísmico registrado fue en realidad un colapso glaciar de magnitud 5.2, no un terremoto, que envió una avalancha de escombros río abajo con un impacto devastador sobre las comunidades del corredor fronterizo, de acuerdo con la AP.

Los equipos de rescate continúan la búsqueda en una zona donde el barro, los puentes destruidos y los cortes de energía frenan el acceso.

El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que mantiene bajo seguimiento la situación de 90 ciudadanos estadounidenses que permanecen en calidad de desaparecidos tras las inundaciones y aludes registrados en la frontera entre Nepal y China. Según el organismo, los equipos de rescate lograron poner a salvo a tres personas de esta nacionalidad.

Las autoridades diplomáticas precisaron, a través de una declaración oficial, que hasta el momento no tienen reportes confirmados de fallecidos estadounidenses a causa del desastre natural.

Qué ocurrió: la tragedia en la frontera entre Nepal y China

El desastre inició el miércoles cuando una serie de inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra arrasaron aldeas e infraestructura en la región montañosa. El Servicio Geológico de Estados Unidos atribuyó el suceso al colapso de una masa de hielo glacial. Este fenómeno provocó la caída de una sección de hielo por la pendiente, lo cual generó un alud de lodo y escombros, según reportó la agencia CNN.

La fuerza del agua sumergió viviendas y destruyó puentes en los distritos de Nuwakot, Rasuwa y Dhading. El saldo oficial en Nepal alcanzó los 270 fallecidos, cifra confirmada por la policía local en un comunicado, mientras que las autoridades chinas reportaron tres decesos en la región del Tíbet, de acuerdo con la agencia estatal Xinhua y datos recogidos por AP News. La cifra total de personas desaparecidas en ambos países supera los 1.000 individuos.

Quiénes son los afectados: víctimas y desaparecidos de más de 30 países

La emergencia presenta un alcance global debido a la presencia de turistas y trabajadores extranjeros en la zona. Además del grupo de estadounidenses bajo monitoreo, el recuento oficial difundido por la junta de turismo de Nepal y AP News incluye a 288 indios, 55 ucranianos, 35 australianos y 33 británicos.

La lista de víctimas abarca a ciudadanos de más de 30 naciones. Entre los desaparecidos también figuran 51 malasios, 25 canadienses, ocho alemanes, ocho rusos, ocho singapurenses, seis sudafricanos y seis letones. La diversidad de las personas afectadas complica las tareas de identificación y comunicación con los gobiernos correspondientes, según detalló la misma agencia de noticias.

Cómo avanzan los rescates y cuáles son las dificultades

Las brigadas de emergencia enfrentan barreras severas debido a la falta de energía eléctrica y la interrupción de las comunicaciones. La policía de Nepal desplegó equipos adicionales y utiliza drones para inspeccionar las áreas cubiertas por el lodo, según detalló el portavoz policial Abi Narayan Kafle a CNN.

Las autoridades emitieron una advertencia para que la población evite las zonas cercanas a los ríos y otros puntos de alto riesgo. El portavoz policial instó a los ciudadanos a ignorar noticias falsas y basar sus decisiones únicamente en los comunicados oficiales para evitar la desinformación.

La alerta de UNICEF

El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) estimó que al menos 17.000 niños sufrieron las consecuencias directas del desastre. La representante de la organización en Nepal, Alice Akunga, advirtió sobre la pérdida de hogares, escuelas y centros de salud en las zonas afectadas, tal como recogió CNN.

Los menores sobrevivientes enfrentan riesgos graves como la desnutrición, la falta de acceso a agua potable y posibles brotes de enfermedades. UNICEF mantiene su alerta sobre la vulnerabilidad extrema de esta población ante la actual crisis humanitaria.

Las próximas horas: riesgos y advertencias

El pronóstico meteorológico para los próximos tres días anticipa la persistencia de lluvias intensas. Los expertos temen que estas precipitaciones provoquen nuevos deslizamientos de tierra en un terreno ya debilitado, según alertaron los medios estatales chinos citados por CNN y confirmaron despachos de AP News.

El mayor peligro actual radica en la formación de represas naturales inestables compuestas por lodo y escombros. La ruptura de estas estructuras naturales podría causar inundaciones repentinas adicionales. El personal de rescate mantiene sus operaciones en los sectores de los ríos Trishuli y Bhote Koshi mientras las condiciones climáticas lo permiten.

Más de un centenar de fragmentos óseos y alrededor de 30 piezas dentales fueron localizados durante una jornada de búsqueda realizada por integrantes del colectivo Vicente Suástegui Muñoz en la comunidad de El Arenal, ubicada en la zona rural del municipio de Acapulco, Guerrero.

El hallazgo ocurrió en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Víctimas de Desaparición Forzada, fecha que busca visibilizar a las personas cuyo paradero se desconoce y exigir acciones para esclarecer los casos de desaparición.

La búsqueda se desarrolló en una zona considerada prioritaria por las familias buscadoras debido a los reportes y testimonios relacionados con personas desaparecidas en distintos puntos de la región.

Colectivo recibió llamada anónima sobre restos óseos

Samantha Colón Morales, presidenta del colectivo Vicente Suástegui Muñoz, explicó que la jornada no estaba contemplada originalmente dentro de las actividades programadas.

De acuerdo con la buscadora, primero recibieron un mensaje y posteriormente una llamada anónima en la que una persona proporcionó información sobre un sitio específico de la comunidad de El Arenal donde presuntamente podrían encontrarse restos óseos.

Ante esta información, integrantes del colectivo acudieron al lugar para realizar un recorrido y verificar el reporte.

“En un recorrido realizado en el poblado de El Arenal, recolectamos más de 100 fragmentos óseos, así como más de 30 piezas dentales”, señaló Colón Morales.

Los restos fueron localizados durante los trabajos realizados por las buscadoras, quienes continúan recorriendo diferentes zonas rurales de Acapulco en busca de indicios que permitan conocer el paradero de personas desaparecidas.

El Arenal, una zona prioritaria para las familias buscadoras

La presidenta del colectivo señaló que existen antecedentes que han llevado a las familias a prestar especial atención a esta región.

Explicó que uno de los detenidos relacionados con la desaparición de Vicente Suástegui Muñoz habría señalado que a la víctima se la llevaron por una zona que comprende lugares como Metlapil, 10 de Abril y El Arenal, entre otros puntos.

Por esta razón, indicó, el colectivo ha decidido dar prioridad a estos sitios dentro de sus labores de búsqueda.

Para las familias, cada indicio encontrado puede representar una posibilidad de avanzar en la investigación y, eventualmente, establecer la identidad de una persona desaparecida.

Colón Morales subrayó que detrás de cada fragmento localizado existe una historia y una familia que permanece en la búsqueda de sus seres queridos.

Búsqueda continuará en El Arenal

Los trabajos de búsqueda se extendieron hasta las 18:00 horas de este miércoles y, de acuerdo con la presidenta del colectivo, las actividades continuarán este jueves en la misma zona de El Arenal.

Las integrantes del colectivo también agradecieron a la persona que proporcionó de manera anónima la información sobre el sitio donde fueron encontrados los fragmentos.

Ahora corresponderá a las autoridades realizar los procedimientos correspondientes para el resguardo, análisis e identificación de los restos localizados, así como determinar si existe relación con alguna carpeta de investigación por desaparición.

El hallazgo vuelve a poner en el centro de la atención la labor que realizan los colectivos de familias buscadoras en Guerrero, quienes recorren terrenos y zonas consideradas de riesgo para localizar indicios que permitan esclarecer el destino de personas desaparecidas.

Para las familias, la localización de restos no representa únicamente un hallazgo, sino una oportunidad para obtener respuestas y avanzar hacia la verdad sobre lo ocurrido con sus seres queridos.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ha confirmado este jueves que cuatro ciudadanos españoles figuran entre los más de 1.000 desaparecidos tras la riada que golpeó el norte del país. El desbordamiento afectó a primera hora del miércoles a varias localidades cercanas a la frontera con el Tíbet (China). La emergencia dejó al menos 292 muertos y provocó graves daños en carreteras, puentes, asentamientos e infraestructuras.

Más de 1.300 personas figuran en las listas provisionales de desaparecidos tras la riada, según datos recopilados en ambos lados de la frontera entre Nepal y China. Entre los no localizados se encuentran cerca de 800 extranjeros, así como integrantes de fuerzas de seguridad, empleados de aduanas y personal de proyectos hidroeléctricos. En Nepal, la cifra de desaparecidos alcanza las 826 personas, de las cuales 579 son viajeros. Reuters informa que casi 600 extranjeros de 28 nacionalidades diferentes permanecen en paradero desconocido. En territorio chino, las autoridades reportan 558 personas sin localizar, incluidos 260 extranjeros. Dos residentes de la aldea de Resuo fueron encontrados con vida.

Las autoridades investigan el origen de la riada

La repentina riada llegó alrededor de las 9:15 hora local (5:30 hora española) al río Bhote Koshi desde el lado tibetano. El agua golpeó con especial fuerza las zonas de Timure, Rasuwagadhi y Syabrubesi, según han informado a Efe de fuentes oficiales. La mayoría de los extranjeros se encontraba entonces en Rasuwa para completar la peregrinación al monte Kailash y al lago Mansarovar, dos enclaves sagrados para hinduistas, budistas y jainistas. El desastre ha coincidido con una fecha señalada para el culto religioso, lo que ha provocado una mayor presencia de personas.

Las autoridades mantienen desplegadas operaciones de búsqueda y rescate en la zona. Por el momento, el origen de la crecida no se ha determinado, si bien las autoridades nepalíes consideran que no se debió a las lluvias. Entre las posibles causas se contempla un desbordamiento o ruptura de un lago glaciar en el Tíbet. También apuntaron a un terremoto, aunque esta teoría está prácticamente descartada.

Comunicado de Exteriores

El Ministerio de Exteriores ha emitido un comunicado tras la trágica riada registrada en Nepal, informando que el Consulado Honorario en Katmandú, la Embajada española en Nueva Delhi y el Consulado General en Pekín trabajan coordinadamente para asistir a los españoles afectados. Hasta el momento, no se tiene constancia de víctimas mortales entre los ciudadanos españoles, aunque permanecen sin localizar cuatro personas. Las autoridades instan a familiares, amigos y cualquier persona con información sobre españoles en la zona siniestrada a comunicarse a los teléfonos de emergencia consular, tanto del operativo en Nepal como de la unidad de emergencia en Madrid.

Los números de contacto se encuentran disponibles en las redes sociales oficiales del ministerio y en las cuentas personales del ministro. Finalmente, el Gobierno español ha expresado sus condolencias y solidaridad a las víctimas, al gobierno y al pueblo de Nepal, y mantiene activo el seguimiento de la situación para garantizar la atención y localización de los ciudadanos españoles en la región afectada.

La adolescente Danna Yeudiel desapareció en Tecamachalco, Estado de México (Edomex) la tarde del sábado 23 de agosto, después de pedir que la llevaran a la feria con el argumento de que vería a una amiga. El caso derivó en bloqueos sobre la autopista Puebla-Orizaba, una denuncia formal por desaparición levantada este lunes y una línea de investigación que apuntó a que su padrastro se la habría llevado.

La búsqueda también movilizó a la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla y a la Fiscalía General del Estado de Puebla, que mantuvieron recorridos, intervenciones y acopio de información en puntos de interés. En paralelo, la protesta de familiares y habitantes cerró por horas la vialidad a la altura del kilómetro 183 en Quecholac y dejó filas de vehículos varados durante la noche del lunes 24 de agosto.

Danna Yeudiel Santos Hernández tenía 13 años y fue vista por última vez en el Parque Juárez de Tecamachalco, después de que sus familiares la dejaron ahí alrededor de las 17:30 horas del sábado. Esa fue la última ocasión en que la vieron directamente.

De acuerdo con el relato de su familia, la menor dijo que acudiría con una amiga. Más tarde, esa misma amiga, que también era menor de edad, les dijo que la versión no era cierta y que Danna planeaba irse con un hombre adulto identificado como Antonio “N”.

La principal línea de investigación apuntó al entorno familiar

El padre de la adolescente declaró ante las autoridades que se había separado de la madre de sus hijos un par de meses antes. También señaló que ella mantenía una relación sentimental con Antonio “N”, a quien la familia ubicó como la persona que habría buscado a la menor con insistencia.

Según esa misma declaración, pocos días antes de la desaparición Antonio “N” habría intentado acercarse a Danna con la intención de establecer una relación con ella. Ese señalamiento abrió una línea de investigación por posible captación de una menor por parte de un adulto cercano a su entorno familiar.

Hasta ese momento, las autoridades solo contaban con el testimonio del padre y con la versión aportada por la amiga de la adolescente. El reporte de desaparición o no localización indicó además que Danna no contaba con teléfono celular, un elemento que complicó su rastreo.

La respuesta directa al caso fue esa: la adolescente no salió de su casa sin contexto ni se perdió en el trayecto, sino que, según las versiones recabadas, habría dado información falsa sobre su destino para reunirse con un adulto del círculo familiar de su madre. Esa hipótesis concentró la búsqueda y las indagatorias iniciales.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía comunicar cualquier dato sobre el paradero de Danna Yeudiel Santos Hernández a la FGE de Puebla o al número de emergencias 911. Mientras tanto, la Comisión Estatal de Búsqueda informó que mantuvo contacto con los familiares para comunicarles las acciones en curso y brindarles acompañamiento.

El cierre de la autopista escaló la presión para su localización

Tras la desaparición, familiares, amigos y habitantes del municipio de Quecholac realizaron un bloqueo en ambos sentidos de la autopista Puebla-Orizaba para exigir la localización de la menor. La protesta se instaló a la altura de ese tramo con barricadas de piedras y llantas encendidas, lo que interrumpió por completo la circulación.

Durante la manifestación, los asistentes corearon: “Queremos a Danna”. La exigencia se centró en acelerar la búsqueda de la adolescente, cuyo caso ya había generado preocupación por la posibilidad de que hubiera sido enganchada por un adulto.

La Guardia Nacional división carreteras confirmó el cierre total de la autopista y recomendó usar rutas alternas por la carretera libre Puebla-Tehuacán. La interrupción en la vía provocó una fila de varios kilómetros de vehículos detenidos durante la noche del lunes 24 de agosto.

En el plano institucional, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla informó que mantuvo un operativo de localización como parte de sus acciones permanentes para la búsqueda de personas. En coordinación con la FGE, personal especializado realizó recorridos e intervenciones en distintos puntos y recabó información para fortalecer las líneas de investigación ya abiertas.

El gobierno estatal sostuvo que las labores de búsqueda continuaron de manera coordinada y con el compromiso de agotar las acciones necesarias para contribuir a la localización de la menor. Esa actuación incluyó comunicación continua con la familia de Danna y seguimiento sobre los avances del operativo.

• Danna Yeudiel Santos Hernández, de 13 años, desapareció en Tecamachalco después de decir que iría con una amiga, pero después surgió la versión de que planeaba reunirse con Antonio “N”.
• El padre declaró que Antonio “N”, pareja actual de la madre, habría buscado a la menor días antes para intentar establecer una relación con ella, lo que abrió una línea de investigación.
• Familiares y pobladores bloquearon la autopista Puebla-Orizaba a la altura del kilómetro 183 en Quecholac, mientras la FGE y la Comisión Estatal de Búsqueda mantuvieron operativos y recorridos.

Tadeo, Jaime y Héctor desaparecieron en Tepotzotlán, en el Estado de México (Edomex) la tarde del 23 de agosto después de salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, y sus familias pidieron ayuda para localizarlos luego de que ninguno regresó a casa y sus teléfonos celulares fueron apagados.

Familiares y amigos formaron brigadas civiles de búsqueda y contemplaron extender los recorridos hacia la presa La Concha, después de revisar sin éxito los puntos donde los adolescentes acostumbraban reunirse. Las autoridades también solicitaron que cualquier dato sobre su posible paradero fuera comunicado de forma confidencial a los números 800 890 2940 y (722) 283 2012.

La desaparición fue denunciada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y el programa ODISEA, que iniciaron la elaboración y difusión de las cédulas oficiales de búsqueda. Los tres adolescentes tenían entre 14 y 15 años y fueron vistos por última vez el mismo día.

Los tres adolescentes salieron juntos de la colonia Ricardo Flores Magón

De acuerdo con la información difundida en las fichas, el primero de los menores buscados fue Tadeo Josefat Vargas Ruíz, de 14 años, identificado con el folio ODI/CUA/A/1035402/2026. Midió 1.50 metros, tuvo complexión delgada, tez morena clara, cabello castaño obscuro y ojos café obscuro.

Al momento de su desaparición, Tadeo vestía pants negro, sudadera blanca y tenis rosas. Ese conjunto de señas fue integrado a la cédula para facilitar su identificación.

El segundo adolescente fue Jaime René Darling Cervantes, de 15 años, con folio ODI/CUA/A/1035399/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez blanca, cabello castaño obscuro y ojos café claro medianos.

Jaime llevaba pants negro, sudadera negra y tenis negros cuando desapareció. Como seña particular, sus familiares señalaron un lunar visible en el costado derecho del cuello.

El tercer caso correspondió a Héctor Samuel Guevara Sánchez, también de 15 años, con ficha ODI/CUA/A/1035401/2026. Midió 1.60 metros, tuvo complexión delgada, tez morena obscura, cabello negro y ojos café obscuro grandes.

Héctor vestía pants negro, sudadera negra y tenis blancos con franjas rojas y amarillas. Las tres fichas coincidieron en que los adolescentes habían salido juntos y desde entonces se perdió todo rastro.

Los celulares fueron apagados y las familias acudieron a denunciar

La alerta creció cuando los padres advirtieron que los tres menores no volvieron a sus domicilios al caer la noche. Al intentar ubicarlos, confirmaron que los celulares de los tres estaban apagados y que no había comunicación con ninguno.

Ese fue el dato central que empujó la denuncia formal: los tres adolescentes desaparecieron al mismo tiempo, salieron juntos a jugar y después sus líneas dejaron de estar disponibles. A partir de esa ausencia simultánea, las familias acudieron ante las autoridades estatales para activar la búsqueda.

La Fiscalía del Estado de México y ODISEA abrieron las investigaciones correspondientes para localizar a los adolescentes. Las cédulas oficiales comenzaron a circular con fotografías, rasgos físicos, ropa y folios de identificación.

En paralelo, familiares y amigos organizaron recorridos por distintos puntos de Tepotzotlán donde los jóvenes solían reunirse. Al no encontrar indicios en esos sitios, proyectaron mover las brigadas a las inmediaciones de la presa La Concha.

Los allegados de Tadeo, Jaime y Héctor pidieron a la ciudadanía compartir las fichas de búsqueda y aportar cualquier información útil. Las autoridades indicaron que los reportes podían hacerse de forma confidencial a las líneas habilitadas para ese fin.

• Los tres adolescentes desaparecieron el 23 de agosto tras salir juntos a jugar en la colonia Ricardo Flores Magón, en Tepotzotlán.
• Sus familias denunciaron el caso después de confirmar que ninguno regresó a casa y que los celulares de los tres estaban apagados.
• La Fiscalía del Estado de México y ODISEA emitieron las fichas de búsqueda, mientras familiares y amigos realizaron brigadas y contemplaron ampliar los recorridos hacia la presa La Concha.

Familiares y colegas periodistas del reportero Elí Martínez temieron que fuera privado de la libertad la noche del lunes 24 de agosto en Poza Rica, Veracruz, después de un ataque armado en la colonia Cazones; sin embargo la mañana de este martes 25 Infobae México confirmó su aparición con vida a un allegado al caso.

La agresión ocurrió alrededor de las 22:00 horas sobre la avenida 20 de Noviembre, cuando el comunicador, identificado como colaborador de Noreste y Radiofórmula, se encontraba con otro reportero de la fuente policiaca. De acuerdo con los primeros reportes citados ambos fueron interceptados por sujetos armados.

Tras las detonaciones, corporaciones de seguridad estatales y federales desplegaron un operativo y acordonaron el sitio del ataque. En el lugar también localizaron artefactos metálicos conocidos como “ponchallantas”, que presuntamente fueron colocados sobre la vialidad para dificultar el paso de las patrullas.

El otro periodista logró sobrevivir al ataque y fue reportado como estable. Según los reportes, rindió una entrevista a los elementos de seguridad para aportar detalles de la agresión.

La avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de dos asesinatos de periodistas

La desaparición de Martínez provocó alarma entre integrantes del gremio periodístico y familiares, que exigieron reforzar la búsqueda y esclarecer lo ocurrido. La preocupación se concentró también en el lugar del ataque: la avenida 20 de Noviembre ya había sido escenario de agresiones previas contra comunicadores en Poza Rica.

En esa misma zona fue asesinado el periodista Luis Ángel López Valdez el 11 de junio de este año, quien horas antes estuvo con Eli Martínez y quien detalló lo ocurrido orevio a su muerte. Antes, el 8 de enero, también fue asesinado Carlos Castro, otro comunicador de la fuente policiaca, aunque ese ataque ocurrió cuando se encontraba en su local de alimentos.

Los dos casos fueron mencionados en los reportes sobre la desaparición de Martínez porque confirmaron un patrón de violencia contra periodistas en esa ciudad del norte de Veracruz. El nuevo ataque se dirigió otra vez contra un reportero dedicado a la cobertura de crímenes y hechos de seguridad.

Según la información difundida, familiares y amistades del periodista intentaron comunicarse con él sin éxito después de la agresión. Su búsqueda comenzó en instituciones de salud.

Hasta el martes 25 no había postura oficial sobre su paradero

Los primeros reportes señalaron que, tras el ataque, Martínez no pudo ser localizado y por eso se temía que hubiera sido levantado. Por esa razón, la información sobre su posible secuestro se manejó en términos de presunción, sin embargo fue encontrado con vida.

El caso también expuso la gravedad de las condiciones de seguridad para quienes cubrían nota roja en la región. Martínez se dedicaba a la cobertura de información criminal, una de las fuentes con mayor exposición en zonas atravesadas por ataques armados y presencia de grupos violentos.

La respuesta institucional, hasta ese momento, se había limitado al despliegue del operativo en el área de la agresión y al resguardo de la escena, donde fueron hallados casquillos percutidos. La ausencia de un pronunciamiento oficial sobre la búsqueda dejó sin respuesta la pregunta central que familiares, colegas y medios locales plantearon desde las primeras horas del martes: dónde estaba el reportero.

El ataque ocurrió en la colonia Cazones, una zona de Poza Rica que volvió a aparecer en los reportes de violencia contra la prensa. En esa ciudad, durante este año, ya se habían registrado dos asesinatos de periodistas vinculado con la cobertura policiaca.

Policía municipal en Poza Rica le habría quitado 7 mil pesos en 2025

El sábado 11 de enero de 2025, un grupo de policías municipales en Poza Rica detuvo al periodista Eli Martínez en la colonia Arroyo del Maíz y, tras llevarlo a barandillas, este reportó que le faltaban $7,000 pesos de sus pertenencias al recuperar sus objetos personales.

De acuerdo con el relato, la detención ocurrió en la calle Victorino Ortega, a la altura de la unidad deportiva Tres Amigos, cerca del Conalep, cuando los agentes los interceptaron a bordo de la unidad PM-240. El comunicador iba acompañado de dos personas, quienes también fueron revisadas y trasladadas a las celdas preventivas.

El testimonio identificó al periodista como Alejandro Elí Martínez. Señaló que, tras salir de la comandancia de la Policía Municipal, ubicada en la calle Empleados esquina Profesores, en la colonia Sector Popular, notó la ausencia del efectivo.

Según la versión difundida, el dinero formaba parte de los recursos destinados a un evento deportivo que organizaba y se usaría para la premiación de atletas. .

Otro periodista está desaparecido, se trata del locutor de radio Iván Michel Atilano fue reportado como desaparecido en Oaxaca. Las autoridades estatales difundieron una ficha de búsqueda en la que señalaron que el comunicador y locutor de radio tiene 47 años y fue visto por última vez el martes 18 de agosto de 2026.

• El reportero Elí Martínez fue atacado junto a otro colega la noche del 24 de agosto en la colonia Cazones de Poza Rica.
• En la escena fueron localizados “ponchallantas” y casquillos percutidos; otro periodista que estaba con él sobrevivió y fue reportado como estable.
• La mañana del 25 de agosto fue hallado con vida, confirmó Infobae México

La desaparición del locutor Iván Michel Atilano en Oaxaca y la no localización del reportero Elí Martínez en Veracruz encendieron alertas en dos estados donde sus casos quedaron ligados a búsquedas oficiales y, en el segundo, a un ataque armado que en un principio se temió que fuera un secuestro, sin embargo esta mañana finalmente apareció con vida.

En Poza Rica, la zona donde ocurrió la agresión ya acumulaba antecedentes contra periodistas de la fuente policiaca: en 2026 habían sido asesinados dos comunicadores. Uno de esos crímenes fue el de Luis Ángel López que ocurrió el 11 de junio sobre la avenida 20 de Noviembre, la misma vialidad donde se registró el ataque más reciente.

Iván Michel Atilano fue reportado como desaparecido en Oaxaca. Las autoridades estatales difundieron una ficha de búsqueda en la que señalaron que el comunicador y locutor de radio tiene 47 años y fue visto por última vez el martes 18 de agosto de 2026.

La Unidad de Atención a Personas No Localizadas de la Fiscalía General de Oaxaca indicó que el último punto de ubicación fue el centro de Huautla de Jiménez. En esa ficha también describieron su vestimenta: playera negra, pantalón de mezclilla azul marino y lentes oftálmicos con armazón negro.

La descripción física incluyó una estatura de 1.70 metros, tez clara, cara ovalada, frente amplia, cejas pobladas, ojos grandes, nariz mediana de base ancha, boca mediana, labios semigruesos, mentón cuadrado y cabello ondulado, corto y castaño.

Para recibir información sobre su paradero, la Fiscalía de Oaxaca habilitó el teléfono 800 00 77628, el número móvil 951 164 64 34 y el correo nolocalizados@fge.oaxaca.gob.mx.

La búsqueda de Iván Michel Atilano también se extendió entre sus compañeros

Compañeros del locutor pidieron apoyo para localizarlo y señalaron que trabajaba en Radio Evolución 98.5 FM. En su llamado público afirmaron que se le vio por última vez el 18 de agosto de 2026 en el municipio de San Jerónimo Tecóatl, también en Oaxaca.

Ese dato mostró una diferencia con la ubicación asentada por las autoridades, que lo colocaron por última vez en Huautla de Jiménez. Sus compañeros añadieron que desde ese día no tenían noticias sobre su paradero y que familiares y personas cercanas mantenían la búsqueda.

En ese mismo mensaje solicitaron a quien lo hubiera visto o tuviera información útil que se comunicara con sus familiares o con las autoridades correspondientes. También difundieron el número 2382495995 para recibir datos que ayudaran a encontrarlo.

El segundo caso ocurrió en Poza Rica, al norte de Veracruz, donde Elí Martínez, reportero de policiaca, fue reportado como no localizado. Personas cercanas temieron que hubiera sido levantado durante un ataque armado.

Elí Martínez apareció con vida tras un ataque armado en Poza Rica

Los hechos ocurrieron la noche del lunes 24 de agosto, cuando Martínez estaba con otro periodista de la misma fuente en la zona de la colonia Cazones. En ese lugar fueron atacados a balazos por sujetos desconocidos.

Ambos intentaron huir. Uno de los periodistas quedó estable y recibió atención de las autoridades, pero Elí Martínez no fue localizado después de la agresión, por lo que se presumió que habría sido secuestrado, sin embargo esta mañana de martes se informó que apareció con vida.

Tras las detonaciones llegaron elementos de seguridad estatales y federales. Los agentes desplegaron un operativo, colocaron un perímetro en la zona del ataque y encontraron casquillos percutidos.

El periodista que logró huir en un principio permaneció estable habló con los elementos de seguridad. En esa entrevista, los agentes le pidieron detalles sobre la agresión.

Familiares y amistades de Elí Martínez intentaron comunicarse con él sin éxito, hasta esta mañana de martes que apareció finalmente con vida. La búsqueda comenzó en instituciones de salud y otros sitios con el fin de ubicarlo.

El caso ocurrió en una ciudad golpeada por agresiones contra comunicadores. El 8 de enero fue asesinado Carlos Castro, periodista de la misma fuente policiaca, mientras estaba en su local comercial de alimentos.

Meses después, el 11 de junio, fue asesinado Luis Ángel López Valdez, también reportero de policiaca. El crimen ocurrió sobre la avenida 20 de Noviembre, la misma donde después se registró el ataque en el que Eli Martínez quedó no localizado.

• Iván Michel Atilano, locutor de Oaxaca, fue visto por última vez el 18 de agosto de 2026 y la Fiscalía estatal difundió su ficha de búsqueda.

• Eli Martínez, reportero de policiaca en Poza Rica, apareció con vida tras un ataque armado ocurrido la noche del 24 de agosto en la colonia Cazones.

• En 2026 ya habían sido asesinados en esa ciudad veracruzana los periodistas Carlos Castro y Luis Ángel López Valdez.

La finca asegurada en Tlajomulco de Zúñiga mostraba señales inequívocas de violencia cuando las autoridades de Jalisco llegaron al lugar. El colectivo Hasta Encontrarlos México fue quien localizó el sitio y dio aviso a las autoridades durante una jornada de búsqueda.

En el interior del predio, se hallaron prendas de ropa quemadas, rastros de sangre visibles y tambos acondicionados como incineradores clandestinos. También encontraron cartuchos percutidos, ponchallantas y una prótesis, lo que apunta a la posible utilización del lugar en actividades criminales.

El predio se ubica sobre la calle Antonio Martínez, a un costado del Rancho Los Ramírez, en las orillas de la comunidad de El Tecolote. El sitio, de apariencia similar a un rancho, se encontraba en aparente abandono, con maleza crecida y cubierto de polvo.

Guardia Nacional, primer respondiente en El Tecolote

Según informó el Ayuntamiento de Tlajomulco, la Guardia Nacional fue la corporación que atendió el hallazgo como primer respondiente. Esta misma corporación habría solicitado el mando y la conducción para el procesamiento de los indicios y las investigaciones derivadas del aseguramiento.

El colectivo confirmó el lunes 24 de agosto que la finca permanece asegurada y bajo resguardo oficial. “La finca se encuentra asegurada y bajo resguardo; sabemos que muchas familias están al pendiente de la información que pueda surgir a partir de las investigaciones”, publicó Hasta Encontrarlos México en sus redes sociales.

Entre los indicios documentados por las buscadoras se encontraron prendas de ropa quemadas, tenis de la marca Adidas, cientos de ponchallantas, tablas, mochilas, machetes y tubos. Las fotografías difundidas por el colectivo también muestran una pared salpicada con manchas hemáticas y una caja con cartuchos útiles.

Uno de los hallazgos más llamativos fue la prótesis de una pantorrilla y pie derechos. El colectivo no pudo determinar a quién pertenece ni establecer un vínculo directo con alguna persona desaparecida en particular.

Los tambos acondicionados como incineradores clandestinos representan uno de los indicios más graves del lugar. Este tipo de dispositivos se utiliza para destruir restos orgánicos sin dejar rastro, lo que dificulta la identificación de posibles víctimas.

El colectivo señaló que no puede precisar si el predio operó como campo de adiestramiento o como casa de seguridad. “No podemos definir si operaba como campo de adiestramiento o casa de seguridad”, advirtió el grupo en su comunicado del sábado 22 de agosto.

La pregunta sin respuesta: cuántas personas pasaron por el lugar

La incógnita central que dejó el hallazgo es el número de personas que pudieron haber estado en ese predio. “La pregunta que todavía no podemos responder es cuántas personas pudieron haber pasado por este lugar”, escribió el colectivo en su publicación oficial.

Hasta la fecha de publicación de esta nota, las autoridades no han confirmado si en el lugar existen restos humanos. Tampoco han ofrecido detalles adicionales sobre el estado de la investigación ni sobre la corporación que asumirá la conducción del caso.

El colectivo se comprometió a mantener informadas a las familias de personas desaparecidas sobre cualquier novedad. “Cualquier actualización la informaremos de manera oportuna en esta página y nos ponemos a disposición de las familias en nuestro chat”, añadieron las buscadoras.

Tlajomulco de Zúñiga, el municipio con más fosas clandestinas en Jalisco

El hallazgo ocurre en el municipio con el mayor número de sitios de inhumación clandestina en Jalisco. Según datos de la Vicefiscalía Especializada en Personas Desaparecidas del estado, entre diciembre de 2018 y mayo de 2025 se hallaron 81 fosas clandestinas en Tlajomulco, con 688 víctimas localizadas preliminarmente.

Jalisco concentra una de las crisis de desaparición más graves del país. El Registro Estatal de Personas Desaparecidas contabilizaba 15.943 personas desaparecidas al 30 de septiembre de 2025, cifra que los propios colectivos de búsqueda consideran subestimada.

El municipio de Tlajomulco forma parte del llamado “corredor de la muerte”, una franja de más de 50 kilómetros en la Zona Metropolitana de Guadalajara donde se concentra la actividad del crimen organizado. De las 186 fosas clandestinas halladas por el gobierno de Jalisco entre diciembre de 2018 y febrero de 2025, 174 se localizan en esa región.

Los colectivos de búsqueda en Jalisco operan en un entorno de presión institucional constante. En agosto de 2026, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco denunció que el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración federal, Arturo Medina Padilla, canceló de última hora una reunión agendada desde el 2 de julio, sin ofrecer una nueva fecha.

La cancelación fue notificada por la Comisión Nacional de Búsqueda tres días antes de la cita prevista. El colectivo advirtió que la suspensión sin reagendar deja a las familias buscadoras en mayor indefensión y cuestiona la voluntad política del gobierno para atender la crisis.

Ante este panorama, el colectivo Hasta Encontrarlos México reiteró su disposición para acompañar a las familias en el seguimiento del caso de El Tecolote. El grupo instó a quienes tengan información relacionada con el predio a comunicarse a través de su canal de atención directa.

El número de personas fallecidas por los terremotos que sacudieron Venezuela el 24 de junio aumentó a 6.509, de acuerdo con el balance oficial difundido este lunes, cuando se cumplen dos meses de la emergencia. La nueva cifra representa 71 muertes más que las registradas en el informe anterior.

El titular del Parlamento chavista, Jorge Rodríguez, precisó que se retiraron 600.790 toneladas de escombros del estado costero de La Guaira, el más afectado por los sismos y donde más de un centenar de edificaciones colapsaron o fueron demolidas. El número de viviendas inspeccionadas alcanzó las 60.785, de las cuales 11.001 presentan daños clasificados como de “alto riesgo”. Las unidades residenciales entregadas a damnificados se mantienen en 335.

El régimen venezolano no ha publicado cifras oficiales de desaparecidos. El gobernador de La Guaira, Alejandro Terán, señaló a principios de mes que familias del estado reportaron 1.579 personas sin paradero conocido y 7.265 muertos —una cifra superior a la oficial—.

El diputado opositor Henrique Capriles reclamó este lunes que el chavismo sigue sin actualizar ese dato.

“Seguimos sin cifras oficiales de desaparecidos y muchas familias continúan esperando que alguna autoridad llegue a sus comunidades, escuche sus necesidades y dé respuestas”, escribió en su cuenta de X.

Mientras el balance de víctimas crece, la asistencia humanitaria que llegó en las primeras semanas tras el desastre muestra una caída sostenida. Olga San Martín, vicepresidenta de la ONG española Olvidados, advirtió que la emergencia no ha cesado.

“No hay la cantidad de ayuda que había hace un mes, hace 15 días, sino que se encuentran sin agua fresca, sin comida”, afirmó. La organización distribuye comida y equipa refugios en La Guaira con camas y tiendas de campaña, además de entregar kits de higiene a quienes, según San Martín, “no tienen jabón, no tienen cómo lavarse”.

Aurora Pretel, responsable de la Asociación Solidaridad Vasco Ecuatoriana de España, confirmó el mismo panorama.

“El calor es terrible, es sofocante al día la deshidratación, la desnutrición. Entonces se necesita mucha ayuda en ese tema. Estamos instalando filtros de agua”, describió. Pretel comparó el aspecto de La Guaira con “una zona de guerra” ante la cantidad de edificios colapsados que aún permanecen en pie o en proceso de demolición.

Gran parte de los más de 17.900 damnificados vive en refugios improvisados, entre ellos una iglesia mormona en La Guaira donde se alojan más de cincuenta personas. Vanesa Rodríguez prepara allí 500 comidas de lunes a viernes para distintos puntos del estado. “La ayuda que realizamos está dirigida a médicos, rescatistas, voluntarios, bomberos, exactamente las personas que estén trabajando. El objetivo es llegar a las personas y suministrarle alimentos, comida caliente y bebidas frías”, explicó.

Betzabeth Pérez, refugiada en esa iglesia, resumió la situación de muchos: “No tenemos a dónde ir. Estamos esperando es respuestas de lo que en realidad nos van a resolver con la reparación de las casas o una vivienda”.

La Cámara de Comercio de La Guaira estima que el sector productivo perdió el 80% de sus ingresos tras los sismos.

El turismo, principal actividad económica de la zona, permanece casi paralizado por la remoción de escombros y la ausencia de visitantes en las playas. Algunos habitantes buscan alternativas: Jefferson Zavala, de 27 años, instaló una barbería en la entrada de su propia casa —marcada con etiqueta amarilla por daños estructurales— y cobra 5 dólares por corte, la mitad de su tarifa habitual. Edwar Carpio, de 51 años, retomó su puesto de frutas y verduras en Mare Abajo dos semanas después de la emergencia y optó por no elevar los precios, aunque reconoce que las ventas repuntaron levemente en los últimos días porque “las ayudas y donaciones privadas e internacionales han mermado” y la gente volvió a cocinar.

La familia del empresario burgalés Juan José Mutilba ha denunciado su desaparición durante un viaje en barco por Italia, entre la costa de Sicilia y Grecia. El hombre, de 66 años, cayó de la embarcación tras un accidente de pesca el pasado martes 18 de agosto.

Ha sido su hijo, Sergio Mutilba, el que ha alertado a los medios de comunicación. En declaraciones a EFE, ha explicado que su padre se encontraba de viaje con su madre en el catamarán THEOREME cuando cayó del barco. Según ha contado, Mutilba salió a navegar junto con su mujer, Carmen, desde Siracusa con el objetivo de llegar a la ciudad de Pilos, en Grecia. El martes por la mañana logró pescar un atún, pero se resbaló con la sangre del pez y cayó al mar.

El hombre pudo avisar a su mujer, a quien pidió que apagase el motor del navío, pero esta “no supo reaccionar”, según su hijo. Carmen, que contaba con el título de patrón de embarcaciones de recreo, no estaba preparada para llevar sola el barco en aquellas circunstancias. Por mucho que lo intentó, no logró regresar hasta su marido.

Durante los siguientes tres días, la mujer intentó contactar con los servicios de emergencia, sin éxito debido a la falta de cobertura. Finalmente, consiguió hablar con un amigo de la familia el viernes, quien ya sospechaba que algo malo había ocurrido al no tener noticias de la pareja. Fue él quien finalmente dio la voz de alarma a Salvamento Marítimo de España, desde donde se alertó a las autoridades griegas e italianas. La organización ha confirmado a Infobae que la búsqueda se mantiene por el momento, sin éxito en la localización del burgalés.

Los familiares piden que no abandonen la búsqueda

Los efectivos de Salvamento Marítimo de Grecia lograron localizar a la mujer y remolcar el barco hasta Pilos, pero todavía no han localizado a Juan José Mutilba. A punto de cumplirse una semana de su desaparición, la familia ha contactado con el Ministerio del Interior español para solicitar su ayuda.

Según ha explicado Sergio Mutilba a Efe, el ministerio desconocía el caso y se ha comprometido a estudiar si entra en sus competencias. La familia quería la intervención española para conseguir información, pues las autoridades italianas no les están dando “nada”; así como para presionar a que se mantenga activa la búsqueda, pues “tienen miedo” de que se suspenda.

Juan José Mutilba, informático de formación, dirigió durante varios años la empresa D’ors Informática. Más adelante impulsó una empresa de distribución de agua para compañías bajo la firma Mutobre, S.L., cuya dirección pasó a Sergio Mutilba y un socio en 2025. El empresario se prejubiló en 2021 y dedica buena parte de su tiempo a la navegación, especialmente por el Mediterráneo y siempre acompañado por su esposa.

La familia permanece en Pilos pendiente de cualquier noticia sobre su paradero y próximamente se trasladará a Italia para presionar desde allí. Según el hijo mayor de la familia, la poca información que reciben viene de patrones de barco, amigos de su padre, que les han notificado la movilización de un helicóptero y tres barcos por parte de Italia. ”Es casi imposible [encontrarlo], porque [el mar] es tan grande, pero que no dejen de buscar”, ha pedido.

El cuerpo de Oscar Kowszyk, un hombre de 87 años que permanecía desaparecido desde el domingo pasado en Río Cuarto (Córdoba), fue encontrado en el patio de una casa y el caso tiene, por el momento, a dos personas detenidas.

El hallazgo ocurrió este sábado en una propiedad ubicada sobre la calle Buenos Aires al 1000, en el barrio Mójica, un sector residencial del macrocentro de la ciudad cordobesa.

Según las fuentes, el cuerpo fue descubierto en medio de un allanamiento ordenado por la fiscal de Instrucción de Cuarto Turno, Jael Arias Shocron, y tras el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, confirmaron fuentes del caso a Infobae.

De acuerdo a la información, en las imágenes -de domos públicos y cámaras privadas- se podría observar el ingreso de un hombre cuyas características físicas coincidían con las del adulto mayor desaparecido. El dato impulsó el procedimiento de la Policía de Córdoba.

En ese contexto, durante la requisa, los agentes visualizaron el cuerpo de una persona sin vida en el patio de la casa, cubierto por una lona, por lo que tomó intervención inmediata la Policía Judicial para realizar las actuaciones correspondientes.

Por otro lado, los efectivos detuvieron a dos hombres, de 53 y 34 años, que se encontraban presentes al momento del ingreso en la propiedad. Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal, imputados por el delito de homicidio.

Posteriormente, tras una pericia forense, se confirmó que se trataba de Kowszyk quien, antes de salir de su casa, el domingo pasado, dejó una nota para su esposa: “Salgo a caminar hasta el Centro, son las 16 de la tarde”.

El jubilado no usaba teléfono celular y al notar que las horas pasaban y no regresaba, su familia denunció la desaparición cerca de la medianoche de ese día.

Medios locales indicaron que la víctima del presunto asesinato era un vecino conocido y muy querido de la ciudad y que, pese a su edad, mantenía una rutina activa.

A Kowszyk le decían “Cacho” y participaba del programa para adultos mayores de la Universidad Nacional de Río Cuarto (UNRC) y asistía a talleres de teatro, comunicación y tango. Su desaparición había movilizado a familiares, amigos, docentes y compañeros, indicó El Doce.

La investigación

Las cámaras permitieron reconstruir parte de su recorrido, detalló El Doce. De acuerdo al medio cordobés, un domo lo registró alrededor de las 17 en plaza Roca y, más tarde, una cámara privada lo captó ingresando cerca de las 20 a una vivienda sobre la calle Buenos Aires, a cuadras de su casa.

Sin embargo, las cámaras no registraron su salida, por lo que los investigadores sospecharon que nunca había dejado el lugar.

Durante la semana previa al hallazgo se habían realizado rastrillajes en distintos sectores de Río Cuarto que el hombre desaparecido solía frecuentar. Entre ellos el Andino, barrio Alberdi y la costa del río.

La Fiscalía de Jalisco confirmó la localización sin vida de Octavio Haro Cachua, empresario inmobiliario de 43 años desaparecido desde el 11 de agosto en el fraccionamiento Diana Natura Residencial, en Zapopan. Su cuerpo fue hallado la noche del 19 de agosto en una brecha de la colonia La Venta del Astillero del el mismo municipio, y posteriormente sometido a dictámenes periciales para confirmar la identidad.

Este 21 de agosto, junto con la confirmación, la dependencia estatal informó que ya cuenta con avances para obtener órdenes de aprehensión contra los responsables. Además, precisó que las líneas de investigación apuntaban a que la muerte de Haro Cachua no estuvo relacionada con su actividad laboral en el sector inmobiliario, sino con asuntos de carácter personal.

La Vicefiscalía en Personas Desaparecidas llevó las indagatorias desde que tuvo conocimiento de los hechos y mantuvo activa la búsqueda durante los ocho días que transcurrieron entre la denuncia y el hallazgo del cuerpo.

La Fiscalía descartó vínculo con el sector inmobiliario

La dependencia estatal subrayó que una de las hipótesis centrales de la investigación apuntaba a que el móvil del crimen fue ajeno al trabajo que desempeñaba Haro Cachua. El comunicado oficial no detalló las diligencias que derivaron en los avances anunciados ni precisó cuántas personas podrían ser señaladas como responsables.

La Fiscalía reiteró su compromiso con la investigación de casos de personas desaparecidas y anunció que las indagatorias continuarían hasta lograr la captura de quienes resultaran responsables. Tampoco ofreció información sobre las circunstancias en que fue localizado el cuerpo en la brecha de La Venta del Astillero.

Haro Cachua salió del fraccionamiento el 11 de agosto y no regresó

Según la ficha oficial de la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco, el empresario fue visto por última vez la madrugada del 11 de agosto en Diana Natura Residencial, al poniente de Zapopan. Tenía 43 años, 178 cm de estatura, complexión delgada y tez morena clara. Su cabello era chino, corto y negro.

Al momento de su desaparición vestía chamarra de mezclilla azul con interior aborregado y playera negra. La ficha de búsqueda registró tres señas particulares: una verruga en la zona del ojo derecho, uñas usualmente pintadas y una cicatriz en la frente.

Su celular apareció apagado desde entonces. Familiares y amigos difundieron la ficha en redes sociales y canalizaron cualquier información al número 33 3145 6314 y al correo comisionbusqueda@jalisco.gob.mx, habilitados por la Comisión de Búsqueda.

Haro Cachua se presentaba en redes sociales como emprendedor enfocado en inversión inmobiliaria y creador de contenido. Su entorno cercano describió su desaparición como un hecho atípico y mantuvo activa la búsqueda por su cuenta mientras las autoridades avanzaban en las indagatorias.

Otras desapariciones de empresarios inmobiliarios en Jalisco

El caso de Haro Cachua se insertó en un patrón de crímenes contra empresarios inmobiliarios en Zapopan que se extendió por casi tres semanas. El antecedente fue la desaparición de Ricardo Cabezas Talavera, de 45 años, reportado como no localizado el 31 de julio tras salir de su domicilio para atender una cita en la colonia El Batán.

El automóvil en que viajaba Cabezas Talavera fue hallado abandonado en las inmediaciones de la colonia Indígena de Mezquitán. Personal pericial aseguró en su interior prendas de vestir, un bolso deportivo y una sábana con manchas que aparentaban ser sangre.

El 13 de agosto la Fiscalía detuvo y vinculó a proceso a Joselinne “N”, señalada por probable participación en desaparición cometida por particulares en agravio de Cabezas Talavera. Un juez le impuso prisión preventiva oficiosa por un año. La vicefiscal en Personas Desaparecidas Blanca Trujillo informó que la mujer habría establecido contacto con el empresario para ofrecerle servicios de manejo de redes sociales, y que una de las líneas de investigación buscaba determinar si también sustrajo dinero de sus cuentas bancarias. Hasta el momento no se ha localizado a la víctima.

Familiares protestaron frente a Casa Jalisco horas antes del hallazgo

El pasado 19 de agosto familiares y amigos de Haro Cachua y del también empresario inmobiliario desaparecido, Ricardo Cabezas Talavera, se manifestaron frente a Casa Jalisco para exigir al gobernador Pablo Lemus resultados en ambas investigaciones.

Los manifestantes portaron pancartas con mensajes como “No estamos todos, nos falta Octavio” y “Queremos a Octavio”. Tras concentrarse frente a la residencia oficial del gobernador, la protesta avanzó por avenida López Mateos y concluyó en la glorieta de La Minerva, una de las principales vialidades de Guadalajara.

Hasta el momento no existe relación documentada entre los dos casos de desaparición en la entidad.