La muerte de Susy Aponte Polo, conocida públicamente como ‘La China Polo’, generó diversas reacciones luego de que la comunicadora y candidata a la alcaldía fuera asesinada. El caso también provocó comentarios entre distintas figuras de la televisión y el espectáculo peruano, entre ellas Rodrigo González, quien se pronunció sobre la fallecida periodista. En medio de estas reacciones, Carlos Cacho cuestionó públicamente la postura de ‘Peluchín’ y puso en duda los motivos de su respaldo.

Durante su programa Show pe, el maquillador se refirió directamente a González y sostuvo que la valoración que este habría expresado hacia ‘La China Polo’ estaría relacionada con el enfrentamiento que mantiene desde hace varios años con Magaly Medina. Cacho cuestionó que el conductor destacara a la comunicadora fallecida y consideró que su respaldo tendría como trasfondo las acusaciones que ella había realizado contra la conductora de televisión.

Carlos Cacho cuestiona el respaldo de ‘Peluchín’ a ‘La China Polo’

Carlos Cacho dirigió sus críticas hacia Rodrigo González y cuestionó que su reacción frente a la muerte de Aponte Polo estuviera motivada principalmente por una posición personal frente a Magaly Medina. El maquillador incluso calificó a la conductora como su “madrina” y sostuvo que la relación entre el enfrentamiento de ambas figuras explicaría, desde su perspectiva, la postura de ‘Peluchín’.

“Papacito, no, no mientas, no mientas. Tú estás ahora empoderando y santificando y dándole un respeto a ‘La China Polo’ por el simple hecho de que la tenía contra tu madrina, contra Magaly. El apoyo que tú le estás dando no es porque lo creas, no es porque lo sientas, sino porque sabías que ‘La China Polo’ era declarada enemiga de Magaly Medina y para que quede sus denuncias vivas, poderosas, vigentes, le estás dando tu apoyo. No es por ella, no mientas”, señaló Carlos Cacho.

Cacho cuestiona que ‘Peluchín’ calificara de “valiente” a la comunicadora

El maquillador también cuestionó uno de los calificativos utilizados por Rodrigo González al referirse a ‘La China Polo’. Cacho discrepó de que el conductor la considerara una persona “valiente” por las denuncias que había formulado contra Magaly Medina.

En ese punto, el panelista centró su crítica en la manera en que, según él, se realizaron esas acusaciones. Cacho sostuvo que una denuncia no debería formularse mediante expresiones condicionales si se pretende presentar un señalamiento como un hecho.

“De repente lo estás haciendo para hacer fuerza común por lo que ella decía de Magaly Medina, con la que ya hace tiempo estás en pie de guerra. Tú no puedes llamar valiente a una periodista que usa el condicional a la hora de hacer sus denuncias. Me parece irresponsable. (…) ¿A quién vas a engañar? Los que tenemos un poco de respeto al micrófono y, por supuesto, a la noble tarea de comunicar, no hablamos en condicional”, dijo.

¿Qué dijo Carlos Cacho sobre las denuncias contra Magaly Medina?

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento de Carlos Cacho fue precisamente la permanencia de las denuncias realizadas por ‘La China Polo’ contra Magaly Medina. El maquillador consideró que el respaldo expresado por Rodrigo González podía contribuir a mantener vigentes esos señalamientos.

Según la interpretación planteada por Cacho durante su programa, la posición de ‘Peluchín’ no tendría como principal motivo la figura de Susy Aponte Polo, sino el hecho de que ella había mantenido una postura crítica hacia Magaly Medina. El panelista fue enfático al sostener que el respaldo no sería genuino y volvió a dirigirse directamente a González para cuestionar sus motivaciones.

“El apoyo que tú le estás dando no es porque lo creas, no es porque lo sientas”, afirmó Cacho, insistiendo en que, desde su perspectiva, el enfrentamiento entre ‘Peluchín’ y Magaly Medina habría influido en la reacción del conductor.

Carlos Cacho también se refirió al asesinato de ‘La China Polo’

Además de cuestionar la reacción de Rodrigo González, Carlos Cacho habló sobre el asesinato de Susy Aponte Polo y planteó una interpretación personal sobre las circunstancias que podrían haber rodeado el crimen.

El maquillador sostuvo que, en su opinión, una persona no pierde la vida sin que exista algún motivo detrás del ataque. Su comentario se produjo mientras hablaba de la muerte de la comunicadora y de las distintas versiones y reacciones que surgieron después del crimen. “A nadie asesinan por las puras ganas. A ninguna persona le quitan la vida por gusto, ¿no? A una persona a la que le disparan, le quitan la vida, es porque seguramente en eso andaban”, agregó Carlos Cacho al finalizar su mensaje.

Un juzgado séptimo de lo civil de la Ciudad de México rechazó la demanda por daño moral que Kalimba interpuso contra la cantante Melissa Galindo, quien lo acusa de abuso sexual agravado. El juez determinó que el cantante no acreditó los elementos necesarios para que la acción procediera.

La resolución cierra la vía civil que Kalimba abrió en 2023, aunque no resuelve el proceso penal en su contra. Ese caso continúa abierto y sin fecha confirmada para la siguiente audiencia.

La disputa legal se abrió tras la denuncia pública de Melissa Galindo

En marzo de 2023, Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba de abuso sexual agravado a través de un video en Instagram. La cantante originaria de Sinaloa relató que los hechos ocurrieron en tres ocasiones durante 2019 y 2020, cuando ambos trabajaban juntos.

Kalimba negó los señalamientos de inmediato. Su abogado, Eliser García, anunció que el cantante contrademandaría a Galindo por difamación y daño moral, con el argumento de que las acusaciones le generaron pérdidas laborales.

El equipo legal del cantante aseguró contar con más de 120 pruebas periciales para respaldar la demanda. Entre los perjuicios que Kalimba alegó estuvieron la cancelación de dos conciertos y de su participación en la obra de teatro Mentiras.

El proceso penal avanzó en paralelo a la demanda civil de Kalimba

Mientras Kalimba tramitaba su demanda por daño moral, la denuncia penal de Galindo siguió su curso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En abril de 2024, un juez vinculó a proceso al cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral.

La autoridad judicial no impuso prisión preventiva a Kalimba, pero sí dictó una medida cautelar que le prohíbe acercarse o comunicarse con la denunciante. El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.

En mayo de 2025 se realizó una nueva audiencia para el desahogo de pruebas, a la que Melissa Galindo no asistió. Su abogada acudió en su representación mientras ambas partes presentaban evidencias que podrían determinar el rumbo del juicio.

El juez desechó la acción civil de Kalimba contra Melissa Galindo por falta de elementos

La resolución más reciente estableció que Kalimba no acreditó los elementos de la acción que intentó contra Galindo. Con este fallo, la demanda civil por daño moral queda desechada de forma definitiva.

Kalimba solicitaba que Galindo le pagara una indemnización por los daños morales, psicológicos y económicos que, según él, le provocó la difusión pública de las acusaciones. El juzgado séptimo de lo civil determinó que esos argumentos no sostenían la vía legal elegida.

A pesar del desenlace en el ámbito civil, el proceso penal por abuso sexual agravado sigue vigente. Las autoridades no han determinado hasta el momento la responsabilidad de Kalimba en los hechos que denunció Galindo.

No es la primera acusación de abuso sexual contra Kalimba

El caso de Galindo no es el único señalamiento de este tipo que enfrenta Kalimba. En diciembre de 2010, cuando el cantante tenía 28 años, Daiana Guzmán, entonces menor de edad, lo denunció por violación tras un incidente en el Budah Bar de Chetumal, donde trabajaba como edecán.

El 19 de enero de 2011 un juez emitió orden de aprehensión y Kalimba fue detenido en Texas y entregado a las autoridades mexicanas. Ingresó al Cereso de Chetumal, pero el 27 de enero el juez Daniel Farah Godoy dictó su libertad por falta de pruebas suficientes.

En el mismo periodo, otra menor identificada como Thaily Villalobos, de 16 años, también lo denunció por violación. En 2023, Guzmán reapareció públicamente para respaldar a Galindo y calificó su propia experiencia como “un infierno”.

El historial incluye además declaraciones de Kimberly de Campa, expareja del cantante, quien acusó públicamente a Kalimba de abusar sexualmente de su hija de cinco años, aunque la denuncia nunca se presentó formalmente ante las autoridades y la joven retractó después sus declaraciones en el programa Ventaneando.

En abril de 2024, una usuaria de TikTok identificada como “Tumamiloverpwr” también acusó al cantante de agredirla sexualmente a ella y a una amiga.

El cabildante indicó que la acción expuso a los jóvenes a un riesgo y pudo afectar la operación del sistema, mientras que el también concejal Juan Manuel Díaz cuestionó la respuesta institucional ante este tipo de conductas, puesto que no es la primera vez que una situación de este tipo se presenta.

En su denuncia, el cabildante pidió que Transmilenio y las autoridades los identifiquen y apliquen sanciones, al advertir que la conducta supone un peligro para quienes la realizan y a los usuarios del sistema.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los tres jóvenes (dos hombres y una mujer) acostados sobre el techo de una estación de la troncal NQS. Luego, cuando un articulado se detiene en el lugar, saltan sobre el vehículo.

Durante el recorrido, los participantes se acomodan sobre el techo y saludan a la cámara con una sonrisa. El articulado avanza mientras los jóvenes permanecen en la parte superior del bus. En el video se puede ver cuando pasan por la estación Movistar Arena.

En una parte de la grabación, los tres parecen ocultarse para evitar ser descubiertos y al final descienden del vehículo, pasando al techo de otra estación y bajando por la estructura.

El pronunciamiento de Transmilenio

El sistema de transporte se pronunció ante el revuelo generado por el video que se viralizó a través de las diferentes plataformas digitales y condenó la conducta de sus protagonistas.

“Rechazamos enfática y reiterativamente cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Hacemos un llamado a rescatar los valores y los buenos comportamientos porque este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de quienes lo realizan y la de cientos de usuarios que se movilizan en nuestro Sistema”, expresó la entidad en declaraciones confirmadas por Caracol Radio.

Y es que en el Artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia están consignados los comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público colectivo. En este caso, según el Manual de la Comunidad Usuaria de Transmilenio, aplicarían las siguientes sanciones:

• Quien ingrese o salga de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto. Se expone a una multa tipo 1 que equivale a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
• Quien perturbe la tranquilidad de los demás en los medios de transporte público, mediante cualquier acto molesto. Se expone a una multa tipo 1 que equivale a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
• Quien evada el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio. Se expone a una multa tipo 2 que equivale a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.

El reclamo por la seguridad y los colados del sistema

El concejal Andrés Barrios afirmó que los jóvenes “se suben a los buses para grabar videos”, pero también advirtió que estas peligrosas maniobras servirían para evitar el pago del pasaje. En consecuencia, pidió la intervención de Transmilenio y de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

“¡Ahora en TransMilenio se están colando hasta por el techo!”, escribió Barrios en su publicación, en la que además cuestionó que estas conductas ocurran porque, según señaló, los responsables consideran que no habrá consecuencias.

El concejal también preguntó: “¿Dónde está la autoridad? ¿Quién está haciendo respetar la ley?”, e insisitió en la importancia de que las entidades identifiquen a las personas que aparecen en el video y apliquen las sanciones que correspondan.

Barrios sostuvo que el sistema “no puede seguir deteriorándose frente a todos mientras la Administración mira para otro lado”.

Por su parte, el concejal Juan Manuel Díaz cuestionó el comportamiento de los jóvenes: “¿Qué está pasando con la cultura ciudadana?”. Del mismo modo, aseguró que “no es una gracia” que los involucrados se subieran al techo de un vehículo en movimiento para grabar contenido para redes sociales.

El cabildante planteó interrogantes sobre las motivaciones de la acción: “¿Todo por un pasaje?, ¿por unos likes?”. También aseguró que quienes incurren en estas conductas pueden atreverse a más cuando perciben falta de reacción por parte de las autoridades. “Estas conductas tienen consecuencias”, indicó.

El abogado de la familia de la víctima del caso Liceo Naval, Jorge Petrozzi, estimó que la sentencia contra los seis adolescentes investigados podría emitirse entre octubre y noviembre de 2026.

Los jóvenes cumplen internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en San Miguel, y podrían ser trasladados después al centro penitenciario Ancón II cuando alcancen la mayoría de edad.

En una entrevista con Al Día con Willax, el letrado señaló que el proceso sigue en investigación y que la definición corresponderá a la magistrada. Según explicó, la previsión es que el fallo llegue antes de que concluya el plazo de cuatro meses fijado para la medida impuesta a los adolescentes.

“Que la sentencia salga antes de los cuatro meses es lo que se prevé y es lo que, siguiendo estrictamente la ley, hasta el momento la señora jueza está cumpliendo. La Fiscalía, el señor fiscal que ha armado el caso —muy bien hasta el momento—, y la señora jueza, esperamos que haya sentencia entre octubre y noviembre de este año. Entre octubre y noviembre de este año debería estar dándose la sentencia”, afirmó.

Petrozzi sostuvo que dos profesores que viajaban en el bus tenían el deber jurídico de proteger la seguridad del menor. En esa línea, citó el artículo 13 del Código Penal, referido a los delitos de comisión por omisión, para referirse a la responsabilidad de los adultos.

“Ya está probado que estaban ahí. Eran dos profesores que estaban dentro del bus y que no hicieron nada para impedir este hecho”, declaró al referido medio.

Sobre el chofer, el abogado indicó que figura entre las tres personas denunciadas, aunque sostuvo que no tenía una posición jurídica de garante. A su juicio, la función del conductor consistía en trasladar a los escolares de forma segura, mientras que la vigilancia dentro del vehículo debía recaer en un auxiliar.

Pena y traslado dependerán de la decisión judicial

Petrozzi afirmó que, desde su interpretación, los investigados actuaron como coautores, por lo que deberían recibir la misma pena. El abogado consideró que la sanción aplicable sería de ocho años, aunque reconoció que existe otra postura que plantea seis. “Es una discusión jurídica que tendremos que dar ante la magistrada, quien tomará su decisión”, manifestó posteriormente.

El letrado precisó que una apelación podrá presentarse si alguna parte discrepa de la resolución. También indicó que la situación de los adolescentes puede modificarse antes del fallo, debido a que la investigación continúa y se reciben nuevos datos aún.

“Mientras un juez no dicte sentencia, todo puede pasar. Mientras todavía estemos en la etapa de investigación, tengamos una diligencia o una audiencia dentro de unos días, cualquier cosa puede pasar”, resaltó.

El abogado explicó que algunos investigados tienen 16 y 17 años, por lo que si la medida o la sanción continúa después de esa edad, planteó que corresponde el traslado a un penal común con condiciones para mantener medidas socioeducativas y tratamiento de resocialización.

“Según lo informado por una de las autoridades competentes, Ancón II tiene esas condiciones. Entonces, deberían el próximo año, cuando cumplan 18 años, ser trasladados a Ancón II”, concluyó Petrozzi.

Una pasajera pidió ayuda a la tripulación después de denunciar que un hombre la había acosado sexualmente durante un vuelo. Según su relato, el personal de cabina no llamó a las autoridades, tampoco le ofreció cambiar de asiento y permitió que el hombre bajara del avión al aterrizar.

El episodio ocurrió el 3 de septiembre de 2026, en un vuelo regional de aproximadamente una hora entre Rochester, Nueva York, y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. La mujer, de 25 años, es terapeuta de crisis pediátrica y viajaba hacia Boston para pasar el fin de semana del Día del Trabajo con amigos.

El vuelo era operado por United Airlines. La denuncia volvió a poner el foco en los protocolos que aplican las aerolíneas ante situaciones de acoso sexual a bordo.

La tripulación le permitió pararse, pero la obligó a volver a su asiento antes de aterrizar

Según relató la mujer a NBC News, notó que el hombre sentado a su lado —de entre 35 y 40 años— se masturbaba mientras la miraba.

La mujer aseguró haber alertado de inmediato al personal de la aerolínea. Los auxiliares de vuelo le permitieron quedarse de pie durante aproximadamente una hora.

Sin embargo, cuando el avión comenzó a prepararse para el aterrizaje, le comunicaron que debía regresar a su lugar.

Ante su negativa y la incomodidad que expresó, un auxiliar le indicó que solo serían tres a cinco minutos. El tiempo real fue considerablemente mayor: al estar ubicada en la parte trasera del avión, tuvo que aguardar sentada junto al hombre mientras el resto de los pasajeros desembarcaba.

El vuelo operó como United Express, a cargo de la aerolínea regional GoJet, en un avión de tipo CRJ-550.

El hombre bajó del avión sin consecuencias y un empleado le preguntó “¿Qué quiere que haga?”

Una vez que el avión llegó a la puerta de embarque, el hombre descendió sin que nadie lo interceptara ni llamara a las autoridades.

La pasajera se acercó al personal de tierra para plantear lo sucedido. La respuesta de un agente fue: “¿Qué quiere que haga?”, tal y como relató ante NBC News.

Otro agente le reconoció que los protocolos no habían sido respetados y le aconsejó presentar una queja formal.

La pasajera radicó una denuncia ante la Administración Federal de Aviación (FAA) y se comunicó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Ambas acciones las tomó por iniciativa propia, sin orientación de la tripulación.

La aerolínea abrió una investigación y ofreció un crédito de USD 100

La respuesta de United Airlines generó una nueva polémica. En el correo que le enviaron a la pasajera, la empresa describió lo ocurrido como “un comportamiento de otro pasajero que le generó preocupación”, una formulación que la mujer interpretó como una forma de minimizar la situación e, incluso, de culpabilizarla.

Como compensación, la compañía le ofreció un crédito de USD 100 para futuros viajes. Su pasaje original había costado alrededor de USD 400. La afectada aclaró que nunca había solicitado un reembolso; simplemente esperaba una respuesta acorde a la gravedad de lo que vivió.

Tras la difusión del caso, la aerolínea confirmó que abrió una investigación. “Estamos revisando este reporte, pero por el momento no tenemos nada adicional para compartir”, declaró un vocero del grupo en comunicación con People. El comunicado no incluyó detalles sobre si el pasajero involucrado fue identificado o si se tomó alguna medida en su contra.

De acuerdo con la información proporcionada, el enfrentamiento involucró a dos grupos de escolares y comenzó cuando seis estudiantes abordaron a tres menores cerca de un colegio en La Perla. Uno de los alumnos terminó con lesiones que requirieron atención médica y posteriormente inició terapia.

La situación tomó otra dimensión cuando un estudiante que no participó en la agresión recibió mensajes por WhatsApp. En esas comunicaciones apareció una amenaza relacionada con el uso de un arma de fuego. Los padres de familia señalaron que ya existe una denuncia y que las pruebas recopiladas fueron entregadas a las autoridades.

El caso también expone la preocupación de las familias por la seguridad de los estudiantes dentro y fuera de los colegios. Los padres acudieron a la institución educativa para informar sobre lo ocurrido, mientras que, según el material proporcionado, no se identificó presencia de patrulleros ni personal de serenazgo en los horarios de ingreso y salida.

Una agresión que terminó con un menor en una clínica

Uno de los estudiantes fue sujetado mientras recibía golpes. Otro menor también quedó involucrado en la agresión, pese a que, según la versión familiar incluida en el material, se encontraba con su compañero cuando fueron interceptados.

La víctima terminó en una clínica. La familia informó que, después de la agresión, el menor presentó una recuperación física progresiva y comenzó terapia por el impacto emocional del episodio.

Los padres también recopilaron videos relacionados con el caso. En las imágenes aparecen más de cinco escolares, entre ellos una persona mayor de edad, según la información entregada por las familias.

Las amenazas aparecieron después del enfrentamiento

El conflicto no terminó con la agresión física. Días después, otro estudiante que no estuvo presente durante la pelea recibió mensajes por WhatsApp con insultos y amenazas.

Entre las expresiones enviadas aparece: “Te voy a meter plomo”. La comunicación también incluye otros mensajes intimidatorios dirigidos contra el menor.

La familia señaló que existe una denuncia y que las pruebas disponibles fueron entregadas. La preocupación se concentra en determinar quién se encuentra detrás de los mensajes y establecer si existe un riesgo real para el estudiante amenazado.

El material proporcionado también precisa que, debido a que los involucrados son menores de edad y existe una denuncia en investigación, no se identifican los colegios relacionados con el caso.

Padres piden medidas de protección para los estudiantes

Los familiares acudieron al colegio para informar sobre la agresión y las amenazas posteriores. Según el material, la institución indicó que activó sus protocolos, aunque esta respuesta no satisfizo a los padres.

Una de las principales preocupaciones expresadas por las familias está relacionada con la seguridad durante el ingreso y la salida de los estudiantes. Según la información proporcionada, pese a las denuncias presentadas por la agresión, no se observó presencia de patrulleros ni de serenazgo en esos momentos.

La institución educativa a la que pertenecería el grupo señalado como agresor fue contactada para conocer su versión. De acuerdo con el material entregado, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de la información.

En entrevista con ATV, Vildoso precisó que los denunciados son un entrenador, un profesor de Educación Física y el chofer de la movilidad en la que se encontraban los estudiantes. Según explicó, la denuncia fue presentada por presunta omisión de funciones y los tres fueron separados mientras se esclarecen los hechos.

Colegio denunció a tres adultos por omisión

El contralmirante confirmó que el Liceo Naval Almirante Guise presentó la denuncia contra los adultos que estuvieron en el bus. “Han sido denunciados por el colegio por omisión de funciones”, declaró Vildoso a ATV.

Ante la consulta sobre quiénes fueron denunciados, el representante de la Marina detalló que se trata de “los dos docentes que estuvieron en el bus y al chofer”. Uno de los profesores, precisó, era docente de Educación Física, mientras que el otro cumplía funciones de entrenador.

Vildoso explicó que las actividades extracurriculares fuera del horario de clases cuentan con un procedimiento establecido. Primero se informa a los padres de los alumnos que participarán, luego se emite una resolución para autorizar la actividad y esta concluye cuando los estudiantes retornan al colegio.

Tres trabajadores separados

El contralmirante señaló que los tres adultos fueron separados de sus funciones mientras se desarrolla la investigación. Según explicó, la decisión fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la Marina, entidad que tiene a su cargo la gestión de los liceos navales.

“Han decidido separarlos para esclarecer los hechos”, indicó Vildoso durante la entrevista con ATV. Sin embargo, remarcó que el proceso debe respetar las garantías correspondientes antes de establecer responsabilidades.

En ese sentido, el representante de la Marina insistió en la necesidad de respetar el debido proceso. Las circunstancias ocurridas dentro de la movilidad deberán ser esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación, que determinarán las responsabilidades que correspondan.

Directora informó a la familia esa noche

Vildoso también se refirió a la reacción del colegio después de tomar conocimiento de lo ocurrido. Según su versión, el Liceo Naval Almirante Guise conoció el caso el martes por la noche y la directora se comunicó con la madre del estudiante aproximadamente a las 11 p. m.

La directora habría citado a los padres para la primera hora del miércoles y activado el protocolo correspondiente. Posteriormente, según el contralmirante, se realizó una ficha de entrevista con los padres, como parte del procedimiento establecido para casos de violencia contra niños y adolescentes.

De acuerdo con Vildoso, durante esa reunión la directora les indicó a los padres: “Si no denuncian ustedes, denunciamos nosotros”. Finalmente, la familia optó por presentar la denuncia.

Marina reconoce fallas en supervisión y control

El caso también llevó a la Marina de Guerra a reconocer errores en sus mecanismos de supervisión. Vildoso explicó que el comunicado difundido por la institución, en el que se habló de humildad y reconocimiento de errores, respondió a fallas detectadas en el sistema.

“Ha habido errores en el sistema de supervisión y control. Si no, no hubiera sucedido lo que ha sucedido”, afirmó el contralmirante en ATV. Añadió que la institución debe revisar los procesos relacionados con situaciones de violencia dentro del colegio.

Vildoso señaló que el Liceo Naval Almirante Guise cuenta con alrededor de 1.800 alumnos y planteó revisar cómo se están registrando y atendiendo los casos reportados. En esa evaluación, mencionó tanto los cuadernos de incidencias como la plataforma SíSeVe.

Cuestionan respuesta frente a casos anteriores

Respecto a las denuncias de los padres por la presunta inacción ante casos anteriores de violencia, el oficial sostuvo que existen mecanismos de seguimiento, como la comunicación con las familias y el acompañamiento socioemocional a los estudiantes.

Sin embargo, reconoció la necesidad de revisar si los procedimientos establecidos están funcionando adecuadamente. “La letra está, pero la acción es la que tiene que demostrar”, manifestó Vildoso, al referirse a los protocolos y controles que deben aplicarse en los colegios.

El representante de la Marina sostuvo que el caso expone un problema que trasciende al Liceo Naval y alcanza a otros centros educativos del país. Por ello, consideró necesario revisar los procedimientos utilizados frente a las denuncias de violencia escolar.

Contralmirante rechaza minimizar la presunta agresión sexual

El vocero de la Marina de Guerra también fue consultado sobre las declaraciones de un padre de familia de uno de los involucrados, quien habría descrito lo ocurrido como un exceso dentro de un “juego” entre estudiantes.

“Cuando hay una agresión sexual de por medio, se tiene que decir con todo lo que involucra eso”, afirmó en ATV. Añadió que respeta las opiniones de los padres, pero que no comparte esa posición y que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió.

El oficial pidió evitar la estigmatización de los estudiantes del Liceo Naval que no tienen relación con el caso. Señaló que algunos alumnos han recibido insultos en la vía pública simplemente por llevar el uniforme del colegio y sostuvo que no se debe generar odio contra quienes no están involucrados en los hechos investigados.

El denunciado es conocido en las redes sociales como “Hernán Bloquero” y, según contó el conductor, es fan de su ex pareja, Sofía “La Reini” Gonet. En su cuenta de Instagram, el hombre exhibe varios tatuajes dedicados a la influencer, entre ellos sus ojos, su rostro, su nombre y apellido y hasta su fecha de nacimiento.

El episodio que precipitó la denuncia ocurrió este lunes en la sede de Olga, en el barrio porteño de Palermo. Mientras estaba al aire, Pettinato advirtió la presencia del hombre del otro lado del vidrio y, según relató, este lo miró y realizó un gesto que interpretó como una amenaza de cortarle el cuello. Así se ve en el video que encabeza esta nota.

Horas más tarde, el conductor se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B para formalizar la denuncia. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, denunció al hombre por amenazas mediante gestos y ademanes frente al canal de streaming.

Tras la presentación, tomó intervención la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli, ante la secretaría de Gastón Pepe, que ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

La secuencia había quedado expuesta horas antes durante la transmisión de Olga. Pettinato contó en vivo que los problemas con el hombre habían comenzado durante su relación con Gonet.

“Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo”, aseguró.

Según su relato, comenzó entonces a recibir mensajes intimidatorios desde distintas cuentas. Pettinato reprodujo al aire algunas de las amenazas que atribuyó al hombre: “Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza”.

El conductor sostuvo que durante un tiempo consideró que las amenazas quedaban circunscriptas a las redes sociales. Incluso pensó que terminarían después de su separación de la influencer. “El tipo nunca se fue de mi vida realmente. Sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”, afirmó.

Los tatuajes dedicados a “La Reini”

En sus propias redes sociales, Bloquero muestra su admiración por Gonet y exhibe los tatuajes que se hizo en homenaje a ella. Según él mismo señala, tiene siete.

Entre los diseños que mostró aparecen los ojos de Gonet tatuados sobre su pecho, un retrato de su rostro, su nombre y apellido, el nombre “Sofía” dentro de un corazón y la fecha 20-03-1999, correspondiente al nacimiento de la influencer.

En la descripción de su perfil también hace referencia a esos tatuajes: “Llevo tus hermosos ojos y tu hermosa cara angelical en mi piel”, escribió junto a la cuenta de Gonet.

En una historia en la que compartió imágenes de los diseños agregó: “Recuerden que esto no lo hace un fanático cualquiera. Lo hace únicamente un verdadero hombre que se lea juega por la mujer que ama”.

Bloquero también había utilizado sus redes para referirse directamente a Pettinato. En una de sus historias lo llamó “el gordo putito” y manifestó abiertamente su rechazo hacia él.

“Ustedes saben perfectamente el odio a muerte que le tengo. No lo puedo ni nombrar. No lo puedo ver ni en fotos. Le tengo tanto odio que no lo puedo nombrar ni por el nombre”, expresó.

La amenaza en vivo

Este lunes, de acuerdo con el relato de Pettinato, la situación escaló cuando el hombre se presentó físicamente en la puerta del canal.

El conductor estaba despidiendo a Gabriel Rolón cuando advirtió su presencia. “Levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí”, contó mientras reproducía ante sus compañeros el gesto que, según dijo, acababa de hacerle.

“Finalmente se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano”, señaló.

Pettinato explicó que hasta ese momento él y Gonet habían tomado con cierta distancia lo que ocurría en las redes, pero que encontrarse con el hombre frente a su lugar de trabajo cambió su percepción de la situación.

“Lo grave que acaba de suceder es que vino realmente a la puerta de Olga, delante de todos ustedes, me amenazó recién parado acá y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo”, afirmó.

Y agregó: “Quería hacerlo público por si realmente salgo y me pega un tiro en la cabeza ahora. Bueno, fue Hernán Bloquero”.

“Qué terror. Terror tengo”, reconoció durante la transmisión.

Pettinato anticipó entonces que recurriría a la Policía: “Voy a tener que ir a hacer la denuncia de esta persona”.

Horas después cumplió con lo anunciado y se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B.

El episodio ocurrió durante la emisión del programa de streaming, cuando el equipo despedía al psicólogo Gabriel Rolón. Según contó Pettinato, levantó la mirada hacia el ventanal del estudio, que da directamente a la vereda, y reconoció a quien, afirmó, lo hostiga en redes sociales desde que mantuvo una relación con Sofi Gonet.

“Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?”, preguntó el conductor a su compañero Lucas Fridman antes de dar detalles de lo que acababa de advertir. Luego explicó que el hombre permaneció frente al vidrio, lo miró y realizó un movimiento con el dedo índice sobre el cuello, una señal que interpretó como una amenaza de muerte.

“Recién, cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí. Me hace (el gesto) y se va caminando”, aseguró Pettinato. El conductor sostuvo que la situación se produjo frente a los demás integrantes del programa y de parte del público que seguía la transmisión.

El hijo de Roberto Pettinato afirmó que el hombre se retiró poco después de hacer el gesto. La brevedad del hecho no redujo su preocupación, ya que consideró que el episodio implicó una escalada respecto de los mensajes que, según sus dichos, recibía en sus redes sociales.

“El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente se apersonó”, expresó el integrante de Olga. “Seguramente podamos pedir el video”, comentó, luego de que desde el estudio le confirmaran que el edificio cuenta con registros de vigilancia.

Fridman le sugirió que actuara de inmediato y buscara asesoramiento. Pettinato coincidió con esa posibilidad y señaló que evaluaba llevar el material a la Justicia. “Tengo que ir a hacer la denuncia de esta persona”, afirmó durante la conversación al aire.

El conductor remarcó que pudo reconocerlo porque, de acuerdo con su versión, se trata de una persona que ya había visto en redes sociales. “Es un tipo que me viene amenazando hace dos años, desde que empecé a salir con Sofi Gonet”, explicó.

Durante su descargo, Homero identificó al presunto agresor como Hernán Bloquero, nombre con el que, según dijo, se presenta en plataformas digitales.

“Me empezó a escribir: ‘Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza’”, enumeró las amenazas que fue recibiendo a lo largo de los dos años.

Pettinato señaló que había intentado mantenerse distante de esa situación y que creyó que el hostigamiento se diluiría con el paso del tiempo, incluso después de terminar su relación con La Reini. Según relató, la amenaza frente al estudio cambió su percepción porque el hombre habría pasado de las interacciones virtuales a una aparición presencial.

“Es muy diferente el ‘te voy a matar’ en redes a un tipo que realmente se apersonó y me amenazó de muerte frente a la ventana”, planteó.

La mención al supuesto acosador surgió de modo espontáneo en la transmisión. Pettinato interrumpió el clima habitual del ciclo para explicar que necesitaba hacer público lo que acababa de pasar y que, hasta entonces, no había dimensionado el riesgo.

A lo largo de su relato, Pettinato manifestó temor por la presencia del hombre en las inmediaciones de Olga. “Terror tengo”, dijo. “Fue muy rápido. Levanto la cabeza, lo veo que hace así, se da media vuelta y se va caminando”, contó. Al finalizar su relato, adelantó que buscaría las grabaciones del estudio y que evaluaba presentar una denuncia.

Ocho alumnos del Liceo Naval Almirante Guise fueron captados en un chifa de San Borja aproximadamente una hora después de la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros dentro de un bus escolar. Las imágenes difundidas por Panorama muestran a los adolescentes conversando, riéndose y consumiendo alimentos y bebidas, pese a lo ocurrido previamente.

De acuerdo a las imágenes difundidas, los estudiantes acudieron al establecimiento luego de retornar de una actividad deportiva. Cuatro de ellos cenaron, mientras otros consumieron gaseosas y permanecieron concentrados en sus celulares. Según Panorama, la escena no evidenció preocupación por el estado de la víctima ni temor ante lo sucedido.

Adolescentes fueron a un chifa tras presunta agresión sexual

Las imágenes difundidas por Panorama corresponden al martes en que ocurrió la agresión. A las 5:18 p. m., ocho estudiantes que habían estado en el bus ingresaron a un chifa de San Borja. Todos llevaban el uniforme deportivo del Liceo Naval Almirante Guise y cargaban sus mochilas.

De acuerdo con el reportaje, los adolescentes permanecieron en el establecimiento durante más de una hora y mantuvieron una actitud aparentemente tranquila. La secuencia muestra conversaciones entre ellos, risas y momentos de camaradería, mientras la víctima había quedado afectada por lo ocurrido dentro del vehículo.

Se investiga responsabilidad de cada adolescente

La agresión ocurrió durante el retorno de un equipo de futsal del Liceo Naval Almirante Guise. Según la reconstrucción presentada por Panorama, la víctima se encontraba en los asientos ubicados a la mitad del bus, mientras que varios de los estudiantes actualmente investigados estaban sentados en la parte posterior, detrás de él.

Los testimonios recogidos durante la investigación presentan contradicciones sobre lo ocurrido. Algunos de los adolescentes reconocieron haber visto a la víctima afectada después de la agresión, pero negaron haber participado directamente en ella. Uno de los alumnos retenidos, según el reportaje, si atribuyó responsabilidad a uno de los compañeros.

Seis alumnos permanecen internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, mientras continúa la investigación. El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que, al tratarse de menores infractores, la medida socioeducativa de internamiento es la sanción más grave prevista para estos casos y puede alcanzar un máximo de seis años.

Cuestionan actuación de adultos en el bus

La investigación también busca establecer qué hicieron los adultos que se encontraban dentro del vehículo mientras ocurrió la agresión. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Panorama, en el bus viajaban el entrenador del equipo de futsal y otro profesor, quien había tomado fotografías durante el encuentro y posteriormente asistió a un alumno golpeado.

Rodríguez sostuvo que los adultos tenían una responsabilidad de protección respecto de los estudiantes. “Los otros adultos sí tenían un deber de garantía. Es lo que llama el derecho penal un deber de cautela, de protección”, declaró el especialista para el citadol medio.

El letrado añadió que, si se demuestra que los adultos conocían lo que estaba sucediendo y no actuaron para impedirlo, su responsabilidad tendría que ser evaluada dentro de la investigación. Rodríguez sostuvo que, si dejaron que los hechos ocurrieran pese a conocer lo que sucedía, “el derecho penal se les castiga en comisión por omisión, por delitos de agresión sexual”. En ese escenario, agregó, “la pena para ellos sería 26 años de privación de libertad”.

Denuncian bullying previo a la agresión

La familia del adolescente también ha señalado que el menor habría sido víctima de hostigamiento antes de la agresión investigada. Jorge Petrozzi, abogado del adolescente, aseguró que existían antecedentes de comportamientos que incluían golpes, bromas y ocultamiento de sus pertenencias.

“Típico hostigamiento, ¿no? Golpes, bromas, esconderle cosas, sustraerlo, molestarlo por lo que fuera. O sea, el típico bullying y abuso”, declaró Petrozzi a Panorama. La defensa también ha planteado la posibilidad de que los hechos tengan un componente racista, aspecto que deberá ser determinado durante las investigaciones.

Según el reportaje, los adolescente investigados sostienen que la agresión se detuvo cuando la víctima pidió que pararan. Posteriormente, el adolescente se retiró solo y acudió a una clínica para encontrarse con su madre.

Especialistas analizan la conducta posterior a la agresión

La psicoterapeuta Elena Aranda explicó que las conductas violentas no aparecen necesariamente de manera aislada y pueden estar relacionadas con antecedentes y contextos en los que la agresión se encuentra presente. “Uno no se hace agresor de la noche a la mañana. También hay una serie de antecedentes, un entorno familiar, social, donde hay mucha agresión”, señaló a Panorama.

Por su parte, Julio Rodríguez consideró que la agresión descrita representa una afectación grave de la dignidad de la víctima. “Lo que busca es denostar la condición de ser humano, afectar su dignidad”, afirmó el abogado penalista. El caso continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad individual de los estudiantes involucrados y establecer qué ocurrió antes, durante y después de la agresión.

La Defensoría del Pueblo pidió al Poder Judicial y a las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) definir con urgencia la situación del rectorado, luego de los hechos de violencia registrados en el campus durante un intento de desalojo de autoridades.

El pronunciamiento se produjo después del ingreso de la exvicerrectora académica Shirley Empetriz Chilet Cama a las instalaciones de la universidad, en cumplimiento de una resolución judicial que dispone su asunción como rectora. El episodio provocó protestas y momentos de tensión entre integrantes de la comunidad universitaria y quienes respaldaban el cumplimiento del mandato judicial.

La Defensoría informó que realizó acciones de supervisión dentro del campus y sostuvo una reunión con el rector encargado. Según la institución, durante ese encuentro se comunicó la presentación de una denuncia por los daños ocasionados durante los incidentes.

Pese a los hechos registrados durante la mañana, la entidad también verificó que las actividades académicas continuaron con normalidad. La intervención de la Defensoría se produjo en medio de una disputa por la conducción de la universidad y por la aplicación de una medida cautelar emitida por un juzgado de Lima.

Defensoría pide resolver la situación del rectorado

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que corresponde al Poder Judicial y a las autoridades de la UNI adoptar una definición urgente respecto de quién debe ejercer el rectorado.

“Ante los hechos de violencia registrados en la víspera en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) durante un intento de desalojo a las autoridades, desde la Defensoría del Pueblo invocamos al Poder Judicial y a las autoridades de dicha casa de estudios a definir con urgencia la situación del rectorado”, indicó la institución.

Como parte de sus labores de supervisión, representantes de la entidad se reunieron con el rector encargado. Según la información proporcionada durante esa reunión, se presentó una denuncia por los daños registrados durante los incidentes. La comunicación atribuyó la presencia en los hechos a un grupo compuesto, según lo señalado ante la institución, por personas ajenas a la universidad y exestudiantes.

La Defensoría también precisó que su personal verificó directamente las condiciones del campus tras los acontecimientos. De acuerdo con su reporte, las actividades académicas continuaron con normalidad pese a los incidentes registrados horas antes.

Mandato judicial ordena cambios en el rectorado

El conflicto se encuentra relacionado con una resolución judicial que modificó la situación de las autoridades de la UNI. Según un reporte de Agenda País, un juzgado de Lima concedió una medida cautelar a favor de la universidad y dispuso dejar sin efecto la designación de Arturo Talledo Coronado como rector interino.

La resolución establece además que Shirley Empetriz Chilet Cama asuma el rectorado y convoque posteriormente a elecciones. El mandato otorgó a la Asamblea Universitaria y a las autoridades de la UNI un plazo de cinco días hábiles para ejecutar las disposiciones.

Estudiantes de la universidad sostienen que dicho plazo vencería el 18 de septiembre. La resolución también contempla posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales ante un eventual incumplimiento, entre ellas una denuncia por desobediencia o resistencia a la autoridad.

Ingreso de Shirley Chilet Cama generó tensión

El lunes, el ingreso de Chilet Cama a las instalaciones de la UNI provocó protestas dentro del campus. Imágenes difundidas por Canal N mostraron momentos de tensión ante la presencia de la exvicerrectora académica, quien ingresó con respaldo de efectivos policiales mientras integrantes de la comunidad universitaria expresaban su oposición.

La medida judicial se ejecutó en un contexto de disputa por la conducción institucional. La exautoridad universitaria fue vacada en julio de 2025 por decisión mayoritaria de la Asamblea Universitaria, según los antecedentes incluidos en la información proporcionada.

El proceso de vacancia comenzó a partir de una solicitud presentada por “los alumnos asambleístas” el 19 de mayo de 2025. La Asamblea Universitaria admitió el pedido por unanimidad y designó una Comisión Permanente para evaluar el caso.

Lo que más ha generado indignación y repudio es que el hombre que ella señaló es el acólito que cada domingo ayuda a un sacerdote que llega hasta la manzana 28, y frente al salón comunal, y que vive en la misma zona, le habría hecho gestos obscenos, luego de mostrarle su miembro viril desde la ventana de un apartamento cuando ella iba caminando el mediodía del viernes 11 de septiembre.

“Quiero comentarles algo que me pasó personalmente a mí y que acá hay muchas mujeres que también han sido víctimas. Es importante que lo sepan, porque acá hay mujeres adultas, hay niños y hay personas vulnerables. El día viernes por el mediodía, yo iba pasando por el conjunto de Las Ceibas cuando este señor presuntamente me sacó el pene y empezó a masturbarse”, señaló Escobar en su testimonio que se hizo viral en redes sociales.

Por tal motivo, Infobae Colombia se comunicó con Catalina, que expresó su impotencia por lo que ocurrió después de que ella intervino en medio de la eucaristía, y la poca empatía por parte de las presentes, e incluso del mismo sacerdote.

“Hay testimonios que dicen que (el acólito) las ha perseguido en cicla (bicicleta) acosándolas, que les ha sacado el pene en varias ocasiones masturbándose. Y usted es cómplice porque usted ya sabe, porque yo misma fui al conjunto y hablé, fui a la Policía y estoy haciendo esto porque me sentí vulnerable”, dijo Catalina en la grabación señalando al cura, que no le prestó mayor atención a la denuncia de la mujer.

“Nadie, ni la Policía, ni nadie me prestó atención”, recordó Catalina, que expresó que fue hasta el CAI de la zona, ubicado a pocas cuadras, pero debido a la falta de acción por parte de los uniformados y la reacción del adiminstrador del conjunto residencial optó por “boletear” en redes sociales a su presunto acosador.

“No quiero que otras personas pasen lo que yo pasé y los niños tengan que protegerlos de estos abusadores”, menciona al final del video la mujer.

Las redes sociales le dieron la razón a la víctima: el rostro del acólito lo reconocieron otras mujeres que sufrieron casos similares

Catalina, en medio del desconsuelo por no recibir apoyo, buscó la forma de visibilizar lo que le pasó y por medio de un grupo de Facebook de residentes en Ciudadela Colsubisidio y Cortijo relató los hechos y brindó detalles sobre la apariencia física del hombre, y las respuestas que recibió la dejaron perpleja, pero más segura de que lo que había hecho era lo correcto.

Y es que no fue uno, ni dos, sino decenas de mensajes los que recibió, en los que algunas habitantes de la zona contaron los momentos desagradables que vivieron por cuenta de este personaje.

“Y después de hacer esa publicación llegaron muchos comentarios de mujeres que han vivido lo mismo con él, que les saca el pene a las niñas que juegan voleibol, a las que un tiempo que patinaban, que también les sacaba el pene, que las perseguía en cicla. Inclusive hay una, una mujer que dijo que cuando ella tenía aproximadamente 13 años y vivía debajo de la torre de él, el tipo llegó a la casa de ella con un libro sexual, y se le intentó meter al apartamento. Ella denunció, pero pues en ese momento no pasó nada”.

En varias de las denuncias se aclara que el sujeto vive con su abuela, una adulta mayor, que sería quien responde por él y que, en anteriores ocasiones, argumentó que este personaje tiene un problema de salud mental.

Lo que más dejó sorprendida a Catalina fue la reacción del sacerdote el domingo 13 de septiembre, luego de exponer lo que ella vivió.

“Estábamos esperando al padre porque la idea era que el padre escuchara lo que él estaba haciendo, y esperando que le dijera algo como que: ‘¿Usted por qué hace eso? Eso no está bien, váyase de acá, usted no tiene que estar acá’. Antes, por el contrario, el padre empezó a decir como que: ‘Yo no lo conozco, solamente viene acá’, inclusive hasta (el cura) puso el baflé a todo volumen, le subió el volumen a la música, como silenciándonos, y solamente una persona de las que estaban ahí sentadas en la misa le dijo como: ‘No, es que usted no tiene que estar acá, váyase, váyase’; Entonces lo sacaron, pero por el padre, él hubiera terminado la misa y ese tipo seguiría ahí“, agregó la mujer en su relato a este medio.

La defensora de derechos humanos y dirigente garífuna Miriam Miranda denunció una presunta intervención policial contra integrantes de la comunidad garífuna que mantenían un plantón en Cayo Menor, parte del archipiélago de Cayos Cochinos, en el departamento de Atlántida, al noreste de Honduras.

A través de publicaciones en sus redes sociales, Miranda aseguró que los manifestantes fueron reprimidos mientras desarrollaban una protesta que, según su versión, era de carácter pacífico.

El grupo se habría instalado en la zona para expresar su rechazo a la realización de un reality show español en el archipiélago, particularmente por considerar que la actividad coincide con el período de desove de las tortugas marinas.

La dirigente sostuvo además que los manifestantes son beneficiarios de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con Cayos Cochinos y que dicha resolución establece obligaciones para el Estado hondureño en materia de consulta previa.

Miranda afirmó que durante el operativo estuvieron presentes agentes de diferentes instituciones de seguridad del Estado.

Según su denuncia, en el lugar se encontraban miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Naval de Honduras, además de un representante de la Procuraduría General de la República.

Investigar abusos

La defensora señaló que la presencia de estos funcionarios habría tenido como objetivo intimidar a los integrantes de la comunidad y desalojar el campamento instalado en la zona.

También denunció la destrucción de las casas de campaña y aseguró que algunas pertenencias de los manifestantes fueron retiradas durante la intervención. Entre los hechos denunciados figura una presunta agresión contra una de las integrantes del grupo, identificada como Mabel Robledo.

Miranda responsabilizó a los agentes que participaron en el operativo por cualquier daño que pudieran sufrir los integrantes de la comunidad y pidió que se investigue lo ocurrido.

Reclamo por la consulta previa

El conflicto se vincula con la exigencia de la comunidad garífuna de participar en las decisiones sobre actividades en Cayos Cochinos.

Miranda recordó que la sentencia de la Corte IDH establece obligaciones para el Estado hondureño, entre ellas la realización de procesos de consulta previa antes de autorizar determinadas actividades en el archipiélago.

La dirigente sostiene que la realización del programa de televisión extranjero no habría cumplido con ese proceso. La protesta buscaba precisamente llamar la atención sobre esta situación y exigir que las disposiciones del tribunal interamericano sean respetadas.

En sus publicaciones, Miranda mencionó directamente al subcomisionado policial Denis Zelaya, a quien señaló de haber ordenado acciones contra el campamento de los manifestantes.

La defensora afirmó que, bajo esa orden, habrían sido destruidas las estructuras instaladas por los garífunas y quemadas algunas colchonetas.

Estas afirmaciones corresponden a la denuncia pública de Miranda. Hasta el momento, su versión es la única difundida públicamente sobre los hechos; queda pendiente la posición oficial de las instituciones señaladas.

Llamado a organismos de derechos humanos

Ante lo ocurrido, Miranda convocó a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a trasladarse a Cayos Cochinos para verificar directamente la situación.

La defensora pidió que se documente lo sucedido y que se determine si durante la intervención de los cuerpos de seguridad se produjeron vulneraciones a los derechos de los manifestantes.

El llamado también busca que se dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana.

La situación en Cayos Cochinos se desarrolla en medio de una discusión que involucra derechos territoriales de comunidades garífunas, protección ambiental y el desarrollo de actividades turísticas y audiovisuales en el archipiélago.

La presencia de un equipo vinculado con una producción televisiva extranjera generó cuestionamientos por parte de los manifestantes, quienes consideran que la actividad requiere un proceso de consulta con las comunidades. A esto se suma la preocupación ambiental expresada por los garífunas, dado que las actividades coincidirían con el período de desove de las tortugas marinas.

Para Miranda, el problema no se limita a la instalación del campamento o a la realización del programa de televisión. Su denuncia apunta al cumplimiento de una resolución internacional que, según sostiene, obliga al Estado hondureño a garantizar la participación de las comunidades antes de permitir determinadas actividades en el territorio.

La dirigente también exigió el cese de cualquier acción que pueda considerarse represiva contra los manifestantes y reclamó el respeto de los derechos reconocidos a las comunidades garífunas.

La versión oficial, pendiente

Los hechos denunciados colocan bajo escrutinio la relación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades garífunas, especialmente cuando existen disputas sobre territorio, actividades económicas y cumplimiento de decisiones internacionales.

La principal exigencia de Miranda es que el Estado respete las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte IDH y garantice los mecanismos de consulta correspondientes.

Mientras las organizaciones de derechos humanos evalúan el llamado de la dirigente, queda pendiente conocer la posición oficial de las instituciones señaladas sobre el operativo, las razones que motivaron la presencia de las fuerzas de seguridad y las circunstancias en que fueron retiradas o destruidas las estructuras instaladas por los manifestantes.

El conflicto por documental de Edson Álvarez escaló este lunes 14 de septiembre luego de que el productor audiovisual Juan José López Ordóñez y su abogado, Gerardo Rincón, hicieran públicas acusaciones por presunto fraude, secuestro y amenazas relacionadas con un proyecto audiovisual sobre la trayectoria del futbolista. Hasta ahora, no existe una resolución judicial pública que determine que Edson Álvarez haya participado en alguno de los hechos denunciados.

Según con lo que explicó el productor en rueda de prensa, actualmente existen dos carpetas de investigación ante las autoridades correspondientes; una por supuesto fraude y otra por el presunto secuestro de López Ordóñez. Además, el abogado anunció que preparan una tercera denuncia por amenazas, mientras el jugador ya negó cualquier vínculo con esos señalamientos.

Según la versión del productor, el origen del conflicto está en un documental que realizó durante cerca de dos años sobre la carrera de El Machín, desde sus inicios en Tlalnepantla hasta sus etapas con Pachuca y América, antes de su consolidación en el futbol internacional.

López Ordóñez afirma que ese trabajo implicó una inversión de 3.5 millones de pesos, monto que ahora reclama como adeudo. También sostuvo que durante ese periodo mantuvo cercanía con el futbolista y con quien entonces era su familia política.

En ese contexto, señaló que el proyecto se habría realizado con conocimiento de Álvarez por medio de Jonathan Toache Bedolla, identificado en su relato como su entonces suegro y como una persona con carta poder para gestionar ciertos asuntos.

Qué denuncia el productor sobre el documental

La versión de López Ordóñez indica que el documental no se concluyó y que la relación entre las partes se deterioró. A partir de ese momento, dijo, el conflicto dejó de centrarse solo en lo económico y derivó en hechos que ahora busca llevar ante las autoridades.

El abogado fijó la postura legal del caso durante la conferencia. “Tenemos denuncias por fraude y secuestro en contra de Edson Álvarez y quienes resulten responsables”.

La existencia de una denuncia o de una carpeta de investigación no implica por sí misma responsabilidad penal. Hasta este momento, no hay una resolución pública que establezca que el futbolista cometió alguno de los delitos señalados.

La denuncia contra Edson Álvarez por presunto secuestro y amenazas

López Ordóñez relató que lo interceptaron en la Ciudad de México y que lo trasladaron contra su voluntad hacia la zona oriente de la capital. Según su testimonio, permaneció privado de la libertad durante seis horas.

En su narración, aseguró que durante ese lapso lo amenazaron, lo sometieron y lo obligaron a firmar documentos. También afirmó que una de las personas que lo retuvo le colocó una jeringa en el cuello, aunque dijo desconocer qué sustancia contenía.

El productor ubicó el inicio del episodio en la zona de Polanco y señaló que terminó horas después en otro punto de la capital. Durante la conferencia, relacionó ese hecho con personas del entorno de Edson Álvarez, pero no presentó de manera pública una prueba concluyente que establezca que el jugador ordenó, participó o conoció del presunto secuestro.

También aseguró que las amenazas habrían continuado después de que decidió acudir ante las autoridades y seguir con sus denuncias. Por esa razón, su abogado explicó que alistan una nueva acción legal.

López Ordóñez dijo que su principal preocupación es su seguridad y la de su familia, además de la situación económica que, según afirma, atraviesa a raíz del conflicto. “No quiero terminar una carrera, no quiero hacerle daño a nadie; simplemente estoy levantando la voz porque vivir con miedo y en una situación económica como la que estoy viviendo es muy serio”.

La respuesta de Edson Álvarez y el estado del caso

Por su parte, Edson Álvarez rechazó a través de redes sociales cualquier relación con el presunto secuestro. El pasado 10 de septiembre, el futbolista difundió un posicionamiento en el que negó de forma categórica su participación y sostuvo que, si existen elementos que acrediten alguna conducta indebida de su parte, deben presentarse ante las autoridades correspondientes.

También informó que su equipo legal analiza acciones contra quienes difundan acusaciones que considere falsas. Durante la conferencia, Rincón fue cuestionado sobre la posibilidad de una orden de aprehensión contra el jugador, pero no lo confirmó y respondió que corresponde a la Fiscalía definir el rumbo de las investigaciones.

Por ahora, no puede afirmarse que exista una orden de aprehensión contra Edson Álvarez ni una extradición desde Reino Unido. El caso sigue en una etapa inicial, con denuncias en curso y sin una determinación pública que cierre la disputa.

La familia sostiene que la atención posterior al accidente estuvo marcada por la falta de implementos en el Hospital Daniel Alcides Carrión y por la demora para conseguir su traslado a otro establecimiento. Según el relato de sus familiares, Adriano llegó al centro médico con una pérdida considerable de sangre y necesitaba una intervención cardiovascular urgente.

El caso continuó en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde el deportista recibió una operación luego de varias horas de espera. Sin embargo, una infección posterior obligó a los médicos a retirar el brazo derecho para evitar un riesgo mayor para su vida, según explicó su padre, Carlos Encalada.

La familia busca que se determinen las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido desde el accidente hasta el traslado. El abogado de Adriano anunció una denuncia ante la Fiscalía y señaló que el objetivo es establecer una posible cadena de responsabilidades en los establecimientos y personas involucradas.

Accidente durante una sesión de entrenamiento

De acuerdo con el testimonio de Karla Encalada, hermana del deportista, Adriano realizaba sparring cuando retrocedió y perdió el equilibrio debido a un saco de boxeo situado en el suelo. El joven cayó hacia una mampara ubicada cerca de un precipicio del segundo piso.

Su padre relató que las personas presentes intentaron sujetarlo para evitar que cayera. En ese momento, según su versión, el vidrio le produjo una herida profunda en el brazo derecho.

“Le corta los tendones, le cortan los nervios, llega hasta el hueso el corte”, declaró Carlos Encalada al explicar la gravedad de la lesión.

Tras el accidente, Adriano fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. La familia indicó que el ingreso al establecimiento ocurrió cerca de veinte minutos después del hecho.

Falta de implementos en el Hospital Carrión

Karla Encalada relató que Adriano ingresó al Hospital Carrión en estado delicado y con una pérdida aproximada de dos litros de sangre. Según su testimonio, una cirujana consideró necesaria una intervención cardiovascular inmediata.

La especialista, de acuerdo con la familia, explicó que podía realizar el procedimiento mediante un injerto de una vena de la pierna. Sin embargo, el centro médico no contaba con los implementos requeridos para realizar la operación.

Ante esa situación, la familia buscó una referencia hacia otro hospital. Carlos Encalada afirmó que el procedimiento para enviar la comunicación a otros establecimientos presentó problemas porque las cuentas de correo utilizadas para las referencias no podían recibir nuevos mensajes.

El padre del boxeador señaló que la demora en esa comunicación alcanzó entre siete y ocho horas. La familia consiguió después que Adriano fuera recibido en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Traslado conseguido por la familia

La madre de Adriano explicó que la familia tuvo que conseguir y pagar una ambulancia para efectuar el traslado. Según su declaración, el servicio costó 1.750 soles.

“Nosotros tuvimos que, bueno, mi hija tuvo que conseguir la ambulancia”, afirmó la madre del deportista. También sostuvo que el Hospital Carrión disponía de ambulancias, pero que estas no contaban con el equipamiento necesario para trasladar al paciente y tampoco existía una persona disponible para conducirlas.

El traslado permitió que Adriano llegara al Hospital Nacional Hipólito Unanue para recibir atención quirúrgica. Sin embargo, para ese momento habían transcurrido varias horas desde el accidente.

La familia también señaló que la información médica entregada al segundo hospital fue insuficiente. Según el relato expuesto durante el caso, parte de la documentación fue enviada mediante WhatsApp y los médicos que recibieron a Adriano no contaban con un informe médico completo.

Una infección obligó a retirar el brazo

Carlos Encalada explicó que, durante la atención posterior, los médicos detectaron una bacteria agresiva que representaba un riesgo para la vida del joven. Ante esa situación, la familia recibió la indicación de que era necesario retirar el brazo derecho.

“Usted tiene que decirle que le vamos a quitar el brazo”, relató el padre sobre la información que recibió antes de comunicarle la decisión a su hijo.

Adriano conoció la gravedad de su situación mientras permanecía hospitalizado. Su padre recordó la reacción del joven ante la posibilidad de perder la extremidad que utilizaba para desarrollar su carrera deportiva.

El boxeador permanece bajo atención médica y requiere más cirugías, según la información proporcionada por su familia.

Abogado anuncia denuncia ante la Fiscalía

El abogado de Adriano Encalada anunció que presentará una denuncia para determinar las responsabilidades relacionadas con el caso. El representante legal sostuvo que existe una cadena de hechos que debe ser revisada por las autoridades.

“Nosotros vamos a interponer una denuncia porque aquí hay una cadena de responsabilidades. Lo que estamos buscando es justicia para que esto no se vuelva a repetir”, declaró el abogado.

La familia también señaló al lugar donde ocurrió el accidente y al Hospital Daniel Alcides Carrión como parte de los aspectos que deberán ser revisados dentro de las investigaciones. La determinación de responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes.

El Consejo de Estado revocó la absolución de Juan David Bermúdez Vergara y le quitó la investidura como concejal de Villa de Leyva, Boyacá, para el periodo 2024-2027.La acción que terminó con la pérdida de su curul la promovió su propio padre, Carlos Bermúdez, alegando una inhabilidad por su vínculo con una entidad del servicio de acueducto del municipio.

El fallo del alto tribunal se fundamenta en que Bermúdez Vergara estaba inhabilitado al momento de inscribirse y ser elegido concejal. Además, estableció que su padre era representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo, encargada de administrar, mantener y prestar el servicio público domiciliario de acueducto y suministro de agua potable a sus suscriptores.

La decisión dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 11 de marzo de 2025, que había absuelto al concejal en primera instancia. En su lugar, la Sala decretó la pérdida de investidura y dispuso que Alfonso Latorre ocupe la curul.

Juan David Bermúdez Vergara dijo en diálogo con El Tiempo que acatará la decisión judicial, aunque pedirá una aclaración de la sentencia. También indicó que la respuesta del alto tribunal será remitida al Tribunal de Boyacá para la notificación a la presidencia del Concejo de Villa de Leyva.

La inhabilidad que llevó a la pérdida de investidura

El eje del caso fue la condición de Carlos Bermúdez como representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo de Villa de Leyva. Esa circunstancia, según el fallo, inhabilitaba a su hijo para ocupar una curul en el mismo municipio.

La denuncia se presentó a mediados de noviembre de 2024. El padre sostuvo el proceso hasta la segunda instancia, pagó abogados, reunió pruebas y apeló después de que el tribunal local absolviera al concejal.

En uno de los apartes de la sentencia, los magistrados señalaron: “A partir de una revisión integral de las pruebas aportadas al proceso, se demostró que el concejal del municipio de Villa de Leyva, Juan David Bermúdez Vergara, incurrió en la causal de pérdida de investidura”. La providencia agregó que la conducta se cometió con culpa grave.

El Consejo de Estado también examinó el argumento de la defensa sobre la enemistad entre padre e hijo. Los magistrados concluyeron que esa disputa no lo eximía del deber de advertir la inhabilidad al inscribirse y resultar elegido.

El conflicto familiar detrás del proceso

El trasfondo del pleito aparece como una diferencia familiar que, al parecer, venía desde finales de 2023. Allí se menciona una disputa por una microempresa productora de concentrados y por una finca en Villa de Leyva.

Carlos Bermúdez llegó a pedir públicamente la anulación de la elección de su hijo. “Les pido perdón a los villaleyvanos por haberles solicitado que votaran por mi hijo, y lo que les pido a los magistrados es que le anulen la elección...”, dijo cuando interpuso la denuncia.

El texto también recoge un video que se hizo viral y que habría sido grabado en diciembre de 2023. En esas imágenes, padre e hijo aparecen en un enfrentamiento dentro de una casa de campo y el Consejo de Estado pidió que cesaran las agresiones antes de resolver de fondo.

Cuando su padre lo demandó, el concejal sostuvo que tenía “unos problemas muy graves” con él y que se trataba de “líos familiares”. También afirmó que su propio progenitor estuvo a punto de matarlo con una escopeta, aunque el disparo no salió.

El efecto político en Villa de Leyva

La salida de Bermúdez golpea el panorama político local porque el municipio de Villa de Leyva completa cuatro meses sin alcalde titular. Víctor Gamboa fue detenido y llevado al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, acusado de prevaricato y concusión.

Con la pérdida de investidura, Villa de Leyva también se queda sin uno de los principales opositores del mandatario. La caída de la curul cerró el proceso que sacó del Concejo a un dirigente joven al que algunos proyectaban para futuras contiendas.

Bermúdez afirmó que respetará la decisión de los jueces, aunque buscará precisar varios puntos del fallo. Mientras avanza ese trámite, el relevo en el Concejo seguirá el curso fijado por la sentencia.

El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo este martes de la denuncia del Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona, fue sorteada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juzgado federal 12, que está vacante y es subrogado por Ercolini. El fiscal que interviene en el caso es Eduardo Taiano.

El expediente 4437/2026 se inició por la denuncia del canciller Pablo Quirno y las investigadas serán las empresas “Navitas Petroleum Development & Production LTD”, “Navitas Petroleum Atlantic Limited”-“Navitas Petroleum LP”- “JHL Associates Inc” y “ECO Atlantic Oil & Gas LTD”.

La denuncia

El texto sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitó a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluyó a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó en un comunicado que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Se denunció la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

Según el planteo judicial, los elementos reunidos hasta ahora permiten inferir, en forma preliminar, “la existencia de un entramado societario” integrado por diversas personas jurídicas que habrían participado bajo distintas modalidades, en la ejecución o explotación de actividades hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades argentinas.

Ahora el magistrado dará vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde impulsar la investigación y sugiera medidas de prueba.

El gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Gobierno también señaló que continuará con las acciones que considere necesarias ante posibles actividades que afecten los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.

El anuncio sobre la denuncia estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional.

La iniciativa presupuestaria deberá llegar al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con el comunicado, la decisión apunta a “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.

El viernes pasado, el Gobierno había anunciado que la Cancillería abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, entre las que se encuentran las que serán denunciadas penalmente, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una decisión que busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que considera ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía.

Desde la administración libertaria indicaron que el procedimiento alcanzará “no sólo” a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios. La misma dependencia sostuvo: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

La decisión oficial parte de la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

El anuncio se conoció horas después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% y por Rockhopper Exploration con el 35 por ciento.

El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, un paso que en la industria implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.

La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales. También sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Marcela Reyes denunció ante la Fiscalía General de la Nación la falta de apoyo económico y presencial de DJ Exotic —cuyo nombre real es Daniel Alejandro Salinas— en la crianza de su hijo Valentino, de ocho años.

La revelación llegó en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde la DJ colombiana respondió con una franqueza inusual sobre uno de los temas más sensibles de su vida privada.

La artista mostró en sus historias el formato único de noticia criminal radicado el 18 de junio de 2026 ante la Fiscalía en Bogotá. Ante la pregunta de un seguidor sobre si había pensado en una demanda oficial por el sostenimiento del niño, su respuesta fue directa: “Sí, ya realicé el debido proceso ante la Fiscalía y estoy a la espera de cómo se desarrolla el proceso”.

La denuncia llega ocho años después de una situación que, según Reyes, nunca cambió

La DJ reconoció que la acción legal debió haberse tomado mucho antes. “Creo que lo más sano habría sido hacer esto desde hace 8 años atrás, pero desde mi buena voluntad siempre quise dar tiempo, esperando que la situación cambiara”, escribió en sus historias. Y añadió: “Sin embargo, nunca cambió”.

A pesar de haber iniciado el proceso legal, Reyes dejó claro que su deseo no es el enfrentamiento. “Me encantaría poder conciliar, hacer todo en los mejores términos y, sobre todo, que Valentino no se entere de nada de esto”, expresó.

Una comunicación cortada y un padre que aparece “cada que llueve para arriba”

En otra de las historias publicadas horas antes, la DJ respondió a un seguidor que le preguntó si había hablado con Exotic sobre su rol como padre. La respuesta reveló el estado actual de la relación entre ambos.

“Hablo con él hace rato, corté comunicación”, escribió Reyes, y aclaró que la distancia no viene acompañada de rencor. “Hace mucho tiempo no hay rabia ni rencor, pero sí hay unas ganas enormes de que mi hijo pueda tener un papá presente”, señaló, y precisó que no se refería a “un papá de una hora cada tres meses, o que aporte a su sostenimiento cada que llueve para arriba”.

La artista fue categórica al describir la ausencia: “Un hijo necesita amor, atención, respaldo y, por supuesto, apoyo económico. Pero aquí, lamentablemente, no hay ninguna de las anteriores”.

Valentino no escucha críticas de su madre sobre su padre

Pese al escenario que describió, Reyes subrayó que cuida la imagen que su hijo tiene de Exotic. “Aun así, nunca le hablo mal a mi hijo de su papá. Al contrario, le enseño a respetarlo y a respetar también a su entorno”, escribió.

La DJ explicó que, aunque el contacto entre padre e hijo es escaso, ella no lo obstaculiza. “Aunque casi nunca lo ve ni lo llama, las pocas veces que lo hace, jamás le niego ese derecho que tiene mi hijo de verlo o de comunicarse con él”, afirmó.

El único deseo que Reyes hizo público

Al cierre de sus historias del domingo, la artista sintetizó en pocas líneas lo que espera del futuro. “Mi único deseo es que, en algún momento, todo esto pueda mejorar. Porque qué rico sería poder ver a mi hijo crecer rodeado de amor, atención, apoyo y, sobre todo, sentir que cuenta con ambos padres”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón rojo.

Una historia que arrancó con infidelidades y terminó en una relación de padres a distancia

Marcela Reyes y DJ Exotic iniciaron su relación cuando él aún no era figura pública. Según relató el propio Exotic en el pódcast Más Allá Del Silencio, la conoció en un evento en su finca y “no se separaron” desde entonces. La relación, sin embargo, estuvo marcada por dos infidelidades de su parte —una en Cali y otra en Medellín— que derivaron en la recordada escena viral de Reyes pateando una puerta de hotel.

Tras la ruptura, ambos mantuvieron durante años una relación limitada a asuntos relacionados con Valentino. El atentado que sufrió Exotic en noviembre de 2024 —seis disparos durante una presentación en un motel de Cali— acercó momentáneamente a los dos: la DJ estuvo presente en el hospital desde el primer día.

Un sujeto fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú dentro de la Universidad Científica del Sur sede Lima Norte, luego de una presunta denuncia presentada por una estudiante. El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes.

El hombre, quien sería integrante de la Facultad de Medicina, fue trasladado en un patrullero de la Comisaría de Pro. La intervención ocurrió dentro de las instalaciones de la institución educativa, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.

Durante el procedimiento también fue detenido un integrante del personal de seguridad de la universidad. La intervención contra este trabajador ocurrió luego de que, según explicó uno de los policías presentes, este no permitiera el ingreso de los agentes al recinto.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, la acusación corresponde a la presunta comisión de tocamientos indebidos. El docente fue trasladado a la Comisaría de Pro, donde pasó por las diligencias y exámenes correspondientes.

La presunta víctima también acudió a Medicina Legal para los exámenes respectivos y luego regresó a la Comisaría de Pro para continuar con las diligencias. La representante legal indicó a Exitosa que el caso se encuentra bajo conocimiento del fiscal.

Hasta el momento, la Universidad Científica del Sur no emitió un pronunciamiento público sobre la intervención ni sobre la denuncia presentada por la estudiante. Las circunstancias del caso deberán ser esclarecidas por las autoridades responsables de la investigación.

Denuncia contra sujeto continúa bajo investigación

La intervención policial se produjo después de una denuncia presentada por una estudiante contra quien sería trabajador de la Facultad de Medicina de la sede Lima Norte. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades que correspondan.

La información disponible corresponde a una denuncia y una intervención policial. Por ello, corresponde mantener la presunción de inocencia de las personas involucradas mientras avance la investigación y se determinen los hechos.

Hasta el momento, la Universidad Científica del Sur no emitió un pronunciamiento público sobre la detención ni sobre el procedimiento desarrollado dentro de su sede Lima Norte.

Las diligencias permanecen bajo responsabilidad de las autoridades competentes, mientras se espera información oficial que permita precisar el contenido de la denuncia y el desarrollo de la investigación.

Policía explicó la detención del personal de seguridad

El efectivo policial señaló que el trabajador de seguridad estaba impidiendo el ingreso de los agentes y le ordenó detenerlo por presunta obstrucción de la labor policial. “Usted está obstruyendo la labor policial”, manifestó durante la intervención.

El policía también indicó que el procedimiento correspondía a un supuesto caso de violación sexual en situación de flagrancia. “Hay un delito en agravancia, que es un delito por violación sexual. Usted no está dejando entrar”, expresó antes de disponer la detención del trabajador.

Después de varios minutos los policías ingresaron a un ambiente de la universidad donde se encontraba el docente acompañado de una mujer. La mujer habría alertado a los agentes tras reconocer al acusado.

Posteriormente, uno de los efectivos solicitó al docente que lo acompañara a la Comisaría de Pro para continuar con las diligencias correspondientes.

Representante legal confirmó que la presunta víctima es menor

La representante legal de la presunta víctima confirmó que se trata de una menor de edad. La identidad de la adolescente no fue revelada.

La representante legal evitó brindar detalles sobre la denuncia y señaló que prefería esperar el avance del proceso. Ante una consulta sobre cómo ocurrieron los hechos, indicó que estos se habrían producido en un aula de una universidad.

La defensa tampoco proporcionó el nombre del docente acusado. “No, no puedo mencionarlo por ahora, por favor”, respondió la representante legal cuando fue consultada sobre su identidad.

Respecto de la situación jurídica del docente, la representante legal señaló que la decisión corresponde al fiscal y que será este quien determine las acciones que correspondan conforme al proceso.

“Todo está en las manos ya del fiscal”, manifestó al ser consultada sobre una eventual prisión o sobre las medidas que podrían aplicarse al acusado.

Canales para presentar denuncias

La Policía Nacional del Perú dispone de la línea 105 y de sus comisarías para la recepción de denuncias. El Ministerio Público también recibe denuncias por delitos que afectan a menores de edad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención legal, psicológica y social mediante los Centros de Emergencia Mujer. Asimismo, la Línea 100 ofrece información, orientación y soporte emocional de manera gratuita durante las 24 horas para casos de violencia contra la mujer o acoso sexual.

Las autoridades recomiendan acudir a la comisaría correspondiente y presentar las pruebas disponibles para facilitar las diligencias de investigación.

La elemento señaló directamente al exdirector Manuel Alberto Maza Sánchez, así como al actual director de Bomberos, Jorge Arturo Rivas Fernández del Río, y a la licenciada Gabriela Osorio, a quienes responsabilizó de cualquier acto que pudiera emprenderse en su contra o afectar su permanencia laboral.

Bombera afirma que no retirará su denuncia

Cruz Toledo explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer en Oaxaca contra Manuel Alberto Maza (actual director de Protección Civil del Gobierno del estado) por presunto acoso laboral y sexual.

De acuerdo con su testimonio, el procedimiento no avanzó como esperaba y permanece pausado. La bombera sostuvo que posteriormente habría recibido presiones para retirar la denuncia y aceptar un acuerdo.

“Yo sé lo que dije, sé lo que pasé, sé lo que me hicieron y no me voy a echar para atrás”, afirmó.

La trabajadora aseguró que incluso intentaron convencerla de firmar una baja voluntaria, pero se negó. Según relató, recibió advertencias de que la situación podría empeorar si no aceptaba abandonar su puesto.

A partir de entonces, dijo, comenzó una serie de acciones administrativas que interpretó como una estrategia para obligarla a dejar la corporación.

Denuncia cambios de adscripción y una jornada de 30 días

Uno de los principales señalamientos de la bombera está relacionado con las condiciones laborales que, asegura, enfrenta desde hace 22 meses.

Cruz Toledo afirmó que trabaja bajo un esquema de 30 días de servicio por siete días de descanso, una jornada que, según su declaración, implica permanecer disponible durante las 24 horas de los 30 días de servicio.

La elemento sostuvo que solicitó formalmente un cambio de guardia y horario, pero sus peticiones no habrían sido atendidas.

También denunció que le fue retirada su credencial de bombera, documento que, afirmó, no le han devuelto pese a que ha presentado oficios para solicitar su restitución.

La enviaron a Tuxtepec y posteriormente a Juchitán

La bombera relató que, después de negarse a retirar su denuncia, fue enviada a Tuxtepec bajo el argumento de que permanecería ahí únicamente dos meses debido a la falta de personal.

Sin embargo, aseguró que terminó trabajando aproximadamente un año en esa región.

Posteriormente, dijo, fue suspendida durante 15 días sin goce de sueldo y después trasladada a Juchitán, donde está por cumplir un año de labores.

Ahora, señaló, recibió un nuevo oficio mediante el cual pretenden enviarla nuevamente a Oaxaca, manteniendo el esquema de 30 días de servicio por siete de descanso.

Para Cruz Toledo, estos movimientos constituyen una forma de hostigamiento laboral y buscan provocar su salida de la corporación.

“No me voy a dar de baja”

A pesar de las circunstancias que denuncia, la bombera aseguró que no tiene intención de abandonar su trabajo.

“Me gusta ser bombera y no me van a intimidar”, sostuvo, al señalar que ingresó a la corporación por vocación y que considera que su desempeño respalda su permanencia.

Afirmó que durante sus cuatro años de servicio no ha recibido sanciones administrativas relacionadas con su desempeño y que continúa atendiendo emergencias y apoyando a la ciudadanía.

Finalmente, Cruz Toledo hizo responsables de cualquier acto en su contra a Manuel Alberto Maza Sánchez, Jorge Arturo Rivas Fernández del Río y Gabriela Osorio, y reiteró que continuará defendiendo su puesto y la denuncia que presentó.

Una joven denunció a tres integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto secuestro y robo, luego de que la interceptaran cuando salía de una casa de cambio en Juliaca, en la región Puno.

La mujer afirmó que los agentes la obligaron a subir a un vehículo oficial y le exigieron parte de los más de 60.000 dólares que llevaba en una mochila.

El hecho ocurrió en el jirón Mario Núñez, una vía comercial de la ciudad. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los efectivos se aproximan a la denunciante y la conducen hacia una camioneta. La joven aseguró que el dinero correspondía a los ahorros de su familia para comprar un vehículo.

“Yo me encontraba saliendo de la casa de cambios y ahí ellos me intervinieron y me dijeron: ‘Miren allí’. Y yo les dije: ‘¿Le puedo gritar? Incluso tengo fotos en mi celular’. Y ellos simplemente... El oficial me agarró del brazo y me subió a la camioneta”, relató.

Según su versión, una vez dentro del vehículo, los agentes la interrogaron y le ordenaron abrir su mochila. La joven señaló que rechazó entregar el dinero, ante lo cual recibió amenazas de una denuncia por presunto lavado de activos.

“Ellos estaban coordinando para decirle al que estaba conduciendo que me llevara al cerro”, declaró. Añadió que uno de los involucrados le ordenó revisar sus pertenencias. “Cuando abrí, me dijo: ‘Ya, ¿cuánto me vas a dar?’. Así. Y yo le dije: ‘No es mi dinero, no te puedo dar nada’. Y me dijo: ‘No me vas a hacer perder mi tiempo, te voy a llevar a la fiscalía por lavado de activos’”, continuó.

Fiscalía Anticorrupción y DIRCOCOR investigan a tres agentes señalados por la joven

La denunciante indicó que, tras la intervención, fue abandonada en una zona descampada de las afueras de Juliaca. Afirmó que posteriormente dos motocicletas se llevaron su mochila, donde estaba el resto del dinero. La información difundida no precisa el monto exacto que habría sido sustraído ni la forma en que las motos accedieron a las pertenencias.

Los policías señalados son el alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez, el suboficial de tercera Frank Euder Mercado Roque y el agente Hernán Álvaro Mamani Mendoza. Los tres afrontan diligencias preliminares a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (DIRCOCOR).

La investigación busca determinar la secuencia de la intervención, revisar las grabaciones de seguridad y establecer si los agentes actuaron dentro de sus atribuciones o si existió una privación ilegal de la libertad y una sustracción de dinero. También deberán corroborar la procedencia de los fondos y la identidad de las personas que, según la denuncia, participaron desde motocicletas.

La joven expresó temor por su seguridad luego de presentar la acusación. Su declaración y los registros audiovisuales del jirón Mario Núñez forman parte de los elementos que las autoridades deberán contrastar durante las pesquisas.

Deisy Dorelly Guanaro, la reconocida sobreviviente de reclutamiento de menores por parte de las extintas Farc, informó a través de sus redes sociales que fue denunciada penalmente por un funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La también activista afirmó que la acción también se instauró en contra del abogado que representa a víctimas en ese proceso. Además, la líder sostuvo que el caso se originó luego de que ella y su representante hicieran públicos cuestionamientos sobre los esquemas de seguridad que les fueron asignados.

“Hoy he sido denunciada penalmente por un funcionario de la UIA JEP, la Fiscalía de la JEP, la misma entidad que se supone debe proteger a las víctimas y testigos”, afirmó.

La sobreviviente señaló que se acreditó ante la Jurisdicción Especial para la Paz con la expectativa de que los responsables de hechos cometidos contra menores respondieran ante ese tribunal, “pero lo único que he encontrado ha sido persecución, amenazas de muerte, burlas, estigmatización y zozobra”, agregó.

Los motivos de la denuncia

En su mensaje, Dorelly también cuestionó el hecho de que la Unidad de Investigación y Acusación hubiera presentado una denuncia contra una víctima acreditada.

“Por contar la verdad, por buscar justicia y por pedir que los responsables respondan, soy denunciada por quienes deberían protegernos”, manifestó.

La mujer pidió la intervención del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. En su publicación, sin embargo, publicó una captura de pantalla de la denuncia en la que se especificó el delito por el que habría sido denunciada, la fecha en que se presentó la acción judicial y la identidad del funcionario al que atribuyó el trámite.

La acción fue tramitada por el ciudadano Francisco Javier Minorta Nova, profesional de Gestión de la JEP. En el documento constó que “la señora Deisy Dorelly Guanaro Chavita ha venido realizando diversas publicaciones en redes sociales y en medios abiertos de comunicación, en las cuales me atribuye hechos y conductas que no corresponden a la realidad”.

“En dichas publicaciones, la señora afirma, de manera errónea, que quien suscribe, en mi calidad de servidor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), soy el encargado de la totalidad de las decisiones del grupo de protección, incluyendo la adopción de medidas relacionadas con su esquema de seguridad, lo cual es completamente falso”.

Dorelly también discutió que fuera objetivo de una acción judicial luego de que ella presentó una denuncia contra Griselda Lobo —la actual senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc— de quien cuestionó que no hubiera sido incluida en el Caso 07 de la JEP, que aborda el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

“A la sobreviviente que denunció a Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, la denuncian penalmente desde la UIA JEP”, señaló. Además, preguntó por qué, a su juicio, la entidad cuenta con tiempo para actuar contra quien formula denuncias, mientras la excombatiente “sigue por fuera del Caso 07”.

Deisy Guanaro regresó al Icbf para apoyar la prevención del reclutamiento de menores

Diecinueve años después de salir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Deisy Dorelly Guanaro Chavita regresó a la entidad para aportar a la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados. La sobreviviente fue atendida por el sistema de protección cuando era menor de edad, tras desvincularse de una organización armada.

“Ya no soy víctima. Soy una mujer sobreviviente”, afirmó Guanaro, que permaneció cerca de cuatro años en el sistema de protección, primero en un hogar transitorio y luego en una casa hogar en Floridablanca, Santander, donde cursó sus estudios hasta noveno grado y recibió atención médica y psicosocial.

Entre enero y junio de 2026, el programa especializado del Icbf para menores de edad desvinculados de grupos armados atendió a 483 adolescentes y niños. De ellos, 211 ingresaron ese año al programa: 118 hombres y 93 mujeres.

Más de L1.837 millones (unos 69,3 millones de dólares) fueron canalizados entre 2023 y 2025 mediante un fondo de administración solidaria cuya ejecución fue cuestionada según denuncia realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización civil, donde señala presuntas deficiencias en los mecanismos de transparencia, liquidación y control de los recursos públicos.

La denuncia puso bajo la lupa un mecanismo presupuestario con el que se financiaron beneficios sociales como becas estudiantiles, cupones alimenticios, ayudas para vivienda, kits escolares y otros programas dirigidos a sectores vulnerables.

Carlos Hernández director de la organización dijo “que si esos fondos no se liquidaron, existe algo irregular o hay que saber que paso con esos fondos es algo inaceptable”

Así mismo, Hernández afirmó que entre los parlamentarios que figuran están “el exdiputado Rasel Tomé y el actual diputado Hugo Noe Pino”.

Según el análisis de ASJ, aunque varias instituciones del Estado figuraban formalmente como ejecutoras, algunos diputados propietarios y suplentes habrían tenido participación directa en la gestión de los recursos, desde la presentación de proyectos y la solicitud de beneficios hasta la coordinación de entregas en comunidades.

Entre las instituciones que aparecen como ejecutoras figuran la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

Los recursos estaban destinados inicialmente a programas relacionados con becas, obras sociales e infraestructura menor.

Procesos de auditorias

Sin embargo, ASJ sostuvo que el funcionamiento práctico del mecanismo permitió que los propios legisladores tuvieran un papel determinante en la identificación de proyectos y beneficiarios.

La organización consideró que esta dinámica dificultó establecer una separación clara entre la función legislativa de los diputados y la gestión directa de beneficios financiados con recursos del Estado.

El principal cuestionamiento no se relacionó solo con el monto, sino con la posibilidad de rastrear qué ocurrió con cada partida una vez que los recursos fueron asignados y entregados.

Para la organización, la liquidación de los fondos constituye una herramienta para comprobar que el dinero fue utilizado para los fines establecidos y que los beneficiarios efectivamente recibieron las ayudas correspondientes.

En su informe la organización de sociedad civil detalla que, durante el período analizado fueron canjeados más de L187 millones, unos 7,1 millones de dólares, mediante esta modalidad. Sin embargo, solamente alrededor del 37% habría sido liquidado.

Esto significa que la mayor parte del monto permanece, según la investigación, sin una trazabilidad completa que permita establecer con claridad su destino.

ASJ identificó a 50 diputados, que pertenecían al partido Libertad y Refundación (Libre), entre propietarios y suplentes, que gestionaron recursos para becas estudiantiles mediante SEDESOL.

En total, se contabilizaron cerca de 22.000 becas gestionadas entre 2023 y 2025, por un monto superior a L110 millones, aproximadamente 4,2 millones de dólares

ASJ cuestionó que este argumento pueda utilizarse para impedir el acceso a información relacionada con recursos públicos y recordó que la legislación hondureña establece condiciones específicas para declarar información como reservada.

Reconocen dificultades para liquidar

Según la denuncia, esa disposición habría sido utilizada para negar información relacionada con la liquidación de los fondos.

Para la organización, los datos sobre la ejecución y liquidación de fondos estatales deben estar sujetos a mecanismos que permitan la fiscalización ciudadana.

ASJ afirmó que ninguna de las entidades involucradas habría remitido a los organismos de control la totalidad de los informes de liquidación requeridos por la legislación. En el caso de SEDESOL, la organización aseguró que la institución reconoció que existen fondos correspondientes al período analizado que todavía no han sido liquidados.

La situación dificulta determinar cuánto dinero fue utilizado, quiénes fueron los beneficiarios y si todos los recursos fueron destinados a los objetivos establecidos.

ASJ sostuvo que, pese a que las instituciones estatales eran las responsables formales de ejecutar los fondos, diputados propietarios y suplentes intervenían en diferentes etapas del proceso.

Entre esas actuaciones estaban la presentación de proyectos, la solicitud de beneficios y la coordinación de entregas en comunidades.

La investigación de ASJ volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de contar con controles efectivos para los fondos destinados a programas sociales.

Un hecho conmocionó a los pobladores una zona rural del municipio de Concordia, en el departamento de Olancho. Un hombre fue arrestado por efectivos de la Policía Nacional de Honduras.

El supuesto agresor es acusado de agredir sexualmente a su hijastra, una beba de 18 meses. La detención se produjo después de que el sospechoso, al verse descubierto por la madre de la niña y rodeado por los agentes, intentara suicidarse al ingerir sustancias letales.

La alerta se activó cuando la madre descubrió indicios de la agresión en el entorno familiar. La mujer se trasladó hasta la posta policial del sector para presentar la denuncia e identificar formalmente a su pareja conviviente.

Ante la gravedad del delito denunciado, las unidades asignadas al cuadrante desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para evitar la fuga del acusado.

Al advertir la presencia de las patrullas y verse rodeado dentro del inmueble, el acusado reaccionó de forma drástica. Según los reportes preliminares de las fuerzas de seguridad, ingirió dos tipos de sustancias tóxicas combinadas y tomó un arma blanca con el objetivo de quitarse la vida antes de ser detenido.

Bajo resguardo policial

Los agentes ingresaron al lugar mientras el sospechoso comenzaba a convulsionar por el efecto de los agroquímicos. Los efectivos lograron desarmarlo, le brindaron asistencia inicial para estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia en una patrulla hacia el centro hospitalario regional.

El hombre permaneció internado en la sala de urgencias bajo vigilancia de las autoridades mientras el personal médico le practicaba lavados gástricos e intervenciones de emergencia.

Tras superar la crisis tóxica y recibir el alta médica, fue trasladado a las dependencias de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal por abuso sexual agravado.

El hecho ocurrido en Olancho volvió a exponer la crisis de violencia infantil que atraviesa Honduras. Según registros de organismos de derechos humanos y del Ministerio Público, en el país se informa en promedio una denuncia por abuso sexual infantil cada cuatro horas y 52 minutos.

Más del 38% de las agresiones sexuales contabilizadas a nivel nacional corresponden a víctimas menores de edad. Reportes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) señalan que el hogar y el círculo familiar cercano constituyen los escenarios de mayor riesgo para la niñez hondureña.

Padrastros, familiares directos o cuidadores aparecen entre los principales señalados en los expedientes judiciales.

Este escalofriante hecho vuelve a encender las alarmas sobre la desprotección que sufren los más vulnerables en Honduras, un país donde la violencia hacia la niñez alcanza niveles alarmantes.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han reiterado la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y denunciar a tiempo cualquier indicio de vulneración, recordando que la complicidad y el silencio suelen ser los mayores aliados de los agresores en el entorno doméstico.

Mientras tanto, las personas afectadas reciben acompañamiento psicológico y médico especializado. La sociedad hondureña exige ahora un proceso judicial expedito y firme que siente un precedente contundente contra quienes atentan contra la integridad y la vida de la niñez en el país.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el artista pidió a la ciudadanía que no la compre y que ayude a difundir su búsqueda.

Zamora afirmó que, tras el desalojo de los residentes, personas en situación de calle y otros individuos habrían aprovechado los daños en una edificación vecina de cuatro pisos para acceder al inmueble por las ventanas de los corredores. Según indicó, el edificio contiguo quedó en ruinas, lo que facilitó la entrada a los apartamentos.

Así fue el hurto

El bailarín explicó que un vecino logró grabar parte de la situación y observó cómo varias personas retiraban cableado, elementos eléctricos, herrajes y herramientas que permanecían en el lugar. De acuerdo con su denuncia, los intrusos también entraron a su apartamento.

El artista sostuvo que hallaron muebles quemados y objetos personales en el inmueble, además de pertenencias que habrían quedado organizadas para ser retiradas.

“Los amigos de lo ajeno se metieron al edificio y nos robaron. Es una situación superdifícil. A mí no me gusta hacer este tipo de videos en la página y contar este tipo de cosas, pero pues a veces uno también tiene que buscar ayuda para uno mismo. Como el edificio de al lado quedó en ruinas, que tenía cuatro pisos, por ahí los habitantes de calle del sector y amigos de lo ajeno vieron la oportunidad de pasarse para nuestro edificio por las ventanas de los corredores (...)”, dijo.

“Por ahí se entraron a nuestro apartamento. Tenían ya casi todo acomodado para llevárselo. Tuvieron la oportunidad de meter droga, de acomodar los televisores, de comer, de emborracharse, porque hasta el vino se lo tomaron, y ha sido una situación bien difícil. Quemaron los muebles, dejaron objetos personales y se robaron esta bicicleta de un alto valor sentimental”.

En cuanto a la bicicleta, Zamora aún busca recuperarla. “Sabemos que es fácil de diferenciar de las demás y queremos encontrarla. Por favor, no la compren y ayúdenme a difundir este video”, expresó.

Tras resultar afectado por el sismo, Zamora se vinculó como voluntario al centro de acopio instalado en la Ciudadela Petronio, en la Unidad Deportiva Alberto Galindo. El bailarín señaló que esta labor le permitió canalizar la ansiedad causada por la emergencia y retomar gradualmente sus rutinas.

“Tenemos la vida revuelta por estos días y nos estamos logrando acomodar y reactivar y tratar de hacer cosas nuevas con esta angustia, estos pánicos y estas ansiedades. Este videíto es primero para decirle a la gente que cuide sus cosas, sus objetos personales, sus lugares de vivienda, porque como ya saben, yo he estado trabajando estos días ayudando en el centro de acopio Petronio Álvarez, que ha sido algo que me ha servido mucho para desfogar energía y para concentrarme, para poder empezar a dormir un poco mejor. Y como me tocó desalojar mi vivienda, yo soy un damnificado más que está tratando de trabajar por los demás”, dijo.

También relató que enfrenta dificultades para conseguir una nueva vivienda, debido a los costos de los arriendos tras el terremoto. Mientras avanza en ese proceso, pidió apoyo para localizar la bicicleta y evitar que sea comprada por terceros.

“La gente ha abusado en este momento con los precios y lastimosamente no han sido solidarios en muchos aspectos con la gente que está buscando dónde vivir (...) Entonces un abrazo, un beso y muchas gracias y espero que ustedes en sus casas, con sus familias, con sus amigos, estén bien, que pues es el único regalo y agradecimiento a la vida y a Diosito que nos tiene aquí en este momento”, concluyó.

La presentación incluiría videos que, según el club, sustentan que cuando el árbitro central del partido, José Bautista, reanudó el juego en el minuto 89, todavía había hinchas del Deportivo Cali muy cerca de ingresar al terreno de juego, lo que habría derivado en que no existían condiciones para continuar con el desarrollo del partido.

En la tarde de este 31 de agosto, esa documentación tendría anexo una queja formal a la Comisión Arbitral y la solicitud de que se sanciones al árbitro central del partido Bautista, de acuerdo a lo informado por Blu Radio.

¿Qué fue lo que pasó en el estadio del Deportivo Cali en el partido ante Atlético Bucaramanga?

El partido entre Deportivo Cali y Atlético Bucaramanga, disputado en el estadio de Palmaseca el pasado 30 de agosto, terminó 1-1 en un clima de tensión que derivó en incidentes dentro y fuera de la cancha.

Bucaramanga se puso en ventaja a los 72 minutos con un gol de José García, tras una jugada de pelota parada. Cali tuvo antes la opción de abrir el marcador, pero Steven “Titi” Rodríguez falló un penalti. El resultado agravó el malestar de parte de la hinchada local, en medio del difícil momento deportivo del equipo. El Cali es noveno de la tabla de posicones y acumula ocho puntos, tras seis partidos jugados.

En el minuto 99, el árbitro José Bautista sancionó otro penalti a favor del Cali. Leyder Chaverra convirtió el cobro y estableció el empate. La decisión provocó reclamos del plantel visitante y una pelea entre jugadores de ambos equipos.

Tras los empujones y cruces, el juez expulsó a José García, de Bucaramanga, y a Keimer Sandoval, de Deportivo Cali. También recibió tarjeta roja el entrenador del conjunto santandereano, Pablo Peirano, tras su invación al terreno de juego. Tras el empate del equipo local desde el punto penal, el árbitro se dispuso a reanudar el juego. En ese momento, el técnico ingresó al terreno de juego, una zona restringida para él durante el partido, para pedirle al juez que no continuara el encuentro.

La situación se agravó cuando un grupo de aficionados ubicado en la tribuna norte rompió una valla de seguridad e ingresó al terreno de juego. La Policía intervino para controlar los disturbios y el árbitro dio por finalizado el encuentro de forma abrupta.

Qué viene ahora para el Deportivo Cali, tras la denuncia de Atlético Bucaramanga

Atlético Bucaramanga ya radicó por escrito una reclamación formal ante las autoridades disciplinarias. De acuerdo a lo que expone la Dimayor en su sitio web oficial, la queja se presentó dentro del plazo fijado por el reglamento, que suele ser de 48 horas hábiles después del partido, según la causal invocada. El demandante debió adjuntar el comprobante de pago de los derechos de reclamo establecidos por la Dimayor. Si el escrito llega fuera de plazo o no incluye el pago correspondiente, el Comité puede rechazarlo por extemporáneo o por incumplimiento de requisitos.

• Revisión inicial y admisión: el Comité Disciplinario del Campeonato ahora entrará a revisar si la demanda cumple las exigencias formales. Si la admite, abre el proceso disciplinario y notifica al club demandado.
• Descargos del club demandado: en este casi el Deportivo Cali, cuenta con un plazo para presentar su defensa. En sus descargos puede aportar argumentos, documentos y pruebas, como planillas, registros de inscripción, antecedentes disciplinarios o informes oficiales.
• Análisis de las pruebas: luego, el Comité evalúa los elementos presentados por ambas partes, Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali. Entre las pruebas habituales figuran las planillas arbitrales, los registros de jugadores ante la Federación Colombiana de Fútbol, los boletines de sanciones y los informes de los árbitros. La situación se contrasta con el Código Disciplinario Único y el reglamento vigente de la competencia.
• Decisión en primera instancia: el Comité Disciplinario emite una resolución con su decisión. Si acepta la demanda, puede retirar los puntos al club infractor y decretar un resultado de 3-0 a favor del equipo demandante, según corresponda con el reglamento. Si rechaza el reclamo, se mantiene el resultado registrado en el terreno de juego.
• Recursos de reposición y apelación: el club afectado por la decisión puede pedir una reposición ante el mismo Comité Disciplinario, con nuevos argumentos o una solicitud de revisión. También puede presentar una apelación para que el caso pase a la segunda instancia disciplinaria de la Dimayor. La autoridad de segunda instancia puede confirmar, modificar o revocar la sanción.

A través de un video difundido públicamente, el comunicador manifestó temor por la seguridad de su familia, debido a que los individuos no sólo conocían su domicilio, sino que, según señaló, pretendían ingresar hasta el lugar donde se encontraban su esposa e hijos.

“Esta noche hago este video con temor, con mucho miedo, porque durante este jueves un notificador, porque así se hizo pasar y hemos investigado que es un notificador del Poder Judicial del Estado de México, y civiles, dos civiles, intentaron ingresar a mi casa”, relató.

Osvaldo Muller cuestiona actuación de supuesto notificador

De acuerdo con la denuncia del periodista, los tres individuos llegaron a bordo de un vehículo particular que no portaba placas. Muller aseguró que los sujetos se hicieron pasar inicialmente por policías ministeriales para intentar ingresar a la zona habitacional.

El comunicador explicó que posteriormente un hombre que dijo ser notificador descendió del automóvil y se acercó a los vigilantes de la privada para solicitar el acceso.

Muller cuestionó que el supuesto funcionario no llevara visible una identificación oficial ni utilizara un vehículo institucional.

“No tenía ni siquiera ninguna identificación visible ni venía tampoco en un vehículo que era oficial con, pues, la nomenclatura del Poder Judicial del Estado de México”, señaló.

También dijo que durante sus 18 años de trayectoria como periodista nunca había observado a un notificador judicial realizar una diligencia de esa manera.

“Nunca había visto a un notificador vestido con tenis y ropa así totalmente de civil, pantalón de mezclilla, una playera tipo polo”, expresó.

Denuncia que conocían la dirección de su familia

Uno de los principales motivos de preocupación para Muller es que las personas que acudieron al domicilio conocían exactamente dónde vivía.

“Me llama mucho la atención cómo es que estos civiles obtuvieron mi dirección, mi dirección, la de mi casa, donde se encontraban mis hijos, mi esposa, donde se encontraba mi familia”, manifestó.

Ante la presencia de los individuos, el comunicador solicitó apoyo a elementos de seguridad.

“Le hablé de inmediato a la Policía Estatal, a la Guardia Civil, quienes atendieron de inmediato el llamado”, relató.

Sin embargo, aseguró que cuando comenzó la movilización de los cuerpos de seguridad, los hombres huyeron del lugar.

Muller exigió una explicación al presidente del Poder Judicial del Estado de México, Héctor Macedo García, para conocer si la persona que se presentó como notificador realmente pertenece a la institución y bajo qué condiciones se realizó la diligencia.

“¿Usted sabe que así trabaja la gente, sus notificadores, sin identificarse, haciéndose pasar como policías, luego vienen acompañados de civiles o así les permite salir a notificar?”, cuestionó.

Muller exige protección para él y su familia

Ante estos hechos, el periodista pidió que las autoridades investiguen quiénes eran las personas que acudieron a su domicilio, por qué tenían su dirección y cuál era el objetivo de la diligencia.

“Necesito una respuesta inmediata por parte del Poder Judicial del Estado de México y hago responsables de cualquier cosa que me pase a mí y a mi familia”, declaró.

Finalmente, Muller insistió en que la situación le genera temor debido a que quienes acudieron al lugar conocen dónde vive, “tengo mucho miedo, eso se los quiero decir”, concluyó.

Osvaldo Muller ya ha sido víctima de agresiones

La denuncia ocurre además en un contexto de antecedentes de violencia contra el propio periodista.

Uno de los casos más graves ocurrió el 13 de abril de 2022, cuando Muller cubría los funerales de ocho integrantes de una familia asesinada en Tultepec. Durante la cobertura fue agredido por elementos de la policía municipal.

De acuerdo con antecedentes documentados por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem), el periodista fue lesionado por policías municipales. Una investigación del organismo concluyó que existió una falta de mecanismos de prevención para proteger a periodistas y comunicadores.

El caso tuvo consecuencias judiciales. En septiembre de 2022, una jueza de Cuautitlán ordenó separar del cargo al entonces comisario de Seguridad Pública de Tultepec, quien había sido denunciado por Muller por posibles delitos de abuso de autoridad, lesiones y delitos contra la libertad de expresión. Además, la agresión provocó una lesión en la mano del comunicador que requirió intervención quirúrgica.

Otro episodio ocurrió en octubre de 2022, cuando Muller y el camarógrafo Luis de la Cruz fueron agredidos mientras daban cobertura al secuestro de un menor en Huehuetoca. De acuerdo con reportes periodísticos, fueron amenazados y se realizaron disparos durante el incidente.

Estos antecedentes muestran que la nueva denuncia no ocurre de manera aislada, sino después de otros episodios en los que el periodista ha enfrentado agresiones o situaciones de riesgo durante el ejercicio de su profesión.

De acuerdo con el cabildante, esta detención se habría llevado a cabo luego de que esos funcionarios se enfrentaran a personas que intentaban ingresar al sistema de manera violenta y sin pagar.

La situación, registrada en un video difundido en redes sociales, generó cuestionamientos sobre el manejo de la seguridad y la protección de los trabajadores del sistema de transporte, que contribuyen a la seguridad dentro del sistema. El clip al que hizo referencia el concejal mostró uniformados de la Policía de Bogotá utilizando esposas para restringir a uno de los guardias anticolados dentro de las instalaciones del sistema masivo de transporte.

En sus declaraciones, Quintero calificó el hecho como “lo más absurdo del mundo” y cuestionó que “las buenas personas terminen esposadas y algunos colados queden libres, luego de ir con machetazos o cuchillos en cada estación”.

El concejal enfatizó que los guardias actuaron en cumplimiento de sus funciones y que la aparente intervención policial resultó en la detención de quienes intentaban mantener el orden. Según la denuncia, mientras los guardias eran capturados por cumplir con su deber ante los colados violentos, algunos de los responsables de las agresiones quedaban en libertad.

Ante lo ocurrido, Quintero solicitó al presidente Abelardo de la Espriella la creación de un grupo especializado, denominado Emac, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la convivencia en el sistema.

“Pido cordialmente al presidente crear el grupo Emac para blindar el sistema con buena seguridad y convivencia”, expresó el concejal a través de sus redes sociales.

La versión de la Policía Metropolitana de Bogotá

Infobae Colombia acudió a las autoridades para corroborar los hechos y verificar la denuncia del concejal. Aunque desde la institución no se negaron los hechos, aclararon que el video no registra ninguna captura.

De hecho, las fuentes policiales confirmaron que, en efecto, uniformados atendideron “un procedimiento por una riña entre un ciudadano y un guarda”.

Sin embargo, la explicación oficial fue que el guarda no se capturó, sino que se condujo a otro punto para verificar los señalamientos del ciudadano con el que se presentó la riña. Además, señalaron, pese a que en el video se evidencian unas esposas, el operador de seguridad de Transmilenio estaba siendo únicamente conducido por la autoridad. “No es captura”, explicaron.

De la misma manera, se conoció que tras el hecho no se tramitó ninguna denuncia formal contra ninguno de los implicados.

Por el lado de Transmilenio, este medio solicitó un pronunciamiento oficial sobre los hechos; no obstante la respuesta fue redireccionada a la Policía capitalina.

Qué es el EMAC que propone Juan David Quintero

El concejal bogotano también propuso al presidente Abelardo de la Espriella la creación del Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (Emac), un cuerpo especializado que articularía a la Policía Nacional, la Fiscalía y autoridades distritales para combatir delitos, agresiones y evasión en Transmilenio y el futuro Metro de Bogotá.

La iniciativa plantea que el escuadrón élite actúe como grupo permanente de reacción, con capacidad para judicializar, aplicar sanciones inmediatas y garantizar acompañamiento a los trabajadores y usuarios del sistema.

Según Quintero, la medida busca evitar que el Metro repita los problemas de inseguridad y falta de autoridad que afectan hoy a Transmilenio, donde los hurtos crecieron 45% y más de 230 guardas han sido atacados en 2026.

El escuadrón contaría con personal de intervención, funciones de Policía Judicial y coordinación con el CTI, permitiendo entregar a los responsables a la justicia y aplicar medidas correctivas de forma inmediata. El concejal pidió que la seguridad del transporte público sea prioridad para el próximo Gobierno y enfatizó la necesidad de proteger a millones de usuarios y trabajadores desde el inicio de la operación del metro.

La Constitución Mexicana dicta una serie de criterios que fueron explicados por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina tras el cuestionamiento sobre si un funcionario o funcionaria puede postularse teniendo una denuncia en su contra.

Esto en un contexto donde el exgobernador de Tamaulipas, Cabeza de Vaca anunció su intención de presentarse como aspirante a la presidencia del 2030 por medio de una entrevista con Carmen Aristegui. El funcionario cuenta con problemas legales ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal.

Qué establece la ley sobre denuncias y candidaturas de funcionarios

De acuerdo con lo escrito en la Carta Magna, estos son los requerimientos para llegar a la presidencia de México:

• Ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos. Hijo de padre o madre mexicanos.
• Haber residido en el país al menos durante veinte años.
• Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección.
• Haber residido en el país durante todo el año anterior al día de la elección. La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la residencia.
• No pertenecer al Estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto.
• No estar en servicio activo en caso de pertenecer al Ejército, Fuerza Aérea, Armada y Guardia Nacional seis meses antes del día de la elección.
• No ser titular de una Secretaría de Estado, Subsecretaría o de la Fiscalía General de la República o del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, a menos de que se separe de su puesto seis meses antes del día de la elección.
• No estar comprendido en alguno de los impedimentos previstos en el artículo 83 de esta Constitución.
• No tener o haber tenido en los últimos tres años anteriores al día de la elección un vínculo de matrimonio, concubinato, unión de hecho o de parentesco por consanguinidad o civil en línea recta, sin limitación de grado o en línea colateral hasta el cuarto grado o de afinidad hasta el segundo grado con la persona que está ejerciendo la titularidad del Ejecutivo Federal.
• El presidente entrará a ejercer su encargo el primero de octubre y durará en seis años.
• El ciudadano que haya desempeñado el cargo de presidente de la República, electo popularmente o con el carácter de interino sustituto o asuma provisionalmente la titularidad del Ejecutivo Federal, en ningún caso o por ningún motivo podrá volver a desempeñar este puesto.

Tras leer estos criterios, la mandataria mexicana confirmó que cualquier funcionaria o funcionario que quiera postularse a cualquier cargo político, especialmente a la presidencia del país que tenga una denuncia en su contra podrá hacerlo mientras las autoridades continúan con las investigaciones del caso.

“Ahí no viene en la Constitución. Nada que tengan que ver con que tenga una orden de aprehensión”, declaró la jefa de Estado.

Zaldívar explica que el Tribunal Electoral decidirá sobre candidaturas con orden de aprehensión

Arturo Zaldívar explicó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha debatido sobre los derechos políticos de personas con orden de aprehensión o en proceso penal. Según la evolución de criterios, actualmente las personas procesadas pueden votar y registrarse como candidatas, incluso si tienen una denuncia. Esto busca evitar que se utilicen procesos penales para excluir a alguien injustamente de una contienda electoral.

Recordó que, en el pasado, los criterios eran más restrictivos, como ocurrió en el caso de Andrés Manuel López Obrador, cuando cualquier cuestión penal podía impedir el registro de una candidatura. En ese momento, el objetivo era retirar el fuero y procesar al expresidente, lo que generó un debate jurídico y político sobre la equidad en las contiendas. Ahora, la tendencia es proteger los derechos políticos hasta que exista una sentencia o medida cautelar restrictiva.

La fiscalía del condado de Los Ángeles reactivó casi un año después una causa que había archivado y presentó cargos contra Daniel Flores, un agente del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) que había denunciado conversaciones discriminatorias dentro de la fuerza.

Los Angeles Times reconstruyó que ese cambio de criterio ocurrió después de que Flores presentara en junio una demanda civil contra la ciudad, en la que alegó represalias por ser denunciante.

La acusación incluyó 16 cargos por delito grave por grabar en secreto a otros policías, aunque más tarde quedó reducida a delitos menores con un diversion agreement, una salida alternativa al juicio.

El caso abrió un nuevo foco de tensión en California por el tratamiento que recibieron tanto la denuncia interna como las pruebas que entregó el oficial.

En esa denuncia, Flores aportó 122 audios con comentarios racistas, sexistas y homofóbicos. Luego habló por primera vez en público con Los Angeles Times y aseguró que el proceso “arruinó todo” en su vida.

El origen de la denuncia y las grabaciones

Flores relató que presentó una denuncia anónima ante Asuntos Internos en febrero de 2025. Allí expuso que algunos agentes hacían bromas y comentarios raciales sobre candidatos negros que buscaban ingresar al LAPD. También señaló expresiones ofensivas contra inmigrantes latinos, mujeres y personas homosexuales.

Pocos días después de esa denuncia, afirmó que recibió una llamada de investigadores de Asuntos Internos para notificarle que otra persona lo había acusado a él de hacer comentarios racistas.

Flores rechazó esa versión y sostuvo ante Los Angeles Times que ese movimiento buscó desacreditarlo desde el inicio.

Más tarde, el agente entregó una carta a la oficina del inspector general junto con un dispositivo de almacenamiento que contenía las grabaciones.

En uno de esos intercambios, un colega dijo sobre inmigrantes latinos: “Que los deporten, llamen al ICE”, en una traducción de la frase citada por Los Angeles Times.

Uno de sus abogados en la causa civil, Greg Smith, afirmó al mismo medio que su cliente intentó utilizar los canales institucionales antes de que el caso se volviera público.

Aseguró que el agente “intentaba arreglar las cosas, no crear publicidad ni indignación pública”.

La causa penal y las sospechas de represalia

Documentos internos del LAPD revisados por Los Angeles Times muestran que la policía presentó el expediente ante la fiscalía el 1 de julio de 2025. Diez días más tarde, la oficina del fiscal decidió no avanzar con cargos.

El caso quedó sin movimiento durante cerca de un año. Pero menos de tres semanas después de que Flores presentara su demanda civil contra la ciudad, la fiscalía anunció que sí impulsaría la acusación penal. El oficial y su defensa sostienen que esa secuencia refuerza la hipótesis de una represalia.

La oficina del fiscal, encabezada por Nathan Hochman, respondió que en 2025 no contaba con pruebas suficientes para establecer de forma definitiva que Flores había realizado las grabaciones.

Más tarde, aseguró que la situación cambió cuando el agente inició su demanda y el LAPD entregó información adicional sobre su admisión de los hechos, de acuerdo con Los Angeles Times.

La causa se apoyó en la ley estatal que prohíbe grabar conversaciones privadas sin consentimiento de las partes. Bajo esa figura, Flores podía quedar expuesto a una pena de hasta 13 años de prisión.

La semana pasada, después de cuestionamientos públicos, la fiscalía redujo el caso a delitos menores y ofreció una salida alternativa al juicio que, en principio, le permitiría evitar la cárcel.

El costo personal y el debate dentro de la fuerza

Flores mantuvo su empleo en el LAPD, aunque permanece alejado de sus funciones por licencia médica. En su testimonio al diario describió un cuadro de aislamiento dentro del ambiente policial y dijo que ningún compañero se acercó para saber cómo estaba desde que estalló el caso.

“Ningún policía me habla”, afirmó en declaraciones recogidas por Los Angeles Times. También aseguró que en redes sociales otros agentes lo trataron de “soplón” y repitieron amenazas como “los soplones reciben castigo”.

El agente señaló que se arrepiente de haber avanzado con la denuncia. “Sí, porque me arruinó la vida”, expresó al diario.

En esa misma entrevista, sostuvo que las autoridades “lo pintaron como el criminal” y dejaron en segundo plano las expresiones de intolerancia que él había intentado exponer.

El caso dejó planteada una discusión más amplia en Los Ángeles sobre los límites legales de las grabaciones encubiertas y sobre la protección real que reciben los denunciantes dentro de las fuerzas de seguridad.

Los Angeles Times indicó que un superior de la unidad llegó a advertir que, si esos comentarios continuaban, podían “tirar abajo a todo el departamento”.

Por ahora, la causa quedó reencuadrada como un expediente menor, mientras siguen abiertas la demanda civil de Flores y el debate político por la respuesta institucional ante sus revelaciones.

Un hombre denunció que fue víctima de un robo, al ser engañado por una “viuda negra” en el barrio de San Pedrito, de la ciduad de San Salvador de Jujuy. Según relató, fue engañado, drogado en su domicilio y luego se llevaron dinero en efectivo.

La secuencia se inició cuando la víctima conoció a una mujer que se presentó con un nombre determinado y a la que ofreció trasladar hasta su domicilio. Los hechos ocurrieron en el interior de la vivienda del denunciante, donde ambos compartieron un encuentro, cuya dinámica es motivo de investigación.

En el transcurso de la reunión, el hombre habría ingerido una sustancia que le provocó un estado de inconsciencia casi inmediato.

De acuerdo a lo informado por el portal Jujuy al Momento, horas después, al recuperar el conocimiento, el dueño de casa comprobó la ausencia de la mujer y revisó sus pertenencias. Allí, advirtió que habían desaparecido $4.000.000, un teléfono celular, una tarjeta SUBE, su Documento Nacional de Identidad y una cantidad no especificada de mercadería. El hecho fue reportado a la Policía, que inició actuaciones para identificar a la sospechosa y esclarecer el presunto robo.

La modalidad delictiva conocida como “viuda negra” consiste en ganarse la confianza de la víctima para posteriormente suministrarle una sustancia que provoca sueño o inconsciencia, facilitando así el desapoderamiento de bienes sin resistencia.

Según la denuncia, la mujer habría actuado con premeditación al seleccionar el momento y la manera de ingresar a la vivienda, aprovechando la privacidad del encuentro para ejecutar el ilícito.

El hombre explicó que no recuerda con precisión el momento en que perdió el conocimiento, pero remarcó que el efecto fue casi inmediato tras ingerir una bebida que le ofreció su acompañante. Cuando despertó, varias horas después, se percató de la falta de sus objetos de valor y dio aviso a las autoridades.

El avance de la investigación aportó un elemento central en los últimos días. El denunciante recibió información clave de un vecino, quien habría logrado ubicar a la mujer en cuestión en inmediaciones de una plaza de la ciudad, y señaló que la sospechosa se haría llamar por otro nombre. Este dato permitió a la víctima aportar una fotografía de la persona señalada como autora del hecho, lo que facilitó el trabajo policial para establecer su identidad real.

Hace tan solo dos meses, detuvieron a una oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que oficiaba de “viuda negra”. La mujer estuvo prófuga durante dos meses por un brutal ataque a un hombre de 64 años en Quilmes.

Según supo Infobae, la víctima había conocido a Lucía por una aplicación de citas. Hicieron match, chatearon algunas veces y finalmente coordinaron para tener una cita. Lo que él no sabía es que su conquista, en realidad, era una trampa.

El encuentro se llevó a cabo el 26 de abril. Primero, fueron a cenar a un restaurante de la zona. Después, siguieron el plan en el departamento del hombre. Llegaron pasada la 1 de la madrugada, según registró una cámara de seguridad ubicada en la entrada que terminó siendo clave para el caso.

En el domicilio tomaron unos tragos. Pero, tal como se repite en los casos de robo bajo modalidad de viuda negra, el del hombre estaba manipulado: en cuestión de segundos, él perdió el conocimiento y ella aprovechó para desvalijarle la casa.

La víctima se despertó al día siguiente. De acuerdo a la denuncia radicada más tarde, amaneció con síntomas compatibles con una posible intoxicación, por lo que debió recibir asistencia médica. Terminó internado. Pero antes, constató que le faltaban objetos personales y de valor en su casa.

Las cámaras de seguridad registraron a Lucía a las 3:30 am saliendo con una mochila, dos bolsos y una valija del mismo ascensor al que se había subido con el hombre horas antes.

Así de cargada estuvo largos minutos parada en la vereda del edificio. Cerca de las 4 de la madrugada, finalmente la pasó a buscar un auto en el que se fue con todas las pertenencias.

La denuncia de la exfiscal Lucy Laborde contra la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por presuntas presiones para modificar la acusación contra Nicolás Petro Burgos tuvo su primera consecuencia institucional: la Red de Veedurías Ciudadanas pidió ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que se investigue una posible injerencia indebida en un caso cuyo desenlace aún depende de las pruebas que el Tribunal Superior del Atlántico admita para el juicio penal.

El planteo ante ese órgano legislativo incluyó una solicitud concreta para que se indague a Camargo por los delitos de tráfico de influencias de servidor público y fraude procesal. Por los mismos hechos, también se pidió una investigación disciplinaria contra la jefa del ente acusador.

“El 23 de agosto la fiscal general, Luz Adriana Camargo, responde, negando en entrevista los señalamientos de la fiscal Lucy Laborde; sin embargo, la claridad sobre lo acaecido solo podrá brindarla la autoridad competente a través de las investigaciones respectivas, mediando el debido proceso y derecho de defensa y contradicción respectivos”, señala la denuncia.

La denuncia fue presentada ante el presidente de la Comisión de Acusaciones, Carlos Cuenca Chaux, después de que Laborde afirmara que recibió una orden directa para retirar el cargo de lavado de activos en el proceso que se sigue contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

La exfiscal sostuvo en una entrevista con Semana que la instrucción consistía en reemplazar ese delito por el de enriquecimiento ilícito. El medio publicó un relato en el que Laborde describió la supuesta intervención de Camargo durante el avance del expediente.

La denuncia apunta al cambio del cargo de lavado de activos

De acuerdo con Lucy Laborde, la modificación pedida no era menor porque afectaba la estructura de la acusación contra Nicolás Petro Burgos, investigado por presuntamente haber recibido millones de pesos del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, conocido como El Hombre Marlboro, y del empresario cartagenero Gabriel Elías Hilsaca Acosta.

Esos hechos ocurrieron en marzo de 2022, antes de la primera vuelta presidencial. En ese momento, Petro Burgos actuaba como enlace de la campaña en el departamento del Atlántico.

Ese pasaje fija el eje del pedido: la organización reclamó que la versión de Laborde y la negativa de Camargo sean contrastadas por la autoridad competente, dentro de un proceso formal y con garantías para todas las partes.

Laborde relató una reunión con cinco funcionarios en el despacho de Camargo

En la reconstrucción difundida por el medio citado, Laborde ubicó el episodio en una reunión celebrada en el despacho de la fiscal general, en el búnker ubicado en el occidente de Bogotá, cuando el proceso penal avanzaba ante un juez especializado de Barranquilla.

La exfiscal identificó a los asistentes con nombre y cargo. “En una reunión en el despacho de la señora fiscal general. Hay varios funcionarios. Estaba la señora delegada Aura Liliana Trujillo; la señora fiscal general, el vicefiscal Gilberto Javier Guerrero y la director de lavado de activos, en ese entonces la doctora Alexandra (Ladino)”, recordó.

Laborde añadió que en ese encuentro estaban cinco personas y que la conversación giró sobre la viabilidad del cargo de lavado de activos. Su relato atribuye a Camargo una pregunta directa sobre ese punto y una sugerencia posterior para modificar la imputación.

“Estábamos los cinco y la señora fiscal general me dice: ‘Bueno doctora, ¿y cómo ve el lavado de activos’. Y le dije: ‘Si hay’. La delegada, la doctora Aura Liliana, se sorprendió. Recuerdo hasta su expresión y me dice (la fiscal Camargo): ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos’?. Le explico los hechos y me dice: ‘¿Por qué no le quita el lavado de activos y le deja enriquecimiento ilícito?’. Antes de decirme eso, le preguntó a la doctora Aura Liliana: ‘¿Qué consecuencias tendría el lavado de activos?’. La doctora Aura Liliana le dijo: ‘Ingresaría a la Lista Ofac’”.

En la actualidad, el proceso contra Nicolás Petro Burgos está a la espera de que el Tribunal Superior del Atlántico defina las pruebas que serán tenidas en cuenta en el juicio penal.

Daysuris Vásquez –conocida como Day Vásquez–, exesposa de Nicolás Petro Burgos, hijo del expresidente Gustavo Petro Urrego, tuvo una discusión en la red social X con el abogado Alejandro Carranza, apoderado de Petro Burgos, que culminó con señalamientos y el anuncio de acciones penales.

La situación surgió como consecuencia de una denuncia que hizo la exfiscal Lucy Laborde en la revista Semana, que estuvo al frente de una investigación que se adelanta en contra de Petro Burgos por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la exfuncionaria, hubo presiones por parte de la fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, y Gustavo Petro, para favorecer al procesado.

El jurista puso en duda las declaraciones de la exfiscal, pero Day Vásquez insistió en que tiene pruebas suficientes para demostrar el presunto accionar delictivo de Nicolás Petro. Carranza respondió indicando que Vásquez también debería ser investigada penalmente, junto con su madre, su hermana y la actual ministra de Transporte, Elsa Noguera.

“Pronto conoceremos qué opinan los jueces de sus burlas y abusos. Y ni se le ocurra mandar razones para que no la denuncie o no busque que su progenitora y su hermana o @elsanoguerabaq respondan por sus conductas, porque no me detendré ante los jueces hasta que usted responda por todo el posible mal que ha hecho”, aseveró el profesional en Derecho.

De acuerdo con Carranza, las personas que mencionó, presuntamente, se habrían “repartido” un contrato. Así lo explicó en otra publicación que hizo en su momento en X: aseguró que tiene conocimiento de que Day Vásquez habría afirmado haber hecho negocios con la jefa de cartera Elsa Noguera, que fue gobernadora del departamento del Atlántico, y haber usado “a su propia madre para esos fines y repartirse dinero con Pedro Name”, su expareja.

Con base en esas aseveraciones, en una publicación posterior, la exesposa de Nicolás Petro señaló al abogado Alejandro Carranza de acosarla y hostigarla. También afirmó que ha estado amenazando a su familia. Por eso, responsabilizó al jurista de cualquier cosa que pueda pasarle tanto a ella como a sus allegados.

En su mensaje llamó la atención de autoridades competentes como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial y la Embajada de los Estados Unidos en Bogotá, con el fin de que adelanten las investigaciones que consideren pertinentes ante su denuncia pública.

“Me siento acosada, amedrentada, hostigada y amenazada por el señor @HombreJurista Quien ahora se ha dedicado a amenazar a mi familia. Si algo nos llega a suceder, ellos serán los responsables. Quiero dejar aquí evidencia de su hostigamiento”, señaló Vásquez.

En otra publicación, Day Vásquez respondió a los señalamientos directos que hizo el defensor de su exesposo y anunció que tomará acciones legales en su contra por hacer acusaciones que involucran a su familia. Además, aseguró que ha cumplido con las obligaciones que tiene con la justicia, teniendo en cuenta que está siendo investigada por los delitos de violación de datos personales y lavado de activos.

“Con mi familia no se meta, no sea abusador… Lo denunciaremos. La burla ha sido de ustedes desde el día uno. Y mis obligaciones con la justicia la estoy y seguiré cumpliendo, a ustedes NO les tengo miedo…”, escribió en su cuenta de X.

El abogado Carranza respondió a la advertencia que hizo Vásquez e informó que es su deber solicitar que tanto ella como su familia y la ministra de Transporte sean imputadas con cargos e investigadas formalmente. Anunció que presentará una denuncia en su contra.

“Lamento informarle que me veo en la obligación de solicitar la imputación de usted, su familia y su comadre. Presentaré mi denuncia ante las autoridades competentes. Le recomiendo tomar las medidas pertinentes. Le deseo un excelente fin de semana”, indicó el abogado.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Cristina Zuleta López respondió a la investigación formal que abrió en su contra la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia, en la que se le citó a indagatoria por el presunto delito de abuso de función pública.

El proceso busca determinar si la congresista se extralimitó en sus funciones durante un operativo realizado en la cárcel La Picota de Bogotá, donde se incautó un arma de fuego tras información entregada por el interno Andrés Felipe Marín Silva, alias Pipe Tuluá, extraditado a EE. UU. a inicios de febrero de 2026.

En un mensaje publicado en su cuenta de X la mañana del sábado 22 de agosto, Zuleta defendió su actuación y aseguró que su presencia en la cárcel respondió a su compromiso con la paz y la protección de la vida.

“Trabajar por La Paz es un deber de todos y una obligación del Estado. Pero así va la persecución judicial en mi contra por trabajar por La Paz urbana y La Paz carcelaria. ¿A quién le importa que hayan muertos al interior de las cárceles y las consecuencias que estas muertes tienen para las comunidades y los territorios?”, escribió la senadora.

Zuleta explicó que su presencia en la diligencia fue solicitada como garantía para la entrega de un arma que, según la información recibida, iba a ser utilizada para asesinar a una persona que buscaba sumarse a los procesos de paz dentro del penal.

“Pidieron mi presencia como garantía para que se diera la entrega de un arma como gesto de paz en un patio de una cárcel, arma con la que presuntamente iban a asesinar a una persona que le estaba apostando a La Paz, alias Araña”, indicó la congresista.

La senadora añadió que su presencia estaba debidamente autorizada por la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y que estuvo acompañada por organizaciones de derechos humanos y la dirección del establecimiento penitenciario para prevenir hechos de violencia como amotinamientos.

No obstante, Zuleta recalcó que su intervención no fue una injerencia en la labor judicial, sino un intento de garantizar que la entrega del arma se realizara de manera pacífica y legal.

“Mi presencia en el espacio nunca fue una intervención, yo misma solicité que fuera una diligencia judicial más allá del gesto de paz, lo hice por medio del Ministro de Justicia por la magnitud de la situación y la posibilidad de que el arma estuviera asociada a homicidios”, aseguró la congresista, que también causó polémica tras su papel en el recordado ‘Tarimazo’ en La Alpujarra (Medellín), durante la administración de Gustavo Petro.

Zuleta insistió en que la entrega del arma fue posible gracias a su mediación, la cual consideró un gesto de paz que ayudó a salvar vidas y evitar más violencia dentro de la cárcel.

“Mi presencia hizo posible el gesto de paz, hice presencia porque anhelo con todo mi corazón que no hayan armas que causen la muerte de nadie en ninguna parte, en ningún espacio, tampoco en una cárcel, en Colombia no hay pena de muerte por lo tanto a todos se nos debe proteger la vida incluidos los privados de la libertad”, argumentó la senadora del Pacto Histórico.

La congresista también exigió que si su presencia era requerida, se rindiera declaración formal ante la Fiscalía General, lo que ocurrió con el testimonio de Andrés Felipe Marín, alias Pipe Tuluá. “Exigí que si querían mi presencia debían rendir declaración formal directamente ante la Fiscalía, así lo hizo el señor Andres Felipe Marin y por ello hubo el allanamiento”, explicó Zuleta en su publicación.

Respecto a la legalidad de su actuación, Zuleta señaló que las pruebas practicadas en el caso demuestran que no intervino ni obstaculizó la diligencia.

“Las pruebas practicadas en este, un caso más de persecución judicial en mi contra, demuestran que en ningún momento interferí en la diligencia”, aseveró la senadora, recordando que los jueces que conocieron del allanamiento declararon la legalidad del proceso.

Zuleta interpretó la investigación como una persecución política y judicial. “Confío en que la Corte esclarecerá los hechos y podré demostrar mi inocencia como en tantos otros casos de persecución judicial que padezco

Sectores de la derecha que promueven esta persecución buscan que los escenarios judiciales se conviertan en el lugar de disputa política para impedir que realicemos tareas de paz coherentes con nuestra postura cuya prioridad es salvar vidas y reducir las violencias”, expresó en su extenso mensaje la congresista.

La investigación de la Corte Suprema se centra en determinar si la senadora, como coordinadora del Gobierno en la mesa de conversación sociojurídica con estructuras armadas de alto impacto en Medellín y el Valle de Aburrá, tenía competencias para participar en la diligencia de incautación del arma en la cárcel La Picota.

El tribunal deberá definir si su presencia estuvo limitada a su papel como facilitadora de procesos de paz o si asumió funciones propias de las autoridades judiciales y penitenciarias.

Mientras avanza el proceso, Zuleta reiteró su disposición a seguir trabajando “por la paz, jamás para la violencia o la guerra”, y defendió que el diálogo y los gestos de paz son la vía para reducir las violencias y salvar vidas en el país.

El accidente ocurrió cuando Tiago regresaba del centro comercial Jockey Plaza acompañado de amigos. Una camioneta lo impactó en el cruce peatonal, lo dejó inconsciente y se alejó del lugar sin detenerse. Según informó Buenos Días Perú de Panamericana TV, una persona que pasaba por el lugar intervino para salvarle la vida al menor.

Más 300 mil en gastos médicos

El proceso médico de Tiago incluyó múltiples operaciones y un régimen estricto de terapias diarias que continúa tras recibir el alta. Los costos de atención superaron los S/300 mil, una cifra que contrasta con la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), que apenas alcanza entre 25.000 y 26.000 soles. La diferencia ha recaído sobre la familia, que no ha recibido ningún aporte económico voluntario del conductor.

El responsable del atropello fue identificado como Junior Michael Acevedo Chávez. De acuerdo con el citado medio, Acevedo Chávez no está detenido, fue citado por la fiscalía y continúa con sus actividades cotidianas. Su abogado, Mercedes Adrianzén Palacios, argumentó que cualquier pago económico sería prematuro al no existir aún una sentencia.

No se comunicó con la familia

Thais Salas, hermana del menor, denunció públicamente la actitud del conductor. “El señor Junior Michael Acevedo Chávez, hasta la fecha, no ha tenido ni siquiera la más mínima delicadeza de preguntar por su estado de salud”, afirmó la joven.

La joven también cuestionó la postura del abogado defensor: “Su abogado ha declarado que cualquier pago sería hacerlo de forma prematura, porque no hay una sentencia aún, no hay una obligación legal, lo cual también es bastante indignante, porque creo que esto va más allá de una obligación legal, es responsabilidad”.

Exigen justicia

La familia señala que el proceso judicial avanza con lentitud. Según Thais Salas, las diligencias han sido reprogramadas en reiteradas ocasiones por viajes del imputado, indisponibilidad de su abogado o ausencia de testigos. Ante esa situación, los abogados de la familia acudieron a la Defensoría del Pueblo.

“Las diligencias vienen siendo reprogramadas y el proceso viene dilatándose. Les pedimos que le presten atención a este caso”, declaró Thais en el espacio informativo. La familia dirige su pedido a la fiscal Elizabeth Vargas Mamani y al efectivo policial Víctor Soto Cutipa, las autoridades a cargo de la investigación, a quienes exigen que las diligencias se programen sin nuevas postergaciones.

Adolescente con proyecto interrumpidos

Antes del accidente, Tiago era un estudiante de educación secundaria con múltiples actividades. Practicaba básquet y fútbol, cantaba y formaba parte de una banda musical con compañeros del colegio. El impacto del atropello truncó abruptamente esa rutina.

“Tiago sigue luchando día a día con la esperanza de que va a poder retomar todos esos hobbies que tanto le gustan”, expresó su hermana a las cámaras de Buenos Días Perú. El caso permanece en investigación mientras la familia aguarda una respuesta concreta de las autoridades.

El 20 de agosto de 2026 se conoció el caso de la familia de una joven identificada como Mónica Alexandra Herrera Sáenz, una trabajadora de la salud, de 28 años, que denunció que la EPS Famisanar aún no autorizaba su remisión desde Fusagasugá, Cundinamarca, a una UCI de alta complejidad en Bogotá.

Sus allegados hablaron con Noticias Caracol y revelaron que su exigencia estaba relacionada con el traslado, porque la paciente requiere atención de alta complejidad, terapias ECMO, es decir, oxigenación por membrana extracorpórea y transporte médico especializado a Bogotá.

Según el reporte, la familia ya presentó quejas ante la Superintendencia Nacional de Salud, sin recibir respuesta alguna hasta ese momento.

La salud de Mónica Alexandra se agravó el sábado 15 de agosto, cuando presentó dolor de cabeza, dolor de garganta y fiebre, antes de desmayarse. Un familiar relató al noticiero nacional que la llevaron de urgencia a la Clínica Belén de Fusagasugá.

“La llevaron a la Clínica Belén en Fusagasugá de urgencias, y de un momento a otro, al día siguiente, el domingo en la mañana, ya ella estaba en UCI, la estaban entubando. Tuvo un paro cardiorespiratorio. Nadie entendía”, dijo al mencionado medio.

“El domingo en la mañana toda la familia estaba llorando porque nos llamaron a decirnos que se había ido porque le dio un paro”, aseguró un familiar al mencionado medio.

Los allegados de la joven indicaron que Mónica Alexandra completó más de tres días en estado grave. También señalaron que, aunque en ese momento ella estaba estable y la enfermedad evolucionaba lento, necesitaba con urgencia terapia ECMO, un soporte que permite que los órganos se recuperen mientras el paciente atraviesa una crisis crítica.

Se presume que el diagnóstico está relacionado con una romboencefalitis viral de etiología no esclarecida, que es una inflamación del encéfalo y del cerebelo por una infección viral. Sin embargo, esta es solo una hipótesis y todavía no identifican el virus causante.

Del mismo modo, el reporte de sus familiares indica que su corazón funciona al 20%. Además, presenta shock séptico y cardiogénico, insuficiencia renal y una encefalitis viral aún sin identificar, por lo que recibe soporte vital y cobertura antibiótica y antiviral de amplio espectro.

La remisión a Bogotá ya fue autorizada

La familia denunció que el traslado a Bogotá no se había concretado porque, según su versión, ninguna IPS ha recibido el caso. “Extraoficialmente nos han dicho que han vencido los convenios con la EPS Famisanar porque no ha hecho los pagos a esas instituciones”, afirmó la familia en declaraciones recogidas por Noticias Caracol en ese momento.

Durante el jueves 20 de agosto, Infobae Colombia conoció que la EPS Famisanar autorizó el traslado de la paciente, quien ya fue recogida en una ambulancia en la clínica donde estaba remitida en Fusagasugá para ser remitida en una UCI en Bogotá.

Inicialmente, se hablaba de que la única opción de remisión que les comunicaron fue un hospital en Neiva. Aun así, tanto los médicos tratantes como su novio Richard, que también es profesional de la salud, sostuvieron que la paciente no resistiría ese trayecto por su inestabilidad y porque se trataba de unas cuatro horas de camino, por lo que la opción más viable que tenían era un traslado a Bogotá.

El caso golpea a esta familia que, según sus allegados, ha vivido siempre en el campo y no había afrontado la posibilidad de una muerte cercana desde hacía al menos 18 años.

Del mismo modo, revelaron que este momento es especialmente difícil, teniendo en cuenta que el padre de la joven estaba de cumpleaños el jueves 20 de agosto y Mónica cumple 29 el 2 de septiembre.

Una denuncia ante la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) de Estados Unidos puso bajo escrutinio al alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, por un presunto soborno de $300 millones pagado en 2018 y por una posible operación de lavado de activos vinculada con Serfinanza, firma del mismo grupo empresarial de Char con conexiones con el sistema financiero estadounidense.

El escrito fue radicado el 13 de agosto de 2026 ante la oficina del Departamento del Tesoro encargada de analizar reportes sobre delitos financieros. Su autor es Luis Enrique Guzmán Chams, representante legal y accionista de GPS Construcciones del Caribe S.A.S., que firmó la denuncia con huella y no pidió reserva sobre su identidad ni sobre el contenido del informe.

El caso se refiere a un contrato por $1.658 millones para una obra en la cárcel El Bosque de Barranquilla. Según el periodista Melquisedec Torres, ese negocio fue adjudicado de manera directa a GPS Construcciones durante una urgencia manifiesta en 2017.

Guzmán Chams sostiene que ya había entregado información en Colombia sobre ese contrato y otros adjudicados por Char cuando era alcalde, entre ellos el del llamado mega tanque, una obra que costó más de $36 mil millones.

La denuncia en Estados Unidos amplía un expediente ya llevado a la justicia colombiana. La presentación ante el FinCEN no se limita al presunto pago irregular relacionado con la cárcel El Bosque: también incluye una posible operación de lavado de activos a través de Serfinanza, descrita como una institución financiera colombiana con vínculos con el sistema financiero estadounidense.

El FinCEN es una oficina del Departamento del Tesoro encargada de proteger el sistema financiero de actividades ilícitas, combatir el lavado de activos, la financiación del terrorismo y otros delitos financieros, además de analizar la información que recibe y remitirla a fiscales y otros organismos.

Luis Enrique Guzmán Chams presentó ante autoridades de Estados Unidos una denuncia sobre un presunto soborno a Alejandro Char y posibles movimientos de lavado de activos a través de Serfinanza. El denunciante afirma haber colaborado durante más de seis años con la justicia colombiana sin que esa información derivara en un principio de oportunidad, un preacuerdo o una indagación de la Corte Suprema.

La denuncia enviada al Tesoro estadounidense se apoya en un historial previo de aportes ante la justicia colombiana. Guzmán Chams ha dicho desde 2020 que en el contrato del mega tanque debió entregar $2.300 millones a Char.

Ese señalamiento se suma a referencias sobre otros contratos que, según el denunciante, involucran también al exsenador Efraín Cepeda. La información indica que Guzmán Chams ha ofrecido colaboración a la justicia durante más de seis años para revelar hechos de corrupción asociados con esos negocios públicos.

El texto afirma que la Fiscalía no ha concretado ni un principio de oportunidad ni un preacuerdo con el denunciante y que la Corte Suprema no se ha interesado en indagar los hechos expuestos por Guzmán Chams.

Guzmán Chams fue candidato a la Alcaldía de Barranquilla en 2023 por el partido Verde Oxígeno. En esa elección obtuvo 8.200 votos, frente a 415 mil de Char.

La denuncia presentada ante el FinCEN introduce variables internacionales en una controversia que ya había recorrido instancias judiciales en Colombia, y pone el foco en la posible utilización del sistema financiero estadounidense para operaciones presuntamente irregulares.

La exposición de estos hechos ante autoridades de Estados Unidos plantea la posibilidad de que el caso trascienda el ámbito local y se someta a un escrutinio más riguroso por parte de organismos especializados en delitos financieros.

El desarrollo del proceso dependerá de la respuesta de las autoridades involucradas y de la cooperación entre los sistemas judiciales de ambos países.

Durante una sesión del instituto, Taddei sostuvo que las decisiones de los consejeros deben estar guiadas exclusivamente por la Constitución, las leyes, los precedentes y los elementos contenidos en cada expediente, sin considerar posibles consecuencias personales derivadas de sus resoluciones.

La presidenta del INE reconoció que cualquier persona tiene derecho a acudir a las instancias nacionales o internacionales que considere pertinentes para impugnar una determinación.

Sin embargo, subrayó que ese derecho no debe convertirse en un factor que condicione la actuación de las autoridades electorales.

Denuncia de Alito Moreno escala a Estados Unidos

El conflicto comenzó después de que el INE emitiera una medida cautelar que ordenó retirar publicaciones de Moreno en las que se refería a Morena como “narcopartido”.

El priista impugnó la decisión ante la Sala Superior y posteriormente llevó el reclamo al ámbito internacional.

El 10 de agosto, Moreno informó que presentó una denuncia ante el Departamento de Estado de Estados Unidos para solicitar que se revisaran las actuaciones de los consejeros Arturo Castillo Loza, Rita Bell López Vences y Frida Denisse Gómez Puga.

El senador pidió analizar el caso bajo la llamada Global Magnitsky Human Rights Accountability Act, legislación estadounidense que contempla sanciones económicas y restricciones de entrada a territorio estadounidense en determinados casos relacionados con violaciones graves a derechos humanos o corrupción.

Entre las acciones que Moreno anunció se encuentran:

• Llevar el caso ante organismos internacionales.
• Acudir ante la ONU, la OEA y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
• Defender lo que considera una afectación a su libertad de expresión.
• Solicitar que se revisen las actuaciones de los consejeros electorales.

Taddei advierte sobre amenazas y presiones a consejeros

Taddei enfatizó que ningún integrante del Consejo General debe modificar su criterio por temor a amenazas o posibles consecuencias administrativas, penales, políticas o internacionales.

La funcionaria señaló que la independencia del INE no es un privilegio de quienes actualmente ocupan los cargos, sino una garantía destinada a la ciudadanía y a todas las fuerzas políticas.

Por ello, afirmó que defenderá tanto el derecho de los partidos y actores políticos a cuestionar las resoluciones del instituto como la autonomía de los consejeros cuando actúen dentro de sus facultades constitucionales y legales.

Sheinbaum cuestiona estrategia internacional de Alito Moreno

La denuncia también provocó una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien criticó que Moreno busque respaldo de autoridades extranjeras en lugar de recurrir al electorado mexicano.

Sheinbaum calificó la estrategia como el “nivel más bajo” al que puede llegar un partido político y señaló que, desde su perspectiva, el PRI enfrenta una situación de debilitamiento electoral.

La mandataria sostuvo que los partidos deben buscar votos y respaldo dentro del país, así como defender la democracia y las libertades mediante las instituciones mexicanas.

Tensión entre Morena y PRI aumenta por disputa electoral

El enfrentamiento ocurre en medio de una creciente confrontación entre Morena y el PRI. A la denuncia presentada en Estados Unidos se sumaron disputas políticas y un altercado registrado en el Senado entre el diputado morenista Arturo Ávila y el priista Carlos Gutiérrez Mancilla.

La tensión también coincide con investigaciones en Campeche relacionadas con personas vinculadas al entorno de Moreno.

Entre ellas se encuentran un contador relacionado con empresas de su hermano y un exfuncionario de su administración estatal, ambos detenidos por investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos.

Sheinbaum aclaró que esas investigaciones corresponden a la Fiscalía de Campeche y no a la Fiscalía General de la República. Sobre un eventual desafuero de Moreno, indicó que la decisión corresponde al Congreso.

Alexander “N”, de 36 años, fue detenido por la Policía Municipal de Tijuana, después de disparar una flecha con un arco de cacería contra los agentes que respondieron al llamado de su propia madre.

De acuerdo con los primeros reportes, el incidente ocurrió en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza, en Playas de Tijuana, Baja California, donde el hombre tenía varios meses de amedrentar a sus vecinos con la misma arma.

La madre del detenido fue quien alertó a las autoridades. Ella reportó que su hijo disparaba flechas hacia la vía pública desde un domicilio de la zona.

La denuncia de la madre fue el detonador de una intervención que los propios afectados del barrio no habían logrado concretar. La Policía Municipal respondió al reporte, llegó al domicilio y enfrentó la agresión directa del hombre antes de poder asegurarlo.

Meses de quejas vecinales en el fraccionamiento Terrazas de Mendoza

Según las autoridades, la situación en el fraccionamiento no era nueva para los residentes de la zona. De acuerdo con reportes difundidos en redes sociales, Alexander “N” llevaba varios meses disparando contra autos y casas de sus vecinos con el arco de cacería.

Un video que circuló en redes sociales muestra al hombre con una playera de manga larga blanca, un pants azul y sandalias. En la grabación, Alexander atraviesa la calle, se planta en la banqueta y enfrenta a quienes lo filman.

En el clip, el hombre acusa a sus vecinos de haberle robado su automóvil. Sus palabras fueron: “Hola otra vez. Se robaron mi carro. Grábame, estoy usando algo que es legal, puras cosas legales... si no robaste mi auto. Sígueme grabando”.

Acto seguido, Alexander levantó el arco, apuntó y disparó. Tras escucharse el impacto de la flecha, el hombre dijo: “Le atiné perfectamente, ¿qué más quieres?”, y entró a un domicilio.

A raíz de los hechos, la madre de Alexander “N” marcó el número de emergencias. Ella describió a los operadores que su hijo manipulaba el arco y lanzaba flechas hacia la calle desde su domicilio.

De acuerdo con las investigaciones, los oficiales de la Policía Municipal llegaron al lugar con la autorización de la propia denunciante. Según el comunicado oficial, los agentes intentaron establecer comunicación con el hombre de forma pacífica, pero él respondió con agresividad.

Alexander “N” tomó el arco, apuntó hacia los policías y disparó una flecha. El proyectil no impactó a ningún agente, sino a un vehículo estacionado en las inmediaciones.

Ante la escalada, el personal de seguridad solicitó refuerzos de dos unidades especializadas. La Unidad de Operaciones Caninas K9 y la Unidad Táctica Especial se sumaron al operativo para controlar y asegurar al involucrado.

Decomiso del arco y detención sin lesionados

La Policía Municipal logró reducir a Alexander “N” sin que ningún agente ni vecino resultara herido. La corporación confirmó en su comunicado oficial que el operativo no dejó personas lesionadas.

Al momento del aseguramiento, las autoridades le decomisaron el arco de cacería y dos flechas de plástico con punta metálica. El propio comunicado institucional dejó constancia del material confiscado como el arma utilizada durante el enfrentamiento.

La punta metálica de los proyectiles decomisados los clasifica como objetos con capacidad real de perforar y causar daño físico grave. Su uso en una zona habitacional, con vecinos y vehículos en la vía pública, agravó la valoración del riesgo por parte de las autoridades.

El episodio se cerró con una paradoja que los vecinos del fraccionamiento Terrazas de Mendoza no pasaron por alto: fueron ellos quienes soportaron meses de disparos contra sus autos y fachadas, pero la denuncia que detuvo a Alexander “N” la presentó su propia madre.

Andrea Petro, hija mayor del presidente Gustavo Petro, continúa siendo el rostro visible de las donaciones que la izquierda estaría haciendo llegar a las zonas más vulnerables que quedaron afectadas por el terremoto que azotó buena parte del centro del país.

En un video publicado en sus InstaStories y que posteriormente eliminó, que contaba con textos en los que aseguraba tener pruebas, Andrea afirmaba que personas pertenecientes o afines al gobierno de Abelardo de la Espriella con gorras de “Firmes por la Patria” se estarían llevando las donaciones de los centros de acopio más grandes.

De acuerdo con otras publicaciones, afirmó tener pruebas —“fotos, videos y toda la información”— sobre el presunto desvío de ayudas humanitarias en los centros de apoyo por parte de personas cercanas al gobierno de Abelardo de la Espriella, y advirtió que las presentará “en su debido momento”, según una serie de historias publicadas en su cuenta de Instagram.

La hija mayor del expresidente Gustavo Petro había lanzado primero un video –que luego eliminó– en el que formulaba esa denuncia pública. Lo que quedó visible en sus historias fue la respuesta a la ola de críticas que recibió tras ese pronunciamiento.

Ante los ataques en redes sociales, la empresaria e influenciadora no cedió. “Para quienes solo están perdiendo el tiempo insultando: ¡YA BASTA!”, escribió en una de sus historias, en la que señaló que Colombia atraviesa “momentos críticos y dolorosos” con familias que “lo perdieron todo”.

En ese mismo mensaje, la hija del exmandatario contrastó su postura con la de sus críticos: “Mientras ustedes insultan, nosotros estamos buscando vidas, conectando ayudas y tratando de hacer algo”. Cerró con una declaración de intención: “Yo elegí ayudar y no voy a parar porque a alguien le moleste”.

Las pruebas, para después

En una segunda historia, la mayor de las hijas de Petro reiteró que cuenta con material que respalda su denuncia, pero anunció que pospondrá su divulgación. Su argumento fue directo: “Hay gente esperando y ellos son la prioridad”.

La también activista anunció que duplicará la vigilancia sobre los centros de apoyo y pidió a sus seguidores que estén “mucho más atentos”. Aclaró que su foco inmediato serán las donaciones, y advirtió a quienes esperan su siguiente movimiento: “Yo no me quedo quieta. Todo tendrá su momento”.

La última historia del conjunto fue escueta. Solo dos líneas —“¡Pero hp!!! ¡Sigo indignada!“— seguidas de la frase “Fin de la comunicación”. El tono confirma que la denunciante no da por cerrado el episodio, y la promesa de presentar las pruebas deja abierta la posibilidad de una nueva denuncia formal.

Así avanza su gestión de ayudas desde Europa

En medio de la emergencia, Andrea Petro, hija del expresidente Gustavo Petro, publicó un video en redes sociales donde expresó el impacto emocional de la tragedia y pidió colaboración para actualizar las listas de personas desaparecidas y canalizar la ayuda hacia los municipios menos visibilizados.

Petro destacó que muchos reportes con información sobre desaparecidos ya tienen más de 48 horas, lo que dificulta la búsqueda y la asignación eficiente de recursos, y subrayó la urgencia de asistir a comunidades rurales que siguen aisladas y sin atención.

La activista, que se encuentra en Europa, señaló que trabaja de forma remota y espera viajar pronto a Colombia para colaborar en terreno.

Además, Andrea Petro cuestionó las medidas oficiales como el toque de queda y la militarización en Cali, argumentando que priorizar el control sobre las personas es un error cuando lo esencial es salvar vidas. Según la activista, la gestión del gobierno ha dejado expuestas las carencias en la atención a regiones históricamente marginadas, como el departamento del Chocó, donde persisten cortes de energía y comunicaciones.

Lo que más causó desazón en el cabildante fue el gasto de 298 millones de pesos por parte de la administración distrital en el desarrollo del video institucional de 51 minutos. El video fue presentado como un insumo informativo sobre el avance del proyecto metro para la ciudadanía. A su vez, la denuncia se dio a conocer a través de las redes sociales del cabildante.

De acuerdo con la información publicada por Juan David Quintero, el monto de recursos públicos invertidos en la pieza audiovisual iría en contravía al mensaje de la Alcaldía que asegura que Bogotá enfrenta dificultades fiscales, a la vez que se promueven nuevos impuestos como estrategia para afrontar el déficit en las finanzas distritales.

El concejal señaló: “¿300 millones nos costó ver a Galán en un video publireportaje del metro cuando aún no tenemos estrategias para evitar el vandalismo e invasión del espacio público bajo el viaducto, no tenemos clara la alimentación de ciclorrutas y peatones, ni tampoco claridad en el sistema de recaudo?”.

La denuncia también incluyó un señalamiento directo sobre las prioridades presupuestales del gobierno local. El concejal afirmó que “todas estas son responsabilidad exclusiva de esta administración”, en referencia a los retos de seguridad, movilidad y financiamiento del sistema de transporte.

Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido una respuesta oficial sobre el destino del contrato ni sobre los cuestionamientos planteados por el cabildante.

Juan David Quintero presentó propuestas para fortalecer la preparación de Bogotá ante terremotos

Tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió al país en la mañana del 10 de agosto de 2026, el concejal Juan David Quintero presentó una serie de propuestas para mejorar la preparación de Bogotá frente a emergencias sísmicas.

El debate sobre la capacidad de respuesta de la ciudad volvió a cobrar relevancia luego del movimiento telúrico y sus efectos en distintas regiones.

Entre las principales iniciativas dadas al medio Minuto60, Quintero propuso la creación de una Subcomisión de Seguimiento a la Gestión del Riesgo y la Atención de Desastres en el Concejo de Bogotá. Este organismo tendría como función evaluar el estado de la infraestructura estratégica, la capacidad hospitalaria, los equipos de búsqueda y rescate, así como los protocolos de atención ante emergencias masivas y la disponibilidad de espacios para damnificados.

El concejal destacó la importancia de conocer el nivel de preparación de la capital y revisar los planes existentes para enfrentar una eventual emergencia. “Si conocemos los escenarios, las vulnerabilidades y los estudios técnicos, nuestra obligación es actuar ahora”, afirmó Quintero.

Otra de las propuestas consiste en implementar un sistema de certificación visible de sismo resistencia para edificaciones, inspirado en el modelo de certificación de ascensores.

El objetivo es que los ciudadanos puedan identificar fácilmente si los edificios donde residen o trabajan cumplen con los estándares actuales de seguridad estructural. De acuerdo con datos citados en el boletín del concejal, el 74 % de las edificaciones de Bogotá fueron construidas entre 1960 y 1999, es decir, antes de la adopción de normas más estrictas tras el terremoto de Armenia en 1999.

El plan también plantea avanzar en reforzamientos estructurales y considerar la reconstrucción de inmuebles que representen un riesgo. Además, propone la modernización del sistema de alumbrado público mediante tecnología IoT, lo que permitiría generar alertas rápidas ante eventos sísmicos.

Las propuestas de Juan David Quintero se sustentan en información técnica de entidades como Idiger, el Sistema de Modelación de Amenazas y Riesgo Sísmico de Bogotá (Sismarb), el Servicio Geológico Colombiano y el Cuerpo Oficial de Bomberos.

Una mujer de 38 años denunció un episodio de violencia de género en Tolosa, donde, según la denuncia, su pareja la retuvo dentro de la vivienda, le arrojó agua hirviendo sobre una de sus piernas e intentó incendiar la casa. El hecho habría sucedido este jueves en una vivienda ubicada en 3 bis entre 512 y 513, en La Plata.

Según el medio 0221, la intervención policial comenzó después de un llamado. La alerta ingresó a través del 911, lo que motivó la llegada de efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires al domicilio. Aunque inicialmente el hombre fue aprehendido, pronto recuperó la libertad por disposición judicial.

Al llegar al lugar, los agentes se entrevistaron con la mujer, quien relató que la pareja, de 40 años, la había retenido dentro de la casa contra su voluntad. De acuerdo con la denuncia, en medio del episodio le tiró agua hirviendo sobre una de sus piernas, lo que le provocó lesiones que fueron calificadas como leves.

La mujer que realizó la denuncia expresó además que, luego de haber sufrido esa agresión, el acusado habría comenzado un incendio. Como consecuencia, el fuego dañó tanto la puerta principal de ingreso a la vivienda como un sillón que se encontraba dentro de la casa. El hombre estaba presente en la propiedad en el momento en que los policías llegaron al domicilio.

En este marco, se derivó a la detención inmediata del hombre y su traslado a una dependencia policial para quedar a disposición de la Justicia. El caso quedó bajo intervención de la UFIJ N° 15, el Juzgado de Garantías y la Defensoría Oficial de turno del Departamento Judicial La Plata.

La causa fue caratulada como “lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego en contexto de violencia de género”, una calificación que incorporó no solo la agresión denunciada por la mujer, sino también otro elemento detectado en el marco de la actuación policial. Hasta el momento, no trascendieron precisiones oficiales sobre el elemento que dio origen a la imputación por portación ilegal de arma de fuego.

Después de que el magistrado lleve a cabo su intervención en la causa, quedó convalidado el procedimiento realizado por la policía en el marco de la investigación. Sin embargo, el juez resolvió que correspondía ordenar la libertad del acusado bajo las condiciones establecidas por el artículo 161 del Código Procesal Penal. Esta resolución implicó que el hombre recuperara su libertad y no permaneciera detenido una vez finalizadas las primeras actuaciones procesales.

El objetivo de la investigación consiste en determinar con mayor precisión cuáles fueron las circunstancias del episodio. En este primer momento del expediente, la pesquisa se apoya en el testimonio de la víctima, en la actuación del personal policial y en los daños denunciados dentro del inmueble.

En la legislación argentina, la violencia de género no aparece como una figura penal única, sino como un contexto que puede agravar otros delitos previstos en el Código Penal, entre ellos las lesiones, las amenazas, las coacciones y los homicidios. En este expediente, la investigación quedó encuadrada por el momento en lesiones leves y portación ilegal de arma de fuego, bajo una calificación provisoria que podrá modificarse.

Hasta el momento, las actuaciones judiciales se apoyan en la denuncia de la mujer, en la primera constatación realizada por los efectivos que acudieron al lugar y en los daños materiales advertidos dentro del inmueble. En esta etapa, los investigadores deberán determinar con mayor precisión la secuencia completa del hecho, el modo en que se produjo la agresión denunciada. También resta establecer en qué circunstancias surgió la imputación vinculada a la portación ilegal de arma de fuego incorporada a la causa.

La denuncia de una mujer por una situación de violencia de género derivó en la detención de un hombre de 26 años en Mar del Tuyú, en el partido de La Costa. Durante el procedimiento, la policía descubrió que el acusado además tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de Florencio Varela.

El episodio se registró durante la madrugada, cerca de las 3, en una vivienda ubicada sobre calle 6 entre 65 y 66, donde la víctima alertó a las autoridades después de haber sufrido agresiones físicas por parte de su pareja. A partir de ese llamado, personal policial se presentó en el lugar para intervenir y resguardar a la mujer.

De acuerdo con Costa de Noticias, al advertir la presencia de los efectivos el sospechoso intentó escapar por la parte trasera de la casa. Esa maniobra dio inicio a una persecución a pie en las inmediaciones del inmueble, que concluyó poco después en la zona de calle 66 entre 6 y 7, donde el hombre fue finalmente aprehendido.

El pedido de captura vigente que pesaba sobre el detenido, se enmarca en una causa por robo doblemente agravado, bajo la figura de hecho cometido en poblado y en banda, con una víctima lesionada. El operativo adquirió una dimensión adicional tras ese dato. El hombre quedó a disposición de la Justicia por ambos hechos.

Por su parte, la mujer fue llevada en una ambulancia hasta el hospital de Santa Teresita, donde los médicos y el personal de salud le brindaron atención médica. Allí, se intenta determinar cuál es la naturaleza y el tipo de las lesiones que presenta, ya que esa evaluación constituye un aspecto clave dentro de la causa.

Ante denuncias de este tipo, corresponde que tanto el sistema judicial como las fuerzas de seguridad respondan con rapidez. Sólo así puede garantizarse el auxilio inmediato a la víctima y prevenir futuras agresiones.

Hasta el momento, no trascendió una imputación específica contra el aprehendido por el episodio denunciado en Mar del Tuyú. Tampoco se informó, por ahora, la evolución médica de la víctima luego de su ingreso al centro de salud. La definición judicial sobre ese hecho quedará atada, entre otros puntos, al avance de la investigación y al resultado de las pericias médicas sobre las lesiones sufridas por la mujer.

El episodio conocido en las últimas horas se suma a otros procedimientos recientes realizados en Mar del Tuyú. La semana pasada, la policía interceptó a un hombre de 41 años que intentó huir durante una recorrida y luego comprobó que tenía tres pedidos de captura vigentes, dos por robo agravado y uno por portación ilegal de arma de guerra, según informó Costa de Noticias.

Intentó robar la casa de su ex mientras ella lo denunciaba por amenazas

El 31 de julio en Mar del Tuyú, un hombre fue detenido luego de que su ex pareja lo denunciara por amenazas. Además, mientras la mujer se encontraba en la dependecia policial, la expareja regresó a la vivienda y se habría llevado una bomba centrífuga de agua.

Se desplegó un operativo de búsqueda que permitió ubicar al sospechoso en calle 7 entre 58 y 59. Los efectivos policiales constataron que llevaba consigo el elemento denunciado como sustraído, procedieron a su aprehensión y secuestraron el objeto, que luego fue restituido a su propietaria.

Luego de la aprehensión y del secuestro del elemento denunciado, el hombre quedó a disposición de la Justicia. El episodio sumó así otro antecedente reciente en Mar del Tuyú con intervención policial originada en una denuncia contra una expareja, en un hecho que también derivó en actuaciones judiciales dentro de la localidad.

La crisis de la ENEE suma un nuevo desafío luego de conocerse que existen zonas de Honduras donde las cuadrillas de la estatal enfrentan dificultades para ingresar debido a la presencia de estructuras criminales, situación que complica las labores de cobro y atención del servicio eléctrico.

El tema fue expuesto durante el programa Frente a Frente, de Canal 5, en medio de un debate sobre la situación del sector eléctrico y las posibles reformas que podrían impulsarse para mejorar las condiciones financieras y operativas de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Durante el espacio televisivo participaron el diputado liberal Mario Segura, el diputado nacionalista Eder Mejía y el exgerente de la ENEE Erick Tejada, quienes abordaron algunos de los principales problemas que afectan actualmente a la empresa estatal.

Uno de los aspectos que generó mayor preocupación fue la existencia de las denominadas zonas de difícil gestión, lugares donde, según lo expuesto durante el debate, las condiciones de seguridad impiden o dificultan que los trabajadores de la ENEE puedan desarrollar con normalidad sus labores de cobro y supervisión.

Tejada explicó que estos sectores han sido identificados debido a las condiciones particulares que presentan y que la presencia de grupos criminales representa un obstáculo para el ingreso de las cuadrillas. Esta situación no solo afecta las labores de facturación, sino también otras tareas relacionadas con el mantenimiento y atención del servicio.

El exfuncionario también hizo referencia a denuncias relacionadas con supuestos cobros paralelos en determinados sectores. Según lo expuesto, algunas estructuras estarían exigiendo pagos a residentes bajo circunstancias que dificultan la actuación de las autoridades y la recopilación de pruebas documentales.

La situación resulta especialmente compleja porque los habitantes de estas comunidades pueden sentir temor de denunciar. De acuerdo con lo planteado durante el debate, el miedo a represalias constituye uno de los principales factores que dificultan confirmar formalmente las denuncias sobre estos supuestos cobros.

El diputado Mario Segura manifestó que este tipo de señalamientos también ha llegado al conocimiento del Congreso Nacional. Sin embargo, reconoció que obtener testimonios y evidencias puede resultar complicado cuando las personas involucradas viven en sectores donde existe una fuerte presencia criminal.

A la problemática de seguridad se suma otro de los grandes desafíos de la estatal: el hurto de energía. Durante el debate se señaló que esta práctica representa entre el 30 % y el 35 % de las pérdidas totales de la empresa, afectando directamente sus ingresos y debilitando sus finanzas.

El diputado Eder Mejía consideró necesario establecer un plan específico para combatir las conexiones ilegales y recuperar los recursos que la empresa deja de percibir. Incluso planteó que, de ser necesario, las fuerzas de seguridad podrían respaldar los operativos destinados a reducir las pérdidas.

La discusión también puso sobre la mesa la necesidad de impulsar reformas legales que permitan fortalecer las acciones contra quienes sustraen electricidad de manera ilegal. El objetivo sería reducir las pérdidas y establecer mecanismos más efectivos para garantizar que los usuarios paguen por el servicio eléctrico que reciben.

Otro de los grandes problemas señalados durante el foro fue la elevada mora de la ENEE, que rondaría los 18,000 millones de lempiras. La cifra representa un fuerte golpe para las finanzas de la empresa y evidencia las dificultades que enfrenta para recuperar los recursos correspondientes al consumo de electricidad.

Tejada también señaló la existencia de aproximadamente 23,000 consumidores considerados de alto consumo, debido a que superan los 3,000 kilovatios hora mensuales. El exgerente consideró necesario revisar cuáles de estos usuarios mantienen deudas pendientes con la estatal.

La identificación de los grandes deudores sería un paso importante para mejorar la recuperación de ingresos.

Sin embargo, durante el debate también se advirtió sobre la circulación de listas de deudores cuya información no necesariamente sería confiable, por lo que se planteó la necesidad de actualizar y verificar los registros oficiales.

Entre los sectores señalados dentro de las obligaciones pendientes aparecen consumidores residenciales, entidades gubernamentales y empresas públicas.

Durante la discusión se mencionaron instituciones como Hondutel y SANAA, cuyos compromisos con la estatal forman parte del complejo panorama de la mora eléctrica.

En medio de la crisis, se han reportado hurtos y saqueos en áreas devastadas, donde personas aprovechan el caos para apropiarse de pertenencias de los damnificados. El problema se ha hecho visible tanto en espacios públicos como en negocios afectados.

Uno de los casos lo viralizó el creador de contenido Juan Felipe Marín Aponte, conocido como @elpikirey, que desde Cali reportó cómo algunas personas se aprovechan de las circunstancias para agarrar objetos y pertenencias de otros ciudadanos.

En un video que él difundió en redes sociales, se observa cómo varios vecinos permanecen atentos frente a intentos de robo, discutiendo mecanismos para identificar a quienes buscan aprovecharse de la emergencia.

En la grabación, advirtió: “Ojos vivos porque hay mucho hijueputa tratando de sacar tu pertenencia. Ahorita cogimos a uno llevándose esto (sic)”, mientras otra persona señaló la importancia de alertar y actuar en conjunto.

En Pereira, por ejemplo, durante la noche del 10 de agosto, habitantes y comerciantes permanecieron en vela resguardando lo poco que lograron salvar de sus propiedades.

De acuerdo con un reporte periodístico de Telemedellín, muchos damnificados, como Pedro Guido, han denunciado la presencia de “personas inescrupulosas que siempre son oportunistas” y que, desde la mañana posterior al sismo, han intentado sustraer bienes de los establecimientos dañados.

Guido relató: “Aquí pasamos la noche y hubo Ejército y Bomberos, todos, tratando de colaborar”.

El canal regional recogió también el testimonio de Steven Ayala, otro damnificado, quien afirmó que los saqueadores ingresaron por la parte posterior de su negocio, donde la estructura quedó parcialmente en pie. “Había gente ahí metida saqueando, celulares, mercancía, computadores y realmente lo poco que quedó se lo llevaron los ladrones”, expresó Ayala.

La situación de inseguridad se agrava por la incertidumbre que genera la posibilidad de nuevas réplicas del terremoto, obligando a muchas familias a dormir en carpas y mantener vigilancia constante sobre sus pertenencias.

Yuli Acosta relató la incomodidad de pasar la noche al aire libre, pendiente tanto de sus bienes como de los esfuerzos de rescate para sobrevivientes.

Las autoridades locales han reforzado la presencia de Ejército y Bomberos en las zonas más golpeadas.

Lanzan plataforma digital para reportar desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia

La Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales) anunció la puesta en marcha de una plataforma digital para reportar y buscar personas desaparecidas luego del terremoto que sacudió a Colombia.

Según informó Asocapitales mediante un comunicado, el objetivo central es facilitar la localización de víctimas en medio de la emergencia, que ya deja 190 fallecidos, 1.679 heridos y 243 estructuras colapsadas.

La emergencia golpea principalmente a ciudades como Cali, Pereira, Quibdó, Manizales y Armenia, las cuales permanecen en alerta roja. De acuerdo con el reporte, la herramienta digital busca centralizar la información útil para familias, autoridades y equipos de rescate. El acceso se encuentra disponible en asocapitales.co/terremoto-colombia.html.

La plataforma permite registrar en línea a personas desaparecidas, ingresando nombre, cédula, edad, ciudad y última ubicación conocida, además de datos de contacto del reportante.

Esta información llega directamente al Puesto de Mando Unificado (PMU) y a la línea de reportes de Asocapitales. El sistema ofrece además un mapa de reporte general por ciudad, que clasifica las capitales de acuerdo con el nivel de personas por localizar (crítico, alto, moderado o sin registros).

Entre las funcionalidades, destaca un buscador de personas que permite consultar por nombre o por el código de la plataforma Colombia Te Busca, además de un resumen con los indicadores de personas localizadas y por localizar. También presenta reportes recientes y una visualización de necesidades humanitarias, así como los puntos de acopio habilitados en cada ciudad.

Por su parte, las fotos y la última ubicación conocida son datos fundamentales para agilizar la búsqueda. De hecho, en la plataforma ya pueden verse los rostros de quienes están siendo buscados por sus familiares, lo que facilita los esfuerzos de identificación y localización.

La entidad habilitó la línea telefónica 300 761 6647 para consultas adicionales y aclaró que todos los datos personales se recolectan bajo los lineamientos de la Ley 1581 de 2012, empleándose exclusivamente para la atención y búsqueda de las personas reportadas.

El caso fue difundido en redes sociales por el propio conductor y creador de contenido Gellert Sampop, quien mostró la conversación que habría sostenido con la pasajera durante el trayecto.

De acuerdo con su relato, el viaje había sido solicitado por el padre de la joven, por lo que el destino registrado en la aplicación debía cumplirse. Sin embargo, durante el recorrido, la pasajera le pidió que la dejara en otro punto y que posteriormente marcara el viaje como concluido en el lugar establecido.

La intención de la joven, según lo expuesto en el video, era poder reunirse con su pareja sin que su padre supiera que se había desviado del trayecto.

“¿Será que me puedes hacer un favor? Lo que pasa es que voy a ir a ver a mi novio, pero mi papá no me deja. Entonces, quería ver si tú podías bajarme más adelante y terminar el viaje completo”, le solicita la joven al conductor.

El conductor se negó por seguridad

El trabajador decidió no aceptar la petición. Su argumento fue que modificar el recorrido podía generar un problema en caso de que algo le sucediera posteriormente a la pasajera.

“Híjole, no creo. Es que si te llega a pasar algo a ti y después me echan la culpa a mí. Es una responsabilidad muy grande. Yo lo que puedo hacer es dejarte en el destino y ya, este, ya si quieres, este, te puedes ir a donde tú quieras”.

La joven insistió y trató de convencerlo asegurando que se encontraría con una persona de confianza.

“No va a pasar nada. O sea, voy con alguien de confianza. Nada más que, pues, mi papá es muy... como estricto. Es que si me dejas en el destino, ya me queda muy lejos y pues es que sí necesito que me hagas ese favor. La verdad, sí me urge llegar con él”.

Sin embargo, el conductor mantuvo su postura y explicó que no estaba dispuesto a modificar el viaje solicitado.

La amenaza quedó registrada

La conversación cambió de tono cuando el chofer volvió a explicarle que no quería exponerse a una situación que pudiera traerle consecuencias si la pasajera desaparecía o sufría algún incidente después de abandonar el vehículo.

“Es que sí es muy arriesgado, señorita. Te llega a pasar algo, siempre ha pasado en las noticias que se van con el novio y desaparecen y el único que los vio fue el chofer”.

La respuesta de la joven fue todavía más contundente. Al no conseguir que el conductor aceptara su petición, aseguró que comenzaría a gritar y lo acusaría de querer hacerle daño.

“Pues ya, si no, si no, si no me bajas aquí, voy a empezar a gritar. Que me quieres hacer algo. Te estoy pidiendo un favor de buena forma, pues es la única solución que encuentro entonces”.

Ante la advertencia, el conductor decidió detener el automóvil para que la joven pudiera bajar y evitar que la situación escalara todavía más.

El episodio rápidamente provocó reacciones entre usuarios de redes sociales, quienes señalaron la importancia de contar con herramientas de seguridad tanto para pasajeros como para conductores.

Entre los comentarios publicados aparecieron: “La aplicación debería tener un botón de emergencia para asegurar de ese tipo de situaciones”, “Ahí le encargo señora presidenta, usted y sus leyes a favor de las mujeres”; “Viejon no se si lo hiciste pero te hubieras regresado y decirle a los padres y enseñarles el video”, “Yo me hubiera regresado a contarle a el papá”; “Las muchachitas de hoy en día van duro en la vida”; “En ese momento le llamas al padre que fue quién pidió el viaje y le dices que tienes la grabación de la extorsión de su hija”; “Lo bueno que tienes pruebas no importa que allá gritado la hubieras regresado con su papá”.

El caso abrió nuevamente el debate sobre las medidas de protección que deberían existir durante los viajes mediante aplicaciones y sobre la importancia de contar con evidencia cuando ocurre una situación de este tipo.

La diputada Marcela Pagano y el ministro de Economía Luis Caputo protagonizaron este lunes un cruce por el destino de aproximadamente $4 billones de pesos del Tesoro Nacional que, según la legisladora, quedaron sin trazabilidad pública tras una licitación de deuda. Desde Economía explicaron que los fondos se depositaron en las cuentas que el Tesoro tiene en bancos comerciales para evitar una suba abrupta de las tasas de interés.

“La plata de los argentinos no se pierde, no se esconde y no se administra en una caja negra”, escribió Pagano en la red social X. La réplica de Caputo fue directa y no tardó en llegar: “Los fondos son de pública trazabilidad, así que te va a estar llegando una querella por calumnias”.

Según publicó Pagano en X, la denuncia fue presentada contra Caputo y el presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) Santiago Bausili —y otros funcionarios de Hacienda, Finanzas y la Tesorería— por malversación de caudales públicos, defraudación por administración fraudulenta agravada y, subsidiariamente, peculado.

El episodio que derivó en la denuncia tuvo como punto de partida una conferencia de prensa del BCRA en la que Bausili no supo precisar el paradero de esos fondos. “Es una pregunta que corresponde al Tesoro, no creo que hayan desaparecido, puede ser que no los haya traído acá. Estoy seguro de que, si buscamos bien, en algún lado están, son bastantes como para no encontrarlos”, declaró el titular del organismo monetario. Pagano tomó esa respuesta como evidencia de lo que describió como una administración opaca de fondos públicos y formalizó la denuncia ante la Justicia.

El escrito judicial imputa a Caputo y Bausili —y a otros funcionarios de la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Finanzas y la Tesorería General de la Nación— por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos (art. 260 del Código Penal), incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de actos de oficio (arts. 248 y 249), defraudación por administración fraudulenta agravada (art. 173, inc. 7°, en función del art. 174, inc. 5°), y subsidiariamente peculado (art. 261) y malversación culposa (art. 262).

Desde el Ministerio de Economía ya habían señalado, antes de la denuncia, que los excedentes obtenidos en licitaciones se incorporan al flujo de caja general y pueden utilizarse para cubrir obligaciones corrientes, financiar programas presupuestarios y reforzar la liquidez ante futuros vencimientos.

En efecto, fuentes de Economía explicaron a Infobae que depositaron ese excedente obtenido en la última licitación de deuda en las cuentas del Tesoro en bancos comerciales, con el objetivo de evitar un impacto negativo en la liquidez del sistema que derive en un aumento de las tasas de interés.

Caputo dijo que iniciará acciones legales contra la legisladora: “Por imputarme falsamente la comisión de un delito. Lo que tengas que pagarme, lo voy a donar a una institución de bien público”, escribió el ministro en X.

Según el escrito judicial, los hechos que motivan la denuncia consisten en “la salida del circuito legal de administración financiera —la cuenta del Tesoro Nacional radicada en el Banco Central de la República Argentina— de una masa de fondos públicos de aproximadamente $4 billones”.

La causa queda ahora en manos de la Justicia federal, que deberá determinar si los movimientos cuestionados por Pagano constituyen irregularidades penales o se encuadran dentro de la operatoria habitual de administración del Tesoro.

Pagano llegó al Congreso en 2023 de la mano de La Libertad Avanza (LLA), el espacio político de Javier Milei, como una de las caras visibles de la boleta en la provincia de Buenos Aires. Periodista de profesión, explicó en su momento que su ingreso a la política respondió a un quiebre con el periodismo tras experimentar presiones en los medios donde trabajaba, vinculadas a la dependencia de la pauta pública.

La relación con el oficialismo se deterioró desde los primeros meses de gobierno. Uno de los episodios que marcó el distanciamiento fue en abril de 2024, cuando fue designada presidenta de la Comisión de Juicio Político en una reunión avalada por el entonces jefe de bloque, Oscar Zago, designación que el presidente de la Cámara, Martín Menem, nunca reconoció. En agosto de 2025, Pagano votó a favor de la insistencia contra el veto presidencial a la Ley de Discapacidad, en contra de la posición de Milei, y formalizó su salida del bloque junto a otros tres legisladores para conformar el espacio “Coherencia”. Hoy conduce un monobloque propio.

En la madrugada del domingo 9 de agosto, el vehículo fue sustraído en el barrio Las Flores, en la localidad de Suba, cuando el conductor regresaba de un evento nupcial.

El hecho ocurrió cuando el conductor estacionó el vehículo al regresar de la boda, momento aprovechado por los delincuentes para llevarse el camión que contenía todos los elementos logísticos del evento.

Las afectadas recurrieron a las redes sociales para hacer un llamado urgente a la ciudadanía. Una de las mujeres, visiblemente angustiada, grabó un video para hacer pública la denuncia: “Estamos grabando esto a las 4:57 de la mañana. Es una denuncia pública porque acaban de robar el camión del trabajo de mis papás en Suba, en el barrio Las Flores”.

La voz entrecortada de una de las denunciantes reflejó la gravedad de la situación: “A las 4:19 de la mañana robaron el camión. Nuestro logístico llegó a las 4 de la mañana a parquear el camión en frente de su casa y ahí teníamos todo lo de las bodas. Y a las 4:19 hicieron el robo del camión. La placa de nuestro camión es TSY 278. Por favor, ayuden a encontrar el camión”.

Otra de las mujeres, también visiblemente afectada, expresó: “Ayúdennos a encontrar el camión, se lo suplico. Por favor, ayúdennos, por favor. Ayuden a encontrar el camión, que lo regresen. Que regresen el camión”.

La familia solicita la colaboración de la comunidad y de las autoridades para localizar el camión y recuperar los bienes indispensables para su trabajo. El suceso dejó a Bodas la Cappella sin los insumos necesarios para continuar con sus servicios, ya que el vehículo transportaba todo lo utilizado en el evento de esa noche.

La denuncia pública busca que la información sobre el robo llegue a la mayor cantidad de personas posible con la esperanza de que cualquier dato sobre la ubicación del camión ayude a su recuperación. La familia enfatizó que en el vehículo se encontraba el fruto de años de trabajo y dedicación.

¿Cómo denunciar el hurto de un vehículo en Bogotá?

Las personas que han sido víctimas de hurto de vehículo, moto u otro delito en Bogotá cuentan con un servicio de atención inmediata. La Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) ofrece acompañamiento personalizado y en tiempo real, facilitando el trámite de denuncia ante las autoridades competentes.

El grupo AIDE no solo asiste a quienes llaman directamente, sino que también responde a denuncias difundidas en redes sociales, siempre tras comprobar la veracidad del caso y establecer contacto con los afectados. Así, cada ciudadano recibe apoyo concreto y orientado a resolver su situación de manera ágil.

Para acceder a este servicio, las víctimas pueden comunicarse al teléfono (601) 3779595, ext. 1137. Este canal conecta con un equipo especializado que orienta en los pasos necesarios para formalizar la denuncia. Si la situación lo requiere, el grupo puede incluso desplazarse hasta el lugar para acompañar el proceso.

Las denuncias también pueden realizarse de forma presencial en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las diferentes estaciones de Policía de la ciudad, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Camión recuperado en Bogotá

La recuperación de un camión robado en Bogotá marcó el final de una jornada angustiante para dos emprendedores de la ciudad. Los propietarios de la empresa Soñaty, dedicada a la fabricación de colchones, habían denunciado el hurto del vehículo con el que realizan su labor diaria.

Pocas horas después de la denuncia pública, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el furgón fue localizado en Engativá. El mandatario informó: “Recuperado el furgón robado. Recibimos la alerta, activamos a la Policía y el furgón fue recuperado en Engativá”.

Ambos empresarios relataron a Noticias Caracol que el robo ocurrió en el norte de la capital, sobre la 175. “Nos robaron el furgón... nosotros somos emprendedores, hemos salido adelante solos y es muy berraco que nos hagan esto”, expresaron en un video que se viralizó en redes.

El jueves 30 de julio de 2026, la grabación de los afectados recorrió rápidamente plataformas digitales donde, entre lágrimas, solicitaban ayuda para recuperar su Chevrolet NKR modelo 2013. “Es el trabajo diario de nosotros, de muchas familias, ha sido un esfuerzo muy grande para nosotros”, insistieron.

La presión ciudadana y la rápida difusión del caso en redes sociales resultaron clave. De acuerdo con los emprendedores, los ladrones habrían decidido abandonar el camión tras la atención mediática y la movilización comunitaria.

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires busca por estas horas a Pablo Emanuel Thomas Llanes, un hombre tucumano de 39 años, acusado de llevar adelante una cruel modalidad de estafa: se hace pasar por médico para engañar a pacientes con enfermedades graves y cobrarles por estudios urgentes que nunca realizaba. Su cómplice, Hernán Exequiel Almeida -titular de la billetera virtual a la que se hacían los depósitos- fue detenido.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la investigación se originó cuando un hombre, identificado con las iniciales C.A.E.B., denunció que el 8 de julio pasado le comentó a M.G., compañera de trabajo y enfermera de profesión, que necesitaba realizarle una resonancia magnética urgente con contraste a su cuñado E.L., un paciente diagnosticado con un tumor óseo, y que si sabía de alguien que pudiera realizar dicho examen.

Al ver el mensaje, la mujer le dijo que justamente su hijo había conocido poco tiempo antes a un supuesto neurocirujano llamado “Dr. Lucas Miciones”, durante una campaña solidaria con el grupo musical de cumbia “Kaluqueña” para reunir fondos para una operación a un menor de edad. Sin dudarlo, la compañera se mostró dispuesta a ayudarlo e intervenir con el profesional para conseguir el estudio.

Casi de inmediato, la mujer inició un intercambio de mensajes vía WhatsApp con un hombre que se presentó como el “Dr. Lucas Miciones, jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández”, del barrio porteño de Palermo.

El supuesto médico le ofreció gestionar el estudio, pero con la salvedad de que el hospital carecía del insumo de contraste y que debía obtenerse en el laboratorio de nombre Biomédica, con un costo de $110.000. M.G. realizó la transferencia a través de la aplicación Mercado Pago a una cuenta correspondiente a Almeida.

Posteriormente, el presunto médico volvió a comunicarse para requerir un segundo pago de $30.000 por el envío de insumos, que también fue transferido a la misma cuenta. Ya con el dinero transferido, pactaron un encuentro con el profesional.

Según el relato de la víctima, C.A.E.B. y su cuñado se presentaron el 10 de julio a las 22:30 en el Hospital Fernández, donde se enteraron de que no existía ningún profesional con el nombre de “Lucas Miciones”. Sorprendidos, intentaron retomar el contacto, pero recibieron como respuesta un mensaje automático indicando que el número no estaba disponible. Además, notaron que habían sido bloqueados en WhatsApp.

Tras hacer la denuncia, la investigación recayó en la UFI Nº2 de Ituzaingó, bajo la dirección de la fiscal María Alejandra Bonini, y el Juzgado de Garantías N°6, a cargo interinamente de la jueza Cecilia Drago. El primero en declarar fue el hijo de la enfermera, quien relató cómo conoció al falso cirujano.

“Yo soy seguidor de una banda de música que se llama “La orquesta Kaluqueña”. Ellos cada tanto publican en sus redes necesidades de algunos de sus seguidores para hacer colectas o pedir ayuda, esto es habitual. El día 1 de julio la banda tocó en vivo, en un streaming que se hizo en Merlo. Yo estuve allí y siendo aproximadamente las 21 horas, se hizo presente en el lugar un masculino robusto, obeso, pelado, bastante alto. Él estaba por ahí dando vueltas y en un momento entablamos una conversación, bastante esporádica", comenzó con su relato.

El testigo contó que el acusado se presentó como “Lucas”, neurocirujano del Hospital Posadas. Durante la charla, ofreció su ayuda a personas necesitadas de atención médica y dejó su contacto. Días después, su madre —también personal de salud— le comentó que un compañero suyo requería un estudio de imágenes, por lo que el contacto fue derivado a la víctima.

“Yo le dije a Lucas que mi madre necesitaba ayuda. Él me pidió que mi mamá le mande mensajes. Bueno mi mamá habló con él, el día 10 de julio, también se presentó como Lucas, y le consiguió un supuesto turno en el Hospital Fernández para el día 14 de julio y les dijo que todo eso salía $100.000, y también les pidió $ 30.000 más para el envío de algo. Luego de eso no contestó más, ellos se comunicaron con el Hospital y todo lo que les prometió era mentira y nadie lo conocía”, continuó.

Otros casos

El testigo le relató a la Justicia que, tras el engaño, buscó antecedentes del supuesto médico en redes sociales y halló varios casos similares. Entre ellos, identificó el testimonio de una víctima en Catamarca que, por medio de la misma modalidad, había entregado $450.000 a cambio de una gestión para atención en el Hospital Garrahan y una supuesta entrevista médica en Estados Unidos, que nunca se concretó.

El caso de Catamarca se dio a conocer en enero pasado a través de Instagram. En el video, que hace parte de esta nota, se observa cómo el estafador, a quien ya identificaron desde ese momento como Pablo Emanuel Thomas Llanes, engañó a la mujer para sacarle el dinero.

“El lunes sacamos los pasajes o bien el domingo. Necesito que me pases los datos, quién te va a acompañar, y de la nena también, así ya te saca los pasajes Pablo”, le dijo el hombre a la mujer, según el video.

“Me dijo que mañana necesitaba hacerse una tomografía y una resonancia en el San Juan, en Catamarca. Necesitaba un líquido que necesitan para que salga bien la tomografía y la resonancia. Me dice que necesitaban comprar ese líquido que salía de doscientos sesenta mil. Me dice que si le podía transferir. Le hice la transferencia”, relató la víctima.

Después le pidió más dinero para hacer las visas y la mujer sin dudarlo hizo otra transferencia. Incluso le pidió más dinero para pagar por el equipaje que llevarían a Estados Unidos. La víctima volvió a darle más dinero. Era todo una mentira.

“Un estafador porque recién cuando lo empecé a llamar le mandaba mensajes y no se le enviaban los mensajes. Me comuniqué con el San Juan en Catamarca. Me dijeron que ellos no tienen registrado a ninguna niña que se haga una tomografía y una resonancia y tampoco tienen registrados para extracciones de sangre a tales personas. Me duele bastante todo esto. Fue plata que fue donada de gente”, lamentó otra víctima.

El testigo que declaró el mes pasado ante la fiscal Bonini reveló además que localizó una nota periodística que mostraba al acusado esposado, coincidiendo su fisonomía con la persona que había conocido en la el concierto solidario de la banda Kalukeña.

La nota a la que hizo referencia el hijo de la enfermera es un artículo publicado en 2023 en el diario Infocañuelas, donde se detalló que Thomas Llanes, estafó a una familia de Cañuelas haciéndose pasar por neurocirujano. El mismo modus operandi. Las víctimas le pagaron más de 50 mil pesos de ese momento como gastos de una operación que se iba a realizar el 26 de agosto.

De acuerdo con esa nota, registra varios antecedentes por hechos similares en distintas provincias del país. En ese oportunidad, la paciente padecía una neuralgia del trigémino (una afección nerviosa que provoca dolores crónicos similares a descargas eléctricas en un lado de la cara). El estafador se hizo pasar como neurocirujano en el Hospital Ramos Mejía de CABA y en el Cuenca de Cañuelas.

La promesa era hacerse el tratamiento justamente en el sanatorio de Cañuelas. Si bien el estudio era gratuito, les pidió que le transfirieran $45.000 para comprar un líquido de contraste. Posteriormente se comunicó otra persona que se hizo pasar por otro profesional, quien pidió otros 9 mil pesos para un inmovilizador de mandíbula que la paciente tenía que usar luego de la cirugía. El final fue el mismo.

Según ese artículo, en 2011 se hizo pasar por Pablo Daniel Cantero, ex volante de San Martín de Tucumán, y utilizando una falsa cuenta de Facebook intentó estafar a la ex presidenta del club.

En 2018 estafó a una mujer de Catamarca simulando ser manager del cantante Ulises Bueno. A cambio de dinero y otros efectos personales prometió que traería al hermano de Rodrigo a conocer a su hijo discapacitado.

El diario El Liberal de Santiago del Estero publicó que un falso médico, usando el alias Julián Lenci, había estafado a varias familias de la localidad santiagueña de Suncho Corral.

Fue detenido por primera vez en Chaco cuando viajaba hacia Tucumán en un micro de larga distancia. Además de la policía de Santiago del Estero, lo buscaba la justicia de Misiones por una estafa cometida contra un hombre al que le prometió una operación neurológica en Buenos Aires a cambio de $ 9 mil.

Lo cierto es que después fue nuevamente liberado y continuó con su estrategia para el engaño.

El falso médico hoy está prófugo

Con los datos aportados por el hijo de la enfermera M.G hace unas semanas, la investigación determinó que el responsable de la maniobra era Pablo Emanuel Thomas Llanes.

Las víctimas aportaron capturas de las transferencias y fotografías del acusado. La fiscalía recopiló informes de empresas telefónicas que confirmaron que los números utilizados eran líneas prepagas, registradas a nombre de terceros ajenos a los hechos, utilizadas solamente durante las comunicaciones con las víctimas.

Esto permitió inferir que los chips eran adquiridos con el único fin de cometer los ilícitos y dificultar su rastreo, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Con los elementos reunidos, la fiscalía imputó a Hernán Exequiel Almeida como partícipe necesario del delito de estafa y a Pablo Emanuel Thomas Llanes como autor.

La solicitud de detención fue concedida por la jueza de garantías interviniente.

Esta semana, personal de la DDI Subdelegación Ituzaingó ejecutó la orden de captura en la sede de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Fernando, donde Almeida se desempeñaba como trabajador.

Tras ser notificado de la formación de la causa, se procedió a su detención y al secuestro de su teléfono móvil. También se individualizó su domicilio y se constató que residía de forma transitoria en una pensión. Almeida fue trasladado ante la fiscalía para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

En paralelo, Thomas Llanes permanece con pedido de captura vigente. La fiscalía solicitó a quien pueda, aporte información relevante sobre su paradero. Por ahora, la única denuncia que se registra es la que se investiga en la UFI de Ituzaingó. Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio señalaron que con una simple búsqueda en Internet es fácil observar otros casos.

El pronunciamiento lo hizo desde su cuenta de X, y señala de forma directa al expresidente Petro, al exintegrante del M-19 y director de la UNP, Augusto Rodríguez, y a la funcionaria del Ministerio del Interior Nancy Yolima Rumie Guevara, presidenta del Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas).

Según Devia, la UNP fue instrumentalizada para otorgar un esquema de seguridad a Juliana Guerrero mediante la utilización de información falsa.

Guerrero será acusada por la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado por el sonado caso de dos títulos universitarios de la Fundación San José y que, según las pesquisas, se habrían utilizado para acreditar requisitos que debían completar la joven para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Iguadad.

Devia asegura que existió una nota de voz de Guerrero dirigida a un analista de riesgo, en la que solicitaba la implementación de “otro carro blindado y otros dos escoltas”.

El presidente del sindicato también señaló que el director de la entidad admitió haber comunicado al presidente Petro la necesidad de que Guerrero cambiara de población para mantener las medidas de protección, y que la beneficiaria reconoció haber conversado con el mandatario sobre su rol como dirigente política para sostener dichas medidas.

El comunicado agrega que Juliana Guerrero habría enviado un certificado del Polo Democrático a Augusto Rodríguez, quien le indicó remitirlo al analista de riesgo para respaldar la solicitud.

Posteriormente, el caso habría sido trasladado al Ministerio del Interior, donde la funcionaria Nancy Yolima Rumie Guevara asumió la gestión, supuestamente por instrucción directa del presidente Petro y de Rodríguez, ratificando el esquema de seguridad.

En su declaración oficial, Devia pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investiguen y juzguen disciplinaria y penalmente las conductas de los funcionarios implicados.

Devia también acusó a la actual dirección de la UNP de realizar nombramientos y resoluciones de última hora para dejar listos cargos antes del cambio de gobierno, lo que, según el dirigente sindical, formaría parte de una estrategia para favorecer a miembros afines al M-19.

El presidente sindical rechazó además señalamientos públicos sobre su conducta y antecedentes. “Y advierto guerrillero Augusto Rodrigue no me quiero suicidar”, añadió él mismo en la parte final de su declaración.

El líder sindical aseveró que que durante sus 26 años en el sector público no ha recibido condenas judiciales o administrativas que generen antecedentes en su contra y cuestionó que se le haya calificado de corrupto.

Devia argumentó que continúa siendo funcionario de la UNP y que el propio director lo designó en un grado superior al que ocupaba previamente.

En su mensaje, el presidente del sindicato mayoritario calificó de “corruptos” a miembros del equipo directivo de la entidad y denunció que algunos funcionarios del gobierno saliente estarían prófugos o bajo investigación judicial, mencionando el caso de César Manrique (funcionario cercano a Petro, y que está prófugo de la justicia en medio de l la investigación por uno de los casos de corrupción más sonados en la histora reciente: el de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgos de Desastres —Ungrd—), a quien vinculó con una circular roja de Interpol.

El dirigente sindical también expresó preocupación por su seguridad personal, aludiendo a supuestas relaciones del gobierno saliente con estructuras armadas ilegales y señalando que teme represalias.

Finalmente, Devia advirtió que cualquier atentado contra su vida no debe ser considerado un suicidio, en alusión directa al director Augusto Rodríguez.

Una nueva denuncia contra el expresidente Gustavo Petro llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un presunto caso de instigación para delinquir, después de que el presidente de la República llamara a crear guardias bolivarianas, milicias populares y asambleas populares, una conducta que los denunciantes vinculan con posibles efectos sobre el orden constitucional, según Semana.

La acción, que fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, sostiene que los hechos podrían incluso derivar en una conducta asociada a la sedición, delito que el Código Penal castiga con penas de entre 32 a 144 meses de prisión y multas de 66 a 150 salarios mínimos cuando, mediante el uso de armas, se busque impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional.

Ortiz y Hofmann centraron su acusación en un mensaje publicado por Petro en su cuenta oficial de X el 3 de agosto de 2026 a la 1:42 a.m., desde donde, según el documento citado por el medio, promovió la creación de “guardias bolivarianas”, una “milicia popular” armada dirigida por “asambleas populares”, cuyos integrantes tendrían la facultad de “exigir el cambio de mandos” de la fuerza pública.

La denuncia invoca el artículo 348 del Código Penal por un mensaje difundido en X

Los denunciantes afirmaron que esa conducta encaja en el artículo 348 del Código Penal, que sanciona a quien “pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de determinado delito”. En su presentación, sostuvieron que el mensaje de Gustavo Petro tendría capacidad real de movilización por el alcance de su cuenta y por su condición de jefe de Estado.

“Cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su red social X, la cual cuenta con varios millones de seguidores, el 3 de agosto a la 1:42 a. m., insta a la creación de unas ‘guardias bolivarianas’, una ‘milicia popular’ armada dirigida por unas ‘asambleas populares’, cuyos miembros estarían facultados para ‘exigir el cambio de mandos’ de la fuerza pública, estaría incurso en la conducta delictiva de instigación para delinquir contenida en el Art. 348 del Código Penal”, puntualiza el texto.

Ese mismo razonamiento insiste en que el origen del mensaje agrava su alcance. Los firmantes señalaron que, al tratarse de la cuenta oficial del presidente en X, el contenido “tiene la suficiente entidad para movilizar a otros a cometer delitos”, por la “evidente calidad de líder político” de su autor, el carácter masivo de la plataforma y la exposición permanente de esa cuenta en medios nacionales e internacionales.

Los denunciantes también advirtieron sobre un posible impacto institucional

La acusación presentada ante la Cámara de Representantes no se limita al tipo penal de instigación. Conforme a lo expuesto por los denunciantes, el contenido divulgado por el presidente Petro podría abrir la puerta a hechos que alteren el régimen constitucional, al mencionar estructuras armadas y la posibilidad de intervenir en la línea de mando de la fuerza pública.

En esa línea, añadieron: “Ponemos estos hechos en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación, considerando que con la conducta consistente en emitir estas declaraciones, el saliente mandatario no solo vulnera de manera flagrante el orden jurídico, sino que también puede revivir algunas de las peores páginas de la historia de Colombia”.

La denuncia se suma a otra controversia reciente por declaraciones del mandatario saliente sobre Abelardo de la Espriella, que, de acuerdo con el medio citado, encendieron alertas en distintos sectores políticos. Petro dijo: “Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo, ‘el breve’. Ya intuyen que, incluso, no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que activó su protocolo de gestión de incidentes cibernéticos luego que el periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó en sus redes sociales que un grupo de hackers vulneró los sistemas de la dependencia y filtró 1.2 gigabytes de documentos confidenciales de estudiantes con becas.

Entre los documentos se podrían consultar estaban actas de nacimiento, identificaciones, la CURP, comprobantes de domicilio y estados de cuenta, según informó Gómez Villaseñor en sus publicaciones.

A través de una tarjeta informativa difundida este 6 de agosto de 2026, el organismo explicó que especialistas realizaron una revisión exhaustiva de sus servidores, sistemas y equipos de cómputo con el objetivo de determinar el alcance del incidente y verificar la integridad de su infraestructura tecnológica.

Como resultado de estas acciones, el instituto aseguró que no existen indicios de una vulneración a los sistemas institucionales, descartando que se haya registrado un ataque que comprometiera directamente su infraestructura informática.

Detectan actividad irregular con cuenta de administrador

Sin embargo, el INAH precisó que durante las labores de análisis sí fue detectada actividad irregular relacionada con el uso de una cuenta con privilegios de administrador, la cual habría sido utilizada desde la red interna del propio instituto.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta actividad permitió identificar evidencia de una presunta extracción indebida de información, aunque el organismo no detalló el tipo de datos involucrados ni el volumen de la información que pudo haber sido comprometida.

El instituto tampoco precisó si la información presuntamente extraída corresponde a bases de datos administrativas, archivos históricos, documentos institucionales o datos personales, debido a que las investigaciones continúan en curso.

INAH presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República

Ante la posible comisión de un delito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Asimismo, señaló que dará seguimiento a todas las acciones legales necesarias para identificar y sancionar a quien resulte responsable de los hechos.

La institución destacó que colaborará plenamente con las autoridades ministeriales durante el desarrollo de las investigaciones y reiteró que la indagatoria continúa abierta.

Comunidad estudiantil será informada sobre los avances

El INAH indicó que mantendrá informada a la comunidad estudiantil y al personal institucional respecto a los avances del caso, siempre que ello no interfiera con las diligencias legales ni comprometa el desarrollo de la investigación.

Como parte de la respuesta al incidente, el Instituto anunció que continuará implementando acciones para fortalecer sus mecanismos de monitoreo, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Entre las medidas se encuentran el reforzamiento de los procesos de supervisión tecnológica, la mitigación de riesgos informáticos y la protección de los datos personales que administra el organismo.

El instituto subrayó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de su infraestructura tecnológica y reducir la posibilidad de que situaciones similares puedan repetirse.

Continúan las investigaciones

Aunque el INAH descartó una vulneración directa de sus sistemas, el reconocimiento de una presunta extracción indebida de información mediante una cuenta con privilegios administrativos mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el origen del incidente y establecer responsabilidades.

El caso se suma a los retos que enfrentan las instituciones públicas en materia de ciberseguridad, particularmente en la protección de información sensible y en el fortalecimiento de los controles internos sobre cuentas con altos niveles de acceso.

Por ahora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reiteró que seguirá colaborando con la Fiscalía General de la República y continuará reforzando sus protocolos de seguridad informática mientras avanzan las investigaciones sobre este incidente.

En un video publicado el 5 de agosto de 2026 en TikTok, Almanza afirmó que iba con su pareja “más o menos a las seis de la tarde hacia el centro” cuando notó que, tras bajarse un grupo grande de pasajeros, en la parte trasera del bus quedaron el hombre y la joven. “Me volteé, la miré a ella, le dije como: ‘¿Conoces a esta persona?’”, contó. La chica, según su testimonio, respondió: “No conozco a esta persona”.

Almanza dijo que encaró al hombre en ese momento. “Le grité que qué le pasaba, que cuál era su problema”, relató, y sostuvo que el sujeto se cambió de puesto para quedar “al frente” de ella y “empezar a burlarse” por su reacción. En ese intercambio, recordó, el hombre le reprochó que si la joven “no estaba incómoda”, ella no debía intervenir.

La usuaria explicó que insistió en que el silencio de la víctima no implicaba consentimiento: “El hecho de que no estuviera reaccionando igual a mí no significaba que no estuviera incómoda”.

Según su relato, el hombre intentó volver a sentarse junto a la joven: “Ella se levantó, se fue a la parte de enfrente y yo simplemente seguí hablando con mi pareja, pero con mucho miedo porque el señor no me quitaba la mirada”.

La denunciante aseguró que buscó ayuda del conductor del vehículo: “Fui a donde el conductor a informarle de la situación para que me ayudara a avisarle a la central. No pasó nada”, señaló, y agregó que el hombre “seguía intentando acercarse a la muchacha”.

“Nadie en todo el Transmilenio, en su mayoría hombres, hicieron nada”, afirmó y continuó criticando la reacción de los demás pasajeros: “La indiferencia me chocó muchísimo porque no podía creer que viendo la situación claramente que yo estaba viendo, la gente no hiciera absolutamente nada”.

Al bajar del bus, contó que la joven se acercó a agradecerle: “Cuando me bajé del Transmilenio, la chica me agradeció por haberla defendido”. Después, según su versión, ella y su pareja buscaron a policías y personal del sistema para informar lo ocurrido, pero no supieron nada más.

La joven que realizó el video dijo que, al reconstruir el trayecto, el hombre había intimidado a la joven desde antes: “Nos dimos cuenta que el señor llevaba intimidándola todo el camino, que le estaba diciendo que ‘si no le daba miedo ir sola, para dónde vas’”.

En el cierre del video, Almanza indicó que tomó una foto del hombre y pidió difundirla para prevenir a otras personas: “Les dejo la foto acá para que, si lo reconocen, puedan hacer visible su cara y que la gente sepa que es un acosador”, dijo, y rechazó que ese tipo de situaciones se traten como parte de la rutina: “No puedo aceptar ni creer que el acoso sea algo normal. No es normal”.

La joven acompañó el video con un texto en el que demuestra su indignación por lo ocurrido: “El acoso no es normal. No es un ‘malentendido’, no es un ‘piropo’ y mucho menos algo que debamos aprender a soportar o ignorar. Decidí hacer esta denuncia pública porque no quiero seguir normalizando este tipo de situaciones. Ninguna mujer debería sentirse intimidada o insegura por el simple hecho de usar el transporte público”.

Y le pidió a los ciudadanos compartir el video: “Si este mensaje llega a más personas, podemos generar conciencia y evitar que otras mujeres pasen por lo mismo (...) El silencio nunca debería proteger a un acosador”.

Por medio de una publicación realizada en la red social Facebook, usuarios denunciaron maltrato animal en un refugio para animales llamado Granja de Chopos, ubicado en un parque público dentro de la Unidad Habitacional San Buenaventura, en Ixtapaluca, al oriente del Estado de México (Edomex).

En diversas publicaciones se compartieron imágenes y videos que permiten ver la situación deplorable en la que el refugio mantiene a los animales.

De acuerdo con la información proporcionada por los usuarios, desde hace unos 12 años, vecinos de la zona han observado presuntas conductas de maltrato animal en la Granja de Chopos.

La situación no se ha resuelto por parte de las autoridades, esto a pesar de que, señalaron, hay múltiples denuncias, folios y reportes.

Incluso se dio a conocer que existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Regional de Texcoco, sin embago, hasta el momento no se ha recibido una respuesta satisfactoria.

Durante los últimos meses, vecinos recabaron evidencia de la situación en la que se encuentran los animales en ese refugio, con imágenes y videos, y señalaron que, para aceptar a algún animal, los administradores solicitan aportaciones económicas de hasta 3 mil 500 pesos, así como costales de alimento, correas y cadenas. Sin embargo, quienes han documentado el caso afirman que las condiciones de los animales no refleja una mejora pese a dichas aportaciones.

En la denuncia se incluyeron imágenes y videos, así como testimonios que aseguraron que los perros que se encuentran en el refugio viven entre heces y orina, además de que los mantienen amarrados de manera permanente con cadenas que prácticamente les impiden moverse, con acceso limitado a agua y alimento, además de darles comida en malas condiciones, como pellejo de pollo o croquetas enlamadas.

Los denunciantes también señalaron que, recientemente, una perrita que estaba embarazada perdió la vida debido a la falta de movilidad ocasionada por la cadena con la que permanecía sujeta, y aseguraron que varios de los animales que se encuentran dentro del refugio presentan signos graves de desnutrición, sarna y moquillo.

Se denunció que hay videos en los que se observa a personas vinculadas con ese refugio golpeando a perros con palos, y vecinos denunciaron que dentro del parque se han enterrado cadáveres de perros y gatos que habrían muerto presuntamente a consecuencia de las malas condiciones en las que permanecían.

Por esto, solicitaron a las autoridades correspondientes que realicen una investigación del lugar y esclarecer los hechos, y en caso de que se acrediten responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

En las fotos y videos compartidos en la publicación, se puede ver a los perros del refugio en malas condiciones, con las paredes llenas de sangre, los animales amarrados con cadenas que les limitan la movilidad, con síntomas de desnutrición e incluso cadáveres de animales. También se ve el alimento en malas condiciones, como pellejos de pollo repleto de insectos o croquetas enlamadas.

Convocan a marcha

Por medio de redes sociales, ciudadanos del municipio de Ixtapaluca hicieron un llamado para realizar una marcha pacífica en favor de los animales de la Granja de Chopos, donde se ha denunciado maltrato animal.

El motivo de la marcha es exigir justicia y la intervención inmediata de las autoridades ante las denuncias presentadas sobre el caso de la Granja de Chopos.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto al medio día, en el Gimnasio Polivalente Chopos, ubicado en la Unidad Habitacional San Buenaventura, en el municipio mencionado.

Los vecinos exigen una inspección inmediata del lugar, así como celeridad en el seguimiento de las denuncias formales, trato digno y protexión animal, la clausura del sitiio y rescate de los animales.

“Vamos a hacer famoso al señor que me estaba morboseando. Ay, en TikTok vas a ser superfamoso, enfermo”, inicia la grabación que compartió la abogada vallecaucana Ana Uribe, y que por medio de su cuenta de Instagram expuso al hombre que la persiguió, según su narración, a bordo de una bicicleta.

La mujer decidió encararlo luego de sacar su celular justo cuando llegaban a la plaza de Bolívar.

Allí, y a pesar de la advertencia que le hizo Uribe al abuelo, el hombre mostró una actitud retadora y altiva, sin importarle la incomodidad que debió soportar la joven hasta le sacó la lengua, en un gesto que varios usuarios calificaron como “lascivo”.

“¡Enfermo! Vas a ser superfamoso. ¡Vas a ser superfamoso, viejo enfermo!” le dijo con vehemencia la abogada al adulto mayor, que luego de unos segundos siguió su camino.

Este caso se suma a las cifras oficiales que reveló que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en Bogotá 8 de cada 10 mujeres han manihaber sido víctimas de acoso callejero y el 64% indicó sentir algún tipo de acoso en el transporte público.

Mujer que expuso a hombre que la acosó en el centro de Bogotá: “No me voy quedar callada”

En un mensaje adjunto que compartió con la grabación, Uribe precisó: “Hoy me pasó algo que me niego a normalizar”.

La jurista relató que mientras caminaba hacia su lugar de trabajo “por la Plaza de Bolívar, un hombre en bicicleta comenzó a seguirme y acosarme”.

La mujer detalló que los hechos se prensentaron “en plena Plaza de Bolívar, a plena luz del día, con gente alrededor”, pero recalcó que nadie hizo “nada”.

“Por eso decidí publicarlo y mostrar su cara. Porque la vergüenza tiene que cambiar de bando. No podemos seguir siendo nosotras las que sentimos miedo, las que callamos o las que seguimos caminando como si nada hubiera pasado”, expuso en su publicación Uribe el motivo por el que decidió exponer al adulto mayor en redes sociales.

La abogada recalcó que esta clase de personas que suelen acosar y tener comportamientos obscenos lo hacen sin preocupaciones.

“Si se sienten con la libertad de acosarnos y perseguirnos así, en público y frente a todo el mundo, ¿qué serán capaces de hacer cuando nadie los esté viendo?" menciona la pregunta que compartió a modo de reflexión Uribe.

Al final, la abogada setenció: “No me voy a quedar callada. La vergüenza no es mía”.

Los piropos también son considerados como una forma de acoso sexual callejero

Un informe de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia señaló en octubre de 2025 que el 80% de las mujeres ha recibido comentarios sexuales no deseados en la calle, una conducta que incluye “piropos”, silbidos y tocamientos físicos intencionales y que se considera acoso sexual.

En Colombia, el acoso sexual callejero es un delito tipificado como injuria por vía de hecho, con pena de prisión de hasta cuatro años y una multa que puede llegar a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el Código Penal Colombiano.

Ante un caso, la ciudadanía puede pedir ayuda a la Línea de Emergencias 123. Si presencia la situación y su integridad no corre riesgo, puede apoyar a la víctima al intervenir y solicitar de inmediato asistencia de autoridades o personal de seguridad del lugar.

En el transporte público, se recomienda acercarse al conductor y activar la ruta inmediata de atención a través del botón de pánico.

Si es posible, y como elemento que puede ayudar a una futura investigación judicial, se recomienda grabar (si es posible) la situación para contar con material probatorio y avanzar en la judicialización del agresor.

Las mujeres también pueden acudir a la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio, que articula a entidades distritales y nacionales para prevenir y atender violencias basadas en género.

La atención puede iniciarse con una llamada a la Línea Púrpura 01800 112 137 para apoyo psicosocial y jurídico o a la línea Una Llamada de Vida 601 380 8400 en Bogotá.

Para solicitar una medida de protección, se puede acudir a una Comisaría de Familia de la localidad. En las Casas de Justicia también atienden la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de la Mujer y las Comisarías de Familia, entre otras entidades.

Su nombre, idéntico al de la mujer detenida por el asesinato de María Camila Potosí y su hija Alahia en Cali, la ha convertido en blanco de agresiones virtuales.

A través de su cuenta de TikTok, Yulieth decidió aclarar la situación y pedir respeto a quienes la atacan por error. “Les pido de por favor que ya paren todo eso ahí, que me dejen tranquila. Además, yo viví siete años en Ecuador, tenía siete años que no iba para Colombia”, explicó en un video publicado en la plataforma.

En sus sus últimas publicaciones, la joven ha recibido decenas de mensajes ofensivos y amenazas directas, lo que la llevó a exponer su caso públicamente.

“Entonces, no me involucren en cosas que yo no tengo nada que ver. Ya me siento sin ánimo, sin fuerza de tantas amenazas, tantos mensajes feos que me mandan. Por favor, déjenme tranquila, de meterse con mis hijos. Yo tengo mis hijos. Ya no aguanto ni un mensaje de amenaza más, por favor”, suplicó en su mensaje.

La situación surge a raíz del reciente y mediático crimen en Cali, donde una mujer con el mismo nombre fue capturada como presunta responsable del asesinato de María Camila Potosí y su bebé. La homonimia llevó a decenas de usuarios a dirigir sus acusaciones hacia la joven equivocada.

En su testimonio, Yulieth insistió en que la responsable del crimen ya fue detenida por las autoridades. Pidió a quienes la acusan que detengan la campaña de hostigamiento que está afectando su vida y la de su familia. “Ya saben que la culpable está detenida en Colombia, pero ¿por qué se ensañan conmigo de estresarme la vida, hacerme la vida triste? Entonces, les pido de por favor, quiero mi tranquilidad".

En otro video la mujer explicó: “Mi nombre es Yulieth, paso por aquí para recordarle a la gente que me está amenazando, que me están atacando, que yo no soy la persona que sale en esa foto con lo que pasó con la chica en Cali. Amores, yo vivo en Canadá, yo no vivo en Colombia. Soy colombiana, pero no estoy allá. Entonces, ya paren con sus amenazas, sus comentarios fuera de lugar, que no saben en lo que lo afectan a uno”.

Además, la denunciante pidió parar con los hostigamientos: " Yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Entonces, no veo por qué me involucran a mí en algo que está pasando allá cuando ni siquiera vivo allá. Entonces, ya paren con eso y para dejarles muy claro: no soy la persona que están buscando allá. Yo no estoy en Colombia, ya tengo más, casi dos años aquí en Canadá“.

Bebé de María Camila Potosí nació con vida tras una “cesárea artesanal”: esto fue lo que descubrió la Fiscalía

El hallazgo de los restos de Alahia Moncayo Potosí en una zona boscosa de Altos de Santa Elena, días después de que el cuerpo de María Camila Potosí fuera arrojado a la ribera del río Meléndez, reconfiguró la investigación judicial en Cali.

La Fiscalía General de la Nación reveló que la bebé nació con vida tras ser extraída mediante una “cesárea artesanal”, procedimiento realizado mientras la madre era asesinada, según la hipótesis central del proceso.

La audiencia de imputación permitió reconstruir una cronología del caso. El informe oficial detalla que el 20 de julio de 2026, el cuerpo de la joven fue trasladado y abandonado en la orilla del río, en tanto que la búsqueda de la recién nacida concluyó en el suroeste de la ciudad, dentro del megaproyecto de vivienda Altos de Santa Elena.

Según los datos presentados ante el juez, el grupo de presuntos responsables habría llevado a María Camila, con engaños, hasta un inmueble en el sector rural de Altos de Polvorines. Allí, la joven fue retenida, incomunicada y dejada en total indefensión, lo que permitió avanzar en el plan para apropiarse de la bebé.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo: “Lo que hizo nugatorio los esfuerzos de la víctima por defenderse o pedir auxilio, lo que aseguró el resultado. Es decir, la instrumentalización del cuerpo de María Camila como un fin ¿Cuál fue? Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida viva, Alaia Moncayo Potosí, y de manera concomitante causarle la muerte”.

Los cinco implicados —Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan Narváez y Edwin García— recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Las imputaciones incluyen feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios. Ninguno admitió los cargos.

“Le informo al país que hemos encontrado un dispositivo de escucha en mi oficina del sexto piso del edificio nuevo del Senado de la República”, inicia la declaración por parte de Arias.

Sumado a esto, Arias recalcó: “Denuncio que he encontrado un micrófono en la biblioteca de mi oficina personal en el Congreso de la República”, añaden las palabras adjuntos al video que se conocieron desde la cuenta en X del congresista.

El senador precisó, mientras señaló el objeto en el que hallaron el presunto micrófondo, que “en esta biblioteca, con motivo del inicio del nuevo periodo y buscando tener la mayor cantidad de garantías posible frente a un gobierno que se anuncia de ultraderecha, persecutor de las luchas populares y sociales y que ha anunciado destripar a la izquierda, pues nos dimos a la tarea de hacer cuanto fuera desde nuestro campo para obtener las mejores condiciones”.

Por lo anterior, y el mismo martes, Arias aseguró que se contó con la “participación del cuerpo administrativo del Senado de la República y con la presencia nuevamente de personal altamente especializado, finalmente lo hemos encontrado en la parte superior de esta biblioteca”.

El congresista aseguró que “esto constituye una afectación de nuestros derechos y de nuestras garantías”, al referirse que el Pacto Histórico oficiará como partido de oposición en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que se posesionará el viernes 7 de agosto de 2026 en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, en Valle del Cauca.

Arias señaló que este descubrimiento en su despacho “raya en el Código Penal” y confirmó que desde su equipo de trabajo van a denunciar los hechos ante la Fiscalía, y dejó en claro: “Le decimos al país que vamos a seguir haciendo todo lo posible por tener las mejores condiciones y por enfrentar cuanto sea necesario para poder dar con un buen desempeño que honre el papel que la sociedad nos ha encomendado”.

El excongresista al que también le encontraron otro supuesto micrófono

El congresista Arias señaló en la misma declaración en video que dentro de las “mismas pesquisas logramos establecer que en la oficina del exsenador Julián Gallo (Comunes) también se había puesto un dispositivo de escucha en el aparato de teléfono fijo de esa oficina, pero también objeto de iguales violaciones de sus derechos”.

Por todo lo anterior, Arias concluyó con un mensaje para la administración entrante: “Que no se equivoquen con nosotros. Vamos que vamos a defender los intereses de la sociedad”.

“Exigimos garantías para nuestro ejercicio de oposición, no nos van a intimidar”, finaliza el mensaje en X del senador que acompaña el video en X.

Dentro de las primeras reacciones que se conocieron, el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy (Pacto Histórico) se solidarizó con Arias y destacó vía X: “¡Esto es gravísimo! ¿Quién empezó a instalar micrófonos en las oficinas del Pacto Histórico?”

Por su parte, el representante a la Cámara por Cundinamarca Eduard Sarmiento Hidalgo (Pacto Histórico) se sumó a la posición de Monroy y pidió una investigación más exhaustiva en las demás oficinas de los congresistas de la misma bancada, y agregó que parte del mobiliario había sido renovado hace más de un año atrás.

“Esto es sumamente grave. Debe hacerse una inspección a todos las oficinas del @PactoCol e incluso de todo el Congreso. ¿Desde cuándo estarían espiando a @wilsonariasc?“ Hace cerca de año y medio habían cambiado los muebles de nuestras oficinas ¿sería desde entonces? Solidaridad mi querido compañero Wilson Arias. Que se sepa toda la verdad", concluyó Sarmiento.

Por el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado luego de la denuncia que hizo Arias por medio de redes sociales.

Organizaciones ambientales y grupos de ciudadanos piden al Ministerio de Ambiente explicar por qué una propuesta reduce la superficie protegida, y llaman a participar en una consulta pública antes del 14 de agosto.

Señalan que los manglares no terminan donde acaba el bosque que se ve desde la costa, pues bajo el agua, entre canales, estuarios, sedimentos y mareas, existe un sistema conectado del que dependen numerosas especies y comunidades. Por eso, sostienen que la consulta pública abierta por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sobre el Área de Recursos Manejados Manglares de Alanje, David y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, no constituye únicamente un trámite administrativo.

“Es una oportunidad para que la ciudadanía participe en una decisión que podría definir cómo se protegerá uno de los ecosistemas costeros más importantes de Chiriquí”, aseguran.

Organizaciones ambientales, especialistas y ciudadanos han solicitado que la propuesta presentada por MiAmbiente sea revisada y fortalecida antes de su aprobación definitiva.

El planteamiento central es sencillo: un manglar funciona como una unidad ecológica. El agua, los canales de marea, los sedimentos, las especies, los estuarios y el bosque están conectados. Lo que se modifica en un punto puede provocar consecuencias en el resto del ecosistema.

“Cuando hablamos de poner límites, no hablamos únicamente de dibujar una línea en un mapa; hablamos de proteger un sistema vivo donde el agua, el manglar y la biodiversidad están completamente conectados”, aducen las organizaciones que impulsan la participación ciudadana.

Indican que los límites de un área protegida determinan qué espacios estarán sujetos a medidas especiales de conservación y cuáles podrían quedar fuera de esa protección.

En el caso de los manglares, afirman que proteger solamente los árboles visibles sería insuficiente, ya que también deben considerarse los canales, estuarios, cuerpos de agua y demás zonas que permiten la circulación natural del agua y mantienen el funcionamiento integral del ecosistema.

La principal preocupación planteada durante la consulta se relaciona con la reducción de la superficie contemplada en la propuesta.

De acuerdo con las observaciones ciudadanas, el área habría pasado de aproximadamente 75,935 hectáreas a 66,600 hectáreas. Las organizaciones solicitan que MiAmbiente explique cuáles zonas fueron excluidas y qué criterios técnicos, científicos, ecológicos o sociales sustentan esa modificación.

La diferencia representa alrededor de 9,335 hectáreas, por lo que conocer las razones de la reducción resulta indispensable para que la ciudadanía pueda evaluar la propuesta de manera informada.

Además de solicitar una explicación sobre la disminución de la superficie protegida, las organizaciones proponen limitar las excepciones que puedan permitir actividades como tala, rellenos o construcción de infraestructura que altere el manglar o el flujo natural del agua, además de definir con precisión la zona de amortiguamiento de 50 metros.

También se propone aclarar cómo se aplicará la nueva resolución frente a proyectos previamente autorizados, así como evitar que permisos anteriores den lugar a obras incompatibles con los objetivos de conservación, e incorporar en el futuro Plan de Manejo una zonificación clara, medidas para proteger especies amenazadas, financiamiento sostenible y participación efectiva de las comunidades locales.

Las organizaciones reconocen que formalizar los límites del Área de Recursos Manejados constituye un paso importante. Sin embargo, consideran que la consulta pública debe servir precisamente para corregir vacíos, aclarar dudas y garantiza garantizar que la protección sea efectiva, no solamente declarativa.

La consulta pública permite que cualquier ciudadano presente comentarios u observaciones sobre la propuesta.

El plazo estará abierto hasta el 14 de agosto de 2026 y las observaciones pueden remitirse por correo electrónico al Ministerio de Ambiente. Las organizaciones también han preparado un Action Kit con un modelo de comentarios que puede enviarse directamente o utilizarse como referencia para elaborar una propuesta individual.

La historia comenzó a ganar fuerza en plataformas digitales gracias a un video publicado por la profesora Marthita Cuevas, quien relató paso a paso lo ocurrido durante el regreso de un recorrido académico que se prolongó por un mes en distintas ciudades europeas. La grabación rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios y posteriormente fue retomada por diversos medios de comunicación.

De acuerdo con el testimonio de la docente, el último tramo del viaje consistió en un vuelo entre Cancún y la Ciudad de México. Sin embargo, al aterrizar en el AICM alrededor de las 23:00 horas del sábado 1 de agosto, el grupo comenzó a vivir una serie de inconvenientes relacionados con el equipaje documentado.

Según explicó, las maletas no aparecían en la banda correspondiente, aunque personal del aeropuerto les informó que el equipaje ya había sido entregado. La situación generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes permanecieron esperando una explicación sobre el paradero de sus pertenencias.

La profesora señaló que fue casi una hora después cuando finalmente recibieron las maletas. No obstante, desde el primer momento detectaron algo fuera de lo normal: el equipaje parecía considerablemente más ligero de lo que recordaban.

Con la intención de salir de dudas, decidieron utilizar una báscula para verificar el peso de cada maleta. De acuerdo con el relato compartido en redes sociales, todas registraban entre dos y tres kilogramos menos respecto al peso con el que habían sido documentadas antes del vuelo.

Tras detectar la diferencia, la docente afirmó que acudió con una persona identificada como supervisor de Volaris para reportar la situación. Sin embargo, aseguró que no recibió una explicación sobre lo ocurrido ni una respuesta que aclarara por qué el equipaje había perdido parte de su contenido.

También relató que buscaron apoyo con otros trabajadores de la aerolínea, aunque, según su versión, nadie dio seguimiento al caso. Incluso sostuvo que algunas personas intentaron retirar las etiquetas colocadas en las maletas, situación que incrementó aún más la preocupación del grupo.

Horas más tarde, cerca de las 2:00 de la madrugada del domingo 2 de agosto, Marthita Cuevas decidió grabar un video para hacer pública la denuncia. En ese momento explicó que todavía no habían revisado completamente el contenido de todas las maletas; sin embargo, durante una primera inspección ya habían detectado la ausencia de varias prendas de vestir y distintos recuerdos adquiridos durante su estancia en Europa.

Ante esa situación, anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar una denuncia por el presunto robo de sus pertenencias. Además, solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Secretaría de Marina (Semar) para que el caso fuera investigado.

La publicación no tardó en viralizarse y generó cientos de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares, mientras otros pidieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, Volaris y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no han emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones realizadas por la profesora y los estudiantes.

Mientras tanto, el caso continúa generando conversación en redes sociales, donde miles de internautas siguen atentos a una posible respuesta de las autoridades o de la aerolínea sobre un episodio que ha despertado preocupación entre quienes acostumbran documentar equipaje durante sus viajes.

El abogado Carlos Soler formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de contra Manel Grau, a quien acusa de haber recibido $4.900 millones por parte de empresarios colombianos bajo el supuesto de inversiones rápidas y seguras.

La relación entre Grau y figuras del poder, incluida Verónica Alcocer, es un elemento que —según los denunciantes— sirvió para generar confianza.

Durante dieciocho meses, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, los empresarios realizaron transferencias, entregas en efectivo y hasta la cesión de un vehículo de alta gama. Soler, quien representa a los afectados, entregó al ente investigador documentos y audios como prueba de la operación.

En total, Grau habría recibido $3.910 millones en efectivo, pagos por cheque por $280 millones y una transferencia bancaria de $60 millones. Además, la denuncia detalla la entrega de una Toyota Sequoia valorada en $650 millones. Todos estos montos y bienes están respaldados con documentación, propiedad y fechas de entrega.

Soler argumentó ante la revista Semana que los aportes no fueron hechos de una sola vez: “Entre el 15 de noviembre de 2023 y el 1 de junio de 2025 se realizaron múltiples entregas de dinero, cheques, transferencias bancarias y bienes valorados económicamente, cuyo valor consolidado asciende a la suma de 4.900 millones de pesos”, reza la denuncia presentada por el abogado.

El caso contra Manel Grau se sostiene en la promesa de devolución rápida con intereses del 10% y en la confianza que generó su vínculo con altos círculos de la presidencia.

Soler enfatizó que la valoración de los bienes entregados en especie, como el vehículo mencionado, se encuentra respaldada “con la documentación correspondiente a su propiedad, tradición, fecha de entrega y demás documentos pertinentes”.

Revelan audios de amiga cercana a Verónica Alcocer que comprometen a la primera dama: “Le dieron 2 millones de euros”

La filtración de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora de la actual primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, sacudió el escenario político al revelar acusaciones sobre el manejo de dinero, influencia en entidades estatales y desaparición de recursos públicos.

En las grabaciones, difundidas por Semana, Ferrer Galcerán arremete contra el entorno de Alcocer y detalla, entre otros episodios, la recepción de dos millones de euros durante la campaña presidencial. Según la exfuncionaria, ese monto habría sido entregado por el empresario catalán Manel Grau.

Las denuncias se extienden a otros ámbitos. Ferrer Galcerán sostuvo que la primera dama mantenía un nivel de gasto elevado: “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, sentenció en uno de los audios. Agregó que existían cobros por reuniones, de hasta esa misma cantidad, y que en el entorno de Alcocer, “el dinero les gusta pa ellos”.

Según las palabras de Ferrer Galcerán, parte de la estructura que rodeaba a Alcocer estaba compuesta por figuras provenientes de Cataluña.

Entre ellos, mencionó a Xavier Vendrell, vinculado al círculo próximo del presidente Gustavo Petro, y a un “italiano” que, según la exfuncionaria, operaba como testaferro de Grau: “Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano”.

La exconsejera también denunció la desaparición de mil millones de pesos en efectivo de una consejería y la utilización de fondos para “bodegas”, asesores, estudios de opinión y movilizaciones políticas.

Otras denuncias y antecedentes de presunta estafa

No es la primera vez que el nombre de Grau aparece vinculado a señalamientos por fraude. En febrero de 2026, copropietarios del proyecto Torre Barcelona, ubicado en el centro de Bogotá, adelantaron acciones legales por presunta estafa contra el empresario catalán.

El proyecto inmobiliario, promovido por Grau, prometía una rentabilidad anual cercana al 7,92% a diez años, pero los inversionistas afirman que apenas recibieron un 3%.

La comercialización de las unidades, que comenzaron a venderse desde 2016 por aproximadamente 140 millones de pesos cada una, quedó en manos de sociedades relacionadas con Grau. El edificio fue entregado en 2020 y, desde entonces, la administración estuvo a cargo de una empresa del entorno del empresario. Para la gestión de los ingresos y utilidades se constituyó un fideicomiso.

Propietarios agrupados en la firma Defensa Inmobiliaria, que representa a más de 220 dueños, expresaron su inconformidad: un vocero señaló que, aunque el edificio habría generado ventas anuales de hasta $10.000 millones, la utilidad repartida no coincidió con lo que se había proyectado inicialmente.

El video se difundió a través de las redes sociales, en las que se confirmó que la víctima viajaba con una compañera y las dos decidieron bajarse en la siguiente estación por miedo a que la amenaza se concretara.

El caso se conoció después de que la Secretaría Distrital de la Mujer informara que durante el primer semestre de 2026 realizó 210.556 atenciones a las ciudadanas y que el 64% estuvo relacionado con situaciones de violencia. En ese mismo período, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas identificó y atendió a 1.934 mujeres con riesgo de feminicidio.

En las imágenes que circularon en redes se escucha al hombre decirle a la pasajera violentas frases como: “Bájese o la cojo a puñaladas”.

Hasta ahora no se conoce de manera pública la identidad del señalado ni las circunstancias que originaron la confrontación. Versiones preliminares indican que la mujer habría buscado policías en estaciones cercanas, pero durante el trayecto no encontró presencia de uniformados.

De acuerdo con La FM, la Policía Metropolitana de Bogotá no había recibido reportes del caso, lo que reitera que la circulación masiva del video no equivale, por sí sola, a una denuncia formal ante las autoridades.

El hecho generó rechazo de voces en el Concejo de Bogotá, como es el caso del concejal Juan David Quintero que cuestionó que una mujer se sienta vulnerable en el sistema y pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella priorizar su propuesta de un nuevo escuadrón de fuerza Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (Emac) para reforzar la seguridad en el transporte público.

Quintero escribió en su cuenta de X: “No puede ser que una mujer se sienta vulnerable por un desadaptado, que la amenaza con apuñalarla. Pido al presidente Abelardo priorizar mi propuesta de un nuevo escuadrón de fuerza Emac para que ningún usuario sienta temor al subirse al transporte público, que es un servicio esencial para las personas”.

Entre las reacciones en redes sociales también apareció una crítica a la capacidad de respuesta dentro del sistema. Uno de los comentarios citados preguntó: “No sé supone que el Transmilenio tiene cámaras al interior de los buses. ¿Galán no acabó de darles más motos? ¿No hay vigilancia privada?” y otras como: “Doctor Carlos Fernando Galán hasta cuándo tenemos que tolerar gente desadaptada, señor presidente Abelardo de la Espriella, Bogotá necesita atención, la que no le da el alcalde en curso”.

Qué puede hacer una víctima o un testigo ante una amenaza en un bus

Si una amenaza, pelea o agresión está ocurriendo en el sistema de transporte de la ciudad y representa un riesgo inmediato, la víctima o cualquier persona presente puede llamar a la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas para atender incidentes que afecten la seguridad de los capitalinos.

Recuerde que también puede alertar a un funcionario de Transmilenio, al conductor o a un integrante de la Policía de Transporte Masivo, aunque la preocupación de la comunidad radica en que muchas veces las estaciones no cuentan con personal de apoyo que pueda atender el caso.

Cabe mencionar que si los pasajeros desean presentar una denuncia penal, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, que dispone de un canal virtual y de la Línea 122.

La Secretaría Distrital de la Mujer presentó su balance semestral en el que indicó que la cantidad de denuncias demuestran que la comunidad está acudiendo a los canales oficiales: “Este comportamiento refleja una mayor búsqueda de ayuda, la activación temprana de las rutas institucionales y una respuesta más oportuna para prevenir que los riesgos se conviertan en violencias más graves”.

Después de cinco días de tareas para contener los incendios desatados en la localidad de Guanchín, provincia de La Rioja, el secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, confirmó que el fuego arrasó miles de hectáreas y generó daños a la vegetación, la fauna y las propiedades cercanas. Por esto, el Gobierno provincial radicó una denuncia para que investiguen el hecho y sancionen a los responsables.

“El saber qué fue lo que sucedió es lo que nos movilizó a presentar una denuncia penal”, señaló el funcionario provincial. Tras considerar que la actividad del fiscal a cargo “tiene hoy una importancia tremenda”, aseveró que “este tipo de hechos deben ser castigados”.

En este sentido, Azulay se refirió a los responsables de provocar el siniestro al apuntar que “no puede quemar miles de hectáreas, afectar animales, propiedades y poner en riesgo la vida de quienes combaten el fuego”. Cabe destacar que, pese a los esfuerzos, este viernes los focos activos en la zona de Cuesta del Pique y las Sierras de Guanchin fueron declarados críticos.

Por su parte, el Ejecutivo provincial manifestó su confianza en que las tareas de investigación permitan reconstruir con precisión cómo se originó el incendio. Además, remarcó la necesidad de que estos hechos sean castigados y de que “no queden impunes”, bajo la premisa de que la justicia debe actuar con firmeza para desalentar conductas similares en el futuro.

A pesar de que un 70% del incendio fue contenido durante el jueves, las autoridades alertaron que los frentes activos cobraron mayor fuerza producto de las fuertes ráfagas de viento zonda. Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día iba a estar activa una alerta de nivel naranja en la región.

De acuerdo con la información publicada por Nueva Rioja, los vientos alcanzaron una velocidad de 75 km/h aproximados, por lo que los equipos no pudieron reforzar el combate con el uso de aeronaves hidrantes. Por este motivo, solo se realizaron tareas de contención con brigadas en tierra.

Las zonas de mayor preocupación se concentraron en las quebradas del Parrón, en un área cercana a las estaciones 2 y 3. Asimismo, informaron que en el lugar estuvieron presentes el 2° jefe de Regional, el comisario mayor Sergio Montivero, y el equipo del Departamento Especial de Asistencia y Rescate (DEAR), bajo las directivas del comisario inspector Eduardo Espeche.

Para este sábado, el organismo meteorológico informó que estará activa una alerta amarilla por vientos en toda la provincia, por lo que las autoridades plantearon la posibilidad de que el siniestro empeore. También el índice de peligro de incendios se mantendrá alto y escalará a muy alto durante el domingo.

A lo largo de la semana, los equipos trabajaron de forma ininterrumpida, enfrentando condiciones adversas y riesgos constantes. En respuesta a la emergencia, la comunidad local se organizó para colaborar con la provisión de alimentos, agua y asistencia logística, gesto que fue destacado y agradecido por el secretario de Ambiente.

En paralelo, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Chilecito asistieron a los productores y puesteros de Santa Florentina y Guanchín, dos de las zonas más afectadas, con la entrega de 400 fardos de pasto. “La distribución prioriza a los productores más afectados, mientras continúan las tareas de relevamiento, atención de los animales y acompañamiento a las familias que viven y trabajan en la zona”, destacaron.

“Hay imágenes que no necesitan explicación. Detrás de cada rincón consumido por el fuego hay historias, recuerdos, trabajo y sueños que hoy conviven con la angustia, la incertidumbre y la desolación”, reflexionaron las autoridades, tras pedir a la comunidad que tome conciencia de los hechos ocurridos.

Luego de que enfatizaran sobre “la importancia de cuidar nuestro ambiente”, sostuvieron que “la prevención, el compromiso y la responsabilidad de cada uno son fundamentales para proteger nuestros cerros, nuestra flora, nuestra fauna y el futuro de las próximas generaciones”.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. De acuerdo con el relato de Ledesma, aquella noche Medina se encontraba en su casa, ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa. Los dos vivían a seis o siete cuadras de distancia pero no tenían contacto frecuente.

Iara tardó años en poder contarlo. En su testimonio en LAM reconstruyó ese silencio con precisión: “Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar. Pero yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia”.

El silencio se extendió durante tres años. Iara no se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre. En LAM explicó por qué: “Ella trabajaba y no quería cargarla con esto”. Recién a los 15 años encontró las palabras: “Me callé hasta los quince, que fue cuando por primera vez lo pude contar, porque ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza”.

La primera revelación no fue ante la Justicia sino ante la propia familia de Medina. Iara fue con su madre a la casa de los Medina. Estaban presentes Brisa —la hermana gemela de Thiago—, el padre y los hermanos menores. Lo que ocurrió en esa reunión quedó grabado en su memoria con detalle: “Thiago la llama a mi mamá en la pieza de él, porque mi mamá es la madrina de Thiago, le dice: ‘Madrina, vení que quiero hablar con vos’. Mi mamá fue y Thiago le dijo que la perdone, que por favor lo perdone, porque él no quería hacer esto, pero que lo perdone”.

La madre de Iara respondió que no podía perdonarlo, pero aclaró que no iba a tomar ninguna acción. En ese momento, la familia quería que el asunto quedara en silencio: “Solamente queríamos que no lo sepa todo el mundo, porque vos vas en el barrio y le hablás de esto y la gente lo sabe”.

Brisa, en aquella reunión, le prometió apoyo a su prima: “Prima, voy a estar con vos, te voy a apoyar”. Esa promesa no duró. Días después llegó Camila —la otra hermana de Thiago, que no estaba presente aquella noche— y el clima cambió: “Vino y empezó a llenarle la cabeza a ellos de que todo es mentira”.

Fue Camila quien, según Iara, se encargó de difundir en el barrio que todo era inventado. “Hace poco me enteré que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto”, relató. Y precisó que esa versión circuló durante años entre vecinos y conocidos: “Esto, lo que yo estoy contando ahora, en el barrio todos lo saben, porque cuando ellos se pelearon con gente de la esquina de la casa de ellos, la gente esa lo amenazaba por contar esto”.

Iara aclaró que el tema nunca había trascendido por su parte: “Yo de este tema lo hablamos con ellos nomás y bueno, ella fue la única que se encargó de hablar por todos lados”. Primero publicó un video en sus redes sociales y luego se presentó ante la Policía. En LAM explicó su decisión de hacer la denuncia formal: “Ya estaba preparada para hacerlo y lo pensé un montón por toda la gente lo que iba a decir, pero creo yo que tienen que saberlo, porque él tiene dos nenas”.

Cuando Brito le preguntó cómo había vivido ver a Medina en la casa de Gran Hermano, Iara respondió: “Estuve mal porque decía: ‘¿Cómo puede ser que una persona que haya hecho eso esté tan bien ahora?’”. Durante la entrevista, Iara se quebró en más de una ocasión. En uno de los momentos más crudos del testimonio, entre sollozos, dijo: “Nadie sabe lo que yo pasé en el momento”. Cuando Carla Czudnowsky le preguntó qué había vivido internamente durante los tres años que guardó silencio, respondió: “Estaba mal, obvio, estaba mal constantemente, pero bueno, no lo contaba”.

Iara también respondió a las acusaciones de Thiago y Camila, quienes sostuvieron que los había amenazado con hacer pública la situación en tres o cuatro ocasiones previas. La joven los desafió a demostrarlo: “Si es verdad que yo los amenazo, que muestren las pruebas de que yo lo estoy amenazando”. Y cerró con un reclamo claro sobre adónde quiere que llegue todo esto: “Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad”.

Pepe Ochoa le preguntó cómo había sido el momento en que Thiago reconoció los hechos. Iara lo describió así: “Él lo contó llorando, que lo perdone, que él no quería hacer eso, pero que lo perdonen”. Tras hacerse pública la denuncia, nadie de la familia de Medina se contactó con Iara. “De la familia de él nadie”, confirmó cuando le preguntaron. Tampoco lo hizo la madre de sus hijas. Thiago Medina respondió horas después de conocerse la acusación con un comunicado en sus redes sociales en el que negó los hechos de forma categórica, y publicó además una serie de historias de Instagram en la misma línea.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual por su prima Iara Agustina Ledesma, de 19 años. La joven afirma que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y Medina, 17. La denuncia se conoció el jueves por la noche y el exparticipante del reality respondió horas después con un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones de forma categórica.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. De acuerdo con el relato de Ledesma, aquella noche Medina se encontraba en su casa, ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.

La joven también reveló que su primo intentó garantizar su silencio. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó Ledesma en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien fue el primero en difundir la noticia en sus redes sociales, antes de que la denuncia quedara radicada oficialmente.

Tras la repercusión pública del caso, Medina tomó la palabra a través de un comunicado publicado en sus propias redes. En el texto decidió negar punto por punto las acusaciones que penden sobre su cabeza: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”.

El exparticipante de Gran Hermano también informó que derivó el asunto a su representación legal y que se puso a disposición de la Justicia. “El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, escribió.

Al cierre del comunicado, Medina anticipó que no volverá a pronunciarse sobre el tema en lo inmediato: “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”.

Luego de que este tema saliera a la luz, Pilar Smith se comunicó con la expareja de Daniela Celis y contó al aire de LAM (América TV) la respuesta que recibió por parte del joven de 23 años, quien decidió minimizar la situación con una frase que generó repercusión inmediata en el piso del programa de Ángel de Brito: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de Virrey del Pino y contiene fuertes detalles de la situación. La joven relató que todo ocurrió cuando ella estaba en su cama. De acuerdo a la presentación judicial, Thiago habría ingresado a la habitación, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas.

En ese momento, la joven, que por entonces era una niña, se empezó a ofuscar. Y al ver la situación, el ex GH acusado le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, hasta que hace tres años su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Thiago Medina. En este contexto, las dos partes llegaron a un consenso: que la situación no saldría del entorno familiar.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según fuentes judiciales, la denunciante instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, aquella noche Medina ingresó a la habitación de Ledesma mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.

La joven también reveló que su primo intentó garantizar su silencio. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien fue el primero en difundir la noticia en sus redes sociales, antes de que la denuncia quedara radicada oficialmente.

Fue en este contexto que la exparticipante de Cuestión de Peso (Eltrece) le envió un audio a Pilar Smith que se emitió en Lape Club Social (América TV), donde negó las acusaciones de forma categórica: “Amor, obviamente que es todo mentira, como te digo. Obviamente, la justicia se va a encargar y va a salir toda la luz, pero qué feo que jueguen con algo así, porque es la cuarta, quinta vez que le hacen lo mismo". Y cerró: “Así que nada, no sé qué están buscando, están hablando pelotudeces, pero bueno, la justicia se va a encargar de todo”.

Camilota no fue la única en expresarse. Tras la repercusión pública del caso, Medina tomó la palabra a través de un comunicado publicado en sus propias redes. En el texto decidió negar punto por punto las acusaciones que penden sobre su cabeza: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”.

El exparticipante de Gran Hermano también informó que derivó el asunto a su representación legal y que se puso a disposición de la Justicia. “El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, escribió.

Al cierre del comunicado, Medina anticipó que no volverá a pronunciarse sobre el tema en lo inmediato: “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”.

Pero este comunicado no fue todo. Luego de que este tema saliera a la luz, Pilar Smith se comunicó con la expareja de Daniela Celis y contó al aire de LAM (América TV) la respuesta que recibió por parte del joven de 23 años, quien decidió minimizar la situación con una frase que generó repercusión inmediata en el piso del programa de Ángel de Brito: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino y contiene detalles precisos de lo ocurrido. Según la presentación judicial, Medina habría ingresado a la habitación de Ledesma, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas. Al ver la reacción de la joven, le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Hace tres años, su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Medina. Las dos partes llegaron entonces a un acuerdo: que la situación no saldría del entorno familiar.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, y también intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según fuentes judiciales, Ledesma instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado.

En Colombia ha sido noticia la situación denunciada por seis personas que realizaron anticipos millonarios para adquirir vehículos Ferrari a través del concesionario Autos Italianos de Colombia, y hasta la fecha no han recibido los automotores.

Entre los denunciantes hay personas que abonaron hasta 30.000 dólares por un Ferrari modelo 849 Testa Rossa y que, tras la retirada de la concesión de la marca en el país, se han quedado sin respaldo ni garantías. La situación generó denuncias públicas y motivó la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Tras pedir toda la información del caso al concesionario, la SIC sigue a la espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia para avanzar en la investigación por presunta estafa vinculada a la venta de vehículos Ferrari. Cabe recordar que la entidad otorgó a la empresa un plazo de diez días hábiles para entregar documentación.

Autos Italianos emitió un comunicado

El 31 de julio, Autos Italianos de Colombia informó mediante un comunicado que ha solicitado ante la justicia que se practiquen tres pruebas extraprocesales relacionadas con las circunstancias que rodearon la terminación de su vínculo comercial con Ferrari North America, Inc. y el retiro de la operación autorizada de la marca en Colombia.

En el documento se indica que la empresa pedirá un interrogatorio por parte del presidente de la marca italiana, Luca Zanetti, además de exigir testimonios de Taddeo Bonelli, gerente de Desarrollo de la Red, y Louis Colmache, gerente de Ventas para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

La compañía colombiana indicó que busca verificar información sobre la reducción de las asignaciones de vehículos en el mercado colombiano y las restricciones impuestas a órdenes, preórdenes y depósitos de clientes antes de que terminara el acuerdo entre las partes.

“Las diligencias fueron solicitadas con citación de Ferrari North America, Inc., con el propósito de garantizar plenamente su derecho de contradicción y el respeto por el debido proceso”, es parte del documento en el que se afirma que Autos Italianos de Colombia planteó alternativas de continuidad del acuerdo entre las partes.

La compañía colombiana indicó en el comunicado que su objetivo es poder determinar si la marca italiana utilizó el control que ejercía en la operación comercial para reducir la capacidad competitiva de su empresa y con ello limitar las posibilidades de seguir en el mercado para poder asumir directamente la relación con los clientes potenciales.

“La compañía considera necesario esclarecer de manera integral si las decisiones relacionadas con la asignación de vehículos, la gestión de las órdenes y depósitos, la continuidad de la representación comercial y el contacto con los clientes pudieron afectar su capacidad para competir y mantener la operación que desarrolló durante más de una década en el mercado colombiano”.

Autos Italianos pidió que, en caso de que se compruebe que los señalamientos son ciertos, se consolide una indemnización por la competencia desleal que presumen se registró en el país.

“Autos Italianos de Colombia S.A. continuará actuando por los canales institucionales y judiciales establecidos para proteger sus derechos, su trayectoria empresarial, las inversiones realizadas durante más de diez años y los intereses de sus clientes y demás partes vinculadas a la operación”.

La compañía enfatizó que las acciones emprendidas por las autoridades no representan, en este momento, una declaración previa de responsabilidad ni permiten llegar a conclusiones definitivas sobre la actuación de Ferrari North America, Inc. La empresa sostiene que cualquier decisión relacionada con la posible existencia de incumplimientos contractuales, actos de competencia desleal o atribución de responsabilidades corresponde exclusivamente a las entidades competentes.

Por último, en el documento se remarcó que estos procesos deben desarrollarse bajo el respeto absoluto al debido proceso y al derecho de defensa de todas las partes involucradas. De esta forma, la compañía subraya que el proceso sigue su curso sin prejuzgar ni anticipar resultados sobre la conducta de los investigados.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual directora en licencia del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, afirmó que denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto intento de envenenamiento en su contra, en el contexto de la crisis política que afecta al entorno del presidente Gustavo Petro por acusaciones sobre redes de influencia en el gobierno.

La funcionaria sostuvo que una persona cercana le suministraba pastillas presentadas como vitaminas y analgésicos, y que solo relacionó los hechos tras notar conductas extrañas con su teléfono y su bolso.

En una entrevista con La FM, Rodríguez situó el episodio en abril y añadió que durante ese período sufrió ataques de pánico. Consultó a una toxicóloga, pero ya no era posible obtener un resultado concluyente porque el organismo había eliminado las sustancias.

La actual directora del Fondo de Adaptación indicó que la denuncia está en la Fiscalía y que cuenta con testimonios tanto de personas que trabajaron con ella en el Dapre como en la entidad que dirige actualmente, para respaldar que las sospechas no se basan solo en su percepción.

Rodríguez ya había sido noticia por declaraciones en Mañanas Blu, donde afirmó que en la administración de Petro operaba una presunta red de mujeres con capacidad de control e influencia indebida. Su nueva versión agrega una denuncia sobre su integridad física.

Durante el diálogo radial, la periodista le preguntó sobre una “política de terror” y de persecución interna en el gobierno, en referencia a advertencias recibidas cuando abordó el tema del coronel Dávila. Rodríguez confirmó la existencia de la denuncia: “Sí, señora. Eso está denunciado ante la Fiscalía General de la Nación”.

Al precisar cómo habría ocurrido, respondió: “Pastillas, sí, señora”. Detalló que se las entregaban “y que eran vitaminas y que era pa’l dolor de cabeza y no sé qué, pero realmente nunca fue así”.

La sospecha surgió a partir de una escena en abril: “Cuando me doy cuenta es un día, en abril, que lo vi con mis ojos esculcándome el celular. Tenía mi clave y estaba esculcándome el celular, el bolso, y yo lo estaba viendo, pero mi cuerpo no reaccionó”, afirmó. Esa falta de respuesta corporal la convenció de que “algo no estaba bien”.

Consultó a una especialista y se realizó estudios, pero señaló que no se logró una prueba concluyente: “Me hicieron unos exámenes, pero el cuerpo, hay unas sustancias que va eliminando de manera natural”. Reprodujo lo que le dijo la toxicóloga: “Angie, el cuerpo de manera natural va eliminando lo que encuentre que puede ser invasivo para el cuerpo”.

Rodríguez aseguró que no llegó sola a esa conclusión. Tras el episodio con su teléfono, conversó con asesores que ya sospechaban de la situación: “Nosotros sospechábamos, te advertimos, ese tipo te estaba dando algo, te estaba intentando envenenar. Tu color de piel no era igual, tu actitud no era igual”. Sostuvo que los testimonios provienen de funcionarios que estuvieron con ella tanto en el Dapre como en la gerencia del Fondo de Adaptación.

Rodríguez denunció afectaciones a su salud mental y cambios en su esquema de protección

El caso de Angie Rodríguez tomó un giro inesperado luego de que la exfuncionaria reveló que su incapacidad médica fue prolongada tras acudir a una cita psiquiátrica. La controversia creció cuando respondió abiertamente a las declaraciones del presidente sobre su salud mental, destacando: “Tener ansiedad y depresión no es estar loco”.

La exdirectora detalló que, tras su salida del Dapre, firmó un acuerdo con la Unidad Nacional de Protección para mantener un dispositivo de seguridad en su nuevo cargo dentro del Fondo de Adaptación. Según relató, ese esquema consta de dos hombres encargados de su protección.

El ajuste en su seguridad, explicó, ocurrió durante su administración. Ante la reducción, solicitó respaldo adicional al general Triana. Rodríguez también compartió que la situación de su esquema de protección podría cambiar pronto.

En ese sentido, la funcionaria mencionó que Rodrigo Lara, nuevo ministro del Interior —cartera de la que depende la UNP—, le comunicó que el próximo gobierno analizará su esquema de seguridad. Esto deja abierta la posibilidad de modificaciones en el dispositivo que actualmente la resguarda.

Los señalamientos sobre el estado mental de Rodríguez, realizados por el presidente, generaron debate. Al ser consultada, la exfuncionaria respondió que padecer ansiedad y depresión no la descalifica para ejercer funciones públicas ni implica incapacidad mental.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sumará este miércoles 29 de julio de 2026, a las 10 a. m., un nuevo caso contra el presidente saliente Gustavo Petro Urrego.

La denuncia será radicada por Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación, quien busca que el Congreso investigue al mandatario por hechos que, según su versión, vulneraron su honra y privacidad, además de desacreditar las denuncias que ella ha venido presentando sobre presuntas irregularidades en la Casa de Nariño.

Rodríguez sostuvo que el jefe de Estado divulgó información relacionada con su estado de salud y la descalificó públicamente por advertir un posible desvío de fondos en el Ejecutivo, afectando su honra y divulgando datos sensibles sobre su salud, reafirmando su decisión de acudir a instancias judiciales para que se esclarezcan los hechos.

La denuncia penal será presentada formalmente por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, quien asumió la representación legal de Rodríguez tras anunciar públicamente su respaldo.

Ruiz, reconocido por su trayectoria en temas jurídicos y su paso por el gabinete anterior, expresó en la red social X que acompañará a la funcionaria del Fondo Adaptación durante todo el proceso.

“Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra”, afirmó Wilson Ruiz en su cuenta oficial.

El exministro agregó que el mandatario “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”.

Este nuevo proceso se suma a los más de 200 casos que ya cursan en la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro, lo que refleja la creciente presión institucional y judicial sobre el mandatario.

La acción judicial será acompañada por Wilson Ruiz Orejuela, quien recientemente fue candidato al Congreso por Salvación Nacional, partido conocido durante la campaña como “la lista del tigre” y que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

El jefe de ese movimiento, Enrique Gómez, también coordinó la estrategia de debate del hoy presidente electo.

Angie Rodríguez acusó a Petro de exponer datos de salud e insinuar problemas mentales: “Me dijo que manejaba una red del fentanilo”

En la denuncia, Rodríguez argumentará que el presidente hizo pública información relativa a su salud e insinuó que las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos se deben a supuestos problemas psiquiátricos.

“Sugirió que mis señalamientos obedecen a una condición mental y no a hechos que requieren investigación”, ha expuesto Rodríguez, quien también sostiene que fue vinculada a sectores del paramilitarismo por parte del mandatario.

En entrevista con Blu Radio, la funcionaria relató: “Me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba liada con los paramilitares para tumbarlo a él (...) me dijo que yo manejaba el contrabando a través del puerto de Buenaventura y que mejor dicho yo era una delincuente total”.

La tensión aumentó luego de que el propio presidente Gustavo Petro anunciara que denunciará a Rodríguez por el delito de calumnia, tras las declaraciones de la funcionaria sobre supuestas irregularidades en la Casa de Nariño.

“Merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno y la paranoia debe ser tratada”, escribió el mandatario al anunciar su acción judicial. Petro afirmó que no conocía a Rodríguez antes de su llegada al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), calificó su gestión como “un desastre” y reiteró que “por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”.

El conflicto se terminó de desatar cuando Rodríguez denunció supuesto desvío de recursos y la existencia de una “red” dentro de la Casa de Nariño, en la que estarían presuntamente implicadas mujeres jóvenes como Juliana Guerrero o Gabriela Muñoz.

El caso fue difundido por una joven identificada como Valentina Ortiz, que utilizó su popularidad en la red social TikTok para pedir ayuda para identificar al hombre que, según su denuncia, agredió sexualmente a una de sus amigas la noche del lunes 27 de julio de 2026 en Montería.

De acuerdo con la versión difundida, el hecho ocurrió después de que la víctima tomara un servicio informal a la salida del centro comercial Buenavista. En su video publicado en redes sociales, la joven solicitó difusión “urgentemente” y sostuvo que buscan “dar con el paradero de su agresor”.

Ortiz aseguró que el acto de violencia ocurrió alrededor de las 11:40 p. m., en el momento en el que su amiga salió del centro comercial tras ver una película: “A ella se le apaga el teléfono, por lo cual no puede tomar un taxi por aplicación y tampoco llamar a nadie que pasara por ella. Ella estaba sola”.

Según su relato, la mujer decidió acercarse hasta donde operan taxis y allí se encontró con un hombre que ofrecía servicios informales: “Ella se dirige a la parte de afuera donde están los taxis y habla con un señor que dice hacer carreras particulares y ella decide montarse”.

La denunciante describió el vehículo como una camioneta Renault Duster gris oscuro y señaló que las placas estarían terminadas en 179. También aseguró que, antes del ataque, el conductor se presentó a la joven como una persona amable, por lo que ella se sintió tranquila durante los primeros minutos: “Antes de la agresión, este señor manifestó llamarse Carlos, ser profesor de inglés del Sena y tener un hijo”.

Ortiz indicó que, después de iniciar el recorrido, el hombre habría desviado el trayecto y sacó un arma blanca para amenazar a la joven y someterla: “Posterior a esto, este hombre saca un arma cortopunzante y la agrede sexualmente”.

Testimonio de la víctima

La joven afectada publicó su propio testimonio en un texto, en el que relató más detalles de lo ocurrido: “No le estaba prestando tanta atención hasta que empezó a coger mi mano con la excusa de que cambiara la música, ahí me di cuenta que había algo malo, decidí mantener la calma y todo escaló muy rápido, me besó, me tocó por encima de la ropa, y me obligó a hacerle sexo oral amenazándome con un arma cortopunzante. Quiso e intentó desabrocharme el jean pero en ese momento me puse a gritar, a tirar puño y patadas. Paró en un semáforo de la circunvalar y me bajé, sin importarle estar en plena vía”.

De acuerdo con la joven que denunció el caso, la víctima logró huir cuando el vehículo se detuvo en un semáforo: “Afortunadamente, mi amiga pudo defenderse como pudo y saltó del vehículo cuando este hombre paró en un semáforo de la Circunvalar”.

Del mismo modo, la denunciante agregó que el caso fue atendido inicialmente por la Policía y quedó bajo investigación: “Este caso ya fue atendido en el CAI de la Curva del Diablo y está en manos de la Fiscalía”.

Ortiz pidió que cualquier persona con información se comunique para aportar a la identificación del presunto agresor y lograr que el proceso judicial en su contra avance: “Si tienes información sobre este hombre o este caso se te familiariza, por favor comuníquense y ayúdennos a difundir este video para que a ninguna mujer le vuelva a pasar”.

“En defensa de las 18.677 víctimas de reclutamiento infantil y abusos sexuales por parte de los comandantes de las Farc-EP, denunciaremos penalmente a MARÍA CAMILA FONSECA alias MACAFOLLA por el delito de injuria. Nos vemos en la Fiscalía (sic)”.

En una serie de mensajes publicados en sus cuentas oficiales, desde la organización reaccionaron al polémico contenido protagonizado por Fonseca, acompañada por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”, que se viralizó en las redes sociales.

Las integrantes de la organización calificaron como “incaptable” el contenido del video, aún más, luego de que Beltrán Palomares emitió una justificación del acto y explicó que en otro fragmento del mismo episodio condenó el reclutamiento forzado.

“Justificar un atropello tan desgarrador para las víctimas es inaceptable. Lo que sí nos dice es que la izquierda y el Pacto Histórico, no tienen ningún respeto a la dignidad de las víctimas. Somos una burla más”, afirmaron.

Sara Morales, vocera nacional de la ONG, también se pronunció en sus redes sociales con este mensaje: “Lali usted y su supuesta comediante amiga se burlaron del dolor de las víctimas, los niños y niñas que sufrimos el flagelo del reclutamiento, de violencia sexual, de abortos forzados y de otros terribles hechos de violencia ejercidos por las FARC @CorpoRosaBlanca”.

En un video difundido en su perfil de X, Morales habló como víctima y representante de la organización: “No podemos guardar silencio cuando pretenden convertir nuestro dolor en motivo de burla. Quienes hemos vivido la violencia sabemos que las heridas no desaparecen con el paso del tiempo”, dijo.

Agregó que “detrás de cada víctima hay una historia de sufrimiento, de pérdidas irreparables y de una lucha diaria por reconstruir la vida. Por eso rechazamos de manera categórica cualquier comentario, video o publicación que ridiculice a las víctimas del conflicto".

En su pronunciamiento, Morales puntualizó la respuesta de “Lalis” a la actuación de la comediante Fonseca y su posterior mensaje para justificar el contenido: “Más si se trata de una congresista o representante, ya que quienes tienen una voz pública también tienen una enorme responsabilidad. La libertad de expresión nunca debe utilizarse para humillar ni para trivializar el sufrimiento de miles de colombianos”.

“A quienes creen que pueden hacer humor con nuestra tragedia les decimos con respeto, pero con absoluta firmeza: las víctimas merecemos dignidad. Nuestro dolor no es entretenimiento. Nuestra memoria no es un escenario para ganar seguidores o generar polémica”, continuó.

La vocera de la Corporación Rosa Blanca hizo un llamado a la sociedad colombiana para que se garantice el respeto hacia todas las víctimas del conflicto, sin distinciones de origen, pensamiento o responsables de los hechos.

Afirmó que la reconciliación “requiere empatía, memoria y un compromiso auténtico con la verdad”. Por ende, desde la organización se comprometieron a seguir con determinación para defender la dignidad de quienes han padecido la violencia, recordando que la construcción de la paz también implica “honrar y reconocer la memoria de las víctimas”.

Morales advirtió que cuando un país permite burlas contra quienes han sufrido, se expone a repetir episodios dolorosos de su historia, algo que, aseguró, no permitirán.

Angie Rodríguez presentará el miércoles 29 de julio una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según confirmó el exministro de Justicia Wilson Ruiz, que asumirá su defensa jurídica.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y aún gerente del Fondo Adaptación, busca que se investiguen las conductas del mandatario hacia su persona, en un caso que marca un nuevo episodio de crisis institucional en el Gobierno colombiano.

Denuncia y señalamientos

La diligencia está programada para las 10:30 a. m., cuando Rodríguez radicará la denuncia en el Congreso.

El documento incluirá como uno de los ejes principales la divulgación pública de su condición de salud, acción atribuida al jefe de Estado y que la funcionaria considera una forma de estigmatización hacia su estado psicológico. Según explicó el apoderado Wilson Ruiz en la red social X, acompañarán el proceso jurídico con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de la exdirectora.

Además de la exposición pública de información médica, la denuncia enfrentará los señalamientos directos hechos por Petro. El presidente, a través de varios mensajes difundidos en su cuenta oficial de X, vinculó a Rodríguez con grupos paramilitares y la acusó de colaborar con sectores relacionados al narcotráfico y el contrabando.

En uno de estos mensajes, Petro afirmó: “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”. Añadió que la conoció solo cuando asumió el cargo en el Dapre y calificó su desempeño de “desastre”.

El contexto de la confrontación

La controversia entre Rodríguez y Petro se intensificó después de que la funcionaria criticó el traslado de casi un billón de pesos del Fondo Adaptación para atender la emergencia causada por el fenómeno de El Niño. Según sus declaraciones a Blu Radio, el Gobierno trasladó recursos originalmente destinados a obras en La Mojana sin convocar al Fondo a las mesas técnicas para discutir la decisión.

Frente a esto, Rodríguez entregó documentación a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Hacienda, advirtiendo sobre una posible desviación de poder y expedición irregular del decreto correspondiente.

Tras estas denuncias públicas, el presidente Petro divulgó en X un documento que detallaba una incapacidad médica psiquiátrica de Rodríguez y pidió su declaración de insubsistencia.

Rodríguez, que aseguró que mantiene una incapacidad médica desde hace más de un mes, sostuvo que la publicación de su diagnóstico fue utilizada para desacreditarla y afectar su imagen profesional. “Es muy importante que empecemos a concientizarnos más como país sobre la salud mental”, afirmó en entrevistas, y calificó de “desafortunadas” y “estigmatizantes” las declaraciones del mandatario.

Ruptura y acusaciones personales

Durante su paso por el Gobierno, Rodríguez relató que la relación con Petro se deterioró a raíz de diferencias sobre decisiones políticas y administrativas. En una entrevista con el medio citado, reveló un episodio ocurrido la noche del 13 de enero, cuando el presidente la acusó de tener vínculos con el paramilitarismo, el contrabando y una supuesta red de distribución de fentanilo.

Según su versión, esa reunión derivó en su decisión de presentar la renuncia, aunque finalmente aceptó el traslado al Fondo Adaptación por temor a su seguridad. “Creo que es mi mayor victimario”, declaró.

La funcionaria insistió en que nunca fue notificada formalmente de su retiro del cargo y que su estado de salud mental se agravó por el contexto laboral y las presiones recibidas. Explicó que la depresión y la ansiedad diagnosticadas tienen relación directa con la situación vivida en el Gobierno, aunque defendió su capacidad profesional y rechazó cualquier insinuación de incapacidad mental.

El presidente responde y anuncia acciones judiciales

Tras la escalada del conflicto, Petro reiteró en sus redes sociales que presentará acciones penales contra Rodríguez. Según el mandatario, la exdirectora del Dapre habría colaborado con sectores políticos vinculados al paramilitarismo y mostró resistencia a participar en reuniones clave sobre el manejo de los recursos de La Mojana.

El presidente argumentó que la decisión de trasladarla al Fondo buscó proteger su situación como madre cabeza de familia, pero consideró que la funcionaria interpreta ese acto como una incoherencia.

Además, el mandatario calificó las advertencias y temores manifestados por Rodríguez como “paranoia” y sostuvo que la exgerente se defiende con mentiras. Las declaraciones de ambas partes mantuvieron la polémica pública, mientras continúan las investigaciones sobre la gestión de recursos en la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

Temores, seguridad y denuncias

En sus recientes intervenciones, Rodríguez manifestó su preocupación por la seguridad personal y describió presiones e intentos de inducirla a cometer irregularidades. Aseguró que solicitó protección especial y auditorías forenses en el Fondo Adaptación para garantizar transparencia y evitar involucrarse en conductas ilícitas. “Me querían inducir a cometer delitos todo el tiempo para tener una manera de controlarme”, relató.

La funcionaria también expresó temor a represalias, tanto físicas como judiciales, y mencionó que busca asesoría legal antes de exponer detalles adicionales. “El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes”, afirmó.

En un caso de esta índole, en la red social X, la periodista Pilar Rodríguez denunció un caso que ha generado indignación en la localidad de Usaquén, en Bogotá, en donde un hombre agredió a su exjefe tras tener una discusión en la pastelería en la que trabajaba.

La comunicadora narró la versión entregada por cercanos de la víctima, que aseguraron que el individuo, cuyo nombre no fue expuesto, renunció a su labor tras terminar la jornada laboral y exigió que le pagaran su salario y la liquidación en ese momento.

“Ella le acepta, pero él le exige que tiene que pagarle inmediatamente, a lo que la mujer le responde que a final de mes lo hará, lo que le genera una reacción violenta absurda. Esto es un claro intento de feminicidio”.

Como consecuencia de la agresión, la mujer habría terminado con fracturas en la cara y contusiones por los golpes en la cabeza. Actualmente, permanece en un centro médico en Bogotá.

En el caso del agresor, fue capturado por las autoridades y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, en donde permaneció. Durante dos jornadas y luego terminó siendo liberado.

“Él dijo que salía en menos de 36 horas y que la iba a matar. Eso ocurrió el jueves por la noche. Hoy, efectivamente, ya está libre, gracias a la @FiscaliaCol“, escribió la periodista, que afirmó que la Secretaría de Seguridad de Bogotá atendió la situación, pero funcionarios afirmaron que no pueden intervenir en decisiones del ente acusador.

“En este momento, lo único que queda es recordarle a la honorable Fiscalía que cualquier cosa que le llegue a pasar a esta señora será culpa de ustedes. Voy a omitir por ahora los nombres”, puntualizó Rodríguez.

Lo que se observa en el video

En el video que fue difundido por Rodríguez en la red social X, se observa que el hecho se registró sobre las 10:33 p. m. del 23 de julio. En el registro se ve a las dos personas en una discusión en la que ambos utilizan insultos hasta que el hombre golpea en el rostro con la mano cerrada a la dueña del establecimiento y la arrastra del pelo hasta la zona de la cocina.

Mientras la mujer grita en reiteradas ocasiones que la deje ir, el individuo la golpeó en repetidas ocasiones hasta que la víctima logró safarse y correr hasta la zona de atención de los clientes, en donde vuelve a caer al suelo producto de un empujón.

Al observar que había ciudadanos en la puerta del establecimiento, el sujeto intentó escapar, pero la víctima logró detenerlo y pidió que los testigos cerraran la puerta del sitio para llamar a las autoridades. En los segundos finales de la grabación, el sujeto lamentó su actuación y se autopreguntó por sus acciones: “¿Qué hice, qué hice?“, repitió el agresor en la parte final del video.

En los comentarios de la publicación que se hizo viral en redes sociales, usuarios pidieron más información sobre el agresor y los motivos por los que la Fiscalía tomó la decisión de permitir que fuera liberado.

Por otra parte, otras personas lamentaron lo registrado y pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para marcar un precedente, puesto que la comunicadora afirmó que el agresor amenazó de muerte a la víctima tras ser capturado por la Policía Nacional. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

Según el testimonio, un ciudadano le solicitó a la mujer que moviera el carro porque estaba obstaculizando el paso peatonal. Incluso, con celular en mano —para registrar el bloqueo y las placas del vehículo— el denunciante le advirtió que remitiría el video a un concejal para exponerlo al público.

Sin embargo, la conductora del BMW M240i blanco, con placas EIW-737, le respondió que trabajaba en el Concejo de Bogotá, se negó a retirar el vehículo, y le sugirió al ciudadano que diera la vuelta.

“Le pedí que moviera el auto, la señora me dijo que ella trabajaba en el concejo. Q le diera la vuelta yo. Le dije que le enviaría esto a un concejal y respondió que ella trabajaba en el Concejo. Cagada de la risa y con el carro atravesado en todo el andén (sic)”, fue la narración emitida por Quintero, conocido por exponer a los funcionarios que infringen las leyes de tránsito en la capital.

Por su parte, el cabildante del Nuevo Liberalismo pidió públicamente al Concejo de Bogotá que identifique a la funcionaria y tome medidas, “e inmediatamente le llamen la atención por un abuso de sus funciones”.

Además, resaltó que la labor en la corporación no otorga privilegios para incumplir la ley y comentó que “con los colegas hemos acordado dar ejemplo. Esto nos deja muy mal parados”. El caso fue dirigido también al Sector Movilidad, con la placa adjunta del vehículo involucrado.

La polémica: el vehículo no está registrado en el Concejo de Bogotá

A la publicación de Juan David Quintero contestó el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, que tras realizar una primera investigación, conoció que el vehículo de alta gama no está ingresado en la entidad.

“Colega @JD_Quinteror, en las bases de datos del @ConcejoDeBogota no figura el ingreso de ese vehículo en ningún momento. Al no tener una identificación clara de la conductora es muy difícil saber si trabaja efectivamente o no en la Corporación”, dijo.

Sin embargo, el cabildante del Nuevo Liberalismo contestó que, en caso de que la mujer no sea integrante o funcionaria de la entidad se trataría de un escenario “peor”, porque “se hizo pasar por funcionaria del Concejo para evadir la ley. Gracias por su pronta respuesta”.

Juan David Quintero denunció que escoltas de Verónica Alcocer habría agredido a ciudadano que reclamó por mal parqueo

Quintero es conocido por “montarle la perseguidora” a los infractores de tránsito en Bogotá, especialmente, si son empleados públicos, o sus escoltas.

En medio de sus denuncias más conocidas, se conoció la que hizo sobre un ciudadano en Bogotá que alegó haber sido agredido por presuntos miembros del equipo de seguridad de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, tras reclamarles por el estacionamiento de un vehículo oficial que bloqueaba el acceso a su vivienda.

Según la denuncia, el reclamo resultó en una confrontación en la que, según se observó en un video difundido por Quintero, el residente fue empujado por uno de los escoltas.

El concejal calificó el episodio como una “agresión” y aseguró que este tipo de hechos se presentan de manera recurrente: “¿Acaso los escoltas de la ‘primera dama’ tienen derecho a agredir a un ciudadano que le reclama por parquearse mal y bloquearle la entrada a su casa? Cada tres días le impiden la entrada y además lo agreden por pedirles que no se parqueen mal. Urgente sancionar ejemplarmente a estos ‘superpoderosos’”, escribió.

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) bloquean la sede de la entidad en Bogotá. La protesta se debe al incumplimiento de acuerdos laborales, el pago de horas extras, la formalización de contratos y la mejora de condiciones de trabajo.

Los manifestantes denuncian inestabilidad y falta de garantías en la vinculación, así como deficiencias en la entrega de equipos y dotaciones. A la movilización se sumó el gremio de las Uniones Temporales, que exige mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes.

Alrededor de 250 personas permanecen en campamentos y advierten que continuarán la protesta hasta el 7 de agosto si no se logran acuerdos. Líderes sindicales cuestionan la falta de transparencia en la contratación y la precariedad de las condiciones laborales, especialmente ante la propuesta de incorporar 11.000 nuevos escoltas sin suficientes recursos y con requisitos reducidos. Los sindicatos exigen garantías de transparencia y mejores condiciones para los 16.000 trabajadores de la entidad.

Denuncian que están dejando “atornillados” en presidencia

El 23 de julio, Infobae Colombia recibió la denuncia de que que 22 cargos que aparecían vacantes en presidencia han comenzado a ser ocupados por designados cercanos a directivos de la administración actual de la entidad.

Algunos de los cargos habían sido declarados desiertos, y se esperaba que fuera la nueva administración la que se encargara de los procesos de contratación; sin embargo, han comenzado a filtrarse resoluciones con las que se confirma la llegada de nuevos funcionarios para esos puestos.

Estas son las 22 vacantes que han comenzado a ser ocupadas a falta de 14 días para que cambie la administración:

• Técnico Código: 441002 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.
• Técnico Código: 441001 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Técnico Código: 441001 Dependencia: Jefatura de Despacho Presidencial – Grupo Gerencia Discursos y Mensajes Tipo de vacancia: Temporal.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Área Financiera – Grupo Central de Cuentas Tipo de vacancia: Definitiva.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Bienestar y Desarrollo Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina del Consejero Comisionado de Paz Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Secretaría de Transparencia Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Gestión de Personal Tipo de vacancia: Definitiva.

• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.

“Están dejando todo amarrado en presidencia, se están encargando de contratar a todo el personal. Había 22 cargos vacíos y los están ocupando con varias personas de ellos para que sean asignados antes de irse”, denunció la fuente que suministró la información a Infobae Colombia.

Desde que un grupo de compradores de vehículos Ferrari en Colombia denunció al concesionario Autos Italianos de Colombia, ubicado en Bogotá, por no entregar los automóviles adquiridos a pesar de haber recibido adelantos de hasta más del 50% del valor total, se ha generado una polémica sobre cómo estas personas podrán recuperar su dinero.

Los afectados, entre quienes hay empresarios y coleccionistas, señalaron que realizaron los pagos bajo la promesa de una entrega más rápida, pero no obtuvieron respuesta satisfactoria. Ante esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal al concesionario.

La entidad solicitó información detallada sobre los clientes que realizaron pagos y no recibieron los vehículos, así como las condiciones comerciales pactadas y los tiempos de entrega prometidos. También pidió esclarecer la relación contractual actual entre la empresa y Ferrari, ya que algunos clientes sospechan que el concesionario no cuenta con un acuerdo vigente para la importación y distribución de la marca en el país. La SIC pidió conocer el protocolo aplicado por la empresa para garantizar la entrega de los vehículos vendidos antes de la posible terminación del acuerdo con Ferrari. La empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para responder a los requerimientos de la SIC.

Cielo Rusinque habló sobre el caso

El 23 de julio, la superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, habló en Caracol Radio sobre el caso del concesionario denunciado por no entregar los vehículos Ferrari a varios compradores,

La funcionaria informó que, hasta el momento, la entidad no ha recibido ningún tipo de denuncia sobre el caso, sino que conocieron todo a través de los medios de comunicación.

“Estuvimos revisando o verificando en las diferentes delegaturas jurisdiccionales, en la delegatura de protección al consumidor, y no hay formalmente ninguna denuncia por parte de estas personas afectadas”, explicó Rusinque.

La superintendente indicó que es un problema que no exista ningún tipo de denuncia formal contra la empresa señalada de posiblemente haber estafado a varios compradores. Además, reveló que la SIC tiene claridad de que la compañía ya no tiene ningún acuerdo con Ferrari.

“Lo que tenemos conocimiento obedece al cierre de esa relación comercial que existía de la casa matriz con un agente comercial o un concesionario aquí en Colombia”.

En cuanto a las acciones que realizará la entidad a partir de que comenzó la investigación, Rusinque mencionó que todas las decisiones se registrarán bajo el objetivo de proteger a los afectados.

“Enviamos el martes una lista de requerimientos a Autos Italianos de Colombia; dimos un plazo de 10 días hábiles. Es un documento de cuatro páginas con 15 preguntas que nos permitirán establecer los términos de esa publicidad, condiciones del cumplimiento de garantía para afectados y así poder tomar las acciones correspondientes”.

Las declaraciones de la funcionaria son claves porque, aunque los clientes del concesionario afirman que hicieron un acuerdo con Ferrari, la SIC maneja la información de que Autos Italianos de Colombia ya no tenía un acuerdo con la empresa italiana en ese momento.

En diálogo con Blu Radio, Antonio Mendivil, uno de los empresarios afectados, afirmó que abonó 30.000 dólares a la empresa colombiana debido a que el asesor que lo atendió afirmó que era el monto necesario para poder “apartar” el vehículo que recibiría.

Dos meses después, ha dejado de recibir respuestas por parte del concesionario y no ha podido contactar a ningún representante de Ferrari en Colombia, motivo por el que decidió denunciar su caso ante los medios. “Trabajan con el dinero de uno. No sabíamos. Yo no sabía”, declaró Mendivil sobre la terminación del convenio entre el concesionario y la marca italiana.

El 80% de las denuncias por extorsión corresponde a maniobras para infundir miedo y presionar a las víctimas a entregar dinero, según informó Jorge Daniel Molina, director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas. Las declaraciones se conocieron tras la suspensión temporal de operaciones de la empresa de transporte Lila.

Molina señaló que muchas de estas acciones se ejecutan mediante llamadas telefónicas, mensajes o contactos digitales con el objetivo de convencer a las personas de entregar dinero bajo presión.

Aunque estos intentos no siempre están vinculados directamente con organizaciones criminales, el funcionario sostuvo que cada denuncia debe ser atendida con seriedad para determinar su origen y establecer si existe un peligro real para la víctima.

Las declaraciones del jefe de la DAET se produjeron después de que la empresa de transporte Lila anunciara la suspensión temporal de sus operaciones, decisión que fue atribuida a presuntas amenazas de extorsión.

Ante esta situación, la Policía Nacional inició las diligencias para esclarecer los hechos y conocer las circunstancias que motivaron la paralización del servicio.

Investigación por la suspensión de operaciones

Según Molina, los equipos de investigación mantienen comunicación con los propietarios de la empresa para recopilar información, verificar las denuncias y determinar si las amenazas provienen de grupos dedicados a este delito o si corresponden a otra modalidad de intimidación.

El director de la DAET insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental para combatir la extorsión, ya que una denuncia presentada de manera inmediata permite activar los protocolos de investigación y brindar acompañamiento a las personas afectadas.

Indicó que, en muchos casos, las víctimas optan por guardar silencio debido al temor o la incertidumbre, lo que dificulta identificar a los responsables y evitar que continúen afectando a más ciudadanos.

Por ello, reiteró la importancia de utilizar los canales oficiales habilitados por la Policía Nacional para informar cualquier intento de extorsión, independientemente de que la amenaza parezca creíble o no.

Molina también señaló que las reformas aprobadas en la legislación hondureña han ampliado las capacidades de investigación de las autoridades y permiten rastrear con mayor eficacia las modalidades empleadas por quienes cometen este delito.

Entre las herramientas disponibles mencionó el análisis de llamadas telefónicas, transferencias electrónicas, movimientos financieros y otros mecanismos tecnológicos que pueden servir para identificar a las personas involucradas en redes de extorsión.

Estas acciones, explicó, facilitan el seguimiento de los casos y contribuyen a reunir pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.

Operativos contra este delito

El funcionario reafirmó el compromiso de la Policía Nacional de continuar con operativos e investigaciones dirigidas a identificar y capturar a quienes utilizan amenazas para obtener dinero de manera ilegal.

Las autoridades han señalado que los operativos se mantienen de forma permanente en distintos departamentos del país, con el apoyo de equipos de inteligencia e investigación criminal.

Tras la reorganización de las unidades encargadas del combate a este delito y la creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), el Gobierno sostiene que busca reforzar la respuesta institucional frente a este tipo de amenazas.

El pasado viernes 17 de julio, una niña de siete años resultó gravemente herida tras caer de un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

La menor fue expulsada de la estructura y cayó desde una altura aproximada de tres metros, impactando contra el pavimento. El accidente ocurrió mientras la niña se encontraba en compañía de compañeros de colegio y familiares.

“Mi hija salió directo de tres a cuatro metros, directo al pavimento. Yo he ido a socorrer a mi hija y tenerla en brazos. Mi hija sangraba de la nariz. Mi hija no reaccionaba”, relató Yesenia, madre de la menor.

El equipo de emergencia del parque tardó varios minutos en llegar al lugar y trasladó a la niña al Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, donde fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser sometida a dos cirugías de alto riesgo.

El neurocirujano responsable del caso advirtió a la familia sobre la complejidad de la recuperación y la posibilidad de secuelas. La madre narró que la atención hospitalaria se mantiene gracias al Seguro Integral de Salud (SIS), y que la niña fue sometida a una ecografía abdominal para descartar daños internos.

“El jefe general de medicina me ha dicho que mi hija está evolucionando, pero aún no puede ingerir comidas sólidas. Ayer empezó a vomitar, no podía comer”, sostuvo a RPP.

La familia denunció que, durante el incidente, no existía personal capacitado para brindar auxilio inmediato, ni se encontraba disponible una ambulancia de manera oportuna. Según la madre, la asistencia médica demoró entre cinco y diez minutos en llegar al lugar.

Denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima

Tras el accidente, Yesenia decidió presentar una denuncia formal contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa responsable del juego inflable, por presuntas irregularidades en la autorización y control de la atracción.

“Nunca debió de entregar ese tipo de licencias a esos tipos de juegos sin haber tenido las medidas de seguridad”, expresó la madre en diálogo con RPP.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, donde la madre solicitó que se determinen responsabilidades y se refuercen los controles de seguridad en espacios públicos. “

Ya está en fiscalía, porque yo ayer ya lo hice. Quiero ser tajante con esto. Se va a proceder legalmente contra la Municipalidad de Lima”, afirmó Yesenia.

La familia también denunció un intento de acuerdo económico por parte de la empresa Cachuelos Express, responsable del ingreso al juego inflable, que realizó una transferencia bancaria no solicitada.

“Me han enviado un dinero, tengo que ir a sacar el dinero al banco, porque no puedo reenviar el dinero. Lo han hecho por esa idea que yo no he pedido nada y mi abogado ya hizo la denuncia, para que no piensen que voy a transar ningún acuerdo de dinero con mi hija”, enfatizó.

La situación se encuentra actualmente bajo investigación de la Defensoría del Pueblo. Otros padres que se encontraban en el lugar manifestaron su preocupación por la ausencia de mallas de protección y la falta de supervisión adecuada.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió este martes en su despacho a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien le solicitó una reunión para limar asperezas en pleno receso invernal. Esto ocurrió tras la caótica semana que sufrió el oficialismo, con una sesión que tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo y una denuncia entre empleados de ambas, que incluyó amenazas y mensajes de parte de uno de ellos.

Después de la cumbre, desde uno de los sectores deslizaron a Infobae que el mismo no fue en tan malos términos y que se buscó descomprimir una tensión ya en todo el interbloque que comanda la porteña, que cedió una porción importante del monopolio político que disfrutó desde diciembre pasado, cuando aterrizó en el Senado.

El pico del conflicto se alcanzó por la nueva derrota de Bullrich para aprobar la ley de propiedad privada que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y la venta de tierras a extranjeros. El último capítulo tuvo a Villarruel enfrentada al Gobierno -ya algo habitual en la vicepresidenta- y la titular de la Cámara alta taladró los teléfonos de legisladores para que el mismo no tuviera luz verde. De hecho, algunas bancadas manifestaron su enojo a este medio.

Tras un dictamen rubricado en mayo, el articulado fue modificado, al menos, unas 15 veces. Los borradores volaban por los despachos de mareados senadores que, en varias ocasiones, llegaron al recinto sin conocer al detalle la versión final. Hoy están alejadas del foco de atención, pero hay dos comisiones que llevaron el trámite de la discusión y nadie habla de ellas: la de Asuntos Constitucionales, que es cabecera; y de Legislación General. Las presiden dos libertarios: Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez, respectivamente.

Previo a firmar el despacho, Villarruel, kirchneristas y dialoguistas ya habían conseguido dinamitar el capítulo entero relacionado con los barrios populares, uno de los máximos objetivos de la Iglesia, que sentó postura y logró su cometido. Quedó como un detalle del pasado gracias a los 15 borradores extra que germinaron. “No se trabaja así”, planteó días atrás un ofuscado referente a Infobae.

Con la guerra abierta entre las dos mujeres fuertes de la Cámara alta, más chats filtrados a propósito -nunca se dudó de la procedencia- y otras amenazas, la relación quedó llena de toxicidad. Esto fue celebrado por la Casa Rosada, que disfrutó largas horas de una disputa doméstica que le daba a ambas todo a pérdida.

El segundo día del receso invernal tuvo esta tarde a Bullrich y al radical bonaerense Maximiliano Abad entre los pocos presentes que marcó el tablero de la Cámara alta. Son 72 en total. Villarruel también estuvo, aunque no suele respetar el sistema y sólo aparece, con luz encendida, los días de sesión.

Para lo que resta del año, al Senado le queda una abultada agenda que incluye, además de propiedad privada, ley de Sociedades -otra de Sturzenegger-, achicar las zonas frías que quiere el Gobierno -antes de enviar el Presupuesto 2027-, el súper RIGI, eliminar los octógonos en etiquetado frontal, ludopatía, salud mental. Los articulados son complejos en muchos casos y los aliados le dieron a entender a la Casa Rosada que, ahora, también pretenden que avancen sus iniciativas, lo que representará un desafío extra para un oficialismo que, en vez de cerrar grifos de conflicto, abre cada vez más.

El caso ya es viral en redes sociales y ha generado preocupación sobre la prestación del servicio, con particular atención, al acceso a tratamientos adecuados para usuarios de la Nueva EPS, debido a que la clínica en cuestión ya había advertido deudas superiores a los 400 mil millones de pesos a nombre de la empresa sanitaria.

“Esto es inadmisible, he ordenado una inspección a la clínica la Foscal, para que rinda cuentas por este caso. Así mismo el equipo de superdefensores está acompañando el caso para que la atiendan lo antes posible. No quiero pensar que le están negando el servicio porque es una usuaria de Nueva EPS”, afirmó Quintero en su cuenta oficial de X.

Qué es lo que sucede con la paciente

La paciente relató en su cuenta de TikTok que, tras un accidente, ha enfrentado problemas crónicos en su pierna.

Según su testimonio, meses atrás descubrió que un cuerpo extraño, posiblemente una gasa, quedó alojado en su miembro inferior durante un tratamiento previo.

“Fui a Bucaramanga a varias clínicas, ninguno me quería meter mano. Me remitieron a la clínica de heridas. En la clínica de heridas me dicen que eso es un pedazo de compresa, que ellos no me pueden seguir curando. Me remiten a urgencias, que eso me lo tienen que extraer en cirugía porque de nada sirve hacerme las curaciones”, explicó.

La paciente afirmó que, al llegar a la clínica Foscal, la Junta Médica del centro asistencial habría aprobado la extracción del cuerpo extraño, pero la denunciante asegura que el doctor John Fonseca, ortopedista de la clínica, se negó a realizar el procedimiento y optó por recomendar la amputación, a pesar de que, según la paciente, “la pierna no tiene necrosis, está bien de circulación. Lo que yo observo es un cuerpo extraño saliendo de una herida”.

“Entonces, no entiendo por qué el médico se ha empecinado en eso. Él me envía a la Junta Médica y me dice que me envía para una propuesta de amputación, pero pues ese día me pongo a llorar de escuchar el diagnóstico de él. Me pongo a llorar y él me dice: ‘Pero tranquila, no te preocupes. Igual es una junta médica, hay que esperar qué dicen mis compañeros, porque, pues es lo que pienso yo, pero toca esperar qué dicen los demás. No se alarme, puede que sí como puede que no, hay que esperar’“, relató.

Agregó: “Yo voy a la junta, como a los dos meses me la asignaron. Él no estuvo presente, él mandó un representante porque él estaba viajando. Yo camino, no camino cien por ciento bien, pero camino”.

La afectada señaló que, tras meses de trámites y exámenes, la cirugía para extraer el cuerpo extraño fue programada y luego cancelada a pocos días de la fecha prevista.

“Me escribe la secretaria del doctor que ya no me pueden operar, que toca reprogramar porque no había materiales. Entonces, yo le dije: ‘Oye, ayúdame, yo ya no puedo más, yo no duermo. Incluso estoy aguantando, tú no sabes cómo, hasta el 22, porque ya siento que mi pierna no da espera”.

Alegó: “‘Miren, ya llevo muchísimo tiempo con eso metido ahí, eso está tomado porque eso ya salió a la superficie, eso ya no da espera’. Ayer me escribe y me dice que sí, que vamos con la cirugía normal para el día 22. Y hoy me levanto y lo primero que encuentro es nuevamente un mensaje de ella donde me dice que el doctor John Fonseca acaba de mirar mi historia clínica y dice que él no me va a realizar ese procedimiento”.

Por ende, en su denuncia pública, la mujer pidió a las autoridades y a la auditoría de la Foscal intervenir, ya que teme por su salud con el riesgo de infección grave y, en un caso definitivo, la pérdida de su extremidad.

“Yo lo único que estoy es pidiendo que me saquen ese pedazo de cosa que tengo, que no sé qué es. Los exámenes han arrojado que es un cuerpo extraño, la ecografía, la tomografía, la resonancia. Entonces, no entiendo por qué ese médico está empeñado en que yo me haga una amputación y no quiere hacerme más nada ahora”, expresó, entre lágrimas.

El proceso de inspección de la Supersalud, a su vez, busca esclarecer los motivos de la decisión médica y verificar que se respeten los derechos de la paciente.

El 18 de julio se confirmó que un juez ordenó la suspensión del proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo valor supera los 78.000 millones de pesos, tras las alertas presentadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

La decisión se registró luego de que se admitiera una acción de tutela interpuesta por un escolta afectado, que argumentó posibles vulneraciones a derechos fundamentales debido a presuntas irregularidades y diferencias en la convocatoria, que solo incluyó a las zonas uno y dos del país. El proceso de selección quedó suspendido de manera provisional mientras se analiza el fondo del caso, lo que impide a la UNP adjudicar el contrato hasta que se resuelvan los cuestionamientos planteados en la tutela.

De acuerdo con el juez, la medida busca garantizar la igualdad y transparencia en la contratación de escoltas, así como la protección de los derechos de los trabajadores afectados por la decisión administrativa de la entidad.

Los detalles de la tutela que provocó la decisión del juez

Infobae Colombia tuvo acceso al documento de la acción de tutela que radicó un escolta adscrito al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El documento mencionó que, entre 2023 y 2026, la UNP implementó una serie de licitaciones y contratos con el fin de garantizar la continuidad de los esquemas de protección, organizando la operación por zonas y permitiendo la participación de diferentes empresas de vigilancia.

En 2023, la licitación PSA-UNP-118-2023 adjudicó catorce de quince zonas para la tercerización de aproximadamente 16.000 escoltas, bajo un modelo territorial. Posteriormente, otros procesos como PSA-UNP-087-2025 y PSA-UNP-040-2026 ajustaron y adjudicaron nuevas zonas contractuales. Sin embargo, en junio de 2026, la UNP publicó el aviso de convocatoria para el proceso PSA-UNP-054-2026, inicialmente diseñado para adjudicar diez zonas, pero que, a último momento, restringió la convocatoria solo a las zonas uno y dos, afectando a cerca de 3.500 escoltas.

El accionante argumentó que la decisión de la UNP de limitar el nuevo proceso exclusivamente a estas dos zonas, sin una explicación pública ni estudios técnicos que respalden la medida, representaba un trato desigual y arbitrario. Mientras que los escoltas de las zonas restantes mantenían la continuidad laboral bajo mecanismos contractuales diferentes.

El escolta denunció que esta modificación administrativa rompía el principio de igualdad y confianza legítima, ya que todos los escoltas desempeñan funciones equivalentes en el mismo programa institucional. El demandante sostuvo que la falta de justificación objetiva y verificable para la diferencia de trato vulneraba los derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, el mínimo vital, la dignidad humana y el debido proceso administrativo.

El individuo alertó que, en caso de que avanzara la licitación para que terminara siendo adjudicada a un nuevo operador sin experiencia, los escoltas afectados perderían su única fuente de ingresos antes de que la justicia pudiera pronunciarse.

El accionante solicitó la suspensión provisional del proceso PSA-UNP-054-2026, así como que la UNP se abstuviera de imponer cargas diferenciadas o adoptar decisiones discriminatorias sin justificación suficiente entre trabajadores en igualdad de condiciones.

Sumado a ello, el escolta pidió que la entidad exponga y acredite los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que justifiquen la convocatoria exclusiva de las zonas uno y dos.

La tutela enfatizó que no se pretende impedir que la UNP adelante procesos de contratación pública ni reclamar un derecho a permanecer indefinidamente vinculado a un contratista determinado, sino que se busca que cualquier diferencia de trato esté sustentada en criterios objetivos, razonables y verificables. Finalmente, el texto detalló el presupuesto oficial de la contratación para las diez zonas, que asciende a más de 825.000 millones de pesos, y señaló la obligación de la entidad de garantizar la transparencia, la participación comunitaria y el control social en los procesos de selección.

La Fiscalía investiga al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo por una denuncia de abuso sexual contra una menor de ocho años, un caso que fue trasladado de la seccional Magdalena a Bogotá por la gravedad de los hechos y por el fuero que tenía el dirigente cuando era gobernador.

De acuerdo con la investigación de Semana, el expediente incluye denuncias, chats, audios y otros elementos de prueba que, de acuerdo con la publicación, apuntan a la presunta responsabilidad del político. La investigación quedó bajo fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, donde el grupo de intervención temprana ordenó actos de verificación.

La denuncia describe un episodio ocurrido el 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta. Según el relato de la madre, Caicedo le pidió que permaneciera en una habitación mientras él hablaba a solas con la niña, pero ella salió casi de inmediato por desconfianza y dijo: “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible” (sic), advierte la denuncia.

La denuncia señala encuentros previos, dinero y amenazas posteriores

De acuerdo con el testimonio entregado a la Fiscalía, la niña acompañaba a su madre a reuniones con el entonces gobernador del Magdalena y la exigencia de Caicedo era que la llevara a esos encuentros. La denunciante afirmó que él le enviaba mensajes para exigir la presencia de la menor y que, entre cuatro y cinco veces, le mandó dinero con ese propósito.

En la misma denuncia, la mujer sostuvo que esa madrugada el político estaba alterado, le pidió salir a buscar comida, ella se negó y después se produjo un altercado verbal.

Añadió que, tras descubrir la escena con su hija: “Se produjo una confrontación verbal entre Caicedo y yo, durante la cual él me amenazó de manera grave y reiterada, profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio, y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”.

La madre también aseguró que, durante ese forcejeo, él intentó abusar sexualmente de ella. Luego dijo que logró salir del apartamento con la niña y que ambas esperaron en la recepción del edificio hasta cerca de las 4:00 a. m., cuando tomaron transporte desde el sector de Irotama para regresar a su casa.

La acusación no se limita a ese hecho. Según el relato citado por el medio, después llegaron nuevas intimidaciones, amenazas y una persecución personal y laboral que obligó a la madre y a la menor a desplazarse y en ocasiones esconderse para evitar el asedio.

La denunciante afirmó además que “Caicedo también me exigía, bajo amenaza, de acudir a la Fiscalía y ‘acabar conmigo’, que le pasara telefónicamente a mi hija menor para hablar con ella. Ante estas presiones cedí en algunas ocasiones por el estado de manipulación psicológica en que me encontraba”, agregó.

El expediente incluye una grabación y una cita con Virna Johnson

Meses después, la niña habría contado lo ocurrido durante una tarde de juegos con otra menor, hija de la exesposa de Caicedo. Según la denuncia, en ese relato habló de hechos previos y mencionó un episodio en el que el exgobernador entró al baño con ella con el supuesto argumento de bañarla.

La madre agregó que su hija también dijo a una tía que Caicedo habría cometido actos similares con otras niñas de alrededor de 12 o 13 años “Mi hija también habría referido a mi hermana que Caicedo habría realizado los mismos actos a otras niñas (de alrededor de doce o trece años), a quienes presuntamente les pagaba viajes y les daba regalos”.

En el expediente que conoció Semana, hay audios sobre presuntas amenazas a las víctimas. La madre relató además que fue citada por una persona cercana al exmandatario, identificada en la denuncia como la exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson, para una conversación que terminó con una llamada telefónica con Caicedo.

Según la mujer, en ese contacto el exmandatario insistió en su necesidad de hablar con la niña. También sostuvo que en la reunión Johnson le pidió “aferrarse a Dios” y le recomendó varias veces abstenerse de emprender acciones legales.

La representación de la madre y la menor está a cargo del exdirector del CTI Julián Quintana, que dijo al medio que la principal preocupación de la familia es su seguridad. “Denunciar al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo es un asunto muy complejo en Santa Marta”, afirmó el abogado.

Quintana añadió: “Es un caso extremadamente delicado. Según la denuncia, presuntamente Carlos Caicedo habría violentado los derechos de libertad y formación sexual de una menor de edad y de su madre. Por eso, como representantes de víctimas, hemos aportado un sinnúmero de elementos probatorios que consideramos demuestran la configuración de este delito”.

La defensa de las denunciantes pidió a la Fiscalía avanzar en las actuaciones, revisar los elementos de prueba y ampliar la declaración de las víctimas, que, según el abogado, recuperaron evidencia y la incorporaron al expediente. Caicedo está además en juicio por presuntos hechos de corrupción y enfrenta otra investigación por acoso sexual.

El diario intentó contactar a Caicedo para conocer su respuesta frente a la denuncia por acceso carnal con menor de 14 años, pero al cierre no obtuvo contestación a mensajes ni llamadas. El mismo intento se hizo con Virna Johnson, quien tampoco respondió.

Integrantes de la asociación de gaseros y permisionarios dedicados a la venta de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, denunciaron ser víctimas de una creciente ola de extorsiones y exigieron la intervención inmediata del Gobierno Federal para frenar la violencia que, aseguran, pone en riesgo tanto a trabajadores como a clientes.

Los empresarios afirmaron que, pese a haber presentado al menos cinco denuncias formales ante el Ministerio Público, las investigaciones no han avanzado y las amenazas continúan. Incluso señalaron un presunto contubernio entre grupos delictivos y autoridades municipales y estatales, debido a la falta de acciones para detener a los responsables.

La denuncia tomó mayor relevancia luego de que un video comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento en que dos hombres armados llegan a bordo de una motocicleta a una estación de Gas LP ubicada en Chimalhuacán.

En las imágenes se aprecia cómo uno de los sujetos desciende del vehículo y entrega una carta a una despachadora. En el documento, los presuntos delincuentes exigen el pago semanal de 15 mil pesos como “cuota” de extorsión.

Además, advierten que, en caso de no cumplir con el pago, comenzarán a incendiar los puntos de venta y atacarán tanto a los trabajadores como a los clientes que acudan a abastecerse.

Grupo criminal presume controlar la zona oriente del Edomex

De acuerdo con los testimonios, las cartas entregadas a las gaseras están firmadas por una supuesta “filial” de La Chokiza, organización criminal que, según los denunciantes, opera en diversos municipios de la zona oriente del Estado de México.

Los documentos contienen información detallada sobre cada establecimiento, incluyendo el número de empleados, horarios de entrada y salida, así como datos sobre los domicilios particulares de algunos trabajadores.

Esta información ha generado preocupación entre los empresarios, quienes consideran que el grupo delictivo mantiene vigilancia permanente sobre sus operaciones y podría escalar la violencia si las víctimas se niegan a pagar las cuotas exigidas.

Al menos 30 gaseras habrían recibido amenazas

De acuerdo con representantes del gremio gasero, el mismo modus operandi se ha repetido en por lo menos 30 expendios de Gas LP distribuidos en distintas zonas de Chimalhuacán.

Explicaron que en cinco de esos establecimientos ya se registraron agresiones contra empleados e incluso intentos de incendiar las instalaciones, situación que incrementó el temor entre los propietarios y trabajadores.

“Así, con ese mismo modus operandi han entregado la carta a por lo menos 30 gaseras aquí en Chimalhuacán; en cinco de esos lugares han agredido a los empleados o los han intentado quemar”, señaló, bajo condición de anonimato, el representante legal de una de las empresas afectadas.

Denuncian inacción de autoridades del Estado de México

Los empresarios aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la policía municipal e incluso la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, ya tienen conocimiento de los hechos.

Sin embargo, lamentaron que hasta el momento no exista una estrategia efectiva para proteger a los negocios ni para detener a los responsables de las amenazas.

“Por eso creemos que están coludidos o algo pasa ahí. Esa inacción de las autoridades da mucho miedo”, expresó el representante legal.

Añadió que incluso existe temor entre las víctimas para solicitar avances en las investigaciones, pues consideran que podría haber filtración de información hacia los grupos delictivos.

Piden intervención de la Guardia Nacional y del Ejército

Ante el incremento de las amenazas, los empresarios solicitaron la intervención urgente de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en el municipio y evitar una tragedia.

Señalaron que el objetivo es prevenir ataques antes de que ocurran hechos con consecuencias fatales para trabajadores o consumidores.

“Queremos evitar una desgracia por un hecho que estamos denunciando en tiempo y forma. Se está avisando y queremos prevenir, pero sin la ayuda de las autoridades será complicado”, afirmó el representante del gremio.

Mientras tanto, el gremio gasero reiteró su llamado a las autoridades federales para que intervengan de manera inmediata y garanticen la seguridad de los trabajadores, los establecimientos y la población que diariamente acude a comprar Gas LP en Chimalhuacán.

El diseñador gráfico Juan Sebastián Romero murió en Bogotá tras recibir un disparo en el pecho el 26 de junio de 2026 dentro de la empresa donde trabajaba en la localidad de Fontibón. Su familia reclama que el caso sea investigado como homicidio doloso y no culposo, mientras la persona vinculada al proceso permanece en libertad.

La preocupación de sus allegados está centrada en la calificación penal del hecho y en el acceso a la principal prueba. Según Noticias Caracol, la fiscal encargada ordenó entrevistas y recolección de posibles pruebas, pero la familia denuncia que no ha podido ver el único video que registró lo ocurrido.

Romero Macías, de 39 años y oriundo de Honda, Tolima, trabajaba desde hace varios años en una empresa del occidente de Bogotá como diseñador de dos marcas. Según sus familiares, antes de su muerte había manifestado por escrito su intención de renunciar debido al presunto acoso laboral que, según ellos, padecía.

Diego Romero, hermano de la víctima, relató que, de acuerdo con una grabación que estaría en poder de la Fiscalía, Juan Sebastián se encontraba en la oficina junto a su jefe, Jonathan Trujillo, dueño de la empresa. “Hay un video que proporciona el abogado del asesino donde efectivamente se evidencia que él manipula un arma, más o menos entre 10 a 15 minutos. La manipula, la carga y la descarga ahí al lado de mi hermano”.

Después del disparo, persisten dudas sobre lo sucedido. Fue trasladado a un centro asistencial por su jefe, que luego abandonó el lugar. La familia supo lo ocurrido a través de una llamada a la novia de la víctima, en la que, según Diego Romero, el jefe le dijo: “Allá dejé a Juan y yo estoy con mi abogado”.

No hay certeza sobre si llegó con signos vitales al centro médico, aunque el personal de urgencias informó a la familia que ya no estaba con vida al ingresar.

Diego Romero sostiene que el hecho no puede considerarse un accidente. Declaró: “Este es un personaje que ya tiene más de 40 años, que está consciente (...) estuvo casi 15 minutos al lado de mi hermano y después va, le apunta, le dispara y lo mata”.

La familia rechaza que el caso se trate como homicidio culposo y exige que se investigue como homicidio doloso, solicitando celeridad y transparencia a la Fiscalía. También cuestiona la negativa de la fiscal a permitirles acceso al video del momento de los hechos, al considerar que es fundamental para esclarecer lo ocurrido.

“Esto es narrado, digamos, por la fiscal. Esto es lo que me cuenta. Yo no he tenido la oportunidad de ver el video. Ella me dice que está la investigación y, pues, en esas estamos. Esto es lo que estamos actualmente y el proceso no avanza. Ahí se quedó. La última vez que hicieron algo, según el Spoa, fue el 4 de julio. Ya hoy es 16 de julio y, pues, no sé, la verdad desconozco en qué irá el caso”.

Respecto al entorno laboral, el hermano de la víctima indicó que Juan Sebastián le había contado en varias ocasiones las condiciones que enfrentaba en la empresa: “Me ha tocado demostrar que no le pagaban, lo trataban mal en el trabajo. Él se quería ir, lo había manifestado por escrito en ocasiones”.

La marca Amateur, con la que Sebastián colaboró durante ocho años, lamentó su muerte, indicó que ha mantenido reserva por respeto a la investigación y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.

Mientras el proceso judicial sigue sin una definición y el vinculado permanece en libertad, la familia también destaca la huella personal de Romero. Según su hermano, el vínculo de Juan Sebastián con el skate permitió acercar a niños a una comunidad alejada de las malas influencias.

Al funeral asistieron centenares de personas de Colombia y Estados Unidos. “Era gente que reconocía que Juan era una muy buena persona”, dijo su hermano. “Alguien hace poco me decía que las buenas personas duran poco, entonces yo me quedo con las buenas cosas de él”.

La familia de Juan Sebastián Romero continúa a la espera de avances en la investigación judicial, con la esperanza de que se garantice el acceso a las pruebas y se esclarezcan las circunstancias de su muerte. Mientras tanto, quienes lo conocieron resaltan su legado personal y profesional, y mantienen el reclamo de justicia ante las autoridades.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala lanzó el Botón Digital de Denuncia para reportar incumplimientos a la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados y de uso colectivo, una medida que el ministerio vincula con la prevención del cáncer y con la aplicación del Decreto 74-2008 ante la imposibilidad de supervisar por sí solo todos los ambientes públicos.

La herramienta, habilitada en la página web del MSPAS, se suma a un procedimiento sancionatorio que puede activarse también por vigilancia regular de la cartera. Según explicó Steve Villatoro, asesor jurídico de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento, Salud y Ambiente, el inspector que verifica una infracción tiene tres días para elevar el acta a la dependencia correspondiente e iniciar el proceso que definirá la sanción.

El ministro de Salud Joaquín Barnoya presentó el mecanismo junto con otras autoridades y sostuvo que, aunque en 2024 se oficializó la Ley de Atención Integral del Cáncer, identificada como Decreto 7-2024, el trabajo de prevención de esa enfermedad dentro del ministerio comenzó en 2008 con la norma de ambientes libres de humo de tabaco.

La ley vigente desde ese año prohíbe fumar en espacios públicos cerrados y de uso colectivo. La restricción alcanza a restaurantes, bares, centros comerciales, oficinas, funerarias y al transporte público, y también obliga a los establecimientos a colocar señalización de espacios libres de humo.

El ministerio busca que la ciudadanía reporte infracciones que no puede inspeccionar de forma directa

Barnoya afirmó que el nuevo botón surgió por la incapacidad del MSPAS para supervisar todos los ambientes públicos. El ministro señaló que el problema no afecta solo a quien fuma, sino también a quienes quedan expuestos al humo de segunda mano, y lo definió como una afectación a los derechos de la ciudadanía a contar con espacios saludables.

La doctora Claudia Camel, de la dirección de Atención Integral de Cáncer del MSPAS, dijo en la conferencia que el humo de tabaco está asociado a más de 10 tipos de cáncer, en especial al de pulmón. También indicó que se le atribuye como causa de infarto al corazón.

Para Camel, el lanzamiento del botón abre una vía de prevención entre personas sanas y también puede generar sensibilidad frente a una enfermedad que describió como crónica. La funcionaria planteó que se trata de un problema multidimensional que debe abordarse en todos los niveles y por toda la población.

La relación con la Ley de Atención Integral del Cáncer es directa. De acuerdo con Barnoya, la estrategia no solo busca hacer cumplir la norma antitabaco, sino también responder al mandato legal que obliga al Estado a garantizar acceso universal y gratuito a la prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados del cáncer.

El formulario permite denuncias anónimas y admite fotografías como respaldo

La respuesta práctica a cómo funcionará el Botón Digital de Denuncia es esta: cualquier persona podrá ingresar al portal del MSPAS y reportar si vio a alguien fumando en un medio de transporte, en un comercio privado o en otro espacio donde la ley lo prohíbe, y también podrá denunciar la ausencia de señalización obligatoria.

La plataforma solicita nombre y apellido, aunque la denuncia puede presentarse de forma anónima. El formulario además pide correo electrónico, teléfono, nombre del establecimiento donde ocurrió la infracción, motivo de la denuncia, descripción del hecho, dirección y departamento del país.

El sistema incluye un apartado opcional para adjuntar prueba fotográfica. Una vez completados esos datos, el reporte se envía al ministerio.

Villatoro explicó al medio que dentro de la cartera ya existe un procedimiento administrativo sancionatorio ajustado al Decreto 74-2008. Describió dos rutas para detectar faltas: una nace de la vigilancia general y preventiva que realiza el propio ministerio, y la otra de denuncias concretas presentadas por la ciudadanía.

Después de recibir el aviso o detectar la posible infracción, el ministerio envía a un inspector al lugar para analizar el caso. Según el asesor jurídico, la utilidad del botón está en que permitirá individualizar hechos específicos y concentrar el trabajo de los inspectores en situaciones que realmente ameriten sanción.

Esa focalización, de acuerdo con Villatoro, evitará desplazar personal a numerosos lugares en los que no necesariamente hubo incumplimientos. El objetivo final, según las autoridades sanitarias, es reforzar el control de los ambientes libres de humo como una medida de salud pública orientada a reducir la exposición al tabaco y sus efectos.

De acuerdo con la denunciante, los hechos se presentaron cuando se dirigía a su casa, ubicada en el norte de la capital. Según detalló, cuando ya estaba finalizando el recorrido, verificó lo que estaba marcando el taxímetro para tener claro el costo que tendría el servicio de transporte que tomó.

Sin embargo, cuando finalmente llegó a su vivienda y preguntó al conductor el valor a pagar por el recorrido, el costo terminó siendo el doble de lo que figuraba en el taxímetro.

“Este taxi lo tomo yo en la calle frente a la embajada y yo me dirigía a mi residencia en Chicó Norte. Al yo llegar a mi residencia, noto que el taxímetro está marcando $35.800. Estoy esperando que el señor finalice el taxímetro para que me diga cuánto es y le pregunto: ‘Señor, ¿cuánto le debo?’ A lo que él, en vez de finalizar, lo que hace es que saca su tarjetón donde tiene los precios y me dice que son $80.000″, precisó.

Su reacción inmediata fue indicarle al trabajador que, posiblemente, había un error en el cobro. Argumentó que el valor reportado en el taxímetro era mucho más bajo, pero el conductor negó que ese fuera el precio real por la carrera. “Me dice que no, que él me está cobrando es un servicio del aeropuerto porque él trabaja en el aeropuerto y que antes de que yo tomara el taxi, él había dejado a una señora que había traído del aeropuerto y la había dejado en la embajada”, detalló la denunciante.

En consecuencia, la ciudadana informó que no pagaría ese valor porque ella no tomó el servicio desde el aeropuerto. Además, insistió en que ese recorrido no vale $80.000; generalmente, el cobro máximo que se hace es de $40.000, según aclaró.

Ante esta respuesta, el taxista, al parecer, se enojó y empezó a intimidarla. De acuerdo con su relato, el sujeto iba armado: “Me muestra un arma de fuego”. Esa situación le generó temor y “quedó en shock”. Por eso, accedió a pagar los $80.000 que el conductor exigió por el servicio de transporte que prestó.

La ciudadana aseguró que prefirió entregar el dinero para no poner en riesgo su vida y la de su hijo. Sin embargo, hizo la denuncia pública, con el objetivo de alertar a la ciudadanía y evitar que casos como ese continúen presentándose en la ciudad. “Este tipo de situaciones no puede seguir pasando”, señaló.

Su relato causó indignación en redes sociales, donde los internautas instaron a la mujer a recurrir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar formalmente al conductor del taxi por la tarifa que aplicó por su recorrido, por la intimidación que presuntamente ejerció y por el porte del arma de fuego.

Algunas de las personas que reaccionaron aseguraron haber pasado por situaciones similares, en las que, por un recorrido corto, se les ha cobrado montos muy altos.

“Haga la denuncia también por las entidades, tanto por consumo, por fiscalía, por amenaza con menor de edad involucrado, para que coja escarmiento de estar amenazando, porque mínimo ni permiso del arma tendrá”; ”Tiene que hacer el denuncio, porque de lo contrario las autoridades no pueden hacer nada“; “Que miedo!! Que horror Dios mío (sic)”; “No hay derecho que se pasen en los precios, que cobren lo justo”; señalaron algunos usuarios de Instagram.

En diálogo con Infobae Colombia, Wilson Devia y Giovanni Gallo, presidentes de dos sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciaron que llevan casi dos años esperando que avance una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas en su contra que vendrían del interior de la entidad mencionada.

Debido a que restan pocos días para que termine el Gobierno Petro, Devia y Gallo decidieron hablar sobre lo que ha pasado al interior de la UNP durante la administración de Augusto Rodríguez y cómo han sido perseguidos de diferentes formas por resaltar aspectos indebidos en la entidad.

Los líderes sindicales revelaron que las amenazas en su contra comenzaron en 2023, motivo por el que el 9 de agosto de ese año radicaron una denuncia contra el director de la UNP ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta la fecha el proceso judicial no ha tenido avances.

Según los líderes sindicales, las intimidaciones surgieron después de hacer públicas sus críticas a la administración de Augusto Rodríguez. “Fuimos perseguidos, hostigados por esta administración”, afirmó Devia, que recibió mensajes en los que le advertían que le iban a “cortar la cabeza” y que iban a atentar contra sus seres queridos.

Los mensajes amenazantes, enviados a través de WhatsApp y mensajes de texto, incluían frases como “si no pueden desaparecerlos, vamos a armar falsos positivos judiciales”. Una de las capturas de pantalla entregadas como prueba a la Fiscalía muestra el mensaje: “Entregue lo que tiene y no hay problema, las cosas pueden cambiar”, que según Devia, hacía alusión a la información que tenía sobre irregularidades al interior de la UNP.

Los líderes sindicales han denunciado reformas internas en la entidad y señalaron al director de la UNP como responsable del seguimiento del que han sido víctimas, lo que ha provocado que deban cambiar sus vehículos personales y hayan tenido que contratar seguridad privada, puesto que afirman no confiar en la dirección actual de la UNP.

Giovanni Gallo relató que durante un mitin nacional en febrero de 2023, miembros de los sindicatos recibieron amenazas donde se advertía que sus vidas corrían peligro y que los iban a desaparecer. Gallo denunció además seguimientos a vehículos, llamadas sospechosas y la infiltración de personas en las actividades sindicales. Ambos líderes manifestaron que, ante la falta de respuesta institucional, han decidido hablar ante los medios.

Según consta en el expediente de la Fiscalía, las amenazas y hostigamientos incluyeron llamadas desde números desconocidos, mensajes intimidatorios y seguimientos tanto a los dirigentes como a sus familias.

“Las evidencias ya están en la Fiscalía, pero el tema ha quedado quieto. Incluso tras el cambio de fiscal general hemos sido hostigados, amenazados, nos escribían por qué llamábamos a ciertas personas a contar lo que nos pasaba”.

A punto de que se cumplan dos años de la radicación de la denuncia, Gallo y Devia piden que la Fiscalía tome cartas en el asunto y se registre algún tipo de avance en la investigación, puesto que creen que, tras la salida de Rodríguez de la UNP, el proceso será cerrado. Ambos dirigentes hicieron un llamado a las autoridades para que se investigue y se garantice la protección de quienes denuncian irregularidades al interior de la entidad.

“Queremos exaltar que con el cambio de gobierno tenemos muchas esperanzas de que esta situación acabe, pero también tenemos miedo de los peligros porque ya quedan libres para ejercer cualquier tipo de atentado”, advirtió Gallo.

La denuncia, respaldada con capturas de mensajes y testimonios, permanece a la espera de avances por parte de la Fiscalía General de la Nación, mientras los líderes sindicales insisten en la urgencia de medidas de protección y acción institucional.

Previo al cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto, se han generado discusiones sobre los procesos de implementación de iniciativas del Gobierno Petro que serán transferidas al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su gabinete, principalmente aquellos que no podrán ser modificados.

Uno de los mencionados es la resolución conjunta 1250 de 2026, que fue expedida por el Gobierno Petro para adoptar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. En esta se define una hoja de ruta y se distribuyen responsabilidades entre los sectores de salud, educación, trabajo y cultura para reducir barreras de acceso, fortalecer la atención integral y garantizar respuestas oportunas ante emergencias obstétricas, violencias sexuales, VIH, infecciones de transmisión sexual e interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el Gobierno nacional han destacado que la política tiene aplicación en todo el territorio y orienta la actuación de autoridades nacionales y territoriales bajo cinco ejes estratégicos: transformación de normas sociales y de género, fortalecimiento de la gobernanza y capacidades institucionales, protección frente a violencias de género, acceso efectivo a servicios integrales y priorización de sujetos de especial protección constitucional.

Resolución fue denunciada antes de la llegada del nuevo presidente

El 16 de julio, el concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó ante el Consejo de Estado una demanda de acción de nulidad para que sea suspendida la resolución 1350 de 2026, puesto que con esta se busca imponer de manera obligatoria su incorporación en los currículos de las instituciones educativas públicas y privadas, con lo que no está de acuerdo.

“Esta resolución constituye un acto administrativo ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden para crear una política pública nacional con efectos durante diez años e imponer obligaciones en el sistema educativo colombiano. La decisión desconoce la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República”, afirmó el concejal Barrios.

La demanda cuestiona el contenido de la resolución, al señalar que incorpora temas relacionados con el deseo, el placer y la identidad sexual desde la primera infancia. Barrios aseguró que la resolución ataca la autonomía de las instituciones educativas y las creencias personales de quienes defienden la familia y los valores, al considerarlos como obstáculos para la implementación de la política pública, vulnerando el pluralismo y la libertad de enseñanza garantizados por la Constitución.

Junto con la acción judicial, el cabildante formuló cinco cargos, entre ellos el que reafirma que varios ministerios incurrieron en una falta de competencia al crear una política nacional mediante una resolución.

Para Barrios, la resolución que fue fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es precisamente una muestra de que fue consolidada en el final del Gobierno de turno, y sin importar la opinión que tenga la nueva administración, en la regulación se extendió su implementación hasta 2035.

“La medida vulnera la autonomía escolar, al imponer un contenido uniforme a todos los establecimientos educativos del país, desconociendo la participación de directivos, docentes y padres de familia prevista en la ley”, destacó Barrios, que sostiene que la resolución desconoce el artículo 68 de la Constitución Política, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, además de la sentencia que reconoce que la educación sexual incumbe de manera primaria a los padres.

La demanda advierte que el texto expedido por el Gobierno difiere del documento sometido previamente a comentarios ciudadanos, sin que esos cambios hubieran sido consultados con las familias.

“La protección de la niñez, el respeto por la autonomía de las instituciones educativas y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos no pueden quedar a merced de una resolución expedida por el gobierno saliente. Acudí al Consejo de Estado para solicitar la suspensión de esta medida y evitar que tenga efectos adversos sobre millones de estudiantes. No voy a permitir que, por la puerta de atrás, se imponga una agenda ideológica para ilegalmente condicionar la formación de nuestros niños”, puntualizó el cabildante.

La grabación muestra el momento en que la usuaria le solicita al taxista el tarjetón oficial de precios, documento que debe permanecer disponible dentro del vehículo para que los pasajeros puedan consultar las tarifas autorizadas. “¿Me puedes mostrar la tarjeta de precios?… 100 mil pesos es demasiado”, se escucha decir a la mujer durante la conversación.

Según el relato de la pasajera, el monto indicado por el conductor no correspondía con el trayecto realizado, pues aseguró que en ocasiones anteriores había pagado una suma mucho menor por una ruta similar. Ante la diferencia, manifestó que presentaría una queja y pidió revisar la información consignada en el documento de tarifas.

El hecho volvió a poner sobre la mesa las inquietudes de algunos usuarios frente a posibles cobros irregulares en el servicio de taxi en Bogotá. Aunque cada recorrido puede variar según factores como la distancia, el tiempo de espera y los recargos autorizados, la tarifa no puede ser definida de manera libre por el conductor.

En la capital del país, los taxis convencionales deben operar con taxímetro, un sistema encargado de calcular el valor de la carrera a partir de las unidades registradas durante el recorrido. Estas unidades están relacionadas con la distancia recorrida y el tiempo en que el vehículo permanece detenido durante el servicio.

De acuerdo con la reglamentación distrital, el cobro debe ajustarse a las tarifas oficiales vigentes y a los valores que marque el taxímetro. Además, el conductor está obligado a permitir que el pasajero consulte el tarjetón de tarifas, una herramienta que sirve para verificar los costos establecidos por las autoridades.

Por esta razón, la pasajera decidió grabar la situación y solicitar la comprobación del valor exigido. El video, que rápidamente circuló en plataformas digitales, generó comentarios entre ciudadanos que recordaron la importancia de conocer los mecanismos disponibles para reclamar ante posibles abusos en este tipo de servicios. Frente a casos similares, las autoridades recomiendan que los usuarios revisen siempre la información del vehículo antes de iniciar un recorrido. Entre los datos que pueden resultar útiles están la placa del taxi, la identificación del conductor y la tarjeta de operación, elementos necesarios para realizar una eventual denuncia.

Si una persona considera que fue víctima de un cobro irregular, también puede recopilar pruebas que respalden su reclamación. Fotografías del vehículo, videos del momento, capturas de información relacionada con el servicio o cualquier otro soporte pueden ayudar durante el proceso de investigación. Las quejas pueden ser presentadas ante la Secretaría Distrital de Movilidad mediante sus canales oficiales, entre ellos la Línea 195 y la plataforma Bogotá te Escucha. Allí los ciudadanos pueden reportar situaciones que consideren contrarias a las normas establecidas para la prestación del servicio público de transporte individual.

Además de denunciar, las autoridades insisten en que los pasajeros conozcan sus derechos y exijan condiciones claras durante cada viaje. El uso correcto del taxímetro, la disponibilidad del tarjetón de tarifas y la posibilidad de verificar el valor de la carrera son herramientas que buscan brindar mayor transparencia en la relación entre usuarios y conductores.

El caso registrado entre la Terminal Salitre y Suba Santa Rita queda ahora como una nueva alerta sobre la importancia de fortalecer los controles y la responsabilidad tanto de quienes prestan el servicio como de quienes lo utilizan. Mientras avanzan las verificaciones correspondientes, el llamado para los usuarios es a informarse y actuar con evidencia ante cualquier situación que consideren irregular.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento en el que dos hombres, señalados por intentar ingresar sin pagar el pasaje, se enfrentaron con personal de seguridad en uno de los portales más concurridos de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, la situación escaló cuando los vigilantes reclamaron a los usuarios por evadir el pago. Según el video citado en la publicación de X, varios guardas de seguridad interceptaron a los dos hombres por colarse en el sistema, pero no esperaban que en medio del altercado uno de ellos sacara un cuchillo y atacara a uno de los trabajadores.

El empleado de seguridad resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por causa del brutal ataque. Las imágenes difundidas también muestran que los presuntos agresores intentaron huir, aunque fueron detenidos por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá que llegaron al lugar tras el llamado de los demás empleados del sistema.

La reacción de Transmilenio

Transmilenio S. A. informó que rechaza cualquier agresión contra el personal operativo y de vigilancia del sistema. En su pronunciamiento, que fue difundido por la emisora Blu Radio, la empresa indicó lo siguiente: “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”.

Del mismo modo, el comunicado también indicó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades que se encargarán de su judicialización por un ataque contra servidor público. En el mismo mensaje, se recordó que la evasión del pago afecta la prestación del servicio.

Y es que el episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de controlar el ingreso de pasajeros en estaciones y portales del sistema, teniendo en cuenta que no es la primera vez que los delincuentes los atacan con armas por intentar cumplir con sus obligaciones y pedir el respeto por las normas de convivencia ciudadana.

En su mensaje institucional, Transmilenio insistió en que los conflictos dentro del sistema deben resolverse por vías distintas a la violencia y pidió a los usuarios mantener conductas de respeto dentro del transporte público, no solo por los funcionarios, sino por los demás pasajeros.

Mujer murió en una estación de Transmilenio

El sistema informó en la jornada del miércoles 8 de julio que una mujer murió la noche del martes en la estación Venecia del sistema en el sur de Bogotá, luego de caer a la calzada exclusiva en circunstancias que siguen bajo investigación.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la información preliminar indica que la víctima “habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva”.

Según reportó Noticias Caracol, algunos testigos afirmaron que la mujer falleció tras ser arrollada por un bus del sistema. En las primeras horas también circularon otras versiones que señalaban que la mujer descendía de un articulado cuando este arrancó y la arrolló, tras caer en el espacio entre el paradero y el bus.

Transmilenio aseguró que, una vez se conoció la emergencia, “se activaron los protocolos de atención y al lugar acudió personal de emergencias para brindar la asistencia correspondiente”. Del mismo modo, indicó que las autoridades asumieron el caso y adelantaron las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho.

La entidad lamentó lo ocurrido, expresó condolencias a los familiares y dijo que colaborará con las autoridades. También pidió a la ciudadanía usar solo accesos autorizados: “Estas conductas representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el sistema”.

En un video publicado en Instagram, el joven aseguró que el premio se definió por azar entre 17 participantes y que después de resultar como ganador le presentaron el documento que mantenía el automóvil a nombre de la empresa.

Higuita afirmó que, al momento de recibir el premio, le entregaron una carta en la que se establecía que el carro solo quedaría a su nombre si no renunciaba ni era despedido durante ese período. Según su relato, aceptó esa condición porque esperaba seguir en la empresa por más tiempo y creyó que el trámite era regular.

El joven dijo que el concurso tenía tres fases y que todas dependían de la suerte para llevarse el vehículo de la marca Changan. Del mismo modo, adjuntó imágenes en su denuncia que lo mostraban sorprendido por haber ganado: “Me ven a mí con cara de impacto, me ven a mí disfrutando del carro sin creérmela todavía que yo, una persona que nunca había tenido un carro y que en su familia nunca había visto un carro”.

El despido llegó antes de que se cumplieran los seis meses para oficializar el traspaso

De acuerdo con su versión, su salida de la empresa fue repentina: “Casualmente, dos meses y medio después a mí me echan, me quitan el carro porque ya venía con un contrato que yo mismo había firmado, obviamente por desconocimiento y por la inocencia de creer que todo iba a salir muy bien. Dos meses y medio después me echan y me dicen que el carro, que el carro uno lo obtiene por mérito”.

Higuita añadió lo siguiente: “Mi pregunta es: si realmente la intención era rifar el carro entre las 17 personas, ¿por qué colocar esa cláusula de permanencia? ¿Y por qué ya más de la mitad de las personas que estaban concursando por ese carro ya no están en la empresa? Y ojo, no fue porque renunciaron, fue porque los echaron”.

Incluso, el joven denunció que se habla mal de los empleados que pasan por allí: “Toda persona que está saliendo de allá está saliendo con la reputación de que es muy mala, de que es muy vaga, de que no sirve para nada. Yo tenía esa reputación. Reputación que me pareció muy incoherente porque al momento, al siguiente día de que a mí me echaran de esa empresa, de que yo ya estuviera al aire, me llegaron tres propuestas de trabajo exactamente para hacer lo mismo que yo hacía. Si yo era tan malo, ¿por qué a mí me llegan un día después tres propuestas de trabajo? ¿Por qué todas las personas que han echado ya han conseguido trabajo por lo mismo que están haciendo si son tan malos?“.

En su testimonio, el joven también acusó a la empresa de exponerlo públicamente al mostrar en redes sociales que había ganado el carro y presentar ese gesto como prueba de apoyo a sus colaboradores, teniendo en cuenta que luego tuvo que explicarle a su familia que ya no tenía el vehículo porque había sido despedido antes de cumplir la condición impuesta por la compañía.

Además de la disputa por el premio, Higuita denunció extensas jornadas laborales: “El ambiente era muy agradable, pero de un momento a otro, que te impongan a ti ya trabajar de 9:00 a. m. a 1:00 a. m., de lunes a viernes. Y sábados y domingos también esperaban que nosotros fuéramos a trabajar. Si tú te ibas en semana antes de las 11:00 p. m., al siguiente día te decían: ‘¿Por qué te fuiste tan temprano? ¿Qué pasó? ¿Tenías un compromiso? ¿O tenías algo por hacer?’. Ojo, el contrato es por prestación de servicios”.

Aseguró que una de las razones que le dieron para despedirlo fue que su equipo de marketing sí trabajaba los fines de semana y él no, lo que había generado comentarios entre sus compañeros.

En su publicación, Higuita afirmó que ha escuchado comentarios negativos sobre los dueños de la empresa por presuntos incumplimientos con clientes, socios y trabajadores. También mencionó presuntos casos de personas que se habrían mudado a Medellín por promesas laborales que luego no se cumplieron y que terminaron buscando nuevas oportunidades fuera de la compañía.

Al parecer, ahora el carro lo están vendiendo: “Te vas dando cuenta que lo único que a ellos les importa es la plata, es el dinero, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, y que ellos nunca van a perder. Cualquier negocio que ellos hagan, siempre van a buscar la estrategia o la forma en la que ellos siempre vean beneficios y nunca pierdan. Que si a mí me echaron para nuevamente tener el carro, es una posibilidad, por algo presuntamente lo están vendiendo en estos momentos”.

El Abogado Nelson Mejía, defensor privado de la maestra , brindó detalles a los medios sobre los términos en que ha quedado el proceso penal contra su representada. La fiscalía del Ministerio Público presentó formalmente un requerimiento fiscal imputándole el delito de trato degradante en perjuicio de una alumna, una figura jurídica contemplada y sancionada en el artículo 214 del Código Penal de Honduras.

Durante la comparecencia, la representación de la Fiscalía solicitó la medida de detención judicial, un recurso que buscaba privar de libertad a la docente durante un lapso de seis días con el fin de asegurar su presencia y salvaguardar el proceso de cara a la audiencia inicial. No obstante, el equipo de defensa logró contrarrestar dicha petición ante el juez competente.

Según lo expuesto por el abogado Mejía, la defensa pudo demostrar que la profesora cuenta con la capacidad y las garantías suficientes para someterse al proceso penal sin necesidad de guardar prisión preventiva.

En consecuencia, Díaz enfrentará la acusación en libertad bajo la condición de presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad judicial asignada. La audiencia inicial ha quedado programada para dentro de quince días, fecha en la que se determinará el rumbo y la continuidad del procedimiento en su contra.

El defensor enfatizó que su clienta no cuenta con antecedentes penales y que se trata de una ciudadana dedicada por años a la educación que, si bien cometió un error, tiene derecho a defenderse en libertad.

Perspectiva de la madre de la menor

Por su parte, la señora Doris Ramírez, madre de la alumna afectada, compartió su testimonio sobre los antecedentes que precedieron al violento altercado. Ramírez reveló que, aunque no existían reportes previos de agresiones físicas directas hacia su hija, las conductas de maltrato psicológico y verbal sí eran de carácter continuo por parte de la docente.

La madre relató que la menor le manifestaba constantemente su incomodidad por los comentarios denigrantes que la profesora profería en el aula, una situación que, según su conocimiento, afectaba también a otras niñas. Ante la imposibilidad de que las quejas administrativas surtieran efecto debido al temor de la comunidad estudiantil, Ramírez aconsejó a su hija que documentara los hechos en video como método de prueba.

Según declaraciones recogidas de otras compañeras de aula, el alumnado evitaba denunciar a la docente ante el miedo generalizado a sufrir represalias académicas, tales como la pérdida de puntos o la expulsión directa del centro educativo.

El panorama de lo vivido en la institución fue complementado por las declaraciones brindadas fuera de cámara por una de las alumnas que presenció de primera mano el altercado. La menor aseguró que las conductas conflictivas y los tratos estrictos de la profesora Perla Díaz no constituyen un hecho aislado, sino que son recurrentes y se remontan al menos al año 2024, periodo en el que supuestamente ya se habían suscitado roces considerables con otros estudiantes de noveno grado.

La testigo detalló el detonante del pleito ocurrido el jueves, explicando que el conflicto inició tras la ausencia de otro maestro por motivos familiares. Ante el espacio libre en el horario, la profesora Díaz pretendió obligar al grupo a ingresar a su aula antes del tiempo estipulado, lo cual generó inconformidad entre los alumnos ya que correspondía la hora de la firma de boletas y posterior salida

De ser hallada culpable en el juicio inicial y posteriores etapas procesales, la maestra Díaz enfrentaría severas sanciones tanto en el ámbito penal como en el administrativo-laboral, de acuerdo con la legislación vigente en Honduras:

• Pena de prisión o sanciones alternativas: El delito de trato degradante, conlleva penas específicas de reclusión o arresto domiciliario, dependiendo de los agravantes del caso y de si se considera que hubo un abuso de autoridad deliberado contra una menor de edad en un espacio público de custodia.
• Inhabilitación absoluta o especial: Además de la privación de libertad, el Código Penal contempla la inhabilitación para ejercer la docencia y cualquier profesión relacionada con el cuidado, educación o resguardo de menores de edad por el doble del tiempo que dure la condena principal.
• Despido definitivo sin responsabilidad patronal: En el ámbito administrativo, la Secretaría de Educación de Honduras y el Estatuto del Docente Hondureño catalogan la agresión física y el maltrato psicológico grave hacia los alumnos como faltas de tercera clase (muy graves).

Génesis Quintero sostuvo que el caso afecta a una niña con una enfermedad huérfana cerebral y dijo que, pese a ese cuadro clínico, su hija “ríe y está caminando” después de un proceso terapéutico que atribuyó a sus cuidados. En su mensaje, también aseguró que el padre dejó de pagar durante todo este año las terapias particulares que antes cubría, según las imágenes compartidas por Colombia Oscura.

La mujer presentó su denuncia en un video en el que explicó que ya acudió a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, aunque remarcó que esos trámites “tardan”. Su exposición pública, dijo, responde a que siente que “no tengo salidas” dentro del proceso.

Quintero identificó como eje de su reclamo la actuación de la comisaría en medio de una disputa por la protección de su hija. “Hoy no hablo como mujer, hoy hablo como mamá. Y hablo para hacer una denuncia pública en contra de la Comisaría de Usaquén dos de Bogotá”, afirmó.

La denuncia apunta al proceso de restitución de derechos de la niña

Según su relato, la comisaría decidió avanzar en una medida sobre la menor a partir de información que ella considera irregular.

“La Comisaría de Usaquén dos ha decidido iniciar un proceso de restitución de derechos de mi hija debido a denuncias falsas que ha realizado el padre con soportes, además, de médicos que generaron evoluciones y que ni siquiera vieron a mi hija”, dijo.

La madre afirmó que durante los últimos meses entregó la documentación que le fue solicitada para acreditar su cuidado sobre la niña. “Con la paciencia y la confianza en la ley, estos últimos meses he entregado todos los soportes y requerimientos que me ha pedido la Comisaría de Usaquén dos para demostrarles que soy una buena mamá”, señaló.

Quintero sostuvo que la entidad ignoró pruebas documentales y médicas que, según su versión, evidencian violencia vicaria y judicial contra ella y su hija. También indicó que su expareja es un coronel retirado, afirmó el canal de comunicación.

La situación médica de la niña ocupa el centro del reclamo

En su intervención, la madre vinculó el conflicto institucional con el tratamiento de salud de la menor. “Mi hija tiene una condición especial, una enfermedad huérfana cerebral, y me dijeron que sería como un vegetal. Hoy, en medio de grandes batallas de amor y de lágrimas, mi hija ríe y está caminando”, expresó.

A partir de esa evolución, Quintero defendió el manejo terapéutico que ha seguido con la niña. “Una demostración más de que todo el proceso terapéutico de mi hija y mis cuidados han sido exitosos”.

La mujer agregó que el padre pretende redirigir esos tratamientos sin respaldo clínico suficiente. “Aun así, el padre quiere exigir que los tratamientos sean vistos desde otros puntos, sin ningún soporte clínico, sin ningún soporte médico”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue el financiamiento de la atención de la menor. “La Comisaría se está prestando para que el padre de mi hija hoy haya dejado de pagar durante todo este año las terapias que históricamente se le pagaba a la hija de forma particular”, dijo.

Ese señalamiento apareció junto con su pedido de intervención urgente de organismos del Estado. La mujer explicó que ya presentó denuncias ante varias entidades, pero remarcó que los tiempos institucionales no han dado respuesta a la urgencia que plantea.

“Hago este grito de auxilio porque quiero proteger a mi hija”, afirmó. En el mismo mensaje, pidió que su caso fuera difundido para que “las personas y las entidades que puedan entrar y tomar medidas drásticas” intervengan sobre la situación de la niña.

El abogado Esteban Aguilar presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por supuesta beligerancia política y eventuales infracciones al reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial. La solicitud plantea la necesidad de investigar si los funcionarios emitieron opiniones públicas que podrían interpretarse como incompatibles con el deber de imparcialidad.

La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas que ambos funcionarios realizaron sobre la coyuntura política y económica de Costa Rica. En el caso de Carlo Díaz, se cuestionan expresiones vinculadas con la situación política nacional, menciones al expresidente Rodrigo Chaves y al partido oficialista, así como opiniones sobre la democracia y el futuro de la Asamblea Legislativa. Una de las frases citadas en la denuncia fue pronunciada durante una entrevista en la que Díaz expresó: “No quiero que mi hija, mi nieto, tengan que salir huyendo y ser exiliados en otro país y es que estamos a un paso. Para mí la democracia hay que mantenerla”.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano fue señalada por manifestaciones críticas sobre el desempeño económico del país. En una de sus declaraciones, Solano afirmó que antes de las elecciones se hablaba de una “economía jaguar”, pero que después “no llega ni a gatito”, según consta en una publicación periodística de Diario Extra. La denuncia solicita que tanto esa publicación como cualquier registro audiovisual o documental de las declaraciones sean preservados como prueba.

De acuerdo con el documento presentado por Aguilar, la investigación debe determinar si las declaraciones constituyen opiniones que pueden interpretarse como rechazo hacia una corriente o agrupación política, o si resultan incompatibles con la imparcialidad exigida a los funcionarios judiciales. Para sustentar la solicitud, el denunciante pidió incorporar como pruebas entrevistas publicadas en plataformas como Spotify y YouTube, así como reportes periodísticos.

La fundamentación jurídica de la denuncia se apoya en la Circular N.º 72-2019 de la Corte Plena, que regula la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial. El artículo 33 de esa norma señala que ningún funcionario judicial puede participar en procesos o actividades político-electorales ni expresar opiniones que se interpreten como adhesión o rechazo a una filiación política, incluyendo manifestaciones en redes sociales o internet.

El denunciante solicitó que la Inspección Judicial asegure la preservación forense de toda evidencia digital relacionada con las entrevistas y publicaciones, obteniendo copias íntegras de los archivos y garantizando su autenticidad. Además, pide que, de ser necesario, se requiera directamente a los medios o plataformas digitales los archivos originales para mantener la cadena de custodia de la prueba.

En sus peticiones, Aguilar remarcó que la investigación deberá establecer si las expresiones de los funcionarios están amparadas por la libertad de expresión propia del cargo o si exceden los límites establecidos por el régimen disciplinario del Poder Judicial. Sólo la Inspección Judicial, mediante el debido proceso, podrá determinar la existencia o no de una infracción.

Entre los medios de prueba ofrecidos se encuentran la entrevista realizada por Interferencia, de la Universidad de Costa Rica, disponible en Spotify, y otra entrevista difundida en YouTube, además de la publicación de Diario Extra. El denunciante dejó abierta la posibilidad de incorporar cualquier otro registro audiovisual o documental que la Inspección Judicial estime pertinente.

El caso se convierte en un nuevo episodio de escrutinio sobre las expresiones públicas de funcionarios del sistema judicial costarricense, en un contexto de alta sensibilidad por la relación entre el ámbito judicial y la política nacional.

Luego de que la senadora Paloma Valencia solicitó suspender temporalmente el proceso de selección de directivos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), alertando sobre posibles efectos en la transición de gobierno y cuestionando la transparencia del concurso, la entidad se pronunció de manera oficial luego de los señalamientos por parte de excandidata presidencial por el Centro Democrático.

El llamado se produce a un mes del cambio de administración y en medio de la controversia por la designación de 129 directores regionales y subdirectores de centro en la entidad.

Por todo lo anterior, en el documento emitido la mañana del martes 7 de julio de 2026, desde la institución pública se hicieron varias aclaraciones frente a lo que ellos calificaron como sobre la “información que circula sobre el proceso meritocrático que se adelanta para proveer los cargos de Director Regional y Subdirector de Centro en el SENA”.

En principio, se recalcó que el proceso de selección se ajusta a la Constitución, la ley y los decretos que regulan la provisión de estos cargos directivos.

La entidad recordó que la convocatoria se gestiona desde el 10 de agosto de 2023 y que la inscripción estuvo abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de filiación política ni condiciones ajenas al mérito.

Dentro de las especificaciones que se compartieron en el documento oficial, desde el Sena se detalló que las tres pruebas aplicadas hasta el momento fueron elaboradas y calificadas en su totalidad por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con plena autonomía e independencia.

La etapa de entrevistas, que ha generado debate público, será realizada bajo la metodología prevista en la normativa y contará con la presencia de un jurado del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad técnica independiente que, según la institución, garantiza imparcialidad y transparencia en la evaluación.

Asimismo, el comunicado hizo hincapié acerca de todo el proceso meritocrático, y se destacó que ha sido publicado en la página web oficial para conocimiento y control de la ciudadanía.

Además, el SENA complementó su respuesta al confirmar se han atendido todas las observaciones y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas.

Para cerrar, desde la entidad se puntualizó que la selección final de los directores regionales y subdirectores de centro quedará en manos de la nueva administración del Sena, despejando dudas sobre eventuales designaciones de última hora antes del cambio de gobierno, tal y como insinuó la excandidata presidencial.

¿Qué más señaló Paloma Valencia sobre el proceso de selección en el Sena?

Valencia expresó el martes el lunes 6 de julio a través de un mensaje vía X que la dirección del Sena reactivó la etapa de entrevistas del concurso justo después de la elección del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella.

La congresista advirtió que esta fase, que representa el 15% de la calificación final, incorpora un criterio subjetivo y podría facilitar la designación de funcionarios en cargos estratégicos antes del relevo presidencial.

“Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder. Es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, señaló Valencia.

Ante estas inquietudes, la senadora pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso, recordando que el concurso ya había sido suspendido anteriormente por presuntas irregularidades.

La congresista también solicitó a la Dirección General del SENA suspender las convocatorias mientras avanza el empalme entre gobiernos, con el fin de evitar que un proceso cuestionado condicione la dirección futura de la entidad.

Valencia hizo un llamado al equipo del presidente electo para que evalúe posibles medidas administrativas y garantice que la transición respete la voluntad ciudadana y la transparencia institucional.

“La institucionalidad no puede utilizarse para dejar cuotas de última hora. La transición debe respetar la voluntad de los colombianos y proteger la transparencia en el manejo del Estado”, concluyó la legisladora.

La polémica en torno al SENA se suma a la tensión política generada por el anuncio del presidente saliente, Gustavo Petro, quien prepara una demanda para solicitar la nulidad de la elección de Abelardo De La Espriella.

El recurso, que será presentado el martes 7 de julio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, estará a cargo del exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, e incluirá una plataforma digital para que ciudadanos se sumen a la acción.

La acusación de Uscátegui señaló que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, estaría promoviendo de nuevo la designación de José Gotardo Pérez Soto, coronel retirado de 82 años, como director general de la entidad pensional para los uniformados, pese a que, según la documentación presentada, no acredita el posgrado exigido para el cargo por motivos profesionales y estaría por fuera del rango de edad establecido para ejercer el cargo.

De acuerdo con la denuncia, esta situación habría sido advertida recientemente por la jefatura de personal de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa de la Caja de Sueldo de Retiros de la Policía Nacional y confirmada en un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde donde se recordó que cualquier cambio en los requisitos debe respetar los principios de transparencia, igualdad y legalidad.

Ya habrían intentado ubicar a Pérez Soto en el cargo

El caso llama la atención porque, según documentos oficiales conocidos, en enero de 2026 —cuando el director era el coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz— Pérez Soto había sido postulado para el cargo. Sin embargo, el coronel Arenas envió un detallado concepto a Función Pública alegando que el uniformado no cumplía con los requisitos en cuanto a su formación académica y experiencia laboral.

Como respuesta, desde Función Pública contestaron que se podía modificar el manual de funciones y adaptarlo para el eventual funcionario.

“En este sentido, si bien el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales constituye el instrumento técnico que define los requisitos del empleo y debe brindar estabilidad y seguridad jurídica, ello no impide que pueda ser ajustado cuando se advierta la necesidad de armonizarlo con la normativa especial vigente, particularmente con lo dispuesto en el Decreto 1070 de 2015 (...)“.

“Así las cosas, el representante legal de la entidad tiene la facultad para incorporar equivalencias a través de la unidad de personal, sin que ello implique un cambio en la naturaleza del empleo ni en su nivel jerárquico, sino una adecuación técnica orientada a garantizar coherencia normativa. No obstante, dicha modificación debe responder a criterios objetivos, estar debidamente motivada, a fin de preservar los principios de transparencia, igualdad y legalidad que rigen la gestión del empleo público, fue el concepto contenido en la respuesta de Función Pública, según el documento adjunto:

En abril de 2026 el mayor Arenas salió del cargo y el nombramiento de Pérez Soto no se hizo efectivo. No obstante, el concejal Uscátegui remitió la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, junto con las pruebas que indicarían los nuevos intentos de modificar el Manual Específico de Funciones de la entidad para permitir la designación de Pérez Soto.

La versión del coronel retirado

Infobae Colombia contactó al coronel retirado que, en primer lugar, negó tener conocimiento alguno de la denuncia y aseguró que es cierto que fue postulado al cargo en enero de 2026, pero que, en la actualidad no está nominado.

“Eso sí fue cierto, desde enero, pero debido algunos inconvenientes personales, decliné el nombramiento”, dijo.

De la misma manera, el uniformado retirado remitió a este medio el Decreto 0629 del 19 de junio de 2026, en el cual se estableció el relevo de funciones directivas, que estaba en manos de la teniente coronel Mónica Adriana Parra Santamaría, que ocupó el cargo desde finales de abril de 2026, tras la gestión del coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz.

Según el decreto, la dirección de la entidad se transfirió —por encargo— al mayor Rubén Darío Murcia Domínguez, que dejaría abierta la posibilidad a un nombramiento oficial.

Al respecto, el coronel retirado dijo: “Si hubiera sido verdad, tampoco habría recibido, ya que el 7 de agosto debía presentar la renuncia por la llegada del nuevo Gobierno”.

El nuevo intento de cambiar de director de la Casur en favor del “aliado de Petro”

El concejal advirtió que desde el Ministerio de Defensa se habrían promovido actuaciones orientadas a facilitar el nombramiento, pese a las observaciones internas y externas a la entidad que indican que, en efecto, el uniformado en retiro no puede asumir el rol administrativo.

Uno de los puntos álgidos de la denuncia formulada por Uscátegui radica en el antecedente de Pérez Soto como agente oficioso en la acción de tutela que en 2014 permitió suspender provisionalmente la destitución e inhabilidad que había sido impuesta a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.

Para el denunciante, este hecho, sumado a la aparente modificación de requisitos, genera dudas sobre un “posible pago de favores políticos” en los últimos días de la actual administración.

“Es inaceptable que, cuando faltan apenas 20 días para terminar este Gobierno, se pretenda cambiar las reglas de juego para dejar atornillado a un aliado político en una entidad que administra los recursos de retiro de miles de policías. Casur no puede convertirse en un fortín burocrático ni en el escenario para pagar favores políticos. Los héroes de Colombia merecen respeto, transparencia y una administración técnica e independiente de los intereses del Gobierno saliente”, afirmó Uscátegui en declaraciones suministradas a este medio.

El concejal también resaltó que Pérez Soto tiene 82 años, lo que supera el límite de retiro forzoso previsto en la legislación colombiana para ejercer funciones públicas.

La denuncia concluyó con un llamado a la Procuraduría para que actúe con celeridad ante estos hechos y garantice que los nombramientos en entidades estratégicas del Estado “no respondan a intereses particulares ni a eventuales compromisos políticos adquiridos por el Gobierno saliente”.

Innova Schools realizó un comunicado sobre lo sucedido: “La protección y el bienestar de nuestros estudiantes son la máxima prioridad de Innova. Por ello, tras la denuncia presentada por una madre de familia de nuestra sede Mayorazgo, queremos informar lo siguiente”. La institución se pronunció después de la denuncia por un presunto caso de violencia sexual contra un estudiante de 10 años en su sede de Ate, un hecho que activó la intervención de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y derivó en la suspensión temporal de las clases presenciales por tres días.

En ese mismo pronunciamiento, el colegio sostuvo que lamenta la situación denunciada, que comprende la preocupación de la familia y de la comunidad educativa, y que la denuncia “viene siendo investigada por las autoridades competentes”. También indicó que informó el caso a la UGEL y que lo registró en la plataforma SíSeVe, el canal oficial para reportar este tipo de situaciones.

La respuesta institucional incluyó una serie de medidas internas mientras avanzan las indagaciones. Entre ellas, la designación de un nuevo director desde el lunes 6 de julio, la incorporación de un trabajador para control de disciplina y cuidantías en espacios comunes, la instalación de cámaras adicionales desde el martes 7 de julio y la apertura de espacios de escucha con delegados de todos los grados.

La protesta de padres y madres frente al colegio, reportada por Panamericana, se produjo después de que una madre denunciara que su hijo fue víctima de abuso sexual dentro de las instalaciones del centro educativo. Según ese relato, el menor fue interceptado en un baño del plantel por cuatro estudiantes de sexto grado a la hora de salida.

La denuncia de la madre apuntó a un hecho ocurrido en el baño del colegio

Durante la manifestación, la madre del niño relató ante cámaras que los alumnos involucrados redujeron físicamente a su hijo. “Le han tapado la boca, le han agarrado las manos y le han sujetado las piernas”, afirmó.

La denunciante también cuestionó la actuación del personal del plantel. “Hubo una reunión con la directora, con la psicóloga y no hicieron nada. Todo fueron promesas”, declaró al medio.

Según su versión, la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú todavía no figuraba en la Fiscalía una semana después del hecho. La madre sostuvo por ese motivo que existió una acción tardía de parte de las autoridades.

Otra madre, que además cumplía funciones legales en representación de los padres, denunció durante la protesta la ausencia de representantes de la UGEL, del Ministerio de la Mujer y de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con su testimonio, el colegio registraba antecedentes por casos de violencia psicológica y sexual.

La DRELM suspendió las clases presenciales por tres días y activó supervisión

Ante la denuncia formulada por padres de familia del colegio Innova Schools de Mayorazgo, la DRELM informó que activó de inmediato acciones de supervisión, verificación y coordinación con las entidades competentes. El objetivo, según el organismo, es esclarecer los hechos, brindar la atención correspondiente y proteger la integridad del estudiante.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana Marcos Tupayachi expresó su preocupación por la denuncia y señaló que la entidad verifica si el colegio actuó conforme a los protocolos establecidos. También indicó que la revisión incluye las medidas adoptadas para la protección de los estudiantes.

“Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos”, señaló el funcionario.

Por recomendación del Ministerio de Educación, la DRELM dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales y el pase de las actividades educativas a modalidad virtual durante tres días. La medida busca facilitar el proceso de intervención y reforzar el trabajo con la comunidad educativa.

Tupayachi precisó además que desde el día siguiente al anuncio se realizarían reuniones con padres de familia de todos los niveles. Esos encuentros, según explicó, servirán para recoger demandas, atender preocupaciones expresadas públicamente y contribuir al restablecimiento de la confianza entre las familias y el equipo docente y directivo del colegio.

La autoridad regional agregó que la DRELM mantiene coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público mientras continúan las investigaciones bajo el marco legal vigente.

El colegio anunció cambios en la dirección, más vigilancia y apoyo del equipo de bienestar

La escuela también comunicó la implementación de espacios de escucha activa con los delegados de todos los grados desde el lunes 6 de julio. Esas reuniones quedarían bajo conducción del nuevo director encargado del plantel.

A ese paquete de medidas se añadió el soporte del equipo centralizado de bienestar. Según el comunicado, ese equipo indagará conductas que afecten la convivencia en la escuela, aplicará las medidas disciplinarias correspondientes y reforzará programas preventivos con todos los miembros de la comunidad educativa.

La supervisión oficial revisa protocolos, registros y acompañamiento a la familia

La DRELM detalló que su intervención incluye la verificación de la actuación del Comité de Gestión del Bienestar del colegio. También revisa si se activaron los protocolos frente a presuntos hechos de violencia sexual y si existe documentación de las actuaciones realizadas.

Dentro de esa supervisión, el organismo examina las comunicaciones efectuadas con las autoridades competentes y las medidas de acompañamiento socioemocional brindadas al estudiante y a su familia. Esa revisión forma parte del procedimiento abierto tras la denuncia presentada por los padres de familia.

Por su parte, Innova Schools indicó que no puede adelantar detalles del caso por respeto a los menores de edad protegidos por ley y por la investigación en curso. Añadió que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, se tomarán “todas las medidas disciplinarias que sean necesarias”.

En el tramo final de su pronunciamiento, el colegio pidió a la comunidad educativa y a la ciudadanía actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, y evitar la difusión de información no confirmada que pueda afectar a menores de edad o al desarrollo de la investigación. También sostuvo que su compromiso es garantizar la protección y el acompañamiento de los estudiantes y de las familias que puedan verse afectadas mediante la activación de protocolos, la atención permanente y la coordinación con las autoridades competentes.

El Comité Nacional de Empalme del Gobierno de Colombia suspendió este 7 de julio de 2026 su participación en las sesiones conjuntas con el equipo entrante y llevó la disputa al terreno judicial: anunció una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, al que se le acusa de afectar la honra del presidente de la República y de su gabinete con señalamientos formulados en una entrevista.

La decisión fue presentada en una declaración institucional firmada en Bogotá por Germán Ávila Plazas, Nhora Mondragón Ortíz, Augusto Ocampo Camacho y Natalia Irene Molina Posso. En ese texto, el comité sostuvo que el proceso de transición fue desviado hacia una lógica de acusación pública bajo la etiqueta de un supuesto “empalme anticorrupción”.

El punto de quiebre, según el documento oficial, fue una entrevista concedida el domingo por Lucio, integrante del comité del gobierno entrante. A partir de ese episodio, el equipo saliente afirmó que ya no existen condiciones mínimas de respeto institucional para mantener las reuniones conjuntas.

La declaración confirma la suspensión como una defensa del carácter administrativo del empalme y no como un retiro definitivo del proceso. El comité sostuvo que seguirá comprometido con sus deberes constitucionales, pero condicionó cualquier reanudación a que existan garantías de respeto recíproco y cese una narrativa que, a su juicio, desnaturaliza el propósito de la transición.

El gobierno saliente sostuvo que el empalme fue convertido en un escenario de acusación

Antes de anunciar la suspensión, el comité reivindicó el sentido institucional del proceso y marcó un límite sobre su alcance. En ese tramo del pronunciamiento afirmó: “El empalme no fue concebido para eso, el empalme no es una investigación penal, el empalme no es un juicio, el empalme no es una plataforma política, el empalme es un deber de Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”.

La tesis central del documento es que el gobierno saliente considera que se instaló públicamente una presunción de responsabilidad sobre su gestión. Por eso diferenció entre el debate político y el uso de una mesa institucional para proyectar, ante el país, una lectura incriminatoria del relevo administrativo.

En esa misma línea, el comité insistió en que cualquier eventual responsabilidad debe tramitarse fuera del empalme. “Las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponden exclusivamente a las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia”.

La denuncia contra Carlos Alonso Lucio trasladó el conflicto a las autoridades competentes

El dato de mayor peso institucional del pronunciamiento fue el anuncio de una acción penal. El comité informó: “El Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra el doctor Carlos Alonso Lucio, con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor Presidente de la República y de su Equipo de Gobierno”.

La declaración añade que ese conflicto debe resolverse “ante las autoridades competentes” y no en la mesa de empalme. Con esa formulación, el gobierno saliente separó la controversia política del procedimiento de transición y fijó una frontera entre el intercambio de información administrativa y las eventuales disputas judiciales.

Carlos Alonso Lucio fue identificado en el texto como integrante del comité de empalme del gobierno entrante. El documento no reproduce sus afirmaciones ni menciona el medio en el que habló, pero las califica como “graves señalamientos” contra el presidente y su equipo de gobierno.

El comité pidió presencia de la Procuraduría y destacó el acompañamiento de la Contraloría

Junto con la suspensión, el gobierno intentó reforzar la idea de apertura institucional. El comité informó que extendió una invitación formal a Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, para que, si lo considera pertinente, disponga la participación de procuradores delegados o de otros funcionarios competentes en las distintas sesiones sectoriales de empalme.

También saludó el acompañamiento de la Contraloría General de la República. Según el documento, la presencia de los organismos de control fortalece la transparencia, la confianza pública y las garantías institucionales para todas las partes.

Ese argumento fue reforzado con una definición política del propio comité sobre su conducta en el proceso. “No tenemos absolutamente nada que ocultar”, afirmó, antes de sostener que la transparencia se demuestra “abriendo las puertas de las instituciones” y entregando la información pública correspondiente.

El anuncio más concreto del cierre de la declaración fue la interrupción de la participación oficial en las sesiones conjuntas. El comité expresó que hoy no existen condiciones mínimas de respeto institucional para continuar mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa incompatible con la naturaleza del proceso.

Un pastor evangélico fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser señalado por su presunta participación en delitos sexuales contra una menor de edad en Villanueva, Cortés. El hombre, de 42 años, tenía una orden judicial y fue localizado en la aldea Corinto, municipio de Omoa.

La captura se realizó luego de una investigación de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal. Según el reporte policial, el sospechoso había salido del país después de que se conociera la denuncia.

El detenido es originario de Yoro, Yoro, y tenía residencia en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, Guatemala.

Sobre el detenido pesaba una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, donde se lo señala como presunto responsable de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas y violación calificada continuada en perjuicio de una niña de 12 años.

Qué cargos enfrenta

Según el expediente investigativo, el caso comenzó después de una denuncia por un supuesto abuso sexual contra la menor. Tras recibir la información, un equipo especializado inició las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y recopilar elementos para la investigación.

Durante el proceso, los agentes tomaron declaraciones a la menor y a sus familiares, además de coordinar evaluaciones médico-legales, cuyos resultados fueron incorporados al expediente judicial como parte de las pruebas recopiladas por los investigadores.

Dónde fue localizado

Las autoridades indicaron que, después de que se conocieron los hechos, el sospechoso presuntamente abandonó Villanueva junto con su familia y se trasladó hacia Guatemala, con la intención de evitar ser encontrado por las autoridades.

El seguimiento de los equipos especializados permitió establecer su ubicación y ejecutar la orden de captura en territorio hondureño. Luego de su arresto, fue remitido ante el órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso establecido por la ley.

En Honduras, los delitos sexuales por los que se acusa al detenido contemplan penas de prisión que pueden incrementarse según las circunstancias y agravantes que sean valoradas durante el proceso judicial. La legislación establece sanciones más graves cuando las víctimas son menores de edad o cuando existen condiciones particulares que agravan el delito.

El organismo policial reiteró que mantiene acciones permanentes para investigar hechos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, y recordó que toda persona acusada de un delito conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

Honduras en 2024, las autoridades investigaron denuncias contra personas vinculadas a congregaciones religiosas por supuestos abusos, lo que generó llamados de organizaciones de protección infantil para fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y vigilancia dentro de instituciones donde existe una relación de confianza o autoridad sobre niños y adolescentes.

Otro caso relevante ocurrió en 2025, cuando autoridades hondureñas reportaron capturas e investigaciones contra individuos acusados de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad en distintos sectores del país.

Estos procesos derivaron la importancia de la intervención de unidades especializadas de investigación y del acompañamiento a las víctimas, debido a que muchos de estos hechos ocurren en entornos cercanos a los menores, donde los agresores pueden aprovechar vínculos familiares, comunitarios o de confianza.

La Policía de Neuquén activó la Alerta Nati por la desaparición de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años en la capital provincial, un mecanismo previsto para la búsqueda inmediata de menores de 18 años. El aviso tiene el objetivo de evitar demorar en denuncias de este tipo. Según LMNeuquén, la alerta se emitió mientras las denuncias fueron radicadas en comisarías del oeste de la ciudad y la búsqueda se concentraba en estas horas en la capital neuquina.

La adolescente de 14 años fue identificada como María Valentina Ortiz Brizuela. La denuncia por su paradero se presentó en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, en el noroeste de la capital provincial. De acuerdo con la denuncia, Valentina Ortiz: es de contextura delgada, mide 1,70 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello oscuro y largo. Además se detalló que vestía pantalón de jean azul, campera negra y zapatillas blancas la última vez que fue vista.

El segundo caso de menores de edad en la provincia de Neuquén corresponde a Brian Exequiel Altamirano, de 16 años. Su desaparición también motivó la activación del protocolo de búsqueda difundido por la fuerza provincial. Brian Exequiel Altamirano fue descrito como: de contextura delgada, de 1,70 metros de altura, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro. Al momento de desaparecer llevaba zapatillas negras, pulóver negro y pantalón de jean color celeste.

El tercer adolescente buscado es Lucas Julián Sosa, de 17 años, con domicilio en el barrio La Sirena. Según la denuncia, es de contextura delgada, mide 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro. Al momento de su desaparición llevaba una campera negra, además de pantalón, buzo y zapatillas del mismo color. Para aportar datos sobre él o sobre Brian, las autoridades indicaron comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o con la Comisaría 17 al teléfono (299) 4430098.

En el caso de María Valentina Ortiz Brizuela, cualquier información debe informarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 16 al teléfono (299) 4485428. La publicación precisó que las denuncias por los tres casos fueron radicadas en dependencias del oeste neuquino.

La norma que regula ese procedimiento es la Ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010. Esta establece los procedimientos que deben seguirse ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en Neuquén. Esta legislación busca garantizar una respuesta rápida y coordinada, con la participación de organismos judiciales, policiales y de la comunidad.

La Alerta Nati debe su nombre a Natalia Ciccioli, la niña de 12 años que desapareció el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. Había salido de su casa para pasear por el centro de la ciudad y no se volvió a saber de ella. Por entonces, para denunciar la desaparición de una persona había que esperar 48 horas. El antecedente señala que el impacto social del caso llevó a vecinos de la comunidad a organizar búsquedas por su cuenta.

Actualmente, la Alerta Nati permite que el aviso de búsqueda se difunda de manera inmediata a través de los medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales, con el objetivo de involucrar a toda la sociedad en la localización de los menores. La colaboración ciudadana resulta clave para aportar datos que puedan ayudar a dar con el paradero de los adolescentes.

Ese marco es el que ahora se aplica en la búsqueda de María Valentina Ortiz Brizuela, Brian Exequiel Altamirano y Lucas Julián Sosa, los tres adolescentes por los que la Policía de la Provincia emitió la alerta en la ciudad de Neuquén. Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse de manera urgente con las dependencias policiales correspondientes.