Una madre pidió el traslado de su hijo de 16 años desde la Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (Homi), en Bogotá, tras recibir conceptos médicos distintos sobre el tratamiento de un tumor cerebral maligno. La familia del joven indica que busca una institución que evalúe nuevas alternativas para el adolescente.

Según relató la familia a Noticias RCN, el caso comenzó cuando el adolescente presentó un dolor de cabeza. Los exámenes posteriores identificaron un tumor glial de alto grado en el cerebelo, una zona del cerebro relacionada, entre otras funciones, con la coordinación de los movimientos y el equilibrio.

Ante el hallazgo, el menor fue sometido a una intervención quirúrgica de urgencia. Después de ese procedimiento, Carmen Cecilia Ravelo, madre del paciente, afirmó que recibió un pronóstico confuso: “En la primera cirugía que me lo hicieron, dijeron que ya no había nada que hacer con el niño. Que me lo llevara para la casa”.

La mujer cuestionó la atención que ha recibido su hijo y expresó preocupación por las decisiones clínicas alrededor de su estado. Su solicitud se centra en obtener la autorización para trasladarlo a otra institución de salud que pueda revisar el caso y definir si existen tratamientos adicionales.

La familia recibió conceptos distintos de los especialistas

El principal motivo de la petición son las versiones diversas que, según la familia, han recibido de los profesionales que atienden al joven. Ravelo aseguró que mientras el neurocirujano considera que hay posibilidades de continuar con el manejo médico, los oncólogos les han comunicado que no habría más opciones terapéuticas.

La diferencia entre esos conceptos ha incrementado la incertidumbre de los padres frente a la ruta de atención. La familia considera necesario que otro equipo médico valore los estudios, el resultado de la cirugía y las condiciones actuales del adolescente antes de adoptar decisiones sobre su tratamiento.

Por su parte, Vicente Ortiz, padre del menor, señaló que su hijo conserva algunas capacidades pese al diagnóstico: “Nos habla, mueve los pies y come”.

El padre agregó en su diálogo con el noticiero nacional que el joven permanece débil, en parte porque durante más de 15 días ha tenido dificultades para alimentarse de manera adecuada, pero consideran que es indispensable la revisión porque creen que pueden existir alternativas para su tratamiento.

El Homi explicó las dificultades para concretar la remisión

La Fundación Hospital Pediátrico La Misericordia (Homi) respondió que el traslado solicitado no se ha concretado debido a la disponibilidad de especialistas en las instituciones consultadas. De acuerdo con la explicación entregada por el hospital y compartida por el medio, los centros médicos contactados no cuentan con un hematólogo pediatra disponible para asumir el caso.

La institución no detalló cuáles fueron los hospitales consultados, cuántas gestiones se realizaron ni las fechas en que se efectuaron los contactos. Tampoco se conocieron públicamente nuevos conceptos médicos sobre el diagnóstico, el pronóstico o las alternativas de tratamiento para el paciente.

La madre del menor pidió apoyo para lograr la remisión y expresó su temor frente a la continuidad de la atención para el menor de edad.

“Yo quiero trasladarlo de acá a buscarle otra clínica donde lo puedan tratar”, afirmó Ravelo. Su declaración plantea una petición dirigida tanto a las autoridades de salud como a las entidades responsables de coordinar el acceso a servicios especializados.

Por ahora, el traslado continúa condicionado a la posibilidad de encontrar una institución que disponga del personal médico requerido para recibir al adolescente y continuar su manejo clínico.

Este no es el único caso de un paciente que está a la espera de una remisión médica, por lo que la ciudadanía pide revisar los modelos de atención de salud en los centros asistenciales.

El concejal de Bogotá Julián Forero, conocido como “Fuchi”, cuestionó los cobros por grúas y patios a conductores cuyos casos terminaron con una declaración de no infractor.

El cabildante pidió explicaciones a la Secretaría Distrital de Movilidad y a la empresa Grúas y Patios Bogotá (GYP) por recursos que, según afirmó, superarían los $966 millones.

Forero señaló en sus redes sociales que, de 512.080 vehículos inmovilizados, 1.761 conductores fueron declarados no infractores. A pesar de esa decisión, sostuvo que 1.678 personas habrían pagado servicios de grúas y patios por más de la millonaria suma expuesta.

“Los declararon no infractores, pero les metieron la mano al bolsillo como si fueran culpables”, escribió el concejal al cuestionar los cobros.

De acuerdo con las cifras expuestas por Forero, esta cantidad de conductores asumieron cerca de $720 millones por el servicio de patios y otros $245 millones por las grúas.

‘Fuchi’ pidió respuestas al Distrito y al operador

El concejal afirmó que el caso evidencia un posible perjuicio para quienes, tras la inmovilización de sus vehículos, fueron exonerados de responsabilidad por la autoridad competente.

“El abuso empieza por ustedes. ¿Dónde está la plata?”, manifestó Forero, que también pidió que la administración distrital responda a los conductores afectados y que aclare cuál fue el trámite aplicado a las personas que recibieron una decisión favorable y si los valores cobrados fueron devueltos o compensados.

Hasta el momento, no se ha conocido un pronunciamiento oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad, de la Alcaldía de Bogotá ni de Grúas y Patios Bogotá sobre las cifras y los cuestionamientos.

Concejal ‘Fuchi’ cuestionó presuntos sobrecostos de $1.535 millones en la compra de cámaras de fotodetección en Bogotá

El concejal de Bogotá también pidió explicaciones por un presunto detrimento patrimonial de $1.535 millones relacionado con la compra de 25 cámaras de fotodetección para la ciudad que involucraría a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá (ETB) y a la Secretaría Distrital de Movilidad por las diferencias entre el valor pagado a proveedores y el monto facturado al Distrito.

Según la información divulgada por el Concejo de Bogotá y citada por Forero, ETB pagó cerca de $6.380 millones por los equipos y servicios asociados, mientras que la Secretaría de Movilidad recibió una facturación cercana a $8.490 millones. La Contraloría de Bogotá analizó esa diferencia y estableció un presunto detrimento de $1.535 millones.

Forero sostuvo que las 25 cámaras de fotodetección fueron pagadas antes de que estuvieran instaladas. Incluso, el informe citado por el cabildante también señala posibles problemas de planeación y coordinación durante la implementación de los dispositivos.

“¿Cómo así que para cobrarles comparendos a los conductores tienen toda la tecnología, pero para revisar las facturas y cuidar la plata de los bogotanos no aparece nadie?”, cuestionó el concejal.

La Secretaría Distrital de Movilidad explicó los mayores valores con argumentos relacionados con gastos de soporte, garantías, impuestos y servicios adicionales. Sin embargo, de acuerdo con el documento divulgado por el Concejo, la Contraloría consideró que los soportes y explicaciones entregados no justificaban de forma suficiente los pagos observados.

Fuchi cuestionó el papel de ETB en el contrato

El concejal pidió revisar el papel de la ETB como intermediaria en el suministro de las cámaras. La empresa tiene al Distrito como su principal accionista, aunque también cuenta con participación privada.

“Alcalde Galán, explíqueles a los bogotanos cómo es que la ETB compra por $6.380 millones y Movilidad termina pagando $8.490 millones. ¿Qué justifica semejante diferencia?”.

También preguntó por la responsabilidad de quienes autorizaron los pagos, supervisaron el contrato y ejercieron la interventoría sobre la adquisición de los dispositivos.

En consecuencia, anunció que solicitará a la Superintendencia de Transporte que revise, dentro de sus competencias, las presuntas irregularidades relacionadas con las cámaras de fotodetección. Además, pidió que los organismos de control fiscal y disciplinario establezcan si hay responsables por los valores cuestionados.

“No vamos a permitir que esto se quede en un informe guardado en un escritorio”. El concejal indicó que mantendrá el control político sobre el contrato y solicitará información acerca de los procesos de aprobación de precios, facturación y pagos.

El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó formalmente una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles conductas constitutivas de delito y, en caso de encontrar elementos suficientes, determine las responsabilidades correspondientes.

A través de un posicionamiento institucional, el organismo electoral informó que recurrió a la autoridad ministerial federal para que, dentro del ámbito de sus atribuciones, realice las investigaciones necesarias sobre los hechos denunciados.

El INE sostuvo que esta decisión responde exclusivamente a su obligación de garantizar la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, principios que, afirmó, deben prevalecer en todas las actividades del Instituto.

Por su parte, el titular del Órgano Interno de Control (OIC) del instituto, Víctor Hugo Carvente, informó a la Cámara de Diputados que la instancia a su cargo presentó seis denuncias penales contra funcionarios y exfuncionarios del organismo electoral, así como contra empresas, tras los escándalos de Guadalupe Taddei y del contratista Alfredo Hernández Casillas, por igual su hermano Raymundo.

“Se presentaron seis denuncias penales ante la FGR en contra de diversas personas servidoras y ex servidoras públicas del INE, así como de personas morales, por la probable participación en hechos que la ley señala como delitos”, indicó Carvente Contreras.

La presentación de la denuncia coloca en manos de la FGR la investigación de las posibles irregularidades, así como la valoración de los elementos que pudieran configurar algún delito.

Corresponderá a la Fiscalía determinar si existen responsabilidades penales y proceder conforme a las disposiciones legales aplicables.

INE afirma que no habrá distinción de personas ni cargos

En su comunicación, el Instituto Nacional Electoral enfatizó que la determinación no está condicionada por la identidad de las personas involucradas, los cargos que hayan ocupado, las responsabilidades que desempeñaron o los periodos en los que ejercieron sus funciones.

Los delitos que se denunciaron son:

1. Uso ilícito de atribuciones y facultades
2. Uso de documento falso
3. Tráfico de influencias
4. Ejercicio ilícito del servicio público
5. Cohecho
6. Aquellos que la autoridad competente determine

Con estos señalamientos, el organismo electoral afirmó que cualquier posible irregularidad relacionada con el uso de los recursos públicos debe atenderse bajo los mismos criterios institucionales, independientemente de quiénes pudieran estar involucrados.

El posicionamiento también establece que la denuncia no responde a consideraciones personales o políticas, sino al cumplimiento de las obligaciones que tiene el Instituto como organismo público encargado de ejercer funciones constitucionales y administrar recursos provenientes del erario.

El INE destacó que la vigilancia sobre el manejo del presupuesto debe mantenerse como una responsabilidad permanente, debido a que los recursos asignados al organismo están destinados a garantizar el cumplimiento de sus atribuciones en materia electoral.

Por ello, consideró necesario dar intervención a la Fiscalía General de la República para que sea esta instancia la que investigue los hechos y establezca, con base en las pruebas disponibles, si existe alguna conducta que deba sancionarse.

Instituto establece política de cero tolerancia

El Instituto Nacional Electoral reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pudiera comprometer la integridad de los recursos destinados al cumplimiento de sus funciones constitucionales.

Esta postura implica que las posibles irregularidades en la administración del presupuesto deben ser atendidas mediante los mecanismos institucionales y legales correspondientes, sin que existan excepciones por jerarquía, antigüedad o responsabilidad dentro de la estructura del organismo.

El pronunciamiento busca dejar claro que la protección de los recursos públicos constituye una obligación que debe observarse en todas las áreas y niveles de la institución.

Asimismo, el INE señaló que la transparencia y la rendición de cuentas forman parte de los principios que deben orientar el ejercicio de sus atribuciones, por lo que cualquier señalamiento sobre un posible uso indebido del presupuesto debe ser revisado por las autoridades competentes.

La intervención de la FGR permitirá determinar si los hechos denunciados cuentan con elementos suficientes para iniciar o continuar las investigaciones correspondientes y, en su caso, establecer quiénes podrían tener alguna responsabilidad.

FGR deberá determinar si existen responsabilidades

Tras la presentación formal de la denuncia, será la Fiscalía General la instancia encargada de analizar los elementos entregados por el INE, desarrollar las diligencias necesarias y determinar si existen conductas que puedan constituir delitos.

La denuncia representa el inicio de una ruta de investigación ante la autoridad ministerial, en ese sentido, será necesario que las autoridades realicen las investigaciones correspondientes y establezcan, conforme a derecho, si procede ejercer acciones legales.

En su momento, el titular del OIC del INE dijo en su comparecencia en la Cámara de Diputados que de 2014 a 2025, había cinco empresas vinculadas entre sí y mantenían una simulación de competencia, por lo cual obtuvieron contratos por 2 mil 461 millones de pesos de organismos públicos locales electorales (OPLE), por lo cual esa sería la cifra del daño económico, más lo que se sume.

El organismo reiteró que su actuación tiene como propósito salvaguardar el patrimonio público y garantizar que los recursos asignados a sus funciones constitucionales sean utilizados de manera adecuada.

Con la presentación de esta denuncia, el INE aseguró que mantendrá su postura de cero tolerancia ante cualquier conducta que pueda afectar la legalidad y la transparencia en el manejo de los recursos públicos.

En redes sociales está circulando un fuerte reclamo al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, sobre varios de los precios incluidos en un proceso contractual de la Secretaría Distrital de Integración Social para servicios logísticos, cuyo valor estimado total asciende a $2.936.681.400.

La concejal del Centro Democrático Diana Diago divulgó fragmentos documentales del acuerdo, conocido como el proceso SDIS-LP-003-2026, que tiene como objeto contratar un operador para la organización, producción y ejecución de eventos y actividades institucionales de la entidad.

El registro indica que se trató de una licitación pública, cuyo estado figura como “proceso adjudicado y celebrado”. Al respecto, Diago pidió explicaciones por los valores establecidos para algunos servicios.

“Alcalde Galán, dele la cara a Bogotá: la ciudad exige una explicación”, escribió la concejal en su publicación.

El contrato contempla almuerzos de $115.745 y transmisiones de cuatro horas por $7,14 millones

Entre los ítems difundidos figura un almuerzo tipo buffet por $115.745 por persona. La especificación incluye proteína, alimento farináceo, ensalada o verdura caliente, postre, jugo envasado, menaje, bandejas, punto de alistamiento, carpa, mesas, puntos de corriente, samovares y neveras de refrigeración.

El documento también fija en $34.705 el valor por unidad de unas onces santafereñas compuestas por agua de panela, almojábana y queso. Ese servicio incorpora meseros, personal de atención, mesas, samovares y manteles, de acuerdo con las condiciones divulgadas.

Otro de los servicios corresponde a un desayuno especial, cuyo costo unitario es de $63.586 por persona. La descripción incluye opciones como tamal, calentado o wrap, además de pan, tostadas o arepa, jugo o frutas y una bebida caliente.

Para una cena tipo buffet, el valor señalado es de $72.724 por unidad. El contrato establece que esa alternativa también contempla elementos de operación y preservación de alimentos.

Diago cuestionó, entre otros rubros, el valor de $7.140.000 por cuatro horas de transmisión de eventos institucionales vía streaming. De acuerdo con el documento, el servicio debe incluir equipos como Tricaster, Blackmagic, tres cámaras profesionales de video en alta definición, consola de audio, micrófonos y líneas de video.

“¿Acaso eso no es gratis?”, preguntó la concejal al referirse al componente de transmisión por redes sociales.

El proceso incluye alquiler de computadores, vans, baños portátiles y arreglos florales

Los documentos publicados por la cabildante fijan en $340.201 el alquiler diario de un computador portátil empresarial. El equipo debe contar, entre otras condiciones, con procesador Intel Core i5 de décima generación o superior, o AMD Ryzen 5 serie 4000 o superior; 8 GB de memoria RAM; unidad SSD de al menos 256 GB y sistema operativo Windows 10 Pro o superior.

El contrato también contempla un valor de $3.734 por cada mensaje informativo enviado por WhatsApp. El servicio está previsto para divulgar convocatorias, eventos y comunicaciones institucionales a bases de datos suministradas por la entidad.

En el apartado de producción logística aparece un arreglo floral grande para tarima por $490.199. También se incluye el alquiler de unidades sanitarias portátiles mixtas para personas con discapacidad, con operador, insumos de aseo, recolección de desechos y limpieza, a un costo de $869.301 por día.

El transporte en van para 25 personas dentro del perímetro urbano tiene un precio de $676.539 por una hora diurna, según el documento compartido. La cifra difiere de los $ 624.000 por hora mencionados inicialmente por Diago en su denuncia.

Además, el contrato prevé un “coffee break” de $34.974 por persona, con producto de panadería, bocadillo dulce y jugo natural. El servicio está calculado para grupos de entre una y 50 personas e incluye personal para servir los alimentos.

“Derroche”: la crítica de la concejal Diago

La concejal sostuvo que los recursos de la Secretaría Distrital de Integración Social deberían concentrarse en programas dirigidos a personas en condición de vulnerabilidad.

“En vez de atender las necesidades de los pobres, de darles soluciones a los habitantes de calle y a las poblaciones vulnerables, ustedes se dedican a derrochar”, afirmó.

La publicación de la cabildante no ha suscitado una respuesta oficial por parte de la Secretaría Distrital de Integración Social sobre los cuestionamientos.

El viajero compartió la denuncia en su perfil de Instagram y, en su relato, aseguró que todo ocurrió porque los trabajadores le querían cobrar un equipaje que venía incluido en su reserva. Debido a la reclamación, se mostró molesto y dijo que tenía derecho a llevar la maleta sin un cobro adicional debido a las condiciones de su tiquete y a su estatus como cliente de la aerolínea.

El sujeto aseguró que no pudo abordar el vuelo por la “injusticia”, por lo que Avianca reveló detalles de lo ocurrido, asegurando que el pasajero agredió a uno de sus trabajadores e intentó ingresar por la fuerza al vuelo AV8451, después de una discusión por las condiciones de transporte de su equipaje de mano.

El hecho obligó a que se activaran los protocolos de seguridad ante la situación: “Un pasajero agredió a uno de los funcionarios de Avianca e intentó ingresar a la fuerza en la puerta de embarque”.

De acuerdo con el comunicado divulgado un día después de lo sucedido, el hombre fue notificado de que su maleta superaba las dimensiones autorizadas para viajar en cabina. Por esa razón, el equipaje debía ser enviado a la bodega de la aeronave.

Avianca dijo que el equipaje excedía el tamaño permitido para la cabina

La empresa señaló que el incidente se presentó durante el proceso de abordaje del vuelo. Según su comunicado, el pasajero reaccionó contra uno de sus funcionarios e intentó atravesar por la fuerza la puerta de embarque luego de recibir la instrucción sobre el traslado de su equipaje.

“Su equipaje de mano excedía las dimensiones permitidas para su transporte en cabina y debía ser enviado a bodega”, afirmó la compañía al explicar el motivo de la actuación de su personal.

El pasajero, sin embargo, dio una versión distinta en el video que publicó. Aseguró que el trabajador pretendía cobrarle por la maleta pese a que su tarifa, según dijo, incluía dos piezas de equipaje de bodega, una de mano y un bolso personal: “Me iban a cobrar el equipaje”.

La grabación publicada por el viajero también recoge parte de un intercambio con una de las trabajadoras de Avianca, que le comunicó que recibiría una multa por su actitud. El hombre preguntó el motivo de esa medida y negó haber empujado a un trabajador: “No empujé a nadie y tienen cámaras”.

El pasajero aseguró que empujó la puerta y perdió el vuelo

En la misma publicación, el denunciante reconoció que empujó una puerta, aunque señaló que lo hizo porque, según su versión, esta le fue cerrada en la cara. Además, afirmó que las cámaras de seguridad fueron revisadas y que estas respaldaron su relato, pero no presentó en el video una prueba adicional sobre ese supuesto procedimiento.

El comunicado de Avianca indicó que las autoridades acudieron al lugar y que el caso quedó bajo revisión interna: “Se activaron los protocolos de seguridad y las autoridades se hicieron presentes”.

Del mismo modo, la aerolínea aseguró que está disponible para entregar a las autoridades competentes la información que sea requerida durante las actuaciones correspondientes.

El pasajero, por su parte, indicó que finalmente no pudo abordar el vuelo entre Medellín y Bogotá y tuvo que adquirir otro pasaje: “Me toca comprar otro tiquete”.

La aerolínea pidió endurecer las sanciones por incidentes en los aeropuertos

En su pronunciamiento, Avianca vinculó el episodio con la necesidad de reforzar las medidas frente a conductas que afecten la operación aérea y a quienes trabajan en ella. La empresa recordó que los transportadores pueden adoptar decisiones de seguridad bajo la normativa aeronáutica y las condiciones del contrato de transporte.

“Tenemos la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas de seguridad y convivencia en nuestras operaciones”, indicó la compañía. Bajo esa premisa, señaló que puede tomar las medidas necesarias cuando considere que existe una situación que compromete el desarrollo del servicio.

Finalmente, la aerolínea hizo un llamado a las autoridades y al Congreso de la República en el que pidió: “Avanzar con urgencia en el endurecimiento del marco sancionatorio frente a comportamientos que afecten el servicio esencial de transporte aéreo y la protección del personal aeronáutico”.

Tres reconocidas activistas y opositoras nicaragüenses, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil y Tamara Dávila, acudieron a los tribunales de España para presentar una acusación penal contra Valdrack Jaentschke Whitaker, funcionario clave del régimen de Nicaragua.

Jaentschke, quien ejerce tareas de canciller y enviado del gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, fue denunciado mientras participaba en actividades relacionadas con la Cumbre Iberoamericana en territorio español.

Las tres dirigentes, que actualmente cuentan con nacionalidad española tras haber sido expulsadas de su país de origen, decidieron actuar de inmediato aprovechando que el funcionario se encuentra físicamente en el país europeo.

Su objetivo primordial es que los jueces españoles abran una investigación formal, ordenen medidas urgentes y detengan a Jaentschke antes de que abandone suelo español, enviando un mensaje claro de que la impunidad no cruce las fronteras.

La querella interpuesta ante la Audiencia Nacional de España acusa al funcionario de participar activamente en actos graves de:

• Persecución y hostigamiento en el exterior: Utilización de representaciones diplomáticas y órganos de inteligencia para vigilar, amenazar e intimidar a opositores exiliados.
• Despojo de derechos fundamentales: Encarcelamientos sin debido proceso, aislamiento prolongado y torturas sufridas durante su cautiverio en Nicaragua.
• Retiro de nacionalidad y robo de bienes: La confiscación arbitraria de sus viviendas y cuentas bancarias, junto con la revocación forzada de su ciudadanía nicaragüense entre 2021 y 2023.
• Violencia contra disidentes exiliados: La denuncia incluye el reclamo de justicia por crímenes como el asesinato en Costa Rica del opositor Roberto Samcam, quien también contaba con nacionalidad española.

Al explicar los motivos que impulsaron esta demanda penal y el alcance que esperan lograr en los tribunales internacionales, la opositora Dora María Téllez remarcó:

El respaldo de informes internacionales independientes

La acción judicial no se basa únicamente en testimonios individuales. La acusación cuenta con el respaldo legal del Centro Guernica 37, un equipo jurídico especializado en litigios internacionales de derechos humanos, y se apoya de forma directa en las investigaciones de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN) documentó y señaló con nombre y apellido a 56 personas vinculadas a las cadenas de mando del régimen de Nicaragua. Dentro de ese listado de altos cargos figura Valdrack Jaentschke, a quien se le atribuyen funciones estratégicas en el aparato de inteligencia y en la coordinación de la represión diplomática.

Al poseer las tres demandantes la nacionalidad española y encontrarse el presunto responsable dentro de las fronteras de España, la justicia de ese país cuenta con los argumentos legales necesarios para intervenir. Las opositoras sostienen que los informes de la ONU aportan pruebas contundentes que permiten a los jueces actuar de inmediato.

Para las víctimas, este paso legal representa el inicio de una nueva etapa de presión contra los funcionarios del régimen de Nicaragua cada vez que decidan viajar al exterior. Las activistas dejaron claro que no esperarán a que termine el mandato de Daniel Ortega y Rosario Murillo para buscar que los responsables rindan cuentas ante jueces independientes.

La estrategia busca que los delegados oficiales enfrenten consecuencias legales en cualquier país donde intenten representar al gobierno nicaragüense. Con esta acción judicial, las denunciantes esperan sentar un precedente firme para que las víctimas de prisión injusta, destierro y despojo encuentren la justicia que hoy no existe dentro de Nicaragua.

José Eduardo Derbez admite que el estrés por las constantes polémicas de su familia sí lo afecta, pese a que suele disimularlo con humor negro, en medio del proceso legal que enfrenta su hermano Vadhir Derbez por una denuncia de presunta agresión sexual y de su reciente separación de Paola Dalay.

Las declaraciones ocurren durante su participación en el podcast Diablito High, conducido por Mauricio Barrientos. “Sí me causa mucho estrés, pero parece que no y siempre finjo que no, porque aparte yo mi estrés o dolores lo manejo con comedia o humor negro, es una forma de protegerme”, dijo el hijo de Eugenio Derbez al podcast Diablito High.

Los problemas de la familia le quitan el sueño a José Eduardo Derbez

El actor describe que se va a dormir con incertidumbre sobre la próxima controversia familiar. “Siempre me duermo y digo, qué put*zo vendrá mañana de parte de dónde, de quién”, expresó José Eduardo Derbez al podcast Diablito High.

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo se define como “muy aprehensivo”, lo que explica por qué cualquier situación de su familia le preocupa de manera constante. “Soy muy aprehensivo y cualquier cosa me preocupa, entonces sí sufro mucho de estar preocupado, pero le finjo”, señaló al mismo podcast.

La separación de Paola Dalay añade presión mediática

La publicación de la entrevista coincide con el anuncio de la separación de José Eduardo de Paola Dalay, madre de su hija Tessa, tras siete años de relación. El actor también enfrentó preguntas sobre una supuesta infidelidad de su parte, luego de que Dalay confirmara que ya sostiene una nueva relación.

José Eduardo Derbez calificó de injustas las especulaciones sobre los motivos de la ruptura. “La gente sataniza mucho las cosas. Todos nos hemos separado”, declaró el actor tras hacer pública la noticia.

El actor pidió además a la prensa espaciar sus preguntas sobre el tema. “Dense un tiempecito para que salga algo”, comentó, en referencia a que suele recibir el mismo cuestionamiento durante varios días consecutivos.

El caso de Vadhir Derbez llega a la FGR

En paralelo, el proceso legal contra Vadhir Derbez continúa activo. Una joven de 19 años lo denunció en mayo de 2026 por una presunta agresión sexual que, según su versión, ocurrió durante la grabación de un video musical en la Ciudad de México, donde el actor habría tenido acercamientos físicos sin su consentimiento dentro de un camerino.

Vadhir rechazó las acusaciones y denunció un presunto intento de extorsión por 350,000 dólares a cambio de evitar consecuencias legales. En agosto, el actor declaró haber obtenido una sentencia de amparo relacionada con la investigación, aunque no detalló los alcances de dicha resolución.

Este jueves 5 de noviembre, los abogados de la denunciante, del despacho Vega Mac Gregor Arellano, acudirán a las instalaciones de la FGR en la alcaldía Cuauhtémoc para solicitar una cita con la fiscal general de la República. “La solicitud tiene como propósito expresar el interés de la representación legal en que la investigación avance con objetividad, diligencia y perspectiva de género”, señala el comunicado difundido por el despacho legal.

La controversia en torno a Vadhir también deja un antecedente dentro de la investigación: un agente del Ministerio Público fue detenido por la presunta venta de información del expediente relacionado con el caso.

El reality show de los Derbez se estrena entre las polémicas

El contexto familiar coincide con el anuncio de la sexta temporada de De Viaje con los Derbez, grabada en África, cuyo tráiler se difundió esta semana. El lanzamiento ocurre justo cuando distintos integrantes de la familia están en el centro de la conversación pública por asuntos personales y legales.

El hecho ocurrió el lunes 2 de noviembre de 2026 y provocó reacciones de rechazo en redes sociales luego de la difusión de las imágenes por la madre de la menor. En la grabación se observa al ciclista con la niña mientras varios hombres se aproximan y le propinan fuertes golpes.

La confrontación estaría relacionada con diferencias anteriores entre dos familias del municipio, de acuerdo con la información revelada por Yesica Parra, pareja de la víctima, identificada como David Joya.

La mujer publicó la denuncia en Facebook en la que afirmó que tres hombres, a los que identificó como hermanos Barajas, habrían agredido al ciclista. Según su relato, los señalados habrían hecho caer a Joya y después lo habrían golpeado, mientras varias personas que presenciaron la situación apartaron a la menor del lugar.

En su publicación, Parra indicó que los enfrentamientos con esa familia se habrían presentado en ocasiones anteriores y aseguró que incluso ella habría sido agredida al intentar intervenir en uno de esos episodios. También aseguró que existía una denuncia previa y expresó preocupación por la seguridad de su pareja y de su hija: “Hago responsables a esta familia si algo le pasa a David o a mi hija”.

Las circunstancias exactas que llevaron al ataque son materia de las actuaciones adelantadas por las autoridades locales. Hasta el momento, la información disponible apunta a que la discusión previa escaló hasta un episodio físico frente a la menor de edad.

El caso generó preocupación por la presencia de la niña durante la agresión. Aunque ella no presentó heridas, su presencia se convirtió en uno de los elementos centrales de las reacciones ciudadanas que rechazaron los riesgos de las disputas entre adultos en espacios públicos y cerca de menores.

Uno de los comentarios en la publicación es de una testigo, identificada como Lorena Cáceres que dijo: “Yo estuve presente, ayudé y levanté la bebé del piso, me parece muy triste el man que agredió al muchacho por la espalda y cuando llevaba la bebé, no le importó por más que yo le grité que la bebe ojalá se haga algo al respeto pues la menor cayó, pudo ser grave”.

Los involucrados acudieron a una audiencia de convivencia

Después de conocerse el video, las personas vinculadas con el altercado fueron citadas ante la Inspección de Convivencia y Paz de Málaga. Allí se realizó una audiencia con el propósito de abordar lo sucedido y establecer compromisos para evitar nuevas confrontaciones.

La inspectora de Convivencia y Paz explicó el procedimiento en una entrevista con la emisora Los Andes Málaga. La funcionaria indicó que inicialmente contactó a la madre de la niña para convocarla a la diligencia, a la que también asistieron el joven relacionado con el incidente y las demás personas señaladas.

“Ese día me comuniqué con una persona no directamente involucrada, la mamá de la niña, para citar a la Inspección de Convivencia y Paz. Ella se presentó el día de ayer, se citó audiencia a ella y al joven que está involucrado en esto, así como también a las otras personas que están involucradas en el hecho y se hizo la audiencia”, expresó la inspectora.

Según lo informado por las autoridades, la audiencia concluyó con un compromiso entre los involucrados para que no se repitan hechos de violencia. El objetivo del acuerdo es contener el conflicto entre las dos familias y prevenir nuevas agresiones.

La cita de convivencia dejó un acuerdo para frenar la disputa entre las familias, mientras el caso continúa marcado por el rechazo que produjo la agresión frente a la niña.

Una madre de familia denunció a la directora de un colegio público de San Martín de Porres (SMP) por presunta discriminación contra su hijo, un estudiante de nacionalidad venezolana. La mujer afirmó que la autoridad escolar realizó comentarios que relacionaban a los ciudadanos de ese país con asesinatos y extorsiones.

Según el relato de la madre, el hecho ocurrió el pasado viernes 30 de octubre, cuando su hijo y otro alumno fueron llevados a la dirección tras un incidente de juegos bruscos. Durante la conversación, la directora habría preguntado al menor si era extranjero.

“¿Tú sabías que los de tu país son los que han venido a nuestro país a matar, a extorsionar? ¿Tú te quieres convertir en uno de ellos?”, habría dicho la directora, de acuerdo con la denuncia.

La madre indicó que su hijo respondió que esa expresión constituía un acto de discriminación. Después, según contó, la autoridad buscó aclarar sus palabras durante el recreo.

“No vayas a pensar que te estoy metiendo en el mismo saco de todos”, habría manifestado la directora al estudiante, siempre según la versión de la denunciante.

Madre presentó denuncia ante la UGEL y padres exigen cambios

La mujer informó que presentó una denuncia mediante el portal correspondiente y que posteriormente acudió a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL). Afirmó que recibió orientación para adjuntar videos y otros elementos que sustenten su caso.

“Me dijeron que estos tipos de casos sí proceden y sí le hacen una investigación con los analistas de la UGEL”, señaló.

Los padres de familia del colegio realizaron un plantón y reunieron firmas para solicitar la destitución de la directora. Una representante del comité general afirmó que el reclamo cuenta con el respaldo de padres de nueve de los 12 salones de primaria, en los turnos mañana y tarde.

También expusieron cuestionamientos sobre el manejo de recursos y supuestos malos tratos a estudiantes. Estas acusaciones deberán ser verificadas por las autoridades educativas competentes y no existe, hasta el momento, una resolución que determine responsabilidades.

“Hemos juntado más del 60% o 70% del colegio”, sostuvo una integrante del comité de padres.

La madre del menor afirmó que su hijo continúa asistiendo a clases, pero mostró preocupación por los efectos del episodio. “Él ha estado preocupado en que, ‘mamá, ¿qué va a pasar en el colegio?, ¿la profesora la van a despedir?’”, relató.

Los padres también advirtieron que el colegio no cuenta con un psicólogo para acompañar al estudiante. La UGEL deberá evaluar la denuncia, revisar las pruebas presentadas y determinar las medidas que correspondan en el marco de sus competencias.

Mark Walter, el magnate de 66 años que fundó Guggenheim Partners, es dueño de los Los Ángeles Dodgers y controla el equipo Cadillac de la Fórmula 1, está en el centro de una investigación federal en Estados Unidos. El Departamento de Justicia (DOJ) y la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) indagan si sus aseguradoras ocultaron más de USD 20.000 millones en préstamos a empresas vinculadas a él. Ahora, busca vender el equipo Cadillac por al menos USD 3.000 millones. En el entramado, además, aparecen dos hermanos argentinos con larga trayectoria en Wall Street: uno de ellos era dueño de la mansión de Barrio Parque que compró recientemente el magnate tecnológico Peter Thiel.

La venta de Cadillac sería el último eslabón de una cadena de desinversiones que arrancó en el momento en que la investigación federal comenzó a apretar. En junio de 2025, Walter había comprado la mayoría de los Los Ángeles Lakers por USD 10.000 millones, el precio más alto pagado hasta entonces por una franquicia deportiva. Apenas 14 meses después, en agosto de 2026, los vendió a Bob Iger —ex CEO de Disney— y al inversor Josh Kushner por USD 12.500 millones.

En septiembre se desprendió de su participación en el Chelsea Football Club de la Premier League inglesa. También explora la posible venta de los Los Ángeles Sparks de la WNBA. Lo único que declaró fuera de discusión son los Los Ángeles Dodgers, el equipo de béisbol que lidera desde 2012 y que ganó la Serie Mundial en 2020, 2024 y 2025.

Según Sportico, hay al menos siete partes interesadas en adquirir el equipo de Fórmula 1. El propio grupo había declarado que no estaba considerando vender su participación en Cadillac ni en ningún otro negocio de TWG Motorsports, aunque casi al mismo tiempo reconoció que Walter y sus socios evalúan ofertas serias de manera habitual.

Por qué buscaría desprenderse del equipo de F1

Entrar a la parrilla de la Fórmula 1 le costó a TWG alrededor de USD 450 millones en concepto de dilución, más al menos USD 1.000 millones adicionales en inversión operativa, según estimaciones del mercado. El equipo camina hacia una pérdida de aproximadamente USD 400 millones solo en 2026. En la pista, los resultados no acompañan. Cadillac es el único equipo que llega al Gran Premio de Brasil sin un solo punto en el campeonato. Las valuaciones de los otros 10 equipos de la grilla promedian USD 3.420 millones, lo que hace que el precio pedido —USD 3.000 millones— parezca más conservador que abusivo para los estándares del certamen.

El equipo fue originalmente armado por Michael Andretti, hijo del legendario piloto Mario Andretti y empresario del automovilismo estadounidense. En la alineación actual corren el mexicano Sergio “Checo” Pérez y el finlandés Valtteri Bottas.

Los argentinos en el entramado

El escándalo incluye, además, nombres argentinos. El más visible en el expediente es Juan Ball, co-chairman de ABS Capital Company (ABS Capco) desde 2015: fue presidente de Guggenheim Partners Latin America y ocupó cargos en Lehman Brothers, Bear Stearns y Banco Santander. ABS Capco funcionó como una de las principales intermediarias para canalizar fondos desde las aseguradoras hacia otros negocios de Walter, a través de sociedades de responsabilidad limitada cuya propiedad resultó difícil de rastrear.

Walter y Juan Ball compraron además, junto al empresario Pablo Stalman, una residencia de USD 85 millones en Malibú sin fondos de Guggenheim ni de las aseguradoras, según confirmaron ante la SEC.

Su hermano, Diego Ball, ya había estado bajo la lupa regulatoria: en 2017, Bloomberg informó que la SEC examinaba sus vínculos con Guggenheim, cuyas compañías realizaron cerca de USD 1.000 millones en transacciones con la firma. Diego Ball era además dueño de una propiedad en Barrio Parque que fue adquirida luego por el magnate tecnológico Peter Thiel.

Un tercer argentino aparece en el expediente: Federico Hermida, directivo de ABS Capco, a cuyas empresas la aseguradora EquiTrust prestó USD 500 millones en 2026 según el Wall Street Journal. Ninguno de los tres fue imputado.

La conexión argentina con el equipo tiene además otra historia. Bárbara Bessolo llegó a Indianápolis en 1987 como única representante argentina en los Juegos Panamericanos —tenía 15 años y competía en gimnasia rítmica— y volvió décadas después como empresaria tecnológica. Acordó con Michael Andretti construir una empresa conjunta llamada AndrettiEdge que combinaría su tecnología con el apellido del piloto, pero en 2021 Andretti lanzó un vehículo de inversión de USD 200 millones que replicaba ese modelo sin incluirla. Bessolo presentó una demanda por robo de propiedad intelectual e incumplimiento de contrato por USD 100 millones, que incluye también a Palantir, la empresa de Thiel. El caso sigue en instrucción.

El origen del dilema

El detonante del conflicto fue una citación del gran jurado federal. En febrero de 2026, las aseguradoras Delaware Life y Clear Spring Life and Annuity —ambas controladas por Walter a través de TWG— recibieron intimaciones del DOJ. Las revelaron en documentos presentados el 26 de junio, publicados inicialmente por Bloomberg Law. Los fiscales federales de Manhattan y la SEC investigan si participaciones en créditos privados que las aseguradoras declaraban como no afiliadas estaban, en realidad, vinculadas a otros negocios de Walter.

La reformulación de balances que siguió fue significativa. Delaware Life había informado que alrededor del 3% de sus activos invertidos —unos USD 1.400 millones— estaban vinculados a partes relacionadas. Los informes corregidos mostraron al menos USD 17.000 millones, equivalentes a por lo menos el 39% del total. La calificadora AM Best calculó que las inversiones afiliadas pasaron del 3% al 42% a fines de 2025. A marzo de 2026, Delaware Life tenía unos USD 69.000 millones en activos; Clear Spring, alrededor de USD 16.000 millones.

La investigación no se quedó en los papeles. Según informó el Financial Times, Walter entregó su teléfono y su computadora a los investigadores federales, al igual que Dina DiLorenzo, presidenta de Guggenheim Investments. Los dispositivos fueron incautados luego de que agentes federales interceptaran el avión privado de Walter en Chicago en septiembre de 2025, aunque, hasta el momento, no se presentaron cargos. TWG Global niega haber cometido irregularidad alguna y declaró que sus directivos “siempre actuaron de buena fe”.

Un hombre señalado por comerciantes de Ibagué de introducir cucarachas en los alimentos que consumía fue requerido por la Policía tras un hecho ocurrido en una panadería de la ciudad. La acusación apunta a una presunta estrategia para evitar el pago de comidas y bebidas después de haberlas consumido casi por completo.

Según informó el diario local El Olfato, varios propietarios de negocios de alimentos aseguraron que el mismo individuo habría visitado distintos establecimientos y aplicado un procedimiento similar. La denuncia se difundió junto con grabaciones de seguridad que, de acuerdo con los afectados, permitirían reconocerlo en varios momentos y con prendas diferentes.

El episodio más reciente se habría presentado en una panadería situada en la calle 42 con carrera Quinta. Trabajadores del lugar afirmaron que identificaron al hombre cuando, presuntamente, intentaba incorporar un insecto a uno de los productos que quedaban sobre la mesa.

El comerciante que divulgó el caso explicó al medio que el cliente hacía pedidos variados, consumía buena parte de ellos y reservaba una porción para el final, para luego sacar una cucaracha de gran tamaño y depositarla en la comida para formular una queja.

“Pide varias cosas de comer, se come varias cosas, deja algo para lo último. Y ya cuando va terminando saca una cucaracha grandísima y se la echa a la comida para no pagar”, relató el denunciante en declaraciones recogidas por el diario tolimense.

Los responsables del negocio indicaron que, tras el supuesto hallazgo, el hombre subía la voz delante de otros clientes. Para los comerciantes, ese comportamiento buscaba generar presión sobre los empleados y desacreditar al establecimiento antes de que pudieran aclarar lo sucedido.

Las cámaras serían clave para establecer lo ocurrido

En el caso de la calle 42, los trabajadores aseguraron que confrontaron al cliente al darse cuenta de lo ocurrido. “Lo cogimos infraganti, le hicimos el reclamo, llamamos a la Policía”, afirmó el propietario citado por el medio.

Además del establecimiento donde se produjo el requerimiento policial, los denunciantes mencionaron una visita previa a la panadería Panzarella y otra a un negocio del sector de Los Marinillos, en Cádiz.

Los propietarios pidieron a restaurantes, cafeterías y panaderías de Ibagué revisar sus sistemas de cámaras y conservar los registros si han afrontado reclamaciones similares. También solicitan que cualquier denuncia se tramite ante las autoridades competentes, con el fin de establecer responsabilidades y evitar acusaciones sin respaldo.

Alcaldía cerró dos alojamientos por presencia de plagas

En otro caso relacionado con estos insectos en la ciudad, la Alcaldía de Ibagué ordenó el cierre de dos establecimientos de alojamiento localizados en los alrededores de la Plaza de la 21. La medida fue adoptada luego de inspecciones que detectaron incumplimientos de las condiciones higiénico-sanitarias requeridas para operar.

Los equipos técnicos encontraron presencia de cucarachas, humedad en baños y otras áreas de los inmuebles, además de colchones y sábanas deteriorados. Las visitas también permitieron identificar problemas en la disposición de residuos, aseo insuficiente y desorden en las instalaciones.

Las autoridades consideraron que esas condiciones podían afectar la salud de quienes utilizan los servicios de hospedaje. Por ello, aplicaron medidas sanitarias de seguridad y dispusieron la suspensión de actividades en ambos lugares.

Yennifer Guzmán, secretaria de Salud Municipal, indicó que la administración encontró condiciones que no cumplían los estándares mínimos: “No podemos permitir que establecimientos que prestan servicios de alojamiento funcionen en estas condiciones y pongan en riesgo la salud de los ciudadanos. Por eso, actuamos de manera contundente y ordenamos su cierre”.

La Secretaría de Salud Municipal precisó que los negocios permanecerán cerrados hasta que sus propietarios corrijan las irregularidades detectadas y acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa sanitaria. La reapertura dependerá de una nueva verificación de las autoridades.

Fue en este evento en el que el intérprete de género urbano publicó un mensaje en el que recordó el vínculo que construyó con la ciudad antes de alcanzar reconocimiento en la industria musical.

El cantante afirmó que llegó a interpretar sus canciones en buses, vivió durante un tiempo en La Candelaria y participó en espacios de dancehall y reggae que le permitieron presentarse cuando aún no tenía temas publicados.

Sin embargo, el concierto no fue ajeno a episodios vergonzosos. Con un video difundido por la plataforma informativa Pasa en Bogotá, se publicó la denuncia sobre un asistente al evento que, sin ningún pudor, decidió hacer sus necesidades sanitarias en una de las gradas, pese a que había otras personas cerca.

La grabación registró al hombre de pie en el sector de sillas, en pleno evento, mientras orina. Una vez termina, sigue como si nada, conforme se ve en las imágenes.

“Este sujeto en el concierto se le olvidó dónde quedan los baños y, sin importar la presencia de la gente, mujeres y demás (...)”, se leyó en el mensaje original de la denuncia.

Los comentarios no se hicieron esperar en las redes sociales: “¿Qué esperaban? Es un concierto del tipo más ñero posible"; “Un ñero, en un concierto de reguetón, haciendo vulgaridades y cochinadas? Jamás me lo hubiera esperado (sic)”; “Definitivamente la plaga entre más días, es más detestable, así les ponga un baño limpio con su dotación de papel y toallas, no tienen la mínima cultura de aseo y respeto (sic)”; “Qué cochinada”.

Sencia informó que la grama de El Campín no presentó daños generalizados tras el concierto de Ryan Castro

Por otro lado, la empresa Sencia, administradora del estadio El Campín, presentó un balance sobre la grama del complejo deportivo, en el que se informó que no se registraron afectaciones generalizadas después del concierto que el cantante Ryan Castro ofreció, con un escenario instalado en el centro de la cancha.

La evaluación preliminar de la compañía indicó que el césped mantiene un crecimiento favorable, aunque quedaron algunas marcas superficiales y sectores con decoloración.

Según explicó Sencia a través de un reporte técnico en sus redes sociales, esos cambios se relacionan con la cobertura temporal utilizada durante el espectáculo y con la menor exposición a la luz natural.

“La evaluación preliminar evidencia un crecimiento favorable del césped, sin afectaciones generalizadas significativas”, señaló la empresa. También informó que las zonas afectadas de forma puntual recibirán tareas específicas de recuperación.

El desmontaje terminó 13 horas después del inicio de las tareas

Sencia indicó que el retiro de la infraestructura comenzó a las 3:00 a. m. posterior al concierto y concluyó a las 4:00 p. m. De acuerdo con la administradora, el desmontaje completo tomó 13 horas.

La condición de la superficie había generado cuestionamientos en semanas recientes, luego de que Millonarios Fútbol Club debió aplazar un partido ante Once Caldas por el deterioro de la cancha.

El episodio abrió críticas hacia Sencia por la coexistencia de eventos musicales y compromisos del fútbol profesional en el escenario bogotano.

La empresa afirmó que reforzará los trabajos sobre la grama de El Campín durante los tres días previos al regreso de la actividad deportiva. El plan contempla riego controlado, aireación, peinado y corte, de acuerdo con las condiciones que presente cada sector de la superficie.

Millonarios tiene previsto jugar el miércoles 4 de noviembre en el estadio capitalino. Ese encuentro servirá para evaluar el resultado de las labores anunciadas por la administradora tras el concierto de Ryan Castro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) presentó el dispositivo de vigilancia y atención que aplicará durante la 16ª edición de El Buen Fin, que se realizará del 13 al 17 de noviembre de 2026. La campaña se combina este año con el Sorteo El Buen Fin del Servicio de Administración Tributaria (SAT), que repartirá una bolsa de 500 millones de pesos entre consumidores y comercios.

Por primera vez en la historia del programa, la edición durará cinco días en lugar del tradicional fin de semana, al coincidir con el puente de la Revolución Mexicana. El lunes 16 de noviembre funciona como día de descanso obligatorio dentro de ese periodo extendido.

Qué es y cuándo se realiza El Buen Fin 2026

El Buen Fin es una campaña comercial impulsada por la Secretaría de Economía en coordinación con cámaras empresariales y autoridades fiscales. Busca incentivar el consumo interno mediante descuentos, promociones y facilidades de pago en comercios físicos y en línea.

Las fechas oficiales de esta edición son del viernes 13 al martes 17 de noviembre, con una duración de cinco días. A diferencia de ediciones previas, que iniciaban en jueves y concluían en lunes, este año el calendario se recorrió para aprovechar el fin de semana largo.

Los descuentos, porcentajes y condiciones de cada oferta dependen de cada establecimiento. No existe una rebaja generalizada ni obligatoria para todos los productos: cada comercio define sus propias promociones, siempre que respete el periodo autorizado del 13 al 17 de noviembre.

Las categorías con mayor presencia suelen ser electrónica, electrodomésticos, ropa, calzado, muebles, artículos para el hogar, viajes y servicios. Las ofertas pueden incluir descuentos directos, meses sin intereses y bonificaciones bancarias, según el método de pago elegido.

El dispositivo de Profeco para esta edición

La dependencia despliega brigadas de verificación en comercios, habilitará módulos de atención en zonas de alta afluencia y refuerza su línea telefónica para resolver quejas en el momento. El objetivo es que los compradores tengan respaldo inmediato ante cualquier irregularidad en precios, publicidad o condiciones de venta.

Según informó Rocío Rubio Hermosillo, directora general de Oficinas de Defensa del Consumidor, del 13 al 17 de noviembre más de mil servidoras y servidores públicos, organizados en 350 brigadas, recorrerán el país para asesorar a los compradores y buscar soluciones inmediatas en los propios establecimientos.

Para quienes necesiten presentar una queja o denuncia de forma presencial, la Profeco instalará 169 módulos de atención en las zonas de mayor afluencia comercial. También estará disponible el Teléfono del Consumidor, en los números 55 5568 8722 y 800 468 8722.

La funcionaria subrayó que la participación de la Profeco es necesaria antes, durante y después de la campaña, no solo durante los días de descuentos. La presentación se realizó en el marco de la campaña “Negocios familiares”, en representación del procurador Iván Escalante.

Herramienta para comparar precios antes de comprar

La Profeco mantiene activo el sitio Quién es Quién en los Precios en El Buen Fin, una herramienta que permite consultar el costo de más de 490 productos monitoreados desde septiembre pasado. Con esos datos, el comprador puede verificar si una oferta representa un ahorro real o si el precio ya estaba inflado antes de la promoción.

Rubio Hermosillo señaló que esta comparación permite a la ciudadanía decidir dónde conviene más adquirir un artículo o contratar un servicio, en lugar de guiarse únicamente por el porcentaje de descuento anunciado en tienda.

Vigilancia del comercio electrónico

La dependencia anticipó un crecimiento en las compras en línea durante esta edición. Por ello, realiza un monitoreo de tiendas web para revisar el cumplimiento de las promociones anunciadas y detectar posibles irregularidades en la publicidad.

A ese seguimiento se suma una revisión especial en redes sociales, pensada para canalizar los reportes que hagan los usuarios sobre ofertas falsas o condiciones poco claras en plataformas digitales.

Rubio Hermosillo invitó a los proveedores participantes a ofrecer beneficios reales, comunicar con claridad sus promociones y cumplir lo que prometen. Añadió que las personas deben saber cuánto van a pagar, qué están comprando y en qué condiciones recibirán el producto adquirido.

Enfoque en micro y pequeñas empresas

Salomón Rosas Ramírez, director general de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, detalló que el enfoque de esta edición está puesto en las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes), para que tengan mayor participación, fortalezcan sus ventas y avancen en su digitalización.

Por su parte, Octavio de la Torre de Stéffano, presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur México), afirmó que su organización trabaja en coordinación con la Profeco y las secretarías de Desarrollo Económico locales en operativos preventivos.

Sorteo El Buen Fin del SAT: cómo participan los consumidores

El SAT organiza, de forma paralela, el Sorteo El Buen Fin, cuyo propósito es promover la formalidad fiscal y el uso de medios de pago electrónicos. Para esta edición destinó una bolsa total de 500 millones de pesos en más de 300,000 premios.

Para los consumidores, el organismo contempla una bolsa de 400 millones de pesos, repartida en 321,260 premios. No se requiere ningún registro previo: basta con que la compra cumpla las condiciones establecidas para quedar incorporada automáticamente al sorteo.

Los requisitos para participar como comprador son los siguientes:

Realizar una compra de 250 pesos o más en una sola operación.

Pagar con tarjeta de crédito o débito de una institución bancaria participante.

Efectuar la compra en un establecimiento registrado en el portal oficial.

Realizar la operación entre el 13 y el 17 de noviembre de 2026.

No todas las compras cuentan para el sorteo. Quedan excluidos los productos como vinos, licores, cervezas, cigarros, tabaco y medicamentos, así como artículos que atenten contra la salud, según las bases publicadas por el SAT.

Entre los premios para consumidores destaca uno mayor de 250,000 pesos, además de 60 premios de 20,000 pesos y 150,100 premios de 500 pesos. El resto se distribuye en categorías con montos de hasta 15,000 pesos, de acuerdo con el comunicado SAT 62-2026, publicado el 28 de octubre.

Requisitos para que los comercios participen en el sorteo

La bolsa de 100 millones de pesos restante está dirigida a micro y pequeños comercios. El premio mayor para este segmento es de 260,000 pesos, además de 4,987 premios de 20,000 pesos cada uno, que se depositan directamente en la cuenta bancaria del establecimiento ganador.

Para participar, los negocios deben cumplir, a más tardar el 12 de noviembre, con los siguientes requisitos:

1. Registrarse en el portal oficial elbuenfin.org.

2. Contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC) activo y válido.

3. Tener habilitado el Buzón Tributario, con medios de contacto actualizados.

4. Contar con una Opinión del Cumplimiento de Obligaciones Fiscales positiva.

5. Haber reportado ingresos acumulables de hasta cinco millones de pesos durante 2025.

6. Disponer de al menos una terminal punto de venta (TPV) activa.

7. Registrar al menos una venta de 250 pesos o más, con medios de pago electrónicos, entre el 13 y el 17 de noviembre.

Fechas clave del Sorteo El Buen Fin 2026

El calendario completo del sorteo, según el minisitio oficial del SAT, es el siguiente:

12 de noviembre: fecha límite para que los comercios se registren en elbuenfin.org.

13 de noviembre: se publican los bancos y comercios participantes.

13 al 17 de noviembre: periodo para realizar compras válidas para el sorteo.

27 de noviembre: apertura de la consulta para saber si una compra o un comercio quedó incluido en el sorteo.

4 de diciembre, 12:00 horas: realización del sorteo en las oficinas centrales del SAT, en avenida Hidalgo número 77, colonia Guerrero, Ciudad de México, con transmisión en vivo por YouTube.

7 de diciembre: publicación de los listados de ganadores.

5 de enero de 2027: fecha límite para el depósito de los premios.

Los consumidores podrán verificar si su compra resultó ganadora con el número de su tarjeta. Los comercios deberán hacer esa consulta con su RFC, ambos desde el minisitio oficial del SAT.

Paso a paso para comprar de forma segura en El Buen Fin

Con base en las recomendaciones de la Profeco y los requisitos publicados por el SAT, estos son los pasos sugeridos antes de concretar una compra durante la campaña:

1. Verifica el precio previo. Consulta el sitio Quién es Quién en los Precios en El Buen Fin antes de comprar, para comparar el costo actual con el historial monitoreado desde septiembre.

2. Confirma que el comercio esté registrado. Revisa en el portal oficial de El Buen Fin si el establecimiento forma parte del programa, lo que también resulta necesario para participar en el sorteo del SAT.

3. Lee las condiciones de la oferta. Según la Profeco, el proveedor debe informar con claridad la disponibilidad, vigencia y condiciones de cada promoción antes de pagar.

4. Paga con tarjeta si buscas participar en el sorteo. La operación debe ser de 250 pesos o más, con tarjeta de crédito o débito de un banco participante, entre el 13 y el 17 de noviembre.

5. Guarda el comprobante de compra. El ticket o factura permite acreditar la operación ante cualquier reclamo posterior, además de servir como respaldo para una eventual verificación.

6. Revisa la publicidad en tiendas en línea. La Profeco monitorea sitios web y redes sociales en busca de promociones engañosas, por lo que conviene desconfiar de descuentos que no coincidan con la información del vendedor.

7. Evita compras urgentes sin comparar. Tomarse un momento para revisar precios y condiciones reduce el riesgo de pagar de más por un artículo que no tenía un descuento real.

Cómo presentar una queja o denuncia en los módulos de Profeco

Si durante la compra se detecta una irregularidad (precio inflado, publicidad engañosa o incumplimiento de una oferta), la Profeco habilita varias vías de atención directa:

1. Acude a un módulo de atención. La dependencia instalará 169 módulos en zonas de alta afluencia comercial del 13 al 17 de noviembre, atendidos por personal capacitado para recibir quejas.

2. Busca a una brigada en el establecimiento. Las 350 brigadas de verificación, integradas por más de mil servidores públicos, pueden intervenir directamente en el comercio para buscar una solución inmediata.

3. Llama al Teléfono del Consumidor. Los números 55 5568 8722 y 800 468 8722 están disponibles para orientación y para iniciar el proceso de queja sin necesidad de acudir de forma presencial.

4. Presenta tu comprobante de compra. El ticket, factura o comprobante de pago es el respaldo principal para que la Profeco pueda verificar la inconformidad.

5. Explica la irregularidad con claridad. Precisa si el problema es de precio, publicidad, incumplimiento de disponibilidad o condiciones distintas a las anunciadas.

6. Da seguimiento al caso. La directora de Quejas y Conciliación de la Profeco, Rosalba de la Peña Camacho, participó en la presentación del dispositivo, área encargada de dar continuidad a las inconformidades presentadas durante la campaña.

Para reportes vinculados a comercio electrónico, la Profeco indicó que también revisa los reportes que lleguen a través de redes sociales, además de los canales habituales de atención presencial y telefónica.

En la presentación del dispositivo también participaron René Guzmán García, administrador Central de Servicios Tributarios del Contribuyente del SAT; Augusto Ramos Melo, presidente de la Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), y Daniella Martínez, vicepresidenta de Comercio Exterior de Concanaco-Servytur.

Miranda explicó que él y sus acompañantes se hospedaron cerca del aeropuerto El Dorado debido a que, según afirmó, los hoteles de la zona estaban completos por el concierto de la banda BTS.

De acuerdo con su testimonio, al llegar a la portería les solicitaron los pasaportes y los escoltaron hasta el apartamento: “Tenía cinco vigilantes cuando entramos en la portería”. El denunciante señaló que ese despliegue de seguridad le generó confianza antes de que ocurriera el incidente.

El turista indicó que encontró una ventana rota al regresar al inmueble durante el segundo día de la reserva. Tras abrir la puerta, vio ropa esparcida en el suelo y se dio cuenta de que faltaban dos maletas que habían llevado desde Canadá.

Entre los objetos reportados como robados había un computador Mac de Apple, un iPad que, según dijo, había sido comprado recientemente en Canadá, dinero en efectivo y dólares, por lo que estimó que el valor total de las pérdidas superó los $15 millones de pesos colombianos.

La denuncia también planteó interrogantes sobre el ingreso de quienes habrían cometido el robo. El ciudadano afirmó que los guardias del edificio no mostraron sorpresa cuando les comunicaron lo sucedido. A partir de esa reacción, expresó sospechas sobre una posible participación o colaboración del personal de seguridad: “Todo apunta allá”.

El denunciante no compartió información sobre posibles registros de cámaras de seguridad o avances de la investigación que permitieran establecer responsabilidades, por lo que hasta ahora su planteamiento es solo una hipótesis.

Miranda afirmó que presentó una denuncia ante las autoridades

Según la versión difundida en la red social, el propietario del apartamento acompañó a los afectados a formalizar el reporte. El extranjero aseguró que agentes acudieron al lugar a las 8:00 a. m. del día siguiente para tomar huellas y elaborar un informe sobre el caso.

El denunciante señaló que cuenta con los documentos del procedimiento y que la investigación quedó en curso en Bogotá. El trámite con las autoridades alteró el itinerario del grupo, que debía continuar su viaje hacia Chile al día siguiente.

En el video, Miranda pidió que su caso fuera difundido y apeló a las autoridades y al sector turístico para que se esclarezca lo ocurrido: “Les pido ayuda, les pido su aporte para que este país, Colombia, y su ciudad, Bogotá, demuestren que hay una calidad de vida normal para poder hacer turismo”.

El extranjero comparó la seguridad de Chile con la de Colombia

Después de relatar el robo, Miranda publicó otro video en el que contrastó su experiencia en Colombia con la sensación de seguridad que, según dijo, tiene en el sur de Chile.

En esa grabación, aseguró que puede sacar su teléfono y usar joyas sin esperar ser víctima de un delito: “Aquí no es normal que roben. La gente no normaliza estas cosas”.

Además, afirmó que en Chile ocurren hechos delictivos, pero consideró que no alcanzan el nivel de lo que asegura vivió en Bogotá.

El ciudadano cerró esa publicación con la frase “Chile sigue siendo lo mejor de Latinoamérica sin duda”, una valoración personal posterior a la denuncia. El caso, basado en su relato público, sigue a la espera de las diligencias que adelanten las autoridades colombianas y a la eventual identificación de los responsables del hurto denunciado.

Una situación que comenzó como una revisión de sus obligaciones financieras terminó convirtiéndose en una denuncia pública para Javier Carranza, mejor conocido como El Costeño. El comediante recurrió a sus redes sociales para exponer un problema que, según explicó, involucra a dos vehículos que aparecen registrados a su nombre en Veracruz, pese a que asegura que jamás los ha comprado ni conducido. La situación no solo le ha generado preocupación por los supuestos adeudos, sino que también estaría perjudicando su historial crediticio.

A través de un video, el humorista señaló directamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) de Veracruz, así como al Buró de Crédito y Círculo de Crédito, organismos e instituciones que mencionó al explicar las dificultades que ha enfrentado para aclarar el asunto. “Me están cobrando dos vehículos que en mi vida he tenido”, expresó al comenzar su denuncia, en la que mostró su inconformidad por los cargos que desconoce.

Con el estilo directo y sin filtros que suele caracterizar sus intervenciones públicas, el comediante relató que se enteró recientemente de la existencia de dos unidades vinculadas con sus datos personales: una Chevrolet y otra que describió como una plataforma. “No los compré, no los manejé, no los he visto en mi perra vida, pero debo las tenencias”, reclamó. Ante esta situación, pidió que las autoridades revisen su información y le den una respuesta.

El Costeño asegura que dos vehículos aparecen registrados a su nombre

En su grabación, Javier Carranza explicó que desconoce cómo llegaron esos registros a su información personal. Entre las posibilidades que mencionó están un error administrativo, la existencia de un homónimo o el posible uso indebido de su identidad. Sin embargo, hasta ahora no presentó una conclusión sobre el origen de los registros ni señaló a una persona responsable de lo ocurrido.

El problema que más le preocupa es la repercusión que los supuestos adeudos tendrían en su situación financiera. Según su testimonio, los registros ya están afectando su historial crediticio, por lo que considera urgente aclarar que no reconoce la propiedad de esas unidades. Incluso ironizó sobre el absurdo de la situación al decir: “Ya nada más falta que me cobren la manutención de unos hijos que no tuve”.

Para respaldar su reclamo, el comediante exhibió en el video las placas y los datos de los automóviles que aparecen asociados con su nombre. Su intención, explicó, es que se identifique a los verdaderos propietarios y que las obligaciones correspondientes sean atendidas por quienes realmente tengan relación con esos vehículos.

Denuncia dificultades para aclarar los registros ante las autoridades

Otro de los puntos que cuestionó fue el procedimiento que le indicaron para resolver el problema. De acuerdo con su relato, primero acudió al Buró de Crédito para presentar una reclamación, pero después fue canalizado a Círculo de Crédito, donde tampoco consiguió una solución definitiva. La respuesta que recibió, según contó, fue que debía trasladarse personalmente a Xalapa.

El recorrido que le describieron incluiría acudir a la Fiscalía para levantar un acta y posteriormente presentarse ante SEFIPLAN . Esta indicación provocó su molestia, pues considera injusto que tenga que desplazarse hasta Veracruz para demostrar que no es propietario de los automóviles. “Para enjaretarme los carros no tuve que ir a Veracruz, pero pa quitármelos tengo que ir personalmente”, reprochó.

También cuestionó los mecanismos de identificación utilizados para relacionar los vehículos con una persona. Durante su mensaje mencionó documentos y herramientas como la CURP, el INE, el RFC, las huellas digitales y el reconocimiento facial. Su petición fue concreta: revisar sus datos para determinar si existe una confusión de identidad y corregir los registros que desconoce.

¿Quién es El Costeño? Su trayectoria en la televisión mexicana

Javier Carranza, conocido artísticamente como El Costeño, es un comediante y actor originario de Acapulco, Guerrero. Su carrera comenzó desde joven, con presentaciones en espacios populares y centros nocturnos, donde desarrolló un estilo basado en la improvisación, el humor pícaro y la interacción directa con el público. Con el paso de los años logró trasladar ese personaje a los escenarios y a la televisión mexicana.

Su popularidad creció gracias a su participación en programas como Hoy, Vida TV y La Hora Pico, donde compartió espacio con reconocidas figuras de la comedia. También formó parte de emisiones como Guerra de Chistes y Sabadazo, consolidando una presencia constante en el entretenimiento televisivo. En años recientes ha continuado con sus espectáculos en vivo y participaciones en producciones como Tal para cual.

Ahora, el comediante utiliza sus propias plataformas digitales para visibilizar una situación que considera injusta y que, asegura, puede afectar a cualquier persona si existen errores en los registros vehiculares. Antes de concluir su video, lanzó una última exigencia a las autoridades veracruzanas: “Denme una solución, no otro número de folio”. Por el momento, su publicación expone únicamente su versión de los hechos y no se cuenta con una respuesta oficial de SEFIPLAN que permita conocer el origen de los registros o el estado de la reclamación.

Dos elementos de la policía municipal de Tránsito de Ixtapaluca, Estado de México, fueron detenidos y señalados por su probable participación en la privación de la libertad de un operador de transporte de carga, a quien presuntamente exigieron 40 mil pesos a cambio de dejarlo en libertad.

Los agentes, identificados como Juan Alberto “N” y Joaquín Armando “N”, habrían interceptado al conductor durante el mediodía del viernes, cuando circulaba por el municipio.

De acuerdo con información difundida, los uniformados argumentaron que el operador transitaba sin una de las placas del vehículo y que esa situación constituía un delito federal.

Sin embargo, los policías presuntamente lo mantuvieron privado de su libertad y comenzaron a exigir dinero a sus familiares para permitirle retirarse.

Exigían 40 mil pesos a la hija del transportista

De acuerdo con los reportes, después de interceptar al operador, los elementos de Tránsito se comunicaron con su hija para exigirle un pago de 40 mil pesos a cambio de liberar a su padre.

Además de la exigencia económica, los presuntos responsables habrían amenazado a la mujer con quitarle también el camión de carga, lo que aumentó la presión para que consiguiera el dinero solicitado.

Ante la imposibilidad de reunir esa cantidad, la hija del transportista decidió buscar ayuda institucional y acudió a la Fiscalía de Combate a la Corrupción del Estado de México para solicitar asesoría y denunciar lo que estaba ocurriendo.

La intervención de las autoridades ministeriales permitió iniciar las acciones para localizar al conductor y establecer la posible responsabilidad de los elementos municipales involucrados.

Localizan al operador junto a una patrulla de Tránsito

Tras varias horas de amenazas y exigencias económicas, el tráiler fue localizado junto a una patrulla de la Policía Municipal de Tránsito de Ixtapaluca, identificada con el número económico TM-820.

En ese sitio se encontraba el operador, quien presuntamente permanecía bajo el control de los dos uniformados.

Los agentes Juan Alberto “N” y Joaquín Armando “N” fueron asegurados y posteriormente puestos a disposición de las autoridades ministeriales, que iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar su probable participación en la privación de la libertad y las exigencias económicas.

Por estos hechos, ambos policías fueron ingresados al penal de Neza-Bordo, en el municipio de Nezahualcóyotl.

Asimismo, se informó que un juez calificó como legal su detención, por lo que quedaron sujetos al procedimiento judicial correspondiente.

Investigan a un mando de Tránsito de Ixtapaluca

En relación con este caso, también trascendió que un mando identificado como Erick “N” era investigado por su posible vinculación con los hechos.

Hasta el momento, su situación jurídica deberá ser esclarecida por las autoridades competentes, que tendrán que determinar si tuvo alguna participación en las presuntas conductas atribuidas a los dos agentes detenidos.

El caso vuelve a colocar bajo cuestionamiento a la corporación de Tránsito de Ixtapaluca, luego de que en septiembre de 2026 se reportara la detención de Víctor Isauro Soria Ramírez, quien entonces se desempeñaba como subdirector de esa área municipal.

De acuerdo con la información difundida en aquel momento, Soria Ramírez fue detenido por señalamientos relacionados con su probable participación en delitos de extorsión y homicidio.

Ambos episodios han generado cuestionamientos sobre el funcionamiento de la corporación municipal y la actuación de sus mandos y elementos operativos.

Mientras avanzan las investigaciones, las autoridades deberán establecer las circunstancias en las que ocurrió la privación de la libertad del transportista, el destino de las presuntas exigencias económicas y si existen otros servidores públicos involucrados.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó medidas de prueba preliminares en una de las denuncias presentadas en Comodoro Py 2002 contra el presidente Javier Milei y otros funcionarios, por la presunta colaboración en el operativo que permitió la salida del senador brasileño Flávio Bolsonaro desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.

Entre las medidas que pidió la fiscal del caso Paloma Ochoa y ordenó la magistrada figura un pedido para preservar filmaciones de cámaras de seguridad del 27 al 28 de octubre, en el aeropuerto de Puerto Iguazú.

Además se libraron oficios para preguntar si se recibió notificación oficial de alertas o avisos desde Brasil sobre la situación judicial de Bolsonaro, quien partió desde ese aeropuerto rumbo a Miami junto a su esposa y sus dos hijas.

También se pidió un detalle a la Dirección Nacional de Migraciones sobre los controles que hubo sobre el avión y sus pasajeros, según supo Infobae en fuentes judiciales.

Se trata de algunas de las medidas preliminares que pidió la fiscalía antes de resolver si dictamina a favor de impulsar la investigación de la denuncia que presentó el dirigente del Partido Obrero, Gabriel Solano, por supuesto encubrimiento agravado, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público, peculado y malversación de caudales. Se pide determinar si existió alguna intervención ilegal de funcionarios argentinos en el ingreso y posterior salida del dirigente brasileño tras perder las elecciones de su país frente a Lula Da Silva.

La denuncia

Según la presentación de Solano, Bolsonaro ingresó a la Argentina por Puerto Iguazú, en la provincia de Misiones, y luego salió del país a las 23.30 del 27 de octubre a bordo de un vuelo privado de la empresa Baires Fly.

El denunciante sostuvo que el presidente Milei no podía desconocer la restricción para salir de Brasil que, según indicó, había dispuesto el juez del Supremo Tribunal Federal brasileño, Alexandre de Moraes.

Solano planteó que la eventual salida del territorio argentino exigía controles vinculados con la cooperación internacional y la situación judicial del dirigente brasileño. En ese sentido, solicitó investigar si los organismos estatales contaban con alertas, requerimientos o información previa sobre Bolsonaro.

La denuncia señala que Migraciones reconoció el ingreso del dirigente brasileño por Puerto Iguazú y su salida posterior en un vuelo privado. Solano cuestionó que no se hubieran aplicado restricciones y pidió determinar si existieron omisiones en los mecanismos de cooperación internacional.

Otra causa en Puerto Iguazú

En una causa paralela que tramita en la provincia de Misiones, el fiscal federal de Puerto Iguazú, Fabián Martínez, desestimó la denuncia contra Flávio Bolsonaro por su ingreso a la Argentina el pasado 27 de octubre, al concluir que no se habían cometido delitos ni detectado irregularidades en los controles migratorios y aduaneros.

Tras dictar la resolución, el fiscal dio intervención a la Fiscalía de Revisión, que deberá determinar si corresponde archivar la causa o ampliar las medidas preliminares de prueba.

En el marco del sistema acusatorio vigente en el fuero federal de Misiones, la diputada nacional Marcela Pagano, autora de la denuncia, cuestionó la decisión del fiscal y presentó otra denuncia ante la Justicia brasileña.

Según indicaron fuentes judiciales, las verificaciones preliminares realizadas por la fiscalía federal de Puerto Iguazú no detectaron irregularidades en los controles migratorios y aduaneros ni en la actuación de los agentes intervinientes. A partir de esos resultados, el fiscal consideró que no existían elementos suficientes para sostener una hipótesis delictiva.

La familia de dos jóvenes, identificados como Jhon Anderson y Jordan Colmenares Vargas, denunció que llevan meses sin recibir terapias ni medicamentos esenciales para el manejo de la distrofia muscular de Duchenne que padecen.

Los hermanos, de 39 y 32 años, viven en Bucaramanga, Santander, y requieren atención diaria debido a la dependencia que les ha provocado el avance de esta enfermedad genética.

Los dos necesitan sesiones de fisioterapia, terapias respiratorias y de fonoaudiología, además de medicamentos, procedimientos y acompañamiento permanente para sus actividades básicas.

Su madre, Ruth Vargas Díaz, explicó que la interrupción de los servicios por parte de la entidad de salud se produjo en enero y que la situación ha aumentado la preocupación de la familia por eventuales complicaciones de salud.

Según la denuncia, difundida por Blu Radio, los dos pacientes son cuadripléjicos y requieren cuidados constantes, entre ellos asistencia para el baño, aspiraciones y administración de tratamientos, por lo que, según su madre, la falta de atención pone en riesgo su condición clínica.

La familia reclama una respuesta efectiva de Nueva EPS

Ruth Vargas afirmó en la emisora que la atención no puede depender solo de trámites administrativos o decisiones judiciales pendientes de ejecución: “Yo veo que esto es un atentado contra mis hijos. Ellos tienen que hacerse todos los días las terapias físicas, respiratorias, fonoaudiología”.

La distrofia muscular de Duchenne es una patología genética que ocasiona debilidad y pérdida progresiva de la función muscular. En el caso de los dos hermanos, la enfermedad exige una atención especializada y continua para prevenir el deterioro de su movilidad, sus capacidades respiratorias y su calidad de vida.

Los familiares aseguran haber acudido a distintas instancias para exigir la reanudación de los servicios. Entre las acciones emprendidas se encuentran derechos de petición, una tutela y solicitudes de acompañamiento ante organismos de control y entidades encargadas de proteger los derechos de los pacientes.

De acuerdo con la familia, dos despachos judiciales han emitido 11 incidentes de desacato contra la entidad prestadora de salud. Las medidas contemplarían multas y órdenes de arresto, pero, según los allegados, estas decisiones no han logrado que se restablezcan las terapias y los medicamentos que reclaman.

Jaime Colmenares, padre de los pacientes, cuestionó la falta de resultados tras las actuaciones judiciales: “¿Quién puede obligar a la Nueva EPS a cumplir? Porque nos vemos de verdad desamparados”.

También afirmó que la familia ha buscado apoyo en la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y autoridades judiciales, sin obtener una solución que se traduzca en atención médica.

Uno de los pacientes, Jordan Colmenares, pidió la intervención del presidente de la República, Abelardo De La Espriella, después de haber agotado las vías institucionales disponibles, según la información citada por Blu Radio.

Para Ruth Vargas, madre de los afectados, cada jornada sin terapias representa una preocupación adicional. Además, afirmó que sus hijos han enfrentado episodios críticos de salud y solicitó que las autoridades y la entidad atiendan el caso desde una perspectiva humana, además de cumplir las órdenes que se hayan emitido.

La familia está a la espera de que la Nueva EPS informe cuándo restablecerá integralmente los servicios médicos requeridos por los hermanos en Bucaramanga.

Cabe mencionar que este no es el único llamado de atención para la Nueva EPS, pues en 2026 se han conocido varios casos de pacientes que denuncian incumplimientos con sus procedimientos.

Uno de los más sonados fue el de Lucas Francesco Murillo García, un niño de 7 años de Cúcuta que padece una cardiopatía congénita, y pidió apoyo al presidente Abelardo de la Espriella denunciando que llevaba un año luchando contra la Nueva EPS para que le autorizaran exámenes médicos, un cateterismo en una clínica de cuarto nivel y su ingreso a la lista de trasplante cardíaco.

El mandatario le respondió al pequeño por su conmovedor caso y en septiembre de 2026 se informó que superó con éxito la compleja cirugía de corazón abierto.

Los denunciantes atribuyen al líder político del Pacto Histórico la posible comisión de perturbación de certamen democrático, concierto para delinquir y otros delitos que puedan surgir durante la indagación. La Comisión deberá evaluar el contenido de la denuncia y definir las actuaciones que correspondan.

Los denunciantes señalan una presunta estrategia para afectar la confianza electoral.

El documento al que accedió El Tiempo sostiene que el exmandartario y personas de su círculo cercano habrían coordinado acciones para obstaculizar el proceso electoral cuando ejercían funciones públicas. Esa es la tesis expuesta por los promotores de la denuncia y aún debe ser examinada por la autoridad competente.

Según el texto, las actuaciones cuestionadas incluyeron señalamientos sobre supuestas irregularidades y críticas a la organización de los comicios. Los denunciantes afirman que tales hechos buscaban debilitar la confianza ciudadana en el Registrador Nacional y en las autoridades electorales.

También sostienen que la presunta estrategia alcanzó a partidos y dirigentes de la derecha colombiana. En su querella, plantean que esas acciones habrían tenido el propósito de afectar la institucionalidad electoral, una hipótesis que hará parte de la revisión inicial de la Comisión.

Petro insiste en que hubo trampa en las elecciones presidenciales de 2026

El expresidente Gustavo Petro ha sostenido que la derrota de Iván Cepeda en las elecciones presidenciales de 2026, ganadas por Abelardo de la Espriella, habría estado condicionada por bots, algoritmos y cambios en documentos electorales, mecanismos que —según afirmó— alteraron una ventaja previa de su sector en las encuestas.

La presunta modificación habría alcanzado a 1.356 puestos de votación, cerca de 30.000 mesas y alrededor de 7.000.000 de electores, de acuerdo con el cálculo expuesto por Petro. El exmandatario afirmó que los cambios buscaban beneficiar siempre a De la Espriella.

La denuncia fue planteada durante una entrevista con el medio alternativo Animal Político, donde Petro describió una ofensiva digital contra Cepeda y cuestionó la estrategia comunicacional de su espacio político. “Y esos dos millones atacan a Cepeda”, señaló al referirse a la actividad en el debate público.

Bots y algoritmos en la campaña presidencial

Iván Cepeda cometió, a juicio de Petro, “un error infantil” al no priorizar la difusión de mensajes durante la campaña. El expresidente dijo que su partido no comunica, pese a que él ha utilizado la comunicación “muy intensamente”.

El periodista planteó que los bots operaban durante todo el día y contribuían a instalar una narrativa. Petro respondió: “Bots, sí”, y sostuvo que su movimiento no contó con instrumentos equivalentes para responder en las plataformas digitales.

“Cero por aquí. Ah, nos barrieron”, expresó al comparar la capacidad comunicacional de los sectores rivales con la de la campaña de Cepeda. Sin embargo, consideró que esa actividad no habría bastado para darle a De la Espriella una victoria amplia.

La operación digital, afirmó, solo habría logrado empatar a ambos candidatos, cuando su sector llevaba una diferencia de 10 puntos en los sondeos. “Esa barrida no alcanzó a hacer que Abelardo fuera mayoría”, aseguró.

Petro sostuvo que el abogado de ultraderecha se encontraba relegado antes de los comicios. “Abelardo, como dice Trump, era el séptimo”, dijo.

El expresidente dijo que su sector dispone de análisis estadísticos mesa por mesa elaborados por los llamados “testigos digitales”. A partir de esos estudios, concentró sus cuestionamientos en los formularios E-14, que registran el escrutinio de cada mesa de votación.

“El análisis muestra cómo entonces, al ser modificables, van hacia un servidor en los Estados Unidos”, declaró. En efecto, afirmó que la transmisión de esos archivos ocurría en “cuestión de micras de segundo”.

El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, solicitó formalmente al Comité de Ética de la Cámara de Diputados que no se impongan sanciones a los legisladores del PRI señalados por agresiones ocurridas el pasado 20 de octubre.

La petición se hizo pública este martes en su cuenta de X, donde explicó que envió un oficio a la instancia legislativa. Según indicó, el Comité sesionaría ese día para analizar los hechos.

¿Qué pidió Álvarez Máynez?

En su mensaje en redes, el dirigente afirmó que “el país tiene cosas más importantes que atender”.

El documento está fechado el 26 de octubre de 2026 y dirigido al diputado Raúl Bolaños-Cacho Cué, quien figura como presidente de la Cámara de Diputados. El sello de recepción de la Presidencia de la Mesa Directiva marca las 18:17 horas de esa misma fecha.

Reprobación de los actos, pero sin castigo

En el oficio, Álvarez Máynez dejó clara su postura sobre las agresiones:

• Reprobó los actos y aseguró que no avalará insultos ni violencia de ningún tipo.
• Sostuvo que, aunque una sanción esté justificada, no debería castigarse ninguna manifestación de legisladores.
• Advirtió que hacerlo podría sentar un precedente que se utilice de forma incorrecta en el futuro.

Libertad de expresión y autonomía del Congreso

El líder de MC argumentó que la libertad de expresión y el derecho a disentir deben garantizarse siempre. También planteó que la sanción que merecen este tipo de conductas es el desprestigio y el repudio social que generan, y afirmó que “esa sanción ya fue impuesta”.

Añadió que no es correcto que los esfuerzos de los legisladores se concentren en este tipo de conductas y no en los problemas de las personas. Para él, lo más importante es garantizar la autonomía del Congreso y la libertad de expresión de sus integrantes.

¿Qué sigue?

Hasta el momento no se ha informado la resolución del Comité de Ética ni si el oficio será considerado en la deliberación. Tampoco se han detallado públicamente, en los documentos difundidos por Álvarez Máynez, los hechos específicos del 20 de octubre ni la identidad de los legisladores involucrados.

El Comité de Ética de la Cámara de Diputados es la instancia que vigila el cumplimiento del Código de Ética legislativo y puede recomendar medidas ante conductas consideradas indebidas.

El abogado del expresidente Gustavo Petro, Alejandro Carranza, más conocido como Hombre Jurista, anunció la radicación de una demanda judicial de carácter penal y patrimonial contra la revista Semana y la periodista Vicky Dávila. La acción legal responde a la publicación de un reportaje que vincula al exmandatario con supuestos pagos de favores íntimos mediante contratos estatales y la presunta compra de sustancias ilícitas durante su paso por el poder público.

A través de un pronunciamiento difundido en su cuenta de la red social X, el abogado desestimó las acusaciones presentadas en el medio de comunicación y aseguró que la pieza periodística carece de sustento probatorio.

Alejandro Carranza argumentó que el contenido vulneró el principio de presunción de inocencia y se estructuró a partir del relato de una sola persona, sin contrastar las versiones con el propio ex jefe de Estado: “El reportaje de odio de Dávila se basó solo en el relato de una persona, sin pedirle su versión al expresidente. Muestra chats que no demuestran nada y no hay evidencia de que los contratos se dieran a cambio de favores sexuales, todo un escándalo editorializado”.

El litigante señaló además inconsistencias en la cronología expuesta por la publicación informativa y cuestionó los motivos detrás de la difusión de las declaraciones una vez concluido el mandato presidencial. Afirmó que las preguntas formuladas durante la entrevista indujeron afirmaciones sin contar con decisiones judiciales en firme.

Las razones para interponer la demanda por parte del abogado de Petro

“Lo más grave no lo dice la entrevistada: lo formula Dávila sin ética ni respeto al mínimo estándar periodístico. En sus preguntas afirma, condena e imputa, induciendo la respuesta por la que tendrán que responder penal y patrimonialmente”, escribió Carranza en su extenso mensaje.

Carranza escribió en su post: “¿Para qué explica Dávila cómo contactó la fuente? Eso genera más dudas que certezas al presentarla, como si quisiera dejar claro que esto no es un montaje orquestado por la podadora de Petro. Ahí pasa algo y lo averiguaremos. Eso no es periodismo de investigación, es periodismo de acusación y de desprestigio"

El jurista señaló en su intervención que llevarán el caso ante los tribunales correspondientes en los próximos días: “La presunción de inocencia, señora Victoria Eugenia y @RevistaSemana, no se suspende por un titular populista para preparar a sus lectores como borregos para las próximas elecciones. Ya estamos hartos de la infamia y el odio de Semana. Esto formará parte de la multimillonaria demanda que radicaremos esta semana contra Semana y Dávila (sic)”.

¿Qué dice el reportaje sobre Gustavo Petro?

La disputa legal se originó tras la difusión de una entrevista en video y un texto periodístico firmados por Vicky Dávila, donde se expuso el testimonio de Deicy Alejandra Jiménez. La mujer, de 29 años, aseguró que sostuvo una relación íntima con Petro desde 2019 y afirmó que recibió contratos de prestación de servicios en diversas dependencias oficiales como retribución personal.

En la publicación, la denunciante sostuvo que conoció al dirigente político por medio de una plataforma digital y que posteriormente accedió a vinculaciones laborales en el Senado de la República, la Superintendencia de Vigilancia y el Ministerio del Interior. Asimismo, Jiménez aseveró que en la administración pública existía un grupo de entre 30 y 40 mujeres jóvenes contratadas bajo esquemas similares para fines privados.

Durante la conversación grabada, la mujer también relató supuestos episodios relacionados con la adquisición y el transporte de estupefacientes en equipaje de mano, indicando que cuenta con archivos digitales, chats y fotografías que respaldarían sus afirmaciones.

Por su parte, Vicky Dávila justificó la divulgación del material al señalar que las denuncias involucran el manejo de dineros del presupuesto nacional y posibles extralimitaciones en el ejercicio de funciones públicas. La ex precandidata presidencial explicó que el primer contacto con la fuente se dio a finales de julio de 2026 vía correo electrónico, pero que la entrevista se formalizó semanas después a petición de la declarante por razones de seguridad personal.

“El expresidente Gustavo Petro tiene derecho a una vida privada, como cualquier ciudadano. Pero si siendo presidente, esa intimidad interfería con sus funciones y de por medio había además pagos con plata pública, presuntos abusos de poder y hasta posibles delitos, el país debe conocer esa información y la justicia debe investigar”, expuso la periodista al presentar el trabajo ante la audiencia.

El reportaje incluyó referencias a denuncias realizadas ante el Congreso de la República por el actual director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), Carlos Ríos, que reportó ante los legisladores la presunta instrumentalización de más de 40 mujeres mediante órdenes de prestación de servicios en el gobierno pasado.

Mario “Mono” Osuna fue señalado por una presunta agresión contra el perro Tlacoyo durante la segunda temporada de La Granja VIP, luego de que este domingo 25 de octubre de 2026 circulara en redes sociales una imagen de una denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El documento habría acusado posible maltrato o crueldad animal y habría incluido a quienes resultaran responsables del cuidado, producción y custodia de los animales del reality de TV Azteca.

La imagen difundida mostró un escrito dirigido a la Agencia de Investigación del Delito de Maltrato o Crueldad Animal, adscrita a la Fiscalía de Investigación en Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana de la FGJ CDMX.

El documento habría identificado a Tlacoyo como el animal afectado. El nombre de la persona denunciada aparecía cubierto en la fotografía, aunque en redes sociales usuarios vincularon el caso con el exfutbolista Mario Osuna, conocido como “Mono”, quien participó en el programa.

La denuncia también habría señalado a quienes resultaran responsables, incluidas las personas físicas que tuvieron a su cargo la producción, el cuidado y la custodia de los animales dentro de La Granja VIP.

La imagen mostró un sello de recibido del 20 de octubre de 2026

La fotografía del escrito mostró un sello de recibido con fecha aparente de 20 de octubre de 2026. El texto habría sido presentado como una denuncia de hechos ante la Fiscalía capitalina por posibles conductas constitutivas del delito de maltrato o crueldad animal.

El denunciante sostuvo, bajo protesta de decir verdad, que conoció los hechos a través de la transmisión del programa, así como por videos y notas difundidas públicamente. El documento no permitió conocer la identidad de quien promovió el recurso porque los datos personales fueron cubiertos.

La imagen tampoco mostró la totalidad del apartado de hechos. Por esa razón, no fue posible conocer desde el documento difundido la descripción completa de la conducta que habría motivado la denuncia, ni si la Fiscalía abrió una carpeta de investigación.

El escrito citó los artículos 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, además de disposiciones de la Constitución de la Ciudad de México y de los artículos 221, 222 y 223 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

También hizo referencia al artículo 350 Bis del Código Penal para el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, relacionado con el maltrato o la crueldad animal. El documento indicó que ese delito se perseguía de oficio.

El video colocó a Tlacoyo y Mario Osuna en el centro de la polémica

La controversia surgió a partir de un video compartido en plataformas digitales. En las imágenes se escuchó un sonido agudo mientras Tlacoyo se encontraba dentro de una habitación junto a Mario Osuna.

Usuarios interpretaron el ruido como un chillido del canino y acusaron en publicaciones que el perro habría sido lastimado. La grabación se difundió durante los días previos a la octava gala de eliminación de la segunda temporada del reality.

En una conversación posterior, la participante Daniela Alexis, conocida como “la Bebeshita”, cuestionó a Osuna sobre lo ocurrido con el animal. El exfutbolista respondió: “¡Está arriba de mi cama y no me gusta!”.

Esa frase aumentó los cuestionamientos en redes sociales. Parte de la audiencia pidió que la producción difundiera las grabaciones completas de las cámaras instaladas en el área donde ocurrió el episodio.

Las publicaciones también exigieron que se aclarara si Tlacoyo recibió atención veterinaria y si el programa contaba con protocolos para supervisar el trato de los participantes hacia los animales que aparecieron en la emisión.

Adal Ramones y Kristal Silva negaron una agresión física

Los conductores Adal Ramones y Kristal Silva rechazaron durante una emisión en vivo que hubiera existido una agresión física contra Tlacoyo. Ambos sostuvieron que el sonido escuchado en el video correspondió a un silbido realizado por Mario Osuna.

La producción de La Granja VIP también afirmó que mantuvo una política de cero tolerancia frente a cualquier forma de violencia contra animales. Esa postura no detuvo las exigencias de usuarios que pidieron imágenes sin edición para despejar las dudas sobre el incidente.

Hasta la difusión de la imagen, la presunta denuncia no mostró una resolución de la Fiscalía ni datos sobre una posible citación a Mario Osuna o a integrantes de la producción de TV Azteca.

El contenido compartido en redes sociales tampoco acreditó por sí mismo la autenticidad integral del documento ni confirmó que existiera una investigación abierta. La fotografía únicamente mostró partes del escrito, debido a que diversos nombres, domicilios y fragmentos de la narración fueron cubiertos.

La denuncia incluyó a responsables del cuidado de animales en el reality

El documento señaló que la denuncia se dirigió no solo contra la persona que habría incurrido en la conducta, sino contra quienes resultaran responsables dentro del programa. La redacción incluyó a las personas encargadas de la producción, el cuidado y la custodia de los animales.

El escrito habría considerado que quienes estuvieron al frente de esas tareas también pudieron tener responsabilidad si omitieron proteger al perro o atender cualquier incidente que se hubiera presentado durante las grabaciones.

La imagen describió a La Granja VIP como un programa de telerrealidad y señaló que su segunda temporada se estrenó el 6 de septiembre de 2026. La polémica por Tlacoyo llegó antes de la octava gala de eliminación, programada para este domingo 25 de octubre.

El senador del Pacto Histórico, Cristian Kevin Gómez Paz, afirmó que el Gobierno de Abelardo de la Espriella suscribió un documento que, a su juicio, compromete la autonomía de Colombia sobre la explotación de minerales críticos y tierras raras.

El congresista pidió divulgar el contenido completo del acuerdo firmado el 8 de septiembre en Barranquilla, luego de que compartió el documento completo a través de un mensaje desde su perfil de X la mañana del sábado 24 de octubre de 2026.

Gómez sostuvo que tiene “pruebas” de que el presidente no firmó un acuerdo estratégico con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sino un instrumento que favorecería intereses mineros de ese país.

El senador aseguró que el documento permaneció sin divulgación durante más de un mes y cuestionó las condiciones relacionadas con la gestión de recursos del subsuelo colombiano.

“Tengo en mi poder las pruebas de que Abelardo no firmó ningún ‘acuerdo estratégico’ con Marco Rubio: firmó la capitulación de Colombia a los intereses mineros de EE.UU.”, inicia la publicación de Gómez Paz, que lanzó una acusación al Gobierno de Abelardo de la Espriella.

“Ocultaron al país este documento durante más de un mes, porque sabían el escándalo que significa vender la Patria entregando nuestros recursos estratégicos”, agregó el senador que alertó al final de su mensaje al expresidente Gustavo Petro, luego de etiquetarlo.

La Cancillería colombiana y el Departamento de Estado firmaron los memorandos en Barranquilla

La versión difundida por Gómez contrasta con la información oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos, que indicó el 8 de septiembre que Rubio y el entonces canciller colombiano, Omar Bula Escobar, firmaron dos instrumentos de cooperación durante un acto en Barranquilla.

De acuerdo con la comunicación estadounidense, el presidente De la Espriella participó como testigo de honor en la ceremonia.

Los documentos correspondieron a un acuerdo de cooperación sobre minerales críticos y tierras raras, además de un memorando de entendimiento para cooperación nuclear civil.

El comunicado oficial señaló que el acuerdo sobre minerales busca fortalecer cadenas de suministro, promover proyectos de extracción y procesamiento, facilitar mecanismos de financiación y apoyar la cartografía geológica.

También contempla la simplificación de trámites para permisos, herramientas de revisión por seguridad nacional en ventas de activos mineros y cooperación en reciclaje de minerales.

Gómez habló de un posible “veto geopolítico” sobre activos mineros

Uno de los cuestionamientos del senador se refiere a un supuesto mecanismo denominado “First Look”, que, según su interpretación,.

“Colombia se obliga a notificar a Estados Unidos antes de vender o licitar cualquier activo de minerales críticos o tierras raras”, escribió Gómez al explicar este punto, y añadióque Washington tendría capacidad de decisión sobre quién explota esos recursos.

El anuncio del Departamento de Estado sí menciona herramientas de revisión de seguridad nacional para la venta de activos de minerales críticos, aunque no detalla un derecho de veto de Estados Unidos sobre decisiones de Colombia ni establece, en el texto oficial, que Washington pueda escoger a los operadores de proyectos mineros en territorio colombiano.

El acuerdo incluye cartografía geológica y agilización de permisos

Gómez Paz también cuestionó la cooperación prevista para elaborar y compartir información geológica.

Para el senador esa disposición abriría la puerta al control de reservas estratégicas por parte del complejo militar e industrial estadounidense.

El documento oficial habla de cooperación en cartografía geológica como parte del marco bilateral sobre minerales críticos, pero no expone un traslado de control sobre el subsuelo colombiano ni la entrega de titularidad de reservas mineras.

Gómez también declaró que el Gobierno se comprometió a acelerar licencias y permisos para facilitar operaciones de multinacionales y actividades de fracturación hidráulica.

El documento plantea la necesidad de simplificar los procedimientos de concesión de permisos, pero no menciona el fracking ni precisa cambios regulatorios concretos que Colombia deba adoptar.

Los dos gobiernos plantearon identificar proyectos en un plazo de seis meses

Según el Departamento de Estado, ambos países asumieron el compromiso de movilizar respaldo público y privado mediante garantías, préstamos, capital, seguros, acuerdos de compra y mecanismos de facilitación normativa.

El objetivo consiste en identificar y financiar de forma conjunta proyectos de extracción y procesamiento dentro de los seis meses posteriores a la firma.

El segundo memorando firmado en Barranquilla estableció un acciones de cooperación en energía nuclear civil, y contempla intercambios técnicos, fortalecimiento regulatorio, alianzas con la industria y la evaluación de tecnologías como reactores modulares pequeños, además de aplicaciones en medicina, agricultura e investigación.

En este caso, la señalada por el congresista fue Gina González Grau, secretaria general de esta dependencia, y por medio de un video que compartió desde su perfil en X pasado el mediodía del viernes 23 de octubre de 2026, detalló la maniobra que habría ejecutado para certificar parte de su experiencial laboral, y que puso en entredicho el legislador, que recordó la polémica con la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) Carolina Restrepo Cañavera.

“No les bastó con los certificados chimbos que habría presentado la directora del Icbf y el escándalo del canciller Omar Bula, publicado por Casa Macondo, sino que ahora tenemos este nuevo escándalo”, inicia Monroy su declaración.

El representante a la Cámara acusó que González Grau “se habría certificado cinco años de experiencia a través de su propia empresa, cuando ella debió haberlo hecho a través de un notario”.

Monroy añadió que “la gravedad” del caso “sigue aumentando cuando evidenciamos que la empresa que la terminó certificando, insisto, de su propiedad, existió solamente tres años”, continúa el congresista.

De acuerdo con lo que expuso el legislador, y luego de hacer cuentas, cuestionó: “¿De dónde sacó los otros dos años de experiencia, señora Gina? Le preguntamos".

El representante aclaró en su misma intervención que también se le está “solicitando explicaciones claras y concretas a la Cancillería y por supuesto también a su jefe, Omar Bula”.

Al final, y en medio de su indignación, Monroy expresó que “no puede ser que sigan aparentando unos estudios, aparentando una experiencia que no tienen para ocupar altos cargos en el Gobierno nacional”.

El congresista agregió que desde su colectividad ya se ha “recolectado mucha información sobre esta irregularidad y este acto que sería delictivo por parte de la señora Gina González Grau”.

No obstante, concluyó Monroy, “si la Cancillería no nos da las respuestas oficiales y concretas, acudiremos a las instancias judiciales para denunciar este acto que cometió la Secretaría General”.

Directora del Icbf Carolina Restrepo respondió a señalamientos en su contra por

La directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Carolina Restrepo Cañavera, afirmó que no dejará el cargo ni suspenderá la revisión interna que adelanta en la entidad, luego de que el senador Duvalier Sánchez y el concejal de Bogotá Julián Triana, ambos de Alianza Verde, anunciaran denuncias por presuntas inconsistencias en los documentos que acreditaron su experiencia profesional.

En un mensaje publicado el viernes 23 de octubre vía X, Restrepo dijo que se referirá a los señalamientos en su contra, y “de eso se encargarán mis abogados particulares”, escribió.

La funcionaria defendió a Érika Jiménez, firmante de una de las certificaciones laborales cuestionadas y posteriormente vinculada al Icbf mediante un contrato de prestación de servicios.

Restrepo sostuvo que las críticas contra Jiménez son una “manipulación de los hechos”.

Según la directora, la contratación inicial de Jiménez fue necesaria porque la planta de personal que recibió no permitía su nombramiento inmediato. Añadió que, cuando fue posible formalizar su vinculación, el contrato terminó y Jiménez pasó a ser funcionaria de planta.

“No voy a abandonar a mi gente, no voy a renunciar a mi responsabilidad y no voy a detener la renovación del Icbf”, expresó Restrepo.

Sánchez y Triana anunciaron acciones ante Procuraduría y Fiscalía

Los dirigentes de Alianza Verde cuestionaron una certificación laboral presentada para respaldar la experiencia de Restrepo antes de su nombramiento. Según ellos, el documento señala que la funcionaria trabajó desde 2002 en Restrepo Cañavera S.A.S., sociedad asociada con sus apellidos.

Sánchez aseguró que la certificación fue firmada por Jiménez, a quien identificó como auxiliar administrativa de la firma, y Triana señaló que la sociedad habría sido constituida en 2004 y que Restrepo aparecería vinculada formalmente desde 2006, fechas que, según su interpretación, no coincidirían con el período de experiencia certificado.

Los dos políticos también cuestionaron que Jiménez recibiera un contrato de prestación de servicios en el Icbf por cerca de tres meses y por al menos $25 millones, bajo supervisión de la directora.

Las presuntas inconsistencias deberán ser analizadas por la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía General de la Nación, instancias ante las cuales Sánchez y Triana anunciaron que llevarán la documentación.

Restrepo afirmó que la entidad adelanta una revisión interna y que encontró situaciones graves, aunque no especificó cuáles. “Sé a qué y a quiénes nos estamos enfrentando”, concluyó.

Norma Noemí Sandín, de 58 años, quedó aprehendida este viernes por la Policía de la Ciudad por los delitos de lesiones y amenazas. Tras permanecer demorada en una dependencia del barrio de Abasto, fue trasladada a la sede del Ministerio Público Fiscal, en Cochabamba 120, donde permanecerá al menos hasta el lunes, cuando se le tome declaración y la Justicia defina los pasos a seguir.

El cronista Mauro, desde la puerta del edificio judicial, describió el operativo en vivo para América Noticias. “Aquí en la sede del Ministerio Público Fiscal en Cochabamba ciento veinte, donde hace minutos llegó esta mujer. Podemos observar cómo están trabajando adentro con todas las cuestiones protocolares y administrativas, porque va a quedar detenida aquí, en este lugar. Por lo menos hasta el lunes, cuando le tomen la declaración y el fiscal y la justicia determinen cuáles son los pasos a seguir”, relató.

Mientras Sandín bajaba del patrullero esposada, el cronista le preguntó si tenía algo para decir. “De una persona que se pasa de lanza”, respondió la detenida sin dar mayores precisiones. “Tomá, pa. Esperate que voy adentro”, agregó antes de ingresar al edificio.

En ese mismo momento, la pareja de la cuidadora se encontraba en las inmediaciones. Sin dar su nombre, el hombre reaccionó ante las cámaras mientras su mujer era ingresada a la dependencia. “Salí acá, salí acá. Cualquiera comete un error, pa”, lanzó. “¿Cuál fue el error?”, repreguntó el cronista. “Se la habrá saltado la chaveta, la maltrató, nada más”, contestó. Consultado sobre si le parecía bien pegarle a una mujer de cien años, fue breve: “No me parece bien. Pero listo, ya está”.

El intercambio se tensó de inmediato. “¿Qué es tuyo?”, preguntó Mauro. “De mi señora es”, respondió el hombre. “¿Es tu mujer?”, insistió. “Sí. ¿Cuál es el problema?”, devolvió con tono desafiante. “No, ninguno. El problema lo tienen que tener ustedes, no yo”, le replicó el cronista. Cuando Mauro volvió a cuestionar si un error le parecía pegarle a una mujer de cien años, el hombre lo amenazó: “Cortá eso o te lo voy a cortar”.

Desde el piso, Rolando Graña no dejó pasar la actitud del hombre. “¿Es un error? O sea, no solo la señora no registra la realidad, sino que el marido me parece que tampoco”, señaló el conductor del ciclo.

Minutos después, el cronista volvió a abordarlo. “Señor, estamos en vivo para América. Usted es el marido de Noemí”, le dijo. “Sí, ¿y? ¿Qué pasa?”, respondió el hombre. Mauro le preguntó qué análisis hacía de las imágenes y de la denuncia de Coronel y su familia. “No me parece bien lo que hizo, pero bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más. ¿Está?”, contestó.

El movilero sostuvo la presión: “Es una persona violenta, es una persona agresiva que le pega a una mujer de cien años. Es mucho más allá que no hacer las cosas bien”. “Apaga esto”, pidió el hombre. “Un error es escribir mal una letra. Pegarle a una mujer de cien años, no”, le retrucó el cronista.

Mauro le informó que Marcela estaba en el piso del noticiero, muy angustiada, y le pidió un pedido de disculpas hacia la familia. “De mi parte, disculpa, Marcela. Listo. Yo la conozco. Está bien”, expresó. “¿Por qué pudo haber llegado a hacer algo así? ¿Por qué una cuestión tan aberrante?”, repreguntó el cronista. “No entiendo. No entiendo, pero bueno”, fue la respuesta. “¿Querés decirle algo más a Marcela, a los familiares, a la familia?”, insistió Mauro. “Que disculpe Marcela, que disculpe, por favor”, dijo. “¿Son sentidas las disculpas?”, preguntó el cronista. “Obvio. Sí”, cerró el hombre.

Desde el piso, Coronel escuchó todo con visible angustia. “No me puedo poner en la cabeza a esta gente. La verdad, no me puedo poner en la cabeza a esta gente. No importa lo que digan”, expresó. Consultada por Graña sobre si conocía al hombre, respondió: “Lo había visto una vez, cuando la conocí a ella, él la acompañó y nada más. No sé si es el marido o es la pareja. Creo que no están casados. Pero bueno, da lo mismo”.

La Defensoría del Pueblo de Colombia pidió al Gobierno nacional revisar tres nombramientos recientes en entidades del Estado, al señalar que las personas designadas enfrentan denuncias o procesos relacionados con presuntas violencias contra mujeres.

El organismo advirtió que estos nombramientos contradicen los compromisos institucionales de tolerancia cero frente a la violencia de género.

La Defensoría identificó los tres casos en su pronunciamiento del 22 de octubre de 2026:

• Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, nombrado como asesor del Ministerio de las Culturas enfrenta un proceso penal por presuntos hechos de violencia sexual ocurridos durante el ejercicio de funciones diplomáticas en Chile.
• Un general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda, con un proceso por presunto acoso sexual fue mencionado como posible candidato a un cargo directivo de seguridad en Ecopetrol.
• El presidente de Coljuegos, Jaime Gregorio Vives Pinedo, por su parte, tiene una denuncia por presuntos hechos de violencia intrafamiliar y violencias basadas en género.

La Defensoría del Pueblo, institución del Estado colombiano encargada de velar por los derechos humanos, y puntualizó que la presunción de inocencia debe respetarse y que corresponde a la justicia establecer las responsabilidades penales.

Pese a ello, el organismo sostuvo que ese principio no exime al Estado del deber de actuar con debida diligencia al decidir quién ocupa cargos de alta responsabilidad pública.

El organismo planteó una pregunta sobre el efecto institucional de estas decisiones: qué señal reciben las mujeres que ya han denunciado cuando sus denuncias parecen no tener peso en los procesos de selección de funcionarios, y qué efecto tiene esa señal sobre quienes aún evalúan si hacerlo.

Dos exigencias concretas al Gobierno

La Defensoría formuló dos pedidos formales. El primero consiste en que el Gobierno nacional y las entidades involucradas revisen los nombramientos y las posibles vinculaciones mencionadas.

El segundo insta a todas las entidades del Estado a adoptar criterios claros, públicos y consistentes para este tipo de designaciones.

Esos criterios deberían contemplar, según el organismo, la gravedad de los hechos denunciados, el estado de los procesos en curso, la naturaleza del cargo a ocupar, los posibles conflictos de interés y los riesgos de presión, represalias o revictimización para las denunciantes.

La Defensoría también apuntó a una contradicción de fondo: el Estado promueve campañas de prevención, adopta protocolos y solicita a las mujeres que confíen en las instituciones, mientras sus decisiones sobre quién ejerce el poder público transmiten mensajes en sentido contrario.

El pronunciamiento describe un patrón documentado por la propia institución: las violencias contra las mujeres pueden afectar su salud mental, autonomía, seguridad y proyecto de vida.

Las barreras para acceder a la justicia —entre ellas el temor a represalias y la revictimización— se agravan cuando las instituciones no ofrecen respuestas oportunas.

En Colombia, la Ley 1257 de 2008 establece que el Estado tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género y de adoptar medidas para evitar la impunidad. Por lo anterior, se recordó desde la Defensoría del Pueblo que es el órgano constitucional de control que puede emitir pronunciamientos de este tipo, aunque sus resoluciones no tienen carácter vinculante para el Ejecutivo.

El organismo concluyó que las violencias contra las mujeres no constituyen un asunto privado y que los nombramientos en el sector público tienen una dimensión institucional que va más allá de los procesos judiciales individuales.

Hatem Eduardo Dasuky, el funcionario del Ministerio de las Culturas imputado por delitos sexuales

La ministra Paola Holguín nombró en septiembre como asesor a Hatem Eduardo Dasuky Quiceno, exdiplomático imputado en 2024 por acto sexual violento y acoso sexual contra una empleada de la embajada de Colombia en Chile.

Mientras el proceso penal continúa, el funcionario coordina el Grupo de Cooperación y Asuntos Internacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes.

El nombramiento ocurrió tres semanas antes del discurso que el presidente Abelardo de la Espriella pronunció el 15 de octubre en el Museo Santa Clara de Bogotá. Allí anunció que cambiará la denominación de la cartera para incorporar las palabras cultura y patrimonio, y presentó esa decisión como “un golpe directo al wokismo y a la ideologización de la cultura”.

El mandatario definió el wokismo como una corriente que, según dijo, pervierte “los valores, la tradición familiar y la identidad nacional”. También afirmó que su gobierno buscará impedir que los espacios culturales sean “captados por el social comunismo ateo” y que combatirá el “relativismo moral”.

Dasuky, quien aplaudía el discurso a la derecha del presidente, fue ministro consejero de la embajada colombiana en Chile hasta octubre de 2022, señaló un informe del medio regional El Armadillo.

La Fiscalía lo imputó por hechos que habrían ocurrido en 2019, cuando ocupaba ese cargo y, de acuerdo con la acusación, utilizó su posición jerárquica para forzar acercamientos sexuales con Bianca Hincapié, una funcionaria de la misión diplomática.

Las acusaciones por hechos ocurridos en Chile

Bianca Hincapié, economista de la Universidad de Antioquia, llegó a Santiago de Chile en julio de 2019 para trabajar en la embajada. El escrito de acusación, conocido por el mismo portal, sostiene que el acoso comenzó antes de su llegada al país.

Según esa reconstrucción, Dasuky le preguntó si tenía novio, si era sexualmente activa y si llegaría “sexy”. También le habría dicho que él sería su jefe y que esas preguntas respondían a instrucciones del entonces embajador Alberto Rendón.

La secuencia de hechos habría continuado entre agosto y noviembre de ese año.

Adicional a lo anterior, el exdiplomático le comentó que, como segundo al mando de la embajada, tenía capacidad para destituir funcionarios; después se ofreció a ayudarla a encontrar vivienda en la capital chilena y, según el ente investigador, aprovechó esa circunstancia y sus conexiones políticas para presionarla.

En una ocasión, Dasuky le propuso ir a su apartamento “a pasarla bueno”. Ante la negativa de Hincapié, el documento señala que, mientras se encontraban en un vehículo detenido ante un semáforo, el hoy funcionario del Gobierno De la Espriella puso su mano sobre la entrepierna izquierda de la funcionaria sin su consentimiento y realizó comentarios sexuales.

La acusación también describe otros actos de violencia sexual, cuyos detalles fueron reservados para proteger la intimidad de la víctima. Esos hechos sustentaron la imputación por acto sexual violento y acoso sexual que pesa contra el actual asesor ministerial.

El caso se conoció en público solo hasta 2021, después de que Hincapié recurriera sin éxito a instancias internas de la Cancillería. Alberto Rendón dijo en ese entonces a Noticias Uno que solicitó la desvinculación de Dasuky tras conocer la situación, pero su petición fue rechazada.

Para ese momento, Hincapié acumulaba una incapacidad laboral prolongada que, según su versión, respondía a las afectaciones en su salud mental derivadas de las agresiones denunciadas. Rendón había sido reemplazado en marzo de ese año, por decisión del presidente Iván Duque, y Guillermo Botero asumió como embajador en Chile.

La funcionaria también escribió al correo institucional de la entonces vicepresidenta y canciller Martha Lucía Ramírez, sin obtener respuesta. Un comité de convivencia de la Cancillería la invitó a conciliar con su presunto agresor.

Hincapié presentó una denuncia ante la Fiscalía en 2021 y concedió entrevistas a Noticias Uno y Blu Radio. Mientras tanto, Dasuky respondió con una denuncia por injuria y calumnia contra ella.

En julio de 2022, Los Irreverentes, plataforma fundada por Ernesto Yamhure, cuestionó que la Cancillería siguiera pagando el salario de una funcionaria incapacitada que mantenía actividad en redes sociales, pero la publicación no mencionó las denuncias de Hincapié contra Dasuky.

En medio del proceso, desde la Cancillería se abrió además un proceso disciplinario contra Hincapié por un supuesto abandono del cargo, a partir de una denuncia anónima.

La funcionaria fue absuelta y continúa vinculada a la embajada bajo estabilidad laboral reforzada, una protección para trabajadores que no pueden ser despedidos de forma injustificada o que se encuentran en condición de vulnerabilidad.

La trayectoria política y la denuncia por “persecución”a Dasuky

Hatem Eduardo Dasuky Quiceno es comunicador social y periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín, la misma institución en la que se formó Holguín.

Su carrera estuvo ligada al servicio exterior y a sectores del uribismo desde que ingresó a la diplomacia en 2005, durante el primer gobierno de Álvaro Uribe.

Además de su paso por Chile, fue cónsul en Montreal y primer secretario de la embajada de Colombia en El Salvador. En la década de 1990 trabajó como reportero de televisión y participó en campañas políticas como estratega de comunicaciones y relacionista público.

En 2009, La Silla Vacía informó que Dasuky fue designado asesor de la Secretaría Privada de la Presidencia y del entonces presidente Uribe. El mismo medio señaló que era cercano a José Obdulio Gaviria y que su llegada a la Casa de Nariño buscaba equilibrar el poder del tercer piso, donde trabajaban Bernardo Moreno y Paola Holguín.

Cuatro años más tarde, el mismo medio lo identificó como jefe de comunicaciones del Centro Democrático, cuando esa colectividad comenzaba a estructurar su estrategia para enfrentar electoralmente a Juan Manuel Santos.

Después de su retiro de la embajada en Chile, Dasuky sostuvo que las acusaciones en su contra respondían a una “persecución política”. Ese argumento apareció en una denuncia que presentó contra Carmen Ramírez, representante a la Cámara por la circunscripción internacional durante el período 2022-2026.

Ramírez había celebrado en octubre de 2022 la salida del diplomático de la embajada chilena.

“Por fin un poco de justicia con Bianca Hincapié, quien soportó durante años el acoso sexual y laboral de este funcionario acomodado de las élites”, escribió entonces la congresista.

La Corte Suprema de Justicia falló en 2023 a favor de Ramírez y descartó que su publicación, así como las denuncias sobre el caso, obedecieran a una persecución política.

De acuerdo con un reportaje de Cambio, y tras esa decisión, el alto tribunal consideró que la parlamentaria se basó en información publicada por medios y en relatos que Hincapié le entregó directamente.

La Corte concluyó que esos elementos le permitieron advertir que las reclamaciones penales y disciplinarias de la funcionaria “no estaban siendo atendidas”. Dasuky celebró en agosto la designación de Holguín como ministra mediante una publicación en LinkedIn, en la que afirmó que había trabajado con ella en la Presidencia y conocía su “amor por la patria”.

La respuesta del Ministerio de las Culturas

El cargo de Dasuky incluye la coordinación del equipo que sirve de enlace entre el Ministerio y organismos de cooperación internacional, y también debe gestionar alianzas estratégicas con otros países y organismos multilaterales.

De otro lado, y en una columna publicada en abril en Minuto 30, el funcionario cuestionó la política exterior al cierre del gobierno de Gustavo Petro.

“Colombia no puede darse el lujo de tener una política exterior emocional, errática o politizada”, escribió Dasuky, antes de afirmar que la diplomacia debe abrir mercados, atraer inversión, proteger intereses estratégicos, buscar mecanismos de cooperación y proteger a los colombianos en el exterior.

El Armadillo intentó comunicarse con Dasuky mediante el número telefónico consignado en el escrito de acusación y a través de su correo institucional en el Ministerio, pero no obtuvo respuesta.

No obstante, desde la Oficina de Divulgación y Prensa de la cartera sí se respondió por escrito.

La dependencia reconoció que conoce el proceso, pero indicó que el Ministerio no ha sido informado de una decisión judicial que impida al funcionario acceder o ejercer el cargo. Añadió que, mientras no exista una sentencia en firme que lo declare culpable, permanecen vigentes su presunción de inocencia y su derecho fundamental al trabajo.

Posibles denuncias por daños a la propiedad y violencia

Ortega explicó que se valora presentar las denuncias “si proceden”, entre ellas por daños a la propiedad y violencia. Aseguró que buscarán llegar “hasta las últimas consecuencias”.

Hasta ahora se trata de una valoración jurídica. La legisladora no precisó si las denuncias ya fueron presentadas ni ante qué instancia.

Piden a la Jucopo revisar protocolos de acceso

Además del ámbito penal, la coordinadora anunció que solicitará a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) revisar los protocolos de acceso a la Cámara de Diputados.

Su preocupación se centra en la figura de la ayudantía. Según dijo, pueden ingresar muchas personas bajo esa condición.

Ortega afirmó que en varios episodios ocurridos en el recinto legislativo se ha visto incluso a personas armadas. No detalló a qué episodios se refería.

Solicitan sanciones ejemplares

La legisladora también pedirá sanciones ejemplares para dos grupos:

• Los diputados que participaron en el altercado.
• El personal administrativo o de ayudantía de cada uno de ellos.

Ortega no especificó qué tipo de sanciones propone ni quiénes integrarían cada grupo.

Piden copia de las imágenes institucionales

Otra de las peticiones es obtener copia de todas las imágenes institucionales de la Cámara de Diputados. Según Ortega, el material permitiría “ver con imágenes lo que pasó” y lo ocurrido en el recinto.

La solicitud apunta a que los registros de video sirvan para esclarecer los hechos, ya que no se han dado a conocer versiones oficiales sobre la secuencia del altercado.

¿Qué se sabe del altercado?

De acuerdo con la información disponible, el incidente ocurrió en San Lázaro, sede de la Cámara de Diputados, y tuvo como protagonistas a Carlos Gutiérrez Mancilla, legislador del PRI, y a Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de MC.

Tras lo ocurrido, la coordinadora de MC fijó la postura de su grupo parlamentario con tres vías de acción:

• Vía penal: análisis de denuncias por daños a la propiedad y violencia.
• Vía administrativa: revisión de los protocolos de acceso y de la figura de ayudantía en la Cámara.
• Vía de sanciones: castigos para legisladores y personal involucrado.

Lo que sigue

Queda por conocer si MC formalizará las denuncias una vez concluya el análisis del equipo jurídico. También está pendiente la respuesta de la Jucopo a la petición de revisar los protocolos de acceso y la de las autoridades de la Cámara sobre la entrega de las imágenes institucionales.

El abogado Edwin Gabriel Díaz, presidente de la Corporación para la Defensa Pública (Cordepública), presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación en la que reportó presuntas amenazas, seguimientos y hostigamientos contra él, su familia, la organización y varias personas a las que representa en procesos judiciales en el departamento del Meta.

En el documento, fechado el 25 de septiembre de 2026 y conocido por Infobae Colombia, el abogado solicitó que el caso sea asumido por una dependencia nacional de la Fiscalía, con apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), y que no tenga intervención alguna de la Policía Nacional en las diligencias.

“Formulo DENUNCIA PENAL por los hechos que narro a continuación. Solicito que su investigación se asigne a una autoridad distinta de la Policía Nacional, que se practiquen actos urgentes y que se adopten medidas de protección (sic)”, dice el documento.

Según los relatos, pruebas y documentos que Díaz dio a conocer a Infobae Colombia, los mensajes que recibió mencionan presuntos vínculos entre los autores de las amenazas y uniformados de la institución policial, una hipótesis que pidió verificar judicialmente.

La denuncia identifica comunicaciones atribuidas a personas que se presentan como integrantes de un grupo denominado Los Juanitos, grupo delincuencial organizado (Gdco) que opera en el departamento del Meta.

En uno de los mensajes transcritos en el escrito, el remitente le dice al abogado: “Usted y su familia [son] objetivo militar de nosotros”. En otra comunicación, según la denuncia, le advierten: “Está listo para la foto”.

“(…) Objetivo militar (...) el abogado defensor de los bandidos de cuello blanco, asesinos y expendedores que los saca a que sigan en las suyas Edwin Diaz. Acá mandamos LOS JUANITOS nadie más, somos aliados de la fuerza del orden (...) trabajándole a Julieta o a Mojorro les vamos a dar bala, al igual que ese abogado enemigo de nuestra organización y de las fuerzas del orden en Granada no estamos jugando (sic)”, es uno de los mensajes.

Díaz sostiene que las intimidaciones estarían relacionadas con su trabajo como defensor de personas procesadas judicialmente en el municipio de Granada, Meta, y con denuncias sobre posibles irregularidades en procedimientos de la Policía.

“Buenas noches cómo vamos habla con Juanito comandante de las autodefensas los juanitos frente del bajo y alto ariari. Cuente que pretende Doctor Edwin usted viene a Granada como si fuera su casa y hace lo que se le da la gana, acá usted no hace lo que quiera, acá mandamos nosotros, nos viene a dañar nuestra organización, se mete con la policía los hacer trasladar y usted piensa que eso se queda así? (sic)”, se lee en otro de los mensajes amenazantes que recibió el abogado y que fue compartido a Infobae Colombia.

El mensaje incluye: “Usted está buscando lo que no se le ha perdido, lo tengo ubicado en San Martín, desde este momento lo declaramos objetivo militar usted y su familia, nos importa si anda acompañado la va a pagar, esa maricada no va a quedar así, usted la va a pagar y pronto, por metido y sapo, se metió con nosotros y nuestros amigos de la policía, le recomendamos dejar las cosas quietas en lo que hace con la otra gente al defenderlas y joder a los policías, ellos son nuestros amigos. Ya sabe cuídese que está sentenciado. Mis pelados pronto los verá. (sic)”.

Pidió investigar mensajes, panfletos y un presunto seguimiento

El abogado afirmó que cuenta con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP) desde 2014. De acuerdo con el escrito, el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) validó en octubre de 2025 un nivel de riesgo extraordinario y mantuvo un esquema con vehículo blindado, dos personas de protección, medio de comunicación y chaleco antibalas.

La denuncia también alude a un episodio en un conjunto residencial donde, según Díaz, vecinos observaron a uniformados de la Policía en un parqueadero mientras tomaban fotografías a su vehículo, hechos que estarían sustentados con fotografías.

El abogado reveló a este medio que no conoce una orden judicial, una misión de trabajo o un procedimiento que justificara la presencia de los agentes en el parqueadero de su casa.

“No afirmo que ese vínculo exista; señalo los indicios que obligan a investigarlo”, indicó Díaz en el documento, al referirse a una eventual relación entre los autores de las amenazas y servidores públicos.

Entre las solicitudes incluyó preservar los registros de llamadas y mensajes de varios números telefónicos, verificar una cuenta de mensajería y un perfil de Facebook, recaudar videos de seguridad y determinar si existieron órdenes de inteligencia o actuaciones oficiales relacionadas con él o con su vehículo.

Los presuntos abusos y asesinatos contra población civil en medio de operativos oficiales

Una de las aristas de la denuncia que Díaz suministró a Infobae Colombia incluye reclamos de civiles que alegan posibles abusos de miembros de la Policía Nacional en medio de operativos.

Por medio de videos, fotografías y audios, el denunciante mostró a este medio escenarios en los que estarían involucradas las autoridades mientras desarrollan operaciones investigativas, al parecer, vinculadas con las denuncias expuestas.

Además, el líder de Cordepública entregó a este medio información —una llamada telefónica con un abogado— en la que hay referencia sobre el hecho de que los amenazantes y los cabecillas de esa estructura estarían aislados y en conversaciones con la Fiscalía.

En la llamada, Díaz expuso su preocupación por posibles contactos entre quienes lo amenazan y miembros de la Policía. Su interlocutor responde: “Yo también sé que de eso me han contado varias cosas”.

Con este intercambio telefónico, Díaz indicó que todo apuntaría a que, en caso de que existan indicios sobre un trabajo conjunto entre miembros de la fuerza pública y la mencionada estructura, los miembros del grupo delictivo entregarían nombres a la Fiscalía.

De la misma manera, en esa llamada constó que Cordepublica ha denunciado presuntos “falsos positivos judiciales de la Sijin”, cuyos casos, al parecer, han llegado a audiencias judiciales y que, de la misma manera, la corporación ya cuenta cerca de cinco fallecidos que habrían sido beneficiarios. Estas muertes habrían sucedido por la modalidad de sicariato, según la denuncia.

Uno de los asesinatos, que habría estado vinculado a policías

Edwin Díaz compartió con este medio el audio de la madre de uno de los jóvenes ultimados —cuya identidad no fue revelada— que indica que, según el relato, el joven habría sido puesto en el lugar de los hechos para ser asesinado por órdenes oficiales.

Según el denunciante, “ese muchacho era un informante ilegal que la Policía y la Fiscalía usaron y después lo mataron”.

El audio de la mujer dice que, en diciembre de 2025, su hijo la llamó antes de morir y le dijo que debía reunirse con una persona por instrucciones de varios agentes policiales, presuntamente.

“Mamá, no vaya a bajar, porque a mí me mandaron a hacer una vuelta”, afirmó la mujer sobre lo que le dijo su hijo durante la llamada. Según su relato, el joven le explicó que debía hablar con una persona y llevarla hacia un andén, mientras supuestos funcionarios vestidos de civil observaban el encuentro.

La mujer señaló que su hijo le aseguró que contaba con protección, porque “ellos me garantizan la seguridad”, recordó que le dijo. Según el audio, el joven prometió volver a llamar antes del mediodía, pero la mujer afirmó que después recibió la noticia de su asesinato.

Desde Infobae Colombia se intentó obtener una versión oficial de la Policía Nacional sobre esta serie de denuncias. No obstante, no se recibieron pronunciamientos ni versiones al respecto.

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) sancionó al propietario del restaurante MAMUT, ubicado en Arequipa, con una multa de 1 UIT por negarse injustificadamente a entregar las grabaciones de las cámaras de seguridad correspondientes a una discusión ocurrida en su establecimiento. La resolución también establece una amonestación por acusaciones formuladas contra una clienta a través de una de sus trabajadoras.

De acuerdo a la Resolución Final N.º 114-2026/INDECOPI-AQP, accedida en primicia por Infobae Perú, el caso se remonta al 8 de junio de 2025, cuando una clienta con las iniciales M.R.M.G. acudió al local con su hija de cinco años. Según su denuncia, una discrepancia relacionada con el pedido de alimentos derivó en una discusión con el personal y la intervención de otra mujer. La denunciante solicitó las grabaciones para sustentar lo ocurrido, pero el establecimiento no se las entregó.

¿Por qué sancionaron al restaurante MAMUT?

La comisión determinó que G.L.M.R., propietario denunciado, infringió el deber de idoneidad contemplado en el artículo 19 del Código de Protección y Defensa del Consumidor. La infracción estuvo relacionada con su negativa injustificada a proporcionar las copias de las cámaras de seguridad del 8 de junio de 2025.

La denunciante había solicitado los registros para acreditar los hechos que, según su versión, ocurrieron durante su visita al establecimiento. Pese a los requerimientos formulados durante el procedimiento, el proveedor no cumplió con entregarle las grabaciones solicitadas. Por esta conducta, Indecopi impuso una multa de 1 UIT y dispuso la inscripción del denunciado en el Registro de Infracciones y Sanciones (RIS).

La resolución también estableció una amonestación por otra conducta reconocida por el propietario. Según la denuncia, una trabajadora afirmó que la clienta realizaba reclamos sin fundamento y que anteriormente había presentado una queja por un chicharrón que supuestamente había sido atendido por la misma empleada. El denunciado se allanó a esta imputación, es decir, aceptó la pretensión correspondiente, por lo que Indecopi declaró fundada esa parte de la denuncia.

¿Cómo comenzó la discusión en el establecimiento?

De acuerdo con la versión presentada por la denunciante, ese día solicitó un sándwich de lomo saltado y otro de pollo para su hija, con las salsas servidas por separado. Sin embargo, aseguró que recibió el sándwich de pollo con todas las cremas incorporadas. Tras comunicar el inconveniente, consideró que la trabajadora se molestó y que el producto entregado posteriormente presentaba un aspecto y un olor diferentes a los habituales.

La consumidora también sostuvo que, mientras registraba su reclamo, la trabajadora mencionó un supuesto incidente anterior relacionado con un chicharrón. Como la consumidora negó haber presentado esa queja, pidió conocer la fecha para solicitar las grabaciones correspondientes. Según su relato, no obtuvo esa información y otra empleada le indicó que acudiera a una comisaría si quería presentar una denuncia.

Posteriormente, la denunciante afirmó que una tercera mujer se acercó para confrontarla, la insultó y la amenazó, incluso en presencia de su hija. También señaló que tuvo dificultades para abandonar el establecimiento mientras continuaba el altercado. Estas afirmaciones formaron parte de la denuncia administrativa, pero no todas fueron acreditadas durante la evaluación de Indecopi.

¿Qué otros reclamos fueron evaluados por Indecopi?

La comisión declaró infundada la imputación relacionada con la presunta entrega de un sándwich de pollo en mal estado. Según la resolución, la denunciante no presentó pruebas suficientes para demostrar que el alimento tenía características que lo hacían inadecuado para el consumo. Por ello, no se determinó una infracción al deber de inocuidad.

Tampoco se acreditó que el restaurante hubiera incumplido las condiciones del pedido al entregar inicialmente el sándwich con las salsas dentro, en lugar de servirlas por separado. Aunque ambas partes coincidieron en que el producto fue cambiado, la autoridad concluyó que no existían pruebas suficientes sobre las condiciones específicas solicitadas al realizar la compra.

Asimismo, Indecopi declaró infundados los reclamos relacionados con la negativa a informar la fecha del supuesto incidente anterior, la presunta burla de otra trabajadora y la supuesta participación del establecimiento en la confrontación con una tercera persona. La autoridad señaló que no se acreditaron las infracciones atribuidas al proveedor en esos extremos.

Finalmente, la comisión descartó sancionar al denunciado por no entregar una copia del reclamo presentado durante el incidente. La resolución determinó que la propia consumidora arrancó la hoja del reclamo antes de que el establecimiento pudiera proporcionarle la copia. Por ese motivo, también se declaró infundada esa imputación.

¿Qué otras medidas ordenó la resolución?

Además de la multa y la amonestación, Indecopi dispuso que el propietario pague S/ 36 por las costas del procedimiento dentro de un plazo máximo de 15 días hábiles desde el día siguiente de la notificación. La resolución también contempla el pago de los costos que correspondan conforme al procedimiento.

La comisión, sin embargo, denegó las medidas correctivas solicitadas por la denunciante, entre ellas la capacitación del personal para atender reclamos y evitar situaciones que pudieran afectar a los consumidores. La decisión tampoco implica que se hayan probado todas las agresiones y amenazas descritas en la denuncia.

La resolución fue emitida el 27 de febrero de 2026 y precisa que no agotaba la vía administrativa. Las partes pudieron presentar un recurso de apelación dentro de los 15 días hábiles siguientes a la notificación.

En medio de la crisis más expuesta que atraviesa Orsai en sus veinte años de trayectoria, en la que enfrenta una denuncia penal que 18 socios productores presentaron contra él y contra Orsai Audiovisuales por presunta estafa y administración fraudulenta, la organización cultural fundada por Hernán Casciari apeló a su comunidad de seguidores para capear el temporal. Mientras avanza la causa radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34, con intervención de la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires, un mensaje publicado en su sitio web, firmado por Nacho Merlo, escritor y director de la Comunidad Orsai, admitió que el proyecto cinematográfico “salió mal” y les pidió a los socios productores que salgan a defender públicamente al colectivo.

“Creímos que podíamos llevar un modelo de la industria editorial a la audiovisual y no pudimos”

El comunicado que firmó, enviado a los socios productores, abrió con una concesión directa: “Nos salió mal. En estos veinte años que llevamos haciendo cultura, haber hecho cine nos salió mal”. El director reconoció que el equipo prometió cosas que no se cumplieron y que no estuvo “a la altura” del desafío de trasladar a la producción audiovisual un esquema de financiamiento que funcionaba en el ámbito editorial. “Dijimos cosas que no pasaron, creímos que podíamos llevar un modelo que conocíamos de taquito de la industria editorial a la industria audiovisual y no pudimos, no supimos o no estuvimos a la altura”, escribió.

En el mismo mensaje, Merlo informó que Orsai armó un informe con “todos los movimientos, el presupuesto y el detalle de lo que pasó”, y lo puso a disposición de los socios. Pero el eje del comunicado no fue la rendición de cuentas sino una convocatoria emocional: les pidió a los seguidores que sean ellos quienes les cuenten “al resto qué es la Comunidad Orsai, cuál es su historia con nosotros, en qué momento fuimos refugio, qué tormentas pasamos juntos, qué sueños volvimos posibles”.

El mensaje apeló a la identidad comunitaria como argumento de defensa: “En esos años hubo amistades, encuentros, cultura, risas, emoción, refugio y, por sobre todas las cosas, la sensación de saber que se puede formar parte de algo mucho más grande que uno mismo”. Y cerró con un pedido explícito de acompañamiento: “Tenemos un horizonte donde seguiremos incansablemente haciendo lo único que sabemos hacer: contar historias. Y nos gustaría que, como hasta ahora, sigan formando parte de ella”.

El comunicado fue firmado por Merlo “en nombre de todos los que hacemos Orsai”.

A lo largo del texto, el director también rememoró su propio ingreso a la organización. Contó que Casciari le preguntó un día de noviembre si se animaba a dejar su trabajo para sumarse al proyecto, y que él aceptó antes de saber qué iban a hacer. “De todo. Es Orsai”, le contestó el escritor, según el relato de Merlo.

Pero en el perfil de Merlo que permanece publicado desde el 2 de mayo de 2024 en el sitio de la propia comunidad, su contacto con el mundo Casciari es distinto. Allí se lo menciona como el jefe de Comunicación de Orsai y el nexo directo con los lectores, los socios productores y los 150 mil miembros del colectivo, además de definirlo como “el hombre con más TOCs del mundo”. Su tarea, describe el texto con tono jocoso, es que todos “tengan resuelta cualquier inquietud y se queden contentos”. También se encarga de los correos con promociones, descuentos y novedades —algo que el perfil define como un trabajo que bordea “la explotación laboral”—. Su vínculo con el proyecto nació en 2012, cuando detectó erratas en la revista Orsai N.º 5 y, al toparse con un concurso, le escribió a Casciari para reportarlas una por una. Según el mismo perfil, “Casciari, por supuesto, no tenía los 500 dólares que había prometido, pero a cambio le envió una felicitación amistosa invaluable”. La publicación continúa así, cuando Casciari escribió “El mejor infarto de mi vida”: “En 2016 abrió la convocatoria para encontrar corrector para el libro y Nacho volvió a ponerse en contacto con él: le recordó la anécdota de los 500 dólares y se ofreció para el puesto”. De lector pasó a corrector, y de corrector a director de la comunidad.

Casciari negó cualquier intención de fraude y difundió documentación

Horas antes del mensaje de Merlo, el propio Casciari había grabado un video para responder a la denuncia:

“Una persona que estafa actúa con premeditación, sabe que va a hacer daño. Orsai no hace eso, nunca jamás en la vida hicimos eso”, sostuvo el escritor, que calificó de “absolutamente ridículo” pensar que alguien de su equipo se propuso defraudar a los aportantes. Al mismo tiempo, admitió errores de gestión y aseguró que durante todo 2025 pidió disculpas a los socios “uno por uno”. “Nos equivocamos en un montón de cosas, pero nos equivocamos de buena leche, por querer encontrar formas diferentes de hacer las cosas”, afirmó.

Para respaldar su posición, Casciari compartió un código QR con el detalle de gastos, pagos y facturas de la sociedad entre 2021 y 2025. También buscó desligar del conflicto a las figuras públicas que participaron en las producciones: “El ruido se volvió mediático por los actores, actrices y figuras que nos acompañan, que no tienen nada que ver con el problema”, escribió en sus redes.

Los denunciantes reclaman una auditoría integral y retornos que no superaron el 3%

Los 18 denunciantes, agrupados bajo el nombre Productores Organizados y representados por el abogado Ariel Gil Ces, aseguran que aportaron entre USD 50 y USD 3.000 a distintos proyectos con promesas de rentabilidad incumplidas. Según la denuncia, los retornos no superaron en la mayoría de los casos el 3% del capital invertido. El reclamo abarca las producciones La Uruguaya, Canelones, La muerte de un comediante, Emi On Off y el documental D.A.M., sobre Diego Maradona.

Los socios productores solicitaron una auditoría contable integral de Orsai Audiovisuales, una rendición de cuentas por cada obra y que la Justicia identifique las cuentas bancarias vinculadas a la empresa y a Casciari. La denuncia se apoya en transferencias, correos electrónicos, cartas documento y capturas de billeteras virtuales.

La denuncia penal por presunta estafa contra el escritor Hernán Casciari y su empresa Orsai Audiovisuales S.R.L. no solo puso en la mira al autor de Más respeto que soy tu madre, sino que arrastró los nombres de actores, conductores y artistas que, según los 18 denunciantes, funcionaron como garantía de confianza para convencerlos de invertir. La presentación judicial, a la que accedió este medio, menciona de forma recurrente a Diego Peretti, Andy Kusnetzoff, Darío Barassi, Justina Bustos, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán y otros referentes del espectáculo argentino cuya imagen fue asociada a los proyectos audiovisuales que hoy son objeto de la investigación radicada en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 34 de la Ciudad de Buenos Aires.

Es importante aclarar que ninguno de los famosos mencionados figura como imputado en la causa. Sin embargo, los testimonios de los damnificados que integran el escrito judicial —presentado por el abogado Ariel Gil Ces— describen un mecanismo en el que la participación pública de figuras reconocidas resultó determinante para que miles de personas compraran bonos con la expectativa de obtener un retorno económico que, en la mayoría de los casos, no superó el 3 % de lo invertido.

El actor Diego Peretti ocupa un lugar central en la denuncia. La muerte de un comediante, la película que dirigió y protagonizó, concentra la mayor cantidad de reclamos: 10.139 personas compraron bonos para financiarla y el proyecto recaudó más de USD 1.800.000, según el escrito judicial. Casciari promocionó la película afirmando que la sola presencia de Peretti garantizaba que las plataformas de streaming la adquirirían “por millones” y que los inversores duplicarían o triplicarían su capital.

Varios denunciantes coinciden en que la figura de Peretti fue un factor decisivo para invertir. Maricela Ballatore, que aportó USD 1.000, declaró en la causa: “Cuando apareció la propuesta de La muerte de un comediante, con Diego Peretti como actor y director, nos pareció un verdadero golazo”. Facundo Pedrotti afirmó que Casciari dijo en el programa Perros de la Calle que “a las plataformas no les importaba cómo era el guion de la película, sino que ya con que Peretti sea el actor, las plataformas la iban a comprar por millones”.

Pero la mención al actor no se limita a la promoción. Una de las denunciantes, Marcia Ruetsch Cortés, relató que durante la presentación de la película en el Festival de Chicago, la cuenta oficial de Instagram de Peretti —administrada, según el escrito, por su pareja— respondió a un reclamo por mensaje privado. En esa conversación, se reconoció que Orsai había cometido “desprolijidades” atribuidas a su “inexperiencia”, aunque se desmarcaron de los cuestionamientos financieros. Tras el intercambio, la socia productora fue eliminada de los seguidores de la cuenta del actor.

En declaraciones públicas recogidas por Socios del Espectáculo, Barassi también se refirió al tema. El actor, que protagoniza Canelones junto a Llinás, Rada y Arturo Bonín, grabó un video promocional invitando a invertir en el proyecto. “Vos podés ser productor, vos podés ayudar a financiarla, pero no es una ayuda. Estás invirtiendo en un proyecto que va a ser muy divertido”, se lo escucha decir en el fragmento difundido por la periodista Pía Shaw. Según el programa, Barassi aclaró que había hecho el video promocional sin saber lo que sucedería después.

Andy Kusnetzoff, el conductor de Perros de la Calle, el programa de Urbana Play ganador del Martín Fierro de Oro, aparece en la denuncia como el canal principal a través del cual los inversores conocieron la propuesta de Orsai. Al menos 12 de los 18 denunciantes declararon haberse enterado de los proyectos audiovisuales en el ciclo de Kusnetzoff.

La denuncia incluye como prueba fragmentos del programa en los que Casciari afirmaba: “Vas a ganar. Vos ponés cincuenta dólares y el año que viene vas a tener bastante más que eso”. En otro segmento, ante la advertencia del propio conductor de que no asegurara resultados, el escritor insistió: “Con esta sí puedo. Van a ganar”. Los denunciantes sostienen que esas declaraciones, emitidas en un programa de alta audiencia con la participación de los conductores y panelistas, generaron un marco de confianza que los llevó a invertir.

Sebastián Angelini, que invirtió USD 2.900 —todos sus ahorros—, declaró que “Casciari, sumado a los conductores y panelistas del programa, incentivaban a la compra de bonos por parte de los oyentes, aduciendo que quien comprara no solo recuperaría el dinero, sino que lo duplicaría o triplicaría”. Joaquín Aranda, que aportó USD 3.000, recordó que el escritor expresó en el programa: “No te vamos a cagar” y “se van a llenar de plata”.

Kusnetzoff también está vinculado a otro de los proyectos cuestionados. El documental D.A.M. (Mi Historia con Diego), anunciado en diciembre de 2024 por el propio conductor junto a Casciari en Perros de la Calle, fue presentado como un proyecto basado en videos inéditos de Diego Maradona con un relato del propio Kusnetzoff. Según la denuncia, la venta de bonos para ese proyecto continúa abierta pese a que los derechos de imagen de Maradona no fueron resueltos y a que Casciari declaró públicamente que Orsai Audiovisuales “ya no existía”.

La actriz Justina Bustos aparece mencionada en relación con Sola en el Paraíso, un documental sobre su experiencia durante la pandemia que fue financiado con aportes de 938 socios productores. El proyecto, presentado como una producción con fines de explotación comercial, terminó subido al canal personal de YouTube de la actriz —con escasos seguidores, según los denunciantes— sin consulta previa a los inversores y sin que mediara un anuncio.

María Alecia Izturriaga, una de las denunciantes que compró un bono de USD 50 para ese documental, relató que se enteró por un comentario de otro socio de que Bustos había publicado el material. “Yo sinceramente suponía que todavía estaban tratando de sacarle algunas monedas en diferentes mercados, o que, en última instancia, nos avisarían para subirla al canal de Orsai. Encima de que no se promocionó ni se supo más nunca qué pasó con eso, la suben gratis sin avisar”, declaró en el escrito judicial.

El elenco de Canelones —que incluye a Darío Barassi, Verónica Llinás, Agustín “Rada” Aristarán y Arturo Bordón— fue otro de los factores que los denunciantes señalan como determinante para invertir. Marcelo Vaccarili, que aportó USD 1.200 en ese proyecto, declaró: “Cuando los actores elegidos fueron actores reconocidos como Barassi, Rada, Llinás y Bordón, no tuve dudas del éxito de la serie”.

El proyecto Canelones acumuló 5.495 participaciones y fue anunciado inicialmente como una miniserie de seis capítulos. Según la denuncia, mutó luego a una serie de cuatro episodios y finalmente a una película, sin que se presentaran rendiciones económicas diferenciadas para cada etapa. Su estreno en cines fue anunciado para el 6 de agosto de 2026.

La denuncia menciona también a Christian “Chiri” Basilis, coguionista de varias de las producciones, a Javier Beltramino, codirector de La muerte de un comediante junto a Peretti —quien, según un denunciante, expresó en un grupo de Telegram su descontento con Orsai y denunció “la dilapidación de recursos durante el rodaje”—, y a Walter Gammarota, señalado en múltiples testimonios como la persona que gestionaba la comunicación con los socios productores y que, según varios denunciantes, bloqueó a quienes reclamaban información.

En los testimonios televisivos recogidos por Socios del Espectáculo y Tapones de Punta, los damnificados también mencionaron a Pedro Saborido, Felipe Pigna, Liniers y Tamara Tenenbaum como autores cuyos nombres fueron utilizados para promocionar el proyecto Cinco Guiones, y al futbolista uruguayo Sebastián Fernández, quien según la denuncia prestó su cuenta bancaria en el Banco Santander de Uruguay para recaudar los fondos de La Uruguaya ante las dificultades de Orsai para abrir una cuenta propia.

El escritor Hernán Casciari, según los testimonios de los denunciantes en medios y en la propia denuncia, respondió a los reclamos de los socios productores con la frase “demándenme”. Cuando se le solicitaron explicaciones sobre los gastos, les indicó que “si no eran suficientes las explicaciones dadas, podían recurrir a la instancia legal”. Las 18 cartas documento enviadas a los domicilios de Orsai Audiovisuales y del propio Casciari fueron rechazadas o no obtuvieron respuesta, según consta en el escrito.

La causa tramita ante la Fiscalía N.º 16 de la Ciudad de Buenos Aires. Los denunciantes solicitaron que la Justicia requiera información a la Inspección General de Justicia (IGJ), la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Banco Central de la República Argentina (BCRA) y el Registro Nacional de las Personas (Renaper). También pidieron una auditoría contable de Orsai Audiovisuales y la convocatoria de Casciari a declaración indagatoria.

Nicolás Espósito, uno de los 18 firmantes de la denuncia, afirmó en el cilo que conduce por Youtube Tomás Dente, Tapones de Punta, que no buscan calificar la situación como estafa: “Nosotros principalmente lo que buscamos son respuestas. Lo que pedimos fue transparencia y, como no respondieron la carta documento, tuvimos que avanzar por medios legales”. El exfutbolista José “Pepe” Chatruc, que también invirtió en un proyecto de Orsai, declaró en Socios del Espectáculo que aún “elige creer”, aunque reconoció estar “deprimido” por la situación.

Un video grabado a las 7:30 p. m. del miércoles 14 de octubre en el eje ambiental de Bogotá mostraría que integrantes de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) avanzaron hacia los asistentes al plantón ‘Autofracking al parque’ y activaron sus medios de intervención antes de que se registrara una confrontación visible con los manifestantes.

Las imágenes, divulgadas en un informe de Noticia Uno, muestran a los uniformados que se acercan a las personas reunidas en el Parque de los Periodistas.

Según el material, los agentes dispararon una granada aturdidora y usaron agua contra los asistentes.

En el registro también se observa a gestores de convivencia de la Secretaría de Gobierno de Bogotá, ubicados sobre la calle 4 con calle 13, antes del avance de la unidad antidisturbios, y al lado de los agentes, mientras que metros más adelante se encontraba el grupo de ciudadanos.

Susana Muhamad afirmó que no hubo diálogo previo con los organizadores

La exministra de Ambiente Susana Muhamad, quien asistió a la movilización contra el fracking, aseguró que los uniformados rodearon el parque sin establecer contacto previo con quienes organizaban el evento.

“Sin ningún previo aviso, sin ninguna interlocución con los organizadores, a rodear el parque, con unas sirenas, que lo que causan es mucha angustia, sin mediar palabra”, declaró Muhamad.

La exfuncionaria de la administración de Gustavo Petro sostuvo que los asistentes no bloqueaban vías ni alteraban el orden público.

“Había menores de edad, había mascotas”, afirmó la exministra, que cuestionó la decisión de intervenir el plantón que fue presentado por sus organizadores como una actividad de carácter cultural y ambiental.

El protocolo contempla la intervención de la Undmo como última medida

El manual para la atención de manifestaciones de la Policía establece que la intervención de la Undmo debe aplicarse como una medida final, después de que se agoten las alternativas de diálogo y mediación con los gestores de convivencia.

La Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden fue creada para reemplazar al Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad). Sin embargo, la Resolución 02336 del 13 de octubre de 2026 definió una nueva estructura bajo la denominación de Unidad Nacional Antidisturbios, que incluirá al Esmad.

El video conocido plantea interrogantes sobre si hubo una etapa previa de diálogo antes de la actuación policial. El material muestra la presencia de gestores distritales, y varios de ellos fueron encarados por parte de la representante a la Cámara por Bogotá, María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), que compartió un video desde su cuenta de Instagram en el que denunció que no hubo diálogo previo con los funcionarios de la Alcaldía de Carlos Fernando Galán, y que los agentes intervinieron sin mediar palabra.

La congresista habló con una de las gestoras, y dijo que sí habían hablado con los asistentes antes de la interveción de la Undmo, a lo que Carrascal la interpeló: “¿Cuándo mediaron? Tenemos todo el derecho a conocer qué fue lo que pasó acá, porque el diálogo nunca llegó. Llegaron a reprimir a los manifestantes”.

La Policía justificó el operativo por la presunta presencia de encapuchados

Tras los hechos, las autoridades difundieron un video desde el puesto de mando unificado en el que señalaron que había personas encapuchadas que, presuntamente, preparaban artefactos explosivos.

Una de las secuencias de ese registro tiene una marca de tiempo de las 5:30 p. m., dos horas antes de la intervención de la Undmo en el Parque de los Periodistas. En el fragmento se observa a una persona encapuchada.

Después del avance policial, varios manifestantes se desplazaron hacia la carrera 3. Allí ocurrió una confrontación entre una mujer y un uniformado, que terminó con una agresión contra ella y su acompañante.

A través de un video, Fematt relató que el engaño ocurrió mientras mantenía una conversación en tiempo real con su amigo mediante la aplicación de mensajería. La solicitud de dinero le pareció creíble porque provenía de una persona de su confianza y coincidía con una reunión que ambos tenían planeada en un café.

La influencer reconoció que, pese a considerarse una persona precavida ante posibles fraudes, no identificó las señales de alerta a tiempo y terminó por realizar el depósito.

¿Cómo estafaron a Marcella Fematt por WhatsApp?

De acuerdo con su testimonio, todo ocurrió mientras conversaba con su amigo por WhatsApp, pues ambos habían acordado encontrarse en un café para tomar algo.

En medio de la plática, recibió un mensaje en el que le pedían ayuda económica mediante una transferencia bancaria. La persona que escribía le explicó que necesitaba dinero de manera urgente y que se lo devolvería después.

Aunque la petición le pareció inusual, Fematt decidió verificar que realmente se tratara de su amigo. Para ello, realizó una llamada telefónica y él contestó.

Durante la conversación, el hombre le confirmó que ya se encontraba en el café Electric, el lugar donde habían quedado de verse. Como la información coincidía con los mensajes que intercambiaban, la creadora de contenido consideró que no había motivos para desconfiar.

Después de colgar, transfirió 6 mil 400 pesos a la cuenta bancaria que le proporcionaron.

Sin embargo, la situación cambió inmediatamente después de que envió el comprobante de pago.

En lugar de recibir un agradecimiento, le solicitaron otros 13 mil pesos. Fue entonces cuando sospechó que algo no estaba bien y comprendió que alguien más podría estar utilizando la cuenta de su amigo.

Descubre el fraude al encontrarse con su amigo

Fematt explicó que acudió al café donde había quedado de reunirse con su conocido y le preguntó directamente por la transferencia que acababa de realizar.

El hombre se mostró sorprendido, pues desconocía por completo la solicitud de dinero y no sabía que alguien estaba escribiendo a sus contactos en su nombre.

Ambos descubrieron que la cuenta de WhatsApp había sido comprometida y que otras personas también recibían mensajes en los que les pedían depósitos bancarios.

La creadora de contenido señaló que varios contactos de su amigo comenzaron a alertarlo sobre la situación. Incluso su novio le informó que también había recibido una solicitud de dinero desde ese mismo número.

Ante las advertencias, Fematt le explicó que no debía realizar ninguna transferencia, ya que su amigo había sido víctima de un hackeo.

Según su relato, los responsables habrían revisado las conversaciones previas de la cuenta para imitar la manera de comunicarse del propietario y adaptar las solicitudes a la relación que mantenía con cada contacto.

Esta estrategia hizo que el engaño resultara más convincente, pues los mensajes parecían formar parte de conversaciones habituales y no de un intento de fraude.

Marcella Fematt presenta un reporte ante el banco

Tras darse cuenta de que había sido víctima de una estafa, Fematt informó que presentó el reporte correspondiente ante su institución bancaria y obtuvo un número de folio para dar seguimiento al caso.

No obstante, manifestó su preocupación por la posibilidad de recuperar el dinero, pues considera que las opciones para las personas afectadas pueden ser limitadas una vez que autorizan una transferencia.

La influencer también rechazó las críticas que pudieran minimizar la cantidad que perdió, al señalar que los 6 mil 400 pesos representan una suma importante para ella.

Explicó que trabaja como emprendedora y que no cuenta con un salario fijo que le permita reponer de inmediato el dinero.

Por esa razón, afirmó que la pérdida representa no solamente una afectación económica, sino también el esfuerzo y el tiempo que invirtió para obtener esos recursos.

Aunque inicialmente no tenía previsto compartir su experiencia, decidió hacerla pública para advertir a otras personas sobre este tipo de engaños.

¿Cómo evitar estafas por WhatsApp?

El caso expuesto por Marcella Fematt evidencia que las estafas digitales pueden aprovechar la confianza entre familiares, amigos y conocidos, incluso cuando la víctima intenta comprobar la identidad de quien solicita dinero.

Para reducir el riesgo de caer en un fraude de este tipo, se recomienda:

• Verificar las solicitudes de dinero por otro medio: realizar una llamada convencional puede ayudar, pero conviene confirmar la petición mediante un canal independiente y no limitarse a comprobar que alguien contesta.
• Hacer preguntas que permitan confirmar la situación: contactar directamente a la persona y corroborar los detalles de la supuesta emergencia antes de transferir.
• No actuar bajo presión: desconfiar de solicitudes urgentes que exigen depósitos inmediatos o prometen devolver el dinero poco después.
• Confirmar los datos bancarios: revisar cuidadosamente el nombre del beneficiario y la cuenta antes de autorizar cualquier operación.
• Avisar a los contactos si una cuenta fue comprometida: quien detecte un acceso no autorizado debe alertar a sus conocidos por otros medios y seguir los procedimientos oficiales de recuperación de la cuenta.

En caso de realizar una transferencia fraudulenta, es importante contactar de inmediato al banco para reportar la operación, conservar los comprobantes y mensajes relacionados con el engaño, y presentar una denuncia ante las autoridades competentes.

“Hoy no solo alzo la voz por mí. Alzo la voz por todas las mujeres que han vivido violencia y por aquellas que temen denunciar porque no saben si la justicia realmente las protegerá”, dijo en su publicación de redes.

A las afueras de los juzgados de Barrientos, en Tlalnepantla de Baz, Ximena relató que el jueves 15 de octubre se realizó la audiencia inicial contra su presunto agresor, en la que, según su testimonio, el juez Rafael López López determinó dejarlo en libertad.

En un video difundido para hacer público su caso, la joven cuestionó la resolución judicial y pidió la intervención de las autoridades, al considerar que la decisión la deja en una situación de vulnerabilidad frente a la persona a la que acusa de haber intentado asesinarla.

“Es por eso que pido justicia, porque tengo mucho miedo y temo por mi vida y por la de mi familia”, expresó.

Víctima señala que su vida quedó en manos de una resolución judicial

En su denuncia, la alumna de la FES Acatlán explicó que los hechos por los que acusa a Jorge Alonso N, ocurrieron el 11 de abril de 2021, cuando, según su versión, él intentó quitarle la vida.

La joven manifestó su inconformidad con la determinación tomada durante la audiencia inicial y cuestionó los argumentos que, aseguró, se expusieron para justificar que el señalado no fuera procesado.

De acuerdo con su testimonio, durante la audiencia se habría hecho referencia a que ella logró vivir, argumento que atribuyó al juez para explicar la decisión.

“Decidió dejarlo en libertad porque no podía procesarlo porque yo logré vivir”, relató la joven.

Ximena también denunció que se hizo una comparación entre el valor de su vida y el dinero que ostenta, así como el respaldo de las relaciones de poder dentro de los juzgados mexiquenses.

“Dijo que mi vida valía 50 mil pesos y es ahí donde yo entiendo las veces que el mismo decía que podía hacer lo que quisiera, porque su padrino es un Juez de Barrientos”, dijo.

Estas declaraciones forman parte de la versión de la denunciante sobre lo ocurrido durante la audiencia.

Teme por su vida tras la liberación de su presunto agresor

Uno de los principales señalamientos de Ximena Monroy es el temor de que su presunto agresor vuelva a acercarse a ella y atente nuevamente contra su integridad.

La joven aseguró que la decisión judicial le genera incertidumbre y miedo, pues considera que su seguridad y la de sus familiares podrían estar en riesgo tras la liberación.

“Yo siento que él va a regresar a terminar lo que empezó”, manifestó en el video.

Ante esta situación, Ximena responsabilizó públicamente a Jorge Alonso N. de cualquier daño que pudiera sufrir en el futuro y cuestionó que, después de los hechos que denunció, el hombre haya quedado en libertad.

Su declaración busca visibilizar el caso y llamar la atención de las autoridades sobre las condiciones de seguridad en las que afirma encontrarse.

Sin embargo, la responsabilidad penal del señalado y las circunstancias jurídicas de su liberación deben determinarse a partir de las actuaciones judiciales correspondientes.

Pide justicia a Claudia Sheinbaum

Durante su mensaje, Ximena Monroy también dirigió un cuestionamiento a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, a quien pidió atender la situación que enfrenta.

La joven utilizó su testimonio para denunciar lo que considera una falta de protección judicial para las mujeres que enfrentan situaciones de violencia.

“¿Toda la vida de las mujeres mexicanas, incluyendo la de usted, valen solamente mil pesos? Cualquier persona que tenga esa cantidad monetaria puede venir a agredir a una mujer y salir ilesa”, preguntó al referirse a lo que describió como los argumentos económicos expuestos.

Con esa frase, Jimena expresó su indignación por la resolución y cuestionó si una persona con recursos económicos puede evitar las consecuencias judiciales de una agresión contra una mujer.

Su petición ocurre en medio de un llamado a las autoridades para que se conozca su caso y se revise la actuación judicial que derivó en la libertad del señalado.

Caso genera preocupación por la seguridad de la denunciante

La denuncia de la joven universitaria pone nuevamente sobre la mesa la preocupación de las víctimas que, después de señalar presuntas agresiones, manifiestan temor por su integridad y solicitan protección de las autoridades.

La joven insistió en que busca justicia y pidió que su situación no quede sin respuesta.

Ximena concluyó su mensaje con un llamado a que su caso no pase inadvertido y reiteró su preocupación por lo que pudiera ocurrir después de la decisión judicial.

La joven espera que las autoridades escuchen su denuncia y atiendan su solicitud de justicia, mientras permanece la incertidumbre sobre los siguientes pasos legales relacionados con el caso.

El prolongado conflicto entre el gremio médico y las autoridades sanitarias de Honduras suma un nuevo frente legal. El Ministerio Público (MP) admitió una denuncia contra el Colegio Médico de Honduras (CMH) por presuntas vulneraciones al derecho constitucional a la salud, en medio de las asambleas informativas que mantienen a los profesionales de la medicina fuera de sus labores habituales en distintos centros asistenciales públicos.

La denuncia fue interpuesta por el paciente Santos Fúnez y será investigada por la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, instancia que deberá examinar los señalamientos relacionados con la falta de atención médica y establecer si las acciones de protesta se desarrollaron conforme al ordenamiento jurídico nacional.

El abogado Áfrico Madrid, director del Observatorio Latinoamericano de Derechos Humanos, informó sobre la admisión del caso durante declaraciones a HRN.

Según explicó, las diligencias buscarán determinar si las convocatorias a las asambleas informativas respetaron tanto la legislación vigente como los procedimientos contemplados en los estatutos internos del gremio.

La investigación se produce mientras miles de pacientes enfrentan dificultades para acceder a consultas, procedimientos y otros servicios médicos debido a las medidas de presión impulsadas por el sector.

La Fiscalía tendrá que establecer las circunstancias de las interrupciones denunciadas y determinar si existen elementos que justifiquen la deducción de responsabilidades.

Entre las diligencias planteadas figura la solicitud de documentación al Colegio Médico de Honduras para comprobar la legalidad de las convocatorias. El objetivo es verificar si las asambleas se realizaron de acuerdo con los requisitos establecidos y si los profesionales que dejaron de atender en sus consultorios cumplieron los procedimientos correspondientes.

De acuerdo con Madrid, también se busca establecer si los médicos que se ausentaron de sus puestos presentaron las solicitudes por escrito que respaldaran esas decisiones. La documentación permitiría a las autoridades contrastar las actuaciones del gremio con sus propias normas internas y con las disposiciones legales aplicables.

El abogado sostuvo que la Fiscalía de Derechos Humanos tendrá a su cargo el seguimiento directo de la denuncia y deberá profundizar en los señalamientos sobre la presunta falta de atención en los hospitales públicos.

“La Fiscalía de Derechos Humanos será la encargada directa de dar un riguroso seguimiento a la denuncia interpuesta por la flagrante falta de atención médica en los hospitales públicos”, expresó Madrid.

Como parte del proceso, los directivos del CMH podrían ser citados ante el Ministerio Público para responder a los señalamientos y proporcionar la información que requieran las autoridades.

La citación permitiría conocer su posición frente a la denuncia y recabar elementos para el desarrollo de las diligencias.

Madrid aclaró que la acción legal no pretende criminalizar las manifestaciones de los trabajadores de la salud ni desconocer sus demandas salariales. No obstante, señaló que las medidas de presión deben ajustarse a la ley y ejecutarse sin vulnerar los derechos fundamentales de los pacientes.

En caso de que las diligencias identifiquen incumplimientos de la normativa, podrían deducirse responsabilidades legales contra las personas que resulten involucradas.

Las eventuales consecuencias dependerán de los hechos acreditados, las disposiciones aplicables y las determinaciones de las autoridades.

Por ahora, no se han detallado sanciones específicas ni se ha establecido una responsabilidad definitiva contra los directivos del Colegio Médico. El avance del expediente permitirá conocer si existen elementos suficientes para continuar con otras acciones legales.

La denuncia se presenta cuando el gremio médico acumula más de 30 días en paro nacional, en el marco de un conflicto que ha afectado la prestación habitual de servicios en establecimientos sanitarios públicos.

Mientras persisten las medidas de presión, las autoridades de Salud han asegurado que se ha hecho efectivo el pago de casi el 100% de los adeudos reclamados por los profesionales. Este argumento forma parte de la posición oficial frente a las demandas del sector, aunque el conflicto continúa.

El empresario y excandidato presidencial Santiago Botero Jaramillo acudió a la Corte Suprema de Justicia para que revise su proceso alimentario, en medio de la disputa judicial que libra con su expareja, Manuela Echeverry Hoyos.

El exaspirante a la Presidencia denunció que su hijo estaría siendo utilizado como “moneda de cambio” en la batalla legal con Echeverry. En mayo de 2026, Botero fue desalojado de su vivienda en Cartagena, Bolívar, por una denuncia de violencia intrafamiliar presentada por ella, quien aseguró que el empresario le habría impedido el ingreso al apartamento junto con al menor que nació de esa relación.

Infobae Colombia conoció en primicia que el reclamo de Botero se apoya en la sentencia STC13455 de 2026, divulgada el 7 de octubre por la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia. El fallo indica que la obstrucción sostenida e injustificada del vínculo entre un hijo y uno de sus progenitores constituye una manifestación de violencia intrafamiliar por maltrato.

Una cuota provisional de $37 millones al mes

La abogada Diana Paola Chavarro, representante legal del excandidato, recordó que Amín Francisco Sanabria Aislant, comisario de la Comisaría de Familia Permanente Turno 1 de Cartagena, fijó mediante el Auto 070 del 29 de mayo de 2026 una cuota alimentaria provisional cercana a los $37 millones mensuales.

En junio de 2026 se conocieron los detalles de las decisiones del caso. La jurista indicó que Botero Jaramillo objeta el monto, frente a los $5.400.000 que, según afirma, Echeverry Hoyos había estimado como gastos mensuales del menor.

Según el equipo de abogados del empresario y la información recibida por este medio, Botero Jaramillo consigna $2.731.800 mensuales, aporta cerca de $1.500.000 para la salud y la medicina prepagada del niño, y cubre $5 millones por la administración del apartamento donde residen su expareja y el menor.

Los tres conceptos suman $9.231.800 mensuales. Por ello, la abogada solicitó a la Corte Suprema de Justicia que determine cuáles de esos pagos pueden reconocerse dentro de la obligación alimentaria.

Chavarro agregó que su cliente realizó cinco transferencias de $2.731.800 entre junio y octubre de 2026, por un total de $13.659.000, y pidió que esos aportes sean valorados junto con las necesidades del niño y la capacidad económica de ambos progenitores. Infobae Colombia conoció los soportes de las transacciones.

La abogada también aseguró que durante al menos cinco meses no se celebró la audiencia que la defensa esperaba desde junio. Cuestionó las oportunidades que tuvo el empresario antioqueño para controvertir la cuota y señaló que la decisión provisional habría indicado que no era susceptible de recursos.

Además, refutó la inscripción del excandidato presidencial en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (Redam), que, según sus abogados, se hizo efectiva el 11 de octubre de 2026. Chavarro sostuvo que los pagos y las objeciones presentadas no fueron valorados de manera adecuada.

Chavarro señaló que la Secretaría del Interior de Cartagena no habría remitido al juzgado de familia los oficios necesarios para resolver una recusación contra el comisario Sanabria Aislant y que, pese a quejas ante organismos de control, no se han obtenido pronunciamientos de fondo.

La defensa informó que actualmente cursa ante el Juzgado Segundo Civil de Cartagena una acción de tutela por la posible vulneración de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia en favor de Botero Jaramillo.

Santiago Botero denuncia que no ha podido ver a su hijo

El trámite, identificado con el radicado No. 13001-40-03-002-2026-001059-00, cuestionó la presunta inscripción irregular en el Redam y la imposición de la cuota alimentaria sin observar los lineamientos jurídicos correspondientes, según la defensa.

En especial, porque la inscripción en el Redam tiene consecuencias migratorias directas. La defensa argumentó que el artículo 6, numeral 5, de la Ley 2097 de 2021 contempla el impedimento para salir del país y efectuar trámites ante Migración Colombia.

Al respecto, el empresario afirmó que esa restricción le impide regresar al país porque, si ingresa mientras se mantenga el impedimento de salida, no podría volver al exterior para atender sus actividades profesionales. Botero Jaramillo indicó que la situación afecta tanto su trabajo como la posibilidad de reencontrarse con su hijo.

Por su lado, atribuyó a su expareja los obstáculos para compartir con el menor y sostuvo que “en Colombia ningún niño debe convertirse en moneda de cambio de un divorcio ni quedar atrapado entre los intereses de sus padres y los presuntos abusos de una autoridad”.

“Los derechos de los niños deben estar por encima de cualquier disputa y de cualquier abuso de poder”, afirmó.

Una denuncia indica que un hombre, identificado como Ángel Segundo Hernández Bermejo, habría sido drogado y despojado de sus pertenencias tras asistir a un evento en Bogotá, según el relato de su esposa, Fabiana Gómez.

El docente, de 50 años, que había viajado desde Sucre para participar en una feria de educación y tecnología en Corferias, permaneció cerca de dos días sin contacto con su familia y fue encontrado desorientado en el hotel donde se hospedaba.

Gómez relató al diario local Q’hubo Bogotá que habló por última vez con su compañero sentimental el viernes 9 de octubre de 2026, hacia las 8:40 p. m. En esa llamada, él le indicó que estaba a las afueras de Corferias, a la espera de que bajara la lluvia para continuar su recorrido.

Después de ese intercambio, el profesor dejó de contestar sus llamadas y mensajes. Al comienzo, su esposa supuso que podía haberse quedado dormido, pero la falta de comunicación se volvió inusual con el paso de las horas, pues la pareja mantenía contacto frecuente durante sus desplazamientos y, según Gómez, él acostumbraba informar dónde se encontraba.

“Mi esposo no toma. Es el hombre más sano”, afirmó la mujer al medio bogotano y también sostuvo que no era habitual que Hernández se ausentara sin avisar. Ante la incertidumbre, buscó orientación y acudió a la Fiscalía General de la Nación para dejar constancia de la situación.

Una llamada del hotel permitió ubicar al docente

La familia tuvo noticias del hombre el 11 de octubre, cuando Gómez recibió una llamada desde el establecimiento donde su esposo se alojaba. Le explicaron que Hernández estaba en una habitación y que había un inconveniente relacionado con la llave de acceso.

En la llamada, la mujer sintió que su pareja no estaba bien: “Yo le pregunté: ‘¿Te sientes bien?’”, recordó. De acuerdo con su relato, el docente no podía precisar cuándo había sido su último contacto con ella ni reconstruir lo que había ocurrido durante las horas previas.

Una prima de Hernández acudió al hotel con agentes de la Policía Nacional para confirmar su estado. Fabiana Gómez aseguró que los uniformados observaron señales compatibles con la ingesta de alguna sustancia, por lo que el hombre fue trasladado a un centro médico, donde, según la información entregada a sus allegados, los análisis detectaron benzodiacepinas.

La familia pide revisar las cámaras de seguridad

La esposa señaló que dos hombres habrían llegado al hotel junto al docente el viernes y lo acompañaron hasta su habitación. Según la denuncia, las cámaras de seguridad registraron su ingreso y el retorno posterior de uno de ellos al mismo lugar.

Hernández no recuerda cómo se acercaron esos sujetos ni en qué momento perdió la noción de lo sucedido y Gómez afirmó que le faltaban el celular, sus documentos personales y sus tarjetas bancarias. La familia aún no conoce el monto que pudieron retirar o gastar, debido a que no tiene certeza sobre el dinero que llevaba ni los saldos disponibles en sus cuentas.

La mujer solicitó que las autoridades obtengan y analicen las grabaciones para establecer la identidad de los presuntos responsables, el recorrido que siguió el docente desde su salida de Corferias y las condiciones en las que ingresaron al alojamiento. También pidió determinar si hubo irregularidades en los controles de acceso del hotel.

Por ahora, Hernández continúa bajo atención médica mientras su familia espera que la investigación permita esclarecer lo sucedido.

Las benzodiacepinas pueden causar desorientación y pérdida de memoria

Las benzodiacepinas son medicamentos que actúan como depresores del sistema nervioso central. Se emplean bajo prescripción para distintos tratamientos, pero su consumo sin control médico puede provocar somnolencia, reducción del estado de alerta, mareo, falta de coordinación, confusión y amnesia, de acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS).

En intoxicaciones de mayor gravedad, sobre todo si hay combinación con alcohol u otros depresores, pueden presentarse alteraciones respiratorias, pérdida de conciencia o un coma. La guía del Ministerio de Salud también indica que los síntomas pueden incluir sedación, dificultad para articular palabras y disminución de los reflejos.

Uso de escopolamina en robos en Colombia

Aunque en Colombia suele asociarse este tipo de delitos con la escopolamina, hasta ahora la familia de Hernández solo ha informado resultados relacionados con benzodiacepinas. La eventual presencia de otras sustancias tendrá que determinarse mediante los procedimientos médicos y judiciales correspondientes.

En el caso de la escopolamina puede producir boca seca, pupilas dilatadas, visión borrosa, taquicardia, desorientación, alucinaciones y amnesia, según el documento técnico del Ministerio de Salud.

Sus efectos pueden variar de acuerdo con la dosis, la mezcla con otras sustancias y las condiciones de salud de la persona.

El empresario panificador Julio Rodríguez denunció que el jugador le adeuda 58 mil soles por un pedido de panetones elaborado en 2023. No se trata de un reclamo nuevo: Rodríguez ya había hecho público el conflicto en abril de 2024, cuando aseguró que no había recibido el pago correspondiente a esa producción.

Cueva no se refirió directamente a la denuncia. En cambio, el deportista compartió un mensaje en su cuenta de Instagram dedicado a Franco, en medio de la disputa legal que su pareja mantiene con Pamela López, a quien denunció por presunta violencia psicológica.

“Te amo con todo mi ser, recuerda que siempre pero siempre estaré a tu lado, nada es casualidad en la vida. Gracias por llegar a mi vida, te ganaste mi corazón, mi alma. Eres ese amor que me hace mejor cada día, que no me imagino mi vida sin ti. Que Dios te me cuide siempre, mi Mini hermosa. Te amo hasta el fin del mundo”, escribió el futbolista en la publicación.

El mensaje, ajeno al reclamo económico que enfrenta, dejó en evidencia que el futbolista prioriza por ahora su relación sentimental y la promoción del emprendimiento gastronómico que proyecta para la campaña de 2026.

El reclamo judicial por los panetones de 2023

Según el relato de Rodríguez, la relación comercial con Cueva se extendió entre 2021 y 2023. En ese período, el propietario del negocio La Providencia habría surtido de panetones al futbolista para su posterior venta, sin recibir la totalidad del pago acordado.

El empresario detalló que, ante la falta de respuesta, intentó primero una conciliación extrajudicial que no prosperó.

“Llevamos a conciliación, nunca se presentaron, es por ello que procedimos con una demanda judicial, donde el juez admitió la demanda y va a proceder a hacer el embargo de bienes”, declaró Rodríguez ante las cámaras de Magaly TV La Firme.

El proveedor también explicó un cambio en la forma de facturación que, según su versión, complicó el seguimiento del caso. En 2021, las facturas se emitían a nombre de la empresa constructora del jugador. Dos años después, afirmó, le pidieron modificar ese registro para que las boletas figuraran a nombre de Jorge Cueva, hermano del futbolista.

El monto reclamado por Rodríguez asciende a 58 mil soles, cifra que, según indicó, corresponde exclusivamente a la deuda generada en 2023. El caso ya pasó a instancia judicial, con una demanda admitida que, de acuerdo con el empresario, habilita el embargo de bienes del deportista.

Como parte de las pruebas presentadas en 2024, Rodríguez difundió un audio que atribuyó a Cueva. En la grabación, según detalló el proveedor, se escucha al futbolista comentar dificultades para colocar los panetones en el mercado, lo que habría influido en el atraso de los pagos pendientes.

Mientras el proceso judicial continúa su curso, Cueva mantiene activa la promoción de su nueva marca junto a Franco, sin pronunciamientos públicos sobre el reclamo que lo vincula con su anterior emprendimiento navideño.

La intervención del sector también contempla la supervisión de las medidas que adopten las autoridades educativas de Piura. Para ello, se enviará a dos representantes del Minedu, mientras que la Oficina Defensorial de la región solicitó atención psicológica y orientación legal para la escolar, además de acciones de seguimiento dentro de la institución educativa.

Minedu supervisará acciones

Chang señaló que la Dirección Regional de Educación de Piura debe responder de manera inmediata ante lo ocurrido. Como parte de esta intervención, funcionarios inspectores del ministerio verificarán las actuaciones y realizarán el seguimiento correspondiente.

“Entendemos que la Dirección Regional de Piura tiene que tomar las acciones inmediatas. Nosotros hemos enviado, por medio del Ministerio de Educación, a funcionarios inspectores para que tomen acción”, declaró el ministro ante la prensa.

El anuncio se produce mientras los nuevos lineamientos de disciplina escolar continúan pendientes de aprobación. Aunque el reglamento ya fue prepublicado, el titular del Minedu consideró que esta situación no debe retrasar las decisiones necesarias para atender el caso.

Denuncia penal contra alumnos involucrados

La procuraduría del Minedu asumirá la presentación de la denuncia penal, según confirmó Chang. El funcionario sostuvo que corresponde acudir a esta vía ante la presunta comisión de un delito sexual y remarcó que la edad de los involucrados no impide formular la denuncia.

“En este caso que es de violación sexual, la denuncia penal, aun cuando sean menores, es procedente. Nuestro procurador va a hacer la denuncia. Los padres son corresponsables civiles en este tema”, afirmó.

El pronunciamiento establece la posición del sector frente al caso: solicitar la intervención de las autoridades competentes y supervisar la respuesta del sistema educativo regional. La determinación de los hechos y de las responsabilidades correspondientes deberá realizarse durante las investigaciones.

Defensoría pide atención psicológica y apoyo legal

La Oficina Defensorial de Piura solicitó al Centro Emergencia Mujer (CEM) de Talara brindar atención prioritaria a la estudiante, mediante acompañamiento psicológico y social para contribuir a su recuperación socioemocional. También pidió facilitarle patrocinio legal gratuito de manera inmediata, en caso de que lo requiera durante el proceso.

En el ámbito educativo, la Defensoría recomendó a la UGEL de Talara realizar el seguimiento del caso y brindar asistencia técnica a los directivos, responsables de convivencia escolar y encargados de tutoría del colegio. El objetivo es reforzar las medidas de prevención y atención frente a situaciones de violencia en la comunidad educativa.

Fiscalía investiga denuncia de abuso sexual

El Ministerio Público informó que la Fiscalía de Familia de Talara continúa con las diligencias urgentes por la denuncia de presunto abuso sexual grupal contra una estudiante menor de edad del colegio estatal Santa Rosa de Lima, en Piura. Según la institución, se realizaron los peritajes y exámenes médico-legales correspondientes a la víctima.

Asimismo, el Ministerio Público señaló que se citó a declarar a los testigos del suceso para recoger sus testimonios y reunir información que contribuya al esclarecimiento de los hechos.

El congresista compartió desde su cuenta de X la mañana del miércoles 14 de octubre de 2026 un video que se tomó en inmediaciones de la Casa de Nariño, y desde ese lugar se observó cómo un grupo de agentes adscritos a la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (Undmo) realizando un entrenamiento, en el que se ven a los efectivos desplegarse en un ejercicio que, de acuerdo a lo que destaca el congresista y creador de contenido, se podría replicar en medio de las marchas que se adelantarán en la capital colombiana.

Al inicio de su mensaje, Rodríguez calificó de “dictadorzuelo” a De la Espriella, y agregó: “A 2 horas del inicio de movilizaciones en Bogotá y otras partes del país, Abelardo permite que la fuerza pública utilice la plaza de Presidencia para entrenamientos y acciones en contra del pueblo”.

Wally añadió en su publicación adjunta con el video que replicó el portal Al Punto, que “este, era un espacio que hace algunos meses se utilizaba para abrirle las puertas a la ciudadanía, La Paz y las reformas sociales”, en la administración de Gustavo Petro.

Al final, el congresista le advirtió al jefe de Estado: “¡Sin miedo, estaremos en las calles!"

Mientras que el colega de Rodríguez, y también senador por el Pacto Histórico, Kevin Gómez Paz, replicó la grabación y reprochó la directriz por parte del Gobierno nacional.

“Dejan ver cómo degradan los espacios de la democracia y envían con esto el mensaje de que regresó la violencia del estado a Colombia”, destacó el congresista.

Al final, Gómez se sumó a Wally y precisó: “No nos amedrentan , ¡todos a las calles!"

Críticas a De la Espriella desde la oposición por firma del Decreto 1525 de 2026

El presidente Abelardo de la Espriella puso en vigencia el Decreto sobre protesta social antes de una jornada de movilizaciones en Colombia, y abrió un choque con sectores de oposición por las nuevas reglas para el uso de la fuerza pública y las condiciones de intervención policial.

La exsenadora María José Pizarro cuestionó que la regulación comenzara a aplicarse el mismo día de las marchas sin que los organizadores conocieran sus disposiciones, además de preguntar si la fuerza pública recibió información suficiente, si la sociedad civil pudo formular observaciones y si el texto respeta los principios constitucionales que protegen la protesta.

Pizarro dirigió sus cuestionamientos al ministro del Interior, Rodrigo Lara, y planteó una duda sobre la entrada en vigencia de la norma: “¿Se hace así para evitar cualquier medida cautelar?”.

La senadora del Pacto Histórico Isabel Zuleta sostuvo que el Decreto 1525 habilita intervenciones policiales sin que se completen todas las fases previas de mediación, y objetó que incorpore afectaciones comerciales y productivas como criterios para la actuación de la fuerza pública.

Zuleta advirtió sobre la posibilidad de disolver concentraciones por bloqueos que provoquen perturbaciones graves y sostenidas. Además, cuestionó la creación de un sistema de alertas sobre conflictividad, que, según dijo, debe contar con salvaguardas para impedir la vigilancia o estigmatización de organizaciones sociales.

La congresista añadió que el escalamiento policial podría avanzar sin un concepto vinculante del Ministerio Público y que algunas intervenciones podrían ejecutarse de inmediato, con una justificación posterior. “La protesta social es un derecho, no un delito”, aseveró.

El expresidente Gustavo Petro también rechazó la forma en que se expidió la disposición. En un mensaje al ministro Lara, escribió: “No es válido un decreto sin publicidad previa”, y agregó: “Señor Lara, deje de perder tiempo y vuelva a estudiar derecho”.

Los cuestionamientos al papel de los Puestos de Mando Unificado

La representante a la Cámara por Valle del Cauca, Ana Erazo, calificó la medida como un decreto que “criminaliza la protesta social”. Según su interpretación, los Puestos de Mando Unificado deberán verificar si se agotaron las causales de diálogo antes de que intervenga la fuerza pública.

Erazo cuestionó que la norma fije tres meses para expedir una resolución que reglamente la coordinación entre las autoridades de esos puestos y la Policía Nacional. “¿Entonces mañana saldrá la fuerza pública con un decreto que no conoce?”, preguntó.

La representante advirtió que, ante un riesgo inminente, la decisión podría recaer en el comandante de Policía presente en el lugar. Para Erazo, esa posibilidad deja sin una función efectiva a los Puestos de Mando Unificado en situaciones que exijan una respuesta inmediata.

“Ni la fuerza pública ni las autoridades locales del país conocen este esperpento”, expresó la congresista. También sostuvo que la expedición del decreto antes de las movilizaciones puede operar como una advertencia para disuadir la participación ciudadana.

Por su parte, la senadora del Movimiento Alternativo Indígena y Social, Martha Peralta, vinculó la publicación de la disposición con la proximidad de las movilizaciones. “¿Quieren callar la voz popular?”, interpeló desde su cuenta de X.

Peralta destacó que el presidente firmó una norma que permite intervenir sin haber agotado el diálogo y consideró que constituye un “mensaje intimidante” para quienes cuestionan las políticas del Ejecutivo. “La protesta es un derecho constitucional, no un permiso del presidente”, escribió.

La congresista pidió garantías y respeto por la vida, y sostuvo que ningún episodio aislado puede justificar actuaciones contra quienes participan pacíficamente en una movilización.

Para el 14 de octubre de 2026, estaba previsto que la española Eva Ferrer acudiría a las instalaciones de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, para que ahonde en sus denuncias contra Verónica Alcocer, a quien acusó de liderar una red ilegal dedicada al transporte de drogas, armas y dinero en efectivo.

No obstante, la estratega catalana no acudió a su cita con el ente acusatorio. Así lo confirmó su abogado Jhony Batalla que, en declaraciones a la prensa nacional, recalcó que su clienta no se encuentra en territorio colombiano sino en Barcelona, debido a que ha recibido amenazas de muerte luego de la entrevista que concedió a Semana.

Ante ello, el jurista expresó una solicitud para que se le brinde protección a Ferrer, con el fin de que pueda desarrollar su declaración ante la justicia.

“Haga la cita, pero no le dicen primero que todo cuál va a ser la seguridad de ella. Por eso, básicamente, vengo a coordinar ese tema para que ella dé la declaración que tiene que dar y aporte las evidencias que tiene que entregar (...) Voy a garantizarle el debido proceso. Le voy a decir, señor fiscal, cómo me va a garantizar la seguridad de Eva para que ella venga acá y aporte el material”, mencionó el representante jurídico de la española a los medios de comunicación.

Del mismo modo, Batalla recalcó que su clienta cuenta con las pruebas necesarias que corroborarían su denuncia contra la ex primera dama. “Debe tenerlas. Es necesario. El sistema penal se nutre de evidencia. Nadie puede dar una declaración, sobre todo de esas magnitudes, sin evidencia. Entonces, ella le tocará entregar evidencia a la Fiscalía. Por eso es que vengo aquí a coordinar con la fiscal que lleva el caso, pero no el caso de las declaraciones del fin de semana”, indicó.

Incluso, no descartó que sus evidencias también sean presentadas ante la justicia de los Estados Unidos. “Está dispuesta a entregar declaración y evidencia tanto aquí en Colombia como en los Estados Unidos o donde la requieran, de acuerdo a las declaraciones que da, porque si ustedes ven la declaración, pues se puede inferir que hay delitos transnacionales”, comentó.

Aclaró además que el caso está asignado a la Fiscalía 76 Delegada ante la Corrupción, derivado de una denuncia presentada por los representantes a la Cámara del Centro Democrático, Óscar Villamizar y Jonathan Pineda, referente a unos audios filtrados ilegalmente y revelados en agosto de 2026.

Vale mencionar que Eva Ferrer había sido citada en dos ocasiones ante la Fiscalía General de la Nación. La primera estaba prevista para el 19 de agosto, pero fue reprogramada para el 27 de agosto, fecha en la que Ferrer tampoco compareció. Posteriormente, fue citada para el 29 de septiembre, diligencia a la que tampoco asistió.

Además de la Fiscalía, la Procuraduría General de la Nación también abrió actuaciones para esclarecer los presuntos hechos de corrupción mencionados por Ferrer. Citó a la exasesora y a otras cinco personas para que declaren bajo juramento: Carmen Caballero, Angie Rodríguez, Concepción Baracaldo, Guillermo Reyes e Ingrid Carolina Plata Navas.

Detalles de la polémica

El origen de la denuncia de la española Eva Ferrer contra Verónica Alcocer comenzó el 1 de agosto de 2026, fecha en la que se revelaron unos audios con conversaciones privadas de la exasesora presidencial.

En las grabaciones, difundidas por Semana, exponen presuntas irregularidades en el círculo cercano de la exprimera dama, relacionadas con la financiación de la campaña electoral de 2022, el manejo de dinero en efectivo y la influencia en entidades estatales.

Las grabaciones denuncian la supuesta desaparición de 1.000 millones de pesos colombianos de la Consejería para la Reconciliación y posibles cobros indebidos por la asignación de puestos. También señalan una presunta injerencia del entorno de la ex primera dama en Ecopetrol, la Dian y el Banco Agrario.

El material menciona el ingreso de cerca de dos millones de euros, que habrían sido aportados por el empresario Manel Grau para la campaña. Además, describe el traslado de efectivo en bolsas o cajas y la presunta utilización de familiares y ciudadanos extranjeros como testaferros.

Posteriormente, el sábado 10 de octubre, Eva Ferrer amplió sus denuncias contra Alcocer, asegurando que, durante un viaje a Venezuela que habría ocurrido en enero de 2023, se trasladaron USD 2,5 millones a Colombia en el avión oficial de la entonces primera dama. También sostuvo que existirían fotografías de Alcocer al descender de la aeronave con maletas que, según su versión, contenían droga.

Las acusaciones fueron difundidas en declaraciones a Semana y deberán ser verificadas por las autoridades. Los señalamientos no constituyen por sí mismos hechos probados.

Entre tanto, la exprimera dama de la Nación presentó un derecho de petición a la Fiscalía General de la Nación pidió investigar las acusaciones formuladas por Eva Ferrer en su contra, al considerar que los señalamientos divulgados parten de información que Ferrer recibió de terceros, por el que pidió que las afirmaciones públicas deben ser contrastadas con registros oficiales sobre este asunto.

El caso sacudió al barrio Hyde Park de Chicago y reavivó el debate sobre la seguridad en los entornos universitarios: alrededor de la 1:50 a.m. del domingo 11 de octubre, una mujer de 21 años denunció haber sido agredida sexualmente durante una fiesta en una casa de fraternidad, según informó ABC News.

La víctima no tiene ningún vínculo con la Universidad de Chicago, cuyo campus queda a metros del lugar del hecho, en el 5600 de South University Avenue.

Según un informe policial obtenido por el Chicago Sun-Times, la víctima “no estaba completamente consciente” cuando fue hallada en el baño de la casa, y tanto ella como el sospechoso estaban parcialmente desvestidos.

El mismo informe señala que un grupo de hasta cinco hombres se encontraba en el lugar “animando y aparentando alentar la actividad”, y que intentó bloquear el ingreso de las amigas de la víctima.

Una tercera persona intervino durante el incidente y el sospechoso huyó del lugar, según la alerta que la institución envió a su comunidad. La Policía de Chicago lidera la investigación con el apoyo de la policía universitaria.

Las cámaras de seguridad del edificio captaron a un individuo con la descripción del sospechoso que salía corriendo de la casa, tal como precisó la Universidad de Chicago.

Testigos lo describieron como un hombre sudasiático, de aproximadamente 1,70 metros (5 pies 7 pulgadas), tez oscura, cabello corto en los laterales y rizado y largo en la parte superior. Vestía remera negra, pantalón de jogging negro y zapatillas blancas.

La respuesta de las autoridades

La casa donde ocurrió el incidente pertenece a Alpha Epsilon Pi (AEPi), una fraternidad con presencia en distintas universidades de Estados Unidos que opera de forma independiente a la Universidad de Chicago.

Su sede nacional confirmó, en declaraciones recogidas por ABC News, que tomó conocimiento del episodio el mismo domingo por la tarde y que desde entonces trabaja con el liderazgo local.

Como medida cautelar, se le ordenó a la sede que suspenda todos sus eventos y programas hasta que concluya la investigación.

El martes 13 de octubre, las autoridades de la universidad identificaron a una persona de interés y le prohibieron el ingreso al predio universitario, de acuerdo con NBC Chicago.

En un mensaje enviado a los estudiantes, los funcionarios aclararon que esa persona no es estudiante ni tiene ninguna afiliación con la Universidad de Chicago.

La identificación, afirmó la universidad, fue posible gracias a testimonios de testigos clave, imágenes de las cámaras universitarias y lectores de matrículas, toda esa información fue compartida con la Policía de Chicago, según el comunicado institucional.

Horas antes de ese anuncio, The Chicago Maroon, el diario estudiantil independiente de la universidad, había publicado un video de TikTok en el que se ve a una persona con la descripción del sospechoso.

En el video, alguien que se identifica como amiga de la víctima lo acusa del ataque y lo persigue cerca de la casa de fraternidad. Las autoridades decidieron no revelar su identidad hasta que se presenten cargos formales.

La postura de la fraternidad

En un comunicado, la sede de AEPi expresó que lo denunciado contradice los principios fundamentales de la organización.

“Como fraternidad judía, uno de los valores de nuestra enseñanza que consideramos más importante es que todos los seres humanos están creados a imagen de Dios. Por lo tanto, es incorrecto tratar a alguien sin dignidad, sin importar su género, raza, orientación sexual o religión”, sostuvo AEPi.

AEPi sostuvo que su condición de membresía prohíbe de manera absoluta cualquier conducta catalogada como acoso sexual o agresión sexual, lo que incluye propuestas reiteradas, presión coercitiva, tocamientos no deseados y violencia física.

La fraternidad también indicó que todos sus miembros reciben capacitación obligatoria sobre esas normas, reforzada por visitas de personal y voluntarios a cada filial, a nivel nacional y regional. Las violaciones a esas reglas pueden derivar en la expulsión del miembro involucrado.

El llamado a la calma y al proceso judicial

La organización pidió que tanto la prensa como el público en general eviten adelantarse a los resultados de la investigación. “Mientras esta indagación está en sus comienzos, nos abstendremos de llegar a cualquier conclusión e instamos a otros, incluidos los medios de comunicación, a hacer lo mismo”.

Al mismo tiempo, la fraternidad manifestó su apoyo a la víctima: “Todo AEPi sufre por la persona que fue víctima en este incidente”, indicó el texto oficial.

“Nadie debería asistir a un evento en ningún campus —de fraternidad o de otro tipo— y tener que temer por su seguridad y su bienestar”.

La sede local de AEPi emitió una declaración y sostuvo que “hasta donde sabemos, ninguna persona vinculada a AEPi participó ni fue cómplice de este hecho”, tal como recogió ABC News.

Sus miembros afirmaron condenar “esta violencia de manera inequívoca” y pidieron que se respete la privacidad y la dignidad de la víctima.

Por su parte, la Universidad de Chicago calificó lo ocurrido como “profundamente preocupante para la comunidad universitaria”, según un comunicado institucional recogido por NBC Chicago.

Aclaró que, si bien las fraternidades no son organizaciones estudiantiles reconocidas y no tienen afiliación formal con la casa de estudios, todos sus alumnos están sujetos a sus políticas y procedimientos disciplinarios.

La activista Norma Romero Cortés pidió que su caso sea atendido y pueda acceder a la justicia sin enfrentar, como señala, un proceso de revictimización en el estado de Puebla, tras varios años de litigio donde no ve avance en su caso.

La denunciante mantiene una disputa jurídica con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) con sede en la capital poblana, derivada de señalamientos contra un exdelegado regional de la institución.

Romero Cortés sostiene que, después de varios años de procedimientos administrativos y judiciales, no ha recibido una respuesta que considere suficiente frente a los hechos denunciados.

Por ello, solicitó a a presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, revisen su caso con perspectiva de género, garanticen el debido proceso y atiendan las condiciones de protección que ha reclamado.

No hay avance en la investigación por el alto costo

Uno de los principales puntos de controversia son los más de 73 millones de pesos que, según la denunciante, el Infonavit plantea como posible repercusión económica para solicitar la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

La notaria aclaró que esa cantidad no corresponde a una indemnización que ella haya solicitado, sino al impacto financiero que el Instituto considera que podría derivarse de la confirmación de una sentencia favorable a su causa.

«Pesa más en la balanza de sus operadores un argumento económico que la vida y la integridad de una mujer», expresó Romero Cortés al cuestionar la actuación institucional.

Norma Romero denuncia revictimización tras años de litigio

La activista describió su trayectoria jurídica como un “tsunami legal”, debido a la sucesión de denuncias, procedimientos administrativos y recursos judiciales que, afirma, han prolongado el conflicto.

La queja administrativa contra quien se desempeñaba como delegado regional del Infonavit quedó registrada con el número 114/2020. Ante la respuesta de la dependencia, Romero Cortés llevó su exigencia al Congreso de la Unión y solicitó que el asunto se atendiera con perspectiva de género y respeto a sus derechos.

También acudió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde su expediente quedó identificado con la clave CNDH/4/2021/917/Q. Asimismo, los hechos dieron lugar a una investigación ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas, registrada como FED/FEMDH/FEVIMTRA/PUE/0000084/2021.

En el ámbito judicial, el caso incluyó el amparo 657/2021. Posteriormente, el litigio continuó con el amparo 1497/2025, cuya sentencia fue dictada el 26 de febrero de 2026 y, de acuerdo con los antecedentes expuestos por la denunciante, impugnada por el tercero interesado y por la autoridad del Instituto.

Romero Cortés cuestiona que las posibles consecuencias económicas de esa resolución sean utilizadas para impulsar nuevas actuaciones judiciales. Su exigencia es que el litigio se resuelva conforme a derecho y que las implicaciones financieras para la institución no desplacen el análisis de los hechos denunciados.

Pide protección ante los riesgos que afirma enfrentar

La denunciante asegura que las consecuencias del conflicto han trascendido el ámbito profesional y jurídico. Ha señalado presuntos riesgos para ella, sus colaboradores y familiares, además de denunciar hechos que califica como detención arbitraria y desaparición forzada de corta duración, cuyo esclarecimiento exige.

También refiere que cuenta con medidas del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, bajo el expediente MEC/CEN/062/D/0/2022.

En este contexto, pidió que las autoridades investiguen los hechos denunciados, revisen las actuaciones correspondientes y garanticen condiciones efectivas de seguridad. Sus señalamientos forman parte de su versión del caso y corresponde a las instancias competentes determinar las responsabilidades que procedan.

Advierte que podría acudir al sistema interamericano

Romero Cortés considera que la prolongación de los procedimientos y la falta de una solución satisfactoria pueden desalentar a otras mujeres que buscan denunciar y defender sus derechos. Por ello, insistió en la necesidad de que la igualdad sustantiva se traduzca en respuestas concretas, investigaciones diligentes y mecanismos de protección efectivos.

«¿Qué se necesita en México para que las mujeres tengamos una vida libre de violencia, que la igualdad sustantiva se haga parte de lo cotidiano?», cuestionó.

La activista convocó a organizaciones de mujeres y la sociedad civil a dar seguimiento al caso y exigir rendición de cuentas. También advirtió que contempla acudir al sistema interamericano de derechos humanos si persisten los obstáculos que, desde su perspectiva, enfrenta para acceder a la justicia.

Para Romero Cortés, su reclamo busca una respuesta que coloque en el centro el acceso a la justicia, la integridad personal y la prevención de la revictimización.

Claudio Serrano, actor de doblaje conocido por poner voz en español a Batman y Ant-Man, denunció que una plataforma de inteligencia artificial clonó su voz sin autorización. El caso expone un problema que preocupa a intérpretes, locutores y creadores: la posibilidad de que sus trabajos sean utilizados para generar nuevas grabaciones sin control sobre el resultado ni compensación económica.

Denuncian que una IA clonó su voz sin autorización

Serrano compartió su denuncia a través de TikTok. Según explicó, una plataforma estadounidense incluye un perfil con su nombre, su imagen y un extracto de una voz clonada que se presenta como si fuera él.

El actor pidió precaución sobre el material que se entrega de forma gratuita a sistemas de inteligencia artificial. “De verdad, mucho cuidado con lo que se le está dando gratis a la IA cuando está protegido por derechos de autor”, señaló en el video.

La plataforma denunciada permitiría utilizar una versión artificial de su voz, una situación que Serrano considera una vulneración de sus derechos. El intérprete advirtió que ese tipo de herramientas puede facilitar la creación de mensajes falsos, incluso con fines dañinos.

“A nadie le gustaría que su trabajo o su mayor valor, en este caso mi voz, estuviera ahí y lo pudiera usar cualquiera para hacer lo que le diera la gana”, afirmó. Su advertencia apunta a la posibilidad de que una persona reconocible aparezca vinculada con declaraciones, amenazas o contenidos que nunca grabó.

Batman, Ant-Man y una trayectoria ligada al doblaje

La voz de Claudio Serrano es reconocida entre los espectadores que consumen películas, series y videojuegos doblados al español de España. Desde 2005, ha interpretado a Batman en distintas producciones.

También ha puesto voz a Ant-Man dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y a Altaïr Ibn-La’Ahad, protagonista de Assassin’s Creed. Su trabajo incluye doblajes de actores como Christian Bale, Ben Affleck, Norman Reedus y Patrick Dempsey.

Esta trayectoria explica el alcance de una clonación no autorizada. Una voz conocida puede ser utilizada para dar apariencia de legitimidad a un mensaje, un anuncio o una grabación creada por terceros.

Serrano señaló además una dificultad que enfrenta al intentar reclamar. Según relató, la plataforma le solicita superar un captcha de voz para demostrar que él es la persona que presenta la denuncia. El mecanismo le exige aportar más muestras de un activo que, precisamente, busca proteger.

El reclamo plantea dudas sobre el control de las voces digitales

El actor comparó ese proceso de verificación con una situación absurda: una víctima que debe volver a sufrir una agresión para probar ante un juez que fue atacada. Su planteamiento refleja la tensión entre los sistemas automatizados de identificación y las personas que buscan retirar contenido generado sin consentimiento.

“Los abogados están con ello y a ver qué podemos hacer”, aseguró Serrano, quien anticipó que el proceso puede exigir tiempo, esfuerzo y recursos. También cuestionó que el reclamo deba dirigirse a una empresa ubicada fuera de España.

La discusión abarca el uso de la voz, aunque puede extenderse a otros trabajos creativos, como la ilustración, el diseño gráfico y la escritura. En todos esos casos, los materiales pueden incorporarse a sistemas que producen contenido a partir de grandes volúmenes de datos.

Detectar contenido generado por IA sigue teniendo límites

La dificultad para identificar audios alterados también impulsó nuevas herramientas de verificación. Google abrió al público global SynthID Detector, un sistema que busca detectar marcas de agua en imágenes, videos y archivos de audio generados por inteligencia artificial.

La herramienta puede indicar si un archivo conserva una señal compatible con SynthID. Sin embargo, un resultado negativo no prueba que el contenido haya sido creado por una persona ni garantiza que sea auténtico.

El caso de Serrano refleja ese límite: mientras las herramientas para producir voces sintéticas se vuelven más accesibles, los mecanismos para reclamar, verificar y retirar copias no autorizadas siguen en desarrollo.

Leonel Orozco es un ciudadano colombiano de 26 años residente en Miami, Estados Unidos, que fue detenido luego de que su esposa alertara a la Policía por el hallazgo de presunto material de abuso sexual infantil en su teléfono celular, según el informe de arresto citado por medios locales del Estado de Florida.

De acuerdo con la información publicada por el portal informativo NBC6, la pareja sentimental de Orozco encontró una carpeta oculta con videos que consideró sospechosos en el dispositivo móvil.

De inmediato, la mujer contactó a las autoridades después de descubrir también imágenes que, presuntamente, habían sido manipuladas de forma digital para simular desnudos de dos menores de edad.

Luego de que los detectives de la Policía de Miami recibieron una declaración jurada de la mujer, lograron acceder al contenido del dispositivo durante la investigación.

En el informe de arresto, citado en medios norteamericanos, quedó consignado que, tras recoger los testimonios, los agentes confrontaron a Leonel Orozco, que aceptó responder preguntas sin la presencia de un abogado luego de que le leyeran sus derechos. El señalado también habría firmado una autorización para que los investigadores revisaran su teléfono.

En ese procedimiento, la Policía dijo haber encontrado cinco videos clasificados como material de abuso sexual infantil bajo la legislación del Estado de Florida. Algunos de los videos involucraban a menores de entre cinco y siete años.

De hecho, se conoció que una de las menores que aparecía en las fotografías fue entrevistada por los agentes. Según el reporte policial, la niña explicó que la imagen original fue tomada durante una reunión familiar y que no autorizó ninguna modificación para que pareciera desnuda.

El acusado continúa detenido por una retención migratoria

Un juez de Miami-Dade encontró causa probable para formular los siete cargos contra Orozco. Cinco corresponden a la presunta posesión de material de abuso sexual infantil y dos a la presunta difusión de imágenes sexuales alteradas sin autorización.

Un tribunal de Miami-Dade fijó una fianza total de 10.000 dólares, aunque permanece bajo custodia por una retención migratoria del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE).

El ciudadano colombiano permanece recluido en el Turner Guilford Knight Correctional Center, en Miami. Además de la fianza judicial, registra una retención de ICE, por lo que podría quedar bajo custodia de las autoridades migratorias incluso si cumple los requisitos para recuperar la libertad dentro del proceso penal.

Incrementa la cifra de colombianos detenidos por el ICE

Sobre los arrestos de colombianos en el país norteamericano, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a 7.157 colombianos entre enero y julio de 2026, un promedio de una detención cada 43 minutos, de acuerdo con los registros recopilados por el Deportation Data Project y publicados por El Tiempo.

La cifra supera en 74% los 4.108 arrestos de ciudadanos colombianos registrados durante todo 2024. El aumento se produjo durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, cuya administración ha reforzado las operaciones migratorias, las detenciones y la ejecución de órdenes de deportación.

Los datos disponibles también muestran una aceleración en los últimos meses del periodo analizado. En abril se registraron 820 arrestos de colombianos; en mayo, 882; en junio, 1.135, y en julio, 1.400 detenciones. Los estados con más detenciones de colombianos fueron Texas y Florida.

Colombia ocupó el séptimo lugar entre las nacionalidades con más arrestos en julio

Dichos datos indicaron que, en julio de 2026, Colombia se ubicó en el séptimo puesto entre las nacionalidades con mayor número de arrestos de ICE.

México encabezó la lista con 20.433 detenciones, seguido por Guatemala, con 7.259; Honduras, con 5.210; Venezuela, con 3.196; El Salvador, con 1.830, y Nicaragua, con 1.447.

El Deportation Data Project indicó que junio y julio fueron los meses con más arrestos de ICE desde el inicio del actual mandato de Trump. El informe también señaló que en julio solo el 27% de las personas arrestadas tenía condenas penales, el porcentaje más bajo de la serie disponible.

De acuerdo con la información que publicó la revista Semana, la campaña de Botero informó gastos por $6.895 millones, de los cuales $4.500 millones provinieron del anticipo estatal autorizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

El entonces presidente del CNE, Christian Quiroz, aprobó el anticipo el 20 de mayo de 2026. El giro se realizó dos días después, cuando faltaban nueve días para la primera vuelta presidencial del 31 de mayo de 2026.

Por ende, Botero cuestionó que ese desembolso se presentara como un gasto excesivo y aseguró que una campaña presidencial requería una suma mayor.

En la pieza audiovisual, Botero Jaramillo confirmó que los recursos entregados por el Estado llegaron nueve días antes de la elección y que el monto resultaba insuficiente para una candidatura presidencial.

“Los $4.500 millones gastados en los nueve días, pues es un anticipo que el Gobierno no solamente debería dar, sino más o menos $25.000 millones nos debería haber dado a los candidatos para poder hacer nuestra campaña. Yo genuinamente creo que soy el candidato, el único de todos los candidatos que se pagó solo la campaña”, afirmó.

Los vínculos de Botero Jaramillo

El exaspirante también rechazó los cuestionamientos hechos en el reportaje sobre pagos registrados por su campaña a Eduardo Isaac Palomino Esper y Ciro Roberto Palomino Esper.

Según la denuncia del medio, uno de ellos figura en registros empresariales con actividades de peluquería y tratamientos de belleza.

Como respuesta, Botero Jaramillo afirmó que la contratación no tuvo relación con servicios de barbería. Según explicó, la empresa a la que se refirió cuenta con actividades de impresión y litografía, además de negocios vinculados con peluquerías.

“Eso del peluquero no es así. Eso es una compañía que tiene una litografía y tiene también unas cuantas peluquerías, pero nosotros contratamos algo de litografía”, dijo Botero.

No obstante, la publicación periodística conoció que la campaña hizo dos pagos por $99,5 millones y $49,9 millones a los hermanos Palomino Esper. El medio indicó que Eduardo Isaac Palomino Esper aparece en el Registro Único Empresarial y Social con una actividad relacionada con peluquería, aunque su familia mostró un registro que incluye técnicas de impresión y productos impresos.

Sobre la propaganda electoral

En cuanto a la información de la campaña, según el artículo del informativo citado, se registraron $5.204 millones para propaganda electoral. Tres compañías concentraron el 96,25% de ese rubro: LTRES Comercializadora SAS, Cónclave LF SAS y D2 Publicidad SAS.

El medio también indicó que LTRES Comercializadora SAS fue matriculada en abril de 2026 y que Cónclave LF SAS se constituyó en marzo del mismo año, semanas antes de la elección presidencial.

Como respuesta, Botero pidió revisar los gastos de las demás campañas. Por eso, afirmó que el cubrimiento periodístico sobre su campaña no aplicó el mismo criterio que, según él, debería emplearse frente a otros candidatos.

“A mí me gustaría que con esa rigurosidad que está haciendo (la periodista Vicky Dávila), revise el costo de las campañas del presidente y de todos los otros candidatos. Yo queriéndome salir de la política en estos tres años, pero como que la política me llama. Yo no quisiera, pues, mostrar toda la información que tengo hoy en día con la doctora Vicky Ávila cuando la atacaba Abelardo. Pero si me toca hacerlo, muestro, porque tengo realmente los chats de ellos con ella, donde muestra una cara muy diferente de la que hoy en día es”, dijo el exaspirante.

No obstante, la publicación de Semana recordó que otros excandidatos presidenciales, entre ellos Sondra Macollins, Claudia López y Mauricio Lizano, también solicitaron anticipos de financiación estatal ante el CNE.

Los fraudes conocidos como “montadeudas” se multiplican en México a través de aplicaciones que ofrecen préstamos exprés sin revisar el Buró de Crédito, pero que terminan en extorsión y robo de datos personales. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) alertó sobre el aumento de este esquema durante la Semana Nacional de Educación Financiera.

Un montadeudas es una aplicación o plataforma que se hace pasar por una institución financiera legítima para ofrecer créditos rápidos, de entre 300 y 10,000 pesos, sin contrato claro ni verificación de capacidad de pago. Una vez otorgado el dinero, los responsables exigen devoluciones hasta cinco veces mayores en plazos de apenas unos días, con intereses que pueden llegar al 85% semanal, y recurren a amenazas contra la víctima y sus contactos para cobrar.

Cómo operan los montadeudas en México

Óscar Rosado Jiménez, presidente nacional de la Condusef, explicó que estas plataformas utilizan nombres “financieros” atractivos, generalmente en inglés, para transmitir confianza. “Es una espiral, son bandas, ellos te lo niegan, y te dicen ve a esta aplicación, sin duda son aplicaciones que no son legales”, afirmó el funcionario.

Rosado detalló que algunas de estas organizaciones operan fuera del país. “Estas aplicaciones o bandas pueden estar operando desde fuera, le llaman a alguien de México y el servidor y central de operación digital puede estar en un país de Asia y el dinero se traslada a un paraíso fiscal”, señaló.

El mecanismo del fraude comienza con la descarga de la aplicación, generalmente promocionada en redes sociales. Al instalarla, el usuario otorga permisos de acceso a contactos, fotografías, ubicación y otra información del teléfono. Con esos datos, los operadores presionan a la víctima mediante llamadas agresivas, mensajes intimidatorios y amenazas dirigidas a familiares o conocidos.

La regla para detectar el fraude, según el funcionario, es simple: si piden dinero por adelantado para “liberar” un préstamo, se trata de una estafa. “La clave es muy sencilla, si te piden dinero para prestarte dinero es fraude, pero en el apremio y la necesidad perdemos esa lógica”, comentó Rosado.

Magnitud del fraude a nivel nacional

Las reclamaciones por fraude ante Condusef crecen de forma sostenida. Durante el primer trimestre de 2026, la comisión recibió 22,199 casos a nivel nacional, de los cuales el 37.4% estuvo relacionado con un posible fraude. Bajo otra medición, la del Buró de Entidades Financieras, tres de cada cuatro reclamaciones se vincularon a posibles fraudes en ese mismo periodo, con un aumento de 31.5% frente al primer trimestre de 2025.

En Nuevo León, las reclamaciones asociadas a un posible fraude ascendieron a 2,519 asuntos, equivalentes al 41.1% del total nacional. De ese grupo, 2,386 casos están vinculados con la banca múltiple, 50 con Sofomes y 46 con Sofipos. El rango de edad con mayor número de reclamaciones se concentra entre los 30 y 39 años, con un alza de 51.1% frente al mismo periodo de 2025.

La Policía Cibernética de la Ciudad de México registró, solo entre enero y febrero de 2026, más de 5,800 reportes por aplicaciones de préstamos fraudulentas, lo que convirtió a este esquema en el ciberdelito más denunciado en la capital. Por su parte, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México identificó 399 aplicaciones con diez o más reportes desde 2021, de las cuales 93 permanecían activas en Google Play y 14 en archivos APK de descarga directa.

En Nuevo León, el delito de extorsión y chantaje, categoría en la que se engloba esta modalidad, ha crecido cerca de 80% desde 2022, de acuerdo con datos oficiales citados durante la presentación de Condusef.

Fuentes oficiales para verificar y denunciar

Antes de contratar cualquier préstamo digital, Condusef recomienda verificar si la institución está registrada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios Financieros (SIPRES), disponible en el portal oficial del organismo. Si la empresa no aparece registrada, no explica con claridad los intereses y comisiones, o solicita acceso innecesario a contactos y fotografías, se trata de una señal de alerta.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de su Policía Cibernética, también emitió una alerta oficial sobre este tipo de aplicaciones. La dependencia recomendó acudir únicamente a instituciones financieras reguladas y evitar compartir datos personales o bancarios por redes sociales o mensajería.

Para consultas o denuncias, los canales oficiales disponibles son:

Condusef, a través del Portal de Queja Electrónica o al teléfono 55 5340 0999.

Policía Cibernética de la Ciudad de México, al número 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx.

Profeco, para denuncias relacionadas con publicidad engañosa o prácticas comerciales abusivas.

Línea 089, para denuncias anónimas ante actividad delictiva relacionada con extorsión.

Qué hacer si ya se cayó en la estafa

Si una persona descargó una aplicación montadeudas y recibió un depósito no solicitado, las autoridades recomiendan no utilizar ese dinero y conservarlo para devolverlo, ya que gastarlo puede dificultar la defensa legal posterior.

El primer paso recomendado es contactar directamente al banco para bloquear transferencias y tarjetas asociadas a la cuenta afectada. De forma simultánea, conviene cambiar todas las contraseñas vinculadas, incluyendo el correo electrónico y las aplicaciones financieras instaladas en el teléfono.

Es fundamental reunir evidencia del acoso: capturas de pantalla de mensajes, llamadas y amenazas recibidas, ya que ese material respalda la denuncia formal. Con esa evidencia, la persona afectada debe presentar su queja ante Condusef y, en paralelo, ante la Policía Cibernética o el Ministerio Público correspondiente.

La SSC de la Ciudad de México subrayó que no se debe ceder ante las amenazas ni realizar pagos adicionales, ya que estas acciones no detienen el acoso y, en la mayoría de los casos, lo intensifican. También recomendó desinstalar de inmediato la aplicación fraudulenta y bloquear los números desde los que se reciben las amenazas.

Por último, Condusef aconsejó activar alertas en el historial crediticio del afectado para prevenir un posible robo de identidad, dado que estas aplicaciones suelen almacenar y comercializar los datos personales obtenidos durante el proceso de registro.

Después de que trascendiera que la Fiscalía especializada que investiga a Facundo Moyano por presuntas lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género volvería a citar a Candela Arizaga cuando regrese al país, la influencer desmintió por medio de redes sociales haber denunciado a su pareja.

“Hace 2 meses tengo prohibido ver a mi novio en mi país. Hablan de tal denuncia, la cual nunca existió”, escribió Arizaga en una historia que publicó en su cuenta de Instagram. El descargo de la joven se conoció luego de que se diera a conocer que la pareja se había reencontrado en España, pese a la vigencia de una restricción de acercamiento.

A raíz de esto, la influencer cuestionó las versiones que circularon desde el 4 de agosto, día en el que se difundieron imágenes suyas mientras corría semidesnuda por la avenida del Libertador, a la altura del barrio porteño de Belgrano. “De 20 testigos, uno solo dijo que yo manifesté que hubo violencia”, apuntó.

En este sentido, la joven pidió prudencia frente a las críticas y remarcó: “No se lo deseo a nadie, así que los que me van a criticar, pónganse a investigar un poco de la situación”. Seguido al descargo, Moyano publicó una serie de imágenes junto a ella, donde la pareja posó abrazada y sonriente en un muelle.

“Antes roto que doblarme, antes muero que dejarte”, escribió el dirigente sindical en la publicación. Además, en una de las fotos se pudo ver un collar que habría sido un regalo del ex diputado para su novia.

Previo a esto, fuentes oficiales del caso explicaron a Infobae que la citación que realizaría la Fiscalía especializada en violencia de género buscaría garantizar el resguardo de la joven. Asimismo, se espera que pueda ampliar su declaración con el acompañamiento de un equipo interdisciplinario y bajo condiciones de resguardo.

Por el momento, no hay una fecha definida, ya que la convocatoria dependerá de cuándo Arizaga vuelva al país. Mientras tanto, la causa continúa en trámite y la restricción judicial que impide el contacto entre ambos sigue vigente en territorio argentino. La disposición establece que Moyano no puede acercarse a menos de 300 metros de Arizaga ni comunicarse con ella.

La investigación se inició el 4 de agosto, luego de que Arizaga fuera vista corriendo semidesnuda por la avenida del Libertador, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención de la Policía de la Ciudad derivó en la apertura del expediente para establecer qué había sucedido previamente en el departamento del ex diputado.

Por otro lado, la fiscal Florencia Nocerez incorporó al expediente una investigación por una presunta desobediencia. La medida apunta a determinar si ambos se encontraron en el Aira Apart Hotel, ubicado en avenida Belgrano 538, pese a la prohibición de acercamiento que rige en el expediente.

El expediente paralelo se abrió a partir de publicaciones en redes sociales que indicaban que ambos podrían haber estado en ese establecimiento. Para verificar si Arizaga ingresó al hotel mientras Moyano se hospedaba allí, entre el 31 de agosto y el 11 de septiembre, la Fiscalía pidió información al alojamiento, secuestró las grabaciones de las cámaras de seguridad e incorporó registros telefónicos.

Además, esta semana, la Justicia recibió los resultados del análisis de geolocalización de los celulares de los involucrados. La pericia fue realizada por la Unidad Especializada en Violencia de Género, Diversidad y Discriminación del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), organismo que depende del Ministerio Público Fiscal porteño.

El estudio comparó los registros de antenas de dos empresas de telefonía para precisar la ubicación aproximada de los dispositivos. Según el informe, los teléfonos de Moyano y Arizaga registraron actividad en celdas cercanas al hotel durante el 1, el 7 y el 11 de septiembre.

La coincidencia más extensa se produjo entre la noche del 1 de septiembre y la tarde del 3. El teléfono de Arizaga comenzó a emitir señal en la zona a las 23:42 del primer día y permaneció activo hasta las 15:55 del 3, durante casi 40 horas. En ese mismo lapso, el dispositivo de Moyano registró actividad desde las 4:29 del 1 hasta las 23:50 del 3.

El 7 de septiembre, el celular de la joven tuvo señal entre las 00:20 y las 11:06, mientras que el de Moyano lo hizo entre las 2:33 y las 21:27. La tercera coincidencia fue el 11: el dispositivo de Arizaga estuvo activo entre las 00:08 y las 23:42, y el del dirigente sindical, entre las 3:13 y las 9:12.

Según su relato, dos personas se presentaron como personal médico para acercarse a ella y, al parecer, obtener información sobre sus pertenencias. El joven aseguró que los hechos ocurrieron alrededor de las 2:20 p. m., cuando en la zona hay alto movimiento de ciudadanos.

De acuerdo con la denuncia, las dos personas ofrecieron hacerle un supuesto examen del corazón, como parte de una brigada que estaban realizando.

“Mi hermana ya se dirigía hacia la estación del Transmilenio cuando dos personas la abordan, personas que se hicieron pasar como médicos y le pidieron que si estaba disponible para hacerle un examen del corazón. A lo que ella accede porque estas personas cuentan con uniformes de color morado y muestran la identificación de que son aptas para poder hacer este tipo de exámenes. Mi hermana se acerca a ellos con confianza y ellos le piden como el tema de los datos, a lo que ella se empieza a sentir un poco mareada”.

Un vendedor habría salvado a la joven del robo

El denunciante relató que su hermana tuvo dificultades para reconstruir lo ocurrido tras sentirse mal. Aunque la afectada recordó que los uniformados le solicitaron recordar “datos de seis dígitos”, además de responder consultas sobre los objetos y aparatos tecnológicos que llevaba en su bolso.

La situación fue advertida por los vendedores ambulantes que se encontraban frente a la estación que decidieron ayudar a la joven a comunicarse con su familia para revelar lo que le había ocurrido.

El joven atribuyó la asistencia inicial a las personas que estaban en el sector frente a la estación: “Mi hermana en esa situación no se podía comunicar con nadie, pero tuvo el angelito del Señor, el vendedor que estaba ahí con ella, a lo cual mi hermana le dio el número de un contacto de emergencia y el señor se logró comunicar con nosotros”.

El joven sostuvo que su hermana “no le pasó absolutamente nada” y que, tras encontrarse con un conocido de la universidad, pudo llegar acompañada a su casa.

En la descripción que acompañó el video, Samu O aprovechó la oportunidad para lanzar una alerta para los ciudadanos: “Mucho cuidado a quien le recibes las cosas en la calle, es mejor pasar por grosero a que llegue a pasar uno por esta situación”.

Alcaldía de Bogotá entregó recomendaciones a los capitalinos para evitar verse afectados por la escopolamina

La Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia identificó patrones de actuación en delitos cometidos con benzodiacepinas y sustancias similares. El equipo de Asistencia Integral a la Denuncia (Aide) recopiló la información y advirtió que la prevención puede reducir el riesgo.

Según los expertos, las sustancias se suministran principalmente polvos o líquidos, por lo general sin alterar el sabor ni desprender olor, así que el exceso de confianza puede aumentar la exposición.

Ante una emergencia o situación sospechosa, se debe llamar de inmediato a la Línea de Emergencias 123. Del mismo modo, la Alcaldía explicó que el equipo Aide ofrece apoyo para denunciar en el teléfono (601) 377 9595, extensión 1137.

Cualquier persona afectada o que sea testigo puede denunciar los actos que son contrarios a la convivencia o delictivos en la ciudad. Es clave hacerlo lo más rápido posible para lograr las sanciones o procesos investigativos que permitan la lucha contra el crimen y contribuir a que Bogotá camine segura.

Una de las habitantes del sector, cansada de la situación, decidió registrar las detonaciones para elevar su súplica ante las autoridades que, según ella, ya tienen conocimiento de la situación.

En medio de las intensas lluvias que se registraron en la tarde del lunes 5 de octubre de 2026, la residente mostró que, tras una explosión, un árbol se incendió cerca de la red eléctrica. La denunciante explicó que los bomberos no utilizaron agua de inmediato por la cercanía de los cables.

“Ahora sí está completamente incendiado el árbol. Los bomberos no han empezado a hacer nada, pero yo creo que es que están esperando que se caiga la, la llama por la rama, porque algo entendí cuando abrí la ventana y empecé a chismosear que no podían echar agua por algo del cable. Entonces, pues toca esperar”, denunció.

Al respecto, el concejal de Bogotá Juan David Quintero retomó la denuncia y pidió explicaciones a Enel Colombia. “Los cables de media tensión de Enel llevan años generando explosiones cada vez que llueve fuerte, hay viento o una rama entra en contacto con la red”, escribió en redes sociales.

El funcionario explicó que, según la comunidad, el problema persiste desde hace más de 10 años. Los residentes aseguran que han presentado reclamos, derechos de petición y una tutela para solicitar una intervención en la infraestructura eléctrica, pero sostienen que Enel Colombia atribuye los incidentes a los árboles y que no se ha planteado una solución real.

Quintero sostuvo que la comunidad ha propuesto el cambio por cables protegidos o el soterramiento de la red.

“La propia comunidad señala que existen alternativas: instalar cables protegidos o soterrar la red. Mientras pasan los años, los cables siguen expuestos y las explosiones continúan”, dijo.

También afirmó que una propuesta aprobada permitirá a la Alcaldía retirar cables en desuso y avanzar en el soterramiento de nuevos tendidos y de parte de la infraestructura activa.

“Todo esto pagado por Enel Colombia, no por los bogotanos”, indicó el cabildante.

Esta es la propuesta del concejal sobre el cableado eléctrico de la capital

El concejal Quintero presentó el 8 de septiembre de 2026 una proposición para que las empresas retiren el cableado aéreo que permanece en desuso en postes y fachadas de la ciudad.

La iniciativa plantea que, si los responsables no cumplen, el Distrito realice el desmonte y les cobre el costo de la intervención. Según el funcionario, la propuesta busca intervenir una infraestructura que incluye redes abandonadas.

“Alrededor del 70% de los cables en los postes de toda la ciudad no sirven, contaminan el espacio público y ponen en peligro a los ciudadanos”, señaló Quintero.

Retirar, soterrar y regular las nuevas redes

El cabildante sostuvo que son fundamentales tres medidas: identificar y desmontar los cables que ya no prestan servicio, trasladar de forma progresiva al subsuelo las redes que continúan activas y exigir que las nuevas instalaciones, ampliaciones, reposiciones o reubicaciones se ejecuten mediante infraestructura subterránea.

“Primero, retirar los cables que ya no sirven; segundo, trasladar progresivamente bajo tierra las redes que actualmente están en funcionamiento; y tercero, establecer que los nuevos cables, ampliaciones, reposiciones o reubicaciones se instalen bajo tierra”, explicó con detalle el concejal.

La obligación de soterrar nuevas redes tendría excepciones cuando exista una imposibilidad técnica, ambiental, urbanística o de seguridad que esté justificada y autorizada.

De acuerdo con la proposición, cada empresa o entidad deberá identificar los cables y demás elementos de su propiedad que estén fuera de uso, detallar su ubicación y presentar un plan de desmonte. La ejecución de esas acciones deberá empezar durante el primer año de vigencia de un eventual acuerdo normativo.

Quintero sostuvo que la medida no crearía una carga tributaria. “Si una empresa deja cables abandonados en el espacio público y no los retira, el Distrito no tiene por qué pagar con recursos públicos una obligación que le corresponde a quien instaló o utilizó esa infraestructura”, afirmó.

El concejal añadió que la iniciativa pretende establecer responsables sobre el cableado instalado en la ciudad.

“Si un cable funciona, debe existir un responsable; si ya no funciona, debe retirarse. Y si una empresa no lo hace, debe pagarle al Distrito lo que cueste quitarlo”, concluyó.

En Puerto Amado, una localidad del norte de Misiones a 60 kilómetros de las Cataratas del Iguazú y pegado a la frontera con Paraguay, Ricardo Ranger cultiva naranjas, mandarinas y limones en 200 hectáreas desde hace años. También convive con una realidad conflictiva. Es que varias veces por semana, alguien entra a su chacra, corta el alambrado, arranca la fruta directamente de las plantas y se la lleva en bolsas para revenderla en la calle a $1000 el kilo.

“Es endémico, nos roban permanentemente”, dijo Ranger a Infobae, a la vez que reveló que desde el 5 de septiembre de 2023, acumula 115 denuncias policiales por robo, un promedio cercano a una por semana que convirtió su establecimiento en un caso testigo de la inseguridad rural en la zona de frontera.

Según contó el productor, hace aproximadamente tres años y medio, el ministro de Gobierno de Misiones, Marcelo Gabriel Pérez, —que tiene a la Policía bajo su órbita— se reunió con Ranger y le hizo un pedido concreto: que denunciara cada robo, uno por uno, para dimensionar el problema con datos oficiales.

Cuando la cifra rondaba las 80 exposiciones, el productor llevó un informe al Ministerio con la expectativa de que el registro sirviera de algo. “La verdad que respuesta ninguna, porque nos siguen robando”, afirmó. Esta tarde, aseguró a este medio, presentará la denuncia número 116.

Robos de hasta 1.000 kilos por semana

Los episodios no son esporádicos, sino que ocurren una, dos o hasta tres veces por semana. Según detalló Ranger, los delincuentes se llevan entre 100 y 200 kilos por incursión, aunque en algunas oportunidades el volumen trepó a los 1.000 kilos. La semana pasada, aseguró, le sustrajeron 400 kilos; en los días siguientes, otros 300. La mercadería —mandarina, naranja y limón— se revende después en la vía pública, y el productor asegura que conoce a buena parte de los responsables: “siempre los mismos, que reinciden sin consecuencias”.

El fenómeno tuvo su pico hace cuatro años, cuando las pérdidas alcanzaron las 400 toneladas de fruta por año. Hoy el volumen es menor, pero la frecuencia se mantiene.

La violencia escaló al punto de que sostener vigilancia privada en determinados sectores resulta inviable. “Ningún obrero se anima a trabajar”, contó Ranger a este medio. Según su relato, los delincuentes ingresan armados y disparan contra quienes intentan frenarlos. “Es tierra de nadie y una anarquía total”, definió.

El propio productor reconoció que hubo períodos en los que el trabajo policial permitió reducir los robos a cero. “Cuando las cosas se hicieron bien, logramos el robo cero. Se logró cuando la Policía hizo las cosas bien”, admitió.

Sin embargo, Ranger cuestionó el funcionamiento del sistema judicial en la zona. “La Policía agarró a un grupo de ladrones varias veces. Pero la Justicia al otro día los larga”, sostuvo. Mantiene además 15 causas como querellante, todas paralizadas según su testimonio, y presentó 12 prontos despachos para intentar acelerar los expedientes. Existe, además, un oficio judicial emitido hace aproximadamente tres años que ordena a la Policía realizar recorridas en los sectores donde se concentran los robos. “Está todo judicializado, pero nos siguen robando”, señaló.

La inseguridad transformó la estructura productiva de la región. Varios productores vecinos abandonaron el cultivo de cítricos y reconvirtieron sus campos a la forestación o a la yerba mate ante la imposibilidad de contener los saqueos. El establecimiento de Ranger es, en la práctica, el último de su tipo que resiste en el área y emplea a unas 10 familias de la zona.

Pese al desgaste acumulado, el productor aseguró que seguirá denunciando. “Si uno no tiene Justicia ni seguridad jurídica, no puede trabajar”, concluyó.

Padres y madres de niñas y niños con cáncer presentarán este miércoles 7 de octubre de 2026 una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, por los delitos de genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo.

El movimiento denunciante los señala como responsables de un esquema de contratos irregulares en la compra de medicamentos oncológicos que, según sus propios cálculos, habría costado la vida de más de 5,000 niñas y niños en el país.

La acción legal será encabezada por el Movimiento Nacional por la Salud “Papás de Niños con Cáncer”, en conjunto con la Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., según un comunicado de prensa.

Quién es Amílcar Olán y por qué lo señalan

Jorge Amílcar Olán Aparicio es dueño de Romedic S.A. de C.V., empresa constituida en 2020 que recibió más de 490,000,000 de pesos en contratos de los gobiernos morenistas de Tabasco y Quintana Roo, entre 2020 y 2022, para surtir medicamentos e insumos médicos con recursos del extinto Instituto de Salud para el Bienestar.

El primer contrato, por 61,000,000 de pesos para suministros como jeringas y gorros quirúrgicos, fue asignado por el gobierno de Adán Augusto López en Tabasco apenas cuatro meses después de que se constituyera la empresa.

Tres meses después de que Mara Lezama asumiera como gobernadora de Quintana Roo, su administración otorgó a Romedic un contrato por 274,000,000 de pesos para la compra de medicamentos. Seis días antes de esa firma, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) había incluido a la empresa en la lista de distribuidores que no cumplen con la regulación sanitaria, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.

López Beltrán no aparece en estos contratos como funcionario ni como parte formal de Romedic. Su nombre se vincula al caso por su amistad personal con Olán, a quien reportajes periodísticos describen operando bajo la cercanía de los hijos del expresidente Andrés Manuel López Obrador con los gobernadores morenistas que otorgaron los contratos. Este “cobijo” también le permitió a Amílcar Olán acceder a contratos de suministro de balasto para el Tren Maya y otras mega obras del sexenio.

El comunicado acusa contratos irregulares y empresas fantasma

El documento difundido por las organizaciones civiles atribuye el desabasto al “otorgamiento de contratos irregulares y la simulación en la compra de medicamentos e insumos hospitalarios mediante esquemas de contratación opacos y empresas fantasmas”, lo que, según el texto, “privó de manera directa a la niñez mexicana de sus tratamientos de quimioterapia de forma oportuna y continua”.

Las organizaciones calificaron la falta de medicamentos como “este agravio a la vida y al derecho fundamental a la salud violentado sistemáticamente por este Régimen Genocida”.

La querella no se limita a los dos señalados: el escrito busca que se investigue también a “quienes resulten responsables” de los hechos. Según el comunicado, la cifra de más de 5,000 menores fallecidos corresponde a niñas y niños “que no debieron haber fallecido de tener sus medicamentos en tiempo y forma debida de acuerdo a los protocolos médicos”.

La presentación de la querella se realizará en las instalaciones de la FGR, ubicadas en la Glorieta de Insurgentes, en la Ciudad de México, a las 11:00 horas. El comunicado detalla que, tras la entrega del escrito, las organizaciones ofrecerán una conferencia de prensa.

Dónde están y qué hacen Andy y Amílcar Olán

Andy López Beltrán se encuentra en plena campaña interna dentro de Morena. El pasado 1 de octubre, confirmó en sus redes sociales su registro como aspirante a la diputación federal por el Distrito 6 de Tabasco, de cara al proceso electoral de 2027, y continúa con recorridos casa por casa en municipios como Centro y Jalapa, en su estado natal.

Por su parte, Jorge Amílcar Olán Aparicio, fue localizado recientemente en un departamento de lujo en Lugano, Suiza, de acuerdo con un reportaje de TV Azteca. El empresario abandonó esa residencia pocos días después de que se difundiera su ubicación.

No ha ofrecido declaraciones públicas sobre los señalamientos que pesan en su contra.

Según la Encuesta sobre Agresión Sexual y Conductas Relacionadas (SARM) de 2025 —exigida por el estado de Nueva York— una de cada tres mujeres de pregrado en la Universidad de Cornell afirmó haber sufrido contacto sexual no consensual durante su tiempo en la institución. Entre los hombres, el porcentaje fue del 8%.

El informe llega en un momento de particular tensión para la Ivy League ubicada en Ithaca: una ex estudiante identificada como Jane Doe presentó en septiembre de 2026 una demanda civil de 101 páginas contra siete ex integrantes de la fraternidad Chi Phi, a quienes acusa de haberla drogado y agredido sexualmente en octubre de 2024.

El caso, que la fiscalía había archivado sin cargos, volvió a ponerse en marcha ante la justicia penal, según informó ABC News.

Lo que reveló la encuesta sobre el entorno donde ocurren las agresiones

El informe, elaborado por el Grupo de Trabajo Presidencial sobre Agresión Sexual en el Campus de Cornell, concluyó que las tasas de agresión “siguen siendo persistentemente altas a pesar de una larga historia de acciones para abordar el problema”.

El alcohol estuvo presente en la mayoría de los incidentes: el agresor lo había consumido en el 62% de los casos y la víctima en el 55%.

En la mitad de los episodios, las personas afectadas declararon haber estado conscientes pero incapacitadas por alcohol o drogas; el 19% dijo haber perdido el conocimiento.

La diferencia entre mujeres afiliadas a fraternidades o sororidades y las que no lo estaban resultó marcada: el 52% de las vinculadas a organizaciones griegas reportó haber sido víctima de agresión sexual, frente al 29% entre quienes no tenían esa afiliación.

Por qué los especialistas creen que el problema es mayor de lo que muestran los datos

Jennifer Simmons Kaleba, vicepresidenta de comunicaciones de la Red Nacional contra la Violación, el Abuso y el Incesto (RAINN), la mayor organización antiviolación sexual de Estados Unidos, señaló que los datos relevados subestiman la magnitud real del problema.

“Si hay una conclusión que sacar de todo esto, es que sabemos con certeza que el fenómeno está subregistrado”, afirmó en declaraciones a ABC News.

La organización que dirige estima que 1 de cada 6 mujeres universitarias de primer año sufre una agresión sexual en su primer año de estudios, y que 1 de cada 4 mujeres y 1 de cada 14 hombres de pregrado padecen una violación o agresión sexual por la fuerza o incapacitación antes de graduarse.

El caso que puso a Cornell en el centro de la tormenta

Los datos de la SARM se conocieron en paralelo al escándalo que envuelve a Chi Phi, fraternidad cuya sede en Ithaca fue clausurada tras las denuncias.

Doe, que tenía 20 años en el momento de los hechos, afirma que llegó a la casa de la fraternidad la noche del 19 de octubre de 2024 tras haber consumido alcohol y que, una vez adentro, fue presionada a consumir ketamina hasta quedar incapacitada, momento en que siete integrantes la habrían agredido sexualmente.

Uno de ellos habría enviado un mensaje al grupo de Snapchat “Chi Phi Actives” invitando a otros miembros a subir.

La fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos en 2024, con el argumento de que la declaración policial de Doe describía su participación en el consumo de drogas y en el contacto sexual como voluntaria y consensuada.

Sin embargo, la demanda presentada ante los siete acusados, Cornell, la fraternidad Chi Phi, la sororidad Delta Delta Delta y otros demandados, expuso versiones sustancialmente diferentes.

El fiscal Matthew Van Houten señaló que su oficina no contaba con la transcripción completa de la entrevista de Doe, en la que ella declaró tener “100% de confianza” en su denuncia de violación.

Ante esa revelación, Van Houten confirmó el 27 de septiembre de 2026 que reabrió la investigación y anunció su intención de llevar el caso ante un gran jurado. “Queremos reexaminar si existe evidencia adicional de la que no teníamos conocimiento en noviembre de 2024 y que cambiaría nuestra evaluación del caso”, dijo el funcionario a ABC News.

Cómo respondió la universidad ante las denuncias

La universidad sostiene que llevó a cabo una investigación detallada bajo el Título IX que incluyó al menos 12 audiencias, 50 entrevistas con 32 testigos y un panel de docentes y personal capacitado que deliberó durante varios días.

Al cierre de ese proceso, se aplicaron expulsiones y suspensiones, aunque Cornell no identificó públicamente a los sancionados. La institución negó que los acusados hayan recibido sanciones reducidas a cambio de redactar ensayos, como sostiene la demanda civil.

Tres de los siete demandados rechazaron las acusaciones a través de sus abogados. Las defensas de Scott Kretzschmar y Scott Norris emitieron comunicados en los que niegan la participación de sus clientes en los hechos denunciados.

La gobernadora de Nueva York y la fiscal general se sumaron al caso

La presión pública derivó en una escalada institucional. La gobernadora Kathy Hochul exigió que Cornell contrate un abogado externo para llevar adelante una investigación independiente sobre el manejo del caso y la cultura del campus, pedido al que la universidad accedió.

El 1 de octubre de 2026, Hochul firmó una orden ejecutiva que designa a la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial para el caso de la supuesta violación grupal en Chi Phi.

La demanda incluye entre los demandados a un bar de Ithaca llamado Moonies, que habría servido alcohol a Doe —que entonces tenía 20 años— la noche del incidente.

El conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia sumó un nuevo episodio luego de que la viuda de Julián Figueroa reapareciera públicamente en medio de los diferentes procedimientos que han surgido alrededor de su familia.

La situación volvió a generar preguntas sobre el alcance de las acciones legales que mantienen enfrentadas a ambas y sobre el estado de su hijo, José Julián.

La presencia de Imelda ante las autoridades también provocó dudas respecto a si Maribel Guardia estaba directamente involucrada en la audiencia, especialmente después de las recientes denuncias y declaraciones cruzadas entre ambas partes.

Imelda Tuñón acude al Reclusorio Norte por medidas de protección

Imelda Tuñón acudió a los juzgados penales del Reclusorio Norte, en Ciudad de México, donde se llevó a cabo una audiencia relacionada con las medidas de protección solicitadas por su defensa.

De acuerdo con lo explicado por su abogada, Anel Beltrán, un juez determinó ratificar dichas medidas a favor de la cantante.

La diligencia ocurrió mientras continúan abiertos distintos frentes legales relacionados con el conflicto familiar.

Uno de los más recientes surgió después de las declaraciones de Imelda sobre los medicamentos que habría conseguido para Julián Figueroa, situación por la que el equipo legal de Maribel presentó una denuncia de hechos ante la Fiscalía de la Ciudad de México.

Esa investigación contempla señalamientos que todavía deben ser analizados por las autoridades y no representan una determinación de responsabilidad penal contra Tuñón.

Sin embargo, la reciente audiencia correspondió a otro procedimiento. La defensa de Imelda explicó que las medidas de protección están relacionadas con la exposición pública del conflicto y con las declaraciones realizadas alrededor del caso.

La abogada también fue cuestionada sobre la situación de José Julián, ante las versiones que habían circulado durante los últimos días.

Beltrán aseguró que el menor se encuentra bien, mientras que la propia Imelda ha rechazado las versiones que apuntaban a que hubiera abandonado México para evadir las consecuencias de las acciones legales en su contra.

¿Maribel Guardia está involucrada en las medidas de protección?

La información publicada inicialmente sobre la audiencia no identificó a Maribel Guardia como contraparte de la diligencia ni precisó públicamente la carpeta judicial relacionada con las medidas.

Por ello, no debe confundirse la comparecencia de Imelda con una audiencia derivada directamente de la denuncia que Guardia presentó recientemente.

No obstante, integrantes del equipo jurídico de Tuñón explicaron que las medidas de protección fueron solicitadas contra Maribel Guardia, Marco Chacón y posteriormente también contra el abogado Alonso Beceiro.

Según la defensa, el objetivo es evitar que las personas involucradas continúen realizando declaraciones sobre el caso en medios de comunicación y que la información sea tergiversada o utilizada para mantener la confrontación pública.

La abogada Anel Beltrán señaló que Guardia, Chacón y Beceiro fueron notificados, aunque no acudieron a la audiencia.

De acuerdo con la defensa, las medidas buscan establecer restricciones respecto a las declaraciones públicas relacionadas con la situación legal de Tuñón.

Este punto resulta relevante porque Maribel Guardia sí aparece relacionada con las medidas de protección, pero eso no significa que haya acudido al Reclusorio Norte ni que la audiencia haya sido una comparecencia de la actriz. Se trata de una diligencia en la que se ratificaron medidas solicitadas por Tuñón.

El nuevo episodio se suma a la denuncia presentada por Guardia después de las declaraciones de Imelda sobre los medicamentos de Julián Figueroa, así como a otros señalamientos que han surgido alrededor del cuidado de José Julián.

Cada procedimiento deberá analizarse por separado para evitar confundir acusaciones, denuncias y resoluciones judiciales.

Por ahora, la audiencia del 2 de octubre de 2026 dejó dos elementos centrales: las medidas de protección a favor de Imelda Tuñón fueron ratificadas y su defensa confirmó que Maribel Guardia sí está contemplada dentro de esas medidas, aunque no estuvo presente durante la diligencia. El conflicto entre ambas continúa así por distintas vías legales

Imelda Tuñón asegura que no teme la denuncia interpuesta por Maribel Guardia y niega haber abandonado el país tras el inicio del nuevo proceso legal en su contra. En entrevista con el periodista conocido como “El Fernan”, la cantante aseguró que regresó a México sin restricciones judiciales.

“Yo regresé aquí, cero temor por esa denuncia que se me interpuso y de hecho qué bueno que lo hicieron porque creo que le podemos dar un revés bastante favorable”, declaró Tuñón.

La denuncia incluye tres señalamientos penales

El abogado Alonso Beceiro, representante legal de Maribel Guardia, detalló ante el programa Venga la Alegría que la denuncia presentada ante la Fiscalía de la Ciudad de México contempla tres puntos. El primero es delitos contra la salud por obtención ilícita de estupefacientes o medicamentos controlados mediante engaño a médicos.

El segundo señalamiento corresponde al suministro de medicamentos controlados a Julián Figueroa, esposo de Tuñón y fallecido en abril de 2023. El tercero plantea la posibilidad de un homicidio del cantante, hijo de Guardia y de Joan Sebastian.

La acción legal surgió después de que Tuñón admitiera, en el podcast Mesa Cero, haber manipulado a su psiquiatra mediante la simulación de episodios de ansiedad e insomnio para conseguir recetas médicas. Según explicó entonces, el objetivo era obtener fármacos para Figueroa, ya que los especialistas que lo atendían se negaban a prescribirle medicamentos para dormir.

Imelda Tuñón niega haber huido tras conocerse la denuncia

Tras darse a conocer la acción legal de Guardia, Tuñón compartió en sus historias de Instagram imágenes de la carretera rumbo a Reynosa, Tamaulipas, con la leyenda “Bye México”. Publicaciones posteriores con letreros en inglés llevaron a sus seguidores a especular que se encontraba en Houston.

La cantante reapareció en la Ciudad de México y rechazó las versiones sobre una fuga. “Huyendo no estoy y miedo al abogado Beceiro no tengo”, afirmó. Aseguró además que no existe una orden de aprehensión en su contra ni ha recibido notificación que le impida salir del territorio nacional.

Sobre el viaje, Tuñón aclaró que sí ocurrió, aunque evitó precisar la fecha exacta por motivos de seguridad. “Yo no puse en qué fecha lo hice, nada más puse que me fui; sí sucedió, pero no les puse cuándo, tampoco soy tonta como para poner mi paradero en el momento en que estoy ahí”, explicó.

La limpieza de la habitación tras la muerte de Julián Figueroa

Durante la entrevista, la reportera cuestionó a Tuñón sobre versiones que indican que, tras la muerte de Figueroa, ella habría limpiado la habitación donde ocurrió el deceso. “También se dice que en el momento tras la muerte te pusieron a limpiar la habitación, de qué limpiaste la habitación tú, por qué tenías que limpiarla”, preguntó la periodista.

Tuñón respondió sin negar el hecho, pero matizó su participación. “No fui la única persona que limpió, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso también se va a investigar dentro de la carpeta”, contestó.

La familia conocía la situación de Julián Figueroa

La entrevista abordó también si la depresión que atravesaba Figueroa lo habría llevado a consumir un mayor número de sustancias tóxicas, lo que finalmente pudo afectar su corazón. Tuñón no respondió de forma directa a esta pregunta, pero dejó entrever que la situación de su expareja era compleja y que toda la familia tenía conocimiento de ella.

“Híjole, yo creo que todo mundo sabía lo que estaba pasando y todos en la familia dijimos muchas mentiras, la verdad, para cubrir esto, para mantener a flote la familia, para mantenernos unidos y al final del día no salieron bien las cosas porque sí le fue bastante mal, pero digo, ya era un adulto, ya lo que él hizo y lo que no hizo, y cómo se sentía pues sí hubiéramos podido intervenir, hubiéramos intervenido”, mencionó.

Maribel Guardia expresa preocupación por su nieto

Maribel Guardia dio sus primeras declaraciones sobre la denuncia que presentó contra su exnuera. La actriz señaló que no estaba tranquila tras conocer la salida del país de Tuñón y pidió “que el niño esté bien”, en referencia a su nieto de 9 años.

Guardia afirmó que no quería proceder legalmente contra la viuda de su hijo, pero que “no hubo remedio”. La actriz lleva aproximadamente dos años sin poder ver a su nieto, en medio de un proceso que mantiene con Tuñón relacionado con custodia, manutención y herencia del menor.

El conflicto entre ambas se desarrolla desde la muerte de Figueroa en abril de 2023 y ha sumado distintos procedimientos legales a lo largo de los últimos dos años. La nueva denuncia abre un frente adicional a la disputa que ya existía entre la actriz y su exnuera.

“Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió Paula en el comunicado, en el que confirmó además que ya cuenta con nueva asistencia legal para continuar con el proceso.

La decisión llegó horas después de que González explicara públicamente los motivos de su alejamiento del caso. En diálogo con Yanina Latorre en el programa SQP (América TV), la letrada remarcó que su estrategia profesional se orientaba a evitar la exposición mediática de la denunciante mientras se completaban las presentaciones judiciales. “En primera medida, yo la verdad que no trabajo con este tipo de causas de esta manera. No mediatizo a las víctimas”, sostuvo la abogada, quien remarcó su trayectoria de dos décadas en el abordaje de casos de violencia de género.

Según relató González, el quiebre con su entonces clienta se precipitó después de que Paula participara de un programa de televisión mientras la abogada se encontraba en una audiencia judicial. “Mi consejo profesional hacia Paula era que no salga en los medios, que no hablara hasta que no tengamos todo lo judicial presentado”, explicó la letrada, quien aseguró haberse enterado de esa aparición televisiva recién al finalizar su actividad en tribunales ese mismo día.

La abogada confirmó que mantuvo una conversación con Paula antes de formalizar su salida del caso. “Sí, lo hablé con ella. Me comentó que iba a hablar con otra profesional. Disiento de la forma en que lo quieren manejar y prefiero mantenerme al margen”, relató González, quien evitó profundizar en otros detalles del intercambio por estar alcanzados por el secreto profesional. La letrada también descartó que su renuncia estuviera vinculada a una disputa con la abogada Ana Rosenfeld, cuyo nombre había circulado como posible incorporación a la defensa de la denunciante.

Durante la misma entrevista, González brindó precisiones sobre el recorrido judicial del expediente. Explicó que la denuncia original había quedado radicada en el Juzgado N° 50, aunque solicitó su remisión al Juzgado N° 6, donde ya existía una causa anterior vinculada al mismo hecho. De acuerdo con su relato, aquella primera presentación fue archivada después de que Paula no concurriera a ratificarla ni a cumplir con las instancias correspondientes, entre ellas las pericias previstas para este tipo de procesos. “No es que la prueba fue insuficiente, no es que él fue sobreseído de la causa”, aclaró la abogada, al remarcar que la fiscalía interviniente deberá ahora definir si corresponde reabrir esa investigación.

En paralelo a los movimientos en el plano legal, la causa sumó un nuevo capítulo mediático a partir de la difusión de conversaciones privadas entre Levinton y la denunciante. El periodista Martín Candalaft mostró en el programa DDM (América TV) una serie de mensajes que, según explicó, el músico incorporará como prueba en el expediente judicial. “Esta es la prueba que va a presentar en la Justicia”, remarcó el panelista al exhibir las capturas de pantalla correspondientes a los intercambios mantenidos por Instagram entre ambos.

De acuerdo con el análisis del periodista, los chats mostrarían una insistencia sostenida por parte de Paula para mantener comunicación con el músico a lo largo de varios meses. Entre los mensajes difundidos apareció uno en el que la denunciante le ofrecía a Levinton una propuesta laboral vinculada a una inmobiliaria. “¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco”, escribió, según el material difundido en el ciclo televisivo.

Candalaft también señaló que buena parte de esas conversaciones no recibían respuesta del músico y remarcó la constancia de los envíos por parte de la denunciante a lo largo del tiempo. “Cuatro meses seguidos donde no paraba de escribirle”, indicó el periodista, quien agregó que entre el material existiría contenido de carácter íntimo enviado por la propia Paula durante ese período de intercambio.

La causa tiene como antecedente una denuncia anterior presentada por Paula contra Levinton, que había sido archivada tras la falta de ratificación de la denunciante. En septiembre de este año, Paula volvió a presentar la denuncia contra el músico, quien negó las acusaciones en su contra y presentó elementos para su defensa ante la Justicia.

“Jamás he maltratado, ni he agredido, ni mucho menos he abusado de una mujer”. Con esas palabras, Joaquín Levinton negó ante la Justicia la primera denuncia por abuso sexual que había realizado en su contra la misma mujer que esta semana volvió a acusarlo de violación.

El cantante de Turf lo hizo a través de un descargo espontáneo presentado en la causa iniciada en diciembre de 2023. En aquel escrito, al que ahora accedió Infobae, no solo rechazó la acusación: aportó pasajes de avión y el anuncio de un recital de su banda para sostener que estaba en Mendoza en el momento en que la denunciante ubicó el hecho. También acompañó registros de llamadas y capturas de conversaciones que mantuvieron posteriormente.

La investigación comenzó el 4 de diciembre de 2023, a partir de una comunicación que la mujer realizó al 911. Allí manifestó que mantuvo una relación amorosa con Levinton entre 2015 y 2020 y denunció un abuso que, según su relato, había ocurrido el sábado 24 de junio de ese año.

De acuerdo con la reconstrucción de la acusación, la mujer sostuvo que esa mañana recibió un llamado de Levinton, quien la habría invitado a su domicilio. Una vez allí, denunció que el músico la obligó a consumir drogas y abusó sexualmente de ella mientras eran filmados por otras dos mujeres, de quienes no aportó datos.

Levinton dio una versión completamente diferente.

El viaje a Mendoza

Uno de los principales argumentos que expuso en su defensa estuvo relacionado con dónde se encontraba el 24 de junio de 2023.

Según sostuvo en su presentación, la denuncia ubicaba el llamado que habría dado inicio al encuentro a las 6 de la mañana de ese día. Sin embargo, el músico afirmó que a esa hora no estaba en la Ciudad de Buenos Aires, sino en Mendoza.

Para respaldarlo presentó documentación de su viaje. El pasaje, al que accedió Infobae, muestra que Levinton voló desde Aeroparque hacia Mendoza el miércoles 21 de junio. El vuelo AR 1402 de Aerolíneas Argentinas partía a las 8 y tenía prevista su llegada a las 9.55.

Dos días después, el viernes 23 de junio a las 22, Turf tenía programado un recital en el Cine Teatro Plaza de Godoy Cruz, según el flyer del espectáculo que también fue incorporado por su defensa.

El regreso estaba previsto recién para el sábado 24 de junio. El pasaje indica que el vuelo AR 1415 salía de Mendoza a las 13.50 y llegaba a Aeroparque a las 15.25.

“En ese momento, me encontraba en la provincia de Mendoza”, remarcó Levinton en su descargo. A partir de esos registros, sostuvo que resultaba “materialmente imposible” que hubiera estado en su domicilio porteño a la hora consignada en la acusación.

Qué dijo Levinton sobre la relación

En su descargo, el cantante reconoció que conocía a la mujer desde hacía aproximadamente siete años porque había sido vecina suya. Dijo que primero tuvieron una amistad y que posteriormente mantuvieron, durante un período que describió como breve, “una relación más íntima”, aunque aseguró que “no ha sido un vínculo formal”.

También sostuvo que la última etapa del vínculo había sido “muy traumática” para él y afirmó que había atravesado situaciones de “acoso” por parte de la mujer. Habló de llamadas insistentes, visitas a su domicilio y episodios que, siempre según su versión, lo llevaron incluso a mudarse temporalmente a la casa de su madre.

“Jamás he maltratado, ni he agredido, ni mucho menos he abusado de una mujer”, escribió al comenzar su defensa. Más adelante volvió a negar específicamente la acusación: “Jamás he abusado a la denunciante, ni he sido agresivo ni violento con ella”.

Los mensajes mientras la causa estaba abierta

El otro elemento que Levinton incorporó a aquella causa fueron comunicaciones posteriores con la denunciante, producidas mientras el expediente todavía estaba en trámite.

Según relató en el escrito, el 3 de agosto de 2024 comenzó a recibir nuevamente llamadas de la mujer. Levinton aseguró que durante una de esas comunicaciones ella le pidió que la desbloqueara de Instagram y que retomaran el vínculo. Después de consultar a su abogado, sostuvo, decidió indicarle que no podía continuar hablando con ella porque la situación estaba en manos de la Justicia.

Dos de las capturas a las que accedió este medio muestran precisamente esa conversación.

“¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. A escondidas”, le escribió la mujer. Levinton contestó: “Lamentablemente yo tengo que seguir lo que dice el abogado porque esto está en manos de la Justicia”.

Ella volvió a insistir: “¿Quién se entera de la videollamada? Es un toque”, y luego le envió otro mensaje de contenido sexual. “¿Quién se entera del pete de tu vida? ¡Nadie!”. En otra ocasión le dijo: “¿Quién se entera? Sin teléfono voy yo. A escondidas. Me acabás adentró de la boca todo completo (sic)”.

En su presentación judicial, Levinton afirmó que el 4 y el 5 de agosto también recibió sucesivos llamados y mensajes. Incluso reprodujo otro mensaje que atribuyó a la denunciante: “Decile a tu abogado que te estoy tratando de ayudar con lo que voy a decir en la audiencia. Mientras tanto, podemos vernos a escondidas”.

El cantante presentó esas comunicaciones como parte de su defensa y sostuvo que eran incompatibles con el temor que la mujer había manifestado sentir hacia él.

Por qué se archivó la primera denuncia

Aquella investigación fue archivada el 30 de mayo de 2024 por la jueza María Alejandra Provitola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°6. La decisión fue posteriormente ratificada por la Sala VII de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, integrada por los jueces Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto.

Según la resolución, luego del llamado al 911 los investigadores intentaron contactar reiteradamente a la denunciante para que se presentara en la comisaría y ratificara sus dichos, pero no respondió los llamados.

La Dirección Nacional de Asistencia a las Víctimas logró ubicarla en cuatro oportunidades y, de acuerdo con los camaristas, manifestó que no quería continuar con el proceso y que tenía miedo. También se negó a concurrir al juzgado y al Cuerpo Médico Forense.

La resolución consignó además que, durante una entrevista con una profesional, la mujer negó haber realizado la denuncia y aseguró que ni siquiera conocía a Levinton. La especialista advirtió “gran resistencia” ante las preguntas y señaló que la mujer se esforzaba por negar lo que había manifestado durante el llamado al 911. Sin embargo, los registros de esa comunicación permitieron establecer que había sido ella quien había contactado al servicio de emergencias.

Ante ese escenario, Provitola sostuvo que se encontraba “imposibilitada de proceder”. Al confirmar el archivo, los camaristas remarcaron que se trataba de un delito de instancia privada y que “la necesidad de instar la acción penal es una condición previa y necesaria para la formación de la causa”. La resolución también señaló que la mujer se había rehusado a recibir citaciones policiales y no había respondido a las convocatorias electrónicas enviadas desde el juzgado para que ratificara la denuncia. Levinton nunca fue indagado en aquella causa, aunque presentó a su abogado ante el Juzgado N°6.

Este jueves, la abogada de la mujer, Adela González, remarcó que aquella resolución no fue un sobreseimiento y sostuvo que su clienta no continuó entonces con la denuncia porque tenía miedo.

La propia denunciante habló también públicamente este jueves y afirmó que había decidido no avanzar en aquel momento por temor. “Nadie conoce su costado de monstruo”, aseguró.

El exgobernador regional del Callao Dante José Mandriotti Castro fue condenado a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión agravada. La decisión fue emitida por el juez Gino Paolo Delzo Livias, del Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao.

La sentencia también alcanza a Jaime Francisco Romero Bonilla, quien recibió cuatro años de prisión efectiva como autor del mismo delito. Daniel Jesús Villalobos Sampén fue condenado a siete años de pena privativa de libertad efectiva en calidad de cómplice primario.

El proceso judicial está relacionado con las contrataciones efectuadas con motivo del XI GORE Ejecutivo 2019. La investigación se concentró en la forma en que se establecieron los requerimientos y en las actuaciones previas a la selección de los proveedores.

Además de las penas de prisión, el juzgado impuso inhabilitación y días-multa a los condenados. La resolución también determinó el pago de una reparación civil a favor del Estado por S/ 118.900, monto que deberá ser asumido de manera solidaria por los sentenciados.

Juzgado cuestiona la justificación de los requerimientos

Según la sentencia, las contrataciones vinculadas al XI GORE Ejecutivo 2019 no contaron con una justificación suficiente respecto de su necesidad. El juzgado examinó la secuencia de actuaciones que precedió a la contratación de los servicios.

Uno de los elementos considerados fue la existencia de contactos previos con determinados proveedores antes de la formalización de los requerimientos. Posteriormente, los estudios de mercado estuvieron vinculados con esos mismos proveedores.

Para el órgano jurisdiccional, esta secuencia permitió establecer un direccionamiento de las contrataciones hacia determinados proveedores. Este elemento formó parte de los fundamentos utilizados para establecer la responsabilidad penal por colusión agravada.

La resolución también determinó la absolución de Lino Antonio Vigil Delgado, Eli Augusto Caqui de los Ríos y Julia Elena del Castillo Pancorvo.

El juzgado estableció que no se acreditó la participación dolosa de estas tres personas en el acuerdo colusorio. Por ese motivo, sus situaciones fueron diferenciadas de aquellas correspondientes a los condenados.

La decisión, por tanto, estableció responsabilidades distintas dentro del mismo proceso, según los elementos considerados por el juzgado respecto de la intervención de cada procesado.

Investigación fiscal previa a la sentencia

El caso ya había sido objeto de una investigación del Ministerio Público antes de la emisión de la sentencia. En agosto de 2022, la Fiscalía informó sobre el pedido de una condena de cinco años y 11 meses contra Dante Mandriotti por los hechos relacionados con las contrataciones del XI GORE Ejecutivo 2019.

En esa etapa, el Ministerio Público sostuvo que contaba con elementos de convicción para sustentar su acusación y señaló que la investigación comprendía a otros funcionarios y personas vinculadas con las contrataciones.

Posteriormente, en enero de 2023, el Ministerio Público informó que el Poder Judicial dictó comparecencia con restricciones contra Mandriotti y otros investigados por el presunto direccionamiento de un contrato relacionado con el evento.

La sentencia emitida por el Primer Juzgado Penal Unipersonal Permanente de la Corte Superior de Justicia del Callao estableció las responsabilidades penales correspondientes dentro del proceso y fijó la reparación civil de S/ 118.900 a favor del Estado.

El colectivo hacktivista DLR exhibió a un gestor cultural de Campeche y Yucatán como presunto integrante de una red de pederastia. El señalado, identificado como Carlos S. t Claudio S., es maestro de lengua maya del colectivo Wey yano’one’ y originario de Hecelchakán, Campeche.

Los señalamientos comenzaron el 21 de septiembre de 2026, cuando DLR lo acusó de ofrecer servicios sexuales de una adolescente de 15 años en un grupo de Facebook. El 30 de septiembre, el mismo colectivo difundió audios en los que una voz atribuida al gestor habla de agredir sexualmente a una niña de 11 años que asistía a sus talleres culturales.

El colectivo DLR documentó audios atribuidos a Carlos S.

En una de las grabaciones difundidas por DLR, la voz atribuida al gestor dice: “la neta me quiero coger a una niña de 11 años, que es mi vecina”. El hombre agrega en el audio que le daba clases en talleres instalados en su propia casa y que ganó la confianza de la menor.

Un segundo audio, divulgado también el 30 de septiembre, registra una conversación entre el señalado y otro hombre sobre la misma niña. En ese fragmento, la voz atribuida al gestor asegura que la menor “ya se ganó la confianza” y hace referencia a un acercamiento físico hacia ella.

Antes de la difusión de esos audios, DLR ya había señalado al gestor por un episodio distinto. El colectivo documentó que el hombre usó una identidad falsa de mujer para ingresar al grupo de Facebook “Renta de Peluches CDMX y Estados”.

Dentro de ese grupo, el señalado publicó una fotografía de una mujer junto a una adolescente de 15 años y se presentó como madre soltera. En los comentarios de esa publicación, de acuerdo con la denuncia del colectivo, compartió además material de contenido sexual explícito en el que presuntamente aparece la menor.

DLR pidió a la población de Campeche y Yucatán que ayudara a identificar al señalado. “Este tipo tiene un colectivo que se dedica a difundir la cultura y lengua maya”, expuso el colectivo en el video reportado por Infobae el 22 de septiembre.

Tras la primera denuncia, el perfil de Facebook del gestor y la página del colectivo Wey yano’one’ dejaron de estar disponibles en esa plataforma. Una cuenta de TikTok y un perfil de Instagram del señalado, en cambio, permanecían activos al momento de los primeros reportes.

Las fiscalías de Yucatán y Campeche no han abierto investigación

A pesar de la gravedad de los señalamientos, ninguna fiscalía estatal había iniciado una investigación formal hasta el 30 de septiembre. La Fiscalía General del Estado de Yucatán, consultada por Proceso, se limitó a señalar que verificaría si existía alguna denuncia previa.

La Fiscalía General del Estado de Campeche respondió de forma distinta ante la misma consulta. El organismo argumentó que no se trata de un delito que se persiga de oficio.

Qué pasó con la investigación institucional del caso es una de las preguntas centrales que rodean al señalamiento. Hasta el 30 de septiembre de 2026, ninguna autoridad de Campeche ni de Yucatán había abierto una carpeta de investigación, pese a que el colectivo DLR difundió audios y publicaciones desde el 21 de septiembre que vinculan al gestor con menores de 11 y 15 años.

Ante esa inacción, el abogado y maestro en Amparo Moisés Velázquez advirtió sobre las carencias de las fiscalías locales. “Las fiscalías no tienen ni el personal ni la capacitación para procesar la evidencia digital”, dijo el especialista a Proceso.

Velázquez amplió ante el diario que, ante una publicación en Facebook, la autoridad se limita a tomar una captura de pantalla. El abogado explicó que ninguna fiscalía investiga a quién pertenece el perfil, desde qué dirección IP se conectó el usuario ni solicita información a la empresa Meta.

El especialista señaló que las conductas atribuidas al gestor podrían encuadrarse en delitos de trata de personas y explotación sexual infantil. Velázquez ha representado a madres de víctimas de Tenorio N., un pederasta detenido en Yucatán en 2024 tras una alerta de Google por almacenamiento y distribución de material de abuso infantil.

El abogado lamentó la indefensión en la que quedan las víctimas de este tipo de casos. Según explicó, los departamentos de ciencias forenses y policía cibernética se limitan a un registro fotográfico superficial, lo que permite que basta con borrar una publicación para que la evidencia desaparezca del proceso.

Vínculos de Carlos S. con la gobernadora Layda Sansores y la familia Sulub

En sus redes sociales, el gestor exhibe fotografías junto a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Usuarios de plataformas digitales también lo señalan como presunto sobrino de Miguel Sulub, exdiputado federal del PRI en 2015 y secretario técnico de esa bancada en la Cámara de Diputados en 2021.

El perfil de Instagram del señalado, documentado por Infobae, incluía además publicaciones vinculadas a retiros de la organización religiosa La Luz del Mundo. En esa misma cuenta se describía como licenciado en lengua y cultura maya, fotógrafo, dibujante, cineasta y maestro del colectivo Wey yano’one’.

Otras personas acusaron a la Universidad Intercultural de Campeche de proteger al señalado. Según esos señalamientos, el gestor ya tenía acusaciones previas por acoso sexual y la institución pidió no compartir la denuncia del colectivo DLR.

La trayectoria cultural del señalado incluye además un cortometraje incluido en un festival infantil. La producción “Wey yano’one’ ti’ Hecelchakán”, dirigida por el gestor, formó parte de la selección oficial 2025 del Festival de Cine Infantil Churumbela, según documentó el portal lainoticias.com.

Ese mismo cortometraje se programó también en diciembre de 2025 durante una muestra realizada en Mérida, Yucatán. La ficha técnica del festival acredita al señalado en dirección, guion, fotografía, edición y música de una producción con clasificación A y una duración de ocho minutos, centrada en una fiesta religiosa y en la elaboración de huipiles en Hecelchakán.

El gestor registra además actividades dentro de la Universidad Intercultural de Campeche, donde impartió un taller de Photoshop en el marco del programa “Viernes de Saberes”. Esa participación institucional se suma al historial de proyectos culturales dirigidos a niñas y niños que hoy rodean al caso.

El caso continúa sin una respuesta oficial de las fiscalías de Campeche y Yucatán. Los señalamientos que vinculan al gestor con una presunta red de pederastia siguen sustentados, hasta el momento, en el material difundido por el colectivo DLR.

El Capitolio del estado de Texas, en Austin, estuvo en el centro de una alerta de seguridad este miércoles luego de que las autoridades frustraran un plan de ataque armado programado.

El caso pone de relieve la capacidad de respuesta del sistema de inteligencia estatal y federal ante amenazas de este tipo: desde que llegó la denuncia hasta la detención del sospechoso no pasaron más de unas pocas horas.

Benny Caldera Jr., de 40 años y vecino de Converse, una localidad en las afueras de San Antonio, es el hombre señalado como autor del plan.

La denuncia que desencadenó el operativo

Según documentos judiciales obtenidos por NBC 5 DFW, Caldera le había anticipado sus intenciones a un conocido con una frase directa: “Voy al Capitolio y le voy a disparar”.

Antes de colgar, le advirtió: “Te quiero. Si no me volvés a ver...”. Ese conocido fue quien alertó a los investigadores.

Los documentos también revelan que Caldera había expresado animadversión hacia el American Israeli Public Affairs Committee (AIPAC) y había usado expresiones violentas al referirse a ese grupo.

El arresto y los cargos contra el sospechoso

A las 3 de la mañana del miércoles, una unidad SWAT del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) irrumpió en la vivienda de Caldera en su domicilio, y lo detuvo.

Fue trasladado al Centro de Detención del condado Bexar, donde quedó imputado por el delito grave de amenaza terrorista contra un funcionario público, una infracción de tercer grado según la legislación de Texas.

El registro judicial consignó una fianza de USD 75.000. Sin embargo, Caldera no salió de la cárcel: el FBI lo arrestó allí mismo el miércoles por la noche para trasladarlo a custodia federal.

El cambio se efectuó a las 19:41, de acuerdo con los registros del condado Bexar citados por UPI. Los cargos federales adicionales no fueron precisados, y el DPS derivó las consultas al FBI.

La reacción de las autoridades estatales y federales

El director del FBI, Kash Patel, escribió en su cuenta de X sobre la velocidad de la respuesta: “En pocas horas desde la denuncia, el DPS ya tenía al principal sospechoso detenido, con el FBI de San Antonio y las fuerzas locales asistiendo”.

Patel añadió: “Amenazá a los estadounidenses o a sus instituciones, y las fuerzas del orden actuarán rápido”.

El gobernador Greg Abbott también publicó en X su respaldo al operativo. “El DPS de Texas y el FBI detuvieron un ataque planeado contra el Capitolio de Texas. Texas NO tolerará amenazas de violencia contra nuestro Capitolio”, afirmó el mandatario.

Por su parte, la secretaria del Senado estatal, Patsy Spaw, notificó a los legisladores sobre la amenaza y el arresto en las primeras horas del miércoles, tal como confirmó el DPS.

Un correo enviado por Spaw al personal del Capitolio, citado por The Texas Tribune, se refirió a Caldera como principal sospechoso y mencionó posibles cómplices. El DPS no divulgó identidades ni comunicó otros arrestos.

El DPS precisó, tras la detención, que no existían indicios de una amenaza activa contra el Capitolio, los legisladores ni el personal.

La investigación continúa abierta y el organismo instó a la ciudadanía a mantenerse alerta ante cualquier comportamiento sospechoso.

La noche del 19 de octubre de 2024, una exestudiante de la Universidad de Cornell habría sido víctima de una violación grupal en la casa de la fraternidad Chi Phi, ubicada dentro del campus de Ithaca, en el estado de Nueva York.

En ese entonces, la mujer presentó una denuncia ante la policía universitaria. Los implicados solo recibieron expulsiones, suspensiones y otras sanciones académicas. La organización fue clausurada en 2024 y permanece excluida del campus.

En paralelo, la fiscalía del condado de Tompkins no presentó cargos, tras evaluar una declaración firmada por la denunciante. Sin embargo, este mes el caso penal fue reabierto luego de que la exalumna presentara una demanda civil contra Cornell y siete integrantes y exintegrantes de la fraternidad.

Una transcripción obtenida en exclusiva por CBS News New York revela que la estudiante, identificada como Jane Doe, declaró ante la policía de la institución en 2024 que podía afirmar con “un 100% de seguridad que fui violada”.

La denunciante contó que no recuerda el final de la noche y que fue golpeada

La conversación se llevó a cabo los días 14 y 15 de noviembre, más de tres semanas después de los hechos que la joven sitúa entre el 19 y el 20 de octubre.

Durante la primera jornada estuvieron presentes un investigador de la policía universitaria, un investigador de Título IX, un defensor de víctimas y un asesor de la estudiante.

Jane Doe relató haber consumido alcohol y drogas esa noche y subrayó tener lagunas en su memoria. Según el documento difundido por CBS News New York, distinguió entre los primeros contactos sexuales y lo que ocurrió más tarde.

Al ser consultada sobre el inicio del encuentro, consideró que estaba relativamente de acuerdo: “Sí, tanto como puedo estarlo porque, repito, estaba muy alcoholizada cuando llegué allí... Pero estaba bastante bien con todo esto”.

Asimismo, agregó que sufrió diversas agresiones físicas. “Entonces, por supuesto, me estaban golpeando al mismo tiempo. Me golpearon físicamente muy, muy fuerte”, explicó.

De acuerdo con la transcripción, la mujer no recordó el final de la noche “en la que fui violada” y desconocía cuántas personas tuvieron relaciones sexuales con ella.

La exalumna describió coacción e incapacidad durante las preguntas sobre el consentimiento

Antes de indagar sobre el consentimiento de la denunciante, el agente le explicó que sus preguntas podrían parecer acusatorias, pero que necesitaba respuestas específicas para analizar una eventual imputación.

Por consiguiente, Jane Doe dijo que apartó la mano de uno de los hombres y le expresó que se sentía incómoda. A otro le dio su negativa en algunas ocasiones o señaló que estaba demasiado cansada.

Al pedirle precisiones sobre su respuesta ante las propuestas sexuales, el investigador le preguntó si había dicho “no” o un “eh, estoy cansada”. La mujer respondió que creía haber dicho que estaba cansada.

Otros fragmentos obtenidos por ABC News muestran que la denunciante reconoció haber dicho que no a una propuesta de mantener relaciones sexuales con cuatro hombres al mismo tiempo.

A su vez, remarcó que en un momento entró un grupo de hombres y se sintió avergonzada: “Me horroricé al instante. Recuerdo haber gritado y haber corrido por la habitación para esconderme bajo las sábanas de otra cama. Me horroricé porque me daba mucha vergüenza que me hubieran visto completamente desnuda”.

Por otro lado, comentó haber consumido una dosis adicional de ketamina. “Me sentía sumamente incómoda con cómo se estaba desarrollando la noche, así que pensé: ‘Si consumo ketamina de nuevo, tal vez me desmaye’. Pensé que si me desmayaba y estos hombres abusaban sexualmente de mí, podrían ser acusados ​​de violación”, afirmó.

Sobre un momento en el que tres hombres abusaban de ella, describió que se sentía “totalmente disgustada”, cansada e intoxicada. Calculó que su nivel de intoxicación era de ocho sobre diez, el más alto que había experimentado. “Sentía que era incapaz de tomar ninguna decisión debido a mi estado de embriaguez”, declaró.

A su juicio, los hombres debían haber advertido su condición porque arrastraba las palabras al hablar. La joven también precisó que aceptó con un “claro” que un grupo consumiera ketamina de su cuerpo porque estaba “extremadamente cansada”.

“El grupo de hombres comenzó a verter varias cosas sobre mi cuerpo. No podía distinguir qué me estaban echando, ya que tenía la cara cubierta con las manos”, detalló.

Según CBS News New York, el investigador le preguntó si, tras las insistencias, había terminado por ceder. “Sí. Fue coacción, sí”, respondió ella. Además, indicó que estaba “completamente incapacitada”.

La exalumna se enteró por sus amigos sobre rumores difundidos por integrantes de Chi Phi

La joven durmió hasta las 10 de la mañana y luego uno de los integrantes de Chi Phi la llevó a su casa. Según su relato, se trataba del mismo hombre que la había invitado a la fraternidad y que había participado en los encuentros sexuales, informó ABC News.

Esa misma tarde, sus amigos le comunicaron que miembros de Chi Phi “se jactaban” de haber mantenido con ella un encuentro sexual en el que habrían participado ocho personas; otros rumores elevaban la cifra a diez.

“En cualquier caso, ahora era obvio que todo el mundo sabía que me había pasado a mí”, manifestó.

El agente preparó una declaración escrita durante la entrevista, se la leyó y le pidió aclaraciones o correcciones, reportó CBS News New York.

Al día siguiente, Jane Doe revisó una versión de seis páginas de sus declaraciones. Una de sus asesoras le ofreció que ella y otra representante leyeran el documento. Antes de firmarlo, la joven aseguró: “Tengo mucha confianza en esto”.

El fiscal comentó que no había visto la transcripción de la declaración

El fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, dijo a CBS News New York que su decisión de no presentar cargos en 2024 se basó en la declaración firmada por la denunciante y que no había recibido ni revisado el registro de la entrevista con la policía universitaria.

“Voy a investigar este asunto porque es una novedad para mí”, aseveró Van Houten.

Respecto al testimonio de Jane Doe sobre estar segura de haber sido abusada, reiteró que esa información no le había sido proporcionada y sostuvo que se trata de “una conclusión jurídica”.

El fiscal alegó que, de haber contado con esa expresión, su oficina habría investigado: “Si hubiera dicho esas palabras, sin duda habríamos querido profundizar en el tema. Como ya dije, esa información no me fue facilitada”.

Al mismo tiempo, señaló que solicitará la transcripción y consultará a la policía de Cornell. La universidad aseguró que su cuerpo policial remitió a la fiscalía los resultados de su investigación interna.

Por su parte, el abogado de la exestudiante, Thomas Giuffra, cuestionó la respuesta inicial del fiscal: “¿Qué más necesitaba para realizar una investigación exhaustiva y procesar al acusado? Tenía a una mujer que le dijo a un agente que había sido violada y un grupo de chat que incitaba a agresiones sexuales. Es indignante que no haya hecho nada al respecto”.

La decisión representa el resultado del procedimiento iniciado por el gobierno municipal luego de que seis elementos fueran separados de sus funciones mientras se investigaba su actuación.

Los elementos Gregorio N., Fabián N. y Juana N. quedaron fuera de manera permanente de la corporación, aunque no se señaló sobre denuncias penales por estos hechos.

En tanto, los otros tres policías involucrados permanecerán separados de sus funciones mientras continúa el procedimiento administrativo que determinará si incurrieron en alguna responsabilidad y, en su caso, las medidas que correspondan.

Smith Gutiérrez afirmó que desde el primer momento se ordenó investigar la actuación de cada uno de los seis elementos y aseguró que las decisiones tomadas se sustentan en los elementos acreditados durante el procedimiento administrativo.

Baja definitiva tras investigación administrativa

La presidenta municipal también reconoció la gravedad de los testimonios que los jóvenes involucrados han hecho públicos y señaló que los señalamientos deberán ser investigados a fondo.

Como parte de las acciones posteriores a los hechos, el gobierno municipal recabó la información, registros y material disponible serán preservados y puestos a disposición de las autoridades competentes.

La alcaldesa señaló que la administración municipal mantendrá una postura de seguimiento al caso y que la aplicación de sanciones administrativas forma parte de las medidas adoptadas para determinar responsabilidades dentro de la corporación.

Revisarán protocolos de la Policía Municipal

Además de la separación definitiva de los tres elementos, el Gobierno Municipal anunció una revisión de los protocolos policiales relacionados con detención, uso de la fuerza, traslado, custodia y puesta a disposición.

También se contempla fortalecer la supervisión y capacitación de los elementos de seguridad municipal.

De acuerdo con la administración, estas medidas buscan identificar áreas de mejora y evitar que situaciones similares vuelvan a presentarse.

Smith Gutiérrez señaló que la responsabilidad institucional no termina con la aplicación de las sanciones, por lo que será necesario revisar los procedimientos mediante los cuales los policías intervienen en situaciones que involucran a ciudadanos.

Gobierno mantiene diálogo con la Universidad de Guanajuato

Por su parte la Universidad de Guanajuato exigió que tras la evidencia y testimonios de las agresiones a sus estudiantes, los hechos sean esclarecidos de manera objetiva y conforme a derecho por las autoridades correspondientes, garantizando en todo momento el respeto a los derechos humanos, el debido proceso y a la integridad de las personas involucradas.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato Capital ya sostuvo reuniones con autoridades de la Universidad y con familiares de los jóvenes involucrados.

El diálogo continuará, mientras el gobierno municipal mantiene el acercamiento con la comunidad estudiantil para atender sus demandas de seguridad y de justicia por estos hechos.

Smith Gutiérrez dirigió un mensaje a los estudiantes y aseguró que la administración municipal dará seguimiento a “sus inquietudes”.

La alcaldesa reiteró que su compromiso es conducir la actuación del gobierno municipal “con responsabilidad, con firmeza y sin encubrir a nadie”.

Seguirá caso abierto

El caso permanece abierto para los otros tres policías, quienes continúan separados de sus funciones mientras se desarrolla el procedimiento correspondiente.

Mientras avanzan las investigaciones, la administración municipal también anunció cambios y revisiones en materia de protocolos, supervisión y capacitación policial, como parte de las medidas adoptadas tras los hechos violentos que involucraron a jóvenes de la comunidad universitaria.

El conductor fue interceptado para hablar sobre el futuro de Levinton dentro del ciclo y sobre las medidas que podría tomar el canal mientras avance la investigación. “Mirá, con estos temas voy a ser muy cauteloso, que es lo que hay que hacer porque afecta a personas”, expresó Kaczka. Luego agregó: “No voy a hablar de esto por una cuestión de cautela y por ser bien prudente, como me parece que hay que ser”.

Ante la versión de que se estaría buscando un reemplazo para el músico, el conductor volvió a evitar una definición. “Insisto, y les pido mil disculpas porque entiendo el laburo y todo, pero son temas que hay que ser bien cauteloso. Y eso es lo que intento, lo que voy a hacer desde mi lugar”, señaló. De esa manera, Kaczka no confirmó si Levinton continuará como jurado ni si existe una decisión tomada respecto de su participación en las próximas emisiones.

También le preguntaron si había podido comunicarse con el cantante para saber cómo se encontraba. “Te vuelvo a decir porque no son cosas que yo hablaría acá en tele de estos temas. Son temas tan delicados y, como te digo, afectan a las personas. La cosa me parece que tiene que ser, de mi parte, por mi lugar, mi función, ser muy cauteloso”, respondió.

Durante el intercambio, el cronista mencionó que Levinton había publicado un descargo en sus historias de Instagram y que había negado los hechos denunciados. “Sí, sí, lo mire, veo a través de ustedes, pero como te digo, en cuanto a mí, porque veo el laburo de los periodistas y todo, desde mi lugar el asunto es con cautela”, sostuvo.

Desde El Trece, informaron que Joaquín Levinton no graba el programa ni hoy ni mañana, ya que, hasta el momento, el 2 de octubre se debía presentar con Turf en el Oktoberfest de Villa General Belgrano.

La última consulta estuvo relacionada con Jimena Barón, otra integrante del jurado de Es mi sueño. Frente a la versión de que la cantante ya no formaría parte del programa, Kaczka aclaró: “No, ella está. Jimena va y viene. Ahora está haciendo una serie de Netflix, así que va y viene. Bueno, eso pasa con todos los jurados”. Después agradeció la entrevista y se retiró sin brindar mayores detalles sobre la situación de Levinton.

En las horas previas, el cantante había utilizado sus redes sociales para dar su versión sobre la denuncia. “Ante la denuncia de público conocimiento, quiero contarles que esta persona me viene acosando hace muchos años, incluso presentándose en la puerta de mi casa de manera violenta”, escribió Levinton. En el mismo mensaje, negó que hubiera existido una relación de pareja entre ambos: “Nunca fue mi pareja, me resulta muy importante aclararlo y nuestra relación circunstancial duró muy poco tiempo”.

En una segunda publicación, el músico hizo referencia a una denuncia anterior de la misma mujer. “Ya me denunció hace más de tres años. Se presentaron pruebas en la fiscalía que demostraron que sus dichos eran falsos”, afirmó. “Continúa acosándome por Instagram, mandándome videos y fotos desnuda. Mi abogado tiene todas las capturas correspondientes”, escribió. “Cuando la bloqueo sistemáticamente logra contactarme desde un teléfono nuevo. Estoy muy angustiado por tener que estar atravesando esta situación”, concluyó.

La versión del cantante contrasta con el contenido de la denuncia, que describe un vínculo de pareja sostenido durante varios años y hechos de violencia reiterados. Según consta en el expediente al que accedió Infobae, la denunciante es una mujer de 39 años, con domicilio en Balvanera y empleada administrativa de una empresa. La calificación legal aplicada es la de violación agravada, contemplada en el tercer párrafo del artículo 119 del Código Penal, que prevé una pena de seis a 15 años de prisión.

La causa actual no sería la primera presentación de la mujer contra el músico. En 2023, ya lo había denunciado por el mismo delito en una investigación que tramitó en el Juzgado N.º 6 y que terminó archivada. Según los registros mencionados, el archivo se produjo porque Levinton habría convencido a su expareja de retirar la acusación en su contra.

Mientras la Justicia analiza la denuncia y las partes sostienen versiones contrapuestas, Guido evitó anticipar qué ocurrirá con Levinton en Es mi sueño. El conductor solo insistió en que, por tratarse de un tema delicado que involucra a personas y se encuentra en el ámbito judicial, prefería mantener una postura prudente y no confirmar públicamente si el músico continuará o será reemplazado en el programa.

La madre de Abelito, Cristina Romero Álvarez, anuncia el inicio de acciones legales por presunto abuso sexual tras los hechos ocurridos el pasado 27 de septiembre de 2026 durante la fiesta de cumpleaños de su hijo.

En un comunicado firmado por la firma Abogados CUR, la mujer señala tocamientos y roces corporales sin su consentimiento por parte de tres jóvenes del medio artístico, identificados por sus iniciales.

El documento, fechado este 29 de septiembre en la Ciudad de México, describe los hechos como “tocamientos y roces corporales” ocurridos “con la excusa de estar bailando” en la celebración realizada en el club nocturno El Palomazo.

Naim Darrechi y Agustín Fernández son los señalados, según las iniciales

El comunicado identifica a las personas señaladas únicamente por sus iniciales: N.A.D, de nacionalidad española; A.F.R, de nacionalidad argentina, y L.E.G.G, de nacionalidad mexicana. Las dos primeras corresponden a Naim Darrechi y Agustín Fernández, ambos vinculados públicamente al caso desde que se difundieron los videos de la fiesta.

“Será la autoridad competente quien investigue lo ocurrido y determine las responsabilidades que correspondan conforme a la ley”, señala el texto firmado por Romero Álvarez. La firma legal no adelanta ante qué instancia se presentará la denuncia ni la fecha estimada para hacerlo.

El delito podría configurar abuso sexual con pena de uno a seis años

El artículo 176 del Código Penal de la Ciudad de México establece que existe abuso sexual cuando hay tocamientos sin la intención de llegar a la cópula, entre ellos caricias, roces corporales o representaciones sexuales implícitas. La pena prevista para este delito va de uno a seis años de prisión.

Los videos difundidos en redes muestran al creador de contenido español, Naim Darrechi, bailando “muy pegado” a la señora Cristina Romero, acercándose por la espalda de forma intempestiva. En un audio filtrado, el influencer reconoce ante otro creador de contenido: “le apoyé todo, se la recargué en el cuello”.

Naim Darrechi ofreció disculpas y después insistió en que hubo consentimiento

Naim Darrechi se disculpó públicamente en una transmisión por la plataforma Kick horas después de conocerse los videos. “Ayer cometí el error de bailarle a la mamá de Abelito sin saber que era la mamá de Abelito, muy pegado, muy irrespetuoso. No fue algo que estuvo bien”, declaró entonces.

Horas más tarde, el influencer español publicó un segundo video en el que cambió su versión. “Yo no la noté incómoda. Yo noté que había consentimiento y que realmente no era algo que le estuviera desagradando”, afirmó, en referencia al baile que describió como “un perreo intenso, irreverente”.

Agustín Fernández retiró su comunicado de disculpas horas después

Por su parte, el argentino Agustín Fernández, quien también aparece en los videos bailando junto a Darrechi y la madre de Abelito, publicó un comunicado de disculpas que retiró posteriormente de su perfil. “Ante los lamentables hechos y las faltas de respeto que vivió la señora Cristina Romero Álvarez, madre de nuestro querido Abelito, quiero expresar públicamente mis disculpas”, escribió antes de eliminar el mensaje.

En una transmisión posterior, el modelo argentino ofreció una versión distinta de los hechos. “Vean el video de nuevo, viéndolo desde mi punto de vista que jamás fue faltarle al respeto. Siempre lo más educado posible y más con una persona mayor”, declaró.

Abelito había adelantado que evaluaba acciones legales con su equipo

Días antes del comunicado de su madre, Abelito se pronunció en sus historias de Instagram sin mencionar directamente a Darrechi. “No apruebo el tipo de situaciones donde le falten el respeto a mis amigos y mi familia”, escribió el influencer mexicano.

En transmisiones posteriores, Abelito adelantó que su equipo legal evaluaba la posibilidad de denunciar por abuso sexual. “Pídele disculpas a ella y ruega a Dios que lo haga, porque si no lo hace, créeme que yo le voy a dar hasta donde tope. Tengo un equipo legal donde estamos viendo”, declaró el cumpleañero.

El comunicado de Cristina Romero concluye con un llamado a colectivos de mujeres y organizaciones de derechos humanos para acompañar a víctimas de violencia sexual. “Nadie tiene derecho a tocar nuestro cuerpo sin nuestro consentimiento”, señala el documento firmado por la madre de Abelito.

Una denuncia por la presunta sustracción de USD 9.500 en una vivienda de Resistencia derivó en la aprehensión de dos mujeres y en un hallazgo posterior dentro del mismo domicilio. La propietaria localizó USD 9.000 ocultos en una caja de cartón mientras revisaba distintos sectores de la casa.

El procedimiento se originó a partir de la presentación realizada por una mujer de 48 años, residente en una vivienda situada sobre avenida Chaco al 150 aproximadamente. La denunciante manifestó que había advertido la falta de dinero en moneda extranjera y señaló sus sospechas sobre dos empleadas.

Tras el aviso inicial y según informó el portal Diario Chaco, intervino el Equipo Fiscal correspondiente, que dispuso medidas en el marco de la investigación. Sin embargo, la búsqueda del dinero tuvo un nuevo capítulo cuando la propia damnificada encontró la mayor parte de los dólares que había denunciado como faltantes.

El hallazgo ocurrió mientras la mujer ordenaba y registraba diferentes espacios de su casa. De acuerdo con la información suministrada, encontró el dinero dentro de una caja de cartón perteneciente a un aire acondicionado marca BGH.

La caja se encontraba sobre un estante de madera, junto a documentación que estaba guardada en el lugar. En su interior había USD 9.000 en billetes de cien dólares, una suma que representaba casi la totalidad de los USD 9.500 que habían sido denunciados inicialmente.

Luego de localizar el dinero, la propietaria se comunicó con la División Delitos Contra la Propiedad, dependiente del Departamento de Investigaciones Complejas. Los efectivos acudieron al domicilio para verificar la situación y constatar el dinero hallado.

Por disposición del Equipo Fiscal interviniente, los dólares encontrados fueron secuestrados de manera preventiva. La medida permitió incorporar el dinero al expediente y dejar constancia de las circunstancias en las que fue localizado dentro de la propiedad.

Más tarde, la suma fue entregada nuevamente a la denunciante en carácter de guarda. La secuencia modificó el escenario inicial de la causa. En un primer momento, la investigación se centraba en la presunta falta de USD 9.500.

La aprehensión no define por sí misma responsabilidades penales. La causa continúa en etapa de investigación y las autoridades deberán reunir y evaluar los elementos disponibles para determinar las circunstancias en que se produjo la denuncia y el eventual destino de los USD 500 que aún no fueron encontrados.

Hace tan solo unos días en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, una mujer de 41 años fue imputada por robar en la casa de un hombre fallecido. Entre los bienes secuestrados figura un Peugeot 308 convertible, además de aparatos electrónicos, herramientas y documentación vinculada al inmueble y al vehículo.

El caso comenzó cuando el hermano del hombre fallecido acudió a la Fiscalía N.º 1 y denunció que, al revisar la propiedad, encontró un panorama distinto al que esperaba. La casa estaba prácticamente vacía y faltaba el automóvil que se encontraba guardado allí antes de la muerte de su dueño.

El caso comenzó cuando el hermano del hombre fallecido acudió a la Fiscalía N.º 1 y denunció que, al revisar la propiedad, encontró un panorama distinto al que esperaba. La casa estaba prácticamente vacía y faltaba el automóvil que se encontraba guardado allí antes de la muerte de su dueño.

Los videos divulgados por el hogar de paso Corazón Animal Vegano muestran a varios felinos detrás de un muro con una abertura en forma de cruz. En el lugar se observan platos con comida, periódicos, juguetes y restos óseos, elementos que llevaron a los voluntarios a advertir sobre las condiciones en que fueron hallados.

Ante el revuelo generado por las imágenes, el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal informó que los gatos no estarían encerrados y que cuentan con entrada, salida y alimento, una respuesta que generó aún más rechazo de la ciudadanía.

En su comunicado, la entidad señaló que coordina la instalación de trampas para capturarlos, examinarlos y trasladarlos.

Rescatistas pidieron acceso para sacar a los animales

La denuncia se conoció después de que voluntarios de Corazón Animal Vegano ingresaran al sector del cementerio donde fueron vistos los gatos. Una de las integrantes del grupo relató en un video: “Estamos aquí en el cementerio central y hay unos gaticos negros, hay comida y periódico. Vamos a intentar sacarlos”.

Según las publicaciones del hogar de paso, los animales permanecían dentro de una cavidad profunda y angosta. En el mismo video, los rescatistas afirmaron que no recibieron colaboración inicial de la administración del cementerio y que tuvieron que abrir una parte de la estructura para intentar llegar hasta los felinos. Sin embargo, el grupo señaló que la dimensión del espacio impidió extraer a los animales durante ese primer intento.

Por su parte, el colectivo Al día con los animales difundió nuevas imágenes e indicó que algunos de los felinos podrían tener problemas de salud. Sus integrantes explicaron que ingresaron a un túnel cercano a la estructura, pero no lograron ubicarlos porque se escondieron ante la presencia de las personas.

Los activistas solicitaron que el procedimiento se realice con herramientas especializadas, entre ellas jaulas trampa, para evitar que los animales se desplacen hacia zonas de más difícil acceso. También pidieron la participación de las autoridades distritales y de la administración del Cementerio Central.

La hipótesis de rituales no ha sido confirmada

Algunos rescatistas plantearon que la presencia de gatos negros, restos óseos, juguetes y comida dentro de la estructura podría estar relacionada con prácticas rituales. La preocupación aumentó ante la proximidad de Halloween, en octubre, debido a la persistencia de creencias populares que asocian a estos animales con actos de brujería o santería.

Una de las mujeres que acudió al lugar afirmó: “Son gatos negros y estamos en la época de octubre en donde suelen usar los gatos negros para hacer brujerías o rituales”.

No obstante, hasta ahora no existe una confirmación de las autoridades que establezca que los animales hayan sido utilizados en rituales ni que hayan sido dejados dentro de la estructura con ese propósito. Las organizaciones animalistas también desconocen cuántos gatos permanecen en el lugar y cómo llegaron hasta ese punto del cementerio.

La senadora Andrea Padilla, que ha seguido el caso, señaló que el director del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal realiza gestiones con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos para que se evalúe la posibilidad de intervenir los muros del recinto.

En el boletín oficial del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal se afirmó que las personas vinculadas con la denuncia y la administración del cementerio fueron contactadas.

Según la entidad, “los animales no están encerrados” y no enfrentan un riesgo inminente porque tienen acceso para entrar y salir, además de alimento.

Precisamente este punto llamó la atención, debido a que no está claro quién pudo ponerles alimento para que se acostumbraran a estar allí y mucho menos con qué fin lo hicieron, por lo que se espera una intervención para que los animales sean trasladados a un lugar seguro.

Una mujer de 37 años denunció a su compañero de pádel en Puerto Iguazú, Misiones, luego de recibir reiterados mensajes amorosos pese a que no mostraba interés. En su presentación también relató que, desde otro número de teléfono, le enviaron fotografías íntimas del hombre y le dijeron que él le habría realizado un supuesto “trabajo de brujería”. El acusado, de 42 años, fue detenido por orden judicial.

De acuerdo con el parte policial al que accedió Infobae, la denuncia fue radicada este domingo por la mañana en la Comisaría de la Mujer de Puerto Iguazú, dependiente de la Unidad Regional V. La mujer señaló que los mensajes de su compañero habían comenzado en julio y que persistían a pesar de su falta de interés.

Además, contó que recibió una comunicación desde otra línea: quien la contactó hizo referencia a la supuesta brujería, le mandó las imágenes del acusado y la amenazó con denunciarla. La mujer manifestó que desconocía los motivos de esa advertencia. El informe no identifica a la persona que envió esos mensajes.

En el marco de las actuaciones por coacción, la Policía cumplió una orden de allanamiento, secuestro y detención. Durante el procedimiento, los efectivos arrestaron al denunciado e incautaron un teléfono celular Samsung y una CPU marca Kanji.

En agosto pasado, otro caso de hostigamiento digital derivó en una detención en el barrio porteño de Monserrat. Un joven de 21 años fue acusado de amenazar y acosar a una mujer de Córdoba mediante llamadas, correos electrónicos y perfiles en redes sociales.

La víctima había denunciado amenazas de muerte, mensajes de contenido sexual y la difusión no consentida de datos personales suyos y de su familia.

La investigación, a cargo de la Fiscalía de Instrucción Especializada en Cibercrimen de Córdoba, permitió vincular un dispositivo con 30 cuentas de correo electrónico y decenas de líneas telefónicas.

Como contó este medio, el sospechoso utilizaba números de distintos países para comunicarse. Fue detenido tras dos allanamientos, acusado de amenazas agravadas y coacción agravada por el anonimato en un contexto de violencia de género.

Un joven de 23 años que estaba prófugo acusado de abusar sexualmente de su hermana menor de edad fue detenido por efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) en Banfield, partido bonaerense de Lomas de Zamora.

La causa comenzó el 20 de junio de 2023, cuando la abuela de la víctima se presentó en la Comisaría de la Mujer y la Familia de Tres de Febrero para realizar una denuncia penal.

Según relató la mujer, su nieta había sido abusada sexualmente por su propio hermano en al menos tres oportunidades. De acuerdo con la acusación, los episodios habrían ocurrido durante la madrugada, cuando la denunciante se retiraba de la vivienda para dirigirse a su trabajo, ubicado en la localidad de Caseros.

En el marco de la investigación, la víctima fue entrevistada en Cámara Gesell. Con el avance de la causa y los elementos reunidos, la Justicia ordenó un allanamiento con el objetivo de detener al sospechoso.

Sin embargo, cuando se llevó adelante el procedimiento, el acusado no fue encontrado. A partir de entonces, permaneció prófugo y su paradero se mantuvo desconocido para los investigadores.

Luego de casi tres años sin poder localizarlo, la Unidad Funcional de Instrucción N°14 Departamental, a cargo del fiscal Ricardo Romero, convocó a la División Búsqueda de Prófugos de la PFA para dar con el sospechoso.

Los agentes iniciaron tareas de campo y análisis de información, con la colaboración del Departamento Técnico de Cibercrimen, que utilizó un equipo de geolocalización.

A partir de esas medidas, los investigadores lograron establecer un posible lugar de trabajo del prófugo y el número de teléfono que utilizaría. Además, determinaron que el dispositivo operaba en inmediaciones de un domicilio de Banfield, que pertenecería a un familiar del acusado.

Con la información obtenida, el Juzgado de Garantías N°2 del Departamento Judicial de San Martín, a cargo del juez Carlos Mariano González, autorizó un procedimiento para concretar la captura.

Los efectivos federales montaron entonces un operativo de vigilancia en los alrededores de la vivienda. En un momento, observaron a un hombre cuyas características físicas coincidían con las del sospechoso.

Tras corroborar su identidad, lo detuvieron en la vía pública sobre la calle Rodríguez Peña al 1900, en Banfield.

El acusado, argentino y de 23 años, quedó a disposición de la Justicia por el delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo y por la convivencia preexistente con un menor de 18 años”.

Un hombre que denunció el robo de su camioneta terminó detenido después de que los policías que investigaban el caso descubrieran que todo había sido una farsa. El vehículo, una Volkswagen Amarok, apareció sumergido en el arroyo El Gato de La Plata y la contradicción entre el hallazgo y la denuncia llevó a los efectivos a reinterrogar al propietario, quien acabó confesando que el rodado nunca fue robado, indicaron fuentes poiciales a Infobae.

Todo comenzó la madrugada del sábado 26 de septiembre de 2026, cuando Damián Milohnic (42) se presentó en la Comisaría Segunda y denunció que dos masculinos lo habían abordado en 7 entre 32 y 33 y, tras intimidarlo, le sustrajeron su camioneta.

Horas después, efectivos policiales localizaron la Amarok dominio AE306AP sumergida dentro del arroyo El Gato, a la altura de 1 y 514, en la zona de Gonnet.

El episodio desató un operativo de emergencia en el que participaron Bomberos, Policía Bonaerense y personal de la Dirección de Riesgos Especiales.

Según informaron fuentes del caso a Infobae, fueron los propios vecinos de la zona quienes, al avistar el rodado debajo del puente, dieron aviso al 911 cerca de las 10.30. Desde ese momento, los efectivos policiales se desplegaron en el lugar y comenzaron las primeras tareas para establecer qué había ocurrido. La preocupación de los primeros minutos fue determinar si alguna persona podía encontrarse dentro de la Amarok, cuya cúpula totalmente cerrada y los vidrios oscuros impedían ver el interior desde afuera.

Ante la dificultad para acceder al vehículo, personal especializado de la Dirección de Riesgos Especiales ingresó al arroyo con equipos específicos. Según consignaron las mismas fuentes, los agentes utilizaron kayaks para aproximarse al rodado, inspeccionaron su interior y revisaron los alrededores. Descartada la presencia de ocupantes, la atención pasó a centrarse en reconstruir cómo había llegado el vehículo hasta ese punto del arroyo.

Sucede que hallazgo del vehículo hundido generó desconcierto y llevó a los efectivos de la Sexta de Tolosa —dependencia que quedó a cargo del esclarecimiento del hecho— a mantener una nueva entrevista con el denunciante.

Los investigadores detectaron incoherencias en el relato del hombre

Durante la conversación, los policías advirtieron “diferentes relatos” e “incoherencias” respecto de la versión original. Según consta en el sumario de la Superintendencia Región Capital I La Plata, el hombre se fue poniendo cada vez más nervioso ante las preguntas de los efectivos, hasta que finalmente confesó que la camioneta había salido de su poder con su consentimiento.

Milohnic reconoció haber entregado el rodado a personas de su entorno. Esos conocidos, según su nuevo relato, habrían sufrido un accidente mientras circulaban con la Amarok y terminaron dentro del arroyo. Ante esa circunstancia, decidió presentar la denuncia de robo para encubrir lo ocurrido.

Los agentes informaron la situación al fiscal Álvaro Garganta, quien dispuso la aprehensión de Milohnic por el delito de falsa denuncia. El hombre, domiciliado en calle 2 entre 489 y 490, quedó a disposición de la UFI N° 11, la Defensoría N° 21 y el Juzgado de Garantías N° 6.

El operativo fue conducido por personal de la Sexta de Tolosa bajo la jefatura del comisario general Alejandro Rey, titular de la Superintendencia Región Capital I La Plata. Las actuaciones y el detenido quedarán a disposición de la justicia a primera hora del lunes.

La Defensoría del Pueblo solicitó al Ministerio de Defensa y al Ejército Nacional de Colombia esclarecer la muerte del ciudadano y campesino Luis Carlos Mojica Guzmán —residente del área rural de La Macarena, Meta— ocurrida durante un operativo de la fuerza pública denunciado por la comunidad de la vereda Guaduales Nueva Esperanza.

La institución informó que conoció las denuncias sobre los hechos ocurridos el 22 de septiembre de 2026 en zona rural del municipio. Además de la muerte reportada, señaló que una mujer habría sufrido graves afectaciones contra su dignidad e integridad.

La Defensoría indicó que acompañó a las personas y familias afectadas y que verificó la información divulgada por la comunidad. También requirió al Ejército un reporte completo sobre el procedimiento y pidió a las autoridades competentes adelantar las investigaciones correspondientes.

“Solicitamos al @COL_EJERCITO información completa sobre lo sucedido, a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, inclusive la muerte reportada, y determinen las responsabilidades a que haya lugar”, indicó la entidad.

La Defensoría solicitó que se determine con debida diligencia lo sucedido, incluidas las circunstancias de la muerte y las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos.

También pidió al Ministerio de Defensa activar sus mecanismos internos de control, verificar la actuación de los uniformados y adoptar medidas de prevención ante posibles vulneraciones de derechos humanos.

Esta fue la denuncia de la JAC

La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, denunció que Luis Carlos Mojica Guzmán habría muerto tras recibir disparos durante una operación del Ejército Nacional el 22 de septiembre.

Según el documento enviado a la Fiscalía General de la Nación, el Ministerio de Defensa, la Procuraduría General de la Nación y otras entidades, los hechos ocurrieron hacia las 12:30 p. m. en una vivienda campesina de la zona rural.

La denuncia sostiene que tropas del Ejército ingresaron al inmueble, donde se encontraban Yuli Andrea Motta Tovar, Luis Carlos Guerrero Real y sus dos hijos. La Junta de Acción Comunal afirmó que la mujer habría sido amarrada, golpeada e interrogada, mientras los demás integrantes de la familia permanecían retenidos dentro de la casa.

De acuerdo con el relato de la comunidad, hacia las 3:35 p. m. Luis Carlos Mojica Guzmán llegó a la vivienda para averiguar qué sucedía. En ese momento, los militares presuntamente le dispararon pese a que no portaba armas ni representaba una amenaza.

La Junta de Acción Comunal aseguró que el hecho ocurrió ante la presencia de Luis Carlos Guerrero Real y una de sus hijas. El otro menor habría salido del lugar en bicicleta para buscar a su madre en una finca cercana.

La organización comunitaria también señaló que los uniformados retiraron el cuerpo de Mojica Guzmán y que, hasta ahora, no se conoce su ubicación. Según la denuncia, después del ataque se registraron disparos en el sector y algunas personas habrían recibido amenazas cuando intentaron acercarse al lugar.

La Fiscalía investiga los hechos reportados

Horas después, habitantes de la vereda llegaron a la vivienda y encontraron a la familia en estado de pánico, además de casquillos, impactos de bala y otros elementos que, según la Junta de Acción Comunal, podrían estar relacionados con el presunto homicidio.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) pidió una investigación urgente, independiente y transparente para establecer las circunstancias de la muerte, identificar a las unidades que participaron en la operación y determinar qué ocurrió con el cuerpo del campesino.

Fuentes del Ejército Nacional indicaron que la Fiscalía adelanta una investigación sobre el caso. La entidad judicial deberá establecer si la persona fallecida corresponde a Luis Carlos Mojica Guzmán y definir las responsabilidades que puedan derivarse de los hechos denunciados.

Autoridades de San Pedro El Alto acusaron a los gobernantes de Santo Domingo Teojomulco de aplicar, desde hace 20 años, una estrategia de invasión de tierras para obtener recursos federales. Luciano Pérez Zárate, presidente del Comisariado de Bienes Comunales, y el asesor jurídico Alejandro Morales Díaz presentaron la denuncia en la Cámara de Diputados.

Los representantes explicaron que las autoridades municipales de Teojomulco, electas mediante usos y costumbres, ocupan terrenos con el respaldo de civiles armados. Después inician mesas de negociación, aceptan retirarse y cobran apoyos del gobierno federal por el conflicto.

Los denunciantes responsabilizaron al gobierno de Salomón Jara de ignorar la petición de auxilio de más de 200 familias desplazadas. Advirtieron además que otras comunidades ya replican ese método, al que llamaron “extorsión institucionalizada”.

El origen del conflicto y las cifras del despojo

El esquema de invasiones arrancó en 2006, según el relato de los comuneros ante los diputados. Desde entonces, los pobladores de Teojomulco han tomado terrenos de localidades vecinas de la Sierra Sur, entre ellas San Lorenzo Texmelucan y Santiago Sochiltepec.

En 2014, un primer grupo armado ingresó a las rancherías de Río Cacho, Río Durazno y Llano Manteca. Aquella incursión dejó una veintena de familias desplazadas y la usurpación de miles de hectáreas, según registros periodísticos previos sobre el conflicto.

El mismo patrón se repitió en 2023 y 2024 contra rancherías de San Pedro El Alto, entre ellas El Tlacuache y La Cofradía. Los denunciantes detallaron que, en total, Santo Domingo Teojomulco ha usurpado unas 17 mil hectáreas de su territorio.

Como consecuencia de esas incursiones, 210 familias de San Pedro El Alto resultaron desplazadas. Los afectados exigieron ante los legisladores el regreso seguro de esas personas a sus hogares.

¿Qué acusan las autoridades de Oaxaca? Comuneros de San Pedro El Alto denunciaron ante la Cámara de Diputados que Santo Domingo Teojomulco invade tierras vecinas desde 2006 con apoyo de civiles armados, negocia su retiro y cobra recursos federales por el conflicto, en un patrón que ya calificaron de extorsión institucionalizada y que dejó 210 familias desplazadas.

El modus operandi: desalojos armados al amanecer

Los denunciantes describieron el mecanismo que se repite en cada invasión. Varios cientos de hombres con armas de alto poder, sin identificación de policía, llegan en las primeras horas del día para desalojar a los pobladores.

Pérez Zárate y Morales Díaz explicaron ante los legisladores que el objetivo real de los invasores no es la posesión permanente de la tierra. Buscan, según su denuncia, acceder a los recursos del Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural, que opera la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

“Ellos saben que si invaden tierras, se llevan el caso a juicio, y aunque la autoridad ordene la restitución, en algunos casos los agresores acceden a programas federales donde se intercambia tierra por recursos”, denunciaron los representantes de San Pedro El Alto ante los diputados.

Los comuneros agregaron ante la Cámara: “Tan es así que ya lo hicieron en ocasiones anteriores y parte de ese dinero lo utilizan para armarse”. Esa acusación vincula directamente los subsidios estatales con la compra de armamento por parte del grupo invasor.

Un tribunal agrario ya había reconocido en fallos previos que las tierras disputadas pertenecen legítimamente a San Pedro El Alto. Pese a esa resolución, los denunciantes afirmaron que la ocupación armada continuó sin que las instituciones ejecutaran la restitución.

Un juez federal también concedió un amparo a la comunidad afectada ante la omisión de garantizar su seguridad. La resolución ordenó proteger de manera completa y permanente a los pobladores y mantener el diálogo entre ambas comunidades.

La expansión del método a otras comunidades y el reclamo al gobierno federal

Los representantes de San Pedro El Alto alertaron que la táctica de invasión con fines de negociación ya fue copiada por otras localidades. Mencionaron específicamente a Santa María Lachixio como una comunidad que replicó el esquema.

Esa expansión del método, según los denunciantes, confirma el riesgo de que la impunidad en el caso de Teojomulco se convierta en un incentivo para nuevos despojos en la Sierra Sur de Oaxaca. Los comuneros insistieron en que la falta de sanciones alimenta la repetición del delito.

Ante los diputados, los pobladores exigieron la intervención directa del gobierno federal para resolver el conflicto. Pidieron el regreso seguro de las familias desplazadas a sus rancherías de origen.

También solicitaron garantías de seguridad permanentes para los habitantes de la zona. El tercer reclamo formal fue la reintegración de la posesión legal de los predios usurpados a sus propietarios originales.

Los denunciantes reiteraron que el gobierno estatal de Salomón Jara ha desatendido las alertas presentadas durante años. La denuncia ante la Cámara de Diputados representa, según los propios afectados, un intento de escalar el caso a instancias federales ante el estancamiento en Oaxaca.

Una delicada de denuncia se conoció por medio de organizaciones sociales y de derechos humanos la tarde del viernes 25 de septiembre de 2026, y en la que se señala a miembros del Ejército Nacional de Colombia por parte de la Junta de Acción Comunal (JAC) de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, ubicada en jurisdicción del municipio de La Macarena (Meta).

De acuerdo con lo que menciona el comunicado emitido el 22 de septiembre de 2026, pero que solo días después resonó por medio de redes sociales y portales regionales, tropas del Ejército habrían retenido a una familia campesina en medio de un operativo en el que acabaron con la vida de un campesino identificado como Luis Carlos Mojica Guzmán, un vecino que se acercó al lugar para auxiliarlos, según la versión por parte de la JAC.

La denuncia se refiere a hechos ocurridos el mismo martes 22 de septiembre en una vivienda rural donde estaban Yuli Andrea Motta Tovar, Luis Carlos Guerrero Real y sus dos hijos menores de edad.

En el documento difundido por la comunidad, se relató que los militares llegaron hacia las 12:30 p. m. y retuvieron a los integrantes de la familia.

La Junta de Acción Comunal señaló que Motta fue abordada mientras ordeñaba y que, presuntamente, fue amarrada, golpeada e interrogada. El escrito también sostiene que los demás integrantes de la familia permanecieron bajo control de los uniformados dentro de la vivienda.

La comunidad afirma que un vecino recibió disparos al acercarse a la finca

Hacia las 3:35 p. m., Mojica Guzmán habría llegado en bicicleta al lugar tras advertir la presencia militar y la situación de la familia.

En su testimonio, la comunidad aseguró que el hombre no portaba armas y que su intención era verificar lo ocurrido.

Según la denuncia, los militares habrían disparado contra Mojica Guzmán sin mediar advertencia. Pero uno de los aspectos más delicados en el comunicado es que se afirmó que los uniformados le gritaban insultos al campesino mientras sonaban las detonaciones.

La Junta indicó que la víctima era un civil y miembro de la acción comunal de la vereda Puerto Cachicamo, y también cuestionó que, después del hecho, el cuerpo no fuera entregado a sus familiares ni a la comunidad.

“En horas de la tarde noche, la comunidad logra entrar al lugar de los hechos, en donde encuentran a una familia devastada, en estado de pánico, una madre y unos niños llorando aterrados por tan horrible suceso, la comunidad en su ejercicio de verificación de los hechos, encuentran casquillos, impactos de bala y rastros del asesinato del señor Luis Carlos Mojica Guzmán”, describieron los miembros de la JAC en el pronunciamiento.

La Junta pidió investigar un posible montaje contra la víctima

La organización comunitaria mostró su preocupación por el traslado del cuerpo por parte de las tropas y solicitó a las autoridades establecer si existió un posible montaje para presentar al campesino como integrante de un grupo armado.

En el comunicado se denuncia que, tras la muerte de Mojica Guzmán, se registraron disparos en el sector.

La comunidad detalló en su pronunciamiento que los militares habrían utilizado a la familia retenida como escudo humano (incluidos los dos menores) y que amenazaron a campesinos que intentaron intervenir para proteger a los menores de edad, y “violando los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, menciona el documento.

Solicitan protección para la familia, los niños y los testigos

La comunidad pidió a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo identificar a todos los militares que participaron en el procedimiento y establecer las responsabilidades por la muerte de Mojica Guzmán y el trato denunciado contra la familia.

Entre las solicitudes también figura una investigación sobre las presuntas agresiones contra Yuli Andrea Motta, medidas de seguridad para los niños, los testigos y los habitantes de la vereda, así como garantías para evitar represalias.

La Junta de Acción Comunal reclamó reparación para la familia y garantías de no repetición para la población campesina de Guaduales Nueva Esperanza. Además, solicitó que las instituciones nacionales realicen seguimiento al caso y esclarezcan las circunstancias de lo ocurrido.

Indepaz le pidió una investigación a la Fiscalía luego de lo que ocurrió

Por medio de un mensaje desde su cuenta de X, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) se refirió a la denuncia la misma tarde del viernes y destacó que “lo ocurrido debe ser esclarecido de manera urgente, independiente y transparente.

“Es necesario establecer las circunstancias de la muerte de Luis Carlos Mojica, identificar las unidades que participaron en la operación y esclarecer qué ocurrió con su cuerpo. Asimismo, deben garantizarse la protección de la familia, de los niños y de los testigos, evitando cualquier forma de presión o estigmatización”, añadió la publicación por parte de la ONG (Organización No Gubernamental).

Al final, desde Indepaz se solicitó “a la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido, y al Ejército Nacional entregar información pública y suficiente sobre la operación y sobre la situación de Luis Carlos Mojica Guzmán”.

Hasta el momento, desde el Ejército Nacional se confirmó a Infobae Colombia que el caso se encuentra bajo investigación.

Transportistas de combustibles y contratistas de Petróleos Mexicanos (Pemex) denunciaron un presunto esquema de cobros irregulares y extorsión dentro de la Gerencia de Transporte Terrestre (GTT) de Pemex Logística, mediante el cual, aseguran, se les solicitan pagos en efectivo para mantener sus operaciones y acceder a las Terminales de Almacenamiento y Reparto (TAR) de hidrocarburos.

De acuerdo con un comunicado difundido por los afectados, los presuntos cobros comenzaron durante la gestión de José Luis Peláez Pérez, encargado de la Gerencia de Transporte Terrestre, y actualmente incluirían una cuota mensual de 5 mil pesos en efectivo por cada autotanque que presta servicio para Pemex.

Los transportistas, quienes solicitaron mantener su identidad bajo reserva por temor a posibles represalias, señalaron que estos pagos serían exigidos bajo la advertencia de suspender sus contratos en caso de negarse a cubrir las cuotas.

Denuncian pagos de hasta 300 mil pesos

Entre los señalamientos destaca el presunto cobro de hasta 300 mil pesos para obtener un “número de PP o PR”, mecanismo que, según los denunciantes, estaría relacionado con el acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto de Pemex.

Los contratistas sostienen que dicho trámite debería realizarse sin costo o, en su caso, estar sujeto a una tarifa regulada. Sin embargo, afirmaron que los recursos serían solicitados mediante “facilitadores” o intermediarios que no formarían parte de los procedimientos oficiales.

De hecho, en 2025, el periodista Atzayaelh Torres en su columna, en Primera Fila, titulada Los consentidos de Pemex Logística, señaló que un grupo reducido de empresas aparece en un informe con aumentos fuera de toda proporción, donde Petro Express del Norte encabeza la lista con 64 nuevas autorizaciones PR. Le siguen MG Transportes y GSF División Transportes, con 50 cada una; LM Transportaciones con 25; Ultradiesel XXI con 23; Fletera Multimodal de Carga con 17; y Trareysa con 15.

Los transportistas también denunciaron que la Gerencia de Transporte Terrestre les habría exigido una comisión equivalente a 7 por ciento del monto facturado durante abril, bajo el argumento de un supuesto “ajuste de tarifa”.

Según su versión, esta cantidad habría sido solicitada durante junio y julio de este año y entregada en efectivo. Los denunciantes aseguraron que el objetivo de estos pagos era evitar suspensiones, problemas operativos o acciones que pudieran derivar en la cancelación de sus contratos.

Señalan trato preferencial a quienes pagan

Los afectados afirmaron que los transportistas que aceptan cubrir las cuotas reciben presuntamente un trato preferencial en la asignación de embarques y en la gestión de pagos.

En contraste, quienes se niegan a entregar dinero enfrentarían, según la denuncia, suspensiones, hostigamiento, retrasos en pagos y otras afectaciones que complicarían la operación de sus empresas.

En el documento difundido por los contratistas fueron señalados Israel Benítez, responsable de una división de Pemex Logística; José Luis Peláez Pérez, titular de la Gerencia de Transporte Terrestre; así como Fernando Benjamín Hernández Flores y Daniel Antonio Reséndiz Serafín, identificados como subgerentes operadores de la GTT.

Piden auditoría a la Gerencia de Transporte Terrestre

Los contratistas aseguraron que ya presentaron denuncias ante la Unidad de Responsabilidades de Pemex y la Fiscalía Especializada en materia de Combate a la Corrupción.

Además, solicitaron una auditoría integral a la Gerencia de Transporte Terrestre, particularmente sobre los mecanismos de acceso a las Terminales de Almacenamiento y Reparto, así como los flujos de pago relacionados con los contratos de transporte de hidrocarburos.

Los denunciantes advirtieron que los cobros presuntamente irregulares elevan los costos de operación de las empresas transportistas y generarían condiciones de competencia desigual entre proveedores.

También señalaron que las posibles irregularidades podrían tener efectos en la cadena de distribución de combustibles, por lo que solicitaron que las autoridades revisen los contratos, procedimientos administrativos y movimientos financieros vinculados con la operación de la GTT.

Según el clip, el vehículo, identificado en la grabación con placas GPL-933, se encontraba en la zona de la terminal aérea con personas y maletas en su interior.

El autor del registro afirmó que la ambulancia era usada como servicio de transporte hacia la terminal aérea y que, según el denunciante, haría parte de “un cartel”. “Con usuarios y maletas en una ambulancia que se supone que es para transportar heridos”, se escucha en el video. También señaló que el conductor habría advertido que estaba siendo grabado.

Por su parte, Quintero pidió a la Secretaría Distrital de Movilidad que identifique al conductor y verifique la posible infracción, para evitar estos escenarios.

“Cuando no hay ambulancia para atender heridos, usan los vehículos para hacer servicio de transporte como un bus”, sostuvo Quintero en su mensaje.

El funcionario también vinculó el hecho con las dificultades de circulación en los accesos al aeropuerto El Dorado, donde denunció vehículos mal estacionados y congestión vehicular.

Murieron 357 personas en Bogotá mientras esperaban una ambulancia en 2025, según denuncia

La concejal Diana Diago denunció que las demoras en la atención de emergencias en Bogotá están cobrando cientos de vidas. Según datos de la Secretaría Distrital de Salud, obtenidos mediante un derecho de petición de la servidora, 357 personas fallecieron en 2025 antes de la llegada de una ambulancia.

De hecho, la cabildante también señaló que, durante los primeros meses de 2026, ya se registraban 58 muertes de pacientes que esperaban atención prehospitalaria. De ese total, 44 casos correspondían a emergencias de prioridad crítica, 10 a prioridad alta y 4 a prioridad media.

Diago denunció que los tiempos de respuesta del Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (Crue) evidencian fallas en la capacidad operativa del sistema.

En los casos con mayores demoras, un paciente puede esperar más de cuatro horas para recibir una ambulancia, especialmente cuando la emergencia es clasificada como de prioridad media.

Los datos del percentil 95 —que refleja el comportamiento del 5% de los casos con mayores tiempos de espera— muestran que:

• Un paciente en estado crítico puede esperar hasta 1 hora y 52 minutos.
• Una emergencia de prioridad alta puede tardar hasta 2 horas y 46 minutos.
• Un caso de prioridad media puede superar las 4 horas de espera.

“En Bogotá una ambulancia puede tardar hasta más de 4 horas en atender a un paciente, una espera que puede costarle la vida”, aseguró la concejal Diana Diago.

La funcionaria señaló que los tiempos promedio de respuesta de las ambulancias coordinadas por el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres (Crue) también están por encima de los parámetros internacionales.

Según las cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Salud, los tiempos promedio son:

• Prioridad crítica: 36 minutos y 10 segundos.
• Prioridad alta: 37 minutos y 11 segundos.
• Prioridad media: 1 hora y 5 minutos.

Diago comparó estos resultados con los estándares del Servicio Nacional de Salud de Inglaterra. En los casos críticos, el tiempo promedio recomendado es de 7 minutos, mientras que el 90% de las emergencias debería atenderse en menos de 15 minutos.

Para los casos de prioridad alta, el promedio establecido es de 18 minutos.

“Bogotá no está cumpliendo ni siquiera con parámetros básicos de atención en emergencias. Cada minuto cuenta cuando se trata de salvar vidas, y hoy el sistema de salud le está fallando a los ciudadanos”, afirmó la cabildante.

La concejal hizo un llamado a la Secretaría Distrital de Salud y a la Administración Distrital para adoptar medidas inmediatas que permitan reducir los tiempos de respuesta.

Entre las solicitudes se encuentran el fortalecimiento de la capacidad operativa del Crue, el aumento de la disponibilidad de ambulancias y la implementación de acciones que garanticen una atención oportuna.

La senadora del Centro Democrático María Clara Posada cuestionó los gastos de viaje de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) entre 2020 y 2026, que, según las cifras que divulgó, sumaron $56.435 millones entre tiquetes, viáticos y gastos asociados.

La congresista afirmó que durante ese periodo los funcionarios de la entidad realizaron más de 75 desplazamientos internacionales.

El pronunciamiento se produjo luego de que las Comisiones Económicas aprobaran un recorte presupuestal para la JEP. Además, debido a que la corporación judicial había advertido que la medida afectaría su funcionamiento, la senadora del partido uribista pidió que se expliquen los resultados de las comisiones realizadas dentro y fuera de Colombia.

“Anoche la JEP dijo que la entidad quedaba sometida a la quiebra con el recorte que aprobaron las Comisiones Económicas. Después de ver las cifras de viajes, la pregunta que nos queda a muchos es si la preocupación recaerá en que no podrán seguir viajando por el mundo como lo han venido haciendo estos años”, escribió la senadora en su cuenta de X.

Por su parte, apenas se supo del recorte, el magistrado Alejandro Ramelli, presidente del JEP, dijo, citado por Caracol Radio: “Somos conscientes de la crisis fiscal que enfrenta el país, pero con esa reducción que aprobaron ayer realmente nos dejan inoperantes”.

Posada aseguró que los viáticos de la JEP crecieron 191% entre 2022 y 2025

De acuerdo con el balance presentado por la legisladora, la JEP habría destinado $23.963 millones a tiquetes y $32.472 millones a viáticos y gastos de viaje de funcionarios y contratistas. Posada sostuvo que el segundo rubro aumentó 191% entre 2022 y 2025.

“El turismo judicial de este Tribunal, a nivel nacional e internacional, le ha costado al país”, afirmó. En su publicación mencionó destinos como Miami, Milán, Sevilla, Madrid, Denver, Chicago, Catania, Houston, Barcelona, Antofagasta y París.

La senadora señaló que los viajes deben ser explicados por la entidad, en especial por su relación con las funciones de la justicia transicional y con la atención a víctimas del conflicto armado.

“¿Qué tienen que estar haciendo los funcionarios de este Tribunal en ciudades turísticas como Miami, Milán, Barcelona, París o Chicago con los gastos cubiertos por el Estado?”, cuestionó.

La congresista pidió aclarar un viaje de 14 días por París, Ginebra y Ámsterdam

Uno de los desplazamientos señalados por la senadora, según ella, “particularmente curioso”, corresponde a un viaje realizado entre noviembre y diciembre de 2025 por el magistrado Ramelli, y el magistrado auxiliar Fabián Camilo Martínez.

Según Posada, ambos permanecieron 14 días en París, Ginebra y Ámsterdam. La congresista planteó interrogantes sobre la justificación técnica de las escalas, aunque reconoció que parte de la agenda pudo estar relacionada con organismos internacionales ubicados en Ginebra o La Haya.

“Asumiendo que fueron a la ONU o al Cicr en Ginebra o a la CPI en La Haya, tomando tren desde Ámsterdam, ¿cuál fue la razón técnica para asistir presencialmente al otro destino?”, escribió Posada. También preguntó si algunas de esas actividades podían realizarse de forma virtual.

La senadora también se refirió a una comisión realizada entre el 15 y el 19 de julio de 2025 por Ramelli, Juan Ramón Martínez, Fabián Camilo Martínez y Julieta Lemaitre a Nueva York.

Posada aseguró que en una factura publicada en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (Secop) figura un presunto doble pago por los mismos tiquetes. “¿Qué sucedió ahí?”, preguntó en su hilo.

La congresista planteó que la JEP debería dar explicaciones sobre el objeto, los resultados y el impacto de esos viajes. “Antes de quejarse por un recorte que les garantiza casi el mismo presupuesto de 2026, la JEP debería explicarle al país qué gestión realizaron sus miembros en estos viajes y cómo benefició directamente a las víctimas”, sostuvo.

La muerte de Susy Aponte Polo, conocida públicamente como ‘La China Polo’, generó diversas reacciones luego de que la comunicadora y candidata a la alcaldía fuera asesinada. El caso también provocó comentarios entre distintas figuras de la televisión y el espectáculo peruano, entre ellas Rodrigo González, quien se pronunció sobre la fallecida periodista. En medio de estas reacciones, Carlos Cacho cuestionó públicamente la postura de ‘Peluchín’ y puso en duda los motivos de su respaldo.

Durante su programa Show pe, el maquillador se refirió directamente a González y sostuvo que la valoración que este habría expresado hacia ‘La China Polo’ estaría relacionada con el enfrentamiento que mantiene desde hace varios años con Magaly Medina. Cacho cuestionó que el conductor destacara a la comunicadora fallecida y consideró que su respaldo tendría como trasfondo las acusaciones que ella había realizado contra la conductora de televisión.

Carlos Cacho cuestiona el respaldo de ‘Peluchín’ a ‘La China Polo’

Carlos Cacho dirigió sus críticas hacia Rodrigo González y cuestionó que su reacción frente a la muerte de Aponte Polo estuviera motivada principalmente por una posición personal frente a Magaly Medina. El maquillador incluso calificó a la conductora como su “madrina” y sostuvo que la relación entre el enfrentamiento de ambas figuras explicaría, desde su perspectiva, la postura de ‘Peluchín’.

“Papacito, no, no mientas, no mientas. Tú estás ahora empoderando y santificando y dándole un respeto a ‘La China Polo’ por el simple hecho de que la tenía contra tu madrina, contra Magaly. El apoyo que tú le estás dando no es porque lo creas, no es porque lo sientas, sino porque sabías que ‘La China Polo’ era declarada enemiga de Magaly Medina y para que quede sus denuncias vivas, poderosas, vigentes, le estás dando tu apoyo. No es por ella, no mientas”, señaló Carlos Cacho.

Cacho cuestiona que ‘Peluchín’ calificara de “valiente” a la comunicadora

El maquillador también cuestionó uno de los calificativos utilizados por Rodrigo González al referirse a ‘La China Polo’. Cacho discrepó de que el conductor la considerara una persona “valiente” por las denuncias que había formulado contra Magaly Medina.

En ese punto, el panelista centró su crítica en la manera en que, según él, se realizaron esas acusaciones. Cacho sostuvo que una denuncia no debería formularse mediante expresiones condicionales si se pretende presentar un señalamiento como un hecho.

“De repente lo estás haciendo para hacer fuerza común por lo que ella decía de Magaly Medina, con la que ya hace tiempo estás en pie de guerra. Tú no puedes llamar valiente a una periodista que usa el condicional a la hora de hacer sus denuncias. Me parece irresponsable. (…) ¿A quién vas a engañar? Los que tenemos un poco de respeto al micrófono y, por supuesto, a la noble tarea de comunicar, no hablamos en condicional”, dijo.

¿Qué dijo Carlos Cacho sobre las denuncias contra Magaly Medina?

Uno de los puntos centrales del cuestionamiento de Carlos Cacho fue precisamente la permanencia de las denuncias realizadas por ‘La China Polo’ contra Magaly Medina. El maquillador consideró que el respaldo expresado por Rodrigo González podía contribuir a mantener vigentes esos señalamientos.

Según la interpretación planteada por Cacho durante su programa, la posición de ‘Peluchín’ no tendría como principal motivo la figura de Susy Aponte Polo, sino el hecho de que ella había mantenido una postura crítica hacia Magaly Medina. El panelista fue enfático al sostener que el respaldo no sería genuino y volvió a dirigirse directamente a González para cuestionar sus motivaciones.

“El apoyo que tú le estás dando no es porque lo creas, no es porque lo sientas”, afirmó Cacho, insistiendo en que, desde su perspectiva, el enfrentamiento entre ‘Peluchín’ y Magaly Medina habría influido en la reacción del conductor.

Carlos Cacho también se refirió al asesinato de ‘La China Polo’

Además de cuestionar la reacción de Rodrigo González, Carlos Cacho habló sobre el asesinato de Susy Aponte Polo y planteó una interpretación personal sobre las circunstancias que podrían haber rodeado el crimen.

El maquillador sostuvo que, en su opinión, una persona no pierde la vida sin que exista algún motivo detrás del ataque. Su comentario se produjo mientras hablaba de la muerte de la comunicadora y de las distintas versiones y reacciones que surgieron después del crimen. “A nadie asesinan por las puras ganas. A ninguna persona le quitan la vida por gusto, ¿no? A una persona a la que le disparan, le quitan la vida, es porque seguramente en eso andaban”, agregó Carlos Cacho al finalizar su mensaje.

Un juzgado séptimo de lo civil de la Ciudad de México rechazó la demanda por daño moral que Kalimba interpuso contra la cantante Melissa Galindo, quien lo acusa de abuso sexual agravado. El juez determinó que el cantante no acreditó los elementos necesarios para que la acción procediera.

La resolución cierra la vía civil que Kalimba abrió en 2023, aunque no resuelve el proceso penal en su contra. Ese caso continúa abierto y sin fecha confirmada para la siguiente audiencia.

La disputa legal se abrió tras la denuncia pública de Melissa Galindo

En marzo de 2023, Melissa Galindo acusó públicamente a Kalimba de abuso sexual agravado a través de un video en Instagram. La cantante originaria de Sinaloa relató que los hechos ocurrieron en tres ocasiones durante 2019 y 2020, cuando ambos trabajaban juntos.

Kalimba negó los señalamientos de inmediato. Su abogado, Eliser García, anunció que el cantante contrademandaría a Galindo por difamación y daño moral, con el argumento de que las acusaciones le generaron pérdidas laborales.

El equipo legal del cantante aseguró contar con más de 120 pruebas periciales para respaldar la demanda. Entre los perjuicios que Kalimba alegó estuvieron la cancelación de dos conciertos y de su participación en la obra de teatro Mentiras.

El proceso penal avanzó en paralelo a la demanda civil de Kalimba

Mientras Kalimba tramitaba su demanda por daño moral, la denuncia penal de Galindo siguió su curso ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. En abril de 2024, un juez vinculó a proceso al cantante por el delito de abuso sexual agravado con violencia física y moral.

La autoridad judicial no impuso prisión preventiva a Kalimba, pero sí dictó una medida cautelar que le prohíbe acercarse o comunicarse con la denunciante. El juez otorgó un plazo de seis meses para la investigación complementaria del caso.

En mayo de 2025 se realizó una nueva audiencia para el desahogo de pruebas, a la que Melissa Galindo no asistió. Su abogada acudió en su representación mientras ambas partes presentaban evidencias que podrían determinar el rumbo del juicio.

El juez desechó la acción civil de Kalimba contra Melissa Galindo por falta de elementos

La resolución más reciente estableció que Kalimba no acreditó los elementos de la acción que intentó contra Galindo. Con este fallo, la demanda civil por daño moral queda desechada de forma definitiva.

Kalimba solicitaba que Galindo le pagara una indemnización por los daños morales, psicológicos y económicos que, según él, le provocó la difusión pública de las acusaciones. El juzgado séptimo de lo civil determinó que esos argumentos no sostenían la vía legal elegida.

A pesar del desenlace en el ámbito civil, el proceso penal por abuso sexual agravado sigue vigente. Las autoridades no han determinado hasta el momento la responsabilidad de Kalimba en los hechos que denunció Galindo.

No es la primera acusación de abuso sexual contra Kalimba

El caso de Galindo no es el único señalamiento de este tipo que enfrenta Kalimba. En diciembre de 2010, cuando el cantante tenía 28 años, Daiana Guzmán, entonces menor de edad, lo denunció por violación tras un incidente en el Budah Bar de Chetumal, donde trabajaba como edecán.

El 19 de enero de 2011 un juez emitió orden de aprehensión y Kalimba fue detenido en Texas y entregado a las autoridades mexicanas. Ingresó al Cereso de Chetumal, pero el 27 de enero el juez Daniel Farah Godoy dictó su libertad por falta de pruebas suficientes.

En el mismo periodo, otra menor identificada como Thaily Villalobos, de 16 años, también lo denunció por violación. En 2023, Guzmán reapareció públicamente para respaldar a Galindo y calificó su propia experiencia como “un infierno”.

El historial incluye además declaraciones de Kimberly de Campa, expareja del cantante, quien acusó públicamente a Kalimba de abusar sexualmente de su hija de cinco años, aunque la denuncia nunca se presentó formalmente ante las autoridades y la joven retractó después sus declaraciones en el programa Ventaneando.

En abril de 2024, una usuaria de TikTok identificada como “Tumamiloverpwr” también acusó al cantante de agredirla sexualmente a ella y a una amiga.

El cabildante indicó que la acción expuso a los jóvenes a un riesgo y pudo afectar la operación del sistema, mientras que el también concejal Juan Manuel Díaz cuestionó la respuesta institucional ante este tipo de conductas, puesto que no es la primera vez que una situación de este tipo se presenta.

En su denuncia, el cabildante pidió que Transmilenio y las autoridades los identifiquen y apliquen sanciones, al advertir que la conducta supone un peligro para quienes la realizan y a los usuarios del sistema.

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran a los tres jóvenes (dos hombres y una mujer) acostados sobre el techo de una estación de la troncal NQS. Luego, cuando un articulado se detiene en el lugar, saltan sobre el vehículo.

Durante el recorrido, los participantes se acomodan sobre el techo y saludan a la cámara con una sonrisa. El articulado avanza mientras los jóvenes permanecen en la parte superior del bus. En el video se puede ver cuando pasan por la estación Movistar Arena.

En una parte de la grabación, los tres parecen ocultarse para evitar ser descubiertos y al final descienden del vehículo, pasando al techo de otra estación y bajando por la estructura.

El pronunciamiento de Transmilenio

El sistema de transporte se pronunció ante el revuelo generado por el video que se viralizó a través de las diferentes plataformas digitales y condenó la conducta de sus protagonistas.

“Rechazamos enfática y reiterativamente cualquier tipo de comportamiento contrario a las normas establecidas en el Código Nacional de Policía y Convivencia Ciudadana. Hacemos un llamado a rescatar los valores y los buenos comportamientos porque este tipo de acciones ponen en riesgo la vida de quienes lo realizan y la de cientos de usuarios que se movilizan en nuestro Sistema”, expresó la entidad en declaraciones confirmadas por Caracol Radio.

Y es que en el Artículo 146 del Código Nacional de Policía y Convivencia están consignados los comportamientos contrarios a la convivencia en los sistemas de transporte público colectivo. En este caso, según el Manual de la Comunidad Usuaria de Transmilenio, aplicarían las siguientes sanciones:

• Quien ingrese o salga de las estaciones o portales por sitios distintos a las puertas designadas para el efecto. Se expone a una multa tipo 1 que equivale a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
• Quien perturbe la tranquilidad de los demás en los medios de transporte público, mediante cualquier acto molesto. Se expone a una multa tipo 1 que equivale a 4 salarios mínimos diarios legales vigentes.
• Quien evada el pago de la tarifa, validación, tiquete o medios que utilicen los usuarios para acceder a la prestación del servicio. Se expone a una multa tipo 2 que equivale a 8 salarios mínimos diarios legales vigentes.

El reclamo por la seguridad y los colados del sistema

El concejal Andrés Barrios afirmó que los jóvenes “se suben a los buses para grabar videos”, pero también advirtió que estas peligrosas maniobras servirían para evitar el pago del pasaje. En consecuencia, pidió la intervención de Transmilenio y de la Secretaría de Seguridad de Bogotá.

“¡Ahora en TransMilenio se están colando hasta por el techo!”, escribió Barrios en su publicación, en la que además cuestionó que estas conductas ocurran porque, según señaló, los responsables consideran que no habrá consecuencias.

El concejal también preguntó: “¿Dónde está la autoridad? ¿Quién está haciendo respetar la ley?”, e insisitió en la importancia de que las entidades identifiquen a las personas que aparecen en el video y apliquen las sanciones que correspondan.

Barrios sostuvo que el sistema “no puede seguir deteriorándose frente a todos mientras la Administración mira para otro lado”.

Por su parte, el concejal Juan Manuel Díaz cuestionó el comportamiento de los jóvenes: “¿Qué está pasando con la cultura ciudadana?”. Del mismo modo, aseguró que “no es una gracia” que los involucrados se subieran al techo de un vehículo en movimiento para grabar contenido para redes sociales.

El cabildante planteó interrogantes sobre las motivaciones de la acción: “¿Todo por un pasaje?, ¿por unos likes?”. También aseguró que quienes incurren en estas conductas pueden atreverse a más cuando perciben falta de reacción por parte de las autoridades. “Estas conductas tienen consecuencias”, indicó.

El abogado de la familia de la víctima del caso Liceo Naval, Jorge Petrozzi, estimó que la sentencia contra los seis adolescentes investigados podría emitirse entre octubre y noviembre de 2026.

Los jóvenes cumplen internamiento preventivo en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como Maranguita, ubicado en San Miguel, y podrían ser trasladados después al centro penitenciario Ancón II cuando alcancen la mayoría de edad.

En una entrevista con Al Día con Willax, el letrado señaló que el proceso sigue en investigación y que la definición corresponderá a la magistrada. Según explicó, la previsión es que el fallo llegue antes de que concluya el plazo de cuatro meses fijado para la medida impuesta a los adolescentes.

“Que la sentencia salga antes de los cuatro meses es lo que se prevé y es lo que, siguiendo estrictamente la ley, hasta el momento la señora jueza está cumpliendo. La Fiscalía, el señor fiscal que ha armado el caso —muy bien hasta el momento—, y la señora jueza, esperamos que haya sentencia entre octubre y noviembre de este año. Entre octubre y noviembre de este año debería estar dándose la sentencia”, afirmó.

Petrozzi sostuvo que dos profesores que viajaban en el bus tenían el deber jurídico de proteger la seguridad del menor. En esa línea, citó el artículo 13 del Código Penal, referido a los delitos de comisión por omisión, para referirse a la responsabilidad de los adultos.

“Ya está probado que estaban ahí. Eran dos profesores que estaban dentro del bus y que no hicieron nada para impedir este hecho”, declaró al referido medio.

Sobre el chofer, el abogado indicó que figura entre las tres personas denunciadas, aunque sostuvo que no tenía una posición jurídica de garante. A su juicio, la función del conductor consistía en trasladar a los escolares de forma segura, mientras que la vigilancia dentro del vehículo debía recaer en un auxiliar.

Pena y traslado dependerán de la decisión judicial

Petrozzi afirmó que, desde su interpretación, los investigados actuaron como coautores, por lo que deberían recibir la misma pena. El abogado consideró que la sanción aplicable sería de ocho años, aunque reconoció que existe otra postura que plantea seis. “Es una discusión jurídica que tendremos que dar ante la magistrada, quien tomará su decisión”, manifestó posteriormente.

El letrado precisó que una apelación podrá presentarse si alguna parte discrepa de la resolución. También indicó que la situación de los adolescentes puede modificarse antes del fallo, debido a que la investigación continúa y se reciben nuevos datos aún.

“Mientras un juez no dicte sentencia, todo puede pasar. Mientras todavía estemos en la etapa de investigación, tengamos una diligencia o una audiencia dentro de unos días, cualquier cosa puede pasar”, resaltó.

El abogado explicó que algunos investigados tienen 16 y 17 años, por lo que si la medida o la sanción continúa después de esa edad, planteó que corresponde el traslado a un penal común con condiciones para mantener medidas socioeducativas y tratamiento de resocialización.

“Según lo informado por una de las autoridades competentes, Ancón II tiene esas condiciones. Entonces, deberían el próximo año, cuando cumplan 18 años, ser trasladados a Ancón II”, concluyó Petrozzi.

Una pasajera pidió ayuda a la tripulación después de denunciar que un hombre la había acosado sexualmente durante un vuelo. Según su relato, el personal de cabina no llamó a las autoridades, tampoco le ofreció cambiar de asiento y permitió que el hombre bajara del avión al aterrizar.

El episodio ocurrió el 3 de septiembre de 2026, en un vuelo regional de aproximadamente una hora entre Rochester, Nueva York, y el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en Nueva Jersey. La mujer, de 25 años, es terapeuta de crisis pediátrica y viajaba hacia Boston para pasar el fin de semana del Día del Trabajo con amigos.

El vuelo era operado por United Airlines. La denuncia volvió a poner el foco en los protocolos que aplican las aerolíneas ante situaciones de acoso sexual a bordo.

La tripulación le permitió pararse, pero la obligó a volver a su asiento antes de aterrizar

Según relató la mujer a NBC News, notó que el hombre sentado a su lado —de entre 35 y 40 años— se masturbaba mientras la miraba.

La mujer aseguró haber alertado de inmediato al personal de la aerolínea. Los auxiliares de vuelo le permitieron quedarse de pie durante aproximadamente una hora.

Sin embargo, cuando el avión comenzó a prepararse para el aterrizaje, le comunicaron que debía regresar a su lugar.

Ante su negativa y la incomodidad que expresó, un auxiliar le indicó que solo serían tres a cinco minutos. El tiempo real fue considerablemente mayor: al estar ubicada en la parte trasera del avión, tuvo que aguardar sentada junto al hombre mientras el resto de los pasajeros desembarcaba.

El vuelo operó como United Express, a cargo de la aerolínea regional GoJet, en un avión de tipo CRJ-550.

El hombre bajó del avión sin consecuencias y un empleado le preguntó “¿Qué quiere que haga?”

Una vez que el avión llegó a la puerta de embarque, el hombre descendió sin que nadie lo interceptara ni llamara a las autoridades.

La pasajera se acercó al personal de tierra para plantear lo sucedido. La respuesta de un agente fue: “¿Qué quiere que haga?”, tal y como relató ante NBC News.

Otro agente le reconoció que los protocolos no habían sido respetados y le aconsejó presentar una queja formal.

La pasajera radicó una denuncia ante la Administración Federal de Aviación (FAA) y se comunicó con el Buró Federal de Investigaciones (FBI). Ambas acciones las tomó por iniciativa propia, sin orientación de la tripulación.

La aerolínea abrió una investigación y ofreció un crédito de USD 100

La respuesta de United Airlines generó una nueva polémica. En el correo que le enviaron a la pasajera, la empresa describió lo ocurrido como “un comportamiento de otro pasajero que le generó preocupación”, una formulación que la mujer interpretó como una forma de minimizar la situación e, incluso, de culpabilizarla.

Como compensación, la compañía le ofreció un crédito de USD 100 para futuros viajes. Su pasaje original había costado alrededor de USD 400. La afectada aclaró que nunca había solicitado un reembolso; simplemente esperaba una respuesta acorde a la gravedad de lo que vivió.

Tras la difusión del caso, la aerolínea confirmó que abrió una investigación. “Estamos revisando este reporte, pero por el momento no tenemos nada adicional para compartir”, declaró un vocero del grupo en comunicación con People. El comunicado no incluyó detalles sobre si el pasajero involucrado fue identificado o si se tomó alguna medida en su contra.

De acuerdo con la información proporcionada, el enfrentamiento involucró a dos grupos de escolares y comenzó cuando seis estudiantes abordaron a tres menores cerca de un colegio en La Perla. Uno de los alumnos terminó con lesiones que requirieron atención médica y posteriormente inició terapia.

La situación tomó otra dimensión cuando un estudiante que no participó en la agresión recibió mensajes por WhatsApp. En esas comunicaciones apareció una amenaza relacionada con el uso de un arma de fuego. Los padres de familia señalaron que ya existe una denuncia y que las pruebas recopiladas fueron entregadas a las autoridades.

El caso también expone la preocupación de las familias por la seguridad de los estudiantes dentro y fuera de los colegios. Los padres acudieron a la institución educativa para informar sobre lo ocurrido, mientras que, según el material proporcionado, no se identificó presencia de patrulleros ni personal de serenazgo en los horarios de ingreso y salida.

Una agresión que terminó con un menor en una clínica

Uno de los estudiantes fue sujetado mientras recibía golpes. Otro menor también quedó involucrado en la agresión, pese a que, según la versión familiar incluida en el material, se encontraba con su compañero cuando fueron interceptados.

La víctima terminó en una clínica. La familia informó que, después de la agresión, el menor presentó una recuperación física progresiva y comenzó terapia por el impacto emocional del episodio.

Los padres también recopilaron videos relacionados con el caso. En las imágenes aparecen más de cinco escolares, entre ellos una persona mayor de edad, según la información entregada por las familias.

Las amenazas aparecieron después del enfrentamiento

El conflicto no terminó con la agresión física. Días después, otro estudiante que no estuvo presente durante la pelea recibió mensajes por WhatsApp con insultos y amenazas.

Entre las expresiones enviadas aparece: “Te voy a meter plomo”. La comunicación también incluye otros mensajes intimidatorios dirigidos contra el menor.

La familia señaló que existe una denuncia y que las pruebas disponibles fueron entregadas. La preocupación se concentra en determinar quién se encuentra detrás de los mensajes y establecer si existe un riesgo real para el estudiante amenazado.

El material proporcionado también precisa que, debido a que los involucrados son menores de edad y existe una denuncia en investigación, no se identifican los colegios relacionados con el caso.

Padres piden medidas de protección para los estudiantes

Los familiares acudieron al colegio para informar sobre la agresión y las amenazas posteriores. Según el material, la institución indicó que activó sus protocolos, aunque esta respuesta no satisfizo a los padres.

Una de las principales preocupaciones expresadas por las familias está relacionada con la seguridad durante el ingreso y la salida de los estudiantes. Según la información proporcionada, pese a las denuncias presentadas por la agresión, no se observó presencia de patrulleros ni de serenazgo en esos momentos.

La institución educativa a la que pertenecería el grupo señalado como agresor fue contactada para conocer su versión. De acuerdo con el material entregado, no se obtuvo respuesta hasta el cierre de la información.

En entrevista con ATV, Vildoso precisó que los denunciados son un entrenador, un profesor de Educación Física y el chofer de la movilidad en la que se encontraban los estudiantes. Según explicó, la denuncia fue presentada por presunta omisión de funciones y los tres fueron separados mientras se esclarecen los hechos.

Colegio denunció a tres adultos por omisión

El contralmirante confirmó que el Liceo Naval Almirante Guise presentó la denuncia contra los adultos que estuvieron en el bus. “Han sido denunciados por el colegio por omisión de funciones”, declaró Vildoso a ATV.

Ante la consulta sobre quiénes fueron denunciados, el representante de la Marina detalló que se trata de “los dos docentes que estuvieron en el bus y al chofer”. Uno de los profesores, precisó, era docente de Educación Física, mientras que el otro cumplía funciones de entrenador.

Vildoso explicó que las actividades extracurriculares fuera del horario de clases cuentan con un procedimiento establecido. Primero se informa a los padres de los alumnos que participarán, luego se emite una resolución para autorizar la actividad y esta concluye cuando los estudiantes retornan al colegio.

Tres trabajadores separados

El contralmirante señaló que los tres adultos fueron separados de sus funciones mientras se desarrolla la investigación. Según explicó, la decisión fue adoptada por la Dirección de Bienestar de la Marina, entidad que tiene a su cargo la gestión de los liceos navales.

“Han decidido separarlos para esclarecer los hechos”, indicó Vildoso durante la entrevista con ATV. Sin embargo, remarcó que el proceso debe respetar las garantías correspondientes antes de establecer responsabilidades.

En ese sentido, el representante de la Marina insistió en la necesidad de respetar el debido proceso. Las circunstancias ocurridas dentro de la movilidad deberán ser esclarecidas por las autoridades encargadas de la investigación, que determinarán las responsabilidades que correspondan.

Directora informó a la familia esa noche

Vildoso también se refirió a la reacción del colegio después de tomar conocimiento de lo ocurrido. Según su versión, el Liceo Naval Almirante Guise conoció el caso el martes por la noche y la directora se comunicó con la madre del estudiante aproximadamente a las 11 p. m.

La directora habría citado a los padres para la primera hora del miércoles y activado el protocolo correspondiente. Posteriormente, según el contralmirante, se realizó una ficha de entrevista con los padres, como parte del procedimiento establecido para casos de violencia contra niños y adolescentes.

De acuerdo con Vildoso, durante esa reunión la directora les indicó a los padres: “Si no denuncian ustedes, denunciamos nosotros”. Finalmente, la familia optó por presentar la denuncia.

Marina reconoce fallas en supervisión y control

El caso también llevó a la Marina de Guerra a reconocer errores en sus mecanismos de supervisión. Vildoso explicó que el comunicado difundido por la institución, en el que se habló de humildad y reconocimiento de errores, respondió a fallas detectadas en el sistema.

“Ha habido errores en el sistema de supervisión y control. Si no, no hubiera sucedido lo que ha sucedido”, afirmó el contralmirante en ATV. Añadió que la institución debe revisar los procesos relacionados con situaciones de violencia dentro del colegio.

Vildoso señaló que el Liceo Naval Almirante Guise cuenta con alrededor de 1.800 alumnos y planteó revisar cómo se están registrando y atendiendo los casos reportados. En esa evaluación, mencionó tanto los cuadernos de incidencias como la plataforma SíSeVe.

Cuestionan respuesta frente a casos anteriores

Respecto a las denuncias de los padres por la presunta inacción ante casos anteriores de violencia, el oficial sostuvo que existen mecanismos de seguimiento, como la comunicación con las familias y el acompañamiento socioemocional a los estudiantes.

Sin embargo, reconoció la necesidad de revisar si los procedimientos establecidos están funcionando adecuadamente. “La letra está, pero la acción es la que tiene que demostrar”, manifestó Vildoso, al referirse a los protocolos y controles que deben aplicarse en los colegios.

El representante de la Marina sostuvo que el caso expone un problema que trasciende al Liceo Naval y alcanza a otros centros educativos del país. Por ello, consideró necesario revisar los procedimientos utilizados frente a las denuncias de violencia escolar.

Contralmirante rechaza minimizar la presunta agresión sexual

El vocero de la Marina de Guerra también fue consultado sobre las declaraciones de un padre de familia de uno de los involucrados, quien habría descrito lo ocurrido como un exceso dentro de un “juego” entre estudiantes.

“Cuando hay una agresión sexual de por medio, se tiene que decir con todo lo que involucra eso”, afirmó en ATV. Añadió que respeta las opiniones de los padres, pero que no comparte esa posición y que corresponde a las autoridades determinar qué ocurrió.

El oficial pidió evitar la estigmatización de los estudiantes del Liceo Naval que no tienen relación con el caso. Señaló que algunos alumnos han recibido insultos en la vía pública simplemente por llevar el uniforme del colegio y sostuvo que no se debe generar odio contra quienes no están involucrados en los hechos investigados.

El denunciado es conocido en las redes sociales como “Hernán Bloquero” y, según contó el conductor, es fan de su ex pareja, Sofía “La Reini” Gonet. En su cuenta de Instagram, el hombre exhibe varios tatuajes dedicados a la influencer, entre ellos sus ojos, su rostro, su nombre y apellido y hasta su fecha de nacimiento.

El episodio que precipitó la denuncia ocurrió este lunes en la sede de Olga, en el barrio porteño de Palermo. Mientras estaba al aire, Pettinato advirtió la presencia del hombre del otro lado del vidrio y, según relató, este lo miró y realizó un gesto que interpretó como una amenaza de cortarle el cuello. Así se ve en el video que encabeza esta nota.

Horas más tarde, el conductor se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B para formalizar la denuncia. Según confirmaron fuentes policiales a Infobae, denunció al hombre por amenazas mediante gestos y ademanes frente al canal de streaming.

Tras la presentación, tomó intervención la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°6, a cargo del fiscal Federico Jorge Taramelli, ante la secretaría de Gastón Pepe, que ordenó la intervención de la División Investigaciones Comunales 14 de la Policía de la Ciudad.

La secuencia había quedado expuesta horas antes durante la transmisión de Olga. Pettinato contó en vivo que los problemas con el hombre habían comenzado durante su relación con Gonet.

“Cuando yo me puse de novio con ella, él se obsesionó de manera muy violenta conmigo”, aseguró.

Según su relato, comenzó entonces a recibir mensajes intimidatorios desde distintas cuentas. Pettinato reprodujo al aire algunas de las amenazas que atribuyó al hombre: “Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza”.

El conductor sostuvo que durante un tiempo consideró que las amenazas quedaban circunscriptas a las redes sociales. Incluso pensó que terminarían después de su separación de la influencer. “El tipo nunca se fue de mi vida realmente. Sigue escribiendo de distintas cuentas que me va a matar”, afirmó.

Los tatuajes dedicados a “La Reini”

En sus propias redes sociales, Bloquero muestra su admiración por Gonet y exhibe los tatuajes que se hizo en homenaje a ella. Según él mismo señala, tiene siete.

Entre los diseños que mostró aparecen los ojos de Gonet tatuados sobre su pecho, un retrato de su rostro, su nombre y apellido, el nombre “Sofía” dentro de un corazón y la fecha 20-03-1999, correspondiente al nacimiento de la influencer.

En la descripción de su perfil también hace referencia a esos tatuajes: “Llevo tus hermosos ojos y tu hermosa cara angelical en mi piel”, escribió junto a la cuenta de Gonet.

En una historia en la que compartió imágenes de los diseños agregó: “Recuerden que esto no lo hace un fanático cualquiera. Lo hace únicamente un verdadero hombre que se lea juega por la mujer que ama”.

Bloquero también había utilizado sus redes para referirse directamente a Pettinato. En una de sus historias lo llamó “el gordo putito” y manifestó abiertamente su rechazo hacia él.

“Ustedes saben perfectamente el odio a muerte que le tengo. No lo puedo ni nombrar. No lo puedo ver ni en fotos. Le tengo tanto odio que no lo puedo nombrar ni por el nombre”, expresó.

La amenaza en vivo

Este lunes, de acuerdo con el relato de Pettinato, la situación escaló cuando el hombre se presentó físicamente en la puerta del canal.

El conductor estaba despidiendo a Gabriel Rolón cuando advirtió su presencia. “Levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí”, contó mientras reproducía ante sus compañeros el gesto que, según dijo, acababa de hacerle.

“Finalmente se apersonó. El peligro yo siempre lo sentía lejano”, señaló.

Pettinato explicó que hasta ese momento él y Gonet habían tomado con cierta distancia lo que ocurría en las redes, pero que encontrarse con el hombre frente a su lugar de trabajo cambió su percepción de la situación.

“Lo grave que acaba de suceder es que vino realmente a la puerta de Olga, delante de todos ustedes, me amenazó recién parado acá y se fue, lo cual ya me da miedo de verdad y tengo que ir a denunciarlo”, afirmó.

Y agregó: “Quería hacerlo público por si realmente salgo y me pega un tiro en la cabeza ahora. Bueno, fue Hernán Bloquero”.

“Qué terror. Terror tengo”, reconoció durante la transmisión.

Pettinato anticipó entonces que recurriría a la Policía: “Voy a tener que ir a hacer la denuncia de esta persona”.

Horas después cumplió con lo anunciado y se presentó en la Comisaría Vecinal 14 B.

El episodio ocurrió durante la emisión del programa de streaming, cuando el equipo despedía al psicólogo Gabriel Rolón. Según contó Pettinato, levantó la mirada hacia el ventanal del estudio, que da directamente a la vereda, y reconoció a quien, afirmó, lo hostiga en redes sociales desde que mantuvo una relación con Sofi Gonet.

“Me acaba de pasar algo increíble. ¿Lo cuento?”, preguntó el conductor a su compañero Lucas Fridman antes de dar detalles de lo que acababa de advertir. Luego explicó que el hombre permaneció frente al vidrio, lo miró y realizó un movimiento con el dedo índice sobre el cuello, una señal que interpretó como una amenaza de muerte.

“Recién, cuando estábamos despidiendo a Gabriel Rolón, levanto la cabeza y estaba parado acá, así, mirándome a mí. Me hace (el gesto) y se va caminando”, aseguró Pettinato. El conductor sostuvo que la situación se produjo frente a los demás integrantes del programa y de parte del público que seguía la transmisión.

El hijo de Roberto Pettinato afirmó que el hombre se retiró poco después de hacer el gesto. La brevedad del hecho no redujo su preocupación, ya que consideró que el episodio implicó una escalada respecto de los mensajes que, según sus dichos, recibía en sus redes sociales.

“El peligro yo siempre lo sentía lejano. Finalmente se apersonó”, expresó el integrante de Olga. “Seguramente podamos pedir el video”, comentó, luego de que desde el estudio le confirmaran que el edificio cuenta con registros de vigilancia.

Fridman le sugirió que actuara de inmediato y buscara asesoramiento. Pettinato coincidió con esa posibilidad y señaló que evaluaba llevar el material a la Justicia. “Tengo que ir a hacer la denuncia de esta persona”, afirmó durante la conversación al aire.

El conductor remarcó que pudo reconocerlo porque, de acuerdo con su versión, se trata de una persona que ya había visto en redes sociales. “Es un tipo que me viene amenazando hace dos años, desde que empecé a salir con Sofi Gonet”, explicó.

Durante su descargo, Homero identificó al presunto agresor como Hernán Bloquero, nombre con el que, según dijo, se presenta en plataformas digitales.

“Me empezó a escribir: ‘Te voy a matar, se te va a apagar la tele, te voy a ir a buscar a la puerta de Olga y te voy a pegar un tiro en la cabeza’”, enumeró las amenazas que fue recibiendo a lo largo de los dos años.

Pettinato señaló que había intentado mantenerse distante de esa situación y que creyó que el hostigamiento se diluiría con el paso del tiempo, incluso después de terminar su relación con La Reini. Según relató, la amenaza frente al estudio cambió su percepción porque el hombre habría pasado de las interacciones virtuales a una aparición presencial.

“Es muy diferente el ‘te voy a matar’ en redes a un tipo que realmente se apersonó y me amenazó de muerte frente a la ventana”, planteó.

La mención al supuesto acosador surgió de modo espontáneo en la transmisión. Pettinato interrumpió el clima habitual del ciclo para explicar que necesitaba hacer público lo que acababa de pasar y que, hasta entonces, no había dimensionado el riesgo.

A lo largo de su relato, Pettinato manifestó temor por la presencia del hombre en las inmediaciones de Olga. “Terror tengo”, dijo. “Fue muy rápido. Levanto la cabeza, lo veo que hace así, se da media vuelta y se va caminando”, contó. Al finalizar su relato, adelantó que buscaría las grabaciones del estudio y que evaluaba presentar una denuncia.

Ocho alumnos del Liceo Naval Almirante Guise fueron captados en un chifa de San Borja aproximadamente una hora después de la presunta agresión sexual contra uno de sus compañeros dentro de un bus escolar. Las imágenes difundidas por Panorama muestran a los adolescentes conversando, riéndose y consumiendo alimentos y bebidas, pese a lo ocurrido previamente.

De acuerdo a las imágenes difundidas, los estudiantes acudieron al establecimiento luego de retornar de una actividad deportiva. Cuatro de ellos cenaron, mientras otros consumieron gaseosas y permanecieron concentrados en sus celulares. Según Panorama, la escena no evidenció preocupación por el estado de la víctima ni temor ante lo sucedido.

Adolescentes fueron a un chifa tras presunta agresión sexual

Las imágenes difundidas por Panorama corresponden al martes en que ocurrió la agresión. A las 5:18 p. m., ocho estudiantes que habían estado en el bus ingresaron a un chifa de San Borja. Todos llevaban el uniforme deportivo del Liceo Naval Almirante Guise y cargaban sus mochilas.

De acuerdo con el reportaje, los adolescentes permanecieron en el establecimiento durante más de una hora y mantuvieron una actitud aparentemente tranquila. La secuencia muestra conversaciones entre ellos, risas y momentos de camaradería, mientras la víctima había quedado afectada por lo ocurrido dentro del vehículo.

Se investiga responsabilidad de cada adolescente

La agresión ocurrió durante el retorno de un equipo de futsal del Liceo Naval Almirante Guise. Según la reconstrucción presentada por Panorama, la víctima se encontraba en los asientos ubicados a la mitad del bus, mientras que varios de los estudiantes actualmente investigados estaban sentados en la parte posterior, detrás de él.

Los testimonios recogidos durante la investigación presentan contradicciones sobre lo ocurrido. Algunos de los adolescentes reconocieron haber visto a la víctima afectada después de la agresión, pero negaron haber participado directamente en ella. Uno de los alumnos retenidos, según el reportaje, si atribuyó responsabilidad a uno de los compañeros.

Seis alumnos permanecen internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Lima, conocido como ‘Maranguita’, mientras continúa la investigación. El abogado penalista Julio Rodríguez explicó que, al tratarse de menores infractores, la medida socioeducativa de internamiento es la sanción más grave prevista para estos casos y puede alcanzar un máximo de seis años.

Cuestionan actuación de adultos en el bus

La investigación también busca establecer qué hicieron los adultos que se encontraban dentro del vehículo mientras ocurrió la agresión. De acuerdo con la reconstrucción difundida por Panorama, en el bus viajaban el entrenador del equipo de futsal y otro profesor, quien había tomado fotografías durante el encuentro y posteriormente asistió a un alumno golpeado.

Rodríguez sostuvo que los adultos tenían una responsabilidad de protección respecto de los estudiantes. “Los otros adultos sí tenían un deber de garantía. Es lo que llama el derecho penal un deber de cautela, de protección”, declaró el especialista para el citadol medio.

El letrado añadió que, si se demuestra que los adultos conocían lo que estaba sucediendo y no actuaron para impedirlo, su responsabilidad tendría que ser evaluada dentro de la investigación. Rodríguez sostuvo que, si dejaron que los hechos ocurrieran pese a conocer lo que sucedía, “el derecho penal se les castiga en comisión por omisión, por delitos de agresión sexual”. En ese escenario, agregó, “la pena para ellos sería 26 años de privación de libertad”.

Denuncian bullying previo a la agresión

La familia del adolescente también ha señalado que el menor habría sido víctima de hostigamiento antes de la agresión investigada. Jorge Petrozzi, abogado del adolescente, aseguró que existían antecedentes de comportamientos que incluían golpes, bromas y ocultamiento de sus pertenencias.

“Típico hostigamiento, ¿no? Golpes, bromas, esconderle cosas, sustraerlo, molestarlo por lo que fuera. O sea, el típico bullying y abuso”, declaró Petrozzi a Panorama. La defensa también ha planteado la posibilidad de que los hechos tengan un componente racista, aspecto que deberá ser determinado durante las investigaciones.

Según el reportaje, los adolescente investigados sostienen que la agresión se detuvo cuando la víctima pidió que pararan. Posteriormente, el adolescente se retiró solo y acudió a una clínica para encontrarse con su madre.

Especialistas analizan la conducta posterior a la agresión

La psicoterapeuta Elena Aranda explicó que las conductas violentas no aparecen necesariamente de manera aislada y pueden estar relacionadas con antecedentes y contextos en los que la agresión se encuentra presente. “Uno no se hace agresor de la noche a la mañana. También hay una serie de antecedentes, un entorno familiar, social, donde hay mucha agresión”, señaló a Panorama.

Por su parte, Julio Rodríguez consideró que la agresión descrita representa una afectación grave de la dignidad de la víctima. “Lo que busca es denostar la condición de ser humano, afectar su dignidad”, afirmó el abogado penalista. El caso continúa bajo investigación para determinar la responsabilidad individual de los estudiantes involucrados y establecer qué ocurrió antes, durante y después de la agresión.

La Defensoría del Pueblo pidió al Poder Judicial y a las autoridades de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) definir con urgencia la situación del rectorado, luego de los hechos de violencia registrados en el campus durante un intento de desalojo de autoridades.

El pronunciamiento se produjo después del ingreso de la exvicerrectora académica Shirley Empetriz Chilet Cama a las instalaciones de la universidad, en cumplimiento de una resolución judicial que dispone su asunción como rectora. El episodio provocó protestas y momentos de tensión entre integrantes de la comunidad universitaria y quienes respaldaban el cumplimiento del mandato judicial.

La Defensoría informó que realizó acciones de supervisión dentro del campus y sostuvo una reunión con el rector encargado. Según la institución, durante ese encuentro se comunicó la presentación de una denuncia por los daños ocasionados durante los incidentes.

Pese a los hechos registrados durante la mañana, la entidad también verificó que las actividades académicas continuaron con normalidad. La intervención de la Defensoría se produjo en medio de una disputa por la conducción de la universidad y por la aplicación de una medida cautelar emitida por un juzgado de Lima.

Defensoría pide resolver la situación del rectorado

En su comunicado, la Defensoría del Pueblo señaló que corresponde al Poder Judicial y a las autoridades de la UNI adoptar una definición urgente respecto de quién debe ejercer el rectorado.

“Ante los hechos de violencia registrados en la víspera en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) durante un intento de desalojo a las autoridades, desde la Defensoría del Pueblo invocamos al Poder Judicial y a las autoridades de dicha casa de estudios a definir con urgencia la situación del rectorado”, indicó la institución.

Como parte de sus labores de supervisión, representantes de la entidad se reunieron con el rector encargado. Según la información proporcionada durante esa reunión, se presentó una denuncia por los daños registrados durante los incidentes. La comunicación atribuyó la presencia en los hechos a un grupo compuesto, según lo señalado ante la institución, por personas ajenas a la universidad y exestudiantes.

La Defensoría también precisó que su personal verificó directamente las condiciones del campus tras los acontecimientos. De acuerdo con su reporte, las actividades académicas continuaron con normalidad pese a los incidentes registrados horas antes.

Mandato judicial ordena cambios en el rectorado

El conflicto se encuentra relacionado con una resolución judicial que modificó la situación de las autoridades de la UNI. Según un reporte de Agenda País, un juzgado de Lima concedió una medida cautelar a favor de la universidad y dispuso dejar sin efecto la designación de Arturo Talledo Coronado como rector interino.

La resolución establece además que Shirley Empetriz Chilet Cama asuma el rectorado y convoque posteriormente a elecciones. El mandato otorgó a la Asamblea Universitaria y a las autoridades de la UNI un plazo de cinco días hábiles para ejecutar las disposiciones.

Estudiantes de la universidad sostienen que dicho plazo vencería el 18 de septiembre. La resolución también contempla posibles responsabilidades administrativas, civiles y penales ante un eventual incumplimiento, entre ellas una denuncia por desobediencia o resistencia a la autoridad.

Ingreso de Shirley Chilet Cama generó tensión

El lunes, el ingreso de Chilet Cama a las instalaciones de la UNI provocó protestas dentro del campus. Imágenes difundidas por Canal N mostraron momentos de tensión ante la presencia de la exvicerrectora académica, quien ingresó con respaldo de efectivos policiales mientras integrantes de la comunidad universitaria expresaban su oposición.

La medida judicial se ejecutó en un contexto de disputa por la conducción institucional. La exautoridad universitaria fue vacada en julio de 2025 por decisión mayoritaria de la Asamblea Universitaria, según los antecedentes incluidos en la información proporcionada.

El proceso de vacancia comenzó a partir de una solicitud presentada por “los alumnos asambleístas” el 19 de mayo de 2025. La Asamblea Universitaria admitió el pedido por unanimidad y designó una Comisión Permanente para evaluar el caso.

Lo que más ha generado indignación y repudio es que el hombre que ella señaló es el acólito que cada domingo ayuda a un sacerdote que llega hasta la manzana 28, y frente al salón comunal, y que vive en la misma zona, le habría hecho gestos obscenos, luego de mostrarle su miembro viril desde la ventana de un apartamento cuando ella iba caminando el mediodía del viernes 11 de septiembre.

“Quiero comentarles algo que me pasó personalmente a mí y que acá hay muchas mujeres que también han sido víctimas. Es importante que lo sepan, porque acá hay mujeres adultas, hay niños y hay personas vulnerables. El día viernes por el mediodía, yo iba pasando por el conjunto de Las Ceibas cuando este señor presuntamente me sacó el pene y empezó a masturbarse”, señaló Escobar en su testimonio que se hizo viral en redes sociales.

Por tal motivo, Infobae Colombia se comunicó con Catalina, que expresó su impotencia por lo que ocurrió después de que ella intervino en medio de la eucaristía, y la poca empatía por parte de las presentes, e incluso del mismo sacerdote.

“Hay testimonios que dicen que (el acólito) las ha perseguido en cicla (bicicleta) acosándolas, que les ha sacado el pene en varias ocasiones masturbándose. Y usted es cómplice porque usted ya sabe, porque yo misma fui al conjunto y hablé, fui a la Policía y estoy haciendo esto porque me sentí vulnerable”, dijo Catalina en la grabación señalando al cura, que no le prestó mayor atención a la denuncia de la mujer.

“Nadie, ni la Policía, ni nadie me prestó atención”, recordó Catalina, que expresó que fue hasta el CAI de la zona, ubicado a pocas cuadras, pero debido a la falta de acción por parte de los uniformados y la reacción del adiminstrador del conjunto residencial optó por “boletear” en redes sociales a su presunto acosador.

“No quiero que otras personas pasen lo que yo pasé y los niños tengan que protegerlos de estos abusadores”, menciona al final del video la mujer.

Las redes sociales le dieron la razón a la víctima: el rostro del acólito lo reconocieron otras mujeres que sufrieron casos similares

Catalina, en medio del desconsuelo por no recibir apoyo, buscó la forma de visibilizar lo que le pasó y por medio de un grupo de Facebook de residentes en Ciudadela Colsubisidio y Cortijo relató los hechos y brindó detalles sobre la apariencia física del hombre, y las respuestas que recibió la dejaron perpleja, pero más segura de que lo que había hecho era lo correcto.

Y es que no fue uno, ni dos, sino decenas de mensajes los que recibió, en los que algunas habitantes de la zona contaron los momentos desagradables que vivieron por cuenta de este personaje.

“Y después de hacer esa publicación llegaron muchos comentarios de mujeres que han vivido lo mismo con él, que les saca el pene a las niñas que juegan voleibol, a las que un tiempo que patinaban, que también les sacaba el pene, que las perseguía en cicla. Inclusive hay una, una mujer que dijo que cuando ella tenía aproximadamente 13 años y vivía debajo de la torre de él, el tipo llegó a la casa de ella con un libro sexual, y se le intentó meter al apartamento. Ella denunció, pero pues en ese momento no pasó nada”.

En varias de las denuncias se aclara que el sujeto vive con su abuela, una adulta mayor, que sería quien responde por él y que, en anteriores ocasiones, argumentó que este personaje tiene un problema de salud mental.

Lo que más dejó sorprendida a Catalina fue la reacción del sacerdote el domingo 13 de septiembre, luego de exponer lo que ella vivió.

“Estábamos esperando al padre porque la idea era que el padre escuchara lo que él estaba haciendo, y esperando que le dijera algo como que: ‘¿Usted por qué hace eso? Eso no está bien, váyase de acá, usted no tiene que estar acá’. Antes, por el contrario, el padre empezó a decir como que: ‘Yo no lo conozco, solamente viene acá’, inclusive hasta (el cura) puso el baflé a todo volumen, le subió el volumen a la música, como silenciándonos, y solamente una persona de las que estaban ahí sentadas en la misa le dijo como: ‘No, es que usted no tiene que estar acá, váyase, váyase’; Entonces lo sacaron, pero por el padre, él hubiera terminado la misa y ese tipo seguiría ahí“, agregó la mujer en su relato a este medio.

La defensora de derechos humanos y dirigente garífuna Miriam Miranda denunció una presunta intervención policial contra integrantes de la comunidad garífuna que mantenían un plantón en Cayo Menor, parte del archipiélago de Cayos Cochinos, en el departamento de Atlántida, al noreste de Honduras.

A través de publicaciones en sus redes sociales, Miranda aseguró que los manifestantes fueron reprimidos mientras desarrollaban una protesta que, según su versión, era de carácter pacífico.

El grupo se habría instalado en la zona para expresar su rechazo a la realización de un reality show español en el archipiélago, particularmente por considerar que la actividad coincide con el período de desove de las tortugas marinas.

La dirigente sostuvo además que los manifestantes son beneficiarios de una sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos relacionada con Cayos Cochinos y que dicha resolución establece obligaciones para el Estado hondureño en materia de consulta previa.

Miranda afirmó que durante el operativo estuvieron presentes agentes de diferentes instituciones de seguridad del Estado.

Según su denuncia, en el lugar se encontraban miembros de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Naval de Honduras, además de un representante de la Procuraduría General de la República.

Investigar abusos

La defensora señaló que la presencia de estos funcionarios habría tenido como objetivo intimidar a los integrantes de la comunidad y desalojar el campamento instalado en la zona.

También denunció la destrucción de las casas de campaña y aseguró que algunas pertenencias de los manifestantes fueron retiradas durante la intervención. Entre los hechos denunciados figura una presunta agresión contra una de las integrantes del grupo, identificada como Mabel Robledo.

Miranda responsabilizó a los agentes que participaron en el operativo por cualquier daño que pudieran sufrir los integrantes de la comunidad y pidió que se investigue lo ocurrido.

Reclamo por la consulta previa

El conflicto se vincula con la exigencia de la comunidad garífuna de participar en las decisiones sobre actividades en Cayos Cochinos.

Miranda recordó que la sentencia de la Corte IDH establece obligaciones para el Estado hondureño, entre ellas la realización de procesos de consulta previa antes de autorizar determinadas actividades en el archipiélago.

La dirigente sostiene que la realización del programa de televisión extranjero no habría cumplido con ese proceso. La protesta buscaba precisamente llamar la atención sobre esta situación y exigir que las disposiciones del tribunal interamericano sean respetadas.

En sus publicaciones, Miranda mencionó directamente al subcomisionado policial Denis Zelaya, a quien señaló de haber ordenado acciones contra el campamento de los manifestantes.

La defensora afirmó que, bajo esa orden, habrían sido destruidas las estructuras instaladas por los garífunas y quemadas algunas colchonetas.

Estas afirmaciones corresponden a la denuncia pública de Miranda. Hasta el momento, su versión es la única difundida públicamente sobre los hechos; queda pendiente la posición oficial de las instituciones señaladas.

Llamado a organismos de derechos humanos

Ante lo ocurrido, Miranda convocó a organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos a trasladarse a Cayos Cochinos para verificar directamente la situación.

La defensora pidió que se documente lo sucedido y que se determine si durante la intervención de los cuerpos de seguridad se produjeron vulneraciones a los derechos de los manifestantes.

El llamado también busca que se dé seguimiento al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la sentencia de la Corte Interamericana.

La situación en Cayos Cochinos se desarrolla en medio de una discusión que involucra derechos territoriales de comunidades garífunas, protección ambiental y el desarrollo de actividades turísticas y audiovisuales en el archipiélago.

La presencia de un equipo vinculado con una producción televisiva extranjera generó cuestionamientos por parte de los manifestantes, quienes consideran que la actividad requiere un proceso de consulta con las comunidades. A esto se suma la preocupación ambiental expresada por los garífunas, dado que las actividades coincidirían con el período de desove de las tortugas marinas.

Para Miranda, el problema no se limita a la instalación del campamento o a la realización del programa de televisión. Su denuncia apunta al cumplimiento de una resolución internacional que, según sostiene, obliga al Estado hondureño a garantizar la participación de las comunidades antes de permitir determinadas actividades en el territorio.

La dirigente también exigió el cese de cualquier acción que pueda considerarse represiva contra los manifestantes y reclamó el respeto de los derechos reconocidos a las comunidades garífunas.

La versión oficial, pendiente

Los hechos denunciados colocan bajo escrutinio la relación entre las fuerzas de seguridad y las comunidades garífunas, especialmente cuando existen disputas sobre territorio, actividades económicas y cumplimiento de decisiones internacionales.

La principal exigencia de Miranda es que el Estado respete las obligaciones derivadas de la sentencia de la Corte IDH y garantice los mecanismos de consulta correspondientes.

Mientras las organizaciones de derechos humanos evalúan el llamado de la dirigente, queda pendiente conocer la posición oficial de las instituciones señaladas sobre el operativo, las razones que motivaron la presencia de las fuerzas de seguridad y las circunstancias en que fueron retiradas o destruidas las estructuras instaladas por los manifestantes.

El conflicto por documental de Edson Álvarez escaló este lunes 14 de septiembre luego de que el productor audiovisual Juan José López Ordóñez y su abogado, Gerardo Rincón, hicieran públicas acusaciones por presunto fraude, secuestro y amenazas relacionadas con un proyecto audiovisual sobre la trayectoria del futbolista. Hasta ahora, no existe una resolución judicial pública que determine que Edson Álvarez haya participado en alguno de los hechos denunciados.

Según con lo que explicó el productor en rueda de prensa, actualmente existen dos carpetas de investigación ante las autoridades correspondientes; una por supuesto fraude y otra por el presunto secuestro de López Ordóñez. Además, el abogado anunció que preparan una tercera denuncia por amenazas, mientras el jugador ya negó cualquier vínculo con esos señalamientos.

Según la versión del productor, el origen del conflicto está en un documental que realizó durante cerca de dos años sobre la carrera de El Machín, desde sus inicios en Tlalnepantla hasta sus etapas con Pachuca y América, antes de su consolidación en el futbol internacional.

López Ordóñez afirma que ese trabajo implicó una inversión de 3.5 millones de pesos, monto que ahora reclama como adeudo. También sostuvo que durante ese periodo mantuvo cercanía con el futbolista y con quien entonces era su familia política.

En ese contexto, señaló que el proyecto se habría realizado con conocimiento de Álvarez por medio de Jonathan Toache Bedolla, identificado en su relato como su entonces suegro y como una persona con carta poder para gestionar ciertos asuntos.

Qué denuncia el productor sobre el documental

La versión de López Ordóñez indica que el documental no se concluyó y que la relación entre las partes se deterioró. A partir de ese momento, dijo, el conflicto dejó de centrarse solo en lo económico y derivó en hechos que ahora busca llevar ante las autoridades.

El abogado fijó la postura legal del caso durante la conferencia. “Tenemos denuncias por fraude y secuestro en contra de Edson Álvarez y quienes resulten responsables”.

La existencia de una denuncia o de una carpeta de investigación no implica por sí misma responsabilidad penal. Hasta este momento, no hay una resolución pública que establezca que el futbolista cometió alguno de los delitos señalados.

La denuncia contra Edson Álvarez por presunto secuestro y amenazas

López Ordóñez relató que lo interceptaron en la Ciudad de México y que lo trasladaron contra su voluntad hacia la zona oriente de la capital. Según su testimonio, permaneció privado de la libertad durante seis horas.

En su narración, aseguró que durante ese lapso lo amenazaron, lo sometieron y lo obligaron a firmar documentos. También afirmó que una de las personas que lo retuvo le colocó una jeringa en el cuello, aunque dijo desconocer qué sustancia contenía.

El productor ubicó el inicio del episodio en la zona de Polanco y señaló que terminó horas después en otro punto de la capital. Durante la conferencia, relacionó ese hecho con personas del entorno de Edson Álvarez, pero no presentó de manera pública una prueba concluyente que establezca que el jugador ordenó, participó o conoció del presunto secuestro.

También aseguró que las amenazas habrían continuado después de que decidió acudir ante las autoridades y seguir con sus denuncias. Por esa razón, su abogado explicó que alistan una nueva acción legal.

López Ordóñez dijo que su principal preocupación es su seguridad y la de su familia, además de la situación económica que, según afirma, atraviesa a raíz del conflicto. “No quiero terminar una carrera, no quiero hacerle daño a nadie; simplemente estoy levantando la voz porque vivir con miedo y en una situación económica como la que estoy viviendo es muy serio”.

La respuesta de Edson Álvarez y el estado del caso

Por su parte, Edson Álvarez rechazó a través de redes sociales cualquier relación con el presunto secuestro. El pasado 10 de septiembre, el futbolista difundió un posicionamiento en el que negó de forma categórica su participación y sostuvo que, si existen elementos que acrediten alguna conducta indebida de su parte, deben presentarse ante las autoridades correspondientes.

También informó que su equipo legal analiza acciones contra quienes difundan acusaciones que considere falsas. Durante la conferencia, Rincón fue cuestionado sobre la posibilidad de una orden de aprehensión contra el jugador, pero no lo confirmó y respondió que corresponde a la Fiscalía definir el rumbo de las investigaciones.

Por ahora, no puede afirmarse que exista una orden de aprehensión contra Edson Álvarez ni una extradición desde Reino Unido. El caso sigue en una etapa inicial, con denuncias en curso y sin una determinación pública que cierre la disputa.

La familia sostiene que la atención posterior al accidente estuvo marcada por la falta de implementos en el Hospital Daniel Alcides Carrión y por la demora para conseguir su traslado a otro establecimiento. Según el relato de sus familiares, Adriano llegó al centro médico con una pérdida considerable de sangre y necesitaba una intervención cardiovascular urgente.

El caso continuó en el Hospital Nacional Hipólito Unanue, donde el deportista recibió una operación luego de varias horas de espera. Sin embargo, una infección posterior obligó a los médicos a retirar el brazo derecho para evitar un riesgo mayor para su vida, según explicó su padre, Carlos Encalada.

La familia busca que se determinen las responsabilidades correspondientes por lo ocurrido desde el accidente hasta el traslado. El abogado de Adriano anunció una denuncia ante la Fiscalía y señaló que el objetivo es establecer una posible cadena de responsabilidades en los establecimientos y personas involucradas.

Accidente durante una sesión de entrenamiento

De acuerdo con el testimonio de Karla Encalada, hermana del deportista, Adriano realizaba sparring cuando retrocedió y perdió el equilibrio debido a un saco de boxeo situado en el suelo. El joven cayó hacia una mampara ubicada cerca de un precipicio del segundo piso.

Su padre relató que las personas presentes intentaron sujetarlo para evitar que cayera. En ese momento, según su versión, el vidrio le produjo una herida profunda en el brazo derecho.

“Le corta los tendones, le cortan los nervios, llega hasta el hueso el corte”, declaró Carlos Encalada al explicar la gravedad de la lesión.

Tras el accidente, Adriano fue trasladado al Hospital Daniel Alcides Carrión, en el Callao. La familia indicó que el ingreso al establecimiento ocurrió cerca de veinte minutos después del hecho.

Falta de implementos en el Hospital Carrión

Karla Encalada relató que Adriano ingresó al Hospital Carrión en estado delicado y con una pérdida aproximada de dos litros de sangre. Según su testimonio, una cirujana consideró necesaria una intervención cardiovascular inmediata.

La especialista, de acuerdo con la familia, explicó que podía realizar el procedimiento mediante un injerto de una vena de la pierna. Sin embargo, el centro médico no contaba con los implementos requeridos para realizar la operación.

Ante esa situación, la familia buscó una referencia hacia otro hospital. Carlos Encalada afirmó que el procedimiento para enviar la comunicación a otros establecimientos presentó problemas porque las cuentas de correo utilizadas para las referencias no podían recibir nuevos mensajes.

El padre del boxeador señaló que la demora en esa comunicación alcanzó entre siete y ocho horas. La familia consiguió después que Adriano fuera recibido en el Hospital Nacional Hipólito Unanue.

Traslado conseguido por la familia

La madre de Adriano explicó que la familia tuvo que conseguir y pagar una ambulancia para efectuar el traslado. Según su declaración, el servicio costó 1.750 soles.

“Nosotros tuvimos que, bueno, mi hija tuvo que conseguir la ambulancia”, afirmó la madre del deportista. También sostuvo que el Hospital Carrión disponía de ambulancias, pero que estas no contaban con el equipamiento necesario para trasladar al paciente y tampoco existía una persona disponible para conducirlas.

El traslado permitió que Adriano llegara al Hospital Nacional Hipólito Unanue para recibir atención quirúrgica. Sin embargo, para ese momento habían transcurrido varias horas desde el accidente.

La familia también señaló que la información médica entregada al segundo hospital fue insuficiente. Según el relato expuesto durante el caso, parte de la documentación fue enviada mediante WhatsApp y los médicos que recibieron a Adriano no contaban con un informe médico completo.

Una infección obligó a retirar el brazo

Carlos Encalada explicó que, durante la atención posterior, los médicos detectaron una bacteria agresiva que representaba un riesgo para la vida del joven. Ante esa situación, la familia recibió la indicación de que era necesario retirar el brazo derecho.

“Usted tiene que decirle que le vamos a quitar el brazo”, relató el padre sobre la información que recibió antes de comunicarle la decisión a su hijo.

Adriano conoció la gravedad de su situación mientras permanecía hospitalizado. Su padre recordó la reacción del joven ante la posibilidad de perder la extremidad que utilizaba para desarrollar su carrera deportiva.

El boxeador permanece bajo atención médica y requiere más cirugías, según la información proporcionada por su familia.

Abogado anuncia denuncia ante la Fiscalía

El abogado de Adriano Encalada anunció que presentará una denuncia para determinar las responsabilidades relacionadas con el caso. El representante legal sostuvo que existe una cadena de hechos que debe ser revisada por las autoridades.

“Nosotros vamos a interponer una denuncia porque aquí hay una cadena de responsabilidades. Lo que estamos buscando es justicia para que esto no se vuelva a repetir”, declaró el abogado.

La familia también señaló al lugar donde ocurrió el accidente y al Hospital Daniel Alcides Carrión como parte de los aspectos que deberán ser revisados dentro de las investigaciones. La determinación de responsabilidades corresponderá a las autoridades competentes.

El Consejo de Estado revocó la absolución de Juan David Bermúdez Vergara y le quitó la investidura como concejal de Villa de Leyva, Boyacá, para el periodo 2024-2027.La acción que terminó con la pérdida de su curul la promovió su propio padre, Carlos Bermúdez, alegando una inhabilidad por su vínculo con una entidad del servicio de acueducto del municipio.

El fallo del alto tribunal se fundamenta en que Bermúdez Vergara estaba inhabilitado al momento de inscribirse y ser elegido concejal. Además, estableció que su padre era representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo, encargada de administrar, mantener y prestar el servicio público domiciliario de acueducto y suministro de agua potable a sus suscriptores.

La decisión dejó sin efecto la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del 11 de marzo de 2025, que había absuelto al concejal en primera instancia. En su lugar, la Sala decretó la pérdida de investidura y dispuso que Alfonso Latorre ocupe la curul.

Juan David Bermúdez Vergara dijo en diálogo con El Tiempo que acatará la decisión judicial, aunque pedirá una aclaración de la sentencia. También indicó que la respuesta del alto tribunal será remitida al Tribunal de Boyacá para la notificación a la presidencia del Concejo de Villa de Leyva.

La inhabilidad que llevó a la pérdida de investidura

El eje del caso fue la condición de Carlos Bermúdez como representante legal de la Asociación de Suscriptores del Acueducto Mosocallo de Villa de Leyva. Esa circunstancia, según el fallo, inhabilitaba a su hijo para ocupar una curul en el mismo municipio.

La denuncia se presentó a mediados de noviembre de 2024. El padre sostuvo el proceso hasta la segunda instancia, pagó abogados, reunió pruebas y apeló después de que el tribunal local absolviera al concejal.

En uno de los apartes de la sentencia, los magistrados señalaron: “A partir de una revisión integral de las pruebas aportadas al proceso, se demostró que el concejal del municipio de Villa de Leyva, Juan David Bermúdez Vergara, incurrió en la causal de pérdida de investidura”. La providencia agregó que la conducta se cometió con culpa grave.

El Consejo de Estado también examinó el argumento de la defensa sobre la enemistad entre padre e hijo. Los magistrados concluyeron que esa disputa no lo eximía del deber de advertir la inhabilidad al inscribirse y resultar elegido.

El conflicto familiar detrás del proceso

El trasfondo del pleito aparece como una diferencia familiar que, al parecer, venía desde finales de 2023. Allí se menciona una disputa por una microempresa productora de concentrados y por una finca en Villa de Leyva.

Carlos Bermúdez llegó a pedir públicamente la anulación de la elección de su hijo. “Les pido perdón a los villaleyvanos por haberles solicitado que votaran por mi hijo, y lo que les pido a los magistrados es que le anulen la elección...”, dijo cuando interpuso la denuncia.

El texto también recoge un video que se hizo viral y que habría sido grabado en diciembre de 2023. En esas imágenes, padre e hijo aparecen en un enfrentamiento dentro de una casa de campo y el Consejo de Estado pidió que cesaran las agresiones antes de resolver de fondo.

Cuando su padre lo demandó, el concejal sostuvo que tenía “unos problemas muy graves” con él y que se trataba de “líos familiares”. También afirmó que su propio progenitor estuvo a punto de matarlo con una escopeta, aunque el disparo no salió.

El efecto político en Villa de Leyva

La salida de Bermúdez golpea el panorama político local porque el municipio de Villa de Leyva completa cuatro meses sin alcalde titular. Víctor Gamboa fue detenido y llevado al búnker de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, acusado de prevaricato y concusión.

Con la pérdida de investidura, Villa de Leyva también se queda sin uno de los principales opositores del mandatario. La caída de la curul cerró el proceso que sacó del Concejo a un dirigente joven al que algunos proyectaban para futuras contiendas.

Bermúdez afirmó que respetará la decisión de los jueces, aunque buscará precisar varios puntos del fallo. Mientras avanza ese trámite, el relevo en el Concejo seguirá el curso fijado por la sentencia.

El juez federal Julián Ercolini quedó a cargo este martes de la denuncia del Gobierno nacional contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona, fue sorteada en la Cámara Federal porteña y quedó a cargo del juzgado federal 12, que está vacante y es subrogado por Ercolini. El fiscal que interviene en el caso es Eduardo Taiano.

El expediente 4437/2026 se inició por la denuncia del canciller Pablo Quirno y las investigadas serán las empresas “Navitas Petroleum Development & Production LTD”, “Navitas Petroleum Atlantic Limited”-“Navitas Petroleum LP”- “JHL Associates Inc” y “ECO Atlantic Oil & Gas LTD”.

La denuncia

El texto sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitó a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluyó a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó en un comunicado que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

Se denunció la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

Según el planteo judicial, los elementos reunidos hasta ahora permiten inferir, en forma preliminar, “la existencia de un entramado societario” integrado por diversas personas jurídicas que habrían participado bajo distintas modalidades, en la ejecución o explotación de actividades hidrocarburíferas sin habilitación de las autoridades argentinas.

Ahora el magistrado dará vista a la fiscalía para que dictamine si corresponde impulsar la investigación y sugiera medidas de prueba.

El gobierno de Javier Milei anunció que presentará una denuncia penal contra cinco empresas vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas. La presentación se basa en presuntas infracciones a la Ley 26.659, que sanciona las actividades no autorizadas por la Argentina en esa zona.

Según pudo saber Infobae, la demanda se realizará en la Cámara Federal porteña y estará a cargo del canciller, Pablo Quirno, con patrocinio del procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio. La acción alcanza a Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United, Navitas Petroleum LP, JHI Associates Inc. y Eco (Atlantic) Oil & Gas Ltd.

El texto oficial sostiene que tres de las firmas —Navitas Petroleum Development & Production Ltd., Navitas Petroleum Atlantic United y JHI Associates Inc.— habrían recibido permisos del Reino Unido para desarrollar tareas de búsqueda y extracción de hidrocarburos en el área, bajo el proyecto conocido como Sea Lion. Para la Casa Rosada, esas autorizaciones implicarían una vulneración de la normativa argentina sobre los recursos naturales situados en torno a las islas Malvinas.

La acusación no se limitará a las sociedades mencionadas. El Gobierno indicó que incluirá a “todos los directores, gerentes, síndicos, miembros del consejo de vigilancia, administradores, mandatarios, representantes o autorizados” que hayan participado de los hechos bajo investigación.

La Ley 26.659 establece sanciones para quienes realicen exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin la autorización de las autoridades nacionales.

La Oficina del Presidente afirmó que la medida busca “proteger los recursos naturales y velar por la soberanía de la República Argentina” sobre las islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos correspondientes.

El Gobierno también señaló que continuará con las acciones que considere necesarias ante posibles actividades que afecten los derechos soberanos argentinos sobre esos territorios y sus recursos.

El anuncio sobre la denuncia estuvo acompañado por una instrucción presidencial dirigida al ministro de Economía, Luis Caputo, para que el proyecto de Presupuesto 2027 contemple como prioridad el desarrollo de la Base Naval Integrada y otros proyectos vinculados con la seguridad nacional.

La iniciativa presupuestaria deberá llegar al Congreso el próximo 15 de septiembre. De acuerdo con el comunicado, la decisión apunta a “asegurar la Seguridad Nacional y la protección de los intereses soberanos de la República Argentina”.

El viernes pasado, el Gobierno había anunciado que la Cancillería abrirá procedimientos sancionatorios contra 45 personas humanas y jurídicas, entre las que se encuentran las que serán denunciadas penalmente, por presuntas actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las Islas Malvinas, en una decisión que busca frenar el avance del proyecto Sea Lion y endurecer la respuesta argentina frente a operaciones que considera ilegítimas en un territorio bajo disputa de soberanía.

Desde la administración libertaria indicaron que el procedimiento alcanzará “no sólo” a empresas que estarían desarrollando actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina, sino también a sus accionistas y a firmas que les prestaron servicios. La misma dependencia sostuvo: “Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos. Por historia y por derecho. No hay discusión. Lo son y seguirán siendo sin importar quien las ocupe. Pero recientemente, la ocupación ha profundizado severamente su accionar, avanzando en la extracción de nuestros recursos naturales”.

La decisión oficial parte de la presunta violación del artículo 2° de la Ley 26.659, que prohíbe actividades vinculadas con la exploración y explotación de hidrocarburos en el archipiélago sin autorización de la autoridad argentina competente. La administración nacional informó que investigará cada caso y que aplicará sanciones si comprueba el incumplimiento.

El anuncio se conoció horas después de la cadena nacional en la que Milei ratificó el reclamo argentino sobre las islas y cuestionó de forma directa el avance de Sea Lion, un yacimiento ubicado en la Cuenca Malvinas Norte que, si se concreta según lo previsto, sería el primero en producir crudo en aguas próximas al archipiélago. El emprendimiento es conducido por Navitas Petroleum con el 65% y por Rockhopper Exploration con el 35 por ciento.

El campo fue descubierto en 2010 y se encuentra a unos 220 kilómetros al norte de las islas, a 450 metros de profundidad en el lecho marino. A fines de 2025, ambas compañías adoptaron la decisión final de inversión para la primera etapa, un paso que en la industria implica que las evaluaciones técnicas, económicas y financieras ya fueron completadas y que el proyecto fue considerado viable.

La Cancillería ya había rechazado en diciembre de 2025 esa decisión de inversión y había calificado a ambas firmas como licenciatarias ilegítimas por operar sin permisos nacionales. También sostuvo que toda exploración o explotación unilateral de recursos en un área alcanzada por la disputa contradice las resoluciones 2065 y 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Marcela Reyes denunció ante la Fiscalía General de la Nación la falta de apoyo económico y presencial de DJ Exotic —cuyo nombre real es Daniel Alejandro Salinas— en la crianza de su hijo Valentino, de ocho años.

La revelación llegó en medio de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, donde la DJ colombiana respondió con una franqueza inusual sobre uno de los temas más sensibles de su vida privada.

La artista mostró en sus historias el formato único de noticia criminal radicado el 18 de junio de 2026 ante la Fiscalía en Bogotá. Ante la pregunta de un seguidor sobre si había pensado en una demanda oficial por el sostenimiento del niño, su respuesta fue directa: “Sí, ya realicé el debido proceso ante la Fiscalía y estoy a la espera de cómo se desarrolla el proceso”.

La denuncia llega ocho años después de una situación que, según Reyes, nunca cambió

La DJ reconoció que la acción legal debió haberse tomado mucho antes. “Creo que lo más sano habría sido hacer esto desde hace 8 años atrás, pero desde mi buena voluntad siempre quise dar tiempo, esperando que la situación cambiara”, escribió en sus historias. Y añadió: “Sin embargo, nunca cambió”.

A pesar de haber iniciado el proceso legal, Reyes dejó claro que su deseo no es el enfrentamiento. “Me encantaría poder conciliar, hacer todo en los mejores términos y, sobre todo, que Valentino no se entere de nada de esto”, expresó.

Una comunicación cortada y un padre que aparece “cada que llueve para arriba”

En otra de las historias publicadas horas antes, la DJ respondió a un seguidor que le preguntó si había hablado con Exotic sobre su rol como padre. La respuesta reveló el estado actual de la relación entre ambos.

“Hablo con él hace rato, corté comunicación”, escribió Reyes, y aclaró que la distancia no viene acompañada de rencor. “Hace mucho tiempo no hay rabia ni rencor, pero sí hay unas ganas enormes de que mi hijo pueda tener un papá presente”, señaló, y precisó que no se refería a “un papá de una hora cada tres meses, o que aporte a su sostenimiento cada que llueve para arriba”.

La artista fue categórica al describir la ausencia: “Un hijo necesita amor, atención, respaldo y, por supuesto, apoyo económico. Pero aquí, lamentablemente, no hay ninguna de las anteriores”.

Valentino no escucha críticas de su madre sobre su padre

Pese al escenario que describió, Reyes subrayó que cuida la imagen que su hijo tiene de Exotic. “Aun así, nunca le hablo mal a mi hijo de su papá. Al contrario, le enseño a respetarlo y a respetar también a su entorno”, escribió.

La DJ explicó que, aunque el contacto entre padre e hijo es escaso, ella no lo obstaculiza. “Aunque casi nunca lo ve ni lo llama, las pocas veces que lo hace, jamás le niego ese derecho que tiene mi hijo de verlo o de comunicarse con él”, afirmó.

El único deseo que Reyes hizo público

Al cierre de sus historias del domingo, la artista sintetizó en pocas líneas lo que espera del futuro. “Mi único deseo es que, en algún momento, todo esto pueda mejorar. Porque qué rico sería poder ver a mi hijo crecer rodeado de amor, atención, apoyo y, sobre todo, sentir que cuenta con ambos padres”, escribió, acompañando el mensaje con un corazón rojo.

Una historia que arrancó con infidelidades y terminó en una relación de padres a distancia

Marcela Reyes y DJ Exotic iniciaron su relación cuando él aún no era figura pública. Según relató el propio Exotic en el pódcast Más Allá Del Silencio, la conoció en un evento en su finca y “no se separaron” desde entonces. La relación, sin embargo, estuvo marcada por dos infidelidades de su parte —una en Cali y otra en Medellín— que derivaron en la recordada escena viral de Reyes pateando una puerta de hotel.

Tras la ruptura, ambos mantuvieron durante años una relación limitada a asuntos relacionados con Valentino. El atentado que sufrió Exotic en noviembre de 2024 —seis disparos durante una presentación en un motel de Cali— acercó momentáneamente a los dos: la DJ estuvo presente en el hospital desde el primer día.

Un sujeto fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú dentro de la Universidad Científica del Sur sede Lima Norte, luego de una presunta denuncia presentada por una estudiante. El caso quedó bajo investigación de las autoridades competentes.

El hombre, quien sería integrante de la Facultad de Medicina, fue trasladado en un patrullero de la Comisaría de Pro. La intervención ocurrió dentro de las instalaciones de la institución educativa, de acuerdo con los datos difundidos sobre el caso.

Durante el procedimiento también fue detenido un integrante del personal de seguridad de la universidad. La intervención contra este trabajador ocurrió luego de que, según explicó uno de los policías presentes, este no permitiera el ingreso de los agentes al recinto.

De acuerdo con el reporte de Exitosa, la acusación corresponde a la presunta comisión de tocamientos indebidos. El docente fue trasladado a la Comisaría de Pro, donde pasó por las diligencias y exámenes correspondientes.

La presunta víctima también acudió a Medicina Legal para los exámenes respectivos y luego regresó a la Comisaría de Pro para continuar con las diligencias. La representante legal indicó a Exitosa que el caso se encuentra bajo conocimiento del fiscal.

Hasta el momento, la Universidad Científica del Sur no emitió un pronunciamiento público sobre la intervención ni sobre la denuncia presentada por la estudiante. Las circunstancias del caso deberán ser esclarecidas por las autoridades responsables de la investigación.

Denuncia contra sujeto continúa bajo investigación

La intervención policial se produjo después de una denuncia presentada por una estudiante contra quien sería trabajador de la Facultad de Medicina de la sede Lima Norte. Las autoridades deberán establecer las circunstancias de los hechos denunciados y las responsabilidades que correspondan.

La información disponible corresponde a una denuncia y una intervención policial. Por ello, corresponde mantener la presunción de inocencia de las personas involucradas mientras avance la investigación y se determinen los hechos.

Hasta el momento, la Universidad Científica del Sur no emitió un pronunciamiento público sobre la detención ni sobre el procedimiento desarrollado dentro de su sede Lima Norte.

Las diligencias permanecen bajo responsabilidad de las autoridades competentes, mientras se espera información oficial que permita precisar el contenido de la denuncia y el desarrollo de la investigación.

Policía explicó la detención del personal de seguridad

El efectivo policial señaló que el trabajador de seguridad estaba impidiendo el ingreso de los agentes y le ordenó detenerlo por presunta obstrucción de la labor policial. “Usted está obstruyendo la labor policial”, manifestó durante la intervención.

El policía también indicó que el procedimiento correspondía a un supuesto caso de violación sexual en situación de flagrancia. “Hay un delito en agravancia, que es un delito por violación sexual. Usted no está dejando entrar”, expresó antes de disponer la detención del trabajador.

Después de varios minutos los policías ingresaron a un ambiente de la universidad donde se encontraba el docente acompañado de una mujer. La mujer habría alertado a los agentes tras reconocer al acusado.

Posteriormente, uno de los efectivos solicitó al docente que lo acompañara a la Comisaría de Pro para continuar con las diligencias correspondientes.

Representante legal confirmó que la presunta víctima es menor

La representante legal de la presunta víctima confirmó que se trata de una menor de edad. La identidad de la adolescente no fue revelada.

La representante legal evitó brindar detalles sobre la denuncia y señaló que prefería esperar el avance del proceso. Ante una consulta sobre cómo ocurrieron los hechos, indicó que estos se habrían producido en un aula de una universidad.

La defensa tampoco proporcionó el nombre del docente acusado. “No, no puedo mencionarlo por ahora, por favor”, respondió la representante legal cuando fue consultada sobre su identidad.

Respecto de la situación jurídica del docente, la representante legal señaló que la decisión corresponde al fiscal y que será este quien determine las acciones que correspondan conforme al proceso.

“Todo está en las manos ya del fiscal”, manifestó al ser consultada sobre una eventual prisión o sobre las medidas que podrían aplicarse al acusado.

Canales para presentar denuncias

La Policía Nacional del Perú dispone de la línea 105 y de sus comisarías para la recepción de denuncias. El Ministerio Público también recibe denuncias por delitos que afectan a menores de edad.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables brinda atención legal, psicológica y social mediante los Centros de Emergencia Mujer. Asimismo, la Línea 100 ofrece información, orientación y soporte emocional de manera gratuita durante las 24 horas para casos de violencia contra la mujer o acoso sexual.

Las autoridades recomiendan acudir a la comisaría correspondiente y presentar las pruebas disponibles para facilitar las diligencias de investigación.

La elemento señaló directamente al exdirector Manuel Alberto Maza Sánchez, así como al actual director de Bomberos, Jorge Arturo Rivas Fernández del Río, y a la licenciada Gabriela Osorio, a quienes responsabilizó de cualquier acto que pudiera emprenderse en su contra o afectar su permanencia laboral.

Bombera afirma que no retirará su denuncia

Cruz Toledo explicó que presentó una denuncia ante la Fiscalía de la Mujer en Oaxaca contra Manuel Alberto Maza (actual director de Protección Civil del Gobierno del estado) por presunto acoso laboral y sexual.

De acuerdo con su testimonio, el procedimiento no avanzó como esperaba y permanece pausado. La bombera sostuvo que posteriormente habría recibido presiones para retirar la denuncia y aceptar un acuerdo.

“Yo sé lo que dije, sé lo que pasé, sé lo que me hicieron y no me voy a echar para atrás”, afirmó.

La trabajadora aseguró que incluso intentaron convencerla de firmar una baja voluntaria, pero se negó. Según relató, recibió advertencias de que la situación podría empeorar si no aceptaba abandonar su puesto.

A partir de entonces, dijo, comenzó una serie de acciones administrativas que interpretó como una estrategia para obligarla a dejar la corporación.

Denuncia cambios de adscripción y una jornada de 30 días

Uno de los principales señalamientos de la bombera está relacionado con las condiciones laborales que, asegura, enfrenta desde hace 22 meses.

Cruz Toledo afirmó que trabaja bajo un esquema de 30 días de servicio por siete días de descanso, una jornada que, según su declaración, implica permanecer disponible durante las 24 horas de los 30 días de servicio.

La elemento sostuvo que solicitó formalmente un cambio de guardia y horario, pero sus peticiones no habrían sido atendidas.

También denunció que le fue retirada su credencial de bombera, documento que, afirmó, no le han devuelto pese a que ha presentado oficios para solicitar su restitución.

La enviaron a Tuxtepec y posteriormente a Juchitán

La bombera relató que, después de negarse a retirar su denuncia, fue enviada a Tuxtepec bajo el argumento de que permanecería ahí únicamente dos meses debido a la falta de personal.

Sin embargo, aseguró que terminó trabajando aproximadamente un año en esa región.

Posteriormente, dijo, fue suspendida durante 15 días sin goce de sueldo y después trasladada a Juchitán, donde está por cumplir un año de labores.

Ahora, señaló, recibió un nuevo oficio mediante el cual pretenden enviarla nuevamente a Oaxaca, manteniendo el esquema de 30 días de servicio por siete de descanso.

Para Cruz Toledo, estos movimientos constituyen una forma de hostigamiento laboral y buscan provocar su salida de la corporación.

“No me voy a dar de baja”

A pesar de las circunstancias que denuncia, la bombera aseguró que no tiene intención de abandonar su trabajo.

“Me gusta ser bombera y no me van a intimidar”, sostuvo, al señalar que ingresó a la corporación por vocación y que considera que su desempeño respalda su permanencia.

Afirmó que durante sus cuatro años de servicio no ha recibido sanciones administrativas relacionadas con su desempeño y que continúa atendiendo emergencias y apoyando a la ciudadanía.

Finalmente, Cruz Toledo hizo responsables de cualquier acto en su contra a Manuel Alberto Maza Sánchez, Jorge Arturo Rivas Fernández del Río y Gabriela Osorio, y reiteró que continuará defendiendo su puesto y la denuncia que presentó.

Una joven denunció a tres integrantes de la Policía Nacional del Perú (PNP) por presunto secuestro y robo, luego de que la interceptaran cuando salía de una casa de cambio en Juliaca, en la región Puno.

La mujer afirmó que los agentes la obligaron a subir a un vehículo oficial y le exigieron parte de los más de 60.000 dólares que llevaba en una mochila.

El hecho ocurrió en el jirón Mario Núñez, una vía comercial de la ciudad. Cámaras de seguridad de la zona registraron el momento en que los efectivos se aproximan a la denunciante y la conducen hacia una camioneta. La joven aseguró que el dinero correspondía a los ahorros de su familia para comprar un vehículo.

“Yo me encontraba saliendo de la casa de cambios y ahí ellos me intervinieron y me dijeron: ‘Miren allí’. Y yo les dije: ‘¿Le puedo gritar? Incluso tengo fotos en mi celular’. Y ellos simplemente... El oficial me agarró del brazo y me subió a la camioneta”, relató.

Según su versión, una vez dentro del vehículo, los agentes la interrogaron y le ordenaron abrir su mochila. La joven señaló que rechazó entregar el dinero, ante lo cual recibió amenazas de una denuncia por presunto lavado de activos.

“Ellos estaban coordinando para decirle al que estaba conduciendo que me llevara al cerro”, declaró. Añadió que uno de los involucrados le ordenó revisar sus pertenencias. “Cuando abrí, me dijo: ‘Ya, ¿cuánto me vas a dar?’. Así. Y yo le dije: ‘No es mi dinero, no te puedo dar nada’. Y me dijo: ‘No me vas a hacer perder mi tiempo, te voy a llevar a la fiscalía por lavado de activos’”, continuó.

Fiscalía Anticorrupción y DIRCOCOR investigan a tres agentes señalados por la joven

La denunciante indicó que, tras la intervención, fue abandonada en una zona descampada de las afueras de Juliaca. Afirmó que posteriormente dos motocicletas se llevaron su mochila, donde estaba el resto del dinero. La información difundida no precisa el monto exacto que habría sido sustraído ni la forma en que las motos accedieron a las pertenencias.

Los policías señalados son el alférez Sebastián Jafet Romero Sánchez, el suboficial de tercera Frank Euder Mercado Roque y el agente Hernán Álvaro Mamani Mendoza. Los tres afrontan diligencias preliminares a cargo de la Fiscalía Anticorrupción y la Dirección Contra la Corrupción de la PNP (DIRCOCOR).

La investigación busca determinar la secuencia de la intervención, revisar las grabaciones de seguridad y establecer si los agentes actuaron dentro de sus atribuciones o si existió una privación ilegal de la libertad y una sustracción de dinero. También deberán corroborar la procedencia de los fondos y la identidad de las personas que, según la denuncia, participaron desde motocicletas.

La joven expresó temor por su seguridad luego de presentar la acusación. Su declaración y los registros audiovisuales del jirón Mario Núñez forman parte de los elementos que las autoridades deberán contrastar durante las pesquisas.

Deisy Dorelly Guanaro, la reconocida sobreviviente de reclutamiento de menores por parte de las extintas Farc, informó a través de sus redes sociales que fue denunciada penalmente por un funcionario de la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

La también activista afirmó que la acción también se instauró en contra del abogado que representa a víctimas en ese proceso. Además, la líder sostuvo que el caso se originó luego de que ella y su representante hicieran públicos cuestionamientos sobre los esquemas de seguridad que les fueron asignados.

“Hoy he sido denunciada penalmente por un funcionario de la UIA JEP, la Fiscalía de la JEP, la misma entidad que se supone debe proteger a las víctimas y testigos”, afirmó.

La sobreviviente señaló que se acreditó ante la Jurisdicción Especial para la Paz con la expectativa de que los responsables de hechos cometidos contra menores respondieran ante ese tribunal, “pero lo único que he encontrado ha sido persecución, amenazas de muerte, burlas, estigmatización y zozobra”, agregó.

Los motivos de la denuncia

En su mensaje, Dorelly también cuestionó el hecho de que la Unidad de Investigación y Acusación hubiera presentado una denuncia contra una víctima acreditada.

“Por contar la verdad, por buscar justicia y por pedir que los responsables respondan, soy denunciada por quienes deberían protegernos”, manifestó.

La mujer pidió la intervención del Ministerio del Interior, la Fiscalía General de la Nación y la Jurisdicción Especial para la Paz. En su publicación, sin embargo, publicó una captura de pantalla de la denuncia en la que se especificó el delito por el que habría sido denunciada, la fecha en que se presentó la acción judicial y la identidad del funcionario al que atribuyó el trámite.

La acción fue tramitada por el ciudadano Francisco Javier Minorta Nova, profesional de Gestión de la JEP. En el documento constó que “la señora Deisy Dorelly Guanaro Chavita ha venido realizando diversas publicaciones en redes sociales y en medios abiertos de comunicación, en las cuales me atribuye hechos y conductas que no corresponden a la realidad”.

“En dichas publicaciones, la señora afirma, de manera errónea, que quien suscribe, en mi calidad de servidor de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), soy el encargado de la totalidad de las decisiones del grupo de protección, incluyendo la adopción de medidas relacionadas con su esquema de seguridad, lo cual es completamente falso”.

Dorelly también discutió que fuera objetivo de una acción judicial luego de que ella presentó una denuncia contra Griselda Lobo —la actual senadora Sandra Ramírez, exintegrante de las Farc— de quien cuestionó que no hubiera sido incluida en el Caso 07 de la JEP, que aborda el reclutamiento y la utilización de niñas y niños en el conflicto armado.

“A la sobreviviente que denunció a Griselda Lobo, alias Sandra Ramírez, la denuncian penalmente desde la UIA JEP”, señaló. Además, preguntó por qué, a su juicio, la entidad cuenta con tiempo para actuar contra quien formula denuncias, mientras la excombatiente “sigue por fuera del Caso 07”.

Deisy Guanaro regresó al Icbf para apoyar la prevención del reclutamiento de menores

Diecinueve años después de salir del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), Deisy Dorelly Guanaro Chavita regresó a la entidad para aportar a la prevención del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes por grupos armados. La sobreviviente fue atendida por el sistema de protección cuando era menor de edad, tras desvincularse de una organización armada.

“Ya no soy víctima. Soy una mujer sobreviviente”, afirmó Guanaro, que permaneció cerca de cuatro años en el sistema de protección, primero en un hogar transitorio y luego en una casa hogar en Floridablanca, Santander, donde cursó sus estudios hasta noveno grado y recibió atención médica y psicosocial.

Entre enero y junio de 2026, el programa especializado del Icbf para menores de edad desvinculados de grupos armados atendió a 483 adolescentes y niños. De ellos, 211 ingresaron ese año al programa: 118 hombres y 93 mujeres.

Más de L1.837 millones (unos 69,3 millones de dólares) fueron canalizados entre 2023 y 2025 mediante un fondo de administración solidaria cuya ejecución fue cuestionada según denuncia realizada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), organización civil, donde señala presuntas deficiencias en los mecanismos de transparencia, liquidación y control de los recursos públicos.

La denuncia puso bajo la lupa un mecanismo presupuestario con el que se financiaron beneficios sociales como becas estudiantiles, cupones alimenticios, ayudas para vivienda, kits escolares y otros programas dirigidos a sectores vulnerables.

Carlos Hernández director de la organización dijo “que si esos fondos no se liquidaron, existe algo irregular o hay que saber que paso con esos fondos es algo inaceptable”

Así mismo, Hernández afirmó que entre los parlamentarios que figuran están “el exdiputado Rasel Tomé y el actual diputado Hugo Noe Pino”.

Según el análisis de ASJ, aunque varias instituciones del Estado figuraban formalmente como ejecutoras, algunos diputados propietarios y suplentes habrían tenido participación directa en la gestión de los recursos, desde la presentación de proyectos y la solicitud de beneficios hasta la coordinación de entregas en comunidades.

Entre las instituciones que aparecen como ejecutoras figuran la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD).

Los recursos estaban destinados inicialmente a programas relacionados con becas, obras sociales e infraestructura menor.

Procesos de auditorias

Sin embargo, ASJ sostuvo que el funcionamiento práctico del mecanismo permitió que los propios legisladores tuvieran un papel determinante en la identificación de proyectos y beneficiarios.

La organización consideró que esta dinámica dificultó establecer una separación clara entre la función legislativa de los diputados y la gestión directa de beneficios financiados con recursos del Estado.

El principal cuestionamiento no se relacionó solo con el monto, sino con la posibilidad de rastrear qué ocurrió con cada partida una vez que los recursos fueron asignados y entregados.

Para la organización, la liquidación de los fondos constituye una herramienta para comprobar que el dinero fue utilizado para los fines establecidos y que los beneficiarios efectivamente recibieron las ayudas correspondientes.

En su informe la organización de sociedad civil detalla que, durante el período analizado fueron canjeados más de L187 millones, unos 7,1 millones de dólares, mediante esta modalidad. Sin embargo, solamente alrededor del 37% habría sido liquidado.

Esto significa que la mayor parte del monto permanece, según la investigación, sin una trazabilidad completa que permita establecer con claridad su destino.

ASJ identificó a 50 diputados, que pertenecían al partido Libertad y Refundación (Libre), entre propietarios y suplentes, que gestionaron recursos para becas estudiantiles mediante SEDESOL.

En total, se contabilizaron cerca de 22.000 becas gestionadas entre 2023 y 2025, por un monto superior a L110 millones, aproximadamente 4,2 millones de dólares

ASJ cuestionó que este argumento pueda utilizarse para impedir el acceso a información relacionada con recursos públicos y recordó que la legislación hondureña establece condiciones específicas para declarar información como reservada.

Reconocen dificultades para liquidar

Según la denuncia, esa disposición habría sido utilizada para negar información relacionada con la liquidación de los fondos.

Para la organización, los datos sobre la ejecución y liquidación de fondos estatales deben estar sujetos a mecanismos que permitan la fiscalización ciudadana.

ASJ afirmó que ninguna de las entidades involucradas habría remitido a los organismos de control la totalidad de los informes de liquidación requeridos por la legislación. En el caso de SEDESOL, la organización aseguró que la institución reconoció que existen fondos correspondientes al período analizado que todavía no han sido liquidados.

La situación dificulta determinar cuánto dinero fue utilizado, quiénes fueron los beneficiarios y si todos los recursos fueron destinados a los objetivos establecidos.

ASJ sostuvo que, pese a que las instituciones estatales eran las responsables formales de ejecutar los fondos, diputados propietarios y suplentes intervenían en diferentes etapas del proceso.

Entre esas actuaciones estaban la presentación de proyectos, la solicitud de beneficios y la coordinación de entregas en comunidades.

La investigación de ASJ volvió a colocar en el centro del debate la necesidad de contar con controles efectivos para los fondos destinados a programas sociales.

Un hecho conmocionó a los pobladores una zona rural del municipio de Concordia, en el departamento de Olancho. Un hombre fue arrestado por efectivos de la Policía Nacional de Honduras.

El supuesto agresor es acusado de agredir sexualmente a su hijastra, una beba de 18 meses. La detención se produjo después de que el sospechoso, al verse descubierto por la madre de la niña y rodeado por los agentes, intentara suicidarse al ingerir sustancias letales.

La alerta se activó cuando la madre descubrió indicios de la agresión en el entorno familiar. La mujer se trasladó hasta la posta policial del sector para presentar la denuncia e identificar formalmente a su pareja conviviente.

Ante la gravedad del delito denunciado, las unidades asignadas al cuadrante desplegaron un operativo de búsqueda en la zona para evitar la fuga del acusado.

Al advertir la presencia de las patrullas y verse rodeado dentro del inmueble, el acusado reaccionó de forma drástica. Según los reportes preliminares de las fuerzas de seguridad, ingirió dos tipos de sustancias tóxicas combinadas y tomó un arma blanca con el objetivo de quitarse la vida antes de ser detenido.

Bajo resguardo policial

Los agentes ingresaron al lugar mientras el sospechoso comenzaba a convulsionar por el efecto de los agroquímicos. Los efectivos lograron desarmarlo, le brindaron asistencia inicial para estabilizarlo y lo trasladaron de urgencia en una patrulla hacia el centro hospitalario regional.

El hombre permaneció internado en la sala de urgencias bajo vigilancia de las autoridades mientras el personal médico le practicaba lavados gástricos e intervenciones de emergencia.

Tras superar la crisis tóxica y recibir el alta médica, fue trasladado a las dependencias de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y remitido al Ministerio Público para continuar con el proceso legal por abuso sexual agravado.

El hecho ocurrido en Olancho volvió a exponer la crisis de violencia infantil que atraviesa Honduras. Según registros de organismos de derechos humanos y del Ministerio Público, en el país se informa en promedio una denuncia por abuso sexual infantil cada cuatro horas y 52 minutos.

Más del 38% de las agresiones sexuales contabilizadas a nivel nacional corresponden a víctimas menores de edad. Reportes de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) señalan que el hogar y el círculo familiar cercano constituyen los escenarios de mayor riesgo para la niñez hondureña.

Padrastros, familiares directos o cuidadores aparecen entre los principales señalados en los expedientes judiciales.

Este escalofriante hecho vuelve a encender las alarmas sobre la desprotección que sufren los más vulnerables en Honduras, un país donde la violencia hacia la niñez alcanza niveles alarmantes.

Diversas organizaciones defensoras de los derechos de la infancia han reiterado la urgencia de fortalecer los mecanismos de prevención y denunciar a tiempo cualquier indicio de vulneración, recordando que la complicidad y el silencio suelen ser los mayores aliados de los agresores en el entorno doméstico.

Mientras tanto, las personas afectadas reciben acompañamiento psicológico y médico especializado. La sociedad hondureña exige ahora un proceso judicial expedito y firme que siente un precedente contundente contra quienes atentan contra la integridad y la vida de la niñez en el país.