En la madrugada del domingo 9 de agosto, el vehículo fue sustraído en el barrio Las Flores, en la localidad de Suba, cuando el conductor regresaba de un evento nupcial.

El hecho ocurrió cuando el conductor estacionó el vehículo al regresar de la boda, momento aprovechado por los delincuentes para llevarse el camión que contenía todos los elementos logísticos del evento.

Las afectadas recurrieron a las redes sociales para hacer un llamado urgente a la ciudadanía. Una de las mujeres, visiblemente angustiada, grabó un video para hacer pública la denuncia: “Estamos grabando esto a las 4:57 de la mañana. Es una denuncia pública porque acaban de robar el camión del trabajo de mis papás en Suba, en el barrio Las Flores”.

La voz entrecortada de una de las denunciantes reflejó la gravedad de la situación: “A las 4:19 de la mañana robaron el camión. Nuestro logístico llegó a las 4 de la mañana a parquear el camión en frente de su casa y ahí teníamos todo lo de las bodas. Y a las 4:19 hicieron el robo del camión. La placa de nuestro camión es TSY 278. Por favor, ayuden a encontrar el camión”.

Otra de las mujeres, también visiblemente afectada, expresó: “Ayúdennos a encontrar el camión, se lo suplico. Por favor, ayúdennos, por favor. Ayuden a encontrar el camión, que lo regresen. Que regresen el camión”.

La familia solicita la colaboración de la comunidad y de las autoridades para localizar el camión y recuperar los bienes indispensables para su trabajo. El suceso dejó a Bodas la Cappella sin los insumos necesarios para continuar con sus servicios, ya que el vehículo transportaba todo lo utilizado en el evento de esa noche.

La denuncia pública busca que la información sobre el robo llegue a la mayor cantidad de personas posible con la esperanza de que cualquier dato sobre la ubicación del camión ayude a su recuperación. La familia enfatizó que en el vehículo se encontraba el fruto de años de trabajo y dedicación.

¿Cómo denunciar el hurto de un vehículo en Bogotá?

Las personas que han sido víctimas de hurto de vehículo, moto u otro delito en Bogotá cuentan con un servicio de atención inmediata. La Asistencia Integral a la Denuncia (AIDE) ofrece acompañamiento personalizado y en tiempo real, facilitando el trámite de denuncia ante las autoridades competentes.

El grupo AIDE no solo asiste a quienes llaman directamente, sino que también responde a denuncias difundidas en redes sociales, siempre tras comprobar la veracidad del caso y establecer contacto con los afectados. Así, cada ciudadano recibe apoyo concreto y orientado a resolver su situación de manera ágil.

Para acceder a este servicio, las víctimas pueden comunicarse al teléfono (601) 3779595, ext. 1137. Este canal conecta con un equipo especializado que orienta en los pasos necesarios para formalizar la denuncia. Si la situación lo requiere, el grupo puede incluso desplazarse hasta el lugar para acompañar el proceso.

Las denuncias también pueden realizarse de forma presencial en las Unidades de Reacción Inmediata (URI) y en las diferentes estaciones de Policía de la ciudad, según confirmó la Policía Metropolitana de Bogotá.

Camión recuperado en Bogotá

La recuperación de un camión robado en Bogotá marcó el final de una jornada angustiante para dos emprendedores de la ciudad. Los propietarios de la empresa Soñaty, dedicada a la fabricación de colchones, habían denunciado el hurto del vehículo con el que realizan su labor diaria.

Pocas horas después de la denuncia pública, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que el furgón fue localizado en Engativá. El mandatario informó: “Recuperado el furgón robado. Recibimos la alerta, activamos a la Policía y el furgón fue recuperado en Engativá”.

Ambos empresarios relataron a Noticias Caracol que el robo ocurrió en el norte de la capital, sobre la 175. “Nos robaron el furgón... nosotros somos emprendedores, hemos salido adelante solos y es muy berraco que nos hagan esto”, expresaron en un video que se viralizó en redes.

El jueves 30 de julio de 2026, la grabación de los afectados recorrió rápidamente plataformas digitales donde, entre lágrimas, solicitaban ayuda para recuperar su Chevrolet NKR modelo 2013. “Es el trabajo diario de nosotros, de muchas familias, ha sido un esfuerzo muy grande para nosotros”, insistieron.

La presión ciudadana y la rápida difusión del caso en redes sociales resultaron clave. De acuerdo con los emprendedores, los ladrones habrían decidido abandonar el camión tras la atención mediática y la movilización comunitaria.

La Justicia de la Provincia de Buenos Aires busca por estas horas a Pablo Emanuel Thomas Llanes, un hombre tucumano de 39 años, acusado de llevar adelante una cruel modalidad de estafa: se hace pasar por médico para engañar a pacientes con enfermedades graves y cobrarles por estudios urgentes que nunca realizaba. Su cómplice, Hernán Exequiel Almeida -titular de la billetera virtual a la que se hacían los depósitos- fue detenido.

Fuentes judiciales indicaron a Infobae que la investigación se originó cuando un hombre, identificado con las iniciales C.A.E.B., denunció que el 8 de julio pasado le comentó a M.G., compañera de trabajo y enfermera de profesión, que necesitaba realizarle una resonancia magnética urgente con contraste a su cuñado E.L., un paciente diagnosticado con un tumor óseo, y que si sabía de alguien que pudiera realizar dicho examen.

Al ver el mensaje, la mujer le dijo que justamente su hijo había conocido poco tiempo antes a un supuesto neurocirujano llamado “Dr. Lucas Miciones”, durante una campaña solidaria con el grupo musical de cumbia “Kaluqueña” para reunir fondos para una operación a un menor de edad. Sin dudarlo, la compañera se mostró dispuesta a ayudarlo e intervenir con el profesional para conseguir el estudio.

Casi de inmediato, la mujer inició un intercambio de mensajes vía WhatsApp con un hombre que se presentó como el “Dr. Lucas Miciones, jefe de Servicio de Neurocirugía en el Hospital General de Agudos Dr. Juan A. Fernández”, del barrio porteño de Palermo.

El supuesto médico le ofreció gestionar el estudio, pero con la salvedad de que el hospital carecía del insumo de contraste y que debía obtenerse en el laboratorio de nombre Biomédica, con un costo de $110.000. M.G. realizó la transferencia a través de la aplicación Mercado Pago a una cuenta correspondiente a Almeida.

Posteriormente, el presunto médico volvió a comunicarse para requerir un segundo pago de $30.000 por el envío de insumos, que también fue transferido a la misma cuenta. Ya con el dinero transferido, pactaron un encuentro con el profesional.

Según el relato de la víctima, C.A.E.B. y su cuñado se presentaron el 10 de julio a las 22:30 en el Hospital Fernández, donde se enteraron de que no existía ningún profesional con el nombre de “Lucas Miciones”. Sorprendidos, intentaron retomar el contacto, pero recibieron como respuesta un mensaje automático indicando que el número no estaba disponible. Además, notaron que habían sido bloqueados en WhatsApp.

Tras hacer la denuncia, la investigación recayó en la UFI Nº2 de Ituzaingó, bajo la dirección de la fiscal María Alejandra Bonini, y el Juzgado de Garantías N°6, a cargo interinamente de la jueza Cecilia Drago. El primero en declarar fue el hijo de la enfermera, quien relató cómo conoció al falso cirujano.

“Yo soy seguidor de una banda de música que se llama “La orquesta Kaluqueña”. Ellos cada tanto publican en sus redes necesidades de algunos de sus seguidores para hacer colectas o pedir ayuda, esto es habitual. El día 1 de julio la banda tocó en vivo, en un streaming que se hizo en Merlo. Yo estuve allí y siendo aproximadamente las 21 horas, se hizo presente en el lugar un masculino robusto, obeso, pelado, bastante alto. Él estaba por ahí dando vueltas y en un momento entablamos una conversación, bastante esporádica", comenzó con su relato.

El testigo contó que el acusado se presentó como “Lucas”, neurocirujano del Hospital Posadas. Durante la charla, ofreció su ayuda a personas necesitadas de atención médica y dejó su contacto. Días después, su madre —también personal de salud— le comentó que un compañero suyo requería un estudio de imágenes, por lo que el contacto fue derivado a la víctima.

“Yo le dije a Lucas que mi madre necesitaba ayuda. Él me pidió que mi mamá le mande mensajes. Bueno mi mamá habló con él, el día 10 de julio, también se presentó como Lucas, y le consiguió un supuesto turno en el Hospital Fernández para el día 14 de julio y les dijo que todo eso salía $100.000, y también les pidió $ 30.000 más para el envío de algo. Luego de eso no contestó más, ellos se comunicaron con el Hospital y todo lo que les prometió era mentira y nadie lo conocía”, continuó.

Otros casos

El testigo le relató a la Justicia que, tras el engaño, buscó antecedentes del supuesto médico en redes sociales y halló varios casos similares. Entre ellos, identificó el testimonio de una víctima en Catamarca que, por medio de la misma modalidad, había entregado $450.000 a cambio de una gestión para atención en el Hospital Garrahan y una supuesta entrevista médica en Estados Unidos, que nunca se concretó.

El caso de Catamarca se dio a conocer en enero pasado a través de Instagram. En el video, que hace parte de esta nota, se observa cómo el estafador, a quien ya identificaron desde ese momento como Pablo Emanuel Thomas Llanes, engañó a la mujer para sacarle el dinero.

“El lunes sacamos los pasajes o bien el domingo. Necesito que me pases los datos, quién te va a acompañar, y de la nena también, así ya te saca los pasajes Pablo”, le dijo el hombre a la mujer, según el video.

“Me dijo que mañana necesitaba hacerse una tomografía y una resonancia en el San Juan, en Catamarca. Necesitaba un líquido que necesitan para que salga bien la tomografía y la resonancia. Me dice que necesitaban comprar ese líquido que salía de doscientos sesenta mil. Me dice que si le podía transferir. Le hice la transferencia”, relató la víctima.

Después le pidió más dinero para hacer las visas y la mujer sin dudarlo hizo otra transferencia. Incluso le pidió más dinero para pagar por el equipaje que llevarían a Estados Unidos. La víctima volvió a darle más dinero. Era todo una mentira.

“Un estafador porque recién cuando lo empecé a llamar le mandaba mensajes y no se le enviaban los mensajes. Me comuniqué con el San Juan en Catamarca. Me dijeron que ellos no tienen registrado a ninguna niña que se haga una tomografía y una resonancia y tampoco tienen registrados para extracciones de sangre a tales personas. Me duele bastante todo esto. Fue plata que fue donada de gente”, lamentó otra víctima.

El testigo que declaró el mes pasado ante la fiscal Bonini reveló además que localizó una nota periodística que mostraba al acusado esposado, coincidiendo su fisonomía con la persona que había conocido en la el concierto solidario de la banda Kalukeña.

La nota a la que hizo referencia el hijo de la enfermera es un artículo publicado en 2023 en el diario Infocañuelas, donde se detalló que Thomas Llanes, estafó a una familia de Cañuelas haciéndose pasar por neurocirujano. El mismo modus operandi. Las víctimas le pagaron más de 50 mil pesos de ese momento como gastos de una operación que se iba a realizar el 26 de agosto.

De acuerdo con esa nota, registra varios antecedentes por hechos similares en distintas provincias del país. En ese oportunidad, la paciente padecía una neuralgia del trigémino (una afección nerviosa que provoca dolores crónicos similares a descargas eléctricas en un lado de la cara). El estafador se hizo pasar como neurocirujano en el Hospital Ramos Mejía de CABA y en el Cuenca de Cañuelas.

La promesa era hacerse el tratamiento justamente en el sanatorio de Cañuelas. Si bien el estudio era gratuito, les pidió que le transfirieran $45.000 para comprar un líquido de contraste. Posteriormente se comunicó otra persona que se hizo pasar por otro profesional, quien pidió otros 9 mil pesos para un inmovilizador de mandíbula que la paciente tenía que usar luego de la cirugía. El final fue el mismo.

Según ese artículo, en 2011 se hizo pasar por Pablo Daniel Cantero, ex volante de San Martín de Tucumán, y utilizando una falsa cuenta de Facebook intentó estafar a la ex presidenta del club.

En 2018 estafó a una mujer de Catamarca simulando ser manager del cantante Ulises Bueno. A cambio de dinero y otros efectos personales prometió que traería al hermano de Rodrigo a conocer a su hijo discapacitado.

El diario El Liberal de Santiago del Estero publicó que un falso médico, usando el alias Julián Lenci, había estafado a varias familias de la localidad santiagueña de Suncho Corral.

Fue detenido por primera vez en Chaco cuando viajaba hacia Tucumán en un micro de larga distancia. Además de la policía de Santiago del Estero, lo buscaba la justicia de Misiones por una estafa cometida contra un hombre al que le prometió una operación neurológica en Buenos Aires a cambio de $ 9 mil.

Lo cierto es que después fue nuevamente liberado y continuó con su estrategia para el engaño.

El falso médico hoy está prófugo

Con los datos aportados por el hijo de la enfermera M.G hace unas semanas, la investigación determinó que el responsable de la maniobra era Pablo Emanuel Thomas Llanes.

Las víctimas aportaron capturas de las transferencias y fotografías del acusado. La fiscalía recopiló informes de empresas telefónicas que confirmaron que los números utilizados eran líneas prepagas, registradas a nombre de terceros ajenos a los hechos, utilizadas solamente durante las comunicaciones con las víctimas.

Esto permitió inferir que los chips eran adquiridos con el único fin de cometer los ilícitos y dificultar su rastreo, señalaron las fuentes consultadas por este medio.

Con los elementos reunidos, la fiscalía imputó a Hernán Exequiel Almeida como partícipe necesario del delito de estafa y a Pablo Emanuel Thomas Llanes como autor.

La solicitud de detención fue concedida por la jueza de garantías interviniente.

Esta semana, personal de la DDI Subdelegación Ituzaingó ejecutó la orden de captura en la sede de la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de San Fernando, donde Almeida se desempeñaba como trabajador.

Tras ser notificado de la formación de la causa, se procedió a su detención y al secuestro de su teléfono móvil. También se individualizó su domicilio y se constató que residía de forma transitoria en una pensión. Almeida fue trasladado ante la fiscalía para prestar declaración en los términos del artículo 308 del Código Procesal Penal.

En paralelo, Thomas Llanes permanece con pedido de captura vigente. La fiscalía solicitó a quien pueda, aporte información relevante sobre su paradero. Por ahora, la única denuncia que se registra es la que se investiga en la UFI de Ituzaingó. Sin embargo, las fuentes consultadas por este medio señalaron que con una simple búsqueda en Internet es fácil observar otros casos.

El pronunciamiento lo hizo desde su cuenta de X, y señala de forma directa al expresidente Petro, al exintegrante del M-19 y director de la UNP, Augusto Rodríguez, y a la funcionaria del Ministerio del Interior Nancy Yolima Rumie Guevara, presidenta del Cerrem (Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas).

Según Devia, la UNP fue instrumentalizada para otorgar un esquema de seguridad a Juliana Guerrero mediante la utilización de información falsa.

Guerrero será acusada por la Fiscalía General de la Nación por presunto fraude procesal y falsedad en documento privado por el sonado caso de dos títulos universitarios de la Fundación San José y que, según las pesquisas, se habrían utilizado para acreditar requisitos que debían completar la joven para ocupar el cargo de viceministra de las Juventudes en el Ministerio de la Iguadad.

Devia asegura que existió una nota de voz de Guerrero dirigida a un analista de riesgo, en la que solicitaba la implementación de “otro carro blindado y otros dos escoltas”.

El presidente del sindicato también señaló que el director de la entidad admitió haber comunicado al presidente Petro la necesidad de que Guerrero cambiara de población para mantener las medidas de protección, y que la beneficiaria reconoció haber conversado con el mandatario sobre su rol como dirigente política para sostener dichas medidas.

El comunicado agrega que Juliana Guerrero habría enviado un certificado del Polo Democrático a Augusto Rodríguez, quien le indicó remitirlo al analista de riesgo para respaldar la solicitud.

Posteriormente, el caso habría sido trasladado al Ministerio del Interior, donde la funcionaria Nancy Yolima Rumie Guevara asumió la gestión, supuestamente por instrucción directa del presidente Petro y de Rodríguez, ratificando el esquema de seguridad.

En su declaración oficial, Devia pidió que la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General y la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes investiguen y juzguen disciplinaria y penalmente las conductas de los funcionarios implicados.

Devia también acusó a la actual dirección de la UNP de realizar nombramientos y resoluciones de última hora para dejar listos cargos antes del cambio de gobierno, lo que, según el dirigente sindical, formaría parte de una estrategia para favorecer a miembros afines al M-19.

El presidente sindical rechazó además señalamientos públicos sobre su conducta y antecedentes. “Y advierto guerrillero Augusto Rodrigue no me quiero suicidar”, añadió él mismo en la parte final de su declaración.

El líder sindical aseveró que que durante sus 26 años en el sector público no ha recibido condenas judiciales o administrativas que generen antecedentes en su contra y cuestionó que se le haya calificado de corrupto.

Devia argumentó que continúa siendo funcionario de la UNP y que el propio director lo designó en un grado superior al que ocupaba previamente.

En su mensaje, el presidente del sindicato mayoritario calificó de “corruptos” a miembros del equipo directivo de la entidad y denunció que algunos funcionarios del gobierno saliente estarían prófugos o bajo investigación judicial, mencionando el caso de César Manrique (funcionario cercano a Petro, y que está prófugo de la justicia en medio de l la investigación por uno de los casos de corrupción más sonados en la histora reciente: el de la Unidad Nacional para la Gestión y Riesgos de Desastres —Ungrd—), a quien vinculó con una circular roja de Interpol.

El dirigente sindical también expresó preocupación por su seguridad personal, aludiendo a supuestas relaciones del gobierno saliente con estructuras armadas ilegales y señalando que teme represalias.

Finalmente, Devia advirtió que cualquier atentado contra su vida no debe ser considerado un suicidio, en alusión directa al director Augusto Rodríguez.

Una nueva denuncia contra el expresidente Gustavo Petro llegó a la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes por un presunto caso de instigación para delinquir, después de que el presidente de la República llamara a crear guardias bolivarianas, milicias populares y asambleas populares, una conducta que los denunciantes vinculan con posibles efectos sobre el orden constitucional, según Semana.

La acción, que fue presentada por el exzar anticorrupción Óscar Ortiz y el juez José Alejandro Hofmann, sostiene que los hechos podrían incluso derivar en una conducta asociada a la sedición, delito que el Código Penal castiga con penas de entre 32 a 144 meses de prisión y multas de 66 a 150 salarios mínimos cuando, mediante el uso de armas, se busque impedir el libre funcionamiento del régimen constitucional.

Ortiz y Hofmann centraron su acusación en un mensaje publicado por Petro en su cuenta oficial de X el 3 de agosto de 2026 a la 1:42 a.m., desde donde, según el documento citado por el medio, promovió la creación de “guardias bolivarianas”, una “milicia popular” armada dirigida por “asambleas populares”, cuyos integrantes tendrían la facultad de “exigir el cambio de mandos” de la fuerza pública.

La denuncia invoca el artículo 348 del Código Penal por un mensaje difundido en X

Los denunciantes afirmaron que esa conducta encaja en el artículo 348 del Código Penal, que sanciona a quien “pública y directamente incite a otro u otros a la comisión de determinado delito”. En su presentación, sostuvieron que el mensaje de Gustavo Petro tendría capacidad real de movilización por el alcance de su cuenta y por su condición de jefe de Estado.

“Cuando el presidente de la República, Gustavo Petro, a través de su red social X, la cual cuenta con varios millones de seguidores, el 3 de agosto a la 1:42 a. m., insta a la creación de unas ‘guardias bolivarianas’, una ‘milicia popular’ armada dirigida por unas ‘asambleas populares’, cuyos miembros estarían facultados para ‘exigir el cambio de mandos’ de la fuerza pública, estaría incurso en la conducta delictiva de instigación para delinquir contenida en el Art. 348 del Código Penal”, puntualiza el texto.

Ese mismo razonamiento insiste en que el origen del mensaje agrava su alcance. Los firmantes señalaron que, al tratarse de la cuenta oficial del presidente en X, el contenido “tiene la suficiente entidad para movilizar a otros a cometer delitos”, por la “evidente calidad de líder político” de su autor, el carácter masivo de la plataforma y la exposición permanente de esa cuenta en medios nacionales e internacionales.

Los denunciantes también advirtieron sobre un posible impacto institucional

La acusación presentada ante la Cámara de Representantes no se limita al tipo penal de instigación. Conforme a lo expuesto por los denunciantes, el contenido divulgado por el presidente Petro podría abrir la puerta a hechos que alteren el régimen constitucional, al mencionar estructuras armadas y la posibilidad de intervenir en la línea de mando de la fuerza pública.

En esa línea, añadieron: “Ponemos estos hechos en conocimiento de la Comisión de Investigación y Acusación, considerando que con la conducta consistente en emitir estas declaraciones, el saliente mandatario no solo vulnera de manera flagrante el orden jurídico, sino que también puede revivir algunas de las peores páginas de la historia de Colombia”.

La denuncia se suma a otra controversia reciente por declaraciones del mandatario saliente sobre Abelardo de la Espriella, que, de acuerdo con el medio citado, encendieron alertas en distintos sectores políticos. Petro dijo: “Ya por ahí hablan en las oficinas de Marco Rubio de Abelardo, ‘el breve’. Ya intuyen que, incluso, no duraría los cuatro años de gobierno, sino que la población colombiana lo haría renunciar”.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que activó su protocolo de gestión de incidentes cibernéticos luego que el periodista Ignacio Gómez Villaseñor publicó en sus redes sociales que un grupo de hackers vulneró los sistemas de la dependencia y filtró 1.2 gigabytes de documentos confidenciales de estudiantes con becas.

Entre los documentos se podrían consultar estaban actas de nacimiento, identificaciones, la CURP, comprobantes de domicilio y estados de cuenta, según informó Gómez Villaseñor en sus publicaciones.

A través de una tarjeta informativa difundida este 6 de agosto de 2026, el organismo explicó que especialistas realizaron una revisión exhaustiva de sus servidores, sistemas y equipos de cómputo con el objetivo de determinar el alcance del incidente y verificar la integridad de su infraestructura tecnológica.

Como resultado de estas acciones, el instituto aseguró que no existen indicios de una vulneración a los sistemas institucionales, descartando que se haya registrado un ataque que comprometiera directamente su infraestructura informática.

Detectan actividad irregular con cuenta de administrador

Sin embargo, el INAH precisó que durante las labores de análisis sí fue detectada actividad irregular relacionada con el uso de una cuenta con privilegios de administrador, la cual habría sido utilizada desde la red interna del propio instituto.

De acuerdo con el comunicado oficial, esta actividad permitió identificar evidencia de una presunta extracción indebida de información, aunque el organismo no detalló el tipo de datos involucrados ni el volumen de la información que pudo haber sido comprometida.

El instituto tampoco precisó si la información presuntamente extraída corresponde a bases de datos administrativas, archivos históricos, documentos institucionales o datos personales, debido a que las investigaciones continúan en curso.

INAH presenta denuncia ante la Fiscalía General de la República

Ante la posible comisión de un delito, el Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que ya interpuso una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes.

Asimismo, señaló que dará seguimiento a todas las acciones legales necesarias para identificar y sancionar a quien resulte responsable de los hechos.

La institución destacó que colaborará plenamente con las autoridades ministeriales durante el desarrollo de las investigaciones y reiteró que la indagatoria continúa abierta.

Comunidad estudiantil será informada sobre los avances

El INAH indicó que mantendrá informada a la comunidad estudiantil y al personal institucional respecto a los avances del caso, siempre que ello no interfiera con las diligencias legales ni comprometa el desarrollo de la investigación.

Como parte de la respuesta al incidente, el Instituto anunció que continuará implementando acciones para fortalecer sus mecanismos de monitoreo, detección y respuesta ante incidentes de ciberseguridad.

Entre las medidas se encuentran el reforzamiento de los procesos de supervisión tecnológica, la mitigación de riesgos informáticos y la protección de los datos personales que administra el organismo.

El instituto subrayó que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de su infraestructura tecnológica y reducir la posibilidad de que situaciones similares puedan repetirse.

Continúan las investigaciones

Aunque el INAH descartó una vulneración directa de sus sistemas, el reconocimiento de una presunta extracción indebida de información mediante una cuenta con privilegios administrativos mantiene abiertas diversas líneas de investigación para determinar el origen del incidente y establecer responsabilidades.

El caso se suma a los retos que enfrentan las instituciones públicas en materia de ciberseguridad, particularmente en la protección de información sensible y en el fortalecimiento de los controles internos sobre cuentas con altos niveles de acceso.

Por ahora, el Instituto Nacional de Antropología e Historia reiteró que seguirá colaborando con la Fiscalía General de la República y continuará reforzando sus protocolos de seguridad informática mientras avanzan las investigaciones sobre este incidente.

En un video publicado el 5 de agosto de 2026 en TikTok, Almanza afirmó que iba con su pareja “más o menos a las seis de la tarde hacia el centro” cuando notó que, tras bajarse un grupo grande de pasajeros, en la parte trasera del bus quedaron el hombre y la joven. “Me volteé, la miré a ella, le dije como: ‘¿Conoces a esta persona?’”, contó. La chica, según su testimonio, respondió: “No conozco a esta persona”.

Almanza dijo que encaró al hombre en ese momento. “Le grité que qué le pasaba, que cuál era su problema”, relató, y sostuvo que el sujeto se cambió de puesto para quedar “al frente” de ella y “empezar a burlarse” por su reacción. En ese intercambio, recordó, el hombre le reprochó que si la joven “no estaba incómoda”, ella no debía intervenir.

La usuaria explicó que insistió en que el silencio de la víctima no implicaba consentimiento: “El hecho de que no estuviera reaccionando igual a mí no significaba que no estuviera incómoda”.

Según su relato, el hombre intentó volver a sentarse junto a la joven: “Ella se levantó, se fue a la parte de enfrente y yo simplemente seguí hablando con mi pareja, pero con mucho miedo porque el señor no me quitaba la mirada”.

La denunciante aseguró que buscó ayuda del conductor del vehículo: “Fui a donde el conductor a informarle de la situación para que me ayudara a avisarle a la central. No pasó nada”, señaló, y agregó que el hombre “seguía intentando acercarse a la muchacha”.

“Nadie en todo el Transmilenio, en su mayoría hombres, hicieron nada”, afirmó y continuó criticando la reacción de los demás pasajeros: “La indiferencia me chocó muchísimo porque no podía creer que viendo la situación claramente que yo estaba viendo, la gente no hiciera absolutamente nada”.

Al bajar del bus, contó que la joven se acercó a agradecerle: “Cuando me bajé del Transmilenio, la chica me agradeció por haberla defendido”. Después, según su versión, ella y su pareja buscaron a policías y personal del sistema para informar lo ocurrido, pero no supieron nada más.

La joven que realizó el video dijo que, al reconstruir el trayecto, el hombre había intimidado a la joven desde antes: “Nos dimos cuenta que el señor llevaba intimidándola todo el camino, que le estaba diciendo que ‘si no le daba miedo ir sola, para dónde vas’”.

En el cierre del video, Almanza indicó que tomó una foto del hombre y pidió difundirla para prevenir a otras personas: “Les dejo la foto acá para que, si lo reconocen, puedan hacer visible su cara y que la gente sepa que es un acosador”, dijo, y rechazó que ese tipo de situaciones se traten como parte de la rutina: “No puedo aceptar ni creer que el acoso sea algo normal. No es normal”.

La joven acompañó el video con un texto en el que demuestra su indignación por lo ocurrido: “El acoso no es normal. No es un ‘malentendido’, no es un ‘piropo’ y mucho menos algo que debamos aprender a soportar o ignorar. Decidí hacer esta denuncia pública porque no quiero seguir normalizando este tipo de situaciones. Ninguna mujer debería sentirse intimidada o insegura por el simple hecho de usar el transporte público”.

Y le pidió a los ciudadanos compartir el video: “Si este mensaje llega a más personas, podemos generar conciencia y evitar que otras mujeres pasen por lo mismo (...) El silencio nunca debería proteger a un acosador”.

Por medio de una publicación realizada en la red social Facebook, usuarios denunciaron maltrato animal en un refugio para animales llamado Granja de Chopos, ubicado en un parque público dentro de la Unidad Habitacional San Buenaventura, en Ixtapaluca, al oriente del Estado de México (Edomex).

En diversas publicaciones se compartieron imágenes y videos que permiten ver la situación deplorable en la que el refugio mantiene a los animales.

De acuerdo con la información proporcionada por los usuarios, desde hace unos 12 años, vecinos de la zona han observado presuntas conductas de maltrato animal en la Granja de Chopos.

La situación no se ha resuelto por parte de las autoridades, esto a pesar de que, señalaron, hay múltiples denuncias, folios y reportes.

Incluso se dio a conocer que existe una carpeta de investigación abierta en la Fiscalía Regional de Texcoco, sin embago, hasta el momento no se ha recibido una respuesta satisfactoria.

Durante los últimos meses, vecinos recabaron evidencia de la situación en la que se encuentran los animales en ese refugio, con imágenes y videos, y señalaron que, para aceptar a algún animal, los administradores solicitan aportaciones económicas de hasta 3 mil 500 pesos, así como costales de alimento, correas y cadenas. Sin embargo, quienes han documentado el caso afirman que las condiciones de los animales no refleja una mejora pese a dichas aportaciones.

En la denuncia se incluyeron imágenes y videos, así como testimonios que aseguraron que los perros que se encuentran en el refugio viven entre heces y orina, además de que los mantienen amarrados de manera permanente con cadenas que prácticamente les impiden moverse, con acceso limitado a agua y alimento, además de darles comida en malas condiciones, como pellejo de pollo o croquetas enlamadas.

Los denunciantes también señalaron que, recientemente, una perrita que estaba embarazada perdió la vida debido a la falta de movilidad ocasionada por la cadena con la que permanecía sujeta, y aseguraron que varios de los animales que se encuentran dentro del refugio presentan signos graves de desnutrición, sarna y moquillo.

Se denunció que hay videos en los que se observa a personas vinculadas con ese refugio golpeando a perros con palos, y vecinos denunciaron que dentro del parque se han enterrado cadáveres de perros y gatos que habrían muerto presuntamente a consecuencia de las malas condiciones en las que permanecían.

Por esto, solicitaron a las autoridades correspondientes que realicen una investigación del lugar y esclarecer los hechos, y en caso de que se acrediten responsabilidades, aplicar las sanciones correspondientes conforme a la ley.

En las fotos y videos compartidos en la publicación, se puede ver a los perros del refugio en malas condiciones, con las paredes llenas de sangre, los animales amarrados con cadenas que les limitan la movilidad, con síntomas de desnutrición e incluso cadáveres de animales. También se ve el alimento en malas condiciones, como pellejos de pollo repleto de insectos o croquetas enlamadas.

Convocan a marcha

Por medio de redes sociales, ciudadanos del municipio de Ixtapaluca hicieron un llamado para realizar una marcha pacífica en favor de los animales de la Granja de Chopos, donde se ha denunciado maltrato animal.

El motivo de la marcha es exigir justicia y la intervención inmediata de las autoridades ante las denuncias presentadas sobre el caso de la Granja de Chopos.

De acuerdo con la convocatoria, la marcha se llevará a cabo el próximo sábado 8 de agosto al medio día, en el Gimnasio Polivalente Chopos, ubicado en la Unidad Habitacional San Buenaventura, en el municipio mencionado.

Los vecinos exigen una inspección inmediata del lugar, así como celeridad en el seguimiento de las denuncias formales, trato digno y protexión animal, la clausura del sitiio y rescate de los animales.

“Vamos a hacer famoso al señor que me estaba morboseando. Ay, en TikTok vas a ser superfamoso, enfermo”, inicia la grabación que compartió la abogada vallecaucana Ana Uribe, y que por medio de su cuenta de Instagram expuso al hombre que la persiguió, según su narración, a bordo de una bicicleta.

La mujer decidió encararlo luego de sacar su celular justo cuando llegaban a la plaza de Bolívar.

Allí, y a pesar de la advertencia que le hizo Uribe al abuelo, el hombre mostró una actitud retadora y altiva, sin importarle la incomodidad que debió soportar la joven hasta le sacó la lengua, en un gesto que varios usuarios calificaron como “lascivo”.

“¡Enfermo! Vas a ser superfamoso. ¡Vas a ser superfamoso, viejo enfermo!” le dijo con vehemencia la abogada al adulto mayor, que luego de unos segundos siguió su camino.

Este caso se suma a las cifras oficiales que reveló que la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, en Bogotá 8 de cada 10 mujeres han manihaber sido víctimas de acoso callejero y el 64% indicó sentir algún tipo de acoso en el transporte público.

Mujer que expuso a hombre que la acosó en el centro de Bogotá: “No me voy quedar callada”

En un mensaje adjunto que compartió con la grabación, Uribe precisó: “Hoy me pasó algo que me niego a normalizar”.

La jurista relató que mientras caminaba hacia su lugar de trabajo “por la Plaza de Bolívar, un hombre en bicicleta comenzó a seguirme y acosarme”.

La mujer detalló que los hechos se prensentaron “en plena Plaza de Bolívar, a plena luz del día, con gente alrededor”, pero recalcó que nadie hizo “nada”.

“Por eso decidí publicarlo y mostrar su cara. Porque la vergüenza tiene que cambiar de bando. No podemos seguir siendo nosotras las que sentimos miedo, las que callamos o las que seguimos caminando como si nada hubiera pasado”, expuso en su publicación Uribe el motivo por el que decidió exponer al adulto mayor en redes sociales.

La abogada recalcó que esta clase de personas que suelen acosar y tener comportamientos obscenos lo hacen sin preocupaciones.

“Si se sienten con la libertad de acosarnos y perseguirnos así, en público y frente a todo el mundo, ¿qué serán capaces de hacer cuando nadie los esté viendo?" menciona la pregunta que compartió a modo de reflexión Uribe.

Al final, la abogada setenció: “No me voy a quedar callada. La vergüenza no es mía”.

Los piropos también son considerados como una forma de acoso sexual callejero

Un informe de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia señaló en octubre de 2025 que el 80% de las mujeres ha recibido comentarios sexuales no deseados en la calle, una conducta que incluye “piropos”, silbidos y tocamientos físicos intencionales y que se considera acoso sexual.

En Colombia, el acoso sexual callejero es un delito tipificado como injuria por vía de hecho, con pena de prisión de hasta cuatro años y una multa que puede llegar a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes, según el Código Penal Colombiano.

Ante un caso, la ciudadanía puede pedir ayuda a la Línea de Emergencias 123. Si presencia la situación y su integridad no corre riesgo, puede apoyar a la víctima al intervenir y solicitar de inmediato asistencia de autoridades o personal de seguridad del lugar.

En el transporte público, se recomienda acercarse al conductor y activar la ruta inmediata de atención a través del botón de pánico.

Si es posible, y como elemento que puede ayudar a una futura investigación judicial, se recomienda grabar (si es posible) la situación para contar con material probatorio y avanzar en la judicialización del agresor.

Las mujeres también pueden acudir a la Ruta Única de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia y en Riesgo de Feminicidio, que articula a entidades distritales y nacionales para prevenir y atender violencias basadas en género.

La atención puede iniciarse con una llamada a la Línea Púrpura 01800 112 137 para apoyo psicosocial y jurídico o a la línea Una Llamada de Vida 601 380 8400 en Bogotá.

Para solicitar una medida de protección, se puede acudir a una Comisaría de Familia de la localidad. En las Casas de Justicia también atienden la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de la Mujer y las Comisarías de Familia, entre otras entidades.

Su nombre, idéntico al de la mujer detenida por el asesinato de María Camila Potosí y su hija Alahia en Cali, la ha convertido en blanco de agresiones virtuales.

A través de su cuenta de TikTok, Yulieth decidió aclarar la situación y pedir respeto a quienes la atacan por error. “Les pido de por favor que ya paren todo eso ahí, que me dejen tranquila. Además, yo viví siete años en Ecuador, tenía siete años que no iba para Colombia”, explicó en un video publicado en la plataforma.

En sus sus últimas publicaciones, la joven ha recibido decenas de mensajes ofensivos y amenazas directas, lo que la llevó a exponer su caso públicamente.

“Entonces, no me involucren en cosas que yo no tengo nada que ver. Ya me siento sin ánimo, sin fuerza de tantas amenazas, tantos mensajes feos que me mandan. Por favor, déjenme tranquila, de meterse con mis hijos. Yo tengo mis hijos. Ya no aguanto ni un mensaje de amenaza más, por favor”, suplicó en su mensaje.

La situación surge a raíz del reciente y mediático crimen en Cali, donde una mujer con el mismo nombre fue capturada como presunta responsable del asesinato de María Camila Potosí y su bebé. La homonimia llevó a decenas de usuarios a dirigir sus acusaciones hacia la joven equivocada.

En su testimonio, Yulieth insistió en que la responsable del crimen ya fue detenida por las autoridades. Pidió a quienes la acusan que detengan la campaña de hostigamiento que está afectando su vida y la de su familia. “Ya saben que la culpable está detenida en Colombia, pero ¿por qué se ensañan conmigo de estresarme la vida, hacerme la vida triste? Entonces, les pido de por favor, quiero mi tranquilidad".

En otro video la mujer explicó: “Mi nombre es Yulieth, paso por aquí para recordarle a la gente que me está amenazando, que me están atacando, que yo no soy la persona que sale en esa foto con lo que pasó con la chica en Cali. Amores, yo vivo en Canadá, yo no vivo en Colombia. Soy colombiana, pero no estoy allá. Entonces, ya paren con sus amenazas, sus comentarios fuera de lugar, que no saben en lo que lo afectan a uno”.

Además, la denunciante pidió parar con los hostigamientos: " Yo tengo mi familia, tengo mis hijos. Entonces, no veo por qué me involucran a mí en algo que está pasando allá cuando ni siquiera vivo allá. Entonces, ya paren con eso y para dejarles muy claro: no soy la persona que están buscando allá. Yo no estoy en Colombia, ya tengo más, casi dos años aquí en Canadá“.

Bebé de María Camila Potosí nació con vida tras una “cesárea artesanal”: esto fue lo que descubrió la Fiscalía

El hallazgo de los restos de Alahia Moncayo Potosí en una zona boscosa de Altos de Santa Elena, días después de que el cuerpo de María Camila Potosí fuera arrojado a la ribera del río Meléndez, reconfiguró la investigación judicial en Cali.

La Fiscalía General de la Nación reveló que la bebé nació con vida tras ser extraída mediante una “cesárea artesanal”, procedimiento realizado mientras la madre era asesinada, según la hipótesis central del proceso.

La audiencia de imputación permitió reconstruir una cronología del caso. El informe oficial detalla que el 20 de julio de 2026, el cuerpo de la joven fue trasladado y abandonado en la orilla del río, en tanto que la búsqueda de la recién nacida concluyó en el suroeste de la ciudad, dentro del megaproyecto de vivienda Altos de Santa Elena.

Según los datos presentados ante el juez, el grupo de presuntos responsables habría llevado a María Camila, con engaños, hasta un inmueble en el sector rural de Altos de Polvorines. Allí, la joven fue retenida, incomunicada y dejada en total indefensión, lo que permitió avanzar en el plan para apropiarse de la bebé.

Durante la audiencia, la Fiscalía sostuvo: “Lo que hizo nugatorio los esfuerzos de la víctima por defenderse o pedir auxilio, lo que aseguró el resultado. Es decir, la instrumentalización del cuerpo de María Camila como un fin ¿Cuál fue? Extraer violentamente de ella, mediante cesárea artesanal, a su hija nacida viva, Alaia Moncayo Potosí, y de manera concomitante causarle la muerte”.

Los cinco implicados —Yulieth Angulo, Nitzon Mondragón, Kevin López, Juan Narváez y Edwin García— recibieron medida de aseguramiento en centro carcelario. Las imputaciones incluyen feminicidio agravado, secuestro simple agravado, desaparición forzada y alteración de elementos materiales probatorios. Ninguno admitió los cargos.

“Le informo al país que hemos encontrado un dispositivo de escucha en mi oficina del sexto piso del edificio nuevo del Senado de la República”, inicia la declaración por parte de Arias.

Sumado a esto, Arias recalcó: “Denuncio que he encontrado un micrófono en la biblioteca de mi oficina personal en el Congreso de la República”, añaden las palabras adjuntos al video que se conocieron desde la cuenta en X del congresista.

El senador precisó, mientras señaló el objeto en el que hallaron el presunto micrófondo, que “en esta biblioteca, con motivo del inicio del nuevo periodo y buscando tener la mayor cantidad de garantías posible frente a un gobierno que se anuncia de ultraderecha, persecutor de las luchas populares y sociales y que ha anunciado destripar a la izquierda, pues nos dimos a la tarea de hacer cuanto fuera desde nuestro campo para obtener las mejores condiciones”.

Por lo anterior, y el mismo martes, Arias aseguró que se contó con la “participación del cuerpo administrativo del Senado de la República y con la presencia nuevamente de personal altamente especializado, finalmente lo hemos encontrado en la parte superior de esta biblioteca”.

El congresista aseguró que “esto constituye una afectación de nuestros derechos y de nuestras garantías”, al referirse que el Pacto Histórico oficiará como partido de oposición en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que se posesionará el viernes 7 de agosto de 2026 en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, en Valle del Cauca.

Arias señaló que este descubrimiento en su despacho “raya en el Código Penal” y confirmó que desde su equipo de trabajo van a denunciar los hechos ante la Fiscalía, y dejó en claro: “Le decimos al país que vamos a seguir haciendo todo lo posible por tener las mejores condiciones y por enfrentar cuanto sea necesario para poder dar con un buen desempeño que honre el papel que la sociedad nos ha encomendado”.

El excongresista al que también le encontraron otro supuesto micrófono

El congresista Arias señaló en la misma declaración en video que dentro de las “mismas pesquisas logramos establecer que en la oficina del exsenador Julián Gallo (Comunes) también se había puesto un dispositivo de escucha en el aparato de teléfono fijo de esa oficina, pero también objeto de iguales violaciones de sus derechos”.

Por todo lo anterior, Arias concluyó con un mensaje para la administración entrante: “Que no se equivoquen con nosotros. Vamos que vamos a defender los intereses de la sociedad”.

“Exigimos garantías para nuestro ejercicio de oposición, no nos van a intimidar”, finaliza el mensaje en X del senador que acompaña el video en X.

Dentro de las primeras reacciones que se conocieron, el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy (Pacto Histórico) se solidarizó con Arias y destacó vía X: “¡Esto es gravísimo! ¿Quién empezó a instalar micrófonos en las oficinas del Pacto Histórico?”

Por su parte, el representante a la Cámara por Cundinamarca Eduard Sarmiento Hidalgo (Pacto Histórico) se sumó a la posición de Monroy y pidió una investigación más exhaustiva en las demás oficinas de los congresistas de la misma bancada, y agregó que parte del mobiliario había sido renovado hace más de un año atrás.

“Esto es sumamente grave. Debe hacerse una inspección a todos las oficinas del @PactoCol e incluso de todo el Congreso. ¿Desde cuándo estarían espiando a @wilsonariasc?“ Hace cerca de año y medio habían cambiado los muebles de nuestras oficinas ¿sería desde entonces? Solidaridad mi querido compañero Wilson Arias. Que se sepa toda la verdad", concluyó Sarmiento.

Por el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado luego de la denuncia que hizo Arias por medio de redes sociales.

Organizaciones ambientales y grupos de ciudadanos piden al Ministerio de Ambiente explicar por qué una propuesta reduce la superficie protegida, y llaman a participar en una consulta pública antes del 14 de agosto.

Señalan que los manglares no terminan donde acaba el bosque que se ve desde la costa, pues bajo el agua, entre canales, estuarios, sedimentos y mareas, existe un sistema conectado del que dependen numerosas especies y comunidades. Por eso, sostienen que la consulta pública abierta por el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) sobre el Área de Recursos Manejados Manglares de Alanje, David y San Lorenzo, en la provincia de Chiriquí, no constituye únicamente un trámite administrativo.

“Es una oportunidad para que la ciudadanía participe en una decisión que podría definir cómo se protegerá uno de los ecosistemas costeros más importantes de Chiriquí”, aseguran.

Organizaciones ambientales, especialistas y ciudadanos han solicitado que la propuesta presentada por MiAmbiente sea revisada y fortalecida antes de su aprobación definitiva.

El planteamiento central es sencillo: un manglar funciona como una unidad ecológica. El agua, los canales de marea, los sedimentos, las especies, los estuarios y el bosque están conectados. Lo que se modifica en un punto puede provocar consecuencias en el resto del ecosistema.

“Cuando hablamos de poner límites, no hablamos únicamente de dibujar una línea en un mapa; hablamos de proteger un sistema vivo donde el agua, el manglar y la biodiversidad están completamente conectados”, aducen las organizaciones que impulsan la participación ciudadana.

Indican que los límites de un área protegida determinan qué espacios estarán sujetos a medidas especiales de conservación y cuáles podrían quedar fuera de esa protección.

En el caso de los manglares, afirman que proteger solamente los árboles visibles sería insuficiente, ya que también deben considerarse los canales, estuarios, cuerpos de agua y demás zonas que permiten la circulación natural del agua y mantienen el funcionamiento integral del ecosistema.

La principal preocupación planteada durante la consulta se relaciona con la reducción de la superficie contemplada en la propuesta.

De acuerdo con las observaciones ciudadanas, el área habría pasado de aproximadamente 75,935 hectáreas a 66,600 hectáreas. Las organizaciones solicitan que MiAmbiente explique cuáles zonas fueron excluidas y qué criterios técnicos, científicos, ecológicos o sociales sustentan esa modificación.

La diferencia representa alrededor de 9,335 hectáreas, por lo que conocer las razones de la reducción resulta indispensable para que la ciudadanía pueda evaluar la propuesta de manera informada.

Además de solicitar una explicación sobre la disminución de la superficie protegida, las organizaciones proponen limitar las excepciones que puedan permitir actividades como tala, rellenos o construcción de infraestructura que altere el manglar o el flujo natural del agua, además de definir con precisión la zona de amortiguamiento de 50 metros.

También se propone aclarar cómo se aplicará la nueva resolución frente a proyectos previamente autorizados, así como evitar que permisos anteriores den lugar a obras incompatibles con los objetivos de conservación, e incorporar en el futuro Plan de Manejo una zonificación clara, medidas para proteger especies amenazadas, financiamiento sostenible y participación efectiva de las comunidades locales.

Las organizaciones reconocen que formalizar los límites del Área de Recursos Manejados constituye un paso importante. Sin embargo, consideran que la consulta pública debe servir precisamente para corregir vacíos, aclarar dudas y garantiza garantizar que la protección sea efectiva, no solamente declarativa.

La consulta pública permite que cualquier ciudadano presente comentarios u observaciones sobre la propuesta.

El plazo estará abierto hasta el 14 de agosto de 2026 y las observaciones pueden remitirse por correo electrónico al Ministerio de Ambiente. Las organizaciones también han preparado un Action Kit con un modelo de comentarios que puede enviarse directamente o utilizarse como referencia para elaborar una propuesta individual.

La historia comenzó a ganar fuerza en plataformas digitales gracias a un video publicado por la profesora Marthita Cuevas, quien relató paso a paso lo ocurrido durante el regreso de un recorrido académico que se prolongó por un mes en distintas ciudades europeas. La grabación rápidamente comenzó a circular entre miles de usuarios y posteriormente fue retomada por diversos medios de comunicación.

De acuerdo con el testimonio de la docente, el último tramo del viaje consistió en un vuelo entre Cancún y la Ciudad de México. Sin embargo, al aterrizar en el AICM alrededor de las 23:00 horas del sábado 1 de agosto, el grupo comenzó a vivir una serie de inconvenientes relacionados con el equipaje documentado.

Según explicó, las maletas no aparecían en la banda correspondiente, aunque personal del aeropuerto les informó que el equipaje ya había sido entregado. La situación generó incertidumbre entre los pasajeros, quienes permanecieron esperando una explicación sobre el paradero de sus pertenencias.

La profesora señaló que fue casi una hora después cuando finalmente recibieron las maletas. No obstante, desde el primer momento detectaron algo fuera de lo normal: el equipaje parecía considerablemente más ligero de lo que recordaban.

Con la intención de salir de dudas, decidieron utilizar una báscula para verificar el peso de cada maleta. De acuerdo con el relato compartido en redes sociales, todas registraban entre dos y tres kilogramos menos respecto al peso con el que habían sido documentadas antes del vuelo.

Tras detectar la diferencia, la docente afirmó que acudió con una persona identificada como supervisor de Volaris para reportar la situación. Sin embargo, aseguró que no recibió una explicación sobre lo ocurrido ni una respuesta que aclarara por qué el equipaje había perdido parte de su contenido.

También relató que buscaron apoyo con otros trabajadores de la aerolínea, aunque, según su versión, nadie dio seguimiento al caso. Incluso sostuvo que algunas personas intentaron retirar las etiquetas colocadas en las maletas, situación que incrementó aún más la preocupación del grupo.

Horas más tarde, cerca de las 2:00 de la madrugada del domingo 2 de agosto, Marthita Cuevas decidió grabar un video para hacer pública la denuncia. En ese momento explicó que todavía no habían revisado completamente el contenido de todas las maletas; sin embargo, durante una primera inspección ya habían detectado la ausencia de varias prendas de vestir y distintos recuerdos adquiridos durante su estancia en Europa.

Ante esa situación, anunció que acudiría al Ministerio Público para presentar una denuncia por el presunto robo de sus pertenencias. Además, solicitó la intervención de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) y de la Secretaría de Marina (Semar) para que el caso fuera investigado.

La publicación no tardó en viralizarse y generó cientos de comentarios de usuarios que compartieron experiencias similares, mientras otros pidieron una investigación para esclarecer lo ocurrido.

Hasta el momento, Volaris y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) no han emitido un posicionamiento oficial respecto a las acusaciones realizadas por la profesora y los estudiantes.

Mientras tanto, el caso continúa generando conversación en redes sociales, donde miles de internautas siguen atentos a una posible respuesta de las autoridades o de la aerolínea sobre un episodio que ha despertado preocupación entre quienes acostumbran documentar equipaje durante sus viajes.

El abogado Carlos Soler formalizó una denuncia ante la Fiscalía General de contra Manel Grau, a quien acusa de haber recibido $4.900 millones por parte de empresarios colombianos bajo el supuesto de inversiones rápidas y seguras.

La relación entre Grau y figuras del poder, incluida Verónica Alcocer, es un elemento que —según los denunciantes— sirvió para generar confianza.

Durante dieciocho meses, entre noviembre de 2023 y junio de 2025, los empresarios realizaron transferencias, entregas en efectivo y hasta la cesión de un vehículo de alta gama. Soler, quien representa a los afectados, entregó al ente investigador documentos y audios como prueba de la operación.

En total, Grau habría recibido $3.910 millones en efectivo, pagos por cheque por $280 millones y una transferencia bancaria de $60 millones. Además, la denuncia detalla la entrega de una Toyota Sequoia valorada en $650 millones. Todos estos montos y bienes están respaldados con documentación, propiedad y fechas de entrega.

Soler argumentó ante la revista Semana que los aportes no fueron hechos de una sola vez: “Entre el 15 de noviembre de 2023 y el 1 de junio de 2025 se realizaron múltiples entregas de dinero, cheques, transferencias bancarias y bienes valorados económicamente, cuyo valor consolidado asciende a la suma de 4.900 millones de pesos”, reza la denuncia presentada por el abogado.

El caso contra Manel Grau se sostiene en la promesa de devolución rápida con intereses del 10% y en la confianza que generó su vínculo con altos círculos de la presidencia.

Soler enfatizó que la valoración de los bienes entregados en especie, como el vehículo mencionado, se encuentra respaldada “con la documentación correspondiente a su propiedad, tradición, fecha de entrega y demás documentos pertinentes”.

Revelan audios de amiga cercana a Verónica Alcocer que comprometen a la primera dama: “Le dieron 2 millones de euros”

La filtración de audios atribuidos a Eva Ferrer Galcerán, excolaboradora de la actual primera dama de Colombia, Verónica Alcocer, sacudió el escenario político al revelar acusaciones sobre el manejo de dinero, influencia en entidades estatales y desaparición de recursos públicos.

En las grabaciones, difundidas por Semana, Ferrer Galcerán arremete contra el entorno de Alcocer y detalla, entre otros episodios, la recepción de dos millones de euros durante la campaña presidencial. Según la exfuncionaria, ese monto habría sido entregado por el empresario catalán Manel Grau.

Las denuncias se extienden a otros ámbitos. Ferrer Galcerán sostuvo que la primera dama mantenía un nivel de gasto elevado: “El gasto de la señora es de 50.000 euros mensuales”, sentenció en uno de los audios. Agregó que existían cobros por reuniones, de hasta esa misma cantidad, y que en el entorno de Alcocer, “el dinero les gusta pa ellos”.

Según las palabras de Ferrer Galcerán, parte de la estructura que rodeaba a Alcocer estaba compuesta por figuras provenientes de Cataluña.

Entre ellos, mencionó a Xavier Vendrell, vinculado al círculo próximo del presidente Gustavo Petro, y a un “italiano” que, según la exfuncionaria, operaba como testaferro de Grau: “Yo a Manel le he estado sacando información todo el día. Entonces, ya sé quién es el testaferro de Manel. El italiano”.

La exconsejera también denunció la desaparición de mil millones de pesos en efectivo de una consejería y la utilización de fondos para “bodegas”, asesores, estudios de opinión y movilizaciones políticas.

Otras denuncias y antecedentes de presunta estafa

No es la primera vez que el nombre de Grau aparece vinculado a señalamientos por fraude. En febrero de 2026, copropietarios del proyecto Torre Barcelona, ubicado en el centro de Bogotá, adelantaron acciones legales por presunta estafa contra el empresario catalán.

El proyecto inmobiliario, promovido por Grau, prometía una rentabilidad anual cercana al 7,92% a diez años, pero los inversionistas afirman que apenas recibieron un 3%.

La comercialización de las unidades, que comenzaron a venderse desde 2016 por aproximadamente 140 millones de pesos cada una, quedó en manos de sociedades relacionadas con Grau. El edificio fue entregado en 2020 y, desde entonces, la administración estuvo a cargo de una empresa del entorno del empresario. Para la gestión de los ingresos y utilidades se constituyó un fideicomiso.

Propietarios agrupados en la firma Defensa Inmobiliaria, que representa a más de 220 dueños, expresaron su inconformidad: un vocero señaló que, aunque el edificio habría generado ventas anuales de hasta $10.000 millones, la utilidad repartida no coincidió con lo que se había proyectado inicialmente.

El video se difundió a través de las redes sociales, en las que se confirmó que la víctima viajaba con una compañera y las dos decidieron bajarse en la siguiente estación por miedo a que la amenaza se concretara.

El caso se conoció después de que la Secretaría Distrital de la Mujer informara que durante el primer semestre de 2026 realizó 210.556 atenciones a las ciudadanas y que el 64% estuvo relacionado con situaciones de violencia. En ese mismo período, el Sistema Articulado de Alertas Tempranas identificó y atendió a 1.934 mujeres con riesgo de feminicidio.

En las imágenes que circularon en redes se escucha al hombre decirle a la pasajera violentas frases como: “Bájese o la cojo a puñaladas”.

Hasta ahora no se conoce de manera pública la identidad del señalado ni las circunstancias que originaron la confrontación. Versiones preliminares indican que la mujer habría buscado policías en estaciones cercanas, pero durante el trayecto no encontró presencia de uniformados.

De acuerdo con La FM, la Policía Metropolitana de Bogotá no había recibido reportes del caso, lo que reitera que la circulación masiva del video no equivale, por sí sola, a una denuncia formal ante las autoridades.

El hecho generó rechazo de voces en el Concejo de Bogotá, como es el caso del concejal Juan David Quintero que cuestionó que una mujer se sienta vulnerable en el sistema y pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella priorizar su propuesta de un nuevo escuadrón de fuerza Escuadrón Urbano de Autoridad, Convivencia y Justicia en el Transporte Público (Emac) para reforzar la seguridad en el transporte público.

Quintero escribió en su cuenta de X: “No puede ser que una mujer se sienta vulnerable por un desadaptado, que la amenaza con apuñalarla. Pido al presidente Abelardo priorizar mi propuesta de un nuevo escuadrón de fuerza Emac para que ningún usuario sienta temor al subirse al transporte público, que es un servicio esencial para las personas”.

Entre las reacciones en redes sociales también apareció una crítica a la capacidad de respuesta dentro del sistema. Uno de los comentarios citados preguntó: “No sé supone que el Transmilenio tiene cámaras al interior de los buses. ¿Galán no acabó de darles más motos? ¿No hay vigilancia privada?” y otras como: “Doctor Carlos Fernando Galán hasta cuándo tenemos que tolerar gente desadaptada, señor presidente Abelardo de la Espriella, Bogotá necesita atención, la que no le da el alcalde en curso”.

Qué puede hacer una víctima o un testigo ante una amenaza en un bus

Si una amenaza, pelea o agresión está ocurriendo en el sistema de transporte de la ciudad y representa un riesgo inmediato, la víctima o cualquier persona presente puede llamar a la Línea de Emergencias 123, disponible las 24 horas para atender incidentes que afecten la seguridad de los capitalinos.

Recuerde que también puede alertar a un funcionario de Transmilenio, al conductor o a un integrante de la Policía de Transporte Masivo, aunque la preocupación de la comunidad radica en que muchas veces las estaciones no cuentan con personal de apoyo que pueda atender el caso.

Cabe mencionar que si los pasajeros desean presentar una denuncia penal, puede acudir a la Fiscalía General de la Nación, que dispone de un canal virtual y de la Línea 122.

La Secretaría Distrital de la Mujer presentó su balance semestral en el que indicó que la cantidad de denuncias demuestran que la comunidad está acudiendo a los canales oficiales: “Este comportamiento refleja una mayor búsqueda de ayuda, la activación temprana de las rutas institucionales y una respuesta más oportuna para prevenir que los riesgos se conviertan en violencias más graves”.

Después de cinco días de tareas para contener los incendios desatados en la localidad de Guanchín, provincia de La Rioja, el secretario de Ambiente provincial, Santiago Azulay, confirmó que el fuego arrasó miles de hectáreas y generó daños a la vegetación, la fauna y las propiedades cercanas. Por esto, el Gobierno provincial radicó una denuncia para que investiguen el hecho y sancionen a los responsables.

“El saber qué fue lo que sucedió es lo que nos movilizó a presentar una denuncia penal”, señaló el funcionario provincial. Tras considerar que la actividad del fiscal a cargo “tiene hoy una importancia tremenda”, aseveró que “este tipo de hechos deben ser castigados”.

En este sentido, Azulay se refirió a los responsables de provocar el siniestro al apuntar que “no puede quemar miles de hectáreas, afectar animales, propiedades y poner en riesgo la vida de quienes combaten el fuego”. Cabe destacar que, pese a los esfuerzos, este viernes los focos activos en la zona de Cuesta del Pique y las Sierras de Guanchin fueron declarados críticos.

Por su parte, el Ejecutivo provincial manifestó su confianza en que las tareas de investigación permitan reconstruir con precisión cómo se originó el incendio. Además, remarcó la necesidad de que estos hechos sean castigados y de que “no queden impunes”, bajo la premisa de que la justicia debe actuar con firmeza para desalentar conductas similares en el futuro.

A pesar de que un 70% del incendio fue contenido durante el jueves, las autoridades alertaron que los frentes activos cobraron mayor fuerza producto de las fuertes ráfagas de viento zonda. Tal como lo había anticipado el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para este día iba a estar activa una alerta de nivel naranja en la región.

De acuerdo con la información publicada por Nueva Rioja, los vientos alcanzaron una velocidad de 75 km/h aproximados, por lo que los equipos no pudieron reforzar el combate con el uso de aeronaves hidrantes. Por este motivo, solo se realizaron tareas de contención con brigadas en tierra.

Las zonas de mayor preocupación se concentraron en las quebradas del Parrón, en un área cercana a las estaciones 2 y 3. Asimismo, informaron que en el lugar estuvieron presentes el 2° jefe de Regional, el comisario mayor Sergio Montivero, y el equipo del Departamento Especial de Asistencia y Rescate (DEAR), bajo las directivas del comisario inspector Eduardo Espeche.

Para este sábado, el organismo meteorológico informó que estará activa una alerta amarilla por vientos en toda la provincia, por lo que las autoridades plantearon la posibilidad de que el siniestro empeore. También el índice de peligro de incendios se mantendrá alto y escalará a muy alto durante el domingo.

A lo largo de la semana, los equipos trabajaron de forma ininterrumpida, enfrentando condiciones adversas y riesgos constantes. En respuesta a la emergencia, la comunidad local se organizó para colaborar con la provisión de alimentos, agua y asistencia logística, gesto que fue destacado y agradecido por el secretario de Ambiente.

En paralelo, el Gobierno provincial y la Municipalidad de Chilecito asistieron a los productores y puesteros de Santa Florentina y Guanchín, dos de las zonas más afectadas, con la entrega de 400 fardos de pasto. “La distribución prioriza a los productores más afectados, mientras continúan las tareas de relevamiento, atención de los animales y acompañamiento a las familias que viven y trabajan en la zona”, destacaron.

“Hay imágenes que no necesitan explicación. Detrás de cada rincón consumido por el fuego hay historias, recuerdos, trabajo y sueños que hoy conviven con la angustia, la incertidumbre y la desolación”, reflexionaron las autoridades, tras pedir a la comunidad que tome conciencia de los hechos ocurridos.

Luego de que enfatizaran sobre “la importancia de cuidar nuestro ambiente”, sostuvieron que “la prevención, el compromiso y la responsabilidad de cada uno son fundamentales para proteger nuestros cerros, nuestra flora, nuestra fauna y el futuro de las próximas generaciones”.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. De acuerdo con el relato de Ledesma, aquella noche Medina se encontraba en su casa, ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa. Los dos vivían a seis o siete cuadras de distancia pero no tenían contacto frecuente.

Iara tardó años en poder contarlo. En su testimonio en LAM reconstruyó ese silencio con precisión: “Yo estaba acostada en mi pieza cuando Thiago estaba con mi hermano y bueno, estaban jugando a los juegos. Y él se mete a mi cama y me empieza a tocar. Pero yo no lo conté en ese momento porque él me había dicho que se iba a armar mucho quilombo en la familia”.

El silencio se extendió durante tres años. Iara no se lo contó a nadie, ni siquiera a su madre. En LAM explicó por qué: “Ella trabajaba y no quería cargarla con esto”. Recién a los 15 años encontró las palabras: “Me callé hasta los quince, que fue cuando por primera vez lo pude contar, porque ya estaba muy mal y me estaba comiendo la cabeza”.

La primera revelación no fue ante la Justicia sino ante la propia familia de Medina. Iara fue con su madre a la casa de los Medina. Estaban presentes Brisa —la hermana gemela de Thiago—, el padre y los hermanos menores. Lo que ocurrió en esa reunión quedó grabado en su memoria con detalle: “Thiago la llama a mi mamá en la pieza de él, porque mi mamá es la madrina de Thiago, le dice: ‘Madrina, vení que quiero hablar con vos’. Mi mamá fue y Thiago le dijo que la perdone, que por favor lo perdone, porque él no quería hacer esto, pero que lo perdone”.

La madre de Iara respondió que no podía perdonarlo, pero aclaró que no iba a tomar ninguna acción. En ese momento, la familia quería que el asunto quedara en silencio: “Solamente queríamos que no lo sepa todo el mundo, porque vos vas en el barrio y le hablás de esto y la gente lo sabe”.

Brisa, en aquella reunión, le prometió apoyo a su prima: “Prima, voy a estar con vos, te voy a apoyar”. Esa promesa no duró. Días después llegó Camila —la otra hermana de Thiago, que no estaba presente aquella noche— y el clima cambió: “Vino y empezó a llenarle la cabeza a ellos de que todo es mentira”.

Fue Camila quien, según Iara, se encargó de difundir en el barrio que todo era inventado. “Hace poco me enteré que estuvo hablando de mí, que yo mentía con todo esto”, relató. Y precisó que esa versión circuló durante años entre vecinos y conocidos: “Esto, lo que yo estoy contando ahora, en el barrio todos lo saben, porque cuando ellos se pelearon con gente de la esquina de la casa de ellos, la gente esa lo amenazaba por contar esto”.

Iara aclaró que el tema nunca había trascendido por su parte: “Yo de este tema lo hablamos con ellos nomás y bueno, ella fue la única que se encargó de hablar por todos lados”. Primero publicó un video en sus redes sociales y luego se presentó ante la Policía. En LAM explicó su decisión de hacer la denuncia formal: “Ya estaba preparada para hacerlo y lo pensé un montón por toda la gente lo que iba a decir, pero creo yo que tienen que saberlo, porque él tiene dos nenas”.

Cuando Brito le preguntó cómo había vivido ver a Medina en la casa de Gran Hermano, Iara respondió: “Estuve mal porque decía: ‘¿Cómo puede ser que una persona que haya hecho eso esté tan bien ahora?’”. Durante la entrevista, Iara se quebró en más de una ocasión. En uno de los momentos más crudos del testimonio, entre sollozos, dijo: “Nadie sabe lo que yo pasé en el momento”. Cuando Carla Czudnowsky le preguntó qué había vivido internamente durante los tres años que guardó silencio, respondió: “Estaba mal, obvio, estaba mal constantemente, pero bueno, no lo contaba”.

Iara también respondió a las acusaciones de Thiago y Camila, quienes sostuvieron que los había amenazado con hacer pública la situación en tres o cuatro ocasiones previas. La joven los desafió a demostrarlo: “Si es verdad que yo los amenazo, que muestren las pruebas de que yo lo estoy amenazando”. Y cerró con un reclamo claro sobre adónde quiere que llegue todo esto: “Yo quiero que salga todo, que sea todo legal y que salga por la justicia, que si es mentira o es verdad”.

Pepe Ochoa le preguntó cómo había sido el momento en que Thiago reconoció los hechos. Iara lo describió así: “Él lo contó llorando, que lo perdone, que él no quería hacer eso, pero que lo perdonen”. Tras hacerse pública la denuncia, nadie de la familia de Medina se contactó con Iara. “De la familia de él nadie”, confirmó cuando le preguntaron. Tampoco lo hizo la madre de sus hijas. Thiago Medina respondió horas después de conocerse la acusación con un comunicado en sus redes sociales en el que negó los hechos de forma categórica, y publicó además una serie de historias de Instagram en la misma línea.

Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, fue denunciado por abuso sexual por su prima Iara Agustina Ledesma, de 19 años. La joven afirma que los hechos ocurrieron cuando ella tenía 13 años y Medina, 17. La denuncia se conoció el jueves por la noche y el exparticipante del reality respondió horas después con un comunicado en sus redes sociales en el que negó las acusaciones de forma categórica.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, los hechos denunciados habrían ocurrido en una vivienda ubicada sobre la calle Vilela, en Virrey del Pino, partido de La Matanza. De acuerdo con el relato de Ledesma, aquella noche Medina se encontraba en su casa, ingresó a su habitación mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.

La joven también reveló que su primo intentó garantizar su silencio. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó Ledesma en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien fue el primero en difundir la noticia en sus redes sociales, antes de que la denuncia quedara radicada oficialmente.

Tras la repercusión pública del caso, Medina tomó la palabra a través de un comunicado publicado en sus propias redes. En el texto decidió negar punto por punto las acusaciones que penden sobre su cabeza: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”.

El exparticipante de Gran Hermano también informó que derivó el asunto a su representación legal y que se puso a disposición de la Justicia. “El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, escribió.

Al cierre del comunicado, Medina anticipó que no volverá a pronunciarse sobre el tema en lo inmediato: “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”.

Luego de que este tema saliera a la luz, Pilar Smith se comunicó con la expareja de Daniela Celis y contó al aire de LAM (América TV) la respuesta que recibió por parte del joven de 23 años, quien decidió minimizar la situación con una frase que generó repercusión inmediata en el piso del programa de Ángel de Brito: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de la localidad bonaerense de Virrey del Pino y contiene fuertes detalles de la situación. La joven relató que todo ocurrió cuando ella estaba en su cama. De acuerdo a la presentación judicial, Thiago habría ingresado a la habitación, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas.

En ese momento, la joven, que por entonces era una niña, se empezó a ofuscar. Y al ver la situación, el ex GH acusado le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo, hasta que hace tres años su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Thiago Medina. En este contexto, las dos partes llegaron a un consenso: que la situación no saldría del entorno familiar.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina. También intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según fuentes judiciales, la denunciante instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado.

Según informaron fuentes policiales a Infobae, aquella noche Medina ingresó a la habitación de Ledesma mientras ella estaba acostada y la sometió a tocamientos por debajo de la ropa.

La joven también reveló que su primo intentó garantizar su silencio. “Él me dijo que no le contara a nadie porque se iba a armar lío”, afirmó en declaraciones al periodista Mati Gonz, quien fue el primero en difundir la noticia en sus redes sociales, antes de que la denuncia quedara radicada oficialmente.

Fue en este contexto que la exparticipante de Cuestión de Peso (Eltrece) le envió un audio a Pilar Smith que se emitió en Lape Club Social (América TV), donde negó las acusaciones de forma categórica: “Amor, obviamente que es todo mentira, como te digo. Obviamente, la justicia se va a encargar y va a salir toda la luz, pero qué feo que jueguen con algo así, porque es la cuarta, quinta vez que le hacen lo mismo". Y cerró: “Así que nada, no sé qué están buscando, están hablando pelotudeces, pero bueno, la justicia se va a encargar de todo”.

Camilota no fue la única en expresarse. Tras la repercusión pública del caso, Medina tomó la palabra a través de un comunicado publicado en sus propias redes. En el texto decidió negar punto por punto las acusaciones que penden sobre su cabeza: “Quiero expresar que niego de manera categórica los hechos que se me atribuyen”.

El exparticipante de Gran Hermano también informó que derivó el asunto a su representación legal y que se puso a disposición de la Justicia. “El tema ya se encuentra en manos de mi abogado y me he puesto a total disposición de la Justicia para que la verdad salga a la luz”, escribió.

Al cierre del comunicado, Medina anticipó que no volverá a pronunciarse sobre el tema en lo inmediato: “Por respeto a la investigación y a todas las personas involucradas, no voy a realizar más declaraciones por el momento”.

Pero este comunicado no fue todo. Luego de que este tema saliera a la luz, Pilar Smith se comunicó con la expareja de Daniela Celis y contó al aire de LAM (América TV) la respuesta que recibió por parte del joven de 23 años, quien decidió minimizar la situación con una frase que generó repercusión inmediata en el piso del programa de Ángel de Brito: “Esta piba es la tercera o cuarta vez que me jode con eso”.

La denuncia, a la que accedió Infobae, fue radicada en el Centro de la Mujer y la Familia de Virrey del Pino y contiene detalles precisos de lo ocurrido. Según la presentación judicial, Medina habría ingresado a la habitación de Ledesma, levantó el acolchado, se acostó a su lado y empezó a tocarle sus partes íntimas. Al ver la reacción de la joven, le habría advertido: “Si lo contás se va a armar un gran lío familiar”.

La denunciante aseguró que el episodio se mantuvo en secreto durante mucho tiempo. Hace tres años, su familia se enteró de lo ocurrido e increpó a la familia de Medina. Las dos partes llegaron entonces a un acuerdo: que la situación no saldría del entorno familiar.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2, a cargo del fiscal Juan Pablo Volpicina, y también intervino la Secretaría de la Mujer de La Matanza. Según fuentes judiciales, Ledesma instó la acción penal pero no solicitó medidas cautelares contra el acusado.

En Colombia ha sido noticia la situación denunciada por seis personas que realizaron anticipos millonarios para adquirir vehículos Ferrari a través del concesionario Autos Italianos de Colombia, y hasta la fecha no han recibido los automotores.

Entre los denunciantes hay personas que abonaron hasta 30.000 dólares por un Ferrari modelo 849 Testa Rossa y que, tras la retirada de la concesión de la marca en el país, se han quedado sin respaldo ni garantías. La situación generó denuncias públicas y motivó la intervención de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).

Tras pedir toda la información del caso al concesionario, la SIC sigue a la espera de una respuesta formal de Autos Italianos de Colombia para avanzar en la investigación por presunta estafa vinculada a la venta de vehículos Ferrari. Cabe recordar que la entidad otorgó a la empresa un plazo de diez días hábiles para entregar documentación.

Autos Italianos emitió un comunicado

El 31 de julio, Autos Italianos de Colombia informó mediante un comunicado que ha solicitado ante la justicia que se practiquen tres pruebas extraprocesales relacionadas con las circunstancias que rodearon la terminación de su vínculo comercial con Ferrari North America, Inc. y el retiro de la operación autorizada de la marca en Colombia.

En el documento se indica que la empresa pedirá un interrogatorio por parte del presidente de la marca italiana, Luca Zanetti, además de exigir testimonios de Taddeo Bonelli, gerente de Desarrollo de la Red, y Louis Colmache, gerente de Ventas para Estados Unidos, Canadá y Latinoamérica.

La compañía colombiana indicó que busca verificar información sobre la reducción de las asignaciones de vehículos en el mercado colombiano y las restricciones impuestas a órdenes, preórdenes y depósitos de clientes antes de que terminara el acuerdo entre las partes.

“Las diligencias fueron solicitadas con citación de Ferrari North America, Inc., con el propósito de garantizar plenamente su derecho de contradicción y el respeto por el debido proceso”, es parte del documento en el que se afirma que Autos Italianos de Colombia planteó alternativas de continuidad del acuerdo entre las partes.

La compañía colombiana indicó en el comunicado que su objetivo es poder determinar si la marca italiana utilizó el control que ejercía en la operación comercial para reducir la capacidad competitiva de su empresa y con ello limitar las posibilidades de seguir en el mercado para poder asumir directamente la relación con los clientes potenciales.

“La compañía considera necesario esclarecer de manera integral si las decisiones relacionadas con la asignación de vehículos, la gestión de las órdenes y depósitos, la continuidad de la representación comercial y el contacto con los clientes pudieron afectar su capacidad para competir y mantener la operación que desarrolló durante más de una década en el mercado colombiano”.

Autos Italianos pidió que, en caso de que se compruebe que los señalamientos son ciertos, se consolide una indemnización por la competencia desleal que presumen se registró en el país.

“Autos Italianos de Colombia S.A. continuará actuando por los canales institucionales y judiciales establecidos para proteger sus derechos, su trayectoria empresarial, las inversiones realizadas durante más de diez años y los intereses de sus clientes y demás partes vinculadas a la operación”.

La compañía enfatizó que las acciones emprendidas por las autoridades no representan, en este momento, una declaración previa de responsabilidad ni permiten llegar a conclusiones definitivas sobre la actuación de Ferrari North America, Inc. La empresa sostiene que cualquier decisión relacionada con la posible existencia de incumplimientos contractuales, actos de competencia desleal o atribución de responsabilidades corresponde exclusivamente a las entidades competentes.

Por último, en el documento se remarcó que estos procesos deben desarrollarse bajo el respeto absoluto al debido proceso y al derecho de defensa de todas las partes involucradas. De esta forma, la compañía subraya que el proceso sigue su curso sin prejuzgar ni anticipar resultados sobre la conducta de los investigados.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y actual directora en licencia del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, afirmó que denunció ante la Fiscalía General de la Nación un presunto intento de envenenamiento en su contra, en el contexto de la crisis política que afecta al entorno del presidente Gustavo Petro por acusaciones sobre redes de influencia en el gobierno.

La funcionaria sostuvo que una persona cercana le suministraba pastillas presentadas como vitaminas y analgésicos, y que solo relacionó los hechos tras notar conductas extrañas con su teléfono y su bolso.

En una entrevista con La FM, Rodríguez situó el episodio en abril y añadió que durante ese período sufrió ataques de pánico. Consultó a una toxicóloga, pero ya no era posible obtener un resultado concluyente porque el organismo había eliminado las sustancias.

La actual directora del Fondo de Adaptación indicó que la denuncia está en la Fiscalía y que cuenta con testimonios tanto de personas que trabajaron con ella en el Dapre como en la entidad que dirige actualmente, para respaldar que las sospechas no se basan solo en su percepción.

Rodríguez ya había sido noticia por declaraciones en Mañanas Blu, donde afirmó que en la administración de Petro operaba una presunta red de mujeres con capacidad de control e influencia indebida. Su nueva versión agrega una denuncia sobre su integridad física.

Durante el diálogo radial, la periodista le preguntó sobre una “política de terror” y de persecución interna en el gobierno, en referencia a advertencias recibidas cuando abordó el tema del coronel Dávila. Rodríguez confirmó la existencia de la denuncia: “Sí, señora. Eso está denunciado ante la Fiscalía General de la Nación”.

Al precisar cómo habría ocurrido, respondió: “Pastillas, sí, señora”. Detalló que se las entregaban “y que eran vitaminas y que era pa’l dolor de cabeza y no sé qué, pero realmente nunca fue así”.

La sospecha surgió a partir de una escena en abril: “Cuando me doy cuenta es un día, en abril, que lo vi con mis ojos esculcándome el celular. Tenía mi clave y estaba esculcándome el celular, el bolso, y yo lo estaba viendo, pero mi cuerpo no reaccionó”, afirmó. Esa falta de respuesta corporal la convenció de que “algo no estaba bien”.

Consultó a una especialista y se realizó estudios, pero señaló que no se logró una prueba concluyente: “Me hicieron unos exámenes, pero el cuerpo, hay unas sustancias que va eliminando de manera natural”. Reprodujo lo que le dijo la toxicóloga: “Angie, el cuerpo de manera natural va eliminando lo que encuentre que puede ser invasivo para el cuerpo”.

Rodríguez aseguró que no llegó sola a esa conclusión. Tras el episodio con su teléfono, conversó con asesores que ya sospechaban de la situación: “Nosotros sospechábamos, te advertimos, ese tipo te estaba dando algo, te estaba intentando envenenar. Tu color de piel no era igual, tu actitud no era igual”. Sostuvo que los testimonios provienen de funcionarios que estuvieron con ella tanto en el Dapre como en la gerencia del Fondo de Adaptación.

Rodríguez denunció afectaciones a su salud mental y cambios en su esquema de protección

El caso de Angie Rodríguez tomó un giro inesperado luego de que la exfuncionaria reveló que su incapacidad médica fue prolongada tras acudir a una cita psiquiátrica. La controversia creció cuando respondió abiertamente a las declaraciones del presidente sobre su salud mental, destacando: “Tener ansiedad y depresión no es estar loco”.

La exdirectora detalló que, tras su salida del Dapre, firmó un acuerdo con la Unidad Nacional de Protección para mantener un dispositivo de seguridad en su nuevo cargo dentro del Fondo de Adaptación. Según relató, ese esquema consta de dos hombres encargados de su protección.

El ajuste en su seguridad, explicó, ocurrió durante su administración. Ante la reducción, solicitó respaldo adicional al general Triana. Rodríguez también compartió que la situación de su esquema de protección podría cambiar pronto.

En ese sentido, la funcionaria mencionó que Rodrigo Lara, nuevo ministro del Interior —cartera de la que depende la UNP—, le comunicó que el próximo gobierno analizará su esquema de seguridad. Esto deja abierta la posibilidad de modificaciones en el dispositivo que actualmente la resguarda.

Los señalamientos sobre el estado mental de Rodríguez, realizados por el presidente, generaron debate. Al ser consultada, la exfuncionaria respondió que padecer ansiedad y depresión no la descalifica para ejercer funciones públicas ni implica incapacidad mental.

La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes sumará este miércoles 29 de julio de 2026, a las 10 a. m., un nuevo caso contra el presidente saliente Gustavo Petro Urrego.

La denuncia será radicada por Angie Rodríguez, actual gerente del Fondo Adaptación, quien busca que el Congreso investigue al mandatario por hechos que, según su versión, vulneraron su honra y privacidad, además de desacreditar las denuncias que ella ha venido presentando sobre presuntas irregularidades en la Casa de Nariño.

Rodríguez sostuvo que el jefe de Estado divulgó información relacionada con su estado de salud y la descalificó públicamente por advertir un posible desvío de fondos en el Ejecutivo, afectando su honra y divulgando datos sensibles sobre su salud, reafirmando su decisión de acudir a instancias judiciales para que se esclarezcan los hechos.

La denuncia penal será presentada formalmente por Wilson Ruiz Orejuela, exministro de Justicia durante el gobierno de Iván Duque, quien asumió la representación legal de Rodríguez tras anunciar públicamente su respaldo.

Ruiz, reconocido por su trayectoria en temas jurídicos y su paso por el gabinete anterior, expresó en la red social X que acompañará a la funcionaria del Fondo Adaptación durante todo el proceso.

“Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra”, afirmó Wilson Ruiz en su cuenta oficial.

El exministro agregó que el mandatario “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”.

Este nuevo proceso se suma a los más de 200 casos que ya cursan en la Comisión de Acusación contra el presidente Gustavo Petro, lo que refleja la creciente presión institucional y judicial sobre el mandatario.

La acción judicial será acompañada por Wilson Ruiz Orejuela, quien recientemente fue candidato al Congreso por Salvación Nacional, partido conocido durante la campaña como “la lista del tigre” y que respaldó la candidatura presidencial de Abelardo de la Espriella.

El jefe de ese movimiento, Enrique Gómez, también coordinó la estrategia de debate del hoy presidente electo.

Angie Rodríguez acusó a Petro de exponer datos de salud e insinuar problemas mentales: “Me dijo que manejaba una red del fentanilo”

En la denuncia, Rodríguez argumentará que el presidente hizo pública información relativa a su salud e insinuó que las denuncias por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos se deben a supuestos problemas psiquiátricos.

“Sugirió que mis señalamientos obedecen a una condición mental y no a hechos que requieren investigación”, ha expuesto Rodríguez, quien también sostiene que fue vinculada a sectores del paramilitarismo por parte del mandatario.

En entrevista con Blu Radio, la funcionaria relató: “Me dijo que yo manejaba una red del fentanilo cuando yo ni siquiera fumo, ni siquiera he probado un cigarrillo. Me decía que yo estaba liada con los paramilitares para tumbarlo a él (...) me dijo que yo manejaba el contrabando a través del puerto de Buenaventura y que mejor dicho yo era una delincuente total”.

La tensión aumentó luego de que el propio presidente Gustavo Petro anunciara que denunciará a Rodríguez por el delito de calumnia, tras las declaraciones de la funcionaria sobre supuestas irregularidades en la Casa de Nariño.

“Merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno y la paranoia debe ser tratada”, escribió el mandatario al anunciar su acción judicial. Petro afirmó que no conocía a Rodríguez antes de su llegada al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), calificó su gestión como “un desastre” y reiteró que “por razones extrañas, colaboró con sectores venidos del paramilitarismo”.

El conflicto se terminó de desatar cuando Rodríguez denunció supuesto desvío de recursos y la existencia de una “red” dentro de la Casa de Nariño, en la que estarían presuntamente implicadas mujeres jóvenes como Juliana Guerrero o Gabriela Muñoz.

El caso fue difundido por una joven identificada como Valentina Ortiz, que utilizó su popularidad en la red social TikTok para pedir ayuda para identificar al hombre que, según su denuncia, agredió sexualmente a una de sus amigas la noche del lunes 27 de julio de 2026 en Montería.

De acuerdo con la versión difundida, el hecho ocurrió después de que la víctima tomara un servicio informal a la salida del centro comercial Buenavista. En su video publicado en redes sociales, la joven solicitó difusión “urgentemente” y sostuvo que buscan “dar con el paradero de su agresor”.

Ortiz aseguró que el acto de violencia ocurrió alrededor de las 11:40 p. m., en el momento en el que su amiga salió del centro comercial tras ver una película: “A ella se le apaga el teléfono, por lo cual no puede tomar un taxi por aplicación y tampoco llamar a nadie que pasara por ella. Ella estaba sola”.

Según su relato, la mujer decidió acercarse hasta donde operan taxis y allí se encontró con un hombre que ofrecía servicios informales: “Ella se dirige a la parte de afuera donde están los taxis y habla con un señor que dice hacer carreras particulares y ella decide montarse”.

La denunciante describió el vehículo como una camioneta Renault Duster gris oscuro y señaló que las placas estarían terminadas en 179. También aseguró que, antes del ataque, el conductor se presentó a la joven como una persona amable, por lo que ella se sintió tranquila durante los primeros minutos: “Antes de la agresión, este señor manifestó llamarse Carlos, ser profesor de inglés del Sena y tener un hijo”.

Ortiz indicó que, después de iniciar el recorrido, el hombre habría desviado el trayecto y sacó un arma blanca para amenazar a la joven y someterla: “Posterior a esto, este hombre saca un arma cortopunzante y la agrede sexualmente”.

Testimonio de la víctima

La joven afectada publicó su propio testimonio en un texto, en el que relató más detalles de lo ocurrido: “No le estaba prestando tanta atención hasta que empezó a coger mi mano con la excusa de que cambiara la música, ahí me di cuenta que había algo malo, decidí mantener la calma y todo escaló muy rápido, me besó, me tocó por encima de la ropa, y me obligó a hacerle sexo oral amenazándome con un arma cortopunzante. Quiso e intentó desabrocharme el jean pero en ese momento me puse a gritar, a tirar puño y patadas. Paró en un semáforo de la circunvalar y me bajé, sin importarle estar en plena vía”.

De acuerdo con la joven que denunció el caso, la víctima logró huir cuando el vehículo se detuvo en un semáforo: “Afortunadamente, mi amiga pudo defenderse como pudo y saltó del vehículo cuando este hombre paró en un semáforo de la Circunvalar”.

Del mismo modo, la denunciante agregó que el caso fue atendido inicialmente por la Policía y quedó bajo investigación: “Este caso ya fue atendido en el CAI de la Curva del Diablo y está en manos de la Fiscalía”.

Ortiz pidió que cualquier persona con información se comunique para aportar a la identificación del presunto agresor y lograr que el proceso judicial en su contra avance: “Si tienes información sobre este hombre o este caso se te familiariza, por favor comuníquense y ayúdennos a difundir este video para que a ninguna mujer le vuelva a pasar”.

“En defensa de las 18.677 víctimas de reclutamiento infantil y abusos sexuales por parte de los comandantes de las Farc-EP, denunciaremos penalmente a MARÍA CAMILA FONSECA alias MACAFOLLA por el delito de injuria. Nos vemos en la Fiscalía (sic)”.

En una serie de mensajes publicados en sus cuentas oficiales, desde la organización reaccionaron al polémico contenido protagonizado por Fonseca, acompañada por la representante a la Cámara por el Pacto Histórico Laura Daniela Beltrán Palomares, conocida como “Lalis”, que se viralizó en las redes sociales.

Las integrantes de la organización calificaron como “incaptable” el contenido del video, aún más, luego de que Beltrán Palomares emitió una justificación del acto y explicó que en otro fragmento del mismo episodio condenó el reclutamiento forzado.

“Justificar un atropello tan desgarrador para las víctimas es inaceptable. Lo que sí nos dice es que la izquierda y el Pacto Histórico, no tienen ningún respeto a la dignidad de las víctimas. Somos una burla más”, afirmaron.

Sara Morales, vocera nacional de la ONG, también se pronunció en sus redes sociales con este mensaje: “Lali usted y su supuesta comediante amiga se burlaron del dolor de las víctimas, los niños y niñas que sufrimos el flagelo del reclutamiento, de violencia sexual, de abortos forzados y de otros terribles hechos de violencia ejercidos por las FARC @CorpoRosaBlanca”.

En un video difundido en su perfil de X, Morales habló como víctima y representante de la organización: “No podemos guardar silencio cuando pretenden convertir nuestro dolor en motivo de burla. Quienes hemos vivido la violencia sabemos que las heridas no desaparecen con el paso del tiempo”, dijo.

Agregó que “detrás de cada víctima hay una historia de sufrimiento, de pérdidas irreparables y de una lucha diaria por reconstruir la vida. Por eso rechazamos de manera categórica cualquier comentario, video o publicación que ridiculice a las víctimas del conflicto".

En su pronunciamiento, Morales puntualizó la respuesta de “Lalis” a la actuación de la comediante Fonseca y su posterior mensaje para justificar el contenido: “Más si se trata de una congresista o representante, ya que quienes tienen una voz pública también tienen una enorme responsabilidad. La libertad de expresión nunca debe utilizarse para humillar ni para trivializar el sufrimiento de miles de colombianos”.

“A quienes creen que pueden hacer humor con nuestra tragedia les decimos con respeto, pero con absoluta firmeza: las víctimas merecemos dignidad. Nuestro dolor no es entretenimiento. Nuestra memoria no es un escenario para ganar seguidores o generar polémica”, continuó.

La vocera de la Corporación Rosa Blanca hizo un llamado a la sociedad colombiana para que se garantice el respeto hacia todas las víctimas del conflicto, sin distinciones de origen, pensamiento o responsables de los hechos.

Afirmó que la reconciliación “requiere empatía, memoria y un compromiso auténtico con la verdad”. Por ende, desde la organización se comprometieron a seguir con determinación para defender la dignidad de quienes han padecido la violencia, recordando que la construcción de la paz también implica “honrar y reconocer la memoria de las víctimas”.

Morales advirtió que cuando un país permite burlas contra quienes han sufrido, se expone a repetir episodios dolorosos de su historia, algo que, aseguró, no permitirán.

Angie Rodríguez presentará el miércoles 29 de julio una denuncia formal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, según confirmó el exministro de Justicia Wilson Ruiz, que asumirá su defensa jurídica.

La exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y aún gerente del Fondo Adaptación, busca que se investiguen las conductas del mandatario hacia su persona, en un caso que marca un nuevo episodio de crisis institucional en el Gobierno colombiano.

Denuncia y señalamientos

La diligencia está programada para las 10:30 a. m., cuando Rodríguez radicará la denuncia en el Congreso.

El documento incluirá como uno de los ejes principales la divulgación pública de su condición de salud, acción atribuida al jefe de Estado y que la funcionaria considera una forma de estigmatización hacia su estado psicológico. Según explicó el apoderado Wilson Ruiz en la red social X, acompañarán el proceso jurídico con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de la exdirectora.

Además de la exposición pública de información médica, la denuncia enfrentará los señalamientos directos hechos por Petro. El presidente, a través de varios mensajes difundidos en su cuenta oficial de X, vinculó a Rodríguez con grupos paramilitares y la acusó de colaborar con sectores relacionados al narcotráfico y el contrabando.

En uno de estos mensajes, Petro afirmó: “He decidido actuar penalmente contra la señora Angie Rodríguez por su manera de defender su puesto a partir de la mentira”. Añadió que la conoció solo cuando asumió el cargo en el Dapre y calificó su desempeño de “desastre”.

El contexto de la confrontación

La controversia entre Rodríguez y Petro se intensificó después de que la funcionaria criticó el traslado de casi un billón de pesos del Fondo Adaptación para atender la emergencia causada por el fenómeno de El Niño. Según sus declaraciones a Blu Radio, el Gobierno trasladó recursos originalmente destinados a obras en La Mojana sin convocar al Fondo a las mesas técnicas para discutir la decisión.

Frente a esto, Rodríguez entregó documentación a la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría, la Contraloría, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) y el Ministerio de Hacienda, advirtiendo sobre una posible desviación de poder y expedición irregular del decreto correspondiente.

Tras estas denuncias públicas, el presidente Petro divulgó en X un documento que detallaba una incapacidad médica psiquiátrica de Rodríguez y pidió su declaración de insubsistencia.

Rodríguez, que aseguró que mantiene una incapacidad médica desde hace más de un mes, sostuvo que la publicación de su diagnóstico fue utilizada para desacreditarla y afectar su imagen profesional. “Es muy importante que empecemos a concientizarnos más como país sobre la salud mental”, afirmó en entrevistas, y calificó de “desafortunadas” y “estigmatizantes” las declaraciones del mandatario.

Ruptura y acusaciones personales

Durante su paso por el Gobierno, Rodríguez relató que la relación con Petro se deterioró a raíz de diferencias sobre decisiones políticas y administrativas. En una entrevista con el medio citado, reveló un episodio ocurrido la noche del 13 de enero, cuando el presidente la acusó de tener vínculos con el paramilitarismo, el contrabando y una supuesta red de distribución de fentanilo.

Según su versión, esa reunión derivó en su decisión de presentar la renuncia, aunque finalmente aceptó el traslado al Fondo Adaptación por temor a su seguridad. “Creo que es mi mayor victimario”, declaró.

La funcionaria insistió en que nunca fue notificada formalmente de su retiro del cargo y que su estado de salud mental se agravó por el contexto laboral y las presiones recibidas. Explicó que la depresión y la ansiedad diagnosticadas tienen relación directa con la situación vivida en el Gobierno, aunque defendió su capacidad profesional y rechazó cualquier insinuación de incapacidad mental.

El presidente responde y anuncia acciones judiciales

Tras la escalada del conflicto, Petro reiteró en sus redes sociales que presentará acciones penales contra Rodríguez. Según el mandatario, la exdirectora del Dapre habría colaborado con sectores políticos vinculados al paramilitarismo y mostró resistencia a participar en reuniones clave sobre el manejo de los recursos de La Mojana.

El presidente argumentó que la decisión de trasladarla al Fondo buscó proteger su situación como madre cabeza de familia, pero consideró que la funcionaria interpreta ese acto como una incoherencia.

Además, el mandatario calificó las advertencias y temores manifestados por Rodríguez como “paranoia” y sostuvo que la exgerente se defiende con mentiras. Las declaraciones de ambas partes mantuvieron la polémica pública, mientras continúan las investigaciones sobre la gestión de recursos en la declaratoria de desastre nacional por el fenómeno de El Niño.

Temores, seguridad y denuncias

En sus recientes intervenciones, Rodríguez manifestó su preocupación por la seguridad personal y describió presiones e intentos de inducirla a cometer irregularidades. Aseguró que solicitó protección especial y auditorías forenses en el Fondo Adaptación para garantizar transparencia y evitar involucrarse en conductas ilícitas. “Me querían inducir a cometer delitos todo el tiempo para tener una manera de controlarme”, relató.

La funcionaria también expresó temor a represalias, tanto físicas como judiciales, y mencionó que busca asesoría legal antes de exponer detalles adicionales. “El miedo que más me asiste es que me maten o que me metan presa a través de montajes”, afirmó.

En un caso de esta índole, en la red social X, la periodista Pilar Rodríguez denunció un caso que ha generado indignación en la localidad de Usaquén, en Bogotá, en donde un hombre agredió a su exjefe tras tener una discusión en la pastelería en la que trabajaba.

La comunicadora narró la versión entregada por cercanos de la víctima, que aseguraron que el individuo, cuyo nombre no fue expuesto, renunció a su labor tras terminar la jornada laboral y exigió que le pagaran su salario y la liquidación en ese momento.

“Ella le acepta, pero él le exige que tiene que pagarle inmediatamente, a lo que la mujer le responde que a final de mes lo hará, lo que le genera una reacción violenta absurda. Esto es un claro intento de feminicidio”.

Como consecuencia de la agresión, la mujer habría terminado con fracturas en la cara y contusiones por los golpes en la cabeza. Actualmente, permanece en un centro médico en Bogotá.

En el caso del agresor, fue capturado por las autoridades y llevado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Paloquemao, en donde permaneció. Durante dos jornadas y luego terminó siendo liberado.

“Él dijo que salía en menos de 36 horas y que la iba a matar. Eso ocurrió el jueves por la noche. Hoy, efectivamente, ya está libre, gracias a la @FiscaliaCol“, escribió la periodista, que afirmó que la Secretaría de Seguridad de Bogotá atendió la situación, pero funcionarios afirmaron que no pueden intervenir en decisiones del ente acusador.

“En este momento, lo único que queda es recordarle a la honorable Fiscalía que cualquier cosa que le llegue a pasar a esta señora será culpa de ustedes. Voy a omitir por ahora los nombres”, puntualizó Rodríguez.

Lo que se observa en el video

En el video que fue difundido por Rodríguez en la red social X, se observa que el hecho se registró sobre las 10:33 p. m. del 23 de julio. En el registro se ve a las dos personas en una discusión en la que ambos utilizan insultos hasta que el hombre golpea en el rostro con la mano cerrada a la dueña del establecimiento y la arrastra del pelo hasta la zona de la cocina.

Mientras la mujer grita en reiteradas ocasiones que la deje ir, el individuo la golpeó en repetidas ocasiones hasta que la víctima logró safarse y correr hasta la zona de atención de los clientes, en donde vuelve a caer al suelo producto de un empujón.

Al observar que había ciudadanos en la puerta del establecimiento, el sujeto intentó escapar, pero la víctima logró detenerlo y pidió que los testigos cerraran la puerta del sitio para llamar a las autoridades. En los segundos finales de la grabación, el sujeto lamentó su actuación y se autopreguntó por sus acciones: “¿Qué hice, qué hice?“, repitió el agresor en la parte final del video.

En los comentarios de la publicación que se hizo viral en redes sociales, usuarios pidieron más información sobre el agresor y los motivos por los que la Fiscalía tomó la decisión de permitir que fuera liberado.

Por otra parte, otras personas lamentaron lo registrado y pidieron que las autoridades tomen cartas en el asunto para marcar un precedente, puesto que la comunicadora afirmó que el agresor amenazó de muerte a la víctima tras ser capturado por la Policía Nacional. Hasta el momento, la Alcaldía de Bogotá no ha emitido ningún tipo de pronunciamiento al respecto.

Según el testimonio, un ciudadano le solicitó a la mujer que moviera el carro porque estaba obstaculizando el paso peatonal. Incluso, con celular en mano —para registrar el bloqueo y las placas del vehículo— el denunciante le advirtió que remitiría el video a un concejal para exponerlo al público.

Sin embargo, la conductora del BMW M240i blanco, con placas EIW-737, le respondió que trabajaba en el Concejo de Bogotá, se negó a retirar el vehículo, y le sugirió al ciudadano que diera la vuelta.

“Le pedí que moviera el auto, la señora me dijo que ella trabajaba en el concejo. Q le diera la vuelta yo. Le dije que le enviaría esto a un concejal y respondió que ella trabajaba en el Concejo. Cagada de la risa y con el carro atravesado en todo el andén (sic)”, fue la narración emitida por Quintero, conocido por exponer a los funcionarios que infringen las leyes de tránsito en la capital.

Por su parte, el cabildante del Nuevo Liberalismo pidió públicamente al Concejo de Bogotá que identifique a la funcionaria y tome medidas, “e inmediatamente le llamen la atención por un abuso de sus funciones”.

Además, resaltó que la labor en la corporación no otorga privilegios para incumplir la ley y comentó que “con los colegas hemos acordado dar ejemplo. Esto nos deja muy mal parados”. El caso fue dirigido también al Sector Movilidad, con la placa adjunta del vehículo involucrado.

La polémica: el vehículo no está registrado en el Concejo de Bogotá

A la publicación de Juan David Quintero contestó el presidente del Concejo de Bogotá, Papo Amín, que tras realizar una primera investigación, conoció que el vehículo de alta gama no está ingresado en la entidad.

“Colega @JD_Quinteror, en las bases de datos del @ConcejoDeBogota no figura el ingreso de ese vehículo en ningún momento. Al no tener una identificación clara de la conductora es muy difícil saber si trabaja efectivamente o no en la Corporación”, dijo.

Sin embargo, el cabildante del Nuevo Liberalismo contestó que, en caso de que la mujer no sea integrante o funcionaria de la entidad se trataría de un escenario “peor”, porque “se hizo pasar por funcionaria del Concejo para evadir la ley. Gracias por su pronta respuesta”.

Juan David Quintero denunció que escoltas de Verónica Alcocer habría agredido a ciudadano que reclamó por mal parqueo

Quintero es conocido por “montarle la perseguidora” a los infractores de tránsito en Bogotá, especialmente, si son empleados públicos, o sus escoltas.

En medio de sus denuncias más conocidas, se conoció la que hizo sobre un ciudadano en Bogotá que alegó haber sido agredido por presuntos miembros del equipo de seguridad de Verónica Alcocer, primera dama de la Nación, tras reclamarles por el estacionamiento de un vehículo oficial que bloqueaba el acceso a su vivienda.

Según la denuncia, el reclamo resultó en una confrontación en la que, según se observó en un video difundido por Quintero, el residente fue empujado por uno de los escoltas.

El concejal calificó el episodio como una “agresión” y aseguró que este tipo de hechos se presentan de manera recurrente: “¿Acaso los escoltas de la ‘primera dama’ tienen derecho a agredir a un ciudadano que le reclama por parquearse mal y bloquearle la entrada a su casa? Cada tres días le impiden la entrada y además lo agreden por pedirles que no se parqueen mal. Urgente sancionar ejemplarmente a estos ‘superpoderosos’”, escribió.

Desde el 20 de julio, escoltas y conductores afiliados a sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP) bloquean la sede de la entidad en Bogotá. La protesta se debe al incumplimiento de acuerdos laborales, el pago de horas extras, la formalización de contratos y la mejora de condiciones de trabajo.

Los manifestantes denuncian inestabilidad y falta de garantías en la vinculación, así como deficiencias en la entrega de equipos y dotaciones. A la movilización se sumó el gremio de las Uniones Temporales, que exige mayor transparencia en la vinculación de 6.000 escoltas y la provisión de vacantes.

Alrededor de 250 personas permanecen en campamentos y advierten que continuarán la protesta hasta el 7 de agosto si no se logran acuerdos. Líderes sindicales cuestionan la falta de transparencia en la contratación y la precariedad de las condiciones laborales, especialmente ante la propuesta de incorporar 11.000 nuevos escoltas sin suficientes recursos y con requisitos reducidos. Los sindicatos exigen garantías de transparencia y mejores condiciones para los 16.000 trabajadores de la entidad.

Denuncian que están dejando “atornillados” en presidencia

El 23 de julio, Infobae Colombia recibió la denuncia de que que 22 cargos que aparecían vacantes en presidencia han comenzado a ser ocupados por designados cercanos a directivos de la administración actual de la entidad.

Algunos de los cargos habían sido declarados desiertos, y se esperaba que fuera la nueva administración la que se encargara de los procesos de contratación; sin embargo, han comenzado a filtrarse resoluciones con las que se confirma la llegada de nuevos funcionarios para esos puestos.

Estas son las 22 vacantes que han comenzado a ser ocupadas a falta de 14 días para que cambie la administración:

• Técnico Código: 441002 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.
• Técnico Código: 441001 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Técnico Código: 441001 Dependencia: Jefatura de Despacho Presidencial – Grupo Gerencia Discursos y Mensajes Tipo de vacancia: Temporal.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Área Financiera – Grupo Central de Cuentas Tipo de vacancia: Definitiva.
• Secretario Código: 553008 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Bienestar y Desarrollo Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina del Consejero Comisionado de Paz Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Secretaría de Transparencia Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Talento Humano - Grupo de Gestión de Personal Tipo de vacancia: Definitiva.

• Auxiliar Administrativo Código: 551006 Dependencia: Oficina de Tecnologías y Sistemas de Información - Grupo de Soporte de TI y Mesa de Ayuda Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551005 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Correspondencia Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Oficina de Relacionamiento con el Ciudadano - Grupo de Democracia y Participación Ciudadana Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551004 Dependencia: Dirección Administrativa y Financiera Tipo de vacancia: Temporal.
• Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Secretaría para las Comunicaciones y Prensa Tipo de vacancia: Definitiva.
• Auxiliar Administrativo Código: 551003 Dependencia: Área Administrativa - Grupo de Gestión Documental Tipo de vacancia: Temporal.

“Están dejando todo amarrado en presidencia, se están encargando de contratar a todo el personal. Había 22 cargos vacíos y los están ocupando con varias personas de ellos para que sean asignados antes de irse”, denunció la fuente que suministró la información a Infobae Colombia.

Desde que un grupo de compradores de vehículos Ferrari en Colombia denunció al concesionario Autos Italianos de Colombia, ubicado en Bogotá, por no entregar los automóviles adquiridos a pesar de haber recibido adelantos de hasta más del 50% del valor total, se ha generado una polémica sobre cómo estas personas podrán recuperar su dinero.

Los afectados, entre quienes hay empresarios y coleccionistas, señalaron que realizaron los pagos bajo la promesa de una entrega más rápida, pero no obtuvieron respuesta satisfactoria. Ante esta situación, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) inició una investigación formal al concesionario.

La entidad solicitó información detallada sobre los clientes que realizaron pagos y no recibieron los vehículos, así como las condiciones comerciales pactadas y los tiempos de entrega prometidos. También pidió esclarecer la relación contractual actual entre la empresa y Ferrari, ya que algunos clientes sospechan que el concesionario no cuenta con un acuerdo vigente para la importación y distribución de la marca en el país. La SIC pidió conocer el protocolo aplicado por la empresa para garantizar la entrega de los vehículos vendidos antes de la posible terminación del acuerdo con Ferrari. La empresa tiene un plazo de 10 días hábiles para responder a los requerimientos de la SIC.

Cielo Rusinque habló sobre el caso

El 23 de julio, la superintendente de Industria y Comercio (SIC), Cielo Rusinque, habló en Caracol Radio sobre el caso del concesionario denunciado por no entregar los vehículos Ferrari a varios compradores,

La funcionaria informó que, hasta el momento, la entidad no ha recibido ningún tipo de denuncia sobre el caso, sino que conocieron todo a través de los medios de comunicación.

“Estuvimos revisando o verificando en las diferentes delegaturas jurisdiccionales, en la delegatura de protección al consumidor, y no hay formalmente ninguna denuncia por parte de estas personas afectadas”, explicó Rusinque.

La superintendente indicó que es un problema que no exista ningún tipo de denuncia formal contra la empresa señalada de posiblemente haber estafado a varios compradores. Además, reveló que la SIC tiene claridad de que la compañía ya no tiene ningún acuerdo con Ferrari.

“Lo que tenemos conocimiento obedece al cierre de esa relación comercial que existía de la casa matriz con un agente comercial o un concesionario aquí en Colombia”.

En cuanto a las acciones que realizará la entidad a partir de que comenzó la investigación, Rusinque mencionó que todas las decisiones se registrarán bajo el objetivo de proteger a los afectados.

“Enviamos el martes una lista de requerimientos a Autos Italianos de Colombia; dimos un plazo de 10 días hábiles. Es un documento de cuatro páginas con 15 preguntas que nos permitirán establecer los términos de esa publicidad, condiciones del cumplimiento de garantía para afectados y así poder tomar las acciones correspondientes”.

Las declaraciones de la funcionaria son claves porque, aunque los clientes del concesionario afirman que hicieron un acuerdo con Ferrari, la SIC maneja la información de que Autos Italianos de Colombia ya no tenía un acuerdo con la empresa italiana en ese momento.

En diálogo con Blu Radio, Antonio Mendivil, uno de los empresarios afectados, afirmó que abonó 30.000 dólares a la empresa colombiana debido a que el asesor que lo atendió afirmó que era el monto necesario para poder “apartar” el vehículo que recibiría.

Dos meses después, ha dejado de recibir respuestas por parte del concesionario y no ha podido contactar a ningún representante de Ferrari en Colombia, motivo por el que decidió denunciar su caso ante los medios. “Trabajan con el dinero de uno. No sabíamos. Yo no sabía”, declaró Mendivil sobre la terminación del convenio entre el concesionario y la marca italiana.

El 80% de las denuncias por extorsión corresponde a maniobras para infundir miedo y presionar a las víctimas a entregar dinero, según informó Jorge Daniel Molina, director de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas. Las declaraciones se conocieron tras la suspensión temporal de operaciones de la empresa de transporte Lila.

Molina señaló que muchas de estas acciones se ejecutan mediante llamadas telefónicas, mensajes o contactos digitales con el objetivo de convencer a las personas de entregar dinero bajo presión.

Aunque estos intentos no siempre están vinculados directamente con organizaciones criminales, el funcionario sostuvo que cada denuncia debe ser atendida con seriedad para determinar su origen y establecer si existe un peligro real para la víctima.

Las declaraciones del jefe de la DAET se produjeron después de que la empresa de transporte Lila anunciara la suspensión temporal de sus operaciones, decisión que fue atribuida a presuntas amenazas de extorsión.

Ante esta situación, la Policía Nacional inició las diligencias para esclarecer los hechos y conocer las circunstancias que motivaron la paralización del servicio.

Investigación por la suspensión de operaciones

Según Molina, los equipos de investigación mantienen comunicación con los propietarios de la empresa para recopilar información, verificar las denuncias y determinar si las amenazas provienen de grupos dedicados a este delito o si corresponden a otra modalidad de intimidación.

El director de la DAET insistió en que la colaboración ciudadana es fundamental para combatir la extorsión, ya que una denuncia presentada de manera inmediata permite activar los protocolos de investigación y brindar acompañamiento a las personas afectadas.

Indicó que, en muchos casos, las víctimas optan por guardar silencio debido al temor o la incertidumbre, lo que dificulta identificar a los responsables y evitar que continúen afectando a más ciudadanos.

Por ello, reiteró la importancia de utilizar los canales oficiales habilitados por la Policía Nacional para informar cualquier intento de extorsión, independientemente de que la amenaza parezca creíble o no.

Molina también señaló que las reformas aprobadas en la legislación hondureña han ampliado las capacidades de investigación de las autoridades y permiten rastrear con mayor eficacia las modalidades empleadas por quienes cometen este delito.

Entre las herramientas disponibles mencionó el análisis de llamadas telefónicas, transferencias electrónicas, movimientos financieros y otros mecanismos tecnológicos que pueden servir para identificar a las personas involucradas en redes de extorsión.

Estas acciones, explicó, facilitan el seguimiento de los casos y contribuyen a reunir pruebas para llevar a los responsables ante la justicia.

Operativos contra este delito

El funcionario reafirmó el compromiso de la Policía Nacional de continuar con operativos e investigaciones dirigidas a identificar y capturar a quienes utilizan amenazas para obtener dinero de manera ilegal.

Las autoridades han señalado que los operativos se mantienen de forma permanente en distintos departamentos del país, con el apoyo de equipos de inteligencia e investigación criminal.

Tras la reorganización de las unidades encargadas del combate a este delito y la creación de la División Anti Extorsión y Asociaciones Terroristas (DAET), el Gobierno sostiene que busca reforzar la respuesta institucional frente a este tipo de amenazas.

El pasado viernes 17 de julio, una niña de siete años resultó gravemente herida tras caer de un juego inflable instalado en el Circuito Mágico del Agua, ubicado en el Centro Histórico de Lima.

La menor fue expulsada de la estructura y cayó desde una altura aproximada de tres metros, impactando contra el pavimento. El accidente ocurrió mientras la niña se encontraba en compañía de compañeros de colegio y familiares.

“Mi hija salió directo de tres a cuatro metros, directo al pavimento. Yo he ido a socorrer a mi hija y tenerla en brazos. Mi hija sangraba de la nariz. Mi hija no reaccionaba”, relató Yesenia, madre de la menor.

El equipo de emergencia del parque tardó varios minutos en llegar al lugar y trasladó a la niña al Instituto Nacional de Salud del Niño, en Breña, donde fue internada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) tras ser sometida a dos cirugías de alto riesgo.

El neurocirujano responsable del caso advirtió a la familia sobre la complejidad de la recuperación y la posibilidad de secuelas. La madre narró que la atención hospitalaria se mantiene gracias al Seguro Integral de Salud (SIS), y que la niña fue sometida a una ecografía abdominal para descartar daños internos.

“El jefe general de medicina me ha dicho que mi hija está evolucionando, pero aún no puede ingerir comidas sólidas. Ayer empezó a vomitar, no podía comer”, sostuvo a RPP.

La familia denunció que, durante el incidente, no existía personal capacitado para brindar auxilio inmediato, ni se encontraba disponible una ambulancia de manera oportuna. Según la madre, la asistencia médica demoró entre cinco y diez minutos en llegar al lugar.

Denuncia contra la Municipalidad Metropolitana de Lima

Tras el accidente, Yesenia decidió presentar una denuncia formal contra la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) y la empresa responsable del juego inflable, por presuntas irregularidades en la autorización y control de la atracción.

“Nunca debió de entregar ese tipo de licencias a esos tipos de juegos sin haber tenido las medidas de seguridad”, expresó la madre en diálogo con RPP.

La denuncia fue presentada ante la Fiscalía, donde la madre solicitó que se determinen responsabilidades y se refuercen los controles de seguridad en espacios públicos. “

Ya está en fiscalía, porque yo ayer ya lo hice. Quiero ser tajante con esto. Se va a proceder legalmente contra la Municipalidad de Lima”, afirmó Yesenia.

La familia también denunció un intento de acuerdo económico por parte de la empresa Cachuelos Express, responsable del ingreso al juego inflable, que realizó una transferencia bancaria no solicitada.

“Me han enviado un dinero, tengo que ir a sacar el dinero al banco, porque no puedo reenviar el dinero. Lo han hecho por esa idea que yo no he pedido nada y mi abogado ya hizo la denuncia, para que no piensen que voy a transar ningún acuerdo de dinero con mi hija”, enfatizó.

La situación se encuentra actualmente bajo investigación de la Defensoría del Pueblo. Otros padres que se encontraban en el lugar manifestaron su preocupación por la ausencia de mallas de protección y la falta de supervisión adecuada.

La vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel, recibió este martes en su despacho a la jefa libertaria en la Cámara alta, Patricia Bullrich (Ciudad de Buenos Aires), quien le solicitó una reunión para limar asperezas en pleno receso invernal. Esto ocurrió tras la caótica semana que sufrió el oficialismo, con una sesión que tuvo que pasar a cuarto intermedio hasta el 6 de agosto próximo y una denuncia entre empleados de ambas, que incluyó amenazas y mensajes de parte de uno de ellos.

Después de la cumbre, desde uno de los sectores deslizaron a Infobae que el mismo no fue en tan malos términos y que se buscó descomprimir una tensión ya en todo el interbloque que comanda la porteña, que cedió una porción importante del monopolio político que disfrutó desde diciembre pasado, cuando aterrizó en el Senado.

El pico del conflicto se alcanzó por la nueva derrota de Bullrich para aprobar la ley de propiedad privada que empuja el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El proyecto incluye modificaciones sobre expropiaciones, desalojos, manejo del fuego y la venta de tierras a extranjeros. El último capítulo tuvo a Villarruel enfrentada al Gobierno -ya algo habitual en la vicepresidenta- y la titular de la Cámara alta taladró los teléfonos de legisladores para que el mismo no tuviera luz verde. De hecho, algunas bancadas manifestaron su enojo a este medio.

Tras un dictamen rubricado en mayo, el articulado fue modificado, al menos, unas 15 veces. Los borradores volaban por los despachos de mareados senadores que, en varias ocasiones, llegaron al recinto sin conocer al detalle la versión final. Hoy están alejadas del foco de atención, pero hay dos comisiones que llevaron el trámite de la discusión y nadie habla de ellas: la de Asuntos Constitucionales, que es cabecera; y de Legislación General. Las presiden dos libertarios: Agustín Coto (Tierra del Fuego) y Nadia Márquez, respectivamente.

Previo a firmar el despacho, Villarruel, kirchneristas y dialoguistas ya habían conseguido dinamitar el capítulo entero relacionado con los barrios populares, uno de los máximos objetivos de la Iglesia, que sentó postura y logró su cometido. Quedó como un detalle del pasado gracias a los 15 borradores extra que germinaron. “No se trabaja así”, planteó días atrás un ofuscado referente a Infobae.

Con la guerra abierta entre las dos mujeres fuertes de la Cámara alta, más chats filtrados a propósito -nunca se dudó de la procedencia- y otras amenazas, la relación quedó llena de toxicidad. Esto fue celebrado por la Casa Rosada, que disfrutó largas horas de una disputa doméstica que le daba a ambas todo a pérdida.

El segundo día del receso invernal tuvo esta tarde a Bullrich y al radical bonaerense Maximiliano Abad entre los pocos presentes que marcó el tablero de la Cámara alta. Son 72 en total. Villarruel también estuvo, aunque no suele respetar el sistema y sólo aparece, con luz encendida, los días de sesión.

Para lo que resta del año, al Senado le queda una abultada agenda que incluye, además de propiedad privada, ley de Sociedades -otra de Sturzenegger-, achicar las zonas frías que quiere el Gobierno -antes de enviar el Presupuesto 2027-, el súper RIGI, eliminar los octógonos en etiquetado frontal, ludopatía, salud mental. Los articulados son complejos en muchos casos y los aliados le dieron a entender a la Casa Rosada que, ahora, también pretenden que avancen sus iniciativas, lo que representará un desafío extra para un oficialismo que, en vez de cerrar grifos de conflicto, abre cada vez más.

El caso ya es viral en redes sociales y ha generado preocupación sobre la prestación del servicio, con particular atención, al acceso a tratamientos adecuados para usuarios de la Nueva EPS, debido a que la clínica en cuestión ya había advertido deudas superiores a los 400 mil millones de pesos a nombre de la empresa sanitaria.

“Esto es inadmisible, he ordenado una inspección a la clínica la Foscal, para que rinda cuentas por este caso. Así mismo el equipo de superdefensores está acompañando el caso para que la atiendan lo antes posible. No quiero pensar que le están negando el servicio porque es una usuaria de Nueva EPS”, afirmó Quintero en su cuenta oficial de X.

Qué es lo que sucede con la paciente

La paciente relató en su cuenta de TikTok que, tras un accidente, ha enfrentado problemas crónicos en su pierna.

Según su testimonio, meses atrás descubrió que un cuerpo extraño, posiblemente una gasa, quedó alojado en su miembro inferior durante un tratamiento previo.

“Fui a Bucaramanga a varias clínicas, ninguno me quería meter mano. Me remitieron a la clínica de heridas. En la clínica de heridas me dicen que eso es un pedazo de compresa, que ellos no me pueden seguir curando. Me remiten a urgencias, que eso me lo tienen que extraer en cirugía porque de nada sirve hacerme las curaciones”, explicó.

La paciente afirmó que, al llegar a la clínica Foscal, la Junta Médica del centro asistencial habría aprobado la extracción del cuerpo extraño, pero la denunciante asegura que el doctor John Fonseca, ortopedista de la clínica, se negó a realizar el procedimiento y optó por recomendar la amputación, a pesar de que, según la paciente, “la pierna no tiene necrosis, está bien de circulación. Lo que yo observo es un cuerpo extraño saliendo de una herida”.

“Entonces, no entiendo por qué el médico se ha empecinado en eso. Él me envía a la Junta Médica y me dice que me envía para una propuesta de amputación, pero pues ese día me pongo a llorar de escuchar el diagnóstico de él. Me pongo a llorar y él me dice: ‘Pero tranquila, no te preocupes. Igual es una junta médica, hay que esperar qué dicen mis compañeros, porque, pues es lo que pienso yo, pero toca esperar qué dicen los demás. No se alarme, puede que sí como puede que no, hay que esperar’“, relató.

Agregó: “Yo voy a la junta, como a los dos meses me la asignaron. Él no estuvo presente, él mandó un representante porque él estaba viajando. Yo camino, no camino cien por ciento bien, pero camino”.

La afectada señaló que, tras meses de trámites y exámenes, la cirugía para extraer el cuerpo extraño fue programada y luego cancelada a pocos días de la fecha prevista.

“Me escribe la secretaria del doctor que ya no me pueden operar, que toca reprogramar porque no había materiales. Entonces, yo le dije: ‘Oye, ayúdame, yo ya no puedo más, yo no duermo. Incluso estoy aguantando, tú no sabes cómo, hasta el 22, porque ya siento que mi pierna no da espera”.

Alegó: “‘Miren, ya llevo muchísimo tiempo con eso metido ahí, eso está tomado porque eso ya salió a la superficie, eso ya no da espera’. Ayer me escribe y me dice que sí, que vamos con la cirugía normal para el día 22. Y hoy me levanto y lo primero que encuentro es nuevamente un mensaje de ella donde me dice que el doctor John Fonseca acaba de mirar mi historia clínica y dice que él no me va a realizar ese procedimiento”.

Por ende, en su denuncia pública, la mujer pidió a las autoridades y a la auditoría de la Foscal intervenir, ya que teme por su salud con el riesgo de infección grave y, en un caso definitivo, la pérdida de su extremidad.

“Yo lo único que estoy es pidiendo que me saquen ese pedazo de cosa que tengo, que no sé qué es. Los exámenes han arrojado que es un cuerpo extraño, la ecografía, la tomografía, la resonancia. Entonces, no entiendo por qué ese médico está empeñado en que yo me haga una amputación y no quiere hacerme más nada ahora”, expresó, entre lágrimas.

El proceso de inspección de la Supersalud, a su vez, busca esclarecer los motivos de la decisión médica y verificar que se respeten los derechos de la paciente.

El 18 de julio se confirmó que un juez ordenó la suspensión del proceso de contratación de escoltas de la Unidad Nacional de Protección (UNP), cuyo valor supera los 78.000 millones de pesos, tras las alertas presentadas por el presidente electo Abelardo de la Espriella.

La decisión se registró luego de que se admitiera una acción de tutela interpuesta por un escolta afectado, que argumentó posibles vulneraciones a derechos fundamentales debido a presuntas irregularidades y diferencias en la convocatoria, que solo incluyó a las zonas uno y dos del país. El proceso de selección quedó suspendido de manera provisional mientras se analiza el fondo del caso, lo que impide a la UNP adjudicar el contrato hasta que se resuelvan los cuestionamientos planteados en la tutela.

De acuerdo con el juez, la medida busca garantizar la igualdad y transparencia en la contratación de escoltas, así como la protección de los derechos de los trabajadores afectados por la decisión administrativa de la entidad.

Los detalles de la tutela que provocó la decisión del juez

Infobae Colombia tuvo acceso al documento de la acción de tutela que radicó un escolta adscrito al programa de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El documento mencionó que, entre 2023 y 2026, la UNP implementó una serie de licitaciones y contratos con el fin de garantizar la continuidad de los esquemas de protección, organizando la operación por zonas y permitiendo la participación de diferentes empresas de vigilancia.

En 2023, la licitación PSA-UNP-118-2023 adjudicó catorce de quince zonas para la tercerización de aproximadamente 16.000 escoltas, bajo un modelo territorial. Posteriormente, otros procesos como PSA-UNP-087-2025 y PSA-UNP-040-2026 ajustaron y adjudicaron nuevas zonas contractuales. Sin embargo, en junio de 2026, la UNP publicó el aviso de convocatoria para el proceso PSA-UNP-054-2026, inicialmente diseñado para adjudicar diez zonas, pero que, a último momento, restringió la convocatoria solo a las zonas uno y dos, afectando a cerca de 3.500 escoltas.

El accionante argumentó que la decisión de la UNP de limitar el nuevo proceso exclusivamente a estas dos zonas, sin una explicación pública ni estudios técnicos que respalden la medida, representaba un trato desigual y arbitrario. Mientras que los escoltas de las zonas restantes mantenían la continuidad laboral bajo mecanismos contractuales diferentes.

El escolta denunció que esta modificación administrativa rompía el principio de igualdad y confianza legítima, ya que todos los escoltas desempeñan funciones equivalentes en el mismo programa institucional. El demandante sostuvo que la falta de justificación objetiva y verificable para la diferencia de trato vulneraba los derechos fundamentales como la igualdad, el trabajo, el mínimo vital, la dignidad humana y el debido proceso administrativo.

El individuo alertó que, en caso de que avanzara la licitación para que terminara siendo adjudicada a un nuevo operador sin experiencia, los escoltas afectados perderían su única fuente de ingresos antes de que la justicia pudiera pronunciarse.

El accionante solicitó la suspensión provisional del proceso PSA-UNP-054-2026, así como que la UNP se abstuviera de imponer cargas diferenciadas o adoptar decisiones discriminatorias sin justificación suficiente entre trabajadores en igualdad de condiciones.

Sumado a ello, el escolta pidió que la entidad exponga y acredite los estudios técnicos, jurídicos, financieros y presupuestales que justifiquen la convocatoria exclusiva de las zonas uno y dos.

La tutela enfatizó que no se pretende impedir que la UNP adelante procesos de contratación pública ni reclamar un derecho a permanecer indefinidamente vinculado a un contratista determinado, sino que se busca que cualquier diferencia de trato esté sustentada en criterios objetivos, razonables y verificables. Finalmente, el texto detalló el presupuesto oficial de la contratación para las diez zonas, que asciende a más de 825.000 millones de pesos, y señaló la obligación de la entidad de garantizar la transparencia, la participación comunitaria y el control social en los procesos de selección.

La Fiscalía investiga al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo por una denuncia de abuso sexual contra una menor de ocho años, un caso que fue trasladado de la seccional Magdalena a Bogotá por la gravedad de los hechos y por el fuero que tenía el dirigente cuando era gobernador.

De acuerdo con la investigación de Semana, el expediente incluye denuncias, chats, audios y otros elementos de prueba que, de acuerdo con la publicación, apuntan a la presunta responsabilidad del político. La investigación quedó bajo fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, donde el grupo de intervención temprana ordenó actos de verificación.

La denuncia describe un episodio ocurrido el 17 de julio de 2023 en un apartamento de Santa Marta. Según el relato de la madre, Caicedo le pidió que permaneciera en una habitación mientras él hablaba a solas con la niña, pero ella salió casi de inmediato por desconfianza y dijo: “Al salir, observé que mi hija tenía el pijama mal puesto y que Caicedo estaba con su pene por fuera y presentaba una erección visible” (sic), advierte la denuncia.

La denuncia señala encuentros previos, dinero y amenazas posteriores

De acuerdo con el testimonio entregado a la Fiscalía, la niña acompañaba a su madre a reuniones con el entonces gobernador del Magdalena y la exigencia de Caicedo era que la llevara a esos encuentros. La denunciante afirmó que él le enviaba mensajes para exigir la presencia de la menor y que, entre cuatro y cinco veces, le mandó dinero con ese propósito.

En la misma denuncia, la mujer sostuvo que esa madrugada el político estaba alterado, le pidió salir a buscar comida, ella se negó y después se produjo un altercado verbal.

Añadió que, tras descubrir la escena con su hija: “Se produjo una confrontación verbal entre Caicedo y yo, durante la cual él me amenazó de manera grave y reiterada, profiriendo expresiones en el sentido de que me iba a tirar desde el noveno piso del edificio, y que iba a acabar y destruir mi vida y la vida de toda mi familia”.

La madre también aseguró que, durante ese forcejeo, él intentó abusar sexualmente de ella. Luego dijo que logró salir del apartamento con la niña y que ambas esperaron en la recepción del edificio hasta cerca de las 4:00 a. m., cuando tomaron transporte desde el sector de Irotama para regresar a su casa.

La acusación no se limita a ese hecho. Según el relato citado por el medio, después llegaron nuevas intimidaciones, amenazas y una persecución personal y laboral que obligó a la madre y a la menor a desplazarse y en ocasiones esconderse para evitar el asedio.

La denunciante afirmó además que “Caicedo también me exigía, bajo amenaza, de acudir a la Fiscalía y ‘acabar conmigo’, que le pasara telefónicamente a mi hija menor para hablar con ella. Ante estas presiones cedí en algunas ocasiones por el estado de manipulación psicológica en que me encontraba”, agregó.

El expediente incluye una grabación y una cita con Virna Johnson

Meses después, la niña habría contado lo ocurrido durante una tarde de juegos con otra menor, hija de la exesposa de Caicedo. Según la denuncia, en ese relato habló de hechos previos y mencionó un episodio en el que el exgobernador entró al baño con ella con el supuesto argumento de bañarla.

La madre agregó que su hija también dijo a una tía que Caicedo habría cometido actos similares con otras niñas de alrededor de 12 o 13 años “Mi hija también habría referido a mi hermana que Caicedo habría realizado los mismos actos a otras niñas (de alrededor de doce o trece años), a quienes presuntamente les pagaba viajes y les daba regalos”.

En el expediente que conoció Semana, hay audios sobre presuntas amenazas a las víctimas. La madre relató además que fue citada por una persona cercana al exmandatario, identificada en la denuncia como la exalcaldesa de Santa Marta Virna Johnson, para una conversación que terminó con una llamada telefónica con Caicedo.

Según la mujer, en ese contacto el exmandatario insistió en su necesidad de hablar con la niña. También sostuvo que en la reunión Johnson le pidió “aferrarse a Dios” y le recomendó varias veces abstenerse de emprender acciones legales.

La representación de la madre y la menor está a cargo del exdirector del CTI Julián Quintana, que dijo al medio que la principal preocupación de la familia es su seguridad. “Denunciar al exalcalde, exgobernador y excandidato presidencial Carlos Caicedo es un asunto muy complejo en Santa Marta”, afirmó el abogado.

Quintana añadió: “Es un caso extremadamente delicado. Según la denuncia, presuntamente Carlos Caicedo habría violentado los derechos de libertad y formación sexual de una menor de edad y de su madre. Por eso, como representantes de víctimas, hemos aportado un sinnúmero de elementos probatorios que consideramos demuestran la configuración de este delito”.

La defensa de las denunciantes pidió a la Fiscalía avanzar en las actuaciones, revisar los elementos de prueba y ampliar la declaración de las víctimas, que, según el abogado, recuperaron evidencia y la incorporaron al expediente. Caicedo está además en juicio por presuntos hechos de corrupción y enfrenta otra investigación por acoso sexual.

El diario intentó contactar a Caicedo para conocer su respuesta frente a la denuncia por acceso carnal con menor de 14 años, pero al cierre no obtuvo contestación a mensajes ni llamadas. El mismo intento se hizo con Virna Johnson, quien tampoco respondió.

Integrantes de la asociación de gaseros y permisionarios dedicados a la venta de Gas Licuado de Petróleo (Gas LP) en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, denunciaron ser víctimas de una creciente ola de extorsiones y exigieron la intervención inmediata del Gobierno Federal para frenar la violencia que, aseguran, pone en riesgo tanto a trabajadores como a clientes.

Los empresarios afirmaron que, pese a haber presentado al menos cinco denuncias formales ante el Ministerio Público, las investigaciones no han avanzado y las amenazas continúan. Incluso señalaron un presunto contubernio entre grupos delictivos y autoridades municipales y estatales, debido a la falta de acciones para detener a los responsables.

La denuncia tomó mayor relevancia luego de que un video comenzó a circular en redes sociales, donde se observa el momento en que dos hombres armados llegan a bordo de una motocicleta a una estación de Gas LP ubicada en Chimalhuacán.

En las imágenes se aprecia cómo uno de los sujetos desciende del vehículo y entrega una carta a una despachadora. En el documento, los presuntos delincuentes exigen el pago semanal de 15 mil pesos como “cuota” de extorsión.

Además, advierten que, en caso de no cumplir con el pago, comenzarán a incendiar los puntos de venta y atacarán tanto a los trabajadores como a los clientes que acudan a abastecerse.

Grupo criminal presume controlar la zona oriente del Edomex

De acuerdo con los testimonios, las cartas entregadas a las gaseras están firmadas por una supuesta “filial” de La Chokiza, organización criminal que, según los denunciantes, opera en diversos municipios de la zona oriente del Estado de México.

Los documentos contienen información detallada sobre cada establecimiento, incluyendo el número de empleados, horarios de entrada y salida, así como datos sobre los domicilios particulares de algunos trabajadores.

Esta información ha generado preocupación entre los empresarios, quienes consideran que el grupo delictivo mantiene vigilancia permanente sobre sus operaciones y podría escalar la violencia si las víctimas se niegan a pagar las cuotas exigidas.

Al menos 30 gaseras habrían recibido amenazas

De acuerdo con representantes del gremio gasero, el mismo modus operandi se ha repetido en por lo menos 30 expendios de Gas LP distribuidos en distintas zonas de Chimalhuacán.

Explicaron que en cinco de esos establecimientos ya se registraron agresiones contra empleados e incluso intentos de incendiar las instalaciones, situación que incrementó el temor entre los propietarios y trabajadores.

“Así, con ese mismo modus operandi han entregado la carta a por lo menos 30 gaseras aquí en Chimalhuacán; en cinco de esos lugares han agredido a los empleados o los han intentado quemar”, señaló, bajo condición de anonimato, el representante legal de una de las empresas afectadas.

Denuncian inacción de autoridades del Estado de México

Los empresarios aseguraron que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), la policía municipal e incluso la alcaldesa de Chimalhuacán, Xóchitl Flores Jiménez, ya tienen conocimiento de los hechos.

Sin embargo, lamentaron que hasta el momento no exista una estrategia efectiva para proteger a los negocios ni para detener a los responsables de las amenazas.

“Por eso creemos que están coludidos o algo pasa ahí. Esa inacción de las autoridades da mucho miedo”, expresó el representante legal.

Añadió que incluso existe temor entre las víctimas para solicitar avances en las investigaciones, pues consideran que podría haber filtración de información hacia los grupos delictivos.

Piden intervención de la Guardia Nacional y del Ejército

Ante el incremento de las amenazas, los empresarios solicitaron la intervención urgente de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en el municipio y evitar una tragedia.

Señalaron que el objetivo es prevenir ataques antes de que ocurran hechos con consecuencias fatales para trabajadores o consumidores.

“Queremos evitar una desgracia por un hecho que estamos denunciando en tiempo y forma. Se está avisando y queremos prevenir, pero sin la ayuda de las autoridades será complicado”, afirmó el representante del gremio.

Mientras tanto, el gremio gasero reiteró su llamado a las autoridades federales para que intervengan de manera inmediata y garanticen la seguridad de los trabajadores, los establecimientos y la población que diariamente acude a comprar Gas LP en Chimalhuacán.

El diseñador gráfico Juan Sebastián Romero murió en Bogotá tras recibir un disparo en el pecho el 26 de junio de 2026 dentro de la empresa donde trabajaba en la localidad de Fontibón. Su familia reclama que el caso sea investigado como homicidio doloso y no culposo, mientras la persona vinculada al proceso permanece en libertad.

La preocupación de sus allegados está centrada en la calificación penal del hecho y en el acceso a la principal prueba. Según Noticias Caracol, la fiscal encargada ordenó entrevistas y recolección de posibles pruebas, pero la familia denuncia que no ha podido ver el único video que registró lo ocurrido.

Romero Macías, de 39 años y oriundo de Honda, Tolima, trabajaba desde hace varios años en una empresa del occidente de Bogotá como diseñador de dos marcas. Según sus familiares, antes de su muerte había manifestado por escrito su intención de renunciar debido al presunto acoso laboral que, según ellos, padecía.

Diego Romero, hermano de la víctima, relató que, de acuerdo con una grabación que estaría en poder de la Fiscalía, Juan Sebastián se encontraba en la oficina junto a su jefe, Jonathan Trujillo, dueño de la empresa. “Hay un video que proporciona el abogado del asesino donde efectivamente se evidencia que él manipula un arma, más o menos entre 10 a 15 minutos. La manipula, la carga y la descarga ahí al lado de mi hermano”.

Después del disparo, persisten dudas sobre lo sucedido. Fue trasladado a un centro asistencial por su jefe, que luego abandonó el lugar. La familia supo lo ocurrido a través de una llamada a la novia de la víctima, en la que, según Diego Romero, el jefe le dijo: “Allá dejé a Juan y yo estoy con mi abogado”.

No hay certeza sobre si llegó con signos vitales al centro médico, aunque el personal de urgencias informó a la familia que ya no estaba con vida al ingresar.

Diego Romero sostiene que el hecho no puede considerarse un accidente. Declaró: “Este es un personaje que ya tiene más de 40 años, que está consciente (...) estuvo casi 15 minutos al lado de mi hermano y después va, le apunta, le dispara y lo mata”.

La familia rechaza que el caso se trate como homicidio culposo y exige que se investigue como homicidio doloso, solicitando celeridad y transparencia a la Fiscalía. También cuestiona la negativa de la fiscal a permitirles acceso al video del momento de los hechos, al considerar que es fundamental para esclarecer lo ocurrido.

“Esto es narrado, digamos, por la fiscal. Esto es lo que me cuenta. Yo no he tenido la oportunidad de ver el video. Ella me dice que está la investigación y, pues, en esas estamos. Esto es lo que estamos actualmente y el proceso no avanza. Ahí se quedó. La última vez que hicieron algo, según el Spoa, fue el 4 de julio. Ya hoy es 16 de julio y, pues, no sé, la verdad desconozco en qué irá el caso”.

Respecto al entorno laboral, el hermano de la víctima indicó que Juan Sebastián le había contado en varias ocasiones las condiciones que enfrentaba en la empresa: “Me ha tocado demostrar que no le pagaban, lo trataban mal en el trabajo. Él se quería ir, lo había manifestado por escrito en ocasiones”.

La marca Amateur, con la que Sebastián colaboró durante ocho años, lamentó su muerte, indicó que ha mantenido reserva por respeto a la investigación y expresó su disposición para colaborar con las autoridades.

Mientras el proceso judicial sigue sin una definición y el vinculado permanece en libertad, la familia también destaca la huella personal de Romero. Según su hermano, el vínculo de Juan Sebastián con el skate permitió acercar a niños a una comunidad alejada de las malas influencias.

Al funeral asistieron centenares de personas de Colombia y Estados Unidos. “Era gente que reconocía que Juan era una muy buena persona”, dijo su hermano. “Alguien hace poco me decía que las buenas personas duran poco, entonces yo me quedo con las buenas cosas de él”.

La familia de Juan Sebastián Romero continúa a la espera de avances en la investigación judicial, con la esperanza de que se garantice el acceso a las pruebas y se esclarezcan las circunstancias de su muerte. Mientras tanto, quienes lo conocieron resaltan su legado personal y profesional, y mantienen el reclamo de justicia ante las autoridades.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala lanzó el Botón Digital de Denuncia para reportar incumplimientos a la ley que prohíbe fumar en espacios cerrados y de uso colectivo, una medida que el ministerio vincula con la prevención del cáncer y con la aplicación del Decreto 74-2008 ante la imposibilidad de supervisar por sí solo todos los ambientes públicos.

La herramienta, habilitada en la página web del MSPAS, se suma a un procedimiento sancionatorio que puede activarse también por vigilancia regular de la cartera. Según explicó Steve Villatoro, asesor jurídico de la Dirección de Agua Potable, Saneamiento, Salud y Ambiente, el inspector que verifica una infracción tiene tres días para elevar el acta a la dependencia correspondiente e iniciar el proceso que definirá la sanción.

El ministro de Salud Joaquín Barnoya presentó el mecanismo junto con otras autoridades y sostuvo que, aunque en 2024 se oficializó la Ley de Atención Integral del Cáncer, identificada como Decreto 7-2024, el trabajo de prevención de esa enfermedad dentro del ministerio comenzó en 2008 con la norma de ambientes libres de humo de tabaco.

La ley vigente desde ese año prohíbe fumar en espacios públicos cerrados y de uso colectivo. La restricción alcanza a restaurantes, bares, centros comerciales, oficinas, funerarias y al transporte público, y también obliga a los establecimientos a colocar señalización de espacios libres de humo.

El ministerio busca que la ciudadanía reporte infracciones que no puede inspeccionar de forma directa

Barnoya afirmó que el nuevo botón surgió por la incapacidad del MSPAS para supervisar todos los ambientes públicos. El ministro señaló que el problema no afecta solo a quien fuma, sino también a quienes quedan expuestos al humo de segunda mano, y lo definió como una afectación a los derechos de la ciudadanía a contar con espacios saludables.

La doctora Claudia Camel, de la dirección de Atención Integral de Cáncer del MSPAS, dijo en la conferencia que el humo de tabaco está asociado a más de 10 tipos de cáncer, en especial al de pulmón. También indicó que se le atribuye como causa de infarto al corazón.

Para Camel, el lanzamiento del botón abre una vía de prevención entre personas sanas y también puede generar sensibilidad frente a una enfermedad que describió como crónica. La funcionaria planteó que se trata de un problema multidimensional que debe abordarse en todos los niveles y por toda la población.

La relación con la Ley de Atención Integral del Cáncer es directa. De acuerdo con Barnoya, la estrategia no solo busca hacer cumplir la norma antitabaco, sino también responder al mandato legal que obliga al Estado a garantizar acceso universal y gratuito a la prevención, detección temprana, tratamiento, rehabilitación y cuidados del cáncer.

El formulario permite denuncias anónimas y admite fotografías como respaldo

La respuesta práctica a cómo funcionará el Botón Digital de Denuncia es esta: cualquier persona podrá ingresar al portal del MSPAS y reportar si vio a alguien fumando en un medio de transporte, en un comercio privado o en otro espacio donde la ley lo prohíbe, y también podrá denunciar la ausencia de señalización obligatoria.

La plataforma solicita nombre y apellido, aunque la denuncia puede presentarse de forma anónima. El formulario además pide correo electrónico, teléfono, nombre del establecimiento donde ocurrió la infracción, motivo de la denuncia, descripción del hecho, dirección y departamento del país.

El sistema incluye un apartado opcional para adjuntar prueba fotográfica. Una vez completados esos datos, el reporte se envía al ministerio.

Villatoro explicó al medio que dentro de la cartera ya existe un procedimiento administrativo sancionatorio ajustado al Decreto 74-2008. Describió dos rutas para detectar faltas: una nace de la vigilancia general y preventiva que realiza el propio ministerio, y la otra de denuncias concretas presentadas por la ciudadanía.

Después de recibir el aviso o detectar la posible infracción, el ministerio envía a un inspector al lugar para analizar el caso. Según el asesor jurídico, la utilidad del botón está en que permitirá individualizar hechos específicos y concentrar el trabajo de los inspectores en situaciones que realmente ameriten sanción.

Esa focalización, de acuerdo con Villatoro, evitará desplazar personal a numerosos lugares en los que no necesariamente hubo incumplimientos. El objetivo final, según las autoridades sanitarias, es reforzar el control de los ambientes libres de humo como una medida de salud pública orientada a reducir la exposición al tabaco y sus efectos.

De acuerdo con la denunciante, los hechos se presentaron cuando se dirigía a su casa, ubicada en el norte de la capital. Según detalló, cuando ya estaba finalizando el recorrido, verificó lo que estaba marcando el taxímetro para tener claro el costo que tendría el servicio de transporte que tomó.

Sin embargo, cuando finalmente llegó a su vivienda y preguntó al conductor el valor a pagar por el recorrido, el costo terminó siendo el doble de lo que figuraba en el taxímetro.

“Este taxi lo tomo yo en la calle frente a la embajada y yo me dirigía a mi residencia en Chicó Norte. Al yo llegar a mi residencia, noto que el taxímetro está marcando $35.800. Estoy esperando que el señor finalice el taxímetro para que me diga cuánto es y le pregunto: ‘Señor, ¿cuánto le debo?’ A lo que él, en vez de finalizar, lo que hace es que saca su tarjetón donde tiene los precios y me dice que son $80.000″, precisó.

Su reacción inmediata fue indicarle al trabajador que, posiblemente, había un error en el cobro. Argumentó que el valor reportado en el taxímetro era mucho más bajo, pero el conductor negó que ese fuera el precio real por la carrera. “Me dice que no, que él me está cobrando es un servicio del aeropuerto porque él trabaja en el aeropuerto y que antes de que yo tomara el taxi, él había dejado a una señora que había traído del aeropuerto y la había dejado en la embajada”, detalló la denunciante.

En consecuencia, la ciudadana informó que no pagaría ese valor porque ella no tomó el servicio desde el aeropuerto. Además, insistió en que ese recorrido no vale $80.000; generalmente, el cobro máximo que se hace es de $40.000, según aclaró.

Ante esta respuesta, el taxista, al parecer, se enojó y empezó a intimidarla. De acuerdo con su relato, el sujeto iba armado: “Me muestra un arma de fuego”. Esa situación le generó temor y “quedó en shock”. Por eso, accedió a pagar los $80.000 que el conductor exigió por el servicio de transporte que prestó.

La ciudadana aseguró que prefirió entregar el dinero para no poner en riesgo su vida y la de su hijo. Sin embargo, hizo la denuncia pública, con el objetivo de alertar a la ciudadanía y evitar que casos como ese continúen presentándose en la ciudad. “Este tipo de situaciones no puede seguir pasando”, señaló.

Su relato causó indignación en redes sociales, donde los internautas instaron a la mujer a recurrir a la Fiscalía General de la Nación para denunciar formalmente al conductor del taxi por la tarifa que aplicó por su recorrido, por la intimidación que presuntamente ejerció y por el porte del arma de fuego.

Algunas de las personas que reaccionaron aseguraron haber pasado por situaciones similares, en las que, por un recorrido corto, se les ha cobrado montos muy altos.

“Haga la denuncia también por las entidades, tanto por consumo, por fiscalía, por amenaza con menor de edad involucrado, para que coja escarmiento de estar amenazando, porque mínimo ni permiso del arma tendrá”; ”Tiene que hacer el denuncio, porque de lo contrario las autoridades no pueden hacer nada“; “Que miedo!! Que horror Dios mío (sic)”; “No hay derecho que se pasen en los precios, que cobren lo justo”; señalaron algunos usuarios de Instagram.

En diálogo con Infobae Colombia, Wilson Devia y Giovanni Gallo, presidentes de dos sindicatos de la Unidad Nacional de Protección (UNP), denunciaron que llevan casi dos años esperando que avance una denuncia radicada ante la Fiscalía General de la Nación por amenazas en su contra que vendrían del interior de la entidad mencionada.

Debido a que restan pocos días para que termine el Gobierno Petro, Devia y Gallo decidieron hablar sobre lo que ha pasado al interior de la UNP durante la administración de Augusto Rodríguez y cómo han sido perseguidos de diferentes formas por resaltar aspectos indebidos en la entidad.

Los líderes sindicales revelaron que las amenazas en su contra comenzaron en 2023, motivo por el que el 9 de agosto de ese año radicaron una denuncia contra el director de la UNP ante la Fiscalía General de la Nación, pero hasta la fecha el proceso judicial no ha tenido avances.

Según los líderes sindicales, las intimidaciones surgieron después de hacer públicas sus críticas a la administración de Augusto Rodríguez. “Fuimos perseguidos, hostigados por esta administración”, afirmó Devia, que recibió mensajes en los que le advertían que le iban a “cortar la cabeza” y que iban a atentar contra sus seres queridos.

Los mensajes amenazantes, enviados a través de WhatsApp y mensajes de texto, incluían frases como “si no pueden desaparecerlos, vamos a armar falsos positivos judiciales”. Una de las capturas de pantalla entregadas como prueba a la Fiscalía muestra el mensaje: “Entregue lo que tiene y no hay problema, las cosas pueden cambiar”, que según Devia, hacía alusión a la información que tenía sobre irregularidades al interior de la UNP.

Los líderes sindicales han denunciado reformas internas en la entidad y señalaron al director de la UNP como responsable del seguimiento del que han sido víctimas, lo que ha provocado que deban cambiar sus vehículos personales y hayan tenido que contratar seguridad privada, puesto que afirman no confiar en la dirección actual de la UNP.

Giovanni Gallo relató que durante un mitin nacional en febrero de 2023, miembros de los sindicatos recibieron amenazas donde se advertía que sus vidas corrían peligro y que los iban a desaparecer. Gallo denunció además seguimientos a vehículos, llamadas sospechosas y la infiltración de personas en las actividades sindicales. Ambos líderes manifestaron que, ante la falta de respuesta institucional, han decidido hablar ante los medios.

Según consta en el expediente de la Fiscalía, las amenazas y hostigamientos incluyeron llamadas desde números desconocidos, mensajes intimidatorios y seguimientos tanto a los dirigentes como a sus familias.

“Las evidencias ya están en la Fiscalía, pero el tema ha quedado quieto. Incluso tras el cambio de fiscal general hemos sido hostigados, amenazados, nos escribían por qué llamábamos a ciertas personas a contar lo que nos pasaba”.

A punto de que se cumplan dos años de la radicación de la denuncia, Gallo y Devia piden que la Fiscalía tome cartas en el asunto y se registre algún tipo de avance en la investigación, puesto que creen que, tras la salida de Rodríguez de la UNP, el proceso será cerrado. Ambos dirigentes hicieron un llamado a las autoridades para que se investigue y se garantice la protección de quienes denuncian irregularidades al interior de la entidad.

“Queremos exaltar que con el cambio de gobierno tenemos muchas esperanzas de que esta situación acabe, pero también tenemos miedo de los peligros porque ya quedan libres para ejercer cualquier tipo de atentado”, advirtió Gallo.

La denuncia, respaldada con capturas de mensajes y testimonios, permanece a la espera de avances por parte de la Fiscalía General de la Nación, mientras los líderes sindicales insisten en la urgencia de medidas de protección y acción institucional.

Previo al cambio de gobierno previsto para el 7 de agosto, se han generado discusiones sobre los procesos de implementación de iniciativas del Gobierno Petro que serán transferidas al presidente electo, Abelardo de la Espriella, y a su gabinete, principalmente aquellos que no podrán ser modificados.

Uno de los mencionados es la resolución conjunta 1250 de 2026, que fue expedida por el Gobierno Petro para adoptar la Política Nacional Intersectorial de Sexualidad, Derechos Sexuales y Derechos Reproductivos 2026-2035. En esta se define una hoja de ruta y se distribuyen responsabilidades entre los sectores de salud, educación, trabajo y cultura para reducir barreras de acceso, fortalecer la atención integral y garantizar respuestas oportunas ante emergencias obstétricas, violencias sexuales, VIH, infecciones de transmisión sexual e interrupción voluntaria del embarazo.

Desde el Gobierno nacional han destacado que la política tiene aplicación en todo el territorio y orienta la actuación de autoridades nacionales y territoriales bajo cinco ejes estratégicos: transformación de normas sociales y de género, fortalecimiento de la gobernanza y capacidades institucionales, protección frente a violencias de género, acceso efectivo a servicios integrales y priorización de sujetos de especial protección constitucional.

Resolución fue denunciada antes de la llegada del nuevo presidente

El 16 de julio, el concejal de Bogotá Andrés Barrios radicó ante el Consejo de Estado una demanda de acción de nulidad para que sea suspendida la resolución 1350 de 2026, puesto que con esta se busca imponer de manera obligatoria su incorporación en los currículos de las instituciones educativas públicas y privadas, con lo que no está de acuerdo.

“Esta resolución constituye un acto administrativo ilegal porque cuatro ministerios asumieron competencias que no les corresponden para crear una política pública nacional con efectos durante diez años e imponer obligaciones en el sistema educativo colombiano. La decisión desconoce la potestad reglamentaria del Presidente de la República y la reserva de ley que en materia educativa corresponde al Congreso de la República”, afirmó el concejal Barrios.

La demanda cuestiona el contenido de la resolución, al señalar que incorpora temas relacionados con el deseo, el placer y la identidad sexual desde la primera infancia. Barrios aseguró que la resolución ataca la autonomía de las instituciones educativas y las creencias personales de quienes defienden la familia y los valores, al considerarlos como obstáculos para la implementación de la política pública, vulnerando el pluralismo y la libertad de enseñanza garantizados por la Constitución.

Junto con la acción judicial, el cabildante formuló cinco cargos, entre ellos el que reafirma que varios ministerios incurrieron en una falta de competencia al crear una política nacional mediante una resolución.

Para Barrios, la resolución que fue fundamentada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 es precisamente una muestra de que fue consolidada en el final del Gobierno de turno, y sin importar la opinión que tenga la nueva administración, en la regulación se extendió su implementación hasta 2035.

“La medida vulnera la autonomía escolar, al imponer un contenido uniforme a todos los establecimientos educativos del país, desconociendo la participación de directivos, docentes y padres de familia prevista en la ley”, destacó Barrios, que sostiene que la resolución desconoce el artículo 68 de la Constitución Política, el artículo 26.3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, además de la sentencia que reconoce que la educación sexual incumbe de manera primaria a los padres.

La demanda advierte que el texto expedido por el Gobierno difiere del documento sometido previamente a comentarios ciudadanos, sin que esos cambios hubieran sido consultados con las familias.

“La protección de la niñez, el respeto por la autonomía de las instituciones educativas y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos no pueden quedar a merced de una resolución expedida por el gobierno saliente. Acudí al Consejo de Estado para solicitar la suspensión de esta medida y evitar que tenga efectos adversos sobre millones de estudiantes. No voy a permitir que, por la puerta de atrás, se imponga una agenda ideológica para ilegalmente condicionar la formación de nuestros niños”, puntualizó el cabildante.

La grabación muestra el momento en que la usuaria le solicita al taxista el tarjetón oficial de precios, documento que debe permanecer disponible dentro del vehículo para que los pasajeros puedan consultar las tarifas autorizadas. “¿Me puedes mostrar la tarjeta de precios?… 100 mil pesos es demasiado”, se escucha decir a la mujer durante la conversación.

Según el relato de la pasajera, el monto indicado por el conductor no correspondía con el trayecto realizado, pues aseguró que en ocasiones anteriores había pagado una suma mucho menor por una ruta similar. Ante la diferencia, manifestó que presentaría una queja y pidió revisar la información consignada en el documento de tarifas.

El hecho volvió a poner sobre la mesa las inquietudes de algunos usuarios frente a posibles cobros irregulares en el servicio de taxi en Bogotá. Aunque cada recorrido puede variar según factores como la distancia, el tiempo de espera y los recargos autorizados, la tarifa no puede ser definida de manera libre por el conductor.

En la capital del país, los taxis convencionales deben operar con taxímetro, un sistema encargado de calcular el valor de la carrera a partir de las unidades registradas durante el recorrido. Estas unidades están relacionadas con la distancia recorrida y el tiempo en que el vehículo permanece detenido durante el servicio.

De acuerdo con la reglamentación distrital, el cobro debe ajustarse a las tarifas oficiales vigentes y a los valores que marque el taxímetro. Además, el conductor está obligado a permitir que el pasajero consulte el tarjetón de tarifas, una herramienta que sirve para verificar los costos establecidos por las autoridades.

Por esta razón, la pasajera decidió grabar la situación y solicitar la comprobación del valor exigido. El video, que rápidamente circuló en plataformas digitales, generó comentarios entre ciudadanos que recordaron la importancia de conocer los mecanismos disponibles para reclamar ante posibles abusos en este tipo de servicios. Frente a casos similares, las autoridades recomiendan que los usuarios revisen siempre la información del vehículo antes de iniciar un recorrido. Entre los datos que pueden resultar útiles están la placa del taxi, la identificación del conductor y la tarjeta de operación, elementos necesarios para realizar una eventual denuncia.

Si una persona considera que fue víctima de un cobro irregular, también puede recopilar pruebas que respalden su reclamación. Fotografías del vehículo, videos del momento, capturas de información relacionada con el servicio o cualquier otro soporte pueden ayudar durante el proceso de investigación. Las quejas pueden ser presentadas ante la Secretaría Distrital de Movilidad mediante sus canales oficiales, entre ellos la Línea 195 y la plataforma Bogotá te Escucha. Allí los ciudadanos pueden reportar situaciones que consideren contrarias a las normas establecidas para la prestación del servicio público de transporte individual.

Además de denunciar, las autoridades insisten en que los pasajeros conozcan sus derechos y exijan condiciones claras durante cada viaje. El uso correcto del taxímetro, la disponibilidad del tarjetón de tarifas y la posibilidad de verificar el valor de la carrera son herramientas que buscan brindar mayor transparencia en la relación entre usuarios y conductores.

El caso registrado entre la Terminal Salitre y Suba Santa Rita queda ahora como una nueva alerta sobre la importancia de fortalecer los controles y la responsabilidad tanto de quienes prestan el servicio como de quienes lo utilizan. Mientras avanzan las verificaciones correspondientes, el llamado para los usuarios es a informarse y actuar con evidencia ante cualquier situación que consideren irregular.

Las imágenes que circularon en redes sociales muestran el momento en el que dos hombres, señalados por intentar ingresar sin pagar el pasaje, se enfrentaron con personal de seguridad en uno de los portales más concurridos de la ciudad.

De acuerdo con la denuncia, la situación escaló cuando los vigilantes reclamaron a los usuarios por evadir el pago. Según el video citado en la publicación de X, varios guardas de seguridad interceptaron a los dos hombres por colarse en el sistema, pero no esperaban que en medio del altercado uno de ellos sacara un cuchillo y atacara a uno de los trabajadores.

El empleado de seguridad resultó herido y tuvo que ser trasladado a un centro asistencial, donde recibió atención médica por causa del brutal ataque. Las imágenes difundidas también muestran que los presuntos agresores intentaron huir, aunque fueron detenidos por agentes de la Policía Metropolitana de Bogotá que llegaron al lugar tras el llamado de los demás empleados del sistema.

La reacción de Transmilenio

Transmilenio S. A. informó que rechaza cualquier agresión contra el personal operativo y de vigilancia del sistema. En su pronunciamiento, que fue difundido por la emisora Blu Radio, la empresa indicó lo siguiente: “Los equipos operativos y de vigilancia cumplen una labor esencial para el funcionamiento del transporte público y para la atención de los más de cuatro millones de usuarios que se movilizan diariamente en Bogotá”.

Del mismo modo, el comunicado también indicó que los detenidos quedaron a disposición de las autoridades que se encargarán de su judicialización por un ataque contra servidor público. En el mismo mensaje, se recordó que la evasión del pago afecta la prestación del servicio.

Y es que el episodio volvió a poner sobre la mesa los riesgos que enfrentan los trabajadores encargados de controlar el ingreso de pasajeros en estaciones y portales del sistema, teniendo en cuenta que no es la primera vez que los delincuentes los atacan con armas por intentar cumplir con sus obligaciones y pedir el respeto por las normas de convivencia ciudadana.

En su mensaje institucional, Transmilenio insistió en que los conflictos dentro del sistema deben resolverse por vías distintas a la violencia y pidió a los usuarios mantener conductas de respeto dentro del transporte público, no solo por los funcionarios, sino por los demás pasajeros.

Mujer murió en una estación de Transmilenio

El sistema informó en la jornada del miércoles 8 de julio que una mujer murió la noche del martes en la estación Venecia del sistema en el sur de Bogotá, luego de caer a la calzada exclusiva en circunstancias que siguen bajo investigación.

De acuerdo con un comunicado de la empresa, la información preliminar indica que la víctima “habría intentado ingresar a la estación por un acceso no autorizado y, por causas que son materia de investigación, perdió el equilibrio y cayó a la calzada exclusiva”.

Según reportó Noticias Caracol, algunos testigos afirmaron que la mujer falleció tras ser arrollada por un bus del sistema. En las primeras horas también circularon otras versiones que señalaban que la mujer descendía de un articulado cuando este arrancó y la arrolló, tras caer en el espacio entre el paradero y el bus.

Transmilenio aseguró que, una vez se conoció la emergencia, “se activaron los protocolos de atención y al lugar acudió personal de emergencias para brindar la asistencia correspondiente”. Del mismo modo, indicó que las autoridades asumieron el caso y adelantaron las investigaciones para establecer las circunstancias del hecho.

La entidad lamentó lo ocurrido, expresó condolencias a los familiares y dijo que colaborará con las autoridades. También pidió a la ciudadanía usar solo accesos autorizados: “Estas conductas representan un alto riesgo para la vida y la integridad de quienes transitan por el sistema”.

En un video publicado en Instagram, el joven aseguró que el premio se definió por azar entre 17 participantes y que después de resultar como ganador le presentaron el documento que mantenía el automóvil a nombre de la empresa.

Higuita afirmó que, al momento de recibir el premio, le entregaron una carta en la que se establecía que el carro solo quedaría a su nombre si no renunciaba ni era despedido durante ese período. Según su relato, aceptó esa condición porque esperaba seguir en la empresa por más tiempo y creyó que el trámite era regular.

El joven dijo que el concurso tenía tres fases y que todas dependían de la suerte para llevarse el vehículo de la marca Changan. Del mismo modo, adjuntó imágenes en su denuncia que lo mostraban sorprendido por haber ganado: “Me ven a mí con cara de impacto, me ven a mí disfrutando del carro sin creérmela todavía que yo, una persona que nunca había tenido un carro y que en su familia nunca había visto un carro”.

El despido llegó antes de que se cumplieran los seis meses para oficializar el traspaso

De acuerdo con su versión, su salida de la empresa fue repentina: “Casualmente, dos meses y medio después a mí me echan, me quitan el carro porque ya venía con un contrato que yo mismo había firmado, obviamente por desconocimiento y por la inocencia de creer que todo iba a salir muy bien. Dos meses y medio después me echan y me dicen que el carro, que el carro uno lo obtiene por mérito”.

Higuita añadió lo siguiente: “Mi pregunta es: si realmente la intención era rifar el carro entre las 17 personas, ¿por qué colocar esa cláusula de permanencia? ¿Y por qué ya más de la mitad de las personas que estaban concursando por ese carro ya no están en la empresa? Y ojo, no fue porque renunciaron, fue porque los echaron”.

Incluso, el joven denunció que se habla mal de los empleados que pasan por allí: “Toda persona que está saliendo de allá está saliendo con la reputación de que es muy mala, de que es muy vaga, de que no sirve para nada. Yo tenía esa reputación. Reputación que me pareció muy incoherente porque al momento, al siguiente día de que a mí me echaran de esa empresa, de que yo ya estuviera al aire, me llegaron tres propuestas de trabajo exactamente para hacer lo mismo que yo hacía. Si yo era tan malo, ¿por qué a mí me llegan un día después tres propuestas de trabajo? ¿Por qué todas las personas que han echado ya han conseguido trabajo por lo mismo que están haciendo si son tan malos?“.

En su testimonio, el joven también acusó a la empresa de exponerlo públicamente al mostrar en redes sociales que había ganado el carro y presentar ese gesto como prueba de apoyo a sus colaboradores, teniendo en cuenta que luego tuvo que explicarle a su familia que ya no tenía el vehículo porque había sido despedido antes de cumplir la condición impuesta por la compañía.

Además de la disputa por el premio, Higuita denunció extensas jornadas laborales: “El ambiente era muy agradable, pero de un momento a otro, que te impongan a ti ya trabajar de 9:00 a. m. a 1:00 a. m., de lunes a viernes. Y sábados y domingos también esperaban que nosotros fuéramos a trabajar. Si tú te ibas en semana antes de las 11:00 p. m., al siguiente día te decían: ‘¿Por qué te fuiste tan temprano? ¿Qué pasó? ¿Tenías un compromiso? ¿O tenías algo por hacer?’. Ojo, el contrato es por prestación de servicios”.

Aseguró que una de las razones que le dieron para despedirlo fue que su equipo de marketing sí trabajaba los fines de semana y él no, lo que había generado comentarios entre sus compañeros.

En su publicación, Higuita afirmó que ha escuchado comentarios negativos sobre los dueños de la empresa por presuntos incumplimientos con clientes, socios y trabajadores. También mencionó presuntos casos de personas que se habrían mudado a Medellín por promesas laborales que luego no se cumplieron y que terminaron buscando nuevas oportunidades fuera de la compañía.

Al parecer, ahora el carro lo están vendiendo: “Te vas dando cuenta que lo único que a ellos les importa es la plata, es el dinero, por encima de cualquier cosa, por encima de cualquier persona, y que ellos nunca van a perder. Cualquier negocio que ellos hagan, siempre van a buscar la estrategia o la forma en la que ellos siempre vean beneficios y nunca pierdan. Que si a mí me echaron para nuevamente tener el carro, es una posibilidad, por algo presuntamente lo están vendiendo en estos momentos”.

El Abogado Nelson Mejía, defensor privado de la maestra , brindó detalles a los medios sobre los términos en que ha quedado el proceso penal contra su representada. La fiscalía del Ministerio Público presentó formalmente un requerimiento fiscal imputándole el delito de trato degradante en perjuicio de una alumna, una figura jurídica contemplada y sancionada en el artículo 214 del Código Penal de Honduras.

Durante la comparecencia, la representación de la Fiscalía solicitó la medida de detención judicial, un recurso que buscaba privar de libertad a la docente durante un lapso de seis días con el fin de asegurar su presencia y salvaguardar el proceso de cara a la audiencia inicial. No obstante, el equipo de defensa logró contrarrestar dicha petición ante el juez competente.

Según lo expuesto por el abogado Mejía, la defensa pudo demostrar que la profesora cuenta con la capacidad y las garantías suficientes para someterse al proceso penal sin necesidad de guardar prisión preventiva.

En consecuencia, Díaz enfrentará la acusación en libertad bajo la condición de presentarse a firmar periódicamente ante la autoridad judicial asignada. La audiencia inicial ha quedado programada para dentro de quince días, fecha en la que se determinará el rumbo y la continuidad del procedimiento en su contra.

El defensor enfatizó que su clienta no cuenta con antecedentes penales y que se trata de una ciudadana dedicada por años a la educación que, si bien cometió un error, tiene derecho a defenderse en libertad.

Perspectiva de la madre de la menor

Por su parte, la señora Doris Ramírez, madre de la alumna afectada, compartió su testimonio sobre los antecedentes que precedieron al violento altercado. Ramírez reveló que, aunque no existían reportes previos de agresiones físicas directas hacia su hija, las conductas de maltrato psicológico y verbal sí eran de carácter continuo por parte de la docente.

La madre relató que la menor le manifestaba constantemente su incomodidad por los comentarios denigrantes que la profesora profería en el aula, una situación que, según su conocimiento, afectaba también a otras niñas. Ante la imposibilidad de que las quejas administrativas surtieran efecto debido al temor de la comunidad estudiantil, Ramírez aconsejó a su hija que documentara los hechos en video como método de prueba.

Según declaraciones recogidas de otras compañeras de aula, el alumnado evitaba denunciar a la docente ante el miedo generalizado a sufrir represalias académicas, tales como la pérdida de puntos o la expulsión directa del centro educativo.

El panorama de lo vivido en la institución fue complementado por las declaraciones brindadas fuera de cámara por una de las alumnas que presenció de primera mano el altercado. La menor aseguró que las conductas conflictivas y los tratos estrictos de la profesora Perla Díaz no constituyen un hecho aislado, sino que son recurrentes y se remontan al menos al año 2024, periodo en el que supuestamente ya se habían suscitado roces considerables con otros estudiantes de noveno grado.

La testigo detalló el detonante del pleito ocurrido el jueves, explicando que el conflicto inició tras la ausencia de otro maestro por motivos familiares. Ante el espacio libre en el horario, la profesora Díaz pretendió obligar al grupo a ingresar a su aula antes del tiempo estipulado, lo cual generó inconformidad entre los alumnos ya que correspondía la hora de la firma de boletas y posterior salida

De ser hallada culpable en el juicio inicial y posteriores etapas procesales, la maestra Díaz enfrentaría severas sanciones tanto en el ámbito penal como en el administrativo-laboral, de acuerdo con la legislación vigente en Honduras:

• Pena de prisión o sanciones alternativas: El delito de trato degradante, conlleva penas específicas de reclusión o arresto domiciliario, dependiendo de los agravantes del caso y de si se considera que hubo un abuso de autoridad deliberado contra una menor de edad en un espacio público de custodia.
• Inhabilitación absoluta o especial: Además de la privación de libertad, el Código Penal contempla la inhabilitación para ejercer la docencia y cualquier profesión relacionada con el cuidado, educación o resguardo de menores de edad por el doble del tiempo que dure la condena principal.
• Despido definitivo sin responsabilidad patronal: En el ámbito administrativo, la Secretaría de Educación de Honduras y el Estatuto del Docente Hondureño catalogan la agresión física y el maltrato psicológico grave hacia los alumnos como faltas de tercera clase (muy graves).

Génesis Quintero sostuvo que el caso afecta a una niña con una enfermedad huérfana cerebral y dijo que, pese a ese cuadro clínico, su hija “ríe y está caminando” después de un proceso terapéutico que atribuyó a sus cuidados. En su mensaje, también aseguró que el padre dejó de pagar durante todo este año las terapias particulares que antes cubría, según las imágenes compartidas por Colombia Oscura.

La mujer presentó su denuncia en un video en el que explicó que ya acudió a la Procuraduría, la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía, aunque remarcó que esos trámites “tardan”. Su exposición pública, dijo, responde a que siente que “no tengo salidas” dentro del proceso.

Quintero identificó como eje de su reclamo la actuación de la comisaría en medio de una disputa por la protección de su hija. “Hoy no hablo como mujer, hoy hablo como mamá. Y hablo para hacer una denuncia pública en contra de la Comisaría de Usaquén dos de Bogotá”, afirmó.

La denuncia apunta al proceso de restitución de derechos de la niña

Según su relato, la comisaría decidió avanzar en una medida sobre la menor a partir de información que ella considera irregular.

“La Comisaría de Usaquén dos ha decidido iniciar un proceso de restitución de derechos de mi hija debido a denuncias falsas que ha realizado el padre con soportes, además, de médicos que generaron evoluciones y que ni siquiera vieron a mi hija”, dijo.

La madre afirmó que durante los últimos meses entregó la documentación que le fue solicitada para acreditar su cuidado sobre la niña. “Con la paciencia y la confianza en la ley, estos últimos meses he entregado todos los soportes y requerimientos que me ha pedido la Comisaría de Usaquén dos para demostrarles que soy una buena mamá”, señaló.

Quintero sostuvo que la entidad ignoró pruebas documentales y médicas que, según su versión, evidencian violencia vicaria y judicial contra ella y su hija. También indicó que su expareja es un coronel retirado, afirmó el canal de comunicación.

La situación médica de la niña ocupa el centro del reclamo

En su intervención, la madre vinculó el conflicto institucional con el tratamiento de salud de la menor. “Mi hija tiene una condición especial, una enfermedad huérfana cerebral, y me dijeron que sería como un vegetal. Hoy, en medio de grandes batallas de amor y de lágrimas, mi hija ríe y está caminando”, expresó.

A partir de esa evolución, Quintero defendió el manejo terapéutico que ha seguido con la niña. “Una demostración más de que todo el proceso terapéutico de mi hija y mis cuidados han sido exitosos”.

La mujer agregó que el padre pretende redirigir esos tratamientos sin respaldo clínico suficiente. “Aun así, el padre quiere exigir que los tratamientos sean vistos desde otros puntos, sin ningún soporte clínico, sin ningún soporte médico”, sostuvo.

Otro de los puntos centrales de su mensaje fue el financiamiento de la atención de la menor. “La Comisaría se está prestando para que el padre de mi hija hoy haya dejado de pagar durante todo este año las terapias que históricamente se le pagaba a la hija de forma particular”, dijo.

Ese señalamiento apareció junto con su pedido de intervención urgente de organismos del Estado. La mujer explicó que ya presentó denuncias ante varias entidades, pero remarcó que los tiempos institucionales no han dado respuesta a la urgencia que plantea.

“Hago este grito de auxilio porque quiero proteger a mi hija”, afirmó. En el mismo mensaje, pidió que su caso fuera difundido para que “las personas y las entidades que puedan entrar y tomar medidas drásticas” intervengan sobre la situación de la niña.

El abogado Esteban Aguilar presentó una denuncia administrativa ante la Inspección Judicial contra el Fiscal General de la República, Carlo Díaz, y la presidenta de la Sala Tercera, Patricia Solano, por supuesta beligerancia política y eventuales infracciones al reglamento sobre conflictos de interés del Poder Judicial. La solicitud plantea la necesidad de investigar si los funcionarios emitieron opiniones públicas que podrían interpretarse como incompatibles con el deber de imparcialidad.

La denuncia se fundamenta en declaraciones públicas que ambos funcionarios realizaron sobre la coyuntura política y económica de Costa Rica. En el caso de Carlo Díaz, se cuestionan expresiones vinculadas con la situación política nacional, menciones al expresidente Rodrigo Chaves y al partido oficialista, así como opiniones sobre la democracia y el futuro de la Asamblea Legislativa. Una de las frases citadas en la denuncia fue pronunciada durante una entrevista en la que Díaz expresó: “No quiero que mi hija, mi nieto, tengan que salir huyendo y ser exiliados en otro país y es que estamos a un paso. Para mí la democracia hay que mantenerla”.

Por su parte, la magistrada Patricia Solano fue señalada por manifestaciones críticas sobre el desempeño económico del país. En una de sus declaraciones, Solano afirmó que antes de las elecciones se hablaba de una “economía jaguar”, pero que después “no llega ni a gatito”, según consta en una publicación periodística de Diario Extra. La denuncia solicita que tanto esa publicación como cualquier registro audiovisual o documental de las declaraciones sean preservados como prueba.

De acuerdo con el documento presentado por Aguilar, la investigación debe determinar si las declaraciones constituyen opiniones que pueden interpretarse como rechazo hacia una corriente o agrupación política, o si resultan incompatibles con la imparcialidad exigida a los funcionarios judiciales. Para sustentar la solicitud, el denunciante pidió incorporar como pruebas entrevistas publicadas en plataformas como Spotify y YouTube, así como reportes periodísticos.

La fundamentación jurídica de la denuncia se apoya en la Circular N.º 72-2019 de la Corte Plena, que regula la Prevención, Identificación y la Gestión Adecuada de los Conflictos de Interés en el Poder Judicial. El artículo 33 de esa norma señala que ningún funcionario judicial puede participar en procesos o actividades político-electorales ni expresar opiniones que se interpreten como adhesión o rechazo a una filiación política, incluyendo manifestaciones en redes sociales o internet.

El denunciante solicitó que la Inspección Judicial asegure la preservación forense de toda evidencia digital relacionada con las entrevistas y publicaciones, obteniendo copias íntegras de los archivos y garantizando su autenticidad. Además, pide que, de ser necesario, se requiera directamente a los medios o plataformas digitales los archivos originales para mantener la cadena de custodia de la prueba.

En sus peticiones, Aguilar remarcó que la investigación deberá establecer si las expresiones de los funcionarios están amparadas por la libertad de expresión propia del cargo o si exceden los límites establecidos por el régimen disciplinario del Poder Judicial. Sólo la Inspección Judicial, mediante el debido proceso, podrá determinar la existencia o no de una infracción.

Entre los medios de prueba ofrecidos se encuentran la entrevista realizada por Interferencia, de la Universidad de Costa Rica, disponible en Spotify, y otra entrevista difundida en YouTube, además de la publicación de Diario Extra. El denunciante dejó abierta la posibilidad de incorporar cualquier otro registro audiovisual o documental que la Inspección Judicial estime pertinente.

El caso se convierte en un nuevo episodio de escrutinio sobre las expresiones públicas de funcionarios del sistema judicial costarricense, en un contexto de alta sensibilidad por la relación entre el ámbito judicial y la política nacional.

Luego de que la senadora Paloma Valencia solicitó suspender temporalmente el proceso de selección de directivos en el Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena), alertando sobre posibles efectos en la transición de gobierno y cuestionando la transparencia del concurso, la entidad se pronunció de manera oficial luego de los señalamientos por parte de excandidata presidencial por el Centro Democrático.

El llamado se produce a un mes del cambio de administración y en medio de la controversia por la designación de 129 directores regionales y subdirectores de centro en la entidad.

Por todo lo anterior, en el documento emitido la mañana del martes 7 de julio de 2026, desde la institución pública se hicieron varias aclaraciones frente a lo que ellos calificaron como sobre la “información que circula sobre el proceso meritocrático que se adelanta para proveer los cargos de Director Regional y Subdirector de Centro en el SENA”.

En principio, se recalcó que el proceso de selección se ajusta a la Constitución, la ley y los decretos que regulan la provisión de estos cargos directivos.

La entidad recordó que la convocatoria se gestiona desde el 10 de agosto de 2023 y que la inscripción estuvo abierta a toda la ciudadanía, sin distinción de filiación política ni condiciones ajenas al mérito.

Dentro de las especificaciones que se compartieron en el documento oficial, desde el Sena se detalló que las tres pruebas aplicadas hasta el momento fueron elaboradas y calificadas en su totalidad por la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP), con plena autonomía e independencia.

La etapa de entrevistas, que ha generado debate público, será realizada bajo la metodología prevista en la normativa y contará con la presencia de un jurado del Departamento Administrativo de la Función Pública, entidad técnica independiente que, según la institución, garantiza imparcialidad y transparencia en la evaluación.

Asimismo, el comunicado hizo hincapié acerca de todo el proceso meritocrático, y se destacó que ha sido publicado en la página web oficial para conocimiento y control de la ciudadanía.

Además, el SENA complementó su respuesta al confirmar se han atendido todas las observaciones y recomendaciones de la Procuraduría General de la Nación, en ejercicio de sus funciones preventivas.

Para cerrar, desde la entidad se puntualizó que la selección final de los directores regionales y subdirectores de centro quedará en manos de la nueva administración del Sena, despejando dudas sobre eventuales designaciones de última hora antes del cambio de gobierno, tal y como insinuó la excandidata presidencial.

¿Qué más señaló Paloma Valencia sobre el proceso de selección en el Sena?

Valencia expresó el martes el lunes 6 de julio a través de un mensaje vía X que la dirección del Sena reactivó la etapa de entrevistas del concurso justo después de la elección del nuevo presidente, Abelardo De La Espriella.

La congresista advirtió que esta fase, que representa el 15% de la calificación final, incorpora un criterio subjetivo y podría facilitar la designación de funcionarios en cargos estratégicos antes del relevo presidencial.

“Todo indica que quieren dejar amarrados cargos estratégicos antes de entregar el poder. Es una maniobra que compromete la transparencia, genera un desgaste administrativo y financiero innecesario y dificulta la transición del gobierno del presidente electo, Abelardo De La Espriella”, señaló Valencia.

Ante estas inquietudes, la senadora pidió a la Procuraduría General de la Nación ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso, recordando que el concurso ya había sido suspendido anteriormente por presuntas irregularidades.

La congresista también solicitó a la Dirección General del SENA suspender las convocatorias mientras avanza el empalme entre gobiernos, con el fin de evitar que un proceso cuestionado condicione la dirección futura de la entidad.

Valencia hizo un llamado al equipo del presidente electo para que evalúe posibles medidas administrativas y garantice que la transición respete la voluntad ciudadana y la transparencia institucional.

“La institucionalidad no puede utilizarse para dejar cuotas de última hora. La transición debe respetar la voluntad de los colombianos y proteger la transparencia en el manejo del Estado”, concluyó la legisladora.

La polémica en torno al SENA se suma a la tensión política generada por el anuncio del presidente saliente, Gustavo Petro, quien prepara una demanda para solicitar la nulidad de la elección de Abelardo De La Espriella.

El recurso, que será presentado el martes 7 de julio ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Registraduría Nacional del Estado Civil, estará a cargo del exsuperintendente de Subsidio Familiar y exmagistrado del CNE, Luis Guillermo Pérez, e incluirá una plataforma digital para que ciudadanos se sumen a la acción.

La acusación de Uscátegui señaló que el Gobierno nacional, a través del Ministerio de Defensa, estaría promoviendo de nuevo la designación de José Gotardo Pérez Soto, coronel retirado de 82 años, como director general de la entidad pensional para los uniformados, pese a que, según la documentación presentada, no acredita el posgrado exigido para el cargo por motivos profesionales y estaría por fuera del rango de edad establecido para ejercer el cargo.

De acuerdo con la denuncia, esta situación habría sido advertida recientemente por la jefatura de personal de la Entidad Descentralizada Adscrita al Sector Defensa de la Caja de Sueldo de Retiros de la Policía Nacional y confirmada en un concepto del Departamento Administrativo de la Función Pública, desde donde se recordó que cualquier cambio en los requisitos debe respetar los principios de transparencia, igualdad y legalidad.

Ya habrían intentado ubicar a Pérez Soto en el cargo

El caso llama la atención porque, según documentos oficiales conocidos, en enero de 2026 —cuando el director era el coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz— Pérez Soto había sido postulado para el cargo. Sin embargo, el coronel Arenas envió un detallado concepto a Función Pública alegando que el uniformado no cumplía con los requisitos en cuanto a su formación académica y experiencia laboral.

Como respuesta, desde Función Pública contestaron que se podía modificar el manual de funciones y adaptarlo para el eventual funcionario.

“En este sentido, si bien el Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales constituye el instrumento técnico que define los requisitos del empleo y debe brindar estabilidad y seguridad jurídica, ello no impide que pueda ser ajustado cuando se advierta la necesidad de armonizarlo con la normativa especial vigente, particularmente con lo dispuesto en el Decreto 1070 de 2015 (...)“.

“Así las cosas, el representante legal de la entidad tiene la facultad para incorporar equivalencias a través de la unidad de personal, sin que ello implique un cambio en la naturaleza del empleo ni en su nivel jerárquico, sino una adecuación técnica orientada a garantizar coherencia normativa. No obstante, dicha modificación debe responder a criterios objetivos, estar debidamente motivada, a fin de preservar los principios de transparencia, igualdad y legalidad que rigen la gestión del empleo público, fue el concepto contenido en la respuesta de Función Pública, según el documento adjunto:

En abril de 2026 el mayor Arenas salió del cargo y el nombramiento de Pérez Soto no se hizo efectivo. No obstante, el concejal Uscátegui remitió la denuncia a la Procuraduría General de la Nación, junto con las pruebas que indicarían los nuevos intentos de modificar el Manual Específico de Funciones de la entidad para permitir la designación de Pérez Soto.

La versión del coronel retirado

Infobae Colombia contactó al coronel retirado que, en primer lugar, negó tener conocimiento alguno de la denuncia y aseguró que es cierto que fue postulado al cargo en enero de 2026, pero que, en la actualidad no está nominado.

“Eso sí fue cierto, desde enero, pero debido algunos inconvenientes personales, decliné el nombramiento”, dijo.

De la misma manera, el uniformado retirado remitió a este medio el Decreto 0629 del 19 de junio de 2026, en el cual se estableció el relevo de funciones directivas, que estaba en manos de la teniente coronel Mónica Adriana Parra Santamaría, que ocupó el cargo desde finales de abril de 2026, tras la gestión del coronel Álvaro Antonio Arenas Muñoz.

Según el decreto, la dirección de la entidad se transfirió —por encargo— al mayor Rubén Darío Murcia Domínguez, que dejaría abierta la posibilidad a un nombramiento oficial.

Al respecto, el coronel retirado dijo: “Si hubiera sido verdad, tampoco habría recibido, ya que el 7 de agosto debía presentar la renuncia por la llegada del nuevo Gobierno”.

El nuevo intento de cambiar de director de la Casur en favor del “aliado de Petro”

El concejal advirtió que desde el Ministerio de Defensa se habrían promovido actuaciones orientadas a facilitar el nombramiento, pese a las observaciones internas y externas a la entidad que indican que, en efecto, el uniformado en retiro no puede asumir el rol administrativo.

Uno de los puntos álgidos de la denuncia formulada por Uscátegui radica en el antecedente de Pérez Soto como agente oficioso en la acción de tutela que en 2014 permitió suspender provisionalmente la destitución e inhabilidad que había sido impuesta a Gustavo Petro cuando era alcalde de Bogotá.

Para el denunciante, este hecho, sumado a la aparente modificación de requisitos, genera dudas sobre un “posible pago de favores políticos” en los últimos días de la actual administración.

“Es inaceptable que, cuando faltan apenas 20 días para terminar este Gobierno, se pretenda cambiar las reglas de juego para dejar atornillado a un aliado político en una entidad que administra los recursos de retiro de miles de policías. Casur no puede convertirse en un fortín burocrático ni en el escenario para pagar favores políticos. Los héroes de Colombia merecen respeto, transparencia y una administración técnica e independiente de los intereses del Gobierno saliente”, afirmó Uscátegui en declaraciones suministradas a este medio.

El concejal también resaltó que Pérez Soto tiene 82 años, lo que supera el límite de retiro forzoso previsto en la legislación colombiana para ejercer funciones públicas.

La denuncia concluyó con un llamado a la Procuraduría para que actúe con celeridad ante estos hechos y garantice que los nombramientos en entidades estratégicas del Estado “no respondan a intereses particulares ni a eventuales compromisos políticos adquiridos por el Gobierno saliente”.

Innova Schools realizó un comunicado sobre lo sucedido: “La protección y el bienestar de nuestros estudiantes son la máxima prioridad de Innova. Por ello, tras la denuncia presentada por una madre de familia de nuestra sede Mayorazgo, queremos informar lo siguiente”. La institución se pronunció después de la denuncia por un presunto caso de violencia sexual contra un estudiante de 10 años en su sede de Ate, un hecho que activó la intervención de la Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana y derivó en la suspensión temporal de las clases presenciales por tres días.

En ese mismo pronunciamiento, el colegio sostuvo que lamenta la situación denunciada, que comprende la preocupación de la familia y de la comunidad educativa, y que la denuncia “viene siendo investigada por las autoridades competentes”. También indicó que informó el caso a la UGEL y que lo registró en la plataforma SíSeVe, el canal oficial para reportar este tipo de situaciones.

La respuesta institucional incluyó una serie de medidas internas mientras avanzan las indagaciones. Entre ellas, la designación de un nuevo director desde el lunes 6 de julio, la incorporación de un trabajador para control de disciplina y cuidantías en espacios comunes, la instalación de cámaras adicionales desde el martes 7 de julio y la apertura de espacios de escucha con delegados de todos los grados.

La protesta de padres y madres frente al colegio, reportada por Panamericana, se produjo después de que una madre denunciara que su hijo fue víctima de abuso sexual dentro de las instalaciones del centro educativo. Según ese relato, el menor fue interceptado en un baño del plantel por cuatro estudiantes de sexto grado a la hora de salida.

La denuncia de la madre apuntó a un hecho ocurrido en el baño del colegio

Durante la manifestación, la madre del niño relató ante cámaras que los alumnos involucrados redujeron físicamente a su hijo. “Le han tapado la boca, le han agarrado las manos y le han sujetado las piernas”, afirmó.

La denunciante también cuestionó la actuación del personal del plantel. “Hubo una reunión con la directora, con la psicóloga y no hicieron nada. Todo fueron promesas”, declaró al medio.

Según su versión, la denuncia presentada ante la Policía Nacional del Perú todavía no figuraba en la Fiscalía una semana después del hecho. La madre sostuvo por ese motivo que existió una acción tardía de parte de las autoridades.

Otra madre, que además cumplía funciones legales en representación de los padres, denunció durante la protesta la ausencia de representantes de la UGEL, del Ministerio de la Mujer y de la Policía Nacional del Perú. De acuerdo con su testimonio, el colegio registraba antecedentes por casos de violencia psicológica y sexual.

La DRELM suspendió las clases presenciales por tres días y activó supervisión

Ante la denuncia formulada por padres de familia del colegio Innova Schools de Mayorazgo, la DRELM informó que activó de inmediato acciones de supervisión, verificación y coordinación con las entidades competentes. El objetivo, según el organismo, es esclarecer los hechos, brindar la atención correspondiente y proteger la integridad del estudiante.

El director regional de Educación de Lima Metropolitana Marcos Tupayachi expresó su preocupación por la denuncia y señaló que la entidad verifica si el colegio actuó conforme a los protocolos establecidos. También indicó que la revisión incluye las medidas adoptadas para la protección de los estudiantes.

“Frente a cualquier situación que vulnere la integridad de un estudiante no podemos ser indiferentes. Estamos acompañando a las familias, verificando las actuaciones realizadas por el colegio y coordinando con las autoridades competentes para que se cumplan los procedimientos establecidos”, señaló el funcionario.

Por recomendación del Ministerio de Educación, la DRELM dispuso la suspensión temporal de las clases presenciales y el pase de las actividades educativas a modalidad virtual durante tres días. La medida busca facilitar el proceso de intervención y reforzar el trabajo con la comunidad educativa.

Tupayachi precisó además que desde el día siguiente al anuncio se realizarían reuniones con padres de familia de todos los niveles. Esos encuentros, según explicó, servirán para recoger demandas, atender preocupaciones expresadas públicamente y contribuir al restablecimiento de la confianza entre las familias y el equipo docente y directivo del colegio.

La autoridad regional agregó que la DRELM mantiene coordinación con la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público mientras continúan las investigaciones bajo el marco legal vigente.

El colegio anunció cambios en la dirección, más vigilancia y apoyo del equipo de bienestar

La escuela también comunicó la implementación de espacios de escucha activa con los delegados de todos los grados desde el lunes 6 de julio. Esas reuniones quedarían bajo conducción del nuevo director encargado del plantel.

A ese paquete de medidas se añadió el soporte del equipo centralizado de bienestar. Según el comunicado, ese equipo indagará conductas que afecten la convivencia en la escuela, aplicará las medidas disciplinarias correspondientes y reforzará programas preventivos con todos los miembros de la comunidad educativa.

La supervisión oficial revisa protocolos, registros y acompañamiento a la familia

La DRELM detalló que su intervención incluye la verificación de la actuación del Comité de Gestión del Bienestar del colegio. También revisa si se activaron los protocolos frente a presuntos hechos de violencia sexual y si existe documentación de las actuaciones realizadas.

Dentro de esa supervisión, el organismo examina las comunicaciones efectuadas con las autoridades competentes y las medidas de acompañamiento socioemocional brindadas al estudiante y a su familia. Esa revisión forma parte del procedimiento abierto tras la denuncia presentada por los padres de familia.

Por su parte, Innova Schools indicó que no puede adelantar detalles del caso por respeto a los menores de edad protegidos por ley y por la investigación en curso. Añadió que, una vez concluidas las investigaciones correspondientes, se tomarán “todas las medidas disciplinarias que sean necesarias”.

En el tramo final de su pronunciamiento, el colegio pidió a la comunidad educativa y a la ciudadanía actuar con responsabilidad, prudencia y sensibilidad, y evitar la difusión de información no confirmada que pueda afectar a menores de edad o al desarrollo de la investigación. También sostuvo que su compromiso es garantizar la protección y el acompañamiento de los estudiantes y de las familias que puedan verse afectadas mediante la activación de protocolos, la atención permanente y la coordinación con las autoridades competentes.

El Comité Nacional de Empalme del Gobierno de Colombia suspendió este 7 de julio de 2026 su participación en las sesiones conjuntas con el equipo entrante y llevó la disputa al terreno judicial: anunció una denuncia penal contra Carlos Alonso Lucio, al que se le acusa de afectar la honra del presidente de la República y de su gabinete con señalamientos formulados en una entrevista.

La decisión fue presentada en una declaración institucional firmada en Bogotá por Germán Ávila Plazas, Nhora Mondragón Ortíz, Augusto Ocampo Camacho y Natalia Irene Molina Posso. En ese texto, el comité sostuvo que el proceso de transición fue desviado hacia una lógica de acusación pública bajo la etiqueta de un supuesto “empalme anticorrupción”.

El punto de quiebre, según el documento oficial, fue una entrevista concedida el domingo por Lucio, integrante del comité del gobierno entrante. A partir de ese episodio, el equipo saliente afirmó que ya no existen condiciones mínimas de respeto institucional para mantener las reuniones conjuntas.

La declaración confirma la suspensión como una defensa del carácter administrativo del empalme y no como un retiro definitivo del proceso. El comité sostuvo que seguirá comprometido con sus deberes constitucionales, pero condicionó cualquier reanudación a que existan garantías de respeto recíproco y cese una narrativa que, a su juicio, desnaturaliza el propósito de la transición.

El gobierno saliente sostuvo que el empalme fue convertido en un escenario de acusación

Antes de anunciar la suspensión, el comité reivindicó el sentido institucional del proceso y marcó un límite sobre su alcance. En ese tramo del pronunciamiento afirmó: “El empalme no fue concebido para eso, el empalme no es una investigación penal, el empalme no es un juicio, el empalme no es una plataforma política, el empalme es un deber de Estado cuyo único propósito es garantizar una transición ordenada, responsable y transparente entre administraciones”.

La tesis central del documento es que el gobierno saliente considera que se instaló públicamente una presunción de responsabilidad sobre su gestión. Por eso diferenció entre el debate político y el uso de una mesa institucional para proyectar, ante el país, una lectura incriminatoria del relevo administrativo.

En esa misma línea, el comité insistió en que cualquier eventual responsabilidad debe tramitarse fuera del empalme. “Las eventuales responsabilidades disciplinarias, fiscales o penales corresponden exclusivamente a las autoridades competentes, con pleno respeto por el debido proceso, la presunción de inocencia y la independencia de la justicia”.

La denuncia contra Carlos Alonso Lucio trasladó el conflicto a las autoridades competentes

El dato de mayor peso institucional del pronunciamiento fue el anuncio de una acción penal. El comité informó: “El Gobierno Nacional radicó una denuncia penal contra el doctor Carlos Alonso Lucio, con ocasión de las declaraciones que ofreció por considerar que dichas manifestaciones afectan la honra y el buen nombre del señor Presidente de la República y de su Equipo de Gobierno”.

La declaración añade que ese conflicto debe resolverse “ante las autoridades competentes” y no en la mesa de empalme. Con esa formulación, el gobierno saliente separó la controversia política del procedimiento de transición y fijó una frontera entre el intercambio de información administrativa y las eventuales disputas judiciales.

Carlos Alonso Lucio fue identificado en el texto como integrante del comité de empalme del gobierno entrante. El documento no reproduce sus afirmaciones ni menciona el medio en el que habló, pero las califica como “graves señalamientos” contra el presidente y su equipo de gobierno.

El comité pidió presencia de la Procuraduría y destacó el acompañamiento de la Contraloría

Junto con la suspensión, el gobierno intentó reforzar la idea de apertura institucional. El comité informó que extendió una invitación formal a Gregorio Eljach Pacheco, procurador general de la Nación, para que, si lo considera pertinente, disponga la participación de procuradores delegados o de otros funcionarios competentes en las distintas sesiones sectoriales de empalme.

También saludó el acompañamiento de la Contraloría General de la República. Según el documento, la presencia de los organismos de control fortalece la transparencia, la confianza pública y las garantías institucionales para todas las partes.

Ese argumento fue reforzado con una definición política del propio comité sobre su conducta en el proceso. “No tenemos absolutamente nada que ocultar”, afirmó, antes de sostener que la transparencia se demuestra “abriendo las puertas de las instituciones” y entregando la información pública correspondiente.

El anuncio más concreto del cierre de la declaración fue la interrupción de la participación oficial en las sesiones conjuntas. El comité expresó que hoy no existen condiciones mínimas de respeto institucional para continuar mientras persistan los ataques personales y la utilización de una narrativa incompatible con la naturaleza del proceso.

Un pastor evangélico fue detenido por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) tras ser señalado por su presunta participación en delitos sexuales contra una menor de edad en Villanueva, Cortés. El hombre, de 42 años, tenía una orden judicial y fue localizado en la aldea Corinto, municipio de Omoa.

La captura se realizó luego de una investigación de la Unidad Transnacional de Investigación Criminal. Según el reporte policial, el sospechoso había salido del país después de que se conociera la denuncia.

El detenido es originario de Yoro, Yoro, y tenía residencia en el municipio de Las Cruces, departamento de Petén, Guatemala.

Sobre el detenido pesaba una orden judicial emitida por el Juzgado de Letras Seccional de Villanueva, donde se lo señala como presunto responsable de los delitos de otras agresiones sexuales calificadas y violación calificada continuada en perjuicio de una niña de 12 años.

Qué cargos enfrenta

Según el expediente investigativo, el caso comenzó después de una denuncia por un supuesto abuso sexual contra la menor. Tras recibir la información, un equipo especializado inició las diligencias para determinar las circunstancias del hecho y recopilar elementos para la investigación.

Durante el proceso, los agentes tomaron declaraciones a la menor y a sus familiares, además de coordinar evaluaciones médico-legales, cuyos resultados fueron incorporados al expediente judicial como parte de las pruebas recopiladas por los investigadores.

Dónde fue localizado

Las autoridades indicaron que, después de que se conocieron los hechos, el sospechoso presuntamente abandonó Villanueva junto con su familia y se trasladó hacia Guatemala, con la intención de evitar ser encontrado por las autoridades.

El seguimiento de los equipos especializados permitió establecer su ubicación y ejecutar la orden de captura en territorio hondureño. Luego de su arresto, fue remitido ante el órgano jurisdiccional correspondiente para continuar con el proceso establecido por la ley.

En Honduras, los delitos sexuales por los que se acusa al detenido contemplan penas de prisión que pueden incrementarse según las circunstancias y agravantes que sean valoradas durante el proceso judicial. La legislación establece sanciones más graves cuando las víctimas son menores de edad o cuando existen condiciones particulares que agravan el delito.

El organismo policial reiteró que mantiene acciones permanentes para investigar hechos que atenten contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, y recordó que toda persona acusada de un delito conserva el derecho a la presunción de inocencia mientras no exista una sentencia firme emitida por un tribunal competente.

Honduras en 2024, las autoridades investigaron denuncias contra personas vinculadas a congregaciones religiosas por supuestos abusos, lo que generó llamados de organizaciones de protección infantil para fortalecer los mecanismos de prevención, denuncia y vigilancia dentro de instituciones donde existe una relación de confianza o autoridad sobre niños y adolescentes.

Otro caso relevante ocurrió en 2025, cuando autoridades hondureñas reportaron capturas e investigaciones contra individuos acusados de delitos sexuales en perjuicio de menores de edad en distintos sectores del país.

Estos procesos derivaron la importancia de la intervención de unidades especializadas de investigación y del acompañamiento a las víctimas, debido a que muchos de estos hechos ocurren en entornos cercanos a los menores, donde los agresores pueden aprovechar vínculos familiares, comunitarios o de confianza.

La Policía de Neuquén activó la Alerta Nati por la desaparición de tres adolescentes de 14, 16 y 17 años en la capital provincial, un mecanismo previsto para la búsqueda inmediata de menores de 18 años. El aviso tiene el objetivo de evitar demorar en denuncias de este tipo. Según LMNeuquén, la alerta se emitió mientras las denuncias fueron radicadas en comisarías del oeste de la ciudad y la búsqueda se concentraba en estas horas en la capital neuquina.

La adolescente de 14 años fue identificada como María Valentina Ortiz Brizuela. La denuncia por su paradero se presentó en la Comisaría 16 del barrio San Lorenzo, en el noroeste de la capital provincial. De acuerdo con la denuncia, Valentina Ortiz: es de contextura delgada, mide 1,70 metros, tiene tez blanca, ojos marrones y cabello oscuro y largo. Además se detalló que vestía pantalón de jean azul, campera negra y zapatillas blancas la última vez que fue vista.

El segundo caso de menores de edad en la provincia de Neuquén corresponde a Brian Exequiel Altamirano, de 16 años. Su desaparición también motivó la activación del protocolo de búsqueda difundido por la fuerza provincial. Brian Exequiel Altamirano fue descrito como: de contextura delgada, de 1,70 metros de altura, tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro. Al momento de desaparecer llevaba zapatillas negras, pulóver negro y pantalón de jean color celeste.

El tercer adolescente buscado es Lucas Julián Sosa, de 17 años, con domicilio en el barrio La Sirena. Según la denuncia, es de contextura delgada, mide 1,65 metros, tiene tez trigueña, ojos marrones y cabello corto negro. Al momento de su desaparición llevaba una campera negra, además de pantalón, buzo y zapatillas del mismo color. Para aportar datos sobre él o sobre Brian, las autoridades indicaron comunicarse con la Fiscalía de Homicidios o con la Comisaría 17 al teléfono (299) 4430098.

En el caso de María Valentina Ortiz Brizuela, cualquier información debe informarse a la Fiscalía de Homicidios o a la Comisaría 16 al teléfono (299) 4485428. La publicación precisó que las denuncias por los tres casos fueron radicadas en dependencias del oeste neuquino.

La norma que regula ese procedimiento es la Ley 2705, promulgada el 30 de junio de 2010. Esta establece los procedimientos que deben seguirse ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes menores de 18 años en Neuquén. Esta legislación busca garantizar una respuesta rápida y coordinada, con la participación de organismos judiciales, policiales y de la comunidad.

La Alerta Nati debe su nombre a Natalia Ciccioli, la niña de 12 años que desapareció el 16 de enero de 1994 en San Martín de los Andes. Había salido de su casa para pasear por el centro de la ciudad y no se volvió a saber de ella. Por entonces, para denunciar la desaparición de una persona había que esperar 48 horas. El antecedente señala que el impacto social del caso llevó a vecinos de la comunidad a organizar búsquedas por su cuenta.

Actualmente, la Alerta Nati permite que el aviso de búsqueda se difunda de manera inmediata a través de los medios de comunicación, redes sociales y canales oficiales, con el objetivo de involucrar a toda la sociedad en la localización de los menores. La colaboración ciudadana resulta clave para aportar datos que puedan ayudar a dar con el paradero de los adolescentes.

Ese marco es el que ahora se aplica en la búsqueda de María Valentina Ortiz Brizuela, Brian Exequiel Altamirano y Lucas Julián Sosa, los tres adolescentes por los que la Policía de la Provincia emitió la alerta en la ciudad de Neuquén. Ante cualquier información, las autoridades solicitan comunicarse de manera urgente con las dependencias policiales correspondientes.

Después de tres años de lucha para lograr justicia por su hijo, presuntamente abusado por el padre, una mamá recibió un golpe por parte del Poder Judicial de la provincia de Río Negro que no esperaba: a sólo semanas de comenzar el juicio oral en contra de su ex, la fiscal del caso desistió de la acusación y comunicó que no va a estar presente en el debate.

Ese es el breve resumen del drama que vive por estas horas una mujer de la ciudad de Bariloche y cuya identidad prefirió reservar, al saber que deberá afrontar el proceso oral en contra del padre de su hijo el próximo 27 de julio prácticamente sola. Es decir, sin el acompañamiento del Ministerio Público Fiscal, que, pese a haber estado presente durante toda la etapa de investigación, a sólo un mes del inicio del debate resolvió que no participará con el argumento de que “no hay pruebas” en contra del acusado.

A pesar de todo, la mujer -asesorada por su abogada- resolvió que se van a presentar a fines de este mes aún cuando saben que sin la presencia de la fiscal, la acusación pierde fuerza. Infobae dialogó con la madre del chico, quien hizo presentaciones ante el jefe de los fiscales de Bariloche, Martín Lozada, para que revean la decisión de desistir de la acusación por parte de la fiscal subrogante Daniela Ortíz.

La denuncia se originó el 10 de mayo de 2023, dos días después de que su hijo, que entonces tenía tres años y medio, le relatara “algunos juegos sexuales” que supuestamente había mantenido con su padre. La madre dijo a Infobae que antes de esa revelación ya observaba crisis de ansiedad y conductas sexualizadas en el menor.

“Hice la denuncia y a partir de que hice la denuncia ahí en mayo de 2023, a él lo destituyeron del hogar. Ahí mi hijo mayor siguió contándome un montón de otras cosas más que le hacía el papá, lo que tenía que ver con situaciones de abuso. Eran juegos de masturbación, eso me lo dijeron en el hospital porque lo revisaron”, contó la madre, quien dijo que el acusado es un reconocido psicólogo de Bariloche identificado como D.E..

Señaló que, tras la denuncia, el hombre fue apartado del hogar. “Nosotros veníamos sospechando ya algunas cosas, o sea, algo le ocurría porque mi hijo sufría desmayos, tenía muchas crisis de ansiedad desde los 3 años. No entendía por qué le pasaba lo que le pasaba porque vive en un contexto de familia, no iba a guardería, mi tiempo estaba dedicado a él más allá de mi profesión”, dijo.

En ese sentido, contó que tiene un perfil especial, ya que es un gran académico, muy conocido en la ciudad. “Él es psicólogo, es licenciado en Letras, profesor en Letras con medallas de honor. Es profesor universitario también, es técnico en computación”, contó. Lo describió como a una persona con una gran capacidad de manipulación.

“Él es un gran intelectual, tiene muchas carreras universitarias, tiene mucho poder intelectual y también poder económico. Después con el tiempo fui viendo que es un psicópata, que es narcisista, pero en ese momento lo admiraba porque tiene un lenguaje muy florido”, recordó la mujer.

Aseguró que durante la instrucción aportó información de manera constante sobre lo que su hijo le iba contando, incluido un relato en el que el niño decía que su padre supuestamente lo filmaba o le tomaba fotos de sus genitales. Añadió que la primera evaluación descartó la realización inmediata de una Cámara Gesell por la edad del chico y que esa instancia recién se concretó en 2024, aproximadamente un año después.

La causa tuvo un desfile de fiscales. En primer lugar, el expediente estuvo en manos del ex fiscal Martín Govetto, especializado en Violencia de Género. Sin embargo, a finales del 2023, el funcionario se retiró y la causa recayó en el fiscal Gerardo Miranda, hasta que este año, cuando ya se preparaba el juicio, la causa pasó a manos de la fiscal Daniela Ortiz.

“Miranda estuvo en proceso de investigación. Llegamos a una cámara Gesell en el 2024. Esa cámara Gesell fue muy mal realizada, fue muy violenta, fue inducida, todo el tiempo preguntando si la mamá le había dicho lo que le tenía que decir, si la mamá le decía lo que tenía que hacer. Estaba muy inducida, más orientada hacia mí y el foco fue muy hacia mí. Durante todo este proceso yo sufrí un montón de violencias en relación a que lo que quieren hacer es como que yo estoy loca o que lo hice por conveniencia”, recordó la madre.

Fueron años de lucha, en los que económicamente la mamá lo perdió casi todo, aunque logró quedarse con la custodia completa tanto de su hijo mayor (la víctima del abuso) como del menor. “Los cuidados están a mi cargo y eso ya está definitivo de la parte de familia. Pero aún seguimos teniendo la responsabilidad parental”, indicó.

Las pruebas que había aceptado la Justicia

Finalmente, el 13 de febrero del año pasado, tras la etapa de instrucción que incluyó no sólo la Cámara Gesell sino la recopilación de otras pruebas como entrevistas psicológicas y estudios médicos, se elevó el caso a juicio oral bajo la acusación abuso sexual agravado. El debate fue aprobado por el juez de Garantías Martín Arroyo.

En la elevación, a la que accedió este medio, se detallan una a una las pruebas que se recopilaron durante la investigación. Allí se detallaba que D.E. habría realizado tocamientos impúdicos a su hijo, aprovechando la convivencia. Para la Fiscalía, en ese momento, estos actos encuadran en el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y por cometerse contra un menor de edad con convivencia preexistente, lo que eleva la gravedad penal del caso.

Durante la audiencia se admitieron las pruebas ofrecidas tanto por la fiscalía como por la querella y la defensa, lo que conforma un extenso listado de testigos y elementos documentales. Entre las pruebas centrales figuran los informes de Cámara Gesell.

Entre los testigos propuestos por la fiscalía y la querella se destacaron la propia madre del niño, además de psicólogas, docentes, profesionales médicos y allegados al entorno familiar. Del lado de la defensa, figuran peritos de parte y varias personas allegadas a D.E., incluidos familiares y colegas.

Se incorporaron como evidencia, entre otros documentos, el acta de denuncia penal, informes periciales de la licenciada Andrea Maccione, la doctora Verónica Martínez y la licenciada Silvia Ceballos, actas del Hospital Zonal y un informe integral del Cuerpo de Investigación Forense (CIF). Del mismo modo, se sumaron informes y pericias de los profesionales propuestos por la defensa.

Pese a que ya contaban con el aval del juicio oral, en diciembre pasado, la defensa solicitó una probation con el objetivo de evitar el debate. Luego de varios análisis por parte de la Justicia, la jueza Romina Martini rechazó el pedido y fijó fecha del debate oral para el próximo 27 de julio.

Después, ya con fecha fijada para el debate oral, el Ministerio Público Fiscal dictaminó a favor de la suspensión del juicio a prueba solicitada por la defensa. La querella impugnó esa postura y la decisión fue revisada judicialmente.

La jueza Martini concluyó que ese dictamen “no se apoyaba en razones de política criminal, sino en una valoración sobre la fortaleza o debilidad de la prueba, lo que consideró un error en el ejercicio de la discrecionalidad fiscal”. También señaló que no se había ponderado de manera adecuada la vulnerabilidad del niño, la solución del conflicto primario ni el estado avanzado del proceso.

El nuevo obstáculo

Unos seis meses después, cuando ya todo estaba listo para el juicio oral, el fiscal Miranda fue removido del expediente y su lugar fue tomado por Ortiz, quien a menos de un mes del comienzo del debate decidió desistir de la acusación.

“Con esta fiscal empezamos a trabajar el debate. Siempre estuvo el compromiso de acompañar a la querella. No es un caso fácil, sobre todo porque es un abuso sexual intrafamiliar de un niño de tres años”, dijo la abogada que representa a la madre a Infobae.

“A mí me convoca la fiscal para avisarme que van a desistir de la acción, o sea, de la acusación y que vaya sola. En esa oportunidad querían que yo firme con ellos el desestimiento, como que yo consienta que la fiscalía se aparte”, contó la letrada.

“Yo le dije: 'Ustedes son los responsables de avisar a la mamá esta información, así que corresponde que ustedes se reúnan por respeto también a la víctima y le digan cuáles son las razones por las cuales ustedes no van a ir’“, reveló.

La urgencia ahora es elevar cuanto antes un pedido de revisión tanto al fiscal jefe Martín Lozada como al juez Arroyo porque en agosto se vencen los tres años que establece el Código Procesal Penal de Río Negro como máximo de tiempo para que una persona esté sometida a proceso. “Si llega agosto, se cae”.

Es por eso que, pese a todo, la mamá y su abogada irán solas al debate.

Los argumentos de la Fiscalía para no acusar

En el escrito que la fiscal Ortíz envió al juez Arroyo, al que también accedió este medio, se esgrimió como argumento que "falta de pruebas suficientes, solicitando que se continúe exclusivamente la acusación particular, sin afectar su validez ni los derechos procesales adquiridos".

En ese sentido, concluyó que “no existen actualmente elementos de convicción suficientes para sostener la acusación pública ante el tribunal oral, conforme a los estándares legales y constitucionales vigentes”.

“Como es de conocimiento de las partes, en las presentes actuaciones el Ministerio Público Fiscal y la querella particular formularon oportunamente sus respectivas acusaciones, las cuales fueron sometidas al correspondiente control jurisdiccional, resultando admitidas en la audiencia prevista al efecto y disponiéndose la apertura a juicio, encontrándose actualmente fijada la fecha para la realización del debate oral”, señaló la fiscal Ortíz, reconociendo que anteriormente el MPF había sostenido la acusación.

A pesar de todo, dio marcha atrás. “Esta representación efectuó un nuevo examen integral del caso, reanalizando la totalidad de la evidencia reunida durante la investigación y el sustento probatorio de la hipótesis acusatoria oportunamente formulada”, agregó.

“Este organismo ya no se encuentra en condiciones de afirmar que el cuadro probatorio disponible permita sostener una expectativa razonable de condena conforme a los estándares impuestos por el ordenamiento procesal y constitucional”, concluyó. Al finalizar el escrito

Ante esta situación, la querella le pidió a la Procuración que “se disponga un examen integral del desistimiento” de la fiscal Ortíz, que se revoque la decisión por falta de fundamentación y que el legajo sea reasignado a los fiscales que sostuvieron la acusación en la audiencia de control o al funcionario que disponga la jefatura.

Un militar desplegado en el departamento del Cauca aseguró que en su unidad han tenido que reunir dinero entre los soldados para comprar drones de reconocimiento, ante la falta de equipos para detectar y neutralizar aeronaves no tripuladas con explosivos usadas por las disidencias de las Farc.

“Nos toca hacer la vaca el pelotón para comprar un dron de reconocimiento y que el pelotón tenga”, afirmó en una entrevista con Caracol Radio.

En ese testimonio, el uniformado explicó que la colecta depende del tamaño del grupo y del monto que cada uno pueda aportar. “A veces toca $100 o a $200 mil, dependiendo de la cantidad de hombres”, dijo, y señaló que la compra puede quedar en manos del comandante de pelotón o de un soldado designado para esa tarea.

El militar contó que incluso terminó usando un dispositivo adquirido por cuenta propia antes de su despliegue. “Yo ya había comprado un dron, pero pues como hobby, ¿si me entiende? Como algo personal, pero pues yo lo estoy utilizando acá en el pelotón para hacer reconocimientos”, sostuvo.

Consultado sobre si la comandancia está al tanto de esa práctica, el uniformado respondió que sí y lo vinculó a las limitaciones de recursos. “Ellos inclusive en los programas nos dicen que, pues la seguridad de nosotros, que hay que invertir en la seguridad, que pues ya sabemos que las limitaciones de presupuesto no alcanza para darles drones a todos, mucho menos antidrones”, afirmó.

En la misma denuncia, el militar cuestionó la utilidad en terreno de las pistolas antidrones. “Esa pistola primero que todo no sirve y pesa más que una ametralladora M60”, dijo, y agregó: “Han invertido mucha plata haciendo esa, esa clase de, de pistolas acá en Colombia”.

Tras la difusión del caso, el Ejército respondió que no se trató de una orden, sino de un “mensaje de alerta” para que las tropas se mantengan atentas y que los equipos se han entregado “en gran parte de los pelotones que están desplegados”, según la emisora.

El general Diego Jaramillo, comandante de la Brigada Veintinueve del Ejército, atribuyó esas compras a decisiones personales de los uniformados. “Son iniciativas propias de los soldados por la preocupación misma de ellos de poder: ‘¿Qué puedo hacer más?’”, afirmó, y añadió: “No es una condición que se genere, porque cada vez que ellos van a emplear o se va a emplear una unidad para una operación, se emplean todas las capacidades”.

Ante la insistencia sobre qué ocurre si en el terreno faltan equipos, Jaramillo reiteró la misma explicación. “Si ellos quieren tener más elementos, esas iniciativas propias de la misma condición de lo que ellos necesitan, por ejemplo, pero ya como iniciativa propia”, sostuvo.

Crisis financiera golpea a las Fuerzas Armadas de Colombia

El sector defensa en Colombia enfrenta una crisis marcada por la utilización de municiones y explosivos vencidos, reflejo de un deterioro institucional agravado por limitaciones financieras. Un informe de Semana expone que el Ejército, la Policía, la Armada y la Fuerza Aeroespacial operan bajo recortes presupuestales, demoras en mantenimiento y modernización, y un manejo financiero desordenado.

El presupuesto asignado para 2025 es de 33 billones de pesos, aunque $921.000 millones permanecen congelados, lo que fuerza la suspensión de compras y proyectos clave. La falta de recursos afecta la movilidad, inteligencia y equipamiento de las fuerzas públicas, mientras organizaciones ilegales fortalecen su capacidad.

Según la Contraloría, aeronaves como helicópteros UH-1N quedarán fuera de servicio sin reemplazo y el equipamiento existente se emplea en exceso. El Ejército solicitó 22 billones de pesos, pero solo recibió 12, lo que llevó a recortes del 43% en divisiones y brigadas desplegadas en zonas críticas.

El déficit presupuestal obliga a reducir dotaciones, suspender vuelos por falta de combustible y restringir gastos en brigadas, como la Cuarta Brigada en Antioquia, que recibió fondos mínimos para operar en municipios bajo control de grupos armados.

La Policía Nacional, cuyo presupuesto es de 14,7 billones frente a los 23 requeridos, destina la mayor parte a sueldos, dejando solo un 1% para inversiones estratégicas. Las reducciones afectan con más fuerza a regiones vulnerables, donde agentes deben recurrir a recursos propios y colectas para tareas básicas.

La Armada y la Fuerza Aeroespacial también reportan recortes significativos, con disminuciones en fondos para operaciones navales, tecnología y combustible. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, admitió que el presupuesto solicitado no fue aprobado y que las soluciones parciales no cubren las necesidades estructurales.

La Contraloría investiga irregularidades vinculadas a materiales vencidos y manejo de recursos. Gobiernos locales, como el de Antioquia, impulsan tasas de seguridad para compensar carencias que afectan la protección y el bienestar de policías y soldados.

Precisamente, una de las denuncias que se viralizó en la jornada del 29 de junio de 2026 tiene que ver con la presencia de ratas en uno de los sectores más reconocidos del norte de Bogotá. Se trata del Parque de la 93, que es visitado por gran cantidad de personas, en gran parte, por la oferta gastronómica que se encuentra en sus alrededores.

Sin embargo, personas que transitaban por el sector grabaron un hecho que generó indignación, debido a que los roedores se movilizaban por uno de los andenes que se encontraba lleno de residuos y bolsas que contenían alimentos que buscaban para alimentarse.

En las imágenes, que fueron difundidas por el canal de denuncias Colombia Oscura en la plataforma X, se aprecia cómo las ratas salen desde su escondite para alcanzar las bolsas de basura que están en uno de los postes de luz del sector.

La denuncia difundida por la cuenta de X relacionó el hallazgo con la película Ratatouille de Pixar, teniendo en cuenta que en el formato el protagonista es conocido así por su cuidador: “La familia de “Chefcito” fue vista buscando ingredientes frescos entre las basuras regadas por el sector. Un despliegue de lujo gastronómico roedor que preocupa a los vecinos por la falta de higiene en este espacio público".

Entre los comentarios de los internautas en la publicación se encuentran algunos como: “Así está toda Bogotá... Pero qué le podemos pedir a Galán a él le quedó grande gobernar”, “Pero en todas esas zonas del norte o de Bogotá en general en la noche y madrugada salen las raticas de las grietas” y “¿Algo nuevo que decir? O solo cosas que la gente ya tiene más que claro”.

Las reacciones de los usuarios de la plataforma digital demuestran que no es la primera vez que se realiza un hallazgo de tal magnitud, lo que llevó a la comunidad a pedir la intervención de los funcionarios de la Secretaría de Salud para controlar las plagas en esta y otras zonas de la ciudad.

“Por es prefiero la comida hecha en casa”, dijo otro de los internautas, mientras que algunas personas más afirmaron que gran parte del problema es la falta de cultura ciudadana, por aquellos que arrojan basuras a las calles y residuos de comidas que contribuyen a la proliferación de plagas.

Mujer encontró una cucaracha en su comida en la zona T

El caso de los roedores no es el único que ha ocurrido en la zona, pues el 28 de junio de 2026, una clienta del BBC de la Zona T aseguró que encontró una cucaracha sobre el recipiente en el que le entregaron su comida para llevar.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, por lo que la ciudadanía pidió respuestas sobre las condiciones del establecimiento y causó una preocupación generalizada entre aquellos que lo frecuentan. Sin embargo, entre los internautas se habló de un presunto montaje o una imagen generada por inteligencia artificial, aunque todo apunta a que la ciudadana grabó el hecho en el momento en el que le entregaron el pedido.

Entre las reacciones recogidas aparecieron mensajes de rechazo. Algunos usuarios escribieron: “A mí me sale esa vuelta en la comida y salgo corriendo por mi vida”, “Pero qué triple HP cucaracha, esa cosa me aparece en la casa y me largo del país” y “Qué asco”.

Una denuncia penal impulsada por el general Hugo López ante la Fiscalía General de la Nación marca un nuevo capítulo en la disputa interna de las Fuerzas Militares. El comandante acusa al coronel retirado Javier Valenzuela de incurrir en calumnia e injuria tras declaraciones en las que Valenzuela afirmó haber recibido órdenes directas para suspender operaciones contra grupos armados.

De acuerdo con la información suminsitrada por Asuntos Legales, el general López sostiene que jamás impartió tales instrucciones y que cualquier suspensión de operaciones en Nariño y Putumayo durante 2025 respondió a mandatos formales del Gobierno nacional, regulados por el Decreto 1052. El oficial aseguró que no existieron decisiones personales orientadas a favorecer a grupos ilegales, rechazando así las acusaciones que dañan tanto su reputación como la imagen institucional.

En el centro de la controversia se encuentran las declaraciones brindadas por Valenzuela a La FM. El excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules relató que el alto mando, a través de llamadas telefónicas, le ordenó retirar tropas de zonas donde había reportes de presencia guerrillera y armamento. Según Valenzuela, el argumento detrás de estas órdenes era la existencia de quejas en la mesa de diálogos de paz. El coronel en retiro vinculó estos hechos y su salida de la institución a posibles tensiones con el Ejecutivo derivadas de su gestión.

La denuncia penal presentada por López no solo lo acusa de afectar el buen nombre y la imagen de las Fuerzas Militares, sino también exige que el exoficial sustente sus afirmaciones ante las autoridades o proceda a una retractación conforme lo establece la ley. El comandante hizo énfasis en que la suspensión de algunas operaciones durante el periodo señalado fue resultado de directrices gubernamentales y no de iniciativas propias.

La desvinculación de Valenzuela, según la versión oficial, obedeció a procesos regulares de la carrera militar. El general López explicó que el coronel en retiro no fue seleccionado para el Curso de Altos Estudios Militares, un requisito habitual para ascensos, por lo que solicitó su retiro, aceptado formalmente en diciembre de 2025.

Valenzuela denunció freno de operativos en Nariño por los diálogos de paz

El coronel retirado Javier Valenzuela, excomandante de la Fuerza de Tarea Hércules, vinculó las restricciones a operaciones militares en Nariño con el contexto de los diálogos con disidencias.

En entrevista con La FM, explicó que bajo su mando recibió “órdenes de retirar tropas y no avanzar hacia zonas como Inda Zabaleta y el río Rosario”, pese a contar con “información de inteligencia sobre presencia de la Segunda Marquetalia, armamento, explosivos e insumos para procesar clorhidrato de cocaína”.

Valenzuela relató que asumió el cargo en diciembre de 2024, coordinando cuatro batallones y nueve municipios de la costa del Pacífico nariñense.

Señaló que “los diálogos de paz fueron un obstáculo permanente para poder realizar operaciones ofensivas con mis unidades, especialmente en el sector de Inda Zabaleta”. Describió que existía un “espacio delimitado para extraer cabecillas de la Segunda Marquetalia”, aunque ese cuadrante tenía límites temporales y finalmente “los bandidos lo tomaron como algo permanente”, afectando la operatividad militar.

El excomandante manifestó que expuso la situación a sus superiores y al ministro durante una visita a Tumaco, lo que lo volvió incómodo en la estructura militar.

Añadió que existía escasez de munición y restricciones en el entrenamiento. Sobre las órdenes, Valenzuela diferenció el apoyo recibido de la Tercera División y las directivas desde niveles más altos: “Sí recibí dos llamadas, una de quien hoy en día es el comandante general, en ese momento era jefe de Estado Mayor Conjunto, directamente el señor general Hugo López Barreto, y me ordenó retirar los pelotones que iban en dirección hacia esa zona”. También mencionó que “el señor general Erick Rodríguez también me llamó para lo mismo, retirar las tropas”.

Valenzuela afirmó que nunca recibió una explicación completa: “La orden fue: devuelva esas unidades, allá no puede ingresar porque estamos en el tema de diálogos y no, nada más”. Relacionó la restricción con quejas provenientes de la mesa de diálogos: “Sí sé de primera mano que, a través de algunos integrantes de la mesa de diálogos, por supuesto, los bandidos se quejaron con la presencia de nuestra tropa”. Su denuncia reabre el debate sobre los límites operativos en Tumaco durante las conversaciones con la Segunda Marquetalia.

El hallazgo de un cuerpo sin vida en una zona descampada de La Falda puso en alerta a la población y a las autoridades judiciales de la provincia de Córdoba. Ahora, la Justicia investiga si el cuerpo corresponde al de una mujer que desapareció en mayo.

Las fuerzas de seguridad localizaron los restos en la intersección de Santiago del Estero y Río Quinto, un sector del valle de Punilla. El procedimiento fue llevado a cabo ayer miércoles, cuando los investigadores, tras semanas de búsqueda, obtuvieron pistas que los guiaron hasta el lugar señalado, según informaron fuentes consultadas por ElDoce.tv.

El hallazgo se produjo en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas del todo, pero los primeros informes indican que el cadáver presentaba un avanzado estado de descomposición. Hace aproximadamente un mes, y a pocos metros de este lugar, había sido encontrado un cráneo en el patio de una vivienda ubicada sobre Río Quinto al 500, en el barrio Molino de Oro.

En esa oportunidad, las autoridades dispusieron una serie de estudios para establecer si los restos eran humanos y, en caso afirmativo, determinar su origen, sexo y antigüedad. Una de las hipótesis iniciales señalaba que el cráneo podría haber sido trasladado hasta la propiedad por un perro del vecindario, aunque hasta ahora no se han difundido los resultados finales de esas pericias.

Personal de la Dirección de Investigaciones Criminales y del Departamento de Homicidios, bajo las directivas de la Justicia, trabajó en el sitio para preservar la escena y comenzar el proceso de identificación de los restos. La prioridad de las autoridades es determinar si el cuerpo hallado corresponde a la mujer desaparecida, cuya búsqueda había movilizado a la familia y a diversas organizaciones sociales en las últimas semanas.

La recolección de pruebas en el lugar fue realizada bajo estrictos protocolos, dada la sensibilidad del caso y el avanzado estado de descomposición del cadáver.

Hace dos semanas, encontraron el cuerpo de Nélida Gómez, una mujer de 84 años, que era intensamente buscada desde hacía quince días tras desaparecer en la localidad bonaerense de San Justo, provincia de Buenos Aires.

Según confirmaron fuentes allegadas a la investigación a Infobae, el cadáver fue encontrado al costado de la Autopista del Oeste, a la altura de la ciudad perteneciente al partido de Morón. La identificación fue realizada por un familiar de la fallecida.

La mujer vivía sobre la calle Lezica al 3200, en San Justo, y era intensamente buscada desde el pasado 9 de junio, cuando salió sola de su casa y nunca regresó.

A partir de ese momento, su familia inició una intensa campaña de difusión en redes sociales para intentar localizarla. Sus seres queridos compartieron flyers con su fotografía y detallaron que medía aproximadamente 1,60 metro, era de contextura delgada y padecía Alzheimer. Desde el momento de su desaparición, no habían vuelto a tener noticias sobre su paradero. La denuncia por su desaparición había sido radicada en la comisaría 1ª de San Justo, bajo la carátula de averiguación de paradero.

Un ciudadano identificado como Andrés Bermúdez tendrá que someterse a una cirugía después de recibir un botellazo en el rostro en la noche del sábado 27 de junio de 2026, cuando se encontraba disfrutando del partido entre Colombia y Portugal en un bar del sector de la Primero de Mayo en Bogotá.

La agresión ocurrió en medio de una pelea dentro del establecimiento y lo obligó a pasar la noche en urgencias junto a su esposa embarazada. Por ahora, el ciudadano continúa hospitalizado y está a la espera de un traslado autorizado por la EPS para que le practiquen la intervención correspondiente.

Según relató Bermúdez a Alerta Bogotá, inicialmente intentó detener otra riña en el local: “Nosotros intervenimos porque había una pareja. Eran solamente ellos dos. Les estaban pegando muy duro las personas de seguridad. Junto con un amigo les dijimos: ‘Ya no les peguen más, déjenlos quietos, miren que son dos peladitos, déjenlos quietos, déjenlos que se vayan’”.

El afectado contó que más tarde fue al baño y, al regresar a su mesa vio que había comenzado otra pelea dentro del bar. En ese momento intentó avanzar rápido hacia su esposa, pero un integrante del personal de seguridad lo atacó sin razón aparente.

“Mi esposa me dijo: ‘Cuidado’, pero yo volteé a mirar y el tipo venía encima. Me pegó con una botella. Mi esposa me dijo que era una botella. Yo no alcancé ni siquiera a alzar la mano o defenderme. Nada. Simplemente sentí el golpe y me di cuenta de que comencé a sangrar”, declaró.

Desde que ocurrió el ataque, el ciudadano permanece hospitalizado y está a la espera de que la EPS autorice su traslado a un centro asistencial con capacidad para practicar la intervención que necesita, debido a que el hecho le dejó graves lesiones en su rostro.

En el diálogo con la emisora, el afectado reveló que la noche no dejó a una sola víctima, pues aseguró que una amiga del grupo resultó lesionada por otro miembro del personal de seguridad, que presuntamente la golpeó con un objeto contundente.

Sobre ese episodio, el ciudadano contó más detalles: “Ella estaba con el novio y con tal de defenderlo, se metió en medio, y uno de esos tipos de seguridad, que tenía un separador de los que se ponen en las filas de los bancos, salió corriendo y la golpeó, le alcanzó a tumbar tres dientes”.

El denunciante aseguró que el bar siguió operando al día siguiente

De acuerdo con el testimonio recogido por Alerta Bogotá, Bermúdez les señaló a los policías quién lo había golpeado. Aun así, sostuvo que el trabajador siguió en el lugar como si nada.

“Le dije al policía: ‘Mire, fue esa persona’. Lo alcancé a reconocer. Mi esposa lo reconoció, las otras dos personas que estaban con nosotros lo reconocieron, y no fueron capaces de pedirle la cédula (…) Me tuvieron dos horas en ese bar, esperando los documentos de la empresa logística y de una sola persona, que fue la que le tumbó los dientes a mi amiga. Y la persona que me hizo esto en la cara estaba como si nada”, relató la víctima.

En medio de la entrevista añadió que, según le comentaron algunos de sus allegados, al día siguiente de la agresión el establecimiento seguía funcionando con normalidad. También indicó que, antes de que abandonara el lugar, dos hombres se acercaron para intentar llegar a un arreglo económico.

Su versión indicó lo siguiente: “Se acercaron dos personas: uno haciéndose pasar, porque no sé si era real, por el dueño del establecimiento, y el otro, por el administrador. Se acercaron para negociar, a ofrecernos plata para que no los demandáramos, para que no hiciéramos nada”.

El caso fue publicado en Facebook por Germán Mauricio Osorio Riaño, que relató a través de un video que decidió asistir al evento con su hijo y varios socios atraídos por la cartelera de “La Combinación Perfecta”, en la que estaban anunciados Grupo Firme, J Balvin, Luis Alfonso, Rafa Pérez y Rikarena. Según su testimonio, los organizadores “vendieron cuatro y cinco veces el mismo palco”.

El denunciante dijo que nunca antes había ido a un concierto y que esta fue “la peor experiencia” de su vida, por lo que no planea volver a exponerse a las filas, tumultos y aglomeraciones que pretendía evitar con la compra del palco y que, finalmente, no hizo la diferencia porque terminó con decenas de personas en un espacio reducido.

El ingreso fue bastante complicado, pese a tener un palco pago

De acuerdo con el video, su grupo llegó hacia las 8:00 p. m., pero muchas personas se habían desplazado al lugar desde las 2:00 p. m., por lo que había una fila extensa. Además, aseguró que el trayecto desde el parqueadero hasta la zona del evento obligaba a las personas a caminar cerca de 1,5 kilómetros sobre un terreno que describió como un potrero.

El denunciante afirmó que el ingreso implicó pasar por cinco controles y que ese recorrido tomó más de una hora. Incluso, aseguró que, durante la espera, miembros de logística reconocieron problemas en la organización sin ofrecer una solución concreta.

Una vez lograron llegar al palco, “empezó a tocar J Balvin, todo el mundo se paró encima de las sillas y esa vaina no se veía un carajo. Eso uno lo veía por las pantallas gigantes. Es decir, eso y quedarse en la casa cómodamente es mejor, porque por lo menos no le echan la madre a uno, no lo empujan, la gente no le está diciendo: ‘Oiga, usted se robó mi palco’”.

En el video, el asistente cuestionó las condiciones prometidas para el palco, pues indicó que en el palco no había nevera ni hielo y agregó que los baños estaban en mal estado.

Osorio Riaño afirmó que uno de sus acompañantes intentó presentar una queja ante personal del evento, pero no obtuvo respuesta y recordó la reacción de un hombre vinculado a la organización que les dijo lo siguiente: “Si me van a grabar, no soluciono”.

La crítica también se extendió a la programación del espectáculo. Explicó que entre una presentación musical y otra se intercalaban varios DJ, lo que, a su juicio, alargaba de forma innecesaria la jornada hasta la mañana siguiente.

El asistente sostuvo que dentro del evento no había una oferta suficiente de comida y bebida y que los precios eran demasiado altos. En su mensaje mencionó directamente a Total Boletos, a los que señaló por el “desastre de logística”.

Pese a los problemas con la organización del evento, destacó a los cantantes que se presentaron en la noche: “Una mierda ese concierto. Los artistas sacan la cara como siempre”.

Al cierre de su testimonio, añadió que la salida tampoco fue sencilla y aseguró que retirar el vehículo del parqueadero tomó otra hora y media, lo que terminó por desesperarlos y llevó a que tomara la decisión de que no volvería a asistir a un concierto por la mala experiencia vivida. Y es que en estos eventos las aglomeraciones y desórdenes son el común denominador.

Entre los asistentes al festejo preparado por el team KittyPam se encontraba doña Betita, quien sorprendió al dirigirse a los presentes. Por primera vez, la madre de Pamela López habló frente a cámaras sobre la situación que enfrenta su familia desde que Christian Cueva la denunciara por, supuestamente, impedirle ver a sus hijos durante la participación de su hija en ‘La Granja VIP’. Su mensaje, lejos de buscar polémica, se centró en el agradecimiento.

“Es la primera vez que yo salgo a decir algo, sé que de repente no estoy acorde a ustedes, pero primeramente quiero dar gracias a Dios por la salud de todos ustedes y que sea por muchos años más, que conozcan el alimento espiritual que nos ayuda mucho al día a día de nosotros. Agradecerles, no hay palabras, con sus acciones dicen todo lo que ustedes son”, expresó Betita en su intervención, según recogieron medios presentes en el evento

Durante su discurso, la madre de Pamela López resaltó la importancia del respaldo recibido por parte del entorno cercano de su hija. “Muy agradecida por el cariño que le tienen a mi hijita, que sigan los éxitos para cada uno de ustedes en todo. Disculpen si no sé expresarme de la manera que ustedes desean”, añadió, mostrando un tono prudente ante la exposición mediática.

La denuncia interpuesta por Christian Cueva se hizo pública semanas atrás y generó una ola de comentarios en redes sociales. En el documento legal, el futbolista acusó a la madre de su expareja de restringirle el acceso a sus hijos, lo que avivó el debate sobre la situación familiar y las dificultades que atraviesan tras la separación de la pareja.

La familia de Pamela López ha optado por no responder con agresividad a las versiones de Cueva. En lugar de ello, han centrado sus declaraciones en la gratitud y el deseo de mantener la armonía dentro del núcleo familiar, aun cuando el proceso legal continúa su curso.

Hija de Pamela López también salió al frente por denuncia contra su abuela

El conflicto entre Pamela López y Christian Cueva sumó un nuevo capítulo con la intervención de Fabiana Ríos, la hija mayor de la empresaria. Durante el evento del club de fans ‘Las KittyPams’, Fabiana compartió su experiencia ante la situación legal y familiar que enfrenta su abuela.

La joven de 22 años relató a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ que la denuncia contra su abuela resultó especialmente dolorosa. “Que se meta con mi abuelita, una de las personas que me ha criado, fue doloroso. Aprovechándose que mi madre no podía expresarse públicamente, no podía defenderse, me pareció un golpe muy bajo de alguien que alguna vez fue tu familia”, declaró Fabiana Ríos, visiblemente afectada.

Según la hija de Pamela López, la figura de su abuela tuvo un papel fundamental durante su infancia y adolescencia. Por eso, la noticia de que estuviera implicada en el conflicto legal le generó un profundo malestar. Su testimonio puso de relieve el impacto emocional que el proceso judicial tiene en los integrantes más jóvenes de la familia.

El entorno de Pamela López ha intentado sobrellevar la situación mostrando unidad y evitando alimentar el enfrentamiento público. Tanto doña Betita como Fabiana han optado por hacer énfasis en el apoyo recibido y en su deseo de que la situación se resuelva de manera pacífica, sin recurrir a discusiones que puedan agravar la crisis.

El Mundial 2026 llegó con récords de audiencia, estadios llenos y la promesa de una fiesta global. Pero fuera de las canchas, una sombra persiste: decenas de futbolistas —activos, retirados, convocados o no al torneo— enfrentan o han enfrentado acusaciones formales por presuntas agresiones y abusos sexuales.

Esta nota documenta casos en México y en el ámbito internacional, incluyendo jugadores que participaron en la Copa del Mundo en curso. Todas las acusaciones mencionadas provienen de fuentes oficiales y registros judiciales. Ninguna equivale a una condena definitiva y aplica en todos los casos el principio de presunción de inocencia; se indica el estado procesal correspondiente a cada uno.

Chicharito Hernández: de los videos machistas a la multa federativa

El primero en encender alarmas fue Javier “Chicharito” Hernández. En julio de 2025, el exdelantero de las Chivas publicó una serie de videos en redes sociales en los que, entre otras afirmaciones, señaló que las mujeres deben estar en el hogar al cuidado del hombre. Los dichos generaron debate entre aficionados y analistas, y pusieron en duda los protocolos de género de la FMF y la Liga MX.

La presidenta de la Liga MX Femenil, Mariana Gutiérrez, respondió señalando que la liga cuenta con un protocolo claro y que todos los clubes tienen comisiones de género; las jugadoras de Chivas Femenil reprobaron las declaraciones, mientras que la esposa de un excompañero del Real Madrid pidió a la FIFA un castigo. Finalmente fue sancionado económicamente por la Comisión de Género y Diversidad de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) por las declaraciones realizadas en redes sociales.

El caso de Cuauhtémoc Blanco es de otra dimensión. El exfutbolista y actual diputado federal de Morena enfrenta una denuncia de violación en grado de tentativa interpuesta por su media hermana Fabiola “N.”, quien lo denunció en octubre de 2024 por hechos que presuntamente ocurrieron en diciembre de 2023.

La Fiscalía General de Morelos, encabezada por Uriel Carmona Gándara, presentó ante la Cámara de Diputados la solicitud de desafuero, necesaria para proceder penalmente contra un servidor público federal. Sin embargo, la Sección Instructora de la Cámara, dominada por Morena, rechazó la solicitud argumentando deficiencias en la investigación. La víctima ha solicitado protección urgente y organizaciones de mujeres siguen exigiendo justicia. Blanco niega los hechos.

Omar Bravo protagoniza uno de los casos más graves del fútbol mexicano reciente. El exfutbolista fue vinculado a proceso en octubre de 2025 por su presunta responsabilidad en el delito de abuso sexual infantil agravado cometido contra la hija de su expareja. De acuerdo con las pruebas presentadas por la Fiscalía de Jalisco, los presuntos abusos habrían iniciado en 2019, cuando la víctima tenía 11 años, y se habrían prolongado durante seis años. Bravo se encuentra actualmente recluido en el penal de Puente Grande; su defensa niega los cargos.

El triángulo peruano: Zambrano, Trauco y Peña

En enero de 2026, el fútbol latinoamericano fue sacudido por la denuncia de una joven argentina de 22 años contra tres futbolistas de Alianza Lima. Según la denuncia, los actos habría ocurrido en el Hotel Hyatt Centric de Montevideo durante la pretemporada del club; los hechos habrían tenido lugar tras el consumo de bebidas alcohólicas y en la habitación de Carlos Zambrano.

La denuncia fue archivada en Argentina al determinarse que los hechos ocurrieron fuera de su territorio; las pruebas fueron remitidas a Uruguay, donde la causa continúa su curso. Los tres futbolistas negaron categóricamente los hechos mediante comunicados públicos y fueron desvinculados de Alianza Lima.

Los casos internacionales: Villa, Alves, Partey y Greenwood

El colombiano Sebastián Villa fue condenado en 2023 a dos años y un mes de prisión condicional por violencia de género y amenazas coactivas contra su expareja Daniela Cortés, por hechos ocurridos en abril de 2020. Posteriormente, la justicia argentina absolvió a Villa de la segunda acusación —abuso sexual con acceso carnal— presentada por su expareja Rocío Támara Doldán, luego de que tanto la fiscalía como la denunciante desistieran de continuar el proceso.

El brasileño Dani Alves vivió un caso judicial de alta exposición mediática. Fue declarado culpable en febrero de 2024 de violar a una mujer en un club nocturno en diciembre de 2022 y sentenciado a cuatro años y seis meses de prisión. Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo absolvió el 28 de marzo de 2025, al considerar que las pruebas contra el deportista eran insuficientes y que el testimonio de la víctima presentaba inconsistencias. La decisión puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo español.

El exjugador del Arsenal Thomas Partey enfrenta un proceso penal aún activo. Fue acusado de cinco cargos de violación y uno de agresión sexual por parte de tres mujeres distintas; según la Fiscalía de la Corona británica, los presuntos incidentes habrían ocurrido entre 2021 y 2022. En febrero de 2026, una cuarta presunta víctima presentó nuevas acusaciones de violación por hechos que habrían ocurrido en 2020. Partey, quien actualmente milita en el Villarreal, niega todos los cargos.

El inglés Mason Greenwood fue detenido en enero de 2022 tras la difusión en redes sociales de imágenes de su expareja con lesiones aparentes. Fue acusado de intento de violación, abuso y conducta coercitiva, pero todos los cargos fueron retirados en febrero de 2023 por la retirada de testigos clave y nuevo material que no permitía sostener una perspectiva realista de culpabilidad. El caso generó un debate prolongado sobre la responsabilidad de los clubes ante denuncias de violencia de género.

Trump, la FIFA y la sombra de Epstein

El Mundial 2026 tiene una dimensión política imposible de ignorar, y su figura central acumula contradicciones difíciles de soslayar. Trump encabeza una comisión federal creada en 2025 para coordinar los esfuerzos gubernamentales del torneo, la FIFA instaló oficinas en la Trump Tower y el presidente Gianni Infantino le otorgó en diciembre de 2024 el llamado “FIFA de la Paz”, un galardón que no existía previamente. Según información difundida en medios, Trump entregará el trofeo al campeón en la final del 19 de julio en el MetLife Stadium.

Todo esto ocurre en paralelo a señalamientos que no han salido del debate público. El Departamento de Justicia publicó documentos del caso Epstein que incluyen informes del FBI con acusaciones no corroboradas de que Trump presuntamente agredió sexualmente a una menor de entre 13 y 15 años en un encuentro organizado por Epstein. La Casa Blanca calificó las acusaciones de “totalmente infundadas y sin ninguna prueba creíble.” Las acusaciones están sujetas a procesos en curso y no representan condena definitiva.

La contradicción se profundiza al comparar el trato que la FIFA da a distintos países en conflicto. Rusia fue suspendida de todas las competiciones internacionales tras su invasión a Ucrania, sanción que la dejó fuera del Mundial 2026. Sin embargo, en pleno torneo, la FIFA le abrió la puerta de regreso al invitar a su Sub-15 a un torneo en Azerbaiyán. El criterio resulta cuando menos desigual: Rusia vetada del torneo grande por su guerra, pero reintegrada por la puerta trasera, mientras Estados Unidos —que en 2025 sostuvo operaciones militares contra Irán— funge como anfitrión y su presidente como rostro institucional de la fiesta del fútbol mundial.

Nota: este texto recoge casos documentados por fuentes oficiales, medios y registros judiciales. Toda acusación mencionada está sujeta al principio de presunción de inocencia, y se indica en cada caso el estado procesal correspondiente.

Un chofer de remis de 46 años enfrenta una acusación formal por abuso sexual con acceso carnal, lesiones y privación ilegítima de la libertad, tras un hecho ocurrido en septiembre de 2025 en la ciudad de Salta. La víctima, una mujer que había salido de un boliche bailable, denunció que el conductor la agredió sexualmente dentro del vehículo luego de que los otros pasajeros descendieran, quedando a solas con el acusado.

La mujer perdió el conocimiento durante el viaje y al despertar, se hallaba en el asiento delantero del automóvil, desorientada y con signos físicos compatibles con abuso sexual. La denunciante relató que, al solicitar que la llevaran a su domicilio, el conductor se dirigió hacia una zona de descampados.

La situación se agravó cuando, en presencia de empleados de una empresa y de un efectivo policial, el vehículo redujo la velocidad. La mujer intentó descender, pero el conductor aceleró bruscamente, lo que provocó que fuera arrastrada varios metros.

Finalmente, la víctima fue asistida por personal policial, quienes la trasladaron a un centro de salud, donde recibió atención médica. El efectivo que intervino logró anotar la patente del vehículo, dato que resultó determinante para identificar tanto al propietario del vehículo como al acusado, quien alquilaba el automóvil para prestar servicio de remis.

Durante la investigación, la Fiscalía dispuso múltiples medidas probatorias: informes médicos, análisis de cámaras de seguridad, testimonios, inspección y pericia del automóvil e informes psicológicos para la víctima. Un punto central de la acusación es el resultado de la pericia genética practicada por el Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF), que detectó material biológico del imputado en el cuerpo y la ropa de la denunciante.

De acuerdo con la fiscal Morales Torino, estos elementos, junto con el resto de las pruebas reunidas, permiten considerar acreditada la existencia de los hechos denunciados y la presunta responsabilidad penal del acusado. Ahora, la Oficina Judicial deberá sortear al juez encargado del control de la acusación. Una vez designado, se convocará a las partes a la audiencia correspondiente, donde se definirá si la causa avanza hacia la etapa de juicio.

En Argentina, el abuso sexual con acceso carnal (artículo 119, tercer párrafo del Código Penal) prevé una pena de seis a quince años de prisión. Si concurren otras figuras como privación ilegítima de la libertad (artículo 142) y lesiones leves (artículo 89), el tribunal puede aplicar penas en concurso real, lo que sumaría los mínimos y máximos de cada delito, aunque existe un límite legal para las penas acumuladas.

Trabajaba como remisero y tenia pedido de captura por abuso sexual

Un hombre de 65 años prófugo por abuso sexual con acceso carnal contra una menor fue detenido en Misiones a fines de marzo mientras trabajaba de remisero. El acusado fue buscado por un hecho ocurrido en Zárate mientras convivía con la víctima al momento del ataque.

El operativo se activó cuando el sospechoso tramitó un nuevo ejemplar de su DNI, un paso que permitió a los investigadores rastrearlo. Al actualizar sus datos biométricos, declaró un domicilio en Corpus, aunque las tareas de vigilancia establecieron que se había instalado en Oberá, donde trabajaba como remisero para pasar inadvertido.

La captura fue coordinada por la Policía Federal Argentina y el Departamento de Investigaciones Complejas NEA. Los agentes obtuvieron un dato clave: el hombre tenía previsto llevar su auto a la VTV en una fecha determinada, por lo que montaron un operativo cerrojo en la intersección de la Ruta Nacional 14 y la Ruta Provincial 5.

El sospechoso fue interceptado en la vía pública mientras circulaba en su vehículo de trabajo. No ofreció resistencia y confirmó su identidad. El detenido quedó alojado en una dependencia policial a la espera de su traslado a la provincia de Buenos Aires. En el caso interviene el Juzgado de Garantías N°4 del Departamento Judicial Zárate-Campana, a cargo del juez Mariano Agustín Chausis, que deberá indagarlo.

El 24 de junio de 2026 se difundió en redes sociales la denuncia de un ciudadano antioqueño que alegó que operadores del Metro de Medellín lo expulsaron de las instalaciones luego de ingresar con una mascota en un guacal.

El denunciante explicó que, tras haber pagado su pasaje, recibió la solicitud retirarse del lugar, pese a que, según él, contaba con la documentación de la mascota, y la forma de certificar su esquema de vacunación completo.

“Con documentos en mano, me expulsan del Metro porque tenía que estar presente la dueña del perro, ya fallecida por tratamiento oncológico. Deshumanizan la realidad de los usuarios y me piden antecedentes y protocolo de delincuente”, fue la denuncia textual del hombre en su cuenta de Instagram.

Con un video, el hombre expuso los hechos y sostuvo que los funcionarios del Metro de Medellín argumentaron que él estaba intentando ingresar con el canino por fuera de los horarios reglamentados.

Al respecto, voceros oficiales de la empresa de transporte de la capital antioqueña entregaron su versión sobre los hechos a Infobae Colombia, particularmente luego de que la denuncia mereció comentarios de redes sociales que cuestionaron las políticas y horarios de ingreso de mascotas al sistema.

En primer lugar, desvirtuaron “la solicitud de la presencia de una persona fallecida” y aclararon que “no es cierto”. No obstante, sí admitieron que el hombre no pudo ingresar en el sistema con su mascota por estar, efectivamente, por fuera del horario reglamentado.

“Frente a lo ocurrido, es importante tener presente que el ingreso de mascotas a la red Metro está regulado por unas condiciones y horarios definidos en nuestro reglamento de usuario, según los parámetros de la resolución del Amva (Área Metropolitana del Valle de Aburrá). Estas medidas buscan preservar la seguridad operativa, la convivencia y el bienestar, tanto de las personas como de los animales que nos acompañan”, indicaron.

Según los portavoces del sistema de transporte, el hecho fue revisado con el personal en sitio. Tras el protocolo, confirmaron que “su actuación estuvo acorde con lo establecido”.

Aunque el ciudadano alegó que “en el Metro de Medellín desconocen y deshumanizan esa realidad (de que no podía dejar a su mascota en casa)”, desde el Metro de Medellín no desconocieron la situación personal que estaba atravesando el usuario.

“Sabemos que el señor vivía un momento complejo, pero debemos aplicar el reglamento para todos los usuarios, de manera que se garantice un trato equitativo”, aclararon.

En ese sentido, desde la red Metro expresaron el interés en este tipo de situaciones, con el entendimiento de que cada vez más usuarios quieren realizar sus recorridos con mascotas.

Por ende, confirmaron que llevan meses desarrollando “de manera articulada con la autoridad de transporte” una evaluación de “alternativas que permitan flexibilizar estas condiciones, siempre priorizando la seguridad del sistema y de quienes lo usan”.

Nuevos “Escuchaderos” en el Metro de Medellín: la apuesta por la salud mental de los antioqueños

Desde la Alcaldía de Medellín y el Metro de Medellín recordaron su estrategia de acompañamiento en salud mental con la apertura de tres nuevos Escuchaderos en las estaciones San Javier, Acevedo y La Aurora.

Esta iniciativa busca ofrecer espacios más amplios, privados y tranquilos para la atención psicológica de los usuarios del sistema de transporte masivo.

Desde 2024, los Escuchaderos instalados en el sistema metro han registrado 14.797 intervenciones psicológicas y de orientación emocional, y es una alternativa de apoyo para quienes transitan a diario por el sistema.

La secretaria de Salud de Medellín, Natalia López Delgado, destacó que con estas acciones se ha consolidado una inversión superior a 77.000 millones de pesos entre 2024 y 2025 para fortalecer la atención en salud mental. Además, la ciudad cuenta con 66 Escuchaderos permanentes distribuidos en comunas y corregimientos, facilitando el acceso a orientación y educación en este ámbito.

La jefa de Gestión Social del Metro de Medellín, Adriana María Sánchez Sánchez, explicó que el nuevo Escuchadero de San Javier funcionará en la zona de torniquetes del Metrocable J, mientras que el de Acevedo estará junto al PAC, en el tercer nivel de la estación. Estos espacios fueron diseñados para brindar mayor privacidad y mejores condiciones para la escucha y el acompañamiento emocional.

Daniel Briceño, representante a la Cámara electo por el Centro Democrático en Bogotá, alertó que el Ministerio de la Igualdad firmó y tiene previsto firmar más de 450 mil millones de pesos en contratos y convenios antes de su liquidación, en una advertencia que el político bogotano publicó en su cuenta de X.

“Mucho ojo, aquí se puede perder mucha [plata]”, escribió el representante electo, conocido por su labor de fiscalización de la contratación pública.

La alerta llega días después de que el presidente Gustavo Petro firmara el Decreto 0626 del 19 de junio de 2026, que ordena la liquidación del Ministerio de Igualdad y Equidad —uno de los proyectos centrales de su gobierno— tras el vencimiento del plazo que la Corte Constitucional le había fijado al Ejecutivo para corregir los vicios de trámite detectados en la Sentencia C-161 de 2024, que declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, norma que dio origen a la cartera.

El plazo expiró el pasado viernes 19 de junio de 2026 con el cierre de la legislatura, sin que el Congreso aprobara una nueva ley que subsanara los errores.

Lo que revelan las cifras de contratación

De acuerdo con la tabla de contratación que Daniel Briceño adjuntó a su publicación, el total general registrado asciende a $469.548.712.431 distribuidos en 62 procesos.

La categoría de mayor peso es la de contratos adjudicados: 38 procesos por $430.022.819.112, entre los que sobresale un bloque de 27 convenios que suman $355.025.622.580 y una invitación cerrada por $45.790.850.883.

El cuadro también registra 16 procesos en curso por $25.668.708.848, que incluyen siete convocatorias abiertas, ocho invitaciones abiertas y una invitación pública. A estos se suman seis procesos con declaratoria fallida por $10.159.268.850, uno sin adjudicar por COP 1.172.915.621 y un acuerdo de cofinanciación sin documentos por $2.525.000.000.

El desmonte del MinIgualdad

El que había sido una de las promesas del gobierno de Gustavo Petro desde que se posesionó como presidente de la República, comenzó su desmonte tras conocerse que el 20 de junio empezaría su liquidación.

El Congreso no aprobó la iniciativa para mantener el Ministerio, lo que deja a la cartera sin marco legal para operar. El gobierno había reiterado que era posible tramitar la propuesta en sesiones extraordinarias, pero la falta de respaldo parlamentario y el vencimiento de los plazos han cerrado esa puerta.

Así, la entidad, que lideró en primera instancia la vicepresidenta Francia Márquez, concluye su breve ciclo de tres años.

En los últimos meses, la crítica al Ministerio ganó peso en el Legislativo. El senador Carlos Fernando Motoa resumió la postura opositora al afirmar que la entidad “simboliza y representa lo que ha sido el gobierno de Gustavo Petro: improvisación, corrupción, incumplimiento de metas, baja ejecución, alta rotación de ministros y viceministros, despelote y la burocracia por encima de los intereses del país”.

Este tipo de señalamientos se volvió una constante y contribuyó a aislar políticamente la propuesta.

El perfil del denunciante y el contexto político

Daniel Briceño obtuvo más de 262.000 votos en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026, la cifra más alta para un candidato individual a la Cámara de Representantes en la historia del país.

Conocido en redes sociales como Mr. Secop, el abogado de 34 años ha centrado su actividad política en la vigilancia de la contratación estatal y la denuncia de presuntas irregularidades en la gestión pública. Asumirá su curul el 20 de julio de 2026.

La liquidación del ministerio, que estuvo inicialmente bajo la dirección de la vicepresidenta Francia Márquez, fue formalizada el lunes 23 de junio. Ese día, cientos de trabajadores de la entidad protestaron en Bogotá tras recibir una circular que les ordenaba entregar sus funciones. El decreto establece que el proceso de cierre tendrá una duración inicial de un año, prorrogable, y que las funciones del ministerio serán redistribuidas entre otras entidades del Estado.

En las últimas horas, Cecilia Ce recurrió a sus redes sociales para compartir una situación personal que rápidamente captó la atención de sus seguidores y del mundo mediático. La psicóloga y autora, conocida por su trabajo sobre sexualidad y vínculos, hizo referencia a su relación con Nacho Levy, referente de La Garganta Poderosa. Sin nombrarlo, reveló episodios de control y manipulación emocional que vivió en la etapa final de la pareja. A través de mensajes publicados en sus canales oficiales, Ce describió patrones de hostigamiento y conductas que afectaron su bienestar, y decidió dar visibilidad a su experiencia para alertar sobre estas dinámicas.

A través de una historia en su cuenta oficial de Instagram, Cecilia relató las conductas de control estricto en redes sociales y la dificultad para descansar que vivió durante la relación. En su comunicado, sobre un fondo negro, la licenciada escribió: “No duermen. Están en redes revisando, controlando. Y tampoco te dejan dormir. En el momento en que te querés dormir desatan la pelea para que, sin poder descansar, crónicamente tu sistema nervioso se desequilibre y seas vos la loca”.

En su análisis, la psicóloga aclaró que estas conductas no se trataban de exabruptos aislados, sino de un patrón de conducta que se repetía. “Es metódico y persistente. Por suerte, pude salir”, sentenció, describiendo el carácter sistemático de la manipulación y el desgaste sufrido.

Tras la viralización de su testimonio, la propia Cecilia compartió el apoyo recibido a través de mensajes de sus seguidores. “Así, miles de mensajes. Miles”, escribió en una nueva historia junto al tema “Ella” de Bebe, que habla sobre el empoderamiento, liberación y amor propio femenino, junto a la captura de un mensaje de una usuaria que le agradecía por hablar públicamente del tema: “Gracias por hablar”.

Antes de publicar su descargo personal, la profesional ya había compartido en sus redes un artículo técnico titulado “Por qué los psicópatas casi no duermen” y una segunda placa denominada: “La verdad oscura detrás de la madrugada”.

La confirmación de la ruptura y la denuncia simultánea sorprendió a muchos de los seguidores de la pareja, en parte por el tono de las interacciones públicas recientes de ambos. El vínculo entre la licenciada Ce y Levy se había hecho público a mediados de noviembre de 2025, con imágenes juntos y postales de una familia ensamblada. Durante varios meses, ambos compartieron en redes sociales momentos cotidianos y muestras de apoyo mutuo.

La repercusión del caso también se vio impulsada por el historial afectivo de Levy. Antes de su vínculo con Cecilia, el periodista había mantenido un romance de alta exposición mediática con la actriz y cantante Gloria Carrá. Aquella relación, iniciada de manera virtual, se extendió entre 2020 y fines de 2023, sumando capítulos públicos y privados que fueron seguidos por distintos medios.

Cecilia Ce, cuyo nombre real es Cecilia Canzonetta, es actualmente una de las principales divulgadoras sobre educación sexual y emocional en Argentina, con una presencia consolidada en medios de comunicación, conferencias, espectáculos teatrales y publicaciones especializadas. Por su parte, Levy es uno de los referentes más visibles de la organización social La Poderosa y de la revista La Garganta Poderosa, con participación activa en debates sociales y políticos.

Hasta las primeras horas de la mañana de este jueves, ni Nacho Levy ni los voceros institucionales de sus plataformas sociales han emitido un descargo ni comunicado oficial respecto a las afirmaciones de la psicóloga. Tampoco volvió a hacerlo Cecilia Ce. El caso permanece en el ámbito de la exposición pública, mientras equipos de asistencia y colectivos de mujeres multiplican los mensajes de solidaridad y respaldo hacia Cecilia Ce.

Según explicó el denunciante, la situación ocurrió en horas de la noche, luego de pagar el pasaje y atravesar el torniquete del sistema masivo de transporte, y su mini salchicha de cuatro kilogramos, viajaba dentro de un guacal con toda la documentación y certificación de vacunas requerida.

En un video que publicó en su perfil de Instagram, el hombre afirmó que la expulsión y la correspondiente negativa de reingreso se debió a que los operadores exigieron la presencia de la propietaria de la mascota —su pareja, una paciente oncológica que falleció recientemente— para validar el acompañamiento.

“Con documentos en mano, me expulsan del Metro porque tenía que estar presente la dueña del perro, ya fallecida por tratamiento oncológico. Deshumanizan la realidad de los usuarios y me piden antecedentes y protocolo de delincuente”, alegó el ciudadano.

De la misma manera, el hombre comentó que los funcionarios argumentaron que la retirada con la mascota habría obedecido a la restricción de horarios para viajar con animales, pese a que, durante los últimos cuatro días, él había viajado con el animal de acompañamiento emocional sin inconvenientes por la ciudad de Medellín y en esa oportunidad solo buscaba dirigirse a su vivienda tras una jornada laboral extensa.

De acuerdo con su relato, el animal pertenece ahora a sus hijos, Jerónimo y Matías, que quedaron a cargo tras el fallecimiento de su madre, pero no lo pueden cuidar durante el día, y “no lo puedo dejar en abandono allá en un apartamento desde las nueve de la mañana que estoy acá trabajando”.

Y es que según las normas del sistema de transporte, además de otras condiciones, los ciudadanos pueden movilizarse con sus mascotas de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., mientras que en sábados, domingos y festivos la restricción aplica desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

“Son las siete y veinte de la noche (...) Hay unas normas, sí, hay unos horarios. La perra está vacunada. Es una perra que pesa cuatro kilogramos y viene en su guacal. Pero en el Metro de Medellín desconocen esa realidad y me van a expulsar a mí después de haber pagado el pasaje. Honestamente, porque esa cultura ciudadana la vi acá desde que estaba en la primaria. Y esos son los funcionarios que no me permiten porque siempre me han permitido”, alegó.

También hizo un llamado a las autoridades del sistema de transporte y de la ciudad “para que tomen conciencia, y miren el tipo de sistema donde no escuchan y no humanizan estos procesos, porque hay realidades”.

El usuario expresó su inconformidad por la falta de reembolso del pasaje tras la expulsión y cuestionó la manera en la que los funcionarios gestionaron la situación. Según su testimonio, la mascota no representa un riesgo.

Desde el Metro de Medellín, hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial sobre el caso, pero el episodio despertó reacciones a favor y en contra en redes sociales sobre el trato a los usuarios con necesidades especiales y el alcance de los protocolos frente a situaciones familiares.

“La mascota está en el guacal. No le veo problema”; “¿Cuándo nos van a dejar movilizar bien con nuestras mascotas? Sean serios”; “La perrita podría pasar sin inconveniente. Únicamente son funcionarios que se quieren dar la importancia que no tienen”; “Qué tristeza. Por qué los discriminan? Los animales son más juiciosos que cualquier persona”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

Una trabajadora del hogar en México tiene derecho al IMSS desde el primer día que comienza a laborar, pero apenas el 1.8% de quienes se dedican a esta actividad cuenta con seguridad social, pese a que la ley obliga a los empleadores a registrarlas desde 2023.

De los 2.3 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado en el país —cifra de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2026—, solo 59,017 tenían afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al corte de febrero de 2026, según datos del propio instituto.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta, advirtió que la afiliación “no debe considerarse un acto voluntario, sino una obligación legal y un asunto de derechos humanos”.

Qué dice la ley

Desde el 16 de mayo de 2023, el registro ante el IMSS dejó de ser voluntario para convertirse en una obligación exigible. La base legal está en los artículos 12, fracción IV, y 239-A al 239-H de la Ley del Seguro Social.

La obligación aplica a toda persona que preste servicios de forma permanente: más de cuatro horas diarias en el mismo domicilio, al menos tres días a la semana. Si la trabajadora labora para varios empleadores, cada uno debe registrarla y pagar las cuotas que le correspondan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este marco al resolver el amparo 872/2023, en el que determinó que la ley establece un régimen de protección válido que obliga a los empleadores a inscribir a las trabajadoras, especificar los días laborados y cubrir las cuotas obrero-patronales.

Qué cubre la afiliación

Una vez registrada, la trabajadora accede de inmediato a cinco seguros previstos en la Ley del Seguro Social, sin tiempos de espera:

Enfermedades y Maternidad: atención médica, farmacéutica y hospitalaria, más pago de incapacidades.

Riesgos de Trabajo: cubre accidentes laborales, enfermedades profesionales, rehabilitación y, en su caso, pensión.

Invalidez y Vida: pensión por invalidez o para beneficiarios en caso de fallecimiento.

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: genera ahorro para pensión.

Guarderías y Prestaciones Sociales: acceso a estancias infantiles y actividades culturales y deportivas.

La afiliación al IMSS también activa de forma automática una cuenta en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde comienza a acumularse un fondo para vivienda con el mismo pago mensual.

Cómo registrarse: guía paso a paso

El trámite es gratuito y puede realizarse en línea las 24 horas en imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar/inscripcion, o de forma presencial en cualquier subdelegación del IMSS de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Para el registro en línea no se requieren documentos físicos. El empleador necesita su CURP y un correo electrónico; la trabajadora debe aportar su Número de Seguridad Social (NSS), CURP, domicilio y el salario diario o mensual. Si la trabajadora no tiene NSS, puede generarlo en línea con solo su CURP y un correo electrónico.

El proceso sigue cinco pasos:

1. Ingresar la CURP y el correo electrónico del empleador.

2. Completar los datos de contacto y domicilio, con declaración bajo protesta de decir verdad.

3. Registrar los datos de la trabajadora: NSS, CURP, domicilio, días laborados y salario. El monto declarado debe ser igual o mayor al salario mínimo de la Ciudad de México.

4. Revisar y confirmar la información antes de continuar.

5. Descargar el formato de incorporación y la línea de captura para el pago.

El pago puede hacerse en el portal de BBVA, en ventanilla bancaria o por transferencia a Scotiabank con la CLABE 044180001068672782, usando como referencia el NSS de la trabajadora (11 dígitos, sin espacios ni guiones). El comprobante debe enviarse al correo coordinacion.afil@imss.gob.mx.

El primer mes se paga a periodo vencido; los siguientes, de manera anticipada, antes del día 20 de cada mes. El aseguramiento puede contratarse por mes, bimestre, semestre o año. El IMSS ofrece un simulador gratuito para calcular el monto exacto de las cuotas en adodigital.imss.gob.mx/pth_calculadora.

Dónde denunciar si el empleador no cumple

Si el empleador se niega a registrar a la trabajadora, el IMSS habilita cuatro vías oficiales para presentar una denuncia:

Teléfono: 800 623 2323, opción 5 y luego 4.

Portal en línea: adodigital.imss.gob.mx/denunciaPTH

Correo electrónico: denuncia.enlinea@imss.gob.mx

Presencial: Departamento de Auditoría a Patrones en cualquier subdelegación del IMSS.

Para dudas relacionadas con el Infonavit, el número es 800 008 3900 desde cualquier parte del país, o 55 9171 5050 desde la Ciudad de México.

Las multas que enfrenta quien no registre

El empleador que incumpla se expone a multas de $2,346 a $41,058 pesos, equivalentes a entre 20 y 350 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al artículo 304-B de la Ley del Seguro Social.

Además, si la trabajadora sufre un accidente o enferma sin estar asegurada, el empleador deberá cubrir todos los gastos médicos de su propio patrimonio —lo que el IMSS denomina capital constitutivo—, un costo que supera con creces el de haber pagado las cuotas desde el inicio.

A pesar de los cambios que se han confirmado para que la labor de los militares, principalmente de los soldados regulares, sea digna y respetada, se han conocido denuncias en las que se habla de tratos indebidos por parte de mandos superiores.

En su cuenta de X, el sargento (r) Alexander Chala denunció que en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento 13 de la unidad táctica del Ejército Nacional, adscrita a la Décima Tercera Brigada, ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, un grupo de soldados habría sufrido tratos indebidos por parte de sus superiores.

De acuerdo con el exuniformado, los hechos se registraron sobre las 3:00 a. m. del 22 de junio, cuando a un grupo de aproximadamente doce soldados se les habría ordenado quitarse la ropa y permanecer completamente desnudos en una zona abierta. Posteriormente, habrían sido obligados a bañarse a la intemperie, mientras recibían insultos y expresiones despectivas.

El militar retirado afirmó que la orden habría sido emitida por el capitán Frank Miller González Téllez y la supervisión estuvo a cargo del sargento primero Leiva Martínez Henry Yesid; además, añadió que no es la primera vez que los soldados son víctimas de este tipo de maltratos en el lugar mencionado.

La denuncia señala que este tipo de prácticas, que incluyen maltratos, insultos y humillaciones, serían frecuentes dentro de las instalaciones y se atribuyen también a otros suboficiales. Entre ellos se menciona al sargento viceprimero Jhon Motoa Carvajal, a quien los uniformados adscritos a ese batallón acusan por el uso reiterado de expresiones ofensivas dirigidas al personal bajo su mando.

Chala aseguró que, tras lo ocurrido, los soldados afectados habrían presentado un informe al comandante de la unidad, el coronel Jesús Darío Dávila Villareal, pero hasta el momento no se habría tomado ninguna medida al respecto.

Adicionalmente, Chala mencionó que el nombre del coronel Dávila ha aparecido previamente en denuncias relacionadas con presuntos abusos, malos tratos y presuntas irregularidades administrativas en otras unidades bajo su mando en los años 2024 y 2025.

“En 2024, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Especial Energético Vial 18 en Samore (Norte de Santander), el coronel Dávila Villareal fue denunciado por un soldado por abusos y malos tratos. En 2025 también se recibió otra denuncia relacionada con presuntas irregularidades y presuntos sobrecostos en productos para el abastecimiento de varios pelotones en el área de operaciones, con precios calificados como absurdos, en la misma unidad al mando del coronel”, es parte de la denuncia que hizo el sargento (r) Chala.

El sargento (r) Chala incluyó una fotografía del presunto hecho, en la que se observa a un grupo de soldados con poca ropa en un espacio al aire libre. Chala mencionó que la intención de divulgar el material gráfico es para que el Ejército Nacional se pronuncie.

En diálogo con Infobae Colombia, el sargento (r) Alexander Chala pidió algún tipo de pronunciamiento por parte del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares, puesto que, hasta el momento, las solicitudes de las víctimas han sido ignoradas por parte de la institución.

“Solicitarle muy respetuosamente al señor comandante del Ejército Nacional que, por medio de la inspección, se verifique esta situación, en donde claramente se puede evidenciar una violación de derechos humanos en contra de un grupo de soldados. Que se investigue, se verifique y se puedan abrir los diferentes procesos, tanto disciplinarios como penales, en contra de este grupo de mandos que estuvieron en cabeza de controlar y ordenar que se realizaran estos hechos arbitrarios”, declaró el sargento retirado.

Valdiri vinculó la agresión a una fotografía que publicó junto a Abelardo de la Espriella en respaldo a su candidatura presidencial. A partir de esa imagen, sostuvo, recibió un mensaje en el que el seguidor no solo la insultó a ella, sino también a su familia.

Antes de llegar a la vivienda, la influenciadora explicó qué buscaba con el encuentro. “Él me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”, afirmó la barranquillera. También señaló que, aunque suele dejar pasar los ataques en redes sociales, esta vez decidió actuar porque “hay cosas que yo no puedo tolerar” y porque “se esté metiendo con los hijos de uno”.

El insulto a sus hijas y la llegada a la casa de Johan

Valdiri planteó que su reacción buscaba enviar un mensaje sobre el uso de las redes sociales. “Uno no puede ir por la vida escribiendo a la gente que tú ni conoces y estar amenazando y hablándole mal a las personas. Uno tiene que respetar”, sostuvo antes de encontrarse con el hombre.

Ya frente a la vivienda, mostró una publicación que atribuyó a Johan y la leyó en voz alta: “No joda por dejarme llevar de la política, me gané culo problema con La Valdiri”. Luego llamó al hombre desde la entrada y habló con una familiar que le dijo que él estaba “muy asustado”.

En ese intercambio, la creadora insistió en que no había ido a amenazar a nadie. “Yo estoy grabando aquí todo. Yo no vine aquí a amenazar ni nada. O sea, yo vengo en buena onda. Si él me tiene que decir algo, que me lo diga”, señaló.

La tensión del momento quedó concentrada en una idea que repitió varias veces: el problema no era una diferencia de opinión política, sino el modo en que esa diferencia derivó en una agresión personal. “Uno tiene que medir las palabras. Este es mi trabajo. Yo no le hago daño a nadie”, dijo.

La disculpa de Johan y el anuncio de una denuncia

Johan salió finalmente y, ante la primera pregunta de Valdiri, respondió con una disculpa. “Una disculpa. Nada, fue el calentamiento de...”, alcanzó a decir. Más adelante admitió de forma más directa su responsabilidad: “Yo cometí ese error”.

El hombre reconoció que se arrepintió después de que Valdiri le respondiera. “Me arrepentí ya cuando la señora Valdiri me había respondido, me había acostado y ya. ‘La cagué’”, afirmó.

En ese tramo, una mujer que estaba en la vivienda intervino para decir que una familiar embarazada había presentado “síntomas de aborto” por el susto del momento. Valdiri respondió que ella también padece problemas de nervios y sostuvo que un comentario como el de Johan podía afectarla de la misma manera.

Fue entonces cuando anunció la medida que, según dijo, tomará al día siguiente. “Yo a ti te voy a poner una denuncia. Yo necesito que me regales tu cédula porque yo te la voy a poner mañana, sea como sea", recibiendo una respuesta negativa de parte del implicado.

El cruce sobre política y respeto

Durante el intercambio, Valdiri insistió en que el episodio no debía leerse como una pelea partidista. Cuando Johan intentó explicar que actuó por rabia ante la posibilidad de que “este man quede de presidente”, ella lo frenó y rechazó que se insultara a otros por política.

“No pelees por temas políticos. ¿Pa’ qué se ganan un problema ajeno que ni son ni ton? Respeten la opinión de todo el mundo, que si quieren votar por el perro, por el gato, por lo que sea, que voten", agregó.

También volvió sobre el núcleo del caso cuando le preguntó a Johan qué sentiría si insultaran a su hijo. “¿Tú te imaginas que a tu hijo le dijeran malparido? ¿Qué sentirías tú cuando a tu hijo le digan malparido?”, le dijo.

Al final del encuentro, le pidió un mensaje directo a cámara. Johan respondió: “No cometan este error” y que no se metan con los hijos de los demás". Valdiri completó la idea con una frase breve: “Y a las mujeres, ¿qué?”. Él respondió: “Se respeta”.

El mensaje final de Valdiri sobre los límites en redes

Después de salir de la casa, Valdiri negó que su conducta buscara exhibir fuerza o violencia física. “Con esto no le estoy demostrando a usted que yo soy guancha, malandra”, dijo. Según su versión, fue una forma de hacer “las cosas legales” y de darle a la situación una “cachetada de guante blanco, de verdad, con educación”.

La influenciadora sostuvo que el caso debía leerse como un problema de formación y de comportamiento en espacios digitales. “Para cambiar un país”, todo empieza desde nuestros hogares, desde la educación que le damos a nuestros hijos. Por eso enséñenle a respetar", afirmó.

El incumplimiento en el pago del sueldo, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la gratificación, las vacaciones o cualquier otro beneficio laboral no solo afecta la economía de miles de trabajadores peruanos, sino que también constituye una infracción que puede ser sancionada por el Estado. Frente a estos casos, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pone a disposición un procedimiento gratuito que permite denunciar a las empresas que no respetan la normativa vigente.

Con la proximidad del depósito de la gratificación de julio y luego de la campaña de pago de la CTS, muchos trabajadores buscan conocer cuáles son sus derechos y qué hacer si su empleador no cumple con las obligaciones laborales. La denuncia puede realizarse de manera virtual o presencial, es confidencial y puede iniciarse tanto si el trabajador mantiene vínculo laboral como si ya dejó la empresa. Para ello, es importante conocer los plazos legales, reunir la documentación necesaria y seguir correctamente el procedimiento establecido por Sunafil.

¿Cuáles son los plazos máximos que estipula la ley laboral para estos depósitos económicos?

Cada beneficio laboral cuenta con fechas específicas que las empresas deben respetar. El incumplimiento o el pago fuera del plazo puede ser materia de una inspección laboral y generar sanciones económicas.

En el caso de la CTS, el depósito debe efectuarse dos veces al año, dentro de los primeros 15 días de mayo y noviembre. Si la empresa no realiza el abono dentro de ese periodo, incurre en una infracción considerada grave.

Por su parte, la gratificación debe depositarse como máximo el 15 de julio por Fiestas Patrias y el 15 de diciembre por Navidad. El beneficio equivale a una remuneración íntegra para quienes laboraron el semestre completo, mientras que quienes trabajaron menos tiempo reciben un monto proporcional equivalente a un sexto de su sueldo por cada mes calendario completo laborado.

En cuanto al sueldo, la empresa debe pagarlo en la fecha pactada en el contrato o en el reglamento interno de trabajo. Un retraso injustificado también puede ser denunciado ante la autoridad inspectiva.

Además, la legislación laboral establece que los trabajadores cuentan con un plazo de cuatro años para reclamar beneficios laborales como CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras o diferencias de remuneración, por lo que es recomendable actuar apenas se detecte el incumplimiento.

Cómo reunir las pruebas indispensables: Boletas de pago, contratos y extractos bancarios

Antes de iniciar una denuncia, el trabajador debe reunir la mayor cantidad de evidencia posible para respaldar su reclamo. Aunque durante la inspección la empresa tendrá que demostrar que cumplió con sus obligaciones, contar con documentación facilita el proceso.

Entre los principales documentos que recomienda presentar Sunafil se encuentran:

• Boletas de pago de los últimos meses.
• Contrato de trabajo o cualquier documento que acredite la relación laboral.
• Estados de cuenta bancarios donde se evidencie la ausencia del depósito de CTS, gratificación o remuneración.
• Correos electrónicos, memorandos o comunicaciones internas relacionadas con el pago pendiente.
• Convenios colectivos u otros documentos que acrediten beneficios específicos.

Todos estos archivos deben estar escaneados y guardados en formato PDF si la denuncia será presentada por internet.

Asimismo, es importante tener a la mano el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo, un correo electrónico vigente y un número de teléfono celular para recibir las comunicaciones oficiales.

Guía para interponer una denuncia laboral virtual a través de la web oficial de Sunafil

La forma más rápida de denunciar un incumplimiento laboral es mediante el aplicativo virtual de Sunafil, un servicio gratuito disponible para trabajadores y extrabajadores del sector privado.

Para iniciar el trámite es necesario:

1. Ingresar al portal oficial de denuncias de Sunafil.
2. Seleccionar la opción para registrar una nueva denuncia.
3. Completar los datos personales del trabajador.
4. Registrar la información de la empresa denunciada, incluyendo su RUC y dirección del centro de trabajo.
5. Describir el incumplimiento indicando si corresponde a falta de pago de CTS, gratificación, sueldo, vacaciones u otros beneficios.
6. Adjuntar los documentos de sustento en formato PDF.
7. Enviar la solicitud y conservar el número de expediente generado por el sistema.

También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de manera presencial en las intendencias regionales de Sunafil o, en el caso de Lima, en las oficinas ubicadas en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Una vez presentada la denuncia, la entidad realiza una evaluación preliminar y asigna el caso a un inspector laboral, quien podrá solicitar información adicional, revisar planillas, efectuar visitas al centro de trabajo y verificar el cumplimiento de la normativa.

Para consultas, Sunafil mantiene habilitada la línea gratuita 0800-16872, además de sus canales de orientación laboral.

El beneficio de la reserva de identidad del trabajador denunciante para evitar despidos

Uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores es la posibilidad de sufrir represalias luego de presentar una denuncia. Por ello, Sunafil establece que las denuncias laborales tienen carácter confidencial.

La identidad del denunciante permanece reservada durante el procedimiento inspectivo, lo que permite que el trabajador pueda comunicar incumplimientos sin que la empresa conozca inicialmente quién inició el proceso.

Solo en determinados casos, como actos de hostilidad, discriminación, accidentes de trabajo o cuando el vínculo laboral ya terminó, la entidad puede solicitar autorización expresa para levantar esa reserva de identidad con el objetivo de cumplir adecuadamente la investigación.

Si durante la revisión de la denuncia existe alguna observación o falta documentación, Sunafil notificará al trabajador mediante el correo electrónico registrado, otorgándole un plazo de dos días hábiles para subsanar la información requerida.

Multas e infracciones acumulativas que aplica el Estado a las empresas infractoras

El incumplimiento del pago de sueldos, CTS, gratificaciones y otros beneficios sociales está tipificado como una infracción en materia laboral y puede generar importantes sanciones económicas para las empresas.

Las multas varían según la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el régimen empresarial. Con la UIT 2026 fijada en S/ 5.500, las sanciones pueden alcanzar:

• Infracciones leves: hasta 1 UIT, equivalente a S/ 5.500 por trabajador afectado.
• Infracciones graves: hasta 5 UIT, es decir, S/ 27.500 por trabajador.
• Infracciones muy graves: hasta 10 UIT, llegando a S/ 55.000 por trabajador afectado.

En el caso específico del no pago de la gratificación, Sunafil recordó que el 98% de las inspecciones realizadas entre 2024 y 2025 se iniciaron por denuncias presentadas por los propios trabajadores, lo que demuestra que este mecanismo es la principal vía para detectar incumplimientos.

Las multas son independientes de la deuda laboral. Esto significa que, además de pagar el monto correspondiente al trabajador junto con los intereses legales que correspondan, la empresa deberá asumir la sanción económica impuesta por la autoridad inspectiva.

La reportera Mafer Fabela denunció públicamente al Secretario del Ayuntamiento de Toluca, identificado como Justo “N”, por el presunto delito de abuso sexual, luego de que durante la cobertura de la inauguración del Chorizo Fest 2026 habría sido víctima de tocamientos inapropiados por parte del servidor público.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 19 de junio, mientras la periodista realizaba labores de cobertura en el evento gastronómico celebrado en la capital mexiquense. A través de un video difundido en sus redes sociales, la joven relató el momento en que presuntamente sufrió la agresión.

Así narró Mafer Fabela el presunto abuso

De acuerdo con el testimonio de la comunicadora, ella se encontraba grabando el evento y levantó el brazo para obtener una mejor toma con su equipo de trabajo cuando el funcionario se acercó e inició el contacto físico sin su consentimiento.

“Agarra mi mano, estira mi brazo y le digo ‘no, gracias’. Esta persona no hace caso y aprieta más fuerte mi muñeca. Y dice ‘qué es lo peor que te puedo hacer, esto’, y procede a tocar mi cuerpo de manera indebida y repetitivamente. Yo me congelo, me hago chiquita, ¿por qué lo estás haciendo?”, expresó la reportera en el video que rápidamente se viralizó.

La denuncia provocó múltiples reacciones de apoyo hacia Mafer Fabela por parte de usuarios, periodistas y colectivos feministas, quienes exigieron una investigación imparcial y sanciones en caso de comprobarse la agresión.

CODHEM abre investigación por presunto abuso sexual

Tras darse a conocer el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó que ya inició una investigación relacionada con los hechos denunciados por la periodista.

El organismo defensor de derechos humanos enfatizó que ninguna institución pública puede permitir o normalizar conductas que vulneren la dignidad de las personas, reproduzcan violencia de género o afecten la confianza ciudadana en el servicio público.

Asimismo, la CODHEM reiteró que dará seguimiento al caso conforme a sus atribuciones legales para garantizar que se respeten los derechos de la víctima y se esclarezcan los hechos denunciados.

Exigen garantías para mujeres periodistas

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos de las mujeres señalaron que este caso refleja las condiciones de vulnerabilidad que muchas periodistas enfrentan durante coberturas de eventos públicos, incluso en presencia de autoridades.

Colectivos feministas y comunicadoras manifestaron su respaldo a Mafer Fabela y pidieron a las autoridades municipales de Toluca emitir una postura clara ante la acusación.

Además, usuarios en redes sociales cuestionaron la conducta del funcionario señalado y demandaron que el caso no quede impune.

Violencia de género en espacios públicos sigue siendo un problema

El presunto abuso denunciado durante el Chorizo Fest 2026 ocurre en un contexto nacional donde continúan registrándose casos de violencia y acoso contra mujeres en espacios laborales y públicos.

Especialistas en derechos humanos han advertido que este tipo de conductas afectan no solo la integridad física y emocional de las víctimas, sino también su desempeño profesional y el ejercicio libre del periodismo.

Infobae Colombia recibió una denuncia en la que se afirma que el alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova, nombró como funcionario a su antiguo escolta Juan Camilo Salazar Rodríguez, que presentó documentación falsa para ocupar el cargo de profesional universitario en la administración municipal.

El caso involucra a Juan Camilo Salazar Rodríguez, que figura como contratista de la Alcaldía Distrital de Tumaco desde 2026. Según documentos oficiales, su ingreso se dio bajo el cargo de profesional universitario en la Secretaría General. El vínculo se formalizó con la presentación de un diploma de Ingeniería de Sistemas supuestamente expedido por la Pontificia Universidad Javeriana y una tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

La información fue compartida por un denunciante que optó por no exponer su identidad, argumentando tener miedo de posibles represalias. En los mensajes aportados, se advierte que el funcionario habría adquirido de forma irregular tanto el título universitario como la tarjeta profesional. El denunciante sostiene que la documentación presentada ante la administración sería falsa y que el proceso para obtener la matrícula profesional no corresponde con los tiempos y requisitos reales de la carrera.

“Resulta que el escolta en mención compró título universitario y tarjeta profesional como ingeniero. Documentos que presentó ante la alcaldía para acceder a un contrato estatal como egresado de la Javeriana”, señaló el denunciante.

Al revisar el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), se indica que no existen matrículas profesionales asociadas al número de identificación de Salazar Rodríguez. El sistema responde textualmente: “No se encontraron matrículas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado”.

Este hecho contrasta con la copia física de la tarjeta profesional entregada por el funcionario y con un certificado de vigencia que aparece firmado por el director general de Copnia.

El denunciante también expuso dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos, ya que Salazar habría trabajado como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el periodo en que supuestamente cursó estudios presenciales en la universidad. “Para esa fecha él era funcionario de la UNP, y que yo sepa, uno estudia presencial en esa universidad y más en esa carrera”, se lee en uno de los mensajes.

En los chats también se describe un contexto de supuesta protección y vínculos con figuras influyentes. El denunciante insiste en la confidencialidad y en el riesgo personal al exponer la situación: “Yo no puedo hacer mucho por mi seguridad, pues para nadie es un secreto que él anda con ciertos personajes influyentes”.

Sobre el contrato de prestación de servicios presentado por la Alcaldía de Tumaco, detalla que las funciones asignadas a Salazar Rodríguez como parte de la Secretaría General incluyen coordinación de trámites, supervisión de pagos y participación en comités internos de la administración.

En los mensajes aportados por el denunciante, se mencionan comportamientos irregulares de Salazar Rodríguez en el ejercicio de sus funciones, como ausencias frecuentes y presencia en lugares de ocio durante horarios laborales. También se señala que el funcionario contaría con la protección de una nueva coordinadora, lo que le permitiría mantener su posición sin cumplir con las obligaciones asignadas.

Adicionalmente, el denunciante sugiere que la documentación falsa habría permitido no solo el ingreso a la administración municipal, sino también la posibilidad de acceder a contratos estatales en el futuro. El remitente recalca que, por motivos de seguridad, la información debe ser manejada con absoluta reserva, puesto que es sabido en la administración municipal que Salazar es una “cuota” del alcalde y las personas que han tenido inconvenientes con él han sido retiradas de sus cargos en el pasado.

Cabe recordar que Salazar Rodríguez fue judicializado en agosto de 2024 por presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, luego de ser capturado en un retén del Ejército en la vereda El Gualtal, Tumaco, cuando transportaban 1.400 cartuchos calibre 9 milímetros y 12 bultos de detergente. En ese momento, Salazar se identificó como conductor del alcalde de Tumaco.

Las requisas realizadas en los centros carcelarios del país, debido a la reciente fuga masiva de al menos 195 privados de libertad, se han desarrollado de manera “desproporcionada, humillante y abusiva, afectando gravemente la dignidad de las personas recluidas”, denuncia la Iglesia Católica.

En un comunicado, el clero señala que de los penales se han retirado las biblias, los subsidios de oración como el Pan de la Palabra, documentos de relevancia para audiencias, libros, folletos de estudio del Ministerio de Educación y del Instituto de Educación por Radio, artículos de aseo personal, ropa, sábanas y otros bienes indispensables para la vida diaria.

De igual manera, aseguran que se ha dado la merma de alimentos, escasez de agua potable y desabastecimiento de medicinas.

A raíz de la fuga masiva el 1 de junio de al menos 195 detenidos de la cárcel La Joyita, ubicada en las afueras de la ciudad capital, las autoridades han desarrollado la operación llamada “Cerrojo”, realizando requisas en los principales centros carcelarios del país.

Los disturbios dejaron tres personas fallecidas dentro del centro penitenciario. Las autoridades, según los medios de prensa, aún no han explicado las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes ni han aclarado si estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre grupos rivales o con otros hechos de violencia registrados durante el motín.

Durante los operativos “Cerrojo”, se dio a conocer que en el Centro Penitenciario de Penonomé se intervinieron 12 celdas, que albergan a una población de 679 privados de libertad, lográndose el decomiso de 167 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y $4,282.50 en efectivo.

Asimismo, se ubicaron 78 teléfonos celulares, 34 televisores, un router y un total de 1,146 artículos prohibidos de diversa índole.

En tanto, en el Centro Penitenciario La Joyita se dio con la incautación de 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, 35 cargadores de celulares, 61 routers, seis antenas.

También 37 abanicos, una máquina guira, 12 equipos de sonido, dos amplificadores, una antena wifi, tres paneles solares, 161 platinas, 52 sartenes eléctricas, 13 relojes de hombre, 7 audífonos, 19 cables USB, 3 memorias USB, un collar de fantasía, 343 sobres de drogas, $11, 873.64 en efectivo, entre otros.

Para la Iglesia, toda persona privada de libertad conserva su dignidad y sus derechos, y la pena o detención no eliminan la dignidad humana ni autorizan el abandono, la humillación o el trato cruel.

Entre los derechos que deben ser garantizados, sostiene el clero, se encuentran el trato digno, la alimentación adecuada, el acceso al agua, la atención médica, el vestido, la asistencia legal, la información, el contacto con sus familiares, la educación, el trabajo y la asistencia religiosa.

Ante esta situación, las autoridades eclesiásticas hacen un “llamado urgente” a las autoridades competentes para que se revisen los procedimientos de requisa, para asegurar que se realicen con proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

También piden que se restituya el acceso a artículos indispensables de aseo, vestido, , ropa de cama, y materiales religiosos y educativos.

La Iglesia solicita a las autoridades en su comunicado que se permita la verificación de las condiciones actuales de los privados de libertad por parte de las instituciones competentes de derechos humanos, de los organismos pastorales autorizados y de las entidades independientes.

“La crisis actual exige respuestas firmes y eficaces, pero también prudentes y respetuosas de la dignidad humana”, puntualiza el clero panameño.

La joven contó que el ataque ocurrió mientras comía con su novio y una amiga en un restaurante de la cadena El Corral. Según su testimonio, el ladrón entró al lugar y se dirigió a una mesa situada muy cerca de la suya.

Betancourt relató que ella y sus acompañantes vieron cuando el señalado atracador sacó un arma: “Nunca en mi vida me había tocado tirarme al piso para que no me fuera con una bala perdida, para que no me robaran”.

Los ladrones pretendían atracar a un hombre con una cadena de oro

De acuerdo con Betancourt, la mesa afectada estaba ocupada por una familia cubana y el objetivo del criminal era un hombre que llevaba “una cadena de oro demasiado gruesa y demasiado grande”.

Según su versión, el robo no se concretó por la reacción de los presentes en el lugar: “No lo alcanzaron a robar porque seguramente el ladrón le dio mucho miedo porque todo el mundo reaccionó como a pararse, a esconderse o a correr”.

La joven describió la escena de pánico generalizado al ver el arma, debido a que varias personas buscaron refugio y contó que ella intentó hacer lo mismo junto con su novio, que la tomó de la mano para llevarla hacia la cocina del local. Desde ese lugar, según contó, escuchó entre 2 y 3 disparos: “Nos imaginamos todo”.

Un trabajador del restaurante resultó herido, según la denuncia

La mujer afirmó que un empleado de El Corral quedó lesionado durante la balacera, pues recibió un tiro al pecho y que, cuando ella salió de la cocina, lo vio ensangrentado y tirado en el piso.

La joven aclaró que no supo con certeza si el disparo fue una bala perdida o si el asaltante le apuntó directamente al trabajador, teniendo en cuenta que ella permaneció refugiada en la cocina mientras se oían los tiros.

En el mismo relato, cuestionó la reacción de una cocinera del local, a la que señaló por exigir que aquellos que se habían refugiado en la cocina salieran de allí poco después de los disparos: “Nos empezaron a gritar a los que nos habíamos metido que nos teníamos que salir de la cocina, que no podíamos estar ahí”.

La familia atacada entró en pánico, debido a que llevaban niños pequeños

La joven también describió el impacto que el hecho tuvo sobre la familia a la que intentaron robar: “Había niños pequeños, menores de edad, yo no les pongo más de 6 años. Había dos señoras, que una de ellas era la mamá de los niños y era la más afectada porque a ella fue a la que le apuntaron en la boca para que el esposo de ella entregara la cadena tan gruesa que tenía. Al final no le robaron, no la entregó, pero esa señora quedó obviamente en pánico”.

En su video, Betancourt lamentó que el episodio hubiera afectado a visitantes extranjeros y contó que la mujer repetía: “Me voy ya mismo de ese país, mañana mismo me voy de ese país”.

La denunciante añadió que ella también quedó en estado de shock: “Yo lloraba, yo no podía dejar de temblar”. Tras confirmar que los asaltantes se fueron, la joven salió rápidamente con su novio y amiga del lugar, por lo que no esperaron a la llegada de la Policía y tampoco supieron qué pasó con el herido.

El juicio en el proceso judicial por el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, volvió a comenzar tras declararse la nulidad de todo lo actuado en el caso anteriormente.

Después de cuatro años del magnicidio, aún no se ha esclarecido la responsabilidad de los más de 20 colombianos implicados. Originalmente, las autoridades haitianas señalaron que el comando responsable estaba mayoritariamente compuesto por exmilitares sudamericanos, que habrían sido contratados por una empresa de seguridad con sede en Florida. Según las investigaciones, estos individuos aseguraron que su misión era detener a Moïse bajo una orden de captura supuestamente firmada por un juez haitiano.

El último avance relevante se registró cuando el juez Jean Roger Noelcius, que había firmado la orden de arresto, declaró ante un tribunal en Miami que el documento era ilegal y que él no tenía la autoridad para ordenar la detención de un presidente en funciones.

Noelcius reconoció que solo la Policía Nacional puede ejecutar órdenes de arresto en Haití y admitió que firmó la orden con la que fueron engañados los colombianos en 2021, justificando su actuación al indicar que fue bajo presión y fuera de sus competencias legales.

Ante esta situación, el proceso en Haití fue anulado y deberá reiniciarse, incluyendo el testimonio de Jorverneil Moïse, hijo del presidente asesinado. Mientras tanto, los colombianos acusados permanecen recluidos y sus defensores insisten en que actuaron bajo una orden legítima, desconociendo su supuesta falsedad.

La defensa también cuestionó que durante años el juez sostuvo que su firma había sido falsificada, hecho que impidió avances en la causa. Actualmente, se ejecuta un juicio en Estados Unidos que podría ser clave para la nueva etapa judicial en Haití.

Colombianos detenidos en Haití aseguran que firmaron documentos que no fueron revisados por sus abogados

En diálogo con Caracol Radio, Juan Carlos Yepes, uno de los 17 colombianos que siguen recluidos en una prisión de Haití, denunció que, tras ser detenidos por el magnicidio de Moïse, se registraron varias irregularidades procesales.

Yepes, que se retiró del Ejército colombiano, aseguró que no han tenido garantías y que los han mantenido alejados de sus abogados durante decisiones judiciales en las que se abordaron pruebas en su contra, a pesar de que estas no los vinculan con el crimen.

“Nunca tuvimos abogados”, afirmó el colombiano sobre los días posteriores al arresto y el inicio del proceso en Haití, en el que los habrían obligado a firmar documentos en francés a pesar de que ninguno de los mercenarios maneja este idioma.

“Nosotros no tuvimos representación jurídica, por eso nos hicieron firmar documentos sin saber ni siquiera qué decían los documentos. Ellos aprovecharon eso para autoincriminarnos a nosotros”, declaró Yepes.

De acuerdo con el colombiano, fueron reclutados para un tema de seguridad diplomática” y que la promesa incluyó que después de cumplir con esa misión serían vinculados a un trabajo de seguridad privada en el exterior.

“La información que me da el señor Duberney es prestarle seguridad a un personal diplomático. Cuando llego a República Dominicana es que me dicen que voy para el país de Haití, que vamos a prestarle seguridad a un personal diplomático que no confía en la policía de ese país”, narró Yepes.

El mercenario colombiano puntualizó al indicar que en Haití les hablaron sobre la captura “legal” que iban a concretar, para la cual les mostraron documentos con los que garantizaban que su accionar era legal y no tendrían ningún tipo de consecuencia jurídica. La defensa de los colombianos ha señalado que inicialmente, cuando los capturaron, fueron investigados como autores materiales del crimen, pero en noviembre de 2024 cambió la acusación a complicidad.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, no ha presentado una denuncia sobre la colocación de una corona fúnebre al exterior de su domicilio en Culiacán, Sinaloa, a seis días de los hechos.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general explicó que le fue recomendado a la legisladora presentar su denuncia para que el hecho sea investigado; sin embargo, hasta el momento no lo ha realizado.

Además, al ser cuestionados sobre el acompañamiento que se le brindó a la diputada luego de los hechos, Trevilla evitó confirmar si le será brindada protección por elementos federales y se limitó a detallar el proceso que se realiza en los casos en que se solicita esta medida.

Respecto al procedimiento, dijo que lo principal es realizar una solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para posteriormente llevarse a cabo un análisis de riesgos por parte de la Guardia Nacional (GN), con lo que se determina si es procedente dar la protección mediante escoltas o realizar patrullajes.

“Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal, se llevó a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación inmediata”, explicó.

Trevilla también dijo que se mantiene una “cercanía permanente, directa” y que se encuentran al tanto de la legisladora, aunque no brindó mayores detalles acerca de la manera en que se garantiza la seguridad de la legisladora.

Paola Gárate acusó que solo le ofrecieron acompañamiento en traslados oficiales

En días pasados, Gárate acusó que tras solicitar protección fue contactada por la Guardia Nacional, quienes solo le ofrecieron contar con acompañamiento en traslados oficiales o en situaciones específicas de riesgo.

“Me informaron que únicamente habría acompañamiento en traslados oficiales o cuando existiera alguna situación específica de riesgo”, explicó. Además, cuestionó si las medidas eran suficientes debido a que también al estar en su domicilio o con su familia está riesgo.

Estas declaraciones las realizó luego de que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, dijo de manera pública que ya contaba con seguridad luego de los hechos; sin embargo, explicó que “la respuesta fue muy distintas a lo que se dijo públicamente”.

Al respecto, Paola Gárate pidió “que se diga la verdad” y que se atienda la situación con la importancia que merece debido a que se encuentra en riesgo tanto ella como su familia.

No se trata del primer atentado en su contra: denunció haber sido privada de la libertad en las elecciones de 2021

“Quienes dejaron esa corona no fueron a buscar a una diputada en una oficina. Fueron a un domicilio particular. Fueron a mi hogar. Donde saben que vivo. La realidad es que uno no puede quitarse por unas horas el cargo de legisladora como si fuera un uniforme y volver a ponérselo después. Soy diputada las 24 horas del día, pero también soy ciudadana, mujer, hija, hermana y parte de una familia”, escribió en sus redes sociales.

Paola Gárate ha denunciado desde el Congreso local el clima de inseguridad que se vive en la entidad, en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa ha provocado una ola de violencia que ha afectado a gran parte de la entidad.

También ha reclamado a las autoridades su pasividad frente al problema de personas desaparecidas y ha señalado públicamente que las autoridades de Sinaloa no reconocen los secuestros de empresarios en el estado.

La legisladora también ha relatado que durante el proceso electoral de 2021 fue víctima de privación ilegal de la libertad por parte de grupos armados. Además, en octubre de 2025 fue despojada de su camioneta cuando se encontraba en un establecimiento en la avenida Álvaro Obregón en Culiacán.

La violencia familiar continúa siendo uno de los problemas sociales más graves en el Perú. Mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros integrantes del grupo familiar pueden ser afectados por agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas que ocurren tanto dentro como fuera del hogar. Frente a estas situaciones, muchas víctimas desconocen que existen mecanismos de protección inmediatos y servicios gratuitos del Estado diseñados para brindar ayuda especializada.

La legislación peruana, a través de la Ley N.° 30364, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el programa Warmi Ñan, pone a disposición una red nacional de atención que incluye asesoría legal, apoyo psicológico, refugios temporales y canales de denuncia que funcionan las 24 horas del día.

¿Dónde denunciar un caso de violencia familiar y quiénes pueden hacerlo?

Una de las principales preocupaciones de las víctimas es saber cómo iniciar una denuncia. De acuerdo con la normativa vigente, no solo la persona afectada puede reportar una agresión. También pueden hacerlo familiares, vecinos, amigos o cualquier tercero que tenga conocimiento de los hechos, sin necesidad de contar con una autorización o poder de representación.

Asimismo, profesionales de la salud, docentes, directores de colegios, miembros de la PNP y otras autoridades que detecten posibles casos de violencia durante el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de informar sobre estas situaciones.

Las denuncias pueden presentarse de manera verbal o escrita ante una comisaría de la Policía Nacional del Perú o directamente ante un Juzgado de Familia. En casos que involucren a niñas, niños o adolescentes, también intervienen las Fiscalías de Familia. Si los hechos constituyen un presunto delito, la denuncia puede ser presentada ante el Ministerio Público.

Un aspecto importante es que no se requiere presentar pruebas para denunciar. La víctima no está obligada a mostrar lesiones visibles, certificados médicos ni evaluaciones psicológicas para que la denuncia sea recibida. Si existen documentos o evidencias, estos pueden ser incorporados posteriormente al proceso.

Tampoco es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las entidades encargadas de recibir las denuncias pueden verificar la identidad de las personas mediante los registros oficiales. Incluso las personas extranjeras o quienes no cuenten con documentos pueden acceder al sistema de protección.

La ley también reconoce la capacidad de denuncia de los menores de edad. Las niñas, niños y adolescentes pueden reportar actos de violencia sufridos por ellos mismos o por otras personas sin necesidad de estar acompañados por un adulto.

Entre las medidas de protección que pueden dictarse a favor de las víctimas figuran el retiro del agresor del domicilio, la prohibición de acercamiento, la restricción de comunicaciones por teléfono o redes sociales y la suspensión del porte de armas, entre otras disposiciones destinadas a salvaguardar la integridad física y emocional de las personas afectadas.

Línea 100, Centros Emergencia Mujer y otros servicios gratuitos para víctimas

El Estado peruano cuenta con diversos mecanismos de atención especializada para personas afectadas por violencia contra la mujer, violencia familiar o violencia sexual. Uno de los más conocidos es la Línea 100, un servicio telefónico gratuito que brinda orientación, consejería y soporte emocional las 24 horas del día durante todo el año.

A través de esta línea, las víctimas o personas que conozcan algún caso pueden recibir información sobre los pasos a seguir y, en situaciones de alto riesgo, activar intervenciones urgentes en coordinación con otras instituciones.

Otra herramienta disponible es el Chat 100, un servicio de atención por internet que ofrece orientación psicológica en tiempo real. Este canal es confidencial y está dirigido especialmente a personas que enfrentan situaciones de violencia en relaciones de pareja, enamoramiento o dentro del entorno familiar.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) constituyen uno de los principales pilares de atención. Estos espacios especializados ofrecen acompañamiento legal, asistencia psicológica y apoyo social de manera gratuita. Actualmente existen cientos de sedes distribuidas en todo el país, incluyendo centros ubicados dentro de comisarías que funcionan las 24 horas.

Cuando la situación representa un riesgo moderado o severo para la víctima, interviene el Servicio de Atención Urgente (SAU). Este mecanismo moviliza equipos especializados hasta el lugar donde se encuentra la persona afectada para brindar atención inmediata y coordinar acciones de protección con las entidades competentes.

En las zonas rurales y comunidades indígenas opera el Servicio de Atención Rural (SAR), diseñado para facilitar el acceso a la justicia con enfoque intercultural. Sus equipos trabajan en diversas regiones del país brindando orientación, prevención y acompañamiento a personas afectadas por hechos de violencia.

Además, existen los Hogares de Refugio Temporal (HRT), espacios seguros destinados a mujeres que enfrentan situaciones de alto riesgo, especialmente cuando existe peligro de feminicidio o amenazas graves contra su integridad física y mental. Estos refugios también brindan protección a sus hijos menores de edad y ofrecen alimentación, atención psicológica, asistencia social y acompañamiento permanente.

Otro servicio impulsado por el MIMP es la Asistencia Económica, dirigida a hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Este apoyo busca garantizar la continuidad de estudios y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido a sus madres a causa de este delito.

Integrantes de disidencias de las Farc y del ELN estarían viajando a Ucrania para recibir entrenamiento, de acuerdo con la denuncia de un militar colombiano que lleva un año combatiendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Según el denunciante, cuya identidad no fue revelada, varios miembros de estos grupos armados ilegales han buscado capacitarse en el uso de drones FPV, explosivos, minas, lanzacohetes RPG, francotiradores y artillería, con la intención de regresar a Colombia y aplicar esos conocimientos en acciones contra la Fuerza Pública.

Según el testimonio, publicado por Caracol Radio, la alerta surgió cuando al combatiente le asignaron a un hombre que, durante una conversación, reconoció que pertenecía al frente Daniela Aldana de las Farc.

“Yo tengo un año de estar acá en Ucrania combatiendo contra Rusia. Yo demoré 18 años en la gloriosa Infantería de Marina en Colombia. Me mandaron un personal y el muchacho sale siendo de las Farc. Y orgullosamente lo dice él, orgullosamente de las Farc, del frente Daniela Aldana, terrorista de las Farc, que él vino a entrenarse acá, a capacitarse como dronista, para irlo a replicar en contra de nuestra fuerza pública”, reveló el militar.

La situación fue detectada porque el denunciante, como líder de equipo, debía conocer el perfil de sus compañeros en medio del conflicto. Según explicó al medio, el hombre evitaba responder preguntas sobre su pasado, lo que generó sospechas.

“Empecé a hablar de política con los muchachos. Cuando empezamos a hablar de política, él votó el chupo. Ah, paramilitares, asesinos, que no sé qué. Que por eso era que le ponía explosivo al Ejército allá (sic)”, relató.

El denunciante narró que “se exaltaron” por el intercambio de ideas y la tensión se tradujo en confrontación física que obligó a otro comandante a intervenir.

“Él dijo: ‘no, sí, yo orgullosamente soy guerrillero. Lo que pasa es que estos acá se ponen a hablar que hay que bombardear a la guerrilla, que hay que acabar a esos grupos. Y eso me ofende porque yo soy guerrillero’. Y yo le dije, ven acá, ¿y tú qué estás haciendo acá? ‘Yo vine acá fue a entrenarme para replicar eso en contra del Ejército porque bastante explosivo que le puso al Ejército y a la Policía y los matábamos’”, afirmó el militar.

Por eso el militar puso el caso en conocimiento de las autoridades ucranianas y de Interpol, que establecieron contacto con las instituciones colombianas.

Además, relató que situaciones similares se han presentado con presuntos miembros del ELN y personas relacionadas con carteles mexicanos, que han sido expulsadas o capturadas tras ser identificadas.

“Ya el otro día aquí pasó. Llegaron cinco elenos y los sacaron. Esos sí los expulsaron. Ellos creen que esto acá es mercenario. Que aquí puede venir el bandido, el ladrón, el violador. No. Esto aquí es un ejército. Usted firma contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania y está la inteligencia ucraniana”, relató.

El entrevistado detalló que en Ucrania “se puede adquirir conocimiento en varias áreas de combate. A usted acá le dan todos los conocimientos porque usted viene y firma contrato y viene a militar. Y le dan todas las armas, de la más liviana a la más pesada”.

Según el militar, estos conocimientos podrían emplearse en Colombia para atacar vehículos blindados de la Armada, del Ejército y carros de fuerzas especiales. “¿Qué quieren hacer ellos? Destruir las nodrizas de la Armada que son blindadas, los carros del Ejército, los blindados, las tanquetas del Esmad, ¿y por qué no a los políticos, los carros blindados de los políticos, sin SPV de esos? Nosotros aquí frenamos a los rusos es por los SPV que destruyen esos tanques blindados como un cuchillo que le pasa a la mantequilla”, señaló.

Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que las autoridades desplegarán todos los recursos para investigar los hechos y actuar frente a posibles entrenamientos en el exterior. “Los criminales intentarán buscar dónde se capacitan mejor para asesinar a colombianos y detrás de esta denuncia aplicaremos todas las capacidades para investigar y para actuar”, aseguró el ministro citado por Caracol Radio.

El 11 de junio, el candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra Abelardo de la Espriella, su rival en la segunda vuelta electoral.

Cepeda acusó al abogado de haber incurrido en delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La denuncia es por los delitos de concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Durante una rueda de prensa, Cepeda afirmó que esta acción judicial se diferencia de otras contra De la Espriella porque incorpora nuevos elementos y documentos recabados en procesos judiciales y de esclarecimiento de la verdad. Según Cepeda, siempre se había sospechado la complicidad de De la Espriella con los paramilitares, pero ahora asegura contar con pruebas documentales que demostrarían su pertenencia a las AUC.

El candidato sostuvo que existen elementos probatorios que indicarían que De la Espriella habría colaborado en el reclutamiento de personas para los paramilitares y que habría intentado silenciar a líderes de las AUC para evitar que revelaran su participación en crímenes cometidos. Además, el denunciante mencionó presuntas pruebas de sobornos relacionados con la elección de Mario Iguarán como fiscal general.

La denuncia ha hecho que se recuerde el rol que tuvo el abogado durante el “Acuerdo de Ralito”, como se le conoce al acuerdo de paz que las AUC firmaron con el Estado.

El rol de Abelardo de la Espriella en el Acuerdo de Ralito

Abelardo de la Espriella desempeñó un papel visible en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principalmente a través de su participación en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz). Esta organización tuvo la responsabilidad de organizar la estructura y algunos aspectos logísticos de la negociación, lo que situó al abogado en encuentros y escenarios clave donde voceros de las AUC y representantes del gobierno sostuvieron conversaciones formales.

Su presencia fue documentada en fotografías de esos encuentros y, según declaraciones del propio De la Espriella, su rol se limitó al acompañamiento civil y a la gestión de actividades públicas dentro del marco del proceso.

Durante ese periodo surgieron acusaciones señalando al abogado como “empleado” de los cabecillas paramilitares involucrados en el Acuerdo de Ralito. Esas imputaciones incluyeron testimonios de presuntos testigos que afirmaron que De la Espriella recibió dinero de integrantes de las AUC, específicamente de alias Macaco; sin embargo, el principal testigo que lo implicó terminó retractándose públicamente, reconociendo que su acusación fue un error. De la Espriella aclaró en medios de comunicación que conoció a Salvatore Mancuso desde la infancia, pero nunca tuvo vínculos cercanos con él durante el tiempo que estuvo en las AUC.

Las actividades desarrolladas por la Fipaz, bajo la coordinación de De la Espriella, incluyeron la organización de foros públicos, a los cuales se convocó a la prensa. En una de las investigaciones judiciales que se abrieron sobre estos hechos, se confirmó que los pagos para la realización de estos foros provinieron de los propios paramilitares, pero con la autorización del Gobierno Uribe, lo cual fue consignado en los procesos respectivos.

Las denuncias penales abiertas contra De la Espriella por supuestos vínculos con el paramilitarismo y el manejo de dineros ilícitos fueron archivadas y precluidas en 2009 por la Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo, que determinó que no existían méritos legales para continuar con la acusación. El propio De la Espriella ha señalado que todo su accionar durante el proceso de paz se ajustó a la legalidad, considerándolo una “labor de paz” y ha defendido públicamente su participación en ese contexto, asegurando que, de ser necesario, lo volvería a hacer.

En diálogo con Caracol Radio, Salvatore Mancuso confirmó que conoció a Abelardo de la Espriella en su juventud, y aunque afirmó que la amistad sigue vigente, no vinculó al jurista con las AUC.

“Abelardo es amigo, conocido desde jóvenes, lógico, yo tengo más edad que él. Abelardo es muy amigo, tenía una relación muy profunda, muy grande con el doctor Mario Iguarán para esa época, desde antes de que fuera fiscal. Cuando fue fiscal general eran amigos íntimos, tenían una gran ascendencia el uno sobre el otro y básicamente es lo que conozco al respecto”.

Durante casi una década, Griselda B.M. convivió con los abusos sexuales que perpetró su propio padre en la provincia de Misiones. A los 36 años, tras tres intentos frustrados y años de silencio, formalizó la denuncia judicial este año. La noticia de que la causa fue declarada prescripta la empujó a exponer públicamente su historia a través de una carta abierta, en la que cuestionó la decisión judicial y relató las consecuencias que arrastra desde la infancia. La notificación oficial confirmó que la acción penal no podrá avanzar por los plazos establecidos en la ley.

Según explicó Griselda B.M. en declaraciones a FM Show y en su carta difundida en redes sociales, los abusos comenzaron cuando tenía ocho años y se prolongaron hasta su mayoría de edad. Producto de esas agresiones, tuvo un hijo que hoy tiene 19 años y recibe asistencia psicológica. Actualmente, la mujer confirmó que su hijo ya conoce la verdad sobre su origen biológico.

La denuncia, radicada el 12 de febrero de este año en la Comisaría de la Mujer de Montecarlo, fue elevada al Juzgado de Instrucción Nº 1, Secretaría Nº 2, de la IV Circunscripción Judicial con asiento en Puerto Rico. La documentación aportada incluye constancias policiales y la carátula de la causa por “Delito contra la Integridad Sexual”, en la que figura Juan M. como acusado. Pese a ello, y tras meses de espera, la víctima fue notificada de que el expediente quedó archivado por prescripción.

En su carta abierta, Griselda B.M. expresó: “Hoy me veo obligada a hacer pública mi profunda indignación, tristeza y repudio ante la resolución judicial que declaró prescripta la causa por abuso sexual que sufrí durante mi infancia”. Agregó: “No hablo de un simple expediente. Hablo de años de dolor, de silencio, de miedo y de consecuencias que marcaron para siempre mi vida. Hablo de un abuso cometido por quien debía protegerme: mi propio progenitor”.

La mujer remarcó que la resolución judicial “no niega que los hechos hayan ocurrido”, aunque objetó que el paso del tiempo impida avanzar con el reclamo penal. “La prescripción podrá cerrar una causa judicial, pero no borrará la verdad. No borrará la memoria. No borrará el daño causado. Y no borrará mi voz”, afirmó. Durante la entrevista, Griselda B.M. relató que intentó denunciar en tres oportunidades anteriores, pero enfrentó resistencias en el entorno familiar. La carta concluye con la contudente frase: “Mi voz no prescribe”.

“Hasta el día de hoy no tengo contacto con ellos por ese tema”. También recordó que en el último tramo de la escuela secundaria, cuando quedó embarazada: “Ellos quisieron que yo aborté, pero igual cursé con la panza y todo”. Algunos familiares le sugirieron interrumpir la gestación y relató que el acusado le pedía que atribuyera el embarazo a otra persona: “Me decía que diga el nombre de cualquier otra persona”.

La mujer no mantiene vínculo con su padre y existe una restricción de acercamiento. Aseguró que nunca fue citada a realizar estudios genéticos vinculados a la investigación y que tampoco recibió citaciones judiciales tras su denuncia.

Griselda B.M. afirmó que su objetivo al difundir el caso es alentar a otras víctimas a denunciar y reclamar una revisión de la situación judicial para los delitos sexuales cometidos en la infancia. “No quiero que esto se repita y quiero que las víctimas se animen a hablar, a denunciar y que la Justicia revea la situación”, expresó. Mientras evalúa los pasos a seguir, sostuvo que continuará buscando que su historia sea escuchada: “Hoy levanto la voz por mí, por mi hijo y por todas las personas que han sobrevivido al abuso sexual en la infancia”.

Una oficial principal de la Policía del Chaco denunció un caso de abuso sexual que involucra a un comisario retirado y a otro hombre en la provincia argentina. El hecho ocurrió el 6 de junio en una vivienda particular, donde la mujer de 33 años, relató que mantuvo una relación sexual consentida con G.G., hombre de 50 años y excomisario, antes de quedar inconsciente. Al despertar, se encontró desnuda junto a J.R. alias “Choca”, quien la estaba abusando sexualmente.

La víctima, identificada con las iniciales E.E.N. realizó la denuncia el 8 de junio en el Departamento de Violencia Familiar y de Género del área Metropolitana, tras regresar a Resistencia. Según Diario Norte, la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de San Martín, que investiga el presunto abuso y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Ambos acusados fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia provincial mientras avanza la investigación. En su testimonio, la mujer relató que viajó a General San Martín para visitar a una amiga y participó de una cena y una salida social con varias personas. Posteriormente, se dirigió a un domicilio en calle Saavedra al 800, donde mantuvo un encuentro íntimo consentido con P.P.G., comisario inspector retirado.

Según la denuncia, la víctima perdió la conciencia y horas más tarde, la oficial se despertó. La mujer estaba sin ropa en una cama, mientras el dueño de la vivienda, J.R. (alias “Choca”), la estaba abusando sexualmente. Logró apartarlo y preguntó por el excomisario, quien ya no se encontraba en el lugar. Luego fue trasladada a la casa de su amiga y decidió no realizar la denuncia esa misma noche por temor, formalizándola días después.

La Fiscalía Penal N° 1 de San Martín dispuso la detención de ambos acusados, la realización de peritajes médicos en el Hospital Perrando, la toma de testimonios y la ampliación de la declaración de la denunciante. La investigación se encuentra en etapa preliminar, y se busca esclarecer la responsabilidad de los involucrados. Las fuentes judiciales confirmaron que se activaron medidas de protección y asistencia para la víctima.

Un efectivo policial fue condenado por abuso sexual en Viedma

El oficial inspector Jorge Antonio Bustos recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual agravado contra una colega, según el fallo del Tribunal de Juicio Penal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro. En 2024, un hecho de abuso sexual dentro de una dependencia policial de Viedma derivó en la condena de un agente de la fuerza provincial.

La sentencia fue dictada este martes y dispuso tanto medidas restrictivas como la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de tratamiento psicológico y la desvinculación definitiva del condenado de la fuerza policial. El precedente judicial establecido en Viedma, resulta relevante para el caso denunciado en Chaco.

El episodio ocurrió en la comisaría 34° de Viedma, donde Bustos utilizó su posición jerárquica para concretar el abuso dentro de una oficina, según quedó registrado en el expediente judicial. Durante el proceso, la víctima relató en detalle las circunstancias y la dinámica laboral que permitieron el hecho, destacando el abuso de autoridad e intimidación. El tribunal valoró especialmente el testimonio de la denunciante y la ausencia de consentimiento, a partir del análisis de las pruebas y la evaluación psicológica.

La resolución judicial, que estableció la culpabilidad del acusado y su exclusión de la fuerza, también es considerada un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de los miembros de las fuerzas de seguridad en casos de violencia de género. La sentencia dictada en Río Negro marca un punto de inflexión al reconocer la responsabilidad penal de un miembro de las fuerzas de seguridad en un delito cometido en contexto institucional.

La Policía de la provincia de Neuquén desplegó un nuevo operativo en la ciudad de Centenario, que culminó con resultados contundentes: el secuestro de casi 2 kilogramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y la demora de dos hombres mayores de edad. Todo comenzó a raíz de una denuncia por robo de ganado.

La acción policial se desarrolló en el barrio Villa Obrera. De acuerdo a lo informado por el portal LM Neuquén, el operativo involucró a personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, la Comisaría 52°, la Comisaría 5°, la UESPO y la Metropolitana.

Según se informó, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos lideró la investigación, recolectando pruebas suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos, los investigadores identificaron a todos los ocupantes de las viviendas allanadas, demorando a dos hombres que quedaron vinculados a la causa. Entre los elementos hallados, se destaca la incautación de una planta de cannabis sativa y 1,968 kilogramos de cogollos, picadura y semillas de marihuana. También se secuestró un revólver calibre 32 largo con ocho cartuchos y diversos objetos cuya procedencia está bajo análisis.

Ante la presencia de estupefacientes, intervino personal especializado de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de las sustancias y puso en marcha actuaciones por infracción a la ley de drogas. Este procedimiento se enmarca en la reciente estrategia provincial de abordaje del microtráfico, que busca desarticular redes locales a partir de acciones policiales y judiciales conjuntas.

Además de la droga y el arma de fuego, los investigadores secuestraron elementos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona. Entre los objetos incautados figuran cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión marca Honda modelo 600. Todos estos bienes fueron retenidos de manera preventiva mientras se investiga su procedencia y posible vinculación con denuncias previas de robo en la región.

Los dos hombres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que trabaja para determinar su grado de responsabilidad tanto en el robo de ganado como en los delitos vinculados a drogas y armas. La investigación continúa activa, con la expectativa de esclarecer la procedencia de los elementos recuperados y fortalecer las pruebas en torno a los hechos denunciados.

El Gobierno de la provincia de Neuquén subrayó que el operativo en Centenario es parte de una política de seguridad más amplia, impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico de drogas.

Entre las acciones implementadas, la Provincia realizó una inversión superior a 18.000 millones de pesos destinada a la adquisición de más de 300 móviles incorporados a la fuerza, 353 vehículos en proceso de compra, más de 1.500 cámaras de monitoreo, drones, tecnología de investigación, detectores de drogas, pistolas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos y mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.

El gobierno provincial sostiene que la combinación de recursos tecnológicos, refuerzo del personal y articulación interinstitucional ha permitido mejorar la respuesta ante delitos complejos como el abigeato, el microtráfico y la tenencia de armas. Las autoridades remarcaron que la continuidad de estas políticas es clave para brindar mayor seguridad a los habitantes de Neuquén y reducir los índices delictivos en toda la provincia.

Como detalles del proyecto, se informó que conectaría las comunas dos y tres de Soacha con la autopista Sur, el macroproyecto de vivienda Ciudad Verde, la avenida San Marón y la localidad de Bosa, facilitando una velocidad constante de 50 kilómetros por hora en el corredor que sería de doble calzada.

La ejecución de la obra estuvo a cargo del consorcio CC Intersección avenida Bosa, conformado por Conconcreto S.A. y Conconcreto Proyectos SAS, con una inversión total de 181.740 millones. Para el tramo de Soacha, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca aportaría 26.000 millones de pesos y la Alcaldía de Soacha 1.959 millones adicionales. El cronograma establecía una duración de 32 meses, por lo que debía ser entregada en enero de 2026.

En la primera fase iban a ser construidas dos calzadas de dos carriles entre la calle 65 sur y la avenida Bosa (calle 59 sur). Estos tramos iban a servir como desvíos durante la intervención en la intersección con la autopista Sur.

El proyecto contemplaba nueve tramos de intervención en Soacha, incluyendo un puente sobre la quebrada del Humedal Tibánica para unir los barrios Olivos, Olivares y La María; además de eliminar el pico y placa los fines de semana, que se extiende durante los puentes festivos.

Vía que iba a descongestionar la autopista Sur se convirtió en un basurero

En sus redes sociales, el concejal de Soacha Danny Caicedo denunció que la alcaldía municipal lleva un año sin intervenir en la avenida Las Torres, que se ha convertido en un depósito de basura desde hace varios meses.

De manera sarcástica, Caicedo se grabó junto a la vía afectada con un pastel de cumpleaños en sus manos, que fue utilizado para “celebrar” el primer año de la vía que iba a solucionar los problemas de movilidad en el municipio.

“Hace 365 días vinimos acá, a denunciar el abandono de la avenida Las Torres. Hoy encontramos exactamente lo mismo, misma vía, mismo abandono y las mismas promesas incumplidas”.

Caicedo pidió que el alcalde de Soacha deje de prometer soluciones en sus discursos y comience a cumplir con los contratos que ya han sido aprobados, puesto que, en teoría, la vía mencionada tendría que haber sido entregada hace seis meses.

“‘Perico’, gobernar no solo es salir en fotos y publicaciones en redes sociales, gobernar es solucionar problemas, la avenida Las Torres lleva dos años y medio de su gobierno esperando. Los soachunos estamos mamados del trancón de la autopista Sur y esta es una vía que nos puede conectar con Bogotá”.

Los reclamos contra el alcalde de Soacha incluyen señalamientos en los que se afirma que no ha gestionado nada sobre la obra porque se trata de un contrato firmado por el anterior mandatario municipal.

En su momento, el exalcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga afirmó que con este proyecto se fomentaría el comercio, el turismo y el transporte de alimentos para la mitad de los habitantes del país, ya que por medio de la avenida Las Torres las personas podrán desplazarse hasta Bogotá con mayor rapidez, lo cual ayudaría a desembotellar este sector de la ciudad.

“Esta no es una vía solo para carros; esta obra va a transformar nuestra ciudad porque son cuatro carriles más de conexión con Bogotá. Actualmente, es una trocha que sirve para desembotellar la ciudad. No solo va a mejorar la movilidad, sino también la seguridad. Nos sentimos en un territorio distinto en el que hemos avanzado. Gracias, Gobernador por creer y confiar en Soacha”, fueron las palabras de Saldarriaga en mayo de 2023.

El 4 de abril de 2025 se registró el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue víctima de un crimen de odio por parte de presuntos integrantes de la banda delincuencial El Mesa.

Dos individuos, que fueron capturados por las autoridades, fueron acusados de haber agredido a González, provocarle 30 fracturas y posteriormente arrojarla a la quebrada La García, en Bello, Antioquia.

Testigos presenciales, aparentemente amenazados por los agresores, no intervinieron, pero se encargaron de grabar cómo Sara luchó contra la corriente tras el ataque. Esta grabación fue viral en redes sociales y se convirtió en una de las pruebas clave del caso.

Sara fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde falleció días después debido a un choque hipovolémico causado por las fracturas. El caso provocó protestas y movilizaciones en el país, que hasta la fecha siguen pidiendo que el Estado mejore la protección de las personas trans y de la comunidad Lgtbiq+.

En junio de 2025, la Ley Integral Trans fue rebautizada como Ley Sara Millerey, mientras que el caso no ha terminado, y aunque la Fiscalía ha mencionado que cinco individuos participaron en el ataque, solo dos han sido capturados hasta el momento.

Juan Camilo Muñoz, alias Teta, y Juan David Echavarría, alias Chucky, fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero más de un año después siguen sin ser condenados, generando indignación en la comunidad trans del país.

Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo informó que desde el asesinato de Sara se han registrado 35 homicidios de mujeres trans en Colombia, lo que evidencia la gravedad y persistencia de la violencia contra esta población.

Familia de Sara Millerey pide celeridad en el proceso, capturados podrían quedar libres

En diálogo con La FM, familiares de Sara Millerey denunciaron que por las demoras en el proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato, registrado en abril de 2025, los capturados podrían quedar libres.

Saúl León, abogado de la familia, reveló que el juicio oral contra los acusados no ha podido instalarse por mecanismos que la defensa ha utilizado para dilatar el proceso, lo que incrementa el riesgo de que los procesados queden en libertad por vencimiento de términos si la situación no se resuelve en los próximos días.

León recordó que los vinculados al proceso son Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, y Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, sobre los que se sigue sin confirmar que se trate de integrantes de la banda delincuencial El Mesa por posibles falencias de los fiscales del caso.

Aunque ambos están procesados por homicidio y tortura, la investigación no ha logrado avanzar hacia la etapa de juicio oral debido a aplazamientos y cancelaciones de audiencias. El jurista afirmó que al menos seis audiencias han sido suspendidas o reprogramadas por diversas razones. Aunque algunas de estas cancelaciones han sido justificadas, otras generan inquietud en la familia por el posible impacto en los tiempos procesales.

El abogado advirtió que, si no se instala el juicio oral pronto, los acusados solicitarían su libertad y podría procederse a su excarcelación por vencimiento de términos, mientras los familiares de la víctima reclaman mayor celeridad en las actuaciones judiciales. La familia enfatizó que se cuenta con suficiente material probatorio para llevar el caso a juicio y obtener una decisión de fondo.

“Estamos a las puertas. No podría precisamente arriesgar el proceso judicial dando una fecha establecida, pero si no se instala el juicio oral y público en las próximas semanas, seguramente pueden materializarse las solicitudes y lo peor es que podrían llegar a ser decretadas esas libertades de estas personas involucradas", declaró el jurista al medio citado.

Un hombre de 41 años fue detenido en Resistencia en la provincia de Chaco, tras una denuncia presentada por su ex pareja, quien lo acusó de violencia de género, amenazas y hostigamiento.

El caso generó conmoción en la comunidad local luego de que la víctima, una joven de 25 años, hiciera pública su situación a través de las redes sociales, mostrando imágenes de las lesiones sufridas durante la relación.

La joven radicó la denuncia ante la Comisaría Tercera de Fontana, donde relató que había padecido múltiples formas de agresión por parte de su ex pareja, identificado con las iniciales C. J. M. Según su testimonio, fue víctima de violencia física, verbal y psicológica. La afectada también aseguró que recibió amenazas de muerte, fue perseguida y sufrió invasiones a su privacidad, incluyendo el acceso no consentido a fotografías íntimas almacenadas en sus dispositivos personales.

La denunciante, al hacer público su testimonio, manifestó en sus redes sociales el sufrimiento experimentado durante la relación con el acusado. En la publicación, mostró una fotografía en la que se apreciaban lesiones en su rostro, atribuidas a episodios de violencia física. Además, la joven detalló que había presentado una denuncia ante el área de Ciberdelitos, ante la sospecha de que el acusado habría accedido sin permiso a sus cuentas personales y redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por la víctima, el denunciado sería empleado de la Municipalidad de Resistencia. Esta afirmación fue comunicada por la joven en sus redes, donde advirtió públicamente sobre el peligro que representaba el sospechoso y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

Según lo informado por el portal del Diario Chaco, la denuncia ante la Comisaría Tercera activó la intervención de la División Delitos Tecnológicos, que inició tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso. Tras las primeras diligencias, los efectivos lograron localizarlo en las inmediaciones de avenida Ávalos al 900, en la ciudad de Resistencia. El procedimiento concluyó con la detención del hombre, quien fue trasladado a Medicina Legal para realizar las diligencias de rigor, antes de ser alojado en una dependencia policial bajo la órbita del Equipo Fiscal N°4, a cargo de Gustavo Cáceres Olivera.

Durante el operativo, los agentes secuestraron un teléfono celular que fue considerado de interés para la investigación, ya que podría contener pruebas relevantes sobre las amenazas, el hostigamiento y la posible vulneración de la privacidad de la víctima.

La causa fue caratulada como “Supuestas amenazas en contexto de violencia de género y hurto”. Mientras tanto, continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad penal del imputado y el alcance de los hechos denunciados. La investigación también evalúa la posible utilización de recursos tecnológicos por parte del acusado para acceder a información personal de la víctima, lo que motivó el involucramiento del área de ciberdelitos.

Según se informó, el caso permanece bajo investigación y se aguardan peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. El avance de la causa está supervisado por la Fiscalía N°4, que analiza las pruebas reunidas y la declaración de la denunciante, quien mantiene resguardo policial por disposición judicial.

Violó la perimetral, agredió a su ex y recibió su tercer condena por violencia de género

Casi un mes atrás, la Justicia dictó por tercera vez una condena por violencia de género y familiar a un hombre de Villa María, Córdoba, en donde las víctimas eran su pareja y la madre de ella. Además, lo acusaron de otros cinco delitos.

E. A. C. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que fue declarado reincidente. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable de violación de domicilio, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas y hurto. El hombre había ingresado al domicilio de las damnificadas, sin autorización. Además, ejerció amenazas sostenidas en el tiempo y agresiones físicas.

Los hechos por los que fue juzgado en esta oportunidad se remontan a 2018, 2024 y 2025, por los cuales permanecía detenido desde hacía un año y dos meses. Al tratarse de una pena de cumplimiento efectivo sobre todo por la reiterancia de los hechos, E. A. C. deberá permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

El hombre tenía un amplio historial de condenas por hechos de iguales características que había cumplido en el pasado. En 2020 lo sentenciaron a dos años de prisión por un total de 15 hechos, que incluyeron encubrimiento, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas, violación de domicilio, coacción y lesiones leves calificadas. Tres años después, en 2023, volvió a recibir dos años de prisión efectiva por nuevos episodios de violencia familiar. En aquel proceso, el juez de la Cámara del Crimen, Félix Alejandro Martínez, le impuso la pena tras la confesión del acusado, en una causa que comprendía amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

Frente a esa reiteración de conductas, la Justicia había ordenado que Castellano realizara tratamiento psicológico dentro del penal para abordar su problemática vinculada a la violencia.

De cara a la segunda vuelta electoral, llama la atención una denuncia en la que contratistas afirman que la viceministra de Defensa estaría ejerciendo presión para despedir a los seguidores de Abelardo de la Espriella de la Hidroeléctrica Urrá.

Uno de los testimonios es el de Alejandro Padrón Pardo, que en diálogo con Semana indicó que se ha registrado una ola de despidos que tendrían como factor en común una supuesta orden de Angélica Verbel, viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.

Padrón Pardo indicó que fue despedido el 22 de abril de 2026 y señaló a la viceministra como responsable de su desvinculación. “La viceministra de Defensa, Angélica Verbel, haciendo uso ilegal, arbitrario e indebido de información obtenida de mis redes sociales y con el único propósito de perseguirme políticamente, acudió a un video grabado en el año 2024, cuando yo no era funcionario de Urrá y cuando el doctor Abelardo de la Espriella no ostentaba la condición de candidato presidencial“, declaró al medio citado, en el que indicó que no tiene ningún tipo de cercanía con el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

Viceministra de Defensa se defendió de las acusaciones

En diálogo con Infobae Colombia, luego de que la Hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado en el que desmintió las acusaciones realizadas por Alejandro Padrón Pardo, la viceministra Angélica Verbel negó tener algún tipo de injerencia en la empresa mencionada.

“Desconozco la razón o el objeto de tales aseveraciones. No tengo ninguna injerencia en Urrá tal como lo mencionan. No trabajo y nunca he trabajado en esa empresa. Quisiera dejar claridad de que mi trabajo se limita exclusivamente a las funciones que ejerzo como viceministra de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional”.

Verbel afirmó que no conoce a las personas mencionadas en el informe noticioso y rechazó que se le vincule para lo que calificó como una estrategia para desprestigiar su trabajo y el de la cartera.

“No conozco al señor Alejandro Padrón y rechazo cualquier afirmación que pretenda atribuirme decisiones relacionadas con su situación laboral. No sé quién es el señor Eric José Guerra, al que también mencionan”.

Debido a la gravedad de las acusaciones, la viceministra pidió que los contratistas la denuncien formalmente con las pruebas que tengan en su contra, puesto que hasta el momento esto no se ha registrado.

“Desconozco las razones que lo llevan a realizar tales señalamientos. Reitero que no tengo participación ni injerencia alguna en decisiones administrativas o laborales en esa empresa. Si cualquiera de las personas que formula estas acusaciones considera tener pruebas que respalden sus afirmaciones, corresponde que las presenten ante las autoridades competentes. Las acusaciones públicas deben sustentarse en hechos verificables y no en especulaciones”.

Por último, anticipó que está considerando comenzar un proceso legal contra los individuos que han afirmado que fueron despedidos por presión política liderada por ella.

“Rechazo cualquier intento de atribuirme responsabilidades sobre eventuales situaciones que afecten la integridad de cualquier persona. Se trata de afirmaciones graves, temerarias e infundadas que carecen de evidencia alguna, merecen es una denuncia por mi parte”.

En el comunicado publicado por la hidroeléctrica se alejaron de las denuncias contra la empresa y aseguraron que todas las decisiones internas han sido tomadas de manera legal.

“El presidente de la empresa Urrá ejerce sus funciones con plena autonomía administrativa, conforme a las competencias que le otorgan la ley, y los estatutos de la empresa. Asimismo, rechaza de manera categórica falsas afirmaciones sobre intromisiones de terceros en la toma de decisiones o que estas obedezcan a temas de índole político. Todas las decisiones son adoptadas en el ejercicio de la gobernanza administrativa y adoptadas bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico”.

A cinco meses del femicidio de Ramona Medina, sus hijas Edith y Cintia denunciaron demoras en la investigación y cuestionaron que solo haya un detenido. En una entrevista en el barrio Agua Santa, en Las Termas de Río Hondo, reclamaron avances concretos para determinar si hubo más personas implicadas.

La familia reclamó nuevas medidas de prueba en la propiedad vinculada al imputado, con inspecciones más exhaustivas y excavaciones en sectores específicos ante la sospecha de que aún podrían hallarse restos de la víctima. Edith Medina afirmó: “Hace un mes que se realizaron las aperturas de los celulares y seguimos esperando los informes. Esperamos que sirvan para determinar si hay más personas involucradas”.

Ramona Medina fue asesinada en enero y sus restos aparecieron desmembrados y parcialmente quemados en inmediaciones del cementerio local. Las hermanas pidieron que se investigue al entorno familiar de el único detenido, identificado como Luis Bustamente alias “Chucky”. “Todos estuvieron ahí. No creemos que una sola persona haya podido hacer todo esto sola”, expresó Cintia Medina. También apuntó contra un cuñado del acusado, a quien considera clave en las horas posteriores al crimen.

El expediente penal está a la espera de informes de apertura y peritajes tecnológicos sobre varios teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos. Las hijas de la víctima creen que el cruce de llamadas y los datos de geolocalización pueden permitir identificar a partícipes secundarios. Los cuestionamientos de la familia apuntan de manera explícita al círculo íntimo de Luis Bustamante, y la querella sospecha que varios parientes del acusado estuvieron en la vivienda donde, presuntamente, se realizaron maniobras para ocultar y hacer desaparecer el cuerpo de la mujer.

El femicidio de Ramona Medina

Ramona Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero, cuando salió hacia los festejos de carnaval en el corsódromo en Santiago del Estero. A partir de su desaparición se activó un operativo de búsqueda, hasta que la investigación cambió con la declaración de un remisero. El conductor relató que al llegar a una vivienda ubicada en las calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto, vio a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre que intentaba incorporarla. El remisero desistió del viaje porque creyó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

Ante la sospecha de que podía tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en esa casa. En ese procedimiento, la Policía detuvo a un hombre de 38 años y secuestró dos teléfonos celulares; uno de ellos sería de Ramona.

Después de ser trasladado a sede policial, el sospechoso habría confesado el crimen y hasta indicó dónde estaba el cuerpo. Los efectivos lo localizaron en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración. Al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo.

Bajo custodia y por orden de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, el principal acusado por el femicidio de Ramona Emilia Medina, fue sometido el 10 de marzo a una primera pericia psicológica. Una vez terminada la evaluación, el acusado fue llevado de regreso al Centro Único de Detenidos, donde permanece alojado. La fiscalía pretende que el acusado siga preso mientras incorpora pruebas médicas y psicológicas para definir su situación procesal.

Mientras tanto, la defensa oficial solicitó la excarcelación del imputado con el argumento de que no existirían elementos probatorios suficientes en su contra. Sin embargo, el juez de Control y Garantías Silvio Salice rechazó ese planteo, hizo lugar al pedido de la fiscal Pérez Vicens y dispuso la prórroga de la detención. La resolución judicial se apoyó en la existencia de indicios que, a criterio del tribunal, justifican que el hombre siga bajo custodia mientras continúa la investigación.

En la tarde del 3 de junio, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla compartió videos en su cuenta de X que afirmó que son la prueba de que en la capital antioqueña están entregando canastas de huevos a los potenciales votantes de Iván Cepeda.

“Qué huevonada con Iván Cepeda”, fue parte de la descripción que sumó Carrasquilla en su publicación, que hasta el momento suma más de 4.000 reproducciones.

Carrasquilla señaló en su denuncia que: “Lo que está ocurriendo en la Ciudadela Nuevo Occidente merece una explicación inmediata. A pocos días de una elección definitiva para Colombia, aparecen estos personajes entregando canastas de huevos mientras les piden a los ciudadanos la cédula y una firma, bajo el supuesto argumento de un registro para recibir la ayuda”.

La cabildante indicó que ha descubierto que se trata de personas que respaldan la campaña de Iván Cepeda y pidió explicaciones al candidato presidencial sobre este hecho.

“La pregunta es simple: ¿qué están firmando realmente los ciudadanos? Si la ayuda es transparente, ¿por qué condicionarla a la entrega de datos personales? ¿Por qué recoger firmas en plena campaña? ¿Por qué tantas coincidencias cuando el Pacto Histórico y su candidato atraviesan uno de sus momentos más difíciles en las encuestas?”, cuestionó Carrasquilla.

La concejala invitó a que los ciudadanos se informen sobre los documentos que firman en la calle y pidió que las autoridades esclarezcan la transparencia en ese tipo de situaciones.

“Aquí van a ver las imágenes, están entregando canastas de huevo, pero miran cómo exigen la cédula y la firma. Sigan creyendo que de eso tan bueno no le dan a uno”, puntualizó.

Carrasquilla denunció hostigamiento por cuestionar la ‘paz urbana’ del Gobierno Petro

La concejala Claudia Carrasquilla denunció amenazas y hostigamientos tras exponer una fiesta en la cárcel de Itagüí, evento que puso en entredicho las negociaciones entre el Estado y las bandas criminales del Valle de Aburrá.

Carrasquilla afirmó que un dron de vigilancia se estrelló en su residencia, lo que se suma a las amenazas previas recibidas por su labor de denuncia. A través de X, la cabildante responsabilizó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de lo que pueda ocurrirle, argumentando que la permisividad estatal fortaleció a las estructuras criminales en Antioquia y la capital.

En sus declaraciones, Carrasquilla sostuvo que no se dejará intimidar y que continuará denunciando la recuperación del control territorial por parte de los violentos, quienes además estarían reclutando menores, desplazando familias y extorsionando a la ciudadanía. La concejala reiteró que las amenazas son consecuencia directa de las políticas de negociación con grupos delincuenciales, y que el Estado, al ceder ante ellos, permite que se sientan con poder para intimidar a quienes los enfrentan públicamente.

Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, expresó su respaldo a Carrasquilla y pidió una investigación para esclarecer los hechos; de hecho, alertó sobre la gravedad de que una concejala que denuncia la criminalidad se convierta en víctima de posibles actos de intimidación, solicitando protección para quienes alzan la voz contra la ilegalidad.

Además, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se manifestó en contra de la continuidad de la mesa de diálogos con las bandas, argumentando que mientras se negocia en la cárcel, los grupos siguen delinquiendo. El proceso de ‘paz urbana’, no obstante, mantiene el apoyo del Gobierno Petro, que destaca la reducción de homicidios como uno de sus logros, a pesar de los hechos denunciados.

En 2016, la actriz denunció al conductor de Resto del mundo por lesiones agravadas y violencia de género, mientras que él presentó una contrademanda por lesiones y amenazas. Luego del sobreseimiento de ambos, las secuelas de ese conflicto siguen presentes para Barbie, quien se largó a llorar luego de que su ex recordó su polémica separación: “Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... por una persona que, cuando decide, saca un tema que para mí es dolorosísimo”, introdujo en Storytime (Bondi Live).

La actriz dejó claro que el episodio marcó un antes y un después en su vida. “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible... cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida. Hace 10 años que decido callarme la boca, no hablar y no escuchar cuando saca el tema, pero trabajo de esto y me llegan mensajes”, continuó.

El conflicto entre Barbie Vélez y Federico Bal tuvo su punto de mayor exposición cuando ambos realizaron denuncias legales y públicas por violencia y agresiones mutuas. Aunque el tiempo pasó y cada uno siguió su camino profesional, la reciente mención del tema de Fede Bal en un programa del canal de streaming Blender reactivó el dolor para Vélez, quien aseguró que la situación le produce angustia y que prefiere no hablar sobre ello porque la afecta emocionalmente.

“Cuando se reflota el tema me genera angustia y tristeza, y no tengo por qué bancármelo”, confesó. Dirigiéndose a Federico Bal le pidió: “No hables más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón. Cerrá el ort..., flaco. No hables nunca más de mí”.

La intérprete también remarcó que ya no es la misma joven de hace una década: “Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas. Estoy harta de cerrar la boca. Es un tema que me hace pésimo, pero cortala, un límite. Dejame de romper los huevos, no hables más”, pidió con firmeza.

“Entiendo que debe ser difícil no tener gente que te ama, una familia hermosa que te contiene... Estoy harta de decir ‘de este tema no hablo’, como si tuviese algo que ocultar. No lo hablo porque me pone mal y sensible, no tengo ganas de darle entidad, pero ya está”, lanzó, punzante mientras Nazarena Vélez, su madre y conductora del ciclo, la contenía. “Te amo, mi amor. Tranquila”, le pidió.

En una reciente entrevista con José María Listorti en Blender, Federico Bal recordó el final de su relación con la hija de Nazarena Vélez y definió esa etapa como “una relación durísima”. Sobre las denuncias de violencia, Bal sostuvo: “Cuando vas con la verdad... Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”.

“La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, insistió. El conductor aseguró que el tiempo le dio la razón frente a las acusaciones.

“Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, afirmó. Sobre el motivo por el que no evita hablar del asunto, agregó: “Esto pasó hace mucho tiempo y yo no hablo de este tema, pero no me molesta tocarlo. Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien, no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”, expresó, en aparente referencia a otros casos mediáticos.

Bal cerró su intervención con una reflexión sobre el manejo público de estos conflictos: “No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”.

La marca de ropa Versa For Men acusó al bailarín profesional Campanita de incumplir el pago del vestuario que usó en La casa de los famosos Colombia.

“Para todos nuestros clientes y todas las personas del mundo de la confección y diseño saben que realizar una prenda no es para nada ni fácil ni sencillo, todo viene desde el esfuerzo la dedicación y el amor que le pones a cada trabajo que realizamos, hoy queremos compartir algo que nos sucedió con alguien que consideramos como amigo y en alguien a quien le brindamos nuestro apoyo y confianza“, fue le mensaje con el que acompañaron el comunicado en su cuenta de Instagram.

Los diseñadores aseguraron, en un texto en el que detallaron lo ocurrido, que confeccionaron 26 trajes exclusivos para el bailarín y que la inversión ascendió a $11.658.000, sin incluir costos de representación ni otros gastos indirectos.

Según el comunicado de la firma de ropa masculina, el monto está respaldado con facturas. La empresa afirmó además que la propuesta de pago de Campanita y su equipo fue de $2.324.000 pesos.

Qué reclama la marca

Versa For Men sostuvo que el valor de su trabajo no fue reconocido. En el texto, indicó que el proceso incluyó múltiples entregas bajo presión, cambios de último minuto y la exigencia de mantener el nivel en cada aparición.

La firma también señaló que la estrategia de vestuario buscaba dar visibilidad tanto al participante como a la moda colombiana, pero que el resultado fue una experiencia económicamente insostenible y sin el reconocimiento esperado.

El cierre del comunicado

“Exigimos respeto, reconocimiento y valoración por el trabajo real, el talento y la dedicación”, concluyóVersa For Men en el comunicado.

La marca reiteró en ese texto su malestar por el trato recibido de parte de Campanita y su compromiso con la calidad y el profesionalismo en la industria nacional.

Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Dejen de trabajar con influenciadores que todo lo quieren regalados”; “Este no es el medio para reclamar las cosas, firmen un contrato y se libran de todo eso”; “No es la primera vez que les pasa, siempre ponen las mismas quejas”; “No entiendo por qué no cobran anticipado”, entre otros.

Hasta el momento no se ha conocido una respuesta o reacción por parte del concursante afirmando o desmintiendo la situación, por lo que se espera que aclare lo que ocurrió.

Quién es Campanita y su historia de amor

Gracias a un contrato que se ganó con una compañía de baile en su natal (Cali, Valle del Cauca), Franck Stiward Luna Valencia como es el nombre real deCampanitasalió muy joven del país. Su talento como bailarín profesional de salsa caleña lo llevó a Turquía, Egipto, Italia, Alemania entre otros lugares que ha conquistado con sus pasos. “A los 14 años aprendí a ser independiente”.

En 2019, estando en Turquía,Campanitaconoció por medio de una aplicación al hombre con el que hoy comparte su vida. “Nosotros hicimos match en Tinder, nos empezamos a hablar, pero todo fue por chat”, contó el bailarín.

“Él es doctor, es enfermero también. Había ido a Turquía a hacer un trabajo con el grupo de él y nosotros solamente hicimos ‘match’ por Tinder. Duró los años consecutivos hasta el año anterior 2023, cuando yo terminé en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Volvimos a hablar nuevamente y retomamos todo. Yo le dije que si me quería visitar y él me fue a conocer hasta allá. Fue literal un flechazo, teníamos la química”, resumió el joven participante de La casa de los famosos Colombia.

Al ver los tratos a los que era sometido el animal, los vecinos decidieron grabar y difundir el material en redes sociales, lo que llevó a la intervención de los rescatistas que respondieron a las denuncias ciudadanas y la amplia circulación de los videos, logrando que la mascota fuera sacada del lugar y quedara fuera de peligro.

El reporte de la Plataforma Alto indica que el animal fue salvado por rescatistas de una casa ubicada en el sector de Bosa Etapa 1. Y es que los denunciantes mostraron el momento en el que el animal era golpeado y recibía baños con agua fría por parte de un hombre que habitaba la vivienda.

La difusión de imágenes y testimonios facilitó la llegada de los rescatistas y la recuperación del animal de ese entorno de violencia.

Reacciones de la comunidad tras el maltrato animal

La rápida difusión en redes sociales provocó una reacción de rechazo contra el maltrato animal y en apoyo al rescate. Usuarios y residentes agradecieron a las personas que contribuyeron a visibilizar el caso y celebraron que la perrita ya no corra peligro.

Organizaciones como la plataforma que lucha por los derechos de los animales informaron que la mascota se encuentra actualmente fuera de la vivienda y en búsqueda de un nuevo hogar. Por esta razón, vecinos, usuarios y activistas destacaron el valor de la acción colectiva para enfrentar situaciones que vulneren a los animales.

“Les quiero contar que la persona la entregó voluntariamente, nos la entregó voluntariamente, entonces vamos con la gordita. Ella se llama Kira (...) Cualquier persona que quiera adoptarla o darle hogar de paso mientras tanto, me escriben”, declaró la rescatista que tiene en sus manos al animal.

Además del presunto maltrato, la organización expuso lo siguiente: “Residentes señalan al individuo de la casa por conductas violentas, incluyendo constantes agresiones contra su propia esposa”.

Estas acusaciones corresponden a denuncias realizadas por la comunidad y no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, ante la gravedad de los señalamientos, vecinos del sector de Bosa Etapa 1 pidieron la pronta intervención de las autoridades para evitar que se produzcan peores situaciones que puedan terminar en fatalidad.

De momento, las denuncias permanecen bajo revisión y requieren verificación por parte de la Policía.

Residentes y usuarios de redes sociales pidieron una respuesta rigurosa por parte de las entidades de protección animal y un seguimiento exhaustivo de las denuncias. Asimismo, solicitaron que se refuerce la vigilancia y educación de la comunidad para prevenir nuevos casos de maltrato y para salvaguardar la seguridad de los animales.

Entre los comentarios de los internautas se destacan: “Me alegra el día cuando veo que un peludito más es rescatado de personas asquerosas. Me gratifica ver que las situaciones fueron interrumpidas. Pero me genera tanta asfixia no saber qué pasó con el hpta que generó todo esto”, “Cárcel para ese desgraciado abusador de perritos” y “Gracias a Dios la liberaron de ese maltratador”.

Hasta ahora, las autoridades mantienen atención sobre el caso mientras se aclaran los hechos. La comunidad insiste en la importancia de una reacción oportuna de las entidades y del seguimiento de las denuncias para evitar futuros casos.

Entre tanto, algunos criticaron la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pues a través de sus redes sociales confirmaron que el animal fue entregado antes de que ellos llegaran para verificar la denuncia.

“Cuando el Instituto articuló intervención, fue informado por la autoridad policial sobre su entrega -antes del arribo- a una persona de la comunidad”, indicó el comunicado.

Bioceres Crop Solutions denunció una presunta estafa por USD 12 millones que involucra a su exdirectiva Gloria Montarón Estrada.

Según la presentación hecha ante la justicia de Santa Fe el miércoles pasado, Montarón Estrada habría transferido 5,3 millones de acciones de la empresa, lo que habría causado un perjuicio económico para Bioceres y, de manera indirecta, para sus accionistas y acreedores.

La denuncia ubica los hechos en octubre de 2025. Allí se detalla que la operación se realizó a través de una carta de indemnidad, mediante la cual se evitó el trámite habitual de certificación de firmas y se liberó de responsabilidad a la entidad que custodiaba las acciones. Todo el proceso, según comentaron fuentes cercanas al caso a Infobae, fue gestionado por Montarón Estrada, quien en ese momento ya no era parte de Bioceres, sino que presidía el directorio y encabezaba el área legal de Moolec, la holding que controlaba toda la operación.

De acuerdo al escrito judicial, la carta presentada incluía una firma falsa atribuida a Federico Trucco, CEO de Bioceres. Trucco declaró que nunca firmó ese documento ni autorizó a nadie a hacerlo en su nombre. La denuncia sostiene que Montarón Estrada habría aprovechado su relación previa con la empresa para ejecutar la maniobra.

La operación culminó con la transferencia de las acciones a una firma vinculada al ecosistema de Moolec Science, lo que generó una pérdida para Bioceres Crop Solutions, que fue uno los apéndices de la empresa que cotiza en Wall Street (BIOX) y hoy funciona de manera separada, y sus accionistas. Voceros de los fundadores y exdirectores de Bioceres S.A. afirman que los nuevos accionistas, entre ellos el empresario uruguayo, Juan Sartori, no estaban al tanto de la maniobra y señalan a Montarón Estrada como principal responsable.

En el centro del conflicto, marcado por denuncias cruzadas y graves acusaciones económicas, están Federico Trucco, CEO y fundador de la compañía, y Juan Sartori, empresario uruguayo, exsenador y exprecandidato presidencial, quien ingresó como accionista en 2025.

El enfrentamiento entre Trucco y Sartori atraviesa el presente de Bioceres y explica el trasfondo de la crisis. En los últimos años, la compañía biotecnológica, que alguna vez fue señalada como potencial unicornio argentino, quedó envuelta en una profunda crisis financiera y societaria. El conflicto se agudizó luego del ingreso de Sartori como accionista tras la convocatoria de Trucco.

La relación se deterioró rápidamente y derivó en una “guerra de comunicados” y denuncias cruzadas. La nueva conducción, encabezada por Sartori, responsabilizó a Trucco y a la gestión anterior por el deterioro patrimonial y la caída del valor de la empresa. De hecho, atribuyó el colapso financiero a decisiones tomadas bajo la conducción centralizada de Trucco, incluyendo la emisión de pagarés bursátiles, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones de deuda. Alegaron que estas maniobras terminaron por agravar la exposición financiera del grupo y precipitaron el pedido de quiebra de Bioceres S.A., presentado como una “medida necesaria” ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones exigibles.

Por su parte, allegados a Trucco rechazan la versión de la nueva conducción y acusan a Sartori de haber impulsado el default de pagarés y una estrategia hostil con los acreedores. Según fuentes cercanas al ex CEO, Sartori intentó desplazarlo del control de BIOX con una oferta hostil que no prosperó, y luego avanzó con la venta de acciones a pérdida, lo que habría generado una pérdida adicional de unos USD 20 millones. Además, señalan que la quiebra de Bioceres S.A., decretada el pasado 3 de marzo por la justicia santafesina, fue utilizada como herramienta de presión societaria en medio del proceso judicial.

El conflicto escaló en los últimos meses, en paralelo a la caída del valor de las acciones de BIOX en el Nasdaq, que pasaron de USD 7 a menos de USD 1 desde el ingreso de Sartori. Hoy la acción cotiza a USD 0,49, uno de los valores mas altos del papel de BIOX en todo mayo, aunque tuvo picos de USD 0,54. En este escenario, la empresa se encuentra dividida entre quienes responden a Trucco y quienes apoyan a Sartori, mientras las causas judiciales y las acusaciones por el manejo de activos y decisiones estratégicas siguen sin resolverse.

Leticia Estrada descubrió en enero de este año que el profesor de coro y tecnología de su hija de 14 años mantenía con ella una relación que él mismo describió como un “noviazgo”. Las indagatorias señalan que el docente, quien da clases en la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl de Ecatepec, habría iniciado el acercamiento dentro de la escuela en septiembre de 2025.

La madre encontró la evidencia al revisar el celular de la menor durante las vacaciones de fin de año. En él encontró una aplicación con acceso restringido que contenía las conversaciones entre el maestro y su hija.

Tras descubrir la situación, los familiares difundieron una grabación en la que el profesor reconoce abiertamente el vínculo y asegura que ambos decidieron iniciar un noviazgo. En el audio, se escucha al docente decir: “Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes, pues para que me lo permitieran”.

Leticia Estrada rechazó de inmediato la propuesta y recriminó la diferencia de edades, señalando al docente por traicionar la confianza depositada en él como responsable del grupo de coro. La madre enfatizó: “Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?”.

El acercamiento y la reacción de la escuela

El primer contacto ocurrió dentro del coro escolar, espacio en el que Víctor “N” tenía trato cotidiano con la adolescente. La madre señaló que confió a su hija al maestro precisamente porque el coro era un entorno con muchas alumnas y ella no imaginó un riesgo.

Cuando Leticia presentó la denuncia formal por abuso sexual, la respuesta inicial de las autoridades del plantel se limitó a reubicar al docente en otra área. La medida no satisfizo a la familia.

Tras conocer los hechos, el maestro se presentó en el domicilio de la familia. “Él se presenta en mi domicilio el día que nosotros nos enteramos de este problema, supuestamente para dar la cara y para decirnos que tenía buenas intenciones con mi hija”, relató Leticia.

La madre formalizó la denuncia penal y un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra el docente. La medida, sin embargo, no se mantuvo.

La fianza y el temor de la familia

Víctor “N” obtuvo un amparo que le permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, con el pago de una garantía de 75 mil pesos. La decisión encendió las alarmas de la familia.

En redes sociales existe un movimiento que exige la reclasificación del delito: de abuso sexual a pederastia o violación equiparada, figuras que conllevan penas más severas. La petición gana fuerza a partir del audio en el que el propio maestro admite el “noviazgo”.

La cercanía que alarma a la madre

Leticia advirtió que el domicilio del profesor está a cinco minutos del de su familia. “Aparte de intranquilos, nos tiene enojados, nos tiene frustrados (…) esta persona obviamente sabe dónde vivimos, conoce perfectamente la rutina de mi hija, sabe dónde trabaja mi esposo”, declaró.

La madre exige que la justicia actúe con mayor contundencia. El caso permanece abierto mientras la familia aguarda una resolución que, según considera, esté a la altura de la gravedad de los hechos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió un auto el 29 de mayo de 2026, en el que el despacho de la magistrada Fabiola Márquez Grisales avocó conocimiento de una denuncia por presunta violencia contra la mujer en política y decretó la práctica de pruebas. La denuncia está radicada bajo el expediente CNE-E-DG-2026-019613.

De igual manera, ordenó la activación de rutas de atención para la candidata presidencial Paloma Valencia. “En el marco de la Ley 2453 de 2025 y la Resolución 10946 de 2025, se dispuso activar las rutas institucionales de atención, acompañamiento y garantías para la candidata presidencial Paloma Susana Valencia Laserna, así como requerir información a las partes involucradas y terceros relevantes para el esclarecimiento de los hechos”, precisó.

El CNE también ofició a Caracol Radio para que remita un informe sobre el registro temporal de la pauta que es objeto de análisis. La cadena radial debió enviar la información solicitada en un término de dos horas, contadas a partir de la comunicación del auto. “El Auto fue comunicado por correo electrónico el viernes 29 de mayo de 2026 a las 2:21 p. m., es decir, el medio de comunicación tiene plazo hasta las 4:21 pm del día en curso, para remitir la información solicitada”, precisó.

Añadió: “El Consejo Nacional Electoral reitera su compromiso con la protección de los derechos políticos de las mujeres, el debido proceso y las garantías democráticas”.

Investigación contra “Matador” por violencia política ejercida sobre Paloma Valencia

Esta no es la primera vez que el CNE avoca conocimiento sobre una denuncia que involucra a la candidata presidencial Paloma Valencia. El 13 de mayo de 2026, la prensa informó que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió abrir una investigación relacionada con presunta violencia de género ejercida sobre la aspirante presidencial.

La autoridad electoral determinó evaluar una ponencia que propone formular cargos contra el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, debido a varias publicaciones que compartió en sus redes sociales en enero de 2026, las cuales incluyeron expresiones ofensivas sobre el aspecto físico de la congresista, las cuales podrían configurar violencia política por razón de género.

La solicitud de apertura de investigación fue presentada por la legisladora Lina María Garrido, de Cambio Radical, y por el director del partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi. La ponencia fue elaborada por el magistrado Álvaro Hernán Prada.

Según el documento que estudiará la Sala Plena, las publicaciones difundidas en la red social X no se centraron en asuntos programáticos ni políticos de la candidata presidencial. Por el contrario, se enfocaron en su peso y su apariencia física, en un intento por ridiculizarla.

El expediente menciona que “Matador” reposteó mensajes de terceros con ataques contra Valencia, en los que aparecían términos como “marrana”, “gorda”, “bruja racista” y alusiones a “comer de gula”. De acuerdo con la ponencia, también se identificaron comparaciones y comentarios sobre la apariencia de la dirigente, junto con expresiones consideradas despectivas.

Entre los contenidos analizados figura un video en el que se compara a Paloma Valencia con la escultura de la paloma de la paz de Fernando Botero. Esa publicación iba acompañada de una frase atribuida al humorista Jaime Garzón.

La ponencia también documentó el uso de la expresión “no se dirige, se digiere”, la cual hace referencia al peso de Paloma Valencia, acompañada de imágenes comparativas y caricaturas.

De igual manera, en una de las publicaciones incorporadas al expediente se afirma que “la senadora se come en un desayuno bufete el valor del bono solidario destinado a adultos mayores”. El documento señala que ese mensaje fue difundido junto con una representación gráfica orientada a la burla y a la humillación pública.

La ciudad de Minneapolis enfrenta nuevamente el escrutinio público tras la dimisión de Brian O’Hara como jefe de la Policía.

La salida del funcionario se produjo luego de que una investigación oficial concluyera que interfirió en un expediente sobre su propia conducta, un hecho que el alcalde Jacob Frey consideró incompatible con la continuidad de O’Hara al mando, según reportó NBC News.

Investigación interna, acusaciones y ruptura de confianza

El episodio comenzó con una denuncia anónima recibida el año pasado en la oficina del alcalde. La queja acusaba a O’Hara de mantener relaciones sexuales con empleadas municipales.

Un proceso externo descartó la veracidad de esas acusaciones, pero la situación cambió cuando una segunda pesquisa se centró en el comportamiento del jefe policial durante la investigación.

De acuerdo con Fox News, se determinó que O’Hara borró intencionalmente un contacto de su teléfono oficial y que, pese a restricciones explícitas, habló sobre el caso con otro empleado de la ciudad.

“Cuando se sirve como jefe del Departamento de Policía de Minneapolis, la confianza no es secundaria al trabajo; es el trabajo”, declaró el alcalde en una rueda de prensa citada por NBC News. Ese quiebre en la relación de confianza llevó a comunicarle a O’Hara que enfrentaría sanciones disciplinarias que podían incluir su despido. Finalmente, el propio jefe policial presentó su renuncia, como confirmó también AP News.

La investigación interna reveló que O’Hara eliminó la tarjeta de contacto de una empleada de su dispositivo institucional entre el 1 y el 7 de mayo de 2025. El documento, obtenido por NBC News, indica que los investigadores no encontraron explicación técnica para esa eliminación y que el jefe negó en entrevistas haber borrado el registro.

El hecho de compartir información sobre la pesquisa, después de haber recibido la orden de no hacerlo, sumó gravedad al expediente, de acuerdo con CBS News.

Denuncias en curso y reacción institucional

A la fecha de la renuncia, la ciudad contabilizaba 17 denuncias abiertas adicionales contra O’Hara, todas independientes del proceso que derivó en su salida, como detalló la vocera del alcalde, Jennifer Lor, en declaraciones recogidas por AP News.

El contenido de esas quejas se mantiene bajo reserva. La administración municipal recalcó que la interferencia de O’Hara no alteró el resultado de la investigación inicial sobre las supuestas relaciones con empleadas, pero sí comprometió la integridad del proceso y la credibilidad de la institución.

En la carta formal de reprimenda, el alcalde escribió: “Aunque los investigadores concluyeron que las acusaciones subyacentes de la investigación original siguen sin estar sustentadas, su interferencia con la investigación puso en riesgo la integridad de la investigación y constituye una ruptura importante de la confianza”, según reprodujo CBS News.

El comisionado de la Oficina de Seguridad Comunitaria de Minneapolis, Todd Barnette, agradeció públicamente los servicios de O’Hara y subrayó los avances logrados en los últimos años: “El jefe O’Hara ayudó a impulsar los esfuerzos de reforma policial, a recomponer la dotación de agentes juramentados y a guiar al departamento a través de algunos de los momentos más difíciles de la ciudad”, citó NBC News.

Trayectoria y contexto de gestión

Brian O’Hara asumió la jefatura en 2022, cuando el departamento atravesaba una crisis de legitimidad tras el asesinato de George Floyd. El caso Floyd, ocurrido dos años antes, detonó protestas globales bajo el movimiento Black Lives Matter y generó presiones para reformar los cuerpos policiales, recordó AP News.

Durante la gestión de O’Hara, Minneapolis firmó un acuerdo con el gobierno federal para modificar la capacitación de los agentes y las políticas de uso de la fuerza. Ese convenio fue cancelado meses después por el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald Trump.

En el periodo más reciente, la policía local debió responder a incidentes de alto impacto, como el tiroteo en la Annunciation Catholic School en agosto pasado. Además, O’Hara criticó públicamente el accionar de agentes federales tras un operativo de control migratorio en el que una mujer fue sometida con la rodilla en la espalda, según consignó AP News.

El operativo, conocido como Metro Surge, generó tensiones entre diferentes niveles de gobierno y sectores sociales, como explicó CBS News.

Declaración pública tras la renuncia y futuro de la policía

Un día después de su dimisión, O’Hara difundió un mensaje a través de su abogado en el que afirmó: “Las circunstancias no deberían definir su servicio” y expresó gratitud hacia los agentes y socios comunitarios que colaboraron durante su gestión, tal como retomó CBS News.

La declaración evitó hacer referencia directa a las acusaciones o los hallazgos de la investigación. En cambio, subrayó la reducción de los delitos violentos, el crecimiento en el tamaño del cuerpo y el fortalecimiento de la confianza comunitaria. El comunicado también indicó que O’Hara retornará a su familia en Nueva Jersey, aunque sin detallar fechas.

Tras la salida del jefe policial, Katie Blackwell, quien ocupaba el cargo de subjefa, quedó designada al frente del departamento de manera inmediata. La ciudad sigue en proceso de búsqueda de una nueva conducción para la Policía de Minneapolis, mientras se mantienen abiertas las investigaciones sobre el exjefe.

El senador electo Alejandro Bermeo volvió a ser tema de conversación en el país. Sin embargo, en esta ocasión no tiene que ver con las polémicas declaraciones que realizó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las que tuvo que retractarse, sino por una denuncia por presuntas agresiones físicas, intimidación y violencia sexual contra una mujer con la que mantuvo una relación alrededor de dos años.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, expuesta por el diario tolimense El Olfato, el caso está en la Fiscalía y tiene en alerta a los seguidores de Abelardo de la Espriella, teniendo en cuenta la cercanía que tiene el político con el abogado y candidato presidencial.

Según el reporte del medio, la denunciante entregó chats, videos explícitos, documentos del expediente y su testimonio, asegurando que teme por su vida ante el ascenso político de Bermeo. La investigación sigue en curso y no tiene hasta ahora una decisión judicial definitiva.

La joven sostuvo que vivió durante meses bajo amenazas constantes e indicó que, cuando intentaba terminar la relación, Bermeo presuntamente amenazaba con matar a integrantes de su familia, causarle daño físico y provocar escándalos en su lugar de trabajo para afectar su entorno laboral.

En uno de los chats incorporados al expediente, supuestamente Bermeo le escribió: “Quiero recogerte pero que salgas en tanga de tu casa”. La mujer respondió: “¿y si no lo hago qué pasa?”, a lo que él habría contestado: “Que le voy a pegar, usted sabe”.

La conversación siguió con otra pregunta de la denunciante: “¿O sea me pega, sino salgo y hago lo que usted quiera?”. La respuesta atribuida a Bermeo en el expediente fue: “Haga caso porque le va mal”, se lee en los chats publicados por el medio local.

La víctima aseguró estar bajo amenazas, vigilancia y control

La mujer también denunció, según El Olfato, que personas cercanas a Bermeo llegaban hasta su sitio de trabajo para intimidarla y vigilarla. En su relato, el miedo, las amenazas y el control permanente se convirtieron en mecanismos de sometimiento emocional y psicológico.

En su testimonio describió múltiples episodios de presunta violencia sexual y degradación, y afirmó que Bermeo la obligó a realizar actos sexuales que ella no consentía.

Presuntamente, habría sido forzada a sostener relaciones con otros hombres y sometida a prácticas sexuales con objetos para satisfacer al político. También dijo que él la obligaba a exponerse públicamente.

La mujer añadió en su denuncia que sufrió golpizas constantes y actos de extrema violencia física, pues en su relato citado por el medio tolimense, indicó que, supuestamente, Bermeo intentó asfixiarla y le causó lesiones en distintas partes del cuerpo, además de secuelas emocionales.

Uno de los ataques físicos y sexuales habría ocurrido en abril, durante la campaña electoral

La mujer afirmó que Bermeo llegó a su vivienda, le exigió salir en ropa interior y, ante su negativa, comenzó a golpearla. Según la denuncia publicada por El Olfato, la trasladó a un motel en Ibagué, donde las agresiones físicas y sexuales continuaron durante varias horas. Presuntamente, allí fue golpeada con un cable y sometida por el político.

El expediente también incluye referencias a supuestas grabaciones de algunos de esos episodios, que habrían sido utilizadas como mecanismos de intimidación y control para evitar que la joven denunciara.

Según la denuncia, todo el material probatorio está en manos de la Fiscalía, por lo que la víctima pidió apoyo, ante el temor que asegura sentir por su vida.

Cabe mencionar que Bermeo se convirtió en una de las figuras más visibles de la campaña de Abelardo de la Espriella, que impulsa desde sus redes sociales, en las que tiene varios videos con él y difunde, frecuentemente, mensajes conservadores, cristianos y discursos en defensa de la familia tradicional y la protección de la mujer.

Abogado de Alejandro Bermeo se pronunció tras la circulación de la denuncia

Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional del partido Centro Democrático, compartió a través de sus redes sociales la denuncia de El Olfato, por lo que Pipe Caballero, abogado de Alejandro Bermeo, rápidamente hizo una réplica: “Te pido formalmente que elimines este trino, ya que contiene una afirmación calumniosa y una afirmación injuriosa. La presunción de inocencia es innegociable y no puedes vulnerarla en razón de diferencias políticas con mi representado”.

Además agregó que su representado es víctima de una extorsión y aseguró que las declaraciones publicadas son parte de una “retaliación por la captura en flagrancia de uno de los extorsionistas”.

Finalmente, indicó: “La denuncia ‘cruel’ se hizo después de esa captura y el revuelo de ahora evidentemente es por intereses electorales; en particular, para afectar la campaña de Abelardo De la Espriella“.

En otro apartado de su publicación en X, Caballero aseguró que pedirán rectificación al medio por lo que consideran una “calumnia” y le hizo una petición a Vallejo Chujfi: “Elimine el trino en contra de Alejandro Bermeo. No todo se vale”.

La Escuela Primaria “José María Morales y Pavón”, ubicada en el municipio de Chilpancingo, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una madre de familia denunciara públicamente casos de acoso escolar, bullying y una presunta extorsión contra su hijo, situación que derivó en una protesta a las afueras del plantel educativo.

La mujer acusó directamente al director de la institución de hacer caso omiso a las denuncias presentadas por diversos padres de familia, quienes aseguran que desde hace tiempo existen reportes sobre violencia entre estudiantes y conflictos al interior de la escuela.

Madre denuncia agresiones contra su hijo

De acuerdo con el testimonio de la madre, el pasado viernes 22 de mayo acudió por su hijo a la primaria y descubrió que el menor presentaba heridas de cortadas en ambos brazos, además de haber sido golpeado, sin que ninguna autoridad escolar le notificara sobre lo ocurrido.

La denunciante explicó que no se trata de un hecho aislado, pues anteriormente ya se habían reportado otros casos similares ante la dirección del plantel, sin obtener respuesta favorable.

“A mí me estuvieron hablando desde el viernes que salió la primera nota, que la bajara, que ya no dijera nada, que desistiera de esto, por qué según el director tiene la vara muy alta”, expresó la madre durante la manifestación.

Asimismo, señaló que existen denuncias relacionadas con presuntas amenazas y cobros de dinero a estudiantes, los cuales alcanzarían hasta 200 pesos semanales.

Padres acusan amenazas y temor dentro de la escuela

En redes sociales también comenzó a circular el testimonio de otro padre de familia, quien aseguró haber sido amenazado por otro adulto al interior del plantel, situación que —afirmó— tampoco fue atendida adecuadamente por las autoridades escolares.

“En el salón de mi hija me amenazó un papá, ese no es un tema de niños, es un tema de adultos, me amenazó”, declaró el padre afectado.

El hombre relató que una maestra intervino para evitar que el conflicto escalara, aunque posteriormente le sugirieron no denunciar los hechos por temor a represalias.

“La maestra tuvo a bien intervenir, en ningún momento me paré. Unas mamás que estaban por ahí dijeron: ¿por qué no se paró? La maestra dijo: Yo intervine porque yo no sé si venía armado”, añadió.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el padre afectado acudió ante el director de la escuela para solicitar apoyo y presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, aseguró que la respuesta fue desalentadora.

“No denuncies, es que no está bien, para que suba más, ¿qué crees? Es que el señor es policía estatal”, habría respondido el director, según el relato del denunciante.

La situación ha generado preocupación entre madres y padres de familia, quienes aseguran temer por la seguridad de sus hijos y la suya propia.

“Se imaginan el temor, que tengo por mi hija, cuando dicen que allá afuera me va a ver”, cuestionó el padre durante su testimonio.

Exigen intervención de autoridades educativas

Ante la gravedad de las acusaciones, padres de familia señalaron que ya reunieron firmas y enviaron oficios a distintas instancias educativas para solicitar la intervención de las autoridades y la destitución del director del plantel.

Sin embargo, denunciaron que hasta el momento no han recibido respuesta formal por parte de la Secretaría de Educación de Guerrero.

Los inconformes exigieron que se investiguen las denuncias de bullying, presuntas extorsiones y amenazas, además de que se implementen medidas de seguridad y protocolos de atención para proteger a los estudiantes de la institución educativa.

El senador de Morena, Javier Corral, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de victimizarse al denunciar una supuesta persecución política, luego de ser citada a una audiencia en la Ciudad de México derivada de la denuncia que él presentó por el intento de detenerlo en el bar Gin Gin en 2024.

El citatorio llega en la semana en que Campos enfrenta tres frentes simultáneos: la comparecencia ante la FGR este 27 de mayo por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua, la solicitud de juicio político presentada por diputados morenistas en la Cámara de Diputados, y la audiencia en la capital derivada de la denuncia de Corral.

La gobernadora difundió el martes 26 de mayo un video en redes sociales en el que acusó que “en las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder” y calificó las acciones como “persecución política pura y dura”.

Corral respondió de inmediato con una publicación en la que rechazó esa lectura: “Se victimiza y distorsiona un mero trámite jurisdiccional”, escribió el senador.

Corral impugna el fallo que beneficia a Campos

La cadena de hechos arranca el 14 de agosto de 2024, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral en el bar Gin Gin, en la colonia Roma de Ciudad de México. El entonces titular de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, intervino para impedir la detención.

En grabaciones difundidas en ese momento, se escucha a Lara recriminando a los elementos de Chihuahua por ejecutar la orden sin coordinación con las autoridades locales.

Corral presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por ese intento de detención, al que calificó de ilegal. Sin embargo, tras las investigaciones, la Fiscalía capitalina determinó el no ejercicio de la acción penal: resolvió que no había delito que perseguir.

El senador impugnó esa resolución en ejercicio de sus derechos procesales. Fue una jueza de control quien, al tramitar esa impugnación, ordenó notificar a María Eugenia Campos Galván y al fiscal anticorrupción de Chihuahua Luis Abelardo Valenzuela Holguín sobre la audiencia programada para el 29 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en la Sala de Oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en Xochimilco.

El documento judicial, encabezado con el membrete del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece que los investigados deberán comparecer con defensor privado, o bien el órgano jurisdiccional les designará uno público. El mismo documento advierte que si Corral no se presenta a la audiencia a pesar de estar debidamente citado, el Juez de Control podrá declararla sin materia, lo que significa que la celebración de la audiencia depende, en última instancia, del propio denunciante.

Corral aparece en el expediente con la calidad de víctima. El documento autoriza además la aplicación de protocolos de no re-victimización en su favor, incluyendo el uso de salas de testigo protegido y los acompañamientos necesarios para garantizar su seguridad. Su asesora jurídica privada, la licenciada Natalia Ramírez Téllez, fue quien solicitó la audiencia de omisiones del Ministerio Público.

Corral cerró su respuesta pública con una referencia a lo que denominó #Maruduartismo y la Operación #JusticiaParaChihuahua. Anunció que hará “todo lo que está en sus manos para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias”.

FGJCDM niega imputación contra Maru Campos

La FGJCDMX aclaró en una tarjeta informativa del 26 de mayo que “dicha información es falsa” en referencia a los reportes que describían a Campos como imputada.

La institución, encabezada por Bertha Alcalde, explicó que la audiencia notificada a Campos corresponde exclusivamente a la impugnación que Corral promovió contra ese fallo absolutorio, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que la notificación “no constituye una imputación, judicialización o determinación de responsabilidad penal”.

Remató de manera categórica: “Por el contrario, la determinación ministerial emitida en este asunto establece que no existe un delito que perseguir“.

Debido a la poca inversión que ha hecho el distrito para combatir problemáticas que para la ciudadanía son vitales, varios concejales han arremetido contra el alcalde Carlos Fernando Galán y los gastos que se han registrado en administraciones de algunas localidades que no siguen las promesas de austeridad.

Una de las denuncias fue realizada por la concejala Diana Diago en octubre de 2025 cuando aseguró que había sobrecostos en los gastos de un contrato por más de 3.000 millones de pesos en la alcaldía de la localidad de San Cristóbal.

Diago cuestionó que las localidades fueran “ruedas sueltas” mientras Galán exponía un mensaje de responsabilidad económica para argumentar algunas ausencias del distrito para prevenir o intervenir ante denuncias ciudadanas.

Secretaría de Gobierno identificó sobrecostos en el contrato denunciado

El 26 de mayo se confirmó que la Secretaría de Gobierno identificó que lo afirmado por la concejala Diago era cierto y que en el contrato mencionado se registró un sobrecosto de hasta el 40% del estudio de mercado inicial.

En el informe final se menciona que los gastos, que superaron los 3.250 millones de pesos, podrían haberse reducido, puesto que tras revisar la denuncia se encontraron desviaciones significativas en los precios frente al promedio del mercado.

Entre los sobrecostos denunciados hay agendas cotizadas en 200.000 pesos que en el mercado cuestan 60.000 pesos, bases para televisores por 480.000 pesos que en realidad valen alrededor de 180.000 pesos y apuntadores que fueron adquiridos en un millón de pesos y que están avaluados actualmente en poco más de la mitad de ese dinero.

Debido a los hallazgos, la Secretaría de Gobierno anunció que se adelantará un análisis del proceso contractual para que se revisen los sobrecostos que serían por más de 1.000 millones de pesos.

“Mientras los bogotanos hacen esfuerzos enormes para pagar sus impuestos, desde la Alcaldía Local de San Cristóbal contrata agendas, apuntadores y otros elementos logísticos con precios exageradamente altos. Bogotá no puede seguir tolerando este tipo de prácticas que generan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos”, fueron las palabras de Diago en el Concejo de Bogotá.

Diago indicó que este hallazgo debe encender las alarmas sobre la falta de transparencia en las alcaldías locales y aseguró que este caso deja evidencia la falta de control y vigilancia de la contratación en las alcaldías Locales por parte de la administración del alcalde Galán.

Durante su intervención, la cabildante cuestionó que a pesar del discurso de transparencia de la administración Galán, las prácticas politiqueras siguen estando en la administración distrital.

“Aquí hubo una evidente falla de control por parte de la administración Galán. Incluso la misma Secretaría de Gobierno terminó dándome la razón y confirmando las denuncias que presenté en ejercicio del control político”, afirmó la cabildante, que cuestionó la permanencia del alcalde local de San Cristóbal, cuestionando si se trata de una cuota política con la que está cumpliendo el alcalde mayor en la actualidad.

“Si la misma Secretaría de Gobierno ya reconoció presuntos sobrecostos en el estudio de mercado ¿qué más tiene que pasar para que el alcalde local de San Cristóbal sea retirado de su cargo? El alcalde decía que su administración sería transparente, y contratar con sobrecostos no lo es. Esto deja serias dudas sobre la transparencia y el control que está ejerciendo la administración de Carlos Fernando Galán sobre la contratación de las alcaldías Locales".

Hasta el momento la Alcaldía de Bogotá ni la Alcaldía de San Cristóbal se han pronunciado tras la confirmación de los sobrecostos, lo que ha generado indignación en los habitantes de esta localidad.

La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León presentó este martes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera y desvío de recursos públicos.

La denuncia fue encabezada por la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien acudió a las instalaciones de la FGR acompañada por legisladores federales, senadores y representantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

Morena acusa presuntas triangulaciones de dinero público

Durante el posicionamiento ante medios, Alcocer aseguró que existen presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con recursos federales y estatales canalizados mediante proveedores del gobierno de Nuevo León.

De acuerdo con la dirigente morenista, el esquema denunciado consistiría en pagos realizados por la administración estatal a proveedores que posteriormente habrían transferido recursos a un despacho fiscal y jurídico vinculado con Samuel García y su padre.

Entre los señalamientos expuestos por Morena destacan:

• Presunta triangulación de recursos públicos
• Posibles transferencias a despachos relacionados con el gobernador
• Uso de recursos federales y estatales
• Contratos con proveedores ligados al gobierno estatal
• Posibles conflictos de interés

“Estamos hablando de presupuestos federales y estatales en estas triangulaciones, a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores”, declaró Alcocer durante la presentación de la denuncia.

Senadores y legisladores respaldan la denuncia ante la FGR

La dirigencia estatal de Morena estuvo acompañada por el senador Alejandro Murat, así como por los legisladores Judith Díaz y Waldo Fernández, además de diputados locales y federales.

Los asistentes señalaron que buscan que la Fiscalía General de la República inicie las investigaciones correspondientes para determinar si existieron operaciones ilícitas o desvío de recursos.

Morena sostuvo que la denuncia forma parte de una exigencia para transparentar el manejo de recursos públicos en Nuevo León y deslindar responsabilidades en caso de encontrarse irregularidades.

Las investigaciones federales y el presunto esquema financiero

El caso toma relevancia luego de diversas publicaciones periodísticas sobre presuntas operaciones financieras relacionadas con empresas proveedoras del gobierno estatal y despachos vinculados al entorno familiar del gobernador.

De acuerdo con reportes citados por Morena, la FGR mantiene abiertas investigaciones sobre movimientos financieros que presuntamente involucran empresas proveedoras, intermediarios y despachos fiscales relacionados con Samuel García.

Entre los puntos señalados en las investigaciones destacan:

• Presuntas transferencias millonarias hacia despachos privados
• Uso de empresas intermediarias para mover recursos
• Posibles pagos relacionados con publicidad digital
• Contratos otorgados a proveedores ligados al entorno cercano del gobierno estatal
• Investigaciones sobre operaciones financieras en México y Estados Unidos

También se mencionó el nombre de Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez, por presuntos contratos de empresas proveedoras del sector salud en Nuevo León, situación que Morena calificó como un posible conflicto de interés.

Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva ni imputaciones formales en contra del gobernador o su esposa.

Samuel García rechaza las acusaciones

Por su parte, Samuel García ha rechazado de manera reiterada los señalamientos en su contra y ha sostenido que no recibe recursos públicos ni pagos provenientes de proveedores del gobierno estatal.

El mandatario estatal ha calificado las acusaciones como ataques políticos y aseguró anteriormente que se trata de un “montaje” impulsado por adversarios políticos rumbo a futuros procesos electorales.

Asimismo, Mariana Rodríguez negó en redes sociales las acusaciones relacionadas con empresas vinculadas a su familia y afirmó que “ninguna de esas acusaciones son reales”.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado públicamente sobre posibles imputaciones formales derivadas de estas investigaciones.

Juicios políticos y presión legislativa contra Samuel García

La denuncia presentada por Morena ocurre en medio de un contexto político complejo para el gobernador de Nuevo León, luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobara avanzar en diversos juicios políticos relacionados con presuntas faltas electorales y violaciones constitucionales.}

Entre los expedientes abiertos contra Samuel García se encuentran:

• Presunta intervención indebida en procesos electorales de 2024
• Uso de recursos públicos para favorecer candidaturas de Movimiento Ciudadano
• Promoción de actividades vinculadas a campañas electorales
• Omisión en la publicación de decretos aprobados por el Congreso local
• Posibles violaciones a principios de imparcialidad y neutralidad electoral

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León informó que continuará solicitando información a distintas autoridades federales y estatales para integrar los expedientes correspondientes.

Mientras tanto, Morena insistió en que la FGR debe investigar a fondo las denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos en la administración estatal.

Cabe destacar que todas las acusaciones continúan en etapa de investigación y, hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidades penales contra Samuel García o Mariana Rodríguez.