Un hombre de 40 años denunció haber sido drogado y abuso sexualmente por una persona en La Plata.

Según relató la víctima, el encuentro comenzó cuando conoció a este desconocido en el espacio verde de El Bosque. Ambos decidieron permanecer juntos y, tras mantener una charla, decidieron mantener relaciones sexuales en un sector del parque cercano a las vías del Tren Universitario.

Sin embargo, lo que comenzó siendo una relación consentida cambió rotundamente en cuestión de segundos. El denunciante describió que, durante el acto, el preservativo que utilizaban se rompió y el agresor intentó forzarlo a continuar, pese a la negativa del denunciante.

Ambos habían consumido cocaína. En este contexto de violencia y consumo de estupefacientes, el agresor le ofreció una botella de agua, de la que la víctima tomó sin desconfiar, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221.

En ese momento, la situación se agravó. Pocos minutos después, el hombre comenzó a sentir un fuerte mareo y perdió el conocimiento. “Desperté horas después, completamente desnudo y con dolor en la zona genital”, relató ante los efectivos de la Policía Bonaerense.

Un hecho similar ocurrió meses atrás, cuando un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque. Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

La causa, que quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, activó un fuerte despliegue de los organismos de investigación.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas, precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata, y está siendo investigado con medidas urgentes.

La víctima, tras lograr escapar de sus agresores, pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque. Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él.

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60, donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Bajo instrucciones de la fiscal Corfield, los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la zona del ataque, con el objetivo de obtener rastros y recolectar pruebas materiales que ayuden a esclarecer el hecho. El relevamiento incluyó exámenes en busca de huellas y registros de elementos personales, así como la búsqueda de imágenes de cámaras que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos en las inmediaciones.

El hombre constató al recobrar la conciencia que le faltaban $350 mil que llevaba consigo al momento del encuentro. Además, en el lugar apareció un bolso que no le pertenecía, en cuyo interior había ropa y una serie de números telefónicos. Estos datos podrían resultar determinantes para el avance de la investigación policial, que ya trabaja en el análisis de las pruebas halladas.

El denunciante aportó otro dato relevante al identificar el rostro del presunto abusador en un registro oficial. Las autoridades han iniciado la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del Bosque de La Plata con el objetivo de dar con el paradero del implicado.

El hallazgo de un presunto “cuarto oscuro” dentro del Colegio Carrusel Magone, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla, encendió las alertas entre padres de familia, quienes denunciaron posibles casos de abuso sexual contra menores dentro del plantel.

De acuerdo con información de Periódico Central, fueron los propios tutores quienes localizaron el sitio tras ingresar al inmueble la noche del 13 de abril, luego de que algunos estudiantes señalaron ese espacio como un lugar al que eran llevados dentro de la escuela. En videos difundidos en redes sociales se observa una habitación oculta junto a un salón, donde fueron encontrados diversos objetos y ropa.

Padres de familia protestan y autoridades educativas atienden caso

El descubrimiento provocó la movilización de madres y padres de familia, quienes se manifestaron afuera del colegio para exigir la intervención inmediata de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos, ante el temor de que existan más víctimas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal inició una revisión administrativa del colegio privado, mientras que las clases presenciales fueron suspendidas de manera temporal en lo que avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos. En tanto, los padres de familia insistieron en que el caso se investigue a fondo y se garantice la seguridad de los menores.

Fiscalía de Puebla ya investiga

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya abrió una carpeta de investigación y desplegó personal ministerial para realizar diligencias en el inmueble, así como recabar testimonios de posibles afectados.

La dependencia indicó que busca identificar a posibles víctimas para proceder conforme a la ley y deslindar responsabilidades.

La abogada santigueña Agostina Páez enfrentó un confuso episodio tras lograr el regreso al país, tras estar casi dos meses retenida con una tobillera electrónica por un acto racista en un boliche de Río de Janeiro. En las últimas horas, se conoció que su expareja la denunció por no devolverle el auto y rápidamente ambos salieron a aclarar qué fue lo que ocurrió.

Según las primeras informaciones, todo se habría iniciado después de que Javier Zanoni, exnovio de Agostina, radicó una denuncia ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez contra la joven abogada por supuesta retención indebida y abuso de confianza.

De acuerdo con lo informado por el diario El Liberal, la denuncia fue presentada por la abogada de Zanoni y recayó en la fiscalía. El planteo se fundó en la supuesta negativa de Páez a restituir un automóvil cuya titularidad figura a nombre de Zanoni, pero que, según la protagonista, fue adquirido y financiado en su totalidad por ella misma.

El episodio tomó estado público cuando surgieron mensajes en redes sociales y declaraciones de los involucrados aclarando la situación. Sin embargo, Páez afirmó en sus redes sociales que el vehículo en cuestión estaba registrado a nombre de su expareja, aunque ella siempre se hizo cargo de los pagos y las gestiones relacionadas. Señaló que no fue notificada formalmente de la denuncia, sino que se enteró por la difusión mediática, lo que la llevó a comunicarse de inmediato con Zanoni para abordar el conflicto.

Páez subrayó que, tras conversar con su expareja, ambos decidieron resolver el asunto mediante un acuerdo extrajudicial orientado a transferir la titularidad del vehículo y así evitar futuras complicaciones legales o administrativas. “Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”, detalló Páez sobre cómo se desarrollaron los hechos.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la abogada santiagueña brindó más precisiones sobre la controversia: “Mi auto que pago yo, está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad, y pasarlo a mi nombre como corresponde”. Según la joven, la denuncia fue impulsada formalmente por la representante legal de Zanoni, lo que generó un malentendido en la interpretación pública del caso.

Páez sostuvo que no existe ningún ánimo de apropiación indebida y que siempre estuvo dispuesta a formalizar la transferencia. “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río de Janeiro a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”, señaló. De acuerdo con la versión de Páez, antes de la denuncia, Zanoni habría enviado una carta documento para buscar una solución, aunque esa notificación nunca le llegó. Finalmente, ambos acordaron avanzar con un acuerdo extrajudicial, y Zanoni no ratificará la denuncia ante la fiscalía.

“Quiero que quede claro que YO NO ME ESTOY QUEDANDO CON ALGO QUE NO ES MÍO, el auto siempre lo pague yo, y él sabe perfectamente eso. Yo sé que el nunca tuvo malas intenciones, y que siempre los dos estuvimos dispuestos a resolver este tema. Basta de querer ensuciarme”. Así cerró Páez su descargo público.

Por su parte, Javier Zanoni también difundió su versión de los hechos a través de un comunicado. “Quiero aclarar que fui yo quien tomó la decisión de enviar la carta documento y realizar la denuncia posterior, con el debido asesoramiento de mis abogados. Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación, dado que el vehículo se encuentra a mi nombre y, ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas del mismo, el responsable sería yo”, explicó Zanoni.

El expareja de Páez aclaró que su decisión de recurrir a la vía judicial se debió exclusivamente a cuestiones administrativas y no a un conflicto personal con la abogada. Remarcó que actualmente han alcanzado un acuerdo para solucionar el tema de la titularidad del vehículo.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó desechar por improcedente la denuncia presentada contra el fiscal anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, al no encontrar elementos que configuren un delito federal ni afectación al erario público.

De acuerdo con la resolución, la denuncia promovida por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas, Eva Penélope Picazo Hernández, no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impidió su viabilidad jurídica desde su origen.

El análisis realizado por la autoridad federal concluyó que los señalamientos carecían de una narración clara, precisa y circunstanciada de los hechos, condición indispensable para iniciar cualquier investigación formal.

La decisión de la FGR fue contundente: no existe materia que justifique su intervención ni indicios de irregularidad en el desempeño del funcionario. En ese sentido, la dependencia reiteró que su competencia se limita exclusivamente a casos donde se acrediten posibles delitos de carácter federal o afectaciones a recursos públicos federales, supuestos que no se presentaron en este caso.

Resolución fortalece la posición institucional

El pronunciamiento representa un respiro para Díaz Rogel, quien queda libre de cualquier señalamiento en el ámbito federal. La determinación no solo cierra el paso a la denuncia, sino que también valida su actuación dentro del marco legal, reforzando su posición al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

Pese a que la denuncia tuvo una amplia difusión en medios de comunicación, la resolución de la FGR —emitida el mismo día de su presentación— no fue difundida con la misma intensidad. Esta situación generó una percepción pública desproporcionada frente a la realidad jurídica del caso, en la que finalmente no se acreditó ningún ilícito.

Analistas coinciden en que este tipo de escenarios pone en evidencia el impacto que puede tener la cobertura mediática inicial frente a la resolución final de las autoridades, especialmente cuando se trata de acusaciones que no prosperan por falta de sustento legal.

Sin elementos para investigar

La Fiscalía especializada subrayó que, además de la falta de claridad en los hechos denunciados, tampoco se acreditó daño al erario ni la posible comisión de delitos federales. Esto dejó sin materia cualquier intento de abrir una carpeta de investigación en el ámbito federal.

En términos legales, el desechamiento de la denuncia implica que no existen condiciones mínimas para iniciar un proceso, lo que refuerza la conclusión de que los señalamientos no cumplían con los estándares jurídicos requeridos.

Con esta resolución, representa un cierre definitivo a un episodio que, aunque tuvo impacto mediático, no logró sostenerse jurídicamente.

De esta forma, el fiscal anticorrupción de Morelos queda exento de cualquier responsabilidad federal.

El fallecimiento de la magistrada Miriam Barahona ha provocado conmoción en Honduras y expuso el debate sobre el acoso laboral y la utilización de mecanismos legales para limitar la libertad de funcionarios públicos.

Su padre, José Antonio Barahona, denunció ante el Congreso Nacional que la magistrada fue sometida durante casi dos años a una persecución que, según afirmó ante la comisión legislativa, la privó de recibir un trasplante de hígado esencial para su supervivencia, conectando así el deterioro de su salud física y emocional con hechos atribuibles al magistrado Mario Morazán y al exfiscal Johel Zelaya.

Relató que la situación judicial de su hija, incluyendo una orden de captura en curso, forzó a la familia a trasladarla clandestinamente fuera del país, lo que le impidió cumplir con sus citas médicas en Estados Unidos y acceder al trasplante de hígado originalmente programado para el 11 de marzo de 2026.

Antonio Barahona ostuvo que: “Si esta persona y el exfiscal no se hubieran unido, mi hija el 11 pasado habría recibido el trasplante de hígado y se hubiera salvado”. La muerte de la magistrada se registró el 23 de marzo de 2026, apenas días después de la fecha prevista para la intervención médica, intensificando el debate sobre el impacto del acoso prolongado dentro de las instituciones estatales.

Asimismo narró ante el Congreso Nacional que el acoso comenzó el mismo 24 de marzo de 2021, día en que Mario Morazán asumió funciones en el Tribunal de Justicia Electoral. Describió una cadena de hostigamiento diario que terminó por afectar tanto la estabilidad emocional de su hija como su estado físico, agravando su enfermedad hepática.

El padre de la funcionaria sostuvo que los insultos y el trato agresivo respondían, en parte, a un componente de violencia de género. Expresó: “Todos los días cuando él la encontraba la insultaba. Yo me imagino que se aprovechaba en su condición de mujer. Estoy seguro que si hubiera sido un hombre no hubiera tenido esa actuación”.

También caracterizó a su hija como una profesional íntegra, dedicada a evitar conflictos y responder con dignidad ante las provocaciones.

Esta denuncia pública respondió al cumplimiento de una promesa hecha ante el féretro de la magistrada. “No diría argumentos, solo narrar el viacrucis que pasó mi hija con ese salvaje”, declaró José Antonio Barahona, en referencia a Morazán. Su testimonio ante la comisión legislativa es un elemento central para la reconstrucción de los hechos en el proceso de juicio político.

El relato precisa que el hostigamiento persistente y las restricciones legales impidieron a Miriam Barahona acceder oportunamente al trasplante que requería, lo que, de acuerdo con la denuncia de su padre, la llevó a buscar atención médica en el extranjero en condiciones de clandestinidad.

El procedimiento quirúrgico estaba programado en Estados Unidos. No obstante, la amenaza de captura la mantuvo lejos de su equipo médico y, en palabras de José Antonio Barahona, esta interrupción resultó decisiva para el resultado final: “El deterioro físico de la magistrada se aceleró tras las dificultades para continuar con su tratamiento”, especialmente durante el periodo en que estuvo fuera del sistema médico que la atendía.

La muerte de Barahona ha generado llamados para revisar las condiciones laborales en el Estado, con énfasis en el análisis de prácticas de hostigamiento hacia funcionarios públicos y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

Sectores sociales y especialistas insisten en la importancia de incorporar la perspectiva de género en la evaluación y respuesta ante este tipo de denuncias.

La denuncia contra Mario Morazán y Johel Zelaya aporta gravedad y complejidad al proceso de juicio político en desarrollo. La comisión legislativa responsable de la evaluación enfrenta el desafío de valorar tanto pruebas documentales como testimonios que exponen posibles patrones de abuso de poder y hostigamiento sistemático.

Una denuncia interna presentada por el director de Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), Giovanni Gallo, dejó en evidencia a la abogada y exfuncionaria de la Auditoría General de la Nación Elvia Isabel Otero Ojeda, que actualmente aspira al cargo de contralora general de la República.

El caso involucra acusaciones de presunto maltrato verbal y físico hacia su personal de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pese a que la beneficiaria ya no ocupa un cargo público desde diciembre de 2025.

En el testimonio compartido con Infobae Colombia, se menciona que la exfuncionaria habría agredido a una de sus escoltas en un episodio ocurrido en la Zona T de Bogotá.

Según lo relatado por el líder sindical, la exdirectora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República fue nombrada durante el gobierno de Gustavo Petro y se retiró de su cargo en diciembre de 2025.

Desde entonces, mantiene un esquema de protección de la UNP, cuya continuidad ha generado cuestionamientos dentro del sindicato. “No se entiende por qué esta señora tiene esquema de seguridad si ya no es funcionaria, ya no ostenta el cargo. Y sin embargo, este gobierno se ha quedado callado, igual que la Unidad Nacional de Protección. Ya vamos para cuatro meses que ella no debe tener el esquema y sigue con ello”, señaló Gallo.

La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, detalló que la escolta asignada a Otero Ojeda reportó agresiones verbales constantes y amenazas laborales, que finalmente derivaron en un episodio de violencia física:

“Permití, permití, permití. Ya las cosas avanzaron a tal punto de que en vez de ser agresiones verbales, pasaron a agresiones físicas. Quise abogar como a la buena fe de la doctora Elvia y disculparla en el momento en que ella me pidió disculpas las veces que me agredió verbalmente y decidí, pues, continuar con mi trabajo y cumplir a cabalidad como lo venía haciendo. (...) Las actitudes de la doctora conmigo han cambiado”, aseguró a este medio.

“Su actitud hacia mí ha sido un poco fuerte. Varias ocasiones me ha agredido verbalmente. Desde el día en que ella se retiró en diciembre, pues obviamente se dedicó al ocio, al descanso, a viajar. Nosotros como su esquema de seguridad la hemos acompañado, nunca le hemos fallado en su protección y demás. En esos días de ocio, descanso y viajes se dedicó a tomar tres, cuatro días a la semana. Ella toma y se descontrola, nos trata mal, nos insulta, nos dice malas palabras. Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, relató la mujer.

De acuerdo con el testimonio grabado, los hechos se desencadenaron después de una jornada en la que la exfuncionaria habría ingerido alcohol en varios establecimientos de la Zona T. En ese contexto, la escolta relató que, tras negarse a cumplir órdenes fuera de sus funciones –como transportar a los amigos de la exdirectora a diferentes puntos de la ciudad–, recibió insultos y golpes en el pecho y el hombro.

“A mí se me quebrantó la voz y yo le dije: ‘¿Por qué me pega? ¿Por qué me agrede si yo a usted nunca le he hecho nada?’”, expresó la escolta en la denuncia recibida por la asociación.

El relato incluyó detalles sobre la presión y las amenazas que la escolta habría recibido de parte de Otero Ojeda, que, según la denuncia, la intimidaba con la posibilidad de perder su empleo si no accedía a sus requerimientos personales.

“Nos ha amenazado tanto a mí como a él, de hacernos perder el trabajo, de hablar con el director de la UNP y hacernos perder nuestro trabajo si no hacemos lo que ella quiera. [...] Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, afirmó la denunciante.

Desde el sindicato Analtraseg, que agrupa a trabajadores de la UNP, han señalado irregularidades en la continuidad del esquema de seguridad asignado a la exfuncionaria. Dicha situación ha sido comunicada en varias ocasiones a la dirección de la UNP, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta oficial.

La escolta afectada pidió reserva de su identidad e indicó que tras el episodio de agresión física decidió apartarse del esquema de seguridad, con temor de que episodios similares puedan repetirse. En la denuncia, la escolta manifestó: “Yo ya puse en conocimiento al coordinador.

La denuncia involucra, además, a otros miembros del esquema de seguridad, que presenciaron los hechos y confirmaron ante el sindicato las reiteradas situaciones de maltrato y presión laboral.

Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección ni voceros del actual Gobierno han emitido pronunciamientos públicos respecto a la denuncia sobre la situación de la exfuncionaria.

El caso sigue bajo revisión interna en Analtraseg y podría tener repercusiones en el proceso de elección de la próxima contralora general de la República.

La adjudicación de un contrato por 33.000 millones de pesos para la vigilancia privada en la Zona dos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se ha convertido en el eje de una controversia pública, luego de que tres de los cuatro consorcios participantes señalaran posibles irregularidades y favorecimiento a un solo oferente en la audiencia celebrada el 9 de abril en Bogotá.

El proceso, que abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Meta, ha despertado inquietud en torno a la transparencia y equidad de la licitación, sin que exista ningún tipo de respuesta por parte de la entidad.

Durante la diligencia, la atención se centró en las denuncias de los consorcios competidores, que afirmaron que los requisitos de los pliegos de condiciones coincidían exactamente con los perfiles de la Unión Temporal DI Seguridad, integrada por las empresas Detección Seguridad Privada Ltda e Implementar Seguridad Ltda.

Según los oferentes, los criterios establecidos habrían restringido la competencia, ya que solo esa unión temporal podía cumplir con todos los parámetros exigidos. Una veeduría ciudadana había advertido sobre esta situación desde la etapa de borradores del proceso.

Los denunciantes indicaron que los informes de evaluación y ponderación no se publicaron antes del inicio de la audiencia, lo que impidió que pudieran analizar los resultados y preparar observaciones fundamentadas. Ante las acusaciones por falta de transparencia en la publicación de los informes, se tomó la decisión de suspender temporalmente la diligencia.

Infobae Colombia conoció que los representantes de los consorcios no favorecidos manifestaron que el comité evaluador aplicó criterios más estrictos para evaluar sus propuestas, en contraste con el trato recibido por la Unión Temporal DI Seguridad, y aseguran que a su grupo se les exigió subsanar requisitos de experiencia y documentación que, presuntamente, no se solicitaron al oferente finalmente recomendado para la adjudicación.

Ante la gravedad de las denuncias, la Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso y expresó preocupación por la posible existencia de un “pliego a la medida”. El órgano de control recordó que las alertas sobre un supuesto direccionamiento ya habían sido comunicadas previamente y solicitó al comité evaluador que garantice la igualdad de condiciones para todos los participantes.

Los denunciantes indicaron que, a pesar de la gravedad de las denuncias, la administración del Sena concedió únicamente un receso de 90 minutos antes de retomar la audiencia y los asistentes al proceso consideraron insuficiente este tiempo para la revisión y respuesta a las controversias expuestas, dado el volumen de documentos y la gravedad de los señalamientos, por lo que se pedirá una nueva suspensión.

Cabe recordar que el contrato en disputa abarca la seguridad de sedes y centros de formación en seis departamentos de la región centro-oriente del país. De acuerdo con los pliegos, la adjudicación busca garantizar la prestación continua de servicios de vigilancia privada, un rubro que históricamente ha sido objeto de múltiples licitaciones e investigaciones administrativas en el sector público colombiano.

Entre los aspectos filtrados de la adjudicación está que la Unión Temporal DI Seguridad, señalada como posible beneficiaria del proceso, está conformada por Detección Seguridad Privada Ltda. e Implementar Seguridad Ltda., empresas con trayectoria en la prestación de servicios al Estado. En audiencias anteriores, representantes de otras firmas competidoras ya habían hecho énfasis en la coincidencia entre los requisitos técnicos y la experiencia acreditada exclusivamente por este grupo empresarial.

Voceros de las partes denunciantes indicaron a Infobae Colombia que lo registrado en la audiencia es una muestra de las irregularidades que se han registrado en el proceso y denunciaron dos aspectos.

En primer lugar, falta de transparencia, argumentando que la audiencia debió suspenderse inicialmente porque los informes de evaluación y ponderación no se publicaron a tiempo. Segundo, desigualdad de criterios: Los oferentes rechazados e inconformes aseguran que se les aplicó un rigor evaluativo que no se usó con el consorcio “favorito”, el cual, presuntamente, no subsanó requisitos de experiencia exigidos a los demás.

El testigo que registró el hecho las confrontó: “Mire, está robando el pasaje descaradamente con el hombre de la vigilancia. No va a decir nada. Oiga, ¿tiene que robarle el pasaje? ¿Es costumbre robar el pasaje?” Una de ellas no dudó y replicó: “Sí, sí es costumbre“.

En la grabación, la indiferencia del vigilante generó indignación. Varios usuarios opinaron: “Ese señor no quiere trabajar, que pase por su liquidación y le den la oportunidad a otro”. Otros sugirieron medidas: “Deben implementar cámaras de reconocimiento facial en todas las estaciones y los colados publicarlos en redes, comerciales, pantallas, el castigo social es más fuerte que una sanción económica que nunca van a pagar”.

Algunos comentarios reflejan frustración: “Esa estación es así a toda hora, hasta le pican el ojo al guarda seguridad, se ríen y todo normal”. Otros señalaron: “Gente que puede pagar un pasaje pero nacen con mentalidad delictiva”.

La evasión del pago del pasaje en TransMilenio ha dejado una marca profunda en la economía y el funcionamiento del transporte público en Bogotá. Samir Abisambra, concejal del Partido Liberal, advirtió en diciembre de 2025 que esta conducta no solo debilita la sostenibilidad del sistema, sino que “golpea las finanzas de la ciudad y perjudica a millones de usuarios que sí cumplen con su obligación”.

Durante 2025, la evasión en el componente troncal del sistema provocó una afectación económica de $265.048.729.898. Este monto, señaló el cabildante, “se hubiera podido destinar a mejorar la seguridad, la frecuencia y la calidad del servicio”. El impacto de este déficit se traduce en menos recursos para inversiones esenciales y en una presión constante sobre el presupuesto distrital.

Según datos proporcionados por Transmilenio, el índice de evasión en 2025 fue del 13%. Sin embargo, las obras del Metro de Bogotá en troncales clave, como la Caracas, propiciaron el retiro de puertas automáticas y sistemas de control como el BCA (Barreras de Control de Acceso) y el PAT (Pasillo Automático/Torniquetes). Esta situación derivó en un incremento de 1,29 puntos porcentuales en el segundo semestre, situando la evasión en un preocupante 15,19%.

En la búsqueda de soluciones, Transmilenio ha implementado herramientas como TransmiPass, que ha mostrado resultados alentadores. Hasta diciembre de 2025, se vendieron 16.426 abonos. La administración destacó que el 86% de quienes lo adquieren lo vuelven a comprar cada mes, lo que, a juicio de las autoridades, demuestra que cuando existen opciones accesibles, los ciudadanos sí cumplen.

No obstante, el crecimiento de la evasión ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana. Muchos consideran que, antes de que el Metro de Bogotá entre en funcionamiento, debe diseñarse una estrategia robusta en este campo, aunque algunos la perciban como un gasto innecesario.

Ejemplo de su potencial impacto fue el programa de cultura ciudadana liderado por Antanas Mockus, que habría cambiado el comportamiento de los bogotanos al momento de cruzar las vías por los puentes peatonales.

El control del acceso en el sistema recae en los vigilantes de Transmilenio, quienes forman parte de empresas de seguridad privada. Sus responsabilidades comprenden la prevención, la disuasión y la protección de la infraestructura, además de reportar emergencias y garantizar el respeto de las normas por parte de los usuarios.

Por otro lado, un estudio de la Universidad Nacional realizado en 2019 desmonta la idea de que la evasión se debe principalmente a dificultades económicas. La investigación concluyó que la mayoría de los bogotanos que se cuelan lo hacen “por falta de cultura ciudadana y apropiación del sistema”, además de percibir que Transmilenio “no es un bien público, sino privado”.

Debido a los problemas por falta de transporte público que aún tiene Bogotá en varios sectores, los proyectos con los que el distrito promete terminar con el calvario de los ciudadanos llaman la atención de la ciudadanía y de los veedores políticos.

Al respecto, el 8 de abril se conoció la denuncia que realizó la concejala Diana Diago sobre el proyecto de construcción del Transmicable Potosí, que fue presentado como uno de los más importantes para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad.

Diago recordó que la adjudicación del contrato se registró en diciembre de 2023 en la administración de Claudia López, que celebró la noticia al indicar que con ello le cumplía a los bogotanos.

En una publicación que realizó López en ese momento, anticipó que el contratista tendría 12 meses para concretar la etapa de estudios y 24 para la construcción final del transporte público, que tendría cuatro estaciones.

Con la adjudicación se afirmó que el transmicable sería utilizado por la ciudadanía en 2027; sin embargo, Diago denunció que el proyecto, que requiere una inversión de $529.000 millones, está suspendido y la fase de construcción no ha avanzado, mientras la de ejecución financiera es del 1.9%.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aunque los estudios están terminados, no hay ninguna obra en ejecución en la actualidad, a pesar de que el distrito ya desembolsó más de 9.000 millones de pesos al contratista.

La concejala recordó que el proyecto ya tiene dos prórrogas y tres suspensiones, y se estima que debería ser entregado en agosto de 2028, aunque la fecha podría moverse de nuevo debido a un retraso de nueve meses en el cronograma presentado.

Diago recordó que el Transmicable Potosí es una solución de movilidad para más de 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar y sectores de Soacha; debe tener una extensión de 3.3 kilómetros, cuatro estaciones y la capacidad de movilizar 4.000 pasajeros por hora.

Hasta el momento, los ciudadanos siguen confiando en la promesa de que, cuando funcione, este transporte público les ahorrará 30 minutos en sus recorridos diarios y hasta en un 75% el tiempo que tardan en transportarse en la semana.

Durante su intervención, Diago se mostró indignada al asegurar que los ciudadanos afectados con las demoras en la obra pierden hasta siete días durante un año por los trayectos que realizan actualmente para llegar a sus trabajos o centros educativos.

“Esto es una burla con los habitantes de Ciudad Bolívar. La exalcaldesa Claudia López prometió una obra que transformará la movilidad del sector, pero hoy lo único que hay es un contrato suspendido, no hay obra y los retrasos son evidentes”.

Desde el Concejo de Bogotá, Diana Diago cuestionó el manejo del proyecto del Transmicable Potosí, señalando que tanto la administración anterior como la actual han incumplido con la ciudadanía.

La concejala destacó que, aunque se prometió entregar la obra en 2027, aún no inician los trabajos de construcción, lo que considera una muestra de improvisación por parte del distrito, cuyos errores terminan afectando a los bogotanos.

Diago realizó un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán y al IDU para que aceleren los trámites necesarios y así puedan comenzar las obras sin más demoras, asegurando la adecuada ejecución del proyecto. La cabildante reafirmó que Ciudad Bolívar no puede esperar más, pues el cable aéreo representa una solución real y necesaria frente a los problemas de movilidad que enfrentan diariamente cientos de miles de familias en la zona sur de Bogotá, y pidió que el alcalde Galán no se escude al indicar que se trata de un proyecto de la administración anterior.

Una operación de alto impacto contra estructuras del crimen organizado en Honduras, que inicialmente fue presentada como un golpe contundente al narcotráfico, ha derivado en una fuerte polémica institucional tras la decisión de una jueza en el departamento de Olancho de dejar en libertad a un sospechoso capturado con un arsenal de armas de alto poder.

La situación ha provocado la indignación de las autoridades de seguridad, particularmente del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el general Ramiro Muñoz, quien denunció públicamente lo ocurrido y cuestionó el actuar del sistema judicial.

Las fuerzas de seguridad habían presentado el operativo como un hito en su ofensiva contra el narcotráfico, al identificar que el arsenal asegurado evidenciaba el alto nivel de peligrosidad del detenido y la complejidad de la organización en la que presuntamente operaba.

La jueza competente determinó conceder la libertad bajo condiciones: la obligación de Paguada Gómez de firmar semanalmente ante las autoridades y el pago de una multa de 100 mil lempiras. Detalló que esta medida se adoptó en sustitución de la prisión preventiva habitual para este tipo de delitos.

En el marco de la operación, las autoridades decomisaron 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos, 36 armas de fuego —varias de uso prohibido y equipadas con silenciadores— y al menos 11 productos financieros supuestamente vinculados a actividades ilícitas, según documentó el director de la DLCN, Ramiro Muñoz.

. Este hallazgo, unido al papel de Paguada Gómez, considerado por la investigación como pieza clave dentro de la estructura financiera del grupo criminal, subraya la dimensión de la acción policial y la expectativa de debilitamiento de las redes delictivas.

El general Muñoz, director de la DLCN, expresó: “Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”. Para Muñoz, la resolución representa un revés para las fuerzas de seguridad y transmite un mensaje equivocado a la sociedad sobre la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.

La fiscalía y autoridades de seguridad coordinaron el operativo de forma simultánea en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. El objetivo declarado fue el aseguramiento de activos usados, según las pesquisas preliminares, para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Tras la denuncia, el Poder Judicial de Honduras abrió una investigación interna para esclarecer la actuación de la jueza responsable. El portavoz judicial, Melvin Duarte, confirmó que: “Ha sido enviado un inspector más para documentarse y auxiliar el trabajo; una de las prioridades es poner atención a este tipo de situaciones y dar vigilancia permanente”, detalló. Insistió en el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

La Supervisión General del Poder Judicial interviene en el expediente, con el propósito de garantizar la normalidad procesal y descartar presiones externas que pudieran haber afectado la decisión. Esta línea de investigación responde a denuncias públicas y la preocupación de distintos sectores ante una posible afectación de la integridad judicial.

Duarte indicó que el Ministerio Público dispone de recursos legales para impugnar la decisión si encuentra errores de fondo: “Ante una situación procesal en la cual el ente acusador no se encuentre de acuerdo con la decisión que ha tomado un juez en determinado caso, le queda el camino recursivo; el MP a partir de hoy tiene abierto el camino procesal pertinente y presentar el recurso correspondiente”, señaló.

El caso de Paguada Gómez se convirtió en un símbolo de las tensiones entre las agencias de seguridad y el sistema de justicia en Honduras. Las fuerzas policiales sostienen que operativos de esta magnitud solo cumplen su objetivo si los jueces refuerzan el compromiso estatal al dictar medidas acordes con la gravedad de los delitos imputados

Luego de que el pasado 7 de abril se hiciera viral un video donde un conductor graba el apuntalamiento de pilotes en la sección 5 del Tren Maya, asegurando un inminente hundimiento, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reiteró que es necesario asegurar la estabilidad de esta estructura para proteger a la población.

Garantías para evitar una tragedia

La estabilidad estructural de esta obra debe buscar prevenir cualquier riesgo, el cual pueda derivar en una tragedia como la de hace unos meses en el ferrocarril transístmico, con 14 víctimas mortales, recordó la legisladora:

“La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto, así como las acciones que se están implementando para garantizar su integridad”.

La diputada presidenta consideró imprescindible que las autoridades competentes proporcionen información completamente transparente sobre el estado actual de la obra, tras la difusión de posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya y los trabajos de apuntalamiento efectuados por elementos del Ejército mexicano en áreas de cenotes y cavernas.

“Es indispensable que se realicen todas las acciones de ingeniería necesarias para asegurar la estabilidad estructural del Tren Maya y salvaguardar la vida de las personas, bajo los más altos estándares de seguridad”, comentó.

Sheinbaum aseguró que pediría dictamen técnico

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la revisión detallada y el dictamen técnico para confirmar las condiciones del tramo reportado ya fueron solicitados.

Solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), especialista en estructuras, mantener una reunión con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de analizar la denuncia y elaborar un dictamen técnico:

“No hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. De todas maneras, le pedí que hiciera esta revisión particular, para que pueda darse un dictamen técnico”.

Revelan video con supuesto hundimiento del Tren Maya

Un video difundido en redes sociales, el cual fue grabado por un ingeniero de Quintana Roo reveló que ingenieros del Ejercito Mexicano se encuentran trabajando en el Tramo 5 del Tren Maya.

El hombre se acerca a la construcción donde personal le pide no grabar por ser una zona federal y aunque él pregunta por los trabajos que están realizando, no obtiene ningún dato. Al insistir, le pidieron que se retirara del lugar y que de seguir grabando debería mostrar su permiso para grabar.

“Hay hundimiento de pilotes, son 7 mil, ¿cómo va a estar este tramo dentro de un año?”, cuestiona el ingeniero.

Ante la negativa de grabación por parte de los trabajadores, la presidenta aseguró que hay libertad de expresión:

“No deberían de haberle pedido que borrara el video, se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”.

Sin obtener ningún tipo de asistencia, el ciudadano obtuvo una “sanción injusta”, porque, según él, la falla fue provocada por problemas tecnológicos ajenos a su responsabilidad.

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Como lo difundió él mismo en su cuenta de Instagram con un video, el hecho se registró tras varios intentos fallidos de pago en la aplicación oficial, mientras los operadores del sistema no se encontraban disponibles para asistirlo.

El lunes 6 de abril de 2026, Osorio estacionó su camioneta frente a la Notaría 24, sobre la calle 79 con carrera 14, en el norte de la ciudad, en una ZPP, regulada por la Alcaldía de Bogotá y administrada por la Terminal de Transporte.

El empresario relató que, en medio de sus diligencias, antes del tiempo límite, intentó cumplir con el pago usando el código QR dispuesto por la administración, pero la plataforma le solicitó un código de validación que nunca llegó a su correo.

“Me pareció la cosa más injusta que puede existir. Cuando uno la caga, pues uno sabe que las multas cuestan. Como el código no llegó, me empecé a desesperar porque ya tenía que ir a firmar y me fui de cuadra a cuadra buscando los famosos operadores que se supone están para ayudar al usuario. Pregunté a los que venden dulces, a los de los almacenes y me dicen que en todo el día no han venido. Perfecto”, relató.

Ante la imposibilidad de concretar el pago y la ausencia de los operadores, el afectado debió dejar el vehículo estacionado mientras realizaba una gestión en la notaría. A su regreso, encontró el automóvil inmovilizado y, a pesar de mostrar los correos y los intentos de pago, los encargados hicieron caso omiso.

“Hice seis solicitudes para pagar y me mandaban a mi correo que me iban a mandar un código para poderme enviar al link y yo pagar. No fue posible. Cuando salí, oh sorpresa, ya tenía el cepo. Entonces le digo al operador, porque ahí sí ya llegaron no uno, sino veinte. Los veinte que no estuvieron en el momento que yo los necesité, llegaron cuando tenían el cepo. Yo les digo: ‘Miren, tengo toda la intención de pago’”.

La respuesta de los supervisores fue que debía enviar una Petición, Queja o Reclamo (PQR) y que no podían quitar el cepo, debido a que la situación respondía a una falla tecnológica. Sin embargo, el empresario alegó que el problema no solo radicó en las plataformas, sino en la falta de apoyo de los funcionarios en el sitio.

Agregó: “Y les muestro que el correo con los famosos códigos de validación me llegaron a las dos horas después de haber solicitado el servicio. No hubo poder humano. Vino el supervisor, vino el coordinador, vinieron todos a decirme: ‘Sí, no le podemos quitar el cepo. Sí, es una falla de la tecnología’”.

Osorio cuestionó el nivel tecnológico del país para operar sistemas como la ZPP Bogotá y criticó que los usuarios terminen afectados por las fallas.

“Yo creo que este país no está lo suficientemente desarrollado en el ámbito tecnológico como para poner a la gente a lidiar con unas plataformas mal concebidas, que fallan todo el tiempo, pero que, para ellos, qué casualidad, generan dividendos: 140 mil pesos, más el tiempo en mora, más la discusión que tuve con el señor”, sostuvo.

El empresario también dirigió críticas al alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, por el manejo de la seguridad y la gestión de los operadores de parqueaderos en vía.

“Yo no sé si el alcalde de Bogotá, muy querido y por el cual yo voté, está al tanto de tanta inconsistencia y tanto mal manejo con el ciudadano. Eso sí: la inseguridad, la basura, los robos y los atracos están a la orden del día, y de paso atracan a mano armada a los usuarios que utilizan los parqueaderos donde nunca aparecen los encargados“.

Claudia Sheinbaum informó que se analizará la denuncia sobre presuntos hundimientos en el Tren Maya, luego de que en redes sociales circulara un video en el que se observan trabajos de apuntalamiento en el Tramo 5 sur.

Durante la conferencia matutina de este miércoles, la mandataria explicó que dichas obras no son recientes, sino que forman parte del proceso constructivo desde que se desarrolló el proyecto.

“No son obras nuevas, son obras desde que se hizo el tren”, señaló, al tiempo que reiteró que en su momento se garantizó la seguridad estructural de la infraestructura.

En la grabación, el denunciante argumenta que el apuntalamiento de la estructura de concreto se debe a un supuesto hundimiento de pilotes. Además, relató que personal en la zona le solicitó que borrara el video sin explicaciones.

Sheinbaum pide dictamen técnico tras denuncia

Ante los señalamientos difundidos por un ingeniero de Quintana Roo, Sheinbaum indicó que solicitó una revisión detallada y un dictamen técnico que confirme las condiciones del tramo para esclarecer la situación.

En ese sentido, instruyó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), especialista en estructuras, a reunirse con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional para analizar la denuncia y emitir un dictamen técnico.

Garantizan seguridad y libertad de expresión

La presidenta también subrayó que, hasta el momento, no existe ningún problema estructural en el Tren Maya, aunque insistió en que se llevará a cabo la revisión correspondiente para brindar certeza.

Asimismo, se refirió al hecho de que presuntamente se habría solicitado al autor del video borrar el material, lo cual rechazó:

“No deberían de haberle pedido que borrara el video. Se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”, afirmó.

Sheinbaum comparte informe de Defensa sobre irregularidades en adquisición de camiones

La presidenta también abordó un informe entregado por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, respecto a presuntas irregularidades en la adquisición de camiones para el Ejército. El reporte señala que el 7 de abril un canal de YouTube mencionó que Julio Scherer Ibarra habría ofrecido servicios de gestoría a través de un despacho de abogados para favorecer a una empresa internacional en la asignación de un contrato con la Defensa en 2024.

En el informe se detalla que la empresa Ensambladora Latinoamericana de Motores, SAPI de CV obtuvo un contrato para la adquisición de 1,279 camiones de 6.5 toneladas y 30 camiones de 13 toneladas, sumando más de 2,286 millones de pesos. El procedimiento se realizó por licitación pública internacional, con la participación de 28 empresas nacionales y extranjeras, sin que se presentaran quejas sobre el proceso.

El reporte aclara que dicha empresa entregó con retraso diez vehículos y que por ello se aplicó una penalización de cerca de un millón de pesos, conforme a la normatividad. La mandataria indicó que, para transparentar el proceso, ya ordenó a la Inspección y Contraloría General del Ejército, Fuerza Aérea y Guardia Nacional realizar una auditoría al procedimiento y, en caso de detectarse irregularidades, remitir el caso al órgano interno de control.

La polémica en torno a Julio Scherer Ibarra escaló este martes luego de que su hijo, Julio Scherer Pareyon, calificara como una “maniobra vulgar y servil” los cuestionamientos planteados en la conferencia matutina sobre un presunto tráfico de influencias.

En paralelo, la presidenta Claudia Sheinbaum se deslindó del exfuncionario y ordenó investigar los contratos señalados.

Reacción de Scherer Pareyon: acusa campaña de intrigas

A través de redes sociales, Scherer Pareyon rechazó la forma en que se abordó el tema durante la conferencia presidencial y atribuyó el señalamiento a una estrategia política.

“No fue una pregunta: fue una maniobra. Vulgar, servil, distante del periodismo”, escribió. Además, sostuvo que el cuestionamiento provino de “un personero” de Jesús Ramírez Cuevas, lo que, a su juicio, confirma una “campaña de intrigas” contra su familia.

El pronunciamiento coincidió con el aniversario del nacimiento de Julio Scherer García, lo que el propio Pareyon subrayó como un elemento simbólico en su crítica.

Señalamientos en la mañanera: contratos y presunta influencia

Durante la conferencia, un reportero expuso un caso en el que un despacho de abogados vinculado a Scherer Ibarra habría ofrecido servicios de gestoría a una empresa proveedora de vehículos pesados para la Secretaría de la Defensa Nacional.

Según la exposición, la firma habría prometido facilitar trámites para la asignación de contratos; sin embargo, la licitación se habría resuelto por criterios de competitividad económica.

También se mencionó un presunto conflicto entre particulares, en el que se habrían retirado recursos millonarios pese a medidas judiciales de protección.

El cuestionamiento central planteado a la presidenta fue si el exconsejero jurídico mantiene influencia en el actual gobierno o en el Poder Judicial.

Sheinbaum se deslinda y ordena investigación

En respuesta, la presidenta fue enfática al negar cualquier vínculo o influencia del exfuncionario en su administración.

“No veo a Julio Scherer desde que entré al Gobierno de la República”, afirmó.

Añadió que ninguna persona cercana —familiares, amigos o conocidos— tiene injerencia en la asignación de contratos públicos.

Asimismo, instruyó a la Secretaría Anticorrupción a investigar el caso y esclarecer los hechos en el corto plazo.

“Nosotros no toleramos la corrupción, eso tiene que quedar muy claro, y no hay impunidad”, sostuvo.

Trayectoria de Scherer Ibarra en la 4T

El nombre de Scherer Ibarra ha sido recurrente en la vida política reciente debido a su cercanía con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, de quien fue consejero jurídico entre 2018 y 2021.

• Su papel dentro del gobierno incluyó funciones clave en la estrategia legal de la llamada Cuarta Transformación, así como participación en procesos políticos desde años previos.
• Fue parte del equipo jurídico que denunció el presunto fraude electoral de 2006Coordinó estructuras políticas en la campaña presidencial de 2018
• Encabezó la Consejería Jurídica durante los primeros años del sexenio
• Renunció al cargo en 2021 para reincorporarse a la práctica privada

Tras su salida, ha mantenido presencia pública a través de publicaciones y posicionamientos políticos.

Libro y reaparición pública: “Ni venganza ni perdón”

En 2026, Scherer Ibarra volvió al debate público con la publicación de Ni venganza ni perdón, un libro en el que relata episodios internos del gobierno y lanza críticas a figuras del oficialismo.

El texto ha generado tensiones dentro del entorno político, al incluir señalamientos contra actores relevantes del movimiento gobernante.

La presidenta ha evitado profundizar en su contenido y ha señalado que, en caso de existir denuncias, deben presentarse ante las autoridades correspondientes.

Un caso que escala en el debate político

El episodio refleja tensiones entre exfuncionarios, actores del actual gobierno y el entorno mediático.

Mientras la presidencia insiste en una política de cero influencia en contrataciones, la respuesta de la familia Scherer apunta a una disputa que trasciende lo administrativo y se instala en el terreno político.

La investigación anunciada será clave para determinar si existen irregularidades en los contratos señalados o si se trata, como sostiene Scherer Pareyon, de una estrategia de desacreditación.

Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la República (FGR) señala a Jenaro Villamil Rodríguez, Miguel Ángel Elorza Vázquez y a la plataforma Infodemia por el presunto uso indebido de recursos públicos para desacreditar trabajos periodísticos.

La querella, presentada por el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, solicita investigar posibles delitos de peculado y ejercicio ilícito del servicio público, así como responsabilidades derivadas de la operación y metodología de la plataforma estatal Infodemia, adscrita al Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) y dirigida por Jenaro Villamil Rodríguez.

La denuncia fue formalizada ante la Fiscalía General de la República y recibió acuse por parte de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno bajo el folio 48518/2026.

El escándalo de Palacio Nacional y la actuación de Infodemia

El caso que detonó la denuncia se originó con la difusión, a través de redes sociales, de videos y fotografías de Florencia Melany Franco Fernández, entonces directora general de Coordinación en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), recostada y tomando el sol en un balcón de Palacio Nacional. Las imágenes provocaron un debate nacional respecto al uso de espacios oficiales, la conducta de funcionarios públicos y el manejo del patrimonio histórico.

En respuesta a la polémica, la plataforma Infodemia publicó contenidos en los que calificó las imágenes como falsas y las atribuyó a supuestos montajes realizados con inteligencia artificial. Esta postura fue sostenida durante varios días, hasta que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó la autenticidad de las imágenes y la aplicación de una sanción administrativa. Posteriormente, Infodemia rectificó y ofreció una disculpa pública a su audiencia.

La funcionaria involucrada, Florencia Franco Fernández, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho y con maestría por la Universidad de París-Panthéon-Assas, dejó su cargo directivo en la SHCP tras más de cuatro años de trayectoria en la dependencia. Su salario bruto mensual ascendía a 150,822 pesos, con un ingreso neto estimado de 104,821 pesos, según la plataforma Nómina Transparente de la Administración Pública Federal, información que generó debate y críticas en redes sociales.

Metodología de Infodemia y cuestionamientos sobre transparencia

La denuncia subraya que Infodemia ha difundido publicaciones destinadas a desmentir información considerada “noticias falsas”, muchas de las cuales han sido presentadas en conferencias oficiales del gobierno federal.

Según el texto presentado ante la FGR, existen antecedentes de contenidos verídicos que fueron catalogados como falsos sin que la plataforma emitiera posteriormente rectificaciones claras ni transparentes.

El periodista señala la ausencia de una metodología verificable por parte de la plataforma estatal, así como la falta de apego a estándares internacionales de verificación de datos, como los establecidos por la Red Internacional de Verificación de Datos.

Este señalamiento se refuerza con la referencia a prácticas de estigmatización y exposición pública de periodistas a través de Infodemia, lo cual, según la denuncia, incrementa los riesgos de violencia y desprestigio profesional.

El documento presentado menciona que Miguel Ángel Elorza Vázquez, coordinador de Infodemia, y Jenaro Villamil Rodríguez, titular del SPR, son responsables de la gestión y difusión de contenidos desde la plataforma estatal.

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno notificó al denunciante que la petición fue recibida.

La denuncia solicita que las autoridades determinen si la operación de Infodemia se ajusta a la legalidad y si existen responsabilidades administrativas o penales por el manejo de recursos públicos en la producción y difusión de contenidos oficiales orientados a desmentir información periodística.

La denuncia del abogado Jorge Monastersky por la posible existencia de estructuras extranjeras de injerencia informativa en el país, presuntamente asociadas a la Federación de Rusia y con potencial impacto en el debate público y el funcionamiento institucional, quedó a cargo este lunes del juez federal porteño Sebastián Ramos.

La presentación se concretó el viernes último por mail ante la Justicia Federal y se sorteó a primera hora: quedó a cargo del magistrado Ramos y del fiscal federal Ramiro González, informaron fuentes judiciales a Infobae.

El denunciante reclamó que se evalúe si estas operaciones, que habrían involucrado la organización de una red con financiación externa y actividades orientadas a influir en la opinión de la ciudadanía, configuran delitos bajo la Ley de Inteligencia Nacional.

El impulso a la causa se fundamenta especialmente en un comunicado reciente de la Secretaría de Inteligencia de Estado, lo que desplaza el caso del plano periodístico al institucional.

Según el comunicado oficial de la Secretaría de Inteligencia de Estado, fechado el 2 de abril pasado y citado por Monastersky, ya se había informado a la Justicia Federal y al Ministerio Público Fiscal sobre las actividades de una organización apodada “La Compañía”, integrada por ciudadanos rusos, con recursos internacionales y nexos en Argentina.

Esta documentación fue explicitada en la denuncia para subrayar, según Monastersky, que la gravedad y verosimilitud institucional de los hechos “impone una investigación judicial inmediata”.

Para la presentación, el letrado recopiló información e investigaciones publicadas por Infobae (ver aquí), openDemocracy y otros medios.

La “Compañía”

Uno de los puntos destacados es la identificación de una estructura con financiamiento externo que, en territorio argentino, habría producido alrededor de 250 artículos periodísticos dirigidos a modular el debate social a través del presunto pago a medios, editores y/o periodistas que individualmente lograron filtrar publicaciones sin conocimiento de las compañías para las cuales trabajan.

La denuncia resalta que este despliegue explícitamente anticipado en los medios incluye estrategias, actores y canales de circulación que merecen un relevamiento judicial.

El escrito solicita que la Justicia esclarezca si existió entrega de pagos o contraprestaciones a quienes canalizaron la difusión de los contenidos, para lo cual propone identificar medios de pago, intermediarios y beneficiarios, así como solicitar informes a la entidad ARCA por movimientos financieros relevantes.

También exige determinar el grado de conocimiento o participación consciente de los eventuales involucrados, diferenciando entre inducidos y partícipes plenamente informados.

Riesgo institucional y urgencia judicial

La denuncia señala que la eventual inserción de operaciones de desinformación coordinada y con financiamiento extranjero puede incidir directamente en la “formación de la voluntad del electorado”, en especial durante períodos electorales, afectando “la transparencia del debate público y la integridad del sistema democrático”, según consta en el texto entregado al juzgado. Monastersky advierte que el fenómeno no puede tratarse como una simple dinámica comunicacional sino que representa una amenaza directa al sistema democrático argentino.

La preocupación abarca además la posibilidad de que periodistas y medios hayan sido engañados sobre la fuente u objetivos de los materiales difundidos, hecho que el abogado considera debe ser dilucidado para evitar generalizaciones y establecer responsabilidades individuales. El documento solicita que la Justicia individualice las conductas y determine si reúnen los elementos propios de delitos previstos en la normativa vigente, en particular la Ley 25.520 de Inteligencia Nacional.

Medidas de prueba

El abogado pidió una batería de medidas de prueba, incluyendo el análisis técnico de patrones de difusión digital por parte de la DATIP. Propone la consulta e intercambio de información con plataformas digitales y organismos estatales nacionales, e incluso –si surgiera la necesidad– iniciar procesos de cooperación internacional. Monastersky exige, además, la intervención inmediata del Ministerio Público Fiscal, para que impulse la investigación penal y propicie el esclarecimiento de los hechos, con miras a preservar los “intereses estratégicos” del país.

La denuncia enumera como urgente que el Poder Judicial “intervenga de manera oportuna a fin de esclarecer los hechos”, debido a la gravedad institucional que implica la probable injerencia de una estructura operativa internacional en el entorno mediático argentino.

Un hombre de Rosario se convirtió en el primer caso que llegará a juicio oral por una denuncia falsa de abuso sexual contra su expareja. El caso sucedió en 2022, en medio de una batalla judicial entre los padres por la custodia de su hija. El padre, identificado como Eduardo Otero, luego de que la causa haya sido desestimada, decidió empezar un proceso contra quienes lo acusaron y arruinaron el vínculo con su hija.

Eduardo Otero, irá a juicio contra su ex pareja y a tres personas más, según informó Rosario3. El caso podría marcar un precedente en la historia legal de la provincia de Santa Fe, derivado de una acusación descartada. La fiscal Alejandra Raigal archivó la causa penal en 2022, decisión que luego fue confirmada por instancias superiores. El expediente se reactivó cuando Otero presentó formalmente una denuncia, impulsando la elevación a juicio oral a la madre de la niña y dos testigos. El camarista, Gustavo Salvador, fue quién dispuso la medida y el proceso oral comenzará en los próximos meses.

Según los argumentos presentados por Eduardo Otero ante la justicia, la madre de la menor, acompañada por dos testigos y una abogada, habría presentado la denuncia buscando “obstruir el vínculo” entre padre e hija. Otero declaró que lleva tres años y medio sin ver a la niña y sostuvo que la menor habría sido manipulada para rechazar el contacto. Durante una entrevista con el programa El Puente, el padre también declaró: “Yo tengo el derecho de estar con mi hija y mi hija de estar conmigo”. En este marco, Otero reclamó una resolución judicial para poder restablecer el vínculo con su hija, remarcando el impacto que tuvo esta situación para la familia.

El destape de falsas denuncias

El miércoles 1 de abril se ratificó la absolución de Pablo Barra, un padre que había sido denunciado por el supuesto abuso sexual de su hija en 2018 y desde entonces permanecía sin contacto con la menor. El juez de segunda instancia, Javier Beltramone, confirmó el fallo que liberó de responsabilidad penal a Barra, en un caso que expuso una presunta red de informes psicológicos falsos cuya elaboración habría provocado la separación injustificada entre niños y sus progenitores.

El expediente de Pablo Barra fue uno de los que, en septiembre del año pasado, sirvió como base de una denuncia penal presentada ante el Ministerio Público de la Acusación. El escrito, firmado por la abogada Viviana Cosentino, defensora de Barra, apuntó contra tres psicólogas de Rosario identificadas como P.B.A., G.R.S. y N.V.A. Se las acusó de confeccionar “formularios prearmados” mediante descripciones idénticas y textos copiados en distintos informes, sin siquiera entrevistar previamente a los padres denunciados.

En la resolución, Beltramone sostuvo: “No puede soslayarse que estas prácticas proyectan efectos concretos y disvaliosos sobre otras jurisdicciones, en particular en el fuero de Familia, en tanto inciden directamente en procesos de revinculación paterno-filial y en la adopción de medidas que encuentran su sustento en la existencia de una imputación penal que luego no logra sostenerse probatoriamente. De este modo, se produce una extensión indebida de los efectos del proceso penal sobre esferas ajenas, con impacto directo en el interés superior del niño, que exige decisiones fundadas, proporcionales y sustentadas en evidencia suficiente”.

Beltramone consideró probado, de acuerdo a la documentación y testimonios que obran en la causa, que la dinámica de los informes observados no representa un hecho aislado, sino una modalidad con efectos graves sobre múltiples jurisdicciones. La decisión judicial sobre Barra restaura su absolución y aporta un antecedente significativo en el análisis de cómo operan ciertos circuitos de validación de pruebas en el sistema penal santafesino.

Su testimonio fue publicado en Brava News, donde Herrera reiteró que quienes comenten acoso en medios periodísticos suelen ocupar posiciones de alto poder y permanecen en ellas durante años.

“Esa persona acosadora que atentó contra mí era el director de noticias y lo siguió siendo durante muchos años más. Como varios, es él uno de los que sigue al aire, dirigiendo, decidiendo quién entra y quién no entra a este oficio”, escribió la periodista en su columna de opinión.

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Herrera explicó que decidió no hacer públicos los nombres ante la falta de pruebas y testigos, teniendo en cuenta que es el principal cuestionamiento entre los que conocen su historia: “La respuesta es incómoda, pero real, y es porque no tengo cómo probarlo, porque en ese momento no grabé, no denuncié y no hubo testigos”.

El testimonio de Paola Herrera demuestra patrones recurrentes de acoso en los medios colombianos

La periodista contó que, tras quedarse sin trabajo y buscar oportunidades en el periodismo, fue citada para una entrevista laboral con el director de un noticiero de uno de los grandes medios. Luego de una primera conversación en su oficina, el directivo propuso continuar la charla en una cafetería, donde la conversación derivó en una situación de acoso físico.

“De repente sentí su mano en mi pierna, por debajo de mi falda, y empezó a acariciarme”, relató Herrera en Brava News. La periodista describió cómo intentó apartarse, pero él no se lo permitió: “Me agarró del brazo de forma brusca, me volvió a sentar, puso su mano de nuevo en mi pierna, pero esta vez más arriba, y me dijo ‘tranquila, nada te va a pasar’”.

Herrera aseguró que el hecho la paralizó y le provocó temor, aunque sentía la presión de tratar con “un hombre mucho mayor, poderoso y alguien que en ese momento tenía en sus manos la posibilidad de darme un trabajo”.

Tras el episodio la periodista relata que se vio muy afectada: “Sentí vergüenza, como si alguien pudiera haber visto algo, aunque yo no había hecho nada y le pedí que nos fuéramos. Mientras regresamos a la oficina me dijo que me esperaba para empezar a trabajar y pese a que yo le respondí diciéndole que iba a preparar mis papeles, nunca regresé a ese lugar”.

La denuncia pública busca transformar la lógica de poder dentro de los medios

La periodista Paola Herrera fundamentó su decisión de hablar después de tanto tiempo en la aparición de múltiples relatos recientes sobre acoso en redacciones colombianas: “Esto no se trata de hechos individuales. Es un patrón, un sistema sostenido por el poder, el miedo y la permisividad dentro de los medios”. En su relato, enfatizó que la ausencia de denuncias formales no implica inexistencia de los hechos ni justifica que las víctimas deban callar.

El testimonio establece que muchos casos de acoso han ocurrido bajo el amparo de estructuras jerárquicas que, según Herrera, protegieron o encubrieron a los agresores, que permanecen identificados por el prestigio en el gremio: “Son hombres intocables, ‘vacas sagradas’ del periodismo, referentes públicos y voces respetadas que detrás de cámaras son definitivamente otra cosa a la que se ve”.

En su columna de opinión, Herrera hizo un llamado a construir redacciones y canales en los que ninguna periodista deba elegir entre su carrera y su integridad.

“Espero que algún día podamos garantizar que nunca más una joven llegue a una entrevista de trabajo y tenga que salir de ahí sintiendo que su cuerpo fue parte de la negociación”, concluyó en Brava News.

La labor de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) incluye administrar y proteger los bienes incautados al narcotráfico y al crimen organizado que están en proceso de extinción de dominio. Su función principal es darles un uso productivo y social, transfiriendo tierras y activos para la reparación de víctimas y la reforma agraria.

Además de entregar predios a comunidades y vender inmuebles a terceros, la SAE también arrienda algunas propiedades en las que hay proyectos que cumplan con la ley.

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Es por ello que, en diálogo con Infobae Colombia, el empresario Osvaldy Ruiz Duque pide que la entidad no le haga perder más de 170 millones de pesos que ha invertido en una propiedad que él tiene en arriendo desde hace varios años y que recientemente fue intervenida por las autoridades.

Se trata de un lote de 3.600 metros cuadrados en el corregimiento de San Antonio de Prado, en el que Ruiz tiene tres líneas de negocio en una alianza junto a cinco empresas que suman 30 familias en total.

A pesar de las solicitudes que ha presentado para poder seguir siendo el arrendatario del predio, asegura que la SAE le ha negado esta oportunidad y le exige dejar el lugar en 13 días sin poder retirar nada de las adecuaciones por las que pagó.

En 2018 fundó la empresa Motorblue, dedicada al tratamiento de aguas residuales automotrices; en 2020 comenzó con el contrato de arrendamiento en el predio de San Antonio de Prado. El contrato de arrendamiento, formalizado ante notaría, fue celebrado con quien se presentó como titular legítimo del bien.

Durante la diligencia, funcionarios de la SAE informaron a Ruiz que su calidad de arrendatario estaba reconocida y que podría continuar usando el predio. Posteriormente, la empresa envió la solicitud formal de legalización de su estadía, entregando la documentación exigida. Según relata Ruiz, la SAE mantuvo silencio administrativo por cerca de seis meses, lo que generó incertidumbre sobre el futuro de la empresa.

En octubre de 2025, la Sociedad de Activos Especiales notificó la aceptación de la documentación y presentó una propuesta contractual. Ruiz afirma que el contrato ofrecía condiciones desventajosas, pues no garantizaba la permanencia en el lote aun efectuando y permitía a la SAE rescindir el acuerdo en cualquier momento.

Ante esta situación, la empresa interpuso una reclamación solicitando claridad y el reconocimiento de las mejoras realizadas en el terreno.

La respuesta incluyó el envío de funcionarios para inspeccionar las adecuaciones, pero poco después la SAE incrementó el canon de arrendamiento, sumando el valor de las mejoras útiles y necesarias hechas por la empresa, según la denuncia conocida por este medio. Ruiz indica que esta decisión implicó que la entidad estatal reclamó como propias las adecuaciones efectuadas y cobró arriendo sobre ellas.

La empresa emprendió acciones legales, presentando una demanda que actualmente tramita en un juzgado de Bogotá. El traslado del caso desde Medellín se debió a la jurisdicción de la sede central de la SAE y la ubicación de la contraparte en Cali. Este proceso judicial, aún sin respuesta definitiva, ha retrasado la notificación formal a la entidad estatal, aunque Ruiz asegura que la Sociedad de Activos Especiales ya está informada de la existencia de la demanda.

Ante el escenario de incertidumbre y la posibilidad de un desalojo inminente, han comenzado con el retiro progresivo de su operación empresarial. Ruiz sostiene que la SAE solicitó nuevamente documentos para legalizar la estadía, pero días después notificó una orden de desalojo inmediata. La notificación fue entregada antes de Semana Santa, lo que dificultó cualquier intento de interlocución institucional, ya que tanto la SAE como los juzgados suspendieron sus actividades durante ese periodo.

La orden establece el retiro total de personas, bienes y animales en un plazo de trece días. El empresario señala que, además del impacto sobre la actividad productiva, la propiedad funciona como su residencia, donde habitan animales de compañía y corral. Según Ruiz, la medida afecta a las familias vinculadas económicamente a la empresa, que carecen de alternativas inmediatas para su reubicación.

Ruiz también relató que la situación ha tenido repercusiones en su salud, tras sufrir una crisis de ansiedad que requirió atención médica e incapacidad laboral. Explica que, en medio de la imposibilidad de diálogo con la SAE y la inminencia del desalojo, busca visibilizar su caso y exponer la falta de mecanismos de defensa ante decisiones administrativas que considera desproporcionadas.

El empresario concluyó al indicar que su único objetivo es obtener un plazo razonable para el retiro de la empresa y la entrega adecuada del predio, sin perjuicio de las condiciones en que este fue recibido y de las mejoras realizadas por Motorblue durante su ocupación.

“Ante nuestra solicitud de un contrato justo y que nos garantice continuar las operaciones, ellos emiten orden de desalojo sin dar ninguna garantía ni derecho a la defensa; es más, sin poder contradecir, porque ellos salieron a vacaciones y no hay con quién hablar”, puntualizó.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recordó a la ciudadanía que existen diversos canales para presentar denuncias y quejas contra proveedores de combustible, especialmente cuando detectan irregularidades como precios indebidos, litros incompletos o mal servicio.

De acuerdo con la dependencia, los consumidores pueden actuar cuando una gasolinera no respeta sus derechos, ya que la autoridad cuenta con mecanismos de verificación y vigilancia para sancionar abusos.

Piden a la ciudadanía enviar fotos del tótem de precios

En línea con la vigilancia de precios, este lunes 30 de marzo en conferencia matutina, César Iván Escalante Ruiz, titular de la Profeco, hizo un llamado a la población para monitorear el costo del combustible en el país.

La dependencia pidió a los consumidores enviar fotografías del tótem de precios, es decir, los letreros visibles en las estaciones de servicio donde se muestran los costos por litro.

Esta medida busca reforzar el seguimiento del acuerdo para mantener precios justos, especialmente en el diésel, y detectar posibles inconsistencias entre lo anunciado y lo cobrado.

El envío de estas imágenes permite a la autoridad contar con evidencia directa y en tiempo real sobre el comportamiento del mercado, fortaleciendo así las acciones de supervisión.

¿Cómo denunciar irregularidades en gasolineras?

Si detectas anomalías en el precio de la gasolina o en el despacho de combustible, Profeco pone a disposición varias vías para presentar tu denuncia:

Correos electrónicos especializados:

• Puedes enviar tu caso a denunciasgasolina@profeco.gob.mx, destinado específicamente con proveedores de gasolina.
• En caso de que la denuncia sea contra un proveedor de gas Licuado de Petróleo (LP), envía un e-mail a denunciasgaslp@profeco.gob.mx. 
• Profeco recuerda que para denunciar abusos relacionados con productos o servicios, se debe escribir a: denunciasprofeco@profeco.gob.mx o asesoria@profeco.gob.mx. 
• Teléfono del Consumidor:
• • 55 5568 8722 (CDMX y zona metropolitana)
  • 800 468 8722 (resto del país)
• Atención directa: También es posible presentar denuncias en oficinas de atención al consumidor.

Para que la denuncia proceda, se recomienda incluir información detallada como: nombre de la gasolinera, ubicación, fecha, hora y evidencia (como ticket o fotografías).

Profeco subraya que estas denuncias permiten iniciar procesos de verificación, los cuales pueden derivar en sanciones si se comprueba alguna irregularidad.

¿Por qué es importante denunciar?

Presentar una denuncia no solo protege tu economía, también contribuye a que las autoridades identifiquen patrones de abuso en el sector energético.

La Profeco realiza inspecciones para verificar que:

• Se despachen litros completos
• Se respeten los precios exhibidos
• No existan prácticas engañosas

Cuando detecta irregularidades, puede aplicar multas, clausuras o sanciones administrativas.

En un contexto donde el precio de las gasolinas en México impacta directamente en el bolsillo de millones de personas, la participación ciudadana resulta clave para garantizar un mercado justo y transparente.

Según la denuncia —trasladada a instancias de control, la Alcaldía de Soacha y la Dirección Nacional de Bomberos—, la flota del departamento estáen estado crítico, incluso, “fuera de servicio desde hace varios meses”.

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Tanto, que la situación expone a la población al riesgo de perder la cobertura del servicio esencial de bomberos. Según el documento de denuncia, conocido por Infobae Colombia, se asegura que, como resultado de informes internos y denuncias ciudadanas, los vehículos “presentan fallas mecánicas y operativas”.

El panorama es alarmante. Se relata que la unidad M-07 (carrotanque) fue retirada de operación por “fallas en frenos/embrague, fugas hidráulicas, fallas SCR/UREA y ausencia de RTMyEC vigente, entre otras”.

Otra unidad, la M-05 (Chevrolet D-Max), lleva fuera de servicio aproximadamente seis meses tras un conato de incendio, con daño en el sistema eléctrico, tracción 4x4 y el sistema de emergencia.

El caso más crítico podría ser el de la M-06 (International doble cabina), que lleva “más de 7 meses fuera de servicio por fallas severas de transmisión, frenos y fugas”, sumado a la falta de alguna “certificación NFPA”. Además, la M-02 (Chevrolet NPS entregada en 2024), supuestamente nueva, “presenta fallas en embrague/transmisión, bomba, frenos ABS y tanque, con 1.5 meses fuera de servicio pese a su reciente entrega”.

Se advierte que “existirían otras unidades con fallas recurrentes y algunas con más de un año sin operar, incluyendo vehículos sin sistemas de emergencia funcionales (sirenas y luces), fallas eléctricas, sistemas de bombeo con fugas y llantas en condiciones no aptas para la operación”.

Pero no solo eso, uno de los voceros del organismo de socorro le dijo a este medio que es “grave la situación del Cuerpo oficial de Bomberos de Soacha por el total abandono por parte de la administración municipal”, que, incluso, los bomberos han debido usar uniformes de otros territorios como del departamento de Bomberos de Ibagué, Tolima. También sostuvo que la respuesta que les han dado en el conducto regular es que “todo está bien”.

El riesgo de operar en estas condiciones impacta directamente a los soachunos

El propio delegado enfatizó la gravedad del asunto e indicó que esta situación podría constituir “un indicio serio de posible deficiencia en la gestión, mantenimiento y disponibilidad de los recursos destinados a la prestación del servicio público esencial bomberil”.

La denuncia pide verificar si existió o existe algún contrato de mantenimiento preventivo y correctivo, así como el seguimiento real en la ejecución de estos convenios.

El capitán Farfán solicitó medidas drásticas: apertura de investigaciones disciplinarias, auditoría fiscal y auditorías técnicas independientes a cada vehículo. Plantea la posibilidad de “aseguramiento físico de vehículos críticos e inmovilización preventiva cuando exista riesgo de operación insegura”, la “activación de garantías y reclamaciones de seguros” y la exigencia de un reporte público de disponibilidad operativa.

En el documento, los denunciantes recordaron que la Constitución y la Ley General de Bomberos obligan al Estado a proteger la vida y garantizar el funcionamiento de los servicios públicos esenciales.

“La eventual indisponibilidad del parque automotor compromete directamente la capacidad de respuesta del municipio, configurando una posible falla en el cumplimiento de estas obligaciones”, apuntó el delegado departamental.

Solicitó además un plan de contingencia que asegure, aunque de modo provisional, la atención de emergencias, especialmente por medio de convenios con los bomberos voluntarios.

El reporte finalizó con un llamado de atención categórico: se pidió que se proceda “a adelantar actuaciones correspondientes y adoptar las medidas necesarias para la verificación de los hechos puestos en conocimiento”, por la amenaza directa a la seguridad y patrimonio de la comunidad.

En palabras del capitán Farfán: “Es urgente que se adopten medidas de intervención responsables que garanticen la continuidad del servicio y la adecuada gestión de los recursos públicos, en concordancia con los principios de la función administrativa.”

Ante el alza de ataques a automovilistas con piedras, el Partido Acción Nacional en la Ciudad de México (PAN CDMX) hizo un llamado al Gobierno capitalino para establecer un marco legal que permita sancionar a quienes lanzan piedras a automovilistas y calificarlo como un delito grave.

La dirigencia del partido solicitó a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, que coordine acciones entre el C5 y la Secretaría de Seguridad Ciudadana para prevenir ataques con piedras a automovilistas en Circuito Interior.

“Es urgente tomar medidas, revisar la legislación y establecer protección en los puentes para imposibilitar arrojar piedras”, señaló la dirigente del PAN CDMX, Luisa Gutiérrez Ureña.

La petición surge ante el incremento de incidentes en los que personas arrojan piedras desde puentes peatonales, poniendo en riesgo la vida de quienes circulan por una de las principales arterias viales de la capital.

Luisa Gutiérrez explicó la necesidad de legislar al respecto debido a que, ya sea con el objetivo de asaltar o por otras razones, estas acciones han provocado lesiones en automovilistas.

Proponen colocar mallas en puentes peatonales

El partido blanquiazul destacó que es necesario tomar medida al respecto, pues la situación se ha vuelto ya un problema de seguridad pública.

Entre las propuestas planteadas por el PAN CDMX se encuentra la posibilidad de instalar mallas o protecciones de cristal en los puentes peatonales, con el objetivo de evitar este tipo de incidentes y salvaguardar la integridad de los conductores.

El partido recordó que en el pasado fue quien visibilizó la situación de los “pinchazos” que atravesó el año pasado la población capitalina.

“Nosotros visibilizamos ese modus-operandi y gracias a ello, diputados de todos los partidos en el Congreso presentaron iniciativas para combatirlo y hasta que no actuó el Gobierno ejerciendo sus facultades de investigación, se detuvo y sancionó a responsables”, destacó la dirigente del PAN.

Además, entre las exigencias propuestas por el partido, se encuentra aclarar si existe algún tipo de seguro o póliza que pueda cubrir los gastos médicos de las víctimas por parte del gobierno capitalino. Del mismo modo que si se brinda acompañamiento a las familias afectadas por estos hechos.

“Hay personas que lamentablemente han perdido la vida por este tipo de situaciones, reconocemos también la actuación de la policía local para detener ya, por lo menos, a cuatro personas en situación de calle, pero hay que ir más allá”, expresó.

El PAN CDMX reiteró su disposición para trabajar junto al Gobierno en la revisión y eventual modificación del marco legal, con el objetivo de tipificar como delito grave el arrojar piedras a automovilistas.

“Lo peor que puede hacer el Gobierno es no hacer nada y seguir minimizando los hechos”, advirtió por su parte el diputado panista Federico Döring.

El partido insistió en que la estrategia debe combinar acciones policiales inmediatas con políticas públicas de atención y canalización para personas en situación de calle, sin criminalizarlas, pero garantizando la seguridad de la ciudadanía.

La escena es estremecedora: una nena de apenas 11 años descubrió a su padrastro mientras abusaba sexualmente de su hermana mayor y casi de inmediato lo denunció ante la Policía. Gracias a que la menor se acercó a la Comisaría, el hombre -de 29 años- fue detenido.

El caso ocurrió el jueves pasado en horas de la tarde, en la localidad balnearia de Santa Clara del Mar. De acuerdo con los primeros datos de la investigación que lleva adelante Ramiro Anchou, titular de la Ayudantía fiscal de Mar Chiquita, Departamento Judicial de Mar del Plata, la niña de 11 se encontró con el abuso de su hermana de 14 años cuando llegó a la casa.

Luego, se acercó a la Estación de Policía Comunal y denunció al padrastro. Según informaron las fuentes oficiales del caso, la presentación espontánea de la nena motivó la intervención inmediata de las autoridades judiciales y del área de Minoridad del partido de Mar Chiquita.

En paralelo, Anchou ordenó la detención urgente del acusado, quien fue localizado en el barrio Atlántida y trasladado a la dependencia policial para ser indagado.

Infobae dialogó con fuentes calificadas de la causa, quienes se abstuvieron de dar información específica del hecho, debido a que se trató de un caso con detalles escabrosos y la intención de los investigadores es no revictimizar a las dos menores involucradas.

Sin embargo, indicaron respecto del imputado que ayer se presentó ante el fiscal Anchou y se negó a declarar. Luego, el funcionario judicial pidió la prisión preventiva y el juez de Garantías Nº1, Daniel de Marco, la concedió.

Para continuar con la investigación, el fiscal pidió que tanto la víctima del presunto abuso sexual como su hermana menor brinden su testimonio en Cámara Gesell. “Se van a realizar a la brevedad”, remarcaron las fuentes consultadas por este medio.

Mientras tanto, el acusado -que además cuenta con denuncias previas por violencia de género- quedó detenido en la Unidad 44 del penal de Batán. En ese sentidos los detectives consultados por Infobae señalaron que restan también pericias sobre prendas de vestir que fueron secuestradas y rastros que fueron levantados en la escena.

Luego de la denuncia y la detención del sospechoso, el área de Servicio Social recabó testimonios y el personal policial realizó las actuaciones correspondientes. El personal especializado en cuestiones de género y el Área de Niñez y Adolescencia prestaron asistencia y contención a la familia de la víctima.

El acusado quedó imputado por el momento del delito de abuso sexual agravado.

Un adolescente de 14 años fue víctima de una violenta agresión este viernes por la mañana en la Escuela Secundaria N.º 38 de Mar del Plata, cuando un compañero lo golpeó brutalmente delante de sus compañeros. La víctima terminó desplomada en el piso, mientras algunos de los testigos filmaron el momento en el que lo pateaban en la cabeza.

Todo ocurrió en el establecimiento educativo ubicado en la calle 11 de Septiembre al 4300. El ataque comenzó alrededor de las 07:40 horas, es decir, pocos minutos después de que los alumnos ingresaran a sus respectivas aulas.

Aparentemente, el agresor habría llegado más tarde y tenía la intención de ocupar el banco donde se encontraba sentado Nahuel. En ese momento, la víctima se habría negado a darle el lugar, sin imaginar que eso desataría una furia incontenible por parte de su compañero de escuela.

Según la información a la que accedió 0223, la reacción del atacante fue tomarlo del cuello, tirarlo al piso y comenzar a golpearlo sin mediar palabra. Un video grabado por otros estudiantes mostró cómo el menor recibió varios golpes de puño y dos patadas en la cabeza. Finalmente, terminaría inconsciente.

Después de la agresión, las autoridades escolares notificaron a los padres de Nahuel, quienes lo trasladaron rápidamente para que recibiera atención médica urgente. Tras haber sido observado por especialistas, se confirmó que había sufrido fracturas en la nariz y en la apófisis frontal derecha del maxilar superior.

El resultado fue arrojado por una tomografía que le realizaron en la Clínica del Niño y la Familia, en donde también detectaron la presencia de un edema y hematoma en las regiones maxilares. Asimismo, indicaron que hubo una disminución del área de la válvula nasal anterior interna derecha y un aumento en la densidad y espesor de los tejidos blandos.

A raíz de este diagnóstico, el menor de edad quedó internado bajo observación. En paralelo, sus padres tomaron la decisión de denunciar lo ocurrido en la Comisaría 4.° y solicitaron la intervención del área de Minoridad, tras asegurar que no era la primera vez que este alumno lo agredía.

“Cuando nos acercamos a la escuela, nos dijeron que solo habían sido unos golpes de puño. Minimizaron la situación”, criticó Gisela, la madre de Nahuel, al contar que presuntamente las autoridades habrían pedido que se borrara el video que captó la agresión. Asimismo, los acusó de no haber recibido “ningún tipo de respuesta” por parte de la institución.

Por otro lado, la mujer dio algunos detalles sobre los episodios de bullying que su hijo habría sufrido a manos del menor acusado. “El nene ya había tenido algunos hechos de violencia, pero no había llegado a esta intensidad”, consideró.

“Le bajaba los pantalones delante de sus compañeros. Una vez se fue a sentar en una silla, le sacó la silla y Nahuel se golpeó la espalda”, recordó la madre de la víctima sobre los diferentes tipos de violencia que habría sufrido a manos de este menor.

Al evidenciarse una escalada de violencia en la conducta del adolescente señalado, la madre del menor agredido reiteró que “tiene un nivel de violencia muy alto”, y apuntó que “no puede haber este nivel de violencia en un aula por un banco”.

Por otro lado, el padre de Nahuel mantuvo un breve diálogo con Teleocho, en donde contó que el año pasado había asistido en varias oportunidades a la escuela para pedir que intercedieran y frenaran la situación que atravesaba su hijo.

“Hoy podría estar llorando a mi hijo en una casa fúnebre”, enfatizó la madre del adolescente golpeado, tras mencionar que las únicas medidas adoptadas por el colegio habrían sido actas disciplinarias que no lograron ponerle un fin al calvario.

La denuncia por presunto acoso sexual contra el Acxan Duque Gámez, viceministro encargado de Igualdad para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza y jefe de la Oficina Asesora Jurídica del Ministerio de Igualdad, causó indignación en el país político colombiano y derivó en la renuncia del funcionario a la cartera.

De acuerdo con una comunicación expuesta por la senadora y candidata presidencial Paloma Valencia, Duque Gámez envió una fotografía de carácter sexual a una subalterna sin su consentimiento. La funcionaria respondió con rechazo de manera inmediata, advirtiendo que no permitiría que volviera a enviarle ese tipo de contenido.

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“Este mensaje es una falta de respeto grave. Espero no me vuelva a enviar contenido de ese tipo. Esto no tiene cabida en una relación laboral”, indicó la mujer, cuya identidad no fue revelada, en la conversación de WhatsApp que sostuvo con el viceministro.

Según Duque Gámez, la foto que envió a la funcionaria en realidad iba dirigida a su pareja sentimental, por lo que se trató de un “error”. Sin embargo, renunció para defenderse ante la denuncia en su contra.

Denuncia de acoso sexual sacude al país político

Políticos de distintas corrientes políticas se pronunciaron al respecto, criticando al Gobierno nacional, liderado por el presidente Gustavo Petro, y el hecho de que este caso ahora sacuda al Ministerio de Igualdad, que antes ya ha estado envuelto en otras polémicas.

La representante a la Cámara Jennifer Pedraza, por ejemplo, instó al primer mandatario a dar una declaración sobre estos hechos y lamentó las irregularidades que se han presentado en la cartera.

“Qué dolor, un Ministerio que luchamos las mujeres, la juventud y las poblaciones excluidas, usado para repartirle puestos a acosadores y gente con títulos falsos. ¡¿Qué pasa por la mente de este tipo?! Qué miedo estar sola con él en una oficina. ¿El Presidente @petrogustavo no piensa decir nada?”, precisó.

La congresista Angélica Lozano se unió a las críticas que surgieron en redes sociales, pidiendo al Ministerio de Trabajo que investigue al respecto. “¡Que caigan todos! Clave que llegue la comitiva de inspección del ministerio de trabajo. #NoEsHoraDeCallar”, indicó.

Al igual que las funcionarias, el representante a la Cámara Miguel Polo Polo cuestionó la falta de pronunciamientos por parte de las mujeres afines al petrismo que respaldan el movimiento feminista. Aseguró que en este y en otros casos han procurado guardar silencio.

“¿Cuánta porquería más tiene que salir de este gobierno? ¿Dónde están las feministas del petrismo? Ah, claro… dicen que no se responsabilizan por los actos de hombres mayores de edad de su partido. No, señoras: aquí no se les está pidiendo que respondan por degenerados, se les está exigiendo coherencia. Que levanten la voz como lo hacen cuando cacarean de empoderamiento y de violencias de género”, aseveró.

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela también centró su comentario en el Gobierno Petro, que ha sido fuertemente cuestionado por distintas denuncias de acoso sexual y violencias basadas en género. “Preocupante que el gobierno del “cambio” tenga tantos casos de acoso en su nómina. Ahora se sumaría el Viceministro de Igualdad, Axcan Duque, quien estaría presuntamente acosando sexualmente funcionarios del Ministerio”, indicó.

El exministro del Interior Juan Fernando Cristo no se quedó atrás y reaccionó celebrando la renuncia del funcionario, así como las acciones investigativas que el Ministerio de Trabajo está desarrollando por denuncias de acoso sexual en Caracol Televisión, RCN y Rtvc.

“Bien la inspección de @MintrabajoCol a RTVC y bien la renuncia de este señor al Viceministerio. Esto no puede seguir pasando. ¡¡¡¡¡¡¡¡¡ No más !!!!!!!!”, escribió.

El representante Mauricio Parodi también se pronunció haciendo una crítica enfocada en el Ministerio de Igualdad debido a los escándalos que lo rodean y al uso de los recursos.

“Acxan Duque pasó del anonimato al desprestigio en un instante. No se sabía de algún aporte suyo desde MinIgualdad, hoy se conocen públicamente algunas de sus actividades y no son en beneficio de los colombianos. Ay MinIngualdad, duele cada peso que se gastan”, señaló.

Desde el 19 de marzo se han conocido varios detalles de la denuncia que una joven presentó ante la Fiscalía General de la Nación en Colombia contra Nicolás Rodríguez, mediocampista de Atlético Nacional, por presunto abuso sexual registrado el 15 de marzo en Rionegro.

En la denuncia se menciona la presunta desorientación de la denunciante tras ingerir licor con un grupo de hombres. El proceso judicial se encuentra en etapa de indagación, sin imputación formal contra el futbolista.

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Abogados penalistas han analizado el caso y han mencionado que, si se comprueba que hubo penetración sin consentimiento debido a algún tipo de incapacidad de la víctima, la pena podría ser de 12 a 20 años de prisión, según lo establecido en el Código Penal Colombiano, con posibles agravantes. Por el momento, Rodríguez sigue vinculado a Atlético Nacional, aunque fue apartado del plantel profesional mientras avanza la investigación.

Abogado de la denunciante habló con Infobae Colombia

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado Francisco Bernate, defensor de la denunciante de Nicolás Rodríguez, entregó detalles del caso por el que el extremo fue apartado del plantel Verdolaga.

“Se trata de una denuncia de una mujer que presuntamente fue víctima de agresión de tipo sexual el 19 de marzo en Rionegro, Antioquia, en la que presuntamente estaría vinculado el señor Nicolás Rodríguez en compañía de otras personas. Esperamos que la justicia investigue, que llegue a fondo y que se determine lo que se tenga que determinar”.

Bernate lamentó que, luego de que se hizo pública la denuncia, la joven haya recibido mensajes en los que la acusan de querer beneficiarse del futbolista.

“Desafortunadamente, en Colombia este tipo de situaciones suceden muchísimo y muchas víctimas no pueden alzar su voz; hay todo tipo de barreras. En este caso, la víctima buscó apoyo y consideró que se debía hacer público. Muchas personas de su círculo se enteraron ahora y ha sido difícil; hay publicaciones en redes en las que la están culpando y es lamentable”.

Debido a los señalamientos contra su cliente, el jurista descartó que se busque algún tipo de acuerdo económico, mencionando que esta no es una posibilidad que se pueda registrar debido a la gravedad de la denuncia.

“Hay publicaciones que están muy mal, es una situación difícil en la que ha estado expuesta a muchos ataques, pero hay que seguir adelante. No es ni siquiera una posibilidad (buscar un fin económico). No es algo viable, este tipo de delitos no tienen ese tipo de salida”.

Francisco Bernate anticipó que, al ser un tema de suma gravedad, tras la denuncia comenzó un proceso que podría tardar varios años en ser resuelto.

“En este momento hay una indagación preliminar con la que se busca determinar la ocurrencia del hecho, en eso estamos. Esto puede tardar hasta dos años; la Fiscalía determina hasta que tenga los elementos para llevar el caso ante un juez para la imputación de cargos y lo otro será el juicio, que podría ser hasta en cinco años. A esto le falta mucho tiempo todavía, pero insisto, no hay ninguna posibilidad de una negociación, uno no puede negociar en estos casos, no es algo viable, no es una posibilidad”.

El abogado de la denunciante de Nicolás Rodríguez reconoció como un aspecto positivo lo realizado por el club Atlético Nacional, que emitió un comunicado en el que respaldó a la presunta víctima.

“El pronunciamiento fue público, en el que separaron al jugador; de resto no, y no es que deban hacer algo más, no se necesita más. Lo que se ha dicho es lo correcto, es lo que es”.

Por último, Bernate reveló que la denuncia no solo es contra el jugador de fútbol, sino que en el proceso también se buscará que los demás sujetos que habrían participado de la agresión sean castigados. “Es algo muy grave, porque pretendieron callar a una víctima y eso es algo muy grave. La investigación abarca a varias personas”, puntualizó el jurista.

El 24 de marzo, La Titular reveló detalles sobre una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que se acusa al futbolista de Atlético Nacional Nicolás Rodríguez de haber abusado sexualmente a una joven.

Sobre el caso se conoció que el hecho se habría registrado el 15 de marzo, antes de que el equipo Verdolaga enfrentara a Millonarios FC en El Campín, en Bogotá. De acuerdo con la denunciante, fue contactada por el deportista a través de redes sociales para compartir en un establecimiento nocturno en Medellín.

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Luego de ingerir licor junto a Rodríguez y un grupo de hombres, se habrían trasladado hasta una vivienda en Rionegro, en la que, tras negarse a tener relaciones sexuales con el deportista, la mujer afirma que se acostó y horas más tarde despertó sin saber cómo habían abusado de ella.

Abogado de la joven reveló detalles del caso

En diálogo con Telemedellín, el jurista Francisco Bernate, representante legal de la denunciante, indicó que tras llegar a un departamento en Rionegro, su cliente perdió el conocimiento, haciendo que dude sobre si en algún momento fue drogada.

Bernate citó la declaración realizada ante la Fiscalía en la que la joven afirma que cuando recuperó el conocimiento observó a Nicolás Rodríguez junto a ella en la misma habitación.

“El contacto en redes sociales es entre ellos dos y la citación es con él, y la persona que ella reconoce, que estuvo con ella en la habitación, sería él; es algo que deben determinar las autoridades, pero el relato de ella sí hace referencia a que fue esta persona quien habría cometido este hecho.

El abogado reveló que horas más tarde, cuando ya no estaba con el grupo de hombres, la joven fue contactada a través de Instagram para que no denunciara el caso. “Habría otra persona que con posterioridad a este evento la contacta vía redes sociales, como animándola a dejar eso así”, afirmó Bernate.

Debido a los señalamientos que ha recibido la joven luego de entablar la denuncia ante la Fiscalía, lo que provocó que Atlético Nacional desvinculara a Rodríguez de los futuros compromisos deportivos del club, el abogado indicó que su cliente busca justicia y no dinero.

“La víctima espera dos cosas: primero justicia, esto ocurrió y alguien tiene que responder por esto; y en segundo lugar que no haya una revictimización o agresiones hacia su persona”.

Cabe mencionar que, tras la filtración de la denuncia, el también futbolista Emerson Batalla, vinculado actualmente al Atlético Bucaramanga, subió una historia a Instagram en la que insinuó que la joven estaría buscando un beneficio económico.

“‘La única mujer, había 10 hombres’ Jajaja sinceramente (emoji con signos de dinero)“, fue el texto que compartió Batalla en sus redes sociales.

En medio de la polémica, El Tiempo publicó un informe en el que reveló chats que habrían sido incluidos en la denuncia contra Rodríguez ante la Fiscalía General de la Nación. En estos se incluye el mensaje mencionado por el abogado sobre la intención que tendrían cercanos al futbolista de solucionar todo sin que se registrara la demanda.

“Cuéntame qué fue lo que sucedió, que quiero que se hablen y arreglen las cosas de la mejor manera posible... No quiero que vaya a escalar ni pasar a mayores, lógicamente”, se lee en el chat.

De la misma forma, se expusieron las respuestas que entregó la denunciante, que reafirmó que no estaba consciente en el momento que se habría registrado el abuso sexual.

“Yo ya estaba muy tomada pero recuerdo las cosas, no sé en qué momento el otro que ni recuerdo estaba encima de mí… Estaba inconsciente... No me confundí, yo estaba inconsciente. No fue una confusión”.

El pasado sábado 22 de marzo, decenas de personas llegaron en microbuses a la Alameda Sur de Coyoacán para participar en un acto político del Partido Acción Nacional (PAN) encabezado por su líder nacional, Jorge Romero. Algunos de esos autobuses tenían el logotipo del PAN y el nombre “Gio” rotulado en sus costados. Lo que ocurrió antes, durante y después del evento derivó esta semana en una denuncia formal ante la Contraloría General de la Ciudad de México.

El audio que desató la controversia

La concejala Esther Rodríguez, del Partido del Trabajo, hizo pública una grabación en la que se escucha a una mujer — identificada como Irma Lourdes Velázquez García, subdirectora territorial Churubusco-Taxqueña de la alcaldía Coyoacán — llamar a un presunto operador de nombre Gilberto para organizar el traslado de personas al evento.

En el audio, la voz instruye: llegarían en camión a la Alameda Sur, portarían una playera identificada como “Grupo PAN de Coyoacán” y el objetivo sería "afianzar al PAN en Coyoacán“, según sus propias palabras. También menciona al alcalde Giovani Gutiérrez y a personalidades como el exfutbolista Miguel España entre los asistentes al acto.

Laptops y pantallas como incentivo — y amenazas para quien no asistiera

El diputado local Paulo García, de Morena, presentó fotografías de lo que describió como una entrega de pantallas y computadoras portátiles horas antes del evento, acompañadas de un segundo audio en el que una mujer señala que recibir los electrónicos implicaba asistir al acto. Según García, entre los incentivos también figuraban dos días de descanso, mientras que quienes no se presentaran enfrentarían consecuencias laborales: "quien no esté los corren“, se escucha en la grabación.

La denuncia formal

Este miércoles 25 de marzo, el diputado local Paulo García, el diputado federal Manuel Alejandro Robles, el concejal Diego Arteaga y la concejala María Esther Rodríguez formalizaron una denuncia ante la Contraloría General contra el alcalde Giovani Gutiérrez y los funcionarios involucrados por el presunto uso de recursos públicos para financiar la operación.

“Acabamos de formalizar esta denuncia contra el alcalde por el posible uso de recursos públicos para llenar y hacerle el caldo gordo al líder del Cártel Inmobiliario Jorge Romero", declaró Paulo García, quien anunció además un punto de acuerdo para que la Fiscalía General de Justicia también intervenga en el caso.

Los denunciantes señalan que la operación habría implicado el traslado de hasta 17 mil personas y exigen que la Contraloría aclare cuánto dinero público se destinó a transporte, dádivas y organización del evento. La concejala Rodríguez pidió que el organismo inhabilite a los funcionarios de nivel directivo y subdirectivo involucrados.

El incidente ocurrió el 23 de marzo, luego de que la comunicadora aceptara movilizarse junto al equipo edil desde Zaña ante la falta de transporte público. Sin embargo, lo que comenzó como un traslado terminó, según su versión, en una situación de presunta coacción que la llevó a formalizar una denuncia por el delito contra la libertad personal, mientras el municipio niega los hechos y asegura que todo se desarrolló con normalidad.

Denuncia por presunta retención en vehículo oficial

La periodista Rosa Antuanné Bravo Díaz, reportera de Exitosa, formalizó una denuncia contra el alcalde distrital de Pacora, José Luis Sipión Bornaz, tras un incidente ocurrido el pasado 23 de marzo. De acuerdo con el acta policial, el hecho se produjo luego de que la comunicadora abordara una minivan junto al equipo del burgomaestre para trasladarse desde Zaña hasta la ciudad de Chiclayo.

Según su relato, durante el trayecto viajaba acompañada de su colega Rosa María Loro Galán. Sin embargo, al llegar a la ciudad, solo su compañera logró descender del vehículo. La reportera asegura que, pese a solicitar reiteradamente que se detuviera la unidad para bajar, el pedido no fue atendido y el vehículo continuó su recorrido.

La situación habría escalado cuando, de acuerdo con su testimonio, el alcalde impidió físicamente su descenso. “Al momento en que yo agarro mis cosas para descender de la unidad, él entrelaza los brazos con su jefe de imagen y dice: ‘ella no va a bajar, ella se queda’”, declaró la periodista, quien añadió que la puerta del vehículo se cerró mientras la unidad retomaba la marcha.

El recorrido continuó hasta la urbanización Santa Victoria, donde finalmente la unidad se detuvo frente a un restaurante. La periodista logró descender, pero afirma que el alcalde insistió en que permaneciera en el lugar para almorzar. Ante su negativa, según el acta, el funcionario habría ordenado a uno de sus trabajadores: “persíguela que no se vaya”.

La comunicadora también señaló que el alcalde intentó sujetarla del brazo en exteriores del establecimiento, lo que incrementó su incomodidad. Posteriormente, acudió a la Comisaría César Llatas Castro para interponer la denuncia correspondiente por el presunto atentado contra su libertad personal.

“Han sido momentos muy incómodos, tengo recuerdos muy vagos”, declaró tras formalizar la acusación. Asimismo, indicó que se encuentra a la espera de las imágenes de cámaras de seguridad que permitan esclarecer lo ocurrido y respalden su versión de los hechos. También solicitó la ampliación de su denuncia para aportar más detalles a la investigación.

Municipio niega acusaciones y anuncia colaboración

Tras la difusión del caso, la Municipalidad Distrital de Pacora emitió un comunicado oficial en el que el alcalde José Sipión Bornaz rechaza de manera categórica las acusaciones. Según la versión institucional, el traslado brindado a la periodista y su acompañante fue un acto de “cortesía y apoyo”, en un contexto donde no había transporte disponible.

En el documento, se sostiene que el ambiente durante el trayecto fue de “respeto y cordialidad” y que el vehículo realizó las paradas solicitadas por las pasajeras. Además, se afirma que la denunciante descendió por decisión propia, contradiciendo así la versión presentada ante la Policía.

El municipio también indicó que el personal que viajaba en la unidad actuará como testigo para respaldar la versión del alcalde. En esa línea, el burgomaestre expresó su disposición para colaborar con cualquier requerimiento de las autoridades competentes, ya sea del Ministerio Público o de la Policía Nacional.

Por su parte, desde la Policía se informó que el caso se encuentra en proceso de investigación. El general PNP Luis Bolaños señaló que, de confirmarse indicios de responsabilidad, podrían adoptarse medidas como la detención del alcalde, conforme a lo que establece la ley.

Todo comenzó cuando Daniela publicó un extenso mensaje en su cuenta de Instagram, en el que apuntó directamente contra Fernández. “A cierta gente le falta educación y, sobre todo, humildad. Ya fuiste desvinculada por no respetar el contrato que firmaste. Agrediste a abogadas con trayectoria, creyendo saber más por recién haber comenzado a estudiar”, escribió la arquitecta, haciendo referencia a la reciente incursión de la panelista en estudios jurídicos y a su perfil mediático. En el texto, Fontana enumeró episodios de supuesta violencia y ataques verbales de Cinthia hacia otras personas del entorno. “Venís señalando a distintas personas con supuestas amenazas, pero sin presentar ninguna prueba. Incluso mencionaste a Moria Casán, a quien además atacaste con calificativos irreproducibles. En ese video del corte de su programa, la violencia con la que te expresabas hablaba por sí sola”, sentenció.

La arquitecta también se animó a opinar sobre la forma en que Fernández maneja las cuestiones legales, remarcando: “No estudio Derecho, pero es evidente que confundís conceptos: las amenazas no corresponden al fuero de la Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”. Y cerró con un mensaje dirigido a todas las mujeres, marcando distancia: “No todas somos lo mismo. Y algo importante: no te dejes gritar ni denigrar como mujer… te lo digo desde la experiencia”.

La respuesta de Fernández llegó con la contundencia que la caracteriza. A través de una historia en Instagram, la panelista mostró el comprobante de una denuncia realizada ante el Ministerio Público Fiscal de la Ciudad de Buenos Aires. “Ya denuncié a Daniela Vera Fontana por amenazas y hostigamiento hacia mi persona. Me tiene cansada, harta y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, escribió Fernández, mostrando la constancia del trámite iniciado. Pero no se quedó ahí: “Ya no soporto más vivir así, que haga terapia o lo que tenga que hacer, pero yo con las amenazas de esta mujer no vivo más. Hace un año y medio aguanto esta situación. Ahora sí me cansé”, sentenció, dejando en claro el nivel de hartazgo y la decisión de avanzar hasta el final en el plano judicial.

La escalada continuó cuando Cinthia se expresó en una serie de videos, donde no escatimó en calificativos para su contrincante. “Ya estoy hinchada las pel... de vivir así, de soportar todos los días de mi vida. Estoy harta de Daniela, la ex de mi pareja. Estoy harta, es una pesada, es una resentida, es un asco de persona, me tiene harta. Por eso voy a hablar, porque ya no soporto más todos los días de mi vida tener que aguantar a esta piba”, lanzó Fernández, que denunció hostigamiento constante y se mostró decidida a ponerle un punto final a la situación.

En sus historias, Cinthia detalló cómo se enteró de que Daniela seguía al tanto de su vida privada. “Me han llegado capturas de este fin de semana, en donde esta mujer hace enigmáticos, se hace la canchera, ahí buscando sobre mi vida privada y queriendo contarla. ¿Pero vos sos estúpida, hace veinte años que trabajo en medios de comunicación? Hace 20 años la gente conoce mi vida entera. ¿Vos te pensás que yo no sé lo que hice de mi vida? ¿Vos me querés a mí venir a avergonzar con mi sexualidad? ¿Vos querés venir a decirme si hice fotos así, si hice fotos allá, si tengo esto? ¿Pero a vos realmente no te da la cabeza?”, planteó, indignada.

La panelista también acusó a su rival de “amenazadora” y “extorsionadora”, y la cuestionó por supuestamente usar la bandera del feminismo solo cuando le conviene. “Porque para pedir plata te ponés el pañuelito verde y pedís: ‘Ay, me están incumpliendo, yo estoy sufriendo’. Vos tenés la historia, yo sufrí la misma historia y después sos una caradura, sos una machista”, sostuvo Fernández, que remarcó la contradicción entre las denuncias y los comentarios ofensivos que, asegura, recibe por parte de Fontana.

“Yo de mi vida hice lo que quise y no te tengo que dar explicaciones a vos ni a nadie. Soy libre de mi vida. ¿Qué te venís a hacer la misteriosa y amenazarme con eso? No hay nada más bajo y más machista que vos. Sos una doble vara, sos una caradura, se te cayó la careta, la gente ya te vio, ya no te cree nada. Con mi sexualidad, con lo que hago de mi cuerpo, si subo foto en pelotas, si hice treinta bailando, cincuenta cuadrás, salí en pelotas, lo que quise, me tapé cuando quise, siempre fui libre. ¿Vos venís a hablar de dignidad? ¿Qué te quedaste, 20 años atrás, querida? Vos sé digna, agarrá el título que tenés juntando polvo y andá a buscar laburo, flaca”, lanzó en medio de su enojo.

En el cierre, Fernández también apuntó contra las demandas económicas que, según ella, Fontana sostiene desde hace años. “Cinco palos y medio por mes recibís, flaca. ¿Y querés hacernos creer a todos que vos no podés mantener a dos bebés con cinco palos y medio y que estás alternando cuatro por siete cuando tenés ocho horas a las chicas en el colegio? ¿A quién le querés hacer creer el cuento?”, remató.

El 24 de marzo, La Titular reveló que hay una denuncia en contra del jugador de Atlético Nacional Nicolás Rodríguez, que está siendo acusado por una joven de haberla abusado sexualmente.

El medio citado informó que la denuncia fue radicada el 19 de marzo ante la Fiscalía General de la Nación y habría ocurrido en la madrugada del 15 de marzo en Rionegro, después de una salida nocturna con consumo de alcohol y presunta desorientación de la denunciante.

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Sin que exista ningún tipo de comunicado por parte de la Fiscalía, se confirmó que la investigación continúa en etapa de indagación, sin que hasta el momento exista imputación formal contra el futbolista.

Penalista analizó el caso

En diálogo con Infobae Colombia, el abogado penalista Rogelio Roldán explicó que “no se trata solo de un rumor o de una situación que haya surgido sin ningún fundamento”, resaltando que en la denuncia se mencionan hechos concretos y fuentes verificables, por lo que la investigación apunta a determinar si existió un delito de acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir.

“En dicha denuncia se habla de consumo de alcohol, desorientación y pérdida de control”, resaltó el abogado, que agregó que estos elementos pueden configurar circunstancias agravantes como lo es la inferioridad de la víctima.

Según Roldán, la etapa actual corresponde a la indagación previa, en la que se recogen pruebas para establecer si hay mérito para una audiencia de imputación. “Con la mera denuncia no se puede hablar propiamente de que ya haya un proceso, de que ya exista un juicio oral o que ya exista por lo menos una imputación”.

El abogado remarcó que la presunción de inocencia del jugador permanece intacta hasta que un juez determine su responsabilidad: “Ese principio de presunción de inocencia se encuentra incólume, no se encuentra permeado ni siquiera por la imputación”.

Al hablar de la investigación penal, el jurista indicó que se involucra el análisis de exámenes médicos, sexológicos, toxicológicos, registros de cámaras y comunicaciones electrónicas, además del testimonio de la denunciante y posibles testigos.

Roldán describió que la calificación jurídica dependerá del grado de consentimiento y la capacidad de la víctima para manifestar su voluntad. “El punto controversial es si hubo consentimiento y si había capacidad para hacer la manifestación de voluntad. Es decir, si tenía esa capacidad para consentir el acto”.

El penalista aclaró que, si la prueba determina que existió penetración sin consentimiento por incapacidad de la víctima, el proceso podría encuadrarse como acceso carnal violento. En Colombia, este delito puede acarrear penas de entre 12 y 20 años de prisión, de acuerdo con el Código Penal, y la sanción puede aumentar en función de agravantes como el estado de indefensión, la incapacidad para resistir o el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.

El abogado advirtió sobre la importancia del debido proceso y la necesidad de que la defensa analice si existieron motivaciones espurias en la denuncia. Según sus declaraciones, en estos casos la defensa debe demostrar con argumentos que existió interacción voluntaria y capacidad de consentimiento, lo que podría excluir de la conducta punible. En contraste, si se demuestra la ausencia de consentimiento por incapacidad de voluntad, el proceso avanzaría hacia la imputación y eventual juicio oral.

El abogado enfatizó el papel de la Fiscalía en la recolección de pruebas que permitan acreditar la existencia del hecho, la oportunidad y la ausencia de consentimiento. “La defensa debe atacar lo que se conoce como corroboración periférica, en el entendido de que en estos delitos por lo general no hay testigos y debe hacerse unos juicios lógicos a partir de los indicios”.

Por último, el abogado anticipó que, en caso de que se lleve a cabo un juicio, la clave estará en los resultados periciales. Mientras el caso avanza en la etapa preliminar, Nicolás Rodríguez permanece vinculado al plantel de Atlético Nacional, donde ha disputado 12 partidos en la actual temporada.

La salida de Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas de Caracol Televisión intensificó el debate en el periodismo colombiano sobre la respuesta institucional frente a las denuncias de acoso sexual.

Mónica Rodríguez, periodista y activista, utilizó sus redes sociales para subrayar la magnitud del problema. En su mensaje, advirtió que los casos conocidos hasta ahora serían solo una parte de una problemática mucho más amplia.

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“Falta… y mucho. Muchos… en TODOS los medios, empresas del sector público y privado, entidades del Estado (sic)”, publicó Rodríguez en su cuenta de X. Según la comunicadora, el acoso no se limita a un medio específico ni a una sola persona.

“Estamos rodeadas de acosadores y en los mismos lugares de trabajo lo omiten deliberadamente”, escribió, cuestionando el silencio de las instituciones y la escasa respuesta ante las denuncias.

“Años y años de silencio e impunidad. Años acumulados de dolor para las víctimas de acoso sexual”, puntualizó la periodista, subrayando las consecuencias emocionales y sociales que enfrentan quienes han sufrido estas situaciones.

Contexto de la crisis en Caracol Televisión

El 24 de marzo, Caracol Televisión anunció la salida de Orrego y Vargas mediante un comunicado oficial. La empresa calificó las denuncias como “de particular gravedad” y explicó que las decisiones laborales no constituyen un juicio sobre los hechos, sino que buscan proteger a las personas involucradas y garantizar la independencia de las investigaciones. El canal también aclaró que las investigaciones continúan en curso.

Jorge Alfredo Vargas, en su pronunciamiento público, aseguró atravesar la situación con “serenidad” y señaló que su retiro del canal se dio por mutuo acuerdo. “Tengo la tranquilidad de conciencia de haber actuado bajo parámetros de respeto y buen comportamiento”, afirmó el presentador.

La reacción de Mónica Rodríguez se suma a la de otras comunicadoras y exintegrantes del canal que decidieron romper el silencio. Catalina Botero, periodista y excolaboradora de Caracol, habilitó sus redes sociales para recopilar testimonios de mujeres que aseguran haber vivido situaciones similares.

Botero relató que algunas de estas denuncias se remontan a más de dos décadas y comparten patrones como mensajes insinuantes, tocamientos indebidos y presuntos abusos de poder.

Impunidad y silencio institucional

Rodríguez cuestionó la persistencia de la impunidad en este tipo de casos. “Con todo lo que he leído, puedo asegurar que estamos rodeadas de acosadores y que en los mismos lugares de trabajo lo omiten deliberadamente, porque muchas fueron a denunciar y nunca pasó nada”, enfatizó la periodista.

La falta de respuesta institucional, según Rodríguez, habría contribuido a perpetuar ciclos de silencio y de dolor para las víctimas.

La activista añadió que el fenómeno no se limita solo al acoso sexual. En su mensaje, planteó que si los casos de acoso laboral también salieran a la luz, el panorama sería aún más preocupante. “Y bueno, si se destaparan los casos de acoso laboral, ni hablar, no quedaría títere con cabeza”, concluyó en una frase ampliamente replicada en redes sociales.

Reacciones y consecuencias en el sector

Las declaraciones de Rodríguez reactivaron el debate sobre la seguridad y la protección en los entornos laborales, especialmente en los medios de comunicación. La periodista impulsó iniciativas similares al movimiento “Me Too” en Colombia, alentando a más mujeres a compartir sus experiencias y a visibilizar lo que por años permaneció sin ser escuchado.

Según testimonios recopilados por Catalina Botero, algunas profesionales habrían sido desvinculadas tras denunciar estos hechos, lo que refuerza la preocupación sobre la respuesta de las empresas frente a este tipo de conductas.

“Muchas mujeres no fueron escuchadas en su momento”, afirmó Botero en su cuenta de X, y puso a disposición un canal para que otras víctimas pudieran enviar sus relatos de forma confidencial.

En paralelo, la Fiscalía General de la Nación confirmó la apertura de una investigación para esclarecer las denuncias, trasladando el caso al ámbito judicial. El organismo busca determinar los hechos y establecer responsabilidades en torno a las acusaciones que han sacudido a uno de los principales canales de televisión del país.

En un video difundido a través de TikTok, el usuario denunció haber sido víctima de un trato violento por parte de cinco agentes de tránsito en la capital.

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Durante la grabación, se observa una secuencia de empujones y gestos agresivos. El propio anfer77 narró: “Volvamos al inicio. Aquí empezó todo. El agente le tomó fotos a mis documentos con su teléfono personal. Presten atención a esto. Se los pondré en cámara lenta”. El video busca poner en evidencia la conducta de los funcionarios.

A lo largo del material, el denunciante ironiza sobre la reacción de los agentes: “Ellos dijeron lo empuje con la excusa de prender todo. Juzguen ustedes si lo empujé. Ni Neymar se atrevió a actuar así”. Además, describe distintos momentos de tensión y acusa a uno de los funcionarios de agredirlo físicamente: “Aquí la señora agente de tránsito me había dado una patada, por eso volteo a ver quién fue”.

En las imágenes también se obsercó cómo el teléfono móvil del conductor terminó en el aire luego de que uno de los funcionarios le diera un manotazo.

El hecho generó una ola de reacciones en redes sociales. Los espectadores no tardaron en manifestar sus dudas y reclamos tanto hacia el motociclista como hacia los funcionarios. Un usuario exigió: “Muestre el motivo de la detención?”. Otros fueron más allá al sugerir acciones legales: “Una demanda en fiscalía por daños y perjuicios y por calumnia”, propuso alguien en la sección de comentarios.

Algunos ciudadanos recomendaron alternativas administrativas para denunciar lo ocurrido. Uno escribió: “Una denuncia en la procuraduría invocando el artículo 6 de la Constitución y acusando el abuso de autoridad”. Otro usuario aportó datos sobre la localización del incidente al comentar: “Más Exacto; Av Guayacanes Con Cali”.

La discusión digital incluyó voces que llamaron a la prudencia antes de emitir juicios. Un participante advirtió: “En estos casos se tiene que ver la opinión de parte y parte antes de hacer comentarios”.

Los Agentes Civiles de Tránsito desempeñan funciones públicas bajo la supervisión de la Secretaría Distrital de Movilidad. Cuando existen inconformidades respecto a su actuación, los ciudadanos pueden presentar quejas ante la Oficina de Control Disciplinario Interno de la entidad, en cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 10 del Decreto Distrital No. 672 de 2018, modificado por el Artículo 2° del Decreto Distrital 182 de 2022.

El trámite de estos reclamos puede realizarse de varias maneras. De forma presencial, las personas pueden acudir a la Calle 13 N.º 37-35, en el Área de Correspondencia. También existe la opción de canales virtuales: está habilitado el sistema de Peticiones, Quejas, Reclamos, Solicitudes y Denuncias (Pqrd). Además, los ciudadanos cuentan con la plataforma ‘Bogotá te escucha’ para hacer llegar sus inquietudes o denuncias.

La labor principal de los agentes de tránsito y de movilidad en Bogotá consiste en regular el flujo vehicular y peatonal, garantizar el cumplimiento de las normas viales, imponer comparendos, inmovilizar vehículos mediante grúa o cepo y levantar informes cuando ocurren accidentes. Estas tareas buscan fortalecer la seguridad vial, desarrollar actividades pedagógicas y contribuir a que el tráfico sea más fluido, sobre todo en los corredores prioritarios.

Los agentes trabajan en conjunto con la Policía de Tránsito, asegurando la coordinación en operativos y medidas preventivas. De esta manera, para quienes deseen integrarse al equipo de Agentes Civiles de Tránsito, se exige contar con técnico certificado en Seguridad Vial, demostrar vocación de servicio y tener licencia de conducción categoría A1.

Una mujer de 31 años denunció un intento de abuso sexual y agresión física en Quitilipi, en Chaco. El episodio, que involucró a su ex pareja, ocurrió durante la tarde cuando se encontraba trabajando en una vivienda de la localidad.

Según el relato presentado ante la Comisaría local, la víctima afirmó que ella se encontraba sola en el lugar cuando el agresor, un hombre domiciliado en Sáenz Peña, llegó de forma inesperada a la propiedad. Explicó que, tras una discusión, él la obligó a mantener relaciones sexuales pero como se negó, la golpeó.

Luego la forzó a ingresar a una habitación y allí nuevamente intentó abusar sexualmente de ella, llegando incluso a romperle la ropa en el forcejeo. Ambos se encuentran separados desde hace aproximadamente dos años.

La situación derivó en una intervención policial y en la apertura de una causa judicial. Según informó el portal del Diario Chaco, la mujer aseguró que logró defenderse tomando un cuchillo, lo que provocó que el agresor desistiera del ataque. En ese momento, arribó el propietario de la vivienda quien intervino para que el episodio no avanzara hacia una agresión mayor. Tras una breve conversación entre el agresor y el dueño del inmueble, el acusado se retiró del lugar a bordo de un Ford Ka color bordó, con rumbo a Sáenz Peña.

La denunciante dejó constancia de que su ex pareja tiene antecedentes por violencia de género. Señaló que existen varias denuncias previas radicadas en la Comisaría Tercera de Sáenz Peña y en la División de Violencia de Género. Además, detalló que había solicitado una restricción perimetral, pero que hasta el momento no obtuvo respuesta por parte de las autoridades.

Tras la presentación, la causa quedó en manos de la Justicia, que deberá analizar las pruebas y testimonios aportados para determinar los pasos a seguir.

Días atrás, en la misma localidad donde ocurrió el reciente ataque, la Policía detuvo a un hombre por el crimen brutal de una madre y su hija adolescente. Tras el hallazgo de las víctimas en su casa, la Policía de Chaco inició un operativo de urgencia para dar con el paradero de la ex pareja de la mujer. Así, el principal sospechoso identificado como D. O., quedó detenido.

El caso salió a la luz cuando la mujer de 37 años y la joven de 17 fueron encontradas sin vida y con signos de extrema violencia, en la vivienda que ambas compartían en la intersección de la avenida 25 de Mayo y la calle Paraguari. De inmediato, el fiscal a cargo del caso, César Luis Collado, de la Fiscalía de Investigación Penal N°1, ordenó poner en marcha un operativo especial.

De acuerdo con la información, el hombre fue hallado por los agentes mientras caminaba entre las rutas 4 y 16, una zona que también pertenecería a Quitilipi a escasos kilómetros de la escena del crimen. El sospechoso había amenazado con arrojarse a las vías del tren, pero las autoridades lograron atraparlo y trasladarlo para que cumpliera con los procedimientos de identificación, revisión médica y verificación de antecedentes.

El ministro de Seguridad de Chaco, Hugo Matkovich, en conjunto con el jefe de la Policía del Chaco, el comisario general Fernando Romero, dieron seguimiento a las tareas operativas. Así, el accionar estuvo bajo la supervisión del subjefe de Policía, el comisario general Manuel Victoriano Silva.

De la misma manera, las autoridades confirmaron por medio de un comunicado que se logró el secuestro del teléfono celular del principal acusado durante la detención. El dispositivo fue incorporado como uno de los elementos claves de la investigación y se ordenó que fuera analizado en busca de elementos y/o pruebas que contribuyeran a esclarecer los crímenes.

Hasta el momento, se desconocen los motivos detrás del doble femicidio. No obstante, el fiscal Collado tendría la sospecha de que los asesinatos habrían sido cometidos en la noche, cuando ambas se encontraban dormidas. Las adolescente fue abusada sexualmente.

En el material difundido, la joven narró una experiencia personal ocurrida tras su integración a una unidad policial, y detalló los obstáculos que ha enfrentado en su búsqueda de justicia.

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“Bueno, hoy vengo a hablar de un tema que la verdad antes no me atreví a hablar. Pero ya vamos para cuatro años en esta situación”, inició Laura en su testimonio, que rápidamente captó la atención de usuarios de redes sociales.

La creadora insistió en que su denuncia no busca atacar a la institución: “No voy a hablar mal de la policía, porque gracias a la policía tengo mis cosas, gracias a ella pues crecí como persona, pero lastimosamente hay muchos mandos que quieren pasar por encima de uno”.

La denuncia se centró en un oficial cuyo comportamiento, según el relato, fue reportado desde el año 2022. Laura afirmó: “Nosotros denunciamos esta situación, acoso laboral, acoso sexual, acceso y no dan respuesta”. La joven señaló que no se trató de un único incidente: “No son uno ni dos casos, son más de 3 casos, la misma persona, es frustrante tener que pasar por esa situación”.

La creadora describió el cambio radical que experimentó al formar parte de la institución: “Cuando yo ingresé a la institución, entré con amor, con agrado”. Sin embargo, el temor a represalias y la falta de respuestas la llevaron a optar por el silencio durante un largo periodo.

“No puedo dar nombres, porque lo poquito que han hecho de pronto, pues nos puede afectar en el proceso”, explicó, subrayando las limitaciones que enfrenta para detallar públicamente la identidad de los involucrados.

En el video, Laura relató cómo se sintió paralizada ante la agresión: “Yo era una de las que decía como que: ‘Ay, pero es que si una muchacha ya grande se deja tocar, se deja sabotear es porque quiere’. Pues no, hasta que me pasó. Uno, el miedo. Uno queda paralizado, uno no sabe qué hacer, uno no sabe qué decir, uno no sabe cómo proceder”.

Según la denunciante, el hecho ocurrió en una unidad policial en la que trabajaba junto a dos compañeras más. “Cuando yo trabajé en esta unidad, yo sufrí de acoso, de acceso carnal. Y no porque yo quisiera y no porque yo quise, porque me quedé helada”, aseguró.

El video publicado por Laura Jasmin UGC ha puesto en evidencia la falta de respuestas institucionales y la dificultad que enfrentan quienes denuncian estos hechos. “Después de que pasaron las cosas, uno se pone a analizar la situación. Yo en ese momento no podía decir nada, porque estamos en una unidad bastante alejada. Si yo colocaba el denuncio a esta persona, las represalias se venían contra mí”, señaló.

La joven hizo un llamado a otras mujeres que puedan estar en situaciones similares: “Mujeres, no se dejen, no se bloqueen. Traten de denunciar al instante, al instante que pasen las cosas. No importan las críticas, no importa lo que se le venga encima”.

A lo largo del video, la creadora insistió en la necesidad de que las autoridades aclaren el estado del proceso: “Solo necesitamos que nos escuchen, que nos digan qué pasó con este proceso, qué ha pasado. Hablen claro qué es lo que está pasando, si lo van a dejar libre o si lo van a dejar así, o por ser oficial no le van a colocar cuidado”.

Quienes han atravesado situaciones similares encuentran eco en las palabras de Laura. En los comentarios de su video, varias personas relataron experiencias personales: “Te creo. Tampoco me quedé callada… por el contrario denuncié inmediatamente”, compartió una usuaria.

Otros mensajes también reflejan apoyo y comprensión: “Vine a darte el apoyo, tú no estás sola gracias a las redes muchos vendrán apoyarte, un abrazo”, escribió otra seguidora. Una persona que paso por la institución comentó: “Me pasó igual cuando preste el servicio en la policía”.

Entre las recomendaciones de su audiencia surgieron consejos sobre vías legales: “Y ya remitiste el caso a la procuraduría amiga” y “Renuncie y si no tiene razón de su proceso cambie de abogado, porque dudo mucho que este video le ayude a encontrar las respuestas que busca”. Además, varias voces manifestaron desconfianza hacia la institución: “La policía siempre ha sido un sitio no seguro para ninguna mujer”.

En Colombia, la Policía Nacional ofrece atención para casos de violencia contra la mujer, la familia y el género durante las 24 horas del día, todo el año. El servicio es gratuito, con profesionales en Derecho y Psicología disponibles para asesoría especializada.

Las líneas habilitadas incluyen la Línea de Apoyo Emocional 01800011048 de la Dirección de Sanidad, la Línea de Orientación a Mujeres Víctimas de la Violencia (155), la Línea 123, la Línea 143 para casos de violencia intrafamiliar y la Línea Nacional para la Prevención del Abuso Sexual (ICBF) 01 8000 11 24 40. Estas rutas buscan garantizar que quienes enfrenten hechos como los relatados por Laura Jasmin UGC puedan acceder a atención oportuna y especializada, sin importar su lugar de residencia o el momento en que se encuentren.

Tras conocerse públicamente la denuncia sobre un posible caso sistemático de acoso laboral por parte de Hugo Alexander León, jefe de la Oficina Asuntos Locales El Instituto Distrital de Recreación y Deporte (Idrd), desde la Oficina de Comunicaciones emitieron un pronunciamiento oficial.

A través de un comunicado informaron que en la entidad activaron los protocolos institucionales tras las manifestaciones públicas sobre las situaciones que habrían ocurrido al interior de la entidad desde 2024.

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“Se ha actuado de manera oportuna, diligente y conforme a la normatividad vigente desde el momento en que tuvo conocimiento de los hechos”, consta en el documento.

Según las declaraciones, dieron inicio a un proceso interno en el momento en que se tuvo conocimiento de los hechos, en seguimiento a la normativa vigente.

En la Oficina Asesora de Comunicaciones precisaron que el caso fue remitido al Comité de Convivencia Laboral, instancia encargada de promover el diálogo y la conciliación entre los involucrados, pese a que, de acuerdo con sus competencias, no cuenta con facultades para imponer sanciones ni tomar decisiones de carácter judicial, por lo que cualquier determinación de este tipo corresponde a otras autoridades.

Aseguraron que, durante el desarrollo del proceso, se han garantizado la confidencialidad y la trazabilidad de todas las actuaciones, así como el respeto al debido proceso.

Además confirmaron que el funcionario acusado continúa trabajando en la entidad, en tanto que no afronte una determinación superior que signifique su retiro del cargo.

“El servidor mencionado continúa en el ejercicio de sus funciones, ya que no existe decisión disciplinaria o judicial en su contra que limite su permanencia”, subrayó la entidad en su declaración.

La institución reiteró su compromiso con la protección de los servidores públicos, la promoción de entornos laborales seguros y el respeto estricto a los principios legales y de transparencia. Desde el organismo ratificaron que estarán al tanto de las instrucciones de las autoridades competentes y reafirma los principios de legalidad y servicio público.

Concejal de Bogotá denunció presunto acoso laboral sistemático, represalias y eliminación de pruebas

El concejal de Bogotá Leandro Castellanos fue el que expuso en una sesión plenaria del Concejo el presunto caso sistemático de acoso laboral, represalias y eliminación de pruebas al interior del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

Señaló que varias funcionarias y funcionarios de la entidad habrían resultado afectados por estas prácticas. De hecho, en su denuncia incluyó la exposición de un intento de suicidio por parte de una trabajadora y el señalamiento de posibles irregularidades en el manejo de pruebas fundamentales.

Según informó el propio Castellanos, las denuncias recibidas desde 2024 apuntan a una serie de conductas reiteradas de acoso laboral y abuso de autoridad Cortés León.

De acuerdo con el cabildante, estas conductas se habrían traducido en un ambiente laboral hostil, presiones, amenazas, traslados arbitrarios y presunta persecución contra quienes optaron por denunciar. El concejal aseguró durante la plenaria que “lo que está ocurriendo en el Idrd es gravísimo. No solo hablamos de acoso laboral, sino de posibles actos de encubrimiento, eliminación de pruebas y una institucionalidad que estaría fallando en proteger a sus funcionarios. Bogotá merece respuestas y acciones inmediatas”.

Uno de los elementos más sensibles de la denuncia, según expuso Castellanos, es la supuesta eliminación del audio de una reunión del Comité de Convivencia Laboral del Idrd, donde se debatieron pruebas clave relacionadas con los hechos.

Según los registros presentados ante el Concejo, la radicación de la denuncia ante las autoridades ocurrió el 13 de mayo de 2025, mientras que la queja formal ante el Comité de Convivencia Laboral se interpuso el 27 de septiembre del mismo año. Los hechos denunciados se remontan a febrero de 2024.

El expediente leído por Castellanos indicó que la trabajadora que intentó atentar contra integridad “se encuentra medicada sin que tenga una solución efectiva a la fecha, por lo que acudimos a las entidades externas en el entendido que no contamos con garantías dentro de la entidad para solucionar los hechos de atención urgente”.

El caso ya fue notificado a la Procuraduría General de la Nación y a otros organismos de control, que deberán adelantar las investigaciones correspondientes y determinar posibles responsabilidades administrativas o disciplinarias.

La disponibilidad limitada de medicamentos para tratar trastornos mentales en Colombia preocupa a la comunidad médica y ha motivado recientes pronunciamientos.

Diversos especialistas advierten que la continuidad de los tratamientos depende de un acceso estable a fármacos clave, cuya ausencia puede afectar gravemente el bienestar de quienes padecen estas condiciones.

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En Colombia, la Asociación Colombiana de Psiquiatría (ACP) denunció la escasez de medicamentos esenciales para la salud mental e instó a que se tomen acciones urgentes.

“La interrupción abrupta de los tratamientos psicofarmacológicos puede comprometer procesos terapéuticos construidos durante largos periodos y se asocia con desenlaces negativos para la salud, tales como recaídas, re hospitalizaciones, desarrollo de resistencia a los tratamientos y aumento del riesgo de conductas autolesivas, incluyendo el suicidio”, advirtió el Comité Ejecutivo de la ACP en un comunicado difundido el 19 de marzo de 2026.

El llamado de los psiquiatras, según el mismo documento, se debe a la falta de disponibilidad de antidepresivos, ansiolíticos, antipsicóticos y fármacos para el tratamiento del TDAH en distintas regiones del país.

Los especialistas resaltaron la importancia de que las personas con enfermedades mentales cuenten con “información adecuada, fortalecimiento de la adherencia y continuidad en los tratamientos, para alcanzar los objetivos terapéuticos”.

En el comunicado, la ACP exigió que los actores de la cadena de producción, distribución y suministro de medicamentos “adopten las medidas necesarias que permitan superar las barreras actuales”.

El Comité Ejecutivo enfatizó que “garantizar el acceso oportuno a estos tratamientos es fundamental para la recuperación, estabilidad y calidad de vida de muchas personas con enfermedades mentales”.

Mujeres colombianas tienen mayor riesgo de padecer problemas de salud mental

Las mujeres, especialmente aquellas que son jefas de hogar o se identifican con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, enfrentan en Colombia un riesgo sustancialmente superior de padecer problemas de salud mental debido a la acumulación de responsabilidades, la desigualdad de género y condiciones laborales adversas.

Esta realidad, documentada por el Observatorio de Mujeres y Equidad de Género en colaboración con la Secretaría Distrital de la Mujer, así como por la consultora THT Company, no solo refleja problemáticas locales sino que también forma parte de tendencias regionales presentes en América Latina.

El informe señala que las mujeres jefas de hogar presentan un 59% más de riesgo de depresión que otros grupos, mientras que el porcentaje asciende al 69% para quienes poseen orientaciones sexuales e identidades de género diversas, de acuerdo con los datos del Observatorio de Mujeres y Equidad de Género.

Estos resultados no son homogéneos en toda la población femenina, ya que variables como la sobrecarga en tareas de cuidado no remuneradas, la precariedad laboral, la desigualdad salarial y la exposición a distintas formas de violencia por razones de género actúan como agravantes.

De acuerdo con los estudios revisados, la protección más efectiva frente a estos riesgos proviene de redes de apoyo social y comunitario. El informe indica que contar con vínculos sólidos puede reducir el riesgo de depresión hasta en un 43%, destacando la importancia de los lazos familiares y comunitarios para mitigar el impacto que provocan los factores adversos.

El acceso a servicios de salud mental en Colombia permanece desigual, obligando a muchas mujeres a enfrentar dificultades adicionales para obtener ayuda. Por ello, la Secretaría Distrital de la Mujer impulsa programas como el Sistema Distrital del Cuidado y la Ruta Única de Atención, ambos orientados a aliviar la sobrecarga de cuidados y ofrecer apoyo jurídico, social y psicológico.

Para mujeres en riesgo, la entidad recomienda comunicarse con la línea de emergencias 123 o la Línea Púrpura Distrital (01 8000 112 137 y WhatsApp 300 755 1846) con el objetivo de recibir acompañamiento integral,

En la comparecencia judicial, la denunciante afirmó que permaneció en el domicilio del exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, José Ángel González, porque necesitaba comprobar si este le decía la verdad sobre posibles relaciones con otras mujeres. En ese contexto, la defensa del exmando policial sostiene que este testimonio muestra incoherencias que debilitan la versión de una agresión sexual ocurrida bajo coacción. Según informó Europa Press, dicho enfoque ha marcado la estrategia de la defensa, mientras ambas partes mantienen posturas opuestas ante el Juzgado de Violencia sobre la Mujer Número 8 de Madrid.

De acuerdo con Europa Press, la defensa de González ha criticado lo que considera contradicciones en la declaración de la denunciante realizada el pasado martes ante el juez. El letrado del exDAO expuso que la mujer habría reconocido en sede judicial que acudió voluntariamente al domicilio del denunciado, motivada por un interés en constatar la veracidad de sus palabras sobre supuestas relaciones con terceras personas. En el escrito al que accedió el medio, la representación legal del exmando policial argumentó que dicha decisión de la denunciante sería difícil de conciliar con una subida forzada o realizada en contra de su voluntad.

Según publicó Europa Press, el abogado defensor subrayó que la mujer manifestó haberse sentido agredida durante su estancia en la vivienda de González, pero, ante la pregunta de por qué no abandonó el lugar si se sentía incómoda o estaba siendo tocada sin su consentimiento, la denunciante explicó que prefirió quedarse porque quería escuchar las explicaciones que él ofrecía. Así consta en el documento presentado por la defensa, que también resalta que la querellante expresó interés en obtener respuestas de González, lo que, a juicio del exmando, resultaría incompatible con el relato de una agresión.

El medio Europa Press detalló que, según la versión de la defensa, durante la vista judicial se oyó de forma nítida cómo la denunciante se despidió del exDAO con un “nos vemos el domingo”. El acusado sostiene que este tipo de despedidas, sumado al supuesto uso de la expresión “adiós, cariño”, contradice el comportamiento esperado de una persona que asegura haber sido agredida sexualmente minutos antes. En respuesta a la afirmación sobre la despedida, la denunciante comentó que posiblemente usó esas expresiones como un mecanismo para salir de una situación incómoda, según relató la defensa.

La representación legal del exDAO añadió en su escrito que, desde su perspectiva, la denunciante ingresó voluntariamente al domicilio portando un arma reglamentaria, se mantuvo en el lugar solicitando información de manera reiterada, recibió la invitación a marcharse en más de una ocasión y llegó a solicitar mayor atención por parte de González. El abogado del acusado interpreta esas conductas como incompatibles con una situación de sometimiento. Además, atribuye a la denunciante actitudes celosas y resentidas, formulando que el objetivo sería causar daño al exmando policial.

Según consignó Europa Press, la defensa pidió expresamente al juzgado que advierta a la parte querellante sobre la necesidad de abstenerse de realizar declaraciones públicas que puedan desvelar, distorsionar o valorar los hechos objeto del proceso, procurando proteger la confidencialidad de la investigación.

Europa Press reportó que José Ángel González negó ante el juez haber perpetrado una agresión sexual contra una subordinada. El exDAO asoció la acusación a supuestas aspiraciones personales y profesionales de la denunciante, sosteniendo que la denuncia carece de base y ha generado un fuerte impacto negativo en su vida personal, familiar y profesional. González declaró ante la prensa: “Me han destrozado la vida por algo que no he hecho en absoluto. Ya me han juzgado, me han condenado sin ninguna prueba. Yo lo único que veo aquí en todo esto es maldad, ruindad y odio. Odio por no haber conseguido las pretensiones que ella quería, pretensiones profesionales y personales.”

Por su parte, el abogado de la denunciante dijo ante los periodistas que su representada ratificó los hechos expuestos en la querella en una declaración que calificó de extensa y detallada. El letrado aseguró que la denunciante respondió a todas las preguntas y proporcionó pruebas sobre cada uno de los puntos planteados. Además, criticó la actitud procesal del exDAO en la comparecencia judicial, indicando que el investigado utilizó su derecho a no responder a las preguntas de la parte acusadora y que, según su punto de vista, incurrió en contradicciones durante su declaración, quedando en evidencia ciertas inconsistencias.

El caso mantiene posturas plenamente enfrentadas entre ambas partes, mientras el proceso avanza en los tribunales y sigue generando atención mediática y debate público.

El Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) emitió este jueves 19 de marzo un comunicado en el que reconoció que en medios de comunicación circulan denuncias sobre presuntas irregularidades en el proceso de licitación de vigilancia de su Regional Sucre —uno de los contratos cuestionados, valuado en $48.019 millones—, por lo que anunció cuatro medidas inmediatas:

La entidad separó del cargo al coordinador de esa licitación, ordenó una revisión interna del proceso, solicitó acompañamiento formal de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación, y adelantó una evaluación integral del proceso contractual. La entidad afirmó que actúa “bajo los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva”.

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El comunicado llegó horas después de que la Red de Veedurías de Colombia ampliara ante esos mismos organismos de control las quejas que ya había radicado por presuntas irregularidades en contratos de seguridad privada del Sena que rondan los $190.000 millones.

La queja fue presentada por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la organización, y está dirigida contra el director del Sena, Jorge Londoño, la secretaria general Katerine Grimaldos Cárdenas, y otros funcionarios de la entidad.

¿De qué se trata el problema?

Para entender el fondo del asunto hay que partir de cómo funciona una licitación pública. Cuando el Estado necesita contratar un servicio, como la vigilancia de sus instalaciones, debe abrir una convocatoria para que varias empresas compitan y presenten ofertas. La idea es que haya competencia real, que el Estado elija la opción más conveniente y que nadie se quede con el negocio por favoritismo.

El problema denunciado previamente por Infobae Colombia es que los pliegos de condiciones, es decir, los documentos que definen qué requisitos debe cumplir quien quiera participar, estarían escritos de tal manera que solo una o muy pocas empresas pueden cumplirlos.

A eso se le llama coloquialmente “pliego sastre”: un traje hecho a la medida de alguien específico. La Red de Veedurías sostiene que este mecanismo estaría favoreciendo a un grupo reducido de compañías del sector de la seguridad privada.

Pablo Bustos explicó a este medio que la situación en estos términos: “Se documentan los señalamientos frente al SENA Risaralda, SENA Meta y SENA Valle del Cauca, donde existirían exigencias injustificadas y desproporcionadas frente al servicio de vigilancia y seguridad privada, donde pocos concurrentes pudieron participar o terminaron siendo único proponente”.

Los requisitos que generan alarma

Según la denuncia formal radicada ante el Ministerio Público, los pliegos de condiciones de varios procesos del Sena incluyen exigencias poco habituales para contratar vigilancia privada.

Por ejemplo, para el cargo de director de operaciones se pide ser oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía, tener título profesional en ciencias militares, posgrado en gerencia de recursos humanos, acreditación como consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, y al menos 15 años de experiencia en cargos directivos.

A esto se suman permisos de uso de espectro radioeléctrico, licencias de seguridad y salud en el trabajo vigentes, y certificación como poligrafista o auditor en gestión antisoborno. La Red de Veedurías advierte que requisitos similares aparecen en procesos de otras entidades públicas, lo que indicaría que el patrón se replica más allá del Sena.

Bustos señaló que esa combinación de exigencias “afecta la libre concurrencia, la selección objetiva y los principios generales de la función y gestión públicas”.

La denuncia detalla los montos por regional: Sena Sucre, $48.019 millones; Sena Risaralda, $41.174 millones; Sena Cundinamarca, $38.860 millones; y Sena Meta, $33.305 millones. En varios de esos procesos, según la queja, se presentó un único proponente.

El Sena no negó los hechos señalados. En su comunicado indicó que activó “de manera inmediata los mecanismos de verificación correspondientes” y que sus acciones buscan defender “el interés público” y garantizar “la correcta ejecución de los recursos públicos”. Hasta el cierre de esta nota, los organismos de control no se habían pronunciado públicamente sobre el estado de las investigaciones.

Rafa González, vocalista de Banda Los Recoditos, se volvió tendencia a principios de marzo 2026 luego de que su expareja, Fernanda Redondo, lo denunciara públicamente por violencia doméstica.

A través de TikTok, Redondo mostró un video que presuntamente fue grabado tras un hecho de violencia, pues muestra las heridas que el cantante le habría realizado.

A partir de ese breve clip, compartió más material similar y aseguró que durante doce años ha sido víctima de violencia física y psicológica por parte del cantante.

Fernanda Redondo ya procedió legalmente en la Fiscalía de Mazatlán

Semanas después de su denuncia pública, Fernanda Redondo concedió una entrevista para el programa Hoy donde compartió que ya se procedió legalmente contra el vocalista en la Fiscalía de Mazatlán.

Cabe mencionar que la denuncia no solo abarca violencia física, también agresiones de tipo mentales y psicológicas, pues ya se cuenta con un dictamen por parte de los servicios médicos forenses.

"Ya hay un dictamen médico donde ya se me vio el médico legista, donde me vio mis golpes. Eh, yo solamente me defendí dando una mordida”, contó para el matutino.

Fernanda Redondo niega acusaciones en su contra y presenta pruebas

En medio de las declaraciones divididas por parte de la agrupación, el cantante y Redondo, salieron a la luz una serie de videos en los que se observa a la joven autolesionarse sola, por lo que aseguró contar con pruebas digitales de las recientes agresiones de González.

“Él me buscó cuando hay una orden de restricción, que también tengo pruebas aquí en mi celular, tengo pruebas donde él me pasa su dirección, donde él estaba muy borracho", relató.

Respecto al objetivo de la denuncia, aclaró que no quiere la prisión para el intérprete, pero espera que el caso sea debidamente investigado por las autoridades.

“Solamente quiero que se haga justicia, que se limpie mi imagen y siento que se me está juzgando solamente por el hecho de tener una condición mental de explotar cuando esta persona me llevaba al límite”, enfatizó.

La salud mental crea debate público en el caso del exvocalista de Los Recoditos y Fernanda Redondo

Cabe recordar que en entrevistas anteriores, Fernanda Redondo compartió que padece un trastorno relacionado con la ira, lo que influyó en la pérdida de control que se evidenció en las grabaciones.

En su defensa, la joven argumentó que la presión y las situaciones vividas en la relación la llevaron a ese punto límite. Y respecto a su denuncia sostuvo que existen registros médicos que respaldan sus declaraciones sobre las agresiones, aunque Rafa González también inició un proceso.

“Justamente el día que yo fui a la fiscalía, nos topamos él y yo, también él iba a poner su denuncia con el abogado, lo cual creo que su denuncia solamente fue por violencia”, reveló.

El 16 de marzo, durante un Consejo de Ministros, la directora de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), Amelia Pérez, advirtió sobre el riesgo de que más de 19.000 predios incautados a organizaciones criminales sean devueltos a los delincuentes.

Según Pérez, la situación se originó por una resolución de la Superintendencia de Notariado y Registro, que exige a la Fiscalía General de la Nación avanzar en la extinción de las medidas cautelares que pesan sobre estos bienes. Si la Fiscalía no actúa, los predios podrían regresar al mercado sin que exista una decisión judicial definitiva sobre su destino, lo que facilitaría su recuperación por parte de estructuras criminales.

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Pérez señaló que la circular del superintendente ha expuesto a la SAE a múltiples acciones legales, incluidas tutelas y desacatos, así como amenazas directas contra su integridad y la de otros funcionarios. La funcionaria denunció que incluso ha recibido advertencias de arresto por no entregar inmediatamente los bienes, mientras observa que la protección de activos mafiosos contrasta con la disposición para quitar tierras a campesinos, quienes en ocasiones fueron utilizados para cultivos ilícitos.

Durante el Consejo de Ministros se mencionó la importancia de esta denuncia, que se relaciona con la ofensiva estatal para recuperar tierras vinculadas al narcotráfico y asignarlas al campesinado dentro de la Reforma Agraria.

Al respecto, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), mencionó que ha sido amenazado de muerte tras la adquisición de más de 81.900 hectáreas para la reforma entre 2024 y 2026.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro, tras recibir la alerta, ordenó medidas extraordinarias de protección y advirtió sobre una posible “contrarreforma” si se permite la devolución de estos bienes a las mafias. El mandatario solicitó la creación de una unidad policial especializada para proteger a los campesinos beneficiarios de tierras en riesgo. Desde 2024, el Estado ha aprehendido 327 predios equivalentes a 81.915 hectáreas, como parte de este proceso.

Cabe recordar que cuando la Sociedad de Activos Especiales (SAE) interviene una propiedad, esta queda bajo administración estatal debido a su relación con actividades ilícitas, como narcotráfico o lavado de activos. La SAE se encarga de custodiar, gestionar y mantener el bien, evitando su deterioro o uso indebido. Mientras tanto, el predio permanece sujeto a decisiones judiciales que determinarán si será confiscado definitivamente para uso público, subasta o restitución, o si se devolverá a sus antiguos propietarios si se demuestra su inocencia.

Supernotariado respondió a las acusaciones

A través de su cuenta de X, la Superintendencia de Notariado y Registro de Colombia se pronunció tras las denuncias realizadas por Amelia Pérez, y descartó que los predios intervenidos por el Estado vayan a ser regresados a los criminales.

“El superintendente de Notariado y Registro, Ricardo Agudelo Sedano, se permite precisar que los bienes vinculados a procesos de extinción de dominio no regresarán al comercio ni a manos de la criminalidad”

La entidad mencionó que los inmuebles mencionados están protegidos y que se trabajará junto con la Fiscalía para evitar que se cumplan los plazos, negando rotundamente parte de los expuesto por Pérez sobre la inoperancia de la Superintendencia de Notariado.

“La entidad activó un mecanismo de alerta temprana para proteger estos predios y garantizar su control por parte del Estado. La SNR emitió la Instrucción Administrativa IA-2026-000002-9, en la que se establece explícitamente que ningún registrador del país podrá levantar una medida cautelar por caducidad sin antes agotar un proceso de verificación. Esta medida permite actuar de forma urgente y coordinada con la Fiscalía General de la Nación para evitar la caducidad de las medidas cautelares. La entidad ejerce funciones de inspección, vigilancia y control para asegurar oportunamente la protección de los bienes. Nuestro compromiso es proteger y defender los intereses de la nación”.

La identificación de una tercera persona como testigo resultó clave para la investigación del caso sucedido en el barrio bilbaíno de Santutxu, donde una mujer denunció tocamientos sin consentimiento durante la madrugada del pasado domingo en una vivienda de la calle Karmelo. Según informó la Policía Municipal de Bilbao, los hechos se desencadenaron después de que la víctima alertara a las autoridades y relatara haber sido víctima de una agresión sexual al acudir al citado domicilio junto a un conocido y otras dos mujeres.

El medio consignó que la denuncia se formalizó poco después de las 5.00 horas. La afectada declaró que subió a un piso acompañado de un conocido y dos mujeres. Una vez dentro del domicilio, afirmó que tanto un hombre de 76 años como una mujer de 38 años le realizaron tocamientos no consentidos, lo que la llevó a abandonar el lugar de manera inmediata y contactar con la Policía Municipal de Bilbao. Tras recibir el aviso, los agentes se desplazaron hasta el domicilio indicado y, una vez en el lugar, procedieron a la detención de los dos presuntos agresores.

El medio detalló que la tercera mujer presente en la vivienda fue considerada testigo directa de la situación y deberá prestar declaración ante las autoridades. Según publicó la fuente, las primeras diligencias buscan esclarecer las circunstancias en que se produjeron los hechos e identificar con precisión la participación de cada persona implicada en el episodio.

El incidente, que tuvo lugar en un inmueble del barrio de Santutxu, ha generado la apertura de una investigación policial para recabar todos los elementos de prueba y avanzar en la toma de declaraciones, tanto de la denunciante como del resto de personas presentes en el domicilio. Conforme reportó la fuente, la intervención policial se efectuó de manera inmediata tras el aviso, permitiendo la detención de los dos sospechosos en el interior del piso.

De acuerdo con las informaciones recabadas por el medio, la voz de alarma de la víctima posibilitó una rápida actuación policial, que ahora centra sus esfuerzos en analizar las versiones y testimonios para determinar la responsabilidad de los detenidos. Mientras tanto, la mujer identificada como testigo deberá relatar lo ocurrido ante las autoridades correspondientes para contribuir a la reconstrucción de los hechos investigados en este caso de presunta agresión sexual.

A pesar de las nuevas revelaciones en el marco de la causa $LIBRA que ahora salpican a más integrantes del Gabinete, y la apertuna de denuncias paralelas por las filtraciones, en el Gobierno aseguran que se van a mantener firmes con la decisión de no involucrarse en la investigación y niegan que vayan a tomar alguna medida al respecto, mientras avanzan los pedidos de informes por parte de la oposición en el Congreso.

En los últimos días, el tema volvió al ojo público luego de que se conociera un presunto contrato en el que se insinuaba que el presidente Javier Milei iba a recibir unos cinco millones de dólares, en tres pagos, por la difusión de la criptomoneda.

Posteriormente, también se publicó un supuesto intercambio entre la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el lobista Mauricio Novelli, uno de los imputados de este caso.

También circularon en las redes sociales conversaciones similares, en las que incluso aparecía el propio jefe de Estado, pero que se comprobaron que eran falsas.

De todas formas, estas filtraciones sí molestaron a las autoridades de la Casa Rosada que, tal como anticipó este medio, reclamaban que la Procuración General de la Nación tomara cartas en el asunto como efectivamente sucedió.

El organismo, que encabeza Eduardo Casal y que depende del Poder Judicial, abrió una investigación interna para saber qué fue lo que ocurrió y encontrar a los responsables de que todos estos datos del expediente hayan salido a la luz.

Por su parte, el flamante ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, aseguró en declaraciones periodísticas que ningún integrante del Gobierno solicitó formalmente esta medida.

“Un dato no menor: la denuncia de la divulgación del contenido del archivo no la hizo el Presidente, ni ningún ministro, la hizo el procurador general, que ordenó hacer un sumario interno y a su vez ordenó hacer una denuncia penal, entiendo que contra dos miembros de la ‘DATIP’ (Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal)”, señaló.

En este mismo sentido, fuentes de la cartera aseguraron a Infobae que tampoco van a aportar más información propia a la causa, como se hizo mediante la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada por la Oficina Anticorrupción (OA) en febrero del 2025 y disuelta tres meses después.

“Ya se hizo todo lo que correspondía y se acompañó en todo lo que se debía el expediente. El Ministerio está totalmente al margen de esto, porque no se mete en causas en trámite”, remarcó un miembro de la mesa judicial libertaria.

De la misma manera, y a pesar de que ahora se involucró a Pettovello, la Procuración del Tesoro Nacional, que sí se encuentra en la órbita del Ejecutivo, no tiene previsto ninguna medida.

“No tenemos ninguna relación con este asunto. No tenemos nada que ver porque nuestra tarea es defender al Estado”, manifestaron desde ese sector.

El área ya está en manos de Sebastián Amerio, el ex secretario de Justicia que fue reemplazado por Santiago Viola cuando Mahiques llegó al Ministerio para suceder a Mariano Cúneo Libarona.

Mientras tanto, la comisión investigadora del caso $LIBRA en el Congreso se reunió el lunes y adelantó que les va a pedir informes escritos a todos los funcionarios involucrados, desde Milei y su hermana Karina, hasta el asesor presidencial, Santiago Caputo, y el ex funcionario Demian Reidel.

Además, el cuerpo aclaró que buscará “desligar al Estado Argentino de la actuación individual de Javier y Karina Milei, que malversaron la investidura presidencial y las instalaciones gubernamentales para participar de una presunta estafa a nivel internacional”.

“Estas pruebas confirman la responsabilidad política y la participación premeditada. Por eso van a tener que responder en la justicia y el Congreso”, consideró el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, al frente de la comisión.

El punto de mayor tensión en la actualidad radica en los resultados de las pericias realizadas sobre los dispositivos móviles de Mauricio Novelli, uno de los principales responsables de la firma.

Según fuentes judiciales, el entrecruzamiento de llamadas indicaría que el mandatario habría mantenido comunicaciones con los desarrolladores del token Libra apenas minutos antes de la publicación del mensaje promocional en sus redes sociales.

En tanto, la defensa técnica del jefe de Estado ha quedado centralizada en el abogado particular Francisco Oneto, ya que desde un inicio se buscó separar la responsabilidad personal del Presidente de su rol institucional.

La controversia se remonta a principios de 2025, cuando Milei utilizó su cuenta de X para difundir el contrato de la criptomoneda, una plataforma que prometía rendimientos extraordinarios en dólares mediante un algoritmo de inversión automatizado.

En ese momento, se argumentó que la iniciativa era para financiar a pequeñas y medianas empresas, pero terminó en una operación que, según se investiga, habría representado un fraude en contra de decenas de personas que sufrieron pérdidas millonarias.

Hacia finales de ese año, la justicia federal unificó las denuncias bajo la carátula de estafa y asociación ilícita. La querella, representada por organismos como el CIPCE, sostiene que el respaldo público del Presidente fue el factor determinante para la captación de víctimas, y alegan la existencia de un presunto pago de comisiones que no fue declarado.

Más de $190.000 millones en contratos de vigilancia del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) están bajo escrutinio tras una queja presentada ante la Procuraduría y la Contraloría por posibles irregularidades en los procesos de licitación.

La denuncia, que fue realizada por la Red de Veedurías de Colombia y conocida por Infobae Colombia, señala que los contratos estarían diseñados para favorecer a un número reducido de empresas del sector de seguridad privada.

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El documento fue radicado por Pablo Bustos Sánchez, presidente de la Red de Veedurías de Colombia; está dirigido contra el director del Sena, Jorge Londoño, la secretaria general, Katerine Grimaldos Cárdenas, y otros funcionarios de la entidad.

Según la queja, los pliegos de condiciones habrían incluido requisitos que solo ciertas compañías podrían cumplir, como Detección Ltda., Seguridad Fénix de Colombia y Atalaya Seguridad Ltda.

La denuncia describe procesos contractuales en distintas regionales: Sena Meta, con contratos cercanos a $33.305 millones; Sena Cundinamarca, por $38.860 millones; Sena Risaralda, con $41.174 millones; y Sena Sucre, con alrededor de $48.019 millones.

En varios de estos casos, solo se presentó un proponente, lo que restringiría la competencia y consolidaría un patrón de adjudicación repetitiva, de acuerdo con la denuncia.

La queja también detalla municipios como Tocancipá, Cajicá, Chía, Tenjo, Cota y Mosquera, donde se habrían replicado los mismos perfiles y requisitos técnicos, incluyendo títulos de posgrado, acreditaciones ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, experiencia mínima en cargos directivos y certificaciones en normas de gestión internacional.

De acuerdo con la denuncia, estos parámetros restringen la participación y replican perfiles utilizados en procesos similares de otras entidades, como la Alcaldía de Barrancabermeja, la Alcaldía de Cartagena y la Alcaldía de Chía.

Denuncian pliegos sastre y favoritismo en adjudicaciones

Bustos afirmó por medio de la queja formal dirigida al Ministerio Público que: “Los procesos de seguridad privada del Sena por más de $190.000 millones se han venido desarrollando con pliegos sastre, requisitos que solo cumple un oferente y audiencias en donde no asiste ni el ordenador del gasto”.

Y es que la organización advierte que esta situación podría afectar la moralidad pública y el patrimonio colectivo. La Red de Veedurías solicitó investigar la posible responsabilidad disciplinaria y fiscal de los funcionarios involucrados y adoptar medidas que eviten la concentración de la contratación pública en pocas manos.

Además, la denuncia incluyó pruebas documentales y menciona casos similares en otras instituciones, como la Universidad Nacional, que declaró desierto un contrato de vigilancia por $98.000 millones.

La organización advierte que este patrón contractual podría repetirse en otras entidades públicas, de igual manera, afirmó que permanecerá atenta a las investigaciones y colaborará con información adicional.

Fuentes de Infobae Colombia indicaron que la queja busca evidenciar un “presunto cartel de contratación en la vigilancia y seguridad privada del Sena, donde contratos por pliegos sastre habrían favorecido a empresas específicas y se intenta repetir la figura en varias regionales del país”.

Requisitos considerados restrictivos por parte de la Red de Veeduría

La organización ciudadana detalla que los pliegos de condiciones de los contratos de seguridad privada en el Sena exigen una combinación de requisitos que resultan inusuales en la industria y limitan la posibilidad de participación de otros oferentes.

Entre las exigencias se incluyen títulos de posgrado en administración de la seguridad, experiencia certificada como consultor ante la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, formación en normas ISO, auditorías internas y experiencia laboral mínima en cargos directivos.

Para el cargo de director de operaciones, por ejemplo, se solicita ser oficial superior retirado de las Fuerzas Militares o de la Policía Nacional, título profesional en ciencias militares, posgrado en gerencia de recursos humanos, acreditación como consultor y experiencia de quince años en cargos directivos.

Además, los coordinadores operativos y supervisores deben demostrar formación técnica, diplomados en alta dirección, auditorías en normas internacionales, experiencia mínima de cinco años y vinculación laboral previa.

El documento indica que estos criterios, junto con requisitos adicionales como permisos de uso de espectro radioeléctrico, licencias SST vigentes y formación como poligrafista o auditor en gestión antisoborno, configuran un panorama en el que solo un número muy reducido de empresas puede cumplir con las exigencias, hecho que se reflejaría en la reiterada adjudicación a los mismos oferentes.

La previa del Ring Royale terminó envuelta en polémica luego de un enfrentamiento que involucró a Alfredo Adame, Karely Ruiz y el esposo de la modelo.

En medio de la discusión, la pareja de Ruiz propinó una bofetada a Adame frente a los asistentes, lo que generó momentos de tensión y obligó a que el equipo de seguridad interviniera para evitar que el conflicto escalara. El episodio ocurrió ante medios de comunicación y diversas figuras vinculadas al espectáculo.

Horas después del altercado, el actor aseguró que iniciará acciones legales. Lejos de mostrarse afectado por lo ocurrido, afirmó que el incidente no cambiará sus planes dentro del evento ni su preparación para subir al ring.

Un careo que terminó fuera de control

El encuentro se desarrollaba como parte de la dinámica previa al espectáculo, donde los participantes fueron convocados para un pesaje público. La intención era presentar a los protagonistas y abordar las controversias que rodean la función.

Sin embargo, la presencia de Karely Ruiz y su esposo alteró el ambiente del evento. Durante el intercambio, Adame insistió en continuar el diálogo frente al público, situación que generó incomodidad visible en la modelo.

La tensión creció en cuestión de segundos hasta desembocar en la agresión física. Testigos señalaron que el momento causó sorpresa entre los asistentes y que la seguridad del evento intervino rápidamente para separar a los involucrados.

La reacción de Alfredo Adame tras el golpe

Después del incidente, Alfredo Adame confirmó que prepara una denuncia penal contra el esposo de Karely Ruiz por la agresión ocurrida durante el evento, esto ante los micrófonos de Ernesto Buitrón.

“Va a haber denuncia penal, por supuesto. Ya hablé con el abogado de de Nigris y va a haber denuncia penal”, declaró cuando fue cuestionado sobre las acciones que tomará tras lo sucedido.

El conductor también señaló que el altercado puso en riesgo la organización del espectáculo. “Puso en peligro todo. Puso en peligro todo”, afirmó al referirse a la intervención del esposo de la influencer.

Adame asegura que el escándalo no afectará su pelea

A pesar de la polémica, Alfredo Adame aseguró que el episodio no alterará su estado de ánimo ni su preparación para la pelea que tiene programada en el evento.

“Yo estoy perfectamente bien. A mí eso ni me altera ni me cambia la jugada”, expresó al ser cuestionado sobre cómo se siente después del altercado ocurrido horas antes.

El conductor también dejó claro que mantiene su enfoque en el combate que protagonizará contra Carlos Trejo, uno de los enfrentamientos más comentados de la cartelera del Ring Royale, evento que ha generado gran expectativa entre el público por la mezcla de espectáculo, rivalidades y celebridades.

Relató en su cuenta de TikTok cómo un simple intento de cargar su móvil en un local de comida rápida se transformó en una vivencia dolorosa. “Oiga, ahora sí que estoy en mi casa, que yo estoy bien. Les voy a contar el chisme de lo que pasó ayer, porque ayer tenía una rabia interna, estaba que explotaba”, comenzó.

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Según el relato, el incidente tuvo lugar cuando, tras completar sus diligencias en Alemania, se dirigió a la estación de tren con el teléfono casi descargado. Preocupada por perder la conexión, buscó un lugar donde recargar la batería. Descubrió que en el McDonald’s cercano solo había tres tomas eléctricas disponibles, todas ocupadas. Decidió entonces pedir ayuda a quienes las usaban.

La primera persona a la que se acercó fingió no entenderla. Al dirigirse al siguiente, un adolescente, recibió una reacción inesperada y agresiva: “¿Usted está ciega? ¿usted qué le pasa? Aléjese de mí, extranjera de mierda. ¿Usted qué le pasa? Usted está ciega. En cuatro minutos yo voy a soltar el cargador, así que en cuatro minutos, si se me da la gana, yo la voy a dejar cargar aquí el celular”.

El ambiente se volvió tenso. Kalb explicó que prefirió evitar confrontaciones porque temía que, por ser extranjera y de piel oscura, la situación pudiera escalar en su contra. “No me voy a poner a pelear, yo soy la extranjera, yo le llego a pelear acá a este alemán y yo por ser la morenita, la negra y la extranjera, pues parce, a mí me va mal”, reflexionó ante sus seguidores.

La tercera persona tampoco le brindó ayuda. La indiferencia de quienes la rodeaban incrementó su sensación de vulnerabilidad. “Lo que más me duele es que alrededor, porque el adolescente ese, como les digo, ni siquiera me habló normal, me gritó, parce, me gritó, lo que me dijo fue un comentario supremamente racista. ¿Sí me entienden? Discriminación al tope. Entonces, lo que me dio más tristeza es que alrededor nadie hizo nada, ningún alemán, nadie”.

La mujer se sintió sola, al borde de las lágrimas. En ese momento, recordó que ella misma había ayudado recientemente a un extranjero en apuros en la calle. “No es posible, Dios, que tú me viste, que yo hace poco actué con linda voluntad y ayudé a un extranjero, a un man de China, que todo el mundo ignoraba, a encontrar una dirección y me dejes acá en vergüenza”.

Cuando la situación parecía insostenible, un empleado de seguridad del local intervino y llamó a un colega. Ambos apartaron al adolescente que la había insultado y preguntaron a Kalb si se encontraba bien.

Según su relato ellos le dijeron: “Escuchamos todo, vimos todo. Eso no es permitido. Ya esto acá las cosas cambiaron, no se permite”. Acto seguido, le permitieron cargar su teléfono en una zona restringida y la trataron con amabilidad. “Me trataron rebién, parce”, confesó entre lágrimas.

Este acto de apoyo no borró el mal trago, pero le permitió retomar su viaje. Al salir, sin embargo, escuchó a una anciana comentar a otra: “Mírala, allá va, después de todo el problema que causó”. El episodio reflejó, para Kalb, una realidad que le ha tocado vivir en repetidas ocasiones durante sus estancias en Alemania.

El caso desató reacciones de empatía en redes sociales. “Terrible que groseros y atrevidos”, escribió un usuario. Otro preguntó: “En esos casos se puede llamar a la policía?”. También hubo reflexiones sobre el ambiente general: “La verdad es que muchas veces en Alemania se siente mucha frialdad… falta mucha calidez humana y empatía”.

El propio relato de Kalb evidenciaba ese impacto emocional: “Entonces, yo a veces me pregunto, y otra cosa que le digo yo a la terapeuta, yo le digo a mi terapeuta: ‘Yo amo tener este color de piel, lo amo, amo mis raíces, amo mi color de, mi color de pelo, amo mi color de ojo, mi color de los ojos’. O sea, lo amo, me gusta mucho, pero a veces siento que es un peso, es un peso, a veces lo siento como un peso en Alemania”.

Según el Centro Alemán de Investigación sobre Integración y Migración, este tipo de discriminaciones no son aisladas. “Las experiencias de discriminación no ocurren por casualidad, sino que suelen basarse en atribuciones racistas”, explicó Aylin Mengi, coautora del Racism Monitor.

La última edición del informe, publicada en marzo de 2025, indica que las personas percibidas como inmigrantes o musulmanas son especialmente vulnerables a este tipo de actitudes, más allá de su origen real.

La encuesta, una de las más extensas sobre el tema en Alemania, recogió opiniones de casi 10.000 participantes. Los datos confirman la percepción de quienes, como Kalb, han sufrido episodios de racismo en su día a día y refuerzan la importancia de visibilizar estos relatos.

Frente a estos hechos, la protagonista concluyó su testimonio con una mezcla de resignación y fortaleza: “¿Qué te digo? Que soy la más, o sea, la más grande del mundo soy yo cuando voy a Alemania”.

La segunda denunciante en la causa contra Íñigo Errejón por presunta agresión sexual ha tomado la decisión de no ratificar ante la jueza del Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid los hechos señalados en su denuncia inicial. Así lo informó el despacho de abogados 'Paredes y Asociados', encargado de la representación legal de la mujer, y anticipó que este paso podría conducir al archivo de la causa ante la ausencia de confirmación judicial de los hechos, aunque la defensa de la denunciante anunció que busca alternativas para que el procedimiento judicial pueda seguir abierto en los tribunales de Madrid, según consignó la agencia de noticias.

De acuerdo con el despacho legal, la ausencia de ratificación se traduce en que no se cumple uno de los requisitos indispensables para la continuación del proceso penal. El medio que reportó el caso agregó que, pese a este desarrollo, la parte acusadora no descarta intentar otras vías para mantener el proceso abierto, aunque reconocen que este paso resulta fundamental en el procedimiento judicial de estas características.

Según publicó el medio, la denuncia presentada por la mujer contra el exdirigente de Sumar fue admitida a trámite la semana pasada y describe una serie de hechos que habrían ocurrido en octubre de 2021 en el domicilio de Íñigo Errejón. El relato detalla que la denunciante y el exdiputado establecieron contacto a través de la red social Instagram en 2021, manteniendo comunicaciones frecuentes y continuadas. Posteriormente, ambos coincidieron en una fiesta, donde, bajo un ambiente que implicaba presión y consumo de drogas, Errejón habría instado a la mujer a practicarle una felación, solicitud a la que ella accedió bajo resistencia, según reza el escrito presentado ante el juzgado.

El documento, citado por la agencia, explica que la interacción no se limitó a aquel lugar: la pareja se desplazó luego hasta el domicilio de Íñigo Errejón. Allí, el documento sostiene que el exparlamentario introdujo sus dedos en la vagina de la denunciante pese a la negativa expresa por parte de la mujer. Durante este episodio, de acuerdo con la declaración apuntada en la denuncia, Errejón se inclinó hacia el oído de la mujer y pronunció las frases "si gritas será peor" y "si te resistes será peor", lo que para el despacho denunciante constituyó una "intimidación directa y eficaz".

La secuencia de los hechos prosigue en el relato, como reportó la agencia, describiendo que la denunciante habría experimentado un "bloqueo" por la situación previa, según la documentación judicial. En el trayecto por el portal y el ascensor del inmueble, Errejón, siempre según la denuncia, solicitó nuevamente que le practicara sexo oral, accediendo la denunciante nuevamente bajo presión.

En el interior de la vivienda, el documento judicial recogido en la crónica señala que tras la continuación de los contactos físicos, Errejón habría expresado su deseo de mantener relaciones sexuales con penetración vaginal, a lo cual la mujer manifestó que solo estaría dispuesta si utilizaban preservativo. Inicialmente, el exparlamentario aseguró que no habría penetración según el escrito presentado en el juzgado.

El relato judicial afirma, siempre de acuerdo con la denuncia, que lo que ocurrió a continuación fue, en palabras del texto: "de manera sorpresiva y violenta", Errejón "la sujetó por el cuello, la colocó de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza, sin su consentimiento", mientras la denunciante "gritó reiteradamente que cesara". Según el expediente, la relación sexual forzada continuó durante varios minutos hasta que el exdiputado detuvo el acto.

El desarrollo del procedimiento judicial dependerá ahora de si la representación legal de la denunciante logra alguna maniobra que permita seguir adelante con la causa, a pesar de la ausencia de ratificación ante la jueza, informó el despacho 'Paredes y Asociados' en declaraciones recogidas por la agencia. Mientras tanto, las fuentes jurídicas señalan que, sin este requerimiento procesal, la causa tendería a archivarse en las condiciones actuales.

Finalmente, Mercado Libre y Temu pusieron fin al enfrentamiento judicial y administrativo que mantenían desde comienzos de año. El cierre del conflicto se alcanzó tras una audiencia ante la la Dirección Nacional de Mercado Interno, donde ambas empresas se comprometieron a cumplir la normativa vigente y desistieron de los reclamos administrativos cruzados.

Según confirmaron fuentes del caso a Infobae, la plataforma china también se comprometió a cerrar el proceso judicial en curso. De esta manera, se desactivó la disputa que comenzó en enero, cuando Mercado Libre denunció a Temu por presunta competencia desleal y publicidad engañosa.

Tras el acuerdo, la representante de Temu en Argentina, Elementary Innovation, retiró la apelación que había presentado contra la imputación del Ministerio de Economía. Esa medida se había dictado en noviembre, cuando la cartera ordenó suspender campañas consideradas como “publicidad engañosa”, tras una denuncia de Mercado Libre.

Cómo empezó el conflicto

La escalada comenzó a fines de enero, cuando Mercado Libre acudió al Estado para cuestionar la estrategia comercial de Temu y pedir la intervención de las autoridades. El gigante del comercio electrónico local sostuvo que la plataforma china podría estar vulnerando la normativa local de lealtad comercial.

El eje del reclamo se centró en la publicidad digital de Temu. La empresa fundada por Marcos Galperin denunció que algunos precios o promociones no serían del todo claros y podrían inducir a error al consumidor. Entre los puntos señalados, figuraban descuentos inflados, promociones ambiguas y eventuales costos ocultos.

En respuesta, Temu presentó recursos administrativos y judiciales para sostener su operatoria en la Argentina. El conflicto derivó así en denuncias cruzadas por competencia desleal, en el marco de la normativa de lealtad comercial.

La Dirección Nacional de Políticas para el Desarrollo del Mercado Interno dictó entonces una medida preventiva para que Temu suspendiera campañas consideradas engañosas. Frente a esa decisión, la empresa apeló y el caso escaló hasta la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal.

El modelo de Temu se basa en ofertas constantes, descuentos agresivos y campañas de publicidad digital masiva. Ese esquema es similar al que aplican otras firmas asiáticas como Shein o Alibaba para captar consumidores en distintos mercados. Referentes del comercio electrónico explican que esta estrategia busca, en una primera instancia, fidelizar clientes y ganar volumen, más que obtener rentabilidad directa en cada venta.

El conflicto se dio, además, en el marco de un fuerte crecimiento de las importaciones. En 2025, el ingreso de productos al país mediante servicios de courier logró una facturación cercana a los USD 900 millones, según un informe de la consultora Abeceb elaborado con cifras oficiales. Las compras externas a través de este régimen pasaron de USD 239 millones en 2024 a USD 894 millones en 2025, lo que representó un aumento interanual del 274% y una suba absoluta de USD 655 millones.

La apuesta logística de Mercado Libre en China

Mientras la disputa con Temu avanzaba, Mercado Libre reforzó su estrategia internacional. En su informe de resultados de 2025, la compañía reveló la construcción de su primer centro logístico y de almacenamiento en China.

Aunque no difundió detalles sobre su ubicación o características, fuentes del sector consultadas por Infobae lo describieron como una “mega estructura”. Desde allí, la empresa ya envía productos a sus cinco principales mercados de América Latina.

“Ampliamos nuestro surtido en China y mejoramos los niveles de servicio al asumir un mayor control sobre la cadena de suministro”, explicó la compañía en su informe financiero. “En diciembre, estos esfuerzos culminaron con la apertura de nuestro primer centro logístico en China, que ya realiza envíos a nuestros cinco mercados más importantes. Prevemos que el corredor China-Latinoamérica será un área de crecimiento e inversión incrementales en 2026”, agregó.

Fuentes de la empresa aclararon que la expansión logística no estaría vinculada de manera directa con el conflicto con Temu. El objetivo, señalaron, es mejorar la experiencia de los usuarios y ampliar la oferta de productos disponibles en la región. De hecho, según la compañía, el comercio cross-border representa una oportunidad estructural en América Latina. Se trata de un mercado estimado en unos USD 10.000 millones y con amplio margen de crecimiento.

En el marco del Argentina Week que tuvo lugar en Estados Unidos para potenciar las inversiones, Mercado Libre anunció que invertirá USD 3.400 millones en Argentina durante 2026, con el objetivo de ampliar su infraestructura logística, potenciar la plataforma de comercio electrónico y avanzar en el desarrollo de su ecosistema fintech. El plan contempla la incorporación de 1.900 puestos de trabajo.

Durante la jornada del 10 de marzo de 2026 se conocieron detalles de la captura de un joven de 19 años señalado de agredir físicamente a su madre en el sur de Barranquilla. El caso fue ampliamente rechazado por los habitantes del sector, allegados a la familia y la comunidad en general, que pide prontas sanciones en contra del involucrado.

De acuerdo con el reporte oficial, el caso tuvo lugar en el sector de la carrera 33 con calle 11, y se activó la respuesta inmediata de la Policía Metropolitana de Barranquilla mientras que las unidades policiales desarrollaban labores de vigilancia y patrullaje.

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Las unidades de la Policía Metropolitana que se movilizaban por el sector fueron alertadas por un posible caso de violencia intrafamiliar, por lo que se desplazaron rápidamente para verificar la situación y detuvieron al joven por su responsabilidad en un ataque en contra de su progenitora.

Tras informarle sus derechos, el agresor fue trasladado a la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, de acuerdo con lo reportado por el medio local Impacto News.

Llamado de la Policía a denunciar casos de violencia intrafamiliar

Ante la gravedad del ataque que este joven cometió en contra de su madre, se pronunció el brigadier general Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, que destacó el compromiso institucional frente a los delitos contra la familia.

En medio de su intervención, el uniformado sostuvo que la colaboración ciudadana es fundamental y enfatizó la importancia de denunciar toda forma de maltrato, bien sea por parte de la víctima o de sus allegados desde el primer momento en el que noten alguna señal de alerta o un patrón preocupante de violencia al interior de sus hogares.

Según el medio local, el brigadier general se refirió a la prioridad que tiene la protección de la vida y la integridad de las familias en las acciones de la institución. Asimismo, pidió a la ciudadanía que recurra sin demora a las autoridades ante cualquier situación de violencia intrafamiliar, para que la policía pueda actuar con inmediatez, tal como ocurrió en este caso.

Canales de denuncia habilitados en Barranquilla

La Policía Nacional recordó que los ciudadanos pueden reportar hechos de violencia intrafamiliar y otras situaciones que alteren la convivencia o pongan en riesgo la vida de las personas a través de la línea de emergencia 123 y la Línea Contra el Crimen 317 896 5523, que están disponibles durante las 24 horas del día para recibir denuncias y prestar apoyo a las víctimas.

Este caso recordó la importancia de utilizar los canales oficiales de denuncia y fortalecer la protección familiar a través del reporte oportuno de estos ataques que pueden llegar a terminar en fatalidad.

Asimismo, las autoridades reiteraron que mantienen abierta su disposición para recibir reportes de violencia intrafamiliar y recordaron el papel clave de la colaboración entre ciudadanía e instituciones para garantizar la seguridad de las familias en Barranquilla.

Alerta por los delitos cometidos por jóvenes en el sector

Un joven de 19 años fue detenido en flagrancia por la Policía Metropolitana de Barranquilla tras ser señalado de extorsionar a un comerciante en el barrio San Roque, en la localidad suroriente de la ciudad, el martes 10 de marzo.

Durante el procedimiento, los agentes encontraron $500.000 en efectivo y panfletos vinculados al grupo delincuencial Los Costeños en poder del detenido, elementos que, de acuerdo con la investigación preliminar, habrían sido usados para intimidar a la víctima.

La intervención se produjo después de que la comunidad retuviera al sospechoso, quien pretendía reclamar el dinero producto de la extorsión, y alertara a la Estación de Policía San José. Los uniformados llegaron al lugar para asegurar la integridad del individuo, que fue puesto a disposición de la Fiscalía por el delito de extorsión.

Sigue el proceso judicial por el asesinato de dos adolescentes en Malambo, Atlántico, en el que se ha imputado a Juan David Taboada Olivera y a un menor de edad por los delitos de homicidio agravado, secuestro extorsivo y porte ilegal de armas.

En la reconstrucción de los hechos, los fiscales han indicado que las adolescentes, de 14 y 17 años, salieron de su casa en la madrugada del 18 de febrero; posterior a ello, la madre de las jóvenes comenzó a recibir mensajes extorsivos solicitando dinero a cambio de la liberación de sus hijas. Las exigencias pasaron de 50 millones a 10 millones de pesos, pero la investigación determinó que para ese momento las adolescentes ya habían sido asesinadas.

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También se ha mencionado que el testimonio del menor capturado y de un tercero ha sido clave, ya que relataron cómo se registraron los hechos y señalaron los lugares donde enterraron los cuerpos.

El móvil del crimen estaría relacionado con sospechas de traición al grupo delincuencial Los Costeños, motivo por el que, durante una “fiesta”, uno de los cuatro hombres que estaban en el lugar le disparó a una de las menores y luego asesinó a la otra con un arma blanca.

Piden que se defina la situación de todos los involucrados en la “fiesta”

El 10 de marzo se llevó a cabo la audiencia en la que se iba a definir si Juan David Taboada Olivera tendrá que seguir vinculado al caso en un centro de reclusión, pero por tercera vez la audiencia fue aplazada.

Sin embargo, durante la diligencia, la defensa del imputado, encabezada por el abogado Juan José Roldán, mencionó algunas irregularidades que se estarían registrando.

En primer lugar, el jurista mencionó que la fiscalía mantiene los cargos de secuestro extorsivo y porte ilegal de armas contra su cliente, a pesar de que no cuenta con material probatorio.

El jurista contrastó lo registrado en la audiencia contra el menor de edad para recordar que la fiscalía indicó que el menor reconoció haber sido el responsable de los asesinatos, y también que los mensajes que recibió la madre de las adolescentes se registraron después de que este terminó con la vida de las jóvenes.

Para el jurista, estos factores, además del testimonio de un tercero que afirmó haber contactado a un policía que lo había capturado antes, y que sería el encargado de adelantar la investigación del caso, abren interrogantes que piden ser respondidos por parte de la fiscalía.

“El tema del homicidio no fue premeditado, sino que se registró luego de que una de las menores le mostrara una presunta conversación a alias “el Mono”. Miguel Kaleth Velandia Mejía (estuvo en el lugar de los hechos, pero no fue imputado, ni está ligado al proceso en estos momentos) entregó el testimonio al policía que lidera la investigación, pero él no aparece investigado, aunque estuvo en el sitio y no se tiene claridad de lo que pasó“.

La defensa pidió que la fiscalía exponga toda la información que existe sobre el caso, puesto que en la reunión en la que, presuntamente, los cuatro hombres presentes observaron un chat en el que se mencionaba la traición que uno de ellos iba a recibir para ser entregado a Los Costeños, había en total ocho personas (sumando a las dos víctimas), pero solo dos han sido procesadas.

De la misma forma, piden que se investigue si se trata de un caso ligado al crimen organizado, ya que los dos imputados han pedido que se refuerce su seguridad en los sitios de reclusión momentánea en los que se encuentran y afirman estar en peligro de ser víctimas de ataques por parte de la banda delincuencial mencionada.

“Quien no sabe de litigación repite teorías sin entenderlas. Tienen peces, pero no saben pescar. Están repitiendo fórmulas de casos parecidos y el problema es que se desnaturalizó el proceso”, indicó la defensa de Taboada.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, anunció que su partido presentará una denuncia contra Morena por presuntos actos anticipados de campaña relacionados con el proceso interno que el partido oficialista inició para definir a quienes competirán en las elecciones de 2027.

Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados de México, el líder priista calificó el procedimiento morenista como una “simulación” que, aseguró, viola tanto los estatutos del propio partido como la legislación electoral vigente.

Moreno Cárdenas afirmó que el método anunciado por Morena para designar “coordinadores de defensa de la transformación” —figuras que posteriormente se convertirán en candidatos— constituye una forma de adelantar las campañas políticas.

“Es la simulación, es la mentira, es la farsa”, declaró el dirigente del PRI al advertir que estos nombramientos en realidad servirán para posicionar a futuros aspirantes a gubernaturas, diputaciones y alcaldías antes de los tiempos permitidos por la ley.

PRI acusa simulación en el proceso interno de Morena rumbo a 2027

El líder priista sostuvo que, aunque Morena asegura que sancionará a quienes incurran en campañas adelantadas, el propio partido estaría promoviendo un mecanismo que, en los hechos, abre el camino para posicionar candidaturas con anticipación.

Según explicó, el nombramiento de coordinadores estatales, distritales y municipales funcionaría como una estructura electoral anticipada para las elecciones intermedias de 2027.

“Dicen en sus estatutos que sancionarán a quien haga campaña anticipada, pero lo que están haciendo es iniciar desde ahora el proceso para elegir a sus candidatos a gobernadores y diputados”, señaló Moreno.

Morena definió calendario para elegir “coordinadores” territoriales

El Consejo Nacional de Morena acordó adelantar su proceso interno para seleccionar perfiles que eventualmente competirán por cargos de elección popular en 2027.

De acuerdo con las reglas aprobadas, el calendario contempla varias etapas:

• 22 de junio: elección de coordinadores estatales en las 17 entidades donde se renovarán gubernaturas.
• 3 de agosto: designación de coordinadores distritales federales.
• 21 de septiembre: selección de coordinadores municipales.
• 8 de noviembre: nombramiento de coordinadores distritales locales.

El partido indicó que estos cargos estarán enfocados en la organización territorial y la defensa del proyecto político, aunque en procesos anteriores figuras similares terminaron convirtiéndose en candidaturas formales.

Movimiento Ciudadano también advierte posibles campañas anticipadas

Las críticas no provienen únicamente del PRI. El dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, también cuestionó los resolutivos del Consejo Nacional de Morena.

El líder emecista advirtió que el partido gobernante podría estar preparando precampañas adelantadas bajo la figura de coordinadores políticos.

A través de redes sociales, Máynez acusó que Morena busca repetir prácticas utilizadas antes de las elecciones de 2024, cuando diversos aspirantes recorrieron el país como “coordinadores” antes de convertirse en candidatos.

Qué dice la ley sobre las campañas anticipadas en México

De acuerdo con criterios del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Instituto Nacional Electoral, los actos anticipados de campaña son expresiones o acciones de promoción política realizadas antes del inicio formal de precampañas o campañas.

Para que una conducta sea considerada como tal deben cumplirse tres elementos:

• Personal: que exista una persona identificable que promueva su aspiración.
• Temporal: que la acción ocurra fuera de los periodos autorizados por la ley.
• Subjetivo: que incluya llamados explícitos o implícitos al voto o al apoyo político.

La legislación electoral establece sanciones que pueden ir desde multas a partidos políticos hasta la negativa de registro de una candidatura.

PRI adelanta batalla política y legal contra Morena

Moreno Cárdenas también criticó la reforma electoral impulsada por Morena, a la que llamó “Ley Maduro”, al considerar que busca concentrar poder y debilitar a las instituciones electorales.

En un mensaje difundido en redes sociales, el dirigente priista afirmó que los legisladores de su partido votarán en contra de la propuesta y defenderán la autonomía de los organismos electorales.

“México no es Venezuela y no vamos a permitir que lo quieran llevar por ese camino”, expresó el líder del PRI al insistir en que su partido dará la batalla política y legal frente a lo que considera intentos de vulnerar las reglas democráticas rumbo a las elecciones de 2027.

La denunciante ha pedido al juzgado que preserve la confidencialidad total sobre su identidad y que su participación en el proceso judicial se desarrolle en calidad de testigo. Esta solicitud fue presentada junto con el abogado del caso, Alfredo Arrien, quien también representa a la actriz Elisa Mouliáa, la primera persona en presentar una denuncia al exportavoz parlamentario de Sumar, Íñigo Errejón. Según publicó Europa Press, el Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid ya ha admitido a trámite la segunda denuncia formal contra Errejón en relación con supuestos hechos ocurridos en octubre de 2021.

De acuerdo con lo detallado por Europa Press, la segunda denunciante relató que mantuvo un intercambio frecuente y continuado de mensajes con Errejón a través de Instagram durante al menos varias semanas de 2021. Tras este período, el exdiputado propuso trasladar la conversación a Telegram, indicando explícitamente que los mensajes en esa plataforma se eliminaban de manera automática, y la denunciante accedió a esta petición. Durante esta etapa previa al primer encuentro en persona, la denunciante describe que el contacto diario con Errejón se caracterizaba por su intensidad.

Posteriormente, en septiembre de 2021, ambos acordaron verse presencialmente por primera vez en el domicilio particular del exdiputado. Según el relato consultado por Europa Press, en esta visita compartieron una conversación y consumieron bebidas, lo que derivó en un acercamiento de índole íntima que únicamente consistió en besos, sin que hubiera penetración ni otro tipo de contacto sexual.

El documento judicial, citado por Europa Press, describe que desde el momento en que se inició la relación Errejón adoptó actitudes consideradas de control y celos. El exlíder de Sumar se habría mostrado especialmente insistente respecto a las amistades, actividades sociales y salidas de la denunciante, lo que generó constantes tensiones y reproches entre ambos.

El 16 de octubre de 2021, Errejón invitó a la mujer a una fiesta, proponiendo él mismo la idea y costeando el traslado en taxi. Ambos, según la denuncia, habían consumido alcohol y se encontraban bajo los efectos de estas bebidas. Durante el evento, ambos accedieron juntos al baño del local, y allí el exdiputado insistió en que la denunciante le practicara una felación. La denuncia señala que existió presión en un contexto en el que ambos, además de haber ingerido alcohol, inhalaron cocaína. Finalmente, la denunciante terminó accediendo a la petición “de manera renuente”, según consta en el documento.

Después de la fiesta, la pareja se desplazó al domicilio de Errejón en el vehículo de un amigo del político. En el trayecto, la denuncia sostiene que Errejón introdujo los dedos en la vagina de la mujer sin su consentimiento. Este pasaje del relato refleja que la denunciante manifestó su oposición verbalmente y trató de apartarse, desarrollándose un forcejeo, mientras que Errejón persistía en su comportamiento y trataba de penetrarla pese a la negativa activa de la mujer.

El documento añade que, ante esta resistencia, el exdiputado le habría susurrado frases como “si gritas será peor” y “si te resistes será peor”, lo que constituiría una intimidación directa y eficaz, según la descripción recogida por Europa Press. Una vez llegaron al edificio, la denunciante dice haber entrado en un estado de bloqueo que atribuye a la situación vivida tanto durante el traslado como en los momentos previos.

Ya en el portal del domicilio y después en el ascensor, Errejón volvió a insistir en recibir sexo oral, y la denunciante, nuevamente bajo presión, accedió. Según el documento judicial, ya en el interior del piso, tras mantener más contacto físico, el exportavoz de Sumar expresó su intención de mantener una relación sexual con penetración vaginal. La mujer advirtió que no quería mantener relaciones sexuales sin preservativo, y, de acuerdo con el relato, Errejón inicialmente afirmó que no habría penetración.

No obstante, de acuerdo con la denuncia, “de manera sorpresiva y violenta”, el político sujetó a la mujer por el cuello, la giró para colocarla de espaldas y la penetró vaginalmente por la fuerza sin consentimiento, pese a que ella gritó en repetidas ocasiones que se detuviera. El relato indica que la penetración se prolongó varios minutos, hasta que finalmente Errejón cesó en su acción. La denunciante le recriminó su conducta, pero de acuerdo a la denuncia, fue ignorada por el exdiputado, y tras ello decidió abandonar el domicilio.

El documento presentado en el juzgado, y citado por Europa Press, menciona que tras este último evento los dos volvieron a verse en una única ocasión. Según el relato, Errejón mostró comportamientos de control extremo, entre ellos la demanda de envío de ubicación en tiempo real y la realización de llamadas insistentes.

El abogado Alfredo Arrien ha solicitado formalmente al Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid que se garantice la protección y confidencialidad máxima respecto a la identidad de la denunciante. También pidió que toda la intervención de la mujer en el proceso se lleve a cabo como testigo, estableciéndose así medidas de protección para la persona denunciante durante el desarrollo del proceso judicial, según informó Europa Press.

El caso se encuentra en la fase de admisión a trámite, etapa que implica la apertura de una investigación formal sobre los hechos narrados en la denuncia. Este es el segundo procedimiento abierto contra Íñigo Errejón por presuntos casos de violencia sexual, después de la denuncia previamente presentada por la actriz Elisa Mouliáa. El Juzgado de Violencia Sobre la Mujer número 12 de Madrid será responsable de la instrucción de ambos casos judiciales contra el exportavoz parlamentario, detalló Europa Press.

Javier Ortega Smith, concejal y portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, aseguró que el proceso abierto en su contra dentro del partido aún no ha agotado la vía interna y que, de no resolverse de manera favorable, recurrirá a la justicia ordinaria. Según consignó Europa Press, Ortega Smith sostuvo que “cuando exista resolución todavía tiene recursos alzados ante el Comité Ejecutivo Nacional”, y añadió: “Luego me veré obligado a ir a los tribunales a defenderme”.

De acuerdo con lo publicado por Europa Press, este lunes Ortega Smith presentó una denuncia formal contra el Comité Ejecutivo Nacional de Vox y contra los miembros del citado Comité de Garantías. El edil explicó que la dirección del partido le pidió su dimisión como portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, “como si hubiese hecho algo malo”, y añadió que la negativa a cumplir esta petición sirvió como argumento para activar el expediente de expulsión que enfrenta dentro de la organización.

En una entrevista concedida a ‘Onda Madrid’, de la que se hizo eco Europa Press, Ortega Smith aclaró que el expediente de expulsión todavía se encuentra en una fase inicial y que ni siquiera ha expirado el plazo del primer recurso de reposición, plazo que finaliza esta semana. Sostuvo que, mientras tanto, la denuncia presentada busca cuestionar la actuación tanto del Comité Ejecutivo Nacional en pleno como de quienes conforman el Comité de Garantías de Vox, órganos internos responsables del proceso disciplinario en su contra.

El edil argumentó que las actuaciones del partido hacia su persona han vulnerado el marco interno, y que recurrirá a todas las instancias posibles dentro de la formación antes de optar por acciones legales externas. Ortega Smith subrayó que su intención es agotar los procedimientos internos de Vox antes de cualquier medida judicial, tal como reportó Europa Press.

En la citada entrevista, Ortega Smith afirmó que la petición de la dirección de que presentara su dimisión respondía a una presión política dentro de Vox, y que el expediente de expulsión representaba, en sus palabras, “la excusa” ante su negativa a dimitir de su cargo como portavoz municipal. Según detalló Europa Press, el conflicto interno surge en un contexto de tensiones entre Ortega Smith y la cúpula del partido, que todavía no se ha pronunciado públicamente sobre la denuncia presentada este lunes.

Europa Press informó que Ortega Smith anunció en la referida conversación que, de no prosperar los recursos internos que aún puede interponer, llevará su caso a los tribunales. Declaró estar dispuesto a acudir a la justicia ordinaria para ejercer su defensa frente a lo que considera un proceso no ajustado a las normativas internas de Vox.

El proceso contra Ortega Smith y las impugnaciones que ha presentado ante los órganos internos de Vox forman parte de una serie de controversias que han generado atención mediática en torno a la organización política y a la posición de Ortega Smith dentro de la misma. Según lo publicado por Europa Press, el desenlace de este procedimiento disciplinario y las posibles acciones legales posteriores quedan ahora a la espera tanto de la resolución de los comités internos como de los pasos que decida tomar el concejal en función del resultado.

Carolina Corcho, candidata al Senado de Colombia por el Pacto Histórico, denunció a través de su cuenta de la red social X que un grupo de políticos regionales de Caldas estaría amedrentando a mujeres que se encargan de la manipulación de alimentos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) para que voten por María Paz Gaviria, del Partido Liberal, en las elecciones legislativas del 8 de marzo de 2026.

Corcho advirtió lo siguiente en un post realizado en medio de la jornada: “Un grupo de inescrupulosos políticos regionales de Caldas están amedrentando a las mujeres manipuladoras de alimentos del programa PAE, para obligarles a votar por la candidata al senado María Paz Gaviria. Amenazan con no renovarles contratos”.

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Denuncia por presunta coacción electoral en Caldas

En su publicación, Carolina Corcho alertó a la ciudadanía y pidió a los entes de control que tomen medidas frente a lo que calificó como “prácticas reprochables”. Según la candidata, los políticos implicados estarían condicionando la renovación de contratos de las trabajadoras de este programa a cambio de su voto por la hija del expresidente César Gaviria.

La denuncia terminó con la contundente frase: “El voto es libre y secreto”, refiriéndose a la importancia de garantizar la integridad del proceso electoral y el respeto a los derechos de los trabajadores vinculados al PAE en el departamento de Caldas.

Corcho, que también es candidata al Senado, instó a las autoridades a investigar los hechos y proteger a las mujeres presuntamente afectadas por esta situación, debido a que estaría en riesgo su puesto de trabajo.

Cabe mencionar que la acusación ocurre en un momento de alta sensibilidad por las elecciones legislativas, donde la transparencia y la garantía de un voto libre son temas centrales en la agenda pública.

Las declaraciones se producen cuando distintos sectores sociales han advertido sobre el posible uso de programas públicos para influir en la intención de voto. Corcho concluyó su mensaje apelando a la ciudadanía para “derrotar estas prácticas en las urnas”.

La candidata al Senado adjuntó las denuncias en su publicación, allí se aprecia un texto anónimo en el que una mujer, bastante temerosa asegura que está siendo víctima de intimidaciones y teme perder su empleo.

“Escribo porque está pasando algo muy malo con las manipuladoras del PAE en Villamaría. Prefiero no decir mi nombre porque tengo miedo de perder el trabajo. El coordinador del operador UT Caldas Feliz 2016 está mandando mensajes en el grupo de WhatsApp del trabajo pidiendo votos para la candidata al Senado María Paz L100.

Asimismo, agregó que no solo las estaban presionando a ellas para votar, sino que pedían que indujeran a más personas de su círculo familiar y social: “Están diciendo que cada manipuladora tiene que conseguir 5 votos, tomarles foto y mandarla como prueba. Que por eso dan 30 mil pesos“.

Adicionalmente, puntualizó agregando capturas de pantalla de lo que les escribían a través de WhatsApp: “Muchas estamos con miedo porque dicen que toca ayudar y varias pensamos que si no lo hacemos después nos pueden sacar. Tenemos pantallazos de lo que mandan en el grupo”.

Entre los comentarios a la publicación realizada por Carolina Corcho se encuentran algunos como: “La denuncia en fiscalía, para que estos sinvergüenzas dejen de hacer fraude electoral”, “Eso es una práctica repetitiva en todas las alcaldías y gobernaciones tanto en estas elecciones como las del año entrante, hasta que el pobre no venda el voto, la clase trabajadora lo intercambie por un empleo y la clase alta por contratos, esto no cambiará” y “A mí me llegaron mensajes de esta señora. Utilizaron las bases de talento tech para hacer campaña”.

En el marco del Día Internacional de la Mujer, IMSS Bienestar anunció este viernes en sus redes sociales la creación de un Área de Atención Segura para Mujeres en sus unidades de salud de todo el país, con el objetivo de que ninguna mujer tenga que enfrentar sola una situación de violencia, acoso o abuso dentro de una institución pública de salud.

La medida busca garantizar que tanto las trabajadoras como las pacientes puedan denunciar con confianza y sin temor a represalias. Para ello, el área contará con canales confidenciales de denuncia en tres modalidades: presencial, telefónica y digital, todas con registro institucional y confidencialidad garantizada.

Acompañamiento integral y protección para víctimas: los ejes del nuevo mecanismo en IMSS Bienestar

Más allá de recibir denuncias, el área ofrecerá acompañamiento integral a las víctimas, que incluye orientación jurídica, apoyo psicológico, atención médica cuando sea necesario y vinculación directa con autoridades ministeriales. Cada caso será atendido en coordinación con los órganos internos de control para asegurar que las investigaciones se conduzcan con seriedad y transparencia.

Uno de los ejes centrales del mecanismo es la protección frente a represalias: se activarán protocolos institucionales para que las denunciantes puedan continuar trabajando o recibiendo atención médica sin intimidación de ningún tipo. Además, el área impulsará acciones de prevención, capacitación y sensibilización para construir una cultura institucional libre de violencia desde adentro.

Cero tolerancia y espacios seguros: la respuesta de IMSS Bienestar ante la baja denuncia de violencia

El anuncio llega en un momento en que organizaciones internacionales como la ONU advierten que solo el 13% de las mujeres que sufren violencia en México se atreven a denunciar, frenadas principalmente por el miedo y la desconfianza en las instituciones. La apuesta de IMSS Bienestar apunta precisamente a romper esa barrera dentro del sistema de salud público, uno de los espacios de mayor contacto cotidiano entre el Estado y la población.

La institución reiteró su política de cero tolerancia a la violencia de género y su compromiso con la construcción de espacios seguros y respetuosos para todas las mujeres.

Durante las primeras horas de la jornada electoral del domingo 8 de marzo de 2026, las autoridades comenzaron el despliegue de estrategias para prevenir todo tipo de delitos electorales, en garantía del pleno desarrollo de la jornada democrática en todo el territorio nacional.

Para este efecto, voceros del Ministerio de Defensa, cuya operación estará enfocada completamente en la seguridad electoral en los territorio, anunciaron una millonaria recompensa a los ciudadanos que cooperen con la captura de señalados por delitos electorales.

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En especial, luego de los reportes sobre el marcado incremento de capturas e incautaciones de dinero en efecto, relacionadas con casos de compra y venta de votos para la jornada de elecciones legislativas y de consultas interpartidistas para la Presidencia de 2026.

Estos delitos serían más visibles en el horario de las votaciones del 8 de marzo y en áreas cercanas a los puestos de votación, a partir de las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m.

“Denunciar la compra de votos es proteger la libertad, la legalidad y la democracia. Ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa por información que permita capturar a quienes intenten vulnerar el proceso electoral”, informaron en las cuentas oficiales de la cartera.

Incluso, invitaron a la ciudadanía a la línea 157 Anticorrupción. Las denuncias, recordaron, cuenta con total reserva garantizada.

Cuáles son los delitos electorales más recurrentes en Colombia

La Misión de Observación Electoral (MOE) es la entidade de vigilancia electoral más respetada en el país.

Cada tres años, expertos de esta entidad realizan un manual que desmenuza con rigor los principales delitos, prohibiciones y faltas disciplinarias que amenazan la transparencia de las elecciones en Colombia.

En primer lugar están los delitos contra los mecanismos de participación democrática –tipificados en el Código Penal colombiano, Ley 599 de 2000– y que comprenden conductas tan diversas como la compra de votos, la alteración de resultados y la financiación prohibida de campañas.

Entre los 18 tipos de conductas delictivas descritos sobresalen:

• Perturbación de certamen democrático: conductas que, mediante engaños, mentiras o violencia, impiden la votación, el escrutinio o el cabildo abierto. Las penas llegan hasta nueve años de cárcel y multas entre 50 y 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes (SMLMV). Si hay uso de violencia o el autor es servidor público, la sanción es más severa.
• Fraude al sufragante: obtener un voto usando engaños, falsas promesas o amenazas de pérdida de beneficios estatales.
• Fraude en la inscripción de cédulas: cuando se inscribe una cédula o se induce a otro a hacerlo en un municipio donde la persona no reside o no nació. No solo votantes, también organizaciones políticas participan en estas maniobras para modificar la representación local.
• Elección ilícita de candidatos: ser elegido pese a estar inhabilitado por decisión judicial, fiscal o disciplinaria, acarrea cárcel y multa amplia.
• Corrupción al sufragante y tráfico de votos: ambos delitos sancionan la compra o venta de votos, en especie o dinero. Llama la atención que tanto quien paga como quien vende el voto incurren en responsabilidad penal.
• Voto fraudulento y favorecimiento de voto fraudulento: sancionan tanto a quien suplanta a otro votante, vota varias veces o sin derecho, como a los jurados o autoridades que lo permiten.
• Financiación prohibida, violación de topes y omisión de información: la recepción de fondos de fuentes ilícitas (narcotráfico, grupos armados, gobiernos extranjeros, anónimos) y el gasto que excede los topes legales son delitos con penas que combinan cárcel, multas cuantiosas y pérdida del cargo.Algunos datos únicos refuerzan este diagnóstico: a partir de la Ley 1864 de 2017, la violación a los límites de gasto en campañas, la inobservancia en reportar aportes y la financiación con dineros prohibidos pasaron a ser delitos penales, susceptibles de sanción por juez y no solo por autoridad administrativa.

Faltas y prohibiciones para servidores públicos

En cuanto a las limitaciones que rigen sobre los funcionarios estatales durante los procesos electorales. hay dos principios fundamentales: los servidores públicos no pueden intervenir en política y deben abstenerse de usar el cargo para favorecer intereses partidistas.

Entre las faltas disciplinarias gravísimas, cuya sanción puede ser la destitución e inhabilidad general, se citan:

• Hacer proselitismo, favorecer o perjudicar una opción política.
• Integrar órganos de dirección de partidos políticos (con excepción de congresistas, concejales y diputados).
• Presionar a subalternos en favor de candidaturas.
• Utilizar bienes y recursos públicos para actividades políticas o reuniones proselitistas.

Dentro de las prohibiciones adicionales se destacan restricciones para aceptar donaciones, contratar parientes e incidir en procesos de contratación pública en los meses previos a elecciones.

Sobre las violaciones a normas electorales: sanción, aunque no haya delito, la MOE también detalló conductas sancionables en materia de publicidad política, financiación y publicación de encuestas. Las campañas solo pueden pautar propaganda electoral en medios de comunicación 60 días antes del día de la elección y deben cumplir reglas estrictas en el uso de símbolos, espacios públicos y financiamiento.

La entrevista se realizó el pasado lunes en medio de una recorrida por la flamante EPEP N° 548 “Prof. Rodolfo Reynaldo Benítez”. A ese establecimiento se dirigió Neme y grabó un video donde muestra que aún no empezaron las clases. “Es un relato montado. Lo del lunes fue sólo una foto”, empezó a describir e inmediatamente fue increpada por una funcionaria local.

Se trata de Blanca Denis, asesora del gobernador, quien empezó a increparla a los gritos y hasta lanzó una fuerte amenaza: “El día que te filmen tu casa atajate las consecuencias”. Además, según confirmó Neme a Infobae, la misma funcionaria ordenó que no la dejen ingresar a la escuela y a su propio barrio. “Si ven que Neme va al barrio tienen que avisar. Avísenme al instante, por favor. Y las veces que la vean le tienen que mandar a la mierda y correrla, insultarle, decirle de todo”, se escucha en la grabación que le llegó a la dirigente opositora.

“Cualquier cosa que a mí o a mi equipo le pase en el lote es responsabilidad de Blanca Denis y de Gildo Insfrán, porque Blanca Denis es la patotera de Gildo Insfrán. Vamos a seguir yendo. Yo a esa señora no le tengo miedo”, alertó Neme.

La entrevista con adoctrinamiento

La entrevista que los alumnos le hicieron a Insfrán generó indignación por el claro adoctrinamiento que se observa en la conversación. “Cada escuela significa más oportunidades para los nuevos barrios, así como nos pasó a nosotros, que hoy estamos haciendo por radio y televisión, gracias a que tenemos nuestra propia escuela, donde recibimos educación de calidad”, comenzó su alocución uno de los pequeños entrevistadores.

Y continuó con una pregunta a uno de sus compañeros: “¿Sabés quién es el responsable de que todos nosotros, niños y niñas, podamos tener espacios para estudiar dignamente?“.

“Claro, nuestro señor gobernador y su equipo de política pública siempre nos han dado todo: edificios, útiles escolares, buenos maestros y más”, respondió el interrogado.

Si a alguno le quedaban dudas de cuál sería el tono de la charla, la primera pregunta a Insfrán las disipó: “Señor gobernador, ¿qué se siente ayudar a tantos niños y hacerlos felices?"

Hasta el propio gobernador se sorprendió y respondió: “¿Cómo?“.

Luego, entendió y continuó con un tono proselitista: “Ah, se siente satisfacción. Nosotros desde la política podemos hacer edificios lindos, costear los sueldos de los que trabajan aquí, pero quienes les dan la calidad educativa a ustedes son ellos, los docentes. Y nosotros tenemos que sentirnos orgullosos, porque el año pasado fuimos primeros en el país en las Pruebas Aprender de alfabetización”.

La charla continuó con guiños constantes a quien el pasado 10 de diciembre cumplió 30 años ininterrumpidos al frente del gobierno de Formosa: “Señor gobernador, estamos muy ansiosos. ¿Este año recibiremos los útiles, guardapolvos y zapatillas, como nos tiene acostumbrados a recibir?“.

Lo están recibiendo en todas las instituciones educativas de la provincia, así que no es solamente un privilegio de los que viven en capital. Hasta en el último rincón de la provincia en este momento están recibiendo su kit escolar, para que no tengan problemas sus padres en tener que gastar para comprar esos útiles, o esa indumentaria, o esas zapatillas para que puedan ir a la escuela”, indicó el mandatario peronista, quien asumió su cargo el mismo día en que Carlos Menem inició su segundo período presidencial.

Luego de que los niños le agradecieran “por todos los útiles” recibidos, se despidieron con una frase que despertó las risas de Insfrán y el resto de los presentes: “Con el honor de que nos haya acompañado el señor gobernador, el querido tío Gildo”.

En el discurso que dio durante la inauguración de la escuela, Insfrán aprovechó el tramo en el que se refirió a la entrega de kits escolares para criticar al gobierno de Javier Milei.

“No importa que nos sigan amenazando, recortando la coparticipación y los fondos que, por leyes nacionales, nos corresponden. Nosotros, con lo poco o mucho que tengamos, siempre vamos a privilegiar atender al que más necesita”, manifestó.

En ese sentido, también lanzó una frase irónica al recordar el discurso que brindó el domingo el Presidente en el Congreso de la Nación, al abrir las sesiones ordinarias. Insfrán dijo que intentó oír las palabras de Milei, pero lamentó: “Solo escuché agravios”.

Un profesor de religión de la escuela Sagrado Corazón de Barcelona, situada en el barrio de Sarrià-Sant Gervasi, ha sido denunciado por presuntas agresiones físicas contra uno de sus alumnos, un niño de 11 años diagnosticado con un trastorno por déficit de atención grave.

De acuerdo con la denuncia, a la que accedió el medio l’Altaveu de La2Cat, los episodios de violencia habrían ocurrido en reiteradas ocasiones, tanto en 2023 como durante el actual curso escolar. Esta situación llevó a la familia a tomar la decisión de trasladar al menor a otro centro educativo.

“El niño salió aterrorizado, con una crisis de pánico espantosa y las marcas en brazos”, ha explicado la denunciante a l’Altaveu. El episodio que impulsó a la madre a actuar ocurrió el 5 de febrero de 2023, cuando la madre acudió a recoger a su hijo a la salida del colegio y lo encontró llorando, con marcas visibles en los brazos y manifestando no querer regresar al centro. Tras ese incidente, la familia acordó con la dirección del colegio que el profesor denunciado dejara de impartir clase al menor.

Pese al compromiso adquirido, la madre sostiene que el acuerdo no fue respetado y que el docente volvió a dar clase al niño, llegando a impartirle dos asignaturas durante este curso. Según la familia, el centro educativo no adoptó sanciones ni medidas orientadas a evitar la repetición de estos hechos, lo que incrementó la preocupación de los padres. “No hubo sanciones ni nada que evitara que volviera a ocurrir”, declara.

La madre del menor asegura, además, que las supuestas medidas implementadas por la escuela no solo resultaron insuficientes, sino que provocaron una “revictimización” de su hijo. De acuerdo con su testimonio, esta situación agravó el malestar del niño, ya que continuó expuesto al entorno y a la figura del docente denunciado.

La denunciante alega que su hijo no sería el único afectado, ya que otros padres le habrían comunicado situaciones similares sufridas por parte del mismo profesor. “Tengo relatos de compañeras y madres que dicen que a sus hijos les ocurrió lo mismo con este personaje”, señala.

Ante esta situación, la familia optó por retirar al niño del colegio y matricularlo en otro centro a mitad de curso escolar, a la espera de que se resuelvan las denuncias presentadas.

El caso ha sido puesto en conocimiento de los Mossos d’Esquadra, del Síndic de Greuges y del Consorcio de Educación de Barcelona, entidades que deberán investigar los hechos y determinar posibles responsabilidades dentro de la institución educativa.

Punto de vista legal

Según el blog informativo de Ródenas Abogados, el ordenamiento jurídico español protege a los menores frente a cualquier forma de maltrato, incluso cuando este proviene de sus propios educadores. La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPIVI) refuerza esta protección al establecer la obligación de que todos los centros educativos dispongan de protocolos de actuación ante situaciones de violencia o abuso.

Asimismo, el artículo 173.1 del Código Penal tipifica el delito de trato degradante, aplicable cuando un profesor somete a un alumno a conductas humillantes que menosprecian su integridad moral. En los casos más graves, este tipo de actuaciones puede constituir un delito penal que conlleva penas de prisión. De igual manera, la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado, relativa al tratamiento del acoso escolar, también contempla supuestos en los que los agresores pueden ser docentes, y no únicamente otros alumnos.

Claudia Chávez, la víctima, relató su caso a varios medios locales para amplificar su denuncia. Según su testimonio, los hechos ocurrieron en la madrugada del sábado 28 de febrero de 2026, en las inmediaciones del aeropuerto municipal.

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Claudia Chávez relató que caminaba por el Parque Lineal después de asistir a un evento cultural cuando fue interceptada por un hombre armado con un cuchillo. Según su testimonio, el agresor la condujo a una zona oscura, donde la agredió sexualmente y le robó su teléfono móvil. La víctima indicó que el presunto responsable sería un reciclador.

“Me violó, me robó y por resistirme me provocó unos moretones en los brazos y me rasgó el vestido”, declaró Chávez.

Tras el ataque, Chávez acudió primero a su domicilio y luego al hospital de la localidad, donde recibió atención médica. El caso fue asumido por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), organismo encargado de recibir la denuncia formal y dar inicio a las pesquisas.

Sin embargo, la mujer denunció que horas más tarde, la víctima y su esposo, mecánico de profesión, lograron ubicar al presunto agresor y alertaron a una patrulla de la Policía Nacional. Los agentes procedieron a capturar al sospechoso, pero, según la versión de la denunciante, la detención solo duró cinco minutos y el hombre quedó en libertad.

Chávez confirmó ante las cámaras que entregó a la Policía una cachucha y el cuchillo del presunto atacante, así como otras pertenencias suyas que quedaron en el lugar del hecho.

Además, mostró lesiones en los brazos y prendas rasgadas como material probatorio. “Pero esas evidencias, ni mis moretones en los brazos ni mi ropa rasgada son pruebas contundentes para que el tipo esté preso”, expresó la denunciante.

Voceros de la Policía de Casanare informaron en un comunicado que la atención inicial del caso fue asumida por el CTI, conforme a sus funciones.

“La Policía Nacional en Paz de Ariporo, en conjunto con funcionarios del CTI de la Fiscalía, realizó captura en cumplimiento de la orden judicial, relacionada con los hechos ocurridos el 28 de febrero de 2026, por los delitos de acceso carnal violento y hurto calificado”, se lee en el pronunciamiento de las autoridades.

Tras la denuncia pública, Chávez recibió llamadas de la Alcaldía de Paz de Ariporo para ofrecerle apoyo psicológico y de la Policía para avanzar en las investigaciones judiciales.

No obstante, la mujer manifestó temor ante posibles represalias por haber hecho público el caso; pero también ante posibles consecuencias de salud, o infecciones.

“Sí, la verdad sí siento también miedo, aunque yo ya estoy en tratamiento, uno nunca sabe. Pues estamos hablando de un tipo que vive en la calle. O sea, ¿qué higiene puede tener? (..) Me quedaron lesiones y lo que quedó en mi corazón y que no podré olvidar fácilmente, porque tengo dos hijas y no me gustaría que a ellas les ocurriera esto“, exclamó.

Incluso, dijo que ha debido recurrir a estrategias para proteger a su familia, porque no conoce el trasfondo, ni las conexiones del presunto agresor. Dijo: “Tengo a mis hijos escondidos en un lugar porque siento miedo por haberlo denunciado, por no haberme quedado callada. Entonces, pues, ¿qué les digo? Que, que me ayuden a que esto llegue lejos", concluyó la mujer.

El exsenador Jorge Enrique Robledo, que está aspirando a regresar al Congreso de la República, y el abogado Andrés Felipe Pachón Torres, radicaron una denuncia penal y disciplinaria contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes.

Las acciones legales responden a las fallas en el sistema de salud que han derivado en la presunta violación flagrante de los derechos de la ciudadanía.

Según explicó el político, la denuncia amplía una denuncia que en su momento presentaron 200 organizaciones en contra del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.

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“Con mis abogados hemos concluido que si esa acusación cabe en el caso del ministro de Salud, por supuesto que cabe todavía más en el caso del presidente de la República, porque, al final, es él el que ha venido tomando en últimas todas las determinaciones, irresponsables por lo demás, sobre el sistema de salud de los colombianos, que está enfermando y matando a personas que la medicina puede curar”, precisó Robledo en un video difundido en redes sociales.

En el documento que presentó ante la comisión se enlistan tres conductas punibles y faltas disciplinarias por las cuales, a juicio del candidato, el presidente Gustavo Petro debería ser investigado:

• Presunto determinador frente al incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con la suficiencia financiera de la UPC, por parte del Ministro de Salud.
• Máxima autoridad y responsable político-administrativo frente el agravamiento de la crisis de Nueva EPS, que está intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud.
• Ejecución “improvisada y desordenada” de un nuevo modelo de salud, que surgió a través de un decreto y a partir de intervenciones administrativas.

En la denuncia, los accionantes explicaron que en distintas oportunidades se alertó sobre la insuficiencia del Pago de Unidad por Capitación (UPC), que es el monto que destina el Ministerio de Salud por cada persona afiliada al sistema de salud, para garantizar la prestación de los servicios que necesita.

Pese a las advertencias que surgieron al respecto, el Gobierno aseguró que los recursos asignados eran suficientes, pero la Corte Constitucional declaró el incumplimiento general del componente de suficiencia de UPC de 2025.

“Mientras que el presidente Petro y sus dos ministros de salud han insistido en que la UPC es suficiente, el 28 de enero de 2025, la Corte Constitucional divulgó oficialmente que declaró el incumplimiento general frente al componente de suficiencia de la UPC y declaró la insuficiencia de la UPC fijada para 2024, vinculando esa conclusión al seguimiento estructural y a órdenes impartidas”, detalla el documento.

Por otro lado, sobre la situación de la Nueva EPS, que fue intervenida por la Superintendencia Nacional de Salud en 2024, la denuncia indica que varios pacientes de la entidad promotora de salud han muerto, entre ellas, Kevin Acosta, un niño de 7 años diagnosticado con hemofilia A severa, que no tuvo acceso a un medicamento que necesitaba para su tratamiento. El menor murió tras una caída que le generó un sangrado cerebral.

“Estos casos emblemáticos deben ser investigados como evidencia de afectación grave del derecho fundamental a la salud y, en escenarios extremos, del derecho a la vida, en la medida en que reflejan barreras de acceso, discontinuidad terapéutica y fallas de oportunidad, que se agravan en el contexto del deterioro operativo y financiero estructural y sostenido”, precisa.

Por último, explica que hay una concentración y aumento de los afiliados a la Nueva EPS, pasando proximadamente de 11,58 millones a 14,19 millones de usuarios, pese al deterioro operativo, financiero y de acceso de la entidad. “Estos traslados masivos deben ser investigados para establecer si guardan coherencia con el deber de garantía”, señala la denuncia.

El nuevo titular de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), Ramiro Muñoz, advirtió que la infiltración del crimen organizado dentro de las instituciones estatales hondureñas constituye el mayor desafío para la seguridad nacional y anunció que priorizará el desmantelamiento de estas redes internas durante su gestión,

En declaraciones televisivas, el general en retiro remarcó que el respaldo político y funcional que el narcotráfico recibe desde el propio aparato estatal profundiza la crisis, al punto de que algunos funcionarios, a los que identificó como operadores de justicia y altos cargos, no solo han protegido a delincuentes, sino que, según sus afirmaciones, han ordenado asesinatos para silenciar investigaciones y proteger sus intereses.

“La lucha contra el narcotráfico en Honduras no logrará avances si no se enfrenta directamente la corrupción que permite que organizaciones criminales se consoliden con apoyo interno”, sostuvo Muñoz en el programa conducido por el periodista Renato Álvarez. Entre sus declaraciones, el nuevo jefe antidrogas afirmó que “hay una confirmación del 100% de que el narcotráfico tiene infiltradas las instituciones públicas”, lo que, a su juicio, convierte a ciertos funcionarios en un “mayor peligro” que los propios traficantes de droga.

La gravedad de la acusación incluyó su comentario: “Aquí quien mata a la gente son los mismos funcionarios”, aludiendo a una estructura de protección y violencia orquestada desde dentro del propio Estado.

El titular de la DLCN afirmó que aquellos fiscales, jueces, militares, policías y políticos que colaboren con el crimen organizado deberían retirarse de sus cargos si no pueden romper con esas redes ilícitas. “Fiscales, jueces, militares, policías y políticos que trabajan con el crimen organizado deberían retirarse si no pueden dejar de hacerlo”, manifestó. Señaló además que su administración actuará contra cualquier funcionario involucrado: “Si encuentro un operador de justicia metido en el narcotráfico, con todo gusto iré a su oficina a detenerlo”.

Según Muñoz, el verdadero obstáculo radica en la complicidad estatal: “Si se le quita al narcotráfico el apoyo que tiene dentro de las instituciones, muchas de estas estructuras se caen por sí solas”, aseguró.

El asesinato del Zar Antidrogas

En su participación sobre la profundidad de la infiltración criminal, Muñoz hizo referencia al caso del general Julián González, quien fuera director de la propia DLCN y murió en diciembre de 2009 en circunstancias aún polémicas. “Todo el mundo sabe quién lo mató, quién lo detuvo y quién lo siguió”, afirmó Muñoz, señalando que el crimen tuvo su origen en la institucionalidad hondureña y representa uno de los golpes más graves sufridos por los esfuerzos contra el narcotráfico.

La muerte de González impactó en la coordinación de operaciones antidrogas y se interpreta como un ejemplo cabal del riesgo al que se enfrentan quienes desafían las redes protegidas desde el aparato estatal.

Muñoz advirtió sobre la persistente presencia de dinero proveniente del narcotráfico en campañas políticas hondureñas, hecho que, según sus palabras, pone en riesgo la democracia y debilita la efectividad institucional en el combate al crimen. Explicó que el financiamiento ilícito permite a las organizaciones criminales garantizar impunidad mediante la protección de funcionarios cómplices, consolidando así la estructura delictiva en el Estado.

“El verdadero desafío nacional no es solo combatir a las organizaciones criminales externas, sino eliminar las redes de protección que estas han logrado establecer dentro de las instituciones públicas”, ratificó.

La designación de Ramiro Muñoz al frente de la DLCN se produce en un momento en el que Honduras se mantiene como una de las principales rutas para el tráfico de drogas hacia Norteamérica. El avance del crimen organizado, sostuvo el general retirado, se ha visto favorecido por la existencia de alianzas y complicidades en altos niveles del Estado, lo que exige una estrategia de intervención no solo contra los grupos criminales, sino también contra quienes los defienden desde el interior.

Aunque la decisión aún será revisada debido a una reconsideración presentada por su colega Janet Rivas, de Perú Libre, Jáuregui no se mostró conforme con el resultado y responsabilizó a tres de sus colegas por la denuncia en su contra.

Para la parlamentaria, Flor Pablo, Ruth Luque y Silvana Robles son las responsables del cargamontón que, según dijo, recibió. Además, recomendó a sus colegas imitar su acción y fundar un albergue para niños en situación vulnerable.

“A Flor Pablo, Ruth Luque y la señora Robles. Y más bien me encantaría que, si ellas son tan defensoras de la niñez, ¿por qué no abren un hogar y ayudan al Estado a mantener a los niños en extrema pobreza? ¿Por qué tiran piedras a una persona que sí ha dado todo para cuidar a las niñas peruanas?”.

Milagros Jáuregui se defiende

Durante la sesión, la congresista se defendió de las acusaciones sobre el presunto uso indebido de menores de edad y aseguró que no fue ella quien difundió las fotografías que originaron el cuestionamiento.

También sostuvo que el albergue “La Casa del Padre” cuenta actualmente con otra persona a cargo de la dirección y que ella no tiene mayor injerencia en sus decisiones desde hace cinco años.

“Las fotografías que se mencionan no fueron publicadas en mis redes sociales personales ni en mis cuentas oficiales como congresista. Fueron difundidas en la cuenta del propio albergue, que a la fecha cuenta con una directora responsable y una estructura administrativa propia que no me vincula”, explicó.

La polémica por La Casa del Padre

La Casa del Padre es un Centro de Acogida Residencial (CAR) ubicado en el distrito de Cieneguilla y fundado por la pastora evangélica Milagros Jáuregui junto a su esposo, Guillermo Aguayo. El establecimiento recibe a madres adolescentes y a jóvenes embarazadas víctimas de violencia sexual que son derivadas por entidades del Estado para recibir protección y acompañamiento.

El albergue ofrece alojamiento y apoyo a menores en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de brindarles un espacio de cuidado durante el embarazo. No obstante, su funcionamiento ha sido objeto de cuestionamientos en distintos sectores. Entre las críticas se mencionan presuntas prácticas de adoctrinamiento religioso dentro del centro, debido a su orientación evangélica.

También ha generado debate la posición pública de sus fundadores respecto al aborto terapéutico. Jáuregui y Aguayo han manifestado su rechazo a esta práctica incluso en casos de violación, lo que ha despertado preocupación sobre el enfoque con el que se atiende a las adolescentes acogidas en el establecimiento.

Renovación Popular deslinda de Milagros Jáuregui

La controversia se intensificó cuando se difundieron imágenes relacionadas con el albergue. Tras hacerse pública la situación, el partido Renovación Popular, al que pertenece la congresista, emitió un comunicado en el que cuestionó la exposición de menores de edad.

En ese pronunciamiento, la agrupación señaló que el dolor de niñas y adolescentes no debe ser utilizado con fines políticos ni convertido en un símbolo público. Asimismo, remarcó que las menores en situación de vulnerabilidad deben ser protegidas y que su identidad no debe ser expuesta bajo ninguna circunstancia.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) denunció violaciones a derechos humanos cometidas en Honduras durante 2025, tras casi dos años de estado de excepción que, según el organismo, perdió su carácter temporal y generó impunidad, con ejecuciones, desapariciones forzadas y tortura atribuidas a miembros de las fuerzas de seguridad, en un contexto de alta tensión política y deficiencias estructurales en el sistema judicial, informó la agencia EFE.

El informe anual de la ACNUDH, presentado en Tegucigalpa por Juan Carlos Monge, representante del organismo, confirma que, solo en 2025, durante el gobierno de Xiomara Castro, diecisiete defensores de derechos humanos y comunicadores resultaron asesinados en Honduras.

Esta cifra representa más del doble de los siete casos registrados en 2024, según el mismo documento. Además, el programa estatal de protección para defensores y periodistas enfrenta limitaciones profundas, según Monge, en la última década doce beneficiarios de ese mecanismo fueron asesinados.

La Acnudh documentó durante allanamientos y detenciones sin orden judicial violaciones que afectaron a veinticuatro personas, incluidas tres mujeres. El organismo atribuye a policías y militares ocho desapariciones forzadas, cinco casos de tortura y malos tratos, tres ejecuciones extrajudiciales, dos muertes bajo custodia y seis detenciones arbitrarias.

El informe subraya la preocupación de la ACNUDHpor la implicación de miembros de las fuerzas de seguridad en desapariciones y ejecuciones. En particular, identifica ocho casos de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales ocurridos en el contexto de disputas territoriales entre organizaciones criminales.

El representante Monge explicó a EFE que la extensión del estado de excepción favoreció una discrecionalidad peligrosa en un año marcado por las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025, que se desarrollaron, según el balance, en un ambiente crispado y polarizado.

Aunque los comicios, ganados por el conservador Nasry ‘Tito’ Asfura, transcurrieron de manera pacífica, el informe señala que estuvieron marcados por ataques verbales, incertidumbre y cuestionamientos contra las autoridades electorales. Monge advirtió: “La confrontación y los ataques contra las autoridades electorales no son una buena noticia para la democracia”.

El informe, presentado ante Blanca Izaguirre, titular del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), hace hincapié en las persistentes deficiencias institucionales de Honduras. Entre las principales problemáticas, la Acnudh detectó una falta de investigación penal integral, descoordinación entre organismos y ausencia de persecución efectiva de los responsables.

La impunidad sigue siendo estructural: “Hay grandes deudas con la justicia en los casos de las violaciones de derechos humanos”, recalcó Monge durante la presentación del informe en Tegucigalpa. La ACNUDH remarcó que superar este escenario requiere, además de voluntad política, una combinación de capacidad, conocimiento y garantías de seguridad para quienes demandan justicia.

El informe indica que defensores de derechos humanos siguen siendo víctimas de asesinatos, amenazas, hostigamiento, campañas de desprestigio y criminalización, perpetrados tanto por agentes estatales como por actores no estatales. Persisten “altos índices de impunidad” y, según el monitoreo de la Oficina, en 2025 se han registrado diecisiete muertes violentas de activistas y periodistas.

Monge lamentó que aún existan múltiples desafíos en la protección estatal a estos sectores y pidió la aprobación urgente de una política nacional de investigación penal integral. En sus palabras, la defensa de los derechos humanos en Honduras es “una labor no solamente legítima, sino necesaria”.

El estudio presentado por la ACNUDH pone además en evidencia la existencia de desafíos estructurales en el acceso a la tierra. Advierte que la ausencia de un registro unificado y la falta de modernización en los catastros municipales perpetúan escenarios de inseguridad jurídica y superposición de títulos. Esta situación impacta especialmente en los pueblos indígenas y afrodescendientes, que se ven afectados por la carencia de reconocimiento y saneamiento de sus territorios frente a proyectos extractivos

Luego de que el exárbitro y analista Wilmer Barahona expusiera en un Bluradio la existencia de supuestos pagos irregulares para acceder a designaciones en el torneo profesional en Colombia, se han generado varias polémicas sobre la continuidad de la persona que está a cargo de esa labor en la Dimayor.

Cabe recordar que Barahona aseguró haber recibido mensajes de un árbitro en ejercicio, que entregó pruebas documentales de transferencias a personas con capacidad de influir en la asignación de partidos. Según el denunciante, estos pagos son conocidos como “peajes” en los círculos arbitrales y corresponderían a sumas entregadas para garantizar la participación en encuentros oficiales.

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El exárbitro relató que la persona que le proporcionó la información teme represalias y salida del arbitraje, como habría ocurrido en otros casos. Barahona agregó que el denunciante presentó derechos de petición para obtener formalmente los comprobantes de consignaciones, con el objetivo de entregar evidencia a las autoridades.

El caso involucra directamente a Imer Machado, director técnico de la Comisión Arbitral, señalado por participar presuntamente en la estructura de designaciones. El árbitro que entregó la información manifestó su intención de revelar públicamente su identidad tras solucionar asuntos personales.

En medio de la polémica, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Jony Esneider Villegas Arenas analizó el alcance legal de los hechos en el contexto jurídico colombiano. El jurista explicó que, aunque el fútbol profesional está organizado por entidades de derecho privado como la Federación Colombiana de Fútbol y la Dimayor, su actividad se considera de interés público, por lo que está sujeta a vigilancia estatal según la Ley 181 de 1995.

Villegas Arenas indicó que la Comisión Arbitral es una corporación privada que presta servicios al sistema profesional y, en consecuencia, sus integrantes podrían incurrir en delitos contemplados por la legislación penal colombiana.

El abogado detalló que la conducta descrita podría configurarse como corrupción privada, de acuerdo con el artículo 250A del Código Penal. Esta figura sanciona con penas de cuatro a ocho años de prisión y multas de hasta mil salarios mínimos legales mensuales vigentes a quienes ofrezcan, prometan o concedan beneficios a funcionarios, empleados o árbitros para favorecer a un tercero en un proceso relacionado con la actividad privada.

Además, Villegas Arenas señaló que, en caso de comprobarse la implicación de un directivo como Imer Machado, podría aplicarse la figura de administración desleal. Este delito sanciona la disposición fraudulenta de bienes o la asunción de obligaciones en perjuicio económico de la organización y sus socios.

El análisis jurídico incluye la posibilidad de que exista un concierto para delinquir si se demuestra la existencia de una estructura organizada para manipular designaciones arbitrales. Villegas Arenas advirtió que, de comprobarse un esquema en el que varios actores participan en la manipulación de partidos, la investigación podría ampliarse a otros miembros de la Comisión Arbitral o personas vinculadas al sistema.

El abogado también mencionó el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, previsto en el artículo 327 del Código Penal, que castiga la justificación insuficiente de incrementos patrimoniales. Según el experto, no poder demostrar el origen lícito de los fondos percibidos podría implicar penas de seis a diez años de prisión.

Por último, el jurista indicó que, en caso de que la denuncia llegue a los tribunales, serán cruciales los presuntos registros de transferencias bancarias y la promesa de declaraciones públicas del denunciante, resaltando la importancia de que las autoridades competentes verifiquen la autenticidad de los documentos y avancen en el esclarecimiento de los hechos por el bien de la Dimayor y la Federación Colombiana de Fútbol y su prestigio.

La Fiscalía General de la Nación lanzó una advertencia clara de cara a las elecciones legislativas que se llevarán a cabo el 8 de marzo en Colombia: “Comprar votos, presionar a ciudadanos para que apoyen a un candidato o intentar obstaculizar el derecho al sufragio constituye un delito”, fue parte del mensaje que envió la entidad el 4 de marzo.

Durante la atención a medios de comunicación, funcionarios confirmaron que el ente investigador ha dispuesto todos sus canales para recibir denuncias relacionadas con posibles irregularidades durante el proceso electoral.

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Desde la fiscalía enfatizaron que la compra de votos, la coacción a electores y cualquier acción que limite la libertad de elegir vulnera directamente la democracia de la nación.

“Ofrecer dinero, mercados o favores a cambio de un voto, presionar u obligar a votar por un candidato, eso es delito”, explicaron desde la fiscalía, asegurando que están preparados para actuar antes, durante y después de la jornada electoral, y que la confidencialidad de los denunciantes estará plenamente garantizada.

Según detalló el organismo, los ciudadanos pueden reportar cualquier irregularidad por medio de la página web oficial www.fiscalia.gov.co, utilizando la aplicación Denuncia Fácil, o a través de los números 122 y 623, este último correspondiente a la Unidad de Recepción Inmediata para la Transparencia Electoral (Uriel) del Ministerio del Interior. Todos los canales permanecerán abiertos las veinticuatro horas, de lunes a domingo.

“Denunciar protege la democracia”, fue el mensaje con el que el vocero de la fiscalía reafirmó que toda conducta que represente un riesgo o afecte el desarrollo del certamen democrático debe ser reportada de inmediato.

Durante la atención se recordó que el voto es secreto y que nadie puede imponer una decisión sobre los electores. El funcionario subrayó la importancia de la vigilancia ciudadana y el papel de la denuncia oportuna para permitir la intervención de las autoridades en casos de delitos electorales.

El llamado cobra especial relevancia en el contexto de las legislativas, donde históricamente han existido denuncias por prácticas como la compra de votos, la entrega de incentivos a cambio de sufragios y la presión sobre comunidades vulnerables. La Fiscalía General de la Nación insiste en que “la transparencia electoral es un compromiso de todos” y en que la colaboración de la ciudadanía es clave para prevenir y sancionar cualquier intento de manipulación del proceso.

Así serán los comicios del 8 de marzo

El 8 de marzo se llevarán a cabo las elecciones legislativas en Colombia, en las que los ciudadanos elegirán a los miembros del Senado y la Cámara de Representantes para el próximo periodo.

Las mesas de votación abrirán a las 8:00 de la mañana y cerrarán a las 4:00 de la tarde, en una jornada que se desarrollará de manera continua a lo largo del país. Estarán habilitados más de 12.000 puestos y cerca de 120.000 mesas de votación en todo el territorio nacional, incluyendo consulados y embajadas para los colombianos en el exterior.

Los votantes deberán presentar su cédula de ciudadanía para ejercer su derecho al voto. El proceso electoral contempla estrictas medidas de seguridad y transparencia, con la presencia de las autoridades electorales, la Registraduría Nacional, la Policía Nacional y observadores internacionales. Además, se implementarán protocolos sanitarios en los puntos de votación.

Durante la jornada, estarán disponibles canales de atención y denuncia para reportar cualquier irregularidad. El escrutinio comenzará inmediatamente tras el cierre de las mesas y los resultados preliminares se darán a conocer en las horas siguientes. Se espera una amplia participación y vigilancia para garantizar la legitimidad y transparencia del proceso democrático que servirá como termómetro en la previa de los comicios presidenciales.

Un hombre de 31 años denunció haber sido baleado durante un supuesto intento de robo en las calles de La Plata. Sin embargo, las autoridades dudan de lo sucedido.

El episodio, que inicialmente fue presentado ante las autoridades como un asalto violento, despertó serias dudas en la Policía Bonaerense, que investiga la veracidad de la versión aportada por la víctima. La situación mantiene en vilo a la comunidad local, mientras los detalles del caso se analizan minuciosamente en busca de certezas.

De acuerdo con lo informado por el portal 0221, el denunciante, cuya identidad no trascendió, ingresó al Hospital de Gonnet con una herida de bala y relató ante los médicos y agentes policiales que fue interceptado por un grupo de desconocidos en plena vía pública. Según su declaración, los presuntos asaltantes intentaron despojarlo de sus pertenencias y, ante la resistencia, le dispararon a quemarropa antes de huir del lugar. Tras recibir atención médica, fue diagnosticado fuera de peligro, aunque permaneció internado bajo observación.

El caso comenzó a tornarse complejo cuando los efectivos policiales, al profundizar la investigación, detectaron inconsistencias en su testimonio. El hombre herido posee amplios antecedentes penales, lo que llevó a los investigadores a barajar la posibilidad de que la agresión respondiera a un ajuste de cuentas por un conflicto previo, y no a un robo al azar como se intentó establecer en un primer momento.

El episodio ocurrió en una zona urbana de La Plata, aunque las autoridades mantienen bajo reserva la ubicación exacta para no entorpecer las tareas de recolección de pruebas y testimonios. El análisis de los hechos se centra ahora en determinar si existieron testigos presenciales y si las cámaras de seguridad instaladas en la zona captaron los movimientos previos y posteriores al ataque.

En las primeras horas tras la denuncia, la Policía Bonaerense dispuso un operativo para relevar grabaciones de video de comercios y viviendas particulares cercanas.

En paralelo, los investigadores buscan testimonios que permitan reconstruir con mayor precisión lo sucedido. Hasta el momento, no se han identificado personas que confirmen la presencia de un grupo armado en la vía pública en el horario señalado por el denunciante. Esta ausencia de pruebas directas incrementa el escepticismo de los efectivos a cargo del caso respecto a la hipótesis inicial.

Otro hombre baleado en La Plata

Hacia finales del mes de diciembre pasado, en la localidad de San Carlos, también en el partido de La Plata, un violento episodio alteró la tranquilidad de la zona. En un hecho que se dio a conocer en las últimas horas, un joven baleó en el pie a otro hombre durante una discusión y se dio a la fuga, desencadenando un operativo policial que aún no logró dar con su paradero.

El ataque ocurrió en la calle 531 entre 142 y 142 bis, donde los dos protagonistas se encontraron y mantuvieron una acalorada pelea.

La disputa escaló hasta que uno de los involucrados extrajo un arma de fuego y disparó en tres ocasiones, hiriendo al otro en el pie. Tras los disparos, el agresor escapó del lugar a pie.

La víctima, un hombre de 27 años, logró refugiarse en su domicilio luego del ataque y recibió asistencia de vecinos y familiares, quienes lo trasladaron de inmediato al centro de salud al Hospital San Roque de Gonnet.

Según el último parte médico, el herido quedó internado fuera de peligro y que la lesión, aunque grave, no compromete su vida.

Desde que se conoció el hecho, la Policía Bonaerense desplegó un operativo de rastrillaje en la zona de San Carlos para dar con el autor de los disparos.

A pesar de la rápida intervención de los efectivos, hasta el momento el agresor sigue prófugo y no se han registrado detenciones, por lo que las tareas de búsqueda se extendieron por los alrededores del lugar donde ocurrió el incidente y se solicitaron registros de cámaras de seguridad para obtener pistas sobre la fuga.

El caso quedó en manos de la Fiscalía de turno, que abrió una investigación penal y coordina las actuaciones junto a la policía local. Por el momento, los investigadores no lograron identificar formalmente al sospechoso.

Ante la gravedad de su situación, la comunidad y voluntarios organizaron campañas de limpieza y difusión en redes sociales, en las que publicaron videos para revelar la necesidad urgente de brindar acogida, alimento y atención médica para los animales, según la denuncia difundida por la creadora de contenido María Alejandra en un video publicado a través de su cuenta de TikTok.

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De acuerdo con el relato de la joven creadora de contenido, los vecinos pensaban que Iván convivía con un grupo reducido de perros, entre 6 y 8. Sin embargo, tras su fallecimiento ingresaron a la vivienda, donde evidenciaron que la cifra se elevó a 22 canes, la mayoría adultos mestizos, junto a varios cachorros y algunas hembras embarazadas.

Dos de ellos ya fueron adoptados, pero 19 perros continúan en la casa, muchos con signos de desnutrición, enfermedades y necesidad de cuidados médicos, por lo que esperan que los amantes de los animales contribuyan con su adopción o a garantizar su cuidado.

De acuerdo con el reporte de la joven, varios de los canes requieren medicación y atención veterinaria por problemas de salud adquiridos, debido a la situación de hacinamiento y falta de recursos pone en riesgo inmediato el bienestar de los perros, que dependían completamente de su cuidador.

Llamado urgente a fundaciones y particulares para acoger y alimentar a los perros

En la publicación, se señala que la familia de Iván no puede hacerse cargo de los 19 animales restantes, que “llevan varios días sin suficiente alimento ni atención médica”. Tampoco han recibido apoyo de instituciones públicas o privadas, lo que ha obligado a voluntarios a buscar soluciones por su cuenta.

María Alejandra y otras organizadoras como Camila Palomino y Ani lideran la gestión de donaciones de medicamentos, desparasitantes, alimento y acogida temporal, así como el registro y transparencia del manejo de ayudas mediante un grupo de WhatsApp abierto a la comunidad.

En palabras de la creadora de contenido: “Sabemos que la ocupación de fundaciones en Colombia ha alcanzado unas tasas que son impensables, que muchas ni siquiera pueden con su nivel de ocupación. Pero tenemos a 19 animalitos que están buscando una oportunidad y (…) en condiciones diversas, necesitando medicamentos y atención veterinaria”.

El pedido de ayuda incluye la búsqueda de hogares de paso, adoptantes responsables, donaciones económicas y veterinarias, así como la difusión del caso para contactar a fundaciones o personas dispuestas a colaborar. La joven también aclaró que la comunicación y organización del proceso se canaliza a través de Camila Palomino.

La crisis de sobreocupación en refugios complica la situación

Según la denuncia difundida en TikTok, uno de los obstáculos principales es la saturación de refugios y fundaciones en la capital de Colombia, lo que impide acoger nuevos casos urgentes como los perros de Iván, por lo que la comunidad local se encuentra enfrentando la urgencia de conseguir soluciones para 19 perros que no pueden permanecer en la vivienda, debido a que consideran que el tiempo es crucial para ellos.

“Si no puedes adoptar, compartir también salva vidas. Cada historia que se replica puede llegar a la persona correcta. 🐶✨ Gracias por ayudarnos a que estos 19 angelitos no queden en el olvido”, puntualizó la joven.

La recolección de apoyos y donaciones sigue en curso, pero, hasta ahora, la ayuda recibida resulta insuficiente frente a la dimensión del caso, por lo que la comunidad está a la espera de la colaboración de la ciudadanía, enfatizando que incluso la difusión del caso puede facilitar la llegada de ayuda concreta.

Este caso desató una ola de indignación local y revive el debate sobre el maltrato animal y la tenencia responsable de mascotas en la ciudad. Ante el llamado desesperado de la comunidad, las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer los hechos y determinar responsabilidades.

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Vecinos del sector Torres de la Macarena narraron que el animal fue descubierto por un ciudadano que, al escuchar llanto proveniente de una bolsa de basura negra y un costal en medio de residuos que serían recolectados por el camión dispuesto para este fin, se dispuso a revisar su contenido.

Según relataron testigos, el hombre llegó a temer que se tratara de un bebé abandonado, pero al abrir el saco, encontró a Beethoven en estado de extrema vulnerabilidad. El animal presentaba fracturas en sus extremidades inferiores, así como signos evidentes de desnutrición y hambre, por lo que se presume que llevaba días sin recibir cuidados.

El canino fue puesto bajo la custodia de la Alcaldía de Barranquilla, que activó de manera inmediata la ruta de atención correspondiente y realizó el traslado del animal a un centro asistencial veterinario en el corregimiento de Juan Mina.

Los profesionales médicos del Centro de Bienestar Animal (CBA) de la Alcaldía atendieron a Beethoven y confirmaron que se le deben realizar imágenes diagnósticas avanzadas y determinar qué procedimientos necesita el perro para sobrevivir.

La escena generó sorpresa entre aquellos que presenciaron el operativo de rescate. Varios vecinos del sector calificaron como desgarrador el estado de Beethoven y mostraron su solidaridad participando en las labores iniciales de auxilio. Sin embargo, ahora se deben pagar costosos exámenes para garantizar su bienestar.

El caso de maltrato sufrido por el animal llevó a que los habitantes del sector hicieran un enfático llamado a las autoridades, con el fin de exigir mayor vigilancia y castigo contra aquellos que incurren en actos de crueldad hacia los animales.

Del mismo modo, la Alcaldía de Barranquilla reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier acto de maltrato animal y fortalecer la tenencia responsable en los hogares. En el transcurso de la investigación, las autoridades locales trabajan para obtener pistas que permitan identificar a los responsables del abandono y las agresiones sufridas por el animal, por lo que también se pidió apoyo de la comunidad para encontrar a los delincuentes que se atrevieron a abandonar al perro.

El estado de Beethoven

A pesar de la atención emergente recibida, el pronóstico para Beethoven permanece reservado. Los veterinarios apuntan que las fracturas no le permitían caminar, por lo que se encuentra a la espera de estudios especializados para determinar el grado de daño en la médula espinal, lo que será clave para definir su tratamiento futuro.

El caso de Beethoven, rescatado horas antes de que los residuos fuesen retirados por el camión recolector, se convirtió en un ejemplo de la crueldad de los casos de maltrato animal.

Por ahora, las autoridades continúan con la investigación, mientras que Beethoven permanece bajo observación médica y cuidados especializados, esperando la realización de los exámenes necesarios para su recuperación y la comunidad pide que se agoten todas las posibilidades para su rescate y posterior acogida en un lugar donde se le puedan brindar todas las comodidades, además de una vida digna tras pasar por este brutal ataque que lo dejó sin movilidad en sus patas traseras.

Fuentes del PSOE confirmaron que la denuncia contra José Tomé fue presentada a través del canal creado por el partido para gestionar casos de acoso. Luego de este hecho, Tomé solicitó la suspensión de su militancia y continuó en el cargo de alcalde de Monforte de Lemos y como diputado provincial, aunque ya no figura vinculado directamente al partido socialista. Según informó la Fiscalía Provincial de Lugo, la acción penal contra Tomé procede tras haberse recibido una denuncia particular que lo acusa de acoso sexual y abuso en el uso de la función pública. El ministerio público señala que los hechos denunciados, ocurridos en septiembre de 2025, están suficientemente concretados y presentan “indicios fundados de criminalidad”, lo que llevó a la apertura de diligencias de investigación preprocesal y a la presentación de la querella sin que se estimara necesaria ninguna diligencia adicional por parte de la Fiscalía antes de su judicialización.

El medio detalló que Tomé dimitió a finales de diciembre como presidente de la Diputación de Lugo, en respuesta a la denuncia, aunque decidió mantenerse como jefe del gobierno municipal en Monforte de Lemos y como diputado provincial, ambos puestos bajo la condición de no adscrito. Tomé sigue recibiendo el respaldo de los concejales socialistas en el ayuntamiento de Monforte, pese a su salida oficial del PSOE.

De acuerdo con lo publicado, la investigación penal se activó al considerar la Fiscalía que, dada la naturaleza de los hechos, era necesario que los derechos de defensa y contradicción se ejercieran ya en sede judicial. Esto implica que la Fiscalía ve suficiente entidad en la denuncia como para trasladar el asunto al juzgado sin pasar por una fase previa de investigación interna.

El caso Tomé ha sido origen de una crisis interna en el Partido Socialista de Galicia (PSdeG). Tras conocerse la querella, la dirección nacional del partido confirmó que el canal interno recibió una segunda denuncia contra el alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel, por supuestas represalias laborales hacia una concejala que denunció a un exedil de la misma corporación por acoso sexual, detalló el medio. En paralelo, dos exconcejales socialistas del Ayuntamiento de A Coruña registraron una denuncia interna por acoso laboral contra la alcaldesa Inés Rey y su número dos, José Manuel Lage. La regidora coruñesa calificó estas acusaciones como una “venganza” de las exediles por quedar fuera de las listas municipales, según publicó la prensa local.

En el contexto local de Monforte, se produjo la dimisión de la concejala de Igualdad, quien renunció después de que se hiciera oficial la querella contra Tomé. El acta de concejala pasará al siguiente en la lista socialista, Miguel Tomé, hijo del alcalde, según consignó la Fiscalía y fuentes municipales.

La oleada de denuncias y las reacciones posteriores generaron nuevas tensiones dentro del PSdeG. Silvia Fraga, quien hasta entonces era secretaria de Igualdade del partido gallego, presentó su dimisión en protesta por la gestión que la dirección había dado al caso Tomé, según informó el medio. El puesto que ocupaba Fraga permanece vacante mientras la Ejecutiva del partido considera posibles sustituciones, en espera de que la futura secretaria o secretario sea ratificado por el Comité Nacional.

Como respuesta organizativa a estos episodios de denuncias internas, el Comité Nacional del PSdeG fue convocado a principios de enero para abordar la situación. Durante la reunión, el secretario xeral, Xosé Ramón Gómez Besteiro, ofreció explicaciones sobre la gestión de los expedientes de Monforte y Barbadás y se acordó organizar una “conferencia feminista” con fecha aún pendiente, supeditada a la programación de la que convocará el partido a escala estatal, según reportó la prensa gallega.

Los procedimientos judiciales abiertos en Lugo y las investigaciones internas activadas por el PSOE han provocado un debate sobre la gestión de las denuncias y la respuesta institucional ante casos que afecten a figuras destacadas del partido. La evolución de los procesos podría repercutir tanto en la estructura de los gobiernos municipales implicados como en el devenir interno del PSdeG, que continúa en busca de nuevas herramientas de reacción política y de prevención ante posibles situaciones similares.

La denuncia presentada por un socio del FC Barcelona con solo un día de antigüedad en el club, dirigida a la Audiencia Nacional, fue desestimada al determinarse que los hechos alegados no cumplen con los requisitos legales necesarios para que este órgano asuma la investigación. Según informó El Periódico, el socio presentó acusaciones contra el expresidente y actual precandidato Joan Laporta, así como otros exmiembros de la Junta Directiva, por supuestas operaciones irregulares en el extranjero. El tribunal argumentó que, conforme a la doctrina del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional únicamente tiene competencia para investigar delitos cometidos “en su integridad en el extranjero”. En situaciones donde los hechos se desarrollan parcialmente en territorio español, la competencia corresponde a los tribunales del lugar donde los delitos tuvieron lugar.

El auto, firmado por el magistrado Santiago Pedraz y difundido por Europa Press, señala que la decisión se adoptó tras recopilar la opinión de la Fiscalía, que coincidió en la falta de competencia de la Audiencia Nacional para investigar los hechos descritos en la denuncia. El magistrado puntualizó que, en caso de tratarse de delitos continuados o complejos cometidos tanto dentro como fuera de España, corresponde a la jurisdicción ordinaria investigar los hechos, siempre que parte de ellos hayan tenido lugar en el territorio nacional. Con esto, la Audiencia Nacional se inhibió de la investigación solicitada, cerrando la puerta a revisar el caso bajo su competencia.

La denuncia, según detalló El Periódico el lunes 23 de febrero, centraba sus acusaciones en Joan Laporta y en varios responsables de la anterior directiva, incluyendo al entonces vicepresidente y actualmente presidente en funciones Rafael Yuste, la exvicepresidenta María Elena Fort y el exvicepresidente económico Eduard Romeu. El denunciante señalaba presuntos cobros irregulares de comisiones a través de diferentes sociedades radicadas en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia. Los supuestos delitos mencionados incluían blanqueo de capitales, administración desleal, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal, conforme a los hechos narrados en la denuncia original.

La reacción del FC Barcelona ante los informes de investigación realizados por periodistas y organizaciones internacionales no se hizo esperar. El club comunicó que el 15 de enero de 2026 recibió consultas de periodistas de dos medios y del consorcio Organized Crime&Corruption Reporting Project (OCCRP) sobre los hechos que coincidían con los expuestos en la denuncia. Estos comunicadores facilitaron documentos que, según el club, pretendían sustentar las acusaciones denunciadas. A raíz de ello, el FC Barcelona analizó la documentación proporcionada concluyendo que la misma, a su juicio, carecía de veracidad y estaba supuestamente basada en información manipulada. En respuesta directa a OCCRP y los medios involucrados, el club declaró el 19 de enero que los documentos aportados eran “total y absolutamente falsos” y reiteró su convicción de que la información contrastada resultaba ser producto de manipulaciones.

Por su parte, Joan Laporta calificó públicamente de falsas todas las acusaciones sobre el cobro de comisiones ilícitas en el extranjero tanto hacia él como hacia miembros de su junta. En declaraciones realizadas a Catalunya Ràdio y citadas por El Periódico, Laporta denunció la existencia de una campaña orientada a desacreditar su imagen coincidiendo con la competición electoral de cara a los comicios fijados para el 15 de marzo. El expresidente consideró que este tipo de ataques ya se habían producido en el pasado y aseguró: “Todo esto es absolutamente falso. Ya nos ha pasado otras veces. Es pesado. Esto lleva tiempo e irá alargándose en el tiempo, a no ser que la Audiencia no admita esta denuncia. Ya sé de qué va esto. Es una estrategia judicial y mediática para perjudicar mis intereses y lo que electoralmente represento. Todo es falso. Hacen un sofrito y montan una historia que no es verdad”.

Según publicó El Periódico, las dudas sobre la veracidad de la denuncia también se sustentaban en la reciente incorporación del denunciante como socio del FC Barcelona: apenas un día antes de interponer la denuncia, este obtenía su estatus de afiliado. El recurso judicial cuestionaba la gestión de la anterior directiva en relación al supuesto manejo de fondos y la celebración de contratos a través de una red societaria internacional, punto que el club y sus representantes negaron de manera rotunda.

La Audiencia Nacional descartó abrir investigación a Laporta y su equipo directivo al considerar que corresponde a otros órganos judiciales en España asumir el caso en caso de que lleguen a formalizarse nuevos procedimientos vinculados a los hechos, siempre que existan fundamentos. Esta posición coincide con la doctrina establecida por el Tribunal Supremo sobre la competencia judicial en delitos de carácter transnacional. De acuerdo con El Periódico, el pronunciamiento emitido por el magistrado Santiago Pedraz puso fin a la instancia abierta por la denuncia contra la anterior directiva del club catalán ante la Audiencia Nacional.

La representante a la Cámara Catherine Juvinao, perteneciente al Partido Verde, alertó sobre presuntas irregularidades en el proceso de selección de jueces y magistrados de la Rama Judicial de Colombia.

A través de sus redes sociales, la congresista denunció que el concurso de méritos, que comenzó hace casi ocho años, estaría marcado por una serie de anomalías que afectan tanto a los procesos administrativos como al propio sistema judicial.

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En su cuenta de X, la legisladora compartió los detalles de lo que considera un “enredo judicial” que involucra contrataciones irregulares, el uso no autorizado de material académico y la falta de transparencia en la ejecución del curso de formación judicial, una etapa clave en el concurso.

El concurso de méritos, que comenzó en 2018, tenía como objetivo seleccionar a los mejores abogados para ocupar los cargos judiciales más importantes del país.

Con más de 45.000 inscripciones y solo 3.700 personas aprobadas en la prueba de conocimientos, la siguiente fase del proceso fue el IX Curso de Formación Judicial, que debía ser gestionado por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla; sin embargo, según Juvinao, este curso fue tercerizado de manera irregular, lo que comenzó a generar dudas sobre la transparencia del proceso.

La empresa encargada del curso fue la Unión Temporal Formación Judicial 2018, conformada por la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (Uptc) y la empresa E.Distribution.

Según la denuncia de Juvinao, la Uptc no cumplió con las funciones que la ley le asignaba. La propia universidad confirmó que no diseñó el curso, no realizó las evaluaciones ni analizó los resultados: “Estuvo en el papel, pero no en la ejecución”.

Uno de los aspectos más llamativos de la denuncia de Juvinao tiene que ver con el manejo del contrato. Y es que el documento inicial fue firmado por un valor de $14.612 millones, pero terminó costando $24.324 millones, lo que significa un aumento de casi $10.000 millones.

Además, el contrato sufrió más de 13 modificaciones, incluidas prórrogas y adiciones, sin que el concurso llegara a su fin. “Un contrato que se encareció casi 10 mil millones y que a hoy está finalizado, mientras el concurso sigue sin concluir (sic)”, señaló la congresista, evidenciando la falta de conclusión del proceso a pesar de los recursos invertidos.

Juvinao también hizo énfasis en una grave irregularidad: la subcontratación de los servicios sin la debida autorización. A pesar de que el contrato original prohibía subcontratar sin autorización expresa, la empresa E-Training firmó acuerdos por más de $18.000 millones, sin que la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla fuera notificada de dichas subcontrataciones.

En respuesta a un derecho de petición, la escuela confirmó que nunca fue informada de estos acuerdos, lo que implica un incumplimiento de las cláusulas contractuales, compartió en su hilo de X.

“Se ejecutaron acuerdos millonarios sin la notificación formal exigida por el propio contrato, configurándose un incumplimiento contractual”, explicó Juvinao en su denuncia.

Uso no autorizado de materiales académicos

La congresista destacó lo grave de esta situación: “No se puede exigir a futuros jueces respeto por la ley, si el proceso que los forma genera dudas sobre su propio cumplimiento”.

Juvinao criticó las condiciones en las que se llevó a cabo el curso de formación. De acuerdo con la ley, el curso debía ser tanto presencial como virtual, con interacción entre los estudiantes y los docentes y evaluaciones por módulo. No obstante, según la denuncia, la realidad fue otra.

“No hubo presencialidad, las clases fueron pregrabadas, no hubo evaluaciones por módulo, las jornadas eran de hasta 16 horas y la plataforma utilizada presentó constantes fallas”, explicó la congresista.

A pesar de que ya se inició la Convocatoria 28, la Convocatoria 27 sigue sin concluir, lo que provocó una crisis de provisionalidad en el sistema judicial colombiano. Juvinao advirtió que el 63% de los jueces y magistrados del país siguen en provisionalidad, ocupando cargos temporales con salarios que oscilan entre 18 y 42 millones de pesos mensuales.

“Hoy la expectativa real es de 2.351 elegibles para más de 3.000 vacantes. De ellos, solo podrían posesionarse 1.816 y quedarían en el aire 1.224 cargos”, explicó Juvinao, al alertar sobre la falta de recursos humanos fijos en el sistema judicial.

En sus publicaciones, solicitó a la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación que inicien una investigación para esclarecer las irregularidades denunciadas. Además, pidió a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes que ejerza su control sobre el caso.

“Porque aquí no hablamos solo de plata. Hablamos de quién decide quién puede ser juez en Colombia. Cuando el clientelismo captura las instituciones, lo que queda en juego es la libertad, la vida y el patrimonio de los colombianos”, concluyó Juvinao en su denuncia en su hilo de X.

La formación política Vox comunicó que los actos vandálicos contra su caseta electoral en Valladolid no constituyen un hecho aislado, señalando que ya han enfrentado situaciones similares en anteriores ocasiones. Según informó el medio, una estructura instalada por Vox en la plaza Zorrilla, esquina con la calle Santiago, resultó dañada por una pintada realizada con aerosol durante la madrugada, con el mensaje: "Quien siembra odio recoge rabia", lo que ha motivado la presentación de una denuncia formal ante la comisaría de la Policía Nacional de Delicias.

De acuerdo con la información publicada por la fuente, el hecho ocurrió en el transcurso de la madrugada y ocasionó daños en la estructura exterior de la caseta electoral de Vox, aunque la cuantía de estos daños aún no ha sido definida, tal como puntualizó la formación política al comunicar lo sucedido. Vox especificó que la pintada fue hecha con spray sobre la superficie de la caseta, afectando de forma directa la visibilidad y estética de la instalación utilizada para sus actividades de campaña.

El partido explicó, según reportó la misma fuente, que estos actos se repiten de manera periódica durante los periodos electorales. Vox relacionó este tipo de acciones con sectores que, a su entender, se autodenominan tolerantes y defensores de la pluralidad, pero que incurren en ataques contra quienes representan posturas ideológicas distintas. Esta situación, manifestó Vox en su comunicado, supone una contradicción en cuanto al respeto al pluralismo político.

En su declaración a los medios, Vox sostuvo que la convivencia democrática requiere del respeto a la discrepancia y la libertad para expresar toda clase de ideas, independientemente de su contenido o matiz político. El partido reiteró que continuará informando a la ciudadanía de Valladolid y del resto de España sobre los asuntos de la agenda política que consideran prioritarios, sin distraerse por debates que, según sus palabras recogidas por el medio de comunicación, califican como "ficticios" y promovidos por quienes, aseguran, habitan en "una realidad distinta" a la del resto de la sociedad española.

La denuncia presentada por el partido en la comisaría busca dejar constancia formal de los hechos y presionar para que se investigue el acto vandálico. Vox subrayó la importancia de que las autoridades actúen ante incidentes de este tipo para salvaguardar el derecho de participación política y la normalidad democrática durante los procesos electorales, consignó el medio.

El mensaje escrito en la caseta electoral se interpreta por Vox como una manifestación de intolerancia hacia su labor política, por lo que la formación enfatizó en su comunicado la necesidad de mantener un diálogo democrático en el que predominen el respeto y la pluralidad ideológica. De este modo, Vox insiste, según relató la fuente, en que el verdadero debate político debe centrarse en los problemas que, a su juicio, afectan a la ciudadanía, dejando de lado disputas ideológicas que consideran ajenas a la realidad social española.

En anteriores episodios, la formación también ha denunciado otros incidentes similares, indicando la recurrencia de ataques vandálicos en el contexto electoral y pidiendo medidas para garantizar la integridad física de sus instalaciones y de sus simpatizantes, tal como detalla la información publicada.

A través de la defensa proporcionada por el abogado Manuel Villanueva, la familia del menor Kevin Arley Acosta Pico anunció que presentará denuncias penales contra el presidente Gustavo Petro, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y el gerente de la Nueva EPS, el agente interventor Luis Óscar Galves Mateus, tras considerar que la muerte del pequeño fue consecuencia directa de negligencia en la atención médica.

El viernes 13 de febrero de 2026, el país supo del fallecimiento de Kevin Acosta, un pequeño de siete años, que estuvo sangrando por la nariz por al menos 24 horas en un centro asistencial de Pitalito, Huila, a raíz de un golpe que tuvo al caerse de su bicicleta.

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Acosta Pico sufría de hemofilia A severa desde que era un bebé de nueve meses, y durante su estadía en el hospital no recibió el medicamento que necesitaba para detener el sangrado.

Y luego de toda la controversia de la respuesta institucional de la Nueva EPS, además de la cuestionada reacción del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, el abogado Villanueva aseguró las denuncias pueden fundamentarse en que la causa del fallecimiento fue un incumplimiento grave por parte de la entidad prestadora de salud.

“Es un tema de negligencia de la Nueva EPS, consecuencia de no haberle suministrado el medicamento para tratar la hemofilia”, afirmó Villanueva, entrevistado por Semana.

Sobre el proceso de atención tras el accidente, relató: “El niño se accidentó el 9 de febrero a las 6:00 p. m. en Palestina, Huila. En Pitalito le hicieron una atención más compleja, pero no con la capacidad que se debía tener para atender al menor. La EPS no autorizó el traslado a Neiva. Después de 24 horas, lo dieron para Bogotá. Lo embarcaron en el avión y, en el trayecto, el niño sufrió dos paros cardiorrespiratorios. Fue trasladado a La Samaritana, volvió a tener otro episodio y el diagnóstico fue que llegó con muerte cerebral. Pasaron tres días y lo desconectaron porque no había nada que hacer”.

El abogado aseguró que la Nueva EPS “sabía cuál era la condición médica del niño. Le suministraba un medicamento desde que nació, una obligación. El niño se accidentó, y en las condiciones en que llegó el niño accidentado, si tuviera el medicamento, iba a tener un manejo distinto. Como no tenía el medicamento, el tema de la coagulación fue terrible”.

En ese sentido, Villanueva insistió en que hay responsables penales: “Eso lo tendría que investigar la Fiscalía: quién es el que tenía que dar la orden del suministro del medicamento y por qué no la dio”.

Por tales motivos, adelantó que impulsará acciones legales contra la gerencia de la EPS y otros funcionarios implicados: “Vamos a denunciar penalmente a quien haya intervenido en esa cadena de falta de responsabilidad, porque se produce la muerte de una persona por una omisión por parte de ellos”.

Sobre los cargos, explicó que será la Fiscalía la que “hará la calificación. Puede ser un homicidio culposo, puede ser un homicidio agravado. Como consecuencia de la omisión, el niño hoy está muerto”.

Las razones para denunciar al Gobierno Petro

El abogado también cuestionó el papel del Gobierno, especialmente, porque, ante el evidente deterioro progresivo del sector de la salud, el ministro Jaramillo, “como cabeza del sector, debe responder. A él le entregamos los colombianos el manejo de nuestra salud. Tiene que haber una responsabilidad penal. Yo voy a interponer las denuncias ante los tribunales que me toquen”.

Y eso incluye al jefe de Estado Gustavo Petro, que apenas supo de la muerte del pequeño, afirmó que la respuesta institucional debía estar antecedida por la familia. Es decir, atribuyó la principal responsabilidad a los padres de Kevin Acosta.

“El esfuerzo que hemos hecho está en prevenir. Y, ¿Quiénes son las instituciones encargadas de prevenir? Pues, en primer lugar, la familia", dijo Petro, en un Consejo de Ministros. Pero el mandatario, además, en sus redes sociales, publicó la historia clínica del menor, que son reservadas.

“Usted, como funcionario público, no puede salir a hacer una lectura pública de una historia clínica. Eso es un delito. Está establecido en la ley. Miraremos, de acuerdo con el pronunciamiento del presidente, dónde se adecúa la conducta típica. Iremos ante la Comisión de Acusación a denunciarlo penalmente”, dijo Villanueva.

Villanueva agregó que los familiares temen represalias: “Ellos tienen temor del Gobierno por los pronunciamientos que ha salido a hacer el mismo presidente de la república (...) Me parece que es necesario que la justicia le demuestre algo a un Estado, a un Gobierno como este, que nadie está por encima de la ley”, dijo.

Agregó que la familia de Kevin Acosta aún necesita el apoyo de los colombianos porque “allá (en Huila) no tienen garantías. Además, se sienten acosados por el Gobierno, se sienten, de alguna manera, presionados por el Gobierno. Han recibido llamadas de funcionarios de distintos ministerios, que los van a ayudar, que los recogen”.

Un caso denunciado por el concejal de Bucaramanga Diego Lozada a través de su cuenta de X generó polémica en la capital de Santander, al señalar que una estación del sistema de transporte Metrolínea habría sido utilizada para la grabación de un video pornográfico.

Minutos después de las 6:00 a. m. del sábado 28 de febrero de 2026, Lozada publicó: “Lo que faltaba: ya no es solo un lugar propicio para el atraco, ni para que el habitante de calle pase la noche”.

El concejal añadió: “Ahora son locaciones donde graban contenido para adultos. En esto se convirtió @Metrolinea”.

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Al final de su publicación, el concejal le lanzó un dardo al actual gerente de la compañía, Emiro Castro Meza. “¿Será que, como no funcionó el negocio de alquilar buses de Medellín, ahora van a incursionar en la industria del cine para adultos? ¿Cuánto más se van a hacer los pingos? @EMIRATOJOSE", cierra el mensaje de Lozada.

A través de varias capturas de pantalla que muestran a una mujer con poca ropa junto a un hombre que aparenta ser uno de los guardas de seguridad de la estación de Metrolínea, el concejal calificó como “politiquería” la acción de quienes, según él, “dijeron que alquilando buses y con estaciones destruidas iban a movilizar a la gente”.

Al final de su mensaje, y en un comentario adicional, Lozada agregó: “Por ahora le preguntaremos al gerente si cobraron arriendo para el video o si el vigilante hacía parte del esquema de seguridad de las estaciones. Uno nunca sabe...”

La respuesta oficial por parte de Metrolínea

Por medio de un comunicado emitido minutos antes del mediodía del mismo sábado 28 de febrero de 2026, Metrolínea se refirió a este episodio que denunció el concejal Lozada.

“Desde Metrolínea S.A. rechazamos de manera categórica los hechos que han circulado recientemente en redes sociales, relacionados con la grabación y difusión de un video con contenido inapropiado en una estación del sistema que se encuentra fuera de operación y sin servicio al público desde hace varios años”, recalca al comienzo de su respuesta la compañía.

Sobre el video cuyas capturas de pantalla difundió el cabildante bumangués, se puntualizó que “dichas conductas no ocurrieron en una estación activa del sistema, ni durante la prestación del servicio de transporte masivo”.

Todo se trató de “una infraestructura abandonada operativamente, que ha sido objeto reiterado de ocupación indebida, vandalismo, consumo de sustancias psicoactivas y otros comportamientos contrarios a la ley”, detalló en el documento oficial Metrolínea, que afirmó además que esta situación se ha puesto en conocimiento de las autoridades competentes “en múltiples ocasiones”.

Sobre el por qué se vienen presentando estos casos, desde la entidad se explicó que “lamentablemente, la ausencia de vigilancia permanente y de acompañamiento efectivo por parte de algunos entes territoriales, responsables del control del espacio público y de la seguridad ciudadana, ha facilitado este tipo de hechos que hoy generan indignación y preocupación colectiva”.

Por todo lo anterior, desde Metrolínea “como Ente Gestor”, señala el documento, “no cuenta con facultades de Policía ni con fuerza coercitiva, por lo que su capacidad de acción depende necesariamente del respaldo institucional y de la presencia de la fuerza pública”, expone el comunicado.

Al final, desde Metrolínea se calificó lo ocurrido como “preocupante”, y de paso le dejaron una respuesta concreta al concejal que puso en evidencia todo.

“En lugar de unir esfuerzos para enfrentar una problemática estructural de seguridad y protección de lo público, algunos sectores pretendan instrumentalizar políticamente estos hechos, desviando la atención de la verdadera discusión: la urgente necesidad de una acción articulada entre municipios, autoridades de seguridad y ciudadanía para recuperar y proteger la infraestructura del sistema”, cierra el comunicado.

Infobae Colombia confirmó que el video fue publicado en varios portales de pornografía desde hace tres días (el 25 de febrero de 2026) y la actriz que protagoniza la grabación es la colombiana Alejandra Palacios.

Los conductores de bus protestaron al afirmar que estaban cansados de los cobros extorsivos por parte de las estructuras criminales que tienen presencia en el municipio, lo que afectó a miles de ciudadanos que padecieron durante las jornadas que el transporte público no funcionó.

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Cabe recordar que, aunque en Soacha hay servicio de TransMilenio, este llega hasta el sector de San Mateo, haciendo que las personas que viven en las comunas del sur deban tomar un bus adicional para llegar a la primera estación.

La protesta comenzó dos jornadas después de que fue asesinado un conductor que se negó a pagar la “vacuna” exigida por los criminales; además, en medio de la manifestación se registró el homicidio de un “calibrador”.

A pesar de las denuncias, los conductores afirmaron que la Alcaldía de Soacha no los ayudó con las exigencias de seguridad y se vieron obligados a retomar con sus labores, lo que incluye abonar el dinero que les piden las bandas delincuenciales.

Precisamente, en un video que fue publicado por el medio local Veracidad Urbana, un grupo de conductores grabó el momento en que recolectaron el dinero que luego pagaron a la estructura criminal.

“Reuniendo la plata para pagar la extorsión para poder trabajar, entre todos reuniendo la plata. Todos reunidos, no nos compramos un par de medias, pero nos tocó pagar”, es parte del diálogo que se escucha en el video que ha sido difundido en el municipio.

Sumado a la problemática ligada a los conductores de transporte público, en el sector de Prado Vegas, en el que fue asesinado el transportador mencionado, comerciantes han denunciado que han comenzado a ser extorsionados.

Debido a que algunos comercios se negaron a pagar el dinero pedido, presuntamente por personas de nacionalidad venezolana, hombres en moto han pasado por los negocios y disparando contra las instalaciones de los mismos para amedrentar a sus propietarios.

En diálogo con Infobae Colombia, miembros del gremio de los transportadores habían denunciado abandono de la administración municipal, que tras la protesta afirmó que la manifestación había sido por operativos sobre transporte ilegal y no como consecuencia de las amenazas recibidas por la ciudadanía.

Los audios que recibieron los conductores de bus

El medio local Periodismo Público publicó un audio en el que alias Moisés, el mismo que firmó varios panfletos intimidatorios que han recibido los conductores de bus en Soacha, confirma que su banda criminal fue la que asesinó a Agustín González en Prado Vegas.

“Señores choferes, buenas noches, les habla Moisés por aquí. Este es un comunicado para todos los choferes, para que tengan en cuenta que nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

En el mismo, “Moisés” indicó a los transportadores que debían hacer un pago semanal a su estructura criminal o, de lo contrario, serían víctimas de represalias en su contra.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender. Espero que no se den mal y que queden como amigos. Que Dios los bendiga y bendiciones”.

A pesar de que no es la primera vez que se registran este tipo de denuncias en Soacha, la alcaldía sigue sin anunciar medidas para impedir que los criminales sigan amedrentando a la ciudadanía.

La vida de Luna Valentina Suárez Cano, una joven de 22 años que está diagnosticada con epilepsia refractaria y discapacidad múltiple, depende de la continuidad en su tratamiento farmacológico. Sin embargo, su madre, la docente Inés Elena Cano Arboleda, denuncia que es un completo desafío acceder a los medicamentos esenciales para su hija.

De acuerdo con la denuncia obtenida por Infobae Colombia, la docente alegó que desde el cambio en el modelo de atención del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag), ha notado un deterioro en la oportunidad y regularidad de la entrega de medicamentos, insumos y suplementos para su hija Luna.

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La epilepsia refractaria es una enfermedad que requiere un seguimiento farmacológico “radical y especializado”. Así lo informan profesionales de la Fundación Cardiovascular de Colombia (FVC), que indican que este trastorno neurológico obliga un medicamento persistente “para controlar sus crisis convulsivas”.

“Sin embargo, existe cierto número de pacientes a quienes los enfoques convencionales no funcionan. Este tipo de epilepsia se conoce como epilepsia refractaria o epilepsia farmacorresistente”.

Por eso, la profesora Cano Arboleda expuso que “cuando suspenden o retrasan los medicamentos, mi hija se golpea, se muerde, convulsiona. Estabilizarla después es muy difícil”, según la denuncia conocida por este medio.

Las entregas del medicamento son “fraccionadas”

En medio de las dificultades que esta situación implica en la vida diaria de madre e hija, la situación se agrava porque, a pesar de que el sistema ha reconocido el diagnóstico de Luna por más de dos décadas, las entregas son fraccionadas o se realizan con demoras.

“Tengo siete tutelas y más de 80 desacatos. No debería ser así. Todo debería estar a tiempo”, son las palabras de Cano, que expone que ya acumula recorridos por oficinas y farmacias para exigir insumos básicos. “No es un favor, es un derecho. Mi hija no puede esperar”, reclamó.

El asunto es que, como con casi todos los pacientes de epilepsia, si el paciente no ingiere sus medicamentos, es casi seguro que pueda sufrir un ataque. A principios de febrero, la joven permaneció tres días sin uno de sus medicamentos indispensables. De inmediato sufrió crisis severas, autolesiones y convulsiones que casi derivaron en una hospitalización de urgencia.

“Si no le entregan los medicamentos, mi hija se descompensa. Y cuando se descompensa, su vida está en riesgo”, comentó la madre, que lleva años midiendo el tiempo no por días, sino por las crisis médicas que logra evitar, como afirmó en la denuncia.

Fallas en los servicios de salud para docentes

Este caso no es aislado. Según denuncian organizaciones sindicales del magisterio, en varios departamentos se repiten fallas en la continuidad de tratamientos y entregas oportunas de medicamentos.

La llegada de una nueva vicepresidencia al Fomag generó expectativas, aunque el magisterio sostiene que persisten las barreras históricas en la atención.

Las agrupaciones sindicales solicitaron al vicepresidente Herman Bayona mayor transparencia y precisión sobre pagos, red de atención y disponibilidad de servicios. Argumentaron que las cifras oficiales no reflejan las dificultades reales que enfrentan los usuarios en el acceso a la salud.

Por su parte, el magisterio pidió respuestas urgentes, como reportes detallados de pagos, trazabilidad en la entrega de medicamentos y una consolidación efectiva de la red de atención.

Entre las demandas está la entrega de un reporte público, descargable y desglosado por prestador o contrato, incluyendo valores radicados, auditorías, glosas, pagos efectivos, fechas de giro y saldos pendientes.

Organizaciones sindicales del magisterio en Antioquia fueron las que tomaron el liderazgo en la exigencia de información transparente y detallada sobre los pagos de salud en el departamento, durante el paro docente de 72 horas que se culminó el 24 de febrero de 2026.

Demandaron la publicación inmediata de datos claros, desagregados y trazables sobre los desembolsos realizados a la red de atención, así como explicaciones por los incumplimientos que han afectado la entrega de medicamentos y la atención médica para los docentes y sus familias.

Los sindicatos enfatizaron que la rendición de cuentas no puede basarse solo en cifras generales, cuando persisten fallas en la disponibilidad de medicamentos, retardos en la atención y deficiencias en la red de servicios.

El círculo cercano de la mujer que ha presentado una denuncia bajo anonimato por presunta agresión sexual contra Íñigo Errejón ha resaltado el reto personal que implica este paso, subrayando la decisión de comparecer como testigo protegido. La denunciante adoptó esta figura debido a su condición de actriz de reconocido perfil en España. Según informó el medio, la acusación sostiene que el exportavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados habría cometido los hechos en su domicilio en octubre de 2021. El episodio sucedió pocos días después del incidente denunciado por Elisa Mouliaá, lo que marca la existencia de dos acusaciones que se reportan con fechas próximas.

La artista Elisa Mouliaá, antigua denunciante en este caso, ha explicado a los medios su posición ante la aparición de esta nueva denuncia, mostrando cautela y pidiendo respeto para la denunciante. Según detalló el medio, Mouliaá precisó: "La conozco, se abrió a mí el 17 de febrero y estoy tremendamente agradecida, pero es que no quiero hablar de más por respeto a esta chica. O sea, que ella ya se tiene que personar en el juzgado, declarar y contar todos los detalles". Con estas palabras, la actriz quiso enfocar la atención en el proceso judicial y en el derecho de la segunda denunciante a manejar su testimonio y privacidad.

El medio también consignó que Mouliaá ha admitido haber leído la denuncia de la segunda presunta víctima. Al respecto, la intérprete subrayó la existencia de un patrón en el comportamiento atribuido a Errejón: "El modus operandi siempre ha sido tener una pareja de cara a la galería y luego tener 800.000 amantes a las que maltrataba, humillaba y despreciaba, utilizando técnicas de psicopatía como el gaslighting o el reforzo intermitente". De acuerdo con lo que publicó el medio, Mouliaá se distanció de la figura de "pareja" que aparece en el relato de la nueva denuncia, aclarando que su único encuentro con Errejón se limitó a la noche que ya denunció y, aunque existió comunicación previa, el contacto presencial tuvo lugar únicamente ese día, mientras que la segunda denunciante habría mantenido entre tres y cuatro encuentros con el exdirigente.

El paso adelante de la segunda denunciante ocurrió después de que Elisa Mouliaá hiciera pública su petición de que más mujeres con posibles experiencias similares dieran su testimonio. Según informó el medio, Mouliaá se refería al sentimiento de falta de apoyo tras su propia denuncia y manifestó su gratitud por la decisión de la nueva denunciante. "Doy gracias a Dios porque efectivamente rogué ese día que por favor se personaran de forma anónima y esta chica pues tuvo la valentía de hacerlo", expresó Mouliaá, señalando el impacto emocional que le produjo la noticia y las dificultades personales tras el proceso.

La actriz expresó también que su experiencia personal ante la fiscalía ha supuesto un cuestionamiento a los procedimientos seguidos, específicamente a la aplicación de la doctrina del Tribunal Supremo sobre el consentimiento. Aseguró que la fiscalía "ha tomado por cierta la declaración de una persona que no ha presentado pruebas y yo he presentado muchísimas pruebas de que no hubo consentimiento", según recogió el medio.

Respecto a la posibilidad de que otras presuntas víctimas expongan sus denuncias, Mouliaá manifestó su esperanza: "Ojalá que sí, y además sabiendo que siendo anónimas no van a tener peligro". Añadió: "Ojalá, ojalá que se presenten más y que lo hagan de forma anónima, porque yo creo que es la manera, porque lo haces de cara y te mutilan, como me ha pasado a mí". El medio señaló que Mouliaá atribuye al paso anónimo de la nueva denunciante el hecho de haber "callado muchas bocas": "Que se lean su denuncia y vean el patrón, que hay un patrón muy claro", remarcó.

Según detalló el medio, Mouliaá precisó que los hechos que ella denunció ocurrieron el 8 de octubre de 2021, mientras que la nueva denuncia describe una agresión el 16 de ese mismo mes. En declaraciones públicas, Mouliaá aseguró: "Muy duro y nada, ojalá este tipo de personas acaben en la cárcel porque son un peligro para la sociedad, son psicopatas", refiriéndose a Errejón y reiterando su deseo por llegar "hasta el final" en el proceso judicial pese al desgaste personal. Asimismo, agradeció la fortaleza demostrada tanto por ella como por otras mujeres involucradas en el caso.

La cobertura de la segunda denuncia impulsa la revisión de los patrones de conducta imputados y refuerza la perspectiva expuesta por las denunciantes, tal como fue recogido por el medio. La expectativa sobre la evolución del caso y la posible aparición de otros testimonios se mantiene vigente en el entorno mediático y judicial.

En la recta final de las campañas de los candidatos al Congreso en Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció el comportamiento de los involucrados en la campaña de Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan ser reelectos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, respectivamente.

El comunicador afirmó que las campañas de los congresistas estaban ofreciendo agua potable a cambio de votos en regiones vulnerables, principalmente en zonas en las que carecen de servicios básicos y el acceso al agua es limitado.

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De acuerdo con las denuncias, los aspirantes estarían utilizando carrotanques y botellas para entregar agua a personas que tuvieron que firmar una planilla en la que aseguraban que estaban apoyando a Lobo o Cuello.

En medio de la polémica, residentes en Aguachica denunciaron que durante los eventos mencionados, la firma de las planillas se registró para confirmar que la persona beneficiada votaría por alguno de los políticos promocionados, por lo que aquellos que se negaron a suministrar sus datos no recibieron agua.

De la misma forma, Solano afirmó en su cuenta de X que, a pesar de la denuncia que es noticia nacional, durante el tercer fin de semana de febrero se habrían realizado más eventos de campaña en los que se entregó agua en barrios populares de la región.

“Escuchen a la gente de Aguachica: ‘Sabiendo que aquí hay niños y no van a dar el agua porque no votamos por Ape Cuello’. Que horror”, escribió Jacobo Solano en una de sus publicaciones en X.

Ministro de Defensa se pronunció en redes

A través de su cuenta de X, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, respondió a las denuncias sobre el supuesto uso indebido de un carrotanque de agua con propaganda política en Aguachica, Cesar. En su pronunciamiento, aseguró que las instituciones estatales actuaron con rapidez, coordinación y conforme al marco legal para impedir que se repitan más hechos similares.

Sánchez aseguró que la Policía Nacional, junto con la Fiscalía General de la Nación, abrieron una indagación penal por el delito de corrupción al sufragante. Además, se ubicó un vehículo señalado en las denuncias, verificando tanto su documentación como su propiedad, pero en el momento de la inspección el carrotanque ya no portaba propaganda política.

El ministro informó que se realizó un consejo de seguridad extraordinario con el objetivo de reforzar los controles y prevenir conductas que puedan atentar contra la transparencia electoral.

“La Policía Nacional ubicó e inspeccionó el vehículo señalado, verificando su documentación y propiedad; esta información fue incorporada a la investigación, aunque al momento de la inspección ya no contaba con propaganda; se está investigando la presunta comisión de delitos electorales”, escribió el ministro.

Respecto a los señalamientos que circularon en redes sociales sobre la supuesta complicidad de una agente de la policía, Sánchez aclaró que la persona involucrada no pertenece a esa institución, sino que es una agente de tránsito municipal.

Finalmente, el ministro invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier hecho de corrupción o delito electoral, instando a colaborar con las autoridades para fortalecer la lucha contra el crimen y garantizar procesos electorales limpios.

“Aquí no hay impunidad ni sesgos políticos: hay institucionalidad, investigación y transparencia”, se lee en la publicación que realizó el ministro de Defensa en su cuenta de X.

Hasta el momento, desde las campañas de Ape Cuello y Didier Lobo no se han pronunciado al respecto; sin embargo, la llegada de los carrotanques en la región fue uno de los temas mencionados durante el evento de cierre de campaña de Cuello en el César.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, fue denunciado penalmente por el candidato a la Cámara de Representantes Camilo Enciso por los delitos de cohecho, tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Junto con Benedetti, la senadora Sor Berenice Bedoya, el exministro del Interior Luis Fernando Velasco e Iván Ramírez Rusinque también fueron denunciados por el aspirante.

De acuerdo con su explicación, las acciones legales que emprendió se basan en evidencia documental y un testimonio aportado por un integrante de la Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) de la congresista Bedoya. “Evidencia ofrecimientos de control sobre entidades públicas, gestión de recursos para proyectos específicos y posteriores nombramientos y contrataciones de familiares en entidades del Estado”, detalló el también exsecretario de Transparencia en su cuenta de X.

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Enciso indicó en su denuncia que estas personas estarían involucradas en un presunto esquema de intercambio de apoyos legislativos para garantizar la entrega de cargos públicos, recursos presupuestales y contratos del Estado. Añadió al caso supuestos actos de nepotismo y de direccionamiento de contratos.

El jefe de la cartera respondió a los señalamientos del exsecretario de Transparencia. Su contestación se basó en insultos y en señalamientos sobre presuntas irregularidades en las que Enciso estaría involucrado. Según afirmó, Enciso estaría salpicado con en un escándalo de corrupción de la multinacional brasileña Odebrecht; lo acusa de haber tenido conocimiento de hechos anómalos que ocurrieron en su momento y de guardar silencio al respecto.

En su respuesta, el ministro señaló al candidato al Congreso de ser “bobo”, “payaso” y “bandido”, pero no brindó explicaciones sobre las presuntas irregularidades que denunció el exfuncionario ante la Fiscalía General de la Nación y ante la Corte Suprema de Justicia.

“Jajajajajajajaja. Este @camiloencisov es el bobo más eunuco, insípido, menos agresivo y que menos da miedo que haya conocido en mi vida. Todo porque le vamos a quitar la careta y se sabrá que fue cómplice con todo lo de Odebrecht. Payaso y bandido!”, aseveró el jefe de la cartera.

Detalles de la denuncia de Enciso

De acuerdo con el denunciante, el exministro Luis Fernando Velasco habría ofrecido a la senadora Berenice Bedoya el control de la Dirección Nacional de Bomberos y Finagro, a cambio de contar con su respaldo en el Legislativo para impulsar tres reformas del Gobierno nacional: la de la salud, la pensional y la laboral.

El 16 de junio de 2025, la Presidencia publicó la hoja de vida de Johan Steven Londoño Tamayo, yerno de la senadora, para ser director del Fondo de Adaptación. Un día después (17 de junio), la congresista pasó de exponer una postura negativa a la reforma a la salud a radicar un informe de ponencia alternativo que, presuntamente, “facilitaba la concertación del proyecto”.

Días después, María Alejandra Torres López, nuera de la congresista, fue contratada en el Fondo de Adaptación, y Julián David Bedoya Pérez y Jessica Valeria Casas Bedoya, hijos de la legisladora, fueron contratados por el Ministerio del Interior, dirigido entonces por Benedetti.

Sumado a ello, Berenice Bedoya habría gestionado el apoyo para una obra en Yarumal (Antioquia), cuyo valor superaba los $10.000 millones. Presuntamente, la obra se habría financiado con dinero de la Financiera de Desarrollo Territorial S.A. (Findeter).

En una publicación del 22 de febrero, el ministro del Interior aseguró que la congresista Bedoya no apoyó en ningún momento la reforma a la salud oficialista; votó negativo. Aunado a ello, criticó a la prensa por dar visibilidad a la denuncia de Camilo Enciso, advirtiendo una falta de rigor y trabajo en la búsqueda de la verdad.

“Enciso es el cómplice de todo lo de Odebrecht, es un bandido!!”, añadió Benedetti.

Un joven en el departamento del Cauca atraviesa una compleja situación tras denunciar agresiones reiteradas por parte de su expareja desde 2023.

Camilo Andrés Rodríguez aseguró en Noticias RCN que este ciclo de violencia ha repercutido en distintos aspectos de su vida, llegando a perder tres empleos debido a los enfrentamientos que, según relata, se han presentado incluso dentro de sus lugares de trabajo.

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Las dificultades comenzaron, según Rodríguez, tras el fracaso de un negocio que ambos intentaron emprender en conjunto. A partir de ese momento, asegura que los episodios de hostigamiento se volvieron habituales, afectando tanto su seguridad personal como su estabilidad emocional y económica.

El joven relata que la situación ha escalado al punto de sentirse vigilado y acosado en los espacios públicos, al temer que su expareja irrumpa y genere confrontaciones en cualquier entorno.

Rodríguez ha recurrido a instancias legales y administrativas para buscar protección. Ha presentado denuncias por lesiones personales, incuria y calumnia, y la autoridad ha impuesto una caución y medidas de protección en su favor. A pesar de estas acciones, afirma que las agresiones no cesan y que la sensación de desamparo persiste.

El impacto psicológico de estos hechos lo llevó a buscar atención médica especializada, pues reconoce que su bienestar emocional se ha visto gravemente afectado. “En este momento me encuentro en medicina legal, tengo una cita de psicología porque me siento trastornado”, expresó.

En un intento por visibilizar su caso y defender su reputación, Rodríguez decidió exponer públicamente la situación y solicita que las instituciones le brinden una protección efectiva para recuperar la tranquilidad y continuar con su vida sin miedo ni estigmatización.

En el núcleo de la violencia doméstica se encuentra una relación de poder desigual entre personas que mantienen o han mantenido un vínculo afectivo. Este fenómeno, que incluye el control y la intimidación, se manifiesta en diferentes modalidades: desde el abuso físico y sexual hasta formas menos visibles como el maltrato emocional, el acecho y las amenazas.

Aunque suele asociarse principalmente con mujeres como víctimas, cualquier persona puede verse afectada, incluso los hombres. En estos casos, la violencia puede pasar inadvertida por prejuicios y estereotipos arraigados.

El inicio de una relación abusiva puede estar marcado por gestos de aparente cuidado y protección. Sin embargo, dicha atención puede transformarse gradualmente en conductas controladoras y generadoras de temor. A menudo, el abuso comienza con episodios aislados, seguidos de promesas de cambio por parte del agresor.

Las víctimas masculinas enfrentan obstáculos particulares para reconocer y denunciar la violencia. El peso del estigma social y los mandatos culturales sobre la masculinidad dificulta la posibilidad de pedir ayuda.

La presión para ajustarse a la idea de que un hombre debe soportar el dolor o evitar la expresión de sufrimiento refuerza el aislamiento. Los hombres afectados suelen ser objeto de dudas, burlas y desconfianza por parte del entorno, lo que agrava su sensación de soledad y minimiza el daño sufrido.

La respuesta institucional ante la violencia ejercida contra los hombres suele ser insuficiente. Los testimonios de quienes buscan auxilio reflejan que muchas veces los servicios estatales y privados, así como profesionales y fuerzas de seguridad, restan importancia a sus relatos.

Esta desatención puede llevar a que los hombres interioricen la creencia de que su sufrimiento no merece atención o que deben sobrellevar el abuso en silencio, perpetuando el ciclo de maltrato.

La combinación de barreras sociales, estereotipos y falta de reconocimiento institucional impide que los hombres víctimas accedan con facilidad a la protección y al acompañamiento adecuados. Por esto el testimonio de Camilo Andrés Rodríguez es un esfuerzo por hacer más visible esta problemática.

La jueza encargada del caso determinó que existen bases para que el futbolista Achraf Hakimi enfrente un proceso judicial en Francia, tras una denuncia presentada en 2023 por una joven por presunta violación. Según consignó la Fiscalía de Nanterre, el internacional marroquí será juzgado en las afueras de París por hechos que, de acuerdo a la denuncia, habrían ocurrido en febrero de ese año en el domicilio del jugador, situado en Boulogne-Billancourt. El medio que informó sobre la causa detalló que Hakimi ha impugnado los cargos desde el inicio y sostiene que la acusación constituye un intento de extorsión, insistiendo en su inocencia.

De acuerdo con lo publicado, la denunciante y Hakimi se conocieron a través de redes sociales, tras lo cual el jugador la invitó a su residencia. Según el relato de la joven, durante su estancia en la vivienda, el atleta la besó y la tocó sin su consentimiento, y habría llegado a introducir sus dedos en la vagina de la denunciante. La joven logró abandonar el lugar y acudió posteriormente a la comisaría para informar lo sucedido. Tal como informó el medio, la investigación comenzó de oficio, aun después de que la propia denunciante inicialmente decidiera no formalizar la denuncia. Desde marzo de 2023, el jugador del Paris Saint-Germain ya figuraba como imputado y se encontraba bajo medidas judiciales, incluyendo la prohibición de contacto con la presunta víctima.

El caso abrió un frente judicial que podría exponer a Hakimi a una condena de hasta quince años de prisión, si el tribunal lo considera culpable de violación, según la calificación solicitada por la Fiscalía de Nanterre. En respuesta al anuncio del próximo juicio, el defensa emitió un comunicado mediante sus redes sociales en el que afirmó: "Hoy en día, una acusación de violación basta para justificar un juicio, aun cuando la he impugnado y todo demuestra que es falsa. Es tan injusto para los inocentes como para las víctimas sinceras". Además, señaló que desde el principio ha colaborado plenamente con las autoridades, a la vez que declaró mantener la calma sobre el desarrollo del proceso.

De acuerdo con la información suministrada por la fuente, la situación judicial de Hakimi no ha implicado hasta ahora restricciones a su vida profesional, más allá de las órdenes de alejamiento impuestas por las autoridades respecto a la denunciante. El futbolista ha continuado su carrera deportiva y no se le han impuesto limitaciones para abandonar Francia, lo que ha permitido su presencia en compromisos internacionales y ligas.

El caso también ha tenido impacto en la esfera personal de Hakimi y su entonces esposa, la actriz Hiba Abouk. Según lo reportado, la intérprete confirmó en 2023 que se hallaba en proceso de divorcio del futbolista y, a través de un comunicado, manifestó que "siempre" ha apoyado y apoyará "del lado de las víctimas", pidiendo en ese momento un respeto absoluto por la privacidad de ella y sus hijos durante el curso de las investigaciones.

La causa sigue bajo observación mediática debido a la notoriedad pública del jugador y por la gravedad de los hechos que se imputan. Según fuentes judiciales citadas por la prensa, será el tribunal de Nanterre quien juzgará la causa y determinará si existen delitos, tras la evaluación de las pruebas y de los testimonios involucrados. Por su parte, Hakimi reiteró en su pronunciamiento que considera que la acusación "es falsa" y que la acción judicial en su contra constituye un montaje motivado por un supuesto intento de extorsión, argumentando que las pruebas presentadas en el proceso demuestran su inocencia.

El caso, siguiendo lo divulgado por el medio original, resalta la complejidad de los procesos por delitos sexuales en Francia, donde la apertura de investigaciones de oficio tiene lugar aun si la víctima decide inicialmente no continuar con la denuncia formal. Según las autoridades de Nanterre, tales mecanismos buscan garantizar la protección de los derechos de las víctimas en presuntas situaciones de violencia sexual, aunque desde el entorno del defensa sostienen que este marco procesal perjudica el principio de presunción de inocencia.

Al continuar el desarrollo judicial, la atención pública permanece enfocada tanto en los procedimientos legales como en las repercusiones sociales y familiares derivadas del caso. El avance de la causa determinará las eventuales consecuencias jurídicas para Hakimi, cuya postura, según recogió el medio original, no ha variado desde el inicio: rechaza la acusación y asegura que seguirá colaborando para que, en sus palabras, "se esclarezcan los hechos".

Joan Laporta, expresidente y actual precandidato a la presidencia del FC Barcelona, vinculó las acusaciones jurídicas contra él y su antigua Junta Directiva con intereses destinados a "ensuciar" no solo su imagen, sino también la del club catalán y el proceso electoral. El dirigente remarcó la exigencia de responder legalmente si estas imputaciones prosperan y señaló que no permitirán que acusaciones carentes de fundamento dañen la reputación de la entidad. Según consignó el medio La2Cat en una entrevista para el programa ‘Cafè d’idees’, Laporta enfatizó que interpretaba la querella anónima como "una jugada oscura y sucia que ni la Justicia ni el Barça permitirán".

De acuerdo con la información publicada por Europa Press y recogida en La2Cat, Joan Laporta afirmó que la denuncia interpuesta contiene "falsedades y mentiras", añadiendo que su aspiración es que el tribunal desestime el caso. "Lo único que puedo hacer es confiar en que el juez no admita esta historia, que evidentemente tendrá respuesta por nuestra parte", sostuvo Laporta en la entrevista, remarcando además que si estas "calumnias e injurias" avanzasen en sede judicial, tomarán medidas para impedir su impunidad. El exdirigente también hizo referencia a un comunicado enérgico presentado por el propio club para rechazar los hechos y alertó sobre una presunta maniobra electoral encaminada a dificultar la contienda para la presidencia del Barça.

El candidato vinculó esta situación con acciones similares previas, al describir un episodio durante la tramitación de las inscripciones de Dani Olmo y Pau Víctor, cuando, según explicó, agentes externos presionaron a LaLiga para bloquear dichos fichajes. Laporta relató que, mientras buscaban inscribir a los futbolistas en la sede de LaLiga, había personas contactando a la organización para impedir el proceso. Además, expresó que estos movimientos incluyeron la difusión de informaciones en prensa vinculando la inscripción fallida de Olmo con una eventual moción de censura. "Son los que hacen jugadas oscuras", sentenció, añadiendo que tanto personas externas como individuos dentro del Barça intentaron desestabilizar el entorno de la institución, motivados por intereses propios y disputas internas. El medio La2Cat detalló que Laporta atribuyó estos comportamientos a una combinación de ambición personal e inexperiencia en el ámbito electoral.

Durante la entrevista, Laporta manifestó su intención de enfocar la campaña electoral en propuestas constructivas, promoviendo una actitud centrada en el futuro del club. Destacó su compromiso con la continuidad en la gestión del Barça y precisó que su programa incluye la permanencia de Flick como entrenador y Deco como responsable de la dirección deportiva. Sostuvo que el liderazgo de la junta debe garantizar la propiedad social del club y ofrecer un proyecto capaz de mantener la satisfacción de los aficionados.

Consultado por las críticas del también precandidato Víctor Font respecto al caso Olmo y las posibles consecuencias negativas, Laporta negó la validez de dichas acusaciones y señaló que quienes promovieron informaciones de ese tenor, y al mismo tiempo contribuyeron a bloquear las inscripciones, utilizaron la amenaza de una moción de censura basándose en afirmaciones falsas, según su opinión consignada por Europa Press.

En lo referente a su recién presentado libro ‘Así hemos salvado al Barça’, Laporta describió las dificultades afrontadas durante su gestión y la complejidad de las negociaciones para la creación de la Superliga. Explicó que el acuerdo inicial contemplaba una compensación de 300 millones de euros para los clubes que mantuvieran su apoyo al proyecto europeo. Sin embargo, reveló que al confirmarse que el fondo impulsor de la Superliga no aportaría fondos hasta establecer un formato competitivo definido, optó por retirarse de las conversaciones. Laporta contó también que Florentino Pérez (Real Madrid) y Andrea Agnelli (Juventus) participaron en los diálogos, aunque ninguno pudo resolver la falta de compromisos financieros, lo cual motivó que el Barcelona eligiera una alternativa de financiación con la empresa Sixth Street.

El acuerdo con Sixth Street supuso la cesión del 25% de los derechos televisivos por un periodo de 25 años a cambio de 688 millones de euros, según explicó Laporta. Esta operación se diferenciaba de la propuesta de LaLiga con CVC, que exigía la cesión de los mismos derechos durante medio siglo. Según el precandidato, los recursos obtenidos sirvieron para reestructurar la deuda de la entidad, junto al apoyo de un préstamo inicial concerniente a Goldman Sachs, y la adquisición de jugadores, entre ellos Lewandowski y Raphinha. Laporta resaltó el buen desempeño de Lewandowski desde su incorporación y mencionó la adaptación progresiva de Raphinha al equipo. Agregó que la llegada de este último contó con la participación destacada de Deco y Flick, en roles directivos y técnicos, respectivamente.

El exdirigente concluyó su relato comparando algunas gestiones con situaciones en las que resulta necesario negociar incluso con quienes no comparten los mismos intereses, en referencia a su deber de priorizar la viabilidad económica y deportiva del FC Barcelona, según reportó La2Cat.

Un caso reciente fue expuesto por el usuario de TikTok NORBEY MI NS200, quien captó en video una escena de confrontación mientras conducía un bus del Sitp.

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Decidió detener el vehículo y abrir las puertas después de recibir insultos de varias pasajeras. Mientras él solicitaba apoyo a la central, las agresiones continuaron tanto dentro como fuera del bus y una de las mujeres bajo a toma fotos de la parte exterior del vehículo.

Durante la grabación, se escucha cómo una de las mujeres reclama: “Nada, no quiere trabajar, nos paró acá y nos está dejando tirados”, mientras el conductor intenta explicar: “Tengo una usuaria... que me está incomodando”.

La central, por su parte, responde con instrucciones para continuar el servicio, tras constatar que no había una falla mecánica: “Con los usuarios, por favor, continúe su recorrido. Si no tiene novedad mecánica, ni tiene ninguna novedad con el recorrido, continúe con el servicio”.

El conductor manifestó que transportaba a varias mujeres que lo trataban mal, a lo que una pasajera replicó: “¡Nos están tratando mal a todos!”. Finalmente, la empresa le indicó que debía seguir su ruta, minimizando el hecho.

En redes sociales, usuarios expresaron su solidaridad con el conductor, criticando la falta de respaldo empresarial: “Muy triste como la empresa no respalda sus conductores”, y alentándolo: “Usted tiene dignidad, hable sin miedo”.

En la grabación se escucha que la pasajera utiliza la frase “Nada, diga la verdad: yo soy un ñero grosero prepotente”, lo que para muchos usuarios reflejó un juicio negativo hacia el conductor basado en su apariencia.

Las reacciones virtuales se multiplicaron de inmediato. Algunos usuarios lamentaron la falta de respaldo institucional para los operadores señalando que “la empresa no respalda a sus conductores”.

Otros centraron sus críticas en la actuación del personal de la central de control, cuestionando la distancia entre quienes gestionan el sistema desde las oficinas y la realidad que enfrentan los trabajadores en las calles.

El manual de la comunidad usuaria contempla sanciones específicas para quienes alteren el orden o la convivencia en los buses. De acuerdo con sus disposiciones, cualquier agresión física o verbal, así como actos que molesten o perturben la tranquilidad de los demás, puede considerarse una falta tipo 1, sancionada con cuatro salarios mínimos diarios legales vigentes.

Si la ofensa se dirige directamente a funcionarios del sistema, la sanción escala a una multa tipo 3, que equivale a 16 salarios mínimos diarios legales vigentes.

Estos lineamientos buscan disuadir comportamientos que pongan en riesgo el ambiente dentro del transporte público y proteger tanto a usuarios como a trabajadores. No obstante, parte de la comunidad digital opina que la aplicación de estas normas es deficiente o que, en la práctica, los operadores quedan desprotegidos frente a las agresiones.

En diciembre de 2025, la empresa Transmilenio reiteró su rechazo ante las agresiones contra sus conductores. Según cifras divulgadas por la entidad, en ese año se reportaron 463 casos de agresión verbal y 136 de agresión física a conductores del componente zonal del SITP.

Estas cifras evidencian una problemática persistente que afecta la seguridad y el bienestar de quienes operan el sistema. Los comentarios en TikTok reflejan el descontento de los ciudadanos ante la percepción de que las quejas de los usuarios pesan más que las denuncias de los trabajadores.

Pese a esto, varios usuarios continuaron pidiendo un video para que el conductor explique la situación completa, hasta el momento el hombre no se ha pronunciado.

El FC Barcelona advirtió sobre la posibilidad de que una filtración de información presuntamente falsa y manipulada pudiera influir en el desenlace de las próximas elecciones internas, programadas para el 15 de marzo. Según informó El Periódico, la institución expresó su preocupación tras la publicación de una noticia que vincula a altos cargos del club con cobros irregulares en el extranjero, y que dio pie a la denuncia de un socio ante la Audiencia Nacional contra el expresidente Joan Laporta, el presidente en funciones Rafael Yuste, la exvicepresidenta Maria Elena Fort y el exvicepresidente económico Eduard Romeu, entre otros directivos.

De acuerdo a lo publicado por El Periódico, el denunciante acusa a Laporta y varios integrantes de su equipo de haber recibido "comisiones indebidas" mediante el uso de sociedades con sede en España, Chipre, Dubái, Croacia y Estonia. A raíz de estas informaciones y del inicio del procedimiento judicial, el club catalán difundió un comunicado en el que rechaza de manera categórica los señalamientos, describiendo los hechos atribuidos al anterior presidente y su directiva como ajenos a la realidad y carentes de fundamento legal.

El medio El Periódico detalló que, en relación al surgimiento de la noticia, el FC Barcelona aclaró que el 15 de enero de 2026 recibió comunicaciones de periodistas pertenecientes a dos organizaciones informativas y a la entidad internacional Organized Crime & Corruption Reporting Project (OCCRP) solicitando contrastar datos y documentos que respaldarían los hechos publicados. El club analizó la documentación recibida y determinó que, en la evaluación de sus responsables, los supuestos papeles eran falsos o seriamente manipulados, según informaron fuentes de la entidad. Así mismo, el 19 de enero el club transmitió a los periodistas y la organización que los elementos presentados eran “total y absolutamente falsos” y que no reconocía la validez de los documentos.

El FC Barcelona remarcó que desconoce los detalles concretos sobre la denuncia interpuesta por el socio, pero observó una concordancia entre lo publicado el 19 de enero y lo divulgado por El Periódico sobre el contenido de la misma. Según reportó el medio, la directiva manifestó también que la información en cuestión habría sido ofrecida de antemano a otros medios de comunicación nacionales, repitiendo la preocupación de que se estaba moviendo una versión infundada de los hechos.

El club afirmó que si se confirmara la identidad del autor de estos hechos, iniciaría acciones legales contra el socio que presentó la denuncia, por presunta denuncia falsa, falsificación de documentos y calumnias. Además, solicitaría a su Comisión de Disciplina que abriese un expediente disciplinario al implicado, independientemente de la aceptación o rechazo de la denuncia en tribunales.

En línea con esta postura, la entidad anunció también el estudio de medidas legales contra el medio de comunicación responsable de la publicación por divulgar una información que, a su juicio, se basa en material falso, y advirtió que procederá de manera firme ante cualquier agente que difunda estos datos como veraces.

Según consignó El Periódico, el FC Barcelona se comprometió a trasladar a la Junta Electoral interna toda la información reunida sobre este asunto, con el objetivo de permitir una verificación transparente y advertir a los precandidatos sobre las repercusiones de emplear materiales o noticias inexactas durante la campaña. El club lamentó la difusión de estos hechos en pleno proceso electoral, y sugirió que la aparición pública de estas denuncias podría tener como objetivo alterar el proceso de votación y condicionar la voluntad de los socios en la elección de nuevas autoridades.

En tan solo una semana, la entidad bancaria Bancolombia fue señalada en tres ocasiones de movimientos de grandes cantidades de dinero de cuentas de ahorros y empresariales de varios usuarios en el país, situación que ha generado que los afectados lleguen a puntos extremos, como la esposa del empresario que se encadenó en una de las sedes en Villavicencio (Meta) para pedir la devolución de 600 millones de pesos.

Sumado a ese caso se presentó un segundo hecho en Medellín, y ahora, el tercer hecho que se conoció por cuenta de otro video que se hizo viral en TikTok, X, Facebook e Instagram, una mujer de la tercera edad se convierte en la tercera víctima de estas millonarias transferencias.

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El episodio en cuestión se presentó en una sucursal ubicada en el municipio de San Jerónimo, Antioquia.

Allí, frente a los cubículos de atención y los empleados de la entidad bancaria, con lágrimas y desesperación en su mirada, sumida en la angustia Gloria Elizabeth Peña le pidió una explicación al banco en el que depositó su confianza y su dinero.

“¡Eso es demasiado, demasiado, demasiado! Son casi 40 millones de pesos", dice mientras toma alientos la mujer de la tercera edad (76 años).

Sin embargo, la denuncia que se conoció a través de la cuenta @bustabusta84 en TikTok, muestra a una ciudadana que se graba con su celular, y entrevista a Peña, que lanzó una seria acusación en contra de empleados de la entidad y presuntas acciones que fueron desmentidas en la respuesta oficial que brindó desde Bancolombia a Infobae Colombia la tarde del sábado 21 de febrero de 2026.

“Hoy llora porque ha sido una de las mujeres estafadas. El banco le responde, el banco Bancolombia dice que fue estafada en línea, que a través de unos juegos que se manejan y demás. Ella, desesperadamente, hoy le reclama y le exige al banco que, con la confianza que ella le depositó su dinero, asimismo le colaboren con el esclarecimiento de los movimientos por fecha, dónde fue el lugar, cómo fue que a ella la estafaron”, menciona la mujer al lado de la adulta mayor.

Antes de advertir sobre la revisión periódica de movimientos bancarios, la ciudadana insinuó que, “de acuerdo a este caso, se ha presumido que también la información sea manejada desde el mismo banco por rangos menores, y estos rangos menores, o más bien conocidos trabajadores, estén llevando esta información de la ciudadanía a la llamada delincuencia organizada”, dijo la usuaria.

En tanto que Peña explicó que “hicieron una compra, pero el 29 de enero (desde el banco) no fueron capaces de reportarme, ni la tarjeta bloqueada. Entonces, ¿en dónde está la responsabilidad de este banco?”

La usuaria de TikTok confirmó que Gloria Elizabeth Peña ya “radicó derecho de petición a Bancolombia y prácticamente hoy no comparte esta respuesta; por eso harán respectivas denuncias ante Fiscalía y demás organismos que sea preciso, para que Bancolombia les ayude con el esclarecimiento y pronta recuperación de su dinero”.

Por lo anterior, la adulta mayor agregó: “Uno guarda su plata en un banco para que esté segura, no para que se la roben”.

Al final, y como respuesta oficial ante el caso de la abuela en San Jerónimo, Antioquia, se confirmó a este medio lo siguiente:

“Conocemos el caso y lo hemos atendido”, inicia el breve mensaje en el que se asegura también que, “de ninguna manera, nuestros empleados están involucrados”.

“Cada caso lo investigamos con rigor y le comunicamos al cliente los resultados. Actuamos con base en los hechos, porque nuestro compromiso es hacer lo correcto”, cierra la declaración oficial, mientras se siguen con las investigaciones correspondientes para darle solución a la plata que se le esfumó de su cuenta a Peña.

La mujer espera que, como ocurrió con el empresario en Villavicencio, a ella también le regresen a sus cuenta el dinero de

En la tercera semana de febrero de 2026, en Colombia se hicieron virales dos casos en los que ciudadanos expusieron que habían sido víctimas de retiros no autorizados en sus cuentas bancarias, lo que generó reclamos públicos hacia la entidad financiera.

Los afectados informaron que los montos fueron transferidos a otras cuentas, como las de la plataforma Nequi, sin haber autorizado dichas operaciones. Según los testimonios, las operaciones fueron ejecutadas utilizando las credenciales correctas de los usuarios, lo que impidió que la entidad detectara irregularidades en la autenticación de las transacciones.

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Las víctimas señalaron que los responsables accedieron a la información personal a través de técnicas digitales como la ingeniería social, que consiste en obtener datos confidenciales mediante engaños. En uno de los casos, la víctima decidió amarrarse en el banco al afirmar que le habían retirado 600 millones de pesos; tras la protesta, el ciudadano indicó que la entidad accedió a ayudarlo.

Frente a estos hechos, en diálogo con Infobae Colombia, José Saúl Trujillo, docente de derecho en la Universidad Politécnico Grancolombiano, explicó que el canal prioritario ante estos escenarios es el reporte inmediato a los canales formales del sistema de seguridad bancaria.

El especialista indicó que corresponde escalar el caso a la gerencia de seguridad de la entidad para que adelante una investigación interna. Este proceso debe incluir la reconstrucción de la trazabilidad de la operación, la verificación de los métodos de autenticación empleados, la revisión de los registros de acceso y la identificación del dispositivo, el origen de la orden y el destino final del dinero.

Trujillo aclaró que, si el usuario notifica el incidente de forma oportuna y no se encuentra evidencia de negligencia o incumplimiento de los protocolos de seguridad a su cargo, el estándar de protección al consumidor financiero exige que la entidad financiera brinde una respuesta clara, verificable y, cuando corresponda, proceda a la devolución de los recursos.

“Lo procedente es escalar el asunto, con carácter prioritario, a la gerencia de seguridad de la entidad financiera para que adelante la investigación interna de la transacción, asegure la trazabilidad completa de la operación y adopte medidas de contención”, afirmó Trujillo.

De acuerdo con Trujillo, la protesta pública puede servir para visibilizar una situación percibida como desatendida, aunque este mecanismo no sustituye el uso de los canales técnicos y legales, ni garantiza que se logre la reparación del daño.

El especialista precisó que la reparación depende de actuaciones con soporte probatorio y de la gestión adecuada ante las instancias pertinentes. En el caso de que el banco niegue la devolución de los fondos sin entregar un sustento técnico suficiente, Trujillo recomendó activar dos frentes de acción: la denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación, tipificando el hecho como hurto por medios informáticos, y la queja ante la Superintendencia Financiera de Colombia, para que ejerza funciones de inspección y vigilancia sobre los protocolos de seguridad y la debida diligencia de la entidad.

“Si el usuario reporta oportunamente el hecho y no existe evidencia de incumplimiento de los protocolos de seguridad a su cargo ni de una conducta negligente que haya facilitado el fraude, el estándar de protección al consumidor financiero exige una respuesta clara, verificable y una solución efectiva, incluida la devolución cuando corresponda”, declaró el docente.

Sobre las modalidades de fraude, Trujillo explicó que los términos “phishing” y “farming” suelen emplearse para describir este tipo de incidentes, aunque no constituyen categorías penales autónomas en la legislación colombiana. Estos hechos se investigan y se sancionan bajo los delitos informáticos previstos en el Código Penal.

Además de entregar el suministro vital, locales afirmaron que les hicieron llenar planillas con las que se comprometían a sumar su voto en la intención de Cuello y Lobo de ser reelegidos en la Cámara de Representantes y el Senado de la República, respectivamente.

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Tras la indignación que se generó en el César en torno a este hecho, que algunas figuras políticas denunciaron como un posible delito electoral, el comunicador compartió un fragmento del evento de cierre de campaña de Ape Cuello, en el que se mostró orgulloso de haber llevado agua a zonas vulnerables, aunque esto podría ser tipificado como un crimen por todo lo registrado.

“Sí, fui yo, ¿y qué?”, fueron las palabras del representante a la Cámara que representa al Partido Conservador en las elecciones legislativas.

Gustavo Petro pidió que los responsables de estos hechos sean arrestados

En la tarde del 21 de febrero, el presidente Gustavo Petro reaccionó a lo registrado en César y pidió que las autoridades capturen a los autores intelectuales de lo que describió como un delito electoral.

“Le solicito a la policía de Aguachica detener a los autores materiales e intelectuales de este delito electoral que pasa bajo sus ojos. El comandante de policía de Aguachica y de los pueblos del Cesar, Magdalena y Guajira, con problemas de agua permanente, debe detener y capturar a quienes usan el agua con fines electorales”.

Además, el mandatario nacional expuso que las autoridades en la región no han seguido algunas de sus instrucciones, por lo que pidió explicaciones sobre lo que pasa en esa zona del país.

“Si no responden en la práctica es porque la policía de esas regiones está articulada a las mafias políticas y el crimen. He ordenado que se ponga de inmediato la estación de carabineros más grande del Caribe oriental en el parque Tayrona, y todavía nada. Es una orden del comandante supremo de la fuerza pública. No queremos policías encubriendo el crimen”.

Los detalles de la denuncia

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció que en municipios como Aguachica, las campañas de los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan la reelección, han llegado con carrostanques para suministrar el líquido a las poblaciones a cambio de comprometerse a votar por ellos el 8 de marzo.

“Hay dos congresistas, Ape Cuello (Partido Conservador) y Didier Lobo (Cambio Radical), que cogieron como estrategia cambiar el agua por votos, una vaina, una estrategia terrible. Han llevado carrotanques, papayeras y el negocio es clasificar gente, entregar agua y hacerles llenar unas planillas”.

Solano mencionó que las zonas a las que han llevado los carrotanques son de población vulnerable, en donde las personas han firmado planillas a cambio de recibir el suministro vital.

“La mayoría del tiempo están sin agua en estos barrios, entonces es una actitud horrible, porque no aceptan lo que hacen y nadie hace nada. La Procuraduría no hace nada y hay dudas, porque denunciamos, pero no pasa nada. La gente está indignada porque toman el agua de los hidrantes públicos y luego la llevan a los barrios”.

Cabe recordar que los ministerios de Justicia y Defensa han lanzado una campaña con la que buscan garantizar el “juego limpio” durante la época electoral, lo que incluye una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la persona que entregue información sobre los responsables de estar cometiendo delitos electorales. Entre los delitos mencionados se encuentran la violencia, amenazas y constreñimiento al votante, la compra de votos y corrupción electoral, así como el fraude, la suplantación y el voto ilegal; actos que podrían afectar la legitimidad de los procesos democráticos y vulneran los derechos ciudadanos.

En la previa de los comicios, se han vuelto virales los métodos que han utilizado algunos candidatos para llamar la atención de la ciudadanía, lo que ha incluido tendencias de redes sociales o pronunciamientos llamativos.

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Sin embargo, en Cesar hay indignación debido a que la campaña de dos candidatos ha utilizado el agua, en zonas en las que no hay acceso a este servicio, para convencer a la población de votar por ellos el 8 de marzo.

Indignación por estrategia de campaña

En diálogo con Infobae Colombia, el periodista Jacobo Solano denunció que en municipios como Aguachica, las campañas de los congresistas Ape Cuello y Didier Lobo, que buscan la reelección, han llegado con carrostanques para suministrar el líquido a las poblaciones a cambio de comprometerse a votar por ellos el 8 de marzo.

“Hay dos congresistas, Ape Cuello (Partido Conservador) y Didier Lobo (Cambio Radical), que cogieron como estrategia cambiar el agua por votos, una vaina, una estrategia terrible. Han llevado carrotanques, papayeras y el negocio es clasificar gente, entregar agua y hacerles llenar unas planillas”.

Solano mencionó que las zonas a las que han llevado los carrotanques son de población vulnerable, en donde las personas han firmado planillas a cambio de recibir el suministro vital.

“La mayoría del tiempo están sin agua en estos barrios, entonces es una actitud horrible, porque no aceptan lo que hacen y nadie hace nada. La Procuraduría no hace nada y hay dudas, porque denunciamos, pero no pasa nada. La gente está indignada porque toman el agua de los hidrantes públicos y luego la llevan a los barrios”.

Solano aseguró que la estrategia ha generado indignación en la población, principalmente porque las campañas de los congresistas indican, antes de entregar el agua, que los beneficiados deben comprometerse con su candidato.

“Hay un operador político que se llama Víctor Roqueme, la gente está preocupada porque los están condicionando, les están condicionando el voto. Lo preocupante es que las autoridades no hacen nada”.

El comunicador suministró un video en el que una ciudadana, que optó por no revelar su identidad, contó cómo fue el evento político en el que le llenaron el tanque de su casa.

“Ellos estuvieron aquí en el barrio La Victoria, trajeron carrotanques de Ape Cuello, nos hicieron firmar unas planillas y nos llenaron de agua los tanques que teníamos. Dijeron que era potable y que era del acueducto”, contó la mujer.

El comunicador pide que la Procuraduría General de la Nación tome cartas en el asunto, puesto que se trataría de un escenario en el que están condicionando el voto de las personas, lo que podría ser considerado un delito.

De la misma forma, al ser carrotanques privados, que estarían siendo recargados en hidrantes de la región, podría considerarse como uso indebido de bienes públicos con fines electorales.

Cabe recordar que los ministerios de Justicia y Defensa han lanzado una campaña con la que buscan garantizar el “juego limpio” durante la época electoral, lo que incluye una recompensa de hasta 50 millones de pesos para la persona que entregue información sobre los responsables de estar cometiendo delitos electorales.

Entre los delitos mencionados se encuentran la violencia, amenazas y constreñimiento al votante, la compra de votos y corrupción electoral, así como el fraude, la suplantación y el voto ilegal; actos que podrían afectar la legitimidad de los procesos democráticos y vulneran los derechos ciudadanos.

En la era de la hiperconectividad, el ecosistema digital español se enfrenta a un reto constante: la proliferación de portales que, bajo una apariencia de profesionalidad, promueven actividades que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe de forma tajante.

Un ejemplo paradigmático es el de la gestación por sustitución (conocida como vientres de alquiler). En España, esta práctica no solo es nula de pleno derecho según la Ley 14/2006 sobre Técnicas de Reproducción Humana Asistida, sino que la reciente reforma de la Ley Orgánica 1/2023 prohíbe expresamente su publicidad.

Ante la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para restringir el acceso a sitios web de empresas extranjeras que operan en territorio nacional, surge una pregunta clave para el usuario, sobre como denunciar estos sitios en la red.

La denuncia ciudadana no es solo un derecho, sino una herramienta de higiene digital que permite a las autoridades detectar infracciones que, de otro modo, quedarían ocultas en servidores extranjeros.

Pasos esenciales para recopilar pruebas con validez jurídica

Para que una denuncia ante la Policía Nacional o la Guardia Civil sea efectiva, no basta con una queja genérica. En el contexto jurídico español, la carga de la prueba es fundamental. De acuerdo con los expertos en seguridad de Kaspersky, si encuentra una web que infringe la ley, siga este protocolo:

1. Identificación técnica (URL): copie la dirección completa del navegador. Evite capturar solo el nombre comercial; las autoridades necesitan el dominio exacto para identificar el servidor de alojamiento.
2. Certificación del contenido: dado que las páginas web son volátiles, se debe realizar capturas de pantalla donde se vea la fecha y hora del sistema.
3. Localización del titular (LSSI): la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información (LSSI) obliga a las empresas que operan en España a mostrar sus datos en el “Aviso Legal” (CIF, domicilio y registro). Si la web carece de esto, está ante una primera señal de ilegalidad que debe reportar.
4. Trazabilidad publicitaria: tome nota si llega a la web a través de un anuncio en buscadores o redes sociales. Esto ayuda a las autoridades a cortar el flujo de financiación y captación de la página.

Cuáles son los canales oficiales de denuncia en España

España cuenta con una infraestructura sólida para combatir la ciberdelincuencia y la publicidad ilícita. Dependiendo del tipo de infracción, estos son los portales de referencia:

• Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado:
• • Policía Nacional: a través de su unidad de Ciberdelincuencia, permite la colaboración ciudadana para informar sobre webs que cometan delitos. Es un canal ágil para dar la voz de alarma.
  • Guardia Civil (GDT): el Grupo de Delitos Telemáticos es referente europeo en la persecución de contenidos ilegales. Su formulario de información ciudadana es una vía directa para poner bajo el radar webs de gestación subrogada o estafas.
• INCIBE (Instituto Nacional de Ciberseguridad): si la web presenta riesgos de fraude o es maliciosa, el INCIBE-CERT es el centro de respuesta a incidentes de referencia para ciudadanos y empresas en España.
• Agencia Española de Protección de Datos (AEPD): si la página web trata datos de ciudadanos españoles sin cumplir con el RGPD o difunde contenido sensible, su Canal Prioritario es la vía más rápida para solicitar la retirada urgente de contenidos.
• AUTOCONTROL: para denunciar la publicidad de actividades prohibidas (como los vientres de alquiler), este organismo de autorregulación publicitaria en España permite tramitar reclamaciones contra empresas que vulneren los códigos éticos y la legislación vigente.

Qué otras plataformas hay para denunciar los sitios de la web

Aunque la vía administrativa es crucial, el reporte a las plataformas tecnológicas es lo más rápido para limitar la visibilidad del sitio:

• Google España: utilice las herramientas de “Denunciar contenido por razones legales”. Al notificar que una web vulnera una ley específica española (como la Ley Orgánica 1/2023), el buscador puede desindexar el sitio para que no aparezca en búsquedas realizadas desde España.
• Redes Sociales: plataformas como Instagram o Facebook tienen categorías específicas para reportar “Servicios ilegales” o “Productos regulados”. El reporte masivo y documentado suele derivar en la suspensión de los perfiles que publicitan estas agencias.

La capacidad del Estado para cerrar webs alojadas fuera de la Unión Europea es limitada, pero la denuncia ciudadana sistemática obliga a los proveedores de servicios de internet (ISPs) en España a bloquear el acceso y a las plataformas a retirar la publicidad.

Un proceso bien documentado no solo protege a posibles víctimas de estafas o de prácticas éticamente cuestionables, también refuerza el Estado de Derecho en el entorno digital.

La reclamación se originó luego de que la institución se acogió a la Ley 1116 de insolvencia, a pesar de que ya se han matriculado más de 1.500 menores para el ciclo escolar de 2026.

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La preocupación de los padres se debe a que afirman que existe la posibilidad de que el colegio sea cerrado durante el año escolar, lo que dejaría a la deriva a los menores; de la misma forma, pidieron que la institución explique lo que pasaría con el dinero que pagaron de matrícula y pensión.

Esta es la postura del colegio Refous

A través de un comunicado firmado por el consejo de padres del colegio Refous, la institución informó que los representantes legales de los menores inscritos fueron convocados para socializar las medidas que se han tomado para garantizar la continuidad de sus labores.

De la misma forma, Felipe Jeangros, representante legal del colegio, descartó que se tenga proyectado abandonar a los estudiantes que ya comenzaron su ciclo escolar en 2026.

El Consejo de Padres y la Asociación de Padres de Familia Asrefous informaron que ya fueron informados sobre el proceso de reorganización empresarial, que tiene como objetivo principal proteger el crédito y asegurar la recuperación y conservación de la institución como unidad económica y fuente de empleo, mediante procesos de reorganización que buscan agregar valor.

Las directivas precisaron que la reorganización, a través de un acuerdo, busca preservar empresas viables y normalizar las relaciones comerciales y crediticias del colegio mediante una reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.

En el comunicado subrayaron que el colegio Refous no se encuentra en proceso de quiebra, liquidación o cierre, y señalaron que no existe intención de terminar su operación, por lo que la operación académica como la administrativa se mantendrán en funcionamiento normal, atendiendo los requerimientos necesarios para su adecuada prestación.

Se confirmó que el colegio ha planteado ajustes y mejoras orientados al fortalecimiento institucional, la calidad del servicio educativo y la consolidación de su propuesta formativa, la cual ha sido característica de la trayectoria de la institución.

Al respecto, los representantes de los padres de familia transmitieron un mensaje de confianza y prudencia, informando que la situación está siendo gestionada formalmente, bajo la asesoría de expertos y con los estándares de rigurosidad habituales, rechazando los recientes pronunciamientos por padre de lo que describieron como un grupo pequeño de personas que no están de acuerdo con algunos puntos.

Los representantes del consejo de padres aseguraron tener el apoyo y la solidaridad de la comunidad educativa, lo que para ellos refleja el sentido de pertenencia y el valor asignado al colegio como un espacio relevante en la vida de los estudiantes. Las directivas agradecieron estas muestras de respaldo y remarcaron que, de ser necesarias nuevas acciones, serán evaluadas y ejecutadas en el momento oportuno.

Por último, revelaron que en la reunión se entregaron recomendaciones para que todo el plan salga como lo expusieron durante la asamblea, lo que incluye el pago puntual de las mensualidades dentro de los primeros cinco días de cada mes, inscribirse y permanecer en las actividades extracurriculares ofrecidas y participar activamente en los eventos institucionales, como presentaciones musicales, muestras de teatro y torneos deportivos.

También se sugirió recurrir a los canales oficiales para resolver inquietudes y evitar la propagación de información imprecisa, así como promover una comunicación responsable y positiva sobre el colegio y explicar a los hijos el proceso de reorganización de manera clara.

En medio de este momento, Pitty decidió dar su versión de los hechos y, en una comunicación telefónica con DDM (América TV), dio detalles de la causa. “La put... por favor. Mientras estaba comprando las lucecitas para los locales, me empezó a llamar todo el mundo para contarme esto”, comenzó diciendo Verónica, con un claro enojo en la voz.

“En el 2016 yo pesaba 160 kilos y este tipo me volvía loca, me llamaba, me acosaba, me llamaba al teléfono de turnos y me decía ‘Hija de pu.... te voy a matar’ y yo era una boludita de barrio que venía en el 166 a probar suerte en los canales y atendía a todo el mundo gratis por un minuto de cámara, me agarró un cagazo y dije este es un acosador, un loquito, yo no tenía ni idea quien era él. Él tiene un problema conmigo, yo no tengo ningún problema, ahora lo tengo porque estoy harta. Todo sin conocerme“, dijo acerca de cómo comenzó la historia que hoy llegó a la Justicia en forma de una causa.

Y siguió: “Él dice que lo que hago es atrapar gente, dice que tengo una secta. Yo soy numeróloga, pero soy una mina simple, práctica, tengo un don y lo que hago es decirte hacia dónde, cómo y cuándo, nada más. No tengo poderes, no hago ninguna, sino no hubiese durado tantos años. Esa Pitty arrancó a estudiar, se preparó, no me quedé tirando las cartas, empecé a hacer cosas que eran productivas para mi proceso de crecimiento y el universo me hizo crecer”.

Ante las comunicaciones telefónicas constantes Asad se acercó a una abogada e hizo la respectiva denuncia: “Un día me cansé del acoso, hablé con una abogada y la abogada me dijo que me presente en la Justicia, presenté mi teléfono, tuvo que exponer mi teléfono y ahí vieron todas las llamadas con el acoso. En dos minutos lo llamaron, lo hicieron firmar papeles de que no me podía joder. Esto está en la Justicia“.

“Llegó en el 2023 los del banco, como una salamina, di el coach virtual, que gané doscientos cuarenta mil pesos y dijeron que yo había ganado 18 palos, hicieron un show, yo me comí un garronazo y entendí que eran las reglas del juego. Me la banqué como una duquesa porque entendía las reglas del juego y me había metido a hacer un taller por el que hice una factura. Puse el abogado más importante del país, todavía le debo plata a Cúneo Libarona”, recordó.

Sobre el hostigamiento y el impacto emocional, Pitty fue contundente: “A mí no me va a venir a achicar nadie, se me murió mi viejo, me agarró un cáncer galopante. O sea, pasé de todo, porque yo no soy normal, soy una persona muy sensible ¿A quién le puedo tener miedo yo? ¿Sabés qué? Te choca el tren, hasta en el culo me pusieron manguera. Entonces, también está todo bien, pero conmigo no, ¿entendés? Yo soy una mina que le da laburo a la gente, te puede gustar, te puede no gustar”.

Pitty también señaló el ensañamiento personal detrás de la denuncia: “Mariana, esto es fácil, que investiguen todo lo que quieran. No puedo ser boluda y hacer... Yo creo que él está enamorado de mí. Yo lo invito, si él necesita estar cerca mío, le doy trabajo, si quiere que le dé un besito de cachete, le doy. No sé, la verdad que no sé de dónde está. A lo mejor le hago recordar a su mamá. Yo no tengo ni idea, tiene que hacer biodecodificación la gente”.

Finalmente, remató con ironía: “¿Yo cómo voy a captar gente? Si estamos en el 2026 y hay gente que se cree que es perro y nadie le dice nada, ¿me van a meter en cana a mí por hacer numerología? ¿Es joda, entendés? Está todo bien, yo sé que no hay noticia y garpa, pero a veces no”.

A lo largo del testimonio, Pitty la Numeróloga dejó en claro que, pese a las adversidades y el hostigamiento sufrido, se mantuvo firme, buscó ayuda profesional y judicial, y enfrentó cada revés con temple. A su manera, defendió su trabajo, su autonomía y el derecho a seguir adelante, sin miedo, en un medio donde la exposición y la polémica son moneda corriente.

El 19 de febrero de 2026, el candidato presidencial Daniel Quintero formalizó una denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para acusar a Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, de supuesto uso indebido de recursos públicos en beneficio de la candidatura de su hermana al Senado, encendiendo nuevamente la polémica por la presunta intervención política de funcionarios en Colombia.

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La denuncia sostiene que existe prueba suficiente para investigar si desde la Alcaldía de Medellín se desviaron fondos y bienes oficiales hacia la campaña de Juliana Gutiérrez, hermana del alcalde y candidata de la lista Congreso del movimiento Creemos.

Entre los elementos aportados se menciona la presencia diaria del alcalde en espacios públicos luciendo camisas y gorras con logotipos partidarios, la supuesta saturación de vallas publicitarias y el empleo de vehículos oficiales, instalaciones del metro y hasta recursos de la policía para promover la aspiración de su familiar.

Desde la óptica de Quintero, la situación constituye un ilícito electoral agravado por la presunta presión sobre contratistas municipales, que habrían sido compelidos a votar e incluso entregar parte de su salario en respaldo a la campaña. El exmandatario aseguró que ciudadanos presentaron lo que consideran pruebas irrefutables, calificando los hechos como “aberrantes”.

Al respecto, reiteró: “Hay varias denuncias de contratistas, y esto es muy grave, que han sido presionados para votar e incluso que se les está pidiendo parte de su salario. Y para rematar, están usando las instalaciones del metro, carros del Consejo e incluso de la policía para hacer campaña con su hermana”.

La respuesta de Federico Gutiérrez

Frente a la acusación en su contra, Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín, aseguró que su predecesor falta a la verdad. En su defensa, recordó el polémico proceso legal al que se enfrenta Quintero y varios de sus funcionarios mientras gobernaba la capital de Antioquia por el caso Aguas Vivas.

“¿Cuándo lo han cogido a él en una verdad? Más bien yo creo que la nueva cárcel hasta de pronto se termina inaugurando con ellos adentro", afirmó en entrevista con Semana.

El mandatario local denunció: “Esta ciudad se la robaron. La Fiscalía lleva 56 imputados. (...) En las últimas audiencias de la semana pasada sobre cómo se robaron el área metropolitana, mostraron los chats y las pruebas de una testigo que hizo parte de ese entramado de corrupción”.

Gutiérrez señaló que la denuncia en su contra hace parte de una estrategia electoral de Quintero con el fin de tener posibilidades de ganar la consulta interpartidista del 8 de marzo de 2026.

“Esa gente simplemente está buscando distraer porque tienen hoy unos procesos muy graves. De pronto habrá que ponerle un nombre más adelante a ese patio en el que van a estar”, aseveró al medio citado.

En paralelo, habló sobre construcción de una cárcel en el corregimiento San Cristóbal, al occidente de Medellín, presenta un avance del 9 % y contará con capacidad para 1.339 personas sindicadas, distribuidas en pabellones de cuatro niveles.

De acuerdo con Gutiérrez, la nueva prisión contará con tecnología avanzada para evitar hacinamiento, extorsión y actividades ilícitas desde su interior. “Aquí no va a haber hacinamiento, aquí no va a haber extorsión. Aquí no va a haber que esta gente pueda hacer lo que quiera como hacen muchas veces hoy en estaciones de Policía y en otro tipo de cárceles. Esta es una cárcel con toda la seguridad, va a tener toda la tecnología para que, quienes estén allá, estén realmente recluidos en una cárcel, no haciendo lo que les dé la gana, ni amenazando, ni llamando a extorsionar y toda la tecnología está dispuesta para eso”, afirmó el alcalde de Medellín.

El mandatario subrayó que, más allá de diferencias políticas, su prioridad es aportar soluciones reales en todos los ámbitos para la ciudad, destacando la inversión en el área social y en infraestructura tanto urbana como rural: “No hay un solo barrio en Medellín, tanto en lo urbano como en lo rural, donde no se esté viendo la inversión en lo social, en las obras físicas, en todo lado, y así lo vamos a seguir haciendo”, añadió.

Verónica Asad, conocida en el mundo del espectáculo y las redes sociales como "Pitty, la numeróloga“, será investigada por la Justicia tras ser denunciada por presuntamente defraudar a sus clientes para quedarse con sus bienes y dinero.

La causa surgió a partir de la denuncia presentada por Pablo Salum, quien se identifica como fundador de Red LibreMentes y promotor de acciones contra las sectas y las pseudociencias coercitivas.

Salum acusó a Asad de manipular a personas en situación de vulnerabilidad para despojarlas de sus bienes mediante presuntas maniobras de manipulación psicológica. En su presentación, solicitó además una prohibición de acercamiento.

Según indicaron fuentes judiciales a Infobae, la Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la causa sea llevada adelante por el fuero penal ordinario, al resolver una cuestión de competencia entre el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 y el Juzgado Federal, Criminal y Correccional Federal 9.

La presentación judicial de Salum fue hecha al mismo tiempo que la causa que se abrió en los tribunales de Comodoro Py 2022, luego de que se supiera que la ex presidenta del Banco Nación, Silvina Batakis, y la gerenta general de la entidad, María del Carmen Barros, fueran denunciadas por haber contratado a “Pitty, la numeróloga” para un “curso de coach”.

Se trata de un expediente en el que además se investigan las presuntas designaciones irregulares del ex marido de la propia Batakis en el área de Sistemas y del hijo de Barros en una gerencia de la entidad financiera.

Esta denuncia fue hecha por la ex diputada nacional Graciela Ocaña e investigada por el fiscal Guillermo Marijuán, quien imputó a las ex funcionarias por incumplimiento de los deberes de funcionario público, defraudación contra la administración pública por administración fraudulenta y peculado. La numeróloga también fue imputada en este expediente.

Sin embargo, en Comodoro Py se dictó el año pasado el sobreseimiento de Batakis, Barros y Asad, luego de que una auditoría interna del Banco Nación concluyera que no existían pruebas de perjuicio patrimonial para la institución en relación con la contratación directa del servicio.

De acuerdo con la presentación hecha por Salum y por que ahora será investigada, “Pitty la numeróloga” habría captado personas en situación de vulnerabilidad para manipularlas psicológicamente con el objetivo de despojarlas de sus bienes. Según su presentación, la numeróloga habría manipulado a Barros.

Conflicto por la competencia del caso

Según las fuentes consultadas por este medio, el juzgado de Instrucción en el que recayó la denuncia de Salum hizo lugar a la medida de prohibición de contacto pero derivó el caso a Comodoro Py por razones de conexidad.

Sin embargo, el Juzgado Federal Nº9 rechazó el caso, por lo que intervino la Corte Suprema para dirimir a quién le correspondía intervenir. Antes de definir, el Máximo Tribunal de la Nación le corrió vista al Procurador General para que opinara sobre la cuestión.

En ese sentido, el Ministerio Público indicó que “le asiste razón al juez Federal en cuanto a que los hechos que conforman ambos procesos resultan distintos y escindibles”.

A criterio del jefe del MPF, los hechos denunciados por Salum involucrarían a Asad en el desempeño de su actividad como numeróloga y “no alcanzan” para relacionarlos con el fuero Federal.

Fue por eso que los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti siguieron el criterio del Procurador y resolvieron que la causa se mantenga en la Justicia de Instrucción Ordinaria.

Entre lágrimas y en compañía de sus abogados y padres, Daniela Berriel realizó una conferencia de prensa esta tarde en donde dio su versión de los hechos, según la cual habrían liberado a Eduardo “N” tras irregularidades por parte de juzgado encargado de su caso.

“Los he convocado esta tarde para hacer notar mi indignación y dolor ante la resolución judicial que el día de ayer ordenó la libertad de Eduardo [-], acto de una evidente injusticia acontecida dentro del Tribunal Superior de Justicia del estado de Guerrero” fue como comenzó la conferencia de Berrel.

Según las declaraciones de la actriz, el juez dictaminó que ella no habría preservado ninguna muestra genética de Edurado “N” y no se podía demostrar la agresión, pero esto no puede negar que ella haya sido abusada sexualmente por él.

Debido a esto, pidió a las autoridades abrir una investigación de oficio hacia los servidores públicos, ejecutar medidas de prevención cautelares e iniciar investigaciones hacia la familia del acusado, sus defensores y amistades que hayan estado implicados legalmente en la resolución del caso.

Berriel acusó a la familia de Eduardo “N” por haber ejercido presión política y económica en el caso para la defensa del imputado, pues la actriz defiende que las influencias lograron dejarlo en libertad a través de la ineficiencia e irregularidad en el proceso. Agregó que tiene teme por la vida de ella, su familia, amigos y abogados.

Los abogados de la actriz confirmaron que se impondrán denuncias penales en contra de los servidores públicos, quienes supuestamente serían cercanos a la familia del acusado y habrían logrado modificar la resolución del perito para la prueba genética que se realizó a Berriel.

Agregaron que la confabulación para lograr la resolución de ayer fue obvia, pues en las declaraciones de Eduardo, él mismo se situó en la hora y lugar de los hechos, existen testigos y sus familiares ya esperaban su libertad. Aseguraron que apelarán, pedirán apoyo fiscal y presentarán nuevos testigos y pruebas periciales.

Daniela dijo que sabe que otras dos mujeres fueron abusadas por Eduardo y no han levantado ninguna denuncia, pero una de ellas le ha reiterado su apoyo en el proceso. “Él podrá comprar muchas cosas, pero nunca podrá comprar nuestra voz”, externó. Anteriormente, la actriz ya había hecho público a través de sus redes sociales que temía por su seguridad, ya que posiblemente el denunciado saldría en libertad gracias a su familia.

Finalmente, la actriz externó hacia las mujeres que han sufrido abuso: “Las invito a denunciar, las invito a que me ayuden, las invito a que no tengan miedo”. Agregó que no se arrepiente de haber denunciado y declaró: “Ya no tengo más miedo, lo correcto fue denunciar. Es momento de que los que tengan miedo ahora sean ellos”.

Según el testimonio que compartió Berriel, los hechos ocurrieron el 14 de marzo del 2020 durante un viaje al famoso puerto de Acapulco, en el estado de Guerrero. El 7 de marzo, la Fiscalía General de Guerrero dictó una orden de aprehensión para Eduardo, pero para el 13 de marzo de este año Daniela compartió un video donde relataba que tenía miedo de que a su agresor lo dejaran en libertad.

Actualmente hay una orden de aprensión hacia Gonzalo “N”, quien haya participado en los hechos. Gonzalo es un actor español que ha participado en proyectos como La malquerida, El hotel de los secretos, Despertar contigo y Enamorándome de Ramón. Debido a que el actor salió de México después de haber sido acusado, se inició una alerta Interpol para poder capturarlo y llevarlo a juicio.

La actriz y conductora Daniela Berriel denunció, por medio de un video subido a su cuenta de Instagram, que hace un año, en Acapulco, fue violada por un amigo del actor Gonzalo “N”, llamado Eduardo Ojeda y acusa a “N” de haber sido su cómplice.

En un par de videos, con una duración aproximada de 10 minutos, dice que los hechos se suscitaron el pasado 14 de marzo del 2020, y también dice que no tenía planeado hacer ningún video, pues confiaba en las autoridades, pero dice que es el único recurso que le queda.

“Les voy a contar cómo fue lo sucedido, no daré demasiados detalles, porque hay detalles que no sería padre que estuvieran por aquí, y porque esos solo los tienen que saber las autoridades”, dice Berriel en el video.

Menciona que conoció a Gonzalo “N” hace cinco años, y salieron algunas ocasiones, pero dejaron de hacerlo porque las cosas no funcionaron. Dice que tiempo después, una de sus amigas comenzó a andar con su hermano, y le dijo que Gonzalo la estaba buscando de nuevo, buscando otra oportunidad.

“Lo pensé y dije, bueno, por qué no, y Gonzalo me empezó a mandar mensajes. En una ocasión me invita a Acapulco, a un viaje, y me dijo que iban a ir puras parejas y que iba a ser un viaje tranquilo, qué íbamos a estar en la casa. Yo la verdad tenía como muchas dudas, algo me decía que no fuera a ese viaje, pero mi amiga me terminó convenciendo, me decía que la íbamos a pasar muy bien, que qué es lo peor que podía pasar”, menciona con lagrimas en los ojos la conductora y actriz en su video.

También, narra que aceptó ir al viaje. Dijo que los integrantes al viaje eran Gonzalo “N”, el dueño de la casa, llamado Eduardo Ojeda, a quien señala de haberla violado, la novia de Eduardo, un amigo de Gonzalo, la hermana de Gonzalo y el novio de esta, pues su amiga, quien la había convencido, llegaría un día después.

Dice que estaban pasando un momento agradable, pero al momento de la cena la novia de Eduardo se sentía mal, pues estaba tomando antibiótico, así que fue la primera en irse a dormir, y se quedaron los demás en la mesa, platicando y tomando alcohol.

“Mas tarde se fue la hermana de Gonzalo y su pareja, y al poco rato el amigo, así que solo nos quedamos en la mesa Gonzalo, Eduardo y yo”, menciona Berriel.

Dice que continuaron con la plática y la estaban pasando bien, pero hubo un momento en donde la plática se tornó sexual, y comenzaron a hablar de los tríos sexuales.

“Me dijeron que era padre, que era rico, y yo me empecé a sentir un poco incómoda, para ese momento yo ya estaba borracha, y como al día siguiente nos íbamos a pescar muy temprano, les dije que me pasaba a dormir, llegué al cuarto que me dieron para dormir, el cuál tenía dos camas, la mía y la de Gonzalo”, señala la también actriz.

Confiesa que no habían pasado “ni dos minutos” de que se había acostado, cuando los dos hombres ya la estaban tocando. “Jamás me preguntaron, todavía me paré y había un sillón enfrente de las camas, y me acosté en el sillón, y el único que me empezó a seguir por el cuarto fue Eduardo, Gonzalo se quedó acostado”, declara.

Menciona que Eduardo le tocó la pierna y le dijo que no fuera “apretada”, así que ella se paró del sofá y se fue a la cama, y el hombre continuaba siguiéndola.

“Yo le decía que por favor no, que me dejara en paz, yo jamás sentí miedo, porque ya había pasado por situaciones en las que mi primer no, no era escuchado y tenía que decir varios nos para ser escuchada, después de 8 nos, Eduardo me dijo: qué hueva rogarte, ni que estuvieras tan buena”.

Dice que el hombre, tras decir esto, salió del cuarto. Narra que se quedó dormida, y se despertó cuando estaba siendo violada por Eduardo. “Cuando me di cuenta que era él, entré en shock, pude tomar consciencia cuando el me dijo algo tan asqueroso, me dijo: donde quieres que me venga, y ahí me di cuenta que estaba siendo violada”, relata la conductora.

Menciona que se quitó a Eduardo de encima y fue a la cama en la que estaba acostado Gonzalo, pero Eduardo fue hasta donde estaba, y comenzó a jalonearla y a decirle que él aún no había acabado, y que era una maleducada.

“Me empezó a manotear, me empezó a pegar, y empezó a gritarle a Gonzalo que por qué me había invitado, que era una grosera, una maleducada, a lo cual Gonzalo se paró muy enojado y le dijo: Cbr*n, por qué te emp*tas si te la acabas de c*ger bien rico. Ahí me di cuenta que estaba frente a dos cerdos y sentí mucho miedo, no sabía como iba a salir de ahí, no sabía qué iba a pasar conmigo, no conocía a nadie”, dice en el video la mujer.

Menciona que ellos se comenzaron a desesperar porque ella no hablaba, y que se metieron al baño y cuando salieron, fue con una actitud muy diferente, y le preguntaban que qué le pasaba.

Tras esto, y como la actriz no reaccionaba, los hombres se fueron a pescar, pero Eduardo le dijo, antes de salir del cuarto, fue: ahorita te traigo de comer, mi amor.

Por medio de historias de Instagram, también muestra que el actor la tiene bloqueada de su cuenta de la red social , por lo que no lo puede etiquetar, y muestra una serie de mensajes que le mandó tras los hechos, en donde le pregunta que por qué no le habla si él no había hecho nada.

Incluso agradece las muestras de apoyo, y dice que gracias a que alzó la voz, al parecer se haría justicia.

En una segunda parte del video, también puesto en su red social, confiesa que él mismo día de los hechos puso la denuncia, tuvo que avisarle a sus papás y tuvo que pasar por exámenes dolorosos, y aún así, ambos seguían libres. En los juzgados le avisaron que todo sería más lento, pues, aquél día había comenzado la parte más fuerte del coronavirus.

También menciona que uno de los motivos por los que hizo el video, fue porque “N” comenzaba a mandarle mensajes a su hermana.

la actriz dice que no entendió por qué si vio que la estaban violando, no la ayudó.

“Te digo a ti Gonzalo: ‘no entiendo, no entiendo por qué sigues buscándome a mi y no entiendo por qué ahora estás buscando a mi hermana. No entiendo por qué si viste que me estaban violando, no me ayudaste. No entiendo, no lo voy a entender, pero quiero que sepas que te perdono, tú en los mensajes me dices… me pides perdón ¿no? Aquí está la respuesta, te perdono pero eres cómplice de mi violación, tú estuviste presente, y la denuncia también está puesta para ti”, narra.

En la jornada del 19 de febrero de 2026 el país conoció la denuncia de una empresaria de Villavicencio, Meta, que resolvió atarse con cadenas a una sede de Bancolombia, luego de denunciar que se transfirieron 600 millones de pesos “sin su consentimiento” a una cuenta de Nequi.

Entre lágrimas, la víctima de hurto publicó un video en redes en el que aseguró que la entidad bancaria “no responde”, pese a que “debe garantizarle al usuario que su plata está segura dentro de la entidad”.

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En medio del escándalo, ya comenzaron a hacerse visibles otros casos con el mismo banco, que asegura que este tipo de robos son “fraudes por ingeniería social”, y ante estos, las soluciones “no están en nuestras manos”.

Nos desocuparon la cuenta: Mila Romero, una empresaria antioqueña

Mile Romero es una emprendedora que reside en Medellín y que, tras la divulgación de la denuncia inicial, decidió exponer su caso. Aseguró que estos escenarios no son “aislados” y que cada vez son más las víctimas de esta modalidad de estafa, frente a la cual, la respuesta del banco no ha sido nada satisfactoria.

“Somos muchas víctimas. Le puede pasar a usted, por favor verifique a qué entidad le confía sus ahorros. Nuestra solidaridad con cada emprendedor y víctima”, escribió.

La víctima compartió su historia con Infobae Colombia. Con una carta de Bancolombia como soporte documental, Romero expresó que fue víctima de fraude mientras intentaba sacar adelante “una microempresa familiar”.

“Alejandro, mi hijo, y yo creamos un emprendimiento (en abril cumplimos un año de existir en Cámara de Comercio) a fin de participar en un festival gastronómico. Creamos una cuenta para nuestra microempresa y poder alquilar un datáfono para el evento”, relató.

“La cuenta solo se usaba para ingreso de dinero, nunca realizamos pagos, transferencias ni siquiera usamos la tarjeta; los fondos estaban destinados al pago del semestre de Alejandro, él es el representante legal de la empresa”, continuó.

Entonces sucedió la estafa: "Un día, el 11 de septiembre de 2025, estando en clase, (Alejandro) recibió una única notificación de un débito. Me escribió inmediatamente para preguntarme si yo estaba moviendo la cuenta y le dije que no. Ahí bloqueamos y nos comunicamos con el banco“.

Ese día, Romero denunció de inmediato el caso en sus redes sociales: “Hoy nos vaciaron la cuenta creada para nuestra empresa de café. Es una cuenta en Bancolombia .¿La respuesta del banco? Una línea para “consultar el saldo”, algo que podemos ver en la plataforma. Ninguna solución real".

“No está en nuestras manos”: la respuesta final del banco

Sin embargo, las respuestas públicas de la entidad era que se habían puesto en contacto con la denunciante. Pero los días pasaron y el dinero nunca apareció.

El 10 de febrero del año en curso, la mujer decidió insistir en su inconformidad y escaló su queja a la Superintendencia Financiera de Colombia: “Bancolombia siempre logra sorprendernos. Han pasado 108 días desde que vaciaron la cuenta de nuestra empresa y esto es lo más cercano a una respuesta. ¿Seguimos esperando?“.

Lo que el banco le contestó fue que, al haber formulado otro requerimiento ante la Superintendencia con la misma denuncia, “cerramos este requerimiento, pues se encuentra doblemente radicado y brindaremos respuesta a tu solicitud bajo el primer radicado antes mencionado”. Pero del dinero no dieron razón.

Sin embargo, la respuesta formal que llegó de banco semanas después es que no se podía hacer nada.

“Analizamos detenidamente los movimientos desconocidos de transferencias desde tu cuenta de ahorros. Aunque nos gustaría darte otra respuesta, el reclamo no salió a tu favor”, se lee en la carta.

“Te explicamos el motivo: Lo que te pasó fue un fraude por Ingeniería Social. Los criminales engañan por teléfono, de manera presencial o en línea para conseguir tu información personal y financiera”, se lee en el documento.

Los voceros bancarios afirmaron que “identificamos que los movimientos fueron realizados con tu usuario, clave principal y clave dinámica, información que es de exclusivo conocimiento y manejo del cliente. Se revisó al interior del Banco y para la fecha en que ocurrieron las transacciones reclamadas, no se evidenciaron errores operativos y/o humanos, que comprometieran la seguridad de tu información o tus productos financieros".

Afirmaron que pese a que los presuntos delincuentes lograron “materializar el fraude, no hay actos vandálicos o errores operativos. En este caso, no está en nuestras manos devolverte el dinero”, se incluyó en la respuesta oficial de Bancolombia.

En esta misiva, según Romero, el banco “concluyó que todo se hizo con nuestras claves y decidió no responder (...) Resultado: nos quedamos sin nuestro dinero. Este episodio nos llena de frustración aunque no queda más que pasar la página y seguir trabajando con intensidad”, lamentó la denunciante, que agregó que su intención de hacer publica su situación es que esto “no les ocurra a otros usuarios bancarizados”.

La Corte Constitucional protegió los derechos fundamentales de una estudiante que denunció una agresión sexual al interior de una institución de educación superior, tras concluir que la universidad incurrió en una dilación injustificada en el trámite disciplinario relacionado con los hechos.

La determinación fue adoptada por la Sala Sexta de Revisión mediante la Sentencia T-010 de 2026, con ponencia del magistrado Miguel Polo Rosero.

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El caso fue estudiado por la Sala integrada por la magistrada Paola Andrea Meneses Mosquera y los magistrados Héctor Alfonso Carvajal Londoño y Miguel Polo Rosero, quien la preside. La acción de tutela fue presentada por una estudiante contra la Universidad de Caldas, al considerar vulnerados sus derechos por la demora en la adopción de una decisión dentro del procedimiento disciplinario derivado de su denuncia por agresión sexual contra un compañero de clase.

Trámite disciplinario

La estudiante de Geología, denunció ante la universidad a su compañero por una agresión sexual ocurrida en el apartamento del estudiante, cuando ella se encontraba, según expuso, en situación de indefensión. La denuncia fue asignada al Grupo Interno de Control Disciplinario (Gicd), luego de que la institución activara la ruta de atención a víctimas de violencia sexual.

El Gicd inició la investigación disciplinaria y decretó una serie de pruebas, las cuales fueron posteriormente trasladadas a las partes para que presentaran sus argumentos antes de la eventual formulación de cargos. La estudiante afirmó haber sido víctima del delito de acceso carnal con incapaz de resistir y solicitó que el trámite se desarrollara con enfoque de género, al tratarse de un caso de violencia contra la mujer con secuelas psicológicas que, según indicó, afectaban su entorno académico.

Tras el análisis probatorio por parte de ambos involucrados, la Secretaría General del Grupo Disciplinario remitió el expediente a la dependencia de instrucción para la evaluación correspondiente. No obstante, la accionante solicitó celeridad en el trámite sancionatorio y recibió como respuesta que la mora obedecía a la “alta congestión” de la dependencia, lo que impedía cumplir los términos previstos para la evaluación de los procesos disciplinarios.

Ante esa situación, la estudiante acudió a la tutela al estimar vulnerados sus derechos al debido proceso, a la igualdad, al acceso a la justicia con enfoque de género, a la debida diligencia, a un recurso judicial efectivo, a vivir una vida libre de violencias y a la dignidad humana.

Por su parte, la universidad informó que el Gicd archivó las diligencias por falta de competencia y que la apelación presentada por la accionante contra dicha decisión se encontraba en conocimiento de un tribunal disciplinario.

Fundamentos de la decisión

En su análisis, la Corte recordó que la violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su género, que les cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres, tanto en el ámbito público como en el privado”. Asimismo, reiteró que las universidades tienen deberes específicos frente a casos de violencia basada en género.

Entre esos deberes, el alto tribunal enumeró: (a) “la no tolerancia o neutralidad” frente a la ocurrencia de hechos de violencia; (b) “la corresponsabilidad” en la atención de las afectadas, con el fin de evitar su revictimización; (c) “la debida diligencia” en la investigación y sanción disciplinaria de las conductas; y (d) “la no repetición” de los hechos.

La Sala concluyó que en el proceso disciplinario adelantado por la Universidad de Caldas se configuró una dilación injustificada incompatible con la obligación de “las autoridades y funcionarios competentes de investigar los casos de violencia contra la mujer bajo estrictos parámetros de celeridad y eficacia”.

Según la sentencia, la ausencia de pronunciamiento durante varios meses, pese al término perentorio fijado por la normativa interna y al impulso procesal de la víctima, constituye una violación del deber de diligencia reforzada y una revictimización. En consecuencia, la Corte protegió los derechos al debido proceso, a la igualdad, a la vida libre de violencias, a la educación y a la dignidad humana de la estudiante.

Órdenes y medidas adoptadas

Como parte de la decisión, la Corte ordenó al Tribunal Disciplinario de la Universidad de Caldas adoptar una determinación teniendo en cuenta los estándares en materia de género. En particular, recordó la imposibilidad de las instituciones de educación superior de omitir actuaciones disciplinarias frente a conductas que, “por su extrema gravedad, no puedan ser desconocidas por el régimen interno de las instituciones educativas, como sucede con los casos de acoso, discriminación y violencia”.

Además, dispuso que en un plazo máximo de seis meses la universidad implemente medidas de descongestión en las dependencias encargadas de investigaciones disciplinarias por violencias basadas en género; adelante capacitaciones al personal interviniente sobre debida diligencia en la sanción de la violencia contra la mujer; y fortalezca su política interna de género, incorporando mecanismos de monitoreo permanente del cumplimiento de los términos procesales.

La institución deberá rendir un informe sobre el cumplimiento de estas órdenes al juez de primera instancia una vez vencido el plazo señalado.

Finalmente, la Corte ordenó compulsar copias de la sentencia al Ministerio de Educación y a la Procuraduría General de la Nación para que evalúen si los hechos pueden dar lugar a la apertura de investigaciones administrativas y disciplinarias contra la institución y las autoridades educativas involucradas.

En la noche del 17 de febrero, desde las 6:00 p. m. se registraron bloqueos por parte de transportadores del servicio público intermunicipal de Soacha, que denuncian estar cansados de la extorsión de la que son víctimas por parte de estructuras criminales, presuntamente conformadas por extranjeros.

Debido a esta situación, TransMilenio dejó de operar en el municipio, afectando a más de 35.000 personas que se vieron obligadas a caminar desde el Terminal del Sur hasta sus residencias en Soacha.

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Como respuesta, la Alcaldía de Soacha anunció que se reunirá con los voceros del gremio transportador, que protestaron luego de que en la noche del 14 de febrero se registrara el asesinato de Agustín González en el sector de Prado Vegas.

Testigos del crimen afirmaron que el bus conducido por González se detuvo luego de que un grupo de hombres le hizo una señal para ser recogidos; acto seguido, le propinaron varios disparos a Agustín González, que murió en el lugar de los hechos.

Se conoció audio amenazante que recibieron los conductores en Soacha

El medio local Periodismo Público publicó un audio en el que alias Moisés, el mismo que firmó varios panfletos intimidatorios que han recibido los conductores de bus en Soacha, confirma que su banda criminal fue la que asesinó a Agustín González en Prado Vegas.

“Señores choferes, buenas noches, les habla Moisés por aquí. Este es un comunicado para todos los choferes, para que tengan en cuenta que nosotros les llegamos de la mejor manera y no nos quisieron solucionar y nos vimos en la obligación de hacer lo que hicimos con el señor Agustín”.

En el mismo, “Moisés” indicó a los transportadores que debían hacer un pago semanal a su estructura criminal o, de lo contrario, serán víctimas de represalias en su contra.

“La vuelta es la siguiente: necesitamos que busquen un vocero y se reúnan todos, que lleguen a un acuerdo con nosotros. Necesitamos que nos apoyen con 100.000 pesos semanalmente. Hablando, nosotros no nos vamos a entender. Espero que no se den mal y que queden como amigos. Que Dios los bendiga y bendiciones”.

Así está la movilidad en Soacha

El 18 de febrero, la mayoría de comunas del municipio no tuvieron acceso a los servicios del transporte público, puesto que la mayoría de conductores decidieron no laborar como parte de la protesta en la que piden garantías de seguridad.

A pesar de ello, el sistema de TransMilenio funcionó sin contratiempos en Soacha; hasta el momento no se han reportado nuevos bloqueos por parte de transportadores o residentes del municipio.

Sobre las 3:00 p. m. comenzó un encuentro entre el alcalde de Soacha, Julián Sánchez, y los voceros del gremio transportador; hasta el momento no se ha informado un reporte oficial sobre la reunión y si los buses volverán a salir a las calles el 19 de febrero.

No es la primera vez que los conductores de bus en Soacha denuncian este tipo de hechos, puesto que en mayo de 2025 realizaron un plantón luego de que un colega fue asesinado en Ciudad Verde.

En el lugar de los hechos, los sicarios dejaron un panfleto en el que se afirmaba que, en caso de no pagar lo solicitado, ese sería el desenlace de los demás que hacían parte de la ruta Terreros-Ciudad Verde.

“Cordial saludo: Este llamado va para todos los transportes privados de Soacha Ciudad Verde, que desde hace un tiempo se viene haciendo un llamado para que apoyen la organización y no han hecho caso. Por eso hemos tomado la decisión de empezar a matar a los conductores hasta que no lleguen a un acuerdo con nosotros. Los que están trabajando en nuestro sector, en este momento se les hará un paro”.

Cabe recordar que en el sector residencial de Ciudad Verde no hay acceso de rutas del Sistema de Transporte Público de TransMilenio, sino que solo funcionan rutas municipales y algunos medios de transporte llamados “piratas”.

Uno de estos casos se conoció recientemente. Se trata de la agresión a una mujer, que fue identificada como María Isabel Martínez Acosta, en un acto que fue perpetrado por el hombre que sería su expareja y cuyo nombre es Rodin Alexis Acosta Hernández. Los hechos que ocurrieron en una vía pública de Puerto Gaitán, Meta, fueron registrados en video por los demás transeúntes y las imágenes circulan ampliamente a través de las redes sociales.

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La brutalidad del ataque ha provocado rechazo entre los habitantes del municipio y ha impulsado un fuerte llamado ciudadano para que se actúe con firmeza contra la violencia contra la mujer no solo en esta región, sino en todos los sectores del país.

De acuerdo con las versiones difundidas por los medios locales como Vive el Meta, el hecho ocurrió en el barrio Popular. La información preliminar indica que la discusión entre las dos personas involucradas se habría originado por la falta de pago de dos cuotas de una motocicleta.

Tras la agresión, la víctima se acercó a una patrulla de la Policía Nacional y denunció que su expareja la golpeó y le causó lesiones en el rostro, lo que desató una investigación en torno a lo sucedido.

Minutos más tarde, los agentes identificaron y capturaron a Acosta Hernández en el municipio y lo trasladaron a la Fiscalía 4 Seccional de Puerto López, donde se confirmó que debía responder por los delitos de lesiones personales y violencia contra la mujer, teniendo en cuenta que existe material audiovisual de respaldo que demuestra el brutal ataque.

Además, la víctima recibió una incapacidad médica de 7 días debido a las lesiones ocasionadas por los golpes que le propinó el sujeto ante la mirada de asombro de los demás transeúntes. Sin embargo, llama la atención que ninguno de los presentes decidió intervenir, lo que fue ampliamente rechazado a través de las plataformas digitales.

Entre los comentarios de los internautas se destacan algunos como: “En serio? ¿Y las personas que graban y el resto de chismosos no hacen nada? Terrible tan poca empatía”, “La justicia en Colombia no sirve de nada”, “Esa es la justicia y luego aparece muerta la mujer y no pasa nada, que tristeza” y “La violencia fue bidireccional, desde luego desproporcionada por parte del tipo”, debido a que los usuarios de X destacan que la mujer le pegó una cachetada primero.

El agresor quedó en libertad

A pesar de la captura, el juez al que le fue asignado el caso decidió dejar en libertad a Acosta Hernández, lo que ha generado incertidumbre y preocupación en la comunidad. Ante esta situación, diversos sectores exigen que el proceso judicial se adelante con rigor y solicitan garantías de protección para la afectada.

La divulgación del video extendió el debate sobre la seguridad de las mujeres en Puerto Gaitán y otras zonas del territorio nacional, lo que llevó a un nuevo llamado masivo en el que se recuerda la importancia de que las autoridades den seguimiento a la investigación en este tipo de casos para garantizar la seguridad de la víctima.

Por ahora, se sabe que el proceso judicial permanece en curso y se esperan definiciones sobre medidas adicionales conforme avancen las indagaciones.

El conflicto político en Michoacán se intensificó luego de que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz García, presentara una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra el senador Raúl Morón Orozco, el diputado federal Leonel Godoy Rangel y el exalcalde Ignacio Campos Equihua, por su presunta vinculación con el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez.

En respuesta, Morón informó que analiza interponer una denuncia penal contra la presidenta municipal al considerar que las acusaciones carecen de sustento y dañan su honor, el de su familia y el de su equipo político.

Morón niega vínculos y acusa politización

El senador morenista rechazó cualquier relación con el asesinato ocurrido en noviembre de 2025, durante la celebración del Día de Muertos. Aseguró que “tiene las manos limpias” y que no existe elemento alguno que lo vincule con el crimen.

“No tenemos absolutamente nada que ver con ese hecho tan lamentable”, declaró Morón, quien además sostuvo que las acusaciones lesionan su honor y el de su familia.

Según explicó, los únicos señalamientos provienen de videos que el propio Manzo difundió antes de su muerte, en los que mencionaba a distintos actores políticos y funcionarios.

Morón subrayó que en esos materiales no solo se le alude a él, sino también a otros personajes del ámbito estatal y federal.

Indicó que su equipo jurídico revisa si las acusaciones podrían configurar un delito por imputaciones falsas, tanto en el ámbito estatal como federal. “Estamos evaluando”, reiteró al ser cuestionado sobre la posibilidad de presentar una denuncia penal. No obstante, afirmó que será respetuoso de las investigaciones que realicen las fiscalías estatal y federal.

Grecia Quiroz exige investigar autores intelectuales

Por su parte, Grecia Quiroz sostuvo que su denuncia no se basa en rumores, sino en pruebas que —aseguró— dejó grabadas su esposo antes de ser asesinado.

Acompañada por simpatizantes del Movimiento del Sombrero, pidió que las autoridades no se limiten a investigar a los autores materiales, sino que profundicen en la posible autoría intelectual.

La alcaldesa ha señalado que Manzo representaba una figura con crecimiento político rumbo a la elección por la gubernatura en 2027, lo que —según su postura— pudo convertirlo en un obstáculo para ciertos actores políticos.

También solicitó la intervención de instancias federales para garantizar imparcialidad en el proceso, dada la dimensión del caso y su impacto nacional.

Avances en la investigación del homicidio

Hasta ahora, las autoridades han detenido a cerca de 20 personas presuntamente relacionadas con el crimen, algunas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación.

En días recientes se reportaron tres nuevas detenciones y la búsqueda de al menos dos implicados más.

Entre los arrestados figura un excolaborador cercano de Manzo, señalado de presuntamente filtrar información al grupo que habría organizado el atentado.

Detenidos por el caso Carlos Manzo:

• Cerca de 20 personas han sido detenidas hasta el momento.
• Entre los arrestados hay presuntos integrantes vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación.
• Fue capturado un exdirector de Relaciones Públicas cercano a la víctima, señalado de presuntamente filtrar información.
• Se reportaron tres nuevas detenciones recientes confirmadas por la Fiscalía.
• Existen al menos dos órdenes de aprehensión pendientes por ejecutar.

Pese a los avances, el móvil del asesinato no ha sido esclarecido públicamente.

El caso mantiene tensión política en el estado y podría escalar a tribunales si prosperan nuevas acciones legales.

Mientras tanto, ambas partes insisten en que la investigación debe llegar al fondo para deslindar responsabilidades y evitar que el proceso se convierta en un conflicto político prolongado.