Según explicó el denunciante, la situación ocurrió en horas de la noche, luego de pagar el pasaje y atravesar el torniquete del sistema masivo de transporte, y su mini salchicha de cuatro kilogramos, viajaba dentro de un guacal con toda la documentación y certificación de vacunas requerida.

En un video que publicó en su perfil de Instagram, el hombre afirmó que la expulsión y la correspondiente negativa de reingreso se debió a que los operadores exigieron la presencia de la propietaria de la mascota —su pareja, una paciente oncológica que falleció recientemente— para validar el acompañamiento.

“Con documentos en mano, me expulsan del Metro porque tenía que estar presente la dueña del perro, ya fallecida por tratamiento oncológico. Deshumanizan la realidad de los usuarios y me piden antecedentes y protocolo de delincuente”, alegó el ciudadano.

De la misma manera, el hombre comentó que los funcionarios argumentaron que la retirada con la mascota habría obedecido a la restricción de horarios para viajar con animales, pese a que, durante los últimos cuatro días, él había viajado con el animal de acompañamiento emocional sin inconvenientes por la ciudad de Medellín y en esa oportunidad solo buscaba dirigirse a su vivienda tras una jornada laboral extensa.

De acuerdo con su relato, el animal pertenece ahora a sus hijos, Jerónimo y Matías, que quedaron a cargo tras el fallecimiento de su madre, pero no lo pueden cuidar durante el día, y “no lo puedo dejar en abandono allá en un apartamento desde las nueve de la mañana que estoy acá trabajando”.

Y es que según las normas del sistema de transporte, además de otras condiciones, los ciudadanos pueden movilizarse con sus mascotas de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 3:00 p. m., mientras que en sábados, domingos y festivos la restricción aplica desde las 9:00 a. m. hasta las 12:00 p. m.

“Son las siete y veinte de la noche (...) Hay unas normas, sí, hay unos horarios. La perra está vacunada. Es una perra que pesa cuatro kilogramos y viene en su guacal. Pero en el Metro de Medellín desconocen esa realidad y me van a expulsar a mí después de haber pagado el pasaje. Honestamente, porque esa cultura ciudadana la vi acá desde que estaba en la primaria. Y esos son los funcionarios que no me permiten porque siempre me han permitido”, alegó.

También hizo un llamado a las autoridades del sistema de transporte y de la ciudad “para que tomen conciencia, y miren el tipo de sistema donde no escuchan y no humanizan estos procesos, porque hay realidades”.

El usuario expresó su inconformidad por la falta de reembolso del pasaje tras la expulsión y cuestionó la manera en la que los funcionarios gestionaron la situación. Según su testimonio, la mascota no representa un riesgo.

Desde el Metro de Medellín, hasta el momento, no se ha emitido una comunicación oficial sobre el caso, pero el episodio despertó reacciones a favor y en contra en redes sociales sobre el trato a los usuarios con necesidades especiales y el alcance de los protocolos frente a situaciones familiares.

“La mascota está en el guacal. No le veo problema”; “¿Cuándo nos van a dejar movilizar bien con nuestras mascotas? Sean serios”; “La perrita podría pasar sin inconveniente. Únicamente son funcionarios que se quieren dar la importancia que no tienen”; “Qué tristeza. Por qué los discriminan? Los animales son más juiciosos que cualquier persona”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en la publicación.

Una trabajadora del hogar en México tiene derecho al IMSS desde el primer día que comienza a laborar, pero apenas el 1.8% de quienes se dedican a esta actividad cuenta con seguridad social, pese a que la ley obliga a los empleadores a registrarlas desde 2023.

De los 2.3 millones de personas ocupadas en el trabajo doméstico remunerado en el país —cifra de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) 2026—, solo 59,017 tenían afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) al corte de febrero de 2026, según datos del propio instituto.

La directora de Incorporación y Recaudación del IMSS, Luisa Obrador Garrido Cuesta, advirtió que la afiliación “no debe considerarse un acto voluntario, sino una obligación legal y un asunto de derechos humanos”.

Qué dice la ley

Desde el 16 de mayo de 2023, el registro ante el IMSS dejó de ser voluntario para convertirse en una obligación exigible. La base legal está en los artículos 12, fracción IV, y 239-A al 239-H de la Ley del Seguro Social.

La obligación aplica a toda persona que preste servicios de forma permanente: más de cuatro horas diarias en el mismo domicilio, al menos tres días a la semana. Si la trabajadora labora para varios empleadores, cada uno debe registrarla y pagar las cuotas que le correspondan.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respaldó este marco al resolver el amparo 872/2023, en el que determinó que la ley establece un régimen de protección válido que obliga a los empleadores a inscribir a las trabajadoras, especificar los días laborados y cubrir las cuotas obrero-patronales.

Qué cubre la afiliación

Una vez registrada, la trabajadora accede de inmediato a cinco seguros previstos en la Ley del Seguro Social, sin tiempos de espera:

Enfermedades y Maternidad: atención médica, farmacéutica y hospitalaria, más pago de incapacidades.

Riesgos de Trabajo: cubre accidentes laborales, enfermedades profesionales, rehabilitación y, en su caso, pensión.

Invalidez y Vida: pensión por invalidez o para beneficiarios en caso de fallecimiento.

Retiro, Cesantía en Edad Avanzada y Vejez: genera ahorro para pensión.

Guarderías y Prestaciones Sociales: acceso a estancias infantiles y actividades culturales y deportivas.

La afiliación al IMSS también activa de forma automática una cuenta en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), donde comienza a acumularse un fondo para vivienda con el mismo pago mensual.

Cómo registrarse: guía paso a paso

El trámite es gratuito y puede realizarse en línea las 24 horas en imss.gob.mx/personas-trabajadoras-hogar/inscripcion, o de forma presencial en cualquier subdelegación del IMSS de lunes a viernes de 8:00 a 15:30 horas.

Para el registro en línea no se requieren documentos físicos. El empleador necesita su CURP y un correo electrónico; la trabajadora debe aportar su Número de Seguridad Social (NSS), CURP, domicilio y el salario diario o mensual. Si la trabajadora no tiene NSS, puede generarlo en línea con solo su CURP y un correo electrónico.

El proceso sigue cinco pasos:

1. Ingresar la CURP y el correo electrónico del empleador.

2. Completar los datos de contacto y domicilio, con declaración bajo protesta de decir verdad.

3. Registrar los datos de la trabajadora: NSS, CURP, domicilio, días laborados y salario. El monto declarado debe ser igual o mayor al salario mínimo de la Ciudad de México.

4. Revisar y confirmar la información antes de continuar.

5. Descargar el formato de incorporación y la línea de captura para el pago.

El pago puede hacerse en el portal de BBVA, en ventanilla bancaria o por transferencia a Scotiabank con la CLABE 044180001068672782, usando como referencia el NSS de la trabajadora (11 dígitos, sin espacios ni guiones). El comprobante debe enviarse al correo coordinacion.afil@imss.gob.mx.

El primer mes se paga a periodo vencido; los siguientes, de manera anticipada, antes del día 20 de cada mes. El aseguramiento puede contratarse por mes, bimestre, semestre o año. El IMSS ofrece un simulador gratuito para calcular el monto exacto de las cuotas en adodigital.imss.gob.mx/pth_calculadora.

Dónde denunciar si el empleador no cumple

Si el empleador se niega a registrar a la trabajadora, el IMSS habilita cuatro vías oficiales para presentar una denuncia:

Teléfono: 800 623 2323, opción 5 y luego 4.

Portal en línea: adodigital.imss.gob.mx/denunciaPTH

Correo electrónico: denuncia.enlinea@imss.gob.mx

Presencial: Departamento de Auditoría a Patrones en cualquier subdelegación del IMSS.

Para dudas relacionadas con el Infonavit, el número es 800 008 3900 desde cualquier parte del país, o 55 9171 5050 desde la Ciudad de México.

Las multas que enfrenta quien no registre

El empleador que incumpla se expone a multas de $2,346 a $41,058 pesos, equivalentes a entre 20 y 350 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), conforme al artículo 304-B de la Ley del Seguro Social.

Además, si la trabajadora sufre un accidente o enferma sin estar asegurada, el empleador deberá cubrir todos los gastos médicos de su propio patrimonio —lo que el IMSS denomina capital constitutivo—, un costo que supera con creces el de haber pagado las cuotas desde el inicio.

A pesar de los cambios que se han confirmado para que la labor de los militares, principalmente de los soldados regulares, sea digna y respetada, se han conocido denuncias en las que se habla de tratos indebidos por parte de mandos superiores.

En su cuenta de X, el sargento (r) Alexander Chala denunció que en el Batallón de Instrucción, Entrenamiento y Reentrenamiento 13 de la unidad táctica del Ejército Nacional, adscrita a la Décima Tercera Brigada, ubicada en la localidad de Usme, al sur de Bogotá, un grupo de soldados habría sufrido tratos indebidos por parte de sus superiores.

De acuerdo con el exuniformado, los hechos se registraron sobre las 3:00 a. m. del 22 de junio, cuando a un grupo de aproximadamente doce soldados se les habría ordenado quitarse la ropa y permanecer completamente desnudos en una zona abierta. Posteriormente, habrían sido obligados a bañarse a la intemperie, mientras recibían insultos y expresiones despectivas.

El militar retirado afirmó que la orden habría sido emitida por el capitán Frank Miller González Téllez y la supervisión estuvo a cargo del sargento primero Leiva Martínez Henry Yesid; además, añadió que no es la primera vez que los soldados son víctimas de este tipo de maltratos en el lugar mencionado.

La denuncia señala que este tipo de prácticas, que incluyen maltratos, insultos y humillaciones, serían frecuentes dentro de las instalaciones y se atribuyen también a otros suboficiales. Entre ellos se menciona al sargento viceprimero Jhon Motoa Carvajal, a quien los uniformados adscritos a ese batallón acusan por el uso reiterado de expresiones ofensivas dirigidas al personal bajo su mando.

Chala aseguró que, tras lo ocurrido, los soldados afectados habrían presentado un informe al comandante de la unidad, el coronel Jesús Darío Dávila Villareal, pero hasta el momento no se habría tomado ninguna medida al respecto.

Adicionalmente, Chala mencionó que el nombre del coronel Dávila ha aparecido previamente en denuncias relacionadas con presuntos abusos, malos tratos y presuntas irregularidades administrativas en otras unidades bajo su mando en los años 2024 y 2025.

“En 2024, cuando se desempeñaba como comandante del Batallón Especial Energético Vial 18 en Samore (Norte de Santander), el coronel Dávila Villareal fue denunciado por un soldado por abusos y malos tratos. En 2025 también se recibió otra denuncia relacionada con presuntas irregularidades y presuntos sobrecostos en productos para el abastecimiento de varios pelotones en el área de operaciones, con precios calificados como absurdos, en la misma unidad al mando del coronel”, es parte de la denuncia que hizo el sargento (r) Chala.

El sargento (r) Chala incluyó una fotografía del presunto hecho, en la que se observa a un grupo de soldados con poca ropa en un espacio al aire libre. Chala mencionó que la intención de divulgar el material gráfico es para que el Ejército Nacional se pronuncie.

En diálogo con Infobae Colombia, el sargento (r) Alexander Chala pidió algún tipo de pronunciamiento por parte del Ejército Nacional y las Fuerzas Militares, puesto que, hasta el momento, las solicitudes de las víctimas han sido ignoradas por parte de la institución.

“Solicitarle muy respetuosamente al señor comandante del Ejército Nacional que, por medio de la inspección, se verifique esta situación, en donde claramente se puede evidenciar una violación de derechos humanos en contra de un grupo de soldados. Que se investigue, se verifique y se puedan abrir los diferentes procesos, tanto disciplinarios como penales, en contra de este grupo de mandos que estuvieron en cabeza de controlar y ordenar que se realizaran estos hechos arbitrarios”, declaró el sargento retirado.

Valdiri vinculó la agresión a una fotografía que publicó junto a Abelardo de la Espriella en respaldo a su candidatura presidencial. A partir de esa imagen, sostuvo, recibió un mensaje en el que el seguidor no solo la insultó a ella, sino también a su familia.

Antes de llegar a la vivienda, la influenciadora explicó qué buscaba con el encuentro. “Él me dijo que me iba a decir algo en mi cara, entonces vamos a ver si me lo dice”, afirmó la barranquillera. También señaló que, aunque suele dejar pasar los ataques en redes sociales, esta vez decidió actuar porque “hay cosas que yo no puedo tolerar” y porque “se esté metiendo con los hijos de uno”.

El insulto a sus hijas y la llegada a la casa de Johan

Valdiri planteó que su reacción buscaba enviar un mensaje sobre el uso de las redes sociales. “Uno no puede ir por la vida escribiendo a la gente que tú ni conoces y estar amenazando y hablándole mal a las personas. Uno tiene que respetar”, sostuvo antes de encontrarse con el hombre.

Ya frente a la vivienda, mostró una publicación que atribuyó a Johan y la leyó en voz alta: “No joda por dejarme llevar de la política, me gané culo problema con La Valdiri”. Luego llamó al hombre desde la entrada y habló con una familiar que le dijo que él estaba “muy asustado”.

En ese intercambio, la creadora insistió en que no había ido a amenazar a nadie. “Yo estoy grabando aquí todo. Yo no vine aquí a amenazar ni nada. O sea, yo vengo en buena onda. Si él me tiene que decir algo, que me lo diga”, señaló.

La tensión del momento quedó concentrada en una idea que repitió varias veces: el problema no era una diferencia de opinión política, sino el modo en que esa diferencia derivó en una agresión personal. “Uno tiene que medir las palabras. Este es mi trabajo. Yo no le hago daño a nadie”, dijo.

La disculpa de Johan y el anuncio de una denuncia

Johan salió finalmente y, ante la primera pregunta de Valdiri, respondió con una disculpa. “Una disculpa. Nada, fue el calentamiento de...”, alcanzó a decir. Más adelante admitió de forma más directa su responsabilidad: “Yo cometí ese error”.

El hombre reconoció que se arrepintió después de que Valdiri le respondiera. “Me arrepentí ya cuando la señora Valdiri me había respondido, me había acostado y ya. ‘La cagué’”, afirmó.

En ese tramo, una mujer que estaba en la vivienda intervino para decir que una familiar embarazada había presentado “síntomas de aborto” por el susto del momento. Valdiri respondió que ella también padece problemas de nervios y sostuvo que un comentario como el de Johan podía afectarla de la misma manera.

Fue entonces cuando anunció la medida que, según dijo, tomará al día siguiente. “Yo a ti te voy a poner una denuncia. Yo necesito que me regales tu cédula porque yo te la voy a poner mañana, sea como sea", recibiendo una respuesta negativa de parte del implicado.

El cruce sobre política y respeto

Durante el intercambio, Valdiri insistió en que el episodio no debía leerse como una pelea partidista. Cuando Johan intentó explicar que actuó por rabia ante la posibilidad de que “este man quede de presidente”, ella lo frenó y rechazó que se insultara a otros por política.

“No pelees por temas políticos. ¿Pa’ qué se ganan un problema ajeno que ni son ni ton? Respeten la opinión de todo el mundo, que si quieren votar por el perro, por el gato, por lo que sea, que voten", agregó.

También volvió sobre el núcleo del caso cuando le preguntó a Johan qué sentiría si insultaran a su hijo. “¿Tú te imaginas que a tu hijo le dijeran malparido? ¿Qué sentirías tú cuando a tu hijo le digan malparido?”, le dijo.

Al final del encuentro, le pidió un mensaje directo a cámara. Johan respondió: “No cometan este error” y que no se metan con los hijos de los demás". Valdiri completó la idea con una frase breve: “Y a las mujeres, ¿qué?”. Él respondió: “Se respeta”.

El mensaje final de Valdiri sobre los límites en redes

Después de salir de la casa, Valdiri negó que su conducta buscara exhibir fuerza o violencia física. “Con esto no le estoy demostrando a usted que yo soy guancha, malandra”, dijo. Según su versión, fue una forma de hacer “las cosas legales” y de darle a la situación una “cachetada de guante blanco, de verdad, con educación”.

La influenciadora sostuvo que el caso debía leerse como un problema de formación y de comportamiento en espacios digitales. “Para cambiar un país”, todo empieza desde nuestros hogares, desde la educación que le damos a nuestros hijos. Por eso enséñenle a respetar", afirmó.

El incumplimiento en el pago del sueldo, la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la gratificación, las vacaciones o cualquier otro beneficio laboral no solo afecta la economía de miles de trabajadores peruanos, sino que también constituye una infracción que puede ser sancionada por el Estado. Frente a estos casos, la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) pone a disposición un procedimiento gratuito que permite denunciar a las empresas que no respetan la normativa vigente.

Con la proximidad del depósito de la gratificación de julio y luego de la campaña de pago de la CTS, muchos trabajadores buscan conocer cuáles son sus derechos y qué hacer si su empleador no cumple con las obligaciones laborales. La denuncia puede realizarse de manera virtual o presencial, es confidencial y puede iniciarse tanto si el trabajador mantiene vínculo laboral como si ya dejó la empresa. Para ello, es importante conocer los plazos legales, reunir la documentación necesaria y seguir correctamente el procedimiento establecido por Sunafil.

¿Cuáles son los plazos máximos que estipula la ley laboral para estos depósitos económicos?

Cada beneficio laboral cuenta con fechas específicas que las empresas deben respetar. El incumplimiento o el pago fuera del plazo puede ser materia de una inspección laboral y generar sanciones económicas.

En el caso de la CTS, el depósito debe efectuarse dos veces al año, dentro de los primeros 15 días de mayo y noviembre. Si la empresa no realiza el abono dentro de ese periodo, incurre en una infracción considerada grave.

Por su parte, la gratificación debe depositarse como máximo el 15 de julio por Fiestas Patrias y el 15 de diciembre por Navidad. El beneficio equivale a una remuneración íntegra para quienes laboraron el semestre completo, mientras que quienes trabajaron menos tiempo reciben un monto proporcional equivalente a un sexto de su sueldo por cada mes calendario completo laborado.

En cuanto al sueldo, la empresa debe pagarlo en la fecha pactada en el contrato o en el reglamento interno de trabajo. Un retraso injustificado también puede ser denunciado ante la autoridad inspectiva.

Además, la legislación laboral establece que los trabajadores cuentan con un plazo de cuatro años para reclamar beneficios laborales como CTS, gratificaciones, vacaciones, horas extras o diferencias de remuneración, por lo que es recomendable actuar apenas se detecte el incumplimiento.

Cómo reunir las pruebas indispensables: Boletas de pago, contratos y extractos bancarios

Antes de iniciar una denuncia, el trabajador debe reunir la mayor cantidad de evidencia posible para respaldar su reclamo. Aunque durante la inspección la empresa tendrá que demostrar que cumplió con sus obligaciones, contar con documentación facilita el proceso.

Entre los principales documentos que recomienda presentar Sunafil se encuentran:

• Boletas de pago de los últimos meses.
• Contrato de trabajo o cualquier documento que acredite la relación laboral.
• Estados de cuenta bancarios donde se evidencie la ausencia del depósito de CTS, gratificación o remuneración.
• Correos electrónicos, memorandos o comunicaciones internas relacionadas con el pago pendiente.
• Convenios colectivos u otros documentos que acrediten beneficios específicos.

Todos estos archivos deben estar escaneados y guardados en formato PDF si la denuncia será presentada por internet.

Asimismo, es importante tener a la mano el número de RUC de la empresa, la dirección del centro de trabajo, un correo electrónico vigente y un número de teléfono celular para recibir las comunicaciones oficiales.

Guía para interponer una denuncia laboral virtual a través de la web oficial de Sunafil

La forma más rápida de denunciar un incumplimiento laboral es mediante el aplicativo virtual de Sunafil, un servicio gratuito disponible para trabajadores y extrabajadores del sector privado.

Para iniciar el trámite es necesario:

1. Ingresar al portal oficial de denuncias de Sunafil.
2. Seleccionar la opción para registrar una nueva denuncia.
3. Completar los datos personales del trabajador.
4. Registrar la información de la empresa denunciada, incluyendo su RUC y dirección del centro de trabajo.
5. Describir el incumplimiento indicando si corresponde a falta de pago de CTS, gratificación, sueldo, vacaciones u otros beneficios.
6. Adjuntar los documentos de sustento en formato PDF.
7. Enviar la solicitud y conservar el número de expediente generado por el sistema.

También existe la posibilidad de realizar el procedimiento de manera presencial en las intendencias regionales de Sunafil o, en el caso de Lima, en las oficinas ubicadas en el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

Una vez presentada la denuncia, la entidad realiza una evaluación preliminar y asigna el caso a un inspector laboral, quien podrá solicitar información adicional, revisar planillas, efectuar visitas al centro de trabajo y verificar el cumplimiento de la normativa.

Para consultas, Sunafil mantiene habilitada la línea gratuita 0800-16872, además de sus canales de orientación laboral.

El beneficio de la reserva de identidad del trabajador denunciante para evitar despidos

Uno de los aspectos que más preocupa a los trabajadores es la posibilidad de sufrir represalias luego de presentar una denuncia. Por ello, Sunafil establece que las denuncias laborales tienen carácter confidencial.

La identidad del denunciante permanece reservada durante el procedimiento inspectivo, lo que permite que el trabajador pueda comunicar incumplimientos sin que la empresa conozca inicialmente quién inició el proceso.

Solo en determinados casos, como actos de hostilidad, discriminación, accidentes de trabajo o cuando el vínculo laboral ya terminó, la entidad puede solicitar autorización expresa para levantar esa reserva de identidad con el objetivo de cumplir adecuadamente la investigación.

Si durante la revisión de la denuncia existe alguna observación o falta documentación, Sunafil notificará al trabajador mediante el correo electrónico registrado, otorgándole un plazo de dos días hábiles para subsanar la información requerida.

Multas e infracciones acumulativas que aplica el Estado a las empresas infractoras

El incumplimiento del pago de sueldos, CTS, gratificaciones y otros beneficios sociales está tipificado como una infracción en materia laboral y puede generar importantes sanciones económicas para las empresas.

Las multas varían según la gravedad de la infracción, el número de trabajadores afectados y el régimen empresarial. Con la UIT 2026 fijada en S/ 5.500, las sanciones pueden alcanzar:

• Infracciones leves: hasta 1 UIT, equivalente a S/ 5.500 por trabajador afectado.
• Infracciones graves: hasta 5 UIT, es decir, S/ 27.500 por trabajador.
• Infracciones muy graves: hasta 10 UIT, llegando a S/ 55.000 por trabajador afectado.

En el caso específico del no pago de la gratificación, Sunafil recordó que el 98% de las inspecciones realizadas entre 2024 y 2025 se iniciaron por denuncias presentadas por los propios trabajadores, lo que demuestra que este mecanismo es la principal vía para detectar incumplimientos.

Las multas son independientes de la deuda laboral. Esto significa que, además de pagar el monto correspondiente al trabajador junto con los intereses legales que correspondan, la empresa deberá asumir la sanción económica impuesta por la autoridad inspectiva.

La reportera Mafer Fabela denunció públicamente al Secretario del Ayuntamiento de Toluca, identificado como Justo “N”, por el presunto delito de abuso sexual, luego de que durante la cobertura de la inauguración del Chorizo Fest 2026 habría sido víctima de tocamientos inapropiados por parte del servidor público.

Los hechos habrían ocurrido el pasado viernes 19 de junio, mientras la periodista realizaba labores de cobertura en el evento gastronómico celebrado en la capital mexiquense. A través de un video difundido en sus redes sociales, la joven relató el momento en que presuntamente sufrió la agresión.

Así narró Mafer Fabela el presunto abuso

De acuerdo con el testimonio de la comunicadora, ella se encontraba grabando el evento y levantó el brazo para obtener una mejor toma con su equipo de trabajo cuando el funcionario se acercó e inició el contacto físico sin su consentimiento.

“Agarra mi mano, estira mi brazo y le digo ‘no, gracias’. Esta persona no hace caso y aprieta más fuerte mi muñeca. Y dice ‘qué es lo peor que te puedo hacer, esto’, y procede a tocar mi cuerpo de manera indebida y repetitivamente. Yo me congelo, me hago chiquita, ¿por qué lo estás haciendo?”, expresó la reportera en el video que rápidamente se viralizó.

La denuncia provocó múltiples reacciones de apoyo hacia Mafer Fabela por parte de usuarios, periodistas y colectivos feministas, quienes exigieron una investigación imparcial y sanciones en caso de comprobarse la agresión.

CODHEM abre investigación por presunto abuso sexual

Tras darse a conocer el caso, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM) informó que ya inició una investigación relacionada con los hechos denunciados por la periodista.

El organismo defensor de derechos humanos enfatizó que ninguna institución pública puede permitir o normalizar conductas que vulneren la dignidad de las personas, reproduzcan violencia de género o afecten la confianza ciudadana en el servicio público.

Asimismo, la CODHEM reiteró que dará seguimiento al caso conforme a sus atribuciones legales para garantizar que se respeten los derechos de la víctima y se esclarezcan los hechos denunciados.

Exigen garantías para mujeres periodistas

Diversas organizaciones defensoras de la libertad de expresión y de los derechos de las mujeres señalaron que este caso refleja las condiciones de vulnerabilidad que muchas periodistas enfrentan durante coberturas de eventos públicos, incluso en presencia de autoridades.

Colectivos feministas y comunicadoras manifestaron su respaldo a Mafer Fabela y pidieron a las autoridades municipales de Toluca emitir una postura clara ante la acusación.

Además, usuarios en redes sociales cuestionaron la conducta del funcionario señalado y demandaron que el caso no quede impune.

Violencia de género en espacios públicos sigue siendo un problema

El presunto abuso denunciado durante el Chorizo Fest 2026 ocurre en un contexto nacional donde continúan registrándose casos de violencia y acoso contra mujeres en espacios laborales y públicos.

Especialistas en derechos humanos han advertido que este tipo de conductas afectan no solo la integridad física y emocional de las víctimas, sino también su desempeño profesional y el ejercicio libre del periodismo.

Infobae Colombia recibió una denuncia en la que se afirma que el alcalde de Tumaco, Félix Antonio Henao Casanova, nombró como funcionario a su antiguo escolta Juan Camilo Salazar Rodríguez, que presentó documentación falsa para ocupar el cargo de profesional universitario en la administración municipal.

El caso involucra a Juan Camilo Salazar Rodríguez, que figura como contratista de la Alcaldía Distrital de Tumaco desde 2026. Según documentos oficiales, su ingreso se dio bajo el cargo de profesional universitario en la Secretaría General. El vínculo se formalizó con la presentación de un diploma de Ingeniería de Sistemas supuestamente expedido por la Pontificia Universidad Javeriana y una tarjeta profesional emitida por el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia).

La información fue compartida por un denunciante que optó por no exponer su identidad, argumentando tener miedo de posibles represalias. En los mensajes aportados, se advierte que el funcionario habría adquirido de forma irregular tanto el título universitario como la tarjeta profesional. El denunciante sostiene que la documentación presentada ante la administración sería falsa y que el proceso para obtener la matrícula profesional no corresponde con los tiempos y requisitos reales de la carrera.

“Resulta que el escolta en mención compró título universitario y tarjeta profesional como ingeniero. Documentos que presentó ante la alcaldía para acceder a un contrato estatal como egresado de la Javeriana”, señaló el denunciante.

Al revisar el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería (Copnia), se indica que no existen matrículas profesionales asociadas al número de identificación de Salazar Rodríguez. El sistema responde textualmente: “No se encontraron matrículas asociadas al número de identificación o al número de matrícula ingresado”.

Este hecho contrasta con la copia física de la tarjeta profesional entregada por el funcionario y con un certificado de vigencia que aparece firmado por el director general de Copnia.

El denunciante también expuso dudas sobre el cumplimiento de los requisitos académicos, ya que Salazar habría trabajado como escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) durante el periodo en que supuestamente cursó estudios presenciales en la universidad. “Para esa fecha él era funcionario de la UNP, y que yo sepa, uno estudia presencial en esa universidad y más en esa carrera”, se lee en uno de los mensajes.

En los chats también se describe un contexto de supuesta protección y vínculos con figuras influyentes. El denunciante insiste en la confidencialidad y en el riesgo personal al exponer la situación: “Yo no puedo hacer mucho por mi seguridad, pues para nadie es un secreto que él anda con ciertos personajes influyentes”.

Sobre el contrato de prestación de servicios presentado por la Alcaldía de Tumaco, detalla que las funciones asignadas a Salazar Rodríguez como parte de la Secretaría General incluyen coordinación de trámites, supervisión de pagos y participación en comités internos de la administración.

En los mensajes aportados por el denunciante, se mencionan comportamientos irregulares de Salazar Rodríguez en el ejercicio de sus funciones, como ausencias frecuentes y presencia en lugares de ocio durante horarios laborales. También se señala que el funcionario contaría con la protección de una nueva coordinadora, lo que le permitiría mantener su posición sin cumplir con las obligaciones asignadas.

Adicionalmente, el denunciante sugiere que la documentación falsa habría permitido no solo el ingreso a la administración municipal, sino también la posibilidad de acceder a contratos estatales en el futuro. El remitente recalca que, por motivos de seguridad, la información debe ser manejada con absoluta reserva, puesto que es sabido en la administración municipal que Salazar es una “cuota” del alcalde y las personas que han tenido inconvenientes con él han sido retiradas de sus cargos en el pasado.

Cabe recordar que Salazar Rodríguez fue judicializado en agosto de 2024 por presuntos delitos de fabricación, tráfico y porte de armas, luego de ser capturado en un retén del Ejército en la vereda El Gualtal, Tumaco, cuando transportaban 1.400 cartuchos calibre 9 milímetros y 12 bultos de detergente. En ese momento, Salazar se identificó como conductor del alcalde de Tumaco.

Las requisas realizadas en los centros carcelarios del país, debido a la reciente fuga masiva de al menos 195 privados de libertad, se han desarrollado de manera “desproporcionada, humillante y abusiva, afectando gravemente la dignidad de las personas recluidas”, denuncia la Iglesia Católica.

En un comunicado, el clero señala que de los penales se han retirado las biblias, los subsidios de oración como el Pan de la Palabra, documentos de relevancia para audiencias, libros, folletos de estudio del Ministerio de Educación y del Instituto de Educación por Radio, artículos de aseo personal, ropa, sábanas y otros bienes indispensables para la vida diaria.

De igual manera, aseguran que se ha dado la merma de alimentos, escasez de agua potable y desabastecimiento de medicinas.

A raíz de la fuga masiva el 1 de junio de al menos 195 detenidos de la cárcel La Joyita, ubicada en las afueras de la ciudad capital, las autoridades han desarrollado la operación llamada “Cerrojo”, realizando requisas en los principales centros carcelarios del país.

Los disturbios dejaron tres personas fallecidas dentro del centro penitenciario. Las autoridades, según los medios de prensa, aún no han explicado las circunstancias exactas en que ocurrieron las muertes ni han aclarado si estuvieron relacionadas con enfrentamientos entre grupos rivales o con otros hechos de violencia registrados durante el motín.

Durante los operativos “Cerrojo”, se dio a conocer que en el Centro Penitenciario de Penonomé se intervinieron 12 celdas, que albergan a una población de 679 privados de libertad, lográndose el decomiso de 167 envoltorios con presuntas sustancias ilícitas y $4,282.50 en efectivo.

Asimismo, se ubicaron 78 teléfonos celulares, 34 televisores, un router y un total de 1,146 artículos prohibidos de diversa índole.

En tanto, en el Centro Penitenciario La Joyita se dio con la incautación de 10 armas de fuego, 82 municiones, 451 teléfonos celulares, 356 televisores, 35 cargadores de celulares, 61 routers, seis antenas.

También 37 abanicos, una máquina guira, 12 equipos de sonido, dos amplificadores, una antena wifi, tres paneles solares, 161 platinas, 52 sartenes eléctricas, 13 relojes de hombre, 7 audífonos, 19 cables USB, 3 memorias USB, un collar de fantasía, 343 sobres de drogas, $11, 873.64 en efectivo, entre otros.

Para la Iglesia, toda persona privada de libertad conserva su dignidad y sus derechos, y la pena o detención no eliminan la dignidad humana ni autorizan el abandono, la humillación o el trato cruel.

Entre los derechos que deben ser garantizados, sostiene el clero, se encuentran el trato digno, la alimentación adecuada, el acceso al agua, la atención médica, el vestido, la asistencia legal, la información, el contacto con sus familiares, la educación, el trabajo y la asistencia religiosa.

Ante esta situación, las autoridades eclesiásticas hacen un “llamado urgente” a las autoridades competentes para que se revisen los procedimientos de requisa, para asegurar que se realicen con proporcionalidad, legalidad y respeto a los derechos humanos.

También piden que se restituya el acceso a artículos indispensables de aseo, vestido, , ropa de cama, y materiales religiosos y educativos.

La Iglesia solicita a las autoridades en su comunicado que se permita la verificación de las condiciones actuales de los privados de libertad por parte de las instituciones competentes de derechos humanos, de los organismos pastorales autorizados y de las entidades independientes.

“La crisis actual exige respuestas firmes y eficaces, pero también prudentes y respetuosas de la dignidad humana”, puntualiza el clero panameño.

La joven contó que el ataque ocurrió mientras comía con su novio y una amiga en un restaurante de la cadena El Corral. Según su testimonio, el ladrón entró al lugar y se dirigió a una mesa situada muy cerca de la suya.

Betancourt relató que ella y sus acompañantes vieron cuando el señalado atracador sacó un arma: “Nunca en mi vida me había tocado tirarme al piso para que no me fuera con una bala perdida, para que no me robaran”.

Los ladrones pretendían atracar a un hombre con una cadena de oro

De acuerdo con Betancourt, la mesa afectada estaba ocupada por una familia cubana y el objetivo del criminal era un hombre que llevaba “una cadena de oro demasiado gruesa y demasiado grande”.

Según su versión, el robo no se concretó por la reacción de los presentes en el lugar: “No lo alcanzaron a robar porque seguramente el ladrón le dio mucho miedo porque todo el mundo reaccionó como a pararse, a esconderse o a correr”.

La joven describió la escena de pánico generalizado al ver el arma, debido a que varias personas buscaron refugio y contó que ella intentó hacer lo mismo junto con su novio, que la tomó de la mano para llevarla hacia la cocina del local. Desde ese lugar, según contó, escuchó entre 2 y 3 disparos: “Nos imaginamos todo”.

Un trabajador del restaurante resultó herido, según la denuncia

La mujer afirmó que un empleado de El Corral quedó lesionado durante la balacera, pues recibió un tiro al pecho y que, cuando ella salió de la cocina, lo vio ensangrentado y tirado en el piso.

La joven aclaró que no supo con certeza si el disparo fue una bala perdida o si el asaltante le apuntó directamente al trabajador, teniendo en cuenta que ella permaneció refugiada en la cocina mientras se oían los tiros.

En el mismo relato, cuestionó la reacción de una cocinera del local, a la que señaló por exigir que aquellos que se habían refugiado en la cocina salieran de allí poco después de los disparos: “Nos empezaron a gritar a los que nos habíamos metido que nos teníamos que salir de la cocina, que no podíamos estar ahí”.

La familia atacada entró en pánico, debido a que llevaban niños pequeños

La joven también describió el impacto que el hecho tuvo sobre la familia a la que intentaron robar: “Había niños pequeños, menores de edad, yo no les pongo más de 6 años. Había dos señoras, que una de ellas era la mamá de los niños y era la más afectada porque a ella fue a la que le apuntaron en la boca para que el esposo de ella entregara la cadena tan gruesa que tenía. Al final no le robaron, no la entregó, pero esa señora quedó obviamente en pánico”.

En su video, Betancourt lamentó que el episodio hubiera afectado a visitantes extranjeros y contó que la mujer repetía: “Me voy ya mismo de ese país, mañana mismo me voy de ese país”.

La denunciante añadió que ella también quedó en estado de shock: “Yo lloraba, yo no podía dejar de temblar”. Tras confirmar que los asaltantes se fueron, la joven salió rápidamente con su novio y amiga del lugar, por lo que no esperaron a la llegada de la Policía y tampoco supieron qué pasó con el herido.

El juicio en el proceso judicial por el asesinato de Jovenel Moïse, presidente de Haití, volvió a comenzar tras declararse la nulidad de todo lo actuado en el caso anteriormente.

Después de cuatro años del magnicidio, aún no se ha esclarecido la responsabilidad de los más de 20 colombianos implicados. Originalmente, las autoridades haitianas señalaron que el comando responsable estaba mayoritariamente compuesto por exmilitares sudamericanos, que habrían sido contratados por una empresa de seguridad con sede en Florida. Según las investigaciones, estos individuos aseguraron que su misión era detener a Moïse bajo una orden de captura supuestamente firmada por un juez haitiano.

El último avance relevante se registró cuando el juez Jean Roger Noelcius, que había firmado la orden de arresto, declaró ante un tribunal en Miami que el documento era ilegal y que él no tenía la autoridad para ordenar la detención de un presidente en funciones.

Noelcius reconoció que solo la Policía Nacional puede ejecutar órdenes de arresto en Haití y admitió que firmó la orden con la que fueron engañados los colombianos en 2021, justificando su actuación al indicar que fue bajo presión y fuera de sus competencias legales.

Ante esta situación, el proceso en Haití fue anulado y deberá reiniciarse, incluyendo el testimonio de Jorverneil Moïse, hijo del presidente asesinado. Mientras tanto, los colombianos acusados permanecen recluidos y sus defensores insisten en que actuaron bajo una orden legítima, desconociendo su supuesta falsedad.

La defensa también cuestionó que durante años el juez sostuvo que su firma había sido falsificada, hecho que impidió avances en la causa. Actualmente, se ejecuta un juicio en Estados Unidos que podría ser clave para la nueva etapa judicial en Haití.

Colombianos detenidos en Haití aseguran que firmaron documentos que no fueron revisados por sus abogados

En diálogo con Caracol Radio, Juan Carlos Yepes, uno de los 17 colombianos que siguen recluidos en una prisión de Haití, denunció que, tras ser detenidos por el magnicidio de Moïse, se registraron varias irregularidades procesales.

Yepes, que se retiró del Ejército colombiano, aseguró que no han tenido garantías y que los han mantenido alejados de sus abogados durante decisiones judiciales en las que se abordaron pruebas en su contra, a pesar de que estas no los vinculan con el crimen.

“Nunca tuvimos abogados”, afirmó el colombiano sobre los días posteriores al arresto y el inicio del proceso en Haití, en el que los habrían obligado a firmar documentos en francés a pesar de que ninguno de los mercenarios maneja este idioma.

“Nosotros no tuvimos representación jurídica, por eso nos hicieron firmar documentos sin saber ni siquiera qué decían los documentos. Ellos aprovecharon eso para autoincriminarnos a nosotros”, declaró Yepes.

De acuerdo con el colombiano, fueron reclutados para un tema de seguridad diplomática” y que la promesa incluyó que después de cumplir con esa misión serían vinculados a un trabajo de seguridad privada en el exterior.

“La información que me da el señor Duberney es prestarle seguridad a un personal diplomático. Cuando llego a República Dominicana es que me dicen que voy para el país de Haití, que vamos a prestarle seguridad a un personal diplomático que no confía en la policía de ese país”, narró Yepes.

El mercenario colombiano puntualizó al indicar que en Haití les hablaron sobre la captura “legal” que iban a concretar, para la cual les mostraron documentos con los que garantizaban que su accionar era legal y no tendrían ningún tipo de consecuencia jurídica. La defensa de los colombianos ha señalado que inicialmente, cuando los capturaron, fueron investigados como autores materiales del crimen, pero en noviembre de 2024 cambió la acusación a complicidad.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), informó que la diputada local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Paola Gárate Valenzuela, no ha presentado una denuncia sobre la colocación de una corona fúnebre al exterior de su domicilio en Culiacán, Sinaloa, a seis días de los hechos.

En conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el general explicó que le fue recomendado a la legisladora presentar su denuncia para que el hecho sea investigado; sin embargo, hasta el momento no lo ha realizado.

Además, al ser cuestionados sobre el acompañamiento que se le brindó a la diputada luego de los hechos, Trevilla evitó confirmar si le será brindada protección por elementos federales y se limitó a detallar el proceso que se realiza en los casos en que se solicita esta medida.

Respecto al procedimiento, dijo que lo principal es realizar una solicitud a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) para posteriormente llevarse a cabo un análisis de riesgos por parte de la Guardia Nacional (GN), con lo que se determina si es procedente dar la protección mediante escoltas o realizar patrullajes.

“Desde el primer momento se estableció contacto con la diputada, tengo entendido que fue el coordinador estatal, se llevó a cabo ese análisis y se estableció esa coordinación inmediata”, explicó.

Trevilla también dijo que se mantiene una “cercanía permanente, directa” y que se encuentran al tanto de la legisladora, aunque no brindó mayores detalles acerca de la manera en que se garantiza la seguridad de la legisladora.

Paola Gárate acusó que solo le ofrecieron acompañamiento en traslados oficiales

En días pasados, Gárate acusó que tras solicitar protección fue contactada por la Guardia Nacional, quienes solo le ofrecieron contar con acompañamiento en traslados oficiales o en situaciones específicas de riesgo.

“Me informaron que únicamente habría acompañamiento en traslados oficiales o cuando existiera alguna situación específica de riesgo”, explicó. Además, cuestionó si las medidas eran suficientes debido a que también al estar en su domicilio o con su familia está riesgo.

Estas declaraciones las realizó luego de que la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, dijo de manera pública que ya contaba con seguridad luego de los hechos; sin embargo, explicó que “la respuesta fue muy distintas a lo que se dijo públicamente”.

Al respecto, Paola Gárate pidió “que se diga la verdad” y que se atienda la situación con la importancia que merece debido a que se encuentra en riesgo tanto ella como su familia.

No se trata del primer atentado en su contra: denunció haber sido privada de la libertad en las elecciones de 2021

“Quienes dejaron esa corona no fueron a buscar a una diputada en una oficina. Fueron a un domicilio particular. Fueron a mi hogar. Donde saben que vivo. La realidad es que uno no puede quitarse por unas horas el cargo de legisladora como si fuera un uniforme y volver a ponérselo después. Soy diputada las 24 horas del día, pero también soy ciudadana, mujer, hija, hermana y parte de una familia”, escribió en sus redes sociales.

Paola Gárate ha denunciado desde el Congreso local el clima de inseguridad que se vive en la entidad, en un contexto en el que las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa ha provocado una ola de violencia que ha afectado a gran parte de la entidad.

También ha reclamado a las autoridades su pasividad frente al problema de personas desaparecidas y ha señalado públicamente que las autoridades de Sinaloa no reconocen los secuestros de empresarios en el estado.

La legisladora también ha relatado que durante el proceso electoral de 2021 fue víctima de privación ilegal de la libertad por parte de grupos armados. Además, en octubre de 2025 fue despojada de su camioneta cuando se encontraba en un establecimiento en la avenida Álvaro Obregón en Culiacán.

La violencia familiar continúa siendo uno de los problemas sociales más graves en el Perú. Mujeres, niñas, niños, adolescentes y otros integrantes del grupo familiar pueden ser afectados por agresiones físicas, psicológicas, sexuales o económicas que ocurren tanto dentro como fuera del hogar. Frente a estas situaciones, muchas víctimas desconocen que existen mecanismos de protección inmediatos y servicios gratuitos del Estado diseñados para brindar ayuda especializada.

La legislación peruana, a través de la Ley N.° 30364, establece medidas para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. Además, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), mediante el programa Warmi Ñan, pone a disposición una red nacional de atención que incluye asesoría legal, apoyo psicológico, refugios temporales y canales de denuncia que funcionan las 24 horas del día.

¿Dónde denunciar un caso de violencia familiar y quiénes pueden hacerlo?

Una de las principales preocupaciones de las víctimas es saber cómo iniciar una denuncia. De acuerdo con la normativa vigente, no solo la persona afectada puede reportar una agresión. También pueden hacerlo familiares, vecinos, amigos o cualquier tercero que tenga conocimiento de los hechos, sin necesidad de contar con una autorización o poder de representación.

Asimismo, profesionales de la salud, docentes, directores de colegios, miembros de la PNP y otras autoridades que detecten posibles casos de violencia durante el ejercicio de sus funciones tienen la obligación de informar sobre estas situaciones.

Las denuncias pueden presentarse de manera verbal o escrita ante una comisaría de la Policía Nacional del Perú o directamente ante un Juzgado de Familia. En casos que involucren a niñas, niños o adolescentes, también intervienen las Fiscalías de Familia. Si los hechos constituyen un presunto delito, la denuncia puede ser presentada ante el Ministerio Público.

Un aspecto importante es que no se requiere presentar pruebas para denunciar. La víctima no está obligada a mostrar lesiones visibles, certificados médicos ni evaluaciones psicológicas para que la denuncia sea recibida. Si existen documentos o evidencias, estos pueden ser incorporados posteriormente al proceso.

Tampoco es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI). Las entidades encargadas de recibir las denuncias pueden verificar la identidad de las personas mediante los registros oficiales. Incluso las personas extranjeras o quienes no cuenten con documentos pueden acceder al sistema de protección.

La ley también reconoce la capacidad de denuncia de los menores de edad. Las niñas, niños y adolescentes pueden reportar actos de violencia sufridos por ellos mismos o por otras personas sin necesidad de estar acompañados por un adulto.

Entre las medidas de protección que pueden dictarse a favor de las víctimas figuran el retiro del agresor del domicilio, la prohibición de acercamiento, la restricción de comunicaciones por teléfono o redes sociales y la suspensión del porte de armas, entre otras disposiciones destinadas a salvaguardar la integridad física y emocional de las personas afectadas.

Línea 100, Centros Emergencia Mujer y otros servicios gratuitos para víctimas

El Estado peruano cuenta con diversos mecanismos de atención especializada para personas afectadas por violencia contra la mujer, violencia familiar o violencia sexual. Uno de los más conocidos es la Línea 100, un servicio telefónico gratuito que brinda orientación, consejería y soporte emocional las 24 horas del día durante todo el año.

A través de esta línea, las víctimas o personas que conozcan algún caso pueden recibir información sobre los pasos a seguir y, en situaciones de alto riesgo, activar intervenciones urgentes en coordinación con otras instituciones.

Otra herramienta disponible es el Chat 100, un servicio de atención por internet que ofrece orientación psicológica en tiempo real. Este canal es confidencial y está dirigido especialmente a personas que enfrentan situaciones de violencia en relaciones de pareja, enamoramiento o dentro del entorno familiar.

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) constituyen uno de los principales pilares de atención. Estos espacios especializados ofrecen acompañamiento legal, asistencia psicológica y apoyo social de manera gratuita. Actualmente existen cientos de sedes distribuidas en todo el país, incluyendo centros ubicados dentro de comisarías que funcionan las 24 horas.

Cuando la situación representa un riesgo moderado o severo para la víctima, interviene el Servicio de Atención Urgente (SAU). Este mecanismo moviliza equipos especializados hasta el lugar donde se encuentra la persona afectada para brindar atención inmediata y coordinar acciones de protección con las entidades competentes.

En las zonas rurales y comunidades indígenas opera el Servicio de Atención Rural (SAR), diseñado para facilitar el acceso a la justicia con enfoque intercultural. Sus equipos trabajan en diversas regiones del país brindando orientación, prevención y acompañamiento a personas afectadas por hechos de violencia.

Además, existen los Hogares de Refugio Temporal (HRT), espacios seguros destinados a mujeres que enfrentan situaciones de alto riesgo, especialmente cuando existe peligro de feminicidio o amenazas graves contra su integridad física y mental. Estos refugios también brindan protección a sus hijos menores de edad y ofrecen alimentación, atención psicológica, asistencia social y acompañamiento permanente.

Otro servicio impulsado por el MIMP es la Asistencia Económica, dirigida a hijas e hijos de víctimas de feminicidio. Este apoyo busca garantizar la continuidad de estudios y contribuir al desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que hayan perdido a sus madres a causa de este delito.

Integrantes de disidencias de las Farc y del ELN estarían viajando a Ucrania para recibir entrenamiento, de acuerdo con la denuncia de un militar colombiano que lleva un año combatiendo en el conflicto entre Ucrania y Rusia.

Según el denunciante, cuya identidad no fue revelada, varios miembros de estos grupos armados ilegales han buscado capacitarse en el uso de drones FPV, explosivos, minas, lanzacohetes RPG, francotiradores y artillería, con la intención de regresar a Colombia y aplicar esos conocimientos en acciones contra la Fuerza Pública.

Según el testimonio, publicado por Caracol Radio, la alerta surgió cuando al combatiente le asignaron a un hombre que, durante una conversación, reconoció que pertenecía al frente Daniela Aldana de las Farc.

“Yo tengo un año de estar acá en Ucrania combatiendo contra Rusia. Yo demoré 18 años en la gloriosa Infantería de Marina en Colombia. Me mandaron un personal y el muchacho sale siendo de las Farc. Y orgullosamente lo dice él, orgullosamente de las Farc, del frente Daniela Aldana, terrorista de las Farc, que él vino a entrenarse acá, a capacitarse como dronista, para irlo a replicar en contra de nuestra fuerza pública”, reveló el militar.

La situación fue detectada porque el denunciante, como líder de equipo, debía conocer el perfil de sus compañeros en medio del conflicto. Según explicó al medio, el hombre evitaba responder preguntas sobre su pasado, lo que generó sospechas.

“Empecé a hablar de política con los muchachos. Cuando empezamos a hablar de política, él votó el chupo. Ah, paramilitares, asesinos, que no sé qué. Que por eso era que le ponía explosivo al Ejército allá (sic)”, relató.

El denunciante narró que “se exaltaron” por el intercambio de ideas y la tensión se tradujo en confrontación física que obligó a otro comandante a intervenir.

“Él dijo: ‘no, sí, yo orgullosamente soy guerrillero. Lo que pasa es que estos acá se ponen a hablar que hay que bombardear a la guerrilla, que hay que acabar a esos grupos. Y eso me ofende porque yo soy guerrillero’. Y yo le dije, ven acá, ¿y tú qué estás haciendo acá? ‘Yo vine acá fue a entrenarme para replicar eso en contra del Ejército porque bastante explosivo que le puso al Ejército y a la Policía y los matábamos’”, afirmó el militar.

Por eso el militar puso el caso en conocimiento de las autoridades ucranianas y de Interpol, que establecieron contacto con las instituciones colombianas.

Además, relató que situaciones similares se han presentado con presuntos miembros del ELN y personas relacionadas con carteles mexicanos, que han sido expulsadas o capturadas tras ser identificadas.

“Ya el otro día aquí pasó. Llegaron cinco elenos y los sacaron. Esos sí los expulsaron. Ellos creen que esto acá es mercenario. Que aquí puede venir el bandido, el ladrón, el violador. No. Esto aquí es un ejército. Usted firma contrato con el Ministerio de Defensa de Ucrania y está la inteligencia ucraniana”, relató.

El entrevistado detalló que en Ucrania “se puede adquirir conocimiento en varias áreas de combate. A usted acá le dan todos los conocimientos porque usted viene y firma contrato y viene a militar. Y le dan todas las armas, de la más liviana a la más pesada”.

Según el militar, estos conocimientos podrían emplearse en Colombia para atacar vehículos blindados de la Armada, del Ejército y carros de fuerzas especiales. “¿Qué quieren hacer ellos? Destruir las nodrizas de la Armada que son blindadas, los carros del Ejército, los blindados, las tanquetas del Esmad, ¿y por qué no a los políticos, los carros blindados de los políticos, sin SPV de esos? Nosotros aquí frenamos a los rusos es por los SPV que destruyen esos tanques blindados como un cuchillo que le pasa a la mantequilla”, señaló.

Ante estos hechos, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, manifestó que las autoridades desplegarán todos los recursos para investigar los hechos y actuar frente a posibles entrenamientos en el exterior. “Los criminales intentarán buscar dónde se capacitan mejor para asesinar a colombianos y detrás de esta denuncia aplicaremos todas las capacidades para investigar y para actuar”, aseguró el ministro citado por Caracol Radio.

El 11 de junio, el candidato presidencial Iván Cepeda presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación y la Corte Penal Internacional contra Abelardo de la Espriella, su rival en la segunda vuelta electoral.

Cepeda acusó al abogado de haber incurrido en delitos relacionados con crímenes de lesa humanidad cometidos por estructuras paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). La denuncia es por los delitos de concierto para delinquir, financiación de terrorismo y enriquecimiento ilícito.

Durante una rueda de prensa, Cepeda afirmó que esta acción judicial se diferencia de otras contra De la Espriella porque incorpora nuevos elementos y documentos recabados en procesos judiciales y de esclarecimiento de la verdad. Según Cepeda, siempre se había sospechado la complicidad de De la Espriella con los paramilitares, pero ahora asegura contar con pruebas documentales que demostrarían su pertenencia a las AUC.

El candidato sostuvo que existen elementos probatorios que indicarían que De la Espriella habría colaborado en el reclutamiento de personas para los paramilitares y que habría intentado silenciar a líderes de las AUC para evitar que revelaran su participación en crímenes cometidos. Además, el denunciante mencionó presuntas pruebas de sobornos relacionados con la elección de Mario Iguarán como fiscal general.

La denuncia ha hecho que se recuerde el rol que tuvo el abogado durante el “Acuerdo de Ralito”, como se le conoce al acuerdo de paz que las AUC firmaron con el Estado.

El rol de Abelardo de la Espriella en el Acuerdo de Ralito

Abelardo de la Espriella desempeñó un papel visible en el proceso de paz entre el Estado colombiano y las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), principalmente a través de su participación en la Fundación Iniciativas por la Paz (Fipaz). Esta organización tuvo la responsabilidad de organizar la estructura y algunos aspectos logísticos de la negociación, lo que situó al abogado en encuentros y escenarios clave donde voceros de las AUC y representantes del gobierno sostuvieron conversaciones formales.

Su presencia fue documentada en fotografías de esos encuentros y, según declaraciones del propio De la Espriella, su rol se limitó al acompañamiento civil y a la gestión de actividades públicas dentro del marco del proceso.

Durante ese periodo surgieron acusaciones señalando al abogado como “empleado” de los cabecillas paramilitares involucrados en el Acuerdo de Ralito. Esas imputaciones incluyeron testimonios de presuntos testigos que afirmaron que De la Espriella recibió dinero de integrantes de las AUC, específicamente de alias Macaco; sin embargo, el principal testigo que lo implicó terminó retractándose públicamente, reconociendo que su acusación fue un error. De la Espriella aclaró en medios de comunicación que conoció a Salvatore Mancuso desde la infancia, pero nunca tuvo vínculos cercanos con él durante el tiempo que estuvo en las AUC.

Las actividades desarrolladas por la Fipaz, bajo la coordinación de De la Espriella, incluyeron la organización de foros públicos, a los cuales se convocó a la prensa. En una de las investigaciones judiciales que se abrieron sobre estos hechos, se confirmó que los pagos para la realización de estos foros provinieron de los propios paramilitares, pero con la autorización del Gobierno Uribe, lo cual fue consignado en los procesos respectivos.

Las denuncias penales abiertas contra De la Espriella por supuestos vínculos con el paramilitarismo y el manejo de dineros ilícitos fueron archivadas y precluidas en 2009 por la Fiscalía 10 Especializada Antiterrorismo, que determinó que no existían méritos legales para continuar con la acusación. El propio De la Espriella ha señalado que todo su accionar durante el proceso de paz se ajustó a la legalidad, considerándolo una “labor de paz” y ha defendido públicamente su participación en ese contexto, asegurando que, de ser necesario, lo volvería a hacer.

En diálogo con Caracol Radio, Salvatore Mancuso confirmó que conoció a Abelardo de la Espriella en su juventud, y aunque afirmó que la amistad sigue vigente, no vinculó al jurista con las AUC.

“Abelardo es amigo, conocido desde jóvenes, lógico, yo tengo más edad que él. Abelardo es muy amigo, tenía una relación muy profunda, muy grande con el doctor Mario Iguarán para esa época, desde antes de que fuera fiscal. Cuando fue fiscal general eran amigos íntimos, tenían una gran ascendencia el uno sobre el otro y básicamente es lo que conozco al respecto”.

Durante casi una década, Griselda B.M. convivió con los abusos sexuales que perpetró su propio padre en la provincia de Misiones. A los 36 años, tras tres intentos frustrados y años de silencio, formalizó la denuncia judicial este año. La noticia de que la causa fue declarada prescripta la empujó a exponer públicamente su historia a través de una carta abierta, en la que cuestionó la decisión judicial y relató las consecuencias que arrastra desde la infancia. La notificación oficial confirmó que la acción penal no podrá avanzar por los plazos establecidos en la ley.

Según explicó Griselda B.M. en declaraciones a FM Show y en su carta difundida en redes sociales, los abusos comenzaron cuando tenía ocho años y se prolongaron hasta su mayoría de edad. Producto de esas agresiones, tuvo un hijo que hoy tiene 19 años y recibe asistencia psicológica. Actualmente, la mujer confirmó que su hijo ya conoce la verdad sobre su origen biológico.

La denuncia, radicada el 12 de febrero de este año en la Comisaría de la Mujer de Montecarlo, fue elevada al Juzgado de Instrucción Nº 1, Secretaría Nº 2, de la IV Circunscripción Judicial con asiento en Puerto Rico. La documentación aportada incluye constancias policiales y la carátula de la causa por “Delito contra la Integridad Sexual”, en la que figura Juan M. como acusado. Pese a ello, y tras meses de espera, la víctima fue notificada de que el expediente quedó archivado por prescripción.

En su carta abierta, Griselda B.M. expresó: “Hoy me veo obligada a hacer pública mi profunda indignación, tristeza y repudio ante la resolución judicial que declaró prescripta la causa por abuso sexual que sufrí durante mi infancia”. Agregó: “No hablo de un simple expediente. Hablo de años de dolor, de silencio, de miedo y de consecuencias que marcaron para siempre mi vida. Hablo de un abuso cometido por quien debía protegerme: mi propio progenitor”.

La mujer remarcó que la resolución judicial “no niega que los hechos hayan ocurrido”, aunque objetó que el paso del tiempo impida avanzar con el reclamo penal. “La prescripción podrá cerrar una causa judicial, pero no borrará la verdad. No borrará la memoria. No borrará el daño causado. Y no borrará mi voz”, afirmó. Durante la entrevista, Griselda B.M. relató que intentó denunciar en tres oportunidades anteriores, pero enfrentó resistencias en el entorno familiar. La carta concluye con la contudente frase: “Mi voz no prescribe”.

“Hasta el día de hoy no tengo contacto con ellos por ese tema”. También recordó que en el último tramo de la escuela secundaria, cuando quedó embarazada: “Ellos quisieron que yo aborté, pero igual cursé con la panza y todo”. Algunos familiares le sugirieron interrumpir la gestación y relató que el acusado le pedía que atribuyera el embarazo a otra persona: “Me decía que diga el nombre de cualquier otra persona”.

La mujer no mantiene vínculo con su padre y existe una restricción de acercamiento. Aseguró que nunca fue citada a realizar estudios genéticos vinculados a la investigación y que tampoco recibió citaciones judiciales tras su denuncia.

Griselda B.M. afirmó que su objetivo al difundir el caso es alentar a otras víctimas a denunciar y reclamar una revisión de la situación judicial para los delitos sexuales cometidos en la infancia. “No quiero que esto se repita y quiero que las víctimas se animen a hablar, a denunciar y que la Justicia revea la situación”, expresó. Mientras evalúa los pasos a seguir, sostuvo que continuará buscando que su historia sea escuchada: “Hoy levanto la voz por mí, por mi hijo y por todas las personas que han sobrevivido al abuso sexual en la infancia”.

Una oficial principal de la Policía del Chaco denunció un caso de abuso sexual que involucra a un comisario retirado y a otro hombre en la provincia argentina. El hecho ocurrió el 6 de junio en una vivienda particular, donde la mujer de 33 años, relató que mantuvo una relación sexual consentida con G.G., hombre de 50 años y excomisario, antes de quedar inconsciente. Al despertar, se encontró desnuda junto a J.R. alias “Choca”, quien la estaba abusando sexualmente.

La víctima, identificada con las iniciales E.E.N. realizó la denuncia el 8 de junio en el Departamento de Violencia Familiar y de Género del área Metropolitana, tras regresar a Resistencia. Según Diario Norte, la causa quedó en manos de la Fiscalía Penal N° 1 de San Martín, que investiga el presunto abuso y las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.

Ambos acusados fueron detenidos y quedaron a disposición de la justicia provincial mientras avanza la investigación. En su testimonio, la mujer relató que viajó a General San Martín para visitar a una amiga y participó de una cena y una salida social con varias personas. Posteriormente, se dirigió a un domicilio en calle Saavedra al 800, donde mantuvo un encuentro íntimo consentido con P.P.G., comisario inspector retirado.

Según la denuncia, la víctima perdió la conciencia y horas más tarde, la oficial se despertó. La mujer estaba sin ropa en una cama, mientras el dueño de la vivienda, J.R. (alias “Choca”), la estaba abusando sexualmente. Logró apartarlo y preguntó por el excomisario, quien ya no se encontraba en el lugar. Luego fue trasladada a la casa de su amiga y decidió no realizar la denuncia esa misma noche por temor, formalizándola días después.

La Fiscalía Penal N° 1 de San Martín dispuso la detención de ambos acusados, la realización de peritajes médicos en el Hospital Perrando, la toma de testimonios y la ampliación de la declaración de la denunciante. La investigación se encuentra en etapa preliminar, y se busca esclarecer la responsabilidad de los involucrados. Las fuentes judiciales confirmaron que se activaron medidas de protección y asistencia para la víctima.

Un efectivo policial fue condenado por abuso sexual en Viedma

El oficial inspector Jorge Antonio Bustos recibió una pena de tres años de prisión de ejecución condicional por abuso sexual agravado contra una colega, según el fallo del Tribunal de Juicio Penal de la Primera Circunscripción Judicial de Río Negro. En 2024, un hecho de abuso sexual dentro de una dependencia policial de Viedma derivó en la condena de un agente de la fuerza provincial.

La sentencia fue dictada este martes y dispuso tanto medidas restrictivas como la prohibición de acercamiento a la víctima, la realización de tratamiento psicológico y la desvinculación definitiva del condenado de la fuerza policial. El precedente judicial establecido en Viedma, resulta relevante para el caso denunciado en Chaco.

El episodio ocurrió en la comisaría 34° de Viedma, donde Bustos utilizó su posición jerárquica para concretar el abuso dentro de una oficina, según quedó registrado en el expediente judicial. Durante el proceso, la víctima relató en detalle las circunstancias y la dinámica laboral que permitieron el hecho, destacando el abuso de autoridad e intimidación. El tribunal valoró especialmente el testimonio de la denunciante y la ausencia de consentimiento, a partir del análisis de las pruebas y la evaluación psicológica.

La resolución judicial, que estableció la culpabilidad del acusado y su exclusión de la fuerza, también es considerada un precedente relevante sobre la responsabilidad penal de los miembros de las fuerzas de seguridad en casos de violencia de género. La sentencia dictada en Río Negro marca un punto de inflexión al reconocer la responsabilidad penal de un miembro de las fuerzas de seguridad en un delito cometido en contexto institucional.

La Policía de la provincia de Neuquén desplegó un nuevo operativo en la ciudad de Centenario, que culminó con resultados contundentes: el secuestro de casi 2 kilogramos de marihuana, un arma de fuego, municiones y la demora de dos hombres mayores de edad. Todo comenzó a raíz de una denuncia por robo de ganado.

La acción policial se desarrolló en el barrio Villa Obrera. De acuerdo a lo informado por el portal LM Neuquén, el operativo involucró a personal de la Oficina de Investigaciones Periferia II, la Comisaría 52°, la Comisaría 5°, la UESPO y la Metropolitana.

Según se informó, la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos lideró la investigación, recolectando pruebas suficientes para solicitar las órdenes de allanamiento.

Durante los procedimientos, los investigadores identificaron a todos los ocupantes de las viviendas allanadas, demorando a dos hombres que quedaron vinculados a la causa. Entre los elementos hallados, se destaca la incautación de una planta de cannabis sativa y 1,968 kilogramos de cogollos, picadura y semillas de marihuana. También se secuestró un revólver calibre 32 largo con ocho cartuchos y diversos objetos cuya procedencia está bajo análisis.

Ante la presencia de estupefacientes, intervino personal especializado de Antinarcóticos, que procedió al secuestro de las sustancias y puso en marcha actuaciones por infracción a la ley de drogas. Este procedimiento se enmarca en la reciente estrategia provincial de abordaje del microtráfico, que busca desarticular redes locales a partir de acciones policiales y judiciales conjuntas.

Además de la droga y el arma de fuego, los investigadores secuestraron elementos que podrían estar relacionados con otros hechos delictivos ocurridos en la zona. Entre los objetos incautados figuran cuatro bicicletas tipo MTB, un recado completo para caballo y un generador a combustión marca Honda modelo 600. Todos estos bienes fueron retenidos de manera preventiva mientras se investiga su procedencia y posible vinculación con denuncias previas de robo en la región.

Los dos hombres detenidos permanecen a disposición de la Justicia, que trabaja para determinar su grado de responsabilidad tanto en el robo de ganado como en los delitos vinculados a drogas y armas. La investigación continúa activa, con la expectativa de esclarecer la procedencia de los elementos recuperados y fortalecer las pruebas en torno a los hechos denunciados.

El Gobierno de la provincia de Neuquén subrayó que el operativo en Centenario es parte de una política de seguridad más amplia, impulsada tras la desfederalización de los delitos vinculados al microtráfico de drogas.

Entre las acciones implementadas, la Provincia realizó una inversión superior a 18.000 millones de pesos destinada a la adquisición de más de 300 móviles incorporados a la fuerza, 353 vehículos en proceso de compra, más de 1.500 cámaras de monitoreo, drones, tecnología de investigación, detectores de drogas, pistolas menos letales, cámaras corporales, chalecos balísticos y mejoras en infraestructura policial y penitenciaria.

El gobierno provincial sostiene que la combinación de recursos tecnológicos, refuerzo del personal y articulación interinstitucional ha permitido mejorar la respuesta ante delitos complejos como el abigeato, el microtráfico y la tenencia de armas. Las autoridades remarcaron que la continuidad de estas políticas es clave para brindar mayor seguridad a los habitantes de Neuquén y reducir los índices delictivos en toda la provincia.

Como detalles del proyecto, se informó que conectaría las comunas dos y tres de Soacha con la autopista Sur, el macroproyecto de vivienda Ciudad Verde, la avenida San Marón y la localidad de Bosa, facilitando una velocidad constante de 50 kilómetros por hora en el corredor que sería de doble calzada.

La ejecución de la obra estuvo a cargo del consorcio CC Intersección avenida Bosa, conformado por Conconcreto S.A. y Conconcreto Proyectos SAS, con una inversión total de 181.740 millones. Para el tramo de Soacha, la Secretaría de Transporte y Movilidad de Cundinamarca aportaría 26.000 millones de pesos y la Alcaldía de Soacha 1.959 millones adicionales. El cronograma establecía una duración de 32 meses, por lo que debía ser entregada en enero de 2026.

En la primera fase iban a ser construidas dos calzadas de dos carriles entre la calle 65 sur y la avenida Bosa (calle 59 sur). Estos tramos iban a servir como desvíos durante la intervención en la intersección con la autopista Sur.

El proyecto contemplaba nueve tramos de intervención en Soacha, incluyendo un puente sobre la quebrada del Humedal Tibánica para unir los barrios Olivos, Olivares y La María; además de eliminar el pico y placa los fines de semana, que se extiende durante los puentes festivos.

Vía que iba a descongestionar la autopista Sur se convirtió en un basurero

En sus redes sociales, el concejal de Soacha Danny Caicedo denunció que la alcaldía municipal lleva un año sin intervenir en la avenida Las Torres, que se ha convertido en un depósito de basura desde hace varios meses.

De manera sarcástica, Caicedo se grabó junto a la vía afectada con un pastel de cumpleaños en sus manos, que fue utilizado para “celebrar” el primer año de la vía que iba a solucionar los problemas de movilidad en el municipio.

“Hace 365 días vinimos acá, a denunciar el abandono de la avenida Las Torres. Hoy encontramos exactamente lo mismo, misma vía, mismo abandono y las mismas promesas incumplidas”.

Caicedo pidió que el alcalde de Soacha deje de prometer soluciones en sus discursos y comience a cumplir con los contratos que ya han sido aprobados, puesto que, en teoría, la vía mencionada tendría que haber sido entregada hace seis meses.

“‘Perico’, gobernar no solo es salir en fotos y publicaciones en redes sociales, gobernar es solucionar problemas, la avenida Las Torres lleva dos años y medio de su gobierno esperando. Los soachunos estamos mamados del trancón de la autopista Sur y esta es una vía que nos puede conectar con Bogotá”.

Los reclamos contra el alcalde de Soacha incluyen señalamientos en los que se afirma que no ha gestionado nada sobre la obra porque se trata de un contrato firmado por el anterior mandatario municipal.

En su momento, el exalcalde de Soacha Juan Carlos Saldarriaga afirmó que con este proyecto se fomentaría el comercio, el turismo y el transporte de alimentos para la mitad de los habitantes del país, ya que por medio de la avenida Las Torres las personas podrán desplazarse hasta Bogotá con mayor rapidez, lo cual ayudaría a desembotellar este sector de la ciudad.

“Esta no es una vía solo para carros; esta obra va a transformar nuestra ciudad porque son cuatro carriles más de conexión con Bogotá. Actualmente, es una trocha que sirve para desembotellar la ciudad. No solo va a mejorar la movilidad, sino también la seguridad. Nos sentimos en un territorio distinto en el que hemos avanzado. Gracias, Gobernador por creer y confiar en Soacha”, fueron las palabras de Saldarriaga en mayo de 2023.

El 4 de abril de 2025 se registró el asesinato de Sara Millerey González, una mujer trans que fue víctima de un crimen de odio por parte de presuntos integrantes de la banda delincuencial El Mesa.

Dos individuos, que fueron capturados por las autoridades, fueron acusados de haber agredido a González, provocarle 30 fracturas y posteriormente arrojarla a la quebrada La García, en Bello, Antioquia.

Testigos presenciales, aparentemente amenazados por los agresores, no intervinieron, pero se encargaron de grabar cómo Sara luchó contra la corriente tras el ataque. Esta grabación fue viral en redes sociales y se convirtió en una de las pruebas clave del caso.

Sara fue rescatada con vida y trasladada a un hospital, donde falleció días después debido a un choque hipovolémico causado por las fracturas. El caso provocó protestas y movilizaciones en el país, que hasta la fecha siguen pidiendo que el Estado mejore la protección de las personas trans y de la comunidad Lgtbiq+.

En junio de 2025, la Ley Integral Trans fue rebautizada como Ley Sara Millerey, mientras que el caso no ha terminado, y aunque la Fiscalía ha mencionado que cinco individuos participaron en el ataque, solo dos han sido capturados hasta el momento.

Juan Camilo Muñoz, alias Teta, y Juan David Echavarría, alias Chucky, fueron imputados por homicidio agravado y tortura, pero más de un año después siguen sin ser condenados, generando indignación en la comunidad trans del país.

Además, el Observatorio de Derechos Humanos de la ONG Caribe Afirmativo informó que desde el asesinato de Sara se han registrado 35 homicidios de mujeres trans en Colombia, lo que evidencia la gravedad y persistencia de la violencia contra esta población.

Familia de Sara Millerey pide celeridad en el proceso, capturados podrían quedar libres

En diálogo con La FM, familiares de Sara Millerey denunciaron que por las demoras en el proceso judicial contra los presuntos responsables del asesinato, registrado en abril de 2025, los capturados podrían quedar libres.

Saúl León, abogado de la familia, reveló que el juicio oral contra los acusados no ha podido instalarse por mecanismos que la defensa ha utilizado para dilatar el proceso, lo que incrementa el riesgo de que los procesados queden en libertad por vencimiento de términos si la situación no se resuelve en los próximos días.

León recordó que los vinculados al proceso son Juan David Echavarría Zapata, alias Chucky, y Juan Camilo Muñoz Gaviria, alias Teta, sobre los que se sigue sin confirmar que se trate de integrantes de la banda delincuencial El Mesa por posibles falencias de los fiscales del caso.

Aunque ambos están procesados por homicidio y tortura, la investigación no ha logrado avanzar hacia la etapa de juicio oral debido a aplazamientos y cancelaciones de audiencias. El jurista afirmó que al menos seis audiencias han sido suspendidas o reprogramadas por diversas razones. Aunque algunas de estas cancelaciones han sido justificadas, otras generan inquietud en la familia por el posible impacto en los tiempos procesales.

El abogado advirtió que, si no se instala el juicio oral pronto, los acusados solicitarían su libertad y podría procederse a su excarcelación por vencimiento de términos, mientras los familiares de la víctima reclaman mayor celeridad en las actuaciones judiciales. La familia enfatizó que se cuenta con suficiente material probatorio para llevar el caso a juicio y obtener una decisión de fondo.

“Estamos a las puertas. No podría precisamente arriesgar el proceso judicial dando una fecha establecida, pero si no se instala el juicio oral y público en las próximas semanas, seguramente pueden materializarse las solicitudes y lo peor es que podrían llegar a ser decretadas esas libertades de estas personas involucradas", declaró el jurista al medio citado.

Un hombre de 41 años fue detenido en Resistencia en la provincia de Chaco, tras una denuncia presentada por su ex pareja, quien lo acusó de violencia de género, amenazas y hostigamiento.

El caso generó conmoción en la comunidad local luego de que la víctima, una joven de 25 años, hiciera pública su situación a través de las redes sociales, mostrando imágenes de las lesiones sufridas durante la relación.

La joven radicó la denuncia ante la Comisaría Tercera de Fontana, donde relató que había padecido múltiples formas de agresión por parte de su ex pareja, identificado con las iniciales C. J. M. Según su testimonio, fue víctima de violencia física, verbal y psicológica. La afectada también aseguró que recibió amenazas de muerte, fue perseguida y sufrió invasiones a su privacidad, incluyendo el acceso no consentido a fotografías íntimas almacenadas en sus dispositivos personales.

La denunciante, al hacer público su testimonio, manifestó en sus redes sociales el sufrimiento experimentado durante la relación con el acusado. En la publicación, mostró una fotografía en la que se apreciaban lesiones en su rostro, atribuidas a episodios de violencia física. Además, la joven detalló que había presentado una denuncia ante el área de Ciberdelitos, ante la sospecha de que el acusado habría accedido sin permiso a sus cuentas personales y redes sociales.

De acuerdo con la información difundida por la víctima, el denunciado sería empleado de la Municipalidad de Resistencia. Esta afirmación fue comunicada por la joven en sus redes, donde advirtió públicamente sobre el peligro que representaba el sospechoso y la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba.

Según lo informado por el portal del Diario Chaco, la denuncia ante la Comisaría Tercera activó la intervención de la División Delitos Tecnológicos, que inició tareas investigativas para dar con el paradero del sospechoso. Tras las primeras diligencias, los efectivos lograron localizarlo en las inmediaciones de avenida Ávalos al 900, en la ciudad de Resistencia. El procedimiento concluyó con la detención del hombre, quien fue trasladado a Medicina Legal para realizar las diligencias de rigor, antes de ser alojado en una dependencia policial bajo la órbita del Equipo Fiscal N°4, a cargo de Gustavo Cáceres Olivera.

Durante el operativo, los agentes secuestraron un teléfono celular que fue considerado de interés para la investigación, ya que podría contener pruebas relevantes sobre las amenazas, el hostigamiento y la posible vulneración de la privacidad de la víctima.

La causa fue caratulada como “Supuestas amenazas en contexto de violencia de género y hurto”. Mientras tanto, continúan las actuaciones judiciales para determinar la responsabilidad penal del imputado y el alcance de los hechos denunciados. La investigación también evalúa la posible utilización de recursos tecnológicos por parte del acusado para acceder a información personal de la víctima, lo que motivó el involucramiento del área de ciberdelitos.

Según se informó, el caso permanece bajo investigación y se aguardan peritajes sobre los dispositivos electrónicos incautados. El avance de la causa está supervisado por la Fiscalía N°4, que analiza las pruebas reunidas y la declaración de la denunciante, quien mantiene resguardo policial por disposición judicial.

Violó la perimetral, agredió a su ex y recibió su tercer condena por violencia de género

Casi un mes atrás, la Justicia dictó por tercera vez una condena por violencia de género y familiar a un hombre de Villa María, Córdoba, en donde las víctimas eran su pareja y la madre de ella. Además, lo acusaron de otros cinco delitos.

E. A. C. fue sentenciado a dos años de prisión efectiva en el marco de un juicio abreviado en el que fue declarado reincidente. El tribunal lo encontró autor penalmente responsable de violación de domicilio, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas reiteradas, lesiones leves calificadas y hurto. El hombre había ingresado al domicilio de las damnificadas, sin autorización. Además, ejerció amenazas sostenidas en el tiempo y agresiones físicas.

Los hechos por los que fue juzgado en esta oportunidad se remontan a 2018, 2024 y 2025, por los cuales permanecía detenido desde hacía un año y dos meses. Al tratarse de una pena de cumplimiento efectivo sobre todo por la reiterancia de los hechos, E. A. C. deberá permanecer alojado en un establecimiento penitenciario.

El hombre tenía un amplio historial de condenas por hechos de iguales características que había cumplido en el pasado. En 2020 lo sentenciaron a dos años de prisión por un total de 15 hechos, que incluyeron encubrimiento, desobediencia a la autoridad reiterada, amenazas, violación de domicilio, coacción y lesiones leves calificadas. Tres años después, en 2023, volvió a recibir dos años de prisión efectiva por nuevos episodios de violencia familiar. En aquel proceso, el juez de la Cámara del Crimen, Félix Alejandro Martínez, le impuso la pena tras la confesión del acusado, en una causa que comprendía amenazas reiteradas, desobediencia a la autoridad y lesiones leves calificadas.

Frente a esa reiteración de conductas, la Justicia había ordenado que Castellano realizara tratamiento psicológico dentro del penal para abordar su problemática vinculada a la violencia.

De cara a la segunda vuelta electoral, llama la atención una denuncia en la que contratistas afirman que la viceministra de Defensa estaría ejerciendo presión para despedir a los seguidores de Abelardo de la Espriella de la Hidroeléctrica Urrá.

Uno de los testimonios es el de Alejandro Padrón Pardo, que en diálogo con Semana indicó que se ha registrado una ola de despidos que tendrían como factor en común una supuesta orden de Angélica Verbel, viceministra para la Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa.

Padrón Pardo indicó que fue despedido el 22 de abril de 2026 y señaló a la viceministra como responsable de su desvinculación. “La viceministra de Defensa, Angélica Verbel, haciendo uso ilegal, arbitrario e indebido de información obtenida de mis redes sociales y con el único propósito de perseguirme políticamente, acudió a un video grabado en el año 2024, cuando yo no era funcionario de Urrá y cuando el doctor Abelardo de la Espriella no ostentaba la condición de candidato presidencial“, declaró al medio citado, en el que indicó que no tiene ningún tipo de cercanía con el aspirante a llegar a la Casa de Nariño.

Viceministra de Defensa se defendió de las acusaciones

En diálogo con Infobae Colombia, luego de que la Hidroeléctrica Urrá emitiera un comunicado en el que desmintió las acusaciones realizadas por Alejandro Padrón Pardo, la viceministra Angélica Verbel negó tener algún tipo de injerencia en la empresa mencionada.

“Desconozco la razón o el objeto de tales aseveraciones. No tengo ninguna injerencia en Urrá tal como lo mencionan. No trabajo y nunca he trabajado en esa empresa. Quisiera dejar claridad de que mi trabajo se limita exclusivamente a las funciones que ejerzo como viceministra de Estrategia y Planeación del Ministerio de Defensa Nacional”.

Verbel afirmó que no conoce a las personas mencionadas en el informe noticioso y rechazó que se le vincule para lo que calificó como una estrategia para desprestigiar su trabajo y el de la cartera.

“No conozco al señor Alejandro Padrón y rechazo cualquier afirmación que pretenda atribuirme decisiones relacionadas con su situación laboral. No sé quién es el señor Eric José Guerra, al que también mencionan”.

Debido a la gravedad de las acusaciones, la viceministra pidió que los contratistas la denuncien formalmente con las pruebas que tengan en su contra, puesto que hasta el momento esto no se ha registrado.

“Desconozco las razones que lo llevan a realizar tales señalamientos. Reitero que no tengo participación ni injerencia alguna en decisiones administrativas o laborales en esa empresa. Si cualquiera de las personas que formula estas acusaciones considera tener pruebas que respalden sus afirmaciones, corresponde que las presenten ante las autoridades competentes. Las acusaciones públicas deben sustentarse en hechos verificables y no en especulaciones”.

Por último, anticipó que está considerando comenzar un proceso legal contra los individuos que han afirmado que fueron despedidos por presión política liderada por ella.

“Rechazo cualquier intento de atribuirme responsabilidades sobre eventuales situaciones que afecten la integridad de cualquier persona. Se trata de afirmaciones graves, temerarias e infundadas que carecen de evidencia alguna, merecen es una denuncia por mi parte”.

En el comunicado publicado por la hidroeléctrica se alejaron de las denuncias contra la empresa y aseguraron que todas las decisiones internas han sido tomadas de manera legal.

“El presidente de la empresa Urrá ejerce sus funciones con plena autonomía administrativa, conforme a las competencias que le otorgan la ley, y los estatutos de la empresa. Asimismo, rechaza de manera categórica falsas afirmaciones sobre intromisiones de terceros en la toma de decisiones o que estas obedezcan a temas de índole político. Todas las decisiones son adoptadas en el ejercicio de la gobernanza administrativa y adoptadas bajo el estricto cumplimiento del ordenamiento jurídico”.

A cinco meses del femicidio de Ramona Medina, sus hijas Edith y Cintia denunciaron demoras en la investigación y cuestionaron que solo haya un detenido. En una entrevista en el barrio Agua Santa, en Las Termas de Río Hondo, reclamaron avances concretos para determinar si hubo más personas implicadas.

La familia reclamó nuevas medidas de prueba en la propiedad vinculada al imputado, con inspecciones más exhaustivas y excavaciones en sectores específicos ante la sospecha de que aún podrían hallarse restos de la víctima. Edith Medina afirmó: “Hace un mes que se realizaron las aperturas de los celulares y seguimos esperando los informes. Esperamos que sirvan para determinar si hay más personas involucradas”.

Ramona Medina fue asesinada en enero y sus restos aparecieron desmembrados y parcialmente quemados en inmediaciones del cementerio local. Las hermanas pidieron que se investigue al entorno familiar de el único detenido, identificado como Luis Bustamente alias “Chucky”. “Todos estuvieron ahí. No creemos que una sola persona haya podido hacer todo esto sola”, expresó Cintia Medina. También apuntó contra un cuñado del acusado, a quien considera clave en las horas posteriores al crimen.

El expediente penal está a la espera de informes de apertura y peritajes tecnológicos sobre varios teléfonos celulares secuestrados durante allanamientos. Las hijas de la víctima creen que el cruce de llamadas y los datos de geolocalización pueden permitir identificar a partícipes secundarios. Los cuestionamientos de la familia apuntan de manera explícita al círculo íntimo de Luis Bustamante, y la querella sospecha que varios parientes del acusado estuvieron en la vivienda donde, presuntamente, se realizaron maniobras para ocultar y hacer desaparecer el cuerpo de la mujer.

El femicidio de Ramona Medina

Ramona Medina fue vista por última vez la noche del 15 de febrero, cuando salió hacia los festejos de carnaval en el corsódromo en Santiago del Estero. A partir de su desaparición se activó un operativo de búsqueda, hasta que la investigación cambió con la declaración de un remisero. El conductor relató que al llegar a una vivienda ubicada en las calles San Martín e Italia, en el barrio Herrera El Alto, vio a una mujer sentada en la galería de una propiedad y a un hombre que intentaba incorporarla. El remisero desistió del viaje porque creyó que ambos estaban bajo los efectos del alcohol.

Ante la sospecha de que podía tratarse de la mujer desaparecida, el fiscal Gustavo Montenegro pidió un allanamiento de urgencia en esa casa. En ese procedimiento, la Policía detuvo a un hombre de 38 años y secuestró dos teléfonos celulares; uno de ellos sería de Ramona.

Después de ser trasladado a sede policial, el sospechoso habría confesado el crimen y hasta indicó dónde estaba el cuerpo. Los efectivos lo localizaron en un campo adyacente al cementerio, envuelto en una frazada y con signos de incineración. Al cadáver le faltaban el torso, los brazos y el cráneo.

Bajo custodia y por orden de la fiscal Dahiana Pérez Vicens, el principal acusado por el femicidio de Ramona Emilia Medina, fue sometido el 10 de marzo a una primera pericia psicológica. Una vez terminada la evaluación, el acusado fue llevado de regreso al Centro Único de Detenidos, donde permanece alojado. La fiscalía pretende que el acusado siga preso mientras incorpora pruebas médicas y psicológicas para definir su situación procesal.

Mientras tanto, la defensa oficial solicitó la excarcelación del imputado con el argumento de que no existirían elementos probatorios suficientes en su contra. Sin embargo, el juez de Control y Garantías Silvio Salice rechazó ese planteo, hizo lugar al pedido de la fiscal Pérez Vicens y dispuso la prórroga de la detención. La resolución judicial se apoyó en la existencia de indicios que, a criterio del tribunal, justifican que el hombre siga bajo custodia mientras continúa la investigación.

En la tarde del 3 de junio, la concejala de Medellín Claudia Carrasquilla compartió videos en su cuenta de X que afirmó que son la prueba de que en la capital antioqueña están entregando canastas de huevos a los potenciales votantes de Iván Cepeda.

“Qué huevonada con Iván Cepeda”, fue parte de la descripción que sumó Carrasquilla en su publicación, que hasta el momento suma más de 4.000 reproducciones.

Carrasquilla señaló en su denuncia que: “Lo que está ocurriendo en la Ciudadela Nuevo Occidente merece una explicación inmediata. A pocos días de una elección definitiva para Colombia, aparecen estos personajes entregando canastas de huevos mientras les piden a los ciudadanos la cédula y una firma, bajo el supuesto argumento de un registro para recibir la ayuda”.

La cabildante indicó que ha descubierto que se trata de personas que respaldan la campaña de Iván Cepeda y pidió explicaciones al candidato presidencial sobre este hecho.

“La pregunta es simple: ¿qué están firmando realmente los ciudadanos? Si la ayuda es transparente, ¿por qué condicionarla a la entrega de datos personales? ¿Por qué recoger firmas en plena campaña? ¿Por qué tantas coincidencias cuando el Pacto Histórico y su candidato atraviesan uno de sus momentos más difíciles en las encuestas?”, cuestionó Carrasquilla.

La concejala invitó a que los ciudadanos se informen sobre los documentos que firman en la calle y pidió que las autoridades esclarezcan la transparencia en ese tipo de situaciones.

“Aquí van a ver las imágenes, están entregando canastas de huevo, pero miran cómo exigen la cédula y la firma. Sigan creyendo que de eso tan bueno no le dan a uno”, puntualizó.

Carrasquilla denunció hostigamiento por cuestionar la ‘paz urbana’ del Gobierno Petro

La concejala Claudia Carrasquilla denunció amenazas y hostigamientos tras exponer una fiesta en la cárcel de Itagüí, evento que puso en entredicho las negociaciones entre el Estado y las bandas criminales del Valle de Aburrá.

Carrasquilla afirmó que un dron de vigilancia se estrelló en su residencia, lo que se suma a las amenazas previas recibidas por su labor de denuncia. A través de X, la cabildante responsabilizó al Gobierno del presidente Gustavo Petro de lo que pueda ocurrirle, argumentando que la permisividad estatal fortaleció a las estructuras criminales en Antioquia y la capital.

En sus declaraciones, Carrasquilla sostuvo que no se dejará intimidar y que continuará denunciando la recuperación del control territorial por parte de los violentos, quienes además estarían reclutando menores, desplazando familias y extorsionando a la ciudadanía. La concejala reiteró que las amenazas son consecuencia directa de las políticas de negociación con grupos delincuenciales, y que el Estado, al ceder ante ellos, permite que se sientan con poder para intimidar a quienes los enfrentan públicamente.

Por su parte, el presidente del Concejo de Medellín, Alejandro de Bedout, expresó su respaldo a Carrasquilla y pidió una investigación para esclarecer los hechos; de hecho, alertó sobre la gravedad de que una concejala que denuncia la criminalidad se convierta en víctima de posibles actos de intimidación, solicitando protección para quienes alzan la voz contra la ilegalidad.

Además, el alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, se manifestó en contra de la continuidad de la mesa de diálogos con las bandas, argumentando que mientras se negocia en la cárcel, los grupos siguen delinquiendo. El proceso de ‘paz urbana’, no obstante, mantiene el apoyo del Gobierno Petro, que destaca la reducción de homicidios como uno de sus logros, a pesar de los hechos denunciados.

En 2016, la actriz denunció al conductor de Resto del mundo por lesiones agravadas y violencia de género, mientras que él presentó una contrademanda por lesiones y amenazas. Luego del sobreseimiento de ambos, las secuelas de ese conflicto siguen presentes para Barbie, quien se largó a llorar luego de que su ex recordó su polémica separación: “Estoy muy angustiada. El fin de semana la pasé como el ort... por una persona que, cuando decide, saca un tema que para mí es dolorosísimo”, introdujo en Storytime (Bondi Live).

La actriz dejó claro que el episodio marcó un antes y un después en su vida. “Él lo habla desde una impunidad y una soberbia terrible... cuando en mí generó el trauma más grande de mi vida. Hace 10 años que decido callarme la boca, no hablar y no escuchar cuando saca el tema, pero trabajo de esto y me llegan mensajes”, continuó.

El conflicto entre Barbie Vélez y Federico Bal tuvo su punto de mayor exposición cuando ambos realizaron denuncias legales y públicas por violencia y agresiones mutuas. Aunque el tiempo pasó y cada uno siguió su camino profesional, la reciente mención del tema de Fede Bal en un programa del canal de streaming Blender reactivó el dolor para Vélez, quien aseguró que la situación le produce angustia y que prefiere no hablar sobre ello porque la afecta emocionalmente.

“Cuando se reflota el tema me genera angustia y tristeza, y no tengo por qué bancármelo”, confesó. Dirigiéndose a Federico Bal le pidió: “No hables más de mí, y si querés hablar, que sea para pedir perdón. Cerrá el ort..., flaco. No hables nunca más de mí”.

La intérprete también remarcó que ya no es la misma joven de hace una década: “Ya no soy esa nena de 20 años que no sabía hablar y tenía vergüenza. Tengo 30 años, pasaron 10 años en mi vida y mucha terapia de por medio, así que no me rompas más las pelotas. Estoy harta de cerrar la boca. Es un tema que me hace pésimo, pero cortala, un límite. Dejame de romper los huevos, no hables más”, pidió con firmeza.

“Entiendo que debe ser difícil no tener gente que te ama, una familia hermosa que te contiene... Estoy harta de decir ‘de este tema no hablo’, como si tuviese algo que ocultar. No lo hablo porque me pone mal y sensible, no tengo ganas de darle entidad, pero ya está”, lanzó, punzante mientras Nazarena Vélez, su madre y conductora del ciclo, la contenía. “Te amo, mi amor. Tranquila”, le pidió.

En una reciente entrevista con José María Listorti en Blender, Federico Bal recordó el final de su relación con la hija de Nazarena Vélez y definió esa etapa como “una relación durísima”. Sobre las denuncias de violencia, Bal sostuvo: “Cuando vas con la verdad... Yo anoté lo que cada persona decía de mí y me ocupé de tratar estos temas donde tienen que tratarse, que es delante de un juez y con un abogado”.

“La tele se hace eco de cosas que no tienen que tratarse en un estudio, sino en un estudio de abogados y delante de un juez”, insistió. El conductor aseguró que el tiempo le dio la razón frente a las acusaciones.

“Tenía toda la vida para demostrar lo que estaba pasando y el tiempo me dio la razón”, afirmó. Sobre el motivo por el que no evita hablar del asunto, agregó: “Esto pasó hace mucho tiempo y yo no hablo de este tema, pero no me molesta tocarlo. Cuando vos sos sincero, una buena persona y te criaron bien, no te vas a Brasil, no te vas a ningún lado que no sea a tu casa y a tu trabajo todas las mañanas. Te quedás acá”, expresó, en aparente referencia a otros casos mediáticos.

Bal cerró su intervención con una reflexión sobre el manejo público de estos conflictos: “No hay que irse, hay que quedarse en la puerta de la casa recibiendo a la prensa porque vos sos un chabón sincero, que hiciste las cosas bien en una relación durísima que habría que haber terminado mucho tiempo antes”.

La marca de ropa Versa For Men acusó al bailarín profesional Campanita de incumplir el pago del vestuario que usó en La casa de los famosos Colombia.

“Para todos nuestros clientes y todas las personas del mundo de la confección y diseño saben que realizar una prenda no es para nada ni fácil ni sencillo, todo viene desde el esfuerzo la dedicación y el amor que le pones a cada trabajo que realizamos, hoy queremos compartir algo que nos sucedió con alguien que consideramos como amigo y en alguien a quien le brindamos nuestro apoyo y confianza“, fue le mensaje con el que acompañaron el comunicado en su cuenta de Instagram.

Los diseñadores aseguraron, en un texto en el que detallaron lo ocurrido, que confeccionaron 26 trajes exclusivos para el bailarín y que la inversión ascendió a $11.658.000, sin incluir costos de representación ni otros gastos indirectos.

Según el comunicado de la firma de ropa masculina, el monto está respaldado con facturas. La empresa afirmó además que la propuesta de pago de Campanita y su equipo fue de $2.324.000 pesos.

Qué reclama la marca

Versa For Men sostuvo que el valor de su trabajo no fue reconocido. En el texto, indicó que el proceso incluyó múltiples entregas bajo presión, cambios de último minuto y la exigencia de mantener el nivel en cada aparición.

La firma también señaló que la estrategia de vestuario buscaba dar visibilidad tanto al participante como a la moda colombiana, pero que el resultado fue una experiencia económicamente insostenible y sin el reconocimiento esperado.

El cierre del comunicado

“Exigimos respeto, reconocimiento y valoración por el trabajo real, el talento y la dedicación”, concluyóVersa For Men en el comunicado.

La marca reiteró en ese texto su malestar por el trato recibido de parte de Campanita y su compromiso con la calidad y el profesionalismo en la industria nacional.

Los comentarios en la publicación no tardaron en aparecer, con mensajes de los cuales destacan: “Dejen de trabajar con influenciadores que todo lo quieren regalados”; “Este no es el medio para reclamar las cosas, firmen un contrato y se libran de todo eso”; “No es la primera vez que les pasa, siempre ponen las mismas quejas”; “No entiendo por qué no cobran anticipado”, entre otros.

Hasta el momento no se ha conocido una respuesta o reacción por parte del concursante afirmando o desmintiendo la situación, por lo que se espera que aclare lo que ocurrió.

Quién es Campanita y su historia de amor

Gracias a un contrato que se ganó con una compañía de baile en su natal (Cali, Valle del Cauca), Franck Stiward Luna Valencia como es el nombre real deCampanitasalió muy joven del país. Su talento como bailarín profesional de salsa caleña lo llevó a Turquía, Egipto, Italia, Alemania entre otros lugares que ha conquistado con sus pasos. “A los 14 años aprendí a ser independiente”.

En 2019, estando en Turquía,Campanitaconoció por medio de una aplicación al hombre con el que hoy comparte su vida. “Nosotros hicimos match en Tinder, nos empezamos a hablar, pero todo fue por chat”, contó el bailarín.

“Él es doctor, es enfermero también. Había ido a Turquía a hacer un trabajo con el grupo de él y nosotros solamente hicimos ‘match’ por Tinder. Duró los años consecutivos hasta el año anterior 2023, cuando yo terminé en Ámsterdam, regresé a Egipto y él me volvió a escribir. Volvimos a hablar nuevamente y retomamos todo. Yo le dije que si me quería visitar y él me fue a conocer hasta allá. Fue literal un flechazo, teníamos la química”, resumió el joven participante de La casa de los famosos Colombia.

Al ver los tratos a los que era sometido el animal, los vecinos decidieron grabar y difundir el material en redes sociales, lo que llevó a la intervención de los rescatistas que respondieron a las denuncias ciudadanas y la amplia circulación de los videos, logrando que la mascota fuera sacada del lugar y quedara fuera de peligro.

El reporte de la Plataforma Alto indica que el animal fue salvado por rescatistas de una casa ubicada en el sector de Bosa Etapa 1. Y es que los denunciantes mostraron el momento en el que el animal era golpeado y recibía baños con agua fría por parte de un hombre que habitaba la vivienda.

La difusión de imágenes y testimonios facilitó la llegada de los rescatistas y la recuperación del animal de ese entorno de violencia.

Reacciones de la comunidad tras el maltrato animal

La rápida difusión en redes sociales provocó una reacción de rechazo contra el maltrato animal y en apoyo al rescate. Usuarios y residentes agradecieron a las personas que contribuyeron a visibilizar el caso y celebraron que la perrita ya no corra peligro.

Organizaciones como la plataforma que lucha por los derechos de los animales informaron que la mascota se encuentra actualmente fuera de la vivienda y en búsqueda de un nuevo hogar. Por esta razón, vecinos, usuarios y activistas destacaron el valor de la acción colectiva para enfrentar situaciones que vulneren a los animales.

“Les quiero contar que la persona la entregó voluntariamente, nos la entregó voluntariamente, entonces vamos con la gordita. Ella se llama Kira (...) Cualquier persona que quiera adoptarla o darle hogar de paso mientras tanto, me escriben”, declaró la rescatista que tiene en sus manos al animal.

Además del presunto maltrato, la organización expuso lo siguiente: “Residentes señalan al individuo de la casa por conductas violentas, incluyendo constantes agresiones contra su propia esposa”.

Estas acusaciones corresponden a denuncias realizadas por la comunidad y no han sido confirmadas oficialmente. Sin embargo, ante la gravedad de los señalamientos, vecinos del sector de Bosa Etapa 1 pidieron la pronta intervención de las autoridades para evitar que se produzcan peores situaciones que puedan terminar en fatalidad.

De momento, las denuncias permanecen bajo revisión y requieren verificación por parte de la Policía.

Residentes y usuarios de redes sociales pidieron una respuesta rigurosa por parte de las entidades de protección animal y un seguimiento exhaustivo de las denuncias. Asimismo, solicitaron que se refuerce la vigilancia y educación de la comunidad para prevenir nuevos casos de maltrato y para salvaguardar la seguridad de los animales.

Entre los comentarios de los internautas se destacan: “Me alegra el día cuando veo que un peludito más es rescatado de personas asquerosas. Me gratifica ver que las situaciones fueron interrumpidas. Pero me genera tanta asfixia no saber qué pasó con el hpta que generó todo esto”, “Cárcel para ese desgraciado abusador de perritos” y “Gracias a Dios la liberaron de ese maltratador”.

Hasta ahora, las autoridades mantienen atención sobre el caso mientras se aclaran los hechos. La comunidad insiste en la importancia de una reacción oportuna de las entidades y del seguimiento de las denuncias para evitar futuros casos.

Entre tanto, algunos criticaron la intervención del Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal, pues a través de sus redes sociales confirmaron que el animal fue entregado antes de que ellos llegaran para verificar la denuncia.

“Cuando el Instituto articuló intervención, fue informado por la autoridad policial sobre su entrega -antes del arribo- a una persona de la comunidad”, indicó el comunicado.

Bioceres Crop Solutions denunció una presunta estafa por USD 12 millones que involucra a su exdirectiva Gloria Montarón Estrada.

Según la presentación hecha ante la justicia de Santa Fe el miércoles pasado, Montarón Estrada habría transferido 5,3 millones de acciones de la empresa, lo que habría causado un perjuicio económico para Bioceres y, de manera indirecta, para sus accionistas y acreedores.

La denuncia ubica los hechos en octubre de 2025. Allí se detalla que la operación se realizó a través de una carta de indemnidad, mediante la cual se evitó el trámite habitual de certificación de firmas y se liberó de responsabilidad a la entidad que custodiaba las acciones. Todo el proceso, según comentaron fuentes cercanas al caso a Infobae, fue gestionado por Montarón Estrada, quien en ese momento ya no era parte de Bioceres, sino que presidía el directorio y encabezaba el área legal de Moolec, la holding que controlaba toda la operación.

De acuerdo al escrito judicial, la carta presentada incluía una firma falsa atribuida a Federico Trucco, CEO de Bioceres. Trucco declaró que nunca firmó ese documento ni autorizó a nadie a hacerlo en su nombre. La denuncia sostiene que Montarón Estrada habría aprovechado su relación previa con la empresa para ejecutar la maniobra.

La operación culminó con la transferencia de las acciones a una firma vinculada al ecosistema de Moolec Science, lo que generó una pérdida para Bioceres Crop Solutions, que fue uno los apéndices de la empresa que cotiza en Wall Street (BIOX) y hoy funciona de manera separada, y sus accionistas. Voceros de los fundadores y exdirectores de Bioceres S.A. afirman que los nuevos accionistas, entre ellos el empresario uruguayo, Juan Sartori, no estaban al tanto de la maniobra y señalan a Montarón Estrada como principal responsable.

En el centro del conflicto, marcado por denuncias cruzadas y graves acusaciones económicas, están Federico Trucco, CEO y fundador de la compañía, y Juan Sartori, empresario uruguayo, exsenador y exprecandidato presidencial, quien ingresó como accionista en 2025.

El enfrentamiento entre Trucco y Sartori atraviesa el presente de Bioceres y explica el trasfondo de la crisis. En los últimos años, la compañía biotecnológica, que alguna vez fue señalada como potencial unicornio argentino, quedó envuelta en una profunda crisis financiera y societaria. El conflicto se agudizó luego del ingreso de Sartori como accionista tras la convocatoria de Trucco.

La relación se deterioró rápidamente y derivó en una “guerra de comunicados” y denuncias cruzadas. La nueva conducción, encabezada por Sartori, responsabilizó a Trucco y a la gestión anterior por el deterioro patrimonial y la caída del valor de la empresa. De hecho, atribuyó el colapso financiero a decisiones tomadas bajo la conducción centralizada de Trucco, incluyendo la emisión de pagarés bursátiles, adquisición de acciones de BIOX y negociaciones de deuda. Alegaron que estas maniobras terminaron por agravar la exposición financiera del grupo y precipitaron el pedido de quiebra de Bioceres S.A., presentado como una “medida necesaria” ante la imposibilidad de cumplir con las obligaciones exigibles.

Por su parte, allegados a Trucco rechazan la versión de la nueva conducción y acusan a Sartori de haber impulsado el default de pagarés y una estrategia hostil con los acreedores. Según fuentes cercanas al ex CEO, Sartori intentó desplazarlo del control de BIOX con una oferta hostil que no prosperó, y luego avanzó con la venta de acciones a pérdida, lo que habría generado una pérdida adicional de unos USD 20 millones. Además, señalan que la quiebra de Bioceres S.A., decretada el pasado 3 de marzo por la justicia santafesina, fue utilizada como herramienta de presión societaria en medio del proceso judicial.

El conflicto escaló en los últimos meses, en paralelo a la caída del valor de las acciones de BIOX en el Nasdaq, que pasaron de USD 7 a menos de USD 1 desde el ingreso de Sartori. Hoy la acción cotiza a USD 0,49, uno de los valores mas altos del papel de BIOX en todo mayo, aunque tuvo picos de USD 0,54. En este escenario, la empresa se encuentra dividida entre quienes responden a Trucco y quienes apoyan a Sartori, mientras las causas judiciales y las acusaciones por el manejo de activos y decisiones estratégicas siguen sin resolverse.

Leticia Estrada descubrió en enero de este año que el profesor de coro y tecnología de su hija de 14 años mantenía con ella una relación que él mismo describió como un “noviazgo”. Las indagatorias señalan que el docente, quien da clases en la Secundaria Federalizada 53 Quetzalcóatl de Ecatepec, habría iniciado el acercamiento dentro de la escuela en septiembre de 2025.

La madre encontró la evidencia al revisar el celular de la menor durante las vacaciones de fin de año. En él encontró una aplicación con acceso restringido que contenía las conversaciones entre el maestro y su hija.

Tras descubrir la situación, los familiares difundieron una grabación en la que el profesor reconoce abiertamente el vínculo y asegura que ambos decidieron iniciar un noviazgo. En el audio, se escucha al docente decir: “Tomamos la decisión de eso, de ser pareja, de ser novios. En su momento, bueno, sí, yo sí quería hablar con ustedes, pues para que me lo permitieran”.

Leticia Estrada rechazó de inmediato la propuesta y recriminó la diferencia de edades, señalando al docente por traicionar la confianza depositada en él como responsable del grupo de coro. La madre enfatizó: “Usted tiene casi 50 años, ¿se da cuenta de eso?”.

El acercamiento y la reacción de la escuela

El primer contacto ocurrió dentro del coro escolar, espacio en el que Víctor “N” tenía trato cotidiano con la adolescente. La madre señaló que confió a su hija al maestro precisamente porque el coro era un entorno con muchas alumnas y ella no imaginó un riesgo.

Cuando Leticia presentó la denuncia formal por abuso sexual, la respuesta inicial de las autoridades del plantel se limitó a reubicar al docente en otra área. La medida no satisfizo a la familia.

Tras conocer los hechos, el maestro se presentó en el domicilio de la familia. “Él se presenta en mi domicilio el día que nosotros nos enteramos de este problema, supuestamente para dar la cara y para decirnos que tenía buenas intenciones con mi hija”, relató Leticia.

La madre formalizó la denuncia penal y un juez dictó prisión preventiva oficiosa contra el docente. La medida, sin embargo, no se mantuvo.

La fianza y el temor de la familia

Víctor “N” obtuvo un amparo que le permitió sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario, con el pago de una garantía de 75 mil pesos. La decisión encendió las alarmas de la familia.

En redes sociales existe un movimiento que exige la reclasificación del delito: de abuso sexual a pederastia o violación equiparada, figuras que conllevan penas más severas. La petición gana fuerza a partir del audio en el que el propio maestro admite el “noviazgo”.

La cercanía que alarma a la madre

Leticia advirtió que el domicilio del profesor está a cinco minutos del de su familia. “Aparte de intranquilos, nos tiene enojados, nos tiene frustrados (…) esta persona obviamente sabe dónde vivimos, conoce perfectamente la rutina de mi hija, sabe dónde trabaja mi esposo”, declaró.

La madre exige que la justicia actúe con mayor contundencia. El caso permanece abierto mientras la familia aguarda una resolución que, según considera, esté a la altura de la gravedad de los hechos.

El Consejo Nacional Electoral (CNE) expidió un auto el 29 de mayo de 2026, en el que el despacho de la magistrada Fabiola Márquez Grisales avocó conocimiento de una denuncia por presunta violencia contra la mujer en política y decretó la práctica de pruebas. La denuncia está radicada bajo el expediente CNE-E-DG-2026-019613.

De igual manera, ordenó la activación de rutas de atención para la candidata presidencial Paloma Valencia. “En el marco de la Ley 2453 de 2025 y la Resolución 10946 de 2025, se dispuso activar las rutas institucionales de atención, acompañamiento y garantías para la candidata presidencial Paloma Susana Valencia Laserna, así como requerir información a las partes involucradas y terceros relevantes para el esclarecimiento de los hechos”, precisó.

El CNE también ofició a Caracol Radio para que remita un informe sobre el registro temporal de la pauta que es objeto de análisis. La cadena radial debió enviar la información solicitada en un término de dos horas, contadas a partir de la comunicación del auto. “El Auto fue comunicado por correo electrónico el viernes 29 de mayo de 2026 a las 2:21 p. m., es decir, el medio de comunicación tiene plazo hasta las 4:21 pm del día en curso, para remitir la información solicitada”, precisó.

Añadió: “El Consejo Nacional Electoral reitera su compromiso con la protección de los derechos políticos de las mujeres, el debido proceso y las garantías democráticas”.

Investigación contra “Matador” por violencia política ejercida sobre Paloma Valencia

Esta no es la primera vez que el CNE avoca conocimiento sobre una denuncia que involucra a la candidata presidencial Paloma Valencia. El 13 de mayo de 2026, la prensa informó que la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral decidió abrir una investigación relacionada con presunta violencia de género ejercida sobre la aspirante presidencial.

La autoridad electoral determinó evaluar una ponencia que propone formular cargos contra el caricaturista Julio César González, conocido como “Matador”, debido a varias publicaciones que compartió en sus redes sociales en enero de 2026, las cuales incluyeron expresiones ofensivas sobre el aspecto físico de la congresista, las cuales podrían configurar violencia política por razón de género.

La solicitud de apertura de investigación fue presentada por la legisladora Lina María Garrido, de Cambio Radical, y por el director del partido Centro Democrático, Gabriel Jaime Vallejo Chujfi. La ponencia fue elaborada por el magistrado Álvaro Hernán Prada.

Según el documento que estudiará la Sala Plena, las publicaciones difundidas en la red social X no se centraron en asuntos programáticos ni políticos de la candidata presidencial. Por el contrario, se enfocaron en su peso y su apariencia física, en un intento por ridiculizarla.

El expediente menciona que “Matador” reposteó mensajes de terceros con ataques contra Valencia, en los que aparecían términos como “marrana”, “gorda”, “bruja racista” y alusiones a “comer de gula”. De acuerdo con la ponencia, también se identificaron comparaciones y comentarios sobre la apariencia de la dirigente, junto con expresiones consideradas despectivas.

Entre los contenidos analizados figura un video en el que se compara a Paloma Valencia con la escultura de la paloma de la paz de Fernando Botero. Esa publicación iba acompañada de una frase atribuida al humorista Jaime Garzón.

La ponencia también documentó el uso de la expresión “no se dirige, se digiere”, la cual hace referencia al peso de Paloma Valencia, acompañada de imágenes comparativas y caricaturas.

De igual manera, en una de las publicaciones incorporadas al expediente se afirma que “la senadora se come en un desayuno bufete el valor del bono solidario destinado a adultos mayores”. El documento señala que ese mensaje fue difundido junto con una representación gráfica orientada a la burla y a la humillación pública.

La ciudad de Minneapolis enfrenta nuevamente el escrutinio público tras la dimisión de Brian O’Hara como jefe de la Policía.

La salida del funcionario se produjo luego de que una investigación oficial concluyera que interfirió en un expediente sobre su propia conducta, un hecho que el alcalde Jacob Frey consideró incompatible con la continuidad de O’Hara al mando, según reportó NBC News.

Investigación interna, acusaciones y ruptura de confianza

El episodio comenzó con una denuncia anónima recibida el año pasado en la oficina del alcalde. La queja acusaba a O’Hara de mantener relaciones sexuales con empleadas municipales.

Un proceso externo descartó la veracidad de esas acusaciones, pero la situación cambió cuando una segunda pesquisa se centró en el comportamiento del jefe policial durante la investigación.

De acuerdo con Fox News, se determinó que O’Hara borró intencionalmente un contacto de su teléfono oficial y que, pese a restricciones explícitas, habló sobre el caso con otro empleado de la ciudad.

“Cuando se sirve como jefe del Departamento de Policía de Minneapolis, la confianza no es secundaria al trabajo; es el trabajo”, declaró el alcalde en una rueda de prensa citada por NBC News. Ese quiebre en la relación de confianza llevó a comunicarle a O’Hara que enfrentaría sanciones disciplinarias que podían incluir su despido. Finalmente, el propio jefe policial presentó su renuncia, como confirmó también AP News.

La investigación interna reveló que O’Hara eliminó la tarjeta de contacto de una empleada de su dispositivo institucional entre el 1 y el 7 de mayo de 2025. El documento, obtenido por NBC News, indica que los investigadores no encontraron explicación técnica para esa eliminación y que el jefe negó en entrevistas haber borrado el registro.

El hecho de compartir información sobre la pesquisa, después de haber recibido la orden de no hacerlo, sumó gravedad al expediente, de acuerdo con CBS News.

Denuncias en curso y reacción institucional

A la fecha de la renuncia, la ciudad contabilizaba 17 denuncias abiertas adicionales contra O’Hara, todas independientes del proceso que derivó en su salida, como detalló la vocera del alcalde, Jennifer Lor, en declaraciones recogidas por AP News.

El contenido de esas quejas se mantiene bajo reserva. La administración municipal recalcó que la interferencia de O’Hara no alteró el resultado de la investigación inicial sobre las supuestas relaciones con empleadas, pero sí comprometió la integridad del proceso y la credibilidad de la institución.

En la carta formal de reprimenda, el alcalde escribió: “Aunque los investigadores concluyeron que las acusaciones subyacentes de la investigación original siguen sin estar sustentadas, su interferencia con la investigación puso en riesgo la integridad de la investigación y constituye una ruptura importante de la confianza”, según reprodujo CBS News.

El comisionado de la Oficina de Seguridad Comunitaria de Minneapolis, Todd Barnette, agradeció públicamente los servicios de O’Hara y subrayó los avances logrados en los últimos años: “El jefe O’Hara ayudó a impulsar los esfuerzos de reforma policial, a recomponer la dotación de agentes juramentados y a guiar al departamento a través de algunos de los momentos más difíciles de la ciudad”, citó NBC News.

Trayectoria y contexto de gestión

Brian O’Hara asumió la jefatura en 2022, cuando el departamento atravesaba una crisis de legitimidad tras el asesinato de George Floyd. El caso Floyd, ocurrido dos años antes, detonó protestas globales bajo el movimiento Black Lives Matter y generó presiones para reformar los cuerpos policiales, recordó AP News.

Durante la gestión de O’Hara, Minneapolis firmó un acuerdo con el gobierno federal para modificar la capacitación de los agentes y las políticas de uso de la fuerza. Ese convenio fue cancelado meses después por el Departamento de Justicia bajo la presidencia de Donald Trump.

En el periodo más reciente, la policía local debió responder a incidentes de alto impacto, como el tiroteo en la Annunciation Catholic School en agosto pasado. Además, O’Hara criticó públicamente el accionar de agentes federales tras un operativo de control migratorio en el que una mujer fue sometida con la rodilla en la espalda, según consignó AP News.

El operativo, conocido como Metro Surge, generó tensiones entre diferentes niveles de gobierno y sectores sociales, como explicó CBS News.

Declaración pública tras la renuncia y futuro de la policía

Un día después de su dimisión, O’Hara difundió un mensaje a través de su abogado en el que afirmó: “Las circunstancias no deberían definir su servicio” y expresó gratitud hacia los agentes y socios comunitarios que colaboraron durante su gestión, tal como retomó CBS News.

La declaración evitó hacer referencia directa a las acusaciones o los hallazgos de la investigación. En cambio, subrayó la reducción de los delitos violentos, el crecimiento en el tamaño del cuerpo y el fortalecimiento de la confianza comunitaria. El comunicado también indicó que O’Hara retornará a su familia en Nueva Jersey, aunque sin detallar fechas.

Tras la salida del jefe policial, Katie Blackwell, quien ocupaba el cargo de subjefa, quedó designada al frente del departamento de manera inmediata. La ciudad sigue en proceso de búsqueda de una nueva conducción para la Policía de Minneapolis, mientras se mantienen abiertas las investigaciones sobre el exjefe.

El senador electo Alejandro Bermeo volvió a ser tema de conversación en el país. Sin embargo, en esta ocasión no tiene que ver con las polémicas declaraciones que realizó en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez, por las que tuvo que retractarse, sino por una denuncia por presuntas agresiones físicas, intimidación y violencia sexual contra una mujer con la que mantuvo una relación alrededor de dos años.

De acuerdo con la denuncia de la víctima, expuesta por el diario tolimense El Olfato, el caso está en la Fiscalía y tiene en alerta a los seguidores de Abelardo de la Espriella, teniendo en cuenta la cercanía que tiene el político con el abogado y candidato presidencial.

Según el reporte del medio, la denunciante entregó chats, videos explícitos, documentos del expediente y su testimonio, asegurando que teme por su vida ante el ascenso político de Bermeo. La investigación sigue en curso y no tiene hasta ahora una decisión judicial definitiva.

La joven sostuvo que vivió durante meses bajo amenazas constantes e indicó que, cuando intentaba terminar la relación, Bermeo presuntamente amenazaba con matar a integrantes de su familia, causarle daño físico y provocar escándalos en su lugar de trabajo para afectar su entorno laboral.

En uno de los chats incorporados al expediente, supuestamente Bermeo le escribió: “Quiero recogerte pero que salgas en tanga de tu casa”. La mujer respondió: “¿y si no lo hago qué pasa?”, a lo que él habría contestado: “Que le voy a pegar, usted sabe”.

La conversación siguió con otra pregunta de la denunciante: “¿O sea me pega, sino salgo y hago lo que usted quiera?”. La respuesta atribuida a Bermeo en el expediente fue: “Haga caso porque le va mal”, se lee en los chats publicados por el medio local.

La víctima aseguró estar bajo amenazas, vigilancia y control

La mujer también denunció, según El Olfato, que personas cercanas a Bermeo llegaban hasta su sitio de trabajo para intimidarla y vigilarla. En su relato, el miedo, las amenazas y el control permanente se convirtieron en mecanismos de sometimiento emocional y psicológico.

En su testimonio describió múltiples episodios de presunta violencia sexual y degradación, y afirmó que Bermeo la obligó a realizar actos sexuales que ella no consentía.

Presuntamente, habría sido forzada a sostener relaciones con otros hombres y sometida a prácticas sexuales con objetos para satisfacer al político. También dijo que él la obligaba a exponerse públicamente.

La mujer añadió en su denuncia que sufrió golpizas constantes y actos de extrema violencia física, pues en su relato citado por el medio tolimense, indicó que, supuestamente, Bermeo intentó asfixiarla y le causó lesiones en distintas partes del cuerpo, además de secuelas emocionales.

Uno de los ataques físicos y sexuales habría ocurrido en abril, durante la campaña electoral

La mujer afirmó que Bermeo llegó a su vivienda, le exigió salir en ropa interior y, ante su negativa, comenzó a golpearla. Según la denuncia publicada por El Olfato, la trasladó a un motel en Ibagué, donde las agresiones físicas y sexuales continuaron durante varias horas. Presuntamente, allí fue golpeada con un cable y sometida por el político.

El expediente también incluye referencias a supuestas grabaciones de algunos de esos episodios, que habrían sido utilizadas como mecanismos de intimidación y control para evitar que la joven denunciara.

Según la denuncia, todo el material probatorio está en manos de la Fiscalía, por lo que la víctima pidió apoyo, ante el temor que asegura sentir por su vida.

Cabe mencionar que Bermeo se convirtió en una de las figuras más visibles de la campaña de Abelardo de la Espriella, que impulsa desde sus redes sociales, en las que tiene varios videos con él y difunde, frecuentemente, mensajes conservadores, cristianos y discursos en defensa de la familia tradicional y la protección de la mujer.

Abogado de Alejandro Bermeo se pronunció tras la circulación de la denuncia

Gabriel Jaime Vallejo Chujfi, director nacional del partido Centro Democrático, compartió a través de sus redes sociales la denuncia de El Olfato, por lo que Pipe Caballero, abogado de Alejandro Bermeo, rápidamente hizo una réplica: “Te pido formalmente que elimines este trino, ya que contiene una afirmación calumniosa y una afirmación injuriosa. La presunción de inocencia es innegociable y no puedes vulnerarla en razón de diferencias políticas con mi representado”.

Además agregó que su representado es víctima de una extorsión y aseguró que las declaraciones publicadas son parte de una “retaliación por la captura en flagrancia de uno de los extorsionistas”.

Finalmente, indicó: “La denuncia ‘cruel’ se hizo después de esa captura y el revuelo de ahora evidentemente es por intereses electorales; en particular, para afectar la campaña de Abelardo De la Espriella“.

En otro apartado de su publicación en X, Caballero aseguró que pedirán rectificación al medio por lo que consideran una “calumnia” y le hizo una petición a Vallejo Chujfi: “Elimine el trino en contra de Alejandro Bermeo. No todo se vale”.

La Escuela Primaria “José María Morales y Pavón”, ubicada en el municipio de Chilpancingo, se encuentra en el centro de la polémica luego de que una madre de familia denunciara públicamente casos de acoso escolar, bullying y una presunta extorsión contra su hijo, situación que derivó en una protesta a las afueras del plantel educativo.

La mujer acusó directamente al director de la institución de hacer caso omiso a las denuncias presentadas por diversos padres de familia, quienes aseguran que desde hace tiempo existen reportes sobre violencia entre estudiantes y conflictos al interior de la escuela.

Madre denuncia agresiones contra su hijo

De acuerdo con el testimonio de la madre, el pasado viernes 22 de mayo acudió por su hijo a la primaria y descubrió que el menor presentaba heridas de cortadas en ambos brazos, además de haber sido golpeado, sin que ninguna autoridad escolar le notificara sobre lo ocurrido.

La denunciante explicó que no se trata de un hecho aislado, pues anteriormente ya se habían reportado otros casos similares ante la dirección del plantel, sin obtener respuesta favorable.

“A mí me estuvieron hablando desde el viernes que salió la primera nota, que la bajara, que ya no dijera nada, que desistiera de esto, por qué según el director tiene la vara muy alta”, expresó la madre durante la manifestación.

Asimismo, señaló que existen denuncias relacionadas con presuntas amenazas y cobros de dinero a estudiantes, los cuales alcanzarían hasta 200 pesos semanales.

Padres acusan amenazas y temor dentro de la escuela

En redes sociales también comenzó a circular el testimonio de otro padre de familia, quien aseguró haber sido amenazado por otro adulto al interior del plantel, situación que —afirmó— tampoco fue atendida adecuadamente por las autoridades escolares.

“En el salón de mi hija me amenazó un papá, ese no es un tema de niños, es un tema de adultos, me amenazó”, declaró el padre afectado.

El hombre relató que una maestra intervino para evitar que el conflicto escalara, aunque posteriormente le sugirieron no denunciar los hechos por temor a represalias.

“La maestra tuvo a bien intervenir, en ningún momento me paré. Unas mamás que estaban por ahí dijeron: ¿por qué no se paró? La maestra dijo: Yo intervine porque yo no sé si venía armado”, añadió.

De acuerdo con los testimonios difundidos, el padre afectado acudió ante el director de la escuela para solicitar apoyo y presentar la denuncia correspondiente; sin embargo, aseguró que la respuesta fue desalentadora.

“No denuncies, es que no está bien, para que suba más, ¿qué crees? Es que el señor es policía estatal”, habría respondido el director, según el relato del denunciante.

La situación ha generado preocupación entre madres y padres de familia, quienes aseguran temer por la seguridad de sus hijos y la suya propia.

“Se imaginan el temor, que tengo por mi hija, cuando dicen que allá afuera me va a ver”, cuestionó el padre durante su testimonio.

Exigen intervención de autoridades educativas

Ante la gravedad de las acusaciones, padres de familia señalaron que ya reunieron firmas y enviaron oficios a distintas instancias educativas para solicitar la intervención de las autoridades y la destitución del director del plantel.

Sin embargo, denunciaron que hasta el momento no han recibido respuesta formal por parte de la Secretaría de Educación de Guerrero.

Los inconformes exigieron que se investiguen las denuncias de bullying, presuntas extorsiones y amenazas, además de que se implementen medidas de seguridad y protocolos de atención para proteger a los estudiantes de la institución educativa.

El senador de Morena, Javier Corral, acusó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de victimizarse al denunciar una supuesta persecución política, luego de ser citada a una audiencia en la Ciudad de México derivada de la denuncia que él presentó por el intento de detenerlo en el bar Gin Gin en 2024.

El citatorio llega en la semana en que Campos enfrenta tres frentes simultáneos: la comparecencia ante la FGR este 27 de mayo por el caso de agentes de la CIA en Chihuahua, la solicitud de juicio político presentada por diputados morenistas en la Cámara de Diputados, y la audiencia en la capital derivada de la denuncia de Corral.

La gobernadora difundió el martes 26 de mayo un video en redes sociales en el que acusó que “en las últimas semanas se ha levantado contra mí todo el aparato del poder” y calificó las acciones como “persecución política pura y dura”.

Corral respondió de inmediato con una publicación en la que rechazó esa lectura: “Se victimiza y distorsiona un mero trámite jurisdiccional”, escribió el senador.

Corral impugna el fallo que beneficia a Campos

La cadena de hechos arranca el 14 de agosto de 2024, cuando elementos de la Fiscalía Anticorrupción de Chihuahua intentaron ejecutar una orden de aprehensión contra Corral en el bar Gin Gin, en la colonia Roma de Ciudad de México. El entonces titular de la Fiscalía capitalina, Ulises Lara, intervino para impedir la detención.

En grabaciones difundidas en ese momento, se escucha a Lara recriminando a los elementos de Chihuahua por ejecutar la orden sin coordinación con las autoridades locales.

Corral presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por ese intento de detención, al que calificó de ilegal. Sin embargo, tras las investigaciones, la Fiscalía capitalina determinó el no ejercicio de la acción penal: resolvió que no había delito que perseguir.

El senador impugnó esa resolución en ejercicio de sus derechos procesales. Fue una jueza de control quien, al tramitar esa impugnación, ordenó notificar a María Eugenia Campos Galván y al fiscal anticorrupción de Chihuahua Luis Abelardo Valenzuela Holguín sobre la audiencia programada para el 29 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en la Sala de Oralidad número 8 del Poder Judicial de la Ciudad de México, en Xochimilco.

El documento judicial, encabezado con el membrete del Poder Judicial de la Ciudad de México, establece que los investigados deberán comparecer con defensor privado, o bien el órgano jurisdiccional les designará uno público. El mismo documento advierte que si Corral no se presenta a la audiencia a pesar de estar debidamente citado, el Juez de Control podrá declararla sin materia, lo que significa que la celebración de la audiencia depende, en última instancia, del propio denunciante.

Corral aparece en el expediente con la calidad de víctima. El documento autoriza además la aplicación de protocolos de no re-victimización en su favor, incluyendo el uso de salas de testigo protegido y los acompañamientos necesarios para garantizar su seguridad. Su asesora jurídica privada, la licenciada Natalia Ramírez Téllez, fue quien solicitó la audiencia de omisiones del Ministerio Público.

Corral cerró su respuesta pública con una referencia a lo que denominó #Maruduartismo y la Operación #JusticiaParaChihuahua. Anunció que hará “todo lo que está en sus manos para que las investigaciones lleguen hasta las últimas consecuencias”.

FGJCDM niega imputación contra Maru Campos

La FGJCDMX aclaró en una tarjeta informativa del 26 de mayo que “dicha información es falsa” en referencia a los reportes que describían a Campos como imputada.

La institución, encabezada por Bertha Alcalde, explicó que la audiencia notificada a Campos corresponde exclusivamente a la impugnación que Corral promovió contra ese fallo absolutorio, en términos del artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y que la notificación “no constituye una imputación, judicialización o determinación de responsabilidad penal”.

Remató de manera categórica: “Por el contrario, la determinación ministerial emitida en este asunto establece que no existe un delito que perseguir“.

Debido a la poca inversión que ha hecho el distrito para combatir problemáticas que para la ciudadanía son vitales, varios concejales han arremetido contra el alcalde Carlos Fernando Galán y los gastos que se han registrado en administraciones de algunas localidades que no siguen las promesas de austeridad.

Una de las denuncias fue realizada por la concejala Diana Diago en octubre de 2025 cuando aseguró que había sobrecostos en los gastos de un contrato por más de 3.000 millones de pesos en la alcaldía de la localidad de San Cristóbal.

Diago cuestionó que las localidades fueran “ruedas sueltas” mientras Galán exponía un mensaje de responsabilidad económica para argumentar algunas ausencias del distrito para prevenir o intervenir ante denuncias ciudadanas.

Secretaría de Gobierno identificó sobrecostos en el contrato denunciado

El 26 de mayo se confirmó que la Secretaría de Gobierno identificó que lo afirmado por la concejala Diago era cierto y que en el contrato mencionado se registró un sobrecosto de hasta el 40% del estudio de mercado inicial.

En el informe final se menciona que los gastos, que superaron los 3.250 millones de pesos, podrían haberse reducido, puesto que tras revisar la denuncia se encontraron desviaciones significativas en los precios frente al promedio del mercado.

Entre los sobrecostos denunciados hay agendas cotizadas en 200.000 pesos que en el mercado cuestan 60.000 pesos, bases para televisores por 480.000 pesos que en realidad valen alrededor de 180.000 pesos y apuntadores que fueron adquiridos en un millón de pesos y que están avaluados actualmente en poco más de la mitad de ese dinero.

Debido a los hallazgos, la Secretaría de Gobierno anunció que se adelantará un análisis del proceso contractual para que se revisen los sobrecostos que serían por más de 1.000 millones de pesos.

“Mientras los bogotanos hacen esfuerzos enormes para pagar sus impuestos, desde la Alcaldía Local de San Cristóbal contrata agendas, apuntadores y otros elementos logísticos con precios exageradamente altos. Bogotá no puede seguir tolerando este tipo de prácticas que generan serias dudas sobre el manejo de los recursos públicos”, fueron las palabras de Diago en el Concejo de Bogotá.

Diago indicó que este hallazgo debe encender las alarmas sobre la falta de transparencia en las alcaldías locales y aseguró que este caso deja evidencia la falta de control y vigilancia de la contratación en las alcaldías Locales por parte de la administración del alcalde Galán.

Durante su intervención, la cabildante cuestionó que a pesar del discurso de transparencia de la administración Galán, las prácticas politiqueras siguen estando en la administración distrital.

“Aquí hubo una evidente falla de control por parte de la administración Galán. Incluso la misma Secretaría de Gobierno terminó dándome la razón y confirmando las denuncias que presenté en ejercicio del control político”, afirmó la cabildante, que cuestionó la permanencia del alcalde local de San Cristóbal, cuestionando si se trata de una cuota política con la que está cumpliendo el alcalde mayor en la actualidad.

“Si la misma Secretaría de Gobierno ya reconoció presuntos sobrecostos en el estudio de mercado ¿qué más tiene que pasar para que el alcalde local de San Cristóbal sea retirado de su cargo? El alcalde decía que su administración sería transparente, y contratar con sobrecostos no lo es. Esto deja serias dudas sobre la transparencia y el control que está ejerciendo la administración de Carlos Fernando Galán sobre la contratación de las alcaldías Locales".

Hasta el momento la Alcaldía de Bogotá ni la Alcaldía de San Cristóbal se han pronunciado tras la confirmación de los sobrecostos, lo que ha generado indignación en los habitantes de esta localidad.

La dirigencia estatal de Morena en Nuevo León presentó este martes una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez, por presuntos actos de corrupción, triangulación financiera y desvío de recursos públicos.

La denuncia fue encabezada por la presidenta estatal de Morena, Anabel Alcocer, quien acudió a las instalaciones de la FGR acompañada por legisladores federales, senadores y representantes del Comité Ejecutivo Estatal del partido.

Morena acusa presuntas triangulaciones de dinero público

Durante el posicionamiento ante medios, Alcocer aseguró que existen presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con recursos federales y estatales canalizados mediante proveedores del gobierno de Nuevo León.

De acuerdo con la dirigente morenista, el esquema denunciado consistiría en pagos realizados por la administración estatal a proveedores que posteriormente habrían transferido recursos a un despacho fiscal y jurídico vinculado con Samuel García y su padre.

Entre los señalamientos expuestos por Morena destacan:

• Presunta triangulación de recursos públicos
• Posibles transferencias a despachos relacionados con el gobernador
• Uso de recursos federales y estatales
• Contratos con proveedores ligados al gobierno estatal
• Posibles conflictos de interés

“Estamos hablando de presupuestos federales y estatales en estas triangulaciones, a través de pagos que ha hecho el gobierno del estado a proveedores”, declaró Alcocer durante la presentación de la denuncia.

Senadores y legisladores respaldan la denuncia ante la FGR

La dirigencia estatal de Morena estuvo acompañada por el senador Alejandro Murat, así como por los legisladores Judith Díaz y Waldo Fernández, además de diputados locales y federales.

Los asistentes señalaron que buscan que la Fiscalía General de la República inicie las investigaciones correspondientes para determinar si existieron operaciones ilícitas o desvío de recursos.

Morena sostuvo que la denuncia forma parte de una exigencia para transparentar el manejo de recursos públicos en Nuevo León y deslindar responsabilidades en caso de encontrarse irregularidades.

Las investigaciones federales y el presunto esquema financiero

El caso toma relevancia luego de diversas publicaciones periodísticas sobre presuntas operaciones financieras relacionadas con empresas proveedoras del gobierno estatal y despachos vinculados al entorno familiar del gobernador.

De acuerdo con reportes citados por Morena, la FGR mantiene abiertas investigaciones sobre movimientos financieros que presuntamente involucran empresas proveedoras, intermediarios y despachos fiscales relacionados con Samuel García.

Entre los puntos señalados en las investigaciones destacan:

• Presuntas transferencias millonarias hacia despachos privados
• Uso de empresas intermediarias para mover recursos
• Posibles pagos relacionados con publicidad digital
• Contratos otorgados a proveedores ligados al entorno cercano del gobierno estatal
• Investigaciones sobre operaciones financieras en México y Estados Unidos

También se mencionó el nombre de Jorge Rodríguez Cantú, hermano de Mariana Rodríguez, por presuntos contratos de empresas proveedoras del sector salud en Nuevo León, situación que Morena calificó como un posible conflicto de interés.

Sin embargo, hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva ni imputaciones formales en contra del gobernador o su esposa.

Samuel García rechaza las acusaciones

Por su parte, Samuel García ha rechazado de manera reiterada los señalamientos en su contra y ha sostenido que no recibe recursos públicos ni pagos provenientes de proveedores del gobierno estatal.

El mandatario estatal ha calificado las acusaciones como ataques políticos y aseguró anteriormente que se trata de un “montaje” impulsado por adversarios políticos rumbo a futuros procesos electorales.

Asimismo, Mariana Rodríguez negó en redes sociales las acusaciones relacionadas con empresas vinculadas a su familia y afirmó que “ninguna de esas acusaciones son reales”.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha informado públicamente sobre posibles imputaciones formales derivadas de estas investigaciones.

Juicios políticos y presión legislativa contra Samuel García

La denuncia presentada por Morena ocurre en medio de un contexto político complejo para el gobernador de Nuevo León, luego de que la Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobara avanzar en diversos juicios políticos relacionados con presuntas faltas electorales y violaciones constitucionales.}

Entre los expedientes abiertos contra Samuel García se encuentran:

• Presunta intervención indebida en procesos electorales de 2024
• Uso de recursos públicos para favorecer candidaturas de Movimiento Ciudadano
• Promoción de actividades vinculadas a campañas electorales
• Omisión en la publicación de decretos aprobados por el Congreso local
• Posibles violaciones a principios de imparcialidad y neutralidad electoral

La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León informó que continuará solicitando información a distintas autoridades federales y estatales para integrar los expedientes correspondientes.

Mientras tanto, Morena insistió en que la FGR debe investigar a fondo las denuncias relacionadas con el manejo de recursos públicos en la administración estatal.

Cabe destacar que todas las acusaciones continúan en etapa de investigación y, hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha determinado responsabilidades penales contra Samuel García o Mariana Rodríguez.

Todo lo relacionado con el caso Yulixa Toloza, en el que una mujer de 52 años falleció tras someterse a una cirugía estética en un establecimiento irregular en Venecia, Bogotá, y fue desaparecida por los propietarios de este lugar, ha hecho que a nivel nacional se ponga la lupa sobre el funcionamiento de este tipo de “clínicas”.

Por ejemplo, en Santander se han llevado a cabo varios operativos y hay un caso que ha generado indignación por parte de la ciudadanía, puesto que un día antes de la avanzada de la Policía se registró el cierre de uno de estos establecimientos.

Hay dudas en este caso porque el sitio sería propiedad de Bibiana Hernández, esposa del concejal Óscar Díaz, al que familiares de pacientes que han denunciado el lugar acusan de alertar sobre el operativo.

Los uniformados encontraron el lugar cerrado y jornadas más tarde se confirmó que no volverá a atender, desde entonces se tiene poca información sobre los dueños del establecimiento.

La ciudadanía pide que se lleve a cabo una investigación para confirmar si el centro estético cumplía con las normas sanitarias y los permisos pertinentes para llevar a cabo los procedimientos que durante varios meses ejecutaron.

El testimonio de una paciente que preocupa en Bucaramanga

Caracol Radio entrevistó a María Fernanda Alonso Echeverría, una mujer que se sometió a un procedimiento estético que realizó la enfermera Bibiana Hernández, y que ahora denuncia que la intervención le dejó varios problemas de salud como secuela.

Alonso indicó que ingresó al centro estético para una armonización facial que consistió de una rinomodelación, aumento de labios y de mentón, y que tras la intervención comenzó a sentir una obstrucción nasal por la que fue llevada de urgencia por uno de sus familiares al Hospital Internacional Colombia, en la capital de Santander.

La paciente afirma que Hernández utilizó aceite corporal de glúteos para la intervención en su rostro y que luego de salir del hospital intentó contactar a los dueños del lugar, pero estos la agredieron verbalmente. “Mi nariz comenzó a oler feo”, expuso Alonso, que pagó un millón de pesos por el procedimiento y afirmó que desde entonces, a pesar de las denuncias que ha realizado, no ha recibido ayuda por parte de la Secretaría de Salud de Bucaramanga.

Este caso fue denunciado en el Concejo de Bucaramanga por la cabildante Daniela Torres, que invitó a Alonso a exponer su caso. Llamó la atención que en esa jornada el concejal Díaz se ausentó sin aviso, mientras que su esposa sigue sin responderle a las denunciantes de casos de la misma índole. Hasta el momento, el cabildante Díaz no se ha pronunciado al respecto y se ha mantenido al margen de las acusaciones.

Cabe recordar que Díaz fue noticia en Bucaramanga cuando en mayo de 2024 fue señalado por casos de presunta corrupción durante la elección del personero municipal. En esa ocasión fueron publicados unos audios en los que se mencionaba cómo iba a ser repartido un dinero entre concejales que participaron en la elección. Díaz aseguró que el audio fue manipulado y que nunca sostuvo una conversación de ese tipo con el exconcejal Carlos Barajas, que también fue vinculado en el escándalo.

El concejal Díaz afirmó que la situación responde a un “ataque de envidia” y que sus abogados se encargarían de su defensa, el cabildante también señaló que algunos concejales podrían estar detrás de las acusaciones y reiteró que actúa con tranquilidad y bajo la legalidad. Además, sostuvo que conoció al personero solo el día de su elección y que no tenía contacto con Barajas.

Uno de los casos expuestos ocurrió en el barrio Villamarín, en la comuna 7, donde una mujer perdió $2 millones que tenía guardados en una caja fuerte en su vivienda. En otro hecho, ocurrido el 24 de mayo en el barrio Refugio, primera etapa, de la comuna 11, el hombre repitió el mismo mecanismo para despojar a otra adulta mayor de su dinero.

De acuerdo con un familiar de la víctima del sector de Villamarín, el sospechoso llegó a la vivienda haciéndose pasar como un sacerdote y le mostró un documento a la ciudadana.

“Un señor adulto mayor, que se está haciendo pasar como un cura de una iglesia, llegó aquí al barrio Pedro Ignacio Villamarín y engañó a mi señora madre. Dándole un documento, no sabemos qué tenía, hizo que obedeciera todo lo que él le decía”, expresó el denunciante al medio local El Olfato.

La familia sostuvo en medio de la entrevista que el hombre consiguió que la mujer abriera la puerta de la vivienda y le diera acceso a su dinero: “Le hizo abrir la caja fuerte, las puertas de la casa, la hizo buscar todas las pertenencias y le cambió el dinero por papeles en blanco”.

El engaño consistía en pedir el dinero para una supuesta bendición

En el caso denunciado por la familia de una residente de Refugio, el falso sacerdote aseguró pertenecer a la parroquia del Sagrado Corazón del sector de Las Ferias para entrar sin despertar sospechas. Una vez en la casa, convenció a la mujer de entregar el dinero para realizar una supuesta bendición y después cambió los billetes por hojas de cuaderno.

Un familiar de esa víctima denunció lo sucedido al medio El Irreverente: “Se hizo pasar por sacerdote, ingresó a la vivienda de mi madre, una adulta mayor residente en Ibagué, y aprovechando su confianza la engañó, la estafó y le hurtó dinero. Después de ganarse su confianza les aplica algo para que traigan el dinero y supuestamente les bendiga el dinero. Luego se los cambia por hojas de cuaderno”.

Cámaras de seguridad registraron la huida del falso sacerdote

Las cámaras de seguridad del sector de Villamarín captaron al hombre cuando salió de la vivienda y escapó hacia una calle cercana. El familiar de la víctima dijo que el sospechoso se fue corriendo y abordó un carro pequeño blanco de marca Chevrolet.

Del mismo modo, las familias advirtieron que no se trataría de un hecho aislado, puesto que creen que el mismo hombre habría cometido otros robos con la misma modalidad en distintos sectores de Ibagué, aprovechándose de la fe de sus habitantes.

Según el informe de El Irreverente, tras recopilar información sobre otros episodios reportados en el país, se indica que el criminal pudo actuar durante los primeros meses de 2026 en Caucasia, Barrancabermeja y San Gil.

En el caso de la mujer de la comuna 11, la familia indicó que no hubo agresiones físicas ni otras afectaciones a su integridad, aunque el hurto sí se llevó a cabo.

Los denunciantes pidieron a los habitantes de Ibagué y del Tolima reforzar las medidas de cuidado con los adultos mayores, así como desconfiar de desconocidos que ofrezcan ayudas religiosas.

Finalmente, se recomendó negar el ingreso a todo aquel que solicite entrar a una vivienda en nombre de una iglesia o institución religiosa.

Un tramo de la Costa Verde se encuentra en medio de la polémica ante la constante aparición de estacionamientos improvisados en los acantilados durante los conciertos realizados en los recintos Arena 1 y Costa 21, ubicados en San Miguel.

Según reportes recogidos por Canal N, conductores aprovechan pequeños muros y accesos no habilitados situados al borde de la vía rápida para estacionar sus vehículos, transformando espacios vulnerables en aparcamientos informales.

Durante los días de eventos masivos, decenas de autos se ubican en sectores próximos a los acantilados y accesos peatonales, áreas que no cuentan con autorización para el estacionamiento.

Imágenes difundidas muestran cómo los conductores utilizan los muros instalados a un lado de la vía y aberturas improvisadas entre geomallas de |protección, lo que facilita el acceso a zonas restringidas.

El flujo de vehículos en la Costa Verde experimenta un notable incremento en estas fechas. De acuerdo con datos proporcionados por vecinos y conductores, el tránsito por un tramo de apenas dos kilómetros puede extenderse hasta una hora y media, debido a los cuellos de botella y el alto volumen de asistentes que se concentran en los alrededores de Arena 1 y Costa 21.

Esta situación genera inquietud en la comunidad y expone a los usuarios de la vía a riesgos viales, debido a las maniobras intempestivas que realizan algunos conductores al ingresar o salir de los estacionamientos informales.

Operativos de control

Uno de los principales peligros detectados radica en que muchos vehículos permanecen estacionados directamente debajo de los acantilados, una zona reconocida por su vulnerabilidad a pesar de las geomallas instaladas.

La Marina de Guerra del Perú advirtió recientemente sobre los riesgos que implica la concentración masiva de personas y vehículos en estos espacios, especialmente durante conciertos y espectáculos de gran convocatoria.

En este contexto, la velocidad máxima permitida en la vía rápida, que es de 80 kilómetros por hora, representa un desafío adicional para la seguridad vial.

El ingreso y salida de autos desde accesos no habilitados, junto con los giros repentinos y frenadas bruscas, aumentan la posibilidad de incidentes y congestionamiento vehicular.

La Municipalidad de San Miguel se pronunció a través de un comunicado, señalando que realiza “constantes operativos de control y fiscalización para retirar vehículos estacionados en zonas prohibidas”, aunque aclaró que la competencia sobre el control de aforos en eventos de más de tres mil asistentes corresponde a otras entidades.

La comuna limeña indicó que su labor se concentra en acciones de apoyo, prevención y fiscalización dentro de su jurisdicción, mientras que la Policía Nacional del Perú (PNP) asume la responsabilidad del dispositivo de seguridad y control externo.

Mientras tanto, las interrogantes sobre la autorización y colocación de los muros que facilitan el estacionamiento en zonas de riesgo continúan sin respuesta. La situación deja en evidencia la necesidad de una coordinación más efectiva entre autoridades y organizadores de espectáculos para evitar que la Costa Verde se convierta en un estacionamiento improvisado durante cada concierto, con el consiguiente impacto en la seguridad de los asistentes y la comunidad local.

Pamela es modelo, fisicoculturista y exvedette. Alcanzó notoriedad en los medios en 2010 por sus participaciones en programas de televisión y producciones vinculadas al espectáculo junto al fenómeno de “Las hermanas Pombo”.

Nacida en Mendoza, también tuvo un paso por el deporte de alto rendimiento, ya que integró equipos de vóley antes de dedicarse al mundo del entretenimiento. Con el tiempo, reorientó su carrera hacia el fitness y el fisicoculturismo, disciplina en la que compitió profesionalmente y ganó reconocimiento por su transformación física.

En los últimos años volvió a ocupar espacio en la prensa por su relación y posterior separación conflictiva del exrugbier de Los Pumas Patricio Albacete. En una entrevista íntima, habló sobre la violencia que sufrió, el miedo con el que convivió durante meses y los vínculos en los que se apoyó para salir adelante.

—Actualmente no estás en el mundo del espectáculo y sos personal trainer.

—Sí, hace varios años.

—¿Extrañás el mundo del espectáculo?

—A veces extraño un poco el escenario, el teatro y suelo ir a ver obras como para bajar un poco. No estoy arriba del escenario, pero lo veo de afuera.

—¿Qué es lo que más te gustaba cuando trabajabas en el medio?

—Era como un cable a tierra para mí. Cuando me fui del medio y empecé a dar clases dije: “Bueno, me tocaba trabajar algún día” (risas). No lo veía como un trabajo. Era súper divertido, me distendía un montón. La pasaba muy bien.

—¿Te alejaste por falta de laburo o porque vos realmente no tenías más ganas de hacer nada de eso?

—Empecé a ver el medio un poco hostil. Fue una época donde empezaron muchos cambios de la televisión y la aparición de las redes. Veía como que todo el mundo estaba desesperado, cada uno en la suya, buscando qué hacer. Desesperados por el trabajo en sí. No gustó y me empecé alejar un poquito. También hubo mucho menos presencias después del 2020 por la pandemia. Entonces ahí empecé a tener mucho menos trabajo, porque en la tele en sí yo nunca estuve trabajando.

—Claro, lo hacía todo por afuera. Eras mediática y eso hacía que te convocaran de lugares.

—Claro. Conseguía presencias o espacio en teatro durante el verano.

—¿Cómo nació lo de “Las hermanas Pombo”? Porque era algo falso. Vos sos Pombo de apellido, pero ella era Johanna Villafañe.

—Sí. Surgió porque yo en Mendoza estudié conducción y producción de televisión. Me gusta mucho la producción y dije: “Tenemos que hacer algo”. Pensé ¿qué pega, qué está bueno, qué genera morbo? Y ahí dije: “¡Hermanas!”. Decidimos venir a Buenos Aires y nos empezamos a lookear parecidas. Las dos estábamos castañas en ese momento y nos teñimos de rubias. Ella es un poquito más baja y se ponía tacos más altos para estar más parejas. Primero empezamos a salir por los boliches y decíamos: “Somos hermanas” y la gente obviamente le parecía que éramos. “Bueno, parece que va a funcionar”, dijimos y así saltamos al ambiente.

—¿Cómo fue que después de crear esa sociedad se hicieron famosas?

—En ese momento habíamos dicho que habíamos hecho un trío con el Ogro Fabbiani (risas).

—¿Pero lo hicieron?

—Todo puede ser (risas). Yo escuché que Johanna salió a decir que no, que no habíamos hecho ningún trío...

—Pero lo rehicieron.

—Lo dejo a tu criterio (risas).

—Dijeron que hicieron un trío con el Ogro y ahí la prensa se volvió loca.

—Sí, salimos por todos lados. Aparte, pobre, el Ogro en ese momento estaba saliendo de la relación con (Victoria) Vannucci, se habían separado hacía poco... El día anterior, él había estado en el cumpleaños de Uma, que era el primer cumple que pasaban los padres juntos. O sea que fue como un súper escándalo.

—¿Se había separado de Vannucci, había tenido con (Amalia) Granata el cumpleaños de la hija y al otro día sale todo esto con “Las Pombo”? Le explotó una granada...

—Sí, pobre (risas). Le mandamos un beso. Es un genio. En realidad, nosotros nos habíamos juntado en casa a comer, como varias veces lo habíamos hecho. Cuando salimos a comprar helado, estaban las cámaras ahí. Lo que creímos en ese momento, y después lo hablamos, fue tipo: “Venís del cumpleaños de Uma, y te siguieron o ¿qué pasó?”. Él nos decía: “¿Ustedes la llamaron?”. “No, a vos te siguieron”. Y quedó en eso. Nunca supimos.

—¿Te arrepentís de haber hecho algo así por fama o por el medio?

—No. A mí nunca me importó el qué dirán.

—¿Y qué pasó con Johanna? ¿Se pelearon? ¿Las separó la vida?

—Hace poquito sé que ella estuvo en la televisión y dije: “¡Ah! Ya me había olvidado por qué nos habíamos peleado”. Sí, nos peleamos. Lo que pasó en ese momento fue que ella hizo una denuncia, a mi criterio falsa, contra un chico y me puso a mí de testigo. Yo era pendeja. Me llama la policía, me golpean la puerta de mi casa y me dicen: “Policía, abra”. Yo le dije: “¿Cómo sé que son policías” y me mostraban la placa. Abrí, me llamaron por mi nombre y apellido, me dieron que tenía que ir a declarar. Imaginate, a la medianoche. Me puse las zapatillas, fui a declarar ahí a una comisaría a cinco cuadras. Yo no tenía ni idea. Pero les dije: “Eso no pasó”.

—¿Qué falsa denuncia hizo?

—Por violencia.

—¿Física?

—Sí, de su expareja en ese momento.

—¿Vos lo conocías a él?

—Sí, claro. De hecho, nosotras vivíamos juntas y yo en ese momento estaba en pareja con un chico de Mar del Plata. El chico vivía conmigo prácticamente, estábamos siempre juntos y el novio de ella también. Estábamos siempre los cuatro en el departamento. Es más, nosotras viajábamos o hacíamos presencias y ellos se quedaban jugando a la Play. Todo muy maduro (risas). Si de verdad hubiese pasado eso, yo lo saco al pibe del departamento, llamo a la policía o le pido a mi novio de ese momento que haga algo...

—¿Y por qué pensás que hizo la denuncia?

—Sé por qué la hizo, pero es mucho más grave que una denuncia falsa. Ella estaba embarazada en ese momento y quería abortar; y el chico no la dejaba. Entonces, para sacárselo de encima y poder hacerlo…

—Viste que ahora se está debatiendo mucho que quieren cambiar la ley para agravar las penas con las falsas denuncias. ¿Qué opinas de eso?

—Me parece muy grave porque siempre que pasan este tipo de cosas yo pienso en mi hermano y en mi papá. Las chicas estas que van y ponen las falsas denuncias, ¿lo hacen en realidad por ira, bronca, rencor u odio al hombre? ¿No piensan antes en sus papás, en sus hermanos? Por ahí hay que hilar más fino y ver de dónde viene. Yo siempre que hago algo, pienso en mi familia. Así que me parece bien lo de las penas más duras para las mujeres o los hombres que hacen falsas denuncias.

Separación, causa judicial y nueva vida

—Te pregunto esto porque es un tema que se hizo público y salió en todos lados. Te casaste, venía todo bárbaro y te separaste en medio de denuncias por violencia. ¿Eran una pareja tóxica? ¿El cambió de golpe? ¿Qué pasó?

—Yo suelo siempre escuchar las dos campanas porque me gusta analizar la situación, soy súper observadora. Y desde que hago terapia, mi psicólogo siempre me dice: “Vos tenés que escuchar las dos campanas y de cada uno tomar la mitad. A la mitad, ese es el resultado”. Y yo lo escuchaba a él hablar de su exparejas y decir: “Esta está loca, la otra está loca”. Y no soy de ponerme en contra de la mujer jamás, entonces agarraba esa versión con pinzas.

—Ya te sonaba raro que todas estén locas...

—Sí. Me suena raro que todas sean locas y que todas sean put*s, según decía él. Eran cosas recurrentes que hablaba. Pasaba también que me contaba situaciones de sus ex y no me hablaba muy bien de esas situaciones. Y después me empezaron a pasar a mí estando en pareja.

—¿Por ejemplo?

—Él me decía que una de sus parejas le robó algo de su casa y cuando yo me estaba por ir, porque no fue la primera vez que me quise separar, yo dos o tres veces estuve a punto de irme. En un viaje habíamos comprado un par de valijas para que sean parecidas las dos. Cuando estoy por irme me dice: “No, esas valijas son de mi casa”. Yo me quedé seca. “Pensé que me las habías comprado a mí”, le dije. “No, no. Las compré para los dos, pero son de esta casa, quedan acá”. “Ah, listo”, le dije y agarré otras. Pero ahí me di cuenta que a la ex le debe haber pasado eso. Le regaló tal cosa y cuando se la llevó la acusó de ladrona. Después me pasó que tuve secuencias de infidelidad de parte de él. Por ejemplo, a los dos meses de casado encontré una tanga en el auto. Según él, llevaba ahí tres años.

—¿Pero nunca mandó a lavar el auto? ¿No se le ocurrió sacarla?

—La realidad es que yo vi una situación rara esa misma noche y no dije nada. A los dos días nos estábamos por volver. Esto fue en Pilar. Y ahí dije: “¿Qué fue eso raro que hizo en el baúl?”. Entonces, abrí una puertita que me llamó la atención dentro del baúl y ahí estaba. Suponiendo que estaba ahí tres años, debería haber estado desintegrada. Y estaba nueva, los elásticos perfectos, hasta tenía olor a limpio.

—¿Qué pasó cuando lo enfrentaste?

—En el momento no dije nada, me la guardé en el bolsillo. Volvimos de Pilar hasta Capital. Estuve esos 50 minutos de viaje pensando en cómo le iba a hablar. A mí se me cayó el mundo, me sentí súper mal. Sabía que a partir de ahí la confianza no iba a ser la misma. Hasta ese día estuvimos súper. Nosotros nos casamos primero por civil en diciembre y en junio hicimos la fiesta. Y esto fue septiembre u octubre. Cuando llegamos a casa, le dije: “¿Te puedo hacer una pregunta? Pero quiero que me cuentes toda la verdad”. Le mostré la tanga y me dice: “No, me quiero morir. Esa tanga estaba en el auto, en el baúl, está ahí hace tres años”. Le digo: “No, tres años no”. Yo vi la secuencia cuando la dejó ahí porque nosotros llegamos a Pilar e íbamos sacando las cosas del auto. Yo creo que él fue hasta el baño, porque entró antes que yo, y creo salió con esta tanga y la tiró ahí en el baúl, porque yo volví a sacar más cosas. Si la tiraba al jardín me iba a dar cuenta...

—¿Pudiste averiguar quién era la propietaria?

—Le pregunté, me dijo quién era y a los dos días, la propietaria supuestamente me bloqueó, porque cuando la volví a buscar ya no la vi más. Así que evidentemente también había charlas entre ellos. Igual seguí porque recién me había casado y era frustrante todo lo que estaba pasando. Hice lo que pude, te juro. Estaba en terapia, me apoyé mucho en mis amigas, pero para mí ya no era lo mismo.

—¿Y cómo fue que terminó en esos videos que vio toda la Argentina y que son repudiables?

—Bueno, lo de ese video fue que un amigo me avisa que mi marido en ese momento se estaba escribiendo con una chica, una masajista.

—¿Era una masajista happy ending?

—Sí, pro. De esas de final feliz. Era el día de mi cumple, justo. Le dije: “¿Me prestás tu celu un segundo?”. Y mi amigo me había pasado el teléfono de la piba. Yo lo marqué y lo tenía agendado con nombre y apellido. Le digo: “¿Quién es?”. “Es una masajista que le hablé hace como tres años”. Y ahí yo dije: “¿La tanga tres años, la masajista tres años?”

—¿Él sabía que había cámaras en la casa?

—Sí, claro. Las pusimos porque tengo una perrita y una gata; y estoy mucho tiempo fuera de casa porque trabajo en el gym todo el día, entonces me gusta meterme en las cámaras y ver qué hacen, si tienen comida y esas cosas.

—¿Estas escenas que nosotros vimos fueron las únicas de violencia?

—No, de hecho, este video es de esa época de la masajista, que habrá sido en abril de 2025. Cuando yo decido que se termina todo, en septiembre, después de una pelea muy fuerte que tuvimos, él me saca la clave de las cámaras, por lo cual yo no pude acceder a esos videos que fueron muy fuertes. La última, fue terrible. Cuando a mí me hacen una nota y me preguntan: “¿Tuviste miedo a morirte?” La verdad es que ese día, que fue 21 de septiembre del 2025, yo pensé que me moría.

—¿Qué te gustaría que suceda ahora? Porque vos lo denunciaste. ¿Qué querés que le pase? ¿O estás dispuesta a seguir con tu vida y no volver a cruzártelo? Te lo pregunto porque siento que le tenés cierto cariño, ¿o me equivoco?

—Sí, claro. Yo me separé amándolo, siempre lo digo. Fue una decisión porque sabía que íbamos a terminar muy mal. Pero intentamos todo: hicimos terapia de pareja, charlamos... Pero a mí me costaban mucho dos cosas. Primero, confiar y después empecé a tenerle miedo. Me levantaba a lavar los platos, lo sentía por atrás y se me erizaba la piel de miedo. Yo quería observar para dónde iba y qué hacía. Y dije: “No, no puedo vivir así”.

—¿Y ahora hace cuánto no te lo cruzás?

—Estuve viviendo así como siete meses hasta que salió en los medios el video. Porque yo había puesto la denuncia y no habían tomado medidas. Cuando esto se hizo público, me dieron el hogar a mí y a él lo sacaron ya hacen dos semanas y tres días.

—¿Cómo hiciste para seguir adelante esos siete meses?

—Con miedo. En el celular yo tenía en teléfonos frecuentes a mis dos amigas. Yo no llamo nunca por teléfono a nadie. Entonces ellas sabían que si yo las llamaba, era grave y automáticamente tenían que comunicarse con la policía y salían en simultáneo para el departamento. Nunca lo tuve que hacer por suerte. Hace unas semanas, le llevaron la cautelar al domicilio con lo que había decidido el juez.

—Y te dieron la atribución de domicilio a vos. ¿Cómo estás con esta decisión?

—Sí. Ahora estoy con tratamiento porque tuve altibajos. Estoy como un poco depre, pero creo que es parte del proceso. Sé que voy a salir. Tengo mi psicólogo, mi psiquiatra y estoy mejor.

—¿Estás tomando alguna medicación?

—Sí, para dormir y para bajar durante el día. Estar en alerta tanto tiempo genera un desequilibrio emocional muy fuerte. Y yo estuve en alerta durante siete meses. Pero sigo dando clases en el gym, estar en contacto con la gente me hace bien.

OnlyFans, entre la independencia económica y los conflictos personales

—Tema OnlyFans, ¿cómo viene eso?

—¡Suscríbanse! (risas).

—¿Te deja dinero?

—Mirá, gracias al Only yo me compré mi primer departamento. Pero hay que meterle, ¿eh? Hay que estar.

—Hay varias opciones, ¿no? Podés chatear con clientes en forma privada, te pueden contratar sesiones, podés vos subir fotos o se pueden suscribir. Hay muchas aristas, ¿cuál es la que más plata te deja?

—Lo que más te deja es el chat con el fan. Hablás, mandás fotos, videos, te piden. Todo lo vas cobrando, todo se cobra extra. La suscripción a mí me deja. Yo he tenido meses en los que he estado con problemas personales en los que ni he entrado a ver el Only y facturo igual, porque el que entra y se suscribe, ya te deja...

—¿Cuál es la foto que más te piden por privado?

—¡Uf! De todo. Pero cuando me pidieron de los pies dije: “¿Es joda esto? ¿Cómo puede ser?" Yo he cobrado videos de 30 segundos, 150 dólares. Un videito de los pies. Te piden de todo, pero tengo, ponele, tres fans que los tengo hace años y me piden solo videos o fotos en bikini. O sea que tengo que andar comprando bikinis. A veces les digo: “Pero no tengo más”. Y me mandan plata para que te compres bikinis y compro.

—¿Hace cuánto estás con Only?

—Y... Ahora a fin de año son tres años.

—¿Cuánto tiempo te llevó comprarte el departamento?

—Año y medio.

—¡Fortuna facturas!

—No lo muevo tanto igual, ¿eh? Si le dedicase más tiempo, sí. Los primeros seis meses me los manejó una amiga y su marido. Imaginate los dos ahí (risas).

—Con lo que hablábamos antes, ¿fue un tema el Only con tu marido?

—Sí. Nosotros después del evento de la tanga, tuvimos una sesión de terapia de pareja con su psicólogo, una relación rara ahí de los dos, donde él enojado se levanta y dice: “Bueno, tenés OnlyFans y no te bancás el vuelto”. Y yo me quedé helada, porque cuando lo conocí, él averiguó qué cosas hacía en OnlyFans, vio que yo no hacía porno con otras personas, vio que estaba yo sola haciendo contenido, entonces se quedó tranquilo. Le pregunté, de hecho, si quería que dejara de hacer OnlyFans y me dijo que no, que no le molestaba. Y hoy creo que es un poco para limpiar las culpas, ¿no?

—¿Te da miedo que él te reclame parte del departamento? Porque eso es ganancial, si lo facturaste después de casada…

—Las ganancias de Only es de antes de casada. Lo que sí hice fue comprar el departamento estando casada y él ahora me reclama, obviamente, el 50 por ciento. No hay problema, la verdad. Lo dejo en su conciencia. Igual estoy acostumbrada. Yo laburo y seguiré laburando como hasta ahora. Es lo que hay.

El humorista Gerly Hassam Gómez Parra, conocido como Hassam, utilizó su cuenta de X para denunciar un episodio ocurrido durante un vuelo a Barranquilla, donde, según su relato, un grupo de pasajeros lanzó arengas vinculadas a Abelardo de la Espriella. Además, relató que una mujer lo increpó dentro de la aeronave, lo que desató todo tipo de comentarios sobre los límites de la expresión política en los espacios públicos.

El famoso afirmó en la publicación del 24 de mayo de 2026 que en el avión viajaban alrededor de 20 personas que “cada vez que podían gritaban: firme por la patria”, una frase asociada al candidato presidencial Abelardo de la Espriella.

El comediante explicó que había abordado un vuelo en la mañana porque tenía una presentación esa misma noche en la capital del Atlántico. Sin embargo, el popular humorista aclaró en su publicación que no pretendía hacer campaña política ni favorecer a ninguno de los aspirantes presidenciales.

Del mismo modo, escribió que su molestia no estaba dirigida al apoyo electoral de esos pasajeros, sino al hecho de que usaran el avión para lanzar consignas en voz alta: “A mí no me importa a quién apoyan, pero un avión no es un sitio para andar gritando sus arengas”.

Cabe mencionar que, en Colombia, no es legal gritar arengas políticas dentro de un avión comercial y que esa conducta está catalogada como una infracción a la seguridad de la aviación civil, puesto que es un comportamiento que altera el orden.

Pese a que algunos internautas aseguraron que la Constitución Política protege la libertad de expresión, ese derecho encuentra límites cuando afecta la seguridad del transporte público, altera la tranquilidad de los pasajeros o desconoce la autoridad del comandante de la aeronave, por lo que aquellos que realicen estos actos podrían exponerse a sanciones.

Así, Hassam expresó que su interés no era cuestionar una preferencia electoral concreta, sino el uso de un vuelo comercial como espacio para hacer barras políticas sin respetar, según dijo, el descanso de los demás pasajeros.

En su publicación, el humorista vinculó su queja con los mensajes habituales que reciben los viajeros durante el abordaje: “De hecho siempre dicen: ‘Por respeto a los demás pasajeros le solicitamos usar audífonos para no incomodar’. cosa que les valió verga”.

Hassam tuvo un cruce con una pasajera cuando terminaba el abordaje

El humorista agregó en su relato que en el momento en el que casi terminaba el abordaje, subieron tres mujeres a las que describió como “señoras ‘de bien’”. Según su versión, una de ellas gritó: “¿Es cierto que este es el avión de los ganadores en primera vuelta?”.

El humorista aseguró que le respondió de inmediato: “No, este avión es de Latam y va para Barranquilla”. Al ver su reacción, la mujer a la que calificó como “muy clasista” lo miró “despectivamente” y le preguntó: “¿Y usted quién es?”.

A esa pregunta, Hassam contestó: “Un ciudadano, con los mismos derechos que usted”. El comediante añadió que la mujer se calmó y siguió hacia la parte de atrás del avión.

En la misma publicación, el artista dejó una reflexión sobre el comportamiento de ese grupo de pasajeros: “Si estos son los seguidores, cómo será la ‘democracia’ de su ‘líder’. Si para solicitar respeto e igualdad de derechos hay que tener un apellido prestigioso o un estatus económico elevado seguimos igual de jodidos gane quien gane”.

También decidió agregar un detalle importante: “Se vuelve más chistoso porque yo iba en primera clase. Que Dios nos ampare”, demostrando así su rechazo por los comportamientos de los seguidores del abogado que aspira a ser el primer mandatario de los colombianos.

Cabe mencionar que la aerolínea Latam no se ha pronunciado sobre la queja del humorista, aunque él mismo señaló que el episodio no pasó a mayores.

La activista y fundadora del colectivo de madres buscadoras, Ceci Flores Armenta denunció públicamente que las autoridades están intentando minimizar los hallazgos realizados en un rancho ubicado en las inmediaciones de Lagos de Moreno, al asegurar que el sitio no corresponde a “un crematorio”, como han señalado madres buscadoras y colectivos de búsqueda.

A través de un video difundido en redes sociales, la líder de Madres Buscadoras de Sonora afirmó que existen pruebas suficientes para sostener que en el predio se realizaban actividades relacionadas con la desaparición de personas, basándose en fotografías y videos compartidos por colectivos ciudadanos.

Flores Armenta sostuvo que una de las estrategias de las autoridades para cambiar la narrativa consiste en desacreditar y amedrentar a las madres buscadoras, quienes desde hace años realizan trabajos de localización ante la falta de resultados oficiales.

“Una forma que tienen para cambiar la narrativa es amenazando y amedrentando a las madres buscadoras”, expresó la activista en el mensaje difundido en plataformas digitales.

Denuncia amenazas previo a jornada de búsqueda

La fundadora del colectivo señaló que recientemente recibió amenazas para impedir la búsqueda programada para este fin de semana en Guadalajara y zonas cercanas a Lagos de Moreno.

Sin embargo, aseguró que, aunque ella no pudiera asistir físicamente, las labores continuarán debido a que existen familias que mantienen la esperanza de encontrar a sus seres queridos desaparecidos.

“El que no vaya a la búsqueda no quiere decir que la búsqueda se va a acabar”, afirmó Ceci Flores, al tiempo que recordó que en el sitio se han localizado objetos personales como credenciales, teléfonos celulares y prendas de vestir que han sido reconocidos por familiares de personas desaparecidas.

La activista destacó que muchas familias tienen la certeza de que sus familiares estuvieron en ese lugar, por lo que insistió en que las investigaciones no deben detenerse ni minimizarse.

Madres buscadoras enfrentan riesgos constantes

No es la primera vez que Ceci Patricia Flores denuncia amenazas en contra de ella o de integrantes del colectivo. Durante este año, madres buscadoras que realizaban jornadas en las inmediaciones de la Costa de Hermosillo tuvieron que abandonar algunos puntos tras detectar la presencia de personas armadas.

Además, en diciembre de 2024, la activista denunció que sujetos desconocidos ingresaron a su refugio ubicado en la Ciudad de México, hecho que consideró un acto de intimidación y por el cual pidió medidas urgentes de protección.

Ceci Flores ha sido una de las voces más visibles en México en la búsqueda de personas desaparecidas, problemática que, según organizaciones civiles, continúa creciendo en distintas entidades del país.

“No hay oportunidad para rendirnos”

En el mensaje compartido a través de su cuenta de X, la activista aseguró que la crisis de desapariciones y violencia en México no puede seguir siendo ignorada por las autoridades.

“La realidad no se puede ocultar”, señaló, al asegurar que cada vez existen más personas desaparecidas, más ejecuciones y más madres buscadoras en el país.

Asimismo, reiteró que continuará respaldando a las víctimas y familiares pese a las amenazas recibidas.

“Yo sé cómo palpita el corazón de una madre que tiene un hijo desaparecido”, expresó la activista, quien añadió que los intentos por minimizar los hallazgos en Lagos de Moreno no frenarán las labores de búsqueda.

Finalmente, lanzó un mensaje contundente sobre la labor que realizan cientos de familias en México:

“No hay oportunidad para rendirnos porque si no los buscamos nosotros, está demostrado que nadie más lo hará”, concluyó.

Los videos del incidente comenzaron a circular rápidamente en TikTok, Facebook e Instagram, mostrando el momento en que el cantante discute con personal del evento y luego se enfrenta físicamente con Moisés Arango, stage manager y técnico del festival. La difusión de las imágenes desató una ola de comentarios entre seguidores del metal peruano y usuarios que cuestionaron lo ocurrido sobre el escenario. Mientras el trabajador denunció haber sufrido una fractura de tabique, el músico admitió sentirse avergonzado por su reacción y aseguró que todo ocurrió en medio de tensiones por la organización del show.

¿Cómo empezó la pelea entre Sebastián Palma y el técnico del concierto?

El altercado ocurrió durante la madrugada del sábado 16 de mayo en el Centro de Convenciones Festiva, lugar donde se desarrollaba el Resurrection of Metal Fest, evento que reunió a varias agrupaciones de la escena metalera nacional. Según los testimonios difundidos posteriormente, el conflicto habría iniciado cuando la banda Blizzard Hunter notó que su presentación sería reducida y que parte de su setlist no podría completarse.

De acuerdo con la versión brindada por integrantes de la agrupación, existieron problemas con los horarios establecidos previamente. Incluso señalaron que otras canciones habrían sido colocadas durante su presentación, interrumpiendo el show en vivo. Esa situación generó molestia dentro de la banda y derivó en reclamos hacia el personal técnico encargado de coordinar los tiempos del evento.

Las grabaciones difundidas en redes sociales muestran primero una discusión verbal entre miembros del grupo y trabajadores de producción. Segundos después, Sebastián Palma se acerca al stage manager Moisés Arango y ambos terminan enfrentándose físicamente frente al público y otros músicos presentes. En las imágenes también se observa cómo personal de seguridad y algunos asistentes intentan separarlos para evitar que la agresión continúe.

Según relató el propio Arango en declaraciones televisivas, el enfrentamiento dejó varias lesiones en su rostro y nariz. El trabajador aseguró que recibió múltiples golpes y que posteriormente fue trasladado al Hospital Dos de Mayo para recibir atención médica.

“He recibido muchos golpes. Toda esta zona estaba muy golpeada e hinchada. Al final terminé con fractura de tabique”, declaró el técnico, quien además sostuvo que únicamente cumplía funciones operativas relacionadas con el montaje y desmontaje de las bandas siguiendo instrucciones de producción.

El caso tomó aún más notoriedad luego de que algunos asistentes afirmaran que el cantante habría continuado arengando al público mientras el conflicto seguía desarrollándose cerca del escenario. Las imágenes del incidente rápidamente se viralizaron y convirtieron el nombre de Sebastián Palma en tendencia entre usuarios peruanos durante las últimas horas.

Exparticipante de ‘La Voz Perú’ responde y banda emite comunicado

Tras la difusión masiva de los videos, Sebastián Palma decidió pronunciarse públicamente sobre lo sucedido. El cantante, quien participó en la cuarta temporada de ‘La Voz Perú’ interpretando una versión metal de “Gimme! Gimme! Gimme!” de ABBA y formando parte del equipo de Daniela Darcourt, reconoció que reaccionó de manera desproporcionada durante el concierto.

“No me siento orgulloso para nada. Me siento muy, muy avergonzado con todo esto”, expresó el músico al referirse a las imágenes que circulan en redes sociales.

Palma sostuvo que durante la presentación existieron constantes retrasos y problemas de coordinación que terminaron generando frustración dentro de la banda. Según explicó, el horario pactado inicialmente no se habría respetado y eso provocó tensión antes del enfrentamiento.

“Teníamos un horario establecido que no se cumplió. Había mucha frustración por cómo se dieron las cosas”, comentó.

El vocalista también aseguró que no se considera una persona agresiva y admitió sentir vergüenza tras revisar los videos del incidente. “Me ha dado mucha vergüenza ver ese video porque siento que sobrereaccioné”, afirmó.

Mientras tanto, Moisés Arango confirmó que ya inició acciones legales contra el cantante. El técnico indicó que pasó por exámenes médico-legales y que presentará los informes correspondientes dentro del proceso judicial. Además, relató que despertó cubierto de sangre luego de la agresión ocurrida durante el festival.

“Me levanté y era un mar de sangre”, declaró.

En paralelo, la banda Blizzard Hunter publicó un comunicado oficial en sus redes sociales para ofrecer disculpas a los asistentes y reconocer que la situación escaló incorrectamente. En el mensaje, la agrupación señaló que intentó comunicarse con la persona afectada y pidió detener amenazas y mensajes de hostigamiento que comenzaron a aparecer en internet tras la viralización del caso.

Por su parte, la organización del Resurrection of Metal Fest también difundió un pronunciamiento rechazando cualquier acto de violencia dentro o fuera de sus eventos. Los organizadores expresaron su respaldo al equipo técnico y aseguraron que reforzarán las medidas de seguridad para futuras presentaciones, tanto para trabajadores como para artistas y asistentes.

Infobae Colombia conoció que en Cali se radicó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación en la que Wilson Javier Devia Pérez, representante legal de la organización sindical UT UNP, expuso presuntos actos de corrupción por parte de los vinculados al esquema de seguridad de María Isabel Chávez Giraldo.

El líder sindical afirma que los funcionarios y varios particulares incurrieron en conductas delictivas relacionadas con peculado por apropiación, peculado por uso y falsedad en documento público.

En los detalles del caso, se afirma que desde junio de 2022 Chávez Giraldo era protegida por la Unidad de Protección Nacional, que le otorgó un esquema completo que incluye un vehículo; sin embargo, el denunciante afirma que desde diciembre de 2024 la mujer está fuera del país, lo que tendría que haber sido notificado a la entidad.

Desde entonces, los dos escoltas de seguridad que debían proteger a Chávez han seguido cobrando cerca de 26 millones mensuales, lo que incluye sus salarios, viáticos y la facturación por el arriendo del automóvil, que no ha sido entregado a la unidad a pesar de la ausencia de la beneficiaria.

En la denuncia se afirmó que durante la ausencia de la mujer se ha registrado una valoración de riesgo con la que se reafirmó la asignación de la protección, pero esta fue realizada de manera virtual y sin ningún tipo de verificación presencial por parte de funcionarios de la UNP.

El líder sindical señaló la responsabilidad de Ana Jiménez Penagos, coordinadora de la UNP en Popayán, que le afirmó al denunciante que el esquema estaba protegiendo a los padres de la beneficiaria, pero estos fallecieron hace más de diez años.

Devia Pérez habría intentado contactarse con los escoltas, pero estos se presentaron a las oficinas de la entidad sin el vehículo asignado, sobre el que afirmaron que estaba siendo reparado; además, mencionaron que la protegida estaba en un resguardo indígena.

Para el líder social, este caso ha provocado un detrimento patrimonial de hasta mil millones de pesos, puesto que los salarios, viáticos y todo lo relacionado con la protección de la mujer se ha seguido pagando desde hace 17 meses sin que sea necesario.

A esta denuncia se suma el caso revelado por el mismo líder sindical, que acusa a Javier Eduardo Cáceres Valencia de mantener un esquema de seguridad en Villa del Rosario, Norte de Santander, a pesar de estar fuera del país en condición de asilo político. La información aportada por el denunciante sugiere que tanto Cáceres Valencia como María Isabel Chávez Giraldo participaron en operaciones de estafa a través de una fundación denominada Fevcol, dedicada a ofrecer refugio y residencia en el extranjero bajo la presunta condición de víctimas.

En el caso de Cáceres Valencia, el esquema de protección habría generado una facturación anual de más de 600 millones de pesos, incluyendo combustible, escoltas, viáticos de los mismos y el uso de vehículos blindados.

El denunciante, además de detallar los nombres y documentos de identidad de los presuntos implicados, incluyó a la funcionaria Jiménez Penagos por su posible papel en la supervisión y control de los esquemas de protección. El texto puntualiza que la funcionaria habría informado a los responsables del área de riesgos que los escoltas y el vehículo seguían asignados a los padres de la beneficiaria, a pesar de que estos no estaban vivos.

En el relato de los hechos, el denunciante sostiene que la información fue obtenida mediante canales sindicales y que la organización UT UNP busca que las autoridades adopten medidas para determinar la existencia de una apropiación indebida de recursos del Estado.

La denunciante, Adriana Isabel Gómez, viajó hasta Bogotá para revelar detalles del presunto uso de recursos públicos y la afectación a un predio privado denominado “Puerto Rico”, identificado con folio de matrícula inmobiliaria.

La denuncia señala como presuntos responsables al alcalde municipal, la secretaria de Planeación Municipal, Deyanira Ortega Negrete; el secretario de Infraestructura, Jorge Eliecer Muñoz Castillo; los representantes legales del consorcio contratista y del consorcio interventor, así como a otras personas que puedan resultar comprometidas.

En el documento se mencionan posibles delitos como peculado por apropiación, contrato sin el lleno de requisitos legales, interés indebido en la celebración de contratos, prevaricato por acción y falsedad ideológica en documento público.

La denuncia expone que el municipio de Tierralta celebró el contrato de obra pública LP-MT-020-2025 para la construcción de dos puentes en el corregimiento de Batata. Durante la ejecución contractual, se habría detectado que las obras se desarrollan dentro de un inmueble de propiedad privada, específicamente en el predio “Puerto Rico”.

Ante esta situación, la denunciante solicitó información a la Administración municipal sobre la naturaleza jurídica del terreno, sin obtener una respuesta clara. Por este motivo, se realizó un estudio topográfico particular que, según el documento, confirmó que las obras se encontraban en parte dentro del predio en cuestión.

La denuncia sostiene que la Secretaría de Planeación Municipal no suministró una respuesta definitiva sobre la titularidad del inmueble, trasladando la responsabilidad a otras dependencias. A pesar de la situación, la obra fue contratada, adjudicada e iniciada con recursos públicos que superarían los 6.000 millones de pesos.

De acuerdo con la denunciante, la administración municipal reconoció públicamente la necesidad de adquirir el área requerida para la obra, pero hasta el momento no ha sido contactada para acordar la adquisición ni ha manifestado un precio sobre su predio. También hace referencia a declaraciones públicas sobre la posible suspensión de la obra para adelantar procesos de expropiación, calificando estas acciones como insuficientes en términos de planeación administrativa.

De confirmarse que la obra fue proyectada y ejecutada sobre un predio privado sin los procedimientos legales de adquisición, expropiación, servidumbre o autorización, se tendría que verificar la titularidad del predio y su vocación de utilidad pública para conocer la gravedad de lo adelantado con la obra pública.

La denuncia solicita que la Fiscalía adelante una investigación integral sobre los hechos y señala la necesidad de practicar pruebas como la obtención del expediente contractual, los estudios previos, los diseños y planos, la realización de una inspección judicial al sitio de la obra, la práctica de peritajes topográficos independientes, la solicitud de información catastral y registral del predio, la incorporación de acciones de tutela relacionadas, la recepción de declaraciones de funcionarios, contratistas e interventores, la verificación de pagos y la determinación de si existieron procesos de compra, expropiación o constitución de servidumbres.

“Me vine desde Montería a la Fiscalía General de la Nación a denunciar. La propiedad en Colombia se respeta, tenemos que respetar nuestros derechos y estoy pidiendo que la Fiscalía General de la Nación ponga la lupa sobre este proceso. Nosotros no estamos en Venezuela, nosotros estamos en Colombia, nosotros no nos pueden quitar lo que con esfuerzo y con trabajo hemos luchado. Yo soy la dueña del predio y el alcalde jamás me ha llamado y dice ahora que me va a expropiar”, denunció Gómez en un video suministrado a Infobae Colombia.

El 16 de mayo, Infobae Colombia publicó un informe titulado: “Denuncian posible vigilancia ilegal con nueva herramienta de geolocalización de la Unidad Nacional de Protección”, en el que Giovanni Gallo, presidente del sindicato Analtraseg de la Unidad Nacional de Protección, y Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, denunciaron que la unidad estaría buscando implementar un software para conocer la ubicación de escoltas y protegidos en todo momento.

Gallo y Díaz advirtieron sobre riesgos de vigilancia ilegal y posibles impactos negativos en las condiciones laborales de los trabajadores protegidos por la entidad.

Giovanni Gallo explicó que la UNP convocó a operadores y gerentes para socializar el funcionamiento del sistema sobre el que se desconoce el origen y su desarrollador, por lo que se teme que la herramienta permita rastrear la ubicación exacta de escoltas y beneficiarios dos veces al día, generando dudas sobre la manipulación y el acceso no autorizado a información sensible, tales como ubicación, cámaras y audios.

Gallo comparó la situación con episodios pasados de interceptaciones ilegales vinculadas al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS). También manifestó inquietud por la decisión de establecer una tarifa única para los servicios de escoltas, ya que esto podría traducirse en la reducción de salarios y el retroceso en derechos laborales.

Por su parte, Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, expresó que la protección no debe convertirse en vigilancia, recordando antecedentes graves en la historia reciente del país, por lo que planteó la necesidad de que cualquier herramienta tecnológica cuente con transparencia, control independiente y participación de las organizaciones afectadas.

“La protección no puede empezar a confundirse con vigilancia. Y en un país con antecedentes tan graves como lo ocurrido con el DAS en la historia reciente, resulta apenas legítimo que nosotros, los liderazgos sociales, los mismos periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, expresen la preocupación frente a herramientas que implican georreferenciación, acceso a dispositivos móviles o capacidades similares”.

La respuesta de la UNP

El 21 de mayo la Unidad Nacional de Protección respondió a la denuncia sobre las posibles irregularidades del software, y en diálogo con El Tiempo expresó que es para reforzar la seguridad de los protegidos y minimizar prácticas irregulares por parte los escoltas, como inicios de servicios de protección o desplazamientos.

Otro argumento expuesto fue que está buscando controlar los cobros por viáticos en casos en los que en realidad no existe un acompañamiento al protegido, así como facturación de servicios en lugares en los que hay una prestación efectiva.

La UNP negó que se busque vigilar ilegalmente a los protegidos y señaló que las denuncias carecen de sustento técnico, jurídico y operativo.

“Resulta llamativo que justamente algunos sectores que hoy pretenden generar temor y desinformación sean los mismos que históricamente se han opuesto a los mecanismos de control, trazabilidad y transparencia en la prestación del servicio de protección. La UNP reitera de manera categórica que la herramienta en desarrollo no realiza seguimientos ilegales, no monitorea permanentemente a beneficiarios, no accede a contenidos privados y no vulnera la intimidad ni los derechos fundamentales de las personas protegidas”, se lee en un comunicado publicado por la UNP.

La Unidad Nacional de Protección llamó “dinosaurios” a los líderes sindicales que están poniendo trabas a que se implementen nuevos mecanismos para proteger a las personas que están en peligro en el país.

“El aplicativo únicamente permite validar que el esquema de protección efectivamente se encuentre prestando el acompañamiento asignado por el Estado, mediante un mecanismo de verificación de cercanía operativa y confirmación por código enviado al beneficiario. La herramienta no registra la ubicación exacta del protegido, sino únicamente un área de validación necesaria para certificar la prestación real y efectiva del servicio”.

A partir del 9 de enero de 2026, México obliga a registrar cada línea celular con la CURP o, en el caso de empresas, el RFC.

Esta medida fue impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) como parte de una estrategia para combatir delitos como extorsión telefónica y fraude, delitos que durante años se facilitaron por el uso de números anónimos.

El registro es obligatorio para todas las líneas activas, tanto de prepago como de pospago, ya sean SIM físicas o eSIM.

El objetivo oficial es eliminar el anonimato en la telefonía móvil y dificultar la operación de extorsionadores y defraudadores, quienes aprovechaban la facilidad para activar líneas sin verificación de identidad. Según la CRT, antes de la reforma era posible adquirir una SIM sin acreditación, lo que generó millones de líneas desechables imposibles de rastrear.

Acceso a datos, investigación y denuncia de ilícitos

Los datos personales quedan en resguardo de las compañías telefónicas, bajo los estándares de la Ley Federal de Protección de Datos Personales.

Las autoridades solo pueden solicitar acceso a esta información en el marco de una investigación por delito, sin necesidad de orden judicial, conforme a la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia.

Esto permite a las autoridades cruzar datos y rastrear rutas de comunicación asociadas a ilícitos sin controles democráticos adicionales, lo que ha generado preocupaciones sobre opacidad y protección de derechos.

Para denunciar extorsión o fraude telefónico, la vía oficial es el número 089. Entre julio y noviembre de 2025, al menos 59.283 personas llamaron para denunciar intentos de extorsión. Las operadoras también permiten reportar números sospechosos desde sus plataformas. El gobierno recomienda, en caso de robo o extravío del equipo, reportar de inmediato a la compañía telefónica para suspender la línea y evitar su mal uso.

Cómo denunciar un teléfono por llamada de extorsión

• Marca el 089 desde cualquier teléfono para realizar una denuncia anónima de extorsión o fraude telefónico.
• Proporciona al operador la fecha y hora de la llamada, el número desde el que recibiste la extorsión y una descripción breve del contenido o modalidad del intento de extorsión.
• Si tienes registro de mensajes de texto (SMS) o grabaciones, indícalo para que las autoridades puedan solicitar evidencia adicional si es necesario.
• Reporta el número sospechoso directamente en la plataforma digital de tu compañía telefónica (Telcel, AT&T, Movistar, etc.), donde podrás seleccionar la opción de reporte y seguir los pasos que la aplicación indique.
• Si el intento de extorsión incluyó amenazas graves o información personal, acude a la Fiscalía General de Justicia más cercana para levantar una denuncia formal y solicitar protección.
• Solicita a tu operador la suspensión inmediata de la línea si sospechas que tu número fue vulnerado o suplantado.
• Conserva toda la información y prueba relacionada con la llamada o mensaje recibido para facilitar la investigación.
• Revisa periódicamente el estatus de tu denuncia y consulta si hubo avances a través del número de folio proporcionado por la autoridad o tu operador.

Fundamento legal y alcance del registro obligatorio

La reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada en 2025, creó el Padrón Nacional de Telefonía Móvil. Los operadores (Telcel, AT&T, Movistar, Bait, Altán, entre otros) deben vincular cada número a una identidad real: nombre completo y CURP para personas físicas, y RFC para personas morales. No se requiere entregar datos biométricos ni identificaciones oficiales más allá del documento de identidad y la CURP.

El plazo límite para el registro es el 30 de junio de 2026. Las líneas que no hayan sido vinculadas a una identidad serán suspendidas, aunque podrán llamar al 911 y recibir alertas oficiales.

No existe prórroga; solo el Congreso podría modificar este plazo. Existen excepciones técnicas: están exentas las líneas cuya SIM no puede generar llamadas de voz, enviar SMS o realizar llamadas por internet.

Procedimientos y trámites para registrar una línea

El trámite puede hacerse de manera presencial en las sucursales de las compañías telefónicas o de forma virtual a través de las aplicaciones y portales oficiales de cada operador. El usuario debe presentar una identificación válida (INE, pasaporte o CURP).

En la modalidad remota, se solicita una fotografía de la identificación y una verificación facial en tiempo real mediante la cámara del teléfono para validar la coincidencia con el documento presentado. El sistema solo utiliza la imagen durante el proceso de validación y no almacena la fotografía.

Cada persona física puede asociar hasta 10 líneas a su CURP. Las personas morales no tienen tope. Las operadoras habilitarán plataformas de consulta para que cualquier usuario verifique qué líneas están registradas a su nombre y así aclarar posibles irregularidades.

Una preocupante trama criminal y judicial ha salido a la luz pública en el municipio de Piedra Blanca, provincia Monseñor Nouel. Allegados y familiares de las víctimas han alzado la voz para denunciar la detención injusta de una ciudadana salvadoreña, en un enrevesado caso que involucra un intento de sicariato frustrado, manipulación de denuncias y aparentes negligencias por parte de los organismos de administración de justicia a nivel local.

La mujer bajo arresto ha sido identificada como Yany Judith Menjívar Rodríguez, de nacionalidad salvadoreña y nacida en el año 1975. Según denunció su actual pareja sentimental, Ángel Ortiz (referido además en las actas como Ángel Rodríguez), la extranjera permanece privada de libertad desde el pasado viernes 15 de mayo, por una orden emitida por la fiscal de la Unidad de Violencia de Género de la localidad.

El arresto se fundamentó en una supuesta agresión física cometida por Menjívar hacia su expareja. Sin embargo, familiares y defensores cuestionan drásticamente el accionar del Ministerio Público, señalando que en febrero de este año la salvadoreña fue víctima de una fuerte golpiza propinada por ese mismo hombre, sin que la fiscalía tomara medidas cautelares o restrictivas contra el agresor en su momento.

El trasfondo de este confuso suceso cobró un giro radical tras las revelaciones de un ciudadano identificado como Luis Daniel Coronado, quien confesó ante el medio televisivo dominicano CDN37 haber sido contratado para asesinar a Ángel Ortiz.

Coronado explicó detalladamente que personas vinculadas a la expareja de la salvadoreña le ofrecieron la suma total de RD$100,000 pesos dominicanos ( $1,694.92 dólares) por ejecutar a Ortiz y herir gravemente con arma de fuego a Menjívar Rodríguez.

Como garantía del crimen, los autores intelectuales le entregaron por adelantado la cantidad de RD$35,000 pesos dominicanos en efectivo ($593.22 dólares). El plan criminal se interrumpió de forma imprevista cuando los contratantes le mostraron a Coronado la fotografía de su objetivo.

En ese momento, reconoció a Ángel Ortiz como la persona que tiempo atrás salvó la vida de su padre al trasladarlo de urgencia a un hospital. “No lo hice porque yo no tengo con qué pagar ni con la vida de este muchacho”, relató el presunto sicario arrepentido al justificar su decisión de abortar el crimen por pura gratitud humana.

Expareja utilizó la ley de violencia de género para encarcelar a la salvadoreña

Tras frustrarse el atentado, el propio Coronado y el afectado, Ángel Ortiz, acudieron ante la dotación policial de la localidad para formalizar una denuncia penal y consignar las grabaciones que demuestran las amenazas de muerte.

A pesar de la gravedad de los elementos probatorios, Ortiz criticó abiertamente la ineficacia de la fiscalía en Bonao, asegurando que ha acudido en tres oportunidades consecutivas a los despachos judiciales sin recibir una respuesta oportuna. Según indica, las autoridades ministeriales argumentan de manera burocrática que deben continuar investigando el entorno de la supuesta agresión, mientras mantienen tras las rejas a la ciudadana extranjera.

De acuerdo con las declaraciones brindadas por los allegados, detrás de toda esta estrategia delictiva y manipulación judicial se encuentra la expareja de la salvadoreña, quien presuntamente coordinó el atentado sicarial fallido y, de forma paralela, interpuso querellas falsas para neutralizar legalmente a la mujer utilizando indebidamente los estamentos de violencia de género.

Ante el latente riesgo contra la integridad física de las víctimas, la comunidad de Bonao y Piedra Blanca ha realizado un llamado enérgico solicitando la intervención inmediata de la Procuraduría General de la República para corregir las irregularidades de este expediente, ordenar la pronta libertad de la ciudadana salvadoreña y evitar que el conflicto culmine en una tragedia humana.

En 2026, los derechohabientes que reciban una atención deficiente por parte de personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) pueden activar mecanismos formales para denunciar irregularidades en el trato recibido.

Los procedimientos y sanciones aplicables están regulados por diversas normativas y lineamientos internos, así como por la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. El objetivo es garantizar la calidad en el servicio y la rendición de cuentas ante posibles omisiones o faltas de los trabajadores del sector salud.

El IMSS mantiene protocolos definidos para investigar y sancionar conductas inapropiadas de su personal. Las denuncias pueden referirse a la negativa de atención, actos de discriminación, trato irrespetuoso, negligencia médica o cualquier otra conducta que vulnere los derechos de los usuarios.

La autoridad señala la importancia de sustentar cada reporte con una narración clara y, de ser posible, pruebas que respalden lo sucedido.

Requisitos y pasos para presentar una denuncia contra personal del IMSS

El usuario debe reunir información precisa sobre los hechos y seguir el siguiente proceso:

Identificar al trabajador implicado (nombre completo, área donde labora o descripción física).

Especificar la fecha, hora y lugar donde ocurrió el incidente.

Relatar objetivamente lo sucedido, evitando juicios de valor.

Adjuntar pruebas documentales, grabaciones, fotos o testimonios de testigos, si están disponibles.

Indicar un medio de contacto para recibir información sobre el avance del caso; si se prefiere, la denuncia puede ser anónima.

Presentar el reporte personalmente o a través de canales oficiales, según la preferencia del usuario.

La denuncia puede ser presentada tanto por la persona afectada como por familiares o testigos. El resguardo de los datos personales está protegido por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Instancias e investigación de las denuncias

Las denuncias pueden tramitarse ante varias instancias oficiales del IMSS:

Órgano Interno de Control (OIC/SIDEC): Recibe y procesa denuncias del público en general y de personas servidoras públicas.

Dirección Jurídica IMSS (Oficina de Investigaciones Laborales): Dirigida a trabajadores y público en general.

Comité de Ética del IMSS (CEIMSS): Puede intervenir a solicitud de trabajadores o de cualquier persona.

Las personas pueden hacer uso de una o más instancias de manera simultánea o consecutiva. El número y tipo de sanción dependerán de la instancia ante la que se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad competente.

Una vez recibida la denuncia, el IMSS determina si la conducta reportada constituye una falta administrativa. El proceso de investigación incluye:

Entrevistas al personal involucrado.

Revisión de expedientes y documentación.

Análisis de pruebas y recopilación de testimonios.

El procedimiento es objetivo, imparcial y confidencial. El plazo para la resolución depende de la complejidad del caso. Las autoridades procuran informar al denunciante sobre el estado y resultado del procedimiento si este así lo solicitó.

Tipos de sanciones y alcance legal

Las sanciones pueden ser administrativas, económicas o penales, según la gravedad de la falta:

Prisión: Pena privativa de libertad personal para delitos graves como peculado o cohecho.

Sanción económica: Pago de una cantidad determinada como multa, impuesta por la autoridad.

Inhabilitación temporal: Prohibición de ejercer cargos públicos durante un periodo determinado.

Amonestación pública o privada: Corrección disciplinaria por advertencia formal y registro administrativo.

Destitución: Separación definitiva del cargo.

Suspensión: Separación temporal de funciones sin goce de sueldo.

Recomendación del Comité de Ética del IMSS: Acciones para mitigar conductas reportadas, dirigidas a las áreas responsables.

Estas sanciones pueden aplicarse tanto a servidores públicos como a particulares, en función del acto y la instancia que resuelva la investigación.

En situaciones donde la falta cause un perjuicio tangible, la multa puede alcanzar varios miles de pesos. Cuando la falta reviste carácter penal, como corrupción o abuso de funciones, el caso se remite al Ministerio Público. El acoso sexual está tipificado como delito en algunas legislaciones locales, y la denominación puede variar según la entidad federativa.

Plazos para presentar denuncias y derechos del denunciante

El plazo para presentar una denuncia depende de la gravedad de la falta:

Para faltas administrativas no graves: hasta tres años después de ocurridos los hechos.

Para faltas administrativas graves: hasta siete años después del incidente.

Los usuarios tienen derecho a recibir orientación sobre el procedimiento, así como a solicitar información sobre el estado de su caso.

El IMSS ofrece acompañamiento durante todo el proceso y garantiza la protección de los datos personales del denunciante. Si la denuncia se realiza de manera anónima, la comunicación de avances solo se realiza si el usuario habilitó un canal seguro de contacto.

El denunciante puede inconformarse con la resolución ante instancias externas como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) o la Secretaría de la Función Pública para solicitar una revisión independiente del caso.

Actos contrarios a la integridad y faltas sancionables

El IMSS reconoce como actos contrarios a la integridad una amplia variedad de conductas. Estos actos pueden ser denunciados por derechohabientes, trabajadores o cualquier persona que tenga conocimiento de los mismos. Entre los principales se incluyen:

• Discriminación
• Peculado
• Cohecho
• Desvío o uso indebido de recursos públicos
• Tráfico de influencias
• Contratación indebida
• Encubrimiento
• Abuso de funciones
• Utilización indebida de información
• Agresión física o verbal
• Utilizar información falsa
• Soborno
• Enriquecimiento ilícito
• Ejercicio ilícito de servicio público
• Coalición de servidores públicos
• Intimidación
• Acoso y hostigamiento sexual o laboral
• Maltrato
• Violación a la protección de datos personales
• Nepotismo
• Actuación bajo conflicto de interés
• Simular conductas no graves durante la investigación
• No iniciar el procedimiento correspondiente ante la autoridad
• Revelar la identidad de una persona denunciante anónima
• Ocultar enriquecimiento o conflicto de interés
• Desacato ante la autoridad fiscalizadora
• Ausentismo injustificado

La lista anterior es enunciativa, no limitativa, y puede ampliarse conforme a la normativa vigente.

Canales oficiales para presentar denuncias ante el IMSS

Las denuncias contra trabajadores del IMSS pueden presentarse en los siguientes canales oficiales:

Áreas de Atención y Orientación al Derechohabiente en clínicas, hospitales y delegaciones del IMSS.

Línea telefónica nacional 800 623 2323, opción 1.

Portal oficial del IMSS: www.imss.gob.mx, en el apartado de “Buzón de Quejas y Sugerencias”.

Órgano Interno de Control (OIC/SIDEC), Comité de Ética del IMSS (CEIMSS) y Dirección Jurídica IMSS (Oficina de Investigaciones Laborales).

Estos canales están disponibles para todos los derechohabientes y permiten presentar reportes de manera presencial, telefónica o digital, según la preferencia y posibilidades del usuario.

El tipo y número de sanción dependerán de la instancia ante la cual se presente la denuncia y de la valoración que haga la autoridad sobre cada caso.

La revelación de una fotografía podría complicar la situación legal y eclesiástica del padre Omar Sánchez. En ella, el sacerdote está recostado junto a otra persona y deja ver un tatuaje de una corona de espinas en el brazo izquierdo, un rasgo distintivo que coincidiría con el testimonio recogido en la denuncia presentada ante el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, órgano del Vaticano encargado de investigar y sancionar estos casos.

La investigación de la Diócesis de Lurín sigue en curso y, aunque no existen pruebas concluyentes hasta el momento, la publicación de esta imagen, por parte de Epicentro Tv, es vista como un posible indicio relevante.

Por motivos de seguridad y respeto a la confidencialidad, se decidió que la identidad del denunciante se mantiene protegida. Desde la publicación del primer reportaje, el sacerdote ha optado por el silencio público, eliminando imágenes y cambiando el nombre de sus cuentas en redes sociales, como Instagram y Facebook.

El contenido difundido incluye además mensajes y conversaciones entre el padre Omar y un joven, quien habría firmado la denuncia junto a un familiar.

Según el propio Sánchez, el tatuaje, visto en su brazo cuando se vacunó contra la Covid-19 durante la pandemia, forma parte de su estrategia para acercarse a la juventud, tiene un significado profundo y no transgrede la fe católica.

Protocolos ante la denuncia

Hace unos días, la Conferencia Episcopal Peruana reconoció que recibió una denuncia de abuso sexual contra el sacerdote Omar Sánchez, perteneciente a la diócesis de Lurín, y comunicó que la puesta en marcha el protocolo impulsado por el Papa Francisco.

La entidad aclaró que el caso fue remitido al Vaticano y se sigue el procedimiento regulado por el Motu proprio Vos estis lux mundi, que establece normas para la recepción y tramitación de denuncias por abuso sexual dentro de la Iglesia Católica.

El presidente de la Conferencia y obispo de Lurín, Carlos García Camader, confirmó la activación del protocolo y detalló que las acciones se desarrollan con la debida diligencia y celeridad, a fin de garantizar el respeto de los derechos de todas las partes involucradas y el esclarecimiento de los hechos.

De acuerdo con la normativa Vos estis lux mundi, actualizada en 2023, se establecen canales accesibles para la presentación de denuncias y protección de víctimas, así como responsabilidades concretas para obispos y superiores religiosos en la gestión y prevención de casos de abuso y encubrimiento.

Silencio durante investigación en curso

La investigación periodística de Epicentro TV reveló que la denuncia fue enviada en mayo de 2023 al Dicasterio para la Doctrina de la Fe.

El documento reporta que el abuso habría ocurrido en 2019, cuando la supuesta víctima, de 27 años, colaboraba como voluntario en la Asociación de las Bienaventuranzas. La denuncia incluye material audiovisual y mensajes de WhatsApp.

Consultado por la prensa, Omar Sánchez anunció que responderá únicamente por la vía formal, asesorado por sus abogados. El proceso abierto sigue su curso bajo la supervisión de autoridades eclesiásticas, conforme a los protocolos internacionales de protección y esclarecimiento

Padre Omar Sánchez en cura de silencio

El sacerdote Omar Sánchez Portillo, conocido como el “cura de la cuarentena” y el “cura respondón” por su perfil mediático y su costumbre de confrontar a figuras políticas desde su programa de streaming, mantiene un silencio que contrasta con su habitual disposición pública. Han pasado tres años desde que se formuló una denuncia por presunto abuso sexual en su contra y el religioso no ha ofrecido ninguna declaración sobre el caso.

El expediente, calificado por quienes lo conocen como “grueso y grave”, incluye fotografías, chats, audios y videos que documentarían una presunta relación entre el sacerdote y el denunciante. Pese al tiempo transcurrido y a la gravedad de las pruebas aportadas, Sánchez Portillo no ha respondido públicamente ni ha dado su versión de los hechos, en un contraste llamativo con el perfil de un religioso acostumbrado a opinar sobre política y a confrontar candidatos presidenciales en sus plataformas digitales.

El fiscal en lo penal económico Claudio Navas Rial amplió la acusación contra el presidente de la AFA Claudio “Chiqui” Tapia, el tesorero Pablo Toviggino y otros tres acusados por presunta evasión agravada e impulsó una investigación por uso de facturas falsas en base a una denuncia de ARCA. El organismo pidió determinar además si existió una “asociación ilícita fiscal”.

En la denuncia que está a cargo del juez en lo penal económico Diego Amarante, la jefa de la Sección Penal de la División Jurídica Dirección Control Grandes Contribuyentes de ARCA, Vanina Vidal, sostuvo que los responsables de la Asociación del Fútbol Argentino habrían utilizado facturación apócrifa, con el fin de ocultar a los verdaderos destinatarios del dinero correspondiente al impuesto a las Salidas No Documentadas por los períodos fiscales 2024 y 2025 por la suma que asciende a un total de $289.336.519,66.

Proveedores en la mira

Se aseguró que la AFA utilizó proveedores presuntamente falsos entre 2024 y 2025. El monto investigado asciende a $289.336.519,66, aunque la determinación de oficio fijó una base imponible total de $916.527.614,05 y un ajuste a favor del fisco de $320.784.664,61, más intereses y multas.

Navas Rial recordó en su dictamen al que tuvo acceso Infobae que ARCA argumentó que la nueva denuncia más los cargos por los que ya están procesados los dirigentes futbolísticos por retención indebida de aportes impositivos y a la seguridad social serían suficientes para investigar un nuevo delito, la presunta existencia de una “asociación ilícita fiscal”.

La fiscalía pidió medidas de prueba y concluyó que en la denuncia se alude a 24 proveedores, cuyas operaciones y pagos fueron cuestionados. “Las actuaciones administrativas darían cuenta de un accionar presuntamente ilícito, en el marco de la actividad habitual de la contribuyente Asociación del Fútbol Argentino, en atención a haberse detectado erogaciones, salidas de dinero, cuyo respaldo documental es inconsistente”, evaluó.

La acusación

En la denuncia se mencionaron una serie de irregularidades detectadas por la fiscalización: proveedores inexistentes o no localizados, falta de estructura operativa, ausencia de empleados y bienes, inconsistencias bancarias, domicilios falsos y sociedades vinculadas entre sí. También “circuitos comerciales cerrados”, cheques con múltiples endosos y empresas que facturaban actividades ajenas a su objeto social.

Como ejemplo, en el dictamen se mencionó a Central Hotel S.R.L., que facturó $9,6 millones por “obras realizadas en el predio Ezeiza” pese a estar inscripta en actividades hoteleras. También a Capadoccia S.R.L., que habría emitido facturas por más de $56 millones sin poder justificar capacidad operativa, y a Prussian Blue S.R.L., vinculada a supuestos servicios digitales pese a que sus integrantes, según la denuncia, realizaban trabajos ocasionales y carecían de conocimientos técnicos.

El fiscal sostuvo que existen elementos suficientes para investigar si se cometió el delito de evasión agravada previsto en el Régimen Penal Tributario, por supuesta utilización de facturas falsas. Además, señaló que “las maniobras habrían sido reiteradas y sostenidas por un lapso ininterrumpido de tiempo”.

La presentación apunta a las autoridades de la AFA: Tapia, Toviggino, Víctor Blanco, Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo, a quienes ARCA pidió investigar por su rol en la administración y también a la entidad rectora del fútbol argentino como persona jurídica.

En su requerimiento, Navas Rial solicitó nuevas medidas de prueba, entre ellas la remisión completa de los legajos de proveedores cuestionados y la documentación bancaria vinculada a los cheques utilizados en las operaciones bajo sospecha.

En la investigación el juez Amarante ya procesó a los cinco dirigentes y ahora esa decisión está a estudio de la Cámara Nacional en lo Penal Económico. Además Tapia fue autorizado a viajar al Mundial por el magistrado, ya que tiene prohibición de salida del país y debe pedir permiso ante cada ida al exterior.

Después de un consejo de seguridad que se llevó a cabo para buscar soluciones por la situación que se registra entre Huila y Tolima, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, aprovechó para denunciar un entramado criminal que ha buscado apoderarse de predios públicos.

Durante su intervención, Sánchez habló de la ocupación y presunta comercialización ilegal de predios públicos en zonas como Nilo y Melgar, por lo que anunció el inicio de una investigación para controlar y verificar las presuntas irregularidades.

“Estos terrenos son mansiones algunas de ellas, uno puede decir que el crimen no tiene distinción de condiciones sociales, por eso tenemos ya una estrategia que hemos fortalecido”, fueron las palabras del ministro de Defensa.

Los detalles de la denuncia del Ministerio de Defensa

Infobae Colombia tuvo acceso del informe con el que el Ministerio de Defensa argumenta la denuncia realizada por Pedro Sánchez, en que se señala que durante décadas sujetos se han apropiado de bienes públicos que son estratégicos para la seguridad y defensa nacional.

En el informe se menciona que se evidenció la invasión de predios en Tolemaida, Melgar y Nilo, en zona que conecta a Cundinamarca con el Tolima y se ha convertido en una problemática que comenzó, de acuerdo con las autoridades, desde 1954.

La cartera tiene claridad de que hay cerca de 14.000 cédulas catastrales de personas naturales y jurídicas que han afirmado ser dueños de terrenos que en realidad no les pertenece. “Entre los ocupantes se encuentran desde invasiones masivas de colonos hasta condominios lujosos y conjuntos residenciales de alto valor”, confirmó el Ministerio de Defensa.

Debido a que algunos de estos individuos han asegurado que compraron los predios, se confirmó que estos, al ser públicos y tener procedencia de disputas jurídicas, no pueden ser adquiridos por particulares y el Estado puede ejercer operativos para recuperarlos y protegerlos de posibles invasiones.

Un equipo multidisciplinario con enfoque jurídico y técnico del Ministerio de Defensa adelanta la priorización para la recuperación de estas áreas ocupadas ilegalmente y capturar a los responsables de lo que es considerado un crimen.

De la misma forma, el levantamiento topográfico y diferentes estudios especializados han permitido identificar con claridad las zonas invadidas, las áreas ocupadas por desarrollos residenciales y diversas afectaciones sociales y ambientales derivadas de estas ocupaciones ilegales.

Entre los resultados de las investigaciones se destaca la presencia de una estructura de corrupción que involucró decisiones administrativas y actuaciones irregulares en concejos municipales, alcaldías, oficinas de planeación territorial y algunos integrantes de la fuerza pública que habrían facilitado la ocupación ilegal de estos bienes.

De la misma forma, han identificado el modus operandí con el que particulares se habrían aprovechado de estas redes para obtener beneficios ilícitos.

El Ministerio de Defensa confirmó que en la actualidad es propietario de alrededor de 110.000 hectáreas distribuidas en 4.400 predios en el territorio nacional, en donde se mantienen vigilancia constante para la protección principalmente por la presencia de grupos armados y criminales en las zonas.

De acuerdo con información de la Superintendencia de Notariado y Registro, cerca del 47% de los predios en Colombia presentan problemas relacionados con titularidad, linderos o formalización. Se trata de una problemática estructural que demanda la acción coordinada de múltiples entidades del Estado para combatir la corrupción, fortalecer la seguridad jurídica de la propiedad y proteger los activos estratégicos de la Nación", es parte de la denuncia.

La cartera está planeando cuál será la forma adecadecuadaad para recuperar los terrenos invadidos, lo que incluirá acciones legales contra los individuos que estén ocupando los predios del Estado y sacando provecho de los mismos.

La repercusión del suceso no solo demuestra las fallas legales y sanitarias que rodean estos procedimientos en algunos lugares, sino que ha motivado a mujeres como Tania Orjuela Espinoza a compartir públicamente sus experiencias, revelando los riesgos físicos que enfrentan aquellos que buscan alternativas más accesibles a las intervenciones quirúrgicas formales.

En su cuenta de TikTok, la joven narró que, 4 años antes de lo ocurrido con Yulixa, también recurrió a un centro estético sin licencia tras atravesar un periodo de baja autoestima relacionado con cambios corporales postparto. Según relató en su video, las diferencias de precio respecto a las clínicas certificadas la llevaron a tomar la riesgosa decisión.

“Una liposucción en quirófano mínimo vale como $14 millones. Ya una lipectomía como desde los $17 para arriba”, en contraste, ella aceptó someterse a una lipólisis láser que le costó $4.500.000, más el gasto adicional en fajas y complementos posoperatorios.

Durante una valoración en el centro, los empleados le aseguraron que la técnica se limitaba a pequeñas incisiones bajo anestesia local, argumentando que “era suficiente” para extraer la grasa abdominal superficial y que los resultados serían inmediatos.

La ciudadana afirmó que al llegar al lugar se percató de que era una casa, aunque contaba con una recepción elegante que ocultaba las carencias en los procedimientos internos y la falta de regulación: “El día que yo llegué a la cita, la verdad era un sitio así muy parecido a como están mostrando en noticias donde le pasó esto a la señora Yulixa. Así como una casa, todo supercerrado”.

Ya en la sala de procedimientos, Orjuela relató que la intervención fue traumática y dolorosa: “Lo que me hicieron a mí fue abrirme tres huequitos en la parte inferior del abdomen, y de ahí empezar a meter la cánula. Eso duele una cosa impresionante”.

Durante la manipulación, la joven experimentó dolor agudo y ansiedad. En el posoperatorio también se le trató sin mayor precaución, pues recordó que le colocaron la faja de compresión sin delicadeza y la enviaron a casa minutos después, sin dejarla en observación.

Sobre la persona encargada de realizar los drenajes linfáticos, la joven aseguró que mostró poca capacitación: “La señora no sabía ni papa de hacer drenajes. Me hacía ver estrellitas terriblemente. Me dolía demasiado y más de una vez intenté desmayarme”.

Como resultado, desarrolló un hematoma extenso que se extendía del abdomen hasta la pierna, requiriendo la aplicación de cremas para que disminuyera.

Complicaciones estéticas y falta de respuesta profesional tras la intervención

Pese a la extracción de grasa, la joven notó días después del procedimiento que el resultado distaba de lo prometido, pues le aparecieron bolsas de piel flácida sobre el abdomen. Al contactar la sede para una solución, recibió únicamente la oferta de una segunda intervención al día siguiente.

“La asesora de una: ‘Ok, ya te abrimos quirófano para mañana, te esperamos para retocarte’”, relató, criticando la ausencia de una evaluación profesional y el ofrecimiento inmediato de un nuevo procedimiento sin mayor explicación ni precaución por su estado de salud.

“Me puse a mirar por Internet y pues vi muchas cosas que decían que la segunda vez podía ser como peor. Entonces, no, la verdad, yo no fui. No fui y agradezco no haber ido porque yo digo: ‘Dios mío, qué pudo haber pasado’ (...) Chicas, lo barato sale caro. O sea, si a ustedes les ofrecen esa lipólisis, suave brisa que le dicen, chicas, eso es un robo”, agregó.

Riesgos y advertencias

En medio de su investigación, la víctima se dio cuenta de que los equipos empleados por el sitio no eran de tecnología láser moderna, sino métodos convencionales: “Por eso a mí me quedó esa flacidez y me quedó fibrosis”.

Incluso después de invertir en 10 masajes de drenaje adicionales, no logró revertir las secuelas ni evitar nuevas acumulaciones de grasa en la espalda, zona que no presentaba problemas antes de la intervención.

La joven destaca que la economía impulsa a miles de mujeres en Colombia a buscar procedimientos de lipólisis láser en lugares que no son certificados: “No se crean que por $3 millones les van a hacer todo, $4 millones. Están poniendo en riesgo su vida. Gracias a Dios yo me salvé, salí bien, pero miren el caso de esta señora. Eso es un espejo para que ustedes tengan presente”.

La joven contó su experiencia motivada por lo que le sucedió a Yulixa Toloza, cuyo paradero aún se desconoce tras su ingreso al centro estético Beauty Láser del barrio Venecia, lo que demuestra que la presión económica y social por acceder a procedimientos estéticos rápidos y baratos expone a las pacientes a riesgos físicos graves.

La implementación de un nuevo software de georreferenciación en la Unidad Nacional de Protección (UNP) generó objeciones entre sindicatos de escoltas y organizaciones sociales en Colombia. Representantes de estos sectores advirtieron sobre riesgos de vigilancia y posibles afectaciones laborales tras conocer detalles preliminares de la herramienta tecnológica.

En diálogo con Infobae Colombia, Giovanni Gallo, presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores de Seguridad Privada (Analtraseg), expresó que hace dos días la UNP citó a gerentes y operadores a una reunión para socializar el funcionamiento del nuevo sistema.

Gallo señaló que desconocen el origen y el desarrollador del software, y recordó que la última aplicación implementada, la línea 103, fue desarrollada por una empresa israelí. El dirigente sindical advirtió que el nuevo sistema crea un “cerco georreferenciado” que obliga a escoltas y personas protegidas a reportar su ubicación dos veces al día, con lo que se rastrea la posición exacta de los beneficiarios de la protección estatal.

Gallo cuestionó la necesidad de esa geolocalización. “Para poder hacer esto hay que cogerlos con un GPS y acercarlos, y van a saber siempre dónde va a estar el protegido. ¿Quién nos garantiza a nosotros que ese programa no puede ser manipulado, que no van a poder ingresar, que no le pueden desarrollar otras opciones, como ver dónde está el protegido, cuántas veces ellos quieran abrir cámaras, abrir audios, abrir video?”.

El presidente de Analtraseg indicó que considera que el esquema plantea riesgos de “seguimiento ilegal digital” y evocó episodios pasados de interceptaciones vinculadas al extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

También en diálogo con Infobae Colombia, Otoniel Díaz Bonilla, director nacional de la Unidad Nacional de Líderes Sociales, organización que agrupa a más de 4.000 personas, manifestó su preocupación por el uso de herramientas tecnológicas en el Sistema Nacional de Protección.

“La protección no puede empezar a confundirse con vigilancia. Y en un país con antecedentes tan graves como lo ocurrido con el DAS en la historia reciente, resulta apenas legítimo que nosotros, los liderazgos sociales, los mismos periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales, expresen la preocupación frente a herramientas que implican georreferenciación, acceso a dispositivos móviles o capacidades similares”.

El dirigente de líderes sociales planteó la necesidad de que toda herramienta de este tipo cuente con transparencia, socialización y control independiente.

Gallo criticó la decisión de establecer una tarifa única, pues sostiene que las empresas privadas determinarán los salarios de los escoltas, desplazando una práctica de dieciocho años en la que la UNP fijaba esos valores conforme al salario mínimo.

El presidente de Analtraseg advirtió: “Ahora estas empresas seguramente van a bajar los salarios para recibir mayores dividendos y vamos para atrás, este programa va es para atrás”.

UNP se pronunció

Ante la filtración de información sobre el software, la Unidad Nacional de Protección emitió un comunicado en el que lamentó que detalles técnicos preliminares divulgados a operadores privados se hayan presentado en forma “fragmentada y tergiversada”, lo que, según la entidad, busca generar pánico entre los beneficiarios y desinformar a la opinión pública. La UNP recordó que las empresas contratistas y sus representantes tienen obligaciones legales de confidencialidad y reserva institucional.

La administración actual de la UNP señaló que continuará los procesos de formalización y dignificación laboral de los escoltas, corrigiendo distorsiones de modelos de tercerización y fortaleciendo sus capacidades institucionales.

“La modernización tecnológica, la transparencia y el control del gasto público no pueden convertirse en objeto de ataques o campañas de desinformación por parte de sectores que pretenden mantener espacios de opacidad o impedir la implementación de herramientas indispensables para combatir irregularidades y proteger el erario”, es parte del pronunciamiento que hizo la UNP; además, fue convocada una mesa técnica con la participación de organizaciones sociales y la entidd para discutir el alcance y las garantías de este tipo de innovaciones en el sistema de protección.

La Policía de Investigación de la Ciudad de México presentó este sábado un análisis exhaustivo sobre el perfil operativo de los extorsionadores, con el objetivo de brindar a la población recursos claros para identificar y frenar intentos de fraude antes de que se consume el delito.

El informe expone las tácticas habituales utilizadas por los extorsionadores, que abarcan desde el contacto inicial con la víctima hasta las maniobras psicológicas dirigidas a intimidar y obtener dinero u otros beneficios.

Para reducir el riesgo de ser víctima, resulta fundamental conocer las señales de alerta y los métodos que caracterizan a estos delincuentes. A continuación, te compartimos las principales claves para reconocer a un extorsionador y actuar a tiempo.

El método del extorsionador

Entre las prácticas más comunes identificadas por las autoridades se encuentra la violencia psicológica a través de llamadas telefónicas intimidatorias, mensajes que simulan ser de instituciones oficiales y amenazas que buscan sembrar temor para obtener dinero.

Las exigencias económicas suelen estar dirigidas a montos bajos, lo que facilita que la víctima acceda rápidamente a realizar pagos mediante depósitos en tiendas, transferencias bancarias o servicios de pago en comercios. Esta modalidad permite a los extorsionadores operar con rapidez y dificultar el rastreo de los fondos.

Otra táctica utilizada consiste en notificar a la persona que ha resultado “ganadora” de un supuesto premio, sorteo o campaña de una fundación. A través de esta promesa, buscan obtener datos personales o dinero bajo el pretexto de liberar el premio ofrecido.

¿Dónde y cómo denunciar en la Ciudad de México?

La Fiscalía para la Investigación del Delito de Extorsión, encabezada por Jorge Luis Hernández Hernández, mantiene atención permanente los siete días de la semana, a cualquier hora. Su labor se centra en recibir denuncias, investigar y dar seguimiento a los casos vinculados con este delito, que afecta tanto la seguridad personal como la economía familiar.

Para facilitar la denuncia, la fiscalía habilitó varios canales de contacto. Se encuentra disponible la línea anónima 089 las 24 horas, así como atención presencial en la Agencia de Detenidos, ubicada en avenida Jardín 356, colonia Del Gas, alcaldía Azcapotzalco.

Quienes prefieren opciones digitales o telefónicas tienen a disposición el número (55) 5345 5000 y el WhatsApp (55) 1992 5550, ambos activos de forma continua para recibir denuncias y orientar a las víctimas.

Un delito que creció sin freno en una década

Las cifras nacionales confirmaron la gravedad del fenómeno. Las carpetas de investigación por extorsión en el fuero común pasaron de cinco mil 803 en 2015 a 9 mil 357 en 2025, un aumento acumulado de 61.2 por ciento en 10 años, según la misma fuente académica.

La extorsión se consolidó como el único delito de alto impacto con crecimiento sostenido en el país. En 2025, el incremento interanual fue de 4.5por ciento, con una tasa de 8 casos por cada 100 mil habitantes, mientras otros ilícitos mostraron reducciones.

Las extorsiones telefónicas representaron el 84.1 por ciento de los casos registrados a nivel nacional. Las presenciales, con 15.2 por ciento del total, resultaron más efectivas para obtener pagos y, además, incluyeron armas de fuego en cuatro de cada 10 eventos, lo que generó efectos psicológicos graves en las víctimas: miedo constante, insomnio y estrés postraumático.

Durante cerca de 48 horas, el cuerpo de un adulto mayor permaneció en el interior de un vehículo fúnebre estacionado en Pereira, mientras varias entidades discutían quién debía asumir la necropsia y autorizar la sepultura. Esta situación, que mantuvo al cadáver sin atención en medio de trámites burocráticos, fue denunciada públicamente por la Personería de Pereira.

La víctima fue hallada sin vida el 11 de mayo en su vivienda, en un contexto que no permitía certificar de inmediato una muerte natural. Según el Ministerio Público, en el momento de la valoración del cadáver, la ausencia de antecedentes clínicos recientes y la presencia de sangrado por nariz y boca, junto a referencias sobre posible consumo de sustancias psicoactivas, obligaron a requerir una valoración médico legal especializada.

Familiares relataron que el cuerpo fue trasladado entre el Hospital Universitario San Jorge, la ESE Salud Pereira y Medicina Legal, sin que ninguna de estas entidades asumiera el procedimiento forense correspondiente. Durante este lapso, el cuerpo permaneció en un carro fúnebre, situación que generó angustia entre los allegados y preocupación por posibles riesgos sanitarios.

El personero Leonardo Fabio Reales Chacón calificó el hecho como un ejemplo grave de desarticulación institucional en el manejo de estos casos. “Estamos ante un paseo de la muerte frente a casos forenses”, afirmó el funcionario, y señaló que no sería el primer episodio de este tipo en la ciudad durante el año.

Ante la falta de respuestas, la Personería de Pereira activó una intervención urgente ante la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría de Salud, la ESE Salud Pereira y el Hospital San Jorge. Fue necesaria una gestión directa ante la URI de la Fiscalía para que finalmente se ordenara la necropsia médico legal, permitiendo así la entrega del cuerpo a sus familiares.

Lo que ocurrió en Pereira puso de manifiesto la necesidad de mejorar la coordinación entre entidades judiciales, sanitarias y forenses, para evitar que situaciones similares se repitan y afecten a otras familias en momentos de duelo. La Personería insistió en que es imprescindible fortalecer los protocolos y el trabajo conjunto entre instituciones para garantizar una atención digna y eficiente en procedimientos forenses.

El caso evidenció que, ante muertes en circunstancias no esclarecidas y sin antecedentes clínicos claros, la descoordinación institucional puede derivar en demoras excesivas y afectaciones tanto sanitarias como emocionales para las familias involucradas.

Dramático “paseo de la muerte” cobró la vida de un bebé

La muerte de un niño indígena U’wa de solo un año y cuatro meses traslada la atención nacional hacia las barreras que enfrentan las comunidades rurales para acceder a servicios médicos en Colombia. El menor falleció en Saravena, Arauca, luego de una serie de traslados que expusieron la precariedad sanitaria en territorios apartados.

La familia del niño emprendió un recorrido de varios días, cruzando tres departamentos, tras detectar síntomas graves de tos ferina. El trayecto comenzó en El Cerrito, Santander, e incluyó paradas en La Nueva y Cubará, Boyacá. En cada etapa, los familiares enfrentaron dificultades logísticas y administrativas que retrasaron el acceso a un tratamiento oportuno.

El traslado, coordinado en primera instancia por agentes comunitarios, implicó movilizar al menor desde el resguardo indígena hasta un punto de acceso vehicular. Posteriormente, la gravedad del cuadro obligó a remitirlo a un centro médico en Cubará y, finalmente, a Saravena, donde los médicos confirmaron su deceso.

El caso pone en evidencia las carencias del sistema de salud en zonas rurales y las consecuencias que tiene para las poblaciones indígenas. Las voces de los líderes indígenas y familiares insisten en que la travesía se realizó en condiciones extremas, atravesando territorios de difícil acceso y con escasa infraestructura.

El 13 de mayo de 2026 se viralizó una denuncia por acoso, realizada por una joven identificada como María Camila, lo que desató preocupación en la comunidad de Líbano, municipio ubicado al norte del Tolima, y reavivó el debate sobre la violencia de género en redes sociales y la seguridad de las mujeres.

La joven denunció lo ocurrido a través de una página de Facebook llamada Líbano es una Chimba, allí afirmó que ha recibido mensajes ofensivos y misóginos, así como ataques personales, a través de distintas plataformas digitales, por parte de un sujeto identificado como Esneider Ruiz, que prestaría servicios de transporte informal puerta a puerta entre Bogotá y el norte del Tolima.

La víctima anunció su decisión de recurrir a instancias legales y dar visibilidad pública al caso, con el propósito de evitar la normalización de este tipo de conductas y que otras personas sigan pasando por lo mismo.

La denunciante aseguró que desde el 12 de mayo recibió la primera comunicación y, desde ese momento, fue constantemente atacada: “Desde ayer este hombre me ha estado acosando por redes sociales con comentarios misóginos, ofensivos y denigrantes simplemente por ser una mujer colombiana viviendo en Estados Unidos”, detalló la joven tolimense.

Aclaró, además, que no existía ningún tipo de relación previa con el presunto agresor: “Recalco que nunca he tenido contacto con este sujeto, de hecho no hacía parte de mis amigos en redes”.

De acuerdo con el relato de María Camila, no se trataría de un hecho aislado, lo que generó preocupación entre los habitantes de la región y motivó mensajes de apoyo por parte de otras personas de la región.

La dimensión del acoso fue ejemplificada por la propia afectada que explicó que el presunto agresor le envió imágenes tomadas de su perfil, acompañadas de mensajes insultantes acerca de su vestimenta: “Llegó al nivel de enviarme fotografías mías en vestido diciendo que yo era una ‘put4’, haciendo ataques totalmente falsos y llenos de odio”, afirmó en la publicación realizada en la plataforma.

En el post, María Camila adjuntó pantallazos de los mensajes recibidos como prueba de lo sucedido, lo que desató una oleada de indignación tanto entre los internautas como entre residentes del Tolima porque el sujeto le dijo frases como: “Todos saben que Colombiana en EEUU es dama de compañía, está escrito”.

La denunciante planea acciones legales en contra del acosador

De acuerdo con la información publicada por la joven en Facebook, tras exponer el caso públicamente, distintas personas se comunicaron con ella para informarle de conductas similares por parte de Esneider Ruiz: “Varias personas me escribieron diciéndome que no sería la primera vez que tiene comportamientos similares con otras mujeres”.

En su declaración pública, María Camila señaló su preocupación por la tolerancia social a este tipo de agresiones y la necesidad de evitar la impunidad digital.

“Voy a actuar de manera legal y también públicamente, porque no pienso normalizar el acoso ni permitir que personas de mi pueblo estén rodeadas de individuos con este nivel de odio hacia las mujeres”, explicó al anunciar su intención de recurrir a vías judiciales.

La joven hizo un llamado a la precaución por la actividad a la que se dedica el sujeto: “Como mujer tolimense de Líbano, Tolima, me duele ver este tipo de comportamientos y hago un llamado a tener cuidado con las personas a las que les abren las puertas de sus hogares y su confianza”.

La denuncia de María Camila visibiliza la vulnerabilidad de las personas frente a agresiones digitales, en especial por parte de aquellos con los que no han tenido ningún vínculo previo, pero que se creen con el derecho de atacar y opinar sobre su vida con mensajes violentos.

El testimonio incluye el material probatorio, lo que llevó a los ciudadanos a exigir respuestas institucionales ante este tipo de casos.

La víctima publicó un video en TikTok en el que reveló que los hechos ocurrieron mientras regresaba caminando a su casa desde Unicentro alrededor de las 9:00 p. m., cuando fue interceptada por dos hombres en motocicleta y uno de ellos la amenazó con dispararle si no entregaba su celular. Afortunadamente, se salvó porque no llevaba el móvil y lo demostró a los delincuentes.

En su video, la joven relató: “Me acaban de intentar robar. Afortunadamente me había quedado sin pila en el celular, entonces dejé el celular, pues no lo llevé y me estaba volviendo a mi casa caminando”.

Antes de llegar a su destino, la joven observó dos personas sospechosas detrás de ella en una motocicleta, por lo que se preocupó, debido a que antes había sufrido un robo por parte de otros moteros.

A pocos metros de su casa, identificó a un hombre vestido de negro con casco y maleta, simulando hablar por teléfono: “Ya estaba demasiado cerca como para salir corriendo, cualquier cosa. Entonces, el señor se me acerca y me dice como: ‘Buenas noches, mucho gusto’. Se me acerca demasiado y ahí aparece un tipo en otra moto y se parquea al lado”.

Uno de los sujetos, presentándose con un nombre falso, pidió ayuda con una dirección. Sin embargo, la situación se tornó amenazante: “No vaya a gritar ni a salir corriendo o le pego un tiro”. Luego de decirle esas palabras le exigió que entregara el celular.

Álvarez le dijo a los delincuentes que no llevaba su teléfono: “No lo tengo”. Sin embargo, ellos no le creyeron, pero ante la insistencia ella decidió mostrar sus bolsillos vacíos para probarlo. “Señor, se lo juro que no lo tengo, se lo juro que no lo tengo”. Finalmente, el hombre comprobó la historia y le dijo que se fuera: “Bueno, no vaya a hacer show, váyase”.

En medio de la desesperación, la joven notó que los sujetos escaparon en moto y luego corrió a su casa, donde informó al portero lo sucedido para sentirse a salvo.

Después de lo ocurrido decidió grabar el video para recomendar a los ciudadanos tener precaución: “Oigan, tengan demasiado cuidado. Se los juro que llegué con el corazón en la mano. Afortunadamente no tenía mi celular porque no sé qué habría hecho, pero quedé en verdad tiesa y fría”.

La percepción de inseguridad en Bogotá continúa incrementando

El relato de Catalina Álvarez generó una avalancha de comentarios en TikTok, red social en la que cientos de usuarios mostraron su preocupación y miedo ante el crimen urbano en la capital colombiana.

Entre las reacciones se destacan algunas como: “Caminar de noche en Bogotá ya cuenta como deporte de alto riesgo”. Otros internautas compartieron experiencias personales similares: “Me pasó lo mismo!!! Y me asusté tanto que salí corriendo y grité como loca. Creo que lo asusté tanto que él también salió corriendo, pero qué susto, porque uno nunca sabe cuando sí puedan tener armas o hacerle algo a uno”.

Otras voces expresaron: “La inseguridad ya no deja vivir en Bogotá” y personas de otras regiones ya temen visitar la capital: “Yo me quiero ir a vivir a Bogotá a hacer mi carrera universitaria pero viendo esto ahora no sé”.

El hecho, que se volvió alerta viral, se convirtió en ejemplo de una percepción persistente de vulnerabilidad frente a la delincuencia.

El proceso penal incluye cargos por fraude procesal, prevaricato y abuso de autoridad, mientras los locales denuncian que se mantienen las deficiencias en la prestación del servicio público de aseo.

La acción judicial es liderada por Pablo Bustos, presidente de la Red de Veedurías, y se fundamenta en denuncias de usuarios que aseguran sentirse “secuestrados” por el operador actual. De acuerdo con la organización, desde septiembre de 2025 se han presentado miles de solicitudes de cambio de operador y solo 562 han sido autorizadas por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, pero la empresa sigue sin ejecutar las desvinculaciones ordenadas.

El documento presentado ante la Fiscalía señala presuntas fallas estructurales en la recolección de residuos, con reportes de incumplimientos en frecuencias y horarios, deficiencias en el parque automotor y problemas en el mantenimiento de los vehículos; además, se mencionan episodios de contaminación ambiental por lixiviados y deficiencias en los servicios conocidos como Clus, que agrupan corte de césped, poda de árboles, lavado de áreas públicas y limpieza de zonas ribereñas.

Según la Red de Veedurías, miles de usuarios han solicitado la terminación de sus contratos cumpliendo con los requisitos legales y de pago, pero más del 95% de las solicitudes permanecen estancadas.

Cerca de 5.000 usuarios estarían en mora por devoluciones, ya que la documentación enviada por Nepsa del Quindío a la Superintendencia de Servicios Públicos habría sido incompleta. El organismo de control tampoco habría tomado los correctivos necesarios, lo que mantiene a los ciudadanos atados al operador actual.

El presidente de la Red de Veedurías, Pablo Bustos, afirmó que la situación ha desencadenado una de las crisis más graves en la historia reciente del servicio público de aseo en esta zona del país. Los municipios de Circasia y Quimbaya, considerados estratégicos para la región del Quindío, concentran la mayor parte de las quejas ciudadanas. Líderes locales y organizaciones han advertido que la crisis afecta la salud pública, el turismo, el medio ambiente y la confianza institucional.

El presidente de la Red de Veedurías señaló a Luis Fernando Echeverri Parra, Luisa Fernanda Caro Arias y María Alejandra Taborda Montoya, junto a otros directivos como posibles responsables de fraude procesal, prevaricato por omisión, por acción y abuso de autoridad por actos arbitrarios.

El proceso penal se complementa con la preparación de una acción de grupo que buscará reclamar indemnizaciones por los daños económicos, ambientales y sanitarios derivados de las presuntas fallas en la prestación del servicio y la obstrucción del derecho a escoger un nuevo operador.

La organización argumenta que los usuarios han cumplido con todos los requisitos legales, pero enfrentan obstáculos administrativos que les impiden ejercer su derecho a la libre elección.

En el video que fue publicado en las redes sociales de la Red de Veedurías, Pablo Bustos pidió la ayuda de las autoridades para poder garantizar que los usuarios afectados comiencen a recibir un servicio eficiente y no tener que seguir “secuestrados” por una compañía que lleva varios años sin cumplir con sus obligaciones y sigue operando a pesar de las denuncias.

“Este caso abre un nuevo capítulo en el debate nacional sobre la eficiencia, vigilancia y garantías de libre competencia en los servicios públicos domiciliarios, mientras miles de usuarios esperan respuestas de las autoridades judiciales y de control”.

Un video difundido en redes sociales exhibe el momento en que un agente del Ministerio Público presuntamente amenaza a un ciudadano al interior de la Fiscalía Regional de Naucalpan, en el Estado de México, mientras se desarrollaba una diligencia relacionada con un caso de presunto despojo.

De acuerdo con la denuncia de los afectados, los hechos ocurrieron dentro de las instalaciones de la Fiscalía, donde el funcionario habría encarado al ciudadano con una frase que quedó grabada en video: “¿Ya te vas?... Ok, te veo allá afuera”, expresión que fue interpretada como una intimidación directa.

Los denunciantes señalaron que desde hace varios meses han intentado obtener avances en la investigación por un presunto despojo de propiedad; sin embargo, aseguran que el expediente permanece estancado y que, además de la falta de resultados, han enfrentado actitudes hostiles por parte de personal ministerial.

Según relataron, no es la primera ocasión en que el servidor público involucrado muestra una conducta agresiva. Incluso, indicaron que existen antecedentes de confrontaciones verbales y presiones durante el seguimiento del caso, situación que ahora escaló tras la difusión del video.

Denuncian también irregularidades en investigación

La grabación comenzó a circular ampliamente en plataformas digitales y generó críticas hacia el actuar de funcionarios de la Fiscalía mexiquense. Usuarios en redes sociales cuestionaron el comportamiento del agente y exigieron una investigación interna para esclarecer lo ocurrido.

Los afectados también denunciaron posibles irregularidades dentro de la carpeta de investigación. Entre ellas, acusaron que personal de la propia Fiscalía habría omitido recabar videos de vigilancia de la zona donde ocurrieron hechos clave relacionados con el presunto despojo, pese a que dichas grabaciones podrían representar evidencia importante para el caso.

A decir de los denunciantes, esta omisión podría comprometer el desarrollo de las investigaciones y favorecer la pérdida de pruebas relevantes. Además, señalaron que existen sospechas sobre posibles vínculos entre personas presuntamente involucradas en el despojo y trabajadores o allegados a la institución.

No se ha pronunciado la Fiscalía mexiquense

Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido una postura oficial respecto al video ni sobre las acusaciones realizadas por los ciudadanos.

El caso ocurre en medio de constantes señalamientos ciudadanos por presuntos abusos de autoridad y deficiencias en la atención ministerial dentro de distintas agencias del Ministerio Público en el Estado de México.

El delito de despojo se ha convertido en una de las problemáticas recurrentes en municipios mexiquenses, particularmente en zonas urbanas donde grupos organizados presuntamente aprovechan vacíos legales o procesos lentos para apropiarse ilegalmente de propiedades.

Especialistas en materia legal advierten que la preservación de pruebas, resulta fundamental para acreditar responsabilidades y evitar la impunidad. Por ello, cualquier omisión en la integración de una carpeta de investigación puede afectar seriamente el acceso a la justicia para las víctimas.

Tras la difusión del video, ciudadanos y usuarios de redes sociales exigieron transparencia en el caso y pidieron que se revisen tanto la actuación del agente ministerial señalado como el manejo integral de la investigación.

Mientras tanto, las personas afectadas aseguraron que continuarán denunciando públicamente lo ocurrido y solicitaron la intervención de autoridades estatales para garantizar que el caso avance de manera imparcial y sin presiones.

En los últimos meses, se han registrado varios casos de pacientes que han fallecido esperando a ser atendidos en centros médicos del país, lo que ha sido señalado como una muestra del colapso del sistema de salud en Colombia.

En Bucaramanga, Santander, hay indignación porque en la tarde del 12 de mayo la víctima de un hecho de esta índole fue un bebé de 40 días de nacido, que habría fallecido por una presunta negligencia médica.

Medios locales informaron que el menor estaba junto con sus padres en el hospital Universitario de Santander (HUS), desde donde sería trasladado a una clínica especializada en Medellín, Antioquia, para llevar a cabo un tratamiento de oxigenación por membrana extracorpórea, que se aplica a pacientes críticos con fallos cardíacos o respiratorios graves.

El tratamiento mencionado era vital para intentar salvar la vida del menor; sin embargo, a pesar de que la Nueva EPS aprobó el traslado, el menor falleció antes del viaje y luego de que una clínica especializada en Bucaramanga lo rechazó.

Sobre el caso, se confirmó que el menor nació en el municipio de Málaga, pero tuvo que ser trasladado a Bucaramanga (trayecto de cuatro horas) luego de presentar complicaciones respiratorias, que en un principio eran controlables.

El menor fue valorado al llegar a la capital de Santander y de esa forma se confirmó, mediante un ecocardiograma, que tenía una hipertensión pulmonar severa y requería atención inmediata con equipos de patologías.

Lo anterior fue confirmado por el interventor de la Nueva EPS, Jorge Iván Ospina, que aseguró que la clínica en Santander argumentó que no había un convenio para recibir al bebé, lo que obligó a que se tuviera que gestionar un traslado a otra ciudad, algo que describió como injustificable para un caso de esta índole.

Ospina atendió a los medios de comunicación para exponer detalles del caso, que era uno de atención urgente, por lo que cuestionó a las entidades médicas que priorizan el pago de convenios o aspectos de esa índole por encima de la salud de los pacientes.

“Un niño que nazca con una malformación congénita no tiene que ser remitido a una ciudad muy lejana a su lugar de residencia, y esto exige una sensibilidad especial por parte de la institución que tiene la capacidad local. Debe entenderse que no se tiene que esperar un anticipo para poder atenderlo. Debe tener prioridad por encima de los propios pagos”, declaró Jorge Iván Ospina.

Ospina lamentó lo registrado y reconoció que los padres del menor ya habían alertado sobre las demoras en el traslado a la Fundación Cardiovascular, puesto que habían publicado videos en sus redes sociales para denunciar las irregularidades.

“Es un niño con una condición especial. Viene remitido de Málaga al HUS. El niño requiere un traslado urgente a la Clínica Cardiovascular. Necesitamos que la EPS nos ayude con la remisión. La cardiovascular dio un pre aprobado, pero falta que acepten y den el visto bueno. Nos dicen que no lo aceptan por cuestiones económicas”, fueron las palabras de Elio Cervantes, padre del menor fallecido, días antes del deceso.

Tras el deceso del menor, la familia exigió justicia y se anunció el inicio de una investigación con la que se identificarán las fallas registradas y los grados de responsabilidad de las entidades que atendieron al menor.

Ospina indicó que este caso es una muestra de las dificultades que tienen cientos de pacientes que padecen de enfermedades de alta complejidad para recibir atención especializada y procedimientos vitales por autorizaciones administrativas que tardan demasiado.

“En el sector privado no está funcionando con la funcionalidad que merecen por la ausencia de pagos, principalmente en la ciudad de Cúcuta. Las otras instituciones están alcanzadas porque la moratoria es larga y porque se paga un porcentaje y esa no puede ser la manera en que la Nueva EPS trate a sus proveedores de servicios”.

El hecho activó los protocolos de seguridad y la intervención de la Policía Nacional para resguardar el bienestar de los ocupantes y de la persona que se vio directamente afectada por este hecho que desató indignación entre aquellos que frecuentan el terminal aéreo y la comunidad en general.

De acuerdo con el reporte oficial, el avión tuvo que regresar a Bogotá debido a que un pasajero, presuntamente bajo los efectos del alcohol, acosó a una mujer y cometió un acto obsceno en el asiento que le fue asignado para el traslado al destino internacional.

Esta situación alteró la tranquilidad dentro de la aeronave y obligó a la tripulación a solicitar la presencia de las autoridades, que llevaron a cabo la retirada del individuo una vez en tierra para determinar su situación judicial.

Intervención de las autoridades en el Aeropuerto El Dorado

La Policía Nacional actuó tras recibir el aviso de la tripulación y procedió al retiro inmediato del pasajero tras el aterrizaje en el Aeropuerto El Dorado. El hombre fue trasladado a un Centro de Traslado por Protección para su custodia temporal.

Así lo confirmaron las autoridades a Infobae Colombia: “La Policía Nacional retiró y trasladó a esta persona a un Centro de Traslado por Protección y aplicó una orden de comparendo en cumplimiento a la Ley 1801 de 2016 artículo 145, numeral 15, por perturbación en medios de transporte público a la tranquilidad de los demás ocupantes mediante cualquier acto obsceno".

Las autoridades aplicaron una sanción administrativa basándose en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, con el fin de penalizar el comportamiento del sujeto en el avión.

La respuesta oficial documentó el hecho como una falta que afecta la tranquilidad en entornos de transporte, lo que demuestra la importancia del cumplimiento de las normas por parte de los pasajeros tanto en vuelos nacionales como internacionales operados desde el Aeropuerto El Dorado.

La ciudadanía rechazó ampliamente el suceso, lo que se demostró con las reacciones a través de las diferentes plataformas digitales en las que se exige que el sujeto sea condenado por estos actos, pues podría cometerlos nuevamente afectando a más personas.

Entre las reacciones destacadas se encuentran: “Degenerado vulgar y abusivo bien hecho”, “Que asco de hombre. Y devolvería el vuelo si fuese hasta el otro lado del mundo; no que va hasta si salida del planeta! Que vergüenza”, “Ahora volar se convirtió en algo parecido a viajar en flota (bus) en Colombia. Puros mantecos y gente de mala educación llenos de problemas mentales y Feos como un HP” y “Debieron entregarlo en España, donde si hay ley. Aquí son doce horas en el calabozo”.

Entre tanto, otros criticaron la forma en que fue presentado el caso, pues los portales digitales como Colombia Oscura lo calificaron como un “pasajero disruptivo”. Ante esta afirmación también se desató la indignación con comentarios como: “Dizque “un pasajero disruptivo” No señores, es un pasajero con potencial delictivo, acosó a una mujer y se masturbó en su asiento”.

Por ahora, solo se aclaró oficialmente que el señalado agresor fue puesto bajo protección temporal y recibió una sanción por alterar el orden durante el vuelo. La acción de las autoridades refuerza el compromiso con la seguridad y la buena convivencia en rutas aéreas internacionales.

Después de que el Consejo de Estado suspendió el traslado anticipado de recursos pensionales desde los fondos privados hacia Colpensiones, el presidente Gustavo Petro ha cuestionado públicamente al magistrado Juan Enrique Bedoya y afirmó que debía ser denunciado penalmente por el delito de prevaricato.

Cabe mencionar que el traslado inicial sería por cerca de cinco billones de pesos de afiliados ya pensionados hasta completar movimientos por más de 25 billones.

“Dado que la sentencia del magistrado del Consejo de Estado a favor del interés de los banqueros y en contra del interés general de los trabajadores y de la ley vigente que aquí muestro, pido demandar penalmente por prevaricato al magistrado ponente”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

¿Es viable la denuncia mencionada por Gustavo Petro?

Debido a la polémica que se ha generado por este tema, en diálogo con Infobae Colombia, el docente de la Facultad de Estudios Jurídicos de la Universidad de la Sabana Edwin Cháves habló sobre los alcances de una posible denuncia penal por prevaricato.

En primer lugar, mencionó en qué consiste la denuncia mencionada y cuáles deberían ser los elementos que podrían establecer que se registró este delito.

“La denuncia consiste en la puesta en conocimiento de hechos que podrían revestir las características de un delito. El prevaricato es un tipo penal previsto en el artículo 413 del Código Penal, que se configura cuando un servidor público, judicial o administrativo, en ejercicio de sus funciones, profiere una resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario a las disposiciones jurídicas aplicables, pese a conocer dicha contradicción. En cuanto a los indicios de su eventual comisión, su determinación exige, en principio, un ejercicio de contraste entre la resolución, dictamen o concepto emitido y las normas jurídicas aplicables al caso concreto, con el fin de establecer si la decisión adoptada resulta ostensiblemente contraria al ordenamiento jurídico”.

Para Cháves, es viable que la denuncia pueda registrarse en contra del magistrado, pero no considera que se pueda demostrar que hubo algún tipo de irregularidad en las acciones de Bedoya.

“Desde el punto de vista formal, es posible presentar una denuncia penal contra un magistrado del Consejo de Estado; sin embargo, una cuestión distinta es establecer si dicha denuncia tendría posibilidades reales de prosperar. En una eventual investigación penal tendría que acreditarse que tales valoraciones condujeron a una decisión manifiestamente contraria a la ley y, en consecuencia, potencialmente constitutiva del delito de prevaricato”.

El docente analizó lo que debería ser analizado en caso de que se concrete la denuncia contra el magistrado Bedoya y la hipotética ausencia de sustento jurídico en su decisión.

“Alcanzar ese estándar resulta particularmente complejo cuando el objeto de análisis corresponde a una decisión judicial sustentada en criterios interpretativos y valorativos. Incluso, la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que no toda interpretación errada, discutible o controvertible de la ley configura prevaricato. Este delito únicamente se estructura cuando la decisión carece por completo de sustento jurídico, contradice de manera ostensible y evidente el ordenamiento jurídico y revela una intención deliberada de desconocerlo”.

El docente indicó que no existe un fuero de inmunidad para los magistrados, pero recordó que la Constitución Política establece un régimen especial de competencia para investigar y juzgar las altas cortes.

“La investigación y eventual acusación corresponde al Congreso de la República, a través de la Cámara de Representantes y el Senado. El juzgamiento está atribuido a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante las Salas Especiales previstas para estos efectos. Por tanto, más que una garantía de inmunidad, se trata de un fuero constitucional orientado a definir autoridades competentes y procedimientos especiales para su investigación”.

Por último, Edwin Cháves consideró que lo mejor en este caso es que la hipotética investigación avance de manera correcta para que se demuestren las garantías que tienen los magistrados y las altas cortes, sin importar que sus decisiones no sean aceptadas por el gobierno de turno.

“No todo cuestionamiento o investigación respecto de actuaciones judiciales implica, por sí mismo, una afectación al principio de separación de poderes. Tal afectación podría configurarse cuando el sistema penal es utilizado de manera arbitraria o instrumental para presionar, intimidar o limitar la autonomía e independencia de la rama judicial. Por el contrario, dentro de un Estado de derecho, la eventual responsabilidad penal de los funcionarios judiciales constituye una manifestación del principio de sujeción de todas las autoridades al ordenamiento jurídico y a los mecanismos de control previstos constitucional y legalmente”.

El abogado Gregorio Dalbón presentó este lunes una denuncia ante el Consejo de la Magistratura contra el juez Diego Alejandro Amarante, titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, por hechos que podrían configurar causales de remoción por mal desempeño en el ejercicio de sus funciones. Según la presentación, el magistrado habría mantenido “contactos y conversaciones extraprocesales” con funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) en el marco de la causa judicial vinculada a autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), y les habría sugerido “la conveniencia de ampliar o reformular denuncias penales ya existentes, incorporando nuevas hipótesis delictivas y agravando el alcance de las imputaciones” dirigidas contra Claudio Tapia y Pablo Toviggino.

La denuncia del letrado sostiene que, de corroborarse esos hechos, el juez habría “abandonado su posición constitucional de tercero imparcial para asumir un rol materialmente asimilable al de colaborador o asesor informal de la acusación”, lo que excedería “ampliamente el marco de una actividad jurisdiccional legítima”.

Dalbón encuadró los hechos en las causales previstas en los artículos 24 y siguientes de la Ley 24.937 -incumplimiento de normas constitucionales y legales, negligencia grave en el ejercicio del cargo y actos de manifiesta arbitrariedad- y solicitó al Consejo que disponga la apertura de un procedimiento disciplinario y que, eventualmente, promueva la suspensión y acusación del magistrado ante el Jurado de Enjuiciamiento.

Consultado por este medio, el denunciante afirmó que “la gravedad institucional de los hechos denunciados no reside únicamente en una eventual irregularidad procesal aislada, sino en la posible afectación de uno de los pilares esenciales del Estado de Derecho: la imparcialidad judicial. Un magistrado de la Nación no puede, bajo ningún concepto, abandonar su rol constitucional de tercero neutral para transformarse -aunque sea informalmente- en un articulador de estrategias acusatorias junto a organismos estatales”.

El expediente que rodea la denuncia está vinculado a Tapia y Toviggino, quienes resultaron procesados junto a Cristian Malaspina, actual secretario general de la AFA, y los ex directivos Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Lorenzo, por retención y omisión de depósito de impuestos y contribuciones a la seguridad social por 19.300 millones de pesos correspondientes a los años 2024 y 2025.

La AFA como persona jurídica también fue alcanzada: sus bienes fueron embargados por 350 millones de pesos. Al dictar los procesamientos en la causa, el juez Amarante consideró que el delito se consolida en el momento en que las obligaciones no son depositadas dentro del plazo de 30 días desde su retención, y advirtió que en todos los meses con vencimientos se registraron transferencias de sponsors hacia cuentas de la entidad, lo que evidenciaba disponibilidad de fondos para cumplir con el fisco.

Esa decisión está apelada ante la Cámara Nacional en lo Penal Económico, en manos de los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos. Los procesados en primera instancia reclaman el sobreseimiento, mientras que los acusadores piden agravar los cargos.

La semana pasada, el mismo proceso sumó otro capítulo. Amarante rechazó un planteo de la defensa de Toviggino que buscaba apartar a ARCA de su condición de querellante. En una resolución de 15 páginas, el magistrado señaló que la actuación de la entidad impositiva “se encuentra expresamente autorizada por el ordenamiento vigente y ha sido reiteradamente admitida por la jurisprudencia del fuero”, que la ley de Inocencia Fiscal “no resulta aplicable a esta instancia procesal” por tratarse de una causa ya en pleno trámite, y que “la facultad del organismo recaudador para intervenir como parte querellante en procesos de esta naturaleza no se encuentra condicionada a la existencia actual de una deuda pendiente, sino a la presunta comisión de hechos tipificados en el Régimen Penal Tributario”.

Es ese presunto vínculo mantenido entre el juez y el organismo recaudador el que la denuncia pone ahora bajo otra luz. La presentación tiene, por lo demás, su origen en una nota publicada el 7 de mayo por el portal Data Clave y replicada por otros medios, titulada “El polémico juez Amarante le ofreció a ARCA que denuncie a la AFA nuevamente para complicar a Tapia y a Toviggino”.

Dalbón aclaró que su presentación “no persigue cuestionar el contenido de resoluciones jurisdiccionales revisables por las vías procesales ordinarias”, sino “determinar si existieron conductas extraprocesales incompatibles con los deberes de objetividad, neutralidad e independencia que la Constitución Nacional y los tratados internacionales imponen a todo magistrado”.

La denuncia en cuestión, dirigida al presidente del Consejo, Horacio Rosatti, cita el artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos y fallos de la Corte Interamericana para sostener que la garantía de imparcialidad “no se agota en la ausencia de interés subjetivo del magistrado”, sino que también exige “condiciones objetivas capaces de despejar dudas razonables acerca de su neutralidad”. Bajo esos parámetros, argumenta la presentación, “la eventual existencia de comunicaciones informales y coordinaciones extraprocesales entre el juez denunciado y el organismo acusador reviste una gravedad institucional evidente”.

Para respaldar los hechos denunciados, Dalbón ofreció un conjunto de medidas probatorias: solicitó la remisión íntegra de las actuaciones del Juzgado N° 5 vinculadas a la AFA, un oficio a ARCA para que aporte copia de denuncias, ampliaciones y registros internos de comunicaciones con el magistrado, informes sobre accesos al juzgado por parte de funcionarios del organismo, y la citación a declarar de quienes hubieran participado en las actuaciones vinculadas a la entidad futbolística.

“La sociedad no espera jueces militantes, operadores ni funcionarios comprometidos con intereses sectoriales. Espera magistrados independientes. Cuando la apariencia de imparcialidad se quiebra, el daño excede cualquier expediente y erosiona directamente la confianza pública en la administración de justicia. Por eso corresponde que el Consejo de la Magistratura investigue con máxima profundidad y seriedad los hechos denunciados”, cerró Dalbón.

La denuncia quedará en manos de la Comisión de Disciplina y Acusación, que deberá resolver si hay mérito suficiente para avanzar en una investigación disciplinaria contra el juez denunciado.

La esposa de Rodolfo Hernández presentó ante un juzgado de Bucaramanga una denuncia contra Carlos Fernando Cuevas, candidato a la vicepresidencia y fórmula de Santiago Botero, por el impago de una deuda que supera los $354 millones.

La demandante, Socorro Oliveros, sostuvo en entrevista con el medio Semana que Carlos Fernando Cuevas ha incumplido reiteradamente las fechas de pago establecidas en el contrato de préstamo, instaurando un proceso judicial que, según sus propias palabras, aún podría demorar debido a los tiempos de la justicia en Colombia.

Desde hace más de un año, Oliveros asegura que no ha recibido el capital adeudado, a pesar de que Cuevas sí habría abonado mensualidades correspondientes a los intereses, supuestamente financiados con el propio capital prestado. Según declaró la esposa de Hernández al medio de comunicación, en al menos cinco ocasiones, Cuevas pospuso la devolución del dinero, fijando nuevas fechas que nunca cumplió, la última de ellas el 30 de abril de 2026.

La situación cobró relevancia pública cuando Oliveros decidió hacer pública la demanda, tras constatar que el propio Cuevas Romero ingresó a la carrera electoral como fórmula vicepresidencial, presentándose, según ella, con una imagen que no correspondería a su conducta financiera.

Oliveros comentó que “no entiendo cómo alguien tan mentiroso puede decir que quiere administrar el país si no es capaz de administrar el propio bolsillo”, refiriéndose a los reiterados incumplimientos y a la supuesta inconsistencia entre la campaña de Santiago Botero y la solidez patrimonial de su compañero de fórmula.

La denuncia de Socorro Oliveros señala que el préstamo inicial tenía como fin la inversión en un negocio de alimentos que le proporcionaría recursos mensuales. Oliveros accedió a prestarle la suma solicitada debido a la relación de confianza derivada de la colaboración de Cuevas con la campaña presidencial de su esposo en 2022, aunque desmiente tajantemente que Cuevas haya sido amigo personal del fallecido exalcalde.

La viuda también explicó que sí existe un contrato de préstamo firmado, en el que quedaron pactados no solo los valores y fechas de pago, sino también los intereses, que según ella “los pagaba mensualmente, pero llegó la fecha de pagar el capital y no salió con nada”.

Cuando se vencieron los plazos originales, se iniciaron las prórrogas ante la promesa reiterada de pago, hasta que finalmente, tras superar cinco fechas incumplidas, la demandante recurrió al Juzgado 10 Civil de Bucaramanga, donde actualmente cursa el proceso ejecutivo, incluyendo la deuda, los intereses y los honorarios del abogado que lleva su caso.

“Ya tiene todas las cuentas de banco embargadas, no tiene nada a nombre de él; me imagino que está recibiendo la plata en efectivo”, indicó Oliveros a Semana, destacando así el presunto estado financiero de Cuevas Romero. Ante la consulta del medio sobre la posibilidad de que la situación se resuelva pronto, Oliveros respondió: “Ese proceso se demora aún, como todo en la justicia de Colombia”.

Consecuencias políticas y cuestionamientos a la campaña de Santiago Botero

La controversia adquirió nuevas dimensiones cuando Carlos Fernando se sumó a la fórmula vicepresidencial de Santiago Botero. Oliveros relató que, al enterarse de la carrera política de Cuevas, este le prometió pagar antes de las elecciones; promesa que tampoco fue cumplida.

La empresaria expresó a Semana que ha bloqueado a Cuevas en cualquier canal de comunicación, evitando además tener contacto con los mensajes o videos que publica en su actual campaña.

Según detalló Oliveros, “ya Santiago está informado de todo”. No obstante, considera que la campaña padece una grave contradicción, pues “es muy difícil que el vicepresidente del multimillonario Santiago Botero sea un embaucador, mentiroso y mala paga”.

Su postura se endureció al afirmar que “son un peligro, una mala copia de Rodolfo Hernández. Quieren parecerse, pero no le llegan ni a los tobillos. No entiendo cómo dicen que quieren recuperar la economía, dar justicia y ayudar a los pobres, cuando es un embaucador que no es capaz de pagar lo que debe”.

Oliveros advierte que, pese a que el escándalo podría afectar las aspiraciones políticas de la fórmula Botero-Cuevas, su objetivo no es generar una crisis mediática sino “que los colombianos se enteren de la realidad de Carlos Fernando Cuevas”.

A su juicio, la imposibilidad de cambio de fórmula vicepresidencial hace que la información deba estar a disposición pública para, citando sus palabras, “que la gente del común que piensa votar por Carlos Fernando, le digo que no pierdan ese voto, así como yo, al día de hoy, siento que tengo perdida mi plata”.

La empresaria también señaló como paradójico que la campaña de Botero realice ostentaciones económicas, “regalando plata, motos, plantes para negocios”, cuando, según sus afirmaciones, su antiguo amigo “por detrás no tiene nada a nombre de él, las cuentas están vacías y con deudas”.

El afectado explicó que el envío fue realizado el miércoles 29 de abril al mediodía desde la sede de Cruz del Sur ubicada en Huancayo, cerca de la Universidad Continental, donde desarrollaba una campaña de salud visual. Debido al feriado por el Día del Trabajador, decidió acudir recién el lunes a recoger los equipos en el counter de la empresa ubicado en el sótano de Plaza Norte, en Lima.

“Yo envié los equipos a Lima y me dijeron que iban a llegar en dos días aproximadamente. Fui el lunes con mi DNI físico y la guía de recojo, pero me indicaron que la mercadería ya había sido retirada”, relató el joven en el video.

De acuerdo con su testimonio, inicialmente el personal de la empresa le indicó que una mujer había recogido la encomienda presentando su DNI y realizando el pago en efectivo. Sin embargo, tras revisar las cámaras de seguridad, descubrió una presunta contradicción en la versión brindada.

“Me dicen: ‘Fíjate las cámaras de videovigilancia’. Cuando revisamos las imágenes se nota que no era una señorita, sino un hombre. Además, en el video se observa que entregan los equipos sin cotejar bien los datos”, denunció.

El empresario sostuvo que los delincuentes obtuvieron rápidamente toda su información personal para concretar la suplantación de identidad. “En tiempo récord obtuvieron mis datos, crearon un DNI y consiguieron toda la información necesaria para recoger la encomienda”, afirmó.

Asimismo, señaló que la firma registrada en el documento de entrega no coincide con la que figura en su documento nacional de identidad, por lo que cuestionó los protocolos de seguridad aplicados por la empresa para la entrega de paquetes de alto valor.

Una posible organización criminal dentro de Cruz del Sur

En declaraciones a Panamericana Televisión, el afectado manifestó su preocupación por una posible filtración de información desde el interior de la agencia de transportes.

“No hay un debido protocolo dentro de la empresa. Mi hipótesis es que dentro existe una organización criminal dedicada al robo de mercaderías valiosas y que filtran los datos de los clientes”, sostuvo.

El joven también pidió a la empresa reforzar los filtros de selección y supervisión de su personal, al remarcar que depositó su confianza en una compañía de trayectoria nacional para trasladar equipos médicos de alto costo.

“Acuso formalmente a la empresa Cruz del Sur de no tener un debido protocolo de recojo de encomienda. No estamos hablando de una mercadería de cien o doscientos soles, sino de equipos oftalmológicos valorizados en más de 40 mil soles”, enfatizó.

Hasta el momento, la empresa denunciado no ha emitido un pronunciamiento sobre esta acusación pública.

El empresario Alfonso “N”, detenido por su presunta participación en el fallido atentado contra el abogado Carlos Efrén L. V. en un restaurante de la colonia Roma, acusó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) de fabricar pruebas y utilizar material ilegal para sostener la imputación en su contra.

Durante una entrevista con medios, los abogados defensores José María Malagón y Guillermo Torres Landa señalaron que la principal evidencia presentada por el Ministerio Público consiste en transcripciones de audios que, afirmaron, fueron incorporados de manera irregular a la carpeta de investigación.

De acuerdo con la defensa, Alfonso “N” fue vinculado a proceso únicamente bajo la figura de “auxiliador” y no como autor intelectual del intento de homicidio, como inicialmente lo había sostenido la Fiscalía capitalina.

Transcripciones no han tenido peritajes

Los litigantes explicaron que los audios corresponden a presuntas conversaciones entre la víctima y un chofer que también trabajó para el empresario textil, en las que supuestamente se menciona que Alfonso “N” habría ordenado la agresión.

Sin embargo, Torres Landa aseguró que el conductor laboró para ambas personas en periodos distintos, por lo que rechazó que exista un vínculo directo entre su cliente y el ataque registrado en junio de 2025.

“La única prueba son unas transcripciones cuya autenticidad no ha sido acreditada mediante un peritaje técnico”, sostuvo la defensa, al tiempo que acusó irregularidades en el manejo de las evidencias por parte de la Fiscalía.

Los abogados también señalaron al juez Carlos Trujillo Rodríguez por permitir que las transcripciones fueran admitidas sin una validación pericial que garantizara su autenticidad, integridad y fiabilidad.

Recurso de nulidad

Malagón Hidalgo recordó que la defensa promovió un recurso de nulidad al considerar que el material incumple con los requisitos legales mínimos para ser utilizado como prueba dentro del proceso penal.

A pesar de ello, el juez determinó mantener los audios dentro de la investigación, situación que, según los defensores, vulnera el debido proceso y los derechos del empresario detenido.

Ante este escenario, adelantaron que acudirán tanto a instancias locales como federales para impugnar la resolución y buscar que el material sea desestimado en etapas posteriores del juicio.

El caso se remonta al 13 de junio de 2025, cuando Carlos Efrén L. V. se encontraba en el restaurante Pargot, ubicado sobre la calle Córdoba, en la colonia Roma, de la CDMX.

Según los antecedentes oficiales, un hombre ingresó al establecimiento y colocó un arma de fuego en la cabeza del abogado. El agresor accionó el gatillo, pero la pistola se encasquilló, lo que evitó que se consumara el homicidio.

Tras el ataque, las autoridades iniciaron una investigación que derivó en la captura de Luis Antonio P. M., identificado como presunto autor material y exsocio de la víctima.

También fue detenida Frida Patricia Ortega García, señalada por las autoridades como la persona que habría organizado la reunión entre el abogado y los involucrados en el restaurante.

Posteriormente, la Fiscalía capitalina identificó a Alfonso “N”, empresario del ramo textil, como presunto autor intelectual del atentado y solicitó apoyo internacional para su localización.

El empresario fue detenido en Colombia el pasado 26 de abril mediante una ficha roja emitida por Interpol y posteriormente trasladado a México.

Finalmente, Alfonso “N” fue aprehendido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde quedó a disposición de las autoridades judiciales para continuar con el proceso penal en su contra.

La defensa insistió en que su cliente es inocente y aseguró que la acusación se sostiene únicamente en pruebas “ilegales y manipuladas”, por lo que confían en revertir la imputación en tribunales.

El actor y cantante Vadhir Derbez rompió el silencio luego de que se revelara una denuncia en su contra por presunta violación, la cual fue interpuesta por una modelo estadounidense de 19 años en la Ciudad de México.

Acompañado de su equipo legal, el hijo de Eugenio Derbez negó categóricamente las acusaciones y denunció haber sido víctima de extorsión, pues previamente le exigieron 350 mil dólares a cambio de no proceder legalmente en su contra.

La denuncia fue presentada el pasado 2 de abril ante la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales de la CDMX y se dio a conocer públicamente este 6 de mayo en el programa De Primera Mano.

Qué dice la denuncia

Según el documento de 333 páginas, la joven fue contratada junto con otras modelos para participar en el rodaje de un video musical de Derbez. Las grabaciones se realizaron en cuatro fechas distintas a partir del 3 de marzo de 2026, siendo el 2 de abril el último día de llamado en la locación conocida como Bola El Papi, en Coyoacán.

La denunciante relata que, tras varias horas de grabación en las que no tuvo contacto verbal con el cantante, alrededor de las seis de la tarde Derbez entró al camerino donde se encontraban las modelos. Al verla sentada en el suelo por falta de sillas, la habría tomado de la mano y llevado a su propio camerino, donde en un principio también había integrantes del equipo de producción.

Según el relato de la denuncia, las demás personas salieron del lugar y ambos quedaron solos, junto con el perro del cantante. En ese momento, Derbez le habría dado un beso sin su consentimiento y comenzado un contacto físico que ella describe como no consensuado.

Tras el presunto incidente, la joven abandonó la locación, pidió ayuda a la agencia que la representa y se presentó ante la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) para levantar la denuncia formalmente.

La Fiscalía capitalina otorgó medidas cautelares a la denunciante y activó el protocolo de investigación correspondiente, incluyendo evaluaciones ginecológica y psicológica. Hasta el momento no se ha confirmado si existe una orden de aprehensión contra el actor.

“No pasó nada”: la respuesta de Vadhir Derbez

El cantante apareció de manera remota en De Primera Mano este 6 de mayo, acompañado de su equipo legal, para dar su versión de los hechos. “Si estoy aquí dando la cara es porque créeme que tenemos todas las pruebas de que todo esto no sucedió”, declaró Derbez al programa. “Se me hace durísimo tener que estar pasando por esto. No saben lo mal que la he estado pasando y nada más quiero que todo esto se arregle y se clarifique”.

Cuando Gustavo Adolfo Infante le preguntó directamente qué fue lo que ocurrió, la respuesta de Derbez fue una sola palabra: “Nada”. El actor también confirmó al programa que sí reconoce a la denunciante: “Sí, claro, fue parte del video y de todo lo que hice”, dijo, sin dejar lugar a duda sobre la presencia de ambos en el set.

El actor negó haber estado a solas con la denunciante en algún momento durante el rodaje. “No, por supuesto que no. No sé cuántas personas éramos en la filmación, pero hay suficientes testigos”, dijo al mismo programa. Su defensa señala que existen grabaciones del rodaje que demostrarían que los hechos descritos en la denuncia “son inexistentes”.

Derbez admitió que lo que más lo ha afectado no es la acusación en sí, sino las amenazas previas. “El hecho de que usen el sistema legal para amedrentarte y para buscar sacarte dinero, es algo que yo veía solo en las películas. No entendía el nivel de terror que te meten”, dijo al programa.

Mensajes de extorsión por Instagram y WhatsApp

El abogado Enrique González Casanova, representante legal del cantante y actor, explicó al programa que la defensa no se enteró de la denuncia por vías oficiales, sino a través de mensajes de extorsión.

“Le llegan mensajes al señor Vadhir Derbez por medio de diversos celulares, también por Instagram y por diversas redes, pidiéndole dinero porque supuestamente había cometido algún abuso sexual en contra de una señorita que, la verdad, ni siquiera tenemos ubicado quién es”, dijo González al programa.

Vadhir narró al programa que fue él mismo quien encontró los primeros mensajes al revisar sus redes sociales. Al inicio no entendió de qué se trataba, pero conforme llegaron más mensajes y le enviaron extractos de lo que parecía ser una carpeta de investigación, comenzó a tomarlo en serio. Los mensajes llegaban desde perfiles distintos de WhatsApp e Instagram, lo que dificultó rastrear su origen.

Tras negarse a pagar, comenzaron a llegar detalles sobre la locación del video y extractos de lo que aparentemente era la carpeta de investigación.

Luego llegó la amenaza directa: si no entregaba 350 mil dólares, se libraría una orden de aprehensión en su contra. “Ahí están los WhatsApp”, señaló el abogado al programa. González también informó al programa que los mensajes de extorsión le decían explícitamente a Derbez que le pidiera el dinero a su padre: “Dile a tu papá, al fin ya sabemos que tiene dinero”, era la frase que, según el abogado, incluían los mensajes.

La defensa detalló al programa que cuenta con grabaciones continuas e ilimitadas de todo lo ocurrido en el set durante el horario en que supuestamente se cometió el delito: material del equipo de producción, del staff, de cámaras de la locación y de celulares privados de participantes. “Los hechos no pudieron haber sucedido”, afirmó González Casanova al programa. Derbez también señaló al programa que en sus grabaciones de video se puede verificar su paradero minuto a minuto durante toda la jornada.

Vadhir relaciona el caso con la exposición del patrimonio de su padre

El cantante vinculó la extorsión con la polémica reciente en torno a las supuestas cifras del patrimonio de Eugenio Derbez, que circularon en medios semanas atrás y generaron reacciones públicas de Alessandra Rosaldo.

“No sé qué tanto se relacione, pero cien por ciento siento que hay una responsabilidad también de dejar de exponer, porque tristemente vivimos en un país en el que no se puede hablar del dinero de la gente, porque sí te vuelves un blanco”, dijo el hermano de los también actores José Eduardo Derbez y Aislinn Derbez.

El actor también reveló al programa que, al mirar en retrospectiva, recuerda conversaciones en el set que le parecen sospechosas: “Me acuerdo mil veces de conversaciones que siempre terminaban desviadas hacia mi estilo de vida, dónde vivía y qué tipo de cosas tenía”, dijo. Señaló que en ese momento no supo leer las señales.

Defensa apunta a red colombiana; hay hay denuncia en la FEMDO

González Casanova señaló al programa que el equipo legal sospecha de una red de delincuencia organizada con presuntos vínculos entre una mafia colombiana y una mexicana.

“Es un grupo que se dedica a la trata de personas. Aparentemente rentan o se dedican a prestar servicios de modelos a diversas locaciones y con posterioridad estas aparentemente modelos se dedican a extorsionar a artistas, empresarios, etcétera”, explicó al programa.

El abogado precisó al programa que la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) ya fue presentada.

Además, adelantó que presentarán una denuncia formal por extorsión ante las autoridades de la Ciudad de México. Señaló que otros dos empresarios se habrían acercado al equipo legal de Derbez para reportar situaciones similares, lo que reforzaría la hipótesis de un esquema organizado y reiterado.

La defensa también aclaró al programa que no ha tenido acceso formal a la carpeta de investigación y que el actor no ha sido notificado oficialmente de la denuncia en su contra.

Sobre la posible orden de aprehensión, González Casanova fue preciso: “No tenemos certeza de que exista. Aparentemente sí, mucha gente nos ha estado diciendo. No tenemos una confirmación legal”, dijo al programa.

Un presunto caso de fraude profesional y maltrato animal en Puebla ha generado indignación en redes sociales, luego de que una creadora de contenido identificada como “Almademonia” denunciara públicamente a un supuesto veterinario que operaría de manera irregular en el Barrio de Santiago, informó el medio local Periódico Central.

Exhiben irregularidades en recetas

A través de un video difundido en plataformas digitales, la influencer señaló a Alejandro López Contreras, quien presuntamente atiende en la veterinaria “Cáncer”, por diversas anomalías en su práctica médica.

En la grabación, la denunciante documenta que las recetas emitidas por este individuo contienen datos inconsistentes, como una dirección que corresponde a la 27 Poniente número 1921, local 7, mientras que el establecimiento realmente operaría en la 21 Sur número 2103, también en el Barrio de Santiago, cerca de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP).

Cédula profesional correspondería a una contadora pública

Uno de los señalamientos más graves es el uso indebido de una cédula profesional. Según la denunciante, el número que aparece en las recetas no pertenece al supuesto veterinario.

Una consulta en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) reveló que dicha clave estaría vinculada a María Silvia Tovar Arriaga, una contadora pública registrada en el estado de Nuevo León, lo que refuerza las sospechas de un posible fraude profesional.

Denuncian maltrato animal en video

El caso tomó mayor relevancia debido a las imágenes captadas en el video, donde se observa al hombre agrediendo a un perro, lanzándolo contra una pared. La creadora de contenido asegura que estas prácticas serían recurrentes y que los animales, en lugar de ser atendidos en una clínica adecuada, son trasladados a un domicilio particular donde presuntamente sufren maltrato animal.

Usuarios relatan experiencias similares

Tras la difusión del video, varios usuarios compartieron testimonios en redes sociales. Uno de ellos relató que, luego de llevar a esterilizar a un gato rescatado, el animal murió días después. Según el testimonio, el supuesto veterinario habría admitido haber aplicado anestesia en exceso, ofreciendo posteriormente explicaciones contradictorias.

Asociaciones e influencers se suman al caso

El caso ha llamado la atención de figuras públicas y organizaciones. El médico internista e influencer Octavio Arroyo Martínez, conocido como “Mr. Doctor”, buscó contactar a la denunciante para dar seguimiento.

Cabe recordar que en 2024, el mismo influencer participó en la exposición de denuncias contra Marilyn Cote, señalada como una falsa psiquiatra.

Asimismo, organizaciones como la Fundación Patitas Enlodadas AC y la Fundación Mestizos Sin Fronteras han manifestado interés en el caso, solicitando información adicional para interponer una denuncia formal.

Autoridades podrían investigar el caso

Las conductas denunciadas podrían constituir violaciones a normativas sanitarias, profesionales y de bienestar animal. La investigación correspondería a diversas instancias, entre ellas la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Secretaría de Salud, el Instituto de Bienestar Animal (IBA) y la Fiscalía General del Estado (FGE).

El caso continúa generando atención en redes sociales, mientras crece la exigencia de que las autoridades actúen para esclarecer los hechos y sancionar posibles responsabilidades.

La Cámara Federal porteña deberá resolver qué juez queda a cargo de la investigación por los créditos hipotecarios otorgados desde el Banco Nación a funcionarios del gobierno de Javier Milei, legisladores y personas con vínculos políticos. Será una decisión que tomará el juez Eduardo Farah, de la sala 2 de ese Tribunal de Apelaciones, según informaron a Infobae fuentes judiciales.

El conflicto por el destino del caso se originó porque la jueza federal María Eugenia Capuchetti pidió a su colega Ariel Lijo que se inhiba de seguir interviniendo y le remita la causa, para investigarla de manera conjunta con una denuncia radicada en su juzgado.

Lijo rechazó el planteo y confirmó su competencia en la investigación porque la denuncia a su cargo se presentó antes y porque ya cuenta con requerimiento de instrucción, de acuerdo a lo que señalaron fuentes judiciales a Infobae. La magistrada no compartió este criterio y elevó el tema a la Cámara Federal para que decida. Ella recibió una denuncia de la diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, junto con el diputado socialista Esteban Paulón.

El camarista Farah tendrá que resolver ahora en qué juzgado seguirá la investigación o si ambas denuncias se tramitarán de manera separada.

Las pruebas

Por su parte, Lijo ya ordenó prueba y dispuso una auditoría que encomendó a la AGN. Las medidas incluyen la recolección de documentación, como informes técnicos y datos bancarios, y fueron solicitadas por el fiscal federal Gerardo Pollicita cuando dictaminó a favor de impulsar las denuncias.

La Auditoría General de la Nación (AGN) deberá determinar si existieron beneficios indebidos en la concesión de esos préstamos en el Banco Nación. También se ordenó la entrega por parte de la entidad bancaria de los legajos completos de los créditos investigados, los registros de ingreso de los beneficiarios y las evaluaciones crediticias realizadas, entre otras medidas.

Se investigan créditos hipotecarios otorgados desde diciembre de 2023 al presente a Federico Furiase, Juan Pablo Carreira, Juan Pedro Inchauspe, Felipe Núñez, Emiliano José Mongilardi, Mariano Campero, Santiago Santurio, Lorena Villaverde, Alejandro Bongiovanni, Sharif Menem, María Frías y Alejandro Carrancio, entre otros.

En base a las denuncias, se busca determinar o descartar si hubo incumplimiento de normas o “privilegios indebidos” desde el Banco a la hora de otorgar estos créditos para la compra de viviendas en beneficio de empleados y/o funcionarios públicos y/o legisladores y “en detrimento de las arcas de la entidad”, mencionó el fiscal Gerardo Pollicita cuando impulsó la investigación que ahora lleva adelante el juez Lijo.

Entre los mencionados en las denuncias por supuesta administración fraudulenta, abuso de autoridad, negociaciones incompatibles e incumplimiento de deberes están el ex titular del Banco Nación, Daniel Tillard, y Juan Curuchet, Superintendente de Entidades Financieras y Cambiarias del Banco Central. Algunos de los créditos llegaron a equivaler a U$S350.000.

En la causa que tramita ante Lijo, se pidió al Banco que informe también el “número total de créditos hipotecarios efectivamente otorgados, desde el mes de diciembre de 2023 hasta la actualidad, a empleados y/o funcionarios de la administración pública nacional, de organismos descentralizados/autárquicos y/o legisladores nacionales, discriminándose la cantidad nominal de créditos y el monto dinerario insumido para ello”. También se requirieron constancias de evaluación crediticia y copia de las escrituras traslativas de dominio.

Una mujer, dedicada a la producción y comercialización de contenido para adultos a través de la plataforma OnlyFans, denunció que cuatro policías de la localidad cordobesa de San Francisco del Cañar la obligaron a exhibir imágenes y videos íntimos de su celular mientras era indagada en la comisaría como sospechosa por un presunto robo.

Luego del incidente, la víctima habría intentado quitarse la vida, según declaró su abogado.

Fuentes judiciales confirmaron a Infobae que la fiscal de la ciudad Deán Funes, Analía Cepede, abrió una investigación, en la que recién está tomando declaraciones testimoniales para saber qué pasó.

La denuncia fue presentada ante la Justicia, que inició una causa por abuso de poder y mal desempeño de funciones contra los cuatro policías presuntamente implicados.

“Aun siendo testigo se puede llegar a secuestrar (un celular) porque está en calidad de testigo. Ahora, cuando se trata de un sospechoso, de un delito, no se lo puede nunca obligar a entregar una aparatología móvil porque hace su derecho de intimidad y de defensa. Entonces, lo primero que se tiene que precisar es si a esta persona se la traía en uno o en otro carácter”, indicó la fiscal en diálogo con radio Mitre.

“Una apertura de un teléfono de un sospechado solamente se permite a través de un pedido al juez de control o al juez de paz de turno que nos autorice a abrir ese teléfono”, agregó.

El abogado defensor de la mujer, Ignacio Almada Vargas, contó que su clienta fue encerrada e interrogada bajo presión, con el objetivo de que se autoincriminara en una causa por robo.“Hubo un mal desempeño de los deberes de funcionario público de parte de la Policía”, dijo el letrado en diálogo con El Doce.

Aseguró que también le solicitaron exhibir desde su propio teléfono material íntimo que no tenía relación con el hecho investigado.“Mi clienta no está ni siquiera imputada”, remarcó.

“Si se está investigando un robo, no hay por qué vulnerar la intimidad de una persona ni exigirle que exhiba su cuerpo a través de imágenes o videos”, subrayó.

Días después del episodio en la comisaría, se realizó un allanamiento en la vivienda de la mujer. Según el abogado, solo se secuestraron dos teléfonos iPhone usados, un vehículo antiguo de poco valor y otros elementos.

La defensa solicitó la intervención de la oficina de Violencia de Género de Jesús María para acompañar a la víctima y garantizar su protección durante el proceso judicial, especialmente después de que -reveló- terminó internada tras un intento de suicidio.

En tanto, la fiscal Cepede indicó que será clave el testimonio de la joven para “determinar bien todos los pasos”.

En ese sentido, explicó que intenta determinar “desde cómo llegó la comisaría, por qué llegó y cómo fue el trato y hasta dónde terminaron abusando o no de la función de ellos como personal policial frente a una persona que, si bien es cierto estaba en calidad de sospecha, tenía todas las garantías constitucionales de derechos de defensa”.

Cepede dijo que, de confirmarse el accionar delictivo de los policías, la figura penal es “abuso de autoridad”.

En el material publicado por un capitalino se relata cómo ocurrió el robo a una pareja en inmediaciones de la Carrera Séptima, pues los criminales les arrebataron una cadena de oro, al parecer, mientras caminaban por el concurrido sector con prendas que los caracterizaban como visitantes, por lo que los criminales los identificaron fácilmente y terminaron por atacarlos sin importar que todo ocurrió a plena luz del día.

Del mismo modo, el ciudadano que grabó los minutos posteriores al suceso mencionó que, aunque los agentes de la Policía estuvieron en el lugar, no resolvieron la situación, dejando a las víctimas notablemente desprotegidas.

“A una pareja extranjera le acaban de robar acá en la Séptima, pero pues, al parecer, la Policía, pues no actúa, huevón. Entonces, se van tristes. Se van tristes porque, pues perdieron su cadena de oro, si no estoy mal. Entonces, pues qué cagada, ¿no? Porque la gente extranjera está buscando como seguridad, pero pues no la hay", declaró el denunciante.

Un tercero que se escucha hablar en el video interviene para dirigirse a los afectados con la siguiente frase: “Parcero, qué pena que en Colombia te haya pasado eso. No somos así”, intentando que los visitantes no se quedaran con la percepción de inseguridad.

Asimismo, el ciudadano que grabó el clip expresó su preocupación por la falta de seguridad en áreas turísticas y aseguró que esto afecta negativamente al comercio y al turismo local, pues la imagen que queda del país a nivel internacional es de un lugar inseguro.

Varias personas que se encontraban en el lugar y fueron testigos de los hechos lamentaron lo sucedido, destacando la mala experiencia para los visitantes y la necesidad de mejorar la vigilancia en este sector, teniendo en cuenta que es reconocido como uno de los más visitados por parte de los turistas extranjeros. Curiosamente, este lugar está ubicado a unos cuantos pasos de la Casa de Nariño, lo que demuestra que no hay garantías.

Aunque el lugar es descrito por los internautas como un sector agradable, lleno de muestras culturales y dinámicas interesantes, también se enfatiza la importancia de estar atentos, pues este tipo de casos pueden llegar a presentarse a cualquier hora del día.

Entre los comentarios de los internautas se llegó a un consenso respecto al sentimiento general de frustración ante la aparente inacción policial frente a este tipo de robos: “¿En Bogotá hay Policía?”, cuestionó una de las personas que reaccionó al video y otro usuario le respondió: “Claro que sí, se la pasan vigilando que no se colen en Transmilenio, mientras dentro del articulado están robando los indigentes y Bogotá abandonada sin orden ni ley”.

Además, otras personas reiteraron la sensación de vergüenza con los visitantes: “Que pena y que pesar, que se llevarán esa mala imagen de nuestro país”, “Que pena la inseguridad de este país” y “Acá en Bogotá ya no se puede salir con la inseguridad que hay, que triste”.

Otros ciudadanos aseguraron que estas situaciones son frecuentes en varias regiones del país, por lo que piden que las Alcaldías, Gobernaciones y Presidencia se articulen con la Fuerza Pública para evitar que se presenten nuevos casos: “No solo Bogotá cualquier ciudad del país, y los policías ni enterados se dan de lo que pasa” y “A la Policía le falta entrenamiento y responsabilidad de su cargo”.

El delantero colombiano Luis Javier Suárez vuelve a estar en el centro de la conversación pública, no solo por su rendimiento deportivo en Europa, sino por una compleja situación personal que decidió hacer pública a través de sus redes sociales. En un comunicado oficial, el samario expuso el difícil proceso judicial que atraviesa en España y que, según sus palabras, lo ha mantenido alejado de sus hijos durante más de dos años.

El atacante aseguró que lleva 881 días, cerca de dos años y medio, sin poder ver a sus tres hijos mayores, a pesar de contar con fallos judiciales favorables. En su declaración, el futbolista enfatiza que ha ganado en repetidas ocasiones en los tribunales, pero que dichas decisiones no se han materializado en la práctica. Según relata, existe un incumplimiento reiterado del régimen de visitas por parte de la madre de los menores, lo que ha derivado en una “ausencia forzada” y un desgaste emocional significativo.

El caso ha tenido avances recientes en la justicia española. De acuerdo con lo expuesto por el jugador, la Audiencia Provincial de Granada ratificó el archivo de una causa penal por presuntos malos tratos hacia sus hijos. En dicha resolución, se señalan contradicciones en la versión de la denunciante, destacando que no resulta coherente alegar episodios graves de maltrato y, al mismo tiempo, haber aceptado previamente un régimen de visitas que permitía el contacto entre padre e hijos.

Además, en el ámbito civil, otro fallo judicial habría sido contundente al reconocer que la madre incumplió de forma reiterada las visitas, impidiendo la relación entre Suárez y sus hijos durante largos periodos. Según el comunicado, esta incomunicación se habría extendido por más de un año, sin respaldo judicial.

El delantero fue enfático en señalar que la situación no solo vulnera sus derechos como padre, sino que también afecta directamente el bienestar emocional de los menores. “No pido nada extraordinario, solo ejercer un derecho básico: estar con mis hijos”, expresó.

Antecedentes del caso

Esta situación se suma a un contexto que ya había generado controversia en España. En diciembre de 2024, medios locales informaron que Suárez fue detenido en su domicilio en Almería por la Policía Nacional, en el marco de una investigación por presuntos malos tratos hacia su expareja. La denuncia habría sido interpuesta días antes en Granada.

En ese momento, el futbolista negó los hechos ante un juzgado de Violencia sobre la Mujer y posteriormente quedó en libertad sin fianza, aunque con la obligación de permanecer disponible para las autoridades mientras avanzaba el proceso. El caso sigue abierto y en manos de la justicia española.

La expareja del jugador habría declarado supuestos episodios de abuso y humillaciones, incluso durante el embarazo, mientras que una magistrada indicó en su momento que existían motivos para investigarlo por un posible delito en el ámbito familiar. No obstante, las decisiones judiciales más recientes mencionadas por el propio Suárez han ido en una línea distinta frente a algunas de esas acusaciones.

Un contraste con su imagen pública

El momento personal del jugador contrasta con episodios que en el pasado reforzaron su imagen positiva fuera del fútbol. También en 2024, Suárez y su pareja Carolina Rubia protagonizaron una iniciativa solidaria en Valencia, donde ayudaron a damnificados tras una emergencia. Según relató Rubia, ambos se encargaron de suministrar alimentos, alquilar un camión y participar directamente en labores de apoyo y limpieza junto a la comunidad.

Este gesto fue ampliamente reconocido por seguidores y medios locales, quienes destacaron la implicación directa del futbolista en acciones sociales.

Un caso sin cierre

Hoy, la situación parece estar lejos de resolverse. A pesar de contar con resoluciones judiciales que le son favorables, Suárez insiste en que la realidad sigue siendo la misma: no ha podido reencontrarse con sus hijos.

El mensaje final de su comunicado deja ver tanto frustración como esperanza: la justicia le ha dado la razón, pero la ejecución de esas decisiones sigue siendo el gran problema. Mientras tanto, el delantero continúa su carrera en Europa, con goles en la cancha y una batalla personal que sigue abierta fuera de ella.

El video que circuló en redes, explicó Pamela, no es reciente y tampoco refleja los momentos más graves que le tocó atravesar. “En el momento no te das cuenta. De hecho, ese video tiene un tiempo ya. No es el último. El último video… mi ex me cambió la clave de las cámaras y por eso no tengo las imágenes en mi celular. Ese video es nada al lado de lo que yo viví”, confesó, visiblemente conmovida. Recién con el paso del tiempo y la distancia, pudo tomar dimensión de la gravedad de la situación: “Hoy sí me doy cuenta. Ni siquiera en el momento que lo viví lo sentí así”. Para Pombo, como para tantas mujeres, la dificultad de romper el círculo de la violencia radica en el vínculo afectivo y en la esperanza de que el agresor cambie. “Es muy difícil haber elegido, haber pensado que elegiste bien, casarte con la ilusión de estar con alguien toda tu vida… y después del golpe, la caricia y el perdón, y el ‘no va a volver a pasar’. Una termina creyendo”.

Consultada sobre el miedo que pudo haber sentido, Pombo no dudó en reconocerlo. “En la última discusión que tuvimos, sí. Ni siquiera fue una discusión. Él revisó mi teléfono, vio algo o creyó ver algo que no le gustó. Digo ‘creyó’ porque en el momento tuvo un ataque de ira. Pasaron una serie de sucesos muy violentos, peores que los del video que está circulando”, relató. Tras ese episodio, su expareja intentó disculparse, aunque para ella el daño ya estaba hecho: “Cuando recapacitó y volvió a su eje, me dijo: ‘Fue desmedido lo que pasó, te pido perdón. Pensé que estabas haciendo cualquiera, me di cuenta de que no, pero no me gusta la complicidad que tenés con tu amigo’”.

El tema de las infidelidades también formó parte de la entrevista. Pamela aseguró que tiene pruebas de las traiciones de su exmarido. “Como siempre, el que es infiel lo niega hasta el final, pero yo tengo pruebas. Tengo mensajes, chats, tangas, tengo cosas”, afirmó. Sin embargo, el mayor temor de la modelo no pasa solo por la traición sentimental, sino por la sensación de inseguridad que aún la acompaña, especialmente cuando debe volver al departamento que compartían: “Ahora que voy para el departamento, me agarra ahí justo cuando voy a entrar, esto de mirar para todos lados o de no saber si está adentro. Mi miedo va a ser cuando llego al departamento. Después, en el día a día, siempre trato de estar con gente, amigos. Siempre va algún amigo a comer a casa o voy a comer afuera y después me acompañan”.

Actualmente, cuenta con un botón antipánico y una perimetral. No obstante, reconoce que esas medidas dependen, en gran parte, de la voluntad de su exmarido de respetarlas. En la entrevista, también se refirió a la violencia económica y a la situación con sus ahorros. Según relató, confió todos sus ahorros a Albacete para un emprendimiento inmobiliario que estaba a nombre de él. “Una de las cosas por las que yo no quería irme de su casa es esto de que arranca la violencia económica ni bien nos separamos. Yo puse mis ahorros en un emprendimiento de él para comprarme un departamento y ni bien nos separamos me dijo que, como no hay factura ni recibo, eso estaba a su nombre y no me lo iba a dar”, contó.

De cara al futuro y pensando en la posibilidad de recuperar ese dinero, Pamela fue clara y esperanzada: “Yo creo que debería poder. Primero, porque es mi dinero y segundo, si se considera hombre de bien. No sé, si alguna vez robó, quizás estará acostumbrado, pero si no, me imagino que me lo va a devolver”.

En cuanto a cómo espera que se resuelva la situación, fue contundente: “Quiero que sea justo, tanto la justicia como él, que me devuelvan lo que es mío y me voy en paz”.

Hoy, Pamela Pombo busca reconstruir su vida personal y profesional, rodeada de amigos y aferrada a la esperanza de que la justicia y el tiempo puedan devolverle la paz y la tranquilidad que tanto anhela. Su testimonio, lejos de agotarse en una denuncia mediática, refleja la lucha cotidiana por recuperar la confianza y la autonomía, y se convierte en un llamado a la empatía y al acompañamiento para todas las mujeres que atraviesan situaciones similares.

La activista y titular de una notaría pública, Norma Romero Cortés, denunció ser víctima de una persecución sistemática, hostigamiento y actos de violencia que, afirma, buscan detener su labor contra la corrupción dentro de instituciones públicas en Puebla. Su caso, asegura, evidencia fallas graves en el sistema de justicia y los riesgos que enfrentan quienes denuncian abusos de poder.

Romero Cortés relató que, tras más de cuatro años de litigio, obtuvo un amparo identificado como 1497/2025, radicado en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. Sin embargo, calificó el fallo como insuficiente. “Es un triunfo pírrico. Se ganó el amparo, pero en realidad solo sirve para reiniciar todo desde cero. Después de tanto tiempo, lo que recibimos son migajas de justicia”, expresó.

El caso involucra a un servidor público y derivó en señalamientos contra funcionarios del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), a quienes acusa de omisiones para proteger al presunto agresor. Según la activista, enfrentarse al sistema ha significado un proceso desgastante. “Actuar conforme a la ley me ha costado un verdadero viacrucis”, afirmó.

Allanan sus oficinas

Uno de los episodios más graves ocurrió el pasado 25 de abril, cuando la notaria ingresó a su oficina y encontró a un hombre dentro del área de servidores. En un inicio pensó que se trataba de personal de mantenimiento, pero segundos después descubrió que la caja fuerte estaba destruida.

“Cuando lo confronté, me dijo que ‘el jefe’ lo había enviado a buscar dinero. En ese momento entendí que mi vida podía estar en riesgo”, narró.

El individuo huyó, pero posteriormente fue detenido por policías estatales en una panadería cercana, donde habría confesado tanto el robo en ese establecimiento como el allanamiento en la notaría. “No fue un robo común, fue un mensaje para intimidarme”, denunció.

La situación se agrava por antecedentes recientes. Días antes del allanamiento, Romero Cortés recibió una llamada de un presunto intermediario que le propuso llegar a un acuerdo con la defensa de una exfuncionaria denunciada por ella. Tras rechazar la propuesta, afirma haber recibido advertencias sobre posibles represalias.

Violencia institucional

Además, la activista denunció enfrentar violencia institucional en distintos frentes. Entre ellos, el congelamiento de sus cuentas bancarias desde hace más de un año y medio, lo que considera una forma de presión económica. “Es una estrategia para asfixiarme y obligarme a desistir”, acusó.

También señaló la falta de avances en una carpeta de investigación iniciada en 2021 por violencia contra las mujeres.

Otro hecho que calificó como irregular fue la realización de una audiencia de imputación el pasado 22 de abril sin su presencia. “No respetaron mi derecho a diferirla. La actitud fue hostil y el caso terminó archivado”, denunció.

Pese a este contexto, Romero Cortés ha continuado impulsando iniciativas en favor de las mujeres, como el “Protocolo Violeta”, enfocado en la protección patrimonial y la visibilización de agresores y deudores alimentarios.

“No quiero ser una más. Estoy alzando la voz antes de que sea demasiado tarde”, advirtió.

Un grupo de pasajeros que viajaba en un bus interprovincial rumbo a Huaraz denunció haber sido víctima de un presunto atentado contra la salud pública luego de que uno de los comensales encontrara una rata frita en el plato que le habían servido como cuy frito en un restaurante turístico ubicado en la ruta Pativilca-Huaraz.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:00 de la tarde del lunes 27 de abril, cuando los viajeros descendieron a almorzar en el restaurante turístico “Chino”, ubicado en el valle Fortaleza, dentro de la jurisdicción de Paramonga. Según los testimonios, el almuerzo estaba incluido en el costo del pasaje y el servicio fue cobrado previamente antes de que los pasajeros ingresaran al local.

De acuerdo con el relato de los afectados, uno de los pasajeros pidió cuy como plato de fondo. Sin embargo, mientras consumía los alimentos, notó que debajo de la presa había un animal de apariencia distinta. Al revisar con mayor detenimiento, descubrió que se trataba de una rata de campo aparentemente cocinado íntegramente.

Alarma en el restaurante

Según indicaron los testigos, el comensal inicialmente no se percató de lo ocurrido debido a que el roedor estaba oculto debajo del cuy servido. No obstante, el olor y la forma del animal despertaron sospechas y permitieron descubrir lo que habría sido servido en el plato.

Tras percatarse del hecho, el pasajero sufrió vómitos y náuseas, mientras que otros clientes dejaron inmediatamente de comer debido a la alarma generada en el establecimiento. Algunos de los presentes grabaron videos y tomaron fotografías del plato como evidencia de lo sucedido.

La denuncia rápidamente provocó indignación entre los viajeros, quienes cuestionaron las condiciones sanitarias del restaurante turístico, considerado una parada frecuente para buses que cubren la ruta Lima-Huaraz. Los pasajeros señalaron que este tipo de situaciones representa un grave riesgo para la salud de quienes consumen alimentos en establecimientos ubicados en carreteras interprovinciales.

Denuncia policial

Luego del incidente, los afectados acudieron a la comisaría de Chasquitambo para formalizar la denuncia correspondiente y solicitar una investigación sobre las condiciones higiénicas del establecimiento. Los denunciantes pidieron además que las autoridades sanitarias intervengan el local y determinen posibles responsabilidades.

De acuerdo con las versiones difundidas por los pasajeros, se solicitó la participación de la Dirección Regional de Salud (DIRESA) y de las autoridades de fiscalización municipal para realizar una inspección inmediata al restaurante y verificar el cumplimiento de las normas sanitarias.

El caso ha generado preocupación entre usuarios del transporte interprovincial debido a que el restaurante sería una parada habitual de varias empresas de buses que viajan hacia Huaraz. Los afectados advirtieron sobre la necesidad de reforzar los controles en los establecimientos ubicados en rutas nacionales para evitar nuevos casos que comprometan la salud pública.

Receta de cuy frito peruano

El cuy frito, conocido como cuy chactado, es un plato emblemático de la gastronomía andina peruana, especialmente en las regiones de Arequipa, Cusco y Puno. Esta preparación destaca por la técnica de aplastar el cuy y freírlo hasta obtener una piel dorada y crocante, mientras la carne se mantiene jugosa. El cuy se marina previamente con una mezcla de ajo, sal, comino, pimienta, ají panca y orégano, lo que aporta un sabor característico y aromas propios de la cocina ancestral de los Andes.

Para preparar este plato se utilizan cuyes enteros, limpios y eviscerados, que se lavan con agua y jugo de limón. Tras el marinado, se realiza una incisión en el vientre para aplanar los cuyes y se presionan con una piedra o sartén pesada. Luego se pasan por harina de maíz o de trigo, se fríen en abundante aceite o manteca de cerdo y se mantiene la presión durante la cocción para asegurar la textura crocante. El proceso de fritura dura cerca de 20 minutos por cada lado, hasta que la piel adquiere un color dorado intenso.

El cuy chactado se sirve entero y se acompaña tradicionalmente con papas cocidas y maíz. Cada porción aporta aproximadamente 25 gramos de proteína, 18 gramos de grasa y 16 gramos de carbohidratos, con un valor energético estimado de 320 kilocalorías. La receta rinde para cuatro personas y se recomienda consumir el plato recién hecho, aunque puede conservarse en refrigeración por hasta dos días en un recipiente hermético. Para recuperar la textura crocante durante el recalentado, se sugiere utilizar horno o airfryer en lugar de microondas.

Tras la denuncia realizada por The New York Times en la que se afirma que hay una mina ilegal en la que delincuencia tiene respaldo de las autoridades para poder extraer oro que luego es comercializado y presentado en reconocidos lugares de Estados Unidos, el Gobierno colombiano anunció el inicio de una investigación que hasta el momento no ha esclarecido nada de lo expuesto.

Cabe recordar que el informe del medio citado afirma que la mina está ubicada a pocos metros de una base militar y que habría presencia de hombres del Clan del Golfo; sin embargo, Corantioquia se pronunció para desmentir esto.

A través de un comunicado de prensa, la entidad afirmó que hay un territorio ubicado en la zona señalada en la que funciona una mina legal, que contaría con los permisos requeridos para las labores que se adelantan allí.

Corantioquia mencionó que el predio estaría ubicaod en la vereda Río Man, en Cáceres, en donde habría proyectos en La Mandinga, sitio mencionado en el informe, con una licencia ambiental que le fue otorgada a la empresa encargada de la explotación de oro y plata a un kilómetro del batallón en 2022.

En segundo lugar, se menciona un polígono que estaría siendo tramitado en la actualidad y no cuenta con licencia ambiental aprobada, que sería el denunciado por The New York Times, puesto que no hay aprobación ambiental para llevar a cabo actividades mineras en la zona.

La entidad ambiental afirma que desde 2011 informó a la Agencia Nacional de Minería, la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República sobre situaciones asociadas a la actividad minera en la zona.

Si bien las condiciones de orden público que históricamente han afectado al Bajo Cauca antioqueño generan obstáculos, Corantioquia aseguró que ha mantenido labores de seguimiento, control y articulación interinstitucional, por lo que pidió fortalecer la articulación institucional y la presencia del Estado en la zona e invitó a los mineros a avanzar en procesos de formalización para evitar ser judicializados.

Las denuncias del Ejército en la zona

Antes del comunicado de Corantioquia, el Ejército se pronunció al respecto al afirmar que entre 2.000 y 2.500 personas se dedican a la minería en un predio gestionado por el Fondo de Reparación a Víctimas, en donde se investiga si hay algún tipo de solicitud sobre amparo administrativo ante la invasión de mineros ilegales, resaltando que este trámite le corresponde a la administración local.

Por su parte, la corporación responsable del área informó que el proyecto Mina Mandinga, identificado con la placa ODH-08201, dispone de una licencia ambiental temporal otorgada en 2022.

Sobre la autorización, como lo confirmó Corantioquia, sería para la explotación de oro y plata, como parte de un proceso de formalización minera que cumplió con los requerimientos técnicos, jurídicos y ambientales establecidos por la normativa vigente.

Por otra parte, la denuncia del Ejército menciona que en la región hay intervención de mineros informales, lo que ha generado investigaciones administrativas y procedimientos de verificación sobre la legalidad de las actividades extractivas.

Las autoridades locales y nacionales revisan los registros de amparo administrativo para identificar los mecanismos legales aplicables en la protección del predio frente a la minería ilegal y la identificación de los trabajadores formales e informales, sobre los que no hay claridad de su ubicación por el momento.

Lo último que se informó al respecto es que el proceso de formalización minera continúa sujeto a la supervisión de las entidades ambientales y reguladoras, que evalúan el cumplimiento de los requisitos exigidos para la explotación de recursos minerales en la zona.

Luego de la denuncia que realizó The New York Times sobre minería ilegal en terrenos de un batallón militar en Caucasia, Antioquia, el Gobierno nacional anunció que ha comenzado una investigación para esclarecer estos hechos.

Mientras que el proceso avanza, en diálogo con Infobae Colombia, el abogado Julián Ossa explicó que el Gobierno nacional puede impulsar diligencias administrativas y disciplinarias, pero la acción penal corresponde exclusivamente a la Fiscalía General de la Nación.

“La titularidad de la acción punitiva y, por tanto, la discrecionalidad para adelantar investigaciones de carácter penal en contra de los ciudadanos pertenece de manera exclusiva a la Fiscalía General de la Nación, la cual actúa a través de sus delegados, lo que reafirma la separación de poderes entre el poder judicial, ejecutivo y legislativo, pilar fundamental de nuestro Estado social y democrático de derecho”.

Lo que podría registrarse en este caso

El jurista explicó que las sanciones disciplinarias dentro de las Fuerzas Militares podrían derivar en medidas como suspensión, inhabilidad e incluso expulsión; sin embargo, aclaró que la “pretensión punitiva corre por cuenta de la Fiscalía General de la Nación, la cual se puede apoyar en las investigaciones al interior de las Fuerzas Militares”.

Respecto a los delitos que podrían afectar a los involucrados, Ossa precisó que los uniformados o civiles que hayan explotado recursos mineros sin autorización incurrirían en la pena prevista en el artículo 332 del Código Penal (explotación ilícita de yacimiento minero y otros materiales), la cual va de 32 a 144 meses de prisión y multas de entre 133.000 y 150.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Para miembros de la fuerza pública que hayan recibido dinero o favores para permitir la minería ilegal, el abogado advirtió sobre la posibilidad de imputación por cohecho propio. “Podrían incurrir en el delito de cohecho propio, establecido en el artículo 405 del Código Penal colombiano, por el que sus infractores podrían incurrir en penas que van entre los ochenta a los ciento cuarenta y cuatro meses de prisión y una multa de sesenta a ciento cincuenta salarios mínimos legales mensuales”, explicó el jurista.

El jurista también abordó el delito de prevaricato por omisión, aplicable a servidores públicos que hayan omitido sus funciones y permitido la actividad ilegal.

“El servidor público que haya omitido, retardado o denegado funciones propias de su cargo, con pleno conocimiento y voluntad, y haya generado una lesión jurídica, podrá incurrir en el delito de prevaricato por omisión, previsto en el artículo 414, el cual contempla una pena de prisión de 32 a 90 meses de prisión.

Ossa advirtió sobre la presencia de organizaciones criminales en la región, como el Clan del Golfo, el ELN y disidencias de las Farc, lo que podría agravar la situación penal de los responsables.

“Podrían ser responsables de concierto para delinquir agravado por fines de explotación de yacimiento minero o hidrocarburo, previsto en el artículo 340, segundo inciso, el cual tiene una pena que va de 8 a 18 años de cárcel, penas que serán incrementadas en la mitad para quienes sean servidores públicos”.

De acuerdo con el abogado, la defensa de los acusados deberá concentrarse en desacreditar elementos estructurales de los delitos imputados, como la relación con grupos armados o la existencia real de explotación minera.

Para los delitos contra la administración pública, las estrategias defensivas podrían centrarse en demostrar que los funcionarios no omitieron ningún deber jurídico concreto, o que no tenían capacidad real de actuar para evitar la minería ilegal.

El abogado terminó aclarando que sin que sea probada la explotación minera, será necesario acreditar la autoría o participación específica de los procesados, puesto que la defensa podrá desvirtuar su dominio funcional sobre los hechos si no existe material probatorio suficiente.

La denuncia sobre el uso de territorios intervenidos en el pasado por las autoridades colombianas para la práctica de la minería ilegal por parte de grupos criminales fue ampliada por The New York Times.

El medio citado reveló detalles de cómo el oro extraído de las minas colombianas termina siendo adquirido y utilizado por la Casa de la Moneda de Estados Unidos, a pesar de regulaciones que lo prohíben.

Según la investigación, parte de este oro procede de minas en la región de Caucasia, Antioquia, donde el Clan del Golfo controla la extracción y cobra cuotas a los mineros informales. El informe documenta que la extracción no solo viola normas ambientales y laborales, sino que también financia actividades criminales.

De acuerdo con The New York Times, la cadena de suministro inicia en minas como La Mandinga, donde el cartel exige pagos mensuales a los equipos de mineros y supervisa la actividad ilegal.

El oro extraído se vende en tiendas locales, muchas de las cuales funcionan en municipios fuertemente marcados por la fiebre del oro. Los comerciantes locales, conscientes del origen del mineral, lo venden a empresas exportadoras, algunas de propiedad estatal, que según el informe mezclan el oro con suministros legales y lo funden en lingotes.

Los registros de exportación muestran que lingotes por valor de cientos de millones de dólares han sido enviados a Estados Unidos en el último año.

La investigación señala que, una vez en territorio estadounidense, el oro es recibido por refinerías como Dillon Gage, en Texas, donde se mezcla con material reciclado y oro proveniente de otros países sudamericanos.

Esta mezcla permite que el oro pierda su trazabilidad y sea considerado “estadounidense” a efectos legales y comerciales. El director ejecutivo de Dillon Gage, citado en el informe, reconoció que, una vez mezclado en sus instalaciones, el oro se considera originado en Estados Unidos, aunque sus clientes conocen la multiplicidad de fuentes.

El informe expone que dos proveedores habituales de la Casa de la Moneda estadounidense obtienen parte de su oro de Dillon Gage. Otra refinería, Asahi USA, con sede en Salt Lake City, también provee oro a la Casa de la Moneda y admite mezclar oro de numerosos países, incluyendo Colombia. Directivos de estas empresas confirmaron que el oro se mezcla y se refina sin distinción de origen, y que las transacciones se consideran legales amparadas en documentación de exportación y procesos de fundición.

La Casa de la Moneda de Estados Unidos, responsable de acuñar monedas de inversión con símbolos nacionales y garantía de procedencia, asegura en sus comunicaciones que el oro utilizado es “principalmente” de origen estadounidense, aunque el informe señala que esto no siempre es así.

Con documentos y entrevistas de The New York Times se reveló que la institución ha recibido oro de minas vinculadas al Clan del Golfo, así como de casas de empeño mexicanas, peruanas y minas africanas con participación estatal china.

El informe destaca que, a pesar de la prohibición legal vigente desde 1985 en Estados Unidos para la fabricación de lingotes con oro extranjero, la Casa de la Moneda ha seguido recibiendo y procesando oro importado, incluso después de advertencias internas y bajo diferentes gobiernos.

La investigación describe el proceso mediante el cual el oro ilegal se legaliza y adquiere estatus estadounidense: tras ser mezclado e integrado en la cadena de suministro, pierde su rastro original y pasa a formar parte de monedas de inversión como la American Eagle o la Dama de la Libertad.

El informe indica que los altos precios internacionales del oro, que rondan los 5.000 dólares la onza, incentivan la extracción y el tráfico ilegal, permitiendo que organizaciones criminales, incluidos carteles y grupos armados, financien actividades ilícitas.

El debate político entre el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y el senador Jota Pe Hernández alcanzó un nuevo nivel de confrontación en redes sociales.

A través de la plataforma X, el domingo 26 de abril de 2026, el senador de Alianza Verde dirigió un mensaje directo a Sanguino, a quien notificó sobre una citación de la Fiscalía para este martes, 28 de abril de 2026, a las 9:00 a. m. que, según sus palabras, “le pruebe a la justicia si él (Jota Pe Hernández) cometió el delito de traición a la patria al solicitar a Estados Unidos que se investigara a Gustavo Petro”.

El legislador insistió en que Sanguino debía presentarse ante las autoridades y agregó: “Espero que no sea cobarde y asista”.

La disputa pública se originó en una denuncia penal presentada por Sanguino, quien acusa a Hernández de “traición a la patria” por solicitar una investigación internacional contra el presidente Gustavo Petro.

El ministro, en una serie de publicaciones, enfatizó que un parlamentario “debe saber cosas elementales” relacionadas con el ámbito legal y cuestionó los procedimientos seguidos por su contraparte.

“Una denuncia penal por traición a la patria interpuesta por mí en su contra, no se responde con una denuncia suya por calumnia”, escribió el ministro, subrayando que solo la Corte Suprema de Justicia tiene competencia para conocer el caso debido al fuero parlamentario del senador.

Sanguino también aclaró que, como ministro, goza de fuero y únicamente puede ser investigado por un fiscal delegado ante la Corte Suprema. Criticó a Hernández por presentar la queja ante una instancia que, según explicó, carece de autoridad para tramitar el proceso.

“Interpuso usted la denuncia en el sitio equivocado y quien me cita para tramitar una conciliación con usted no es competente para ello”, precisó. De igual manera, el ministro acusó a Hernández de manipular y mentir al afirmar que debía responder ante la justicia, cuando la citación recibida era solo para explorar una conciliación, algo que Sanguino descartó tajantemente.

“Por supuesto no estoy dispuesto a aceptar. Me ratifico en mi denuncia penal en su contra por traición a la patria”, puntualizó.

En un segundo mensaje emitido el 28 de abril de 2026, Sanguino reiteró que no comparecería ante la Fiscalía local señalada por Hernández, argumentando la incompetencia de esa instancia. De forma irónica, añadió: “Ahh… y no sabía que en sus muchos ratos libres se ocupaba como notificador judicial”.

En el mismo trino, el ministro insistió en que “para legislar, lo primero que debería hacer es conocer las leyes”. Además, informó que un fiscal validó su postura y desestimó la citación tramitada por el senador, dado que “soy aforado”.

Sanguino concluyó que el proceso debe continuar en la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, donde ratificará su acusación. “Nos veremos en la Fiscalía Delegada ante la Corte para reafirmarle que lo he denunciado por traición a la patria. Es usted un traidor a Colombia”, sentenció el titular de la cartera laboral.

Así comenzó la pugna judicial entre Jota Pe Hernández y Antonio Sanguino

El cruce judicial entre el senador Jota Pe Hernández y el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, comenzó después de que el congresista solicitara a autoridades estadounidenses investigar al presidente Gustavo Petro. Esta petición llevó a Sanguino a interponer, en enero de 2026, una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia.

El ministro sostuvo que “pedir intervención extranjera sobre un jefe de Estado colombiano afecta la soberanía” y advirtió sobre posibles delitos como menoscabo de la integridad nacional y hostilidad contra el orden constitucional.

En respuesta, Hernández presentó una denuncia ante la Fiscalía, acusando a Sanguino de injuria y calumnia. El legislador argumentó que las imputaciones carecen de sustento y constituyen “una falsa denuncia”, señalando además un presunto uso instrumental de la justicia para perjudicarlo políticamente.

Ahora, corresponde a la Fiscalía determinar si los señalamientos formulados por ambas partes tienen base o si, por el contrario, Sanguino habría incurrido en un exceso en su proceder ante las instancias judiciales.

La Superintendencia de Salud enfrenta un nuevo episodio de presunta corrupción tras la denuncia pública de su titular Daniel Quintero, que informó sobre un intento de soborno a través de un mensaje dirigido a su teléfono personal, que habría llegado en medio de la alocusión del presidente Gustavo Petro, en horas de la noche del 27 de abril de 2026.

Según afirmó en sus redes sociales, “sabemos que esta es una práctica común: con cobros del 7 al 30% por esta actividad. Conmigo esto se acabó”, aludiendo a las comisiones ilegales que intermediarios solicitan para agilizar trámites en el sistema de salud.

En declaraciones adicionales, Daniel Quintero precisó haber presentado una acusación formal: “He radicado una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra un individuo que a través de WhatsApp me ofreció coimas para que yo, desde mi cargo, gestionara el pago de facturas de una IPS de su entorno familiar ante las EPS del sistema”.

Para el funcionario, el problema es estructural y de larga data: “El sistema de salud lleva años siendo saqueado por personas que cobran por lo que debería ser un derecho, que trafican con las deudas del sistema y que usan la enfermedad de los colombianos como negocio propio”.

Al dirigirse a la ciudadanía, el superintendente extendió un llamado a quienes hayan sufrido situaciones similares: “Si usted ha sido víctima de corrupción, escríbanos a través de los canales de la Superintendencia de Salud o incluso a mí. Lo vamos a acompañar”.

La invitación destaca el compromiso institucional de avanzar hacia un sistema libre de prácticas ilegales y la decisión de llevar a quienes incurran en estos delitos ante las autoridades judiciales: “Juntos vamos a poner a estos corruptos en manos de la justicia”.

‘Fico’ Gutiérrez criticó el nombramiento de Quintero

El anuncio de la designación de Daniel Quintero Calle como nuevo Superintendente Nacional de Salud generó una inmediata oleada de cuestionamientos en Antioquia y a nivel nacional. El epicentro de la controversia fue la publicación oficial de su hoja de vida en el portal de la Presidencia de Colombia, confirmando el nombramiento por parte del presidente Gustavo Petro.

En los primeros momentos tras la noticia, el debate se trasladó rápidamente al terreno de las redes sociales y los foros políticos. Diversos líderes y representantes del sector médico advirtieron sobre los riesgos que, según ellos, esta decisión podría acarrear para el sistema de salud y el bienestar de los pacientes.

Las críticas más directas provinieron del alcalde de Medellín, Federico ‘Fico’ Gutiérrez, que en múltiples ocasiones ha denunciado graves irregularidades administrativas en la gestión municipal de Quintero, periodo durante el cual, destacó, existen “55 imputados derivados de presunta corrupción”.

El mandatario local fue más allá al calificar el nombramiento como “absurdo” y ejemplificar: “Petro pone al ratón a cuidar el queso”, escribió en su cuenta de X.

La polémica se centra en la idoneidad de Quintero para asumir la autoridad sanitaria nacional. Gutiérrez no dudó en advertir: “Ha nombrado en la Superintendencia de Salud a los que se robaron a Medellín. No tiene hoja de vida, tiene prontuario criminal”.

El nombramiento de Daniel Quintero como superintendente de Salud ha suscitado inquietud en sectores políticos y sociales de Antioquia, así como entre usuarios y especialistas del ámbito sanitario.

La principal preocupación radica en que la llegada de Quintero podría derivar en intervenciones o liquidaciones de entidades como Sura y Savia Salud, que juntas atienden a cerca de siete millones de usuarios en la región y el país.

Nuevas denuncias por presuntas irregularidades pusieron en el ojo del huracán a la cárcel El Pedregal. que está ubicada en Medellín (Antioquia), en la que la concejala Claudia Carrasquilla advirtió sobre posibles cobros indebidos en la distribución de alimentos, así como remodelaciones internas no autorizadas.

De acuerdo con las declaraciones que fueron citadas por La FM, esta situación tiene en entredicho a la administración y las condiciones de vida de los internos, por lo que la comunidad cuestiona el control de las autoridades penitenciarias.

“Tienen el piso unos dólares e incluso y encima tiene una especie cristal como que le tiraron al piso. Así mismo tienen como una especie de ajedrez, tienen neveras, tienen hornos microondas”, lujos que no están autorizados para las celdas de las personas privadas de la libertad en Colombia.

La información entregada por la cabildante, que declaró que las modificaciones estructurales y la manipulación irregular de alimentos generan preocupación sobre la integridad de los procesos dentro de este establecimiento carcelario.

De acuerdo con lo informado por Carrasquilla, las modificaciones dentro del centro penitenciario se habrían realizado sobre todo en el patio 2, destinado a internos de alta seguridad, donde se efectuaron cambios en la infraestructura sin la aprobación del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) ni del Ministerio de Justicia, lo que llama la atención por la forma en cómo los presos lograrían acceder a estas comodidades.

Entre las intervenciones señaladas, los testigos citados en la investigación describieron que hay decenas de elementos ajenos al diseño original del penal, por lo que piden una rápida intervención para evitar que algunos de los criminales más famosos del país continúen disfrutando de facilidades durante su tiempo en prisión.

Y es que en el reporte se indica que cuentan con la presencia de electrodomésticos y mobiliario no autorizado; lo que evidencia que para los guardias es común encontrarse con la presencia de objetos no permitidos que alteran la operatividad y el ambiente de los patios de la prisión.

El cartel de la comida

Un aspecto considerado de mayor gravedad está relacionado con la posible existencia de un cartel de la comida dentro del penal. Según los testigos, el azúcar y el café, ambos parte del racionamiento básico para los internos, habrían sido retirados de la entrega habitual para luego ser vendidos dentro de El Pedregal por algunas guardianas, incluyendo a una funcionaria con rango de capitán.

Asimismo, se indicó que una libra de azúcar alcanzaría a comercializarse internamente hasta por $20.000, cifra muy superior al precio regular fuera del penal, lo que demuestra que las irregularidades están respaldadas por los uniformados.

Este conjunto de señalamientos fue respaldado por el cierre de los comedores institucionales debido a la mala manipulación de alimentos, según reveló Carrasquilla a La FM, lo que obligó a que la comida fuera preparada a las afueras de las instalaciones en condiciones improvisadas y posteriormente ingresada en horarios y condiciones supervisados por el Inpec.

Esta situación agrava las dudas sobre la calidad y salubridad de la alimentación, además de crear riesgos en la cadena de custodia y distribución, pues también podrían ingresarse otros objetos completamente ajenos a la comida.

Las anomalías detectadas reforzaron la preocupación pública y política sobre el manejo y la supervisión al interior de la cárcel El Pedregal. Asimismo, las denuncias más recientes desataron preguntas sobre la capacidad del Inpec y del Ministerio de Justicia para fiscalizar adecuadamente los procedimientos administrativos, las condiciones de infraestructura y la gestión de recursos dentro del penal.

Hasta el momento de la publicación, las autoridades oficiales han respondido a las solicitudes de los concejales ni aclarado las medidas tomadas frente a los posibles lujos al interior de las celdas de los privados de la libertad.

Durante el evento de atención a afectados por las lluvias en Tenango de Doria en Hidalgo, la presidenta Claudia Sheinbaum fue interrumpida durante su discurso por pobladores del municipio, quienes denunciaron la falta de medicamentos tanto en el hospital como en el Centro de Salud:

“Sí hay medicamentos, ahorita voy a ir, vamos al hospital ahorita, ¿les parece? Vamos para ver si hay medicamentos... ¿Qué medicamentos? Si es para la presión ese debería de tenerse. Vamos a ir al hospital para ver si hay medicamentos... Están llegando las Rutas de la Salud... Todos los lunes estamos revisando”.

Sheinbaum atestigua falta de medicamentos en Hidalgo

Ante estas denuncias, la mandataria mexicana acudió al Centro de Salud de Tenango de Doria, donde confirmó que existe escasez de algunos medicamentos:

“Sí, hay el 80% de abasto. Hay un 20% que no llegó en las últimas rutas de la salud. Pregunté al doctor Alejandro Svarch Pérez y me dice que hay un problema con la empresa que está... Hay problema con el proveedor de ciertos medicamentos. Eso ya lo vamos a resolver el lunes, pero pues por eso hay que venir”.

Al ser cuestionada por la prensa sobre los medicamentos faltantes, Sheinbaum aseguró que este desabasto se trata de un “tema de logística... No, más bien de la proveeduría es lo que me dicen”.

Sobre la falta de atención en el sitio hospitalario, la presidenta comentó: “La mayoría de los centros de salud están abiertos durante el día. Primero queremos que todos en todo el país estén abiertos durante el día y ya vamos a dejar algunos que estén abiertos en la noche”.

La presidenta comentó que una de las problemáticas sobre la falta de servicios se centra en que “no todos los médicos se quieren venir a los centros de salud, pero estamos en ese proceso”.

La presidenta aseguró que checaría la situación tanto de la falta de personal como de medicamentos el próximo lunes:

“En general los médicos y las enfermeras son muy buenos... Estamos resolviendo. Ya ven que cada determinado tiempo informamos que estamos contratando más médicos, más médicos, pero tienen que recibirse de especialidades para que puedan venir”.

Anuncian inicio de reconstrucción tras lluvias de octubre

La tarde de este 25 de abril, Jesús Antonio Esteva Medina, titular de la SICT, informó sobre la inversión a realizar tras las afectaciones que tuvo la población durante el desastre ocasionado por las lluvias de octubre, aseguró que se invertirán cinco mil millones de pesos para la reconstrucción de caminos y 50 puentes.

También se informó que entre mayo y diciembre de 2026, se reconstruirán 27 puentes en los municipios de Huautla, Calnali, Huehuetla, Jacala, Metztitlán, Santa María Temaxcalapa, Santiago de Anaya, Tenango de Doria, Tepehuacán de Guerrero, Tianguistengo, Tlahuelilpa y Xochiatipan.

Respecto a infraestructura en Hidalgo, la SICT avanza en la carretera Huejutla-Tamazunchale, mientras que Banobras moderniza la vía Tulancingo-Nuevo Necaxa.

Como parte del programa Megabachetón, en Hidalgo se rehabilitan 322 kilómetros de carreteras. Además, se construyen ocho kilómetros de caminos artesanales, con una inversión de 47 millones de pesos.

Continúa la construcción del tren México-Pachuca, que alcanza un avance del 30 por ciento y cuya finalización está prevista para 2027.

En total, las acciones de reconstrucción, rehabilitación y construcción de infraestructura en Hidalgo suman una inversión de 41 mil 865 millones de pesos.

En el Concejo de Bogotá, la cabildante Diana Diago denunció que el 14 de abril la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada anunció la suspensión de la licencia de funcionamiento de 31 empresas del sector de seguridad privada en Colombia por presunta infiltración criminal y posible uso para facilitar actividades ilícitas; sin embargo, entre las compañías sancionadas figura Águila de Oro de Colombia, participante en un contrato vigente con la Secretaría de Movilidad de Bogotá.

La concejala expuso que Águila de Oro de Colombia integra la Unión Temporal AHM Seguridad 2025, adjudicataria del contrato 2995 de 2025, cuyo valor asciende a 38.000 millones de pesos. El contrato mencionado corresponde a la prestación de servicios integrales de vigilancia y seguridad privada, tanto fija como móvil, con y sin armas, y vigilancia tecnológica, en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad y otras sedes bajo su responsabilidad.

Según la documentación oficial, el contrato inició el 16 de junio de 2025 y su vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2027. La Unión Temporal está conformada por Helam Seguridad Ltda. y Águila de Oro de Colombia Ltda., esta última incluida en la reciente medida de suspensión.

La cabildante Diago advirtió que la empresa sancionada tiene a su cargo la seguridad de los patios donde permanecen los vehículos inmovilizados de la ciudad. “Es gravísimo que una empresa señalada por presuntos vínculos criminales esté a cargo de la seguridad de la Secretaría de Movilidad y, aún más grave, de los patios donde se custodian los vehículos inmovilizados de los bogotanos”.

La concejal solicitó acciones inmediatas al alcalde Carlos Fernando Galán y a la Secretaría de Movilidad, en atención a la pérdida de licencia de Águila de Oro de Colombia. Diago cuestionó: “Hoy la pregunta es: ¿qué va a hacer el distrito? ¿Qué va a pasar con este contrato? ¿Quién va a asumir la seguridad de las instalaciones de la Secretaría de Movilidad?”.

Diago indicó que mantendrá los pronunciamientos sobre el tema debido a que no ha sido contestada la interrogante sobre la continuidad de la prestación del servicio y la eventual reasignación de la seguridad en las instalaciones de la Secretaría Distrital de Movilidad.

No es la única denuncia que ha realizado recientemente Diana Diago

La concejala Diana Diago también presentó una advertencia ante el Concejo de Bogotá sobre el aumento en la utilización de menores de edad por parte de organizaciones criminales en la ciudad.

Diago expuso cifras oficiales que indican que, entre enero de 2020 y agosto de 2025, se registraron 4.331 aprehensiones de adolescentes de entre 14 y 17 años por su presunta participación en delitos cometidos en la capital. Según la concejal, el crimen organizado ha incrementado el reclutamiento y el armamento de jóvenes, lo que ha agudizado la problemática de criminalidad juvenil.

La cabidalnte mencionó que los menores ya no solo participan en hurtos, sino también en homicidios. Las cifras muestran que el número de aprehensiones de menores por homicidio, que se mantuvo entre 10 y 12 casos anuales entre 2020 y 2023, subió a 30 en 2024 y a 25 en lo corrido de 2025.

Diago mencionó que La Fiscalía reportó que entre 2019 y noviembre de 2025 se indiciaron 461 menores por delitos relacionados con armas de fuego; además, que el tráfico de armas en Bogotá facilita el acceso de los adolescentes a este tipo de armamento, incrementando su involucramiento en economías ilegales y en hechos delictivos de mayor gravedad.

La concejala cuestionó la falta de seguimiento institucional a los jóvenes identificados en riesgo, informando que en 2025 solo 2.138 de 14.581 jóvenes en situación vulnerable recibieron algún tipo de atención por parte del distrito, mientras que el resto queda expuesto al reclutamiento de organizaciones criminales.

La reciente admisión del Colegio Refous a un proceso de reorganización empresarial bajo la Ley 1116 sigue generando dudas. Desde el 23 de febrero de 2026, la Superintendencia de Sociedades autorizó el inicio de un procedimiento que busca reestructurar sus finanzas y proteger a los acreedores, en medio de denuncias sobre presuntas inconsistencias en la gestión contable y financiera.

La imagen del colegio ha quedado en entredicho con una nueva denuncia realizada por acreedores que alertaron sobre movimientos irregulares, millonarias deudas y operaciones poco claras.

La situación financiera del Colegio Refous empezó a deteriorarse desde 2025, cuando la institución acumuló obligaciones vencidas por más de 90 días, hasta alcanzar una cifra de 29.897 millones de pesos, equivalente al 90% de su pasivo total.

Las dificultades no surgieron de manera imprevista. Los reportes muestran que entre 2022 y 2025 un patrimonio familiar otorgó créditos por más de 18.900 millones de pesos bajo la premisa de una información financiera que, según las denuncias, no reflejaba el verdadero estado contable del establecimiento.

Una de las irregularidades más relevantes identificadas por los acreedores se registró tras el fallecimiento del anterior gerente en junio de 2025. Desde ese momento, surgieron obligaciones por 4.730 millones de pesos, respaldadas en siete pagarés que no figuraban en los registros contables oficiales. La aparición de estos documentos generó inquietud, pues su existencia no había sido reportada en los balances previos, elevando la incertidumbre sobre el destino de los recursos y la integridad de la contabilidad institucional.

Otro aspecto clave del proceso ha sido la revisión de los activos declarados. Los informes periciales evidenciaron una presunta sobrevaloración en el rubro de propiedad, planta y equipo. Entre 2024 y 2025 se registró un salto en el valor de estos activos de más de 18.200 millones de pesos, sin que exista una justificación sustentada en adquisiciones, inversiones o mejoras de infraestructura.

Las inconsistencias también se han presentado en la información de bienes inmuebles. Un lote residencial ubicado en Chía y que fue registrado por 6.000 millones de pesos, aunque su avalúo comercial solo llegaría a 1.337 millones de pesos.

A esto se suma una anomalía en la ubicación consignada oficialmente: los documentos presentados ante la Supersociedades ubican el predio en el municipio de Cota, cuando en realidad corresponde a un terreno en Chía. Esta discrepancia ha sido señalada en la denuncia como una posible maniobra para modificar el inventario de activos y alterar la percepción sobre la solvencia patrimonial.

El examen de las cuentas por cobrar arrojó nuevos elementos para el debate. Se detectaron préstamos por 1.646 millones de pesos otorgados a personas vinculadas a la institución, entre quienes figuran miembros de la familia Jeangros y Alex Marina Silva Moreno, revisora fiscal del colegio.

Dentro de las operaciones bajo escrutinio, se identificaron transferencias por 2.971 millones de pesos a la empresa Windstarke S.A.S., presuntamente vinculada al fallecido representante legal y encargada de ejecutar obras civiles en la institución. Los acreedores han solicitado que se investigue la finalidad de estos giros y se determine si corresponden a contratos legítimos o forman parte de un esquema para desviar fondos.

Las acciones judiciales avanzan con la imposición de medidas cautelares sobre algunos activos y derechos del Colegio Refous, buscando proteger los intereses de los acreedores mientras se desarrollan las investigaciones.

Durante una de las diligencias, los herederos de la institución, conocidos como la familia Jeangros, manifestaron su oposición y sorpresa ante la rapidez del proceso y la determinación de los demandantes para agotar todas las vías legales. El análisis de los estados financieros revela un crecimiento llamativo en los ingresos del colegio: de 17.806 millones de pesos en 2021 a 28.278 millones de pesos en 2025.

La confrontación política en México se intensificó este miércoles luego de que el senador panista Ricardo Anaya denunciara que la reciente designación de consejeros del Instituto Nacional Electoral constituye un “atraco a la democracia”.

Sus declaraciones se producen un día después de que la Cámara de Diputados avalara los nombramientos, en una votación que dividió a oficialismo y oposición.

Anaya advierte riesgo para elecciones y acusa control institucional

El excandidato presidencial lanzó un mensaje contundente en el que afirmó que la democracia mexicana “está de luto”, al considerar que Morena ha consolidado su influencia sobre el árbitro electoral.

En su posicionamiento, Anaya sostuvo que el oficialismo ha seguido una ruta para concentrar poder en distintas instituciones del país.

Según dijo, primero se aseguró el control del Poder Legislativo, después avanzó sobre el Poder Judicial y organismos constitucionales autónomos, y finalmente habría logrado incidir en el INE.

A partir de este escenario, advirtió que los próximos procesos electorales podrían enfrentar cuestionamientos sobre su imparcialidad.

Incluso, señaló que la oposición tendrá que ganar por amplios márgenes para evitar posibles irregularidades, al considerar que el árbitro electoral ya no actuaría con plena independencia.

Cámara de Diputados aprobó ayer a nuevos consejeros del INE

La polémica surge tras la votación realizada la noche del martes en San Lázaro, donde la Cámara de Diputados aprobó la designación de tres nuevos integrantes del Consejo General del INE, quienes ocuparán el cargo por un periodo de nueve años.

Los perfiles avalados son:

• Arturo Manuel Chávez López
• Blanca Yassahara Cruz García
• Frida Denisse Gómez Puga

La decisión fue respaldada por 334 votos a favor de Morena, Partido del Trabajo (PT) y Partido Verde Ecologista de México (PVEM), frente a 127 votos en contra de PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Con ello, se formalizó la renovación parcial del órgano encargado de organizar las elecciones federales en el país.

Morena defiende el proceso y llama a fortalecer al INE

Desde la mayoría legislativa, el diputado del PT Pedro Vázquez González defendió la legalidad del procedimiento y rechazó las críticas de la oposición.

Aseguró que la designación se realizó conforme a los acuerdos de la Junta de Coordinación Política y dentro del marco normativo.

El legislador enfatizó que los nuevos consejeros deberán desempeñarse con responsabilidad institucional, priorizando la defensa del sistema democrático y el interés superior del país.

También subrayó que la renovación del Consejo General no solo responde a la necesidad de cubrir vacantes, sino a consolidar la confianza ciudadana en las instituciones electorales.

Mientras el oficialismo sostiene que el proceso fue legal y fortalece a la institución, la oposición advierte sobre un posible debilitamiento de la autonomía del árbitro electoral, en un contexto clave rumbo a las próximas elecciones.

Un ataque violento de seis perros dejó con múltiples heridas a una adulta mayor mientras se desplazaba por la vereda Cuba, en zona rural del municipio de Icononzo (Tolima). Los hechos ocurrieron en la jornada del domingo 19 de abril de 2026, dejando a la víctima con graves lesiones, por lo que tuvo que ser trasladada de urgencia al Hospital Federico Lleras Acosta.

El reporte oficial del caso indica que la ciudadana logró ser rescatada con vida gracias a la rápida intervención de los vecinos, aunque el lamentable hecho se convirtió en ejemplo de una situación que ocurre de forma frecuente en la zona, pues los residentes alegaron que no hay respuestas efectivas por parte de las autoridades municipales ante el manejo de los canes.

Según residentes citados por el medio local Ecos del Combeima, el temor crece ante el riesgo para habitantes y recurrentes pérdidas económicas porque los animales ingresan a sus fincas afectando los predios. Entre tanto, también se denunció presunta negligencia por parte de los propietarios de los animales que no se harían responsables de los daños causados.

Mujer sufrió heridas de consideración tras ser atacada por los perros

De acuerdo con los testimonios de los habitantes del sector, al menos seis perros de gran tamaño, entre ellos pastores alemanes, rottweilers y algunos cruzados, agredieron a la mujer mientras transitaba por el sector.

El reporte indica que el ataque dejó lesiones graves en piernas, brazos y rostro de la víctima que se está recuperando con el apoyo de especialistas. En cuanto a los animales que protagonizaron el suceso, se informó que quedaron bajo custodia de las autoridades de la capital del Tolima que se están encargando de determinar responsabilidades de sus cuidadores.

Cabe mencionar que, desde hace meses, habitantes de la zona rural de Icononzo han presentado varias quejas formales frente a la Inspección de Policía, advirtiendo que la jauría involucrada ya había protagonizado ataques similares. Vecinos mencionaron episodios en los que los mismos perros han causado la muerte de gallinas, atacado a otros animales domésticos y provocado pérdidas económicas en fincas del área, según el reporte realizado a la emisora local.

Del mismo modo, los ciudadanos aseguraron que los propietarios no toman acciones pese a ver las afectaciones causadas por los animales: “Nos dicen que seamos nosotros quienes mantengamos nuestros animales encerrados, mientras ellos no responden por los daños”.

La comunidad expresó su frustración señalando la falta de acción contundente por parte de las autoridades, lo que habría obstaculizado la aplicación de sanciones efectivas en contra de aquellos que no controlan a sus mascotas y terminan afectando no solo los predios y animales de sus vecinos, sino a otras personas.

Además, voces citadas por el portal Informativo 24 indican que la situación se agrava porque los animales deambulan sin control y en condiciones inadecuadas, lo que incrementa su agresividad y el peligro para personas vulnerables, como adultos mayores y niños.

El episodio más reciente provocó una escena de pánico, puesto que los vecinos tuvieron que intervenir para evitar que el ataque terminara en tragedia. Mientras que el personal del hospital Sumapaz, la Alcaldía de Icononzo y la Policía Nacional participaron en la atención inicial, activando los protocolos de emergencia establecidos para hechos de este tipo.

Debido a la gravedad de lo ocurrido, la comunidad de Icononzo reiteró su llamado a la intervención inmediata de las autoridades y pidió reforzar los controles sobre tenencia responsable de animales con antecedentes de ataques. Algunos de los habitantes del sector plantearon como necesidad urgente la aplicación de medidas para evitar situaciones similares que comprometan la seguridad de la población.

El caso reavivó la demanda de respuestas administrativas, mientras siguen pendientes las conclusiones de la investigación y las eventuales sanciones a los propietarios implicados.

En declaraciones a los medios, Martínez explicó: “La denuncia que me ha puesto el señor es por maltrato psicológico. Dice que le estoy causando depresión y ansiedad por el tema de la difusión de mis helados y también de la canción, entre otras cosas que ha dicho que de verdad están superfuera de lugar”.

Además, indicó que Domínguez ha vuelto a señalarla por supuesta alienación parental hacia su hija Camila, pese a que, tras una evaluación multidisciplinaria, el caso ya fue archivado y se descartó cualquier tipo de manipulación por su parte.

Martínez denuncia intento de truncar su emprendimiento

Entre lágrimas, Melanie Martínez manifestó que siente que Christian Domínguez está atentando contra su estabilidad emocional y económica, al tomar acciones legales que afectan directamente el emprendimiento que ha construido para sostener a su familia.

“Me pone trabas (para trabajar)... Dice que planeo lastimarlo. ¿Qué hay del maltrato que he sufrido yo al ver a mi hija mal por su mal comportamiento e insultos de redes y del colegio?”, cuestionó la cantante.

Martínez señaló que nunca impidió el acercamiento entre Domínguez y su hija Camila y que, si la denuncia ha servido para que padre e hija retomen el contacto, lo considera positivo, pero advirtió que no desea que la situación sea utilizada para limpiar la imagen pública del cumbiambero.

“Espero que no esté utilizando esto para limpiar la pésima imagen como padre que se ha ganado él solo por sus propias acciones y que no esté utilizando nuevamente a mi hija y que le vuelva a lastimar el corazón”, declaró.

La artista también recordó que, durante 17 años, no ha emitido comentarios negativos sobre Domínguez y que sus declaraciones recientes surgieron a raíz de los conflictos y audios difundidos en redes sociales, en los que la familia del cantante se expresó de manera despectiva sobre Camila.

La versión de Christian Domínguez

Por su parte, Christian Domínguez se pronunció sobre la denuncia e indicó que no busca perjudicar a la madre de su hija ni afectar sus negocios, pero justificó la acción legal por el “exceso de cosas” que, según él, han trascendido los límites de la tolerancia. “Yo soy incapaz de quitar el trabajo a alguien, menos si son la mamá de mis hijas, jamás. Siempre le voy a desear lo mejor porque son la mamá de mis hijas”, afirmó el cantante.

El líder de la Gran Orquesta Internacional declaró que la situación ha llegado a un punto en que considera necesario poner un alto por el bien emocional de ambas partes y de su hija. “Solamente si estamos aquí es porque creemos que es suficiente, creemos que todo tiene un límite y creemos que ya se está desbordando, porque esto no es simplemente porque a alguien no le gusta que hablen de uno. Como puede decir una vez, dos, tres, cinco, diez. Esto ya pasó”, sostuvo.

Domínguez insistió en que su prioridad es la salud emocional de sus hijos: “Lo único que sí pido yo es la parte sentimental, la parte que me importa a mí, que son mis hijas y mis hijos. Entonces, es que estemos bien”.

El abogado de Domínguez también argumentó igualdad de derechos y negó que haya violencia de género en la denuncia, señalando que “hay violencia contra la mujer y violencia contra los hombres también. En este caso... hay violencia psicológica contra Christian, y Christian no ha salido a hablar”.

Sin acuerdo y el proceso continúa

Melanie Martínez, acompañada de su abogada, confirmó que la audiencia no llegó a ningún acuerdo y que el proceso legal seguirá su curso. La defensa de Martínez presentó informes psicológicos y resoluciones previas que descartan la existencia de alienación parental o maltrato por parte de la artista.

“Hemos podido probar que la señora Melanie, es más, el mismo informe psicológico dice que Melanie no es una persona agresiva”, aseguró la abogada. La defensa también cuestionó que Domínguez no haya tomado acciones legales contra personas externas que denigraron públicamente a su hija, y que, en cambio, se enfoque en silenciar a Melanie Martínez, quien está volviendo a la música y al emprendimiento por el bienestar de su familia.

Martínez recalcó que su única motivación es proteger a su hija y sacar adelante a sus hijos. “Yo no lo he atacado, solo me estoy defendiendo y estoy defendiendo a mi hija”, reiteró, asegurando que continuará su vida profesional y familiar pese a las dificultades legales.

El militar expuso que recibió la baja de la Octava Brigada, lo que incluyó ser escoltado fuera de la unidad por la Policía Militar luego de haber realizado denuncias sobre actos de corrupción interna en la institución.

“Me traen la Policía Militar para que me echen como un perro. Durante 22 años que trabajé en el Ejército, no me robé un peso, no maltraté, ni violé, ni cometí abuso de autoridad”.

Según Hernández, el episodio se originó después de denunciar supuestos abusos de autoridad y persecución laboral por parte de un alto mando de la Octava Brigada, al que identifica como el coronel Melo.

El sargento aseguró que el comandante de la brigada y el sargento mayor de comando tenían conocimiento de la situación, pero “nunca hicieron nada”. De acuerdo con su relato, en una reunión de suboficiales, expuso públicamente el maltrato y en el video de ese encuentro “hasta una suboficial lloró exponiendo la problemática que se venía presentando”.

El militar afirmó que, tras esa reunión, fue notificado de la apertura de una investigación disciplinaria en su contra. “Me notifican una investigación disciplinaria. Esta investigación disciplinaria me la notifica mi coronel, como aparentemente el responsable de la investigación. Creo que, como la afectación me la generó él a mí, estaba impedido por la ley”, indicó Hernández sobre el proceso que calificó como imparcial.

El militar indicó que la persecución incluyó el señalamiento de situaciones administrativas con dineros, a pesar de no haber manejado recursos. “Me habían solicitado un polígrafo, el cual nunca he manejado porque nunca he tenido parte administrativa con dineros”.

Añadió que la denuncia principal se centraba en irregularidades internas y falta de moral dentro de la unidad, incluyendo la supuesta entrega de obsequios a generales superiores y la ausencia de espacios para que suboficiales expresaran sus inquietudes.

En su relato, Hernández indicó que la respuesta institucional ante las denuncias de maltrato y presuntas irregularidades fue la apertura de expedientes y cambios de destino para los denunciantes.

“Denuncié al coronel por persecución laboral y me abrieron todas las investigaciones que usted quiera. Si no es porque pasó parte, no pasa nada; al coronel solo lo echan. Otros sargentos que presentaron denuncias similares también fueron víctimas de traslados”.

El militar hizo referencia a episodios previos en los que advirtió sobre reuniones irregulares de altos mandos con personas externas y subrayó la falta de apoyo de los mandos superiores hacia los suboficiales.

“¿Por qué si ustedes son la representación de los suboficiales y soldados, nunca hablan por nosotros? Nunca. Llegan a darle la palmadita en la espalda, como hacen, y ya".

El militar insistió en que la persecución laboral y los abusos no se limitan a su caso, sino que, según él, afectan a suboficiales y soldados en diferentes fuerzas. “Dejo constancia de que si a mi hija o mi familia le pasa algo, los declaro culpables”. También reclamó el derecho a la libertad de expresión garantizado por la Constitución y expuso que el sistema de traslados y el manejo de procesos judiciales internos favorecen la manipulación y el silenciamiento de las denuncias.

En su testimonio, Hernández Vergara reiteró su petición de apoyo y de escucha para los suboficiales y soldados: “Solicito muy respetuosamente a alguien que hable por nosotros. Aquí se extralimitan”.

Por último, confirmó que su intención no es continuar en la institución y se despidió del Ejército señalando que su salida no fue voluntaria, sino producto de una “guerra oficialista” en la que los suboficiales y soldados “trabajan y patrullan, mientras otros se acomodan”.

La modelo mexicana Dagna Mata anunció este 17 de abril, a través de sus historias de Instagram, que inició formalmente un proceso legal por falta de pago y uso inesperado de su imagen en el video “Un vals” de Christian Nodal.

Mata compartió un comunicado de su equipo legal, Crespo Farrera Abogados, donde se informa que asumen su representación y que ya comenzaron los trámites para resolver el conflicto.

En los días previos, Mata había denunciado públicamente que, tras participar en la grabación del video en febrero, no recibió el pago acordado dentro del plazo de 30 días estipulado en su contrato.

Explicó que fue contratada como artista secundaria bajo la figura de “figuración”, pero al ver el resultado final, se dio cuenta de que su imagen tenía un papel central en el videoclip. Según Mata, la remuneración ofrecida no correspondía con el protagonismo mostrado en el producto final.

Proceso legal y avances recientes

En días anteriores, Mata informó que sus abogados y los representantes legales de Nodal ya se encuentran en contacto para buscar una solución.

El comunicado oficial, firmado por los abogados Pamela Trejo Hernández y Adrián Crespo Farrera, señala que se han iniciado acercamientos “encaminados a buscar una solución seria, viable y adecuada para las partes involucradas”.

El despacho legal también indicó que la representación abarca tanto el reclamo económico como la defensa ante cualquier “descalificación o expresión denigrante” en espacios públicos y redes sociales. Mata aclaró que su caso no solo involucra el pago pendiente, sino también el respeto a sus derechos laborales como artista.

Presiones, repercusiones personales y laborales

Días antes del anuncio formal del proceso legal, la modelo relató que recibió presiones por parte del equipo de Nodal para eliminar de sus redes sociales cualquier contenido relacionado con Cazzu, ex pareja del cantante.

Según Mata, le pidieron que no publicara canciones de Cazzu ni hablara sobre el tema, y que firmara un contrato de confidencialidad. La modelo afirmó que la situación ha tenido consecuencias negativas en su vida profesional y personal, y recalcó que su único objetivo es recibir el pago justo y el reconocimiento por su trabajo.

Polémica en redes sociales y comparaciones con Cazzu

El estreno del video “Un vals” generó debate en redes sociales por el parecido físico de Dagna Mata con Cazzu, la ex pareja de Christian Nodal. Usuarios señalaron similitudes en la estética y expresaron opiniones sobre la elección de la modelo, lo que amplificó la controversia en torno al videoclip.

Algunos comentarios cuestionaron si la selección de Mata buscaba provocar reacciones o referencias a la relación pasada del cantante.

Esta polémica digital coincidió con las declaraciones de la modelo, quien denunció presiones para desvincularse de cualquier contenido relacionado con Cazzu en sus plataformas personales.

Detalles del comunicado legal y situación actual

El comunicado difundido por Crespo Farrera Abogados precisa que la representación legal de Dagna Mata incluye la defensa ante cualquier descalificación, así como el reclamo por la participación profesional y el pago pendiente.

El despacho informó que actualmente se mantienen negociaciones con la contraparte y que el objetivo es alcanzar una solución adecuada para ambas partes.

Un hombre de 40 años denunció haber sido drogado y abuso sexualmente por una persona en La Plata.

Según relató la víctima, el encuentro comenzó cuando conoció a este desconocido en el espacio verde de El Bosque. Ambos decidieron permanecer juntos y, tras mantener una charla, decidieron mantener relaciones sexuales en un sector del parque cercano a las vías del Tren Universitario.

Sin embargo, lo que comenzó siendo una relación consentida cambió rotundamente en cuestión de segundos. El denunciante describió que, durante el acto, el preservativo que utilizaban se rompió y el agresor intentó forzarlo a continuar, pese a la negativa del denunciante.

Ambos habían consumido cocaína. En este contexto de violencia y consumo de estupefacientes, el agresor le ofreció una botella de agua, de la que la víctima tomó sin desconfiar, de acuerdo con la información a la que pudo acceder el medio local 0221.

En ese momento, la situación se agravó. Pocos minutos después, el hombre comenzó a sentir un fuerte mareo y perdió el conocimiento. “Desperté horas después, completamente desnudo y con dolor en la zona genital”, relató ante los efectivos de la Policía Bonaerense.

Un hecho similar ocurrió meses atrás, cuando un hombre de 27 años fue víctima de un violento episodio en el tradicional Paseo del Bosque. Fue interceptado por dos delincuentes que abusaron sexualmente de él y luego le robaron.

La causa, que quedó en manos de la fiscal Cecilia Corfield de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 15, activó un fuerte despliegue de los organismos de investigación.

El hecho se produjo en la zona ubicada detrás del Colegio Albert Thomas, precisamente en la intersección de las calles 57 y 115, a metros del estadio de Estudiantes de La Plata, y está siendo investigado con medidas urgentes.

La víctima, tras lograr escapar de sus agresores, pidió auxilio en la Dirección de Caballería de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, donde recibió contención y atención primaria antes de radicar la denuncia formal.

De acuerdo con la denuncia, el hombre relató que regresaba de un cumpleaños cuando, aproximadamente a las dos de la madrugada, percibió la presencia de dos hombres que lo seguían a corta distancia. Al notar esta actitud inusual, optó por apurar el paso, aunque los sospechosos replicaron la maniobra y, finalmente, lo interceptaron.

Los agresores lo amenazaron y forzaron a ingresar en una parte más retirada del Paseo del Bosque. Intentó resistirse y no tuvo éxito. Según la denuncia presentada, ambos lo golpearon y uno de ellos lo derribó y arrastró para arrebatarle una riñonera. Durante el asalto, uno de los atacantes abusó sexualmente de él.

La víctima manifestó que, mientras sufría el ataque, alcanzó a pedir que le permitieran levantarse unos segundos para poder respirar. Esa maniobra le permitió separarse brevemente y, con un impulso, logró empujar al agresor y escapar. El joven corrió descalzo hasta la avenida 60, donde finalmente recibió la ayuda de personal policial.

Bajo instrucciones de la fiscal Corfield, los peritos de la Policía Científica inspeccionaron la zona del ataque, con el objetivo de obtener rastros y recolectar pruebas materiales que ayuden a esclarecer el hecho. El relevamiento incluyó exámenes en busca de huellas y registros de elementos personales, así como la búsqueda de imágenes de cámaras que podrían haber registrado movimientos de los sospechosos en las inmediaciones.

El hombre constató al recobrar la conciencia que le faltaban $350 mil que llevaba consigo al momento del encuentro. Además, en el lugar apareció un bolso que no le pertenecía, en cuyo interior había ropa y una serie de números telefónicos. Estos datos podrían resultar determinantes para el avance de la investigación policial, que ya trabaja en el análisis de las pruebas halladas.

El denunciante aportó otro dato relevante al identificar el rostro del presunto abusador en un registro oficial. Las autoridades han iniciado la revisión de las grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en los alrededores del Bosque de La Plata con el objetivo de dar con el paradero del implicado.

El hallazgo de un presunto “cuarto oscuro” dentro del Colegio Carrusel Magone, en la junta auxiliar Ignacio Romero Vargas, en Puebla, encendió las alertas entre padres de familia, quienes denunciaron posibles casos de abuso sexual contra menores dentro del plantel.

De acuerdo con información de Periódico Central, fueron los propios tutores quienes localizaron el sitio tras ingresar al inmueble la noche del 13 de abril, luego de que algunos estudiantes señalaron ese espacio como un lugar al que eran llevados dentro de la escuela. En videos difundidos en redes sociales se observa una habitación oculta junto a un salón, donde fueron encontrados diversos objetos y ropa.

Padres de familia protestan y autoridades educativas atienden caso

El descubrimiento provocó la movilización de madres y padres de familia, quienes se manifestaron afuera del colegio para exigir la intervención inmediata de las autoridades y el esclarecimiento de los hechos, ante el temor de que existan más víctimas.

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública a nivel estatal inició una revisión administrativa del colegio privado, mientras que las clases presenciales fueron suspendidas de manera temporal en lo que avanzan las investigaciones.

Hasta el momento, la institución educativa no ha emitido una postura pública sobre los señalamientos. En tanto, los padres de familia insistieron en que el caso se investigue a fondo y se garantice la seguridad de los menores.

Fiscalía de Puebla ya investiga

Ante la gravedad del caso, la Fiscalía General del Estado de Puebla informó que ya abrió una carpeta de investigación y desplegó personal ministerial para realizar diligencias en el inmueble, así como recabar testimonios de posibles afectados.

La dependencia indicó que busca identificar a posibles víctimas para proceder conforme a la ley y deslindar responsabilidades.

La abogada santigueña Agostina Páez enfrentó un confuso episodio tras lograr el regreso al país, tras estar casi dos meses retenida con una tobillera electrónica por un acto racista en un boliche de Río de Janeiro. En las últimas horas, se conoció que su expareja la denunció por no devolverle el auto y rápidamente ambos salieron a aclarar qué fue lo que ocurrió.

Según las primeras informaciones, todo se habría iniciado después de que Javier Zanoni, exnovio de Agostina, radicó una denuncia ante la fiscalía a cargo de Mariano Gómez contra la joven abogada por supuesta retención indebida y abuso de confianza.

De acuerdo con lo informado por el diario El Liberal, la denuncia fue presentada por la abogada de Zanoni y recayó en la fiscalía. El planteo se fundó en la supuesta negativa de Páez a restituir un automóvil cuya titularidad figura a nombre de Zanoni, pero que, según la protagonista, fue adquirido y financiado en su totalidad por ella misma.

El episodio tomó estado público cuando surgieron mensajes en redes sociales y declaraciones de los involucrados aclarando la situación. Sin embargo, Páez afirmó en sus redes sociales que el vehículo en cuestión estaba registrado a nombre de su expareja, aunque ella siempre se hizo cargo de los pagos y las gestiones relacionadas. Señaló que no fue notificada formalmente de la denuncia, sino que se enteró por la difusión mediática, lo que la llevó a comunicarse de inmediato con Zanoni para abordar el conflicto.

Páez subrayó que, tras conversar con su expareja, ambos decidieron resolver el asunto mediante un acuerdo extrajudicial orientado a transferir la titularidad del vehículo y así evitar futuras complicaciones legales o administrativas. “Su abogada le recomendó esa vía… me enteré por medios y lo llamé”, detalló Páez sobre cómo se desarrollaron los hechos.

En un comunicado difundido en sus redes sociales, la abogada santiagueña brindó más precisiones sobre la controversia: “Mi auto que pago yo, está a nombre de mi ex. Lo que él me dijo que quería hacer es cambiar la titularidad, y pasarlo a mi nombre como corresponde”. Según la joven, la denuncia fue impulsada formalmente por la representante legal de Zanoni, lo que generó un malentendido en la interpretación pública del caso.

Páez sostuvo que no existe ningún ánimo de apropiación indebida y que siempre estuvo dispuesta a formalizar la transferencia. “Nosotros no tenemos contacto desde que fue a Río de Janeiro a visitarme, habíamos finalizado en buenos términos y había quedado pendiente solucionar este tema”, señaló. De acuerdo con la versión de Páez, antes de la denuncia, Zanoni habría enviado una carta documento para buscar una solución, aunque esa notificación nunca le llegó. Finalmente, ambos acordaron avanzar con un acuerdo extrajudicial, y Zanoni no ratificará la denuncia ante la fiscalía.

“Quiero que quede claro que YO NO ME ESTOY QUEDANDO CON ALGO QUE NO ES MÍO, el auto siempre lo pague yo, y él sabe perfectamente eso. Yo sé que el nunca tuvo malas intenciones, y que siempre los dos estuvimos dispuestos a resolver este tema. Basta de querer ensuciarme”. Así cerró Páez su descargo público.

Por su parte, Javier Zanoni también difundió su versión de los hechos a través de un comunicado. “Quiero aclarar que fui yo quien tomó la decisión de enviar la carta documento y realizar la denuncia posterior, con el debido asesoramiento de mis abogados. Opté por la vía legal para gestionar el cambio de titularidad, ya que era una situación que me generaba preocupación, dado que el vehículo se encuentra a mi nombre y, ante cualquier eventualidad o incumplimiento en el pago de las cuotas del mismo, el responsable sería yo”, explicó Zanoni.

El expareja de Páez aclaró que su decisión de recurrir a la vía judicial se debió exclusivamente a cuestiones administrativas y no a un conflicto personal con la abogada. Remarcó que actualmente han alcanzado un acuerdo para solucionar el tema de la titularidad del vehículo.

La Fiscalía General de la República (FGR) determinó desechar por improcedente la denuncia presentada contra el fiscal anticorrupción de Morelos, Leonel Díaz Rogel, al no encontrar elementos que configuren un delito federal ni afectación al erario público.

De acuerdo con la resolución, la denuncia promovida por la Comisionada Ejecutiva de Atención y Reparación de Víctimas, Eva Penélope Picazo Hernández, no cumplía con los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo que impidió su viabilidad jurídica desde su origen.

El análisis realizado por la autoridad federal concluyó que los señalamientos carecían de una narración clara, precisa y circunstanciada de los hechos, condición indispensable para iniciar cualquier investigación formal.

La decisión de la FGR fue contundente: no existe materia que justifique su intervención ni indicios de irregularidad en el desempeño del funcionario. En ese sentido, la dependencia reiteró que su competencia se limita exclusivamente a casos donde se acrediten posibles delitos de carácter federal o afectaciones a recursos públicos federales, supuestos que no se presentaron en este caso.

Resolución fortalece la posición institucional

El pronunciamiento representa un respiro para Díaz Rogel, quien queda libre de cualquier señalamiento en el ámbito federal. La determinación no solo cierra el paso a la denuncia, sino que también valida su actuación dentro del marco legal, reforzando su posición al frente de la Fiscalía Anticorrupción de Morelos.

Pese a que la denuncia tuvo una amplia difusión en medios de comunicación, la resolución de la FGR —emitida el mismo día de su presentación— no fue difundida con la misma intensidad. Esta situación generó una percepción pública desproporcionada frente a la realidad jurídica del caso, en la que finalmente no se acreditó ningún ilícito.

Analistas coinciden en que este tipo de escenarios pone en evidencia el impacto que puede tener la cobertura mediática inicial frente a la resolución final de las autoridades, especialmente cuando se trata de acusaciones que no prosperan por falta de sustento legal.

Sin elementos para investigar

La Fiscalía especializada subrayó que, además de la falta de claridad en los hechos denunciados, tampoco se acreditó daño al erario ni la posible comisión de delitos federales. Esto dejó sin materia cualquier intento de abrir una carpeta de investigación en el ámbito federal.

En términos legales, el desechamiento de la denuncia implica que no existen condiciones mínimas para iniciar un proceso, lo que refuerza la conclusión de que los señalamientos no cumplían con los estándares jurídicos requeridos.

Con esta resolución, representa un cierre definitivo a un episodio que, aunque tuvo impacto mediático, no logró sostenerse jurídicamente.

De esta forma, el fiscal anticorrupción de Morelos queda exento de cualquier responsabilidad federal.

El fallecimiento de la magistrada Miriam Barahona ha provocado conmoción en Honduras y expuso el debate sobre el acoso laboral y la utilización de mecanismos legales para limitar la libertad de funcionarios públicos.

Su padre, José Antonio Barahona, denunció ante el Congreso Nacional que la magistrada fue sometida durante casi dos años a una persecución que, según afirmó ante la comisión legislativa, la privó de recibir un trasplante de hígado esencial para su supervivencia, conectando así el deterioro de su salud física y emocional con hechos atribuibles al magistrado Mario Morazán y al exfiscal Johel Zelaya.

Relató que la situación judicial de su hija, incluyendo una orden de captura en curso, forzó a la familia a trasladarla clandestinamente fuera del país, lo que le impidió cumplir con sus citas médicas en Estados Unidos y acceder al trasplante de hígado originalmente programado para el 11 de marzo de 2026.

Antonio Barahona ostuvo que: “Si esta persona y el exfiscal no se hubieran unido, mi hija el 11 pasado habría recibido el trasplante de hígado y se hubiera salvado”. La muerte de la magistrada se registró el 23 de marzo de 2026, apenas días después de la fecha prevista para la intervención médica, intensificando el debate sobre el impacto del acoso prolongado dentro de las instituciones estatales.

Asimismo narró ante el Congreso Nacional que el acoso comenzó el mismo 24 de marzo de 2021, día en que Mario Morazán asumió funciones en el Tribunal de Justicia Electoral. Describió una cadena de hostigamiento diario que terminó por afectar tanto la estabilidad emocional de su hija como su estado físico, agravando su enfermedad hepática.

El padre de la funcionaria sostuvo que los insultos y el trato agresivo respondían, en parte, a un componente de violencia de género. Expresó: “Todos los días cuando él la encontraba la insultaba. Yo me imagino que se aprovechaba en su condición de mujer. Estoy seguro que si hubiera sido un hombre no hubiera tenido esa actuación”.

También caracterizó a su hija como una profesional íntegra, dedicada a evitar conflictos y responder con dignidad ante las provocaciones.

Esta denuncia pública respondió al cumplimiento de una promesa hecha ante el féretro de la magistrada. “No diría argumentos, solo narrar el viacrucis que pasó mi hija con ese salvaje”, declaró José Antonio Barahona, en referencia a Morazán. Su testimonio ante la comisión legislativa es un elemento central para la reconstrucción de los hechos en el proceso de juicio político.

El relato precisa que el hostigamiento persistente y las restricciones legales impidieron a Miriam Barahona acceder oportunamente al trasplante que requería, lo que, de acuerdo con la denuncia de su padre, la llevó a buscar atención médica en el extranjero en condiciones de clandestinidad.

El procedimiento quirúrgico estaba programado en Estados Unidos. No obstante, la amenaza de captura la mantuvo lejos de su equipo médico y, en palabras de José Antonio Barahona, esta interrupción resultó decisiva para el resultado final: “El deterioro físico de la magistrada se aceleró tras las dificultades para continuar con su tratamiento”, especialmente durante el periodo en que estuvo fuera del sistema médico que la atendía.

La muerte de Barahona ha generado llamados para revisar las condiciones laborales en el Estado, con énfasis en el análisis de prácticas de hostigamiento hacia funcionarios públicos y en la necesidad de fortalecer los mecanismos de protección.

Sectores sociales y especialistas insisten en la importancia de incorporar la perspectiva de género en la evaluación y respuesta ante este tipo de denuncias.

La denuncia contra Mario Morazán y Johel Zelaya aporta gravedad y complejidad al proceso de juicio político en desarrollo. La comisión legislativa responsable de la evaluación enfrenta el desafío de valorar tanto pruebas documentales como testimonios que exponen posibles patrones de abuso de poder y hostigamiento sistemático.

Una denuncia interna presentada por el director de Asociación Nacional de Trabajadores de la Seguridad (Analtraseg), Giovanni Gallo, dejó en evidencia a la abogada y exfuncionaria de la Auditoría General de la Nación Elvia Isabel Otero Ojeda, que actualmente aspira al cargo de contralora general de la República.

El caso involucra acusaciones de presunto maltrato verbal y físico hacia su personal de seguridad asignado por la Unidad Nacional de Protección (UNP), pese a que la beneficiaria ya no ocupa un cargo público desde diciembre de 2025.

En el testimonio compartido con Infobae Colombia, se menciona que la exfuncionaria habría agredido a una de sus escoltas en un episodio ocurrido en la Zona T de Bogotá.

Según lo relatado por el líder sindical, la exdirectora de Responsabilidad Social de la Auditoría General de la República fue nombrada durante el gobierno de Gustavo Petro y se retiró de su cargo en diciembre de 2025.

Desde entonces, mantiene un esquema de protección de la UNP, cuya continuidad ha generado cuestionamientos dentro del sindicato. “No se entiende por qué esta señora tiene esquema de seguridad si ya no es funcionaria, ya no ostenta el cargo. Y sin embargo, este gobierno se ha quedado callado, igual que la Unidad Nacional de Protección. Ya vamos para cuatro meses que ella no debe tener el esquema y sigue con ello”, señaló Gallo.

La denuncia, a la que tuvo acceso este medio, detalló que la escolta asignada a Otero Ojeda reportó agresiones verbales constantes y amenazas laborales, que finalmente derivaron en un episodio de violencia física:

“Permití, permití, permití. Ya las cosas avanzaron a tal punto de que en vez de ser agresiones verbales, pasaron a agresiones físicas. Quise abogar como a la buena fe de la doctora Elvia y disculparla en el momento en que ella me pidió disculpas las veces que me agredió verbalmente y decidí, pues, continuar con mi trabajo y cumplir a cabalidad como lo venía haciendo. (...) Las actitudes de la doctora conmigo han cambiado”, aseguró a este medio.

“Su actitud hacia mí ha sido un poco fuerte. Varias ocasiones me ha agredido verbalmente. Desde el día en que ella se retiró en diciembre, pues obviamente se dedicó al ocio, al descanso, a viajar. Nosotros como su esquema de seguridad la hemos acompañado, nunca le hemos fallado en su protección y demás. En esos días de ocio, descanso y viajes se dedicó a tomar tres, cuatro días a la semana. Ella toma y se descontrola, nos trata mal, nos insulta, nos dice malas palabras. Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, relató la mujer.

De acuerdo con el testimonio grabado, los hechos se desencadenaron después de una jornada en la que la exfuncionaria habría ingerido alcohol en varios establecimientos de la Zona T. En ese contexto, la escolta relató que, tras negarse a cumplir órdenes fuera de sus funciones –como transportar a los amigos de la exdirectora a diferentes puntos de la ciudad–, recibió insultos y golpes en el pecho y el hombro.

“A mí se me quebrantó la voz y yo le dije: ‘¿Por qué me pega? ¿Por qué me agrede si yo a usted nunca le he hecho nada?’”, expresó la escolta en la denuncia recibida por la asociación.

El relato incluyó detalles sobre la presión y las amenazas que la escolta habría recibido de parte de Otero Ojeda, que, según la denuncia, la intimidaba con la posibilidad de perder su empleo si no accedía a sus requerimientos personales.

“Nos ha amenazado tanto a mí como a él, de hacernos perder el trabajo, de hablar con el director de la UNP y hacernos perder nuestro trabajo si no hacemos lo que ella quiera. [...] Ya anoche llegamos al punto de que me agredió”, afirmó la denunciante.

Desde el sindicato Analtraseg, que agrupa a trabajadores de la UNP, han señalado irregularidades en la continuidad del esquema de seguridad asignado a la exfuncionaria. Dicha situación ha sido comunicada en varias ocasiones a la dirección de la UNP, sin que hasta el momento se haya producido una respuesta oficial.

La escolta afectada pidió reserva de su identidad e indicó que tras el episodio de agresión física decidió apartarse del esquema de seguridad, con temor de que episodios similares puedan repetirse. En la denuncia, la escolta manifestó: “Yo ya puse en conocimiento al coordinador.

La denuncia involucra, además, a otros miembros del esquema de seguridad, que presenciaron los hechos y confirmaron ante el sindicato las reiteradas situaciones de maltrato y presión laboral.

Hasta el momento, la Unidad Nacional de Protección ni voceros del actual Gobierno han emitido pronunciamientos públicos respecto a la denuncia sobre la situación de la exfuncionaria.

El caso sigue bajo revisión interna en Analtraseg y podría tener repercusiones en el proceso de elección de la próxima contralora general de la República.

La adjudicación de un contrato por 33.000 millones de pesos para la vigilancia privada en la Zona dos del Servicio Nacional de Aprendizaje (Sena) se ha convertido en el eje de una controversia pública, luego de que tres de los cuatro consorcios participantes señalaran posibles irregularidades y favorecimiento a un solo oferente en la audiencia celebrada el 9 de abril en Bogotá.

El proceso, que abarca los departamentos de Arauca, Casanare, Boyacá, Santander, Norte de Santander y Meta, ha despertado inquietud en torno a la transparencia y equidad de la licitación, sin que exista ningún tipo de respuesta por parte de la entidad.

Durante la diligencia, la atención se centró en las denuncias de los consorcios competidores, que afirmaron que los requisitos de los pliegos de condiciones coincidían exactamente con los perfiles de la Unión Temporal DI Seguridad, integrada por las empresas Detección Seguridad Privada Ltda e Implementar Seguridad Ltda.

Según los oferentes, los criterios establecidos habrían restringido la competencia, ya que solo esa unión temporal podía cumplir con todos los parámetros exigidos. Una veeduría ciudadana había advertido sobre esta situación desde la etapa de borradores del proceso.

Los denunciantes indicaron que los informes de evaluación y ponderación no se publicaron antes del inicio de la audiencia, lo que impidió que pudieran analizar los resultados y preparar observaciones fundamentadas. Ante las acusaciones por falta de transparencia en la publicación de los informes, se tomó la decisión de suspender temporalmente la diligencia.

Infobae Colombia conoció que los representantes de los consorcios no favorecidos manifestaron que el comité evaluador aplicó criterios más estrictos para evaluar sus propuestas, en contraste con el trato recibido por la Unión Temporal DI Seguridad, y aseguran que a su grupo se les exigió subsanar requisitos de experiencia y documentación que, presuntamente, no se solicitaron al oferente finalmente recomendado para la adjudicación.

Ante la gravedad de las denuncias, la Procuraduría General de la Nación intervino en el proceso y expresó preocupación por la posible existencia de un “pliego a la medida”. El órgano de control recordó que las alertas sobre un supuesto direccionamiento ya habían sido comunicadas previamente y solicitó al comité evaluador que garantice la igualdad de condiciones para todos los participantes.

Los denunciantes indicaron que, a pesar de la gravedad de las denuncias, la administración del Sena concedió únicamente un receso de 90 minutos antes de retomar la audiencia y los asistentes al proceso consideraron insuficiente este tiempo para la revisión y respuesta a las controversias expuestas, dado el volumen de documentos y la gravedad de los señalamientos, por lo que se pedirá una nueva suspensión.

Cabe recordar que el contrato en disputa abarca la seguridad de sedes y centros de formación en seis departamentos de la región centro-oriente del país. De acuerdo con los pliegos, la adjudicación busca garantizar la prestación continua de servicios de vigilancia privada, un rubro que históricamente ha sido objeto de múltiples licitaciones e investigaciones administrativas en el sector público colombiano.

Entre los aspectos filtrados de la adjudicación está que la Unión Temporal DI Seguridad, señalada como posible beneficiaria del proceso, está conformada por Detección Seguridad Privada Ltda. e Implementar Seguridad Ltda., empresas con trayectoria en la prestación de servicios al Estado. En audiencias anteriores, representantes de otras firmas competidoras ya habían hecho énfasis en la coincidencia entre los requisitos técnicos y la experiencia acreditada exclusivamente por este grupo empresarial.

Voceros de las partes denunciantes indicaron a Infobae Colombia que lo registrado en la audiencia es una muestra de las irregularidades que se han registrado en el proceso y denunciaron dos aspectos.

En primer lugar, falta de transparencia, argumentando que la audiencia debió suspenderse inicialmente porque los informes de evaluación y ponderación no se publicaron a tiempo. Segundo, desigualdad de criterios: Los oferentes rechazados e inconformes aseguran que se les aplicó un rigor evaluativo que no se usó con el consorcio “favorito”, el cual, presuntamente, no subsanó requisitos de experiencia exigidos a los demás.

El testigo que registró el hecho las confrontó: “Mire, está robando el pasaje descaradamente con el hombre de la vigilancia. No va a decir nada. Oiga, ¿tiene que robarle el pasaje? ¿Es costumbre robar el pasaje?” Una de ellas no dudó y replicó: “Sí, sí es costumbre“.

En la grabación, la indiferencia del vigilante generó indignación. Varios usuarios opinaron: “Ese señor no quiere trabajar, que pase por su liquidación y le den la oportunidad a otro”. Otros sugirieron medidas: “Deben implementar cámaras de reconocimiento facial en todas las estaciones y los colados publicarlos en redes, comerciales, pantallas, el castigo social es más fuerte que una sanción económica que nunca van a pagar”.

Algunos comentarios reflejan frustración: “Esa estación es así a toda hora, hasta le pican el ojo al guarda seguridad, se ríen y todo normal”. Otros señalaron: “Gente que puede pagar un pasaje pero nacen con mentalidad delictiva”.

La evasión del pago del pasaje en TransMilenio ha dejado una marca profunda en la economía y el funcionamiento del transporte público en Bogotá. Samir Abisambra, concejal del Partido Liberal, advirtió en diciembre de 2025 que esta conducta no solo debilita la sostenibilidad del sistema, sino que “golpea las finanzas de la ciudad y perjudica a millones de usuarios que sí cumplen con su obligación”.

Durante 2025, la evasión en el componente troncal del sistema provocó una afectación económica de $265.048.729.898. Este monto, señaló el cabildante, “se hubiera podido destinar a mejorar la seguridad, la frecuencia y la calidad del servicio”. El impacto de este déficit se traduce en menos recursos para inversiones esenciales y en una presión constante sobre el presupuesto distrital.

Según datos proporcionados por Transmilenio, el índice de evasión en 2025 fue del 13%. Sin embargo, las obras del Metro de Bogotá en troncales clave, como la Caracas, propiciaron el retiro de puertas automáticas y sistemas de control como el BCA (Barreras de Control de Acceso) y el PAT (Pasillo Automático/Torniquetes). Esta situación derivó en un incremento de 1,29 puntos porcentuales en el segundo semestre, situando la evasión en un preocupante 15,19%.

En la búsqueda de soluciones, Transmilenio ha implementado herramientas como TransmiPass, que ha mostrado resultados alentadores. Hasta diciembre de 2025, se vendieron 16.426 abonos. La administración destacó que el 86% de quienes lo adquieren lo vuelven a comprar cada mes, lo que, a juicio de las autoridades, demuestra que cuando existen opciones accesibles, los ciudadanos sí cumplen.

No obstante, el crecimiento de la evasión ha reavivado el debate sobre la necesidad de fortalecer la cultura ciudadana. Muchos consideran que, antes de que el Metro de Bogotá entre en funcionamiento, debe diseñarse una estrategia robusta en este campo, aunque algunos la perciban como un gasto innecesario.

Ejemplo de su potencial impacto fue el programa de cultura ciudadana liderado por Antanas Mockus, que habría cambiado el comportamiento de los bogotanos al momento de cruzar las vías por los puentes peatonales.

El control del acceso en el sistema recae en los vigilantes de Transmilenio, quienes forman parte de empresas de seguridad privada. Sus responsabilidades comprenden la prevención, la disuasión y la protección de la infraestructura, además de reportar emergencias y garantizar el respeto de las normas por parte de los usuarios.

Por otro lado, un estudio de la Universidad Nacional realizado en 2019 desmonta la idea de que la evasión se debe principalmente a dificultades económicas. La investigación concluyó que la mayoría de los bogotanos que se cuelan lo hacen “por falta de cultura ciudadana y apropiación del sistema”, además de percibir que Transmilenio “no es un bien público, sino privado”.

Debido a los problemas por falta de transporte público que aún tiene Bogotá en varios sectores, los proyectos con los que el distrito promete terminar con el calvario de los ciudadanos llaman la atención de la ciudadanía y de los veedores políticos.

Al respecto, el 8 de abril se conoció la denuncia que realizó la concejala Diana Diago sobre el proyecto de construcción del Transmicable Potosí, que fue presentado como uno de los más importantes para mejorar la movilidad en el sur de la ciudad.

Diago recordó que la adjudicación del contrato se registró en diciembre de 2023 en la administración de Claudia López, que celebró la noticia al indicar que con ello le cumplía a los bogotanos.

En una publicación que realizó López en ese momento, anticipó que el contratista tendría 12 meses para concretar la etapa de estudios y 24 para la construcción final del transporte público, que tendría cuatro estaciones.

Con la adjudicación se afirmó que el transmicable sería utilizado por la ciudadanía en 2027; sin embargo, Diago denunció que el proyecto, que requiere una inversión de $529.000 millones, está suspendido y la fase de construcción no ha avanzado, mientras la de ejecución financiera es del 1.9%.

De acuerdo con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), aunque los estudios están terminados, no hay ninguna obra en ejecución en la actualidad, a pesar de que el distrito ya desembolsó más de 9.000 millones de pesos al contratista.

La concejala recordó que el proyecto ya tiene dos prórrogas y tres suspensiones, y se estima que debería ser entregado en agosto de 2028, aunque la fecha podría moverse de nuevo debido a un retraso de nueve meses en el cronograma presentado.

Diago recordó que el Transmicable Potosí es una solución de movilidad para más de 600.000 habitantes de Ciudad Bolívar y sectores de Soacha; debe tener una extensión de 3.3 kilómetros, cuatro estaciones y la capacidad de movilizar 4.000 pasajeros por hora.

Hasta el momento, los ciudadanos siguen confiando en la promesa de que, cuando funcione, este transporte público les ahorrará 30 minutos en sus recorridos diarios y hasta en un 75% el tiempo que tardan en transportarse en la semana.

Durante su intervención, Diago se mostró indignada al asegurar que los ciudadanos afectados con las demoras en la obra pierden hasta siete días durante un año por los trayectos que realizan actualmente para llegar a sus trabajos o centros educativos.

“Esto es una burla con los habitantes de Ciudad Bolívar. La exalcaldesa Claudia López prometió una obra que transformará la movilidad del sector, pero hoy lo único que hay es un contrato suspendido, no hay obra y los retrasos son evidentes”.

Desde el Concejo de Bogotá, Diana Diago cuestionó el manejo del proyecto del Transmicable Potosí, señalando que tanto la administración anterior como la actual han incumplido con la ciudadanía.

La concejala destacó que, aunque se prometió entregar la obra en 2027, aún no inician los trabajos de construcción, lo que considera una muestra de improvisación por parte del distrito, cuyos errores terminan afectando a los bogotanos.

Diago realizó un llamado urgente al alcalde Carlos Fernando Galán y al IDU para que aceleren los trámites necesarios y así puedan comenzar las obras sin más demoras, asegurando la adecuada ejecución del proyecto. La cabildante reafirmó que Ciudad Bolívar no puede esperar más, pues el cable aéreo representa una solución real y necesaria frente a los problemas de movilidad que enfrentan diariamente cientos de miles de familias en la zona sur de Bogotá, y pidió que el alcalde Galán no se escude al indicar que se trata de un proyecto de la administración anterior.

Una operación de alto impacto contra estructuras del crimen organizado en Honduras, que inicialmente fue presentada como un golpe contundente al narcotráfico, ha derivado en una fuerte polémica institucional tras la decisión de una jueza en el departamento de Olancho de dejar en libertad a un sospechoso capturado con un arsenal de armas de alto poder.

La situación ha provocado la indignación de las autoridades de seguridad, particularmente del director de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), el general Ramiro Muñoz, quien denunció públicamente lo ocurrido y cuestionó el actuar del sistema judicial.

Las fuerzas de seguridad habían presentado el operativo como un hito en su ofensiva contra el narcotráfico, al identificar que el arsenal asegurado evidenciaba el alto nivel de peligrosidad del detenido y la complejidad de la organización en la que presuntamente operaba.

La jueza competente determinó conceder la libertad bajo condiciones: la obligación de Paguada Gómez de firmar semanalmente ante las autoridades y el pago de una multa de 100 mil lempiras. Detalló que esta medida se adoptó en sustitución de la prisión preventiva habitual para este tipo de delitos.

En el marco de la operación, las autoridades decomisaron 129 bienes inmuebles, entre 80 y 90 vehículos, 36 armas de fuego —varias de uso prohibido y equipadas con silenciadores— y al menos 11 productos financieros supuestamente vinculados a actividades ilícitas, según documentó el director de la DLCN, Ramiro Muñoz.

. Este hallazgo, unido al papel de Paguada Gómez, considerado por la investigación como pieza clave dentro de la estructura financiera del grupo criminal, subraya la dimensión de la acción policial y la expectativa de debilitamiento de las redes delictivas.

El general Muñoz, director de la DLCN, expresó: “Es un insulto para el pueblo hondureño que dejemos libre a alguien con este tipo de evidencia”. Para Muñoz, la resolución representa un revés para las fuerzas de seguridad y transmite un mensaje equivocado a la sociedad sobre la capacidad del Estado para enfrentar el crimen organizado.

La fiscalía y autoridades de seguridad coordinaron el operativo de forma simultánea en los departamentos de Francisco Morazán, Olancho y El Paraíso. El objetivo declarado fue el aseguramiento de activos usados, según las pesquisas preliminares, para lavar dinero proveniente del narcotráfico.

Tras la denuncia, el Poder Judicial de Honduras abrió una investigación interna para esclarecer la actuación de la jueza responsable. El portavoz judicial, Melvin Duarte, confirmó que: “Ha sido enviado un inspector más para documentarse y auxiliar el trabajo; una de las prioridades es poner atención a este tipo de situaciones y dar vigilancia permanente”, detalló. Insistió en el compromiso institucional con la transparencia y la rendición de cuentas.

La Supervisión General del Poder Judicial interviene en el expediente, con el propósito de garantizar la normalidad procesal y descartar presiones externas que pudieran haber afectado la decisión. Esta línea de investigación responde a denuncias públicas y la preocupación de distintos sectores ante una posible afectación de la integridad judicial.

Duarte indicó que el Ministerio Público dispone de recursos legales para impugnar la decisión si encuentra errores de fondo: “Ante una situación procesal en la cual el ente acusador no se encuentre de acuerdo con la decisión que ha tomado un juez en determinado caso, le queda el camino recursivo; el MP a partir de hoy tiene abierto el camino procesal pertinente y presentar el recurso correspondiente”, señaló.

El caso de Paguada Gómez se convirtió en un símbolo de las tensiones entre las agencias de seguridad y el sistema de justicia en Honduras. Las fuerzas policiales sostienen que operativos de esta magnitud solo cumplen su objetivo si los jueces refuerzan el compromiso estatal al dictar medidas acordes con la gravedad de los delitos imputados

Luego de que el pasado 7 de abril se hiciera viral un video donde un conductor graba el apuntalamiento de pilotes en la sección 5 del Tren Maya, asegurando un inminente hundimiento, la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, reiteró que es necesario asegurar la estabilidad de esta estructura para proteger a la población.

Garantías para evitar una tragedia

La estabilidad estructural de esta obra debe buscar prevenir cualquier riesgo, el cual pueda derivar en una tragedia como la de hace unos meses en el ferrocarril transístmico, con 14 víctimas mortales, recordó la legisladora:

“La ciudadanía tiene derecho a conocer las condiciones de seguridad, estabilidad y viabilidad del proyecto, así como las acciones que se están implementando para garantizar su integridad”.

La diputada presidenta consideró imprescindible que las autoridades competentes proporcionen información completamente transparente sobre el estado actual de la obra, tras la difusión de posibles hundimientos en pilotes del Tramo 5 del Tren Maya y los trabajos de apuntalamiento efectuados por elementos del Ejército mexicano en áreas de cenotes y cavernas.

“Es indispensable que se realicen todas las acciones de ingeniería necesarias para asegurar la estabilidad estructural del Tren Maya y salvaguardar la vida de las personas, bajo los más altos estándares de seguridad”, comentó.

Sheinbaum aseguró que pediría dictamen técnico

Durante la conferencia La Mañanera del Pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la revisión detallada y el dictamen técnico para confirmar las condiciones del tramo reportado ya fueron solicitados.

Solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), especialista en estructuras, mantener una reunión con personal de la Secretaría de la Defensa Nacional con el objetivo de analizar la denuncia y elaborar un dictamen técnico:

“No hay ningún problema en este momento con el Tren Maya. De todas maneras, le pedí que hiciera esta revisión particular, para que pueda darse un dictamen técnico”.

Revelan video con supuesto hundimiento del Tren Maya

Un video difundido en redes sociales, el cual fue grabado por un ingeniero de Quintana Roo reveló que ingenieros del Ejercito Mexicano se encuentran trabajando en el Tramo 5 del Tren Maya.

El hombre se acerca a la construcción donde personal le pide no grabar por ser una zona federal y aunque él pregunta por los trabajos que están realizando, no obtiene ningún dato. Al insistir, le pidieron que se retirara del lugar y que de seguir grabando debería mostrar su permiso para grabar.

“Hay hundimiento de pilotes, son 7 mil, ¿cómo va a estar este tramo dentro de un año?”, cuestiona el ingeniero.

Ante la negativa de grabación por parte de los trabajadores, la presidenta aseguró que hay libertad de expresión:

“No deberían de haberle pedido que borrara el video, se puede publicar cualquier video, hay libertad de expresión en México”.