El hecho ocurrió luego de que el sistema no reconociera el código QR de su tiquete porque, involuntariamente, tras un lavado de manos, lo mojó. Sin embargo, el ciudadano pagó los $50.000 pesos como penalidad y mostró los documentos que lo acreditan como propietario del vehículo para poder evacuar el reconocido establecimiento.

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A pesar de haber pagado la multa por el tiquete de parqueo en mal estado, el personal de Hacienda Santa Bárbara desestimó su comprobante del pago y su identificación, y los guardia de seguridad del parqueadero le impidieron la salida del parqueadero durante varias horas.

La víctima tomó registro de todo con videos y fotos y los compartió con este medio.

“Este video lo hago para mostrar la injustificada acción cometida por los encargados del parqueadero. Ingresé a las 06:49 a. m. para realizarme unos exámenes médicos y actualmente son las 09:30 a. m., como pueden ver en mi reloj, pero aún no me han permitido salir. Argumentan que debo pagar cincuenta mil pesos porque el papel del parqueadero se dañó al mojarse cuando me lavé las manos; la tinta del código QR se borró y no pudo ser leído. Fui y pagué, pero llevo aquí dos horas sin que me permitan salir del parqueadero. Considero que esto es una retención”, relató el hombre.

Afanador aseguró que los funcionarios del parqueadero le advirtieron que “si se va, no respondemos por su carro”, de manera que el empresario debió permanecer en el lugar y perder una cita médica programada con su hijo.

La situación escaló cuando el empresario solicitó la intervención de la Policía Nacional. De acuerdo con Molina Afanador, los funcionarios policiales presentes manifestaron que su actuación se vio limitada por la negativa del personal del centro comercial, que, de acuerdo con la denuncia, insistieron en que la autoridad no tenía jurisdicción en el complejo comercial por tratarse de “propiedad privada”.

Además, el afectado denunció que la operación de seguridad fue dirigida por una coordinadora de servicios de aseo, identificada como “Dina”, y no por un jefe de seguridad.

Mientras la Policía permanecía en el sitio, una superior del centro comercial, a quien el personal llamaba “Doctora”, impartió instrucciones por altavoz de no entregar información a la autoridad y amenazó con contactar a un funcionario policial de alto rango. Afanador alegó que la escena le recordó el caso de “¿usted no sabe quién soy yo?“.

Molina indicó que la “retención de facto” se mantuvo hasta que su abogada intervino. Con la profesional argumentaron que el hecho se trataba de un presunto exceso de autoridad y extralimitación de funciones.

Tras el argumento jurídico, el personal de seguridad permitió la salida, y algunos empleados abandonaron el lugar “apresuradamente sin identificarse”. De hecho, la denuncia suministrada a este medio también relató que al verse confrontados con el personal jurídico reaccionaron con un: “Bueno, apúrense y váyanse”.

“Lo revelador es que los funcionarios optaron por abandonar el lugar —algunos corriendo por las escaleras eléctricas— negándose a entregar su identificación y evidenciando que no existía ningún procedimiento legítimo que respaldara su actuar. Igualmente la señora “Dina” se escabulló cuando Molina intentó grabar su respuesta a la pregunta de qué protocolos estaban siguiendo ellos u órdenes de quién: ‘Ah no, si me graban, no hablo’, dijo la señora“, constó en el documento.

Durante el tiempo de espera, Molina Afanador relató que otras dos mujeres también permanecían retenidas bajo circunstancias similares.

Tras los acontecimientos, el empresario cuestionó la legalidad de las acciones de Hacienda Santa Bárbara y exhortó a la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) y a la Policía Nacional a investigar si es legítimo retener a ciudadanos y sus vehículos debido a fallas en los sistemas internos de validación, así como la jurisdicción real de la autoridad en propiedades privadas de acceso público.

“Es increíble que yo tenía el papel, pagué, mostré mi cédula y aun así fui tratado como un delincuente. Si esto le pasa a alguien que conoce sus derechos, ¿qué le puede pasar a un ciudadano desprevenido en Hacienda Santa Bárbara?”, cuestionó el afectado, que pide a las autoridades que actúen para evitar que más usuarios sean víctimas de este tipo de situaciones.

El centro comercial dio su versión de lo sucedido: “Este procedimiento es estándar y se aplica sin excepción”

El centro comercial Hacienda Santa Bárbara respondió oficialmente a las acusaciones de Víctor Molina Afanador y enfatiza: “La seguridad es y seguirá siendo la prioridad absoluta de Hacienda Santa Bárbara”.

La administración recalca que sus protocolos no son arbitrarios, sino que son procedimientos técnicos obligatorios, diseñados para proteger tanto a los usuarios como a sus vehículos y el propio sistema del parqueadero.

Frente al incidente específico, el comunicado detalla que, al presentarse un tiquete en mal estado, se activó el protocolo interno de verificación. Este proceso incluyó el registro en el sistema, la validación por cámaras y la revisión de trazabilidad. En palabras del centro comercial: “Este procedimiento es estándar y se aplica sin excepción”.

Hacienda Santa Bárbara subraya que sus sistemas tecnológicos emplean herramientas de inteligencia artificial y mantienen enlace con la Policía Nacional. Según la administración, los procesos de verificación se realizan en coordinación con las autoridades y bajo el marco legal vigente.

Protocolos y flujo vehicular

El documento oficial relata que, durante el procedimiento, el vehículo involucrado bloqueó la salida hacia la carrera Séptima, lo que generó congestión y obligó a redireccionar temporalmente el flujo vehicular hacia la calle 114. Esta maniobra, reconoce la administración, ocasionó demoras adicionales para los demás usuarios.

La administración niega tajantemente haber restringido la libertad del usuario. Afirma: “Es absolutamente falso que haya existido retención de persona alguna. En ningún momento se restringió la libertad del usuario. La verificación recaía exclusivamente sobre el vehículo, conforme a los protocolos de seguridad”.

También desmiente que Molina Afanador haya permanecido cinco horas en el sitio o que haya sido “atrapado”. “Todo el procedimiento se encuentra debidamente registrado en video y respaldado por los sistemas tecnológicos enlazados con la Policía Nacional”, remarca el comunicado.

El centro comercial sostiene que su actuación se realizó con rigor técnico y coordinación institucional. Además, insiste en que no renunciará a sus estándares de seguridad: “Actúa con rigor técnico, coordinación institucional y absoluto respeto por la ley. Su responsabilidad es garantizar un servicio seguro, transparente y confiable para todos”.

A un mes del fallecimiento de Ómar Geles, cantautor y fundador de la agrupación vallenata Los Diablitos, su hermano Juan Manuel Geles denunció públicamente a Plutarco Urrutia, que utilizó ilegalmente la marca del grupo.

A través de sus redes sociales, Geles expresó su preocupación debido a que recibió amenazas y señaló que su integridad física está en peligro.

“Porque veo amenazada mi seguridad, tengo la obligación de hacer esta denuncia pública, algo que no quería hacer en este momento tan difícil de mi vida, pero esta situación con el estafador, usurpador de nuestra marca Los Diablitos, Plutarco Urrutia, se está saliendo de control”, escribió Geles en sus redes sociales. Agregó que Urrutia estaría enviando comunicados falsos a empresarios, alegando ser el representante legal del grupo, y acusándolo a él de ser el estafador.

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El nombre de Los Diablitos del Vallenato ha sido objeto de disputa legal desde el antes del deceso de Ómar Geles, que murió el 21 de mayo de 2024 a los 57 años, tras sufrir un infarto mientras jugaba tenis en el Club Campestre de Valledupar.

Juan Manuel, también conocido como Juancho Geles, expresó su temor por las posibles represalias de Urrutia, a quien identificó como la persona responsable de vender presentaciones de Los Diablitos bajo falsos pretextos. El hermano del fallecido compositor afirmó que el supuesto estafador ha estado usando ilegalmente la marca del grupo para realizar conciertos en Colombia y en el extranjero.

”Este individuo se está creyendo tanto el cuento de que es el dueño de nuestra agrupación que le ha estado enviando comunicados a los empresarios que nos contratan, diciendo que yo soy el que los está estafando y no él. No conforme con robarnos algo que logramos con nuestro talento y esfuerzo mi hermano (qepd) y yo hace más de 30 años, ahora para rematar utiliza la imagen de Omar Geles en su publicidad para provocarme, está profanando la memoria de mi hermanito”, añadió Geles.

Las acciones han escalado al punto donde Juan Manuel Geles se ha visto obligado a acudir a la justicia para defender sus derechos como propietario de la marca: “Yo no voy a entrar en su juego, todo lo dejo en manos de Dios y las autoridades competentes (...) que peligro Dios mío, líbrame de este mal”, indicó Juan Manuel.

Entre tanto, las redes sociales de Plutarco Urrutia también presentan una versión diferente de los hechos. Urrutia argumentó que tiene derecho a utilizar el nombre de “Los Diablitos del Vallenato” y denunció hostigamientos por parte de Juan Manuel Geles.

“Los artistas están siendo difamados y molestados. El señor Juan Manuel Geles está amenazando y calumniando con difamaciones de mi persona, que dirían que son mentiras, con supuestamente argumentos que son errados, utilizando un video de lo cual tuve un inconveniente en Europa que me quedan mal, mezclando una cosa con la otra”, indicó Urrutia en un video publicado en sus redes sociales.

La disputa comenzó cuando, según relató Juan Manuel Geles al medio El Pilón, Urrutia aseguró haber comprado por 70 millones de pesos los derechos de Los Diablitos a Codiscos, algo que Geles califica como “totalmente falso”. Además, añadió que Urrutia también ha estafado con otras marcas musicales como “Los Inquietos”, “La Sonora Dinamita” y “Adolescentes de Venezuela”.

“Años antes de nosotros reactivar la marca Los Diablitos, este señor Plutarco Urrutia, que es un estafador profesional, se consiguió unos papeles falsos en los que supuestamente le compró por 70 millones de pesos los derechos de Los Diablitos a Codiscos, algo que es totalmente falso”, contó Geles al medio.

Los enfrentamientos entre Juan Manuel Geles y Plutarco Urrutia no son recientes. Ya en años anteriores, Urrutia había intentado usar el nombre de la agrupación sin autorización. Sin embargo, la situación escaló después del fallecimiento de Ómar Geles

“Le hice una propuesta amigable para que trabajara conmigo legalmente y por cada contrato que consiguiera le pagaba una buena comisión... Me dice que a raíz de lo que le pasó al maestro Omar eso le tocó el corazón y por primera vez en la vida me reconoció que estaba haciendo ilegal. En una muestra de buena fe me llamó para que le pasara una cotización en el interior del país, le dije que sí, que la pasáramos a nombre mío como representante legal y él como Brookings (agente de contratación) de Los Diablitos y prometió que tocaba hasta el 30 de junio, pero no cumplió”, contó Geles.