El asesinato de la doctora Maryini Carrasco López a las afueras de Petén ocurrió la mañana del martes, cuando la médica nicaragüense circulaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel, en Poptún. Según 100% Noticias, en el ataque murió Carrasco López y Rosa Cohuoj resultó herida.

Las primeras informaciones sugieren que el ataque podría estar relacionado con un intento de asalto, aunque las autoridades no confirmaron el móvil ni realizaron capturas.

La médica era originaria de San Juan de Limay, Nicaragua, y se había radicado en el municipio de Dolores, Petén, donde residía desde hacía una década.

Según 100% Noticias, la especialista fue atacada mientras circulaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel, en el municipio de Poptún.

La investigación sigue abierta, mientras la familia de la víctima, amigos y colegas exigen justicia y mayor protección para el personal sanitario y los migrantes que, como Maryini, hicieron de Guatemala su hogar.

El perfil de la víctima

Maryini Carrasco López era reconocida en Dolores por su trabajo como médica. Vecinos y pacientes la describieron como una persona cercana, siempre dispuesta a orientar y asistir a quienes la necesitaban.

En redes sociales, colegas y amigos recordaron la trayectoria de la médica, egresada de la UNAN-León en la promoción de 2006. Una excompañera de estudios expresó: “Maryini era una mujer humilde y alegre, una gran persona”, mientras otros mensajes lamentaron el impacto de la delincuencia en la vida cotidiana al afirmar: “Maldita delincuencia se ha vuelto el pan diario”.

La noticia de su muerte provocó mensajes de pesar desde Guatemala y Nicaragua.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en Guatemala y sobre la protección de los migrantes y de los profesionales de la salud.

Otro nicaragüense víctima de violencia en Guatemala

El crimen de la doctora ocurre tres semanas después del asesinato del también nicaragüense Bayardo José Vásquez quien fue atacado a balazos el pasado 26 de mayo en la capital de Guatemala, según informó el diario La Prensa de Nicaragua.

Ambos casos se suman a una creciente preocupación por la seguridad de los migrantes nicaragüenses en la región.

Vásquez, de 52 años y originario de Corinto, Chinandega, había logrado establecerse gracias a su negocio propio, una joyería denominada El Ángel de Oro. En dicho local, ubicado en la aldea El Cerinal del municipio de Barberena, se dedicaba a la reparación de joyas, anillos de compromiso y lentes. El emprendimiento fue el resultado de varios años de esfuerzo y trabajo en Guatemala.

Según testigos, el comerciante, conocido entre la comunidad como “Nica”, se encontraba barriendo la acera de su joyería cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon de manera directa, provocándole la muerte en el acto.

El asesinato de Bayardo Vásquez pone en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los nicaragüenses que buscan mejores condiciones de vida en Guatemala.

Testimonios recabados en el lugar apuntan a la brutalidad del ataque, que fue perpetrado por desconocidos sin mediar palabra ni intento de robo, lo que ha generado inquietud sobre la motivación detrás del crimen y la vulnerabilidad de los migrantes.

Este hecho provocó consternación tanto entre sus paisanos como en la comunidad guatemalteca, donde Vásquez era conocido por su labor y su integración al entorno local. Tras el ataque, la Policía local inició las investigaciones, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances sustanciales en el caso.

El clima de inseguridad y la falta de protección para los trabajadores extranjeros en Guatemala han sido señalados por líderes comunitarios como una problemática urgente. En las últimas semanas, la reiteración de estos episodios de violencia ha llevado a familiares y amigos de las víctimas a exigir a las autoridades una respuesta efectiva y mayor atención a la seguridad de los migrantes.

Perseguir el crimen tiene su coste. En España, cada día se cometen 6.778 delitos, según datos del Ministerio del Interior. Por eso, Policía Nacional y Guardia Civil deben estar muy bien preparadas. Y eso incluye la dotación de los mejores medios materiales. La División Económica y Técnica de la Policía Nacional, por ejemplo, acaba de iniciar la licitación de dos contratos para facilitar a sus agentes elementos muy específicos para su trabajo diario: trajes de alta protección antibombas y pilas de litio para que las balizas de seguimiento duren bastante en el tiempo en operaciones encubiertas. De hecho, la Policía Nacional está dispuesta a pagar un máximo de 70.100 euros por traje y 15 euros por cada pila.

El primer contrato fue licitado este domingo 14 de junio. Se trata de la compra de 30 trajes de alta protección antibomba con cascos asociados, que deben durar cinco años, para el equipo de los TEDAX-NRBQ. Esta especialidad tiene como misión la detección y desactivación de artefactos explosivos o compuestos de sustancias peligrosas que emplean las organizaciones criminales. “Los artefactos explosivos cada vez presentan mayor complejidad técnica y poder de destrucción, lo que obliga a estudiar el mercado y las tecnologías con el fin de poder establecer y dotar al especialista TEDAX-NRBQ de los más modernos y eficaces medios de protección”, explican desde la Policía Nacional. Entre esos medios están los trajes que los conocidos como artificieros deben llevar para poder manipular explosivos con cierta seguridad.

La Policía ha cuantificado en 70.180 euros el coste de cada traje (impuestos incluidos). En el año 2023, el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección General de la Guardia Civil licitó un contrato parecido para comprar cuatro trajes de desactivación de explosivos (EOD), por el que acabó pagando 49.500 euros, impuestos no incluidos. Un año después, en 2024, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra licitó otro contrato de seis trajes por un importe unitario de 62.363 euros, impuestos tampoco incluidos.

El traje con casco asociado estará diseñado para ofrecer la máxima protección “contra los efectos de la sobrepresión, fragmentación, impacto y calor en operaciones, todo ello sin menoscabo de la flexibilidad y el confort. El traje proporcionará máxima protección de 360º incluida la parte trasera de las piernas. Contará con sistema de ventilación en traje y casco”, señala el pliego de condiciones técnicas. Cada traje, sumando el casco, pesa entre 29 y 35 kilos, según la talla. Desde 1975, esta unidad de élite ha realizado más de 438.000 intervenciones y trece agentes han fallecido en acto de servicio.

144.000 euros el pilas

El segundo contrato ha sido licitado este martes: 144.000 euros para comprar pilas de litio. La Jefatura de Sistemas Especiales tiene encomendada como función principal prestar apoyo técnico operativo a las diferentes unidades de investigación que existen en la Policía Nacional. “Los integrantes de las organizaciones delictivas dedicadas al crimen organizado cada vez adoptan procedimientos más sofisticados para evitar ser descubiertos y llevar a cabo sus actividades ilícitas, por ello se necesita contar con equipos de última tecnología para lograr mantener el control de los objetivos de forma eficaz y discreta”, señala el pliego.

Las pilas, que se usan específicamente en equipos de seguimiento y transmisores, deben de ser muy estables en tensión, de alta densidad de energía, una autodescarga muy débil y resistentes a variaciones de temperatura. El objetivo es comprar 7.750 pilas a 15 euros la unidad y 200 baterías a 14 euros cada una. Los agentes usan las balizas de seguimiento para luchar contra el crimen. Estos aparatos emiten señales electromagnéticas recogidas por un captador de una determinada tecnología, señales que sitúan la posición del objetivo sobre una cartografía. Estos objetivos balizados, como personas, coches, aeronaves o barcos pueden encontrarse de forma habitual durante mucho tiempo fuera del alcance de los policías, incluso fuera de España.

Por este motivo, la Policía Nacional necesita un uso discreto de estos equipos, que deben alimentarse con pilas de gran carga, suministro sostenido y reducido peso (51 gramos). La mejor opción son las pilas de litio, que son mejores que las de níquel cadmio y níquel metal hidruro. Además, almacenan más del doble de energía y suministran la energía que se les solicita de forma sostenida, sin picos ni valles. Las pilas de litio pierden, en el peor de los casos, el 5% de la energía acumulada año a año desde su fabricación, frente al 25% del resto de las pilas.

Los sistemas tradicionales de revisión y vigilancia utilizados durante décadas para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles han comenzado a mostrar signos de obsolescencia frente al avance de la tecnología.

Lo que antes dependía principalmente de visitas, encomiendas o corrupción interna, ahora incorpora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten a las organizaciones criminales burlar controles y mantener operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Uno de los principales desafíos para las autoridades panameñas es el uso de drones para introducir celulares, drogas, armas, cargadores, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos en las prisiones del país.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 1,349 drones en distintos centros penitenciarios como resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias.

Las investigaciones han permitido además detectar una amplia red logística detrás de estas operaciones. Como resultado de las incautaciones asociadas a estas maniobras, las autoridades han recuperado 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores para armas, 1,855 teléfonos celulares, cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

Según los organismos de seguridad, muchos de estos aparatos son drones comerciales modificados para transportar cargas de mayor peso, realizar vuelos nocturnos y operar a distancias que dificultan su detección por parte de los custodios penitenciarios.

El fenómeno quedó nuevamente en evidencia hace apenas unos días durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario La Joyita, donde las autoridades decomisaron 451 teléfonos celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, 35 cargadores, diez armas de fuego, 82 municiones y otros artículos prohibidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en el mismo complejo penitenciario donde la semana pasada se registró la evasión de 195 privados de libertad, de los cuales cerca de una veintena permanece prófuga.

La presencia de routers, antenas y equipos de comunicación refuerza las preocupaciones de las autoridades sobre la capacidad que mantienen algunos grupos criminales para coordinar actividades desde el interior de los centros penitenciarios.

La utilización de drones no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero sí se ha intensificado durante los últimos años.

En marzo de este año, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó sobre el hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya.

Tras la inspección se determinó que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Para los investigadores, este caso evidenció cómo los grupos criminales han comenzado a reemplazar métodos tradicionales de contrabando por sistemas tecnológicos que reducen los riesgos para quienes participan en las entregas.

Los drones permiten realizar operaciones rápidas durante la noche, evitan el contacto directo con los reclusos y pueden ser programados para liberar la carga en puntos específicos previamente coordinados.

Las autoridades penitenciarias reconocen que algunos centros se han convertido en objetivos recurrentes para estas operaciones.

Uno de los casos más notorios ha sido la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. A finales del año pasado, funcionarios del sistema penitenciario revelaron que en algunas jornadas llegaron a registrarse más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La cifra ilustra el nivel de presión que enfrentan los sistemas de vigilancia tradicionales frente a una tecnología cada vez más accesible y económica.

Especialistas en seguridad consultados en distintos foros internacionales han advertido que los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para los sistemas penitenciarios de América Latina.

A diferencia de otros métodos de contrabando, estos dispositivos pueden operar desde zonas alejadas de los perímetros de seguridad, transportar múltiples artículos en un solo vuelo y ser reemplazados rápidamente cuando son decomisados.

Frente a este escenario, la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias han fortalecido sus capacidades de detección y respuesta. Sin embargo, los decomisos recientes reflejan que la batalla está lejos de terminar.

La combinación de drones, redes de comunicación clandestinas y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles plantea un desafío creciente para el Estado. Más allá del ingreso de objetos prohibidos, las autoridades temen que estas herramientas faciliten la coordinación de actividades delictivas, extorsiones, tráfico de drogas y otras operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Las cifras acumuladas durante este año muestran que la lucha contra el contrabando carcelario ya no se libra únicamente en los accesos o en las requisas. Cada vez más, se desarrolla en el espacio aéreo que rodea las prisiones, donde la tecnología se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad pública.

El Gobierno peruano oficializó la prórroga del estado de emergencia en más de 180 distritos del país, una decisión dirigida a enfrentar dos problemáticas de alto impacto: la criminalidad en la región de Tacna y los efectos de las intensas lluvias en 21 regiones.

El Ejecutivo publicó los decretos supremos Nº 086-2026-PCM y Nº 087-2026-PCM en el diario oficial El Peruano, estableciendo la extensión de la emergencia por 60 días adicionales a partir de junio.

En el caso de Tacna, la medida se aplica a los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata, ubicados en la frontera con Chile. Las autoridades fundamentaron la decisión en informes de inteligencia y mapas del delito que advierten la persistencia de hechos delictivos como hurtos, robos, contrabando y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Durante la vigencia de la prórroga se restringen derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal.

Los operativos incluyen vigilancia terrestre y aérea, patrullajes motorizados en la línea fronteriza y monitoreo con drones, según lo establecido en el decreto. La intervención conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas se regirá por los decretos legislativos Nº 1186 y Nº 1095, que regulan el uso de la fuerza y las acciones militares en contextos de emergencia.

El decreto también prevé mecanismos para la autorización de actividades públicas: las de carácter masivo requerirán permiso de las autoridades, mientras que las que no sean masivas podrán realizarse sin autorización previa.

El protocolo de actuación conjunta abarca la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, en concordancia con normativas vigentes sobre detenciones e intervenciones policiales.

Emergencia climática

Paralelamente, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en 179 distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Esta medida, también de 60 días, responde a la persistencia de riesgos debido a lluvias intensas que han afectado infraestructura, viviendas y actividades productivas en diferentes puntos del país.

La ejecución de las acciones está a cargo de los gobiernos regionales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en coordinación con los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

El objetivo es responder de manera inmediata y reducir el riesgo existente, además de iniciar procesos de rehabilitación en las zonas afectadas.

El financiamiento para las medidas de emergencia proviene de los presupuestos institucionales de los organismos involucrados y de recursos adicionales que pueda autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

El decreto establece la obligación de presentar informes finales sobre los resultados de la intervención al término de la prórroga, los cuales serán elevados a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial.

La extensión del estado de emergencia, refrendada por el presidente José María Balcázar y titulares de siete ministerios, mantiene vigentes las disposiciones previas y refuerza la coordinación entre los distintos niveles del Estado para atender tanto la lucha contra la criminalidad como los efectos de los fenómenos climáticos.

El ataque se registró cerca de las 13:30h, según el informe difundido por Exitosa Noticias. Testigos señalaron que los agresores llegaron por la avenida Pachacútec, abrieron fuego contra la zona de obra y escaparon sin ser intervenidos.

La víctima fue identificada como Jorge Mandujano Cotera, de 61 años. La Policía Nacional mantiene el móvil en investigación, aunque una de las principales hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión contra la empresa contratista a cargo de los trabajos.

Ataque a sangre fría deja sin vida a obrero en Lurigancho-Chosica

Según el despacho en vivo de Exitosa Noticias, los sicarios dispararon en reiteradas ocasiones hacia el punto donde trabajaba Mandujano Cotera. El obrero recibió un impacto de bala en la cabeza y murió en el lugar.

Una vecina de la zona relató que el ataque ocurrió de forma repentina y sin mediar palabra. “La persona se encontraba trabajando, como cualquier persona que trabaja día a día en su labor. Y se encontraba tranquilo y de repente apareció alguien y le disparó a sangre fría y se fue, dejándolo tirado”, declaró a Exitosa Noticias.

La misma testigo describió el temor que el caso ha reactivado entre los residentes, en una zona donde, aseguró, la delincuencia ha escalado. “Prácticamente, esto se ha vuelto tierra de nadie. Ya no estamos a salvo de nada”, sostuvo.

En el lugar, agentes policiales realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de información para reconstruir la secuencia del ataque. Una de las principales dificultades señaladas en la cobertura es la falta de cámaras de seguridad en el área, un factor que podría retrasar la identificación de los responsables.

Posible red de extorsión detrás del asesinato de obrero en obra pública

El móvil del crimen continúa bajo investigación, pero las autoridades no descartaron que el asesinato esté vinculado al cobro de cupos y amenazas ligadas a obras de construcción, una modalidad que ha golpeado diversos proyectos en Lima, según versiones recogidas en la zona.

En esa línea, el diario La República informó que el obrero había sido amenazado días previos por presuntos extorsionadores que operan alrededor de la zona. De acuerdo con testimonios citados por ese medio, los delincuentes exigen pagos para permitir el avance de trabajos en obras públicas y privadas.

La obra donde ocurrió el ataque contempla intervención de pistas y veredas y se ejecutaba desde hace aproximadamente un mes, según la información reportada en la cobertura de Exitosa Noticias.

Municipalidad anuncia medidas de seguridad tras asesinato en obra de Chosica

Tras el asesinato, personal de serenazgo acudió al lugar y la municipalidad desplazó a funcionarios para brindar apoyo en la zona. En ese contexto, el gerente municipal José Luis Contreras Zapata confirmó que la intervención corresponde a una obra de “pistas y veredas” y sostuvo que la comuna quedó “preocupada e indignada” por lo ocurrido.

Contreras Zapata señaló que el trabajador asesinado “es recién nuevo” y que prestaba servicios a una empresa que ejecutaba el proyecto. Afirmó que el municipio buscará “medidas de protección” para el personal en obra y, a la vez, exigirá “al gobierno central mayor seguridad” para reducir la criminalidad “con medidas drásticas”. “No podemos trabajar así. Así no hay desarrollo, así no hay progreso”, declaró.

El gerente municipal también indicó que serenazgo acudió “inmediatamente” tras conocer el ataque y que, desde ese punto, la investigación quedó en manos de la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Hay aspectos que ya no competen a nosotros”, dijo, al precisar que esperaban la intervención fiscal y policial para las diligencias de ley.

Sobre la continuidad del proyecto, Contreras Zapata aseguró que la municipalidad mantendrá la obra pese al crimen. Expresó condolencias “en nombre de nuestro alcalde y de todo el cuerpo edil” y sostuvo que el trabajo debe seguir “en beneficio de toda la población de Villa Leticia y de Cajamarquilla”. Añadió que el alcalde Osvaldo Vargas Cuéllar realizaría coordinaciones “a nivel central” para reforzar la seguridad no solo en la zona, sino también en el distrito.

Investigación policial y reclamo vecinal por seguridad

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar la identidad de los atacantes, su ruta de fuga y el objetivo exacto del atentado. La ausencia de cámaras de vigilancia en el área, según se informó en la cobertura periodística, limita la disponibilidad de registros directos sobre el ingreso y salida de los agresores.

En paralelo, vecinos advirtieron que la inseguridad no solo afecta a quienes trabajan en la zona, sino también a familias que viven cerca de los frentes de obra y a escolares de instituciones próximas. “Lo que pedimos es que haya más seguridad, porque la verdad no estamos libres de nada. Ya no podemos andar, tenemos que estar siempre alertas”, reclamó una vecina en declaraciones a Exitosa Noticias.

“Sobre todo con nuestros hijos. Ahora no podemos dejarlos solos, tenemos que estar siempre al cuidado de ellos. Tiene que haber más seguridad. Acá hay demasiada delincuencia”, agregó la testigo, al pedir mayor presencia policial y medidas concretas para prevenir nuevos ataques.

El crimen organizado perdió dos mil 957 millones de pesos en un solo fin de semana tras operativos coordinados del Gabinete de Seguridad en doce estados del país. Las acciones del 29 al 31 de mayo de 2026 incluyeron cateos, detenciones, decomisos de droga, armas y documentos apócrifos, además del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua.

De acuerdo con las cifras, estas acciones representaron uno de los golpes económicos más contundentes al narcotráfico en lo que va del año, en un contexto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta una caída del 49 por ciento en homicidios diarios respecto al último mes de la administración anterior.

La coordinación entre las fuerzas federales —Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Semar y FGR— junto con policías estatales, permitió intervenir en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

A continuación, se presentan los resultados específicos obtenidos en cada estado.

El túnel de Tijuana y los decomisos en Baja California

El hallazgo más llamativo del operativo ocurrió en Tijuana, donde fuerzas de la FGR, la GN, el Ejército y la Semar descubrieron un túnel de 700 metros de longitud con dirección y salida hacia Estados Unidos. La galería medía 90 centímetros de ancho y 1.45 metros de altura, y en su interior las autoridades encontraron cartuchos, 24 envoltorios de metanfetamina, dos bolsas con marihuana y un dispositivo de grabación.

En un segundo operativo también en Tijuana, elementos de la GN, el Ejército y la FGR catearon otro inmueble y aseguraron mil 053 kilos de metanfetamina, cartuchos y un vehículo. A esos decomisos se sumó una acción en San Quintín, donde la FGR y la SSPC detuvieron a una persona, confiscaron 154 mil 794 litros de hidrocarburo, 14 vehículos, 44 tanques, cuatro cilindros de almacenamiento, una máquina despachadora de gas, siete básculas y diversa documentación.

Sinaloa, epicentro de los aseguramientos del fin de semana

Sinaloa concentró el mayor número de operativos individuales del periodo. En Salvador Alvarado, el Ejército cateó un inmueble y decomisó 114 kilos de metanfetamina, 24 kilos de fentanilo, 50 kilos de goma de opio, dosis de cocaína, cinco kilos de marihuana y 125 cartuchos.

En Culiacán, tres acciones distintas arrojaron resultados adicionales. La GN detuvo a cuatro personas y aseguró seis armas largas, 45 cargadores, cinco chalecos tácticos y dos vehículos; la Semar localizó 93 kilos de metanfetamina, un arma larga y 502 cartuchos dentro de un vehículo; y en la sindicatura de Quila, la GN arrestó a dos personas —una de ellas menor de edad— con cuatro armas largas, 31 cargadores, 960 cartuchos y cuatro placas balísticas.

En los poblados de La Tuna y El Durazno, en los municipios de Badiraguato y Tamazula, el Ejército aseguró 110 artefactos explosivos improvisados y un vehículo de carga. En Escuinapa y San Ignacio, la GN y el Ejército decomisaron seis armas largas, 50 cargadores y mil 550 cartuchos.

Michoacán: un detenido con orden de extradición y cinco arrestos más

En Tepalcatepec, fuerzas del Ejército, la FGR, la GN y la Policía Estatal catearon un inmueble y arrestaron a un hombre con orden de extradición vigente. Le confiscaron cuatro armas largas, 18 cargadores, 396 cartuchos, dosis de metanfetamina y dos chalecos tácticos.

En Zitácuaro, en la localidad Aputzio de Juárez, el Ejército detuvo a cinco personas y aseguró cinco armas largas, dos armas cortas, 15 cargadores, 369 cartuchos, cinco chalecos tácticos, seis placas balísticas, un equipo antidrón y un vehículo.

Tamaulipas: pasaportes falsos, cartuchos y tráfico de personas

En Nuevo Laredo, un operativo conjunto de la FGR, la SSPC, el Ejército, la GN y la Policía Estatal cateó seis inmuebles y detuvo a dos personas. El aseguramiento incluyó 94 pasaportes apócrifos —32 mexicanos y 62 estadounidenses— y siete teléfonos celulares.

En Ciudad Río Bravo y Valle Hermoso, el Ejército y la FGR catearon otros seis inmuebles y arrestaron a tres personas: un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes, al tráfico de personas hacia Estados Unidos y al contrabando de armas desde ese país hacia México, además de dos mujeres. En Reynosa, un cateo adicional arrojó 90 mil 300 cartuchos y dos vehículos.

Sonora: fentanilo en polvo y menores de edad detenidos

En Hermosillo, la Semar, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon tres inmuebles, arrestaron a seis personas y decomisaron 32 kilos de metanfetamina más 77 dosis de la misma sustancia.

En la carretera México-Nogales, a la altura de Opodepe, la GN y el Ejército detuvieron a cinco personas —tres de ellas menores de edad— a bordo de un vehículo procedente de Guaymas. El aseguramiento incluyó ocho kilos de fentanilo en polvo, dos kilos de cocaína y dosis de heroína.

Baja California Sur: explosivos y equipo de comunicación

En San José del Cabo, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN, la Fiscalía y la Policía Estatal realizaron dos cateos. En el primero detuvieron a una persona y le decomisaron un arma larga, dos cargadores y 100 artefactos explosivos.

En el segundo inmueble, ubicado en la colonia Villas de Cortez, no hubo detenidos pero sí un arsenal logístico: 47 chalecos porta placas, 62 placas balísticas, dos contadoras de dinero, 14 radios con nueve cargadores y 43 baterías, 30 tarjetas con claves de comunicación, dos mapas de San José del Cabo y diversas dosis de droga.

Chihuahua: laboratorio clandestino y precursores químicos

El operativo en Chihuahua apuntó directamente a la cadena de producción de drogas sintéticas. La GN, el Ejército y la FGR inhabilitaron un laboratorio clandestino donde aseguraron ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas LP.

En un segundo cateo vinculado al mismo caso, las autoridades localizaron un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de la misma sustancia, ocho cilindros de gas, 12 cargadores y una motocicleta.

Durango, Colima, Guerrero, Jalisco y Tabasco

En Gómez Palacio, sobre la carretera a Chihuahua, el Ejército y la FGR detuvieron a una persona durante la inspección de un tractocamión. En el doble fondo de la caja seca encontraron 900 kilos de metanfetamina.

En Colima, en la colonia Bosques del Sur, la Semar y la Policía Estatal arrestaron a cuatro personas y les decomisaron 50 dosis de fentanilo y 69 dosis de metanfetaminas. En La Unión de Isidoro, Guerrero, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN y policías estatales y municipales aseguraron cinco armas largas, 14 cartuchos, dos cargadores y dosis de marihuana en el poblado El Mamey.

En Quitupan, Jalisco, el Ejército decomisó tres armas largas, cargadores, cartuchos y dos vehículos. En Centla, Tabasco, sobre la carretera Villahermosa-Centla, la Semar, el Ejército, la GN, la FGR, la Fiscalía y la Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron un tractocamión con 35 toneladas de fertilizante sustentable, un insumo susceptible de ser desviado hacia la producción de explosivos o drogas.

La violencia dentro de los hogares panameños continúa dejando escenas cada vez más brutales, reflejando el deterioro de los vínculos familiares y de una convivencia que durante años fue considerada la base de la sociedad.

En menos de una semana, las autoridades judiciales procesaron casos que incluyeron el asesinato de un adulto mayor a manos de su propio nieto, agresiones entre hermanas y amenazas de muerte de un hijo contra su madre para exigirle dinero.

Uno de los hechos más estremecedores ocurrió en la comunidad de Los Machos, en el corregimiento de El Palmar, distrito de Olá, provincia de Coclé. Allí, un hombre de 32 años fue enviado a detención provisional por seis meses tras ser imputado por homicidio doloso agravado en perjuicio de su abuelo materno, de 79 años.

De acuerdo con la investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé, el crimen ocurrió la mañana del 23 de mayo de 2026. El informe preliminar de necropsia reveló que el adulto mayor recibió múltiples golpes en la cabeza, rostro, tronco y extremidades, causándole la muerte.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos. El juez también ordenó la detención provisional al considerar el alto grado de agresividad demostrado por el imputado y el peligro que representaba tanto para la comunidad como para los familiares de la víctima.

Otro caso reciente se registró en El Cruce de Torrijos Carter, en el corregimiento de Rogelio Sinán, distrito de San Miguelito. Allí, una mujer de 40 años fue detenida provisionalmente luego de ser imputada por violencia doméstica en perjuicio de su hermana de 42 años, a quien presuntamente agredió físicamente causándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según el Ministerio Público, el incidente ocurrió el pasado 17 de mayo dentro de una residencia familiar. La Fiscalía de Familia y el Menor solicitó la medida cautelar argumentando riesgos procesales, afectación de pruebas y el peligro que la imputada representaba para la víctima y otros familiares.

Mientras tanto, en Chiriquí, otro hombre quedó detenido provisionalmente tras ser acusado de violencia doméstica psicológica, hostigamiento y quebrantamiento de medida de protección en perjuicio de su propia madre. La investigación señala que desde febrero de este año el imputado acudía constantemente a la vivienda de la víctima para exigirle dinero mediante amenazas e intimidación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre amenazaba con atentar contra la vida de su madre y de su hermana si no accedían a entregarle dinero. Aunque previamente existía una orden de alejamiento, el señalado continuó acercándose a la residencia y mantuvo los episodios de hostigamiento.

Los casos recientes coinciden con un aumento sostenido en las denuncias relacionadas con violencia doméstica, maltrato infantil y agresiones contra adultos mayores en Panamá. Las cifras preliminares del Ministerio Público revelan que entre enero y abril de 2026 se registraron 8,272 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un incremento de 19.2% en comparación con el mismo período del año pasado.

La violencia doméstica continúa siendo el delito más denunciado en el país. Solo entre enero y abril de este año se contabilizaron 6,089 casos, frente a 5,215 registrados durante el mismo período de 2025, reflejando un aumento de 16.8%.

Las estadísticas también muestran incrementos preocupantes en otros delitos familiares. Los casos de maltrato al adulto mayor pasaron de 288 a 445 denuncias, un aumento de 55%, mientras que los delitos contra la familia crecieron 54%. El maltrato al menor registró 1,412 denuncias en apenas cuatro meses.

Las áreas con mayores aumentos en este tipo de delitos fueron Panamá Oeste, con un incremento de 50%; San Miguelito, con 45%; Herrera, con 37%; y Veraguas, con 28%, según datos del Centro de Estadística del Ministerio Público.

Especialistas en temas de violencia familiar han advertido en reiteradas ocasiones que muchos de estos casos permanecen ocultos durante años dentro de los hogares y solo salen a la luz cuando las agresiones escalan a niveles extremos. Factores como el consumo de drogas y alcohol, problemas económicos, conflictos de convivencia y la falta de atención psicológica suelen aparecer de forma recurrente en este tipo de situaciones.

Mientras las denuncias siguen aumentando, las autoridades enfrentan el reto de fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la atención psicológica dentro de comunidades donde la violencia doméstica se ha convertido en un problema cada vez más visible y frecuente.

La lucha contra las pandillas volvió a ocupar el centro de la agenda de seguridad en Panamá. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal Bagdad-Santa Eduviges, una estructura señalada por las autoridades de mantener control territorial en sectores de Panamá Este y estar vinculada a delitos como homicidio, tráfico de drogas, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La denominada Operación Combate se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en Santa Eduviges, La Siesta, Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Entre los aprehendidos figura alias “Rungito”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal, considerada una de las células asociadas a la pandilla Bagdad que opera en el área metropolitana.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirigió las diligencias con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial.

Durante los registros fueron ubicados vehículos, dinero en efectivo e indumentaria utilizada por los miembros de la agrupación, incluyendo prendas con simbología de la bandera de Corea del Sur, un distintivo utilizado por esta pandilla para identificarse.

De acuerdo con la investigación, iniciada el 6 de marzo de 2023, la organización mantenía influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos y otros delitos.

Las autoridades sostienen que el grupo había consolidado una estructura con capacidad de ejercer control territorial sobre comunidades específicas del este de la capital.

La operación ocurre en medio de un incremento de homicidios a plena luz del día en avenidas de Panamá. En varios de estos casos, las víctimas mantenían un extenso prontuario delictivo y presunta vinculación con algunas de las más de 25 organizaciones criminales identificadas en el país.

En respuesta el Gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y grupos vinculados al narcotráfico. Según cifras divulgadas por la Policía Nacional, durante 2026 se han realizado cientos de allanamientos y operativos dirigidos contra estas estructuras, con resultados que incluyen la captura de más de 240 pandilleros a nivel nacional, muchos de ellos vinculados a homicidios y tentativas de homicidio.

Bagdad es considerada una de las organizaciones criminales más conocidas del país. Su nombre volvió a cobrar notoriedad recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de esta organización.

Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Los informes de seguridad identifican a Bagdad como una estructura con presencia en distintos sectores de Panamá y Colón, donde opera a través de células territoriales que controlan plazas de microtráfico y participan en disputas con grupos rivales.

Precisamente, las autoridades consideran que una parte importante de los homicidios registrados en el país está asociada a conflictos entre pandillas por el dominio de estas actividades ilícitas.

Esta semana, el presidente José Raúl Mulino reconoció la preocupación existente por los recientes hechos violentos registrados en espacios públicos, pero aseguró que no contempla cambios en los estamentos de seguridad.

El mandatario sostuvo que muchos de estos asesinatos corresponden a disputas entre grupos criminales y admitió que son hechos difíciles de prevenir, porque las autoridades no siempre pueden anticipar “quién tumba y quién es el tumbado”, en referencia a los conflictos derivados de robos o pérdidas de droga entre bandas.

El mandatario expresó su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacando que la estrategia gubernamental se concentra en debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, capturas y decomisos.

“Me siento muy complacido del trabajo del director de la Policía y del ministro de Seguridad", afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El gobernante sostuvo que las autoridades mantienen una búsqueda permanente de los principales objetivos criminales y adelantó que próximamente se anunciarán nuevas medidas orientadas a reforzar el combate contra la delincuencia organizada.

Por su parte, el director de la Policía Nacional aseguró que la violencia reciente responde, en gran medida, a las afectaciones que las operaciones de seguridad han causado a las redes de narcotráfico y microtráfico. Fernández indicó que en los últimos días fueron capturados varios homicidas y que los operativos continuarán con el respaldo del Ministerio Público para sacar de circulación a integrantes de organizaciones criminales.

Los detenidos en la Operación Combate serán llevados ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Mientras tanto, las autoridades consideran que la captura de alias “Rungito” representa un golpe importante contra una de las células criminales con presencia en Panamá Este, aunque reconocen que la lucha contra estas organizaciones requiere un trabajo sostenido para evitar que nuevos liderazgos ocupen los espacios dejados por los cabecillas detenidos.

Un adolescente de 16 años fue condenado a 11 años de prisión por su participación en el robo y homicidio de un conductor que prestaba servicios mediante una plataforma digital en Panamá Oeste.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste, que logró la validación de un acuerdo de pena ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

La sentencia se produce en medio de las preocupaciones por la delincuencia juvenil en Panamá. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,526 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional, de las cuales 276 correspondieron a Panamá Oeste, la tercera cifra más alta del país, solo superada por Panamá y Chiriquí.

Según la investigación, el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:43 p.m., cuando el adolescente condenado, junto a otros dos menores de edad y un adulto, abordó un vehículo que prestaba servicios de transporte por aplicación en la barriada Colinas del Valle, en La Chorrera.

La Fiscalía estableció que, una vez dentro del automóvil, los ocupantes utilizaron violencia e intimidación para apoderarse del vehículo. Durante el ataque, el conductor recibió múltiples heridas con arma blanca.

Posteriormente, los agresores trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el río El Chorro de Las Yayas, ubicado en el sector de Zanguenga, distrito de La Chorrera, donde lo abandonaron. Horas después, el 15 de agosto a las 12:20 a.m., incendiaron el automóvil con el propósito de eliminar evidencias del crimen.

Durante la audiencia, el Ministerio Público logró que el tribunal validara un acuerdo de pena alcanzado entre las partes. Como resultado, el adolescente fue declarado responsable de los delitos de robo agravado, homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, recibiendo una sanción de 11 años de prisión.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos contra la vida y la integridad personal continúan teniendo una presencia significativa dentro de la criminalidad juvenil. Entre enero y abril de este año se contabilizaron 258 denuncias vinculadas a este tipo de delitos en todo el país.

Sin embargo, los delitos más frecuentes entre adolescentes corresponden a aquellos contra la libertad e integridad sexual, con 545 denuncias registradas durante el período analizado. Le siguen los delitos contra el patrimonio económico, con 297 casos, y los delitos contra la seguridad colectiva, con 227 denuncias.

El informe también revela una intensa actividad judicial en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Entre enero y abril se realizaron 2,670 audiencias a nivel nacional, incluyendo 277 audiencias de formulación de imputación, 175 audiencias de medidas cautelares y 197 audiencias de acuerdos de pena.

Durante ese mismo período se aplicaron 217 medidas cautelares, de las cuales 102 correspondieron a detención provisional y 115 a medidas distintas a la privación de libertad.

Las fiscalías de adolescentes también registraron 212 sentencias entre enero y abril. De ellas, 181 fueron producto de acuerdos de pena y solo nueve se derivaron de juicios orales. El informe muestra además que 236 de las 237 decisiones judiciales emitidas durante el período fueron condenatorias, reflejando una tasa de condena cercana al 100% en los casos concluidos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los otros participantes en el homicidio del conductor. El caso se convirtió en uno de los hechos criminales más impactantes registrados en Panamá Oeste durante 2025, debido a la violencia empleada contra la víctima y a los intentos posteriores por desaparecer tanto el cuerpo como el vehículo utilizado para prestar el servicio de transporte.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la avenida Canto Grande, donde delincuentes ingresaron a un bazar instalado dentro de una vivienda y se llevaron mercadería valorizada en aproximadamente S/ 40.000. Según las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, los sujetos utilizaron la modalidad del palanqueo para forzar la cerradura del inmueble y acceder al interior.

Con herramientas como patas de cabra, los hampones removieron puertas y rejas para llevarse todo lo que encontraron a su paso. El robo ocurrió durante la noche y, en cuestión de minutos, los delincuentes escaparon con diversos productos del negocio antes de que los propietarios pudieran reaccionar.

Otras cámaras de seguridad también registraron a sujetos presuntamente vinculados a casos de extorsión y ataques armados contra negocios de comida rápida en distintos puntos de San Juan de Lurigancho. Las imágenes muestran cómo los delincuentes se movilizan en motocicletas para cometer los atentados y luego escapar rápidamente.

En otro operativo realizado por agentes de Serenazgo y la Policía Nacional, las autoridades hallaron una motocicleta robada mientras era repintada de negro en un inmueble, presuntamente para dificultar su identificación y reutilizarla en actividades delictivas.

Las cifras de criminalidad reflejan la gravedad de la situación en el distrito. De acuerdo con datos proporcionados por el municipio, solo en el último mes se registraron 368 incidentes delictivos en San Juan de Lurigancho. Entre ellos figuran 236 robos, seis casos de extorsión, cuatro secuestros y 12 homicidios. La mayoría de estos hechos se producen durante las noches y madrugadas.

Ante el incremento de la inseguridad, la municipalidad implementó un sistema de más de 600 cámaras de videovigilancia y un mapa de calor que permite identificar las zonas con mayor incidencia delictiva.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, aseguró que aún existen dificultades para fortalecer el sistema de identificación de delincuentes debido a problemas administrativos entre instituciones del Estado. “Lamentablemente, la Policía Nacional y el Reniec tienen demasiados entrampamientos administrativos para compartir su base de datos”, señaló la autoridad edil a Latina.

Frente a ello, el municipio decidió crear un sistema propio de alertas con personas identificadas en investigaciones o hechos delictivos. Según explicó el burgomaestre, cuando una persona registrada por el sistema es detectada por las cámaras de vigilancia, se activa una alerta inmediata para realizar el seguimiento correspondiente. “La persona que ha sido ingresada, inmediatamente después de pasar por nuestra cámara, salta una alerta”, explicó Maldonado.

Mientras tanto, el temor sigue creciendo entre los vecinos. Una docente del distrito relató que ni siquiera dentro de su centro laboral se siente segura debido a las constantes amenazas de extorsionadores. “En la propia casa se puede sentir seguro. Ni en el trabajo se puede sentir seguro, porque soy docente y han extorsionado al colegio”, contó una vecina de la zona.

Comerciantes y residentes permanecen atentos a las cámaras de seguridad y a cualquier movimiento sospechoso, en medio de una creciente preocupación por el avance de la delincuencia en San Juan de Lurigancho, donde las bandas criminales ya no solo acechan en las calles, sino que ahora también buscan irrumpir directamente en viviendas y negocios.

El hecho ocurrió mientras participaba en el programa Activo Deportes, donde analizaba los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. La escena quedó captada en tiempo real y generó impacto en redes sociales debido a la forma en que los delincuentes interceptaron al comunicador frente a la cámara.

Así ocurrió el asalto contra Fer Vargas

De acuerdo con el reporte, Fernando Vargas decidió refugiarse dentro de su vehículo debido a la lluvia y estacionó en una gasolinería para completar su participación televisiva desde el celular.

Mientras ofrecía sus comentarios deportivos, un hombre abrió violentamente la puerta del automóvil. El agresor cortó cartucho para intimidarlo y le ordenó descender del vehículo.

Durante la transmisión, Vargas intentó mantener la calma mientras pedía al asaltante que no le hicieran daño. Segundos después desapareció de cuadro mientras los conductores del programa observaban atónitos lo sucedido.

Los delincuentes le quitaron cartera, teléfono celular y otras pertenencias. También se llevaron el automóvil. El periodista pidió conservar alguna identificación, pero los responsables rechazaron su solicitud.

Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional auxiliaron al comunicador, quien logró contactar a familiares y posteriormente acudió ante las autoridades para levantar la denuncia correspondiente.

¿Quién es Fer Vargas?

Fernando Vargas Nolasco cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo y la gestión deportiva en México, especialmente dentro del baloncesto profesional.

Actualmente se desempeña como Director de Comunicación de la Liga Caliente.mx LNBP, donde coordina estrategias relacionadas con prensa, contenidos y manejo de talentos. También encabeza proyectos empresariales como Director de Operaciones de Grupo Empresarial Díaz.

Además de su faceta directiva, Fer Vargas mantiene presencia en medios como columnista de Eje Central y académico en la Universidad Amerike, donde imparte clases de maestría enfocadas en gestión deportiva.

Su experiencia incluye más de 23 años dentro del periodismo especializado en baloncesto nacional e internacional. Entre sus antecedentes destacan cargos como Director del Diario Deportivo Estadio y Director General de Deportes en Capital Media.

También formó parte de las Selecciones Nacionales de Baloncesto durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

El caso de Fernando Vargas reavivó la conversación sobre los riesgos que enfrentan periodistas y ciudadanos en espacios públicos. Las imágenes del asalto circularon rápidamente en redes sociales y provocaron muestras de solidaridad hacia el comunicador, quien confirmó que no sufrió lesiones físicas pese al violento episodio.

Panamá registró un aumento en los delitos de robo y robo agravado durante los primeros cuatro meses de 2026, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público. Entre enero y abril se contabilizaron 1,623 hechos criminales vinculados a estos delitos, lo que representa un incremento de 5% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron 1,545 casos.

Las cifras reflejan que el comportamiento mensual de los robos mostró una tendencia de repunte después de febrero. Enero cerró con 417 casos, febrero bajó a 381 y marzo registró 388, pero abril se convirtió en el mes con más denuncias del año, al alcanzar 437 casos, el nivel más alto del primer cuatrimestre.

Del total de casos registrados este año, 755 correspondieron al delito de robo simple y 868 a robo agravado. El robo agravado —que incluye situaciones donde existe violencia, uso de armas, participación de varias personas o circunstancias que incrementan el riesgo para la víctima— continúa representando la mayor proporción de denuncias, con más del 53% de los expedientes abiertos por el Ministerio Público.

El informe estadístico muestra además que tanto el robo simple como el agravado aumentaron frente al año pasado. El robo simple pasó de 709 casos en 2025 a 755 en 2026, un incremento de 6%, mientras que el robo agravado subió de 836 a 868 casos, equivalente a 4%.

La provincia de Panamá sigue concentrando la mayor cantidad de denuncias por robo del país. Entre enero y abril acumuló 898 casos, equivalente a más de la mitad de todos los robos reportados. Dentro de esa cifra, 494 correspondieron a robo simple y 404 a robo agravado.

Panamá Oeste ocupó el segundo lugar con 218 casos acumulados durante el primer cuatrimestre, seguido de San Miguelito con 165 y Chiriquí con 117 denuncias. En conjunto, estas cuatro áreas concentraron buena parte de los reportes nacionales, lo que confirma que la incidencia sigue asociada principalmente a zonas urbanas, corredores comerciales y regiones con alta movilidad de personas.

En el caso de San Miguelito, las estadísticas muestran un comportamiento particular: de los 165 casos registrados, 152 fueron catalogados como robo agravado, una de las proporciones más altas del país. Esto significa que más del 92% de las denuncias en ese distrito incluyeron circunstancias agravantes, como violencia, intimidación o uso de fuerza contra las víctimas.

El comparativo interanual revela además que algunas regiones registraron incrementos importantes frente al mismo período de 2025. Coclé mostró un aumento de 30%, al pasar de 33 a 43 casos; Los Santos subió 29%, Veraguas 21%, Colón 18% y San Miguelito 12%. En contraste, Bocas del Toro y Chiriquí reflejaron disminuciones de 25% y 18%, respectivamente.

La provincia de Panamá Oeste también mantuvo cifras elevadas, con 218 denuncias acumuladas entre enero y abril, apenas 3% más que el año pasado. Las autoridades han reconocido que el crecimiento poblacional, la expansión urbana y la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste continúan presionando las capacidades operativas de seguridad en ambos territorios.

Expertos en criminología sostienen que el robo agravado suele estar asociado a estructuras delictivas más organizadas y dinámicas urbanas complejas, vinculadas con desempleo, informalidad, tráfico de drogas y reincidencia criminal. Además, advierten que el aumento de delitos patrimoniales suele tener impacto directo sobre la percepción de seguridad de la población.

El Ministerio Público indicó que las cifras continúan siendo preliminares y pueden variar conforme avancen los procesos de depuración estadística. No obstante, el comportamiento observado entre enero y abril ya refleja que los delitos de robo mantienen una tendencia superior a la registrada durante el mismo período del año pasado.

Las estadísticas también muestran fuertes diferencias regionales. Mientras provincias como Herrera y Darién apenas registraron ocho y siete casos respectivamente, áreas urbanas y densamente pobladas como Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste concentraron la mayoría de las denuncias nacionales.

El repunte observado en abril coincide además con meses de mayor actividad comercial y movilidad interna en varias regiones del país, factores que históricamente suelen influir en el comportamiento de delitos contra el patrimonio económico. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y estrategias focalizadas en sectores considerados de mayor incidencia criminal.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el nivel de planificación con el que actuaron los atacantes. Según los registros, los sujetos utilizaron tres vehículos distintos para cerrar completamente el paso de la camioneta objetivo y dejarla atrapada en un estrecho tramo de la vía, sin posibilidad de maniobra ni escape inmediato.

De acuerdo con las grabaciones, el vehículo blanco avanzaba lentamente por la avenida cuando llegó a la altura de un rompemuelles. Fue en ese momento cuando comenzó la emboscada. Uno de los autos utilizados por los delincuentes se colocó delante de la camioneta para bloquear su avance. Otro vehículo apareció por la parte posterior, cerrando cualquier posibilidad de retroceso. Un tercer automóvil, ubicado al lado derecho, terminó de completar el cerco.

Camioneta de víctima fue reducida

En cuestión de segundos, la camioneta quedó completamente atrapada entre los tres vehículos en una vía reducida de apenas dos carriles. Sin margen para escapar, el conductor quedó a merced del grupo armado.

Las imágenes revelan que, inmediatamente después de concretar el bloqueo, varios de los encapuchados descendieron rápidamente de los autos y comenzaron a disparar contra el vehículo blanco. Según la información preliminar, se realizaron al menos seis disparos durante el atentado.

El sonido de las detonaciones desató el pánico entre las personas que transitaban por la zona. Algunos peatones corrieron para ponerse a salvo, mientras conductores intentaban alejarse rápidamente del lugar. La violencia del ataque generó escenas de tensión en plena vía pública y volvió a poner en evidencia el clima de inseguridad que enfrenta el Callao.

¿Víctima disparó contra delincuentes?

Uno de los momentos más impactantes del atentado ocurrió cuando uno de los delincuentes logró acercarse a la camioneta y abrir la puerta del conductor. Sin embargo, en medio del caos, el conductor realizó una maniobra brusca que aparentemente sorprendió a los atacantes.

Tras ese movimiento, los delincuentes comenzaron a dispersarse rápidamente. Algunos regresaron a los vehículos de apoyo para huir de la escena, mientras otros escaparon corriendo por distintas direcciones.

Pese a la ráfaga de disparos y la violencia del ataque, las imágenes muestran que el conductor logró arrancar la camioneta y escapar a toda velocidad. Esa reacción hace presumir que sobrevivió al atentado, aunque hasta el cierre de este informe no se había confirmado oficialmente su estado de salud ni si viajaba acompañado al momento del ataque.

Tampoco se ha determinado si la víctima portaba algún tipo de arma o intentó defenderse durante la emboscada. Sin embargo, la reacción acelerada de los atacantes tras el movimiento del conductor ha generado diversas hipótesis entre los investigadores.

Por la forma en que se ejecutó el ataque, las autoridades manejan preliminarmente la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o un atentado dirigido específicamente contra una persona vinculada a actividades criminales o de relevancia para organizaciones delictivas.

El nivel de coordinación mostrado por los delincuentes, el uso de múltiples vehículos y la rapidez con la que actuaron refuerzan la hipótesis de un ataque planificado con anticipación.

Minutos después de la balacera, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar tras recibir alertas de los vecinos. Los efectivos acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias para recoger evidencias y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas.

Durante la inspección, la Policía encontró seis casquillos de bala esparcidos sobre el pavimento, evidencia que confirma la intensidad del ataque armado.

Pese a la violencia registrada en plena avenida, las autoridades señalaron que no se reportaron personas heridas entre los transeúntes ni daños colaterales en viviendas, denuncia o negocios cercanos. Sin embargo, el hecho causó gran preocupación entre los vecinos debido a que la balacera ocurrió en una zona donde transitaban familias y menores de edad.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la ausencia de patrullaje policial al momento del atentado. Según testigos, no había presencia de agentes de seguridad en la zona cuando ocurrió la emboscada, lo que permitió que los delincuentes actuaran durante varios segundos antes de escapar.

No hubo denuncia

La escena registrada en Conde de Lemos refleja nuevamente el alto nivel de violencia que continúa golpeando al Callao, una de las zonas más afectadas por la delincuencia y el crimen organizado en el país.

Vecinos de la zona expresaron su temor tras el ataque y señalaron que los episodios de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes. Muchos aseguraron sentirse inseguros incluso durante el día, ya que los ataques armados ya no ocurren únicamente en horas de la noche.

La modalidad utilizada por los delincuentes también generó preocupación entre especialistas en seguridad, debido a la precisión con la que se ejecutó el cerco vehicular. El uso de tres autos para inmovilizar a la víctima demuestra un importante nivel de organización y seguimiento previo.

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que los delitos de alto impacto mostraron una caída sostenida durante los primeros meses de 2026. De enero a abril, los homicidios registraron su nivel más bajo desde 2022, mientras la reducción en estos delitos alcanza 7 por ciento en comparación con 2025. Durante esta mañana en conferencia de prensa, la mandataria afirmó que estas cifras reflejan el avance de la estrategia de construcción de paz en la capital.

Brugada indicó que el robo de vehículo, con y sin violencia, disminuyó 25 por ciento respecto al año pasado y 62 por ciento si se compara con abril de 2019, cuando se reportaron 1,149 casos, frente a los 436 de abril de 2026.

“Ese es el resultado más importante”, señaló Brugada desde la Unidad de Protección Ciudadana Hormiga, en Azcapotzalco.

Aumentan órdenes de aprehensión y condenas

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que las órdenes de aprehensión por homicidio aumentaron 9 por ciento y las vinculadas a robo de vehículo crecieron 49 por ciento en el periodo. Mientras que en materia de extorsión, se registraron 55 órdenes de aprehensión, lo que representó un incremento de 162 por ciento frente a 2019.

Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril, lo que equivale a un alza de 89 por ciento respecto al año anterior. En el caso de violación, se han cumplimentado 140 órdenes de aprehensión, 48.9 por ciento más que en 2024.

Operativos y decomisos marcan la administración

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó la detención de 10,435 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y abril de 2026. Durante este periodo, las autoridades aseguraron 1,680 kilogramos de marihuana, 215 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y 15 kilogramos de cristal. Además, decomisaron 2,962 armas de fuego y 6,106 vehículos.

En la alcaldía Azcapotzalco, se logró la detención de 56 personas ligadas a grupos generadores de violencia y se llevaron a cabo más de 330 acciones operativas que resultaron en 390 detenciones.

Disminuye la percepción negativa y las llamadas de emergencia

Finalmente, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que durante abril de 2026 se recibieron 107,841 llamadas, una baja de 7.2 por ciento frente al mismo mes de 2025. Las llamadas improcedentes descienden 17.4 por ciento y el promedio diario de llamadas efectivas pasó de 4,092 a 3,592.

Brugada Molina sostuvo que la tendencia a la baja en delitos y la mejoró en la percepción de seguridad están relacionadas con la estrategia integral fundamentada en inteligencia, proximidad policial y atención a causas. La jefa de Gobierno también reconoció la actuación de las fiscalías en los recientes casos de homicidio y feminicidio donde los responsables fueron detenidos.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00 a. m. del sábado 9 de mayo, en la intersección de la calle 58 con carrera 7, una zona frecuentada por residentes y transeúntes. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por la espalda por un sujeto que, bajo la modalidad de raponazo, le arrebató el teléfono móvil.

La reacción de la mujer fue inmediata. Según declaraciones recogidas por la Policía de Bogotá, la ciudadana se negó a soltar sus pertenencias y forcejeó con el agresor, mientras gritaba pidiendo ayuda. “Auxilio, me están robando”, logró expresar en repetidas ocasiones, lo que alertó a comerciantes y vecinos cercanos.

La comunidad intervino

En cuestión de segundos, trabajadores de un local comercial y vigilantes del sector salieron para auxiliar a la mujer. Otros transeúntes también se sumaron al esfuerzo, logrando interceptar al presunto delincuente y retenerlo en el lugar. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto, donde se observa el forcejeo y la intervención colectiva que evitó la fuga del sospechoso.

La escena coincidió con labores de patrullaje que realizaban uniformados de la Estación de Policía Chapinero. Los agentes recibieron una alerta a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto ladrón por parte de la comunidad. Al llegar al sitio, los policías encontraron al hombre en el suelo, rodeado por ciudadanos que lo señalaban como el responsable del hurto.

Detención y proceso judicial

Los uniformados procedieron con la captura formal del implicado, identificado como un hombre de 27 años, que fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. La Policía Metropolitana de Bogotá destacó el papel fundamental de la denuncia ciudadana y la reacción colectiva, subrayando que la colaboración entre comunidad y autoridades facilita la respuesta ante hechos delictivos.

“La rápida reacción policial y la alerta de la comunidad permitieron la detención del sospechoso en el lugar de los hechos”, comunicó la Policía en su cuenta de X. La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la capital.

El contexto de la inseguridad en Bogotá

El hurto de celulares continúa figurando entre los delitos más reportados en Bogotá. De acuerdo con cifras oficiales compartidas por la Policía de Bogotá, durante los primeros tres meses del año se registraron 30.862 víctimas de hurto a personas y 5.584 casos de lesiones personales. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar oportunamente a través de la línea de emergencias 123 para contribuir a las investigaciones y sanciones correspondientes.

La estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, implementada por la institución, prioriza el patrullaje preventivo y la articulación con la ciudadanía. Según reiteró la Policía, la denuncia y la colaboración vecinal son elementos determinantes para reducir los índices de criminalidad.

Reacciones y llamado a la denuncia

En redes sociales, el video de la captura se viralizó, generando múltiples reacciones entre usuarios que comentan tanto la valentía de la víctima como la solidaridad manifestada por la comunidad. Autoridades locales reiteran la importancia de mantener la alerta y reportar cualquier situación sospechosa.

La Policía Metropolitana de Bogotá concluyó que el hombre capturado deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, la institución mantiene su invitación a los habitantes de la capital para que continúen contribuyendo con información y denuncias, con el objetivo de fortalecer la seguridad en todos los sectores de la ciudad.

La República Dominicana ha alcanzado un registro inédito en materia de seguridad ciudadana, según datos oficiales divulgados por la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta al cierre de abril de 2026.

El país reporta una tasa de homicidios acumulada de 7.30 por cada 100,000 habitantes, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, de acuerdo con el reporte semanal de estadística delictiva número 146. Este indicador sitúa a la nación como uno de los referentes regionales en el descenso sostenido de la violencia letal.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el día de ayer, 8 de mayo, la evolución de los indicadores de homicidios en República Dominicana evidencia una reducción progresiva. En 2023, la tasa nacional se ubicó en 12.51 por cada 100,000 habitantes.

Un año más tarde, en 2024, descendió a 10.19 y, durante 2025, la cifra cayó a 8.02. En abril de 2026, el dato mensual específico marcó 4.89, lo cual representa una disminución de más del 40% en comparación con el inicio de la serie analizada.

El reporte fue presentado durante una reunión de seguimiento encabezada por el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional. En ese encuentro, el alto mando policial examinó los resultados de las estrategias preventivas y operativas desplegadas en todo el territorio nacional. Según el resumen oficial, la gestión actual ha priorizado la inteligencia policial y el monitoreo constante como ejes centrales de la política de seguridad pública.

El papel del Mapa de Calor en la estrategia de seguridad

Uno de los aspectos destacados por la Fuerza de Tarea Conjunta es la distribución territorial del descenso en los homicidios. El informe señala que el 82.4% de las demarcaciones del país mantienen tasas de un solo dígito, lo que implica que la mayoría de las provincias y municipios registran menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El documento oficial precisa que 28 territorios presentan índices de un solo dígito y tres de ellos no han registrado ningún homicidio en lo que va del año. Solo seis jurisdicciones mantienen tasas de dos dígitos, identificadas como zonas prioritarias para nuevas intervenciones.

La estrategia de seguridad, de acuerdo con declaraciones recogidas por la Policía Nacional, se apoya en herramientas tecnológicas de análisis criminal, entre ellas es el Mapa de Calor de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Este sistema permite identificar en tiempo real los puntos de mayor incidencia delictiva, facilitando la implementación de intervenciones focalizadas. De igual manera, la coordinación interinstitucional ha sido fundamental en estos logros. La Fuerza de Tarea Conjunta, que agrupa a la Policía Nacional, los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio Público, ha promovido la colaboración para garantizar tanto la persecución de infractores como la prevención del delito.

“El compromiso es mantener la convivencia pacífica y fortalecer la percepción de seguridad de todos los dominicanos”, afirmó el alto mando policial durante la reunión, según reportaron fuentes institucionales. Las autoridades reiteraron que la vigilancia y la evaluación periódica continuarán.

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la República Dominicana presenta un escenario estadístico alentador en materia de seguridad pública. Con una tasa de homicidios en 7.30 y la mayoría de las demarcaciones bajo control, el país se perfila como un caso de éxito regional en la gestión de políticas de prevención y control de la criminalidad.

El incremento sostenido de ataques cibernéticos contra instituciones del Estado panameño ha encendido las alertas sobre la capacidad de respuesta y el nivel de inversión pública en ciberseguridad, luego de que en 2026 se confirmaran múltiples incidentes que han afectado desde plataformas digitales hasta cuentas oficiales en redes sociales.

Ante este escenario, surge una pregunta clave: ¿cuánto destina realmente Panamá para proteger su infraestructura digital?. De acuerdo con datos oficiales, el país invierte alrededor de $26 millones en ciberseguridad, de los cuales $6 millones corresponden a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y cerca de $20 millones adicionales se distribuyen en el resto de las entidades del Estado, en medio de una creciente presión por fortalecer sistemas y cerrar vulnerabilidades.

El director de la AIG, Adolfo Fábrega, aseguró que el país mantiene un enfoque activo para cerrar vulnerabilidades y fortalecer la defensa de sus sistemas, al tiempo que destacó que el Estado no ha pagado rescates ante incidentes de ciberseguridad.

“El enfoque es claro: identificar y cerrar vulnerabilidades de forma constante”, explicó Fábrega, al detallar que existe un programa ambicioso de remediación que ya ha permitido ubicar la mayoría de las debilidades en los sistemas gubernamentales.

“Lo que tenemos es que simplemente terminar de cerrarlas”, indicó, al subrayar que este proceso no se detiene y evoluciona diariamente, debido a que las amenazas continúan surgiendo a medida que avanza la digitalización de los servicios públicos.

El funcionario insistió en que la estrategia del Gobierno busca evitar que los ataques se conviertan en incidentes con impacto operativo. “Ataques hay todos los días, pero el punto es cómo se gestionan”, afirmó, al destacar que el país ha reforzado su equipo de respuesta a incidentes (CSIRT), encargado de atender y mitigar eventos de seguridad.

Este equipo cuenta con capacitación especializada y apoyo internacional, lo que permite responder de forma más eficiente ante posibles vulneraciones.

El contexto reciente evidencia la presión que enfrentan las instituciones. En lo que va de 2026, al menos nueve entidades del Estado han sido blanco de ataques, incluyendo casos de ransomware, intrusiones y usurpación de identidad digital.

Entre los episodios más visibles se encuentran afectaciones en la Contraloría General, que sufrió dos incidentes en redes sociales, así como alertas en entidades como la Caja de Seguro Social (CSS) y plataformas digitales vinculadas al sector empresarial.

Fábrega explicó que el incremento de estos ataques no es exclusivo de Panamá, sino que responde a una tendencia global impulsada por la aceleración de la digitalización.

“A mayor digitalización, mayor superficie de ataque y mayor visibilidad para los ciberdelincuentes”, sostuvo, al indicar que el país ha avanzado rápidamente en la implementación de plataformas digitales en los últimos dos años, lo que ha obligado a fortalecer los esquemas de protección.

Uno de los pilares de esta estrategia es la gobernanza en ciberseguridad, orientada a ordenar procesos internos y establecer controles más estrictos. Según el director de la AIG, el objetivo es garantizar que, aunque los ataques continúen, los sistemas estén preparados para resistirlos y minimizar sus efectos.

En este sentido, reiteró que el Estado ha logrado contener los impactos más críticos sin recurrir al pago de rescates, una práctica que suele alimentar el ciclo del crimen digital.

Además de la protección de sistemas, la AIG impulsa proyectos para reforzar la confianza en los servicios digitales del Estado. Entre ellos destaca una plataforma en desarrollo junto al Ministerio de Educación, que permitirá certificar diplomas académicos y facilitar su validación por parte de empleadores, reduciendo el riesgo de fraude documental mediante herramientas tecnológicas.

El desafío, sin embargo, sigue siendo estructural. Panamá enfrenta una combinación de alta exposición digital, creciente dependencia tecnológica y ataques cada vez más sofisticados, lo que obliga a mantener inversiones sostenidas en ciberseguridad.

Aunque el monto actual de $26 millones representa un esfuerzo relevante, el entorno global sugiere que la protección de la infraestructura digital será un componente cada vez más crítico dentro del gasto público y de la estabilidad institucional.

Panamá intensificó sus acciones contra el narcotráfico tras el decomiso de 1,320 paquetes de presunta droga en Chiriquí, en un operativo que dejó cuatro personas aprehendidas y que forma parte de la ofensiva de las autoridades para frenar el traslado de sustancias ilícitas hacia la frontera con Costa Rica.

La diligencia fue coordinada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional, en el marco de la Operación Horizonte.

De acuerdo con las autoridades, la droga era transportada en varios vehículos interceptados en el oriente chiricano, lo que permitió no solo el decomiso de los paquetes, sino también la incautación de cinco automóviles utilizados para el traslado del cargamento ilícito.

Durante la operación, los agentes también lograron decomisar un arma de fuego calibre 9 milímetros sin permiso, municiones, proveedores y dos antenas de comunicación satelital tipo Starlink.

Los cuatro detenidos, todos de nacionalidad panameña, fueron remitidos ante un juez de garantías, donde enfrentarán cargos relacionados con delitos de drogas.

Según las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, lo que refuerza la hipótesis de que el país continúa siendo utilizado como corredor para el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Este operativo en Chiriquí se produce en paralelo a otras acciones recientes de las autoridades, como la Operación Courier, que permitió desarticular una estructura criminal dedicada al envío de drogas mediante servicios de mensajería.

En ese caso, se realizaron más de 17 allanamientos en Panamá Este y Bocas del Toro, con un saldo de al menos 14 personas aprehendidas y la incautación de equipos tecnológicos y documentos vinculados a las operaciones ilegales.

Las investigaciones sobre la red desmantelada en la Operación Courier apuntan a un grupo que utilizaba empresas de envíos comerciales para trasladar drogas hacia Norteamérica y Europa, ocultando las sustancias ilícitas entre paquetes regulares.

Entre los detenidos figuran tanto ciudadanos panameños como extranjeros, incluyendo personas de nacionalidad jamaiquina, lo que evidencia el carácter transnacional de estas organizaciones.

Las autoridades han señalado que esta estructura venía siendo investigada desde 2024, lo que permitió recopilar evidencia suficiente para ejecutar los operativos simultáneos y desarticular la red.

Los implicados, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

El decomiso en Chiriquí y la Operación Courier se suman a una tendencia al alza en las incautaciones de drogas en el país. Según cifras oficiales,

Panamá ha decomisado más de 25.5 toneladas de sustancias ilícitas hasta finales de abril de 2026, como resultado de acciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El comportamiento mensual muestra un incremento significativo en comparación con el año anterior. Solo en enero de 2026 se reportaron más de 11 toneladas de droga incautadas, superando ampliamente las cifras del mismo mes en 2025. Para marzo, el acumulado ya alcanzaba 20.5 toneladas, tras la ejecución de al menos 24 operaciones estratégicas en distintos puntos del país.

Las incautaciones continuaron durante abril y mayo con operativos de gran magnitud, incluyendo uno cercano a una tonelada en un puerto del Pacífico y otro decomiso de más de 1,300 paquetes de droga a inicios de mayo, lo que confirma la persistencia de las rutas del narcotráfico que utilizan territorio panameño para el tránsito de sustancias ilícitas.

Las autoridades han reiterado que estos resultados responden a una estrategia de control territorial focalizado, que combina inteligencia, vigilancia y cooperación interinstitucional para identificar y desarticular estructuras criminales. No obstante, el volumen de droga incautada también refleja la presión constante de organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

Con estos operativos, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan frenar el avance de estas redes, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos del país y consolidando las acciones contra el crimen organizado, en un contexto donde Panamá sigue siendo un punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.

La víctima es una mujer de la tercera edad que reside sola y se encuentra en cama clínica, como confirmaron ambas fuentes televisivas. Mientras los delincuentes robaban su televisor, objetos personales y medicamentos prescritos, los vecinos intentaron advertirles, pero los asaltantes demostraron indiferencia ante cualquier amenaza. Latina Noticias precisó que incluso usaron la linterna de un celular para revisar cada rincón.

La seguidilla de robos en el mismo cuadrante ha alarmado a los residentes. Un vecino relató a Buenos Días Perú que en el parque Micaela Bastidas —ubicado a escasas cuadras del inmueble asaltado— se han sustraído al menos 4 vehículos en los últimos meses, incluyendo una combi robada en febrero, cuyo valor alcanza los USD 15.000, según la declaración recogida por Latina Noticias. El propietario de ese vehículo, tras presentar la denuncia, fue objeto de amenazas extorsivas por parte de los delincuentes, sin que la policía nacional ofreciera solución concreta ni recuperara el bien sustraído.

Cámaras vecinales registran robo a adulta mayor dentro de su casa

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos revelan que los ladrones actuaron con notable confianza. Uno de ellos se mantuvo en la vereda como campana, mientras el otro trepó una reja de baja altura y se dirigió directamente al segundo piso, donde está la habitación de la afectada. Durante cerca de una hora recorrieron la propiedad: revisaron sala, cocina y dormitorios, y finalmente escaparon por el mismo acceso, llevándose bienes materiales y las medicinas costosas necesarias para el tratamiento de la dueña de casa.

Una vecina narró que los asaltantes ingresaron ‘como si fuera su casa’, sin inmutarse ante los intentos de disuasión. Las cámaras utilizadas para registrar el crimen no pertenecen a la municipalidad, sino que han sido adquiridas con fondos recolectados por los habitantes de la cuadra cuatro del jirón Los Amautas, quienes consideran que la zona es un ‘tierra de nadie’.

Un punto adicional es el uso de rutas de escape ya identificadas. Los vecinos mencionan que los sujetos suelen salir hacia el bulevar y el Malecón Checa, puntos recurrentes en incidentes similares. En ese bulevar, según relataron, se han registrado 6 homicidios en tiempos recientes.

Vecinos exigen medidas urgentes ante ola de robos en San Juan de Lurigancho

Los residentes afirman que la inacción municipal y policial es sistemática. La comisaría de Zárate está a solo tres cuadras y la municipalidad, aún más cerca. Aun así, el auxilio llega tarde o no llega. Una vecina relató que, tras llamar varias veces, los agentes dicen que no hay unidades disponibles.

También aseguran que el personal de serenazgo o la policía solo interviene cuando hay cámaras de televisión presentes, pero no ante alertas reales de los afectados.

En cuanto a la prevención, el pedido principal de los vecinos es la autorización para instalar rejas en toda la cuadra y en los accesos del bulevar. No obstante, la municipalidad condiciona esa autorización a requisitos burocráticos como el reconocimiento oficial de la junta vecinal, demora que consideran incompatible con la emergencia que afrontan. La reja, argumentan, sería un freno a las rutas de escape de los ladrones, que actualmente entran y salen con impunidad, poniendo en riesgo a niños, adultos mayores y trabajadores del área.

En el jirón Los Amautas y las inmediaciones del parque Micaela Bastidas de San Juan de Lurigancho, un grupo de delincuentes ingresó con facilidad a la casa de una mujer de la tercera edad, robando bienes y medicinas imprescindibles, en un hecho registrado por las cámaras que los propios vecinos instalaron debido a la completa ausencia de respuesta por parte de las autoridades municipales y policiales. Los residentes denuncian que los robos y extorsiones son constantes y exigen la inmediata aprobación de medidas para reforzar la seguridad.

Dos corregimientos ubicados en el distrito de San Miguelito, calificados por las autoridades como zonas rojas, fueron puestos bajo toque de queda a partir de este viernes 1 de mayo hasta el domingo 11, en horario de 10 de la noche a 4 de la mañana.

La Policía Nacional ha remitido informes técnicos y solicitudes institucionales en las que identifican a los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, puestos bajo toque de queda, como áreas con alta incidencia delictiva y condiciones que afectan la convivencia ciudadana, particularmente en horas nocturnas

“Frente a la inseguridad que está enfrentando el país y nuestro distrito de San Miguelito hemos publicado ya en Gaceta Oficial un decreto alcaldicio con algunas medidas importantes a considerar frente a la alta tasa de criminalidad en algunos corregimientos”, indicó la alcaldesa de ese distrito, Irma Hernández.

Reiteró que la restricción de la movilidad será en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, lo cual dijo le permitirá a los miembros de la Policía Nacional verificar o aprehender a quienes sin ningún motivo deambulen por las calles en el horario establecido por el toque de queda.

Aclaró que por supuesto se van a exceptuar de la medida las personas que por motivos laborales o de cualquier otra índole tengan la necesidad de estar circulando a las horas antes descritas.

La medida, reiteró la primera autoridad del distrito de San Miguelito, tiene como objetivo que “nos mantengamos en casa y evitar que los índices de homicidios y porte ilegal de armas en esos dos corregimientos sigan en aumento”.

Quienes incumplan el toque de queda serán sancionados con multas de $50 hasta $500, sin prejuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en la normativa nacional, en los acuerdos municipales y en los decretos alcaldicios.

En San Miguelito, la Policía Nacional informó que mantiene un programa de Vecinos Vigilantes, que esta semana dio su rendición de cuentas y en la que se presentaron los avances logrados y se establecieron nuevas metas para continuar con las acciones a favor de la comunidad.

Esta actividad contó con la participación de diversos líderes comunitarios del programa, quienes destacaron el compromiso de los vecinos con la seguridad local, alega una nota de prensa de esta entidad de seguridad pública.

Aunque señalan que el programa Vecinos Vigilantes continúa siendo un ejemplo de participación activa y cooperación entre la comunidad y la Policía Nacional, reafirmando el compromiso conjunto para mantener un ambiente seguro y ordenado en los barrios de San Miguelito, la realidad al parecer en Arnulfo Arias y Belisario Frías es diferente.

En otro tema, la Policía Nacional también informó que en el marco del Plan Firmeza aprehendió en las últimas 24 horas a 215 personas. De ellas, 156 fueron por oficio, 45 por faltas administrativas, ocho en flagrancia, cinco por microtráfico y uno por narcotráfico.

Se realizaron 85 diligencias de allanamiento, se decomisaron 10 armas de fuego, 994 municiones, 21 proveedores, 12 paquetes de drogas, $10.25 en efectivo y se recuperaron tres vehículos.

En materia de tránsito, la nota de prensa de la entidad de seguridad manifiesta que se colocaron 971 boletas, de las cuales destacan 325 por exceso de velocidad, 57 por luces no adecuadas, 57 por licencias vencidas, tres por embriaguez comprobada y 13 por uso de celular mientras se conducía.

Además, se remolcaron 42 vehículos mediante grúas por diversas causas. En tanto se registraron 114 accidentes de tránsito dejando como saldo 31 lesionados.

En entrevista con Panamericana Televisión, la víctima relató que el envío había sido realizado a través de la empresa Shalom, servicio que ya había utilizado anteriormente para despachar productos de su tienda. Según explicó, decidió confiar nuevamente en la compañía debido a experiencias previas sin inconvenientes.

“Ya he usado esta agencia para realizar envíos, ya sea de mercadería o también a los clientes que compran en mi tienda. Es por ello que sentí la confianza de enviar este paquete nuevamente por Shalom”, declaró Muñoz para el citado medio.

Manipulado durante traslado

El empresario contó que acudió a recoger el paquete un sábado y que, tras llegar a su vivienda, detectó irregularidades al abrir una de las cajas. Inicialmente pensó que solo faltaba un reloj, pero luego comprobó que gran parte de la mercadería había sido retirada.

En entrevista con Panamericana, la víctima relató que regresó inmediatamente a la agencia para revisar el contenido junto al encargado del local. “Empezamos a revisar y nos damos cuenta de que no había ninguno de los 25 relojes. Se habían llevado once cajas con relojes y habían dejado catorce cajas vacías”, afirmó.

Muñoz sostuvo además que trabajadores de la agencia le indicaron que el paquete presentaba señales de manipulación antes de ser entregado. Según explicó, la encomienda habría llegado con la etiqueta abierta y con un sobreembalaje adicional. También aseguró que escuchó a empleados mencionar que el paquete ya figuraba como reportado como manipulado en la agencia de Huachipa.

Empresa ofreció compensación parcial

El denunciante señaló que la pérdida económica asciende a aproximadamente 19 mil soles y cuestionó que la empresa no haya asumido el valor total de los productos desaparecidos. Según indicó, la compañía inicialmente le ofreció una compensación de 4.500 soles y posteriormente elevó la propuesta a 6.500 soles.

Muñoz indicó que decidió rechazar ambas ofertas al considerar que no cubrían el monto real de la pérdida. “No he aceptado”, manifestó durante la conversación con el medio televisivo.

Asimismo, cuestionó las políticas de seguridad y cobertura de la empresa de encomiendas. El empresario aseguró que recién después del incidente fue informado sobre la existencia de un seguro asociado al envío, aunque afirmó que nunca recibió una explicación detallada sobre sus alcances.

Denuncia policial

La víctima informó que ya interpuso una denuncia formal ante la comisaría correspondiente y que tanto el encargado de la agencia como la apoderada de la empresa fueron citados para brindar sus descargos ante las autoridades.

“Sus términos y condiciones me parecen absurdos y abusivos, porque como usuarios ellos tienen que garantizar que el paquete llegue en óptimas condiciones”, expresó Muñoz. Además, señaló que presentó documentación relacionada con la compra de los relojes y los costos de importación de los productos.

El denunciante exhortó a la empresa involucrada a pronunciarse sobre lo ocurrido y pidió que otras personas que hayan atravesado situaciones similares presenten sus denuncias. Entretanto, el empresario indicó que continuará con las acciones legales para intentar recuperar el valor total de la mercadería desaparecida.

El video, que se volvió viral en cuestión de horas, muestra a un individuo interceptando a dos menores para despojarlos de sus mochilas y un teléfono celular.

La frialdad con la que el delincuente revisa los útiles escolares en busca de objetos de valor ha encendido una chispa de indignación nacional que cuestiona la efectividad de las actuales estrategias de seguridad.

El suceso ocurrió cerca de la bodega Katyangelos, una zona que, según los vecinos, se ha convertido en un territorio fértil para el asalto común.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la vulnerabilidad absoluta de los infantes, quienes, ante la amenaza, no tienen más opción que entregar sus escasas pertenencias.

Este evento ha puesto el foco sobre Nacaome, una ciudad que históricamente gozaba de mayor tranquilidad que las urbes del norte, pero que hoy enfrenta una escalada delictiva que no discrimina edades.

Contexto Nacional: ¿Bajan los homicidios, pero sube el miedo?

La situación en Valle se enmarca en un panorama nacional complejo. Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH (IUDPAS) y la Secretaría de Seguridad, Honduras cerró el año 2024 con una tasa de homicidios de 27.2 por cada 100,000 habitantes, la más baja en dos décadas. Sin embargo, esta reducción en las muertes violentas no parece traducirse en una mayor sensación de paz para el ciudadano de a pie.

Mientras los homicidios muestran una tendencia a la baja, delitos como la extorsión y el robo a mano armada persisten con fuerza. El “Estado de Excepción”, vigente desde finales de 2022 y prorrogado sucesivamente hasta este 2026, ha sido la herramienta principal del gobierno para combatir a las pandillas.

No obstante, expertos en seguridad y organismos de derechos humanos señalan que esta medida ha comenzado a mostrar signos de desgaste, siendo insuficiente para frenar la delincuencia común que afecta directamente a los estudiantes y trabajadores en las paradas de buses y rutas escolares.

El impacto en la niñez y la educación

La criminalidad en Honduras está provocando un fenómeno silencioso pero devastador: la deserción escolar por miedo. El caso de Nacaome ilustra por qué muchos padres de familia optan por no enviar a sus hijos a clases.

Cuando el trayecto al centro educativo se convierte en una zona de peligro, el derecho a la educación se ve truncado por la necesidad de supervivencia.

Se estima que miles de jóvenes abandonan el sistema educativo anualmente debido a la violencia en sus comunidades o la presión de grupos criminales. La población hondureña, cansada de las promesas de “mano dura”, exige hoy una presencia policial inteligente y preventiva.

En Nacaome, la demanda es clara: mayor patrullaje en horarios escolares y la identificación inmediata del agresor captado en video. La respuesta de la Policía Nacional será crucial para determinar si este acto quedará impune o si servirá como precedente para recuperar el control de las calles.

Si bien las cifras macroeconómicas de criminalidad pueden mejorar, la seguridad humana se mide en la libertad de un niño para caminar hacia su futuro sin el temor de ser asaltado.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó la extradición de un ciudadano iraní, en una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el mensaje difundido por la sede diplomática, el individuo fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos vinculados a la exportación ilegal de tecnología sensible, un delito que forma parte de los esfuerzos por controlar el acceso indebido a recursos estratégicos.

En su pronunciamiento, la Embajada destacó que Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite hacer rendir cuentas a actores involucrados en actividades ilícitas de alcance internacional.

La operación se ejecutó en el marco de los canales formales de cooperación policial, con participación directa de INTERPOL Panamá.

Este caso se suma a otras acciones recientes desarrolladas en el país en coordinación con autoridades estadounidenses. Durante esta misma semana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración.

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir de Panamá con destino a El Salvador, tras ser identificado en labores de verificación migratoria y policial.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional, INTERPOL Panamá y el Servicio Nacional de Migración, lo que permitió ubicar al individuo dentro del flujo regular de pasajeros.

Las autoridades confirmaron que el detenido mantiene requerimientos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico internacional, lo que activó los protocolos de detención inmediata.

Estos operativos se dan en un contexto en el que Panamá mantiene colaboración activa con agencias internacionales en la persecución de delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y delitos financieros.

La utilización de alertas de INTERPOL y mecanismos de intercambio de información ha permitido identificar y detener a personas requeridas por otras jurisdicciones dentro del territorio nacional.

En paralelo, las estadísticas oficiales reflejan el volumen de acciones migratorias vinculadas a control y seguridad. Según datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y marzo de 2026 se registraron 284 personas deportadas o expulsadas, con una distribución equitativa entre ambos tipos de medidas.

Del total, 142 correspondieron a deportaciones y 142 a expulsiones, evidenciando una política activa de control migratorio.

El desglose mensual muestra que enero concentró 172 casos, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que refleja una disminución progresiva en el primer trimestre del año. Además, el 82% de los casos correspondió a hombres, mientras que el 18% restante fueron mujeres, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a las principales causas, los datos indican que 134 personas fueron procesadas por ingresar de forma irregular al país, mientras que 96 estuvieron vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva, principalmente por tráfico internacional de drogas.

También se registraron casos por antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, entre otras causales.

Por nacionalidad, la mayor cantidad de deportaciones y expulsiones en lo que va de 2026 corresponde a ciudadanos de Colombia, con 143 casos, seguidos por Nicaragua con 69 y Venezuela con 18, además de otros países de América Latina, Asia y África. Estas cifras evidencian la diversidad del flujo migratorio y de los perfiles sujetos a control por parte de las autoridades panameñas.

Al comparar con 2025, se observa que el año pasado cerró con un total de 1,133 deportaciones y expulsiones, de las cuales 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones, lo que confirma que Panamá mantiene un volumen sostenido de acciones en materia migratoria y de seguridad.

En ese periodo, las principales causas estuvieron relacionadas con ingreso irregular al país, con 857 casos, así como con delitos como tráfico de drogas, antecedentes penales y otras infracciones, lo que refleja un patrón similar al observado en 2026.

Asimismo, los ciudadanos de Colombia encabezaron la lista de nacionalidades, seguidos por Nicaragua, Ecuador y otros países, consolidando una tendencia en los perfiles migratorios intervenidos.

Las recientes detenciones y extradiciones reflejan la continuidad de los esfuerzos de Panamá por fortalecer su cooperación internacional en materia de seguridad, en un entorno donde la movilidad global y el crimen transnacional requieren acciones coordinadas entre países para enfrentar los desafíos asociados.

La Justicia panameña dictó nuevas condenas en distintos casos penales que incluyen delitos sexuales, homicidios, robo agravado y femicidio, tras procesos en los que el Ministerio Público logró sustentar con pruebas periciales, testimoniales y documentales la responsabilidad penal de los implicados.

Las decisiones se producen en medio de una agenda judicial activa que abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en diversas regiones del país.

En uno de los casos más graves, dos hombres que son hermanos fueron condenados a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual y privación de libertad, tras un juicio oral de tres días en el que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó evidencias contundentes.

Los hechos ocurrieron en 2024, en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, donde los condenados, mediante intimidación, abusaron de una menor de edad y además retuvieron contra su voluntad a dos menores dentro de una residencia.

Durante el proceso, el tribunal de juicio oral valoró pruebas materiales, documentales y testimoniales, lo que permitió emitir un fallo condenatorio contra ambos imputados.

La privación de libertad de las víctimas, sumada a la violencia ejercida, fue determinante para establecer la gravedad de la conducta penal. Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por sancionar delitos contra la integridad de menores, considerados de alta prioridad dentro del sistema judicial.

En otro proceso, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, logró una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre identificado como alias “Chombolín”, hallado culpable de homicidio doloso agravado.

El tribunal también impuso una pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la condena principal.

El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2023, en el corregimiento de Las Mañanitas, específicamente en el Sector 20, donde el sentenciado, en complicidad con un menor de edad, realizó disparos con arma de fuego contra la víctima, provocándole la muerte.

La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal mediante testimonios y peritajes, consolidando el caso ante el tribunal.

En una causa distinta, relacionada con delitos contra el patrimonio, la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una sentencia de 15 años de prisión para un hombre por robo agravado, en hechos ocurridos el 5 de junio de 2021 en el corregimiento de Betania.

El fallo se produjo luego de audiencias realizadas los días 19 y 25 de marzo de 2026, donde se expuso la teoría del caso y se presentaron múltiples elementos probatorios.

De acuerdo con la investigación, el condenado actuó junto a dos personas no identificadas, quienes ingresaron a una residencia en Villa Cáceres y, mediante amenaza con arma de fuego, despojaron a las víctimas de celulares y dinero en efectivo. Además de la pena principal, el tribunal impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por seis años, una vez cumplida la condena.

Finalmente, en la provincia de Darién, la Fiscalía Regional logró una condena de 30 años de prisión por el delito de femicidio, tras demostrar la culpabilidad de un hombre en perjuicio de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió la noche del 16 de noviembre de 2024, en el distrito de Chepigana, donde el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.

En este caso, el Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas documentales, periciales y testimoniales, que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

La violencia de género y el vínculo entre víctima y victimario fueron elementos clave en la tipificación del delito como femicidio, uno de los crímenes más severamente sancionados por la legislación panameña.

A la fecha, se han registrado 158 homicidios en el país. Según las autoridades panameñas, 76% de esos casos guarda relación con estructuras vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales reflejan que la mayor cantidad de homicidios en 2026 se concentra en el distrito de Panamá, con 58 casos; seguido de San Miguelito, con 28; Colón, con 23; y Arraiján, con 13.

Un operativo de la Policía Nacional y el Ejército permitió la captura en flagrancia de tres hombres, entre ellos un exoficial de alto rango, por el asalto armado a una finca en el corregimiento de Sahagún, Córdoba.

La intervención se produjo después de que los implicados ingresaron al predio rural, portando armas de fuego, y sometieron a los residentes para apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor.

Las víctimas, tras lograr liberarse, alertaron a los vecinos, que a su vez avisaron a las autoridades, facilitando la intervención rápida.

Tras las capturas, se identificó a Wilmer Monsalve Meneses, teniente coronel retirado y exsubcomandante del Departamento de Policía Sucre, como presunto líder del grupo. Monsalve portaba una pistola calibre 9 milímetros que fue incautada durante el procedimiento. El exoficial registra un antecedente judicial por violencia intrafamiliar en 2021, según confirmó la Policía.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los tres hombres ingresaron a la finca, intimidaron y amordazaron a dos personas que se encontraban en el lugar.

El reporte detalló que los agresores lograron sustraer cerca de $9 millones en efectivo, una motocicleta, varios teléfonos móviles y joyas. Parte del grupo logró escapar, aunque las autoridades lograron recuperar algunos de los elementos hurtados.

La reacción de la comunidad fue determinante para activar el plan candado, permitiendo a las unidades policiales y al Batallón Junín del Ejército Nacional cerrar las vías estratégicas e interceptar la camioneta RAM utilizada para la huida. En la operación fueron incautados tres proveedores, munición de distintos calibres y equipos móviles. La Fiscalía General de la Nación asumió la judicialización de los detenidos.

Los otros dos capturados fueron identificados como Duber Aventado Herrera y Raúl Ramón Mendoza, ambos con antecedentes por porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Con base en las verificaciones divulgadas por la Policía, los tres detenidos pertenecerían a una estructura criminal dedicada al hurto en zonas rurales de la Costa Caribe. Las autoridades investigan su posible vinculación con robos similares en municipios como Montería, Cotorra, Ciénaga de Oro y San Carlos.

La Policía de Córdoba destacó que, en lo que va de 2026, se han capturado 886 personas por diferentes delitos, de las cuales 810 en flagrancia. En el desarrollo de la ofensiva contra el hurto rural, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 y canales oficiales, garantizando absoluta reserva de identidad.

El reporte oficial detalla que el arma incautada a Monsalve Meneses será sometida a análisis balísticos para establecer si ha sido utilizada en otros hechos delictivos. Además, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de sus capturas y la imputación de cargos por hurto calificado y agravado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el plan candado implementado por la Policía y el Ejército resultó fundamental para detener a los sospechosos en plena huida. La acción articulada entre ambas instituciones se inscribe dentro de las estrategias para contrarrestar la delincuencia en áreas rurales, una problemática que afecta de manera recurrente a la región.

En la revisión de antecedentes, el teniente coronel retirado ya había sido objeto de investigación por violencia intrafamiliar en Cartagena, mientras ejercía funciones en el departamento de Bolívar. El caso generó inquietud en la opinión pública por el involucramiento de un exoficial de alto rango en actividades delictivas de alto impacto.

La Policía de Córdoba reiteró su compromiso institucional con la seguridad rural y solicitó el apoyo de la comunidad para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa. Los operativos conjuntos con el Ejército se mantendrán en las áreas más afectadas por el accionar de grupos delictivos organizados en la región Caribe.

Durante la Semana Santa de 2026, las autoridades dominicanas informaron de una importante reducción en los principales indicadores de criminalidad, lo que marca una mejora atribuida a las nuevas estrategias de intervención policial. Estos resultados, presentados en un informe elaborado por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva y difundidos por las autoridades, señalan que la implementación de operativos focalizados así como acciones preventivas fue determinante para modificar la violencia habitual durante el asueto, especialmente en las zonas identificadas con mayor riesgo.

Estos datos suponen el mejor comportamiento en la serie reciente, según señalaron fuentes policiales al presentar el balance correspondiente al período comprendido entre el Domingo de Ramos y el Sábado Santo. Uno de los descensos más notables fue el de los robos, con 766 casos reportados, una cifra que representa una caída del 57% respecto al promedio histórico de 1,800 incidentes registrados en años anteriores durante la misma semana, según cifras oficiales difundidas por las autoridades dominicanas.

La Semana Santa de 2026 estuvo marcada también por un descenso en los homicidios registrados, con 15 muertes violentas informadas en el territorio nacional. Este número contrasta con las 32 muertes que, de acuerdo con los registros, se producían para este periodo durante los años comprendidos entre 2023 y 2025. Este descenso significa una reducción del 53% en materia de homicidios en comparación con el promedio de los años previos, según el análisis del documento estadístico.

En el caso de los lesionados en hechos de violencia, los datos del informe señalan que 52 personas resultaron heridas durante el asueto. El promedio registrado en años recientes para esta etapa era de 75 heridos, lo que implica una reducción de alrededor del 31%. Esta tendencia a la baja no solo se observa en los homicidios y robos, sino también en la cantidad de emergencias atendidas por las fuerzas de seguridad y asistencia médica, lo que refuerza la percepción de mayor seguridad en el período evaluado, según el balance oficial.

La mayor parte de las emergencias y delitos continuaron concentrándose en el área del Gran Santo Domingo, particularizando en sectores como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste. Estas demarcaciones mantienen la condición de puntos críticos, motivo por el cual las autoridades han intensificado allí las intervenciones focalizadas para contener la actividad criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, el énfasis en el refuerzo de acciones preventivas y la asignación estratégica de recursos permitió identificar y cubrir más eficazmente los horarios y zonas históricamente más vulnerables, lo que impactó en la reducción global de los delitos registrados en estas fechas.

El informe presentado subraya que estas cifras representan el desempeño más favorable en la serie histórica recogida para este período vacacional. No obstante, las autoridades, representadas por la Policía Nacional, advierten que estos datos todavía tienen carácter preliminar y que continúan los procesos internos de verificación y consolidación de la información antes de emitir el informe final detallado.

Conforme a la información recabada por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva, el consolidado de emergencias atendidas muestra una mejora estadística significativa para la Semana Santa 2026, posicionando a este período como un punto de inflexión respecto a años recientes en materia de seguridad pública y respuesta operativa de las fuerzas del orden en República Dominicana.

El decomiso de 80 paquetes de presunta droga con destino a Thessaloniki, Grecia, marcó uno de los resultados más recientes de las operaciones contra el narcotráfico en Panamá, en un contexto en el que las autoridades refuerzan sus estrategias tanto en puertos como en comunidades.

La carga, detectada en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, transitaba en un buque mercante procedente de Posorja, Ecuador, y fue interceptada tras labores de inteligencia que identificaron irregularidades en dos contenedores.

La operación fue ejecutada por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria del Servicio Nacional Aeronaval, que mediante procesos de perfilamiento y verificación detectaron anomalías en los sellos de los paneles de refrigeración, lo que activó los protocolos de inspección.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón, se realizó el allanamiento que permitió ubicar los paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de la estructura del contenedor, evidenciando un método sofisticado de contaminación de carga.

Este decomiso se suma a un volumen acumulado significativo en lo que va del año. Según datos oficiales, la Aeronaval ha incautado 20.6 toneladas de droga en 25 operaciones a nivel nacional, lo que refleja la presión constante sobre las rutas del narcotráfico que utilizan el país como punto de tránsito.

Estas cifras también evidencian que los puertos panameños siguen siendo un objetivo estratégico para organizaciones criminales que buscan movilizar sustancias hacia Europa.

Sin embargo, mientras las grandes incautaciones en rutas internacionales captan la atención, las autoridades mantienen un enfoque paralelo en el combate al microtráfico, una modalidad de delito que ocurre a menor escala pero con impacto directo en las comunidades.

El microtráfico se refiere a la venta, distribución y almacenamiento de drogas en pequeñas cantidades, generalmente dentro de barrios o distritos específicos, y suele estar vinculado a redes locales que abastecen el consumo interno.

En la provincia de Chiriquí, la Operación “Nómada”, desarrollada durante el mes de marzo bajo el Plan Firmeza 2026, permitió avanzar en la identificación y desarticulación de personas dedicadas a esta actividad.

Como resultado, se logró la judicialización de 14 operaciones y la aprehensión de 13 personas, varias de ellas con antecedentes judiciales, lo que evidencia una participación reiterada en delitos relacionados con sustancias ilícitas. Las acciones incluyeron seguimiento, inteligencia y diligencias operativas en distintos distritos.

En otro caso, en la comunidad de La Rueda, en la provincia de Los Santos, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon un centro de venta de drogas mediante un allanamiento.

Durante la intervención se aprehendió a cuatro personas, a quienes se les decomisaron dos bolsas de presunta cocaína, una pesa digital, bolsitas plásticas vacías, un triturador metálico y varios teléfonos celulares, elementos comúnmente asociados a la distribución al detal.

Asimismo, en el marco de la Operación Eco, también en la provincia de Los Santos, se logró la aprehensión de un ciudadano de 33 años, quien mantenía en su poder tres bolsas con presunta marihuana, dinero en efectivo, una pesa digital y un teléfono celular.

En una acción paralela, fue detenido un hombre de 28 años requerido por un juzgado de garantías, lo que refuerza la línea de trabajo coordinado entre unidades operativas y el sistema judicial.

Las autoridades sostienen que este tipo de operativos busca atacar no solo la estructura del narcotráfico a gran escala, sino también su base operativa en comunidades, donde el microtráfico se convierte en un factor que alimenta otros delitos como el hurto, la violencia y la inseguridad local.

Una de las más destacadas fue la opinión de Gustavo Petro sobre la delincuencia y la forma de intentar transformar a las nuevas generaciones, aspecto en el que no estuvo de acuerdo con el creador de contenido.

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El intercambio entre Gustavo Petro y el influencer Westcol reflejó una disputa sobre cómo enfrentar la delincuencia en Colombia. Petro advirtió sobre las consecuencias sociales del uso de fuerza letal, alertando sobre posibles ciclos de venganza que podrían escalar el conflicto.

Westcol, por su parte, sostuvo que los ciudadanos debían tener el derecho de reaccionar con firmeza ante la inseguridad, manifestando una sensación de desprotección extendida en la sociedad. Durante el debate, Petro defendió la idea de acudir a la Policía Nacional en situaciones de riesgo, aunque reconoció que la respuesta estatal no siempre resultaba oportuna.

Westcol comparó a Petro con una “abuela tierna”

En una transmisión en la plataforma Kick, Westcol habló sobre las conclusiones que le quedaron de su charla con el presidente de Colombia, al que comparó con una “abuela tierna”.

“Petro tiene una manera de pensar que no es que no sea válida, solo que es como que, no sé, yo lo veo como cuando usted tiene su abuela tierna, que le permiten a los niños hacer lo que sea, que rompen los platos y no hacen nada, que lleguen tarde y no hacen nada”.

El creador de contenido valoró las ideas que tiene el presidente de Colombia, pero indicó que la sociedad colombiana no está preparada para las propuestas que tiene el mandatario.

“Yo siento que él tiene un ideal muy tierno de que él piensa que a los jóvenes que no tienen oportunidades se les puede cambiar la mentalidad simplemente hablándoles. Y no, brother, nosotros estamos en una sociedad donde así no es”.

Continuando con el debate, Westcol afirmó que él considera que para que en Colombia se pueda hablar de un cambio social como el que busca el presidente Gustavo Petro es necesario esperar al menos 40 años.

“No, no funciona. De pronto se podría, pero requiere muchos años, huevón, eso es mucho aprendizaje, mucha educación. Eso requiere por ahí 40 o 50 años para poder lograr un cambio radical. Yo me voy a lanzar a la presidencia (risas), prepárese Trump que también voy es pa’allá”.

Además de hablar de las ideas que compartió con el presidente, al que le indicó que es importante comenzar a implementar políticas ligadas a las nuevas tecnologías. Westcol se refirió a los rumores sobre el presunto pago que recibió por entrevistar a Gustavo Petro.

El antioqueño negó haber recibido dinero por estar con el presidente y afirmó que junto a su equipo de trabajo buscaron tener ese espacio para acercar a los jóvenes a la política actual del país.

“Este no es un stream ni va a ser un espacio enfocado en favorecer a un lado u otro. Esa fue, de hecho, una de las condiciones desde el inicio para que estos encuentros se dieran. No queremos apoyar ni a la izquierda ni a la derecha, ni alinearnos con ninguna postura. La intención es otra: alejarnos de esos polos y generar una conexión real entre la juventud y la política. Porque al final, un joven no puede decir que el país está mal o bien si ni siquiera entiende quién lo lidera o qué está pasando realmente”.

En Santa Ana, municipio ubicado al norte de Sonora, fuerzas estatales y federales realizaron un operativo coordinado que dejó como saldo el arresto de siete personas cuando sustraían grano de maíz de un tren.

El operativo ocurrió este 3 de abril cerca del kilómetro ferroviario 115+691, donde los detenidos recolectaban la mercancía en costales y la cargaban en cinco vehículos estacionados junto a las vías, según reportó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Las autoridades estatales detallaron que los arrestados son:

• Luis Alberto “N”, alias “El Piriguey”.
• José Andrés “N”
• Francisco Julián “N”, alias “El Mudo”
• Juan Francisco “N”, alias “El Pekas”
• Reyes Emilio “N” , alias “El Reyitos”
• Gilberto “N”
• Miguel Ángel “N”, alias “El Miguel”

Según el reporte oficial, las edades de los sujetos van desde los 19 hasta los 56 años.

Además, en la intervención se aseguraron cinco vehículos, entre ellos un camión tipo grúa y un camión de redilas, así como aproximadamente dos toneladas de grano de maíz.

Los hechos fueron confirmados por la FGJES, quien señaló que en los trabajos participó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal (PESP).

Las autoridades no señalaron que los 7 hombres arrestados estén vinculados con algún grupo delincuencial de la región.

Operativo conjunto y hallazgos en el lugar

De acuerdo con la versión oficial de la FGJES, la intervención se realizó tras un reporte ciudadano sobre un robo en proceso a un tren de carga.

Al llegar al sitio, los agentes sorprendieron a los implicados recolectando el grano de maíz disperso sobre las vías y cargándolo en costales.

Las autoridades aseguraron que el esquema evidenciaba una operación organizada, al localizar cinco vehículos listos para el traslado de la mercancía.

Todos los indicios y los arrestados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Estrategia estatal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora subrayó que el combate a delitos como el robo a trenes forma parte de una estrategia para proteger la infraestructura ferroviaria y sectores productivos estratégicos.

Según la dependencia, este tipo de acciones buscan “fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el estado de derecho en la región”.

La investigación quedó a cargo de la FGR, quienes darán seguimiento a los delitos relacionados con la afectación de la cadena productiva nacional.

Robo de trenes en el país

En otros hechos, en diciembre de 2025, el gobierno de Guanajuato reportó un intento de sabotaje por parte de un grupo criminal que buscó descarrilar un tren de carga, acción que fue impedida por la intervención del conductor.

Casos similares han sido registrados por autoridades federales y estatales, quienes advierten sobre el impacto de estos delitos en la seguridad y la economía nacional.

El asesinato de dos maestras en Michoacán por un menor de edad reavivó el debate nacional sobre el tratamiento penal de niñas, niños y adolescentes en México, algo a lo que también se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana y en noviembre pasado, exhortando a que se discuta el tema la posibilidad de juzgar a menores homicidas como adultos.

No obstante, el coordinador de la Clínica de Bienestar Universitario (CBU) de la Universidad Iberoamericana, doctor Antonio Tena Suck, advirtió que juzgar a menores como adultos no contribuirá a disminuir la violencia entre adolescentes.

El especialista llamó a que en su lugar, se atiendan las causas estructurales del fenómeno desde la salud mental y el bienestar integral.

De acuerdo con información difundida por Prensa Ibero, el especialista subrayó que el enfoque punitivo resulta insuficiente y que la prevención debe ocupar el centro de la estrategia para reducir la violencia juvenil.

“No, absolutamente. Me parece que lo que tenemos que es atender y tratar de buscar situaciones que favorezcan el bienestar emocional de las personas”, afirmó el Dr. Tena Suck, quien advirtió que centrarse únicamente en el castigo implica desconocer las raíces profundas de la violencia.

El coordinador de la CBU explicó que la violencia en adolescentes suele ser la expresión visible de problemas emocionales no atendidos, los cuales pueden originarse desde la infancia y agravarse con el tiempo.

Insistió en la importancia de identificar señales de desregulación emocional, como tristeza persistente, dificultades para controlar la ira o conductas violentas, para intervenir de manera oportuna.

“El bienestar emocional tiene que ser en todos los aspectos: físico, psicológico, social y cultural. Tenemos que buscar la integración de la persona y su adaptación sociocultural”, precisó el académico de la Universidad Ibero.

El especialista señaló que los sistemas de atención psicológica en el país suelen verse rebasados, lo que limita la posibilidad de brindar un acompañamiento efectivo a quienes lo requieren.

“La única manera de tener una incidencia favorable es el énfasis en la prevención. No esperemos a que la persona desarrolle un problema grave; cuando haya una desregulación emocional, ahí tenemos que intervenir”, agregó.

En la misma entrevista, Tena Suck destacó que organismos internacionales como la UNESCO han identificado el desarrollo socioemocional como una competencia clave para el futuro.

Este aspecto se suma a habilidades digitales, pensamiento crítico y resolución de problemas, y requiere ser impulsado desde las primeras etapas educativas.

El director de la CBU propuso fortalecer los programas de salud mental en escuelas, universidades y espacios educativos.

Explicó que no basta con la presencia de un psicólogo, sino que se requiere la conformación de equipos multidisciplinarios y modelos de atención flexibles.

Entre las medidas recomendó implementar programas de primeros auxilios psicológicos, capacitar a docentes y personal administrativo para detectar señales de alerta, y establecer rutas de atención oportunas para estudiantes que presenten dificultades emocionales.

El especialista sostuvo que personas que trabajan en áreas como bibliotecas, mantenimiento o vigilancia también pueden detectar situaciones de riesgo psicoemocional si reciben capacitación adecuada.

Así, se incrementa la probabilidad de canalizar a quienes lo necesiten antes de que se desarrolle una situación grave.

En el caso de hechos como el ocurrido en Michoacán, el doctor Tena Suck advirtió que suelen existir señales previas que no son detectadas a tiempo.

“Hubo antecedentes, hubo situaciones que se pudieron haber detectado y atendido. No tenemos que esperar a que sea una situación tan dramática o mortal para poner el énfasis en la salud mental”, afirmó en declaraciones a Prensa Ibero.

Caso Osmar ‘N’

Osmar “N”, un adolescente de 15 años, será juzgado por feminicidio y portación de arma de fuego tras asesinar a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ataque, ocurrido dentro del plantel, fue captado por cámaras de vigilancia y evidenció que se trató de una agresión directa: el menor ocultó un rifle AR-15 en una funda de guitarra y disparó a las víctimas al ingresar.

Familiares de las maestras, identificadas como María del Rosario “N” y Tatiana “N”, exigieron justicia e incluso se cuestionó si el responsable debe ser juzgado como adulto.

El arma utilizada no contaba con registro, pese a que el padrastro del menor es miembro de la Marina.

Por su edad, la pena máxima para el adolescente podría ser de tres años de prisión. Las autoridades presentarán videos y testimonios para determinar la vinculación a proceso.

Para combatir el flagelo, el streamer sugirió implementar medidas más duras contra los criminales. “Yo siento que una de las cosas que haría, pues mi opinión aquí, que haría como que cambiara la seguridad realmente, es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”.

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En respuesta, el jefe de Estado señaló que “esa es una visión que yo llamo de la venganza”. Sin embargo, Westcol cuestionó su postura, sugiriendo replicar la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador.

“No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un... Osea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar. Yo trabajé por lo mío, ¿sí me entiende? Yo tuve que trabajar por lo mío. ¿Qué opina usted de lo que hace Bukele con los bandidos allá?”, preguntó el creador de contenido.

Cabe anotar que la política del país centroamericano, vigente desde 2022, se caracteriza por el despliegue militar, detenciones masivas y la construcción de grandes cárceles para desarticular organizaciones criminales, logrando alto consenso social interno, pero enfrentando fuertes críticas por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias.

Sobre la propuesta de Luis Villa, el presidente Petro dijo que no está de acuerdo con las medidas implementadas por Bukele, porque hay “algunos culpables, otros no son tanto, hay violaciones de derechos humanos”.

Y advirtió: “No existe cadena perpetua ni pena de muerte. Y esa salida puede contener tanta ira que entonces la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia, que ha estado en muchos ciclos de violencia”.

En una entrevista desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro abordó la desesperanza y las dificultades que enfrenta la juventud en Colombia tras la reciente muerte de soldados en un accidente aéreo en Putumayo, señalando que las políticas del Gobierno nacional deben centrarse en ofrecer oportunidades reales para este sector poblacional, no solo mejoras simbólicas.

La conversación, desarrollada junto al creador de contenido Westcol, puso de relieve la necesidad de repensar el rol de la juventud en la sociedad y la urgencia de reformas estructurales frente a la pobreza y el acceso a la educación.

Durante el diálogo, Petro recalcó el impacto del accidente que costó la vida a varios jóvenes militares, calificando el luto nacional como una señal de alarma. “El luto no es simbólico. Si se nos está muriendo la juventud, vamos mal”, expresó.

El primer mandatario subrayó que estos soldados se encontraban “luchando contra narcotraficantes en esa región, arriesgando su vida”, ilustrando así la vulnerabilidad de quienes representan a las nuevas generaciones en contextos de violencia.

Por otro lado, Petro destacó una cifra concreta sobre avances en educación: la cobertura en educación superior “pasó del 50% al 60%” bajo su mandato. Esta mejora, aunque significativa, fue reconocida como insuficiente: “Pasar del 50 al 60% es una gran ventaja”, indicó, pero reconoció que la meta debe ser más ambiciosa. Según consideraciones del mandatario, el problema de fondo no se resuelve solo con el acceso a la universidad.

Gustavo Petro admitió que el estudio por sí solo no asegura una mejora en la vida de los jóvenes, pues muchos egresados enfrentan salarios bajos o la imposibilidad de obtener empleo. “Uno estudia… hace su carrera universitaria, después o el salario es malo o no consigue trabajo”, dijo el jefe de Estado, destacando las limitaciones de la estrategia educativa vigente.

En su análisis, Petro expuso que el problema de la pobreza juvenil es profundo y estructural “Es muy difícil que un joven salga de la pobreza”, reconoció, señalando que la solución requiere transformaciones que abarcan el acceso a educación, crédito y tierra, especialmente para quienes viven en zonas rurales.

De acuerdo con lo expresado, el presidente subrayó que la política pública debe dejar atrás la visión del joven como enemigo y asegurar acceso equitativo a oportunidades.

El Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

La iniciativa busca convertir en ley un mecanismo que hasta ahora ha operado como programa temporal, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno y reforzar su alcance como herramienta de seguridad pública.

La propuesta legislativa establece de forma expresa que el canje no será en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Este punto es clave, ya que busca evitar el uso indebido del incentivo económico y asegurar que el beneficio tenga un impacto social directo en los hogares que participan en el programa.

El texto aprobado también define el mecanismo operativo del programa, señalando que las jornadas de recepción de armas deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

Estas jornadas serán anunciadas previamente, incluyendo fecha, hora y lugar, lo que introduce un esquema estructurado y periódico, distinto a operativos aislados del pasado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, la finalidad principal es reducir la cantidad de armas en circulación que puedan ser utilizadas con fines delictivos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El propio informe legislativo señala que esta medida forma parte de un enfoque preventivo, orientado a disminuir la delincuencia en los corregimientos mediante la retirada voluntaria de armas, municiones y explosivos de las calles.

El proponente de la iniciativa, el diputado José Pérez Barboni, ha sostenido que uno de los problemas del esquema actual es su carácter temporal, lo que impide darle continuidad y medir su impacto a largo plazo.

Por ello, la propuesta busca elevar el programa a rango de ley, garantizando que no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno y que se mantenga como una política pública permanente contra la violencia y el crimen organizado.

Las cifras incluidas en la exposición de motivos respaldan el alcance del programa. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron destruir 41,145 armas de fuego, 562,959 municiones, 9,910 proveedores, 608 accesorios y 5,536 artefactos explosivos, lo que evidencia una capacidad operativa relevante en la ejecución de este tipo de iniciativas.

A nivel más reciente, también se registran jornadas en las que se han retirado cientos de armas y miles de municiones mediante incentivos económicos.

El proyecto también incorpora ajustes y modificaciones realizadas durante su discusión en comisión, incluyendo cambios a varios artículos y la incorporación de nuevas disposiciones, con el fin de fortalecer su aplicabilidad y alcance operativo.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la coordinación institucional y asegurar que el programa funcione como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

Más allá del enfoque social del canje, el proyecto se enmarca en una lógica de política pública que combina incentivos económicos con objetivos de desarme, una estrategia que ha sido aplicada en otros países con distintos niveles de éxito.

En el caso panameño, el diseño plantea que cada arma retirada representa una reducción potencial del riesgo delictivo, bajo la premisa de que disminuir la disponibilidad de armas contribuye a contener la violencia.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo devuelve a la Asamblea.

Su eventual entrada en vigencia marcaría el paso de un programa administrativo a una política de Estado formalizada, con reglas claras, periodicidad definida y un esquema institucional establecido para su ejecución en todo el país.

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, contradijo este jueves su decisión previa de no dar cifras sobre la criminalidad y presentó datos recientes, aunque de manera breve, durante la ceremonia de egreso de la promoción 2024-II ‘Protección Ciudadana’.

“Los homicidios han decrecido en un 8 % y las denuncias de extorsión en un 39 %”, señaló en el acto que reunió a 5.652 nuevos efectivos y que, según indicó, forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

Añadió que la reducción también alcanza a los robos y hurtos de vehículos. “Cuando se produce la entrega de estos, vayan a ver la satisfacción del ciudadano que agradece a toda su Policía Nacional porque consideraba que no volvería a ver la herramienta que tiene como trabajo o para llevar a un familiar a sus atenciones de salud. Esos somos nosotros”, afirmó.

Arriola sostuvo, además, que la criminalidad es “una pandemia universal”, originada tanto por organizaciones que cruzan fronteras como por la delincuencia común que afecta al ciudadano. “Tenemos una enorme responsabilidad y eso lo vamos a hacer con creces, porque estamos acá, porque nos sostiene y nos abriga un solo pensamiento, el de la vocación del servicio”, dijo.

Indicó que los resultados responden al uso de tecnología, personal, equipamiento e infraestructura. “Se están dando los frutos. En la madrugada de hoy se han capturado a los temibles ‘Mexicanos’, que solamente llevan un sticker con todas las pruebas de ley y así seguimos trabajando”, precisó.

No obstante, días antes el comandante general había anunciado que dejaría de informar cifras sobre criminalidad para evitar críticas. “Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más y dejo que vayan a las cifras oficiales porque alguien se siente mal cuando uno indica las cifras. Nosotros nos manejamos con cifras”, declaró en una entrevista con RPP.

Recordó que la institución policial enfrenta el crimen con la misma actitud y capacidad que durante el auge del terrorismo. “Lo que pasa actualmente es que es la misma actitud, el mismo comportamiento, las mismas capacidades, habilidades y destrezas para hacer frente, y venimos haciendo frente”, sostuvo.

Señaló que, en adelante, los reportes estadísticos deberán consultarse directamente en “fuentes oficiales”, pese a afirmar que cuenta con esos datos. Ante la insistencia de los periodistas, reiteró: “Preferiría que ustedes recurrieran a las cifras oficiales”.

Arriola también aseguró que los operativos contra la delincuencia continúan sin pausa, a pesar de que en los últimos días se han registrado ataques armados, sobre todo contra transportistas. “Nosotros hacemos las operaciones todos los días de Dios, y estamos operando mañana, tarde, noche y madrugada, y allí están las capturas de los extorsionadores, de los homicidas, de los que cometen sicariato, y también están los asesinatos”, concluyó.

El oficial asumió el cargo en septiembre de 2025, después de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, debido a una investigación fiscal en su contra.

Antes de ello, Arriola fue jefe de Estado Mayor de la PNP, director nacional de Investigación Criminal y jefe de la División de Terrorismo Regional en el Vraem, el principal valle cocalero del país, donde el narcotráfico convive con remanentes de Sendero Luminoso.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en San Miguelito tras un operativo liderado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual.

El caso, desarrollado en el sector de San Isidro, revela un esquema en el que el sospechoso presuntamente reclutaba menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba mediante catálogos digitales en internet y aplicaciones como WhatsApp, para luego obtener pagos a través de transacciones bancarias producto de la explotación.

La acción se dio en el marco de la Operación “Manos Protectoras”, impulsada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la organización internacional OURrescue.

Durante el allanamiento, las autoridades lograron incautar equipos tecnológicos clave, que serán sometidos a análisis forenses para ampliar la investigación.

La organización internacional OUR Rescue es una entidad sin fines de lucro fundada en 2013 en Estados Unidos, dedicada a combatir la trata de personas y la explotación sexual, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Su trabajo se basa en la colaboración directa con fuerzas de seguridad en distintos países, brindando apoyo en operaciones, inteligencia y tecnología para identificar redes criminales y facilitar detenciones.

Además de participar en investigaciones, la organización también impulsa programas de prevención y asistencia a víctimas, acompañando procesos de recuperación y reintegración.

El detenido será llevado ante un Juez de Garantías, donde se definirá la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, este caso evidencia un patrón creciente de explotación sexual mediante medios digitales, donde los responsables utilizan plataformas de mensajería y redes para captar víctimas y comercializar servicios ilícitos.

Este tipo de delito combina elementos de trata de personas, corrupción de menores y explotación sexual, lo que lo convierte en una de las modalidades más complejas y difíciles de detectar dentro del sistema penal.

Violencia sexual

El caso de San Miguelito no es aislado. En las últimas horas, el Ministerio Público también logró la detención provisional de un hombre de 67 años en Barú, imputado por el delito de violación sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando el señalado habría cometido el delito mediante violencia e intimidación, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la medida cautelar por el riesgo que representa para la víctima.

En paralelo, otro caso en la provincia de Panamá Oeste derivó en la confirmación de la detención provisional de un hombre de 22 años, acusado de violación agravada.

El Tribunal Superior de Apelaciones avaló la decisión inicial, considerando el peligro de afectar pruebas y la gravedad del delito. Este hecho se remonta al año 2023 en el distrito de Capira, cuando la víctima regresaba del colegio hacia su residencia.

Estadísticas preocupantes

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá .

De ese total, 819 casos corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que 84 están relacionados con corrupción de menores y explotación sexual, lo que evidencia que la mayoría de los casos se concentran en delitos de contacto directo.

El análisis comparativo muestra una aparente disminución, pero con matices preocupantes. En el mismo periodo de 2025 se habían registrado 489 casos frente a 416 en 2026, lo que representa una reducción del 15% .

Sin embargo, algunos delitos presentan aumentos significativos, como la pornografía infantil, que pasó de 1 caso a 16, lo que implica un incremento del 1500%, reflejando un cambio en la dinámica de estos delitos hacia entornos digitales.

A nivel geográfico, los datos indican que las denuncias se concentran principalmente en el Primer Distrito Judicial, que incluye áreas como Panamá y San Miguelito, con 426 casos en los primeros dos meses de 2026 . Estas cifras coinciden con la ocurrencia del caso reciente en San Isidro, lo que confirma que las zonas urbanas siguen siendo los principales focos de estos delitos.

Si se amplía la mirada al 2025 completo, el panorama resulta aún más contundente. Ese año cerró con 6,273 denuncias por delitos sexuales a nivel nacional, de las cuales 5,833 correspondieron a violación y otros delitos sexuales .

Esto demuestra que, pese a variaciones mensuales, el problema mantiene una alta incidencia estructural, con miles de casos cada año.

Las autoridades han reiterado su compromiso de perseguir estos delitos y proteger a las víctimas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. No obstante, los datos sugieren que el fenómeno está evolucionando, con un mayor uso de tecnología para captar y explotar víctimas, lo que plantea nuevos desafíos para la investigación y la prevención.

Frente a este escenario, los recientes operativos reflejan una respuesta institucional activa, pero también la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y atención para frenar un delito que sigue afectando a los sectores más vulnerables.

Un reincidente con 98 arrestos previos fue detenido nuevamente tras protagonizar una persecución a más de 160 km/h en el estado de Washington, una carrera que comenzó luego de una serie de robos a comercios.

El operativo culminó en la recuperación de miles de dólares en productos robados junto a metanfetamina, heroína y fentanilo, según publicó el canal de noticias estadounidense Fox News.

Dentro del vehículo abandonado tras la fuga, los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Thurston también hallaron un dispositivo artesanal tipo bong incorporado al tablero, presuntamente para consumir drogas durante la conducción, de acuerdo con la información de Fox News. Además, el detenido fue identificado como James W. Smith Jr., de acuerdo con KIRO 7 News.

Un prontuario extenso y una operación policial de alto riesgo

El incidente llevó a las autoridades a advertir sobre los riesgos que representan los delincuentes con extensos historiales y frecuentes reincidencias penales. Según Fox News y FOX 13 Seattle, Smith Jr. no solo registra cuatro condenas por delitos graves, sino que acumula 27 condenas adicionales por delitos menores. La persecución, que se extendió por varios kilómetros, implicó la colaboración de varias agencias policiales regionales, como destacó FOX 13 Seattle.

De acuerdo con el informe policial citado por Fox News, el individuo fue interceptado tras evadirse de una patrulla en la Interstate 5 cerca de Olympia junto a un cómplice. Ambos utilizaron bolsas sustraídas en un comercio para facilitar nuevos robos en otros establecimientos.

El seguimiento vehicular, que alcanzó velocidades superiores a 160 km/h, debió suspenderse dos veces para evitar poner en peligro a terceros, ya que el sospechoso condujo de manera imprudente por zonas urbanas de Olympia y Lacey. La persecución atravesó diferentes jurisdicciones, y la coordinación policial fue clave para el desenlace, según detalló FOX 13 Seattle.

Debate sobre la reincidencia y la respuesta del sistema judicial

La captura se produjo en las inmediaciones de una escuela primaria sobre College Street en Lacey, lo que motivó un refuerzo de la seguridad escolar durante el operativo, según KIRO 7 News. Un equipo canino fue determinante en la localización de los sospechosos tras abandonar la camioneta utilizada en la huida, informó FOX 13 Seattle.

Los agentes constataron la magnitud de la operación delictiva al incautar mercancía de alto valor y drogas, sumando al expediente del arrestado nuevas pruebas de delitos graves.

El detenido enfrenta cargos por conducción bajo los efectos de sustancias (DUI), evasión policial y posesión de narcóticos, y se prevé que recibirá acusaciones adicionales por robo organizado al por menor en el condado de Lewis tras su salida del centro de detención de Thurston.

Los agentes solicitaron una orden judicial para extraer sangre al detenido y determinar si conducía bajo el efecto de estupefacientes, como puntualizó FOX 13 Seattle. El segundo involucrado fue trasladado a otra jurisdicción policial por otra causa de hurto, detalló Fox News.

El caso generó debate en la comunidad local y en la opinión pública del estado de Washington sobre la reincidencia y la efectividad del sistema judicial, con inquietudes sobre la rapidez con la que algunos reincidentes regresan a las calles, según Red State.

En palabras del sheriff Derek Sanders, reproducidas por Fox News: “Esta noche, está de regreso en la cárcel por la vez número 98, acusado de DUI, evasión y posesión de narcóticos. Buen trabajo de los agentes y los despachadores por lograr poner a algunos delincuentes profesionales tras las rejas… otra vez”.

El operativo fue grabado por cámaras policiales y las imágenes fueron difundidas por la Oficina del Sheriff y varios medios estadounidenses. El caso de James W. Smith Jr. es citado en foros y medios del estado como ejemplo en el debate sobre las políticas de reincidencia y fianzas en Washington, según Red State.

La desarticulación de la pandilla “Los Cantorales” en el sector de El Hueco, en Torrijos Carter, vuelve a poner en el centro del debate la presión que ejercen estas estructuras en San Miguelito, el segundo distrito más grande del país y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por problemas sociales como el desempleo, la desintegración familiar, el consumo de drogas y la delincuencia.

En este contexto, las autoridades ejecutaron la operación “Territorio”, que dejó cinco personas aprehendidas, incluyendo al presunto cabecilla del grupo, conocido con el alias de “Yanka”.

El operativo fue desarrollado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), con el apoyo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Desde la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026 se realizaron 11 diligencias de allanamiento en el área donde operaba esta estructura, considerada de alto impacto por su control territorial y su presunta participación en múltiples delitos.

Según las investigaciones, “Los Cantorales” estarían vinculados a amenazas, intercambios de disparos, robos, venta de drogas, homicidios y lesiones personales, delitos que reflejan la dinámica violenta que persiste en sectores urbanos con alta vulnerabilidad social.

La investigación se remonta a noviembre de 2025, cuando residentes del área denunciaron una serie de hechos delictivos que terminaron activando el seguimiento por parte del Ministerio Público y los estamentos de seguridad.

Como resultado de esta acción operativa, las autoridades lograron la aprehensión de cinco presuntos integrantes del grupo, entre ellos su supuesto líder. Durante las diligencias también fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con actividades delictivas.

El caso vuelve a exponer cómo ciertas pandillas logran afianzarse en comunidades donde las carencias sociales, la falta de oportunidades y la violencia cotidiana terminan abonando terreno para el reclutamiento de jóvenes.

El caso no es aislado. Informes recientes indican que en Panamá existen más de 180 pandillas activas, muchas de ellas funcionando como enlaces del crimen organizado transnacional.

Ese fenómeno ha tenido un impacto directo en la violencia juvenil: hasta noviembre de 2025 se reportaban cerca de 200 jóvenes asesinados, principalmente entre los 18 y 30 años, un grupo etario que suele quedar atrapado en disputas territoriales, ajustes de cuentas y dinámicas ligadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

San Miguelito y otras zonas urbanas como Colón han sido señaladas entre los puntos más sensibles en este escenario. Aunque Panamá sigue siendo visto como un país relativamente seguro frente a otros de la región, durante 2025 también aumentó la percepción de inseguridad y la preocupación por los homicidios ligados al crimen organizado.

Las pandillas no solo actúan como grupos barriales, sino que en muchos casos se convierten en brazos operativos para actividades como la extorsión, el microtráfico, los robos y otros delitos violentos.

Desde el punto de vista legal, la legislación panameña castiga con severidad el delito de pandillerismo. El artículo 330 del Código Penal establece que quien constituya, organice o forme parte de una pandilla puede enfrentarse a penas de cuatro a seis años de prisión. La norma también contempla sanciones más altas cuando la agrupación esté orientada a la comisión de delitos graves.

En esos casos, las penas pueden elevarse hasta un rango de siete a catorce años, dependiendo de la finalidad y del nivel de peligrosidad atribuido a la organización.

La legislación parte de que una pandilla existe cuando tres o más personas se asocian de manera permanente con el propósito de cometer delitos, especialmente si existe algún grado de estructura jerárquica, reparto de funciones, control de territorio o uso de violencia para sostener su poder.

En el caso de los capturados durante la operación “Territorio”, se espera que en las próximas horas sean llevados ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y la aplicación de las respectivas medidas cautelares.

La policía municipal de Ecatepec y elementos de la Marina ejecutaron un cateo en una vivienda del fraccionamiento Las Américas II, donde descubrieron más de 700 animales de distintas especies encerradas en jaulas en condiciones de riesgo.

Luis Alberto López Pérez, consejero jurídico municipal, detalló que la acción surgió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación en una casa presuntamente invadida por el grupo “Los 300”, por lo cual solicitaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Fraccionadores y Combate al Medio Ambiente con sede en Texcoco.

El predio enfrenta un conflicto legal, posiblemente relacionado con una invasión: Tras la custodia municipal, los ocupantes huyeron y abandonaron a los animales a su suerte”, explicó el consejero jurídico, destacando cómo la vigilancia previa alertó sobre la emergencia animal.

Dentro de los animales halladas en el lugar, se encontraban 658 aves, 11 borregos y chivos, 24 tortugas, una tarántula, 12 serpientes, un lagarto de Alicante, dos gallinas de guinea albinas y otras especies exóticas, las cuales fueron transferidas a la Universidad Autónoma de Chapingo para su valoración, observación y cuidado especializado, garantizando su recuperación.

Según información de la Policía Municipal, se cree que el inmueble pudo haber sido invadido por el grupo criminal “Los 300”, ya que en la puerta de entrada había pegada una calcomanía relacionada con dicho sector.

Qué es el grupo “Los 300”

“Los 300” es una organización criminal que opera principalmente en el norte del Estado de México, con fuerte presencia en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán y Tultepec, la cual surgió hace aproximadamente 15 años en la zona de Ciudad Azteca, Ecatepec, como un grupo de choque vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), inicialmente auspiciado por líderes taxistas locales.

El grupo, liderado en sus inicios por Luis Alfaro Espinoza “El Conejo” tras rupturas internas, evolucionó de actividades sindicales a la delincuencia organizada.

Ahora controlan bases de taxis, extorsionan a transportistas, comerciantes y empresarios con cuotas diarias de 50 a 200 pesos, e invade propiedades marcándolas con calcomanías distintivas, como se halló en el predio de Las Américas II.

En un acto de campaña realizado en Miranda de Ebro, Burgos, Abascal expresó su postura acerca de la respuesta institucional frente al crimen ocurrido el martes en ese municipio, que permanece en luto oficial por las tres víctimas del suceso. Según publicó el medio, Abascal cuestionó la actuación tanto del Gobierno como de otros partidos y criticó el sentido de los homenajes oficiales, a los que calificó de "lutos falsarios" tras crímenes como el ocurrido en Miranda de Ebro.

El dirigente argumentó que en la sociedad actual existen delincuentes que, en su opinión, “no son reinsertables” y deberían permanecer privados de libertad permanentemente. Planteó la necesidad de que los condenados por delitos especialmente graves, como asesinato, abuso sexual o violencia contra la infancia, cumplan condenas de por vida. En referencia a casos específicos que involucran sentencias previas, señaló que individuos que hayan cometido secuestro y abuso de menores “no merecen ver la luz del sol el resto de sus días”.

Según afirmó Abascal, la política criminal de las últimas cuatro décadas en España favorece los derechos de los delincuentes, relegando a las víctimas, y responsabilizó a las administraciones encabezadas por el PSOE y el PP de haber creado marcos legislativos que propician la reincidencia mediante la excarcelación prematura. El líder de Vox insistió en que la experiencia reciente de Miranda de Ebro representa una consecuencia directa de estas políticas, dado que un individuo que había sido condenado por hechos similares anteriormente pudo abandonar la prisión y delinquir nuevamente en la localidad.

El dirigente de Vox defendió que los delitos de asesinato, violación y abuso contra menores merecen una respuesta legislativa más estricta. Indicó que hay casos en los que la única protección eficaz para la sociedad es la reclusión perpetua de esos condenados. Planteó, además, que Vox está dispuesto a proponer reformas legales para endurecer el sistema penal, incluso si esto requiere modificar la Constitución española, con la finalidad de asegurar que “gente honrada” no vea comprometida su seguridad ante la reincidencia delictiva.

En relación al tratamiento político de estos sucesos, Abascal objetó la reacción de las instituciones con respecto a los crímenes graves, denunciando lo que considera una forma de “censura” promovida desde el Gobierno. Según reportó el medio, el presidente de Vox acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de calificar como “odio” la denuncia ciudadana ante hechos de violencia, y de intentar controlar el debate público en torno a la criminalidad mediante ese recurso.

En sus declaraciones, el líder de Vox mencionó que su partido identifica excarcelaciones de condenados que consideran peligrosos –violadores, asesinos, narcotraficantes y terroristas– como consecuencias directas de las políticas penales actuales. El medio relató que en el encuentro público desarrollado en el municipio burgalés, Abascal reiteró que las leyes deben modificarse para impedir la liberación anticipada de quienes han cometido delitos especialmente graves y que, bajo su criterio, no presentan posibilidades de reinserción.

De acuerdo con la información recogida, la posición de Vox se fundamenta en la demanda de cadenas perpetuas efectivas para determinados condenados, mientras reclama mayor rigor en la administración de la justicia penal y la imposibilidad de que individuos peligrosos puedan reincidir en la comisión de delitos graves. El líder del partido planteó que la defensa de las víctimas y la prevención de nuevos delitos deben primar en el sistema legal, y llamó a una reforma integral para endurecer las penas y limitar las posibilidades de excarcelación.

Según reportes recientes de la Fiscalía General de la Nación, recogidos por el El Tiempo, el número de denuncias pasó de apenas un caso oficial en 2009 a 830 reportes en 2025, cifra que refleja una transformación profunda en la operación y escala de esta modalidad criminal.

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El fenómeno no solo ha generado alarma ciudadana sino que ha motivado a las autoridades a reconfigurar sus estrategias contra bandas organizadas, cuya presencia se ha extendido por las principales capitales del país.

El último balance oficial, actualizado hasta enero de 2024, muestra que Bogotá encabeza la lista de ciudades con mayor número de procesos abiertos por fleteo, registrando 256 casos.

Le siguen Barranquilla con 185, Cali con 168, Medellín con 99 y Cúcuta con 78. El informe destaca que, en términos departamentales, la situación en el Atlántico resulta especialmente preocupante: con 273 casos, supera incluso a Bogotá cuando se agrupa la estadística por departamento. Tras las cinco primeras ciudades, figuran en el listado Soledad, Santa Marta, Cartagena, Popayán y Barrancabermeja.

La Fiscalía, a través de las fuentes consultadas por el medio citado, identificó que las bandas dedicadas al fleteo han evolucionado de pequeñas redes locales a organizaciones articuladas a nivel nacional.

Entre los ejemplos más recientes y representativos de su peligrosidad figura el asesinato del fiscal Karin Sefair Calderón, coordinador seccional en Fusagasugá, ocurrido en junio de 2025.

Sefair fue abordado en el parqueadero de un centro comercial de Cundinamarca, luego de ser seguido por delincuentes desde un banco tras retirar dinero en compañía de un amigo.

La persecución implicó relevos entre criminales a pie, en automóvil y motocicleta, culminando en un forcejeo mortal y la posterior huida de los agresores.

Las investigaciones lideradas por la delegada para la Seguridad Territorial Deicy Jaramillo develaron el grado de especialización de estas bandas. El análisis del ente acusador, compartido a El Tiempo, describe cómo los delincuentes seleccionan preferentemente bancos y cajeros automáticos con baja presencia de vigilancia, así como sucursales en centros comerciales por la facilidad que ofrecen para operar con anonimato.

Un componente clave del nuevo método son los llamados “marcadores”: individuos entrenados para identificar potenciales víctimas en el interior de las sucursales. Según explicó una fuente de la Fiscalía al medio, estos sujetos son capaces de “distinguir la cantidad de dinero que el banco entrega observando y escuchando el funcionamiento de las máquinas contadoras de billetes”. El marcador situado en la fila o próximo al cliente detecta, en función del tiempo de funcionamiento de la máquina, la magnitud del posible retiro, activando así a la red de seguimiento.

La operación continúa con varios integrantes que circulan en automóviles y motos, listos para seguir discretamente a la víctima hasta identificar el momento de mayor vulnerabilidad: al ingresar a la vivienda, al detenerse en lugares apartados o al subir y bajar del carro.

El informe de Fiscalía precisa que “esperan a que la persona esté sin protección, especialmente justo después del retiro de efectivo”. El asalto, que se produce de manera violenta, tiene como objetivo primordial el apoderamiento rápido del dinero “sin prolongar el contacto”, como destacó otra fuente del organismo.

Entre los patrones identificados, resalta también el uso de cambios frecuentes de atuendo, cascos y gorras para dificultar su rastreo por las autoridades. Estas estrategias complican los procesos de captura, aunque en el caso del fiscal Sefair la labor conjunta de las seccionales de Cundinamarca y otras tres regiones permitió rastrear hasta las placas de los vehículos empleadas en el crimen.

La Fiscalía General de la Nación enfrenta el desafío de la fragmentación estadística a causa de la múltiple tipificación penal bajo la cual la ciudadanía reporta los fleteos. El historial judicial revela que el delito más frecuentemente invocado para denunciar estos hechos es el de hurto calificado de menor cuantía agravado por la destreza, con más de 500 casos registrados.

Le siguen el hurto sin agravantes, el hurto calificado agravado por establecimiento público y el hurto agravado por la confianza. Existe también un proceso activo por hurto atenuado, tipificación utilizada cuando se espera devolver el objeto en cuestión tras cierto tiempo de uso.

La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el fleteo constituye actualmente una de las problemáticas más sentidas —y visibilizadas— por la población urbana. Para atacar a las redes responsables, el organismo ha impulsado equipos especiales de investigación, como el establecido para esclarecer el homicidio del fiscal Sefair, logrando capturas en distintas regiones.

La persistencia del fleteo y su crecimiento en la última década exponen la adaptación constante de los grupos criminales en Colombia y sitúan el fenómeno como prioridad para las políticas de seguridad ciudadana, especialmente en las principales capitales y corredores bancarios del país.

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de videos intimidatorios que circulan en redes sociales. Las autoridades buscan establecer si detrás del material hay estructuras criminales operando en la región.

El gobierno departamental rechazó la difusión de grabaciones en las que aparecen hombres armados que buscan generar temor entre la población, citado por Blu Radio.

Las autoridades investigan el origen de un video en el que varios sujetos encapuchados anuncian una supuesta confrontación contra alias ‘Poporro’, señalado de liderar una red de microtráfico en Bucaramanga, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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El anuncio de la recompensa fue realizado por la Gobernación de Santander como parte de una estrategia para obtener información que permita identificar a las personas responsables de la difusión de estos videos y esclarecer si corresponden a la presencia real de grupos delincuenciales en el departamento.

Según explicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, las autoridades están trabajando para evitar que este tipo de mensajes se conviertan en mecanismos de presión o intimidación contra la ciudadanía.

El funcionario indicó que en diferentes regiones del país algunos grupos criminales han utilizado la difusión de videos con hombres armados para generar temor en la población y proyectar una imagen de control territorial.

“Como Gobernación hemos sido claros en decir no a las estructuras criminales. Por eso ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa para los ciudadanos que nos den información sobre grupos de delincuencia que estén extorsionando, intimidando o afectando a la ciudadanía”, afirmó Hernández, citado por Blu Radio.

El pronunciamiento de las autoridades se produjo después de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparecen varios hombres encapuchados y armados.

En la grabación, que ha generado preocupación en la región, se observa a ocho individuos que anuncian una supuesta “guerra” contra alias ‘Poporro’, una persona señalada de liderar una estructura de microtráfico en Bucaramanga.

Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bucaramanga inició un análisis técnico para determinar la autenticidad del video y establecer si las personas que aparecen en las imágenes pertenecen realmente a alguna organización criminal.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, explicó que las autoridades también buscan identificar el tipo de armamento que aparece en la grabación.

Además, los investigadores pretenden establecer si el material corresponde a un hecho real o si se trata de una grabación elaborada con el propósito de generar intimidación entre la población.

La Policía señaló que el análisis incluye la revisión detallada del video para determinar su origen, la posible ubicación en la que fue grabado y la identidad de las personas que aparecen en las imágenes.

Las autoridades también adelantan labores de inteligencia para identificar si existe algún grupo criminal que esté intentando consolidar presencia en el área metropolitana de Bucaramanga.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las investigaciones judiciales relacionadas con el material difundido.

Una vez se logre establecer la identidad de las personas involucradas en la grabación o en su difusión, las autoridades no descartan iniciar procesos judiciales en su contra.

La Gobernación de Santander reiteró que el objetivo de la recompensa es incentivar la colaboración ciudadana para identificar a los responsables y evitar que este tipo de acciones generen temor o afecten la seguridad en la región.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier información que permita esclarecer los hechos y determinar si existen estructuras criminales detrás de los mensajes difundidos en redes sociales.

El gobierno departamental indicó que continuará trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para garantizar la seguridad en Santander y prevenir posibles amenazas contra la población.

Finalmente, las autoridades insistieron en que la colaboración de la comunidad será clave para avanzar en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento del origen de la grabación que generó preocupación en la región.

Costa Rica registró 7,923 denuncias por asalto durante 2025, una cifra que, aunque representa una disminución del 16.7% en comparación con 2024, sigue reflejando una importante presión sobre la seguridad ciudadana, especialmente en la provincia de San José, donde se concentra la mayor cantidad de casos.

Los datos forman parte del informe anual de criminalidad que analiza la evolución del delito en el país. En 2024 se contabilizaron 9,514 denuncias, mientras que en 2025 la cifra bajó a 7,923. Aun así, el análisis revela que este delito mantiene patrones territoriales y horarios muy marcados, además de un alto impacto sobre las personas.

San José concentra la mayor cantidad de denuncias

De acuerdo con el reporte, San José lidera ampliamente las denuncias por asalto con 3,954 casos, lo que representa aproximadamente la mitad del total nacional.

Le siguen otras provincias con cifras significativamente menores:

• Alajuela: 922 denuncias
• Heredia: 723
• Limón: 647
• Cartago: 580
• Puntarenas: 574
• Guanacaste: 523

A nivel cantonal, el cantón central de San José encabeza la lista con 2,630 denuncias en 2025, lo que lo posiciona como el territorio con mayor prevalencia del delito en el país.

Otros cantones con alta incidencia son:

• Alajuela (507 casos)
• Heredia (349)
• Cartago (297)
• Limón (246)

Un asalto cada hora

El informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también permite dimensionar la frecuencia con la que ocurre este delito. En promedio, se registra un asalto cada hora y seis minutos en el país.

Esto equivale a 22 denuncias diarias, lo que evidencia que, pese a la reducción interanual, el delito sigue teniendo una presencia constante en la vida cotidiana de la población.

Además, la tasa nacional de denuncias por asalto también disminuyó. En 2024 era de 162.13 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2025 bajó a 137.37.

Los sábados por la noche concentran la mayor incidencia

El análisis del denominado “reloj criminal” muestra que los delitos no se distribuyen de forma uniforme a lo largo de la semana.

Según el informe, el sábado es el día con mayor incidencia de asaltos, particularmente en el rango horario que va de las 6:00 p.m. a las 8:59 p.m.

Este patrón suele asociarse a factores como la mayor movilidad de personas, actividades recreativas y comerciales durante el fin de semana.

Armas de fuego siguen siendo la modalidad más frecuente

Entre las diferentes modalidades utilizadas para cometer asaltos, el uso de armas de fuego continúa siendo la más común.

En 2025 se reportaron 2,579 casos bajo esta modalidad, una disminución respecto a los 3,125 registrados en 2024, pero aún así la cifra más alta dentro de las formas de ejecución del delito.

Otras modalidades reportadas incluyen:

• Arma blanca: 1,906 casos
• Arrebato: 1,418
• Golpes o agresión física: 867
• Intimidación verbal: 451
• Candado chino: 304

El reporte también incluye una categoría de “otros”, que agrupa casos con métodos como uso de gas, armas contundentes o situaciones no determinadas.

Las personas siguen siendo las principales víctimas

El informe también analiza el tipo de víctimas registradas en las denuncias.

En 2025, las personas representaron cerca del 79% de las víctimas, con 7,132 registros, seguidas por los asaltos contra vehículos (869) y edificaciones (816).

En cuanto al perfil demográfico, el grupo etario con mayor cantidad de víctimas es el de 18 a 29 años, seguido por el rango de 30 a 39 años, lo que coincide con las edades de mayor movilidad laboral y social.

El análisis también muestra que la mayoría de víctimas son hombres, aunque las mujeres también representan una proporción significativa dentro de las denuncias.

Costa Rica sigue concentrando la mayoría de víctimas

En términos de nacionalidad, las personas costarricenses siguen representando la mayoría de víctimas de asaltos, con 5,369 registros en 2025.

Les siguen víctimas de otras nacionalidades como Nicaragua (1,117) y Estados Unidos (273), además de personas de otros países.

Un delito que sigue marcando la percepción de seguridad

Aunque las cifras reflejan una reducción respecto al año anterior, los datos muestran que los asaltos continúan siendo uno de los delitos con mayor impacto en la percepción de seguridad de la población.

La concentración territorial en la capital, la recurrencia de armas de fuego y la frecuencia diaria de los casos siguen siendo elementos clave para comprender la dinámica de este delito en el país centroamericano.

La Policía Nacional reportó la captura de 68 personas en los municipios de Soacha y Sibaté durante una ofensiva contra el delito desarrollada entre el 19 y el 28 de febrero de 2026.

Según información oficial, los procedimientos incluyeron operativos en flagrancia y acciones coordinadas por orden judicial, con resultados que abarcan desde la incautación de armas hasta la recuperación de vehículos robados.

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De acuerdo con datos entregados por la Policía Nacional, se realizaron 58 capturas en flagrancia y 10 por orden judicial. Entre los delitos que motivaron estas detenciones figuran hurto, homicidio, delitos sexuales, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar y delitos relacionados con estupefacientes.

La institución informó que, durante los operativos, se incautaron 10 armas de fuego y 993 gramos de estupefacientes, además de ejecutar seis órdenes de allanamiento. De igual modo, la ofensiva permitió la recuperación de un vehículo y dos motocicletas que figuraban como reportados por robo. Los procedimientos contaron con el apoyo de unidades especializadas y equipos de investigación judicial, precisó la Policía Nacional.

El balance presentado incluyó la participación activa de la Secretaría de Gobierno de los municipios, que reiterando el compromiso de la actual administración para combatir a las estructuras criminales en la región.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana y recordaron la disponibilidad de la Línea de Emergencia 123 y la línea 165 del Gaula para denunciar cualquier hecho delictivo.

Esta estrategia, según la Policía Nacional, forma parte de un enfoque integral en el que la corresponsabilidad de la comunidad resulta fundamental para consolidar un entorno más seguro en Soacha y Sibaté.

Luto en la Policía: subintendente falleció tras accidente de tránsito en Sibaté

En medio de los operativos de seguridad, la Policía Nacional confirmó el fallecimiento del subintendente Edwin Vera Rodríguez, natural de Chitagá, Norte de Santander, murió en un accidente de tránsito en Sibaté durante la madrugada del lunes 2 de marzo.

El uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena, se encontraba en la región como parte de su proceso de ascenso, realizando un curso en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada.

La institución detalló mediante un comunicado que el siniestro ocurrió hacia las 2:10 a. m. en la carrera 7 con calle 9B, en el casco urbano de Sibaté. Vera Rodríguez conducía una motocicleta acompañado por el subintendente Germán Latorre Guzmán, adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por causas que son materia de investigación, la motocicleta impactó un vehículo estacionado. Ambos policías sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a la Clínica Cardiovascular de Soacha, donde se confirmó el fallecimiento de Vera Rodríguez. El acompañante resultó con una fractura en una pierna y permanece bajo atención médica.

Según información entregada por la Policía Nacional, los dos uniformados habían finalizado actividades académicas a las 5:00 p. m. del día anterior y debían reincorporarse a clases a las 7:00 a. m. del lunes. El caso quedó en manos del inspector de tránsito municipal, que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la colisión.

El deceso del subintendente causó profundo pesar en la Policía Metropolitana de Cartagena y en la comunidad de Chitagá, donde era reconocido por su vocación de servicio. La institución expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del uniformado fallecido.

La investigación para determinar las causas del accidente continúa en curso. Las autoridades buscan establecer con precisión los factores que llevaron a que la motocicleta terminara colisionando con el automóvil estacionado, mientras la Policía reiteró el llamado a la precaución y al respeto por las normas de tránsito.

Panamá detuvo en el distrito de Chepo a alias “Pantera”, señalado como presunto integrante del Clan del Golfo, junto a otras dos personas, en un operativo desarrollado en el sector de Las Margaritas, al este de la capital.

La captura se produjo durante la inspección de un vehículo tipo taxi, donde unidades de la Dirección Antinarcóticos, el Senafront y la Policía Nacional ubicaron dos paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil utilizado para el traslado.

Con esta acción, las autoridades aprehendieron a tres ciudadanos panameños, quienes fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado atención debido a la presunta vinculación del detenido con el Clan del Golfo, organización criminal de origen colombiano señalada por actividades de narcotráfico y redes logísticas en varios países de la región.

La captura ocurre en medio de una intensificación de operativos bajo el denominado Plan Firmeza, que durante los últimos días de febrero y el primero de marzo dejó un acumulado de 526 personas aprehendidas en todo el país, según los reportes oficiales divulgados por la Policía Nacional.

El recuento consolidado refleja que en ese período fueron detenidas personas por distintos motivos: capturas por oficios judiciales pendientes, casos en flagrancia, faltas administrativas y hechos relacionados con microtráfico.

Además de las aprehensiones, se realizaron decenas de diligencias de allanamiento y se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Durante las jornadas operativas también se recuperaron varios vehículos vinculados a investigaciones y se reforzaron los controles de tránsito.

En ese mismo período se colocaron más de 3,000 boletas por infracciones, destacando sanciones por exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, licencias vencidas y uso del celular mientras se manejaba. Decenas de vehículos fueron removidos mediante grúas por diversas causas.

El volumen de aprehensiones en apenas tres días refleja un despliegue sostenido de unidades policiales en distintos puntos del territorio nacional, incluyendo sectores considerados estratégicos por su cercanía a rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas.

En el caso específico de Chepo, la operación que culminó con la captura de alias “Pantera” se enmarca dentro de inspecciones focalizadas en el área este del país, donde las autoridades han señalado que buscan frenar la movilidad de estructuras criminales y redes de distribución.

Aunque el proceso judicial apenas inicia, la detención del presunto integrante del Clan del Golfo adquiere relevancia en el contexto regional, donde Panamá es identificado como un punto de tránsito para organizaciones dedicadas al narcotráfico debido a su posición geográfica y conectividad logística.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán en los próximos días y que el Plan Firmeza se mantendrá activo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, desarticular redes delictivas y ejecutar órdenes judiciales pendientes.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de ese país y ha sido señalado por autoridades internacionales por su participación en el tráfico de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Su estructura opera mediante redes flexibles que tercerizan transporte, almacenamiento y custodia de cargamentos, lo que le permite mantener presencia indirecta en países utilizados como corredores logísticos.

En Panamá, las autoridades han advertido en distintos informes sobre intentos de estructuras vinculadas al narcotráfico de establecer enlaces para facilitar el tránsito de sustancias ilícitas, aprovechando la conectividad marítima, aérea y terrestre del país.

Aunque no siempre se confirma la instalación permanente de estas organizaciones, sí se han documentado capturas de individuos señalados como enlaces logísticos o coordinadores operativos.

Especialistas en seguridad sostienen que este tipo de detenciones cobra relevancia no solo por el perfil del sospechoso, sino por el mensaje institucional de control territorial.

La estrategia, explican, apunta a evitar que Panamá se consolide como punto fijo de operaciones para grupos transnacionales, reforzando la vigilancia en distritos estratégicos como Chepo, que conecta con rutas hacia el interior del país y zonas costeras.

La seguridad en el norte de Bogotá se vio nuevamente cuestionada tras el testimonio del periodista Diego Guauque, que relató haber sido víctima de un asalto violento en horas de la tarde del 27 de febrero de 2026 mientras se encontraba departiendo con otras personas.

Por medio de sus redes sociales compartió un video en el que contó los angustiantes momentos que vivió por cuenta de la delincuencia de la capital del país.

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de Usaquén”, narró Guauque, añadiendo que el suceso ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. mientras almorzaba “con dos abogados por un tema periodístico”.

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La descripción del asaltante sobresale por su precisión. Guauque detalló: “Entra un tipo tan armado de una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día, reitero. Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, recalcó.

El agresor se dirigió de inmediato a uno de los abogados, exigiendo con amenazas “quítese el reloj, gran hijue… Bueno, toda esa vaina”. A diferencia de lo habitual, el objetivo era exclusivo: “El tipo no pidió celulares, el tipo no pidió dinero. Entró solo por ese reloj”, puntualizó el periodista, que observó cómo su propio teléfono quedó sobre la mesa sin ser tomado.

El robo ocurrió en menos de un minuto, según el relato de Guauque, quien señaló el actuar del delincuente: “Le arrancó el reloj, una pieza costosa, y salió con suma calma. Huyó en una motocicleta junto a su cómplice”.

La rapidez y precisión del asalto llevaron al comunicador a plantear una reflexión sobre el estado actual de la seguridad: “Hoy yo no estoy contando una historia ajena. Hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”.

El impacto de lo vivido llevó a Guauque a plantear dudas contundentes: “¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes? Por Dios”.

Colega reaccionó al robo

El reciente asalto sufrido por Diego Guauque en un restaurante de Usaquén, al norte de Bogotá, motivó una reacción inmediata de la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, quien advirtió que “es urgente enfrentar el hampa”.

Dávila expresó su preocupación tras ver el video del incidente y resaltó la necesidad de enfrentar la delincuencia en el país: “Un Bloque de Búsqueda Antihampa es nuestra propuesta, inteligencia, recompensas, cámaras, drones, más pie de fuerza, colaboración ciudadana. Y trabajo de equipo con alcaldes y gobernadores”, manifestó, enumerando sus propuestas de seguridad.

La candidata describió el asalto ocurrido el mismo día: “Hoy le tocó al periodista Diego Guaque, estaba con dos personas más en un restaurante de Usaquén en Bogotá, un hombre llegó con pistola en mano y los encañonó. Le quitó el reloj a un abogado que estaba en la mesa y salió, todo en un minuto”, relató, poniendo el foco en la rapidez y violencia con la que actuó el agresor.

Dávila también transmitió un mensaje personal para las víctimas: “Un abrazote. Me alegra inmensamente saber que Diego y sus acompañantes están a salvo”, señaló la periodista, mostrando su solidaridad en medio de la creciente sensación de inseguridad en la ciudad.

El incidente genera inquietud entre la ciudadanía sobre la vulnerabilidad ante hechos delictivos en espacios cotidianos. La percepción de inseguridad afecta la confianza de los habitantes y resalta la necesidad de soluciones eficaces que garanticen la tranquilidad en la vida diaria.

La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas para los habitantes de Bogotá, que piden acciones por parte de la Alcaldía y de la Policía Metropolitana, con el fin de evitar que actos de este tipo continúen afectándolos en su cotidianidad.

Y es que los criminales se valen de sofisticadas técnicas para atacar a la ciudadanía en los momentos que menos lo esperan, ocultándose en guaridas que ellos mismos construyen para evitar ser descubiertos. Aunque los uniformados trabajan con el fin de restaurar la confianza de los residentes y turistas en la autoridad, buscando estos escondites para frenar la delincuencia.

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Precisamente, en medio de los operativos adelantados por la Alcaldía fueron selladas más de 10 cavidades en el puente vehicular de la NQS con calle 19, dejando así sin refugio a delincuentes que utilizaban estos espacios para ocultarse tras cometer hurtos y otros delitos.

El trabajo fue realizado como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en puntos críticos de la ciudad y la jornada incluyó la limpieza, mantenimiento y embellecimiento del puente, además de la eliminación de escondites que favorecían la huida y el ocultamiento de objetos robados, pues este era el modus operandi de los criminales para burlar a la Policía que realizaba operativos en el sector.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se dio a conocer que la recuperación de este espacio forma parte de un plan impulsado para eliminar condiciones que facilitan actividades delictivas y mejorar la percepción de seguridad en el entorno.

Del mismo modo, se aclaró que la intervención fue liderada por la entidad, en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la Policía Nacional, la Secretaría de Integración Social, y las alcaldías locales de Los Mártires y Puente Aranda.

Finalmente, se reveló que cerca de 50 trabajadores participaron en las labores que se realizaron durante toda la jornada del 24 de febrero de 2026 para garantizar el sellamiento de las guaridas.

“La idea de este ejercicio es poder demostrar la recuperación de estos espacios y convertirlos en entornos más seguros, ya que muchas personas nos han informado que en este puente se han presentado situaciones de hurto y que algunos delincuentes aprovechaban estos huecos para esconderse después de cometer los delitos”, explicó Reinel Molina, integrante del equipo territorial de Los Mártires.

Trabajo con habitantes de calle

Cabe mencionar que dentro de las acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social también se ofreció atención y servicios a las personas habitantes de calle que se encontraban en el sector.

“Estas acciones hacen parte de la estrategia de recuperación del espacio público y fortalecimiento de la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, buscando eliminar condiciones que facilitan el delito y devolverle a la ciudadanía entornos más seguros y transitables”, puntualizó el reporte de la Secretaría de Seguridad.

Asimismo, la entidad reforzó el llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, con el fin de que las autoridades puedan intervenir lo antes posible.

Este caso recuerda a una situación presentada en noviembre de 2025, momento en el que las autoridades encontraron a tres hombres ocultos bajo el suelo de la estación Calle 45 del sistema TransMilenio, que se dedicaban a robar material y cableado para después vender el material y así obtener millonarias sumas.

En esa ocasión, fue el personal de seguridad del sistema el que detectó ruidos inusuales y dio aviso inmediato a las autoridades que procedieron a levantar las placas del piso de la estación, encontrándose con los sujetos, así como herramientas y bolsas repletas del material sustraído.

Durante una comparecencia en la sede nacional del Partido Popular, Cuca Gamarra advirtió sobre el impacto de la actual normativa de regularización de migrantes al afirmar que permitiría el acceso a permisos de residencia a personas con antecedentes policiales o procedimientos penales en curso. Gamarra cuestionó el procedimiento por considerar que conduciría a una situación que describió como un “coladero”, es decir, una vía fácil de acceso a la legalidad para quienes presentan antecedentes vinculados a actividades delictivas. De acuerdo con el medio que reportó estas declaraciones, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP anticipó que su partido tiene la intención de presentar enmiendas a la Ley de Multirreincidencia con el objetivo de limitar la posibilidad de que personas que han cometido delitos se beneficien de los procesos de regularización recientemente aprobados por el Gobierno.

Según publicó el medio, Gamarra desarrolló su postura tras reunirse el comité de dirección del Partido Popular, donde denunció lo que considera una contradicción entre los esfuerzos para combatir la multirreincidencia y el diseño del procedimiento de regularización de migrantes. La dirigente sostuvo que no se entiende que, mientras se intenta combatir el delito repetido, “después con la regularización de migrantes haya personas que obtengan un premio después de que tengan antecedentes policiales o que tengan procedimientos penales abiertos”. Al citar estas palabras, el medio recogió la afirmación de Gamarra de que “no cabe la impunidad” en la gestión de los permisos de residencia y subrayó su convicción de que “la residencia se gana, no se regala”.

El medio reportó que Gamarra insistió en la preocupación de su formación política por las implicaciones de la regularización masiva de personas migrantes aprobada por el Gobierno, recalcando que es necesario evitar cualquier mecanismo que derive en impunidad para quienes hayan tenido problemas con la ley. Según expresó, el Partido Popular considera fundamental garantizar que la obtención de la residencia esté ligada a un comportamiento exento de condenas o procedimientos abiertos por delitos, y anunció que las enmiendas que su partido presentará a la Ley de Multirreincidencia apuntarán precisamente a reforzar los controles y evitar que este nuevo proceso pueda derivar en medidas que incentiven la comisión de delitos o desincentiven el respeto a la ley.

Conforme a la cobertura presentada por el medio, la iniciativa del PP se enmarca en un contexto en el que el Gobierno ha aprobado un proceso de regularización considerado masivo, lo que, en palabras de los dirigentes populares, podría favorecer el acceso a la residencia de personas no aptas debido a su historial legal. Gamarra expuso que el enfoque del PP busca no “premiar” a quienes han incurrido en delitos, sino disuadir cualquier actuación ilegal a través de la aplicación estricta de controles en los procesos de legalización migratoria.

Según detalló el medio, las declaraciones de Gamarra situaron la estrategia del Partido Popular en un plano de confrontación directa con la política migratoria vigente, poniendo énfasis en la defensa de lo que describió como un marco de exigencia y mérito para la concesión de la residencia en España. La dirigente popular señaló que el debate no solo afecta a la percepción pública de la justicia ante la reincidencia delictiva, sino también a la confianza ciudadana en los mecanismos de control de la inmigración y en la transparencia de los procedimientos administrativos que contribuyen a la integración o, en todo caso, al control de la población extranjera en situación irregular.

El medio consignó, además, que Gamarra cerró su intervención insistiendo en la urgencia de modificar la Ley de Multirreincidencia para adecuarla al nuevo escenario creado tras la última regularización, y de este modo asegurar que la normativa no se convierta en un instrumento para la impunidad o para la obtención gratuita de derechos de residencia al margen del cumplimiento de las obligaciones legales.

En la tarde del 21 de febrero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, entregaron un balance del consejo de seguridad que se llevó a cabo en la capital de Antioquia.

Acompañado de la cúpula militar, la vocería fue tomada por el ministro Sánchez, que habló de la tasa de homicidios que se registra en la ciudad, que sigue siendo la más baja de los últimos cuarenta años.

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Sánchez entregó un parte positivo en cuanto a la delincuencia de la ciudad, resaltando que en 2025 todos los delitos de alto impacto se redujeron en la capital antioqueña.

“Aquí hay que hacer un reconocimiento a los líderes de esta seguridad en esta región, a los gobernadores, a los alcaldes, también a la capacidad militar y policial que se ha desplegado, a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, a la defensoría, pero especialmente a la población”, declaró Pedro Sánchez.

Sánchez recordó el operativo en el que fue capturado alias Sebas, cabecilla de una estructura criminal ligada a la extorsión en la comuna 13, uno de los principales corredores turísticos de la ciudad.

De la misma forma, recordó que el año anterior las autoridades ejecutaron 35 capturas de sujetos que tenían orden de captura por parte de la Interpol. “La orden para toda la Fuerza Pública es desmantelar a su mínima expresión todos los carteles del narcotráfico, del crimen, del terrorismo, la delincuencia que hay aquí en esta región”.

Al hablar de Antioquia, el ministro indicó que el objetivo principal de las autoridades es desmantelar a las disidencias al mando de “Calarcá”, recordando que por el comandante del Estado Mayor Central hay una recompensa, por parte de Estados Unidos, de hasta cinco millones de dólares.

Para mitigar la presencia de los grupos armados en la región, Sánchez reveló que en el último año en Antioquia han sido sumados al servicio de la población civil más de 1.600 uniformados.

Al retomar el balance sobre Medellín, mencionó que la alcaldía ha invertido más de 150.000 millones de pesos en tecnología para mejorar la seguridad, 300.000 millones de pesos para un centro integrado de inteligencia y otros avances para mitigar a los criminales.

Sánchez puntualizó al indicar que la cartera se sumará a este tipo de medidas, principalmente enfocando la inversión para prevenir los ataques con drones explosivos, lo que se ha convertido en una de las problemáticas que más pone en peligro a la ciudadanía y la fuerza pública en la región.

“La clave también es reemplazar la economía ilegal, y por ello hay unos programas de sustitución de cultivos. Este año esperamos invertir cerca de un billón de pesos en el proyecto del escudo antidrón, y es para proteger la vida”.

El balance de ‘Fico’ Gutiérrez

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció los elogios del ministro y mencionó que el objetivo en la ciudad es seguir mejorando las cifras ligadas a los crímenes de alto impacto.

Sin embargo, Gutiérrez se alejó del Gobierno nacional al recordar el evento en el que el presidente Gustavo Petro estuvo con voceros de las bandas delincuenciales de la región: “Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapasos de parte de la fuerza pública”, declaró el alcalde de Medellín.

El mandatario local confirmó las cifras de inversión entregadas por el ministro y denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría interviniendo en espacios educativos de la ciudad. “La incidencia del ELN es clara, especialmente en algunas universidades públicas, como la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y el Politécnico, donde se han ido tomando justamente el control de muchos de estos espacios para salir y generar terror”.

Debido a la ola de violencia que se vive en el Atlántico, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio de Malambo, en donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado de la cúpula militar y del ministro del Interior, Armando Benedetti, establecieron la ruta con la que se combatirán las problemáticas que van ligadas a la criminalidad en la región.

Tras el encuentro, como vocero del Gobierno nacional, Armando Benedetti indicó que en el Atlántico, principalmente en la capital del departamento, han aumentado los casos de sicariato y extorsión.

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“Barranquilla sigue en problemas con sicariato y lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones. La demanda del alto consumo ayuda a que haya más violencia, porque eso crea mafia y eso trae la violencia”, fueron las palabras del ministro del Interior.

Anunciaron refuerzo militar en la región

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, encabezó en Barranquilla un encuentro con líderes comunales del área metropolitana, en el que se anunció el despliegue de nuevas estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana.

La reunión, realizada con representantes de las Juntas de Acción Comunal de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, fue aprovechada para exponer las principales preocupaciones de los barrios frente al aumento de delitos de alto impacto.

Durante el diálogo, los líderes comunales, las autoridades y los voceros del Gobierno nacional identificaron como problemáticas centrales el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión en los municipios del área metropolitana de Barranquilla, siendo la comunidad la que manifestó la necesidad de una mayor presencia institucional y acciones preventivas.

Como respuesta, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional pusieron en marcha un plan que incluye la utilización de capacidades operativas enfocadas en zonas priorizadas.

Entre los detalles que se informaron sobre el refuerzo, el ministro Sánchez indicó que cerca de 200 uniformados de la especialidad de policía comunitaria y más de 60 agentes de infancia y adolescencia fueron asignados a labores de prevención y acercamiento con la ciudadanía.

El objetivo principal será generar ambientes de confianza en los barrios y crear canales de comunicación efectivos entre la fuerza pública y los habitantes, con el fin de disminuir la incidencia de delitos y comportamientos que afectan la convivencia.

Las autoridades regionales indicaron que la mayoría de los casos de extorsión detectados en la región tienen su origen en actividades delictivas coordinadas desde las cárceles. El ministro de Defensa enfatizó en la importancia de la denuncia oportuna por parte de las víctimas para contrarrestar esta modalidad criminal y reforzar la protección ciudadana.

Por otra parte, el Ejército Nacional dispondrá del Gaula Militar y patrullas motorizadas para realizar operativos conjuntos con la Policía Nacional en puntos estratégicos definidos a partir del diagnóstico comunal, lo que busca incrementar la cobertura y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.

El ministro Sánchez también anunció la realización de conferencias, charlas y talleres dirigidos a líderes sociales, comunales y a la comunidad en general, actividades que estarán centradas en fortalecer las medidas de autoprotección de los ciudadanos, con el propósito de reducir la vulnerabilidad frente a la delincuencia y promover una mayor participación en la construcción de entornos seguros en toda la región metropolitana de Barranquilla.

Por último, se mencionó que uno de los pilares de la estrategia será la lucha contra las estructuras criminales, recordando que en el fin de semana del Carnaval de Barranquilla se registraron más de 20 homicidios, la mayoría ligados a disputas territoriales de rutas de microtráfico.

La justicia continúa avanzando en las condenas en contra de criminales dedicados al hurto en el territorio nacional. Precisamente, durante el domingo 15 de febrero se conocieron detalles de la sentencia en contra de un hombre tras ser hallado responsable de un asalto violento perpetrado con tijeras metálicas en el puente peatonal del barrio La Salle de Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el delincuente debe cumplir una pena de 12 años en prisión por el delito cometido en contra de un ciudadano al que le arrebataron sus pertenencias mientras lo amenazaban con el arma cortopunzante.

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Asimismo, se informó que el hecho ocurrió en 2021 a las 8:40 a. m., en el momento en el que la víctima, que fue identificada como Ludwin Ariza Vargas, fue abordada por dos sujetos que lo inmovilizaron y lo amenazaron con objetos cortopunzantes.

En medio de la intimidación, los delincuentes lograron quitarle una argolla matrimonial de oro, un celular y $850.000 en efectivo, aunque no le causaron lesión alguna.

El Tribunal Superior de Bucaramanga determinó que el condenado, identificado como Geinner Alberto Payares Montejo, jugó un papel esencial en el delito al sujetar e intimidar a la víctima con las tijeras para impedir cualquier defensa o reacción que les impidiera cumplir su objetivo.

Asimismo, la sentencia detalló que, mientras Payares Montejo lo retenía, su cómplice extrajo las pertenencias directamente del pantalón del afectado para posteriormente huir sin dejar mayor rastro.

Sobre la víctima, se confirmó que en el momento del ataque se desempeñaba como técnico en reparación de electrodomésticos y que el dinero sustraído correspondía a ingresos por su trabajo y estaba destinado para su sostenimiento y el de su familia.

Además del anillo y el efectivo, los asaltantes también se apropiaron de su cédula y de papeles de conducción de motocicleta y vehículo, lo que representaba un riesgo para el ciudadano que se quedó sin sus documentos de identificación.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron hacia un campo deportivo, pero agentes de la Policía lograron capturar a Payares Montejo luego de oír los pedidos de auxilio de la víctima y actuar con rapidez al conocer hacia dónde se dirigían.

Durante el juicio, la víctima reconoció a Payares Montejo por su vestimenta camuflada y tapabocas, como la persona que lo amenazó y coaccionó con las tijeras, lo que hizo que, de inmediato, fuera vinculado al proceso.

Al verse identificado, el señalado agresor admitió su participación y aseguró no tener antecedentes penales. Además, con el fin de que las autoridades le rebajaran la pena argumentó que era cómplice del delincuente que huyó y que la víctima no se encontraba en situación de pobreza extrema.

Mujer judicializada por hurto

La Fiscalía General de la Nación informó que Mayerlin Velásquez Vargas fue privada de la libertad en un centro carcelario, acusada de ingresar por la fuerza a una vivienda de Cali y sustraer bienes.

De acuerdo con la entidad, la captura de Velásquez Vargas fue realizada por la Policía Nacional el 4 de febrero de 2024, como parte de una investigación sobre un presunto hurto cometido el 26 de junio de 2024 en una casa ubicada en el barrio San Judas II, donde se denunció el robo de pertenencias valoradas en más de $19 millones.

La Fiscalía presentó a la detenida ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Según la investigación, Velásquez Vargas habría actuado junto con otras personas, que se encargaron de forzar las ventanas del inmueble para ingresar y apoderarse de los elementos.

Policías Estatales del Edomex y elementos municipales de Lerma lograron la detención de dos individuos y la recuperación de joyería de oro valuada en 200 mil pesos tras un asalto con violencia en una casa de empeño ubicada en una plaza comercial de Lerma, Estado de México.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las acciones formaron parte del Operativo Coordinado Estado-Municipio (CEM), que busca reforzar la vigilancia en puntos comerciales estratégicos de la región

Los detenidos, identificados como Alberto “N”, de 43 años, e Isaac “N”, de 33 años, serían integrantes de una banda que opera en los municipios de Toluca, Metepec y Lerma, dedicada al robo con violencia en casas de empeño.

Las autoridades también los relacionan con hechos similares en el Valle de México y la Ciudad de México.

Intervención inmediata y persecución a pie

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales y municipales realizaban patrullajes preventivos dentro de una plaza comercial.

Durante este recorrido, una persona se acercó para alertar que el guardia de seguridad de una casa de empeño estaba siendo amenazado por un hombre armado.

Al llegar los elementos policiales, el vigilante señaló a dos sujetos como responsables del asalto, quienes intentaron huir al notar la presencia

Los agentes iniciaron una persecución a pie, marcando el alto a los sospechosos mediante comandos verbales.

Los dos hombres ignoraron las indicaciones y continuaron su huida hasta que, a pocos metros, fueron alcanzados por los elementos de seguridad.

Aseguramiento de armas y recuperación de la mercancía

Durante la intervención, uno de los detenidos extrajo un arma de fuego de entre su ropa, por lo que los policías lo sometieron.

Tras realizarles una inspección, se localizó otra pistola, diversa joyería de oro con un valor estimado en 200 mil pesos y dos equipos de telefonía celular.

Las armas aseguradas corresponden a una pistola Colt calibre .45 y una Ruger calibre 9 milímetros.

Alberto “N”, Isaac “N”, la mercancía recuperada, las armas y los teléfonos celulares, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme al procedimiento legal correspondiente.

Líneas de investigación y operativos en la región

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos podrían pertenecer a una banda dedicada al robo con violencia en casas de empeño, con operaciones en varios municipios del Estado de México y la zona metropolitana de la capital del país.

Autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer si están relacionados con otros robos registrados en la región y para identificar a posibles cómplices.

La SSEM informó que la estrategia de patrullaje conjunto continuará en zonas de alta incidencia delictiva, con el objetivo de prevenir nuevos asaltos y fortalecer la seguridad en centros comerciales y establecimientos de empeño.

En enero de 2026, la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, rescató a 29 trabajadores retenidos en la mina Sanone, en Pataz. El caso ilustra cómo la disputa por el control de la extracción y comercialización ilegal de oro viene deteriorando la seguridad y amenaza la continuidad de actividades productivas en la región.

Los registros del Ministerio Público confirman este deterioro. Entre 2019 y 2025, la tasa de denuncias por extorsión en La Libertad se duplicó: pasó de 72,2 a 162 denuncias por cada 100 mil habitantes. En ese periodo, 12 de las 13 provincias triplicaron sus tasas de denuncias por extorsión. Chepén y Virú registraron multiplicar sus tasas de denuncias por más de seis respecto de 2019.

Este patrón se condice con el avance de la minería ilegal, actividad que suele articularse con redes de crimen organizado. En 2025, La Libertad registró 19,2 denuncias vinculadas a minería ilegal por cada 100 mil habitantes, casi el triple que en 2019 (6,6), y por encima del promedio nacional (16,5). Además, desde 2019 mantiene la mayor tasa de denuncias por minería ilegal entre las regiones del norte.

En 2025, Pataz acumuló el 69% de las denuncias por minería ilegal en la región. En paralelo, su tasa de denuncias por extorsión alcanzó 43,8 por cada 100 mil habitantes, 12 veces más que en 2020 (3,5). En Otuzco y Trujillo, que en conjunto concentran el 18,6% de las denuncias por minería ilegal, las tasas de extorsión llegaron a 54,5 y 221,3 denuncias por cada 100 mil habitantes, respectivamente; esto equivale a niveles quince y cinco veces superiores a los de 2020.

La respuesta pública enfrenta un problema adicional: el presupuesto. En 2025, la región ejecutó el 98,6% del presupuesto de inversión pública asignado para la función de orden público (S/ 741 millones). No obstante, con información a febrero de 2026, el presupuesto aprobado cae a S/ 292 millones (-60,7%). Esta disminución responde, principalmente, a la ausencia de proyectos incorporados en 2025 que cerraron con avances menores al 90% y no fueron reingresados en la cartera de 2026. Se trata de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana —como la ampliación y mejoramiento del serenazgo, la reparación de infraestructura de vigilancia y la adquisición de tecnología para monitoreo y videovigilancia— en distritos como Ascope, Virú, Trujillo y Pataz.

Para combatir el avance de la inseguridad, se requiere fortalecer a la PNP y mejorar la coordinación con las autoridades locales, con un enfoque territorial en las zonas más expuestas a las economías ilegales. Esto implica mejorar equipamiento, movilidad e inteligencia operativa, además de acelerar la modernización de las comisarías. Para destrabar inversión, resulta clave aprovechar mecanismos como Obras por Impuestos (OXI) y APP.

Artículo elaborado por María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del IPE, con colaboración de Maylith Coronel

El presidente José Raúl Mulino cuestionó la liberación de personas vinculadas a investigaciones criminales y advirtió que las medidas cautelares flexibles están debilitando la lucha contra el delito, al referirse a recientes casos en los que imputados por tráfico de drogas han recibido arresto domiciliario o brazaletes electrónicos.

“Esto no es justicia, es una flexibilidad disfrazada de garantismo que favorece a los delincuentes”, afirmó, al señalar que estas decisiones generan frustración entre los miembros de la Fuerza Pública que arriesgan su vida en operativos contra el crimen organizado.

Mulino planteó que resulta desmotivador para los agentes participar en decomisos de grandes cargamentos de droga, enfrentar a organizaciones criminales y luego ver cómo los detenidos recuperan rápidamente su libertad.

“Se decomisa, se detiene, y luego los liberan”, dijo, al advertir que esa “puerta giratoria” termina poniendo en riesgo incluso a denunciantes y testigos, mientras fortalece a las redes delictivas.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante el acto de graduación y juramentación de nuevos agentes de la Fuerza Pública, en un contexto marcado por recientes decisiones judiciales que han generado debate público, entre ellas el cambio de medida cautelar a un investigado señalado por presunta participación en una red de narcotráfico y vinculado familiarmente a un diputado.

En su discurso, Mulino sostuvo que la excesiva flexibilidad judicial no solo afecta a Panamá, sino que es un problema extendido en América Latina.

A su juicio, la “victimización del delincuente” se ha convertido en una herramienta utilizada por organizaciones criminales para legitimar sus actividades ilícitas y debilitar a las instituciones encargadas de combatirlas.

El presidente también abordó el impacto del narcotráfico en la región, al citar datos de Naciones Unidas que reflejan un aumento sostenido en la producción de cocaína.

Indicó que actualmente se producen más de 3,700 toneladas anuales, lo que representa un crecimiento significativo frente a años anteriores, y que gran parte de ese flujo termina afectando a países de tránsito como Panamá.

Mulino advirtió que estas organizaciones internacionales financian pandillas locales, responsables de llevar las drogas a los barrios y de deteriorar el tejido social.

“Ese dinero destruye comunidades enteras”, afirmó, al insistir en la necesidad de reforzar los sistemas de inteligencia y cooperación regional para enfrentar el fenómeno.

En ese contexto, anunció que Panamá seguirá fortaleciendo el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad de Colombia, Ecuador, Perú y la DEA, así como el intercambio de experiencias con países del Mercosur, con el objetivo de mejorar los resultados en materia de incautaciones y desarticulación de redes criminales.

El mandatario también hizo un llamado al centro bancario para reforzar los controles contra el lavado de dinero.

Señaló que parte del dinero proveniente del narcotráfico logra ingresar al sistema financiero mediante testaferros y estructuras fraudulentas, lo que termina facilitando actividades ilícitas. “Los bancos tienen que poner más empeño”, advirtió.

En materia migratoria, Mulino destacó que uno de los primeros esfuerzos de su administración fue ordenar el flujo de migrantes irregulares.

Según explicó, a finales de 2024 se registró una reducción del 42% en comparación con 2023, y en 2025 la caída alcanzó el 99%, gracias al trabajo coordinado entre Senafront, Senan, Migración y la Policía Nacional.

El presidente señaló que las políticas de repatriación y deportación fueron clave para reducir la presión migratoria, y expresó su expectativa de que Venezuela autorice nuevamente el ingreso de ciudadanos retornados, al haber sido uno de los principales países de origen de migrantes que cruzaban por el Darién.

Mulino también destacó avances en materia de seguridad ciudadana. Informó que, según datos oficiales, en enero de este año se registraron 30% menos homicidios en comparación con enero de 2025, resultado que atribuyó al fortalecimiento de los estamentos de seguridad y al despliegue territorial.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante la ceremonia en la que el Ministerio de Seguridad Pública incorporó 1,386 nuevos agentes a la Fuerza Pública, como parte del Plan Firmeza y del Proyecto 3,000, enfocados en reforzar la seguridad ciudadana y el desarrollo juvenil.

La Policía Nacional graduó a 727 agentes de la Promoción 102 “Victoriosos”, entre ellos 99 mujeres, quienes obtuvieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. Además, 48 unidades completaron el curso especializado de las Unidades Motorizadas “Linces”, fortaleciendo el patrullaje preventivo.

El Servicio Nacional Aeronaval sumó 416 agentes de la Promoción XXVII “Oriones”, capacitados en vigilancia costera, búsqueda y rescate y tácticas de cumplimiento de la ley, mientras que el Servicio Nacional de Fronteras incorporó 152 guardafronteras formados en doctrina institucional y procedimientos policiales.

A su vez, el Servicio Nacional de Migración integró 91 nuevos inspectores, capacitados en áreas operativas y técnicas, con énfasis en disciplina, ética y respeto a los derechos humanos.

Durante el acto, Mulino instó a los nuevos agentes a servir con honor y a no ceder ante presiones o tentaciones. “Si no pueden resistir, quítense el uniforme”, advirtió, al subrayar que la integridad es un requisito indispensable para ejercer funciones en seguridad pública.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, calificó la ceremonia como un momento de profundo significado institucional. Señaló que la graduación refleja un proceso exigente basado en sacrificio, constancia y vocación de servicio.

Abrego afirmó que el Gobierno mantiene una visión clara en materia de seguridad: fortalecer las instituciones, respaldar a los agentes y cumplir con la legalidad sin excusas. “La seguridad no es un privilegio, es un derecho fundamental”, sostuvo.

En los últimos meses ha generado opiniones divididas todo lo ligado al proyecto de Paz Urbana que el Gobierno Petro quiere replicar en varias zonas del país tras los acuerdos concretados con voceros de estructuras criminales en Antioquia.

En ese sentido, el Gobierno nacional ha informado sobre negociaciones que ha adelantado con cabecillas de las estructuras criminales más importantes en el Atlántico, como lo son Los Costeños y Los Pepes.

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Al respecto, llamó la atención que Digno Palomino, líder de Los Costeños, había recibido el beneficio de cumplir su condena con prisión domiciliaria, mientras que en Barranquilla hay denuncias que lo señalan de ordenar la extorsión contra comerciantes y ciudadanos en la capital del Atlántico.

Juez revocó beneficio de Digno Palomino

En la noche del 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez en Barranquilla ordenó que Digno Palomino regrese a un centro carcelario. En la publicación se resalta que en contra de Palomino hay un proceso abierto por el asesinato de 17 personas en el Atlántico.

“Al atender el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla (Atlántico) ordenó privación de la libertad en centro carcelario a Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla de una facción del grupo delincuencial Los Costeños, y revocó una decisión de primera instancia que le había concedido detención preventiva en el lugar de residencia. Los hechos que se investigan están relacionados con la ejecución de 17 homicidios en Barranquilla, Soledad y Malambo”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuál será el centro carcelario que recibirá a Palomino, que mantiene una tregua momentánea con alias Castor, líder de Los Pepes.

¿Quién es Digno Palomino?

Palomino es señalado por las autoridades como uno de los responsables de la crisis por casos de extorsión en el Atlántico; fue capturado en diciembre de 2019 en Venezuela, donde funcionarios de la División de Investigaciones de Interpol cumplieron con una circular azul emitida desde Colombia.

En su momento fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación confirmó información que vinculaba a Palomino con al menos 17 homicidios en el Atlántico, la mayoría en medio de la disputa territorial entre pandillas o víctimas de extorsión que no aceptaron pagar las sumas pedidas por el delincuente y sus hombres.

En mayo de 2025, en España se registró la captura de Álvaro Ospino Illera, conocido en Colombia como la “Negra Dominga”, uno de los pilares de la criminalidad en el Atlántico, puesto que era uno de los líderes de la banda delincuencial Los Costeños, lo que representó el auge de la guerra territorial en el Atlántico.

Con la caída de Ospino, en Barranquilla solo quedan dos líderes de las bandas delincuenciales más reconocidas de la región; se trata de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, que se encuentran en prisión, pero en el Atlántico se afirma que siguen delinquiendo desde la cárcel.

Además, algunas estructuras han tenido que generar alianzas para poder seguir combatiendo por el poder territorial; una de ellas es entre Los Costeños y el Clan del Golfo, que dejaron de ser enemigos para combatir contra un objetivo en común. Como respuesta a ello, Digno Palomino y “el Negro Ober”, que sigue en prisión, estarían buscando la ayuda de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Tras el “tarimazo”, como popularmente se llamó el evento registrado en la Alpujarra, en Medellín, en el que exjefes de varias estructuras criminales de Antioquia compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro, todo lo ligado al proyecto de la Paz Urbana ha recibido especial atención por parte de la opinión pública.

Es por ello que fue noticia el anuncio de la renuncia de Freyner Alfonso Ramírez García, más conocido como “Carlos Pesebre”, de la mesa de diálogo que se mantiene entre voceros de las pandillas y el Estado.

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La salida de “Carlos Pesebre” se confirmó a través de una carta que este le envió al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, en la que el ex jefe de la Oficina de Envigado informó que no seguirá ligado al proyecto.

Los motivos de “Carlos Pesebre”

En el documento, el antioqueño indicó que hay demasiadas frustraciones por parte de los voceros que han ayudado, reconociendo como positiva la intención que tiene el Gobierno nacional, al que calificó como “improvisador”.

“Del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, se lee en la carta enviada por “Carlos Pesebre”.

Ramírez García mencionó que la exposición de promesas que no se han cumplido solo ha provocado que no exista confianza en el trabajo que se realiza en la mesa de diálogo.

“La falta de claridad ha llevado los diálogos a un punto muerto, sumiendo el proceso en una informalidad persistente. Las expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, los líderes sociales y las personas privadas de la libertad en las cárceles del Valle de Aburrá solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad”.

Por último, “Carlos Pesebre” mencionó que, a pesar de los resultados tangibles de la Paz Urbana, entiende que en la región no hay respaldo suficiente para materializar los objetivos que se han proyectado en Antioquia.

“Soy consciente de la polarización electoral en distintas instituciones y sectores del país. A pesar de ello, considero esencial seguir adelante con este proyecto, ya que tengo fe en su propósito y creo firmemente que el diálogo es el único medio para alcanzar la paz. Pero no puede continuar ante la advertida improvisación con que se conduce el espacio”, puntualizó Ramírez García.

Paz Urbana seguirá a pesar de la salida de “Carlos Pesebre”

Luego de la confirmación de la salida de “Carlos Pesebre” de la mesa de diálogo, la senadora Isabel Zuleta y los representantes de las estructuras criminales en Antioquia firmaron un “acuerdo condicionado” de paz en Medellín y el Valle de Aburrá.

“La demostración de que no hay improvisación son los avances que ha tenido el proceso, a pesar de los ataques. No hay ningún proceso de paz que no tenga altibajos. Lo importante es tener claro hacia dónde nos dirigimos y nosotros nos dirigimos a la estructuración de un acuerdo de paz urbana que sea sostenible”, afirmó Zuleta al respecto.

En los detalles de la firma, se informó que se buscará que todos los compromisos sean tangibles para que se registre un desescalamiento de la violencia en la región.

Los puntos principales del acuerdo son:

• La reducción sostenida de las violencias.
• La superación de economías ilícitas, como la extorsión.
• La dignificación y reparación de las víctimas urbanas.

Las autoridades panameñas capturaron en las últimas horas a uno de los más buscados del país, conocido con el alias de “Chebo”, requerido por el delito de homicidio doloso agravado, en una operación coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La aprehensión se produjo tras labores de investigación, seguimiento y vigilancia, como parte de los operativos contra el crimen organizado y los delitos contra la vida.

De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido está vinculado a un hecho violento ocurrido el 25 de noviembre de 2024 en el sector de Rana de Oro, en el corregimiento de Pedregal, donde se registró un homicidio con arma de fuego.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron el decomiso de un fusil, dos pistolas, municiones de distintos calibres, proveedores, radios de comunicación y equipos tecnológicos utilizados presuntamente para actividades delictivas.

La captura se dio en un contexto marcado por el fortalecimiento de las operaciones policiales para desarticular estructuras criminales, muchas de ellas vinculadas al pandillerismo, tráfico de armas y homicidios.

Las autoridades indicaron que tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes del sistema judicial para el trámite legal correspondiente, mientras continúan las investigaciones.

En paralelo, la Policía mantiene activa la lista de los cmás buscados a nivel nacional, todos requeridos por delitos relacionados con delincuencia organizada, homicidios y afectaciones a la seguridad colectiva.

Actualmente, las recompensas ofrecidas por información que permita su captura oscilan entre $20,000 y $100,000, según la gravedad de los casos y su nivel de peligrosidad.

Entre los prófugos figuran personas señaladas por pandillerismo, homicidio, asociación ilícita y otros delitos graves, con operaciones principalmente en zonas urbanas y periféricas.

Las autoridades han reiterado que estas recompensas buscan incentivar la colaboración ciudadana y acelerar los procesos de localización de individuos considerados de alta amenaza.

El caso de “Chebo” se suma a una serie de operativos que buscan reducir los índices de violencia en el país, en un escenario donde los homicidios siguen siendo una de las principales preocupaciones de seguridad pública. En 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio a nivel nacional.

El comportamiento mensual refleja picos importantes durante el año, con meses que superaron las 60 víctimas, lo que evidencia una persistencia de la violencia letal pese a los operativos policiales. Estos datos confirman que el fenómeno no se concentra en una sola etapa del año, sino que mantiene una distribución sostenida.

Por regiones, las cifras muestran una fuerte concentración en áreas urbanas. La provincia de Panamá acumuló 257 víctimas, seguida por Colón con 121 y San Miguelito con 100, consolidándose como los principales focos de homicidios del país. Estas zonas coinciden con territorios donde operan estructuras vinculadas al narcotráfico y pandillas.

En cuanto al perfil de las víctimas, se indica que el 93.6% fueron hombres y el 6.1% mujeres, lo que refleja una alta exposición masculina a entornos violentos y criminales. Además, la mayor concentración se da en jóvenes entre 18 y 34 años, un grupo altamente vulnerable al reclutamiento por organizaciones delictivas.

El uso de armas de fuego sigue siendo el principal factor letal. Durante 2025, 518 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa el 87.4% del total nacional. Esta cifra refuerza la relación directa entre violencia y circulación ilegal de armas.

La operación que permitió la captura de “Chebo” también se enmarca en acciones paralelas contra otros delitos, como la falsificación de documentos. En días recientes, la Policía desarrolló la Operación “Certificados”, que permitió la aprehensión de tres personas vinculadas a la falsificación de documentos en perjuicio del Ministerio de Salud, fortaleciendo los controles institucionales.

A nivel regional, organismos como la CEPAL y el Banco Mundial han advertido que la violencia asociada al crimen organizado impacta directamente en el desarrollo económico, la confianza institucional y la cohesión social en América Latina. Estudios recientes señalan que los países con altos índices de homicidio enfrentan mayores costos en salud, justicia, inversión y productividad.

En este contexto, las autoridades panameñas sostienen que la captura de objetivos prioritarios forma parte de una estrategia integral que combina inteligencia, persecución penal y cooperación ciudadana. El objetivo, indican, es debilitar las redes criminales, reducir la circulación de armas y contener el avance del pandillerismo en zonas vulnerables.

Un delincuente fue detenido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe tras protagonizar un insólito episodio: robó durante tres noches consecutivas en la misma vivienda y, en la última, se quedó dormido, lo que permitió su detención.

El hecho ocurrió en el barrio Los Hornos, en la capital provincial, donde una pareja descubrió al ladrón durmiendo dentro del departamento en el que vivían. Luego constataron que el sospechoso utilizaba una llave sustraída para entrar y salir sin forzar accesos.

Según reconstruyó el medio local Aire de Santa Fe, el episodio se registró el fin de semana pasado, mientras la pareja realizaba una mudanza por etapas hacia una nueva vivienda. Por motivos laborales, solo podían trasladar sus pertenencias a partir de las 21, lo que dejaba la casa desprotegida durante varias horas.

El domingo notaron que la puerta había sido barreteada y que faltaban un televisor, una garrafa y otros objetos de valor. En los días siguientes continuaron desapareciendo elementos, aunque puertas y ventanas permanecían intactas.

Finalmente, en la madrugada del miércoles, al sospechar que podrían volver a ser víctimas de un robo, decidieron regresar al departamento: “Cuando subimos, vimos que la puerta estaba cerrada desde adentro y la llave puesta. Entramos, y ahí estaba, durmiendo dentro del departamento”, relataron.

Lo más indignante del caso es que el sospechoso tenía bolsas preparadas con ropa, calzado, mercadería y hasta documentos personales de las víctimas. A pesar de ello, la pareja debió llamar en reiteradas oportunidades a la policía —al menos seis veces— hasta que finalmente un móvil se acercó al lugar y concretó la detención del delincuente.

“El tipo entraba y salía como si fuera su casa. Nos violaron la intimidad, tenía todo listo para llevarse hasta nuestros papeles”, lamentaron las víctimas, en declaraciones al medio local. Y agregaron: “Si entrábamos antes y pasaba algo, hoy estaríamos lamentándolo”.

El sospechoso, de acuerdo con el relato de las víctimas, admitió haber sido el autor de los robos. También reveló que sustrajo una moto del mismo edificio.

Antecedentes

A finales de diciembre, en el barrio privado Cadaqués, ubicado dentro del exclusivo complejo Funes Hill, de la provincia de Santa Fe, al menos cuatro chalets sufrieron robos mientras sus propietarios se encontraban fuera de sus hogares en el marco de los festejos por la Navidad.

El ingreso de los delincuentes se produjo tras la violación de un cerco perimetral, situación que burló tanto al personal del centro de monitoreo como a los efectivos policiales asignados en el predio.

El primer aviso lo dio uno de los residentes, quien al regresar, encontró su casa en completo desorden. Según detallaron las fuentes policiales a Rosario3, el propietario constató que faltaban unos 50 mil dólares, además de pesos, euros y reales, alhajas y relojes.

La circulación de la noticia en un grupo de WhatsApp aceleró los reportes. En las horas siguientes, tres propietarios adicionales informaron que también habían sido víctimas de robos. Los elementos sustraídos en estas casas fueron similares: sumas de dinero, perfumes y relojes.

Luego de que los vecinos realizaran las denuncias correspondientes, intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó un exhaustivo relevamiento en busca de huellas, rastros y registros fílmicos que permitan reconstruir la secuencia delictiva.

En cuanto al modus operandi, la investigación permitió descubrir que al menos dos delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del predio, sobre calle Almafuerte, tras abrir un alambrado perimetral detrás de los lotes 89 y 90.

El dato que más sorprendió al personal policial y a los investigadores resultó estar vinculado a la facilidad de ingreso: en las viviendas robadas, las aberturas no estaban violentadas, ya que gran parte de los vecinos dejan sus casas abiertas al retirarse.

En los últimos meses se ha registrado una gran cantidad de casos de robos y asaltos en las principales ciudades de Colombia, lo que ha provocado que la percepción de inseguridad y las críticas contra el Gobierno nacional aumenten.

Una consecuencia directa de esta situación es el incremento de la demanda del blindaje vehicular en el país, que, según el gremio de este tipo de protección, sería superior al del 18%.

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Al respecto, el presidente de Neosecurity (empresa del sector) le explicó a Infobae Colombia que el aumento en la solicitud de este tipo de blindaje está relacionado con la percepción de inseguridad que se tiene en el territorio nacional.

“Muchas personas buscan reducir su nivel de vulnerabilidad durante sus desplazamientos cotidianos, especialmente en contextos donde los delitos armados se han vuelto recurrentes”.

Desde el punto de vista técnico, mencionó que los niveles de blindaje más solicitados corresponden a los niveles tres y cuatro, principalmente en camionetas. Respecto a los esquemas de protección, incluyen refuerzos balísticos en vidrios, carrocería y neumáticos, diseñados para resistir armas de fuego comúnmente empleadas en hechos delictivos y permitir a los ocupantes reaccionar ante una amenaza.

Por su parte, Paola Valderrama, directora general de la empresa mencionada, recordó que todos los procesos deben cumplir con un estándar técnico que debe ir acorde a la norma vigente.

“El blindaje vehicular requiere evaluaciones de ingeniería y controles de calidad que garanticen la seguridad de los ocupantes y el adecuado funcionamiento del vehículo”, explicó.

Respecto al incremento de robos y asaltos registrado durante el último año en el país, los entrevistados mencionaron que, de acuerdo con la Policía Nacional, en los últimos tres años se ha mantenido una tendencia negativa de más de 300.000 casos de hurtos a personas que se movilizaban en un vehículo particular.

Sobre el aumento de la delincuencia común, que abarca atracos a peatones, raponazos y fleteos posteriores a transacciones bancarias, mencionaron que los compradores mencionan que tienen preocupación de ser víctimas de asaltos en vías públicas, principalmente en zonas urbanas de alta circulación.

Valderrama citó un informe de Fenalco en el que se reveló que el 46% de los comerciantes en Bogotá manifiesta no sentirse seguro en los sectores donde desarrolla su actividad económica, siendo corredores comerciales como la calle 13 en los que se ha fortalecido la percepción de inseguridad.

De la misma forma, en Bogotá se concentra más de un tercio de los robos de vehículos a nivel nacional; de igual manera, el hurto de motocicletas y los casos de extorsión, que según las autoridades, se presentan con mayor frecuencia en horarios nocturnos y de madrugada.

Los entrevistados mencionaron que, como una medida preventiva, parte de la ciudadanía ha sumado el blindaje de sus vehículos como una de las medidas de autoprotección más utilizadas.

Datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada indican que en Bogotá se blindan más de 300 vehículos al año, cifra que se ha sostenido en los últimos años. Desde el sector se señala que esta demanda proviene, en su mayoría, de personas que se movilizan de manera constante por la ciudad o que han estado expuestas a situaciones de riesgo.

Mientras las autoridades avanzan en estrategias para contener la criminalidad, el blindaje vehicular continúa posicionándose como una de las medidas de protección adoptadas por algunos sectores de la población. Expertos advierten que, mientras persistan los altos índices de inseguridad y la percepción de riesgo, este tipo de soluciones seguirá siendo considerado como una alternativa que llama la atención de la ciudadanía.

La criminalidad no estalló en 2017. Pese a que Keiko Fujimori aseguró que ese año marcó el inicio de una “explosión” del delito en el país, las estadísticas oficiales y el análisis de especialistas en seguridad pública muestran un escenario distinto: ni los homicidios ni la victimización registraron un salto abrupto en ese periodo. Por el contrario, varios indicadores evidencian estabilidad e incluso una reducción en algunos delitos.

El domingo 25 de enero, durante su participación en el programa Fuego Cruzado de ATV, la candidata presidencial por Fuerza Popular sostuvo:

“Si es que vemos la estadística de la criminalidad, la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras. Y el descontrol en ese momento es cuando llegó”.

Con la expresión “apertura de las fronteras”, Fujimori aludió al ingreso de población migrante venezolana al país. Sin embargo, las cifras oficiales no respaldan que 2017 haya sido un punto de inflexión en el aumento de la criminalidad.

¿Qué dicen las cifras sobre la criminalidad?

Según explicó a PerúCheck Noam López, investigador especializado en seguridad ciudadana, existen dos indicadores que permiten medir de manera consistente la criminalidad en el Perú: la tasa de homicidios y la encuesta de victimización. Otras estadísticas, como las denuncias policiales, presentan altos niveles de subregistro y no reflejan con precisión la magnitud real del delito.

De acuerdo con la encuesta de victimización, en 2017 el porcentaje de personas que reportó haber sido víctima de algún delito descendió, pasando de 29 % en 2016 a 26 % en 2017, es decir, una reducción de tres puntos porcentuales. Lejos de una “explosión”, el dato muestra una caída en la percepción y experiencia directa de delitos.

La tendencia ascendente recién aparece varios años después. Los registros indican que la victimización comienza a incrementarse a partir de 2022, no en 2017.

Homicidios: sin salto abrupto en 2017

Los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) refuerzan esta conclusión. La tasa de homicidios —medida como muertes dolosas por cada 100 mil habitantes— pasó de 7.7 en 2016 a 7.8 en 2017, un aumento marginal de apenas 0.1 puntos, equivalente a 53 muertes más en todo el país.

En comparación, entre 2014 y 2016 la tasa de homicidios aumentó en 0.5 puntos, un crecimiento mayor al observado en 2017. Tras ese año, las cifras incluso muestran una tendencia a la baja, alcanzando su nivel más bajo en 2020, con una tasa de 5.8 durante la pandemia de la Covid-19.

La posición de los especialistas

Ricardo Valdés, exministro del Interior, explicó al citado medio que alrededor de 2016 y 2017 la criminalidad no se disparó, sino que mostró una reducción sostenida:

“A partir de 2016, 2017, empieza a producirse una disminución de la victimización que se ha sostenido. Recién a partir del año 2021 se produce un incremento”.

En la misma línea, Noam López sostuvo que, al revisar los datos entre 2013 y 2020, no se observa una variación abrupta o vertiginosa en la criminalidad. Por ello, concluyó que la afirmación de Keiko Fujimori “no tiene respaldo estricto en los datos”.

El aumento de denuncias no prueba una explosión del delito

Es cierto que las denuncias policiales registraron un incremento en 2017. Ese año se contabilizaron alrededor de 400 mil denuncias, un 12 % más que en 2016. No obstante, este indicador no mide adecuadamente la criminalidad debido al subregistro.

López ilustró esta limitación con un ejemplo concreto: mientras Osiptel estima que se roban aproximadamente 1.7 millones de celulares al año, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) apenas registra unos 65 mil casos en ocho años, lo que representa solo el 0.5 % del total estimado.

Criminalidad, migración y discurso político

La afirmación de Keiko Fujimori se suma a una narrativa recurrente en el contexto electoral. La mencionada publicación advirtió anteriormente que otros candidatos también han difundido datos falsos sobre la supuesta presencia masiva de “delincuentes venezolanos” en el país.

En 2016, Ngaire Woods, profesora de gobernanza económica global en la Universidad de Oxford, advirtió que en periodos electorales la xenofobia suele ser utilizada como una herramienta política para canalizar el miedo y la frustración ciudadana hacia réditos electorales rápidos.

En ese sentido, la criminalidad no “explotó” en 2017, como afirmó Keiko Fujimori. Los datos oficiales de homicidios y victimización muestran que ese año no representó un quiebre en la tendencia delictiva y, en algunos casos, evidenció una reducción. Los especialistas consultados coinciden en que el incremento significativo de la criminalidad se produce recién a partir de 2021. Por estas razones, PerúCheck calificó la afirmación de la candidata como falsa.

Luego de que el Gobierno nacional confirmara que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional Patricia Bullrich volvieron a cruzarse en las redes sociales.

El disparador del debate fue la nota de opinión que el ministro publicó en Infobae, en donde planteaba que la modificación de la edad mínima de punibilidad en el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil no sería suficiente para resolver la problemática de los menores que delinquen. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, criticó.

Poco después, la postura sería compartida por el gobernador Axel Kicillof en su perfil en la red social X. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, ratificó, tras compartir el artículo.

Luego de haber leído la publicación de los representantes del Gobierno bonaerense, la senadora recriminó la postura de los dirigentes políticos. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, sostuvo al afirmar que la oposición se encontraba “siempre del lado de los delincuentes”.

“¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?“, profundizó Bullrich.

De la misma manera, la presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado chicaneó al gobernador por mantener la sección de los comentarios cerrados en su posteo. ”Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos", arengó.

Frente a estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires acusó a su ex par a nivel nacional de apropiarse “del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”. Y reiteró que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.

“La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, apuntó Alonso, tras señalar que la manera de buscar una solución para el problema sería “como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.

Así, el titular de Seguridad bonaerense reprochó a Bullrich que sería un paquete de medidas que nunca puso en marcha cuando tuvo la oportunidad. “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo”, concluyó.

En el artículo de opinión publicado por este medio, el ministro había aseverado que “la Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”. Incluso, consideró que se trataba de una norma desactualizada, debido a que la actual legislación fue aprobada en agosto de 1980 por Jorge Rafael Videla.

“Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación", sostuvo. Sin embargo, criticó la postura del Gobierno nacional, tras mencionar que en la Provincia de Buenos Aires se construyó una política de Estado para afrontar el problema.

Luego de aclarar que la actual ley permite encerrar a un menor que fuera considerado peligroso, Alonso remarcó: "Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común".

Por este motivo, subrayó que “lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”. No obstante, explicó que lo novedoso sería el Programa “Entramados”, que consiste en “programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana”.

“La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo”, resaltó el ministro de Seguridad al señalar que las escuelas serían un factor clave para disminuir la tasa de menores detenidos.

Según los últimos registros obtenidos en el marco de esta política, se descubrió que 5,2 millones de niños asisten a las escuelas todos los años. En contraparte, otros 5 mil menores son los que “se escurren” del sistema e inician una vida delictiva.

“Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes”, explicó Alonso al indicar que, en porcentaje, el fracaso representaría un 0,1%, contra 99,9% de efectividad.

A pesar de esto, el titular de Seguridad señaló que “el fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión”. Y concluyó: “Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.

Ana Lleido tiene una hija adolescente, a punto de cumplir 17 años. La joven compró hace unas semanas una blusa en la web de Zara, el buque insignia del gigante de la moda Inditex. Una prenda de tan solo 20 euros. En el formulario que rellenó pidió que le entregaran el producto en un locutorio habilitado para ello que hay en su barrio. Abonó 3,95 euros de gastos de envío. Todo con la tarjeta de su madre. Todo normal. Como una más de las miles y miles de compras electrónicas que se realizan a diario. Los datos del grupo muestran que la compra digital ya no es un complemento: es una parte estructural del negocio. En el ejercicio 2024, las ventas online de Inditex crecieron un 12% y alcanzaron los 10.163 millones de euros, lo que representa el 26,3% de toda la facturación anual.

Pero pasaba el tiempo y la hija de Ana no recibía el pedido. Se puso en contacto con el servicio de atención al cliente de Zara y allí le informaron que había habido un problema: el locutorio había alegado problemas de almacenaje y no había podido recibir el paquete. La blusa había sido devuelta a los almacenes de Zara. “Menos mal que hicimos el seguimiento del producto, porque si no nadie nos dice nada”. Ana y su hija solicitaron la reclamación de lo pagado. No merecía la pena volver a esperar por una blusa que no sabían cuándo iba a ser entregada. Zara les reintegró los 20 euros de la blusa, pero no los 3,95 que pagaron por el envío, un envío que nunca llegó al comprador. “El fallo había sido suyo, por qué teníamos que correr nosotros con ese gasto. No es lógico”, explica a Infobae.

Así que reclamaron los 3,95 euros a Zara. Sin suerte. ¿Es normal que la compañía no reintegre los gastos de envío si este envío no se ha podido gestionar por culpa del vendedor? Este diario ha trasladado esta pregunta a la compañía. No ha obtenido respuesta. Ana, harta de que los consumidores tengan tantos problemas para ejercer su derecho, se limitó a poner un mensaje en su cuenta de la red social X. “@ZARA, compro una prenda, pido el envío a una dirección que me dais disponible (un locutorio). El envío nunca llega, no sabemos por qué. En el locutorio no saben nada, vosotros tampoco. Me devolvéis el dinero de la prenda, pero no los gatos de envío. Si no es una estafa, lo parece”, les escribe. @Zara es una de las cuentas de la compañía, aunque esta recomienda @zaraes y @ZARA_Care para consultas de atención al cliente.

Un simple mensaje. Suficiente para un estafador avezado. Ana recibe otro mensaje a través de X. Su interlocutor se llama Merlín, asegura que trabaja en atención al cliente de Zara y que quiere hablar con ella para que le explique el problema. Pide que siga una cuenta (@zara customer care) para que puedan hablar en privado. En realidad es una cuenta falsa, pero Ana no se da cuenta en ese momento. Una vez conectados, Merlín pide el teléfono de Ana para llamarla. Al otro lado hay una voz en inglés, desde Londres. “Le pregunté por eso. Me escriben en español, me llaman en inglés, pero me argumentan que al ser una compañía consolidada internacionalmente, este servicio es en inglés, el idioma universal, Y que como mi mensaje ha salido a las redes sociales, me atienden desde una central de Londres. Tendría que haber empezado a sospechar, pero como el inglés es un idioma tan corriente en mi profesión, pues lo vi hasta normal”.

Un pago como gancho

Merlín le pide el número de pedido y varios datos, como si fuera un empleado de Zara muy solícito. Al final llega a la conclusión de que Ana tiene razón y le comunica que le van a hacer el reembolso de los 3,95 euros. Pero necesita el número de tarjeta con el que hizo la compra. El número y el código de seguridad de tres números. Ana pica y se lo facilita. Al poco rato recibe una notificación en el móvil de su cuenta bancaria informándole que en pocos días tendrá un ingreso de 3,95 euros. Parece que todo está en orden. “Lo más curioso es que la información que recibí en el móvil era igual en forma y contenido a la del reembolso de los 20 euros de la blusa no entregada. El mismo remitente, Zara.com”, explica Ana. No sospechó.

Pero Merlín no quiere acabar aquí. Ya tiene la confianza de Ana, que piensa que ha recuperado los gastos de envío. Así que le dice que Zara quiere tener un detalle con ella por las molestias ocasionadas. Los clientes son los primeros. Le dice que la política de la compañía es una compensación y le vuelve a mandar un mensaje a su tarjeta, a través de la aplicación del banco, para que lo acepte. Pero el mensaje dice claramente que autorice una compra online de 500 euros. “Menos mal que me dio por mirar atentamente el mensaje. Ahí ya caí. Qué tipo de compensación era aquella en la que yo tenía que autorizar un pago de 500 euros. Se lo dije ya medio enfadada, medio riéndome. Y ellos insistían en que aceptara, que era un simple trámite administrativo para que me pudieran dar la compensación”, continúa Ana.

Ana colgó y se dio cuenta de que había sido víctima de un intento de estafa. “Y seguían llamándome al teléfono. Ya no lo volví a coger. Anulé la tarjeta porque había dado datos sensibles, mi puse en contacto con el banco y me fui a poner una denuncia, porque era posible que durante nuestra conversación, en la que yo había dado los números de mi tarjeta, hubieran intentado hacer algún pago con ella y quitarme el dinero”, concluye Ana su peculiar historia. La Policía le dijo en comisaría que solo podía poner denuncia si había habido ilícito penal, es decir, si la habían quitado dinero de la tarjeta. No era el caso. Las estafas informáticas se han disparado en España desde el año 2021, según datos del ministerio del Interior, pasando de las 267.011 denunciadas a ese año a las 412.850 de 2024 (un incremento del 54%).

Luego Ana comprobó que el presunto empleado de Zaza le había llamado desde Londres y que ese número pertenecía a una empresa llamada TapTap Send, se trata de un servicio de transferencia de dinero de bajo costo que sirve para conectar con personas que viven en el extranjero. La aplicación fue lanzada en 2019 y se caracteriza por sus bajas tarifas para el envío de dinero a África, Asia y América Latina. Al parecer un número utilizado en estafas, según varias denuncias de usuarios en Internet. Para rizar el rizo, Ana empieza a recibir mensajes con enlaces para que pinche, enlaces que la incitan a comprobar información financiera que realmente busca sacarle dinero. ¿Tiene conocimiento Zara de este tipo de estafas utilizando su marca?, ¿ha denunciado Inditex a la Policía este tipo de prácticas fraudulentas? No ha habido respuesta por parte de la compañía.

La víctima, encargada de la vigilancia en la zona y cuyo estado de salud es delicado, fue alcanzada por la onda expansiva al acercarse al vehículo donde descansaba y detectar la presencia del explosivo. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada a un centro de salud, donde permanece estable.

El atentado ha generado alarma entre los gremios de mototaxistas, que denuncian ser blanco de bandas criminales que utilizan la intimidación y la violencia para imponer pagos extorsivos.

Este caso se suma a una serie de ataques similares registrados recientemente en Breña, consolidando la percepción de inseguridad entre los vecinos y trabajadores del transporte. Organizaciones como la Asociación Amanecer y Pioneros de Breña han reportado reiteradas amenazas por parte de la banda criminal conocida como La Federación, que exige pagos diarios y ha intensificado sus acciones en las últimas semanas.

Ataque a mototaxista con explosivo en Breña deja herido a vigilante

El atentado ocurrió cerca de la 1:00, cuando varios sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y un vehículo menor. Los atacantes colocaron un artefacto explosivo en la parte delantera de la mototaxi, de color azul con blanco, para luego huir en dirección desconocida.

El encargado de vigilancia, al percatarse de la presencia sospechosa, descendió de su vehículo y se aproximó a la mototaxi para inspeccionarla. Al intentar alejarse, fue impactado por la detonación del dispositivo.

Según testigos, el hombre salió de su unidad en silla de ruedas e intentó advertir a los agresores, sin notar que el explosivo ya había sido depositado en la mototaxi. La explosión lo alcanzó cuando regresaba tras comprobar la situación. Personal de criminalística y UDEX determinó que se trató de una dinamita casera, la cual causó daños materiales significativos y lesiones serias a la víctima.

La Policía Nacional llegó rápidamente al lugar y recogió pruebas de la escena, mientras que la víctima fue estabilizada en el hospital Loayza. Según la información obtenida, el estado de emergencia vigente no ha disuadido la actividad delictiva en Breña, donde este es el segundo atentado contra mototaxistas en menos de veinticuatro horas.

Mototaxistas denuncian amenazas y extorsión de bandas criminales en Breña

El propietario de la mototaxi afectada indicó que, si bien no recibió amenazas directas antes del atentado, tiene conocimiento de que los dirigentes de la Asociación Amanecer, organización a la que pertenecía, han sido objeto de mensajes extorsivos enviados por la banda La Federación.

“Los extorsionadores han pensado que yo pertenezco a la asociación y me han dinamitado la mototaxi, por la línea. Hace dos semanas habían comenzado a mandar imágenes por WhatsApp a las asociaciones. Nos pedían ponernos a derecho, sino iban a comenzar a dejar muertos”, explicó el afectado.

El transportista detalló que en Breña existen cinco asociaciones de mototaxistas, cuyas unidades deben pagar un cupo diario de cinco soles a los extorsionadores. Ante la escalada de amenazas y la reciente violencia, el propietario ha decidido retirarse del sector: “He decidido alejarme del rubro para salvaguardar mi vida”, señaló.

La Policía Nacional investiga la posible conexión entre este atentado y otros crímenes recientes en el distrito, atribuidos a la misma organización criminal. Las autoridades buscan determinar el grado de coordinación entre las bandas y la magnitud de la red extorsiva que opera en la zona.

Ola de ataques armados contra mototaxistas en Breña

La violencia contra los mototaxistas en Breña no es un hecho aislado. Hace dos semanas, una conductora fue víctima de un ataque armado cuando estacionaba su vehículo en la cuadra cuatro del jirón Loreto. Dos individuos en motocicleta dispararon cuatro veces contra su mototaxi antes de huir, generando temor entre los residentes y trabajadores del sector.

Los testimonios recogidos por los medios locales describen una modalidad precisa y violenta, en la que los delincuentes estudian los movimientos de sus víctimas y eligen momentos de mayor vulnerabilidad para atacar. “La extorsión a Breña ha llegado fuerte”, relató un vecino, mientras otro recordó el peligro para las familias: “Estaban mis hijos, estaban mis nietos. Fue una balacera. Dijimos: ‘Gracias a Dios que no ha matado a nadie’”.

Las cámaras de seguridad de la zona se han convertido en pieza clave para las investigaciones, en tanto la comisaría de Chacra Colorada intensifica los patrullajes y la coordinación con los gremios de mototaxistas. La extorsión implica el pago de cinco soles diarios por unidad y una cuota de ingreso de 5.000 soles, con amenazas directas a quienes se resisten.

La organización La Federación está bajo sospecha por estos ataques y por el asesinato de un conductor venezolano a inicios de enero. En ese episodio, los delincuentes dejaron una nota extorsiva y se detuvo a un sospechoso con antecedentes penales, cuyo teléfono almacenaba información detallada de posibles víctimas.

La situación ha generado una crisis de confianza en las autoridades y profundizado el temor en la comunidad de mototaxistas, que exige medidas concretas ante la persistente impunidad y la falta de garantías para continuar trabajando en el distrito.

La llegada de 476 nuevos soldados —343 hombres y 133 mujeres— marca un nuevo capítulo para la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo expresó su titular, René Francis Merino Monroy este jueves a través de sus redes sociales oficiales: “Nuestro compromiso con la seguridad de los salvadoreños continúa”, declaró durante la reciente ceremonia de juramentación.

Al referirse al despliegue inmediato de estos efectivos, Merino Monroy subrayó la integración de los reclutas en tareas propias del Plan Control Territorial impulsado por el Gabinete de Seguridad de El Salvador. De acuerdo con sus palabras, “Los 476 reclutas se incorporarán a las tareas de seguridad contenidas en el Plan Control Territorial del Señor Presidente Nayib Bukele”.

Entre las prioridades, el ministro aclaró la importancia de brindar respaldo a la Policía Nacional Civil (PNC): “Continuaremos apoyando a la PNC en el combate a la delincuencia”, sostuvo Merino Monroy. La Fuerza Armada de El Salvador manifestó su apertura institucional al recibir oficialmente a los reclutas: “La Fuerza Armada de El Salvador les da la bienvenida a nuestra prestigiosa institución”.

Vale mencionar que este mismo mes, la institución informó que una nueva generación de cadetes inició su formación en la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” de El Salvador tras superar exigentes pruebas físicas, médicas, psicológicas y académicas. Estos jóvenes iniciaron el proceso para convertirse en los futuros oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador, marcando el comienzo de una carrera dedicada al servicio y la defensa del país.

El acto de bienvenida, encabezado por el director de la institución, Coronel Carlos Alberto Rodríguez Gómez, incluyó llamados a la excelencia profesional y al compromiso con los valores éticos y la disciplina. En la ceremonia, Rodríguez Gómez agradeció a las familias al señalar: “Agradecemos profundamente la confianza que depositan en nuestra institución para la formación de sus hijos”.

Con este ingreso, la Fuerza Armada ratifica su objetivo de preparar cuadros con las competencias y principios necesarios para “enfrentar los desafíos de la seguridad y velar por la defensa nacional en el siglo XXI”. La Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” refuerza así su papel como semillero de oficiales comprometidos con la lealtad y el profesionalismo.

Sobre la institución

La FAES establece como misión la defensa de la soberanía del Estado salvadoreño y la integridad del territorio. Su despliegue para preservar la paz interna corresponde de manera excepcional al Presidente de la República, según lo dispuesto por la Constitución.

Aspirando a consolidarse como garante de la soberanía nacional, la institución se autocalifica de gozar de profesionalismo, capacidad tecnológica, eficiencia y adaptabilidad. Además de enfrentar amenazas convencionales, la institución pretende responder eficazmente al crimen transnacional, los ataques cibernéticos y contribuir en las operaciones de paz de la ONU.

La obediencia se fundamenta como eje esencial de la disciplina, entendida no como sumisión, sino como expresión de libertad personal hacia la autoridad legítima.

La FAES establece como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio nacional. Su despliegue para preservar la paz interna corresponde de manera excepcional al Presidente de la República, según lo dispuesto por la Constitución.

El principio de disciplina dentro de la institución se define como una observancia estricta a las leyes y regulaciones militares, consolidando una estructura jerarquizada y cohesionada. La obediencia se fundamenta como eje esencial de la disciplina, entendida no como sumisión, sino como expresión de libertad personal hacia la autoridad legítima.

En la Provincia de Buenos Aires construimos una política de Estado que bajó un 20,8% la cantidad de menores responsables de homicidios. Poner el eje de la discusión en la edad mínima es un debate estéril que no resuelve nada. Hace falta la decisión política que tiene nuestro gobernador Axel Kicillof para dar una respuesta seria y efectiva al servicio de todos los argentinos.

La Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Esta afirmación es un punto de acuerdo transversal entre casi todos los partidos políticos, funcionarios judiciales y organizaciones sociales, civiles y académicas que se ocupan del tema. La normativa vigente es el Régimen Penal de la Minoridad: un decreto-ley de agosto de 1980 que lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Se trata de una norma desactualizada, disfuncional y vetusta que va camino a cumplir medio siglo, incumple requisitos constitucionales básicos y no aporta ninguna solución concreta. Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación.

A diferencia de la actitud adoptada por el gobierno nacional, en la Provincia de Buenos Aires no nos quedamos de brazos cruzados esperando una nueva ley. Por decisión del Gobernador Kicillof, nos hicimos cargo del problema y construimos una política de Estado. ¿Cuál es el argumento que esgrime el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad? ¿Encerrar a un menor peligroso? Alguien debería explicarle al Presidente Milei que eso ya puede hacerse utilizando el marco legal vigente. Si un menor de edad comete un delito grave, como un homicidio, o un robo con arma en el cual dispara sobre la víctima, es evidente que el Estado tiene que actuar sin vacilaciones, aplicando una sanción efectiva y privándolo de la libertad. ¿Quién lo pondría en duda? Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común.

Ahora bien, supongamos que efectivamente la edad de imputabilidad, como propone el proyecto, se fijara en 13 años. ¿Qué hubiésemos hecho en 2024 con los 40 menores de 12 años que la Policía de la provincia aprehendió por tener un arma de fuego? Si la edad mínima fuese la medida de todas las cosas, hubiesen quedado en libertad. Más aún, el año pasado llegamos a aprehender a menores de 10 y 11 años con armas de fuego. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Nuestra policía de investigaciones desbarató bandas que reclutaban deliberadamente menores de 14 y 15 años para robar autos con arma de fuego. De nuevo, si la edad se fijara en 13, irían a buscar menores de 11 y 12 para cometer los mismos ilícitos.

La legislación internacional comparada demuestra que la edad mínima se podría establecer en 12, 14, 15 o 16 años. Es indistinto. Lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga. Eso es lo que ocurrió en la Provincia de Buenos Aires. En los casos graves, se dispusieron medidas de seguridad que implicaron el encierro en Institutos de Menores. Es la Justicia quien tiene esta facultad y quien debe usarla cuando corresponde. Es evidente: modificar la edad no resuelve nada por sí mismo. Poner allí el eje de la discusión es un camino al fracaso.

Por eso el problema no es la sanción de una nueva ley, por más necesaria que sea. El problema es que el gobierno nacional siempre nos lleva a discutir lo obvio. Porque si tuviera la vocación de trabajar en la solución de fondo, deberían empezar por hacerse cargo de todo lo que no hizo. Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo. No se le pueden vender expectativas falsas a la sociedad sobre un tema tan delicado. El pueblo argentino está esperando una respuesta seria. La experiencia de nuestra provincia demuestra que es posible construir el camino para una solución efectiva. Esto implica ponerse a trabajar en la gestión, financiar una política y coordinar el trabajo de la policía, la justicia y los municipios. Todo lo que el gobierno nacional, como parte de su estrategia política para desfinanciar la seguridad de los bonaerense, elude hacer.

La Provincia de Buenos Aires ya cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Es la Ley 13.634, sancionada en 2007, mediante la cual se creó el Fuero Penal del Niño. La política bonaerense, en una provincia tantas veces estigmatizada como “inviable”, logró hace casi 20 años algo que la política nacional no pudo hacer en los últimos 40: los distintos bloques legislativos se pusieron de acuerdo para sancionar una ley moderna que ofrece herramientas concretas para abordar el problema. Si el menor que delinque tiene entre 16 y 18 años, se lo imputa del delito y se le aplica el régimen penal juvenil. Y si tiene menos de 16 años, pero cometió un delito grave, el juez puede adoptar una medida privativa de la libertad teniendo en cuenta su situación particular. El Ministerio Público Fiscal registró en 2024, por todo tipo de delitos, poco más de un millón de causas en el Fuero Criminal y Correccional (mayores) y 22.600 causas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (menores). Sobre el total de causas penales, el 2,1% tiene como imputado a un menor. Y en el caso específico de los homicidios dolosos, ese guarismo alcanza al 8,5%.

Con este marco legal, y con este diagnóstico estadístico, el Gobernador decidió construir una política de Estado que se reflejó en la creación por Decreto del Programa “Entramados”. El decreto especificó la responsabilidad de la Policía y de los Servicios Locales de Niñez, fijó un método de coordinación con la Justicia y le otorgó un financiamiento a los Municipios para que trabajen en el seguimiento de los menores. Cualquier menor que cometa un delito, tenga la edad que tenga, sea o no imputable, tiene que entrar en un programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana. El objetivo fundamental del sistema que armamos en la provincia es llegar antes de que ocurra una tragedia irreparable. La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo.

Primero, trabajamos con la Corte y la Procuración para construir información robusta que nos permita identificar a estos menores, cuantificar el problema y tomar decisiones acertadas. En diciembre de 2019, con un Estado desmantelado, ni siquiera sabíamos a ciencia cierta cuántos menores eran detenidos por la Policía en ocasión de cometer un delito. Gracias a este trabajo, ahora sabemos lo siguiente: mientras que la Provincia de Buenos Aires alberga a 5,2 millones de niños en la escuela pública, cada año, la policía aprehende alrededor de 5 mil menores por diversas transgresiones a la ley. La escuela pública le ordena la vida a más de cinco millones de niños y adolescentes. A pesar de este esfuerzo, hay 5 mil menores que se nos escurren como arena entre los dedos. El sistema llega con éxito al 99,9% de los menores, pero fracasa con el 0,1% restante. Ese porcentaje es el que genera los delitos violentos que ponen en riesgo a la sociedad y que a veces terminan en tragedias. Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes.

Luego hicimos un trabajo con las áreas especializadas de la Policía. Muchas veces la fuerza detiene a menores por delitos leves. De hecho, lo más habitual es que detengan varias veces a los mismos adolescentes. Cuando eso ocurre, la Comisaría de la Mujer y la Familia elabora un informe con una matriz que identifica todos los factores de riesgo a los que están expuestos esos menores. Dichos factores se reiteran en todos los casos: abuso sexual por parte de algún familiar cercano, contacto temprano con armas de fuego, consumo de drogas desde muy chicos y presencia de familiares con adicciones en su vida cotidiana, familiares directos presos o muertos en enfrentamientos violentos con la policía o con otros delincuentes, un grupo de socialización primaria (familia, amigos, vecinos) que ejercieron violencia física sobre ellos, y ausencia de un adulto responsable con capacidad de ejercer una crianza con amor y autoridad. La receta para un menor delincuente es clara: padres ausentes, abuso, adicciones, armas, violencia y chicos que se crían solos. Cuando la policía los aprehende y les toma los datos, vemos que la mayoría abandonó la escuela, ni siquiera conocen el nombre del padre (sí el de la madre, que suele padecer adicciones, o está detenida en la casa con tobillera) y no saben qué día nacieron porque nunca les festejaron un cumpleaños.

Esta matriz de riesgo se construye para cada menor aprehendido, y todos los datos se giran a los Servicios Locales de Niñez para que articulen la intervención que corresponda con los jueces y los fiscales de menores. Este momento vale oro: es la ventana de oportunidad clave que tenemos para interrumpir la trayectoria delictiva del menor y evitar la tragedia. El Estado tiene que entrar en la vida de estos menores para ponerles el límite que no supo ponerle la familia. Ante la primera transgresión a la ley, tenga la edad que tenga, el menor debe recibir una sanción efectiva que le marque lo que está bien y lo que está mal. Puede tratarse de una medida privativa de la libertad, si hay factores que lo justifiquen, o de una medida de carácter socio-comunitario, si el delito es leve y no lastimó a nadie. En todos los casos hay que evaluar el contexto familiar, y separarlo del mismo, sin titubeos, cuando los factores de riesgo más relevantes, como el abuso, las armas y las drogas, están presentes en esa familia.

Construir una provincia con orden, imperio de la ley y convivencia ciudadana es una tarea que exige planificación, profesionalismo, método y financiamiento. Requiere un esfuerzo integral que se desarrolla en muchos frentes. La decisión de hacernos cargo del problema de los menores que cometen delitos es parte de una Política Integral de Seguridad que lleva seis años de estabilidad. Hicimos una inversión logística sin precedentes con la compra de 7.400 patrulleros 0km, expandimos la videovigilancia con miles de cámaras a través de los cuatro Fondos Municipales de Fortalecimiento de la Seguridad, pusimos en la calle 22 mil nuevos policías formados con los mejores estándares profesionales y creamos 68 bases de UTOI, FBA, Infantería, Caballería y Fuerzas de Operaciones Especiales que nos permitieron recuperar el control del territorio y sacárselo a los narcos.

Este esfuerzo histórico está dando resultados concretos. Es difícil hablar de estadística cuando cada caso representa una vida. Pero tenemos la obligación de rendir cuentas. El impacto de nuestro trabajo debe ser evaluado. En 2025 logramos el segundo mejor año de la historia en la cantidad total de homicidios. Alcanzamos una reducción del 17% con relación al último año de la gestión anterior, pasando de 905 casos en 2019 a 751 en 2025. El año pasado también registramos la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo desde que existen mediciones: 89 eventos, un 25,8% menos que en 2024. El impacto de nuestra política fue incluso más importante en relación al tema que nos ocupa. A partir del Programa Entramados, la cantidad de responsables por homicidios dolosos menores de 16 años bajó un 20,8%, pasando de 24 en 2024 a 19 en 2025. Mientras tanto, los imputados de 16 y 17 años bajaron un 3,2%, de 63 en 2024 a 61 en 2025. Estos guarismos están a contramano del resto de América Latina, donde la violencia y el delito están en crecimiento.

Nuestra vocación es aportar esta experiencia en una mesa de trabajo donde estén todos los responsables. Lamentablemente, el Presidente Milei viene rechazando todas las reuniones que le solicitamos. Si aceptara alguna, podríamos explicarle lo que hicimos en la provincia, trabajar en conjunto para profundizar estos resultados y construir una solución real que les sirva a todos los argentinos. Nuestra propuesta es clara. El gobierno nacional debería promover que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que establezca el procedimiento legal a seguir y las opciones que tiene el Juez ante cada caso. Además, tiene que comprometerse a financiar una política seria. No hay seguridad sin presupuesto. Los fueros judiciales de minoridad necesitan recursos. Los programas de control y seguimiento de los menores que delinquen necesitan presupuesto. El fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión. Presidente Milei: basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril. Dijeron que con la Ley de Derribo iban a solucionar el narcotráfico. Dos años después no derribaron una sola avioneta y la droga sigue entrando por la frontera con total impunidad.

Sean responsables y evítenle a la sociedad argentina una nueva frustración. La instrucción que nos dio del Gobernador Kicillof es clara y contundente: ponernos a disposición de todos los argentinos, con el resultado de nuestra experiencia, con humildad, con vocación de diálogo, sin resignación, para resolver el problema de los menores que delinquen, y llegar, de una vez por todas, antes de que ocurra la tragedia.

El Régimen Penal de Minoridad en Argentina tiene casi 50 años de antigüedad. Con la Ley actual, los menores de 16 años tienen carta de impunidad: aunque cometan el delito más grave -el que sea- no tienen ningún tipo de responsabilidad penal ya que no pueden ser juzgados ni detenidos. Cuando cometen delitos, el juez los manda a su casa y cierra la investigación del caso. Cuando tienen más de 16 años tampoco pueden ser juzgados por todos los delitos y, encima, las condenas que reciban se les reducen “automáticamente” a la mitad.

Con la nueva Ley Penal Juvenil que enviamos al Congreso, toda esta situación absurda se va a terminar. Los menores van a ser responsables penalmente desde los 13 años y van a poder ser juzgados por todos los delitos con la responsabilidad penal completa por todos los delitos. Los menores de 13 años también tendrán consecuencias, ya que el juez deberá continuar la investigación del caso y disponer medidas de cuidado del menor que cometió un delito, con imposición de tratamientos y la intervención de organismos especializados, con reglas claras y en un proceso rápido.

A los 13 años ya saben perfectamente lo que hacen. Saben que robar y matar “está mal”. Así se lo considera en la región y en el mundo. En Uruguay la responsabilidad penal comienza a los 13 años, al igual que en República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Francia. En México y en Israel, es a los 12 años. En otros países la responsabilidad penal comienza a los 10 años, como en Inglaterra y en Suiza y en otros países de nuestra región. Por otra parte, no hay ningún convenio o tratado internacional que imponga a la Argentina (ni a ningún otro país) fijar una edad mínima de responsabilidad penal. Es que la aplicación de la Ley Penal, además de un lógico fin punitivo, permite generar la posibilidad de interiorizar las normas sociales y eso solo puede lograrse a partir de una declaración de responsabilidad personal.

Tantos años de demora para encarar la reforma de esta ley nos ha salido muy caro como sociedad. Continuamente, cada vez más seguido, vemos delitos graves cometidos por menores. Terminar con esta situación no es una cuestión de “ideología”, es poner orden. Basta de impunidad “por la edad”. El que las hace, las paga.

Pasan los años, cambian los gobiernos, se renuevan las generaciones, pero hay problemas que, en la Argentina, nunca se resuelven. Uno de ellos es el de la inseguridad, y dentro de este flagelo, particularmente el de la edad de imputabilidad. Mientras tanto, nuestro país sigue siendo un paraíso para quienes eligen la marginalidad como forma de vida, porque saben que cometer delitos no tiene consecuencias. Los delincuentes, sean menores, adolescentes o mayores, saben que esto es así, y por eso, vivir al margen de la ley, les resulta un atractivo negocio.

En el derecho penal, “imputar” significa atribuir a alguien la responsabilidad por la comisión de un hecho delictivo. Para que ese “alguien” pueda ser responsable penalmente por el delito cuya comisión se le adjudica, es necesario que esté en condiciones de medir la gravedad de sus actos, es decir, debe actuar con plena voluntad; y los elementos que constituyen esa “voluntad”, son el discernimiento, la intención y la libertad. Si falla alguno de ellos, el sujeto no es imputable.

Es por eso que la ley establece un límite de edad debajo del cual se considera que un sujeto es “in-imputable” y por lo tanto, que no puede adjudicársele responsabilidad penal por no tener la capacidad de medir la gravedad de lo que hace. En la Argentina ese límite de edad es de dieciseis años.

Demás está decir que ello constituye un verdadero desatino, porque mucho antes de cumplir esa edad un sujeto, sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, por lo menos cuando se trata de conductas graves tales como matar, dañar, secuestrar y violar. La cuestión es determinar a qué edad una persona puede comprender si esas conductas están bien o mal.

La Convención Internacional sobre los derechos del niño, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional y a la cual la Argentina adhirió en septiembre de 1990 a través de la ley 23.849, delega en cada país miembro la responsabilidad de decidir cuál es la edad debajo de la cual un sujeto es inimputable. Según los datos de Unicef, sólo la Argentina y Cuba establecen ese límite a los 16 años, y son muchos los que fijan ese límite en 14 años.

Países de corte populista como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, tan admirados por nuestra izquierda fundamentalista que se opone fervientemente a bajar la edad de imputabilidad, la fijan en catorce años (Bolivia y Venezuela), en trece años (Nicaragua) y hasta en doce años (Ecuador). También determinan que la edad de imputablidad es a partir de los catorce años países como Alemania, Austria, España, Italia, Holanda, Chile, Colombia, Paraguay y Perú; mientras que el Reino Unido considera inimputables a los menores de diez.

En nuestro país hay un sector del arco político para el cual encarcelar a un menor es un acto violatorio de derechos humanos elementales. Parecen olvidar que la misma Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su Art. 37 Inc. B, que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley”. Obsérvese cómo ese término tan temido por la izquierda argentina -“encarcelamiento”-, es el que con toda naturalidad utliliza el referido instrumento internacional de derechos humanos.

Inclusive vale la pena poner de relieve que ese convenio internacional, para el cual los individuos son “niños” hasta los dieciocho años, admite que aquellos de quince a diecisiete puedan ser enrolados en el Ejército y llevados a la guerra (Art. 38 Inc. 2 y 3). Es cierto que la ley argentina de adhesión a esa Convención ordenó al Presidente que, a la hora de ratificarla, declare que para la Argentina es deseable que no se permita a los gobiernos recultar niños para la guerra, pero también lo es que, filosóficamente, el convenio internacional lo admite.

Tiene que quedar claro que los adolescentes, que para nuestro Código Civil y Comercial son los menores desde los trece años, están en perfectas condiciones para discernir si matar, robar, herir y violar es bueno o malo; pero si bien el mundo así lo entiende, en la Argentina, la misma dirigencia que elabora políticas cuyas consecuencias es crear pobres y disminuir posibilidades de realización personal, considera que los delincuentes son víctimas de una sociedad que no los comprende, y que por ello no hay que estigmatizarlos con castigos ni encarcelamientos.

Ahora el Gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Bienvenido sea; pero si el debate se hace arduo en el contexto parlamentario, una buena alternativa sería la de convocar a una consulta popular para que la gente opine al respecto. Al fin y al cabo es un instrumento que la Constitución Nacional contempla desde 1994, nunca se ha lo utilizado desde entonces, y es “la gente”, en general, la que sufre cada día las consecuencias del delito.

El Presidente no podría convocar a una consulta popular sobre este tema, porque la Constitución Nacional sólo le permite hacerlo en el ámbito de sus propias competencias o atribuciones, y las cuestiones penales no lo son. En cambio, es el Congreso el que podría realizar dicha convocatoria, decidiendo si ella sería vinculante o no.

Pues queda claro que los problemas de inseguridad no se resuelven con medidas aisladas, y que es necesaria la prevención y la resocialización de los detenidos, pero alguna vez será necesario poner al derecho penal al servicio de una sociedad que quiere vivir en paz, antes que al servicio de quienes nos hostigan cada día con el delito como modo de convivencia social.

*El autor es profesor de Derecho Constitucional en la UBA

La percepción de la población salvadoreña ubica la seguridad como el aspecto más positivo del país en 2025, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El estudio indica que 62.7% de los encuestados considera la seguridad como el principal logro nacional, cifra que supera ampliamente a otros aspectos señalados por la ciudadanía.

En el mismo sondeo, el combate a las pandillas y la delincuencia se menciona como el segundo elemento más valorado, aunque lejos del primer lugar, con un 6.7% de las respuestas.

El informe del Iudop también identifica que la inversión en infraestructura nacional, el trabajo del gobierno y la construcción de escuelas ocupan posiciones marginales en las percepciones positivas, con porcentajes de 2.7%, 2.5% y 2% respectivamente.

El análisis del Iudop revela que 81.7% de la población percibe una disminución de la delincuencia en comparación con el año anterior, mientras que solo un 15% opina que la situación se ha mantenido igual y un 3.2% reporta un aumento.

Este cambio en la percepción pública coincide con un bajo nivel de victimización directa: apenas 4.7% de los encuestados declaró haber sufrido personalmente algún hecho delictivo durante 2025, según la encuesta.

Entre quienes reportaron haber sido víctimas, el delito más común fue el robo sin arma, sin agresión y sin amenaza física (hurto), que representa el 47.5% de los casos. Le siguen las amenazas (15.3%) y la extorsión o renta (10.2%). Otros delitos, como la agresión física sin robo, el robo con arma y la estafa, presentan porcentajes menores.

El estudio del Iudop sitúa a la seguridad como un eje central en la percepción ciudadana sobre los avances recientes en El Salvador, mientras que la economía aparece como el principal problema señalado en el mismo análisis.

La encuesta de la UCA se realizó entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025. El estudio se basó en un total de 1,268 entrevistas válidas, con un margen de error muestral de ±2.75% y un nivel de confianza del 95%.

Estados Unidos reconoce a El Salvador como destino seguro

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a El Salvador en la lista de destinos donde solo se requieren “precauciones normales” para los viajeros. Por primera vez en su historia reciente, el país cerró el año 2025 con 82 homicidios, según las autoridades, una cifra oficialmente reconocida como la más baja registrada y que marca un cambio en la percepción internacional sobre la seguridad del país, conforme a datos divulgados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador y recogidos por medios como The Washington Post y Reuters.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, presentó durante el balance anual del gabinete de Seguridad que la cifra de homicidios representa 32 asesinatos menos que en 2024 y subrayó la resolución total de estos casos. Además, señaló que, desde la implementación del régimen de excepción en 2022, El Salvador ha sumado ya 1.102 días sin homicidios, de los cuales 988 corresponden directamente a dicho régimen. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de homicidios bajó de 1.9 en 2024 a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025.

En cuanto a otros delitos, el informe oficial refleja que en 2025 se reportaron 1,997 casos de hurto, 206 de robo y 884 lesiones, cifras que implican una disminución del 60.41% en hurtos y una reducción del 48% en lesiones respecto al año anterior. El ministro de Seguridad remarcó que el país experimentó “una reducción del 51.5%” en la incidencia de estos delitos entre 2024 y 2025. Según sus declaraciones, El Salvador es ahora “el único país más seguro del hemisferio occidental” y ha superado el 50% de reducción en la incidencia delictiva.

El violento episodio no solo expuso la vulnerabilidad de personas con discapacidad ante la criminalidad, sino que también generó una ola de indignación en la comunidad. Los gritos del hombre alertaron a sus familiares, quienes salieron rápidamente de la casa e intentaron perseguir al ladrón, aunque sin éxito. La escena se repite con frecuencia en las calles de Tumán, donde los habitantes aseguran que los asaltos se han convertido en parte de la rutina nocturna.

El caso ha vuelto a poner en primer plano la sensación de abandono y desprotección que experimentan los ciudadanos de Chiclayo. La falta de presencia policial y la escasa iluminación pública han sido señaladas como factores que facilitan el accionar de los delincuentes. La situación, según los vecinos, sigue agravándose y afecta cada vez más a los sectores más vulnerables.

Delincuentes asaltan brutalmente a hombre en silla de ruedas

La noche del asalto, la víctima se encontraba sentada en su silla de ruedas frente a la puerta de su casa. Un sujeto apareció de manera sorpresiva, se acercó y, sin mostrar compasión alguna por la discapacidad del hombre, lo jaloneó con extrema violencia. El impacto fue tan brutal que el hombre cayó al suelo, quedando momentáneamente imposibilitado de moverse por sí solo.

El delincuente, tras arrebatarle el celular y la billetera, huyó corriendo por la calle oscura. Los gritos desgarradores del hombre resonaron en la cuadra, mientras intentaba reincorporarse con gran esfuerzo. Sus familiares, alertados por el estruendo y la desesperación, salieron de inmediato para auxiliarlo e intentaron capturar al agresor. Sin embargo, la rapidez del ladrón y la falta de testigos impidieron cualquier reacción efectiva.

Vecinos que presenciaron la escena manifestaron su indignación ante la falta de seguridad y protección para quienes viven con alguna discapacidad.

Comunidad exige justicia tras el ataque a hombre en silla de ruedas

El hombre, cuya identidad permanece en reserva por motivos de seguridad, padece una condición que le obliga a movilizarse en silla de ruedas y que limita gravemente su capacidad de defensa. Tras el ataque, intentó ponerse de pie con extrema dificultad y una visible cojera. La impotencia y el dolor se sumaron al miedo, evidenciando el impacto psicológico que episodios como este dejan en las víctimas.

Familiares de la víctima han expresado su frustración y temor por la creciente inseguridad en Tumán. La indignación se hizo eco entre los vecinos, quienes exigieron a las autoridades una reacción inmediata y efectiva.

En tanto, la comunidad del distrito denuncia que la zona se ha convertido en un blanco fácil para los delincuentes, debido a la falta de rondas policiales y la ausencia de cámaras de vigilancia. Vecinos han organizado patrullajes vecinales y han solicitado apoyo al municipio, aunque la respuesta oficial ha sido insuficiente hasta el momento. La noche del asalto, la rápida movilización de la familia y los vecinos no logró cambiar el desenlace, pero dejó claro el hartazgo ante la pasividad de las autoridades.

En el distrito, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. Los habitantes advierten que la delincuencia actúa con total impunidad y que los casos de robos, asaltos y ataques violentos aumentan semana a semana.

Jerí respalda su estrategia de seguridad pese a avances limitados

Hace una semana, el presidente José Jerí abordó el problema de la inseguridad ciudadana durante una entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN. El mandatario reconoció que el país atraviesa un momento difícil y que la criminalidad representa hoy uno de los mayores desafíos para su gobierno. “Nosotros encontramos el país navegando en turbulencia y sin controles que te permitan guiarte”, afirmó José Jerí, aludiendo al debilitamiento institucional heredado de gestiones anteriores.

El presidente explicó que las fuerzas del orden enfrentan serias limitaciones presupuestarias y que la coordinación entre instituciones ha estado ausente. “No había ninguna herramienta coordinada que te permita avanzar para combatir la delincuencia”, señaló Jerí, quien adelantó la presentación de un plan integral de seguridad ciudadana en los próximos días.

Según el mandatario, la estrategia incluye el fortalecimiento de la Policía Nacional, acciones de prevención y la utilización de estados de emergencia en zonas críticas. “Estamos convencidos de que este plan va a generar más resultados”, sostuvo, aunque reconoció que los avances aún son insuficientes y que la ciudadanía demanda soluciones más rápidas. “Hoy, cerca de tres meses, tenemos resultados que, si bien es cierto, no son los óptimos, han comenzado a decrecer algunas incidencias criminales en nuestro país”, explicó Jerí.

En Tumán, sin embargo, los vecinos y las víctimas de hechos como el reciente asalto siguen esperando cambios tangibles. La desconfianza hacia las autoridades y la sensación de abandono persisten, mientras la comunidad exige acciones concretas y efectivas para recuperar la tranquilidad perdida.

En los últimos meses, la localidad de Kennedy en Bogotá se ha convertido en escenario de una serie de atracos masivos que mantienen en alerta y preocupada a la comunidad.

De acuerdo con lo conocido por Noticias Caracol, la agrupación, compuesta por nueve integrantes, asalta a clientes de locales comerciales, ciclistas y peatones, llegando en grupo y neutralizando cualquier intento de resistencia.

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De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad en el sector de la avenida Villavicencio, entre las carreras 80 y 82, la estructura ha perfeccionado una logística delictiva coordinada, lo que ha incrementado el temor entre los residentes ante la escalada de violencia registrada en los últimos cuatro meses.

Los videos muestran la manera en que los delincuentes irrumpen en los establecimientos, someten a los presentes y proceden a encerrar a las víctimas tras despojarlas de sus pertenencias.

Un comerciante afectado, cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad, relató a Noticias Caracol la evolución de este fenómeno: “Ya venimos con esta problemática más o menos como cuatro meses, donde empezaron robando de a tres personas, después en otro robo ya fueron cinco, otros fueron ya seis y ya nosotros nos tocó el más fuerte, que fue el de nueve personas”.

Según su testimonio, la estructura ha incrementado su número, permitiendo realizar múltiples tareas durante los atracos: mientras unos amenazan, otros revisan a las víctimas y algunos vigilan las salidas.

El método utilizado por estos sujetos se caracteriza por su velocidad y violencia. Llegan en bicicletas, que emplean tanto para el ataque como para huir rápidamente por las calles del suroccidente de la ciudad. Los objetos más codiciados en estos robos son celulares y dinero en efectivo, artículos que pueden comercializarse fácilmente en el mercado negro.

La táctica de la banda no se limita a locales comerciales. Ciclistas y peatones también han sido víctimas frecuentes. Un ciclista asaltado por el grupo describió, en declaraciones recogidas por el medio citado, un episodio de emboscada: “Nos rodean nueve hombres, de los cuales siete personas venían armadas, según los videos, y nos encañonan y nos hacen el hurto”. La desproporción de fuerza y el uso de armas de fuego ha dejado a los ciudadanos sin posibilidades de reacción.

A pesar de la gravedad de la situación, la presencia policial logra disuadir ocasionalmente los ataques. Se registró un caso reciente en el que el grupo desistió de un robo ante la llegada de una patrulla de la Policía.

Los residentes y comerciantes de la avenida Villavicencio coinciden en que la agresividad de los delincuentes ha aumentado y perciben que la banda ha establecido un control territorial en el sector, actuando con cada vez menos temor a la ley.

Capturan a presunto ladrón en Bogotá que intentó justificar su acción delictiva como una “broma”

Los encargados de seguridad de un conjunto residencial en el sector Lagos de Córdoba, en Bogotá, lograron la captura de un presunto ladrón que, según los testimonios recogidos en el lugar y citados por Colombia Oscura, había mantenido en alerta a los residentes de la zona durante las últimas semanas.

La situación ocurrió cuando el sospechoso intentó evadir la intervención de los vigilantes, que lo interceptaron dentro de las instalaciones del conjunto.

Durante el procedimiento, el hombre aseguró que todo se trataba de una “maldita broma”, frase con la que intentó justificar su presencia y las acciones que motivaron su captura.

En el intercambio registrado por los presentes, otro miembro del equipo de seguridad señaló: “(...) Como te gusta robar, también tienes que quitar la mano”, mientras el presunto ladrón insistía: “No me gusta robar manos, sino que hice una maldita broma ahí”. Las risas y comentarios continuaron, incrementando la tensión del momento.

Uno de los vigilantes preguntó al sospechoso por qué había intentado huir al notar su presencia, a lo que el hombre respondió que creyó que lo iban a detener. Durante el diálogo, los encargados de seguridad lo calificaron de “rata”, haciendo alusión a los recurrentes robos que se habían presentado en el área.

En la República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que en los primeros 19 días del año se registraron 2,857 robos en todo el país, lo que significa un promedio de 150 robos cada 24 horas.

Este dato, confirmado este lunes tras una reunión de Seguridad Ciudadana, refleja una disminución del 19.52 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según cifras oficiales del sistema de la Policía Nacional publicadas por el diario Libre.

A pesar de la tendencia descendente, Raful subrayó que cada caso constituye un hecho relevante y destacó la importancia de que la ciudadanía presente denuncias, ya que estas permiten perfeccionar la respuesta estatal y optimizar la focalización de los operativos de prevención y persecución.

Entre las medidas implementadas, la funcionaria describió el fortalecimiento de la policía preventiva con mayor presencia en las calles, mejor equipamiento y un sistema constante de monitoreo y evaluación.

En cuanto a la evolución anual de los delitos, durante este mismo lapso en 2024 se reportaron 4,352 robos, cifra que para 2025 fue de 3,550.

Según lo expuesto por Faride Raful por medio diario Libre, las estadísticas muestran progresos, aunque la funcionaria reiteró el compromiso del Gobierno con el desmantelamiento de bandas criminales y la prevención de la delincuencia a través de labores de inteligencia.

La reducción no solo se limita a los robos. La ministra detalló que la tasa acumulada de homicidios durante los primeros 19 días del año es de 7.08, por debajo de la registrada en 2025 (8.4) y en 2024 (11.48).

En términos absolutos, se contabilizan 55 homicidios en lo que va de 2026, frente a 64 en 2025 y 77 en 2024 para el mismo período. Raful puntualizó que la conflictividad social sigue siendo la principal causa de los homicidios, con cerca del 41.8 % de los casos, superando a la delincuencia común. Además, recalcó que este riesgo resulta prevenible cuando existe una respuesta adecuada.

Al referirse a versiones recientes sobre el tráfico de órganos, la ministra descartó la existencia de redes dedicadas a esa actividad en el país.

Insistió en que un trasplante requiere protocolos estrictos de compatibilidad y conservación, además de infraestructura y personal médico especializado, lo que imposibilita prácticas improvisadas o clandestinas. Finalmente, advirtió sobre la propagación de información infundada, al explicar que esto solo genera “inquietud innecesaria en la población y afecta la confianza en las instituciones”.

Un nuevo episodio de violencia vecinal se registró en la avenida Garcilaso de la Vega, en el distrito limeño de El Agustino. Cansados de los constantes asaltos, los habitantes decidieron enfrentar la inseguridad con sus propias manos, incendiando el mototaxi utilizado por dos delincuentes para cometer robos al paso. La escena, marcada por la indignación colectiva, refleja el hartazgo de una comunidad que exige respuestas ante la ola delictiva que afecta a Lima.

La situación en El Agustino no es aislada. Los vecinos, expuestos a reiterados asaltos, han visto cómo los robos al paso se convirtieron en parte de la rutina diaria, especialmente en zonas transitadas del este de la capital. La utilización de mototaxis por parte de los delincuentes ha facilitado estos delitos, permitiendo rápidas fugas tras arrebatar pertenencias a los transeúntes.

La reiteración de estos eventos generó una reacción colectiva que culminó con la destrucción del vehículo involucrado en los robos. Los residentes, superados por la impotencia y la falta de respuestas efectivas, optaron por tomar medidas directas para enviar un mensaje a quienes alteran la tranquilidad del barrio.

Vecinos acorralaron la mototaxi y obligaron a los ladrones a escapar corriendo

El incidente inició cuando dos delincuentes a bordo de un mototaxi intentaron arrebatar las pertenencias de peatones que circulaban por la avenida Garcilaso de la Vega. Al percatarse del acto delictivo, un grupo de vecinos decidió intervenir, generando una persecución que se extendió hasta la segunda cuadra de la misma avenida.

La rápida acción vecinal sorprendió a los asaltantes, quienes al verse acorralados abandonaron el mototaxi en la vía pública y optaron por escapar a pie. La huida de los malvivientes, aunque impidió su captura inmediata, dejó en evidencia la frustración de una comunidad que se niega a seguir siendo víctima de la inseguridad.

Durante la persecución, los residentes demostraron decisión y coordinación, actuando en conjunto para intentar detener a los responsables. El abandono del vehículo por parte de los delincuentes marcó el punto de quiebre, desencadenando la posterior reacción de los vecinos.

Mototaxi utilizada para el crimen terminó reducida a cenizas

La presencia del mototaxi abandonado en plena avenida se convirtió en un símbolo de la impunidad que impera en el barrio. La indignación de los vecinos creció ante la imagen del vehículo, que había servido como herramienta para perpetrar múltiples robos en la zona.

Movidos por el enojo y la desesperación, los residentes decidieron incendiar el mototaxi frente a la mirada de otros transeúntes. En cuestión de minutos, las llamas consumieron la unidad, transformándola en cenizas y dejando claro el mensaje de rechazo a la delincuencia.

El acto de quemar el vehículo fue interpretado por la comunidad como una advertencia a quienes insisten en sembrar el temor en el distrito. Esta reacción también expone la falta de confianza en las autoridades y la percepción de que la autodefensa se vuelve la única alternativa ante la persistente ola de asaltos.

Vecinos urgen medidas extraordinarias para proteger la zona

Tras el incendio de la mototaxi, efectivos de la Policía Nacional acudieron al lugar para realizar las diligencias correspondientes. Los agentes intervinieron la escena y recogieron información sobre lo sucedido, mientras los vecinos permanecían en los alrededores, atentos a cualquier novedad.

La llegada de la policía no calmó la indignación de los habitantes de El Agustino. Por el contrario, el episodio intensificó el reclamo colectivo por una mayor presencia policial y acciones contundentes contra la delincuencia. Los residentes exigieron la identificación y captura de los responsables de los robos, así como el incremento del patrullaje preventivo en la zona.

En este contexto, los pedidos de seguridad se extendieron a la solicitud de participación de militares en las labores de vigilancia, especialmente considerando que Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia. Para los vecinos, la situación requiere medidas extraordinarias que garanticen su integridad y el restablecimiento del orden en las calles del distrito.

Un nuevo relevamiento oficial encendió las alarmas en los tribunales federales sobre el descontrol registral que hoy alimenta el mercado negro de armamento en la Argentina. Según el último informe estadístico de la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego (UFIARM), correspondiente al segundo cuatrimestre de 2025, existe un altísimo nivel de irregularidad en la tenencia de material controlado.

​Los datos son contundentes: una porción sustancial de las armas, aun estando registradas en su origen, se encuentran vinculadas a titulares sin habilitación vigente. Esto configura, en la práctica, una tenencia ilegal masiva que dificulta el rastreo del poder de fuego.

​El documento, elaborado por la unidad que encabeza el fiscal federal Gabriel González Da Silva, expone una radiografía preocupante sobre quiénes quedan bajo la lupa de la justicia. Al analizar globalmente a todas las personas investigadas durante este período, se detectó que la gran mayoría de los involucrados en expedientes penales —más del 80%— se mueve en la ilegalidad total o en una “zona gris” administrativa.

​La trampa de la “zona gris”

​El foco de la preocupación se agrava al poner la lupa sobre las colaboraciones prestadas a otros fiscales, uno de los indicadores más sensibles de la actividad criminal. En este segmento específico, el nivel de irregularidad alcanzó el 93,8%.

​De las 128 personas consultadas en este rubro, solo 8 presentaban una situación regular. El resto se dividía entre quienes directamente no estaban inscriptos ante el organismo de control (58,6%) y quienes, aun figurando en los registros, tenían su condición de Legítimo Usuario vencida.

​Esto significa que, incluso aquellos que alguna vez estuvieron dentro del sistema, hoy operan al margen de la ley por no haber renovado sus permisos, impidiendo al Estado saber quién tiene realmente las armas en su poder. Esta irregularidad se traslada al material secuestrado: en las investigaciones preliminares, aunque todas las armas identificadas estaban registradas, el 54,9% de ellas se encontraba bajo una situación irregular.

​La maniobra de los “testaferros”

​Uno de los puntos más críticos que destaca el informe es la detección de una maniobra cada vez más frecuente: el desvío mediante “testaferros”.

​La fiscalía especializada ha notado un incremento en investigaciones donde personas habilitadas adquieren armas de fuego de manera lícita, pero con el único fin de transferirlas posteriormente al circuito ilegal. En estos casos, las armas permanecen formalmente a nombre de un usuario “limpio” ante el registro nacional, pero en la realidad ya están en poder de bandas criminales. Esta triangulación complica enormemente la trazabilidad y la persecución penal.

​Más causas y un vacío legal

​El volumen de trabajo de la unidad refleja que la problemática está lejos de disminuir. Durante el segundo cuatrimestre de 2025, la UFIARM inició 48 nuevas investigaciones preliminares y prestó 57 colaboraciones a otras dependencias, lo que representa un aumento de casi el 10% en comparación con el mismo período del año anterior.

​La mayor parte de estos requerimientos provienen de la Provincia de Buenos Aires y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, jurisdicciones que concentran la mayor cantidad de delitos investigados, principalmente tenencia ilegal, robos y causas vinculadas al narcotráfico.

​Frente a este escenario de alta informalidad, la unidad fiscal reiteró su postura sobre un problema de fondo que favorece la impunidad: la falta de una tipificación penal específica para el tráfico ilícito de armas en Argentina. Según concluye el informe, este vacío legislativo impacta negativamente en la prevención y hace que las investigaciones judiciales se orienten a probar delitos conexos, perdiendo de vista el origen y el flujo de las armas que permiten esa violencia.

El mensaje de Donald Trump en redes sociales incluyó fuertes críticas a las autoridades de Minnesota, a las que calificó como parte de un "muy corrupto" estado, y defendió que el ICE proseguirá con las operaciones que tienen como objetivo la deportación de individuos considerados "criminales violentos". Según reportó la agencia Europa Press, el mandatario estadounidense celebró el fallo dictado por la jueza federal Katherine Menendez, quien este miércoles decidió no suspender las actividades del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) en territorio de Minnesota, pese a las manifestaciones ocurridas tras la muerte de una mujer durante un operativo de esta agencia federal.

El rechazo de la jueza Menendez a la solicitud presentada por los fiscales del estado marcó el punto central de la resolución, de acuerdo con Europa Press. Los representantes estatales habían argumentado que la presencia y actividades del ICE en Minnesota constituían lo que definieron como una "invasión federal", situación que generó amplio debate sobre la jurisdicción y los límites de la intervención federal en asuntos migratorios dentro de las fronteras estatales. Sin embargo, Menendez señaló que no existía el tiempo suficiente para emitir un fallo completamente informado sobre las demandas de las autoridades locales, lo que llevó a la desestimación de la petición.

Trump aprovechó la resolución judicial para reiterar públicamente su respaldo al ICE y a los agentes encargados de hacer cumplir la legislación migratoria. "El ICE seguirá adelante con sus exitosas operaciones para lograr la expulsión de algunos de los criminales más violentos", afirmó el presidente estadounidense, citado por Europa Press, insistiendo en que los presuntos delincuentes a los que se dirige la agencia son "los criminales más viciosos del mundo, muchos de los cuales son asesinos".

En su declaración, el presidente también destacó el desempeño de quienes catalogó como "grandes patriotas" pertenecientes a las fuerzas del orden, aseverando que su labor contribuye a mantener la seguridad en el país. Trump añadió que "tenemos una cifra récord a la baja en el número de delito", atribuyendo ese descenso a las medidas aplicadas en materia de seguridad y control migratorio, según informó Europa Press.

El contexto de la decisión judicial se enmarca en una serie de protestas en Minnesota, desatadas tras la muerte de una mujer a manos de agentes del ICE. Estos incidentes suscitaron reacciones en la opinión pública y derivaron en peticiones de suspensión de las actividades federales en el estado. Los fiscales locales buscaban que la jueza detuviera temporalmente los operativos mientras se esclarecían los hechos y se evaluaba el alcance de la intervención federal, pero la jueza Menendez determinó no acceder a la solicitud en esta fase del proceso.

El pronunciamiento presidencial forma parte de un discurso constante de apoyo a la política migratoria del gobierno estadounidense durante la administración Trump, quien en otras ocasiones ya había destacado la necesidad de fortalecer la seguridad y aumentar las acciones destinadas a expulsar del país a individuos considerados peligrosos por las autoridades migratorias. Según consignó Europa Press, el presidente empleó esta coyuntura para insistir en la relevancia de mantener el respaldo institucional al ICE, en un contexto de debate nacional sobre el papel de las agencias federales en la aplicación de la ley dentro de los estados.

Los representantes estatales de Minnesota manifestaron que la intervención del ICE afectaba la autonomía y el accionar de las autoridades locales, señalando preocupación por lo que describieron como una vulneración de las competencias estatales. Sin embargo, la jueza Menendez enfatizó que la urgencia del caso y la falta de tiempo para analizar a profundidad la petición llevaron a no conceder el bloqueo solicitado.

La agencia Europa Press recordó que las recientes protestas en Minnesota han marcado un punto de conflicto entre las políticas migratorias federales y las demandas de sectores que reclaman mayor control sobre las fuerzas del orden, especialmente tras episodios de uso letal de la fuerza. Las manifestaciones congregaron a ciudadanos y organizaciones que exigieron revisión y transparencia en el actuar de los agentes federales, en particular tras la muerte reportada, aunque el proceso judicial por la responsabilidad de los agentes y las demandas estatales aún se encuentra en curso, sin una decisión de fondo al respecto.

Mientras tanto, el gobierno federal mantiene su postura de que las operaciones del ICE cumplen con las directrices legales y las prioridades de seguridad nacional, orientadas a identificar y deportar a inmigrantes con antecedentes penales considerados graves o peligrosos, según el mensaje del presidente. La controversia en Minnesota se suma a otros episodios de tensión entre gobiernos estatales y la administración federal, en torno al papel de las agencias migratorias en las comunidades locales y los efectos de su intervención en la percepción de seguridad y derechos de los residentes, informó Europa Press.

El pasado 8 de enero, Adrián Gordillo, actor madrileño conocido por dar vida a ‘El Mecos’ en la serie Aída, volvió a situarse en el foco mediático tras ser implicado en el saqueo de varios coches estacionados frente a un taller mecánico en Humanes (Madrid). Si bien sucedió hace días, los hechos han sido difundidos ahora por distintos medios nacionales después de que el programa El Tiempo Justo, de Telecinco, emitiera en exclusiva unas imágenes captadas por cámaras de seguridad.

En las grabaciones, que corresponden a la madrugada de ese día, se observa presuntamente a Gordillo y a su hermano accediendo al recinto del taller entre las 6:20 y las 6:30 de la mañana. Según la información emitida, ambos aparecen forzando cerraduras, rompiendo lunas y registrando el interior de al menos seis vehículos, provocando daños materiales y llevándose objetos del interior. El valor de los desperfectos y de lo sustraído estaría estimado en unos 4.400 euros.

Las imágenes han causado un notable impacto entre el público, especialmente por tratarse de un rostro popular de la televisión, asociado durante años a una de las series más queridas de la ficción española. Desde Aída, Gordillo ha tenido una trayectoria mediática irregular, marcada en los últimos tiempos por problemas económicos y personales, que él mismo ha relatado recientemente en televisión.

El actor Adrián Gordillo ha admitido los hechos

El propio actor ha reconocido haber estado presente en el lugar de los hechos, aunque niega que se tratase de un robo premeditado. En declaraciones difundidas por El Tiempo Justo, Gordillo explicó que acudió al taller con su hermano tras una supuesta disputa con el propietario del establecimiento, a quien reclama una deuda de aproximadamente 4.000 euros relacionada con un vehículo de un familiar.

“Nos tomamos la justicia por nuestra mano”, afirmó el actor, matizando que su actuación no tuvo como objetivo robar objetos de valor. Según su versión, lo que hicieron fue “mirar dentro de los coches” y aseguró que los vehículos estaban “prácticamente desguazados”, restando importancia a los daños causados y negando la sustracción de pertenencias relevantes.

La situación límite de Adrián: “No tengo ni para comer”

El caso ha generado sorpresa y debate, ya que Gordillo había reaparecido hace apenas unas semanas en televisión hablando abiertamente de su situación de precariedad, asegurando que no cuenta con ingresos fijos ni recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Un testimonio que ahora cobra una nueva dimensión tras la difusión de estas imágenes.

Por el momento, las autoridades continúan investigando los hechos. No ha trascendido públicamente si se ha producido una detención formal ni si existen cargos imputados contra el actor o su hermano. Fuentes policiales señalan que el caso se encuentra en fase de análisis, a la espera de que se determinen las responsabilidades correspondientes.

Mientras tanto, el nombre de Adrián Gordillo vuelve a ocupar titulares, esta vez lejos de la ficción y envuelto en una polémica que podría tener consecuencias legales y que reabre el debate sobre la caída personal y mediática de algunos rostros populares de la televisión.

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha notificado la cancelación de aproximadamente 8.000 visados de estudiante, así como de 2.500 visados especializados, dirigidos principalmente a personas que han tenido problemas legales con las fuerzas de seguridad del país, de acuerdo con información difundida en la red social X. Esta acción, según detalló el medio, se enmarca dentro de la política migratoria implementada tras el retorno de Donald Trump a la Casa Blanca, a una semana de cumplirse un año de su regreso.

De acuerdo con las publicaciones recogidas por el medio, las autoridades estadounidenses han superado la cifra de 100.000 visados revocados desde el inicio de esta nueva etapa presidencial, lo que incluye no solo a estudiantes y trabajadores especializados, sino también a personas vinculadas a actividades delictivas graves. El Departamento de Estado, bajo la dirección de Marco Rubio, anunció que "seguiremos deportando a estos delincuentes para mantener la seguridad de Estados Unidos". Esta declaración acompaña las medidas adoptadas en materia migratoria que, según consignó el medio, buscan limitar el ingreso y la permanencia de personas acusadas o condenadas por delitos como agresión, robo y conducir bajo la influencia del alcohol.

La revocación masiva de visados constituye uno de los componentes principales de la estrategia migratoria del actual Gobierno, informó el medio, el cual ha resaltado su enfoque dirigido especialmente a quienes cuentan con antecedentes judiciales o han estado involucrados en situaciones que representen un riesgo para la seguridad estadounidense. Tommy Pigott, portavoz de la dependencia federal, mencionó que "miles de extranjeros acusados o condenados por delitos como agresión, robo y conducir bajo la influencia del alcohol" se encuentran entre quienes han visto anulados sus permisos de entrada al territorio estadounidense.

El medio detalló que, además de la acción directa contra visados de estudiantes, se ha focalizado la vigilancia sobre visados especializados, un segmento habitualmente asociado con trabajadores en campos científicos, tecnológicos o médicos. La decisión de revocar estos permisos se relaciona directamente con los registros y antecedentes de seguridad de las personas aplicantes, según informó la fuente.

La cartera capitaneada por Rubio ha sido enfática en subrayar su compromiso de reforzar la seguridad del país a través de controles más estrictos y la expulsión de quienes representen un riesgo real o potencial. El medio indicó que estas medidas se han intensificado tras el regreso de Trump, incorporando revisiones más exhaustivas de antecedentes penales y un mayor rigor en la evaluación de solicitudes de entrada tanto temporales como permanentes.

De acuerdo con la información publicada, la cifra exacta de visados revocados desde el inicio de la actual administración estadounidense supera los 100.000, abarcando tanto casos nuevos como renovaciones que quedaron sin efecto por información adicional recibida sobre los solicitantes, especialmente en materia de seguridad y antecedentes penales.

El Departamento de Estado reiteró que la política busca disuadir la entrada de personas señaladas de participar en actividades ilícitas, así como fortalecer los controles migratorios. A través de su cuenta oficial en la red X, señaló que continuarán llevando a cabo estas acciones con el objetivo de mantener el orden y la tranquilidad pública, medida que ha sido explicada como parte fundamental del esfuerzo por proteger a la población y los intereses del país, según lo reportado por el medio.

Funcionarios del Gobierno subrayaron que la política adoptada durante el último año representa una continuación de la línea firme en materia migratoria instalada anteriormente, pero ahora ampliada para cubrir un espectro más amplio de potenciales riesgos y delitos. El medio añadió que, entre los criterios utilizados para las revocaciones, destacan los relacionados con antecedentes de violencia, robos y delitos vinculados a la conducción bajo efectos del alcohol, casos que según las autoridades, ameritan una respuesta rápida y contundente para evitar reincidencias en territorio estadounidense.

La información proporcionada por el medio también señaló que el proceso de identificación y revocación de visados cuenta con la colaboración de organismos federales encargados de la seguridad interna y el cumplimiento de la ley migratoria. Estas agencias han modificado sus protocolos para acelerar la cancelación de permisos cuando se confirman hechos delictivos o incidentes policiales previos involucrando a extranjeros que buscan permanecer en Estados Unidos.

El incremento en la cantidad de visados anulados, según describió el medio, ha generado reacciones dentro y fuera del país, debido al impacto que esto supone para estudiantes internacionales, trabajadores especializados y sus familias. No obstante, portavoces oficiales recalcaron ante el medio que la prioridad de la administración consiste en preservar las condiciones de seguridad, incluso si eso implica el aumento en las restricciones sobre permisos de entrada.

Finalmente, el medio puntualizó que las autoridades estadounidenses prevén mantener este tipo de acciones coordinadas y periódicas como parte integral de una estrategia migratoria más amplia, priorizando la identificación temprana de personas con historial delictivo y evitando que ingresen o permanezcan en el territorio nacional sin cumplir los requisitos de ley.

Un intento de robo en la colonia Martín Carrera, en la Ciudad de México, terminó con un presunto delincuente muerto y dos más detenidos. Los hechos ocurrieron cuando supuestamente los señalados intentaban asaltar una persona, como parte de una estafa organizada a través de redes sociales en donde venderían una camioneta.

Según reportes oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), la intervención de los policías capitalinos evitó que el asalto se concretara.

La víctima, contactada previamente por los agresores, fue citado en la calle Valentín Canalizo y General Mariano Salas, de la colonia antes mencionada, alcaldía Gustavo A. Madero.

Asalto frustrado

Reportes de la SSC detallaron que la intervención de la policía resultó decisiva para evitar que el asalto en Martín Carrera se consumara.

Según el informe oficial, policías realizaban recorridos de seguridad y labores de seguimiento en las calles Valentín Canalizo y General Mariano Salas, cuando un hombre se les acercó pidiendo ayuda.

En el sitio, el hombre les comentó a los uniformado que estaba en ese sitio para comprar una camioneta, sin embargo, tres personas se le acercaron y lo amenazaron con un arma de fuego.

El objetivo de los agresores era apoderarse del dinero que el hombre llevaba para la transacción. A pesar de la intimidación, la víctima no entregó el efectivo.

Los asaltantes, al notar la presencia de un vehículo oficial en las inmediaciones, optaron por huir en distintas direcciones para evitar ser detenidos y fue ahí donde comenzó una persecución.

Consecuencias para los asaltantes

La respuesta policial al intento de asalto en Martín Carrera tuvo un desenlace letal para uno de los implicados. Durante el enfrentamiento, un delincuente fue abatido en el lugar.

Según el reporte de la SSC, el hombre que perdió la vida apuntó con un arma corta al oficial que lo perseguía, por lo que el uniformado respondió y realizó un disparo, lo que provocó que falleciera en el sitio.

Además del fallecido, dos sujetos más fueron detenidos. Los agentes lograron asegurar a ambos individuos en los alrededores, evitando así que escaparan del sitio de los hechos.

Ambos quedaron a disposición del Ministerio Público, que inició las investigaciones correspondientes para determinar su grado de participación en la estafa y el asalto frustrado.

La policía continúa con las pesquisas para identificar si existen otros involucrados que hayan logrado evadir la captura.

Modus operandi de los asaltantes

Previo al asalto, los delincuentes emplearon plataformas digitales para tender una trampa a su víctima. La estafa consistió en la publicación de una camioneta en venta, diseñada para captar la atención de posibles compradores y conducirlos hacia una cita presencial en Martín Carrera.

El contacto entre víctima y estafadores se realizó completamente en línea, utilizando mensajes y perfiles para generar confianza.

Cuando la persona interesada aceptó concretar el trato, recibió indicaciones precisas sobre el lugar y la hora del encuentro, sin sospechar que detrás de la oferta se encontraba un grupo delictivo.

De acuerdo con reportes anteriores de las autoridades, este tipo de modus operandi se ha vuelto frecuente: los criminales aprovechan la popularidad de las ventas en línea para identificar blancos vulnerables.

Los anuncios, atractivos y aparentemente legítimos, forman parte de una estrategia planificada para aislar a la víctima y facilitar el robo en un entorno controlado por los agresores.

Según las imágenes de cámaras de seguridad y testimonios recogidos por 24 Horas de Panamericana Televisión, el vehículo de los asaltantes llegó al edificio poco después de que la pareja estacionara el suyo. Los delincuentes descendieron armados, sorprendieron a las víctimas y las redujeron sin que pudieran ofrecer resistencia. Todo ocurrió en un lapso breve, y los ladrones huyeron en la misma camioneta de lujo, dejando tras de sí un ambiente de temor y alerta en el vecindario.

La zona, que hasta hace poco era percibida como tranquila, ahora enfrenta un nuevo paradigma de inseguridad. Los residentes afirman que hechos como este se han vuelto más frecuentes, mientras la sensación de vulnerabilidad se extiende incluso entre quienes creían estar protegidos por patrullaje y sistemas de vigilancia.

Asalto ocurrió en la puerta de edificio en San Isidro

El asalto ocurrió cuando la pareja regresaba a casa tras una jornada laboral. Al llegar a la puerta del edificio, fueron interceptados por una camioneta de último modelo, un vehículo que normalmente no levantaría sospechas por su apariencia costosa. Dos sujetos armados descendieron rápidamente del vehículo, se aproximaron a las víctimas y las amenazaron, exigiendo la entrega de sus objetos de valor.

Bajo la presión de las armas, la pareja entregó sus pertenencias en cuestión de segundos. El operativo de los delincuentes fue preciso y sincronizado: eligieron un momento en el que no había presencia policial visible y aprovecharon la relativa calma de la noche para actuar sin ser detectados. Tras el asalto, los criminales escaparon en la misma camioneta de lujo, dejando a las víctimas en estado de shock y generando inquietud entre los vecinos, quienes presenciaron parte de la secuencia desde sus ventanas.

Las cámaras de seguridad de la zona registraron el paso del vehículo sospechoso, pero hasta el momento no se han reportado detenciones. La facilidad con la que los asaltantes se movilizaron en un auto de alta gama ha despertado preocupación sobre la capacidad de estos grupos para burlar los filtros de seguridad y actuar en lugares considerados intocables.

Sanisidrinos piden refuerzo de la seguridad en el distrito

El asalto provocó una reacción inmediata entre los residentes de San Isidro. Varios vecinos se reunieron en la calle tras el incidente y formularon reclamos a las autoridades municipales y policiales, exigiendo un refuerzo en el patrullaje y la implementación de nuevas estrategias de prevención.

Los habitantes del distrito han solicitado la instalación de más cámaras de seguridad y el aumento de rondas policiales, especialmente en horarios nocturnos. Argumentan que la presencia de vehículos de lujo facilita el camuflaje de los asaltantes, quienes pueden circular sin levantar sospechas. La demanda de seguridad aumentó tras el asalto, con vecinos organizados en grupos de chat y coordinando acciones para protegerse mutuamente. El temor a nuevos ataques ha modificado la rutina diaria: muchos evitan regresar solos a casa y extreman precauciones al ingresar a sus viviendas.

El asalto refuerza la racha delictiva en San Isidro

Este asalto no es un hecho aislado en San Isidro. En diciembre de 2025, a pocos días de Navidad, el distrito fue escenario de una serie de robos perpetrados por falsos repartidores de delivery, quienes utilizaban motocicletas y uniformes de aplicaciones para engañar a sus víctimas. De acuerdo a reportes de Latina, al menos tres asaltos con este modus operandi se registraron en la avenida Pablo Carriquiry en menos de un mes. Los delincuentes actuaban a plena luz del día y no dudaban en robar celulares o pertenencias en cuestión de segundos, aun en presencia de cámaras y testigos.

La reiteración de estos delitos ha incrementado la preocupación entre los vecinos de San Isidro, quienes advierten que la sofisticación de los delincuentes y su capacidad para mimetizarse con el entorno dificultan la prevención. Ante la ola de asaltos, las autoridades han recomendado a los residentes evitar el uso de dispositivos electrónicos en la vía pública y extremar las medidas de precaución.

La comunidad exige respuestas concretas y acciones inmediatas para frenar una escalada delictiva que amenaza la tranquilidad de uno de los distritos más exclusivos de Lima.

Cuando comenzó el Gobierno de Gustavo Petro, una de las promesas fue consolidar una “Paz Total” en Colombia; sin embargo, a falta de ocho meses para que termine el mandato del gobernante de izquierda, los grupos armados se mantienen y el conflicto interno sigue siendo el problema principal de la nación.

Debido a que en 2025 se terminaron de derrumbar los procesos de paz con el ELN y las disidencias de las Farc, principalmente por las acciones terroristas que protagonizaron los grupos armados, el medio especializado InSight Crime publicó un informe en el que mencionó los niveles de violencia registrados en Colombia durante el año que terminó.

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En primer lugar, mencionan el trasfondo histórico que dificulta que en Colombia se consolide un estado de paz, mucho más en la previa de unas elecciones presidenciales, en las que la violencia es la forma que tienen los grupos armados para destacar y tener visibilidad en las ciudades principales.

La violencia de Colombia en 2025

Sobre el inicio de 2025, destacan el pacto de no agresión que tenía el Gobierno nacional con el ELN y el Estado Mayor Central, que a la postre fue clave para que se registrara el desplazamiento forzado de más de 60.000 personas, siendo el Catatumbo la zona más afectada en cuanto a esa problemática.

Además de la región fronteriza con Venezuela, mencionan departamentos como Chocó, Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Antioquia, Arauca, Meta, Putumayo y Guaviare como los focos de mayor gravedad para el conflicto interno.

Respecto a las claves del conflicto interno, mencionan que el narcotráfico y la minería ilegal siguen siendo las fuentes que más generan ingresos económicos a los grupos armados.

En ese sentido, destacan que Colombia sigue siendo el principal productor de cocaína, lo que no ayuda a que el país se pueda alejar de los señalamientos internacionales, que también marcaron gran parte de la agenda durante 2025.

En el informe mencionan que Colombia ha vivido una transición de conflictos en varias ocasiones, mencionando los procesos de desmovilización de las AUC y las Farc-EP durante el siglo XXI.

Sobre las estructuras paramilitares, destacan que del proceso de paz de 2006 nacieron varias estructuras criminales, como el Clan del Golfo; situación que se asemeja a lo registrado tras la firma del acuerdo con las Farc y la creación de disidencias de esta guerrilla.

“Grupos ilegales, como el ELN y los Gaitanistas, llenaron los vacíos territoriales dejados por las Farc. A la par, surgieron grupos disidentes y rearmados de las Farc que buscaban mantener su influencia en territorios clave para economías criminales, como la frontera con Venezuela, el departamento de Chocó, fronterizo con Panamá, y el suroccidente colombiano, fronterizo con Ecuador”, es parte del informe.

Otro punto clave de 2025 fue la desertificación de Colombia en la lucha contra el narcotráfico, lo que demuestra que el país está perdiendo terreno ante los grupos armados, que en la actualidad se han consolidado como los principales actores del narcotráfico en la región.

En la parte final se menciona que la violencia se podría agudizar en la previa de las elecciones presidenciales, principalmente por la postura que ha manifestado tener “Iván Mordisco”, que ha amenazado con responder de manera directa a las asonadas contra las disidencias.

“Quisimos que el proceso electoral del 2026 tuviera los menores traumatismos posibles, pero ante la avanzada de sectores guerreristas, no nos queda más que asumir una posición en defensa de los territorios, su tranquilidad y las determinaciones políticas alejadas del guerrerismo y la corrupción”, fueron las palabras del comandante del Estado Mayor Central al respecto.

Es por ello que puntualizan al indicar que la atención del Ministerio de Defensa debe enfocarse en las zonas de riesgo, puesto que hay hasta ocho departamentos en los que la presencia de los grupos armados podría influir en la participación política.

La escena, grabada por un testigo el 31 de diciembre, ha causado impacto por la actitud poco habitual de uno de los hombres arrestados.

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Durante la intervención policial, uno de los sujetos suplica abiertamente al agente que no lo detenga, resaltando la fecha como motivo para solicitar indulgencia. Segundos después, el mismo individuo amenaza a la persona que graba el suceso, generando inquietud entre quienes presenciaban la situación.

Hasta el momento, no se ha hecho pública información sobre la identidad de los involucrados ni sobre el motivo específico de la detención.

En el video se puede escuchar como la persona que está grabando, se burla de las capturas a los dos responsables diciéndoles “¿Usted ya conoció a Yaper? Por favor. Conoce a Yaper. Llorindéris de yaper. Lo pusieron a conocer, lo pusieron a conocer. Ya sabe”.

Entre tanto, se puede escuchar a uno de los capturados suplicándole a los uniformados que lo dejen libre. “Hoy 31, colabórenos, viejo”. Posteriormente, este mismo sujeto le dice al hombre qué está grabando “Cuando me lo encuentre”... de forma amenazante.

El creciente impacto de la pólvora en Colombia: una alerta sobre salud pública y responsabilidad social

El aumento de quemados por pólvora en Colombia durante la temporada de fin de año de 2025 refleja una tendencia en alza que preocupa a las autoridades sanitarias y pone el foco sobre los riesgos asociados al manejo de fuegos artificiales y el consumo de alcohol en celebraciones.

Según el Instituto Nacional de Salud, el número total de lesionados ascendió a 1.028 personas, lo que constituye un incremento del 7% en comparación con 2024.

La evolución reciente del fenómeno muestra que, en solo seis días próximos a fin de año, más de 200 personas sufrieron quemaduras, con un fuerte impacto entre los más jóvenes.

La Secretaría Distrital de Seguridad de Bogotá reiteró la importancia de acudir a asistencia médica incluso en casos leves relacionados con pirotecnia, a la vez que publicó una serie de sugerencias ante este tipo de incidentes.

El último informe del Instituto Nacional de Salud sitúa a los niños y adolescentes como el grupo de mayor vulnerabilidad, con 324 menores involucrados en accidentes relacionados con pólvora, incluidos 33 incidentes donde adultos en aparente estado de embriaguez supervisaban a las víctimas.

En el corte realizado el 25 de diciembre, la tendencia era ya alarmante: “Se han notificado 825 casos de lesionados por pólvora pirotécnica en todo el territorio nacional, con una variación del 5,1% con respecto al mismo corte en la temporada 2024”, explicó el INS.

El desglose de esos datos revela que 267 casos, equivalentes al 32,3%, corresponden a menores de 18 años. De este grupo, 29 estaban acompañados por adultos bajo los efectos del alcohol, lo que subraya la combinación de factores de riesgo.

La entidad también advierte que los adultos en estado de embriaguez ocupan el segundo lugar entre los afectados, un fenómeno que ha incrementado tanto la cantidad de incidentes como la gravedad de las lesiones, según lo descrito por las autoridades sanitarias.

En el caso de Bogotá, la capital del país, hasta la tarde del 31 de diciembre se registraron 94 personas lesionadas por pólvora, de las cuales 23 eran menores y 71 adultos. De acuerdo con cifras de la Secretaría Distrital de Salud, 26 afectados estaban bajo los efectos del alcohol al momento del incidente.

Las lesiones más frecuentes se presentaron en distintas áreas del cuerpo, aunque el reporte no detalla cada una de ellas. La persistencia y aumento del uso de elementos pirotécnicos en Colombia, pese a las campañas de prevención, extiende la preocupación por las consecuencias físicas y psicológicas para los menores.

De acuerdo con los testimonios, dos sujetos habrían abordado un auto negro haciéndose pasar por pasajeros. Uno de ellos escapó manejando el vehículo, mientras que el segundo optó por huir a pie hacia los pantanos. Los residentes, armados con palos y escobas, rodearon el área, alertaron a las autoridades y siguieron de cerca el desarrollo de la persecución.

La tensión se mantuvo durante varias horas, mientras el sospechoso se mantenía escondido en el agua. Finalmente, fue detenido por la policía y trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua. Los moradores manifestaron su preocupación por la posibilidad de que el detenido sea liberado rápidamente y reclamaron una respuesta efectiva frente a los constantes robos.

Vecinos enfrentan a asaltantes en Chorrillos

El incidente se produjo cerca de las 21:00, cuando los asaltantes, simulando ser pasajeros, abordaron un vehículo en el asentamiento humano Sagrada Familia. Según los vecinos, el asalto fue rápido y violento: el conductor fue golpeado con un arma antes de que uno de los delincuentes se apoderara del auto y huyera del lugar. La víctima logró escapar y pedir ayuda, lo que permitió a los residentes intervenir de inmediato

Los testigos relataron que este tipo de robos se ha vuelto frecuente en la zona. Los delincuentes suelen emplear el mismo método: abordan vehículos fingiendo ser clientes y, una vez dentro, asaltan a los conductores. La comunidad, cansada de la inseguridad, ha optado por actuar por su cuenta ante la escasa presencia policial.

La rápida reacción de los vecinos permitió identificar la ruta de escape de los asaltantes. Uno de ellos fue visto corriendo hacia los Pantanos de Villa, mientras el otro logró escapar con el auto robado. La angustia y la frustración crecieron entre los residentes, quienes sienten que deben enfrentar solos la delincuencia.

Ladrón se escondió en aguas de los Pantanos de Villa

El sospechoso permaneció más de dos horas escondido en las aguas de los Pantanos de Villa, aprovechando la oscuridad y lo complicado del terreno. Los vecinos se organizaron y rodearon gran parte del área, impidiendo su salida hasta la llegada de la Policía Nacional y el serenazgo. En medio de la desesperación, algunos moradores encendieron fuego a un cerco cercano para dificultar cualquier intento de huida.

La Policía logró intervenir al sujeto cerca de la medianoche, cuando la temperatura descendía y el individuo no pudo resistir más tiempo en el agua. Fue trasladado a la comisaría de Mateo Pumacahua, donde se realizan las diligencias correspondientes. Hasta el momento, no se ha confirmado si la víctima del asalto formalizó la denuncia, mientras las investigaciones continúan para ubicar al segundo implicado.

Los residentes expresaron su temor ante la posibilidad de que el capturado sea liberado en poco tiempo, una situación que consideran recurrente. “Ahorita lo llevan y lo van a soltar. Tengan por seguro que dos horas lo tendrán arriba y lo van a soltar”, señaló uno de los ciudadanos. La falta de resultados concretos alimenta la desconfianza hacia las autoridades.

Vecinos exigen más seguridad

La comunidad de Chorrillos volvió a levantar la voz ante la falta de presencia policial y la reiteración de robos en la zona. Los vecinos aseguran que los asaltos son diarios y que los delincuentes utilizan los Pantanos de Villa como vía de escape, pues pocos se atreven a ingresar a esa área. Esta situación ha llevado a los residentes a intentar defenderse por sus propios medios, exponiéndose a nuevos riesgos.

La indignación también se dirige a la Municipalidad de Chorrillos, a la que acusan de no tomar medidas efectivas para mejorar la seguridad. “No tenemos apoyo policial, ni de la municipalidad. Estamos cansados de vivir así”, afirmó una de las vecinas. Los testimonios recogidos coinciden en que la percepción de inseguridad es alta y que el temor ha modificado la vida cotidiana de los habitantes del sector.

La comunidad demanda mayor presencia de la policía y acciones concretas para frenar los robos, pues consideran que el abandono de las autoridades ha empeorado la situación. Mientras tanto, la desconfianza y el miedo siguen creciendo entre quienes viven en el entorno de los Pantanos de Villa.

Testigos que presenciaron la reyerta en la terraza de un bar en la Plaza del Mar de Palmones señalaron a las autoridades que un hombre exhibió un machete e hizo amenazas de muerte durante el altercado, incidente que provocó una seria preocupación entre los clientes del establecimiento y movilizó de inmediato a los servicios policiales. Según informó el Ayuntamiento de Los Barrios mediante un comunicado oficial, agentes de la Policía Local detuvieron al sospechoso minutos después de la intervención, en medio de lo que la administración municipal calificó como una “grave alteración del orden público” y una “importante alarma social” entre quienes se encontraban en las inmediaciones.

De acuerdo con la información difundida por el Ayuntamiento y recogida también por otros medios locales, los hechos ocurrieron tras varias llamadas recibidas en la jefatura de la Policía Local, que alertaban sobre una pelea en plena terraza y denunciaban que uno de los involucrados manipulaba un arma blanca de grandes dimensiones. Los agentes acudieron al lugar de forma inmediata, donde verificaron que numerosas personas abandonaban la zona de la disputa y lograron identificar no solo a los implicados en la riña, sino también el machete utilizado, el cual se hallaba oculto en una parte elevada del local.

El medio señaló que al detenido, residente de la localidad, le figuran abundantes antecedentes relacionados con delitos similares y que, en el momento de su arresto, se encontraba bajo una prohibición judicial que le impedía transportar cualquier tipo de arma blanca. La Policía Local de Los Barrios indicó en su nota informativa que estas circunstancias agravaron la situación, dado que el individuo debía cumplir una orden expresa de alejamiento de armas impuesta por la autoridad judicial.

Tras la intervención, los agentes procedieron a arrestar al implicado, asegurando la zona para prevenir cualquier riesgo adicional y proteger la integridad de quienes se mantenían en las cercanías. Según reportó el Ayuntamiento, el detenido fue conducido a un centro sanitario con el objetivo de realizar una valoración médica antes de ser puesto bajo custodia de la Guardia Civil, encargada de tomarle declaración y continuar con las diligencias pertinentes en el marco del procedimiento penal correspondiente.

Durante el operativo, también se recopilaron declaraciones de varios testigos que confirmaron que el hombre había sacado el arma blanca y lanzado amenazas explícitas hacia otros asistentes. Según publicó el Ayuntamiento de Los Barrios, la acción policial se consideró esencial para evitar mayores consecuencias y restablecer la normalidad en el área afectada.

Las autoridades locales destacaron que todos los pormenores de la intervención, junto con la evidencia recopilada y el arma recuperada, se entregaron al instituto armado española para su incorporación a la causa judicial abierta. El Ayuntamiento reiteró en su comunicación la importancia de la cooperación ciudadana en situaciones de este tipo y agradeció a los vecinos la rapidez con que alertaron a los servicios de emergencia, permitiendo una actuación inmediata de los cuerpos de seguridad.

El operativo desplegado por la Policía Local de Los Barrios y el trabajo conjunto con la Guardia Civil se enmarca dentro de las acciones preventivas ante episodios de violencia en espacios públicos, un fenómeno que había registrado episodios previos en la zona de Palmones según informaciones previas del propio consistorio. Tanto el seguimiento judicial del caso como la situación legal del detenido quedarán en manos del juzgado competente tras su puesta a disposición y la entrega de todas las diligencias instruidas durante la tarde.

La tensión generada por la presencia del arma blanca y las amenazas verbales quedó reflejada en el testimonio de quienes presenciaron la pelea. Según detalló el Ayuntamiento, el bar afectado retomó posteriormente su actividad, aunque persiste la inquietud entre los comerciantes y clientes del sector, sobre todo a raíz de los antecedentes del arrestado y las restricciones legales en vigor sobre su porte de armas. Las autoridades subrayaron que continuarán con la vigilancia y control de estas situaciones en el entorno de Palmones y el municipio de Los Barrios para prevenir cualquier posible reincidencia o alteración del orden público en el futuro inmediato.

Según informó 24 Horas, los delincuentes armados interceptaron una camioneta en una zona colmada de comercios y lograron arrebatarle al conductor la suma antes de intentar darse a la fuga en una motocicleta.

La huida, captada por cámaras de seguridad, reveló el momento en el que la víctima, en vez de adoptar una actitud pasiva, optó por perseguir a los asaltantes con su propio vehículo.

El conductor de la camioneta maniobró con precisión en plena vía, por 24 Horas como la clave que impidió que los delincuentes desaparecieran con el botín sustraído.

Los hechos captados

Las imágenes difundidas muestran la secuencia en que la motocicleta, con los delincuentes a bordo, busca zafarse del tráfico y la persecución. El conductor gira su camioneta con decisión, impacta a los asaltantes e imposibilita la continuidad de su fuga sobre dos ruedas.

Durante el forcejeo, los asaltantes arrojaron las mochilas que contenían el dinero robado, pero rápidamente recuperaron una parte antes de comenzar a escapar a pie. Tal como detalla el informe televisivo, la presencia de testigos y víctimas que persiguen a los criminales contribuyó a la presión sobre los autores del robo, quienes optaron por dividirse y buscar refugio en las calles cercanas.

Operativo policial

La rápida intervención del escuadrón de Halcones de la Policía Nacional del Perú (PNP) culminó con la detención de los responsables del atraco.

Las autoridades anunciaron que, tras la detención, ambos involucrados permanecen bajo custodia, mientras que las investigaciones continúan para esclarecer si participaron en otros delitos similares en la zona. La policía también evalúa si se logró recuperar el total del dinero sustraído, aunque la versión preliminar indica que el embate del conductor impidió que los responsables lograran ocultar el botín.

El contexto de la inseguridad y la respuesta ciudadana

Lo que sucedió en Trujillo es reflejo de una creciente ola de inseguridad que golpea a la ciudad, reconocida por su marcado desarrollo comercial y residencial. De acuerdo con el reporte de 24 Horas, el hecho tuvo lugar apenas a dos cuadras de la Comisaría de Buenos Aires, lo que deja en evidencia la falta de contención ante delitos incluso en áreas vigiladas por la policía.

Pedro Concepción narró: “Aquí en Trujillo, según el gobierno regional La Libertad, que fue justamente de César Acuña, actualmente, pues, gobernado por Giovanna Cabrera, ha entregado cien millones de soles a la policía en equipación, en camionetas, en motos, en drones”. Sin embargo, residentes expresaron su malestar por la insuficiencia de resultados visibles, a pesar de la millonaria inversión en recursos para la seguridad.

El contexto de crisis se profundiza por la percepción ciudadana de que, ante la frecuencia de los robos y la violencia, los habitantes se ven forzados a asumir tareas de protección y defensa personal. “Aquí cada uno se salva o entre ciudadanos nos salvamos”, agregó el periodista de Panamericana Televisión, citando el sentir de la población local.

Reacciones oficiales y próximos pasos

En las próximas horas, la Policía Nacional del Perú tiene previsto ofrecer una conferencia de prensa para detallar si lograron recuperar la totalidad del botín y los pormenores de la investigación. El incidente expone un desafío persistente para las autoridades, que afrontan demandas de mayor seguridad y controles efectivos en zonas comerciales.

Según la cobertura de 24 Horas, la expectativa social está centrada en el esclarecimiento del caso y en la implementación de medidas tangibles para frenar la criminalidad en Trujillo, donde la respuesta inmediata de la víctima marcó la diferencia al impedir que los delincuentes concretaran su huida.

Durante el proceso judicial, el exinspector jefe de Policía Ricardo Ferris argumentó en su defensa que no pretendía generalizar al señalar a todo el colectivo de extranjeros, sino que sus declaraciones trataban sobre la relación entre inmigración ilegal y delincuencia conforme a estadísticas que, según él, justificaban su postura. Este exjefe policial, quien participó en la jornada en calidad de delegado del sindicato policial Jupol, recalcó que asistió al evento a título personal y que, además, nunca supo que la charla iba a ser grabada o difundida a través de YouTube. Tal como publicó Europa Press, la resolución del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) confirmó la absolución previa de Ferris, destacando que sus manifestaciones en el Ateneo Mercantil de València quedan amparadas por la libertad de expresión.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, el tribunal desestimó la apelación presentada por la Fiscalía, la cual había sido respaldada por las entidades sociales ‘Cim Burkina’ y ‘València Acull’. La sentencia revisada por el TSJCV ratifica el argumento de la Audiencia de Valencia, que consideró que las palabras emitidas por el exinspector durante la charla pública sobre inmigración y seguridad ciudadana se encuadraron dentro del derecho a emitir opiniones incluso controvertidas en el contexto de debates de interés general. Así, la sala de lo Civil y Penal concluyó que las expresiones no resultaban de una intensidad tal que pudieran excluirse de la protección constitucional, dado que se trataba de un asunto relevante para el conjunto de la ciudadanía.

El TSJCV precisó en su resolución que, aunque las declaraciones de Ferris no coincidían en gran medida con los datos sociológicos y se expresaron con escaso respeto, no alcanzaron el umbral de lo “intolerable” exigido para fijar límites a la libertad de expresión. La sentencia recogida por Europa Press cita textualmente que “dado el ámbito y los términos en que comunicó sus opiniones al respecto del tema de la relación entre delincuencia e inmigración ilegal, un castigo penal del acusado limitaría injustificadamente su libertad de expresión”. Este razonamiento llevó al tribunal a respaldar de forma íntegra el fallo de la Audiencia Provincial de Valencia.

Durante la jornada celebrada el 14 de octubre de 2022, organizada por la Fundación para la Defensa de la Nación Española junto a VOX Cortes Valencianas, Ferris hizo varias afirmaciones que rápidamente generaron polémica. Entre ellas, sostuvo: “inmigración ilegal es igual a delincuencia”, y sugirió que la mayoría de los detenidos por la policía y la Guardia Civil eran extranjeros o personas procedentes de fuera de España. En otra parte de su intervención, aseguró: “No estoy hablando simplemente de estos tipos que llegan en las pateras, que muchos de ellos son delincuentes”. Además, puso en entredicho la efectividad de Frontex, el organismo europeo encargado del control de los flujos de inmigración, al asegurar que “es un paripé” y “no sirve absolutamente para nada”.

El discurso, grabado y posteriormente divulgado por YouTube, generó la reacción de la Fiscalía y de organizaciones sociales dedicadas a la defensa de los derechos de los inmigrantes. Ambas partes consideraron que esas manifestaciones vulneraban los límites de la libertad de expresión y fomentaban la discriminación. No obstante, la Audiencia de Valencia había entendido, y así lo ratificó el TSJCV según Europa Press, que la intervención de Ferris estuvo orientada principalmente a expresar ideas y valoraciones sobre la gravedad de la delincuencia y su posible relación con la inmigración, más que a describir hechos objetivos.

El texto íntegro de la sentencia consultada por Europa Press señala que, aunque en el discurso se aportaron cifras relacionadas con la detención de extranjeros, la línea general de la exposición correspondió al ejercicio de la libertad de emitir juicios de valor sobre cuestiones de interés público. El tribunal matizó que, si bien la libertad de expresión protege estas afirmaciones, debe valorarse la posible falta de correspondencia con datos estadísticos oficiales, pero siempre desde el prisma de los límites de la libertad de expresión y no como una cuestión de la libertad de información veraz.

Durante el juicio, Ferris defendió que su intención no era caracterizar a todos los extranjeros como delincuentes. Reafirmó que su trayectoria se oponía a actitudes racistas y se definió a sí mismo como una persona dedicada al activismo social en beneficio de quienes migran. Su abogado, Juan Carlos Navarro, argumentó que la intervención del exinspector reflejaba estadísticas y experiencias recogidas en su labor profesional y no un ánimo de incitar al odio.

Europa Press detalló que la sentencia del TSJCV refuerza la garantía constitucional sobre la libertad de expresión, especialmente en debates que afectan a la sociedad en su conjunto y que pueden resultar objeto de controversia. El tribunal valenciano concluyó que la reacción de las autoridades debía basarse en el respeto a este derecho fundamental, incluso en aquellos casos donde las ideas expuestas resulten discordantes o incómodas. Por tanto, mantuvo la absolución de Ferris y consideró injustificadas nuevas limitaciones penales a su conducta.

Una pareja de turistas estadounidenses vivió un intento de robo en una lavandería ubicada en el centro de Armenia, Quindío.

La situación quedó registrada por las cámaras del establecimiento y muestra cómo un hombre armado con un cuchillo ingresó al lugar para intimidar y atacar a la mujer con el objetivo de quitarle el celular.

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La víctima opuso resistencia y defendió su pertenencia mientras el agresor la amenazaba con el arma blanca.

Durante el forcejeo, la mujer pidió ayuda a gritos. En ese momento, varias personas que se encontraban cerca reaccionaron y decidieron intervenir.

Un motociclista que pasaba por la zona entró a la lavandería y golpeó al delincuente en la cabeza con el casco. Después, más transeúntes se sumaron y lograron reducir al agresor, desarmarlo y recuperar el teléfono de la víctima.

Mientras ocurría el ataque, el novio de la turista, de nacionalidad estadounidense, permaneció inmóvil y no intervino, situación que quedó registrada en el video y provocó múltiples reacciones y comentarios en redes sociales.

El atacante intentó herir a la mujer en varias ocasiones sin lograr su cometido y finalmente decidió huir tras la intervención ciudadana.

La reacción de la comunidad permitió frustrar el robo y evitar lesiones de gravedad a la víctima, aunque quedó visiblemente afectada por el episodio.

Pocos minutos después del intento de robo, llegaron al lugar integrantes de la Policía Nacional de Colombia para atender la situación. Según El Tiempo, los agentes impusieron un comparendo al presunto ladrón, pero no procedieron con la detención.

El capitán Luis Fernando Grisales, comandante de la Estación de Policía de Armenia, indicó que “en tal sentido, no se realizó captura a la persona, toda vez que no se ejecutó hurto y no existe denuncia por parte de las personas afectadas”.

El video del hecho, difundido en redes sociales, tuvo una duración aproximada de un minuto y revela el momento en el que la comunidad logra repeler al delincuente.

El registro también exhibe la llamada “paloterapia”: varios ciudadanos golpean al agresor con diferentes objetos, logrando que abandone el local sin consumar el robo.

La víctima salió ilesa y posteriormente recuperó la calma dentro del establecimiento, mientras su pareja permaneció apartada del lugar de los hechos en evidente estado de shock.

Usuarios en redes sociales resaltaron la actitud solidaria de los transeúntes, que respondieron de forma inmediata y contribuyeron a evitar consecuencias mayores para la turista.

El intento de robo refleja el clima de inseguridad que persiste en distintas ciudades del país y pone nuevamente en discusión el papel de la denuncia en estos casos.

Dominicanos denunciaron robo millonario en Medellín

Un grupo de turistas de República Dominicana denunció haber sido víctimas de robo en una suite de hotel de El Poblado, en Medellín, luego de pasar una noche con dos mujeres que conocieron en el bar La Logia en septiembre de este año.

Según el relato, los extranjeros afirmaron que, tras llegar al hotel Classy Suite, perdieron la conciencia durante varias horas y al despertar descubrieron el faltante de dinero y objetos de valor.

La denuncia, presentada por el portal Denuncias Antioquia en X, detalla que las bebidas de los turistas habrían sido alteradas con una sustancia desconocida.

El allegado de las víctimas indicó: “Ellas les pusieron algo en las bebidas, mis amigos quedaron rendidos y cuando despertaron ya no tenían nada”.

El reporte indicó que el monto de lo sustraído alcanza los 250.000 dólares en efectivo, dos cadenas de oro (valoradas en 700 y 1.200 dólares), y dos celulares iPhone estimados en 1.000 y 1.200 dólares cada uno.

Las mujeres acusadas abandonaron la habitación mientras los turistas permanecían inconscientes y no fueron detectadas por el personal del hotel.

La publicación del caso incluyó un video donde los hombres exponen a las mujeres que presuntamente participaron en el hecho.

El monto inusual del robo y el contexto generaron un amplio debate en redes sociales. Usuarios en X expresaron escepticismo sobre la cifra y lanzaron comentarios críticos o irónicos sobre lo ocurrido.

Algunos defendieron a las turistas, otros señalaron la imprudencia de llevar grandes sumas de dinero, y varios presentaron opiniones tanto a favor como en contra de las víctimas y las presuntas responsables.

El anuncio de Smith ocurrió este lunes, en medio de la conmoción por el ataque sufrido por los agentes de la Guardia Nacional y después de un periodo marcado por intensos debates sobre las estrategias para combatir la criminalidad en Washington, una metrópolis considerada entre las más violentas del país. En un comunicado reproducido por EFE, Smith describió su gestión como el mayor honor de su carrera y sostuvo haber conseguido avances significativos en la lucha contra la delincuencia, aunque reconoció que aún faltaba trabajo por hacer.

La alcaldesa Muriel Bowser, del Partido Demócrata, difundió también un comunicado relacionado con la salida de Smith y la situación de seguridad en la ciudad. Bowser agradeció a Smith por contribuir a restablecer la sensación de seguridad entre la población y recordó el complejo contexto en el que asumió el cargo. Según detalló EFE, Bowser afirmó: “Cuando la jefa Smith asumió el mando del Departamento de Policía Metropolitana no teníamos tiempo que perder. Llegó en un momento muy difícil para nuestra comunidad, cuando era urgente revertir las tendencias delictivas que enfrentábamos tras la pandemia (de covid-19)”.

Bowser colocó a Smith al frente de la policía en julio de 2023, convirtiéndola en la primera mujer afroamericana en liderar la agencia desde su fundación en 1861, consignó EFE. Su permanencia coincidió con la reducción más pronunciada de homicidios en Washington en los últimos años: los datos señalados por EFE muestran que en 2024 los asesinatos bajaron un 34 % respecto al año anterior.

El despliegue de la Guardia Nacional durante el verano, ordenado por la administración Trump, fue motivo de controversia en la ciudad. Las autoridades locales expresaron a EFE su desacuerdo, aduciendo que la presencia militar respondía a razones políticas y no a una urgencia de seguridad, en medio de una disminución sostenida de homicidios y delitos graves. Pese a la bajada en las estadísticas, el tiroteo cercano a la Casa Blanca elevó la preocupación por la seguridad y la eficacia de las estrategias actuales.

El responsable del ataque, cuya identidad y antecedentes mencionó EFE, había trabajado previamente con las fuerzas de Estados Unidos en Afganistán antes de llegar al país como refugiado. El caso ha generado nuevos debates en torno a la seguridad y el proceso de integración de quienes colaboraron con Estados Unidos en conflictos armados en el extranjero y luego buscaron asilo en territorio estadounidense.

El comunicado de Smith y el respaldo de Bowser cierran un capítulo marcado tanto por la reducción de delitos como por episodios violentos recientes que continúan impactando el clima de seguridad de Washington. La salida de Smith de la Policía Metropolitana acontece mientras la ciudad se prepara para posibles cambios en la administración local, ya que Bowser, según recogió EFE, ha anunciado previamente que no buscará la reelección.

La Secretaría de Marina (Semar) llevó a cabo una capacitación en técnicas de paracaidismo a agentes de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), grupo recién creado por el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para combatir la delincuencia.

El curso, Paracaidismo Estático y Caída Libre Militar, fue implementado con el objetivo de reforzar el entrenamiento especializado en tareas conjuntas y operaciones especiales del personal.

La capacitación se llevó a cabo del 30 de noviembre al 6 de diciembre en las instalaciones de la Vigésima Segunda Zona Naval, ubicada en el estado de Chiapas.

Durante el curso, los agentes fueron instruidos en tácticas de inserción aérea de alto nivel operativo para reforzar su capacidad de reacción y despliegue en misiones estratégicas.

Así se desarrolló la capacitación

La Marina detalló que tras el proceso formativo, siete operadores realizaron 13 saltos libres cada uno. Por su parte, cinco agentes llevaron a cabo cinco saltos estáticos, alcanzando así 100 saltos ejecutados.

El curso se desarrolló de acuerdo con las funciones planteadas para la UNO, inscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial de la SSPC, la cual tiene como principal objetivo supervisar la investigación y persecución del delito con inteligencia y aprovechamiento de la tecnología informativa.

¿Cuáles serán las funciones del grupo UNO?

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicado el pasado 1 de noviembre de 2025, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) tendrá las siguientes funciones:

• Planear y realizar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia.
• Implementar procedimientos para atender incidentes que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente.
• Determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o actos delictivos.

• Implementar esquemas de entrenamiento y capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales, en coordinación con otras instituciones de seguridad.
• Desarrollar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno e instancias competentes a nivel internacional.
• Garantizar la atención de objetivos prioritarios y dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales.

Este grupo de élite estará enfocado en dirigir y supervisar la investigación de delitos mediante el aprovechamiento de tecnología informática, la cual tendrá un titular encargado de coordinar las funciones del cuerpo de agentes.

Cabe señalar que en materia formativa, este grupo tendrá programas de entrenamiento y capacitación especializada, las cuales serán coordinadas tanto con instituciones de seguridad nacionales como internacionales, por lo que no se descarta que también puedan capacitarse con las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos o de otros países.

Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), creó un nuevo grupo de élite enfocado en dirigir y supervisar la investigación de delitos mediante el aprovechamiento de la tecnología informática.

Este grupo lleva el nombre de Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), y está adscrito a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial. Su titular estará encargado de coordinar los trabajos y funciones del cuerpo de agentes.

Una de las responsabilidades que tendrá la unidad es la planeación y ejecución de estrategias tácticas orientadas a la detención de quienes generan violencia en el país. Su esquema organizativo prevé además la creación de procedimientos específicos ante incidentes que puedan amenazar la seguridad pública en diversos contextos.

Otro aspecto central será el desarrollo de protocolos de prevención y reacción rápida frente a situaciones de emergencia, en especial aquellas que impliquen amenazas a servidores públicos.

En materia formativa, se contempla la instauración de programas de entrenamiento y capacitación especializada, los cuales serán coordinados junto a otras entidades de seguridad tanto nacionales como internacionales.

Además, se prevé la cooperación sistemática con las áreas de investigación de la propia Secretaría, así como con instituciones de los tres niveles de gobierno.

Agentes realizarán investigación para la captura de objetivos

De acuerdo con el Diario Oficial de la Federación (DOF), publicado el pasado 1 de diciembre de 2025, la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO) tendrá seis funciones principales, las cuales son:

• Planear y realizar acciones de inteligencia, investigación y estrategias tácticas operativas para la identificación y captura de generadores de violencia.
• Implementar procedimientos para atender incidentes que pongan en riesgo la seguridad de las personas, bienes y el medio ambiente.
• Determinar los mecanismos orientados al acompañamiento, prevención y reacción ante emergencias que requieran la protección a personas servidoras públicas que sean propensas a agresiones o actos delictivos.

• Implementar los esquemas de entrenamiento y capacitación especializada en tareas conjuntas y operaciones especiales, en coordinación con otras instituciones de seguridad.
• Instrumentar mecanismos de colaboración con las áreas de investigación de la Secretaría, las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno y las instancias competentes a nivel internacional.
• Garantizar la atención de objetivos prioritarios y dar cumplimiento a mandamientos ministeriales y judiciales.

Estrategia Nacional de Seguridad Pública contempla el fortalecimiento de la investigación

Cabe señalar que la Estrategia Nacional de Seguridad presentada a principios de octubre de 2024 contempló cuatro objetivos para combatir la seguridad, entre los que se encuentran el “fortalecimiento de la inteligencia y la investigación”.

La SSPC no cuenta con un grupo de agentes policiacos que lleven a cabo tareas policiales, por lo que desde el arribo de García Harfuch se han lanzado convocatorias para establecer un cuerpo de seguridad.

Este grupo de élite basado en la investigación también correspondería a la necesidad de implementar tanto inteligencia como agentes policiacos en las calles, lo cual ha comenzado con despliegues en estados como Sinaloa y Michoacán.

En el plan de seguridad nacional también se estableció la dotación y aprovechamiento de recursos tecnológicos para la obtención y análisis de información, esto con el objetivo de identificar y comprender dinámicas delictivas.

Además, se contempló la planeación y diseño de estrategias más afectivas para lograr la detención de generadores de violencia y combatir a los grupos delincuenciales.

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica emitió el 25 de noviembre de 2025 una alerta dirigida a viajeros, tras un aumento de denuncias por robos y delitos en alojamientos temporales, lo cual afecta a turistas extranjeros y visitantes estadounidenses durante la temporada alta, según autoridades diplomáticas. La comunicación oficial advierte sobre asaltos armados, robos en propiedades de alquiler y casos de extorsión en el país, información difundida a través de los canales digitales de la representación estadounidense. El aviso cobra relevancia por el flujo de viajeros que recibe el país cada año y su repercusión en las medidas de prevención recomendadas para los sectores turístico y consular.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica, la alerta se fundamenta en reportes documentados sobre crímenes contra visitantes extranjeros en diferentes regiones del país. Un comunicado publicado el 25 de noviembre informa que “turistas han reportado robos en alojamientos y han sido forzados a retirar dinero en bancos o cajeros automáticos”, conforme a los registros recopilados por las autoridades diplomáticas. Entre las advertencias, se solicita a los turistas que eleven las precauciones personales, eviten mostrar ostentosamente objetos de valor y consideren estrategias para reforzar la seguridad de sus pertenencias en alojamientos temporales y alquileres vacacionales.

La situación de seguridad en Costa Rica se enmarca en el contexto de advertencias previas del Departamento de Estado estadounidense, que desde diciembre de 2024 mantiene vigente el “Nivel 2: Ejercer mayor precaución”. Esta clasificación refleja la presencia de delitos comunes y episodios de violencia contra extranjeros. El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) informó la llegada de cerca de tres millones de turistas en 2024, lo que posiciona al país como un destino relevante en la región. Las advertencias oficiales se actualizan ante variaciones en el entorno de seguridad y buscan fortalecer la protección de turistas mediante recomendaciones basadas en información verificada.

¿Por qué Estados Unidos emitió una alerta para viajeros en Costa Rica?

La embajada de Estados Unidos en Costa Rica publicó una alerta tras recibir múltiples reportes sobre robos y asaltos en alojamientos temporales ocupados por turistas. Según la comunicación oficial, “turistas han informado sobre robos y asaltos en propiedades de alquiler y criminales han obligado a viajeros a retirar dinero de cajeros automáticos o realizar transferencias bancarias”. El documento cita hechos ocurridos recientemente y describe a bandas que emplean la intimidación para obtener fondos de los visitantes.

La alerta incluye pautas para incrementar la seguridad en los desplazamientos, cuidados en el uso de servicios bancarios y consejos para seleccionar de manera segura el alojamiento temporal, especialmente en zonas turísticas populares.

¿Qué recomendaciones da la embajada de Estados Unidos a los turistas en Costa Rica?

En la alerta, la embajada establece una lista de recomendaciones claras para los visitantes estadounidenses y extranjeros:

• No portar ni exhibir objetos costosos como relojes de lujo, joyas o accesorios llamativos.
• Permanecer vigilante al utilizar cajeros automáticos y evitar realizar retiros de sumas elevadas a la vista de terceros.
• No dejar objetos de valor en vehículos ni en áreas de fácil acceso dentro de los alojamientos.
• Comprobar que las viviendas temporales ofrecen medidas de seguridad reforzadas, como cerraduras y sistemas de alarma.
• Investigar las reseñas de alojamientos previas a cualquier reservación, especialmente cuando se utilicen plataformas digitales de alquiler.
• Solicitar ayuda a las autoridades consulares y policiales en caso de delito o emergencia.

De acuerdo con las mismas recomendaciones, el texto enfatiza: “Asegure la propiedad con cerraduras robustas, revise ventanas y puertas y desconfíe si lee reseñas que relaten incidentes de seguridad previos”.

¿Cuál es el nivel de advertencia de viaje de Estados Unidos para Costa Rica?

El Departamento de Estado de EE.UU. mantiene la clasificación “Nivel 2: Ejercer mayor precaución” para Costa Rica, vigente desde diciembre de 2024. Esta categoría señala que la delincuencia menor es frecuente, así como algunos episodios de delitos más graves en zonas visitadas por extranjeros. El texto oficial advierte: “La delincuencia menor es común en todo Costa Rica y el crimen violento también afecta a turistas, incluyendo asaltos armados, homicidio y agresión sexual”.

Estados Unidos aconseja a quienes viajan a Costa Rica que revisen periódicamente la actualización de las alertas y sigan las recomendaciones de seguridad específicas para zonas hoteleras, ciudad y lugares apartados.

¿Cuántos turistas visitan Costa Rica al año y cómo afecta la alerta?

El Instituto Costarricense de Turismo (ICT) reportó la llegada de aproximadamente tres millones de turistas en 2024. Costa Rica figura como uno de los principales destinos turísticos de Centroamérica, tanto para viajeros de Norteamérica como de Europa y Suramérica. Aunque la mayoría de visitas ocurre sin incidentes, la alerta impacta principalmente en los procedimientos de reserva y las prácticas de protección personal entre los viajeros.

El ICT indica que mantiene campañas de información preventiva y colabora con autoridades internacionales para mejorar los protocolos de seguridad en puntos turísticos y alojamientos temporales.

¿Qué debe hacer una persona si es víctima de un robo o asalto en Costa Rica?

La misma embajada estadounidense recomienda a sus ciudadanos y visitantes contactar, en primer lugar, a la policía local para presentar la denuncia correspondiente y solicitar una copia del reporte. Para casos que requieran asistencia consular (como pérdida de pasaporte o extorsión), se ofrece un canal dedicado de atención en la embajada. También se exhorta a informar de los hechos a familiares y mantener accesible la información de contacto de la representación consular durante el viaje.

Además, la embajada recomienda consultar periódicamente las plataformas oficiales para recibir notificaciones ante cualquier cambio en la situación de seguridad nacional o local.

Los tres hombres arrestados en Palma se identificaron tras la investigación que llevó adelante el Grupo de Atracos de la Policía Nacional, de acuerdo con la información proporcionada por el propio cuerpo policial en una nota oficial. Los agentes lograron ubicar y detener a los sospechosos, quienes enfrentan cargos de robo con violencia, después de un asalto que ocurrió a principios de noviembre en una vivienda de la ciudad. Según consignó la Policía Nacional, los acusados, de nacionalidades española, colombiana y camerunesa, irrumpieron en el domicilio y agredieron a quienes se encontraban en el interior, además de llevarse diversos objetos.

El caso comenzó cuando la víctima aceptó la propuesta de cuidar el perro de un conocido durante tres días, a cambio de 200 euros. Tal como reportó la Policía Nacional, el episodio se complicó el primer día, cuando el perro escapó por la puerta de la vivienda, alcanzó la vía pública y fue atropellado, perdiendo la vida en el acto. El propietario del animal, presuntamente uno de los ahora detenidos, reclamó de inmediato una indemnización de 500 euros a la cuidadora por la pérdida de su mascota, según la denuncia presentada ante la Jefatura Superior.

De acuerdo con la declaración de la víctima, el propio día del incidente, el hombre le exigió la suma de dinero y la amenazó verbalmente, asegurando que si no entregaba el pago, incendiaría la casa y el automóvil de la mujer. El presunto autor también le advirtió que, en caso de negarse a poner el vehículo a su nombre, lo arrojaría al mar. El vehículo de la víctima ya se encontraba entonces en poder del propietario del perro, detalló el comunicado de la policía.

La secuencia de los hechos se intensificó cuando la mujer salió de la vivienda para verificar el estado de su coche. En ese momento, los presuntos agresores aprovecharon para ingresar a la casa. Dentro del domicilio se encontraban amigos de la víctima, quienes sufrieron agresiones físicas por parte de los intrusos. Según publicó la Policía Nacional, tras las intimidaciones y los ataques, los asaltantes sustrajeron varios bienes, entre ellos dos relojes, un ordenador portátil y diversas joyas de oro.

Tras la denuncia, la intervención del Grupo de Atracos se centró en identificar y localizar a los responsables a través de las correspondientes diligencias. El medio policial comunicó que, una vez localizados los tres sospechosos, se procedió a su detención como presuntos autores de robo con violencia. Los agentes consiguieron recuperar los objetos robados, que después fueron devueltos a la víctima.

La Policía Nacional subrayó mediante su comunicación que la investigación permanece abierta, ya que buscan esclarecer todos los detalles relacionados con el hecho y determinar si existen más personas involucradas o nuevas responsabilidades derivadas de lo sucedido. Según la versión oficial entregada por el cuerpo de seguridad, las averiguaciones se mantienen activas hasta alcanzar el esclarecimiento total de los hechos y la identificación de quienes puedan haber participado en el asalto.

La información recopilada remite a una secuencia que se inicia con el fallecimiento accidental de un animal bajo custodia ocasional, seguido de amenazas y derivando en un acto violento donde los agresores no solo reclamaron una compensación económica tras la pérdida, sino que además agredieron a terceros y robaron pertenencias de la vivienda afectada. De acuerdo con lo detallado por la Policía Nacional, todas las acciones posteriores se consideraron fundamentales para proceder penalmente contra los implicados, quienes ahora enfrentan cargos por robo con violencia.

Las cámaras de seguridad muestran el momento exacto en el que al menos cinco personas ingresan al establecimiento y, tras intimidar con armas, rompen las vitrinas para sustraer joyas valoradas en más de $30 millones. El hecho dejó como saldo una persona herida y desató una respuesta inmediata de las autoridades.

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De acuerdo con las secuencias captadas por las cámaras a las que tuvo acceso Infobae Colombia, un grupo de delincuentes encapuchados ingresó al centro comercial dirigiéndose directamente hacia una joyería.

En imágenes se observa cómo emplean un objeto pesado para romper las vitrinas y se apropian de varias piezas de valor, mientras uno de los empleados es intimidado con un arma de fuego. La maniobra, ejecutada en pocos segundos, dejó escenas de pánico entre comerciantes y visitantes que, sorprendidos, intentaban resguardarse.

Mientras los delincuentes avanzaban en el robo, otras cámaras ubicadas en diferentes puntos del establecimiento captaron el instante en que los asaltantes, al huir, accionan sus armas. Infobae Colombia conoció que uno de los disparos impactó a un hombre que se hallaba en el lugar, identificado como Edgar León Muñoz.

El testimonio que conecta los hechos: el relato de la fuente y el rol del escolta de la UNP

Una fuente humana ofreció detalles a este medio sobre la identidad de la víctima, indicando que se trató de un escolta de la Unidad Nacional de Protección (UNP). “Fue hoy en un centro comercial que está pegado a la JEP. El escolta de la UNP que presta sus servicios a la JEP, fue muy de malas. Estaban atracando el centro comercial, hubo tiros, él se asoma y en el momento que se asoma, el tiro le da en la cara y uno en la pierna. Como lo vieron con pinta de escolta, lo hirieron”, relató la fuente, que pidió reserva de identidad.

Infobae Colombia revisó los videos en los que se aprecia la secuencia narrada por el testigo, reforzando la versión de que la víctima fue atacada tras ser identificada por su vestimenta como escolta. La versión de la fuente señala lesiones en el rostro y una pierna.

La versión policial: detalles del operativo y reporte médico

La Policía Nacional confirmó los hechos en declaraciones atribuidas al teniente coronel Ricardo Chaves, que expuso: “Se presenta un hecho en la localidad de Chapinero, donde varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños. Uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas y acceden al lugar. Intimidan con arma de fuego al empleado del establecimiento e ingresan y hurtan varios paños con diferentes joyas. Estas joyas estarían avaluadas aproximadamente en $30 millones”.

De acuerdo el reporte policial, durante la huida los responsables realizaron disparos e impactaron a un ciudadano. La víctima sufrió una herida en la pantorrilla y fue trasladada para recibir atención médica, donde permanece bajo observación; detalle que se contrasta con lo revelado por la fuente de Infobae Colombia.

“En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas, que se está recuperando en un centro asistencial, ya que su herida no reviste gravedad”, indicó el oficial a medios.

Investigación y búsqueda de los responsables

Tras los hechos, tanto la Policía de Vigilancia como la Policía Judicial iniciaron la investigación del asalto. Los equipos revisan las grabaciones de cámaras en el sector para identificar a los autores y ubicar su paradero.

“Nuestra policía de vigilancia y nuestra policía judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos”, explicó el coronel Chaves.

Los responsables lograron huir con las joyas y hasta el cierre de esta edición continúan prófugos. Las autoridades mantienen abiertos todos los canales de denuncia y solicitan a la ciudadanía contacto inmediato ante cualquier información que permita avanzar en la identificación y captura de los asaltantes.

Con base en información proporcionada por la Policía Nacional, alrededor de cinco individuos ingresaron al centro comercial, que alberga varios locales pequeños, y se dirigieron directamente a una joyería. Los asaltantes utilizaron un objeto contundente para romper una de las vitrinas y, tras intimidar con un arma de fuego al empleado del establecimiento, accedieron a los paños que contenían diversas joyas.

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El teniente coronel Ricardo Chaves detalló en declaraciones públicas: “Se presenta un hecho en la localidad de Chapinero, donde varias personas, aproximadamente cinco, ingresan a un centro comercial de locales pequeños. Uno de ellos una joyería, donde con un objeto contundente rompen una de las vitrinas y acceden al lugar. Intimidan con arma de fuego al empleado del establecimiento e ingresan y hurtan varios paños con diferentes joyas. Estas joyas estarían avaluadas aproximadamente en $30 millones”.

Durante la huida, los responsables efectuaron varios disparos, uno de los cuales impactó a un ciudadano que se encontraba en el centro comercial. La víctima sufrió una lesión en la pantorrilla y fue trasladada a un centro asistencial, donde permanece bajo observación médica.

De acuerdo con los reportes, la herida no reviste gravedad y la persona se recupera satisfactoriamente. El vocero policial precisó: “En la huida, estos sujetos hacen unos disparos y desafortunadamente resulta lesionada una persona en una de sus pantorrillas, que se está recuperando en un centro asistencial, ya que su herida no reviste gravedad”.

El coronel Chaves confirmó que, tras conocerse el hecho, la Policía de Vigilancia y la Policía Judicial iniciaron de inmediato las labores de investigación. Actualmente, los equipos de seguridad revisan las grabaciones de las cámaras del sector para identificar y ubicar a los autores del robo.

El oficial explicó: “Nuestra policía de vigilancia y nuestra policía judicial se encuentran realizando trazabilidad de cámaras para determinar quiénes fueron los autores de este hecho y lograr identificarlos y ubicarlos”.

El asalto, que se produjo en un horario de alta afluencia, dejó una fuerte impresión entre los presentes y puso en evidencia la vulnerabilidad de los comercios ante este tipo de delitos. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero de los responsables y recuperar las joyas sustraídas.

Así fue la balacera en centro comercial de Bucaramanga que dejó un policía muerto

Un hecho similar ocurrió en el centro comercial Cuarta Etapa en Bucaramanga, donde un grupo de hombres armados irrumpió en el establecimiento con la intención de asaltar una joyería.

La rápida reacción de los guardias de seguridad y la intervención de escoltas presentes en el lugar impidieron que los delincuentes consumaran el robo, pero desencadenaron un intenso intercambio de disparos que sembró el terror entre los presentes.

La balacera, ocurrida en la tarde del sábado 29 de noviembre en el barrio Cabecera del Llano, una de las zonas más exclusivas de la ciudad, dejó como saldo la muerte de un policía, que resultó gravemente herido durante el enfrentamiento y falleció poco después, según confirmó la Alcaldía de Bucaramanga.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron a uniformados y asaltantes descendiendo apresuradamente por las escaleras del centro comercial, mientras los clientes intentaban resguardarse del fuego cruzado. En otros videos se observa cómo algunos ciudadanos intentaron auxiliar a uno de los heridos, trasladándolo en una camioneta mientras la situación seguía siendo peligrosa por la presencia de delincuentes armados.

La respuesta de las autoridades fue inmediata: el centro comercial fue evacuado y se desplegó un operativo para capturar a los responsables. Cinco personas fueron detenidas y se incautaron tres armas de fuego, de acuerdo con la información oficial. Además, uno de los asaltantes fue neutralizado durante el operativo. Las primeras investigaciones apuntan a que la banda criminal tendría su origen en Barranquilla, aunque las autoridades aún indagan cómo lograron desplazarse desde la capital del Atlántico hasta Bucaramanga para perpetrar el intento de robo.

En un esfuerzo por dar con el paradero de los demás implicados en el crimen, la Policía Metropolitana y la alcaldía de Bucaramanga anunciaron una recompensa de $100 millones de pesos para quienes aporten información relevante.

Las discusiones recientes en el ámbito policial han reflexionado sobre problemas estructurales como la escasez de personal, la insuficiencia de recursos y el aumento de agresiones contra agentes, abriendo un debate por la decisión del Gobierno Vasco de incluir la nacionalidad de los detenidos en los partes policiales. Según detalló Europa Press, diversas asociaciones profesionales del sector han señalado que el foco informativo sobre el origen geográfico de los arrestados no solo corre el riesgo de desviar la atención de estos retos sino que puede llevar a interpretaciones simplificadas del fenómeno delictivo y alimentar discursos de confrontación social.

De acuerdo con el análisis publicado por Europa Press, los voceros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) han manifestado que, si bien valoran la inclusión de la nacionalidad en los informes de la Ertzaintza como una medida de transparencia, ven necesario advertir que la comunicación institucional y pública debe evitar centrar el debate exclusivamente en este dato. En palabras de representantes de la AUGC, el esclarecimiento de la delincuencia exige abordar causas estructurales y sociales más amplias, para que la información disponible no termine distorsionando la comprensión sobre el conjunto de la problemática y conduzca a soluciones ineficaces. La AUGC, que tiene representación mayoritaria en el Consejo de la Guardia Civil, destacó a Europa Press que consideran la iniciativa vasca “un paso valiente”, pero señalan que es imprescindible transmitir la realidad delictiva desde múltiples perspectivas y con rigor.

El reciente acuerdo del Gobierno Vasco para incorporar la nacionalidad de arrestados en los reportes de la policía autónoma ha provocado respuestas diversas entre sindicatos, asociaciones policiales y autoridades gubernamentales. Entre las declaraciones recogidas por Europa Press, la AUGC advierte de que “desviar el foco hacia el origen de la persona detenida solo genera lecturas simplificadas que no aportan soluciones reales”. Estos portavoces subrayan el peligro de que una presentación parcial de la información se utilice para alimentar intereses políticos o sociales orientados a la confrontación, en vez de sustentar intervenciones preventivas eficaces.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, expresó ante el Congreso de los Diputados sus reservas sobre la pertinencia de incluir en los informes policiales datos como la nacionalidad, el documento de identidad, el pasaporte o el lugar de nacimiento para la prevención del delito. Europa Press reportó la intervención de Grande-Marlaska, quien sostuvo: “No voy a criticar la postura, pero desde la evidencia científica y lo que me dicen mis asesores no entiendo que la nacionalidad, el DNI, el pasaporte o el lugar de nacimiento sea un elemento necesario o preciso para poder trabajar en la prevención del delito”. El ministro recalcó que la criminalidad suele vincularse en mayor medida a condiciones de vulnerabilidad social antes que a cuestiones ligadas al origen individual, e insistió en la importancia de preservar la dignidad de las personas y evitar su estigmatización.

Tal como informó Europa Press, las asociaciones y sindicatos policiales mantienen que la lucha contra la delincuencia debe apoyarse en el análisis de factores estructurales y sociales: cuestiones como el acceso a oportunidades, la inclusión social o la situación económica. Los portavoces de la AUGC especificaron a Europa Press que la divulgación de la nacionalidad, cuando no se acompaña de otros datos como tasas de reincidencia, distribución global de delitos o tipos delictivos, puede llevar a la opinión pública interpretaciones distorsionadas. “La información debe ser completa, no piezas sueltas que se presten a interpretaciones interesadas”, enfatizaron desde la AUGC.

El sindicato Jupol, que agrupa a agentes de la Policía Nacional, valoró el primer informe estadístico de la Ertzaintza sobre el origen geográfico de responsables de delitos en el País Vasco como una contribución positiva a la transparencia institucional, detalló Europa Press. Voceros de Jupol expresaron que “informar con datos objetivos sobre la realidad de la delincuencia es un paso valiente que contribuye a un debate público más maduro y basado en hechos, y no en percepciones o rumores”. El sindicato añadió que la divulgación responsable de información estadística podría establecer un referente para las fuerzas policiales de otras comunidades autónomas, siempre que los procedimientos respeten derechos fundamentales y se desarrollen con rigor.

Según lo recogido por Europa Press, tanto AUGC como Jupol explícitamente respaldan el acceso transparente a los datos policiales, aunque coinciden en la advertencia de que la nacionalidad nunca debe presentarse como el único o principal marcador en la información pública sobre delitos. Las fuentes consultadas reiteran que las principales dificultades del trabajo policial residen en la falta de plantillas, la escasez de recursos, el aumento de la violencia dirigida hacia agentes y el escaso reconocimiento en el ámbito profesional. Desde la AUGC, se insiste en que un enfoque centrado solo en la procedencia de los detenidos puede enmascarar la complejidad real del delito y dispersar el esfuerzo de intervención sobre otros aspectos operativos o sociales de mayor incidencia.

Europa Press abundó en el consenso entre sindicatos y asociaciones: la transparencia se considera una herramienta básica para fortalecer la legitimidad y generar confianza en la labor policial, siempre que se ejerza de modo responsable y sin sacrificar la protección de los derechos individuales. Las posiciones mayoritarias subrayan que la objetividad y el rigor tecnológico y estadístico deben guiar la adopción de protocolos y sistemas de reporte en cualquier otro territorio, siguiendo el modelo vasco pero con salvaguardas claras para prevenir malos usos de la información.

Las declaraciones de las fuentes consultadas por Europa Press dejan ver que el debate abierto se estructura en torno a dos grandes ejes: por un lado, la aspiración a reforzar la legitimidad de las fuerzas de seguridad mediante el acceso a datos y la rendición de cuentas, y, por otro, la cautela ante el riesgo de reforzar estigmas o contribuir a divisiones sociales mediante el tratamiento simplificado de la información sobre el origen de los detenidos. La protección de la dignidad de las personas, el respeto al pluralismo y la proporcionalidad en el uso de informes policiales emergen como principios transversales tanto en la agenda profesional de las asociaciones como en las posiciones institucionales del Gobierno y de los sindicatos representativos.

Un joven fue víctima de un violento robo en Berisso tras haber conocido a una chica en la casa de un amigo el fin de semana. Las autoridades iniciaron una investigación que apunta a que la joven habría facilitado el ataque, posteriormente ejecutado por una banda de cinco personas.

El hecho ocurrió cerca de las 3 de la mañana del viernes, cuando la víctima salió de una reunión en una vivienda ubicada en 8 y 134, acompañado por una mujer con la que había mantenido una conversación. Ambos se dirigieron en motocicleta hasta un domicilio en 129 y 34, en el mismo partido de Berisso. Al llegar, la chica se despidió y entró a su vivienda, mientras que el joven quedó solo en la vereda.

Fue en ese momento en donde cinco delincuentes lo rodearon y comenzaron a golpearlo hasta dejarlo tirado en el suelo. Los atacantes se llevaron sus zapatillas, el teléfono celular, un bolso y la moto Siam Quirion 150. Un móvil de la Policía Bonaerense lo interceptó caminando en la calle, de acuerdo con el reporte de 0221, y lo trasladó inmediatamente hasta el Hospital Larraín.

El joven denunció ante los agentes policiales que desconocía el nombre de la mujer y que intentaría averiguarlo a través del amigo que organizó la reunión. Solo pudo precisar que parecía tener unos 25 años aproximadamente.

Según las fuentes consultadas por ese mismo medio, una de las líneas más firmes de la investigación se orienta a la joven, quien podría haber actuado como entregadora, dado el grado de precisión con el que la banda interceptó a la víctima.

Por el momento, la Policía intenta determinar la identidad de la sospechosa, por lo que se encuentran trabajando en el análisis de grabaciones de videovigilancia, llamadas telefónicas y el testimonio de los vecinos.

Golpearon a una pareja en su casa de La Plata y los detuvieron

El mes pasado, tres hombres fueron arrestados tras asaltar de manera violenta a una pareja en su casa de Tolosa, La Plata. Los detenidos ingresaron por la parte trasera de la vivienda ubicada en la intersección de calle 7 y 521, donde redujeron a golpes a las víctimas, un hombre de 59 años y una mujer de 45.

Las fuentes policiales indicaron a Infobae que el ataque ocurrió cuando los tres sospechosos saltaron el muro del fondo, forzaron una reja y sorprendieron a la pareja en el interior del domicilio. Luego de violentar la puerta posterior, obligaron a las víctimas a entregar sus pertenencias y se dieron a la fuga con relojes, teléfonos, herramientas y otros elementos.

Tras la fuga, las víctimas dieron aviso al 911,lo que permitió a la Policía de la Provincia de Buenos Aires organizar un operativo cerrojo. Mediante la intervención de varias patrullas, se logró cercar la zona y detener a los responsables minutos después del hecho. El despliegue contó con la participación del Comando de Patrullas y los efectivos del Grupo Táctico Operativo.

Uno de los acusados, L. E. F., de 29 años, fue interceptado en una vivienda vecina. En su poder la Policía secuestró un revólver calibre .38 Colt sin numeración visible, herramientas de corte y una mochila azul. B. A. C., de 19 años, fue localizado en otra casa cercana, donde se halló un handy Baofeng BF-7775 sin número de serie, mientras que el tercer implicado, L. H. V. de 20, llevaba una bolsa con un pasamontañas, dos teléfonos Samsung, una máquina de cortar pelo Philips, tres relojes, una billetera con tarjetas de una de las víctimas, guantes y varios destornilladores.

La pareja confirmó ante las autoridades que los objetos recuperados —incluyendo teléfonos y relojes— habían sido robados durante el hecho, según la información obtenida por Infobae. Entre los elementos incautados también se encontraron botellas de alcohol, herramientas tipo barreta y equipos de corte industrial.

La Unidad Funcional de Instrucción N°17 del Departamento Judicial La Plata convalidó las detenciones y ordenó la presentación de los imputados en una audiencia inicial. Se busca determinar si existe vinculación con otros robos ocurridos en la zona bajo un mismo modus operandi. Dos de los aprehendidos, el de 29 y el de 19, tienen antecedentes por diversos delitos, tales como robo agravado y resistencia a la autoridad, y restricción de acercamiento vigente por violencia familiar, dispuesta por el Juzgado de Garantía del Joven Nº1 de La Plata.

Fuentes de RPP identificaron a los detenidos como integrantes de la banda criminal “Los mascafierros del Norte”. La captura ocurrió en la intersección de las calles Schell y Los Pinos, justo cuando retiraban los cables. La Policía Nacional informó que el material incautado sumaba 80.000 soles.

La operación, planificada con precisión, atrajo la atención tanto de vecinos como de agentes del Serenazgo de Miraflores. Los delincuentes habían organizado todos los detalles durante varios días, seleccionando el momento para actuar y utilizando herramientas especiales, además de logística adecuada para operar sin ser descubiertos. Las cámaras de seguridad de la Central Alerta Miraflores resultaron decisivas para seguir sus movimientos.

Durante el interrogatorio, los falsos técnicos aseguraron que realizaban labores de mantenimiento de emergencia. Sin embargo, su actitud y la manera en que trasladaban los cables en la minivan despertaron la desconfianza de los agentes y permitieron que la Policía Nacional los interviniera con rapidez. Dos sospechosos intentaron huir hacia el Centro de Lima y abandonaron el vehículo en La Victoria, mientras los otros cuatro fueron detenidos.

Así operaban los falsos técnicos en Miraflores

La banda empleaba una estrategia cuidadosamente elaborada para cometer los robos sin ser detectados. Los integrantes vestían chalecos naranjas y cascos azules, simulando ser técnicos de una empresa de telefonía, y usaban conos de señalización junto a una minivan identificada con el logotipo de la compañía. Esta imagen de falsa legalidad ante los transeúntes y residentes, les permitía operar sin levantar sospechas inmediatas.

Juan Carlos Mejía, jefe de operaciones de Serenazgo de Miraflores, precisó que los delincuentes habían dispuesto toda su logística para trasladar rápidamente los cables al vehículo. “La central siguió a los sujetos y observó cómo cargaban los cables en la minivan”, indicó Mejía en declaraciones a ATV. Este esquema les permitía actuar en distintas zonas de Lima bajo la misma modalidad, lo que aumentaba la dificultad de su detección para las autoridades.

Los robos no se limitaban a la madrugada. Los delincuentes analizaban con antelación los horarios y puntos estratégicos para elegir el momento oportuno y ejecutar su delito. Esta metodología reflejaba un nivel de sofisticación que dificultaba su ubicación, aunque el trabajo coordinado del Serenazgo y las cámaras de seguridad terminó siendo decisivo.

El momento de la detención de los ‘mascafierros’ en Miraflores

Las cámaras de seguridad de la Central Alerta Miraflores documentaron a los falsos técnicos manipulando un buzón subterráneo de Movistar. Ante el requerimiento de las autoridades, argumentaron que realizaban trabajos de mantenimiento urgente, pero su comportamiento aumentó las sospechas, lo que permitió activar el Plan Cerco en conjunto con la Policía Nacional.

La intervención se realizó cerca de las 5:30 a.m. en la intersección de Schell con Los Pinos. Los agentes sorprendieron a los sujetos en el momento en que retiraban cables de cobre de un buzón subterráneo.

Cuando advirtieron la presencia policial, dos de los individuos intentaron escapar hacia el Centro de Lima y abandonaron la minivan en el jirón Miguel de los Ríos, en La Victoria. Los otros cuatro fueron detenidos y trasladados a la comisaría de Miraflores. Entre los arrestados se encontraban Yack Vega (19), Alex Pizango (35), Zedy Pizango (31) y Yorgan Liñán (34).

Daniel Jares, jefe de la División Dipol Sur 1, explicó que la captura se logró gracias a la coordinación entre la Policía y el Serenazgo de Miraflores. “Estos sujetos tenían mucha experiencia para retirar este tipo de productos”, señaló, refiriéndose directamente a los cables de cobre.

De los detenidos, dos ya registraban antecedentes policiales por delitos similares. Zedy Pizango y Yorgan Liñán habían sido investigados previamente por robo y hurto, lo que evidencia la reincidencia en los delitos. Las autoridades investigan si los demás involucrados han participado en robos de cables en otros puntos de Lima.

Las instancias locales subrayan la relevancia de la colaboración ciudadana y el uso de cámaras de seguridad para la prevención de delitos como este. La intervención rápida de Serenazgo y la Policía Nacional demostró que la coordinación puede frustrar actividades delictivas, incluso en zonas tan transitadas y céntricas como Miraflores.

El diputado local Carlos Alejandro Bautista Tafolla, cercano al exalcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manzo, desató controversia al promover un programa de recompensas para quienes denuncien a familiares involucrados en delitos.

La iniciativa, difundida en sus redes sociales como parte de las acciones del Movimiento del Sombrero, ofrece entre 5 mil y 10 mil pesos a ciudadanos que presenten denuncias formales ante la Fiscalía General de Justicia de Michoacán.

Bautista Tafolla afirma que la propuesta retoma el mensaje que impulsaba Manzo, su aliado político: dejar de encubrir conductas delictivas dentro de la propia familia.

El legislador sostiene que esta estrategia busca “recuperar la paz desde el hogar” y romper la normalización de actividades ilícitas en la región.

¿Cómo funcionaría la entrega de recompensas?

El diputado explicó que el mecanismo se basa en una denuncia formal ante la Fiscalía.

Una vez presentada, la autoridad otorga un folio oficial que el denunciante debe entregar al legislador para recibir el apoyo económico.

El monto varía según la gravedad del ilícito:

• 5 mil pesos por reportar delitos del fuero común.
• 10 mil pesos por señalar delitos considerados de mayor impacto.

Bautista Tafolla asegura que la información será tratada con total discreción y que la Fiscalía debe proteger a quienes decidan revelar la participación de sus propios familiares en actividades criminales.

Agrega que su intención es respaldar a ciudadanos “valientes” que actúen, aunque eso implique denunciar a padres, hijos, primos o cuñados.

El mensaje que dejó Carlos Manzo antes de su muerte

El diputado acompañó la propuesta con frases que atribuía al exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado el pasado 1 de noviembre durante un acto público del Festival de Velas.

Manzo insistía en que la comunidad debía dejar de ser “alcahueta” ante comportamientos delictivos dentro del entorno familiar.

El exalcalde también llamaba a denunciar a quienes tuvieran vínculos con la delincuencia organizada, reiterando que “es mejor visitar a un familiar en la cárcel que en el panteón”, una frase que Bautista Tafolla retomó para reforzar su iniciativa.

La muerte de Manzo sigue bajo investigación, hasta ahora, hay un presunto autor intelectual detenido y siete escoltas bajo proceso judicial, mientras uno de los implicados permanece prófugo.

Este contexto ha reforzado la narrativa del Movimiento del Sombrero sobre la necesidad de que la ciudadanía se involucre activamente en la denuncia de actividades criminales.

Reacciones y alcances de la propuesta

La iniciativa ha generado debate en redes sociales debido al incentivo económico por denunciar a miembros de la propia familia.

Bautista Tafolla sostiene que el objetivo es enfrentar la violencia desde dentro de los hogares y dejar de proteger a quienes cometen ilícitos como robos, venta de bienes ilegales o participación en redes vinculadas al crimen organizado.

El legislador insiste en que “la paz empieza en casa” y pide dar un “voto de confianza” a las instituciones para garantizar el resguardo de quienes decidan colaborar.

Además, asegura que este tipo de acciones son necesarias ante el incremento de actividades delictivas en la región de Uruapan.

¿Qué propone la iniciativa?

• Incentivo económico para denunciar delitos cometidos por familiares.
• Denuncia obligatoria ante Fiscalía para obtener un folio oficial.
• Pago de 5 mil o 10 mil pesos según la gravedad del ilícito.
• Llamado del Movimiento del Sombrero a no encubrir conductas delictivas.
• Iniciativa inspirada en los mensajes de Carlos Manzo antes de su asesinato.

El operativo fue confirmado por el Servicio Nacional de Migraciones (Sermig) y la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, instituciones que remarcaron que estas expulsiones se enmarcan en un calendario que busca acelerar la salida de extranjeros con procesos pendientes. Según datos oficiales, más de mil personas ya han sido retiradas del país solo este año, en un contexto donde la seguridad y el combate al crimen organizado se han convertido en temas prioritarios para el gobierno de Gabriel Boric.

20 delincuentes peruanos entre los 69 extranjeros expulsados por delitos graves

Por su parte, la prefecto Polly Ureta Aburto, jefa de la Prefectura de Migraciones y Policía Internacional Metropolitana, reveló que de los 69 expulsados, 49 eran ciudadanos colombianos y 20 peruanos. Todos ellos mantenían órdenes de expulsión por delitos como homicidio, violación, robo, contrabando, infracción a la ley de drogas y a la ley de armas. La autoridad subrayó que estas medidas son resultado directo de las fiscalizaciones constantes que realiza la policía a lo largo del territorio chileno.

Las cifras difundidas por las autoridades indican que, en lo que va del 2025, se han concretado 1.068 expulsiones, de las cuales 828 son administrativas y 240 judiciales. Estos operativos suelen priorizar a personas vinculadas a delitos graves o con antecedentes policiales, en línea con la estrategia chilena para reforzar la seguridad interna ante el aumento del crimen organizado en los últimos años.

El incremento de expulsiones coincide con la preocupación ciudadana frente a bandas delictivas transnacionales como el Tren de Aragua, que han operado en el país desde el 2021. Por ello, los vuelos chárter se han convertido en una herramienta clave para materializar las sanciones migratorias y garantizar la salida efectiva de personas con antecedentes o procesos vigentes.

“Los Pulpos” se expanden y extorsionan negocios en territorio chileno

El exministro del Interior chileno Rodrigo Delgado advirtió que Los Pulpos, una organización delictiva originaria del norte peruano, ha logrado consolidarse en Chile al aprovechar fallas en el control estatal durante los años de pandemia y en los mecanismos de vigilancia fronteriza. Según explicó, esta agrupación ingresó y se expandió sin mayores obstáculos, instalándose principalmente en comunas densamente pobladas como Santiago Centro, Estación Central, Recoleta e Independencia, donde encontraron una base amplia de comercio informal que utilizaron para operar con discreción.

Delgado detalló que el modus operandi del grupo consiste en extorsionar a pequeños comerciantes, muchos de ellos peruanos, a quienes les exigen pagos que van de 50 a 200 dólares mensuales bajo la idea de ofrecerles protección frente a robos o ataques. Las autoridades chilenas han documentado casos en los que quienes se niegan a pagar son sometidos a agresiones y amenazas graves, lo que confirma que la violencia es parte estructural del funcionamiento de esta red criminal. Además, la PDI ha desarticulado células vinculadas a la banda, incluidas estructuras integradas por ciudadanos peruanos con órdenes de captura internacional por sicariato.

El exministro también destacó que Los Pulpos han adaptado sus métodos para operar en Chile, manteniendo una organización más rígida que otras facciones peruanas como El Pulpo Nueva Generación, conocida por su estructura flexible y difícil de rastrear. Estas variantes delictivas han sido asociadas a delitos como sicariato, extorsión, secuestros e incluso actos de extrema violencia. La presencia sostenida de estas bandas de origen peruano, indicó Delgado, muestra un desafío creciente para las fuerzas de seguridad chilenas, que deben enfrentar células transnacionales cada vez más móviles y fragmentadas.

Durante una conferencia de prensa, Julio César Chávez Jr. confirmó que regresará al ring el próximo 24 de enero de 2026 para medirse ante el boxeador argentino Ángel Sacco en la Arena Potosí, en una pelea que marca el regreso del ex campeón mundial tras su pelea ante Jake Paul, en junio pasado.

“El boxeo me salvó la vida, gracias al boxeo estoy aquí platicando con ustedes de manera coherente” comentó el junior en conferencia de prensa con motivo del anuncio de su combate.

El hijo de la leyenda expresó su arrepentimiento por lo ocurrido: “Por ser joven, inmaduro, por ser hijo de Julio César Chávez, por el dinero que gané y por haber tomado malas decisiones, pero eso ya quedó en el pasado. Tengo dos años por delante para hacer lo que quizás no hice antes y llegar a San Luis Potosí no solo para cumplir con una pelea más, sino para dar la mejor pelea de mi carrera”, agregó.

Esta será la primera pelea del pugilista mexicano tras haber sido arrestado en Estados Unidos y deportado a México. A su llegada a la República Mexicana, fue detenido debido a una orden de aprehensión vigente en su contra por supuestos vínculos con actividades delictivas, incluyendo tráfico de armas.

Aunque fue vinculado a proceso, un juez le otorgó libertad provisional, lo que le permite continuar su proceso legal desde fuera de prisión mientras se prepara para su regreso al ring.

Por qué Julio César Chávez Jr. quedó en libertad provisional

En agosto de 2025, el exboxeador fue vinculado a proceso por presuntos delitos de delincuencia organizada y tráfico de armas, cargos que normalmente ameritan prisión preventiva. Sin embargo, un juez federal determinó que podría enfrentar el proceso en libertad, bajo estrictas medidas cautelares.

De acuerdo con el Centro de Justicia Penal Federal en Hermosillo, el juez consideró que existían elementos suficientes para iniciar el proceso penal, pero autorizó la libertad provisional debido a que la Fiscalía no justificó la necesidad de mantener al boxeador en prisión.

La audiencia, que se realizó de manera virtual y duró cerca de tres horas, marcó el inicio de una investigación complementaria que se prolongará por tres meses. La Fiscalía presentó 21 pruebas, de las cuales nueve vinculan directamente a Chávez Jr., pero la defensa las calificó mayormente como indicios especulativos.

¿Cuál es el presunto vínculo de Chávez Jr. con el narcotráfico?

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), el deportista enfrenta una orden de detención activa en México y es señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, organización criminal que las autoridades estadounidenses clasifican como grupo terrorista.

En un comunicado divulgado por el DHS, se informó que Julio César Chávez Jr., hijo mayor del legendario boxeador, ingresó legalmente a Estados Unidos en agosto de 2023 con una visa de turista B2, la cual tenía vigencia hasta febrero de 2024.

Aunque al principio su ingreso a Estados Unidos fue legal, las autoridades señalan que Julio César Chávez Jr. posteriormente excedió el tiempo permitido de estancia y está siendo investigado en México por su posible participación en delitos como delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos.

En los últimos días, una nueva modalidad de estafa comenzó a preocupar a los conductores en Bogotá y otras ciudades del país, luego de que un creador de contenido en Instagram difundiera un video alertando sobre el método utilizado por los delincuentes en varios centros comerciales.

El esquema inicia con un daño menor en el vehículo, como un rayón en el capó, un golpe en el parachoques, un retrovisor roto o, incluso, un vidrio estrellado.

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Tras provocar el desperfecto, los responsables dejan un papel con un número de contacto y un mensaje que aparenta la intención de “hacerse cargo” del incidente.

La víctima, al encontrar el mensaje, suele comunicarse con el número proporcionado, creyendo que se trata de una persona dispuesta a asumir la responsabilidad.

Quien responde la llamada afirma que el accidente fue accidental y asegura haber contactado a la aseguradora para solucionar el inconveniente.

Posteriormente, solicita enviar un enlace para “validar la información del seguro” o “registrar los datos del propietario”.

Es en ese momento cuando se concreta la estafa: al ingresar datos personales o bancarios en el enlace, los delincuentes obtienen acceso a la información y pueden apropiarse de los recursos de la víctima.

El creador de contenido que denunció este método recomienda a los conductores extremar precauciones antes de entregar cualquier dato.

Sugiere exigir tres elementos básicos a la persona que llama: el nombre de la aseguradora, el número de cédula y la placa del vehículo supuestamente involucrado.

Si la información proporcionada no coincide con ninguna aseguradora o si el interlocutor comienza a evadir las preguntas, ofrece excusas o intenta finalizar la conversación de manera abrupta, se trata de una señal inequívoca de estafa.

En estos casos, lo más aconsejable es no abrir enlaces, no suministrar datos personales y, de ser posible, acudir a la administración del centro comercial para solicitar la revisión de cámaras o pedir apoyo. También se recomienda contactar directamente a la propia aseguradora para verificar si existe algún reporte de accidente.

Junto a esta modalidad, se ha reportado un aumento en los casos de la llamada “llanta pinchada inducida”. En este esquema, mientras el automóvil permanece estacionado, un delincuente pincha una llanta sin que el conductor lo advierta.

Al reanudar la marcha, el conductor se detiene unos metros más adelante para revisar el daño. En ese momento, aparece un supuesto “ayudante” que, en realidad, actúa en complicidad con otro delincuente.

Mientras uno distrae al conductor, el otro aprovecha para abrir una puerta y sustraer bolsos, computadoras o cualquier objeto de valor. En ocasiones, incluso han intentado arrebatar el teléfono móvil cuando la persona se agacha para inspeccionar la rueda. Este tipo de robos se ha vuelto frecuente en las inmediaciones de supermercados, estaciones de gasolina y parqueaderos.

Ante el incremento de estos delitos, la Policía emitió una serie de recomendaciones: mantener las puertas cerradas y los seguros puestos, evitar descender del vehículo en zonas solitarias, no entregar información ni dinero en la vía, trasladar el automóvil a un lugar seguro antes de revisar cualquier daño y contactar a la aseguradora o a la Policía si alguien insiste en que ocurrió un choque.

Las autoridades subrayan que, en caso de un accidente real, los vehículos deben detenerse de inmediato. Si una persona aparece tiempo después alegando que hubo un golpe, lo más probable es que se trate de una trampa.

Delincuentes en bicicleta simulan accidentes menores para robar joyas de oro a conductores en Bogotá

En otra modalidad de robo que preocupa a los conductores de Bogotá, delincuentes en bicicleta simulan accidentes menores, como golpes al espejo lateral de los vehículos, para obligar a los ocupantes a bajar el vidrio y así arrebatarles joyas de oro.

Las denuncias ciudadanas y registros de cámaras de seguridad muestran que los asaltantes actúan en grupo y, en ocasiones, portan armas. En un incidente ocurrido en la intersección de la avenida NQS con la avenida 1° de Mayo, en Bogotá, un ciclista golpeó intencionalmente el espejo de un automóvil. Segundos después, dos cómplices se acercaron, uno aparentemente armado, y lograron sustraer un anillo de oro al conductor antes de huir. Durante la fuga, uno de los ladrones, identificado por su chaqueta negra, gorra y tapabocas, fue alcanzado por un tractocamión.

Los afectados reportaron casos similares en sectores como la calle 80, en la que los delincuentes aprovechan la confusión tras el golpe para rodear el vehículo y forzar la entrega de objetos de valor. Carolina Arévalo, víctima de un intento de robo en esa zona, relató a City TV: “Cuando yo bajé el vidrio para arreglar el espejo porque perdí totalmente la visual, llegaron cuatro tipos a la ventana. Yo tenía una cadena de oro. Los tipos empezaron a forcejear conmigo, me la empezaron a jalar, yo empecé a defenderme”.

En el caso de Carolina, la cadena cayó dentro del vehículo durante el forcejeo, evitando el robo, aunque el incidente le generó un gasto adicional. “No me lograron robar la cadena, pero me tocó pagarle a la señora casi un millón de pesos del arreglo. Fue un toque mínimo, pero me costó un millón de pesos”, explicó.

La situación ha generado inquietud entre los conductores, quienes solicitan a la Policía Metropolitana mayor vigilancia en los puntos donde se han reportado estos hechos.

Una amplia investigación judicial y policial en Venecia ha destapado un entramado criminal dedicado al robo al descuido cuyas cifras han sorprendido incluso a los investigadores. Según los datos revelados por la fiscalía y recogidos por medios italianos, los integrantes del grupo alcanzaban ganancias medias diarias de hasta 2.500 euros, superando con facilidad los 700.000 euros anuales. Las autoridades italianas han calificado el fenómeno como uno de los casos más lucrativos de hurto callejero registrados en los últimos años en el país.

La operación, desarrollada durante dos años por los Carabinieri y avalada por el Tribunal de Venecia, ha supuesto la imposición de 23 medidas cautelares contra los miembros del grupo, integrado por veinte mujeres y tres hombres, la mayoría sin hogar y con un largo historial de detenciones breves que, hasta ahora, no habían derivado en encarcelamientos prolongados. La jueza de instrucción Lea Acampora, a petición del fiscal Giorgio Gava, decidió endurecer las medidas ante la magnitud económica del entramado y el nivel de violencia constatado en la investigación.

Beneficios millonarios en pleno centro turístico

Las pesquisas, desarrolladas entre el verano de 2023 y finales de 2024, documentaron una actividad diaria que asombró incluso a los agentes especializados en delitos contra el patrimonio. Según el informe, los beneficios rondaban los 2.500 euros cada día, cantidad que en ocasiones era incluso superada en jornadas de gran afluencia turística. La cifra, considerada “extraordinaria” por los investigadores, situaba a los integrantes del clan del carterismo muy por encima de los ingresos medios del 90% de futbolistas profesionales en Italia.

El modus operandi se basaba en el aprovechamiento de las zonas más congestionadas de la ciudad —puentes, accesos a vaporetto y áreas próximas a los grandes monumentos— donde el flujo constante de visitantes facilitaba la actuación rápida y coordinada del grupo. La investigación subraya que la organización también mantenía conexiones con redes dedicadas a la falsificación de documentos y al blanqueo de capitales, lo que permitía canalizar los beneficios sin levantar sospechas inmediatas.

Pese a las elevadas cifras, los investigadores matizan que los ingresos del grupo seguían por debajo de los generados por actividades como el tráfico de drogas, la prostitución forzada o la trata de menores. Con todo, el volumen económico y la estructura interna detectada han llevado al Tribunal de Venecia a equiparar el funcionamiento del clan con el de organizaciones de corte mafioso.

Violencia sistemática y control por el terror

La investigación también ha sacado a la luz un cuadro de violencia extrema dentro del grupo, especialmente dirigido contra mujeres jóvenes y menores obligadas a robar bajo amenazas y agresiones físicas. Los informes policiales describen situaciones de auténtico terror: adolescentes y chicas embarazadas que eran enviadas a robar diariamente y que sufrían golpes, insultos y castigos si no alcanzaban el rendimiento económico exigido.

Algunas de las mujeres, incluso en avanzado estado de gestación, denunciaron haber recibido puñetazos y patadas en el abdomen como método de coerción. Los investigadores han calificado estos episodios como “una verdadera película de horror”, detallando además el uso de cuchillos dirigidos contra menores para asegurar que cumpliesen las órdenes. El esquema de dominación interna se basaba en la humillación y la violencia constante, ejercida a menudo por mujeres mayores del grupo pertenecientes a clanes rom y sinti, que actuaban como responsables directas del control de las más jóvenes.

Los delitos atribuidos incluyen conspiración para el hurto, agresiones, amenazas, falsificación de documentos, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal. Los agentes describen el entramado como un “grupo altamente especializado”, capaz de adaptarse rápidamente a la presencia policial y de operar de forma casi continua aprovechando el flujo incesante de turistas.

Las acciones delictivas se concentran entre la medianoche y las primeras horas de la mañana, en calles con escasa iluminación y baja presencia de patrullaje. Los vecinos sostienen que esta pareja ha operado en varias viviendas aplicando el mismo método: la mujer se adelanta, verifica la ausencia de testigos y actúa como vigía; el hombre fuerza puertas y sube a los pisos superiores.

Las denuncias se acumulan en el sector, donde varios residentes han entregado videos de seguridad a las autoridades que revelan el modo de operar de estos delincuentes. Pese a la reciente intervención del serenazgo y patrullaje conjunto con policías y militares, los vecinos consideran que la presencia aún resulta insuficiente.

Así opera pareja de robacasas en Los Olivos

Imágenes difundidas por 24 Horas de Panamericana Televisión muestran a la mujer aproximándose a la vivienda seleccionada para observar si hay algún movimiento. Segundos después, llega su cómplice, quien intenta abrir la puerta principal del edificio mientras ella permanece alerta. De acuerdo con el medio, ambos abrieron la puerta en segundos y entraron sin levantar sospechas.

Ya dentro del inmueble, la pareja sube al segundo piso y fuerza otra puerta; todo quedó captado por cámaras de seguridad. El robo ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana, cuando la familia dormía. Según relató la propietaria, los delincuentes sustrajeron laptops, iPads, celulares, dinero y tarjetas, alcanzando un valor aproximado de 17 mil soles.

“Han entrado y salido como en su propia casa”, señaló la vecina afectada a Panamericana. Además, afirmó que, pese al pago de tributos y seguridad, la vigilancia municipal no se mantiene. Relató también que otros asaltos incluyeron el uso de armas blancas y motociclistas con cascos que interceptan a quienes transitan por la zona.

Otro residente destacó que varios vecinos han entregado videos a las autoridades. “Ya han sido identificados por las imágenes. Parece que usaron algún líquido, porque resulta extraño que una familia tan grande no haya sentido nada”, opinó, sugiriendo que los delincuentes poseen experiencia y conocen con precisión el horario para ingresar sin ser percibidos.

Vecinos reclaman mayor patrullaje e iluminación en Los Olivos

Durante la cobertura, 24 Horas registró la llegada de camionetas de serenazgo acompañadas por policías y militares; sin embargo, los vecinos advierten que esta presencia no representa la rutina diaria del sector. Los robos ocurren durante la noche y la madrugada, cuando los criminales aprovechan la escasa iluminación del parque y calles cercanas.

Los residentes exigen varias medidas: incremento del patrullaje municipal y policial, mantenimiento constante de los puntos de iluminación y vigilancia en los accesos al parque donde se concentran los robos. Según testimonios recogidos por Panamericana, la oscuridad facilita el acceso sin ser detectados.

Hace una semana ocurrió un robo similar en un edificio de Los Olivos

Los hechos recientes no son aislados. Una semana antes, en el mismo distrito, una banda de robacasas ingresó a un edificio sin forzar la puerta y sustrajo objetos valorizados en más de 10 mil soles. El reportaje presentado por Buenos Días Perú de Panamericana Televisión mostró cómo una camioneta de lujo llegó al lugar a las 19:19 y una pareja abrió la puerta del edificio en segundos.

Un tercer cómplice se sumó al grupo e ingresó también. En menos de 15 minutos, los delincuentes robaron equipos electrónicos, consolas de videojuegos, accesorios, ropa, zapatillas y laptops. La familia afectada había salido temprano a entregar medicamentos y al volver encontró el departamento violentado.

“Todo había sido abierto. Teníamos equipos de sonido, celulares, videojuegos, una computadora valorizada en más de dos mil soles”, comentó el afectado. Las cámaras captaron a los delincuentes saliendo del edificio con bolsas y mochilas repletas, sin ningún impedimento.

La denuncia fue presentada en la comisaría de Sol de Oro, mientras los vecinos de Los Olivos reclaman rapidez en las investigaciones por la repetición de casos con métodos similares.

El estallido, que según las primeras investigaciones habría sido causado por un explosivo de fabricación artesanal, sería un nuevo capítulo de la ola de extorsiones que golpea a distintas zonas de la región La Libertad.

Los moradores, aún asustados, relataron que el estruendo se escuchó a varias cuadras y que algunos pensaron que se trataba de un accidente vehicular o un corto circuito, hasta que vieron el humo y las paredes dañadas.

Noticia en desarrollo

De acuerdo con los primeros reportes, individuos que serían presuntos extorsionadores habrían dejado una dinamita artesanal en la cuadra cinco de Los Sauces, con el claro objetivo de enviar un mensaje de intimidación a una familia de la zona. Se trataría de víctimas que, desde hace algunas semanas, estarían recibiendo amenazas para el pago de cupos, una modalidad criminal que se ha vuelto frecuente en Trujillo y que mantiene en zozobra a comerciantes, transportistas y familias enteras.

Los vecinos salieron alarmados, muchos aún en pijama, intentando entender qué había ocurrido. Entre gritos, llanto y desesperación, algunos aseguraron que el estruendo “parecía un terremoto pequeño”, mientras otros describieron cómo los vidrios de sus ventanas terminaron hechos añicos. “Ha sido terrible. Pensé que la pared iba a caerse. Mis hijos se despertaron llorando y no sabían qué pasaba”, contó una vecina visiblemente afectada, señalando la fachada de su vivienda, donde se observaban rajaduras y parte del portón doblado por la onda expansiva.

Otra residente afirmó que el miedo ya forma parte de su día a día. “Aquí todos vivimos con el temor de que un día cualquiera estos delincuentes hagan algo peor. No es la primera vez que escuchamos explosiones en Trujillo, pero que ocurra en nuestra misma calle es desesperante”, expresó, mientras agentes policiales inspeccionaban la zona.

PNP en el lugar

La Policía Nacional del Perú (PNP) llegó rápidamente al lugar para acordonar la zona y comenzar con las investigaciones. El vecindario entero se mantuvo en silencio mientras los agentes realizaban las primeras pericias, buscando evidencias que permitan esclarecer quiénes estarían detrás del atentado y cuál sería la motivación. Para muchos habitantes de La Rinconada, el temor ya no es nuevo.

Mientras los agentes recorrían el área afectada, varios vecinos comentaban que el estruendo se sintió como un “temblor” y que las casas vibraron con tal fuerza que pensaron que el techo podía ceder. Otros confesaron que dormían y despertaron creyendo que era un choque vehicular, hasta que escucharon los gritos y salieron para descubrir el verdadero origen del pánico.

El atentado en Los Sauces no es un caso aislado. En setiembre, desconocidos detonaron otro explosivo en una vivienda de tres pisos en la cuadra 7 de la calle Lizarzaburu, en la urbanización Las Quintanas, también en Trujillo. En ese entonces, la onda expansiva dañó vehículos y casas cercanas al parque Perpetuo Socorro, provocando escenas de caos y obligando a varias familias a evacuar temporalmente sus hogares. Días después, algunos residentes aseguraron que vivían con miedo constante y que dormían atentos a cualquier ruido, una sensación que vuelve a repetirse con este nuevo atentado.

A ello se suma el episodio registrado a mediados de agosto, cuando una explosión en la cuadra 8 de la avenida Perú dejó al menos cinco personas heridas y afectó a varios predios cercanos. Ese caso todavía permanece bajo investigación, pero puso en evidencia la creciente presencia de hechos violentos en la ciudad y la necesidad de reforzar la seguridad. Los vecinos recuerdan que aquel día, además de los heridos, varios adultos mayores y niños sufrieron ataques de pánico, un impacto emocional que toma tiempo en sanar y que ahora vuelve a reactivarse con esta nueva detonación.