Panamá volvió a convertirse en escenario de una serie de golpes al narcotráfico internacional durante los primeros días de agosto, con el decomiso de 2,379 paquetes de presuntas sustancias ilícitas en cinco operaciones desarrolladas por el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Ministerio Público.

La cifra equivale aproximadamente a 2.3 toneladas de droga, tomando como referencia el peso habitual de un kilogramo por paquete utilizado en este tipo de investigaciones.

Entre los casos sobresale la incautación de un cargamento que había salido del puerto de Savannah, en Estados Unidos, con destino final a Sídney, Australia, una ruta poco frecuente para los decomisos reportados en Panamá.

Las autoridades panameñas detectaron el cargamento durante un operativo de inteligencia y perfilamiento portuario, cuando especialistas del Senan identificaron irregularidades en los sellos de seguridad de un contenedor que transitaba por el país.

Tras coordinar con la Fiscalía de Drogas, se efectuó el allanamiento correspondiente y fueron encontrados 320 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en el interior del contenedor.

La operación elevó a 44,197 paquetes decomisados en 77 operaciones realizadas por la Aeronaval en lo que va de 2026, de acuerdo con cifras oficiales de la institución.

Aunque Estados Unidos es conocido principalmente como uno de los mayores mercados consumidores de cocaína, especialistas en seguridad han advertido que las organizaciones criminales también aprovechan su extensa infraestructura portuaria para reexportar cargamentos hacia otros continentes, mezclándolos con el enorme volumen de comercio legal.

Australia, por su parte, representa uno de los mercados más lucrativos del mundo para la cocaína debido a su alto precio en las calles, que puede multiplicar varias veces el valor que alcanza en América Latina o Europa.

Esa rentabilidad ha impulsado a las redes criminales a diversificar sus rutas marítimas y utilizar puertos de tránsito como los de Panamá para dificultar la trazabilidad de los envíos.

Las investigaciones internacionales de los últimos años muestran que Oceanía se ha convertido en un destino cada vez más atractivo para los carteles latinoamericanos.

Organismos como la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) han documentado un incremento en los intentos de introducir cocaína mediante contenedores comerciales, aprovechando cadenas logísticas globales que conectan puertos de América con Asia y Australia.

En ese contexto, Panamá, por su posición geográfica y su plataforma marítima, continúa siendo un punto de interés para las organizaciones dedicadas al tráfico internacional de drogas, aunque también mantiene una intensa actividad de vigilancia en sus terminales portuarias.

El segundo decomiso reportado por el Senan se produjo en isla Casaya, en el Archipiélago de las Perlas, donde unidades aeronavales localizaron una caleta subterránea que ocultaba 245 paquetes de presunta droga.

La ubicación fue posible gracias a labores de inteligencia y patrullajes, que permitieron identificar varios sacos enterrados. Posteriormente, en coordinación con la Fiscalía de Drogas de Panamá, el cargamento fue trasladado a la Base Naval Capitán de Fragata D.E.M. Noel Antonio Rodríguez Justavino, donde se confirmó el conteo oficial de los paquetes.

Los otros tres casos fueron informados por el Ministerio Público en coordinación con distintos estamentos de seguridad. En Costa Arriba de Colón, la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala, junto al Senan, decomisó 530 paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos en una embarcación con doble fondo, además de aprehender a dos personas.

En otro operativo, desarrollado en el corregimiento de 24 de Diciembre, la Fiscalía de Drogas y la Dirección de Investigación Judicial capturaron a tres ciudadanos panameños e incautaron 785 paquetes de presunta droga.

Finalmente, en el puesto de control integral de Guabalá, en el distrito de Tolé, provincia de Chiriquí, fue detenido un conductor panameño que transportaba 499 paquetes escondidos dentro de 14 sacos cargados en un camión.

Las cinco operaciones reflejan la diversidad de métodos utilizados por las organizaciones criminales para mover cargamentos ilícitos a través del territorio panameño.

Mientras unas recurren a contenedores comerciales que forman parte del comercio internacional, otras utilizan embarcaciones modificadas, caletas clandestinas o vehículos de carga para intentar evadir los controles.

Esa variedad obliga a las autoridades a combinar inteligencia, perfilamiento de riesgo, inspecciones físicas y cooperación interinstitucional, tanto dentro del país como con agencias extranjeras.

Panamá mantiene desde hace años una posición estratégica en la lucha regional contra el narcotráfico debido a su Canal, sus puertos, sus conexiones marítimas y su ubicación entre Sudamérica y Centroamérica.

Esa misma ventaja logística que impulsa el comercio mundial también es aprovechada por redes criminales que buscan introducir cargamentos en mercados de alto valor como Europa y, cada vez con mayor frecuencia, Oceanía.

Los decomisos registrados durante los primeros días de agosto, equivalentes a unas 2.3 toneladas de presunta droga, evidencian que las organizaciones continúan diversificando sus rutas, mientras las autoridades intentan anticiparse mediante operaciones de inteligencia en distintos puntos del país.

El país enfrenta una serie de desafíos que podrían marcar su futuro en los próximos años. La inseguridad ciudadana, la crisis institucional y el cambio climático forman parte de los principales problemas abordados en El Perú que se viene, publicación colectiva que reúne a especialistas como Julio Corcuera, Mercedes Aráoz, Milagros Campos, José Carlos Requena, Hernán Chaparro y Francisco Belaunde.

El libro, que se presentará en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Lima 2026 este martes a las 20 horas en la sala Blanca Varela, aborda distintas perspectivas sobre los problemas que atraviesa el país y las decisiones que deberán adoptarse para enfrentarlos. A través de sus diferentes capítulos, los autores analizan los escenarios que podrían definir el rumbo nacional y plantean una mirada sobre los desafíos que deberá afrontar el Perú en los próximos años.

En conversación con Infobae Perú, Julio Corcuera, especialista en seguridad y crimen organizado, profundizó en uno de los principales riesgos que enfrenta el país: la normalización de la violencia. Advirtió que las organizaciones delictivas han evolucionado hasta crear empresas fachada, mover grandes cantidades de dinero y buscar espacios de poder. Frente a este escenario, planteó que el Estado debe dejar de concentrarse únicamente en capturar delincuentes y priorizar el seguimiento de los recursos que sostienen estas estructuras.

Tras los atentados a colegios, mercados y sedes del Ministerio Público, ¿cree que la sociedad peruana ya se anestesió frente al horror del crimen organizado?

El fenómeno de la violencia se está normalizando. La muerte de uno o dos transportistas, hace dos años, generaba paros masivos. Hoy genera indiferencia; ya no es noticia. La semana pasada asesinaron a cinco transportistas y no se generó un gran titular o reportaje al respecto.

Eso es un mal indicador de la sociedad: que empecemos a tener mayor tolerancia a las muertes y a la violencia, y que comencemos a convivir con cierta normalidad con el crimen.

En el libro usted señala que los asesinatos ya son solo una cifra más, ¿qué riesgo corremos como país cuando la sociedad se acostumbra a vivir con este nivel de violencia?

El riesgo es que el crimen no solo termine normalizándose, sino que también se impregne en la sociedad hasta mimetizarse con ella. Las organizaciones dedicadas a la extorsión mueven grandes cantidades de dinero que luego son blanqueadas mediante empresas fachada.

Cuando las estructuras delictivas alcanzan un posicionamiento político, se configura una especie de capitalismo criminal que, posteriormente, busca cooptar al Estado. Si eso ocurre, permitir que actores vinculados al delito ocupen espacios de poder y tengan capacidad de decisión puede empujar al Perú hacia un Estado mafioso, poniendo en riesgo la democracia y la propia forma de convivencia de los ciudadanos.

Usted explica que las mafias ya no solo piden cupos, sino que también obligan a sus propias empresas a contratar personal de seguridad o construcción. ¿Cómo funciona esta mutación del crimen hacia una especie de espacio empresarial?

Los criminales de hace muchos años, como Django, asaltaban un banco, obtenían dinero, lo gastaban y después volvían a cometer otro atraco. Esa era su dinámica. El delincuente de hoy, en cambio, es un criminal que hace empresa. Un sujeto conocido como El Jorobado, por ejemplo, exigía un cupo a las compañías que presentaban agua marina en Chorrillos, en el atentado que terminó con la caída de Dina Boluarte. Pero, además, reclamaba que sus once empresas fueran contratadas.

Cuando una serie de organizaciones creadas por criminales empiezan a manejar dinero, pueden constituir empresas fachada y presentarse ellos mismos como empresarios. Esto les otorga poder y legitimidad social, hasta el punto de convertirlos, para algunos sectores, en referentes aspiracionales: personas a quienes observan con admiración o incluso toman como modelos. Se trata de una situación profundamente negativa, porque pervierte las bases de la sociedad y también el sistema de valores sobre el que nos desarrollamos.

Usted sostiene que la extorsión ahora depende de una cadena técnica: celulares, tarjetas SIM, Yape, Plin y cuentas bancarias. Si el camino operativo es tan claro, ¿por qué el Estado no logra cortar estos accesos?

Yo creo que el planteamiento que tiene el Estado es excesivamente policial frente al fenómeno. La Policía es importante y trascendental, pero el control de Yape, Plin, cuentas bancarias, chips de celulares, dinamita y demás no es un asunto exclusivamente policial.

Cuando una organización criminal tiene un conjunto de líderes y estos crean empresas fachada, suelen registrarlas a su nombre o al de la madre, las hermanas o la pareja. Lo que el Estado debe hacer es golpear y detener el dinero de este ilícito, congelar esas empresas fachada y, con eso, atacar la columna vertebral del crimen.

Creo que el enfoque debe pasar de perseguir al actor criminal, al sicario o al hecho, a perseguir el dinero, bajo la premisa de la ley RICO y de la Convención de Palermo: follow the money, seguir el dinero. Creo que es un tema de discusión pública.

Señala que capturar a un líder suele ser insuficiente si la organización puede reemplazarlo rápidamente por otro. ¿El verdadero golpe al crimen pasa por incautar su patrimonio antes que por mostrar detenidos en conferencias de prensa?

Sí. Hay una categoría que se llama resiliencia criminal. Cuando alguien desarticula una organización, el número dos o tres siempre busca tomar el poder. ¿Por qué? Porque hay mercado y negocio. Los criminales hacen esto porque hay dinero; lo hacen siguiendo el dinero.

Si usted corta las vías para obtener recursos, entonces no tienen incentivos. Por eso el enfoque es golpear más al dinero que al criminal. Si tiene un sicario, lo reemplazan por otro. Si le quitan la dinamita, compran otra. Si tienen algún medio corrupto es porque tienen dinero. Si les quita el dinero, tendrán menos recursos para sicarios, dinamita y corrupción. Así se dificulta la operación de esta actividad criminal, de su empresa criminal.

Si el éxito no debe medirse por el número de detenidos, ¿cuál debe ser el indicador principal para evaluar si una estrategia está funcionando?

Hay indicadores sumamente importantes. Primero debemos definir frente a cuántas organizaciones criminales nos enfrentamos, cuáles son y cuántas están aterrorizando a los transportistas del cono norte y San Juan de Lurigancho.

Si tenemos una lista y atacamos esa lista, como la que tiene el FBI, Homeland Security o la Unión Europea sobre organizaciones terroristas, podremos establecer indicadores de combate. En la medida en que golpeemos esas organizaciones, tendremos luego un reflejo en la caída de homicidios, extorsiones y demás delitos.

Opinión sobre el gobierno actual

Si mañana el Gobierno lo nombrara responsable de esta agenda, ¿cuál sería la primera medida que firmaría durante sus primeras 24 horas?

Esto excede las competencias del ministro del Interior, pues requiere un trabajo concertado entre distintas instituciones. Lo primero que haría sería reunirme con las cuatro empresas operadoras de telecomunicaciones para abordar el problema de los chips y la señal de los celulares.

También convocaría a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para revisar el uso de las cuentas bancarias. Asimismo, incorporaría estos asuntos dentro del paquete de reformas que se plantee mediante la delegación de facultades legislativas. Si se revisa el contenido de dicha delegación, ninguno de los temas que estamos conversando aparece allí, pues está enfocada principalmente en asuntos militares y penales.

¿Cuáles son sus perspectivas sobre el gobierno de Keiko Fujimori en materia de seguridad ciudadana?

Yo le deseo los mejores éxitos. De verdad deseo lo mejor para el general Astudillo también, porque el éxito de la presidenta significa el éxito de todos los peruanos. En ese sentido, como peruanos debemos darle todo el apoyo necesario. Los resultados de su gestión todavía se verán con el paso de las semanas y los meses. Aunque, creo que es importante atacar las finanzas del crimen para poder acabar de raíz con este problema.

¿Qué opinión le merece el mensaje presidencial? ¿Hay alguna frase optimista que considere importante resaltar?

Me parece que debo evaluarlo con mucha serenidad y cautela. Se planteó que en los espacios donde hay crimen se retomará el control a través de las Fuerzas Armadas. Yo creo leer entre líneas un proceso de militarización de la seguridad.

Esto se ha practicado en Ecuador, Brasil y México, con resultados bastante disímiles. Por eso creo que hay que verlo con cautela. Espero que funcione bien. No hay mayores detalles sobre cómo se implementará, pero hay que observarlo con cuidado, porque este tipo de medidas de seguridad también tiene una contracara. La idea es combatir el crimen y no que alguna medida termine haciéndolo más fuerte, violento o extendido en el territorio.

En base a su experiencia, ¿qué recomendación le daría a Keiko Fujimori para enfrentar la delincuencia?

Si me pidieran una recomendación, le diría que enfoque el problema transversalmente. Hay que abordarlo desde el ámbito tecnológico, con los chips; revisar el sistema penitenciario y las antenas que reproducen la señal telefónica y de Internet alrededor de los penales; abordar el tema de las cuentas bancarias y perseguir la ruta del dinero.

También se debe colocar a personas con experiencia e idoneidad para atender este problema. En el caso de las empresas de seguridad, por ejemplo, se deben eliminar las empresas fachada que sirven de cobertura para que el crimen pueda operar con impunidad.

¿Qué opinión le merece la designación de César Astudillo como ministro del Interior?

Es un general destacado y una persona con una carrera importante. Solamente cabe la duda de que, obviamente, tiene un perfil más cercano al ministro de Defensa que al ministro del Interior.

Igual uno le desea lo mejor, pero tenemos que ver con qué personas se acompaña en este desarrollo, porque las dinámicas policiales son distintas de las militares. Las doctrinas de defensa también son diferentes de la doctrina policial, su implementación y su proyección con la ciudadanía.

La Policía Nacional de Panamá, a través de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol, concretó la extradición desde Madrid, España, de Jean Carlos Valencia Escobar, alias “El Abogado”, un ciudadano panameño requerido por la justicia por la presunta comisión del delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de asociación ilícita para delinquir (pandillerismo).

Con este traslado, las autoridades completan la segunda extradición internacional realizada durante esta semana, luego del retorno desde Colombia de otro presunto integrante de estructuras criminales vinculadas al narcotráfico.

Según informó la Policía Nacional, Valencia Escobar figura entre los principales requeridos dentro de la Operación Antipandillas Combate, desarrollada el 22 de mayo de 2026, como parte de la ofensiva dirigida a desarticular organizaciones criminales que operan en el país.

Las investigaciones lo identifican como presunto cabecilla de la pandilla Bagdad-Santa Eduviges, una estructura con influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, al este de la capital panameña.

Su captura se produjo el 27 de mayo en la Plaza de Santa Ana, en pleno centro de Madrid, gracias a una alerta internacional emitida por Interpol Panamá y ejecutada por la Policía Nacional de España.

Desde entonces permanecía detenido mientras avanzaba el proceso judicial de extradición solicitado por Panamá, trámite que concluyó con su entrega a las autoridades panameñas para enfrentar las investigaciones abiertas en su contra.

Alias “El Abogado” era considerado uno de los objetivos prioritarios dentro de las pesquisas iniciadas por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Durante la Operación Combate, realizada pocos días antes de su captura en España, fueron aprehendidas siete personas, entre ellas alias “Rungito”, señalado también como uno de los supuestos líderes de la organización.

Las investigaciones sostienen que la pandilla Bagdad-Santa Eduviges mantenía control territorial sobre ese sector de Panamá Este y presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico de drogas, homicidios, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas acusaciones forman parte de procesos penales en curso y no constituyen una condena judicial, por lo que rige el principio de presunción de inocencia.

La extradición también revive los antecedentes internacionales de la organización. En 2023, las autoridades españolas capturaron en Pozuelo de Alarcón, Madrid, a otro presunto líder del denominado “Cártel de Bagdad”, considerado por los organismos de seguridad como una de las organizaciones criminales panameñas con mayor proyección internacional.

Esa investigación se desarrolló a partir de información suministrada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que alertó sobre presuntas operaciones de tráfico internacional de cocaína, blanqueo de capitales mediante lingotes de oro y conversión de recursos ilícitos en criptomonedas.

La llegada de Valencia Escobar ocurre apenas dos días después de que Panamá concretara otra importante extradición internacional. El pasado martes fue trasladado desde Colombia Jorge Antonio Zurita, alias “Gordo Pibe”, quien permanecía prófugo desde 2023 y fue capturado en Medellín en mayo de 2025 gracias a una operación coordinada entre la Dijín colombiana, Interpol y las autoridades panameñas.

Alias “Gordo Pibe” es investigado por su presunta participación en delitos relacionados con drogas y señalado como uno de los supuestos operadores de la pandilla Kill the Nasty, considerada por las autoridades como el brazo financiero de la organización criminal Sam 23.

Las investigaciones también mencionan presuntos vínculos con el Clan del Golfo y con las disidencias de las FARC lideradas por alias “Iván Mordisco”, aunque esos señalamientos continúan dentro de procesos judiciales y no representan una condena.

Con ambas extradiciones, las autoridades panameñas destacan el fortalecimiento de la cooperación internacional para localizar y trasladar al país a personas requeridas por la justicia. En los dos casos fue determinante la coordinación entre Interpol Panamá y los organismos de seguridad de España y Colombia, que permitieron ubicar a los investigados fuera del territorio nacional y completar los procedimientos judiciales necesarios para su entrega.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 28 de julio de 2026 su alerta de viaje para las Bahamas, y mantuvo el destino en Nivel 2: “Extreme las precauciones”, el segundo escalón de un sistema que va del 1 al 4. El nivel no subió, pero sí se amplió el resumen de riesgos para incluir peligros en playas, armas de fuego y huracanes que antes no figuraban en el documento oficial.

Para entender la gravedad relativa de la advertencia: el Nivel 1 indica precauciones normales; el Nivel 2 pide vigilancia adicional; el Nivel 3 recomienda reconsiderar el viaje; y el Nivel 4 desaconseja viajar por completo. Las Bahamas no son un destino prohibido, pero el Departamento de Estado considera que sus visitantes “enfrentan riesgos que van más allá de lo habitual”.

Crimen en tierra: dónde se concentra el peligro

Según el aviso oficial, “la delincuencia, incluidos los delitos violentos como los robos a mano armada, los allanamientos de morada y las agresiones sexuales, puede ocurrir en cualquier lugar de las Bahamas”. La mayor concentración de casos se registra en Nassau y Freeport, en las islas de Nueva Providencia y Gran Bahama.

Dentro de Nassau, el área conocida como “Over the Hill”, al sur de la calle Shirley, es señalada de forma específica. Allí, según el documento, pandillas han asesinado a residentes. Los turistas que se alojan en propiedades de alquiler vacacional sin seguridad privada son considerados especialmente vulnerables.

La alerta también advierte sobre las playas del centro de Nassau y sus alrededores, donde se han registrado agresiones sexuales. El Departamento de Estado recomienda no nadar solo, prestar atención al entorno en baños públicos y mantenerse alerta ante la presencia de tiburones, cuyos ataques han causado lesiones graves y muertes.

Motos acuáticas y embarcaciones: un riesgo documentado

Uno de los apartados más detallados del aviso tiene que ver con las actividades en el agua. De acuerdo con el New York Post, que recogió la alerta, el sector náutico en las Bahamas carece de regulación adecuada. Muchos operadores no tienen licencia ni seguro, y con frecuencia ignoran los pronósticos meteorológicos.

El Departamento de Estado reportó agresiones sexuales por parte de operadores de motos acuáticas que, según los casos documentados, llevaron a sus víctimas a islas apartadas. La Embajada de Estados Unidos en Nassau informó que desde 2024 se han registrado al menos 5 denuncias de ese tipo: 3 en 2024 y 2 en 2025.

Además, 6 ciudadanos estadounidenses fueron hospitalizados por accidentes con motos acuáticas desde agosto de 2024, y 3 de ellos necesitaron evacuación médica de emergencia.

La situación es tan grave que el propio gobierno estadounidense prohíbe a sus empleados en las Bahamas usar o alquilar motos acuáticas y embarcaciones personales a operadores independientes en las islas de Nueva Providencia y Paraíso.

Sanciones por navegar sin licencia

Quien opere un barco de pesca u otro tipo de embarcación de alquiler en aguas bahamesas sin una licencia del Departamento Portuario de las Bahamas se expone a consecuencias legales severas. El aviso es directo: “La policía ha detenido a navegantes estadounidenses y confiscado sus embarcaciones. Las sanciones incluyen una multa de hasta USD 100,000 y tres años de prisión”.

El Departamento de Estado recomienda consultar el sitio web del Departamento Portuario antes de cualquier actividad náutica en el archipiélago.

Armas, municiones y otras prohibiciones

Un riesgo que muchos viajeros desconocen: las armas de fuego y las municiones son ilegales en las Bahamas, incluso en pequeñas cantidades dentro del equipaje de mano. Las autoridades aplican esas leyes con rigor, incluso en el aeropuerto al momento de la salida. Ciudadanos estadounidenses han sido detenidos durante varios días tras encontrárseles armas o municiones, con lo que quedaron impedidos de abandonar el país.

La temporada de huracanes es otro factor a considerar. El Departamento de Estado recuerda que las Bahamas son afectadas con frecuencia por ese tipo de fenómenos y recomienda consultar la información oficial sobre clima y desastres naturales antes del viaje.

Qué hacer antes y durante el viaje

El Departamento de Estado ofrece una serie de medidas concretas para quienes viajen al archipiélago:

• Inscribirse en el Programa de Inscripción para Viajeros Inteligentes (STEP, por sus siglas en inglés), un servicio gratuito que envía alertas de embajadas y consulados, y permite que el gobierno localice al viajero en caso de emergencia.
• No abrir la puerta del hotel o alojamiento sin identificar a quien llama.
• Mantener cerradas con llave las puertas y ventanas, especialmente las de los balcones.
• No oponer resistencia física ante un intento de robo.
• Revisar siempre el equipaje personal para evitar portar artículos prohibidos al entrar o salir del país.
• Contratar un seguro de viaje que cubra evacuación médica, atención en el exterior y cancelación.

El Departamento de Estado también recomienda consultar el Informe de Seguridad Nacional de las Bahamas y revisar los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para obtener información de salud actualizada antes de partir.

Las autoridades panameñas decomisaron 1,411 paquetes con presunta droga en dos operativos realizados durante las últimas horas en embarcaciones que se encontraban en aguas nacionales.

Las incautaciones se produjeron durante la revisión de cargas contenerizadas transportadas por buques en tránsito por Panamá, uno de los principales puntos logísticos de la región y una ruta utilizada por organizaciones criminales para enviar sustancias ilícitas hacia otros mercados.

En el primero de los casos, la Procuraduría General de la Nación, por medio de las Fiscalías Superiores Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, informó sobre el decomiso de 1,130 paquetes rectangulares que presuntamente contenían sustancias ilícitas.

La carga pretendía salir del país a bordo de un buque, aunque las autoridades no precisaron el puerto de origen ni el destino final de la embarcación.

La operación se desarrolló de manera conjunta con unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia del Servicio Nacional Aeronaval (Senan).

Durante la inspección, los agentes detectaron alteraciones en el sello de seguridad de uno de los contenedores, lo que motivó una diligencia de allanamiento y registro. En el interior fueron ubicados varios bultos que no correspondían con la carga declarada en los documentos del contenedor.

Los paquetes fueron trasladados a un puerto seguro para realizar su verificación y conteo. En total, las autoridades contabilizaron 51 bultos de color blanco que contenían 1.130 paquetes rectangulares cubiertos con cinta adhesiva.

El Ministerio Público indicó que el material será sometido a pruebas científicas para determinar su composición y establecer el peso exacto de la sustancia decomisada.

En un segundo operativo, las fiscalías antidrogas incautaron otros 281 paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita en un buque que navegaba sobre aguas territoriales panameñas.

La diligencia fue ejecutada con apoyo de la Dirección Nacional Antidrogas y la Unidad Táctica de Operaciones Antidrogas de la Policía Nacional, luego de localizar una carga sospechosa dentro de un contenedor.

La embarcación se encontraba específicamente en la bahía de Panamá, donde las autoridades realizaron una diligencia de allanamiento, registro, verificación y conteo.

Dentro de la carga contenerizada fueron encontrados siete bultos que contenían los 281 paquetes, los cuales también serán analizados por especialistas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses para confirmar el tipo de sustancia.

Ambos casos reflejan una modalidad recurrente utilizada por las redes de narcotráfico: la contaminación de contenedores que transportan mercancías legales.

En estos casos, los grupos criminales introducen paquetes de droga en las unidades de carga y posteriormente reemplazan o manipulan los sellos de seguridad, con la intención de que los cargamentos pasen inadvertidos durante las inspecciones portuarias.

Esta forma de tráfico fue nuevamente expuesta durante la Operación Taurus, desarrollada días antes en la provincia de Colón por el Ministerio Público y el Senan. La investigación estaba dirigida contra nueve personas presuntamente vinculadas con delitos relacionados con drogas y tráfico internacional, entre ellas extrabajadores portuarios y transportistas de carga.

La operación surgió después de varios decomisos realizados entre 2022 y 2024, periodo durante el cual el Senan incautó más de 1.5 toneladas de cocaína en dos terminales portuarias de Colón. Según las investigaciones, el grupo utilizaba las plataformas logísticas de los puertos para contaminar contenedores con droga que tenía como destino final el mercado europeo.

Durante Taurus se realizaron nueve allanamientos en Buena Vista, Puerto Pilón, Cativá, Sabanitas y Cristóbal. Las autoridades aprehendieron a siete ciudadanos panameños, mientras otras dos personas quedaron pendientes de ubicación. También decomisaron un arma de fuego, tres proveedores calibre nueve milímetros, 49 municiones, 11 equipos electrónicos y cuatro sellos de la Autoridad Nacional de Aduanas, un elemento que refuerza la hipótesis sobre la manipulación de cargas y contenedores.

Además, durante las diligencias fueron incautados B/.6.447 en efectivo, teléfonos celulares, computadoras portátiles y radios. Los investigadores buscan determinar la participación específica de cada uno de los señalados y establecer si mantenían vínculos con organizaciones internacionales encargadas de recibir la droga en puertos europeos.

Las nuevas incautaciones se suman a las 47,04 toneladas de drogas decomisadas en Panamá entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con cifras preliminares del Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales.

Del total, 28.47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras el resto estuvo compuesto por metanfetaminas, THC, éxtasis y otras sustancias.

Colón encabezó las incautaciones durante los primeros cinco meses del año con 13.38 toneladas, seguido por Panamá, con 9.52 toneladas; Panamá Oeste, con 9,09 toneladas; Chiriquí, con 7.24 toneladas, y Los Santos, con 4.94 toneladas. Mayo fue el mes con mayor volumen decomisado, al registrar 12.49 toneladas, por encima de las 10.50 toneladas reportadas en febrero.

El comportamiento reciente mantiene a Panamá como uno de los países con mayores decomisos de droga en la región. Entre 2021 y 2025, las autoridades incautaron aproximadamente 659.94 toneladas de sustancias ilícitas, con un récord de 145,2 toneladas en 2021.

Los registros anuales fueron de 138.4 toneladas en 2022, 129.9 toneladas en 2023, 124.4 toneladas en 2024 y 122,04 toneladas en 2025.

La ubicación geográfica del país, sus puertos en ambos océanos y el elevado movimiento de contenedores convierten a Panamá en un punto atractivo para las organizaciones criminales.

Las autoridades han reforzado los controles portuarios y las operaciones de inteligencia, aunque los últimos decomisos evidencian que las redes continúan intentando utilizar buques comerciales y cargas legales para transportar droga hacia Europa y otros destinos internacionales.

La Policía Nacional de República Dominicana confirmó la llegada al país de Claudio Sebastián Grullón Liriano, conocido como “El Mello”, extraditado desde España para enfrentar cargos por su presunta participación en un doble homicidio ocurrido en el año 2021 en Santiago de los Caballeros.

El caso, que dejó dos hombres fallecidos y tres personas heridas, ocurrió el 20 de enero de ese año en el sector Ensanche Espaillat. Las investigaciones preliminares señalan que el incidente estaría vinculado a una disputa entre grupos rivales.

Grullón Liriano fue recibido en el Aeropuerto Internacional de Las Américas tras ser localizado en España, donde había estado en condición de prófugo.

Su captura y extradición respondieron a una orden de arresto y a una notificación roja internacional. Tras su llegada a territorio dominicano, fue puesto a disposición del Ministerio Público.

La Policía Nacional reiteró su compromiso de colaborar con autoridades nacionales e internacionales para garantizar que los responsables de crímenes graves respondan ante la justicia y ningún hecho criminal quede sin sanción.

Durante 2026, República Dominicana ha gestionado múltiples extradiciones, tanto de nacionales como de extranjeros, requeridos por distintos países por delitos graves.

En el primer cuatrimestre del año, el Poder Ejecutivo autorizó la extradición de al menos 20 personas hacia América y Europa, principalmente por asociación delictiva, asesinatos, narcotráfico y lavado de activos. Estados Unidos encabezó la lista de países solicitantes con 13 requerimientos, seguido por Italia, España, Chile, Países Bajos, Polonia y Reino Unido, cada uno con un caso.

Entre los extraditados figuran Louis Junior Rodríguez Serrano, quien fue enviado a Estados Unidos para responder por cargos de fraude electrónico, postal y lavado de activos.

También se encuentra Wady Joel Díaz Meléndez, reclamado por Estados Unidos por un cargo de asesinato en primer grado. Asimismo, Pedro José Espinal Arthur, extraditado por su presunta participación en una organización dedicada al tráfico de cocaína y lavado de dinero.

Mientras que Kevin Leon Wooden, ciudadano británico, fue entregado al Reino Unido por cargos relacionados con secuestro, lesiones graves y asesinato. De igual manera, Szymon Tomkiel, ciudadano polaco, fue extraditado para cumplir condena por la justicia de Polonia.

También, Thelmo Issa Ortega Luna, solicitado por España por tráfico de drogas, fue entregado a las autoridades de ese país. Y Juan Carlos Rosa Viloria, se extraditó a Chile por cargos de homicidio simple y porte ilegal de armas.

La Procuraduría General de la República detalló que en lo que va de año han sido extraditados desde Colombia los dominicanos José Nicolás Castillo Hart y Matías Avelino Castro, ambos vinculados a homicidio y delitos relacionados con narcotráfico y lavado de activos.

También se extraditó al colombiano Pedro Alveiro Páez Cifuentes por actividades de narcotráfico y lavado.

Desde Estados Unidos, se recibió a Affre Antonio Beato Ortega, acusado de asesinato, y a Henry Ambiorix Santana Taveras, procesado por violación a la ley de armas y tentativa de homicidio.

En el caso de España, además de Grullón Liriano, fueron entregados Julissa Altagracia Mejía Saviñón por implicación en un accidente de tránsito y Eliezer Carrasco por robo a mano armada.

Estas acciones reflejan la colaboración activa entre República Dominicana y organismos internacionales para enfrentar la criminalidad organizada y el crimen transnacional.

Las autoridades insisten en que ningún delito quedará impune y que el país continuará fortaleciendo los mecanismos de cooperación para asegurar la extradición y el procesamiento de personas requeridas por la justicia tanto a nivel local como internacional.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para colaborar con información que permita ubicar a Carlos Roberto Aguilar Becerra, alias “Robert”, y Franklin Ariel Acevedo Zúñiga, alias “Franklin” o “Franklito”, considerados dos de los delincuentes más buscados de Panamá por su presunta vinculación con delitos de delincuencia organizada.

Ambos mantienen vigente una notificación roja de Interpol, lo que amplía su búsqueda a nivel internacional, mientras las autoridades insisten en que continúan siendo objetivos prioritarios en la lucha contra el crimen organizado.

La publicación difundida por la institución en sus redes sociales forma parte de una campaña permanente para localizar a los presuntos cabecillas de la organización Humildad y Pureza (HP), una estructura criminal que, según investigaciones del Ministerio Público y la Policía Nacional, evolucionó de una pandilla dedicada a robos entre 2016 y 2017 hasta convertirse en un eslabón clave de las redes internacionales de narcotráfico que operan entre Colombia, Panamá, Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

De acuerdo con las investigaciones, el grupo mantiene vínculos con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), también conocidas como Clan del Golfo, actuando como receptor, custodio y transportista de grandes cargamentos de cocaína que ingresan al territorio panameño.

Las autoridades atribuyen a “Robert” y “Franklin” un papel central dentro de esa organización. Ambos son requeridos por investigaciones relacionadas con narcotráfico, delincuencia organizada, homicidios por encargo, porte ilegal de armas y blanqueo de capitales, delitos que, según la Fiscalía Especializada contra la Delincuencia Organizada, forman parte de la estructura criminal que dirigían.

La Policía ofrece 100.000 dólares por información que conduzca a la captura de Aguilar Becerra y 75.000 dólares por Acevedo Zúñiga, para un total de 175.000 dólares en recompensas, cifras superiores a las ofrecidas cuando fueron declarados prófugos en 2021.

La historia de Los HP cambió radicalmente en diciembre de 2021, cuando las autoridades ejecutaron la Operación Damasco, considerada uno de los mayores golpes contra esta organización.

Durante el operativo fueron detenidas alrededor de 30 personas, entre ellas presuntos colaboradores de la estructura, mientras que las investigaciones también alcanzaron a una funcionaria del Órgano Judicial y a Teresina Vigil, conocida como “La Patrona”, señalada por la Fiscalía de brindar apoyo logístico al grupo. Sin embargo, “Robert” y “Franklin” lograron escapar, convirtiéndose desde entonces en los principales prófugos del caso.

Las investigaciones sostienen que la organización operaba como una franquicia criminal al servicio del Clan del Golfo. Su función consistía en recibir cargamentos de droga procedentes de Colombia en las costas de Colón, almacenarlos temporalmente y trasladarlos posteriormente hacia la ciudad de Panamá o Centroamérica, utilizando rutas marítimas y terrestres.

Ese modelo permitió a la banda expandir sus operaciones y diversificar sus actividades hacia el sicariato, el lavado de dinero y el tráfico de armas, consolidándose como una de las estructuras criminales más importantes identificadas por las autoridades panameñas.

Aunque los dos principales cabecillas continúan prófugos, este año las autoridades han seguido golpeando estructuras vinculadas al nombre HP.

El pasado 25 de junio, la Policía Nacional y el Ministerio Público ejecutaron la Operación Bastión, mediante la cual fueron capturados seis presuntos integrantes de la pandilla HP San Joaquín, incluido su supuesto líder, alias “Cálido Lince”, investigado por homicidios, lesiones personales y delitos relacionados con drogas. Durante los allanamientos también fue decomisada un arma de fuego y otros indicios.

Las acciones continuaron semanas después. El 9 de julio, unidades policiales localizaron en una zona boscosa de San Joaquín a dos presuntos integrantes de esa misma estructura, conocidos con los alias “Mata Sapo” y “Potongo”, quienes permanecían prófugos tras la Operación Bastión.

Posteriormente, un juez de garantías ordenó su detención provisional mientras avanzan las investigaciones por el delito de asociación ilícita o pandillerismo.

Pese a los operativos, decomisos y decenas de capturas realizadas desde 2021, la captura de “Robert” y “Franklin” sigue siendo considerada una pieza clave para cerrar uno de los expedientes más emblemáticos contra el crimen organizado en Panamá.

La permanencia de ambos en condición de prófugos, sumada a las alertas rojas de Interpol y al aumento de las recompensas por información que permita ubicarlos, refleja que las autoridades consideran que la desarticulación total de Los HP aún no estará completa mientras sus presuntos máximos líderes permanezcan fuera del alcance de la justicia.

Las organizaciones dedicadas al narcotráfico continúan recurriendo al uso de caletas subterráneas para ocultar cargamentos de droga, protegerlos de las autoridades y mantenerlos almacenados hasta encontrar el momento adecuado para trasladarlos por mar, tierra o aire hacia mercados internacionales.

Esta modalidad volvió a quedar al descubierto en Panamá luego de que unidades del Servicio Nacional Aeronaval localizaran una caleta clandestina en el sector de Cuango, Costa Arriba, de Colón, donde permanecían enterrados 280 paquetes de presunta sustancia ilícita.

El hallazgo fue resultado de labores de inteligencia y patrullajes terrestres desarrollados por unidades aeronavales desplegadas en el área. Tras varias horas de búsqueda, los agentes encontraron cinco sacos ocultos bajo tierra, una técnica utilizada por las organizaciones criminales para disminuir el riesgo de que la droga sea detectada durante operativos de vigilancia.

Las llamadas caletas constituyen uno de los métodos más utilizados por las redes del narcotráfico internacional en países de tránsito como Panamá.

Estos depósitos clandestinos suelen construirse en áreas boscosas, fincas, playas, manglares o zonas de difícil acceso, donde los cargamentos permanecen ocultos durante días o incluso semanas antes de ser recuperados por otros integrantes.

El objetivo es reducir la exposición de la droga durante los traslados y fragmentar la cadena logística para dificultar las investigaciones.

Tras el hallazgo en Cuango, la Aeronaval coordinó con la Fiscalía de Drogas de Colón y Guna Yala el traslado de la evidencia hasta la Base Aeronaval Almirante Cristóbal Colón, en Sherman. Allí fueron contabilizados 280 paquetes distribuidos en cinco sacos, cuyo contenido será confirmado mediante análisis periciales.

Con esta incautación, el Senan informó que durante 2026 ha decomisado 42.502 paquetes de sustancias ilícitas en 74 operaciones antidrogas, como parte de acciones permanentes para combatir las organizaciones criminales dedicadas al tráfico internacional.

Las cifras oficiales reflejan que Panamá continúa siendo uno de los principales corredores del narcotráfico en la región. De acuerdo con el Sistema Nacional Integrado de Estadísticas Criminales (SIEC), entre enero y mayo de este año fueron decomisadas 47,04 toneladas, de las cuales 28,47 toneladas correspondieron a cocaína y 18,45 toneladas a marihuana, mientras que el resto se distribuyó entre metanfetaminas, THC, éxtasis.

El informe también muestra que Colón concentra el mayor volumen de incautaciones del país, con 13,38 toneladas, seguido por Panamá (9,52 toneladas), Panamá Oeste (9,09 toneladas), Chiriquí (7,24 toneladas) y Los Santos (4,94 toneladas).

En el otro extremo aparecen Darién con 1,83 toneladas, Coclé con 0,77 y Guna Yala con 0,25 toneladas, mientras que Veraguas y Herrera no reportaron decomisos durante ese período.

El comportamiento mensual evidencia además que mayo fue el mes con mayor cantidad de droga decomisada, al acumular 12,49 toneladas, por encima de febrero (10,50 toneladas) y enero (9,95.

Las investigaciones por delitos relacionados con drogas también continúan avanzando en distintas provincias. En Chiriquí, la Fiscalía Regional logró una condena de 80 meses de prisión contra un hombre que aceptó su responsabilidad por el delito de comercialización de sustancias ilícitas.

El condenado fue capturado el pasado 23 de julio en David, durante una diligencia de registro e inspección en la que las autoridades encontraron drogas y otros. Además de la pena de prisión, el Tribunal le impuso una inhabilitación.

Mientras tanto, en la provincia de Panamá, la Operación Corsario permitió desarticular una estructura criminal que, según la Fiscalía Superior Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, era investigada desde 2024 con apoyo de autoridades del Reino de España.

Las diligencias de allanamiento realizadas en el corregimiento de Betania culminaron con cinco personas imputadas por presuntos delitos de conspiración para el tráfico de.

Como parte de esa investigación, dos de los imputados permanecerán en detención provisional, mientras que otros tres deberán cumplir la medida cautelar de reporte periódico durante el desarrollo de la investigación. Según la Fiscalía, la organización presuntamente utilizaba una estructura destinada a facilitar operaciones de narcotráfico y lavado de, en un caso que evidencia el alcance internacional de redes.

La percepción de inseguridad en México registró una disminución durante el segundo trimestre de 2026, de acuerdo con los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI. El estudio señala que 59.8% de la población de 18 años y más consideró inseguro vivir en su ciudad durante junio, una cifra menor al 61.5% registrado en marzo y al 63.2% de junio de 2025.

El informe, levantado entre el 22 de mayo y el 12 de junio de 2026, contempla 91 áreas urbanas de interés y se realizó con una muestra de 27 mil 300 viviendas. Aunque el indicador nacional todavía muestra que seis de cada 10 habitantes perciben inseguridad en su entorno, existen ciudades que se encuentran muy por debajo de ese promedio y que destacan por registrar los niveles más bajos de percepción de inseguridad.

Tomando como referencia los porcentajes reportados por el INEGI para junio de 2026, estas son las 10 ciudades o áreas urbanas con menor percepción de inseguridad:

1. San Pedro Garza García, Nuevo León — 10.6%
2. Piedras Negras, Coahuila — 13.9%
3. Saltillo, Coahuila — 16.9%
4. San Nicolás de los Garza, Nuevo León — 16.9%
5. Benito Juárez, Ciudad de México — 17.4%
6. Torreón, Coahuila — 22.5%
7. Nuevo Laredo, Tamaulipas — 26.5%
8. La Laguna, Coahuila-Durango — 28.1%
9. Tampico, Tamaulipas — 28.4%
10. Los Mochis, Sinaloa — 31.2%

La lista se obtiene al ordenar de menor a mayor el porcentaje de población que respondió que vivir actualmente en su ciudad era inseguro. Por ello, no se trata de un ranking de incidencia delictiva ni de una clasificación oficial de “las ciudades con menos delitos”, sino de un listado basado en la percepción ciudadana de inseguridad que mide la ENSU.

San Pedro Garza García encabeza el listado

El municipio neoleonés de San Pedro Garza García se ubicó como el área urbana con la menor percepción de inseguridad de todo el país, con apenas 10.6% de las personas adultas encuestadas que consideraron inseguro vivir ahí.

Sin embargo, el dato también representa un cambio importante respecto al trimestre anterior. En marzo de 2026, la percepción de inseguridad en esta zona era de apenas 4.4%, por lo que aumentó 6.2 puntos porcentuales en tres meses. El propio INEGI identificó a San Pedro Garza García como el área urbana con el mayor incremento porcentual entre marzo y junio, aunque se mantuvo en el primer lugar nacional por su bajo nivel de percepción de inseguridad.

En segundo lugar aparece Piedras Negras, con 13.9%, mientras que Saltillo y San Nicolás de los Garza empatan con 16.9%. En el caso de Saltillo, la cifra prácticamente no cambió frente a marzo, cuando registró 16.7%. San Nicolás, por su parte, presentó una reducción respecto al 19.4% registrado tres meses antes.

El norte concentra buena parte de las ciudades con menor percepción de inseguridad

El listado muestra una marcada presencia de ciudades del norte del país. Coahuila coloca cuatro áreas urbanas entre las 10 con menor percepción de inseguridad, al incluir Piedras Negras, Saltillo, Torreón y La Laguna. Nuevo León aporta dos: San Pedro Garza García y San Nicolás de los Garza; mientras que Tamaulipas también aparece con Nuevo Laredo y Tampico.

La Ciudad de México entra en el listado con la alcaldía Benito Juárez, que registró 17.4%, mientras que Sinaloa aparece con Los Mochis, con 31.2%.

Entre las variaciones más relevantes destaca Nuevo Laredo, que redujo su percepción de inseguridad de 34.8% en marzo a 26.5% en junio, una disminución estadísticamente significativa. Los Mochis, en contraste, pasó de 21.1 a 31.2%, por lo que, pese a encontrarse entre las 10 áreas urbanas con menor percepción de inseguridad, también registró uno de los mayores incrementos trimestrales.

Los resultados de la ENSU muestran así un panorama contrastante. Mientras el promedio nacional descendió y algunas ciudades mejoraron de manera importante, la percepción de inseguridad continúa siendo elevada en otras zonas del país. Además, la sensación de riesgo no es uniforme: 65.6% de las mujeres y 52.6% de los hombres consideraron inseguro vivir en su ciudad durante junio.

El estudio también revela que los espacios que generan mayor sensación de vulnerabilidad son los cajeros automáticos ubicados en la vía pública, con 70.3%; la calle, con 63.4%; el transporte público, con 62.4%; y las carreteras, con 56.3%.

De esta manera, la ENSU de junio de 2026 muestra que, aunque la percepción nacional de inseguridad mantiene niveles elevados, San Pedro Garza García, Piedras Negras, Saltillo, San Nicolás de los Garza y Benito Juárez destacan como las áreas urbanas donde una menor proporción de habitantes considera inseguro vivir.

La violencia psicológica es hoy el delito más frecuente dentro de las lesiones personales investigadas por el Ministerio Público en Panamá y, lejos de disminuir tras el endurecimiento de las penas aprobado este año, continúa en ascenso.

Entre enero y junio de 2026 se registraron 2,792 noticias criminales por este delito, un incremento del 66% respecto al mismo período de 2025, convirtiéndose en la modalidad con mayor crecimiento entre los delitos contemplados en este capítulo del Código Penal.

El aumento resulta especialmente llamativo porque en febrero pasado la Asamblea Nacional aprobó una reforma al Código Penal para elevar las sanciones contra quienes cometan violencia psicológica, ampliando además la protección para que la norma alcance a cualquier víctima, sin importar su sexo o edad.

Sin embargo, las cifras oficiales muestran que el endurecimiento de las penas todavía no ha logrado persuadir a quienes incurren en este tipo de agresiones, uno de los principales desafíos para las autoridades encargadas de prevenir y perseguir este delito.

La reforma modificó el artículo 138-A del Código Penal, estableciendo penas de cinco a ocho años de prisión para quien, mediante amenazas, intimidación, persecución, chantaje, acoso, humillaciones, aislamiento o exigencias de obediencia y sumisión, cause violencia psicológica contra otra persona.

La ley también dispone que si se demuestra un daño psíquico comprobado en la víctima, la sanción podrá aumentar entre una tercera parte y la mitad del máximo previsto, reforzando el carácter punitivo de la norma.

La violencia psicológica no deja heridas visibles, pero especialistas en salud mental y organismos internacionales coinciden en que puede generar consecuencias tan graves como una agresión física.

Entre sus efectos más frecuentes figuran la ansiedad, la depresión, la pérdida de autoestima, el aislamiento social, el miedo permanente, el estrés postraumático y, en los casos más severos, pensamientos suicidas.

Debido a que suele manifestarse mediante conductas repetitivas y de difícil prueba, muchas víctimas tardan años en denunciar o nunca llegan a hacerlo.

El informe estadístico del Ministerio Público revela que la violencia psicológica representa casi la mitad de todos los delitos de lesiones personales registrados durante el primer semestre del año.

De las 5,854 noticias criminales contabilizadas, 2,792 correspondieron a esta modalidad, superando ampliamente a las lesiones personales simples, que sumaron 2,094 casos.

Las estadísticas también muestran que Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias por violencia psicológica, con 1,088 casos, seguida por Panamá Oeste, con 559; Chiriquí, con 271; Veraguas, con 181; San Miguelito, con 175; y Coclé, con 155. Estas cifras reflejan que el fenómeno afecta tanto a las provincias más pobladas como a otras regiones del país.

Aunque el crecimiento de la violencia psicológica es el dato más preocupante del informe, no fue el único delito que aumentó. Las lesiones personales simples pasaron de 1,714 a 2,094 casos, un incremento del 22%, mientras que las lesiones culposas simples aumentaron de 606 a 762 , equivalente al 26%.

Más preocupante aún resulta el comportamiento de las lesiones personales con resultado de muerte, que crecieron un 167%, al pasar de seis a 16 investigaciones durante el mismo período.

En contraste, las lesiones personales agravadas disminuyeron un 21%, al bajar de 129 a 102 casos, mientras que las lesiones contra servidores de seguridad pública descendieron un 32%, pasando de 129 a 88 investigaciones.

A pesar de estas reducciones, el balance general refleja que los delitos de lesiones personales aumentaron un 37% en el país, al pasar de 4,264 casos en el primer semestre de 2025 a 5,854 durante el mismo período de 2026.

El incremento del 66% registrado después del endurecimiento de las penas evidencia que la reforma penal, por sí sola, no ha logrado frenar el crecimiento de este delito.

Especialistas consideran que, además del aumento de las condenas, será indispensable fortalecer la prevención, incentivar la denuncia, ampliar la atención psicológica a las víctimas y mejorar la capacidad del sistema de justicia para investigar y sancionar oportunamente una forma de violencia que no deja lesiones físicas visibles, pero que puede ocasionar daños permanentes en la salud mental y la calidad de vida de quienes la padecen.

Las autoridades panameñas reactivarán de manera gradual las visitas en las cárceles y centros de detención, casi dos meses después de la fuga masiva de 195 privados de libertad de La Joyita, un episodio que obligó al Gobierno a suspender los encuentros familiares y reforzar los controles dentro del sistema penitenciario.

La Dirección General del Sistema Penitenciario informó que la reapertura fue autorizada mediante la Resolución número 6165, emitida el 23 de julio de 2026. El proceso se desarrollará en dos fases y estará acompañado de nuevas restricciones para los visitantes, mayores revisiones de seguridad y límites sobre los artículos que podrán ingresar.

La primera etapa comenzará el martes 28 de julio en los centros de detención ubicados dentro de cuarteles policiales. Posteriormente, el lunes 3 de agosto, se retomarán las visitas en La Joya, La Joyita, Mega Joya, El Renacer, Tinajitas, el Centro Femenino La Esmeralda y el centro penitenciario de Colón.

El retorno de los familiares se producirá bajo controles más estrictos de organización, ingreso y permanencia, según adelantó el Sistema Penitenciario. La institución aseguró que las medidas buscan garantizar un proceso seguro y ordenado, además de preservar la integridad de los detenidos, sus visitantes y el personal asignado a cada instalación.

Una de las principales modificaciones establece que solo podrá registrarse una persona por cada privado de libertad. Ese visitante será el único autorizado para ingresar al centro penitenciario y deberá ajustarse a los días y horarios fijados por la administración de cada cárcel.

La resolución también restringe de forma considerable la cantidad de prendas y productos de aseo permitidos durante las visitas. Cada persona podrá llevar tres suéteres, tres pantalones, tres prendas de ropa interior, una toalla, un par de chancletas y dos rollos de papel higiénico.

Además, estará autorizado el ingreso de un jabón de baño, una pasta dental, un cepillo de dientes, un desodorante, un galón de agua y una barra de jabón para lavar. Cualquier artículo distinto a los incluidos expresamente en el listado será rechazado por los agentes encargados de las inspecciones.

El Sistema Penitenciario advirtió que el cumplimiento de las nuevas disposiciones será obligatorio para todos los visitantes. Las personas que incumplan los controles o intenten introducir objetos no autorizados no podrán ingresar, una medida con la que se pretende reforzar la disciplina y reducir las vulnerabilidades dentro de los establecimientos.

La reapertura ocurre después de la fuga de 195 reclusos registrada el 1 de junio en La Joyita, uno de los mayores golpes sufridos por el sistema penitenciario panameño. La evasión provocó una operación nacional de búsqueda, revisiones internas y el endurecimiento de los procedimientos de acceso a las cárceles.

Durante las últimas semanas, la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial han concentrado sus operativos en Panamá Oeste y otras zonas del país, donde han sido localizados varios de los prófugos. Dos de los evadidos fueron recapturados recientemente en distintos sectores del distrito de Arraiján.

Uno de ellos es Joshua Darío Hurtado Stanziola, de 21 años, localizado dentro de una residencia en Nuevo Chorrillo, corregimiento de Cerro Silvestre. Su captura fue posible mediante labores de investigación desarrolladas por la Dirección de Investigación Judicial y datos suministrados a través de la colaboración ciudadana.

Además del proceso relacionado con su evasión, Hurtado Stanziola era requerido por su presunta vinculación con un homicidio ocurrido el 7 de junio en el sector de Patio Limoso, en Cerro Cocobolo. Tras su aprehensión, fue puesto a disposición del Ministerio Público para continuar las investigaciones correspondientes.

El segundo recapturado fue Luis Pino Araúz, quien permanecía oculto dentro de una letrina en el sector de Invasión de Villa Antigua, corregimiento Juan Demóstenes Arosemena. Los agentes llegaron al lugar después de recibir una alerta sobre un hombre sospechoso en un terreno baldío cercano a la vía hacia Chapala.

Según la Policía Nacional, Pino Araúz fue encontrado acostado sobre una colchoneta dentro de la estructura. Cuando escapó de La Joyita, permanecía privado de libertad por un delito contra la vida y la integridad personal, específicamente bajo la modalidad de homicidio.

Con estas últimas aprehensiones, 188 de los 195 evadidos ya han sido recapturados, mientras siete continúan prófugos. La Policía mantiene operativos en diferentes puntos del territorio y ha pedido a la ciudadanía evitar cualquier intento de confrontación con las personas buscadas.

Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta 4,000 dólares por información efectiva que permita localizar y detener a cada uno de los fugitivos restantes. Los datos pueden ser suministrados de manera confidencial a través de los canales habilitados por los estamentos de seguridad.

La reactivación de las visitas representa un intento por recuperar cierta normalidad dentro del sistema penitenciario, pero se producirá bajo un escenario mucho más restrictivo. El desafío para las autoridades será mantener el contacto familiar de los detenidos sin repetir las fallas de control expuestas por la fuga masiva.

Aunque las nuevas medidas se concentran en reforzar los controles durante las visitas de familiares, diversos sectores de la sociedad también han planteado la necesidad de fortalecer la supervisión sobre el personal de custodia.

El argumento surge a partir de los numerosos decomisos realizados en los últimos meses dentro de distintos centros penitenciarios, donde las autoridades han encontrado armas de grueso calibre, antenas satelitales, paneles solares, drones, cientos de teléfonos celulares y más de 500 televisores, equipos cuyo tamaño y características hacen poco probable que hayan sido introducidos únicamente durante los días de visita, por lo que consideran indispensable reforzar los mecanismos de control internos.

Estados Unidos experimentó una disminución del 18% en la tasa de homicidios durante los primeros seis meses de 2026 respecto al mismo periodo de 2025, de acuerdo con un informe del Council on Criminal Justice (CCJ), una organización independiente dedicada al análisis de políticas de seguridad. El descenso en asesinatos, verificado en las principales ciudades del país, equivale a 215 homicidios menos y podría ubicar la tasa anual en su nivel más bajo en más de cien años, según publicó The Associated Press el 23 de julio.

El estudio del CCJ monitoreó 13 categorías de delitos en 30 ciudades de Estados Unidos y detectó descensos en nueve de ellas, incluyendo homicidios, robos residenciales, robos de automóviles y asaltos agravados. Los datos se obtuvieron de departamentos de policía y otras fuentes oficiales. El informe anual del CCJ es citado por medios internacionales y consultado por autoridades locales y federales.

Este descenso ocurre después de varios años en los que la violencia aumentó, especialmente durante la pandemia de COVID-19. La tendencia actual, según el CCJ, marca un cambio respecto a los picos registrados entre 2020 y 2022 y podría consolidarse como la mayor baja en décadas si se mantiene hasta fin de año.

¿Cómo evolucionó la tasa de homicidios en Estados Unidos en 2026?

Según el Council on Criminal Justice, la tasa de homicidios bajó un 18% en el primer semestre de 2026 comparado con 2025. Esta reducción representa la mayor caída interanual en décadas. El análisis incluyó ciudades grandes y medianas, como Nueva York, Los Ángeles, Chicago y Washington D.C., donde tradicionalmente se concentra la mayor parte de los delitos violentos.

El informe resalta que la tendencia a la baja superó las expectativas de expertos y autoridades, quienes anticipaban una estabilización o una baja más leve tras los aumentos observados durante la pandemia.

¿Qué ciudades reportaron la mayor baja de homicidios en 2026?

El informe del Council on Criminal Justice identificó a más de 20 ciudades con reducciones importantes en la cantidad de homicidios reportados en los primeros seis meses de 2026 frente al mismo periodo del año anterior. Entre las ciudades con mayores descensos se encuentran:

• Lincoln, Nebraska: 100% menos homicidios
• Rochester, Nueva York: 76% menos homicidios
• Little Rock, Arkansas: 61% menos homicidios
• Arlington, Texas: 60% menos homicidios
• Colorado Springs, Colorado: 53% menos homicidios
• Washington, D.C.: 41% menos homicidios

Otras ciudades como Nueva York (22% menos), Los Ángeles (18% menos) y Detroit (16% menos) también mostraron disminuciones.

¿En qué ciudades aumentaron los homicidios en 2026?

A pesar de la tendencia nacional a la baja, el informe señala que cerca de un tercio de las ciudades estudiadas registró aumentos en homicidios en comparación con 2025. Las subas más marcadas fueron:

• Norfolk, Virginia: 64% más homicidios
• San Francisco, California: 55% más homicidios
• Dallas, Texas: 30% más homicidios
• Salt Lake City, Utah: 20% más homicidios
• Denver, Colorado: 6% más homicidios

Estas cifras reflejan cambios recientes, solo entre 2025 y 2026.

¿Qué ciudades superan los niveles de homicidios de 2019?

El informe también analizó si las ciudades superaron los niveles de homicidios previos a la pandemia (2019). Solo cuatro ciudades registraron más homicidios en 2026 que en 2019:

• Norfolk, Virginia
• Austin, Texas
• Pittsburgh, Pennsylvania
• Minneapolis, Minnesota

Es importante aclarar que algunas de estas ciudades, como Austin y Pittsburgh, no figuraron entre las de mayor aumento en 2026 respecto a 2025, pero sí muestran un crecimiento sostenido desde 2019, lo que señala un problema más persistente en esos lugares.

¿Cuáles son los factores detrás de la baja de homicidios?

Adam Gelb, presidente del Council on Criminal Justice, explicó que la mejora en las cifras no responde a un solo factor ni a una política específica. Según Gelb, “los homicidios y otros delitos están bajando en ciudades con diferentes gobiernos, realidades económicas y estrategias policiales”, según fue recogido por The Associated Press. Esto sugiere que los cambios afectan a todo el país y no solo a jurisdicciones particulares.

John Roman, director del Center on Public Safety and Justice del National Opinion Research Center (NORC) de la Universidad de Chicago, señaló que la caída puede estar relacionada con una menor demanda de drogas ilegales y el uso de fondos federales destinados a programas sociales después de la pandemia. Roman indicó que parte de ese dinero se usó para contratar docentes y trabajadores sociales que atienden a jóvenes en riesgo.

Además, el informe del CCJ destaca que la letalidad de los crímenes violentos bajó un 23%. Esto significa que, aunque se producen delitos graves, una menor proporción termina en muertes.

¿Qué delitos aumentaron en 2026?

El análisis del Council on Criminal Justice también detectó que el hurto en comercios (shoplifting) subió un 5% respecto a 2025, mientras que los incidentes de violencia doméstica, agresiones sexuales y delitos de drogas registraron leves incrementos. Sin embargo, los delitos de drogas permanecen por debajo de los niveles de 2019.

El informe subraya que, a pesar del descenso en homicidios y otros delitos graves, la dinámica varía según la categoría delictiva y la ciudad.

¿Cómo se recopilaron los datos del informe?

El Council on Criminal Justice obtiene sus datos de reportes policiales y fuentes oficiales. Algunas categorías incluyen hasta 36 ciudades, mientras que otras consideran menos urbes por diferencias en definiciones y seguimiento de cada delito. El informe es publicado anualmente y es citado por medios internacionales como The Associated Press.

¿Qué impacto tiene esta tendencia en la política y la sociedad?

La baja de homicidios y de la letalidad de los delitos violentos influye en la percepción de seguridad y en las políticas públicas. Tanto Demócratas como Republicanos han intentado atribuirse el mérito de la mejora, según The Associated Press. Los primeros destacan la legislación federal para el control de armas impulsada por el expresidente Joe Biden, mientras que los segundos mencionan operativos federales y la participación de la Guardia Nacional en ciudades como Los Ángeles y Memphis.

El informe del CCJ remarca que la tendencia a la baja se observa en ciudades con gobiernos y políticas policiales muy diversos, lo que apunta a factores nacionales más que a estrategias locales.

¿Qué se espera para el resto de 2026?

Las cifras del primer semestre serán revisadas al cierre del año, cuando se publiquen los datos anuales finales. Según Adam Gelb, presidente del Council on Criminal Justice, “estos resultados deberían ser estudiados para extraer lecciones de política pública en el futuro”.

La evolución dependerá de factores económicos, sociales y de las políticas adoptadas a nivel nacional y local, según el informe citado por The Associated Press.

La Policía Nacional intensificó la búsqueda de 10 presuntos integrantes de la estructura criminal “MF” o Mafia Filipina, considerada una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en el corregimiento de Betania, pocos días después de que un operativo conjunto con el Ministerio Público permitiera la captura de 14 personas vinculadas a la red.

La institución pidió a la ciudadanía colaborar de manera anónima a través de las líneas 104, 524-2514 y 511-9081, con el objetivo de ubicar a los requeridos, quienes son investigados por la presunta comisión de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y pandillerismo. La Policía sostiene que la captura de estas personas resulta clave para completar la desarticulación de la estructura.

La ofensiva contra la denominada Mafia Filipina comenzó esta semana con una serie de allanamientos simultáneos en los edificios Santa María y Tira Chucunaque, en el corregimiento de Betania, considerados por los investigadores como uno de los principales centros de operaciones de la organización.

Durante las diligencias fueron detenidos 14 presuntos integrantes, además de dos personas capturadas en el Aeropuerto Internacional de Tocumen tras arribar en un vuelo procedente de Francia.

En los operativos también fueron decomisados un arma de fuego, sustancias ilícitas y otros indicios que forman parte de la investigación desarrollada por el Ministerio Público y la Dirección de Investigación Judicial.

Según las autoridades, la organización no solo es investigada por delitos relacionados con drogas y lavado de dinero. La Policía la vincula además con homicidios, privaciones de libertad, extorsiones, robos, posesión ilícita de armas de fuego y otros hechos violentos ocurridos en distintos sectores de la capital.

La investigación también permitió identificar la presunta estructura de mando del grupo. Entre los diez hombres que continúan prófugos figuran alias “Woper” y “Toti”, considerados por los investigadores como dos de los principales cabecillas.

En el caso de “Toti”, las autoridades confirmaron que mantiene una notificación roja de Interpol, mecanismo mediante el cual se solicita su localización y captura en cualquier país miembro de la organización policial internacional.

El caso registró un nuevo giro un día después de la publicación de la lista de los más buscados, cuando Roberto Manuel Freeman Lara, de 60 años, se entregó voluntariamente en la Fiscalía de Central Park.

Las autoridades lo identificaron como presunto integrante de la estructura criminal “MF” o Mafia Filipina y lo requerían por la supuesta comisión del delito de conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

La Mafia Filipina aparece identificada por la Policía Nacional como una de las más de 180 pandillas que, según datos oficiales citados por las autoridades, operan en Panamá con vínculos al narcotráfico y capacidad para ejercer influencia tanto en comunidades como dentro del sistema penitenciario.

Los investigadores sostienen que la organización mantiene una estructura jerárquica y una capacidad operativa que trasciende el pandillerismo tradicional, al incorporar delitos financieros como el blanqueo de capitales, además de actividades vinculadas al tráfico de drogas. Esa combinación de delitos es uno de los elementos que llevó a autoridades a describirla como una estructura criminal internacional.

Aunque el operativo representó uno de los golpes más importantes contra la organización en los últimos años, las autoridades consideran que la investigación permanece abierta y que la captura de los requeridos será determinante para esclarecer el funcionamiento completo de la red, identificar otros posibles colaboradores y establecer el alcance de sus operaciones dentro y fuera de Panamá.

Mientras tanto, la Policía insiste en que cualquier información que permita localizar a los prófugos puede suministrarse de forma confidencial mediante los canales oficiales habilitados para ese fin.

Después de permanecer 47 días prófugo, uno de los 195 privados de libertad que escaparon del centro penitenciario La Joyita el pasado 1 de junio fue recapturado este viernes por la Policía Nacional en el sector de Loma Cová, distrito de Arraiján, una captura que reduce a diez el número de evadidos que aún permanecen fuera del control de las autoridades.

El recapturado fue identificado como Edwin González Córdoba, quien permanecía detenido por un delito contra la vida y la integridad personal, en la modalidad de homicidio. Las autoridades mantienen una recompensa de cuatro mil dólares por información que permita localizar a cada uno de los diez privados de libertad que todavía continúan prófugo.

La Policía Nacional informó que la captura se produjo durante un operativo desarrollado en Loma Cová, en el distrito de Arraiján, como parte de las acciones de búsqueda que se mantienen activas desde la fuga masiva ocurrida hace más de un mes y medio.

Con esta recaptura, las autoridades han logrado ubicar a 186 de los 195 reclusos que escaparon de La Joyita el 1 de junio, una evasión que provocó una de las mayores crisis recientes del sistema penitenciario panameño y puso en evidencia fallas en los mecanismos de seguridad del principal centro penitenciario del país.

Aunque la mayoría de los evadidos ya ha sido localizada, la Policía Nacional y el Ministerio de Gobierno mantienen operativos en distintos puntos del país para capturar a los 9 privados de libertad que aún permanecen prófugos.

Como parte de esta estrategia, las autoridades ofrecen una recompensa de 4.000 dólares por cada uno de los fugitivos, e insisten en que cualquier información sea comunicada mediante los canales oficiales, evitando que la ciudadanía intente enfrentarlos debido a la peligrosidad de algunos de ellos.

Desde la fuga se han realizado allanamientos, retenes, patrullajes y labores de inteligencia en varias provincias, además de investigaciones para determinar cómo fue posible la evasión y establecer eventuales responsabilidades dentro del sistema penitenciario.

La fuga no solo derivó en una intensa operación de búsqueda. Los privados de libertad que han sido recapturados también enfrentan nuevos procesos judiciales por el delito de evasión.

Al menos 31 evadidos ya han sido condenados mediante la validación de acuerdos de pena. Las nuevas sanciones se sumarán a las condenas que los reclusos ya cumplían antes de escapar de La Joyita.

De ese grupo, 22 recibieron penas de 42 meses de prisión, siete fueron condenados a 36 meses, uno a cuarenta y cuatro meses y otro a 47 meses, lo que extenderá el tiempo que deberán permanecer privados de libertad.

El escape masivo también obligó al Gobierno a replantear su estrategia de seguridad penitenciaria.

Tras la evasión, el presidente José Raúl Mulino anunció un plan de “fuerza mayor” para fortalecer el control de las cárceles, que contempla el aislamiento total de líderes de organizaciones criminales, la construcción de una cárcel de máxima seguridad y un endurecimiento de las normas para impedir que los privados de libertad continúen dirigiendo actividades delictivas desde los centros penitenciarios.

El mandatario calificó como “inadmisible” la vulnerabilidad demostrada por el sistema penitenciario y aseguró que el país necesita recuperar el control de las cárceles mediante una política de mayor disciplina, vigilancia y restricciones.

“Prefiero que me acusen de sobrepoblar cárceles a que los pandilleros sigan extorsionando, matando, robando y moviendo droga por todas las calles del país”, afirmó Mulino al presentar las medidas que acompañarán la ofensiva contra las estructuras criminales.

Entre las acciones anunciadas también figuran un mayor despliegue policial, el uso de cámaras corporales, drones y un incremento de la presencia de unidades de seguridad en comunidades con alta incidencia delictiva.

La crisis también coincidió con cambios en la administración del Sistema Penitenciario. A comienzos de julio, Chanan Singh asumió la Dirección General del Sistema Penitenciario en reemplazo de Jorge Torregroza, con el compromiso de reforzar la seguridad, mejorar la gestión administrativa y combatir la corrupción dentro de los centros penales.

Mientras avanzan las reformas anunciadas por el Gobierno, la captura de Edwin González Córdoba representa un nuevo avance en la búsqueda de los reclusos fugados. Sin embargo, diez privados de libertad continúan prófugos, por lo que las autoridades mantienen activos los operativos y el ofrecimiento de recompensas para lograr cerrar uno de los episodios más críticos que ha enfrentado recientemente el sistema penitenciario panameño.

La Operación Impacto Escolar, desplegada para combatir la venta de drogas en áreas cercanas a centros educativos de Panamá, concluyó con 20 acuerdos de pena y otras 16 personas bajo detención provisional, según informó la Procuraduría General de la Nación.

La Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas participó en 33 audiencias posteriores a las diligencias simultáneas realizadas en Bocas del Toro, Chiriquí, Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Colón y Panamá.

Las condenas acordadas oscilan entre 60 y 170 meses de prisión, es decir, entre cinco años y poco más de 14 años. Entre las sanciones validadas por los tribunales aparecen penas de 60, 80, 84, 90, 95, 140, 160 y 170 meses.

Además de los 20 acuerdos, los jueces ordenaron la detención provisional de 16 personas mientras continúan las investigaciones. A otro imputado se le concedió arresto domiciliario, decisión que fue objeto de una apelación.

La operación estuvo dirigida contra personas presuntamente vinculadas con el microtráfico y la comercialización de sustancias ilícitas en las inmediaciones de escuelas. El Ministerio Público explicó que el objetivo es reducir el acceso de niños y adolescentes a las drogas y proteger a las comunidades educativas.

En el área metropolitana se validaron seis condenas. Una persona recibió una pena de 140 meses de prisión, equivalente a 11 años y ocho meses; otras cuatro fueron sentenciadas a 84 meses, o siete años, y un sexto implicado deberá cumplir 80 meses.

En esa misma región, tres personas quedaron bajo detención provisional por el delito contra la seguridad colectiva, en la modalidad de venta de drogas.

En la provincia de Colón, un imputado fue condenado mediante un acuerdo de pena a 84 meses de prisión. Otro permanecerá detenido provisionalmente mientras la Fiscalía desarrolla las diligencias correspondientes.

Panamá Oeste registró cuatro condenas por hechos investigados en los distritos de Chame y San Carlos. Las sanciones fueron de 170, 90, 84 y 60 meses de cárcel. Los tribunales también impusieron tres medidas de detención provisional por presunta venta de drogas.

La pena de 170 meses, equivalente a 14 años y dos meses, figura como la más elevada entre las detalladas por el Ministerio Público tras las audiencias de la operación.

En Veraguas, la Fiscalía de Drogas consiguió que un juez de garantías ordenara la detención provisional de tres ciudadanos. La medida deberá mantenerse durante el desarrollo de las investigaciones, salvo que sea revisada posteriormente por un tribunal.

Para Bocas del Toro se reportó una condena y una detención provisional. En Chiriquí se formularon cargos contra cuatro personas por venta de drogas: una fue condenada, dos quedaron detenidas provisionalmente y a la cuarta se le concedió arresto domiciliario.

En Herrera y Los Santos se validaron cuatro acuerdos de pena. Las condenas fueron de noventa y cinco meses, 90 meses y dos sanciones de 84 meses. También se aplicaron dos medidas cautelares de detención provisional.

Aunque Coclé estuvo entre las provincias intervenidas, la información difundida por la Procuraduría no desglosó los resultados específicos obtenidos en esa jurisdicción. Tampoco identificó a los condenados ni los centros educativos próximos a los puntos investigados.

Otras operaciones contra el narcotráfico

Impacto Escolar formó parte de una serie de intervenciones desarrolladas durante la semana por la Fiscalía de Drogas y los organismos de seguridad. Las autoridades también ejecutaron las operaciones Alianza, Oriente Sin Drogas y Azuero 3, dirigidas contra el narcotráfico, el microtráfico y la conspiración para cometer delitos relacionados con drogas.

En un puerto del Pacífico, agentes de la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional decomisaron 186 paquetes de presunta sustancia ilícita escondidos en la parte inferior de un contenedor cuyo destino era Hong Kong.

En otra acción, la Dirección Nacional Antidrogas localizó 151 paquetes dentro de una embarcación que era remolcada por un camión articulado a la altura del kilómetro 18 de la autopista Panamá-Colón.

En el marco de la Operación Alianza, las autoridades también consiguieron el comiso de cuatro vehículos y dinero en efectivo presuntamente vinculados con seis de los investigados. Esa intervención produjo la imputación de 26 personas por conspiración, tráfico internacional de drogas y delitos conexos.

La Procuraduría señaló que las investigaciones continuarán tanto en la capital como en el interior del país. En el caso de Impacto Escolar, las 20 condenas representan el primer resultado judicial de una ofensiva que coloca nuevamente bajo atención el riesgo que supone la venta de sustancias ilícitas alrededor de los centros educativos.

El dueño de Tamboli’s Pasta & Pizza de Memphis se negó a atender a cuatro miembros de la Guardia Nacional de Tennessee el sábado por la noche y dijo que repetiría esa decisión porque considera que el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis, impulsado por el gobierno federal, ha empeorado la seguridad en Memphis en lugar de mejorarla.

Según Fox News Digital, sitio de noticias de Fox News, Miles Tamboli sostuvo que Memphis ya mostraba una baja en la criminalidad antes de la llegada del grupo de trabajo.

Afirmó que Memphis ya venía mejorando: la delincuencia cayó a su nivel más bajo en 25 años durante los primeros ocho meses de 2025, con base en datos del Departamento de Policía de Memphis y una revisión independiente de la Oficina de Investigación de Tennessee.

La negativa del dueño y su argumento contra el despliegue militar

“Amo este país y amo esta ciudad, y esa es precisamente la razón por la que tomé esta decisión”, dijo Tamboli al medio.

El empresario vinculó su rechazo con una oposición de fondo al despliegue de tropas en tareas de seguridad local. En su versión, el avance previo en la reducción del delito fue resultado del trabajo de los ciudadanos de la ciudad y “no fue obra de los soldados”.

Tamboli afirmó que su decisión apuntó a cuestionar el papel de militares en tareas propias de la policía, porque considera que el problema no es solo político sino también operativo.

“Estar a favor de la seguridad significa decir la verdad sobre lo que realmente protege a una comunidad, y no son soldados entrenados para el combate haciendo el trabajo de policías”, dijo.

Qué es el Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis

El Grupo de Trabajo para la Seguridad de Memphis fue creado en septiembre de 2025 por el presidente Donald Trump para combatir la delincuencia violenta. La iniciativa reúne a la policía local con agentes federales, la Guardia Nacional de Tennessee y la policía estatal para aplicar las leyes de seguridad pública.

Tamboli dijo que los resultados del operativo contradicen su objetivo. Sostuvo que la mayoría de los arrestos del grupo comenzaron con controles de tránsito rutinarios y no con delitos violentos, y afirmó que eso generó miedo entre las familias de la ciudad.

“Lo que el Grupo de Trabajo ha hecho en realidad es hacer que vivir en esta ciudad sea más difícil”, declaró. “Las familias de esta ciudad ahora tienen temor de ir al trabajo en coche, de llevar a sus hijos al colegio y de ser vistas”.

Denuncias sobre controles, temor y un caso citado por el empresario

También afirmó que escuelas de la ciudad informaron ausencias de alumnos provocadas por ese temor. Añadió que este mes un joven de Memphis de 20 años, Tyrin Johnson, murió por disparos de tropas de la Guardia Nacional durante una persecución a pie y que no quedaron imágenes de cámaras corporales ni respuestas para su familia.

Tamboli agregó que esa contradicción ponía en riesgo tanto a los habitantes de la ciudad como a las propias tropas.

En la misma declaración, sostuvo que los fundadores de Estados Unidos dejaron asentada su objeción a los ejércitos permanentes entre la población en la Declaración de Independencia, porque entendían que un país libre no permite que los militares vigilen a sus propios ciudadanos.

Antecedentes familiares, postura pública y repercusión del episodio

En la página web del restaurante, Tamboli señaló que su familia llegó al sur medio de Estados Unidos en 1909 y formó parte del grupo que con el tiempo fue conocido como los italianos del Delta. También dijo que hace meses se sumó a decenas de negocios locales en un compromiso público contra la presencia militar en las calles.

“Tomaría la misma decisión mañana”, afirmó.

En una entrevista con News Channel 3 de Memphis, canal de televisión local de Memphis, admitió que el episodio perjudicó al negocio. “Nada de esto cambia mi postura. Al contrario, confirma por qué esto es importante”, dijo al canal.

La reacción en X incluyó mensajes de rechazo y llamados al boicot. Un usuario escribió: “Soy de Memphis. Tamboli’s Pasta & Pizza se negó a atender a miembros de la Guardia Nacional de Tennessee que simplemente querían comer. Su dueño los rechazó.

Eso es inaceptable. Apoyo a la Guardia Nacional. Los negocios que faltan al respeto a los hombres y mujeres que protegen nuestra ciudad no merecen nuestro apoyo”, junto con la etiqueta #BoycottTamboli.

El incidente ocurrió en una tienda especializada en artículos deportivos ubicada en la colonia Mitras Centro, donde el presunto responsable fue grabado mientras recorría el establecimiento antes de ocultar la prenda entre su ropa para salir del lugar sin realizar el pago correspondiente.

De acuerdo con la información difundida por el negocio, los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas del jueves en un local localizado sobre la avenida Simón Bolívar, uno de los corredores comerciales más transitados de la zona.

Las imágenes de videovigilancia muestran al hombre caminando con aparente tranquilidad entre los pasillos del establecimiento. Después de observar los exhibidores, toma una camiseta de la Selección de Argentina y, aprovechando un momento sin llamar la atención, la esconde rápidamente entre sus pantalones.

Tras guardar la prenda, el sujeto continúa caminando con normalidad hasta dirigirse hacia la salida. En ningún momento fue detenido por el personal de la tienda, por lo que logró abandonar el establecimiento sin despertar sospechas entre los empleados que se encontraban en las cajas o supervisando el local.

Una vez en el exterior, otras cámaras captaron el momento en que el hombre abordó un Renault Fluence blanco, vehículo con el que abandonó el sitio y cuyo rumbo posterior no fue determinado.

El caso comenzó a viralizarse poco después de que la tienda compartiera las imágenes en redes sociales. No obstante, además del video, el negocio llamó la atención por la manera en que decidió buscar al presunto responsable.

En un mensaje publicado con tono humorístico e irónico, los encargados del establecimiento ofrecieron una recompensa a quien proporcionara información precisa sobre el domicilio del hombre, asegurando que el objetivo era hacerle llegar una terminal bancaria para que pudiera pagar la camiseta desde su casa.

La publicación rápidamente acumuló cientos de comentarios y fue compartida por numerosos usuarios, quienes reaccionaron entre bromas e indignación por lo ocurrido a pocos días del partido que definirá al nuevo campeón del mundo.

Sin embargo, la historia dio un giro inesperado horas después.

La página de Facebook Regio Jersey informó que el hombre señalado en las grabaciones decidió regresar voluntariamente al establecimiento para reconocer lo sucedido, ofrecer una disculpa al personal y cubrir el costo total de la camiseta que había sustraído.

El propio negocio confirmó el desenlace mediante un mensaje dirigido a sus seguidores.

“¡Regios! La persona ya pagó, y ya se disculpó. Muchas gracias a todos. Y ya estamos pactando los premios para los que proporcionaron información exacta. No se tomarán represalias ni se interpondrá una denuncia. Ver menos”, publicó la tienda en sus redes sociales.

Con esa decisión, los propietarios informaron que no ejercerán acciones legales contra el involucrado, además de mantener el compromiso de entregar los premios prometidos a quienes aportaron información que ayudó a localizarlo.

El episodio rápidamente se convirtió en tema de conversación en redes sociales, donde muchos usuarios destacaron que la presión generada por la difusión de los videos pudo haber influido en el arrepentimiento del hombre. Otros, en cambio, aplaudieron que el conflicto terminara sin necesidad de un proceso judicial, luego de que el cliente reconociera su conducta, pagara la prenda y ofreciera una disculpa.

Mientras miles de aficionados se preparan para vivir la Final del Mundial 2026 con los colores de España o Argentina, esta peculiar historia terminó recordando que, en ocasiones, un video viral puede cambiar por completo el desenlace de un caso que parecía encaminado a una denuncia formal.

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió su informe de Alerta de Viaje a la Argentina y mantuvo al país en Nivel 1, que invita a cada ciudadano estadounidense a que “tome las precauciones habituales”.

En ese marco, las autoridades realizaron una actualización relevante: la ciudad de Rosario mejoró su calificación y pasó del Nivel 2 al Nivel 1, lo que indica que ya no está señalada específicamente como una zona de mayor riesgo. Aun así, el aviso mantiene una advertencia específica sobre la violencia y los delitos asociados a grupos criminales en esa ciudad.

El embajador Peter Lamelas destacó la novedad con el relato de una experiencia personal: “Recientemente visité la hermosa ciudad de Rosario (hogar de Messi) y, como prometí, gracias a los grandes esfuerzos del gobernador (Maximiliano) Pullaro y el intendente (Pablo) Javkin para reducir significativamente el crimen y hacerla más segura, recomendamos bajar la Alerta de Viajes de EE.UU. a un nivel típico del resto de Argentina. ¡Los turistas deberían disfrutar y los negocios pueden florecer allí!“.

Riesgos de seguridad

El documento, emitido el 10 de julio de 2026, señala que el país es, en general, un destino seguro para los viajeros, aunque conserva alertas por delincuencia y violencia: advierte sobre delitos menores, sobre todo en lugares turísticos populares y en toda la ciudad de Buenos Aires

La delincuencia callejera aparece como un problema en la mayoría de las zonas urbanas, entre ellas la ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires, Rosario y Mendoza. El aviso menciona asaltantes, carteristas, estafadores y ladrones de celulares y carteras.

Esos hechos, detalla el informe, pueden ocurrir en la calle, en restaurantes y vestíbulos de hoteles, en estaciones de micros y tren, en el transporte público y en los puertos de cruceros. El texto también desaconseja guardar objetos de valor en el equipaje facturado.

En Buenos Aires, el aviso identifica a San Telmo, La Boca, Retiro, Palermo y la calle Florida como áreas con índices de criminalidad más altos. Fuera de la capital, menciona suburbios como Lomas de Zamora, Quilmes y Moreno entre las zonas con más delitos violentos.

El documento añade que en La Boca se registraron robos violentos tanto de día como de noche. También recomienda permanecer en las calles principales del circuito turístico y usar taxis gestionados por una central de despacho para entrar y salir del barrio.

El texto pide evitar las villas o asentamientos precarios en toda la Argentina. También alerta sobre robos de equipaje y bolsos en la terminal de autobuses de Retiro en Buenos Aires, en la terminal de Mendoza y en los compartimentos superiores de los autobuses.

Otra advertencia apunta a los “motochorros”, frecuentes en las ciudades. El aviso indica que suelen actuar en pareja y arrebatan relojes, carteras y mochilas, además de forzar autos o meterse en ellos para robar objetos de valor.

Recomendaciones para viajar a Argentina

Entre las medidas prácticas, el aviso indica no resistirse físicamente ante un intento de robo. También recomienda inscribirse en el Programa de Inscripción de Viajeros Inteligentes (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.

El texto además aconseja contratar seguro de viaje y revisar con la aseguradora la cobertura médica, de evacuación y de cancelación. Para los traslados, recomienda reservar con anticipación taxis por despacho, usar aplicaciones de transporte o elegir servicios de remis de tarifa fija en aeropuertos.

Además, advierte sobre estafas con taxis amarillos y negros en aeropuertos internacionales y en los alrededores de Buenos Aires. También alerta sobre estafas financieras y engaños románticos por internet.

Alerta con las app de citas

En el caso de las aplicaciones o sitios web de citas, señala que delincuentes pueden concertar encuentros en una habitación de hotel o en una residencia privada, drogar a la víctima y robarle. Frente a ese riesgo, aconseja reunirse en lugares públicos concurridos, compartir la ubicación desde el celular y avisar a familiares o amigos con quién será el encuentro.

El aviso también recomienda hacer una videollamada previa y no aceptar comida o bebidas de extraños ni dejarlas sin vigilancia. Además, sugiere mantener un plan de comunicación con familiares o amigos y enviar actualizaciones a intervalos fijos.

En el apartado tecnológico, el texto pide actualizar el software antes del viaje y no conectarse a redes wifi públicas. También aconseja proteger datos personales como correos electrónicos, números de teléfono y datos bancarios.

Añade que los ladrones de celulares suelen tener como objetivo a turistas y pueden usar el aparato robado para vaciar cuentas bancarias antes de que la víctima logre bloquearlas. El aviso también menciona el uso de aplicaciones de VPN o VoIP de confianza con sede en Estados Unidos y recomienda revisar la seguridad de las rutas sugeridas por el GPS.

El documento incorpora además una referencia sanitaria de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), que emitieron un aviso de salud para viajeros de Nivel 1 por el virus de los Andes, o hantavirus, en la región. Según el texto, el riesgo para la mayoría de los viajeros es extremadamente bajo.

A eso suma advertencias sobre seguridad turística y fenómenos naturales. Menciona inspecciones poco frecuentes en actividades turísticas, inundaciones entre octubre y marzo, incendios forestales entre diciembre y marzo y terremotos durante todo el año en provincias cercanas a los Andes.

Las pandillas en Panamá volvieron a quedar bajo la lupa de las autoridades tras una nueva ofensiva del Ministerio Público y la Policía Nacional que dejó nueve presuntos integrantes de estructuras criminales aprehendidos en las provincias de Panamá y la zona este de la capital.

Uno de los casos más preocupantes surgió en San Miguelito, donde la investigación reveló que un grupo delictivo no solo estaría vinculado con homicidios, armas y drogas, sino que además amenazaba a menores de edad para obligarlos a integrarse a la organización, una modalidad de reclutamiento forzado que las autoridades consideran una de las expresiones más graves del fenómeno pandilleril.

La principal acción se desarrolló mediante la Operación Harpía, ejecutada por la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita junto con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial (DNIP) y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Los allanamientos, realizados en Valle de Urracá y otros puntos del distrito de San Miguelito, permitieron la captura de siete personas presuntamente vinculadas con un grupo criminal investigado por homicidios ocurridos entre 2025 y 2026, porte ilegal de armas y delitos relacionados con drogas.

Durante las diligencias, las autoridades decomisaron un fusil, presunta droga y otros indicios que ahora forman parte de la investigación. Sin embargo, uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue la presunta estrategia utilizada por la organización para fortalecer sus filas.

Según la Fiscalía, la investigación documentó que integrantes del grupo amenazaban y atacaban a menores de edad para obligarlos a incorporarse a la pandilla, una práctica que refleja la presión ejercida por estas estructuras sobre jóvenes que residen en comunidades vulnerables y que, en muchos casos, terminan involucrados en actividades delictivas bajo intimidación.

En un segundo operativo desarrollado en el sector de San Joaquín, corregimiento de Pedregal, la Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita capturó a otros dos presuntos integrantes de la pandilla Los HP, organización investigada por homicidios, tráfico de drogas y posesión ilegal de armas de fuego.

Estas capturas están relacionadas con la Operación Bastión, desarrollada semanas atrás, mediante la cual las autoridades realizaron 13 allanamientos y seis aprehensiones con el objetivo de desarticular esa estructura criminal que operaba en ese sector de la capital.

Los operativos forman parte del Plan Firmeza, la estrategia impulsada por el Gobierno para contener el crecimiento de la violencia asociada a las pandillas y al narcotráfico.

En paralelo, la Policía Nacional informó que durante las últimas 24 horas fueron aprehendidas 186 personas por diversos delitos. Del total, 108 eran requeridas por oficio judicial, 36 fueron detenidas por microtráfico, nueve en flagrancia, una por narcotráfico y 32 por faltas administrativas. Además, se realizaron 39 allanamientos, se decomisaron cinco armas de fuego, 337 paquetes de droga, municiones y vehículos vinculados a investigaciones criminales.

La nueva ofensiva ocurre en un contexto de creciente preocupación por la evolución de las pandillas en Panamá. Aunque las autoridades sostienen que el número de grupos identificados ha disminuido, advierten que las organizaciones restantes se han vuelto más violentas y especializadas.

De acuerdo con información divulgada recientemente por la Policía Nacional, actualmente operan 121 grupos pandilleriles en el país, frente a los 180 identificados anteriormente. Sin embargo, esa reducción no significa que el problema haya disminuido, ya que muchas de esas estructuras se han fragmentado y ahora funcionan como células vinculadas a organizaciones criminales de mayor alcance relacionadas con el narcotráfico internacional.

Las autoridades identifican al menos ocho grandes estructuras que concentran buena parte de la actividad criminal: Bagdad, Calor Calor, RG4AL, Mafia Filipina, Roca, Los HP, Killa y Sinaloa, organizaciones que mantienen redes de grupos asociados en distintos puntos del país y que disputan territorios utilizados para el almacenamiento, distribución y transporte de drogas.

Según datos oficiales, durante 2026 las autoridades han capturado 242 presuntos pandilleros, de los cuales 186 están vinculados a homicidios y otros 56 a tentativa de homicidio, como resultado de cerca de 250 operaciones desarrolladas en conjunto por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

Las investigaciones también han detectado un cambio en las estrategias de reclutamiento. La Policía ha advertido que varias pandillas están captando jóvenes que abandonan el sistema educativo o provienen de hogares vulnerables, ofreciéndoles dinero, protección o alojamiento para incorporarlos a actividades delictivas.

El caso detectado en San Miguelito representa un paso más allá: el uso de amenazas y agresiones contra menores para forzar su ingreso a estas organizaciones.

En la conferencia en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se presentaron los índices de seguridad en México con gráficas con índices menores en diversos rubros.

En su mensaje inicial de la Mañanera de este 14 de julio, la titular del Ejecutivo federal destacó las 41 vidas que se salvaron cada día.

“Les adelanto que entre septiembre de 2024 y junio de 2026, la reducción en homicidio doloso es de 48%, eso significa que cada día del mes de junio hubo 41 homicidios menos que en septiembre de 2024, prácticamente la mitad.

“Es decir, junio de 2026 tuvo casi la mitad de homicidios que septiembre de 2024, más allá del número representa vidas salvadas, representa vidas que no se perdieron, 41 vidas salvadas o que no fallecieron de junio de 2026 frente a septiembre de 2024”, dijo Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

También comentó que los delitos de alto impacto mostraron un descenso en la comparativa.

Destacando que “junio de 2026 tuvo la mitad o casi la mitad de homicidios que septiembre de 2024″.

Por su parte Marcela Figueroa Franco, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública informó que hasta junio de 2026, con información de las 32 fiscalías estatales del país y a 21 meses de la actual administración, se vio la tendencia de homicidios dolosos de forma mensual de septiembre de 2024 a septiembre de 2026, en la que se observó una disminución de un 48% del promedio diario.

Se registraron 86.9 homicidios en promedio. En mes que concluyó, cerró con un promedio de 45.4 homicidios en promedio, lo que lo ubica como el mes más bajo hasta el momento en este periodo.

Se mostró el promedio de homocidio doloso a nivel nacional bajó hasta 45.4.

Respecto al promedio diario de homicidio doloso a nivel nacional de septiembre de 2025 (86.9) en comparación a junio de 2026 (45.4) hubo una reduccióin de 41 homicidios dolosos diarios.

Homicidio doloso por entidad federativa: 1er semestre de 2026

Ocho entidades federativas concentran el 54% de los homicidios dolosos registrados en México durante el primer semestre de 2026, lo que equivale a 4,835 casos. El promedio nacional es de 280.88 homicidios dolosos por entidad.

Entidades con mayor incidencia

Las ocho entidades con mayor número de homicidios dolosos son:

• Guanajuato: 1,368 casos (15.3%)
• Baja California: 793 casos (8.8%)
• Jalisco: 741 casos (8.3%)
• Estado de México: 633 casos (7.1%)
• Guerrero: 590 casos (6.6%)
• Veracruz: 509 casos (5.7%)
• Chihuahua: 493 casos (5.5%)
• Ciudad de México: 429 casos (4.8%)

Estas entidades superan el promedio nacional y representan más de la mitad de los casos en el país.

Entidades con menor incidencia

Entre las entidades con menor número de homicidios dolosos destacan:

• Durango: 29 casos (0.3%)
• San Luis Potosí: 29 casos (0.3%)
• Baja California Sur: 27 casos (0.3%)
• Yucatán: 15 casos (0.2%)
• Zacatecas: 59 casos (0.7%)

Estas cifras muestran una marcada concentración de la violencia letal en ciertas regiones del país durante el periodo analizado.

Sí al desarme, sí a la paz: suma más de 11 mil armas recolectadas

Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó los avances del programa Si al desarme, sí a la paz que en un periodo del 1 de octubre de 2024 al 9 de julio de 2026 ha recolectado 11 mil 689 armas de fuego y ha intercambiado 12 mil 124 juguetes bélicos por didácticos.

Rodríguez recordó que el pasado jueves, en el marco del Día Internacional de la Destrucción de Armas de Fuego, la presidenta encabezó la recolección de armas en la Basílica de Guadalupe.

La secretaria Rosa Icela Rodríguez informó que la estrategia de atención a las causas brindó más de 7.3 millones de servicios y trámites en el país, con acciones enfocadas principalmente en jóvenes mediante programas de educación, empleo, cultura, deporte y recuperación de espacios públicos. La funcionaria presentó el dato durante el informe de seguridad.

En ese mismo balance, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch reportó que, desde el inicio de la administración de Claudia Sheinbaum y hasta el 30 de junio de 2026, fueron detenidas 59 mil 500 personas, se aseguraron 31 mil armas de fuego y casi 500 toneladas de droga, como resultado de operativos contra grupos delictivos realizados en las últimas semanas.

Rodríguez detalló que el Instituto Mexicano de la Juventud creó mil 788 comités Jóvenes por la Transformación y que en los 61 territorios de paz se impulsaron actividades comunitarias. También indicó que el Tianguis del Bienestar entregó 3.4 millones de artículos decomisados en aduanas a 406 mil personas de 34 municipios y 801 localidades.

García Harfuch destacó la detención de ocho personas relacionadas con el homicidio de la periodista Roxana Guzmán en Veracruz, entre ellas presuntos responsables materiales y cuatro policías municipales involucrados en la privación de la libertad. Aseguró que la investigación continuaría hasta esclarecer el caso y sostuvo que “no habrá impunidad” contra quienes atenten contra periodistas.

El titular de la SSPC agregó que el Plan Kukulcán desplegó a más de 124 mil elementos de instituciones federales y autoridades locales para la seguridad durante los partidos del Mundial de Futbol 2026. Precisó que se realizaron más de 280 operaciones en estadios, aeropuertos, centros de entrenamiento y espacios públicos de la CDMX, Jalisco y Nuevo León, donde México fue sede de 13 partidos, recibió a 17 selecciones nacionales y contó con siete centros de entrenamiento.

El Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó el 10 de julio de 2026 la advertencia de viaje para Santa Lucía, elevando el nivel a 2 y pidiendo a los viajeros que ejerzan mayor precaución por un aumento de delitos violentos. La actualización afecta tanto a ciudadanos estadounidenses como a turistas internacionales que planean visitar la isla caribeña, y se basa en una evaluación oficial sobre la seguridad. La medida se hizo pública a través de canales oficiales de la embajada estadounidense en Barbados y del propio Departamento de Estado.

Según la advertencia, los delitos reportados incluyen robos a mano armada, asaltos, hurtos y agresiones sexuales, con incidentes registrados tanto en zonas urbanas como turísticas. El aviso también resalta que la respuesta policial puede no ser tan rápida como en Estados Unidos, lo que implica un mayor riesgo para los visitantes. Entre las recomendaciones, se incluye evitar mostrar objetos de valor, no abrir la puerta a desconocidos y extremar la vigilancia en lugares públicos.

La decisión de aumentar el nivel de advertencia coloca a Santa Lucía en una situación distinta respecto a otros destinos del Caribe oriental, que continúan bajo nivel 1 de precaución normal. Este cambio se enmarca en la política de revisión periódica de riesgos implementada por el gobierno estadounidense, que ajusta sus guías de viaje de acuerdo con la evolución de la situación de seguridad en cada país.

¿Por qué Estados Unidos elevó la advertencia de viaje para Santa Lucía?

De acuerdo con el Departamento de Estado de Estados Unidos, la actualización responde a un incremento de delitos violentos que han afectado tanto a residentes como a visitantes extranjeros en Santa Lucía. Según el comunicado oficial de la embajada estadounidense en Barbados, “los delitos violentos pueden ocurrir en cualquier lugar de la isla, incluyendo zonas populares entre turistas y resorts”.

La advertencia especifica una serie de delitos que han impactado a ciudadanos estadounidenses, incluyendo “robos a mano armada, asaltos, hurtos y violaciones”. Además, las autoridades han confirmado que algunos estadounidenses han perdido la vida como resultado de incidentes criminales en la isla. El aviso señala que “la mayoría de los delitos contra extranjeros son de oportunidad, como el robo de bolsos y carteristas, pero también se han registrado asaltos violentos”.

¿Qué implica el nivel 2 de advertencia de viaje para Santa Lucía?

El nivel 2, denominado “Ejercer mayor precaución”, indica que los viajeros no deben evitar el destino, pero sí adoptar medidas adicionales de seguridad. Santa Lucía pasa así a una categoría superior de vigilancia, lo que implica riesgos mayores para quienes visitan el país. Entre las recomendaciones oficiales, el Departamento de Estado pide a los turistas:

• Mantenerse alerta en todo momento, especialmente en áreas turísticas y bancos.
• No mostrar signos de riqueza, como relojes costosos o joyas llamativas.
• No abrir la puerta de habitaciones de hotel o residencias a desconocidos.
• Utilizar servicios de transporte confiables y evitar desplazarse por zonas poco transitadas al anochecer.
• No resistirse físicamente en caso de intento de robo.
• Contratar un seguro de viaje que cubra asistencia médica y repatriación.

“Los huéspedes de resorts turísticos han sido víctimas de delitos violentos, y la policía puede demorar en responder en comparación con los estándares estadounidenses”, señala el aviso oficial, recogido también por Reuters y The Associated Press.

¿Qué delitos y riesgos se han identificado en Santa Lucía según la advertencia oficial?

La advertencia oficial del Departamento de Estado de Estados Unidos enumera distintas amenazas, entre ellas:

• Robos a mano armada tanto en la vía pública como en hoteles y alojamientos turísticos.
• Asaltos y agresiones físicas en zonas urbanas y turísticas.
• Hurtos y carteristas, especialmente en playas, centros comerciales y restaurantes.
• Violaciones y delitos sexuales reportados por algunos visitantes.
• Estafas y sobrecargos en zonas frecuentadas por turistas, junto con la presencia de vendedores agresivos.

El aviso también señala que la isla es vulnerable a fenómenos meteorológicos como huracanes, por lo que se recomienda monitorear las condiciones del clima, especialmente durante la temporada del Atlántico.

¿Cómo se compara la advertencia de Santa Lucía con otras islas del Caribe oriental?

Mientras Santa Lucía pasa al nivel 2 de advertencia, otras islas vecinas como San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Montserrat mantienen el nivel 1, correspondiente a precaución normal. Según el Departamento de Estado de Estados Unidos, estos destinos no presentan una amenaza significativa de criminalidad, aunque sí riesgos asociados a huracanes y, en el caso de Montserrat, al volcán Soufrière Hills.

La diferencia en el nivel de advertencia refleja la evaluación periódica de la situación de seguridad, que se ajusta en función de los reportes de delitos y riesgos identificados por las autoridades consulares.

¿Qué medidas deben tomar los viajeros ante la nueva advertencia?

El Departamento de Estado recomienda a los ciudadanos estadounidenses y extranjeros que planean viajar a Santa Lucía tomar las siguientes medidas:

1. Revisar el reporte de seguridad para el Caribe Oriental antes de salir.
2. Inscribirse en el programa Smart Traveler Enrollment Program (STEP) para recibir alertas y facilitar la localización en caso de emergencia.
3. Consultar las leyes y costumbres locales a través de fuentes oficiales.
4. Verificar que no se transportan objetos prohibidos, como armas o municiones, ya que pueden acarrear sanciones legales severas.
5. Mantener actualizado el seguro de viaje, con cobertura para emergencias médicas o evacuación.

El comunicado oficial enfatiza: “Recomendamos fuertemente la contratación de un seguro de viaje antes de partir”.

¿Qué cambia y qué se mantiene tras la advertencia de nivel 2 para Santa Lucía?

La actualización de la advertencia no implica ninguna restricción formal al turismo, cierre de fronteras ni suspensión de vuelos hacia Santa Lucía. Las operaciones turísticas, vuelos y hoteles continúan funcionando con normalidad, aunque se espera que los visitantes adopten una actitud más cautelosa y sigan las recomendaciones de seguridad.

Lo que sí cambia es la inclusión de la criminalidad como factor de riesgo identificado oficialmente por el gobierno estadounidense, así como la necesidad de extremar medidas preventivas durante la estadía en el país.

¿Existen declaraciones oficiales sobre la situación de seguridad en Santa Lucía?

El Departamento de Estado de Estados Unidos emitió un comunicado en el que señala: “Ejercer mayor precaución en Santa Lucía debido al riesgo de delitos. Los crímenes violentos pueden ocurrir en cualquier parte del país, incluyendo zonas turísticas”. También se indica que “la policía turística está disponible en las principales zonas para asistir a los visitantes”.

Además, el aviso recomienda a los viajeros “utilizar el checklist internacional de viaje y consultar la información sobre delitos en el extranjero”.

¿Cómo afecta la advertencia a turistas y a la industria del turismo en la isla?

La actualización del nivel de advertencia afecta principalmente la percepción de seguridad de los turistas estadounidenses, que componen una parte significativa del flujo de visitantes a Santa Lucía. Agencias de viajes, operadores turísticos y establecimientos hoteleros deberán ajustar sus recomendaciones y protocolos para cumplir con las nuevas directrices.

El monitoreo de la situación de seguridad en la isla continuará a cargo de la embajada de Estados Unidos en Barbados, donde se centraliza la asistencia consular para la región.

¿Dónde pueden los viajeros consultar información actualizada sobre Santa Lucía?

Los viajeros pueden consultar las últimas actualizaciones y recomendaciones a través de los siguientes canales oficiales:

• Travel Advisory: Saint Lucia (July 10, 2026) - U.S. Embassy Barbados
• Saint Lucia International Travel Information - U.S. Department of State

Ambos sitios ofrecen información detallada sobre la situación de seguridad, procedimientos consulares y recomendaciones específicas para cada tipo de viajero.

¿Qué se puede esperar a partir de ahora tras la advertencia de nivel 2 para Santa Lucía?

La decisión del Departamento de Estado de Estados Unidos refuerza la obligación de los viajeros de informarse y prepararse antes de visitar Santa Lucía. Las autoridades seguirán evaluando la evolución de la seguridad en la isla y publicarán nuevas actualizaciones en caso de cambios relevantes.

El seguimiento institucional, junto con la cooperación entre agencias consulares y las autoridades locales, buscará mitigar los riesgos y garantizar la protección de los visitantes en el país caribeño.

El Gobierno de Panamá autorizó el inicio de tres procesos de precalificación para futuras contrataciones vinculadas a la seguridad pública, que abarcan desde la adquisición de cámaras corporales para los estamentos de seguridad hasta la modernización del Centro de Operación Nacional (CON C5) y un nuevo sistema para la emisión de documentos de identidad del Servicio Nacional de Migración.

Más allá del alcance tecnológico de los proyectos, las tres resoluciones comparten una característica que limitará el acceso a información clave de las contrataciones: los pliegos de cargos permanecerán bajo confidencialidad.

Las resoluciones de gabinete, publicadas este lunes en la Gaceta Oficial, autorizan tanto la precalificación de los proponentes como la reserva de los pliegos de precalificación y del futuro acto público, amparándose en el numeral 13 del artículo treinta y nueve de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, que permite declarar confidenciales las adquisiciones sensitivas relacionadas con la seguridad y defensa del Estado cuando hayan sido previamente autorizadas por el Consejo de Gabinete.

Aunque la legislación contempla esta figura para proyectos considerados estratégicos, la decisión implica que el contenido de los pliegos de cargos —documentos donde normalmente se detallan las especificaciones técnicas, los criterios de evaluación, los requisitos de participación y buena parte de las condiciones de contratación— no estará disponible para consulta pública.

Solo las empresas autorizadas, previa firma de acuerdos de confidencialidad, podrán acceder a esa información mediante el sistema PanamaCompra.

El primero de los proyectos corresponde al suministro, implementación y gestión de cámaras corporales (bodycam) y de un sistema de evidencia digital para los estamentos de seguridad pública. L

a iniciativa busca fortalecer la capacidad operativa de la Fuerza Pública mediante un sistema integral de registro audiovisual, en cumplimiento de la Ley 466 de 2025, que hizo obligatorio el uso de estos dispositivos por parte de la Policía Nacional y estableció su marco regulatorio.

Según la resolución, el sistema permitirá registrar actuaciones policiales durante patrullajes, investigaciones, operativos, controles de tránsito, mediaciones, cumplimiento de órdenes judiciales y otras intervenciones.

Además, deberá administrar toda la evidencia digital generada por esas grabaciones, considerada un elemento fundamental para investigaciones penales, procesos administrativos y actuaciones disciplinarias.

El documento también precisa que la contratación no se limitará al suministro de las cámaras, sino que incluirá una plataforma tecnológica para almacenar, custodiar y gestionar las grabaciones, garantizando la preservación de la evidencia y su trazabilidad.

El Gobierno sostiene que divulgar detalles técnicos como la arquitectura del software, los métodos de comunicación, los puertos de conexión o las especificaciones de la plataforma podría comprometer la seguridad institucional y facilitar ataques cibernéticos.

Asimismo, recuerda que la Ley 466 fue creada para aumentar la transparencia de las actuaciones policiales, fortalecer la protección tanto de los ciudadanos como de los agentes y generar evidencia objetiva durante las intervenciones.

La nueva contratación, señala la resolución, busca dotar a los estamentos de seguridad de una solución tecnológica integral que permita cumplir plenamente con ese marco legal.

El segundo proceso está dirigido a la modernización del Centro de Operación Nacional (CON C5), plataforma encargada del monitoreo y la videovigilancia.

La contratación comprende el suministro, instalación, actualización, soporte y mantenimiento de la infraestructura tecnológica con el objetivo de incorporar analítica avanzada e inteligencia artificial para ampliar la cobertura de vigilancia e integrar la información entre las distintas instituciones de seguridad.

La resolución hace un recuento de la evolución del sistema de videovigilancia en Panamá y recuerda que la Policía Nacional comenzó a utilizar esta tecnología en 2007, inicialmente en las zonas con mayor incidencia delictiva de las provincias de Panamá y Colón.

Sin embargo, sostiene que las nuevas amenazas obligan al Estado a evolucionar hacia un modelo de vigilancia más proactivo y predictivo, apoyado en inteligencia artificial y herramientas de análisis automatizado.

El Ejecutivo plantea que la nueva plataforma permitirá mejorar la interoperabilidad entre las distintas instituciones de seguridad y convertir la tecnología en un “multiplicador de fuerza" para enfrentar delitos como robos, asaltos, crimen organizado, narcotráfico y hechos de violencia.

El objetivo, añade el documento, es que el CON C5 opere bajo estándares internacionales de eficiencia, precisión y velocidad de respuesta.

Al igual que en el proyecto de las cámaras corporales, el Gobierno argumenta que mantener en reserva la información técnica busca proteger capacidades operativas, evitar que se comprometa la integridad del personal policial y preservar la eficacia de las herramientas tecnológicas que utilizarán los organismos de seguridad.

La tercera contratación está orientada al Servicio Nacional de Migración. En este caso se prevé el suministro, instalación, soporte y mantenimiento, por cinco años, de un sistema de personalización y emisión de documentos de identidad que será instalado en la sede principal de la institución.

La resolución explica que el objetivo es reemplazar el sistema actualmente utilizado para producir carnés de residencia, permisos de trabajo y otros documentos migratorios, el cual enfrenta nuevas exigencias derivadas de la evolución de los estándares internacionales de seguridad documental y de las crecientes técnicas de falsificación.

Entre las mejoras previstas se encuentran la incorporación de laminados de alta seguridad, elementos holográficos y otros mecanismos físicos y tecnológicos destinados a reforzar la autenticidad, integridad y trazabilidad de los documentos emitidos por la institución.

El Gobierno también advierte que la falta de contratos adecuados de mantenimiento representa un riesgo para la continuidad del servicio, razón por la cual la contratación incluye soporte técnico durante cinco años.

El documento añade que el sistema busca garantizar la confiabilidad institucional y reducir la exposición a fraudes documentales que puedan afectar el control migratorio y la seguridad nacional, considerando que estos documentos constituyen piezas críticas dentro del ecosistema de identificación del Estado panameño.

En los tres proyectos, el procedimiento comenzará con una etapa de precalificación en la que se evaluará la capacidad administrativa, financiera, técnica y los antecedentes legales de las empresas interesadas. Solo los proponentes que superen ese filtro podrán participar posteriormente en el acto público de selección del contratista.

Las tres resoluciones fueron aprobadas el mismo día por el Consejo de Gabinete y siguen prácticamente la misma estructura jurídica: autorizan la precalificación de empresas, declaran confidenciales los pliegos de cargos y justifican la reserva por razones de seguridad nacional, protección de capacidades operativas y prevención del uso indebido de información técnica especializada.

La utilización de este mecanismo se ha vuelto cada vez más frecuente durante la actual administración en las adquisiciones relacionadas con seguridad.

Aunque la normativa permite este tipo de procedimientos para compras sensitivas, su aplicación reduce el nivel de escrutinio ciudadano sobre aspectos esenciales de las contrataciones, como las especificaciones técnicas, los criterios utilizados para seleccionar a los oferentes y las condiciones bajo las cuales se adjudicarán proyectos que, por su complejidad tecnológica y su importancia estratégica, podrían representar inversiones de alto valor para el Estado.

Entre 2019 y 2026, las bitácoras policiales fue sumando un nombre una y otra vez. El hombre, costarricense y de 51 años, se convirtió en una figura conocida para los agentes de la Fuerza Pública.

Cada intervención, cada aprehensión, quedaba registrada: 388 veces fue abordado por la policía en ese periodo, según los datos del Ministerio de Seguridad Pública y lo publicado por Diario Extra.

El motivo de cada encuentro iba cambiando. Un día era por portar un arma blanca; otro, por transportar o tener aparente droga. También hubo reportes por tentativa de hurto, robo, órdenes de captura, infracciones a la Ley de Licores o consumo de estupefacientes.

En 2026, solo en el distrito Merced, la policía elaboró veintidós informes sobre él: cinco por decomiso de arma blanca, dos por infringir la Ley de Licores y quince por tenencia de droga.

Los documentos oficiales detallan cada paso: el agente identifica al hombre, lo aborda, registra el hecho y el proceso termina casi siempre de la misma manera.

El individuo sale en libertad. Para los policías, la rutina se repite; para el sistema, la intervención se cuenta como una “pasada”.

Pero el número, por sí solo, no significa condena. El abogado Adrián Quesada lo aclara: una aprehensión o “pasada” policial es solo un registro de que la persona fue detenida, identificada o investigada. Quesada lo resume así: “No significa que sea culpable de un delito. En Costa Rica nadie puede permanecer detenido solo por tener un historial policial”. El proceso judicial, recuerda, exige algo más: pruebas, riesgos procesales y una resolución judicial para justificar la prisión preventiva.

A lo largo de los años, las autoridades han explicado que la mayoría de las “pasadas” no llegan a convertirse en causas penales. El Ministerio Público señala que estas intervenciones pueden deberse a situaciones menores, como el consumo de licor en la vía pública, alteración del orden o portar pequeñas cantidades de droga para consumo personal. Aunque cada caso se registra, la mayoría no termina ante la fiscalía ni genera antecedentes penales.

La frustración de policías y ciudadanos ante la reincidencia

La repetición tiene un impacto que va más allá de las estadísticas. El exviceministro de Seguridad Pública, Walter Navarro, ha descrito la frustración de los policías que, después de detener a una persona, la ven regresar pronto a las calles.

“El policía detiene hoy a una persona y al día siguiente, o incluso horas después, la vuelve a ver en la calle o delinquiendo nuevamente”, comentó. Para Navarro, este ciclo afecta también la confianza ciudadana y la percepción de autoridad, según detalles de Diario Extra.

Navarro considera que la reincidencia exige una revisión profunda del Código Penal y del Código Procesal Penal, para que el sistema pueda dar una respuesta más efectiva. Aun así, el abogado Quesada insiste en que solo las pruebas, los riesgos procesales y una resolución judicial pueden justificar la privación de libertad. La historia de este hombre, registrada centenares de veces, es el reflejo de cómo la ley y la realidad cotidiana se encuentran en las calles de Costa Rica.

La Policía Nacional de la República Dominicana logró la aprehensión de tres hombres y la recuperación de mercancía valorada en más de un millón de pesos dominicanos (USD 17,026.47), obtenida mediante una estafa con falsos comprobantes bancarios. Este caso fue esclarecido gracias a labores de investigación y seguimiento desarrolladas por la División de Investigaciones de Delitos contra la Propiedad (DICRIM), órgano clave en el combate a delitos patrimoniales en el país durante 2026.

Según la información oficial, los agentes de la Policía Nacional identificaron y detuvieron a Peterson Ambioris, alias “Piter”, de 28 años; Peter Leonardo Mackay Villanueva, alias “Junior”, de 28 años, y Davis Joannsse Rojas, alias “El Peje”, de 39 años. Los hechos se desencadenaron tras la denuncia del propietario de una tienda de importación en Villa María, quien entregó 21 sacos de ropa tras recibir comprobantes falsos de depósitos bancarios por RD$666,420 (USD 11,346.78) y RD$413,400 (USD 7,038.74), ambos rechazados por corresponder a cheques sin fondos.

La investigación avanzó mediante el análisis de cámaras de vigilancia y labores de inteligencia, que permitieron identificar y capturar a los implicados. Los detenidos confesaron haber vendido la mayor parte de la mercancía en un establecimiento comercial de Nagua. En el marco del seguimiento al caso, la Policía Nacional recuperó de manera voluntaria 343 paquetes de ropa en dicho negocio.

Paralelamente, los agentes identificaron al presunto autor de la transferencia fraudulenta, cuya localización continúa en proceso, y pusieron tanto a los detenidos como las evidencias recuperadas a disposición del Ministerio Público.

Este hecho se suma a una serie de operativos de alto impacto ejecutados por la DICRIM en 2026, que han fortalecido su reputación como ente fundamental en la persecución y esclarecimiento de delitos complejos en el país. Durante los primeros 100 días de gestión del mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz al frente de la Policía Nacional, la DICRIM reportó avances significativos en el combate a la delincuencia, logrando el esclarecimiento de un 75% de los homicidios registrados en el Distrito Nacional y una efectividad superior al 70% en casos de personas heridas. En ese periodo, se documentaron 409 homicidios a nivel nacional, donde el 31.8% estuvo vinculado a actividades delictivas.

Entre los logros más destacados figura la captura y extradición desde Estados Unidos de Ismael Ceballo Pérez, alias “Ismael”, uno de los prófugos más buscados del país por su presunta relación con homicidios y delitos graves. Además, la DICRIM neutralizó a Ranller Encarnación Vicente, alias “El Ranger”, quien era considerado uno de los delincuentes de mayor peligrosidad en la región fronteriza. Otro hito relevante fue la ejecución de la “Operación Bloques del Este”, en la que se desmanteló la estructura criminal conocida como “Los Fantasmas”, involucrada en sicariatos, secuestros y asaltos, logrando la incautación de armas de alto calibre, municiones y vehículos.

La DICRIM también ha desplegado esfuerzos notables en la lucha contra la trata y tráfico de personas, arrestando a 42 personas y rescatando a 89 víctimas, incluidas 48 menores de edad. En cuanto a la desaparición de personas, los equipos investigativos lograron resolver 403 de los 440 reportes recibidos en lo que va del año, con una efectividad del 91.59%.

En operativos recientes, la DICRIM confiscó sustancias narcóticas y cigarrillos de contrabando durante allanamientos en Santiago, detuvo a individuos por porte ilegal de armas y esclareció robos y homicidios en varias provincias. Además, en acciones coordinadas con el Ministerio Público, la policía ha capturado a ocho prófugos de la justicia y decomisado 22 armas de fuego, junto con vehículos y diversas sustancias ilícitas, como resultado de intervenciones focalizadas en puntos críticos del país.

La labor constante de la DICRIM en 2026 ha sido reconocida por su capacidad para esclarecer casos complejos, recuperar bienes sustraídos y desarticular redes criminales de alto impacto.

Gino Pesaressi vivió una tensa situación la noche del lunes 6 de julio cuando dos sujetos intentaron robar su camioneta, estacionada frente a su domicilio en el distrito de Surquillo, en Lima. El actor reaccionó a tiempo, alertó a los vecinos del sector y logró impedir que el asalto se consumara. Uno de los presuntos delincuentes fue detenido por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP); el otro escapó.

El incidente fue reportado por el noticiero matutino de ATV y rápidamente se difundió en redes sociales a través de imágenes captadas por una usuaria del portal Instarándula, que registró el momento en que la PNP intervenía al sospechoso con la colaboración del propio Pesaressi. El actor resultó ileso y, tras el episodio, se trasladó a la comisaría del sector para presentar la denuncia correspondiente.

Cómo ocurrió el intento de robo

Según informó ATV, los dos sujetos se acercaron a la camioneta de Gino Pesaressi y comenzaron a forzar la puerta del vehículo con la intención de sustraerlo. El actor, que se encontraba en el interior de su vivienda, advirtió los movimientos desde adentro e intervino de inmediato para cortar el intento.

Al verse descubiertos, los delincuentes intentaron huir. Fue entonces cuando los vecinos de la zona respondieron al llamado del artista y salieron a cercar el perímetro, lo que impidió que los sospechosos escaparan antes de la llegada de la policía. La coordinación entre Pesaressi y los residentes fue determinante para que uno de los implicados no lograra darse a la fuga.

Efectivos de la PNP llegaron al lugar y redujeron a uno de los presuntos ladrones. En el video difundido por Instarándula, se ve a Pesaressi junto a los agentes, señalando que el sujeto ya estaba retenido dentro de su propio vehículo. De acuerdo con las imágenes, el actor se mantuvo firme durante la intervención y fue enfático al exigir a los efectivos que procedieran formalmente con la detención.

El segundo implicado logró escapar y las autoridades continúan con las investigaciones para identificarlo. Tras la captura, Pesaressi se dirigió a la comisaría del sector para sentar la denuncia y asegurar que el detenido no fuera liberado sin el proceso legal correspondiente.

Hasta el cierre de la información, el actor no emitió declaraciones públicas sobre lo ocurrido, aunque el periodista René Gastelumendi, durante la cobertura del caso en ATV, lamentó el episodio y señaló que el artista asumió un riesgo al enfrentar directamente a los sospechosos.

Quién es Gino Pesaressi

Gino Pesaressi es un actor, presentador y exchico reality peruano con una trayectoria consolidada en la televisión nacional. Alcanzó gran popularidad como integrante del programa de competencia ‘Esto es Guerra’, espacio que lo posicionó como una de las figuras más reconocidas del entretenimiento peruano durante varios años.

Más allá de su paso por la televisión de entretenimiento, Pesaressi ha desarrollado una carrera en la actuación con participaciones en producciones teatrales y televisivas. Su perfil público combina el trabajo artístico con una presencia activa en redes sociales, donde mantiene contacto frecuente con sus seguidores.

En una entrevista reciente para el pódcast ‘Casi 4’, con motivo del Día del Padre, el actor habló sobre el vínculo que lo une a su hija, fruto de su relación con Mariana Vértiz, y la influencia que esa relación tiene en sus decisiones personales y profesionales. “Lo mágico que es esta personita que tuve la suerte de conocer, de engendrar y criar... han hecho que yo sea lo que soy y que me ha hecho también esforzarme en lograr lo que quiero”, declaró.

En esa misma conversación, Pesaressi afirmó que cada uno de sus esfuerzos tiene como norte el bienestar de su hija: “Tengo a mi hija que amo demasiado, que sé que va a depender de mí siempre y que yo me muero por ella”, expresó. La PNP continúa con las diligencias para esclarecer el caso, determinar los antecedentes del detenido e identificar al segundo sospechoso que logró escapar del lugar.

Uno de estos hechos quedó registrado por cámaras de seguridad en el cruce de la avenida General Recavarren, donde un residente decidió salir de su vivienda con un bate de béisbol tras escuchar ruidos en la puerta de su casa. El hombre encaró al presunto ladrón cuando este intentaba desprender una incrustación de bronce. Aunque el momento estuvo cargado de tensión, el incidente no terminó en una agresión física y el sospechoso optó por escapar del lugar.

Cámaras captaron el momento en que un vecino frustró el robo de piezas de bronce en Surquillo

Las imágenes de videovigilancia muestran al presunto delincuente manipulando una herramienta, aparentemente un alicate, con la que intentaba retirar los adornos metálicos de la fachada de una vivienda. En ese instante, el propietario salió con un bate de béisbol para confrontarlo y exigirle que se retirara.

Lejos de admitir lo que hacía o mostrar intención de abandonar el lugar de inmediato, el sujeto respondió de manera desafiante antes de alejarse. El intercambio no pasó a mayores, pero evidenció la preocupación de los residentes, quienes aseguran que este tipo de robos se ha vuelto cada vez más frecuente en la zona.

Según relataron vecinos, los delincuentes buscan principalmente las incrustaciones de bronce porque pueden comercializarlas rápidamente en mercadillos informales cercanos. El valor de estas piezas oscila entre S/17 y S/27, dependiendo de su tamaño y estado, lo que las convierte en un objetivo recurrente para quienes se dedican al hurto de metales.

Durante un recorrido por la zona se observó que varias viviendas presentan daños similares. Algunas fachadas tienen espacios vacíos donde antes había elementos decorativos, mientras que otros propietarios optaron por soldar chapas y adornos para evitar que sean retirados con facilidad.

Los residentes sostienen que el problema no es aislado y que las denuncias por este tipo de robos se han repetido en los últimos meses. Incluso afirman que algunos delincuentes regresan a las viviendas donde ya sustrajeron piezas para intentar llevarse las que quedaron pendientes.

Otro aspecto que genera malestar entre los vecinos es la respuesta frente a estos hechos. A pocas cuadras del lugar donde ocurrió el intento de robo existe una sede policial encargada de brindar seguridad a las embajadas del sector. Sin embargo, los residentes señalan que cuando han detectado robos en flagrancia y han solicitado apoyo, no han obtenido una intervención inmediata.

Estado de emergencia en Lima y Callao

El pasado 25 de junio, el Gobierno oficializó la prórroga del estado de emergencia en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao por 60 días, medida que busca reforzar las acciones contra la delincuencia organizada. Durante este periodo, la Policía Nacional del Perú (PNP) continuará a cargo del control del orden interno con el apoyo de las Fuerzas Armadas en las zonas de intervención establecidas por las autoridades.

La norma mantiene la suspensión de algunos derechos constitucionales, entre ellos la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la libertad y seguridad personales. Asimismo, dispone que los eventos públicos de carácter masivo, como actividades religiosas, culturales o deportivas, deberán contar con la autorización correspondiente, mientras que las actividades no masivas podrán desarrollarse sin ese requisito.

De acuerdo con el decreto supremo, la ampliación de la medida responde a informes reservados de la Comandancia General de la PNP que advierten que persisten delitos como homicidios, sicariato y extorsión, además de otros hechos de violencia que afectan la seguridad ciudadana. Lima y Callao permanecen bajo estado de emergencia desde septiembre de 2024, cuando el Ejecutivo adoptó esta medida tras el incremento de ataques contra empresas de transporte urbano y comerciantes.

Panamá mantiene una intensa ofensiva contra el narcotráfico. Durante el primer semestre de 2026, las autoridades lograron decomisar 47,04 toneladas de sustancias ilícitas, una cifra que confirma al país como uno de los principales frentes de combate contra las organizaciones criminales que utilizan el istmo como ruta para el tráfico internacional de drogas.

Las estadísticas divulgadas por la Procuraduría General de la Nación muestran que, entre el 1 de enero y el 30 de junio, las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas, en coordinación con los estamentos de seguridad, ejecutaron múltiples operaciones que derivaron en importantes incautaciones, miles de aprehensiones y un elevado número de condenas.

El dato que más llama la atención es la concentración de las incautaciones en la red portuaria panameña. En los puertos ubicados tanto en el litoral Pacífico como en el Atlántico fueron decomisados 15.925,25 kilogramos de clorhidrato de cocaína, equivalentes a 15,92 toneladas.

Aunque esa cantidad representa cerca del 34% del total decomisado durante el semestre, las autoridades precisan que las zonas portuarias concentran aproximadamente el 69% de las operaciones de incautación, lo que evidencia que los puertos continúan siendo el principal objetivo de las organizaciones criminales para contaminar contenedores con destino a mercados internacionales, especialmente Norteamérica y Europa.

Panamá posee uno de los sistemas portuarios más importantes de América Latina y su posición geográfica, junto con la conectividad marítima que ofrece el Canal de Panamá, la convierten en un punto estratégico para el comercio mundial, pero también en un territorio permanentemente vigilado por las redes dedicadas al narcotráfico.

Las cifras del Ministerio Público también reflejan la dimensión de la actividad investigativa desarrollada durante los primeros seis meses del año.

En ese periodo fueron aprehendidas 2.246 personas por delitos relacionados con drogas. De ellas, 2.042 son hombres, equivalentes al 90,9%, mientras que 204 corresponden a mujeres, es decir, el 9,1% del total.

El comportamiento mensual mostró variaciones moderadas. Febrero registró el mayor número de capturas con 445 personas aprehendidas, mientras que junio cerró con 294, lo que representa una disminución respecto a los primeros meses del año.

Esa reducción puede responder tanto a cambios en la dinámica de las organizaciones criminales como a la planificación operativa de las investigaciones desarrolladas por las autoridades.

Otro indicador relevante corresponde a la respuesta judicial. Durante el semestre se emitieron 1.652 sentencias condenatorias, un volumen que refleja el avance de los procesos penales iniciados por las fiscalías especializadas y el nivel de judicialización alcanzado en este tipo de delitos.

Las autoridades consideran que la relación entre personas aprehendidas y condenas evidencia una capacidad sostenida para llevar las investigaciones hasta etapas de decisión judicial, fortaleciendo la persecución penal contra las estructuras dedicadas al tráfico de drogas y delitos conexos.

En cuanto a la distribución territorial de las incautaciones, Colón continúa encabezando la lista de provincias con mayor cantidad de droga decomisada, seguida por Panamá, Panamá Oeste, Chiriquí, Los Santos, Veraguas, Coclé, Darién, Guna Yala, Herrera y Bocas del Toro.

Los resultados publicados por el Laboratorio de Sustancias Controladas de la Subdirección de Criminalística muestran además que la cocaína sigue siendo la droga predominante en los decomisos realizados en el país.

De las más de 47 toneladas incautadas, alrededor de 28,47 toneladas corresponden a cocaína, equivalente a poco más del 60% del total, mientras que la marihuana representa cerca del 39%, con aproximadamente 18,45 toneladas decomisadas.

En menores cantidades también fueron detectadas otras sustancias ilícitas, entre ellas metanfetaminas, THC, MDMA o éxtasis y otros compuestos sintéticos, lo que confirma que las organizaciones criminales diversifican cada vez más los tipos de drogas que movilizan por el territorio panameño.

La ubicación geográfica de Panamá continúa siendo uno de los principales desafíos para las autoridades. El país se encuentra entre las zonas productoras de cocaína de Suramérica y los grandes mercados consumidores del hemisferio norte, condición que obliga a mantener operaciones permanentes en costas, puertos, aeropuertos y pasos fronterizos.

La Procuraduría General de la Nación destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre las Fiscalías Especializadas en Delitos Relacionados con Drogas y los distintos estamentos de la Fuerza Pública, reafirmando el compromiso institucional de fortalecer las investigaciones, judicializar a las organizaciones criminales y combatir el narcotráfico conforme a las atribuciones establecidas en la Constitución y la legislación panameña.

El Ministerio de Seguridad Pública de Panamá anunció la creación de la Compañía de Operaciones Aéreas No Tripuladas (Coant), una nueva unidad especializada del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) que utilizará drones para fortalecer la vigilancia en las zonas fronterizas, ampliar la capacidad de inteligencia aérea en tiempo real y apoyar las operaciones contra el crimen organizado y el narcotráfico.

La nueva unidad forma parte del Plan Firmeza, la estrategia con la que el Gobierno busca reforzar el control territorial en áreas consideradas vulnerables por su ubicación geográfica, difícil acceso y uso por parte de redes criminales transnacionales.

De acuerdo con la información oficial, la Coant incorporará aeronaves no tripuladas para mejorar el monitoreo de rutas, detectar movimientos ilícitos con mayor rapidez y apoyar la toma de decisiones en operaciones de seguridad.

El Minseg no informó cuántos drones integrarán la nueva compañía, qué modelos serán utilizados ni el monto de la inversión. Tampoco detalló si las aeronaves estarán equipadas con sensores térmicos, cámaras de visión nocturna u otros sistemas especializados.

Por ahora, la comunicación oficial se ha centrado en el objetivo operativo de la unidad: ampliar la vigilancia estratégica y apoyar las acciones de Senafront en zonas fronterizas.

La Coant estará adscrita al Servicio Nacional de Fronteras, institución encargada de la seguridad terrestre en áreas limítrofes, especialmente en la frontera con Colombia, donde confluyen desafíos vinculados al narcotráfico, la migración irregular, el tráfico de armas, la trata de personas y otras economías ilícitas.

El uso de drones permitiría cubrir áreas selváticas, fluviales o de difícil acceso donde el despliegue terrestre suele ser más lento, costoso y riesgoso para los agentes.

El ministro de Seguridad Pública, Frank Abrego, señaló que la incorporación de estas herramientas busca dotar a las fuerzas de seguridad de tecnología de vanguardia para proteger la soberanía nacional, consolidar el control territorial y mantener una respuesta firme frente a las amenazas del crimen organizado.

La creación de esta unidad se da pocos días después de que el presidente José Raúl Mulino colocara la seguridad como uno de los temas centrales de su informe a la Nación ante la Asamblea Nacional, el pasado 1 de julio.

En su discurso, el mandatario aseguró que el narcotráfico sigue siendo “el principal factor que alimenta la inseguridad” en el país y advirtió que el objetivo del Estado no debe limitarse a incautar más droga, sino a impedir que el territorio panameño sea utilizado como ruta de tránsito.

“Hoy tenemos muchas más incautaciones, es decir, el tráfico aumentó. Aquí el tema no es incautar más, es que no pase droga por nuestro país”, afirmó Mulino durante su intervención.

El mandatario también anunció que el Gobierno aumentará la cantidad de efectivos en las calles e incorporará cámaras corporales, drones y mayor presencia en los barrios. Además, adelantó que Panamá convocará a países de la región para impulsar un plan integral de lucha contra el narcotráfico, al considerar que se trata de un problema que no puede enfrentarse de manera aislada.

La apuesta por aeronaves no tripuladas responde a una tendencia creciente en materia de seguridad. Los drones permiten obtener imágenes aéreas, dar seguimiento a movimientos sospechosos, ubicar posibles rutas clandestinas y reducir la exposición del personal en zonas de riesgo.

En territorios como Darién, donde la selva, los ríos y la ausencia de infraestructura vial dificultan los patrullajes tradicionales, estas herramientas pueden convertirse en un multiplicador de fuerza para las unidades en campo.

Sin embargo, el uso de drones en tareas de seguridad también abre interrogantes sobre protocolos, resguardo de información, límites de vigilancia y mecanismos de rendición de cuentas. La información pública disponible aún no detalla cómo se almacenarán las imágenes captadas, qué criterios regirán los sobrevuelos ni qué controles existirán para evitar usos indebidos en comunidades fronterizas o zonas habitadas.

El contexto regional aumenta la relevancia de esta decisión. Panamá es un punto estratégico para el tránsito de mercancías, personas y también para redes criminales que utilizan corredores terrestres, marítimos y portuarios.

Mulino ha insistido en que parte de la droga que llega a Europa sale desde puertos panameños, con complicidad de distintos actores, por lo que anunció más controles junto con la Autoridad Nacional de Aduanas.

Con la Coant, el Gobierno suma un componente tecnológico al Plan Firmeza y refuerza el papel de Senafront en la vigilancia de las fronteras. El desafío será demostrar que la nueva unidad no solo mejora la capacidad de observación del Estado, sino que también produce resultados verificables en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

El adolescente no solo grababa sus delitos, sino que mantenía una rutina en la que las armas, la droga y la violencia formaban parte de su entorno diario. Fotografías y videos hallados en su celular reflejan esa cotidianidad. Antes de salir de su casa, el joven rezaba frente a una imagen religiosa y grababa el momento, encomendando sus armas a la virgen, un acto que terminó convirtiéndose en prueba clave para la policía.

El menor era buscado por el delito contra la seguridad pública y, además, estaba señalado como integrante de una banda dedicada a la extorsión de empresas de transporte, como la empresa Santa Catalina. Su detención se produjo en San Juan de Lurigancho, tras un intento de ataque a un chofer de la empresa Las Flores.

Cifras crecientes de menores infractores

Brenda Belleza, gerenta del Observatorio Criminal del Ministerio Público, informó a Latina Noticias que entre enero y mayo se han registrado 10.391 infracciones a la ley penal cometidas por menores de edad. Esto equivale a un promedio mensual de 1.967 infracciones, 65 por día y 3 cada hora.

La funcionaria detalló que el 23,9% de estas infracciones se concentra en Lima Metropolitana, y que el 50% de los delitos cometidos por menores ocurre en solo nueve distritos fiscales, entre ellos Lambayeque, La Libertad, Arequipa, Cusco, Huánuco y la capital.

Belleza destacó que “los adolescentes de quince a dieciséis años son los que en el último periodo vienen cometiendo más infracciones, hay una tendencia creciente”.

En Los Olivos, la situación es similar. William Valladares, gerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Los Olivos, indicó que su distrito ha registrado 121 menores infractores involucrados en delitos como robo, arrebato y microcomercialización de drogas.

“Muchos de ellos son férreos, indolentes ante la situación, sabiendo que son menores de edad y que no son imputables ante la ley. Saben que no les va a pasar nada, entonces su accionar es impune y continúan con la misma situación”, señaló Valladares.

El patrón no se limita al uso de armas. Existen registros de adolescentes que han perpetrado robos sin necesidad de armamento y que, al ser detenidos, desafían incluso a sus propios familiares. Los agentes de serenazgo han advertido que la falta de arrepentimiento y la sensación de impunidad predominan entre los infractores.

Canales de ayuda

El Ministerio Público dispone de fiscalías especializadas en materia de familia y adolescentes en conflicto con la ley penal. Las personas pueden acercarse a estas dependencias para recibir asesoramiento, presentar denuncias y acceder a programas de orientación.

La Policía Nacional del Perú cuenta con líneas de emergencia, comisarías y unidades especializadas que reciben denuncias relacionadas con delitos cometidos por menores de edad. A través del número 105, la ciudadanía puede reportar hechos delictivos, solicitar intervención inmediata.

Las autoridades panameñas propinaron un nuevo golpe a las estructuras criminales que operan en el país con la captura de seis presuntos integrantes de la pandilla “HP”, entre ellos quien sería el cabecilla de esa organización en el sector de San Joaquín.

La operación forma parte de la estrategia desplegada durante 2026 para debilitar a los grupos vinculados con homicidios, narcotráfico y otros delitos de alto impacto.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita, en conjunto con la Policía Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ), ejecutó varios allanamientos en San Joaquín que culminaron con la aprehensión de seis personas investigadas por el delito de pandillerismo.

Entre los detenidos figura el presunto líder de la célula criminal, conocido con el alias de “Cálido Lince”, señalado por las autoridades como uno de los principales responsables de la estructura denominada “HP”, organización que históricamente ha sido identificada como “Humildad y Pureza”.

De acuerdo con el Ministerio Público, los aprehendidos mantienen vínculos con investigaciones relacionadas no solo con el delito de asociación ilícita, sino también con homicidios dolosos, tráfico de sustancias ilícitas y lesiones personales.

La diligencia forma parte de la denominada “Operación Bastión”, una ofensiva dirigida a desarticular estructuras criminales con presencia en sectores de alta incidencia delictiva de la capital.

El nombre de “Los HP” volvió a aparecer en mayo pasado tras el crimen de Roberto Othoniel Álvarez, ocurrido en la entrada de El Crisol, en San Miguelito. Reportes policiales lo señalaban como presunto integrante de la organización Humildad y Pureza, una estructura que, según las autoridades, dejó de operar como una simple pandilla barrial para convertirse en una red criminal con presencia en distintos puntos del país.

Aunque en los últimos años Panamá ha registrado una disminución en el número de pandillas identificadas por los organismos de seguridad, las autoridades consideran que organizaciones como “HP” continúan siendo actores relevantes dentro del crimen organizado por su capacidad operativa y sus alianzas con otras estructuras.

Informes de inteligencia policial divulgados este año ubican a la pandilla “HP” entre los grupos con mayor influencia en áreas de Pedregal y sectores cercanos de Juan Díaz, donde presuntamente mantiene vínculos con la organización conocida como “Mafia Filipina”.

Según esos reportes, ambas estructuras estarían involucradas en actividades como sicariato, tráfico internacional de drogas y los llamados “tumbes” de cargamentos de sustancias ilícitas pertenecientes a organizaciones rivales.

Los operativos desarrollados por las autoridades forman parte de una estrategia nacional contra el pandillerismo que, hasta el cierre del primer semestre de 2026, ha permitido la aprehensión de 242 presuntos pandilleros en distintos puntos del país. De ellos, más de 180 están vinculados con investigaciones por homicidio.

La ofensiva no se limita a la captura de integrantes de “HP”. En las últimas horas, la Procuraduría General de la Nación también obtuvo decisiones judiciales que fortalecen otros procesos abiertos contra presuntos miembros de diferentes organizaciones criminales.

Uno de esos casos corresponde a un ciudadano señalado de pertenecer a la pandilla “La Comisión – Unión Sinaloa”, que operaba en los corregimientos de Belisario Porras y Amelia Denis de Icaza, en el distrito de San Miguelito.

La Fiscalía Superior Especializada en Delitos de Asociación Ilícita logró que el Tribunal Superior de Apelaciones confirmara la medida cautelar de detención provisional impuesta al imputado.

La investigación se originó durante la operación “Dominio”, desarrollada en conjunto con la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional con el objetivo de combatir delitos asociados a estructuras criminales.

El Tribunal consideró acreditados los riesgos procesales expuestos por la Fiscalía y concluyó que la detención provisional resulta proporcional mientras avanzan las investigaciones.

A esta decisión se suma otra obtenida por la misma fiscalía contra un presunto integrante de la pandilla “Bagdad – Santa Eduviges”, organización que operaba en el corregimiento de Tocumen y que fue desarticulada durante la operación “Combate”, ejecutada el pasado 22 de mayo en Panamá Este.

El sospechoso fue capturado durante diligencias de registro y allanamiento realizadas por la Procuraduría General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional.

En audiencia de control de garantías celebrada el 24 de junio, un juez declaró legal la aprehensión, admitió la imputación por el delito de asociación ilícita y ordenó la medida cautelar de detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Al igual que en el caso anterior, el juzgado concluyó que existían riesgos procesales suficientes para mantener privado de libertad al imputado durante la etapa de investigación.

Las actuaciones reflejan la estrategia de las autoridades de atacar simultáneamente distintas organizaciones criminales mediante operaciones de inteligencia, allanamientos y procesos judiciales orientados no solo a capturar a sus integrantes, sino también a mantenerlos bajo detención mientras avanzan las investigaciones.

Con estas acciones, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan debilitar las estructuras de pandillas que operan principalmente en áreas urbanas del país y que, según las investigaciones, mantienen vínculos con delitos de alto impacto como homicidios, narcotráfico, extorsión y asociación ilícita.

Los delitos contra el patrimonio económico continúan siendo uno de los principales desafíos de seguridad ciudadana en Panamá. Entre enero y mayo de 2026, el Ministerio Público recibió 9,057 denuncias relacionadas con hurto y robo, dos delitos que suelen confundirse, pero que jurídicamente tienen diferencias importantes y muestran comportamientos distintos en las estadísticas nacionales.

La principal diferencia radica en la forma en que se apodera del bien ajeno. El hurto ocurre cuando una persona toma una propiedad sin consentimiento, pero sin emplear violencia, intimidación o fuerza contra la víctima. El robo, en cambio, implica violencia, amenazas o algún tipo de coerción para despojar a la persona de sus bienes.

Ejemplos de hurto son el robo silencioso de un celular dejado sobre una mesa, la sustracción de mercancía en un comercio o el hurto de un vehículo estacionado. En contraste, un asalto a mano armada, un arrebato con intimidación o el despojo de pertenencias mediante amenazas constituyen delitos de robo.

Las cifras preliminares del Ministerio Público muestran que el hurto sigue siendo el delito patrimonial más frecuente. Entre enero y mayo se contabilizaron 7,036 denuncias por hurto, frente a 6,851 registradas en el mismo período de 2025, lo que representa un aumento de 3%.

Por su parte, los delitos de robo alcanzaron 2,021 denuncias durante los primeros cinco meses del año, ligeramente por encima de las 2,009 registradas en igual período de 2025, un incremento de 0.6%.

Aunque el crecimiento porcentual del robo parece modesto, la característica que más preocupa a las autoridades es que más de la mitad de los casos corresponden a robo agravado, una modalidad que suele involucrar circunstancias de mayor peligrosidad.

De las 2,021 denuncias por robo registradas este año, 1,094 corresponden a robo agravado y 927 a robo simple. Mientras el robo simple aumentó 5% respecto a 2025, pasando de 880 a 927 casos, el robo agravado disminuyó 3%, al bajar de 1,129 a 1,094 denuncias.

En el caso de los hurtos, la categoría más frecuente es el hurto agravado, con 3,162 denuncias, seguida muy de cerca por el hurto simple, con 3,124 casos. También destacan 310 denuncias por hurto de vehículo automotor, 379 por hurto pecuario y 30 por hurto pecuario o hidrobiológico.

Uno de los datos más llamativos es que el hurto simple registró el mayor incremento entre las principales modalidades, al pasar de 2,714 casos en 2025 a 3,124 en 2026, un crecimiento de 15%. Por el contrario, el hurto agravado disminuyó 6% durante el mismo período.

La distribución geográfica también revela patrones claros. La provincia de Panamá concentra la mayor cantidad de denuncias en ambas categorías. Solo en materia de hurto acumula 3,782 casos, equivalente a más de la mitad de todos los registros nacionales. Le siguen Panamá Oeste con 798 denuncias y Chiriquí con 712.

En los delitos de robo, la provincia de Panamá registra 1,117 denuncias, seguida por Panamá Oeste con 267 y San Miguelito con 205.

Al comparar con 2025, algunas regiones muestran incrementos significativos. En hurto, Los Santos registra el mayor aumento porcentual con 31%, seguido por Veraguas con 8%, Panamá con 7% y Panamá Oeste con 4%.

En robo, los mayores incrementos se observan en la comarca Ngäbe Buglé con 50%, Veraguas con 41% y Coclé con 33%, aunque en varios de estos territorios el volumen absoluto de casos sigue siendo relativamente bajo en comparación con las áreas metropolitanas.

Las estadísticas cobran rostro humano cuando se observan casos recientes. Esta semana, la Sección Segunda de Delitos contra el Patrimonio Económico de la Fiscalía Regional de San Miguelito logró una condena de 12 años de prisión contra un hombre responsable de dos robos cometidos contra conductores de plataformas digitales.

Según la investigación, uno de los hechos ocurrió el 12 de diciembre de 2025, cuando el condenado y otros dos individuos solicitaron un viaje hacia el sector de 9 de Enero, en Amelia Denis de Icaza. Al llegar al destino, despojaron al conductor de sus pertenencias y dinero en efectivo.

El segundo caso ocurrió el 14 de noviembre de 2025. En esa ocasión, el sentenciado y una mujer solicitaron una carrera hacia el sector de Paraíso, donde obligaron a la víctima a entregar sus bienes personales y realizar una transferencia bancaria mediante una plataforma de banca en línea.

Estos casos ilustran precisamente la diferencia entre hurto y robo: mientras el primero puede ocurrir sin contacto directo con la víctima, el segundo implica intimidación, amenazas o violencia para obtener los bienes.

Las cifras muestran que, aunque los robos representan menos casos que los hurtos, continúan siendo una de las manifestaciones delictivas que más afectan la percepción de seguridad de la población. Con más de 9,000 denuncias acumuladas en apenas cinco meses, ambos delitos siguen concentrando una parte importante de la carga investigativa del sistema de justicia panameño.

El asesinato de la doctora Maryini Carrasco López a las afueras de Petén ocurrió la mañana del martes, cuando la médica nicaragüense circulaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel, en Poptún. Según 100% Noticias, en el ataque murió Carrasco López y Rosa Cohuoj resultó herida.

Las primeras informaciones sugieren que el ataque podría estar relacionado con un intento de asalto, aunque las autoridades no confirmaron el móvil ni realizaron capturas.

La médica era originaria de San Juan de Limay, Nicaragua, y se había radicado en el municipio de Dolores, Petén, donde residía desde hacía una década.

Según 100% Noticias, la especialista fue atacada mientras circulaba en motocicleta cerca de la finca Ixobel, en el municipio de Poptún.

La investigación sigue abierta, mientras la familia de la víctima, amigos y colegas exigen justicia y mayor protección para el personal sanitario y los migrantes que, como Maryini, hicieron de Guatemala su hogar.

El perfil de la víctima

Maryini Carrasco López era reconocida en Dolores por su trabajo como médica. Vecinos y pacientes la describieron como una persona cercana, siempre dispuesta a orientar y asistir a quienes la necesitaban.

En redes sociales, colegas y amigos recordaron la trayectoria de la médica, egresada de la UNAN-León en la promoción de 2006. Una excompañera de estudios expresó: “Maryini era una mujer humilde y alegre, una gran persona”, mientras otros mensajes lamentaron el impacto de la delincuencia en la vida cotidiana al afirmar: “Maldita delincuencia se ha vuelto el pan diario”.

La noticia de su muerte provocó mensajes de pesar desde Guatemala y Nicaragua.

El caso reavivó el debate sobre la seguridad en Guatemala y sobre la protección de los migrantes y de los profesionales de la salud.

Otro nicaragüense víctima de violencia en Guatemala

El crimen de la doctora ocurre tres semanas después del asesinato del también nicaragüense Bayardo José Vásquez quien fue atacado a balazos el pasado 26 de mayo en la capital de Guatemala, según informó el diario La Prensa de Nicaragua.

Ambos casos se suman a una creciente preocupación por la seguridad de los migrantes nicaragüenses en la región.

Vásquez, de 52 años y originario de Corinto, Chinandega, había logrado establecerse gracias a su negocio propio, una joyería denominada El Ángel de Oro. En dicho local, ubicado en la aldea El Cerinal del municipio de Barberena, se dedicaba a la reparación de joyas, anillos de compromiso y lentes. El emprendimiento fue el resultado de varios años de esfuerzo y trabajo en Guatemala.

Según testigos, el comerciante, conocido entre la comunidad como “Nica”, se encontraba barriendo la acera de su joyería cuando sujetos armados se le acercaron y le dispararon de manera directa, provocándole la muerte en el acto.

El asesinato de Bayardo Vásquez pone en evidencia los riesgos a los que se enfrentan los nicaragüenses que buscan mejores condiciones de vida en Guatemala.

Testimonios recabados en el lugar apuntan a la brutalidad del ataque, que fue perpetrado por desconocidos sin mediar palabra ni intento de robo, lo que ha generado inquietud sobre la motivación detrás del crimen y la vulnerabilidad de los migrantes.

Este hecho provocó consternación tanto entre sus paisanos como en la comunidad guatemalteca, donde Vásquez era conocido por su labor y su integración al entorno local. Tras el ataque, la Policía local inició las investigaciones, aunque hasta el momento no se han reportado detenciones ni avances sustanciales en el caso.

El clima de inseguridad y la falta de protección para los trabajadores extranjeros en Guatemala han sido señalados por líderes comunitarios como una problemática urgente. En las últimas semanas, la reiteración de estos episodios de violencia ha llevado a familiares y amigos de las víctimas a exigir a las autoridades una respuesta efectiva y mayor atención a la seguridad de los migrantes.

Perseguir el crimen tiene su coste. En España, cada día se cometen 6.778 delitos, según datos del Ministerio del Interior. Por eso, Policía Nacional y Guardia Civil deben estar muy bien preparadas. Y eso incluye la dotación de los mejores medios materiales. La División Económica y Técnica de la Policía Nacional, por ejemplo, acaba de iniciar la licitación de dos contratos para facilitar a sus agentes elementos muy específicos para su trabajo diario: trajes de alta protección antibombas y pilas de litio para que las balizas de seguimiento duren bastante en el tiempo en operaciones encubiertas. De hecho, la Policía Nacional está dispuesta a pagar un máximo de 70.100 euros por traje y 15 euros por cada pila.

El primer contrato fue licitado este domingo 14 de junio. Se trata de la compra de 30 trajes de alta protección antibomba con cascos asociados, que deben durar cinco años, para el equipo de los TEDAX-NRBQ. Esta especialidad tiene como misión la detección y desactivación de artefactos explosivos o compuestos de sustancias peligrosas que emplean las organizaciones criminales. “Los artefactos explosivos cada vez presentan mayor complejidad técnica y poder de destrucción, lo que obliga a estudiar el mercado y las tecnologías con el fin de poder establecer y dotar al especialista TEDAX-NRBQ de los más modernos y eficaces medios de protección”, explican desde la Policía Nacional. Entre esos medios están los trajes que los conocidos como artificieros deben llevar para poder manipular explosivos con cierta seguridad.

La Policía ha cuantificado en 70.180 euros el coste de cada traje (impuestos incluidos). En el año 2023, el Servicio de Armamento y Equipamiento Policial de la Dirección General de la Guardia Civil licitó un contrato parecido para comprar cuatro trajes de desactivación de explosivos (EOD), por el que acabó pagando 49.500 euros, impuestos no incluidos. Un año después, en 2024, la Jefatura de Asuntos Económicos del Mando de Apoyo Logístico del Ejército de Tierra licitó otro contrato de seis trajes por un importe unitario de 62.363 euros, impuestos tampoco incluidos.

El traje con casco asociado estará diseñado para ofrecer la máxima protección “contra los efectos de la sobrepresión, fragmentación, impacto y calor en operaciones, todo ello sin menoscabo de la flexibilidad y el confort. El traje proporcionará máxima protección de 360º incluida la parte trasera de las piernas. Contará con sistema de ventilación en traje y casco”, señala el pliego de condiciones técnicas. Cada traje, sumando el casco, pesa entre 29 y 35 kilos, según la talla. Desde 1975, esta unidad de élite ha realizado más de 438.000 intervenciones y trece agentes han fallecido en acto de servicio.

144.000 euros el pilas

El segundo contrato ha sido licitado este martes: 144.000 euros para comprar pilas de litio. La Jefatura de Sistemas Especiales tiene encomendada como función principal prestar apoyo técnico operativo a las diferentes unidades de investigación que existen en la Policía Nacional. “Los integrantes de las organizaciones delictivas dedicadas al crimen organizado cada vez adoptan procedimientos más sofisticados para evitar ser descubiertos y llevar a cabo sus actividades ilícitas, por ello se necesita contar con equipos de última tecnología para lograr mantener el control de los objetivos de forma eficaz y discreta”, señala el pliego.

Las pilas, que se usan específicamente en equipos de seguimiento y transmisores, deben de ser muy estables en tensión, de alta densidad de energía, una autodescarga muy débil y resistentes a variaciones de temperatura. El objetivo es comprar 7.750 pilas a 15 euros la unidad y 200 baterías a 14 euros cada una. Los agentes usan las balizas de seguimiento para luchar contra el crimen. Estos aparatos emiten señales electromagnéticas recogidas por un captador de una determinada tecnología, señales que sitúan la posición del objetivo sobre una cartografía. Estos objetivos balizados, como personas, coches, aeronaves o barcos pueden encontrarse de forma habitual durante mucho tiempo fuera del alcance de los policías, incluso fuera de España.

Por este motivo, la Policía Nacional necesita un uso discreto de estos equipos, que deben alimentarse con pilas de gran carga, suministro sostenido y reducido peso (51 gramos). La mejor opción son las pilas de litio, que son mejores que las de níquel cadmio y níquel metal hidruro. Además, almacenan más del doble de energía y suministran la energía que se les solicita de forma sostenida, sin picos ni valles. Las pilas de litio pierden, en el peor de los casos, el 5% de la energía acumulada año a año desde su fabricación, frente al 25% del resto de las pilas.

Los sistemas tradicionales de revisión y vigilancia utilizados durante décadas para impedir el ingreso de objetos prohibidos a las cárceles han comenzado a mostrar signos de obsolescencia frente al avance de la tecnología.

Lo que antes dependía principalmente de visitas, encomiendas o corrupción interna, ahora incorpora herramientas cada vez más sofisticadas que permiten a las organizaciones criminales burlar controles y mantener operaciones ilícitas desde el interior de los centros penitenciarios.

Uno de los principales desafíos para las autoridades panameñas es el uso de drones para introducir celulares, drogas, armas, cargadores, dispositivos electrónicos y otros artículos prohibidos en las prisiones del país.

Las cifras reflejan la magnitud del fenómeno. En lo que va de 2026, la Policía Nacional ha decomisado más de 1,349 drones en distintos centros penitenciarios como resultado de operativos desarrollados en coordinación con las autoridades penitenciarias.

Las investigaciones han permitido además detectar una amplia red logística detrás de estas operaciones. Como resultado de las incautaciones asociadas a estas maniobras, las autoridades han recuperado 55 armas de fuego, 715 municiones, 56 proveedores para armas, 1,855 teléfonos celulares, cargadores y más de 2,000 dosis de sustancias ilícitas.

Según los organismos de seguridad, muchos de estos aparatos son drones comerciales modificados para transportar cargas de mayor peso, realizar vuelos nocturnos y operar a distancias que dificultan su detección por parte de los custodios penitenciarios.

El fenómeno quedó nuevamente en evidencia hace apenas unos días durante un operativo realizado en el Centro Penitenciario La Joyita, donde las autoridades decomisaron 451 teléfonos celulares, 61 routers, seis antenas de comunicación, una antena wifi, 35 cargadores, diez armas de fuego, 82 municiones y otros artículos prohibidos.

El hallazgo adquiere especial relevancia porque se produjo en el mismo complejo penitenciario donde la semana pasada se registró la evasión de 195 privados de libertad, de los cuales cerca de una veintena permanece prófuga.

La presencia de routers, antenas y equipos de comunicación refuerza las preocupaciones de las autoridades sobre la capacidad que mantienen algunos grupos criminales para coordinar actividades desde el interior de los centros penitenciarios.

La utilización de drones no es un fenómeno nuevo en Panamá, pero sí se ha intensificado durante los últimos años.

En marzo de este año, la Dirección Nacional de Seguridad Penitenciaria informó sobre el hallazgo de 15 paquetes lanzados desde el aire dentro del perímetro del Centro Penitenciario La Joya.

Tras la inspección se determinó que contenían sustancias ilícitas, 245 cajetillas de cigarrillos, encendedores, cables de audífonos y otros accesorios electrónicos.

Para los investigadores, este caso evidenció cómo los grupos criminales han comenzado a reemplazar métodos tradicionales de contrabando por sistemas tecnológicos que reducen los riesgos para quienes participan en las entregas.

Los drones permiten realizar operaciones rápidas durante la noche, evitan el contacto directo con los reclusos y pueden ser programados para liberar la carga en puntos específicos previamente coordinados.

Las autoridades penitenciarias reconocen que algunos centros se han convertido en objetivos recurrentes para estas operaciones.

Uno de los casos más notorios ha sido la cárcel Nueva Esperanza, en la provincia de Colón. A finales del año pasado, funcionarios del sistema penitenciario revelaron que en algunas jornadas llegaron a registrarse más de 60 incursiones de drones en una sola noche.

La cifra ilustra el nivel de presión que enfrentan los sistemas de vigilancia tradicionales frente a una tecnología cada vez más accesible y económica.

Especialistas en seguridad consultados en distintos foros internacionales han advertido que los drones representan una de las amenazas emergentes más complejas para los sistemas penitenciarios de América Latina.

A diferencia de otros métodos de contrabando, estos dispositivos pueden operar desde zonas alejadas de los perímetros de seguridad, transportar múltiples artículos en un solo vuelo y ser reemplazados rápidamente cuando son decomisados.

Frente a este escenario, la Policía Nacional y las autoridades penitenciarias han fortalecido sus capacidades de detección y respuesta. Sin embargo, los decomisos recientes reflejan que la batalla está lejos de terminar.

La combinación de drones, redes de comunicación clandestinas y dispositivos electrónicos dentro de las cárceles plantea un desafío creciente para el Estado. Más allá del ingreso de objetos prohibidos, las autoridades temen que estas herramientas faciliten la coordinación de actividades delictivas, extorsiones, tráfico de drogas y otras operaciones criminales desde el interior de los centros penitenciarios.

Las cifras acumuladas durante este año muestran que la lucha contra el contrabando carcelario ya no se libra únicamente en los accesos o en las requisas. Cada vez más, se desarrolla en el espacio aéreo que rodea las prisiones, donde la tecnología se ha convertido en un nuevo campo de batalla para la seguridad pública.

El Gobierno peruano oficializó la prórroga del estado de emergencia en más de 180 distritos del país, una decisión dirigida a enfrentar dos problemáticas de alto impacto: la criminalidad en la región de Tacna y los efectos de las intensas lluvias en 21 regiones.

El Ejecutivo publicó los decretos supremos Nº 086-2026-PCM y Nº 087-2026-PCM en el diario oficial El Peruano, estableciendo la extensión de la emergencia por 60 días adicionales a partir de junio.

En el caso de Tacna, la medida se aplica a los distritos de Palca, Tacna, La Yarada-Los Palos y Tarata, ubicados en la frontera con Chile. Las autoridades fundamentaron la decisión en informes de inteligencia y mapas del delito que advierten la persistencia de hechos delictivos como hurtos, robos, contrabando y otras situaciones de violencia. La Policía Nacional del Perú (PNP) mantendrá el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.).

Durante la vigencia de la prórroga se restringen derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, libertad de tránsito, libertad de reunión y seguridad personal.

Los operativos incluyen vigilancia terrestre y aérea, patrullajes motorizados en la línea fronteriza y monitoreo con drones, según lo establecido en el decreto. La intervención conjunta de la PNP y las Fuerzas Armadas se regirá por los decretos legislativos Nº 1186 y Nº 1095, que regulan el uso de la fuerza y las acciones militares en contextos de emergencia.

El decreto también prevé mecanismos para la autorización de actividades públicas: las de carácter masivo requerirán permiso de las autoridades, mientras que las que no sean masivas podrán realizarse sin autorización previa.

El protocolo de actuación conjunta abarca la protección de mujeres y personas en situación de vulnerabilidad, en concordancia con normativas vigentes sobre detenciones e intervenciones policiales.

Emergencia climática

Paralelamente, el Gobierno prorrogó el estado de emergencia en 179 distritos de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Moquegua, Pasco, Piura, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

Esta medida, también de 60 días, responde a la persistencia de riesgos debido a lluvias intensas que han afectado infraestructura, viviendas y actividades productivas en diferentes puntos del país.

La ejecución de las acciones está a cargo de los gobiernos regionales y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), en coordinación con los ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Agrario y Riego, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensa, Interior, Transportes y Comunicaciones, Energía y Minas, Mujer y Poblaciones Vulnerables, y Desarrollo e Inclusión Social.

El objetivo es responder de manera inmediata y reducir el riesgo existente, además de iniciar procesos de rehabilitación en las zonas afectadas.

El financiamiento para las medidas de emergencia proviene de los presupuestos institucionales de los organismos involucrados y de recursos adicionales que pueda autorizar el Ministerio de Economía y Finanzas, de acuerdo con la disponibilidad presupuestaria.

El decreto establece la obligación de presentar informes finales sobre los resultados de la intervención al término de la prórroga, los cuales serán elevados a la Presidencia de la República, el Congreso y el Poder Judicial.

La extensión del estado de emergencia, refrendada por el presidente José María Balcázar y titulares de siete ministerios, mantiene vigentes las disposiciones previas y refuerza la coordinación entre los distintos niveles del Estado para atender tanto la lucha contra la criminalidad como los efectos de los fenómenos climáticos.

El ataque se registró cerca de las 13:30h, según el informe difundido por Exitosa Noticias. Testigos señalaron que los agresores llegaron por la avenida Pachacútec, abrieron fuego contra la zona de obra y escaparon sin ser intervenidos.

La víctima fue identificada como Jorge Mandujano Cotera, de 61 años. La Policía Nacional mantiene el móvil en investigación, aunque una de las principales hipótesis apunta a un presunto caso de extorsión contra la empresa contratista a cargo de los trabajos.

Ataque a sangre fría deja sin vida a obrero en Lurigancho-Chosica

Según el despacho en vivo de Exitosa Noticias, los sicarios dispararon en reiteradas ocasiones hacia el punto donde trabajaba Mandujano Cotera. El obrero recibió un impacto de bala en la cabeza y murió en el lugar.

Una vecina de la zona relató que el ataque ocurrió de forma repentina y sin mediar palabra. “La persona se encontraba trabajando, como cualquier persona que trabaja día a día en su labor. Y se encontraba tranquilo y de repente apareció alguien y le disparó a sangre fría y se fue, dejándolo tirado”, declaró a Exitosa Noticias.

La misma testigo describió el temor que el caso ha reactivado entre los residentes, en una zona donde, aseguró, la delincuencia ha escalado. “Prácticamente, esto se ha vuelto tierra de nadie. Ya no estamos a salvo de nada”, sostuvo.

En el lugar, agentes policiales realizaron las diligencias iniciales y el levantamiento de información para reconstruir la secuencia del ataque. Una de las principales dificultades señaladas en la cobertura es la falta de cámaras de seguridad en el área, un factor que podría retrasar la identificación de los responsables.

Posible red de extorsión detrás del asesinato de obrero en obra pública

El móvil del crimen continúa bajo investigación, pero las autoridades no descartaron que el asesinato esté vinculado al cobro de cupos y amenazas ligadas a obras de construcción, una modalidad que ha golpeado diversos proyectos en Lima, según versiones recogidas en la zona.

En esa línea, el diario La República informó que el obrero había sido amenazado días previos por presuntos extorsionadores que operan alrededor de la zona. De acuerdo con testimonios citados por ese medio, los delincuentes exigen pagos para permitir el avance de trabajos en obras públicas y privadas.

La obra donde ocurrió el ataque contempla intervención de pistas y veredas y se ejecutaba desde hace aproximadamente un mes, según la información reportada en la cobertura de Exitosa Noticias.

Municipalidad anuncia medidas de seguridad tras asesinato en obra de Chosica

Tras el asesinato, personal de serenazgo acudió al lugar y la municipalidad desplazó a funcionarios para brindar apoyo en la zona. En ese contexto, el gerente municipal José Luis Contreras Zapata confirmó que la intervención corresponde a una obra de “pistas y veredas” y sostuvo que la comuna quedó “preocupada e indignada” por lo ocurrido.

Contreras Zapata señaló que el trabajador asesinado “es recién nuevo” y que prestaba servicios a una empresa que ejecutaba el proyecto. Afirmó que el municipio buscará “medidas de protección” para el personal en obra y, a la vez, exigirá “al gobierno central mayor seguridad” para reducir la criminalidad “con medidas drásticas”. “No podemos trabajar así. Así no hay desarrollo, así no hay progreso”, declaró.

El gerente municipal también indicó que serenazgo acudió “inmediatamente” tras conocer el ataque y que, desde ese punto, la investigación quedó en manos de la Policía Nacional y el Ministerio Público. “Hay aspectos que ya no competen a nosotros”, dijo, al precisar que esperaban la intervención fiscal y policial para las diligencias de ley.

Sobre la continuidad del proyecto, Contreras Zapata aseguró que la municipalidad mantendrá la obra pese al crimen. Expresó condolencias “en nombre de nuestro alcalde y de todo el cuerpo edil” y sostuvo que el trabajo debe seguir “en beneficio de toda la población de Villa Leticia y de Cajamarquilla”. Añadió que el alcalde Osvaldo Vargas Cuéllar realizaría coordinaciones “a nivel central” para reforzar la seguridad no solo en la zona, sino también en el distrito.

Investigación policial y reclamo vecinal por seguridad

La Policía Nacional inició las investigaciones para determinar la identidad de los atacantes, su ruta de fuga y el objetivo exacto del atentado. La ausencia de cámaras de vigilancia en el área, según se informó en la cobertura periodística, limita la disponibilidad de registros directos sobre el ingreso y salida de los agresores.

En paralelo, vecinos advirtieron que la inseguridad no solo afecta a quienes trabajan en la zona, sino también a familias que viven cerca de los frentes de obra y a escolares de instituciones próximas. “Lo que pedimos es que haya más seguridad, porque la verdad no estamos libres de nada. Ya no podemos andar, tenemos que estar siempre alertas”, reclamó una vecina en declaraciones a Exitosa Noticias.

“Sobre todo con nuestros hijos. Ahora no podemos dejarlos solos, tenemos que estar siempre al cuidado de ellos. Tiene que haber más seguridad. Acá hay demasiada delincuencia”, agregó la testigo, al pedir mayor presencia policial y medidas concretas para prevenir nuevos ataques.

El crimen organizado perdió dos mil 957 millones de pesos en un solo fin de semana tras operativos coordinados del Gabinete de Seguridad en doce estados del país. Las acciones del 29 al 31 de mayo de 2026 incluyeron cateos, detenciones, decomisos de droga, armas y documentos apócrifos, además del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de drogas sintéticas en Chihuahua.

De acuerdo con las cifras, estas acciones representaron uno de los golpes económicos más contundentes al narcotráfico en lo que va del año, en un contexto donde el gobierno de Claudia Sheinbaum reporta una caída del 49 por ciento en homicidios diarios respecto al último mes de la administración anterior.

La coordinación entre las fuerzas federales —Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Semar y FGR— junto con policías estatales, permitió intervenir en Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Tabasco y Tamaulipas.

A continuación, se presentan los resultados específicos obtenidos en cada estado.

El túnel de Tijuana y los decomisos en Baja California

El hallazgo más llamativo del operativo ocurrió en Tijuana, donde fuerzas de la FGR, la GN, el Ejército y la Semar descubrieron un túnel de 700 metros de longitud con dirección y salida hacia Estados Unidos. La galería medía 90 centímetros de ancho y 1.45 metros de altura, y en su interior las autoridades encontraron cartuchos, 24 envoltorios de metanfetamina, dos bolsas con marihuana y un dispositivo de grabación.

En un segundo operativo también en Tijuana, elementos de la GN, el Ejército y la FGR catearon otro inmueble y aseguraron mil 053 kilos de metanfetamina, cartuchos y un vehículo. A esos decomisos se sumó una acción en San Quintín, donde la FGR y la SSPC detuvieron a una persona, confiscaron 154 mil 794 litros de hidrocarburo, 14 vehículos, 44 tanques, cuatro cilindros de almacenamiento, una máquina despachadora de gas, siete básculas y diversa documentación.

Sinaloa, epicentro de los aseguramientos del fin de semana

Sinaloa concentró el mayor número de operativos individuales del periodo. En Salvador Alvarado, el Ejército cateó un inmueble y decomisó 114 kilos de metanfetamina, 24 kilos de fentanilo, 50 kilos de goma de opio, dosis de cocaína, cinco kilos de marihuana y 125 cartuchos.

En Culiacán, tres acciones distintas arrojaron resultados adicionales. La GN detuvo a cuatro personas y aseguró seis armas largas, 45 cargadores, cinco chalecos tácticos y dos vehículos; la Semar localizó 93 kilos de metanfetamina, un arma larga y 502 cartuchos dentro de un vehículo; y en la sindicatura de Quila, la GN arrestó a dos personas —una de ellas menor de edad— con cuatro armas largas, 31 cargadores, 960 cartuchos y cuatro placas balísticas.

En los poblados de La Tuna y El Durazno, en los municipios de Badiraguato y Tamazula, el Ejército aseguró 110 artefactos explosivos improvisados y un vehículo de carga. En Escuinapa y San Ignacio, la GN y el Ejército decomisaron seis armas largas, 50 cargadores y mil 550 cartuchos.

Michoacán: un detenido con orden de extradición y cinco arrestos más

En Tepalcatepec, fuerzas del Ejército, la FGR, la GN y la Policía Estatal catearon un inmueble y arrestaron a un hombre con orden de extradición vigente. Le confiscaron cuatro armas largas, 18 cargadores, 396 cartuchos, dosis de metanfetamina y dos chalecos tácticos.

En Zitácuaro, en la localidad Aputzio de Juárez, el Ejército detuvo a cinco personas y aseguró cinco armas largas, dos armas cortas, 15 cargadores, 369 cartuchos, cinco chalecos tácticos, seis placas balísticas, un equipo antidrón y un vehículo.

Tamaulipas: pasaportes falsos, cartuchos y tráfico de personas

En Nuevo Laredo, un operativo conjunto de la FGR, la SSPC, el Ejército, la GN y la Policía Estatal cateó seis inmuebles y detuvo a dos personas. El aseguramiento incluyó 94 pasaportes apócrifos —32 mexicanos y 62 estadounidenses— y siete teléfonos celulares.

En Ciudad Río Bravo y Valle Hermoso, el Ejército y la FGR catearon otros seis inmuebles y arrestaron a tres personas: un hombre vinculado al tráfico de estupefacientes, al tráfico de personas hacia Estados Unidos y al contrabando de armas desde ese país hacia México, además de dos mujeres. En Reynosa, un cateo adicional arrojó 90 mil 300 cartuchos y dos vehículos.

Sonora: fentanilo en polvo y menores de edad detenidos

En Hermosillo, la Semar, la Fiscalía y la Policía Estatal catearon tres inmuebles, arrestaron a seis personas y decomisaron 32 kilos de metanfetamina más 77 dosis de la misma sustancia.

En la carretera México-Nogales, a la altura de Opodepe, la GN y el Ejército detuvieron a cinco personas —tres de ellas menores de edad— a bordo de un vehículo procedente de Guaymas. El aseguramiento incluyó ocho kilos de fentanilo en polvo, dos kilos de cocaína y dosis de heroína.

Baja California Sur: explosivos y equipo de comunicación

En San José del Cabo, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN, la Fiscalía y la Policía Estatal realizaron dos cateos. En el primero detuvieron a una persona y le decomisaron un arma larga, dos cargadores y 100 artefactos explosivos.

En el segundo inmueble, ubicado en la colonia Villas de Cortez, no hubo detenidos pero sí un arsenal logístico: 47 chalecos porta placas, 62 placas balísticas, dos contadoras de dinero, 14 radios con nueve cargadores y 43 baterías, 30 tarjetas con claves de comunicación, dos mapas de San José del Cabo y diversas dosis de droga.

Chihuahua: laboratorio clandestino y precursores químicos

El operativo en Chihuahua apuntó directamente a la cadena de producción de drogas sintéticas. La GN, el Ejército y la FGR inhabilitaron un laboratorio clandestino donde aseguraron ocho reactores de síntesis orgánica, una centrifugadora, 16 costales de ácido tartárico, un tambo con cianuro y 26 tanques de gas LP.

En un segundo cateo vinculado al mismo caso, las autoridades localizaron un centro de almacenamiento de precursores químicos con 80 costales de ácido tartárico, dos tambos con alcohol bencílico, un bidón con 18 litros de la misma sustancia, ocho cilindros de gas, 12 cargadores y una motocicleta.

Durango, Colima, Guerrero, Jalisco y Tabasco

En Gómez Palacio, sobre la carretera a Chihuahua, el Ejército y la FGR detuvieron a una persona durante la inspección de un tractocamión. En el doble fondo de la caja seca encontraron 900 kilos de metanfetamina.

En Colima, en la colonia Bosques del Sur, la Semar y la Policía Estatal arrestaron a cuatro personas y les decomisaron 50 dosis de fentanilo y 69 dosis de metanfetaminas. En La Unión de Isidoro, Guerrero, fuerzas de la Semar, el Ejército, la GN y policías estatales y municipales aseguraron cinco armas largas, 14 cartuchos, dos cargadores y dosis de marihuana en el poblado El Mamey.

En Quitupan, Jalisco, el Ejército decomisó tres armas largas, cargadores, cartuchos y dos vehículos. En Centla, Tabasco, sobre la carretera Villahermosa-Centla, la Semar, el Ejército, la GN, la FGR, la Fiscalía y la Policía Estatal detuvieron a dos personas y aseguraron un tractocamión con 35 toneladas de fertilizante sustentable, un insumo susceptible de ser desviado hacia la producción de explosivos o drogas.

La violencia dentro de los hogares panameños continúa dejando escenas cada vez más brutales, reflejando el deterioro de los vínculos familiares y de una convivencia que durante años fue considerada la base de la sociedad.

En menos de una semana, las autoridades judiciales procesaron casos que incluyeron el asesinato de un adulto mayor a manos de su propio nieto, agresiones entre hermanas y amenazas de muerte de un hijo contra su madre para exigirle dinero.

Uno de los hechos más estremecedores ocurrió en la comunidad de Los Machos, en el corregimiento de El Palmar, distrito de Olá, provincia de Coclé. Allí, un hombre de 32 años fue enviado a detención provisional por seis meses tras ser imputado por homicidio doloso agravado en perjuicio de su abuelo materno, de 79 años.

De acuerdo con la investigación de la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé, el crimen ocurrió la mañana del 23 de mayo de 2026. El informe preliminar de necropsia reveló que el adulto mayor recibió múltiples golpes en la cabeza, rostro, tronco y extremidades, causándole la muerte.

Durante la audiencia de garantías, la Fiscalía solicitó la legalización de la aprehensión y la formulación de cargos. El juez también ordenó la detención provisional al considerar el alto grado de agresividad demostrado por el imputado y el peligro que representaba tanto para la comunidad como para los familiares de la víctima.

Otro caso reciente se registró en El Cruce de Torrijos Carter, en el corregimiento de Rogelio Sinán, distrito de San Miguelito. Allí, una mujer de 40 años fue detenida provisionalmente luego de ser imputada por violencia doméstica en perjuicio de su hermana de 42 años, a quien presuntamente agredió físicamente causándole lesiones en distintas partes del cuerpo.

Según el Ministerio Público, el incidente ocurrió el pasado 17 de mayo dentro de una residencia familiar. La Fiscalía de Familia y el Menor solicitó la medida cautelar argumentando riesgos procesales, afectación de pruebas y el peligro que la imputada representaba para la víctima y otros familiares.

Mientras tanto, en Chiriquí, otro hombre quedó detenido provisionalmente tras ser acusado de violencia doméstica psicológica, hostigamiento y quebrantamiento de medida de protección en perjuicio de su propia madre. La investigación señala que desde febrero de este año el imputado acudía constantemente a la vivienda de la víctima para exigirle dinero mediante amenazas e intimidación.

De acuerdo con las autoridades, el hombre amenazaba con atentar contra la vida de su madre y de su hermana si no accedían a entregarle dinero. Aunque previamente existía una orden de alejamiento, el señalado continuó acercándose a la residencia y mantuvo los episodios de hostigamiento.

Los casos recientes coinciden con un aumento sostenido en las denuncias relacionadas con violencia doméstica, maltrato infantil y agresiones contra adultos mayores en Panamá. Las cifras preliminares del Ministerio Público revelan que entre enero y abril de 2026 se registraron 8,272 denuncias por delitos contra el orden jurídico familiar y el estado civil, un incremento de 19.2% en comparación con el mismo período del año pasado.

La violencia doméstica continúa siendo el delito más denunciado en el país. Solo entre enero y abril de este año se contabilizaron 6,089 casos, frente a 5,215 registrados durante el mismo período de 2025, reflejando un aumento de 16.8%.

Las estadísticas también muestran incrementos preocupantes en otros delitos familiares. Los casos de maltrato al adulto mayor pasaron de 288 a 445 denuncias, un aumento de 55%, mientras que los delitos contra la familia crecieron 54%. El maltrato al menor registró 1,412 denuncias en apenas cuatro meses.

Las áreas con mayores aumentos en este tipo de delitos fueron Panamá Oeste, con un incremento de 50%; San Miguelito, con 45%; Herrera, con 37%; y Veraguas, con 28%, según datos del Centro de Estadística del Ministerio Público.

Especialistas en temas de violencia familiar han advertido en reiteradas ocasiones que muchos de estos casos permanecen ocultos durante años dentro de los hogares y solo salen a la luz cuando las agresiones escalan a niveles extremos. Factores como el consumo de drogas y alcohol, problemas económicos, conflictos de convivencia y la falta de atención psicológica suelen aparecer de forma recurrente en este tipo de situaciones.

Mientras las denuncias siguen aumentando, las autoridades enfrentan el reto de fortalecer la prevención, la protección de las víctimas y la atención psicológica dentro de comunidades donde la violencia doméstica se ha convertido en un problema cada vez más visible y frecuente.

La lucha contra las pandillas volvió a ocupar el centro de la agenda de seguridad en Panamá. Un operativo conjunto entre la Policía Nacional y el Ministerio Público permitió la captura de siete presuntos integrantes de la organización criminal Bagdad-Santa Eduviges, una estructura señalada por las autoridades de mantener control territorial en sectores de Panamá Este y estar vinculada a delitos como homicidio, tráfico de drogas, robos, privaciones de libertad y posesión ilegal de armas de fuego.

La denominada Operación Combate se desarrolló mediante allanamientos simultáneos en Santa Eduviges, La Siesta, Tocumen, Pacora y San Miguelito.

Entre los aprehendidos figura alias “Rungito”, identificado por las autoridades como uno de los presuntos cabecillas de la organización criminal, considerada una de las células asociadas a la pandilla Bagdad que opera en el área metropolitana.

La Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita dirigió las diligencias con apoyo de unidades de la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y de la Dirección de Investigación Judicial.

Durante los registros fueron ubicados vehículos, dinero en efectivo e indumentaria utilizada por los miembros de la agrupación, incluyendo prendas con simbología de la bandera de Corea del Sur, un distintivo utilizado por esta pandilla para identificarse.

De acuerdo con la investigación, iniciada el 6 de marzo de 2023, la organización mantenía influencia en el sector de Santa Eduviges, corregimiento de Tocumen, desde donde presuntamente coordinaba actividades relacionadas con microtráfico, homicidios, robos y otros delitos.

Las autoridades sostienen que el grupo había consolidado una estructura con capacidad de ejercer control territorial sobre comunidades específicas del este de la capital.

La operación ocurre en medio de un incremento de homicidios a plena luz del día en avenidas de Panamá. En varios de estos casos, las víctimas mantenían un extenso prontuario delictivo y presunta vinculación con algunas de las más de 25 organizaciones criminales identificadas en el país.

En respuesta el Gobierno mantiene una ofensiva contra las pandillas y grupos vinculados al narcotráfico. Según cifras divulgadas por la Policía Nacional, durante 2026 se han realizado cientos de allanamientos y operativos dirigidos contra estas estructuras, con resultados que incluyen la captura de más de 240 pandilleros a nivel nacional, muchos de ellos vinculados a homicidios y tentativas de homicidio.

Bagdad es considerada una de las organizaciones criminales más conocidas del país. Su nombre volvió a cobrar notoriedad recientemente tras la condena en una corte federal de Los Ángeles de Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado por las autoridades estadounidenses como uno de los principales líderes de esta organización.

Camargo fue extraditado desde Costa Rica en 2023 y posteriormente declarado culpable por delitos relacionados con narcotráfico y crimen organizado.

Los informes de seguridad identifican a Bagdad como una estructura con presencia en distintos sectores de Panamá y Colón, donde opera a través de células territoriales que controlan plazas de microtráfico y participan en disputas con grupos rivales.

Precisamente, las autoridades consideran que una parte importante de los homicidios registrados en el país está asociada a conflictos entre pandillas por el dominio de estas actividades ilícitas.

Esta semana, el presidente José Raúl Mulino reconoció la preocupación existente por los recientes hechos violentos registrados en espacios públicos, pero aseguró que no contempla cambios en los estamentos de seguridad.

El mandatario sostuvo que muchos de estos asesinatos corresponden a disputas entre grupos criminales y admitió que son hechos difíciles de prevenir, porque las autoridades no siempre pueden anticipar “quién tumba y quién es el tumbado”, en referencia a los conflictos derivados de robos o pérdidas de droga entre bandas.

El mandatario expresó su respaldo al ministro de Seguridad, Frank Ábrego, y al director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, destacando que la estrategia gubernamental se concentra en debilitar las estructuras criminales mediante inteligencia, capturas y decomisos.

“Me siento muy complacido del trabajo del director de la Policía y del ministro de Seguridad", afirmó Mulino durante una conferencia de prensa. El gobernante sostuvo que las autoridades mantienen una búsqueda permanente de los principales objetivos criminales y adelantó que próximamente se anunciarán nuevas medidas orientadas a reforzar el combate contra la delincuencia organizada.

Por su parte, el director de la Policía Nacional aseguró que la violencia reciente responde, en gran medida, a las afectaciones que las operaciones de seguridad han causado a las redes de narcotráfico y microtráfico. Fernández indicó que en los últimos días fueron capturados varios homicidas y que los operativos continuarán con el respaldo del Ministerio Público para sacar de circulación a integrantes de organizaciones criminales.

Los detenidos en la Operación Combate serán llevados ante un juez de garantías, donde el Ministerio Público solicitará la imputación de cargos y la aplicación de medidas cautelares.

Mientras tanto, las autoridades consideran que la captura de alias “Rungito” representa un golpe importante contra una de las células criminales con presencia en Panamá Este, aunque reconocen que la lucha contra estas organizaciones requiere un trabajo sostenido para evitar que nuevos liderazgos ocupen los espacios dejados por los cabecillas detenidos.

Un adolescente de 16 años fue condenado a 11 años de prisión por su participación en el robo y homicidio de un conductor que prestaba servicios mediante una plataforma digital en Panamá Oeste.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Superior de Adolescentes de Panamá Oeste, que logró la validación de un acuerdo de pena ante el Juzgado Penal de Adolescentes.

La sentencia se produce en medio de las preocupaciones por la delincuencia juvenil en Panamá. De acuerdo con cifras preliminares del Ministerio Público, entre enero y abril de 2026 las Fiscalías Superiores de Adolescentes recibieron 1,526 denuncias por hechos delictivos a nivel nacional, de las cuales 276 correspondieron a Panamá Oeste, la tercera cifra más alta del país, solo superada por Panamá y Chiriquí.

Según la investigación, el crimen ocurrió el 14 de agosto de 2025, aproximadamente a las 9:43 p.m., cuando el adolescente condenado, junto a otros dos menores de edad y un adulto, abordó un vehículo que prestaba servicios de transporte por aplicación en la barriada Colinas del Valle, en La Chorrera.

La Fiscalía estableció que, una vez dentro del automóvil, los ocupantes utilizaron violencia e intimidación para apoderarse del vehículo. Durante el ataque, el conductor recibió múltiples heridas con arma blanca.

Posteriormente, los agresores trasladaron el cuerpo de la víctima hasta el río El Chorro de Las Yayas, ubicado en el sector de Zanguenga, distrito de La Chorrera, donde lo abandonaron. Horas después, el 15 de agosto a las 12:20 a.m., incendiaron el automóvil con el propósito de eliminar evidencias del crimen.

Durante la audiencia, el Ministerio Público logró que el tribunal validara un acuerdo de pena alcanzado entre las partes. Como resultado, el adolescente fue declarado responsable de los delitos de robo agravado, homicidio agravado y asociación ilícita para delinquir, recibiendo una sanción de 11 años de prisión.

Las estadísticas del Ministerio Público reflejan que los delitos contra la vida y la integridad personal continúan teniendo una presencia significativa dentro de la criminalidad juvenil. Entre enero y abril de este año se contabilizaron 258 denuncias vinculadas a este tipo de delitos en todo el país.

Sin embargo, los delitos más frecuentes entre adolescentes corresponden a aquellos contra la libertad e integridad sexual, con 545 denuncias registradas durante el período analizado. Le siguen los delitos contra el patrimonio económico, con 297 casos, y los delitos contra la seguridad colectiva, con 227 denuncias.

El informe también revela una intensa actividad judicial en materia de adolescentes en conflicto con la ley. Entre enero y abril se realizaron 2,670 audiencias a nivel nacional, incluyendo 277 audiencias de formulación de imputación, 175 audiencias de medidas cautelares y 197 audiencias de acuerdos de pena.

Durante ese mismo período se aplicaron 217 medidas cautelares, de las cuales 102 correspondieron a detención provisional y 115 a medidas distintas a la privación de libertad.

Las fiscalías de adolescentes también registraron 212 sentencias entre enero y abril. De ellas, 181 fueron producto de acuerdos de pena y solo nueve se derivaron de juicios orales. El informe muestra además que 236 de las 237 decisiones judiciales emitidas durante el período fueron condenatorias, reflejando una tasa de condena cercana al 100% en los casos concluidos.

Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones relacionadas con los otros participantes en el homicidio del conductor. El caso se convirtió en uno de los hechos criminales más impactantes registrados en Panamá Oeste durante 2025, debido a la violencia empleada contra la víctima y a los intentos posteriores por desaparecer tanto el cuerpo como el vehículo utilizado para prestar el servicio de transporte.

Uno de los casos más recientes ocurrió en la avenida Canto Grande, donde delincuentes ingresaron a un bazar instalado dentro de una vivienda y se llevaron mercadería valorizada en aproximadamente S/ 40.000. Según las imágenes captadas por cámaras de vigilancia, los sujetos utilizaron la modalidad del palanqueo para forzar la cerradura del inmueble y acceder al interior.

Con herramientas como patas de cabra, los hampones removieron puertas y rejas para llevarse todo lo que encontraron a su paso. El robo ocurrió durante la noche y, en cuestión de minutos, los delincuentes escaparon con diversos productos del negocio antes de que los propietarios pudieran reaccionar.

Otras cámaras de seguridad también registraron a sujetos presuntamente vinculados a casos de extorsión y ataques armados contra negocios de comida rápida en distintos puntos de San Juan de Lurigancho. Las imágenes muestran cómo los delincuentes se movilizan en motocicletas para cometer los atentados y luego escapar rápidamente.

En otro operativo realizado por agentes de Serenazgo y la Policía Nacional, las autoridades hallaron una motocicleta robada mientras era repintada de negro en un inmueble, presuntamente para dificultar su identificación y reutilizarla en actividades delictivas.

Las cifras de criminalidad reflejan la gravedad de la situación en el distrito. De acuerdo con datos proporcionados por el municipio, solo en el último mes se registraron 368 incidentes delictivos en San Juan de Lurigancho. Entre ellos figuran 236 robos, seis casos de extorsión, cuatro secuestros y 12 homicidios. La mayoría de estos hechos se producen durante las noches y madrugadas.

Ante el incremento de la inseguridad, la municipalidad implementó un sistema de más de 600 cámaras de videovigilancia y un mapa de calor que permite identificar las zonas con mayor incidencia delictiva.

El alcalde de San Juan de Lurigancho, Jesús Maldonado, aseguró que aún existen dificultades para fortalecer el sistema de identificación de delincuentes debido a problemas administrativos entre instituciones del Estado. “Lamentablemente, la Policía Nacional y el Reniec tienen demasiados entrampamientos administrativos para compartir su base de datos”, señaló la autoridad edil a Latina.

Frente a ello, el municipio decidió crear un sistema propio de alertas con personas identificadas en investigaciones o hechos delictivos. Según explicó el burgomaestre, cuando una persona registrada por el sistema es detectada por las cámaras de vigilancia, se activa una alerta inmediata para realizar el seguimiento correspondiente. “La persona que ha sido ingresada, inmediatamente después de pasar por nuestra cámara, salta una alerta”, explicó Maldonado.

Mientras tanto, el temor sigue creciendo entre los vecinos. Una docente del distrito relató que ni siquiera dentro de su centro laboral se siente segura debido a las constantes amenazas de extorsionadores. “En la propia casa se puede sentir seguro. Ni en el trabajo se puede sentir seguro, porque soy docente y han extorsionado al colegio”, contó una vecina de la zona.

Comerciantes y residentes permanecen atentos a las cámaras de seguridad y a cualquier movimiento sospechoso, en medio de una creciente preocupación por el avance de la delincuencia en San Juan de Lurigancho, donde las bandas criminales ya no solo acechan en las calles, sino que ahora también buscan irrumpir directamente en viviendas y negocios.

El hecho ocurrió mientras participaba en el programa Activo Deportes, donde analizaba los playoffs de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional Femenil. La escena quedó captada en tiempo real y generó impacto en redes sociales debido a la forma en que los delincuentes interceptaron al comunicador frente a la cámara.

Así ocurrió el asalto contra Fer Vargas

De acuerdo con el reporte, Fernando Vargas decidió refugiarse dentro de su vehículo debido a la lluvia y estacionó en una gasolinería para completar su participación televisiva desde el celular.

Mientras ofrecía sus comentarios deportivos, un hombre abrió violentamente la puerta del automóvil. El agresor cortó cartucho para intimidarlo y le ordenó descender del vehículo.

Durante la transmisión, Vargas intentó mantener la calma mientras pedía al asaltante que no le hicieran daño. Segundos después desapareció de cuadro mientras los conductores del programa observaban atónitos lo sucedido.

Los delincuentes le quitaron cartera, teléfono celular y otras pertenencias. También se llevaron el automóvil. El periodista pidió conservar alguna identificación, pero los responsables rechazaron su solicitud.

Minutos más tarde, elementos de la Guardia Nacional auxiliaron al comunicador, quien logró contactar a familiares y posteriormente acudió ante las autoridades para levantar la denuncia correspondiente.

¿Quién es Fer Vargas?

Fernando Vargas Nolasco cuenta con una amplia trayectoria en el periodismo y la gestión deportiva en México, especialmente dentro del baloncesto profesional.

Actualmente se desempeña como Director de Comunicación de la Liga Caliente.mx LNBP, donde coordina estrategias relacionadas con prensa, contenidos y manejo de talentos. También encabeza proyectos empresariales como Director de Operaciones de Grupo Empresarial Díaz.

Además de su faceta directiva, Fer Vargas mantiene presencia en medios como columnista de Eje Central y académico en la Universidad Amerike, donde imparte clases de maestría enfocadas en gestión deportiva.

Su experiencia incluye más de 23 años dentro del periodismo especializado en baloncesto nacional e internacional. Entre sus antecedentes destacan cargos como Director del Diario Deportivo Estadio y Director General de Deportes en Capital Media.

También formó parte de las Selecciones Nacionales de Baloncesto durante los Juegos Panamericanos de Guadalajara 2011.

El caso de Fernando Vargas reavivó la conversación sobre los riesgos que enfrentan periodistas y ciudadanos en espacios públicos. Las imágenes del asalto circularon rápidamente en redes sociales y provocaron muestras de solidaridad hacia el comunicador, quien confirmó que no sufrió lesiones físicas pese al violento episodio.

Panamá registró un aumento en los delitos de robo y robo agravado durante los primeros cuatro meses de 2026, según las estadísticas preliminares del Ministerio Público. Entre enero y abril se contabilizaron 1,623 hechos criminales vinculados a estos delitos, lo que representa un incremento de 5% en comparación con el mismo período de 2025, cuando se reportaron 1,545 casos.

Las cifras reflejan que el comportamiento mensual de los robos mostró una tendencia de repunte después de febrero. Enero cerró con 417 casos, febrero bajó a 381 y marzo registró 388, pero abril se convirtió en el mes con más denuncias del año, al alcanzar 437 casos, el nivel más alto del primer cuatrimestre.

Del total de casos registrados este año, 755 correspondieron al delito de robo simple y 868 a robo agravado. El robo agravado —que incluye situaciones donde existe violencia, uso de armas, participación de varias personas o circunstancias que incrementan el riesgo para la víctima— continúa representando la mayor proporción de denuncias, con más del 53% de los expedientes abiertos por el Ministerio Público.

El informe estadístico muestra además que tanto el robo simple como el agravado aumentaron frente al año pasado. El robo simple pasó de 709 casos en 2025 a 755 en 2026, un incremento de 6%, mientras que el robo agravado subió de 836 a 868 casos, equivalente a 4%.

La provincia de Panamá sigue concentrando la mayor cantidad de denuncias por robo del país. Entre enero y abril acumuló 898 casos, equivalente a más de la mitad de todos los robos reportados. Dentro de esa cifra, 494 correspondieron a robo simple y 404 a robo agravado.

Panamá Oeste ocupó el segundo lugar con 218 casos acumulados durante el primer cuatrimestre, seguido de San Miguelito con 165 y Chiriquí con 117 denuncias. En conjunto, estas cuatro áreas concentraron buena parte de los reportes nacionales, lo que confirma que la incidencia sigue asociada principalmente a zonas urbanas, corredores comerciales y regiones con alta movilidad de personas.

En el caso de San Miguelito, las estadísticas muestran un comportamiento particular: de los 165 casos registrados, 152 fueron catalogados como robo agravado, una de las proporciones más altas del país. Esto significa que más del 92% de las denuncias en ese distrito incluyeron circunstancias agravantes, como violencia, intimidación o uso de fuerza contra las víctimas.

El comparativo interanual revela además que algunas regiones registraron incrementos importantes frente al mismo período de 2025. Coclé mostró un aumento de 30%, al pasar de 33 a 43 casos; Los Santos subió 29%, Veraguas 21%, Colón 18% y San Miguelito 12%. En contraste, Bocas del Toro y Chiriquí reflejaron disminuciones de 25% y 18%, respectivamente.

La provincia de Panamá Oeste también mantuvo cifras elevadas, con 218 denuncias acumuladas entre enero y abril, apenas 3% más que el año pasado. Las autoridades han reconocido que el crecimiento poblacional, la expansión urbana y la movilidad entre Panamá y Panamá Oeste continúan presionando las capacidades operativas de seguridad en ambos territorios.

Expertos en criminología sostienen que el robo agravado suele estar asociado a estructuras delictivas más organizadas y dinámicas urbanas complejas, vinculadas con desempleo, informalidad, tráfico de drogas y reincidencia criminal. Además, advierten que el aumento de delitos patrimoniales suele tener impacto directo sobre la percepción de seguridad de la población.

El Ministerio Público indicó que las cifras continúan siendo preliminares y pueden variar conforme avancen los procesos de depuración estadística. No obstante, el comportamiento observado entre enero y abril ya refleja que los delitos de robo mantienen una tendencia superior a la registrada durante el mismo período del año pasado.

Las estadísticas también muestran fuertes diferencias regionales. Mientras provincias como Herrera y Darién apenas registraron ocho y siete casos respectivamente, áreas urbanas y densamente pobladas como Panamá, San Miguelito y Panamá Oeste concentraron la mayoría de las denuncias nacionales.

El repunte observado en abril coincide además con meses de mayor actividad comercial y movilidad interna en varias regiones del país, factores que históricamente suelen influir en el comportamiento de delitos contra el patrimonio económico. Mientras tanto, las autoridades mantienen operativos de vigilancia y estrategias focalizadas en sectores considerados de mayor incidencia criminal.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran el nivel de planificación con el que actuaron los atacantes. Según los registros, los sujetos utilizaron tres vehículos distintos para cerrar completamente el paso de la camioneta objetivo y dejarla atrapada en un estrecho tramo de la vía, sin posibilidad de maniobra ni escape inmediato.

De acuerdo con las grabaciones, el vehículo blanco avanzaba lentamente por la avenida cuando llegó a la altura de un rompemuelles. Fue en ese momento cuando comenzó la emboscada. Uno de los autos utilizados por los delincuentes se colocó delante de la camioneta para bloquear su avance. Otro vehículo apareció por la parte posterior, cerrando cualquier posibilidad de retroceso. Un tercer automóvil, ubicado al lado derecho, terminó de completar el cerco.

Camioneta de víctima fue reducida

En cuestión de segundos, la camioneta quedó completamente atrapada entre los tres vehículos en una vía reducida de apenas dos carriles. Sin margen para escapar, el conductor quedó a merced del grupo armado.

Las imágenes revelan que, inmediatamente después de concretar el bloqueo, varios de los encapuchados descendieron rápidamente de los autos y comenzaron a disparar contra el vehículo blanco. Según la información preliminar, se realizaron al menos seis disparos durante el atentado.

El sonido de las detonaciones desató el pánico entre las personas que transitaban por la zona. Algunos peatones corrieron para ponerse a salvo, mientras conductores intentaban alejarse rápidamente del lugar. La violencia del ataque generó escenas de tensión en plena vía pública y volvió a poner en evidencia el clima de inseguridad que enfrenta el Callao.

¿Víctima disparó contra delincuentes?

Uno de los momentos más impactantes del atentado ocurrió cuando uno de los delincuentes logró acercarse a la camioneta y abrir la puerta del conductor. Sin embargo, en medio del caos, el conductor realizó una maniobra brusca que aparentemente sorprendió a los atacantes.

Tras ese movimiento, los delincuentes comenzaron a dispersarse rápidamente. Algunos regresaron a los vehículos de apoyo para huir de la escena, mientras otros escaparon corriendo por distintas direcciones.

Pese a la ráfaga de disparos y la violencia del ataque, las imágenes muestran que el conductor logró arrancar la camioneta y escapar a toda velocidad. Esa reacción hace presumir que sobrevivió al atentado, aunque hasta el cierre de este informe no se había confirmado oficialmente su estado de salud ni si viajaba acompañado al momento del ataque.

Tampoco se ha determinado si la víctima portaba algún tipo de arma o intentó defenderse durante la emboscada. Sin embargo, la reacción acelerada de los atacantes tras el movimiento del conductor ha generado diversas hipótesis entre los investigadores.

Por la forma en que se ejecutó el ataque, las autoridades manejan preliminarmente la posibilidad de que se trate de un ajuste de cuentas o un atentado dirigido específicamente contra una persona vinculada a actividades criminales o de relevancia para organizaciones delictivas.

El nivel de coordinación mostrado por los delincuentes, el uso de múltiples vehículos y la rapidez con la que actuaron refuerzan la hipótesis de un ataque planificado con anticipación.

Minutos después de la balacera, agentes de la Policía Nacional del Perú llegaron al lugar tras recibir alertas de los vecinos. Los efectivos acordonaron la zona e iniciaron las primeras diligencias para recoger evidencias y analizar las imágenes de las cámaras de seguridad cercanas.

Durante la inspección, la Policía encontró seis casquillos de bala esparcidos sobre el pavimento, evidencia que confirma la intensidad del ataque armado.

Pese a la violencia registrada en plena avenida, las autoridades señalaron que no se reportaron personas heridas entre los transeúntes ni daños colaterales en viviendas, denuncia o negocios cercanos. Sin embargo, el hecho causó gran preocupación entre los vecinos debido a que la balacera ocurrió en una zona donde transitaban familias y menores de edad.

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la ausencia de patrullaje policial al momento del atentado. Según testigos, no había presencia de agentes de seguridad en la zona cuando ocurrió la emboscada, lo que permitió que los delincuentes actuaran durante varios segundos antes de escapar.

No hubo denuncia

La escena registrada en Conde de Lemos refleja nuevamente el alto nivel de violencia que continúa golpeando al Callao, una de las zonas más afectadas por la delincuencia y el crimen organizado en el país.

Vecinos de la zona expresaron su temor tras el ataque y señalaron que los episodios de violencia se han vuelto cada vez más frecuentes. Muchos aseguraron sentirse inseguros incluso durante el día, ya que los ataques armados ya no ocurren únicamente en horas de la noche.

La modalidad utilizada por los delincuentes también generó preocupación entre especialistas en seguridad, debido a la precisión con la que se ejecutó el cerco vehicular. El uso de tres autos para inmovilizar a la víctima demuestra un importante nivel de organización y seguimiento previo.

La jefa de Gobierno Clara Brugada Molina aseguró que los delitos de alto impacto mostraron una caída sostenida durante los primeros meses de 2026. De enero a abril, los homicidios registraron su nivel más bajo desde 2022, mientras la reducción en estos delitos alcanza 7 por ciento en comparación con 2025. Durante esta mañana en conferencia de prensa, la mandataria afirmó que estas cifras reflejan el avance de la estrategia de construcción de paz en la capital.

Brugada indicó que el robo de vehículo, con y sin violencia, disminuyó 25 por ciento respecto al año pasado y 62 por ciento si se compara con abril de 2019, cuando se reportaron 1,149 casos, frente a los 436 de abril de 2026.

“Ese es el resultado más importante”, señaló Brugada desde la Unidad de Protección Ciudadana Hormiga, en Azcapotzalco.

Aumentan órdenes de aprehensión y condenas

Por su parte, la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, informó que las órdenes de aprehensión por homicidio aumentaron 9 por ciento y las vinculadas a robo de vehículo crecieron 49 por ciento en el periodo. Mientras que en materia de extorsión, se registraron 55 órdenes de aprehensión, lo que representó un incremento de 162 por ciento frente a 2019.

Las judicializaciones por homicidio subieron 38 por ciento y las sentencias condenatorias llegaron a 454 en abril, lo que equivale a un alza de 89 por ciento respecto al año anterior. En el caso de violación, se han cumplimentado 140 órdenes de aprehensión, 48.9 por ciento más que en 2024.

Operativos y decomisos marcan la administración

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reportó la detención de 10,435 personas por delitos de alto impacto entre octubre de 2024 y abril de 2026. Durante este periodo, las autoridades aseguraron 1,680 kilogramos de marihuana, 215 kilogramos de cocaína, 92 kilogramos de metanfetamina y 15 kilogramos de cristal. Además, decomisaron 2,962 armas de fuego y 6,106 vehículos.

En la alcaldía Azcapotzalco, se logró la detención de 56 personas ligadas a grupos generadores de violencia y se llevaron a cabo más de 330 acciones operativas que resultaron en 390 detenciones.

Disminuye la percepción negativa y las llamadas de emergencia

Finalmente, el titular del C5, Salvador Guerrero Chiprés, señaló que durante abril de 2026 se recibieron 107,841 llamadas, una baja de 7.2 por ciento frente al mismo mes de 2025. Las llamadas improcedentes descienden 17.4 por ciento y el promedio diario de llamadas efectivas pasó de 4,092 a 3,592.

Brugada Molina sostuvo que la tendencia a la baja en delitos y la mejoró en la percepción de seguridad están relacionadas con la estrategia integral fundamentada en inteligencia, proximidad policial y atención a causas. La jefa de Gobierno también reconoció la actuación de las fiscalías en los recientes casos de homicidio y feminicidio donde los responsables fueron detenidos.

El hecho ocurrió cerca de las 8:00 a. m. del sábado 9 de mayo, en la intersección de la calle 58 con carrera 7, una zona frecuentada por residentes y transeúntes. De acuerdo con información de la Policía Metropolitana de Bogotá, la víctima caminaba por el sector cuando fue abordada por la espalda por un sujeto que, bajo la modalidad de raponazo, le arrebató el teléfono móvil.

La reacción de la mujer fue inmediata. Según declaraciones recogidas por la Policía de Bogotá, la ciudadana se negó a soltar sus pertenencias y forcejeó con el agresor, mientras gritaba pidiendo ayuda. “Auxilio, me están robando”, logró expresar en repetidas ocasiones, lo que alertó a comerciantes y vecinos cercanos.

La comunidad intervino

En cuestión de segundos, trabajadores de un local comercial y vigilantes del sector salieron para auxiliar a la mujer. Otros transeúntes también se sumaron al esfuerzo, logrando interceptar al presunto delincuente y retenerlo en el lugar. Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto, donde se observa el forcejeo y la intervención colectiva que evitó la fuga del sospechoso.

La escena coincidió con labores de patrullaje que realizaban uniformados de la Estación de Policía Chapinero. Los agentes recibieron una alerta a través del dispositivo móvil PDA sobre la retención de un presunto ladrón por parte de la comunidad. Al llegar al sitio, los policías encontraron al hombre en el suelo, rodeado por ciudadanos que lo señalaban como el responsable del hurto.

Detención y proceso judicial

Los uniformados procedieron con la captura formal del implicado, identificado como un hombre de 27 años, que fue trasladado y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de hurto. La Policía Metropolitana de Bogotá destacó el papel fundamental de la denuncia ciudadana y la reacción colectiva, subrayando que la colaboración entre comunidad y autoridades facilita la respuesta ante hechos delictivos.

“La rápida reacción policial y la alerta de la comunidad permitieron la detención del sospechoso en el lugar de los hechos”, comunicó la Policía en su cuenta de X. La institución reiteró el llamado a la ciudadanía para reportar cualquier hecho contrario a la convivencia o delictivo en la capital.

El contexto de la inseguridad en Bogotá

El hurto de celulares continúa figurando entre los delitos más reportados en Bogotá. De acuerdo con cifras oficiales compartidas por la Policía de Bogotá, durante los primeros tres meses del año se registraron 30.862 víctimas de hurto a personas y 5.584 casos de lesiones personales. Las autoridades insisten en la importancia de denunciar oportunamente a través de la línea de emergencias 123 para contribuir a las investigaciones y sanciones correspondientes.

La estrategia Seguridad, Dignidad y Democracia, implementada por la institución, prioriza el patrullaje preventivo y la articulación con la ciudadanía. Según reiteró la Policía, la denuncia y la colaboración vecinal son elementos determinantes para reducir los índices de criminalidad.

Reacciones y llamado a la denuncia

En redes sociales, el video de la captura se viralizó, generando múltiples reacciones entre usuarios que comentan tanto la valentía de la víctima como la solidaridad manifestada por la comunidad. Autoridades locales reiteran la importancia de mantener la alerta y reportar cualquier situación sospechosa.

La Policía Metropolitana de Bogotá concluyó que el hombre capturado deberá responder ante la Fiscalía General de la Nación. Mientras tanto, la institución mantiene su invitación a los habitantes de la capital para que continúen contribuyendo con información y denuncias, con el objetivo de fortalecer la seguridad en todos los sectores de la ciudad.

La República Dominicana ha alcanzado un registro inédito en materia de seguridad ciudadana, según datos oficiales divulgados por la Policía Nacional y la Fuerza de Tarea Conjunta al cierre de abril de 2026.

El país reporta una tasa de homicidios acumulada de 7.30 por cada 100,000 habitantes, el nivel más bajo de los últimos cuatro años, de acuerdo con el reporte semanal de estadística delictiva número 146. Este indicador sitúa a la nación como uno de los referentes regionales en el descenso sostenido de la violencia letal.

De acuerdo con la información proporcionada por la Policía Nacional, el día de ayer, 8 de mayo, la evolución de los indicadores de homicidios en República Dominicana evidencia una reducción progresiva. En 2023, la tasa nacional se ubicó en 12.51 por cada 100,000 habitantes.

Un año más tarde, en 2024, descendió a 10.19 y, durante 2025, la cifra cayó a 8.02. En abril de 2026, el dato mensual específico marcó 4.89, lo cual representa una disminución de más del 40% en comparación con el inicio de la serie analizada.

El reporte fue presentado durante una reunión de seguimiento encabezada por el mayor general Andrés Modesto Cruz Cruz, director general de la Policía Nacional. En ese encuentro, el alto mando policial examinó los resultados de las estrategias preventivas y operativas desplegadas en todo el territorio nacional. Según el resumen oficial, la gestión actual ha priorizado la inteligencia policial y el monitoreo constante como ejes centrales de la política de seguridad pública.

El papel del Mapa de Calor en la estrategia de seguridad

Uno de los aspectos destacados por la Fuerza de Tarea Conjunta es la distribución territorial del descenso en los homicidios. El informe señala que el 82.4% de las demarcaciones del país mantienen tasas de un solo dígito, lo que implica que la mayoría de las provincias y municipios registran menos de 10 homicidios por cada 100,000 habitantes.

El documento oficial precisa que 28 territorios presentan índices de un solo dígito y tres de ellos no han registrado ningún homicidio en lo que va del año. Solo seis jurisdicciones mantienen tasas de dos dígitos, identificadas como zonas prioritarias para nuevas intervenciones.

La estrategia de seguridad, de acuerdo con declaraciones recogidas por la Policía Nacional, se apoya en herramientas tecnológicas de análisis criminal, entre ellas es el Mapa de Calor de la Fuerza de Tarea Conjunta.

Este sistema permite identificar en tiempo real los puntos de mayor incidencia delictiva, facilitando la implementación de intervenciones focalizadas. De igual manera, la coordinación interinstitucional ha sido fundamental en estos logros. La Fuerza de Tarea Conjunta, que agrupa a la Policía Nacional, los organismos de seguridad del Estado y el Ministerio Público, ha promovido la colaboración para garantizar tanto la persecución de infractores como la prevención del delito.

“El compromiso es mantener la convivencia pacífica y fortalecer la percepción de seguridad de todos los dominicanos”, afirmó el alto mando policial durante la reunión, según reportaron fuentes institucionales. Las autoridades reiteraron que la vigilancia y la evaluación periódica continuarán.

Al cierre del primer cuatrimestre de 2026, la República Dominicana presenta un escenario estadístico alentador en materia de seguridad pública. Con una tasa de homicidios en 7.30 y la mayoría de las demarcaciones bajo control, el país se perfila como un caso de éxito regional en la gestión de políticas de prevención y control de la criminalidad.

El incremento sostenido de ataques cibernéticos contra instituciones del Estado panameño ha encendido las alertas sobre la capacidad de respuesta y el nivel de inversión pública en ciberseguridad, luego de que en 2026 se confirmaran múltiples incidentes que han afectado desde plataformas digitales hasta cuentas oficiales en redes sociales.

Ante este escenario, surge una pregunta clave: ¿cuánto destina realmente Panamá para proteger su infraestructura digital?. De acuerdo con datos oficiales, el país invierte alrededor de $26 millones en ciberseguridad, de los cuales $6 millones corresponden a la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental (AIG) y cerca de $20 millones adicionales se distribuyen en el resto de las entidades del Estado, en medio de una creciente presión por fortalecer sistemas y cerrar vulnerabilidades.

El director de la AIG, Adolfo Fábrega, aseguró que el país mantiene un enfoque activo para cerrar vulnerabilidades y fortalecer la defensa de sus sistemas, al tiempo que destacó que el Estado no ha pagado rescates ante incidentes de ciberseguridad.

“El enfoque es claro: identificar y cerrar vulnerabilidades de forma constante”, explicó Fábrega, al detallar que existe un programa ambicioso de remediación que ya ha permitido ubicar la mayoría de las debilidades en los sistemas gubernamentales.

“Lo que tenemos es que simplemente terminar de cerrarlas”, indicó, al subrayar que este proceso no se detiene y evoluciona diariamente, debido a que las amenazas continúan surgiendo a medida que avanza la digitalización de los servicios públicos.

El funcionario insistió en que la estrategia del Gobierno busca evitar que los ataques se conviertan en incidentes con impacto operativo. “Ataques hay todos los días, pero el punto es cómo se gestionan”, afirmó, al destacar que el país ha reforzado su equipo de respuesta a incidentes (CSIRT), encargado de atender y mitigar eventos de seguridad.

Este equipo cuenta con capacitación especializada y apoyo internacional, lo que permite responder de forma más eficiente ante posibles vulneraciones.

El contexto reciente evidencia la presión que enfrentan las instituciones. En lo que va de 2026, al menos nueve entidades del Estado han sido blanco de ataques, incluyendo casos de ransomware, intrusiones y usurpación de identidad digital.

Entre los episodios más visibles se encuentran afectaciones en la Contraloría General, que sufrió dos incidentes en redes sociales, así como alertas en entidades como la Caja de Seguro Social (CSS) y plataformas digitales vinculadas al sector empresarial.

Fábrega explicó que el incremento de estos ataques no es exclusivo de Panamá, sino que responde a una tendencia global impulsada por la aceleración de la digitalización.

“A mayor digitalización, mayor superficie de ataque y mayor visibilidad para los ciberdelincuentes”, sostuvo, al indicar que el país ha avanzado rápidamente en la implementación de plataformas digitales en los últimos dos años, lo que ha obligado a fortalecer los esquemas de protección.

Uno de los pilares de esta estrategia es la gobernanza en ciberseguridad, orientada a ordenar procesos internos y establecer controles más estrictos. Según el director de la AIG, el objetivo es garantizar que, aunque los ataques continúen, los sistemas estén preparados para resistirlos y minimizar sus efectos.

En este sentido, reiteró que el Estado ha logrado contener los impactos más críticos sin recurrir al pago de rescates, una práctica que suele alimentar el ciclo del crimen digital.

Además de la protección de sistemas, la AIG impulsa proyectos para reforzar la confianza en los servicios digitales del Estado. Entre ellos destaca una plataforma en desarrollo junto al Ministerio de Educación, que permitirá certificar diplomas académicos y facilitar su validación por parte de empleadores, reduciendo el riesgo de fraude documental mediante herramientas tecnológicas.

El desafío, sin embargo, sigue siendo estructural. Panamá enfrenta una combinación de alta exposición digital, creciente dependencia tecnológica y ataques cada vez más sofisticados, lo que obliga a mantener inversiones sostenidas en ciberseguridad.

Aunque el monto actual de $26 millones representa un esfuerzo relevante, el entorno global sugiere que la protección de la infraestructura digital será un componente cada vez más crítico dentro del gasto público y de la estabilidad institucional.

Panamá intensificó sus acciones contra el narcotráfico tras el decomiso de 1,320 paquetes de presunta droga en Chiriquí, en un operativo que dejó cuatro personas aprehendidas y que forma parte de la ofensiva de las autoridades para frenar el traslado de sustancias ilícitas hacia la frontera con Costa Rica.

La diligencia fue coordinada por la Procuraduría General de la Nación, a través de su Fiscalía de Drogas, en conjunto con la Policía Nacional, en el marco de la Operación Horizonte.

De acuerdo con las autoridades, la droga era transportada en varios vehículos interceptados en el oriente chiricano, lo que permitió no solo el decomiso de los paquetes, sino también la incautación de cinco automóviles utilizados para el traslado del cargamento ilícito.

Durante la operación, los agentes también lograron decomisar un arma de fuego calibre 9 milímetros sin permiso, municiones, proveedores y dos antenas de comunicación satelital tipo Starlink.

Los cuatro detenidos, todos de nacionalidad panameña, fueron remitidos ante un juez de garantías, donde enfrentarán cargos relacionados con delitos de drogas.

Según las investigaciones preliminares, el cargamento tenía como destino la zona fronteriza entre Panamá y Costa Rica, lo que refuerza la hipótesis de que el país continúa siendo utilizado como corredor para el tráfico internacional de sustancias ilícitas.

Este operativo en Chiriquí se produce en paralelo a otras acciones recientes de las autoridades, como la Operación Courier, que permitió desarticular una estructura criminal dedicada al envío de drogas mediante servicios de mensajería.

En ese caso, se realizaron más de 17 allanamientos en Panamá Este y Bocas del Toro, con un saldo de al menos 14 personas aprehendidas y la incautación de equipos tecnológicos y documentos vinculados a las operaciones ilegales.

Las investigaciones sobre la red desmantelada en la Operación Courier apuntan a un grupo que utilizaba empresas de envíos comerciales para trasladar drogas hacia Norteamérica y Europa, ocultando las sustancias ilícitas entre paquetes regulares.

Entre los detenidos figuran tanto ciudadanos panameños como extranjeros, incluyendo personas de nacionalidad jamaiquina, lo que evidencia el carácter transnacional de estas organizaciones.

Las autoridades han señalado que esta estructura venía siendo investigada desde 2024, lo que permitió recopilar evidencia suficiente para ejecutar los operativos simultáneos y desarticular la red.

Los implicados, junto con los indicios recabados, fueron puestos a órdenes del Ministerio Público, que continuará con el proceso judicial correspondiente.

El decomiso en Chiriquí y la Operación Courier se suman a una tendencia al alza en las incautaciones de drogas en el país. Según cifras oficiales,

Panamá ha decomisado más de 25.5 toneladas de sustancias ilícitas hasta finales de abril de 2026, como resultado de acciones conjuntas entre la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan) y el Servicio Nacional de Fronteras (Senafront).

El comportamiento mensual muestra un incremento significativo en comparación con el año anterior. Solo en enero de 2026 se reportaron más de 11 toneladas de droga incautadas, superando ampliamente las cifras del mismo mes en 2025. Para marzo, el acumulado ya alcanzaba 20.5 toneladas, tras la ejecución de al menos 24 operaciones estratégicas en distintos puntos del país.

Las incautaciones continuaron durante abril y mayo con operativos de gran magnitud, incluyendo uno cercano a una tonelada en un puerto del Pacífico y otro decomiso de más de 1,300 paquetes de droga a inicios de mayo, lo que confirma la persistencia de las rutas del narcotráfico que utilizan territorio panameño para el tránsito de sustancias ilícitas.

Las autoridades han reiterado que estos resultados responden a una estrategia de control territorial focalizado, que combina inteligencia, vigilancia y cooperación interinstitucional para identificar y desarticular estructuras criminales. No obstante, el volumen de droga incautada también refleja la presión constante de organizaciones dedicadas al narcotráfico en la región.

Con estos operativos, el Ministerio Público y los estamentos de seguridad buscan frenar el avance de estas redes, reforzando la vigilancia en puntos estratégicos del país y consolidando las acciones contra el crimen organizado, en un contexto donde Panamá sigue siendo un punto clave en las rutas del narcotráfico internacional.

La víctima es una mujer de la tercera edad que reside sola y se encuentra en cama clínica, como confirmaron ambas fuentes televisivas. Mientras los delincuentes robaban su televisor, objetos personales y medicamentos prescritos, los vecinos intentaron advertirles, pero los asaltantes demostraron indiferencia ante cualquier amenaza. Latina Noticias precisó que incluso usaron la linterna de un celular para revisar cada rincón.

La seguidilla de robos en el mismo cuadrante ha alarmado a los residentes. Un vecino relató a Buenos Días Perú que en el parque Micaela Bastidas —ubicado a escasas cuadras del inmueble asaltado— se han sustraído al menos 4 vehículos en los últimos meses, incluyendo una combi robada en febrero, cuyo valor alcanza los USD 15.000, según la declaración recogida por Latina Noticias. El propietario de ese vehículo, tras presentar la denuncia, fue objeto de amenazas extorsivas por parte de los delincuentes, sin que la policía nacional ofreciera solución concreta ni recuperara el bien sustraído.

Cámaras vecinales registran robo a adulta mayor dentro de su casa

Las imágenes obtenidas por las cámaras de seguridad instaladas por los propios vecinos revelan que los ladrones actuaron con notable confianza. Uno de ellos se mantuvo en la vereda como campana, mientras el otro trepó una reja de baja altura y se dirigió directamente al segundo piso, donde está la habitación de la afectada. Durante cerca de una hora recorrieron la propiedad: revisaron sala, cocina y dormitorios, y finalmente escaparon por el mismo acceso, llevándose bienes materiales y las medicinas costosas necesarias para el tratamiento de la dueña de casa.

Una vecina narró que los asaltantes ingresaron ‘como si fuera su casa’, sin inmutarse ante los intentos de disuasión. Las cámaras utilizadas para registrar el crimen no pertenecen a la municipalidad, sino que han sido adquiridas con fondos recolectados por los habitantes de la cuadra cuatro del jirón Los Amautas, quienes consideran que la zona es un ‘tierra de nadie’.

Un punto adicional es el uso de rutas de escape ya identificadas. Los vecinos mencionan que los sujetos suelen salir hacia el bulevar y el Malecón Checa, puntos recurrentes en incidentes similares. En ese bulevar, según relataron, se han registrado 6 homicidios en tiempos recientes.

Vecinos exigen medidas urgentes ante ola de robos en San Juan de Lurigancho

Los residentes afirman que la inacción municipal y policial es sistemática. La comisaría de Zárate está a solo tres cuadras y la municipalidad, aún más cerca. Aun así, el auxilio llega tarde o no llega. Una vecina relató que, tras llamar varias veces, los agentes dicen que no hay unidades disponibles.

También aseguran que el personal de serenazgo o la policía solo interviene cuando hay cámaras de televisión presentes, pero no ante alertas reales de los afectados.

En cuanto a la prevención, el pedido principal de los vecinos es la autorización para instalar rejas en toda la cuadra y en los accesos del bulevar. No obstante, la municipalidad condiciona esa autorización a requisitos burocráticos como el reconocimiento oficial de la junta vecinal, demora que consideran incompatible con la emergencia que afrontan. La reja, argumentan, sería un freno a las rutas de escape de los ladrones, que actualmente entran y salen con impunidad, poniendo en riesgo a niños, adultos mayores y trabajadores del área.

En el jirón Los Amautas y las inmediaciones del parque Micaela Bastidas de San Juan de Lurigancho, un grupo de delincuentes ingresó con facilidad a la casa de una mujer de la tercera edad, robando bienes y medicinas imprescindibles, en un hecho registrado por las cámaras que los propios vecinos instalaron debido a la completa ausencia de respuesta por parte de las autoridades municipales y policiales. Los residentes denuncian que los robos y extorsiones son constantes y exigen la inmediata aprobación de medidas para reforzar la seguridad.

Dos corregimientos ubicados en el distrito de San Miguelito, calificados por las autoridades como zonas rojas, fueron puestos bajo toque de queda a partir de este viernes 1 de mayo hasta el domingo 11, en horario de 10 de la noche a 4 de la mañana.

La Policía Nacional ha remitido informes técnicos y solicitudes institucionales en las que identifican a los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, puestos bajo toque de queda, como áreas con alta incidencia delictiva y condiciones que afectan la convivencia ciudadana, particularmente en horas nocturnas

“Frente a la inseguridad que está enfrentando el país y nuestro distrito de San Miguelito hemos publicado ya en Gaceta Oficial un decreto alcaldicio con algunas medidas importantes a considerar frente a la alta tasa de criminalidad en algunos corregimientos”, indicó la alcaldesa de ese distrito, Irma Hernández.

Reiteró que la restricción de la movilidad será en los corregimientos de Arnulfo Arias y Belisario Frías, lo cual dijo le permitirá a los miembros de la Policía Nacional verificar o aprehender a quienes sin ningún motivo deambulen por las calles en el horario establecido por el toque de queda.

Aclaró que por supuesto se van a exceptuar de la medida las personas que por motivos laborales o de cualquier otra índole tengan la necesidad de estar circulando a las horas antes descritas.

La medida, reiteró la primera autoridad del distrito de San Miguelito, tiene como objetivo que “nos mantengamos en casa y evitar que los índices de homicidios y porte ilegal de armas en esos dos corregimientos sigan en aumento”.

Quienes incumplan el toque de queda serán sancionados con multas de $50 hasta $500, sin prejuicio de la aplicación de otras sanciones previstas en la normativa nacional, en los acuerdos municipales y en los decretos alcaldicios.

En San Miguelito, la Policía Nacional informó que mantiene un programa de Vecinos Vigilantes, que esta semana dio su rendición de cuentas y en la que se presentaron los avances logrados y se establecieron nuevas metas para continuar con las acciones a favor de la comunidad.

Esta actividad contó con la participación de diversos líderes comunitarios del programa, quienes destacaron el compromiso de los vecinos con la seguridad local, alega una nota de prensa de esta entidad de seguridad pública.

Aunque señalan que el programa Vecinos Vigilantes continúa siendo un ejemplo de participación activa y cooperación entre la comunidad y la Policía Nacional, reafirmando el compromiso conjunto para mantener un ambiente seguro y ordenado en los barrios de San Miguelito, la realidad al parecer en Arnulfo Arias y Belisario Frías es diferente.

En otro tema, la Policía Nacional también informó que en el marco del Plan Firmeza aprehendió en las últimas 24 horas a 215 personas. De ellas, 156 fueron por oficio, 45 por faltas administrativas, ocho en flagrancia, cinco por microtráfico y uno por narcotráfico.

Se realizaron 85 diligencias de allanamiento, se decomisaron 10 armas de fuego, 994 municiones, 21 proveedores, 12 paquetes de drogas, $10.25 en efectivo y se recuperaron tres vehículos.

En materia de tránsito, la nota de prensa de la entidad de seguridad manifiesta que se colocaron 971 boletas, de las cuales destacan 325 por exceso de velocidad, 57 por luces no adecuadas, 57 por licencias vencidas, tres por embriaguez comprobada y 13 por uso de celular mientras se conducía.

Además, se remolcaron 42 vehículos mediante grúas por diversas causas. En tanto se registraron 114 accidentes de tránsito dejando como saldo 31 lesionados.

En entrevista con Panamericana Televisión, la víctima relató que el envío había sido realizado a través de la empresa Shalom, servicio que ya había utilizado anteriormente para despachar productos de su tienda. Según explicó, decidió confiar nuevamente en la compañía debido a experiencias previas sin inconvenientes.

“Ya he usado esta agencia para realizar envíos, ya sea de mercadería o también a los clientes que compran en mi tienda. Es por ello que sentí la confianza de enviar este paquete nuevamente por Shalom”, declaró Muñoz para el citado medio.

Manipulado durante traslado

El empresario contó que acudió a recoger el paquete un sábado y que, tras llegar a su vivienda, detectó irregularidades al abrir una de las cajas. Inicialmente pensó que solo faltaba un reloj, pero luego comprobó que gran parte de la mercadería había sido retirada.

En entrevista con Panamericana, la víctima relató que regresó inmediatamente a la agencia para revisar el contenido junto al encargado del local. “Empezamos a revisar y nos damos cuenta de que no había ninguno de los 25 relojes. Se habían llevado once cajas con relojes y habían dejado catorce cajas vacías”, afirmó.

Muñoz sostuvo además que trabajadores de la agencia le indicaron que el paquete presentaba señales de manipulación antes de ser entregado. Según explicó, la encomienda habría llegado con la etiqueta abierta y con un sobreembalaje adicional. También aseguró que escuchó a empleados mencionar que el paquete ya figuraba como reportado como manipulado en la agencia de Huachipa.

Empresa ofreció compensación parcial

El denunciante señaló que la pérdida económica asciende a aproximadamente 19 mil soles y cuestionó que la empresa no haya asumido el valor total de los productos desaparecidos. Según indicó, la compañía inicialmente le ofreció una compensación de 4.500 soles y posteriormente elevó la propuesta a 6.500 soles.

Muñoz indicó que decidió rechazar ambas ofertas al considerar que no cubrían el monto real de la pérdida. “No he aceptado”, manifestó durante la conversación con el medio televisivo.

Asimismo, cuestionó las políticas de seguridad y cobertura de la empresa de encomiendas. El empresario aseguró que recién después del incidente fue informado sobre la existencia de un seguro asociado al envío, aunque afirmó que nunca recibió una explicación detallada sobre sus alcances.

Denuncia policial

La víctima informó que ya interpuso una denuncia formal ante la comisaría correspondiente y que tanto el encargado de la agencia como la apoderada de la empresa fueron citados para brindar sus descargos ante las autoridades.

“Sus términos y condiciones me parecen absurdos y abusivos, porque como usuarios ellos tienen que garantizar que el paquete llegue en óptimas condiciones”, expresó Muñoz. Además, señaló que presentó documentación relacionada con la compra de los relojes y los costos de importación de los productos.

El denunciante exhortó a la empresa involucrada a pronunciarse sobre lo ocurrido y pidió que otras personas que hayan atravesado situaciones similares presenten sus denuncias. Entretanto, el empresario indicó que continuará con las acciones legales para intentar recuperar el valor total de la mercadería desaparecida.

El video, que se volvió viral en cuestión de horas, muestra a un individuo interceptando a dos menores para despojarlos de sus mochilas y un teléfono celular.

La frialdad con la que el delincuente revisa los útiles escolares en busca de objetos de valor ha encendido una chispa de indignación nacional que cuestiona la efectividad de las actuales estrategias de seguridad.

El suceso ocurrió cerca de la bodega Katyangelos, una zona que, según los vecinos, se ha convertido en un territorio fértil para el asalto común.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran la vulnerabilidad absoluta de los infantes, quienes, ante la amenaza, no tienen más opción que entregar sus escasas pertenencias.

Este evento ha puesto el foco sobre Nacaome, una ciudad que históricamente gozaba de mayor tranquilidad que las urbes del norte, pero que hoy enfrenta una escalada delictiva que no discrimina edades.

Contexto Nacional: ¿Bajan los homicidios, pero sube el miedo?

La situación en Valle se enmarca en un panorama nacional complejo. Según datos del Observatorio de la Violencia de la UNAH (IUDPAS) y la Secretaría de Seguridad, Honduras cerró el año 2024 con una tasa de homicidios de 27.2 por cada 100,000 habitantes, la más baja en dos décadas. Sin embargo, esta reducción en las muertes violentas no parece traducirse en una mayor sensación de paz para el ciudadano de a pie.

Mientras los homicidios muestran una tendencia a la baja, delitos como la extorsión y el robo a mano armada persisten con fuerza. El “Estado de Excepción”, vigente desde finales de 2022 y prorrogado sucesivamente hasta este 2026, ha sido la herramienta principal del gobierno para combatir a las pandillas.

No obstante, expertos en seguridad y organismos de derechos humanos señalan que esta medida ha comenzado a mostrar signos de desgaste, siendo insuficiente para frenar la delincuencia común que afecta directamente a los estudiantes y trabajadores en las paradas de buses y rutas escolares.

El impacto en la niñez y la educación

La criminalidad en Honduras está provocando un fenómeno silencioso pero devastador: la deserción escolar por miedo. El caso de Nacaome ilustra por qué muchos padres de familia optan por no enviar a sus hijos a clases.

Cuando el trayecto al centro educativo se convierte en una zona de peligro, el derecho a la educación se ve truncado por la necesidad de supervivencia.

Se estima que miles de jóvenes abandonan el sistema educativo anualmente debido a la violencia en sus comunidades o la presión de grupos criminales. La población hondureña, cansada de las promesas de “mano dura”, exige hoy una presencia policial inteligente y preventiva.

En Nacaome, la demanda es clara: mayor patrullaje en horarios escolares y la identificación inmediata del agresor captado en video. La respuesta de la Policía Nacional será crucial para determinar si este acto quedará impune o si servirá como precedente para recuperar el control de las calles.

Si bien las cifras macroeconómicas de criminalidad pueden mejorar, la seguridad humana se mide en la libertad de un niño para caminar hacia su futuro sin el temor de ser asaltado.

La Embajada de Estados Unidos en Panamá confirmó la extradición de un ciudadano iraní, en una operación coordinada con la Policía Nacional de Panamá y la Oficina Central Nacional de INTERPOL, como parte de los mecanismos de cooperación internacional en materia de seguridad y justicia.

Según el mensaje difundido por la sede diplomática, el individuo fue trasladado a territorio estadounidense para enfrentar cargos vinculados a la exportación ilegal de tecnología sensible, un delito que forma parte de los esfuerzos por controlar el acceso indebido a recursos estratégicos.

En su pronunciamiento, la Embajada destacó que Estados Unidos agradece a Panamá por su sólida colaboración en la defensa del Estado de derecho, subrayando que este tipo de acciones conjuntas permite hacer rendir cuentas a actores involucrados en actividades ilícitas de alcance internacional.

La operación se ejecutó en el marco de los canales formales de cooperación policial, con participación directa de INTERPOL Panamá.

Este caso se suma a otras acciones recientes desarrolladas en el país en coordinación con autoridades estadounidenses. Durante esta misma semana, fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen un ciudadano hondureño de 44 años, requerido por la justicia de Estados Unidos por delitos de narcotráfico y conspiración.

El hombre fue interceptado cuando intentaba salir de Panamá con destino a El Salvador, tras ser identificado en labores de verificación migratoria y policial.

De acuerdo con la información oficial, la captura fue posible gracias a la coordinación entre la Policía Nacional, INTERPOL Panamá y el Servicio Nacional de Migración, lo que permitió ubicar al individuo dentro del flujo regular de pasajeros.

Las autoridades confirmaron que el detenido mantiene requerimientos judiciales en Estados Unidos por narcotráfico internacional, lo que activó los protocolos de detención inmediata.

Estos operativos se dan en un contexto en el que Panamá mantiene colaboración activa con agencias internacionales en la persecución de delitos transnacionales, especialmente aquellos relacionados con tráfico de drogas, crimen organizado y delitos financieros.

La utilización de alertas de INTERPOL y mecanismos de intercambio de información ha permitido identificar y detener a personas requeridas por otras jurisdicciones dentro del territorio nacional.

En paralelo, las estadísticas oficiales reflejan el volumen de acciones migratorias vinculadas a control y seguridad. Según datos del Servicio Nacional de Migración, entre enero y marzo de 2026 se registraron 284 personas deportadas o expulsadas, con una distribución equitativa entre ambos tipos de medidas.

Del total, 142 correspondieron a deportaciones y 142 a expulsiones, evidenciando una política activa de control migratorio.

El desglose mensual muestra que enero concentró 172 casos, seguido de febrero con 53 y marzo con 59, lo que refleja una disminución progresiva en el primer trimestre del año. Además, el 82% de los casos correspondió a hombres, mientras que el 18% restante fueron mujeres, según las estadísticas oficiales.

En cuanto a las principales causas, los datos indican que 134 personas fueron procesadas por ingresar de forma irregular al país, mientras que 96 estuvieron vinculadas a delitos contra la seguridad colectiva, principalmente por tráfico internacional de drogas.

También se registraron casos por antecedentes penales, estadía vencida y tráfico ilícito de migrantes, entre otras causales.

Por nacionalidad, la mayor cantidad de deportaciones y expulsiones en lo que va de 2026 corresponde a ciudadanos de Colombia, con 143 casos, seguidos por Nicaragua con 69 y Venezuela con 18, además de otros países de América Latina, Asia y África. Estas cifras evidencian la diversidad del flujo migratorio y de los perfiles sujetos a control por parte de las autoridades panameñas.

Al comparar con 2025, se observa que el año pasado cerró con un total de 1,133 deportaciones y expulsiones, de las cuales 906 fueron deportaciones y 227 expulsiones, lo que confirma que Panamá mantiene un volumen sostenido de acciones en materia migratoria y de seguridad.

En ese periodo, las principales causas estuvieron relacionadas con ingreso irregular al país, con 857 casos, así como con delitos como tráfico de drogas, antecedentes penales y otras infracciones, lo que refleja un patrón similar al observado en 2026.

Asimismo, los ciudadanos de Colombia encabezaron la lista de nacionalidades, seguidos por Nicaragua, Ecuador y otros países, consolidando una tendencia en los perfiles migratorios intervenidos.

Las recientes detenciones y extradiciones reflejan la continuidad de los esfuerzos de Panamá por fortalecer su cooperación internacional en materia de seguridad, en un entorno donde la movilidad global y el crimen transnacional requieren acciones coordinadas entre países para enfrentar los desafíos asociados.

La Justicia panameña dictó nuevas condenas en distintos casos penales que incluyen delitos sexuales, homicidios, robo agravado y femicidio, tras procesos en los que el Ministerio Público logró sustentar con pruebas periciales, testimoniales y documentales la responsabilidad penal de los implicados.

Las decisiones se producen en medio de una agenda judicial activa que abarca hechos ocurridos entre 2021 y 2024 en diversas regiones del país.

En uno de los casos más graves, dos hombres que son hermanos fueron condenados a 15 años de prisión por los delitos de abuso sexual y privación de libertad, tras un juicio oral de tres días en el que la Fiscalía Regional de Chiriquí presentó evidencias contundentes.

Los hechos ocurrieron en 2024, en el corregimiento de Sortová, distrito de Bugaba, donde los condenados, mediante intimidación, abusaron de una menor de edad y además retuvieron contra su voluntad a dos menores dentro de una residencia.

Durante el proceso, el tribunal de juicio oral valoró pruebas materiales, documentales y testimoniales, lo que permitió emitir un fallo condenatorio contra ambos imputados.

La privación de libertad de las víctimas, sumada a la violencia ejercida, fue determinante para establecer la gravedad de la conducta penal. Este caso se enmarca dentro de los esfuerzos del Ministerio Público por sancionar delitos contra la integridad de menores, considerados de alta prioridad dentro del sistema judicial.

En otro proceso, la Fiscalía Metropolitana, a través de la Sección de Homicidio y Femicidio, logró una sentencia de 30 años de prisión contra un hombre identificado como alias “Chombolín”, hallado culpable de homicidio doloso agravado.

El tribunal también impuso una pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas por 10 años, una vez cumplida la condena principal.

El hecho ocurrió el 6 de marzo de 2023, en el corregimiento de Las Mañanitas, específicamente en el Sector 20, donde el sentenciado, en complicidad con un menor de edad, realizó disparos con arma de fuego contra la víctima, provocándole la muerte.

La Fiscalía logró acreditar la responsabilidad penal mediante testimonios y peritajes, consolidando el caso ante el tribunal.

En una causa distinta, relacionada con delitos contra el patrimonio, la Sección de Asistencia a Juicio de la Fiscalía Metropolitana obtuvo una sentencia de 15 años de prisión para un hombre por robo agravado, en hechos ocurridos el 5 de junio de 2021 en el corregimiento de Betania.

El fallo se produjo luego de audiencias realizadas los días 19 y 25 de marzo de 2026, donde se expuso la teoría del caso y se presentaron múltiples elementos probatorios.

De acuerdo con la investigación, el condenado actuó junto a dos personas no identificadas, quienes ingresaron a una residencia en Villa Cáceres y, mediante amenaza con arma de fuego, despojaron a las víctimas de celulares y dinero en efectivo. Además de la pena principal, el tribunal impuso una inhabilitación para ejercer funciones públicas por seis años, una vez cumplida la condena.

Finalmente, en la provincia de Darién, la Fiscalía Regional logró una condena de 30 años de prisión por el delito de femicidio, tras demostrar la culpabilidad de un hombre en perjuicio de su pareja sentimental.

El hecho ocurrió la noche del 16 de noviembre de 2024, en el distrito de Chepigana, donde el agresor utilizó un arma blanca para cometer el crimen.

En este caso, el Ministerio Público sustentó la acusación con pruebas documentales, periciales y testimoniales, que permitieron establecer la responsabilidad penal del acusado.

La violencia de género y el vínculo entre víctima y victimario fueron elementos clave en la tipificación del delito como femicidio, uno de los crímenes más severamente sancionados por la legislación panameña.

A la fecha, se han registrado 158 homicidios en el país. Según las autoridades panameñas, 76% de esos casos guarda relación con estructuras vinculadas al narcotráfico. Las estadísticas oficiales reflejan que la mayor cantidad de homicidios en 2026 se concentra en el distrito de Panamá, con 58 casos; seguido de San Miguelito, con 28; Colón, con 23; y Arraiján, con 13.

Un operativo de la Policía Nacional y el Ejército permitió la captura en flagrancia de tres hombres, entre ellos un exoficial de alto rango, por el asalto armado a una finca en el corregimiento de Sahagún, Córdoba.

La intervención se produjo después de que los implicados ingresaron al predio rural, portando armas de fuego, y sometieron a los residentes para apoderarse de dinero en efectivo y objetos de valor.

Las víctimas, tras lograr liberarse, alertaron a los vecinos, que a su vez avisaron a las autoridades, facilitando la intervención rápida.

Tras las capturas, se identificó a Wilmer Monsalve Meneses, teniente coronel retirado y exsubcomandante del Departamento de Policía Sucre, como presunto líder del grupo. Monsalve portaba una pistola calibre 9 milímetros que fue incautada durante el procedimiento. El exoficial registra un antecedente judicial por violencia intrafamiliar en 2021, según confirmó la Policía.

De acuerdo con información proporcionada por las autoridades, los tres hombres ingresaron a la finca, intimidaron y amordazaron a dos personas que se encontraban en el lugar.

El reporte detalló que los agresores lograron sustraer cerca de $9 millones en efectivo, una motocicleta, varios teléfonos móviles y joyas. Parte del grupo logró escapar, aunque las autoridades lograron recuperar algunos de los elementos hurtados.

La reacción de la comunidad fue determinante para activar el plan candado, permitiendo a las unidades policiales y al Batallón Junín del Ejército Nacional cerrar las vías estratégicas e interceptar la camioneta RAM utilizada para la huida. En la operación fueron incautados tres proveedores, munición de distintos calibres y equipos móviles. La Fiscalía General de la Nación asumió la judicialización de los detenidos.

Los otros dos capturados fueron identificados como Duber Aventado Herrera y Raúl Ramón Mendoza, ambos con antecedentes por porte ilegal de armas y concierto para delinquir. Con base en las verificaciones divulgadas por la Policía, los tres detenidos pertenecerían a una estructura criminal dedicada al hurto en zonas rurales de la Costa Caribe. Las autoridades investigan su posible vinculación con robos similares en municipios como Montería, Cotorra, Ciénaga de Oro y San Carlos.

La Policía de Córdoba destacó que, en lo que va de 2026, se han capturado 886 personas por diferentes delitos, de las cuales 810 en flagrancia. En el desarrollo de la ofensiva contra el hurto rural, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos que afecten la seguridad a través de la línea 123 y canales oficiales, garantizando absoluta reserva de identidad.

El reporte oficial detalla que el arma incautada a Monsalve Meneses será sometida a análisis balísticos para establecer si ha sido utilizada en otros hechos delictivos. Además, los capturados serán presentados ante un juez de control de garantías para la legalización de sus capturas y la imputación de cargos por hurto calificado y agravado.

De acuerdo con el reporte preliminar, el plan candado implementado por la Policía y el Ejército resultó fundamental para detener a los sospechosos en plena huida. La acción articulada entre ambas instituciones se inscribe dentro de las estrategias para contrarrestar la delincuencia en áreas rurales, una problemática que afecta de manera recurrente a la región.

En la revisión de antecedentes, el teniente coronel retirado ya había sido objeto de investigación por violencia intrafamiliar en Cartagena, mientras ejercía funciones en el departamento de Bolívar. El caso generó inquietud en la opinión pública por el involucramiento de un exoficial de alto rango en actividades delictivas de alto impacto.

La Policía de Córdoba reiteró su compromiso institucional con la seguridad rural y solicitó el apoyo de la comunidad para identificar y reportar cualquier actividad sospechosa. Los operativos conjuntos con el Ejército se mantendrán en las áreas más afectadas por el accionar de grupos delictivos organizados en la región Caribe.

Durante la Semana Santa de 2026, las autoridades dominicanas informaron de una importante reducción en los principales indicadores de criminalidad, lo que marca una mejora atribuida a las nuevas estrategias de intervención policial. Estos resultados, presentados en un informe elaborado por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva y difundidos por las autoridades, señalan que la implementación de operativos focalizados así como acciones preventivas fue determinante para modificar la violencia habitual durante el asueto, especialmente en las zonas identificadas con mayor riesgo.

Estos datos suponen el mejor comportamiento en la serie reciente, según señalaron fuentes policiales al presentar el balance correspondiente al período comprendido entre el Domingo de Ramos y el Sábado Santo. Uno de los descensos más notables fue el de los robos, con 766 casos reportados, una cifra que representa una caída del 57% respecto al promedio histórico de 1,800 incidentes registrados en años anteriores durante la misma semana, según cifras oficiales difundidas por las autoridades dominicanas.

La Semana Santa de 2026 estuvo marcada también por un descenso en los homicidios registrados, con 15 muertes violentas informadas en el territorio nacional. Este número contrasta con las 32 muertes que, de acuerdo con los registros, se producían para este periodo durante los años comprendidos entre 2023 y 2025. Este descenso significa una reducción del 53% en materia de homicidios en comparación con el promedio de los años previos, según el análisis del documento estadístico.

En el caso de los lesionados en hechos de violencia, los datos del informe señalan que 52 personas resultaron heridas durante el asueto. El promedio registrado en años recientes para esta etapa era de 75 heridos, lo que implica una reducción de alrededor del 31%. Esta tendencia a la baja no solo se observa en los homicidios y robos, sino también en la cantidad de emergencias atendidas por las fuerzas de seguridad y asistencia médica, lo que refuerza la percepción de mayor seguridad en el período evaluado, según el balance oficial.

La mayor parte de las emergencias y delitos continuaron concentrándose en el área del Gran Santo Domingo, particularizando en sectores como Santo Domingo Este, el Distrito Nacional, Santo Domingo Norte y Oeste. Estas demarcaciones mantienen la condición de puntos críticos, motivo por el cual las autoridades han intensificado allí las intervenciones focalizadas para contener la actividad criminal. De acuerdo con la Policía Nacional, el énfasis en el refuerzo de acciones preventivas y la asignación estratégica de recursos permitió identificar y cubrir más eficazmente los horarios y zonas históricamente más vulnerables, lo que impactó en la reducción global de los delitos registrados en estas fechas.

El informe presentado subraya que estas cifras representan el desempeño más favorable en la serie histórica recogida para este período vacacional. No obstante, las autoridades, representadas por la Policía Nacional, advierten que estos datos todavía tienen carácter preliminar y que continúan los procesos internos de verificación y consolidación de la información antes de emitir el informe final detallado.

Conforme a la información recabada por la Dirección Central de Análisis y Documentación Delictiva, el consolidado de emergencias atendidas muestra una mejora estadística significativa para la Semana Santa 2026, posicionando a este período como un punto de inflexión respecto a años recientes en materia de seguridad pública y respuesta operativa de las fuerzas del orden en República Dominicana.

El decomiso de 80 paquetes de presunta droga con destino a Thessaloniki, Grecia, marcó uno de los resultados más recientes de las operaciones contra el narcotráfico en Panamá, en un contexto en el que las autoridades refuerzan sus estrategias tanto en puertos como en comunidades.

La carga, detectada en la zona portuaria del Caribe, en la provincia de Colón, transitaba en un buque mercante procedente de Posorja, Ecuador, y fue interceptada tras labores de inteligencia que identificaron irregularidades en dos contenedores.

La operación fue ejecutada por unidades de la Sección de Inteligencia Portuaria del Servicio Nacional Aeronaval, que mediante procesos de perfilamiento y verificación detectaron anomalías en los sellos de los paneles de refrigeración, lo que activó los protocolos de inspección.

En coordinación con la Fiscalía de Drogas de Colón, se realizó el allanamiento que permitió ubicar los paquetes de presunta sustancia ilícita ocultos dentro de la estructura del contenedor, evidenciando un método sofisticado de contaminación de carga.

Este decomiso se suma a un volumen acumulado significativo en lo que va del año. Según datos oficiales, la Aeronaval ha incautado 20.6 toneladas de droga en 25 operaciones a nivel nacional, lo que refleja la presión constante sobre las rutas del narcotráfico que utilizan el país como punto de tránsito.

Estas cifras también evidencian que los puertos panameños siguen siendo un objetivo estratégico para organizaciones criminales que buscan movilizar sustancias hacia Europa.

Sin embargo, mientras las grandes incautaciones en rutas internacionales captan la atención, las autoridades mantienen un enfoque paralelo en el combate al microtráfico, una modalidad de delito que ocurre a menor escala pero con impacto directo en las comunidades.

El microtráfico se refiere a la venta, distribución y almacenamiento de drogas en pequeñas cantidades, generalmente dentro de barrios o distritos específicos, y suele estar vinculado a redes locales que abastecen el consumo interno.

En la provincia de Chiriquí, la Operación “Nómada”, desarrollada durante el mes de marzo bajo el Plan Firmeza 2026, permitió avanzar en la identificación y desarticulación de personas dedicadas a esta actividad.

Como resultado, se logró la judicialización de 14 operaciones y la aprehensión de 13 personas, varias de ellas con antecedentes judiciales, lo que evidencia una participación reiterada en delitos relacionados con sustancias ilícitas. Las acciones incluyeron seguimiento, inteligencia y diligencias operativas en distintos distritos.

En otro caso, en la comunidad de La Rueda, en la provincia de Los Santos, unidades de la Policía Nacional y el Ministerio Público desarticularon un centro de venta de drogas mediante un allanamiento.

Durante la intervención se aprehendió a cuatro personas, a quienes se les decomisaron dos bolsas de presunta cocaína, una pesa digital, bolsitas plásticas vacías, un triturador metálico y varios teléfonos celulares, elementos comúnmente asociados a la distribución al detal.

Asimismo, en el marco de la Operación Eco, también en la provincia de Los Santos, se logró la aprehensión de un ciudadano de 33 años, quien mantenía en su poder tres bolsas con presunta marihuana, dinero en efectivo, una pesa digital y un teléfono celular.

En una acción paralela, fue detenido un hombre de 28 años requerido por un juzgado de garantías, lo que refuerza la línea de trabajo coordinado entre unidades operativas y el sistema judicial.

Las autoridades sostienen que este tipo de operativos busca atacar no solo la estructura del narcotráfico a gran escala, sino también su base operativa en comunidades, donde el microtráfico se convierte en un factor que alimenta otros delitos como el hurto, la violencia y la inseguridad local.

Una de las más destacadas fue la opinión de Gustavo Petro sobre la delincuencia y la forma de intentar transformar a las nuevas generaciones, aspecto en el que no estuvo de acuerdo con el creador de contenido.

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El intercambio entre Gustavo Petro y el influencer Westcol reflejó una disputa sobre cómo enfrentar la delincuencia en Colombia. Petro advirtió sobre las consecuencias sociales del uso de fuerza letal, alertando sobre posibles ciclos de venganza que podrían escalar el conflicto.

Westcol, por su parte, sostuvo que los ciudadanos debían tener el derecho de reaccionar con firmeza ante la inseguridad, manifestando una sensación de desprotección extendida en la sociedad. Durante el debate, Petro defendió la idea de acudir a la Policía Nacional en situaciones de riesgo, aunque reconoció que la respuesta estatal no siempre resultaba oportuna.

Westcol comparó a Petro con una “abuela tierna”

En una transmisión en la plataforma Kick, Westcol habló sobre las conclusiones que le quedaron de su charla con el presidente de Colombia, al que comparó con una “abuela tierna”.

“Petro tiene una manera de pensar que no es que no sea válida, solo que es como que, no sé, yo lo veo como cuando usted tiene su abuela tierna, que le permiten a los niños hacer lo que sea, que rompen los platos y no hacen nada, que lleguen tarde y no hacen nada”.

El creador de contenido valoró las ideas que tiene el presidente de Colombia, pero indicó que la sociedad colombiana no está preparada para las propuestas que tiene el mandatario.

“Yo siento que él tiene un ideal muy tierno de que él piensa que a los jóvenes que no tienen oportunidades se les puede cambiar la mentalidad simplemente hablándoles. Y no, brother, nosotros estamos en una sociedad donde así no es”.

Continuando con el debate, Westcol afirmó que él considera que para que en Colombia se pueda hablar de un cambio social como el que busca el presidente Gustavo Petro es necesario esperar al menos 40 años.

“No, no funciona. De pronto se podría, pero requiere muchos años, huevón, eso es mucho aprendizaje, mucha educación. Eso requiere por ahí 40 o 50 años para poder lograr un cambio radical. Yo me voy a lanzar a la presidencia (risas), prepárese Trump que también voy es pa’allá”.

Además de hablar de las ideas que compartió con el presidente, al que le indicó que es importante comenzar a implementar políticas ligadas a las nuevas tecnologías. Westcol se refirió a los rumores sobre el presunto pago que recibió por entrevistar a Gustavo Petro.

El antioqueño negó haber recibido dinero por estar con el presidente y afirmó que junto a su equipo de trabajo buscaron tener ese espacio para acercar a los jóvenes a la política actual del país.

“Este no es un stream ni va a ser un espacio enfocado en favorecer a un lado u otro. Esa fue, de hecho, una de las condiciones desde el inicio para que estos encuentros se dieran. No queremos apoyar ni a la izquierda ni a la derecha, ni alinearnos con ninguna postura. La intención es otra: alejarnos de esos polos y generar una conexión real entre la juventud y la política. Porque al final, un joven no puede decir que el país está mal o bien si ni siquiera entiende quién lo lidera o qué está pasando realmente”.

En Santa Ana, municipio ubicado al norte de Sonora, fuerzas estatales y federales realizaron un operativo coordinado que dejó como saldo el arresto de siete personas cuando sustraían grano de maíz de un tren.

El operativo ocurrió este 3 de abril cerca del kilómetro ferroviario 115+691, donde los detenidos recolectaban la mercancía en costales y la cargaban en cinco vehículos estacionados junto a las vías, según reportó la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES).

Las autoridades estatales detallaron que los arrestados son:

• Luis Alberto “N”, alias “El Piriguey”.
• José Andrés “N”
• Francisco Julián “N”, alias “El Mudo”
• Juan Francisco “N”, alias “El Pekas”
• Reyes Emilio “N” , alias “El Reyitos”
• Gilberto “N”
• Miguel Ángel “N”, alias “El Miguel”

Según el reporte oficial, las edades de los sujetos van desde los 19 hasta los 56 años.

Además, en la intervención se aseguraron cinco vehículos, entre ellos un camión tipo grúa y un camión de redilas, así como aproximadamente dos toneladas de grano de maíz.

Los hechos fueron confirmados por la FGJES, quien señaló que en los trabajos participó la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Policía Estatal (PESP).

Las autoridades no señalaron que los 7 hombres arrestados estén vinculados con algún grupo delincuencial de la región.

Operativo conjunto y hallazgos en el lugar

De acuerdo con la versión oficial de la FGJES, la intervención se realizó tras un reporte ciudadano sobre un robo en proceso a un tren de carga.

Al llegar al sitio, los agentes sorprendieron a los implicados recolectando el grano de maíz disperso sobre las vías y cargándolo en costales.

Las autoridades aseguraron que el esquema evidenciaba una operación organizada, al localizar cinco vehículos listos para el traslado de la mercancía.

Todos los indicios y los arrestados quedaron a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República (FGR).

Estrategia estatal

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora subrayó que el combate a delitos como el robo a trenes forma parte de una estrategia para proteger la infraestructura ferroviaria y sectores productivos estratégicos.

Según la dependencia, este tipo de acciones buscan “fortalecer la coordinación interinstitucional y garantizar el estado de derecho en la región”.

La investigación quedó a cargo de la FGR, quienes darán seguimiento a los delitos relacionados con la afectación de la cadena productiva nacional.

Robo de trenes en el país

En otros hechos, en diciembre de 2025, el gobierno de Guanajuato reportó un intento de sabotaje por parte de un grupo criminal que buscó descarrilar un tren de carga, acción que fue impedida por la intervención del conductor.

Casos similares han sido registrados por autoridades federales y estatales, quienes advierten sobre el impacto de estos delitos en la seguridad y la economía nacional.

El asesinato de dos maestras en Michoacán por un menor de edad reavivó el debate nacional sobre el tratamiento penal de niñas, niños y adolescentes en México, algo a lo que también se sumó la presidenta Claudia Sheinbaum esta semana y en noviembre pasado, exhortando a que se discuta el tema la posibilidad de juzgar a menores homicidas como adultos.

No obstante, el coordinador de la Clínica de Bienestar Universitario (CBU) de la Universidad Iberoamericana, doctor Antonio Tena Suck, advirtió que juzgar a menores como adultos no contribuirá a disminuir la violencia entre adolescentes.

El especialista llamó a que en su lugar, se atiendan las causas estructurales del fenómeno desde la salud mental y el bienestar integral.

De acuerdo con información difundida por Prensa Ibero, el especialista subrayó que el enfoque punitivo resulta insuficiente y que la prevención debe ocupar el centro de la estrategia para reducir la violencia juvenil.

“No, absolutamente. Me parece que lo que tenemos que es atender y tratar de buscar situaciones que favorezcan el bienestar emocional de las personas”, afirmó el Dr. Tena Suck, quien advirtió que centrarse únicamente en el castigo implica desconocer las raíces profundas de la violencia.

El coordinador de la CBU explicó que la violencia en adolescentes suele ser la expresión visible de problemas emocionales no atendidos, los cuales pueden originarse desde la infancia y agravarse con el tiempo.

Insistió en la importancia de identificar señales de desregulación emocional, como tristeza persistente, dificultades para controlar la ira o conductas violentas, para intervenir de manera oportuna.

“El bienestar emocional tiene que ser en todos los aspectos: físico, psicológico, social y cultural. Tenemos que buscar la integración de la persona y su adaptación sociocultural”, precisó el académico de la Universidad Ibero.

El especialista señaló que los sistemas de atención psicológica en el país suelen verse rebasados, lo que limita la posibilidad de brindar un acompañamiento efectivo a quienes lo requieren.

“La única manera de tener una incidencia favorable es el énfasis en la prevención. No esperemos a que la persona desarrolle un problema grave; cuando haya una desregulación emocional, ahí tenemos que intervenir”, agregó.

En la misma entrevista, Tena Suck destacó que organismos internacionales como la UNESCO han identificado el desarrollo socioemocional como una competencia clave para el futuro.

Este aspecto se suma a habilidades digitales, pensamiento crítico y resolución de problemas, y requiere ser impulsado desde las primeras etapas educativas.

El director de la CBU propuso fortalecer los programas de salud mental en escuelas, universidades y espacios educativos.

Explicó que no basta con la presencia de un psicólogo, sino que se requiere la conformación de equipos multidisciplinarios y modelos de atención flexibles.

Entre las medidas recomendó implementar programas de primeros auxilios psicológicos, capacitar a docentes y personal administrativo para detectar señales de alerta, y establecer rutas de atención oportunas para estudiantes que presenten dificultades emocionales.

El especialista sostuvo que personas que trabajan en áreas como bibliotecas, mantenimiento o vigilancia también pueden detectar situaciones de riesgo psicoemocional si reciben capacitación adecuada.

Así, se incrementa la probabilidad de canalizar a quienes lo necesiten antes de que se desarrolle una situación grave.

En el caso de hechos como el ocurrido en Michoacán, el doctor Tena Suck advirtió que suelen existir señales previas que no son detectadas a tiempo.

“Hubo antecedentes, hubo situaciones que se pudieron haber detectado y atendido. No tenemos que esperar a que sea una situación tan dramática o mortal para poner el énfasis en la salud mental”, afirmó en declaraciones a Prensa Ibero.

Caso Osmar ‘N’

Osmar “N”, un adolescente de 15 años, será juzgado por feminicidio y portación de arma de fuego tras asesinar a dos maestras en una preparatoria de Lázaro Cárdenas, Michoacán.

El ataque, ocurrido dentro del plantel, fue captado por cámaras de vigilancia y evidenció que se trató de una agresión directa: el menor ocultó un rifle AR-15 en una funda de guitarra y disparó a las víctimas al ingresar.

Familiares de las maestras, identificadas como María del Rosario “N” y Tatiana “N”, exigieron justicia e incluso se cuestionó si el responsable debe ser juzgado como adulto.

El arma utilizada no contaba con registro, pese a que el padrastro del menor es miembro de la Marina.

Por su edad, la pena máxima para el adolescente podría ser de tres años de prisión. Las autoridades presentarán videos y testimonios para determinar la vinculación a proceso.

Para combatir el flagelo, el streamer sugirió implementar medidas más duras contra los criminales. “Yo siento que una de las cosas que haría, pues mi opinión aquí, que haría como que cambiara la seguridad realmente, es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”.

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En respuesta, el jefe de Estado señaló que “esa es una visión que yo llamo de la venganza”. Sin embargo, Westcol cuestionó su postura, sugiriendo replicar la política de seguridad de Nayib Bukele en El Salvador.

“No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un... Osea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar. Yo trabajé por lo mío, ¿sí me entiende? Yo tuve que trabajar por lo mío. ¿Qué opina usted de lo que hace Bukele con los bandidos allá?”, preguntó el creador de contenido.

Cabe anotar que la política del país centroamericano, vigente desde 2022, se caracteriza por el despliegue militar, detenciones masivas y la construcción de grandes cárceles para desarticular organizaciones criminales, logrando alto consenso social interno, pero enfrentando fuertes críticas por violaciones a derechos humanos y detenciones arbitrarias.

Sobre la propuesta de Luis Villa, el presidente Petro dijo que no está de acuerdo con las medidas implementadas por Bukele, porque hay “algunos culpables, otros no son tanto, hay violaciones de derechos humanos”.

Y advirtió: “No existe cadena perpetua ni pena de muerte. Y esa salida puede contener tanta ira que entonces la sociedad salvadoreña va a entrar en un ciclo de violencia, que ha estado en muchos ciclos de violencia”.

En una entrevista desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro abordó la desesperanza y las dificultades que enfrenta la juventud en Colombia tras la reciente muerte de soldados en un accidente aéreo en Putumayo, señalando que las políticas del Gobierno nacional deben centrarse en ofrecer oportunidades reales para este sector poblacional, no solo mejoras simbólicas.

La conversación, desarrollada junto al creador de contenido Westcol, puso de relieve la necesidad de repensar el rol de la juventud en la sociedad y la urgencia de reformas estructurales frente a la pobreza y el acceso a la educación.

Durante el diálogo, Petro recalcó el impacto del accidente que costó la vida a varios jóvenes militares, calificando el luto nacional como una señal de alarma. “El luto no es simbólico. Si se nos está muriendo la juventud, vamos mal”, expresó.

El primer mandatario subrayó que estos soldados se encontraban “luchando contra narcotraficantes en esa región, arriesgando su vida”, ilustrando así la vulnerabilidad de quienes representan a las nuevas generaciones en contextos de violencia.

Por otro lado, Petro destacó una cifra concreta sobre avances en educación: la cobertura en educación superior “pasó del 50% al 60%” bajo su mandato. Esta mejora, aunque significativa, fue reconocida como insuficiente: “Pasar del 50 al 60% es una gran ventaja”, indicó, pero reconoció que la meta debe ser más ambiciosa. Según consideraciones del mandatario, el problema de fondo no se resuelve solo con el acceso a la universidad.

Gustavo Petro admitió que el estudio por sí solo no asegura una mejora en la vida de los jóvenes, pues muchos egresados enfrentan salarios bajos o la imposibilidad de obtener empleo. “Uno estudia… hace su carrera universitaria, después o el salario es malo o no consigue trabajo”, dijo el jefe de Estado, destacando las limitaciones de la estrategia educativa vigente.

En su análisis, Petro expuso que el problema de la pobreza juvenil es profundo y estructural “Es muy difícil que un joven salga de la pobreza”, reconoció, señalando que la solución requiere transformaciones que abarcan el acceso a educación, crédito y tierra, especialmente para quienes viven en zonas rurales.

De acuerdo con lo expresado, el presidente subrayó que la política pública debe dejar atrás la visión del joven como enemigo y asegurar acceso equitativo a oportunidades.

El Proyecto de Ley No. 230, que establece el programa de intercambio voluntario de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados por alimentos, medicamentos o útiles escolares, fue aprobado en tercer debate por la Asamblea Nacional y será remitido al Órgano Ejecutivo para su sanción o veto.

La iniciativa busca convertir en ley un mecanismo que hasta ahora ha operado como programa temporal, con el objetivo de garantizar su continuidad en el tiempo, independientemente de los cambios de gobierno y reforzar su alcance como herramienta de seguridad pública.

La propuesta legislativa establece de forma expresa que el canje no será en efectivo, sino mediante una transferencia monetaria acreditada en la cédula de identidad personal, la cual solo podrá utilizarse en comercios autorizados para la compra de alimentos, medicamentos o útiles escolares.

Este punto es clave, ya que busca evitar el uso indebido del incentivo económico y asegurar que el beneficio tenga un impacto social directo en los hogares que participan en el programa.

El texto aprobado también define el mecanismo operativo del programa, señalando que las jornadas de recepción de armas deberán realizarse al menos de forma trimestral, organizadas por el Ministerio de gobierno en coordinación con las gobernaciones provinciales, con participación del Ministerio de Seguridad y la Policía Nacional.

Estas jornadas serán anunciadas previamente, incluyendo fecha, hora y lugar, lo que introduce un esquema estructurado y periódico, distinto a operativos aislados del pasado.

De acuerdo con el contenido del proyecto, la finalidad principal es reducir la cantidad de armas en circulación que puedan ser utilizadas con fines delictivos, en un contexto donde la seguridad sigue siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas.

El propio informe legislativo señala que esta medida forma parte de un enfoque preventivo, orientado a disminuir la delincuencia en los corregimientos mediante la retirada voluntaria de armas, municiones y explosivos de las calles.

El proponente de la iniciativa, el diputado José Pérez Barboni, ha sostenido que uno de los problemas del esquema actual es su carácter temporal, lo que impide darle continuidad y medir su impacto a largo plazo.

Por ello, la propuesta busca elevar el programa a rango de ley, garantizando que no dependa de decisiones administrativas de cada gobierno y que se mantenga como una política pública permanente contra la violencia y el crimen organizado.

Las cifras incluidas en la exposición de motivos respaldan el alcance del programa. Entre 2019 y 2024, las autoridades lograron destruir 41,145 armas de fuego, 562,959 municiones, 9,910 proveedores, 608 accesorios y 5,536 artefactos explosivos, lo que evidencia una capacidad operativa relevante en la ejecución de este tipo de iniciativas.

A nivel más reciente, también se registran jornadas en las que se han retirado cientos de armas y miles de municiones mediante incentivos económicos.

El proyecto también incorpora ajustes y modificaciones realizadas durante su discusión en comisión, incluyendo cambios a varios artículos y la incorporación de nuevas disposiciones, con el fin de fortalecer su aplicabilidad y alcance operativo.

Estas modificaciones apuntan a mejorar la coordinación institucional y asegurar que el programa funcione como una medida complementaria dentro de una estrategia más amplia de seguridad ciudadana.

Más allá del enfoque social del canje, el proyecto se enmarca en una lógica de política pública que combina incentivos económicos con objetivos de desarme, una estrategia que ha sido aplicada en otros países con distintos niveles de éxito.

En el caso panameño, el diseño plantea que cada arma retirada representa una reducción potencial del riesgo delictivo, bajo la premisa de que disminuir la disponibilidad de armas contribuye a contener la violencia.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda ahora en manos del Ejecutivo, que deberá decidir si lo sanciona o lo devuelve a la Asamblea.

Su eventual entrada en vigencia marcaría el paso de un programa administrativo a una política de Estado formalizada, con reglas claras, periodicidad definida y un esquema institucional establecido para su ejecución en todo el país.

El comandante general de la Policía Nacional (PNP), Óscar Arriola, contradijo este jueves su decisión previa de no dar cifras sobre la criminalidad y presentó datos recientes, aunque de manera breve, durante la ceremonia de egreso de la promoción 2024-II ‘Protección Ciudadana’.

“Los homicidios han decrecido en un 8 % y las denuncias de extorsión en un 39 %”, señaló en el acto que reunió a 5.652 nuevos efectivos y que, según indicó, forma parte del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028.

Añadió que la reducción también alcanza a los robos y hurtos de vehículos. “Cuando se produce la entrega de estos, vayan a ver la satisfacción del ciudadano que agradece a toda su Policía Nacional porque consideraba que no volvería a ver la herramienta que tiene como trabajo o para llevar a un familiar a sus atenciones de salud. Esos somos nosotros”, afirmó.

Arriola sostuvo, además, que la criminalidad es “una pandemia universal”, originada tanto por organizaciones que cruzan fronteras como por la delincuencia común que afecta al ciudadano. “Tenemos una enorme responsabilidad y eso lo vamos a hacer con creces, porque estamos acá, porque nos sostiene y nos abriga un solo pensamiento, el de la vocación del servicio”, dijo.

Indicó que los resultados responden al uso de tecnología, personal, equipamiento e infraestructura. “Se están dando los frutos. En la madrugada de hoy se han capturado a los temibles ‘Mexicanos’, que solamente llevan un sticker con todas las pruebas de ley y así seguimos trabajando”, precisó.

No obstante, días antes el comandante general había anunciado que dejaría de informar cifras sobre criminalidad para evitar críticas. “Yo hoy día ya no quiero pronunciar una cifra más y dejo que vayan a las cifras oficiales porque alguien se siente mal cuando uno indica las cifras. Nosotros nos manejamos con cifras”, declaró en una entrevista con RPP.

Recordó que la institución policial enfrenta el crimen con la misma actitud y capacidad que durante el auge del terrorismo. “Lo que pasa actualmente es que es la misma actitud, el mismo comportamiento, las mismas capacidades, habilidades y destrezas para hacer frente, y venimos haciendo frente”, sostuvo.

Señaló que, en adelante, los reportes estadísticos deberán consultarse directamente en “fuentes oficiales”, pese a afirmar que cuenta con esos datos. Ante la insistencia de los periodistas, reiteró: “Preferiría que ustedes recurrieran a las cifras oficiales”.

Arriola también aseguró que los operativos contra la delincuencia continúan sin pausa, a pesar de que en los últimos días se han registrado ataques armados, sobre todo contra transportistas. “Nosotros hacemos las operaciones todos los días de Dios, y estamos operando mañana, tarde, noche y madrugada, y allí están las capturas de los extorsionadores, de los homicidas, de los que cometen sicariato, y también están los asesinatos”, concluyó.

El oficial asumió el cargo en septiembre de 2025, después de que el Poder Judicial suspendiera por 18 meses a su antecesor, Víctor Zanabria, debido a una investigación fiscal en su contra.

Antes de ello, Arriola fue jefe de Estado Mayor de la PNP, director nacional de Investigación Criminal y jefe de la División de Terrorismo Regional en el Vraem, el principal valle cocalero del país, donde el narcotráfico convive con remanentes de Sendero Luminoso.

Un hombre de 28 años fue aprehendido en San Miguelito tras un operativo liderado por la Policía Nacional y el Ministerio Público, en una investigación por trata de personas con fines de explotación sexual.

El caso, desarrollado en el sector de San Isidro, revela un esquema en el que el sospechoso presuntamente reclutaba menores de edad y mujeres adultas, a quienes promocionaba mediante catálogos digitales en internet y aplicaciones como WhatsApp, para luego obtener pagos a través de transacciones bancarias producto de la explotación.

La acción se dio en el marco de la Operación “Manos Protectoras”, impulsada por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada, con apoyo de la organización internacional OURrescue.

Durante el allanamiento, las autoridades lograron incautar equipos tecnológicos clave, que serán sometidos a análisis forenses para ampliar la investigación.

La organización internacional OUR Rescue es una entidad sin fines de lucro fundada en 2013 en Estados Unidos, dedicada a combatir la trata de personas y la explotación sexual, especialmente de niños, niñas y adolescentes.

Su trabajo se basa en la colaboración directa con fuerzas de seguridad en distintos países, brindando apoyo en operaciones, inteligencia y tecnología para identificar redes criminales y facilitar detenciones.

Además de participar en investigaciones, la organización también impulsa programas de prevención y asistencia a víctimas, acompañando procesos de recuperación y reintegración.

El detenido será llevado ante un Juez de Garantías, donde se definirá la legalización de la aprehensión, imputación de cargos y medidas cautelares correspondientes.

De acuerdo con las autoridades, este caso evidencia un patrón creciente de explotación sexual mediante medios digitales, donde los responsables utilizan plataformas de mensajería y redes para captar víctimas y comercializar servicios ilícitos.

Este tipo de delito combina elementos de trata de personas, corrupción de menores y explotación sexual, lo que lo convierte en una de las modalidades más complejas y difíciles de detectar dentro del sistema penal.

Violencia sexual

El caso de San Miguelito no es aislado. En las últimas horas, el Ministerio Público también logró la detención provisional de un hombre de 67 años en Barú, imputado por el delito de violación sexual en perjuicio de una adolescente de 17 años.

Según la investigación, el hecho ocurrió el 21 de marzo de 2026, cuando el señalado habría cometido el delito mediante violencia e intimidación, lo que llevó a la Fiscalía a solicitar la medida cautelar por el riesgo que representa para la víctima.

En paralelo, otro caso en la provincia de Panamá Oeste derivó en la confirmación de la detención provisional de un hombre de 22 años, acusado de violación agravada.

El Tribunal Superior de Apelaciones avaló la decisión inicial, considerando el peligro de afectar pruebas y la gravedad del delito. Este hecho se remonta al año 2023 en el distrito de Capira, cuando la víctima regresaba del colegio hacia su residencia.

Estadísticas preocupantes

Las cifras oficiales reflejan la dimensión del problema. De acuerdo con el informe del Ministerio Público, entre enero y febrero de 2026 se registraron 903 denuncias por delitos contra la libertad e integridad sexual en Panamá .

De ese total, 819 casos corresponden a violación y otros delitos sexuales, mientras que 84 están relacionados con corrupción de menores y explotación sexual, lo que evidencia que la mayoría de los casos se concentran en delitos de contacto directo.

El análisis comparativo muestra una aparente disminución, pero con matices preocupantes. En el mismo periodo de 2025 se habían registrado 489 casos frente a 416 en 2026, lo que representa una reducción del 15% .

Sin embargo, algunos delitos presentan aumentos significativos, como la pornografía infantil, que pasó de 1 caso a 16, lo que implica un incremento del 1500%, reflejando un cambio en la dinámica de estos delitos hacia entornos digitales.

A nivel geográfico, los datos indican que las denuncias se concentran principalmente en el Primer Distrito Judicial, que incluye áreas como Panamá y San Miguelito, con 426 casos en los primeros dos meses de 2026 . Estas cifras coinciden con la ocurrencia del caso reciente en San Isidro, lo que confirma que las zonas urbanas siguen siendo los principales focos de estos delitos.

Si se amplía la mirada al 2025 completo, el panorama resulta aún más contundente. Ese año cerró con 6,273 denuncias por delitos sexuales a nivel nacional, de las cuales 5,833 correspondieron a violación y otros delitos sexuales .

Esto demuestra que, pese a variaciones mensuales, el problema mantiene una alta incidencia estructural, con miles de casos cada año.

Las autoridades han reiterado su compromiso de perseguir estos delitos y proteger a las víctimas, especialmente a niños, niñas y adolescentes. No obstante, los datos sugieren que el fenómeno está evolucionando, con un mayor uso de tecnología para captar y explotar víctimas, lo que plantea nuevos desafíos para la investigación y la prevención.

Frente a este escenario, los recientes operativos reflejan una respuesta institucional activa, pero también la necesidad de fortalecer los mecanismos de detección y atención para frenar un delito que sigue afectando a los sectores más vulnerables.

Un reincidente con 98 arrestos previos fue detenido nuevamente tras protagonizar una persecución a más de 160 km/h en el estado de Washington, una carrera que comenzó luego de una serie de robos a comercios.

El operativo culminó en la recuperación de miles de dólares en productos robados junto a metanfetamina, heroína y fentanilo, según publicó el canal de noticias estadounidense Fox News.

Dentro del vehículo abandonado tras la fuga, los agentes de la Oficina del Sheriff del condado de Thurston también hallaron un dispositivo artesanal tipo bong incorporado al tablero, presuntamente para consumir drogas durante la conducción, de acuerdo con la información de Fox News. Además, el detenido fue identificado como James W. Smith Jr., de acuerdo con KIRO 7 News.

Un prontuario extenso y una operación policial de alto riesgo

El incidente llevó a las autoridades a advertir sobre los riesgos que representan los delincuentes con extensos historiales y frecuentes reincidencias penales. Según Fox News y FOX 13 Seattle, Smith Jr. no solo registra cuatro condenas por delitos graves, sino que acumula 27 condenas adicionales por delitos menores. La persecución, que se extendió por varios kilómetros, implicó la colaboración de varias agencias policiales regionales, como destacó FOX 13 Seattle.

De acuerdo con el informe policial citado por Fox News, el individuo fue interceptado tras evadirse de una patrulla en la Interstate 5 cerca de Olympia junto a un cómplice. Ambos utilizaron bolsas sustraídas en un comercio para facilitar nuevos robos en otros establecimientos.

El seguimiento vehicular, que alcanzó velocidades superiores a 160 km/h, debió suspenderse dos veces para evitar poner en peligro a terceros, ya que el sospechoso condujo de manera imprudente por zonas urbanas de Olympia y Lacey. La persecución atravesó diferentes jurisdicciones, y la coordinación policial fue clave para el desenlace, según detalló FOX 13 Seattle.

Debate sobre la reincidencia y la respuesta del sistema judicial

La captura se produjo en las inmediaciones de una escuela primaria sobre College Street en Lacey, lo que motivó un refuerzo de la seguridad escolar durante el operativo, según KIRO 7 News. Un equipo canino fue determinante en la localización de los sospechosos tras abandonar la camioneta utilizada en la huida, informó FOX 13 Seattle.

Los agentes constataron la magnitud de la operación delictiva al incautar mercancía de alto valor y drogas, sumando al expediente del arrestado nuevas pruebas de delitos graves.

El detenido enfrenta cargos por conducción bajo los efectos de sustancias (DUI), evasión policial y posesión de narcóticos, y se prevé que recibirá acusaciones adicionales por robo organizado al por menor en el condado de Lewis tras su salida del centro de detención de Thurston.

Los agentes solicitaron una orden judicial para extraer sangre al detenido y determinar si conducía bajo el efecto de estupefacientes, como puntualizó FOX 13 Seattle. El segundo involucrado fue trasladado a otra jurisdicción policial por otra causa de hurto, detalló Fox News.

El caso generó debate en la comunidad local y en la opinión pública del estado de Washington sobre la reincidencia y la efectividad del sistema judicial, con inquietudes sobre la rapidez con la que algunos reincidentes regresan a las calles, según Red State.

En palabras del sheriff Derek Sanders, reproducidas por Fox News: “Esta noche, está de regreso en la cárcel por la vez número 98, acusado de DUI, evasión y posesión de narcóticos. Buen trabajo de los agentes y los despachadores por lograr poner a algunos delincuentes profesionales tras las rejas… otra vez”.

El operativo fue grabado por cámaras policiales y las imágenes fueron difundidas por la Oficina del Sheriff y varios medios estadounidenses. El caso de James W. Smith Jr. es citado en foros y medios del estado como ejemplo en el debate sobre las políticas de reincidencia y fianzas en Washington, según Red State.

La desarticulación de la pandilla “Los Cantorales” en el sector de El Hueco, en Torrijos Carter, vuelve a poner en el centro del debate la presión que ejercen estas estructuras en San Miguelito, el segundo distrito más grande del país y, al mismo tiempo, uno de los más golpeados por problemas sociales como el desempleo, la desintegración familiar, el consumo de drogas y la delincuencia.

En este contexto, las autoridades ejecutaron la operación “Territorio”, que dejó cinco personas aprehendidas, incluyendo al presunto cabecilla del grupo, conocido con el alias de “Yanka”.

El operativo fue desarrollado por la Procuraduría General de la Nación, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Asociación Ilícita (Pandillerismo), con el apoyo de la Policía Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia Policial y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ).

Desde la madrugada del lunes 23 de marzo de 2026 se realizaron 11 diligencias de allanamiento en el área donde operaba esta estructura, considerada de alto impacto por su control territorial y su presunta participación en múltiples delitos.

Según las investigaciones, “Los Cantorales” estarían vinculados a amenazas, intercambios de disparos, robos, venta de drogas, homicidios y lesiones personales, delitos que reflejan la dinámica violenta que persiste en sectores urbanos con alta vulnerabilidad social.

La investigación se remonta a noviembre de 2025, cuando residentes del área denunciaron una serie de hechos delictivos que terminaron activando el seguimiento por parte del Ministerio Público y los estamentos de seguridad.

Como resultado de esta acción operativa, las autoridades lograron la aprehensión de cinco presuntos integrantes del grupo, entre ellos su supuesto líder. Durante las diligencias también fueron decomisados equipos tecnológicos y otros indicios relacionados con actividades delictivas.

El caso vuelve a exponer cómo ciertas pandillas logran afianzarse en comunidades donde las carencias sociales, la falta de oportunidades y la violencia cotidiana terminan abonando terreno para el reclutamiento de jóvenes.

El caso no es aislado. Informes recientes indican que en Panamá existen más de 180 pandillas activas, muchas de ellas funcionando como enlaces del crimen organizado transnacional.

Ese fenómeno ha tenido un impacto directo en la violencia juvenil: hasta noviembre de 2025 se reportaban cerca de 200 jóvenes asesinados, principalmente entre los 18 y 30 años, un grupo etario que suele quedar atrapado en disputas territoriales, ajustes de cuentas y dinámicas ligadas al narcotráfico y otras economías ilegales.

San Miguelito y otras zonas urbanas como Colón han sido señaladas entre los puntos más sensibles en este escenario. Aunque Panamá sigue siendo visto como un país relativamente seguro frente a otros de la región, durante 2025 también aumentó la percepción de inseguridad y la preocupación por los homicidios ligados al crimen organizado.

Las pandillas no solo actúan como grupos barriales, sino que en muchos casos se convierten en brazos operativos para actividades como la extorsión, el microtráfico, los robos y otros delitos violentos.

Desde el punto de vista legal, la legislación panameña castiga con severidad el delito de pandillerismo. El artículo 330 del Código Penal establece que quien constituya, organice o forme parte de una pandilla puede enfrentarse a penas de cuatro a seis años de prisión. La norma también contempla sanciones más altas cuando la agrupación esté orientada a la comisión de delitos graves.

En esos casos, las penas pueden elevarse hasta un rango de siete a catorce años, dependiendo de la finalidad y del nivel de peligrosidad atribuido a la organización.

La legislación parte de que una pandilla existe cuando tres o más personas se asocian de manera permanente con el propósito de cometer delitos, especialmente si existe algún grado de estructura jerárquica, reparto de funciones, control de territorio o uso de violencia para sostener su poder.

En el caso de los capturados durante la operación “Territorio”, se espera que en las próximas horas sean llevados ante un Tribunal de Garantías para la legalización de las aprehensiones, la imputación de cargos y la aplicación de las respectivas medidas cautelares.

La policía municipal de Ecatepec y elementos de la Marina ejecutaron un cateo en una vivienda del fraccionamiento Las Américas II, donde descubrieron más de 700 animales de distintas especies encerradas en jaulas en condiciones de riesgo.

Luis Alberto López Pérez, consejero jurídico municipal, detalló que la acción surgió tras una denuncia ciudadana que alertó sobre la situación en una casa presuntamente invadida por el grupo “Los 300”, por lo cual solicitaron la intervención de la Fiscalía Especializada en Fraccionadores y Combate al Medio Ambiente con sede en Texcoco.

El predio enfrenta un conflicto legal, posiblemente relacionado con una invasión: Tras la custodia municipal, los ocupantes huyeron y abandonaron a los animales a su suerte”, explicó el consejero jurídico, destacando cómo la vigilancia previa alertó sobre la emergencia animal.

Dentro de los animales halladas en el lugar, se encontraban 658 aves, 11 borregos y chivos, 24 tortugas, una tarántula, 12 serpientes, un lagarto de Alicante, dos gallinas de guinea albinas y otras especies exóticas, las cuales fueron transferidas a la Universidad Autónoma de Chapingo para su valoración, observación y cuidado especializado, garantizando su recuperación.

Según información de la Policía Municipal, se cree que el inmueble pudo haber sido invadido por el grupo criminal “Los 300”, ya que en la puerta de entrada había pegada una calcomanía relacionada con dicho sector.

Qué es el grupo “Los 300”

“Los 300” es una organización criminal que opera principalmente en el norte del Estado de México, con fuerte presencia en Ecatepec, Tecámac, Coacalco, Cuautitlán y Tultepec, la cual surgió hace aproximadamente 15 años en la zona de Ciudad Azteca, Ecatepec, como un grupo de choque vinculado a la Confederación de Trabajadores de México (CTM), inicialmente auspiciado por líderes taxistas locales.

El grupo, liderado en sus inicios por Luis Alfaro Espinoza “El Conejo” tras rupturas internas, evolucionó de actividades sindicales a la delincuencia organizada.

Ahora controlan bases de taxis, extorsionan a transportistas, comerciantes y empresarios con cuotas diarias de 50 a 200 pesos, e invade propiedades marcándolas con calcomanías distintivas, como se halló en el predio de Las Américas II.

En un acto de campaña realizado en Miranda de Ebro, Burgos, Abascal expresó su postura acerca de la respuesta institucional frente al crimen ocurrido el martes en ese municipio, que permanece en luto oficial por las tres víctimas del suceso. Según publicó el medio, Abascal cuestionó la actuación tanto del Gobierno como de otros partidos y criticó el sentido de los homenajes oficiales, a los que calificó de "lutos falsarios" tras crímenes como el ocurrido en Miranda de Ebro.

El dirigente argumentó que en la sociedad actual existen delincuentes que, en su opinión, “no son reinsertables” y deberían permanecer privados de libertad permanentemente. Planteó la necesidad de que los condenados por delitos especialmente graves, como asesinato, abuso sexual o violencia contra la infancia, cumplan condenas de por vida. En referencia a casos específicos que involucran sentencias previas, señaló que individuos que hayan cometido secuestro y abuso de menores “no merecen ver la luz del sol el resto de sus días”.

Según afirmó Abascal, la política criminal de las últimas cuatro décadas en España favorece los derechos de los delincuentes, relegando a las víctimas, y responsabilizó a las administraciones encabezadas por el PSOE y el PP de haber creado marcos legislativos que propician la reincidencia mediante la excarcelación prematura. El líder de Vox insistió en que la experiencia reciente de Miranda de Ebro representa una consecuencia directa de estas políticas, dado que un individuo que había sido condenado por hechos similares anteriormente pudo abandonar la prisión y delinquir nuevamente en la localidad.

El dirigente de Vox defendió que los delitos de asesinato, violación y abuso contra menores merecen una respuesta legislativa más estricta. Indicó que hay casos en los que la única protección eficaz para la sociedad es la reclusión perpetua de esos condenados. Planteó, además, que Vox está dispuesto a proponer reformas legales para endurecer el sistema penal, incluso si esto requiere modificar la Constitución española, con la finalidad de asegurar que “gente honrada” no vea comprometida su seguridad ante la reincidencia delictiva.

En relación al tratamiento político de estos sucesos, Abascal objetó la reacción de las instituciones con respecto a los crímenes graves, denunciando lo que considera una forma de “censura” promovida desde el Gobierno. Según reportó el medio, el presidente de Vox acusó al ejecutivo de Pedro Sánchez de calificar como “odio” la denuncia ciudadana ante hechos de violencia, y de intentar controlar el debate público en torno a la criminalidad mediante ese recurso.

En sus declaraciones, el líder de Vox mencionó que su partido identifica excarcelaciones de condenados que consideran peligrosos –violadores, asesinos, narcotraficantes y terroristas– como consecuencias directas de las políticas penales actuales. El medio relató que en el encuentro público desarrollado en el municipio burgalés, Abascal reiteró que las leyes deben modificarse para impedir la liberación anticipada de quienes han cometido delitos especialmente graves y que, bajo su criterio, no presentan posibilidades de reinserción.

De acuerdo con la información recogida, la posición de Vox se fundamenta en la demanda de cadenas perpetuas efectivas para determinados condenados, mientras reclama mayor rigor en la administración de la justicia penal y la imposibilidad de que individuos peligrosos puedan reincidir en la comisión de delitos graves. El líder del partido planteó que la defensa de las víctimas y la prevención de nuevos delitos deben primar en el sistema legal, y llamó a una reforma integral para endurecer las penas y limitar las posibilidades de excarcelación.

Según reportes recientes de la Fiscalía General de la Nación, recogidos por el El Tiempo, el número de denuncias pasó de apenas un caso oficial en 2009 a 830 reportes en 2025, cifra que refleja una transformación profunda en la operación y escala de esta modalidad criminal.

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El fenómeno no solo ha generado alarma ciudadana sino que ha motivado a las autoridades a reconfigurar sus estrategias contra bandas organizadas, cuya presencia se ha extendido por las principales capitales del país.

El último balance oficial, actualizado hasta enero de 2024, muestra que Bogotá encabeza la lista de ciudades con mayor número de procesos abiertos por fleteo, registrando 256 casos.

Le siguen Barranquilla con 185, Cali con 168, Medellín con 99 y Cúcuta con 78. El informe destaca que, en términos departamentales, la situación en el Atlántico resulta especialmente preocupante: con 273 casos, supera incluso a Bogotá cuando se agrupa la estadística por departamento. Tras las cinco primeras ciudades, figuran en el listado Soledad, Santa Marta, Cartagena, Popayán y Barrancabermeja.

La Fiscalía, a través de las fuentes consultadas por el medio citado, identificó que las bandas dedicadas al fleteo han evolucionado de pequeñas redes locales a organizaciones articuladas a nivel nacional.

Entre los ejemplos más recientes y representativos de su peligrosidad figura el asesinato del fiscal Karin Sefair Calderón, coordinador seccional en Fusagasugá, ocurrido en junio de 2025.

Sefair fue abordado en el parqueadero de un centro comercial de Cundinamarca, luego de ser seguido por delincuentes desde un banco tras retirar dinero en compañía de un amigo.

La persecución implicó relevos entre criminales a pie, en automóvil y motocicleta, culminando en un forcejeo mortal y la posterior huida de los agresores.

Las investigaciones lideradas por la delegada para la Seguridad Territorial Deicy Jaramillo develaron el grado de especialización de estas bandas. El análisis del ente acusador, compartido a El Tiempo, describe cómo los delincuentes seleccionan preferentemente bancos y cajeros automáticos con baja presencia de vigilancia, así como sucursales en centros comerciales por la facilidad que ofrecen para operar con anonimato.

Un componente clave del nuevo método son los llamados “marcadores”: individuos entrenados para identificar potenciales víctimas en el interior de las sucursales. Según explicó una fuente de la Fiscalía al medio, estos sujetos son capaces de “distinguir la cantidad de dinero que el banco entrega observando y escuchando el funcionamiento de las máquinas contadoras de billetes”. El marcador situado en la fila o próximo al cliente detecta, en función del tiempo de funcionamiento de la máquina, la magnitud del posible retiro, activando así a la red de seguimiento.

La operación continúa con varios integrantes que circulan en automóviles y motos, listos para seguir discretamente a la víctima hasta identificar el momento de mayor vulnerabilidad: al ingresar a la vivienda, al detenerse en lugares apartados o al subir y bajar del carro.

El informe de Fiscalía precisa que “esperan a que la persona esté sin protección, especialmente justo después del retiro de efectivo”. El asalto, que se produce de manera violenta, tiene como objetivo primordial el apoderamiento rápido del dinero “sin prolongar el contacto”, como destacó otra fuente del organismo.

Entre los patrones identificados, resalta también el uso de cambios frecuentes de atuendo, cascos y gorras para dificultar su rastreo por las autoridades. Estas estrategias complican los procesos de captura, aunque en el caso del fiscal Sefair la labor conjunta de las seccionales de Cundinamarca y otras tres regiones permitió rastrear hasta las placas de los vehículos empleadas en el crimen.

La Fiscalía General de la Nación enfrenta el desafío de la fragmentación estadística a causa de la múltiple tipificación penal bajo la cual la ciudadanía reporta los fleteos. El historial judicial revela que el delito más frecuentemente invocado para denunciar estos hechos es el de hurto calificado de menor cuantía agravado por la destreza, con más de 500 casos registrados.

Le siguen el hurto sin agravantes, el hurto calificado agravado por establecimiento público y el hurto agravado por la confianza. Existe también un proceso activo por hurto atenuado, tipificación utilizada cuando se espera devolver el objeto en cuestión tras cierto tiempo de uso.

La fiscal general Luz Adriana Camargo señaló que el fleteo constituye actualmente una de las problemáticas más sentidas —y visibilizadas— por la población urbana. Para atacar a las redes responsables, el organismo ha impulsado equipos especiales de investigación, como el establecido para esclarecer el homicidio del fiscal Sefair, logrando capturas en distintas regiones.

La persistencia del fleteo y su crecimiento en la última década exponen la adaptación constante de los grupos criminales en Colombia y sitúan el fenómeno como prioridad para las políticas de seguridad ciudadana, especialmente en las principales capitales y corredores bancarios del país.

La Gobernación de Santander anunció una recompensa de hasta $50 millones para quienes entreguen información que permita identificar a los responsables de videos intimidatorios que circulan en redes sociales. Las autoridades buscan establecer si detrás del material hay estructuras criminales operando en la región.

El gobierno departamental rechazó la difusión de grabaciones en las que aparecen hombres armados que buscan generar temor entre la población, citado por Blu Radio.

Las autoridades investigan el origen de un video en el que varios sujetos encapuchados anuncian una supuesta confrontación contra alias ‘Poporro’, señalado de liderar una red de microtráfico en Bucaramanga, de acuerdo con ese medio de comunicación.

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El anuncio de la recompensa fue realizado por la Gobernación de Santander como parte de una estrategia para obtener información que permita identificar a las personas responsables de la difusión de estos videos y esclarecer si corresponden a la presencia real de grupos delincuenciales en el departamento.

Según explicó el secretario del Interior de Santander, Óscar Hernández, las autoridades están trabajando para evitar que este tipo de mensajes se conviertan en mecanismos de presión o intimidación contra la ciudadanía.

El funcionario indicó que en diferentes regiones del país algunos grupos criminales han utilizado la difusión de videos con hombres armados para generar temor en la población y proyectar una imagen de control territorial.

“Como Gobernación hemos sido claros en decir no a las estructuras criminales. Por eso ofrecemos hasta 50 millones de pesos de recompensa para los ciudadanos que nos den información sobre grupos de delincuencia que estén extorsionando, intimidando o afectando a la ciudadanía”, afirmó Hernández, citado por Blu Radio.

El pronunciamiento de las autoridades se produjo después de que comenzara a circular en redes sociales un video en el que aparecen varios hombres encapuchados y armados.

En la grabación, que ha generado preocupación en la región, se observa a ocho individuos que anuncian una supuesta “guerra” contra alias ‘Poporro’, una persona señalada de liderar una estructura de microtráfico en Bucaramanga.

Tras la difusión del material, la Policía Metropolitana de Bucaramanga inició un análisis técnico para determinar la autenticidad del video y establecer si las personas que aparecen en las imágenes pertenecen realmente a alguna organización criminal.

El subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, coronel Héctor García, explicó que las autoridades también buscan identificar el tipo de armamento que aparece en la grabación.

Además, los investigadores pretenden establecer si el material corresponde a un hecho real o si se trata de una grabación elaborada con el propósito de generar intimidación entre la población.

La Policía señaló que el análisis incluye la revisión detallada del video para determinar su origen, la posible ubicación en la que fue grabado y la identidad de las personas que aparecen en las imágenes.

Las autoridades también adelantan labores de inteligencia para identificar si existe algún grupo criminal que esté intentando consolidar presencia en el área metropolitana de Bucaramanga.

El caso ya fue puesto en conocimiento de la Fiscalía General de la Nación, entidad que asumirá las investigaciones judiciales relacionadas con el material difundido.

Una vez se logre establecer la identidad de las personas involucradas en la grabación o en su difusión, las autoridades no descartan iniciar procesos judiciales en su contra.

La Gobernación de Santander reiteró que el objetivo de la recompensa es incentivar la colaboración ciudadana para identificar a los responsables y evitar que este tipo de acciones generen temor o afecten la seguridad en la región.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para que reporten cualquier información que permita esclarecer los hechos y determinar si existen estructuras criminales detrás de los mensajes difundidos en redes sociales.

El gobierno departamental indicó que continuará trabajando de manera articulada con la Policía y la Fiscalía para garantizar la seguridad en Santander y prevenir posibles amenazas contra la población.

Finalmente, las autoridades insistieron en que la colaboración de la comunidad será clave para avanzar en la identificación de los responsables y en el esclarecimiento del origen de la grabación que generó preocupación en la región.

Costa Rica registró 7,923 denuncias por asalto durante 2025, una cifra que, aunque representa una disminución del 16.7% en comparación con 2024, sigue reflejando una importante presión sobre la seguridad ciudadana, especialmente en la provincia de San José, donde se concentra la mayor cantidad de casos.

Los datos forman parte del informe anual de criminalidad que analiza la evolución del delito en el país. En 2024 se contabilizaron 9,514 denuncias, mientras que en 2025 la cifra bajó a 7,923. Aun así, el análisis revela que este delito mantiene patrones territoriales y horarios muy marcados, además de un alto impacto sobre las personas.

San José concentra la mayor cantidad de denuncias

De acuerdo con el reporte, San José lidera ampliamente las denuncias por asalto con 3,954 casos, lo que representa aproximadamente la mitad del total nacional.

Le siguen otras provincias con cifras significativamente menores:

• Alajuela: 922 denuncias
• Heredia: 723
• Limón: 647
• Cartago: 580
• Puntarenas: 574
• Guanacaste: 523

A nivel cantonal, el cantón central de San José encabeza la lista con 2,630 denuncias en 2025, lo que lo posiciona como el territorio con mayor prevalencia del delito en el país.

Otros cantones con alta incidencia son:

• Alajuela (507 casos)
• Heredia (349)
• Cartago (297)
• Limón (246)

Un asalto cada hora

El informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) también permite dimensionar la frecuencia con la que ocurre este delito. En promedio, se registra un asalto cada hora y seis minutos en el país.

Esto equivale a 22 denuncias diarias, lo que evidencia que, pese a la reducción interanual, el delito sigue teniendo una presencia constante en la vida cotidiana de la población.

Además, la tasa nacional de denuncias por asalto también disminuyó. En 2024 era de 162.13 casos por cada 100 mil habitantes, mientras que en 2025 bajó a 137.37.

Los sábados por la noche concentran la mayor incidencia

El análisis del denominado “reloj criminal” muestra que los delitos no se distribuyen de forma uniforme a lo largo de la semana.

Según el informe, el sábado es el día con mayor incidencia de asaltos, particularmente en el rango horario que va de las 6:00 p.m. a las 8:59 p.m.

Este patrón suele asociarse a factores como la mayor movilidad de personas, actividades recreativas y comerciales durante el fin de semana.

Armas de fuego siguen siendo la modalidad más frecuente

Entre las diferentes modalidades utilizadas para cometer asaltos, el uso de armas de fuego continúa siendo la más común.

En 2025 se reportaron 2,579 casos bajo esta modalidad, una disminución respecto a los 3,125 registrados en 2024, pero aún así la cifra más alta dentro de las formas de ejecución del delito.

Otras modalidades reportadas incluyen:

• Arma blanca: 1,906 casos
• Arrebato: 1,418
• Golpes o agresión física: 867
• Intimidación verbal: 451
• Candado chino: 304

El reporte también incluye una categoría de “otros”, que agrupa casos con métodos como uso de gas, armas contundentes o situaciones no determinadas.

Las personas siguen siendo las principales víctimas

El informe también analiza el tipo de víctimas registradas en las denuncias.

En 2025, las personas representaron cerca del 79% de las víctimas, con 7,132 registros, seguidas por los asaltos contra vehículos (869) y edificaciones (816).

En cuanto al perfil demográfico, el grupo etario con mayor cantidad de víctimas es el de 18 a 29 años, seguido por el rango de 30 a 39 años, lo que coincide con las edades de mayor movilidad laboral y social.

El análisis también muestra que la mayoría de víctimas son hombres, aunque las mujeres también representan una proporción significativa dentro de las denuncias.

Costa Rica sigue concentrando la mayoría de víctimas

En términos de nacionalidad, las personas costarricenses siguen representando la mayoría de víctimas de asaltos, con 5,369 registros en 2025.

Les siguen víctimas de otras nacionalidades como Nicaragua (1,117) y Estados Unidos (273), además de personas de otros países.

Un delito que sigue marcando la percepción de seguridad

Aunque las cifras reflejan una reducción respecto al año anterior, los datos muestran que los asaltos continúan siendo uno de los delitos con mayor impacto en la percepción de seguridad de la población.

La concentración territorial en la capital, la recurrencia de armas de fuego y la frecuencia diaria de los casos siguen siendo elementos clave para comprender la dinámica de este delito en el país centroamericano.

La Policía Nacional reportó la captura de 68 personas en los municipios de Soacha y Sibaté durante una ofensiva contra el delito desarrollada entre el 19 y el 28 de febrero de 2026.

Según información oficial, los procedimientos incluyeron operativos en flagrancia y acciones coordinadas por orden judicial, con resultados que abarcan desde la incautación de armas hasta la recuperación de vehículos robados.

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De acuerdo con datos entregados por la Policía Nacional, se realizaron 58 capturas en flagrancia y 10 por orden judicial. Entre los delitos que motivaron estas detenciones figuran hurto, homicidio, delitos sexuales, porte ilegal de armas de fuego, violencia intrafamiliar y delitos relacionados con estupefacientes.

La institución informó que, durante los operativos, se incautaron 10 armas de fuego y 993 gramos de estupefacientes, además de ejecutar seis órdenes de allanamiento. De igual modo, la ofensiva permitió la recuperación de un vehículo y dos motocicletas que figuraban como reportados por robo. Los procedimientos contaron con el apoyo de unidades especializadas y equipos de investigación judicial, precisó la Policía Nacional.

El balance presentado incluyó la participación activa de la Secretaría de Gobierno de los municipios, que reiterando el compromiso de la actual administración para combatir a las estructuras criminales en la región.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración ciudadana y recordaron la disponibilidad de la Línea de Emergencia 123 y la línea 165 del Gaula para denunciar cualquier hecho delictivo.

Esta estrategia, según la Policía Nacional, forma parte de un enfoque integral en el que la corresponsabilidad de la comunidad resulta fundamental para consolidar un entorno más seguro en Soacha y Sibaté.

Luto en la Policía: subintendente falleció tras accidente de tránsito en Sibaté

En medio de los operativos de seguridad, la Policía Nacional confirmó el fallecimiento del subintendente Edwin Vera Rodríguez, natural de Chitagá, Norte de Santander, murió en un accidente de tránsito en Sibaté durante la madrugada del lunes 2 de marzo.

El uniformado, adscrito a la Policía Metropolitana de Cartagena, se encontraba en la región como parte de su proceso de ascenso, realizando un curso en la Escuela de Suboficiales y Nivel Ejecutivo Gonzalo Jiménez de Quesada.

La institución detalló mediante un comunicado que el siniestro ocurrió hacia las 2:10 a. m. en la carrera 7 con calle 9B, en el casco urbano de Sibaté. Vera Rodríguez conducía una motocicleta acompañado por el subintendente Germán Latorre Guzmán, adscrito a la Policía Metropolitana de Ibagué.

Por causas que son materia de investigación, la motocicleta impactó un vehículo estacionado. Ambos policías sufrieron heridas de gravedad y fueron trasladados de urgencia a la Clínica Cardiovascular de Soacha, donde se confirmó el fallecimiento de Vera Rodríguez. El acompañante resultó con una fractura en una pierna y permanece bajo atención médica.

Según información entregada por la Policía Nacional, los dos uniformados habían finalizado actividades académicas a las 5:00 p. m. del día anterior y debían reincorporarse a clases a las 7:00 a. m. del lunes. El caso quedó en manos del inspector de tránsito municipal, que adelanta las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas que derivaron en la colisión.

El deceso del subintendente causó profundo pesar en la Policía Metropolitana de Cartagena y en la comunidad de Chitagá, donde era reconocido por su vocación de servicio. La institución expresó su solidaridad con los familiares y compañeros del uniformado fallecido.

La investigación para determinar las causas del accidente continúa en curso. Las autoridades buscan establecer con precisión los factores que llevaron a que la motocicleta terminara colisionando con el automóvil estacionado, mientras la Policía reiteró el llamado a la precaución y al respeto por las normas de tránsito.

Panamá detuvo en el distrito de Chepo a alias “Pantera”, señalado como presunto integrante del Clan del Golfo, junto a otras dos personas, en un operativo desarrollado en el sector de Las Margaritas, al este de la capital.

La captura se produjo durante la inspección de un vehículo tipo taxi, donde unidades de la Dirección Antinarcóticos, el Senafront y la Policía Nacional ubicaron dos paquetes rectangulares con presunta sustancia ilícita, tres teléfonos celulares, dinero en efectivo y el automóvil utilizado para el traslado.

Con esta acción, las autoridades aprehendieron a tres ciudadanos panameños, quienes fueron puestos a órdenes del Ministerio Público para el desarrollo de las investigaciones correspondientes.

El caso ha generado atención debido a la presunta vinculación del detenido con el Clan del Golfo, organización criminal de origen colombiano señalada por actividades de narcotráfico y redes logísticas en varios países de la región.

La captura ocurre en medio de una intensificación de operativos bajo el denominado Plan Firmeza, que durante los últimos días de febrero y el primero de marzo dejó un acumulado de 526 personas aprehendidas en todo el país, según los reportes oficiales divulgados por la Policía Nacional.

El recuento consolidado refleja que en ese período fueron detenidas personas por distintos motivos: capturas por oficios judiciales pendientes, casos en flagrancia, faltas administrativas y hechos relacionados con microtráfico.

Además de las aprehensiones, se realizaron decenas de diligencias de allanamiento y se decomisaron armas de fuego, municiones y sustancias ilícitas.

Durante las jornadas operativas también se recuperaron varios vehículos vinculados a investigaciones y se reforzaron los controles de tránsito.

En ese mismo período se colocaron más de 3,000 boletas por infracciones, destacando sanciones por exceso de velocidad, conducción bajo efectos del alcohol, licencias vencidas y uso del celular mientras se manejaba. Decenas de vehículos fueron removidos mediante grúas por diversas causas.

El volumen de aprehensiones en apenas tres días refleja un despliegue sostenido de unidades policiales en distintos puntos del territorio nacional, incluyendo sectores considerados estratégicos por su cercanía a rutas utilizadas para el traslado de sustancias ilícitas.

En el caso específico de Chepo, la operación que culminó con la captura de alias “Pantera” se enmarca dentro de inspecciones focalizadas en el área este del país, donde las autoridades han señalado que buscan frenar la movilidad de estructuras criminales y redes de distribución.

Aunque el proceso judicial apenas inicia, la detención del presunto integrante del Clan del Golfo adquiere relevancia en el contexto regional, donde Panamá es identificado como un punto de tránsito para organizaciones dedicadas al narcotráfico debido a su posición geográfica y conectividad logística.

Las autoridades han reiterado que los operativos continuarán en los próximos días y que el Plan Firmeza se mantendrá activo con el objetivo de reforzar la seguridad ciudadana, desarticular redes delictivas y ejecutar órdenes judiciales pendientes.

El Clan del Golfo, también conocido como Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), es considerado una de las organizaciones criminales más poderosas de ese país y ha sido señalado por autoridades internacionales por su participación en el tráfico de cocaína hacia Centroamérica, Estados Unidos y Europa.

Su estructura opera mediante redes flexibles que tercerizan transporte, almacenamiento y custodia de cargamentos, lo que le permite mantener presencia indirecta en países utilizados como corredores logísticos.

En Panamá, las autoridades han advertido en distintos informes sobre intentos de estructuras vinculadas al narcotráfico de establecer enlaces para facilitar el tránsito de sustancias ilícitas, aprovechando la conectividad marítima, aérea y terrestre del país.

Aunque no siempre se confirma la instalación permanente de estas organizaciones, sí se han documentado capturas de individuos señalados como enlaces logísticos o coordinadores operativos.

Especialistas en seguridad sostienen que este tipo de detenciones cobra relevancia no solo por el perfil del sospechoso, sino por el mensaje institucional de control territorial.

La estrategia, explican, apunta a evitar que Panamá se consolide como punto fijo de operaciones para grupos transnacionales, reforzando la vigilancia en distritos estratégicos como Chepo, que conecta con rutas hacia el interior del país y zonas costeras.

La seguridad en el norte de Bogotá se vio nuevamente cuestionada tras el testimonio del periodista Diego Guauque, que relató haber sido víctima de un asalto violento en horas de la tarde del 27 de febrero de 2026 mientras se encontraba departiendo con otras personas.

Por medio de sus redes sociales compartió un video en el que contó los angustiantes momentos que vivió por cuenta de la delincuencia de la capital del país.

“Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá, el parque de Usaquén”, narró Guauque, añadiendo que el suceso ocurrió alrededor de las 3:00 p. m. mientras almorzaba “con dos abogados por un tema periodístico”.

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La descripción del asaltante sobresale por su precisión. Guauque detalló: “Entra un tipo tan armado de una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día, reitero. Éramos los únicos comensales. Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó”, recalcó.

El agresor se dirigió de inmediato a uno de los abogados, exigiendo con amenazas “quítese el reloj, gran hijue… Bueno, toda esa vaina”. A diferencia de lo habitual, el objetivo era exclusivo: “El tipo no pidió celulares, el tipo no pidió dinero. Entró solo por ese reloj”, puntualizó el periodista, que observó cómo su propio teléfono quedó sobre la mesa sin ser tomado.

El robo ocurrió en menos de un minuto, según el relato de Guauque, quien señaló el actuar del delincuente: “Le arrancó el reloj, una pieza costosa, y salió con suma calma. Huyó en una motocicleta junto a su cómplice”.

La rapidez y precisión del asalto llevaron al comunicador a plantear una reflexión sobre el estado actual de la seguridad: “Hoy yo no estoy contando una historia ajena. Hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”.

El impacto de lo vivido llevó a Guauque a plantear dudas contundentes: “¿Qué es lo que está pasando con la seguridad en Bogotá? ¿Por qué la delincuencia anda a sus anchas? ¿Hasta cuándo los ciudadanos tendremos que vivir con miedo en los taxis, en las calles, en los restaurantes? Por Dios”.

Colega reaccionó al robo

El reciente asalto sufrido por Diego Guauque en un restaurante de Usaquén, al norte de Bogotá, motivó una reacción inmediata de la periodista y candidata presidencial Vicky Dávila, quien advirtió que “es urgente enfrentar el hampa”.

Dávila expresó su preocupación tras ver el video del incidente y resaltó la necesidad de enfrentar la delincuencia en el país: “Un Bloque de Búsqueda Antihampa es nuestra propuesta, inteligencia, recompensas, cámaras, drones, más pie de fuerza, colaboración ciudadana. Y trabajo de equipo con alcaldes y gobernadores”, manifestó, enumerando sus propuestas de seguridad.

La candidata describió el asalto ocurrido el mismo día: “Hoy le tocó al periodista Diego Guaque, estaba con dos personas más en un restaurante de Usaquén en Bogotá, un hombre llegó con pistola en mano y los encañonó. Le quitó el reloj a un abogado que estaba en la mesa y salió, todo en un minuto”, relató, poniendo el foco en la rapidez y violencia con la que actuó el agresor.

Dávila también transmitió un mensaje personal para las víctimas: “Un abrazote. Me alegra inmensamente saber que Diego y sus acompañantes están a salvo”, señaló la periodista, mostrando su solidaridad en medio de la creciente sensación de inseguridad en la ciudad.

El incidente genera inquietud entre la ciudadanía sobre la vulnerabilidad ante hechos delictivos en espacios cotidianos. La percepción de inseguridad afecta la confianza de los habitantes y resalta la necesidad de soluciones eficaces que garanticen la tranquilidad en la vida diaria.

La inseguridad sigue siendo uno de los principales problemas para los habitantes de Bogotá, que piden acciones por parte de la Alcaldía y de la Policía Metropolitana, con el fin de evitar que actos de este tipo continúen afectándolos en su cotidianidad.

Y es que los criminales se valen de sofisticadas técnicas para atacar a la ciudadanía en los momentos que menos lo esperan, ocultándose en guaridas que ellos mismos construyen para evitar ser descubiertos. Aunque los uniformados trabajan con el fin de restaurar la confianza de los residentes y turistas en la autoridad, buscando estos escondites para frenar la delincuencia.

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Precisamente, en medio de los operativos adelantados por la Alcaldía fueron selladas más de 10 cavidades en el puente vehicular de la NQS con calle 19, dejando así sin refugio a delincuentes que utilizaban estos espacios para ocultarse tras cometer hurtos y otros delitos.

El trabajo fue realizado como parte de una estrategia para reforzar la seguridad en puntos críticos de la ciudad y la jornada incluyó la limpieza, mantenimiento y embellecimiento del puente, además de la eliminación de escondites que favorecían la huida y el ocultamiento de objetos robados, pues este era el modus operandi de los criminales para burlar a la Policía que realizaba operativos en el sector.

A través de un comunicado de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, se dio a conocer que la recuperación de este espacio forma parte de un plan impulsado para eliminar condiciones que facilitan actividades delictivas y mejorar la percepción de seguridad en el entorno.

Del mismo modo, se aclaró que la intervención fue liderada por la entidad, en conjunto con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), la Defensoría del Espacio Público (Dadep), la Policía Nacional, la Secretaría de Integración Social, y las alcaldías locales de Los Mártires y Puente Aranda.

Finalmente, se reveló que cerca de 50 trabajadores participaron en las labores que se realizaron durante toda la jornada del 24 de febrero de 2026 para garantizar el sellamiento de las guaridas.

“La idea de este ejercicio es poder demostrar la recuperación de estos espacios y convertirlos en entornos más seguros, ya que muchas personas nos han informado que en este puente se han presentado situaciones de hurto y que algunos delincuentes aprovechaban estos huecos para esconderse después de cometer los delitos”, explicó Reinel Molina, integrante del equipo territorial de Los Mártires.

Trabajo con habitantes de calle

Cabe mencionar que dentro de las acciones realizadas por la Secretaría Distrital de Integración Social también se ofreció atención y servicios a las personas habitantes de calle que se encontraban en el sector.

“Estas acciones hacen parte de la estrategia de recuperación del espacio público y fortalecimiento de la seguridad en puntos estratégicos de la ciudad, buscando eliminar condiciones que facilitan el delito y devolverle a la ciudadanía entornos más seguros y transitables”, puntualizó el reporte de la Secretaría de Seguridad.

Asimismo, la entidad reforzó el llamado a los ciudadanos para denunciar cualquier hecho delictivo a través de la Línea 123, con el fin de que las autoridades puedan intervenir lo antes posible.

Este caso recuerda a una situación presentada en noviembre de 2025, momento en el que las autoridades encontraron a tres hombres ocultos bajo el suelo de la estación Calle 45 del sistema TransMilenio, que se dedicaban a robar material y cableado para después vender el material y así obtener millonarias sumas.

En esa ocasión, fue el personal de seguridad del sistema el que detectó ruidos inusuales y dio aviso inmediato a las autoridades que procedieron a levantar las placas del piso de la estación, encontrándose con los sujetos, así como herramientas y bolsas repletas del material sustraído.

Durante una comparecencia en la sede nacional del Partido Popular, Cuca Gamarra advirtió sobre el impacto de la actual normativa de regularización de migrantes al afirmar que permitiría el acceso a permisos de residencia a personas con antecedentes policiales o procedimientos penales en curso. Gamarra cuestionó el procedimiento por considerar que conduciría a una situación que describió como un “coladero”, es decir, una vía fácil de acceso a la legalidad para quienes presentan antecedentes vinculados a actividades delictivas. De acuerdo con el medio que reportó estas declaraciones, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP anticipó que su partido tiene la intención de presentar enmiendas a la Ley de Multirreincidencia con el objetivo de limitar la posibilidad de que personas que han cometido delitos se beneficien de los procesos de regularización recientemente aprobados por el Gobierno.

Según publicó el medio, Gamarra desarrolló su postura tras reunirse el comité de dirección del Partido Popular, donde denunció lo que considera una contradicción entre los esfuerzos para combatir la multirreincidencia y el diseño del procedimiento de regularización de migrantes. La dirigente sostuvo que no se entiende que, mientras se intenta combatir el delito repetido, “después con la regularización de migrantes haya personas que obtengan un premio después de que tengan antecedentes policiales o que tengan procedimientos penales abiertos”. Al citar estas palabras, el medio recogió la afirmación de Gamarra de que “no cabe la impunidad” en la gestión de los permisos de residencia y subrayó su convicción de que “la residencia se gana, no se regala”.

El medio reportó que Gamarra insistió en la preocupación de su formación política por las implicaciones de la regularización masiva de personas migrantes aprobada por el Gobierno, recalcando que es necesario evitar cualquier mecanismo que derive en impunidad para quienes hayan tenido problemas con la ley. Según expresó, el Partido Popular considera fundamental garantizar que la obtención de la residencia esté ligada a un comportamiento exento de condenas o procedimientos abiertos por delitos, y anunció que las enmiendas que su partido presentará a la Ley de Multirreincidencia apuntarán precisamente a reforzar los controles y evitar que este nuevo proceso pueda derivar en medidas que incentiven la comisión de delitos o desincentiven el respeto a la ley.

Conforme a la cobertura presentada por el medio, la iniciativa del PP se enmarca en un contexto en el que el Gobierno ha aprobado un proceso de regularización considerado masivo, lo que, en palabras de los dirigentes populares, podría favorecer el acceso a la residencia de personas no aptas debido a su historial legal. Gamarra expuso que el enfoque del PP busca no “premiar” a quienes han incurrido en delitos, sino disuadir cualquier actuación ilegal a través de la aplicación estricta de controles en los procesos de legalización migratoria.

Según detalló el medio, las declaraciones de Gamarra situaron la estrategia del Partido Popular en un plano de confrontación directa con la política migratoria vigente, poniendo énfasis en la defensa de lo que describió como un marco de exigencia y mérito para la concesión de la residencia en España. La dirigente popular señaló que el debate no solo afecta a la percepción pública de la justicia ante la reincidencia delictiva, sino también a la confianza ciudadana en los mecanismos de control de la inmigración y en la transparencia de los procedimientos administrativos que contribuyen a la integración o, en todo caso, al control de la población extranjera en situación irregular.

El medio consignó, además, que Gamarra cerró su intervención insistiendo en la urgencia de modificar la Ley de Multirreincidencia para adecuarla al nuevo escenario creado tras la última regularización, y de este modo asegurar que la normativa no se convierta en un instrumento para la impunidad o para la obtención gratuita de derechos de residencia al margen del cumplimiento de las obligaciones legales.

En la tarde del 21 de febrero, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, junto al alcalde de Medellín, Federico “Fico” Gutiérrez, entregaron un balance del consejo de seguridad que se llevó a cabo en la capital de Antioquia.

Acompañado de la cúpula militar, la vocería fue tomada por el ministro Sánchez, que habló de la tasa de homicidios que se registra en la ciudad, que sigue siendo la más baja de los últimos cuarenta años.

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Sánchez entregó un parte positivo en cuanto a la delincuencia de la ciudad, resaltando que en 2025 todos los delitos de alto impacto se redujeron en la capital antioqueña.

“Aquí hay que hacer un reconocimiento a los líderes de esta seguridad en esta región, a los gobernadores, a los alcaldes, también a la capacidad militar y policial que se ha desplegado, a la fiscalía, a la procuraduría, a la contraloría, a la defensoría, pero especialmente a la población”, declaró Pedro Sánchez.

Sánchez recordó el operativo en el que fue capturado alias Sebas, cabecilla de una estructura criminal ligada a la extorsión en la comuna 13, uno de los principales corredores turísticos de la ciudad.

De la misma forma, recordó que el año anterior las autoridades ejecutaron 35 capturas de sujetos que tenían orden de captura por parte de la Interpol. “La orden para toda la Fuerza Pública es desmantelar a su mínima expresión todos los carteles del narcotráfico, del crimen, del terrorismo, la delincuencia que hay aquí en esta región”.

Al hablar de Antioquia, el ministro indicó que el objetivo principal de las autoridades es desmantelar a las disidencias al mando de “Calarcá”, recordando que por el comandante del Estado Mayor Central hay una recompensa, por parte de Estados Unidos, de hasta cinco millones de dólares.

Para mitigar la presencia de los grupos armados en la región, Sánchez reveló que en el último año en Antioquia han sido sumados al servicio de la población civil más de 1.600 uniformados.

Al retomar el balance sobre Medellín, mencionó que la alcaldía ha invertido más de 150.000 millones de pesos en tecnología para mejorar la seguridad, 300.000 millones de pesos para un centro integrado de inteligencia y otros avances para mitigar a los criminales.

Sánchez puntualizó al indicar que la cartera se sumará a este tipo de medidas, principalmente enfocando la inversión para prevenir los ataques con drones explosivos, lo que se ha convertido en una de las problemáticas que más pone en peligro a la ciudadanía y la fuerza pública en la región.

“La clave también es reemplazar la economía ilegal, y por ello hay unos programas de sustitución de cultivos. Este año esperamos invertir cerca de un billón de pesos en el proyecto del escudo antidrón, y es para proteger la vida”.

El balance de ‘Fico’ Gutiérrez

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, agradeció los elogios del ministro y mencionó que el objetivo en la ciudad es seguir mejorando las cifras ligadas a los crímenes de alto impacto.

Sin embargo, Gutiérrez se alejó del Gobierno nacional al recordar el evento en el que el presidente Gustavo Petro estuvo con voceros de las bandas delincuenciales de la región: “Las estructuras criminales no merecen tarimazos, merecen guarapasos de parte de la fuerza pública”, declaró el alcalde de Medellín.

El mandatario local confirmó las cifras de inversión entregadas por el ministro y denunció que el Ejército de Liberación Nacional (ELN) estaría interviniendo en espacios educativos de la ciudad. “La incidencia del ELN es clara, especialmente en algunas universidades públicas, como la Universidad de Antioquia, Universidad Nacional y el Politécnico, donde se han ido tomando justamente el control de muchos de estos espacios para salir y generar terror”.

Debido a la ola de violencia que se vive en el Atlántico, se llevó a cabo un consejo de seguridad en el municipio de Malambo, en donde el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acompañado de la cúpula militar y del ministro del Interior, Armando Benedetti, establecieron la ruta con la que se combatirán las problemáticas que van ligadas a la criminalidad en la región.

Tras el encuentro, como vocero del Gobierno nacional, Armando Benedetti indicó que en el Atlántico, principalmente en la capital del departamento, han aumentado los casos de sicariato y extorsión.

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“Barranquilla sigue en problemas con sicariato y lo que tiene que ver con el microtráfico y las extorsiones. La demanda del alto consumo ayuda a que haya más violencia, porque eso crea mafia y eso trae la violencia”, fueron las palabras del ministro del Interior.

Anunciaron refuerzo militar en la región

El ministro de Defensa Nacional, Pedro Sánchez, encabezó en Barranquilla un encuentro con líderes comunales del área metropolitana, en el que se anunció el despliegue de nuevas estrategias para fortalecer la seguridad ciudadana.

La reunión, realizada con representantes de las Juntas de Acción Comunal de Barranquilla, Galapa, Malambo, Puerto Colombia y Soledad, fue aprovechada para exponer las principales preocupaciones de los barrios frente al aumento de delitos de alto impacto.

Durante el diálogo, los líderes comunales, las autoridades y los voceros del Gobierno nacional identificaron como problemáticas centrales el homicidio, el hurto, el microtráfico y la extorsión en los municipios del área metropolitana de Barranquilla, siendo la comunidad la que manifestó la necesidad de una mayor presencia institucional y acciones preventivas.

Como respuesta, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional pusieron en marcha un plan que incluye la utilización de capacidades operativas enfocadas en zonas priorizadas.

Entre los detalles que se informaron sobre el refuerzo, el ministro Sánchez indicó que cerca de 200 uniformados de la especialidad de policía comunitaria y más de 60 agentes de infancia y adolescencia fueron asignados a labores de prevención y acercamiento con la ciudadanía.

El objetivo principal será generar ambientes de confianza en los barrios y crear canales de comunicación efectivos entre la fuerza pública y los habitantes, con el fin de disminuir la incidencia de delitos y comportamientos que afectan la convivencia.

Las autoridades regionales indicaron que la mayoría de los casos de extorsión detectados en la región tienen su origen en actividades delictivas coordinadas desde las cárceles. El ministro de Defensa enfatizó en la importancia de la denuncia oportuna por parte de las víctimas para contrarrestar esta modalidad criminal y reforzar la protección ciudadana.

Por otra parte, el Ejército Nacional dispondrá del Gaula Militar y patrullas motorizadas para realizar operativos conjuntos con la Policía Nacional en puntos estratégicos definidos a partir del diagnóstico comunal, lo que busca incrementar la cobertura y la capacidad de respuesta frente a la criminalidad.

El ministro Sánchez también anunció la realización de conferencias, charlas y talleres dirigidos a líderes sociales, comunales y a la comunidad en general, actividades que estarán centradas en fortalecer las medidas de autoprotección de los ciudadanos, con el propósito de reducir la vulnerabilidad frente a la delincuencia y promover una mayor participación en la construcción de entornos seguros en toda la región metropolitana de Barranquilla.

Por último, se mencionó que uno de los pilares de la estrategia será la lucha contra las estructuras criminales, recordando que en el fin de semana del Carnaval de Barranquilla se registraron más de 20 homicidios, la mayoría ligados a disputas territoriales de rutas de microtráfico.

La justicia continúa avanzando en las condenas en contra de criminales dedicados al hurto en el territorio nacional. Precisamente, durante el domingo 15 de febrero se conocieron detalles de la sentencia en contra de un hombre tras ser hallado responsable de un asalto violento perpetrado con tijeras metálicas en el puente peatonal del barrio La Salle de Bucaramanga.

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el delincuente debe cumplir una pena de 12 años en prisión por el delito cometido en contra de un ciudadano al que le arrebataron sus pertenencias mientras lo amenazaban con el arma cortopunzante.

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Asimismo, se informó que el hecho ocurrió en 2021 a las 8:40 a. m., en el momento en el que la víctima, que fue identificada como Ludwin Ariza Vargas, fue abordada por dos sujetos que lo inmovilizaron y lo amenazaron con objetos cortopunzantes.

En medio de la intimidación, los delincuentes lograron quitarle una argolla matrimonial de oro, un celular y $850.000 en efectivo, aunque no le causaron lesión alguna.

El Tribunal Superior de Bucaramanga determinó que el condenado, identificado como Geinner Alberto Payares Montejo, jugó un papel esencial en el delito al sujetar e intimidar a la víctima con las tijeras para impedir cualquier defensa o reacción que les impidiera cumplir su objetivo.

Asimismo, la sentencia detalló que, mientras Payares Montejo lo retenía, su cómplice extrajo las pertenencias directamente del pantalón del afectado para posteriormente huir sin dejar mayor rastro.

Sobre la víctima, se confirmó que en el momento del ataque se desempeñaba como técnico en reparación de electrodomésticos y que el dinero sustraído correspondía a ingresos por su trabajo y estaba destinado para su sostenimiento y el de su familia.

Además del anillo y el efectivo, los asaltantes también se apropiaron de su cédula y de papeles de conducción de motocicleta y vehículo, lo que representaba un riesgo para el ciudadano que se quedó sin sus documentos de identificación.

Tras el asalto, los delincuentes huyeron hacia un campo deportivo, pero agentes de la Policía lograron capturar a Payares Montejo luego de oír los pedidos de auxilio de la víctima y actuar con rapidez al conocer hacia dónde se dirigían.

Durante el juicio, la víctima reconoció a Payares Montejo por su vestimenta camuflada y tapabocas, como la persona que lo amenazó y coaccionó con las tijeras, lo que hizo que, de inmediato, fuera vinculado al proceso.

Al verse identificado, el señalado agresor admitió su participación y aseguró no tener antecedentes penales. Además, con el fin de que las autoridades le rebajaran la pena argumentó que era cómplice del delincuente que huyó y que la víctima no se encontraba en situación de pobreza extrema.

Mujer judicializada por hurto

La Fiscalía General de la Nación informó que Mayerlin Velásquez Vargas fue privada de la libertad en un centro carcelario, acusada de ingresar por la fuerza a una vivienda de Cali y sustraer bienes.

De acuerdo con la entidad, la captura de Velásquez Vargas fue realizada por la Policía Nacional el 4 de febrero de 2024, como parte de una investigación sobre un presunto hurto cometido el 26 de junio de 2024 en una casa ubicada en el barrio San Judas II, donde se denunció el robo de pertenencias valoradas en más de $19 millones.

La Fiscalía presentó a la detenida ante un juez de control de garantías y le imputó el delito de hurto calificado y agravado. Según la investigación, Velásquez Vargas habría actuado junto con otras personas, que se encargaron de forzar las ventanas del inmueble para ingresar y apoderarse de los elementos.

Policías Estatales del Edomex y elementos municipales de Lerma lograron la detención de dos individuos y la recuperación de joyería de oro valuada en 200 mil pesos tras un asalto con violencia en una casa de empeño ubicada en una plaza comercial de Lerma, Estado de México.

Según reportes de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), las acciones formaron parte del Operativo Coordinado Estado-Municipio (CEM), que busca reforzar la vigilancia en puntos comerciales estratégicos de la región

Los detenidos, identificados como Alberto “N”, de 43 años, e Isaac “N”, de 33 años, serían integrantes de una banda que opera en los municipios de Toluca, Metepec y Lerma, dedicada al robo con violencia en casas de empeño.

Las autoridades también los relacionan con hechos similares en el Valle de México y la Ciudad de México.

Intervención inmediata y persecución a pie

Los hechos ocurrieron cuando policías estatales y municipales realizaban patrullajes preventivos dentro de una plaza comercial.

Durante este recorrido, una persona se acercó para alertar que el guardia de seguridad de una casa de empeño estaba siendo amenazado por un hombre armado.

Al llegar los elementos policiales, el vigilante señaló a dos sujetos como responsables del asalto, quienes intentaron huir al notar la presencia

Los agentes iniciaron una persecución a pie, marcando el alto a los sospechosos mediante comandos verbales.

Los dos hombres ignoraron las indicaciones y continuaron su huida hasta que, a pocos metros, fueron alcanzados por los elementos de seguridad.

Aseguramiento de armas y recuperación de la mercancía

Durante la intervención, uno de los detenidos extrajo un arma de fuego de entre su ropa, por lo que los policías lo sometieron.

Tras realizarles una inspección, se localizó otra pistola, diversa joyería de oro con un valor estimado en 200 mil pesos y dos equipos de telefonía celular.

Las armas aseguradas corresponden a una pistola Colt calibre .45 y una Ruger calibre 9 milímetros.

Alberto “N”, Isaac “N”, la mercancía recuperada, las armas y los teléfonos celulares, quedaron a disposición del Ministerio Público para determinar su situación jurídica conforme al procedimiento legal correspondiente.

Líneas de investigación y operativos en la región

De acuerdo con las primeras investigaciones, los detenidos podrían pertenecer a una banda dedicada al robo con violencia en casas de empeño, con operaciones en varios municipios del Estado de México y la zona metropolitana de la capital del país.

Autoridades mantienen abiertas las indagatorias para esclarecer si están relacionados con otros robos registrados en la región y para identificar a posibles cómplices.

La SSEM informó que la estrategia de patrullaje conjunto continuará en zonas de alta incidencia delictiva, con el objetivo de prevenir nuevos asaltos y fortalecer la seguridad en centros comerciales y establecimientos de empeño.

En enero de 2026, la Policía Nacional del Perú, con apoyo de las Fuerzas Armadas, rescató a 29 trabajadores retenidos en la mina Sanone, en Pataz. El caso ilustra cómo la disputa por el control de la extracción y comercialización ilegal de oro viene deteriorando la seguridad y amenaza la continuidad de actividades productivas en la región.

Los registros del Ministerio Público confirman este deterioro. Entre 2019 y 2025, la tasa de denuncias por extorsión en La Libertad se duplicó: pasó de 72,2 a 162 denuncias por cada 100 mil habitantes. En ese periodo, 12 de las 13 provincias triplicaron sus tasas de denuncias por extorsión. Chepén y Virú registraron multiplicar sus tasas de denuncias por más de seis respecto de 2019.

Este patrón se condice con el avance de la minería ilegal, actividad que suele articularse con redes de crimen organizado. En 2025, La Libertad registró 19,2 denuncias vinculadas a minería ilegal por cada 100 mil habitantes, casi el triple que en 2019 (6,6), y por encima del promedio nacional (16,5). Además, desde 2019 mantiene la mayor tasa de denuncias por minería ilegal entre las regiones del norte.

En 2025, Pataz acumuló el 69% de las denuncias por minería ilegal en la región. En paralelo, su tasa de denuncias por extorsión alcanzó 43,8 por cada 100 mil habitantes, 12 veces más que en 2020 (3,5). En Otuzco y Trujillo, que en conjunto concentran el 18,6% de las denuncias por minería ilegal, las tasas de extorsión llegaron a 54,5 y 221,3 denuncias por cada 100 mil habitantes, respectivamente; esto equivale a niveles quince y cinco veces superiores a los de 2020.

La respuesta pública enfrenta un problema adicional: el presupuesto. En 2025, la región ejecutó el 98,6% del presupuesto de inversión pública asignado para la función de orden público (S/ 741 millones). No obstante, con información a febrero de 2026, el presupuesto aprobado cae a S/ 292 millones (-60,7%). Esta disminución responde, principalmente, a la ausencia de proyectos incorporados en 2025 que cerraron con avances menores al 90% y no fueron reingresados en la cartera de 2026. Se trata de iniciativas orientadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana —como la ampliación y mejoramiento del serenazgo, la reparación de infraestructura de vigilancia y la adquisición de tecnología para monitoreo y videovigilancia— en distritos como Ascope, Virú, Trujillo y Pataz.

Para combatir el avance de la inseguridad, se requiere fortalecer a la PNP y mejorar la coordinación con las autoridades locales, con un enfoque territorial en las zonas más expuestas a las economías ilegales. Esto implica mejorar equipamiento, movilidad e inteligencia operativa, además de acelerar la modernización de las comisarías. Para destrabar inversión, resulta clave aprovechar mecanismos como Obras por Impuestos (OXI) y APP.

Artículo elaborado por María Alejandra Ormeño, jefa de políticas públicas del IPE, con colaboración de Maylith Coronel

El presidente José Raúl Mulino cuestionó la liberación de personas vinculadas a investigaciones criminales y advirtió que las medidas cautelares flexibles están debilitando la lucha contra el delito, al referirse a recientes casos en los que imputados por tráfico de drogas han recibido arresto domiciliario o brazaletes electrónicos.

“Esto no es justicia, es una flexibilidad disfrazada de garantismo que favorece a los delincuentes”, afirmó, al señalar que estas decisiones generan frustración entre los miembros de la Fuerza Pública que arriesgan su vida en operativos contra el crimen organizado.

Mulino planteó que resulta desmotivador para los agentes participar en decomisos de grandes cargamentos de droga, enfrentar a organizaciones criminales y luego ver cómo los detenidos recuperan rápidamente su libertad.

“Se decomisa, se detiene, y luego los liberan”, dijo, al advertir que esa “puerta giratoria” termina poniendo en riesgo incluso a denunciantes y testigos, mientras fortalece a las redes delictivas.

Las declaraciones del mandatario se produjeron durante el acto de graduación y juramentación de nuevos agentes de la Fuerza Pública, en un contexto marcado por recientes decisiones judiciales que han generado debate público, entre ellas el cambio de medida cautelar a un investigado señalado por presunta participación en una red de narcotráfico y vinculado familiarmente a un diputado.

En su discurso, Mulino sostuvo que la excesiva flexibilidad judicial no solo afecta a Panamá, sino que es un problema extendido en América Latina.

A su juicio, la “victimización del delincuente” se ha convertido en una herramienta utilizada por organizaciones criminales para legitimar sus actividades ilícitas y debilitar a las instituciones encargadas de combatirlas.

El presidente también abordó el impacto del narcotráfico en la región, al citar datos de Naciones Unidas que reflejan un aumento sostenido en la producción de cocaína.

Indicó que actualmente se producen más de 3,700 toneladas anuales, lo que representa un crecimiento significativo frente a años anteriores, y que gran parte de ese flujo termina afectando a países de tránsito como Panamá.

Mulino advirtió que estas organizaciones internacionales financian pandillas locales, responsables de llevar las drogas a los barrios y de deteriorar el tejido social.

“Ese dinero destruye comunidades enteras”, afirmó, al insistir en la necesidad de reforzar los sistemas de inteligencia y cooperación regional para enfrentar el fenómeno.

En ese contexto, anunció que Panamá seguirá fortaleciendo el trabajo conjunto con las fuerzas de seguridad de Colombia, Ecuador, Perú y la DEA, así como el intercambio de experiencias con países del Mercosur, con el objetivo de mejorar los resultados en materia de incautaciones y desarticulación de redes criminales.

El mandatario también hizo un llamado al centro bancario para reforzar los controles contra el lavado de dinero.

Señaló que parte del dinero proveniente del narcotráfico logra ingresar al sistema financiero mediante testaferros y estructuras fraudulentas, lo que termina facilitando actividades ilícitas. “Los bancos tienen que poner más empeño”, advirtió.

En materia migratoria, Mulino destacó que uno de los primeros esfuerzos de su administración fue ordenar el flujo de migrantes irregulares.

Según explicó, a finales de 2024 se registró una reducción del 42% en comparación con 2023, y en 2025 la caída alcanzó el 99%, gracias al trabajo coordinado entre Senafront, Senan, Migración y la Policía Nacional.

El presidente señaló que las políticas de repatriación y deportación fueron clave para reducir la presión migratoria, y expresó su expectativa de que Venezuela autorice nuevamente el ingreso de ciudadanos retornados, al haber sido uno de los principales países de origen de migrantes que cruzaban por el Darién.

Mulino también destacó avances en materia de seguridad ciudadana. Informó que, según datos oficiales, en enero de este año se registraron 30% menos homicidios en comparación con enero de 2025, resultado que atribuyó al fortalecimiento de los estamentos de seguridad y al despliegue territorial.

Las declaraciones del mandatario se dieron durante la ceremonia en la que el Ministerio de Seguridad Pública incorporó 1,386 nuevos agentes a la Fuerza Pública, como parte del Plan Firmeza y del Proyecto 3,000, enfocados en reforzar la seguridad ciudadana y el desarrollo juvenil.

La Policía Nacional graduó a 727 agentes de la Promoción 102 “Victoriosos”, entre ellos 99 mujeres, quienes obtuvieron el título de Técnico Superior en Seguridad Pública. Además, 48 unidades completaron el curso especializado de las Unidades Motorizadas “Linces”, fortaleciendo el patrullaje preventivo.

El Servicio Nacional Aeronaval sumó 416 agentes de la Promoción XXVII “Oriones”, capacitados en vigilancia costera, búsqueda y rescate y tácticas de cumplimiento de la ley, mientras que el Servicio Nacional de Fronteras incorporó 152 guardafronteras formados en doctrina institucional y procedimientos policiales.

A su vez, el Servicio Nacional de Migración integró 91 nuevos inspectores, capacitados en áreas operativas y técnicas, con énfasis en disciplina, ética y respeto a los derechos humanos.

Durante el acto, Mulino instó a los nuevos agentes a servir con honor y a no ceder ante presiones o tentaciones. “Si no pueden resistir, quítense el uniforme”, advirtió, al subrayar que la integridad es un requisito indispensable para ejercer funciones en seguridad pública.

Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Abrego, calificó la ceremonia como un momento de profundo significado institucional. Señaló que la graduación refleja un proceso exigente basado en sacrificio, constancia y vocación de servicio.

Abrego afirmó que el Gobierno mantiene una visión clara en materia de seguridad: fortalecer las instituciones, respaldar a los agentes y cumplir con la legalidad sin excusas. “La seguridad no es un privilegio, es un derecho fundamental”, sostuvo.

En los últimos meses ha generado opiniones divididas todo lo ligado al proyecto de Paz Urbana que el Gobierno Petro quiere replicar en varias zonas del país tras los acuerdos concretados con voceros de estructuras criminales en Antioquia.

En ese sentido, el Gobierno nacional ha informado sobre negociaciones que ha adelantado con cabecillas de las estructuras criminales más importantes en el Atlántico, como lo son Los Costeños y Los Pepes.

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Al respecto, llamó la atención que Digno Palomino, líder de Los Costeños, había recibido el beneficio de cumplir su condena con prisión domiciliaria, mientras que en Barranquilla hay denuncias que lo señalan de ordenar la extorsión contra comerciantes y ciudadanos en la capital del Atlántico.

Juez revocó beneficio de Digno Palomino

En la noche del 9 de febrero, la Fiscalía General de la Nación informó que un juez en Barranquilla ordenó que Digno Palomino regrese a un centro carcelario. En la publicación se resalta que en contra de Palomino hay un proceso abierto por el asesinato de 17 personas en el Atlántico.

“Al atender el recurso de apelación presentado por la Fiscalía, un juzgado penal de conocimiento de Barranquilla (Atlántico) ordenó privación de la libertad en centro carcelario a Digno José Palomino Rodríguez, señalado cabecilla de una facción del grupo delincuencial Los Costeños, y revocó una decisión de primera instancia que le había concedido detención preventiva en el lugar de residencia. Los hechos que se investigan están relacionados con la ejecución de 17 homicidios en Barranquilla, Soledad y Malambo”, se lee en la publicación.

Hasta el momento, no se ha confirmado cuál será el centro carcelario que recibirá a Palomino, que mantiene una tregua momentánea con alias Castor, líder de Los Pepes.

¿Quién es Digno Palomino?

Palomino es señalado por las autoridades como uno de los responsables de la crisis por casos de extorsión en el Atlántico; fue capturado en diciembre de 2019 en Venezuela, donde funcionarios de la División de Investigaciones de Interpol cumplieron con una circular azul emitida desde Colombia.

En su momento fue imputado por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, extorsión, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

Durante la investigación, la Fiscalía General de la Nación confirmó información que vinculaba a Palomino con al menos 17 homicidios en el Atlántico, la mayoría en medio de la disputa territorial entre pandillas o víctimas de extorsión que no aceptaron pagar las sumas pedidas por el delincuente y sus hombres.

En mayo de 2025, en España se registró la captura de Álvaro Ospino Illera, conocido en Colombia como la “Negra Dominga”, uno de los pilares de la criminalidad en el Atlántico, puesto que era uno de los líderes de la banda delincuencial Los Costeños, lo que representó el auge de la guerra territorial en el Atlántico.

Con la caída de Ospino, en Barranquilla solo quedan dos líderes de las bandas delincuenciales más reconocidas de la región; se trata de Digno Palomino y Jorge Eliécer Díaz, alias Castor, que se encuentran en prisión, pero en el Atlántico se afirma que siguen delinquiendo desde la cárcel.

Además, algunas estructuras han tenido que generar alianzas para poder seguir combatiendo por el poder territorial; una de ellas es entre Los Costeños y el Clan del Golfo, que dejaron de ser enemigos para combatir contra un objetivo en común. Como respuesta a ello, Digno Palomino y “el Negro Ober”, que sigue en prisión, estarían buscando la ayuda de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Tras el “tarimazo”, como popularmente se llamó el evento registrado en la Alpujarra, en Medellín, en el que exjefes de varias estructuras criminales de Antioquia compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro, todo lo ligado al proyecto de la Paz Urbana ha recibido especial atención por parte de la opinión pública.

Es por ello que fue noticia el anuncio de la renuncia de Freyner Alfonso Ramírez García, más conocido como “Carlos Pesebre”, de la mesa de diálogo que se mantiene entre voceros de las pandillas y el Estado.

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La salida de “Carlos Pesebre” se confirmó a través de una carta que este le envió al alto comisionado para la paz, Otty Patiño, en la que el ex jefe de la Oficina de Envigado informó que no seguirá ligado al proyecto.

Los motivos de “Carlos Pesebre”

En el documento, el antioqueño indicó que hay demasiadas frustraciones por parte de los voceros que han ayudado, reconociendo como positiva la intención que tiene el Gobierno nacional, al que calificó como “improvisador”.

“Del Espacio de Diálogo Sociojurídico y su dinámica en favor de la paz urbana se esperaban grandes resultados, y de hecho se lograron avances tangibles, como la histórica reducción de los índices de homicidios. Sin embargo, se ha actuado con improvisación, sin asesoramiento profesional y a veces con desdén, aun sabiendo que es una de las mesas más sólidas de las que tiene abierta la Paz Total del Gobierno Petro”, se lee en la carta enviada por “Carlos Pesebre”.

Ramírez García mencionó que la exposición de promesas que no se han cumplido solo ha provocado que no exista confianza en el trabajo que se realiza en la mesa de diálogo.

“La falta de claridad ha llevado los diálogos a un punto muerto, sumiendo el proceso en una informalidad persistente. Las expectativas, promesas y esperanzas generadas ante las comunidades, los líderes sociales y las personas privadas de la libertad en las cárceles del Valle de Aburrá solo contribuyeron a la pérdida de credibilidad”.

Por último, “Carlos Pesebre” mencionó que, a pesar de los resultados tangibles de la Paz Urbana, entiende que en la región no hay respaldo suficiente para materializar los objetivos que se han proyectado en Antioquia.

“Soy consciente de la polarización electoral en distintas instituciones y sectores del país. A pesar de ello, considero esencial seguir adelante con este proyecto, ya que tengo fe en su propósito y creo firmemente que el diálogo es el único medio para alcanzar la paz. Pero no puede continuar ante la advertida improvisación con que se conduce el espacio”, puntualizó Ramírez García.

Paz Urbana seguirá a pesar de la salida de “Carlos Pesebre”

Luego de la confirmación de la salida de “Carlos Pesebre” de la mesa de diálogo, la senadora Isabel Zuleta y los representantes de las estructuras criminales en Antioquia firmaron un “acuerdo condicionado” de paz en Medellín y el Valle de Aburrá.

“La demostración de que no hay improvisación son los avances que ha tenido el proceso, a pesar de los ataques. No hay ningún proceso de paz que no tenga altibajos. Lo importante es tener claro hacia dónde nos dirigimos y nosotros nos dirigimos a la estructuración de un acuerdo de paz urbana que sea sostenible”, afirmó Zuleta al respecto.

En los detalles de la firma, se informó que se buscará que todos los compromisos sean tangibles para que se registre un desescalamiento de la violencia en la región.

Los puntos principales del acuerdo son:

• La reducción sostenida de las violencias.
• La superación de economías ilícitas, como la extorsión.
• La dignificación y reparación de las víctimas urbanas.

Las autoridades panameñas capturaron en las últimas horas a uno de los más buscados del país, conocido con el alias de “Chebo”, requerido por el delito de homicidio doloso agravado, en una operación coordinada entre la Policía Nacional y el Ministerio Público.

La aprehensión se produjo tras labores de investigación, seguimiento y vigilancia, como parte de los operativos contra el crimen organizado y los delitos contra la vida.

De acuerdo con los reportes oficiales, el detenido está vinculado a un hecho violento ocurrido el 25 de noviembre de 2024 en el sector de Rana de Oro, en el corregimiento de Pedregal, donde se registró un homicidio con arma de fuego.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron el decomiso de un fusil, dos pistolas, municiones de distintos calibres, proveedores, radios de comunicación y equipos tecnológicos utilizados presuntamente para actividades delictivas.

La captura se dio en un contexto marcado por el fortalecimiento de las operaciones policiales para desarticular estructuras criminales, muchas de ellas vinculadas al pandillerismo, tráfico de armas y homicidios.

Las autoridades indicaron que tanto el aprehendido como los indicios fueron puestos a órdenes del sistema judicial para el trámite legal correspondiente, mientras continúan las investigaciones.

En paralelo, la Policía mantiene activa la lista de los cmás buscados a nivel nacional, todos requeridos por delitos relacionados con delincuencia organizada, homicidios y afectaciones a la seguridad colectiva.

Actualmente, las recompensas ofrecidas por información que permita su captura oscilan entre $20,000 y $100,000, según la gravedad de los casos y su nivel de peligrosidad.

Entre los prófugos figuran personas señaladas por pandillerismo, homicidio, asociación ilícita y otros delitos graves, con operaciones principalmente en zonas urbanas y periféricas.

Las autoridades han reiterado que estas recompensas buscan incentivar la colaboración ciudadana y acelerar los procesos de localización de individuos considerados de alta amenaza.

El caso de “Chebo” se suma a una serie de operativos que buscan reducir los índices de violencia en el país, en un escenario donde los homicidios siguen siendo una de las principales preocupaciones de seguridad pública. En 2025 se registraron 593 víctimas de homicidio a nivel nacional.

El comportamiento mensual refleja picos importantes durante el año, con meses que superaron las 60 víctimas, lo que evidencia una persistencia de la violencia letal pese a los operativos policiales. Estos datos confirman que el fenómeno no se concentra en una sola etapa del año, sino que mantiene una distribución sostenida.

Por regiones, las cifras muestran una fuerte concentración en áreas urbanas. La provincia de Panamá acumuló 257 víctimas, seguida por Colón con 121 y San Miguelito con 100, consolidándose como los principales focos de homicidios del país. Estas zonas coinciden con territorios donde operan estructuras vinculadas al narcotráfico y pandillas.

En cuanto al perfil de las víctimas, se indica que el 93.6% fueron hombres y el 6.1% mujeres, lo que refleja una alta exposición masculina a entornos violentos y criminales. Además, la mayor concentración se da en jóvenes entre 18 y 34 años, un grupo altamente vulnerable al reclutamiento por organizaciones delictivas.

El uso de armas de fuego sigue siendo el principal factor letal. Durante 2025, 518 homicidios fueron cometidos con armas de fuego, lo que representa el 87.4% del total nacional. Esta cifra refuerza la relación directa entre violencia y circulación ilegal de armas.

La operación que permitió la captura de “Chebo” también se enmarca en acciones paralelas contra otros delitos, como la falsificación de documentos. En días recientes, la Policía desarrolló la Operación “Certificados”, que permitió la aprehensión de tres personas vinculadas a la falsificación de documentos en perjuicio del Ministerio de Salud, fortaleciendo los controles institucionales.

A nivel regional, organismos como la CEPAL y el Banco Mundial han advertido que la violencia asociada al crimen organizado impacta directamente en el desarrollo económico, la confianza institucional y la cohesión social en América Latina. Estudios recientes señalan que los países con altos índices de homicidio enfrentan mayores costos en salud, justicia, inversión y productividad.

En este contexto, las autoridades panameñas sostienen que la captura de objetivos prioritarios forma parte de una estrategia integral que combina inteligencia, persecución penal y cooperación ciudadana. El objetivo, indican, es debilitar las redes criminales, reducir la circulación de armas y contener el avance del pandillerismo en zonas vulnerables.

Un delincuente fue detenido en las últimas horas en la provincia de Santa Fe tras protagonizar un insólito episodio: robó durante tres noches consecutivas en la misma vivienda y, en la última, se quedó dormido, lo que permitió su detención.

El hecho ocurrió en el barrio Los Hornos, en la capital provincial, donde una pareja descubrió al ladrón durmiendo dentro del departamento en el que vivían. Luego constataron que el sospechoso utilizaba una llave sustraída para entrar y salir sin forzar accesos.

Según reconstruyó el medio local Aire de Santa Fe, el episodio se registró el fin de semana pasado, mientras la pareja realizaba una mudanza por etapas hacia una nueva vivienda. Por motivos laborales, solo podían trasladar sus pertenencias a partir de las 21, lo que dejaba la casa desprotegida durante varias horas.

El domingo notaron que la puerta había sido barreteada y que faltaban un televisor, una garrafa y otros objetos de valor. En los días siguientes continuaron desapareciendo elementos, aunque puertas y ventanas permanecían intactas.

Finalmente, en la madrugada del miércoles, al sospechar que podrían volver a ser víctimas de un robo, decidieron regresar al departamento: “Cuando subimos, vimos que la puerta estaba cerrada desde adentro y la llave puesta. Entramos, y ahí estaba, durmiendo dentro del departamento”, relataron.

Lo más indignante del caso es que el sospechoso tenía bolsas preparadas con ropa, calzado, mercadería y hasta documentos personales de las víctimas. A pesar de ello, la pareja debió llamar en reiteradas oportunidades a la policía —al menos seis veces— hasta que finalmente un móvil se acercó al lugar y concretó la detención del delincuente.

“El tipo entraba y salía como si fuera su casa. Nos violaron la intimidad, tenía todo listo para llevarse hasta nuestros papeles”, lamentaron las víctimas, en declaraciones al medio local. Y agregaron: “Si entrábamos antes y pasaba algo, hoy estaríamos lamentándolo”.

El sospechoso, de acuerdo con el relato de las víctimas, admitió haber sido el autor de los robos. También reveló que sustrajo una moto del mismo edificio.

Antecedentes

A finales de diciembre, en el barrio privado Cadaqués, ubicado dentro del exclusivo complejo Funes Hill, de la provincia de Santa Fe, al menos cuatro chalets sufrieron robos mientras sus propietarios se encontraban fuera de sus hogares en el marco de los festejos por la Navidad.

El ingreso de los delincuentes se produjo tras la violación de un cerco perimetral, situación que burló tanto al personal del centro de monitoreo como a los efectivos policiales asignados en el predio.

El primer aviso lo dio uno de los residentes, quien al regresar, encontró su casa en completo desorden. Según detallaron las fuentes policiales a Rosario3, el propietario constató que faltaban unos 50 mil dólares, además de pesos, euros y reales, alhajas y relojes.

La circulación de la noticia en un grupo de WhatsApp aceleró los reportes. En las horas siguientes, tres propietarios adicionales informaron que también habían sido víctimas de robos. Los elementos sustraídos en estas casas fueron similares: sumas de dinero, perfumes y relojes.

Luego de que los vecinos realizaran las denuncias correspondientes, intervino la Policía de Investigaciones (PDI), que realizó un exhaustivo relevamiento en busca de huellas, rastros y registros fílmicos que permitan reconstruir la secuencia delictiva.

En cuanto al modus operandi, la investigación permitió descubrir que al menos dos delincuentes habrían ingresado por la parte trasera del predio, sobre calle Almafuerte, tras abrir un alambrado perimetral detrás de los lotes 89 y 90.

El dato que más sorprendió al personal policial y a los investigadores resultó estar vinculado a la facilidad de ingreso: en las viviendas robadas, las aberturas no estaban violentadas, ya que gran parte de los vecinos dejan sus casas abiertas al retirarse.

En los últimos meses se ha registrado una gran cantidad de casos de robos y asaltos en las principales ciudades de Colombia, lo que ha provocado que la percepción de inseguridad y las críticas contra el Gobierno nacional aumenten.

Una consecuencia directa de esta situación es el incremento de la demanda del blindaje vehicular en el país, que, según el gremio de este tipo de protección, sería superior al del 18%.

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Al respecto, el presidente de Neosecurity (empresa del sector) le explicó a Infobae Colombia que el aumento en la solicitud de este tipo de blindaje está relacionado con la percepción de inseguridad que se tiene en el territorio nacional.

“Muchas personas buscan reducir su nivel de vulnerabilidad durante sus desplazamientos cotidianos, especialmente en contextos donde los delitos armados se han vuelto recurrentes”.

Desde el punto de vista técnico, mencionó que los niveles de blindaje más solicitados corresponden a los niveles tres y cuatro, principalmente en camionetas. Respecto a los esquemas de protección, incluyen refuerzos balísticos en vidrios, carrocería y neumáticos, diseñados para resistir armas de fuego comúnmente empleadas en hechos delictivos y permitir a los ocupantes reaccionar ante una amenaza.

Por su parte, Paola Valderrama, directora general de la empresa mencionada, recordó que todos los procesos deben cumplir con un estándar técnico que debe ir acorde a la norma vigente.

“El blindaje vehicular requiere evaluaciones de ingeniería y controles de calidad que garanticen la seguridad de los ocupantes y el adecuado funcionamiento del vehículo”, explicó.

Respecto al incremento de robos y asaltos registrado durante el último año en el país, los entrevistados mencionaron que, de acuerdo con la Policía Nacional, en los últimos tres años se ha mantenido una tendencia negativa de más de 300.000 casos de hurtos a personas que se movilizaban en un vehículo particular.

Sobre el aumento de la delincuencia común, que abarca atracos a peatones, raponazos y fleteos posteriores a transacciones bancarias, mencionaron que los compradores mencionan que tienen preocupación de ser víctimas de asaltos en vías públicas, principalmente en zonas urbanas de alta circulación.

Valderrama citó un informe de Fenalco en el que se reveló que el 46% de los comerciantes en Bogotá manifiesta no sentirse seguro en los sectores donde desarrolla su actividad económica, siendo corredores comerciales como la calle 13 en los que se ha fortalecido la percepción de inseguridad.

De la misma forma, en Bogotá se concentra más de un tercio de los robos de vehículos a nivel nacional; de igual manera, el hurto de motocicletas y los casos de extorsión, que según las autoridades, se presentan con mayor frecuencia en horarios nocturnos y de madrugada.

Los entrevistados mencionaron que, como una medida preventiva, parte de la ciudadanía ha sumado el blindaje de sus vehículos como una de las medidas de autoprotección más utilizadas.

Datos de la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada indican que en Bogotá se blindan más de 300 vehículos al año, cifra que se ha sostenido en los últimos años. Desde el sector se señala que esta demanda proviene, en su mayoría, de personas que se movilizan de manera constante por la ciudad o que han estado expuestas a situaciones de riesgo.

Mientras las autoridades avanzan en estrategias para contener la criminalidad, el blindaje vehicular continúa posicionándose como una de las medidas de protección adoptadas por algunos sectores de la población. Expertos advierten que, mientras persistan los altos índices de inseguridad y la percepción de riesgo, este tipo de soluciones seguirá siendo considerado como una alternativa que llama la atención de la ciudadanía.

La criminalidad no estalló en 2017. Pese a que Keiko Fujimori aseguró que ese año marcó el inicio de una “explosión” del delito en el país, las estadísticas oficiales y el análisis de especialistas en seguridad pública muestran un escenario distinto: ni los homicidios ni la victimización registraron un salto abrupto en ese periodo. Por el contrario, varios indicadores evidencian estabilidad e incluso una reducción en algunos delitos.

El domingo 25 de enero, durante su participación en el programa Fuego Cruzado de ATV, la candidata presidencial por Fuerza Popular sostuvo:

“Si es que vemos la estadística de la criminalidad, la criminalidad explotó en el año 2017 con la apertura de las fronteras. Y el descontrol en ese momento es cuando llegó”.

Con la expresión “apertura de las fronteras”, Fujimori aludió al ingreso de población migrante venezolana al país. Sin embargo, las cifras oficiales no respaldan que 2017 haya sido un punto de inflexión en el aumento de la criminalidad.

¿Qué dicen las cifras sobre la criminalidad?

Según explicó a PerúCheck Noam López, investigador especializado en seguridad ciudadana, existen dos indicadores que permiten medir de manera consistente la criminalidad en el Perú: la tasa de homicidios y la encuesta de victimización. Otras estadísticas, como las denuncias policiales, presentan altos niveles de subregistro y no reflejan con precisión la magnitud real del delito.

De acuerdo con la encuesta de victimización, en 2017 el porcentaje de personas que reportó haber sido víctima de algún delito descendió, pasando de 29 % en 2016 a 26 % en 2017, es decir, una reducción de tres puntos porcentuales. Lejos de una “explosión”, el dato muestra una caída en la percepción y experiencia directa de delitos.

La tendencia ascendente recién aparece varios años después. Los registros indican que la victimización comienza a incrementarse a partir de 2022, no en 2017.

Homicidios: sin salto abrupto en 2017

Los datos del Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad (CEIC) refuerzan esta conclusión. La tasa de homicidios —medida como muertes dolosas por cada 100 mil habitantes— pasó de 7.7 en 2016 a 7.8 en 2017, un aumento marginal de apenas 0.1 puntos, equivalente a 53 muertes más en todo el país.

En comparación, entre 2014 y 2016 la tasa de homicidios aumentó en 0.5 puntos, un crecimiento mayor al observado en 2017. Tras ese año, las cifras incluso muestran una tendencia a la baja, alcanzando su nivel más bajo en 2020, con una tasa de 5.8 durante la pandemia de la Covid-19.

La posición de los especialistas

Ricardo Valdés, exministro del Interior, explicó al citado medio que alrededor de 2016 y 2017 la criminalidad no se disparó, sino que mostró una reducción sostenida:

“A partir de 2016, 2017, empieza a producirse una disminución de la victimización que se ha sostenido. Recién a partir del año 2021 se produce un incremento”.

En la misma línea, Noam López sostuvo que, al revisar los datos entre 2013 y 2020, no se observa una variación abrupta o vertiginosa en la criminalidad. Por ello, concluyó que la afirmación de Keiko Fujimori “no tiene respaldo estricto en los datos”.

El aumento de denuncias no prueba una explosión del delito

Es cierto que las denuncias policiales registraron un incremento en 2017. Ese año se contabilizaron alrededor de 400 mil denuncias, un 12 % más que en 2016. No obstante, este indicador no mide adecuadamente la criminalidad debido al subregistro.

López ilustró esta limitación con un ejemplo concreto: mientras Osiptel estima que se roban aproximadamente 1.7 millones de celulares al año, el Sistema de Denuncias Policiales (Sidpol) apenas registra unos 65 mil casos en ocho años, lo que representa solo el 0.5 % del total estimado.

Criminalidad, migración y discurso político

La afirmación de Keiko Fujimori se suma a una narrativa recurrente en el contexto electoral. La mencionada publicación advirtió anteriormente que otros candidatos también han difundido datos falsos sobre la supuesta presencia masiva de “delincuentes venezolanos” en el país.

En 2016, Ngaire Woods, profesora de gobernanza económica global en la Universidad de Oxford, advirtió que en periodos electorales la xenofobia suele ser utilizada como una herramienta política para canalizar el miedo y la frustración ciudadana hacia réditos electorales rápidos.

En ese sentido, la criminalidad no “explotó” en 2017, como afirmó Keiko Fujimori. Los datos oficiales de homicidios y victimización muestran que ese año no representó un quiebre en la tendencia delictiva y, en algunos casos, evidenció una reducción. Los especialistas consultados coinciden en que el incremento significativo de la criminalidad se produce recién a partir de 2021. Por estas razones, PerúCheck calificó la afirmación de la candidata como falsa.

Luego de que el Gobierno nacional confirmara que el proyecto para bajar la edad de imputabilidad a los 14 años fue incluido en el temario de las sesiones extraordinarias, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y la senadora nacional Patricia Bullrich volvieron a cruzarse en las redes sociales.

El disparador del debate fue la nota de opinión que el ministro publicó en Infobae, en donde planteaba que la modificación de la edad mínima de punibilidad en el Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil no sería suficiente para resolver la problemática de los menores que delinquen. “Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo”, criticó.

Poco después, la postura sería compartida por el gobernador Axel Kicillof en su perfil en la red social X. “No hay soluciones mágicas; se necesita un esfuerzo integral entre los tres poderes del Estado, trabajo serio y planificación”, ratificó, tras compartir el artículo.

Luego de haber leído la publicación de los representantes del Gobierno bonaerense, la senadora recriminó la postura de los dirigentes políticos. “No puedo creer estar leyendo esto. Queda claro que no le importa ni la seguridad ni las víctimas”, sostuvo al afirmar que la oposición se encontraba “siempre del lado de los delincuentes”.

“¿Se animará a decirle en la cara a las familias que perdieron a un hijo, a un padre o a una madre a manos de un menor que no hay que cambiar la edad de imputabilidad y que no le molesta que estén en su casa, libres y sin consecuencias?“, profundizó Bullrich.

De la misma manera, la presidente del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en el Senado chicaneó al gobernador por mantener la sección de los comentarios cerrados en su posteo. ”Si está tan convencido de lo que dice, que habilite los comentarios y lea a los argentinos", arengó.

Frente a estas declaraciones, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires acusó a su ex par a nivel nacional de apropiarse “del dolor de las víctimas para hacer una campaña política barata y oportunista”. Y reiteró que “la problemática es mucho más compleja que reducir todo a una cuestión de edad”.

“La minoridad no se aborda con slogans, ni con chicanas, ni agitando bronca desde las redes”, apuntó Alonso, tras señalar que la manera de buscar una solución para el problema sería “como plantea la Conferencia Episcopal Argentina, priorizando la prevención y la integración juvenil, con políticas públicas serias, inversión y trabajo coordinado”.

Así, el titular de Seguridad bonaerense reprochó a Bullrich que sería un paquete de medidas que nunca puso en marcha cuando tuvo la oportunidad. “Recoja algo de su zigzagueante recorrido político y haga un aporte más serio y sustancial a este debate que nos debemos como democracia. Menos circo, menos oportunismo”, concluyó.

En el artículo de opinión publicado por este medio, el ministro había aseverado que “la Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil”. Incluso, consideró que se trataba de una norma desactualizada, debido a que la actual legislación fue aprobada en agosto de 1980 por Jorge Rafael Videla.

“Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación", sostuvo. Sin embargo, criticó la postura del Gobierno nacional, tras mencionar que en la Provincia de Buenos Aires se construyó una política de Estado para afrontar el problema.

Luego de aclarar que la actual ley permite encerrar a un menor que fuera considerado peligroso, Alonso remarcó: "Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común".

Por este motivo, subrayó que “lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga”. No obstante, explicó que lo novedoso sería el Programa “Entramados”, que consiste en “programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana”.

“La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo”, resaltó el ministro de Seguridad al señalar que las escuelas serían un factor clave para disminuir la tasa de menores detenidos.

Según los últimos registros obtenidos en el marco de esta política, se descubrió que 5,2 millones de niños asisten a las escuelas todos los años. En contraparte, otros 5 mil menores son los que “se escurren” del sistema e inician una vida delictiva.

“Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes”, explicó Alonso al indicar que, en porcentaje, el fracaso representaría un 0,1%, contra 99,9% de efectividad.

A pesar de esto, el titular de Seguridad señaló que “el fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión”. Y concluyó: “Basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril”.

Ana Lleido tiene una hija adolescente, a punto de cumplir 17 años. La joven compró hace unas semanas una blusa en la web de Zara, el buque insignia del gigante de la moda Inditex. Una prenda de tan solo 20 euros. En el formulario que rellenó pidió que le entregaran el producto en un locutorio habilitado para ello que hay en su barrio. Abonó 3,95 euros de gastos de envío. Todo con la tarjeta de su madre. Todo normal. Como una más de las miles y miles de compras electrónicas que se realizan a diario. Los datos del grupo muestran que la compra digital ya no es un complemento: es una parte estructural del negocio. En el ejercicio 2024, las ventas online de Inditex crecieron un 12% y alcanzaron los 10.163 millones de euros, lo que representa el 26,3% de toda la facturación anual.

Pero pasaba el tiempo y la hija de Ana no recibía el pedido. Se puso en contacto con el servicio de atención al cliente de Zara y allí le informaron que había habido un problema: el locutorio había alegado problemas de almacenaje y no había podido recibir el paquete. La blusa había sido devuelta a los almacenes de Zara. “Menos mal que hicimos el seguimiento del producto, porque si no nadie nos dice nada”. Ana y su hija solicitaron la reclamación de lo pagado. No merecía la pena volver a esperar por una blusa que no sabían cuándo iba a ser entregada. Zara les reintegró los 20 euros de la blusa, pero no los 3,95 que pagaron por el envío, un envío que nunca llegó al comprador. “El fallo había sido suyo, por qué teníamos que correr nosotros con ese gasto. No es lógico”, explica a Infobae.

Así que reclamaron los 3,95 euros a Zara. Sin suerte. ¿Es normal que la compañía no reintegre los gastos de envío si este envío no se ha podido gestionar por culpa del vendedor? Este diario ha trasladado esta pregunta a la compañía. No ha obtenido respuesta. Ana, harta de que los consumidores tengan tantos problemas para ejercer su derecho, se limitó a poner un mensaje en su cuenta de la red social X. “@ZARA, compro una prenda, pido el envío a una dirección que me dais disponible (un locutorio). El envío nunca llega, no sabemos por qué. En el locutorio no saben nada, vosotros tampoco. Me devolvéis el dinero de la prenda, pero no los gatos de envío. Si no es una estafa, lo parece”, les escribe. @Zara es una de las cuentas de la compañía, aunque esta recomienda @zaraes y @ZARA_Care para consultas de atención al cliente.

Un simple mensaje. Suficiente para un estafador avezado. Ana recibe otro mensaje a través de X. Su interlocutor se llama Merlín, asegura que trabaja en atención al cliente de Zara y que quiere hablar con ella para que le explique el problema. Pide que siga una cuenta (@zara customer care) para que puedan hablar en privado. En realidad es una cuenta falsa, pero Ana no se da cuenta en ese momento. Una vez conectados, Merlín pide el teléfono de Ana para llamarla. Al otro lado hay una voz en inglés, desde Londres. “Le pregunté por eso. Me escriben en español, me llaman en inglés, pero me argumentan que al ser una compañía consolidada internacionalmente, este servicio es en inglés, el idioma universal, Y que como mi mensaje ha salido a las redes sociales, me atienden desde una central de Londres. Tendría que haber empezado a sospechar, pero como el inglés es un idioma tan corriente en mi profesión, pues lo vi hasta normal”.

Un pago como gancho

Merlín le pide el número de pedido y varios datos, como si fuera un empleado de Zara muy solícito. Al final llega a la conclusión de que Ana tiene razón y le comunica que le van a hacer el reembolso de los 3,95 euros. Pero necesita el número de tarjeta con el que hizo la compra. El número y el código de seguridad de tres números. Ana pica y se lo facilita. Al poco rato recibe una notificación en el móvil de su cuenta bancaria informándole que en pocos días tendrá un ingreso de 3,95 euros. Parece que todo está en orden. “Lo más curioso es que la información que recibí en el móvil era igual en forma y contenido a la del reembolso de los 20 euros de la blusa no entregada. El mismo remitente, Zara.com”, explica Ana. No sospechó.

Pero Merlín no quiere acabar aquí. Ya tiene la confianza de Ana, que piensa que ha recuperado los gastos de envío. Así que le dice que Zara quiere tener un detalle con ella por las molestias ocasionadas. Los clientes son los primeros. Le dice que la política de la compañía es una compensación y le vuelve a mandar un mensaje a su tarjeta, a través de la aplicación del banco, para que lo acepte. Pero el mensaje dice claramente que autorice una compra online de 500 euros. “Menos mal que me dio por mirar atentamente el mensaje. Ahí ya caí. Qué tipo de compensación era aquella en la que yo tenía que autorizar un pago de 500 euros. Se lo dije ya medio enfadada, medio riéndome. Y ellos insistían en que aceptara, que era un simple trámite administrativo para que me pudieran dar la compensación”, continúa Ana.

Ana colgó y se dio cuenta de que había sido víctima de un intento de estafa. “Y seguían llamándome al teléfono. Ya no lo volví a coger. Anulé la tarjeta porque había dado datos sensibles, mi puse en contacto con el banco y me fui a poner una denuncia, porque era posible que durante nuestra conversación, en la que yo había dado los números de mi tarjeta, hubieran intentado hacer algún pago con ella y quitarme el dinero”, concluye Ana su peculiar historia. La Policía le dijo en comisaría que solo podía poner denuncia si había habido ilícito penal, es decir, si la habían quitado dinero de la tarjeta. No era el caso. Las estafas informáticas se han disparado en España desde el año 2021, según datos del ministerio del Interior, pasando de las 267.011 denunciadas a ese año a las 412.850 de 2024 (un incremento del 54%).

Luego Ana comprobó que el presunto empleado de Zaza le había llamado desde Londres y que ese número pertenecía a una empresa llamada TapTap Send, se trata de un servicio de transferencia de dinero de bajo costo que sirve para conectar con personas que viven en el extranjero. La aplicación fue lanzada en 2019 y se caracteriza por sus bajas tarifas para el envío de dinero a África, Asia y América Latina. Al parecer un número utilizado en estafas, según varias denuncias de usuarios en Internet. Para rizar el rizo, Ana empieza a recibir mensajes con enlaces para que pinche, enlaces que la incitan a comprobar información financiera que realmente busca sacarle dinero. ¿Tiene conocimiento Zara de este tipo de estafas utilizando su marca?, ¿ha denunciado Inditex a la Policía este tipo de prácticas fraudulentas? No ha habido respuesta por parte de la compañía.

La víctima, encargada de la vigilancia en la zona y cuyo estado de salud es delicado, fue alcanzada por la onda expansiva al acercarse al vehículo donde descansaba y detectar la presencia del explosivo. Tras recibir los primeros auxilios, fue trasladada a un centro de salud, donde permanece estable.

El atentado ha generado alarma entre los gremios de mototaxistas, que denuncian ser blanco de bandas criminales que utilizan la intimidación y la violencia para imponer pagos extorsivos.

Este caso se suma a una serie de ataques similares registrados recientemente en Breña, consolidando la percepción de inseguridad entre los vecinos y trabajadores del transporte. Organizaciones como la Asociación Amanecer y Pioneros de Breña han reportado reiteradas amenazas por parte de la banda criminal conocida como La Federación, que exige pagos diarios y ha intensificado sus acciones en las últimas semanas.

Ataque a mototaxista con explosivo en Breña deja herido a vigilante

El atentado ocurrió cerca de la 1:00, cuando varios sujetos llegaron a bordo de una motocicleta y un vehículo menor. Los atacantes colocaron un artefacto explosivo en la parte delantera de la mototaxi, de color azul con blanco, para luego huir en dirección desconocida.

El encargado de vigilancia, al percatarse de la presencia sospechosa, descendió de su vehículo y se aproximó a la mototaxi para inspeccionarla. Al intentar alejarse, fue impactado por la detonación del dispositivo.

Según testigos, el hombre salió de su unidad en silla de ruedas e intentó advertir a los agresores, sin notar que el explosivo ya había sido depositado en la mototaxi. La explosión lo alcanzó cuando regresaba tras comprobar la situación. Personal de criminalística y UDEX determinó que se trató de una dinamita casera, la cual causó daños materiales significativos y lesiones serias a la víctima.

La Policía Nacional llegó rápidamente al lugar y recogió pruebas de la escena, mientras que la víctima fue estabilizada en el hospital Loayza. Según la información obtenida, el estado de emergencia vigente no ha disuadido la actividad delictiva en Breña, donde este es el segundo atentado contra mototaxistas en menos de veinticuatro horas.

Mototaxistas denuncian amenazas y extorsión de bandas criminales en Breña

El propietario de la mototaxi afectada indicó que, si bien no recibió amenazas directas antes del atentado, tiene conocimiento de que los dirigentes de la Asociación Amanecer, organización a la que pertenecía, han sido objeto de mensajes extorsivos enviados por la banda La Federación.

“Los extorsionadores han pensado que yo pertenezco a la asociación y me han dinamitado la mototaxi, por la línea. Hace dos semanas habían comenzado a mandar imágenes por WhatsApp a las asociaciones. Nos pedían ponernos a derecho, sino iban a comenzar a dejar muertos”, explicó el afectado.

El transportista detalló que en Breña existen cinco asociaciones de mototaxistas, cuyas unidades deben pagar un cupo diario de cinco soles a los extorsionadores. Ante la escalada de amenazas y la reciente violencia, el propietario ha decidido retirarse del sector: “He decidido alejarme del rubro para salvaguardar mi vida”, señaló.

La Policía Nacional investiga la posible conexión entre este atentado y otros crímenes recientes en el distrito, atribuidos a la misma organización criminal. Las autoridades buscan determinar el grado de coordinación entre las bandas y la magnitud de la red extorsiva que opera en la zona.

Ola de ataques armados contra mototaxistas en Breña

La violencia contra los mototaxistas en Breña no es un hecho aislado. Hace dos semanas, una conductora fue víctima de un ataque armado cuando estacionaba su vehículo en la cuadra cuatro del jirón Loreto. Dos individuos en motocicleta dispararon cuatro veces contra su mototaxi antes de huir, generando temor entre los residentes y trabajadores del sector.

Los testimonios recogidos por los medios locales describen una modalidad precisa y violenta, en la que los delincuentes estudian los movimientos de sus víctimas y eligen momentos de mayor vulnerabilidad para atacar. “La extorsión a Breña ha llegado fuerte”, relató un vecino, mientras otro recordó el peligro para las familias: “Estaban mis hijos, estaban mis nietos. Fue una balacera. Dijimos: ‘Gracias a Dios que no ha matado a nadie’”.

Las cámaras de seguridad de la zona se han convertido en pieza clave para las investigaciones, en tanto la comisaría de Chacra Colorada intensifica los patrullajes y la coordinación con los gremios de mototaxistas. La extorsión implica el pago de cinco soles diarios por unidad y una cuota de ingreso de 5.000 soles, con amenazas directas a quienes se resisten.

La organización La Federación está bajo sospecha por estos ataques y por el asesinato de un conductor venezolano a inicios de enero. En ese episodio, los delincuentes dejaron una nota extorsiva y se detuvo a un sospechoso con antecedentes penales, cuyo teléfono almacenaba información detallada de posibles víctimas.

La situación ha generado una crisis de confianza en las autoridades y profundizado el temor en la comunidad de mototaxistas, que exige medidas concretas ante la persistente impunidad y la falta de garantías para continuar trabajando en el distrito.

La llegada de 476 nuevos soldados —343 hombres y 133 mujeres— marca un nuevo capítulo para la Fuerza Armada de El Salvador (FAES), como lo expresó su titular, René Francis Merino Monroy este jueves a través de sus redes sociales oficiales: “Nuestro compromiso con la seguridad de los salvadoreños continúa”, declaró durante la reciente ceremonia de juramentación.

Al referirse al despliegue inmediato de estos efectivos, Merino Monroy subrayó la integración de los reclutas en tareas propias del Plan Control Territorial impulsado por el Gabinete de Seguridad de El Salvador. De acuerdo con sus palabras, “Los 476 reclutas se incorporarán a las tareas de seguridad contenidas en el Plan Control Territorial del Señor Presidente Nayib Bukele”.

Entre las prioridades, el ministro aclaró la importancia de brindar respaldo a la Policía Nacional Civil (PNC): “Continuaremos apoyando a la PNC en el combate a la delincuencia”, sostuvo Merino Monroy. La Fuerza Armada de El Salvador manifestó su apertura institucional al recibir oficialmente a los reclutas: “La Fuerza Armada de El Salvador les da la bienvenida a nuestra prestigiosa institución”.

Vale mencionar que este mismo mes, la institución informó que una nueva generación de cadetes inició su formación en la Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” de El Salvador tras superar exigentes pruebas físicas, médicas, psicológicas y académicas. Estos jóvenes iniciaron el proceso para convertirse en los futuros oficiales de la Fuerza Armada de El Salvador, marcando el comienzo de una carrera dedicada al servicio y la defensa del país.

El acto de bienvenida, encabezado por el director de la institución, Coronel Carlos Alberto Rodríguez Gómez, incluyó llamados a la excelencia profesional y al compromiso con los valores éticos y la disciplina. En la ceremonia, Rodríguez Gómez agradeció a las familias al señalar: “Agradecemos profundamente la confianza que depositan en nuestra institución para la formación de sus hijos”.

Con este ingreso, la Fuerza Armada ratifica su objetivo de preparar cuadros con las competencias y principios necesarios para “enfrentar los desafíos de la seguridad y velar por la defensa nacional en el siglo XXI”. La Escuela Militar “Capitán General Gerardo Barrios” refuerza así su papel como semillero de oficiales comprometidos con la lealtad y el profesionalismo.

Sobre la institución

La FAES establece como misión la defensa de la soberanía del Estado salvadoreño y la integridad del territorio. Su despliegue para preservar la paz interna corresponde de manera excepcional al Presidente de la República, según lo dispuesto por la Constitución.

Aspirando a consolidarse como garante de la soberanía nacional, la institución se autocalifica de gozar de profesionalismo, capacidad tecnológica, eficiencia y adaptabilidad. Además de enfrentar amenazas convencionales, la institución pretende responder eficazmente al crimen transnacional, los ataques cibernéticos y contribuir en las operaciones de paz de la ONU.

La obediencia se fundamenta como eje esencial de la disciplina, entendida no como sumisión, sino como expresión de libertad personal hacia la autoridad legítima.

La FAES establece como misión la defensa de la soberanía del Estado y la integridad del territorio nacional. Su despliegue para preservar la paz interna corresponde de manera excepcional al Presidente de la República, según lo dispuesto por la Constitución.

El principio de disciplina dentro de la institución se define como una observancia estricta a las leyes y regulaciones militares, consolidando una estructura jerarquizada y cohesionada. La obediencia se fundamenta como eje esencial de la disciplina, entendida no como sumisión, sino como expresión de libertad personal hacia la autoridad legítima.

En la Provincia de Buenos Aires construimos una política de Estado que bajó un 20,8% la cantidad de menores responsables de homicidios. Poner el eje de la discusión en la edad mínima es un debate estéril que no resuelve nada. Hace falta la decisión política que tiene nuestro gobernador Axel Kicillof para dar una respuesta seria y efectiva al servicio de todos los argentinos.

La Argentina necesita, sin lugar a dudas, un nuevo Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Esta afirmación es un punto de acuerdo transversal entre casi todos los partidos políticos, funcionarios judiciales y organizaciones sociales, civiles y académicas que se ocupan del tema. La normativa vigente es el Régimen Penal de la Minoridad: un decreto-ley de agosto de 1980 que lleva la firma de Jorge Rafael Videla. Se trata de una norma desactualizada, disfuncional y vetusta que va camino a cumplir medio siglo, incumple requisitos constitucionales básicos y no aporta ninguna solución concreta. Hay que cambiar. Sancionar un nuevo marco legal que sirva para resolver el problema es una deuda pendiente de la democracia y una responsabilidad del Congreso de la Nación.

A diferencia de la actitud adoptada por el gobierno nacional, en la Provincia de Buenos Aires no nos quedamos de brazos cruzados esperando una nueva ley. Por decisión del Gobernador Kicillof, nos hicimos cargo del problema y construimos una política de Estado. ¿Cuál es el argumento que esgrime el gobierno nacional para bajar la edad de imputabilidad? ¿Encerrar a un menor peligroso? Alguien debería explicarle al Presidente Milei que eso ya puede hacerse utilizando el marco legal vigente. Si un menor de edad comete un delito grave, como un homicidio, o un robo con arma en el cual dispara sobre la víctima, es evidente que el Estado tiene que actuar sin vacilaciones, aplicando una sanción efectiva y privándolo de la libertad. ¿Quién lo pondría en duda? Nadie en su sano juicio dejaría solo y suelto a un menor que anda armado y que representa un peligro para sí y para terceros. Es de sentido común.

Ahora bien, supongamos que efectivamente la edad de imputabilidad, como propone el proyecto, se fijara en 13 años. ¿Qué hubiésemos hecho en 2024 con los 40 menores de 12 años que la Policía de la provincia aprehendió por tener un arma de fuego? Si la edad mínima fuese la medida de todas las cosas, hubiesen quedado en libertad. Más aún, el año pasado llegamos a aprehender a menores de 10 y 11 años con armas de fuego. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos bajando la edad eternamente? ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Nuestra policía de investigaciones desbarató bandas que reclutaban deliberadamente menores de 14 y 15 años para robar autos con arma de fuego. De nuevo, si la edad se fijara en 13, irían a buscar menores de 11 y 12 para cometer los mismos ilícitos.

La legislación internacional comparada demuestra que la edad mínima se podría establecer en 12, 14, 15 o 16 años. Es indistinto. Lo determinante es el criterio: no se puede dejar suelto a un menor que comete un delito con arma de fuego, tenga la edad que tenga. Eso es lo que ocurrió en la Provincia de Buenos Aires. En los casos graves, se dispusieron medidas de seguridad que implicaron el encierro en Institutos de Menores. Es la Justicia quien tiene esta facultad y quien debe usarla cuando corresponde. Es evidente: modificar la edad no resuelve nada por sí mismo. Poner allí el eje de la discusión es un camino al fracaso.

Por eso el problema no es la sanción de una nueva ley, por más necesaria que sea. El problema es que el gobierno nacional siempre nos lleva a discutir lo obvio. Porque si tuviera la vocación de trabajar en la solución de fondo, deberían empezar por hacerse cargo de todo lo que no hizo. Modificar la edad de imputabilidad no es una llave mágica que resuelve todo. No se le pueden vender expectativas falsas a la sociedad sobre un tema tan delicado. El pueblo argentino está esperando una respuesta seria. La experiencia de nuestra provincia demuestra que es posible construir el camino para una solución efectiva. Esto implica ponerse a trabajar en la gestión, financiar una política y coordinar el trabajo de la policía, la justicia y los municipios. Todo lo que el gobierno nacional, como parte de su estrategia política para desfinanciar la seguridad de los bonaerense, elude hacer.

La Provincia de Buenos Aires ya cuenta con una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Es la Ley 13.634, sancionada en 2007, mediante la cual se creó el Fuero Penal del Niño. La política bonaerense, en una provincia tantas veces estigmatizada como “inviable”, logró hace casi 20 años algo que la política nacional no pudo hacer en los últimos 40: los distintos bloques legislativos se pusieron de acuerdo para sancionar una ley moderna que ofrece herramientas concretas para abordar el problema. Si el menor que delinque tiene entre 16 y 18 años, se lo imputa del delito y se le aplica el régimen penal juvenil. Y si tiene menos de 16 años, pero cometió un delito grave, el juez puede adoptar una medida privativa de la libertad teniendo en cuenta su situación particular. El Ministerio Público Fiscal registró en 2024, por todo tipo de delitos, poco más de un millón de causas en el Fuero Criminal y Correccional (mayores) y 22.600 causas en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil (menores). Sobre el total de causas penales, el 2,1% tiene como imputado a un menor. Y en el caso específico de los homicidios dolosos, ese guarismo alcanza al 8,5%.

Con este marco legal, y con este diagnóstico estadístico, el Gobernador decidió construir una política de Estado que se reflejó en la creación por Decreto del Programa “Entramados”. El decreto especificó la responsabilidad de la Policía y de los Servicios Locales de Niñez, fijó un método de coordinación con la Justicia y le otorgó un financiamiento a los Municipios para que trabajen en el seguimiento de los menores. Cualquier menor que cometa un delito, tenga la edad que tenga, sea o no imputable, tiene que entrar en un programa estatal de control y seguimiento que tenga por objetivo interrumpir la trayectoria delictiva amateur ante las primeras señales de alerta temprana. El objetivo fundamental del sistema que armamos en la provincia es llegar antes de que ocurra una tragedia irreparable. La decisión del Gobernador es clara: no queremos más vidas arruinadas por menores que ingresan en una espiral de violencia que debería haberse cortado con una sanción efectiva y un límite a tiempo.

Primero, trabajamos con la Corte y la Procuración para construir información robusta que nos permita identificar a estos menores, cuantificar el problema y tomar decisiones acertadas. En diciembre de 2019, con un Estado desmantelado, ni siquiera sabíamos a ciencia cierta cuántos menores eran detenidos por la Policía en ocasión de cometer un delito. Gracias a este trabajo, ahora sabemos lo siguiente: mientras que la Provincia de Buenos Aires alberga a 5,2 millones de niños en la escuela pública, cada año, la policía aprehende alrededor de 5 mil menores por diversas transgresiones a la ley. La escuela pública le ordena la vida a más de cinco millones de niños y adolescentes. A pesar de este esfuerzo, hay 5 mil menores que se nos escurren como arena entre los dedos. El sistema llega con éxito al 99,9% de los menores, pero fracasa con el 0,1% restante. Ese porcentaje es el que genera los delitos violentos que ponen en riesgo a la sociedad y que a veces terminan en tragedias. Para controlar a esos 5 mil menores, planificamos y coordinamos una política que involucra a los organismos de niñez, la policía, jueces, fiscales e intendentes.

Luego hicimos un trabajo con las áreas especializadas de la Policía. Muchas veces la fuerza detiene a menores por delitos leves. De hecho, lo más habitual es que detengan varias veces a los mismos adolescentes. Cuando eso ocurre, la Comisaría de la Mujer y la Familia elabora un informe con una matriz que identifica todos los factores de riesgo a los que están expuestos esos menores. Dichos factores se reiteran en todos los casos: abuso sexual por parte de algún familiar cercano, contacto temprano con armas de fuego, consumo de drogas desde muy chicos y presencia de familiares con adicciones en su vida cotidiana, familiares directos presos o muertos en enfrentamientos violentos con la policía o con otros delincuentes, un grupo de socialización primaria (familia, amigos, vecinos) que ejercieron violencia física sobre ellos, y ausencia de un adulto responsable con capacidad de ejercer una crianza con amor y autoridad. La receta para un menor delincuente es clara: padres ausentes, abuso, adicciones, armas, violencia y chicos que se crían solos. Cuando la policía los aprehende y les toma los datos, vemos que la mayoría abandonó la escuela, ni siquiera conocen el nombre del padre (sí el de la madre, que suele padecer adicciones, o está detenida en la casa con tobillera) y no saben qué día nacieron porque nunca les festejaron un cumpleaños.

Esta matriz de riesgo se construye para cada menor aprehendido, y todos los datos se giran a los Servicios Locales de Niñez para que articulen la intervención que corresponda con los jueces y los fiscales de menores. Este momento vale oro: es la ventana de oportunidad clave que tenemos para interrumpir la trayectoria delictiva del menor y evitar la tragedia. El Estado tiene que entrar en la vida de estos menores para ponerles el límite que no supo ponerle la familia. Ante la primera transgresión a la ley, tenga la edad que tenga, el menor debe recibir una sanción efectiva que le marque lo que está bien y lo que está mal. Puede tratarse de una medida privativa de la libertad, si hay factores que lo justifiquen, o de una medida de carácter socio-comunitario, si el delito es leve y no lastimó a nadie. En todos los casos hay que evaluar el contexto familiar, y separarlo del mismo, sin titubeos, cuando los factores de riesgo más relevantes, como el abuso, las armas y las drogas, están presentes en esa familia.

Construir una provincia con orden, imperio de la ley y convivencia ciudadana es una tarea que exige planificación, profesionalismo, método y financiamiento. Requiere un esfuerzo integral que se desarrolla en muchos frentes. La decisión de hacernos cargo del problema de los menores que cometen delitos es parte de una Política Integral de Seguridad que lleva seis años de estabilidad. Hicimos una inversión logística sin precedentes con la compra de 7.400 patrulleros 0km, expandimos la videovigilancia con miles de cámaras a través de los cuatro Fondos Municipales de Fortalecimiento de la Seguridad, pusimos en la calle 22 mil nuevos policías formados con los mejores estándares profesionales y creamos 68 bases de UTOI, FBA, Infantería, Caballería y Fuerzas de Operaciones Especiales que nos permitieron recuperar el control del territorio y sacárselo a los narcos.

Este esfuerzo histórico está dando resultados concretos. Es difícil hablar de estadística cuando cada caso representa una vida. Pero tenemos la obligación de rendir cuentas. El impacto de nuestro trabajo debe ser evaluado. En 2025 logramos el segundo mejor año de la historia en la cantidad total de homicidios. Alcanzamos una reducción del 17% con relación al último año de la gestión anterior, pasando de 905 casos en 2019 a 751 en 2025. El año pasado también registramos la menor cantidad de homicidios en ocasión de robo desde que existen mediciones: 89 eventos, un 25,8% menos que en 2024. El impacto de nuestra política fue incluso más importante en relación al tema que nos ocupa. A partir del Programa Entramados, la cantidad de responsables por homicidios dolosos menores de 16 años bajó un 20,8%, pasando de 24 en 2024 a 19 en 2025. Mientras tanto, los imputados de 16 y 17 años bajaron un 3,2%, de 63 en 2024 a 61 en 2025. Estos guarismos están a contramano del resto de América Latina, donde la violencia y el delito están en crecimiento.

Nuestra vocación es aportar esta experiencia en una mesa de trabajo donde estén todos los responsables. Lamentablemente, el Presidente Milei viene rechazando todas las reuniones que le solicitamos. Si aceptara alguna, podríamos explicarle lo que hicimos en la provincia, trabajar en conjunto para profundizar estos resultados y construir una solución real que les sirva a todos los argentinos. Nuestra propuesta es clara. El gobierno nacional debería promover que cada provincia sancione una Ley de Responsabilidad Penal Juvenil que establezca el procedimiento legal a seguir y las opciones que tiene el Juez ante cada caso. Además, tiene que comprometerse a financiar una política seria. No hay seguridad sin presupuesto. Los fueros judiciales de minoridad necesitan recursos. Los programas de control y seguimiento de los menores que delinquen necesitan presupuesto. El fortalecimiento de la infraestructura de los institutos de encierro para menores necesita inversión. Presidente Milei: basta de excusas, basta de echarle la culpa al otro, basta de fuegos artificiales. No podemos arrastrar a la sociedad a otra discusión estéril. Dijeron que con la Ley de Derribo iban a solucionar el narcotráfico. Dos años después no derribaron una sola avioneta y la droga sigue entrando por la frontera con total impunidad.

Sean responsables y evítenle a la sociedad argentina una nueva frustración. La instrucción que nos dio del Gobernador Kicillof es clara y contundente: ponernos a disposición de todos los argentinos, con el resultado de nuestra experiencia, con humildad, con vocación de diálogo, sin resignación, para resolver el problema de los menores que delinquen, y llegar, de una vez por todas, antes de que ocurra la tragedia.

El Régimen Penal de Minoridad en Argentina tiene casi 50 años de antigüedad. Con la Ley actual, los menores de 16 años tienen carta de impunidad: aunque cometan el delito más grave -el que sea- no tienen ningún tipo de responsabilidad penal ya que no pueden ser juzgados ni detenidos. Cuando cometen delitos, el juez los manda a su casa y cierra la investigación del caso. Cuando tienen más de 16 años tampoco pueden ser juzgados por todos los delitos y, encima, las condenas que reciban se les reducen “automáticamente” a la mitad.

Con la nueva Ley Penal Juvenil que enviamos al Congreso, toda esta situación absurda se va a terminar. Los menores van a ser responsables penalmente desde los 13 años y van a poder ser juzgados por todos los delitos con la responsabilidad penal completa por todos los delitos. Los menores de 13 años también tendrán consecuencias, ya que el juez deberá continuar la investigación del caso y disponer medidas de cuidado del menor que cometió un delito, con imposición de tratamientos y la intervención de organismos especializados, con reglas claras y en un proceso rápido.

A los 13 años ya saben perfectamente lo que hacen. Saben que robar y matar “está mal”. Así se lo considera en la región y en el mundo. En Uruguay la responsabilidad penal comienza a los 13 años, al igual que en República Dominicana, Guatemala, Nicaragua y Francia. En México y en Israel, es a los 12 años. En otros países la responsabilidad penal comienza a los 10 años, como en Inglaterra y en Suiza y en otros países de nuestra región. Por otra parte, no hay ningún convenio o tratado internacional que imponga a la Argentina (ni a ningún otro país) fijar una edad mínima de responsabilidad penal. Es que la aplicación de la Ley Penal, además de un lógico fin punitivo, permite generar la posibilidad de interiorizar las normas sociales y eso solo puede lograrse a partir de una declaración de responsabilidad personal.

Tantos años de demora para encarar la reforma de esta ley nos ha salido muy caro como sociedad. Continuamente, cada vez más seguido, vemos delitos graves cometidos por menores. Terminar con esta situación no es una cuestión de “ideología”, es poner orden. Basta de impunidad “por la edad”. El que las hace, las paga.

Pasan los años, cambian los gobiernos, se renuevan las generaciones, pero hay problemas que, en la Argentina, nunca se resuelven. Uno de ellos es el de la inseguridad, y dentro de este flagelo, particularmente el de la edad de imputabilidad. Mientras tanto, nuestro país sigue siendo un paraíso para quienes eligen la marginalidad como forma de vida, porque saben que cometer delitos no tiene consecuencias. Los delincuentes, sean menores, adolescentes o mayores, saben que esto es así, y por eso, vivir al margen de la ley, les resulta un atractivo negocio.

En el derecho penal, “imputar” significa atribuir a alguien la responsabilidad por la comisión de un hecho delictivo. Para que ese “alguien” pueda ser responsable penalmente por el delito cuya comisión se le adjudica, es necesario que esté en condiciones de medir la gravedad de sus actos, es decir, debe actuar con plena voluntad; y los elementos que constituyen esa “voluntad”, son el discernimiento, la intención y la libertad. Si falla alguno de ellos, el sujeto no es imputable.

Es por eso que la ley establece un límite de edad debajo del cual se considera que un sujeto es “in-imputable” y por lo tanto, que no puede adjudicársele responsabilidad penal por no tener la capacidad de medir la gravedad de lo que hace. En la Argentina ese límite de edad es de dieciseis años.

Demás está decir que ello constituye un verdadero desatino, porque mucho antes de cumplir esa edad un sujeto, sabe qué es lo que está bien y lo que está mal, por lo menos cuando se trata de conductas graves tales como matar, dañar, secuestrar y violar. La cuestión es determinar a qué edad una persona puede comprender si esas conductas están bien o mal.

La Convención Internacional sobre los derechos del niño, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional y a la cual la Argentina adhirió en septiembre de 1990 a través de la ley 23.849, delega en cada país miembro la responsabilidad de decidir cuál es la edad debajo de la cual un sujeto es inimputable. Según los datos de Unicef, sólo la Argentina y Cuba establecen ese límite a los 16 años, y son muchos los que fijan ese límite en 14 años.

Países de corte populista como Bolivia, Venezuela, Nicaragua y Ecuador, tan admirados por nuestra izquierda fundamentalista que se opone fervientemente a bajar la edad de imputabilidad, la fijan en catorce años (Bolivia y Venezuela), en trece años (Nicaragua) y hasta en doce años (Ecuador). También determinan que la edad de imputablidad es a partir de los catorce años países como Alemania, Austria, España, Italia, Holanda, Chile, Colombia, Paraguay y Perú; mientras que el Reino Unido considera inimputables a los menores de diez.

En nuestro país hay un sector del arco político para el cual encarcelar a un menor es un acto violatorio de derechos humanos elementales. Parecen olvidar que la misma Convención Internacional sobre los Derechos del Niño establece, en su Art. 37 Inc. B, que “la detención, el encarcelamiento o la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley”. Obsérvese cómo ese término tan temido por la izquierda argentina -“encarcelamiento”-, es el que con toda naturalidad utliliza el referido instrumento internacional de derechos humanos.

Inclusive vale la pena poner de relieve que ese convenio internacional, para el cual los individuos son “niños” hasta los dieciocho años, admite que aquellos de quince a diecisiete puedan ser enrolados en el Ejército y llevados a la guerra (Art. 38 Inc. 2 y 3). Es cierto que la ley argentina de adhesión a esa Convención ordenó al Presidente que, a la hora de ratificarla, declare que para la Argentina es deseable que no se permita a los gobiernos recultar niños para la guerra, pero también lo es que, filosóficamente, el convenio internacional lo admite.

Tiene que quedar claro que los adolescentes, que para nuestro Código Civil y Comercial son los menores desde los trece años, están en perfectas condiciones para discernir si matar, robar, herir y violar es bueno o malo; pero si bien el mundo así lo entiende, en la Argentina, la misma dirigencia que elabora políticas cuyas consecuencias es crear pobres y disminuir posibilidades de realización personal, considera que los delincuentes son víctimas de una sociedad que no los comprende, y que por ello no hay que estigmatizarlos con castigos ni encarcelamientos.

Ahora el Gobierno envía al Congreso un proyecto de ley para bajar la edad de imputabilidad. Bienvenido sea; pero si el debate se hace arduo en el contexto parlamentario, una buena alternativa sería la de convocar a una consulta popular para que la gente opine al respecto. Al fin y al cabo es un instrumento que la Constitución Nacional contempla desde 1994, nunca se ha lo utilizado desde entonces, y es “la gente”, en general, la que sufre cada día las consecuencias del delito.

El Presidente no podría convocar a una consulta popular sobre este tema, porque la Constitución Nacional sólo le permite hacerlo en el ámbito de sus propias competencias o atribuciones, y las cuestiones penales no lo son. En cambio, es el Congreso el que podría realizar dicha convocatoria, decidiendo si ella sería vinculante o no.

Pues queda claro que los problemas de inseguridad no se resuelven con medidas aisladas, y que es necesaria la prevención y la resocialización de los detenidos, pero alguna vez será necesario poner al derecho penal al servicio de una sociedad que quiere vivir en paz, antes que al servicio de quienes nos hostigan cada día con el delito como modo de convivencia social.

*El autor es profesor de Derecho Constitucional en la UBA

La percepción de la población salvadoreña ubica la seguridad como el aspecto más positivo del país en 2025, de acuerdo con los resultados de la más reciente encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública (Iudop) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA).

El estudio indica que 62.7% de los encuestados considera la seguridad como el principal logro nacional, cifra que supera ampliamente a otros aspectos señalados por la ciudadanía.

En el mismo sondeo, el combate a las pandillas y la delincuencia se menciona como el segundo elemento más valorado, aunque lejos del primer lugar, con un 6.7% de las respuestas.

El informe del Iudop también identifica que la inversión en infraestructura nacional, el trabajo del gobierno y la construcción de escuelas ocupan posiciones marginales en las percepciones positivas, con porcentajes de 2.7%, 2.5% y 2% respectivamente.

El análisis del Iudop revela que 81.7% de la población percibe una disminución de la delincuencia en comparación con el año anterior, mientras que solo un 15% opina que la situación se ha mantenido igual y un 3.2% reporta un aumento.

Este cambio en la percepción pública coincide con un bajo nivel de victimización directa: apenas 4.7% de los encuestados declaró haber sufrido personalmente algún hecho delictivo durante 2025, según la encuesta.

Entre quienes reportaron haber sido víctimas, el delito más común fue el robo sin arma, sin agresión y sin amenaza física (hurto), que representa el 47.5% de los casos. Le siguen las amenazas (15.3%) y la extorsión o renta (10.2%). Otros delitos, como la agresión física sin robo, el robo con arma y la estafa, presentan porcentajes menores.

El estudio del Iudop sitúa a la seguridad como un eje central en la percepción ciudadana sobre los avances recientes en El Salvador, mientras que la economía aparece como el principal problema señalado en el mismo análisis.

La encuesta de la UCA se realizó entre el 2 y el 13 de diciembre de 2025. El estudio se basó en un total de 1,268 entrevistas válidas, con un margen de error muestral de ±2.75% y un nivel de confianza del 95%.

Estados Unidos reconoce a El Salvador como destino seguro

Recientemente, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a El Salvador en la lista de destinos donde solo se requieren “precauciones normales” para los viajeros. Por primera vez en su historia reciente, el país cerró el año 2025 con 82 homicidios, según las autoridades, una cifra oficialmente reconocida como la más baja registrada y que marca un cambio en la percepción internacional sobre la seguridad del país, conforme a datos divulgados por la Secretaría de Prensa de la Presidencia de El Salvador y recogidos por medios como The Washington Post y Reuters.

El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, presentó durante el balance anual del gabinete de Seguridad que la cifra de homicidios representa 32 asesinatos menos que en 2024 y subrayó la resolución total de estos casos. Además, señaló que, desde la implementación del régimen de excepción en 2022, El Salvador ha sumado ya 1.102 días sin homicidios, de los cuales 988 corresponden directamente a dicho régimen. De acuerdo con las estadísticas oficiales, la tasa de homicidios bajó de 1.9 en 2024 a 1.3 por cada 100,000 habitantes en 2025.

En cuanto a otros delitos, el informe oficial refleja que en 2025 se reportaron 1,997 casos de hurto, 206 de robo y 884 lesiones, cifras que implican una disminución del 60.41% en hurtos y una reducción del 48% en lesiones respecto al año anterior. El ministro de Seguridad remarcó que el país experimentó “una reducción del 51.5%” en la incidencia de estos delitos entre 2024 y 2025. Según sus declaraciones, El Salvador es ahora “el único país más seguro del hemisferio occidental” y ha superado el 50% de reducción en la incidencia delictiva.

El violento episodio no solo expuso la vulnerabilidad de personas con discapacidad ante la criminalidad, sino que también generó una ola de indignación en la comunidad. Los gritos del hombre alertaron a sus familiares, quienes salieron rápidamente de la casa e intentaron perseguir al ladrón, aunque sin éxito. La escena se repite con frecuencia en las calles de Tumán, donde los habitantes aseguran que los asaltos se han convertido en parte de la rutina nocturna.

El caso ha vuelto a poner en primer plano la sensación de abandono y desprotección que experimentan los ciudadanos de Chiclayo. La falta de presencia policial y la escasa iluminación pública han sido señaladas como factores que facilitan el accionar de los delincuentes. La situación, según los vecinos, sigue agravándose y afecta cada vez más a los sectores más vulnerables.

Delincuentes asaltan brutalmente a hombre en silla de ruedas

La noche del asalto, la víctima se encontraba sentada en su silla de ruedas frente a la puerta de su casa. Un sujeto apareció de manera sorpresiva, se acercó y, sin mostrar compasión alguna por la discapacidad del hombre, lo jaloneó con extrema violencia. El impacto fue tan brutal que el hombre cayó al suelo, quedando momentáneamente imposibilitado de moverse por sí solo.

El delincuente, tras arrebatarle el celular y la billetera, huyó corriendo por la calle oscura. Los gritos desgarradores del hombre resonaron en la cuadra, mientras intentaba reincorporarse con gran esfuerzo. Sus familiares, alertados por el estruendo y la desesperación, salieron de inmediato para auxiliarlo e intentaron capturar al agresor. Sin embargo, la rapidez del ladrón y la falta de testigos impidieron cualquier reacción efectiva.

Vecinos que presenciaron la escena manifestaron su indignación ante la falta de seguridad y protección para quienes viven con alguna discapacidad.

Comunidad exige justicia tras el ataque a hombre en silla de ruedas

El hombre, cuya identidad permanece en reserva por motivos de seguridad, padece una condición que le obliga a movilizarse en silla de ruedas y que limita gravemente su capacidad de defensa. Tras el ataque, intentó ponerse de pie con extrema dificultad y una visible cojera. La impotencia y el dolor se sumaron al miedo, evidenciando el impacto psicológico que episodios como este dejan en las víctimas.

Familiares de la víctima han expresado su frustración y temor por la creciente inseguridad en Tumán. La indignación se hizo eco entre los vecinos, quienes exigieron a las autoridades una reacción inmediata y efectiva.

En tanto, la comunidad del distrito denuncia que la zona se ha convertido en un blanco fácil para los delincuentes, debido a la falta de rondas policiales y la ausencia de cámaras de vigilancia. Vecinos han organizado patrullajes vecinales y han solicitado apoyo al municipio, aunque la respuesta oficial ha sido insuficiente hasta el momento. La noche del asalto, la rápida movilización de la familia y los vecinos no logró cambiar el desenlace, pero dejó claro el hartazgo ante la pasividad de las autoridades.

En el distrito, la percepción de inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. Los habitantes advierten que la delincuencia actúa con total impunidad y que los casos de robos, asaltos y ataques violentos aumentan semana a semana.

Jerí respalda su estrategia de seguridad pese a avances limitados

Hace una semana, el presidente José Jerí abordó el problema de la inseguridad ciudadana durante una entrevista con Andrés Oppenheimer para CNN. El mandatario reconoció que el país atraviesa un momento difícil y que la criminalidad representa hoy uno de los mayores desafíos para su gobierno. “Nosotros encontramos el país navegando en turbulencia y sin controles que te permitan guiarte”, afirmó José Jerí, aludiendo al debilitamiento institucional heredado de gestiones anteriores.

El presidente explicó que las fuerzas del orden enfrentan serias limitaciones presupuestarias y que la coordinación entre instituciones ha estado ausente. “No había ninguna herramienta coordinada que te permita avanzar para combatir la delincuencia”, señaló Jerí, quien adelantó la presentación de un plan integral de seguridad ciudadana en los próximos días.

Según el mandatario, la estrategia incluye el fortalecimiento de la Policía Nacional, acciones de prevención y la utilización de estados de emergencia en zonas críticas. “Estamos convencidos de que este plan va a generar más resultados”, sostuvo, aunque reconoció que los avances aún son insuficientes y que la ciudadanía demanda soluciones más rápidas. “Hoy, cerca de tres meses, tenemos resultados que, si bien es cierto, no son los óptimos, han comenzado a decrecer algunas incidencias criminales en nuestro país”, explicó Jerí.

En Tumán, sin embargo, los vecinos y las víctimas de hechos como el reciente asalto siguen esperando cambios tangibles. La desconfianza hacia las autoridades y la sensación de abandono persisten, mientras la comunidad exige acciones concretas y efectivas para recuperar la tranquilidad perdida.

En los últimos meses, la localidad de Kennedy en Bogotá se ha convertido en escenario de una serie de atracos masivos que mantienen en alerta y preocupada a la comunidad.

De acuerdo con lo conocido por Noticias Caracol, la agrupación, compuesta por nueve integrantes, asalta a clientes de locales comerciales, ciclistas y peatones, llegando en grupo y neutralizando cualquier intento de resistencia.

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De acuerdo con las imágenes captadas por cámaras de seguridad en el sector de la avenida Villavicencio, entre las carreras 80 y 82, la estructura ha perfeccionado una logística delictiva coordinada, lo que ha incrementado el temor entre los residentes ante la escalada de violencia registrada en los últimos cuatro meses.

Los videos muestran la manera en que los delincuentes irrumpen en los establecimientos, someten a los presentes y proceden a encerrar a las víctimas tras despojarlas de sus pertenencias.

Un comerciante afectado, cuya identidad permanece reservada por motivos de seguridad, relató a Noticias Caracol la evolución de este fenómeno: “Ya venimos con esta problemática más o menos como cuatro meses, donde empezaron robando de a tres personas, después en otro robo ya fueron cinco, otros fueron ya seis y ya nosotros nos tocó el más fuerte, que fue el de nueve personas”.

Según su testimonio, la estructura ha incrementado su número, permitiendo realizar múltiples tareas durante los atracos: mientras unos amenazan, otros revisan a las víctimas y algunos vigilan las salidas.

El método utilizado por estos sujetos se caracteriza por su velocidad y violencia. Llegan en bicicletas, que emplean tanto para el ataque como para huir rápidamente por las calles del suroccidente de la ciudad. Los objetos más codiciados en estos robos son celulares y dinero en efectivo, artículos que pueden comercializarse fácilmente en el mercado negro.

La táctica de la banda no se limita a locales comerciales. Ciclistas y peatones también han sido víctimas frecuentes. Un ciclista asaltado por el grupo describió, en declaraciones recogidas por el medio citado, un episodio de emboscada: “Nos rodean nueve hombres, de los cuales siete personas venían armadas, según los videos, y nos encañonan y nos hacen el hurto”. La desproporción de fuerza y el uso de armas de fuego ha dejado a los ciudadanos sin posibilidades de reacción.

A pesar de la gravedad de la situación, la presencia policial logra disuadir ocasionalmente los ataques. Se registró un caso reciente en el que el grupo desistió de un robo ante la llegada de una patrulla de la Policía.

Los residentes y comerciantes de la avenida Villavicencio coinciden en que la agresividad de los delincuentes ha aumentado y perciben que la banda ha establecido un control territorial en el sector, actuando con cada vez menos temor a la ley.

Capturan a presunto ladrón en Bogotá que intentó justificar su acción delictiva como una “broma”

Los encargados de seguridad de un conjunto residencial en el sector Lagos de Córdoba, en Bogotá, lograron la captura de un presunto ladrón que, según los testimonios recogidos en el lugar y citados por Colombia Oscura, había mantenido en alerta a los residentes de la zona durante las últimas semanas.

La situación ocurrió cuando el sospechoso intentó evadir la intervención de los vigilantes, que lo interceptaron dentro de las instalaciones del conjunto.

Durante el procedimiento, el hombre aseguró que todo se trataba de una “maldita broma”, frase con la que intentó justificar su presencia y las acciones que motivaron su captura.

En el intercambio registrado por los presentes, otro miembro del equipo de seguridad señaló: “(...) Como te gusta robar, también tienes que quitar la mano”, mientras el presunto ladrón insistía: “No me gusta robar manos, sino que hice una maldita broma ahí”. Las risas y comentarios continuaron, incrementando la tensión del momento.

Uno de los vigilantes preguntó al sospechoso por qué había intentado huir al notar su presencia, a lo que el hombre respondió que creyó que lo iban a detener. Durante el diálogo, los encargados de seguridad lo calificaron de “rata”, haciendo alusión a los recurrentes robos que se habían presentado en el área.

En la República Dominicana, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, informó que en los primeros 19 días del año se registraron 2,857 robos en todo el país, lo que significa un promedio de 150 robos cada 24 horas.

Este dato, confirmado este lunes tras una reunión de Seguridad Ciudadana, refleja una disminución del 19.52 % en comparación con el mismo periodo de 2025, según cifras oficiales del sistema de la Policía Nacional publicadas por el diario Libre.

A pesar de la tendencia descendente, Raful subrayó que cada caso constituye un hecho relevante y destacó la importancia de que la ciudadanía presente denuncias, ya que estas permiten perfeccionar la respuesta estatal y optimizar la focalización de los operativos de prevención y persecución.

Entre las medidas implementadas, la funcionaria describió el fortalecimiento de la policía preventiva con mayor presencia en las calles, mejor equipamiento y un sistema constante de monitoreo y evaluación.

En cuanto a la evolución anual de los delitos, durante este mismo lapso en 2024 se reportaron 4,352 robos, cifra que para 2025 fue de 3,550.

Según lo expuesto por Faride Raful por medio diario Libre, las estadísticas muestran progresos, aunque la funcionaria reiteró el compromiso del Gobierno con el desmantelamiento de bandas criminales y la prevención de la delincuencia a través de labores de inteligencia.

La reducción no solo se limita a los robos. La ministra detalló que la tasa acumulada de homicidios durante los primeros 19 días del año es de 7.08, por debajo de la registrada en 2025 (8.4) y en 2024 (11.48).

En términos absolutos, se contabilizan 55 homicidios en lo que va de 2026, frente a 64 en 2025 y 77 en 2024 para el mismo período. Raful puntualizó que la conflictividad social sigue siendo la principal causa de los homicidios, con cerca del 41.8 % de los casos, superando a la delincuencia común. Además, recalcó que este riesgo resulta prevenible cuando existe una respuesta adecuada.

Al referirse a versiones recientes sobre el tráfico de órganos, la ministra descartó la existencia de redes dedicadas a esa actividad en el país.

Insistió en que un trasplante requiere protocolos estrictos de compatibilidad y conservación, además de infraestructura y personal médico especializado, lo que imposibilita prácticas improvisadas o clandestinas. Finalmente, advirtió sobre la propagación de información infundada, al explicar que esto solo genera “inquietud innecesaria en la población y afecta la confianza en las instituciones”.