Un operativo interinstitucional en la localidad de El Roble, en la zona rural de Mazatlán, Sinaloa, dejó este 8 de agosto un saldo de 28 personas detenidas —entre ellas dos mujeres— y el aseguramiento de 15 armas largas, 94 cargadores, 2 mil 964 cartuchos y ocho chalecos tácticos con 16 placas balísticas.

Los detenidos y el material fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR) para las investigaciones correspondientes.

El arsenal decomisado se dividió en dos calibres: 2 mil 924 cartuchos del tipo 7.62x39 mm —el empleado en fusiles de asalto como el AK-47— y 40 del calibre .50, utilizado en armamento de mayor potencia. Los ocho chalecos incautados contaban con 16 placas balísticas en total, lo que indicaría que el grupo detenido operaba con equipo de protección de uso militar.

Personal del Ejército y la Guardia Nacional ejecutaron reconocimientos terrestres en El Roble

Las detenciones se produjeron durante reconocimientos terrestres en la localidad de El Roble. Personal del Ejército Mexicano y de la Guardia Nacional encabezó las acciones en coordinación con la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la FGR, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la Policía Estatal Preventiva.

La suma de dependencias involucradas refleja el esquema de la Coordinación Interinstitucional Sinaloa, mecanismo que agrupa a las principales autoridades federales y estatales de seguridad en la entidad para ejecutar operativos conjuntos en zonas rurales y urbanas del estado.

El Ministerio Público Federal asumió las investigaciones contra los 28 detenidos

Las 28 personas arrestadas, junto con las armas, los cargadores, los cartuchos y los chalecos balísticos, fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal. Esa autoridad es la encargada de realizar las investigaciones y diligencias para determinar la situación jurídica de cada uno de los detenidos.

Entre los arrestados había dos mujeres. Un comunicado de prensa publicado por la Coordinación Interinstitucional Sinaloa en las redes sociales de la SSP no precisó la identidad de ninguno de los 28 detenidos ni el grupo delictivo al que presuntamente pertenecerían.

Gobierno Federal y estado reafirmaron acciones conjuntas de seguridad en Sinaloa

A través del comunicado oficial, el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Sinaloa reafirmaron su compromiso de mantener la coordinación entre instituciones de seguridad para fortalecer las acciones de prevención, vigilancia y combate a los delitos en beneficio de las familias sinaloenses.

Las autoridades recordaron a la ciudadanía que el número 9-1-1 está disponible para reportar emergencias, y el 089 para realizar denuncias anónimas.

Mazatlán recibió a más de 2 mil elementos federales en menos de un mes

El operativo en El Roble se ejecutó el mismo día en que Mazatlán recibió mil 700 elementos de la Secretaría de Marina para reforzar la seguridad durante el periodo vacacional de verano. El personal naval extendió la vigilancia a zonas urbanas y comunidades rurales del puerto mediante patrullajes terrestres y a pie.

Semanas antes, el 23 de julio, la Secretaría de la Defensa Nacional ya había reforzado el puerto con 900 efectivos adicionales tras una jornada en que Mazatlán registró siete asesinatos en menos de 24 horas. El secretario del Ayuntamiento, Moisés Ríos Pérez, precisó que esos elementos llegaron la madrugada del 22 de julio y se sumaron a los 400 militares que ya operaban en el municipio.

Los dos despliegues, de distintas dependencias y con dos semanas de diferencia, muestran la velocidad con que el Gobierno Federal ha escalado su presencia en Mazatlán ante la persistencia de la violencia. La zona rural del municipio, donde ocurrió el operativo en El Roble, fue uno de los sectores que ambas estrategias contemplaron reforzar.

La presión sobre el puerto se origina en la guerra entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos del Cártel de Sinaloa, desatada tras el secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Alemania afronta el mayor programa de rearme desde la reunificación al tiempo que su economía crece al ritmo más lento de las últimas décadas y su Estado del bienestar acumula tensiones que el gasto en defensa no puede resolver. Así lo plantea Funcas en un informe reciente que sitúa el verdadero dilema fiscal alemán no en los tanques o los aviones de combate, sino en las pensiones, la sanidad y una población que envejece a ritmo acelerado.

El punto de partida es una ruptura sin precedentes con el modelo presupuestario que Alemania mantuvo durante décadas. El país combinaba un gasto militar contenido, una disciplina fiscal estricta y un Estado del bienestar generoso, con la seguridad colectiva delegada en la OTAN y el crecimiento apoyado en las exportaciones. La invasión de Ucrania, la fragmentación geopolítica y la incertidumbre sobre el compromiso de Estados Unidos con la seguridad europea quebraron ese equilibrio. Berlín respondió con una reforma constitucional que modificó el llamado “freno de la deuda” —el límite de endeudamiento que había definido la política fiscal alemana durante generaciones—, excluyendo del cómputo el gasto en defensa que supere el 1% del Producto Interior Bruto (PIB) y creando un fondo extraordinario de 500.000 millones de euros destinado a infraestructuras.

El impacto en el presupuesto de defensa ha sido inmediato. El gasto militar alemán creció un 24% hasta los 100.900 millones de euros, lo que convirtió a Alemania en el país europeo con mayor presupuesto militar, superando el 2% del PIB por primera vez desde la reunificación, según datos del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (SIPRI) recogidos por Funcas. El presupuesto de Defensa previsto para 2027 asciende a 133.300 millones de euros, y se espera que alcance los 153.900 millones en 2028, según el borrador presupuestario del gobierno recogido por el medio especializado German Policy.

Recortes en el Estado del Bienestar de 38.300 millones

Esa escalada tiene un precio que va más allá de la deuda. Para financiar el rearme sin disparar el déficit más allá de lo asumible, el gobierno del canciller Friedrich Merz ha emprendido recortes en el Estado del bienestar que suman 38.300 millones de euros hasta 2030. La reforma del sistema sanitario público prevé un ahorro de 19.300 millones de euros en 2027, con reducciones en el gasto de clínicas, médicos de cabecera y costes farmacéuticos. Las prestaciones por desempleo de larga duración también se recortan. Merz declaró que la pensión pública ya no será suficiente para mantener el nivel de vida, según recogió Brussels Signal, en lo que supone un giro en la concepción del sistema de protección social alemán.

El contexto económico en el que se produce este ajuste agrava la ecuación. Tras dos años de contracción y estancamiento, la economía alemana se recupera con lentitud. La Comisión Europea prevé un crecimiento del PIB del 0,6% en 2026, mientras que el propio gobierno alemán y el Consejo Alemán de Expertos Económicos sitúan el avance en torno al 0,5%, según recoge Funcas. Deutsche Bank coincide con esa estimación para 2026 y eleva la previsión al 1,3% para 2027. S&P Global Ratings, algo más optimista, proyecta un 0,8% para 2026 y un 1,4% para 2027-2028, impulsado por el estímulo fiscal del rearme y la inversión en infraestructuras, aunque advierte de que el impacto a largo plazo sobre el crecimiento potencial es incierto.

La presión sobre las cuentas públicas se acumula en el horizonte. La Comisión Europea estima que el déficit público alemán podría alcanzar el 4,1% del PIB en 2027. S&P prevé déficits superiores al 4% durante el período 2027-2029 y un aumento de la deuda pública neta hasta el 67% del PIB en 2029, según datos recogidos por Funcas. El endeudamiento neto previsto en el presupuesto de 2027 asciende a 118.700 millones de euros, y sumando los fondos especiales para las Fuerzas Armadas, las infraestructuras y la neutralidad climática, la nueva deuda total se acercaría a los 200.000 millones de euros, de acuerdo con German Policy.

La población alemana envejece

A ese cuadro fiscal se añade la presión demográfica que Funcas identifica como el reto de fondo. Alemania cuenta con una de las poblaciones más envejecidas de Europa, y la jubilación masiva de la generación del baby boom se acelerará durante la próxima década. La reforma de las pensiones acordada por la coalición supone un avance estructural, pero sus efectos económicos solo se materializarán de forma gradual, mientras que su impacto inmediato será un aumento de las cotizaciones sociales, según el análisis de Funcas.

La debilidad industrial añade otra capa de incertidumbre. El modelo exportador alemán acumula presiones por la competencia china y la escasa inversión de los últimos años. Volkswagen estudia la supresión de hasta 100.000 empleos y el cierre de varias plantas en Alemania dentro de un proceso de reestructuración motivado por la competencia china, la debilidad de la demanda europea y los costes de la transición al vehículo eléctrico, según recoge Funcas. El sector industrial en su conjunto sigue por debajo de los niveles previos a la pandemia.

La ejecución del propio rearme presenta también dificultades. La Bundeswehr —las Fuerzas Armadas alemanas— arrastra años de retrasos en la contratación pública, fragmentación de responsabilidades y burocracia. Berlín canceló el programa de fragatas F126, valorado en 15.000 millones de euros, por sobrecostes y retrasos acumulados, lo que ilustra cómo las disfunciones en la adquisición de material pueden comprometer la planificación industrial y generar inseguridad entre los inversores, según advierte Funcas. En el plano europeo, Alemania también se retiró del programa de avión de combate del futuro Future Combat Air System (FCAS), lo que pone de manifiesto que las prioridades nacionales pueden dificultar el rearme coordinado a escala continental.

Si el aumento del gasto en defensa se traduce principalmente en importaciones o en una baja ejecución por los lentos procesos de contratación pública, el impacto en el crecimiento alemán será limitado, advierte Funcas. El presupuesto de 2027 incluye además una brecha de financiación superior a los 100.000 millones de euros que el gobierno prevé cubrir con reservas, recortes en el bienestar y nuevos impuestos, entre ellos tasas sobre el alcohol, el tabaco y los plásticos.

Un tigre de Bengala fue asegurado durante un operativo interinstitucional en un presunto narcocampamento en la zona forestal de El Niño Artillero, en Fresnillo, Zacatecas, la noche del 5 y la madrugada del este 6 de agosto.

El ejemplar presentaba lesiones en las falanges de las extremidades delanteras, presuntamente para retirarle las garras; también tenía colmillos fracturados y deshidratación severa. Más de 150 elementos de distintas corporaciones participaron en las acciones de seguridad.

El operativo fue coordinado por la Fiscalía General de la República (FGR) y la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas, acciones a las que se sumaron la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Policía Estatal, la Policía Municipal de Fresnillo, Servicios Periciales, el Ministerio Público y personal de la Profepa; sumando un total de más de 20 unidades móviles, las cuales participaron en el recorrido por la zona.

Tigre de Bengala se encontraba lesionado

Al revisar al ejemplar (Panthera tigris tigris), personal de la Profepa detectó lesiones en las falanges de las extremidades delanteras, presuntamente ocasionadas para retirarle las garras. El animal también presentaba colmillos fracturados y un evidente estado de deshidratación.

Las condiciones en que fue encontrado dentro del corral apuntan a maltrato y abandono. El deterioro físico determinó su aseguramiento inmediato para salvaguardar su integridad.

Con el apoyo de personal especializado de la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre Parque Ecológico Mina Proaño, el ejemplar fue sedado, valorado físicamente y colocado en una jaula de traslado. En esas instalaciones recibirá:

• Atención veterinaria especializada
• Estudios clínicos para evaluar su estado de salud
• Tratamiento para su recuperación física

La Profepa dará seguimiento al estado de salud del ejemplar

La Profepa continuará monitoreando la evolución del tigre y las actuaciones administrativas que correspondan conforme a la legislación ambiental vigente. La dependencia trabaja de manera coordinada con autoridades de los tres órdenes de gobierno para proteger la vida silvestre.

Las corporaciones que participaron en el operativo continuarán realizando acciones coordinadas para fortalecer la seguridad en la región y apoyar las labores de inspección y vigilancia en materia de vida silvestre y recursos forestales.

Operativo rastrillo, lo que llevó al aseguramiento del animal

El animal fue encontrado durante el denominado “Operativo Rastrillo” en Zacatecas, al dar a conocer los pormenores, el secretario general de Gobierno, Rodrigo Reyes Mugüerza, puntualizó que la relevancia de los resultados de las acciones descritas radica en que aparentemente el inmueble le pertenece a uno de los “líderes criminales” de esa área, quien podría estar relacionado a los hechos violentos registrados el 18 de julio en Zacatecas.

Detalló que los hallazgos encontrados hasta esta semana, no apuntan a que la casa de seguridad y los dos narcocampamentos ubicados en Fresnillo estén relacionados con centros de adiestramiento.

Entre los resultados se dio a conocer la liberación de tres personas privadas de la libertad en ese inmueble, la detección del tigre de Bengala, la detención de 16 personas.

También se han llevado a cabo 18 cateos, en donde se han asegurado 24 vehículos, 15 casas de seguridad; también se incluye la detección de 7 campamentos, 12 puestos de observación y 2 pistas clandestinas.

La Profepa aseguró el pasado 3 de agosto un león africano macho adulto que permanecía confinado en una jaula con corrosión generalizada y fallas estructurales en el patio de una casa en Matamoros, Tamaulipas. El ejemplar fue trasladado a una Unidad de Manejo del mismo municipio para garantizar su atención especializada y el cumplimiento de las disposiciones en materia de vida silvestre.

León no presentaba desnutrición pero sí confinamiento restrictivo

El reporte llegó a través de la Coordinación de Protección Civil de Matamoros, que notificó a la Profepa sobre la presencia del felino en el patio frontal de una vivienda de dos niveles con apariencia de abandono. Al llegar al sitio, los inspectores confirmaron que el animal no mostraba signos visibles de desnutrición severa.

La estructura metálica tenía corrosión generalizada y deficiencias que comprometían su integridad. La Profepa determinó que el espacio era insuficiente para que el ejemplar desarrollara sus movimientos naturales y conductas propias, lo que constituyó una condición de confinamiento restrictivo con hacinamiento y maltrato.

El deterioro de la jaula representaba un riesgo para la integridad física del león africano (Panthera leo) y para la seguridad del personal encargado de su manejo y contención.

Marina, Sedena y Guardia Nacional apoyaron el traslado del felino

Durante las maniobras de identificación y traslado estuvieron presentes unidades de la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, que brindaron resguardo y seguridad a lo largo del operativo.

El traslado se realizó con el apoyo de la Unidad de Manejo receptora para garantizar la integridad física del animal y asegurar que el manejo se realizara conforme a criterios de bienestar animal.

El ejemplar quedó bajo resguardo en la Unidad de Manejo ubicada en el municipio de Matamoros para recibir atención adecuada y manejo especializado. La Profepa informó que continuará el seguimiento del caso para verificar el cumplimiento de las disposiciones normativas aplicables en materia de protección ambiental y vida silvestre.

¿Qué dice la Ley sobre tener un león?

La Ley General de Vida Silvestre contempla en su Capítulo V, “Ejemplares y poblaciones exóticas”, las condiciones en que deberá estar un animal exótico en caso de poseer alguno:

“Sólo se podrá llevar a cabo en condiciones de confinamiento que garanticen la seguridad de la sociedad civil y trato digno y respetuoso hacia los ejemplares, de acuerdo con un plan de manejo que deberá ser previamente aprobado por la Secretaría y el que deberá contener lo dispuesto por el artículo 78 Bis, precisa el Artículo 27.

Además, menciona que toda persona “que posean algún o algunos ejemplares como mascota o animal de compañía, deberán de contar con autorización expresa de la Secretaría”.

En el Artículo 123 se prevén distintas sanciones para quién viole lo estipulado en la legislación:

• Amonestación escrita.
• Multa.
• Suspensión temporal, parcial o total, de las autorizaciones, licencias o permisos que corresponda.
• Revocación de las autorizaciones, licencias o permisos correspondientes.
• Clausura temporal o definitiva, parcial o total, de las instalaciones o sitios donde se desarrollen las actividades que den lugar a la infracción respectiva.
• Arresto administrativo hasta por 36 horas.
• Decomiso de los ejemplares, partes o derivados de la vida silvestre, así como de los instrumentos directamente relacionados con infracciones a la presente Ley.
• Pago de gastos al depositario de ejemplares o bienes que con motivo de un procedimiento administrativo se hubieren erogado.

Algunas de las medidas mencionadas pueden ser cubiertas con trabajo comunitario, según lo dice la propia ley.

El general brigadier diplomado de Estado Mayor, Humberto Zerón Martínez, dejará la Subsecretaría de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social de Sinaloa, de acuerdo con información confirmada por fuentes de la dependencia.

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno del Estado no ha informado la fecha en que surtirá efecto el relevo ni quién ocupará el cargo.

Diversas versiones señalan que el mando militar habría sido requerido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) para reincorporarse a sus funciones dentro de las Fuerzas Armadas, institución a la que pertenece como militar en activo.

No obstante, esa versión no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

Otras publicaciones indican que la separación obedecería a motivos personales, sin que se hayan ofrecido mayores detalles.

La llegada de Humberto Zerón coincidió con una etapa crítica de violencia en Sinaloa

Zerón Martínez asumió la Subsecretaría el 31 de diciembre de 2024, en sustitución de Leoncio Pedro García Alatorre.

Su nombramiento ocurrió durante un periodo de alta incidencia delictiva en Sinaloa, caracterizado por el incremento de homicidios, desapariciones, robo de vehículos y enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.

Su incorporación también coincidió con la llegada del entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Óscar Rentería Schazarino, quien asumió el cargo días antes. Ambos impulsaron una estrategia enfocada en fortalecer la coordinación entre las corporaciones estatales y las instituciones federales encargadas de la seguridad.

Posteriormente, Zerón continuó desempeñando sus funciones bajo la dirección de Sinuhé Téllez López, quien quedó al frente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado tras la salida de Rentería Schazarino.

Coordinación entre Fuerzas Armadas y corporaciones de seguridad fue una de las prioridades

Durante su permanencia en el cargo, una de las principales líneas de trabajo fue consolidar la coordinación entre autoridades estatales y federales para enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa la entidad.

• Entre las acciones implementadas durante este periodo destacan:
• Fortalecimiento del Grupo Interinstitucional para coordinar operativos.
• Trabajo conjunto con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.
• Coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.
• Colaboración con la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado.
• Participación en estrategias de prevención del delito y supervisión del sistema penitenciario estatal.

Estas acciones se desarrollaron en medio del conflicto entre grupos del crimen organizado que afecta a Sinaloa desde 2024, escenario que ha mantenido una presencia permanente de fuerzas federales en distintos municipios del estado.

Gobierno de Sinaloa aún no informa quién ocupará la Subsecretaría

Hasta ahora, el Gobierno de Sinaloa no ha dado a conocer quién sustituirá a Humberto Zerón Martínez ni si se nombrará a un encargado provisional mientras se designa al nuevo titular.

Tampoco se ha informado si el relevo recaerá nuevamente en un mando militar o en un perfil civil. La definición del próximo subsecretario será relevante para dar continuidad a la estrategia de seguridad implementada en coordinación con el Gabinete de Seguridad federal.

La falta de un anuncio oficial sobre el relevo ha generado expectativa respecto a la continuidad de las acciones operativas y administrativas en una de las áreas más sensibles del gobierno estatal.

Experiencia militar y retos pendientes en materia de seguridad

Humberto Zerón Martínez es general brigadier diplomado de Estado Mayor y cuenta con formación académica en Administración Pública y Seguridad Nacional, además de diversos cursos de especialización relacionados con la estrategia militar y la seguridad pública.

Antes de integrarse al Gobierno de Sinaloa, ocupó distintos cargos dentro del Ejército Mexicano, entre ellos la jefatura de Estado Mayor de la Trigésima Zona Militar.

Su salida ocurre mientras Sinaloa continúa enfrentando importantes desafíos en materia de seguridad. Aunque aún no se ha informado quién asumirá la Subsecretaría, las autoridades estatales deberán definir en los próximos días el relevo y precisar si habrá ajustes en la estrategia de coordinación entre las corporaciones estatales y las fuerzas federales.

Hasta el momento, la única información confirmada es que Humberto Zerón dejará el cargo. En tanto, las versiones sobre una eventual reincorporación a la Secretaría de la Defensa Nacional permanecen sin confirmación oficial.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) envió mil 557 elementos a Michoacán luego de que Estados Unidos emitió una alerta nivel 4 para “no viajar” por la inseguridad en el estado, esto luego de las detenciones de dos líderes criminales. Además, suspendió la importación de aguacate mexicano.

Tras el anuncio, y como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, la Defensa desplegó a los efectivos a partir de las 07:00 horas de este jueves vía terrestre y desde diferentes puntos del país para que arriben a Michoacán.

Militares blindarán las zonas de producción de aguacate para evitar extorsiones

Entre los elementos se encuentran 657 de la Guardia Nacional (GN) y 900 del Ejército Mexicano, quienes a su arribo se incorporarán a las labores de los tres órdenes de gobierno en la entidad.

Los militares fueron enviados con el objetivo reforzar la seguridad en las zonas productoras de aguacate, centros de empaque, vías de comunicación, acompañamiento y vigilancia a puntos de inspección del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA), además de inhibir el delito de extorsión contra los productores.

Entre las actividades que llevarán a cabo se encuentran los patrullajes, reconocimientos terrestres y medidas disuasivas en áreas conurbadas de los municipios de Apatzingán, Aguillila, Buenavista, Cotija, Los Reyes, Peribán, Tingüindín, Tocumbo y Zamora.

“Con este refuerzo que implementa la Secretaría de la Defensa Nacional se continuará contribuyendo de manera determinante a la desarticulación de las organizaciones delictivas, mediante la captura de sus líderes y otros generadores de violencia en el estado de Michoacán”, aseguró la Defensa.

EEUU suspendió este miércoles la importación de aguacate mexicano

El gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles la suspensión de las actividades en el estado de Michoacán, afectando de forma directa la importación de aguacate.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) advirtió que la suspensión “impacta directamente la operación de los oficiales regulatorios de EEUU responsables de verificar el cumplimiento del Plan de Trabajo Operativo en los empaques autorizados para exportación”.

Según APEAM, solo se autorizó el procesamiento de la fruta recibida el 4 de agosto, siempre que su descarga hubiera sido supervisada por un oficial regulador. La fruta ingresada con posterioridad podrá almacenarse, pero no procesarse.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya solicitó una reunión inmediata con autoridades de Estados Unidos ya que la medida afecta la operación de inspectores para certificar la fruta.

Durante la conferencia de prensa matutina de este jueves, la mandataria detalló que se reunió con la principal asociación de productores de Michoacán para implementar un plan que garantice mayor seguridad en donde no había suficiente presencia de la Guardia Nacional.

Con esto, dijo que ya solicitó mantener un diálogo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos y la Embajada, a través de la Secretaría de Agricultura y la Cancillería.

EEUU emite alerta nivel 4 a sus ciudadanos para no viajar a Michoacán tras detenciones de líderes criminales

La semana pasada, la Embajada de Estados Unidos elevó al nivel 4 —el más alto— su alerta de viaje para Michoacán tras la detención del líder del Cártel de Los Reyes, Alfonso Fernández Magallón, alias “Poncho La Quiringua”, ocurrido el sábado 1 de agosto.

La captura desató narcobloqueos e incendios de vehículos en los municipios de Los Reyes y Peribán, lo que llevó a la representación diplomática a recomendar a sus ciudadanos no viajar al estado.

Además, días antes se realizó la captura de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1″, identificado como líder de “Los Rs” y autor material del asesianto del exalcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.

La alerta consular describió un escenario de seguridad inestable y pidió a los ciudadanos estadounidenses evitar las zonas cercanas a operaciones policiales, reducir desplazamientos innecesarios y buscar refugio ante cualquier señal de disturbios. La representación diplomática también instó a dar seguimiento a posibles interrupciones en carreteras, aeropuertos y eventos públicos.

Esto llevó a las autoridades estadounidenses a cancelar sus operaciones en el estado, cancelando temporalmente la importación de aguacate.

La Fiscalía General de la Nación convocó a audiencia al periodista y presentador Jorge Alfredo Vargas Angulo para el lunes 3 de agosto a las 3:00 p. m., con el objetivo de imputarle cargos relacionados con presunto acoso sexual.

El proceso, que podría desarrollarse bajo reserva, busca proteger la identidad de las denunciantes y evitar su revictimización.

La investigación se originó tras las denuncias presentadas por cuatro jóvenes profesionales que trabajaron en Caracol Televisión entre 2024 y 2026. Dentro de las pruebas recopiladas por la Fiscalía se incluyen chats y mensajes que, según los investigadores, tendrían un contenido de índole sexual.

¿Qué dijo la firma de abogados?

La firma Riveros Bazzani comunicó: “Nos permitimos informar que Riveros Bazzani, en cabeza de sus socios fundadores María Paulina Riveros Dueñas y Juan David Bazzani Montoya, asumió la representación judicial de Jorge Alfredo Vargas dentro del proceso penal que se adelanta en su contra. En desarrollo de esta actuación, la firma ejercerá la defensa técnica de sus derechos y garantías constitucionales, acompañándolo en la audiencia de imputación de cargos, así como en las demás etapas procesales que correspondan”.

Este equipo legal será responsable de velar por las garantías constitucionales de Vargas durante toda la etapa judicial, incluyendo la audiencia de imputación y las siguientes fases procesales. La defensa técnica implica tanto la asesoría jurídica como la protección de los derechos fundamentales del procesado.

Ante las versiones que circulan sobre una posible solicitud de reserva en las audiencias, la representación de Vargas aclaró: “Frente a las informaciones publicadas recientemente, queremos aclarar que la defensa no ha solicitado la reserva de las audiencias”.

En relación con la actitud pública del presentador, el comunicado enfatiza: “Es importante precisar que Jorge Alfredo Vargas ha mantenido un prudente silencio, el cual no puede interpretarse, bajo ninguna circunstancia, como un reconocimiento de responsabilidad. Esa decisión responde al propósito de permitir que el proceso avance dentro de los cauces institucionales, con respeto por todas las personas involucradas”.

Investigación y pruebas contra Jorge Alfredo Vargas Angulo

El proceso penal contra el presentador ha sido asignado a una Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia, lo que evidencia la trascendencia institucional del caso.

El equipo investigador, bajo la coordinación de la fiscal tercera delegada, fue conformado por orden directa de la fiscal general Luz Adriana Camargo, quien dispuso la creación de un grupo especial para la recolección y verificación de los elementos materiales.

De acuerdo con la información recopilada en el expediente, los hechos habrían ocurrido en contexto laboral. Según fuentes próximas al caso citadas por la revista Semana, las denunciantes relataron que Vargas les habría dirigido insinuaciones de tipo sexual de manera reiterada mientras trabajaban en el canal.

La Fiscalía sostiene que el acusado habría utilizado su posición, trayectoria y reconocimiento para ejecutar estos comportamientos.

En respuesta a la pregunta de por qué se citó a Jorge Alfredo Vargas Angulo, la Fiscalía lo convocó debido a las denuncias de cuatro excolaboradoras de Caracol Televisión, quienes lo señalaron por acoso sexual en el ámbito laboral, respaldando las acusaciones con mensajes y chats que la entidad considera relevantes para sustentar la imputación.

La naturaleza de la diligencia judicial abre un debate legal sobre la publicidad de la audiencia. La jurisprudencia de la Corte Constitucional —reflejada en la Sentencia SU 141 de 2020— establece que los procesos penales son públicos, salvo que en ellos participen menores de edad como víctimas o testigos, o que la reserva sea indispensable por riesgos a la seguridad nacional.

Aunque el caso no involucra menores ni se relaciona con la seguridad nacional, la Fiscalía solicitará que la audiencia se realice de manera reservada. El motivo es la sensibilidad del asunto y la protección de la privacidad de las denunciantes, para evitar su revictimización.

En sus redes sociales, Ruiz Orejuela aseguró que su única labor es defender los derechos de Rodríguez, que enfrenta una situación de salud complicada en medio de las polémicas denuncias de persecución política y las revelaciones que hizo la funcionaria sobre el Gobierno Petro.

El jurista le pidió al presidente saliente que no demeritara su trayectoria profesional: “Tengo más de treinta años de experiencia como litigante, con una amplia formación académica y experiencia profesional”.

De inmediato, solicitó al presidente Petro que, sobre Angie Rodríguez, debe “dejar de atacarla y vulnerar sus derechos, garantizando el cumplimiento de la Constitución y la Ley”.

“He llevado decenas y decenas de casos en ejercicio profesional y académico. El caso de la señorita Angie Rodríguez es un caso triste, lamentable y elocuente para nuestro país. Se lo digo porque usted y su gobierno la han perseguido de una forma sistemática”, le dijo el exministro al primer dignatario.

La defensa de Ruíz Orejuela incluyó una denuncia sobre el impacto que la situación ha tenido en la salud de su clienta, que, en su declaración, confirmó que tiene “graves problemas de salud y aún sigue incapacitada”.

“Siempre vamos a estar allí, porque lo que prevalece es la condición humana de las personas y no vamos a permitir que, como el caso de Angie, la sigan maltratando de esa forma, que sufra graves daños en su salud ella y su familia”, sostuvo Wilson Ruiz Orejuela en su mensaje.

La acción judicial de Wilson Ruiz Orejuela contra Gustavo Petro por presuntos agravios contra Angie Rodríguez

Luego de asumir la representación legal de la funcionaria Angie Rodríguez, el exministro de Justicia anunció que presentará una denuncia penal contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, para que la Rama Legislativa investigue al mandatario por presuntamente vulnerar la honra y privacidad de Rodríguez, además de desacreditar públicamente sus denuncias sobre supuestas irregularidades en la Casa de Nariño.

La denuncia fue formalizada el miércoles 29 de julio de 2026, respondió a las declaraciones y publicaciones de Petro en las que el presidente saliente divulgó información sobre su salud e insinuó la existencia de problemas psiquiátricos, además de asociarla injustificadamente con sectores del paramilitarismo. Además, la calificó como “manipuladora”.

“Angie es una gran manipuladora que ve la Función Pública en beneficio propio y que lamento haber conocido. Pero aquí se muestra la perversión de la prensa tradicional, que buscando desacreditarme, llegan hasta manipular una paciente siquiátrica. Hasta el presidente ilegítimo cayó en la trampa pervertida de la prensa que odia pero no investiga. Este documento prueba la incapacidad médica de Angie por razones siquiátricas, de las que ya salió, ¿Tan rápido?“, escribió Petro, a la vez que publicó documentos con información médica sensible sobre Rodríguez.

La directora del Fondo de Adaptación que, además, pasó por otros cargos en la Presidencia de la República como la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), afirmó que el jefe de Estado “sugirió que mis señalamientos obedecen a una condición mental y no a hechos que requieren investigación”.

La controversia se intensificó cuando Petro respondió que denunciará a Rodríguez por calumnia a raíz de sus declaraciones sobre supuestas irregularidades y desvío de recursos en la Casa de Nariño. El mandatario destacó: “Merezco respetar mi nombre y mi obra de gobierno y la paranoia debe ser tratada”.

Wilson Ruiz Orejuela explicó en la red social X: “Junto a mi equipo jurídico estamos acompañando a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación. Por ello, presentaremos una denuncia contra Gustavo Petro ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes para que se investiguen las presuntas conductas del Presidente en su contra”. El abogado agregó que el mandatario “cometió una serie de agravios por los que tendrá que responder. Nadie está por encima de la Constitución ni la Ley”.

El proceso judicial se suma a más de 200 expedientes en curso contra el presidente Gustavo Petro en la Comisión de Acusación.

En entrevistas recientes, la directora del Fondo Adaptación relató que el jefe de Estado la acusó de manejar una red de fentanilo, de estar vinculada al contrabando en el puerto de Buenaventura y de colaborar con paramilitares para “tumbarlo” del poder. Rodríguez ha sostenido que estas afirmaciones constituyen una campaña para deslegitimar sus denuncias y afectar su imagen personal y profesional.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, reveló en entrevista con el periodista Joaquín López Dóriga, en Fórmula, los detalles de la captura de Ramón Álvarez Ayala, alias “R1”, presunto autor intelectual del asesinato del exalcalde de Uruapan Carlos Manzo.

Según el funcionario federal, el operativo se ejecutó este jueves 30 de julio en Atotonilco, Jalisco, por Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y elementos de la SSPC, con información del Centro Nacional de Inteligencia.

Durante la acción se registró un enfrentamiento con escoltas del “R1″ en el que uno de ellos fue abatido. El secretario no reveló el número total de detenidos adicionales porque el operativo aún estaba en proceso al momento de la entrevista. Hasta el momento no han sido reveladas nuevas fotografías del “R1″.

Fuerzas Especiales del Ejército y la SSPC ejecutaron la operación en Atotonilco

Harfuch describió a López Dóriga la mecánica del operativo: cuando las fuerzas federales llegaron a la ubicación del “R1″ en Atotonilco, los escoltas del presunto narcotraficante opusieron resistencia.

“Hay una persona, un delincuente que perdió la vida. Se logra la detención del R1 y hay otros detenidos que más adelante informaremos”, dijo el secretario en Fórmula.

Según los datos revelados, la coordinación incluyó al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, a quien Harfuch contactó para solicitar apoyo una vez concluida la operación.

La investigación que derivó en la captura arrancó al mes del homicidio de Manzo y se extendió por meses de trabajo de inteligencia en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de Michoacán y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Harfuch calificó como “muy sólida” la carpeta ministerial del homicidio.

Con la detención del “R1″, las personas aprehendidas por el asesinato de Manzo sumaron 31, tal y como ya lo había anunciado momentos antes el secretario en su cuentas oficiales.

La presidenta Sheinbaum instruyó al Gabinete de Seguridad desde el día del homicidio

Harfuch subrayó ante López Dóriga que la presidenta Claudia Sheinbaum dio instrucciones al Gabinete de Seguridad desde el momento en que se registró el asesinato de Manzo, el 1 de noviembre de 2025, durante el Festival de las Velas en Uruapan.

“Ella dijo públicamente al pueblo de Michoacán y a nuestro país que no iba a haber impunidad”, afirmó el secretario.

Además, señaló que en la investigación participaron todas las instituciones del Gabinete de Seguridad en coordinación con las instancias estatales de Michoacán y destacó que el caso de Manzo era emblemático por la forma en que ocurrió el homicidio.

Según el funcionario, la instrucción de Sheinbaum fue trabajar el caso con la misma intensidad que cualquier otro, y anunció que este viernes 31 de julio se darían a conocer más detalles sobre el operativo y el perfil del detenido.

Harfuch identificó a Álvarez Ayala como el principal líder de Los R´s, célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con presencia en Apatzingán, Uruapan, Morelia y Jalisco, relacionada con extorsión, homicidios y tráfico de droga. El secretario precisó que la organización registraba hechos violentos y ataques a la autoridad desde 2012.

El gobierno federal exhibió en 2023 la liberación del R1 como un caso de impunidad judicial

El caso del “R1″ no era desconocido para las autoridades federales. El 26 de enero de 2023, el exsubsecretario de Seguridad Pública Luis Rodríguez Bucio lo presentó en la mañanera del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador como un caso de objetivos prioritarios liberados por decisiones judiciales.

Ramón Ángel Álvarez Ayala era conocido también como “El Moncho”, “El Ramón” y “El Monchi”. Rodríguez Bucio lo identificó como lugarteniente de Los Valencia dentro del CJNG e incluyó su caso en una lámina dedicada a documentar lo que el gobierno llamó fallas del sistema judicial para mantener a objetivos prioritarios fuera de circulación.

Rodríguez Bucio detalló que la jueza primera de distrito de Jalisco, Yolanda Cecilia Chávez Montelongo, lo absolvió el 22 de noviembre de 2022 por considerar que no había pruebas sólidas para procesarlo, pese a que acumulaba al menos cinco carpetas de investigación entre 2012 y 2021. En todos los casos había sido dejado en libertad.

Mario Alberto Cortés, excomisario municipal de Tlayolapa, fue detenido tras la ejecución de una orden de aprehensión por su probable responsabilidad en el delito de privación de la libertad en agravio de servidores públicos de la Fiscalía General del Estado de Guerrero. Meses antes, el mismo hombre había amenazado públicamente con tomar las armas si el gobierno no actuaba en su región.

Los resultados del operativo, anunciado este 30 de julio, derivaron de trabajos de investigación de la Fiscalía estatal en coordinación con el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal.

Las autoridades lo vinculan a Los Ardillos y a bloqueos en la Autopista del Sol

En información oficial, autoridades presumieron que Cortés formó parte del grupo delictivo Los Ardillos y que actuó como colaborador cercano de Benito “N”, conocido como “El Oso”, jefe regional y de plaza de esa organización criminal con zona de influencia en la Costa Chica y la Montaña baja de Guerrero.

Las investigaciones también señalaron que el excomisario participó en la organización de movilizaciones y bloqueos sobre la Autopista del Sol, a la altura del entronque de Tierra Colorada. Esas acciones fueron presuntamente encabezadas por Daniel “N”, quien fue detenido el 17 de marzo de 2026 por el mismo delito, privación de la libertad en agravio de servidores públicos.

Mario Cortés quedó a disposición de la autoridad jurisdiccional en el estado de Guerrero para continuar con las investigaciones, las acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica, de acuerdo con el comunicado de la Secretaría de la Defensa Nacional.

En febrero amenazó con alzarse en armas desde una conferencia de prensa

En febrero de 2026, Cortés participó como comisario de Tlayolapa en una conferencia de prensa celebrada en Tierra Colorada, junto a representantes de al menos 23 comunidades y 20 colonias del municipio de Juan R. Escudero. En ese evento acusó directamente a Lino Ponce González, coordinador general de la UPOEG, de haber irrumpido en Tlayolapa con gente armada con equipo de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, y de generar tal temor entre los habitantes.

Cortés narró que Ponce González y su gente se habían retirado en algún momento, que la comunidad estuvo tranquila, pero que luego “volvió a salir otra vez” y generó nuevamente confusión.

Los asistentes a esa conferencia —comisarios, comerciantes, transportistas y delegados de colonias— señalaron que la llegada de más de 200 policías comunitarios de la UPOEG y del CIPOG-EZ a pueblos de Tecoanapa, y su posterior desplazamiento hacia territorio de Juan R. Escudero, había agravado el malestar en la región.

Los inconformes exigieron a los gobiernos estatal y federal que dejaran de entablar mesas de diálogo con los grupos comunitarios y actuaran de manera directa para restablecer el orden en la zona.

“Si el Gobierno no hace caso, nosotros también tenemos que levantarnos en armas”

Cortés fue explícito sobre el miedo cotidiano que vivían los habitantes: “¿Qué confianza tendremos nosotros al dejar a la familia que salga con ese?”, dijo en referencia al armamento que portaban los integrantes de la UPOEG. Aclaró que el rechazo no era una decisión individual: “como comunidades nos hemos reunido”, sostuvo.

“Por eso pedimos apoyo del Gobierno, para que el Gobierno haga su trabajo y no lo hagamos nosotros”, dijo Cortés. Acto seguido lanzó la advertencia: “si el Gobierno no hace caso, pues nosotros también tenemos que levantarnos en armas e cuidar nuestras localidades, nuestro municipio”.

Meses después de ese pronunciamiento, fue detenido no por defender a su comunidad, sino por su presunta participación en el secuestro de servidores públicos.

La Fiscalía General de la República (FGR) desarticuló dos células vinculadas a la organización de Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, dedicadas al robo y comercialización ilícita de Gas LP en el Estado de México.

Los operativos, coordinados con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Marina, el Centro Nacional de Inteligencia y personal de Pemex Logística, dejaron 17 personas detenidas —6 ya vinculadas a proceso tras el primer operativo y 11 detenidas en el segundo— y el aseguramiento de 47 mil litros de hidrocarburo, armas, narcóticos, vehículos y 20 inmuebles, según un comunicado de la FGR publicado este 29 de julio de 2026.

“Don Checo” fue detenido en junio de 2025 junto con 31 personas más. Tras su caída, el mando habría pasado a Mauricio “N”, detenido en abril de 2026 con seis personas más. La FGR identificó después a Andrés “N” como el posible responsable de dar continuidad a las operaciones, lo que derivó en los dos operativos más recientes.

Empresas gaseras de fachada y ductos perforados: así operaba la red en seis municipios del Edomex

En el marco de la Estrategia Nacional contra el Robo de Hidrocarburos, las investigaciones de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) establecieron que varios integrantes de la organización usaban empresas gaseras como fachada para extraer y comercializar Gas LP de forma ilícita.

La red también perforaba ductos de Pemex de manera clandestina y trasladaba el combustible en tractocamiones con cajas adaptadas que ocultaban tanques en su interior.

Según las indagatorias, la organización mantuvo presencia en los siguientes municipios:

• Chimalhuacán
• Ecatepec
• Jaltenco
• Nextlalpan
• Tecámac
• Tonanitla

Desde esos puntos coordinaban la extracción del hidrocarburo y su distribución hacia otros predios del Estado de México, donde el combustible era almacenado en cajas con tanques ocultos antes de su comercialización.

Un túnel bajo una caja seca de tráiler conectaba a un ducto de Pemex en Tecámac

Datos oficiales revelaron que en el primer operativo se ejecutaron órdenes de cateo en 14 inmuebles del Edomex. Ahí se localizaron 47 mil litros de Gas LP, dinero en efectivo, narcóticos, armas de fuego, cargadores y cartuchos, cuatro vehículos de alta gama, tractocamiones y tanques de almacenamiento.

Once inmuebles fueron asegurados y seis personas quedaron vinculadas a proceso.

El segundo operativo se ejecutó a partir del análisis de la información obtenida en los cateos previos. Las órdenes abarcaron nueve inmuebles más e iban dirigidas contra otra célula integrada presuntamente por familiares de uno de los líderes del grupo, quienes posiblemente coordinaban las actividades ilícitas desde adentro.

En esa segunda acción fue asegurado un inmueble de más de 3 mil metros cuadrados en Tecámac, que funcionaba como centro clandestino de abastecimiento para tractocamiones.

En el predio también se identificó una toma clandestina de un ducto de Pemex oculta bajo una caja de tráiler, conectada mediante un túnel que posiblemente era usado para extraer el Gas LP y llenar las pipas, que después eran trasladadas a otro predio del Estado de México donde se almacenaban cajas con tanques ocultos.

Como resultado de la segunda fase del operativo fueron detenidas 11 personas, dando como resultado final 17 personas detenidas y vinculadas con la red criminal de “Don Checo”.

La FGR afectó todos los niveles de mando: desde los líderes hasta la operación logística

Ambos operativos formaron parte de una investigación desarrollada por las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México. Según reportes, la estrategia afectó de forma escalonada los distintos niveles de mando: primero los líderes, luego quienes asumieron el control tras cada detención y, finalmente, los integrantes responsables de sostener la operación logística.

Con el aseguramiento de los 20 inmuebles, los vehículos, el hidrocarburo y el desmantelamiento de la toma clandestina en Tecámac, la FGR señaló haber desarticulado una parte de la infraestructura logística de la organización de “Don Checo”.

Las instituciones del Gabinete de Seguridad indicaron que continuarán desarrollando líneas de investigación, acciones operativas y trabajos de inteligencia para identificar y llevar ante la justicia a quienes participen en el robo de hidrocarburos.

“Don Checo”, uno de los 10 operadores civiles detenidos por la red de huachicol fiscal en México

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias “Don Checo”, figuraba en una lista de 10 operadores civiles detenidos en el marco de la investigaciones por huachicol fiscal, compartida por fuentes de seguridad a Infobae México en mayo de 2026.

Entre los otros nombres de esa lista aparecían Aurelio Hernández Lozano, alias “Gepeto”; Israel Molina Núñez, alias “El Mil Millones”; Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”; y Mario Alberto Morales Ventura, alias “La Marrana”, señalado como presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Todos enfrentaban procesos judiciales por su posible participación en el trasiego, almacenamiento y comercialización de hidrocarburos ilegales. El modus operandi principal consistía en ingresar hidrocarburos bajo la declaración de aceites o lubricantes, lo que permitía evadir impuestos y dificultaba el rastreo en aduanas.

Su detención en junio de 2025, junto con 31 personas más, fue resultado de seis meses de trabajos de inteligencia coordinados. El operativo incluyó cateos en la Ciudad de México, el Estado de México y Querétaro, con cerca de 400 elementos desplegados. Dejó el aseguramiento de 16 millones de pesos en efectivo, 21 tractocamiones, ocho pipas, 48 vehículos —algunos blindados y de lujo— y 36 armas de fuego.

Tras su captura, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, rechazó acusaciones de que “Don Checo” habría recibido protección de elementos de la Marina, el Ejército Mexicano, la FGR y personal de inteligencia de Pemex para operar: “Las investigaciones continúan y no hay un sólo indicio o prueba sobre una colusión de las dos instituciones referidas, fueron precisamente estas instituciones, las que desarticularon esta Red criminal”, señaló en su cuenta de X. La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó esa postura y advirtió que “no se pueden señalar a todas las instituciones que combaten este tipo de delitos”.

La red de “Don Checo” fue identificada como parte de un entramado más amplio vinculado a Roberto Blanco Cantú, conocido como “El Señor de los Buques”. Empresas de transporte y logística como Ikon Midstream, Mefra Fletes, Intanza, Transportista Roca, Hevi Transport, Logística Enerpol, Naviera Altamarítima y Azteca Cone habrían sido utilizadas para mover y almacenar combustible de procedencia ilícita dentro de circuitos aparentemente formales.

El Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutaron el pasado martes 21 de julio un cateo al interior en un predio del municipio de Reynosa, Tamaulipas, en coordinación con elementos de la Seguridad Física de Pemex.

El operativo derivó en el aseguramiento de 3 millones 769 mil 500 litros de una sustancia con características similares al hidrocarburo, según información oficial contenida en un informe de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

Reportes extraoficiales apuntaron a que el lugar habría operado como una refinería clandestina, dedicada a tratar productos robados de ductos de Pemex. La inferencia se basó en la complejidad de la infraestructura localizada, sin embargo, ninguna autoridad confirmó esa versión de forma oficial.

El predio reunía equipo de almacenamiento, distribución y plantas de energía

Las fuerzas federales aseguraron dentro del inmueble once tanques de almacenamiento móvil, siete tanques verticales de almacenamiento, ocho motobombas, seis tractocamiones, siete pipas, tres generadores de energía eléctrica, un vehículo y un remolque tipo plataforma.

La combinación de ese equipo —motobombas para el trasiego de líquidos, tanques de gran capacidad y generadores propios— fue lo que llevó a medios locales a describir extraoficialmente el lugar como una presunta refinería clandestina.

La Defensa no precisó la ubicación exacta del inmueble dentro del municipio de Reynosa ni informó sobre personas detenidas durante el despliegue del operativo. El comunicado señaló únicamente que la intervención se realizó “con estricto apego al estado de derecho y con pleno respeto a los derechos humanos”.

La FGR resguardó los bienes asegurados

Todo lo decomisado quedó a disposición de la FGR con sede en Reynosa para la realización de acciones periciales. Las investigaciones buscarán determinar el origen de los casi 3.8 millones de litros de sustancia asegurada, el uso que se le daba al equipo encontrado y las responsabilidades legales que se deriven del hallazgo.

En el comunicado, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional reafirmaron lo que describieron como “la indeclinable decisión del Gobierno Federal para inhibir las actividades de la Delincuencia Organizada” en Tamaulipas.

La operación se enmarcó en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Las autoridades no emitieron información adicional sobre el estado de la investigación ni sobre posibles vínculos del inmueble con grupos de la delincuencia organizada activos en la frontera norte del país.

407 personas procesadas por huachicol fiscal desde diciembre de 2025

El operativo en Reynosa se produjo en el marco de una ofensiva federal contra el tráfico ilegal de combustible. La FGR informó que entre el 1 de diciembre de 2025 y el 15 de julio de 2026 llevó a proceso a 407 personas vinculadas a redes de contrabando de hidrocarburos que operaban por vía marítima, ferroviaria y terrestre.

El 16 de julio, la fiscal general Ernestina Godoy Ramos anunció la detención del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, a quien acusó de encabezar la mayor red de huachicol fiscal detectada en el país, con un daño estimado de más de 4 mil millones de pesos a la hacienda pública. La investigación documentó 4 mil 238 operaciones de importación irregular entre enero y julio de 2025.

La red presuntamente operó a través de empresas que declaraban ante aduanas únicamente el 10% de los hidrocarburos que realmente importaban: reportaban alrededor de 10 mil litros por carro tanque de ferrocarril cuando en realidad transportaban hasta 110 mil. Además, informaban a las autoridades mercancías diferentes a las que en realidad contenían los contenedores, evadiendo impuestos.

El combustible provenía de refinerías en Texas y se distribuía principalmente en Coahuila, Durango y Zacatecas, con entrada al país por las aduanas de Nuevo Laredo, Ciudad Camargo, Matamoros y Reynosa.

La fiscalía también identificó movimientos por más de 3 mil 75 millones de pesos a través de cerca de 80 cuentas bancarias nacionales y operaciones cambiarias superiores a mil 386 millones de dólares, en un esquema de triangulación financiera hacia empresas extranjeras.

Ruffo y siete personas más vinculadas a proceso, en el caso del exgobernador panista fue por los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos. Actualmente se encuentra preso en el penal de máxima seguridad de “El Altiplano”, en el Edomex. En el caso están involucrados exfuncionarios de aduanas.

El caso fue turnado al Ministerio Público Federal para dar continuidad al proceso legal y solicitar una orden de cateo en el sitio.

Según información consultada por Infobae México, el terreno consta de 10 metros de ancho por 25 de largo y estaba delimitado por una estructura cubierta con malla sombra en color blanco y negro.

Tras una inspección ocular, en la que no se localizó a ninguna persona, los agentes procedieron a resguardarlo de forma preventiva hasta que la Fiscalía General de la República procediera.

El olor detonó el hallazgo

Según reportes oficiales, los uniformados circulaban sobre una vialidad de terracería situada a corta distancia de la Carretera Transpeninsular cuando el olor característico de la marihuana los alertó. El enervante se filtraba desde el interior del terreno rústico hacia la vía pública, sin que la cubierta de malla lograra contenerlo.

Desde la puerta de acceso, los oficiales de la FESC realizaron una inspección visual sin ingresar al predio. Lo que observaron desde el exterior bastó para determinar el aseguramiento del lugar.

Plántulas de 10 centímetros, plantas en desarrollo y un contenedor de mil litros de agua

Al asomarse por la entrada, los agentes distinguieron a un costado varias bolsas de polietileno para vivero con plántulas de cannabis de aproximadamente 10 centímetros —ejemplares recién germinados, aún sin trasplantar al suelo—. Al fondo del terreno se alcanzaban a ver múltiples plantas con un desarrollo considerablemente mayor.

El predio también contaba con un contenedor con capacidad para mil litros de agua, infraestructura destinada presumiblemente al riego del cultivo. La presencia de plantas en dos etapas distintas de crecimiento apuntó a una presunta producción continua y escalonada.

Junto al área de cultivo, los agentes detectaron un espacio acondicionado para la permanencia de personas. El refugio presuntamente contaba con una mesa, utensilios de cocina, un garrafón con agua, una maleta, un colchón y un sillón para descanso. La habilitación del espacio indicaría que alguien atendía el cultivo de forma regular.

Concluida la inspección, en la que no se encontró a nadie, los agentes de la FESC y la Defensa resguardaron el predio y solicitaron una Orden Técnica de Investigación ante el Ministerio Público Federal para dar continuidad al proceso legal correspondiente.

Hasta el momento no se conoce si estaría relacionado con alguna organización criminal.

En el estado vecino de California, EEUU, el consumo y la venta de marihuana son legales. Pese a ello, en el lado mexicano de la frontera las autoridades continúan enfrentando el cultivo clandestino del enervante. En Baja California, cultivar, transportar y comercializar la planta sin autorización sigue siendo un delito federal, independientemente de lo que ocurra al norte de la línea divisoria.

La Marina destruyó más de 200 mil plantas de marihuana en Tijuana

El aseguramiento en San Quintín no fue el único golpe al cultivo ilícito de marihuana en Baja California este fin de semana. Elementos de la Secretaría de Marina localizaron y destruyeron dos sembradíos en la zona sur de Tijuana que juntos sumaban una superficie de 12 mil 550 metros cuadrados.

Según datos oficiales, en los terrenos se contabilizaron aproximadamente 291 mil plantas de cannabis, con un peso estimado de 44.5 toneladas. Los ejemplares fueron eliminados mediante incineración, bajo los protocolos establecidos para este tipo de operativos.

Antes de la destrucción, se recolectaron muestras representativas que quedaron a disposición de las autoridades ministeriales. El material servirá como evidencia para la integración de la carpeta de investigación, con el objetivo de determinar la propiedad del terreno y establecer posibles responsabilidades penales.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió este 25 de julio un comunicado en el que negó tener atribuciones para autorizar, supervisar, inspeccionar o regular el funcionamiento de academias militarizadas privadas, en medio de la investigación por la muerte de Dafne Zapata Quintos, la adolescente de 13 años que falleció el 16 de julio durante un campamento de verano en la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero, Tamaulipas.

La Defensa respaldó su postura en el Reglamento Interior de la dependencia, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, y precisó que ese ordenamiento derogó cualquier disposición administrativa que pudiera haber dado pie a una interpretación distinta.

Con ello, la dependencia dejó en claro que no existía ni había existido vínculo institucional alguno con el plantel tamaulipeco.

El reglamento del DOF confirma que la educación militar es solo para personal castrense

Una consulta de Infobae México al Reglamento Interior de la Defensa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 2008, confirmó que las atribuciones educativas de la institución están acotadas a su propio personal.

El artículo 69 establece que la Dirección General de Educación Militar planea, organiza y supervisa el sistema educativo militar exclusivamente para los integrantes del Ejército y la Fuerza Aérea.

El artículo 70 detalla las facultades de esa dirección: aplicar la Ley de Educación Militar, gestionar servicios educativos para el personal de la Defensa y supervisar las instituciones educativas militares propias de la institución. En ningún artículo del reglamento se otorga a la Defensa facultad alguna para intervenir en planteles privados civiles que adopten un modelo de disciplina militar.

La SEP también rechazó tener atribuciones sobre planteles militarizados

Por su parte, la Secretaría de Educación Pública (SEP) emitió el 24 de julio un boletín en el que precisó que la educación militar se circunscribe exclusivamente a la formación del personal dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas, impartida por la propia Defensa. Por ello, no existía disposición normativa, criterio institucional ni marco regulatorio que previera, autorizara o regulara la enseñanza militar en instituciones de educación básica.

El secretario Mario Delgado Carrillo fue directo: “Resulta inadmisible que, bajo una supuesta ‘educación militar’, se pretendan justificar, normalizar u ocultar actos de abuso, violencia, maltrato o prácticas que atenten contra la integridad física, psicológica o emocional de las personas menores de edad”. Añadió que ese tipo de conductas constituyen una violación flagrante e inaceptable de los derechos humanos y del principio del interés superior de la niñez.

La SEP también advirtió que la autoridad educativa de Tamaulipas tomaría medidas respecto a la autorización que le otorgó a la Academia Marina Doenitz bajo la denominación “militarizada” en 2005, actualizada en 2013.

Esto es lo que se sabe del caso Dafne Zapata

Dafne Zapata Quintos, de 13 años, ingresó el 13 de julio al campamento de verano de la Academia Militarizada Marina Doenitz, en Ciudad Madero. Días después, el 16 de julio, murió dentro de las instalaciones. El certificado de defunción clasificó su muerte como homicidio por asfixia por sumersión.

El fiscal general de Justicia de Tamaulipas Jesús Eduardo Govea confirmó el pasado 24 de julio que esa conclusión se respaldó en cinco líneas de análisis forense: criminalística de campo, mecánica de hechos, mecánica de lesiones, medicina forense y autopsia. Advirtió que los testimonios de personas vinculadas al plantel no coincidían con lo que establecieron los peritajes.

La única detenida al momento es Danna Yanina “N”, de 18 años, exalumna que fungía como auxiliar en el plantel, imputada por feminicidio y con prisión preventiva. Su audiencia inicial, que ya acumulaba más de 13 horas, se pospuso para el lunes 27 de julio a las 8 de la mañana. La razón sería que hay 30 testigos citados, la mayoría alumnos de la academia, y la autoridad determinó que no podían desahogarse en distintas fechas para evitar contaminación entre ellos. El término constitucional, ampliado a 144 horas, vence ese mismo día.

La madre de Dafne, Alejandra Quintos, sostuvo que la Fiscalía tenía identificados a cinco implicados. Señaló a Estrella Mora, coordinadora del área femenil, y al director Jorge Luis Ponce entre los que permanecían libres.

El secretario de la Defensa Nacional, el general Ricardo Trevilla Trejo, y el secretario de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, se reunieron con el general Gregory M. Guillot, comandante del Comando Norte de Estados Unidos, del 19 al 22 de julio de 2026 en el Puerto de Veracruz.

La reunión tuvo como objetivo refrendar el compromiso de fortalecer el trabajo coordinado frente a amenazas comunes que afectan la seguridad y el bienestar de ambos países y fue dada a conocer un día después de concluir, mediante un comunicado emitido este 23 de julio por la Secretaría de la Defensa Nacional.

El encuentro se realizó dentro de los mecanismos y reuniones de cooperación bilateral militar que México y Estados Unidos mantienen desde 2016 y que operan de forma periódica.

Trevilla Trejo y Morales Ángeles abordaron adiestramiento, drones y seguridad marítima

Según la información revelada hasta el momento, los titulares de Defensa y Marina pusieron sobre la mesa cinco ejes de trabajo:

• Adiestramiento militar
• Intercambio de información
• Operaciones concurrentes
• Sistemas aéreos no tripulados (drones)
• Seguridad marítima

Cada uno de esos temas forma parte de la agenda de coordinación que ambos países han construido en el marco de la cooperación bilateral.

En materia de seguridad marítima, las conversaciones se vincularon con la Iniciativa de Seguridad y Protección Marítima para América del Norte (NAMSI), mecanismo del que México forma parte y que tiene como propósito incrementar la coordinación y protección marítima en la región de América del Norte.

Durante las sesiones, Guillot señaló, según el comunicado, que la seguridad de América del Norte depende en gran medida de la fortaleza de la relación compartida y de la capacidad de operar con un propósito común.

El diálogo se desarrolló bajo cuatro principios que los titulares de ambas dependencias colocaron como marco de la relación bilateral: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de cada país.

Un año antes, los secretarios mexicanos viajaron a Colorado Springs

Del 23 al 25 de junio de 2025, Trevilla Trejo y Morales Ángeles visitaron el Cuartel General del Comando Norte en Colorado Springs, donde también se ubica la sede del NORAD. Fue la primera vez en la administración actual que los secretarios de Defensa y Marina se presentaron en las instalaciones estadounidenses desde que asumieron sus cargos.

La visita se realizó en reciprocidad a la que el general Guillot hizo al Centro Nacional de Adiestramiento de la Secretaría de la Defensa Nacional en Santa Gertrudis, Chihuahua, en mayo de 2025. Durante el encuentro, los líderes militares recorrieron la Estación de la Fuerza Espacial de Cheyenne Mountain y la Academia de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

En ese encuentro se abordaron temas de intercambio de información, adiestramiento y cursos de capacitación, bajo los mismos principios que rigieron la reunión de Veracruz: reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos de ambos países.

Guillot y Morales Ángeles ya habían abordado seguridad marítima en noviembre de 2025

Entre la visita a Colorado Springs y la reunión en Veracruz, los mandos militares sostuvieron un encuentro adicional. El 19 de noviembre de 2025, Morales Ángeles se reunió en la Ciudad de México con el comandante del Comando Norte; a la cita se sumó el embajador estadounidense Ronald Johnson.

El objetivo fue revisar los entrenamientos conjuntos existentes y explorar nuevas formas de colaboración en materia de seguridad marítima. En esa ocasión también se analizaron posibles ajustes a la NAMSI y se abordó la Mesa Redonda de Cooperación Militar Bilateral (BMCR), mecanismo que permite a las fuerzas armadas de ambos países ajustar procedimientos y coordinar estrategias frente a amenazas comunes, entre ellas el tráfico de drogas y embarcaciones vinculadas al crimen organizado.

Qué es el Comando Norte, el organismo con el que México sostiene reuniones periódicas de seguridad

El Comando Norte de Estados Unidos no es una rama del ejército estadounidense, sino uno de los once mandos de combate unificados del Departamento de Defensa. Fue creado el 1 de octubre de 2002 con una misión específica: disuadir, detectar, negar y derrotar amenazas contra Estados Unidos, realizar actividades de cooperación en seguridad con aliados y apoyar a las autoridades civiles.

Su área de responsabilidad abarca el espacio aéreo, terrestre y marítimo del territorio continental de Estados Unidos y Alaska, así como las aguas circundantes hasta aproximadamente 500 millas náuticas, el Golfo de México, el Estrecho de Florida y porciones del Caribe.

El comandante encabeza también el NORAD, mando binacional compartido con Canadá responsable de la vigilancia aeroespacial y las alertas marítimas para América del Norte. Tiene su sede en la Base Peterson de la Fuerza Espacial, en Colorado Springs, Colorado.

El Centro de Entrenamiento Conjunto de Operaciones de Paz de México (CECOPAM) busca consolidarse como uno de los principales referentes internacionales en la preparación de personal para participar en las misiones de paz de las Naciones Unidas (ONU), mediante el fortalecimiento de sus procesos de capacitación, la certificación internacional de sus cursos y una mayor proyección hacia otros países.

Creado como parte del compromiso del Estado mexicano con la ONU, el CECOPAM tiene la misión de preparar a integrantes de las Fuerzas Armadas, corporaciones de seguridad y personal civil que participará en operaciones de paz en distintas regiones del mundo. Actualmente, México mantiene presencia en cuatro misiones internacionales: India y Pakistán, el Sahara Occidental, República Centroafricana y Colombia.

En entrevista con Infobae México, la directora del CECOPAM, la teniente coronel enfermera de Estado Mayor María del Rosario Cardoso Reyes, y el subdirector, el teniente coronel de Infantería Bruno Enrique Ceballos Bernal, explicaron que la visión del centro es trascender el ámbito nacional para posicionarse como un referente en la formación de personal para operaciones de paz.

“Nuestra misión es entrenar a todo el personal bajo los altos estándares que determina la doctrina de Naciones Unidas para que estén aptos y apoyar mejor las operaciones de paz”, señaló Cardoso Reyes.

La capacitación no se limita al Ejército Mexicano. También participan elementos de la Fuerza Aérea, Guardia Nacional, Armada de México, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, civiles nacionales e internacionales e incluso militares de otros países.

De hecho, durante uno de los cursos actuales participan elementos provenientes de Egipto, Bangladesh y Colombia, reflejo de la creciente proyección internacional que ha adquirido el centro mexicano.

Uno de los principales desafíos, coincidieron ambos mandos, continúa siendo el dominio del idioma inglés, requisito indispensable para integrarse al sistema de Naciones Unidas, ya que la mayor parte de las operaciones internacionales se desarrollan en esa lengua.

“Consideraría que nuestra área de oportunidad más grande siempre es el trabajo de preparación en otra lengua”, explicó Ceballos Bernal.

Entrenamiento bajo estándares internacionales

Desde su creación, el CECOPAM ha acompañado el crecimiento de la participación mexicana en operaciones de paz.

Mientras que inicialmente el país colaboraba únicamente en dos misiones internacionales, actualmente mantiene presencia activa en cuatro operaciones, donde personal mexicano se desempeña como observadores militares y oficiales de Estado Mayor.

Los primeros realizan patrullajes, verifican el cumplimiento de acuerdos entre las partes en conflicto y mantienen presencia en el terreno, mientras que los segundos participan en la planeación, coordinación y supervisión de las actividades de las misiones.

Para preparar al personal, el centro cuenta con infraestructura que reproduce escenarios similares a los que enfrentarán durante su despliegue.

Entre ellos destacan una pista especializada para conducción de vehículos tácticos, áreas donde se simulan campamentos de refugiados y bases de operaciones de la ONU, así como espacios destinados a ejercicios de negociación, resolución de conflictos y toma de decisiones bajo condiciones adversas.

La experiencia práctica constituye una de las principales fortalezas del CECOPAM.

A diferencia de otros centros, prácticamente todos sus instructores han participado previamente en misiones internacionales, lo que permite transmitir conocimientos sustentados en experiencias reales.

“Tenemos la capacitación, lo vivimos para poder contarlo y tener más seguridad en los conocimientos que se imparten”, explicó la directora.

Además, el personal continúa capacitándose mediante cursos internacionales e intercambios académicos con centros especializados de países como Francia, China, Colombia y Chile.

La inclusión también forma parte de la estrategia institucional.

Bajo la agenda Mujeres, Paz y Seguridad impulsada por Naciones Unidas, México mantiene una participación femenina acorde con los compromisos internacionales.

Actualmente, de los 19 elementos mexicanos desplegados en operaciones de paz, cinco son mujeres.

Para Cardoso Reyes, la presencia femenina resulta especialmente importante en comunidades vulnerables, donde facilita el contacto con mujeres y niñas para detectar necesidades humanitarias y de protección.

La directora consideró que su nombramiento como primera mujer al frente del CECOPAM representa un reconocimiento al trabajo colectivo de la institución y una muestra del compromiso de las Fuerzas Armadas con la igualdad de oportunidades.

“No es un logro personal; es un reconocimiento al trabajo conjunto y a la formación que he recibido durante toda mi carrera”, afirmó.

Por su parte, Ceballos Bernal sostuvo que la inclusión deja de ser únicamente un compromiso plasmado en documentos cuando se refleja en decisiones institucionales.

“No es en beneficio de las mujeres; es en beneficio de una mejor sociedad, de un mejor país y de unas mejores Fuerzas Armadas”, señaló.

La apuesta por convertir a México en un referente regional

Uno de los principales objetivos del CECOPAM es incrementar el reconocimiento internacional de sus programas académicos.

Actualmente, el centro cuenta con cuatro cursos certificados por el Sistema Integrado de Entrenamiento de Naciones Unidas y espera obtener este año la certificación de un quinto programa.

De concretarse, México igualaría a Brasil como el país latinoamericano con mayor número de cursos certificados por Naciones Unidas, pese a que el centro mexicano tiene apenas ocho años de operación frente a casi dos décadas de funcionamiento de su contraparte brasileña.

Para lograrlo, el CECOPAM trabaja en la actualización permanente de sus programas de estudio, el fortalecimiento del intercambio internacional de instructores y el desarrollo de cursos completamente impartidos en inglés.

La meta también contempla atraer a un mayor número de participantes extranjeros y consolidar la presencia del centro en los principales foros internacionales sobre operaciones de paz.

Los directivos coincidieron en que la contribución más importante de México a la comunidad internacional ha sido la decisión de aportar personal altamente capacitado.

“El mejor aporte que puede haber en el mundo es el personal”, sostuvo Cardoso Reyes, al destacar que detrás de cada despliegue existe un proceso de selección, preparación y profesionalización que busca representar al país con los más altos estándares.

Más allá del entrenamiento militar, ambos mandos insistieron en que la construcción de la paz comienza desde las acciones cotidianas.

“La cultura de la paz debe empezar por nosotros mismos, por nuestras actividades diarias”, expresó la directora.

Mientras México amplía su participación en las operaciones de paz de Naciones Unidas, el CECOPAM busca consolidarse como el principal centro de entrenamiento de América Latina y proyectarse como un referente internacional mediante la certificación de sus cursos, el intercambio de instructores y la preparación de personal bajo los estándares más altos del organismo internacional.

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Aseguran más de 156 toneladas de mercancía ilícita en operativos realizados en el AICM

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Marina (Semar), informó que durante 2025 y 2026 se han asegurado más de 156 toneladas de cigarros ilícitos en operaciones realizadas en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

De acuerdo con las autoridades, los resultados forman parte del fortalecimiento de las estrategias de inteligencia aduanera, gestión de riesgos, revisión documental, inspecciones físicas y uso de tecnología no intrusiva para detectar mercancías ilegales que pretendían ingresar o salir del país.

Además de los cigarros de contrabando, en instalaciones de carga, mensajería y paquetería internacional fueron detectadas más de 200 guías aéreas que transportaban diversas sustancias ilícitas, con un peso acumulado superior a 400 kilogramos.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible mediante perfiles de riesgo y revisiones especializadas a envíos que presentaban inconsistencias en su documentación, descripción comercial o destino declarado.

También aseguran armas, drogas y sustancias peligrosas

Los operativos coordinados entre la ANAM, la SSPC y la Marina también permitieron detectar armas de fuego, cargadores, partes, componentes y accesorios para armamento que pretendían ingresar o salir de México a través de operaciones de mensajería internacional.

Asimismo, durante las inspecciones se realizó el aseguramiento precautorio de aproximadamente 2 mil 300 kilogramos de posible raíz de tepezcohuite, luego de que los procedimientos de revisión documental y física generaran elementos para realizar una inspección especializada.

A estos resultados se sumó el aseguramiento de aproximadamente 600 kilogramos de mercurio líquido, considerado una sustancia altamente tóxica y peligrosa para la salud, que era transportada oculta dentro de maletas.

Los trabajos de vigilancia también se extendieron a las Terminales 1 y 2 del AICM, donde las autoridades detectaron intentos de tráfico de narcóticos y mercancías prohibidas mediante equipaje documentado, equipaje de mano y distintos métodos de ocultamiento.

La ANAM destacó que estos resultados representan un golpe a las organizaciones dedicadas al contrabando, falsificación de mercancías, evasión fiscal y otras actividades relacionadas con la delincuencia organizada transnacional.

Además, las autoridades señalaron que el fortalecimiento de los controles aduaneros contribuye a mejorar la recaudación federal mediante una correcta clasificación y valoración de mercancías, así como a detectar irregularidades en las operaciones de comercio exterior.

Según la información oficial, la coordinación entre las instituciones busca evitar que drogas, armas y otros productos ilícitos ingresen al país o sean utilizados para fortalecer las capacidades operativas de grupos criminales.

Las autoridades federales consideraron que los resultados obtenidos durante 2025 y 2026 consolidan al AICM como uno de los principales puntos de vigilancia y control fronterizo del país, al tiempo que refuerzan las acciones contra el crimen organizado, protegen la salud pública y contribuyen a la seguridad nacional.

Vinculan a proceso a presunto integrante del CJNG tras enfrentamiento en Jalisco

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de Salvador Gómez Manzo, a quien se relaciona presuntamente con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), luego de ser detenido tras un enfrentamiento con elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en Jilotlán de los Dolores, Jalisco.

El Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Jalisco, presentó los datos de prueba que permitieron obtener la vinculación a proceso por su probable responsabilidad en el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Como medida cautelar, el juez determinó prisión preventiva oficiosa para Salvador “N”, quien fue trasladado al Complejo Penitenciario de Puente Grande. Además, se estableció un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

El presunto integrante del CJNG fue detenido en las inmediaciones de la localidad de Rancho Nuevo, en Jilotlán de los Dolores, tras el enfrentamiento con elementos de la Defensa.

En el operativo, las autoridades aseguraron 18 armas largas y una corta, más de 120 cargadores de diversos calibres, más de 4 mil 800 cartuchos, siete vehículos, 12 chalecos, 20 artefactos explosivos, un casco y 19 cintas eslabonadas.

La FGR recordó que Salvador “N” se presume inocente mientras no exista una sentencia condenatoria emitida por la autoridad judicial competente.

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Sigue las noticias de seguridad más destacadas del día en Infobae México.

Un accidente con maquinaria pesada en la base espacial de Vandenberg, en California, provocó la muerte del aviador de primera clase Cedric Eneluna, de 23 años, miembro del 30º Escuadrón de Ingenieros Civiles de la Fuerza Espacial de Estados Unidos.

El hecho ocurrió el jueves y fue confirmado por el área de prensa de la base y reproducido por diversos medios estadounidenses, entre ellos Fox News y New York Post.

La noticia conmocionó a la comunidad militar local y puso en relieve los riesgos inherentes a las tareas de mantenimiento e infraestructura en instalaciones estratégicas para la defensa de Estados Unidos.

Detalles del accidente y la investigación en curso

De acuerdo con la información oficial, Eneluna se encontraba operando un equipo pesado cuando el vehículo perdió estabilidad y cayó por un terraplén dentro de las instalaciones de la base.

El accidente, que no involucró a otros trabajadores ni ocasionó heridos adicionales, activó de inmediato los protocolos de emergencia internos y motivó la apertura de una investigación formal.

El área de prensa de la base espacial, a través de Space Launch Delta 30 Public Affairs, indicó que la causa oficial de la muerte todavía se encuentra bajo análisis por parte de la Oficina del Forense del condado de Santa Bárbara.

Paralelamente, Fox News destaca que una Junta de Investigación de Seguridad de la Fuerza Espacial colabora con las autoridades locales para esclarecer las circunstancias exactas del accidente.

Este tipo de investigaciones suelen ser exhaustivas y pueden demorar varias semanas, dado que se evalúan tanto las condiciones del equipo como los procedimientos de seguridad y la formación de los operarios involucrados.

La base de Vandenberg es una instalación clave para las operaciones de lanzamiento de satélites a órbita polar y pruebas de misiles balísticos intercontinentales, y su actividad requiere la intervención constante de equipos especializados en infraestructura y mantenimiento.

Perfil y trayectoria de Cedric Eneluna

Eneluna era originario de Fayetteville, en Carolina del Norte, aunque también pasó parte de su infancia en Filipinas, tal y como informó la base.

Según Fox News, el joven se alistó en las Fuerzas Armadas el 5 de marzo de 2024 y llegó a Vandenberg en agosto del mismo año, en lo que representaba su primera asignación de servicio activo.

Pronto se incorporó al equipo conocido como “Dirt Boyz”, un grupo especializado en pavimentos y operación de maquinaria pesada, fundamental para el mantenimiento de caminos, pistas y otras infraestructuras críticas dentro del complejo.

El comando de la base destacó que Eneluna se ganó rápidamente la estima de sus compañeros por su actitud positiva, su disposición al trabajo y su capacidad para colaborar en equipo.

El coronel James T. Horne III, comandante de Space Launch Delta 30 y de la base, subrayó en un comunicado que el joven aviador “dejó una impresión duradera en sus compañeros por su carácter, su dedicación y su genuino cuidado por los demás”.

Por su parte, el teniente coronel Seth Poulsen, jefe del 30º Escuadrón de Ingenieros Civiles, afirmó que Eneluna “sacaba lo mejor de todos, siempre estaba listo para trabajar, dispuesto a ayudar y tenía una actitud positiva. Representaba lo que significa ser un aviador”.

Impacto en la comunidad y medidas posteriores

La muerte de Eneluna generó un fuerte impacto en la comunidad militar de Vandenberg, donde se recordó su compromiso y profesionalismo.

Los mensajes oficiales reflejaron el pesar de las autoridades y compañeros, quienes resaltaron el sentido de pertenencia y la vocación de servicio del joven militar.

“Su pérdida se siente en toda nuestra familia de Vandenberg”, remarcó la base en un comunicado difundido tras el accidente.

Mientras continúa la investigación para determinar las causas del accidente, Fox News asegura que las unidades de la base reforzaron la colaboración con los organismos encargados de la seguridad laboral.

Se espera que los resultados de la Junta de Investigación de Seguridad permitan esclarecer si el accidente estuvo vinculado a fallas técnicas, factores humanos o condiciones específicas del entorno de trabajo.

La muerte de Cedric Eneluna vuelve a poner en agenda los desafíos de seguridad en tareas de alta exigencia dentro de las fuerzas armadas estadounidenses, en especial aquellas vinculadas al mantenimiento de bases estratégicas.

El Gabinete de Seguridad afirmó este sábado 18 de julio que no habrá impunidad tras el hallazgo de 10 cuerpos sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Sain Alto, en el estado de Zacatecas, y anunció el refuerzo del operativo en la zona con participación de instituciones de los tres órdenes de gobierno. Hasta momento no se reportan detenidos.

Entre las víctimas fue identificado Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete y fundador de Grupo CAVI, empresa con presencia en los sectores minero y de la construcción. Su cuerpo fue localizado sobre la vía federal 45 Zacatecas-Durango, en el entronque a la comunidad Santa Anita, en Sain Alto, con signos de tortura.

Gabinete de Seguridad señaló que se coordinará con la Fiscalía estatal para esclarecer los crímenes

Antes de que el gobierno federal emitiera su postura, el secretario general de Gobierno del estado, Rodrigo Reyes Mugüerza, confirmó los hallazgos y convocó una sesión extraordinaria del Grupo de Inteligencia Operativa, con la participación del comandante de la Quinta Región Militar y autoridades de los tres órdenes de gobierno. “No permitiremos que hechos como este vulneren la tranquilidad de las y los zacatecanos ni detengan el proceso de pacificación”, sostuvo en sus redes.

Reyes Mugüerza reconoció que, aunque en los últimos años este tipo de hechos se ha reducido como resultado de la coordinación entre instituciones, “un acontecimiento de esta naturaleza exige una respuesta inmediata y contundente del Estado”. Anunció que se fortalecerán las acciones de inteligencia, investigación y coordinación operativa.

Posteriormente, el Gabinete de Seguridad —instancia federal de decisión ejecutiva integrada por la Presidencia de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia, la FGR y el Secretariado Ejecutivo— informó a través de sus canales oficiales que mantiene coordinación con el gobierno de Zacatecas y la Fiscalía General de Justicia del estado para realizar las investigaciones, esclarecer los hechos y detener a los responsables.

El comunicado señaló que se reforzó el despliegue operativo en la zona con instituciones de los tres órdenes de gobierno, que se realizan los trabajos periciales de identificación de las víctimas y las diligencias ministeriales correspondientes. “No habrá impunidad”, sentenciaron.

Agentes de la Guardia Nacional, del Ejército Mexicano y de la Policía Estatal desplegaron operativos en los tres municipios afectados. Las autoridades pidieron a la población facilitar el libre tránsito de las unidades de seguridad y emergencia.

Cinco cuerpos colgados de un puente y mensajes del crimen organizado

Los primeros cuerpos fueron localizados alrededor de las 6:00 horas sobre la carretera federal 54 Zacatecas-Saltillo, a la altura de la comunidad de Pozo de Gamboa, en Pánuco. Cinco hombres aparecieron suspendidos con cuerdas de un costado de un puente vehicular, semidesnudos y con signos de violencia. Los cadáveres tenían una cartulina con mensajes atribuidos a un grupo del crimen organizado.

Cuatro cuerpos más fueron abandonados cerca de la clínica del IMSS-Bienestar en uno de los accesos a la cabecera municipal de Morelos. El décimo cadáver, el de Castrejón Valdez, fue hallado en Sain Alto.

El presidente municipal de Zacatecas, Miguel Varela, pidió una investigación “seria y transparente” y advirtió: “Ojalá las autoridades realmente escuchen, actúen y entiendan la gravedad de lo que está pasando, porque no podemos normalizar este tipo de situaciones”.

Ignacio Castrejón Valdez, expresidente municipal de Sombrerete, fue hallado con signos de tortura en Sain Alto

Arquitecto de profesión, Castrejón Valdez ejerció la presidencia municipal de Sombrerete entre 2016 y 2018 y fundó Grupo CAVI.

Su hermano Natividad Castrejón, secretario de Educación Pública del estado de Hidalgo y mejor conocido como Naty, reveló que hacía apenas unos meses habían celebrado sus 59 años y que, tras haber superado un diagnóstico de cáncer, sus colaboradores le rindieron un homenaje y presentaron un libro sobre su vida.

En un mensaje público, Naty lo despidió: “Hoy mi corazón se llena de nostalgia al despedir a mi querido hermano. Su recuerdo permanecerá siempre en mi vida, en nuestras conversaciones, en las enseñanzas que me dejó y en el cariño que compartimos como familia”.

En un segundo mensaje describió a Ignacio como uno de sus doce hermanos, cuatro años menor que él. “Con los años se convirtió en un hombre bueno, amoroso, trabajador y profundamente comprometido con los suyos. Formó una hermosa familia, hizo grandes amigos y, con esfuerzo y dedicación, construyó una empresa que fue motivo de orgullo para quienes lo acompañaron en ese camino”, escribió.

El secretario también recordó las palabras que pronunció durante el homenaje a su hermano: “No se puede entender la vida de Nacho sin Sombrerete, ni el Sombrerete de hoy sin Nacho”.

A través de un video en sus redes sociales, la mandataria mexicana confirmó que el día de mañana asistirá al evento, tras la invitación de Donald Trump. En primera instancia, el vuelo de Delta número 2973 se habría retrasado y posteriormente, se canceló.

Cabe destacar que, las condiciones climatológicas en la sede de la final de la Copa Mundial de Fútbol sigue siento mala, situación que es originada por los incendios forestales en Canadá y que han afectado a Estados Unidos. Este sería el principal motivo de la cancelación del vuelo comercial, así lo dio a conocer el Gobierno de México.

En un breve comunicado del gobierno mexicano se confirmó que Sheinbaum llegará a Nueva York en un avión de la Secretaría de la Defensa Nacional, el cuál despegará la noche de este sábado. El regreso de la mandataria se tiene previsto para la noche del domingo 19 de julio.

Una decisión diplomática, afirma Sheinbaum

Aún con la demora del vuelo que llevó a la presidenta a reanudar sus actividades en el estado de Quintana Roo, aún se desconoce si la mandataria tomará un vuelo comercial o un avión militar para llegar al evento que se desarrollará el domingo 19 de julio a partir de las 13:00 horas (tiempo del centro de México), en el Estadio Nueva York Nueva Jersey.

El encuentro se da en medio de tensiones en materia comercial y de seguridad, por lo que en el mensaje de este sábado, la presidenta resaltó la importancia del encuentro donde también asistirá el primer ministro Mark Carney, una decisión “diplomática”, que refleja la “buena coordinación y colaboración” con Estados Unidos.

“Les informo que el día de mañana voy a estar en la final de la Copa Mundial de FIFA. El día de ayer recibí una invitación por parte del presidente Trump para asistir. Va a estar también el primer ministro Carney. Consideré que es importante, en términos diplomáticos, que estemos los tres países que fuimos sedes de esta Copa del Mundo y además es una muestra de que hay buena coordinación, buena colaboración con el gobierno de los Estados Unidos. Así que vamos a representar a México el día de mañana y estaremos el lunes temprano en la Ciudad de México”, dijo la mandataria en la grabación de casi cuarenta segundos.

Luego de que la presidenta de México reafirmará la decisión de asistir al último partido de la justa mundialista, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, compartió en su cuenta de X (antes Twitter) un breve mensaje de bienvenida dirigido a la mandataria mexicana:

“Siempre es un placer darte la bienvenida, presidenta Claudia Sheinbaum, a los Estados Unidos. La Copa Mundial de la FIFA 2026 mostró la coordinación y cooperación que Donald Trump y usted continúan impulsando entre nuestros países. Juntos, Estados Unidos, México y Canadá, entregamos el evento deportivo más grande y memorable de la historia“.

Encuentro en medio de tensiones por T-MEC

En las últimas semanas, la relación trilateral se ha tensado debido a que la administración de Donald Trump decidió no firmar la renovación del T-MEC hasta 2042, lo que conllevará a revisiones anuales por diez años, aunque lo anterior no se traduce en una cancelación automática, sí ha generado incertidumbre en diferentes sectores del país, mismos que han instado a reanudar las negociaciones para cerrar el acuerdo como estaba contemplado.

La semana del 20 de julio, tanto Marcelo Ebrard, secretario de Economía, así como Jamieson Greer, el Representante de Comercio de Estados Unidos, encabezarán la tercera ronda de conversaciones en torno al acuerdo comercial, donde abordarán temas en materia de acero, aluminio y sus derivados, industria automotriz, seguridad económica, trabajo, agricultura y servicios de pago electrónico.

La tarde del 17 de julio se reportó la detención de Jesús Plácido Galindo, coordinador regional del Consejo Indígena y Popular de Guerrero - Emiliano Zapata (CIPOG-EZ), lo que movilizó a organizaciones civiles y comunidades indígenas en la entidad y en el resto del país.

La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes” y diversas comunidades del CIPOG-EZ convocaron a la sociedad en general a firmar una petición para exigir la liberación inmediata del líder indígena, quien tiene un historial de criminalización por parte de las autoridades.

A través de un comunicado, la organización publicó el enlace en el que puede firmarse y sumarse a la exigencia por la defensa de Jesús Placido. La iniciativa busca sumar respaldos de organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos que demandan a las autoridades federales y estatales una respuesta clara sobre la situación legal del defensor y el respeto a sus derechos fundamentales.

La recolección de firmas se realiza a través de una plataforma digital (https://redtdt.org.mx/archivos/23923), donde se invita a personas y agrupaciones a adherirse a la exigencia. El objetivo principal de la campaña consiste en fortalecer la presión social y política para que se garantice la integridad de Plácido Galindo y se respete el debido proceso legal. Sumarse podría ser fundamental para visibilizar el caso y exigir a las autoridades la pronta liberación del coordinador regional del CIPOG-EZ.

Denuncian detención irregular de Jesús Plácido

La detención del defensor ocurrió el 17 de julio en un operativo dirigido por personal militar, ministerial y estatal, cuando se dirigía a una reunión con autoridades estatales para tratar asuntos de infraestructura y demandas comunitarias. La falta de información sobre su paradero y la ausencia de detalles oficiales sobre la autoridad responsable de su custodia agudizan la preocupación por su integridad física y jurídica.

Un contingente de aproximadamente cuarenta elementos militares participó en el arresto de Plácido Galindo en el municipio de San Marcos, región Costa Chica. El operativo incluyó el registro del vehículo en el que viajaba el líder indígena, quien fue trasladado sin notificación inmediata a sus familiares ni a su equipo de defensa. Las organizaciones civiles y comunitarias denuncian que el arresto se realizó sin la presentación de cargos oficiales durante las primeras horas posteriores a su detención, lo que incrementó la incertidumbre sobre su situación legal.

Contexto de violencia y criminalización

El arresto de Plácido Galindo ocurre pocos meses después de una serie de ataques en la Montaña Baja de Guerrero, atribuidos al grupo criminal “Los Ardillos”, que provocaron el desplazamiento de más de 2 mil personas y la muerte de ocho integrantes del CIPOG-EZ. Durante ese periodo, el propio Galindo denunció públicamente la presunta complicidad de autoridades en los hechos violentos, lo que fue señalado por las comunidades como un factor de riesgo para su seguridad y la de otros defensores.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Defensa, publicado horas después de ocurridos los hechos, la detención se relaciona con la investigación de un homicidio ocurrido en 2021, además de presuntos vínculos de Galindo con los grupos delictivos “Los Rojos” y “Los Tlacos”. Las organizaciones que acompañan la exigencia de su libertad consideran que estas acusaciones forman parte de un patrón de criminalización dirigido contra personas defensoras de derechos humanos y líderes comunitarios en la región.

Solicitaron a las autoridades federales y estatales que se garantice la integridad física y psicológica de Jesús Plácido, así como el respeto a sus derechos humanos, el acceso a su defensa jurídica y la posibilidad de comunicación con sus familiares.

En la lista de instancias a las que la organización RED TDT turnó la exigencia figuran la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la Subsecretaría de Derechos Humanos y Migración, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Fiscalía General de la República, la gobernadora de Guerrero, la Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Fiscalía General del Estado y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, así como la Relatora Especial de la ONU.

En el marco de la 11.ª Conferencia de Seguridad Hemisférica (HSC 2026), realizada en Miami y organizada por la Fundación TAEDA junto al Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon de la Universidad Internacional de Florida (FIU), Presti dialogó sobre el regreso de la Argentina a los principales foros internacionales de defensa, la modernización de las Fuerzas Armadas, la incorporación de material estadounidense, las misiones de paz, el rol del país frente al crimen organizado transnacional y los nuevos desafíos en ciberdefensa.

Las Fuerzas Armadas en Argentina

-¿Cuál es el objetivo de su participación en una conferencia como la HSC?

-Uno de los objetivos más importantes es volver al concierto de las naciones. Durante mucho tiempo, la Argentina y su sistema de defensa estuvieron ajenos a los principales foros internacionales de seguridad y defensa. Una de las metas es volver a estar presentes y ser parte de estos foros de discusión, que la Argentina esté otra vez presente: contando nuestra experiencia y escuchando otras experiencias. Que las autoridades del Ministerio de Defensa participen en estas conferencias internacionales nos hace visibles, nos permite interlocutar y ver las principales exposiciones de los protagonistas políticos. Es fundamental para tomar decisiones adecuadas y para insertarnos en el concierto de las naciones.

-¿Qué le suelen preguntar sus interlocutores sobre la Argentina?

-En el ámbito de Defensa, pero también en el político, siempre preguntan por qué la Argentina estuvo tantos años ausente de estas reuniones internacionales. Y cómo cambió en estos dos años la presencia de los ministros, especialmente del Ministerio de Defensa. Hoy somos protagonistas de las principales reuniones de defensa y seguridad de la región.

-Vivimos un momento en que los países parecen replegarse y cerrar fronteras. ¿Hay lugar para la cooperación en defensa en este contexto?

-La Argentina está buscando posicionarse como socio estratégico de Estados Unidos dentro del escudo que conforman acá en el hemisferio. El equipamiento que estamos incorporando a la Fuerza Aérea, al Ejército y a la Armada es, en gran parte, material estadounidense: F-16, vehículos Stryker, aviones P-3 Orion. Y no es solamente material: es vinculación, es capacitación, es adiestramiento, es crear confianza, es poder llegar a estar en condiciones de interoperar con fuerzas armadas de primer orden, como las de Estados Unidos. La compra de material no queda solo en el fierro; apostamos a una vinculación estratégica, política, comercial y económica que nos lleva a capacitarnos y después a colaborar con la nación a la que le adquirimos el armamento. Ese vínculo también nos posiciona mejor dentro del esquema de seguridad hemisférica que Estados Unidos viene construyendo con sus socios de la región.

Los objetivos de la defensa en Argentina

-¿Tuvo oportunidad de operar con otros ejércitos a lo largo de su carrera militar? ¿Qué se llevó de esas experiencias?

-Sí. Después de 40 años de carrera, tuve la oportunidad de realizar ejercicios y adiestramiento con distintos ejércitos, tanto en la región como fuera de ella. También participé en misiones de paz, con un rol de jefe de batallón. Es fundamental la experiencia que uno adquiere creando esos vínculos de confianza y de trabajo con Fuerzas Armadas vecinas o con aquellas con las que uno busca integrarse. Esa relación de confianza es lo que permite el trabajo conjunto.

-Más allá del impacto humanitario, ¿qué les deja a las Fuerzas Armadas participar en misiones de paz?

-Fundamentalmente, la experiencia. La Argentina participa desde hace más de 70 años en el concierto de las Naciones Unidas con sus cascos azules, en despliegues individuales y de contingentes, y continúa haciéndolo liderando, por ejemplo, el envío de tropas a Chipre con una fuerza de tarea. A esa fuerza se invita a países amigos sudamericanos, que participan enviando personal propio: Paraguay, Chile, Brasil y Ecuador envían efectivos dentro de la organización argentina. Eso sirve para estrechar lazos de confianza, de conocimiento y de trabajo conjunto.

-¿Cuáles son hoy los desafíos primordiales de la cartera de Defensa?

-Estamos trabajando para preparar fuerzas armadas más modernas y más fuertes, en condiciones de acompañar el crecimiento del país. Si buscamos tener normalidad política y una economía fuerte y estable, necesitamos fuerzas armadas robustas, capaces de proteger sus intereses. Necesitamos fuerzas armadas tecnológicamente de avanzada. La Argentina es un país extenso y nuestras Fuerzas Armadas no van a crecer mucho en número, por eso, necesitamos una gran capacidad de despliegue, mucha tecnología y apostar al capital humano que caracteriza al soldado argentino para controlar el espacio terrestre, el espacio aéreo y el espacio marítimo. Las capacidades no se construyen de un día para el otro: se necesita capital humano, material y recursos disponibles, y eso lleva tiempo.

La cooperación internacional con Estados Unidos

-¿Hay alguna transferencia de equipos en conjunto con Estados Unidos, más allá de los Stryker?

-Estamos trabajando de manera consensuada y avanzando hacia buenas soluciones para la Argentina. En la Fuerza Aérea, progresamos bien con el sistema F-16, para dotarlo de una capacidad de interceptación que habíamos perdido hace muchos años. El Ejército avanza con vehículos de movilidad táctica y estratégica, como los Stryker, y se siguen analizando algunos lotes disponibles del Ejército de Estados Unidos. La Armada tiene el desafío de construir capacidades en sus cuatro componentes: el componente naval, la infantería de marina, la aviación naval y los submarinos. Son capacidades que tenemos que ir construyendo.

-En la conferencia, se habló del empleo de militares contra el narcotráfico y del crimen organizado en otros países. ¿Qué rol pueden desempeñar las Fuerzas Armadas argentinas frente a estas amenazas transnacionales?

-Tenemos las leyes que rigen nuestro país: la Ley de Defensa, la de Seguridad Interior y la de Inteligencia, que marcan una dicotomía entre defensa y seguridad. En muchos países, y sobre todo ya en esta época de 2026, defensa y seguridad están muy mixturadas. Hoy nuestra ley nos da cierta flexibilidad, pero determina el marco legal de las Fuerzas Armadas frente al narcotráfico. En 2024, salió un DNU que hace una lectura más actualizada: antes, las Fuerzas Armadas se preparaban solo para amenazas estatales y militares externas; ese decreto incorpora también amenazas y agresiones de organizaciones transnacionales, terroristas o paraestatales, y amplía los dominios al ciberespacio, al espectro electromagnético y al espacio, sumados a los tres clásicos de tierra, mar y aire. Hoy, sin transgredir la ley, las Fuerzas Armadas realizan actividades de apoyo a las Fuerzas de Seguridad y a actividades logísticas, mientras se actualizan también las leyes de inteligencia y se le da un nuevo ordenamiento al sistema de inteligencia. Son desafíos que tienen que ver con cuestiones legislativas y con el estudio de estas nuevas normativas en el Congreso.

-Sobre estos nuevos dominios, ¿hay suficiente capital humano capacitado en ciberdefensa?

-Las Fuerzas Armadas argentinas tomaron con seriedad la creación de comandos conjuntos de ciberdefensa; hace más de diez años que se viene trabajando en ciberdefensa y ciberseguridad en el ámbito de las Fuerzas. Estamos apostando al capital humano con capacitaciones, tanto en el país como en el exterior, para formar a los operadores y también a los diseñadores de estos sistemas, con el objetivo de proteger el Ministerio, las Fuerzas y nuestras organizaciones. Es una prioridad.

La detención de Jesús Plácido Galindo, promotor del Consejo Indígena y Popular de Guerrero “Emiliano Zapata” (CIPOG-EZ), circuló sin cargos oficiales confirmados durante horas, lo que provocó la denuncia de diversas asociaciones civiles para esclarecer su paradero y situación legal.

Fue hasta la noche de este 17 de julio cuando un comunicado conjunto de la Fiscalía General del Estado de Guerrero y la Secretaría de la Defensa Nacional reveló que se le imputa el delito de homicidio calificado en agravio de José Pablo Xanteco Bartolo, miembro de una comunidad indígena nahua asesinado el 30 de octubre de 2021.

El documento difundido también vinculó a Galindo con el grupo delictivo “Los Rojos” y con el “Cártel de la Sierra”, mejor conocidos como “Los Tlacos”. Asimismo se le relaciona con hechos de violencia en el corredor Chilapa–José Joaquín de Herrera.

Horas antes, el Registro Nacional de Detenciones (RND) había detallado la aprehensión con estatus de traslado, sin especificar autoridad responsable ni lugar de destino. Imágenes oficiales obtenidas por Infobae México mostraron a Galindo abordando un helicóptero de la Fuerza Aérea Mexicana.

El comunicado oficial identificó a Galindo como dirigente del CIPOG-EZ y consejero de la CRAC-PC-PF

Según los datos oficiales, el operativo para detener a Jesús Plácido Galindo fue encabezado por la Fiscalía estatal en coordinación con personal del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Policía Estatal. El CIPOG-EZ reportó previamente que el arresto ocurrió a las 14:30 horas en el crucero de Monte Alto, municipio de San Marcos, Guerrero; el Registro Nacional de Detenciones lo registró a las 14:45, con una diferencia de 15 minutos.

Asimismo, el comunicado oficial confirmó que la detención se realizó en el tramo carretero San Marcos–Acapulco, dato que coincidió geográficamente con lo que señaló la organización a la que pertenece Galindo.

El CIPOG-EZ y el Congreso Nacional Indígena (CNI), entre otras asociaciones, señalaron que se trató de una detención arbitraria derivada de las denuncias de Galindo que vinculaban a figuras del gobierno con “Los Ardillos”.

El documento describió además a Galindo como dirigente del CIPOG-EZ y consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias - Policía Comunitaria - Pueblos Fundadores (CRAC-PC-PF).

La ficha del RND describió al detenido como una persona de piel morena, complexión media, pelo corto con entradas pronunciadas, frente amplia, barba y bigote. Vestía camisa manga corta con diseño de cuadros en azul marino, azul claro y blanco, pantalón de vestir negro y zapatos de piel color café, lo que coincide con las imágenes reveladas tras el arresto.

Las comunidades del CIPOG-EZ denunciaron complicidad oficial con “Los Ardillos” tras los ataques de mayo

En mayo de 2026, comunidades de la Montaña Baja de Guerrero sufrieron ataques atribuidos al grupo criminal "Los Ardillos" que dejaron ocho integrantes del CIPOG-EZ muertos y cerca de 2 mil 200 personas desplazadas. Galindo fue uno de los principales voceros que señaló públicamente la presunta complicidad de los tres niveles de gobierno con ese grupo durante y después de los ataques.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfuch atribuyó en mayo la violencia en la región a una disputa territorial entre “Los Ardillos” y “Los Tlacos”.

“La violencia y el asedio se deriva de grupos criminales que son Los Ardillos y Los Tlacos. Se reforzó la seguridad de manera inmediata”, afirmó durante La Mañanera. La versión oficial descartó la complicidad gubernamental que denunciaban las comunidades.

La vinculación que el comunicado conjunto de este 17 de julio hizo sobre Galindo con “Los Tlacos” —el mismo grupo que Harfuch señaló como rival de “Los Ardillos” en esa disputa— abre una lectura distinta sobre la presencia del crimen organizado en la región.

Si las autoridades ubican al promotor indígena dentro de esa estructura criminal, la confrontación en la Montaña Baja habría tenido una dimensión que el gobierno no había reconocido públicamente al momento de los hechos.

Cabe señalar que tras las declaraciones de Harfuch, el CIPOG-EZ apuntó a una criminalización por parte del gobierno contra ellos.

Acusaron que la cita con un funcionario fue una trampa para detenerlo

El CIPOG-EZ, CNI y la Misión Civil de Observación Sexta calificaron el arresto como arbitrario. Señalaron que Galindo se dirigía a una reunión con Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, quien lo convocó vía mensajes de texto para gestionar recursos para el reencarpetamiento de una carretera en Buenavista, municipio de San Luis Acatlán.

Las organizaciones responsabilizaron directamente a Rodríguez Cisneros por la detención y lo acusaron de tener vínculos con el grupo criminal "Los Ardillos“. Vincularon el arresto con las denuncias que Galindo realizó en medios nacionales e internacionales sobre la presunta complicidad de los tres niveles de gobierno con ese grupo durante los ataques de mayo de 2026.

El 26 de junio de 2026, la UIF bloqueó las cuentas bancarias de Galindo y lo ingresó en la lista de personas sancionadas. Al momento de las acciones, una de sus cuentas registraba un saldo de 280 pesos, según datos compartidos por el CIPOG-EZ en sus canales oficiales.

Las autoridades comunitarias del Ejido de Buenavista describieron esa acción como: “Una estrategia del gobierno para desacreditar al compañero con el fin de justificar su criminalización e incluso posibles agresiones o atentados en su contra”.

El comunicado conjunto publicado este 17 de julio señaló que Galindo fue puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo requiere en el estado de Guerrero para continuar con las investigaciones, las acciones periciales pertinentes y determinar su situación jurídica.

Wadith Manzur y Karen Manrique, congresistas electos, no podrán posesionarse el 20 de julio de 2026 debido a su implicación en el escándalo de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) durante el Gobierno Petro.

En el proceso, la Corte Suprema de Justicia ordenó la captura de Manzur y Manrique tras encontrar indicios de su participación en delitos de cohecho impropio e interés indebido en la celebración de contratos. Según las investigaciones, habrían recibido beneficios a cambio de ejercer funciones legislativas y manipular la asignación de recursos y proyectos de la Ungrd en distintas regiones.

A raíz de estos hechos, la legislación electoral colombiana establece la figura de la “silla vacía”, que impide reemplazar a los congresistas investigados o condenados por delitos relacionados con recursos públicos. Esto significa que ni el siguiente candidato de la lista ni un suplente podrán ocupar sus escaños, por lo que el Partido Conservador y la circunscripción de paz por Arauca perderán temporalmente la representación en el Congreso.

Cabe recordar que, mientras avanza el proceso judicial, Manzur y Manrique mantienen la presunción de inocencia; sin embargo, la medida de aseguramiento y los cargos imputados activan la suspensión de sus derechos políticos y la imposibilidad de ejercer sus funciones como legisladores, dejando sus curules vacantes para el periodo legislativo 2026-2030.

Manzur buscará posesionarse el 20 de julio con la ayuda de organismos internacionales

El 17 de julio, a través de la firma Víctor Mosquera Marín Abogados, que representa a Wadith Manzur, se confirmó que el senador electo solicitó a la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia autorización para asistir al acto de posesión del Congreso el 20 de julio de 2026, fecha de inicio del periodo legislativo 2026-2030.

A pesar de que Manzur se encuentra privado de la libertad tras haber sido procesado y enviado a un centro carcelario, dentro de la investigación por su presunta participación en el desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), su defensa presentó la solicitud con el propósito de garantizar el ejercicio de los derechos políticos derivados de su elección, respaldada por más de 134.000 votos, apelando a que la medida de aseguramiento interrumpa esta facultad.

El equipo legal anunció que emprenderá acciones ante organismos internacionales de derechos humanos y la Unión Interparlamentaria. El objetivo de estas gestiones es que se evalúe la compatibilidad de las decisiones judiciales adoptadas en Colombia con los estándares internacionales de independencia, imparcialidad y debido proceso.

Según la defensa del congresista electo, la privación de la libertad fue decretada en el contexto de una coyuntura electoral y solo se aplicó a dos de los seis investigados en el mismo proceso. Esta situación, de acuerdo con la comunicación oficial, requiere un análisis bajo los principios de igualdad y proporcionalidad en la aplicación de medidas cautelares. Los abogados manifestaron su expectativa de que, en la etapa de juzgamiento, la Corte Suprema de Justicia garantice la protección de los derechos fundamentales y el respeto a la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

El rol de los congresistas electos en el escándalo de corrupción

En el caso de Wadith Manzur, congresista del Partido Conservador, figura como uno de los principales señalados en el escándalo de corrupción en la Ungrd. Según la investigación de la Corte Suprema, Manzur actuó como vocero de un grupo de congresistas que condicionaron su apoyo a proyectos legislativos a la asignación de millonarios contratos y obras financiadas por la entidad en sus regiones.

Por su parte, Karen Manrique, representante a la Cámara por Arauca, aparece involucrada en el escándalo de la Ungrd tras haber sido parte de varias reuniones con el exdirector Olmedo López y otros funcionarios. La representante habría gestionado contratos por más de 90.000 millones de pesos para obras en Arauca, Córdoba y Bolívar, a cambio de respaldar proyectos del Gobierno en la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público.

Durante más de un siglo, una monumental imagen de Jesucristo crucificado, tallada en cedro rojo, ha sido considerada un símbolo de fe, esperanza y consuelo para miles de integrantes del Ejército Mexicano. Se trata del Cristo de la Paz, una escultura que ocupa el altar principal de la Capellanía Militar de la Ciudad de México y que recientemente volvió a llamar la atención luego de que la Arquidiócesis Primada de México compartiera parte de su historia en redes sociales.

La publicación destacó que esta imagen ha acompañado espiritualmente a generaciones de militares y recordó que se trata de una de las esculturas religiosas más imponentes que existen dentro de un recinto castrense en el país.

Además de su valor artístico, el Cristo de la Paz forma parte de la historia de la relación entre la Iglesia católica y las Fuerzas Armadas mexicanas, instituciones que durante décadas han mantenido un vínculo a través de la Pastoral Castrense.

Una escultura monumental elaborada por artesanos poblanos

El Cristo de la Paz fue elaborado por artesanos del estado de Puebla, quienes tallaron la imagen en una sola pieza de cedro rojo, una madera reconocida por su resistencia y durabilidad.

La escultura mide 4.32 metros de altura y 3.25 metros de ancho, mientras que la cruz alcanza aproximadamente 7 metros de alto, dimensiones que la convierten en uno de los crucifijos de mayor tamaño que alberga un templo en México.

Según la Arquidiócesis, la imagen fue trasladada cuidadosamente desde Puebla hasta la Ciudad de México y actualmente domina el interior del templo, de manera que puede apreciarse prácticamente desde cualquier punto del recinto religioso.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) donó la imagen a la iglesia, donde con el paso de los años se convirtió en el principal referente espiritual para los miembros del Ejército Nacional.

El origen del templo y su vínculo con el Ejército

La historia del Cristo de la Paz está estrechamente ligada a la Capellanía Militar, cuya misión es brindar atención espiritual a militares en activo, retirados y a sus familias.

Los antecedentes de este recinto se remontan a 1936, cuando comenzaron los esfuerzos para crear un espacio religioso dedicado al personal de las Fuerzas Armadas. Décadas después se construyó el actual templo, diseñado por el reconocido arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, autor de obras emblemáticas como el Museo Nacional de Antropología, la Basílica de Guadalupe y el Estadio Azteca. La primera piedra del templo fue colocada en 1949 y la iglesia actual tomó forma a inicios de la década de 1980.

El nombre “Cristo de la Paz” no fue elegido al azar. De acuerdo con la Arquidiócesis, surgió como un símbolo de reconciliación después de la Guerra Cristera, con el propósito de fortalecer los lazos entre la Iglesia católica y el Ejército Mexicano, instituciones que habían quedado distanciadas tras ese conflicto histórico.

Un lugar de oración para generaciones de militares

Para los integrantes del Ejército Mexicano, la imagen representa mucho más que una obra artística.

La Arquidiócesis explica que el Cristo de la Paz ha sido durante décadas un lugar de refugio, oración y consuelo, al que acuden militares antes de partir a una misión, al regresar de operaciones o para agradecer ascensos y momentos importantes de su carrera.

El templo también cuenta con vitrales que representan las distintas armas y servicios del Ejército, como la Fuerza Aérea, Infantería, Caballería, Ingenieros, Sanidad Militar y Fuerzas Especiales, reforzando su identidad como el principal recinto religioso de la comunidad castrense en la capital del país. En el exterior destaca además la escultura “Consuelo y Gloria”, conocida entre los militares como el “Soldado Caído”, un monumento de siete toneladas elaborado en talleres militares para rendir homenaje a quienes han servido a México.

Restauración para preservar una imagen centenaria

En 2023, especialistas realizaron una restauración integral del Cristo de la Paz debido a las grietas y al desgaste acumulado por el paso del tiempo.

Los trabajos incluyeron la limpieza de la madera, la consolidación de fisuras y la aplicación de resinas especiales para fortalecer distintas partes de la escultura. Tras concluir el proceso, la imagen fue bendecida nuevamente durante una ceremonia religiosa organizada en el marco de la consagración del Ejército Mexicano a la Virgen María.

Actualmente, el Cristo de la Paz permanece en la Capellanía Militar, ubicada en Calzada Legaria 861, colonia Irrigación, alcaldía Miguel Hidalgo, donde continúa siendo uno de los símbolos religiosos más representativos para las Fuerzas Armadas mexicanas y un testimonio de más de cien años de historia, fe y tradición.

Una pareja fue detenida en Ciudad Juárez, Chihuahua, tras ser encontrada en posesión de un lanzacohetes antitanque, un arsenal y aproximadamente mil pastillas de fentanilo, informó la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE). La captura se realizó durante un operativo derivado de una investigación por homicidio.

De acuerdo con la dependencia, la intervención ocurrió la tarde del 12 de julio en la colonia Parajes del Sol, luego de que las autoridades identificaran un Toyota Corolla presuntamente relacionado con un homicidio doloso.

Con apoyo de drones y del sistema de videovigilancia de la Plataforma Centinela, agentes estatales dieron seguimiento al automóvil hasta que se detuvo junto a una camioneta Ford Escape, donde se llevó a cabo la inspección.

Durante la revisión de ambos vehículos, policías localizaron a simple vista el armamento, por lo que detuvieron a Jonathan G. R. y Maritza P. G.

Entre lo asegurado se encuentran cuatro armas largas, una pistola, un lanzacohetes antitanque, cargadores y 580 cartuchos útiles.

Además, los agentes decomisaron alrededor de mil pastillas de fentanilo, con un peso aproximado de 100 gramos, según el reporte oficial.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal junto con las armas, la droga y los vehículos asegurados, mientras continúan las investigaciones para determinar su posible participación en el homicidio que originó el operativo y establecer si mantienen vínculos con algún grupo delictivo.

La detención fue realizada por elementos de la SSPE con apoyo de la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional como parte de un operativo conjunto en Ciudad Juárez.

El aseguramiento ocurre tras una serie de cateos y decomisos de alto impacto en Ciudad Juárez

El aseguramiento del lanzacohetes antitanque se produce en medio de una serie de operativos contra grupos delictivos en Ciudad Juárez, donde durante las últimas semanas las autoridades han intensificado las investigaciones por homicidios y otros delitos de alto impacto.

El caso más relevante ocurrió el pasado 10 de junio, cuando más de 600 elementos de corporaciones estatales y federales ejecutaron 21 cateos simultáneos en distintos sectores de la ciudad. El despliegue dejó 15 personas detenidas y el aseguramiento de armas de fuego, droga, dinero en efectivo, vehículos, equipos de comunicación y un dron, como parte de una investigación relacionada con homicidios y privaciones de la libertad.

En ese contexto, el decomiso de un lanzacohetes antitanque representa uno de los hallazgos más inusuales registrados recientemente en la frontera norte. Este tipo de armamento está diseñado para destruir vehículos blindados, fortificaciones o posiciones protegidas y es considerado de uso militar. Su presencia en manos de presuntos integrantes del crimen organizado es poco frecuente y suele asociarse con organizaciones que buscan incrementar su capacidad de fuego frente a corporaciones de seguridad o grupos rivales.

Aunque en Chihuahua son relativamente comunes los aseguramientos de fusiles de asalto, cartuchos y equipo táctico, los lanzacohetes antitanque figuran entre las armas de mayor poder que han sido decomisadas en operativos contra células criminales.

Autoridades federales, estatales y municipales realizarán este lunes 13 de julio un simulacro de seguridad en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) que incluirá un ejercicio de bloqueo de vías terrestres en distintos accesos carreteros, como parte de las acciones para fortalecer la coordinación institucional ante escenarios de emergencia.

De acuerdo con la Fiscalía del Estado de Jalisco, el ejercicio comenzará a las 13:00 horas y será organizado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), con la participación de dependencias de los tres órdenes de gobierno.

Durante el simulacro se desplegarán unidades policiales, cuerpos de emergencia y personal operativo en diversos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), por lo que las autoridades advirtieron que la presencia de estos elementos será mayor a la habitual.

La Fiscalía estatal subrayó que se trata de un ejercicio preventivo y que no representa ningún riesgo para la población, por lo que pidió a los habitantes mantener la calma y seguir la información emitida únicamente por canales oficiales.

En el mismo sentido, la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco exhortó a la ciudadanía a no alarmarse ni compartir información falsa durante el desarrollo del operativo, al señalar que el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta y la coordinación entre las instituciones encargadas de atender situaciones de emergencia.

Estas serán las carreteras afectadas

La Policía de Guadalajara informó que el ejercicio se desarrollará de manera simultánea en siete accesos carreteros que conectan con la Zona Metropolitana de Guadalajara:

• Carretera a Zacatecas.
• Carretera a Saltillo.
• Carretera a Lagos de Moreno.
• Carretera a La Barca.
• Carretera a Chapala.
• Carretera a Colima.
• Carretera a Puerto Vallarta.

Las autoridades precisaron que estos puntos fueron seleccionados para poner a prueba los protocolos de actuación y la coordinación operativa ante un escenario hipotético de bloqueos en vías de comunicación.

Piden evitar rumores durante el ejercicio

Ante el despliegue previsto, las autoridades hicieron un llamado a la población para no generar ni difundir información sin verificar, ya que la movilización de vehículos oficiales y personal de seguridad forma parte exclusivamente del simulacro.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentran mantener la calma, consultar únicamente la información difundida por dependencias oficiales y evitar compartir publicaciones que puedan generar confusión o alarma entre la población.

El Gobierno de Jalisco reiteró que este tipo de ejercicios busca evaluar la capacidad de respuesta de las corporaciones participantes y reforzar los mecanismos de coordinación para atender de manera más eficiente posibles contingencias relacionadas con bloqueos carreteros o situaciones de alto impacto.

Narcobloqueos, una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado en Jalisco

El simulacro coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional se realizará en un estado donde los bloqueos carreteros se han convertido en una de las principales tácticas de reacción del crimen organizado frente a operativos de las fuerzas federales.

El caso más reciente ocurrió en febrero de 2026, cuando un operativo militar contra la cúpula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desencadenó una jornada de violencia con decenas de bloqueos mediante vehículos incendiados en carreteras y vialidades del Área Metropolitana de Guadalajara, además de ataques contra gasolineras, sucursales bancarias y otros establecimientos. La magnitud de los hechos obligó a las autoridades a desplegar un amplio operativo para restablecer la circulación y reforzar la seguridad en distintos puntos del estado.

Ese episodio evidenció la capacidad de los grupos criminales para afectar las principales vías de comunicación en Jalisco y es uno de los antecedentes que explican la realización de ejercicios como el anunciado para este lunes.

El Ejército del Perú formalizó en diciembre de 2025 la adquisición de 54 tanques K2 Black Panther y 141 vehículos blindados 8×8 K808 White Tiger a la empresa surcoreana Hyundai Rotem, en un acuerdo valorado en más de USD 1.400 millones que prevé una planta de ensamblaje en Lima y transferencia tecnológica por 15 años.

La operación supone el reemplazo progresivo de los tanques soviéticos T-55 y los carros ligeros AMX-13 franceses, con más de medio siglo en servicio. El valor global del proyecto, que incluye formación técnica, infraestructura industrial y alianzas estratégicas, bordea los USD 1.800 millones, con un calendario de amortización hasta 2031.

La decisión se anunció en una ceremonia presidida por el entonces presidente José Jerí, en coincidencia con el 201.° aniversario de la Batalla de Ayacucho. El acuerdo marco entre FAME S.A.C., la fábrica estatal de armas y municiones del Ejército, y Hyundai Rotem se suscribió el 16 de noviembre de 2024 en Lima. El Gobierno del Perú decidió que la compra se realizaría directamente a través de FAME, fuera de los contratos estratégicos gestionados por la Agencia de Adquisiciones de las Fuerzas Armadas (ACFFAA), para agilizar los tiempos de implementación.

Cómo se gestó la compra

El proceso tuvo sus primeras señales visibles en mayo de 2024, cuando FAME y Hyundai Rotem firmaron un convenio para el suministro de 30 vehículos K808 con opción de hasta 120 unidades adicionales, en un contrato valorado en unos USD 60,9 millones que incluía la creación de una planta de ensamblaje y un programa de capacitación técnica.

Tres unidades K808 White Tiger desfilaron públicamente el 9 de diciembre de 2024 durante el Día del Ejército en Lima, en la primera aparición oficial del modelo en América del Sur. El 17 de marzo de 2025, un tanque K2 Black Panther con camuflaje del Ejército peruano llegó al país en un buque de carga, junto con un vehículo de mando K877 8×8, para participar en el Salón Internacional de Tecnología para la Defensa y Prevención de Desastres (SITDEF-2025), celebrado entre el 24 y el 27 de abril en el Cuartel General del Ejército en San Borja.

Los T-55 peruanos, adquiridos en la década de 1970, fueron diseñados para escenarios de la Guerra Fría, con electrónica analógica y sistemas de control de tiro básicos. Estos sistemas presentan rezago frente al material de países vecinos, tanto en protección como en movilidad y capacidades digitales. Los AMX-13, carros ligeros de origen francés, tampoco responden a las exigencias del combate contemporáneo.

Un análisis publicado por The National Interest señaló que, de concretarse todos los contratos previstos, la operación con el Perú podría constituir la mayor exportación de defensa terrestre de Corea del Sur hacia América Latina. La formalización política se produjo en diciembre de 2025, aunque la implementación completa, incluido el ensamblaje y la producción local, se extiende por más de una década.

Historia y desarrollo del K2 Black Panther

El K2 Black Panther surgió de la necesidad de Corea del Sur de cerrar la brecha de capacidad frente a los tanques T-62 que Corea del Norte comenzó a desplegar a fines de la década de 1970, mientras el Ejército surcoreano seguía operando los M48 Patton. Seúl recibió permiso de Estados Unidos para ensamblar una versión modificada del M1 Abrams, lo que dio lugar al tanque K1, diseñado por General Dynamics Land Systems y puesto en servicio en 1987.

Ese modelo y su variante mejorada K1A1 representaron un avance, pero también dejaron en evidencia la necesidad de un carro desarrollado de forma más autónoma y con especificaciones adaptadas al entorno operacional coreano. El proyecto K2 se inició formalmente en 1995, liderado por la Agencia para el Desarrollo de la Defensa (ADD) y Hyundai Rotem, con el objetivo de integrar especificaciones de los tanques de la OTAN en una plataforma completamente coreana.

El último prototipo se presentó el dos de marzo de 2007 en el campo de pruebas de Changwon, y la Administración del Programa de Adquisición de Defensa (DAPA) lo declaró apto para el combate en septiembre de 2008. La producción en serie arrancó en 2011, con la sustitución progresiva de los M48 Patton como objetivo central.

Uno de los desafíos más persistentes del programa fue la creación de un sistema de potencia completamente nacional. La primera serie de 100 K2, aprobada para producción masiva en 2011, se equipó finalmente con un paquete de potencia alemán, motor diésel MTU 883 y transmisión RENK HSWL 295TM, debido a fallos en el motor y a la falta de progreso en la transmisión local, lo que retrasó su entrada en servicio hasta 2014.

En noviembre de 2020, la DAPA decidió equipar una tercera serie de aproximadamente 50 K2 con un power pack híbrido compuesto por el motor DV27K de Doosan Infracore y la transmisión alemana RENK, tras concluir que la transmisión local de S&T Dynamics había fallado de forma definitiva en las pruebas de durabilidad. La inversión prevista para esta tercera serie se estimó en 2,83 billones de wones (unos USD 2.560 millones).

El K2 también generó variantes para exportación. Polonia firmó un acuerdo para la adquisición de entre 980 y 1.000 tanques, de los cuales 180 unidades se producirían en Corea del Sur entre 2022 y 2025, mientras que 820 se fabricarían bajo licencia en suelo polaco a partir de 2026 bajo el estándar K2PL. Omán manifestó interés en adquirir 76 unidades tras pruebas en condiciones desérticas, en un contrato estimado en USD 884,6 millones. Turquía, por su parte, firmó en 2008 un contrato de USD 540 millones con Hyundai Rotem para recibir transferencia tecnológica incorporada luego al tanque turco Altay.

Características técnicas del K2

El K2 Black Panther opera con una tripulación de tres personas, comandante, artillero y conductor, gracias a un sistema de carga automática que elimina al cargador humano. El tanque mide 10,8 metros de longitud total, 3,6 metros de anchura y 2,4 metros de altura, con un peso de combate de entre 55 y 56 toneladas. Su armamento principal es el cañón CN08 de 120 mm y 55 calibres, desarrollado por la ADD e Hyundai WIA, con una energía de salida de proyectiles de entre 12 y 13 megajulios, frente a los ocho-nueve megajulios del cañón previo de 44 calibres.

El cañón está alimentado por un cargador automático de tipo bustle ubicado en la parte trasera de la torre, capaz de suministrar hasta 10 disparos por minuto en condiciones normales. El K2 puede emplear también el proyectil KSTAM-II, una munición antitanque fire-and-forget con alcance de hasta 8.000 metros que ataca en trayectoria curva, lo que le permite impactar vehículos ocultos tras obstáculos o en posiciones de casco protegido.

El armamento secundario incluye una ametralladora pesada de 12,7 mm en la parte superior de la torre y una ametralladora coaxial de 7,62 mm junto al cañón principal. La protección del K2 combina blindaje compuesto de acero MIL-12560H reforzado con placas cerámicas de carburo de silicio y módulos de blindaje reactivo explosivo (ERA) y no explosivo (NERA) desmontables.

El blindaje frontal puede soportar el impacto de proyectiles perforantes K279 disparados desde cañones de 120 mm L55. El tanque dispone de 12 lanzagranadas de humo multispectral Samyang Chemical K415, seis a cada lado de la torre, que bloquean tanto el espectro visible como el infrarrojo, y cuenta con receptores de alerta de radar (RWR) y láser (LWR) que detectan designadores dirigidos hacia el vehículo y activan respuestas automáticas.

El sistema de protección activa hard-kill KAPS (Korean Active Protection System), desarrollado por la ADD y Hanwha Thales entre 2006 y 2011, fue concebido para detectar y neutralizar misiles antitanque y granadas RPG mediante dos radares y dos lanzadores de granadas de 100 mm que interceptan el proyectil a unos 10-15 metros del carro. En pruebas de febrero de 2012, el KAPS logró interceptar con éxito municiones RPG-7 y Metis-M.

Por razones de costo y por preocupaciones sobre daños a infantería cercana, el sistema no se instaló en los K2 de producción inicial y quedó reservado para la variante mejorada K2 PIP (Product Improvement Program).

Movilidad y electrónica

Un motor diésel de 1.500 caballos de fuerza, MTU MT-883 de origen alemán o DV27K de Doosan Infracore, según la serie, impulsa al K2 hasta los 70 km/h en carretera y unos 50 km/h en terrenos irregulares. La autonomía operativa es de aproximadamente 450 kilómetros, gracias a una capacidad de combustible de 1.296 litros.

El tanque puede superar pendientes de hasta 60%, obstáculos verticales de entre 1,3 y 1,8 metros, zanjas de 2,74 metros y vadear cursos de agua de hasta 1,2 metros sin preparación especial. También tiene opciones de vadeo profundo de hasta cuatro-cinco metros con equipamiento adecuado.

Un rasgo diferencial del K2 es su sistema de suspensión semiactiva de tipo in-arm (ISU), de base hidroneumática ajustable, complementado por un sistema de tensión dinámica de orugas (DTTS). Este sistema permite modificar la postura del casco, inclinarlo hacia adelante, atrás o a los lados, para mejorar el ángulo de tiro, reducir la silueta o adaptarse a superficies irregulares.

La capacidad de adoptar posiciones de casco oculto, con solo la torre expuesta, resulta útil en zonas montañosas y mejora la estabilidad del arma principal en disparos en movimiento. La electrónica del K2 integra un sistema de control de tiro acoplado a un radar de frecuencia extremadamente alta, cámaras termográficas y visores diurnos.

El sistema puede adquirir y seguir blancos a distancias de hasta 9,8 kilómetros mediante la cámara termográfica, en modo de bloqueo automático tanto con el tanque en movimiento como con los objetivos desplazándose. Los receptores de alerta de radar y láser activan respuestas automáticas ante amenazas, y un sistema de red permite compartir información sobre blancos con otras unidades de la formación acorazada.

El K2 PIP, en desarrollo desde 2023, prevé la integración de unidades de suspensión activa dentro de las ruedas de las orugas, un sistema de protección activa hard-kill mejorado capaz de enfrentar tanto misiles antitanque como drones, y la evaluación de un cañón electrotermal-químico que aumentaría la velocidad y energía de los proyectiles. La división de tanques de la DAPA inició en julio de 2023 los trabajos para desarrollar un KAPS optimizado con menores costos de producción respecto de versiones anteriores basadas en el sistema Trophy israelí.

La planta de ensamblaje y la apuesta industrial

El componente industrial del acuerdo entre el Perú y Corea del Sur contempla la instalación de una planta de ensamblaje de tanques K2 y blindados K808 en las instalaciones de FAME en Lurigancho-Chosica, con una inversión inicial de USD 270 millones y un plan de desarrollo a 15 años. Durante los primeros tres años, Hyundai Rotem enviará expertos para capacitar a técnicos peruanos en integración electrónica, sistemas hidráulicos, estructura del casco y protocolos de blindaje.

La habilitación de la planta está prevista en los primeros dos años y medio, seguida por la producción de los primeros vehículos ensamblados en territorio nacional en los dos años posteriores. En una segunda etapa de aproximadamente 12 años, empresas nacionales obtendrán certificaciones para producir componentes, sistemas eléctricos, ópticos y piezas mecanizadas.

La meta es alcanzar al menos 30% de participación industrial local en el proceso de fabricación, al pasar del esquema ensamblado en Perú al de producido en Perú. Voceros de FAME señalaron que el objetivo trasciende las necesidades del Ejército peruano y apunta a crear un polo regional de exportación para ofrecer plataformas modernas a otros ejércitos sudamericanos.

El acuerdo global bordea los USD 1.800 millones y se amortizaría hasta 2031, con un esquema de financiamiento a largo plazo sujeto a evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas y a los procesos de fiscalización previstos por la ley. La decisión de excluir la operación de los contratos gestionados por la ACFFAA y de confiar la implementación a FAME buscó acelerar los tiempos, aunque también plantea interrogantes sobre los mecanismos de supervisión.

La cooperación con Hyundai Rotem y STX Corporation fue presentada como un hito para la base industrial de defensa peruana. El complejo industrial a construir en Lurigancho-Chosica podrá ensamblar distintos tipos de equipo militar, con potencial para generar empleo especializado, estimular la innovación y articular cadenas productivas locales.

De concretarse en todos sus términos, el Perú podría convertirse en la segunda gran sede de producción de K2 fuera de Corea del Sur, después de Polonia, aunque con un enfoque inicial en ensamblaje y desarrollo progresivo de componentes más que en producción bajo licencia de grandes series.

Implicaciones operativas y estratégicas

El salto desde los T-55 y AMX-13 hacia el K2 y el K808 no se limita a la sustitución de plataformas: implica cambios doctrinales. El K2 fue concebido para operar en un entorno de guerra digital, con sistemas de mando y control avanzados, sensores térmicos, radar y capacidades de red que amplían la conciencia situacional y la coordinación táctica.

La diferencia en protección balística también es marcada. Mientras los tanques soviéticos ofrecen niveles de blindaje adaptados a municiones de mediados del siglo XX, el K2 está diseñado para resistir proyectiles perforantes modernos de 120 mm e incorpora módulos de blindaje reactivo frente a armas antitanque avanzadas.

La geografía peruana, con zonas desérticas en la costa, cadenas montañosas en la sierra y regiones selváticas en la Amazonía, plantea condiciones exigentes para cualquier plataforma blindada. La suspensión hidroneumática ajustable del K2, su motor de 1.500 caballos y su capacidad para superar pendientes pronunciadas se adaptan al relieve andino, donde las posiciones de casco oculto y los ángulos de disparo elevados tienen valor táctico.

El K808, por su parte, fue descrito por fuentes militares como una plataforma modular, adaptable como transporte de tropas, vehículo sanitario o de mando, con capacidad anfibia de 8 km/h y velocidad máxima de 100 km/h en tierra, apta para combate urbano y convencional. El acuerdo con Hyundai Rotem incluye la formación de técnicos y oficiales en Corea del Sur para operar y mantener el nuevo parque automotor bajo estándares internacionales.

Ese programa supone adquirir competencias en manejo de sistemas digitales, control de tiro avanzado, diagnóstico electrónico y protección activa, capacidades distintas de las requeridas para operar tanques de generaciones anteriores. La transición doctrinal apunta a un empleo conjunto de K2 y K808 en operaciones combinadas de infantería y caballería blindada, un esquema que requiere un cambio respecto del uso tradicional de los vehículos en retiro.

La Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo la vinculación a proceso de cuatro hombres señalados por su probable responsabilidad en el transporte de casi una tonelada de clorhidrato de metanfetamina, conocido como cristal, luego de ser detenidos durante un operativo realizado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en el municipio de Tecate, Baja California.

Los imputados fueron identificados como David “N”, Manuel “N”, Aldo “N” y Erick “N”, quienes permanecerán en prisión preventiva oficiosa mientras avanzan las investigaciones por su presunta participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de narcóticos.

De acuerdo con la información difundida por la FGR, el aseguramiento ocurrió durante patrullajes de vigilancia realizados por personal militar en calles de Tecate, donde detectaron una camioneta que circulaba en sentido contrario, una infracción al reglamento de tránsito que motivó la intervención de los elementos castrenses.

Una infracción de tránsito derivó en el hallazgo del cargamento

Tras marcar el alto al conductor, los militares realizaron una inspección preventiva al vehículo y localizaron diversos paquetes tanto en la batea como en el interior de la camioneta.

En total fueron aseguradas 31 cajas y nueve mochilas que contenían una sustancia con las características propias del clorhidrato de metanfetamina.

Después del pesaje correspondiente, las autoridades determinaron que el cargamento ascendía a 969.75 kilogramos de cristal, una de las drogas sintéticas de mayor producción y tráfico por parte de organizaciones criminales en México.

Los cuatro ocupantes de la unidad fueron detenidos en el lugar y puestos a disposición del Ministerio Público Federal, junto con la droga asegurada y el vehículo utilizado para su transporte.

FGR obtuvo la vinculación a proceso

La dependencia informó que el Ministerio Público Federal, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), integró la carpeta de investigación y presentó ante un juez de control los datos de prueba recabados durante las primeras diligencias.

Con base en esos elementos, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a los cuatro imputados por su probable participación en un delito contra la salud en la modalidad de transporte de clorhidrato de metanfetamina.

Asimismo, el juez impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, por lo que los señalados permanecerán privados de la libertad mientras continúa el proceso penal.

Además, concedió un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria, periodo durante el cual la Fiscalía podrá fortalecer la carpeta con nuevas diligencias, peritajes y otros elementos probatorios.

Continúan las investigaciones

El aseguramiento representa uno de los decomisos más relevantes de metanfetamina registrados recientemente en Baja California, entidad considerada estratégica para el tráfico de drogas debido a su cercanía con la frontera entre México y Estados Unidos.

Aunque la FGR no dio a conocer el destino que tendría el cargamento ni informó si los detenidos están relacionados con alguna organización criminal en particular, las investigaciones continuarán durante los próximos meses para determinar el origen de la droga, la ruta de traslado y la posible participación de otras personas en la operación.

Mientras tanto, los cuatro imputados permanecerán sujetos al proceso penal conforme avancen las investigaciones encabezadas por la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada.

La destrucción de mil 148 armas vinculadas al crimen organizado de Baja California marcó el Día Internacional de la Destrucción de Armas el pasado jueves 9 de julio, en una ceremonia celebrada en el Cuartel Morelos de la Segunda Zona Militar de Tijuana. El acto reunió a autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California (SSCBC).

El lote destruido incluyó 878 armas cortas y 270 largas, junto con mil 191 cargadores y 45 mil 555 cartuchos de distintos tipos y calibres. El 70 por ciento de ese armamento tiene como origen Estados Unidos, dato que el secretario de Seguridad Ciudadana estatal, el general Laureano Carrillo Rodríguez, calificó como uno de los principales retos en materia de seguridad para la entidad.

El general Carrillo aclaró que el armamento destruido no proviene de decomisos recientes, sino de operativos realizados en años anteriores a organizaciones delictivas con presencia en Baja California. Dichas armas permanecieron bajo resguardo mientras avanzaban los procedimientos administrativos y judiciales correspondientes.

El proceso exige que cada arma sea puesta a disposición de la FGR por tratarse de un delito federal. Solo tras verificar que el armamento ya no está vinculado a investigaciones activas, la fiscalía lo entrega a la Defensa para su destrucción definitiva.

El procedimiento de destrucción, paso a paso

De acuerdo con las autoridades, la destrucción se ejecutó mediante cinco etapas ordenadas:

1. Verificación: se confirma que cada arma corresponde al lote autorizado.
2. Peritaje: un interventor de otra jurisdicción militar examina el arma para dar fe y legalidad al procedimiento.
3. Registro fotográfico: se genera una base documental de cada pieza.
4. Inutilización: maquinaria hidráulica practica cortes seccionales que hacen irreparable el arma.
5. Clasificación de materiales: las partes resultantes se separan en contenedores etiquetados como “desecho de plástico”, “desecho ferroso” y “desecho de madera”.

Cada etapa contó con personal militar asignado. La cadena de custodia garantizó que ninguna pieza saliera del proceso sin registro.

Los municipios con más armas aseguradas en 2026

Tijuana, Tecate y Mexicali concentran la mayor cantidad de armas decomisadas en lo que va del año. En 2026, las autoridades estatales han asegurado alrededor de 800 armas en toda la entidad, de las cuales la Fuerza Estatal recuperó aproximadamente 150.

La cifra contrasta con las mil 600 armas aseguradas durante todo 2025. Carrillo Rodríguez consideró que la tendencia de 2026 se mantiene en un rango similar al del año previo.

“Todas provienen, en su mayoría, del crimen organizado. Cada arma que es retirada de la calle tenemos que entender que es una vida que estamos salvando; es un delito que estamos evitando, ya sea un asalto, un secuestro, una extorsión o un homicidio”, declaró Carrillo Rodríguez durante la ceremonia.

El funcionario subrayó que el armamento destruido pertenece a todas las organizaciones delictivas con presencia en Baja California, sin distinción de grupo.

En la ceremonia participaron el coordinador estatal de la Guardia Nacional, coronel Rafael Sánchez Calvo; Teófila González Lozada, en representación de la FGR; y José Alejandro Avilés Amecua, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal.

La concurrencia de los tres órdenes de gobierno reflejó el carácter interinstitucional del proceso. Cada institución tuvo un rol específico en la cadena que va desde el aseguramiento en calle hasta la destrucción final del armamento.

El contexto nacional: más de 11 mil armas recaudadas desde 2024

La destrucción en Tijuana se enmarca en una estrategia más amplia. Según informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, el programa Sí al desarme, sí a la paz recaudó 11 mil 679 armas de fuego en los 32 estados del país entre octubre de 2024 y el 6 de julio de 2026.

Ese total incluye seis mil 404 armas cortas, 3 mil 419 rifles y mil 856 granadas, además de más de 700 mil cartuchos. La cifra nacional dimensiona el volumen del problema que el acto de Tijuana enfrenta a escala estatal.

El Batallón de Atención a Emergencias de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), del que se integró la brigada de Ayuda Humanitaria “Yumare” para realizar labores de búsqueda en Venezuela tras los recientes terremotos, fue la misma que rescató a cuatro trabajadores de la mina Santa Fe de Sinaloa hace poco más de tres meses.

Fue el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos, comandante de esa unidad, quien confirmó que los militares forman parte del mismo batallón, el cual se enfrentó a su primera misión internacional en Venezuela tras los terremotos de 7.2 y 7.5 del pasado 24 de junio que dejaron más de 4 mil fallecidos y 16 mil heridos.

Luego de la ceremonia de recepción de los 18 binomios caninos y 264 militares que conformaron el agrupamiento, y que fue encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el coronel detalló que ante su reciente creación, las labores en las que se desempeñaban no eran de la magnitud de la catástrofe que encontraron en Venezuela.

Y es que el Batallón de Atención a Emergencias acaba de cumplir tres años de haberse fundado, tiempo en el que se había enfrentado a incendios y, con apenas pocos meses de diferencia respecto al despliegue venezolano, protagonizó el rescate de cuatro mineros en Sinaloa. “Rescatamos a dos mineros en Sinaloa, dos cuerpos sin vida y dos mineros”, recordó el coronel Vázquez Tejeda Burgos.

Los trabajadores quedaron atrapados el 25 de marzo cuando una presa de jales se rompió dentro de la mina Santa Fe, ubicada en El Rosario. Las labores de búsqueda fueron intensas debido a la presencia de lodo, sitios con altos niveles de agua y la oscuridad, lo que provocó que dos de ellos fueran localizados sin vida, mientras que dos más lograron sobrevivir.

Esa experiencia, junto con un adiestramiento intensivo previo en estructuras colapsadas, fue la preparación más cercana a lo que enfrentarían en Venezuela. Aun así, el comandante fue directo al valorar la escala del nuevo reto: “Prácticamente esta es la primera experiencia que tiene la unidad al respecto”, afirmó.

Cabe señalar que aunque pertenecen al mismo batallón, cada uno de los militares que participaron en las acciones de Sinaloa y Venezuela son diferentes, ya que los primeros se especializaban en buceo y los segundos en rescate en estructuras colapsadas.

El coronel también explicó que los edificios siniestrados en Venezuela presentaban una dificultad particular de acuerdo con el propio militar, ya que “la mayoría eran edificios de entre diez y quince pisos, con una característica de colapso total”. Condición que, agregó, “dificultó más el rescate.”

El rescate del niño de 9 años: gas, oscuridad y 12 horas de trabajo por parte del Ejército Mexicano

El episodio más complejo de la misión tuvo lugar el domingo 27 de junio en el municipio de Vargas, estado de La Guaira. Un niño de 9 años permanecía atrapado en el interior de un edificio de 12 pisos totalmente derrumbado. El día anterior, el sábado 26, los elementos del batallón ya habían extraído con vida a su madre, una mujer de aproximadamente 35 años, del mismo inmueble. Ambas operaciones demandaron entre nueve y doce horas de trabajo continuo de penetración de concreto.

El coronel describió los obstáculos que el equipo encontró piso a piso: “Lo más difícil fue accesar hasta donde se encontraba el niño, porque eran varios pisos que había que abrir el concreto y durante la penetración se van encontrando con vigas.” En el caso del menor, el peligro se multiplicó: “Nos encontramos con un aire acondicionado y el aire acondicionado trabaja con gas. Entonces, es un peligro, puede explotar ahí adentro y colapsar lo que queda ahí de espacio.”

Por esa razón, cada avance se realizó con extrema cautela. “Por eso tarda tanto, tantas horas en llevarse a cabo, porque es paso a paso, sin tomar riesgos innecesarios”, explicó. La oscuridad sumó otro factor de presión: “Ahí también nos agarró la noche, ahí cuando el niño estaba siendo rescatado alrededor de las 22:30 horas de un domingo.”

El video en el que se captó el rescate del menor fue ampliamente compartido en redes sociales debido a las labores de que los militares realizaron para mantener al pequeño despierto y tranquilo.

Al salir, se observaba en un evidente estado delicado debido a que luchaba para no cerrar los ojos; sin embargo, al preguntarle esta casa editorial por la salud del niño, el coronel señaló que solo presentaba secuelas menores.

“(Evolucionó) Muy bien. La verdad es que para el tiempo que ya llevaba ahí, pues obviamente tenía un cierto grado de deshidratación, pero muy fuerte el niño, la verdad. De ahí en fuera no tuvo nada, nada mal”, señaló el comandante.

El binomio canino que participó en ese rescate, “Cabrio”, así como su entrenador, el soldado Luis Eduardo Pacheco Bonifaz, y el sargento Julio César Salinas Santamaría, fueron condecorados con el Mérito Militar durante la ceremonia realizada este viernes 10 de julio en la 1ra Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México.

Más de 90 cuerpos recuperador, dos canes y dos personas con vida rescatadas: los resultados de 15 días en Venezuela

El balance total de la misión incluyó 2 personas rescatadas con vida, 92 cuerpos recuperados, 2 canes rescatados, 2 mil 59 consultas médicas, una intervención quirúrgica y dos traslados.

México fue la segunda delegación más grande entre todos los países presentes y la que mayor número de cuerpos recuperó. El coronel aclaró que la recuperación de cuerpos sin vida respondió a una decisión de empatía con las familias: “Los familiares nos pedían el rescate de sus familiares, como estuviera el cuerpo. Prácticamente pues estaban sin vida. Entonces llegamos a los 92 cuerpos en prácticamente trece días de trabajo.”

El agrupamiento “Yumare” se estructuró en dos escalones bajo las órdenes del General Brigadier de Estado Mayor Alejandro Gómez Vargas. El coronel Vázquez Tejeda Burgos explicó que sus labores se dividían con la implementación de un cuerpo médico para facilitar la atención a las víctimas

“Nos organizamos en dos escalones, el escalón avanzado y el escalón de retaguardia. El escalón de retaguardia estaba el puesto de mando de mi general junto con el grueso del cuerpo de sanidad, que lo integraron camilleros, enfermeros y médicos militares. Y en el otro escalón me encontraba yo en el área siniestrada con el grueso del batallón, precisamente por la cercanía de los edificios colapsados para atender lo más pronto las emergencias”, detalló.

Las jornadas se realizaron en turnos de 6 horas, donde tomaban descansos para alimentarse y dormir mientras eran relevados por otros militares, pero sus labores fueron ininterrumpidas durante los 15 días que permanecieron en territorio Venezolano, principalmente en La Guaira.

Además de las labores de búsqueda, México envió a Venezuela más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas. Se distribuyeron más de 13 toneladas de medicamentos y se realizó una cirugía a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano, así como la entrega de 8 plantas de luz.

Luego de 15 días de labores de búsqueda y rescate en Venezuela tras los terremotos que dejaron más de 4 mil personas muertas y 16 mil heridas, regresó a México la brigada de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) al concluir sus labores en ese país.

Con un total de 2 personas rescatadas con vida, 2 perros y la recuperación de 92 cuerpos, el agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” fue recibido en el país con una ceremonia encabeza por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el secretario de la Defensa, Ricardo Treviño Trejo, y el secretario de Marina (Semar), Raymundo Pedro Morales.

Durante el evento, realizado este viernes en la 1ra Zona Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, el agrupamiento fue condecorado por su valor heroico, mérito militar, distinción militar y por su desempeño en las labores realizadas ante la emergencia que provocaron los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala de Richter del 24 de junio en ese país.

Brigada logró rescatar a un niño de 9 años atrapado en un edificio: la presidenta los reconoció

La brigada estaba compuesta por un total de 18 binomios caninos y 264 elementos que arribaron a Venezuela el pasado 26 de junio para apoyar junto a otros 25 países en las labores de búsqueda y rescate; sin embargo, también se realizaron otras acciones como:

• El envío de más de 70 toneladas de despensas, insumos y herramientas a través de 8 vuelos y con 2 buques de la Marina
• Se distribuyeron más de 13 toneladas de medicamentos
• Se realizaron 2 mil 59 consultas médicas
• Entrega de 8 plantas de luz industriales
• Realización de una cirugía de emergencia a un militar venezolano en un quirófano móvil del Ejército Mexicano

Con jornadas de 6 horas de búsqueda ininterrumpida, los binomios caninos y rescatistas realizaron las labores, principalmente, en La Guaira, donde luego eran relevados para poder descansar y tomar alimentos.

“Ustedes mostraron el verdadero rostro de México, un México solidario, fraterno y profundamente humanista, un México que entiende que ninguna vida es ajena y que el dolor de un pueblo hermano también nos convoca porque esa es la esencia del pueblo de México: no dejar a nadie atrás”, dijo la presidenta en reconocimiento de los militares y binomios caninos que trabajaron exhaustivamente para rescatar a las víctimas de los terremotos.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez Gómez, envió la presea “Héroe de Venezuela de primera clase” que es el máximo reconocimiento que ese país brinda a la entrega y ayuda humanitaria en su territorio.

Además, en una ceremonia realizada este miércoles, el gobierno de Venezuela entregó a México a la perrita “Laika”, una pastor belga de 6 meses de edad, para sumarse a las filas del Ejército Mexicano en un acto que emuló la donación de “Arkadas” tras la muerte de “Proteo” en los trabajos de búsqueda en Turquía de 2023.

Sobre el próximo entrenamiento de “Laika”, el coronel Marco Antonio Vázquez Tejeda Burgos detalló en entrevista que será en aproximadamente mes y medio que la pequeña podrá estar capacitada para apoyar en labores de rescate, pero dijo que permanecerá los siguientes 15 días en aislamiento para que se defina su estado de salud y se pueda integrar con el resto de los binomios caninos.

Brigada “Yumare” concluye sus labores y queda desactivada

El titular de la Defensa, el general Ricardo Trevilla Trejo, reconoció las labores realizadas por la brigada de rescate en Venezuela y reiteró que dos binomios caninos de Protección Civil de ese país serán entrenados por el Ejército Mexicano en búsqueda de personas.

Además, recordó que desde 1996 el Ejército ha llevado ayuda humanitaria en 98 ocasiones a 30 países. Esta última ocasión es la tercera en la que México proporciona ayuda a Venezuela, ya que las primeras dos ocurrieron en 1999 y 2010 debido a las emergencias provocadas por fuertes lluvias.

“Me siento muy honrado de tener el privilegio de dirigir a tropas como ustedes. Tropas comprometidas, profesionales, disciplinadas, con amplia vocación de servicio, pero sobre todo, tropas con gran sentido humanista (…) Siéntanse sumamente satisfechos por el extraordinario trabajo que realizaron, porque allá en donde la tragedia sembró incertidumbre, ustedes llevaron la esperanza. Donde el dolor dejó profundas heridas, ustedes fueron el rostro solidario de nuestra nación”, afirmó.

Finalmente, explicó que el regreso de la brigada marca el fin del agrupamiento “Yumare” al concluir sus labores en Venezuela, luego de que fue denominada de esta manera debido a que fue la ciudad donde se registró el epicentro del sismo de mayor magnitud.

La investigación “Presupuesto, fuerza y eficacia: resultados del gasto en seguridad y defensa en Centroamérica (2020-2026)”, coordinada por Javier Meléndez para Expediente Abierto, documenta cómo el régimen de Nicaragua ha instaurado un Estado policial institucionalizado que prioriza el control político interno por encima de la seguridad ciudadana tradicional.

El estudio, citado por Expediente Abierto en su último informe, detalla la transformación de las fuerzas policiales y militares en instrumentos de represión y disciplinamiento social, bajo un aparato estatal marcado por la opacidad y la instrumentalización política.

Según la investigación, la policía nacional, las fuerzas armadas y los llamados policías voluntarios operan bajo una lógica subordinada a los intereses del poder ejecutivo, desmarcándose de los modelos de seguridad presentes en el resto de Centroamérica.

Desde la crisis sociopolítica de 2018, el principal objetivo de las fuerzas de seguridad pasó a ser el control del disenso interno, desplazando la función de protección ciudadana frente al crimen común.

Expediente Abierto subraya que el gasto en seguridad y defensa en Nicaragua debe analizarse como una herramienta de control político y no únicamente como respuesta a desafíos criminales.

El reporte señala la existencia de vínculos sistémicos entre actores gubernamentales y estructuras del narcotráfico, lo que convierte el fenómeno de la criminalidad en parte de una intersección estructural entre élites políticas y redes ilícitas.

Esta relación se traduce en una convivencia selectiva entre el Estado y el crimen organizado, donde la represión se dirige principalmente contra la disidencia y la oposición política.

La percepción de seguridad en Nicaragua ha estado marcada por la narrativa oficial, que promueve la imagen de un país seguro y de un “muro de contención” frente al narcotráfico.

Sin embargo, Expediente Abierto advierte que la información oficial resulta escasa y poco verificable. El estudio destaca la imposibilidad de validar de forma independiente los resultados reportados, como decomisos de efectivo sin detenidos y una reducción en las incautaciones de drogas, elementos que generan dudas sobre la autenticidad de los logros proclamados por el gobierno.

La evolución de las tasas de homicidio también refleja cambios en la dinámica de seguridad. Entre 2020 y 2022, la tasa oficial de homicidios por cada 100,000 habitantes aumentó un 52.27 %, al pasar de 4.4 a 6.7.

Aunque en 2024 la cifra descendió oficialmente a 6.0, el informe advierte que estos datos carecen de mínima confiabilidad por la ausencia de verificación independiente.

Otro mecanismo central en la consolidación del Estado policial es la proliferación de fuerzas paraestatales.

El estudio documenta la existencia de más de 76,000 policías voluntarios, cuyos detalles administrativos y de financiamiento no figuran en los reportes oficiales.

Esta estructura paraestatal refuerza el control territorial y político, con baja trazabilidad fiscal y sin estar sujeta a mecanismos de fiscalización civil o democrática.

Expediente Abierto enfatiza que la consolidación del Estado policial en Nicaragua se sostiene mediante un uso estratégico del gasto público en seguridad y defensa.

El informe sostiene que el aparato de seguridad ha dejado de responder a la protección ciudadana y se ha convertido en un sistema de dispositivos institucionales y paraestatales enfocados en investigar y perseguir a la población considerada opositora.

“El concepto de ‘seguridad’ en Nicaragua adquiere un sentido distinto al de los demás países del istmo centroamericano. Más que responder a dinámicas de violencia criminal desbordada, el despliegue de las fuerzas de seguridad y defensa se orienta fundamentalmente a preservar el control político y a disciplinar el comportamiento social”, afirma el documento coordinado por Meléndez.

Según la investigación, la opacidad, la falta de rendición de cuentas y la baja profesionalización de las fuerzas de seguridad dificultan cualquier evaluación independiente sobre la seguridad pública.

El informe de Expediente Abierto concluye que el modelo nicaragüense representa una deriva autoritaria en la región, donde el crecimiento presupuestario en seguridad no se traduce en mayor seguridad democrática, sino en la consolidación de un aparato estatal dedicado a la represión y al control social, con graves riesgos para los derechos y libertades fundamentales.

La indagatoria del expresidente Álvaro Uribe prevista para el 24 de julio de 2026 fue reprogramada para agosto a pedido de su defensa, después de que el político presentara quejas sobre el trato que le habría dado la Fiscalía General de la Nación a su caso.

De acuerdo con Blu Radio, la diligencia quedó fijada para el martes 18, miércoles 19 y jueves 20 de agosto, a partir de las 9:00 a. m., dentro del proceso por su presunta participación en las masacres de La Granja (1996) y El Aro (1997), el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle (1998) y la presunta conformación de un grupo paramilitar.

El llamado a indagatoria al expresidente Álvaro Uribe abrió una discusión sobre el alcance de las garantías procesales en una causa que investiga los casos ya mencionados, porque la decisión llegó, según el abogado penalista Amir Nayi Abushihab Collazos, cuando la defensa aún reclama la práctica de pruebas que considera pendientes y en plena etapa electoral y poselectoral.

En declaraciones a La FM, Abushihab sostuvo que la preocupación central no está solo en la citación al exmandatario, sino en el momento en que se produjo dentro de un expediente que, según dijo, lleva muchos años de investigación y actividad probatoria. El punto que remarcó es que la diligencia fue fijada de manera pronta pese a ese recorrido previo del proceso.

El abogado afirmó que el debate que debería concentrar a la opinión pública es el del material probatorio. Según explicó, la defensa de Uribe ha informado que hizo solicitudes de prueba que “al parecer no se han materializado” ni se han practicado, y que por eso reclama su ejecución como una revisión mínima de la integridad del acervo.

Abushihab evitó dar una calificación cerrada sobre si la medida fue política o jurídica, pero señaló que los hechos objetivos obligan a examinar el contexto. Su planteo fue que la combinación entre una citación en este momento del calendario político y la falta de práctica efectiva de pruebas genera una inquietud legítima desde el ejercicio del derecho penal.

En ese contexto, sostuvo que hay asuntos que “la opinión pública conozca, la opinión pública observe y por supuesto la opinión pública discuta y revise”. El primero, indicó, es el probatorio: “La defensa reclama sean practicadas como un ejercicio de revisión mínima de la integridad del acervo probatorio”.

El abogado precisó que, de acuerdo con la posición de la defensa del exmandatario, llamar a indagatoria sin que esas pruebas hayan sido practicadas puede derivar en “una suerte de vulneración frente a sus garantías fundamentales”. A su juicio, ese punto merece una revisión previa.

Consultado de forma directa sobre si la medida podía leerse como más política que jurídica, Abushihab respondió que en ese terreno hay que actuar “muy prudentes y muy cautos”. Aun así, desarrolló una secuencia de hechos que, en su visión, vuelve inevitable el debate.

Recordó que el país ha visto que el llamado a indagatoria ocurrió “en plena época electoral, poselectoral” y que la diligencia fue citada “de manera tan pronta” pese a tratarse de un proceso de larga duración. Sumó a eso que la defensa, “de manera absolutamente legítima”, no solo pidió el decreto de las pruebas sino su práctica “real, material, efectiva”.

La tensión central que describió es esta: la Fiscalía decide citar a indagatoria mientras, según esa lectura, prescinde de una actividad probatoria que la defensa considera necesaria. Para el penalista, eso produce “una preocupación apenas entendible, apenas evidente” entre quienes ejercen el litigio y el derecho penal.

Abushihab enmarcó su objeción en la finalidad misma del proceso penal. “Si el fin del proceso penal es conocer la verdad de los hechos, no sacar necesariamente adelante una postura determinada, sino en primer lugar la verdad, pues es fundamental” que las pruebas se desarrollen en su integridad, afirmó.

Ese razonamiento lo llevó a insistir en que, si la defensa reclama de forma legítima la práctica probatoria, corresponde que la Fiscalía la lleve adelante. Su punto no fue discutir el fondo de la investigación, sino el orden en que deberían cumplirse las actuaciones.

Al cerrar su intervención, el abogado sostuvo que a partir de esos hechos cada uno podrá formarse una consideración sobre la naturaleza de la decisión. La disyuntiva que dejó planteada fue si se está ante una cuestión “netamente y puramente jurídica” o si se pretende imprimirle “algún tinte” que desnaturalice el contexto jurídico y probatorio que, según dijo, debe primar.

En el marco del Día del Árbol, el gobierno federal plantó 3 mil ejemplares de cuatro especies nativas en el municipio de Tepelmeme Villa de Morelos, Oaxaca, dentro de la Estrategia Nacional de Restauración Forestal que abarca 2 mil 328 proyectos en 151 mil 640 hectáreas a nivel nacional. Solo en Oaxaca se desarrollan 83 proyectos en 6 mil 825 hectáreas con una inversión de 250.5 millones de pesos.

La secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena Ibarra, encabezó la jornada de reforestación en la región Chocho Mixteca. La Semarnat prevé que entre el año pasado y 2026 se reforestará una superficie total de 32 mil 764 hectáreas con 15.5 millones de plantas, como parte de la Política Forestal del Gobierno de México.

Oaxaca concentra 83 proyectos forestales

De los 83 proyectos que se desarrollan en el estado, 78 corresponden a la región Chocho-Mixteca: 6 mil 666 hectáreas y una inversión de 250 millones de pesos. En esa misma región, las 54 comunidades que integran la Alianza de Restauradores Chocho-Mixteca han restaurado más de 25 mil hectáreas en colaboración con la Conafor.

El director general de la Conafor, Sergio Graf Montero, informó que durante la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum se apoyará la restauración de otras 7 mil hectáreas dentro de la Alianza, y que en 2026 arrancarán tareas de restauración en otras 24 mil hectáreas de regiones prioritarias del país.

En la jornada se plantaron cuatro especies:

• Pino (Pinus oaxacana)
• Enebro (Juniperus flaccida)
• Maguey (Agave potatorum)
• Ramón (Cercocarpus fothergilloides)

Los 3 mil ejemplares se distribuyeron en una superficie de cuatro hectáreas. De manera simultánea, se realizaron 31 ceremonias de reforestación en cada uno de los estados del país, coordinadas por las Oficinas de Representación Estatal de la Conafor.

Bárcena: reforestar es “devolver una semilla de esperanza”

La titular de la Semarnat sostuvo que la reforestación va más allá del medio ambiente. “Esta actividad representa cuidar la vida, restaurar también el tejido social, cuidar a nuestros jóvenes, que no se nos vayan y se queden”, afirmó. Para Bárcena, la migración juvenil desde las comunidades rurales es una consecuencia directa de la falta de perspectivas, y la restauración forestal puede revertirlo.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció el trabajo de la Alianza de Restauradores Chocho-Mixtecas como “modelo de organización comunitaria” y señaló que la conservación de la naturaleza implica bienestar, justicia social y futuro para los pueblos.

Programa Nacional de Restauración Ambiental

Las jornadas forman parte del Programa Nacional de Restauración Ambiental 2026 de la Semarnat. Entre las obras proyectadas para este año destacan:

• 763 kilómetros de cercado de áreas en restauración
• 307 kilómetros de brechas cortafuego
• 643,000 terrazas individuales
• Rehabilitación de 4,128 m³ de jagüeyes o bordos de almacenamiento de agua
• Reforestación de 11,250 hectáreas con 4.6 millones de plantas

La Conafor ya inició las convocatorias para la restauración de más de 25 mil hectáreas en 2026, con una inversión superior a mil 290 millones de pesos.

El gobierno de Venezuela entregó una perrita a México como muestra de agradecimiento a los elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fuerza Aérea que integraron el Agrupamiento de Ayuda Humanitaria “Yumare” desplegado para labores de búsqueda tras los terremotos que provocaron más de 3 mil fallecidos en ese país.

Además, las autoridades solicitaron al Ejército Mexicano el adiestramiento de dos binomios caninos de la Dirección Nacional de Protección Civil de Venezuela junto a sus manejadores para especializarlos en la búsqueda, localización y rescate de personas en estructuras colapsadas.

La entrega de la perrita se oficializó durante una ceremonia celebrada este miércoles en Caracas, en un acto encabezado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, y acompañada por el embajador de México en ese país.

La perrita, de raza belga malinois, fue entregada en representación al Gobierno de México al general brigadier de Estado Mayor, Alejandro Gómez Vargas, comandante del Agrupamiento “Yumare” del Ejército Mexicano, así como los dos ejemplares que serán entrenados y de nombre “Sol” y “Sara”.

Equipo de búsqueda del Ejército Mexicano llegará al país este viernes tras finalizar sus labores

Los dos binomios caninos venezolanos, también de raza belga malinois, viajarán este 9 de julio junto con sus manejadores venezolanos y el agrupamiento del Ejército Mexicano para recibir instrucción especializada.

El programa se desarrollará en el Centro de Adiestramiento de la Policía Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional, de agosto a diciembre de 2026.

El gesto de donación de la perrita emula la entrega del can “Arkadas” —término turco para “amigo”— que el Gobierno de Turquía realizó en mayo de 2023 tras la muerte del perro mexicano “Proteo” durante las labores de búsqueda y rescate en los sismos de ese país. Desde entonces, la donación de un can se ha convertido en una práctica recurrente en las misiones de ayuda humanitaria en las que México participa.

“Arkadas” fue donado por el gobierno de Turquía cuando era un cachorro en homenaje a “Proteo”, el perro rescatista mexicano que murió durante las labores de búsqueda tras el sismo de febrero en ese país.

El nombre fue seleccionado mediante una encuesta en redes sociales convocada por la Secretaría de la Defensa Nacional, en la que compitió con otras opciones como “Proteo II” y “Yardim”, pero fue “Arkadas” el que obtuvo la mayor cantidad de votos.

La Defensa anunció el resultado durante una ceremonia de recepción celebrada un día después de que el cachorro aterrizara en territorio mexicano procedente de Turquía.

“Proteo” falleció mientras realizaba labores de búsqueda de personas en un edificio derrumbado a consecuencia del sismo que sacudió a Turquía.

“Proteo” nació el 16 de junio de 2013 y perteneció a la Primera Brigada de Policía Militar en el Campo Militar No. 1-A, en la Ciudad de México. Fue entrenado por la Defensa con especialidad en estructuras colapsadas. A lo largo de su servicio, “Proteo” y su entrenador, Carlos Villeda Márquez, participaron en misiones en:

• Guatemala (2015)
• Ecuador (2016)
• Ciudad de México (2017)
• Oaxaca (2022)
• Turquía (2023)

En total, realizó el rescate con vida de 22 personas y de 37 cuerpos recuperados.

El 6 de febrero de 2023, tras el sismo de magnitud 7.8 que devastó el sur de Turquía, “Proteo” fue enviado a ese país como parte de una delegación de 16 binomios caninos. Durante su misión, ayudó a rescatar con vida a un menor de edad y a recuperar 14 cuerpos.

El binomio canino falleció el 10 de febrero de 2023 debido a “las condiciones climatológicas prevalecientes en ese país”, así como por el agotamiento, de acuerdo con la propia Defensa. El 21 de septiembre de 2023, en el marco del Día Nacional del Binomio Canino, la institución develó una estatua de bronce de tres metros en su honor, diseñada por el escultor Víctor Gutiérrez.

Elementos de la Policía Estatal de Guerrero y personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) se movilizaron este miércoles 8 de julio hacia las comunidades de Inscuinatoyac y Carrizal de Pinzón, en la sierra de Chilpancingo, tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego a través del número de emergencias 911.

El operativo se activó en apoyo a la Base de Operaciones Interinstitucionales ubicada en la comunidad de Alcaparrosa, en una jornada en que la violencia armada golpeó distintos puntos de Guerrero.

Según la información oficial disponible, las autoridades realizaron recorridos de reconocimiento y verificación en la zona sin confirmar, al cierre del reporte, ningún hecho delictivo ni personas lesionadas.

La cuenta oficial de la Dirección General de Comunicación Social del Gobierno de Guerrero informó que las corporaciones mantuvieron las acciones de inspección conforme avanzaba el operativo y que los resultados se darían a conocer al cierre de los trabajos.

La comunidad de Guajes de Ayala también fue atacada: no se envió apoyo aéreo

En otro hecho registrado este mismo miércoles 8 de julio, pobladores de Guajes de Ayala, comunidad del municipio de Coyuca de Catalán, denunciaron ataques armados y con drones desde las 06:00 horas. Los videos difundidos en redes sociales mostraron columnas de humo sobre los cerros aledaños y detonaciones de arma de fuego.

Según reportes previos de Infobae México, los habitantes señalaron llevar más de 15 días alertando a las autoridades sobre la presencia de hombres armados en la zona, presuntamente integrantes de La Familia Michoacana, sin obtener respuesta. El grupo, según los pobladores, buscaba el control de la sierra de Coyuca de Catalán.

Organizaciones civiles y académicas, entre ellas el Centro Minerva Bello y el Observatorio por la Reconciliación de la Paz y el Desarrollo, habían advertido días antes sobre enfrentamientos, cortes de caminos y bloqueos en la sierra ante la falta de respuesta institucional, pese a las denuncias de las propias autoridades comunitarias.

Ante los hechos, la Base de Operaciones Interinstitucionales integrada por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y la Defensa inició el desplazamiento terrestre hacia Guajes de Ayala.

Según un comunicado del departamento de comunicación estatal, el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno de Guerrero, Francisco Rodríguez Cisneros, informó que el apoyo aéreo previsto fue suspendido por condiciones climatológicas adversas.

Rodríguez Cisneros precisó que el operativo se mantuvo en coordinación entre fuerzas estatales y federales, y que cualquier actualización sobre el desarrollo de los trabajos se daría a conocer a través de los canales oficiales.

Evelyn Salgado encabezó sesión de seguridad en Acapulco

La gobernadora de Guerrero Evelyn Salgado Pineda presidió este8 de julio la Sesión Ordinaria de la Mesa Estatal de Coordinación para la Construcción de la Paz en las instalaciones del Mando Especial de la Guardia Nacional en Acapulco, donde se revisaron los temas prioritarios de la agenda de seguridad.

En sus redes sociales, la mandataria escribió: “Fortalecimos la coordinación entre instituciones para seguir dando resultados en beneficio de nuestro estado. Reconozco el trabajo coordinado del Mando Especial de la Guardia Nacional, institución que coadyuva de manera permanente en las tareas de seguridad y construcción de la paz en nuestro país y en Guerrero“.

Salgado Pineda añadió: “Seguiremos sumando esfuerzos, con unidad y corresponsabilidad, por el bienestar de las familias guerrerenses”.

La publicación no hizo referencia a los ataques registrados ese día en Chilpancingo y Coyuca de Catalán.

La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) anunció este martes en Ankara una serie de inversiones en sistemas de vigilancia y contratos de armamento por valor de miles de millones de dólares, con el objetivo de reforzar la defensa europea ante la amenaza de Rusia. El anuncio se realizó durante el Foro de la Industria de Defensa que marca el inicio de la cumbre aliada en la capital turca.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, detalló que se firmarán “contratos por valor de miles de millones de dólares” para mejorar capacidades estratégicas en vigilancia aérea, alerta temprana, transporte y reabastecimiento. “Se trata de capacidades que realmente se crean en la OTAN, no por una sola nación, sino por varias que colaboran estrechamente, y así es como hacemos que nuestra Alianza sea más poderosa”, afirmó Rutte.

Uno de los anuncios principales fue la puesta en marcha de un proyecto multinacional para una flota de aviones militares Airbus A400M, en el que participan España, Bélgica, Croacia, Francia, Polonia, Turquía y el Reino Unido. Este modelo ya ha demostrado su utilidad en la Alianza, siguiendo el ejemplo del sistema de flota compartida del avión cisterna polivalente Airbus A330 MRTT, que opera bajo un esquema de costes compartidos.

En paralelo, la OTAN confirmó un nuevo contrato con Airbus para la entrega del décimo avión A330 MRTT, ampliando su capacidad de transporte y reabastecimiento en vuelo. Además, Finlandia se ha incorporado a la iniciativa MRTT, elevando a diez el número de países que participan en esta flota.

El secretario general indicó que “países miembros de la OTAN y empresas de ambos lados del Atlántico van a (...) firmar contratos que se cifran en miles de millones, literalmente miles de millones de dólares”. Según un diplomático de la Alianza, el valor total de los contratos supera los 50.000 millones de dólares.

La OTAN adjudicó a la compañía sueca Saab un contrato para reemplazar la anticuada flota de aviones de reconocimiento AWACS fabricados por Boeing. El acuerdo incluye la adquisición de diez aparatos GlobalEye, cuyo monto no ha sido revelado. El sistema GlobalEye permitirá una vigilancia avanzada y multidominio desde una única plataforma, con capacidad de detección y seguimiento de amenazas complejas, como misiles balísticos y enjambres de drones, según detalló la organización.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, valoró que “es un gran día para la industria de defensa sueca y el resultado de muchos años de colaboración entre las autoridades suecas y Saab”.

Refuerzo de la vigilancia marítima y aérea

Dinamarca, Finlandia, Alemania y Noruega anunciaron la adquisición de hasta cinco aeronaves no tripuladas MQ-4C Triton de Northrop Grumman, que complementarán la flota del Sistema de Vigilancia Terrestre de la Alianza (AGS), con base en Sigonella, Italia. Estos aviones están diseñados para vigilancia marítima, pueden operar durante 24 horas a más de 15 kilómetros de altura y están equipados con sensores de largo alcance.

La creación de un consorcio industrial transatlántico facilitará la incorporación de los Triton, con Northrop Grumman encargada de la fabricación y Airbus, junto a otras empresas europeas, gestionando el segmento terrestre, la infraestructura y el apoyo a las misiones.

Inversiones y presión de Estados Unidos

El secretario general de la OTAN subrayó que la presión para aumentar el gasto en defensa responde a la necesidad de disuadir a potencias como Rusia, China y Corea del Norte, que “colaboran cada vez más” en materia de defensa. Rutte reclamó una “revolución industrial de defensa transatlántica” y recordó que los aliados se comprometieron el año pasado a destinar el 5% de sus PIB a gasto militar.

Estas acciones buscan mostrar a Estados Unidos, cuyo presidente Donald Trump tiene previsto arribar a Ankara tras expresar su descontento por la falta de apoyo europeo en la guerra contra Irán, que Europa asume el desafío de fortalecer su defensa. Desde 2025, los Estados miembros han invertido 32.000 millones de euros en reforzar la base industrial de defensa, lo que equivale a la capacidad productiva de más de dos mil campos de fútbol, según Rutte.

Las nuevas adquisiciones, la cooperación industrial y la modernización tecnológica refuerzan el mensaje de la Alianza Atlántica de que el aumento de capacidades militares es una prioridad compartida entre Europa y Norteamérica para garantizar la seguridad colectiva.

La Fiscalía de Sonora desarticuló un presunto esquema ilegal de préstamos en Agua Prieta tras ejecutar un cateo que derivó en la detención de cuatro personas y el aseguramiento de cerca de mil 500 tarjetas bancarias de posibles víctimas.

El operativo se realizó el 5 de julio en un domicilio ubicado entre las calles 20 y 21 de la colonia Sal Si Puedes. La diligencia fue coordinada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) en conjunto con la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA) y la Policía Municipal (PM).

La denuncia que activó la investigación

El cateo se desprendió de una investigación iniciada tras la denuncia de una mujer de 41 años, cuya identidad fue reservada. La víctima declaró haber sido privada de la libertad, agredida físicamente con un arma de fuego y amenazada de muerte junto con su familia.

Los delitos investigados son privación ilegal de la libertad agravada, robo agravado y amenazas. La denuncia permitió a las autoridades localizar el inmueble donde presuntamente operaba la red y obtener la orden de cateo.

Mil 500 tarjetas bancarias y un esquema de usura

El hallazgo que reveló la dimensión del presunto esquema fue el de aproximadamente mil 500 tarjetas bancarias pertenecientes a terceros, acompañadas de sus números de identificación personal (NIP).

De acuerdo con los datos obtenidos por la FGJES, uno de los detenidos presuntamente encabezaba una operación de préstamos ilegales en la que retenía las tarjetas y los NIP de sus deudores como garantía. Con ese mecanismo, realizaba retiros semanales de las cuentas de las víctimas bajo el concepto de intereses, sin que estas pudieran recuperar el control de sus propios recursos financieros.

Cuatro detenidos en flagrancia

Durante el operativo fueron arrestados en flagrancia Isaías “N”, de 37 años; Rafael “N”; Martín Arturo “N” y Luis Antonio “N”. La causa inmediata de su detención fue el hallazgo de 10 envoltorios con cocaína dentro del inmueble, lo que configuró el delito contra la salud.

Además de los narcóticos, las autoridades aseguraron un revólver Taurus calibre .357, una carabina calibre .22, un rifle de postas y tres cartuchos calibre .32. También fueron decomisados 10 teléfonos celulares y diversa documentación, todos integrados a las carpetas de investigación correspondientes.

Investigación abierta por más delitos

La FGJES informó que mantiene abiertas las líneas de investigación para establecer la posible participación de los cuatro detenidos en otros hechos delictivos, más allá de los cargos por los que fueron arrestados en flagrancia.

Las autoridades también trabajan para identificar a más personas que pudieran haber sido víctimas del esquema de préstamos ilegales.

Postura de la Fiscalía de Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora señaló que “actuará con firmeza contra estructuras que utilicen amenazas, violencia, armas o mecanismos de endeudamiento ilegal para afectar la libertad, seguridad y patrimonio de las personas”.

El cateo en la colonia Sal Si Puedes representa, según la dependencia, un resultado directo de la articulación entre distintas corporaciones de seguridad y la respuesta institucional a denuncias ciudadanas que exponen este tipo de operaciones delictivas.

Egipto acaba de inaugurar El Octágono, un complejo militar de 92 kilómetros cuadrados —una superficie equivalente a casi la mitad de la Ciudad de Buenos Aires— que demandó más de una década de obras y una inversión estimada en USD 10.000 millones. Se trata, según sus propios impulsores, del mayor centro de defensa del mundo. Pero lo que más llamó la atención de los analistas no fue solo su escala, sino el momento elegido para mostrarlo: en medio de una crisis económica que golpea con fuerza al país.

En Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont sostuvo que el proyecto excede lo arquitectónico y funciona como una señal política, tanto hacia adentro como hacia el resto de la región.

Una demostración de poder

“Cuando digo megacomplejo, lo digo en serio”, planteó Serbin Pont al describir la magnitud de la obra. El Octágono está formado por ocho edificios principales distribuidos en forma casi circular, más dos estructuras centrales reservadas para la conducción política y estratégica del país. “Los dos centrales son la parte de decisión política. El resto pertenece a los diferentes componentes de las Fuerzas Armadas”, precisó.

El objetivo, según el especialista, fue reunir en un mismo predio la totalidad del mando militar egipcio y erigir así “el centro de defensa más grande del mundo”. No pasó inadvertido, además, que la inauguración se produjera el mismo fin de semana en que Estados Unidos celebraba el 4 de julio, un detalle que Serbin Pont consideró cargado de simbolismo.

Una inversión que contrasta con la crisis

El dato que más interpela, sin embargo, es el contexto en el que se decidió mostrar la obra al mundo. Egipto atraviesa un programa de asistencia financiera con el Fondo Monetario Internacional y sufre una merma severa en los ingresos que genera el Canal de Suez, una de sus principales fuentes de divisas.

Desde fines de 2023, los ataques de los rebeldes hutíes contra buques comerciales en el Mar Rojo redujeron en torno al 60% el tránsito por esa vía, golpeando directamente las cuentas públicas egipcias.

La comparación que trazó Serbin Pont fue elocuente: “El equivalente de lo que se ha gastado en este megacomplejo también lo han perdido en esta reducción del tráfico”. Y remató: “Lo inauguran este fin de semana. El timing es impresionante”.

El Nilo, el otro frente estratégico

La crisis del Suez no es el único frente abierto para la política exterior egipcia. El otro gran desafío, señaló el analista, es la disputa con Etiopía por el control de las aguas del Nilo.

“El río Nilo abastece más del 85% del agua que requiere Egipto, y Egipto es 93% desierto”, explicó Serbin Pont para dimensionar por qué ese recurso es, en sus palabras, “vital” para la supervivencia del país.

La puesta en marcha de la Gran Presa del Renacimiento Etíope —la mayor central hidroeléctrica de África— profundizó la tensión entre ambos países. Como respuesta, Egipto reforzó su cooperación militar con Somalia, rival regional de Etiopía, a través de acuerdos de defensa y provisión de armamento. “Los egipcios están muy enojados”, resumió el analista, y recordó que esa escalada llevó incluso a que Donald Trump reclamara públicamente una negociación para evitar un conflicto militar entre ambos países.

Un ejército pragmático y diversificado

Serbin Pont también se detuvo en la política de compras militares de Egipto, que opera una flota heterogénea: aviones F-16 estadounidenses, Rafale franceses, MiG rusos y, desde el año pasado, cazas J-10 chinos.

Para el analista, esa combinación responde a una estrategia deliberada de diversificación de proveedores. Cuando Estados Unidos restringió la venta de determinado armamento para los F-16, Egipto no modificó sus planes de modernización: simplemente giró hacia Beijing. “Dijeron: ‘Bueno, bárbaro’. Llamaron a China, compraron fierro chino y listo”, ilustró, en referencia al pragmatismo con el que —a su juicio— El Cairo maneja su agenda de defensa.

Consultado sobre la imagen de Egipto como un país históricamente atravesado por la violencia, Serbin Pont recordó una historia reciente marcada por conflictos regionales, golpes de Estado y episodios de fuerte inestabilidad política.

Para Serbin Pont, todos estos elementos —la crisis del Suez, la pelea por el Nilo, el rearme diversificado— confluyen en la lectura de El Octágono. “Egipto es una suerte de power hub militar en la región", sostuvo. Y cerró con una definición que resume su análisis: “Muy pragmáticos, muy diversificados, complicados con el agua... pero mirá lo que es ese edificio. Es increíble ese complejo”.

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A doce días de los terremotos en Venezuela que provocaron hasta el momento 3 mil 342 personas muertas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que son 264 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y otros cuerpos de rescate los que se aún se mantienen brindando apoyo en ese país para las labores de búsqueda.

Durante la conferencia de prensa matutina de este lunes, la mandataria detalló que además de los militares también se encuentran 18 binomios caninos, quienes han logrado rescatar a dos personas, recuperar 80 cuerpos y a un perro.

Estas cifras representan el doble de los cuerpos recuperados hasta el pasado 2 de julio por el Ejército Mexicano, quienes hasta ese día habían realizado el rescate de 2 personas y la recuperación de 40 cuerpos, así como de un perro.

Las acciones las realiza el cuerpo de rescate “Yureme”, el cual está integrado por elementos de la Defensa, Fuerza Aérea y Guardia Nacional.

Con el paso de los días, las cifras de personas lesionadas y fallecidos han aumentado exponencialmente en una clara muestra de la magnitud del desastre que provocaron los terremotos de 7.2 y 7.5 en la escala que Richter que afectaron el pasado 24 de junio a Venezuela.

La emergencia provocó que decenas de cuerpos de búsqueda y rescate fueran desplegados para apoyar a las víctimas, entre ellos elementos de la Defensa, el cuerpo de Topos y la Cruz Roja Mexicana.

Consultas médicas y más de 71 toneladas de insumos: así ha apoyado México

La presidenta detalló que la ayuda brindada por el Estado, a través de la Defensa, también incluyen:

• Mil 988 consultas médicas
• Una intervención quirúrgica
• Ocho plantas generadoras de electricidad
• 13.1 toneladas de medicamentos entregados
• 71.2 toneladas de insumos

Respecto a las labores de los militares, Sheinbaum destacó que los elementos y los binomios caninos enviados fueron condecorados como “Héroes de Venezuela” y “Héroes Caninos de Venezuela”, respectivamente, esto debido a sus labores de rescate ante la magnitud de la emergencia.

Además, la presidenta informó que salieron dos barcos rumbo a Venezuela que llevan medicamentos, alimentos no perecederos y otros insumos, los cuales fueron donados tanto por la sociedad como por el gobierno.

Dicho envío se realizó este domingo a través de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con la salida de dos buques de apoyo logístico ARM Isla Holbox (BAL-02) y ARM Huasteco (AMP-01) que zarparon desde el puerto de Veracruz con aproximadamente 2 mil 003 metros cúbicos de insumos, equivalentes a cerca de 388 toneladas de ayuda.

Los terremotos devastaron La Guaira, al norte de Caracas, y generaron un escenario de destrucción amplia, provocando también más de 16 mil 500 lesionados y cientos de personas desaparecidas.

De acuerdo con datos de medios de ese país, de los 77 equipos de rescate llegados desde 31 países, solo permanecen unos 25 en terreno.

Sebastián Mocarquer, integrante del equipo de Naciones Unidas para la Evaluación y Coordinación de Desastres, explicó a EFE: “A partir del día siete, los equipos empiezan a desmovilizarse, aunque todavía hay equipos que llegaron más tarde que siguen, sobre todo de Latinoamérica”. Agregó que la mayoría trabajó junto a equipos locales en la recuperación de cuerpos.

La iniciativa ciudadana Desaparecidos Terremoto Venezuela registró reportes de más de 31 mil personas cuyo paradero se desconocía, lo que refleja la magnitud del desastre.

La Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) detectó un aumento en la salida de personas desde La Guaira hacia regiones menos afectadas.

Los estados de Táchira, Zulia y Delta Amacuro recibieron parte de esa población.

El ministro de Educación Héctor Rodríguez informó que 10 mil 702 personas fueron alojadas en 79 campamentos temporales habilitados tras los terremotos. Según OCHA, esos espacios funcionarían aproximadamente durante un mes, tras el cual se evaluaría el destino de quienes perdieron su vivienda.

En un artículo previo “La defensa que tenemos y la defensa que necesitamos: desafíos para el siglo XXI”, se describían seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista. Ellas eran:

• La planificación integral del sistema de defensa nacional.
• Adecuación del marco legal.
• Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios.
• Transformación innovadora de las FFAA.
• Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización.
• Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción).

Las dos primeras líneas fueron desarrolladas en artículos precedentes, abordando hoy sin seguir el orden, la temática de las reservas.

La conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización es una de las medidas de mejor relación costo/eficacia para incrementar las capacidades disuasivas y defensivas concretas del país, en la paz o en caso de conflicto. Los ejemplos de las dos guerras mundiales resultan contundentes, tanto como muchos otros conflictos de menor escala en los que el empleo de reservas ha sido la norma. La guerra de Yom Kippur/Ramadán en 1973, la de Irán-Irak entre 1980 y 1988, los conflictos con rebeldes chechenos, Rusia y Ucrania, muestran una proporción de empleo entre fuerzas activas permanentes y reservas, que varía entre el 1:2,5 a 1:5. Aunque estos conflictos difieren en naturaleza (guerra de desgaste a gran escala y/o conflictos híbridos con apoyo externo) con la naturaleza probable de los conflictos que puedan afectar a nuestro país, la importancia de las reservas es innegable.

En nuestra región, la relación entre efectivos activos y reservas varía: 1:0,5 en el caso de Chile; 1:4 de Brasil, hasta el 1:8 en el caso de Paraguay. Los datos y fuentes son variables y no detallan si es reserva entrenada o es la totalidad del personal en condiciones de ser movilizado, es decir “combatientes preparados e integrados organizadamente” o “ciudadanos con un fusil que apenas saben usar”. Durante el conflicto de 1978 por el canal de Beagle y durante la guerra de Malvinas, Argentina recurrió a la movilización parcial de sus reservas y pese a la utilidad que demostraron, en los años siguientes no hubo mejoras significativas del sistema, y sus capacidades son hoy muy limitadas.

En nuestro país, la problemática de las reservas y de la movilización de los recursos nacionales (y no necesariamente armados), no ha ocupado una posición central más allá de haber sido considerada en el marco legal y de algunos intentos serios pero aislados de las Fuerzas, que no resuelven con plenitud la necesidad.

La Ley de Defensa Nacional N.º 23.556, establece en líneas generales que el Sistema de Defensa Nacional incluye a los “elementos de la reserva” de las Fuerzas Armadas. También introduce el concepto de “Movilización” habilitando al presidente a ordenarla total o parcialmente, afectando a los recursos humanos y materiales del país y a disponer la incorporación de ciudadanos a las Fuerzas Armadas en caso de movilización para atender a la defensa nacional.

La Ley de Reestructuración de las Fuerzas Armadas N.º 24.948 establece la necesidad de fortalecer el sistema de reservas, para permitir una rápida transición de una fuerza de paz a una fuerza de combate en caso de movilización, a través de un sistema de convocatoria eficiente. La ley establece también un plazo de 365 días (marzo de 1999) para la promulgación de una ley de reservas y otra de movilización. No se pretende analizar el incumplimiento de plazos en términos cuantitativos, sino expresar que, a pesar de la existencia de numerosos proyectos de ley, la falta de visión estratégica en materia de defensa ha sido y es perniciosa para los intereses de la Nación.

La Ley de Personal Militar N.º 19.101 define la conformación de la reserva, distinguiendo entre la Reserva Incorporada (Personal militar en actividad que ha pasado a situación de retiro y que, por necesidad, es llamado al servicio) y la Reserva Fuera de Servicio (Ciudadanos que han cumplido el servicio militar obligatorio o que tienen instrucción militar y están sujetos a ser convocados por el Estado en caso de conflicto).

El Decreto 1716/2009 (Reglamentación de la Ley de Personal Militar), establece los mecanismos de convocatoria de la reserva, sea para adiestramiento, necesidades de servicio, y finalmente movilización real en caso de conflicto.

Las capacidades que las reservas adiestradas con rápido alistamiento pueden otorgar al país, merecen su consideración dentro de cualquier previsión defensiva, aprovechando y mejorando los sistemas propios de las FFAA (SIREA en el EA y sistemas de reserva naval y de Fuerza Aérea), y la presencia de numerosos reservistas voluntarios, comprometidos y a bajo costo para el estado, contribuyen con la defensa nacional. Ello permitirá avanzar con seriedad y rapidez.

La implementación de un sistema de Reservas y Movilización eficiente requerirá:

• Determinación de necesidades (cantidad, tipo de reservas, tiempos de respuesta, etc.) en función de las posibilidades reales del país (población, recursos financieros, sistemas de armas para equiparla, etc.). En un marco de recursos muy limitados, disponer de un sistema de reservas eficaz permitiría mejorar con menores recursos (en relación a una fuerza activa completa en efectivos y medios), la situación crítica que en términos materiales, humanos y presupuestarios, afecta hoy al sistema de defensa nacional.
• Elaboración del marco legal que encuadre su finalidad, composición, organización (incluyendo creación de elementos), procesos de convocatoria, regímenes de ascenso, compensaciones y otros aspectos, etc.
• Elaboración y ejecución de los procedimientos de registro, convocatoria, adiestramiento, promociones y ascensos, empleo efectivo en conflicto y desmovilización, entre otros.

La actual distinción entre reserva incorporada y reserva fuera de servicio, podría mantenerse agregando una nueva categoría de “RESERVA VOLUNTARIA”, la que a su vez incluiría diferentes agrupamientos en base al empleo previsto, tiempo de alistamiento y disponibilidad.

Esta reserva se podría conformar en base a tres agrupamientos:

1) Operacional: prevista para completar las organizaciones de combate de las FFAA con personal instruido (ex soldados y cuadros de baja o retirados, incluyendo a personal de alta capacitación como pilotos, tripulantes de buques, operadores y técnicos de sistemas de armas complejos, tripulantes de blindados, etc.) con tiempos de alistamiento reducidos. Tendrían períodos de adiestramiento trimestrales según los planes de educación de las fuerzas. Su función principal sería integrar la fuerza activa en operaciones militares. Aunque pueda parecer contradictorio mantener adiestrados a personal con alta capacitación técnica como un piloto, el uso intensivo de simuladores y el contacto permanente con el personal en actividad, ayudaría a mantener una aptitud mínima (la que se incrementaría intensivamente en caso de movilización), hoy inexistente.

2) Complementario: conformado por organizaciones semipermanentes de reserva (compañías, escuadrones, etc.) e integradas con personal que con instrucción militar (cursos para reservistas, ex liceístas, etc.). Sus tiempos de alistamiento serían mayores. Sus funciones en tiempos de paz, incluirían a las misiones complementarias de las FFAA (incluyendo protección civil y apoyo a la comunidad). En conflicto instruirían a la Reserva Fuera de Servicio movilizada para proporcionar reemplazos, y podrían desarrollar operaciones como fuerzas de resistencia local (OFRL) en territorios propios ocupados, previstas en los planes militares. Su empleo complementario para operaciones de protección civil (bomberos, brigadistas, rescatistas, etc.), permitiría a la fuerza activa, un uso adecuado de recursos y tiempo para enfocarse en su misión principal, la preparación para la guerra.

3) Funcional: integrado por ciudadanos con o sin instrucción militar previa incorporados para satisfacer necesidades puntuales, por tiempo reducido y al solo efecto de dicha función o necesidad (por ejemplo, profesionales cuyas capacidades no están cubiertas en las FFAA).

El proyecto preveía la elaboración y actualización de los planes de carrera para los reservistas, tanto como su promoción y ascensos sobre la base de su capacitación, en muchos casos demoradas en la actualidad. El cambio de gestión ministerial en diciembre de 2023 impidió que el proyecto avance, aunque sus postulados mantienen hoy plena vigencia.

La organización de un sistema de reservas eficiente impone adecuar la estructura y dimensiones del Sistema de Defensa Nacional para optimizar organizaciones ineficientes, redundantes u obsoletas. El empleo de los recursos que se economicen, debe volcarse al sistema de reservas para mantener un equilibrio aceptable en el gasto en defensa (reiterando la necesidad de un mayor presupuesto).

La reserva no debe ser vista como un mecanismo de ajuste financiero, sino como una capacidad en la que se debe invertir. Es un error ver a las reservas como una solución austera para mitigar la escasez presupuestaria de las Fuerzas Armadas. Un reservista sin un fusil moderno, sin horas de adiestramiento real y sin sistemas de armas disponibles carece de sentido. Un sistema de reservas eficiente y creíble exige un presupuesto sostenido. En materia de defensa, la economía de fuerzas es el resultado de una inversión inteligente y no el sustituto de un presupuesto limitado.

Nuestro vacío legal muestra una parálisis estratégica crónica. Y aunque en 2023 el Estado Mayor Conjunto de las FFAA presentó sendos proyectos de ley de Reservas y de Movilización, además de un Sistema de Incorporación y Adiestramiento de Reservas (SIARES), que no avanzaron. Mientras, el mundo optimiza constantemente la doctrina de sus reservas, el marco legal permanece en una obsolescencia conceptual que dificulta dar respuesta a las necesidades defensivas del país. Mantener la situación actual no es gratis: implica debilitar a la capacidad de disuasión del Estado de manera deliberada.

El artículo 21 de la Constitución Nacional impone a todo ciudadano la obligación de armarse en defensa de la Patria. Hoy es un mandato inaplicable sin una reforma profunda que optimice nuestras capacidades de movilización. Un sistema de reservas nuevo, creado sobre una estructura diseñada para conflictos del pasado, es un contrasentido, y la capacidad de disuasión de un país no se mide por la cantidad de ciudadanos en condiciones de movilizarse, sino por la capacidad real del Estado para adiestrarlos, equiparlos y desplegarlos en el menor tiempo posible.

La modernización del sistema de defensa, en particular de estructura de las reservas, es una medida factible para concretar ese precepto constitucional y para disponer de una herramienta útil a la hora de proteger los intereses nacionales.

Desde su llegada al poder, el gobierno libertario convirtió a la Defensa en una de sus principales banderas discursivas. Uno de sus lemas fue la puesta en valor de unas Fuerzas Armadas que venían de años de abandono, estigmatización y desaciertos en la gestión. En ese diagnóstico inicial es posible encontrar algunos puntos de coincidencia. Sin embargo, entre el diagnóstico y la acción existe una distancia considerable.

A pesar de una intensa estrategia comunicacional basada en videos de estética cinematográfica, anuncios grandilocuentes y ejercicios conjuntos con potencias extranjeras, el gobierno no impulsó transformaciones de fondo. Por el contrario, la gestión libertaria, primero encabezada por Luis Petri y actualmente bajo la gestión del General Presti, ha profundizado varios de los problemas estructurales que afectan a las Fuerzas Armadas.

Detrás de la puesta en escena y de los anuncios de alto impacto mediático, continúa ausente una política integral de Defensa que permita recuperar capacidades, fortalecer el instrumento militar y proyectar una estrategia nacional sostenible en el tiempo.

La primera pregunta que debería responder la gestión libertaria es cómo pretende sostener un discurso de recuperación de capacidades militares mientras destina a la Defensa el presupuesto más bajo de los últimos veinte años.

Si repasamos los últimos gobiernos, observamos que el promedio anual más elevado de gasto en Defensa de los últimos veinticinco años correspondió al segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner, con unos 4.900 millones de dólares constantes. En tanto que la administración de Javier Milei se ubica en torno a los 4.100 millones de dólares anuales y, de mantenerse la tendencia actual, probablemente concluya su mandato con un promedio inferior a los 4.000 millones de dólares por año. El gobierno que más ha hablado de recuperar las Fuerzas Armadas es, al mismo tiempo, uno de los que menos recursos les ha destinado.

Surge entonces una pregunta inevitable: ¿cómo se compatibilizan los anuncios de modernización, reequipamiento y recuperación de capacidades con un presupuesto que se encuentra casi 1.000 millones de dólares por debajo del registrado en 2015? La experiencia demuestra que no existen transformaciones estructurales ni capacidades militares sostenibles sin una inversión acorde. La comunicación puede construir relatos, pero son los presupuestos los que finalmente revelan las verdaderas prioridades de un gobierno.

La respuesta es sencilla: no existe compatibilidad alguna entre esas dos realidades. El mecanismo utilizado para generar esta ilusión de recuperación en las Fuerzas Armadas ha sido, simplemente, aplicar un severo ajuste sobre los salarios militares, que representan alrededor del 80% del gasto total en Defensa, y destinar una parte de ese ahorro a adquisiciones que alimenten ese relato.

El esquema replica, en esencia, la lógica aplicada por el gobierno a nivel nacional con las jubilaciones y pensiones para sostener el equilibrio fiscal. Las adquisiciones realizadas se financian directamente a costa de los ingresos del personal militar. Desde diciembre de 2023, la licuación salarial acumulada de las Fuerzas Armadas se estima en unos 1.200 millones de dólares. Menos de la mitad de ese monto, aproximadamente 500 millones, fue lo destinado a la tan anunciada incorporación de los F-16, los vehículos Stryker y los camiones Unimog.

El resultado son miles de oficiales y suboficiales viviendo bajo la línea de pobreza y soldados directamente en la indigencia, además de un sistema de salud militar quebrado producto de los bajos salarios, que resultan insuficientes para financiarlo.

Pero el recorte presupuestario no se frenó allí y también avanzó sobre los recursos para mantenimiento, sostenimiento, capacidad operacional, adquisiciones y funcionamiento de las unidades militares, incapaces hoy en día de mantenerse normalmente por falta de insumos, equipamiento individual y escasez de alimentos para la tropa.

En este contexto, el Ministerio de Defensa vuelve a apelar a medidas que poco cambian la realidad. El reciente “adicional remunerativo” anunciado para quienes tengan un título terciario o universitario alcanza apenas a una minoría del personal militar, dejando afuera a la gran mayoría de los efectivos, especialmente a los soldados que hoy se encuentran en situación de indigencia.

Todo esto tiene una raíz filosófica, y es que para la mirada liberal, las Fuerzas Armadas son una agencia más del Estado sujeta al equilibrio fiscal, y la soberanía queda subordinada al presupuesto disponible. Por eso resulta coherente, dentro de esa lógica, tener soldados pobres y aviones nuevos, lo que les permite “optimizar” el gasto y al mismo tiempo sostener el relato.

Para finalizar, el estado de situación se completa con la falta absoluta de una planificación estratégica propia, la subordinación total y sin concesiones a voluntades extranjeras que se circunscribe a la participación en ejercicios de cooperación, dejando voluntariamente que la Defensa de nuestra patria sea guiada por programas de otros países, con sus intereses, prioridades y objetivos específicos.

Muestra de esto es el tratado firmado entre la Armada Argentina y el Comando Sur en el marco del programa internacional llamado “Bienes Comunes Globales”, sin intervención del Ministerio de Defensa, como si el comando inmediato superior de la armada fuese ese organismo internacional.

La Argentina merece verdaderamente reconstruir nuestras FFAA bajo una concepción nacionalista que parta de la premisa opuesta. Donde la soberanía no se negocie y la defensa de la patria sea una inversión irrenunciable del Estado nacional. Y exige también una fuerte autocrítica: el peronismo tuvo años para revertir la situación y no lo hizo. Asumirlo es la condición para construir una alternativa creíble.

Hubo en nuestra historia una doctrina nacionalista que entendió la defensa como parte indivisible del desarrollo de la patria, una visión que ligó la industria, el trabajo y la soberanía en un mismo proyecto, y que concibió a la Nación entera como sustento de su propia defensa.

Argentina posee un extenso litoral marítimo, largas fronteras terrestres, recursos naturales de enorme valor estratégico en disputa y una presencia irrenunciable en el Atlántico Sur. La protección de esos intereses exige presupuestos acordes, planificación de largo plazo basada en prioridades nacionales, con cooperación pero sin subordinación a intereses de potencias extranjeras, desarrollo industrial propio y, por sobre todas las cosas, hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas que puedan ejercer su profesión con dignidad.

Mientras eso no ocurra, las adquisiciones de los F-16, los Stryker y los grandilocuentes discursos sobre recuperación y grandeza militar seguirán siendo recursos de propaganda. Detrás de la puesta en escena permanecerá intacta la deuda de reconstruir las capacidades necesarias para garantizar la defensa de la soberanía nacional.

*El autor es Teniente General (RE). Se desempeñó como Jefe del Estado Mayor General del Ejército Argentino entre 2013 y 2015

La Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), detectó y aseguró un cargamento de 84 mil cigarrillos presuntamente apócrifos en la Aduana del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), como parte de las acciones de vigilancia y combate al contrabando en las operaciones de comercio exterior.

De acuerdo con un comunicado oficial, la mercancía provenía de Bélgica y fue identificada durante los procesos de revisión documental y operativa que realiza personal especializado en la terminal aérea.

Las autoridades señalaron que la detección fue posible gracias al uso de herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera.

Inconsistencias en la documentación

La ANAM explicó que durante la inspección se detectaron inconsistencias en la documentación relacionada con el cargamento, lo que permitió canalizar la operación hacia una revisión especializada. Tras la verificación física y administrativa de la mercancía, se determinó el aseguramiento de los cigarrillos por tratarse de productos presuntamente apócrifos.

El organismo federal destacó que este tipo de operativos forman parte de la estrategia permanente para fortalecer los controles aduaneros en el país y evitar el ingreso de mercancías que incumplan con la normatividad mexicana.

Asimismo, subrayó que las acciones coordinadas con las fuerzas armadas permiten reforzar la seguridad en puntos estratégicos de comercio exterior, particularmente en el AIFA, considerado uno de los principales centros logísticos y de carga aérea del país.

“La detección fue posible gracias a los procesos de revisión documental y operativa realizados por personal especializado, apoyados en herramientas de análisis estratégico, perfiles de riesgo y mecanismos de vigilancia aduanera”, indicó la ANAM en el comunicado.

Mercancías apócrifas sin cumplir controles sanitarios y regulatorios

La dependencia también enfatizó que estas acciones contribuyen a fortalecer las capacidades institucionales para supervisar las operaciones de comercio exterior, mejorar la trazabilidad documental y prevenir el ingreso de mercancías ilegales o irregulares que representen riesgos para la economía formal y la salud pública.

El decomiso de cigarrillos presuntamente falsificados ocurre en medio de los esfuerzos del gobierno mexicano para combatir el comercio ilícito de productos de tabaco, una actividad que genera pérdidas millonarias por evasión fiscal y afecta a las empresas legalmente establecidas. Además, las autoridades han advertido que este tipo de mercancías puede ingresar al mercado sin cumplir controles sanitarios y regulatorios.

Hasta el momento, la ANAM no informó si derivado de este aseguramiento hubo personas detenidas o si se inició alguna carpeta de investigación por delitos relacionados con contrabando, falsificación o violaciones a la Ley Aduanera. Sin embargo, el cargamento quedó bajo resguardo de las autoridades competentes para continuar con las indagatorias correspondientes.

La Aduana del AIFA ha incrementado en los últimos meses las revisiones y operativos de vigilancia debido al crecimiento de operaciones comerciales y de carga internacional en la terminal aérea. Las autoridades federales consideran que el fortalecimiento de la supervisión aduanera es clave para detectar mercancías ilegales, armas, drogas, productos falsificados y operaciones de comercio irregular.

Con este aseguramiento, la ANAM reiteró su compromiso de mantener acciones coordinadas con distintas instituciones de seguridad y defensa para proteger la economía nacional y garantizar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos legales establecidos.

El caso de los 84 mil cigarrillos asegurados en el AIFA se suma a otros operativos recientes realizados en distintas aduanas del país, donde las autoridades han detectado mercancía apócrifa y productos de procedencia irregular, principalmente provenientes de mercados internacionales.

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DEA decomisa 20 libras de cocaína ocultas en compartimento secreto en la frontera de Texas

Agentes de la DEA y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) decomisaron 20 libras de cocaína escondidas en un compartimento clandestino instalado debajo de un vehículo que intentó cruzar la frontera por McAllen, Texas, según informó la agencia antidrogas en sus redes sociales.

El hallazgo se produjo durante una inspección vehicular en la región fronteriza. Los agentes detectaron un compartimento de fabricación posterior —no original de fábrica— diseñado para ocultar la droga de los controles aduanales.

El decomiso ocurrió semanas después de que el director de la DEA, Terry Cole, declarara que el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación eran la prioridad número uno de la agencia, en el marco de la operación “América libre de fentanilo”. Cole advirtió que el fentanilo y otras drogas representan una amenaza que había destruido familias y devastado comunidades, y prometió rastrear a cada facilitador y distribuidor que se beneficiara del narcotráfico.

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La guerra en Ucrania está dejando una enseñanza que ya empezó a modificar la planificación militar de las principales potencias: el futuro del combate será cada vez menos tripulado. Con esa premisa, el Reino Unido decidió cancelar la construcción de su próximo destructor y redirigir buena parte de su presupuesto de defensa hacia drones, inteligencia artificial y embarcaciones autónomas, en uno de los cambios doctrinarios más importantes de las últimas décadas para una fuerza naval occidental.

Durante su columna en Infobae al Mediodía, el analista internacional Andrei Serbin Pont explicó que el nuevo Defense Investment Plan impulsado por el gobierno de Keir Starmer prevé una inversión superior a los USD 395.000 millones hasta 2030, de los cuales unos USD 6.600 millones estarán destinados exclusivamente a drones.

Sin embargo, sostuvo que el verdadero cambio no pasa por el volumen de recursos, sino por la decisión de abandonar progresivamente el modelo tradicional de grandes buques tripulados. En ese sentido, aseguró que la transformación británica difícilmente quede aislada: “Ahora lo van a hacer los británicos, pero después lo van a hacer todos. Es lo que se viene, es el mundo”.

El proyecto contempla el desarrollo de los llamados unmanned combat vessels, plataformas concebidas para operar sin tripulación y coordinar otros sistemas autónomos. Según explicó Serbin Pont, uno de los diseños más avanzados es el Tipo 91, un buque de unos 70 metros de eslora pensado para funcionar como “un arsenal flotante”, con capacidad para transportar hasta 130 misiles entre sistemas antiaéreos, armamento de ataque terrestre y armas láser.

Detrás de esa decisión también hay una cuestión económica y operativa. El especialista explicó que prescindir de una tripulación permite reducir costos, liberar espacio para armamento y disminuir el riesgo humano en combate. “Cuando eliminás eso de la ecuación, te ahorrás un montón de espacio, de recursos y de vidas”, señaló, antes de agregar que, incluso si una embarcación fuera destruida, “el impacto humano es mucho menor”.

A eso se suma otro problema que atraviesan varias fuerzas occidentales: la creciente dificultad para reclutar y retener personal militar.

Para Serbin Pont, esa transformación no puede entenderse sin mirar lo que ocurre desde hace más de tres años en Ucrania, donde el uso masivo de drones modificó la lógica del campo de batalla. Allí, explicó, se emplean alrededor de 200.000 drones por mes, una escala que supera ampliamente la capacidad humana para procesar información en tiempo real. “Los sensores y operadores humanos no dan abasto para tomar decisiones en ese espacio de combate”, resumió.

Eso no significa que las formas tradicionales de hacer la guerra hayan desaparecido. Por el contrario, sostuvo que ambos modelos hoy conviven. Mientras los drones concentran buena parte de las bajas, la artillería continúa teniendo un peso decisivo.

Según detalló, todavía se disparan unos 30.000 proyectiles diarios, una combinación que demuestra que la innovación tecnológica no reemplazó completamente a los métodos convencionales, sino que los potenció.

La consecuencia inmediata de ese escenario es el creciente protagonismo de la inteligencia artificial. Frente a un volumen de información imposible de procesar manualmente, los algoritmos comienzan a intervenir cada vez más en la identificación de amenazas y la selección de objetivos.

Como resumió el analista, “la persona no tiene tiempo hoy en día de tomar decisiones”, una limitación que explica por qué países como el Reino Unido ya no piensan únicamente en incorporar drones, sino en diseñar plataformas enteras orientadas a operar de manera autónoma.

Ese avance tecnológico abre, al mismo tiempo, un debate mucho más complejo que el puramente militar. Para Serbin Pont, la discusión ya no pasa por la capacidad de las máquinas, sino por los límites que las sociedades están dispuestas a aceptar. “Hoy la pregunta es: ¿a partir de qué punto estás cómodo con delegar decisiones que implican matar en una computadora?”, planteó.

El especialista recordó que el principio predominante sigue siendo mantener al human in the loop, es decir, que un operador conserve la decisión final antes del uso de la fuerza. Sin embargo, advirtió que el propio ritmo del combate empieza a poner esa regla bajo presión.

Como ejemplo mencionó operaciones recientes en Gaza, donde herramientas de inteligencia artificial participaron en la selección de objetivos y los oficiales disponían de apenas entre 30 y 90 segundos para autorizar un ataque. En ese contexto, sostuvo que el interrogante deja de ser únicamente quién ejecuta el disparo y pasa a ser quién decidió ceder esa responsabilidad a un algoritmo. “¿Qué pasa si el día de mañana el ser humano ya no tiene el botón rojo?”, se preguntó.

Para el analista, esa discusión debería darse antes de que la tecnología termine de consolidarse. Por eso cerró con una advertencia que excede el plano militar: “Definamos las reglas de juego ahora y que sean lo más parejas posible, porque después es tarde”.

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Dos vehículos con reporte de robo, un fusil Barrett calibre .50, un lanzagranadas y seis granadas fueron hallados al interior de dos camionetas abandonadas a un costado de un canal en la comunidad de Lomas de Monterrey, en Mazatlán, Sinaloa.

El operativo, dado a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP Sinaloa) este 1 de julio, fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional que opera en la entidad, integrado por fuerzas como el Ejército Mexicano, la Policía Estatal Preventiva, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General del Estado de Sinaloa.

Según los reportes, elementos de seguridad localizaron las unidades durante reconocimientos terrestres en la zona. Además del fusil Barrett y el lanzagranadas con sus seis explosivos calibre 40 mm, en el interior de los vehículos se encontraron un fusil AK-47, un fusil M16, dos escopetas y más de 3 mil 400 cartuchos de distintos calibres, junto con 40 cargadores.

Todo el material fue puesto a disposición del Ministerio Público Federal.

Jeep Wrangler 2024 y Mazda CX-50 2025, los vehículos asegurados

Uno de los vehículos era un Jeep Wrangler 2024 sin placas; el otro, una Mazda CX-50 2025. Ambos tenían reporte de robo activo.

Las dos camionetas se encontraban en aparente estado de abandono a un costado de un canal cuando fueron detectadas durante los reconocimientos terrestres.

Fusil Barrett calibre .50 y lanzagranadas, entre las armas de mayor poder

El fusil Barrett calibre .50 es una de las armas de mayor alcance y poder de penetración que circula entre los grupos de la delincuencia organizada en el país. Su presencia en el cargamento, junto con el aditamento lanzagranadas calibre 40 mm y las seis granadas del mismo calibre, marcó el nivel de armamento que portaban las unidades aseguradas.

El resto del arsenal incluyó un fusil AK-47 de calibre 7.62 × 39 mm, un fusil M16 calibre .308 y dos escopetas calibre 12.

En total, cinco armas largas fueron retiradas de circulación en este operativo. Hasta el momento no se conoce a qué grupo delictivo estaría relacionado el arsenal.

El grueso de las municiones correspondió a 2 mil 870 cartuchos calibre 7.62 mm. A estos se sumaron 490 del calibre 5.56 mm, 36 del calibre .50 para el Barret y 20 del calibre 12, para un total de 3 mil 416 cartuchos asegurados.

La variedad de calibres localizados correspondía directamente con las armas incautadas, lo que sugería que el cargamento estaba organizado para el uso operativo de cada pieza.

Según el comunicado de la SSP Sinaloa, fueron elementos de la Policía Estatal Preventiva y del Ejército Mexicano quienes participaron directamente en los reconocimientos terrestres. El resto de las autoridades estatales y federales involucradas sirvieron en tareas de coordinación como parte del grupo interinstitucional.

El hallazgo ocurre días después de la captura de “El Güero Pin” en Escuinapa

El aseguramiento en Mazatlán tuvo lugar menos de una semana después de que el Grupo Interinstitucional detuviera en Escuinapa a Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin” o “El Güero Pink”, identificado extraoficialmente como presunto jefe de plaza de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Junto a él fue capturado Hilario Javier Martínez Gómez, exsecretario de Seguridad del municipio, quien presuntamente era su escolta.

Las detenciones, ocurridas el pasado 25 de junio, desencadenaron narcobloqueos en la zona, los cuales fueron reportados como controlados horas después.

El Güero Pin fue señalado por la Secretaría de la Defensa Nacional como probable participe en el secuestro y asesinato de los mineros en el municipio de Concordia, así como presunto vinculado con el secuestro de turistas originarios del Estado de México en Mazatlán en enero y febrero de 2026.

“El Güero Pin” y el exdirector de Seguridad de Escuinapa fueron trasladados al penal del Altiplano tras permanecer bajo custodia de autoridades federales en Culiacán.

El Gabinete de Seguridad Nacional reveló este 26 de junio que elementos de la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y la Fiscalía General de la República catearon tres inmuebles usados como bodegas en Durango, en un operativo derivado de trabajos de inteligencia y cooperación internacional dirigido contra el Cártel de Sinaloa, también conocido como Cártel del Pacífico.

En los tres inmuebles, las fuerzas federales aseguraron 46 vehículos —entre tractocamiones y camionetas—, dos de ellos con reporte de robo y uno con blindaje de fábrica, además de un arma larga, 435 cargadores y 180 cartuchos.

El operativo se realizó el pasado 23 de junio, según consta en el informe de acciones relevantes de esa fecha consultado por Infobae México.

Cártel del Pacífico, otra forma de identificar al Cártel de Sinaloa

Este 26 de junio, el Gabinete de Seguridad precisó mediante su cuenta de X que los bienes asegurados están vinculados al Cártel del Pacífico, nombre con el que también se conoce al Cártel de Sinaloa, organización fundada por Joaquín “El Chapo” Guzmán e Ismael “El Mayo” Zambada, ambos presos en Estados Unidos: Guzmán cumple cadena perpetua más 30 años en la prisión de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado, mientras Zambada enfrenta cargos de narcotráfico tras ser detenido en julio de 2024 en El Paso, Texas.

La captura de “El Mayo” desató una ola de violencia en el país, debido a que habría sido secuestrado y entregado a autoridades estadounidenses por Joaquín Guzmán López, hijo de “El Chapo”, hecho que fracturó al Cártel de Sinaloa y desencadenó una guerra interna entre facciones de la organización.

Este 26 de junio las autoridades no revelaron a qué facción pertenecen las bodegas cateadas; no obstante, registros previos de Infobae México señalan que en Durango hay mayor presencia de Los Mayos, quienes mantienen una alianza con Los Cabrera.

El Gabinete de Seguridad señaló que con estas acciones se debilita la base logística de los grupos delictivos y se contribuye a fortalecer la seguridad de la ciudadanía.

Automóviles de lujo y un rifle tipo AK-47 entre los objetos asegurados

Fotografías reveladas por las autoridades mostraron que entre los vehículos asegurados hay varios todoterreno de lujo. Entre ellos se identificaron unidades de la marca Polaris, modelo RZR, cuyos precios en México arrancan desde 459,900 pesos, y de la marca Can-Am, en los modelos Maverick X3, que se cotiza desde 483,900 pesos, y Maverick R, cuyo precio parte de los 854,900 pesos.

Ambas marcas fabrican vehículos de alto rendimiento diseñados para terreno rudo, frecuentemente asociados con actividades recreativas, sin embargo, son unidades comúnmente aseguradas a los grupos delictivos.

El operativo también dejó al descubierto un arsenal de vehículos de alto valor: una Volkswagen Golf GTI de modelo reciente, cuyo precio en México arranca desde 823 mil pesos; una Chevrolet Silverado; una Ford F-350 Super Duty, que se cotiza en más de un millón pesos; un Jeep Wrangler Sahara Unlimited; una Suburban y una GMC Hummer EV de modelo reciente, color verde, cuyo precio en el mercado mexicano supera los 2 millones 899 mil pesos.

Entre el armamento asegurado se encontró un rifle tipo AK-47. Lo que destacó fueron los 435 cargadores y 180 cartuchos hallados junto al arma.

El Ejército desplegó 690 efectivos en Durango entre el 10 y el 13 de junio

El aseguramiento se da en el marco de un reforzamiento militar sin precedente en el estado. Entre el 10 y el 13 de junio, el Ejército Mexicano desplegó 690 efectivos en tres tandas: 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales —conocidos como los “Murciélagos”—, 300 del 78 Batallón de Infantería procedentes de la Ciudad de México y 300 elementos de Armas Blindadas de Querétaro, llamados los “Acorazados”.

El operativo del 23 de junio se inscribe en ese contexto de presencia militar intensificada.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) emitió un comunicado donde detalló el apoyo que México envió a Venezuela tras los terremotos de pasado 24 de junio que provocaron el colapso de edificios en la capital y otros estados, dejando cientos de víctimas mortales.

Según el reporte oficial, un contingente está conformado por 261 efectivos y más de 15 toneladas de equipo, medicamento e insumos médicos que aterrizarán en el país sudamericano a bordo de tres aviones de la Fuerza Aérea Mexicana.

El despliegue fue instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Los dos primeros aviones de transporte estratégico partieron a las 14:30 horas del centro del país desde la Base Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México. Un tercer avión, un C-130 Hércules, estaba previsto para salir en las horas siguientes con 8 toneladas de medicamento y 4 toneladas adicionales de equipo para rescate y salvamento, de acuerdo con el comunicado de la Defensa.

Los dos sismos, de magnitud 7.2 y 7.5, sacudieron Venezuela con apenas 39 segundos de diferencia y pusieron al país en estado de emergencia. El ministro de Salud, Carlos Alvarado, informó la noche de este 25 de junio, en una transmisión por el canal estatal Venezolana de Televisión, que el balance preliminar ascendía a 235 muertos y 4 mil 300 heridos.

La Defensa lamentó, a nombre del Gobierno de México, las pérdidas humanas y materiales que dejaron los sismos, y expresó sus deseos de pronta recuperación para quienes resultaron heridos.

261 efectivos del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional

El contingente está integrado por 240 elementos del Ejército Mexicano, 11 de la Fuerza Aérea y 10 de la Guardia Nacional.

Entre ellos viajaron médicos, camilleros, enfermeros y personal especializado en búsqueda y rescate, así como 18 binomios caninos entrenados para localizar personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Los dos primeros aviones trasladaron 4.4 toneladas de herramienta y equipo, y 2.7 toneladas de insumos médicos. El tercer avión tiene previsto salir con 12 toneladas de medicamento y equipo de rescate.

Además, la institución federal afirmó que, tal como lo señaló la presidenta Sheinbaum en la mañanera, una vez que la delegación estableciera contacto con autoridades venezolanas, se evaluaría si era necesario reforzar el contingente para robustecer las labores de auxilio a la población afectada.

México ofreció “toda la solidaridad y el apoyo que requiera” a Venezuela por instrucción de Sheinbaum

Antes de la confirmación del envío, el pasado 24 de junio el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, adelantó a través de su cuenta de X que México ofrecía a Venezuela “toda la solidaridad y el apoyo que requiera”, por instrucción directa de la presidenta Sheinbaum. El funcionario subrayó que el apoyo de b hacia el pueblo venezolano es “hoy y siempre”.

La noche del mismo 24 de junio, la presidenta Delcy Rodríguez agradeció de forma explícita a los gobiernos que se comunicaron con Venezuela de inmediato. Mencionó a México entre ellos, junto a Estados Unidos, Colombia, Brasil, Cuba, Turquía, Reino Unido, Panamá, Catar, Nicaragua, Jordania, Barbados y Curazao. También reconoció el contacto de la ONU y de organismos multilaterales financieros.

Delcy Rodríguez activó toda la red de salud pública y privada del país, con énfasis en las zonas más afectadas, y pidió a médicos, enfermeras y personal sanitario presentarse en sus puestos de trabajo.

El gobierno venezolano conformó un Estado Mayor -gabinete especial- para coordinar la respuesta a la emergencia, integrado por el vicepresidente sectorial Diosdado Cabello, el vicepresidente de Servicios y Obras Públicas Juan José Ramírez, el vicepresidente del área social Héctor Rodríguez y el vicepresidente de Economía Calixto Ortega.

Luego de que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa (SSP) informara la detención de un objetivo prioritario en Escuinapa este 25 de junio, sin brindar más detalles sobre su identidad, comenzó a circular la versión de que se trataría de Misael Guerrero Pérez, alias “El Güero Pin”, presunto jefe de plaza de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Dichas especulaciones fueron confirmadas cuando su ficha fue cargada al Registro Nacional de Detenciones, que lo describió como masculino de complexión delgada, tez clara, cabello corto negro y barba semipoblada, con esquirlas de bala en el brazo derecho.

Además, destacó la versión de que junto a Guerrero Pérez fue detenido Hilario Javier Martínez Gómez, exsecretario de Seguridad de Escuinapa, quien medios locales señalaron extraoficialmente como su escolta. Su ficha en el mismo registro lo describió como un hombre de complexión regular, tez morena y cabello corto negro, vestido con playera tipo polo verde, pantalón de mezclilla azul marino y botas tácticas negras.

Ambos quedaron en estatus de “traslado”, resaltando el hecho de que los dos fueron capturados a las 9:55 de la mañana. Las fichas no brindaron más detalles, como el sitio exacto de la aprehensión o sobrenombres identificados.

Hasta el momento no han sido reveladas fotografías de “El Güero Pin” o los otros detenidos bajo custodia de las autoridades.

Antes de la caída del “Güero Pin”, cayeron colaboradores cercanos

El operativo fue ejecutado por el Grupo Interinstitucional conformado por el Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Policía Estatal Preventiva. La SSP señaló que la situación quedó bajo control tras el despliegue.

De acuerdo con Riodoce, antes de la captura de Guerrero Pérez habrían caído tres personas cercanas a él: su cuñado, su sobrino y otro colaborador. El medio no reveló la identidad de los tres ni brindó más detalles al respecto.

Narcobloqueos derivados de la captura ya fueron retirados

Luego de la captura de “El Güero Pin”, se registraron narcobloqueos en la zona. A las 14:57 horas del centro, la SSP Sinaloa publicó en su cuenta oficial de X que la autopista de cuota Mazatlán-Tepic quedó libre de bloqueos.

Además, en la carretera libre del tramo Mazatlán-Escuinapa, a la entrada de la cabecera municipal, fue localizado un vehículo incendiado que ya fue sofocado. Las autoridades realizaban las maniobras para retirarlo de la vialidad al momento del reporte.

El Grupo Interinstitucional permaneció en la zona, controló la situación y brindó seguridad a los automovilistas, según los informes. La dependencia recomendó circular con precaución por ese tramo y atender las indicaciones de las autoridades.

Fuerzas federales llevaban meses combatiendo la estructura de “El Güero Pin”, la GDGP

La detención de Guerrero Pérez fue el resultado de meses de operaciones contra su estructura, identificada como la GDGP —Gente del Güero Pin—, señalada como la célula de Los Chapitos en Escuinapa.

En abril de 2026, elementos del Ejército Mexicano detectaron a un grupo de civiles armados sobre la carretera Escuinapa-Presa El Peñón. Tras un enfrentamiento, fueron detenidas 14 personas.

Entre el equipo incautado había 14 chalecos tácticos con las siglas GDGP, 15 fusiles, 900 cartuchos y 36 cargadores. La FGR vinculó a proceso a 13 de los detenidos el 17 de mayo; un juez ordenó su traslado al Cefereso Número 8 Nor-Poniente, en Guasave.

En otros hechos, el pasado 21 de mayo, tras una agresión contra elementos de la Guardia Nacional en el kilómetro 181 de la carretera Mazatlán-Tepic, el Grupo Interinstitucional localizó un narcocampamento en las inmediaciones de Escuinapa.

En el sitio fueron aseguradas 3 armas largas, 14 cargadores, 120 artefactos explosivos improvisados, un dron y equipo táctico, entre ellos un chaleco con las siglas GDGP. Los explosivos fueron destruidos en el lugar por personal especializado.

Un sujeto identificado como El Compadre, cuñado de El Isra, fue abatido el pasado miércoles durante un enfrentamiento y persecución con elementos de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) y la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

El abatimiento del Compadre sucedió en el mismo operativo en el que miembros del Ejército Mexicano dispararon por accidente contra el director de la FESC, Aarón Amézquita, quien recibió el impacto en el tobillo. Mientras algunos agentes lo apoyaban, otros siguieron con la persecución.

Fue alrededor de las 10 de la mañana del miércoles cuando se intervino un convoy tripulado por presuntos integrantes de un grupo criminal, quienes al verse descubiertos, intentaron volcar una de las unidades de la FESC, lo que provocó una intensa persecución en los alrededores del kilómetro 57.

La fuga se extendió hasta una zona conocida como El Doctor, rumbo al Golfo de Santa Clara, donde los ocupantes de los vehículos disparaban y arrojaban equipo táctico por las ventanas.

Al intentar evadir a las autoridades, los presuntos delincuentes intentaron abandonar los vehículos en los que se transportaban, sin embargo, durante el enfrentamiento fue abatido El Compadre o el Compa Wicho, de apellidos Alarcón Fiscal, cuñado de El Isra, e hijo de Eduardo Alarcón Guillén, alias El Colorado, antiguo capo perteneciente al Cártel de Sinaloa.

Policías e investigadores realizaron otro operativo y trabajaron en la escena para tratar de localizar a los demás tripulantes del convoy.

Hieren a director de inteligencia de la Policía de Baja California

En el operativo en el que se abatió a El Compadre, elementos del Ejército Mexicano dispararon por error contra un convoy oficial, e hirieron al Director de Inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), Aarón Amézquita.

Los hechos se desencadenaron a las 09:52 horas. A través de las frecuencias de radio de la corporación estatal se emitió una alerta sobre la persecución de un vehículo tipo pick-up RAM, color guinda. Las unidades policiacas daban seguimiento a los sospechosos en las inmediaciones del ejido Estación Coahuila —zona también conocida como Kilómetro 57—, desplazándose a gran velocidad con dirección hacia el Golfo de Santa Clara, tomando la brecha del entronque al Doctor.

El Valle de Mexicali, conocido por ser el epicentro de las operaciones de la célula delictiva identificada como “Los Rusos”, se convirtió rápidamente en el escenario de un fuerte despliegue de seguridad. Diferentes corporaciones, entre ellas la propia FESC, la Guardia Nacional y la Defensa Nacional (DEFENSA), se movilizaron a la zona para tratar de interceptar a los delincuentes en fuga. Durante este seguimiento, se suscitó un enfrentamiento que encendió las alarmas de todas las dependencias.

Fue en medio de este complejo escenario operativo donde ocurrió una terrible confusión. De acuerdo con información difundida por el Semanario Zeta, las unidades del grupo de inteligencia de la FESC, encabezadas por el director Aarón Amézquita, montaban en ese momento su propio operativo en la misma área.

Según la narrativa preliminar, los agentes del Ejército Mexicano que participaban en la búsqueda de los criminales avistaron el convoy civil. En una evidente falla de comunicación y de protocolos interinstitucionales, los elementos castrenses confundieron a los oficiales de inteligencia estatal con miembros de la delincuencia organizada y abrieron fuego contra los vehículos.

Para mala fortuna de la corporación estatal, los proyectiles disparados por los propios militares impactaron en el convoy oficial. Aarón Amézquita recibió un impacto de bala en uno de sus tobillos. Los reportes de emergencia solicitando apoyo médico para el agente herido por la milicia comenzaron a emitirse alrededor de las 10:00 de la mañana.

Las organizaciones Sélvame Mx, Greenpeace y el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) denunciaron que la Secretaria de Defensa Nacional (Sedena) inició la apertura ilegal de una carretera de 16 kilómetros en la selva virgen de Tulum, poniendo en riesgo al cenote Sac Actun y al acuífero que abastece de agua dulce a la región.

Las agrupaciones ambientales sostuvieron a través de un comunicado que presentaron una denuncia formal debido a que este camino no cumple ninguna función de conectividad pública, no funciona como un libramiento vial ni acorta los tiempos hacia Chetumal o Tulum, señalan: “No atiende las necesidades de movilidad, salud o educación de alguna comunidad índigena local”.

Especialistas y activistas han advertido desde hace meses que la carretera atraviesa una zona crítica, donde la delgada capa de roca caliza deja al subsuelo vulnerable ante colapsos, hundimientos y contaminación directa de los flujos subterráneos.

El sistema Sac Actun, donde se concentra la obra, es el segundo sistema de cuevas inundadas más grande del planeta y forma parte de la principal fuente de agua para el Caribe Mexicano. El uso de maquinaria pesada y la pavimentación ponen en peligro tanto la Falla de Holbox —falla geolófica que atraviesa el noreste de la Península de Yucatán— como el equilibrio hídrico de la península.

Pepé Tiburón, representante de Sélvame MX, señala: “Esta carretera es un vector de destrucción masiva. No es para la gente; es una cicatriz de 16 kilómetros abierta en selva virgen con el único propósito de detonar la especulación inmobiliaria, propiciar invasiones y meter el desarrollo urbano desordenado a la fuerza sobre el acuífero”. Esta denuncia se suma a las preocupaciones ya expresadas en torno al avance del Tren Maya y a la presión acumulada sobre la selva y los recursos hídricos del sureste.

El riesgo para el acuífero y las especies en peligro

El sistema de cuevas Sac Actun, sobre el que avanza la construcción, conecta con la Falla de Holbox y funciona como corredor hidrogeológico para toda la Península de Yucatán. De continuarse esta construcción, la comuidad científica y activista subraya tres riesgos principales: colapso o hundimiento de la capa de roca caliza, corte de flujos subterráneos y contaminación del agua dulce por filtración de combustibles y residuos. Esta situación afecta a la población local, la actividad turística y la biodiversidad de la región.

Pedro Uc, poeta y Defensor del Territorio Maya, recalcó el daño a la selva, los animales y la vida campesina: “Estos proyectos vienen y se apropian de nuestro territorio y las familias tienen que verse desplazadas para las grandes ciudades”.

Según Gustavo Alanís Ortega, director ejecutivo del CEMDA, la obra vulnera el hábitat de hasta 78 especies en riesgo de extinción, entre ellas el mono araña, y contraviene disposiciones legales del programa de ordenamiento ecológico Cancún-Tulum y de la Ley General de Vida Silvestre.

Exigen freno inmediato a la devastación ambiental

Las organizaciones Sélvame MX, Greenpeace México y CEMDA demandan la suspensión inmediata de los trabajos de desmonte y construcción, y denuncian que la utilización de recursos públicos y militares para realizar esta obra infringe el derecho humano a un medio ambiente sano. Las agrupaciones subrayaron que el colapso del sistema Sac Actun significaría la pérdida del principal reservorio de agua dulce del Caribe Mexicano y un daño irreversible a la vida en la región.

La selva y el acuífero no conocen de fronteras políticas ni de acuerdos ejidales: si Sac Actun colapsa, colapsa la vida en el Caribe.

José Luis Perlasca Ruz, de Greenpeace México, puntualizó que Sac Actun no es un hecho aislado. “Lo que está ocurriendo en toda la Península de Yucatán es una acumulación alarmante y simultánea de impactos negativos sobre un territorio cada vez más al límite. La construcción de esta carretera sobre Sac Actun suma considerablemente al deterioro de la región”.

Además, subrayó que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) “tiene la responsabilidad de impulsar una visión regional que establezca límites claros”. La exigencia es clara: detener la devastación antes de que los daños sean irreversibles.

Canadá y Guatemala firmaron un Memorando de Entendimiento para agilizar la exportación de soluciones de defensa canadienses hacia territorio guatemalteco. El anuncio lo realizaron la Canadian Commercial Corporation (CCC), la agencia de contratación gubernamental de Canadá, y el Ministerio de la Defensa Nacional de Guatemala.

El acuerdo establece un marco de cooperación bajo el modelo de gobierno a gobierno (G2G), que facilitará a Guatemala el acceso a equipamiento, servicios y tecnología de defensa fabricados en Canadá. Según informó la CCC, este mecanismo busca reducir los riesgos y simplificar los procesos de adquisición para el país centroamericano, mientras otorga garantías respaldadas por el gobierno canadiense.

Las autoridades guatemaltecas manifestaron su interés en fortalecer la cooperación en áreas donde la industria de defensa canadiense puede aportar capacidades alineadas con las prioridades nacionales. Entre ellas figuran vigilancia aérea y terrestre, inteligencia, ciberseguridad y logística, así como la respuesta ante desastres y operaciones humanitarias.

El acuerdo responde, en parte, a la demanda de equipamiento tecnológico en el país centroamericano, que recientemente adquirió un avión Twin Otter Classic 300-G fabricado en Canadá para operaciones médicas y atención en emergencias.

¿Qué dijeron las autoridades?

Durante la presentación del acuerdo, Maninder Sidhu ministro de Comercio Internacional de Canadá dijo: “Este acuerdo refuerza la posición de Canadá como un socio global de confianza y abre la puerta para que nuestra industria de defensa suministre capacidades de alta calidad a Guatemala, fortaleciendo nuestra base industrial y profundizando los lazos estratégicos a largo plazo”, según declaraciones recogidas por la agencia.

Por su parte, Bobby Kwon presidente y director ejecutivo de la CCC afirmó: “Este acuerdo fortalece las capacidades de defensa de Guatemala mientras promueve una cooperación a largo plazo y mutuamente beneficiosa entre nuestros dos países”, de acuerdo con la información oficial.

La Embajada de Canadá en Guatemala también participó en la formalización del acuerdo. Olivier Jacques embajador de Canadá en el país consideró que este Memorando representa “el inicio de una asociación entre Canadá y Guatemala que permitirá una colaboración más estrecha en materia de defensa, facilitando el acceso a soluciones confiables que respaldan los objetivos guatemaltecos en seguridad”. La declaración fue incluida en el comunicado difundido por la CCC.

El modelo G2G empleado por la Canadian Commercial Corporation implica que los contratos de exportación se firman en nombre del gobierno canadiense, lo que otorga garantías adicionales de cumplimiento y se ajusta a estándares internacionales de integridad y transparencia.

Alcance del acuerdo

El acuerdo se enmarca en la expansión de la cooperación tecnológica y de defensa entre Canadá y países de América Latina. Según la CCC, la experiencia de la corporación como agencia de contratación ha facilitado miles de millones de dólares en comercio entre empresas canadienses y gobiernos de todo el mundo.

En el caso de Guatemala, la expectativa oficial es que el acuerdo contribuya a modernizar las capacidades del país tanto en defensa como en la respuesta ante emergencias humanitarias.

Para consultas de prensa, la Canadian Commercial Corporation habilitó la dirección communications@ccc.ca. La entidad recordó que actúa como agencia de contratación de gobierno a gobierno y como autoridad designada para adquisiciones provenientes de Canadá en el ámbito de defensa.

En diversas ocasiones, de manera pública, la presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo ha defendido la soberanía de México y ha dicho que con otras naciones, específicamente con Estados Unidos, se colabora, pero el país no se subordina y se somete a ellos.

También, en varias ocasiones, se ha dado a conocer que el presidente de Estados Unidos, Danald Trump, ha ofrecido su ayuda a la mandataria nacional para lograr capturar a grandes capos del narcotráfico, ofreciendo que agentes de dependencias de seguridad estadounidense operen en territorio mexicano, a lo que ha dicho, también de manera pública, que lo ha rechazado.

En agosto de 2025, la presidenta Sheinbaum señaló que Estados Unidos no realizaría operaciones militares en México. Esto, luego de una orden ejecutiva secreta emitida por el mandatario de EEUU, según la cual ordenaba acciones contra los cárteles del narcotráfico.

“Estados Unidos no va a venir a México con los militares, no va a haber invasión, eso está descartado absolutamente”, dijo en esa ocasión Sheinbaum.

Reconoció que la posibilidad de una intervención ha sido planteada en conversaciones con Washington, pero que México la ha rechazado y ha ofrecido colaborar de otras maneras.

Sin embargo, en la actualidad, la Administración de Control de Drogas (DEA por sus siglas en inglés) lleva a cabo un operativo en territorio mexicano, lo que contradice las declaraciones de Sheinbaum. Dicho operativo tiene el objetivo de detener y extraditar a Estados Unidos al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya; de el senador morenista Enrique Inzunza y de Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán con licencia.

Esto, de acuerdo con el periodista y especialista en seguridad y narcotráfico, Jesús Lemus, quien en entrevista con Infobae México, señaló que ante la negativa del gobierno de México de no colaborar con la detención preventiva de estos políticos, quienes fueron señalados por autoridades estadounidenses de tener nexos con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa el pasado 29 de abril, llevan a cabo este operativo para ellos mismos detenerlos.

Lemus explicó que desde principios de este año, Estados Unidos lleva a cabo operaciones de diversas dependencias por tierra en territorio mexicano.

“Hay operaciones en Chihuahua, en Chiapas, en Guerrero, Michoacán, Jalisco y Sinaloa”, dijo el especialista, y señaló que en este último estado se llevaban a cabo las operaciones para dar con el paradero de los hermanos Guzmán Salazar, líderes de la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Sin embargo, asegura, recientemente cambiaron el objetivo de los operativos, y ahora van tras la detención de estos tres políticos morenistas.

Lemus explica que la dependencia estadounidense busca que en un mismo operativo se detenga a los tres señalados, y no hacerlo en diferentes movimientos.

“El problema para Estados Unidos es que están viendo costo-beneficio porque saben que va a ser un escándalo y en ese escándalo mejor quieren llevarse los más que puedan. Quieren agarrarlos y llevárselos en un solo viaje”, aseguró.

Lemus señala que podríamos estar a horas, días, semanas o meses de la detención y extradición de Rocha Moya, Inzunza y Gámez Mendívil, pero “va a suceder”.

Autoridades mexicanas están enteradas del operativo de la DEA

El periodista, autor de diversos libros como El Licenciado. García Luna, Calderón y el narco (2020) y El fiscal imperial. El eslabón más oscuro de la 4T (2022), señaló que el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) tienen información de dónde están los agentes de la DEA en México, qué están haciendo. Incluso, señala, cree que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, consecuentemente, debe de estar informada.

“Por lo menos, el CISEN sí sabe. Por lo menos, la Sedena y la Marina sí saben. No sé si (Omar García) Harfuch, Claudia (Sheinbaum) o el secretario ejecutivo lo sepan, el Centro Nacional de Inteligencia, el Cisen, sí lo sabe perfectamente, incluso están colaborando con ellos. Si nos dice la presidenta que no sabe, que no hay operativos, pues miente la señora, y puede ser que mienta por desconocimiento, que es algo aceptable”, dice.

“El Centro Nacional de Inteligencia, por lo menos ese te lo puedo asegurar al cien por ciento, ese sí sabe y ya notificó a la Sedena y a la Marina, punto. Sí”, señala.

El abogado que representa a la familia de Yulixa Toloza, mujer que falleció luego de practicarse una cirugía estética al sur de Bogotá el 13 de mayo, pidió que se activen de inmediato los mecanismos para llevar ante la justicia a tres presuntos responsables que permanecen en Venezuela.

En diálogo con City Tv, Juan Camilo Caicedo sostuvo que se debe tramitar su extradición a Colombia para que enfrenten un proceso penal y advirtió que el caso no puede quedar sin sanción.

“Se le ha solicitado a la Fiscalía que presente su carta rogatoria, haga la solicitud de extradición de estos tres ciudadanos para que mientras estos trámites avancen, el caso en Colombia pueda llegar a la verdad de manera rápida, que este caso en Colombia no se vaya a quedar en la impunidad”, afirmó.

El representante de las víctimas indicó que por lo que se conoce hasta ahora, las conductas atribuidas a esos tres señalados encajarían en “desaparición forzada” y también en “homicidio doloso eventual”. En la misma intervención, señaló que le pidió a la Fiscalía que solicite una audiencia de formulación de imputación mientras avanzan los trámites internacionales.

En otra parte de la entrevista el abogado dijo que hay un cuarto posible implicado, de nacionalidad cubana, y que solicitó medidas judiciales para ubicarlo. “Se sabe que hay un cuarto sujeto, un presunto ciudadano cubano, y se le ha solicitado a la Fiscalía que, en la medida de las posibilidades y tan pronto como sea posible, solicite orden de captura y dé con el paradero de este ciudadano para que responda ante la justicia”, afirmó.

El togado también expresó preocupación por versiones que han circulado sobre la cantidad de procedimientos que habrían realizado los presuntos responsables antes del caso de Toloza. “Han trascendido versiones según las cuales estos médicos, ya habían realizado entre 500 y 600 cirugías”, dijo.

Según explicó en City Tv, ese dato abre interrogantes sobre el control a establecimientos donde se realizan estos procedimientos en Bogotá. “Nace una preocupación y es la vigilancia que el distrito de Bogotá, en cabeza de su Secretaría de Salud, está realizando a establecimientos donde se están realizando estas cirugías, poniendo en peligro a los pacientes y no dando las garantías de información suficientes”.

Detalles de la necropsia de Yulixa Toloza

El informe de Medicina Legal, citado por La FM, detalló que la mujer de 52 años presentaba fracturas en los arcos costales, al menos 11 heridas con arma blanca y lesiones internas graves. Tras una liposucción en abdomen y espalda, la necropsia reveló múltiples fracturas, traumas profundos en tejidos blandos y complicaciones médicas severas.

Las autoridades forenses documentaron fracturas en los arcos costales izquierdos del segundo al octavo y derechos del segundo al séptimo, en la parte anterior del tórax, además de hematomas extensos en el tejido graso del dorso y lesiones profundas en la región lumbar. El informe también registró hematomas paravertebrales a ambos lados y lesiones hemorrágicas en los músculos del cuello, lo que sugiere trauma en esa zona.

De acuerdo con los resultados de la necropsia, la víctima presentaba al menos 11 heridas con arma blanca, de las cuales cuatro estaban localizadas en la parte anterior y siete en la posterior del cuerpo. Las lesiones abarcaron abdomen, tórax, axilas, espalda, región inguinal, glúteos y zona sacra. El dictamen subrayó que estas heridas iban acompañadas de daños internos y sangrado bajo la piel, sin penetración de las cavidades torácica o abdominal.

Tras la intervención estética, Yulixa Toloza sufrió una extensa ‘disección hemorrágica’ que se extendió desde el cuello hasta la región glútea. Esta condición se caracteriza por la separación de tejidos y grasa bajo la piel junto a una considerable hemorragia, lo que agravó su estado clínico.

El secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que el gobierno federal contempla nuevas adquisiciones para fortalecer las capacidades operativas de la Fuerza Aérea Mexicana, con una estrategia que priorizará aeronaves de carga, transporte de personal y helicópteros durante la actual administración.

Durante ’La Mañanera’ de este martes, el mando militar explicó que estas compras forman parte de un plan integral de desarrollo diseñado para el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, cuyo propósito es mantener en condiciones óptimas tanto al personal como al equipamiento utilizado por las Fuerzas Armadas.

Según detalló, la estrategia contempla acciones de corto, mediano y largo plazo, con una proyección que se extiende hasta el año 2050.

“Existe un plan de desarrollo de la fuerza para el Ejército, la Fuerza Aérea y para la Guardia Nacional”, señaló Trevilla Trejo al ser cuestionado sobre la modernización de la aviación militar mexicana.

El secretario explicó que las adquisiciones previstas para el corto plazo, es decir, durante la actual administración federal, estarán enfocadas principalmente en aeronaves destinadas a tareas de apoyo logístico y transporte.

“Ya tenemos contempladas todas las adquisiciones que se deben hacer y, hablando de las aeronaves, va encaminado con prioridad a aeronaves de carga, de transporte de personal y de helicópteros”, indicó.

Trevilla destacó que estas plataformas son consideradas fundamentales para las operaciones diarias de las Fuerzas Armadas y para las labores de apoyo a la población civil.

En particular, subrayó la relevancia de los helicópteros debido a la diversidad de misiones que pueden desempeñar.

“Los ocupamos mucho en la aplicación del Plan DN-III y también en las operaciones”, afirmó.

El Plan DN-III-E es el mecanismo mediante el cual el Ejército y la Fuerza Aérea participan en tareas de auxilio durante desastres naturales, inundaciones, incendios, huracanes y otras emergencias que afectan a la población.

Sustitución de los aviones F-5, parte de la planeación de largo plazo

Uno de los temas abordados durante la conferencia fue el futuro de los aviones de combate F-5, aeronaves que integran desde hace décadas la flota de la Fuerza Aérea Mexicana.

Al respecto, Trevilla explicó que la renovación de esos equipos forma parte del programa de modernización, aunque no se encuentra entre las prioridades inmediatas.

El general señaló que la eventual sustitución de los F-5 está contemplada dentro de los objetivos de mediano y largo plazo del plan de desarrollo.

“Los aviones caza, esos están destinados para cumplir la primera misión, es hablar de la sustitución de los aviones F-5 y eso sería a mediano y largo plazo”, explicó.

Con ello, el funcionario indicó que los proyectos relacionados con aeronaves de combate se desarrollarán de manera gradual dentro de una estrategia que se extenderá más allá de la presente administración.

Producción militar y adquisiciones especializadas

Durante su intervención, Trevilla también explicó que el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas no depende exclusivamente de nuevas compras.

Recordó que la Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con una fábrica de vestuario y equipo, además de una industria militar encargada de producir diversos materiales utilizados por el Ejército y la Guardia Nacional.

Sin embargo, precisó que existen capacidades y equipos que requieren procesos de adquisición específicos para garantizar que las instituciones cuenten con los recursos necesarios para cumplir sus funciones.

“Tenemos una fábrica de vestuario y equipo, tenemos una industria militar, que de ahí es de donde nos abastecemos, pero también existe el procedimiento de las adquisiciones”, señaló.

El secretario sostuvo que todas estas acciones forman parte de una planeación integral orientada a mantener la operatividad de las Fuerzas Armadas y responder a las necesidades que enfrentarán en los próximos años.

Con este programa, el gobierno federal busca fortalecer las capacidades logísticas, de transporte y de respuesta ante emergencias de la Fuerza Aérea Mexicana, mientras avanza en una estrategia de modernización que contempla inversiones escalonadas y la eventual renovación de parte de su flota actual.

El general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa, antes Sedena), dijo este martes, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que la institución que encabeza no tiene nada qué opinar en torno a las acusaciones de Estados Unidos contra el militar en retiro Gerardo Mérida, quien fue secretario de Seguridad en Sinaloa y quien se entregó a las autoridades de EEUU hace unas semanas, luego de que se le relacionara con vínculos con el crimen organizado, específicamente, con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa.

Trevilla Trejo señaló que ese es un tema que lo lleva la Fiscalía General de la República y las autoridades de Estados Unidos. “El general Mérida Sánchez pasó a situación de retiro en 2022 y de ahí no tiene ninguna relación laboral con la Secretaría de la Defensa Nacional, la única relación que poodría tener es en aspectos administrativos, con el Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas, el ISSFAM, por temas relacionados con el pago de sus haberes y del servicio médico, para él y su familia, eso es lo único que hay”, señaló.

Ante el cuestionamiento de que la Gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, en algún momento responsabilizó a la Defensa del nombramiento del mismo, y hasta dónde llegaba la responsabilidad de la Defensa en torno a este tipo de nombramientos, Trevilla dijo que eso era una mala interpretación.

Señaló que el procedimiento, los gobiernos de los estados son autónomos, y en algún momento pueden solicitar el apoyo a la Secretaría de la Defensa Nacional, y ese apoyo era en que se recomendara algún general y se daba una opinión.

“Así es como sucedió”, dijo.

Negó que la institución tuviera más información sobre la situación de Mérida en Estados Unidos.

Gerardo Mérida se entrega a EEUU tras acusaciones sobre nexos con Los Chapitos

Gerardo Mérida fue secretario de Seguridad en Sinaloa, y se entregó a autoridades de Estados Unidos (EEUU) tras ser señalado por ese país de haber recibido sobornos por parte del Cártel de Sinaloa, específicamente de la facción de Los Chapitos, cuando ocupó el cargo.

Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, Mérida Sánchez utilizó su posición como jefe de la policía estatal para favorecer a Los Chapitos mediante filtraciones sobre operativos policiacos y acciones contra laboratorios clandestinos.

Mérida habría alertado al menos en 10 ocasiones a miembros de la organización criminal encabezada por Iván Archivaldo Guzmán, hijo de El Chapo Guzmán, sobre cateos y despliegues de fuerzas de seguridad, lo que habría permitido que escaparan en numerosas ocasiones.

También se le señala de haber recibido sobornos mensuales superiores a los 100 mil dólares mensuales en efectivo a cambio de no obstaculizar las operaciones de narcotráfico del grupo criminal ni ordenar detenciones contra sus miembros.

Mérida Sánchez acude a segunda audiencia en EEUU

El pasado 1 de junio, Mérida Sánchez se presentó ante un tribunal federal en Nueva York por su segunda audiencia preliminar, luego de que se entregara a autoridades de EEUU el pasado 11 de mayo, donde solamente se abordó el calendario de intercambio de evidencia de los fiscales con la defensa y la fecha de la próxima audiencia.

Katherine Polk Failla, juez federal, ordenó que las partes se encontraran de nuevo en la próxima audiencia de procedimiento el 4 de agosto.

Mérida Sánchez se presentó con el uniforme de reo café claro con camiseta gris y llegó encadenado y escoltado por dos alguaciles federales. Su abogada defensora de oficio, Sarah Krissoff, consultó con él al explicarle lo que se estaba decidiendo sobre el calendario de su caso.

El fiscal David Robles comentó a la juez que la evidencia que estarán compartiendo con la defensa incluye pruebas particulares sobre Mérida como también algunas que aplican a todos los 10 acusados en este caso.

Iván Raymundo “N”, alias “El 24″, fue detenido por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), en coordinación con autoridades estatales, federales y de la Marina en operativos realizados en los municipios de Culiacán y Mocorito del estado de Sinaloa.

De acuerdo con datos obtenidos por Infobae México, el sujeto es identificado como presunto líder regional de la organización criminal encabezada por Fausto Isidro Meza, alias “El Chapo Isidro”.

Su detención se realizó junto a otros tres hombres, identificados como Patricio “N”, alias “Pato”, Esequiel “N” y Jorge “N”, señalados como presuntos integrantes de la misma organización criminal, conocida como el Cártel de Guasave.

Durante el operativo les fueron asegurados 2 vehículos, 4 armas largas, un arma corta, 8 cargadores y un chaleco táctico.

“El Chapo Isidro” ha sido de los aliados más fuertes de Ismael Zambada Sicairos, alias “El Mayito Flaco”, quien actualmente lidera la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa.

Su alianza se consolidó desde el inicio de la guerra entre esta facción con la de Los Chapitos, liderada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, cuya disputa comenzó en septiembre de 2024, semanas después del secuestro y entrega a Estados Unidos de Ismael “El Mayo” Zambada.

Esta guerra llevó a “El Chapo Isidro” a aliarse con “El Mayito Flaco” debido a que mantiene desde hace más de una década una rivalidad con la familia Guzmán Loera.

Once detenidos, aseguramiento de sustancias químicas y hasta armamento: el saldo del operativo

La detención de Iván “N” se llevó a cabo en el contexto de un reforzamiento de la seguridad en Sinaloa, que incluyó acciones coordinadas en varios municipios.

En estos operativos se aseguraron armas de fuego, cartuchos, cargadores, artefactos explosivos improvisados y vehículos con reporte de robo. Además, en distintas localidades del estado fueron detenidas otras 8 personas, entre ellas dos extranjeros y un menor de edad.

Fue en El Rosario, poblado de Las Habitas, donde los militares detuvieron a cuatro personas más, entre ellas un extranjero y el menor de edad. A ambos les fueron asegurados:

• Un fusil Barrett
• 11 armas largas
• 158 cargadores
• 835 cartuchos
• 5 chalecos tácticos
• 4 placas balísticas

Otra acción realizada en Mocorito, en el Ranchito de los Gaxiola, culminó con la detención de un hombre al que le fueron aseguradas 6 armas largas, 7 cargadores, 210 cartuchos, 2 chalecos tácticos, 7 kilos de goma de opio y un vehículo con reporte de robo.

Por su parte, en Mazatlán se realizaron dos operaciones, uno en el poblado La Noria, donde militares aseguraron 951 cartuchos, 5 cargadores y una cuatrimoto.

En la localidad de La Amole fueron detenidos tres hombres, uno de nacionalidad extranjera, a quienes les aseguraron 5 armas largas, un arma corta, 29 cargadores, mil 280 cartuchos, 3 chalecos tácticos y tres placas balísticas.

Afectación a las organizaciones criminales es de más de 100 millones de pesos

Al sur del estado, en Escuinapa, específicamente en la estación Fitosanitaria La Concha, los elementos castrenses localización un bulto que contenía 5 armas largas, 29 cargadores, 590 cartuchos, 3 chalecos tácticos y 5 culatas para arma larga.

En Elota, en inmediaciones del poblado Casas Grandes, fue hallado un campamento donde se aseguraron 4 armas largas, 56 cartuchos, 10 cargadores, un chaleco y ropa táctica.

A la par, se inhabilitaron seis áreas de concentración de material diverso en los municipios de Culiacán y Cosalá, en los que se incautaron 5 mil 490 litros y 250 kilos de sustancias químicas para la elaboración de metanfetaminas, además de un reactor de síntesis orgánica. Además de 3 armas largas, 5 cargadores y 217 cartuchos.

Las autoridades estimaron que la afectación económica a la delincuencia organizada asciende a 110 millones de pesos con los decomisos y aseguramientos.

El Ejército Mexicano ha desplegado 690 efectivos en Durango entre el 10 y el 13 de junio de 2026 para reforzar las operaciones de seguridad contra grupos delictivos en la entidad.

Los contingentes llegaron en tres tandas y fueron escoltados en cada ocasión por elementos de la Policía Estatal, según publicaciones de la Secretaría de Seguridad Pública de Durango (SSP Durango).

El despliegue se dio en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Todos los contingentes se incorporaron a las operaciones que mantiene la Décima Zona Militar en coordinación con autoridades federales, estatales y municipales, con tareas de disuasión, prevención y proximidad social.

El primer grupo, de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales -conocidos como Murciélagos-, arribó el 10 de junio tras despegar desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de la Fuerza Aérea Mexicana. Su objetivo fue reforzar el operativo de la Décima Zona Militar e inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en la región.

Los siguientes 600 efectivos llegaron en dos grupos durante el 12 y 13 de junio.

El 78 Batallón de Infantería de la Ciudad de México llegó el 12 de junio

El pasado 12 de junio, 300 elementos del 78 Batallón de Infantería procedentes de la Ciudad de México entraron a Durango con escolta de la Policía Estatal. La SSP informó que el convoy se incorporó a las actividades de seguridad que las fuerzas federales desarrollaban en coordinación con autoridades estatales.

Los efectivos del 78 Batallón se sumaron a las operaciones que mantiene la Décima Zona Militar en la entidad. Sus tareas incluyen patrullajes, reconocimientos terrestres y establecimiento de puestos de seguridad en áreas prioritarias. Medios locales han señalado que estos efectivos capitalinos son conocidos como “Perrazos”.

Los “Acorazados” de Querétaro completaron el refuerzo el 13 de junio

Este 13 de junio, 300 elementos de Armas Blindadas procedentes de Querétaro, conocidos como los “Acorazados”, llegaron también con escolta de la Policía Estatal a la entidad.

Según la SSP, este contingente está destinado a fortalecer la vigilancia en vías de comunicación, esquema que mantiene la Guardia Nacional a través de la Coordinación Estatal “Durango”.

La Secretaría de la Defensa Nacional informó desde el despliegue de los primeros 90 elementos que se actuará en apego a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos, como parte del compromiso de la dependencia de contribuir a la seguridad pública mediante operaciones coordinadas.

Dicho reforzamiento se enmarcó en una semana de operativos intensos en la entidad. El pasado 9 de junio un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano derivó en un enfrentamiento armado en la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Durango.

En medios locales circuló la versión de que el operativo habría culminado con la detención de Leonel García, conocido como “El 40”, presunto líder de “Los Cabrera”, organización delincuencial afín a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa. Ninguna autoridad federal ni estatal validó la captura y el Registro Nacional de Detenciones no tenía registrada la detención al cierre de esta nota.

La Décima Zona Militar coordina el operativo desde un edificio neoclásico del siglo XIX

Los 690 efectivos desplegados se incorporaron a las operaciones que coordina la Décima Zona Militar desde su Cuartel General en el centro histórico de Durango. El edificio, de estilo neoclásico, fue originalmente el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Durango, cuyos trabajos de construcción iniciaron en 1888 y concluyeron diez años después.

Durante el gobierno del presidente Plutarco Elías Calles, el inmueble fue expropiado y convertido en cuartel militar. El edificio es característico por sus ventanas de volado, rejas alargadas y cornisas rectilíneas, elementos que lo integran al conjunto arquitectónico del centro histórico de la ciudad.

La Defensa ha remodelado el inmueble para adecuarlo a sus funciones operativas sin modificar su estilo arquitectónico original, según información de la dependencia.

En las últimas semanas, Gabriel Meluk, periodista deportivo y exeditor de la sección de deportes de El Tiempo, fue noticia por anunciar su salida del diario y porque jornadas más tarde se confirmó que fue denunciado por acoso sexual.

En su defensa, el comunicador aseguró que la única razón para su salida del diario fue una reestructuración por motivos económicos, descartando que existiera un proceso disciplinario o penal en su contra, y reveló que la decisión respondía a dificultades financieras y a la fusión de Futbolred con la redacción.

Meluk manifestó su disposición a colaborar con la justicia si es requerido y agradeció el respaldo recibido por colegas y familiares. La periodista Jineth Bedoya presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación contra Meluk, en representación de mujeres que habrían sufrido acoso laboral en El Tiempo. Bedoya fundamentó su acción en la Ley 1257 de 2008, que promueve la denuncia de violencia de género.

Gabriel Meluk publicó una columna defendiéndose de las acusaciones

“¡Se los dije!“, es como comienza la columna que el periodista publicó en su cuenta de X luego del nombramiento de Jenny Gámez como la nueva editora del equipo periodístico deportivo de El Tiempo.

“Durante las últimas semanas he atravesado días profundamente complejos. Vi cómo una reputación construida a pulso durante más de 30 años podía desaparecer en apenas unas horas, en medio de un tsunami de rumores. Muchos me aconsejaron hasta el último momento que mantuviera silencio, pues tenían miedo de que quedara expuesto”.

Meluk lamentó las críticas que ha recibido últimamente y afirmó que sus detractores no han esperado que la justicia defina el caso para arremeter contra su profesionalismo.

“Fui condenado a la hoguera digital en un mundo mediático en el que no existe el debido proceso y en el que la inmediatez del día pesa más que la verdad”.

El comunicador recordó que anticipó la alianza entre medios que fue confirmada y se refirió a Gámez, que lo reemplazará en el cargo que ocupó durante más de 20 años.

“Asumió el cargo Jenny Gámez, una mujer talentosa con la que compartí más de 20 años de carrera periodística, en los que, además, fuimos equipo de trabajo, ella y yo, 24 horas al día, siete días a la semana, en cubrimientos de varios mundiales y Copas América.

En el escrito, Meluk indicó que ha vivido una prueba en la que ha estado en juego su honor y buen nombre, reafirmando que está dispuesto a afrontar el proceso legal que hay en su contra. “Aquello por lo que he sido señalado en las redes sociales es la ética, la responsabilidad y el respeto que exige la situación. Lo único que hoy se concluye es algo que ninguna de las personas que realmente me conocen ha puesto en duda jamás: mi inocencia”.

Gabriel Meluk anunció que seguirá ejerciendo su profesión a través de sus redes sociales y aprovechando el número de seguidores que tiene en estas plataformas.

“Tras el inmenso daño a mi reputación, trabajaré para ganarme la vida de la única manera que sé hacerlo: hablando con ustedes, como lo he hecho durante más de tres décadas. Seguiré analizando, comentando y debatiendo con el mismo conocimiento, la misma imparcialidad y la misma pasión de siempre. A quienes me acompañan, gracias por permanecer. De aquí en adelante espero que podamos seguir debatiendo con el mismo ímpetu”.

Por último, le envió un mensaje a las personas que lo han cuestionado desde que anunció su salida del medio citado: “A quienes me condenaron antes de permitir mi defensa, se los digo que la vida siempre pone todo en su lugar”.

La OTAN estudia planes alternativos de defensa para Europa tras el anuncio de Estados Unidos de recortar el número de aeronaves y buques de guerra que aportaría en una crisis de seguridad, según informaron The New York Times y Reuters el viernes.

Washington prevé reducir sus cazas disponibles para la alianza de aproximadamente 150 a 100 unidades —entre F-16 y F-15E—, recortar los aviones de reconocimiento marítimo de 26 a 15 y retirar por completo los ocho aviones cisterna de reabastecimiento aéreo que mantenía en Europa, de acuerdo con dos altos funcionarios europeos citados por The New York Times.

El plan también contempla el redespliegue de un submarino lanzamisiles, un portaaviones y varios buques de guerra, junto con los aviones que operan en las misiones del grupo de combate del portaaviones. Además, uno de los dos grupos de bombarderos asignados a la defensa de Europa podría ser reasignado, según la misma fuente. El Departamento de Defensa de Estados Unidos no respondió a las solicitudes de comentario.

Los recortes afectarían directamente la capacidad de la alianza para ejecutar ataques de largo alcance y llevar a cabo operaciones de vigilancia, advirtió The New York Times. Según un funcionario de la OTAN que habló en condición de anonimato, las reducciones abarcan también submarinos, aviones de patrulla marítima y drones, aunque las capacidades espaciales estadounidenses de apoyo al targeting se mantendrían disponibles.

El general estadounidense Alex Grynkewich, comandante supremo aliado de la OTAN, reconoció que “Estados Unidos sigue comprometido a proveer capacidades limitadas pero críticas a la alianza”. En la Feria Aérea ILA de Berlín, el jueves, señaló que la prioridad debe ser adquirir y desplegar activos con rapidez, mencionando los sistemas de fuego de largo alcance y los drones como elementos capaces de mitigar el riesgo a corto plazo.

Tras una reunión de aliados celebrada el 2 y 3 de junio para evaluar las carencias generadas por la decisión estadounidense, Grynkewich instó a los países europeos y a Canadá a suplirlas con aeronaves tripuladas y no tripuladas, así como con buques de guerra, reclamando que eso ocurra “ahora y en el corto plazo”. Washington espera conocer cómo sus aliados planean cubrir esos vacíos antes de la cumbre que reunirá al presidente Donald Trump con sus homólogos en Turquía los días 7 y 8 de julio.

El secretario de Estado Marco Rubio calificó ese encuentro la semana pasada como “probablemente la reunión más importante en la historia de la OTAN, porque hay cosas que necesitan aclararse y resolverse”. La portavoz de la alianza Allison Hart reconoció ante Reuters que históricamente ha existido una dependencia excesiva de las fuerzas estadounidenses, y sostuvo que el reequilibrio de responsabilidades fortalecería a la alianza al reducir la dependencia de un único aliado.

La administración Trump ha acusado en reiteradas ocasiones a los gobiernos europeos de subinvertir en sus fuerzas armadas y ha instado tanto a Europa como a sus aliados asiáticos a elevar el gasto en defensa hasta el 3,5% del Producto Interno Bruto (PIB). El Mando Europeo de EE.UU. indicó este mes que “redimensionaría” sus aportaciones al Modelo de Fuerzas de la OTAN para garantizar que Europa asuma “la responsabilidad primaria de su propia defensa convencional”.

En paralelo, el cuartel general militar de la OTAN anunció el viernes que reducirá su fuerza de seguridad en Kosovo —conocida como KFOR— mediante la retirada de tropas y equipos. La misión, desplegada desde 1999 para mantener la paz entre Kosovo y Serbia, llegó a contar con 50.000 efectivos y fue reforzada con 1.000 soldados adicionales en 2023 tras una nueva escalada de violencia. Estados Unidos aporta actualmente 590 militares a KFOR, la segunda contribución más numerosa tras Italia, con 907 efectivos.

Grynkewich señaló que los informes de inteligencia y los movimientos de tropas rusas sugieren que “Rusia no busca un conflicto con la OTAN”, país que además enfrenta dificultades de reclutamiento mientras continúa su guerra en Ucrania. Gobiernos y servicios de inteligencia europeos han advertido, no obstante, que el presidente ruso Vladímir Putin podría estar en condiciones de lanzar un ataque en otra parte del continente en un plazo de tres a cinco años, especialmente si logra imponerse en Ucrania.

(Con información de AFP, AP y Reuters)

La Fuerza Aérea Mexicana (FAM) recordó mediante un comunicado en redes sociales que el espacio aéreo sobre la Ciudad de México quedará restringido este próximo 11 de junio durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial 2026, celebrada en el Estadio Ciudad de México.

La medida prohíbe los vuelos civiles y la operación de drones en un radio de 30 millas náuticas (55.5 kilómetros) con centro en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, entre las 12:30 y las 13:15 horas, tiempo del centro.

La restricción tuvo respaldo legal desde el 20 de abril, cuando el Diario Oficial de la Federación publicó el acuerdo firmado por el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Ricardo Trevilla Trejo.

La coordinación corre a cargo de la Fuerza Aérea Mexicana y las autoridades aeronáuticas civiles, en el marco de la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano.

Los drones no autorizados quedaron sujetos a interferencia electrónica

El decreto del pasado 20 de abril facultó al 1/er. Batallón de Respuesta a Emergencias de la Defensa para aplicar interferencia perjudicial a cualquier dron que operare sin permiso dentro de las áreas exclusivas.

El efecto sobre el aparato depende de su configuración: puede forzarlo a mantenerse en vuelo estático o a regresar al punto de despegue.

Para ello, el acuerdo habilitó dos bandas de frecuencias protegidas en cada área exclusiva.

La primera, destinada a la detección e identificación, la cual permite distinguir un dron de otros objetos o aeronaves y reconocer cuáles cuentan con autorización.

La segunda, de seguimiento e interferencia, la cual rastrea la trayectoria, velocidad y dirección del dron no autorizado antes de neutralizarlo.

Quien necesite volar un dron dentro de esas zonas debió solicitar autorización al Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo con al menos 48 horas de anticipación, por conducto de los Agrupamientos de Defensa Aérea desplegados en cada ciudad sede.

Para Ciudad de México, el trámite correspondió al Agrupamiento “Quetzal”, ubicado en el 59/o. Batallón de Infantería en El Chivatito, el cual se encuentra cerca de Los Pinos.

El Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo actúa como Autoridad de Control de Interceptación en todas las zonas durante el torneo.

Cualquier aeronave que ingrese sin autorización o se aparte sin justificación de los procedimientos publicados activará el Procedimiento de Interceptación de Aeronaves, según los datos publicados en el DOF.

Las Águilas Aztecas realizarán un espectáculo durante la ceremonia de inauguración

Este 10 de junio, la Fuerza Aérea Mexicana también informó que el general de división piloto aviador de Estado Mayor, Román Carmona Landa, quien se desempeña como comandante de la institución, supervisó las prácticas de la parada aérea que ejecutarán las Águilas Aztecas durante la ceremonia de inauguración de la Copa Mundial 2026 en el Estadio Ciudad de México.

Las Águilas Aztecas son una escuadrilla acrobática de la FAM.

Para las maniobras, pilotos aviadores, controladores de vuelo, meteorólogos, mecánicos y especialistas en electrónica de aviación llevaron a cabo un proceso de preparación conjunta.

La institución subrayó que ese tipo de operaciones demanda un nivel de precisión que solo se alcanza mediante el trabajo coordinado de todas las especialidades involucradas.

Carmona Landa acumula una trayectoria de más de cuatro décadas en la Fuerza Aérea Mexicana. Entre sus mandos operativos figuran la comandancia de las Bases Aéreas Militares No. 8 en Mérida, Yucatán, y No. 14 en Apodaca, Nuevo León, así como las regiones aéreas del Sureste en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y del Centro en Santa Lucía, Estado de México.

Antes de asumir la comandancia de la Fuerza Aérea, encabezó el Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo.

La institución destacó que su participación en la inauguración del Mundial forma parte de los eventos que promueven la sana convivencia y posicionan a México como referente a nivel mundial.

Los militares despegaron a las 15:00 horas desde la Base Aérea Militar en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana. Su destino fue el Aeropuerto Internacional de Durango.

El objetivo del despliegue es reforzar el operativo que mantiene la 10/a. Zona Militar en la entidad.

Los efectivos se sumarán a las acciones del Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa región del país.

Fuerzas Especiales actuarán en coordinación con los tres órdenes de gobierno

La misión de las unidades desplegadas es actuar junto con autoridades federales, estatales y municipales.

Las tareas asignadas serán la disuasión, prevención y patrullajes orientados a generar un ambiente de tranquilidad para la población duranguense.

Según la información compartida, el despliegue se apegará a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza. Las autoridades reafirmaron que en todo momento se respetarán los derechos humanos.

Enfrentamientos y operativos marcaron Durango en los días previos

Un día antes del despliegue, un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano derivó en un enfrentamiento armado en la comunidad de Casa Blanca, en el municipio de Durango. Las detonaciones alertaron a los habitantes de la zona rural antes del amanecer. Al concluir, los elementos de seguridad aseguraron varios vehículos presuntamente relacionados con los hechos.

Durante ese operativo, civiles armados colocaron artefactos artesanales tipo “ponchallantas” sobre la carretera que conecta con Parral, lo que obligó a las fuerzas federales y a la Policía Estatal a avanzar con cautela.

En medios locales circuló la versión de que el operativo habría culminado con la detención de Leonel García, conocido como “El 40”, presunto líder delictivo de “Los Cabrera”, organización delincuencial afín a “Los Mayos” del Cártel de Sinaloa.

Ninguna autoridad federal ni estatal validó la detención hasta el momento y el Registro Nacional de Detenciones no tiene registrada alguna captura reciente con el nombre del presunto criminal.

El mismo esquema se aplicó en Sinaloa una semana antes

El pasado 3 de junio, 90 efectivos del mismo Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano despegaron desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa. El traslado reforzó el despliegue operativo de la 9/a. Zona Militar en esa entidad.

El envío ocurrió en un contexto de escalada de violencia: el 2 de junio se registraron diez homicidios dolosos en Sinaloa, casi el triple del promedio diario de mayo. En los primeros cinco meses de 2026, el estado acumuló 522 homicidios dolosos, con mayo como el mes más violento del año, con 123 casos.

El despliegue en Sinaloa se enmarcó también en una crisis política. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez personas vinculadas con el gobierno estatal por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos, para el tráfico de droga hacia Estados Unidos y la posible intromisión del grupo delincuencial en las elecciones del 2021.

Entre los señalados figuró el gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal al cargo.

Un día después del arribo de las Fuerzas Especiales, el titular de la Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño, realizaron una visita de supervisión a Culiacán para verificar el despliegue y evaluar las acciones federales en la entidad.

Resta ver si el reforzamiento en Durango deriva en una visita similar de altos mandos militares a la entidad.

En un artículo previo se describen seis líneas de acción para construir un sistema de defensa creíble y realista. Una de ellas es la actualización del marco legal que regula la Defensa Nacional, sustentado en la Ley N° 23554 de Defensa Nacional (1988), reglamentada por decreto N° 1112/24. Dicha ley establece bases para la preparación, ejecución y control de la defensa y se complementa con la Ley N° 19101 para el Personal Militar (1971).

Otras leyes y normas inciden en la organización y empleo del sistema de defensa nacional, sin ser éste su ámbito primario. Entre ellas, la Ley N° 24059 de Seguridad Interior (1992) que establece una clara diferencia entre seguridad interior y defensa, y la Ley N° 25520 de Inteligencia Nacional (2001), que regula al Sistema de Inteligencia Nacional. Todas ellas tienen decretos reglamentarios y otras normas derivadas, que evidencian en su conjunto, un marco legal obsoleto, con vacíos, contradicciones y ambigüedades en su cumplimiento.

Obsolescencia del marco legal

Las leyes mencionadas anteriormente se elaboraron en un contexto complejo caracterizado por el fracaso del gobierno de facto, la debilidad inicial del sistema democrático y la necesidad de un control efectivo sobre las FFAA. Ello tuvo como consecuencia, la inclusión de importantes restricciones operativas al Sistema de Defensa Nacional en el afán de limitar la intervención política de las fuerzas armadas.

Aunque comprensibles el contexto y las causas, las leyes crearon una división artificial entre defensa y seguridad (interior) como si fuesen problemas de diferente naturaleza y complejidad, y pudieran enfrentarse de manera independiente y desintegrada. Esto limita la capacidad defensiva del país y resta flexibilidad y velocidad de respuesta frente a amenazas o agresiones complejas (híbridas, proxies, etc). La defensa se prevé y emplea contra cualquier amenaza o agresión a los intereses vitales de la nación y las FFAA no deben considerarse como ultima ratio, sino como un recurso adecuado para algunas situaciones encuadradas legalmente como de seguridad interior y viceversa, con FFSS participando en operaciones militares (como en la guerra de Malvinas).

La Ley N° 24059 prevé emplear a las FFAA en operaciones de seguridad interior, previa declaración del estado de sitio por el PEN según el Art 86, Inc 17 de la CN (después de la reforma de 1994, está en el Art 99, Inc 16), algo que ningún presidente ha hecho dado el costo político de tal medida. Y aunque el Decreto 1112/24, intenta solucionar esta limitación, se mantiene la condición de que la amenaza o agresión sean externas, cualquiera sea su forma ya que no puede modificar per se, la ley.

La Ley de Inteligencia y normas derivadas limitan a la inteligencia militar a operar sobre organizaciones militares e inteligencia técnica de eventuales agresores (no menciona siquiera a amenazas). Operar sin la inteligencia brindada por su propio sistema afecta la eficiencia de cualquier organización militar (y de cualquier organización en general). También la normativa vigente prohíbe la ejecución de operaciones psicológicas (componente necesario en operaciones de información), algo inconcebible en la actualidad.

Vacíos, contradicciones, incumplimiento y ambigüedades

El marco legal de la defensa se presenta fragmentado y con vacíos importantes, producto de necesidades políticas ocasionales y de diferentes visiones sobre la problemática. Muchos aspectos obligatorios no se cumplen tal como la letra y el espíritu de cada ley pretende, en ocasiones con poca trascendencia, pero en otras con una afectación grave al sistema de defensa. A modo de ejemplo, se cita al servicio militar, a la reserva y a la carencia de una ley orgánica de las FFAA.

La Ley N° 24429 (1995) de Servicio Militar (que no deroga a la Ley N° 17531 de Servicio Militar Obligatorio), prevé la incorporación de soldados voluntarios y habilita al PEN a incorporar soldados mediante conscripción obligatoria, en caso de que no se llegue a cubrir las plazas fijadas anualmente. Este hecho nunca ocurrió desde su promulgación, pese a que las FFAA desde hace décadas, no tienen los efectivos necesarios para cumplir las misiones asignadas de manera eficiente.

Aunque varias leyes refieren a la reserva, no hay una ley específica para ella ni tampoco una de movilización. La carencia de un sistema eficiente y moderno de movilización y reservas, reduce la capacidad de disuasión y de respuesta frente a amenazas o agresiones externas, o para cumplir las misiones subsidiarias de las FFAA.

Otro vacío importante es la carencia de una ley orgánica de las FFAA. Según el artículo 45 y 46 de la Ley de defensa, el CODENA debía elevar varios anteproyectos de leyes en el plazo de un año (incluyendo entre otras, leyes orgánicas, de reserva, de movilización y de producción para la defensa). Poco se ha hecho en ese sentido, excepto con la Ley N° 24948 de Reestructuración de las FFAA, la cual fuera reglamentada de manera parcial e inconexa a través de decretos de distinta temática.

Más allá de lo mencionado, la gestión de la defensa ha sido ambigua y en muchos casos contradictoria con el espíritu de las leyes, citando como ejemplo:

La Ley N° 26.394 Justicia Militar (2008) creó el Código de Disciplina de las FFAA y modificó el Código Penal, cuyo espíritu era eliminar el fuero militar y equiparar derechos del militar con los del ciudadano. No obstante, las modificaciones del Código Penal, incluyen agravamiento de las penas en algunos delitos civiles si son cometidos por militares. Pareciera que ser militar, en su condición de funcionario público, constituye un agravante que no aplica por igual a todos los funcionarios.

Las normas presupuestarias y de planes de reequipamiento son también ejemplo de contradicciones y ambigüedades de gestión. La Ley N° 27565 Fondo Nacional de la Defensa (2020), asigna a la modernización de las FFAA desde 2023, el 0.8 por ciento de los ingresos corrientes. Nunca y sin justificación, se han alcanzado siquiera valores cercanos que permitan un proceso de modernización realista y sostenido.

El desconocimiento de la ley es también grave. Algunos ex presidentes y funcionarios, expresaron en varias ocasiones que Argentina no tiene hipótesis de conflicto. Ello implica ignorar (por desconocimiento o intencionalidad) el Art 8, a) de la Ley de Defensa Nacional, el cual establece taxativamente que el Sistema de Defensa Nacional debe determinar dichas hipótesis, sin mencionar la vigencia del conflicto por Malvinas.

Describir las falencias del marco legal de la defensa excede la extensión y propósito de este trabajo, el que busca alertar a quiénes tienen la responsabilidad de gobernar y legislar, de un problema serio para el futuro de la Nación.

Reconocer estas falencias, es sin embargo el paso necesario para su actualización, la que otorgue al país un marco jurídico políticamente acordado, ordenado, con lineamientos claros y definidos al futuro, y bajo el cual la defensa nacional tenga el poder necesario para asegurar la independencia, la soberanía y la libertad de los argentinos.

La tormenta tropical Boris mantiene en alerta a entidades del Pacífico mexicano luego de que el Gobierno de México exhortó a la población de las costas de Guerrero, Oaxaca, Colima, Michoacán y Jalisco a reforzar medidas preventivas ante las lluvias torrenciales, fuertes vientos y oleaje elevado previstos para las próximas horas.

De acuerdo con información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fenómeno se localizó la mañana de este lunes 8 de junio a 135 kilómetros al sureste de Acapulco y a 80 kilómetros al suroeste de Punta Maldonado, Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 km/h y desplazamiento hacia el noreste a 4 km/h.

Las autoridades federales advirtieron que la amplia circulación de Boris provocará lluvias intensas a torrenciales, principalmente en las costas de Guerrero y Oaxaca, además de precipitaciones intensas en Jalisco, Colima y Michoacán.

⚠️ Se ha formado la #TormentaTropical #Boris a partir de la Depresión Tropical Dos-E en el Pacífico ⚠️

▪️Se localiza a 135 km al sureste de #Acapulco y a 80 km al suroeste de Punta Maldonado, #Guerrero.
▪️Infórmate del pronóstico y trayectoria en @conagua_clima
▪️Limpia azoteas… pic.twitter.com/MmjTyCzvgS

— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 8, 2026

Prevén lluvias torrenciales y oleaje de hasta cinco metros

El pronóstico a 24 horas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) contempla condiciones severas para varios estados del Pacífico mexicano:

• Lluvias torrenciales de 150 a 250 mm en el oeste y costa de Guerrero, así como en el oeste de Oaxaca.
• Lluvias intensas de 75 a 150 mm en regiones del este y sur de Jalisco, además de Colima y zonas costeras y del sureste de Michoacán.
• Oleaje de 4 a 5 metros de altura en costas de Guerrero, Oaxaca y el este de Michoacán.
• Oleaje de 3 a 4 metros en costas de Jalisco y Colima.
• Rachas de viento de hasta 110 km/h en costas de Guerrero; vientos con rachas de 70 a 90 km/h en zonas costeras de Michoacán y Oaxaca, y rachas de 50 a 70 km/h en costas de Jalisco y Colima.

Además, las autoridades mantienen vigilancia sobre una zona de baja presión frente a las costas de El Salvador, la cual presenta un 90% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas.

¿Qué es el Plan DN-III-E por la tormenta tropical Boris?

Ante el riesgo por las lluvias y posibles afectaciones, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) activó el Plan DN-III-E en fase preventiva en los estados de Guerrero, Oaxaca y Chiapas, con el objetivo de reducir riesgos y coordinar acciones de apoyo a la población.

La dependencia informó que más de 33 mil 500 elementos del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea y Guardia Nacional se encuentran en situación de alerta para atender posibles emergencias derivadas de la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Entre las acciones desplegadas destacan recorridos de vigilancia en zonas vulnerables, monitoreo de ríos y cuerpos de agua, así como labores de despeje en la autopista del Sol y la carretera Oaxaca-Tehuantepec.

Además, la Defensa mantiene disponible maquinaria pesada, aeronaves para puentes aéreos, cocinas comunitarias y plantas potabilizadoras para apoyar a la población en caso de desastre.

Por su parte, la Secretaría de Marina (Semar) activó el Plan Marina en fase preventiva en Colima, Guerrero y Oaxaca para fortalecer las tareas de preparación y respuesta ante el impacto de la tormenta tropical.

Guerrero suspende clases y habilita refugios temporales

La Secretaría de Educación Pública (SEP) anunció la suspensión de clases este lunes 8 de junio en las regiones Sierra, Costa Grande, Acapulco, Costa Chica, Centro y Montaña de Guerrero.

En paralelo, el gobierno estatal informó que mantiene comunicación permanente con los 85 municipios susceptibles de afectaciones y habilitó 620 refugios temporales para atender a la población en caso de emergencia.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) desplegó una Misión de Enlace y Coordinación en Punta Maldonado, Guerrero, para supervisar vialidades, cauces de ríos y zonas consideradas prioritarias.

Mientras tanto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) movilizó 967 trabajadores, 177 grúas y más de 400 vehículos en distintos puntos estratégicos de la costa del Pacífico para atender posibles cortes de energía eléctrica.

Hasta el momento, las afectaciones reportadas en Guerrero se concentran en los municipios de Acapulco, San Marcos y Florencio Villarreal, donde se registraron encharcamientos en vialidades y caída de árboles.

Autoridades llaman a mantenerse informados

La CNPC exhortó a la población a mantenerse informada a través de canales oficiales, evitar cruzar ríos o calles inundadas y atender las recomendaciones de las autoridades de Protección Civil.

El llamado preventivo se dirige especialmente a habitantes de las zonas costeras entre Lagunas de Chacahua y Técpan de Galeana, en Guerrero, así como a comunidades de Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit.

Las autoridades reiteraron que continuarán con el monitoreo permanente de la evolución de la tormenta tropical Boris y de cualquier sistema ciclónico adicional que pudiera desarrollarse en el Pacífico mexicano.

Desde 1983, Argentina consolidó uno de los mayores logros institucionales de su historia contemporánea, el control civil de las Fuerzas Armadas. Tras décadas de interrupciones constitucionales, el instrumento militar quedó plenamente subordinado al poder democrático. Sin embargo, más de cuarenta años después, es necesario preguntarnos si ese éxito político estuvo acompañado por una conducción eficaz de la defensa nacional.

La respuesta, observando el estado actual de nuestras capacidades militares, parece evidente. Argentina logró controlar a las Fuerzas Armadas, pero nunca consiguió conducir estratégicamente la defensa como una política de Estado.

El politólogo Thomas C. Bruneau fue uno de los autores que mejor explicó esta diferencia. El control civil garantiza la subordinación militar al poder político y responde a la pregunta “quién manda”. La conducción estratégica, en cambio, exige que la dirigencia sea capaz de definir objetivos, asignar recursos, formular estrategias y sostener la preparación del instrumento militar en el tiempo. Responde a “hacia dónde se conduce y con qué capacidades”.

Bruneau advirtió que numerosos países alcanzaron el primer objetivo mientras fracasaban en el segundo, generando fuerzas armadas plenamente subordinadas, pero crecientemente ineficaces. Argentina encaja con notable precisión en esa descripción.

Tras la derrota de Malvinas y el retorno de la democracia, la sociedad argentina construyó un consenso sólido respecto de la necesidad de impedir cualquier forma de autonomía militar. Fue una decisión correcta y necesaria. El problema surgió cuando la defensa comenzó a ser interpretada casi exclusivamente desde la lógica del control institucional y dejó de ser concebida como una política pública destinada a preservar capacidades estratégicas.

Así, mientras se fortalecían los mecanismos democráticos de supervisión, se fue produciendo una pérdida constante de capacidades militares que terminó arrastrando al país hacia una situación cercana a la indefensión.

Durante gran parte de estas cuatro décadas, el Ministerio de Defensa funcionó más como un espacio de administración política coyuntural que como un verdadero órgano de conducción estratégica. La mayoría de los ministros llegaron al cargo por acuerdos partidarios, sin experiencia previa ni equipos especializados en la materia. Se consolidó entonces una paradoja recurrente, los civiles ejercían la autoridad formal pero dependían técnicamente de los propios militares para comprender el área que debían conducir, subordinando las recomendaciones profesionales recibidas a urgencias presupuestarias, factores electorales o ideológicos.

A ello se sumó la ausencia de continuidad estratégica. Desde 1983, la política exterior argentina osciló entre alineamientos contradictorios y visiones cambiantes del mundo. Cada gobierno redefinió prioridades, alianzas y amenazas. Como consecuencia, la política militar quedó subordinada a los ciclos políticos y jamás se consolidó un consenso básico sobre qué capacidades debía conservar el país y para qué escenarios.

Argentina tuvo “políticas de gobierno para las Fuerzas Armadas”, pero nunca tuvo una verdadera “política de Estado para la Defensa”.

La evolución presupuestaria refleja con claridad este proceso. El gasto en defensa cayó sostenidamente hasta ubicarse hoy por debajo del 0,5 % del PBI. Lo más grave es que esta reducción nunca estuvo acompañada por una reforma estructural coherente. No se reorganizó integralmente el instrumento militar, no se adecuaron las estructuras a los recursos disponibles ni se redefinieron prioridades estratégicas. Simplemente se ajustó.

El resultado fue previsible, estructuras cada vez más costosas para sostener capacidades cada vez menores.

Las consecuencias están a la vista. Obsolescencia de sistemas de armas, disminución de la disponibilidad operativa, reducción del adiestramiento y pérdida de capacidades críticas en los tres componentes de las Fuerzas Armadas. Durante años el país careció de aviación de combate supersónica, la Armada perdió sus capacidades submarinas, gran parte de sus medios de superficie, mientras el Ejército vio limitadas sus posibilidades de despliegue, movilidad y poder de fuego.

El hundimiento del ARA San Juan simbolizó de manera dramática las consecuencias de décadas de desinversión, improvisación y falta de previsibilidad. Desde hace más de dos décadas, el instrumento militar no está en condiciones de cumplir cabalmente con el artículo 2° de la Ley de Defensa Nacional, que fija como misión garantizar la soberanía e independencia de la Nación Argentina, su integridad territorial, capacidad de autodeterminación y proteger la vida y la libertad de sus habitantes.

Todo esto fue favorecido por la idea de que América del Sur se había convertido en una región donde los conflictos interestatales pertenecían al pasado y que, por lo tanto, la preparación militar había dejado de ser prioritaria. Sin embargo, los intereses vitales de una Nación no desaparecen porque disminuyan las probabilidades de conflicto. La defensa existe precisamente para garantizar que esos intereses puedan ser protegidos cuando las circunstancias cambian.

Y las capacidades militares no se improvisan. Requieren décadas de formación, doctrina, entrenamiento e inversión. Cuando se pierden, recuperarlas demanda enormes recursos financieros y mucho tiempo.

La discusión pública tampoco ayudó. Durante años, la agenda vinculada a la defensa quedó reducida a debates sobre derechos humanos, misiones de paz o asistencia a la comunidad. Todos temas relevantes pero insuficientes para abordar la eficacia, el problema central del instrumento militar. La defensa desapareció de la agenda política porque dejó de percibirse como una prioridad nacional.

La experiencia de la denominada “logística genética”, impulsada a partir de las lecciones surgidas del Informe Rattenbach, ilustra bien esta realidad. Se identificó correctamente la necesidad de planificar la generación de capacidades a largo plazo, pero nunca se consolidó una estructura permanente capaz de sostener esa visión más allá de los cambios de administración.

La falencia persiste hasta hoy. El Ministerio de Defensa carece de una estructura técnico-profesional robusta y estable en el área material, que permita conducir integralmente el ciclo de vida de las capacidades militares. Muchas funciones terminan fragmentadas o delegadas en las propias fuerzas, debilitando la continuidad y la coherencia de la conducción política.

Por eso, cada cierto tiempo reaparece el debate sobre si los ministros deberían ser civiles o militares retirados. La discusión, en realidad, parte de una premisa equivocada. El problema no es el origen profesional del ministro, sino su capacidad técnica y su visión estratégica. Existen excelentes ministros civiles y también militares retirados que han ejercido funciones políticas bajo estricto control democrático. La subordinación institucional está plenamente resuelta. El desafío pendiente es profesionalizar la conducción de la defensa.

La delicada situación económica argentina impide imaginar soluciones basadas exclusivamente en aumentos presupuestarios. Pero las restricciones fiscales no justifican la ausencia de planificación. Países con recursos limitados sostienen instrumentos militares eficaces porque establecen prioridades claras, desarrollan consensos estratégicos duraderos y administran racionalmente sus capacidades.

Argentina necesita avanzar precisamente en esa dirección. Construir acuerdos básicos que sobrevivan a los cambios de gobierno; profesionalizar la conducción política del área; formar a los cuadros superiores en gestión estratégica; adecuar las estructuras a los recursos disponibles; concentrar esfuerzos en capacidades prioritarias; y reconstruir gradualmente los sistemas de planeamiento, logística y generación de capacidades.

Sobre todo, necesita recuperar una discusión seria, madura y desideologizada sobre la defensa nacional.

La defensa no equivale al militarismo ni supone debilitar el control democrático. Un sistema eficaz requiere simultáneamente subordinación política, conducción profesional y capacidades materiales reales. Cuando una de esas dimensiones falta, el Estado se debilita.

El gran desafío argentino del siglo XXI ya no es evitar la intervención militar en la política. Ese objetivo fue alcanzado hace más de cuatro décadas y constituye uno de los principales logros de nuestra democracia.

El desafío pendiente, entonces, es construir una dirigencia capaz de pensar, planificar y conducir estratégicamente la defensa nacional. De lo contrario, seguiremos atrapados en una contradicción que se ha vuelto cada vez más evidente, haber logrado Fuerzas Armadas plenamente subordinadas al poder político, pero con cada vez menos capacidad para cumplir la razón misma de su existencia, la defensa de los intereses vitales de la Nación.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la noche de este 5 de junio que iniciará el procedimiento migratorio correspondiente tras conocer la detención del exmilitar mexicano Enrique Martínez Chávez, vinculado en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Las autoridades estadounidenses notificaron a la Fiscalía federal sobre el aseguramiento, afirmando que Martínez no pudo acreditar su legal estancia cuando se encontraba en Hawthorne, California.

La FGR se enteró de la detención a través de la comunicación internacional

La fiscalía indicó que, con base en la comunicación internacional, las autoridades estadounidenses le notificaron el aseguramiento de Martínez Chávez. Además, detallaron que el exmilitar permanece en el Centro de Procesamiento ubicado en Rancho Road, en Adelanto, California.

Martínez Chávez cuenta con una orden de aprehensión vigente en México, librada por una juez en el Estado de México por su posible participación en el delito de desaparición forzada de personas.

La FGR detalló que continúa con la indagatoria para determinar su probable participación en la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, Guerrero, ocurrida en septiembre de 2014 durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

Martínez Chávez formaba parte del grupo de soldados que patrulló Iguala

De acuerdo con reportes previos de Infobae México, el exmilitar detenido, de 32 años, formaba parte del grupo de 12 soldados que acompañaron al capitán José Martínez Crespo en patrullajes nocturnos la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala.

Enfrentaba órdenes de aprehensión por delincuencia organizada y desaparición forzada, relacionadas con supuestas amenazas a estudiantes que se refugiaban en el Hospital Cristina.

En 2022, el Sistema Integral de Información en Derechos Humanos publicó información sobre la cancelación de órdenes de aprehensión contra 16 militares, entre ellos Martínez Chávez. Para junio de 2023, la titular del Juzgado Segundo de Distrito en Procesos Penales Federales del Estado de México, Raquel Ivette Duarte Cedillo, reactivó las órdenes de captura por los delitos de delincuencia organizada y desaparición forzada.

Ese mismo mes, ocho militares recibieron auto de formal prisión tras ser capturados por los mismos delitos. Los hechos fueron informados por el entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, a través de redes sociales.

La noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala

De acuerdo con el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, de entre 17 y 25 años, acudieron a Iguala para “tomar” autobuses con el objetivo de participar en la conmemoración del 2 de octubre en la Ciudad de México.

La retención temporal de autobuses era una práctica habitual en Guerrero, con aval tácito de empresas y autoridades, según el Prodh.

Esa noche, policías municipales de Iguala abrieron fuego contra los estudiantes para impedir que salieran de la ciudad. Auxiliados por otras corporaciones y por civiles integrantes de la organización criminal Guerreros Unidos, lograron cerrar el paso a cinco autobuses y detener a 43 estudiantes que habrían de ser desaparecidos.

El saldo fue de 43 jóvenes desaparecidos, 6 personas ejecutadas —entre ellas 3 normalistas—, al menos 40 lesionados y más de 180 víctimas directas de violaciones a derechos humanos.

Alrededor de 700 personas resultaron víctimas indirectas.

De acuerdo con la teoría del “quinto autobús”, documentada por diversos medios de comunicación, uno de los camiones tomados por los estudiantes esa noche habría estado cargado con droga de los Guerreros Unidos. Esa circunstancia habría desencadenado la respuesta violenta del cártel y las autoridades corruptas.

Pablo Vega Cuevas, alias “El Transformer”, jefe de la célula de Guerreros Unidos en Chicago, coordinaba envíos de heroína desde Guerrero hacia Estados Unidos utilizando autobuses de pasajeros.

La visita se enmarcó en las acciones permanentes para fortalecer la seguridad en la entidad, según un comunicado de la Defensa publicado la tarde de este 4 de junio.

Esto ocurre un día después de que 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano —conocidos como “Los Murciélagos”— arribaran a Culiacán para reforzar la seguridad. Los efectivos despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán.

En palabras de la Defensa, “la coordinación entre instituciones fortalece las capacidades operativas para avanzar en la construcción de la paz".

La misión del contingente de fuerzas especiales contempla actuar mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes en distintos puntos de la entidad.

Cabe señalar que las fuerzas federales en Sinaloa se encuentran operando en coordinación con autoridades estatales y municipales, dentro del conocido Grupo Interinstitucional.

Sinaloa acumula 522 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2026

El reforzamiento federal se dio en un contexto de escalada de violencia en el estado. El martes 2 de junio se registraron diez carpetas de investigación por homicidio doloso en la entidad, según informó la Fiscalía General del Estado: nueve en Culiacán y uno en Mazatlán.

En Culiacán, las víctimas fueron encontradas en las colonias Azaleas, Antonio Toledo Corro, Valle Alto, La Conquista, La Campiña, 10 de Mayo, Casas Lindas y Laureles Pinos, además de otro deceso en las inmediaciones del basurón municipal. En Mazatlán, el caso ocurrió en la colonia Luis Echeverría.

La cifra del 2 de junio superó el promedio diario de mayo, que cerró con 123 homicidios dolosos, un promedio de 3.9 víctimas por día.

Mayo fue el mes más violento del año hasta el momento, por encima de febrero con 109, enero con 107, abril con 103 y marzo con 80.

En total, Sinaloa acumuló 522 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2026. Fue en ese contexto que la Defensa ordenó el despliegue de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar las operaciones de seguridad en la entidad.

Crisis política y presión federal sobre el estado

Las acciones militares se enmarcaron también en una crisis política. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez personas vinculadas con el gobierno estatal por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos, para el tráfico de droga hacia Estados Unidos mediante la protección e impunidad de los delincuentes.

Entre los señalados figuró el gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal al cargo. El 4 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentó en Culiacán acompañado de altos mandos militares y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para reafirmar la posición federal.

“El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses”, señaló García Harfuch en esa ocasión.

El funcionario precisó que desde hace dos años el estado registró un incremento de violencia por la pugna entre facciones criminales, referida a la guerra que estalló en septiembre de 2024 entre Los Mayos y Los Chapitos, tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada a EEUU.

En este periodo, las fuerzas federales han incautado miles de armas y 70 toneladas de droga, además de detener a casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto en la entidad.

90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, conocidos como “Los Murciélagos”, despegaron la tarde del 3 de junio desde la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México, a bordo de un avión Boeing 737/800 de transporte pesado de la Fuerza Aérea Mexicana con destino a la Base Aérea Militar en Culiacán, Sinaloa.

El traslado se realizó en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública con el objetivo de reforzar el despliegue operativo que la 9/a. Zona Militar mantiene en esa entidad federativa.

Los 90 efectivos se sumarán a las labores que ya realizan el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional en la región para inhibir las actividades ilícitas de grupos delictivos con presencia en esa zona del país.

La Secretaría de la Defensa Nacional precisó que la misión del contingente es fortalecer las acciones de seguridad que las fuerzas federales sostienen en el estado de Sinaloa en coordinación con las autoridades de los tres órdenes de gobierno.

Este es el objetivo del reforzamiento federal

La Defensa reveló que la misión de las unidades es actuar en coordinación con las autoridades federales, estatales y municipales mediante tareas de disuasión, prevención y patrullajes en distintos puntos de la entidad.

Estas acciones tienen como propósito generar un ambiente de tranquilidad entre la población sinaloense.

Además, afirmaron que los efectivos realizarán su labor en todo momento conforme a lo establecido en la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza y con pleno respeto a los derechos humanos.

Cerca de las 18 horas del centro del país, medios de comunicación presentes en Culiacán reportaron la llegada con éxito de los elementos federales.

El 2 de junio hubo 10 homicidios en Sinaloa, casi el triple del promedio diario de mayo

La Fiscalía General del Estado informó que el martes 2 de junio se registraron diez carpetas de investigación por homicidio doloso tras la localización de diez personas sin vida en distintos puntos de la entidad.

La cifra superó ampliamente el promedio diario de mayo, que cerró con 123 homicidios dolosos, 3.9 víctimas por día.

En total fueron 9 crímenes en Culiacán y uno más en Mazatlán.

En la capital, las víctimas fueron encontradas en las colonias Azaleas, Antonio Toledo Corro, Valle Alto, La Conquista, La Campiña, 10 de Mayo, Casas Lindas y Laureles Pinos, además de otro deceso en las inmediaciones del basurón municipal.

En Mazatlán, el caso ocurrió caso en la colonia Luis Echeverría.

Mayo se convirtió en el mes más violento hasta el momento, con 123 homicidios dolosos, por encima de febrero con 109, enero con 107, abril con 103 y marzo con 80.

Sinaloa acumuló 522 homicidios dolosos en los primeros cinco meses de 2026.

Fue en ese contexto que la Defensa ordenó el despliegue de 90 elementos del Cuerpo de Fuerzas Especiales para reforzar las operaciones de seguridad en la entidad.

Sinaloa está bajo presión tras acusaciones contra Rocha Moya y 9 más

Asimismo las acciones militares se enmarcan en una reciente crisis política y de seguridad. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York acusó a diez personas, todos vinculados con el gobierno estatal, por presunta conspiración con el Cártel de Sinaloa, facción de Los Chapitos, para el tráfico de droga hacia Estados Unidos mediante la protección e impunidad de los delincuentes.

Entre los señalados figuró el gobernador Rubén Rocha Moya, quien solicitó licencia temporal al cargo.

El 4 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, se presentó en Culiacán acompañado de altos mandos militares y la gobernadora interina Yeraldine Bonilla para reafirmar la posición federal.

“El Gobierno de México está presente, no se va a retirar y seguirá trabajando todos los días con la seguridad de las familias sinaloenses”, señaló García Harfuch.

El funcionario precisó que desde hace dos años el estado registró un incremento de violencia por la pugna entre facciones criminales, refiriéndose a la guerra que estalló en septiembre de 2024 entre Los Mayos y Los Chapitos, tras el secuestro y entrega de Ismael “El Mayo” Zambada.

En este periodo, las fuerzas federales han incautado miles de armas y 70 toneladas de droga, además de detener a casi 2 mil 400 personas por delitos de alto impacto en la entidad.

Atrapadas entre el rápido ascenso militar de China y las crecientes dudas sobre el enfoque de Estados Unidos en una región que ha dominado durante mucho tiempo, las naciones del Indo-Pacífico compiten por armarse, tanto entre sí como individualmente.

En el principal foro de defensa de Asia, celebrado el sábado, el secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth, instó a los socios regionales a asumir una mayor responsabilidad en materia de seguridad. Sin embargo, se enfrentó a la persistente preocupación de que las prioridades estadounidenses pudieran estar desviándose, con el conflicto en Irán compitiendo por la atención.

“Podemos hacer dos cosas a la vez”, declaró Hegseth en el Diálogo de Shangri-La en Singapur, una reunión informal de jefes de defensa, militares y funcionarios de inteligencia de todo el mundo.

Su homólogo japonés, Shinjiro Koizumi, afirmó creer que el compromiso de EEUU era “inquebrantable”, si bien reconoció que algunos países aún podrían subestimar su determinación.

En entrevistas concedidas a Reuters al margen de la reunión anual, los jefes de defensa regionales y los oficiales militares dejaron claro que se está impulsando una mayor cooperación entre ellos, más allá del tradicional paraguas estadounidense.

“Todos los secretarios de defensa aquí presentes coinciden en la necesidad de ampliar de forma ágil y rápida sus capacidades de defensa individuales”, declaró a Reuters el secretario de Defensa de Filipinas, Gilberto Teodoro.

Describió esta iniciativa como un “refuerzo” del papel tradicional de Estados Unidos, con Manila profundizando sus lazos de defensa con socios como Japón, Australia, Canadá y Nueva Zelanda.

“El compromiso de Estados Unidos se fortalece cuando se suman más actores, al menos en la fase de disuasión, debido a la existencia de una amenaza común”.

Japón se está posicionando como un centro neurálgico para esa red más amplia.

Koizumi afirmó que Tokio aspira a actuar como un “punto de conexión” para una cooperación regional más estrecha, más allá de China.

En abril, Japón presentó la mayor reforma de sus normas de exportación de defensa en décadas, eliminando las restricciones a la venta de armas al extranjero y abriendo el camino a la exportación de buques de guerra, misiles y otras armas.

“Japón será aún más proactivo en la cooperación en materia de equipamiento de defensa”, declaró Koizumi en el foro. “Nuestro objetivo es garantizar que cada país cuente con las capacidades que necesita y ponerlas a su disposición cuando sea necesario”.

“Nivel de intensidad”

El ministro de Defensa de Singapur, Chan Chun Sing, afirmó que, en el contexto actual, “deberíamos... desarrollar alianzas flexibles con países afines, formando coaliciones de países capaces y dispuestos”.

Esto, añadió, ayudaría a “superar obstáculos, poner a prueba ideas y encontrar caminos en territorios nuevos e inexplorados”.

La jefa del Estado Mayor de la Defensa de Canadá, la general Jennie Carignan, declaró que sus fuerzas estaban ampliando su presencia en la región, cooperando con Japón y Filipinas en ciberseguridad y ejercicios marítimos, además de brindar apoyo a sus homólogos indonesios con la formación en inglés.

“Hay mucho trabajo por hacer en la región del Indo-Pacífico. Y creo que por eso estamos viendo un aumento de la colaboración en todos los ámbitos”, declaró Carignan a Reuters.

Mientras tanto, Nueva Zelanda está considerando estrechar lazos y adquirir nuevo equipamiento. El ministro de Defensa, Chris Penk, confirmó que Wellington está evaluando activamente buques japoneses y británicos para reemplazar sus antiguas fragatas de la clase ANZAC.

Penk cenó con sus colegas de Singapur, Malasia, Australia y Gran Bretaña en el marco del diálogo, mientras analizaban las crecientes interacciones en el marco del Acuerdo de Defensa de las Cinco Potencias, vigente desde hace 54 años.

Penk, quien asumió el cargo en abril, afirmó que existía la posibilidad de continuar el pacto “a un nivel más intenso”.

“Así que, si podemos encontrar nuevas formas de interactuar con otros, además de mantener las conexiones existentes, buscaremos hacerlo simultáneamente”, declaró Penk en una entrevista.

Aunque las naciones de la región estrechaban sus lazos entre sí, funcionarios asiáticos insistieron en que el compromiso de Estados Unidos con el Indo-Pacífico permanece inalterable a pesar del conflicto en Oriente Medio o la política de “Estados Unidos Primero” del presidente Donald Trump.

“Nuestra confianza no se ve afectada por la participación de Estados Unidos en Irán, por ejemplo, ni en otras áreas”, declaró Teodoro, ministro de Defensa de Filipinas.

Por parte de Australia, el ministro de Defensa, Richard Marles, describió los lazos con Washington como “absolutamente fundamentales para nuestra seguridad nacional”.

“Tanto la administración Trump como el gobierno de Albanese en Australia nos consideramos custodios de una relación que trasciende nuestras fronteras”, declaró Marles a Reuters.

(Reuters)

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) de Baja California Sur abrió una carpeta de investigación por los delitos de homicidio calificado y homicidio calificado en grado de tentativa acabada, tras el enfrentamiento armado registrado en la madrugada del domingo 31 de mayo en San José del Cabo. La investigación quedó a cargo de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 00:05 horas, cuando elementos de la Policía Municipal de Los Cabos que circulaban sobre la Carretera Federal Transpeninsular Benito Juárez, a la altura de la entrada a la colonia Costa Dorada, detectaron un enfrentamiento activo.

En el sitio hallaron una unidad oficial de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) con dos elementos lesionados por impactos de arma de fuego, mientras otros dos integrantes de la corporación mantenían posición defensiva frente a una camioneta Dodge Ram color gris con varios impactos de bala. Al sitio acudieron más elementos militares y de la Guardia Nacional para brindar apoyo y trasladar a los heridos a l hospital

El procesamiento de la escena estuvo a cargo de agentes de la Agencia Estatal de Investigación Criminal (AEIC), de la Subprocuraduría de Atención a Delitos de Alto Impacto y de peritos de la Dirección de Servicios Periciales. Entre los indicios asegurados se encuentran cuatro vehículos: una pick up Chevrolet Silverado (unidad oficial de Defensa), una pick up Dodge Ram color gris, una pick up Toyota Tacoma color blanco y un Hyundai Santa Fe gris.

El arsenal decomisado incluyó cinco armas de fuego largas tipo fusil, cargadores abastecidos con calibres .762x39 y 5.56 mm, un aditamento lanzagranadas acoplado a un fusil con una granada, un chaleco táctico negro con cinco cargadores de diversos materiales, múltiples casquillos percutidos color dorado en calibres 5.56 y .223, dos gorras y muestras hemáticas.

Respecto al estado de salud de los militares, el primero de ellos, de 20 años, presenta lesiones por proyectil de arma de fuego que ponen en riesgo su vida y requieren más de 30 días para sanar; el segundo, de 25 años, tiene lesiones que superan los 30 días de recuperación pero no comprometen su vida.

Civiles hospitalizados, uno de ellos murió en el hospital y era de EEUU

En cuanto a los civiles afectados de manera colateral, cinco personas fueron hospitalizadas: dos hombres de 31 y 35 años, el primero originario de California, Estados Unidos, quien falleció horas después de su ingreso —lo que derivó en la reclasificación del delito a homicidio calificado—; una mujer de 43 años originaria de Los Cabos; un menor de 14 años de San José del Cabo con heridas por proyectil de arma de fuego que no comprometen la vida; y una mujer de 65 años con lesiones en una pierna que tardan más de 15 días en sanar y sí representan riesgo para su vida.

Según las primeras entrevistas, todas estas personas circulaban en sus vehículos particulares al momento del enfrentamiento.

Una noche de balaceras vivieron los habitantes de Los Cabos en Baja California Sur que culminaron en un enfrentamiento armado entre sicarios y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa).

En redes sociales compartieron videos donde se escuchan disparos de arma de fuego de alto calibre, los cuales se percibieron incluso en las calles donde transitaban decenas de personas.

Los reportes ciudadanos sobre las detonaciones provocaron que se desplegara un operativo de seguridad de los tres órdenes de gobierno y de las fuerzas armadas para realizar recorridos de vigilancia para verificar la situación.

El Ayuntamiento de Los Cabos detalló que las autoridades se encontraban realizando patrullajes de vigilancia para fortalecer la seguridad tras los reportes de balaceras.

Cinco civiles resultaron heridos y dos militares derivado de un enfrentamiento

La Mesa Estatal de Seguridad informó la mañana de este domingo que derivado de los hechos de violencia registrados durante la noche del sábado se desplegó un operativo de seguridad para atender la situación.

Sin embargo, alrededor de las 23:00 horas personal de la Secretaría de la Defensa que se movilizaba en un operativo en San José del Cabo tuvo conocimiento de detonaciones de armas de fuego, por lo que adentraron al sitio del reporte.

En la acción, el personal militar ubicó en las inmediaciones de la localidad de Santa Anita a un grupo de personas armadas que se encontraban a bordo de diferentes vehículos.

Al percatarse de la presencia de los militares, los sujetos comenzaron a dispararles, lo que provocó un enfrentamiento.

Las autoridades informaron que derivado del ataque armado resultaron lesionados 2 elementos de la Defensa, así como 5 civiles que se encontraban en el área. Entre las personas heridas se encontraban una mujer de 65 años, un menor de 14, un hombre y una mujer de 36 y 43 años.

Un estadounidense murió derivado de la balacera

Derivado del enfrentamiento también resultó lesionado un hombre originario de California, Estados Unidos, quien falleció durante la madrugada de este domingo.

Como parte del operativo desplegado, las autoridades lograron asegurar 4 armas largas, dos chalecos tácticos, 1 radio de comunicación, 15 artefactos conocidos como ponchallantas, así como dos vehículos en los que viajaban los presuntos agresores, quienes lograron huir del lugar.

“La Mesa Estatal de Seguridad informa que se mantienen las labores de seguridad y búsqueda en el municipio de Los Cabos con el objetivo de ubicar y detener a los responsables de estos hechos, reiterando el compromiso de continuar trabajando de manera coordinada para la salvaguarda de la población”, detalló en un comunicado.

Cabe señalar que la facción de Los Chapitos mantiene gran presencia en Baja California Sur, quienes continúan en disputa con la facción de Los Mayos. Desde 2025 diversos hechos de violencia en Los Cabos también han sido relacionados a la guerra que ambos grupos criminales mantienen, de acuerdo con declaraciones de Víctor Manuel Castro Cosío, gobernador del estado.

Singapur, 30 may (EFE).- La "paciencia" que el presidente estadounidense, Donald Trump, está dispuesto a tener hasta alcanzar un “gran acuerdo” con Irán y la insistencia en que la política respecto a Taiwán se mantiene sin cambios y renovadas presiones a la OTAN marcaron este sábado la intervención del secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, en el principal foro de seguridad de Asia, el Diálogo Shangri-La.

Su discurso abrió la jornada de debate en Singapur y estuvo repleto de elogios a los países asiáticos que han reforzado sus capacidades militares o endurecido sus políticas de defensa, entre ellos Japón, Corea del Sur o Filipinas, en línea con las demandas de Washington.

No fueron así sus palabras para Europa y la Alianza Atlántica, a las que exigió mayor responsabilidad en materia de defensa: "deberían tomar nota", advirtió.

Las alusiones a Irán y Taiwán, los dos asuntos que más expectación generaban, no aparecieron durante la intervención inicial de Hegseth, sino en el turno de preguntas, dando pie a respuestas menos rígidas de lo habitual por parte de altos cargos de Defensa.

Hegseth reveló que había hablado por teléfono esta misma mañana con Trump, quien le pidió que transmitiera su "paciencia" en las negociaciones que Washington mantiene con Teherán, mediadas por Pakistán.

"Cualquier acuerdo va a ser un gran acuerdo, y él es paciente en su búsqueda", afirmó Hegseth, quien pese a las conversaciones de paz en curso subrayó que EE. UU. tiene munición "más que suficiente" para continuar el conflicto,

Antes de estas declaraciones del jefe del Pentágono, Trump mantuvo una reunión con su equipo de seguridad en la Casa Blanca con el objetivo de tomar una "decisión final" sobre la guerra que concluyó sin acuerdo, explicó bajo anonimato un alto cargo del Gobierno estadounidense a The New York Times.

La Administración Trump cree estar cerca de un trato, pero quedan ciertos asuntos por debatir, como el desbloqueo de fondos iraníes, de acuerdo con el diario.

El titular de Defensa de Catar, Saoud bin Abdulrahman Al Thani, fue uno de los primeros ponentes del Shangri-La en aludir abiertamente a las consecuencias derivadas del bloqueo del estrecho de Ormuz, arteria del comercio energético global.

Alertó de que una crisis como la causada por la obstrucción al tránsito en esta estratégica vía podría ocurrir en cualquier región si las rutas navegables se convierten en herramienta de presión política.

La cuestión de Taiwán, isla autogobernada que China considera parte de su territorio y a la que Washington podría defender en  caso de ataque, era otro foco inevitable del foro, especialmente después de la reciente cumbre entre Trump y su homólogo chino, Xi Jinping, en Pekín.

Preguntado por la suspensión temporal de una importante transferencia de armamento a Taipéi –que ha sido relacionada por Washington con el conflicto en Irán –, Hegseth respondió: "cualquier decisión sobre futuras ventas de armas a Taiwán es de Trump".

Tras su reunión con Xi, Trump reconoció que la venta armamentística a Taipéi le sirve de "baza negociadora" con China, cuyas relaciones con EE. UU. atraviesan el mejor momento "en muchos años", destacó hoy el propio Hegseth.

El secretario de Guerra aclaró: "La política sobre Taiwán es la misma que al comienzo de esta Administración".

Fiel al reclamo habitual de Washington, Hegseth insistió en la necesidad de que los aliados incrementen su gasto militar. "Estados Unidos necesita socios, no protectorados", afirmó.

"Las alianzas no se juzgan por el número de banderas, sino por el número de formaciones militares. No necesitamos más conferencias; necesitamos más capacidad de combate", declaró, precisamente durante uno de los principales foros internacionales de seguridad.

Hegseth aseguró que "Europa Occidental debería tomar nota" del refuerzo militar de algunos países asiáticos y aceptar que "la era en la que EE. UU. subvencionaba la defensa de las naciones ricas ha terminado".

La postura encaja con el repliegue de recursos anunciado por Trump, quien la semana pasada dijo que enviaría a Polonia 5.000 soldados después de cancelar el despliegue de 4.000 efectivos en ese país y ordenar la salida de otros 5.000 de Alemania.

La agenda de Hegseth en Singapur también incluyó reuniones con sus colegas de Japón, Australia, Filipinas y Nueva Zelanda de las que no abundaron detalles, pero al término de las cuales aludió al "compromiso con la paz mediante la fuerza" tanto de Washington como de algunas de estas naciones.

También anunció junto a los responsables de Defensa australiano y británico, Richard Marles y John Healey, respectivamente, un nuevo programa de submarinos no tripulados enmarcado en la alianza trilateral de seguridad AUKUS, creada para contrarrestar a China del Indopacífico. EFE

(foto)(vídeo) (Informe a cámara)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó este miércoles de “algo único” la decisión de la Secretaría de la Defensa Nacional al asignar 91 generales a la Guardia Nacional para consolidar su estructura de mando, luego de presentarla como una de las acciones más relevantes de la estrategia de seguridad de su gobierno.

La transferencia, vigente desde el 1 de octubre de 2024, también incluyó cuatro mil 069 oficiales y 35 mil elementos de tropa, todos seleccionados por sus aptitudes para la función policiaca. Esa fecha marcó el momento en que la Guardia Nacional pasó a depender directamente de Defensa.

“La Guardia Nacional está trabajando de manera muy estrecha con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Entonces es un trabajo que además da resultados todos los días”, destacó.

El secretario de la Defensa, general Ricardo Trevilla Trejo, encuadró el operativo dentro del Plan de Consolidación de la Guardia Nacional y lo definió como “el máximo proyecto que ha tenido el Estado mexicano en materia de seguridad pública”. El funcionario precisó que el personal elegido reúne las mejores características para las labores policiacas.

¿Por qué 91 generales cambian el peso institucional de la Guardia?

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo subrayó que construir una institución de seguridad no solo requiere tropa, sino una estructura de mando piramidal como la que opera en cualquier policía del mundo. Sin generales experimentados, alcanzar ese nivel de conducción tomaría entre 30 y 40 años de carrera escalafonaria dentro de la propia Guardia.

La presidenta precisó que llegar al grado de general de división demanda 40 años de servicio activo. Al ceder a esos mandos, el Ejército aceleró de forma drástica la madurez institucional de la Guardia Nacional y evitó décadas de espera para contar con liderazgos de alto nivel.

Asimismo, señaló que la decisión de cada uno de esos generales de abandonar el Ejército para incorporarse a la Guardia constituye “una decisión de vida”, pues enfatizó que dicho gesto voluntario no tiene precedente en la historia de las fuerzas de seguridad del país.

“Esto es un trabajo muy, muy profesional. La institución es muy sólida en el país”, indicó desde el Salón de Tesorería.

Además de los 91 generales, Defensa graduó a 570 oficiales de la Guardia Nacional en el Colegio Militar y creó la Fuerza Especial Conjunta con 180 elementos seleccionados del cuerpo de Fuerzas Especiales, quienes recibieron formación especializada para labores policiacas.

Detenciones y presencia territorial sostenida

Sheinbaum afirmó que la estrategia produce resultados diarios: cada detención reduce la violencia, pero no implica abandonar el territorio donde ocurrió. La instrucción es mantenerse en la zona y continuar la investigación de forma permanente.

La presidenta calificó a las instituciones de seguridad del país como “muy sólidas” y subrayó que el trabajo conjunto entre la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana es el factor que sostiene esa solidez. El modelo, según Sheinbaum, combina profesionalismo operativo con presencia continua en los territorios con mayor conflictividad.

Isaí “N”, alias “El Chinacate”, fue detenido durante el cateo a un domicilio en Nogales, Sonora, en un operativo ejecutado por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fiscalía General de la República (FGR), quienes intervinieron el inmueble como parte de acciones de investigación en la zona fronteriza que derivaron en su captura.

Isaí “N” es sobrino de Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo” y hermano de Enoc Martínez, alias “El Vocho”, ambos vinculados previamente con investigaciones relacionadas con estructuras del crimen organizado.

Las autoridades lo identifican como presunto integrante de una red logística del Cártel del Pacífico, facción de “Los Chapitos”, dedicada a la producción, coordinación y distribución de drogas sintéticas, con rutas que habrían tenido como destino Estados Unidos y Costa Rica.

Fuentes de seguridad cercanas a Infobae México detallaron que “El Chinacate” habría participado, en 2025, en la coordinación de la venta de alrededor de 10 mil pastillas de fentanilo hacia territorio estadounidense, dentro de las operaciones atribuidas a dicha estructura criminal.

Isaí “N” cuenta además con una orden de aprehensión con fines de extradición vigente por los delitos de delincuencia organizada y contra la salud. En una captura previa, en 2008, las autoridades informaron que Isaí “N” tenía 25 años al momento de ser detenido, por lo que actualmente tendría entre 42 y 43 años.

Costa Rica cobra relevancia para la movilidad de drogas sintéticas hacia Centroamérica

Aunque Estados Unidos sigue siendo el principal destino del fentanilo producido y distribuido por organizaciones criminales mexicanas, investigaciones regionales y reportes de seguridad han identificado a Costa Rica como un punto cada vez más relevante dentro de las rutas de movilidad de drogas sintéticas en Centroamérica.

Las autoridades y análisis especializados coinciden en que Costa Rica no opera como un gran mercado consumidor comparable con Estados Unidos, ni como un centro masivo de producción. Su importancia radica principalmente en su función logística y estratégica dentro del corredor regional de narcotráfico.

La ubicación geográfica del país, su conexión terrestre con Centroamérica y su infraestructura portuaria y comercial lo han convertido en un territorio útil para el tránsito, almacenamiento temporal y redistribución de cargamentos hacia otros destinos del continente y el Caribe.

En los últimos años, autoridades costarricenses han documentado decomisos de fentanilo, pastillas sintéticas y otras drogas de origen mexicano, además de detectar estructuras locales vinculadas con redes de distribución y microtráfico.

Estos hallazgos han encendido alertas sobre una posible expansión gradual del consumo interno, aunque especialistas sostienen que el mercado costarricense sigue siendo limitado frente al volumen destinado a Estados Unidos.

Distintos reportes señalan que organizaciones criminales utilizan Costa Rica como un corredor secundario para fragmentar cargamentos, mover recursos y facilitar rutas alternas de distribución regional, especialmente mediante vías marítimas y terrestres que conectan con Panamá, Nicaragua y otros países centroamericanos.

En ese contexto, las investigaciones sobre Isaí Martínez Cepeda, alias “El Chinacate”, apuntan a una presunta participación en redes logísticas que no sólo abastecían el mercado estadounidense, sino que también habrían operado conexiones de distribución hacia Centroamérica.

El Operativo Enjambre se consolidó como una de las principales estrategias del Gobierno federal para intervenir en estructuras municipales y corporativas señaladas por presuntas conductas delictivas y esquemas de corrupción en distintas regiones del país.

Desde su arranque en noviembre de 2024, la operación ha derivado en la detención de más de 70 servidores públicos, entre alcaldes, exfuncionarios, mandos policiacos y operadores municipales, de acuerdo con información presentada por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

El balance ha sido actualizado en distintas fases conforme avanzan las investigaciones y se ejecutan nuevas órdenes de aprehensión en diferentes estados.

La primera etapa del operativo se llevó a cabo el 22 de noviembre de 2024 en el Estado de México, donde fuerzas federales y estatales realizaron detenciones simultáneas en varios municipios.

Entre los primeros casos destacó la captura de la entonces alcaldesa de Amanalco, María Elena Martínez Robles, además de mandos de seguridad pública local y otros funcionarios municipales.

A partir de ese momento, el operativo se extendió a entidades como Morelos, Jalisco, Michoacán y otras regiones del país, donde autoridades federales han ejecutado nuevas acciones en contra de servidores públicos vinculados a investigaciones abiertas por delitos de alto impacto. En varios casos, las detenciones han estado acompañadas de cateos y aseguramientos de inmuebles y documentación oficial.

Las indagatorias se han sostenido en el uso de inteligencia financiera, análisis de comunicaciones, revisión de flujos patrimoniales y trabajo de campo coordinado entre instituciones federales y estatales.

En estas acciones participan la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Centro Nacional de Inteligencia y fiscalías locales, con el objetivo de ejecutar operativos simultáneos y reducir riesgos de filtraciones.

Recuentos periodísticos estiman hasta 147 detenciones

En paralelo, recuentos periodísticos han estimado que el número total de personas detenidas podría superar los 140 servidores públicos en distintas fases del operativo; sin embargo, hasta ahora no existe un informe federal único que consolide esa cifra como balance oficial.

Dentro de los casos más relevantes se encuentran detenciones de exalcaldes y funcionarios municipales en Jalisco y Morelos, donde las investigaciones se han centrado en estructuras administrativas locales y posibles esquemas de desvío de recursos, extorsión y cobros irregulares dentro de los ayuntamientos.

Hasta el corte más reciente, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó 20 sentencias condenatorias contra exservidores públicos derivadas del operativo, con más de mil 146 años de prisión acumulados por delitos como homicidio, secuestro, extorsión y desaparición forzada.

La dependencia precisó que las resoluciones judiciales corresponden a distintos expedientes abiertos desde el inicio de la estrategia, en los que se ha documentado la participación de exfuncionarios en hechos de violencia y actividades ilícitas relacionadas con estructuras criminales locales.

Pese a los resultados reportados, especialistas en seguridad han señalado que el principal reto del operativo será sostener las acusaciones en tribunales, fortalecer las carpetas de investigación y ampliar el alcance hacia las redes financieras que permiten la operación de estos esquemas en el ámbito municipal.

El Ministerio de Defensa de Guatemala lleva adelante un ambicioso plan de modernización militar y seguridad fronteriza en el que la educación, el equipamiento y la cooperación con Estados Unidos son los tres ejes centrales.

Henry David Sáenz Ramos es un militar guatemalteco que ostenta el rango de general de división y ocupa el cargo de ministro de Defensa Nacional desde enero de 2024 en el gobierno del presidente Bernardo Arévalo.

Además, cuenta con una licenciatura en Administración de Recursos y Tecnología, dos maestrías en esa misma área y en Seguridad Pública, y un doctorado en Defensa y Seguridad. Durante su carrera profesional, se desempeñó en unidades de fuerzas especiales, unidades operativas y administrativas, y en el Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz.

En junio de 2025, el presidente Arévalo ratificó su continuidad al frente del ministerio, con el objetivo de mantener el proceso de modernización y profesionalización de las fuerzas armadas. Bajo su conducción, el Ejército de Guatemala reorientó su estrategia hacia el control de fronteras, la lucha contra el narcotráfico y la recuperación del orden en los centros penitenciarios, en un contexto de creciente cooperación militar con Estados Unidos.

En diálogo con DEF, el ministro de Defensa guatemalteco detalla cómo el país enfrenta el narcotráfico –su principal amenaza de seguridad nacional–, el avance contra las maras y los próximos pasos para reforzar el control territorial, fluvial y aéreo en todo el país.

Las amenazas de defensa en Guatemala

-¿Cuál es la situación de defensa que atraviesa Guatemala hoy y cuáles son las principales amenazas?

-Estamos trabajando bajo un diseño operacional que llamamos “cinturón de fuego”, enfocado en reforzar nuestras zonas fronterizas, principalmente la frontera oeste y suroeste con México, que es la más violenta en términos de seguridad nacional. Tenemos problemas vinculados al clima –inundaciones en invierno, incendios en verano–, pero los vemos desde el prisma de la seguridad nacional porque todo es manipulable. La mayor amenaza para Guatemala es el narcotráfico, que se manifiesta de distintas formas: migración irregular, contrabando de ganado en el norte del país y tráfico de mercancías entre países.

-¿Cuál es la hoja de ruta para mejorar las capacidades de las Fuerzas Armadas?

-Desde el inicio de mi gestión, junto a nuestro socio estratégico, Estados Unidos, firmamos una declaración conjunta en Washington, donde establecí mis tres prioridades: educación, educación y educación. Esa base es primordial para tener unas fuerzas más profesionales, mejor equipadas y con más criterio en el empleo de la fuerza.

Los resultados ya se ven: en enero, retomamos el control de tres centros penitenciarios en 14 horas, sin heridos ni muertos de ninguno de los dos lados. Además, después de 47 años, el embargo de Estados Unidos se levantó y ya estamos recibiendo equipo moderno.

-¿Cómo se planea capacitar a las fuerzas para usar ese nuevo equipamiento?

-Los ejércitos siempre han trabajado con la metodología de reproducción del conocimiento. Nuestro socio estratégico nos abrió sus escuelas y centros de capacitación para que oficiales y suboficiales se formen allí y regresen como multiplicadores en sus unidades. Al mismo tiempo, expertos de Estados Unidos viajan a Guatemala para entrenar directamente a nuestras tropas.

Las alianzas de Guatemala y los próximos objetivos

-¿Cómo evalúa el rol de Estados Unidos en la lucha contra las amenazas transnacionales en el hemisferio?

-Lo valoro muy positivamente. En el caso de Haití, por ejemplo, el liderazgo estadounidense para organizar y poner en marcha una estrategia regional fue efectivo. Para Guatemala en particular, nos han transferido conocimiento, planificación y capacidad de gestión. Pasamos de pedir donaciones a administrar mejor nuestros propios recursos y comprar equipamiento con nuestros fondos. Como suelo decir en sentido figurativo: no nos dieron el pescado, nos enseñaron a pescar.

-¿El modelo de El Salvador con Bukele es aplicable a Guatemala?

-Guatemala quiere democracia y respeto a los derechos civiles de toda su población. No queremos un modelo totalitario: la historia demuestra que son modelos de corto plazo que dividen las sociedades y las marcan por décadas. Estamos apostando por modelos democráticos sostenibles, que pongan la seguridad y la defensa como base, pero orientados al desarrollo.

Tenemos planificada una cárcel que cumpla con los estándares Mandela y los estándares internacionales de seguridad; ya está diseñada y tenemos el lugar para construirla, pero los intereses del narcotráfico han frenado su inicio.

-¿Cómo está la lucha contra las pandillas?

-Se esperó demasiado tiempo para actuar. Ahora están legisladas como organizaciones terroristas y el ejército se involucra en seguridad pública como complemento de la Policía Nacional Civil. El primer paso fue controlar las cárceles, porque desde allí salían las instrucciones a los operativos en la calle. Solo ese hecho redujo los índices de homicidio. Queda mucho trabajo –desarticular la estructura financiera, de inteligencia y las casas de seguridad–, pero empezamos por lo más urgente: proteger vidas.

-¿Cuáles son los proyectos futuros del Ministerio de Defensa?

-Hemos tenido éxito en el control de aguas territoriales y espacio aéreo, pero necesitamos mejorar en el control territorial y las aguas interiores. La estrategia apunta a tener mayor presencia en ríos y lagos, que han sido rutas del narcotráfico.

Para fin de año, ya contaremos con embarcaciones, tripulaciones y capacidades que antes no teníamos. También vamos a desarrollar operaciones aeromóviles en todo el país: estamos coordinando la recepción de helicópteros para estar en tiempo real en cualquier punto donde se lleve adelante una operación antinarcótica. La meta es consolidar el éxito en mar y aire, y extenderlo al territorio.

Noruega ha declarado 2026 como el año de la “defensa total” por el aumento de la tensión internacional y la percepción de que el país debe estar preparado para afrontar cualquier crisis grave, incluida la posibilidad de un conflicto armado con Rusia. A mediados de 2025, el jefe de la inteligencia noruega - Nils Andreas Stenønes - dijo (durante el evento “Ataques híbridos contra Noruega: ¿estamos en guerra?”) que la “principal amenaza para la seguridad” noruega es Rusia, que está “en constante conflicto con occidente”.

La invasión rusa de Ucrania, en 2022, cambió radicalmente el panorama de seguridad en Europa. Este año, el Gobierno noruego ha puesto en marcha un plan que involucra a todas las áreas del Estado y la sociedad y que responde a una consigna: “Todo Noruega protege todo Noruega”.

Una estrategia de defensa que implica a toda la sociedad noruega

La estrategia de “defensa total” implica la movilización de las Fuerzas Armadas, las administraciones públicas, el sector privado, las organizaciones voluntarias y la ciudadanía para actuar de forma coordinada ante emergencias, amenazas híbridas, ciberataques y, en última instancia, una guerra. Según explican fuentes oficiales a la AFP, el concepto parte de que la seguridad nacional no puede depender solo del ejército, sino que requiere la implicación de toda la sociedad.

Uno de los ejes de la nueva política es la revisión de la red de refugios antiaéreos. En la actualidad, existen cerca de 18.600 refugios en el país, suficientes para proteger a menos del 50% de la población, que supera los 5,6 millones de habitantes. “Bastantes de ellos necesitan ser renovados. Se construyeron durante la Guerra Fría. Son húmedos. Son antiguos”, explica Oistein Knudsen, jefe de la Defensa Civil, en declaraciones recogidas por la AFP.

El Ejecutivo noruego, miembro de la OTAN, planea restablecer la obligación de dotar de refugios a los nuevos edificios de gran tamaño, una exigencia legal eliminada en 1998 tras el fin de la Guerra Fría. El objetivo ahora no es construir infraestructuras avanzadas, sino garantizar la protección básica de la población ante riesgos como el uso de drones en conflictos actuales. “Mis colegas ucranianos están librando una guerra existencial en su propio territorio, y aun así se toman el tiempo de compartir sus experiencias. Y solo escuchar lo que están viviendo, los ataques a la población civil, lo que significa operar como fuerza de defensa civil en tiempos de guerra, esas experiencias son invaluables”, expresó Knudsen.

El “modo de defensa total” se articula en torno a un paquete de cien propuestas incluidas en un documento oficial aprobado por el Gobierno. Entre ellas, figura el aumento en un 50% del personal de la Defensa Civil, hasta alcanzar los 12.000 efectivos; la creación de consejos locales de preparación en todos los municipios; y el objetivo de llegar a una autosuficiencia alimentaria del 50 % para 2030.

También se aconseja a los hogares almacenar víveres y suministros para siete días. “Durante muchas décadas hemos disfrutado en Noruega del lujo de poder destinar nuestros recursos a otras cosas. Cuando la situación de seguridad se deterioró, nos dimos cuenta de que hay varias cosas que debemos hacer para asegurar que nuestra preparación contemple también la guerra en el peor de los casos”, declaró Kristine Kallset, secretaria de Estado del Ministerio de Seguridad Pública, a la AFP.

El contexto internacional resulta determinante. El propio primer ministro Jonas Gahr Støre advirtió en su discurso de Año Nuevo que “la guerra podría volver a Noruega”, justificando que su gobierno haya decidido invertir 115.000 millones de coronas noruegas adicionales (unos 10.285 millones de euros) en defensa durante la próxima década. Esta cantidad permitirá adelantar la creación de una brigada en Finnmark, aumentar la producción de munición y mejorar infraestructuras críticas. El objetivo es alcanzar el 3,5% del presupuesto nacional recomendado por la OTAN en 2035. “Es importante para nuestra seguridad. Después de que presentamos el plan, el mundo se ha vuelto más impredecible y la situación de seguridad, más grave. Ahora hacemos los cambios necesarios en el plan para lograr un desarrollo más efectivo de nuestra capacidad defensiva”, dijo Støre, según EFE.

El plan contempla, además, el refuerzo de la ciberseguridad mediante un esquema de colaboración público-privada y la elaboración de una estrategia nacional en este ámbito. También se prevé la creación de reservas de grano para tres meses antes de 2029, el control de la titularidad de propiedades estratégicas y el refuerzo de la seguridad marítima en cooperación con las Fuerzas Armadas.

La gestión de crisis, un desafío multidisciplinar

El documento oficial presentado por el gobierno noruego amplía el papel de las organizaciones voluntarias, que pasarán a ser integrantes obligatorios de los consejos de preparación y recibirán un aumento de financiación de 100 millones de coronas (unos 9.327.923 de euros) en los próximos ocho años. El documento reconoce a entidades como la Cruz Roja Noruega, Norwegian People’s Aid y Norske Kvinners Sanitetsforening como socios esenciales en la estrategia de defensa.

Jarle Lowe Sorensen, experto en gestión de crisis de la Universidad del Sur de Noruega, explicó a la AFP que “el panorama actual de amenazas - ya sea la crisis climática, la rivalidad entre superpotencias, la guerra en Ucrania, Oriente Medio o las pandemias - es mucho más interdisciplinario que hace 20 años. Vamos por buen camino en términos de preparación… pero existen mecanismos burocráticos, legales y organizativos que a menudo dificultan el funcionamiento adecuado del sistema y evitan que todo encaje de manera realmente óptima”.

El despliegue del plan será visible este mismo año, en el que se intensificarán los ejercicios conjuntos y simulacros entre las Fuerzas Armadas, las instituciones civiles y la población. Entre las actividades figuran el ejercicio militar Cold Response 2026 (llevado a cabo del 9 al 19 de marzo de este año con el objetivo de reforzar la cooperación nórdica), y la Semana Nacional de Autopreparación (que tendrá lugar del 26 de octubre al 1 de noviembre y está coordinada por la Dirección DSB con el objetivo de reforzar la resiliencia ciudadana ante situaciones de emergencia). Según datos de la Defensa Civil, el 37% de los noruegos ha reforzado su preparación en el último año, si bien solo el 21% teme que se produzca una guerra en el país en los próximos cinco años.

En las calles de Oslo, la reacción ante las nuevas medidas es dispar. Algunos ciudadanos han comenzado a preparar kits de emergencia y reservas de suministros, mientras que otros confían en las redes de apoyo comunitario como principal recurso en caso de crisis. Por el momento, nada indica que Noruega vaya a convertirse en un nuevo frente, pero el aumento de la vigilancia y la planificación preventiva muestran que el país no quiere dejar nada al azar ante un futuro incierto.

Según información compartida por la Fiscalía General del Estado de Jalisco, la intervención ocurrió entre los municipios de Ixtlahuacán del Río y Cuquío, donde elementos de distintas corporaciones estatales y federales desplegaron aeronaves y equipos especiales para llegar hasta la víctima.

La persona fue rescatada ilesa y el presunto implicado quedó a disposición de las autoridades.

FBI activó el operativo de rescate

Según información oficial, la denuncia formal presentada por el FBI fue el punto de partida que detonó los trabajos de inteligencia e investigación que derivaron en el rescate. A través de esa solicitud, el buró federal pidió explícitamente el apoyo de las autoridades de Jalisco para localizar a la víctima, lo que activó un mecanismo de coordinación entre corporaciones estatales y federales.

A partir de esa denuncia, las corporaciones involucradas iniciaron labores de inteligencia e investigación que permitieron ubicar con precisión a la víctima en la zona serrana entre Ixtlahuacán del Río y Cuquío. Esos mismos trabajos llevaron a la identificación y detención del hombre presuntamente vinculado con los hechos.

El operativo fue encabezado por la Unidad de Investigación Especializada en Secuestros y Extorsiones de la Fiscalía de Jalisco, en coordinación con la Secretaría de Seguridad del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional.

La participación de cada corporación habría sido fue determinante para garantizar que la víctima fuera rescatada sin lesiones.

La Fiscalía del Estado de Jalisco subrayó en el comunicado donde fue revelado el rescate que el resultado del operativo refrenda su compromiso de mantener la coordinación institucional para combatir los delitos de alto impacto.

La dependencia también destacó la importancia de fortalecer las acciones de colaboración tanto a nivel nacional como internacional en materia de seguridad y procuración de justicia.

No es el primer secuestro de un estadounidense en territorio mexicano

El antecedente más sonado ocurrió en marzo de 2023, cuando cuatro ciudadanos estadounidenses cruzaron la frontera en Matamoros, Tamaulipas, para comprar medicinas.

Hombres armados les dispararon y los subieron a la fuerza a una camioneta. Dos fueron hallados muertos; los otros dos sobrevivieron con heridas y fueron repatriados para recibir atención médica en Estados Unidos.

El ataque presuntamente habría sido un error por parte del crimen organizado, quien presuntamente confundió a las víctimas con traficantes de drogas originarios de Haití.

El FBI de San Antonio confirmó que los cuatro fueron montados a la fuerza en una camioneta tipo pick-up por hombres armados no identificados.

Los dos sobrevivientes, identificados como Latavia Washington McGee y Eric James Williams, fueron entregados a autoridades estadounidenses en uno de los puentes fronterizos entre Matamoros y Brownsville.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó los avances en el caso del laboratorio clandestino en Chihuahua. El vocero de la institución, Ulises Lara López, destacó que fueron entrevistados elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) como parte de las indagatorias.

Los militares que fueron interrogados al parecer realizaban trabajos de vigilancia perimetral luego del hallazgo de las instalaciones donde se producían drogas sintéticas de manera clandestina.

Cabe recordar que, en acciones anteriores, la FGR ya había citado a agentes de seguridad a declarar por el caso. Incluso el pasado 7 de mayo fue registrada la llegada de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) a las instalaciones de la FGR Chihuahua.

El caso del laboratorio clandestino en el municipio de Morelos, hallazgo que fue informado el 19 de abril pasado, ha generado investigaciones debido a que, presuntamente, en acciones operativas habrían participado elementos de la Agencia Central de Investigación (CIA, por sus siglas en inglés).

Buscan identificar dueños del lugar y empresas proveedoras

Durante el mensaje compartido el 18 de mayo, el funcionario también informó que la zona actualmente está resguardada y hay trabajos de embalaje y traslado de las sustancias halladas en el lugar, para que las mismas puedan ser eventualmente destruidas.

“Esta Fiscalía General de la República se encuentra en el proceso para obtener la identidad de la o las personas propietarias, posesionarias o usufructuarias del inmueble en el que se localizó la instalación clandestina, así como la identificación de posibles empresas proveedoras”, expuso Lara López.

Asimismo, la institución encabezada por Ernestina Godoy investiga si hubo una averiguación ministerial anterior al hallazgo de las instalaciones clandestinas, además de si el operativo que derivó en la localización del laboratorio fue realizado de manera adecuada, según las normas vigentes.

El material compartido por las autoridades permite ver parte de lo hallado en el lugar, tinas con sustancias y elementos de seguridad con trajes especiales.

Investigan a las autoridades estatales por posible invasión de competencia

Apenas el pasado 13 de mayo la FGR informó sobre la apertura de una línea de investigación que tiene como objetivo determinar si la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua habría incurrido en acciones de competencia federal.

En dicha ocasión, Ulises Lara destacó que el Gobierno federal es el único que tiene las atribuciones relativas a hechos de seguridad nacional y aunado a ellos los estados no tienen permitido generar alianzas con otros países.

Cuando hay sospechas sobre la implicación de grupos del crimen organizado, las labores de investigación, persecución y aplicación de sanciones en dichos delitos son exclusivas delas autoridades federales.

Por su parte, Maru Campos, gobernadora de Chihuahua, sostiene que el operativo que derivó en el hallazgo de las instalaciones clandestinas fue realizado por agencias nacionales.

Cada 17 de mayo, la Argentina recuerda un hecho que cambió su historia. En 1814, el Almirante Guillermo Brown derrotó a la flota realista en el Combate Naval de Montevideo y quebró el dominio español sobre el Río de la Plata. No fue solo una victoria militar: fue la prueba de que sin control del mar no hay independencia posible, y sin presencia naval sostenida no hay soberanía real.

Dos siglos después, esa lección sigue vigente. El Atlántico Sur es una de las claves más poderosas y menos aprovechadas para el desarrollo económico, social y cultural del país, sin embargo, otros actores internacionales conscientes de esta potencialidad invierten gran cantidad de recursos en su aprovechamiento, ocupando espacios que nosotros no ocupamos.

Lo que ocurre a miles de kilómetros, en el Golfo Pérsico o en el Mar Rojo, nos interpela directamente. No porque el conflicto vaya a trasladarse a nuestras costas, sino porque revela una verdad incómoda: las rutas marítimas globales son vulnerables. Esa vulnerabilidad afecta el precio del combustible, las cadenas logísticas, la disponibilidad de bienes y la seguridad energética de naciones que, como la Argentina, dependen del océano para comerciar y crecer.

La vida y la grandeza de la República Argentina dependen principalmente de su intercambio comercial. La cantidad de productos que importa y exporta nuestro país asciende a miles de millones de pesos, y de ese movimiento comercial vive y prospera, directa e indirectamente, casi la totalidad de nuestros habitantes. Ese intercambio es en más de un 90 % por vía marítima.

La conciencia marítima como asignatura pendiente

El vicealmirante Segundo R. Storni fue quizás el argentino que mejor entendió esto. Dedicó su vida a forjar lo que llamaba “conciencia marítima”: la capacidad de una sociedad para comprender la importancia del mar en su destino colectivo. A principios del siglo XX, cuando el país miraba a Europa, pero daba la espalda a su propia costa, Storni escribió: “El mar encierra para la Nación argentina los más vitales problemas. El mar será el vínculo y el sostén de su fortuna y de su gloria”.

Storni sabía que la Argentina con más de 4.700 kilómetros de litoral, una Zona Económica Exclusiva de casi un millón de kilómetros cuadrados y una proyección natural hacia la Antártida, posee uno de los espacios marítimos más privilegiados del planeta. Pero advertía: sin estrategia, sin inversión y sin conciencia ciudadana, esa riqueza se pierde.

Hoy, esa advertencia es más urgente que nunca. La tecnología ha transformado los océanos en espacios de vigilancia permanente y guerra electrónica. Y la ciberseguridad es clave: los buques, cada vez más conectados, son vulnerables a ataques informáticos que pueden paralizar una flota sin disparar un tiro. Y en este contexto, los espacios marítimos constituyen hoy en día escenarios geopolíticos de cooperación, pero también de competencia, entre las naciones.

El mundo en 2026: tecnología y tensión en los océanos

El estrecho de Ormuz —por donde pasa el 20% del petróleo mundial— es hoy escenario de tensiones entre Estados Unidos, Israel e Irán. Los ataques a buques mercantes y las interrupciones en el flujo de energía exponen la vulnerabilidad de las rutas marítimas globales y refuerzan el papel de las Armadas como garantes de la seguridad marítima, la soberanía y el intercambio económico internacional.

La amenaza al tráfico marítimo, incluso sin un bloqueo formal, ya alcanza para presionar costos, seguros y plazos de transporte. Y Argentina no puede ignorarlo: cerca del 90% de nuestro comercio exterior viaja por mar. Lo que sucede hoy en Medio Oriente afecta el precio de los combustibles, la disponibilidad de insumos y la competitividad de nuestras exportaciones.

Pero hay una segunda lección, más sutil y más importante: el control del mar ya no se define por quién tiene más buques, sino por quién entiende mejor lo que ocurre en el agua. Hoy se combinan drones, misiles de precisión, guerra electrónica y manipulación de identidades. Los buques militares y civiles poseen hoy la capacidad para explorar el mar, extraer recursos vivos y no vivos, realizar relevamientos del fondo marino en nuestros espacios marítimos jurisdiccionales afectando directamente nuestra seguridad y defensa sin poder ser detectados a tiempo. La tecnología permite la suplantación de identidad, y solo es posible su detección, localización e identificación si se cuentan con avanzados medios para realizar la tarea.

El desafío ya no es solo detectar, sino sostener el control en el tiempo y el espacio. Y eso exige un sistema integrado de conocimiento del entorno marítimo.

El desafío argentino: controlar lo inmenso

Los espacios jurisdiccionales marítimos no solo son vastos: son estratégicamente críticos para la defensa, seguridad, economía, bienestar y desarrollo de la República. En sus aguas convergen recursos de alto valor —pesca, energía, minerales—, rutas globales e intereses internacionales en expansión. A diario buques extranjeros operan en el límite de nuestra Zona Económica Exclusiva, poniendo a prueba las capacidades de la Armada Argentina para el control del mar.

Durante años, la respuesta fue simple: detectar, hacer presencia y actuar. Ese enfoque quedó obsoleto. Hoy debemos pasar de la vigilancia al conocimiento del entorno marítimo. No basta saber quién está en el mar; hay que comprender sus patrones de comportamiento, sus lógicas y sus vínculos.

Eso se llama “conciencia situacional marítima” y exige integración: de sensores, plataformas, bases de datos, organismos del Estado y actores privados. Sin información integrada, no hay control real.

En un entorno dinámico, el valor no está solo en reaccionar, sino en anticipar. Y la anticipación surge del análisis de la información. Pero ninguna arquitectura de información reemplaza una premisa básica: el mar se controla estando en el mar. Allí, la Armada Argentina cumple un rol insustituible con sus buques y aeronaves de vigilancia marítima: despliegue en zonas críticas, presencia prolongada, interceptación, control in situ y alerta estratégica nacional.

Disuasión y presencia silenciosa

Hay una dimensión menos visible y profundamente estratégica: la disuasión. El concepto de “flota en potencia” es simple pero poderoso: la existencia de capacidades navales condiciona el comportamiento de otros actores, incluso sin contacto directo. Cuando un buque extranjero militar, mercante o pesquero sabe que la Armada Argentina está presente, y posee las capacidades para actuar, modifica sus decisiones. La Armada no solo actúa: influye. Y esa influencia es parte del equilibrio en el Atlántico Sur.

La vigilancia electrónica es indispensable, pero no alcanza para suplir la presencia física. La experiencia demuestra que embarcaciones de todo tipo manipulan transpondedores, suplantan identidades o las clonan. Solo la presencia física de la Armada Argentina permite cumplir con un efecto disuasorio en pos de garantizar la defensa de los intereses nacionales en los espacios marítimos jurisdiccionales.

Inversión, industria y tecnología: los tres ejes del poder naval desde Brown al Siglo XXI

A lo largo de los siglos y del estudio de los conflictos en el mar, tres ejes materiales se repiten en forma sostenida. El Almirante Brown hace más de doscientos años vivió en reiteradas oportunidades la carencia de una política naval que necesita ser resuelta, y hoy, debido no solo al avance de la tecnología sino también a la dinámica internacional de los últimos años, su resolución es más acuciante.

Primera: inversión previsible y sostenida.

Las Armadas son muy sensibles a la discontinuidad presupuestaria. Un buque sin mantenimiento pierde disponibilidad. Un sistema de armas sin actualización queda obsoleto. Un stock crítico sin reposición deja a la Fuerza sin respuesta. La preparación para escenarios complejos exige estabilidad y planificación de largo plazo.

Segunda: fortalecer la base industrial de Defensa. En un mundo con sanciones, restricciones tecnológicas y cadenas de suministro inestables, depender demasiado de proveedores externos amplía vulnerabilidades y reduce la libertad de acción. Mantener, reparar y eventualmente producir medios navales en el país no es un lujo: es autonomía estratégica.

Tercera: innovación tecnológica. La guerra entre Rusia y Ucrania en el dominio marítimo del Mar Negro, y el conflicto en el Golfo Pérsico lo dejaron claro: la superioridad militar ya no depende solo de plataformas complejas, sino de la integración entre sensores, armamentos innovadores, sistemas autónomos, guerra electrónica y protección cibernética. Drones y misiles de precisión pueden producir efectos estratégicos a bajo costo. Las unidades tripuladas siguen siendo insustituibles, pero deben operar integradas con medios no tripulados y con un comando y control robusto.

El mar como oportunidad de desarrollo

El conflicto en Medio Oriente también puso el foco en la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas en el mar: plataformas de hidrocarburos, terminales portuarias, cables submarinos, gasoductos. Su interrupción puede generar daños económicos y sociales devastadores.

En la Argentina, la proyección energética hacia el Atlántico Sur y la potencial explotación de nuevas fronteras como la Cuenca Argentina Norte exigen presencia, vigilancia y capacidad de respuesta rápida. La ausencia de monitoreo permanente es una vulnerabilidad seria para la soberanía y el desarrollo. La experiencia internacional muestra que la falta de control sobre estas infraestructuras es rápidamente explotada por actores ilegales o potencias con intereses divergentes.

La estrategia marítima argentina actual busca orientar todos los elementos del poder nacional vinculados al mar: defensa, economía, ambiente y ciencia. La Armada no está sola. La vigilancia y el control requieren la articulación con otros organismos del Estado, la ciencia, el sector privado y la sociedad civil.

Storni lo expuso de manera inequívoca: “La política naval es, ante todo, una política nacional”. No puede depender de vaivenes partidarios ni de urgencias fiscales de corto plazo. La seguridad marítima es un bien público que demanda políticas de Estado sostenidas.

Conducción estratégica y voluntad política

La estrategia identifica cinco condiciones necesarias: medios, aptitudes, autoridad, marco legal y voluntad política. Si alguna falla, el sistema pierde coherencia, y en el mar eso se traduce rápidamente en pérdida de control.

No es posible vigilar ni controlar los espacios jurisdiccionales marítimos sin la presencia activa de la Armada Argentina. El desafío es enorme. No se trata solo de defender recursos, sino de sostener la soberanía en un espacio donde la ausencia —más que la presencia— puede definir el resultado.

La Armada Argentina, institución bicentenaria del Estado Nacional ha sido la punta de lanza de la defensa de los intereses argentinos en el mar. Desde el Almirante Brown, Espora, Rosales en nuestra guerra de la Independencia, pasando por el Coronel Murature en la Guerra de la Triple Alianza, o las expediciones para la defensa de la soberanía en el Sur por parte del Comodoro Py y el Comandante Luis Piedrabuena, en la Antártida desde Sobral e Irízar, pasando por nuestros caídos en la Guerra de Malvinas, o la pérdida de nuestros tripulantes de la Torpedera “Rosales”, el Rastreador “Fournier”, el Remolcador “Guaraní” y el Submarino ARA “San Juan”. Todos ellos son testimonios del máximo compromiso y las vidas ofrendadas por el personal de la Armada Argentina en pos de ser los custodios de los intereses nacionales en el mar, tarea que hoy y siempre marca el norte de la Institución.

Conclusión: El legado que nos convoca

Este 17 de mayo, al conmemorar la victoria de Brown en Montevideo, preguntémonos qué estamos haciendo hoy para estar a la altura de aquel legado. No es nostalgia: es entender que la historia no es sólo memoria del pasado, sino una brújula que orienta nuestro futuro.

La Armada Argentina, dotada de hombres y mujeres altamente capacitados y con profunda vocación de servir a la Patria en y desde el mar, mantiene vivo ese compromiso en cada patrullaje de nuestros espacios marítimos, en cada navegación y vuelo de vigilancia, en cada operación en zonas costeras y ribereñas, en cada acción de búsqueda y rescate. Pero el mar no es únicamente de la Armada. Por el contrario, los espacios marítimos de jurisdicción e interés nacional son de todos los argentinos. De allí que la necesidad de conocer, proteger y emplear el mar para el desarrollo de nuestro país debe constituir una aspiración compartida por toda la sociedad y, como consecuencia de ello, demandar acciones de gobierno perdurables para el sostenimiento de un poder naval con las capacidades adecuadas para proveer a la Defensa Nacional.

Es nuestra decisión, como lo advirtió Storni hace más de un siglo, dar frente al mar ya que éste es el vínculo y sostén de nuestra fortuna y de nuestra gloria.

*Jefe del Estado Mayor General de la Armada

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, aseguró este sábado que el general Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad de Sinaloa que el pasado lunes se entregó a las autoridades de Estados Unidos por acusaciones de presunta corrupción para proteger a Los Chapitos, no fue puesto en el cargo por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya, sino que fue la propia Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) quien lo puso en ese puesto.

“Hay que aclarar que el general Mérida no fue una decisión del gobernador con licencia, sino una decisión de la propia Sedena que lo envía al estado de Sinaloa como Secretario de Seguridad Pública del Estado”, dijo la gobernadora.

Explicó que la detención del ex secretario no afecta en nada al estado, y envió un mensaje a los sinaloenses: “Decirle a los sinaloenses que para nada afecta a nuestro estado, para nada representa algún daño al estado, nosotros seguimos trabajando, seguimos invirtiendo en el estado y en los municipios”.

Además, sobre la entrega del ex secretario de Administración y Finanzas del estado, Enrique Díaz Vega, o algún otro funcionario a las autoridades de Estados Unidos, aseguró no tener información.

“No tengo información, sé lo mismo que ustedes, lo que se ha comunicado en redes sociales”, expresó.

El pasado viernes se dio a conocer que desde el lunes 11 de mayo, Gerardo Mérida Sánchez, quien fue secretario de Seguridad del estado de Sinaloa de 2023 a 2024, durante la administración de Rubén Rocha Moya, se había entregado a las autoridades estadounidenses, quienes lo acusaron de haber protegido a miembros del Cártel de Sinaloa, en específico de la facción de Los Chapitos, a cambio de sobornos.

La información difundida por el Departamento de Justicia estadounidense señala que Mérida Sánchez habría recibido 100 mil dólares mensuales a cambio de que Los Chapitos fueran protegidos por la dependencia gubernamental que encabezaba.

Además, trascendió que Enrique Díaz Vega, quien también fue funcionario de alto rango del gobierno de Rocha Moya, al encabezar la Secretaría de Administración y Finanzas del estado, también se había entregado a las autoridades estadounidenses.

La entrega, según la información disponible, ocurrió en Nueva York. A él se le acusa de asociación delictuosa para la importación de narcóticos desde México hasta EEUU, así como posesión y conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos durante la comisión de un delito de tráfico de drogas.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional agredieron física y verbalmente a dos periodistas mientras cubrían un operativo en el sector La Conquista, en Culiacán, durante la madrugada de este jueves, de acuerdo con reportes de medios locales.

Según la información difundida por la prensa local, los comunicadores se encontraban debidamente acreditados y realizaban la cobertura en unidades identificadas con logotipos de su medio, cuando los efectivos castrenses los golpearon y empujaron para obligarlos a retirarse del lugar.

Durante la agresión, a uno de los reporteros le fue arrebatado su teléfono celular, presuntamente para impedir la documentación de los hechos registrados durante el operativo.

De acuerdo con estos reportes, la situación escaló hasta que un elemento del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) de la Policía Estatal de Sinaloa intervino para proteger a los periodistas y frenar el hostigamiento por parte del personal militar.

Tras el incidente, los elementos de la Defensa abandonaron la zona sin ofrecer una explicación pública sobre el uso de la fuerza contra los comunicadores, de acuerdo con estos mismos reportes locales.

Agresiones en coberturas de operativos y hechos armados en medio de la disputa criminal

En Culiacán se han registrado de forma recurrente agresiones contra periodistas durante la cobertura de operativos de fuerzas de seguridad y hechos de violencia ligados a la disputa entre grupos del crimen organizado. Los incidentes incluyen empujones, amenazas, retiro de equipo y despojo de teléfonos celulares tanto por parte de civiles armados como en algunos casos de elementos de corporaciones de seguridad, en un entorno marcado por la presencia simultánea de fuerzas federales, estatales y militares en la entidad.

En distintos episodios documentados por medios locales, periodistas han sido atacados mientras cubren enfrentamientos armados, operativos de la Secretaría de la Defensa Nacional y despliegues de la Guardia Nacional en zonas urbanas de la capital sinaloense, donde la tensión entre facciones del Cártel de Sinaloa ha elevado el riesgo de la cobertura informativa en campo.

Organizaciones y reportes periodísticos han señalado que, en este contexto, las agresiones provienen principalmente de dos frentes: por un lado, grupos armados vinculados a la delincuencia organizada que buscan impedir la documentación de sus actividades, y por otro, episodios de contención o dispersión ejercidos por fuerzas de seguridad durante operativos, lo que ha generado un patrón de riesgo constante para la prensa local.

La combinación de violencia criminal y despliegues de seguridad ha convertido a Sinaloa en una de las entidades con mayor nivel de exposición para el ejercicio periodístico en coberturas de hechos de alto impacto, particularmente en Culiacán, donde la información de campo suele desarrollarse en escenarios de enfrentamiento o presencia militar activa.

Luego de diversos días violentos por las pugnas entre los grupos criminales Los Tlacos y Los Ardillos en Guerrero, la Secretaría de Gobernación (Segob) se comprometió a restablecer las Bases de Operaciones Interinstitucionales del Ejército, de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

Mientras que el 12 de mayo la Segob destacó que ya habían retomado el control de Chilapa, un día después las autoridades informaron que diversos funcionarios acudieron al lugar, de manera particular Rosa Icela Rodríguez y la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado.

Van por corredor y apuestan por mesa de diálogo

Junto con los elementos de la Mesa de Paz recorrieron Alcozacán y Coatzingo para hablar con personas afectadas por el desplazamiento y quienes solicitaron mejores condiciones de seguridad, lo que incluye un corredor seguro con el que puedan movilizarse y acceder a atención médica, alimentos y productos de primera necesidad.

De igual manera, fue propuesta una mesa de diálogo entre las autoridades estatales, federales y comisarios ejidales, con el que pueda haber un acuerdo y así generar condiciones de paz y convivencia.

“El camino es el diálogo, la construcción de acuerdos y la presencia responsable del Estado para acompañar a las comunidades y garantizar condiciones de paz, seguridad y dignidad”, destacó Rosa Icela Rodríguez.

Otros de los funcionarios en el sitio fueron:

• José Roberto Flores Montes de Oca, comandante de la Novena Región Militar, general
• Juan Ignacio Hernández, comandante de la 35 Zona Militar
• El coordinador Estatal de la Guardia Nacional, Óscar García
• Los titulares de la Secretaría de Seguridad estatal y fiscal, Daniel Antonio Ledesma y Jesús Zipacná Torre, respectivamente, entre otros

La pugna entre Los Tlacos y Los Ardillos

Fue el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, el que informó que la violencia aumentó en la región por las pugnas entre Los Tlacos y Los Ardillos.

Al ser cuestionado de manera directa sobre los factores que derivaron en la violencia en la entidad, el funcionario señaló a los grupos criminales referidos.

“Aparte de que obviamente hay población que no tiene nada que ver con estos dos grupos criminales, pero sí se deriva de dos grupos criminales, que son Los Ardillos y Los Tlacos”, comentó Harfuch en Palacio Nacional.

Los datos de la Segob indican que 120 personas desplazadas decidieron no ir a un albergue, sino quedarse en sus comunidades. De igual manera, en el reporte del 12 de mayo las autoridades informaron sobre seis personas lesionadas y que recibieron atención médica.

Mientras que para el 11 de mayo habían sido reportadas un total de 96 personas desplazadas, según expuso García Harfuch.

La situación hizo que tuvieran que ser desplegados 690 efectivos del Ejército y 400 de la Guardia Nacional.

El operativo reunió a elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, efectivos municipales y la Policía Investigadora del Delito de la Fiscalía General de Durango.

Según un comunicado emitido por la Secretaría de Seguridad Pública de Durango, luego de los trabajos se han generado las condiciones para que las familias que se trasladaron a otras regiones puedan regresar si así lo desean”.

Las personas que salieron de El Durazno llegaron a Chihuahua, donde el gobierno estatal activó de inmediato los protocolos de atención. El secretario general de Gobierno de Chihuahua, Santiago de la Peña Grajeda, confirmó la llegada de cerca de 100 personas desplazadas provenientes de la comunidad duranguense, ubicada en la región serrana del Triángulo Dorado, zona limítrofe entre Durango, Chihuahua y Sinaloa.

Autoridades trabajan en el restablecimiento de servicios

La SSP Durango informó que los cuerpos de seguridad mantuvieron presencia directa en El Durazno y en los caminos de acceso a la comunidad y afirmaron que sostuvieron reuniones con habitantes para garantizar su seguridad y anunciaron presencia permanente en la zona.

En materia de servicios, se restablecieron las actividades comerciales y el abasto de alimentos, combustible y demás insumos. Las autoridades también trabajaron para reactivar el funcionamiento del Banco del Bienestar en la comunidad.

Las clases quedaron suspendidas hasta el lunes 18 de mayo, tras el puente del Día del Maestro. La dependencia informó que los docentes recibirían garantías a partir del 14 de mayo para retomar las labores educativas la semana siguiente.

Respecto a las familias que salieron de la comunidad, las autoridades duranguenses informaron que se generaron las condiciones para que pudieran regresar a El Durazno en caso de que así lo desearan.

El Durazno se ubica en el Triángulo Dorado, región serrana en los límites de Durango, Sinaloa y Chihuahua históricamente vinculada al cultivo y trasiego de drogas. La zona es identificada como área de influencia de Aureliano Guzmán Loera, El Guano, hermano de Joaquín "El Chapo" Guzmán y líder de la facción Gente del Guano del Cártel de Sinaloa. El narcotraficante, buscado por autoridades de México y Estados Unidos, no ha sido detenido pese a múltiples operativos federales en la zona. EEUU ofrece una recompensa de hasta 10 millones de dólares por su captura.

Chihuahua activó dos instancias para atender a los desplazados

El pasado 11 de mayo, Santiago de la Peña Grajeda detalló que el gobierno de Chihuahua cuenta con dos vías para este tipo de casos: la mesa interinstitucional, dependiente de la Secretaría General de Gobierno, y la Comisión Estatal de Atención a Víctimas (Ceave), adscrita a la Fiscalía General del Estado, que interviene cuando existe una denuncia formal de desplazamiento.

“Estamos en total conocimiento de la situación; recordemos que cuando se presenta un fenómeno de este tipo, hay dos instancias de apoyo del Gobierno del Estado. La primera de ellas es una mesa interinstitucional y, en aquellos casos donde existe una denuncia formal de desplazamiento, entonces interviene la FGE”, dijo De la Peña Grajeda en entrevista a medios de comunicación.

Según el secretario, la fiscalía estatal realizó entrevistas individuales a los desplazados para determinar el número de familias afectadas.

“Quienes ya presentaron la denuncia estarán siendo atendidos por la Ceave, y quienes aún no lo han hecho son atendidos por la mesa interinstitucional”, indicó el funcionario.

Entre las personas atendidas, el secretario identificó también a habitantes de comunidades de Sinaloa que solicitaron apoyo al gobierno chihuahuense.

A una semana del anuncio del Plan ARMA —el programa oficial de modernización de las Fuerzas Armadas— el Gobierno publicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 20/2026, que recortó casi $49.000 millones en partidas de Defensa.

En su columna de Infobae al Mediodía, Andrei Serbin Pont desglosó el impacto fuerza por fuerza y advirtió sobre las consecuencias de largo plazo de un ajuste que se inscribe en una tendencia de dos décadas de deterioro presupuestario.

La Fuerza Aérea, la más golpeada

El mayor recorte nominal correspondió a la Fuerza Aérea Argentina, cuyo Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500 millones en bienes de uso y equipos militares. “La más afectada es la Fuerza Aérea, que pierde material en alistamiento operacional: son todos gastos de capital, equipamiento militar y herramientas”, precisó Serbin Pont.

El dato tiene un contexto que lo agrava: la Argentina acaba de incorporar los primeros seis de los 24 aviones F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca.

Ejército y Armada: recortes en cadena

El Ejército Argentino registró una disminución de $12.622 millones destinados al equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. La Armada, por su parte, sufrió un recorte neto de $15.220 millones en su programa de alistamiento operativo.

El ajuste incluyó la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620 millones asignada al proyecto de incorporación de cuatro helicópteros navales livianos AW109M para la Base Naval Puerto Belgrano, uno de los proyectos de adquisición más esperados por la fuerza en los últimos años.

El ajuste llega hasta la Antártida

Uno de los impactos menos visibles pero más significativos del recorte es el que afecta a la logística antártica. “Se han recortado combustibles y lubricantes para la campaña antártica. Hay que ver cómo afecta esto más adelante y si se van a redirigir recursos de otro lado para continuar ejecutando la campaña”, subrayó Serbin Pont.

La única área que recibió un refuerzo presupuestario dentro de la Jurisdicción 45 fue la sanidad militar. El programa de Sanidad Naval recibió un aumento de $4.000 millones destinados a la compra de insumos médicos y farmacéuticos. Un incremento que no impacta en las capacidades operativas pero que refleja la presión que viene acumulando la obra social de las Fuerzas Armadas.

Dos décadas de caída y salarios al límite

El recorte no es un episodio aislado. El gasto en la función Defensa se ubica en el 0,28% del PBI, el nivel más bajo de los últimos años, en un presupuesto donde entre el 75% y el 85% del gasto de cada fuerza se destina a salarios, dejando márgenes mínimos para funcionamiento e inversión.

“El presupuesto de Defensa en términos de porcentaje del PBI viene declinando constantemente en todos los gobiernos en los últimos años. Hoy el 90% va dirigido a salarios y pensiones”, planteó Serbin Pont.

La consecuencia es una tensión creciente entre los cuadros mejor formados. “¿Cuánto le vamos a pagar a un piloto que va a volar un avión que cuesta 60 mil dólares la hora de vuelo? Gente con un nivel de formación muy elevado —comandos, fuerzas especiales— empieza a mirar que hay sectores donde podría estar ganando más”, advirtió el analista.

El Presupuesto 2026 además derogó la obligación de destinar el 0,8% del PBI al reequipamiento de las Fuerzas Armadas, dejando esa asignación sin un piso legal fijo, lo que elimina el único mecanismo formal de protección presupuestaria que tenía el sector.

El Plan ARMA en el aire

La contradicción central que dejó en evidencia este recorte es la brecha entre el discurso oficial y la realidad presupuestaria. “Si tenías el Plan ARMA para reequipar a las Fuerzas Armadas, estos 35 millones de dólares hubiesen sido recursos adicionales en equipamiento. En cambio, son 35 millones para llenar el vacío de un recorte que se ejecuta vía decreto”, graficó Serbin Pont.

En términos absolutos, los $49.000 millones recortados equivalen a unos 35 millones de dólares. “Para lo que es el Estado nacional, 35 millones de dólares son un vuelto”, reconoció Serbin Pont.

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Un ataque armado contra una patrulla de la Policía Estatal de Veracruz desató una serie de enfrentamientos y persecuciones sobre carreteras federales que conectan Veracruz con Oaxaca, en una jornada de violencia que dejó varios muertos y movilizó a fuerzas federales y estatales en la zona limítrofe entre ambas entidades.

Los hechos comenzaron esta tarde sobre la carretera federal 145, una de las vías más transitadas del sur del país y principal conexión entre el puerto de Veracruz y la región de Tuxtepec, Oaxaca. De acuerdo con reportes preliminares —obtenidos en la zona del conflicto por el reportero Carlos Abad—, el ataque habría iniciado cerca de un destacamento de la Guardia Nacional, en los municipios veracruzanos de Cosamaloapan y Tres Valles.

El corresponsal señala que previamente se reportó el presunto “levantón” de un elemento de la Policía Estatal de Veracruz, situación que habría desencadenado el enfrentamiento armado en las inmediaciones de Ciudad Alemán y la comunidad de Gabino Barrera.

Tras el ataque inicial, la persecución se desplazó desde la carretera 145 hacia la carretera federal 175, en dirección a Oaxaca y la zona cercana a Santa Cruz y Tuxtepec, donde se concentró parte del operativo de seguridad.

Durante la huida, los civiles armados presuntamente lanzaron decenas de ponchallantas sobre distintos tramos carreteros para impedir el avance de las corporaciones de seguridad. Los primeros reportes hablan de cientos de vehículos afectados, incluidos automovilistas particulares y unidades oficiales.

Al operativo se sumaron elementos de la Guardia Nacional y de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de fuerzas estatales y policías municipales que desplegaron filtros y patrullajes en la región limítrofe entre Oaxaca y Veracruz.

Ambulancias y cuerpos de emergencia fueron movilizados hacia distintos puntos de la zona de conflicto, mientras hospitales de Oaxaca comenzaron a prepararse para recibir a personas lesionadas derivadas de los enfrentamientos.

Retiran a sus propios heridos

Según los reportes obtenidos en el lugar, integrantes del grupo armado habrían retirado a sus propios heridos y fallecidos en camionetas todoterreno antes de que las fuerzas de seguridad lograran intervenir directamente en la zona de combate.

Hasta el momento, autoridades federales y estatales no han emitido un balance oficial sobre el número de víctimas ni han confirmado cuántos elementos policiacos resultaron afectados durante el ataque.

Fuentes consultadas en la zona describieron el episodio como uno de los enfrentamientos armados más intensos registrados en los últimos años en el corredor carretero que conecta Veracruz y Oaxaca.

La gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, reafirmó la colaboración entre su gobierno y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) en declaraciones hechas luego de participar en la toma de protesta del General de Brigada de Estado Mayor, Juan Ignacio Hernández, como comandante de la 35 Zona Militar de Chilpancingo.

En el evento, la mandataria destacó que su administración ha trabajado con las fuerzas armadas para fortalecer la seguridad y la paz en Guerrero, planteando que la coordinación institucional tiene como objetivo que la paz y el bienestar llegue hasta el último rincón del estado.

Salgado afirmó que el trabajo conjunto con la Defensa continuará siendo realizado con respeto pleno a los derechos humanos y el objetivo de llevar bienestar, justicia y tranquilidad a todas las regiones.

Además, la mandataria reconoció la labor del Ejército Mexicano, la Marina, la Fuerza Aérea, la Guardia Nacional y las corporaciones estatales de seguridad, cuya intervención ha estado presente en las ocho regiones guerrerenses para atender emergencias.

A la ceremonia acudieron funcionarios de los tres poderes estatales y autoridades federales, entre ellos el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Ricardo Salinas Sandoval, el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Alejandro Carabias Icaza, el comandante de la Octava Región Naval, Martín Enrique Barney Montalvo, y el fiscal general del estado, Zipacná Torres Ojeda.

Coordinación estatal y presencia militar en Guerrero

La administración estatal afirmó que mantendrá la coordinación interinstitucional para asegurar la cobertura de seguridad en zonas urbanas y rurales.

Salgado resaltó que el despliegue de fuerzas federales ha permitido fortalecer la presencia institucional en el territorio y brindar apoyo a la población ante contingencias. Asimismo, con motivo del 5 de mayo, la gobernadora hizo referencia al aniversario de la Batalla de Puebla para destacar el valor del Ejército como símbolo de unidad y soberanía, y aseguró que ese legado se reflejó en el respaldo cotidiano a la ciudadanía guerrerense.

El relevo en el mando de la 35 Zona Militar representa, según Salgado, una oportunidad de robustecer la estrategia de seguridad a través de la experiencia profesional de Hernández Velasco, quien cuenta con más de 40 años de trayectoria militar. La mandataria expresó su confianza en que la coordinación con la Defensa permitiría enfrentar los retos en materia de seguridad y justicia.

Nuevo mando aportó experiencia para la estrategia de seguridad

La llegada del General Hernández Velasco fue interpretada por el gobierno estatal como un refuerzo para la estrategia de coordinación entre autoridades.

Salgado sostuvo que la colaboración diaria con las fuerzas armadas se reflejó en la atención a emergencias y la protección de la población en todas las regiones del estado.

El evento protocolario marcó el inicio de una nueva etapa en la colaboración entre las autoridades estatales y federales, enfocada en la consolidación de la paz y la justicia en Guerrero.

Esta mañana, la gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, sostuvo una reunión con el Gabinete de Seguridad federal, en el marco de la coordinación entre autoridades estatales y federales para el seguimiento de la estrategia de seguridad en la entidad.

La reunión estuvo encabezada por el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y contó con la presencia de los titulares de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo; Marina, Raymundo Morales Ángeles, y Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera.

Durante su intervención, Bonilla Valverde señaló que su presencia en el encuentro forma parte de las acciones de trabajo conjunto entre los distintos niveles de gobierno, y afirmó que dará continuidad a la coordinación con el Gobierno de México en materia de seguridad pública.

La mandataria indicó que, tras su reciente designación por el Congreso estatal —luego de la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya—, mantiene el compromiso de dar seguimiento a las políticas y programas federales en la entidad, incluidos aquellos vinculados con la estrategia de seguridad.

“En mi condición de gobernadora interina del estado, asumo mi presencia en este espacio de seguridad nacional y construcción de paz como una distinción personal que me permite compartir con ustedes estrategias y medidas para dar continuidad a las políticas de coordinación y apoyo entre las fuerzas del orden estatal y federales”, refirió.

Bonilla Valverde añadió que las acciones de su administración estarán orientadas a sostener la coordinación institucional con el Gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, así como con las dependencias federales encargadas de las tareas de seguridad.

Conoce los retos de Sinaloa

La gobernadora señaló que conoce los retos que enfrenta el estado en materia de seguridad y sostuvo que su gobierno trabajará en el seguimiento de las estrategias implementadas de manera conjunta con la Federación.

“Apenas el sábado, en un acto constitucional, fui investida, luego de que el Congreso de Sinaloa aceptó la solicitud de licencia temporal del gobernador Rubén Rocha Moya. Ahí me comprometí a mantener una estrecha coordinación con la presidenta Claudia Sheinbaum, no sólo para atender la seguridad, sino para dar seguimiento puntual a los programas y políticas de la Cuarta Transformación”, expresó.

Asimismo, reiteró que el objetivo de la reunión con el Gabinete de Seguridad es fortalecer la colaboración entre autoridades para atender las condiciones de seguridad en Sinaloa y dar continuidad a las acciones ya establecidas.

“Sé los retos que me esperan, los conozco bien. Con la seguridad que me brinda esta experiencia del gobierno que hoy encabezo, me comprometo a velar minuto a minuto por la seguridad del estado”, dijo al finalizar su participación.

En un escenario internacional marcado por la competencia entre potencias, la aceleración tecnológica y el avance del crimen transnacional, la seguridad volvió a ocupar el centro de la agenda global. América Latina enfrenta hoy un desafío cada vez más urgente: fortalecer su articulación estratégica dentro del hemisferio occidental.

Del 5 al 8 de mayo, Miami será sede de la XI Conferencia Anual sobre Seguridad Hemisférica, organizada por la Florida International University (FIU), uno de los principales foros del continente en materia de defensa, seguridad y geopolítica. El encuentro reunirá a líderes políticos, expertos internacionales, académicos y representantes del sector privado para debatir los desafíos estratégicos que atraviesan a toda la región.

En ese marco, la Fundación TAEDA participa como coorganizadora del evento, consolidando su rol como puente entre América Latina y Estados Unidos en un momento en que la coordinación regional resulta más necesaria que nunca. Para profundizar en este escenario, conversamos con Yanina Kogan, directora de TAEDA, y con Juan Ignacio Cánepa, director de Asuntos Académicos de la institución.

Seguridad y defensa en América Latina

-¿Por qué la seguridad y la defensa volvieron a ocupar un lugar central en la agenda global?

-Yanina Kogan: La defensa y la seguridad son hoy un tema ineludible de la geopolítica. La competencia entre potencias, la irrupción de la inteligencia artificial y el crecimiento de amenazas transnacionales están redefiniendo el mapa global. En ese escenario, América Latina no puede quedar desarticulada: necesita integrarse estratégicamente al hemisferio para enfrentar estos desafíos de manera coordinada.

-Juan Ignacio Cánepa: Creo que la defensa y la seguridad no se fueron nunca. Puede que la aceleración de los procesos de transformación que enumeraba Yanina haya ayudado a que esa ilusión se esfumara más rápido, pero quienes hicieron los deberes en este tiempo están más preparados para afrontar este momento de la historia. Es la remanida idea de que la defensa equivale al seguro de un auto: no se usa nunca hasta que un buen día ocurre un hecho impensado.

-¿Qué representa esta conferencia en ese contexto?

-JIC: Es uno de los espacios más relevantes para pensar la seguridad del hemisferio de manera integral. Lo valioso no es solo el diagnóstico, sino la posibilidad concreta de generar diálogo y coordinación entre actores clave. América Latina y Estados Unidos comparten desafíos y responsabilidades, y foros como este son el lugar donde esa conversación se vuelve acción.

-¿Cuál es el valor de que TAEDA participe como coorganizadora?

-YK: Nuestro rol apunta, justamente, a fortalecer puentes. TAEDA trabaja para acercar la mirada latinoamericana a estos espacios y, al mismo tiempo, promover una mayor alineación regional dentro del hemisferio. La seguridad hoy no se puede abordar de manera aislada; requiere cooperación, confianza y estrategias compartidas.

-¿Qué temas van a marcar la agenda de este año?

-JIC: La agenda está muy enfocada en problemas concretos que atraviesan a toda la región: los escenarios de Venezuela, Cuba y Haití; el crecimiento del crimen organizado; y el impacto de la migración irregular. Pero hay, además, un eje que consideramos clave: el vínculo entre tecnología y poder. Ciberseguridad, inteligencia artificial, sistemas autónomos y nuevas formas de conflicto que no reconocen fronteras. Son temas que no podemos seguir tratando de forma separada.

-¿Qué rol desempeña la competencia entre potencias en este contexto?

-JIC: Es un factor determinante. La presencia de actores externos, como China, genera nuevos desafíos para la región. Por eso es tan importante fortalecer la coordinación dentro del hemisferio occidental: para poder responder de manera más eficaz y con una visión estratégica común, en lugar de reaccionar de forma fragmentada.

La cooperación internacional como clave

-¿Por qué es importante avanzar hacia una mayor alineación regional?

-YK: Porque las amenazas que enfrentamos –el crimen organizado, el terrorismo, los ciberataques– son transnacionales. Ningún país puede abordarlas solo. La única forma de ser efectivos es trabajar de manera coordinada, con una visión hemisférica. No es una opción estratégica; es una necesidad.

-¿Estamos ante un cambio real en la forma en que la región se posiciona?

-YK: Creo que estamos empezando a ver una mayor conciencia sobre la necesidad de coordinación. América Latina tiene un rol clave dentro del hemisferio, y los espacios como esta conferencia ayudan a consolidar esa alineación: generando diálogo, confianza y agendas compartidas. El desafío ahora es traducir esa conciencia en decisiones concretas.

En un mundo donde la seguridad, la tecnología y la geopolítica están cada vez más interconectadas, el desafío ya no es solo comprender los cambios, sino actuar en conjunto. La XI Conferencia sobre Seguridad Hemisférica refleja esa urgencia. Y la presencia de TAEDA como coorganizadora es una señal clara de que América Latina busca integrarse de manera más activa en una estrategia común para enfrentar los desafíos del presente y del futuro.

Más información sobre el evento

Pocas instituciones argentinas pueden mirar más de 100 años atrás y reconocerse, sin saltos ni rupturas, en aquello que sus creadores imaginaron. Si hacemos un repaso rápido, podemos identificar al Banco de la Nación Argentina (135 años), la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (171 años) y la Universidad de Buenos Aires (205 años). Son excepciones, organismos que, contra la costumbre nacional de fundar y disolver, de comenzar y abandonar, lograron atravesar crisis, gobiernos y transformaciones sin perder su razón de ser. La Sociedad Militar Seguro de Vida (SMSV), entidad mutual con 125 años recién cumplidos, integra ese grupo selecto.

La SMSV nació el 1.º de mayo de 1901 para responder a una urgencia concreta y acuciante: las viudas y los huérfanos que dejaban las campañas militares de fines del siglo XIX vivían en la indigencia porque no existía estructura alguna que los contuviera. De esa necesidad elemental y con el impulso del por entonces teniente coronel Ricardo Cornell surgió una mutual que hoy agrupa a 112.000 socios, mantiene 24 filiales y representantes en todo el país, opera con estándares de eficiencia para el pago de retiros y pensiones con una tasa de efectividad superior al 99,8% mensual y ofrece una cartera de productos mutuales en las mejores condiciones del mercado.

Al frente de esta institución está el general de Brigada (R) Daniel Reimundes. En diálogo con DEF, Reimundes habla de continuidad, de responsabilidad y del desafío de transformarse sin perder la esencia y la cercanía con los socios. En definitiva, de una organización que ya proyecta sus 150 años.

El presente de Sociedad Militar Seguro de Vida

-¿Cómo definiría hoy el estado de la Sociedad Militar Seguro de Vida?

-Llegamos a los 125 años, que es una cantidad de años que nos coloca dentro de las organizaciones afianzadas en la Argentina. Esta trayectoria nos permite decir que estamos maduros, que hemos acompañado a la Argentina y a nuestros socios en todas las épocas. Llegamos a los 112.000 socios, un número que nos ubica a la cabeza de las organizaciones mutuales. Con una aclaración importante, seguimos conociendo a nuestra gente. Como somos una mutual, lo más importante es la satisfacción de las necesidades de nuestros asociados. Creo que estos 125 años de historia son el resultado de un aprendizaje permanente sobre las expectativas de quienes depositan su confianza en nosotros y de la capacidad de dar respuestas concretas a ellas en cada etapa. Un balance exitoso para nosotros es que los socios estén un poco mejor asociándose a la Mutual.

Las mutuales son espacios donde lo que prima no es la búsqueda del lucro, sino la del bien común. Donde cada asociado es, al mismo tiempo, protagonista y beneficiario. La SMSV encarna ese modelo con convicción, una institución donde la solidaridad y la eficiencia no son valores opuestos, sino pilares que se refuerzan mutuamente al servicio de quienes dedican su vida a la Patria, y que se ha transformado en la Casa Mutual de los uniformados.

-¿Cómo logran esa cercanía con los socios?

-Aquello que permitió a la SMSV ocupar su actual inserción fue su capacidad de dar respuestas concretas a las necesidades reales de sus asociados, su resiliencia para adaptarse a cada nueva realidad sin perder su esencia y una profunda vocación de servicio que atraviesa cada decisión institucional.

Tenemos una organización con un sistema de conducción que le permite al socio interactuar siempre con otro socio. El 98% de nuestros empleados son asociados de la mutual. Tenemos un sistema de conducción muy particular, regulado por un estatuto, donde el directorio es elegido y representa a los socios. Hay un grupo técnico, que tiene su historia en la mutual, que tiene el espíritu y tiene “colocada la camiseta” de la Sociedad Militar, que ejecuta con eficiencia y dedicación los aspectos específicos de la tarea.

-O sea que la institución mezcla el trabajo de militares y civiles.

-Sí, la SMSV presenta un modelo de gestión original y singular: la conducción estratégica está en manos de miembros de las Fuerzas y la gestión administrativa en civiles quienes son, además, socios de la mutual. Esta integración eleva el compromiso, la transparencia y la calidad de cada decisión.

Una vida junto a la mutual

¿Recuerda cuál fue su primer contacto con la SMSV?

-Creo que es muy similar al de todos los socios, por lo menos los de mi generación. Cuando nosotros egresábamos del Colegio Militar, de la Escuela Naval, de la Escuela de Aviación Militar o de los institutos de Seguridad, nos asociábamos directamente a la mutual. Ya llevo 67 años de socio. Mi padre también era militar y también estaba asociado. Mi primer auto es producto de una ayuda económica de la Mutual, de manera que todos tenemos algo en que la SMSV nos ha permitido estar mejor.

-¿Cómo fue su acercamiento a la parte institucional de la Mutual?

-Transité la carrera militar y, hace 31 años, me invitaron a formar parte de la Asamblea de Delegados, que es el órgano máximo de conducción de la SMSV. Está compuesto por miembros de las Fuerzas Armadas, de todas las jerarquías, que se van incorporando para representar a los socios con la responsabilidad estatutaria de la conducción estratégica de la mutual. Nos regimos por la Ley de Mutualidades, que obliga a que la Asamblea de Delegados se reúna una vez por año para aprobar los balances. Nosotros lo hacemos tres veces al año y vamos orientando las decisiones para que nos mantengamos actualizados. En la Asamblea hay jerarquías, edades y percepciones diferentes y de ese intercambio de visiones se produce la síntesis que muestra nuevos intereses y le da modernidad a la mutual. De manera que hace 31 años que estoy aprendiendo sobre la conducción de la mutual y seguimos tratando de incorporar nuevos conceptos.

-Mencionó recién a su padre militar y su carrera. ¿Cómo es la vida militar? Se lo pregunto porque la SMSV justamente acompaña esa vida.

-La vida militar es apasionante. Si yo volviese a nacer, sería militar de nuevo. En general, esto es lo que todos sentimos cuando terminamos el ciclo activo de nuestra carrera. Pero como sucede con casi todas las profesiones de servicio en Argentina y en el mundo, es una carrera que no tiene la remuneración que su dedicación exclusiva ameritaría. Necesita un complemento. Ahí es donde la SMSV cumple un rol, ayudando a potenciar lo recibido. El mutualismo es, en esencia, la unión de esfuerzos para cubrir necesidades. Y esas necesidades siempre existen. Nosotros buscamos estar cerca de nuestros socios para entenderlas y satisfacerlas.

-¿Qué es lo que le parece que distingue a la Sociedad Militar Seguro de Vida de otras mutuales?

-No competimos con otras mutuales, competimos con nosotros mismos. Conocemos profundamente a nuestros socios porque tenemos el mismo origen. No son clientes, son asociados. Ese conocimiento nos permite crear productos acordes a sus expectativas y hacerlo de forma moderna. Desde el momento en que se reciben y necesitan comprarse el uniforme, hasta el momento en que tienen que pensar qué va a pasar el día que se mueran, está todo ofrecido para que puedan decidir.

-¿Cuándo se planteó la posibilidad de acceder a la presidencia?

-Nunca. Hay que ser realista, uno tiene un esquema de su profesión y esto es un complemento. Me invitaron a formar parte de la Asamblea y fui viendo cómo trabajaba. La experiencia fue haciendo que quienes nos precedieron pensasen que podía estar entre los elegibles. Y uno tiene la voluntad de dedicarle tiempo y espacio a este rol. La elección de la Asamblea hizo el resto.

-¿Se planteó un plan de gestión?

-Por supuesto, dentro de una continuidad. Este es un proyecto colectivo que se sostiene en el tiempo y en el que el Directorio, junto con la Gerencia General y toda la estructura, tiene la responsabilidad de continuar y proyectar con una visión de crecimiento sostenido. Trabajamos con los fondos de los socios, lo que implica una doble responsabilidad. Nuestros socios aportan una cuota social, que es de las más bajas, pero además disponemos de dinero que nuestra gente deposita en la Institución para que esos fondos puedan crecer. Somos responsables de la confianza que ellos depositan en nosotros.

La fusión entre adaptabilidad e historia

-¿Cómo hizo la institución para sobrevivir a lo largo de estos 125 años?

-Primero, con una flexibilidad muy marcada. Por ejemplo, actualmente, el 13% del personal de la mutual forma parte del área de sistemas. Y, después, tener gente formada. Hay una carrera en la Sociedad Militar. Hoy tenemos el 10% del personal haciendo cursos o estudiando. Y tenemos una conducción con experiencia, con profesionales que han trabajado en el tema toda su vida. Buscamos siempre la mejor solución pensando en gente que conocemos.

-¿Cuál es la receta para atravesar las crisis que caracterizaron a nuestro país?

-Nuestra receta es saber que lo más importante son nuestros socios. La Sociedad se ha sobrepuesto a todos los problemas de la Argentina, viejos y nuevos, y transitamos esa situación sabiendo que apostamos siempre a que a la Argentina le vaya bien. Permanentemente nos esforzamos en esa dirección, porque si no le va bien al país, nos va mal a nosotros. Pero, además, como no todo ha podido ser previsto, nos esforzamos para que la Sociedad sea el amortiguador de los problemas para nuestra gente. Y hemos cumplido siempre lo que prometimos.

-¿Cuáles son los desafíos actuales para la Institución?

-Adaptarnos al mundo actual. Hoy los jóvenes son absolutamente distintos en su comportamiento a la gente más grande. No concurren a las filiales, quieren hacer todo a distancia, a través de los sistemas. No es solo con nosotros, es con todas las organizaciones como la nuestra. Y, simultáneamente, tenemos un universo de socios retirados que ven en la concurrencia a las Filiales un motivo para juntarse, para verse y para sentirse integrados. Entonces, tenemos distintas necesidades, el socio mayor quiere encontrar acá el consejo, la contención y la seguridad, y el socio joven quiere tener el producto más moderno, con los mejores estándares. Son sofisticados y quieren las mayores ventajas del mercado.

-Imagino que los servicios financieros son muy requeridos.

-Sin crédito no hay desarrollo posible. Sin ayudas económicas, que es lo mismo, no hay crecimiento personal. Nuestros jóvenes hacen encuestas para tener el producto más barato y en mejores condiciones. En la actualidad, la SMSV ofrece los productos financieros en las mejores condiciones del mercado. Esto es consecuencia de un equilibrio en la estructura, de una corrección permanente de la organización y de ir agregando productos innovadores que les permitan mejorar sus estándares. Los 125 años de SMSV demuestran que el mutualismo es un camino posible. Su éxito institucional es el resultado de un circuito virtuoso donde cada recurso que se genera vuelve al asociado, a través de un esfuerzo económico sostenido, visible en beneficios que permiten ofrecer condiciones difícilmente igualables fuera de la Institución.

Esta es una organización viva, nacida cuando el creador de la mutual tuvo que juntar dinero para poder enterrar a un camarada porque sus familiares carecían de fondos suficientes. Eso lo seguimos haciendo, pero hoy tenemos decenas de nuevos productos.

La transformación de Sociedad Militar Seguro de Vida

-¿La fuerte digitalización que llevó a cabo la SMSV durante los últimos tiempos trajo dinámicas nuevas?

-Sí, con la aclaración que la conducción de la SMSV es más compleja que la de una organización común, porque acá se busca el equilibrio. Tenemos que buscar satisfacer los requerimientos de aquel que todo lo desea realizar por sistemas y aquel otro socio que todo lo prefiere hacer personalmente. Entonces, somos modernidad, pero manteniendo la atención personalizada.

-¿Cómo imagina el camino a los 150 años de la institución? ¿A qué aspiran?

-Tenemos la mutual, que es nuestra esencia. La Ley de Seguros nos obligó a dejar de hacer seguros directamente y entonces creamos dos sociedades anónimas que cumplen esa función. Y tenemos una fundación. Pensamos que tenemos la experiencia y la madurez para crecer. Lo que hoy hacemos con procesos controlados, queremos expandirlo. Tenemos el pago de retiros y pensiones para personal militar y de seguridad con un nivel de eficiencia superior al 99,8% todos los meses. Queremos llevar esa capacidad de pago de haberes a todas las organizaciones militares y de seguridad, y asegurar todo aquello que es del sector, con trato personalizado y seguir ayudando, con la fundación, a todos nuestros asociados que no califican para otros servicios. En el futuro no tienen destino las organizaciones que no tengan masividad con atención personalizada. Nosotros tenemos muy desarrollada la segmentación de nuestra gente: por edad, por ingresos, por situación de revista. Tenemos un producto para cada uno de nuestros socios. El futuro de la SMSV es claro: sostener su esencia mutualista y la atención personalizada, mientras avanza con firmeza en la vanguardia tecnológica para ofrecer servicios cada vez más eficientes, modernos y alineados con las nuevas demandas de nuestros asociados.

Al cumplir 125 años, la Sociedad Militar Seguro de Vida celebra su pasado con orgullo y mira hacia el futuro con la misma convicción que animó a sus fundadores, que una institución forjada sobre valores verdaderos, capaz de transformarse sin traicionarse, no se debilita con el tiempo. Se fortalece. Y se proyecta, con la misma fuerza y el mismo compromiso de siempre, hacia los años que vienen.

Desde su publicación en junio del año 2022, el narcocorrido “El Sucesor” anticipó un posible relevo en la estructura del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y se convirtió en un retrato de su protagonista, Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.

En la voz de Gerardo Díaz y su Gerarquía, junto al grupo Voz de Mando, la canción delineó la figura de un hombre que, desde la pobreza, llegó a ocupar el presunto lugar de segundo al mando de las cuatro letras.

Sin embargo, los planes del líder criminal fueron truncados el pasado 27 de abril de 2026 en el estado de Nayarit, cuando la Secretaría de Marina, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República realizaron una operación quirúrgica para detenerlo y posteriormente trasladarlo a la Ciudad de México.

El operativo, que no requirió disparos y movilizó a más de 500 elementos, truncó la narrativa del corrido y aceleró el proceso de sucesión en el cártel que, según reportes, confirmaría a Juan Carlos Valencia González, alias “El 03”, como el líder absoluto.

La letra del corrido y la construcción de un sucesor

En la letra de “El Sucesor”, los interpretes describieron a “El Jardinero” como el heredero natural: “Que soy el sucesor, eso es lo que se cuenta… que soy el de las cuentas, el que sabe todo el bisne, que tengo trayectoria, que soy un hombre derecho, también dicen que soy la mano derecha del viejo”, se escucha en el narcocorrido, haciendo referencia a que se encontraba junto a Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” en la estructura criminal, dato confirmado por las autoridades tras señalarlo como jefe de seguridad del hombre abatido el pasado 22 de febrero en Tapalpa.

En la canción, además de hacer referencia a su papel en la organización, se minimiza la recompensa que EEUU daba por su captura: “Que el Gobierno gabacho da cinco millones verdes porque a mí prisionero en sus rejas quiere verme”.

También se narra sobre la estructura armada y logística que contenía, con letras como: “Pa escaparme en tierra tengo buenas camionetas, todos bien equipadas con los calibres cincuenta”. Sin embargo, el pasado 27 de abril se confirmó que no fueron suficientes recursos para escapar.

“El Sucesor” también confirma al origen de Audias Flores Silva en Huetamo, Michoacán, y su conexión con la vida rural. La mención directa a su tierra natal —“Salud para toda mi gente de Zirándaro, Huetamo, Nayarit y el estado de Jalisco”— refuerza su identidad como hombre de rancho, campesino y ganadero antes de involucrarse en el crimen organizado.

El cierre del corrido deja en claro la incertidumbre que rodeaba el verdadero alcance de su poder dentro del cártel de las cuatro letras.

“Si es verdad o mentira, aún no es tiempo de saberlo. Lo que el jefe decida, yo respeto, no es un juego. Pero por mientras soy para todos el jardinero”, se escucha en la letra, marcando que, pese a los rumores y versiones externas, la última palabra sobre la sucesión seguía estando en manos de “El Mencho”.

El operativo en Nayarit y la caída de El Jardinero

La detención de Audias Flores Silva se realizó tras 19 meses de seguimiento por parte de las autoridades mexicanas.

El dispositivo de seguridad del capo incluía más de 60 personas armadas y alrededor de 30 camionetas.

El despliegue federal sumó 120 efectivos de acción directa, cuatro helicópteros de apoyo, dos de transporte y 400 elementos en acciones de respaldo.

El operativo fue ejecutado sin disparos. “El Jardinero” fue localizado en un conducto de desagüe y trasladado a la Ciudad de México.

Cuenta con órdenes de aprehensión vigentes y una solicitud de extradición a Estados Unidos, país que ofrecía una recompensa de 5 millones de dólares por su localización.

La reacción en la estructura del CJNG y el ascenso de “El 03”

Tras la captura, las versiones de una sucesión directa hacia Juan Carlos Valencia González, alias “El 03” toman más fuerza.

Su perfil, según investigaciones previas de Infobae México, reúne la herencia del Cártel del Milenio, la red financiera de Los Cuinis y la formación criminal de Rubén Oseguera Cervantes, “El Mencho” en el CJNG.

“El 03″ es hijo de Rosalinda González Valencia, exesposa de “El Mencho”, por lo que el llamado “Señor de los Gallos” era su padrastro.

Estados Unidos mantiene sobre él una recompensa de 5 millones de dólares.

Las autoridades estadounidenses lo identificaron además como operador de esquemas de fraude en la industria de tiempo compartido en destinos turísticos.

El corrido truncado: de promesa de sucesión a testimonio de una era

El corrido “El Sucesor” quedó como testimonio de una era que se cerró abruptamente. Tras la detención de “El Jardinero”, la letra perdió vigencia como anuncio de consolidación y pasó a ser una crónica de un liderazgo que no llegó a consolidarse del todo.

El corrido insistió: “Si quieren agarrarme yo voy a protegerme, su trabajo es buscarme y el mío es esconderme”, pero la captura terminó con esa lógica de persecución y escape.

En Nayarit, la reacción incluyó seis vehículos y seis tiendas incendiadas, sin reportes de lesionados.

El Gabinete de Seguridad federal reforzó la presencia en todo el país mientras la estructura criminal ajusta su mando frente a una sucesión que no ha podido ser confirmada.

Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), dijo este martes, en conferencia de prensa con medios de comunicación, que el narcolaboratorio encontrado en Chihuahua no es de los más grandes encontrados en el país, y dijo que el más grande fue hallado en el estado de Sonora, en 2023.

“Para determinar su capacidad de producción, se toma en cuenta el número de reactores que tienen los laboratorios, todos esos son laboratorios de metanfetaminas, todos los que se han asegurado por parte del Ejército, la Guardia Nacional, y nosotros tenemos registrado que hay 64 laboratorios que tiene una cantidad mayor a los 12 reactores que es el que tenía el laboratorio de Chihuahua”, dijo Trevilla Trejo.

Recordó que el más grande se aseguró en el mes de diciembre de 2023 en Álamo, Sonora, con 56 reactores. “De ahí van hasta los 12, pero hay 64 más grandes que el de Chihuahua”.

Agentes de la CIA participaron en hallazgo de narcolaboratorio en Chihuahua

Cabe destacar que, luego de la creación de una unidad especializada para investigar la muerte de dos agentes de la CIA tras el hallazgo de un narcolaboratorio en Chihuahua, la fiscal Wendy Paola Chávez Villanueva brindó más detalles sobre la participación de elementos estadounidenses, contradiciendo las declaraciones realizadas por César Jáuregui Moreno, exfiscal general.

La funcionaria señaló que la presencia de los agentes no fue notificada ni autorizada por instancias superiores de la Agencia Estatal de Investigación, por lo que su participación en los hechos se mantiene bajo investigación, luego de que se solicitó información al gobierno de Estados Unidos.

El operativo, que derivó en el hallazgo de un laboratorio de metanfetaminas, habría estado marcado por una intervención limitada y discreta de esos agentes, quienes estuvieron en el sitio, pero no participaron en la planeación ni ejecución directa de las acciones policiales, dijo Chávez Villanueva.

Cronología del operativo y hallazgo

El jueves 16 de abril, alrededor de las 10:00 horas, un convoy integrado por aproximadamente cuarenta elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) partió de la ciudad de Chihuahua. Catorce de las unidades eran operativas; en dos de ellas viajaba el director de la AEI, acompañado por su escolta y, desde ese momento, por cuatro personas extranjeras vestidas de civil.

Ese mismo día, a las 16:30 horas, el convoy arribó al cuartel militar de Guachochi, donde el director sostuvo una reunión con el mando militar para afinar los detalles del operativo. Posteriormente, el convoy de la AEI y ocho unidades de la SEDENA —con aproximadamente cincuenta elementos militares— salieron rumbo al poblado de Polanco, donde pernoctaron unas horas.

El viernes 17, a las 04:30 de la mañana, la columna retomó su desplazamiento por brechas, pasando por el poblado de Morelos y llegando a la localidad del Pinal a las 15:30 horas. El personal militar y de la Fiscalía del Estado acampó en la zona para pernoctar.

El sábado 18 de abril, a las 06:00 de la mañana, iniciaron los rastreos pedestres. A las 07:30 horas, se localizó el laboratorio clandestino de metanfetaminas, y fue a las 07:45 horas cuando el director de la AEI notificó el hallazgo al Fiscal de Operaciones Estratégicas, quien informó de inmediato a la Fiscalía General de la República (FGR) para la recepción y resguardo del lugar.

El accidente que provocó la muerte de dos agentes de la CIA

De acuerdo con los datos, fue a las 17:30 horas del sábado cuando el director de la AEI ordenó el regreso a la ciudad de Chihuahua. Poco después, a las 13:50 horas del domingo 19 de abril, ocurrió el accidente que provocó la muerte de los dos agentes de la CIA y del mando de la Fiscalía del Estado, así como de su escolta, en inmediaciones del poblado de Polanco.

La fiscal detalló que en el siniestro fallecieron tanto el director de la AEI, uno de los oficiales encargados de su seguridad y dos civiles de nacionalidad extranjera que viajaban en el mismo vehículo.

Según el peritaje, el accidente ocurrió cuando el vehículo perdió el control cuando circulaban en un camino de terracería con poca visibilidad, lo que provocó que cayera a un barranco.

“Al momento del accidente, descienden de la segunda unidad asignada a la seguridad del director de la agencia dos escoltas y dos civiles más, quienes proceden a prestar auxilio a los accidentados con el apoyo del resto del personal que en ese momento conformaba el convoy.

En ese momento, uno de los escoltas del director de la Agencia Estatal de Investigaciones refiere a la persona que asumió el auxilio de los accidentados y el resguardo del lugar de los hechos para preservar la escena, indicando que las personas que iban en el vehículo siniestrado eran presuntamente ciudadanos estadounidenses y enlaces de la Embajada de Estados Unidos de América”, detalló Chávez Villanueva.

Los cuerpos fueron trasladados al municipio de Guachochi y posteriormente a la ciudad de Chihuahua, donde se concluyeron las pruebas periciales. El Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez reclamó los restos y los entregó a un servicio funerario, aportando datos de identificación pero sin precisar si se trataba de agentes o funcionarios adscritos a alguna dependencia estadounidense, señaló.

A 44 años de la Guerra de Malvinas, Argentina enfrenta un escenario de vulnerabilidad defensiva importante, producto de cuatro décadas de desinversión, falta de planeamiento y desinterés político, que han diezmado riesgosamente las capacidades de las Fuerzas Armadas. Hoy se requiere un modelo de defensa nacional que asegure la protección de nuestros intereses en un mundo cada vez más complejo e imprevisible.

La Argentina posee una importancia geopolítica indiscutible: es el octavo país más extenso del mundo, con recursos naturales vitales (agua, alimentos, minerales, petróleo) y una proyección bicontinental hacia la Antártida. Sin embargo, esta inmensidad contrasta con espacios demográficos vacíos y carencia de infraestructura, lo que dificulta su control, agravado por la ocupación ilegal británica de parte de nuestro territorio. Aunque la mayoría de los diferendos limítrofes parecen zanjados, la volatilidad mundial exige estar preparados ante eventuales conflictos.

La esencia del sistema de defensa no es solo el uso de la fuerza en caso de conflicto, sino la disuasión permanente. Como sostenía el general André Beaufre, la disuasión busca “impedir el ataque enemigo mediante la amenaza de una respuesta abrumadora [...] que desgasta su voluntad, usando la amenaza como un instrumento de presión constante”. Para lograrlo, los costos de agredir a nuestro país deben ser inaceptables para cualquier adversario. Lamentablemente, el modelo de defensa actual está muy lejos de garantizar este objetivo.

La defensa que tenemos: cuatro décadas de involución

La reducción sufrida por las Fuerzas Armadas (FFAA) desde el inicio de la década de 1980 hasta la fecha ha sido drástica, afectando efectivos, presupuesto y sistemas de armas.

En términos de personal, en los años 80 las FFAA contaban con aproximadamente 144.000 efectivos (88.000 del Ejército, 35.000 de la Armada y 21.000 de la Fuerza Aérea), sustentados en aquel entonces por la Ley 17.531 de Servicio Militar Obligatorio. Hoy, bajo la Ley 24.429 de Servicio Militar Voluntario, las organizaciones se encuentran incompletas por limitaciones presupuestarias, reduciendo el número a unos 88.000 efectivos (55.000 en el Ejército, 16.750 en la Armada y 16.000 en la Fuerza Aérea).

La pérdida de capacidades materiales es igualmente alarmante. El Ejército pasó de tener casi 1000 blindados (un tercio de última tecnología en los 80´) a menos de 600 unidades de los mismos modelos, con más de 40 años de antigüedad y con unas pocas unidades modernizadas parcialmente. A su vez la Armada dejó de ser una fuerza de “aguas azules” con gran capacidad de proyección. En el pasado operaba un portaaviones, 13 destructores y corbetas, y 4 submarinos. Hoy carece de capacidad ofensiva embarcada y sus capacidades defensivas son limitadas. Por su parte la Fuerza Aérea, que contaba con casi 400 aviones antes de Malvinas, hoy dispone de poco más de 200 (entre aviones y helicópteros), en su mayoría obsoletos y de nula capacidad ofensiva.

La crisis no es solo cuantitativa. Los recortes se basaron en la falsa premisa de que “no habrá guerra” y han ignorado lecciones históricas cruciales. A más de cuatro décadas de Malvinas, aún persisten muchas de las falencias señaladas en el histórico Informe Rattenbach. Dicho documento advertía sobre graves errores de conducción operativa y estratégica, la falta de acción conjunta, la ineficiencia de la inteligencia militar, y graves carencias tácticas (como la falta de equipos de alerta radar e IFF). Lejos de aprender de la experiencia, incluso los aciertos de la guerra —como la adaptación de misiles antibuque a plataformas terrestres o la efectividad del binomio Super Etendard/Exocet— fueron abandonados, careciendo hoy el país de una capacidad de defensa costera seria.

A este panorama se suma una degradación institucional: salarios entre los más bajos de la Administración Pública Nacional, obras sociales en crisis y una constante frustración profesional en los cuadros militares debido a la falta de incentivos y material seguro para operar.

La defensa que necesitamos: integralidad, constancia y previsibilidad.

Revertir esta hipoteca sobre nuestra soberanía no es un misterio técnico, pero requiere sortear la ignorancia política, la discontinuidad de los planes estatales y los constantes cambios legales contradictorios. Para construir un sistema creíble y sustentable, es imprescindible abordar seis líneas de acción. Ellas son:

• La planificación integral del sistema de defensa nacional: Es imprescindible una Estrategia Nacional de Defensa verdaderamente integradora. Actualmente, las Directivas de Política de Defensa Nacional y los planes que de ella derivan, como el PLANCAMIL 2023 son elaborados de forma aislada por el Ministerio de Defensa. La Ley de Defensa Nacional (23.554) exige la integración de “todas las fuerzas de la Nación” y por ello es imprescindible su articulación con otras áreas del estado, como la economía, la educación, la tecnología y las comunicaciones, el desarrollo social, etc. Por ejemplo en medio de recursos escasos, un satélite militar de comunicaciones es inviable económicamente pero los futuros satélites de comunicaciones en desarrollo, deberían incluir obligatoriamente canales de uso militar exclusivo, optimizando así los recursos del Estado (sin costos para la defensa).
• Adecuación del marco legal: La Ley de Defensa Nacional está por cumplir 40 años y requiere actualizaciones, al igual que la solución del vacío que dejan leyes promulgadas pero ignoradas (como la Ley 24.828 de reestructuración de las FFAA o la Ley 27.565 del FONDEF). A su vez, deben corregirse normativas que han impactado negativamente en la operatividad militar, como la Ley de Inteligencia Nacional (25.520), que escindió perjudicialmente la Inteligencia Militar de la Inteligencia Estratégica, o el Código de Disciplina de las FFAA (Ley 26.394), que generó desequilibrios penales. Resulta imperioso, además, sancionar una postergada Ley de Reservas y Movilización.
• Asignación continua y previsible de recursos presupuestarios: Argentina es un caso atípico en el mundo: mientras todos los países (incluidos los de la región) aumentan su gasto militar, nuestro país lo reduce. La ejecución presupuestaria en defensa de 2025 arroja un gasto del 0.28% del PBI, una cifra insignificante frente al 2.2% de Brasil o el 1.8% de Chile. Las leyes de financiamiento no se cumplen: el FONDEF recibe apenas unos U$S 160 millones anuales cuando debería superar los U$S 400 millones. Sin dinero, es imposible recuperar capacidades estratégicas como submarinos o defensa antiaérea moderna.
• Transformación innovadora de las FFAA: Las restricciones financieras a corto plazo para recuperar medios convencionales perdidos, imponen trabajar con mente abierta e innovadora. La evolución debe centrarse, al menos en el corto plazo, en capacidades de bajo costo, pero de alto impacto: operaciones de información, uso de Inteligencia Artificial, ciberdefensa, drones de todo tipo y capacidad, sistemas autónomos y operaciones multidominio. Es fundamental también un cambio de mentalidad en la dirigencia política, alterando la idea del “uso dual” (Ej protección civil) de las FFAA para justificar su existencia. Su verdadera naturaleza es disuadir y combatir en caso de agresión.
• Conformación de un sistema eficiente de reservas y movilización: Para un país extenso y despoblado, contar con reservas adiestradas y de rápida movilización incrementa la disuasión a muy bajo costo. El sistema debería dividirse en tres niveles: ex integrantes de la fuerza activa (con reentrenamiento periódico); cuadros civiles sin formación militar como especialistas técnicos (en áreas como ciberdefensa, logística o espacial, por ejemplo); y ciudadanos comunes que recibirían instrucción básica para reemplazos en caso de un conflicto prolongado.
• Organización del complejo I+D+P (Investigación, Desarrollo y Producción): La industria de defensa nacional atraviesa su peor momento (incapaz de proveer siquiera suficiente armamento liviano o munición), afectada tanto por intereses políticos ajenos como por el veto comercial del Reino Unido post-Malvinas. Argentina debe emular a países que, bajo embargos o por voluntad estratégica, desarrollaron industrias pujantes (Turquía, Sudáfrica, Brasil). La creación de un organismo (similar a la ABIMDE brasileña o la SSB turca) que gestione investigación, enlace empresas públicas y privadas con las FFAA, promueva exportaciones, integre la innovación ágil de las startups y garantice la soberanía en nichos tecnológicos dominados por el país, puede ser el primer paso para reconstruirla.

A modo de cierre, la fragilidad macroeconómica y el desinterés han dejado a nuestro país sin los medios básicos para su resguardo. El diagnóstico es claro y las líneas de acción sugeridas pueden constituir un puntapié inicial para el cambio.

Queda en manos de las autoridades políticas asumir su responsabilidad constitucional ineludible de “proveer a la defensa común”. Revertir cuatro décadas de negligencia exige que la dirigencia transforme a la Defensa en una verdadera política de Estado, garantizando así la paz, la soberanía y los intereses vitales de la Nación en la incertidumbre del siglo XXI.

El cielo de Tulum se llenó de maniobras y acrobacias con el espectáculo aéreo del Tulum Air Show 2026, el cual inició el 23 de abril y concluye este próximo 26 en las instalaciones del Grupo de Base Aérea Militar No. 12 en el Aeropuerto Internacional “Felipe Carrillo Puerto”.

El evento, organizado por la Fuerza Aérea Mexicana, busca impulsar el crecimiento económico del sector aeroespacial, atraer inversión extranjera y fomentar la creación de empleos especializados, además de constituirse como plataforma para la Feria Aeroespacial México 2027.

La Secretaría de la Defensa Nacional estima una asistencia de 20 mil personas a exhibiciones, congresos y ferias.

Durante el programa, la Brigada de Fusileros Paracaidistas conmemora el 80 aniversario de su creación y recibe un reconocimiento, con participación en saltos y maniobras aéreas junto a 18 aeronaves.

Según comunicados oficiales de la Secretaría de la Defensa, de manera simultánea, el óvalo de la serie NASCAR instalado en la plataforma de aviación ejecutiva del aeropuerto alberga carreras de autos, pase aéreo de seis aviones militares y una aeronave comercial, exhibición de un dirigible y demostración de paramotor deportivo.

Autoridades y sector aeronáutico participan en la inauguración

La ceremonia inaugural se realizó el 23 de abril con la presencia de la gobernadora de Quintana Roo, María Elena Lezama Espinosa, el General de División Piloto Aviador de Estado Mayor Román Carmona Landa y representantes del sector aeronáutico y empresarial.

El acto contó con Alessandro Modiano, embajador de Italia en México, como invitado especial.

El 24 de abril se realizó la ceremonia de lanzamiento de la Feria Aeroespacial México 2027, programada para celebrarse en Santa Lucía, Estado de México.

El comandante Carmona Landa y el General de Grupo de Estado Mayor Disraelí Gómez Herrera, director de la FAMEX, encabezaron el anuncio de la séptima edición.

Las autoridades destacaron la intención de posicionar la feria como una plataforma internacional para la industria.

Ferias, congresos y exhibiciones de aviación y negocios

Además del espectáculo aéreo, el evento incluye congresos sobre seguridad aérea, ferias de negocios con empresas y universidades, exposiciones estáticas de aeronaves y una exhibición comercial.

Las actividades buscan fortalecer la vinculación entre el sector industrial, académico y militar, con presencia de empresas nacionales e internacionales y oportunidades de colaboración.

La serie NASCAR organiza carreras en el óvalo instalado en la plataforma de aviación ejecutiva, mientras la Brigada de Fusileros Paracaidistas recibe un reconocimiento.

Además, se realiza un pase aéreo de seis aviones militares y una aeronave comercial sobre el evento automovilístico, junto con la exhibición de un dirigible y el vuelo de un paramotor deportivo.

Cierre con vuelos, playa y espectáculo de drones

El 25 de abril se efectuó el primer espectáculo aéreo con la participación de 18 aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana y 6 civiles.

Para el 26 de abril está previsto el segundo espectáculo aéreo sobre la playa del Parque del Jaguar, con 18 aviones militares y 3 aeronaves civiles.

El cierre incluye la carrera estelar de la serie NASCAR, el pase de 3 aviones militares, exhibición de paramotor deportivo y espectáculo con 300 drones.

La Secretaría de la Defensa Nacional sostiene que este tipo de eventos busca fortalecer el acercamiento de la sociedad con el Ejército, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, y generar espacios de interacción para que la ciudadanía conozca las actividades de las Fuerzas Armadas.

Un equipo de 50 abogados decidió reforzar la defensa de Juan Jesús “N”, acusado por el feminicidio de Edith Guadalupe, ocurrido en un edificio de la Alcaldía Benito Juárez, en la Ciudad de México, ante la falta de sustento y posibles irregularidades en la investigación inicial.

Jesús Briones, quien encabeza la defensa, informó que los nuevos integrantes incluyen exmagistrados y especialistas en derecho penal. Esto luego de que el propio acusado solicitara el refuerzo de la defensa para enfrentar las acusaciones que podrían derivar en una condena superior a 35 años de prisión.

En declaraciones para Telediario, los abogados afirmaron que el joven tiene un perfil reservado y humilde, características que, según ellos, contradicen la versión de los hechos presentada por la Fiscalía. “Le destrozaron la vida”, afirman integrantes del equipo legal sobre el impacto que el caso ha tenido en la vida de Juan Jesús.

De acuerdo con los datos recabados, la estrategia jurídica contempla la posibilidad de interponer un amparo para que el proceso se lleve en libertad, pues advirtieron que imponer prisión preventiva atentaría contra su derecho a la presunción de inocencia.

El bloque de abogados también cuestionó la actuación de las autoridades al ingresar al edificio donde se halló el cuerpo de Edith Guadalupe, tras señalar que no existe autorización por escrito para la diligencia, lo que podría derivar en un incidente procesal.

Hasta el momento, más de 200 profesionales del derecho han mostrado interés en analizar el expediente a través de grupos digitales. La cifra de 50 abogados formalmente integrados representa un hecho inusual en procesos de esta índole, marcando un precedente en el foro jurídico local.

Postura de la familia de Edith Guadalupe

A raíz de los hechos, la familia de Edith Guadalupe expresó su total confianza en las autoridades de la Ciudad de México. Alma Valadez, tía de la víctima, declaró que no existen dudas sobre la responsabilidad del imputado y exigió justicia para su sobrina.

“Hay ya una persona vinculada a proceso por el feminicidio de nuestra querida Edith Guadalupe, la cual, no nos cabe duda, fue el autor intelectual y material del feminicidio, existen pruebas fehacientes y contundentes de su participación que ya obran en una carpeta de investigación y en este contexto también exigimos justicia para Edith Guadalupe, dichas pruebas han sido revisadas por expertos independientes”, expresó.

De acuerdo con las declaraciones, los familiares sostuvieron que las pruebas en contra de Juan Jesús son “contundentes y fehacientes”, validadas por expertos independientes para proceder con el caso. Además, rechazaron cualquier versión que sugiera la fabricación de un culpable y denuncian haber sido revictimizados durante el proceso.

En el expediente obran peritajes contradictorios sobre el arma empleada y la hora del fallecimiento de la víctima. La defensa presentó informes de especialistas que contradicen las conclusiones oficiales acerca de la causa de muerte.

La fiscalía, por su parte, suspendió a tres funcionarios tras detectar una dilación en la intervención policial en el inmueble. También acreditó la manipulación del sistema de videovigilancia y el hallazgo de pertenencias de la víctima en áreas bajo control del acusado.

Mientras el proceso judicial avanza, tanto la defensa como la familia de Edith Guadalupe piden respeto y espacio para enfrentar las consecuencias del caso. La familia comunica que no emitirá más declaraciones en los próximos días debido al dolor que experimenta.

En su conferencia mañanera de este miércoles, la presidenta Claudia Sheinbaum fue tajante: el gobierno del estado de Chihuahua mintió. La mandataria desmintió la versión de la gobernadora Maru Campos, quien había señalado que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) estaba al tanto de la presencia de agentes estadounidenses en el operativo donde murieron dos elementos de la CIA y dos investigadores locales el pasado domingo.

“La Gobernadora ha dicho que los había avisado la Secretaría de la Defensa Nacional. Esto es falso”, afirmó Sheinbaum desde Palacio Nacional.

¿Qué pasó exactamente en Chihuahua?

El domingo por la madrugada, un convoy que regresaba de destruir laboratorios de cárteles en una zona serrana de Chihuahua cayó a un barranco y el vehículo explotó. Fallecieron cuatro personas: dos investigadores del estado y dos agentes de la CIA, quienes habían sido identificados inicialmente como funcionarios de la embajada de Estados Unidos.

Según Sheinbaum, el Ejército mexicano sí participó en el operativo — como lo hace regularmente a solicitud de fiscalías y gabinetes de seguridad estatales — pero sin saber que había ciudadanos estadounidenses en el convoy.

“Eso no quiere decir que el comandante de la zona supiera que había presencia de ciudadanos estadounidenses en el operativo”, aclaró la presidenta.

La falla, según Sheinbaum: Chihuahua violó la Constitución

La mandataria fue directa al señalar responsabilidades. A su juicio, la falla principal recae en el gobierno estatal, que gestionó la colaboración con una agencia estadounidense sin notificar a la Secretaría de Relaciones Exteriores, como lo exige la Ley de Seguridad Nacional.

La ley es clara, leyó Sheinbaum en la mañanera: las autoridades deberán abstenerse de realizar gestiones directas ante autoridades distintas de la Cancillería en materia de seguridad nacional. “No hay lugar a dudas”, subrayó.

Como consecuencia, la presidenta anunció tres medidas concretas:

• Instruyó al Consejo de Seguridad a enviar un comunicado a los 31 gobernadores recordando el marco legal para la cooperación en seguridad con gobiernos extranjeros.
• Solicitó información al embajador de Estados Unidos sobre las condiciones en que operaban los agentes.
• Llamó personalmente a la gobernadora Maru Campos — quien no estuvo disponible — para pedirle explicaciones.

“La soberanía es inviolable”

Sheinbaum también respondió a la presión de Washington, que por voz de la secretaria de prensa de la Casa Blanca había pedido “empatía” de México tras la muerte de los dos estadounidenses. La presidenta dejó en claro que expresó sus condolencias al embajador de manera personal, pero separó ese gesto del debate jurídico.

“Lo primero está el humano y la solidaridad. Eso está por encima de todo”, dijo. “Pero después viene el cumplimiento de las leyes y la Constitución”.

Y cerró con una postura que ha repetido durante todo su gobierno: “La soberanía es inviolable. Eso no está a debate.”

Chihuahua deberá explicar ante el Senado

El Senado ya citó a comparecer a la gobernadora Campos y al fiscal del estado. Sheinbaum respaldó esa decisión y no descartó posibles sanciones, aunque aclaró que la determinación final corresponde a la propia gobernadora y al Poder Legislativo.

“Cumplir con la ley no es opcional”, sentenció la presidenta. “Y la Ley de Seguridad Nacional es tan clara que no tiene lugar a interpretaciones.”

El mundo se está rearmando rápidamente. El gasto militar ha aumentado en términos reales cada año durante la última década. El salto en 2024 fue el mayor, en términos ajustados a la inflación, desde la Guerra Fría. Los miembros europeos de la OTAN, con sus arsenales desprotegidos tras la invasión rusa de Ucrania, gastarán 300.000 millones de euros (353.000 millones de dólares) adicionales al año para finales de la década. El gasto militar de China crece cada año en una cantidad equivalente al presupuesto de defensa anual total de Taiwán, mientras que el resto de Asia se esfuerza por mantenerse al día. Pero son las armas, no los presupuestos, lo que disuade. Y producir esas armas requiere el tipo adecuado de industria de defensa, adaptada a las guerras del futuro.

Las guerras en Ucrania e Irán parecen ofrecer lecciones diferentes. Ucrania fue pionera en el uso de drones de bajo costo, cuyo software se actualiza semanalmente, para contrarrestar a un ejército ruso mucho mayor. Israel y Estados Unidos utilizaron costosos aviones F -35, bombarderos B -2, misiles balísticos lanzados desde el aire y numerosos aviones cisterna para atacar a Irán. De hecho, tienen mucho en común.

Un mensaje clave es que los países occidentales necesitan mayor capacidad de fabricación de armamento. En tan solo 40 días de guerra, Estados Unidos agotó la mitad de sus reservas de municiones antiaéreas de alta gama. Otro mensaje es que las fuerzas armadas deben equilibrar unos pocos sistemas de alta tecnología con un número mucho mayor de armas más económicas, numerosas y fácilmente reemplazables. Un tercer mensaje es que, independientemente del tamaño, el precio, la tripulación o la munición de un arma, lo que cada vez importa más es el software que incorpora. Las armas más eficaces son aquellas que cuentan con los mejores algoritmos, entrenadas con los mejores datos y actualizadas con mayor frecuencia.

Todo esto explica por qué la industria de defensa estadounidense está experimentando una transformación radical. Palantir, una empresa de datos que desarrolla el núcleo del software de mando y control de Estados Unidos y la OTAN, ahora vale más que RTX (antes Raytheon), la mayor de las principales empresas de defensa. Palantir, SpaceX y Anduril conforman un trío de “nuevas grandes empresas”.

Se trata de empresas que priorizan el software y compiten con fabricantes de armas que se sumaron tarde a la revolución del software. Para fabricar armas, estas nuevas empresas líderes han recurrido a métodos de fabricación modernos, incluidos los de la industria automotriz. Si bien su capacidad de escalabilidad no está demostrada, son más ambiciosas que las empresas establecidas e invierten fuertemente en I+D interna.

Los nuevos jefes de las grandes firmas de seguros han revitalizado la industria de defensa, incluso mientras el Pentágono se sumía en el caos. Pete Hegseth, autodenominado secretario de guerra de Estados Unidos, ha llevado a cabo purgas que constituyen los mayores despidos masivos de altos mandos con motivaciones políticas en la historia moderna estadounidense. Parece deleitarse con la guerra y la violencia en lugar de abordarlas con objetividad. Afortunadamente, también tiene ideas acertadas sobre adquisiciones, lo que debería ayudar a Estados Unidos a adaptarse a la nueva era bélica.

En noviembre del año pasado, el Sr. Hegseth afirmó que el Pentágono agilizaría sus compras, simplificando sus complejos procesos. Otorgó mayor poder de decisión a los mandos de primera línea sobre las adquisiciones y prometió priorizar la tecnología comercial sobre la tecnología a medida. Estos cambios deberían crear las condiciones necesarias para que las empresas emergentes compitan con las compañías tradicionales y así forjar una industria más diversa y dinámica.

Lamentablemente, Europa está muy rezagada. Apenas cuenta con grandes empresas emergentes de tecnología de defensa. Las pequeñas e innovadoras compañías se ven asfixiadas por un mercado fragmentado, un acceso limitado al capital de riesgo y una escasa demanda por parte de los gobiernos. Casi la totalidad de los 100.000 millones de euros del fondo especial de defensa de Alemania se destinarán a equipos tradicionales.

El año pasado, la revisión de la defensa británica estableció que el 10% del gasto en equipamiento debería destinarse a tecnologías “novedosas”. Sorprendentemente, algunos expertos argumentaron que esto debería incluir el F -35, un avión que salió de las líneas de producción hace 20 años. Skycutter, una empresa británica, ganó recientemente un importante contrato con el Pentágono, pero es posible que tenga que abandonar el Reino Unido por falta de pedidos en el país.

No tiene por qué ser así. Si Europa reequilibra su gasto y reforma sus adquisiciones, sus empresas podrían competir con las estadounidenses en un momento en que la alianza de la OTAN parece más débil. El notable ecosistema de tecnología de defensa ucraniano que ha surgido desde 2022 es un activo valioso. A medida que Estados Unidos se retira de Ucrania, Europa debería tomar la iniciativa.

Gran Bretaña ya colabora con Ucrania en el desarrollo de drones interceptores. Alemania también ha firmado un nuevo acuerdo sobre drones con Ucrania, y este mes Rheinmetall creó una empresa conjunta con Destinus, una empresa ucraniana que fabrica misiles de largo alcance a una fracción del coste de los modelos occidentales. Ucrania se ha ofrecido a compartir datos del campo de batalla para entrenar la inteligencia artificial, vital para los próximos sistemas de armamento. Se necesita mucha más colaboración en este sentido si el arsenal de la democracia no quiere depender de un puñado de empresas estadounidenses.

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El arresto de Roberto de los Santos, conocido como “El Bukanas”, cerró una investigación de varios meses coordinada por la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y fuerzas federales.

Este sujeto era considerado como un “valor estratégico nacional” debido a su influencia en la violencia regional y, al mismo tiempo, identificado como uno de los líderes criminales dentro del triángulo rojo del estado de Puebla.

En conferencia de prensa, el vicealmirante Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, detalló que la captura se realizó el sábado 18 de abril en Chignahuapan, municipio al norte del estado, mediante un operativo de precisión en el que participaron elementos estatales y federales.

Según los reportes, desde diciembre de 2024, con la llegada del gobernador Alejandro Armenta, la administración estatal enfocó sus esfuerzos en identificar a los principales generadores de violencia y fortalecer la inteligencia policial.

El diagnóstico permitió ubicar a Roberto de los Santos como uno de los objetivos clave.

El seguimiento a este generador de violencia se intensificó en enero de 2026; en febrero se intentó su captura, pero una filtración frustró el operativo, aunque se logró el aseguramiento de armas, explosivos y equipo táctico.

Asimismo, SSP Puebla reportó que, en el primer trimestre de 2026, los indicadores de robo de hidrocarburos, vehículos y transporte de carga muestran una disminución respecto a 2025. Sánchez González atribuyó estos resultados al control de las células delictivas y a la modernización de áreas de inteligencia y tecnología policial.

El operativo en Chignahuapan incluyó fuerzas federales y tecnología de inteligencia

El vicealmirante relató que “El Bukanas” había sido objetivo de operativos en 2017, 2019 y 2026, sin éxito.

El análisis de inteligencia lo ubicó primero en la zona limítrofe con Veracruz y, posteriormente, en el corredor del ducto de Tuxpan a Azcapotzalco..

La detención se realizó con dieciocho elementos y vehículos mimetizados, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Guardia Nacional se sumaron al cerco de seguridad.

La captura fue posible tras identificar a un familiar de “El Bukanas”, lo que permitió un seguimiento más preciso.

La Fiscalía General del Estado y la Fiscalía General de la República participaron en la puesta a disposición del detenido.

Sánchez González subrayó el papel de las unidades de inteligencia federales y estatales en la localización y detención del líder huachicolero. El operativo requirió coordinación con policías municipales y estatales, así como la integración de tecnología para el seguimiento técnico.

“El Bukanas” fue trasladado junto con los otros seis detenidos en el operativo al penal de Tepexi. Esta operación fue realizada a través de un despliegue coordinado entre elementos de la Secretaría de Marina, la Policía Estatal y la Fiscalía General del Estado.

Nueva ley permitirá fortalecer investigación criminal en Puebla

En el mismo evento donde el titular de la SSP Puebla informó los detalles sobre la captura, detalló que está por publicarse una ley que faculta a la dependencia para realizar labores de investigación, lo que permitirá ampliar las capacidades operativas y reforzar la lucha contra el crimen organizado.

El personal de inteligencia recibirá capacitación especializada, y la institución prevé sumar mil nuevos elementos en 2026, además de los trescientos cincuenta actualmente en formación.

El programa de modernización de la Secretaría contempla la adquisición de nuevas unidades, equipo técnico y la preparación continua del personal.

El vicealmirante Sánchez González aseguró que estos cambios son necesarios para mantener la superioridad operativa frente a las bandas delictivas y avanzar en el objetivo de que en Puebla no haya espacio para la impunidad.

Cinco integrantes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa fueron detenidos en Sinaloa como parte de un operativo conjunto de autoridades federales, según informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) este jueves 16 de abril.

Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y SSPC participaron en las tareas, resultado de trabajos de inteligencia y vigilancia aérea y terrestre realizados en los límites de los municipios de Escuinapa y El Rosario.

Por su parte, el gabinete de seguridad confirmó la pertenencia de los detenidos a la organización criminal encabezada por Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y detalló que se aseguraron ocho armas de fuego, cargadores, cartuchos, chalecos balísticos y un vehículo.

La intervención formó parte del reforzamiento de seguridad en la región de Mazatlán y municipios cercanos, donde se identificaron rutas de movilidad y patrones de desplazamiento de la célula criminal.

Las personas detenidas y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público federal de la Fiscalía General de la República, que determinará su situación jurídica e integrará la carpeta de investigación correspondiente.

Las instituciones que integran el gabinete de seguridad destacaron el operativo contra los integrantes del grupo comandado por los hijos de El Chapo Guzmán y refrendaron su compromiso de actuar coordinadamente para contribuir a la recuperación de la paz pública en el estado.

Gabinete de seguridad confirmó la pertenencia a “Los Chapitos”

El despliegue interinstitucional se apoyó en información recabada por inteligencia de campo y gabinete, lo que permitió identificar la presencia de personas armadas y rutas de acceso mediante caminos de terracería.

Tras la identificación, se realizó un operativo de seguridad, que resultó en la detención de los cinco sujetos sobre la carretera Escuinapa–Teacapán.

El operativo incluyó el resguardo de los siguientes indicios criminales, según datos de la SSPC:

• Siete armas largas
• Un arma corta
• Cargadores
• Cartuchos útiles
• Seis chalecos balísticos
• Un vehículo

Todos los indicios quedaron a disposición de la FGR, según el comunicado oficial que reveló el aseguramiento.

Estas son las recompensas que ofrece EEUU por Los Chapitos: Iván y Alfredo

El gobierno de Estados Unidos mantiene vigentes recompensas millonarias por información que lleve a la captura de Iván Archivaldo Guzmán Salazar y Alfredo Guzmán Salazar, identificados como líderes de la facción “Los Chapitos” del Cártel de Sinaloa, quienes se encuentran envueltos en una guerra interna contra la facción de “Los Mayos”, liderada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo Zambada. Esta pugna comenzó desde el secuestro y entrega a EEUU de “El Mayo” por parte de su ahijado y hermano de “Los Chapitos”, Joaquín Guzmán López.

La recompensa por cada uno de “Los Chapitos” asciende a 10 millones de dólares, según información publicada por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y la Embajada de Estados Unidos en México.

Las autoridades estadounidenses consideran a Iván Archivaldo y Alfredo como prófugos, armados y peligrosos, y los acusan de delitos relacionados con conspiración para importar y distribuir sustancias controladas, así como por conspirar para exportarlas.

Dos de los cuatro hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán que han sido señalados como criminales ya se encuentran bajo custodia de autoridades estadounidenses: Ovidio Guzmán fue aprehendido por autoridades mexicanas en enero de 2023 y extraditado, mientras que Joaquín Guzmán López se entregó directamente a agentes estadounidenses.

Los otros dos, Iván Archivaldo y Alfredo, permanecen prófugos y con orden de captura vigente en Estados Unidos mientras México también buscan su captura.