El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para cancelar reclamos de acreedores holdouts. La iniciativa contempla la aprobación de un acuerdo alcanzado entre la Argentina y dos fondos, en el marco de una sentencia adversa vinculada a las reestructuraciones de deuda soberana posteriores al default de 2001.

Así lo confirmaron fuentes oficiales a Infobae. Los montos a destinar, todo sujeto a aprobación legislativa, ascienden a USD 67 millones para Bainbridge y USD 104 millones para Attestor, elevando el total a USD 171 millones. Desde el Ejecutivo resaltaron que se logró una reducción de entre 30% y 35% de lo que se adeudaba originalmente.

De este modo, Argentina podría cerrar el extenso capítulo del default, iniciado hace más de 25 años, que aún mantiene frentes abiertos a pesar de haberse llevado a cabo sucesivamente tres canjes voluntarios de deuda.

Si bien la fecha límite establecida para el tratamiento del proyecto —resultado de un trabajo conjunto entre la Procuración del Tesoro y la Secretaría de Legal y Técnica— es el 30 de abril, el acuerdo prevé una extensión en función de los tiempos de la agenda del Congreso.

Igualmente, el texto oficial indica: “La falta de aprobación parlamentaria luego de dicho plazo provocaría la resolución automática de las transacciones, obligando a la República Argentina a retomar litigios bajo condiciones financieras significativamente más gravosas”.

“Apelamos a la razonabilidad de los legisladores”, expresan en el Gobierno.

Otro punto mencionado es que “la aprobación de los acuerdos de conciliación también pondrá fin a los procesos de ‘Discovery’ (descubrimiento). Tanto Bainbridge Ltd. como el grupo de acreedores encabezado por Attestor Value Master Fund LP han llevado a cabo agresivas actividades de descubrimiento posteriores al fallo, incluyendo la solicitud de descubrimiento de las finanzas, privatizaciones, cuentas bancarias y otros activos de Argentina, que ya no tendrá que responder a las solicitudes”.

En marzo, las partes del juicio habían solicitado a la jueza Loretta Preska que “el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”.

Sebastián Maril, CEO de Latam Advisors, resaltó: “Que el Congreso actúe a tiempo será una primera prueba de cuánto capital político está dispuesto a invertir el Poder Ejecutivo en un tema que, si bien es financieramente acotado, tiene un peso reputacional significativo”.

“El impacto fiscal es insignificante en relación con el stock total de deuda de Argentina”, agregó Maril.

Las siguientes batallas

Pese al fallo favorable en la causa por la estatización de YPF, que evitó el pago de USD 16.000 millones (USD 18.000 millones con intereses) a Burford Capital, Argentina tiene otros litigios pendientes de resolución.

Entre ellos, se encuentra el caso conocido como Cupón PBI, que registró avances durante los últimos meses en la Justicia británica y que implica una erogación para las cuentas públicas de USD 1.800 millones.

El juicio involucra a Palladian Partners, HBK Master Fund, Hirsh Group LLC y Virtual Emerald, cuatro fondos que demandaron al país por cambiar la metodología de cálculo del PBI durante la gestión presidencial de Cristina Kirchner. La modificación, implementada en 2013, redujo los pagos vinculados a los bonos emitidos en 2005 y 2010. La Justicia británica consideró que esta decisión perjudicó a los inversores.

Es una causa que Argentina debe resolver ya que no existen instancias legales adicionales, según detalló Maril. Hasta ahora, el proceso judicial permitió a los beneficiarios ejecutar una garantía por 313 millones de euros, depositada por el país para apelar el fallo, recurso que fue finalmente desestimado.

Días atrás, el tribunal londinense dispuso que el Lloyds Bank debe inmovilizar activos soberanos hasta la próxima audiencia, prevista para el 21 de abril. Esto ocurrió tras un requerimiento de documentación que incluía el detalle de acuerdos celebrados con compañías petroleras internacionales, empresas del sector energético y la eventual existencia de cuentas bancarias en el exterior.

La medida se enmarcó en el proceso de discovery, orientado a identificar activos susceptibles de embargo para garantizar el cumplimiento de una sentencia.

El gobierno enviará la semana próxima un proyecto para que el Congreso apruebe el pago de una sentencia “definitiva a inapelable” por deuda en default.

“Son los casos presentados por un grupo de bonistas liderados por Attestor Máster y otro por Bainbridge Fund. Se desconocen los detalles del acuerdo que representa el primero del Presidente @JMilei”, posteó en su cuenta en la red social X Sebastián Maril, que sigue muy de cerca los litigios contra la Argentina a raíz del default y la ruptura de contratos emergentes de la explosión y salida del régimen de convertibilidad.

Luego de la resonante victoria jurídica y política que obtuvo la Argentina en el juicio por la expropiación, en 2012, de la mayoría accionaria de Repsol en YPF, el gobierno buscará así cerrar las que probablemente sean las últimas esquirlas o los rescoldos de la deflagración económica y financiera de 2001/2002.

En su posteo, Maril exhibió partes de un documento que el estudio que representa a la Argentina envió a la jueza Loretta Preska en la que informa a la magistrada que el 1 de abril pasado la Argentina alcanzó un acuerdo con los fondos demandantes, que ya tenían a su favor una sentencia a favor en ese mismo juzgado, en línea con compromisos provisorios alcanzados el 11 de marzo pasado, sobre los que en ese mismo día informó este medio

De hecho, el 11 de marzo pasado Infobae reportó que las partes del juicio habían solicitado “respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, según señalaba un documento que concluía que las partes anunciarían oportunamente al tribunal sobre “el estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Ese anuncio de acuerdo sería el señalado ahora a la jueza Preska y para el cual el gobierno de Milei pretende aprobación legislativa, de modo de cerrar, tal vez de modo definitivo, el largo capítulo del default, que ocurrió hace más de 25 años pero sigue teniendo capítulos abiertos a pesar de haber realizado sucesivamente 3 canjes voluntarios de deuda.

En la presentación de marzo, las partes habían solicitado suspender el litigio en curso y dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre del año pasado, por el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.

Duro de litigar

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos demandantes, había confirmado entonces el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

En el caso Bainbridge Fund, la Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.

La demanda más importante, por volumen de fondos, era la de los fondos representados por Attestor Máster, por cerca de USD 500 millones.

De todos modos, como señaló Maril, se desconoce la suma por la cual la Argentina y los dos demandantes llegaron al acuerdo que Milei pondrá a consideración del Congreso.

Hranitzky es un duro litigante y participó en otros juicios contra la Argentina, como el del fondo NML, de Elliott Capital Management, por el que a fines de 2011 logró una orden judicial por el que la Fragata Libertad, la nave insignia de la Armada Argentina, fue retenida durante 77 días en el puerto de Tema, Ghana, hasta ser liberada por orden de un fallo del Tribunal del Mar, con sede en Alemania.

Héctor Grondona, hijo del difundo Julio Grondona, expresidente de la AFA y miembro de la FIFA, dijo en un reportaje radial que la liberación de la Fragata se debió a gestiones de su padre, entonces vicepresidente y Tesorero de la FIFA, que a cambio logró que el organismo rector del fútbol mundial levante una suspensión sobre la Selección Nacional de Fútbol de Ghana, que no podía participar en la Copa de África debido a una sanción por la participación de mayores de edad en la edición de una Copa de fútbol juvenil.

La Argentina alcanzó un principio de acuerdo con los fondos litigantes Attestor Master Value y Bainbridge Fund, los últimos acreedores que mantenían demandas activas contra el país por el default de 2001. Así lo informaron ambas partes a la jueza Loretta Preska en el Distrito Sur de Nueva York, según confirmaron a Infobae fuentes con conocimiento directo del tema. El entendimiento involucra a los demandantes con sentencia firme a favor, quienes mantenían reclamos judiciales por sumas millonarias y buscaban embargos sobre activos nacionales.

La firma de abogados que representa a los demandantes presentó un escrito ante el juzgado de Preska para informar que las partes “han alcanzado un acuerdo de principio para resolver esta acción”.

“A la luz de este avance, las partes solicitan respetuosamente que el tribunal suspenda este proceso, incluyendo dejar en suspenso la moción presentada por Bainbridge el 17 de octubre de 2025, mediante la cual solicita la entrega de la participación de la República en el Banco de la Nación Argentina y Aerolíneas Argentinas hasta que se finalice el acuerdo de conciliación”, señala el documento y concluye que las partes anunciarán oportunamente al tribunal sobre el “estado del acuerdo y cualquier necesidad de continuar con el proceso”.

Fuentes oficiales confirmaron a Infobae la veracidad de los documentos que circularon en las últimas horas por el despacho de Preska. Se espera que a lo largo de este miércoles, el Gobierno defina su postura respecto a los escritos de los holdouts.

La notificación presentada a la magistrada norteamericana, que también lleva adelante el juicio por la expropiación de YPF, confirma el acuerdo, aunque no brinda detalles sobre los términos pactados. A partir de este avance, las partes solicitaron suspender el litigio en curso, incluyendo dejar en suspenso el pedido de Bainbridge del 17 de octubre de 2025, mediante el cual reclamaba la entrega de la participación del país en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas mientras se concreta la conciliación.

El abogado Dennis Hranitzky, representante de ambos fondos, confirmó el entendimiento alcanzado: “Tras muchos años de litigio, nuestros clientes han llegado a un principio de acuerdo con la República Argentina para resolver las reclamaciones de deuda pendientes. Las partes han acordado suspender los procedimientos pendientes mientras se avanza hacia el cierre del acuerdo. Nuestros clientes mantienen su compromiso de lograr una resolución justa y definitiva en este asunto”.

El abogado es un viejo conocido para la Argentina. Hranitzky participó en otro litigio contra el país, cuando representó al fondo NML-Elliott Capital Management y consiguió que se confiscara la Fragata Libertad en Ghana en el año 2012.

Bainbridge Fund es uno de los acreedores que no aceptaron la reestructuración de la deuda en default y que, hasta ahora, mantenían una disputa judicial con el Estado argentino desde 2016. La Justicia norteamericana ya había fallado a su favor, reconociéndole una suma de USD 95 millones más intereses.

Por su parte, Attestor Master Value, un fondo con sede en las Islas Caimán, mantiene un litigio con la Argentina desde 2014 para el cobro de la deuda argentina que adquirió luego de su fundación en 2012.

En concreto, las mencionadas firmas “llegaron a un acuerdo entre ellos para dividirse de manera no detallada, el colateral de los Bonos Brady embargados a la República Argentina que estaban depositados en la Reserva Federal”, explicó en su cuenta de X el experto Sebastián Maril, de Latam Advisos.

Por otra parte, la presentación ante el tribunal de Preska no aborda la moción sobre el traspaso de las acciones de YPF, solicitada previamente por el “fondo buitre”. Este acuerdo representa la resolución de los litigios más antiguos vinculados al default argentino y despeja el camino para cerrar uno de los últimos frentes judiciales abiertos en el exterior.

A mediados de 2025, el mismo día en que resolvió la transferencia del 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del juicio por la expropiación, la jueza Preska, dictó dispuso la entrega de los activos accionarios de la petrolera a Bainbridge Fund.

Durante 2024, Bainbridge había solicitado a la magistrada que la Argentina informe sobre el paradero y uso de las reservas de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) depositadas en Europa, además de requerir detalles respecto a las acciones de YPF en poder del Estado.

Además, Preska había autorizado al beneficiario de su fallo que perciba parte de la deuda derivada de la sentencia favorable mediante la transferencia del paquete accionario de la petrolera. Esta decisión se tomó el mismo día en que Burford Capital, el fondo que adquirió los derechos del litigio por la expropiación de la firma energética en 2012, fue autorizado a recibir el 51% del capital accionario, algo que finalmente no se materializó.

Los litigios con los acreedores que rechazaron las reestructuraciones de deuda de 2005 y 2010 se resolvieron en su mayoría en 2016, tras el fallo del juez Thomas Griesa y la asunción de Mauricio Macri a la presidencia. En los primeros meses de ese año, el gobierno argentino logró acuerdos con la mayor parte de los fondos que tenían juicios abiertos o sentencias favorables, cerrando así uno de los capítulos más prolongados del default declarado en 2001. No obstante, algunos reclamos menores continuaron en los años siguientes.

Bioceres S.A., la firma de biotecnología del sector agropecuario fundada en 2001 por productores de Rosario, se presentó en convocatoria de acreedores por una deuda de más de USD 39 millones.

La compañía, dedicada principalmente a soluciones biotecnológicas para mejorar los rendimientos del campo, informó esta novedad a la SEC (Securities and Exchange Commission), que es el equivalente de EEUU a la Comisión Nacional de Valores (CNV) de la Argentina.

La firma entró en default en julio de 2025, tras la imposibilidad de afrontar en tiempo y forma una serie de pagarés bursátiles por más de USD 5 millones. Pero esta crisis había iniciado un año antes, como resultado de la caída en el precio de las acciones de Bioceres Crop Solutions (Biox), una empresa también rosarina, pero registrada en las Islas Caimán, que para ese entonces era controlada por Bioceres SA.

A mediados de 2025 las compañías realizaron una reestructuración societaria, de manera que Bioceres SA pasó a ser manejada por el grupo Moolec y quedó como una “sociedad residual” separada del grupo principal, con su propia deuda y sin participación operativa significativa en la empresa que cotiza en la bolsa de los EEUU e integra el Nasdaq, el mercado de las acciones tecnológicas más importantes del mundo.

Según confirmaron fuentes de Biox a Infobae, a pesar de que ésta aún conserva una participación minoritaria en la compañía, la crítica situación de Bioceres SA no tendrá efecto sobre la empresa, ni tampoco sobre su controlada Rizobacter.

Hoy, Bioceres SA es controlada por un grupo con base en las Islas Cimán, pero con muchos nuevos negocios en la Argentina. Moolec tiene como accionista al empresario y exsenador uruguayo Juan José Sartori, quien también tiene participación en los negocios de Tether, el gigante detrás de la criptomoneda USDT, una stablecoin que sigue la cotización del dólar.

En julio del año pasado Tether compró Adecoagro, una de las principales empresas del agro local con operaciones en la región y la compañía que recientemente se quedó con el control de Profertil, la principal productora de urea en el país.

El origen de la crisis

De acuerdo con información oficial de la compañía, la decisión de avanzar con la presentación voluntaria al concurso no responde a un hecho aislado, sino a una sucesión de eventos financieros que fueron deteriorando rápidamente la posición del grupo.

El punto de inflexión fue la pérdida de control sobre BIOX, la principal generadora de ingresos del conglomerado. Desde ese momento, Moolec y Bioceres dejaron de consolidar ese negocio en sus balances, lo que impactó de lleno en sus números y en su capacidad de acceso al crédito.

Fue por esa razón que las cuentas de la compañía se ajustaron, a lo que se sumó un contexto macroeconómico adverso para el agro argentino, con menores ventas, márgenes presionados, bajos precios internacionales y financiamiento cada vez más limitado.

Frente a ese escenario, el grupo optó por avanzar con esta herramienta como una forma de ordenar el pasivo, preservar activos clave y ganar tiempo para renegociar con acreedores. El propio Moolec reconoció en sus estados contables que, sin una inyección adicional de capital, no cuenta con los recursos suficientes para sostener sus operaciones ni ejecutar su plan de negocios.

Además de Bioceres, el grupo incluye a otras compañías vinculadas al desarrollo de biotecnología y alimentos alternativos. Entre ellas, Moolec Science, Nutrecon y Gentle Tech. Con excepción de Moolec Science, que enfrenta una fuerte crisis financiera aunque sin concurso formal declarado aún, las otras unidades no acusaron problemas financieros o concursos propios. Sin embargo, su futuro estará condicionado por la situación global del holding.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires aguarda que la Nación le habilite la colocación de deuda recientemente autorizada por la Legislatura bonaerense por hasta USD 3.685 millones, pese a las posiciones públicas que ya deslizaron algunos funcionarios de la administración libertaria. Es un proceso que llevará tiempo. Recién el jueves por la madrugada y tras varias negociaciones cruzadas, el Poder Ejecutivo consiguió la aprobación de la ley de financiamiento que contempla fundamentalmente distintas autorizaciones de deudas.

El ministro de Economía, Luis Caputo, adelantó que en el caso de Buenos Aires “lo que es deuda nueva no debiera estar sujeta a aprobación porque no está cumpliendo con la ley de responsabilidad fiscal”, y que hoy la gestión de Kicillof “está aumentando los gastos corrientes por encima de la inflación”. En tanto que presidente de La Libertad Avanza y diputado nacional, Sebastián Pareja, fue más enfático y dijo que “de ninguna manera” se iba a dar el aval para que Buenos Aires salga el mercado a buscar financiamiento.

Sin embargo, cerca de Kicillof, confiaron en que “no debiera haber inconvenientes”, para tener la firma de Economía y del ministerio de Interior, a cargo de Diego Santilli, y conseguir dicha autorización. En La Plata esperarán agotar la instancia de diálogo con el área de Santilli. Por el momento, no judicializarán la instancia, como lo hicieron con algunos programas que implicaban transferencia de recursos que la gestión de Javier Milei recortó. Kicillof plantea, en cada oportunidad que tiene, que —en este punto— la Nación le adeuda a Buenos Aires, 12 billones de pesos en conceptos de fondos y obra pública. A junio de este año, la deuda se componía de $ 3,04 billones, en deuda directa; $6,91 billones de saldos en obra pública comprometida y $2,7 billones de la discontinuidad o retrasos de programas nacionales.

Ante este escenario, la Provincia fue haciendo distintas presentaciones -sin éxito alguno hasta el momento- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Por ahora, el máximo tribunal, no se expidió en ningún reclamo hecho por Buenos Aires. Entre las demandas están la supresión del Fondo Compensador del Transporte Público; la eliminación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal y la falta de financiamiento del Sistema de Boleto Integrado. También la falta de transferencia de fondos del Fondo Nacional de Incentivo Docente, Conectividad y Material Didáctico (FONID) y la disolución del Fondo Fiduciario para la Protección Ambiental de los Bosques. Buenos Aires también reclama por el Fondo de Reparación Histórica del Conurbano y el financiamiento para cubrir el déficit de las cajas previsionales.

El escenario para la habilitación de la colocación de deuda es complejo y de no habilitarse empieza a primar la posibilidad de que la Provincia entre en cesación de pago; aunque en La Plata mantienen cautela y confían en el que tema se va a destrabar. Según planteó el Ejecutivo bonaerense en su proyecto de financiamiento, Buenos Aires debe rollovear compromisos de deuda para 2026 por USD 2.545 millones.

El viernes pasado, Kicillof fue consultado ante la posibilidad de que la Nación no habilite la colocación de deuda de Buenos Aires. “La ley se llama de financiamiento y simplemente cubre los vencimientos que tiene la Provincia que vienen de la época de Vidal. Es eso, no tengo ningún problema; pero que lo aprueben ni bien lo mande. Rapidito Toto —por el ministro Luis Caputo— y que apruebe todo lo que tiene que aprobar porque ya más lío no pueden armarnos”, contestó el mandatario provincial.

El tema se encuadra en el artículo 25 del Régimen Federal de Responsabilidad Fiscal. El mismo establece que el Ministerio del Interior, junto con el Ministerio de Economía, debe analizar y autorizar las operaciones de endeudamiento que pretendan realizar los gobiernos provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y los municipios, asegurando que se ajusten a los principios de dicha normativa. Para ello, las jurisdicciones interesadas deben presentar toda la documentación requerida ante la cartera que actualmente comanda Santilli, como paso previo a la obtención de avales, garantías y autorizaciones para acceder a deuda. La ley de Responsabilidad Fiscal exige, además, que la Nación otorgue su aval previo para cualquier emisión de deuda emprendida por provincias y municipios.

En las últimas semanas, en el marco también de una negociación política encabezada por Santilli; la Nación le dio el visto bueno a Santa Fe y a la Ciudad de Buenos Aires para que salgan al mercado internacional a colocar deuda. El gobierno de Maxilimano Pullaro (Santa Fe) consiguió emitir un bono por USD 800 millones; mientras que Ciudad colocó un bono por USD 600 millones.

La Rioja, la única provincia que tiene su deuda bajo estado de cesación de pagos, anunció que tampoco pagará un vencimiento de sus bonos este lunes y así extenderá su default. La provincia que gobierna el peronista Ricardo Quintela inició negociaciones con sus acreedores hace un año y medio para reestructurar esos pasivos pero aún no llegó a una resolución.

En una nota enviada al mercado, el gobierno riojano anticipó que no pagará el vencimiento de deuda que tiene fecha para este lunes. Se trata del Bono Verde emitido en 2017. Este bono tiene como destino la financiación de la Parque Eólico Arauco y su vencimiento está fijado para 2028.

La emisión de estos bonos, que originalmente tenía un vencimiento en 2027, fue reestructurada en 2021 tras la situación de cesación de pagos en la que cayó la provincia en 2020. El Bono Verde tiene un rendimiento anual del 8,5% y un valor total de 318,4 millones de dólares. Este incumplimiento marca un nuevo capítulo dentro de la prolongada crisis financiera de La Rioja.

Única provincia en default

La situación económica de la provincia de La Rioja ha sido descrita por sus autoridades como parte de un escenario de “desafíos económicos sin precedentes”, lo que ha sido utilizado para justificar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de deuda. La inflación elevada, la devaluación del peso y el ajuste fiscal que comenzó a finales de 2023 bajo la administración de Javier Milei han tenido un impacto directo en las finanzas provinciales.

A raíz de estos problemas económicos, La Rioja se convirtió en la única provincia del país en entrar en default de sus obligaciones financieras con acreedores internacionales. A pesar de las especulaciones de que otras provincias podrían enfrentar situaciones similares debido a los recortes en las transferencias de fondos por parte de la Nación, La Rioja se mantiene como la única en mora.

La Rioja Aviso Impago de Deuda by Mariano Boettner

A pesar de que las conversaciones con los tenedores de bonos nunca se cortaron, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Las autoridades provinciales han reiterado su intención de lograr una reestructuración favorable, que contemple una baja en los intereses y una reprogramación de los plazos de pago. Sin embargo, las negociaciones continúan siendo complejas y no se vislumbra un acuerdo cercano.

Fuentes del gobierno riojano señalaron a Infobae que la provincia “quiere pagar y tiene plan, pero su prioridad absoluta es atender las necesidades de la comunidad”. Destacaron que “es la decisión del Gobierno Nacional de retener fondos que legalmente corresponden a la provincia la que condiciona el cumplimiento de esos compromisos externos”. Las fuentes ratificaron “el compromiso de La Rioja con la transparencia, la responsabilidad fiscal y la defensa de los intereses del pueblo riojano”, e instaron al Gobierno Nacional “a restituir los recursos de la Provincia para normalizar el diálogo con los acreedores y garantizar la estabilidad económica y social”.

En 2024, la provincia fue demandada en los tribunales de Nueva York por los tenedores de bonos, quienes reclamaron el cumplimiento de los pagos de intereses y capital. En agosto de 2024, los acreedores demandaron un juicio sumario en el Distrito Sur de Nueva York.

Lo que el viento se llevó

El caso de La Rioja fue particularmente polémico, dado que la provincia utilizó la mayoría de los ingresos provenientes de los bonos verdes para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco, a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco S.A. Posteriormente, La Rioja vendió el 100% de una de sus subsidiarias, Vientos de Arauco Renovables, a Pampa Energía S.A. por 171 millones de dólares. A pesar de este ingreso, la provincia no cumplió con el pago de sus obligaciones, lo que generó el rechazo de los bonistas. A raíz de estos incumplimientos, en septiembre de 2024, la justicia de Estados Unidos dictó un fallo que obligó a La Rioja a pagar a los bonistas casi 40 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios.

Un grupo de provincias exigirá a las reservas del Banco Central hasta USD 1.000 millones en lo que resta del año, la mayor parte antes de las elecciones legislativas, para afrontar pagos de deuda. Se trata de compras que las provincias realizan en el mercado único cambios, por lo que tendrían impacto eventual en el precio del tipo de cambio. Aunque a lo largo del año no se acumulan grandes vencimientos, marzo y septiembre son los momentos con exigencia más alta.

Hasta fin de año restan pagar por parte de las provincias USD 1.020 millones. La provincia de Buenos Aires necesitará pagar un tercio de ese total el 1° de septiembre próximo, por casi USD 380 millones. Hasta las elecciones legislativas de octubre serán cerca de USD 670 millones de presión a las reservas y al valor del tipo de cambio flotante.

Tal como ocurrió meses atrás con Los Grobo y Agrofina, otra compañía vinculada al sector agropecuario incurrió en el incumplimiento de sus compromisos financieros. Bioceres S.A. no canceló en tiempo y forma una serie de pagarés y, de esa manera, se orienta a enfrentar una reestructuración de su deuda, según confirmaron fuentes del sector a Infobae.

La empresa hasta hace poco fue accionista principal de Bioceres Corp Solutions (BIOX), dedicada a la biotecnología orientada hacia el agro, se destacó por la elaboración de semillas con modificación genética, tal como el trigo HB4 resistente a la sequía que un año atrás fue aprobado en EEUU. BIOX tuvo una rápida expansión internacional consiguiendo licencias para sus productos en varios países. Y según explican en el mercado, el default de su anterior controlante no la afectará.

El monto de los pagarés defaulteados por Bioceres S.A., según informó Bloomberg Línea, llegó a USD 5,31 millones durante el mes pasado. En julio se sumaron impagos por otros USD 2 millones, añadió el portal.

Si bien obtuvo financiamiento internacional de manera reciente, el tipo de cambio atrasado impactó sobre su actividad, al igual que otras compañías del sector. Al mismo tiempo, en medio de la crisis se produjo un cambio accionario, según explicaron fuentes del sector. Bioceres S.A. era la controlante de BIOX, la empresa que cotiza en el Nasdaq, el índice accionario de las empresas tecnológicas en Wall Street. Pero pocos días atrás, Bioceres S.A. pasó a ser controlada por Moolec, otra empresa biotecnológica vinculada al grupo pero con otros accionistas mayoritarios y directivos.

De esa forma, en el mercado se especula con que la empresa que cotiza en EEUU no se verá impactada por el incumplimiento financiero de Bioceres S.A., su ex controlante con sede en Rosario.

El nuevo management de BIOX fue anunciado formalmente el 20 de junio pasado a través de un comunicado. “Confiamos en que la profunda experiencia, la visión estratégica y el compromiso compartido de los nuevos miembros del Directorio -Noah Kolatch y Scott Crocco- nos ayudarán a seguir perfeccionando nuestra estrategia y a generar valor para accionistas y socios”, destacó Federico Trucco, director general de la compañía.

La acción de Bioceres Corp Solutions caía 4,25% en el Nasdaq durante el post-cierre, tras haber perdido 1% durante la rueda cambiaria.

Problemas en el campo

Las malas noticias vienen reiterándose entre las empresas proveedoras del agro. En las compañías explican que a lo largo del último año, se acentuaron los factores negativos que pesan sobre el sector: el tipo de cambio estancado, el alza de los costos en dólares, precios internacionales deprimidos para las principales commodities y la carga impositiva, con las retenciones a la cabeza. En medio de esas dificultades para los productores, largamente explicadas por las entidades de la Mesa de Enlace y por los exportadores, la cadena de suministros también las afronta.

La primera señal de alarma llegó en diciembre de 2024, dos empresas del grupo Los Grobo —Los Grobo Agropecuaria y Agrofina— comunicaron a la Comisión Nacional de Valores (CNV) su incapacidad para afrontar pagos inmediatos por unos USD 400.000 y anticiparon que no podrían cumplir con los vencimientos de pagarés bursátiles hasta marzo de 2025, sumando una deuda total de aproximadamente USD 10 millones. La situación se agravó con la acumulación de cheques rechazados por más de $4.000 millones y un pasivo de USD 30 millones con diferentes bancos.

En febrero de 2025, ambas compañías solicitaron la apertura de concurso preventivo de acreedores, buscando reestructurar sus pasivos y evitar la quiebra. Días atrás, Los Grobo Agropecuaria S.A. informó a la CNV que iniciará un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), en un intento por enfrentar el complejo escenario financiero que atraviesa.

Otro caso llamativo fue el de Red Surcos, empresa nacional dedicada a la comercialización de fitosanitarios, que también enfrentó una profunda crisis. Tras declararse en default en diciembre de 2024, con deudas por más de USD 3,5 millones y $9.364 millones en pagarés bursátiles, la compañía ingresó en concurso preventivo de acreedores. En enero de 2025, anunció la desvinculación de 50 empleados, quedando una plantilla de aproximadamente 170 trabajadores.

La CNV determinó una suspensión provisoria sobre la compañía al considerar que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyeron un delito, al haber emitido obligaciones negociables sin difundir información que permitiera conocer su real situación financiera.

Los Grobo Agropecuaria S.A. informó este martes a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que iniciará un Procedimiento Preventivo de Crisis (PPC), en un intento por enfrentar el complejo escenario financiero que atraviesa. La decisión fue adoptada en la reunión de Directorio del pasado 30 de junio y fue comunicada oficialmente por el Responsable de Relaciones con el Mercado de la compañía mediante un escrito enviado al organismo regulador.

“Me dirijo a ustedes en mi carácter de Responsable de Relaciones con el Mercado de Los Grobo Agropecuaria S.A. (la ‘Sociedad’), a fin de informar que mediante reunión de Directorio celebrada en el día de la fecha, la Sociedad ha decidido iniciar el procedimiento preventivo de crisis previsto en Título III, Capítulo 6 de la Ley Nacional de Empleo N° 24.013, de conformidad con los Decretos N° 328/88, N° 2072/94 y N° 265/2002”, señala el documento presentado ante la CNV.

De acuerdo con la empresa, la activación del PPC “facilitará la implementación de un conjunto de medidas orientadas a la obtención de beneficios y flexibilización de su estructura productiva, con el objetivo de mejorar las posibilidades de solución al cuadro de crisis financiera que se encuentra atravesando a la fecha”.

El Procedimiento Preventivo de Crisis es un mecanismo contemplado por la Ley de Empleo que habilita a las empresas a solicitar la autorización oficial para aplicar suspensiones o despidos, justificando causas objetivas como la disminución de la actividad, casos de fuerza mayor o dificultades financieras que no sean atribuibles al empleador. En la práctica, busca evitar cesantías masivas o conflictos laborales graves, mediante la apertura de un ámbito formal de negociación con el Ministerio de Trabajo y con los gremios.

El anuncio ocurre en un contexto de dificultades crecientes para el grupo empresario. La semana pasada, Los Grobo Agropecuaria ya había sido noticia por un cambio relevante en su conducción: la renuncia de Enrique Flaiban como gerente general, quien dejó el cargo aduciendo “motivos personales”. En su reemplazo fue designado Juan López Moccio, que asumió en medio de la necesidad de renegociar pasivos y reordenar la operación.

Actualmente, la compañía está controlada en un 90% por el fondo de inversión Victoria Capital Partners (VCP), que ingresó como accionista mayoritario en 2016, mientras que el 10% restante permanece en manos de Gustavo y Matilde Grobocopatel. El grupo mantiene presencia relevante en la cadena de valor del agro argentino, con actividades que van desde la producción y acopio de granos hasta la venta de insumos y la exportación.

No es la primera vez este año que una firma del grupo recurre al Procedimiento Preventivo de Crisis: en abril, Agrofina S.A., la subsidiaria que fabrica y comercializa fitosanitarios, solicitó formalmente el PPC y poco después se presentó en concurso de acreedores. El deterioro financiero de Agrofina evidenció problemas de liquidez que se extendieron al conjunto del holding.

De hecho, ya en diciembre del año pasado, ambas empresas del grupo habían advertido públicamente a la CNV sobre su imposibilidad de afrontar pagos inmediatos por unos USD 400.000, anticipando además que no podrían cumplir con los vencimientos de pagarés bursátiles hasta el 31 de marzo de este año. Desde entonces, Los Grobo Agropecuaria lleva adelante un proceso de reestructuración de deuda que involucra a acreedores financieros y comerciales y que tiene impacto directo sobre sus operaciones cotidianas.

En el caso específico de Agrofina, la situación afecta a numerosos productores. La firma actúa como nexo clave en la cadena agroexportadora: recibe granos en consignación, los comercializa y liquida a sus clientes. Sin embargo, algunos productores aseguran que entregaron su mercadería y que la compañía no realizó la venta ni les pagó, generando reclamos para que les devuelvan los granos y así poder disponerlos para otras operaciones.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aprobado este viernes un nuevo pago a Pakistán por valor de mil millones de dólares (unos 890 millones de euros), a pesar de la negativa de la India, que se ha abstenido de votar la medida que ayudará a aliviar las finanzas pakistaníes.

En medio de la escalada de tensión entre ambos países, el FMI ha continuado con el plan establecido meses atrás, en el que se encuentra enmarcado este préstamo y que en total supone el desembolso de 7.000 millones de dólares (6.220 millones de euros) a Pakistán a lo largo de este año, según ha informado la agencia Bloomberg.

La votación era una formalidad del acuerdo, pero ha cogido relevancia tras la tensión disparada entre ambos países después del atentado perpetrado en abril en la Cachemira india, que causó la muerte de 26 civiles, en su mayoría turistas.

Asimismo, el FMI ha dado luz verde a otro préstamo independiente de 1.400 millones de dólares (1.244 millones de euros) para apoyar la resiliencia climática que todavía no han sido desembolsados.

India ya había anunciado que su representante en el organismo internacional se opondría a la medida, finalmente se ha abstenido en la votación, lo que no ha supuesto nada relevante ya que el resultado ha sido favorable.

"El caso de Pakistán debería ser evidente para quienes generosamente se abren el bolsillo para rescatar a este país", ha manifestado el ministro de Exteriores de India, Vikram Misri.

Pakistán lleva años recibiendo apoyo económico del FMI y entre 2023 y 2024 recibió un paquete de 3.000 millones de dólares del prestamista internacional, aprobado ante los temores existentes por la posibilidad de un 'default' por parte de Pakistán.

La empresa Celulosa Argentina, una de las principales productoras de papel en el país, comunicó que no podrá hacer frente al pago de obligaciones de mayo, luego del anuncio de reestructuración de deuda a principios de abril y búsqueda de socios.

En una nota dirigida a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BYMA), la firma del Grupo Tapebicuá, fundada por los socios Douglas Albrecht, Juan Collado y José Urtubey, informaron que “en conexión con la comunicación realizada el pasado 7 de abril de 2025, en donde se informa que se han contratado los servicios de VALO Columbus, con el objetivo de analizar alternativas estratégicas orientadas a reestructurar su perfil de endeudamiento, mejorar su posición de liquidez y evaluar la potencial incorporación de nuevos socios, la compañía informa que no podrá afrontar el pago de las obligaciones negociables que vencen durante el mes de mayo, como así tampoco los cheques de pago diferido".

Dicha consultora “continuará trabajando en comunicación directa con los acreedores como lo viene haciendo hasta la fecha, como así también en la incorporación de nuevos socios”.

Y añadió: “La compañía informa adicionalmente que todos los recursos disponibles se van a utilizar estratégicamente para asegurar la operación y la continuidad laboral priorizando el normal abastecimiento de nuestros clientes”. indicó.

Según fuentes cercanas a la empresa, la deuda total asciende a USD 140 millones. En la primera semana del mes pasado el grupo había enviado una carta al BYMA indicando que “en el marco de una situación desafiante, caracterizada por un complejo contexto macroeconómico, sumado a factores externos de la industria que afectan su desempeño operativo y financiero, ha resuelto contratar los servicios de VALO Columbus, un asesor financiero especializado en banca de inversión con el objetivo de analizar alternativas estratégicas orientadas a reestructurar su perfil de endeudamiento, mejorar su posición de liquidez y evaluar la potencial incorporación de nuevos socios”.

La situación se hizo más difícil con la afectación de la deuda de corto plazo tras la presentación a concurso preventivo de acreedores por parte de Los Grobo Agropecuaria y Surcos.

Entre los factores que derivaron en la crisis de la empresa se encuentran una baja demanda sostenida y el aumento de los costos en dólares a raíz de la apreciación cambiaria. De esta manera, se perdió competitividad exportadora.

La calificadora de riesgo Moody’s había señalado en un informe que en el segundo trimestre de 2025 la empresa enfrenta amortizaciones de capital y pago de intereses de sus Obligaciones Negociables (ON) cercanos a los 10 millones de dólares. El monto asciende a USD 25 millones si se consideran pagarés bursátiles y cheques.

“Si bien las Obligaciones Negociables (ON) Clase 19, denominadas en pesos, se encuentran concentradas en inversores institucionales, el riesgo de refinanciación aumenta para las ON Clase 13 y adicionales y Clase 18 (hard dollar) y Clase 17 y adicionales (dollar linked), que se encuentran atomizadas, principalmente en manos de inversores minoristas”, detallaron.

“La caída en las ventas del período junio-febrero producto de la disminución en la demanda y el exceso de stock en la cadena de consumo en un contexto macroeconómico local deprimido, sumado a la apreciación del tipo de cambio real y al alargamiento en los plazos de cobranzas de la compañía, deterioraron el perfil de liquidez de Celulosa y su capacidad para afrontar los vencimientos de corto plazo”, explicaron.

También, la calificadora FIX SCR había bajado la nota debido al “deterioro en la capacidad de generación de flujos, la caída en los márgenes y bajos niveles de liquidez que continúan sin recuperarse, así como el deterioro en la flexibilidad financiera y la elevada vulnerabilidad de la compañía a factores externos”.

Generación Mediterránea (GEMSA), una empresa del Grupo Albanesi que opera la Central Térmica Roca, en la provincia de Río Negro, anunció esta tarde al mercado que no podrá pagar el vencimiento de su deuda previsto para el próximo lunes, estimado en 19,5 millones de dólares.

La compañía tiene un programa global de obligaciones negociables en por un monto de USD 1.000 millones para ampliar su plan de inversiones y en una nota enviada a la Comisión Nacional de Valores informó: “Se hace saber que las Sociedades no realizarán el día 5 de mayo de 2025 los pagos de los intereses informados en los mencionados avisos”.

“Las Sociedades se encuentran analizando distintas alternativas para resolver esta situación a la mayor brevedad posible, buscando priorizar la continuidad de su operación y preservar los intereses de sus acreedores”, indicó Gemsa.

Una semana atrás, la compañía había enviado los avisos de pago a sus tenedores de deuda, pero este miércoles lo canceló.

La compañía aseguró en el comunicado ante la CNV que tomará el período de gracia de 30 días para “encontrar una solución” y evitar que se gatille un evento de default.

“Las Sociedades se encuentran analizando distintas alternativas para resolver esta situación a la mayor brevedad posible, buscando priorizar la continuidad de su operación y preservar los intereses de sus acreedores”

“Están saliendo de un agresivo plan de inversión de USD 600 millones para ampliar centrales de Ezeiza y Río Cuarto y hacer una nueva en Santa Fe”, explicaron fuentes de mercado. En ese sentido, a fines de 2024 se realizaron dos inauguraciones, la de la Central de Cogeneración Arroyo Seco, con una inversión de USD 165 millones; y la ampliación de la Central Térmica Modesto Maranzana, en Córdoba, que requirió un desembolso de USD 190 millones y produce 475 MW, el 25% de la energía de la provincia.

“Es un problema de liquidez, no de solvencia”, aseguró otra fuente que conoce el sector. La empresa no realizó declaraciones más allá de la comunicación al regulador del mercado bursátil. “La empresa tiene canales abiertos y espera pagar. Es una empresa que siempre trató bien a sus acreedores. Estimo que va a buscar adecuar la deuda a los flujos”, destacó.

Emisiones

En junio de 2024, emitió ON Clase XXXI por un valor nominal de USD 38.689.072, con una tasa de interés fija inicial del 12,5% anual, incrementándose progresivamente hasta un 15% anual en 2026. Estas ON tienen un vencimiento en mayo de 2027 y fueron colocadas con un precio de emisión del 98,5% del valor nominal.

En agosto, Gemsa, junto con Central Térmica Roca, emitió ON Clase XXVIII, XXIX, XXX y Adicionales Clase XXIV por un valor nominal conjunto de hasta USD 40 millones. Estas emisiones incluyen instrumentos denominados en dólares estadounidenses (Clase XXVIII), en pesos ajustados por la tasa Badlar (Clase XXIX), y en Unidades de Valor Adquisitivo (UVAs) (Clase XXX), con vencimientos que oscilan entre 12 y 36 meses.​

En febrero pasado, Gemsa y Central Térmica Roca co-emitieron ON Clase XLII denominadas y pagaderas en pesos, a tasa de interés variable, con vencimiento a 12 meses. El monto total de esta emisión fue de hasta USD 5 millones, ampliable hasta USD 20 millones, en el marco de su programa global de emisión de obligaciones negociables simples por hasta USD 1.000 millones.

La calificadora de riesgo FIX había informado a los inversores, en febrero, que “los próximos vencimientos de deuda durante el 2025 resultan manejables en función de la trayectoria de los flujos y la buena base de activos de la compañía”.

“El incremento en los costos de financiación, en especial a fines del 2024 (principalmente por la posición en pagarés) derivaron en un aumento en la carga de intereses, presionando los flujos y reduciendo su flexibilidad financiera”, había asegurado.

La Coalición Cívica (CC) anunció su decisión de respaldar legislativamente la negociación del acuerdo de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En un comunicado que difundieron este sábado aclararon que su apoyo no implica una adhesión al programa económico del Gobierno, sino un compromiso con la estabilidad del país. “Nuestro compromiso es evitar que la Argentina sufra nuevas volatilidades, retroceda en el proceso de estabilización o incluso caiga en default", justificaron.

La fuerza política que lidera Elisa Carrió argumentó que la definición del programa económico es una responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo, mientras que el Congreso debe limitarse a autorizar la negociación. “Damos este paso pensando en los argentinos y en la estabilidad del país”, señaló el documento, advirtiendo sobre los riesgos de una nueva volatilidad económica o incluso un eventual default, que afectaría el empleo y la inversión.

“Constitucionalmente, la definición de dicho programa le corresponde al Poder Ejecutivo, mientras que al Congreso solo le compete prestar autorización. La responsabilidad de la negociación y sus consecuencias es del gobierno”, expresaron.

La CC recordó su postura en 2022, cuando respaldó el acuerdo con el FMI bajo la administración de Alberto Fernández. En aquel entonces, el partido impulsó una solución legislativa antes que el propio oficialismo, aunque la propuesta no obtuvo el respaldo de algunos legisladores, entre ellos Javier Milei y Ricardo López Murphy. “Nuestra posición siempre ha sido la misma: defender la estabilidad y la previsibilidad, más allá de quién gobierne”, aclararon.

El comunicado también hace referencia a la incertidumbre global, mencionando la crisis geopolítica, la situación en Estados Unidos y la política comercial de la administración de Donald Trump, como factores que demandan una actitud de prudencia por parte de Argentina.

Aunque el partido sostiene que un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) no es la herramienta más adecuada para una decisión de esta magnitud, reconoce la urgencia de la situación y justifica el tratamiento inmediato del tema en el Congreso.

“Desde hace tiempo hemos impulsado modificaciones legislativas para fortalecer el rol del Congreso en decisiones de este tipo, pero mientras esa reforma no se concrete, nuestra prioridad es evitar un nuevo colapso. El Congreso de la Nación tiene la facultad constitucional de evaluar la necesidad y la urgencia de este tipo de medidas”, aseguraron.

Finalmente, la CC subrayó la necesidad de garantizar la independencia del Banco Central, al considerarla clave para la acumulación de reservas y la estabilidad macroeconómica. “La Argentina necesita certezas, no más crisis”, concluyó el comunicado, haciendo un llamado a la responsabilidad institucional por encima de las diferencias partidarias.

Anoche, Carrió había adelantado la posición de su partido: “Es la última vez que yo apruebo un DNU, lo voy a hacer porque el pueblo argentino está por encima de este Gobierno”. “¿Qué van a tratar de hacer cuando se trate el acuerdo? Ellos quieren crear un clima de caos para que no se apruebe, porque eso le daría dólares para que el plan de estabilización se pueda establecer en un plan de mayor crecimiento”, precisó, en diálogo con A24, en referencia a los incidentes ocurridos este miércoles durante la marcha por los jubilados.

“Hablé con todos los que tenía que hablar para que ese acuerdo se firme. Si no, los grupos devaluacionistas -más algunos actores que no quieren que le vaya bien a Milei de ninguna manera- van a impedir ese acuerdo. Y esto puede hacer retroceder a la Argentina y que vuelva la inflación y un montón de cosas”, agregó.

El llamado para la Bicameral Permanente de Trámite Legislativo es para el próximo martes 18 de marzo, a las 16, en el Salón Illia del primer piso del Senado de la Nación. Lo primero que se deberá hacer es votar a las autoridades de la comisión, que lo más probable es que continúen las mismas con un solo cambio obligado. La presidencia en manos de Juan Carlos Pagotto -senador de LLA- y la vicepresidencia cambiaría de Hernán Lombardi, que renunció a su banca para ser funcionario porteño, a Diego Santilli, ambos diputados del PRO, que se suma a la comisión.

La provincia argentina de La Rioja vuelve a estar en el centro de la atención internacional por su incumplimiento de pago de deuda. Este lunes, la administración de Ricardo Quintela informó oficialmente que no podrá afrontar el vencimiento de los bonos internacionales correspondientes al Bono Verde emitido en 2017. Este bono tiene como destino la financiación de la Parque Eólico Arauco y su vencimiento está fijado para 2028. El incumplimiento se produce dentro de un contexto de default que la provincia atraviesa desde hace más de un año, un periodo en el que las autoridades provinciales han intentado negociar una reestructuración de la deuda con los bonistas.

El gobierno de La Rioja, en un comunicado dirigido a los mercados, explicó que el incumplimiento corresponde al pago de capital e intereses de los bonos cuyo servicio debía ejecutarse este 24 de febrero. “La provincia se encuentra en proceso de negociación con los acreedores para la reestructuración de su deuda”, se indicó en la nota oficial. A su vez, desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia se comprometieron a mantener informados a los inversores sobre cualquier novedad relacionada con las negociaciones.

La emisión de estos bonos, que originalmente tenía un vencimiento en 2027, fue reestructurada en 2021 tras la situación de cesación de pagos en la que cayó la provincia en 2020. El Bono Verde tiene un rendimiento anual del 8,5% y un valor total de 318,4 millones de dólares. Este incumplimiento marca un nuevo capítulo dentro de la prolongada crisis financiera de La Rioja.

El contexto de la crisis económica

La situación económica de la provincia de La Rioja ha sido descrita por sus autoridades como parte de un escenario de “desafíos económicos sin precedentes”, lo que ha sido utilizado para justificar la imposibilidad de cumplir con las obligaciones de deuda. La inflación elevada, la devaluación del peso y el ajuste fiscal que comenzó a finales de 2023 bajo la administración de Javier Milei han tenido un impacto directo en las finanzas provinciales.

A raíz de estos problemas económicos, La Rioja se convirtió en la única provincia del país en entrar en default de sus obligaciones financieras con acreedores internacionales. A pesar de las especulaciones de que otras provincias podrían enfrentar situaciones similares debido a los recortes en las transferencias de fondos por parte de la Nación, La Rioja se mantiene como la única en mora.

Este año, el gobierno de Quintela se enfrenta a nuevas dificultades en su intento de renegociar los términos de la deuda. A pesar de que las conversaciones con los tenedores de bonos nunca se cortaron, aún no se ha llegado a un acuerdo definitivo. Las autoridades provinciales han reiterado su intención de lograr una reestructuración favorable, que contemple una baja en los intereses y una reprogramación de los plazos de pago. Sin embargo, las negociaciones continúan siendo complejas y no se vislumbra un acuerdo cercano.

Demandas y fallos judiciales

La situación de default de La Rioja no se limita a las conversaciones con los acreedores. En 2024, la provincia fue demandada en los tribunales de Nueva York por los tenedores de bonos, quienes reclamaron el cumplimiento de los pagos de intereses y capital. En agosto de 2024, los acreedores demandaron un juicio sumario en el Distrito Sur de Nueva York.

El caso de La Rioja fue particularmente polémico, dado que la provincia utilizó la mayoría de los ingresos provenientes de los bonos verdes para financiar la construcción del Parque Eólico Arauco, a través de la empresa provincial Parque Eólico Arauco S.A. Posteriormente, La Rioja vendió el 100% de una de sus subsidiarias, Vientos de Arauco Renovables, a Pampa Energía S.A. por 171 millones de dólares. A pesar de este ingreso, la provincia no cumplió con el pago de sus obligaciones, lo que generó el rechazo de los bonistas.

A raíz de estos incumplimientos, en septiembre de 2024, la justicia de Estados Unidos dictó un fallo que obligó a La Rioja a pagar a los bonistas casi 40 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios. Este fallo también estableció que la provincia debía abonar intereses diarios por cada día de retraso en los pagos. La sentencia fue dictada por la jueza Jessica Clarke, quien consideró que la actitud del gobierno provincial ante sus compromisos había causado un daño directo a los inversores.

Las implicancias del default

La reestructuración de la deuda de La Rioja tiene un impacto directo sobre la imagen financiera de la provincia a nivel global. Para los bonistas, el incumplimiento de los pagos refleja una falta de compromiso con los acuerdos previos. Las entidades que representan a los acreedores de La Rioja, como Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan LLP, han señalado que el “desprecio temerario” por parte del gobierno de Quintela a sus obligaciones financieras perjudica a la población de la provincia. Además, sostienen que esta situación desincentiva la inversión y obstaculiza la creación de empleo, lo que agrava aún más las dificultades económicas de La Rioja.

A pesar de estas críticas, las autoridades provinciales han señalado que los ingresos de la provincia no son suficientes para cubrir sus compromisos financieros. Además, La Rioja reclama a la Nación un monto superior a 700 millones de dólares, lo que ha complicado aún más su capacidad para cumplir con los pagos. La provincia continúa luchando por obtener mayores recursos que le permitan atender sus obligaciones y reactivar su economía.

El futuro de la negociaciónEl panorama de La Rioja sigue siendo incierto. Con el default aún vigente y sin un acuerdo definitivo con los acreedores, la provincia se enfrenta a una situación financiera compleja. Las autoridades provinciales han asegurado que seguirán negociando con los bonistas en busca de una solución. No obstante, la justicia internacional ya ha intervenido en el conflicto, y los efectos del incumplimiento de pago podrían continuar afectando la economía de la provincia, ya que los acreedores buscan recuperar su inversión a través de vías legales.

Mientras tanto, el gobierno de Quintela continúa reclamando el apoyo de la Nación para enfrentar los problemas económicos que atraviesa La Rioja. A pesar de los esfuerzos de la administración provincial, la falta de recursos y la incapacidad de cumplir con los compromisos financieros siguen siendo un obstáculo clave para superar la crisis que enfrenta la provincia.

En diciembre, dos empresas del grupo empresario Los Grobo (Agrofina y Los Grobo Agropecuaria S.A.), anunciaron a la Comisión Nacional de Valores que no tenían capacidad para enfrentar pagos inmediatos por unos USD 400.000 y anticiparon que no podrá afrontar los vencimientos de los pagarés bursátiles hasta el 31 de marzo de este año. Desde entonces, el grupo, con una fuerte presencia en la cadena de valor del agro, atraviesa un proceso de reestructuración de deuda que impacta en su operación y en el ecosistema productivo que la rodea.

En ese marco, Los Grobo ha sido en los últimos días objeto de varias denuncias y reclamos que han llegado de parte de los productores, que acusan a la compañía por presuntos manejos fraudulentos. ¿Cuál es el problema? Hay dos cuestiones sobre la mesa. Por un lado, hay un grupo de productores que reclama la devolución de granos que fueron entregados a Los Grobo, pero nunca fueron negociados; por el otro, aparecen una “catarata” de intimaciones que recibieron los propios productores por una deuda de USD 50 millones que ellos nunca contrajeron, pero de la que fueron garantes sin saberlo, según informó el portal Bichos de Campo.

En el primer caso, la situación es bastante simple. La empresa opera en diversas áreas clave, incluyendo la producción de granos, el acopio, la venta de insumos y la exportación. Su rol estratégico la convierte en un nexo fundamental entre los productores y los mercados internacionales. Por eso, muchos productores entregan sus granos a Los Grobo, para que luego sean comercializados. Algunos de ellos sostienen que la firma que fue fundada por el empresario Gustavo Grobocopatel (hoy es accionista minoritario del grupo), se hizo con los granos, pero no los vendió y tampoco los pagó. Los productores en esa situación piden se que se les devuelva su mercadería para poder darle otro destino.

Los productores negociaron con la empresa y lograron establecer un sistema de cupos para retirar la mercadería entregada. La mayoría aún sigue en la espera, pero esa parte del problema parece estar en vías de solución.

La deuda inesperada

La segunda parte del problema es bastante más compleja. Como se mencionó, muchos productores comenzaron a recibir intimaciones por mail por una deuda que jamás tomaron. Pronto averiguaron que habían sido garantes de un préstamo tomado por Los Grobo.

Según explicó Bichos de Campo, Los Grobo había cedido las facturas de los productores como garantía para un préstamo de 50 millones de dólares solicitado al holding financiero TMF Trust Company (Argentina) SA. Como la empresa no pudo pagar, los productores comenzaron a ser intimados por el holding para el pago de facturas. Se mencionan casos en los que algún productor que ya canceló su factura con Los Grobo ahora recibe una intimación porque esa misma factura fue puesta por la empresa como garantía ante TMF.

Ante la consulta de Infobae, en Los Grobo desmienten que TMF Trust Compañía tenga alguna relación con Los Grobo y enfatizan que es “una empresa independiente” con la que tienen “un vínculo estrictamente comercial”, negando que la empresa esté detrás de ese holding. Aseguran además que “no hay ninguna posibilidad de que alguien esté exigiendo el pago doble de una misma factura”.

“Algunos productores pueden haber recibido cartas documento de parte de este fideicomiso, que no tiene ninguna relación con Los Grobo y forma parte de un esquema de garantías de terceros que se utilizó como estructura de financiamiento a largo plazo. A los que ya cancelaron las facturas se les está devolviendo su mercadería y a los que aún no las pagaron se les está exigiendo el pago al fideicomiso, que a su vez está ejecutando las garantías que otorgó Los Grobo”, dijeron en la compañía fundada por la familia Grobocopatel.

Esa situación se añade a un delicado momento financiero de la compañía. Según informaron desde el Banco Central (BCRA), el grupo acumula cheques rechazados por falta de fondos por más de $4.000 millones, entre Los Grobos y Agrofina. Al mismo tiempo, la empresa acumula una deuda de USD 10 millones por pagarés bursátiles y tiene un pasivo de USD 30 millones con diferentes bancos

Continúan los coletazos de los eventos de impago en la cadena de producción del sector agropecuario. Este lunes una de las compañías que defaulteó sus obligaciones de pago ante acreedores reiteró que el vencimiento que tuvo lugar este lunes tampoco será pagado; en este caso, por haber sido objeto de una inhibición tras una denuncia hecha por el Gobierno. Otra comunicó que recomprará parte de sus pasivos y otras dos, también en la mira en estas semanas, que analizan cómo reestructurar su deuda de los próximos meses.

Así lo dejaron saber al mercado ese grupo de firmas en distintas comunicaciones ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre el viernes a la tarde y este lunes después del mediodía. Hubo comunicados de Surcos, la primera empresa del sector en interrumpir el pago normal de su deuda, de Los Grobo y Agrofina, otras dos compañías que informaron a sus acreedores que no podrían afrontar sus pasivos, y Rizobacter, que cumplió con su calendario financiero y que anticipó que recomprará parte de sus obligaciones negociables para bajar la carga de su deuda.

El caso de Surcos es el más grave. Surcos defaulteó a principios de diciembre el pago de 3,5 millones de dólares y $9.364 millones de pesos. La CNV determinó una suspensión provisoria sobre esa compañía al considerar que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyó un delito al haber emitido obligaciones negociables “sin difundir información que permitiera conocer sobre su real situación financiera”, según reza en la denuncia judicial hecha por el Poder Ejecutivo.

En un comunicado ante el regulador del mercado de capitales, Surcos anunció este lunes: “Sin perjuicio de continuar realizando todas las medidas necesarias para adoptar una solución integral que permita asegurar el normal funcionamiento de la compañía, considerando, tal como se ha informado, que se ha decretado la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas bancarias de la Sociedad, por medio de la presente, se informa que la Sociedad se encuentra imposibilitada de abonar el séptimo pago de servicio de las Obligaciones Negociables Serie X VS, que asciende a la suma de USD 69.025,46, cuyo vencimiento estaba previsto efectuarse el día de la fecha”, dijo esa empresa, en referencia a un vencimiento que tuvo lugar este lunes.

Tal como está previsto en el contrato de esa deuda emitida por Surcos, el anuncio puede ser considerado oficialmente por los acreedores como un evento de default “si dicha falta de pago persistiera por un periodo de 10 días y, en tal caso, los tenedor/es de las Obligaciones Negociables Serie X VS que represente/n un 20% del capital total no amortizado podría/n declarar inmediatamente vencido y exigible el capital de todas las Obligaciones Negociables Serie X VS, junto con los intereses devengados hasta la fecha de efectivo pago”. Es una cláusula de pago acelerado común en este tipo de instrumentos de financiamiento.

Los Grobo y Agrofina, que también incurrieron en impago de pagarés y obligaciones negociables en los últimos días del 2024, reiteraron ante la CNV que se encuentran en un proceso de reestructuración de su deuda. Agrofina comunicó que sus vencimientos del primer trimestre del 2025 suman casi $24.000 millones. En diciembre no pudo cumplir con el pago normal de algo más $5.600 millones y a lo largo de enero tampoco abonará $3.466 millones. Los Grobo tienen una carga de pasivos menor ($10.700 millones hasta fines de marzo) y registró un impago en diciembre de $1.506 millones, mientras que este mes será de $1.940 millones más.

Las dos compañías aseguraron ante el regulador que se encuentran “en un proceso de análisis y valoración del impacto del endeudamiento respecto de su Activo y Patrimonio Neto a fin de determinar las alternativas a seguir frente a los compromisos financieros y económicos asumidos”. “Se están llevando a cabo todas las medidas necesarias para adoptar una solución integral que permita asegurar el normal funcionamiento de la Sociedad”, mencionaron las dos firmas.

En tanto, Rizobacter, una empresa pertenenciente a Bioceres -cotiza en Nasdaq- informó al mercado que recomprará parte de sus pasivos por unos USD 2,1 millones para reducir la carga de vencimientos que afrontará en los próximos meses. En los últimos días de 2024 pagó con normalidad obligaciones negociables por 20 millones de dólares y con esta reconfiguración de sus pasivos, los pagos de febrero caerán desde 16 millones de dólares a 12 millones.

“Pese al contexto complejo que atraviesa el agro en Argentina, no ha sido un mal año para los productos biológicos, donde nosotros tenemos una posición importante. Además de Argentina, donde ha habido situaciones complejas para el sector, particularmente para los productos químicos, nosotros operamos en Brasil, Europa y Estados Unidos con un portfolio diversificado”, aseguraron a Infobae fuentes de la compañía.

Hace algunos días una calificadora de riesgo puso en alerta al sector por advertir que otro grupo de compañías podrían experimentar dificultades para cumplir con sus obligaciones ante sus acreedores en los próximos meses. Se trata de Metalfor, ALZ Semillas, Fuhrmann y Atanor.

La calificación negativa fue publicada por Fix, la firma que es afiliada local de la internacional Fitch Ratings. En tres casos son confirmaciones de ese nivel de riesgo crediticio y en uno (Atanor) es una baja. Según la consultora financiera Inviu, “diversos factores, como la caída de los precios internacionales de las commodities, el tipo de cambio artificialmente bajo que reduce la competitividad, y la elevada presión impositiva, han generado un escenario adverso para productores de todos los tamaños”.

Dos empresas ligadas al agro que cayeron en default en los últimos días de 2024 informaron que este miércoles volvieron a incumplir pagos previstos ante sus acreedores. Se trata de Los Grobo y de Agrofina, que anunciaron ante la CNV que no pudieron pagar, entre las dos, unos USD 21,4 millones que vencieron el lunes y otros $9.400 millones que tenían hoy como fecha de pago.

En sendos comunicados a la autoridad reguladora del mercado de capitales, las dos firmas, ligadas societariamente, oficializaron nuevos eventos de impago. En este caso, se trata de un aviso ante la CNV de que no pudieron afrontar pagos el lunes de un crédito que las dos compañías intentaron renegociar con los bancos Galicia, Santander, Supervielle, Hipotecario, Macro, Bapro, el Banco Industrial y Promontoria Holding.

Así, Los Grobo incumplió un pago de 12,5 millones de dólares este lunes ante ese grupo de acreedores y otros casi 9 millones de dólares de Agrofina. Asimismo, anunciaron que no pagarán vencimientos este miércoles por algo más de $5.000 millones en el caso de la primera empresa y otros $4.470 millones de Agrofina.

“La Sociedad continúa en negociación con los Acreedores a los fines de llegar a un acuerdo en relación con los vencimientos detallados precedentemente, y se informará cualquier novedad relevante al respecto sobre el curso de dicha negociación”, mencionaron las dos compañías en sus comunicados ante la comisión de valores.

Agrofina, además, informó al mercado que la calificadora de riesgo Fitch le bajó la nota a su deuda. En un informe de esa entidad se mencionó: “Según información de la compañía, a noviembre 2024 la deuda total de Agrofina y LGA en forma consolidada ascendía a USD 207 millones (incluye capital e intereses devengados), siendo de vencimiento en los próximos 3 meses de USD 52 millones entre ON, pagarés bursátiles y descuento de valores”, dijo Fitch.

Este lunes una de las compañías que defaulteó sus obligaciones de pago ante acreedores reiteró que el vencimiento que tuvo lugar este lunes tampoco será pagado; en este caso, por haber sido objeto de una inhibición tras una denuncia hecha por el Gobierno. Otra comunicó que recomprará parte de sus pasivos y otras dos, también en la mira en estas semanas, que analizan cómo reestructurar su deuda de los próximos meses.

Así lo dejaron saber al mercado ese grupo de firmas en distintas comunicaciones ante la Comisión Nacional de Valores (CNV) entre el viernes a la tarde y este lunes después del mediodía. Hubo comunicados de Surcos, la primera empresa del sector en interrumpir el pago normal de su deuda, de Los Grobo y Agrofina, otras dos compañías que informaron a sus acreedores que no podrían afrontar sus pasivos, y Rizobacter, que cumplió con su calendario financiero y que anticipó que recomprará parte de sus obligaciones negociables para bajar la carga de su deuda.

Los Grobo y Agrofina, que también incurrieron en impago de pagarés y obligaciones negociables en los últimos días del 2024, reiteraron ante la CNV que se encuentran en un proceso de reestructuración de su deuda. Agrofina comunicó que sus vencimientos del primer trimestre del 2025 suman casi $24.000 millones. En diciembre no pudo cumplir con el pago normal de algo más $5.600 millones y a lo largo de enero tampoco abonará $3.466 millones. Los Grobo tienen una carga de pasivos menor ($10.700 millones hasta fines de marzo) y registró un impago en diciembre de $1.506 millones, mientras que este mes será de $1.940 millones más.

El caso de Surcos es el más grave. Surcos defaulteó a principios de diciembre el pago de 3,5 millones de dólares y $9.364 millones de pesos. La CNV determinó una suspensión provisoria sobre esa compañía y luego un embargo al considerar que el financiamiento en el mercado de capitales y el impago posterior constituyó un delito al haber emitido obligaciones negociables “sin difundir información que permitiera conocer sobre su real situación financiera”, según reza en la denuncia judicial hecha por el Poder Ejecutivo.

En un comunicado ante el regulador del mercado de capitales, Surcos anunció este lunes: “Sin perjuicio de continuar realizando todas las medidas necesarias para adoptar una solución integral que permita asegurar el normal funcionamiento de la compañía, considerando, tal como se ha informado, que se ha decretado la inhibición general de bienes y el embargo de cuentas bancarias de la Sociedad, por medio de la presente, se informa que la Sociedad se encuentra imposibilitada de abonar el séptimo pago de servicio de las Obligaciones Negociables Serie X VS, que asciende a la suma de USD 69.025,46, cuyo vencimiento estaba previsto efectuarse el día de la fecha”, dijo esa empresa, en referencia a un vencimiento que tuvo lugar este lunes.

¿Cuáles son los valores que llevan a que un país tenga niveles elevados o bajos de incertidumbre de pago de la deuda? ¿Qué países han transitado por valores críticos y cuáles fueron los impulsores?

A lo largo de la historia, varios países han experimentado niveles extremadamente altos de riesgo país debido a crisis económicas, políticas, sociales o financieras graves. Argentina es un caso recurrente y persistente.

En la crisis de 2001-2002 se declaró en cesación de pagos (default) y el índice de riesgo país subió hasta 6.952 puntos básicos. En agosto de 2019, llegó a 2.193 pb y en marzo de 2020 a 3.884 pb, cuando el país volvió a negociar su deuda externa tras un nuevo default.

Otros casos destacados incluyen Venezuela desde 2014 hasta la actualidad, Grecia entre 2011 y 2012, Rusia en la crisis financiera de 1998, Zimbabue en 2000, Nigeria en los 80, Cuba tras la caída de la Unión Soviética y Brasil entre 2014 y 2016, durante la crisis del Lava Jato.

El nivel del riesgo país se basa en una combinación de crisis de deuda, conflictos políticos, problemas económicos internos, sanciones internacionales y factores externos como el derrumbe de los precios internacionales de las materias primas o recesiones globales. Argentina es el país que registra más tiempo con índices elevados en los últimos 30 años.

¿Qué ha sucedido en estas tres décadas?

Cada dos años, la incertidumbre electoral, con propuestas radicales y cambiantes de los candidatos políticos, genera preocupación sobre el horizonte futuro del país. Argentina osciló del sur al norte y del norte al sur en ese período. No hay acuerdo político ni social sobre un proyecto compartido con bases mínimas que no puedan modificarse.

La falta de transparencia en la gestión pública y la corrupción ahuyentaron a los inversores, desilusionados por políticos que nunca cumplieron lo que prometieron, y que generaron alta dependencia del financiamiento de la deuda externa e interna. Sólo durante una parte de los noventa y entre 2003 y 2007, Argentina logró superávit fiscal. En el resto del tiempo, los gobiernos gastaron más de lo que ingresaba, lo que fue incrementando el riesgo de impago.

Con un elevado déficit fiscal y alta deuda externa, el incumplimiento se convierte en regla. Los inversores lo perciben y descuentan una creciente posibilidad de cesación de pagos y devaluación.

La estabilidad económica y la inflación van en direcciones opuestas. Desde 2020 Argentina es el país que se ubica en los primeros puestos en la tasa inflación mundial.

Si los inversores retiran su dinero del país, es un reflejo de incertidumbre económica. Esto ocurrió hacia fines de 2019 y derivó en el “cepo cambiario”, donde aún está inmersa la economía con control de capitales, diferentes cotizaciones cambiarias, regulaciones e intervenciones sobre los flujos de capital.

Así, los pagos de deuda externa en divisas se vuelven más costosos en términos de moneda local. Además, cada vez que esto sucede, los inversores anticipan una devaluación mayor, lo que genera salida de capitales y eleva el índice de riesgo país.

La dependencia de los precios internacionales de las materias primas -agropecuarias, minerales, petróleo y gas- condiciona los ingresos de divisas al país.

Existe, además, un “riesgo percibido” que afecta la confianza de las inversiones extranjeras y locales: movimientos sociales, huelgas y paros frecuentes, con interrupciones permanentes de la actividad económica, han convertido a Argentina en un caso récord mundial en estos aspectos combinados.

Un país sin moneda estable no puede avanzar hacia proyectos de inversión serios. La emisión de dinero ha generado inflación récord, desconfianza y volatilidad cambiaria permanente.

Es como si el país fuese una persona con graves problemas de salud: niveles extremadamente altos de glucosa, presión arterial elevada o una función renal comprometida.

Paciente delicado

Argentina parte de una deuda del sector público elevada, baja inversión extranjera y local, alta inflación, sin reservas internacionales, con devaluación de su moneda, deudas a importadores, restricciones externas, alta tasa de interés, caída del crédito al sector privado, endeudamiento del Tesoro y del Banco Central, pobreza e indigencia elevadas, junto con una caída fenomenal del poder adquisitivo de los ingresos.

En 2023, el riesgo país llegó a 2.543 puntos básicos. La economía se encontraba al borde del colapso social y económico, como una persona en riesgo de vida, y necesitaba un tratamiento urgente, con cambios y cuidados profundos.

Con el cambio de gobierno y de políticas, en 2024 el riesgo país pasó de 1.950 puntos básicos en enero a 635 pb en diciembre. Las medidas reparadoras, como reformas económicas y estructurales del Estado generaron rápidos resultados.

El paciente “Argentina” aún no salió de la clínica médica de alta complejidad, pero el riesgo país ya por debajo de 600 pb muestra la proyección hacia la estabilidad macroeconómica.

El desafío del Gobierno será bajar este indicador a entre 400 y 500 puntos, para poder acceder a deuda externa con tasas de interés convenientes y levantar definitivamente el cepo cambiario. Sin embargo, el recorrido está lleno de retos, con la política como el mayor desafío.

El autor es Analista Económico

Tras las cesaciones de pago de tres empresas del agro, una calificadora de riesgo puso en alerta al sector por advertir que otro grupo de compañías podrían experimentar dificultades para cumplir con sus obligaciones ante sus acreedores en los próximos meses.

La calificación negativa fue publicada por Fix, la firma que es afiliada local de la internacional Fitch Ratings. En tres casos son confirmaciones de ese nivel de riesgo crediticio y en uno (Atanor) es una baja. Según la consultora financiera Inviu, “diversos factores, como la caída de los precios internacionales de las commodities, el tipo de cambio artificialmente bajo que reduce la competitividad, y la elevada presión impositiva, han generado un escenario adverso para productores de todos los tamaños”.

Se trata de Metalfor, ALZ Semillas, Fuhrmann y Atanor.

Desde Inviu mencionaron, por otro lado: “Este contexto crítico ha afectado tanto a grandes como a medianas y pequeñas empresas, dejando al descubierto la difícil realidad de los productores que enfrentan márgenes negativos para sus cultivos”. Otras fuentes del mercado hablan de que no se trata de crisis similares ni equiparables: por un lado, están los agroquímicos, con algunos puntuales, de hecho, y por otros problemas de apalancamiento financiero que puede tener otras empresas del sector agrícola.

ALZ Semillas

En el caso de esta firma semillera, la calificación de riesgo negativa está explicada en que a septiembre “las ventas de la compañía se ubicaron en USD 13 millones, muy por debajo de valores históricos, con una caída del 59% interanual, y exhibiendo un Ebitda (beneficios antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) neutro, como consecuencia de un inicio de compañía 2024/25 por debajo de lo esperado en el área sembrada de maíz ante la incertidumbre provocada por la experiencia de la ‘chicharrita’ durante la campaña anterior y con bajo nivel de lluvias al comienzo de la misma”, informó Fix.

Respecto al endeudamiento de la compañía, aseveró: “A septiembre 2024, la deuda ascendía a USD 18 millones, con USD 17 millones concentrados en el corto plazo, exhibiendo una liquidez más ajustada, a pesar de la flexibilidad financiera exhibida por la compañía. FIX espera que, durante los próximos trimestres, ALZ Semillas muestre márgenes operativos más acotados junto a mayores ratios de apalancamiento”.

Fuhrmann

Fuhrmann, exportadora de lana, tiene para Fix una perspectiva negativa explicada por “el deterioro del sector y el crecimiento de la deuda, alcanzando los USD 11,7 millones a septiembre 2024 desde USD 1,9 millones a diciembre 2023″. “La deuda corresponde a prefinanciación de exportaciones a bajas tasas (contra flujos futuros) y corresponde principalmente a cancelación de deuda con productores”, detalló la calificadora.

“Por otro lado, dado los bajos precios y la caída de la demanda en Europa, el EBITDA de la compañía se redujo y se estima que será negativo al finalizar el ejercicio 2024. En cuanto a los flujos, al año móvil de septiembre 2024, la compañía presentó un Flujo de Fondos Libre (FFL) negativo por USD 13 millones que compara negativamente con diciembre 2023 donde el FFL fue negativo por USD 1,6 millones”, concluyó.

Metalfor

Para el caso de Metalfor, ligada a la maquinaria agrícola, la calificadora sostuvo su visión negativa y lo fundamentó en “la concentración de la deuda de corto plazo, pasando a representar el 90% del total a septiembre 2024, frente al 52,3% que representaba diciembre 2023″.

“El crecimiento de la deuda de corto plazo está impactado por diferentes motivos, entre ellos el vencimiento de la ON previamente emitida en los próximos 6 meses sumado a una mayor necesidad de capital de trabajo por un incremento en las ventas de la compañía y la baja oferta de financiamiento a largo plazo en el mercado. Fix entiende que esta situación puede generar un stress financiero en el corto plazo, dado el perfil vencimiento de las obligaciones en el corto plazo. En este contexto, se espera que en los próximos meses la compañía estire los plazos de vencimiento”, alertó Fix.

“El mercado de agroquímicos y más específicamente aquellas empresas en las cuales resulta importante dentro de su negocio la venta de productos que ya no pagan patente, están en un momento delicado porque tienen una crisis de ventas basada en los sobrestocks en la cadena, altos costos y bajos precios de venta. Es muy diferente la situación de la metalmecánica. En nuestro caso, por ejemplo, terminamos un año con altas ventas y financiamos a nuestros clientes cuando el financiamiento era escaso en nuestro país”, detalló Eduardo Borri, presidente de Metalfor y expresidente de Cafma, Cámara Argentina Fabricantes de Maquinaria Agrícola.

“Según Fix, las ventas de Metalfor a diciembre 2023 (balance anual), alcanzaron los USD 60 millones, de las cuales un 59% corresponden a equipos nuevos y un 24% a equipos usados. A septiembre de 2024 (9 meses), los ingresos fueron de USD 107 millones, de los cuales el porcentaje de equipos nuevos aumentó a 68%. Las ventas del año alcanzaron los USD 132 millones, lo cual implica un aumento del 121% en dólares. Las ventas comenzaron a recuperarse en forma sostenida desde la caída generada por el periodo de sequía. Nos financiamos para financiar a nuestros clientes y eso el mercado lo valora positivamente”, agregó Borri.

Atanor

La productora de agroquímicos tuvo una baja en la calificación de Fix, que fue justificado en su alto nivel de deuda y una caída en sus ingresos. “La baja se fundamenta en la ajustada capacidad de generación de flujos por parte de la compañía durante el corriente año derivado del cierre durante gran parte del año de la planta de San Nicolás, menores niveles de ventas tanto por un significativo sobrestock en la industria sumado a otros factores macroeconómicos con impacto negativo en los precios de sus productos”, mencionó la calificadora en un informe antes del cierre de 2024 y posterior al default en cadena de las tres firmas del agro.

“Asimismo, la compañía incrementó su deuda a USD 202 millones para diciembre 2024, desde USD 153,6 millones al cierre de 2023, tanto por la suscripción de Bopreal para cancelar deuda comercial como por una baja en sus flujos por mayores costos. Por otro lado, la compañía nos ha informado que continúa el soporte del grupo en términos de financiamiento y van a lograr refinanciar sus deudas con proveedores (que son principalmente del grupo por USD 120 millones) durante el próximo año”, concluyó Fix.

Desde Atanor, por su parte, aseguraron que “más allá de los desafíos que atraviesa la cadena agroindustrial en Argentina, Atanor cuenta con el respaldo de su casa matriz y la sólida e importante posición comercial que mantiene la compañía en el país. Adicionalmente, la empresa se encuentra en condiciones de hacer frente a sus compromisos y de continuar acompañando al sector agropecuario, independientemente del complejo contexto imperante”.

“Con más de 86 años de trayectoria, Atanor ha estado al lado de sus distribuidores y productores, apostando de manera constante al desarrollo del agro argentino. Esta solvencia y permanencia en el mercado reflejan nuestra vocación por ser parte activa del crecimiento del país, más allá de las circunstancias coyunturales que atraviese el sector agroindustrial”, destacaron.

En una carta dirigida a la Comisión Nacional de Valores, dos empresas del grupo empresario Los Grobo anunciaron que no tienen capacidad para enfrentar pagos inmediatos por unos USD 400.000, pero también anticiparon que no podrá afrontar los vencimientos de los pagarés bursátiles hasta el 31 de marzo del año próximo. Esos incumplimientos extendidos serían mucho más grandes y llegarían a los 10 millones de dólares.

Las empresas en cuestión son Agrofina y Los Grobo Agropecuaria S.A.

“En el marco de un mercado con una retracción desafiante, estamos transcurriendo una situación de iliquidez transitoria que impacta en el pago de los pagarés bursátiles emitidos para las empresas que componen el Grupo. Estamos trabajando para resolver una situación de iliquidez temporal y para ello se están analizando todas las alternativas que permitan hacer frente a las obligaciones financieras, priorizando nuestro compromiso con productores, proveedores, colaboradores y clientes”, destacaron desde la empresa ante una consulta de Infobae.

“Nuestro negocio está sano desde el punto de vista operacional. Nuestra prioridad es continuar con las operaciones comerciales y de producción y con el crecimiento del negocio de la mano de nuestra de red de provisión de insumos, servicios y conocimiento para la cadena de valor del agro, así como lo hacemos desde hace 40 años”, agregaron.

“Estás situaciones se dan porque el campo vive una situación muy complicada. Hay una caída en los precios de los insumos, arrastra los problemas climáticos de la campaña pasada, caída de precios internacionales y un entramado impositivo muy duro más que nada por los derechos de exportación. Es necesario modificar los derechos de exportación para que estas situaciones no se multipliquen”, explicó el analista Salvador Di Stefano.

La historia de Grupo Los Grobo se remontan a Bernardo Grobocopatel, quien llegó a América en 1910 y comenzó a trabajar como contratista rural. En 1984, su segundo hijo, Adolfo, fundó Los Grobo Agropecuaria, una firma que hizo crecer Gustavo Grobocopatel. A fines de 2016, el holding rural formalizó un proceso de capitalización e incorporación de Victoria Capital Partners como nuevos accionistas, quienes hoy tiene el 90% del capital accionario. El restante 10% está en manos de Gustavo y su hermana Matilde. “Estoy con otro huso horario. No podría agregar mucho a lo que se dijo. Ya llevo 8 años fuera de la operación”, destacó brevemente Gustavo, desde el exterior, ante una pregunta de este medio.

El problema de los pagarés bursátiles afecta de manera considerable al sector del agro, y ya hubo empresas impactadas, como Red Surcos.

¿Qué son? Miguel Arrigoni, CEO de First Capital, lo explicó en una reciente entrevista con Infobae.

“Para hacer una ON o un fideicomiso financiero hay que ir a la CNV, desarrollar un prospecto, contratar asesores, abogados, explicar cómo se va a pagar. El pagaré bursátil terminó reemplazando todo por su simpleza. No tiene ningún tipo de control: se puede tener un capital de 1 millón de dólares y emitir un pagaré bursátil de USD 100 millones. Mientras se lo atara al dólar link, que era lo que mercado quería, lo compraban igual. Es una forma de fondearse de manera más simple… fabricando plata. First no participó del esquema porque si bien más del 90% de las operaciones están bien hechas, hay un porcentaje menor que van a quedar afuera, en off side. Son media docena de papeles caídos, algunos chicos, otros importantes, que están haciendo ruido en el mercado. A veces ese ruido termina “espantando” al instrumento. Si eso pasa, habrá que volver a las ON y los fideicomisos. Una parte de esos pagarés no tenían garantías y no estaban del todo bien estructurados. Ese contexto va a generar M&A: los que no puedan pagar esos pagarés bursátiles, pero tengan un buen negocio, van a ser comprados”, detalló Arrigoni.

Los comunicados a la Bolsa

Los Grobo Agropecuaria S.A. explicó que “ante la creciente iliquidez en el mercado de pagarés bursátiles para emisores del agro sumado a la imposibilidad de cobro de ciertos créditos en favor de la Sociedad”. “Las dificultades financieras de una compañía relacionada, la Sociedad no pudo realizar el pago de un pagaré bursátil por USD 100.000 (dólares estadounidenses cien mil) cuyo vencimiento operó el día 26 del corriente”, declaró Julieta Gioia, Responsable de Relaciones con el Mercado de Los Grobo Agropecuaria S.A.

“Como consecuencia de esto, tampoco podrá afrontar los vencimientos de los pagarés bursátiles con vencimiento hasta el 31 de marzo del 2025″, agregó.

“Asimismo, se informa que el Directorio de la Sociedad está abocado a solucionar esta situación tomando todas las medidas necesarias para ello, lo cual será oportunamente informado”, cerró la representante del grupo.

Agrofina, por su parte, destacó que por factores financieros y agronómicos, “la venta de agroinsumos se retrajo de manera significativa, lo cual comprometió el flujo tanto de fabricantes como de distribuidores. Esto produjo una fuerte caída en el mercado de los fitosanitarios sumado al exceso de stocks en el canal de distribución”.

“En virtud de ello a raíz de este difícil contexto económico y la creciente iliquidez del mercado de pagarés bursátiles para emisores de nuestra industria, la misma informa que no está en condiciones de afrontar el pago de un pagaré bursátil emitido por la suma de $400.000.000 (pesos cuatrocientos millones)”, agregó ante la CNV.

Ambas empresas dijeron que sus directorios están abocados “a solucionar esta situación, tomando todas las medidas necesarias para ello”.

En las últimas horas el mundo del agro fue sacudido por una noticia inesperada: dos empresas del grupo empresario Los Grobo -Agrofina y Los Grobo Agropecuaria S.A.- anunciaron que no tienen capacidad para enfrentar pagos inmediatos por USD 400.000 de pagarés bursátiles. Otras empresas ya habían enfrentado situaciones similares en los últimos meses y según se habla por lo bajo, otras más podrían sumarse en las próximas semanas.

¿Qué son los pagarés bursátiles? Técnicamente son instrumentos de deuda de corto plazo emitidos por empresas o entidades financieras en los mercados de capital. Funcionan como una forma de financiamiento directo: el emisor obtiene recursos de inversores a cambio de un compromiso de pago en una fecha futura, generalmente con un interés determinado.

A simple vista, los pagarés bursátiles funcionan de la misma manera que otros instrumentos, pero lo cierto es que en la práctica son bastante diferentes. Miguel Arrigoni, CEO de First Capital, explicó la diferencia que existe con otras herramientas disponibles en el mercado.

“Para hacer una obligación negociable (ON) o un fideicomiso financiero hay que ir a la Comisión Nacional de Valores (CNV), desarrollar un prospecto, contratar asesores, abogados, explicar cómo se va a pagar. Con los pagarés bursátiles el sistema es mucho más sencillo. Prácticamente no tienen ningún tipo de control”, comentó el experto. “Se puede tener un capital de un millón de dólares y emitir un pagaré bursátil de USD 100 millones”, aseguró.

Ahora bien, para entender qué fue lo que complicó a las empresas del agro, hay que ir un poco más allá. Arrigoni explicó que se emitió mucha deuda en un contexto en el que el dólar link estaba en auge. “Mientras se lo atara al dólar link, que era lo que mercado quería, lo compraban igual. Es una forma de fondearse de manera más simple… fabricando plata”, señaló.

“First no participó del esquema porque si bien más del 90% de las operaciones están bien hechas, hay un porcentaje menor que van a quedar afuera, en off side. Son media docena de papeles caídos, algunos chicos, otros importantes, que están haciendo ruido en el mercado. Una parte de esos pagarés no tenían garantías y no estaban del todo bien estructurados. Ese contexto va a generar M&A (fusiones y adquisiciones): los que no puedan pagar esos pagarés bursátiles, pero tengan un buen negocio, van a ser comprados”, detalló Arrigoni.

En lo que respecta puntualmente al agro, muchas empresas que emitieron deuda a través de pagarés bursátiles, quedaron atrapadas en un contexto delicado, de alta suba de costos y caída de los precios internacionales de los commodities.

“El campo vive una situación muy complicada. Hay una caída en los precios de los insumos, se arrastran los problemas climáticos de la campaña pasada, hay caída de precios internacionales y un entramado impositivo muy duro más que nada por los derechos de exportación (las llamadas “retenciones”). Es necesario modificar los derechos de exportación para que estas situaciones no se multipliquen”, explicó el analista Salvador Di Stefano.

“Los números no están cerrando. Muchas empresas se van a reestructurar y van a poder salir, pero otras van a quedar en camino”, señaló Di Stefano. Desde su punto de vista, las compañías con problemas de liquidez podrán sobrevivir (salvo errores), mientras que aquellas con problemas de solvencia no podrán salir adelante.

La situación plantea interrogantes sobre el futuro del financiamiento en el sector agropecuario. Si bien algunos actores podrían aprovechar oportunidades de adquisición, otros enfrentarán procesos complejos de reestructuración. El desafío radica en equilibrar las necesidades de capital con una mayor previsión financiera, evitando que estas dificultades se propaguen en toda la cadena productiva.

Sin embargo, desde la perspectiva del presidente Gustavo Petro, la caída de la también llamada reforma tributaria tendrá afectaciones graves en las finanzas del país. Así lo advirtió en la Asamblea Popular de la Democracia Energética en el Caribe, llevada a cabo el 12 de diciembre de 2024 en el coliseo de Comfamiliar de Barranquilla. Según precisó, habrá cesación de pagos del Gobierno.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

“Esto es grave, claro, porque lo que se hizo ayer es gravísimo contra el pueblo. Nos llevaron casi al borde del default, que llaman, default, dicen los ingleses, default dicen los franceses, que es la cesación de pagos del Gobierno”, aseveró el jefe de Estado.

En caso de que, en efecto, no sea posible financiar el programa de gobierno, en 2026, año en el que termina su periodo presidencial y en el que se llevarán a cabo las elecciones presidenciales, en el Congreso empezarán a tramitarse nuevas proposiciones de carácter tributario que impactarán negativamente y de manera directa el bolsillo de los colombianos.

“Es ponerle IVA a la carne, IVA al aceite, IVA a la leche, IVA a la comida, IVA al pueblo”, explicó el primer mandatario, indicando que este tipo de impuesto se aplicó hace 20 años en Colombia. Para entonces, mientras los ciudadanos enfrentaban un incremento en el valor de los productos alimenticios, los grandes grupos económicos gozaban de exenciones tributarias aprobadas por los congresistas.

“Látigo al pueblo y dulzura a los ricos más ricos del país, construyendo esto que hoy tenemos: un país que es el más desigual socialmente del mundo. ¡Descarados!”, añadió el primer mandatario.

Pues, según indicó, la reforma que planteaba el Gobierno tenía el objetivo de bajar las tarifas a los ciudadanos e impulsar el uso de energías limpias, sin incrementar los impuestos para los trabajadores. Asimismo, pretendía bajar los impuestos que hoy asumen las empresas del país. “Traicionaron al empresariado colombiano que dicen defender de mí”, dijo.

El proyecto estaba basado en la teoría económica progresista, que insiste en aumentar las tributaciones de las personas con mayores recursos económicos, para que sus aportes puedan ser destinados a ayudar a la población más pobre y vulnerable. Luego, a largo plazo, se podría evidenciar un crecimiento económico en los sectores que más lo necesitan y, por tanto, un país más justo y pacífico.

“Un país donde se pueda vivir en paz, así de simple, y estos parlamentarios elegidos por el pueblo hacen lo contrario, nos quieren hundir más en la injusticia”, aseveró.

Así las cosas, aseguró que se debería adelantar un juicio político por la decisión que tomaron 17 congresistas de hundir la ley de financiamiento que, además, tenía como fin completar una parte del Presupuesto General de la Nación. “Maldito el parlamentario que a través de las leyes destruye la prosperidad de su propia tierra, de su propio pueblo”, indicó.

La reforma no prosperó a pesar de que se redujo el monto estimado para el proyecto a $9,8 billones, eliminando algunos impuestos que se habían planteado de manera inicial. Por eso, uno de los reparos del Gobierno ante la caída de la iniciativa se centra en la ponencia negativa que votaron los senadores y representantes, puesto que, según explicó el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, estaba basada en la ponencia original y no en la que se presentó después, que era modificatoria.

El default o incumplimiento de pago es una situación en la que un país no puede cumplir con sus obligaciones financieras, es decir, no puede pagar la deuda externa o interna adquirida.

Este fenómeno tiene profundas consecuencias económicas y sociales, y entender sus implicaciones puede ayudar a visualizar los posibles escenarios para Colombia.

Ahora puede seguirnos en nuestro WhatsApp Channel y en Facebook.

El término default se refiere a la incapacidad de un gobierno para pagar sus deudas cuando estas vencen. Esto puede incluir la falta de pago de bonos, préstamos, o cualquier otro tipo de financiamiento obtenido. Los incumplimientos pueden ser parciales o totales y pueden ser el resultado de problemas de liquidez (falta de efectivo) o insolvencia (incapacidad de pagar las deudas en su totalidad).

Entre las principales consecuencias para el país está la pérdida de confianza internacional, ya que un incumplimiento de pago haría que los inversionistas internacionales pierdan confianza en la economía colombiana. Esto podría provocar una fuga de capitales y una disminución de la inversión extranjera directa. La desconfianza en los mercados financieros aumenta los costos de financiamiento, ya que los inversores exigirán mayores tasas de interés para compensar el riesgo percibido.

Otro punto importante sería la devaluación del peso colombiano. La pérdida de confianza en la economía puede conducir a una fuerte devaluación de la moneda local. Esto se traduce en un aumento de los precios de los bienes importados y una inflación generalizada. La devaluación también encarece el pago de las deudas denominadas en moneda extranjera.

Ligado a lo anterior, está el aumento de la inflación, pues la devaluación del peso y la consecuente inflación afectan directamente al poder adquisitivo de la población. Los bienes de consumo diario se encarecen, afectando especialmente a las clases más vulnerables y aumentando la pobreza.

Además, se debe tener presente el impacto en el sistema bancario, pues en una situación así, los bancos locales que tengan grandes cantidades de deuda gubernamental en sus balances podrían enfrentar serios problemas de solvencia. Esto podría llevar a una crisis bancaria, afectando a todos los sectores de la economía y reduciendo la disponibilidad de crédito.

Sin embargo, las consecuencias económicas son solo una parte, pues también están las consecuencias sociales como:

• Aumento del desempleo, ya que la contracción económica resultante de un ‘default’ puede llevar al cierre de empresas y despidos masivos.
• La falta de inversión y el aumento de los costos de financiamiento dificultan la creación de nuevos empleos, aumentando así la tasa de desempleo.

También está la reducción del gasto público, en este caso, el gobierno se vería obligado a implementar medidas de austeridad para manejar su déficit fiscal. Esto implica recortes en servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad, lo cual impacta negativamente en la calidad de vida de la población; lo que sin lugar a dudas llevaría a un descontento social. El deterioro de las condiciones económicas y el aumento de la pobreza pueden llevar a una creciente molestia social. Las protestas y manifestaciones pueden volverse más frecuentes, y el descontento generalizado puede desestabilizar políticamente al país.

Como consecuencia, las malas condiciones económicas pueden llevar a un aumento de la emigración. Las personas buscarán mejores oportunidades en otros países, lo cual puede tener efectos a largo plazo sobre la demografía y el crecimiento económico del país.

Casos históricos y lecciones aprendidas

En el contexto latinoamericano, países como Argentina y Venezuela han experimentado ‘defaults’ en diferentes momentos de su historia reciente. Estos casos sirven como referencia para entender las posibles repercusiones y la importancia de gestionar adecuadamente las finanzas públicas. Argentina, por ejemplo, ha enfrentado múltiples crisis económicas debido a incumplimientos de pago, y su economía aún se resiente por la falta de confianza de los inversionistas.

Venezuela, por su parte, ha enfrentado hiperinflación y una severa crisis humanitaria, exacerbada por el incumplimiento de su deuda. Ambos ejemplos muestran la importancia de políticas fiscales prudentes y la necesidad de mantener la confianza tanto de los inversores nacionales como internacionales.

La eventual salida del cepo cambiario desvela no solo a los economistas. Es también el tema que más tiempo ocupa a los inversores y al propio Gobierno. Pero para 2025 la prioridad no será levantar las restricciones cambiarias, sino otra cuestión extremadamente delicada y que persigue a la Argentina hace décadas: la posibilidad de evitar un nuevo default de deuda.

Se trata de una verdadera divisoria de aguas en el corto plazo. De evitar una nueva reestructuración de la deuda depende el fuerte repunte que se espera para el año que viene. Es totalmente inviable pensar que la economía pueda rebotar 5% tras la caída de este año si ocurre un nuevo incumplimiento.

Lo mismo se aplica para la estabilidad cambiaria o el proceso de desinflación. Nada es sostenible si la Argentina no es capaz de repagar los USD 10.000 millones que vencen el año próximo.

La evolución de los bonos en las últimas semanas refleja el mayor optimismo de los inversores sobre la capacidad que tendrá el Gobierno para afrontar con éxito esa exigencia. Desde fines de julio el riesgo país viene cayendo de un pico de 1.600 puntos, pero la tendencia se aceleró en las últimas jornadas y el indicador quedó muy cerca de perforar los 1.100 puntos.

La compresión de rendimientos para los bonos argentinos está aún a mitad de camino. La comparación de muchos analistas es ahora con los bonos de Egipto, un país que en los últimos tiempos muestra similitudes con Argentina: controles cambiarios para frenar la salida de capitales, acuerdo con el FMI por USD 8.000 millones y un posterior programa de estabilización que incluye la flotación de la moneda. Actualmente, la deuda egipcia rinde de 8 a 9% anual en dólares, contra cerca de 15% que marcan los bonos argentinos.

Las empresas locales van marcando el camino. Esta semana fue YPF Luz la que emitió un bono internacional a una tasa levemente superior al 8 por ciento. Pero la semana marcó el regreso a los mercados de Banco Galicia, que se financió a tasas similares. Fue un hito tratándose de un colocador que no genera dólares, sino que los tiene que conseguir en el mercado. Sin embargo, los inversores le dieron su respaldo.

El ex secretario de Hacienda y profesor de la Universidad di Tella, Pablo Guidotti, al ccmentar en redes sociales la colocación del Galicia observó: “Es solo una cuestión de tiempo que Argentina vuelva a los mercados financieros”.

Para lograrlo, el riesgo país debería volver a niveles de alrededor de 700 puntos básicos o algo menos.

Larga ausencia

Argentina no tiene presencia en los mercados internacionales desde principios de 2018, Luego se produjo la crisis cambiaria en abril de ese año y la firma de un acuerdo con el FMI, que finalmente prestó USD 44.000 millones hasta el final del mandato de Mauricio Macri.

Esta vez, si el Gobierno consigue financiarse con nueva colocación de bonos, ya no sería para tapar agujeros fiscales como hizo Macri, sino para refinanciar vencimientos. Significa que no habría aumento del stock de deuda, que quedaría constante o en baja.

Pero además del Plan “A”, consistente en recuperar el acceso a los mercados en 2025, Luis Caputo trabaja en otras opciones. La más comentada por él mismo es conseguir un “repo” de bancos internacionales, es decir un préstamo de corto plazo para pagar los vencimientos de capital por lo menos de enero, que suman unos USD 2.000 millones.

Otra opción es obtener financiamiento fresco del FMI a partir de un nuevo acuerdo. “Si conseguimos un desembolso del Fondo, que no hemos pedido por ahora, levantaríamos rápido el cepo; si no, seguiríamos como hasta ahora, de manera gradual”, reconoció Caputo el fin de semana pasado en una entrevista.

Hay varias alternativas en carpeta y cuesta creer que Argentina entre nuevamente en default en este escenario. También aparece la opción de un canje “amigable” de la deuda para refinanciar los vencimientos más cortos. Lo hacen todo el tiempo las empresas cuando tienen deuda por vencer: darle la oportunidad a los inversores de seguir invertidos comprando bonos más largos y con tasas relativamente atractivas.

Mientras tanto, la economía sigue dando señales alentadoras. El proceso de desinflación tuvo un hito importante en el dato de septiembre. No solo el índice perforó por primera vez en el año el 4%. Además, la inflación núcleo cayó a 3,3% y el rubro alimentos y bebidas subió solo 2,3%. Esto representa un gran alivio para las familias de menos recursos, que gastan casi todos sus ingresos en ello.

Además, ya hay datos más concretos de reactivación, aunque los relacionados con el consumo se mueven más lentamente y llevará más tiempo para que la mejora se note en “la calle”. Los salarios privados ya están por arriba de la inflación acumulada en los últimos doce meses, según los datos de julio del SIPA elaborado por el ministerio de Trabajo. Pero los trabajadores informales y los empleados del sector público siguen muy rezagados.

A pesar de esto, las proyecciones de recuperación del PBI de 5% en 2025 lucen bastante realistas. No pasa lo mismo con la inflación: el Gobierno proyecta un aumento de 18%, mientras que el promedio de consultoras privadas la sitúa por lo menos en el doble.

El sorprendente resultado del blanqueo, que incrementó los depósitos en dólares en más de USD 13.000 millones también colabora en este proceso. Ya hay más de 30.000 milllones de dólares en los bancos, como en el mejor momento del gobierno de Macri.

Desde el Banco Central ya confirmaron que para fin de año estará en marcha la posibilidad de utilizar tarjeta de débito para efectuar pagos cotidianos en dólares, lo que implicaría una primera experiencia formal hacia la “competencia de monedas”.

El reinado del Bonar 2030, más conocido en el mercado como AL30, parece agotado y está dejando lugar a otros bonos dolarizados, que lucen más atractivos para los inversores. En las últimas semanas se multiplicaron las recomendaciones del nuevo título, que además tuvo un aumento significativo de su cotización. Fue, de hecho, muy notorio el flujo de fondos del mercado local y también del exterior que aprovechó lo que para muchos analistas es una muy buena oportunidad.

El título en cuestión es el Bopreal 26, que en el mercado se puede comprar como BPY6D. El atractivo que despertó fue tal que solo en agosto achicó su rendimiento desde 25% a “solo” 18% anual en dólares. O sea para los que “la vieron” ya contabilizan una ganancia en dólares del 11,5% en el último mes.

La contracara de esta mejora de los títulos dolarizados es que el riesgo país tuvo un significativo retroceso el mes pasado, ya que descendió desde 1.600 puntos básicos a niveles cercanos a 1.400. Pero el equipo económico precisa que vaya debajo de 1.000 puntos para recuperar algún grado de financiamiento en los mercados internacionales. Así se descartaría la posibilidad de una reestructuración de la deuda, que sigue siendo una suerte de espada de Damocles para la Argentina.

Las distintas series de Bopreal fueron emitidas durante los primeros meses del año. Los recibieron los importadores como pago por los dólares que en su momento no pudo entregar el Banco Central, especialmente entre 2022 y 2023. Fueron casi USD 10.000 millones, distribuidos en tres grandes “paquetes”, cada uno con sus características. Vencen en 2025, 2026 y 2027.

¿Por qué este título generó casi repentinamente un fuerte atractivo para los inversores que decidieron aumentar su participación en activos argentinos? Hay varias respuestas. Una de ellas es que se trata de un bono más corto, pero que sobre todo vence durante el actual mandato. Por lo tanto, habrá un especial interés de parte del Gobierno por honrar este pago de deuda.

Los Bopreal fueron emitidos por el Banco Central, que al menos en teoría tendría una capacidad mayor de pago de deuda en dólares que la del Tesoro. En la historia de los default de la Argentina, quien habitualmente no pudo cumplir con sus compromisos es justamente el Gobierno, no así el BCRA.

Aunque el hecho de tener reservas en su activo daría cierta garantía, está claro que en caso de una crisis también podría tener problemas para honrar ese compromiso. Más allá de esto, está claro que el mercado pondera mejor una deuda en cabeza del BCRA que del Tesoro.

Esta serie de Bopreal 2026 empieza a devolver intereses de manera trimestral en noviembre del 2024, es decir en un par de meses y tiene una tasa fija de 3% anual (obviamente el rendimiento es mucho mayor al comprarlo debajo de la paridad).

El capital se empieza a pagar en noviembre del año próximo en tres cuotas trimestrales, con vencimiento en mayo de 2026.

Esto implica que se trata de un título muy corto, cuya duración es de apenas 1,5 años, pero que financieramente todavía es más corto ya que se va pagando intereses y capital antes del vencimiento.

Al tratarse de un bono corto, que está por pagar intereses y que justo después de las elecciones legislativas empezará con la amortización de capital, se vuelve doblemente atractivo para inversores más conservadores.

El dato clave es que los bonos en dólares que emite el Gobierno como también la deuda provincial y las Obligaciones Negociables de empresas son instrumentos elegibles para aquellos que entran al blanqueo.

Por lo tanto, es probable que en las próximas semanas al menos una porción de lo que vaya ingresando al sistema para regularización de activos termine en estos instrumentos. Es posible que la suba tanto de los Bopreales como en una escala inferior de los Bonares (que son los que surgieron de la renegociación de la deuda en 2020) esté relacionada en parte con este aspecto.

De hecho los depósitos en dólares del sector privado vienen creciendo y seguramente se acelerarán en septiembre, teniendo en cuenta que a fin de mes vence la opción para blanquear dinero en efectivo. Para los montos de hasta USD 100.000 la regularización no tiene costo, mientras que cifras superiores podrán destinarse a un menú de inversiones, entre ellas títulos dolarizados.

Luego de que este lunes se conociera que La Rioja entró en default por no poder pagar vencimientos de deuda, la gestión de Ricardo Quintela responsabilizó al gobierno nacional porque, según denunciaron, no les envían los fondos que le corresponden a la provincia desde el 2023. “Si el gobierno de Javier Milei enviara los recursos que todos los presidentes anteriores respetaron sobre el punto de coparticipación que le corresponde a la provincia, la deuda ya se habría cancelado dentro de los términos formales”, detallaron.

Como adelantó Infobae, un comunicado del gobierno de Ricardo Quintela publicado ante los inversores informó que “no se realizará el pago del capital e intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2028″, dado que “se encuentra en proceso de negociación con los acreedores para la reestructuración de su deuda”, planteó en una nota fechada al viernes pasado. Los vencimientos caían este sábado y deberían pagarse ayer por lo que quedó oficializada de esta manera que la provincia continuará en default.

“El Gobierno provincial manifiesta que no puede cancelar esos compromisos contraídos por administraciones anteriores debido a la deuda que el gobierno nacional mantiene con La Rioja, correspondiente a los fondos establecidos por el artículo 83 de la Ley N° 27701 de Presupuesto Nacional ejercicio 2023, reconducido para el ejercicio de este año, que a la fecha asciende a 40.632 millones de pesos a valores históricos, con lo cual a ello deben adicionarse los montos correspondientes a actualizaciones por inflación e intereses. La deuda del gobierno nacional impacta de lleno en la provincia especialmente si se tiene en cuenta el proceso inflacionario y la megadevaluación del 118 % en diciembre de 2023 más el crawling peg mensual registrado hasta la fecha”, expresaron en un comunicado difundido hoy.

En ese sentido, desde la administración de Quintela aclararon: “La Rioja no está en default, el que está en default es el Estado nacional con La Rioja y por una cuestión de transitiva, La Rioja no puede cumplir con sus compromisos”.

“La provincia enfrenta desafíos sin precedentes. La contracción de la economía Argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía riojana, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial, pero además, y lo más importante, es la falta de envío del gobierno nacional de los fondos que por ley le corresponden a la provincia. El apretón presupuestario que derramó desde la Nación por el ajuste a las transferencias discrecionales y la caída de la coparticipación por la menor recaudación de impuestos relacionados a la actividad, pusieron presión sobre las cuentas de las provincias”, agregaron.

Además, detallaron que la deuda de la provincia con los acreedores internacionales es de 66 millones de dólares, por lo tanto, “si el gobierno de Milei enviara los recursos que todos los presidentes anteriores respetaron sobre el punto de coparticipación que le corresponde a la provincia, la deuda ya se habría cancelado dentro de los términos formales. Sin embargo, el gobierno riojano ratifica, una vez más, que se encuentra en plena negociación para obtener el mejor de los acuerdos sin afectar la calidad de vida de los ciudadanos”.

“Es una deuda que la queremos pagar como se debe y como se puede. No voy a cumplir a rajatabla un esquema que armaron para dejar a la gente sin cobrar su sueldo. La prioridad está en la gente de mi provincia”, dijo Quintela y agregó: “El gobierno provincial viene buscando negociar condiciones más favorables para garantizar, además, la prestación de servicios esenciales y de calidad para la ciudadanía; y garantizar que el movimiento económico en la provincia no caiga, lo haga lo menos posible o se mantenga”.

También, Quintela se refirió a la intimación que CAMMESA le hizo a la empresa estatal Edelar por deudas acumuladas sobre lo que afirmó que “entre CAMMESA y los riojanos, me quedo con los riojanos”.

“CAMMESA bastante plata ganó y gana cobrando a las otras provincias abultadas e injustificadas subas de los servicios que hace imposible el acceso a la gente común y que obliga a los comercios a cerrar o modificar su esquema de actividad económica porque no les alcanza para pagar, mientras los recursos de todos los argentinos siguen concentrados en pocas manos”, señaló el gobernador de La Rioja.

El Gobierno de La Rioja comunicó a los tenedores de sus bonos que tampoco pagará los vencimientos que tenían lugar este lunes, y así se extiende el conflicto entre esa provincia y sus acreedores, que ya acudieron a la justicia en los Estados Unidos para reclamar por el impago. La administración provincial asegura que la negociación continúa y que hubo un acercamiento pero lejos todavía de un acuerdo.

Un comunicado del gobierno de Ricardo Quintela publicado ante los inversores informó que “no se realizará el pago del capital e intereses de los bonos internacionales con vencimiento en 2028″, dado que “se encuentra en proceso de negociación con los acreedores para la reestructuración de su deuda”, planteó en una nota fechada al viernes pasado. Los vencimientos caían este sábado y deberían pagarse este lunes, por lo que quedó oficializada de esta manera que la provincia continuará en default.

El vencimiento de esta semana eran de otros 26 millones de dólares, la misma suma que implicó el inicio del conflicto en febrero. En esa ocasión La Rioja decidió pagar solo los intereses y comunicar que iniciaba formalmente un proceso de reestructuración, bajo argumentos de una situación compleja fiscal en la provincia. La Rioja fue la primera jurisdicción en emitir una cuasimoneda en los últimos 20 años.

El bono en cuestión es uno denominado en dólares y emitido en 2017. Durante el Gobierno de Cambiemos una docena de provincias, con el mercado internacional de deuda abierto para la Nación, hicieron sus propias colocaciones de títulos en moneda extranjera. En el caso riojano, fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.

gobierno de la rioja by Mariano Boettner

En 2021, ese bono fue reestructurado, luego de que la Nación hubiese hecho lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028.

Tras el anuncio de impago, la provincia inició de manera formal un proceso de convocatoria a sus acreedores para renegociar los términos de su deuda. Fuentes de la gobernación aseguraron a Infobae que hay conversaciones abiertas con los bonistas, aún sin acuerdo. El ida y vuelta con los tenedores de la deuda ya lleva unos cinco meses. “Se está negociando y buscamos un arreglo total, que se ajuste a las posibilidades económicas de la provincia”, mencionaron.

Los bonistas, por su parte, se organizaron alrededor del bufete Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan especializado en este tipo de reclamos, y decidieron ir directamente a los tribunales de Nueva York -el contrato del bono determina que ante un incumplimiento la jurisdicción de litigio es Estados Unidos- y sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”.

El texto además apunta que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021. Es por eso que adjuntaron un gráfico en el que señalan el avance en los porcentajes de deuda amortizada del resto de las jurisdicciones argentinas.

La provincia aludió a que las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago.

“La Provincia se encuentra analizando y evaluando la mejor forma de abordar el manejo de sus compromisos financieros. La Provincia enfrenta desafíos económicos sin precedentes. La contracción de la economía argentina, la alta inflación y la devaluación del tipo de cambio han tenido un efecto directo en la economía de la Provincia, resultando en un grave descenso en la recaudación fiscal a nivel provincial”, planteó.

En lo que resta del año, las provincias tienen en su calendario financiero una serie de giros a sus bonistas. En total, el 2024 contempla pagos por unos USD 1.955 millones desde las provincias, de los cuales faltan pagar alrededor de USD 912 millones, según estimaciones de Politikón Chaco. Buenos Aires será la que tendrá la carga de intereses más pesada (USD 350 millones en septiembre), seguido por Córdoba (USD 176 millones), Entre Ríos (USD 63,8 millones), Mendoza (USD 58,4 millones), Río Negro (USD 43,4 millones) Salta (USD 36,2 millones) y Chubut (USD 33 millones).

El Gobierno vivió una semana política negra, que dio por tierra con la leve mejora del clima financiero de las jornadas previas y lo forzó a nuevas intervenciones cambiarias que no impidieron que los bonos cayeran y el riesgo país se mantuviera cerca de los 1.600 puntos básicos, nivel que de no ceder en los próximos meses le impediría refinanciar los elevados vencimientos de deuda del año próximo.

“Si el plan no es consistente, vuela por el aire”, dijo Ricardo Arriazu, uno de los consultores más reputados de la Argentina y el que más apoya la determinación oficial de impedir una nueva devaluación (más allá de la pauta de deslizamiento del 2% mensual del dólar oficial), a contramano de un compacto lote de economistas que alertan sobre el retraso cambiario y la consiguiente pérdida de competitividad, que a su vez ocluiría la posibilidad de que el sector externo sea motor de la recuperación y aporte divisas suficientes para mejorar las reservas del Banco Central y la capacidad de pago de la deuda soberana.

Como informó Infobae, muchos economistas dudan del “cierre” del esquema oficial y en particular de la estrategia para evitar que se escape el precio del dólar, debido a su costo en reservas del BCRA, su efecto sobre el “riesgo-país” y sobre la posibilidad refinanciar a un costo razonable vencimientos de deuda en dólares que en 2025 se acercan a los USD 24.000 millones. Las consultoras Equilibra y Eco Go proyectaron, respectivamente, que hacia fin de 2024 las reservas netas del BCRA serían negativas en USD 10.000 y USD 12.000 millones, cerrando el año en similar o levemente peor estado del que las heredó el actual gobierno.

En lo que va de 2024, el riesgo país tocó su mínimo el 22 de abril (1.144 puntos básicos, equivalente a una sobretasa de interés de 11,44% por sobre el rendimiento de bonos de similares características del Tesoro de EEUU). Luego, la dificultad para sumar reservas coincidió con un aumento del riesgo.

“Degenerados fiscales”

No fue casual que en mayo el presidente Javier Milei dijera: ”si no fuera porque la política no para de poner palos en la rueda ya hubiéramos bajado la barrera de mil puntos”. Luego, en junio llamó “degenerados fiscales” a los legisladores, atribuyéndoles la suba del riesgo-país, por actuar “con la peor malicia” a fin de “romper el equilibrio fiscal” (cabe recordar, sin embargo, que como legislador Milei votó en 2023 a favor de la reforma del impuesto a las Ganancias impulsada por el entonces ministro y candidato presidencial oficialista, Sergio Massa, una de las medidas que más afectó los resultados fiscales de la Nación y las Provincias en el final de 2023 y en la primera mitad de 2024, hasta ser revertida, a instancias del Gobierno, por el actual Congreso).

Eran los días previos a la aprobación de la versión reducida de la “ley Bases” y el paquete fiscal enviados al Congreso, acusación que se reiteró esta semana tras la sanción del Senado de una ley de movilidad jubilatoria que la “Oficina del Presidente” adelantó que será vetada por considerarla un “acto de populismo demagógico”, una “ley irresponsable” y una “estafa moral”

Según un informe de Aswath Damodaran, profesor de Finanzas Corporativas y Valuación de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York (NYU Stern School of Business), reproducido por el portal Visual Capitalist, la Argentina protagonizó tres de los diez defaults soberanos más grandes (en dólares) ocurridos entre 1938 y 2022. Damodaran, de cuyo trabajo Infobae dio cuenta en octubre de 2023, ganó el premio Bernstein-Levy por un paper sobre la valuación de Tesla en el Journal of Portfolio Management y a inicios y mitad de cada año actualiza sus tablas de riesgo país y variables como las tasas implícitas en contratos de Credit Defaults Swaps (Seguros de Default) a los que pueden acceder los estados soberanos.

Además, un paper publicado publicado por la Oficina Nacional de Investigaciones Económicas (NBER, por su sigla en inglés, pese a su nombre un centro académico privado) de EEUU muestra que la Argentina protagonizó 8 de los 327 defaults internacionales ocurridos entre 1815 y 2023, con el agravante reputacional de que varios fueron recientes y cercanos entre sí y significaron fortísimos recortes (haircuts, en la jerga de las restructuraciones) a los montos adeudados.

Así las cosas, ¿cuánto del nivel de riesgo-país se debe al historial argentino y cuánto a la evaluación económica y política de la situación actual? Y de esta última, ¿qué pesa más?

La contracara de la brecha de los bonos

“El riesgo país es la contracara de la brecha entre rendimientos de bonos y refleja la mirada de los traders, que a veces se anticipan y cuando se equivocan corrigen en función de expectativas”, dijo a Infobae María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicas y profesora de Economía de la Universidad Católica Argentina (UCA).

“Nuestro pasado nos condena enormemente, porque somos restructuradores seriales. En 2005 y 2010 hubo quitas muy grandes y en 2020 el gobierno de Alberto Fernández lo primero que hizo fue restructurar la deuda sin lograr que el riesgo país baje mucho, porque fue una operación mal vista y no se recuperó acceso al mercado internacional”.

Según Castiglioni, además de por el pasado, “el riesgo país sigue alto porque la Argentina tiene todavía que resolver su largo plazo; resolvió la canilla, el corto plazo, más rápido de lo que se esperaba y está tratando de resolver el sobrante de pesos y el faltante de dólares, como los que se debían a los importadores”. Ahora la mirada es cómo se hará de los dólares para pagar vencimientos.

“Eso condiciona la baja del riesgo y tiene también que ver con el pasado: en los últimos años, un gobierno que tenía déficit en pesos iba al BCRA colocaba una letra y pedía al BCRA los dólares de las reservas para cancelar. Así hizo de 2010 a 2015 y de 2019 y 2023. Esa lógica aún te condiciona e impide salir del cepo. Pero ahora el gobierno al menos tiene los pesos para comprar los dólares de los intereses. Falta la pata de los dólares, pero entrarán por el blanqueo y por el RIGI”, dijo Castiglioni.

La economista reconoció que persisten las dudas, “porque la brecha cambiaria es grande y condiciona cuántos dólares van a entrar. Pero el riesgo está sobreestimado. Argentina tiene superávit comercial y en cuenta corriente, algo real y concreto. Y el RIGI está orientado a generar dólares. Falta destrabar la credibilidad y en eso el pasado pesa mucho. También falta conocer el Presupuesto 2025, cómo se pagarán los vencimientos de dólares y el acuerdo con el FMI, que, aunque no aporte fondos frescos, tendrá roll-over”.

Según Castiglioni, “el mercado está subestimando los superávits y sobreestimando los riesgos. Si eso se percibiera -dijo- el riesgo país debería caer fuertemente. “Muchos colegas -dijo- aún no internalizan todos los efectos macro del ajuste fiscal, como la vuelta del crédito y la baja de las tasas de interés, que es por ahora incipiente”.

La directora de C&T percibe “ansiedad” (sobre riesgo país y salida del cepo) en el sector financiero y algunos sectores exportadores, como el campo, “pero el resto no tiene tanta ansiedad”. Las inversiones, subrayó, no llegan de un día para el otro y las que la economía argentina necesita dependen más del ahora reglamentado RIGI que del cepo. Por otra parte, agregó, la actual intervención cambiaria oficial “es inversa a lo que hacía Massa, que compraba caro y vendía barato. El BCRA está teniendo muchos días de compras netas, aunque no se note en las reservas, porque hay pagos de importación. Y se verán pronto los dólares del blanqueo”.

Capacidad de pago

Ricardo Delgado, director de Analytica, recordó que el riesgo-país mide la capacidad de pago y la solvencia de una economía y que la Argentina “en términos de capacidad de pago y respeto a contratos firmados “ha tenido poco, por lo que hay un piso que va a llevar años perforar”.

“Los niveles de riesgo país que vemos hoy -prosiguió- tienen que ver además con las perspectivas que el mercado ve de la capacidad de la Argentina de generar los dólares suficientes para enfrentar los compromisos futuros”. Enero de 2025, destacó, es un mes clave en ese sentido.

Desde el punto de la generación de divisas, “la Argentina está complicada, porque la soja está casi en mínimos históricos y por eso no se está vendiendo; es parte del riesgo que hoy perciben los tenedores de deuda en dólares, por eso es absolutamente clave que el país tenga una política de generación de divisas genuinas que provengan no solo del complejo sojero sino que también de otros sectores, como gas y petróleo (en condiciones normales, no éstas, de superávit mayoritariamente debido a la recesión) y minería empiecen a ser el equivalente a nuevos complejos sojeros a mediano y largo plazo. Hay que trabajar mucho en eso y el RIGI es una buena estrategia de generación de divisas comerciales. Pero eso lleva tiempo”, concluyó.

Las capas del riesgo

Gustavo Reyes, economista del Ieral y experto en temas cambiarios y financieros, destacó que el costo total del crédito externo para la Argentina se compone de varias capas: en primer lugar, la tasa de interés en EEUU, luego la del mundo emergente, en tercer lugar, la de América Latina y por último la del propio país. El aumento del riesgo desde abril, puntualizó, incluyó también un aumento general del riesgo y al fortalecimiento del dólar, que cedió recién en las últimas semanas.

“Cuando ves el numerito final, la prima de riesgo tiene que ver con el precio de los bonos (situación fiscal, probabilidad de repago, acceso a los mercados) y hay tenés que el BCRA acumuló reservas hasta mayo, después no y ahora muy de a poquito”, dijo Reyes.

No se trata, aclaró, de que la Argentina vaya a pagar los vencimientos con reservas, algo que no sucede ni con los países ni con las empresas. Las reservas, explicó Reyes, son “una especie de seguro de que si tenés una caída en la demanda de dinero, podés amortiguarla, porque de lo contrario el tipo de cambio se puede escapar y la deuda se vuelve más pesada y difícil de pagar. Así que hay relación reservas-riesgo, pero no porque vas a pagar la deuda con las reservas, sino como amortiguador de los saltos en la demanda de dinero”

La actual situación, destacó el economista, incluye un ajuste fiscal importante, pero todavía con incertidumbre cambiaria y sin acceso al mercado. “Es un cúmulo de cosas; a futuro, si las cuentas fiscales se solidifican de modo permanente, la política cambiaria se logra sostener y la tasa de corto plazo de EEUU baja, en cuyo caso también bajará la de largo plazo y la prima riesgo de los mercados emergentes, eso ayudaría”.

“Fase 2″, reservas y riesgo

Pero internamente, dijo Reyes, también hay que ver el efecto final de la nueva política (”Fase 2″) del Banco Central. “No le impide comprar dólares, pero si la demanda de dinero aumenta se va a destinar más a la copra de LeFis que a la acumulación de reservas.

“El Gobierno dejó una canilla abierta para absorber aumento de la demanda de crédito y eso lentifica el aumento de reservas y la caída del riesgo país. Las LeFis son deuda del Tesoro. Volvieron donde debían estar, pero las debería pagar el Tesoro con su superávit, no el BCRA con la monetización de la economía. En definitiva, dijo, la prioridad oficial de bajar la inflación desacelera la compra de reservas, y es un problema, porque siguen siendo negativas”.

En los últimos (casi) diez años, la evolución del riesgo-país (que, en definitiva, se mueve a contrapié del precio de los bonos que emite el Estado) ha estado estrechamente correlacionado a la apreciación del mercado sobre la política económica del gobierno de turno.

Según el índice EMBI (por Emerging Market Bond Index) que elabora J.P.Morgan en base a las cotizaciones de centenares de bonos soberanos emitidos por decenas de países del mundo, el Día de Reyes de 2015 el “riesgo argentino” superaba los 766 puntos básicos (cada 100 pb equivalen 1% de tasa de interés). El nivel empezó a bajar hacia fines de ese año, a medida que avanzó la expectativa de un cambio de gobierno. De hecho, cuando este ocurrió. el EMBI marcaba para la Argentina un nivel de riesgo levemente inferior a los 500 pbs, casi idéntico al que en ese momento tenía Brasil, aunque más del doble del que exhibían Chile y Perú.

En 2016 bajó, pero nunca pudo acercarse demasiado a los 400 puntos. En 2017, tras el triunfo del macrismo en las elecciones legislativas, se acercó a 350 pb, pero a inicios de 2018 cambió el rumbo: volvió a superar los 600 pb a fines de junio, cuando el gobierno recurrió al crédito del FMI; que lo hizo ceder levemente. En agosto el indicador sobrepasó los 700 pb y cerró el año cerca de 800 pb. En mayo de 2009, conocida la fórmula Fernández-Fernández, el EMBI argentino superó los 900 puntos, osciló unos meses y saltó con garrocha tras las elecciones primarias: de 871,58 el viernes 9 de agosto, pasó a 1.467 el lunes 12, a fin del mes superó los 2.000 y en noviembre los 2.400 puntos. En poco menos de 3 meses, se había casi triplicado.

Las peripecias de la restructuración de deuda que comandó el ministro de Economía Martín Guzmán llevaron el riesgo país por sobre los 4.000 pb en marzo de 2020. Ya en pandemia, el riesgo-país nunca cedió mucho, hasta el fin de la operación a fin de agosto de ese año, que permitió una baja de 1.000 puntos a poco más de 1.100 pb. Fue solo para tomar impulso y volver a aumentar persistentemente hasta superar los 2.400 puntos a fines de junio de 2022, momento que Guzmán eligió para anunciar un sábado y por Twitter (hoy X) su renuncia “patriótica” al Ministerio.

Recién a fin de ese año el indicador volvería a caer por debajo de 2.200 pb, para retroceder levemente por momentos y volver a empinarse a lo largo de 2023, cuando superó otra vez los 2.000 pb en agosto (mes de las primarias), los 2.700 pb en octubre (primera vuelta) y volvió a caer por debajo de los 2.000 puntos con la llegada de Milei a la Presidencia de la Nación.

A medida que el gobierno mostró superávit fiscal y acumuló reservas, el índice bajó hasta su mínimo de 1.142 puntos el 22 de abril. Pero el freno a la acumulación de reservas y las dificultades oficiales en el frente legislativo volvieron a llevarlo arriba de los 1.600 puntos a principios de este mes y moverse en serrucho en las semanas posteriores, sin alejarse demasiado de ese nivel, que haría prácticamente imposible refinanciar los vencimientos de deuda del año 2025.

La Argentina tiene actualmente un rating crediticio Ca (de Moody’s), que la propia calificadora asigna a “obligaciones altamente especulativas”, que considera de “probable incumplimiento”, pero “con ciertas perspectivas de recuperación de principal e intereses”.

El paper publicado por el NBER (Sovereign Haircuts: 200 years of Creditor Losses), elaborado por académicos de las Universidades de Harvard, Berlín y París tiene como novedad que estudió las reestructuraciones “seriales” (no solo la inicial) al cabo de períodos de default y más allá de la variedad involucrada en 327 episodios encontró diez “regularidades” o reglas más o menos generales, a saber:

• El grado de quita varía sustancialmente.
• Los defaults son por general “parciales” y tienen una mediana de recorte cercano al 40 por ciento
• Las reestructuraciones “seriales” son comunes, “especialmente en las últimas décadas”.
• Las reestructuraciones provisorias o “interinas” son más pequeñas que las finales.
• Las quitas son más grandes cuánto más grande es el stock de deuda y también cuánto más veloz e importante es la previa oleada de endeudamiento.
• Las quitas son más grandes para los estados soberanos de bajos ingresos.
• También son más grandes cuando el Estado es un recién llegado a las finanzas internacionales.
• Son particularmente grandes en caso de desastres geopolíticos, como guerras, revoluciones o división de países.
• Además, son mayores cuánto más prolongada es la crisis de deuda.
• Y también son más grandes cuánto más profunda es la contracción del PBI del deudor.

En el caso argentino, la incidencia del pasado sobre el actual nivel de riesgo país no tendría tanto que ver con el número de defaults y restructuraciones, sino -como se observó- con su cercanía en el tiempo.

Costa Rica, uno de los países más estables de América Latina, tuvo 11 restructuraciones, pero ninguna tan cercana y conflictiva como las de Argentina y Ecuador (que también tuvo 11 restructuraciones). Uruguay, Brasil, México e incluso Chile tuvieron un número de restructuraciones muy similar a las 8 de la Argentina, pero casi ninguna posterior a la del Plan Brady, de los noventas.

A su vez, la publicación de los diez más grandes defaults de la historia moderna pone al default griego de USD 264.200 millones en 2012 como el más grande de la historia, seguido por el de la Argentina por USD 82.300 millones a fin de 2001. El podio lo completa el default de Rusia, por USD 72.700 millones en 1998, al cabo de una crisis cambiaria y bancaria que borró dos tercios del valor del rublo, la moneda rusa. El mismo año, dice el trabajo, debido a las crisis del sudeste asiático del año anterior, también incurrieron en default Venezuela, Paquistán y Ucrania.

La última oleada de defaults ocurrió en 2020, en el marco de la pandemia y el colapso de los precios del petróleo, e incluyó al Líbano, Ecuador y -otra vez- la Argentina, que es, además -destaca el trabajo- el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional.

El Gobierno argentino sufrió una nueva derrota judicial en su disputa por la deuda en default de 2001. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó la apelación de Argentina y confirmó el fallo de primera instancia que autoriza el embargo de activos soberanos por un monto de USD 420 millones. Estos activos corresponden a bonos del Tesoro de Estados Unidos que Argentina había utilizado como colateral para los bonos Brady.

“Estos fondos son remanentes de los holdouts. Como no cobraban, en 2021 los acreedores empezaron un proceso de búsqueda de activos para embargar. Ese año, la juez Loretta Preska autorizó el embargo y Argentina apeló”, explicó el analista financiero, Sebastián Maril.

Según Maril, a principios de este año se reveló que los activos embargados eran bonos del Tesoro estadounidense que se usaron como garantía para los bonos Brady emitidos por la Argentina en la década de 1980. “Esos bonos no se podían tocar. Una vez vencidos, los que sobraron regresaron a la Argentina. El 31 de marzo de 2023 vencieron definitivamente, y estoy convencido de que el entonces presidente Alberto Fernández los repatrió para protegerlos”, comentó.

Cabe recordar, que el 10 de marzo de 1989, Nicholas Brady, secretario del Tesoro de EEUU, lanzó una iniciativa para rescatar a los países emergentes del default de la década del 80, cuyos acreedores eran los bancos comerciales y pasaron a ser cientos de miles de bonistas en todo el mundo. La Argentina se sumó a este plan el 6 de diciembre de 1992 y cuatro meses más tarde se realizó el canje de la deuda bancaria por los nuevos títulos de deuda pública.

Qué dice el fallo

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York formuló la siguiente declaración:

“Afirmamos las órdenes de embargo del tribunal de distrito porque los intereses revertidos de Argentina no están protegidos por la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras. Argentina utilizó esos intereses en actividades comerciales en los Estados Unidos, lo que los hace susceptibles de embargo. Y el argumento de Argentina de que sus activos embargados no pueden ser entregados según la ley de Nueva York carece de fundamento, por lo que también afirmamos la orden de entrega. Finalmente, las razones para mantener este caso bajo secreto ya no son convincentes, por lo que ordenamos a las partes que vuelvan a presentar sus escritos y apéndices dentro de los próximos treinta días con reducciones limitadas que cumplan con las órdenes de esta Corte”.

“Afirmamos las órdenes del tribunal de distrito, negamos la moción para complementar el expediente y concedemos la moción para limitar el alcance del secreto”.

Cuál será el impacto

Para Maril, el resultado judicial no tendrá impacto alguno en los inversores locales, pero sí moverá la aguja en el balance del Banco Central, porque los bonos del Tesoro hoy serían parte del BCRA.

Por supuesto, si la Argentina no cumple, Preska va a declarar “en desacato” a la República Argentina. “Hay que ver cuál es el pedido que realizan estos fondos con respecto al fallo y ver qué medidas van a tomar. Van a pedir que el Gobierno entregue el activo o que pague. Si Argentina no cumple, entra en desacato con la Corte. La última vez que esto pasó fue en 2014 con Cristina Fernández de Kirchner y Kicillof y no nos fue bien con el juez Thomas Griesa”, recordó Sebastián Maril.

Para el experto, Argentina debería dejar de postergar el pago de las deudas.. “Estamos hablando de USD 400 millones de dólares. Hay otros casos más chicos que Argentina tampoco está pagando. Javier Milei ha mostrado capacidad de pegar un volantazo económico, político y social, pero no ha mostrado capacidad de cambiar esto”, opinó.

El comité de acreedores de La Rioja anunció que impulsa un juicio sumario en el tribunal del segundo circuito de Nueva York, en los Estados Unidos, por la situación de impago en la que se encuentra desde febrero la provincia con sus tenedores de bonos en dólares. El gobierno de Ricardo Quintela canceló ese mes USD 10 millones de los USD 26 millones que operaban como vencimiento. El 24 de agosto hay nuevos compromisos en capital e intereses, pero todavía no prosperó un acuerdo de reestructuración entre las partes.

Los bonistas representados por Quinn, Emanuel Urquhart y Sullivan, LLP sostuvieron en un comunicado que “el desprecio temerario” del gobierno de Quintela por sus obligaciones financieras “perjudica directamente a la población a la que se supone debe servir, al desalentar la inversión y, por ende, la creación de empleo y la actividad económica en la provincia”. Además, afirmaron que esa situación socava los esfuerzos del gobierno nacional de Argentina para revertir la imagen del país ante los mercados internacionales de crédito.

El texto además apunta que “La Rioja es la única provincia que no ha cumplido con sus obligaciones internacionales” de todas las que reestructuraron bonos no garantizados durante el período 2021. Es por eso que adjuntaron un gráfico en el que señalan el avance en los porcentajes de deuda amortizada del resto de las jurisdicciones argentinas.

De los USD 26 millones que vencieron el 24 de febrero, la provincia giró USD 10 millones correspondientes a intereses, y dejó impagos USD 16 millones de capital correspondientes a sus Bonos Verdes por USD 318 millones emitidos internacionalmente bajo la ley de Nueva York. La preocupación de los bonistas ahora es que el 24 de agosto operan nuevos vencimientos, “lo que puede precipitar incumplimientos adicionales por parte de la provincia”.

Se trata de un bono en dólares emitido en 2017 cuando el país todavía tenía abiertos los mercados internacionales de deuda. Fue una emisión de un bono verde para la construcción de un parque eólico, por USD 200 millones en una primera instancia en febrero de ese año y con USD 100 millones más en agosto, con una tasa de interés de 9,75% anual.

En 2021, ese bono fue reestructurado, luego de que la Nación hubiese hecho lo propio con sus títulos públicos. Como resultado de esa renegociación, el bono pasó a tener un interés de 3,5% que debería ir escalando hasta 8,5% anual en 2028. El contrato del bono riojano prevé que el anuncio de impago no implica un evento de default automático, sino que existe un período de gracia antes de que el indenture permita a los bonistas reclamar la “aceleración” de los pagos, es decir, el pago completo de la deuda. La Rioja, de esta forma, es la primera provincia que manifiesta inconvenientes financieros para hacer frente a los vencimientos de su deuda desde que inició el gobierno de Javier Milei.

La provincia que gobierna Quintela aludió a que las dificultades económicas por la alta inflación, la devaluación de diciembre y el ajuste fiscal que cortó las transferencias desde Nación a las provincias complicaron sus posibilidades de pago.

“En febrero de 2024 , la Provincia se convirtió en la primera y única provincia en volver a incumplir sus obligaciones reestructuradas, al no pagar US$16 millones de capital adeudado. El contexto del default de 2024 fue particularmente escandaloso. La Rioja utilizó la mayoría de los ingresos de los Bonos Verdes para construir parques eólicos a través de la empresa provincial, Parque Eólico Arauco SA (” PEA “). Luego, la Provincia concluyó una venta del 100% de Vientos de Arauco Renovables SAU, una de las empresas de PEA, por US$171 millones a Pampa Energia SA, antes de incumplir con los tenedores de bonos”, apuntaron los bonistas.

El estudio que representa a los bonistas es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012 cuando la Argentina no había salido por completo de su default del 2001.

En su último blog, Domingo Cavallo resume en solo un párrafo el gran desafío que enfrenta el Gobierno para los próximos meses. “Las últimas decisiones del equipo económico y del propio presidente Milei no demuestran urgencia en eliminar los controles de cambio y no parecen preocupados por aumentar las reservas. Son las condiciones necesarias para eliminar los riesgos de incumplimiento que todavía se reflejan en la magnitud de la tasa de riesgo-país”.

La reunión que mantuvo el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, con los principales referentes de las Alycs (Agentes de Liquidación y Compensación, antes conocidas como Sociedades de Bolsa) fue convocada aclarar cuestiones metodológicas del blanqueo, cuya fase más atractiva vence el 30 de septiembre. Pero el objetivo real fue otro: transmitir la voluntad de pago de los futuros vencimientos de deuda que debe enfrentar la Argentina. “Tenemos asegurados los fondos para pagar a los bonistas, incluyendo hasta enero de 2026″, aseguró el ministro.

El éxito del programa que puso en marcha Javier Milei depende en buena medida de evitar un nuevo default. Los esfuerzos para alcanzar tempranamente el superávit fiscal y los buenos resultados obtenidos en el combate contra la inflación quedarían en la nada si el Gobierno termina en otra reestructuración de la deuda.

Anticlimático

Fue difícil medir en estos últimos días el impacto de las promesas del ministro, porque coincidieron con dos jornadas negras para Wall Street. Todos los activos de riesgo fueron impactados, incluyendo a los bonos argentinos. El riesgo país volvió a superar el nivel de 1.600 puntos básicos al cierre del viernes.

Tanto en las declaraciones de Caputo como en las del Presidente queda más que claro que la voluntad de pago de la deuda es absoluta. Muy distinto a lo que sucedió en el gobierno de Alberto Fernández. A tal punto era la decisión de ir a una reestructuración ni bien asumió que una gran crítica al entonces ministro de Economía, Martín Guzmán, fue haber pagado los intereses de la deuda en los primeros meses de 2020. Ya para ese momento se había tomado la decisión de ir a una renegociación.

Es razonable y entendible que Caputo prometa que va a pagar, aunque todavía no esté claro cómo lo hará. Pero ningún acreedor le avisa al banco seis meses antes que no podrá devolver un crédito. Lo lógico es esperar hasta el último día antes del vencimiento para tratar de conseguir los fondos y no quedar moroso. Algo parecido sucede en este caso.

Los precios hablan por sí solos. Bonos cotizando a un promedio de 45 dólares y un riesgo país de 1.600 indican que el temor de los inversores respecto a un posible nuevo incumplimiento de la Argentina sigue siendo altísimo.

¿Significa, entonces, que el Gobierno se encamina a una nueva reestructuración? Para nada. Solo marca que los inversores creen que hay una alta probabilidad de que ello ocurra. Pero tranquilamente podrían equivocarse.

Dos caminos

Hay dos caminos para poder hacer frente a los vencimientos de deuda del año que viene, que suman poco menos de USD 10.000 millones, aunque la cifra bajaría a unos USD 6.000 millones teniendo en cuenta la deuda intra sector público y con organismos internacionales (que resulta muy factible de refinanciar).

Una opción es juntar los dólares para enfrentar los pagos. La otra es conseguir acceso a los mercados de capitales, como hace la mayoría de los países. Eso permitiría emitir nuevos bonos para pagar los vencimientos. No hay un aumento en el monto de la deuda, sino que la que vence se reemplaza con otra a plazos más largos.

Ése es el principal objetivo del ministro. En el último Staff Report del FMI se menciona la posibilidad de recuperar acceso a los mercado recién para fines de 2025. El camino, por lo tanto, es todavía muy largo.

La gran expectativa del equipo económico es seguir obteniendo resultados. Si se mantiene el superávit fiscal, la inflación baja y la economía empieza a recuperarse, entonces sería mucho más fácil recuperar la confianza de los inversores.

Cotización y dudas

La cotización de los bonos en alrededor de 45 dólares reflejan fielmente estas dudas. Pero todo hacen pensar que no se mantendrán así por mucho tiempo. Si se complica el financiamiento y se agranda la percepción de una reestructuración, podrían volver a cotizar cómodamente debajo de los 30 dólares.

Si por el contrario hay más señales claras de cumplimiento de los compromisos, entonces las precios tendrían un piso no menos a USD 75. Eso significa que la potencial ganancia que dejarían un escenario optimista no baja del 65% al 70% más los pagos semestrales de intereses.

Una salida exitosa del cepo es lo que posiblemente termine de convencer a los inversores sobre la capacidad de Gobierno de hacer frente a las futuras obligaciones que hay por delante.

Economistas como Iván Cachanosky (Eseade) y Fernando Marull creen que existen buenas chances que esto suceda en el cuarto trimestre, basados en el éxito de la “fase 2″ del plan. El estricto control de los agregados monetarios junto al mantenimiento del superávit fiscal son fundamentales para planificar una unificación sin grandes saltos del tipo de cambio.

Pero mientras la confianza tardar en aparecer, la política de Caputo es conseguir fondos frescos, una tarea que luce ardua. Por lo pronto, quedó descartado un desembolso extraordinario de USD 10.000 millones del FMI en el marco de un nuevo acuerdo.

Agosto empezó con algo de alivio por un préstamo del BID por USD 647 millones, que permitió recomponer algo de los USD 2.700 millones de reservas que se perdieron en julio.

De dónde los dólares

La apuesta hacia adelante es que los organismos multilaterales gatillen algunos prestamos adicionales. Además, también hay una ficha puesta en el blanqueo. Básicamente, si se blanquean dólares a través del sistema bancario local no hay costo. Si la suma es menor a USD 100.000 directamente es gratis. Y si se supera ese número, entonces se podrá optar por un amplio menú de inversiones hasta el 31 de diciembre de 2025.

El objetivo del blanqueo -tal como lo explicitó el ministro- no es recaudar, sino atraer dólares. Todo vale para salir de la “zona roja” de reservas netas, que hoy serían negativas por más de USD 6.000 millones.

Las grandes inversiones como las que promete Petronas junto a YPF en Río Negro o las de compañías mineras son bienvenidas. Pero no cambiarán demasiado la aguja de las divisas en el próximo año, porque llevan mucho tiempo hasta su implementación.

¿Sin reservas ni desembolso?

Sin una clara mejora en las reservas ni desembolso del Fondo a la vista, la opción para seducir a los inversores no puede pasar por mostrar liquidez que no existe. Caputo aseguró que hay un “repo” previsto, es decir entregar bonos como garantía a cambio de liquidez. Sin embargo, faltaron precisiones.

El golpe de confianza para los inversores debería pasar justamente por la eliminación de controles cambiarios en forma exitosa, aún en una situación delicada de reservas.

Es cierto que el contexto internacional no ayuda demasiado. Los inversores se volvieron en general más cautelosos ante la posibilidad que Estados Unidos caiga en recesión. Además, el precio de la soja se derrumbó desde USD 500 a USD 380 desde que asumió Milei. Y el real brasileño se viene depreciando fuerte, con un dólar que llegó a rozar los 5,75. Esta devaluación también le pone presión al peso, que al revés se viene apreciando en términos reales en los últimos meses.

Agosto puede ser un mes importante para lograr esos objetivos. Todo indica que habrá superávit financiero (hay pocos pagos por intereses), es probable que la inflación baje otro escalón y se apuesta a una leve recomposición de reservas. Si el contexto internacional ayuda, la posible salida del cepo se volvería más palpable.

La calificadora de riesgo Fitch Ratings indicó que la mala reacción del mercado con la Argentina y la baja nota del país se deben a la falta de medidas que aseguren el crecimiento y el ajuste fiscal de mediano plazo, pese a los positivos pasos que el gobierno dio en sus primeros meses.

En una videoconferencia con periodistas desde Nueva York, el jefe de analistas soberanos, Todd Martínez, elogió el fuerte ajuste fiscal y la baja de la inflación de los primeros meses de la gestión del presidente Javier Milei.

Ante una consulta de Infobae, Martínez dijo que la suba del dólar y del riesgo país de las últimas semanas se deben a que el mercado espera novedades sobre el rumbo de mediano plazo del Gobierno y en particular sobre el levantamiento del cepo para que ingresen más inversiones de mediano plazo y el país vuelva a crecer con solidez.

Elogios por el ajuste, críticas por las tasas

“El ajuste fiscal ha sido sorprendente, pero del otro lado la política cambiaria ha sido heterodoxa, porque la inflación bajó pero bajó mucho la tasa de interés y ahora las tasas son más negativas que el año pasado”, indicó.

“Si bien hubo una devaluación inicial fuerte, ahora el crawling peg es menor que la inflación. Así que se necesita un tipo de cambio creíble como ancla”, afirmó Martínez. A la vez, reconoció que “Milei ha producido cambios impresionantes en términos fiscales, de reducción de la inflación y en la baja de los pasivos del Banco Central”.

“Pero este cambio inicial debe pasar a ser un cambio más sustentable; sin embargo, ahora se pasó a una fase expansiva: algunas reservas se empezaron a perder luego de la suba inicial y el Banco Central está empezando a fallar para acumular reservas”, indicó.

“Hay preguntas sobre el ajuste fiscal luego de los logros iniciales, que tuvo a la baja de la inflación como driver principal, pero se han pospuesto pagos. Deben tomarse medidas más sustentables y en las leyes para que aumente su nota crediticia”, expresó.

Regreso a los mercados

“En 2025 el Gobierno debe recobrar el acceso al mercado de capitales y continuar acumulando nuevas reservas, pero ambas cosas son complicadas”, explicó.

“Tal vez sea difícil volver al mercado porque es un año electoral. Habrá que ver qué pasa con esas elecciones, que serán un referéndum para Milei. Habrá que ver si vemos un punto de inflexión o más adversidades políticas”, afirmó. “Debe haber cambios en la política monetaria”, sentenció con firmeza.

De todos modos, elogió la sanción de la Ley Bases: “Tiene algunas cosas interesantes, como el RIGI para las inversiones de mediano plazo con estabilidad fiscal en energía y minerales y también facilidades para extraer materias primas. Es una gran noticia para el crecimiento y para el esperado ingreso de dólares que tanto se necesita”. También destacó “algunos cambios macro más como la reforma laboral y la intención de avanzar en las privatizaciones. No es algo que vaya a cambiar Argentina pero es bueno para volver a crecer y muestra que Milei puede sacar leyes aun con minorías en el Congreso”.

Fitch prevé que, tras la caída del PBI del 3% en 2023, este será otro año recesivo (-3,6%) y el próximo mostrará un rebote del 3,9%. Sin embargo, Martínez consideró que “la Argentina no tiene políticas que generen un crecimiento de largo plazo por ahora. De hecho, los ingresos de los trabajadores y los jubilados recuperarán algo en los próximos meses, pero no todo lo que perdieron antes”.

Por ahora, aclaró, las reformas adoptadas “no alcanzan para una recuperación sostenida e inversiones grandes. La clave es cuándo se levantará el cepo, porque si lo hacen habrá nuevas inversiones e ingreso de dólares. No vemos una recuperación en V; el levantamiento del cepo es crucial en esto y el sendero dle dólar, porque habrá presión para devaluar más o del mercado o del FMI”.

Sobre los mercados agitados, Martínez explicó que “para los inversores financieros la confianza es esencial, y en ese sentido los resultados de estos días son una mala noticia; pero la causa es que las ganancias que logró el gobierno inicialmente con el ajuste fiscal y la suba de las reservas deben ser sustentables; hay que avanzar en el levantamiento de cepo para crecer”.

Martínez descartó dos escenarios opuestos para el corto plazo: subirle la nota al país y declararlo en default. “La nota CC refleja que hay riesgos de una reestructuración, pero un evento de default no es inevitable, aunque es posible. Depende del desarrollo del año próximo y si el país puede seguir acumulando reservas. A la vez, el riesgo país es muy alto para salir al mercado, pero si puede conseguir más reservas y lograr un crédito de los bancos comerciales, puede afrontar los altos vencimientos del 2025″.

En cuanto a la prédica oficial de la dolarización, el experto dijo que “si uno ve los documentos del FMI, no se ve que vaya a ser un atajo que pueda evitar el resto de las medias que se necesitan. Es muy riesgoso dolarizar sin dólares. De todos modos, ahora parece en pausa en la agenda del gobierno y además necesita mucha cooperación del Congreso para llevarla a cabo”.

Finalmente, indicó que, tras la sanción de la Ley Bases, habrá nuevos desafíos políticos para el Gobierno en el Congreso, como la aprobación del Presupuesto 2025 y de otras reformas clave. “En la Argentina siempre es difícil implementar medidas duras en un año electoral”, se lamentó.

A la provincia de Buenos Aires se le abrió un nuevo frente en la justicia de Nueva York por la deuda en default.

Se trata de una presentación adicional de los fondos Glacial Capital y TRSE, que buscan cobrarle al gobierno de Axel Kicillof, ante la jueza Mary Kay Vyscocil.

El experto en temas de deuda Sebastián Maril detalló que “la Provincia de Buenos Aires recibe un nuevo juicio por deuda en default presentada por los mismos demandantes de un litigio que continúa impago de 2021″.

“El primer litigio es por USD 35 millones y este segundo y nuevo caso es por USD 77 millones. La Provincia se encuentra en negociaciones con los fondos Glacial Capital y TRSE para abonar la primera sentencia”, indicó Maril.

Fuentes del gobierno provincial indicaron a Infobae que “la demanda por USD 77 millones de títulos constituye una formalidad judicial y no significa una novedad para la deuda de la provincia de Buenos Aires que se encuentra pendiente de reestructuración 2021″.

“Los litigantes son los mismos de la demanda que está en curso, al igual que los títulos involucrados, y ya están incluidos en el proceso de mediación que se encuentra abierto”, expresaron.

En su presentación ante la justicia de Nueva York, el abogado Dennis Hranitzky, quien logró el embargo de la Fragata Libertad en 2012, expresó que “se trata de una demanda por incumplimiento de contrato derivada de la falta de pago por parte de la provincia del capital y los intereses exigidos contractualmente sobre algunas de las tenencias de los demandantes de títulos de deuda al 10,875% emitidos por la provincia en 2011″.

El letrado se subió personalmente al barco en el puerto africano Ghana para retenerla en 2012 y en 2020 diseñó un grupo de bonistas tenedores de deuda argentina que participó de las duras negociaciones con el Gobierno que culminaron en el canje dirigido por Martín Guzmán.

“El objeto de esta acción son bonos por un importe principal total de 77.639.6661 dólares que son propiedad de los demandantes, que se rigen por un contrato de emisión fechado el 12 de enero de 2006 entre The Bank of New York, en calidad de fideicomisario, y la Provincia”, indicó el abogado socio del estudio Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan.

El letrado indicó que “los intereses devengados y adeudados por los Bonos desde el 26 de julio de 2020 no han sido pagados, y se ha producido un supuesto de incumplimiento a partir del 25 de agosto de 2020″.

Además, “el 5 de febrero de 2021 se produjo otro caso de incumplimiento; estos casos de incumplimiento no se han subsanado y continúan”.

Según el escrito “el demandante Glacial Capital es una sociedad de responsabilidad limitada constituida y existente en virtud de las leyes del Estado de Delaware y solicita la recuperación de los pagarés que posee en usufructo por un importe principal original de 102.720.000 dólares, de los cuales 34.240.000 dólares siguen pendientes de pago”.

Por este motivo, “los demandantes solicitan el pago de todo el capital de los bonos en default, así como todos los intereses devengados y no pagados”.

“La Provincia incumplió el contrato de emisión y los Bonos al no efectuar los pagos de intereses contractuales que vencían el 26 de julio de 2020, el 26 de enero de 2021, el 26 de julio de 2021, el 26 de enero de 2022, el 26 de julio de 2022, el 26 de enero de 2023, el 26 de julio de 2023 y el 26 de enero de 2024″, detalló.

“Dado que han transcurrido más de 30 días desde que estos importes vencieron y la Provincia aún no ha pagado dichos importes, se ha producido un incumplimiento en virtud de los términos de los Bonos”.

En el caso de TRSE Holdings reclamó “USD 43.399.666 de capital, más todos los intereses contractuales y legales no pagados devengados hasta la fecha”.

Maril explicó que si bien la provincia gobernada por Axel Kicillof logró una mayoritaria aceptación de sus acreedores externos, quedó cerca del 2% afuera del canje que llevó a cabo en 2021. De esta manera, la maldita herencia de la deuda continúa.

Lejos de la ilusión de principios de este siglo, cuando el país soñaba con alcanzar el “grado de inversión”, las calificadoras de riesgo elogiaron los primeros pasos dados por el gobierno de Javier Milei, pero aclararon que para mejorar la nota de la deuda del país se requieren más pruebas de un cambio sustentable en la economía.

Infobae dialogó con los estrategas de deuda soberana de las tres agencias más importantes del mundo: Standard & Poor’s, Moody’s y Fitch, sobre los primeros pasos del gobierno libertario, la pesada herencia que recibió y los riesgos que todavía corre de no poder cumplir con los pagos de la deuda en 2025 acordadps en años anteriores.

Por estas cuestiones respondieron Jaime Reusche de Moody’s, Joydeep Mukherji y Sebastián Briozzo de Standard & Poor’s y Todd Martínez de Fitch. Las tres firmas tienen a la deuda argentina en el anteúltimo escalón de sus calificaciones antes del default.

A coro, desde Nueva York todos los entrevistados se mostraron sorprendidos por la velocidad del ajuste fiscal, la rápida caída de la inflación y el compromiso presidencial con el proceso de cambios. Al mismo tiempo, reconocieron que –por la historia negativa del país con los mercados y los importantes desafíos múltiples y simultáneos- la moneda todavía está en el aire.

Además, admitieron que al Gobierno se le exigen varios objetivos al mismo tiempo, aunque puedan chocar entre sí: corregir las distorsiones previas y lograr una rápida reactivación “con escasos grados de libertad y muy pocas herramientas”.

Y consideraron que no será sencillo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aporte los dólares frescos suficientes como para salir del cepo y unificar el tipo de cambio si el capital privado -nacional y extranjero- no hace lo propio.

Al respecto, Jaime Reusche dijo que “el ajuste fiscal y monetario es sorprendente y bastante mayor que lo esperado en comparación a lo que se intentó en el gobierno de Macri”.

Complejo punto de partida

“El punto de partida en este caso es más complejo y por eso es más sorprendente el superávit fiscal de estos primeros meses y la gran mejora del balance del Banco Central”, alertó el estratega de Moody’s.

“El gobierno se planteó hacer un ajuste de 15 puntos este año y ya se ha dado una buena parte de esto”, sostuvo Reusche.

Sin embargo, “pese a este track record sigue siendo un equilibrio complejo de mantener y no está claro que se pueda evitar un default a fin de este año o en 2025. Existen riesgos por los crecientes pagos que podrían complicar las finanzas externas”, amplió el economista.

“Si bien es positivo lo que pudo hacer el Gobierno, el país ha perdido credibilidad y por ese motivo hay dudas sobre la sustentabilidad del ajuste. Se ve más claramente que este gobierno tiene más voluntad que otros de repagar sus deudas y mantener este ajuste tan difícil, pero la pregunta es hasta qué punto lo podrá lograr”, agregó.

Acerca del pedido de fondos adicionales al FMI, Reusche sostuvo que “es más importante el ajuste desde la demanda doméstica que cualquier otro apoyo que pueda venir de otros acreedores”.

Y amplió su análisis: “La idea de poder refinanciar deudas previas ya lo vimos antes. Es más difícil contraer la demanda interna, porque tiene mucho más impacto sobre el ajuste. El cambio fuerte se está dando y es cuestión de mantener este ritmo y seguir este camino. Este mal track record te fuerza a hacer un ajuste más difícil”.

Las bases del escepticismo

En cuanto a la visión del mercado, el estratega de Moody’s sostuvo que “hay escepticismo por lo que pasó después de 2015, cuando entró una avalancha de capitales de corto plazo, cuando se abrió la cuenta capital; no tenían intención de invertir en la economía real. Ahora hay que buscar ese capital de mediano plazo”.

Sobre el liderazgo del presidente Javier Milei dijo Jaime Reustche “se ve un presidente más técnico, más convencido de lo que hay que hacer, con un dominio muy fuerte de los conceptos que debe perseguir”.

La parte política no estaba tan clara para los inversores, versus un presidente como Mauricio Macri que era más político pero tenía menos convencimiento.

Para Moody’s, Argentina tiene la nota CA, la penúltima en la escala (próxima a la cesación de pagos), “por las condiciones tan complejas que hay y la posibilidad de un default a fin de este año o 2025, aunque las perspectivas mejoraron por la baja en la inflación y del déficit fiscal más rápido de lo previsto”.

“Nuestra visión está cambiando pero requerimos de más tiempo para ver el ajuste. Que se alcance el equilibrio”, sentenció la evaluadora de riesgo soberano.

Acerca de la dolarización la calificadora destaca que “es mejor que haya quedado de lado, porque la prioridad ahora es recomponer las reservas del Banco Central y de las cuentas públicas. Creo que el presidente no lo descartó del todo, pero lo dejó para cuando la condición sea más favorable para eso”.

Al comparar la situación local con economías dolarizadas como Ecuador y El Salvador, contó el estratega, ambos países “llegaron a dolarizar desde lugares muy diferentes: Ecuador desde un lugar de debilidad porque siempre se cuestionó la idea, mientras que El Salvador lo hizo desde un lugar de fortaleza, para recibir beneficios financieros”.

“Si uno tiene un tipo de cambio fijo debe ser muy cauto sobre todo en el balance fiscal y considerar que salir es más traumático”, precisó.

El analista aclaró que para mejorar la nota hace falta tiempo: “No es un tema de corto plazo; la credibilidad no se gana en semanas o meses. Se requiere que los resultados sean consistentes y eso se vuelve más difícil para un país que no tiene una buena historia generar credibilidad. Pero si se van dando los ajustes de una manera mejor a lo esperado no descartamos mejorar la perspectiva”.

Sobre la posibilidad de volver a salir al mercado voluntario de deuda, dijo el referente de Moody’s: “Puede ser un arma de doble filo; salir a los mercados es peligroso si antes no se logró un equilibrio sostenible. Pesa más la idea de mantener las políticas actuales que salir o no al mercado. No es una bala de plata que necesariamente ayude”.

Además, el analista de riesgo soberano se refirió a las condiciones externas: “Hay dos efectos importantes; la suba de las exportaciones agrícolas tras el año de sequía, y los proyectos de gas y petróleo que mejoran la balanza energética: con el ajuste del tipo de cambio ayuda a mejorar las cuentas externas”.

“Las condiciones globales son neutras, porque el precio de las materias primas está en niveles modestos, pero al mismo tiempo hay una demanda robusta, pero que está empezando a desacelerarse”, sostuvo Reusche.

Desde sus oficinas en Estados Unidos, los estrategas de S&P Sebastián Briozzo y Joydeep Mukherji afirmaron que, “más que la historia negativa del país, lo que pesa en el humor del mercado es la brutal herencia que dejó el gobierno de Alberto Fernández en diciembre pasado”.

“Hay un liderazgo que quiere hacer cambios, hay un plano para implementar los cambios, hubo cambios importantes en la política monetaria, el tipo de cambio y pasos alentadores en el plano político con la aprobación por la Cámara baja de la Ley Bases, aunque hay otros obstáculos en el Senado, pero en suma hubo avances parlamentarios”, observó Mukherji,

“La pregunta que queda es si la sociedad puede tolerar el ajuste necesario porque nadie cree que será fácil y la calificación actual en CCC refleja esa vulnerabilidad, ya que el Gobierno debe avanzar en todos los frentes porque no hay margen de maniobra ni colchones”.

De todos modos, ambos estrategas de S&P reconocieron que “se vislumbran mejoras en el horizonte y hay que reconocer los logros difíciles de este gobierno, pero queda mucho camino para para cubrir”.

“Obviamente hay muchas tareas por delante y hay muchas preguntas que tenemos respecto de la sustentabilidad de medidas y hacen falta herramientas adicionales pese a que está clara la voluntad oficial de solucionar los problemas macroeconómicos”, precisó Briozzo.

“El país no tiene acceso a fuentes de financiamiento externo, la actividad económica está en una situación muy difícil y hay otras limitaciones”, agregó Briozzo.

Por este motivo, consideraron los economistas de S&P que no será fácil volver al mercado internacional de deuda voluntaria después de haber salido del mapa de los inversores durante la crisis del 2018. “La tasa de riesgo bajó pero todavía sigue siendo muy alta; los mercados tienen sus propias perspectivas y esperan ver si el país supera determinado umbral de reformas”, aclaró Mukershi.

“Por la trayectoria fiscal es posible que haya una recuperación en los últimos meses del año, a partir de más señales de confianza”, sumó Briozzo.

En este contexto, admitieron los estrategas que no será sencillo que la Argentina salga de su nota de CCC en la medida que todavía las reservas del Banco Central son bajas, aparecen pagos fuertes en el horizonte y las tasas para el país todavía son muy altas para volver al mercado.

Por este motivo, al igual que sus pares, en S&P no descartan que pueda haber un evento de reestructuración forzada de los compromisos externos del país

“Una combinación recursos del FMI y recursos bilaterales oficiales y privados a partir del progreso de las reformas puede comprar un poco de tiempo, pero no necesariamente cambiar la situación de fondo si no existe la percepción del mercado de que los logros se van a mantener y van a continuar”, observó la evaluadora de riesgo soberano.

Acerca del perfil del Gobierno de Milei destacaron que la pregunta relevante es si, ¿Con minoría en ambas cámaras legislativas, el Poder Ejecutivo puede avanzar en su agenda de reformas económicas?

Luego de seis años de ausencia, los economistas señalaron que se vuelve a hablar de a poco de la Argentina nuevamente en los foros globales por el impulso de Milei y del equipo económico para mejorar las cuentas fiscales y aumentar las reservas del BCRA. Esta reaparición, aclaró Joydeep Mokherji, se da “en un contexto tal vez neutro, pero un poco alentador porque las tasas de interés globales están por encima del mejor período de liquidez previo al 2018.

“Es un momento de vacas ni muy gordas ni flacas y hay oportunidades en el petróleo y el gas natural y claramente está la voluntad del gobierno de Estados Unidos, el FMI y otras instituciones de Occidente están dispuestas a ayudar el nuevo gobierno”, señaló Briozzo.

“El mundo el mundo reconoce las ventajas que Argentina tiene materia de hidrocarburos y minería, que los recursos humanos del país siguen siendo un valor agregado del país”, concluyó.

Por su parte, Todd Martínez de Fitch contó que “hasta ahora Milei nos ha sorprendido positivamente; en la campaña teníamos una imagen buena por sus ideas firmes, pero había ciertas dudas sobre su capacidad de ejecutar como Presidente. Sin embargo, lo que hemos visto hasta ahora es alguien que mantiene la personalidad que lo llevó al poder, pero con más pragmatismo”.

“Dolarizar la economía habría sido una fuente de mayor incertidumbre y turbulencia en el plano financiero. A la vez, se entiende que aunque el ¨Presidente haya planteado en campaña que quería bajar impuestos ahora tenga que subirlos o mantenerlos por la necesidad de alcanzar el superávit fiscal”, resaltó Martínez.

El estratega de Fitch ponderó el superávit fiscal de los primeros meses del año y la normalización parcial de la política monetaria, pese a la vigencia del cepo, que, pronosticó, no se levantará este año.

“No vemos que este año pueda haber dinamismo en el consumo por la caída de los salarios y las jubilaciones; la recuperación económica debe venir por el lado de la confianza, algo que es difícil. Por eso no esperamos una recuperación rápida de la economía en forma de ‘V’”, precisó Martínez.

El analista coincidió con sus pares en las escasas chances de que el FMI aporte los USD 15.000 millones pretendidos por el Gobierno para acelerar el levantamiento del cepo. “El Gobierno está buscando acumular un colchón mucho más fuerte de dólares para poder quitar el cepo de forma más saludable o sin muchos riesgos de inestabilidad financiera. La forma de hacerlo es mantenerlo durante más tiempo con buenas políticas fiscales”, precisó.

“Tampoco al FMI le conviene prestar dinero sin condiciones”, agregó Todd Martínez.

Sobre la calificación de Argentina (CC, según Fitch), dijo que, para subirla Argentina tiene que demostrar que no caerá en otra reestructuración forzada de sus bonos soberanos.

“Dado el progreso impresionante que hemos visto hasta ahora tal vez lo logre, pero mantenemos la cautela porque si bien el Gobierno acumuló dólares, lo hizo en un contexto de recesión económica y de cepo. Así que tenemos que ver si puede seguir en este camino una vez que se saquen las restricciones financieras”, concluyó el estratega.

Los acreedores externos de la provincia de La Rioja, que está en default, se quejaron al afirmar que el gobierno provincial no exhibe voluntad de llegar a una solución mientras avanza un proceso judicial en Nueva York.

“No se han logrado avances en las negociaciones y la provincia no ha hecho ningún esfuerzo serio para llegar a un acuerdo que remedie su continuo incumplimiento de los pagarés”, indicaron a Infobae desde el exterior.

Cabe recordar que el 12 de junio de 2024 habrá una audiencia de conciliación para llegar a un acuerdo, con la participación de los abogados de todas las partes en el Palacio de Justicia Daniel Patrick Moynihan, Nueva York.

“Se ruega a los abogados que se pongan de acuerdo entre sí antes de la conferencia sobre acuerdo y cada uno de los otros temas a considerar en la conferencia. Además, se ordena a las partes que se reúnan antes de la conferencia y que presenten una carta conjunta y una propuesta de Plan de Gestión del Caso Civil y Orden de Calendario”, indicó la jueza Jessica Clarke.

La magistrada indicó que “si este caso ha sido resuelto o terminado de otro modo, los abogados no están obligados a presentar a presentar dicha carta o a comparecer, siempre que se presente una estipulación de desistimiento, desestimación voluntaria o otra prueba de terminación se presente en el expediente antes de la fecha de la conferencia”.

Los antecedentes del caso

El estudio que representa a los bonistas es Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan, tiene entre sus socios a Dennis Hrankitzky, el abogado que logró embargar la Fragata Libertad en 2012 cuando la Argentina no había salido por completo de su default del 2001.

Según una comunicación del grupo, enviaron “una carta de reserva de derechos a la Provincia. En la carta se insta a la Provincia a abonar el saldo de las cantidades que estaba obligada a pagar el 24 de febrero en un plazo de 14 días. El Grupo se ha reservado todos sus derechos, incluido el de declarar inmediatamente vencida y pagadera la totalidad del principal de los Bonos Verdes o tomar otras medidas, en caso de que la Provincia mantenga su postura actual”.

Los acreedores recordaron que el 24 de febrero de 2024, “la Provincia de La Rioja incumplió con el pago oportuno de US$26,3 millones de capital e intereses adeudados bajo sus Bonos Verdes emitidos internacionalmente”.

Al adoptar esa actitud, indicaron, “la Provincia se convirtió en la única provincia de Argentina en incumplir el pago de su deuda internacional desde el período de reestructuración de 2020-21″.

“Mientras que todas las demás provincias con deuda emitida internacionalmente han realizado los pagos de amortización de capital y servido su deuda puntualmente, La Rioja se destaca por no respetar sus obligaciones contractuales”, se quejaron.

“Este incumplimiento es particularmente atroz a la luz del hecho de que los fondos de los Bonos Verdes se utilizaron para construir una serie de parques eólicos, uno de los cuales se vendió posteriormente por US$171mm a Pampa Energía S.A. Es evidente que la Provincia tenía los medios para pagar su deuda, pero decidió no hacerlo”, indicaron.

Tras su default, “la Provincia comentó públicamente que pagaría los intereses (pero no el principal) adeudados el 24 de febrero como “muestra de buena fe”. Aunque la buena fe implica el cumplimiento íntegro de las obligaciones contractuales (especialmente en un caso en el que el dinero de los bonistas ha generado un valioso rendimiento para la Provincia), hasta la fecha los bonistas sólo han recibido el pago parcial de los intereses adeudados”.

Además, “la provincia no ha entablado ningún tipo de diálogo con los obligacionistas desde su default y no ha respondido a la propuesta del Grupo ad hoc (el “GHA”) para remediarlo”.

El experto Sebastián Maril advirtió: “Juicio en puerta para La Rioja. Los abogados que van a contratar para defenderse, serán más caros que los intereses que optaron por no pagar”.